PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ Y EL CASO AUDITORIO

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ACABA LA INSTRUCCIÓN DEL 'CASO AUDITORIO'

EL JUEZ DEL 'CASO AUDITORIO' RECHAZA APARTARSE DE LA INSTRUCCIÓN: "ME NIEGO A DARME POR RECUSADO"

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LA AUDIENCIA REABRE EL 'CASO PASARELAS', QUE APUNTA A QUE SÁNCHEZ FRACCIONÓ CONTRATOS

Tras el embate de los huracanes 'Púnica' y 'Auditorio' llega 'Pasarelas' en forma de tormenta. La Audiencia Provincial ha ordenado la reapertura de la investigación sobre la rehabilitación de unos puentes de la rambla de Nogalte, en Puerto Lumbreras, en cuyo horizonte se encuentra el exalcalde, exdiputado del PP y expresidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez. Estas diligencias fueron archivadas el pasado enero por el Juzgado de Instrucción número 3 de Lorca, alegando que al Ministerio Público se le había pasado el plazo legal para pedir la declaración de causa compleja. Esta era la única noticia positiva que Sánchez había obtenido de la Administración de Justicia en los últimos tiempos, pero ahora ha sido revocada por la Audiencia y se transforma así en un nuevo motivo de preocupación para el expolítico popular.

El denominado 'caso Pasarelas' surgió como una escisión del 'caso Auditorio' y se centraba en establecer si desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, y más concretamente quien era su alcalde en aquellos tiempos, Pedro Antonio Sánchez, pudieron cometer algún tipo de ilegalidad en 2007 con la adjudicación del proyecto de rehabilitación y embellecimiento de un puente y una pasarela en la rambla de Nogalte.

La instructora del 'caso Auditorio', Consuelo Andreo, apreció indicios de delito en la «existencia de una forma de contratación pública llevada a cabo por el Consistorio que podría haberse apartado de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia». En concreto, señalaba que se apreciaba «la tramitación de diferentes expedientes de contratación con infracción de la Ley de Contratos, fraccionándose el objeto del contrato en la prestación de varios servicios, siempre de cuantía inferior a 12.020 euros, que es el límite máximo para considerarlo un contrato menor».

El expresidente ya no está protegido por fuero alguno, por lo que podría ser citado sin impedimentos

Con cinco facturas
En concreto, recordaba que los proyectos de reforma de los puentes habían sido adjudicados de forma directa al arquitecto Martín Lejarraga y que presuntamente los 54.400 euros se le habían abonado en cinco partes, con pagos que iban de los 9.200 euros a los 12.000. Ese método habría sido amparado por el propio alcalde, Pedro Antonio Sánchez.

En base a tales datos, la juez Andreo ordenó deducir testimonio y remitir toda la documentación sobre tales hechos al Juzgado Decano de Lorca, con el fin de que lo repartiera al juzgado que correspondiera. La causa fue a caer en el Juzgado de Instrucción número 3, a cuyo frente se encontraba el juez Antonio Morente. El titular procedió a incoar diligencias previas a través de un auto dictado el 14 de julio de 2016. Sin embargo, no ordenó que se practicara diligencias alguna, como podría haber sido la toma de declaración al arquitecto, o haber requerido al Consistorio para que remitiera toda la documentación existente. Lo que se hizo fue enviar las actuaciones al Ministerio Fiscal, con el fin de que propusiera pruebas.

La respuesta de la Fiscalía llegó el 16 de enero, para reclamar que se declarara la complejidad de la investigación, lo cual habría permitido ampliar el plazo de instrucción hasta 18 meses.

El juez echó cuentas y cayó en que se había superado en dos días el plazo legal para formular esa petición, lo que le llevó a ordenar el archivo de la causa.

La decisión fue recurrida por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares que ejercitan Podemos y un exconcejal del PSOE y la Audiencia Provincial acaba de darles la razón. Señala la Sala, constituida en esta ocasión singular por seis magistrados, que la fijación del plazo de seis meses solo es orientativa y que la ley ya deja bien claro que «en ningún caso el mero transcurso de los plazos máximos dará lugar al archivo de las actuaciones, si no concurren las circunstancias previstas en los artículos 637 o 641 (cuando no existan indicios de delito o los hechos no revistan ese carácter)».

La Audiencia Provincial advierte de que tomarse ese plazo de forma taxativa supondría «una vulneración flagrante del derecho a la tutela judicial efectiva y una contravención del principio de legalidad penal».

De esta forma, el tribunal revoca la decisión de sobreseer el procedimiento, ordena reabrir la investigación sobre el contrato para la rehabilitación de las pasarelas y establece que la causa debe ser declarada compleja, lo que otorga al juez un plazo de 18 meses para instruirla.

El juzgado deberá ahora obedecer a la Audiencia Provincial y recabar las pruebas que estime oportunas para establecer si los hechos revisten apariencia delictiva. Entre las diligencias que podría ordenar de forma más inmediata figuran la de recabar la documentación de que disponga el Consistorio y tomar declaración a los supuestos intervinientes. Si así lo decidiera, llamar a Sánchez en calidad de investigado -imputado- ya no supondría complicación alguna, por cuanto ya no disfruta de aforamiento alguno.

http://www.laverdad.es/murcia/audiencia-reabre-pasarelas-20171128014129-ntvo.html

El TSJ procesa a Pedro Antonio Sánchez por tres delitos en el 'caso Auditorio'

Pérez-Templado renuncia a archivar la causa por el cúmulo de indicios delictivos desvelados por la investigación. Las acusaciones tienen 10 días para formular acusación solicitando la apertura de juicio oral contra el expresidente regional por prevaricación continuada, fraude de subvenciones públicas y fraude de fondos públicos

Prevaricación continuada, fraude de fondos públicos y fraude de subvenciones. Estos son los tres presuntos delitos que Julián Pérez-Templado, magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), atribuye formalmente al expresidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, por el llamado 'caso Auditorio'. El procesamiento del máximo responsable del Partido Popular en la Región lo conduce de manera prácticamente inevitable a sentarse en el banquillo por esta causa, que viene a sumarse al 'caso Púnica', que ya hace unas semanas lo situó también a un solo paso del juicio por presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

El magistrado Pérez-Templado considera, en la línea de lo mantenido por la Fiscalía Superior a lo largo de los dos últimos años, que existen indicios suficientes de delito contra Pedro Antonio Sánchez por todo el proceso de obtención de una subvención de seis millones de euros y la posterior adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, que se desarrolló en los años en que el político del PP era alcalde de esa localidad.

En el previsible camino hacia el banquillo lo acompañan exclusivamente el arquitecto Martín Lejarraga, autor del proyecto del centro cultural, y Vicente Gimeno, representante legal de la constructora Ecisa, que fue la que se encargó de levantar el Auditorio; ambos están acusados de cooperación necesaria en el delito de prevaricación o de fraude contra fondos públicos. El magistrado ha exculpado, sin embargo, a una quincena larga de encausados, entre los que se encontraba una decena de exconcejales lumbrerenses y altos funcionarios municipales, por considerar que su participación en los hechos no fue lo suficientemente relevante como para tener que responder penalmente de su conducta.

El instructor concreta en tres apartados, que luego desglosa en los fundamentos jurídicos, los hechos por los que debe continuar el procedimiento: la contratación irregular del arquitecto, la obtención de una subvención de manera falsaria y sin cumplir la finalidad declarada, y los cambios del contrato originario acordados por el exalcalde, el arquitecto y el constructor para salvar sus aparentes responsabilidades.

La resolución es recurrible ante el propio instructor y también ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ, por lo que no es firme. Cuando el auto de procedimiento abreviado adquiera firmeza, si llega a hacerlo y no es revocado, las distintas partes dispondrán de un plazo de diez días para presentar sus escritos de acusación y de defensa. Con que solo la Fiscalía o alguna de las tres acusaciones privadas formule acusación contra Sánchez, éste se verá irremediablemente conducido a juicio.

http://www.laverdad.es/murcia/procesa-expresidente-sanchez-20170707121621-nt.html

EL TSJ INSTA A PÉREZ-TEMPLADO A MOTIVAR EL RECHAZO A UNAS PRUEBAS DEL 'CASO AUDITORIO'

El magistrado instructor denegó unas diligencias a la acusación particular con el argumento de que podía haberlas pedido antes a la juez de Lorca

Julián Pérez-Templado, instructor del 'caso Auditorio', disfruta de plena competencia y capacidad para decidir qué nuevas pruebas practica y cuáles rechaza, pero si opta por los segundo tendrá que motivarlo convenientemente. Y en ningún caso puede considerarse una razón suficiente el hecho de que tales diligencias bien podrían haberse solicitado en una fase de instrucción anterior, cuando el 'caso Auditorio' se encontraba todavía en manos de la juez de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo.

Quienes se lo recuerdan son sus propios compañeros de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, Miguel Pasqual del Riquelme, Enrique Quiñonero y Concepción Roig, que acaban de dictar una resolución con la que revocan uno de los autos de Pérez-Templado sobre el causa del Auditorio, ya que este fue emitido sin la obligada motivación.

El asunto tiene su origen en la petición cursada el pasado marzo por el abogado Marcos Sánchez Adsuar, quien ejerce la acusación particular en nombre de un exconcejal socialista de Puerto Lumbreras, para que por parte del instructor del 'caso Auditorio' se procediera a solicitar una serie de documentos al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, al Colegio Oficial de Arquitectos de la Región y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Murcia. En concreto, reclamaba que se instara al secretario municipal a certificar si los terrenos sobre los que se construyó el Auditorio «se encuentran debidamente inscritos en el Inventario Municipal de Bienes Inmuebles», además de especificar qué calificación urbanística tenían en el momento en que se puso en marcha el proyecto, entre otros datos. También había reclamado la incorporación al procedimiento de todos los documentos que sirvieron al Colegio de Arquitectos de la Región, años atrás, para presentar un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento lumbrerense, al considerar ilegal la convocatoria de un concurso de ideas después de haber anunciado, presuntamente, que el proyecto estaba adjudicado al arquitecto Martín Lejarraga.

El letrado Sánchez Adsuar solicitaba por último que se reclamara la sentencia del juzgado de lo Contencioso que rechazó esa demanda.

El magistrado Pérez-Templado rechazó las peticiones de esa acusación particular con el escueto argumento de que podía haberlo hecho mucho tiempo antes, a la juez de Lorca, y advirtiendo de que no iba a permitir que el sumario «se eternice con claro perjuicio para la muchedumbre de inculpados o investigados».

Tanto Marcos Sánchez Adsuar como el letrado de Podemos, Ginés Ruiz Maciá, recurrieron esa resolución por considerarla carente de motivación y ahora el TSJ acaba de darles la razón. Señala la Sala que no hay duda alguna de que el instructor puede denegar las pruebas que considere, pero «con la oportuna motivación y explicitación de un triple juicio: de pertinencia (que la prueba reclamada tenga relación directa con los hechos investigados), de necesidad (que sea relevante y no redundante) y de posibilidad (siempre que pueda realizarse sin tener que vencer extraordinarias dificultades)».

Y como estima que el magistrado no razonó su resolución en esos términos, la anula y lo insta a que haga ahora lo que considere necesario, pero siempre de forma motivada.

También respecto del 'caso Auditorio', si el fiscal ya pidió el pasado viernes que el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez sea procesado por presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación y fraude de subvenciones, tanto la acusación particular que representa al PSOE de Puerto Lumbreras como la que se ejerce en nombre de un exconcejal de ese partido piden lo mismo, pero sumándole a los tres delitos mencionados los de falsedad (en ambos casos) y de malversación de caudales públicos (solo lo pide la segunda de las acusaciones).

http://www.laverdad.es/murcia/insta-pereztemplado-motivar-20170606012036-ntvo.html

LA FISCALÍA PIDE LA APERTURA DE JUICIO CONTRA PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ POR EL CASO AUDITORIO

El Ministerio Público remite un escrito al instructor en el que responsabiliza al expresidente de los delitos de fraude, prevaricación continuada y fraude en subvenciones

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha solicitado esta mañana al instructor del caso Auditorio la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Comunidad Autónoma y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez.

El Ministerio público responsabiliza al anterior jefe del Ejecutivo regional de los presuntos delitos de fraude, prevaricación continuada y fraude en subvenciones por la contratación del auditorio y la liquidación del contrato con la empresa adjudicataria sin que estuviera terminada la obra, que sigue inacabada.

En un documento que ha sido entregado esta mañana al magistrado instructor, Julián Pérez-Templado, el fiscal solicita también la apertura del procedimiento abreviado contra el arquitecto que intervino en la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, Martín Lejárraga, además de los funcionarios y técnicos municipales que participaron en la tramitación del contrato y los representantes de la empresa constructora. En total, solicita al juez que siente en el banquillo a casi una decena personas de las casi 20 que fueron imputadas por la juez de Lorca que remitió una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia tras un año y medio de investigación.

El Ministerio Público no incluye entre los responsables a algunos concejales que formaron parte del equipo de gobierno de Pedro Antonio Sánchez cuando era alcalde de Puerto Lumbreras.

El instructor deberá pronunciarse a partir del próximo miércoles sobre la petición del Ministerio Público.

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/06/02/fiscalia-pide-apertura-juicio-pedro/834407.html

ACABA LA INSTRUCCIÓN DEL 'CASO AUDITORIO'

Pérez-Templado decidirá, después de escuchar a las partes, si abre o no juicio oral a Pedro Antonio Sánchez

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha dado este viernes diez días de plazo a las acusaciones y demás partes personadas en el caso Auditorio, en el que se investiga, entre otros, al expresidente autonómico Pedro Antonio Sánchez, para que se pronuncien sobre su archivo o la apertura de juicio oral.

En una providencia notificada a las partes, el magistrado Julián Pérez-Templado señala que la resolución ha sido adoptada al haber sido practicadas las diligencias de toma de declaración de Sánchez y las distintas pruebas documentales y periciales que habían solicitado las acusaciones y las defensas.

Señala que en el caso de que se solicite la continuación del caso y la apertura del juicio oral, quien lo haga deberá concretar los delitos de los que serían constitutivos los hechos que se investigan y sus autores.

Indica también que la defensa de Sánchez, que sigue siendo aforado al ser diputado autonómico en Murcia, ya pidió hace meses el sobreseimiento del caso, sobre lo que la sala no se pronunció al estar pendientes entonces la práctica de varias diligencias.

En el caso Auditorio de presunta corrupción urbanística en el concurso y adjudicación de las obras cuando Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras, figuran también como investigados el arquitecto autor del proyecto, Martín Lejarraga, los miembros del equipo de Gobierno local que lo aprobaron y altos funcionarios de ese consistorio.

A Sánchez se le investiga por fraude, malversación, prevaricación y falsedad.

http://lacronicadelpajarito.es/region/anticorrupcion-cerca-al-expresidente-murcia-por-otro-presunto-delito-fraude-subvenciones

EL JUEZ DEL 'CASO AUDITORIO' RECHAZA APARTARSE DE LA INSTRUCCIÓN: "ME NIEGO A DARME POR RECUSADO"

El magistrado considera que la fotografía en la que aparece tomando unas cañas con un directivo del PP regional en una terraza de la capital murciana es una agresión "impertinente" a su intimidad

Julián Pérez-Templado, que asegura que no tiene "enemistad" con el abogado que le quiere recusar, aprovecha su escrito para pedir que se le imponga "la sanción prevista en la Ley"

El magistrado que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en caso Auditorio, Julián Pérez-Templado, en el que está imputado el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, ha rechazado apartarse de la investigación y asegura que su único interés en la causa es "resolver, ni antes ni un minuto después, el proceso penal del que soy responsable con toda imparcialidad y razón", según indica el escrito remitido al juez encargado de instruir el incidente de recusación, Rubén Antonio Jiménez Fernández.

"Me niego a darme por recusado", concluye Pérez-Templado, que considera la fotografía publicada por el diario La Verdad de Murcia en la que aparecía un día después de la declaración como imputado de Pedro Antonio Sánchez en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia tomando unas cañas con un directivo del PP regional en una terraza de la capital murciana como una agresión a su intimidad.

"Tal noticia, sin mayor gravedad ni trascendencia, porque tampoco hay que exagerar, fue tomada seguramente en el lugar más público y concurrido de Murcia, a mediodía y con una persona con la que me une una amistad lejanísima en el tiempo y del que conozco, por ser público y notorio, su vinculación con un determinada partido político. No se entiende que una inmisión sin duda impertinente en mi vida de relación social pueda justificar una recusación, con la indudable carga de desprestigio que conlleva para un juez", completa el instructor.

Pide una sanción para el letrado

Pero Pérez-Templado aprovecha su escrito para reclamar, "dada la contumacia del recurrente", que se le imponga "la sanción prevista en la Ley" al abogado Marcos Sánchez Adsuar, en representación del exconcejal de Puerto Lumbreras (Murcia) Antonio López, que es la segunda vez que recusa a Pérez-Templado, que recuerda que trató de apartarle de la instrucción "en un asunto que fue archivado a petición del Ministerio Fiscal y confirmado por la Sala", especifica el juez en referencia al denominado caso dúplex, en el que también estuvo implicado el expresidente murciano.

"Vuelve ahora a la carga", advierte el instructor, que sostiene que al letrado Marcos Sánchez Adsuar "ya se nota la enemistad que siente hacia mí y los provocadores improperios que me lanza" desde el primer escrito que envió al Tribunal Superior de Justicia de Murcia. "Desde luego, enemistad no correspondida, porque, repito, esa persona me resulta del todo indiferente, ni la conozco fuera del ámbito procesal ni tengo el menor deseo", completa el instructor, que acusa al letrado de "lanzar amenazas" desde el primer momento.

Murcia Pedro Antonio Sánchez escenarios abiertos Pedro Antonio Sánchez (d) junto al candidato a sucederle Fernando López Miras (i).

El juez rechaza tener "enemistad" con el letrado que ha planteado la recusación: "En absoluto. No lo conozco de nada salvo en las actuaciones procesales. Me es una persona por completo indiferente".

Asimismo, Pérez-Templado rechaza también mantener ninguna relación de amistad con el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez: "Nada más lejos de la realidad, pues no conozco al señor Sánchez fuera de algún saludo protocolario en acto oficial. Tampoco las cuestiones ideológicas o partidistas han perturbado jamás mi ánimo", destaca el juez.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/08/el_juez_del_caso_auditorio_rechaza_apartarse_instruccion_63603_1012.html

ANTICORRUPCIÓN ATRIBUYE UN QUINTO DELITO A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ POR FRAUDE EN EL 'CASO AUDITORIO'

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al instructor del caso Auditorio, en el que figura como investigado el ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, que se sume un nuevo delito a los cuatro que figuran en la exposición razonada elevada el pasado diciembre al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región.

Se trata del delito de fraude de subvenciones, ya que, según la acusación estatal, la ayuda de seis millones de euros concedida por la Consejería de Cultura para el proyecto del Auditorio de Puerto Lumbreras fue invertida finalmente en otro bien distinto, indicaron a EFE fuentes de la fiscalía. En un escrito que la Fiscalía Anticorrupción ha entregado en el TSJ se señala que entre el proyecto presentado al solicitar la subvención y el que finalmente se ejecutó existen grandes diferencias.

Cómo entender el caso Auditorio en un minuto
Así, señala que se cambió la parcela sobre la que se realizó y, además, mientras que en un principio de hablaba de un único inmueble, al final se levantaron tres.El ministerio público reclama al instructor, el magistrado Julián Pérez-Templado, que practique las diligencias de prueba precisas para acreditar los hechos que recoge en su escrito.En la exposición razonada que el Juzgado de Instrucción de Lorca elevó al TSJ se atribuían a Sánchez los delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/06/58e60ea2268e3e273d8b4623.html

EL FISCAL ACUSA A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ DE CAMBIAR "IRREGULARMENTE" LA PARCELA DEL AUDITORIO

Pide nuevas pruebas y recuerda que ni siquiera está claro si el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras era propietario de la parcela

Tras la declaración de Pedro Antonio Sánchez y el arquitecto Lejárraga en el TSJ, el fiscal jefe de Murcia ha encontrado un nuevo hilo del que tirar en la investigación del caso auditorio: el cambio de solar ordenado "unilateral y verbalmente"-dice- por Pedro Antonio Sánchez.

El ex Presidente murciano, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, cometió, según las diligencias del fiscal a las que ha tenido acceso la SER, irregularidades muy graves por dos razones: La primera es que mantuvo al arquitecto Lejárraga cobrando por trabajos sobre un solar de Rambla de Nogalte donde finalmente no se construyó nada y la segunda es que todo el expediente de subvención y la obtención de los 6 millones de euros se acomete sobre esa parcela de Rambla de Nogalte que finalmente no se utilizaría. El proyecto, dice el fiscal "resultó finalmente ejecutado en otra parcela (la actual) y con un contenido más amplio".

Esas son la razón por la que ha pedido al consistorio que se identifique en el catastro la parcela donde iba a estar inicialmente el auditorio (cerca de Rambla de Nogalte), que se identifique la parcela en la que finalmente se construyó (el emplazamiento actual) y que le expliquen si la parcelas eran municipales o no. Su sospecha es que no y dice: "resulta llamativo que (sobre la parcela) no conste más identificación que la que reflejan los planos sin alusión a su título jurídico a pesar de que el arquitecto Lejárraga realizó sobre ella hasta tres trabajos".

El fiscal dice que el Ayuntamiento ya informó de que "no había encontrado ni convenio, ni expediente sobre la citada parcela" y por eso llega a la siguiente conclusión: "el ayuntamiento no era titular" de la primera parcela. Con la prueba solicitada, el fiscal dice que "trata de conocer qué título ostentaba el Ayuntamiento sobre el solar pues, "de no disponer de alguno, el ofrecimiento del Alcalde Pedro Antonio Sánchez ante la consejería para la obtención de la subvención (de 6 millones de euros) no se ajustaba a la realidad".

En 2006 el director general de cultura de la comunidad pidió al ayuntamiento que acreditara el proyecto para recibir la subvención y Pedro Antonio Sánchez contestó, a través de un informe, que estaba "en trámite" la cesión de terrenos. Sin embargo, en su declaración como investigado Pedro Antonio Sánchez dijo que se refería "en realidad" a la parcela donde actualmente esta el auditorio y no sobre una antigua parcela de Rambla de Nogalte. "afirmación sorprendente" dice el fiscal en su escrito, "porque el solar en cuestión, el Ayuntamiento lo iba a dedicar a una residencia de ancianos.
Por eso, Díaz Manzanera se hace tres preguntas:

¿si ya en diciembre de 2006 se había optado por la parcela actual como pudo afirmar que estaba en trámite un convenio de cesión de terrenos por la parcela?

¿Si ya en 2006 trabajaban sobre una parcela por qué no se advirtió al arquitecto de que dejara de trabajar "gratuita e inútilmente" sobre la que se iba a abandonar?

Y la definitiva: ¿si en 2006 ya se había cambiado de idea sobre la parcela por qué la solicitud de subvención es para la otra?

http://cadenaser.com/m/emisora/2017/04/05/radio_murcia/1491428520_688274.html

EL PERITO DE LA FISCALÍA CONCLUYE QUE SÁNCHEZ PLANEÓ UN AUDITORIO CUYO COSTE SUPERABA EN UN 45% EL DINERO DISPONIBLE

Andrés Checa amplía su informe y destaca que el proyecto de obra del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras era "inviable", ya que el coste total era de 8.715.847 euros, una cifra muy superior a los 6 millones disponibles El arquitecto recuerda que el proyecto inicial, con un presupuesto final de 4.285.942 euros, sí era "viable", por lo que "incluso podrían haberse incluido otras partidas para su completa terminación interior"

El perito independiente de la Fiscalía de la Región de Murcia en el caso Auditorio, Andrés Checa, ha asegurado que el proyecto de obra que ejecutó el actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, era "inviable", ya que su coste total, que era de 8.715.847 euros, superaba un 45% los 6 millones de los que disponía el Consistorio para la obra, según las conclusiones del informe ampliatorio del dictamen que presentó el arquitecto en diciembre de 2014 a la jueza que investigó el caso en Lorca (Murcia), Consuelo Andreo, y al que ha tenido acceso infoLibre.

El nuevo fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, aportó el pasado miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) un informe "ampliatorio" y aclaratorio" del dictamen presentado en diciembre de 2014 por el arquitecto del Colegio Oficial de Murcia, Andrés Checa, en la que sostiene que la diferencia de presupuesto entre el anteproyecto del auditorio, elaborado en junio de 2006, y el ejecutado finalmente, de febrero de 2008, es de 4,42 millones de euros, lo que supone, además, que las obras que ejecutó Sánchez superaron en 2,71 millones el límite máximo fijado por la subvención otorgada por el Gobierno de Murcia para construir el edificio, que era de 6.000.000 euros.

Checa pone de manifiesto en esta ampliación del informe, realizada el 27 de marzo, que en la obra final, además del auditorio (con un coste unitario de 5.801.525 euros), el Ayuntamiento encabezado por Pedro Antonio Sánchez incluyó otros edificios, cuya construcción disparó el coste final previsto hasta los mencionados 8.715.847 euros. Se trata en concreto de un pabellón de danza y música (802.486 euros); una sala de exposiciones ( 719.063 euros); una cafetería (100.126 euros) y un aparcamiento (631.720 euros).

Ampliación del dictamen

Esta ampliación del dictamen, que consta de diez folios, recuerda que el proyecto inicial, con un presupuesto final de 4.285.942 euros, suponía un coste de 952'43 euros el metro cuadrado. Por eso, Checa concluye que la ejecución del anteproyecto del teatro-auditorio era "viable", pues la subvención otorgada por el Gobierno de la Comunidad de Murcia para el auditorio era muy superior, en concreto de 6 millones de euros. De esta forma, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras "podrían incluso haberse incluido otras partidas para su completa terminación interior para su uso, ajustada y equilibrada al importe de la subvención, por ejemplo: mobiliario, butacas y otros equipamientos".

Pero la obra que ejecutó para el Ayuntamiento encabezado por Pedro Antonio Sánchez el arquitecto Martín Lejárraga, que es uno de los principales investigados del caso Auditorio, tenía un presupuesto de 8.715.847 euros, de los que 5.801.525 euros serían sólo para el auditorio, el único edificio de los proyectados cuya construcción era viable. Por todo ello, el perito considera que la ejecución del proyecto del teatro-auditorio y edificio polivalente previsto por el imputado Lejárraga "no era viable".

Estas conclusiones de Andrés Checa, que recuerda que ha ejercido la profesión de arquitecto durante 41 años, completan las ya incluidas en el informe de diciembre de 2014 en el que aseguraba que al acabarse el dinero de la subvención trataron de solucionar el problema con un cambio en el proyecto: "Es quizás a partir de la certificación número 18 cuando existe la certeza de que no va haber más dinero y entonces se trabaja con el modificado, posteriormente aprobado, que intenta legalizar las irregularidades y el desfase económico existente respecto a la obra contratada hasta ese momento".

Ratificación de los funcionarios de la IGAE

La representación legal del PSOE en el caso Auditorio ha reclamado al instructor del caso, Julián Pérez-Templado que llame a declarar a los funcionarios de la Intervención General del Estado (IGAE), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, para que ratifiquen en su caso el informe que realizaron en 2016 en el que concluyeron que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, encabezado entonces por Pedro Antonio Sánchez, no debía hacer recibido la propiedad del auditorio porque la obra estaba inacabada.

El letrado de Podemos en el procedimiento, Ginés Ruiz Maciá, ha solicitado también al magistrado que también llame a declarar al arquitecto Juan García Parra y al arquitecto técnico Luis Alberto Valera Martínez, autores del dictamen aportado por la formación magenta sobre la construcción del edificio, para que expliquen sus conclusiones, que indican que el sobrecoste en la obra superó los 1,2 millones de euros.

En el mismo sentido, el abogado del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha reclamado al instructor que en el caso de que se cite a los peritos del informe de Podemos para ratificar su pericial que en la misma participe también "el resto de peritos: Andrés Checa, Antonio García Herrero, Francisco Ruiz-Gijón, Mariano Alegría y Salvador Aledo, "a fin de realizar un careo entre todos", especifica el escrito remitido por la defensa del político murciano.

Por otra parte, una resolución firmada por la letrada de la Administración de Justicia María del Carmen Buendía Cánovas, da plazo hasta este miércoles a las partes personadas en la causa y a la Fiscalía para que informen acerca de la recusación contra el instructor, Julián Pérez-Templado, planteada por el letrado Marcos Sánchez Adsuar en representación del exconcejal socialista de Puerto Lumbreras Antonio López, según consta en un auto del pasado jueves 30 de marzo.

La misma letrada, en una resolución diferente, ordena que se ponga "en conocimiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) [Miguel Alfonso Pasqual del Riquelme Herrero] la recusación al juez Pérez-Templeado en cuanto a la posible designación de un magistrado instructor".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/04/el_perito_fiscalia_amplia_informe_sanchez_ejecuto_proyecto_auditorio_que_era_mas_caro_63354_1012.html

RAJOY IGNORÓ ALERTAS SOBRE CORRUPCIÓN EN MURCIA DESDE 2011

Un abogado cercano al PP envió cartas al presidente del Gobierno, al PP y a La Moncloa, durante seis años al menos, pero el jefe del Ejecutivo se limitó a contestarle con respuestas genéricas. Diego de Ramón fue el denunciante del caso de la desaladora de Escombrera, el mayor escándalo de corrupción de la Región.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue alertado desde 2011 de la corrupción que se producía entre los líderes del PP de Murcia por un abogado local, y el dirigente popular no hizo nada al respecto. Ni abrió una investigación interna en su partido, ni en el Gobierno, ni en la Fiscalía, y así se desprende de las respuestas recibidas por el denunciante, el abogado murciano Diego de Ramón, a las sucesivas cartas que envió durante seis años.

Rajoy recibió estas cartas de alerta de la trama de corrupción en Murcia el 19 de noviembre de 2011, el 1 de noviembre de 2014 y el 29 de enero de 2016, según las misivas a las que ha tenido acceso Público. Las respuestas que recibió el abogado denunciante del PP y de La Moncloa, sede del Gobierno, se limitan a contestaciones genéricas y corteses con mensajes sobre lucha contra la corrupción con la firma de Mariano Rajoy impresa.

Las respuestas que recibió el abogado se limitan a contestaciones de Rajoy genéricas y corteses con mensajes sobre lucha contra la corrupción

En la primera de sus misivas, de 2011, De Ramón denunció en sus cartas el fiasco de la Caja Ahorros del Mediterráneo -ya entonces en investigación judicial- y requería de Mariano Rajoy que tomara medidas sobre el entonces presidente de Murcia, Ramón Luis Valcarcel, y el PP similares a las adoptadas en Valencia, donde el presidente Francisco Camps había dimitido ese mismo año.

"Muchas gracias por su carta de fecha 19 de noviembre, cuyo contenido he leído con interés, tomando buena nota de todo lo expuesto", responde Mariano Rajoy a Diego de Ramón a esta primera carta, al tiempo que le da las gracias por sus palabras de ánimo y se extiende en la "enorme responsabilidad" que ha recibido de millones de españoles en "circunstancias difíciles".

Tres años después, el abogado murciano vuelve a escribir a Rajoy. Esta vez denuncia, entre otros casos, la construcción de la desaladora de Escombreras, "con unas pérdidas de un millón de euros al mes" y realizada por ACS con la misma técnica de contratación que el fiasco de la plataforma Castor, de las empresas de Florentino Pérez. Tampoco hubo respuesta respecto a la apertura de una investigación.

Más de 50 casos de corrupción en Murcia
"Muchas gracias por enviarnos su carta, cuyo contenido hemos leído con interés y tomado buena nota de todo ello", responde la Oficina de Atención y Participación Ciudadana del PP a la última de las cartas de De Ramón, donde denuncia los más de 50 casos de corrupción en la Región y solicita del PP que demande a los corruptos que han crecido al amparo de su poder que ostenta allí desde hace 25 años.

El PP no ha aclarado a 'Público' qué hizo exactamente con las cartas enviadas por este abogado.
Ya en el año 2016, Diego de Ramón opta por denunciar ante la Fiscalía la contratación de la construcción de la desaladora de Escombreras, con unas pérdidas de 600 millones de euros. El ministerio público presenta una denuncia en el juzgado de instrucción número 5 de Murcia, que investiga la adjudicación a ACS bajo secreto.

El Partido Popular no ha querido responder, de momento, si abrió una investigación ante las cartas enviadas por este abogado. En la misma línea, el departamento de Comunicación con los ciudadanos del presidente del Gobierno tampoco responde si se abrió, a su vez, una investigación sobre estas denuncias.

En ninguna de las cartas de respuesta al letrado se anuncia su remisión a la Fiscalía General del Estado para investigar sus denuncias o se remite el caso al comité de garantías del PP, según estas misivas a las que también ha tenido acceso Público.

El PP ha introducido en su último congreso como medida estrella y de transparencia la "Oficina del Cargo Popular", con el fin de luchar contra corrupción. Pero aún no se ha difundido si este tipo de denuncias sobre la gestión de sus altos cargos serán analizadas por dicha Oficina.

Diego de Ramón estima en 600 millones de euros el fraude detrás de la desaladora de Escombreras, construida para abastecer de agua los terrenos recalificados de Nova Carthago, que a su vez investiga el juzgado de instrucción número 9 de Murcia.

De Ramón responsabiliza a Valcárcel de una "trama piramidal" montada en torno al agua, así como al exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá en el caso Nova Carthago, donde también implica a Carlos Valcárcel, hermano del expresidente murciano.

Este proyecto urbanístico pretendía la recalificación de 180 millones de metros cuadrados para la construcción de urbanizaciones destinadas a 1.500.000 personas

El abogado incluye en sus cálculos 1.000 millones de euros concedidos, en forma de créditos sindicatos por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Bancaja y e Banco de Valencia, luego rescatados; los 800 millones que costaron los terrenos recalificados del Mar Menor destinado a estas urbanizaciones y promovidas por la empresa Hansa Urbana; los 200 millones de euros metidos en el aeropuerto y los 600 millones que ACS va a cobrar por el fiasco de la desaladora.

De Ramón sostiene que el contrato de ACS "es similar de leonino para la Administración pública que el proyecto Castor", la planta de inyección subterránea de gas que promovió Florentino Pérez, fue cerrada al poco de empezar a operar porque creó mil terremotos frente a las costas de Vinaroz (Castellón) y que costará a los españoles 4.700 millones de euros al financiar la compensación para la empresa adjudicataria.

En este contrato de la desaladora, firmado en favor de ACS, se también prevé que en caso de rescisión el gobierno de Murcia pagará por adelantado el negocio previsto por dicha constructora por el contrato de arrendamiento de la planta con opción de compra: 600 millones de euros. El mismo método.

http://www.publico.es/politica/pp-rajoy-ignoro-alertas-corrupcion.html

EL PP REITERA SU APOYO AL PRESIDENTE DE MURCIA Y PIDE "ESPERAR A LAS RESOLUCIONES JUDICIALES"

"Nuestra postura sigue siendo la misma", insiste Maillo

Señala que Ciudadanos tiene que elegir entre hacer presidente a quien no ganó o esperar una decisión del juez

El número tres del PP insistió este lunes en que la postura del partido respecto al presidente imputado de Murcia no ha variado. A saber: los conservadores consideran que Pedro Antonio Sánchez no ha cometido ningún delito de corrupción y que antes de tomar una decisión lo que conviene es esperar a una resolución judicial.

En este sentido, Fernando Martínez-Maillo avanzó que la intención del presidente autonómico es solicitar el archivo de la causa. Y reclamó a Ciudadanos y PSOE que no tengan prisa.

"Ciudadanos tiene que elegir entre la moción de censura para nombrar presidente a alguien que no ganó las elecciones o esperar a una resolución judicial", mantuvo.

Martínez-Maillo definió al PSOE como un partido "echado al monte", que "como no ganó las elecciones" quieron hacerlo por la puerta de atrás.

Plazo de 48 horas

El coordinador general del PP recordó que el reglamento de la Asamblea de Murcia les otorga un plazo de 48 horas para presentar un candidato alternativo a la moción, algo que "ahora mismo" Génova no contempla. "Que nadie tenga prisa", insistió.

En todo caso, el partido tiene todos los escenarios en mente.

Respecto a las grabaciones del sumario de la Púnica avanzadas por la SER, el dirigente conservador señaló que "no descubren nada nuevo de lo que ya se sabía". "El fiscal no acusaba. Son acusaciones particulares".

La idea de Pedro Antonio Sánchez es apartarse en el momento previo a la apertura del juicio oral si este extremo se produce. En un primer momento mantuvo que se iría si era imputado.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/27/el_reitera_apoyo_presidente_murcia_pide_esperar_las_resoluciones_judiciales_63045_1012.html

GARRE, ANTECESOR DE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ EN MURCIA: "RAJOY SABÍA DEL 'CASO AUDITORIO' Y NO HIZO NADA"

Alberto Garre describió personalmente a Cospedal el caso Auditorio. El presidente también fue informado.

El antecesor de Pedro Antonio Sánchez informó personalmente a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de que el caso Auditorio estallaría y nada ni nadie podría salvar la carrera política del que todavía no era presidente de Murcia, como ha sucedido esta misma semana, cuando Ciudadanos ha roto el pacto de investidura por no dimitir tras ser investigado. Otros compañeros describieron directamente a Mariano Rajoy el mismo escenario. "Lo más grave es que sabía lo que podía pasar y no ha hecho nada". El expresidente de Murcia, Alberto Garre, denuncia en conversación telefónica con EL ESPAÑOL que la dirección nacional del Partido Popular, "a sabiendas de lo que existía, respaldaron" la candidatura de Sánchez.

Garre responde a Génova que lo que está sucediendo en su región "no es ninguna broma" porque hay un auto de una juez de Lorca que ha abierto una pieza separada en el que se citan cantidades supuestamente desviadas hacia fines desconocidos. El expresidente de Murcia afea a su presidente nacional que "no mira los asuntos nunca de frente", "no acomete con contundencia" los problemas.

A pesar de que todo el PP se ha unido para defender la inocencia de Sánchez, su antecesor en el cargo le pide distinguir entre "la responsabilidad penal y la política". La política "debe ser inmediata, ejemplar y generosa". Es decir, le pide su dimisión para evitar que la crisis se agudice más. "La justicia es lenta en España".

Garre, que también es presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP en la región, asegura que el actual presidente "y quienes le apoyan desde Madrid nos han metido en la crisis institucional más grave de los últimos años". Es, a su juicio, "un carnaval político" en una autonomía "que lleva meses paralizada y escandalizada". De hecho, el histórico militante mantiene que "van a conseguir que para muchos se nos haga cada vez más difícil militar en este partido".

En Madrid, el Gobierno y el Partido Popular mantienen una misma línea estratégica: defender la inocencia de Pedro Antonio Sánchez hasta que la justicia diga lo contrario. Esa posición tan enrocada ha provocado que el pacto con Ciudadanos en Murcia estalle y que el acuerdo que firmaron Mariano Rajoy y Albert Rivera no atraviese su mejor momento.

El Ejecutivo está tranquilo y considera que con su defensa a Sánchez no está siendo desleal a Ciudadanos, "su socio principal", y tampoco cree que la relación entre ambos se haya deteriorado. Es "algo normal en las relaciones políticas", aseguró el portavoz gubernamental, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros de este viernes. De hecho, en Moncloa creen que Ciudadanos "está pagando el coste de no gobernar" porque "no puede participar directamente en las decisiones y no disponen de todos los elementos de juicio para comprender por qué se hacen unas cosas u otras".

http://www.elespanol.com/espana/20170303/197980786_0.html

EL JUEZ DEL 'CASO AUDITORIO' RECHAZA LA MAYOR PARTE DE LAS PRUEBAS RECLAMADAS POR LAS ACUSACIONES

El instructor del TSJM deniega peticiones de diligencias al considerar que "al referirse a hechos sucedidos en marzo de 2011 y mayo de 2012 pudieron practicarse en su día"

El abogado de un exedil socialista, que este martes ha recusado al magistrado, le atribuye "un exceso de celo denegatorio" contra las acusaciones

El magistrado que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) el caso Auditorio, Julián Pérez-Templado, y que ha imputado al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha rechazado la mayor parte de las pruebas solicitadas por las acusaciones populares ejercidas por el PSOE, Podemos y por el exconcejal socialista de Puerto Lumbreras Antonio López, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

No obstante, el juez instructor Julián Pérez-Templado sí ha accedido a dos pruebas reclamadas por las acusaciones populares, aunque de carácter muy menor, como por ejemplo es la remisión de dos catálagos municipales por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

Por el contrario, el instructor sí ha aceptado la principal petición de la defensa del presidente murciano, que había reclamado el presupuesto de liquidación de la obra, pese a que esta petición de documentación había sido denegada en dos ocasiones por la jueza que instruyó en Lorca el caso, Consuelo Andreo, que había desestimó las peticiones.

Y de esta forma el Consistorio, gobernado por el PP, ha aportado entre la documentación enviada al magistrado dos informes que fueron encargados por el arquitecto Martín Lejárraga Azcarreta, que es uno de los querellados en el procedimiento, y que no es funcionario municipal. Estos documentos defienden las interpretaciones de los investigados en el procedimiento.

Recusación de un exedil

Precisamente, este mismo martes se ha conocido que el abogado Marcos Sánchez Adsuar, en representación del exedil Enrique López, ha formalizado la petición de recusación del magistrado, a quién en diferentes escritos ha acusado de adoptar decisiones de forma "precipitada" y "rapidísima" en las que rechaza las diligencias reclamadas para esclarecer los hechos.

El juez denegó las pruebas reclamadas por el letrado de la acusación en un auto de 14 de marzo, en el que el instructor dijo, de forma literal sobre las pruebas reclamadas: "No ha lugar a cuanto se interesa, al tratarse de documentos cuya existencia se conocía y el solicitante pudo pedirlos ante el Juzgado de Lorca, donde estuvo personado desde el primer momento".

En su recurso, el letrado del exedil Antonio López destaca el "exceso de celo" del magistrado, a quien acusa de haber denegado las diligencias interesadas "sin haber efectuado ninguna ponderación sobre su pertinencia o utilidad, bajo el peregrino argumento que pudo haberse solicitado al Juzgado de Lorca", cuya titular elevó una exposición razonaba ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia pidiendo la imputación de Sánchez.

El abogado de la defensa del presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, Francisco Martínez Escribano. El abogado de la defensa del presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, Francisco Martínez Escribano.

"El señor instructor parece desconocer que nos encontramos en fase de instrucción por lo no cabe remitirse al Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca (cuando le interesa), una vez asumida la causa y competencia de la Sala, sin más, haciendo suyos curiosamente los mismos argumentos que la representación procesal del imputado Pedro Antonio Sánchez", lamenta el abogado Marcos Sánchez Adsuar en su escrito de 6 de marzo.

Autos y no providencias

En concreto, el abogado asegura en el escrito que el "exceso de celo" a la hora de tomar decisiones por parte del magistrado Pérez-Templado se ve de forma clara en que denegó las diligencias mediante tres providencias, resoluciones de mero trámite y que no necesitan estar motivadas, cuando según este letrado el juez debería haber dictado tres autos, cuya decisión sí tiene que ser explicada.

"Para denegar las tres diligencias de instrucción debió al menos molestarse (a pesar del exceso de celo denegatorio mostrado a las peticiones de esta acusación) en adoptar un auto motivado, sobre la innecesariedad o inutilidad de las diligencias de instrucción, en definitiva, guardar las formas procesales", ha asegurado el letrado Marcos Sánchez en un recurso de reforma presentado el pasado 6 de marzo, que volvió a ser rechazado por el instructor.

El letrado había pedido al juez, en concreto, que solicitara al Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia que aportara una copia de todos los acuerdos, resoluciones, escritos, informes y dictámenes en relación al recurso contencioso-administrativo que interpuso la institución profesional contra el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, entonces encabezado por Pedro Antonio Sánchez.

Y este abogado reclamó esta documentación para conocer la participación del exdecano del Colegio de Arquitectos murciano Antonio García Herrero en el recurso contencioso-administrativo que interpuso el anterior decano Francisco Camino: "Actuaciones que sin lugar a dudas, podrían evidenciar la parcialidad del exdecano", indica el escrito del recurso del letrado de la acusación. El arquitecto García Herrero ha sido contratado por el presidente murciano para elaborar una pericial que exculpa al mandatario murciano.

El letrado de Antonio López, Marcos Sánchez, también reclamó que varios de los imputados en el caso volvieran a declarar en el Tribunal Superior de Justicia, al mismo tiempo que solicitaba expedientes vinculados con las obras del auditorio, por cuya construcción presuntamente irregular está imputado el presidente murciano.

Además, Marcos Sánchez había pedido al juez que pida al secretario del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras una certificación sobre la propiedad de los terrenos en los que está edificado el auditorio para constatar "si los terrenos que ocupa están debidamente inscritos en el Inventario Municipal de Bienes Inmuebles, y en su caso acta del acuerdo plenario por el que se aprobó el referido inventario".

"Esta diligencia, debía acordarse para que el instructor se entere si efectivamente el imputado, como alcalde de Puerto Lumbreras, tenía la propiedad de los terrenos, circunstancia que quedaría plenamente acreditada con los diligencias de instrucción interesadas en relación al Inventario Municipal. Para el caso de que nunca se hubiese tenido la disponibilidad de los terrenos, nos encontramos con un fraude, del que no podía ser ajeno el imputado Pedro Antonio Sánchez", destaca el documento, que apunta a un posible "falseamiento tanto del expediente de contratación, del expediente de subvención y del expediente de obras del teatro-auditorio".

"Eternizar el sumario"

El juez se ha negado a practicar las diligencias solicitadas por el letrado Marcos Sánchez Adsuar, llegando incluso a señalar a la acusación, a la que en un auto dijo que no tenía intención de repetir "hasta el más lejano infinito las [diligencias] ya concluidas o que pudieran concluirse con el único fin de eternizar el sumario".

Pero este martes se ha conocido la decisión del magistrado de rechazar las pruebas reclamadas por el PSOE "al referirse a hechos sucedidos en marzo de 2011 y mayo de 2012, estimando este instructor que tales solicitudes de prueba documental y testifical pudieron practicarse en su día, ya que la parte peticionaria estaba personada en el proceso".

En concreto, los socialistas habían solicitado al instructor que llamara a declarar a un funcionario como testigo, pero también que reclamara al Consistorio lumbrerense, también gobernado por el PP, toda la documentación relacionada con las obras de instalación del alumbrado del auditorio, cuyo adjudicatario fue también la empresa que construyó los edificios, cuyas obras permanecen inacabadas.

"El magistrado instructor debe recabar la información precisa para descartar si se trata o no de obras complementarias incluidas en el proyecto del auditorio y descartar también que se le hayan abonado a [la constructora] Ecisa pagos desde un consorcio vinculado al Ayuntamiento por obras en el mismo edificio", especifica el escrito presentado el pasado 23 de marzo por la representación legal en el caso de los socialistas murcianos, que justificaba esta petición por haber conocido estos hechos de forma reciente tras analizar la página web del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

183.242 euros más

Los socialistas pretendían que el juez investigar si el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras había aportado 183.242 euros más a una obra que permanece inacabada, y que debería haber sido sufragada de forma íntegra con los seis millones de euros aportados por el Gobierno de la Región de Murcia.

Por el contrario, el juez sí ha accedido a dos pruebas reclamadas por las acusaciones. La primera fue acordada a petición de Podemos, y de esta forma el juez solicitó "a la mayor brevedad posible" al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras un ejemplar de los anuarios municipales de los años 2005 y 2006, en los que aparecían las fotos de Pedro Antonio Sánchez y del entonces presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, con el arquitecto del auditorio, Martín Lejárraga. Esta reunión se habría producido, según las acusaciones, antes de que el propio arquitecto fuera adjudicatario de la dirección de obra de los edificios.

La segunda prueba aprobada por Julián Pérez-Templado consistía en solicitar al Consistorio lumbrerense un expediente administrativo de la Junta de Gobierno en la que se aprobó el proyecto básico con el que se pidió la subvención de seis millones de euros al Gobierno de la Comunidad de Murcia.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/29/el_juez_del_caso_auditorio_rechaza_mayor_parte_las_pruebas_pedidas_por_las_acusaciones_63112_1012.html

PODEMOS APORTA UN INFORME PERICIAL SOBRE LOS SOBRECOSTES EN EL 'CASO AUDITORIO': EL AGUJERO ES DE 1,2 MILLONES

Los arquitectos destacan que el proyecto modificado "no obedece a la justificación que lo motivó ni está acreditada totalmente su necesidad técnica"

Fuentes de las acusaciones aseguran que la recusación contra el juez Julián Pérez-Templado será efectiva este martes

Podemos ha pasado a la ofensiva en el caso Auditorio. El letrado Ginés Ruiz Maciá ha registrado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJM) en la que los arquitectos responsables del trabajo aseguran que el agujero para el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras encabezada por el actual presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, supera los 1,2 millones de euros.

"El importe de los sobrecostes injustificados en los capítulos de movimiento de tierras, cimentación y estructuras se puede cifrar en 1.240.503 euros", especifica el documento presentado por este martes por la formación morada.

Asimismo, los peritos destacan que el proyecto modificado "no obedece a la justificación que lo motivó ni está acreditada totalmente la necesidad técnica de proceder a la corrección del sistema estructural planteado en él".

Por otra parte, fuentes de las acusaciones han asegurado que la recusación presentada por el abogado Marcos Sánchez contra el magistrado Julián Pérez-Templado será efectiva este martes tras subsanar el letrado un error en los poderes.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/28/podemos_aporta_informe_pericial_sobre_los_sobrecostes_del_auditorio_agujero_2_millones_63095_1012.html

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE DUDA DEL JUEZ PÉREZ-TEMPLADO EN MURCIA

En 2014 la independencia del magistrado ya fue puesta en cuestión, tras saberse que su mujer trabajó a las órdenes del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez

Pocas veces en el mundo judicial español, un magistrado ha acumulado dos incidentes de recusación por causas separadas en el tiempo y que solo tienen un punto en común: el nombre del principal acusado. Es lo que le acaba de pasarle al juez que investiga al presidente de Murcia en el llamado caso Auditorio.

El magistrado Julián Pérez-Templado ya vio discutida su impacialidad para juzgar al presidente murciano en 2014. En aquel momento, Pedro Antonio Sánchez estaba siendo investigado por la adquisición de un dúplex en Puerto Lumbreras, localidad en la que fue alcalde. La Fiscalía quería saber si a Sánchez le habían regalado parte de aquella vivienda pero la primera decisión del juez fue meter el asunto en un cajón. Tuvo que intervenir el Tribunal Superior de Justicia de Murcia para ordenar que se investigara, contra el criterio del juez. Finalmente el caso quedó en nada y la acusación que representaba al PSOE de aquella localidad decidió recusar al magistrado.

El argumento empleado en aquella ocasión tenía a la mujer del juez como protagonista. La recusación se apoyaba en el argumento de que Elena Ladrón de Guevara trabajaba a las órdenes del político que investigaba su marido. En aquella época, Pedro Antonio Sánchez era consejero de Educación y la mujer del juez prestaba labores de asesoría técnica en esa consejería. Los argumentos no fueron lo suficientemente contundentes y la recusación no prosperó. El caso acabaría archivándose.

Han pasado tres años de aquello y Julián Pérez-Templado se ha vuelto a encontrar con Pedro Antonio Sánchez en el banquillo de los imputados. Al igual que ocurrió en 2014, su independencia está en cuestión. El nuevo incidente de recusación –presentado por el abogado de uno de los denunciantes, un exconcejal socialista de Puerto Lumbreras– contra el magistrado viene ahora acompañado de una fotografía, en la que el juez comparte mesa y cervezas con un vocal de la dirección del PP de Murcia.

Julián Pérez-Templado llegó a la judicatura de la mano de la asociación Jueces para la Democracia. El portavoz de esta asociación en Murcia, Ángel Garrote reconoce que Pérez-Templado "no es un asociado muy activo". La delegación murciana de esta asociación de jueces progresistas evita hacer comentarios sobre la causa que lidera su asociado contra el presidente de la comunidad autónoma pero sí valoran la polémica fotografía: "Lo de las cañas... se trata de un amigo suyo de toda la vida. Parece una cosa sin demasiada trascendencia. No hay pálpito de que esté pasando algo raro".

En la misma línea se sitúa el Gobierno de Rajoy: "Murcia es un sitio en donde se conoce todo el mundo", aseguró el portavoz Íñigo Méndez de Vigo, tras la última reunión del Consejo de Ministros.

El juez tiene en su mano el futuro político de la comunidad autónoma en la que presta sus servicios. El PSOE ha puesto sobre la mesa una moción de censura que ya se ha registrado en la Cámara autonómica. Ciudadanos confía en que el PP deje caer a su presidente en Murcia y el PP prefiere esperar un nuevo archivo judicial con dos protagonistas que se han convertido en un clásico: el juez Julián Pérez-Templado y el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

http://m.eldiario.es/politica/familiares-presidente-Murcia-Partido-Popular_0_626788155.html

EL PERITO DE LA FISCALÍA RATIFICA QUE EL AUDITORIO PROVOCÓ UN AGUJERO DE 2,2 MILLONES A PUERTO LUMBRERAS

El arquitecto Andrés Checa ha defendido también que el modificado de la obra perseguía legalizar las irregularidades cometidas

El abogado Críspulo Picón, que representa a la defensa de uno de los funcionarios imputados, ha señalado que la vista ha sido "muy intensa"

El perito independiente contratado por la Fiscalía de la Región de Murcia para que analizara la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, Andrés Checa, ha ratificado ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) Julián Pérez-Templado su informe en el que concluye que el agujero de la obra promovida por el presidente murciano durante su etapa de alcalde, Pedro Antonio Sánchez, supera los 2,2 millones de euros.

Tanto Checa, que en su dictamen resaltó que el Consistorio lumbrerense había aprobado un modificado de la construcción en un intento de "legalizar las irregularidades y el desfase económico existente respecto a la obra contratada hasta ese momento", como el también arquitecto Antonio García Herrero, perito propuesto por la defensa que representa al presidente del Gobierno murciano en el caso Auditorio, han defendido sus conclusiones, por lo que han incurrido en contradicciones durante el careo celebrado este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

En concreto, ambos peritos han discrepado en "apreciaciones que, al final, derivan en otras interpretaciones", según ha hecho saber el propio García Herrero en declaraciones a los medios de comunicación, después de más de cinco horas de declaración en una vista que previsiblemente se alargará hasta este martes, informa Europa Press.

"No hay más que leerse los dos informes para darse cuenta" de estas diferencias, según García Herrero, quien ha señalado que tanto él como el perito del Fiscal han ratificado sus informes. "Ya sé que es un poco largo leérselos todos, pero ahora mismo no podría precisar las diferencias", ha señalado.

No ha dicho "tal cosa"

Durante la vista, García Herrero ha ratificado su informe y ha mantenido que todo el dinero de la subvención está invertido en la obra "de acuerdo con los datos" de los que dispone. Al ser preguntado por si todo el proceso fue correcto, ha puntualizado no obstante que él no ha dicho "tal cosa".

"Como perito no puedo estar satisfecho ni no satisfecho", ha señalado García Herrero, quien ha reconocido que "obviamente" ha habido contradicciones con el perito de la Fiscalía, Andrés Checa.

Al ser preguntado por si las obras quedaron inconclusas, el perito ha reconocido que "faltará por terminar por dentro" el teatro. "Si usted contrata una vivienda y la contrata para que le hagan la estructura y lo de fuera y no contrata que se lo hagan por dentro, pues se lo dan terminado así y ya lo terminará usted", ha justificado.

García Herrero ha evitado hacer más declaraciones, aunque sí ha admitido que no ha habido ningún momento "tenso" durante la vista. Sea como sea, ha señalado que "ojalá" supiera si van a archivar la causa, pero ha puntualizado que es algo que dependerá del magistrado.

Una vista muy intensa

Por su parte, el abogado Críspulo Picón, que representa a la defensa de uno de los funcionarios del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, ha señalado que la vista ha sido "muy intensa" y las partes han entrado en "muchos detalles". A su juicio, esta vista continuará este martes.

Ha admitido que los peritos de las partes no han incurrido en "contradicciones concretas" pero sí que han opuesto "distintas opiniones en cuanto a la validez o no de algunos de los puntos" tratados.

Según el letrado, tanto el perito de la defensa como el de la Fiscalía han coincidido en que el dinero está invertido en la obra, pero han discrepado en cuanto a si el proyecto modificado se considera válido o no, y en el alcance del proyecto.

"La obra no está terminada ni completa" aunque sí que está "contratada", según Picón, quien ha señalado que atribuir esta situación a la irrupción de la crisis, como argumenta el presidente murciano, "es cuestión de opiniones".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/27/el_perito_fiscalia_ratifica_que_auditorio_provoco_agujero_millones_puerto_lumbreras_63049_1012.html

EL PRESIDENTE MURCIANO ESGRIME COMO PRUEBA UNA SENTENCIA DICTADA EN 2012 POR LA ESPOSA DE UN CONSEJERO REGIONAL

La juez de lo contencioso que avaló el concurso de ideas del auditorio de Puerto Lumbreras pese a admitir posibles "irregularidades" previas está casada con el entonces consejero de Educación

En aquel momento, Pedro Antonio Sánchez era número 3 del PP murciano además de alcalde de Puerto Lumbreras

La resolución se convierte ahora en pieza "trascendental" para la defensa del presidente murciano, que la invoca ante el TSJ para refutar las acusaciones

La defensa de Pedro Antonio Sánchez ha convertido en pieza "trascendental" de su estrategia la sentencia con la que una jueza de lo contencioso, jurisdicción de carácter civil, avaló en 2012 el concurso de ideas para el Auditorio de Puerto Lumbreras pese a admitir la existencia de posibles "irregularidades" previas. Esa magistrada, cuya resolución enarbola ahora como prueba de descargo el abogado del presidente murciano en un escrito enviado al juez que le investiga en el Tribunal Superior (TSJM), era la titular del juzgado de lo contencioso número 2 de Murcia. Se llama Pilar Rubio. Y es también la esposa de quien hasta julio de 2013 fue consejero de Educación del Gobierno regional, Constantino Sotoca. Cuando la sentencia vio la luz el 30 de mayo de 2012, la vida política de Pedro Antonio Sánchez se distribuía como un tríplex: además de alcalde de Puerto Lumbreras y vicepresidente de la Asamblea autonómica, ocupaba el número 3 en el escalafón regional del PP, formación a la que pertenece Sotoca. En julio de 2013 y tras la dimisión de Sotoca por "motivos personales", el hoy presidente fue nombrado consejero de Educación.

infoLibre tuvo conocimiento del parentesco entre la jueza y el exconsejero el viernes, tras la difusión de la foto que muestra al juez que instruye la causa sobre Sánchez sentado en un bar con un dirigente del PP murciano el día después de que el presidente de la Región hubiese prestado declaración. Por la tarde, a través de los cauces oficiales y sin ningún éxito, este diario intentó localizar a la jueza Pilar Rubio, quien en enero de 2016 obtuvo una comisión de servicio para cubrir una vacante en la Sala de lo Contencioso del TSJM, puesto en el que permanecía en febrero de este año. Este diario tampoco logró contactar con su marido.

Los portavoces de Pedro Antonio Sánchez, a quienes este diario preguntó si consideran de importancia el vínculo conyugal entre la magistrada Rubio y el exconsejero Sotoca, sí se pronunciaron. Y lo hicieron en los siguientes términos: "Se trata de una sentencia dictada válidamente sin que existiese recusación alguna sobre la titular del juzgado contencioso número 2 de Murcia. Es decir, es una sentencia dictada con todas las garantías jurídicas y con plena validez legal. Además, es una sentencia que podía haber sido recurrida y no lo fue, por lo que es una sentencia "firme" y con valor de "cosa juzgada".

De representante de los demandantes a perito de la defensa

La sentencia cobró en efecto firmeza porque quienes en 2008 habían interpuesto la demanda judicial —un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras— no apelaron ante la Audiencia Provincial de Murcia. ¿Y quiénes eran los demandantes? El Colegio de Arquitectos de Murcia. Cuando la jueza Rubio dictó sentencia en 2012, ya se había producido el relevo en la cúpula colegial. Y el equipo al mando del nuevo decano, Antonio García Herrero, optó por no recurrir. García Herrero, que cesó como decano en 2016, figura hoy entre los peritos que el lunes declararán ante el juez Julián Pérez Templado en defensa del presidente de Murcia.

El viernes, el equipo de Pedro Antonio Sánchez reconoció la importancia que aquella resolución judicial de 2012 posee para el presidente: "Que su defensa la esgrima es absolutamente lógico, pues es una sentencia que abarca gran parte de lo que ahora se pretende juzgar nuevamente".

Tan relevante para el presidente murciano resulta la sentencia dictada por Pilar Rubio el 30 de mayo de 2012 [pincha aquí para leerla] que su abogado lo expone así en un escrito dirigido al juez del TSJM Julián Pérez Templado el pasado día 14: "Resulta trascendental destacar la sentencia firme que desestima el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia y declara ajustado a derecho el concurso de proyectos para el auditorio municipal de Puerto Lumbreras". El letrado lanza una petición a Pérez Templado: "Todo lo referido al concurso y a la adjudicación del contrato tiene que ser excluido de la actuación penal".

La actuación de Pedro Antonio Sánchez en relación al auditorio, que costó seis millones al erario murciano y cuya entrega aceptó el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras en 2011 pese a que el edificio crucial del proyecto estaba terminado por fuera y vacío por dentro, le ha costado verse investigado por cuatro presuntos delitos: prevaricación, fraude contra la Administración, malversación y falsedad en documento oficial.

"Más que evidente"

En su demanda, el Colegio había remarcado cómo mucho antes de que el concurso de ideas fuese convocado en diciembre de 2007 ya se sabía que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras había encargado un auditorio al arquitecto Martín Lejárraga. De aquel encargo sin concurso ni expediente administrativo quedó un rastro tan inequívoco —figura en el anuario municipal de Puerto Lumbreras de 2005, por ejemplo— que la jueza Rubio incorporó este párrafo a su sentencia: "Ciertamente la prueba practicada es más que evidente y antes de que se convocara siquiera el concurso de proyectos para auditorio municipal de Puerto Lumbreras, se había anunciado en todos los medios de comunicación la próxima construcción del auditorio y que el mismo se haría conforme a un proyecto elaborado por el arquitecto Martín Lejárraga, llegando incluso a presentar públicamente dicho proyecto".

Pero Rubio adujo que el auditorio encargado al arquitecto Lejárraga dos años antes de la convocatoria del concurso y el auditorio finalmente adjudicado al arquitecto Lejárraga tras la convocatoria del concurso no eran el mismo. Ni poseían el mismo diseño ni se localizaban en el mismo emplazamiento. "De existir irregularidades en el comportamiento de la Administración -sostuvo en el fallo judicial- son previos [sic] al concurso que ahora se impugna (...) y aquellas irregularidades no pueden impedir que precisamente se convoque el concurso de proyectos en la forma prevista en la ley". La magistrada añadió algo más: "Aunque resulte llamativo que se presente un proyecto antes de que se convoque el concurso para decidirlo, no es posible deducir de ese dato que el concurso se celebró en fraude de ley".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/27/el_presidente_murcia_esgrime_como_prueba_sentencia_que_dicto_favor_esposa_miembro_del_gobierno_regional_62982_1012.html

EL PRESIDENTE DE MURCIA COLOCÓ EN LA DIRECTIVA DEL PP AL AMIGO DEL JUEZ QUE LE INVESTIGA

El sábado pasado aupó como vocal en Murcia al hombre que se reunió con el magistrado Julián Pérez-Templado.

Cosme Ruiz pasó de ser un concejal de retiro y sin concejalía a ocupar una silla en la dirección del Partido Popular en Murcia que se formó la pasada semana. Y de por medio, Ruiz se reunió con el juez que investiga al presidente autonómico y líder de su partido, Pedro Antonio Sánchez, tal y como acreditan las imágenes adelantadas por La Verdad de Murcia. La reunión entre exconcejal y juez se produjo un día después de que el presidente murciano prestara declaración durante cuatro horas ante el magistrado Julián Pérez-Templado.

Según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, Ruiz es más conocido en el entorno del PP por sus relaciones judiciales que por sus méritos como gestor público. Histórico secretario del Ayuntamiento de Molina de Segura, Ruiz es suegro de Juan Martínez Moya, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial y expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia. El pasado 6 de marzo, Pedro Antonio Sánchez declaró ante ese mismo tribunal autonómico. Horas después se producía esta imagen. Y dos semanas más tarde, el 18 de marzo, Sánchez colocaba a Ruiz, a sus casi 80 años (los cumple la semana que viene), como vocal de la dirección del partido regional.

La relación entre concejal y magistrado se ha prolongado durante años, según fuentes cercanas a los fotografiados. Sin embargo, tiene más connotaciones desde que el juez Pérez-Templado asumió hace dos meses la investigación del caso Auditorio ya que Pedro Antonio Sánchez gozaba de protección al ser aforado. Y más si cabe desde que el magistrado ha tomado decisiones que han levantado ampollas en las acusaciones, como la de admitir una documentación presentada por Sánchez sobre el cierre de la obra investigada sin que el resto de las partes hayan tenido oportunidad de pronunciarse sobre ello.

Esta documentación fue rechazada en dos ocasiones por la jueza que llevó la instrucción al considerarla improcedente. El juez Pérez-Templado ha admitido ahora esa documentación sin ninguna argumentación que sostenga el cambio de criterio. Este magistrado tampoco ha trasladado todavía a los abogados la declaración completa del presidente de Murcia, sumido en una batalla política para mantener su escaño.

No es la primera vez que Cosme Ruiz reaparece en la escena pública tras pasar a la reserva del partido. Fue durante años secretario del Ayuntamiento de Molina de Segura, hasta que pasó a la segunda fila de la política al dejar el cargo. En 2011, el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, le rescató también como concejal de Contratación y Patrimonio. Otra nueva coincidencia: con independencia de la valía de Ruiz para ocupar el cargo, Cámara estaba también acuciado por serios problemas judiciales.

En aquellas fechas comenzaron a aparecer los rumores de imputación en el llamado caso Umbra, que afloró presuntos viajes del mandatario público realizados en jet privado y pagados por empresas privadas. Su imputación se produjo en 2012 y finalmente la Audiencia archivó el presunto delito por prescripción.

Desde que Sánchez está imputado en el caso Auditorio, la oposición se ha aliado para que presente su dimisión y el PP cambie de candidato. Sin embargo, en Génova se resisten a prescindir de su presidente, confían en su presunción de inocencia y en que el juez prescribirá el caso.

http://www.elespanol.com/espana/politica/20170324/203229869_0.html

EL JUEZ QUE INVESTIGA AL PRESIDENTE DE MURCIA, FOTOGRAFIADO CON UN DIRIGENTE DEL PP

La imagen fue captada un día después de que Sánchez declarara ante el magistrado como imputado en el 'caso Auditorio'

El magistrado Julián Pérez-Templado, que instruye la investigación contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha sido fotografiado en un bar junto al vocal de la dirección regional del PP Cosme Ruiz y a otra persona sin identificar.

La fotografía es del día 7 de marzo, una jornada después de que Sánchez declarase ante Pérez-Templado en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) acusado de delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental en relación con la construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras cuando era alcalde de ese municipio.

El magistrado y el dirigente popular, que fue concejal de Patrimonio en el Ayuntamiento de Murcia, aparecen tomando cerveza en un bar del céntrico paseo de Alfonso X El Sabio de la capital, una de las zonas más concurridas de la ciudad.

Cosme Ruiz ha indicado que mantiene una amistad personal con el magistrado desde hace dos décadas, por lo que tiene encuentros con él habitualmente, y los ha tenido tanto antes como después de producirse la imputación del presidente autonómico.

Ruiz, de casi 80 años de edad, conoce a numerosas personas relacionadas con el mundo judicial, pues dos de sus hijos son jueces y es suegro del vocal del Consejo General del Poder Judicial y ex presidente del TSJ Juan Martínez Moya.

Desde el PP de Murcia han insistido en que “no hay nada que valorar” sobre la instantánea, a la que no han querido dar ninguna relevancia.

El encuentro, han insistido, está dentro del ámbito personal y se produjo en un sitio completamente público, muy concurrido y a la luz de todo el mundo, por lo que no tendría ningún sentido que hubiera “intencionalidad” alguna detrás de esa cita.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que también fue preguntado por la foto, dijo que la desconocía y también le restó importancia, porque “Murcia es un sitio donde todo el mundo se conoce”, por lo que, en su opinión, no se puede sacar ninguna “conclusión extraña”.

Tampoco desde el Tribunal Superior de Justicia de Murcia han querido hacer valoración alguna sobre la polémica imagen.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/24/actualidad/1490351543_119980.html

EL JUEZ ORDENA UN CAREO ENTRE EL PERITO DE LA FISCALÍA Y TRES ARQUITECTOS CUYOS INFORMES DEFIENDEN AL PRESIDENTE MURCIANO

Andrés Checa, que realizó un informe por encargo de la Fiscalía, apunta en su pericial que la gestión de Pedro Antonio Sánchez provocó un agujero de 2,2 millones al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras

Tres arquitectos contratados por las defensas tratarán de convencer al magistrado de que el actual presidente murciano no cometió ningún delito

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que instruye el caso Auditorio, Julián Pérez-Templado, ha acordado que se practique este lunes un careo entre el perito de la Fiscalía, Andrés Checa, y los tres arquitectos y el abogado que han elaborado informes encargados por el arquitecto Martín Lejárraga y por el propio presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez (PP), ambos imputados en el procedimiento.

Así lo ha acordado este jueves el magistrado, que en un auto, al que ha tenido acceso infoLibre, ha ordenado citar a Andrés Checa, que fue el arquitecto que elaboró para el Ministerio Público el informe que destapó un agujero de 2,2 millones de euros en las obras de Puerto Lumbreras, y que ha servido de base para la investigación desarrollada por la jueza Consuelo Andreo, que acordó elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, ante el que está aforado el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez.

En concreto, Checa entregó a la Fiscalía en diciembre de 2014 un informe en el que concluye que el perjuicio económico sufrido por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras entonces encabezado por el propio Pedro Antonio Sánchez– al aprobar un modificado de la obra, fue de 2.278.421 euros.

El perito, que asegura que los 6 millones de euros que recibió Sánchez eran una suma "suficiente para acabar la obra" asegura que se certificó en todo momento un 38% más: "Es quizás a partir de la certificación número 18 cuando existe la certeza de que no va haber más dinero y entonces se trabaja con el modificado, posteriormente aprobado, que intenta legalizar las irregularidades y el desfase económico existente respecto a la obra contratada hasta ese momento", especifica el dosier.

La Fiscalía cuanto con un segundo documento realizado en septiembre de 2016 por la Intervención General del Estado (IGAE), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, cuyo titular es Cristóbal Montoro, y que asegura que Sánchez no debería haber recibido la propiedad del auditorio, que no estaba acabado.

El imputado Martín Lejárraga

Por las defensas acudirán los arquitectos Mariano Alegría Pellicer y Salvador Aledo Guerao, responsables de los dosieres encargados por el también arquitecto Martín Lejarraga Azcarreta, uno de los principales investigados en el caso, y que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, también del PP, ha aportado de forma reciente al instructor, y que sostienen que el gasto de las obras inacabadas no ha superado los 6 millones de euros, la suma total de la subvención aportada por el Gobierno de Murcia al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, entonces encabezado por Pedro Antonio Sánchez.

Pero también comparecerán los responsables de los informes aportados por el propio Pedro Antonio Sánchez. El primero es el exdecano del Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia Antonio García Herrero, cuyo dictamen asegura que la "totalidad" de los fondos certificados se han empleado en la construcción de las obras, "y que debe considerarse que se construyeron las obras que se habían contratado, salvo las precisiones que la futura liquidación determine".

El segundo profesional que defenderá la inocencia de Pedro Antonio Sánchez es el catedrático de Derecho Administrativo Ramón Entrena Cuesta, que en un informe jurídico concluye que no existe en la actuación de Pedro Antonio Sánchez "dolo alguno que permita imputarle responsabilidad penal".

Para este letrado, el presidente murciano "no ha prevaricado y, por tal motivo, tampoco ha existido un delito de fraude administrativo. No se ha pagado un euro de más, por lo que no hay malversación, y tampoco existe documento alguno falsificado".

"Cuatro arquitectos"

El propio Sánchez ha aludido este jueves a la presencia de "cuatro arquitectos" en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región que van a "ratificar tres informes que dicen que no hay ilícito penal en la cuestión que se está investigando, una justificación de una subvención".

También este mismo 23 de marzo, el magistrado instructor del caso ha afirmado en un auto sobre el caso Auditorio que su "único empeño" es "terminar la causa ni un día antes ni uno después de haberse realizado las pruebas pertinentes por novedosas y no repetir hasta el más lejano infinito las ya concluidas o que pudieran concluirse con el único fin de eternizar el sumario".

Pedro Antonio Sánchez tras declarar como imputado ante el juez Pérez-Templado. Pedro Antonio Sánchez tras declarar como imputado ante el juez Pérez-Templado.

De esta forma, Pérez-Templado ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por la acusación ejercida por el exconcejal del PSOE de Puerto Lumbreras Antonio López, que solicitaba nuevas aportaciones documentales y volver a tomar algunas declaraciones. El juez considera que "no ha lugar a estimar el recurso de reforma contra el auto de 1 de marzo de 2017" al "no contener motivación alguna que conduzca a su variación".

El magistrado recuerda que el 1 de marzo se acordó la remisión del expediente administrativo completo, con el que "quedan saturadas las expectativas del recurrente sobre aportaciones documentales". Pérez-Templado considera que "no procede, ni conduce a parte alguna, volver a tomar declaraciones a quienes o bien ya se les oyó o pudo oírseles de actuar con la debida diligencia".

Diez días en Púnica

Por otra parte, el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que instruye la pieza separada de Murcia de la Púnica, dio el pasado 17 de marzo diez días a las acusaciones y a las defensas para que presenten sus escritos con sus conclusiones después que el propio juez diera por finalizada la investigación.

Velasco no incluyó en su escrito ni al presidente murciano ni a la senadora y exalcaldesa de Cartagena, también por el PP, Pilar Barreiro, ya que el primero está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y la segunda ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, Velasco aprovechó la pieza de Murcia para estrechar el cerco judicial del presidente murciano, al incluir entre los procesados a David Conesa Ferrer, un empleado de la consejería de Educación murciana encabezada entonces por Pedro Antonio Sánchez, y acusa a este trabajador de cometer el delito de fraude al intentar que los trabajos "particulares reputacionales on line de su consejero se sufragasen con cargo a dinero público".

El segundo delito que el instructor imputa a Conesa Ferrer es el de revelación de información reservada, "al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia que no podía revelar", según especifica el auto al que ha tenido acceso este periódico, que se refiere a la filtración de información al informático de la Púnica, Alejandro de Pedro.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/24/el_juez_del_caso_del_presidente_murcia_ordena_careo_entre_perito_fiscalia_los_cuatro_arquitectos_las_defensas_62910_1012.html

EL PRESIDENTE DE MURCIA SE ESCUDA EN QUE SE LIMITABA A FIRMAR LO QUE PREPARABAN LOS TÉCNICOS

Pedro Antonio Sánchez niega que contratase a dedo al arquitecto que hizo el auditorio de Puerto Lumbreras pese a que el propio consistorio ya había publicitado el "encargo" dos años antes del concurso

El dirigente del PP sostiene que la Alcaldía eran solo "una secretaria y el alcalde" para remachar que era ajeno a los trámites administrativos

Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia y ya virtual líder regional del PP, se ha aferrado este lunes a la tesis de que su papel como alcalde de Puerto Lumbreras cuando se construyó el auditorio por el que finalmente ha terminado declarando como investigado ante el Tribunal Superior (TSJM) de su comunidad se limitaba a firmar lo que los técnicos le ponían por delante. Antes de que el caso llegara al TSJM, una pericial encargada por la Fiscalía cifró en 2.278.421 euros el perjuicio causado al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, cuyo censo no llega a los 15.000 habitantes.

Investigado –o imputado– por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad y fraude a la Administración, Sánchez ha repetido durante las casi cuatro horas de declaración sus argumentos centrales: que todo el dinero público asignado al proyecto –seis millones aportados por el Gobierno regional en 2006– se invirtió en la obra; que el consistorio firmó su recepción en 2011 pese a que el edificio era en la práctica un cascarón porque así lo permitía el proyecto "modificado"; que ignora si, como sostienen el perito de la Fiscalía y la juez que envió el caso al TSJM, se pagaron por duplicado los mismos conceptos en las mismas certificaciones de obra; y que el arquitecto responsable del complejo cultural solo fue contratado después del concurso de ideas convocado por la corporación municipal el 17 de diciembre de 2007.

Los anuarios oficiales ese municipio murciano, editados bajo el mandato de Pedro Antonio Sánchez como alcalde, acreditan en cambio que ya en 2005 el Ayuntamiento había "encargado el proyecto para la construcción de un teatro en la localidad al arquitecto Martín Lejárraga". En la siguiente edición, la de 2006, el Anuario de Puerto Lumbreras [pincha aquí para verlo] publicó una recreación del futuro auditorio sobre una foto que muestra al entonces alcalde de la localidad, Pedro Antonio Sánchez, junto a quien en aquel momento presidía la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y al arquitecto Martín Lejárraga. El texto informaba de que Sánchez había presentado a Valcárcel "el proyecto del primer Teatro Auditorio para el municipio lumbrerense".

infoLibre preguntó este martes al equipo del presidente murciano el porqué de la discrepancia entre lo declarado por el presidente murciano y el contenido de los anuarios editados. Los portavoces de Sánchez se limitaron a reiterar un mensaje ya habitual en los últimos meses y que no explica por qué el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras anunció el "encargo" a Lejárraga dos años antes de su contratación formal: "Todo lo que tiene que ver con la contratación de Lejárraga –respondió su equipo– fue objeto de juicio interpuesto por el Colegio de Arquitectos y el juzgado contencioso 2 de Murcia, dictó sentencia afirmando la legalidad de la contratación y del concurso de ideas". "La sentencia es firme y tiene valor de cosa juzgada", agrega la respuesta oficial.

Distintas fuentes conocedoras de la declaración judicial de este lunes coinciden en que el presidente murciano ha remarcado que coincidió con Lejárraga en un acto cultural cuando llevaba poco como alcalde –accedió al cargo en 2003–. Y que allí el arquitecto sacó a colación que Puerto Lumbreras bien podría levantar un auditorio, para lo que se habría ofrecido a enviarle "ideas". Puerto Lumbreras –ha razonado Sánchez– aprovechó esas ideas para pedir los seis millones de subvención pero sin que eso implicara la existencia de ningún contrato verbal o de ninguna categoría con el arquitecto en cuestión.

Sánchez solo accedió a responder al juez, Julián Pérez-Templano, y a los fiscales del caso, José Luis Díaz Manzanera, nuevo jefe del ministerio público en Murcia, y Juan Pablo Lozano. Uno de los juristas consultados asegura que la Fiscalía puso a Sánchez contra las cuerdas cuando le mostró el documento por el que el entonces alcalde de Puerto Lumbreras pedía a la Comunidad de Murcia una prórroga de 18 meses para la construcción del auditorio esgrimiendo como argumento que así lo consideraba necesario el arquitecto director del proyecto.

Una vez que el presidente murciano admitió ante el juez que esa solicitud se había cursado, el fiscal le recordó que la solicitud había sido enviada desde el consistorio en julio de 2007, cinco meses antes de la convocatoria del concurso de ideas que derivó en la contratación oficial del arquitecto Lejárraga. Una de las fuentes consultadas asegura que el presidente murciano alegó entonces que él no redactaba los documentos.

La alcaldía era "una secretaria y el alcalde", dijo en un momento de su declaración para ilustrar el argumento de que no participaba en la tramitación administrativa porque de ella se encargaban los funcionarios.

En 2009 se había pagado el 85%... pero solo estaba hecho el 47%

Entre los puntos oscuros que jalonan la construcción del inacabado auditorio figura el replanteo de obra acometido en 2009 dado que el plan parcial de la zona preveía la construcción de una calle –un vial– que obligaba al retranqueo del edificio. Ese replanteo derivó en una modificación del proyecto que resultó clave en el hecho de que –según la Fiscalía– las certificaciones de obra acabasen infladas o, en este caso, abonadas por partida doble. Esa modificación, aprobada en septiembre de 2010 por el gobierno local, es la que Pedro Antonio Sánchez invoca para justificar por qué el Ayuntamiento aceptó que el edificio le fuese entregado con el interior vacío.

La jueza de Lorca que investigaba el caso y que pidió al TSJM la imputación del presidente murciano cuando concluyó la existencia de indicios de delito en su actuación como alcalde, resumió así lo sucedido: "Cuando en octubre de 2009 se empieza a emitir certificaciones al proyecto modificado (...) la obra se encuentra pagada a un 85,39% incluidos acopios y ejecutada a un 47.08%". En esa fecha, explicaba la magistrada, ya había un "desajuste" de "1.838.388,44 euros cobrados indebidamente".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/07/el_presidente_murcia_escuda_que_limitaba_firmar_preparaban_los_tecnicos_62145_1012.html

TODOS LOS HECHOS QUE IMPLICAN A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ EN LA OBRA DEL AUDITORIO INACABADO

La firma del presidente murciano, que ha asegurado en su declaración que sus decisiones venían avaladas por los técnicos, aparece en numerosos documentos del expediente de la obra como máximo responsable

La Intervención General del Estado considera "llamativo" que la licitación fuera realizada dos veces: "Se desconoce la causa por la que se aprobó por el alcalde el anuncio del 8 antes de que se aprobaran los pliegos"

El presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez (PP), ha justificado durante su comparecencia en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que las decisiones que adoptó como alcalde de Puerto Lumbreras sobre el caso Auditorio y por las que está imputado "venían avaladas por los técnicos" y que no eran su "competencia", según aseguran fuentes presentes en la declaración celebrada este lunes ante el magistrado instructor, Julián Pérez-Templado.

Sin embargo el sumario, al que ha tenido acceso infoLibre, muestra que el que fuera regidor de Puerto Lumbreras hasta 2013 y ahora presidente murciano, firmó en mayo de 2011 el acta de ocupación parcial de los pabellones de danza-música y exposiciones y congresos, un documento que llega a asegurar: "La ejecución de las obras se considera correcta, a falta de acabar el conjunto de acometidas definitivas, de conformidad con las instrucciones dadas por los facultativos directores y la propiedad, por lo que la comisión receptora acuerda ocupar las obras".

Pero, además, en septiembre del mismo 2011, el propio Pedro Antonio Sánchez refrendó el acta de recepción de la obra, en la que aparecen los nombres del concejal Eliseo Sánchez Plaza y del técnico municipal José Fernández Navarro, ambos con "el visto bueno del alcalde", según especifica el documento, que completa: "En virtud de contrato de obra de fecha 25 de marzo de 2008, y tras la modificación del proyecto técnico aprobado el 17 de septiembre de 2010, se ha llevado a cabo la construcción de la obra".

El informe pericial del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia sostiene, sin embargo: "El Ayuntamiento, al aprobar el modificado al proyecto, acepta las irregularidades existentes e intenta legalizar la situación actual del edificio, en que habiéndose certificado y abonado la totalidad del presupuesto de remate de la obra contratada para la construcción de un teatro auditorio, ésta se encuentra sin terminar y ejecutado al 61'96%".

El documento va más allá en sus críticas al Consistorio, y explica que el auditorio, "en su estado actual no puede ser utilizado, no puede considerarse obra completa, e incumple el artículo 58 del Reglamento General de Contratación del Estado".

"Visto bueno" del alcalde

En el acta de recepción de la obra de septiembre del mismo 2011, y que cuenta con "visto bueno" del ahora presidente murciano, sostiene también que el constructor entrega al Consistorio de Puerto Lumbreras la obra "con todas las instalaciones y elementos que le son propios".

Pero además, los representantes del Ayuntamiento encabezado por Pedro Antonio Sánchez y el arquitecto imputado, Martín Lejarraga Azcarreta, declaran "recibir la obra terminada en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas".

Este acta, mediante el cual el Consistorio recibe la propiedad del auditorio, es contradicha también por el informe del perito del Colegio Oficial de Arquitectos murcianos, ya que este documento elaborado por el arquitecto Andrés Checa sostiene que cuando el 20 septiembre de 2011 se firma el acta de recepción de las obras por parte de la dirección facultativa, empresa constructora y Ayuntamiento, las obras del Edificio Teatro-Auditorio se encontraban sin terminar, con una obra ejecutada al 61'96%, y por tanto obra no completa y sin posibilidad de uso y utilización".

Pero el nombre del exalcalde y ahora presidente de Murcia aparece también en otros puntos del expediente del auditorio, como por ejemplo cuando el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia desaconsejó a sus colegiados que se presentaran al concurso al considerar que no existían garantías suficientes sobre la legalidad del mismo. Pedro Antonio Sánchez, que presidió el jurado del concurso, fue alertado de las irregularidades, sin que hiciera nada al respecto. Por ello, el Colegio presentó un recurso contencioso-administrativo, que fue archivado por la justicia.

Asimismo, en sus declaración de este lunes como imputado, el presidente murciano dijo que no conocía al arquitecto encargado de la obra, Martín Lejarraga Azcarreta, otro de los investigados en la causa. Sin embargo, en el sumario hay un contrato, de 7 de febrero de 2008, que dice textualmente que comparecen el propio Sánchez y el arquitecto mencionado que se compromete a la ejecución del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de la obra del teatro-auditorio municipal.

"Un importe excesivo"

Por este trabajo Martín Lejarraga Azcarreta recibe 335.484 euros, una cifra que según los funcionarios de la Intervención General del Estado (IGAE), un departamento dependiente del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, considera "desproporcionado que en un concurso de proyectos se conceda un premio para la redacción de un proyecto y su dirección técnica por un importe de más de 300.000 euros".

La IGAE insiste en su informe que se trata de "un importe excesivo, teniendo en cuenta que ya se habían redactado tres proyectos previos por el mismo arquitecto, que de alguna forma se habrían abonado".

Y el 17 de diciembre de 2007 el alcalde dictó una resolución en la que aprobaba el pliego de cláusulas administrativas particulares que iba a regir el concurso de proyectos con intervención de jurado para la redacción del proyecto técnico de teatro auditorio municipal.

Con fecha 8 de febrero de 2008 el regidor aprobó el anuncio de licitación de la obra, en el que se indicaba, entre otros, que la tramitación era urgente y que el plazo de presentación de las ofertas era de 13 días. La Intervención General del Estado asegura que esta urgencia "sí pudo mermar la concurrencia de ofertas".

Aprobado dos veces

Precisamente la IGAE considera "llamativo que el anuncio de licitación fuera aprobado por el alcalde dos veces, el 8 y el 14 de febrero de 2008. Dado que los pliegos fueron firmados por el regidor y aprobados por la Junta de Gobierno local el 14 de febrero, se desconoce la causa por la que se aprobó por el alcalde el anuncio del 8 antes de que se aprobaran los pliegos".

El 11 de febrero del mismo 2008, Pedro Antonio Sánchez emitió una providencia que inició el expediente de contratación. En abril 2008, también aparece en otro documento la firma de Pedro Antonio Sánchez en un contrato para la ejecución de la obra en nombre de la Corporación Municipal, que también rubrica Vicente Gimeno Merino en nombre de la mercantil Ecisa. S.A, la constructora que ejecutó la obra, que todavía hoy está inacabada.

El 31 de mayo de 2011, Sánchez remitió un fax al Gobierno murciano, también del PP, alegando que, "aunque se había omitido el trámite de autorización previa de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión, el gasto no alteraba esencialmente la naturaleza de la subvención".

Y el 8 de mayo de 2012, "tomando como base el informe del técnico municipal de 8 de mayo de 2012, tras realizar visita de inspección, el alcalde aprobó la nueva certificación, indicando que las unidades de obra realizadas y certificadas en la nueva certificación de liquidación, por un importe de 338.915 euros, se correspondían con las aprobadas en el modificado de septiembre de 2009", especifica el documento de la IGAE.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/07/sanchez_dio_visto_bueno_recibir_propiedad_unas_obras_inacabadas_62141_1012.html

MILES DE PERSONAS CLAMAN EN MURCIA "CONTRA LA CORRUPCIÓN" Y EXIGEN LA DIMISIÓN DE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

Bajo el lema "Contra la corrupción, decencia", los manifestantes denuncian lo "indecente de la politización y manipulación de la justicia"

Convocan una concentración para este lunes frente a la sede judicial en la que prestará declaración el presidente regional

Varios miles de personas se manifestaron este domingo en Murcia para clamar "contra la corrupción" y para exigir que el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, "cumpla con su palabra, sea coherente y dimita" tras ser investigado en el caso Auditorio.

Según Europa Press, la manifestación, convocada por la Plataforma Anticorrupción de la Región de Murcia y apoyada solo por particulares y no por partidos políticos ni entidades sociales, partió pasadas las 12.00 horas de la plaza de la Glorieta de España, recorriendo la Gran Vía hasta desembocar frente al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, donde se procedió a la lectura de un manifiesto.

Un manifiesto en el que se señaló lo "indecente de la politización y manipulación de la justicia" y que defiende que la mejor arma contra la corrupción y la ignorancia "es la democracia, la transparencia y la participación".

Durante el trayecto de la manifestación, a la que se sumaron a título personas representantes de todos los partidos de la oposición en la Asamblea Regional, así como sindicatos, organizaciones sociales o plataformas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la Plataforma Pro Soterramiento, se han coreado cánticos como "Dimisión, Pedro Antonio dimisión" o "A ti que estás mirando también te están robando".

Las portavoces de la Plataforma, Marian Alfonso y Belén Fernández, incidieron en que uno de los objetivos de la convocatoria es "demostrar que la ciudadanía es el último resorte contra la corrupción y por la decencia y la dignidad en una sociedad infestada de corrupción".

Se da la circunstancia de que la manifestación se celebra horas antes de que el presidente del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, declare este lunes, a las 10.00 horas, en calidad de investigado por el caso Auditorio, tras ser citado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), instructor del caso, Julián Pérez-Templado.

Así, Alfonso apuntó que mañana, frente a las puertas de la sede judicial, "habrá una manifestación porque nos preocupa esta situación y queremos saber qué es lo que pasa. Queremos que la justicia actúe firmemente y lo haga de manera transparente", añadió.

"La corrupción está arraigada en todas las administraciones públicas y la ciudadanía se siente harta e indignada, además sentimos que nuestra democracia ha sido secuestrada y que la justicia está siendo demasiado politizada", afirmó la portavoz.

Por su parte, Fernández destacó el papel que juega la presión social a la hora de denunciar los casos de corrupción, "porque funciona". Sobre Pedro Antonio Sánchez, recordó que se le imputan "nada más y nada menos que cuatro presuntos delitos de prevaricación, fraude o falsedad documental", por lo que remarcó que "no se trata de casos puntuales, sino que se trata de una corrupción endémica".

Critican la "corrupción sistemática"

Alfonso indicó que la labor de la Plataforma no se detendrá con la investigación de Sánchez, sino que continuará porque "la corrupción no es algo que esté instaurado solamente en torno a Pedro Sánchez, sino que está en todas las instituciones del Gobierno regional y del Gobierno nacional".

"No podemos permitir que la indecencia nos gobierne y que gente que ha hecho que sus privilegios, sentados en su sillón intentando mantener ese poder solo para ellos, hagan su cortijo y que la ciudadanía siga perdiendo cada día más derechos", aseveró.

"Esta corrupción nos afecta a todos porque son los recortes de la ciudadanía", según Alfonso, quien recalcó que no se trata solo de un problema político, sino que es "el principal problema económico de la Región de Murcia y del Estado español, porque este corrupción se lleva un montón de dinero que, al final, no va a la gente".

Por otro lado, arremetió contra una Justicia "totalmente manipulada, al servicio de ese pequeño grupo de privilegiados que están manipulando la justicia social a su favor, en detrimento de una justicia general y para todos".

Entre la labor que realizará la Plataforma en el futuro, Alfonso anunció que habrá más concentraciones, simposios y cursos. Asimismo, desarrollará una labor de "información y formación a la ciudadanía" porque la corrupción "no es un estado paralizado, sino que todas las instituciones están llenas de corrupción y la población debe saberlo".

La intención de la Plataforma es que "la decencia se instaure en el gobierno de lo público" y, para ello, "tenemos que ser capaces de movilizar a nuestros representantes políticos, partidos y activistas sindicales para que exijan que el gobierno de lo público sea decente y digno", con el fin de que "las personas que nos representan nos hagan sentir orgullosos".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/05/miles_personas_claman_murcia_contra_corrupcion_exigen_dimision_pedro_antonio_sanchez_62081_1012.html

UN TRIBUNAL YA CONSIDERÓ "EVIDENTE" QUE EL AYUNTAMIENTO DEL PRESIDENTE DE MURCIA ENCARGÓ A DEDO UN PROYECTO DE AUDITORIO

El equipo de Pedro Antonio Sánchez esgrime como prueba de "la legalidad de la contratación" una sentencia que avaló el concurso de ideas pero sin descartar "irregularidades" previas
La decisión de encomendar el proyecto al arquitecto Martín Lejárraga se anunció a comienzos de 2006, antes de que Puerto Lumbreras introdujera por primera vez su nombre en un documento oficial

Un juzgado de lo contencioso, jurisdicción en que desembocan todos los litigios civiles planteados contra administraciones públicas, ya consideró "evidente" en 2012 que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras había encargado un proyecto de auditorio sin concurso previo al mismo arquitecto que finalmente recibió el contrato formal para ejecutar la tarea aunque en otro emplazamiento y con un diseño distinto.

La afirmación sobre lo "evidente" de ese hecho consta en la sentencia que el equipo de Pedro Antonio Sánchez invoca como prueba de "la legalidad de la contratación" del arquitecto Martín Lejárraga, uno de los grandes escollos que el hoy presidente de Murcia y alcalde de Puerto Lumbreras entre 2003 y 2013 afronta ante el Tribunal Superior (TSJM) de Murcia como investigado por cuatro presuntos delitos: prevaricación, malversación, falsedad y fraude a la Administración.

"La sentencia es firme y tiene valor de cosa juzgada", sostienen los portavoces de Sánchez, que este lunes declaró como investigado ante el TSJM durante cuatro horas. En el congreso que el PP murciano celebrará el próximo día 18, Sánchez se convertirá en el nuevo líder regional del PP. De momento, ya ha obtenido el respaldo expreso del fiscal general del Estado para que Anticorrupción no pida su imputación en otro caso de mayores dimensiones, la Operación Púnica. Tras su citación como investigado en el caso Auditorio, los socialistas amenazan con enfrentarlo a una moción de censura de resultado incierto.

El auditorio de Puerto Lumbreras (14.500 habitantes) costó seis millones al Gobierno murciano. El Ayuntamiento que presidía Sánchez lo recepcionó en 2011 en estado cascarón de nuez: terminado por fuera y vacío por dentro. Sánchez aduce que su misión consistía en dar impulso político al proyecto y que en la práctica se limitaba a firmar lo que le preparaban los técnicos. Sobre la contratación de Lejárraga, remacha que todo lo que el arquitecto hizo sobre el auditorio antes de enero de 2008 era para un proyecto "distinto" al finalmente ejecutado y cuyo objetivo real era obtener los seis millones de subvención otorgados por el Ejecutivo murciano.

Aquella sentencia de 2012, nunca recurrida y por tanto firme, tumbó el recurso del Colegio de Arquitectos de Murcia contra el concurso de ideas que, con un jurado presidido el propio Sánchez, había adjudicado a Lejárraga la redacción del proyecto de auditorio en enero de 2008. La juez de lo contencioso número 2 de Murcia basó su decisión en el siguiente argumento: que "aunque resulte llamativo que se presente un proyecto antes de que se convoque el concurso para decidirlo, no es posible deducir de ese dato que el concurso se celebró en fraude de ley".

Pero esa misma sentencia incorpora dos párrafos que cuestionan la limpieza de lo sucedido antes del concurso. "Ciertamente -dice el primero de ellos- la prueba practicada es más que evidente y antes de que se convocara siquiera el concurso de proyectos para auditorio municipal de Puerto Lumbreras, se había anunciado en todos los medios de comunicación la próxima construcción del auditorio y que el mismo se haría conforme a un proyecto elaborado por el arquitecto Martín Lejárraga, llegando incluso a presentar públicamente dicho proyecto".

Tanto se había anunciado que el Anuario de Puerto Lumbreras [pincha aquí para verlo], editado por el consistorio, ya incorporó en su edición de 2005 un anuncio inequívoco: "El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha encargado la construcción de un Teatro en la localidad al arquitecto Martín Lejárraga". El concejal socialista José Manuel Miravete, que ejerce una de las acusaciones populares en el caso auditorio, asegura que cada edición del Anuario se presenta en el primer trimestre del año. infoLibre ha localizado la fecha de presentación de todas las ediciones de la publicación a partir de la de 2006. Pero no la de 2005. Y, efectivamente, todas las presentaciones localizadas tuvieron lugar entre enero y marzo del año siguiente a aquel cuyos datos recoge cada anuario salvo la de 2014, que se produjo en abril de 2015. El nombre de Lejárraga no apareció asociado al futuro teatro-auditorio de Puerto Lumbreras en ningún documento oficial hasta junio de 2006.

La referencia expresa de la sentencia de 2012 a cómo Lejárraga ya aparecía vinculado al futuro auditorio antes de la convocatoria del concurso no es la única que introduce dudas sobre lo sucedido. "De existir irregularidades en el comportamiento de la Administración -añade el fallo judicial- son previos [sic] al concurso que ahora se impugna (...) y aquellas irregularidades no pueden impedir que precisamente se convoque el concurso de proyectos en la forma prevista en la ley".

En realidad, y así lo sostiene en un voluminoso informe de septiembre de 2016 la Intervención General del Estado (IGAE), Lejárraga había redactado no un proyecto antes de la convocatoria del concurso de ideas sino tres. Y de la contratación de esos tres proyectos "no se ha localizado ningún documento administrativo", dice el citado informe. Dadas las fechas que aporta la IGAE, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, el penúltimo de esos tres proyectos fue presentado a bombo y platillo al entonces presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, el 20 de noviembre de 2006 por Pedro Antonio Sánchez y Martín Lejárraga. Es decir, se lo presentaron al máximo responsable del Gobierno regional un año antes de que la Corporación lumbrerense convocase el 17 de diciembre de 2007 el concurso de ideas para el auditorio. El jurado eligió ganador a Lejárraga el 14 de enero de 2008.

En medio quedaron 27 días naturales de los que ocho fueron festivos sin contar Nochebuena ni Nochevieja, que en ambos casos cayeron en lunes. Entre la convocatoria y la resolución del concurso transcurrió así un periodo de 19 días oficialmente laborables y que incluyó los dos grandes puentes navideños. Para el arquitecto elegido por el jurado que encabezaba Sánchez, ese plazo resultó suficiente para elaborar un nuevo proyecto. Lejárraga figura entre los investigados por el caso auditorio. Cuando el caso llegó a la Asamblea Regional de Murcia en mayo de 2016, quien era decano del Colegio de Arquitectos cuando la institución impugnó el concurso de ideas ganado por Lejárraga exhibió su desacuerdo con la sentencia de 2012: "En 13 días no se puede hacer un proyecto", afirmó el exdirigente colegial Francisco Camino.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/08/un_tribunal_considero_evidente_que_presidente_murcia_encargo_sin_concurso_proyecto_auditorio_62196_1012.html

DOS INFORMES OFICIALES SOSTIENEN LA ACUSACIÓN CONTRA EL PRESIDENTE DE MURCIA

La Intervención General del Estado asegura que el Consistorio de Sánchez "no debería haber firmado el acta de recepción de forma favorable", ya que la obra "no estaba completa"

Una pericial de un arquitecto independiente cifra el perjuicio que sufrió el Ayuntamiento murciano en 2.278.421 euros

El presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), declara este lunes como investigado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, fraude contra la administración pública, falsedad de documento oficial y malversación de caudales públicos al aceptar la entrega de un Auditorio en el municipio de Puerto Lumbreras cuando no estaba acabado.

El pasado viernes Sánchez hizo público su convencimiento de que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que le interrogará, Julián Pérez Templado, acordará su desimputación exprés, algo que le permitiría ganar tiempo hasta que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decida enviar al mismo TSJ murciano la exposición razonada por la pieza separada de Murcia de la Púnica, en la que se le atribuyen al mandatario del PP otros tres delitos: fraude, cohecho y revelación de información reservada.

Para convencer al magistrado del TSJ de Murcia, que ya exoneró al propio Sánchez en un caso previo sobre los pagos de su vivienda, el presidente murciano cuenta con dos informes encargados por el arquitecto Martín Lejarraga Azcarreta, uno de los principales investigados en el caso, a una consultora privada, y que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, también del PP, ha aportado recientemente al instructor.

Sin embargo, la acusación encarnada por la Fiscalía Anticorrupción, que este lunes representarán el nuevo fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, y el delegado de Anticorrupción en esta Comunidad, Juan Pablo Lozano, cuenta con dos informes independientes que apuntalan la acusación iniciada por el ex fiscal jefe Manuel López Bernal.

Se trata de un primer informe, de diciembre de 2014, encargado por la Fiscalía Anticorrupción al arquitecto del Colegio Oficial murciano Andrés Checa. Y en el mismo, este perito concluye que el perjuicio económico sufrido por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras –entonces encabezado por el propio Pedro Antonio Sánchez– al aprobar un modificado de la obra fue de 2.278.421 euros.

El perito, que asegura que los 6 millones de euros que recibió Sánchez eran una suma "suficiente para acabar la obra", que constaba del auditorio con tres edificios y un sótano para destinarlo a aparcamiento, destaca que desde la primera certificación de la construcción hasta la 17, se certificó en todo momento un 38% más: "Es quizás a partir de la certificación número 18 cuando existe la certeza de que no va haber más dinero y entonces se trabaja con el modificado, posteriormente aprobado, que intenta legalizar las irregularidades y el desfase económico existente respecto a la obra contratada hasta ese momento", especifica el dosier, al que ha tenido acceso infoLibre.

El informe independiente del arquitecto indica que las certificaciones que van de la primera a la 17 "añaden erróneamente al importe de la obra ejecutada [...], otros costes por gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%), e incluso el IVA (16%) correspondiente, por lo que los certifica dos veces. Por ello, en todas ellas se certificó un 38'04% más del importe contratado".

Además, el perito es muy claro al respecto de la actuación de Pedro Antonio Sánchez como alcalde: "Cuando el 20 septiembre de 2001 se firma el acta de recepción de las obras del Teatro-Auditorio y Edificio Polivalente (Pabellones de Danza-Música, Exposiciones-Congresos, Bar-cafetería y Sótano-Aparcamiento) por parte de la dirección facultativa, empresa constructora y Ayuntamiento, las obras del Edificio Teatro-Auditorio se encontraban sin terminar, con una obra ejecutada al 61'96%, y por tanto obra no completa y sin posibilidad de uso y utilización".

Y por eso, el perito concluye: "El Ayuntamiento, al aprobar el modificado al proyecto, acepta las irregularidades existentes e intenta legalizar la situación actual del edificio, en que habiéndose certificado y abonado la totalidad del presupuesto de remate de la obra contratada para la construcción de un teatro auditorio, ésta se encuentra sin terminar y ejecutado al 61'96%".

Además, el documento asegura que en su estado actual no puede ser utilizado, "no puede considerarse obra completa, e incumple el artículo 58 del Reglamento General de Contratación del Estado".

El segundo informe con que cuenta la Fiscalía Anticorrupción para acusar a Pedro Antonio Sánchez de los cuatro delitos es un documento realizado en septiembre de 2016 por la Intervención General del Estado (IGAE), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, cuyo titular es Cristóbal Montoro.

Los funcionarios de Hacienda confirman las irregularidades detectadas en el trabajo del perito independiente Andrés Checa, e incluso aseguran que el Consistorio encabezado por Pedro Antonio Sánchez no debería haber aceptado la obra en esas condiciones: "Teniendo en cuenta que, debido a la aprobación del proyecto modificado, la obra no era completa se considera que no debería haberse firmado el acta de recepción de forma favorable".

Los inspectores van más allá en sus conclusiones, y acusan al Ayuntamiento de haber cometido "una multiplicidad de incumplimientos en la justificación de la subvención y en particular en la comunicación de las certificaciones al ritmo de la obra, del pago irregular de las mismas. No se conoce las razones por las que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) no solicitó el reintegro de la subvención en estos incumplimientos".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/06/los_dos_informes_oficiales_los_que_basa_acusacion_contra_presidente_murcia_62014_1012.html

GARRE, ANTECESOR DE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ EN MURCIA: "RAJOY SABÍA DEL 'CASO AUDITORIO' Y NO HIZO NADA"

Alberto Garre describió personalmente a Cospedal el caso Auditorio. El presidente también fue informado.

El antecesor de Pedro Antonio Sánchez informó personalmente a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de que el caso Auditorio estallaría y nada ni nadie podría salvar la carrera política del que todavía no era presidente de Murcia, como ha sucedido esta misma semana, cuando Ciudadanos ha roto el pacto de investidura por no dimitir tras ser investigado. Otros compañeros describieron directamente a Mariano Rajoy el mismo escenario. "Lo más grave es que sabía lo que podía pasar y no ha hecho nada". El expresidente de Murcia, Alberto Garre, denuncia en conversación telefónica con EL ESPAÑOL que la dirección nacional del Partido Popular, "a sabiendas de lo que existía, respaldaron" la candidatura de Sánchez.

Garre responde a Génova que lo que está sucediendo en su región "no es ninguna broma" porque hay un auto de una juez de Lorca que ha abierto una pieza separada en el que se citan cantidades supuestamente desviadas hacia fines desconocidos. El expresidente de Murcia afea a su presidente nacional que "no mira los asuntos nunca de frente", "no acomete con contundencia" los problemas.

A pesar de que todo el PP se ha unido para defender la inocencia de Sánchez, su antecesor en el cargo le pide distinguir entre "la responsabilidad penal y la política". La política "debe ser inmediata, ejemplar y generosa". Es decir, le pide su dimisión para evitar que la crisis se agudice más. "La justicia es lenta en España".

Garre, que también es presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP en la región, asegura que el actual presidente "y quienes le apoyan desde Madrid nos han metido en la crisis institucional más grave de los últimos años". Es, a su juicio, "un carnaval político" en una autonomía "que lleva meses paralizada y escandalizada". De hecho, el histórico militante mantiene que "van a conseguir que para muchos se nos haga cada vez más difícil militar en este partido".

En Madrid, el Gobierno y el Partido Popular mantienen una misma línea estratégica: defender la inocencia de Pedro Antonio Sánchez hasta que la justicia diga lo contrario. Esa posición tan enrocada ha provocado que el pacto con Ciudadanos en Murcia estalle y que el acuerdo que firmaron Mariano Rajoy y Albert Rivera no atraviese su mejor momento.

El Ejecutivo está tranquilo y considera que con su defensa a Sánchez no está siendo desleal a Ciudadanos, "su socio principal", y tampoco cree que la relación entre ambos se haya deteriorado. Es "algo normal en las relaciones políticas", aseguró el portavoz gubernamental, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros de este viernes. De hecho, en Moncloa creen que Ciudadanos "está pagando el coste de no gobernar" porque "no puede participar directamente en las decisiones y no disponen de todos los elementos de juicio para comprender por qué se hacen unas cosas u otras".

http://www.elespanol.com/espana/20170303/197980786_0.html

UN AYUNTAMIENTO APORTA AL JUEZ DOS INFORMES ENCARGADOS POR UN IMPUTADO QUE FAVORECEN AL PRESIDENTE DE MURCIA

El arquitecto investigado en el caso Auditorio envió al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, gobernado por el PP, documentos clave el 24 de febrero, cuatro días después de que el Tribunal Superior de Murcia los reclamase al consistorio

El Ayuntamiento remitió los escritos después de que el juez accediera a una petición del presidente de Murcia en la que solicitaba "todos los documentos que conforman el expediente de liquidación de obra del Auditorio"

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, gobernado por María de los Ángeles Túnez García (PP), ha aportado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que investiga el caso Auditorio, por el que está imputado por los delitos de prevaricación administrativa continuada, fraude contra la administración pública, falsedad de documento oficial y malversación de caudales públicos el actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), dos informes encargados por uno de los principales investigados en la causa a la empresa ACE Edificación, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

En concreto, el Consistorio ha incluido entre la documentación aportada al magistrado instructor del caso, Julián Pérez-Templado, dos informes requeridos por el arquitecto Martín Lejarraga Azcarreta, que es uno de los querellados en el procedimiento, y que no es funcionario municipal. Estos documentos defienden las interpretaciones de los investigados en el procedimiento.

Pero llama la atención que entre los documentos remitidos al magistrado se incluye un "recibo" firmado por el arquitecto Martín Lejarraga Azcarreta, de fecha 24 de febrero, cuatro días después de que el juez reclamara esta documentación al Consistorio. En este escrito, el imputado aporta "la propuesta de liquidación elaborada por ACE Edificación". Además, en la segunda página de este documento que fue enviado al Consistorio mediante el registro electrónico municipal, en la relación de documentos que se adjuntan se incluye uno titulado: Auditorio Liquidación_ECC_ACE.pdf

El juez Pérez-Templado acordó pedirle al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras toda la documentación relativa al presupuesto de liquidación después de que el propio presidente murciano, ahora imputado, presentó el 15 de febrero un escrito al Tribunal Superior de Justicia en el que pedía que se requiriera al secretario del Consistorio murciano "testimonio literal de todos los documentos que conforman el expediente de liquidación de obra del Teatro-Auditorio Municipal con inclusión de mediciones, certificaciones, informes y cualquier otro documento que exista para conocimiento de la Sala, y para poder solicitar y aportar cuantas pruebas fuera convenientes al respecto", especifica el documento aportado por el representante legal de Pedro Antonio Sánchez.

El Ayuntamiento no contesta

infoLibre, que se ha dirigido a dos portavoces del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, no ha obtenido respuesta sobre el hecho de que el Consistorio haya podido aportar documentación requerida por el magistrado Pérez-Templado el 20 de febrero, y que habría recibido de uno de los imputados cuatro días después.

Tal y como explica el propio presidente murciano en el referido escrito, esta solicitud ya la había realizado en dos ocasiones a la jueza que instruyó en Lorca el caso, Consuelo Andreo, que desestimó las peticiones, y que estaba pendiente de resolver por la Audiencia Provincial de Murcia. Y según Sánchez, "una vez que la competencia ha sido asumida por el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial de Murcia carece de la misma para resolver el recurso de apelación sobre la desestimación de una prueba".

El letrado de Pedro Antonio Sánchez, pretendía con este escrito, que fue estimado por el juez, saber "cómo se ha liquidado el contrato, qué obras se han ejecutado realmente, el importe de las mismas y la existencia del aval prestado por la constructora". Además, y según el escrito, el letrado considera que "las consecuencias económicas del contrato es condición necesaria para continuar en su caso o no la investigación".

El hecho de que el juez Pérez-Templado aceptara pedir al Consistorio el expediente de liquidación a las primeras de cambio, cuando la anterior instructora se había negado hasta en dos ocasiones, fue criticado por las acusaciones populares del PSOE y de Podemos, según adelantó La Verdad de Murcia, que recordaba también la magistrada de Lorca Consuelo Andreo ya había rechazado la solicitud de la defensa del presidente, "aduciendo que ya constaba en las diligencias la certificación de que el inmueble había sido formalmente recepcionado, así como que se había procedido a la liquidación del gasto, por lo que consideraba innecesario volver a reclamar esa documentación".

Obras inacabadas

El primero de los informes que ahora se encuentran sobre la mesa del magistrado, de fecha 1 de marzo de 2016 y que se titula Comprobación de superficies construidas y auditoría del estado de mediciones, versa sobre los aspectos técnicos de una obra que, pese a que el Ayuntamiento firmó un acta de recepción de las mismas, no está acabada.

Las conclusiones técnicas de este informe de la consultora establecen que las superficies reales construidas de los edificios son 662,78 metros cuadrados más que las indicadas en el proyecto modificado de 1 de abril de 2009.

El segundo de los documentos encargados por el arquitecto imputado se titula Informe pericial. Auditoría del presupuesto modificado de la obra, y en él la empresa ACE Edificación establece un presupuesto de liquidación de los trabajos, que cifra en 4.554.483 euros, una cifra ligeramente inferior al presupuesto establecido, en concreto 251.300 euros menos.

Reunión con Catalá

El 17 de febrero, La Verdad de Murcia publicó que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se había reunido con el presidente de Murcia, José Antonio Sánchez, en el congreso nacional del PP, días antes de que generara polémica el conocimiento de éste último de información reservada sobre su situación procesal.

El rotativo murciano explicó que ambos mantuvieron "una larga conversación" poco antes de que se conociera la decisión del juez Eloy Velasco de achacar al mandatario delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada dentro de la rama murciana de la operación Púnica.

Tras haber trascendido este auto, así como la postura de la Fiscalía Anticorrupción, contraria a que se investigara a Sánchez, el líder autonómico declaró que sabía que "cuatro fiscales del Supremo" también se oponían a la investigación. Por entonces se trataba de información secreta y reservada que el dirigente no podía conocer.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/02/el_ayuntamiento_puerto_lumbreras_aporta_juez_informe_encargado_por_dos_imputados_que_favorece_presidente_murcia_61918_1012.html

C'S ROMPE CON EL PP DE MURCIA POR LA IMPUTACIÓN DEL PRESIDENTE Y NO DESCARTA UNA MOCIÓN DE CENSURA

La formación liderada por Albert Rivera iniciará contactos con el PSOE para "buscar soluciones conjuntas"

Los socialistas expresan su "total disposición" para hablar con C's y "buscar soluciones"

Podemos anima a registrar este jueves la moción de censura contra Pedro Antonio Sánchez

El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha anunciado este jueves, al término de la reunión con el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que iniciará contactos con el PSOE, la segunda fuerza más votada en la Región, para abrir negociaciones, tras lo que ha asegurado que han roto su compromiso con los 'populares'. El objetivo, ha dicho, es "buscar soluciones conjuntas a la crisis institucional más grave".

Sánchez, que en estos momentos comparece en el Palacio Aguirre de la ciudad portuaria tras concluir la reunión para analizar las consecuencias de que el presidente haya sido citado a declarar en calidad de investigado por el caso Auditorio, ha dejado claro que "no descartan nada", ni siquiera una moción de censura, según ha informado Europa Press.

Y es que, ha manifestado, "no podemos permitir el incumplimiento de un presidente sospechoso de presunta corrupción política y es un presidente sin palabra".

"No estamos dispuestos a que ampare esta actitud y Murcia no se lo merece, está engañando a los murcianos", ha señalado Sánchez, quien ha advertido, al término de la reunió, que apenas ha durado una hora, que el PP ha roto el pacto, "ha incumplido".

El portavoz de Podemos en la Región, Óscar Urralburu, ha afirmado tras conocer que Ciudadanos ha decidido romper su compromiso con el PP tras la reunión mantenida entre el portavoz de la formación naranja y el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que tienen lista la propuesta de moción de censura y que si el resto de grupos de la oposición quisieran, se podría registrar hoy en la Asamblea Regional. "Si fuéramos honestos, hoy mismo podríamos registrar la moción de censura en la Cámara", ha dicho.

Urralburu está convencido de que se ha perdido demasiado tiempo porque "estaba claro que Pedro Antonio Sánchez no tenía ninguna intención de dimitir". "Ahora lo que toca es ponerse a trabajar y a limpiar la imagen de la Región", ha afirmado el líder regional de la formación morada. Urralburu alude también a la confianza que los ciudadanos tienen que tener en la clase política y en la capacidad de regenerar las instituciones.

El secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, ha mostrado por su parte su "total disposición" para hablar con Ciudadanos y "buscar soluciones" tras el anuncio del portavoz de la formación naranja de romper su compromiso con el PP e iniciar negociaciones con el resto de formaciones políticas.

Tovar ha respondido a Ciudadanos que acepta su invitación y asegura que es el momento de "empezar a tomar posiciones" porque la situación de "deterioro" de la Región "no es aplazable". En ese sentido ha dicho que hay que poner plazos "de inmediato" para que la Comunidad se recupere del "daño enorme a la estabilidad política" y que su grupo "colaborará" en ese sentido. Asimismo ha informado de que no solo hablarán con Ciudadanos, sino que también lo harán con Podemos para "buscar soluciones".

"Es el momento de hacer efectivo el cambio que prometimos en las elecciones", ha manifestado pidiendo a los grupos que se replanteen si "más allá de los nombres propios están las políticas". "Esta Región necesita un Gobierno estable, decente y apostar por la regeneración democrática", ha manifestado.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/02/c_rompe_pacto_con_murcia_por_imputacion_del_presidente_descartan_una_mocion_censura_61944_1012.html

DÍAZ MANZANERA REPRESENTARÁ A LA FISCALÍA EN LA DECLARACIÓN DE PAS

El jefe del Ejecutivo regional debe acudir al TSJ este lunes en calidad de investigado

El nuevo fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, que tomará posesión de su cargo el 15 de marzo, será el encargado de representar al ministerio público en el acto de declaración como investigado del presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, en el 'caso Auditorio'.

Díaz Manzanera explicó a Efe este jueves que será él quien se encargue de interrogar al jefe del Gobierno regional en la declaración de este, prevista para el próximo lunes. El nuevo fiscal superior añadió que en esa función acusadora podría estar acompañado por el fiscal Anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano.

José Luis Díaz Manzanera ha sido el fiscal personado en las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción de Lorca sobre el 'caso Auditorio', en el que se trata de investigar si en la adjudicación de estas obras cuando Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras pudo cometerse algún ilícito penal.

Ha sido él precisamente quien ha impulsado el proceso judicial a lo largo de varios meses y quien apremió a la titular del Juzgado para que elevara la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, dada la condición de aforado de Pedro Antonio Sánchez.

http://www.laverdad.es/murcia/201703/02/diaz-manzanera-representara-fiscalia-20170302130250.html

CONTRADICCIÓN CON EL AUTO POR EL QUE LA SALA ASUMIÓ EL PROCESO

Dijo a la juez de Lorca que informara si surgía algún dato de la pieza separada, pero ahora la pide entera

La resolución dictada ayer por el magistrado Julián Pérez-Templado causó cierta sorpresa y desconcierto en ámbitos vinculados a las acusaciones privada y pública, que no entendían muy bien el sentido o la oportunidad de tres de las diligencias fijadas en el auto. La primera de ellas se refería al hecho de que en la incoación del procedimiento se hiciera solamente referencia al delito de «prevaricación administrativa», cuando la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hizo suya la investigación del 'caso Auditorio' al apreciar indicios de presuntos delitos de prevaricación continuada, falsedad documental, fraude y malversación de caudales públicos.

Aunque fuentes del TSJ aclararon 'a posteriori' que se trataba de una mera forma de enunciar la investigación, sin que ello suponga que se hayan desterrado los otros tres supuestos delictivos, algunas acusaciones se disponían ayer a preparar recursos para que se aclare ese aspecto.

Por otro lado, tampoco se entendía muy bien por algunas partes que el magistrado haya admitido una prueba que la juez de Lorca, Consuelo Andreo, rechazó ya en su día, pero sobre todo por el hecho de que el asunto estaba pendiente de que la Audiencia Provincial se pronunciara. De esta forma, aunque el TSJ reclamó días atrás a la Audiencia que informara de todos los recursos que tenía sin resolver sobre este procedimiento, el juez Pérez-Templado dejó ayer sin sentido uno de esos recursos pendientes, al admitir directamente la petición formulada por el abogado de Sánchez: que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras tenga que remitir copia certificada de todos los documentos del expediente de liquidación del Teatro-Auditorio.

Dijo a la juez de Lorca que informara si surgía algún dato de la pieza separada, pero ahora la pide entera

En su momento, la magistrada de Lorca, Consuelo Andreo, ya rechazó la solicitud de la defensa del presidente, aduciendo que ya constaba en las diligencias la certificación de que el inmueble había sido formalmente recepcionado, así como que se había procedido a la liquidación del gasto, por lo que consideraba innecesario volver a reclamar esa documentación.

Aunque ninguna de las partes del proceso había recibido hasta ayer comunicación alguna al respecto, todo apunta a que en los últimos días el abogado de Sánchez ha remitido un escrito al TSJ insistiendo en que debe incorporarse el expediente de liquidación de las obras. Una solicitud que acaba de ser aceptada por Pérez-Templado y que podría dilatar la resolución de la causa por más o menos plazo, en función de lo que tarde el secretario municipal en dar satisfacción a la orden del TSJ.

Lo instruido y por instruir

Con todo, lo que más desconcertadas dejó ayer a algunas partes del proceso fue la petición de Pérez-Templado a la juez Andreo para que le envíe, «a la mayor urgencia, copia de las actuaciones que se hayan realizado o estén previstas sobre la pieza separada que tramita», referente al destino de la subvención de seis millones que se otorgó a ese proyecto cultural y que se habían gastado en su mayor parte antes de iniciarse el auditorio.

Esta petición va mucho más allá de lo que la Sala de lo Civil y de lo Penal (de la que el propio Pérez-Templado formaba parte) decidió hace solo unos días, ya que estableció que la juez Andreo debía instruir esa pieza separada, añadiendo que «si en el curso de las investigaciones (...) se atisbara la existencia de indicios o datos que guarden relación con los que son objeto de esta pieza principal, o surgieran delitos conexos cuya investigación o enjuiciamiento conjuntos resultara conveniente, deberá participarlo a esta Sala para la adopción de la resolución que en el momento proceda, en aras a la adecuada coordinación de ambos procedimientos».

Es decir, que el TSJ dejaba en manos de la instructora de Lorca la decisión de si debía comunicar al TSJ alguna circunstancia desvelada por sus investigaciones, algo que en principio resultaba justificado por el elevado grado de conocimiento que esta juez posee de un procedimiento que ha dirigido durante un año y medio.

Pues bien, ayer Pérez-Templado pasó por alto la resolución que él mismo firmó como ponente de esa Sala de lo Civil y de lo Penal y, convertido ya en instructor, reclamó a la juez Andreo no solo la copia de todas las diligencias que ya haya practicado, sino también de las que se disponga a realizar.

Una decisión que desde las acusaciones no se entendía ayer muy bien, ya que se supone que una pieza separada es, por definición, un proceso que se puede instruir por completo al margen y sin interferencia alguna con la pieza principal.

http://www.laverdad.es/murcia/201702/21/contradiccion-auto-sala-asumio-20170221013031-v.html

UN AYUNTAMIENTO APORTA AL JUEZ DOS INFORMES ENCARGADOS POR UN IMPUTADO QUE FAVORECEN AL PRESIDENTE DE MURCIA

El arquitecto investigado en el caso Auditorio envió al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, gobernado por el PP, documentos clave el 24 de febrero, cuatro días después de que el Tribunal Superior de Murcia los reclamase al consistorio

El Ayuntamiento remitió los escritos después de que el juez accediera a una petición del presidente de Murcia en la que solicitaba "todos los documentos que conforman el expediente de liquidación de obra del Auditorio"

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, gobernado por María de los Ángeles Túnez García (PP), ha aportado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que investiga el caso Auditorio, por el que está imputado por los delitos de prevaricación administrativa continuada, fraude contra la administración pública, falsedad de documento oficial y malversación de caudales públicos el actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), dos informes encargados por uno de los principales investigados en la causa a la empresa ACE Edificación, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

En concreto, el Consistorio ha incluido entre la documentación aportada al magistrado instructor del caso, Julián Pérez-Templado, dos informes requeridos por el arquitecto Martín Lejarraga Azcarreta, que es uno de los querellados en el procedimiento, y que no es funcionario municipal. Estos documentos defienden las interpretaciones de los investigados en el procedimiento.

Pero llama la atención que entre los documentos remitidos al magistrado se incluye un "recibo" firmado por el arquitecto Martín Lejarraga Azcarreta, de fecha 24 de febrero, cuatro días después de que el juez reclamara esta documentación al Consistorio. En este escrito, el imputado aporta "la propuesta de liquidación elaborada por ACE Edificación". Además, en la segunda página de este documento que fue enviado al Consistorio mediante el registro electrónico municipal, en la relación de documentos que se adjuntan se incluye uno titulado: Auditorio Liquidación_ECC_ACE.pdf

El juez Pérez-Templado acordó pedirle al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras toda la documentación relativa al presupuesto de liquidación después de que el propio presidente murciano, ahora imputado, presentó el 15 de febrero un escrito al Tribunal Superior de Justicia en el que pedía que se requiriera al secretario del Consistorio murciano "testimonio literal de todos los documentos que conforman el expediente de liquidación de obra del Teatro-Auditorio Municipal con inclusión de mediciones, certificaciones, informes y cualquier otro documento que exista para conocimiento de la Sala, y para poder solicitar y aportar cuantas pruebas fuera convenientes al respecto", especifica el documento aportado por el representante legal de Pedro Antonio Sánchez.

El Ayuntamiento no contesta

infoLibre, que se ha dirigido a dos portavoces del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, no ha obtenido respuesta sobre el hecho de que el Consistorio haya podido aportar documentación requerida por el magistrado Pérez-Templado el 20 de febrero, y que habría recibido de uno de los imputados cuatro días después.

Tal y como explica el propio presidente murciano en el referido escrito, esta solicitud ya la había realizado en dos ocasiones a la jueza que instruyó en Lorca el caso, Consuelo Andreo, que desestimó las peticiones, y que estaba pendiente de resolver por la Audiencia Provincial de Murcia. Y según Sánchez, "una vez que la competencia ha sido asumida por el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial de Murcia carece de la misma para resolver el recurso de apelación sobre la desestimación de una prueba".

El letrado de Pedro Antonio Sánchez, pretendía con este escrito, que fue estimado por el juez, saber "cómo se ha liquidado el contrato, qué obras se han ejecutado realmente, el importe de las mismas y la existencia del aval prestado por la constructora". Además, y según el escrito, el letrado considera que "las consecuencias económicas del contrato es condición necesaria para continuar en su caso o no la investigación".

El hecho de que el juez Pérez-Templado aceptara pedir al Consistorio el expediente de liquidación a las primeras de cambio, cuando la anterior instructora se había negado hasta en dos ocasiones, fue criticado por las acusaciones populares del PSOE y de Podemos, según adelantó La Verdad de Murcia, que recordaba también la magistrada de Lorca Consuelo Andreo ya había rechazado la solicitud de la defensa del presidente, "aduciendo que ya constaba en las diligencias la certificación de que el inmueble había sido formalmente recepcionado, así como que se había procedido a la liquidación del gasto, por lo que consideraba innecesario volver a reclamar esa documentación".

Obras inacabadas

El primero de los informes que ahora se encuentran sobre la mesa del magistrado, de fecha 1 de marzo de 2016 y que se titula Comprobación de superficies construidas y auditoría del estado de mediciones, versa sobre los aspectos técnicos de una obra que, pese a que el Ayuntamiento firmó un acta de recepción de las mismas, no está acabada.

Las conclusiones técnicas de este informe de la consultora establecen que las superficies reales construidas de los edificios son 662,78 metros cuadrados más que las indicadas en el proyecto modificado de 1 de abril de 2009.

El segundo de los documentos encargados por el arquitecto imputado se titula Informe pericial. Auditoría del presupuesto modificado de la obra, y en él la empresa ACE Edificación establece un presupuesto de liquidación de los trabajos, que cifra en 4.554.483 euros, una cifra ligeramente inferior al presupuesto establecido, en concreto 251.300 euros menos.

Reunión con Catalá

El 17 de febrero, La Verdad de Murcia publicó que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se había reunido con el presidente de Murcia, José Antonio Sánchez, en el congreso nacional del PP, días antes de que generara polémica el conocimiento de éste último de información reservada sobre su situación procesal.

El rotativo murciano explicó que ambos mantuvieron "una larga conversación" poco antes de que se conociera la decisión del juez Eloy Velasco de achacar al mandatario delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada dentro de la rama murciana de la operación Púnica.

Tras haber trascendido este auto, así como la postura de la Fiscalía Anticorrupción, contraria a que se investigara a Sánchez, el líder autonómico declaró que sabía que "cuatro fiscales del Supremo" también se oponían a la investigación. Por entonces se trataba de información secreta y reservada que el dirigente no podía conocer.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/02/el_ayuntamiento_puerto_lumbreras_aporta_juez_informe_encargado_por_dos_imputados_que_favorece_presidente_murcia_61918_1012.html

RAJOY NO PEDIRÁ LA DIMISIÓN DEL PRESIDENTE DE MURCIA

El presidente ha insinuado una campaña del PSOE contra Pedro Antonio Sánchez: “Hay 17 denuncias, 16 han sido archivadas”

Este lunes Mariano Rajoy ha vuelto a sentarse en un plató de televisión, uno de sus espacios favoritos cuando estaba en plena campaña electoral, pero también un lugar olvidado desde entonces. El plató elegido ha sido el de los Informativos de Telecinco bajo la batuta de Pedro Piqueras y, este, ha sido directo. Había que preguntarle por la corrupción y Rajoy ha repetido una vez más sus mantras típicos: o “hay que respetar las decisiones judiciales” o “no sabía nada”.

El presidente de Murcia no tiene que dimitir

Las preguntas sobre corrupción han caído como una ráfaga de metralleta sobre Rajoy, que ha preferido tirar balones fuera y jugar al juego de la “presunción de inocencia”.

La primera ráfaga ha venido con nombre y apellidos, los del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Aunque tiene que ir a declarar el próximo 6 de marzo imputado por el ‘caso Auditorio’, Rajoy lo tiene claro; No va a pedirle que dimita. ¿Por qué? Pues porque el presidente del Gobierno y líder de los populares cree que los socialistas de Murcia han levantado una especie de conspiración contra Pedro Antonio Sánchez.

“Yo creo que en estos temas tenemos que ser prudentes. Hay un dato muy significativo y poco conocido que voy a decir. Esta es la 17 denuncia contra el presidente de Murcia, las primeras 16 fueron archivadas y todas fueron interpuestas por el PSOE”, ha querido destacar Rajoy. “No hay que olvidar la presunción de inocencia, uno de los derechos más importantes que existen y que se liquida a menudo”.

Aunque ha sido más que evidente que Rajoy ha querido señalar al PSOE como la mano negra detrás de las denuncias contra el presidente de Murcia, poco después ha pedido “que cada uno saque sus propias conclusiones”. Eso sí, ha repetido en varias ocasiones que “todas las denuncias fueron interpuestas por el PSOE de Puerto Lumbreras”, municipio en el que fue alcalde Pedro Antonio Sánchez.

Por el momento Ciudadanos ya le ha recordado al PP las condiciones que firmaron para apoyarles en la envestidura. O dimite o C´s retirará su apoyo. Pero la respuesta de Rajoy ha sido la siguiente: “No voy a entrar en discusiones con nadie, pero cuando una persona tiene 16 denuncias y se archivan todas… es bueno que pensemos todos”, hasta el propio Piqueras, según ha dicho Rajoy.

“Como vivimos en una democracia hagamos un examen de conciencia e intentemos ser justos que no cuesta tanto”, ha pedido.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/20/rajoy-tal-y-tal-de-la-sentencia-contra-soria-no-sabe-nada-y-no-pedira-la

CUANDO EL PRESIDENTE DE MURCIA PROMETIÓ QUE DIMITIRÍA SI ERA IMPUTADO EN EL 'CASO AUDITORIO'

Pedro Antonio Sánchez aseguró que dejaría el cargo sin que "nadie lo pidiera" porque "cumplo lo que firmo"

Pedro Antonio Sánchez es presidente de Murcia gracias al apoyo de Ciudadanos, que le dio sus votos para ser investido. A cambio, firmó un acuerdo de investidura con Miguel Sánchez, líder de la formación naranja, el 22 de junio de 2015. Y el acuerdo no podía ser más claro, porque en el primer artículo -dedicado a la “regeneración democrática”, en su primer punto, exige:

“Separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”.

Preguntado por aquel entonces al respecto, Pedro Antonio Sánchez, sabedor de que tarde o temprano podía acabar imputado en el caso Auditorio al haber sido alcalde de Puerto Lumbreras, donde se produjo la presunta adjudicación regular, fue tajante. No haría falta ni que le pidieran la dimisión, tal y como dejó claro en estas declaraciones en la Confederación Regional de Organizaciones empresariales de Murcia

http://www.elplural.com/politica/2017/02/20/cuando-el-presidente-de-murcia-prometio-que-dimitiria-si-era-imputado-en-el-caso

EL MINISTRO DE JUSTICIA, EN EL CONGRESO DEL PP: "PEDRO ANTONIO, ¿DÓNDE ESTÁS? NOS ACERCAMOS UN MOMENTO"

Según el Gobierno, la reunión de Catalá con el presidente de Murcia fue casual, pero estas imágenes lo muestran buscando a alguien llamado Pedro Antonio

Rafael Catalá se reunió con el presidente de Murcia antes de que se conociese la decisión de la Audiencia Nacional de investigarlo por corrupción. El 12 de febrero, durante el Congreso Nacional del Partido Popular, el ministro de Justicia mantuvo un encuentro con Pedro Antonio Sánchez, justo un día antes de que se diera a conocer a las partes el auto del juez Velasco que le atribuye los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada en relación con el caso Púnica.

Según el Gobierno, el encuentro fue casual. Sin embargo, en estas imágenes recogidas por La Sexta se puede ver cómo Catalá buscó activamente durante el congreso a alguien llamado Pedro Antonio. Después de pedir a quienes le acompañan "Mirad si le veis por ahí", se le oye decir por teléfono: "Pedro Antonio, ¿dónde estás? ¿Aquí? Nos acercamos un momento".

En los días siguientes, Sánchez reveló detalles del caso que no debía conocer. A media mañana del lunes se notificó el auto de Velasco a las partes y la Fiscalía General del Estado emitió un decreto dando instrucciones para que Pedro Antonio Sánchez no fuera acusado de corrupción en contra del criterio de las dos fiscales del caso y del juez, Eloy Velasco. El martes, Sánchez dijo que cuatro fiscales del Tribunal Supremo respaldan que no se le acuse, un dato que no es público y que únicamente aparece en el decreto del responsable del organismo, José Manuel Maza.

http://www.eldiario.es/politica/Justicia-PP-Pedro-Antonio-acercamos_0_614538990.html

LAS "16 DENUNCIAS ARCHIVADAS" QUE EL PP ALEGA EN DEFENSA DEL PRESIDENTE DE MURCIA NUNCA EXISTIERON

Las denuncias penales formuladas por el PSOE desde hace 12 años contra el actual presidente de Murcia y exalcalde de Puerto Lumbreras se limitan a cuatro, una de ellas origen de su citación como investigado ante el TSJ

Rajoy y Hernando dan por buena y publicitan la versión de los conservadores murcianos, que insisten en que el "acoso" socialista dio origen a "16 causas", cómputo en el que incluyen siete contenciosos y del que excluyen otros dos que implicaron una condena civil por "vulneración de derechos fundamentales"

Convertido en leitmotiv de su estrategia en defensa del presidente de Murcia, que tendrá que declarar como investigado por cuatro delitos en el TSJ de Murcia, el PP lleva semanas remachando un mensaje acuñado hace ya años y que ha conseguido afianzar como axioma en ciertos medios: el de que Pedro Antonio Sánchez, primero alcalde de Puerto Lumbreras, luego consejero de Educación y desde 2015 jefe del Ejecutivo autonómico, es víctima de una campaña de "acoso" socialista. Y que esa campaña, en la que el PP atribuye un papel decisivo al todavía fiscal superior de Murcia, azote de la corrupción política y defenestrado esta semana, se ha traducido en "16 denuncias archivadas". Pero esa afirmación no se corresponde con la realidad. Las supuestas "16 denuncias archivadas", cifra a la que han dado difusión pública incluso el portavoz parlamentario del partido, Rafael Hernando, y el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, jamás existieron.

¿Cómo llega el PP entonces a ese número? Contabilizando por partida doble e incluso triple las denuncias reales cuando originaron la apertura de diferentes piezas de investigación por decisión judicial y sumando a la lista varios recursos contenciosos, que son la fórmula ordinaria con que los grupos de oposición buscan el respaldo de los tribunales ante decisiones administrativas que consideran irregulares pero sin relevancia penal.

Los socialistas solo han emprendido acciones penales contra Sánchez cuatro veces. Tres si se excluye de la lista la primera de esas cuatro denuncias, interpuesta por injurias y calumnias y a título personal en 2004 por José Cerrillo, que hasta un año antes había sido alcalde socialista de Puerto Lumbreras. Cerrillo acudió a los tribunales después de que Pedro Antonio Sánchez insinuase -relatan fuentes socialistas- que se estaba construyendo una vivienda ilegal en Vélez Rubio (Almería). Es decir, fue Sánchez quien aquí tomó la iniciativa en lo que aplicando la regla del PP cabría denominar "acoso político" contra Cerrillo. Pero lo único cierto e incuestionable es que, en efecto, la denuncia del antiguo regidor socialista terminó archivada.

En cambio, la cuarta y última denuncia de la verdadera serie no solo no ha sido sobreseída sino que ha derivado en la apertura del procedimiento por el que Pedro Antonio Sánchez tendrá que declarar como investigado -el adjetivo que ahora define a los antes imputados- en el Tribunal Superior murciano (TSJM) por el llamado caso Auditorio.

Litigios contra instituciones y no contra personas

Pese a ello, los conservadores sostienen que las denuncias penales han sido nueve. Para llegar a la cifra de 16 incorporan a la nómina siete procedimientos contencioso-administrativos. Pero ese tipo de demandas, de carácter civil y no penal, se dirigen siempre contra una institución pública: en este caso, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Y jamás contra una persona física. Acudir a la jurisdicción de lo contencioso constituye el recurso habitual y ordinario en toda la geografía española cuando quien gobierna adopta una decisión que la oposición considera irregular pero sin relevancia penal. En otras palabras, quien presenta el contencioso -generalmente un grupo político situado fuera del gobierno local- no cree que lo denunciado entrañe a priori visos de delito. Acude a esa jurisdicción bajo la premisa que justamente ahora enarbola el PP en defensa de Pedro Antonio Sánchez: que los hechos objeto de acción judicial entrañan una mera "irregularidad administrativa".

Esta semana, infoLibre preguntó al equipo de Pedro Antonio Sánchez por qué estaba considerando los contencioso-administrativos como "denuncias contra Pedro Antonio Sánchez". Y le alertó de que, aun dándoles ese tratamiento, el listado que cuantifica en siete el número de contenciosos planteado por el PSOE es incorrecto: porque en la serie faltan dos demandas que le costaron al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras sendas condenas por vulneración de derechos fundamentales. En el primer caso, la Corporación que presidía Sánchez denegó al PSOE el acceso a documentos municipales; en el segundo, se negó a informar a la oposición sobre resoluciones adoptadas por la Alcaldía. El PSOE asegura que el consistorio no recurrió ninguna de esas dos sentencias. El equipo de Sánchez no ha ofrecido ningún dato alternativo y se ha limitado a remachar su mensaje político. Un portavoz oficial respondió así: "Incluso los contenciosos lo eran contra decisiones concretas y significativas suyas, siempre con el intento de reproche político vía judicial. Es la crítica política ejercida judicialmente".

Contenciosos al margen, la cuarta y última denuncia penal del PSOE fue formulada ante la Fiscalía, que tras una fase de averiguaciones presentó una querella. Esa cuarta denuncia es la del llamado caso Auditorio: aquel en el que se investiga por qué el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y con la participación directa de su entonces alcalde, Pedro Antonio Sánchez, pagó seis millones de euros en 2011 a cambio de recibir un edificio -el auditorio- en lo que cabría definir como estado cascarón de nuez. Es decir, terminado por fuera y prácticamente vacío por dentro. En diciembre pasado, la juez de Lorca (Murcia) que instruía la causa decidió elevar al TSJM una solicitud de imputación -"exposición razonada"- del presidente murciano a instancias de la Fiscalía. Lo hizo dos meses después de recibir un prolijo informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que a lo largo de 139 páginas desmenuza y detalla los múltiples incumplimientos de la legalidad detectados en ese proyecto. La IGAE depende del Ministerio de Hacienda.

El 'caso Gürtel' como paradigma: un solo origen y 12 piezas diferentes

El listado sobre esas hipotéticas "16 denuncias archivadas" fue remitido por el gobierno murciano a infoLibre después de que este diario le pidiera que enumerase, una a una, la relación de acciones penales que terminaron en la papelera. El Ejecutivo que dirige Pedro Antonio Sánchez envió entonces una relación cuya introducción sostiene que "desde el año 2004 hasta hoy el PSOE de Puerto Lumbreras ha venido presentando denuncias contra Pedro Antonio Sánchez (...) como clara estrategia política". "En nueve ocasiones -añade el texto- han sido sobre cuestiones penales y en otras siete han sido procedimientos contencioso administrativos".

El equipo de Pedro Antonio Sánchez alcanza el dígito hoy convertido en núcleo real de su lema sobre Pedro Antonio Sánchez –"16 denuncias archivadas"– utilizando un método innovador: no computa las denuncias interpuestas –las cuatro ya mencionadas– sino el número de diligencias judiciales a que dieron origen. Una vez que este diario confirmó que la cifra real de denuncias ascendía a cuatro y no a 16, se lo comunicó al Gobierno murciano y le hizo llegar una explicación pormenorizada. Su respuesta fue escueta: "Son 16 causas con origen en el PSOE contra Pedro Antonio Sánchez".

En resumen, allí donde el fiscal del caso o el juez consideraron que los hechos denunciados debían ser investigados a través de varias piezas procesales distintas al emerger hechos distintos a los que originaron las pesquisas iniciales, el lápiz del PP efectúa una suma. Extrapolando, es como si en lo relativo a la trama Gürtel el PP acusara a la Fiscalía Anticorrupción o a la Policía de interponer 12 denuncias, dado que ese es el número de piezas en que el caso terminó despedazado por distintos avatares, entre ellos la presencia de aforados autonómicos y nacionales. En Gürtel ya se ha juzgado en Valencia la pieza de los contratos para Fitur, que ha llevado a prisión al triunvirato formado por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Y se está sometiendo ahora a juicio en Madrid la llamada Época I. Faltan por juzgar, entre otras, la de la financiación del PP valenciano, la pieza de los papeles de Bárcenas, la de los contratos de AENA o la de la visita del papa a Valencia, por citar las más relevantes.

Un ejemplo real del método empleado por el PP en Murcia es el siguiente: el PP cuenta como dos (Diligencias Previas 316/2015 y Diligencias Previas 624/2016) las denuncias que han terminado desencadenando la imputación de Pedro Antonio Sánchez por presunta prevaricación, malversación, fraude y falsedad en el caso Auditorio. Lo hace así porque la juez de Lorca encargada de la investigación del caso –Puerto Lumbreras carece de juzgado de instrucción propio– encontró durante sus pesquisas una serie de hechos que podían constituir una causa distinta, la de los pagos supuestamente fraccionados de unas pasarelas. La magistrada desgajó esa parte y la envió al Decanato, que a su vez remitió la nueva pieza a otro juzgado: el número 3 de la misma ciudad. Fue ese segundo juzgado el que en enero de este año archivó la causa alegando que ya habían transcurrido más de seis meses, el plazo máximo que la ley concede ahora para investigar causas que no hayan sido declaradas "complejas". Fuentes de la Fiscalía murciana han explicado a infoLibre que esa segunda pieza, conocida como caso Pasarela, permaneció cuatro meses y medio en el juzgado 3 de Lorca sin que el ministerio público lo supiera siquiera.

El dúplex, por partida triple

Los conservadores murcianos también cuentan por partida triple (Diligencias Previas 1101/07, 1107/07 y 01/2012, estas últimas del TSJM) la denuncia que originó la apertura de una segunda pieza, la que por primera vez condujo a Pedro Antonio Sánchez a declarar como imputado en el Tribunal Superior en el bautizado como caso dúplex. Fechada en 2007, los socialistas interpusieron querella por varios presuntos delitos vinculados a operaciones urbanísticas, entre ellas la firma de distintos convenios. Entre esos convenios figuraba uno suscrito en 2005 con un constructor que meses después vendió al entonces alcalde de Puerto Lumbreras un dúplex.

Dos años antes de que el caso recalara en el TSJM, Sánchez, que ya era diputado autonómico, renunció a su aforamiento y accedió a declarar ante el juzgado de Lorca que investigaba el asunto. Lo hizo el 16 de noviembre de 2017. Al día siguiente, en su información sobre el testimonio prestado por Sánchez, el diario La Verdad publicó lo siguiente: "Entre las cuestiones sobre las que fue interrogado destaca la adquisición en el año 2005 de un dúplex, construido por un promotor local que unos meses antes había firmado un convenio urbanístico con el Consistorio (...) Cuando el alcalde suscribió la escritura de compraventa del citado dúplex, en el documento –según informes del fiscal que obran en poder de La Verdad– se hizo constar que Sánchez había abonado 30.000 euros al promotor antes de la firma; una circunstancia que, sin embargo, el constructor niega".

Tres años después de que el caso hubiera desembarcado en el TSJM (esas son las diligencias 01/2012), el mismo juez que ahora le interrogará en el caso Auditorio, Julián Pérez-Templado, archivó en febrero de 2015 el caso dúplex a petición de la Fiscalía murciana. El ministerio público se había opuesto durante dos años años a que el juez diese cerrojazo a las actuaciones a la vista de las discrepancias sobre los 30.000 euros mencionados en el párrafo anterior. Finalmente, el fiscal Juan Pablo Lozano –el mismo cuya vivienda ha sido asaltada por segunda vez, como adelantó infoLibre– pidió el sobreseimiento. "De los 30.000 euros referidos a la compraventa de la vivienda, debe entenderse, a los solos efectos penales, que fueron satisfechos", escribió Lozano en su informe.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/26/las_denuncias_archivadas_que_alega_defensa_del_presidente_murcia_nunca_existieron_61575_1012.html

EL JUEZ INSTRUCTOR DEL 'CASO AUDITORIO' YA ARCHIVÓ UNA DENUNCIA POR CORRUPCIÓN CONTRA SÁNCHEZ ACUSANDO A LA FISCALÍA DE "DESMESURA"

Un exconcejal del PSOE trató de recusar sin éxito al magistrado Julián Pérez-Templado por favorecer a Pedro Antonio Sánchez y por censurar en sus autos las acciones del Ministerio Público

Podemos también presentó una querella, que fue archivada, contra los magistrados del TSJ murciano al considerar que cometieron prevaricación por no imputar al mandatario murciano

El magistrado que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJM) el caso Auditorio, Julián Pérez-Templado, en el que está imputado el actual presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, ya archivó en febrero de 2015 una querella contra el político murciano, después de que una jueza de Lorca y la Fiscalía de Murcia pidieran su imputación por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho e infidelidad de documentos en la compra de su vivienda.

Pérez-Templado decretó el sobreseimiento libre, que equivale a la terminación del proceso penal, cuando el propio fiscal delegado de Anticorrupción en Murcia, Juan Pablo Lozano, había reclamado el sobreseimiento provisional, que hubiera posibilitado la reapertura de la investigación si se hubieran descubierto nuevos indicios de los delitos por los que fue querellado el presidente murciano.

En dos autos de Pérez-Templado de diciembre de 2013, el magistrado atacó la labor de la acusación popular, ejercida por concejales del PSOE de Puerto Lumbreras, pero también tuvo duras palabras contra la Fiscalía murciana, encabezada hasta este miércoles por Manuel López Bernal.

El magistrado utilizó la palabra griega desmesura (hybris), para calificar la actuación del Ministerio Público, al considerar que en este caso se había "desatado la hybris acusatoria en el Ministerio Fiscal y el querellante particular, pero a la postre nada se ha descubierto" sobre la compra del dúplex de Pedro Antonio Sánchez.

"Una causa general"

En otro punto de los mencionados autos, Pérez-Templado vuelve a arremeter contra las acusaciones, al considerar que se habían equivocado, "como ya lo avisó el instructor en otra ocasión en su empeño de abrir una causa general sobre el patrimonio" de Pedro Antonio Sánchez.

Los autos de Pérez-Templado sobre el caso de la vivienda del que también fuera diputado del PP en la Asamblea Regional de Murcia también llegan a lamentar "el empleo del Derecho Penal para montar quiméricas acusaciones". Además, el magistrado considera que el exalcalde de Puerto Lumbreras puede ser objeto de "la desazón del que se ve perseguido por la justicia sin saber cómo ni por qué o sentar en el banquillo a personas inocentes con el consiguiente descrédito social".

Asimismo, el instructor del caso Auditorio alertó en sus resoluciones contra "una causa general" contra el entonces alcalde de Puerto Lumbreras, que incluso podría sufrir "un proceso inquisitivo [...], prohibido por completo en nuestro ordenamiento jurídico. Y como tal cosa no se ha demostrado se ha de ir al sobreseimiento libre en este apartado también".

Estas consideraciones y el hecho de que la mujer del magistrado se funcionaria de la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia durante la etapa de consejero de Educación de Pedro Antonio Sánchez, convencieron a la acusación ejercida por un concejal del PSOE de Puerto Lumbreras para reclamar la recusación de Pérez-Templado, que no se apartó del caso.

La mujer del magistrado

En cuanto a su mujer, el juez explicó que la misma es funcionaria de carrera desde 1999, por lo que su nombramiento nada tiene que ver con el paso del actual presidente de la Región de Murcia por la Consejería.

Un portavoz del Gobierno de Murcia ha asegurado a infoLibre que la cónyuge de Pérez-Templado no fue asesora de Pedro Antonio Sánchez, al mismo tiempo que resaltó que los cursos que impartió en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, con el mandatario del PP como alcalde, forman parte de su trabajo como empleada pública en los municipios murcianos, por lo que no recibió ningún tipo de sobresueldo al respecto.

La recusación no fue admitida por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que mantuvo a Pérez-Templado como instructor, al considerar que no había ningún motivo para apartarlo.

Otros magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Murcia fueron objeto de dos querellas por parte de concejales del PSOE de Puerto Lumbreras y de Podemos. En concreto las querellas se dirigieron contra Juan Martínez Moya, Enrique Quiñonero Cervantes y Miguel Pascual del Riquelme al considerar que se había cometido un delito de prevaricación judicial, ya que ante una querella interpuesta por la Fiscalía encabezada por Manuel López Bernal se rechazó imputar al presidente murciano.

Un Juzgado de Lorca

Por el contrario, y pese a que Pedro Antonio Sánchez está aforado en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, los magistrados acordaron reenviar las actuaciones a un Juzgado de Lorca, que tuvo que investigar a un diputado regional del PP.

Pero esta decisión permitió posponer la imputación de Sánchez, que, según la querella de Podemos "despejaba el camino para la designación de éste como candidato autonómico por parte del Partido Popular, tal y como se recogió en la prensa de aquellos días, designación que de hecho se llevó a cabo el día 5 de marzo, tan sólo tres días después de la remisión del asunto a los Juzgados de Instrucción de Lorca". La querella fue archivada en el Tribunal Supremo.

El otro candidato a liderar el PP murciano, que gobierna en esta Comunidad Autónoma desde 1995, era el diputado del PP Juan Carlos Ruiz, ahora imputado en la pieza separada de la Púnica sobre Murcia, en la que el juez Eloy Velasco también ha visto indicios de delitos en la actuación de Pedro Antonio Sánchez.

Según la investigación, el presunto conseguidor y uno de los cerebros de la trama, José Antonio Alonso Conesa, convenció tanto a Pedro Antonio Sánchez como a Juan Carlos Ruiz para que abonaran los servicios del informático de la trama, Alejandro de Pedro.

Mientras que Ruiz, también consejero, sí abonó importantes cantidades a la Púnica, en el caso de Sánchez la detención de Granados abortó la contratación, que ya había sido acordada durante un encuentro en el Hotel de Las Letras de Madrid.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/25/el_juez_instructor_del_caso_auditorio_archivo_una_denuncia_por_corrupcion_contra_presidente_murciano_acusando_fiscalia_desmesura_61676_1012.html

MAILLO SOBRE PRESIDENTE DE MURCIA: "NO ES LO MISMO METER LA PATA QUE LA MANO"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha reiterado hoy que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, no cometió ningún delito de corrupción en el caso Auditorio sino que pudo caer en una prevaricación administrativa y ha aclarado que "no es lo mismo meter la pata que meter la mano".

Maillo ha asegurado también que la investigación a Sánchez no pone en riesgo el pacto nacional entre el PP y Ciudadanos, sino que se circunscribe al ámbito de Murcia, y ha dicho que esperan convencer al partido de Albert Rivera de que "no es un caso de corrupción".

"A Pedro Antonio Sánchez nadie le acusa de llevarse ni un solo euro", ha asegurado Maillo al tiempo que ha respaldado al presidente de Murcia al alegar que "en el supuesto" de que sean ciertos los hechos que se investigan, Sánchez habría cometido prevaricación administrativa.

El presidente de Murcia declarará el lunes 6 de marzo como investigado en el caso Auditorio de supuesta corrupción urbanística cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, que investiga prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en la adjudicación de las obras de un auditorio en el citado municipio.

Respecto a la petición del portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, de la dimisión de Sánchez al entender que no puede seguir en un cargo público con una imputación por delitos de corrupción, Maillo ha reiterado que no se trata de un delito de corrupción y que sigue prevaleciendo "la presunción de inocencia". Además, en relación al compromiso que suscribió Pedro Antonio Sánchez con Ciudadanos en el pacto de investidura a la Presidencia de Murcia y en virtud del cual aseguró que dimitiría si resultaba imputado en un delito de corrupción, Maillo ha asegurado que no ha cometido corrupción alguna y que, por tanto, no tendría por qué dimitir.

Ha recordado también, como ayer hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy -quien reiteró que no iba a pedir su dimisión-, que las 16 "denuncias políticas" que se han presentado contra Pedro Antonio Sánchez han sido todas archivadas. Ha aseverado que este asunto no pone en riesgo el pacto nacional entre el Partido Popular y Ciudadanos, sino que se circunscribe al ámbito de Murcia, ya que son las formaciones políticas de la Región las que tienen que dialogar al respecto. Y ha zanjado: "Estamos en contacto permanente con Ciudadanos y esperamos poder convencerles de que como no es un caso de corrupción, hay que esperar a que haya un pronunciamiento más firme por parte de los juzgados y luego ya veremos"

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Maillo-presidente-Murcia-mismo-meter_0_1001900914.html

EL GOBIERNO DE MURCIA DICE QUE EL PRESIDENTE DIMITIRÁ SI SE LE ABRE JUICIO

La portavoz del Ejecutivo murciano defiende que Pedro Antonio Sánchez "no está imputado formalmente"

“Ponemos la línea roja en la apertura de juicio oral”, ha declarado este martes la portavoz del Gobierno de Murcia, Noelia Arroyo, sobre la situación judicial del presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez. En declaraciones a la cadena SER, Arroyo ha subrayado que "no está imputado formalmente" en el caso Auditorio, cuando, en realidad, sí lo está y como tal ha sido citado y acudirá a declarar el próximo 6 de marzo. Ha añadido que la "línea roja" en la que considera que tendría que dimitir es si se le abre juicio oral. Ayer, Ciudadanos pidió a Sánchez que “cumpla el compromiso” de dimitir. “Se tiene que ir”, resumió José Manuel Villegas, secretario general del partido.

Arroyo ha recordado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cambió el término "imputado" por "investigado" para "delimitar bien las fases del proceso penal" y ahora se habla de "investigado" y "encausado", que es cuando se abre juicio oral. A su juicio, Sánchez no está incumpliendo su palabra por no dimitir de su cargo después de que este lunes el juez instructor del caso Auditorio en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le citase a declarar como investigado. El juez investiga supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación, construcción y recepción de un auditorio en Puerto Lumbreras durante la época de Sánchez como alcalde de ese municipio.

Arroyo ha reconocido que existen diferencias de interpretación en torno al pacto de gobierno firmado por el PP y Ciudadanos y ha precisado que, a juicio del PP, el acuerdo habla de dimisión de los cargos cuando se les impute algún delito de corrupción política y en este caso entienden que Sánchez "no está imputado formalmente, está citado para poder declarar y aclararlo todo".

"Ponemos la línea roja, como el resto de partidos, en la apertura del juicio oral, nunca en el derecho que tienen los ciudadanos de asistir junto a su abogado para dar explicaciones", ha puntualizado.

Dejando clara esa interpretación —"la que hacen todos los partidos en sus estatutos", ha dicho— ha asegurado que Sánchez cumplirá el acuerdo con Ciudadanos. Según ha dicho, Sánchez es "un presidente de palabra, que cumple con la ley y con su palabra" y además ha defendido la presunción de inocencia que es "la principal garantía para cualquier persona en un Estado de Derecho". "No hay que condenar a inocentes. Hay que dejar a Pedro Antonio Sánchez que declare para aclararlo todo", ha remachado.

La portavoz del Ejecutivo murciano ha reiterado la línea defensa del presidente al subrayar que el caso Auditorio “no es un asunto de corrupción porque todo el dinero está en la inversión de la obra”y nadie se ha enriquecido. En todo caso, ha dicho, “hablaríamos de algún error en un expediente administrativo”. Por último, ha denunciado una campaña del PSOE para ensuciar la imagen del PP y, sobre todo, la de Sánchez, que ya ha salido airoso, ha recordado, “de 16 procedimientos judiciales, todos archivados”.

Este fue el argumento que empleó ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para defender al presidente murcia. Preguntado en la rueda de prensa con la que ha concluido la cumbre hispano-francesa celebrada en Málaga, Rajoy hizo un llamamiento a la "prudencia", ha recordado que la presunción de inocencia es uno de los "derechos humanos" y ha subrayado que hasta 16 denuncias contra el presidente murciano se han archivado en los tres últimos años.

http://politica.elpais.com/politica/2017/02/21/actualidad/1487664086_518093.html

CIUDADANOS EXIGE A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ QUE DIMITA TRAS RECORDARLE QUE ES INVESTIGADO POR DELITOS DE CORRUPCIÓN

Miguel Sánchez, portavoz de C's: "Esperamos que cumpla el compromiso y se aparte, en virtud de su palabra, el acuerdo de investidura y la ley de transparencia"

"Nos parece que tratar de enmascarar como 'error administrativo' una serie de presuntos delitos como malversación de caudales públicos, prevaricación continuada, fraude y falsedad documental es considerar a los murcianos demasiado legos en materias jurídicas, o demasiado dispuestos a comulgar con ruedas de molino", señala

Ciudadanos espera la dimisión del presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) haya confirmado su condición de investigado por el denominado caso Auditorio y le haya llamado a declarar el próximo 6 de marzo.

El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha afirmado que "Pedro Antonio Sánchez debe de cumplir con el compromiso que ha adquirido con los murcianos y dimitir, en virtud de su palabra, el acuerdo de investidura y la ley de transparencia", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

A este respecto, el portavoz regional de Cs ha subrayado que "el valor que tenemos las personas es el valor de nuestra palabra y estoy convencido de que el presidente va a cumplir con la suya y va a dimitir por el bien de los murcianos".

"En Ciudadanos a la hora de tomar nuestras decisiones siempre hemos pensado en los intereses de los murcianos", ha señalado Sánchez. "Lo hicimos cuando firmamos el acuerdo de investidura con el Partido Popular para facilitar la gobernabilidad de la lista más votada y también lo hicimos el pasado mes de diciembre cuando facilitamos la aprobación de los presupuestos".

"Ahora es Pedro Antonio Sánchez quien debe pensar en los murcianos porque la imagen de nuestra Región no puede asociarse a un presidente que está siendo investigado por cuatro supuestos delitos muy graves", ha afirmado el portavoz de Cs, quien ha reiterado su convicción "de que el presidente no va a condicionar el futuro de la Región de Murcia a una situación personal porque nuestra Región tiene que seguir hacia adelante".

La formación naranja ha apelado al punto 1.1. del acuerdo de investidura firmado entre Ciudadanos y el Partido Popular que indica que "se separaría de inmediato de cualquier cargo público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del proceso judicial", según ha señalado Ciudadanos.

En este sentido, Sánchez ha indicado que "el presidente está imputado o investigado por cuatro presuntos delitos de corrupción política y esta situación conculca claramente el acuerdo que firmó, así que debe afrontar su responsabilidad".

Además, el portavoz de Cs ha indicado que la situación del presidente "atenta contra el artículo 54 de la Ley de Transparencia que indica que la permanencia de un imputado por corrupción política en el cargo es incompatible con la confianza que se le debe trasladar sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones".

Miguel Sánchez ha incidido en que el propio presidente "tampoco tiene dudas de que debe dimitir", pues el pasado 25 de junio de 2015 manifestó públicamente que "si al final la justicia dictaminara una imputación por el Caso Auditorio yo dimitiría porque cumplo lo que firmo y cumplo mi palabra".

El portavoz de Cs considera que los "posibles" argumentos que se han escuchado los últimos días desde el Partido Popular para "justificar una posible no dimisión, no soportan el más mínimo análisis serio y razonado". "Nos parece que tratar de enmascarar como 'error administrativo' una serie de presuntos delitos que una juez pone el plano del Código Penal como malversación de caudales públicos, prevaricación continuada, fraude y falsedad documental es considerar a los murcianos demasiado legos en materias jurídicas, o demasiado dispuestos a comulgar con ruedas de molino", ha señalado.

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos ha incidido en que "afirmar que lo que podría juzgarse en este caso no es corrupción política es tratar de enmendar la plana desde el poder ejecutivo al judicial".

A este respecto, ha señalado que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, afirmó precisamente en una visita a la Región que "las prevaricaciones administrativas y urbanísticas se contabilizan como casos de corrupción a todos los efectos, como también son la malversación y el fraude", lo que a juicio de Ciudadanos "engloba tres de los cuatro delitos que la juez de Lorca atribuye de forma indiciara al presidente regional".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/20/ciudadanos_exige_pedro_antonio_sanchez_que_dimita_recuerda_que_investigado_por_delitos_corrupcion_61426_1012.html

EL TSJ CITA A DECLARAR A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ COMO INVESTIGADO POR EL 'CASO AUDITORIO'

El jefe del Ejecutivo regional deberá acudir el próximo 6 de marzo para la práctica de diligencias tendentes a «la averiguación de cuanto proceda en relación a la comisión de un posible delito de prevaricación administrativa»

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) citó este lunes a declarar al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, como investigado -antiguo imputado- por el 'caso Auditorio'. Fue el propio jefe del Ejecutivo regional el que anunció este emplazamiento, realizado a través de un auto dictado por el magistrado instructor del 'caso Auditorio', Julián Pérez-Templado.

Sánchez deberá acudir el próximo 6 de marzo para prestar declaración dentro de una causa en la que se investigan presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Pérez-Templado acuerda, concretamente, incoar diligencias previas "para la averiguación de cuanto proceda en relación a la comisión de un posible delito de prevaricación administrativa", en relación a la actuación de Sánchez, sin hacer referencia al resto de presuntos delitos atribuidos por la juez de Lorca.

Podemos recuerda a C's que se convertirá en «cómplice» si no le retira el apoyo al PP

Las diligencias se refieren al proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras de dicho auditorio en Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde de dicha localidad.

Sánchez señaló así, poco antes de clausurar la Asamblea de Fepex, y ante una nueva pregunta de cómo conoció la posición de cuatro fiscales del Tribunal Supremo sobre su implicación en la 'trama Púnica' que ha sido "citado en calidad de investigado" en relación al 'caso Auditorio'.

El presidente regional puntualizó que acudirá a declarar "en relación a una denuncia que parte del Partido Socialista de Puerto Lumbreras sobre las obras de un auditorio en Puerto Lumbreras", por una cuestión "absolutamente administrativa". Aseguró además que ha pedido "en varias ocasiones" al fiscal jefe "comparecer para ayudar en la investigación, y se me ha negado esa comparecencia. Ahora, afortunadamente, voy a poder hacerlo".

"Voy a ayudar con documentación, con mi declaración, con nuevas diligencias para que todo se aclara cuanto antes; hay gente a la que no le interesa que se sepa la verdad, que pone denuncias y luego esconde la mano y su éxito es que esto dure, mientras que nuestro empeño es que la Justicia trabaje lo más rápido posible", insistió.

"Explicaré qué sé de un expediente de subvención, como se justificó y demostraré, que es fácil hacerlo, que toda la subvención está invertida en esa obra", añadió.

Eso sí, Sánchez no admitió más preguntas (como, por ejemplo, si ahora toca dimitir en virtud del acuerdo de investidura con Ciudadanos, al estar citado como investigado de manera formal) y, con las mismas, se metió a clausurar la Asamblea de Fepex.

«Los hechos podrían ser delictivos»

Cabe recordar que a principios de mes ya se dictó un auto en el que se acordaba declarar la competencia de la Sala Civil y Penal del TSJ para la instrucción, y en su caso, el enjuiciamiento con respecto al aforado Pedro Antonio Sánchez, en relación con los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Asimismo, extendía la competencia de la Sala para instruir y, en su caso, enjuiciar respecto de aquellas otras personas ya investigadas por los mismos hechos.

En este nuevo auto, el juez insiste en que "los hechos que dieron lugar a la tramitación de las diligencias a tenor del relato de esta resolución podrían ser delictivos, y revestir caracteres de presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos".

Tras lo que señala el próximo lunes, día 6 de marzo, a las 10.00 horas para que tenga lugar la declaración en calidad de investigado de Pedro Antonio Sánchez.

También, solicita comunicar al secretario municipal del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras que certifique y remita testimonio literal de todos aquellos documentos que conforman el expediente de Liquidación de Obra del Teatro-Auditorio Municipal.

Así como al Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca "para que remita a la mayor urgencia copia de las actuaciones que se hayan realizado o estén previstas en la pieza separada que tramita sobre los fondos de la subvención otorgada por la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras relacionada con el Teatro-Auditorio", unido a las actuaciones el informe presentado por la representación procesal de Pedro Antonio Sánchez.

http://www.laverdad.es/murcia/201702/20/cita-declarar-pedro-antonio-20170220135422.html

EL PRESIDENTE DE MURCIA DECLARARÁ COMO IMPUTADO POR CORRUPCIÓN TRAS PEDIRLO LA FISCALÍA

La Fiscalía de la Región de Murcia ha presentado un escrito en el Tribunal Superior de Justicia en el que pide "a la mayor brevedad posible" la declaración como imputado del actual presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez

El dirigente conservador comunica que lo hará el próximo 6 de marzo en calidad de investigado por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos

La Fiscalía de la Región de Murcia ha presentado un escrito en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el que pide "a la mayor brevedad posible" la declaración como imputado del actual presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez.

De esta forma, el fiscal encargado del caso, José Luis Díaz Manzanera, trata de impulsar la investigación del caso Auditorio, que ahora se encuentra en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el que se atribuyen delitos de corrupción a Sánchez en su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras.

Fuentes del caso también han asegurado a infoLibre la intención del fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, de ejercitar acciones legales contra el periodista Eduardo Inda, que este mismo lunes aseguró que la denuncia del caso Auditorio partió de la mujer del propio López Bernal.

Pedro Antonio Sánchez prestará declaración el próximo 6 de marzo en calidad de investigado por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Sánchez ha adelantado la fecha de esa citación a los periodistas esta mañana durante la clausura de un encuentro empresarial.

El presidente regional ha llegado a restar importancia a su citación como imputado por corrupción al decir que irá a declarar "en relación a una denuncia que parte del Partido Socialista de Puerto Lumbreras sobre las obras de un auditorio en Puerto Lumbreras", por una cuestión "absolutamente administrativa". Ha asegurado incluso que ha pedido "en varias ocasiones" al fiscal jefe "comparecer para ayudar en la investigación, y se me ha negado esa comparecencia. Ahora, afortunadamente, voy a poder hacerlo", informa La Verdad de Murcia.

El magistrado instructor del caso Auditorio en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Julián Pérez Templado, ha citado a declarar en calidad de investigado a Sánchez después de que la Fiscalía Superior de Murcia, encabezada por Manuel López Bernal, reclamara la petición de urgencia del político del PP.


Precisamente este miércoles, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tendrá que decidir si mantiene en el cargo a López Bernal, o por el contrario opta por otros de los candidatos. El actual fiscal superior de Murcia accedió por primera vez a su cargo en 2006, y su principal cometido ha sido la lucha contra la corrupción, especialmente inmobiliaria.

Entre los políticos imputados, además de Sánchez, destacan los exdelegados del Gobierno Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana, el entorno familiar del expresidente Ramón Luis Valcárcel, o el ex primer edil de Murcia Miguel Ángel Cámara, todos ellos del PP.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/20/la_fiscalia_pide_que_presidente_murcia_declare_como_investigado_por_corrupcion_61422_1012.html

EL TSJ ASUME LA INVESTIGACIÓN CONTRA PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ POR CUATRO DELITOS

Apoya la tesis de la juez de Lorca y del fiscal de que hay suficientes indicios de irregularidades en el proceso de adjudicación, ejecución y recepción de las obras de la infraestructura municipal de Puerto Lumbreras, en una época en la que el actual presidente de la Región era alcalde del pueblo

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia se declaraba ayer competente para investigar al presidente de la Región de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, en el marco del denominado 'caso Auditorio'. En concreto, se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de este inmueble cultural en la localidad de Puerto Lumbreras, en una época en la que Sánchez era alcalde de este municipio.

Tras unas horas de deliberación, los magistrados Miguel Pasqual del Riquelme (presidente del TSJ), Julián Pérez-Templado y Enrique Quiñonero hacían pública su resolución: el tribunal asumía la causa que atañe a Sánchez, de la que no puede hacerse cargo un juzgado ordinario porque el afectado está aforado.

En el auto notificado ayer, el tribunal detalla que enjuiciará la causa por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos con respecto al actual presidente de la Comunidad.

La resolución designa a Pérez-Templado como instructor del procedimiento sobre el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del auditorio.

Julián Pérez-Templado es el mismo juez que en su día ya archivó dos anteriores causas que llegaron al TSJ contra Pedro Antonio Sánchez: una por prevaricación, por los contratos para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Puerto Lumbreras, y una segunda en la que se le acusaba de cohecho en la compra de un dúplex en su localidad natal.

La sala también ha asumido la competencia para investigar a la veintena de personas investigadas por los mismos hechos por el juzgado de instrucción número 1 de Lorca, entre ellas, los concejales que en su día votaron a favor del concurso y la adjudicación de las obras, funcionarios y el arquitecto redactor del proyecto, Martín Lejarraga.

En el auto se valora el buen hacer de la juez de Lorca, que «describe con prolijidad una larga serie de incidencias en los proyectos básico y de ejecución, y de licitación y adjudicación del contrato de ejecución de obra».

«Bastará la posibilidad razonable de que los hechos que describe la exposición razonada hayan ocurrido para que proceda la apertura de la fase de investigación ante el tribunal de aforamiento que constate los elementos necesarios para determinar la concurrencia o no del comportamiento delictivo que en aquella se indica», prosigue el auto.

«Una vez perfilada la indiciaria responsabilidad penal del aforado, a los meros efectos de decidir sobre la competencia de esta Sala, no resulta exigible, por más que pudiera considerarse conveniente, una más detallada justificación de la calificación definitiva incluida en la exposición razonada», escriben los magistrados.

En este sentido, tienen claro que «ningún óbice para la asunción de los competencia por esta Sala deriva tampoco del hecho de que alguna defensa estime que la instrucción no esté terminada, o de que se pretendan y, eventualmente, pudieran practicarse diligencias de investigación adicionales después de asumida la competencia por el tribunal de aforamiento». El TSJ puntualiza, además, que «tampoco es obstáculo para la asunción de la competencia por esta Sala que el Juzgado Instructor haya acordado la incoación de una pieza separada para la investigación independiente de hechos que presentan una inicial conexidad con los incluidos en la exposición razonada». «Ambas piezas, principal y separada, pueden ser objeto de instrucción independiente sin condicionar la asunción por esta Sala de su propia competencia. Y todo ello sin perjuicio de que, si en el curso de las investigaciones que se acometan en dicha pieza se atisbara la existencia de indicios o datos que guarden relación con los que son objeto de esta pieza principal, o surgieran delitos conexos cuya investigación o enjuiciamiento conjuntos resultase conveniente, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lorca deberá participarlo a esta Sala para la adopción de la resolución que en tal momento proceda en aras a la adecuada coordinación de ambos procedimientos», destaca.

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/02/03/tsj-asume-investigacion-pedro-antonio/802777.html

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MURCIA INVESTIGARÁ AL PRESIDENTE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Los magistrados se han declarado competentes para analizar un caso de presunta corrupción urbanística del presidente murciano durante su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras

Una jueza de Lorca considera que pudo haber cometido los delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos

El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, confirma a infoLibre que el Ministerio Público pedirá en los próximos días la declaración, como imputado, de Pedro Antonio Sánchez

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia decidió este jueves asumir el caso Auditorio, en el que se investiga corrupción urbanística, e investigar al presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, del PP, que era alcalde de Puerto Lumbreras cuando se construyó el edificio.

La Sala de lo Civil y Penal del tribunal se declaró competente para investigar los hechos, dada la condición de aforado de Sánchez, tras estudiar el escrito remitido por la jueza instructora de Lorca, Consuelo Andreo. Esta advirtió que el actual presidente regional pudo incurrir en los delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en las obras de construcción y entrega del auditorio.

El auto del TSJ ordena, además que si en el curso de las investigaciones que se acometan en la pieza separada que se instruye en Lorca aparecieran datos que guarden relación y que aconsejaran una investigación o enjuiciamiento conjunto, se comunique a la Sala para la adecuada coordinación de ambos procedimientos.

La Sala que ha tomado la decisión está formada por el presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, y por los magistrados Enrique Quiñonero y Julián Pérez-Templado, que ha sido el ponente del caso y que también se encargará de llevar a cabo la investigación, que deberá incluir la declaración en calidad de investigado de Pedro Antonio Sánchez.

El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, que ha apoyado la decisión del tribunal de aceptar la investigación, ha confirmado a infoLibre que el Ministerio Público pedirá en los próximos días la declaración, como imputado, de Pedro Antonio Sánchez.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/02/el_tribunal_superior_murcia_investigara_presidente_pedro_antonio_sanchez_60617_1012.html

PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ, UNA CARRERA BAJO LA LUPA DE LA JUSTICIA

La trayectoria política del actual presidente de la Región de Murcia ha estado marcada por los continuos procesos judiciales y sospechas

La carrera política de Pedro Antonio Sánchez López ha sido siempre examinada con intenso celo. Desde que comenzó a especularse con que este joven alcalde de Puerto Lumbreras era el favorito de Ramón Luis Valcárcel para sucederle algún día en la presidencia de la Comunidad, todas las miradas estuvieron puestas en él, para lo bueno y para lo malo, y esa oficiosa condición de delfín le hizo asimismo ganarse amigos y enemigos tanto fuera como dentro de su propio partido.

Desde hace una década, la trayectoria de Pedro Antonio Sánchez ha estado marcada también por la permanente sospecha de mala gestión y, en algunos casos, presunta corrupción. Las denuncias de la oposición, principalmente el PSOE (sean o no las 16 que dice él), le han llevado a tener que desfilar varias veces por los tribunales, convirtiéndose en frecuente su foto haciendo el ´paseíllo´ en la entrada a los juzgados, donde, todo hay que decirlo, siempre dio la cara.

Los procesos judiciales empezaron a torpedear en serio el ascenso político de Sánchez desde 2012, antes de entrar en el Gobierno regional, cuando el TSJ, como se le pide ahora en el caso Auditorio, admitió una exposición razonada de un juzgado de Lorca que pedía que se le investigara por prevaricación en la contratación del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Puerto Lumbreras. Le acusaban entonces de haber ´troceado´ el proyecto en contratos menores para evitar sacarlo de una tacada a concurso público y poder así adjudicarlo poco a poco a una empresa concreta.

Por este caso estuvo imputado durante meses, justo en el momento en el que Valcárcel preparaba su sucesión, aunque en esos años no había esas líneas rojas tan estrictas en lo referente a los cargos públicos con asuntos con la Justicia. El caso lo archivó en noviembre de 2014 el magistrado del TSJ Julián Pérez-Templado archivaba la causa y los partidarios de Pedro Antonio, ya entonces consejero, veían el camino totalmente despejado. La ansiada sucesión se preparaba en San Esteban cuando la Fiscalía recurrió el archivo y, el 2 de marzo de 2014, la situación daba un giro radical. PAS volvía a estar bajo sospecha, pero no por el cerrado asunto de los contratos del Plan General, sino por un presunto cohecho en la adquisición de su vivienda de Puerto Lumbreras. Un jarro de agua fría totalmente inesperado.

El relevo presidencial se esfumó, pues a Valcárcel le urgía marcharse si quería ir en las listas a Europa, y hubo que buscar sucesor a toda prisa. El elegido fue Alberto Garre, con el que luego, ya se sabe, tanto el presidente del partido como su frustrado delfín se las tuvieron tiesas. Entre otras razones, por las cosas de la Justicia.

A Pedro Antonio le quedaba todavía la carta de las elecciones autonómicas y puso todo de su parte para que el caso del dúplex se aclarara lo antes posible, llevándole al juez toda su información bancaria de la época en la que se compró la casa. El TSJ pudo ver hasta lo que le regaló la gente en su boda.

Su estrategia surtió efecto y, al final, nada de nada con lo de la casa. Llegó limpio para ser candidato a las elecciones autonómicas, las cuales ganó, pero sin mayoría absoluta, por lo que tuvo que firmar un pacto con Ciudadanos en el que se comprometía por escrito a fulminar a cualquier imputado por corrupción política que hubiera en su partido, incluido él mismo.

Un paso arriesgado, sin duda, pues el problema de las togas ni mucho menos había desaparecido. Una querella de la Fiscalía por el Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras pendía sobre su cabeza y, por si fuera poco, de repente se vio en medio del caso Púnica, por unas conversaciones de un asesor de confianza suyo con uno de los hombres de la trama corrupta.

Ahora la querella del fiscal ya no es algo previsible y se ha convertido en petición formal de investigación. Cuentan también por Madrid que Eloy Velasco está a punto de decidir sobre lo suyo en Púnica. En el entorno del presidente no son ilusos y son conscientes de que, por muy tranquila que uno tenga la conciencia, y aunque luego quede en nada, será difícil escaparse de hacer de nuevo el ´paseíllo´ en los juzgados. Hará lo posible por no irse, pero la presión será muy fuerte y la decisión tampoco depende solo de él. Pero ojo con PAS. Parece que tiene siete vidas.

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/12/04/pedro-antonio-sanchez-carrera-lupa/788078.html

CIUDADANOS CRITICA QUE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ SE ESCUDE EN UN "ERROR ADMINISTRATIVO"

El vicesecretario de Organización de Ciudadanos, José Manuel Villegas, da por hecho que el presidente autonómico "cumplirá con su palabra y dimitirá si lo citan a declarar en el caso Auditorio"

El vicesecretario de Organización de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se mostró este miércoles convencido de que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, presentará su dimisión si el Tribunal Superior de Justicia de la Región le cita a declarar como imputado por el caso 'Auditorio'.

Según explicó en rueda de prensa en el Congreso, ese fue el compromiso que el propio Sánchez adquirió con Ciudadanos en la firma del acuerdo de investidura que ambos partidos alcanzaron, pero también con la ciudadanía, puesto que un día después aseguró públicamente que si resultara imputado, dejaría su cargo.

Por ello, el dirigente de la formación naranja rechazó pronunciarse sobre si coincide con el dirigente del PP, Fernando Martínez-Maillo, en que el caso de que el presidente murciano fuese imputado, se trataría de "un error administrativo" y no un delito de corrupción.

"No debatiremos sobre eso porque el presidente de Murcia ya nos lo aclaró. Hay poco debate", subrayó Villegas, insistiendo en que si finalmente Sánchez acaba siendo citado a declarar por el 'caso Auditorio', tendrá que dimitir y "cumplir con su palabra".


http://www.eldiario.es/murcia/politica/Ciudadanos-Pedro-Antonio-Sanchez-administrativo_0_588291783.html

EL PP SOSTIENE QUE EL PRESIDENTE DE MURCIA NO ESTÁ ACUSADO DE CORRUPCIÓN

Maíllo espera que Ciudadanos lo entienda así ya que en el pacto entre los populares y la formación naranja se habla de delitos de corrupción y el caso de Pedro Antonio Sánchez "es una simple investigación, con toda su complejidad"

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha sostenido este lunes que el presidente de la Región de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, "no está acusado de ningún delito de corrupción" y espera que así lo entienda Ciudadanos, que es su socio de Gobierno. A pesar de que el partido naranja ha avisado de que el retirará el apoyo si el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) confirma su imputación, Maíllo ha subrayado que el caso en el que se le investiga no es de corrupción, sino "en el peor de los escenarios, de un error administrativo".

Una juez de Lorca ha pedido al TSJM que investigue a Sánchez por presuntos delitos de fraude, malversación de fondos públicos, prevaricación continuada y falsedad en documento oficial en relación con una subvención pública de seis millones de euros concedida cuando era alcalde de Puerto Lumbreras para construir el auditorio de la localidad. En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Maíllo ha replicado que a Sánchez no se le acusa "de llevarse de dinero, de robar o de haber metido la mano en la caja", y que tampoco es un caso donde haya "financiación del partido". "Con los datos que tenemos, y yo creo a Pedro Antonio, aquí no estamos hablando de un caso de corrupción", ha subrayado.

Según ha dicho, el PP está hablando de la situación con Ciudadanos, y espera que así lo entienda. Es más, Maíllo ha dicho que el actual alcalde de Granada, del PSOE, también tiene una investigación por un caso semejante, y allí Ciudadanos "ha dicho que es una cuestión administrativa", y lo mismo ha sucedido con un consejero andaluz.

Así, el dirigente popular ha pedido que no se haga "tabula rasa" con todos los casos y no se haga pasar por corrupción "lo que es una simple investigación, con toda su complejidad". En esa línea, Maíllo ha recordado que el pacto que tienen firmado PP y Ciudadanos en Murcia habla de delitos de corrupción, "y Pedro Antonio Sánchez no está acusado de ningún delito de corrupción".

Por otro lado, se ha referido a las medidas que el PP tomó en su día con Rita Barberá como un "tema complicado" y una "situación compleja en lo personal", pero cree que la decisión que tomó el partido, apartarla de la militancia, era "la que había que tomar". Maíllo ha subrayado que esa decisión fue "unánime" en la dirección del PP y que, aunque él mismo dijo que pensaba que la ex alcaldesa de Valencia no había cometido ninguna ilegalidad, también cree que era "evidente" que en ese momento había que tomar decisiones.

Con todo, Maíllo ha incidido en que, antes que políticos, todos son personas, de manera que la decisión de apartarla "dolió mucho" al PP. También, ha reconocido, "el día de su fallecimiento y los siguientes fueron muy duros", uno de los más duros que ha vivido el partido. Además, ha dejado claro que comprende a la familia de Barberá, que cargó duramente contra el PP esos días. "Es uno de los momentos más duros que ha vivido el PP, porque es su historia, son 25 años de gobierno del PP en Valencia y somos herederos, y además queremos serlo, con sus luces y sus sombras, porque seguro que ha habido errores, pero sobre todo con sus luces", ha admitido.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/05/el_sostiene_que_presidente_murcia_esta_acusado_corrupcion_58429_1012.html

PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ DEFIENDE QUE LA OBRA DEL AUDITORIO "SE HIZO" Y LA SUBVENCIÓN SE INVIRTIÓ "AL 100%"

"Se pagó y está justificada", tal y como "acreditan absolutamente todas las certificaciones, la fiscalización, los informes y los documentos", aseguró el presidente de Murcia

Sánchez hace estas declaraciones después de conocerse que la instructora del caso considera que hay responsabilidad penal por parte del presidente.

El presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, defendió que la obra del auditorio de Puerto Lumbreras "se hizo" cuando él era alcalde del municipio, y la subvención que recibió de la Comunidad se invirtió "al cien por cien" en su ejecución, "se pagó y está justificada", tal y como "acreditan absolutamente todas las certificaciones, la fiscalización, los informes y los documentos".

Sánchez hizo estas declaraciones en una rueda de prensa ofrecida este viernes, apenas una hora después de conocerse la exposición razonada que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, remitió a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al considerar que existe indiciariamente responsabilidad penal en las obras cuando era alcalde del municipio.

El presidente del Gobierno murciano aclaró que de lo que "estamos hablando" es de que en el año 2006, cuando él era alcalde de Puerto Lumbreras, la Comunidad Autónoma dio una subvención de seis millones de euros para la construcción de una infraestructura llamada complejo cultural teatro-auditorio".

"Allí está cada euro de la subvención", aclaró Sánchez, quien recordó que "nadie pone en duda que falte ni un solo euro de esa subvención" invertidos en el complejo cultural. Destacó que la inversión "se justificó" y fue avalada "por todos los filtros que fiscalizaban que las cosas se hicieran bien".

Sin embargo, lamentó que hace aproximadamente tres años, el PSOE de Puerto Lumbreras "puso otra denuncia más, en este caso la número 16", que hablaba del auditorio. Ocho meses después, el fiscal "asumió esa denuncia y la interpuso en un Juzgado".

Desde ese momento, el presidente del Gobierno regional recordó que él solicitó hasta tres veces comparecer ante el Fiscal para poder aclarar y explicarle qué había ocurrido aquí". Su objetivo era "aportar colaboración con la Justicia", es decir, "con quien supuestamente estaba investigando". "Hasta tres veces pedí una reunión con el Fiscal jefe y no se me concedió", aclaró Sánchez.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/02/pedro_antonio_sanchez_defiende_que_obra_del_auditorio_hizo_subvencion_invirtio_100_58367_1012.html

UN INFORME DEL MINISTERIO DE HACIENDA LLEVÓ A LA JUEZA A PEDIR LA IMPUTACIÓN DEL PRESIDENTE MURCIANO

La IGAE acreditó en septiembre "numerosas irregularidades" en el auditorio por el que Pedro Antonio Sánchez pagó seis millones pese a estar inacabado

La magistrada ve indicios de que pudo cometer cuatro delitos, tres de ellos castigados
Un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y que vela por la legalidad de las cuentas públicas, resultó determinante para que una jueza de Lorca haya pedido al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia que investigue al presidente de esa comunidad, Pedro Antonio Sánchez, del PP.

La magistrada, Consuelo Andreo, considera que el líder conservador, que gobierna gracias al apoyo de Ciudadanos, pudo cometer cuatro delitos por su responsabilidad penal en el cúmulo de irregularidades detectadas en la construcción de un auditorio por el que Sánchez pagó seis millones públicos pese a que la obra ni siquiera llegó a terminarse. Tres de esos cuatro delitos –malversación, fraude a la administración y falsedad– implican penas de cárcel. El cuarto –prevaricación continuada– solo conlleva la inhabilitación.

La gran incógnita reside ahora en qué decisión tomará el TSJ murciano, presidido por un magistrado conservador, Miguel Pasqual Riquelme, cuyo nombramiento tuvo que repetir el Poder Judicial después de que el Supremo tumbase el primero. El alto tribunal recriminó al CGPJ que hubiese designado a Pasqual sin molestarse siquiera en explicar por qué le primaba frente a una competidora que reivindicaba para sí mayores méritos.

Sánchez se aferra al "error administrativo"

Tras conocer la decisión de la magistrada, el presidente murciano aseguró este viernes que le "tranquiliza" que la jueza pida que "se investigue y se aclare" si hubo algún "error administrativo" en el proceso de construcción del auditorio, impulsado por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras cuando estaba bajo la batuta de Pedro Antonio Sánchez y financiado íntegramente por una subvención del Ejecutivo regional. Las declaraciones efectuadas por Pedro Antonio Sánchez apuntan a que no se plantea dimitir. En su defensa salió de inmediato el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, quien pidió confiar en su presunción de inocencia.

Según el PP, lo sucedido es fruto de una persecución iniciada por el PSOE, al que atribuye haber presentado con anterioridad 15 denuncias que ya fueron archivadas. Los socialistas no solo enfatizan que esas 15 denuncias jamás han existido sino que ya sopesan retar al PP ante los tribunales para que detalle cuáles eran.

Pero, aunque el origen del caso se localiza en una denuncia interpuesta por el PSOE en el otoño de 2013 y en las diligencias de investigación abiertas a partir de ese momento por la Fiscalía, lo cierto es que la resolución dictada este jueves 1 de diciembre por la la jueza Andreo constata que ha prestado mucha más atención a los informes periciales que a la denuncia de la oposición política al PP.

En su exposición razonada al TSJ murciano, una especie de auto judicial donde solicita que Sánchez, aforado por su condición de jefe del Ejecutivo regional, sea investigado penalmente, la jueza subraya una y otra vez el mismo mensaje: el informe pericial que la IGAE entregó en septiembre constata "numerosas irregularidades" en el proceso de construcción del auditorio. Esas irregularidades, entiende la magistrada, no son meramente administrativas sino delictivas. La IGAE llegó a sostener en su informe que, a la vista de los "múltiples incumplimientos", tal vez deberían haberse iniciado "en reiteradas ocasiones el reintegro total de la subvención".

Promovido por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, el auditorio fue recepcionado en septiembre de 2011 pese a que el edificio era en la práctica un cascarón vacío: la obra ejecutada se encontraba al 61,96%, recuerda la magistrada. Y la obra no realizada se cuantifica nada menos que en 2,27 millones de euros.

¿Cómo se explica ese fenómeno? Pues porque el Ayuntamiento modificó el proyecto de forma que aceptaba que el interior quedase sin terminar. La construcción se fue demorando pero no así los pagos: en octubre de 2009, cuando la obra solo estaba hecha en un 47,08%, la constructora ya había cobrado el 85,39% del total, narra la magistrada.

La exposición razonada detalla cómo el ayuntamiento había encargado a dedo el proyecto a un arquitecto para luego convocar un concurso al que los propios colegios de arquitectos de Madrid y Murcia aconsejaron a sus miembros no acudir dado que la adjudicación ya estaba otorgada en la práctica.

El PP sostiene que "hasta el último euro de los seis millones están legalmente justificados", extremo que no coincide con lo que sostiene la jueza en su resolución. En un momento dado, la magistrada desliza que "parece difícil" que en la obra pudieran haber trabajando las 300 personas que oficialmente se daban cita cada día allí.

Los populares también aseguran que una sentencia "firme" avaló la legalidad de la adjudicación. Las acusaciones populares –una ejercida por quien como concejal socialista en Puerto Lumbreras, José Manuel García Miravete, instó durante años a Sánchez a explicar lo sucedido y otra que representa a Podemos– lo niegan. Y, de hecho, la exposición razonada de la jueza dedica un espacio importante al asunto de la adjudicación a dedo. El delito de fraude a la administración, uno de los cuatro que atribuye a Sánchez, consiste precisamente en que una autoridad se concierte con un tercero para beneficiarle en detrimento de los intereses públicos.

La decisión de la jueza que investiga el caso del auditorio de Puerto Lumbreras no es el único problema que afronta Sánchez en relación a la justicia. En mayo, trascendió un informe del caso Púnica que refleja cómo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que existen "indicios suficientes" para afirmar que el presidente de Murcia y la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, ambos del PP, "se concertaron" con los cabecillas de la trama Púnica para cometer un fraude "a través de la contratación pública de la Consejería de Educación y costear los trabajos reputacionales de su titular y de la alcaldesa de Cartagena", según las conclusiones del informe que consta en el sumario de la trama corrupta.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/03/un_informe_del_ministerio_hacienda_llevo_jueza_pedir_imputacion_del_presidente_murciano_58391_1012.html

LA JUEZ INVESTIGARÁ UN USO PARALELO DE LOS 6 MILLONES DE SUBVENCIÓN AL AUDITORIO

Quiere averiguar a quién pertenecen tres cuentas en las que se abonaron supuestos pagos al arquitecto

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, no ha concluido la investigación de las supuestas ilegalidades cometidas en torno a la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras, por más que haya remitido una Exposición Razonada en la que viene a reclamar al Tribunal Superior de Justicia que impute al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez. La magistrada ha abierto una pieza separada para tratar de conocer qué destino, "público o privado", se le dieron a seis millones de euros procedentes de una subvención de la Consejería de Cultura para construir ese edificio, pues la investigación ha permitido constatar que esos fondos prácticamente habían desaparecido cuando ni siquiera se había puesto un ladrillo en la obra.

En su auto, la juez deja constancia de que entre los meses de diciembre de 2006 hasta agosto de 2008, que es la fecha en la que se efectúa el primer pago relacionado con la construcción del Auditorio, el Ayuntamiento entonces presidido por Pedro Antonio Sánchez dispuso durante esos 18 meses de los seis millones de euros de la ayuda pública, que fueron mermando de la cuenta municipal "sin que se justificara el uso que se les dio". De hecho, en octubre de 2008, con la obra apenas iniciada, solo quedaba ya un saldo de 337.141 euros.

La instructora también pretende conocer con su investigación a quién pertenecen tres cuentas bancarias en las que se efectuaron ingresos por varias decenas de miles de euros, supuestamente correspondientes a pagos de salarios al arquitecto Martín Lejarraga, pero que fueron a cuentas diferentes a la que este profesional aportó para esos fines.

http://www.laverdad.es/murcia/201612/02/juez-investigara-paralelo-millones-20161202132742.html

LA JUEZ DEL 'CASO AUDITORIO' PIDE AL TSJ QUE IMPUTE A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

Eleva la exposición razonada a la Sala de lo Civil y lo Penal resumiendo todos los indicios de cuatro presuntos delitos contra el presidente de la Comunidad

El 'caso Auditorio' ya está en manos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, acaba de remitir al más alto tribunal de la Región una Exposición Razonada, con el propósito de que actúe penalmente contra el exalcalde de Puerto Lumbreras y actual presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, en función de los múltiples indicios de delito que se habrían confirmado a lo largo de la investigación judicial. El hecho de que este alto cargo del PP disfrute de un fuero especial, como presidente del Consejo de Gobierno y diputado regional, ha obligado a la magistrada a elevar las diligencias al TSJ, que es el único órgano jurisdiccional de la Región que puede imputar a Sánchez.

En la línea de lo ya expuesto por la Fiscalía Superior, la instructora aprecia una infinidad de indicios delictivos en la actuación de quien fue alcalde de Puerto Lumbreras, que podrían ser constitutivos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y fraude por las aparentes irregularidades cometidas en la proyección, adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras. En este inmueble fueron invertidos seis millones de euros de una subvención concedida en 2006 por la Consejería de Cultura, pero no llegó a ser acabado. El Consistorio lumbrerense recepcionó el edificio cuando supuestamente quedaba un 38% por construir, que hubiera requerido de una inversión de 2,3 millones de euros.

La Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ deberá decidir ahora si admite las diligencias y designar instructor o, al contrario, si las devuelve al juzgado de Lorca por razones de forma o fondo. En el caso de que asuma el caso, la imputación del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, puede darse por hecha.

La propuesta de remitirlo al TSJ se eleva tanto en relación Sánchez, que está aforado, como con el resto de implicados en el caso que no lo están, ya que la jueza estima "que no parece que sea posible tramitar separadamente la causa". La resolución no es firme cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días.

Por otra parte, la magistrada inadmite el recurso interpuesto por siete de los investigados solicitando el sobreseimiento y archivo de la causa. Y en una tercer auto, se acuerda que se abra una pieza separada, al apreciar que "los fondos provenientes de la subvención de las obras del Auditorio, cambiaron de destino o aplicación, sin que conste en este sentido una resolución por la autoridad competente (…), desconociéndose cuales fueron esos usos", por si pudieran constituir indiciariamente un delito de malversación y/o fraude a la Administración Pública. "Resultando aún prematuro", según la magistrada instructora, dirigir el procedimiento contra persona alguna por su presunta participación en los mismos.

http://www.laverdad.es/murcia/201612/02/juez-caso-auditorio-pide-20161202114219.html

SÁNCHEZ: «TENEMOS QUE DEJAR TRABAJAR A LA JUSTICIA Y CONFIAR EN QUE TODO SE ACLARE CUANTO ANTES»

El fiscal califica de «cúmulo de despropósitos» el concurso, la adjudicación, la construcción y la recepción del Auditorio de Puerto Lumbreras

El presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, aseguró este miércoles, a preguntas de 'La Verdad', que "hay que dejar trabajar a la Justicia y confiar en que todo se aclare cuanto antes". Estas declaraciones tuvieron lugar minutos antes del homenaje que se ha rendido en Molina de Segura al fallecido José Manuel Claver, expresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

Sánchez sale así al paso de las reacciones que ha suscitado el escrito de Fiscalía a la juez de Lorca que instruye el 'caso Auditorio', en el que el Ministerio Público solicita a la instructora que eleve al TSJ una exposición razonada, por apreciar en Sánchez, que en aquel momento era alcalde de Puerto Lumbreras, indicios de hasta cinco delitos en el proceso de construcción del Auditorio.

El concurso, la adjudicación de las obras, la construcción y hasta la recepción del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras fueron un "cúmulo de despropósitos" con los que se habría incumplido la ley de manera reiterada y supuestamente consciente. Así lo afirma el Fiscal de Delitos Urbanísticos y contra el Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, en el informe que ha remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca y por el que reclama la imputación del exalcalde lumbrerense y actual presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, por presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento oficial y administración desleal.

A juicio del representante del Ministerio Público, que reclama de la juez Consuelo Andreo que remita el caso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que actúe penalmente contra Sánchez, este era "perfecto conocedor de las innumerables irregularidades que se venían cometiendo", como lo probaría el hecho de que "participara en todos y cada uno de los hechos relatados a lo largo de este informe".

El escrito, de 23 folios, está dividido en seis apartados, en los que se analizan de manera exhaustiva todas las supuestas ilegalidades que se habrían cometido desde junio de 2006, en que se redactó el 'Anteproyecto de Teatro Auditorio', hasta el 20 de septiembre de 2011, en que el Consistorio de Puerto Lumbreras, con el visto bueno de su entonces alcalde Pedro Antonio Sánchez, dio el visto bueno al edificio y firmó el acta de recepción, en el que declaraba "recibir la obra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas". Y ello a pesar de que la construcción solo estaba acabada en un 61,69% y faltaban por invertir casi 2,3 millones de euros, aunque el Consistorio ya había abonado íntegramente a la empresa constructora los casi seis millones en que se presupuestó el proyecto.

Junto a Pedro Antonio Sánchez, el Fiscal de Delitos Urbanísticos considera que se debe perseguir penalmente a otros 22 participantes en este procedimiento, entre los que figuran el ex director general de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura, Antonio Martínez López, a quien reprocha que no ejerciera el menor control sobre el destino de una subvención de seis millones que la Comunidad otorgó para construir el Auditorio; el arquitecto que diseñó y dirigió el proyecto, Martín Lejarraga; una decena de concejales populares; seis altos funcionarios y técnicos del Consistorio lumbrerense…

Ahora, la magistrada Consuelo Andreo, que lleva casi dos años investigando este caso, tendrá que decidir si existen indicios de delitos suficientes contra Pedro Antonio Sánchez y eleva una exposición razonada al TSJ, ya que es el único órgano jurisdiccional en la Región que puede imputar al jefe del Ejecutivo regional por su condición de aforado.

http://www.laverdad.es/murcia/201611/23/fiscal-pide-imputacion-pedro-20161123094618.html

FISCALÍA SOLICITA LA IMPUTACIÓN DEL PRESIDENTE DE MURCIA POR EL CASO 'AUDITORIO' DE PUERTO LUMBRERAS

El fiscal de Delitos Urbanísticos de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, ha pedido que se investigue al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, al considerar que "ha incurrido en presuntas irregularidades" en las obras de construcción y entrega del auditorio de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde del municipio.

Considera que queda demostrada su participación "en todos y cada uno de los hechos relatados a lo largo de este informe, siendo por ello perfecto conocedor de los mismos". Los presuntos delitos que se le atribuyen, son los de prevaricación continuada, malversación, fraude y falsedad en documento oficial o público y administración desleal.

En concreto, el informe del Fiscal ratifica "aproximadamente" los términos que aparecían reflejados en la querella inicial, y ha venido a confirmar indiciariamente que habría irregularidades en la ejecución y entrega de las obras, tal y como se desprende de las diligencias que se han practicado en el Juzgado de Instrucción durante más de un año, según informaron fuentes cercanas a la investigación.

Ahora, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, tendrá que pronunciarse sobre la exposición razonada y remitirla al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), órgano que debe decidir si asume la competencia o no. En caso de que la asuma, se enviará todo el procedimiento a la Sala Civil y Penal del TSJ.

Una vez que la magistrada envíe la exposición razonada, el TSJ tendrá que decidir si incoa el procedimiento y si lo hace respecto a todos o de parte de las personas que ya han prestado declaración como investigados.

Escrito del fiscal

Por ello, el fiscal ha elevado una exposición razonada a la Sala Civil y Penal del TSJ de Murcia al apreciar "posibles indicios racionales de criminalidad y de elementos probatorios, así como de la posible responsabilidad penal" de Sánchez, para que asuma su competencia en un asunto, recuerda, donde también están implicados otras personas no aforadas.

El fiscal, en su escrito, considera que se ha cumplido el mandato que la Sala de lo Civil y lo Penal impuso en marzo de 2015 cuando acordó remitir la causa a Lorca, ya que se justifica, en virtud de los hechos, que corresponde a la Sala la competencia para investigar a Sánchez por unas conductas que considera de "relevancia penal".

A juicio del Ministerio Fiscal, se demuestra que Sánchez pudo incurrir en un delito continuado de prevaricación en lo referido al concurso de proyectos del auditorio, al constar encargos verbales, legalmente prohibidos de Sánchez, en su etapa como alcalde, al arquitecto M.L.

El arquitecto fue contratado "verbalmente y sin previo concurso" y tenía definitivamente redactado el proyecto del Auditorio de Puerto Lumbreras "después de 18 meses de trabajo y la subvención de seis millones de euros concedida por el Consejo de Gobierno 11 meses antes".

Queda probado, igualmente, que se incumplió el principio de transparencia, ya que el precio del contrato "era claramente superior 335.484 euros, y, por lo tanto, debía haberse publicado en el Diario Oficial de las Comunidad Europea".

Sánchez también "decide aplicar el trámite de urgencia para reducir los plazos de presentación, y evitar la libre y pública concurrencia de todos los posibles arquitectos interesados". El concurso fue una "farsa", pero, aun así "restringieron la publicidad del concurso".

El supuesto delito de prevaricación es por el concurso de obras, ya que de nuevo "incumple la ley", y el trámite de urgencia también "se realiza al margen de la legalidad".

Los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude y malversación corresponden a la adjudicación y ejecución del contrato de obras.

"Irregularidades" en el presupuesto

Según el informe del Fiscal, existe una "contradicción grave" en la documentación, por cuanto en la memoria del proyecto se indica adecuadamente que el presupuesto de ejecución material se eleva a 4,345.489 euros; y el presupuesto de contrata (i/IVA) a 5.998.514 euros. Sin embargo, la medición y presupuesto, que desarrolla la obra a ejecutar con todas las partidas, resume de forma incorrecta la misma cantidad (5.998.514 euros) para ambos conceptos.

Si, como indica el resumen de presupuesto del proyecto, el presupuesto de ejecución material (PEM) es de 5.998.514 euros, el presupuesto de contrata sería de 8.280.348,72 euros.

Por otra parte, el Fiscal apunta que el proyecto modificado, que se redacta en 2009, es "injustificado, incompleto e insuficiente". Y es que describe en la memoria y planos la obra a ejecutar, pero el capítulo de mediciones y presupuesto "es incompleto, pues no recoge la terminación interior del Teatro-Auditorio, contemplando únicamente de éste la ejecución de su cimentación, estructura, cerramientos exteriores y cubierta".

En definitiva, el modificado recoge modificaciones sustanciales, no en cuanto a superficies construidas de los edificios que son similares, sino por cuanto no contempla la ejecución de obra completa, y por tanto el Edificio Teatro-Auditorio "no puede ser utilizado, incumpliendo el artículo 58 del Reglamento General de Contratación del Estado".

El Fiscal recuerda que el 30 de abril de 2010 se hace el último pago a la empresa constructora, pero solo estaba construido el 61,96 por ciento de la misma. Más tarde, el 7 de junio de 2010, el técnico municipal informa sobre "paralización de obras en el Teatro-Auditorio", de forma que no se volverá a poner un ladrillo.

El proyecto modificado, "como añadido a este cúmulo de despropósitos", se aprueba seis meses después de que la empresa constructora cobrara la totalidad de la obra, más de lo estipulado en el contrato firmado con el Ayuntamiento, el 30 de abril de 2010,y abandonara la misma en el mes de junio de 2010.

De esta manera, el denominado proyecto modificado se aprobó "cuando la obra ya estaba abandonada, sin construir en un 38,04% y pagada por encima de lo estipulado en el contrato".

Pago de las obras

Por otro lado, el Fiscal señala que en septiembre de 2009, se abonaron 338.916,04 euros a la empresa constructora "por unas supuestas obras complementarias que no se tenían que haber pagado ya que se comprometió la constructora a pagar la obra por el importe ya conocido".

Por tanto, si a los 5.659.597,97 euros ofertados como precio de las obras se le suman 338.916,04 euros, "da un precio de 5.998.514,01 euros, que coincide exactamente con el precio de licitación máximo establecido por el Ayuntamiento".

Esta cantidad le fue pagada a la constructora "en flagrante violación del principio de igualdad de partes", ya que otra de las ofertas era inferior a esa cantidad.

El pago de esa cantidad, según el Fiscal, supone una "fragrante y grosera transgresión de los términos del contrato celebrado con el Ayuntamiento en el que se contemplaba la obligación de realizar la obra en su totalidad por 5.659.597,04 euros".

Legislación a aplicar

En su argumentación, el Fiscal esgrime la legislación vigente, que establece que el contrato "se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto".

Asimismo, el artículo 58 del Reglamento General de Contratación del Estado determina de forma indubitada que "los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente".

Además, tratándose de una obra subvencionada, el artículo 26 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad establece que el órgano concedente deberá proceder a realizar la comprobación material de la inversión, levantando la correspondiente acta que lo acredite". Sin embargo, no consta que los responsables municipales hicieran tal comunicación.

http://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/537735/fiscalia-solicita-imputacion-presidente-murcia-caso-auditorio-puerto-lumbreras

LA INTERVENCIÓN AVALA QUE EL AUDITORIO DE PUERTO LUMBRERAS NO ESTABA ACABADO CUANDO FUE RECEPCIONADO

El análisis de la Administración del Estado desvela una «multiplicidad» de irregularidades a lo largo y ancho de todo el proyecto

El 'caso Auditorio', del que depende el futuro judicial y quizás político del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, llevaba meses pendiente de un informe encargado por la juez de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, a la Intervención General de la Administración del Estado. El documento, en el que se analiza el cumplimiento de la legalidad en el proceso de contratación y construcción del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras, así como en la concesión y justificación de una subvención de seis millones de euros por la Administración regional, está ya en manos de la magistrada. Las conclusiones del experto indican que el Ayuntamiento lumbrerense, del que Sánchez era alcalde, incurrió en una «multiplicidad de incumplimientos» legales y de irregularidades de todo tipo en la tramitación administrativa. Una circunstancia que parece dejar en una posición muy delicada al presidente murciano.

Este informe se estima definitivo a la hora de marcar la suerte de estas diligencias y establecer si acaban siendo remitidas a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en función del aforamiento de Sánchez.

Lo que sigue es un resumen de las conclusiones sobre doce aspectos analizados por la Intervención:

El experto advierte de una «multiplicidad» de incumplimientos legales por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras en la justificación de la subvención de 6 millones

Se destaca también que «no se conocen las razones por las que la CARM no solicitó el reintegro de esa subvención con esos incumplimientos»

La conclusión número 12 se refiere al estado del edificio cuando el Consistorio lo hizo suyo. «La obra no estaba completa; se considera que no debía haberse firmado el Acta de Recepción de forma favorable»
Titularidad del terreno y proyecto para la concesión de la subvención

«Un simple anteproyecto»

El experto hace constar que en el expediente no existe «ningún documento acreditativo de la titularidad de los terrenos donde se iba a construir el Teatro Auditorio».

Además, el proyecto que se presentó para conseguir la subvención de seis millones de la Consejería de Cultura «era un simple anteproyecto que no reunía el requisito de ser de ejecución, como requería la CARM».

Contratación de Martín Lejarraga

Se ignora cuánto y cómo cobró

«No hay ninguna documentación administrativa sobre la contratación y pago de esos servicios (redacción del Anteproyecto de junio de 2006) y no es posible pronunciarse sobre la regularidad del proceso de contratación (de Martín Lejarraga), aunque se estima que esos servicios debieron abonarse de alguna manera».

Encargo del Proyecto Básico

Tampoco hay documentación

La Intervención afirma que «no se conoce la razón por la que se realizaron el Proyecto Básico de noviembre de 2006 y el Proyecto de febrero de 2007, similares al Anteproyecto de junio de 2006, dado que en principio éste era un Proyecto de Ejecución para el que había sido concedida la subvención de la Comunidad Autónoma. De acuerdo con el informe técnico de Martín Lejarraga, parece deducirse que estos proyectos no estaban terminados y que era preciso redactar uno nuevo para su ejecución».

Además, respecto a los honorarios del arquitecto, «tampoco se ha encontrado ningún documento que indique cómo se contrataron sus servicios y si se abonó algún importe».

Legalidad del Concurso de Ideas

No se justifica su necesidad

El experto estima que «el procedimiento administrativo seguido en el Concurso de Proyectos se considera adecuado a derecho, como se indica en el fallo de la sentencia 252/2012 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia».

Sin embargo, «no hay ningún documento donde se justifique la necesidad del objeto del Concurso de Proyectos, dado que ya se habían redactado al menos tres proyectos básicos y se había concedido una subvención en base al de junio de 2006».

Especialmente relevante parece que «el proyecto finalmente redactado para su ejecución difiere completamente del que se presentó en la solicitud de la subvención y en unos terrenos diferentes, sin que conste ninguna autorización de la CARM».

«El plazo de un mes indicado en los Pliegos es imposible de cumplir, al menos en lo referente a la dirección técnica de la obra».

«Se mezclan en un mismo contrato dos objetos totalmente diferentes: el de redacción del proyecto y el de dirección de las obras. Deberían haberse contratado por separado».

Advierte de que «no se cumple el principio de anualidad presupuestaria (...). La Ley de Contratos tampoco permite el pago aplazado».

También parece importante reseñar que «no se realizó publicidad en el DOCE cuando por su importe total era preceptivo publicar tanto la licitación como la adjudicación».

Del mismo modo destaca la afirmación del interventor de que «el importe del premio concedido en el Concurso de Proyectos, de más de 300.000 euros, parece muy elevado. Debería comprobarse por un técnico competente en la materia si se ajusta a los honorarios orientativos del Colegio de Arquitectos, tal como indica el Pliego».

Expediente de Contratación

No podía hacerse de urgencia

«Se considera que tanto el procedimiento de licitación como el resultado del mismo parecen razonablemente correctos y conformes a derecho, salvo por la omisión de la valoración de las mejoras incluidas en las ofertas, circunstancia que no se explica en el informe técnico de valoración».

«El acuerdo del órgano de contratación explicaba que se tramitaba por el procedimiento de urgencia para acomodarse a la subvención recibida, lo que no resultaba factible dadas las fechas de inicio de la licitación y el plazo de ejecución de la obra. La tramitación urgente podía acortar algo el plazo, pero no iba a resolver ese fracaso. Sin embargo sí pudo mermar la concurrencia de ofertas».

Modificación del contrato

Incumple el reglamento

«Parece importante destacar que, de acuerdo con las consideraciones técnicas, con este Modificado la obra dejaba de ser completa, incumpliendo el art. 53 del Reglamento General de Contratación del Estado, tal como se indica en el informe pericial para la Fiscalía de diciembre de 2014».

A la vez, «no parece adecuado que se expidieran certificaciones de obra adaptadas al proyecto modificado antes de que el mismo fuera aprobado por el órgano de contratación».

Obras complementarias

Sin expediente de contratación

«Dado que no consta ningún documento sobre la tramitación administrativa del proyecto de obras complementarias y sobre si hubo algún tipo de contratación y pagos, no es posible realizar ninguna consideración al respecto».

«Teniendo en cuenta el importe de las obras complementarias se tendría que haber tramitado un expediente de contratación, cuanto menos por procedimiento negociado sin publicidad, expediente que no consta en la documentación recibida».

Control de las subvenciones

No consta que se fiscalizaran

El especialista desvela que «se desconoce si el Ayuntamiento acreditó la titularidad de los terrenos» y que «se desconocen las razones que motivaron la modificación de un decreto para ampliar el plazo de justificación de la anualidad de 2006 y permitir el pago de la de 2007», pero «se considera correcto el pago de las anualidades de 2006 y 2007».

Parece muy significativo que «con relación al control de la ejecución de la obra, el Ayuntamiento tuvo muchos incumplimientos y retrasos en la entrega de documentación a la CARM, así como la no comunicación de los cambios de los proyectos. En los casos contados en que se comunicaron esos cambios, no consta recibida ninguna respuesta o autorización de la CARM a los mismos».

«La fiscalización de la subvención por la Intervención General de la CARM se considera correcta», aunque «en los pagos de las anualidades el Decreto 331/2007 permitió que se abonaran sin exigir ninguna justificación previa».

Igualmente, «con relación al control financiero de las subvenciones, no consta que la Intervención General de la CARM hiciera algún control financiero de esa subvención».

Información a la Consejería

Muy deficiente o inexistente

«Respecto a la comunicación a la CARM de los diferentes proyectos, se deduce que fue muy deficiente o inexistente, pudiendo haberse vulnerado el art. 86 del Decreto 887/2006, Reglamento General de Subvenciones».

Control del Ayuntamiento

Sin justificar el importe final

«Hubo un error en todas las certificaciones de obra al confundir el Presupuesto de Ejecución Material con el de Ejecución por Contrata».

«Dado que la CARM financiaba la totalidad de la obra, no se conoce la razón de los frecuentes retrasos en el pago de las certificaciones de obra».

«No se conoce la razón de una certificación de acopios por un importe tan elevado. La ley lo considera excepcional y lo permite solo para casos debidamente justificados. Se debería solicitar un informe técnico sobre la necesidad de esos acopios».

«No se conocen las razones por las que a partir de la Certificación 18 se cambia la estructura de las partidas en las certificaciones, modificando incluso importes que ya habían sido certificados previamente».

«No se justifica adecuadamente la forma por la que se alcanza finalmente el importe de la Certificación Liquidación. En la documentación recibida no se encuentra una nueva relación valorada con las partidas aceptadas. El importe certificado parece coincidir con el que faltaba para alcanzar el importe de la subvención recibida».

Justificación de los seis millones

Múltiples incumplimientos

Una de las conclusiones más duras del informe es la que señala que «del informe se desprende una multiplicidad de incumplimientos por parte del Ayuntamiento en la justificación de la subvención y en particular en la comunicación de las certificaciones al ritmo de la obra, del pago irregular de las mismas. No se conocen las razones por las que la CARM no solicitó el reintegro de la subvención con esos incumplimientos».

Recepción del Teatro Auditorio

La obra no estaba acabada

«Dado el importe de la obra, debería haber asistido el interventor al Acta de Recepción», lo que no ocurrió. Pero es muy relevante que el experto de la Administración del Estado concluya en su informe pericial que «la obra no estaba completa, (por lo que) se considera que no debería haberse firmado el Acta de Recepción de forma favorable».

http://www.laverdad.es/murcia/201609/30/intervencion-avala-auditorio-estaba-20160930004527-v.html

LA JUEZ TAMBIÉN VE INDICIOS DE PREVARICACIÓN DE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ CUANDO ERA ALCALDE

El auto pide que se investigue en pieza separada si se fraccionó el importe del proyecto de la rambla de Nogalte en cinco facturas con el objetivo de evitar la concurrencia pública y adjudicar sin concurso el proyecto al arquitecto Martín Lejarraga

Un juzgado ve indicios de prevaricación administrativa en la contratación en 2006 por el equipo de gobierno de Puerto Lumbreras (Murcia), incluido el exalcalde Pedro Antonio Sánchez, actual presidente de esa comunidad, del acondicionamiento de espacios públicos y una pasarela cerca de la rambla de Nogalte.

Así lo establece en un auto la jueza de instrucción número 1 de Lorca (Murcia), Consuelo Andreo, que lleva el caso de presunta corrupción en la adjudicación de las obras del auditorio de Puerto Lumbreras en la época en la que Sánchez presidía esa corporación municipal.

El auto, fechado el 27 de mayo, pide al Decanato de Lorca que designe a otro juzgado de ese partido judicial para que su titular investigue en pieza separada si se fraccionó el importe del proyecto de la rambla de Nogalte en cinco facturas con el objetivo de evitar la concurrencia pública y adjudicar sin concurso el proyecto al arquitecto Martín Lejarraga.

Según la jueza, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras podría haberse apartado de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia de un proyecto infringiendo la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al fraccionar el objeto del contrato en varios servicios siempre de cuantía inferior a 12.020,24 euros, límite máximo por el que se puede cerrar un contrato menor.

El texto señala que Sánchez adjudicó a Lejarraga el 3 de julio de 2006 el contrato menor de consultoría y asistencia para redactar los estudios previos del acondicionamiento de espacios públicos y pasarelas, cuyo importe ascendía a 9.200 euros.

Posteriormente, el 15 de enero de 2007, Lejarraga presenta una factura por el mismo importe por la redacción del anteproyecto, mientras que el 15 de febrero de ese año el alcalde reconoció la obligación de abonar 12.000 euros al arquitecto por el proyecto básico de obra.

Además, este presentó en el ayuntamiento dos facturas más, en abril de 2007 y abril de 2008, por la redacción del proyecto de ejecución y por la dirección de obras, respectivamente, que ascendían a 12.000 euros cada una.

En total, el arquitecto podría haber recibido 54.400 euros por esta actuación.

Contra el auto cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días tras su notificación o de apelación directo en los cinco días siguientes a esta.

En las diligencias previas iniciadas por un presunto delito de prevaricación administrativa figuran 21 personas como denunciadas por la acusación y el fiscal, entre ellos, el equipo de gobierno de esos años, del PP, incluido el alcalde, funcionarios municipales y Lejarraga, que también hizo el anteproyecto y ejecutó el proyecto del auditorio de esta localidad.

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/05/31/juez-ve-indicios-prevaricacion-pedro/741609.html

PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ, UN PRESIDENTE BAJO DEMASIADAS SOSPECHAS APOYADO POR CIUDADANOS

El presidente de Murcia lleva un año gobernando bajo la espada de Damocles por sus relaciones con la trama Púnica. La Guarda Civil ya ha pedido su imputación por este caso

La Presidencia de Murcia que ostenta —¿o habría que decir "detenta"?— Pedro Antonio Sánchez López, PAS para sus amigos, está ya bajo demasiadas sospechas… y Ciudadanos que lo apoya frente a demasiados dilemas que ya no puede ignorar. La petición de imputación hecha desde la Guardia Civil por sus relaciones con la trama Púnica es un capítulo más de una serie de sospechas acumuladas sobre su persona que en cualquier país de esos que llaman "de nuestro entorno" hubiera sido suficiente para alejarlo definitivamente de la gestión de cualquier cosa pública.

El aún presidente murciano lleva un año gobernando bajo una espada de Damocles que ya pesaba sobre él en los tiempos en que fue consejero de Educación (2013/2014). Arrastra consigo el llamado caso Auditorio de Puerto Lumbreras, donde siendo alcalde recepcionó sin que estuviera terminada una obra de casi seis millones de euros y a la que le faltarían otros dos millones y medio para poder ser acabada según el proyecto, sobre cuya adjudicación también hay fundamentalísimas sospechas incluidas en el sumario del caso.

Tuvo la suerte de que unos magistrados benevolentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, entre ellos el recién reelegido presidente Miguel Pasqual del Riquelme y su antecesor en el cargo y actual vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juan Martínez Moya, derivaran el caso a un juzgado de Lorca para que allí una jueza de instrucción decidiera, que está a punto, si hay indicios de delito o no.

Es el de Sánchez López un caso típico de personaje tocado por la mano del dios local y elevado a las alturas celestiales por decisión superior, sucediendo así a un mentor, Ramón Luis Válcarcel, cómodamente instalado en una de las 14 vicepresidencias del Parlamento europeo. A donde, por cierto, le llegan también las sospechas y posibles futuras imputaciones por casos de delitos relacionados con la corrupción urbanística y ambiental: Novo Carthago —intento de construir 20.000 viviendas en terrenos protegidos junto al Mar Menor—o Desaladora de Escombreras —por la que la Comunidad murciana se comprometió a pagar a la ACS de Florentino Pérez el quíntuple de lo que costó.

Pero Sánchez estaba predestinado a las más altas misiones por su protector Valcárcel, presidente murciano entre 1995 y 2014. Gracias a esto, primero fue "el director general más joven de España" con 23 años y después alcalde de Puerto Lumbreras, su pueblo, entre 2003 y 2013. Su municipio, ganado con mayoría absoluta por él en tres elecciones consecutivas, tuvo dinero a espuertas de subvenciones de la Comunidad Autónoma para que quien ya era sucesor in pectore demostrara que efectivamente tenía madera de gestor y de líder.

Con ese dinero, además del famoso Auditorio, inició obras para nuevos ayuntamiento, centro de emergencias, centro de atención policial y museo folclórico. En total, otros casi seis millones de euros que sumar a la misma cantidad de aquella más conocida. Como alcalde, las dejó todas iniciadas y sin terminar. Ahí siguen en una localidad como Puerto Lumbreras (14.000 habitantes) los esqueletos de las cinco obras. Solamente sobre el Auditorio actuó la Fiscalía Regional, a pesar de que tiene los datos suficientes para actuar también en relación con las otras cuatro.

Esta es la tarjeta de presentación como gestor que le valió primero ser nombrado consejero de Educación por Valcárcel y, luego, sucesor, a pesar de que tuvo que esperar un año porque el Caso Auditorio se lo impuso temporalmente. Merced al envío del asunto a Lorca, pudo ser "coronado" en las elecciones de mayo de 2015.

Un año después, la Guardia Civil pide la imputación de Sánchez por sus relaciones con la Operación Púnica, lo que extiende el curriculum de sospechas sobre el presidente murciano junto a personajes como la alcaldesa de Cartagena, exdiputada a Cortes y después senadora, a quien cada vez más frecuentemente llaman la "Rita Barberá cartagenera", aunque sea oriunda de Galicia. Y también lo relacionan con un personaje de esos de libro, capaz de flotar como un corcho contra viento y marea, como es José Antonio Alonso, exalcalde socialista de Cartagena que, tras ser derrotado por Barreiro en 1995, hizo buenísimas migas con ella hasta el punto de que tuvo en sus manos los mejores proyectos urbanísticos en la ciudad por los que también está siendo investigado.

El Partido Popular de Sánchez/Valcárcel —quien sigue presidiéndolo a distancia, desde Bruselas— ganó las elecciones autonómicas sin mayoría absoluta pero con 22 diputados. Ciudadanos, con los votos de sus cuatro diputados, facilitó la investidura del delfín y, de momento, no quiere ni oír hablar de una moción de censura que haría caer al presidente Sánchez hasta que no lo imputen, como el lunes mismo ha reiterado Miguel Sánchez, portavoz regional del partido de Albert Rivera. Podemos, seis escaños, y PSOE, trece, tienen que esperar a que el partido naranja se decida a poner fin a un personaje rodeado de tanta sospecha y tanta posible imputación.

http://m.publico.es/politica/1961944/pedro-antonio-sanchez-un-presidente-bajo-demasiadas-sospechas-apoyado-por-ciudadanos

CAMINO CREE QUE EL CONCURSO DEL AUDITORIO DE PUERTO LUMBRERAS SERÁ «LEGAL PERO FRAUDULENTO»

El exdecano del Colegio de Arquitectos, en la Asamblea Regional, afirma que «en trece días es imposible hacer un proyecto para un auditorio»

El decano del Colegio de Arquitectos de Murcia entre los años 2006 y 2010, Francisco Camino Arias, aseguró este lunes ante la comisión de investigación parlamentaria del auditorio de Puerto Lumbreras que el concurso público para adjudicar el proyecto de ese edificio "será legal, pero también fraudulento" porque el plazo inferior a un mes que el Ayuntamiento de esa localidad dio para presentar las propuestas técnicas era inasumible para alquien que no hubiera tenido contacto previo con el trabajo.

Recordó que el propio colegio profesional recomendó a sus asociados que no se presentaran a ese concurso, que finalmente ganó Martín Lejarraga, autor del anteproyecto por encargo municipal. Entonces era alcalde de Puerto Lumbreras el actual presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez.

"Algún arquitecto nos hizo ver el escasísimo plazo que se daba y que en la web del Ayuntamiento y en la de Lejarraga ya había imágenes del auditorio. En trece días no se puede hacer el proyecto de un edificio como ese. Es imposible", insistió Camino durante su declaración en la Asamblea Regional.

También resaltó como otra irregularidad que el proyecto ganador del concurso no fue visado en el colegio profesional, pese a que era obligatorio en los años 2006, cuando se hizo el trabajo técnico, y en el 2009, cuando se elaboró un modificado. "Había arquitectos enfadados por el asunto", añadió.

La Asamblea Regional inició este lunes la primera ronda de declaraciones de técnicos ante la comisión parlamentaria, constituida para tratar de aclarar el buen uso de 6 millones de euros que la Comunidad Autónoma aportó como subvención para un edificio que todavía no ha podido abrir sus puertas porque aparentemente está sin acabar.

Aun así, las obras, adjudicadas en 2008 por el Ayuntamiento de la localidad, fueron recepcionadas en 2011. Un juzgado de Lorca investiga presuntas irregularidades en los procesos de licitación y construcción del edificio, después de que el fiscal se querellara contra Sánchez y una veintena de políticos locales y técnicos por la presunta comisión de al menos cuatro supuestos delitos.

Previamente a Camino declaró el autor del proyecto del edificio de Puerto Lumbreras, que pidió que su comparecencia fuera secreta, como marca el Reglamento de la Cámara. No obstante, durante la declaración del exdecano trascendió que Lejarraga alegó para no poder terminar el edificio como estaba en el proyecto el encarecimiento de la obra por el cambio de ubicación del edificio a otra parcela a la elegida originalmente junto a la rambla de Nogalte y las peculiaridades geotécnicas del suelo, que obligaron a reforzar la cimentación y la estructura del edificio. Camino aseguró que se trata de circunstancias frecuentes en muchos proyectos.

También trascendió que Lejarraga defendió que la certificación de obra que él firmó en 2011 se adaptaba a las obras realizadas hasta entonces, aunque el edificio está incompleto por falta de presupuesto y a expensas de poder ejecutar una segunda y definitiva fase. Previamente, Camino desveló que técnicos del Colegio de Arquitectos que pudieron revisar el proyecto de Lejarraga cuando él aún era decano detectaron que "estaba incompleto", porque la memoria describía un edificio terminado pero los planos no.

La primera sesión de declaraciones acabó con la comparecencia secreta del arquitecto madrileño Alberto Alarcón, quien denunció hace seis años las presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento lumbrerense en la convocatoria del concurso del auditorio.

http://www.laverdad.es/murcia/201605/30/arquitecto-auditorio-puerto-lumbreras-20160530100217.html

EL PRESIDENTE GANA MÁS TIEMPO EN EL CASO AUDITORIO

La jueza de Lorca ordena nuevas declaraciones para el 6 de julio, lo que retrasaría el envío de las diligencias al TSJ si decidiera investigar a Sánchez

El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, no se tendrá que preocupar directamente por el caso Auditorio hasta dentro de un tiempo. La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lorca, donde se instruyen las diligencias iniciadas tras una querella de la Fiscalía Superior de la Comunidad por la adjudicación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, ha ordenado nuevas comparecencias para el próximo 6 de julio, lo que muestra claramente que la instrucción va todavía para largo.

El jefe del Ejecutivo regional es uno de los querellados, pues la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras tuvo lugar cuando era alcalde de la localidad, entre 2003 y 2013. El juzgado investiga si, como sostiene el fiscal, hubo irregularidades el proceso de adjudicación de la obra, que se financió con una subvención de seis millones de euros de la Comunidad, y si el Ayuntamiento recepcionó el edificio sin que los trabajos estuvieran terminados. Por su condición de aforado, Pedro Antonio Sánchez no puede ser investigado por un juzgado ordinario. Así, en el caso de que la jueza encuentre indicios de delito contra él, deberá redactar una exposición razonada y enviarla a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que debería decidir si la admite o no y, en el caso de que se decida a investigar, nombrar a un instructor y tomar declaración al presidente autonómico.

Así, con las nuevas diligencias que se practicarán en Lorca, donde se tomará declaración al director de la obra por parte de la constructora Ecisa, Sánchez se asegura, como mínimo, celebrar con tranquilidad su primer año al frente del Gobierno. El presidente, que gobierna sin mayoría absoluta, firmó un acuerdo de investidura con el partido Ciudadanos cuyo primer punto decía que los imputados (ahora investigados) por corrupción política deberían dimitir. C's ya ha dicho que se plantearía presentar una moción de censura en el caso de que Pedro Antonio Sánchez no cumpliera su compromiso.

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/05/27/presidente-gana-tiempo-caso-auditorio/740440.html

LA JUEZ DEL CASO AUDITORIO REANUDA LOS INTERROGATORIOS Y CITA A TRES NUEVOS TESTIGOS

Tomará declaración a empleados de la constructora meses después de las comparecencias de los exconcejales y técnicos de Puerto Lumbreras investigados

La juez de Lorca que investiga la querella de la Fiscalía por la liquidación del contrato de construcción del auditorio de Puerto Lumbreras sin que estuviera terminado ha citado a declarar a tres nuevos testigos para el próximo día 16, entre los cuales figuran empleados de la empresa Ecisa, que ejecutó la obra. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, reanuda los interrogatorios tras haber tomado declaración a los exconcejales que formaban parte de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento que adjudicó el contrato y abonó el inmueble sin terminar.

La demanda en la que aparece como querellado el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, que era alcalde de Puerto Lumbreras cuando se contrató y se pagó la obra del auditorio de este municipio, fue remitida el pasado verano al juzgado de Lorca desde el TSJ, que admitió la querella de la Fiscalía. Al estar aforado Pedro Antonio Sánchez, la juez no podría citar al presidente, sino que tendría que devolver la causa al Tribunal Superior de Justicia.

Para el día 16 están citados el jefe de obras de la empresa constructora, Juan Pascual Alfaro, además de los también testigos Vicente Peña y Mónica González.

Desde julio hasta noviembre la juez de Lorca ha tomado declaración a los técnicos del ayuntamiento de Puerto Lumbreras que aparecen como querellados y a media docena de exediles y actuales concejales de la corporación, que prestaron declaración como imputados, aunque esta figura ha sido sustituida ahora por la de 'investigados'.

Entre ellos figuran los exconcejales Matilde García, Ginés David Piñero y José Manuel Alcántara. En la actual corporación permanecen Dolores Arenas, José María Parra y Eliseo Sánchez, que también formaban parte de la corporación presidida por Pedro Antonio Sánchez antes de ser consejero de Educación y, más tarde, presidente de la Comunidad Autónoma.

Como consecuencia de su imputación, el comité de Derechos y Garantías del PP, que preside el ex jefe del Ejecutivo regional Alberto Garre, ha abierto expediente a los ediles y exdiles querellados.

También ha declarado ya ante la juez el arquitecto que ganó el concurso para hacer el auditorio de Puerto Lumbreras, Martín Lejarraga, que figura entre los querellados.

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/03/02/juez-caso-auditorio-reanuda-interrogatorios/718292.html

LA JUEZ DE LORCA CITA EL 14 DE JULIO A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ POR EL 'CASO AUDITORIO'

Admite a trámite la querella remitida por el TSJ, llama a declarar a una docena de funcionarios y ordena las primeras diligencias

En un auto notificado ayer, la juez del Juzgado de Instrucción número de 1 de Lorca, Consuelo Andreo Ruiz, ha comunicado la admisión a trámite de la querella presentada contra Pedro Antonio Sánchez y una docena de funcionarios del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y la Consejería de Cultura por el llamado 'caso Auditorio'. Además, en el mismo auto, la juez de Lorca ha ordenado la práctica de las primeras diligencias, incluida la toma de declaración de los querellados, que han sido citados los próximos días 13 y 14 de julio.

En concreto, el día 14 han sido citados el consejero de Educación y Cultura, Pedro Antonio Sánchez; el director general de Promoción Cultural, Antonio Martínez López y, Ana María Fructuoso Sánchez, jefa de Servicio de Promoción Cultural. La juez señala que la citación tiene por objeto «conferirles traslado de la querella e informarles de los hechos que se les imputan, permitiéndoles así ser oídos acerca de su posible intervención en la ejecución del hecho punible y ejercitar el derecho de defensa en su más amplio concepto».

Añade la juez Andreo Ruiz que, utilizando esta vía, podrá «imputar el hecho delictivo a las personas querelladas para que asuman el status de imputado y pueda dirigirse contra ellas acusación». En este sentido, señala que Sánchez y el resto de los querellados deben acudir a esa cita en el juzgado con asistencia letrada.

La citación no implica que Sánchez esté imputado, lo que solo puede decidir el TSJ por ser aforado

Dado que Sánchez es diputado de la Asamblea Regional, goza de aforamiento y en ningún caso podría ser imputado por la juez del juzgado lorquino, que debería remitir, si apreciara indicios de delito, de nuevo su caso concreto al TSJ. No obstante, la citación de Pedro Antonio Sánchez se produce en un momento político especialmente sensible porque su investidura como presidente regional está prevista para los próximos lunes y martes, después del pacto alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos. Sin duda, esta citación por el juzgado de Lorca centrará hoy todo el debate político y es de esperar múltiples reacciones de los partidos políticos con representación en la Asamblea Regional.

Deberá ir con abogado para ser informado por la juez de la querella

Como se recordará, la querella del caso Auditorio fue presentada por el fiscal jefe, Manuel López Bernal, ante el Tribunal Superior de Justicia, que por decisión de la Sala de lo Civil y Penal acordó remitir la querella al juzgado de Lorca, con el voto discrepante del juez Manuel Abadía y los votos favorables de los magistrados Juan Martínez Moya, Pascual del Riquelme y Enrique Quiñonero. La decisión del TSJ fue motivo de varias querellas ante el Supremo por parte del PSOE de Puerto Lumbreras y Podemos contra estos magistrados que decidieron la remisión del caso a Lorca. La juez de Lorca asume ahora la competencia por unos hechos que entrañan indicios de delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración y delito de falsedad en documento oficial.

El día 13 se producirán las primeras citaciones de la juez. Se trata de siete personas que formaban parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras cuando se produjeron los hechos que son objeto de investigación en esta querella. Una vez informados de la acusación, la juez podrá decidir si imputa hechos delictivos y si asumen el status de imputado.

Pagos al arquitecto

Las declaraciones en sede judicial del conjunto de querellados no son las únicas diligencias ordenadas por Consuelo Andreo Ruiz. En concreto, ha solicitado al coronel jefe de la Quinta Zona de la Guardia Civil que la unidad policía judicial investigue la compra, pago y utilizado de acopios que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras certificó por un importe de 1.943.162 euros. También ha pedido a la Agencia Tributaria que informe de los pagos realizados al arquitecto del auditorio de Puerto Lumbreras, Martin Lejarraga, entre los años 2006 a 2011, por los proyectos presentados para la construcción, asesoriamiento y dirección del citado proyecto. Como se recordará, el fiscal superior, Manuel López Bernal, señalaba en su querella un cúmulo de «disparates en la contratación administrativa», como «colofón de todos los despropósitos» que supuestamente se cometieron a lo largo y ancho del proyecto de redacción, en la licitación, en la adjudicación, en la ejecución, en la modificación del proyecto y en la recepción de las obras de esas instalaciones».

Miembros de la Junta

También reclama la juez al Colegio de Arquitectos que le informe de quién era decano del mismo en diciembre de 2007, y que informe igualmente si Alberto García Alarcón está colegiado. Por último, la juez ha librado un oficio al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para que concrete quiénes eras los miembros de la Junta de Gobierno local que participaron en dos acuerdos de febrero y marzo de 2008.

http://www.laverdad.es/murcia/201506/24/juez-lorca-cita-julio-20150624014012-v.html

EL TSJ RECHAZA EL RECURSO CONTRA EL ENVÍO DEL CASO DEL AUDITORIO DE PUERTO LUMBRERAS A LORCA

El Fiscal pedía al tribunal que asumiera su competencia en la causa contra el consejero de Educación y exalcalde de Puerto Lumbreras Pedro Antonio Sánchez

El juez Abadía formula un voto particular en contra del resto de la Sala y califica de «lacerante y descorazonador» que casos como éste «se envíen a quien no es competente y tiene una sobrecarga de miles de asuntos anuales»

La Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha desestimado, por mayoría, el recurso que el fiscal presentó contra el auto que éste dictó a primeros de marzo, por el que acordó remitir a los juzgados de Lorca la querella por el caso del Auditorio de Puerto Lumbreras.

El Ministerio Público presentó esta querella ante el TSJ, al entender que era el competente porque uno de supuestamente implicadas en la presunta adjudicación irregular de las obras del auditorio era el ex alcalde de esa ciudad, y actual consejero y candidato del PP a la presidencia de la Región, Pedro Antonio Sánchez.

El PP dice que el auto del TSJ «vuelve a poner en evidencia» al PSOE

La Fiscalía ha sostenido, desde el mismo momento que presentó su querella, que dada la condición de aforado de Sánchez, ésta debía ser admitida y tramitada por la Sala de Lo Civil y Penal del TSJ.

Sin embargo, el tribunal sostiene en el auto notificado hoy a las partes que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es partidaria de que sean los jueces naturales predeterminados por la ley los que investiguen los hechos, y que se considere como excepcional la presencia de algún aforado.

La resolución añade que en este caso, en el que se investigan supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación del concurso y en la recepción de las obras, figuran más de una veintena de querellados, algunos de ellos con sus nombres y otros no, y que, además, se atribuye la comisión de una veintena de delitos.

El auto señala también que se trata de una causa "muy compleja" y que es aconsejable que sea investigada en primera instancia por el juzgado de Instrucción de Lorca al que corresponda por reparto, y que, llegado el caso, si durante la tramitación judicial aparecen indicios contra Sánchez, será el momento para que el instructor eleve una exposición razonada ante la Sala del TSJ. La resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.

Abadía: «Es lacerante y descorazonador»

La decisión ha sido adoptada por mayoría, aunque el magistrado Manuel Abadía ha formulado un voto particular en contra del resto de la Sala, como ya ocurrió en el que se dictó hace un mes, donde insiste en que debe ser el TSJ quien se ocupe del caso y denuncia «la incongruencia procesal de declarar la competencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y remitir la querella a los Juzgados de Lorca» y asegura que «no pueden ser más antitéticos y contradictorios los pronunciamientos del Auto redactado por la mayoría de la Sala».

Abadía acusa al resto de la sala de confundir «interposición de querella y exposición razonada» y considera que «es lacerante y descorazonador que habiéndose creado esta Sala para tener competencia en estos casos, se envíen a quien no es competente y tiene una sobrecarga de miles de asuntos anuales».

http://www.laverdad.es/murcia/201503/23/rechaza-recurso-contra-remision-20150323102524.html

EL FISCAL SE QUERELLA CONTRA SÁNCHEZ POR LAS OBRAS DEL AUDITORIO DE PUERTO LUMBRERAS

Aprecia falsedad, prevaricación, malversación de caudales y fraude | La denuncia se dirige contra el exalcalde y otros 20 sospechosos

Prevaricación continuada, falsedad documental, fraude y malversación de caudales públicos. Tales son los presuntos delitos que han motivado la presentación de una querella por parte de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia, que se dirige contra el exalcalde de Puerto Lumbreras y actual consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, y contra una veintena de cargos públicos, altos funcionarios municipales y autonómicos y arquitectos.

La denuncia se enmarca en las obras de construcción del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras, adjudicadas en 2008 por el Consistorio de la localidad y que fueron recepcionadas en 2011 sin que, supuestamente, hubieran sido terminadas.

Fuentes próximas al caso confirmaron ayer a 'La Verdad' que la presentación de la querella se formalizó ayer a mediodía ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior (TSJ) de la Región. Esta circunstancia obedece a que el principal querellado, Pedro Antonio Sánchez, goza en estos momentos de un especial aforamiento por su condición de miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, por lo que solo podría verse imputado por el más alto órgano jurisdiccional de la Región.

Sánchez: «No creo en las casualidades; se han medido los tiempos con una clara estrategia»

De ser admitida a trámite la querella, que es algo sobre lo que el TSJ deberá pronunciarse en los próximos días o semanas, se convertiría en el segundo procedimiento penal abierto contra el consejero. Desde hace un par de años se le está investigando por un presunto delito de cohecho, al existir indicios de que pudo beneficiarse de una rebaja de hasta 47.500 euros en la compra de un dúplex en Puerto Lumbreras a cambio de presuntos favores urbanísticos al constructor.

Dudas desde el origen

Las mismas fuentes señalaron a 'La Verdad' que la extensa querella presentada por la Fiscalía Superior -en torno a los setenta folios- analiza todo el proceso de adjudicación del proyecto del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras, su encargo a una constructora y la recepción de las obras por parte del Consistorio, en la que se encontrarían algunas de las muchas supuestas ilegalidades cometidas.

Con todo, ni siquiera la tramitación inicial del proyecto, diseñado por el prestigioso arquitecto Martín Lejarraga, está libre de sospechas. Basta consultar las hemerotecas para recordar que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras convocó en diciembre de 2007 un concurso público de ideas, al que concurrieron tres gabinetes de arquitectos, entre ellos uno del mencionado Lejarraga.

Sin embargo, las hemerotecas demuestran cómo un año antes, en diciembre de 2006, el entonces alcalde lumbrerense, Pedro Antonio Sánchez, ya presentó el proyecto de ese centro cultural acompañado por ese profesional de la arquitectura, de quien se afirmó que sería el encargado de llevar a buen puerto ese complejo.

Ya en ese momento se explicó que las obras iban a comenzar en el primer trimestre de 2007 -mucho antes de que se convocara el concurso de ideas-, que el plazo de ejecución era de 20 meses y que el presupuesto ascendía a seis millones de euros.

El propio arquitecto informó de que el centro estaba diseñado para ser un espacio multiusos y multidisciplinar, con una sala principal para 600 espectadores -ampliable hasta un millar-, un gran escenario y salas para ensayos, clases y talleres.

Ese mismo mes de diciembre de 2006, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma dio luz verde a la concesión de una subvención de seis millones para la construcción del Teatro Auditorio.

La supuesta adjudicación irregular del proyecto fue objeto de un recurso contencioso interpuesto por el Colegio de Arquitectos. Pero la explicación que ofreció el propio Ayuntamiento de Puerto Lumbreras resultó cuanto menos sorprendente. Así, sostuvo que el primer anteproyecto solo estaba destinado «a obtener la subvención de la Comunidad para la construcción del Auditorio». A ello habría seguido un segundo proyecto, ya en 2007, distinto del primero y que fue el que resultó ganador en el Concurso de Ideas.

La juez de lo Contencioso tuvo que reconocer que esto podría haber sido así, y legitimó el resultado del concurso, pero no por ello dejó de advertir que «de existir irregularidades en el comportamiento de la Administración son previas al concurso que ahora se impugna e independientes del mismo». Esto es, haber presentado presuntamente un anteproyecto irreal con la exclusiva finalidad de obtener una subvención pública.

La investigación de la Fiscalía, que se ha prolongado durante casi un año, también se centra en la adjudicación de las obras a la constructora alicantina ECISA, siempre según las mismas fuentes, por existir indicios de presuntas ilegalidades.

La última y, en apariencia, más relevante rama de la investigación se centra en la recepción de las obras, en septiembre de 2011, por parte del Consistorio presidido por Pedro Antonio Sánchez, a pesar de que presuntamente las obras no estaban terminadas. En el Teatro Auditorio no estarían finalizados en ese momento los cerramientos interiores y exteriores, puertas, alicatados y suelos, baños..., incluso la instalación eléctrica y el aire acondicionado, según la denuncia presentada por el PSOE que dio origen a las diligencias informativas de la Fiscalía.

Circunstancias que no impidieron que el Ayuntamiento recepcionara el inmueble haciendo constar que «se recibe la obra en buen estado».

Nombrar instructor y ponente

La querella se dirige, según las fuentes consultadas por 'La Verdad', contra el actual consejero Sánchez, el arquitecto Martín Lejarraga, el propietario de la constructora ECISA, un ex director general de la Consejería de Cultura, un nutrido grupo de cargos públicos y altos funcionarios del Ayuntamiento lumbrerense..., hasta completar un lista de casi una veintena de querellados.

Ahora, el TSJ deberá designar al ponente de la Sala y al magistrado que se encargaría de instruir las diligencias, si es que se estima que existen suficientes indicios de delito como para abrir diligencias

EN CUATRO DATOS

Anteproyecto

Fecha: Fue presentado públicamente el 4 de diciembre de 2006 por Pedro Antonio Sánchez y el arquitecto Martín Lejarraga.

Subvención

Fecha: El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma aprueba el 29 de diciembre de 2006 una subvención de seis millones de euros para el Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras.

Concurso de ideas

El 17 de diciembre de 2007 sale el pliego del concurso de ideas, al que concurren tres gabinetes.

Elección

Fecha: El 5 de marzo de 2008 se declara ganador al proyecto de Martín Lejarraga.

http://www.laverdad.es/murcia/201502/03/querella-fiscalia-consejero-sanchez-20150202234057.html

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