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EL PP OCUPA LOS PUESTOS CLAVE DE LA JUSTICIA ASEDIADO POR LA CORRUPCIÓN

Utiliza su mayoría en el Poder Judicial, fruto de la victoria en 2011, para imponer en ocho días a dos afines en puestos clave de la Audiencia Nacional

Con esa misma mayoría se renovarán en los próximos meses tres plazas en la Sala del Tribunal Supremo que investiga a los aforados

Espejel ha sido nombrada con el rodillo del CGPJ; para López se ha optado por exigir un viejo título que sólo él y unos pocos más tienen

El Partido Popular se está sirviendo de un instrumento heredado de su mayoría absoluta, el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para ocupar con afines la cúpula judicial, a pesar de gobernar en minoría y mientras proliferan grandes investigaciones por corrupción en su contra.

En un plazo de ocho días, los vocales del CGPJ propuestos por el PP en 2013 han votado a favor de ubicar en dos de los puestos más importantes de la Audiencia Nacional a Concepción Espejel y Enrique López, magistrados que comparten haber sido apartados a la vez por sus propios compañeros de los tribunales que están juzgando y juzgarán casos de corrupción del PP, con el argumento de su proximidad a la formación política en el Gobierno.

En el método empleado para elegir a Concepción Espejel no ha habido rodeos por tratarse de un nombramiento discrecional. Aspiraban seis magistrados y el bloque mayoritario ha optado, entre los jueces conservadores, por aquella a la que la secretaria general del PP llamó “querida Concha”, durante discurso con motivo de una condecoración.

Solo Vicente Guilarte, propuesto como vocal por el PP, ha optado por Carmen Lamela, una candidata que desde el bloque progresista se apreciaba de consenso. Los otros 11 conservadores, incluido el juez que el Gobierno de Mariano Rajoy designó para presidir el Poder Judicial, Carlos Lesmes, han votado a Concepción Espejel. La magistrada Manuela Fernández de Prado, con 25 años de experiencia "ininterrumpida" en la Audiencia Nacional, como ha recordado Jueces para la Democracia (JpD), ha recibido el apoyo de 8 vocales progresistas. JpD ha calificado de "demoledor" el mensaje que se envía a los jueces con el nombramiento de Espejel.

La presidenta de la Sala de lo Penal está facultada para abocar a pleno las resoluciones que considere, arrebatando así la decisión a una sección determinada y poniéndola en manos del conjunto de magistrados de esa Sala, de mayoría conservadora. Espejel, hasta ahora presidenta de la Sección Segunda, integrará la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, influirá con sus decisiones sobre el reparto de los asuntos entre unas secciones y otras y presidirá ella misma la Primera. También influirá en los señalamientos de juicios, una cuestión aparentemente administrativa, pero que puede resultar determinante en qué magistrados integren un tribunal, según su disposición en ese momento.

Ingeniería administrativa para López

La elección de Enrique López ha necesitado de otra ingeniería más complicada que en el caso de Espejel. La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional era una exigencia de los organismos internacionales desde casi su fundación. El Partido Popular hizo un amago de creación al final del mandato de Aznar, pero no ha sido hasta los últimos meses cuando éste se ha concretado.

En medios jurídicos cunde la indignación por los elegidos para ocupar un tribunal con tanto poder y de tanta exigencia jurídica apenas tengan experiencia en poner sentencias. La Sala de Apelaciones revisará en sus fallos todos los que haya dictado previamente la Sala de lo Penal de los casos que comiencen a instruirse a partir del próximo 1 de junio.

El criterio impuesto desde el Gobierno para que López y Velasco hayan llegado a la Sala de Apelaciones es que los magistrados que integren el tribunal tengan la especialidad en penal. En la polémica abunda que esa especialidad solo se les reconoce a aquellos que superaron una oposición menor hace veinte años, frente a otros que aprobaron una mucho más exigente y anónima en 2011, pero que fue anulada en parte por el Tribunal Supremo.

El número uno de esta convocatoria fue Ramón Sáez, magistrado progresista de gran experiencia, exvocal del CGPJ a propuesta de IU y ponente en los últimos tiempos del fallo que absolvió en la Audiencia Nacional a los manifestantes que rodearon el Parlament de Cataluña en mayo de 2011. El CGPJ debió convocar después una nueva oposición, pero nunca llegó a hacerlo.

Por tanto, entre los doce que ostentan la única especialidad en penal reconocida están Enrique López y Eloy Velasco. Una vez convocada la plaza, solo restaba que ambos se presentaran para aplicar el criterio de selección y que fueran los elegidos. En el caso de Velasco, su ascenso implica que deja de instruir los casos de corrupción más graves que afectan al PP y cuya investigación está abierta: la pieza del caso Púnica que investiga su financiación irregular en Madrid y la Operación Lezo, con el expresidente autonómico Ignacio González en el centro.

Segundo ascenso con una renuncia de por medio

La insistencia del PP con Enrique López se remonta a la pelea que durante años mantuvo por ubicarle en el Tribunal Constitucional, a pesar de la oposición frontal del PSOE, que alegaba no reunía los méritos exigidos. En 2013, con la mayoría absoluta del PP, llegó el momento de su desembarco en el Constitucional, pero un año después el magistrado se vio obligado a dimitir tras ser sorprendido conduciendo borracho su moto y sin casco por el centro de Madrid. La Ley permitía su reingreso inmediato en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En dos años y medio, López ha vuelto a ascender, ahora a la nueva Sala de Apelaciones, de la que resta por elegir a su presidente. Será, como en el caso de Espejel, una elección discrecional. Hasta entonces, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, presidirá provisionalmente el tribunal. Navarro aparece en la fotografía que ilustra esta información detrás de Espejel, aplaudiendo como Cospedal. En aquel entonces era presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En los próximos meses cabe un nuevo movimiento que afecta a otra ubicación clave en el sistema judicial español, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que se encarga de investigar a los cargos políticos y otros aforados. Dos puestos están vacantes ya, uno más lo estará en las próximas semanas y en noviembre se marcharán cuatro magistrados eméritos, tres de ellos progresistas. Si la mayoría conservadora del CGPJ impone a sus candidatos en las tres plazas a cubrir, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal se escorará todavía más a la derecha.

Marchena, el 'cerebro' en la sombra

El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, es considerado desde el sector progresista de la judicatura la cabeza pensante detrás de todos los movimientos de piezas que se están produciendo en el sector judicial. Según fuentes del caso, Marchena llamó al teléfono móvil del juez Eloy Velasco mientras tomaba las primeras declaraciones de detenidos en la Operación Lezo para advertirle de que iban a intentar apartarle del caso por el puesto que desempeñó su mujer en la Comunidad de Madrid en tiempos de Ignacio González. Como consecuencia de ello, Velasco preguntó a González y su defensa si querían que se apartara.

Una de las plazas pendientes de convocar el Tribunal Supremo es la de José Manuel Maza, el primer fiscal general del Estado reprobado en la historia de la democracia española, tan solo seis meses después de ser nombrado por el Gobierno. Maza no era la primera opción para el Ejecutivo, que pretendía renovar en el puesto a Consuelo Madrigal. Sin embargo, la negativa de ésta a designar puestos claves en el Ministerio Público hizo cambiar de postura al ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Uno de esos puestos era el de la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, para el que fue elegido Manuel Moix. Antes de nombrarlo, Maza fue advertido por la teniente fiscal de Anticorrupción y por la Unión Progresista de Fiscales de que iba a nombrar alguien a quien el principal acusado de la Operación Lezo, Ignacio González, alababa en las intervenciones telefónicas y del que sabía que iba a ocupar el puesto tres meses antes. Maza ignoró el aviso. La pasada semana Moix fue reprobado en el mismo pleno que Maza y el ministro Catalá, el pasado 16 de mayo.

http://m.eldiario.es/politica/Partido-Popular-coloniza-judicial-corrupcion_0_647436298.html

EL BLOQUE CONSERVADOR IMPONE A ESPEJEL AL FRENTE DE LA SALA PENAL DE LA AUDIENCIA

La sucesora de Fernando Grande Marlaska fue apartada del caso Gürtel por su cercanía al PP

La votación ha sido celebrada esta mañana por el pleno del órgano de gobierno de los jueces, y ha arrojado el resultado de 11 votos a favor de la elección de Espejel, 8 a favor de Manuela Fernández Prado, 1 voto por el magistrado Fermín Echarri y otro para la magistrada Carmen Lamela.

Espejel, que sustituirá en el puesto a Fernando Grande-Marlaska, tendrá amplios poderes para organizar la sala de lo Penal de la Audiencia. Entre sus competencias figuran la posibilidad de presidir cualquier vista oral que se celebre en su jurisdicción -como hizo en su día Javier Gómez Bermúdez con el juicio de los atentados del 11 de marzo de 2014- . También puede hacer que cualquier asunto pueda dirimirlo el pleno de la Sala de lo Penal, formado por una veintena de magistrados.

El grupo de vocales conservadores, cuyo voto llegó a la jornada de ayer dividido, se ha agrupado esta mañana después de celebrar por la noche una reunión para ponerse de acuerdo, según han informado fuentes no oficiales del CGPJ.

Espejel fue obligada por el conjunto de magistrados de lo Penal de la Audiencia Nacional a excluirse de los tribunales que juzgarán el caso Gurtel y el asunto de los llamados papeles de Bárcenas sobre la caja B del PP, debido a la afinidad con este partido de la magistrada, que no había querido abstenerse por iniciativa propia. Ahora será la presidenta de esos mismos magistrados.

Se da la circunstancia de que esa misma exclusión forzosa para juzgar estos dos mismos sumarios afectó también al magistrado del mismo tribunal Enrique López, considerado también por sus compañeros demasiado afín al PP para juzgar el caso Gürtel.

La semana pasada el mismo CGPJ que ha nombrado hoy presidenta a Espejel designó a López para ocupar una de las dos plazas de magistrado de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Puede decirse, de este modo, que meses después de ser excluidos por su afinidad al PP de unos determinados casos que afectaban a este partido, ambos han sido ascendidos por el CGPJ.

El puesto de presidente de la Sala Penal de la Audiencia tiene carácter gubernativo pero también jurisdiccional, es decir, quien lo ocupa organiza dicha sala en términos administrativos, pero también forma parte del tribunal como magistrado que juzga asuntos.

Además de Espejel, aspiraba al puesto Manuela Francisca Fernández Prado, magistrada de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y preferida por los progresistas.

También era candidato Juan Pablo González González, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia y uno de los favoritos, hasta ayer noche, del grupo conservador del CGPJ.

Fermín Echarri, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apoyado por el hasta ahora presidente de la Sala Penal, Fernando Grande Marlaska, y Carmen Lamela Díaz, del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, fueron los nombres del consenso para el caso de un acuerdo entre todos los vocales que finalmente no se ha producido.

María Teresa Palacios Criado, magistrada de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia, tuvo siempre pocas posibilidades.

La vacante en la Sala de lo Penal de la Audiencia se ha creado porque el vocal y magistrado, Fernando Grande Marlaska, había llegado casi al final de su mandato como presidente de la citada sala. Además, cuando estaba a punto de finalizar su mandato, Marlaska accedió a uno de los puestos de la Comisión Permanente del CGPJ.

Se trata de la comisión más importante, la que lidera el órgano de gobierno de los jueces. Y sus miembros tienen dedicación exclusiva). De este modo, la vacante de Marlaska debía ser cubierta

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/25/actualidad/1495707672_369867.html

EL CONGRESO CORRIGE Y DESAUTORIZA AL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

Lesmes pretendía evitar una comparecencia en la comisión de investigación de Interior

El arranque este miércoles de la comisión de investigación sobre el Ministerio del Interior ha estado precedido de un conflicto institucional entre el Congreso y el Consejo General del Poder Judicial que, finalmente, ha perdido Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y el Poder Judicial. El conflicto se ha sustanciado en un intercambio de cartas entre Lesmes y Ana Pastor, presidenta del Congreso, porque el primero quería impedir la comparecencia este miércoles de Daniel de Alfonso, exresponsable de la Oficina Antifraude de Cataluña. De Alfonso es magistrado y abre las comparecencias porque fue grabado en el despacho del entonces ministro del Interior Jorge Fernández y, según las conversaciones reveladas por Público, amañaban procedimientos contra rivales políticos.

De Alfonso fue citado por la comisión, él pidió permiso al Poder Judicial y Lesmes remitió una breve carta el 29 de marzo a Pastor negando la comparecencia. Invocaba la "inmunidad judicial" regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial en un artículo que señala que "las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia. Cuando una Autoridad civil o militar precise de datos o declaraciones que pueda facilitar un Juez o Magistrado, y que no se refieran a su cargo o función, se solicitarán por escrito o se recibirán en el despacho oficial de aquel, previo aviso".

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/04/actualidad/1491317335_631828.html

COMUNICADO CONJUNTO SOBRE LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL CGPJ

Ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial afirmó recientemente que la culpa de la politización de la Justicia la tienen las asociaciones judiciales ya que representan opciones ideológicas y se identifican con partidos políticos.

Ante estas palabras, cuando menos sorprendentes en quien ocupó cargos directivos en el Poder Ejecutivo durante dos legislaturas y actualmente preside el órgano encargado de velar por la independencia judicial, las Asociaciones Judiciales quieren manifestar:

1. El derecho de asociación de los miembros de la carrera judicial –no sería necesario recordarlo- se reconoce de manera explícita en el artículo 127 de la Constitución, que se ve desarrollado en los artículos 401 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al propio tiempo se prohíbe a los Jueces/zas y Magistrados/as la pertenencia a partidos políticos y sindicatos.

2. Esta doble circunstancia significa que el Juez/a, ante todo, es una persona, está integrado en la sociedad a la que sirve activamente y, como tal, es titular de la libertad ideológica y de pensamiento, como constantemente ha recordado el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Además, tiene derecho a la defensa de sus intereses profesionales siempre que contribuyan a la mejora de la Justicia.

3. El pluralismo es un valor constitucional que el Sr. Lesmes parece ignorar, lo que no impide una unidad de objetivos. El asociacionismo judicial, desde la diversidad, tiene un mismo objetivo, establecido en el art 401 LOPJ: mejorar la Administración de Justicia, la independencia judicial, e incrementar su confianza ante los ciudadanos/as a quienes servimos, lo cual es sobradamente conocido. Recordamos al Presidente del CGPJ que son mucho más los puntos que nos unen que los que nos separan.

4. La politización de la justicia que pudiera deducirse de las palabras del Presidente es rotundamente falsa. Esa politización se identifica en realidad con otros motivos; Junto con las indeseables injerencias del Ejecutivo, hay que destacar el actual sistema de designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuya reforma hemos solicitado conjuntamente todas las asociaciones, en línea con las recomendaciones del Consejo de Europa a través del último informe GRECO, que advierte del riesgo que comporta este sistema de designación con relación a la independencia judicial.

5. Por todo ello, no podemos aceptar las palabras del Sr. Lesmes, al que desde aquí reclamamos una rectificación pública. No podemos asumir que las Asociaciones seamos el problema. Como siempre hemos proclamado, entendemos que nuestro papel es necesario para el impulso permanente de mejorar la Justicia. Tratamos de buscar soluciones y, desde luego, nuestra diversidad de planteamientos merece un respeto.

Madrid, 17 de marzo de 2017

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA- ASOCIACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS "FRANCISCO DE VITORIA"- JUECES PARA LA DEMOCRACIA - FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

http://juecesparalademocracia.blogspot.com.es/2017/03/comunicado-conjunto-sobre-las.html?m=1

LAS ASOCIACIONES DE JUECES SE UNEN CONTRA LESMES

El presidente del Supremo y del CGPJ dijo que la culpa de la politización de la Justicia la tienen las asociaciones

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General de los Diputados Carlos Lesmes ha conseguido que las cuatro asociaciones judiciales de planteamientos muy diferentes se hayan puesto de acuerdo… para exigirle unánimemente una rectificación pública. La causa son las palabras de Carlos Lesmes ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, cuando afirmó que la culpa de la politización de la Justicia la tienen las asociaciones judiciales “ya que representan opciones ideológicas y se identifican con partidos políticos”.

En un comunicado firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la de Jueces y Magistrados "Francisco de Vitoria", Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente califican, cuando menos como sorprendentes tales declaraciones “en quien ocupó cargos directivos en el Poder Ejecutivo durante dos legislaturas y actualmente preside el órgano encargado de velar por la independencia Judicial”.

“Titulares de libertad de pensamiento”

Para empezar, los jueces señalan que aunque no sería necesario recordarlo, el derecho de asociación de los miembros de la carrera judicial se reconoce de manera explícita en el artículo 127 de la Constitución, que se ve desarrollado en los artículos 401 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al propio tiempo se prohíbe a jueces y magistrados la pertenencia a partidos políticos y sindicatos.

Considera por tanto que esta doble circunstancia significa que jueces y juezas son ante todo, personas integradas en la sociedad a la que sirven activamente y, como tales, “son titulares de la libertad ideológica y de pensamiento, como constantemente ha recordado el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Además, tienen derecho a la defensa de sus intereses profesionales siempre que contribuyan a la mejora de la Justicia”.

“El pluralismo es un valor constitucional que el Sr. Lesmes parece ignorar, lo que no impide una unidad de objetivos. El asociacionismo judicial, desde la diversidad, tiene un mismo objetivo, establecido en el art 401 LOPJ: mejorar la Administración de Justicia, la independencia judicial, e incrementar su confianza ante los ciudadanos a quienes servimos, lo cual es sobradamente conocido. Recordamos al presidente del CGPJ que son mucho más los puntos que nos unen que los que nos separan”, continúan.
La politización está en el CGPJ

Las cuatro asociaciones judiciales señalan que “ la politización de la justicia que pudiera deducirse de las palabras del Presidente es rotundamente falsa. Esa politización se identifica en realidad con otros motivos”.

Estos motivos que llevan a la politización los resumen así: “Junto con las indeseables injerencias del Ejecutivo, hay que destacar el actual sistema de designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuya reforma hemos solicitado conjuntamente todas las asociaciones, en línea con las recomendaciones del Consejo de Europa a través del último informe GRECO, que advierte del riesgo que comporta este sistema de designación con relación a la independencia judicial”.

“Por todo ello, no podemos aceptar las palabras del Sr. Lesmes, al que desde aquí reclamamos una rectificación pública. No podemos asumir que las Asociaciones seamos el problema. Como siempre hemos proclamado, entendemos que nuestro papel es necesario para el impulso permanente de mejorar la Justicia. Tratamos de buscar soluciones y, desde luego, nuestra diversidad de planteamientos merece un respeto”.

http://www.elplural.com/sociedad/2017/03/17/las-asociaciones-de-jueces-se-unen-contra-lesmes

JUECES PROGRESISTAS ACUSAN AL SUPREMO DE LEGITIMAR "PURGAS IDEOLÓGICAS"

Duro comunicado contra la Sala III por avalar el rechazo del Poder Judicial a que la juez Angels Vivas presida la Audiencia Provincial de Barcelona

Discriminación por sexo, asunción de la postura del Consejo General del Poder Judicial, reproches a la magistrada… Jueces para la Democracia ha hecho pública su crítica ante la sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo que ha validado la postura del CGPJ en su decisión de que Angels Vivas pese a su mayor antigüedad en el escalafón e igual o mayor número de méritos que el candidato elegido, haya sido rechazada para la presidencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y consideran inadmisible “que se legitimen las purgas ideológicas”.

La magistrada fue una de las firmantes del Manifiesto de los 33, un grupo de jueces que apoyaron en Cataluña el derecho a decidir. Para el Supremo a la magistrada “nadie la obligó a bajar a la arena política”, según hace constar la sentencia. No admitió la Sala III que el CGPJ fuera discriminada por ser mujer o que se vulnerase su derecho a la libertad de expresión al tener en cuenta sus posiciones políticas.

Haciendo un resumen de los hechos Jueces para la Democracia recuerda que la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 419/2017, de 9 de marzo, que cuenta con un voto particular de un magistrado en desacuerdo, se refiere al acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 31 de marzo de 2016 que decidía que el juez Antonio Ramón Recio Córdoba fue nombrado presidente frente a la magistrada Angels Vivas Larruy que era la otra candidata. Esta sentencia obedece a un recurso presentado por el acuerdo del Consejo.

Más antigua y con más méritos

JpD reprocha a sus colegas que “el citado Acuerdo se adoptó sabiendo que la magistrada Àngels Vivas es mucho más antigua en el escalafón y con o más méritos que el magistrado finalmente nombrado, y, como deja entrever el voto particular que se formula a la Sentencia, en clara vulneración del principio de no discriminación por razón de sexo porque no se justificó la preferencia del magistrado elegido en este supuesto”.

La asociación judicial progresista califica la sentencia de “decisión sin precedentes”, en un claro “ejercicio de voluntarismo que en absoluto está justificado”, “situándose la Sala en la posición del Consejo General del Poder Judicial y sustituyendo a éste en el ejercicio de sus funciones”, y “(sin) juzgar los hechos”, citando a quien firma el voto particular.

“El Tribunal Supremo no sólo no restaura a Àngels Vivas en sus derechos anulando el acto discriminatorio que ha sufrido, sino que, además, le reprocha el haber suscrito un manifiesto en el que, como jurista, expresó una opinión jurídica sobre el encaje constitucional del “derecho a decidir” del pueblo de Cataluña. Y ello, a pesar a que el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial no efectúa análisis alguno sobre dicho aspecto, precisamente porque la jurisprudencia constitucional se lo prohíbe.”, añaden.

El manifiesto de los 33

Para JpD “resulta paradójico, que se diga que “aun admitiendo que los jueces y magistrados no tienen restringida su libertad de expresión sobre temas políticos y que, más en concreto, la firma del «Manifiesto de los 33» fue ejercicio legítimo de dicho derecho fundamental -algo que esta Sala ni afirma ni niega-, eso sólo significa que la Sra. Vivas no incurre en responsabilidad disciplinaria”. Pero eso no impide que el Consejo General del Poder Judicial “no pueda tener en cuenta las actuaciones y manifestaciones de índole política que, aun siendo legítimas, hayan realizado los distintos candidatos”.

“Es llamativo –continúan- que la Sentencia del Tribunal Supremo señale a los miembros de Carrera Judicial por su ideología política, sin que lo haya hecho el órgano fiscalizador, el Consejo General del Poder Judicial.

A JpD le sorprende también algunas de las cosas que dice la sentencia como las siguientes: “Quien voluntariamente baja a la arena política y participa en el debate y la lucha propios de ese ámbito, no puede razonablemente esperar que se olvide ese dato”. Y que “(no) cabe exigir a cada uno de los Vocales del CGPJ singularmente considerados que borre de su mente ese tipo de datos a la hora de formar su convicción individual sobre la idoneidad del correspondiente candidato para ocupar una plaza de provisión discrecional”.

“Se legitiman las purgas ideológicas”

“Es por ello inadmisible que se legitimen las purgas ideológicas cuando ni tan siquiera el órgano que efectuó el nombramiento, el Consejo General del Poder Judicial, lo había hecho”, añaden . Y rechazan también “la discriminación por razón de sexo que ha sufrido la magistrada Angels Vivas, en un proceso que se alega vulneración los derechos fundamentales, específicamente el de la igualdad, la Sentencia se niegue a repararla con argumentos de índole formal”.

Recuerdan que los jueces al igual que toda la ciudadanía, “somos también titulares de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y tenemos el derecho a no sufrir discriminación alguna, tal y como ha señalado reiteradamente el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos”.

“Igualmente, reclamamos la aplicación del principio de igualdad de mujeres y hombres en la carrera judicial, debiéndose tomar medidas para que las magistradas, actualmente infrarrepresentadas en los cargos discrecionales, no solamente no sean discriminadas en esos nombramientos, sino que se tomen medidas de acción positiva para que exista una presencia equilibrada de las mismas, equivalente al 52 por ciento de su presencia en la carrera judicial”, concluyen.

http://www.elplural.com/sociedad/2017/03/16/jueces-progresistas-acusan-al-supremo-de-legitimar-purgas-ideologicas

MALESTAR EN EL CGPJ ANTE LOS MODOS IMPERATIVOS DEL PRESIDENTE LESMES

El nombramiento de Grande Marlaska para la Comisión Permanente motivó discusiones en el pleno

Algunas formas del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a la hora de llevar al pleno las propuestas de nombramientos están causando auténtico malestar entre los vocales de este órgano decisorio de la principal institución de gobierno de los jueces. Fuentes consultadas por ELPLURAL.COM achacan falta de debate y determinismo en las propuestas de Lesmes “no se trata de negociar o debatir un planteamiento, sino de votar 'sí o sí' lo que propone el presidente”, explicaron

En el caso de la reciente designación del juez Fernando Grande Marlaska como miembro de la Comisión Permanente del CGPJ, la situación rozó la crispación en el pleno cuando Lesmes anunció la salida de este órgano del juez Gerardo Martínez Tristán y el nombramiento en su lugar de Fernando Grande Marlaska. El problema no radicaba en la persona de este magistrado sino en la manera de hacer efectivo su nombramiento por parte de Lesmes.

“Decisión presidencial”

Es decir, la discusión se centra en que no hay una auténtica elección por los miembros del pleno sino una decisión presidencial. Y no es la primera vez. Un grupo de vocales llevó en su día ante el Tribunal Supremo un recurso en relación a las elecciones de los miembros de la comisión permanente. Las vocales acusaban en esa ocasión a su presidente de infringir “abiertamente” las normas legales e impedir la conformación dialogada y consensuada de las decisiones y las reglas establecidas para la conformación de la voluntad en todos los órganos colegiados, también el CGPJ.

Este recurso fue desestimado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, previo amplio debate, y con varios votos particulares en contra. Pese a ello, las vocales recurrentes se verán obligadas a abonar 4.000 euros de costas.

En el caso del nombramiento de Grande Marlaska, se produjo una dura discusión entre algunos vocales y el propio Lesmes a cuenta de esta falta de debate o negociación en el nombramiento del nuevo miembro de la permanente. En pocas palabras, se le reprochó que la propuesta del presidente, que no debería ser más que un proyecto a debatir previamente o durante el pleno, resultara una imposición sometida a la mera formalidad de una votación cuyo resultado final era conocido por todos de antemano.

¿Por qué sigue en la Audiencia hasta abril?

Los vocales que emitieron votos en contra de las propuestas de Carlos Lesmes fueron Concepción Sáez, Roser Bach y Enrique Lucas. Otra vocal, Victoria Cinto, votó en blanco. Tanto Lucas como Sáez anunciaron la formulación de votos particulares a los que Bach anunció que se pensaba adherir.

Otro aspecto en este nombramiento que ha causado malestar y sorpresa es la prórroga de la actividad de Fernando Grande-Marlaska como presidente de la Sala de lo Penal hasta el mes de abril si bien fuentes judiciales comentaban que no es una situación habitual. “Lo normal es que el nombramiento en la permanente surta efecto desde el momento en que se aprueba en el pleno, teniendo que abandonar el puesto anterior”.

Tal decisión ha producido diversos comentarios y de hecho se barajaba la posibilidad de que frente a la alegada carga de trabajo que se ha argüido como causa de la permanencia de Grande Marlaska en su puesto de la Audiencia, se trate más bien “de que estén esperando al nombramiento de la persona que le va a sustituir”. Para tal sustitución se barajan nombres como el de Concepción Espejel o Juan Pablo González Villanueva, de manifiesto talante conservador, entre otros.

Sobre Maza tampoco se debatió

Los comentarios sobre la actitud de Lesmes en las políticas de nombramientos no es nueva. Recientemente cuando el CGPJ tuvo que dar el visto bueno a la designación del magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo José Manuel Maza, como Fiscal General del Estado, se produjo una situación similar ya que no abundaron las explicaciones acerca de tal decisión.

Buena parte de los vocales –como la mayor parte del mundo judicial- daba por hecho que su predecesora, Consuelo Madrigal, sería confirmada en el puesto. Al no ser así, se dispararon los rumores sobre que la ahora ex fiscal general se habría negado a adoptar medidas de mayor control hacia el Ministerio Fiscal de acuerdo con las necesidades del Gobierno. Este tema tampoco se debatió en el pleno del CGPJ para irritación de muchos de sus miembros, preocupados porque el órgano colegial se vea vacío de contenido al obviarse los debates en su seno y, por tanto, al gestarse sus más destacadas decisiones en el círculo del presidente y no en su Pleno.

http://www.elplural.com/sociedad/2017/01/30/malestar-en-el-cgpj-ante-los-modos-imperativos-del-presidente-lesmes

EL CGPJ ELIGE DE NUEVO A RIQUELME PRESIDENTE DEL TSJ DE MURCIA PESE AL REVOLCÓN DEL TS

El candidato del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, obtiene dos votos más que en su primera elección.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido de nuevo esta mañana a Miguel Pasqual de Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, después de que el Supremo anulara el pasado 5 de abril su primer nombramiento por su insuficiente motivación de los méritos del elegido frente a los de otra candidata, la magistrada Pilar Alonso.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo reprocha al Consejo General del Poder Judicial que en el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia postergara "sin explicación" a la candidata mujer que aspiraba al puesto, Pilar Alonso, en beneficio del candidato varón que resultó designado, Miguel Pasqual de Riquelme, pese a que "la valoración de los elementos objetivos de ella se impone claramente sobre los de él".

El Alto Tribunal anuló el nombramiento de Pasqual de Riquelme y ordenó al CGPJ que vuelva a adjudicar la plaza "mediante resolución debidamente motivada en los términos indicados en esta sentencia".

Tras una larga deliberación que se ha prolongado hasta las 14.30, el CGPJ ha vuelto a elegir a Pasqual de Riquelme y con más apoyo que la primera vez. En enero obtuvo 12 votos y ahora, 14. Al bloque de vocales propuestos por el PP y al presidente, Carlos Lesmes, se han unido dos consejeros propuestos por el PSOE, Mar Cabreja y Álvaro Cuesta.

http://www.elespanol.com/espana/20160526/127737284_0.html

CORRECTIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO A LESMES POR LOS NOMBRAMIENTOS DE CARGOS JUDICIALES

La Sala Tercera, de la que procede Carlos Lesmes, tumba la elección del presidente del TSJ de Murcia por falta de motivación.

Una de las peores noticias para Carlos Lesmes ha llegado este lunes de parte del tribunal que preside, el Supremo, y para más inri de la Sala de la que procede, la Tercera, que ejerce la jurisdicción contencioso-administrativa y vigila, por tanto, al Consejo General del Poder Judicial, también presidido por Lesmes.

La Sala Tercera ha anulado el nombramiento de Miguel Pasqual de Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia después de una deliberación que se prolongó durante la mañana y la tarde. La larga duración del debate fue la primera señal de que el Supremo estaba decidido a someter la política de nombramientos del actual CGPJ al severo escrutinio que ya aplicó a sus antecesores a partir de Francisco Hernando y el primer indicio de que Lesmes, pese a su control del Alto Tribunal, podía recibir su primer revés.

Al final la designación de Pasqual de Riquelme (efectuada el 29 de enero de 2015 por 12 votos de 21) se ha echado abajo por 18 votos frente a 15. Ha habido incluso cinco magistrados -José Díaz, Manuel Garzón, Segundo Menéndez, Jorge Rodríguez Zapata y José Manuel Sieira- que votaron a favor de que el TS declarara el derecho de la recurrente, la magistrada de la Audiencia de Murcia Pilar Alonso, a ocupar el cargo. Sin embargo, la Sala Tercera no está (todavía) por dar el paso de ordenar un nombramiento al CGPJ, por lo que será el Consejo el que vuelva a pronunciarse sobre la elección del presidente del Tribunal autonómico murciano.

El contraste de los candidatos

La demanda de Pilar Alonso contra el nombramiento de su compañero Miguel Pasqual de Riquelme, redactada por el prestigioso administrativista Tomás Ramón Fernández, fue avocada al Pleno de la Sala III por el anterior presidente, José Manuel Sieira, cuando estaba punto de ser defenestrado por el CGPJ a favor de Luis Díez-Picazo.

El recurso destacaba que Alonso ostenta el puesto 280 del escalafón, frente al 1.160 de Pasqual de Riquelme; su antigüedad es de 31 años, frente a los 22 del nombrado; ha ejercido competencias civiles y penales durante 23 años en la Audiencia Provincial de Murcia, mientras que el designado no tiene experiencia en órganos colegiados ni en la jurisdicción civil, que es uno de los ámbitos del TSJ. Ambos han sido jueces decanos y miembros de la Sala de Gobierno.

Según el Servicio de Inspección del Consejo, Alonso ha superado siempre el módulo de dedicación (127,40% en 2014, 121,27% en 2013, 111,97% en 2012 y 115,66% en 2011), mientras que las cifras de Pasqual del Riquelme son 41,7% en 2014, 53,5% en 2013, 47,9% en 2012 y 25,5% en 2011. "No sirva de excusa", señalaba la demanda, "la exención del 50% que se le aplica como juez decano, pues incluso doblando estas cifras se queda por debajo de la línea y muy lejos de Alonso Saura".

"Hay sólo una cosa en la que Pasqual del Riquelme supera a Alonso y es en su trabajo como letrado en el Consejo General del Poder Judicial y como jefe del servicio de relaciones internacionales, pero esto es algo que no figura en la convocatoria y que, como es obvio, no tiene nada que ver con la función a desempeñar por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia", indicaba el recurso, sugiriendo la ventaja que representa la proximidad del candidato al órgano que efectúa el nombramiento. Es un hecho notorio la estrecha relación del nombrado con el vocal Juan Martínez Moya, presidente del tribunal murciano hasta enero de 2015, cuando pasó el testigo a Miguel Pasqual de Riquelme.

"En lo que concierne a los datos objetivos, directamente comprobables con o sin referencias numéricas, que, según la convocatoria, deben tenerse en cuenta para resolver, la diferencia a favor de mi representada es sencillamente abismal. ¿Puede esa diferencia ser conjurada por un proyecto de lo que simplemente se piensa hacer, es decir, por una apreciación forzosamente subjetiva y como tal inaprehensible de lo que son simples ideas o buenos deseos?", indicaba la demanda en referencia al proyecto de gobierno presentado por Pasqual de Riquelme y que fue muy bien valorado por el CGPJ.

"Si es así", añadía la demanda, "sobran los datos objetivos, antigüedad, experiencia en órganos colegiados, sentencias dictadas, puestos servidos, etc. Con pedir un proyecto y valorarlo libremente sería suficiente. Lo único malo es que personas con una trayectoria impecable en el plano estrictamente judicial quedarían excluidas de los cargos judiciales".

"Quia nominor leo"

El recurso también aludía al incumplimiento por el CGPJ del mandato legal de procurar un equilibrio entre mujeres y hombres a la hora de acceder a puestos de responsabilidad y defendía la "arbitrariedad" de la elección en los siguientes términos: "El acuerdo de nombramiento afirma que Pasqual del Riquelme es 'el más idóneo' y 'el más adecuado' de los tres candidatos presentados pero no dice por qué, no ha contrastado sus méritos con los de los otros dos candidatos ni expresado razón alguna que pueda justificar esa conclusión, que es, por lo tanto, un simple 'porque sí', 'porque yo lo digo', quia nominor leo, un acto gratuito y arbitrario. (...) Hasta un ciego podría verlo. El Consejo nombra siempre a quien quiere sin que le importen los requisitos objetivos con los que el Reglamento de nombramientos pretende asegurar la observancia de la regla constitucional del mérito y capacidad".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo no ha acogido la tesis de la arbitrariedad del nombramiento ni de la discriminación de la recurrente por motivos de género, pero sí ha tumbado el acuerdo del CGPJ por falta de motivación. La sentencia reprochará al Consejo que no haya valorado los méritos de Alonso y del tercer candidato, Andrés Pacheco, en contraste con los de Pasqual de Riquelme; que haya postergado sin explicación los datos objetivos de antigüedad y servicio en órganos colegiados en beneficio del proyecto de gobierno y que no haya justificado por qué no ha tenido en cuenta el desequilibrio hombre-mujer en los cargos judiciales.

Falta de motivación

La anulación del nombramiento por insuficiente o defectuosa motivación es una seria advertencia a Lesmes, que en su primer comparecencia pública tras ser elegido presidente del Supremo y del Consejo en diciembre de 2013 se comprometió con solemnidad a realizar la designación de cargos judiciales exclusivamente por razones de mérito y capacidad.

¿Cómo se interpreta la decisión del Supremo? "La Sala le ha dicho a Lesmes 'cuidado, la última palabra la seguimos teniendo nosotros'", señalan fuentes del tribunal, que destacan que no han sido sólo los magistrados situados ideológicamente en la izquierda los que han tumbado el nombramiento del presidente del TSJ de Murcia, sino también destacados miembros de la Sala como Mariano de Oro-Pulido (que incluso ha asumido la ponencia) o Jorge Rodríguez Zapata.

"Han dado en el trasero de Pasqual de Riquelme una patada a Lesmes, cuyo autoritarismo no gusta", opinan otras fuentes de la Sala, que indican que, tras la intervención de los magistrados más veteranos, otros más modernos como José Antonio Suay o José María del Riego inclinaron su criterio a favor de estimar la demanda.

Es, en cualquier caso, la primera de una serie de acuerdos controvertidos del CGPJ que van a ser revisados por la Sala Tercera y quizá un revulsivo para nuevos recursos. Precisamente este lunes se ha conocido el voto particular que cinco vocales (Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Enrique Lucas y Concepción Sáez) han formulado contra el nombramiento de Antonio Recio como presidente de la Audiencia de Barcelona en lugar de Ángeles Vivas, un asunto en el que encuentran muchas similitudes con el caso de Miguel Pasqual de Riquelme y Pilar Alonso.

En este sentido, la decisión de la Sala Tercera supone una innegable reivindicación de la postura de los vocales del grupo minoritario del CGPJ, que cuestionaron el nombramiento del presidente del TSJ de Murcia y a los que se trató incluso de impedir la presentación de su postura discrepante.

http://www.elespanol.com/espana/20160404/114738837_0.html

EL SUPREMO ANULA EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TSJ MURCIA

El Pleno de la Sala III del Supremo ha anulado el nombramiento de Miguel Pascual del Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, acordado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 29 de enero de 2015.

Por 18 votos a 15, los magistrados han anulado ese nombramiento al entender que "su motivación fue insuficiente o defectuosa".

Los magistrados han estimado así el recurso planteado contra dicho nombramiento por la también magistrada Pilar Alonso Saura, quien optó al puesto junto a Miguel Pascual del Riquelme pero no resultó elegida.

Esta magistrada además solicitaba que el Pleno, de estimar su recurso, la designara para el puesto al que optaba. Una petición que el Supremo ha rechazado por 28 votos, frente a 5 magistrados que han apoyado esta petición.

5 magistrados del Pleno se han abstenido por razones justificadas.

Ahora el CGPJ tendrá que pronunciarse de nuevo sobre este nombramiento.

El TSJ ha emitido un comunicado en el que valora la decisión del Tribunal Supremo desde la más absoluta normalidad y el respeto al sistema de recursos contra las decisiones del CGPJ. Añade que "la decisión anticpada en el día de hoy deberá ser plasmadas en la correspondiente sentencia y notificada al Consejo General del Poder Judicial para que proceda a su ejecución mediante el dictado de un nuevo acuerdo que fundamente la decisión a adoptar"

Entre tanto, finaliza, el actual Presidente continua en el cargo.

http://cadenaser.com/emisora/2016/04/04/radio_murcia/1459791659_542814.html

LAS GESTIONES "FRENÉTICAS" DE LESMES PARA CASTIGAR A UNA JUEZA PROGRESISTA

Jueces para la Democracia denuncia que el CGPJ prima el talante conservador de los jueces y practica “el machismo institucional”

Un juez conservador con menor experiencia profesional frente a una jueza progresista con más años de tribunales ha sido la elección del Consejo General del Poder Judicial para dirigir la Audiencia Provincial de Barcelona. Así lo denuncia Jueces para la Democracia que señala: “en el CGPJ han sido conocidas las gestiones frenéticas de Lesmes (el presidente) hacia los vocales con la finalidad de impedir que se nombrase a Angels Vivas en una muestra muy reprochable de machismo institucional”. JpD considera que la actitud de la magistrada favorable al derecho a decidir en Cataluña no se le ha perdonado y por todo ello piensa impugnar el acuerdo.

El motivo de protesta de Jueces para la Democracia se centra “en la reiteración de nombramientos del CGPJ que incumplen de manera manifiesta los principios de mayor mérito y capacidad, para centrarse en preferencias meramente ideológicas. Además, en el presente caso también concurre una visible discriminación de género, que desgraciadamente ha tenido otros precedentes”.

Diferencias notables entre candidatos

Relata la asociación que el pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado el nombramiento de Antonio Recio como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona. “A dicha plaza optaba también la magistrada Àngels Vivas, que ha obtenido 8 votos frente a los 10 del otro candidato, a lo que se deben añadir 3 abstenciones”.

Afirman los jueces progresistas que entre los datos objetivos de cada aspirante para optar a la referida plaza “se evidencian diferencias notables. Àngels Vivas tiene una antigüedad de 33 años y está en el puesto 159 del escalafón; el otro candidato cuanta con una antigüedad de 25 años y está en el puesto 1.359 del escalafón. En la carrera judicial resulta notorio que una diferencia escalafonal de 1.200 puestos es de enorme relevancia”.
Discriminación de género

“Además, Àngels Vivas ha estado 25 años en órganos colegiados, frente a los 10 años del otro candidato. Por otro lado, la experiencia en cargos gubernativos de Àngels Vivas también es muy superior, al haber sido magistrada decana de Barcelona, miembro de la sala de gobierno del TSJ y presidenta de la sección 9ª de la Audiencia Provincial”, aseveran.

Para JpD la disparidad en los méritos objetivos se ha visto acompañada por una clara discriminación de género. “La presencia de mujeres es mayoritaria en la judicatura (el 52%), pero sigue siendo muy minoritaria en el acceso a los cargos judiciales. De hecho, el 85% de las presidencias de Audiencias Provinciales está ocupada por hombres y esta situación no va a cambiar con decisiones arbitrarias como la que se ha adoptado”.
A pesar de los méritos superiores

¿Qué debería haber hecho el órgano máximo de los jueces? En su opinión “ante cualquier duda en la ponderación de los méritos de cada aspirante, lo más proporcionado hubiera sido acordar el acceso de una mujer para el cargo, a la vista de la discriminación institucional existente, como establecen los propios acuerdos internos del CGPJ”.

Añaden que con más razón se tendría que haber adoptado esta decisión “ante los méritos objetivos superiores de Àngels Vivas, que es una magistrada de gran prestigio profesional, muy respetada por su calidad técnico-jurídica y una de las primeras mujeres que accedió en nuestro país a la judicatura”.

“Lesmes sigue el guion de Gallardón”

“La decisión -añaden- es una muestra más del sectarismo en materia de nombramientos de este CGPJ, que opta en la mayoría de los casos por designaciones de marcado perfil conservador, sin hacer una valoración estricta de las capacidades profesionales. Se trata de un CGPJ diseñado por el ex ministro Gallardón, que puso al frente a Carlos Lesmes como hombre de máxima confianza política y que está actuando según el guion previsto”.

Resalta JpD que “en el CGPJ han sido conocidas las gestiones frenéticas de Lesmes hacia los vocales con la finalidad de impedir que se nombrase a esta magistrada, en una muestra muy reprochable de machismo institucional”.
Por el derecho a decidir

Piensan además que “Probablemente a Àngels Vivas tampoco se le ha perdonado ser una magistrada de perfil progresista, ni sus opiniones sobre la situación en Cataluña”. Se refieren aquí a que la magistrada fue una de los 33 jueces que firmaron el documento sobre el derecho a decidir. La jueza no está considerada como independentista sino como otros jueces en la idea de defender este derecho sin necesidad de que Cataluña salga de España”.

“Desde Jueces para la Democracia expresamos que esta decisión nos parece especialmente grave, por lo que vamos a preparar la impugnación de este acuerdo. Asimismo, vamos a contactar con distintos organismos públicos y con las más diversas organizaciones sociales para poner de manifiesto la intensa discriminación de género que se vive en nuestra judicatura”.

Instan además a los grupos parlamentarios para que en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados requieran explicaciones a Carlos Lesmes en su próxima comparecencia “y le pidan aclaraciones sobre la marginación de las magistradas en la carrera judicial, como se ha puesto de manifiesto con este acuerdo. Nos parece especialmente lamentable que una institución judicial que debería ser ejemplo de igualdad, ecuanimidad y no discriminación esté siendo especialmente conocida por todo lo contrario”.

http://www.elplural.com/2016/04/01/las-gestiones-fren-ticas-de-lesmes-para-castigar-una-jueza-progresista

NOMBRAMIENTOS JUDICIALES CON LA POLÍTICA AL FONDO

Jueces progresistas critican el "rodillo" de los conservadores, cuyos representantes han vuelto a obtener puestos clave

Los vocales de izquierda han optado por candidatos conservadores para evitar las opciones promovidas por el presidente Carlos Lesmes

Los nombramientos de este jueves del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, mantienen la preeminencia de los jueces conservadores, que siguen poblando el Tribunal Supremo y las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia.

Fuentes progresistas consultadas por infoLibre sostienen que los vocales del Poder Judicial han sacado "el rodillo" para imponer con su mayoría a sus candidatos. Como por ejemplo ha pasado en las presidencias de los tribunales superiores de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Las mismas fuentes sostienen que los vocales progresistas han tenido que apostar por candidatos conservadores para evitar el "desprestigio" del CGPJ.

1. TSJ CATALUÑA

La primera decisión, con transfondo político, ha sido el cambio en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El magistrado de la progresista asociación Jueces para la Democracia Miguel Ángel Gimeno Jubero ha sido desplazado por el hasta ahora presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, Jesús María Barrientos Pacho.

En el transfondo de la disputa, ganada por el juez adscrito a la asociación Francisco de Vitoria, se encuentra el desafío independentista de los nacionalistas catalanes. Según denunció la Asociación de jueces de Gimeno Jubero, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, criticó la actuación del hasta este jueves presidente del TSJ catalán por su tratamiento a la querella contra el expresident catalán Artur Mas por la consulta soberanista. Lesmes consideraba que este asunto judicial iba demasiado lento.

Y por eso la mayoría conservadora del Poder Judicial ha optado por apartar al actual presidente para apostar por Jesús María Barrientos Pacho, un magistrado de reconocido prestigio pero al que fuentes judiciales progresistas califican de "jacobino", es decir, en las antípodas de los intereses del nacionalismo catalán. "A Gimeno, que es un buen magistrado, no se le ha perdonado su actuación en relación al independentismo catalán", se lamentan las mismas fuentes a infoLibre, que llegan a calificar a Barrientos de "intransigente" con los postulados nacionalistas.

De hecho, según informa Europa Press, el nuevo presidente del TSJ catalán mostró su preocupación en la entrevista celebrada el 12 de enero ante el Poder Judicial por el desafío soberanista, al mismo tiempo que denunció que en la planta judicial catalana existe un centenar de vacantes provocada por la inestabilidad.

Avanzó que su intención, en el caso de ser elegido, sería la de "acomodarse a las circunstancias de cada momento", siempre con sometimiento a los mandatos legales y al orden constitucional. También aseguró que existen un centenar de vacantes en la planta judicial catalana, provocadas -dijo- por la inestabilidad creada por la "situación peculiar" que se vive en la comunidad autónoma, y las "incertidumbres" que ésta provoca.

Llegó a mencionar la causa abierta tras la consulta del 9-N para proponer que se eviten situaciones como la que ha generado que el juez Joan Manel Abril, haya sido designado instructor de la querella contra Mas cuando fue elegido magistrado para el TSJC a propuesta del Parlament catalán. "Uno de los compañeros de procedencia parlamentaria investiga ahora a tres miembros del Govern", recordó Barrientos, planteando que estos magistrados propuestos por el Parlament, "corran turno" en el reparto de las causas que afecten a aforados.

Por su parte, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado Bernabéu, se deshizo en elogios con el nuevo presidente del TSJ catalán: "Es un magnífico magistrado".

Este mismo jueves se ha hecho público que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Antonio Fonseca-Herrero, ha solicitado al juez instructor de la causa abierta tras la consulta del 9-N, Joan Manel Abril, que le remita un informe sobre las supuestas dilaciones en el impulso del procedimiento, denunciadas en diciembre por Manos Limpias.

Según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, el promotor ha abierto diligencias informativas a raíz de la queja, en la que se acusaba a Abril de dirigir la instrucción "de manera torticera" en beneficio de "intereses políticos".

2. TSJ COMUNIDAD VALENCIANA

Ante el rodillo conservador, fuentes judiciales remarcan que los vocales progresistas se han visto obligados a apoyar con sus votos a dos candidatos conservadores, aunque moderados. como por ejemplo es el caso de la presidenta del TSJ valenciano, María del Pilar de la Oliva Marrades: "Han evitado excesos, ya que el PP apostó por el murciano Vicente Magro Servet, que había sido senador de la formación conservadora. Pero hubiera sido un escándalo apartar ahora mismo a De la Oliva, que ha actuado de forma independiente. No hay que olvidar que el actual presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Fernando de la Rosa, fue consejero de Justicia del Gobierno del PP de Francisco Camps", explican las citadas fuentes.

Y para evitar el desprestigio del CGPJ, los vocales progresistas han optado por apoyar a la actual presidenta dle TSJ valenciano, María del Pilar de la Oliva Marrades. El propio Lesmes y su etorno más cercano, como por ejemplo la vocal a instancias del PP Carmen Llombart, apuntan fuentes judiciales a infoLibre, votaron al exsenador del PP Vicente Magro Servet.

3. SALA TERCERA DEL SUPREMO

La Sala Tercera del Tribunal Supremo, la que se encarga de los casos en los que puedan incurrir los integrantes del Gobierno central, también vivió una disputa con trasfondo político, que obligó a que los vocales progresistas del CGPJ renunciaran a promover a un candidato de su cuerda, en beneficio de un conservador.

El exsecretario de Estado con Alberto Ruiz-Gallardón de ministro de Justicia, Fernando Román, fue derrotado por la alianza de los progresistas con sectores conservadores no oficialistas. Al final el hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, Rafael Toledano Cantero, fue elegido por 13 de los 20 vocales del Poder Judicial.

4. SALA DE LO MILITAR DEL SUPREMO

El CGPJ renueva a Ángel Calderón Cerezo al frente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, por lo que afronta un tercer mandato en la presidencia de la Sala Quinta del Alto Tribunal, para la que fue nombrado en 2005. De esta forma, el Poder Judicial crea un precedente al posibilitar que el presidente de una Sala puede mantenerse durante 15 años en el mismo cargo: "Esta decisión no tiene precedente, porque desde 1997 se instauró un sistema de rotación pretende que nadie se anquilose en las presidencias", explican fuentes judiciales a este diario.

5. OTRAS PRESIDENCIAS CONSERVADORAS

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, y las presidencias de los TSJ de Castilla y León y Castilla-La Mancha mantienen su preeminencia conservadora con la entrada de los conservadores Pablo Llarena, José Luis Concepción y Vicente Rouco, respectivamente. Este último es pariente del cardenal Antonio María Rouco Varela.

En el caso de la presidencia del TSJ andaluz, las fuentes consultadas por infoLibre difieren en la interpretación de la existencia de un único candidato, que al final ha obtenido la presidencia: Lorenzo Jesús del Río Fernández. Mientras unas sostienen que se trata de un pacto entre el PSOE andaluz y Lesmes a cambio de apartar a la jueza Mercedes Alaya, las otras fuentes consultadas rechazan esta versión, al considerar que los progresistas no han promovido una alternativa para evitar que se les acuse de querer inmiscuirse en las investigaciones judiciales de los ERE del Gobierno del PSOE andaluz.

6. UN PROGRESISTA EN LA PERMANENTE

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial también ha aprobado con 17 votos a favor, uno en contra y tres en blanco la nueva composición de tres de sus cuatro comisiones legales -la Permanente, la de Asuntos Económicos y la de Igualdad- en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé su renovación anual. El progresista Rafael Mozo pasa a integrar el órgano clave de gestión diaria, en sustitución del vocal Juan Manuel Fernández, propuesto por el PP.

A propuesta del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, Fernández, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, formará parte de la Comisión de Asuntos Económicos, en la que sustituirá al vocal y presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, quien ocupará la vacante dejada por Mozo en la Comisión de Igualdad. Esta nueva distribución no cambia la composición de la mayoría, que siguen manteniendo los vocales conservadores.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/01/29/renovacion_del_poder_judicial_44003_1012.html

LESMES HUYE DE LOS PERIODISTAS

Sólo ha habido dos personas que no han querido hablar con la prensa durante el mes de julio en los cursos de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial. Una de ellas fue la ministra de Empleo Fátima Báñez y la segunda ha sido Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial. Así, el magistrado no ha querido atender a los medios de comunicación ni hacerse fotos en el ‘photocall’ durante la última intervención de estas jornadas.

Sin dejar siquiera que nadie se acercase a él, la directora de Comunicación del Poder Judicial, Cristina Ónega, se ha mostrado tajante ante las preguntas de los periodistas, que querían saber su opinión acerca de la elección del presidente de la Sala Tercera del Supremo, Luis María Díez-Picazo Giménez , y sobre el informe para la ONU que magistrados progresistas del TS, y vinculados a asociaciones judiciales, están preparando sobre las presiones dirigidas a propiciar este nombramiento. “Ya he dicho que no va a hacer declaraciones, dejadnos pasar”, decía la responsable de prensa con altivez mientras le acompañaba en todo momento.

La falta de independencia en el Supremo y la cercanía de Lesmes tanto al Partido Popular como a los círculos de Mariano Rajoy a la hora de proponer y colocar a Díez-Picazo son dos de las noticias que más han destacado en la prensa durante los últimos días. Colocar a un presidente afín en la sala tercera, encargada de controlar los actos del Ejecutivo y del propio CGPJ, es decisivo para que el PP dejase todo atado en el TS antes de las elecciones generales.

Las asociaciones de jueces progresistas como Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente ya venían denunciando el “presidencialismo” del juez. "Un presidencialismo más propio de otros tiempos que de una democracia moderna inserta en el mundo occidental y europeo", señalaban preocupados.

El último de ellos en hablar del “interés extraño” en torno al Supremo fue el inhabilitado Baltasar Garzón durante estos mismos cursos de la UCM el pasado jueves. "El problema no es que se cambie a un presidente por otro sino que se suscite una polémica de que esto se hace por un interés extraño a lo que es el propio mérito y funcionamiento del Tribunal", criticaba frente a los medios de comunicación.

http://www.publico.es/politica/lesmes-huye-periodistas.html

JUECES PROGRESISTAS LLEVAN A LA ONU LA ELECCIÓN DE DÍEZ-PICAZO EN EL SUPREMO

José Manuel Sieira se plantea recurrir la votación que otorgó la presidencia de la Sala Tercera a Díez-Picazo

El conflicto por la elección de Luis Díez-Picazo como presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo va a llegar a Naciones Unidas. Un grupo de magistrados progresistas del alto tribunal y asociaciones judiciales van a presentar un informe ante el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas (ONU), un organismo creado en 1994 y que depende del Consejo de Derechos Humanos. El escrito se presentará el lunes y según han adelantado los magistrados que lo están elaborando tratará de convencer al organismo internacional de que la sustitución de José Manuel Sieira al frente de la sala que revisa los recursos contra el Gobierno ha estado precedida por presiones a los vocales del Poder Judicial que participaron en la votación.

La denuncia se presentará como un complemento a la que en noviembre pasado llevaron a Naciones Unidas las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente y la organización defensora de los derechos y libertades civiles Rights International Spain. En aquella ocasión, el escrito se centró en advertir al relator sobre diversas iniciativas del Gobierno español, como la última reforma del Consejo General del Poder Judicial, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el Gobierno, la falta de recursos y la presión contra jueces ejercida por el poder político.

El informe sobre la elección del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo detallará el proceso por el que se llegó este miércoles a la designación de Díez-Picazo durante el que, según han denunciado en las últimas semanas magistrados y vocales del Consejo General del Poder Judicial, se han producido presiones para que saliera elegido la candidatura preferida de presidente de ambas instituciones, Carlos Lesmes. El informe lo está preparando un reducido grupo de jueces que intentará que en los próximos días sea suscrito por más magistrados antes de remitirlo a la ONU.

En la votación del pleno del órgano de gobierno de los jueces, Díez-Picazo obtuvo 12 de los 21 votos: el del presidente y los de los 11 vocales del Consejo nombrados a propuesta del PP. El actual presidente de la sala, José Manuel Sieira obtuvo ocho ( de seis vocales del PSOE, la de IU y el del PNV), y el magistrado Eduardo Calvo Rojas, uno (de la vocal a propuesta del PSOE Mar Cabrejas).

Según fuentes judiciales, Sieira se plantea recurrir la votación que le dejó fuera de la presidencia. Si da el paso, sería la propia Sala de lo Contencioso del Supremo la que tendría que resolverlo, ya que es la encargada de los recursos contra actos del Poder Judicial, pero los dos implicados (Sieira y Díez-Picazo) tendrían que abstenerse. El nuevo presidente sí podría decidir si el recurso se ve en la sección primera de la sala o en el pleno, en cuyo caso todos los magistrados participarían en la deliberación.

La presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo es considerada un puesto estratégico del alto tribunal porque en ella se resuelven los recursos que se presentan en el Supremo contra las decisiones del propio Lesmes y del Poder Judicial, además de todos los litigios planteados contra el Gobierno por las Comunidades Autónomas o cualquier empresa o ciudadano.

http://politica.elpais.com/politica/2015/07/23/actualidad/1437650263_121194.html

JUECES PROGRESISTAS LLEVAN A LA ONU LA ELECCIÓN DE DÍEZ-PICAZO EN EL SUPREMO

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado en marzo de este año por cuatro vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la decisión de no renovar las comisiones que integran la institución aprobada a propuesta de su presidente, Carlos Lesmes.

En concreto, los vocales progresistas recurrieron el acuerdo adoptado el 29 de enero de 2014, sobre la propuesta de composición de las comisiones del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) para el año 2015 y que suponía la no renovación de sus componentes, cuando el preámbulo de la ley que lo regula establece que tiene que existir una renovación anual.

Días después, los vocales progresistas presentaron un escrito en el que concretaban que el recurso que interponían ante el Tribunal Supremo lo realizaban contra "los acuerdos del presidente de dicho órgano" y no contra los del Pleno del CGPJ.

En un auto hecho público este martes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza las alegaciones de la Abogacía del Estado, que había indicado que las cuatro miembros del CGPJ carecían de legitimación para recurrir las decisiones de un órgano colegiado al que pertenecen.

La Sala acuerda, por tanto, continuar con la tramitación para resolver el asunto en sentencia. No obstante, rechaza el segundo escrito respecto a los acuerdos de Lesmes al considerar que, además, de ser extemporáneo, "altera el objeto del recurso".

Renovación anual

La no renovación de las comisiones se formalizó en el Pleno del 29 de enero. La única novedad se produjo en la poderosa Comisión Permanente, desde donde Lesmes gobierna todo el CGPJ.

En la Permanente se cubrió el puesto vacante por la "renuncia forzada" de la vocal de CiU Mercé Pigem, tras descubrirse que entró desde Andorra junto a su hermana con 10.000 euros en el coche, renuncia que fue forzada por el propio Lesmes cuando no constituía falta administrativa. Es más, el equipo de Lesmes filtró a la prensa dicha renuncia mientras se producía la reunión entre ambos para abordar el incidente en la frontera.

Pigem fue sustituida por la conservadora Nuria Abad en la Permanente.

En el recurso se señalaba que pese a que seis vocales solicitaron la votación individualizada de la conformación de cada una de las Comisiones y que se contaba con tres candidaturas formales para la Permanente, Lesmes sometió únicamente su propuesta personal, "desconocida por el Pleno al no haber sido formulada previamente por escrito, incumpliendo así de forma clara lo previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo".

El recurso fue elaborado sin conocer los argumentos de la mayoría porque carecían del acuerdo escrito.

http://www.publico.es/politica/supremo-admite-demanda-presidente-lesmes.html

LESMES LOGRA IMPONER AL PREFERIDO DEL PP AL FRENTE DE LA SALA DEL SUPREMO QUE JUZGA LOS ACTOS DEL GOBIERNO

El pleno del órgano de gobierno de los jueces elige a Díez-Picazo por doce votos a favor. Por primera vez en la historia, el presidente de la Sala Tercera del Supremo, Sieira, no es renovado en un segundo mandato al obtener sólo ocho votos. Los vocales conservadores ceden a las presiones del entorno del Gobierno y de Carlos Lesmes

Díez-Picazo es un catedrático de Derecho Civil de Castilla-La Mancha que fue nombrado hace siete años por el llamado quinto turno magistrado del Supremo.

El actual presidente, José Manuel Sieira, sólo ha obtenido ocho votos del pleno del CGPJ. Sieira es juez de carrera y ejerce de magistrado del Supremo desde hace 21 años.

Al cargo también aspiraba Eduardo Calvo, quien ha obtenido un único voto, el de la vocal Mar Cabrejas, nombrada a instancia del PSOE. El cuarto candidato, el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, no ha logrado ningún apoyo.

Todos los vocales de la mayoría conservadora del CGPJ han votado a favor de Díez-Picazo. En cambio, los siete vocales de la minoría progresista han apoyado a Sieira, al igual que el vocal propuesto por el PNV, Enrique Lucas.

Por primera vez en la historia, se ha saltado una norma no escrita según la cual el presidente de una sala es renovado para un segundo mandato. El CGPJ deberá motivar este nombramiento en favor de un amigo del presidente del órgano constitucional y de su programa, frente a un Sieira con más antigüedad, que tenía la Sala Tercera casi al día y cuyo cese estaba cantado por el enfrentamiento que mantiene con Lesmes a cuenta del control de sus actos, de los del CGPJ y del Gobierno.

Lesmes se movió en los círculos cercanos a Mariano Rajoy para conseguir que el Gobierno enviara un mensaje a los vocales del CGPJ más díscolos, los juristas nombrados a instancias del PP, y forzar así el nombramiento de Díez-Picazo, hecho que se ha producido este jueves.

Las discrepancias entre Lesmes y Sieira son profesionales y personales. Sieira defiende la función de control de los actos del Gobierno y del CGPJ que ha ejercido su Sala, y que ha llevado a la anulación de algunos nombramientos de altos cargos judiciales impulsados por Lesmes. Esta función de contrapoder molesta al actual presidente Lesmes,

Sieira fue quien avocó al pleno de la Sala el famoso indulto del Gobierno a favor de un conductor kamikaze condenado a 13 años de prisión por matar a otro conductor. Lesmes era el ponente de la sentencia y partidario de que el Ejecutivo pudiera indultar. En cambio, el Pleno de la sala acordó que el Ejecutivo no podía otorgar esta medida de gracia sin motivación alguna, y anuló el indulto.

Otro de los enfrentamientos entre Lesmes y Sieira fue la sentencia del Supremo que amparaba la indemnización millonaria a Florentino Pérez y su plataforma Castor, que causó más de mil terremotos frente a las costas de Castellón. Sieira impulsó el párrafo de la sentencia del Supremo que permitía al Gobierno no indemnizar con 1.400 millones de euros por el fiasco de Castor en caso de que se demostrara dolo o negligencia en la gestión de este proyecto. El Ejecutivo no utilizó este párrafo, sino que pagó a Florentino y los consumidores españoles tendrán que afrontar este coste en las próximas décadas a través de la factura de la luz.

Su cese implica además una patada en la distancia a Margarita Robles, magistrada de la Sala III del Supremo, ex vocal del CGPJ, amiga de Sieira y enemiga personal de Lesmes. El presidente del Supremo llegó incluso a exigir a Sieira que renunciara a esta amistad si quería seguir en su cargo, según fuentes jurídicas.

Han votado a favor de Díez-Picazo los vocales nombrados a propuesta del PP Ángeles Carmona, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Vicente Guilarte, Nuria Díaz Abad, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea, así como el presidente, Carlos Lesmes.

Por su parte, han votado a favor de Sieira los vocales progresistas María Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo, además de Enrique Lucas, propuesto por el PNV.

http://www.publico.es/politica/lesmes-coloca-diez-picazo-frente.html

 EL GOBIERNO NO FALLA: OTRO ‘JUEZ FAES’ AL SUPREMO

Luis Díez-Picazo Giménez elegido por el CGPJ para presidir la Sala Tercera del Alto Tribunal

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha dejado lugar a la sorpresa. Otro juez muy cercano al PP pasa a ocupar una de las presidencias de la Sala del Supremo. Esta mañana se presentaban cuatro candidatos a la plaza para presidir la Sala Tercera…, y los miembros del Consejo han elegido al más conservador y cercano al partido del Gobierno: Luis Díez-Picazo Giménez.

En la carrera judicial a la hora de valorar al nuevo presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo han dado a ELPLURAL.COM dos conceptos.., eso sí, por este orden: “PP puro” y “buen profesional”. Lo cierto es que en seguida se añade, con placer o con fastidio, dependiendo de la ideología de las fuentes: “se están haciendo (el PP) con toda la justicia”.

Novedad en el tribunal
Hay un dato que debe valorarse a la hora de la elección de Díez-Picazo. Entre los cuatro jueces que se presentaban para el cargo, estaba el actual presidente, José Manuel Sieira, que aspiraba a repetir mandato. El hecho de que no haya sido reelegido en un segundo mandato, nos dicen en fuentes judiciales, es la primera vez que sucede en la historia de este tribunal. El ‘pecado’ de Sieira, ser un ‘neutral’, al que incluso algunos tildan de ‘ligeramente progresista’. Mala cosa en estos tiempos en los que Carlos Lesmes preside el CGPJ y desde el Gobierno

En cambio, Díez-Picazo Giménez, abogado del Estado, y juez por cuarto turno (los magistrados que no son jueces de carrera), ha dejado a lo largo de su trayectoria huellas claras de su adhesión al PP. Quizás las más claras, sus participaciones en el gran ‘think tank’, el motor ideológico, de los ‘populares’, FAES.

Cursos FAES
Hemos localizado su participación, de hecho, al menos en tres cursos. Uno sobre ‘El modelo de organización territorial en la perspectiva de la reforma constitucional”, que presidía Javier Zarzalejos, uno de los aznaristas más aznarista que Aznar. Otro sobre la “Reforma del Senado”, en este caso con el ministro Rafael Arias-Salgado de coordinador. Y aún un tercero sobre el Presente y Futuro de la Constitución, de nuevo con Zarzalejos, Javier, al frente.

Pero quizás, para dar buena idea de lo integrado que Luis María Díez-Picazo es visto en el PP, lo mejor sea señalar quienes le acompañaban en los cursos.., insistimos, donde se madura y ‘escribe’ el pensamiento del PP. En el primero de ellos coincidió no sólo con destacados ‘populares’ como Arias Salgado, Fenández-Lasquetty o Pio García-Escudero, sino con ‘padres’ del partido como Manuel Fraga y Romay Beccaria.

En el segundo le acompañaron buena parte de esta lista, con un añadido, el de, así viene en la memoria de la FAES, María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, entonces aún en promoción dentro de Génova. Con la que también coincidió en su tercera participación en la Fundación PP.

http://www.elplural.com/2015/07/22/el-gobierno-no-falla-otro-juez-faes-al-supremo/

ASOCIACIONES DE JUECES DENUNCIAN EL "PRESIDENCIALISMO" DE LESMES

Las asociaciones Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han denunciado que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, ejerce "un presidencialismo más propio de otros tiempos que de una democracia moderna inserta en el mundo occidental y europeo".

En un comunicado conjunto, las tres asociaciones judiciales reconocen que miran "con preocupación algunas de sus decisiones y su enfrentamiento con parte de la Carrera Judicial y con el más alto Tribunal de Justicia de la nación, como cuando despreció la queja de 13 Magistrados de la Sala II del Tribunal Supremo".

Las tres asociaciones han reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que elija "con las máximas garantías de independencia" al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ante las informaciones sobre supuestas presiones a los vocales para que designen a un candidato determinado.

El pleno del órgano de gobierno administrativo de los jueces tiene previsto elegir este miércoles al presidente de la Sala Tercera, encargada de controlar los actos del Gobierno y del propio CGPJ.

Carlos Lesmes se niega a renovar a su actual presidente, José Manuel Sieira, ya que rechaza el control que sobre sus actos se ha realizado desde la sala tercera del Supremo. Además, fue quien llevó al pleno de esta sala la anulación del indulto al kamikaze, en 2013, cuyo ponente era el propio Lesmes.

En un comunicado conjunto, las tres agrupaciones muestran su "profunda preocupación" y advierten que "cualquier interferencia del poder político en este proceso contribuiría una vez más al deterioro de la credibilidad de nuestras instituciones judiciales".

JpD, FdV y FJI recuerdan que la Sala Tercera del Tribunal Supremo es la que controla los actos del Gobierno. "Con más razón cabe reclamar que esta designación sea efectuada de forma que asegure las máximas garantías de independencia, imparcialidad y profesionalidad del presidente de la Sala", dicen.

"Esperamos que las informaciones [difundidas] sean falsas y que sean desmentidas por el presidente del CGPJ y deseamos que en modo alguno se ceda a la tentación de promover, mediante un inadecuado uso de la política de nombramientos discrecionales, a candidatos que puedan ser más cómodos para el poder político o para el órgano de gobierno de los jueces", concluyen.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/22/la_juez_convierte_irreversible_decision_juzgar_los_espias_sueldo_comunidad_madrid_35741_1012.html

JUSTICIA SE ATRIBUYE NOMBRAR A DEDO A LOS SECRETARIOS DEL SUPREMO

El PP introduce una enmienda en el Senado con la libre designación de los funcionarios que participan en grandes causas y recursos

El Gobierno se ha atribuido la libre designación de los secretarios judiciales del Tribunal Supremo, es decir, el cuerpo de funcionarios que tiene control sobre el trámite de grandes causas y recursos. El Ejecutivo lo ha hecho de nuevo por la puerta de atrás de una enmienda del PP a la Ley Orgánica del Poder Judicial introducida en el Senado, al margen del foco político y mediático. La norma fue ratificada el miércoles en el Congreso para que entre en vigor el 1 de octubre y a parir de ese momento los secretarios pasarán a denominarse letrados de la Administración de Justicia.

En el Supremo hay 21 secretarios judiciales que hasta ahora eran designados por el procedimiento ordinario de concurso, es decir, en función de la antigüedad, como se hace en el resto de los tribunales y en otras carreras funcionariales. Así se mantenía en el artículo 450.1 del proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes y en el que salió del Congreso. Sin embargo, en el Senado se introdujo una enmienda en el que se elimina el criterio objetivo de la antigüedad para asegurar que esas plazas “se provean por libre designación” y “se elimina la preferencia por la mayor antigüedad en el orden jurisdiccional al que corresponda la plaza”.

Según el Sindicato de Secretarios Judiciales la reforma “no prevé ninguna valoración de méritos o capacidades u otra medida que haga transparente el mecanismo de selección”.

“La elección a dedo de todos los puestos de trabajo en el Tribunal Supremo no se justifica ni por la naturaleza del órgano, ni por las funciones del Secretario Judicial, ni por las necesidades del servicio público. Desde hace tiempo se tiende a perjudicar la neutralidad e imparcialidad de la función pública a que nos debemos”, añade este sindicato.

http://politica.elpais.com/politica/2015/07/09/actualidad/1436461295_879707.html

MANIOBRA PARA QUE UN CONSERVADOR PRESIDA LA SALA DEL SUPREMO QUE PUEDE TUMBAR DECISIONES DEL GOBIERNO

Fuentes del CGPJ denuncian una campaña de su presidente para que no repita José Manuel Sieira, a pesar de haber desatascado la Sala Tercera

Presenta su candidatura Luis Díez-Picazo, muy próximo a Lesmes y elegido por Gallardón para presidir la comisión que analizó la reforma del Poder Judicial

El Pleno del Poder Judicial, de mayoría conservadora, elegirá el próximo 22 de julio al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

Los recursos judiciales que la oposición o cualquier otro presente contra las actuaciones del Gobierno que salga de las próximas elecciones generales serán resueltos, como marca la Ley, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Hasta hace unas semanas, todo parecía indicar que la continuidad se iba a imponer y al frente de la también llamada Sala de lo Contencioso-Administrativo seguiría su actual presidente, José Manuel Sieira, un magistrado de corte progresista, pero moderado, que presenta su gestión durante estos últimos cinco años como principal aval. Sin embargo, la irrupción en la carrera de Luis Díez-Picazo, muy próximo al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha hecho aflorar una maniobra para que la Sala que puede hacer temblar a un Gobierno sea presidida por un magistrado de claro corte conservador durante los próximos cinco años.

Una norma no escrita hace que los presidentes de Sala suelan ver renovado su primer mandato siempre que éste se haya visto a salvo de polémicas. Sieira tomó las riendas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en 2010 con 14.477 recursos pendientes de resolver. A 3 de junio de 2015, esos recursos habían disminuido hasta los 4.421, menos de una tercera parte. Por otra parte, José Manuel Sieira es un veterano magistrado que lleva 21 años en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

A pesar de ello, hay tres magistrados que le van a intentar disputar el cargo. Según fuentes del Alto Tribunal, a la intención de Díez-Picazo de presentarse reaccionaron otros dos magistrados de la Sala Tercera: Eduardo Calvo Rojas y Jorge Rodríguez-Zapata. Pero las mismas fuentes restan posibilidades a estos dos últimos, extendida como está en el CGPJ la idea de que el candidato de su presidente, Carlos Lesmes, es Díez-Picazo. La maniobra se completa con las presiones que, según fuentes del CGPJ, está ejerciendo Lesmes sobre varios vocales, a los que ha conminado a no apoyar la renovación de Sieira.

Las fuentes consultadas sitúan la animadversión de Lesmes hacia Sieira en el fallo de la Sala Tercera que tumbó el indulto del Gobierno al conocido como 'kamikaze' de Valencia. Lesmes fue el magistrado encargado de defender la ponencia en contra del recurso presentado por la familia del fallecido. La Sala se partió en dos. Lesmes reunió 17 apoyos por 19 que se posicionaron en contra, con lo que el actual presidente del CGPJ perdió la ponencia, que pasó a manos de Rafael Fernández Valverde.

Los cuatro candidatos serán entrevistados por la comisión permanente del CGPJ en audiencia pública en las próximas semanas. Los 20 vocales del pleno del Consejo General del Poder Judicial, más su presidente, votarán quién va a presidir la Sala III del Tribunal Supremo hasta 2020. El pleno cuenta con mayoría conservadora y un eventual empate puede ser resuelto con el voto de calidad del presidente Lesmes.

Díez-Picazo, con FAES y Gallardón

Luis Díez-Picazo es magistrado del Tribunal Supremo desde hace seis años. Es, por tanto, el más reciente en el Alto Tribunal de cuantos aspiran a presidir la Sala de lo Contencioso-Administrativo, compuesta en la actualidad por 37 magistrados más su presidente. Díez-Picazo accedió al Tribunal Supremo por el quinto turno, esto es, como jurista de reconocido prestigio. De 58 años, es catedrático de Derecho Constitucional con un amplísimo curriculum.

El anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, eligió a Díez-Picazo para presidir la comisión que abordó la reforma del Consejo General del Poder Judicial. De las pocas intervenciones públicas que se le encuentran figura una de 2006 en un campus de la FAES, el think tank del Partido Popular, dedicado al Presente y Futuro de la Constitución. Apenas tres semanas después de que los catalanes refrendaran el nuevo Estatuto de Cataluña, Díez-Picazo afirmó: “Estamos ante un intento subrepticio de transformar nuestro país en un Estado asimétrico que pone en juego la igualdad política de los ciudadanos”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Sala Tercera entenderá de, entre otros, los recursos “contra actos y disposiciones” adoptados en el seno del Consejo de Ministros. El plazo para presentar la candidatura a presidirla finalizó el pasado domingo, pero todavía restan unos días para aquellos magistrados que decidieron enviar la suya por correo.

En cuanto a los otros dos candidatos, Jorge Rodríguez-Zapata se presenta con la experiencia de haber sido magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta del Partido Popular. También magistrado del Supremo por el quinto turno, accedió al Alto Tribunal hace quince años, en los que siempre ha estado en la Sala III, a excepción de su periodo en el Constitucional, entre 2002 y 2011.

Por último, Eduardo Calvo Rojas lleva una década en el Tribunal Supremo. Es afiliado a la asociación progresista Jueces para la Democracia y le avala haber presidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo en otro tribunal, la Audiencia Nacional.

http://www.eldiario.es/politica/Maniobra-conservador-Sala-Supremo-Gobierno_0_403860594.html

EL CGPJ OTORGA LA PLAZA DE JAVIER GÓMEZ BERMÚDEZ AL EXVOCAL DEL PP JUAN PABLO GONZÁLEZ

El magistrado ocupa el puesto de juez central de instrucción 3 de forma provisional, en contra del criterio seguido para que Pablo Ruz abandonara el juzgado central 5.

Donde dije digo, digo Diego. El magistrado Pablo Ruz, instructor en el juzgado central número 5, hubo de abandonar su trabajo y regresar a un juzgado de Móstoles (Madrid) porque ocupaba el cargo de forma provisional, en comisión de servicio. El nuevo Consejo General del Poder Judicial decidió sacar a concurso la treintena de plazas cubiertas en España de esta manera, entre las que se encontraba la de Ruz, cuya instrucción del caso Gürtel levantaba ampollas en el PP, y cubrirlas por el concurso ordinario.

El concurso lo ganó José de la Mata, porque fue el magistrado mejor posicionado en el escalafón de todos los jueces en activo que se presentaron a la convocatoria. Fue alto cargo del gobierno socialista en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. La sorpresa fue mayúscula en el CGPJ al descubrir quién había ganado el concurso entre todos los que se presentaron. Ocupará la plaza mientras su titular se encuentre en excedencia, ya que es magistrado de enlace en Gran Bretaña.

El problema regresó de nuevo con el juzgado central de instrucción 3, cuyo titular, Javier Gómez Bermúdez, ha sido nombrado magistrado de enlace en Francia. Este nombramiento diplomático ha sido auspiciado por José María Aznar ante Mariano Rajoy, según fuentes conocedoras de las gestiones realizadas en los aledaños del Gobierno.

En lugar de sacar la plaza a concurso ordinario, el CGPJ ha optado por regresar a su denostada fórmula de la comisión de servicio, que no requiere respetar el escalafón de entre los candidatos ni seguir un principio de mérito y capacidad. Esto es, de la manera en la que Pablo Ruz ocupaba el juzgado central número 5.

El elegido ha sido Juan Pablo González, quien fue vocal del CGPJ a propuesta del Partido Popular durante el mandato entre 2001 y 2008. Después fue nombrado diplomático judicial en París hasta el pasado 27 de mayo que regresó al servicio activo.

La Permanente del CGPJ justifica esta decisión en que Juan Pablo González cubrirá en comisión de servicio el juzgado central de instrucción 3 para “evitar disfunciones en el normal funcionamiento del juzgado hasta tanto se cubra la plaza vacante por el procedimiento ordinario en el próximo concurso de traslados”.

El acuerdo ha contado con los votos a favor de Carlos Lesmes, presidente del órgano constitucional, y de los vocales Mar Cabrejas, Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán. Sólo votó en contra Álvaro Cuesta, quien considera que se tendría que haber aprobado primero la necesidad de esta comisión de servicio y, además, defiende que había una candidata más idónea para el puesto.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional propuso a González a la Permanente del CGPJ al considerar que su amplia experiencia en cooperación judicial internacional “avala un entendimiento de las competencias que son materia propia de los Juzgados Centrales de Instrucción” y “supone una ventaja en la acomodación al desempeño” de sus funciones.

La convocatoria se decidió después de que el juez decano de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, comunicara las dificultades para cubrir la vacante dejada por Gómez Bermúdez mediante el sistema ordinario de sustitución, ya que hubiera correspondido al magistrado Eloy Velasco y hubiera provocado una sobrecarga de trabajo.

http://www.publico.es/politica/cgpj-otorga-plaza-javier-gomez.html

LA JUEZ ROBLES PIDE A LESMES QUE EXPLIQUE LAS COMIDAS EN EL SUPREMO

La magistrada reclama al presidente del Consejo que sea transparente con los gastos de los eventos protocolarios que organiza dentro del Tribunal

La magistrada Margarita Robles ha remitido hoy un escrito a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que preside Carlos Lesmes, en el que pide que se dé transparencia y se aclaren "los gastos protocolarios de los distintos eventos (comidas, reuniones de trabajo...) que se hacen en la sede de este Tribunal Supremo". Fuentes de este tribunal y de empresas de servicio de comidas han señalado a EL PAÍS que "con gran frecuencia" el presidente Lesmes "celebra desayunos y almuerzos con invitados dentro del Tribunal Supremo" en los que "no se escatiman recursos ni dinero".

Robles, magistrada del Tribunal Supremo, demanda transparencia a estos gastos protocolarios tras haber tenido "conocimiento de la próxima realización de una inspección a las diferentes Salas de este Tribunal, y en concreto a la Sala Tercera, de la que formo parte", señala, "sin que se hayan explicitado las razones que han determinado esa decisión".

Robles indica en el escrito que ayer envió a la Sala de Gobierno, que preside Lesmes: "Teniendo en cuenta que la realización de una inspección a las Salas de este Tribunal constituye un hecho inédito, que no tiene precedentes desde la creación del mismo, y que podría evidenciar una sombra de duda sobre el trabajo que aquí se realiza, solicitaría, en aras a la necesaria transparencia, que si a bien se tiene, se nos informara a los magistrados/as de esta Sala sobre las razones de la inspección y el alcance de la misma, para poder en su caso colaborar activamente en ella". Y añade: "Igualmente, y en aras a esa transparencia, solicitaría se informara si esa inspección se circunscribirá a los asuntos que se tramitan en las mismas Salas, o si se extenderá también a los gastos protocolarios de los distintos eventos (comidas, reuniones de trabajo, etcétera) que se hacen en la sede de este Tribunal Supremo".

http://politica.elpais.com/politica/2015/04/14/actualidad/1429034254_611848.html

LA MANO DERECHA DE LESMES PARTICIPÓ EN LA DESIGNACIÓN DE LOS JUECES QUE COBRARON DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Comisión Permanente del Poder Judicial, de la que forma parte Gerardo Martínez Tristán, ha reclamado al Servicio de Inspección que elabore un informe
Un magistrado considera que el vocal del Consejo propuesto por el PP debería abstenerse en cualquier actuación relacionada con el pago de dietas del Gobierno madrileño

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, a su llegada a la sede del Consejo General del Poder Judicial. EFE El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, a su llegada a la sede del Consejo General del Poder Judicial. EFE

El vocal a propuesta del PP en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial Gerardo Martínez Tristán fue uno de los magistrados que aprobaron en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la designación de los jueces y secretarios que cobraron las dietas de la Comunidad de Madrid, según confirmaron a infoLibre fuentes del propio Poder Judicial, que especifican que la reunión se celebró el 28 de noviembre de 2011.

La Sala de Gobierno la componían entonces, además de Francisco Vieira como presidente del TSJM y Martínez Tristán, en calidad de máximo responsable de la Sala de lo Contencioso-Administrativo; el presidente de la Sala de lo Social, Juan Miguel Torres Andrés; la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana Ferrer; y el juez decano, José Luis González Armengol, según informa el diario Confilegal.com.

Y en esa reunión, los magistrados acordaron designar a los jueces que iban a formar parte de los grupos de trabajo con la Comunidad de Madrid. El diario El País publicó que jueces, fiscales y otros funcionarios adscritos al TSJ recibieron más de 200.00 euros de la Comunidad de Madrid. Y lo recibieron de forma directa o indirecta con la participación de la empresa Indra. Precisamente, el TSJ es el órgano que se encarga de investigar a los aforados del Gobierno madrleño, presidido por Ignacio González (PP).

Comité Permanente

En concreto, el trabajo de los magistrados consistió en el desarrollo de una herramienta informática en decanatos y órganos judiciales que se puso en marcha en 2010. Asimismo, nueve juristas que conformaban el denominado Comité Permanente de seguimiento de la digitalización de los juzgados y tribunales de Madrid (integrado por tres jueces y seis secretarios) percibieron en 2014 dietas extra por importe de 3.000 euros cada uno (27.000 en total).

La actuación de Martínez Tristán, marido de la consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por María Dolores de Cospedal, fue muy polémica al pretender que todos los recursos presentados contra la privatización de la Sanidad madrileña se decidieran en el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que él presidía. El PSOE llegó a plantear la recusación de Martínez Tristán por su proximidad al PP. Al final, este magistrado acabó siendo propuesta como vocal del Poder Judicial, en donde ahora se le considera la mano derecha u hombre de confianza del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Servicio de Inspección

La Comisión Permanente, de la que forma parte Martínez Tristán, fue la encargada de enviar este caso al Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero. También este mismo órgano reclamó al Servicio de Inspección del Poder Judicial que elaborara un informe, confirman a este diario fuentes oficiales del Consejo. Según el diario Confilegal.com este servicio ya ha iniciado sus pesquisas con entrevistas a los magistrados que participaron en los trabajos.

infoLibre se ha puesto en contacto con un magistrado, de reconocido prestigio, que explicó que lo prudente por parte de Martínez Tristán habría sido abstenerse: "Que la Comisión Permanente reclame un informe podría parecer neutro, pero realmente debería de abstenerse. No era necesario que se encargara este informe, ya que Martínez Tristán que estaba ahí mismo, podía informar del tema", completa el juez que reclama anonimato.

Pero el papel de Martínez Tristán como integrante de la Comisión Permanente del Poder Judicial podría tener un mayor peso. Esta comisión tendría la facultad de obligar al instructor a que reabriera el caso si éste hubiera decidido archivarlo. Y en caso de que la comisión disciplinaria acordara una sanción, el recurso tendría que ser resuelto por la Comisión Permanente.

Declaradas a Hacienda

Según reconoció Vieira en una nota de prensa, la intervención de los magistrados ha sido "esencial" para dotar a los juzgados y tribunales de las herramientas informáticas "adecuadas para ejercer su labor, lo que difícilmente se habría logrado sin su colaboración". También aseguró que todas las cantidades percibidas habían sido declaradas a Hacienda efectuándose las retenciones correspondientes.

Asimismo, Vieira explicó que desde un principio entendió que su actuación y la de los magistrados integrados en esos grupos "estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al CGPJ la autorización o reconocimiento de compatibilidad que prevé para determinados supuestos el Reglamento de la Carrera Judicial, al ser aplicable lo dispuesto en su artículo 343".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/28/un_vocal_del_poder_judicial_participo_reunion_que_designo_los_jueces_que_cobraron_comunidad_madrid_29025_1012.html

UN VOCAL DEL CGPJ ENVÍA A UN JUZGADO UN DOCUMENTO CON LOS NOMBRES DE 20 JUECES EXPEDIENTADOS

Para pedir la suspensión de un juicio, el vocal del CGPJ Vicente Guilarte remitió a un juzgado un escrito en el que se incluían los nombres de 20 jueces a quienes se habían abierto o archivado expedientes disciplinarios

El abogado de un caso contra una registradora denunció a Guilarte ante el Consejo por prevalerse de su cargo y por vulnerar la Ley de Protección de Datos

Un informe del CGPJ lo niega y asegura que la divulgación de los nombres de los jueces no es “imputable” al vocal

La ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) permitió en junio de 2013 a los vocales de este órgano compaginar su cargo con la actividad profesional previa que ejercían. Es el caso de Vicente Guilarte, catedrático de Derecho Civil y director del área jurídica del Colegio de Registradores. Fue nombrado vocal en diciembre de 2013 a propuesta del PP. Forma parte de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, la que expedienta y sanciona a los jueces. Al mismo tiempo, defiende ante esos mismos jueces a los registradores que son denunciados por sus calificaciones o inscripciones.

El pasado mes de noviembre, Guilarte remitió al Juzgado de Primera Instancia número 6 de Logroño un escrito para pedir la suspensión y aplazamiento de un juicio, en el que defendía a la registradora mercantil de La Rioja, Celia Meneses Martínez Bernal. La fecha de la vista coincidía con la de una reunión de la Comisión Disciplinaria del CGPJ. El documento enviado reproduce los acuerdos alcanzados por la citada comisión el 20 de noviembre de 2014, e incluye los 21 nombres de otros tantos jueces y magistrados a quienes se había abierto o archivado expedientes disciplinarios o a quienes se sancionaba. También consigna el motivo por el que se les había incoado el procedimiento o por el que se les multaba.

Deber de sigilo y máxima precaución con la protección de datos

Los vocales del CGPJ, al igual que los empleados de la Administración de Justicia, están obligados por ley a “mantener sigilo de los asuntos que conozcan por razón de sus cargos o funciones y no hacer uso indebido de la información obtenida, así como guardar secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión está prohibida legalmente”. Lo estipula el artículo 497 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, están obligados a guardar “discreción” sobre los expedientes que manejan y a la “máxima precaución en la observancia de la Ley de Protección de Datos”, según fuentes jurídicas.

Los acuerdos de la Comisión Disciplinaria se publican en la página web del CGPJ pero con los nombres de los jueces tachados, así como la localización de los juzgados donde ejercen. Vicente Guilarte no guardó la misma precaución con los papeles que mandó al juzgado de Logroño.

El escrito detalla la apertura de expedientes por falta graves o muy graves –normalmente por retraso injustificado, desconsideración o abuso de autoridad– a nueve jueces, el archivo de otros cinco, una sanción de un año para otro y dos recursos, entre otras resoluciones. Curiosamente, el último punto del orden del día corresponde a una solicitud cursada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra para recabar información sobre el sistema de notificación a los jueces sancionados, a raíz de la filtración a la prensa local de la sanción impuesta a un juez. La petición se retiró.

Demanda ante el CGPJ

El abogado que demandó a la registradora riojana consideró que, en este caso, Vicente Guilarte no había mantenido el sigilo debido y presentó una denuncia ante el CGPJ. Pero no sólo por la posible vulneración de la confidencialidad, sino también porque consideraba que el vocal se estaba prevaliendo de su condición para influir en la decisión del juez.

El artículo 580 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dicta que los vocales del CGPJ no pueden “invocar o hacer uso de su condición de tales en el ejercicio de su profesión”. Otras fuentes jurídicas consultadas advierten, en efecto, de la “presión” que puede suponer para un juez de Primera Instancia tener enfrente como abogado de una de las partes a un vocal del CGPJ, y no uno cualquiera sino precisamente uno de los encargados de sancionar la conducta y el rendimiento de los jueces.

Como resultado de la denuncia, el gabinete técnico del CGPJ emitió el 22 de diciembre un informe que exime a Vicente Guiliarte de toda responsabilidad. Así, niega que aducir una convocatoria de la Comisión Disciplinaria para pedir la suspensión de un juicio sea “invocar su condición de vocal” en los términos del artículo 508 antes citado. “Lo que la norma prohíbe es hacer valer la condición de vocal para fines interesados, obtener ventaja personal o beneficio o eludir el cumplimiento de obligaciones”, explica el informe.

Tampoco cree el gabinete técnico que Guilarte haya vulnerado su deber de sigilo. Por el contrario, interpreta que el escrito enviado al juzgado de Logroño es una “documentación necesaria, equivalente a otras como la certificación del secretario de la Comisión, que se utiliza como medio probatorio para acreditar la certeza de lo aducido”. A juicio de los técnicos del CGPJ, ese documento es de los que se pueden enviar “a un tercero sin necesidad de consentimiento de los interesados, por cuanto tiene por destinatario a los jueces o tribunales en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas en el proceso”. Por tanto, concluye el informe, el hecho de que los datos incluidos en el documento sean divulgados, “no es imputable” al vocal.

El informe del gabinete fue refrendado por la Comisión Permanente del CGPJ el pasado 13 de enero, según explican fuentes del propio organismo.

Defensor del hermano de Mariano Rajoy

Vicente Guilarte es letrado del Colegio de Registradores Mercantiles y de la Propiedad desde 2003. En 2009 se le puso al frente del departamento jurídico. Su misión en este tiempo ha sido defender a los registradores en los tribunales cuando son demandados por sus actuaciones. Entre sus defendidos cabe citar a Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno y registrador como él, que fue expedientado por la Dirección General de los Registros y el Notariado en 2008 por “extralimitarse en sus funciones”. Por ese motivo se le impuso una multa de 12.000 euros.

Enrique Rajoy demandó después a la Dirección General y ganó tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como en la Audiencia Nacional. El hermano del presidente agradeció a Guilarte en una carta enviada a la intranet del Colegio de Registradores su “impagable apoyo”. Entonces Enrique Rajoy era registrador de la Propiedad en Alcalá de Henares. Ahora lo es en Cáceres.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/03/02/un_vocal_del_cgpj_envia_juzgado_documento_con_los_nombres_jueces_expedientados_29163_1012.html

PROGRESISTAS DEL CGPJ ACUSAN A LESMES DE DISCRIMINAR A UNA MUJER PARA EL TSJ DE MURCIA Y CENSURAR A DISCREPANTES

Siete vocales acusan por escrito a Lesmes de censura y de discriminar por ser mujer a una candidata con mayor experiencia

El nombramiento a finales del pasado mes de enero del juez de lo Penal de Murcia Miguel Alfonso Pascual como presidente del Tribunal Superior de Justicia en dicha comunidad ha originado una monumental bronca en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siete de cuyos vocales acusan al presidente, Carlos Lesmes, de propiciar la discriminación por ser mujer de otra candidata más válida y de censurar a los discrepantes con esta decisión.

Así se señala en el voto particular que ha presentado la vocal y magistrado del Tribunal Supremo Clara Martínez de Careaga con el apoyo de otros seis consejeros del sector progresista y del nacionalista de este órgano, en el que se denuncia el manejo por parte de Lesmes para impedir la presentación, en un voto particular que fue rechazado por extemporáneo de sus razones contra la designación de Pascual.

El documento destaca que, dada la práctica inexistencia de mujeres presidentas en los TSJ (sólo hay una en los 15 órganos de esta categoría), que Alonso ha sido perjudicada por su condición de mujer "sin más justificación que una subjetiva valoración del proyecto de actuación del candidato varón" que "bordea la arbitrariedad e incurre en discrimación".

Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el Consejo retuvo el acuerdo de nombramiento que fue adoptado el 29 de enero hasta casi un mes después, el pasado día 20, hurtándole así la posibilidad de estudiar los motivos del nombramiento de cara al voto particular que legalmente debería haber presentado 48 horas después de la designación del nuevo presidente del TSJ de Murcia.

En fuentes del Consejo, sin embargo, se ha explicado a Europa Press que el voto particular de Martínez de Careaga fue presentado más de 20 días después del de celebración del Pleno cuando podía haberlo hecho en tiempo, lo que motivó su inadmisión. La vocal planteó esta cuestión en el siguiente Pleno, celebrado el pasado 26 febrero, que por 14 votos a 7 acordó confirmar la inadmisión del voto particular.

MÉRITO Y CAPACIDAD

Según explica la vocal progresista en su voto, el nombramiento de Miguel Alfonso Pascual perjudicó y discriminó a la candidata más competente, la magistrada del la Audiencia Provincial de Murcia María Pilar Alonso Saura, cuya antigüedad en la Carrera se sitúa en 1.160 puestos por encima del finalmente designado.

A ello se añade, según la discrepante, el hecho de que Alonso lleve destinada 23 años en la Audiencia de Murcia frente a un juez, el que resultó elegido por la mayoría conservadora, cuya experiencia se limita al enjuiciamiento unipersonal de delitos menores y sin ninguna experiencia en órganos colegiados.

Los vocales firmantes de este documento son, además de Martínez de Careaga, Roser Bach, Rafael Mozo, Concepción Sáez, Enrique Lucas, María Victoria Cinto y Pilar Sepúlveda.

Frente a las acusaciones, fuentes del Consejo consultadas por Europa Press recuerdan que este tipo de procesos selectivos se rigen por lo dispuesto en el Reglamento del CGPJ que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

En el caso de los órganos gubernativos, los aspirantes deben elaborar un programa de actuación describiendo las principales iniciativas encaminadas a mejorar el funcionamiento del tribunal o la Sala a cuya presidencia aspiran que luego exponen en una comparecencia pública en la sede del CGPJ y que es valorado por el Pleno en la elección.

LA ANTIGÜEDAD NO ES DETERMINANTE

La antigüedad es, por tanto y según estas fuentes, uno más de los requisitos que se tienen en cuenta. Añaden que en el mandato del actual CGPJ, el Pleno ha elegido para cargos gubernativos a varias mujeres que contaban con menor antigüedad que algunos de sus competidores varones.

Este es el caso de la presidenta de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, Garbiñe Biurrun, que ingresó en la Carrera Judicial en 1987, cuando uno de los dos aspirantes varones al mismo cargo lo había hecho en 1983.

La misma situación se dio con la presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres, María Félix Tena, que ingresó en la carrera en 1988 y que fue elegida para el cargo frente a candidatos varones que lo habían hecho en 1979 y 1987.

Tampoco en otros casos, sin presencia de candidatas femeninas, ha sido elegido el aspirante con más antigüedad: así sucedió en los procesos selectivos para la presidencia de la Audiencia Nacional o de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, apuntan.

http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Progresistas-CGPJ-Lesmes-TSJ-Murcia_0_1950900427.html

LA ASOCIACIÓN JUECES POR LA DEMOCRACIA ACUSA A LESMES DE COMETER UN FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN

JpD reprocha al presidente del Consejo General del Poder Judicial su actuación "autoritaria y presidencialista" al negarse a renovar la Comisión Permanente. La asociación asegura que el Gobierno utiliza el órgano para nombrar a vocales de su confianza y marginar a las voces críticas

Jueces por la Democracia (JpD) ha criticado duramente en un comunicado distribuido a la carrera judicial la decisión de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de negarse a cumplir la renovación de la comisión permanente, prevista en la Ley 4/2013 de 28 de junio, que modifica la ley que regula el órgano.

La asociación progresista denuncia la actitud “presidencialista” de Lesmes y la actuación del Gobierno del Partido Popular que, afirman, usa a Lesmes para nombrar a los cargos más importantes de la justicia ordinaria. JpD reprocha al presidente del CGPJ que carece “por completo de sentido institucional” y que obedece “solícito” a los dictados del Gobierno.

“El resultado no es otro que la transformación del órgano de gobierno de los jueces en un órgano del Gobierno contra los jueces y su independencia”, se lamentan. La comisión permanente del CGPJ tiene atribuidas todas las funciones que no se corresponden al pleno y a las otras comisiones, lo que se traduce en que la permanente es el centro del poder de decisión del órgano. Para evitar una concentración de poder excesiva, la ley prevé que la permanente se renueve una vez al año; pese a ello, Lesmes ha decidido no hacerlo, aunque ha asegurado que se renovará antes de que termine el año.

“La promesa del Presidente de Consejo de que la Comisión será renovada antes de fin de año es una muestra más del presidencialismo que inspira el funcionamiento de este órgano constitucional, siendo él y no el Pleno quien decide el cuándo y el cómo de la renovación”, responde la asociación.

Debido a que es el presidente el que tiene la capacidad de configurar “a su antojo” la comisión permanente, Lesmes está aprovechando, dice el comunicado, para asegurarse la fidelidad de algunos vocales y para hacer que las voces discrepantes se vean “relegadas a un segundo plano”.

La asociación acusa a Lesmes de actuar de forma “autoritaria” y de no cumplir una ley que diseña un CGPJ “de carácter presidencialista”. Todo ello a pesar de que algunos vocales ya habían hecho público su deseo de pasar a formar parte de la permanente y sin poder descartar, aseguran, que otros no se hayan atrevido a hacerlo ya que era “una batalla perdida pues no había la más mínima intención por parte del presidente del CGPJ de que hubiera renovación alguna”, argumentan.

La no renovación de la comisión permanente fue aprobada en el último pleno del CGPJ con 14 votos a favor y siete en contra, con la única salvedad de la entrada de un nuevo vocal por la dimisión de su cargo de Mercè Pigem

http://www.publico.es/politica/jpd-acusa-al-pp-fraude.html

LESMES IMPONE SU NÚCLEO DURO PARA CONTROLAR LA JUSTICIA

Ejerce un poder total a través de la comisión permanente. En el pleno de hoy se ha negado a cambiar a sus integrantes, en contra de las demandas de la minoría progresista y a pesar de que la ley contempla la rotación anual de sus miembros

Si algo ha demostrado este año de ejercicio del poder por parte de Carlos Lesmes es un marcado presidencialismo al frente del Consejo General del Poder Judicial. Todo el control lo ejerce a través de la comisión permanente, a donde llegan los asuntos ‘cocinados’ por un comité de dirección cuyos integrantes son designados directamente por él.

Sólo cinco de los veinte vocales tienen dedicación exclusiva y sueldo correspondiente: son los integrantes de la Permanente. Los demás están obligados a compaginar sus trabajos con las funciones recortadas de este órgano, lo que les provoca numerosas dificultades para enterarse de lo que realmente ocurre dentro del CGPJ.

El Pleno del CGPJ ha afrontado este jueves una sesión polémica por esta causa. Seis vocales que conforman la minoría progresista demandaban a Lesmes la renovación de la comisión permanente, de tal manera que diera entrada a nuevas voces diferentes a las que le han servido en este año para controlar la cúpula de los órganos de gobierno de la administración de justicia.

La minoría progresista ha reclamado que cumpla con el espíritu de la ley que reformó el CGPJ y que, por cierto, fue elaborada por el propio Lesmes quien, a pesar de ejercer como magistrado, asesoró al Gobierno del PP para recortar las competencias de este órgano constitucional.

La norma proclama en su preámbulo que para permitir “una mayor pluralidad en la composición de la Comisión Permanente se prevé su renovación anual, estableciendo de este modo la posibilidad de que todos los Vocales, con excepción de los que integren la Comisión Disciplinaria, puedan llegar a formar parte de la misma”.

Ya en su articulado la ley introdujo la expresión “se procurará” la rotación anual de los integrantes de la Permanente (artículo 601.2).

Lesmes se ha negado a tal renovación: no quiere renunciar al control presidencial que ejerce a través de la Permanente. Cuenta con los votos seguros de los vocales nombrados a propuesta del PP -Juan Manuel Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán-, al igual que con la aquiescencia habitual del exdiputado socialista Álvaro Cuesta y de la magistrada Mar Cabrejas, nombrada esta última a iniciativa de Antonio Camacho, ex secretario de Estado de Interior socialista.

La certeza de Lesmes de que el Pleno iba a aceptar su decisión era tal que sacó a concurso la plaza de Cabrejas dentro del macroconcurso de traslados de jueces que se convocó en diciembre. En otras palabras, daba por hecho que Cabrejas continuaría con su dedicación exclusiva en la Permanente, por lo que su plaza -en el juzgado de primera instancia 55 de Madrid- fue ofrecida para que la ocupe otro juez mientras dure esta situación de servicios especiales.

En este macroconcurso se introdujo también el juzgado central de instrucción 5. Lesmes contó con el apoyo de Cabrejas en la Permanente para sacar la plaza que ocupa Pablo Ruz de forma interina.

Los seis vocales de la minoría progresista reclamaron esta renovación en diciembre, por medio de un escrito firmado por Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez, todos ellos nombrados por el Parlamento a propuesta del PSOE excepto Sáez, que lo fue por IU. Hace unos días volvieron a solicitar por escrito a Lesmes que accediera a dicha renovación prevista en la Ley y que todos asumieron de forma implícita al nombrarlo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo en 2013.

Espadas en alto

Tanto Abad como Bach y Sepúlveda solicitaron por escrito su incorporación a la Permanente, aunque la ley no exige este requisito. La candidatura de Bach tiene opositores, ya que forma parte de la Comisión Disciplinaria, que no se renueva en los cinco años que dure el mandato de este Consejo.

El único cambio previsto que aprobó el pleno de este jueves ha sido una incorporación en la Permanente, la de la vocal Nuria Abad, designada a petición del PP. Entra en el núcleo duro en sustitución de Mercé Pigem, la vocal pillada sacando 10.000 euros de Andorra junto a su hermana y que dimitió en diciembre pasado tras ser presionada en este sentido por el propio Lesmes. La renuncia se produjo aunque no incurrió en infracción administrativa alguna.

Dadas las espadas que había en alto, y a la vista de la renuncia de Pigem, Lesmes optó por aplazar el debate de diciembre con el argumento de que intentaría alcanzar un acuerdo lo más amplio posible sobre la renovación de la Permanente entre los 20 integrantes del Pleno.

Pero no ha existido tal acuerdo en este conflictivo Pleno. En esta sesión se estrenó el nuevo vocal que ha sustituido a Pigem: José María Macías, quien juró el pasado martes ante el rey como nuevo vocal del CGPJ.

Macías forma parte de la lista de sustitutos que aprobó el Senado en 2013 dentro del cupo de juristas de reconocida competencia. Exjuez, ejercía como abogado en el despacho de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

El primer candidato a sustituir a Mercé Pigem como vocal del órgano de gobierno de los jueces, era Antonio María Álvarez-Buylla, quien renunció por "razones personales" y dejó paso a Macías.

http://www.publico.es/politica/lesmes-renueva-nucleo-duro-controlar.html

EL PP AMPLÍA SU MAYORÍA EN LA COMISIÓN CLAVE DEL PODER JUDICIAL

Vocales progresistas acusan a Lesmes de saltarse la ley "sin sinrojo"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha logrado imponer su criterio y frenar la renovación total de la comisión permanente del consejo, el órgano en el que se toman la mayoría de decisiones relevantes del Poder Judicial y cuyo relevo reclamaban los vocales progresistas. El pleno del consejo ha acordado, por 14 votos a siete, mantener en el cargo a los dos miembros propuestos por el PP (Francisco Gerardo Martínez Tristán y Juan Manuel Fernández Martínez) y a los dos del PSOE (Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta) y cubrir solo el hueco dejado en diciembre por Mercè Pigem, (CiU), que dimitió después de que se conociera que había entrado en España desde Andorra con 9.500 euros en efectivo.

El puesto de Pigem lo ocupará Nuria Abad, vocal a propuesta del PP, lo que refuerza la mayoría conservadora en esta comisión. Hasta ahora, esta mayoría estaba condicionada por la vocal de CiU, que con su voto podía hacer inclinarse la balanza a favor del Lesmes y los dos vocales del PP o provocar un empate que tenía que resolverse con el voto de calidad del presidente. Con la entrada de Abad, Lesmes se garantiza ahora una cómoda mayoría en todas las votaciones de este órgano. Además, el presidente ha contado en el último año con el apoyo de los dos vocales del PSOE en algunas importantes deliberaciones de la Permanente, de ahí que Lesmes se haya opuesto a promover la entrada de otros vocales progresistas que pudieran ser más críticos con sus decisiones.

El presidente del Poder Jodicial logra frenar la renovación total de su núcleo de decisión

Tras dos horas y media de debate, la propuesta de Lemes ha salido adelante con el voto de todos los miembros propuestos por el PP más el vocal propuesto por CiU, José María Macías Castaño, que se ha estrenado hoy en el consejo. Han votado en contra los cinco miembros propuestos por el PSOE que no forman parte de la Permanente -Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, y Pilar Sepúlveda- la vocal de IU -Concepción Sáez- y el del PNV -Enrique Lucas-. Los siete han anunciado que formularán voto particular. Además, todos excepto el vocal propuesto por el PNV, han firmado un escrito en el que acusan a Lesmes y a los miembros que han secundado su propuesta de saltarse la ley "sin sonrojo".

Los cinco vocales de la Permanente son los únicos que tienen dedicación exclusiva para el Poder Judicial y deciden sobre todos los asuntos importantes que no están reservados al pleno. Suya fue, por ejemplo, la decisión de sacar a concurso la plaza del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. Los vocales progresistas que no forman parte de esta comisión habían exigido en las últimas semanas su renovación total apelando a la ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que esta se elegirá anualmente y que el pleno del Consejo “procurará la rotación anual” de sus miembros, excepto de aquellos vocales que también pertenezcan a la Comisión Disciplinaria. Según fuentes del Poder Judicial, Lesmes se ha comprometido a que, en los cuatro años que le quedan al actual consejo, vaya renovándose parcialmente la comisión Permanente para que todos los miembros que lo deseen puedan formar parte de ella.

"El mantenimiento de dicha comisión con la misma composición una vez transcurrido un año desde su nombramiento, plazo en el que legalmente debía ser renovada, además de contravenir de forma clara lo dispuesto legalmente, sortea sin sonrojo la letra y el espíritu de una Ley que dejó claramente establecido que el nuevo modelo de Consejo no debía ser presidencialista y que la participación de todos los vocales en la Comisión Permanente quedaría asegurada por su renovación anual", señala el escrito difundido por estos cinco vocales.

La renovación de esta comisión ya se abordó en el pleno de diciembre, pero la falta de acuerdo obligó a Lesmes a aplazar la decisión un mes para buscar un acercamiento entre los dos frentes. El mes ha pasado, sin embargo, sin que los vocales acerquen posturas y hoy se ha impuesto la propuesta inicial del presidente.

http://politica.elpais.com/politica/2015/01/29/actualidad/1422535369_546259.html

PULSO AL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL

El cese de Torres Dulce y la protesta del Supremo destapan las injerencias del Ejecutivo

El Gobierno tiene a las principales instituciones judiciales del país al borde de la rebelión. La sala clave del Tribunal Supremo ha hecho público su rechazo al intento de injerencia del Ejecutivo en decisiones relacionadas con la excarcelación de etarras; la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, antes de finalizar su mandato, ha extendido la sospecha sobre el intento de manipulación por parte del Gobierno en esta institución; el Consejo General del Poder Judicial, en plena tormenta tras sacar a concurso la plaza del juez que investiga la corrupción del PP, ha tenido que aplazar la renovación de sus principales órganos por la oposición de una parte de sus vocales.

El Supremo vivió este jueves una jornada inquietante. Un grupo de magistrados de la Sala de lo Penal se juntó a primera hora para recoger firmas de protesta contra las injerencias del Gobierno. La iniciativa, insólita en la historia del tribunal, terminó a mediodía con éxito notable para los promotores de la queja: 13 de los 18 magistrados de esa sala firmaron un comunicado que simboliza su descontento con el Ejecutivo.

La Sala de lo Penal del Supremo se encarga de las causas de terrorismo y de las relacionadas con la corrupción de la clase política, entre otras. La recogida de firmas de los magistrados evidencia su hartazgo ante el supuesto intento de manipulación por parte del Gobierno en un tema, el terrorismo de ETA, especialmente sensible para la opinión pública.

La excarcelación de etarras decidida por la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, en aplicación de una decisión marco europea, destapó la indignación del Ejecutivo, que a través de su ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que esa decisión de la Audiencia sería corregida por el Supremo.

El presidente de la Sala de lo Penal de este tribunal, Manuel Marchena, se apresuró a convocar un pleno en el que supuestamente se iba a fijar el criterio para enmendar a la Audiencia. “A través de un recurso de otro preso etarra, al que se había denegado la acumulación de condenas, pretendían fijar criterio y, de paso, derogar la excarcelación de Santi Potros. Esas trampas no pueden admitirse en el Supremo”, explica un juez. El pleno convocado por Marchena no resolvió nada, aplazó la decisión a enero y escenificó la fractura en la Sala. Uno de los magistrados aprovechó la ocasión para expresar el profundo malestar con el Gobierno.

Las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, donde sugería que las decisiones judiciales de acumulación de condenas a etarras eran prevaricadoras agotaron la paciencia de magistrados del Supremo, poco habituados a discrepar públicamente del Ejecutivo.

“La nota de protesta es fruto del hartazgo. El Gobierno está legislando contra la doctrina del Supremo con la idea de que no pasa nada porque controla todas las instituciones judiciales. Lo hizo al introducir una enmienda en el Senado para evitar la aplicación de la decisión marco europea sobre acumulación de condenas; lo intenta ahora con una reforma legal que permita la intervención de comunicaciones sin autorización judicial pese a toda la jurisprudencia que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo en contra de esa posibilidad, y también proyecta cambios en relación con las pruebas de ADN contra el criterio de este tribunal”, señala un magistrado. Otro resume así la situación: “La falta de respeto del Gobierno a la autonomía de las instituciones judiciales ha desencadenado esta reacción en los principales órganos del Poder Judicial”.

La dimisión de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general antes de terminar su mandato extiende la sospecha del intento de control por parte del Gobierno sobre otra pieza estratégica en la administración de justicia. “El Ejecutivo se equivocó al nombrar a Torres-Dulce y no entendió que en una institución tan jerárquica, el fiscal general no impusiera su criterio en relación con la querella contra el Gobierno catalán por la consulta ilegal del 9-N. Si el Gobierno quería controlar esa instancia, eligió a la persona equivocada. Además, la dimisión le ha estallado en la cara al crear la imagen de que Torres-Dulce se ha ido por la falta de independencia”, señala un ex alto cargo judicial.

El Gobierno de los jueces también sufre la inestabilidad del juego político. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, deberá tramitar la queja de los magistrados del Supremo cuando en el órgano que preside hay otro incendio mayor. Los vocales progresistas se niegan a que Lesmes imponga la continuidad de los seis miembros de la comisión permanente, órgano clave del organismo que debe ser renovado cada año.

La última decisión de la Comisión Permanente de convocar la plaza que ocupa Pablo Ruz, juez instructor del caso Gürtel y del caso Bárcenas, ha dejado la sospecha del intento del Gobierno del PP de sacar de la Audiencia Nacional al magistrado que más daño puede hacer a su imagen por las investigaciones que dirige.

División total sobre la excarcelación de etarras

Los 18 magistrados que conforman las distintas secciones de lo Penal de la Audiencia Nacional se reunieron el mes pasado en pleno para deliberar sobre cómo resolver los recursos de etarras presos que pedían, en aplicación de una decisión marco europea de 2008, que se les computaran los años pasados en cárceles francesas para descontárselos del cálculo de cumplimiento máximo de sus penas en España (30 años).

Los jueces de la Audiencia Nacional que debatieron sobre la cuestión conocían una sentencia del Supremo (dictada en marzo con la unanimidad de los cinco magistrados de la sala) favorable a la acumulación de las penas cumplidas en otros países comunitarios, en ausencia de legislación española que recogiera la decisión marco europea. La deliberación de la Audiencia Nacional se produjo el pasado noviembre, cuando ya se había aprobado en las Cortes la trasposición de la decisión marco europea, aunque la Ley todavía no había entrado en vigor.

La nueva norma establece una condición temporal en su disposición adicional única: "En ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010".

Esa disposición adicional dejaba sin efecto la decisión marco europea para los terroristas de ETA presos que habían recurrido. La división de opiniones entre los 18 jueces de la Audiencia Nacional fue absoluta: nueve frente a nueve. La reunión no sirvió para fijar un criterio claro sobre cómo actuar. Unos días después, a principios de diciembre, llegaron los primeros autos judiciales: la sección primera de la Audiencia aceptaba acumular condenas y excarceló a dos etarras; la sección segunda, con un voto particular, rechazaba descontar los años cumplidos en Francia del cumplimiento máximo de la pena en España.

En el Supremo, la división es parecida. Cinco magistrados se pronunciaron a favor de acumular penas en el caso Urrusolo Sistiaga (marzo de 2014), pero el pleno de la Sala de lo Penal (15 magistrados) estudió el pasado martes un recurso de Pedro José Picabea por idéntico motivo que dejó pendiente de resolver tras un largo debate en el que la fractura resultó evidente.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/20/actualidad/1419092965_786067.html

LA SALA CLAVE DEL SUPREMO PROTESTA POR LAS INJERENCIAS DEL GOBIERNO

13 jueces piden a Lesmes que actúe ante Rajoy por unas declaraciones de Fernández Díaz

Trece de los 18 magistrados que componen la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que instruye todos los casos en los que hay imputados políticos aforados por el Congreso o el Senado, firmaron este jueves un escrito de protesta contra las injerencias del Gobierno en el poder judicial. En un gesto insólito en la historia reciente del Supremo, los 13 magistrados, entre ellos varios jueces pertenecientes al sector conservador de la magistratura, firmaron una carta dirigida al presidente de la sala, Manuel Marchena, para que actúe ante unas recientes declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que este calificó de “lamentables” las excarcelaciones de miembros de ETA decretadas por la Audiencia Nacional.

El escrito está suscrito por todos los miembros de la sala de lo Penal, incluidos los tres eméritos, excepto el presidente Marchena y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta y Carlos Granados. La reacción de los jueces llega después de que varios miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el titular de Justicia, Rafael Catalá, hayan criticado en público las excarcelaciones de etarras ordenadas por la Audiencia en cumplimiento de un acuerdo marco europeo que permite acumular en España las penas cumplidas en otros países.

Estas críticas han sido recibidas entre miembros de todos los sectores de la judicatura como una intromisión del Gobierno en la independencia judicial, pero los jueces, hasta ahora, habían optado por silenciar en público su malestar. El detonante de la carta de los magistrados de lo Penal han sido unas declaraciones de Fernández Díaz en una entrevista publicada el pasado sábado por La Razón. El ministro fue preguntado por la acumulación de penas a etarras, que el Tribunal Supremo avaló en marzo, cuando obligó a la Audiencia a revisar la condena del etarra José Luis Urrusolo Sistiaga para descontarle el tiempo de condena cumplido en Francia. “Me parece lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente”, respondió el ministro; a la pregunta de si los jueces podían estar prevaricando al tomar estas decisiones, contestó: “Yo no digo eso, pero si eso lo hubiera hecho una autoridad política o administrativa, quizá en estos momentos se le estaría acusando de un posible delito de prevaricación”.

Los jueces recogen en su escrito estas declaraciones, así como otras de la misma entrevista en las que Fernández Díaz lamenta que se haga “un uso alternativo del derecho” y sostiene que estas decisiones judiciales “provocan falta de confianza en las instituciones”.

Los 13 magistrados que firman la carta, “sin añadir calificación alguna respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno”, piden al presidente de la Sala de lo Penal que haga llegar al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, su “desazón” por estas afirmaciones. Los jueces instan a Lesmes a que, si considera que las afirmaciones del ministro “no son adecuadas ni guardan el debido respeto” al Tribunal Supremo, se lo haga saber al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y le pida “que ponga coto” a manifestaciones como las de su ministro del Interior.

Fernández Díaz: "He respetado y respetaré siempre la ley"

Tras las críticas de los magistrados del Supremo, el ministro del Interior ha insistido este jueves en que respeta la independencia judicial y la separación de poderes. En unas breves declaraciones a los periodistas antes de asistir a la jura de 24 comisarios principales, Fernández Díaz se ha limitado a afirmar: "He respetado y respetaré siempre la ley". A lo que ha añadido que respeto la separación de poderes "garantizada, reconocida y amparada" en la Constitución. A pesar de la insistencia de los reporteros, el titular de Interior ha reiterado que la separación de poderes es "el fundamento de un buen funcionamiento de un Estado social, democrático y de Derecho como es el nuestro".

Entre los cinco miembros de la Sala de lo Penal que no han firmado la carta se encuentran Andrés Martínez Arrieta y Antonio del Moral, que fueron dos de los cinco magistrados del Supremo que en marzo suscribieron la sentencia que avalaba la acumulación de penas del etarra Urrusolo Sistiaga. El alto tribunal celebró el pasado martes un pleno en el que tenía previsto unificar criterio sobre este asunto, pero, tras un largo debate, decidió aplazar la decisión hasta, al menos, el próximo enero.

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LESMES SE SALTA AL PLENO DEL CGPJ Y SACA A CONCURSO LA PLAZA DE LA VOCAL CABREJAS

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se ha saltado a la torera al pleno de este órgano constitucional cuyos 20 vocales son elegidos por las Cortes Generales. Mañana jueves el Pleno tiene previsto acordar los vocales formarán parte de la poderosa comisión permanente por otro año más.

Los seis miembros de la Permanente son los únicos de los 20 vocales que tienen dedicación exclusiva, con un elevado sueldo correspondiente. Esto es, no tienen que compatibilizar sus trabajos con la función de vocal, a diferencia de lo que ocurre con los otros 14 vocales.

Lesmes pretende renovarla con sus componentes actuales, entre los que se encuentra la magistrada progresista Mar Cabrejas. Sin embargo, para este puesto se postula la también magistrada progresista Roser Bach, exdirectora de la Escuela Judicial.

Pero Lesmes debe tener tal confianza de que su voluntad será cumplida que el CGPJ ha sacado a concurso la plaza de Cabrejas asumiendo que continuará en excedencia otro año más.

Así consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 13 de diciembre, dentro del macroconcurso de 364 plazas en el que salió la que hoy ocupa el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional.

En la página 10 figura la convocatoria de la plaza del “Juzgado de 1ª Instancia nº 55 de Madrid, mientras su titular, María del Mar Cabrejas Guijarro, se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial”. Esto es, mientras continúe en excedencia a causa de su pertenencia a la Permanente.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece en su artículo 601.2 que "se procurará la rotación anual del resto de los vocales en la composición anual de la Comisión Permanente". La única comisión que no se rota es la Disciplinaria, cuyos vocales miembros tienen un mandato de cinco años

Lesmes no quiere realizar esta rotación, cuando seis vocales progresistas han solicitado lo contrario: la renovación de las comisiones. Firmaron esta solicitud Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Victoria Cinto, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez, todos ellos designados a propuesta del PSOE menos la última, que lo fue por IU.

El único cambio que contempla el presidente del CGPJ es la sustitución de Mercè Pigem por la vocal Nuria Abad.

Pigem dimitió al ser pillada sacando 20.000 euros junto a su hermana de Andorra. Ella no cometió infracción administrativa alguna, pero Lesmes la presionó para que renunciara al cargo –días antes habían tenido una bronca a cuenta de la consulta del 9N-y dejó a CiU sin representación en una institución del Estado por primera vez en la historia.

El Senado ya eligió la lista de los sustitutos en 2013. El primero de ellos es el decano de los procuradores de Madrid, conservador y próximo a Lesmes. Pero no se va a esperar a que la Cámara Alta proclame al nuevo vocal, sino que la plaza de Pigem en la poderosa Permanente será cubierta este mismo jueves.

En estos momentos forman parte de la Permanente los magistrados vocales Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán (designados a propuesta del PP), así como Mar Cabrejas y el exdiputado socialista Álvaro Cuesta. Estos dos últimos, aunque fueron propuestos por el PSOE, suelen votar en la misma línea que Lesmes.

Son tres los vocales que han solicitado entrar en la Permanente: Nuria Abad y Pilar Sepúlveda –ambas juristas que se postulan en sustitución de la también jurista Pigem-, así como Roser Bach, quien se propone para la plaza de Cabrejas. Sin embargo, Bach pertenece a la Disciplinaria y hay voces que consideran que Bach no puede presentarse porque es miembro de la comisión disciplinaria.

Así las cosas, el Pleno se presenta movido para este jueves. Pero el BOE ya ha publicado el resultado

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EL CGPJ PIERDE DEMOCRACIA INTERNA TRAS UN AÑO DE PRESIONES POLÍTICAS

El Poder Judicial se ha convertido en un órgano piramidal y presidencialista. Carlos Lesmes, que forzó la salida de Pigem y no aplica la misma dureza con su sustituto, cumple un año al frente del órgano que gobierna la justicia

La situación es tal que en una semana, Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha hecho con la cabeza de la vocal de CiU Mercè Pigem, a quien forzó a dimitir sin darle siquiera tiempo para explicar sus motivos ante el resto de compañeros del pleno del órgano de gobierno de los jueces. Además, ha acabado con el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional como instructor de la Gürtel, mientras se niega a amparar a los jueces que han excarcelado a etarras en cumplimiento de lo que dispone el Consejo de Europa y los deja a los pies de las críticas de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y de los medios afines.

Nunca un órgano como el CGPJ había sido tan politizado: los 20 miembros son elegidos directamente por los grupos parlamentarios, sin que los 12 de procedencia judicial previstos por la Constitución sean elegidos siquiera indirectamente por sus compañeros; y las ‘sugerencias' y presiones por parte del PP a vocales alcanzan tal magnitud que un sector de este partido, muy castigado por la corrupción, intenta ahora forzar la no renovación de la presidenta del tribunal superior de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, para sustituirla por alguien que fue miembro del gobierno popular de Francisco Camps, investigado por casos de corrupción.

Lesmes ha impuesto una estructura vertical y presidencialista en el órgano de gobierno de un poder, el judicial, que está basado en la deliberación y en la decisión colegiada.

Basa su poder en la comisión permanente, epicentro desde donde gobierna bajo el amparo del Ejecutivo del PP. Sus cinco miembros son los únicos con dedicación exclusiva y alto salario, del total de 20 vocales elegidos por las Cortes Generales.

El próximo jueves tendrá lugar el pleno del CGPJ, que sin duda será el más tenso del año que lleva Lesmes al frente del órgano. La sustitución de la vocal convergente Mercè Pigem en la comisión permanente es el primer problema al que se enfrenta. Según fuentes judiciales consultadas por Público, Carlos Lesmes tiene la intención de nombrar a alguien "de su confianza" para el puesto en otro arrebato de presidencialismo, ya que es el Pleno el que elige a los miembros de la Permanente, tal como refleja el artículo 601 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Lesmes quiere colocar a Nuria Abad, pero la vocal progresista Pilar Sepúlveda ha solicitado por escrito incorporarse a la Permanente en sustitución de Pigem. Es más, varios vocales progresistas planean escribir una carta similar, en una suerte de motín a bordo del sector crítico que él no consigue controlar.

La comisión permanente ha de renovarse una vez al año, y aunque el artículo 601 de la LOPJ insta a "procurar la rotación" de sus miembros, fuentes del sector progresista aseguran que Lesmes "no tiene intención de renovar los puestos de la permanente".

"Se está creando muy mal ambiente", reconocen fuentes del órgano, que señalan como un hecho paradigmático la presión que Lesmes ejerció sobre Pigem hasta conseguir su dimisión cuando ésta siempre le había apoyado en la Permanente. Lesmes afronta, así, un pleno con cuentas pendientes y con el sector progresista enfrentado a él por sus últimas decisiones.

A esta renovación de la permanente se suma la sustitución del puesto del CGPJ que ocupaba Pigèm. El Senado designó en 2013 los suplentes, y el primero es Antonio Álvarez-Buylla. Decano de los procuradores de Madrid, Álvarez-Buylla estaba querellado hasta final de noviembre por un presunto delito de falsedad. Los querellantes planean recurrir el archivo de la causa, por lo que no podría ser nombrado vocal ya que éstos se rigen por las mismas incompatibilidades que los jueces , que no pueden ejercer en caso de estar procesados.

El sector progresista del órgano ya ha manifestado que Lemes debería ser tan "ejemplar" con Álvarez-Buylla como con Pigem, quien sin haber cometido ningún delito ni falta administrativa fue forzada a dimitir tras ser pillada.

Mercè Pigem, que ocupaba su puesto en el CGPJ a propuesta de CiU, se convirtió en un elemento incómodo para Lesmes. En el proceso soberanista catalán, Pigem se mostró a favor de la consulta, y Lesmes no tardó en llamar a capítulo a la vocal.

"Cuando Pigem apoyó el 9-N, fue abroncada por Lesmes" de tal manera que "los gritos se oían desde el pasillo", relatan fuentes internas. Esta advertencia fue interpretada por el entorno de Pigem como el inicio de una "persecución" para sacarla del CGPJ y, en consecuencia, para sacar a CiU de un órgano del Estado por primera vez en la historia. Tras celebrarse la consulta alternativa, se produjo la "pillada" de la vocal y su dimisión forzada.

En el episodio de Andorra, el entorno de Pigem asegura que "fueron a por ella". La vocal catalana tiene familia en Andorra. En la frontera, los agentes de aduanas suelen preguntar por mercancías a declarar de forma habitual. Sin embargo, el día que se para a Pigem se preguntó por el dinero que llevaban ella y su hermana. La cuantía total que llevaban ambas (20.100 euros) estaba en la frontera del límite permitido, que son 10.000 euros por persona.

El agente de aduanas presente, que se encontraba con un miembro de la guardia civil, no consideró pertinente la apertura de ningún informe. Sin embargo, el guardia civil insistió en elaborarlo, a pesar de que el agente de aduanas se retiró y lo dejó solo.

"La filtración del incidente a la prensa provino de fuentes del Ministerio del Interior", sostienen en fuentes del sector crítico. Cuando Pigem se reunió el viernes 28 de noviembre con Lesmes, el encuentro resultó ser una encerrona. La presión fue de tal magnitud, que se difundió una nota de prensa desde el CGPJ anunciando que Lesmes le había pedido la dimisión, cuando ambos aún estaban reunidos en el despacho.

"Esto es un aviso a navegantes", se lamentan miembros del órgano. "Tenía que haber esperado al lunes para dejar que se explicara ante el pleno". Al día siguiente de su reunión con Lesmes Pigèm hacía oficial su renuncia en el órgano.

Otra decisión polémica ha sido el concurso de la plaza del juez central de instrucción 5. El juez Pablo Ruz, ocupa esta plaza desde hace tres años y medio en sustitución del juez titular, Miguel Carmona, ocupando la figura conocida como "comisión de servicios". Esta figura no pasa por concurso público, sino que son puestos por designación que se encarga de renovar el CGPJ cada seis meses.

Este concurso se insertó en un macroconcurso de 364 plazas de jueces, donde se metieron una treintena de casos como el de Ruz. La competencia de convocatoria es de la Permanente, pero la decisión de si una plaza se dota en comisión de servicios es discrecional y puede ser abordada por el pleno.

Por ello, varios vocales le instaron a elevar al pleno esta convocatoria, para que se sometiera a la decisión de todos miembros del órgano constitucional. Lesmes les contestó al día siguiente de convocar el macroconcurso y argumentó que la Permanente no tiene dependencia orgánica del Pleno.

Cuando este proceso culmine, Ruz tendrá que abandonar su puesto porque tiene 10 años de antigüedad y a la Audiencia Nacional concurren jueces con 25 años de ejercicio profesional.

En este año transcurrido, Lesmes ha implantado un régimen presidencialista y ha conseguido tal estructura de poder piramidal que el Pleno se ha quedado casi vacío de contenido; sólo se ocupa de los nombramientos y los informes prelegislativos.

El pasado 4 de diciembre el CGPJ archivó las diligencias previas que abrió a los 33 jueces firmantes del manifiesto a favor del derecho a decidir, tras una denuncia presentada por Manos Limpias. Días antes Lesmes había anunciado en corrillos con políticos que la comisión disciplinaria iba a expedientar al juez Santiago Vidal y el resto de firmantes.

Sin embargo, el Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, archivó las diligencias abiertas. "No puede apreciarse que los firmantes persigan una finalidad diferente que el mero traslado a la ciudadanía de una opinión sobre un tema de interés jurídico, social o político, actuación que queda amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión consagrados por el artículo 20 de la Constitución Española", aseguró.

Además, 11 de diciembre el Tribunal Supremo anuló la sanción de diez días de suspensión de funciones a tres jueces de Sevilla por presuntos retrasos en resolver un caso derivado de una compraventa realizada en 2002. La sanción había sido impuesta por el CGPJ con el voto en contra de cuatro miembros. El Tribunal Supremo declaró que la sanción no debió imponerse nunca.

http://www.publico.es/actualidad/cgpj-pierde-democracia-interna-ano.html

LA VOCAL PILAR SEPÚLVEDA PIDE A LESMES IR A LA COMISIÓN PERMANENTE

La vocal envía al presidente Carlos Lesmes una carta en la que reclama cubrir temporalmente la plaza vacante que ha dejado Mercé Pigem

Después de la dimisión forzada de la vocal Merce Pigem tras descubrirse que trajo dinero de Andorra sin que hubiera cometido ninguna ilegalidad, su plaza en la comisión permanente ha quedado vacante y la vocal propuesta por el PSOE, Pilar Sepúlveda García de la Torre la ha solicitado. Si finalmente el presidente de la institución, Carlos Lesmes, aceptara la propuesta se restablecería el equilibrio entre progresistas y conservadores a la comisión permanente que se encargada, entre otras cosas, de los nombramientos y selección de jueces.

Pilar Sepúlveda ha escrito una carta al presidente Lesmes en la que asegura que al corresponder dicha plaza al turno de juristas de reconocida competencia, y no al turno de Jueces y Magistrados en activo en la carrera judicial –art. 601.2 LOPJ-, solicita se considere su presente ofrecimiento de cobertura temporal, sin perjuicio de lo que proceda en la renovación anual pendiente.

Sepúlveda, asegura que sería una buena oportunidad para que la Comunidad Andaluza, que tiene el mayor número de personas y Audiencias provinciales de todo el país tuviera representación en la comisión permanente.

Raíces andaluzas

En su carta, Sepúlveda refleja que "se encuentra plenamente vinculada a la Comunidad Autónoma Andaluza, que -al margen de adscripciones formales realizadas conforme al nuevo sistema de vocalías territoriales implantado por esa Presidencia y por la Comisión Permanente- carece de representación actual en dicha Comisión, siendo dicha Autonomía la que:

a) tiene mayor número de personas residentes de toda la Nación -8.392.537 de personas residentes, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística a fecha 1 de julio de 2014, equivalente a 18’02% del total de residentes en el Estado-;

b) tiene mayor número de provincias, y por consiguiente Audiencias Provinciales;

c) tiene mayor número de partidos judiciales de todo el territorio nacional, un total de 85 –de los que ocho pertenecen a la provincia de Almería, catorce a la de Cádiz, doce a la de Córdoba, nueve a la de Granada, seis a la de Huelva, diez a la de Jaén, once a la de Málaga y quince están en la provincia de Sevilla-, sin incluir los correspondientes a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, estrechamente vinculadas a esta Autonomía, y dependientes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. Dicho número de partidos judiciales es igualmente el más alto de todo el territorio nacional, y equivalente a un 19’72 % de todo el Estado.

En tercer lugar, es la única Vocal de procedencia andaluza que no se encuentra adscrita a la Comisión Disciplinaria, y por ende no imposibilitada legalmente de acceder a la Comisión Permanente, ex art. 601.2 LOPJ.

"Por estas razones, y pudiendo sin duda aportar una especial proximidad y sensibilidad personal vinculada a mi condición de andaluza, y a toda mi trayectoria profesional desarrollada en esta Comunidad Autónoma, con su territorio y con su población -que reitero trasciende de adscripciones formales- es por lo que ofrezco mi candidatura a cubrir la vacante precitada", concluye

http://cadenaser.com/ser/2014/12/11/tribunales/1418294905_664919.html

EL CGPJ SACA A CONCURSO LA PLAZA DEL JUEZ RUZ EN LA AUDIENCIA NACIONAL

La Comisión Permanente apoya sacar a concurso la plaza del magistrado quien tendrá que pedir continuar con la Gürtel y Caja B como juez de refuerzo, pero hay problemas legales

Por cuatro votos a uno. Ha rechazado el acuerdo el vocal progresista Álvaro Cuesta. La permanente del Poder Judicial ha aprobado básicamente su propuesta de acuerdo del pasado viernes. Es decir, sacar a concurso la plaza del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y cuando se incorpore el titular, previsiblemente en marzo, Ruz tendrá que solicitar su continuidad como juez de refuerzo si desea instruir los casos más complejos que ha llevado hasta la fecha, como el proceso Gürtel o la Caja B del PP. A continuación, la comisión permanente del CGPJ, oída la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, estudiará la solicitud para que pueda investigar estas causas hasta que finalice su instrucción.

Pero juristas consultados por la SER resaltan que el Consejo no puede garantizar que Ruz vaya a investigar estos casos. Esta decisión corresponde exclusivamente a quien acabe ganando la plaza, y cualquier imposición contravendría el principio del juez predeterminado por Ley. Es más, de acuerdo con el artículo 216 bis 2 de la LOPJ, en su apartado cuarto, el futuro juez titular del juzgado de instrucción número 5, tendrá que asumir las causas que ya se están investigando, y dejar para Ruz solo "los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento" de juicio oral, lo que en principio, descartaría que Pablo Ruz continuase con la instrucción de los procesos que afectan al PP.

La mejor salida, según las fuentes jurídicas consultadas por la SER, era aplicar el 355 bis que permitía continuar a Ruz en el juzgado, mientras el titular, Miguel Carmona, se encuentre en situación de Servicios Especiales como juez de enlace en el Reino Unido. Precisamente esa ha sido la postura que ha planteado en la permanente el vocal Álvaro Cuesta.

http://cadenaser.com/ser/2014/12/09/tribunales/1418146722_856287.html

El Poder Judicial abre una vía dudosa para que Ruz finalice el ‘caso Gürtel’

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este martes por cuatro votos a uno sacar a concurso, entre otras 364, la plaza que ocupa ahora en comisión de servicio el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional, que será adjudicada en marzo a un nuevo magistrado. Pero el acuerdo adoptado ayer por el principal órgano de decisión del Poder Judicial abre una vía que, sobre el papel, permite a Ruz continuar instruyendo el caso Gürtel hasta que cierre la investigación sobre la trama de corrupción ligada al PP.

La solución pactada en los últimos días entre el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y varios vocales, salió aprobada por cuatro votos a uno. A favor votaron Lesmes, los dos vocales propuestos por el PP (Francisco Gerardo Martínez Tristán y Juan Manuel Fernández Martínez) y la vocal a propuesta del PSOE, Mar Cabrejas. El otro vocal propuesto por los socialistas, Álvaro Cuesta, fue el único que ha votado en contra y ha presentado una propuesta alternativa que suponía prorrogar de nuevo la comisión de servicio de Ruz para que el magistrado siguiera hasta junio como titular del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional, pero esta iniciativa no fue refrendada por ninguno de los otros cuatro vocales presentes en la reunión.

La propuesta de Lesmes salió aprobada por cuatro votos a uno

El acuerdo de la comisión permanente afecta a otros 40 jueces que, como Ruz, están en comisión de servicio y tendrán la oportunidad de quedarse como apoyo en el juzgado que ahora ocupen si instruyen causas “de especial relevancia o complejidad”. Pero el acuerdo se ha ideado a la medida de la situación del instructor del caso Gürtel y para evitar el escándalo que supondría apartarle de esta causa —que él ha llevado durante cuatro años y medio— justo cuando la investigación se acerca a su final.

En las horas previas a la reunión, los miembros de la comisión permanente han recibido presiones desde el PP y el PSOE. Los socialistas intentaron convencer a sus dos vocales para que se opusieran a un acuerdo que, según creen, no garantiza la continuidad de Ruz a partir de marzo. Finalmente, solo Álvaro Cuesta votó en contra de la propuesta consensuada el viernes. El acuerdo del Poder Judicial tampoco convence del todo al PP, que aunque logra que Ruz deje de estar al frente del juzgado, se expone a que, si el magistrado lo pide, siga indagando en la trama de corrupción que compromete los intereses electorales de los populares en un año de comicios municipales, autonómicos y generales.

El texto, en teoría, prepara el camino para que Ruz pueda seguir al frente de la instrucción de Gürtel. Será él quien deba solicitarlo y la comisión permanente, tras escuchar a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, decidirá si le otorga una nueva comisión de servicio como juez de refuerzo. Aunque el acuerdo concede al Poder Judicial la última palabra para decidir sobre la continuidad de Ruz, fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que, si el magistrado lo pide, se le autorizará. El juez no ha revelado, de momento, si tiene intención de hacer uso de esta opción y quedarse como apoyo en el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional.

El acuerdo pergeñado por la comisión permanente no tiene precedentes claros lo que, llegado el momento, podría ocasionar dudas legales o ser recurrido por algunas de las partes personadas en el caso Gürtel. El artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial regula el nombramiento de los jueces de apoyo. Su cometido “con plena jurisdicción”, según este artículo, será “el trámite y resolución de los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento”, mientras que “los asuntos en tramitación que no hubieren alcanzado aquel estado procesal” quedan reservados para el titular o titulares del juzgado. La solución pensada para el caso de Ruz es otra: que el magistrado de apoyo se quede con la principal causa del juzgado y el titular, con el resto.

Fuentes consultadas señalan que ese artículo de la ley orgánica está pensado para el caso habitual en que el juez titular pide un refuerzo para sacar adelante los asuntos de su juzgado. Pero estas fuentes sostienen que esa no es la situación del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional y aseguran que el acuerdo aprobado ayer no va a ocasionar problemas jurídicos. La solución pactada pasa por que Ruz pida quedarse como juez de apoyo antes de que esté nombrado el nuevo juez titular. De esa manera, cuando el magistrado que gane la plaza por concurso se incorpore a su puesto, ya habrá un acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y de la comisión permanente del Poder Judicial para que Ruz siga instruyendo el caso Gürtel y la pieza separada de los papeles de Bárcenas.

Cinco vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial ya han amenazado con impugnar el acuerdo de este martes ante el Tribunal Supremo. Estas vocales son Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda —designadas por el PSOE— y Concepción Sáez, elegida a propuesta de Izquierda Unida. Las cinco registraron el pasado viernes, junto a otros dos miembros del Poder Judicial, un escrito en el que solicitaban a Carlos Lesmes que la continuidad de Ruz no se debatiera entre los cinco vocales de la comisión permanente, sino en un pleno de todo el Poder Judicial. Estas vocales, en una nota citada por Europa Press, se reservan ahora “el derecho” a interponer un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de este martes

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/09/actualidad/1418144069_053120.html

LAS PRESIONES POLÍTICAS COMPLICAN EL FUTURO DE RUZ AL FRENTE DE GÜRTEL

El PP y el PSOE se movilizan para influir en la comisión del Consejo del Poder Judicial

El organismo decide este martes si facilita la continuidad del magistrado en el proceso

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, integrada por cinco miembros —el presidente y dos vocales elegidos a propuesta del PP; y otros dos miembros apoyados por el PSOE— resuelve hoy el futuro del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional entre fortísimas presiones políticas. El acuerdo previo alcanzado el pasado viernes entre vocales de las dos sensibilidades, que permitía a Ruz continuar al frente del caso Gürtel si pedía quedarse como refuerzo del nuevo titular que gane la plaza, puede saltar por los aires.

El PSOE rechaza avalar un acuerdo del que desconfían porque creen que no garantiza la continuidad de Ruz y por eso presionó durante todo el día de ayer a los vocales de su sensibilidad en la comisión permanente, Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas, para que voten en contra. Algo parecido hizo el PP previamente con el sector conservador del Consejo del Poder Judicial para que el juez Ruz no continúe al frente de un sumario que destroza sus intereses electorales.

En sus últimos autos judiciales, este magistrado implicó al PP y a la ex ministra Ana Mato como “partícipes a título lucrativo” de los delitos cometidos por dirigentes populares en el caso Gürtel. El PP critica estas resoluciones y considera que la continuidad de Ruz al frente del juzgado podría perjudicar mucho sus intereses en un año con dos citas clave: las elecciones autonómicas y municipales de mayo y las elecciones generales de final de año. Algunos de sus candidatos podrían verse salpicados por nuevas resoluciones del juez Ruz.

Los intereses del PP y del PSOE en esta partida por el control del poder judicial amenazan la estabilidad del Consejo. Carlos Lesmes, presidente del Gobierno de los jueces, y varios vocales de la Comisión Permanente habían negociado durante las últimas semanas una fórmula que evitara el escándalo que supondría apartar al juez que instruye la causa sobre la corrupción en el partido que gobierna en España.

La convocatoria de plazas que hoy tenía previsto aprobar la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial establecía la siguiente salvedad: “Los magistrados que se ocupen de causas de especial relevancia o complejidad pueden solicitar continuar en sus destinos como jueces de refuerzo hasta finalizar estos procedimientos, para lo que se les concedería una nueva comisión de servicio”. Éra una formulación pensada como traje a medida del juez Ruz para posibilitar su continuidad al frente de las causas de corrupción que salpican al PP.

Esa fórmula intermedia acordada el pasado viernes puede variar hoy si en la comisión permanente se produce una fractura del voto como consecuencia de las presiones políticas de unos y de otros.

Ruz instruye el caso Gürtel desde junio de 2010, fecha en la que se hizo cargo del juzgado en comisión de servicios tras la suspensión del magistrado Baltasar Garzón. La red Gürtel es la mas extensa trama de corrupción conocida en democracia vinculada al PP. El magistrado abrió en marzo de 2013 una pieza separada de la causa, el denominado caso Bárcenas, donde investiga la financiación ilegal del PP durante casi 20 años (entre 1990 y 2009) a través de una caja b oculta al fisco.

El mandato de Ruz en comisión de servicios podría continuar hasta junio de 2015 si solicita la cuarta prórroga, pero el Consejo del Poder Judicial ha decidido sacar ahora esa plaza a concurso, entre otras 42 de parecidas características.

Por otra parte, siete de los 20 vocales del consejo, propuestos por PSOE, IU y PNV, han firmado una petición para que el futuro del juez del caso Gürtel se decida en pleno, donde se pondría de manifiesto una división aún mayor que la que se puede registrar en la Comisión Permanente.

Si el magistrado Pablo Ruz no puede continuar en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional la causa se ralentizará porque el nuevo titular tendrá que asumir el estudio de un procedimiento con más de 200 comisiones rogatorias, un centenar de imputados, cientos de miles de folios de sumario, y más de una decena de vías alternativas de investigación abiertas tanto en el caso Gürtel como en el caso Bárcenas.

Tres alternativas en el juzgado 5

El Consejo General del Poder Judicial está dominado con mayoría absoluta por los vocales nombrados a propuesta del PP (11 de 20), por lo pueden imponer su criterio en las decisiones que adopten los órganos de Gobierno. En relación con la plaza del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ahora ocupa en comisión de servicios Pablo Ruz, caben tres posibilidades.

Continuidad hasta marzo de 2015. El Consejo General del Poder Judicial saca a concurso la plaza del Juzgado de Instrucción número 5. La antigüedad en la carrera judicial marcará quién gana el puesto entre los jueces que opten a la plaza. El concurso se resuelve en febrero y el nuevo titular toma posesión en marzo. Ruz tiene que dejar el juzgado y volver a la plaza que tiene reservada en Móstoles. El caso Gürtel y el caso Bárcenas que instruye ahora el magistrado, junto a otros procedimientos, pasará a manos de un nuevo juez.

Continuidad hasta junio de 2015. El Consejo General del Poder Judicial podría prorrogar seis meses más —lo permite la Ley— la comisión de servicios del juez Pablo Ruz. Esa circunstancia obligaría al Consejo a tomar idéntica posición respecto a otros 42 juzgados que se encuentran en idéntica situación en toda España. Esta es la opción que defiende el PSOE.

Prórroga hasta el fin de la instrucción (sin fecha). La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial tiene la intención de prorrogar automáticamente la comisión de servicios de Pablo Ruz hasta marzo de 2015, cuando el nuevo titular tome posesión de la plaza que gane en concurso. La permanente abre la posibilidad de que, en función de la complejidad y relevancia de determinadas causas abiertas en el juzgado, el actual instructor, Pablo Ruz, pueda solicitar quedarse como juez de refuerzo hasta la finalización de los procedimientos.

Una plaza con dueño. La plaza del juzgado 5 de la Audiencia pertenece al magistrado Antonio Carmona, ex vocal del Poder Judicial a propuesta del PSOE. Pero nunca llegó a ocuparla porque el Gobierno del PP le buscó antes un acomodo como juez de enlace para el Reino Unido, donde aún continúa.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/08/actualidad/1418065451_722885.html

FISCALES DE LA AUDIENCIA NACIONAL VEN “INCOMPRENSIBLE” ECHAR A RUZ

Fiscales de la Audiencia Nacional han mostrado su apoyo a la continuidad del juez Pablo Ruz en el juzgado central de instrucción número 5. Entre los magistrados, los muestras de respaldo son contadas

La decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de debatir este martes sacar a concurso la plaza del juez Pablo Ruz, ha provocado las críticas de numerosos fiscales de la Audiencia Nacional consultados por la Cadena SER.

Los representantes del Ministerio Público advierten del perjuicio de cambiar a Ruz, por la gran cantidad de causas, al margen de los procedimientos considerados “políticos”, que pueden verse afectados con su sustitución. Se trata de decenas de casos de narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo yihadista y procedimientos cuya investigación permanece secreta, pero que tienen una “gran trascendencia” a juicio de estos fiscales. Echar a Ruz, insisten estas fuentes fiscales, supondrá paralizar cuando no “una condena al archivo” de “muchas” de estas causas.

Las mismas fuentes censuran la falta de apoyos entre los magistrados de la Audiencia Nacional. La SER ha contactado con varios de ellos y pocos defienden su continuidad. Algunos valoran el trabajo de Ruz al frente del juzgado número 5 y la calidad de sus resoluciones, que por ejemplo en los casos Gürtel y Caja B han recibido siempre el refrendo de sus superiores, y reconocen que si el Consejo quiere, puede prorrogarle. Pero la mayoría opta por ponerse de perfil y recordar que ya lleva cuatro años de comisión de servicios en una plaza a la que llegó con menos méritos que otros jueces que también optaban a la misma. Otros magistrados recalcan que Ruz no ha ganado su plaza por concurso. No es de su casta.

http://cadenaser.com/ser/2014/12/08/tribunales/1418045281_463673.html

Carlos Lesmes: "Que Ruz acabe con la instrucción de Bárcenas y Gürtel ni siquiera depende de él"


El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, afirma que su "voluntad" es que "no se perturben los asuntos que el juez de la Audiencia Nacional está llevando y que éste pueda terminar la instrucción "en un tiempo razonable"

"La voluntad, la mía al menos, es que no se perturben los asuntos que se estén llevando y que estén ya para terminarse en un tiempo razonable de tiempo"

Carlos Lesmes ha participado este sábado en la celebración del aniversario de la Constitución española. Durante la recepción posterior al acto institucional, Lesmes accedió a contestar las preguntas de eldiario.es en medio de la polémica por el final de la carrera del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. El presidente del CGPJ niega presiones políticas para apartar al juez de la instrucción de los sumarios que afectan al PP, como la trama Gürtel o el caso Bárcenas.

Lesmes reconoce que el futuro de los casos Bárcenas y Gürtel no está en la mano del juez Pablo Ruz, a quien el PP vio con buenos ojos en un primer momento y a quien ahora consideran una bestia negra para sus intereses.

¿Qué está ocurriendo en el CGPJ con respecto al juez Ruz y su sutitución?

No veo que esté ocurriendo nada especial. Hay una hoja de ruta que lo que pretende es no perturbar la instrucción. Pero, en general, no solo de Ruz, sino de los jueces que están en su misma situación, que son 40.

¿No hay intencionalidad política ni ha recibido presiones del Gobierno para apartar a Ruz de los casos que afectan al PP?

No, en absoluto. Yo creo que la hoja de ruta no apunta en esa dirección. En ese juzgado como en otros, hay muchos sumarios. De lo que se trata es de no perjudicarlos y que puedan terminarse en un tiempo razonable. Si la previsión es que va a tardar tres años, entonces lo lógico es que el caso lo lleve el titular del juzgado. Pero es que los casos más conocidos están ya en su fase final.

¿Quién va a sustituir a Ruz?

Ni idea. Se cubre por antigüedad estricta. El propio Ruz podría optar a la plaza pero lo que pasa es que él es un juez con poca antigüedad. Más antiguos que él, hay miles de jueces. Cualquiera de ellos puede pedirlo, por lo que es imposible saber lo que puede pasar. Le corresponderá, como le digo, al más antiguo. En la carrera judicial hay cinco mil y pico jueces. Cualquiera puede pedir esa plaza.

¿Tiene posibilidades de continuar hasta junio?

Habrá que verlo. Lo primero, tiene que pedirlo él. Hay que oír a la sala de gobierno y luego resolver. No es está nada decidido sobre Ruz. Pero la voluntad, la mía al menos, es que no se perturben los asuntos que se estén llevando y que estén ya para terminarse en un tiempo razonable de tiempo.

¿Ha hablado usted con el juez Ruz?

No. Yo con los jueces no hablo. No, porque no me parece bien que yo deba hablar con los jueces.

¿No es el papel del presidente del CGPJ?

No. En este caso es simplemente fijar una hoja de ruta para no perjudicar las investigaciones penales.

¿Cree que Ruz podrá acabar la instrucción de los caso Gürtel y Bárcenas?

Bueno, que Ruz acabe con la instrucción de los casos Bárcenas y Gürtel ni siquiera depende de él. Él ha pedido algunas diligencias y… pero yo creo que sí que va a acabarla. Por la información de la que dispongo, que es la que aparece en prensa, la impresión es que está a punto de acabarla. De hecho, ha finalizado ya la principal y ha dictado un auto. Personalmente, yo querría que él la terminara. Que sea él quien la termine.

http://www.eldiario.es/politica/CGPJ-Carlos_Lesmes-Juez_Ruz-caso_Gurtel-Barcenas_0_332117004.html

El juez Ruz podrá terminar de instruir el ‘caso Gürtel’ si lo pide

El CGPJ saca a concurso su plaza, pero podrá seguir hasta que acabe la investigación

El juez Pablo Ruz podrá terminar de instruir el caso Gürtel en la Audiencia Nacional. Tras meses de debate, el Poder Judicial ha encontrado una solución que parece pensada a la medida de la situación de Ruz: ni le obligan a abandonar el Juzgado número 5 de la Audiencia, como pedía el sector más conservador de la judicatura, ni se le prorroga la comisión de servicio otros seis meses, como demandaba el ala más progresista. El magistrado dejará de estar al frente del juzgado en marzo, pero podrá seguir como juez de refuerzo hasta que termine de instruir las causas “de especial relevancia o complejidad” en las que haya estado trabajando. Es decir, hasta que acabe, al menos, la instrucción del caso Gürtel.

El orden del día de la sesión del próximo martes de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluye la convocatoria de un concurso de traslado para magistrados con 364 plazas, incluida la que de Ruz en la Audiencia Nacional. Los jueces que, como el instructor de Gürtel, ocupan ahora esas plazas en comisión de servicio permanecerán en su puesto hasta marzo, que será cuando se incorporen los nuevos titulares. De esta manera, la estancia de Ruz al frente del juzgado, que caducaba a finales de este año, se prorrogará automáticamente otros tres meses, salvo que el magistrado renuncie a esta opción, según recoge el acuerdo que votará el martes el Poder Judicial.

Pero el texto contempla, además, una excepción que permitirá a Ruz seguir en la Audiencia hasta que termine de investigar Gürtel: a partir de marzo, los jueces que instruyan causas “de especial relevancia o complejidad” podrán solicitar seguir en sus juzgados como jueces de refuerzo hasta que completen la investigación, para lo cual se les concederá una nueva comisión de servicio.

El Poder Judicial, en un comunicado difundido ayer, argumenta esta excepción que se va a ofrecer a los jueces de casos complejos en el interés “de no provocar una alteración seria” en la tramitación que pueda dificultar “su pronta conclusión”. Esta vía se pondrá en marcha si lo pide el magistrado y será la comisión permanente la que, tras escuchar a la Sala de Gobierno correspondiente (en el caso de Ruz, la de la Audiencia Nacional), decidirá si le concede una nueva comisión de servicios como juez de refuerzo. El juez tendrá que argumentar para qué casos la pide y, si se le otorga, se trabajará en exclusiva en esas causas, mientras que el nuevo magistrado titular se ocupará del resto de asuntos.

Aunque el acuerdo que votará y, salvo sorpresa, aprobará la comisión permanente da a este órgano la última palabra para decidir en marzo sobre la continuidad de Ruz en la Audiencia Nacional, fuentes del Poder Judicial dieron ayer por hecho que el juez podrá quedarse si así lo pide para terminar de instruir, al menos, el caso Gürtel, cuya primera fase está prácticamente concluida. Así, la investigación que ha puesto contra las cuerdas al PP seguirá en manos del magistrado a las puertas de las elecciones municipales, autonómicas y generales. Ruz investiga también los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, el caso Neymar (presuntos delitos en el fichaje del jugador por el Barça) y presuntas irregularidades en la Sociedad General de Autores (SGAE).

La comisión permanente está formada por seis miembros con mayoría conservadora gracias al voto de calidad del presidente, Carlos Lesmes. Esta mayoría se verá reforzada en la próxima sesión tras la salida de Mercè Pigem, la vocal a propuesta de CiU que abandonó la semana pasada el Poder Judicial tras conocerse que había entrado en España desde Andorra con 9.500 euros en efectivo. Pigem era miembro de la comisión permanente y aún no tiene sustituto.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha mantenido contactos en los últimos días con vocales conservadores y progresistas para lograr una propuesta de acuerdo que pueda ser aceptada por la mayoría. Poco antes de que se conociera ayer el orden del día de la próxima comisión permanente, un grupo de siete vocales del Poder Judicial le presentaron un escrito a Lesmes en el que piden que la continuidad del magistrado se debata en un pleno, en el que están presente todos los vocales, y no en un órgano más restringido. Estos vocales entienden que sería una “gran irresponsabilidad” que la continuidad de Ruz se decidiera en la comisión permanente, cuya decisión podría ser recurrida por las partes implicadas en los procedimientos que instruye Ruz, algo que no ocurriría si la decisión la toma el pleno del Poder Judicial. Fuentes del CGPJ explicaron que el texto no se estudió ayer porque no llegó a tiempo antes de cierre del orden del día.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/05/actualidad/1417791629_411804.html

Siete vocales del Poder Judicial piden que el pleno vea la continuidad de Ruz

La comisión permanente prevé decidir el martes si el magistrado sigue en la Audiencia

Siete vocales del Consejo General del Poder Judicial han presentado un escrito en el que piden que la decisión de si se renueva o no al juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, en el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional se tome en un pleno y no, tal y como estaba previsto, en la comisión permanente del próximo martes 9 de diciembre. Los vocales argumentan que la Ley orgánica del Poder Judicial atribuye al pleno “todos los nombramientos o propuesta de nombramientos que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos”.

El escrito va dirigido al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y está suscrito por los vocales a propuesta del PSOE Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Rafael Mozo; Consepción Sáez, propuesta por IU; y Rafael Mozo, del PNV. Estos vocales entienden que sería una “gran irresponsabilidad” que la continuidad de Ruz se resolviera en la comisión permanente, cuya decisión podría ser recurrida por las partes implicadas en los procedimientos que instruye Ruz, algo que no ocurriría si la decisión la toma el pleno del Poder Judicial.

La comisión permanente está formada por seis miembros con mayoría conservadora gracias al voto de calidad que del presidente, Carlos Lesmes. Este órgano decidirá previsiblemente sacar a concurso 282 plazas de jueces aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros. El Poder Judicial podría incluir en este paquete la plaza del juzgado 5 de la Audiencia que Ruz ocupa en comisión de servicios desde 2010. Si se decanta por esta opción, el magistrado dejaría la Audiencia Nacional a finales de año.

El Consejo General del Poder Judicial concedió a Ruz una prórroga de seis meses el pasado 24 de junio en la que destacaba su “excelente rendimiento” y justificaba la decisión en que “cualquier cambio en la comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado”. El órgano de gobierno de los jueces puede aceptar una última prórroga para Ruz y mantenerlo durante otros seis meses al frente del juzgado para que que cierre alguna de las piezas de las investigaciones que tiene más avanzadas y sacar la plaza en junio de 2015. En julio se cumplen dos años de la actual comisión de servicios de Ruz en el juzgado 5 de la Audiencia y la ley no permite renovar las comisiones de servicio más allá de 24 meses.

Aunque, según fuentes del Poder Judicial, cabría una tercera posibilidad y es que se nombre a un nuevo juez titular para ese juzgado pero se permita a Pablo Ruz quedarse como juez de refuerzo para trabajar en exclusiva en el caso Gürtel.

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/05/actualidad/1417790315_317631.html

El presidente del CGPJ garantizó al Gobierno que Ruz sería apartado de la Audiencia Nacional

Carlos Lesmes trasladó al ministro Rafael Catalá que sacaría a concurso la plaza de Ruz en el juzgado número 5 de la Audiencia

La dimisión de Mercè Pigem da a Lesmes la mayoría en la comisión permanente del Consejo que aprobará el proceso para sustituir a Pablo Ruz

Dos poderes del Estado, ejecutivo y judicial, caminan estos días de la mano en la persecución de un mismo objetivo: que el juez Ruz abandone el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, donde el Partido Popular ha encontrado sus mayores problemas a costa de los casos Gürtel y Bárcenas. Según ha podido saber eldiario.es, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, se ha comprometido personalmente con el ministro de Justicia para poner fin a la era Ruz en la Audiencia.

Rafael Catalá lo ha contado ya en su entorno más íntimo y ha trasladado el mensaje a Moncloa: "El CGPJ me ha dicho que Ruz no seguirá en la Audiencia". Esa es la frase que las fuentes consultadas atribuyen al sustituto de Gallardón al frente de Justicia.

Los compromisos adquiridos por Lesmes con el Gobierno vulneran cualquier principio de separación de poderes y explican la frase pronunciada por el ministro esta semana en un desayuno informativo: "No entiendo por qué tendría que criticarse que el juez Ruz no continuara al frente del caso Gürtel".

La conversación entre Catalá y Lesmes se produjo antes de que Ruz dictase el auto que obligó al cese de Ana Mato. La decisión del magistrado de sentar a la exministra en el banquillo por el lucro obtenido de la Gürtel cayó como un jarro de agua fría en el entorno de Rajoy.

La dimisión de Mato ha complicado a Lesmes su objetivo de deshacerse de Ruz sin ruido mediático. Eso es lo que explica la decisión que el próximo martes adoptará la mayoría conservadora del CGPJ. Según informó el viernes por la tarde el Consejo en nota de prensa, la plaza de Ruz saldrá a concurso y el magistrado podrá quedarse un par de meses más, mientras se resuelve el concurso para sustituirle.

Además, según el Consejo, el instructor de Gürtel y de los papeles de Bárcenas podría pedir permiso para seguir durante un plazo indefinido para cerrar ambas causas como juez de apoyo.

Lo sorprendente del movimiento de Lesmes es que abre un concurso para cubrir una plaza que ya tiene dueño. El titular del juzgado número 5 de la Audiencia es el magistrado Miguel Carmona, a quien el Gobierno tentó con éxito con un puesto en la embajada de Londres para apartarlo de las causas que analizan las cuentas del PP en los últimos años. Carmona no se jubila hasta 2016, por lo que su plaza no precisa sustituto hasta esa fecha. Lo que ahora se hace es abrir el proceso para nombrar un juez suplente para sustituir a otro juez suplente.

Presiones a Ruz para que no insista

Pablo Ruz ha recibido mensajes en las últimas semanas para que dé un paso atrás y se deje expulsar del juzgado que tiene en jaque al Gobierno y al Partido Popular. Fuentes cercanas al magistrado señalan sin embargo que Ruz mantenía a principios de semana su intención de solicitar la prórroga que le habría mantenido en el puesto hasta finales de junio. Ahora esa posibilidad ha quedado bloqueada por la decisión del CGPJ de sacar su plaza a concurso.

La duda a partir de ahora reside en si Ruz está dispuesto a mantener el pulso y pedir al Consejo que le mantenga al frente de Gürtel y Bárcenas como juez de apoyo. Ruz todavía no ha tomado una decisión al respecto.

http://www.eldiario.es/politica/CGPJ-Gobierno-Ruz-Audiencia-Nacional_0_331417041.html

El juez Ruz, punto...y seguido

Por: Ernesto Ekaizer| 26nov2014

El juez Pablo Ruz ha dictado el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado de la llamada parte troncal (1999-2005) del caso Gürtel: 43 imputados, participación de dos personas -la ya exministra de Sanidad, Ana Mato, y Gema Matamoros, esposa del ex alcalde Guillermo Ortega, - y de un partido, el PP, a título lucrativo.

Es decir: se beneficiaron del resultado de actividades consideradas ilícitas por el juez.

Los viajes y otras dádivas con que la trama Gürtel favoreció a Jesús Sepúlveda, entonces alcalde de Pozuelo de Alarcón, Ana Mato y su familia, aparecen enumerados minuciosamente. Son diecisiete folios sobre los 205.

El juez ha sobreseído a tres personas. Entre ellas el ex ministro y ex secretario general, Ángel Acebes, en la operación de compraventa de acciones de Libertad Digital.

Aunque concluye una parte importante de la investigación, le queda al juez todavía terminar los hechos de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Alcalá de Henares (pieza principal) y la contabilidad B del Partido Popular, correspondiente a la pieza de los Papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS el 31 de enero de 2013.

Pero ya en este auto de conclusión, Ruz anticipa, como lo hiciera en múltiples resoluciones, la existencia de la contabilidad B del PP.

Ruz escribe: "La contabilidad paralela o caja B de ingresos y gastos efectuados en la formación política al margen de la contabilidad oficial, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas al margen de la contabilidad oficial y con vulneración de la normativa reguladora de la financiación de Partidos Políticos".

Pero, atención, este es otro capítulo, queda pendiente.

Luis Bárcenas aparece como imputado en esta parte troncal que acaba de concluir por su presunta participación en los delitos cometidos por la trama de Francisco Correa. En negocios y cobro de comisiones.

Y, además, Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, son protagonistas, en esta parte de la investigación, en su relación con operaciones utilizadas por Bárcenas para ocultar su patrimonio en Suiza.

Es el caso de la compraventa simulada de obras de arte en Argentina. Uno de sus cooperadores, Edgardo Patricio Bel, es denunciado ante la justicia argentina, por el diseño de la operación de "venta ficticia" de cuadros a la pintora argentina Isabel Mackinlay, según se refleja en el auto.

He aquí un resumen a vuelo de pájaro de la investigación: más de 100 imputados han prestado declaración en la causa, una cifra superior a 100 testigos, 190 comisiones rogatorias que llenan más de 80 tomos, cursadas a 21 países, diversas periciales elaboradas, las certificaciones de los registros, las intervenciones telefónicas así como la documentación aportada por las múltiples entidades financieras cuya colaboración se ha requerido a lo largo de estos años.

Aunque no se dice, una parte importante de la investigación arranca de aquella lejana comisión rogatoria enviada por el juez Baltasar Garzón el 2 de marzo de 2009 a Suiza. Es una ironía que la mayor parte de la información sobre el patrimonio oculto de Bárcenas proceda de esa petición de auxilio judicial por el juez que sería inhabilitado.

Dicha petición de auxilio judicial a Suiza tuvo que ser, más tarde, complementada por el magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Monterde, en abril de 2010.

Fue a raíz de la advertencia de las autoridades de inteligencia financiera helvéticas sobre la ampliación del límite de la tarjeta VISA solicitada por Luis Bárcenas en febrero de 2010. El tesorero del PP era una persona que por su condición de senador figuraba en una lista de clientes del LGT Bank (ex Dresdner, Ginebra) como PEP o Personas Expuestas Políticamente.

Los hechos relatados por el juez se tipifican provisionalmente en 11 delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

El juez da al ministerio Fiscal y a las partes acusadoras el plazo de treinta días para que soliciten la apertura de juicio oral, sobreseimiento o pidan diligencias complementarias.

Un juez en comisión de servicios

Hay que recordar que el juez Ruz es un juez en comisión de servicios en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El titular de dicho juzgado es Miguel Carmona. Dicho magistrado se encuentra en situación de servicios especiales en Londres.

Las comisiones de servicios, como la que ejerce Ruz, están reguladas por la ley Orgánica del Poder Judicial y por el Reglamento de la Carrera Judicial de febrero de 2011.

Según el artículo 350 de la ley Orgánica el "Consejo General del Poder Judicial podrá conferir comisión de servicio a los jueces y magistrados, que no podrá exceder de un año, prorrogable por otro". Las prórrogas son de seis meses.

Por tanto: las comisiones de servicios tienen una duración máxima de dos años.

¿Cuál es la situación de Ruz?

La comisión permanente del CGPJ, bajo la presidencia de Gonzalo Moliner, resolvió por acuerdo del 17 de junio de 2013 "conceder nueva comisión de servicio al magistrado Pablo Ruz Gutiérrez, para servir el cargo en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional".

Es decir: aunque Ruz ya estaba en el juzgado desde junio de 2010, la comisión permanente le concedió una nueva comisión de servicios a partir de junio de 2013.

La comisión permanente del CGPJ razonaba, al resolver esa nueva comisión de servicios, que "cualquier cambio en el nombramiento en comisión de servicios produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado central de instrucción número 5, aunque solo fuera por el inevitable tiempo que tendría que dedicar el nuevo magistrado al conocimiento de las causas y de su estado procesal".

Esta "nueva comisión de servicios", pues, según la ley Orgánica y el ya citado Reglamento tiene, según hemos apuntado, una duración máxima de dos años.

Por tanto, el límite último es el 24 de junio de 2015.

El 26 diciembre de 2013, la nueva comisión permanente del CGPJ, presidida por Carlos Lesmes, acordó prorrogar en seis meses la comisión de servicios de Ruz.

He aquí el acuerdo: "Este nombramiento se efectúa al persistir las razones que justificaron la adopción de la medida, esto es: continuar el titular de dicho Juzgado en la situación administrativa de servicios especiales; no haber variado aquellas tenidas en cuenta, cuando se le concedió la comisión; dado que cualquier cambio en el nombramiento en comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado central de Instrucción número 5, aunque solo fuera por el inevitable tiempo que tendría que dedicar el nuevo magistrado al conocimiento de las causas y de su estado procesal; y dado el excelente rendimiento del magistrado comisionado".

Transcurridos seis meses, el 24 de junio de 2014, la comisión permanente vuelve a renovar por seis meses la comisión de servicios con idénticos argumentos. Y añade unas conclusiones del juez Ruz, según las cuales los asuntos en trámite en el juzgado han sufrido una notable reducción.

Pero advierte: "No obstante, las excepcionales circunstancias concurrentes en relación con determinados asuntos cuya competencia había asumido este órgano en el pasado, o bien ha procedido a asumir en fechas más recientes ante la asignación realizada por turno de reparto determina que un elevado número de procedimientos de los actualmente en trámite en el juzgado precisen para su debida instrucción e impulso procesal en plazos razonables de una especial dedicación por parte del titular, especialmente en lo relativo a materias competencia de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (muy significadamente, por su volumen, excepcionalidad y complejidad las Diligencias Previas 148/06, actual Sumario 3/13 –Forum Filatélico- y 275/08 -“Caso Gurtel”-, junto con la pieza separada “Caso papeles de Bárcenas".

Bien.

Por tanto, el próximo 24 de diciembre vencen los seis meses de la última prórroga de la comisión de servicios, quedando, según se ha apuntado, otros seis meses, hasta junio de 2015, para llegar al plazo máximo de dos años de la actual comisión de servicios.

En este contexto, el CGPJ se ha embarcado en el proceso de adjudicación de 282 plazas de jueces y magistrados.

La comisión permanente ha aprobado, en su reunión del 14 de octubre y el Pleno lo ha ratificado más tarde el "Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes".

A raíz de esta aprobación, en la intranet del CGPJ se ha enviado la siguiente comunicación el 15 de octubre:

Estimados compañeros y compañeras, en la Comisión Permanente celebrada ayer se aprobó el Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes. Una vez se apruebe y se publique en el Boletín Oficial del Estado este Real Decreto se anunciará un concurso traslado de magistrados en el que se incluirán tanto las nuevas creaciones como las plazas vacantes consecuencia del concurso de magistrados celebrado en julio, jubilaciones y fallecimientos, y los correspondientes compañeros y compañeras que se encuentren en servicios especiales en conformidad con el artículo 355 bis".

El artículo citado de la ley Orgánica establece que "los destinos cuyos titulares se encuentren en situación de servicios especiales se podrán cubrir por los mecanismos ordinarios de sustitución, mediante comisiones de servicio con o sin relevación de funciones o a través de los mecanismos ordinarios de provisión, incluso con las promociones pertinentes, para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situación".

Los llamados "mecanismos ordinarios de sustitución" son la convocatoria de concursos para ocupar la plaza.

Pero, atención, también se prevé ahora, a diferencia de lo que se estipulaba anteriormente (artículo 118 derogado), que se podrán cubrir "mediante comisiones de servicio" (situación actual de Ruz).

Pero es que, además, el artículo 326.3 de la ley Orgánica dice: "El Consejo General del Poder Judicial, mediante acuerdo motivado, podrá no sacar temporalmente a concurso determinadas vacantes, siempre que estuvieren adecuadamente atendidas mediante magistrados suplentes o jueces sustitutos, cuando las necesidades de la Administración de Justicia aconsejasen dar preferencia a otras de mayor dificultad o carga de trabajo".

En resumen: la comisión de servicios de Ruz está vigente y todavía le queda de plazo legal hasta junio de 2015.

Ingeniería jurídica ahora, no

No parece existir razón alguna, por tanto, para emprender ingenierías jurídicas como podría ser sacar la plaza a concurso en diciembre próximo y crear una bicefalia de jueces en uno de los juzgados que se ocupa de instruir importantes casos de corrupción y delitos económicos.

Si bien el caso Fórum-Filatélico se ha cerrado, hay casos añadidos como el de Barça-Neymar y Jordi Pujol Ferrusola, para citar solo dos asuntos de relevancia aparte del caso Gürtel y los Papeles de Bárcenas. La bicefalia apuntada se produciría como resultado de sacar la citada plaza a concurso y dar lugar a una situación en la que el nuevo magistrado a cargo conviva con Ruz en calidad de juez de apoyo, pero con responsabilidad sobre los casos más importantes.

No parece, por tanto, la solución indicada.

Tanto la comisión permanente, encabezada por su presidente, Carlos Lesmes, como el juez Ruz, deben garantizar la continuidad de las instrucciones sumariales en curso en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Sí, además del CGPJ, el juez Ruz. Porque, como señala el artículo 350.2, "las comisiones de servicio requieren la conformidad del interesado...".

El juez Ruz ha concluído, según hemos señalado, la parte troncal (1999-2005) de la instrucción del caso Gürtel. El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, el último auto que las partes personadas pueden recurrir, pretende sentar en el banquillo a 43 personas imputadas.

Este auto, como decimos, es recurrible.

Una vez que se resuelvan por la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los recursos, el juez deberá dar traslado a las partes personadas para que eleven sus calificaciones. Y, a partir de ellas, llegará el momento de dictar el auto de apertura de juicio oral.

Ahora bien: la presencia del juez Ruz sigue siendo imprescindible.

Uno, todavía queda pendiente el auto de apertura de juicio oral, que deberá tener en cuenta la resolución de los recursos contra el auto de conclusión en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y lo que soliciten las partes personadas en sus calificaciones.

Un procedimiento judicial debe estar blindado frente a la inseguridad e inestabilidad.

Y, dos, aparte del caso Gürtel, el juez Ruz tiene pendiente, aparte de los Papeles de Bárcenas, otros asuntos, según hemos dicho, de importancia.

Cualquier pacto imaginario o implícito, sin aspavientos, contra la corrupción debería pasar, pues, por asegurar la prórroga de la comisión de servicios del juez Ruz por otros seis meses, el plazo necesario, ahora sí, para encaminar definitivamente los casos que tiene entre manos.

La comisión permanente dirigida por Lesmes, por una parte, y el juez Ruz, por la otra, deben ir de la mano y estar a la altura de las circunstancias.

Pues eso, el juez Ruz acaba de concluir una parte de la investigación y debe seguir.

Punto...y seguido

http://blogs.elpais.com/analitica/2014/11/el-juez-ruz-concluyey-debe-seguir-1.html

El futuro de Ruz al frente del ‘caso Gürtel’ fractura al Poder Judicial

Los conservadores son mayoría y prefieren no renovar al magistrado

La continuidad del magistrado Pablo Ruz al frente del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde instruye desde hace cuatro años el caso Gürtel y desde hace 20 meses el caso Bárcenas, divide al Gobierno de los jueces. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial está formada por seis miembros con mayoría conservadora gracias al voto de calidad que atesora el presidente, Carlos Lesmes. Este órgano decidirá previsiblemente el próximo 9 de diciembre si saca a concurso la plaza que Ruz ocupa ahora en comisión de servicios.

La decisión sobre el magistrado influye en el calendario para el fin del caso y en el futuro político del PP, es decir, si se cierra o no antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo y o de las generales del próximo año.

Ruz tiene aún la posibilidad de solicitar una prórroga más de seis meses para seguir en el juzgado. El Consejo General del Poder Judicial espera que esta petición se produzca en los próximos días. Pero si la comisión permanente decide sacar su plaza a concurso el 9 de diciembre, la solicitud de prórroga quedará sin efecto y no se atenderá, salvo para aceptar que Ruz siga en el juzgado hasta que el adjudicatario de la plaza tome posesión de la misma.

Los casos del juez Ruz

Desde que llegó a la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz ha dictado numerosas resoluciones judiciales que han disgustado a los partidos con más poder en España: PSOE, CiU y PP.

Cuando se hizo cargo del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, tras competir con otros 20 compañeros por esa comisión de servicios, heredó la investigación del chivatazo policial a colaboradores de ETA en el bar Faisán en Irún (Gipuzkoa) durante el mandato como presidente del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Ruz imputó al ex director general de la Policía nombrado por el PSOE, y acabó procesando al ex jefe superior del País Vasco y a otro inspector. Ambos fueron condenados por revelación de secretos en una sentencia que confirmó hace solo dos meses el Tribunal Supremo.

Aunque al principio se resistió, el magistrado abrió una causa en enero de 2013 a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de Cataluña. Las primeras diligencias que ordenó le llevaron a investigar el supuesto pago de comisiones ilegales a Pujol Ferrusola por parte de empresas contratistas de la Generalitat de Cataluña. En este proceso no solo ha imputado a Jordi Pujol Ferrusola y a su exmujer, sino también a media docena de empresarios supuestamente beneficiados por contratos de la Generalitat de Cataluña durante el mandato de CiU.

En el caso Gürtely su pieza separada de los papeles de Bárcenas, el juez Ruz ordenó hace 16 meses prisión incondicional contra el extesorero nacional del PP; sentará en el banquillo a dos decenas de ex altos cargos populares, entre los que destacan los tres extesoreros; mantiene imputados a ocho grandes constructores por supuestas donaciones ilegales y ha señalado al partido de Mariano Rajoy como partícipe a título lucrativo de las corruptelas de la trama.

Hay una tercera vía pendiente de explorar consistente en abrir la posibilidad de que en aquellos juzgados que instruyan causas de especial complejidad, el Poder Judicial, a petición de la Sala de Gobierno del tribunal afectado por esa situación, pueda aprobar el mantenimiento de un juez de refuerzo. Si esta vía prosperase, Ruz podría permanecer como refuerzo del juez titular para seguir instruyendo el caso Gürtel, uno de los muchos que dirige ahora.

La comisión permanente la forman tres miembros conservadores —dos vocales más el presidente Lesmes, que tiene voto de calidad en caso de empate—, dos vocales a propuesta del PSOE y una vocal de CiU, Mercé Pigem, que dimitió anteayer tras conocerse su incidente en Andorra. Pigem recibió allí 9.500 euros en efectivo de su madre y los pasó por la frontera en compañía de su hermana, a la que descubrieron en el bolso más de 10.000 euros, cantidad máxima permitida.

La comisión permanente se reunirá previsiblemente en las próximas sesiones sin haber cubierto la vacante que deja en ese órgano la vocal Pigem, con lo que serán cinco miembros de ese organismo los que decidan el futuro de Ruz: tres conservadores y dos progresistas. Más adelante será el decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Antonio Álvarez Buylla, quien sustituya a Pigem como vocal, no en la permanente.

Los vocales progresistas Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta defenderán que no se saque la plaza a concurso de momento para que Ruz pueda seguir instruyendo al menos hasta junio el caso Gürtel, el caso Bárcenas y otros de similar complejidad relacionados con la corrupción.

Mientras, los conservadores defienden que la plaza del juzgado 5 de la Audiencia Nacional tiene que salir a concurso como cualquier otra en parecidas circunstancias. Si la plaza sale a concurso a mediados de diciembre, el nuevo juez tomará posesión a primeros de marzo de 2015, con lo que Ruz tendría apenas tres meses para cerrar muchos de los flecos pendientes en la instrucción de esas dos causas.

La instrucción del caso Gürtel y de su pieza separada de los papeles de Bárcenas, próximas a su finalización, quedaría así en manos de un magistrado nuevo sin conocimiento sobre un procedimiento especialmente complejo: acumula cientos de miles de folios en un sumario con cerca de 200 comisiones rogatorias tramitadas —y algunas bloqueadas por defectos en la instrucción de los tribunales suizos— más de un centenar de imputados y diversas piezas de investigación abiertas todavía que apuntan directamente al corazón financiero del PP.

Si la mayoría conservadora impone su criterio, el juez Ruz dejaría la causa en el momento de mayor apuro para el partido del Gobierno, cuando acaba de finalizar la instrucción de la primera fase del caso Gürtel (1999-2005) para abrir juicio oral, pero hay otras piezas de investigación pendientes de finalización con graves imputaciones de corrupción sobre dirigentes populares.

En el auto que concluye la investigación, Ruz atribuye al PP y a la exministra de Sanidad Ana Mato su participación a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama corrupta.

El instructor dejaría el caso en el momento más delicado del PP

La última resolución judicial de Ruz se hizo pública un día antes de la comparecencia de Rajoy en el Congreso para explicar su plan anticorrupción. La decisión del juez llegó en un momento tan delicado para el PP que desencadenó la dimisión de la ministra Mato, bajo sospecha desde que en 2009 se descubrieron los regalos de la trama Gürtel a su exmarido, Jesús Sepúlveda.

Dirigentes populares consultados por este periódico consideran que la iniciativa del juez Ruz de firmar la resolución judicial el miércoles 26 de noviembre estuvo motivada por la celebración del pleno en el Congreso un día después, algo que niegan fuentes jurídicas conocedoras del trabajo del magistrado.

Algunos dirigentes populares interpretan además que Ruz dictó ese auto como venganza ante su próxima salida del juzgado como consecuencia de la decisión que adopte el Gobierno de los jueces en los próximos días.

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/30/actualidad/1417369317_981775.html

LOS CINCO VOCALES DE LA PERMANENTE DEL PODER JUDICIAL GANAN CASI UN 45% MÁS QUE RAJOY

Carlos Lesmes, el presidente del CGPJ, ingresa 130.152 euros anuales en concepto de sueldo y "otras remuneraciones"

El máximo responsable del Poder Judicial recibiría una pensión indemnizatoria de 104.122 euros si abandonase su cargo, durante un máximo de dos años

130.152,62 euros es la cantidad anual que recibe por su trabajo el presidente del Poder Judicial. Carlos Lesmes, el máximo responsable del CGPJ, percibe en concepto de ingresos todos los meses 10.846,05 euros, según los datos ofrecidos desde el miércoles por el portal de transparencia del Poder Judicial. Lesmes cobra por su labor al frente del Consejo una cantidad 16 veces mayor que el salario mínimo interprofesional, fijado en España en 645,30 euros mensuales, y casi el doble que lo que recibe el presidente del Gobierno.

Además, el CGPJ fija una indemnización por abandono al cargo asociada a la figura del presidente del Consejo y presidente del Tribunal Supremo. En el caso de abandonar su puesto, Carlos Lesmes recibiría una pensión indemnizatoria anual de 104.122 euros durante un máximo de dos años. Es decir, ingresaría el 80% de los ingresos que cobraba cuando estaba al frente del Consejo sin estar ya al frente del él.

El presidente del Consejo recibe actualmente 26.448,38 euros en concepto de sueldo y 103.704,24 en concepto de “otras remuneraciones” no especificadas, según consta en el portal de transparencia del Poder Judicial. Además de estas cifras, Lesmes ingresa una tercera cantidad en concepto de “trienios”.

El portal también especifica otras remuneraciones de altos cargos del Poder Judicial. En el CGPJ trabajan 20 vocales elegidos por el Congreso y el Senado, de los que cinco forman parte de la Comisión Permanente. Cada uno de estos cinco recibe 112.249,60 euros anuales en concepto de sueldo, "otras remuneraciones" y trienios. Del mismo modo, el secretario general ingresa la cantidad de 109.662 euros anuales.

Si comparamos los sueldos de estos cargos con los del presidente del Gobierno la diferencia es especialmente notable. Mariano Rajoy recibe anualmente 78.185 euros –un 43,5% menos que los vocales de la permanente del CGPJ– y cada uno de los ministros del actual gobierno 68.981.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/07/02/los_vocales_del_consejo_general_del_poder_judicial_cobran_1555_mensuales_mas_que_presidente_19098_1012.html?utm_content=buffercd4ef&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

EL CGPJ AVALA LA NUEVA ESTRUCTURA JUDICIAL DE LA 'LEY DEL SILENCIO' DE GALLARDÓN

Dos progresistas, Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas, apoyan el texto del sector conservador e impiden junto con dos nacionalistas que prospere un texto alternativo que pedía la retirada de la reforma porque choca contra la Constitución

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sacado adelante este viernes con el apoyo de 13 de los 20 vocales presentes en el momento de la votación su dictamen consultivo sobre el Anteproyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que avala la nueva estructura judicial diseñada por el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón.

Han votado a favor de la reforma del Gobierno dos vocales progresistas Álvaro Cuesta, ex dirigente del PSOE, y Mar Cabrejas, así como los conservadores Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Vicente Gilarte, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea y el presidente, Carlos Lesmes.

Han votado en contra los vocales progresistas Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Concepción Sáez, además de los vocales nacionalistas Mercè Pigem y Enrique Lucas.

El sector progresista pedía al Gobierno la retirada de su anteproyecto porque "diseña un nuevo modelo que choca frontalmente con los mandatos constitucionales sobre el poder judicial", como es la propia independencia de los jueces.

Pero tuvo dos deserciones, las de Álvaro Cuesta y de Mercedes Cabrera, que optaron por la abstención del texto de sus compañeros, y por apoyar el informe que respalda la reforma del PP.

El documento del sector progresista denuncia que el Gobierno trata de imponer una reforma que altera toda la estructura judicial sin consenso alguno -lo que supone un disolvente social-; representa una "auténtica mordaza legal" a los jueces -a los que se les prohibe siquiera opinar o manifestarse de cualquier asunto del debate público, lo que para este sector implica un afán de impedir cualquier atisbo de disidencia-, y permite que un caso pueda ser desviado de un juzgado a otro por los presidentes de los nuevos tribunales de instancia, que serán nombrados por el órgano político del CGPJ.

Informe favorable a la reforma
El informe favorable a la reforma, con sus matizaciones, ha necesitado casi 15 horas de reunión entre este jueves y viernes, para salir adelante. Pide también la supresión de los planes de Justicia para instaurar una doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal Supremo y que, además de los tribunales de instancia provinciales, el Gobierno no cierre la posibilidad de abrir juzgados en aquellos lugares donde concurran circunstancias geográficas o de trabajo singulares.

El Anteproyecto de Justicia, que tiene más de 600 artículos y supondrá la implantación de un nuevo modelo de estructura judicial que suprime los actuales juzgados de instrucción y Audiencias en favor de tribunales de instancia en cada una de las capitales de provincia.

El informe, con 20 miembros del Pleno presentes en el momento de la votación -la vocal progresista Pilar Sepúlveda ha tenido que ausentarse-, ha sido aprobado con 13 votos a favor y 7 votos en contra.

Sugerencias
Entre las sugerencias presentadas por los vocales en forma de enmiendas al texto inicial han sido aceptadas este viernes figura la presentada por la vocal Nuria Díaz, que rechaza la posibilidad, prevista en el texto remitido por el Gobierno, de reelegir a un máximo de cuatro vocales del CGPJ para un segundo mandato. La enmienda considera que la medida no está justificada y que puede afectar a la independencia de los miembros del órgano de gobierno de los jueces.

Considera también que lo dicho en el Anteproyecto sobre que el CGPJ pueda ordenar a quien perturbe o inquiete a los jueces el inmediato cese en dicha conducta, que si persiste constituiría un delito contra la Administración de Justicia, puede chocar con el ejercicio de las libertades de expresión e información y "presenta algunos inconvenientes serios", por lo que se aconseja su reconsideración.

Además, advierte que la posibilidad de que el juez unipersonal que se sienta afectado en su independencia pueda solicitar que otros dos magistrados de su mismo tribunal formen Sala con él para resolver el asunto no está contemplada en las normas de reparto y composición de los órganos judiciales, lo que podría "afectar, e incluso vulnerar, el derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley".

Prohibido opinar
La prohibición a los jueces y las asociaciones judiciales de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los Tribunales y sobre las resoluciones judiciales "puede considerase justificada y proporcional en tanto sirve al fin de preservar no sólo la independencia y a la imparcialidad de la justicia, sino también su imagen y la apariencia de independencia e imparcialidad de la misma", según el CGPJ.

Aconseja no obstante modificar el precepto, que sitúa en el mismo nivel a los jueces y a las asociaciones, para establecer "distintos límites al ejercicio de las libertades de expresión e información" por parte de estas últimas.

El Anteproyecto debería recoger expresa y explícitamente los bienes constitucionales que justifican la restricción del derecho de expresión e información de los miembros de la Carrera Judicial, como es el caso de la independencia judicial, especificando que la limitación "es admisible cuando la valoración pueda provocar una perturbación en el juez al que corresponde el conocimiento del asunto de actualidad".

Justicia universal
El texto señala que "no existe una norma internacional general que obligue a los Estados a incorporar el principio de justicia universal a sus leyes nacionales de atribución de jurisdicción penal a sus tribunales" y añade que "si lo hacen, y en qué medida lo hacen, es una decisión de política criminal que compete al legislador nacional".

El CGPJ, no obstante, sugiere que se redacten con mayor claridad y precisión algunos de los preceptos para evitar las controversias en cuanto a su interpretación, dada la relevancia e importancia de los bienes jurídicos que pudieran verse afectados.

El Consejo es consciente de la controversia actual en lo relativo a la interpretación del apartado referido a los llamados "narcobarcos" en aguas internacionales, pero no hace comentario alguno al respecto en el texto aprobado por respeto a la decisión que ha de tomar el Tribunal Supremo al examinar los recursos interpuestos contra varias resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional, según advierte el texto.

Aforamiento de la familia real
Por otra parte, el reconocimiento de la prerrogativa del aforamiento a la reina consorte o al consorte de la reina, al príncipe heredero y su consorte "merece una valoración positiva, al tratarse de personas consideradas de la máxima relevancia del Estado".

Además, añade que "por circunstancias sobrevenidas a la elaboración de este Anteproyecto, de conocimiento público, resulta necesario regular el estatuto jurídico de Juan Carlos I y la reina Sofía, tras la abdicación del rey, atribuyendo a ambos la prerrogativa del aforamiento".

Por otra parte, se recomienda la revisión de la redacción del precepto y la utilización de un lenguaje igualitario, incluyendo en consecuencia, de modo expreso, "una referencia a la princesa heredera".

Además, el texto señala que "el aforamiento no es una condición inherente al enjuiciamiento de determinados cargos públicos, mucho menos cuando tiene lugar por delitos ajenos a la función que desempeña" y que, "en el Derecho comparado, o bien no existe el aforamiento, o los aforados son muy pocos".

Aforamiento vinculado al ejercicio del cargo
También considera el CGPJ que el aforamiento procesal "causa varios problemas en el procedimiento y conduce en ocasiones a situaciones de difícil comprensión" y que "puede significar una afectación del principio de igualdad procesal, al extenderse más allá de los casos previstos en la Constitución y vinculados al principio de inmunidad, persistiendo incluso tras el cese en el cargo, cuando el beneficio deja de tener justificación objetiva para convertirse en un privilegio personal".

Por todo ello, se plantea "la necesidad de su limitación ad personam" y se propone "enfatizar el carácter funcional de esta prerrogativa, de manera que deberá vincularse, en todo caso, a los hechos cometidos en el ejercicio de la profesión o el cargo y al actual desempeño o ejercicio del mismo, cesando cuando cese aquel".

En todo caso, "debería suprimirse la extensión temporal que el Anteproyecto establece, manteniendo el privilegio del fuero tras hacer desparecido la condición o cesado en el cargo".

Finalmente, el establecimiento de Tribunales Provinciales de Instancia (TPI) como órgano de la primera instancia "se presenta como una organización idónea y adecuada".

Su organización colegiada, servida por una oficina judicial común, "permite adaptarla a las necesidades del momento, sin necesidad de crear nuevos órganos judiciales, lo que merece una valoración positiva".

http://www.publico.es/politica/530816/el-cgpj-avala-la-nueva-estructura-judicial-de-la-ley-del-silencio-de-gallardon

UN DESNUDO DE MUJER PONE EN PIE DE GUERRA A MAGISTRADAS DEL SUPREMO

La imagen del cartel de las jornadas de puertas abierta del alto tribunal enciende la polémica

Al menos tres magistradas del Tribunal Supremo y dos vocales del Consejo General del Poder Judicial han remitido hoy una carta al presidente de ambas instituciones, Carlos Lesmes, en la que piden la retirada del cartel que anuncia las jornadas de puertas abiertas que empiezan mañana en el alto tribunal y que concluyen el día 14. La imagen del cartel “es una alegoría de la justicia", obra de Alcalá-Galiano, ubicada en la Sala de pasos perdidos del Supremo, en la que aparece una mujer desnuda. Las magistradas piden en su nota la inmediata retirada del cartel y muestran su “sorpresa” porque se haya elegido esta alegoría para ilustrar las jornadas.

Las firmantes señalan: “Podrá ser una imagen presente en las paredes del Tribunal Supremo (y apropiada para una exposición artística), pero no parece la más adecuada para acercar la justicia a la ciudadanía si se atiende a la realidad social. Parafraseando a las artistas que denunciaron la discriminación de las mujeres en el mundo del arte, ¿la figura femenina de una mujer desnuda es la representación de la justicia?”, cuestionan las magistradas y vocales del Poder Judicial, entre las que se encuentran Isabel Perelló, Margarita Robles, Celsa Picó, Pilar Teso y Pilar Sepúlveda (magistradas del Tribunal Supremo y vocales del Consejo del Poder Judicial); la también vocal Roser Bach, y la exvocal Margarita Uría. Y, a medida que avanza el día van creciendo las adhesiones de otras magistradas del Supremo, en cuya plantilla de unos 85 jueces solo hay once mujeres.

“Creemos que no se ha tenido en cuenta que ciudadanos o ciudadanas procedentes de otras culturas pueden verse sorprendidos por la representación de la justicia como una mujer desnuda apenas cubierta por un velo transparente, algo absolutamente alejado de la iconografía que la representa desde hace siglos en el mundo occidental”, señalan.

Fuentes del Consejo del Poder Judicial señalan: “La imagen corresponde con uno de los frescos del Tribunal Supremo, y es la imagen que representa a la verdad. La imagen para el cartel fue elegida en un concurso en el que han participado alumnos del Instituto Europeo de Diseño de Madrid, de los más prestigiosos en esta materia. Los alumnos visitaron el Supremo y presentaron varios proyectos para ilustrar estas jornadas, tras contarles lo que se quería transmitir con ellas”.

Las citadas fuentes añaden: “Las ganadoras han sido dos estudiantes del instituto, Carolina y Raquel, que tienen 25 y 21 años, y su proyecto resultó ganador frente a otros cuatro de compañeros. El jurado que eligió el proyecto, en el que no estaba el presidente Lesmes, era mayoritariamente femenino, tres mujeres y un hombre”. Y con esta imagen “se intentó transmitir la idea de transparencia en la que está comprometido el Consejo y que el trabajo de los jueces consiste en la búsqueda de la verdad”. Los carteles, añadieron estos medios, están ahí desde hace una semana.

http://politica.elpais.com/politica/2014/06/11/actualidad/1402491426_341616.html
 

EL SECTOR DEL CONSEJO AFÍN AL PP IMPONE A UN ULTRACONSERVADOR PARA EL SUPREMO

La designación de José Luis Requero abre una batalla entre los dos grupos del

El nombramiento de un juez ultraconservador como nuevo magistrado del Tribunal Supremo (reprueba el matrimonio homosexual, tiene 54 años, es miembro del Opus Dei y se llama José Luis Requero) ha sembrado la discordia entre los grupos conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial. Y con él se fracturó el pasado jueves el pacto no escrito del reparto de altos cargos entre ambos grupos. Los progresistas creían tener pactado para ese puesto a Ángel Arozamena, pero el grupo mayoritario hizo su primera exhibición de fuerza (11 votos contra 10) y colocó a dos jueces afines a sus postulados en las dos vacantes que había en el Supremo: Requero en la Sala de lo Contencioso y Antonio Vicente Sempere en la de lo Social. Los progresistas facilitaron la llegada de Sempere (obtuvo 15 de los 21 votos), como estaba pactado, y se toparon con la mayoría absoluta de sus colegas en el caso de Requero.

Están que trinan los progresistas. O, al menos, una parte de ellos. Porque se empieza a agigantar la brecha entre dos de sus vocales y el resto de consejeros progresistas (seis). Y es que, según fuentes de este sector, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta y la juez Mar Cabrejas van a su aire.

Aunque votaron por Arozamena, a ellos les echan parte de la culpa de que un juez ultraconservador haya sido aupado al Supremo. “Sabían la jugada y no nos avisaron”, destacan. Los vocales de la Permanente, cinco más el presidente, tres de ellos afines al PP, una al nacionalismo de CiU y dos nombrados por el PSOE (Cuesta y Cabreja), son los vips del actual Consejo: chófer y unos 6.000 euros netos de sueldo. Los otros 15 no tienen exclusividad: han de compatibilizar sus juzgados o profesiones habituales con las tareas del Consejo (asistencias a plenos, comisiones...).

Varios consejeros progresistas no aciertan a entender, y lo dicen con sorpresa, cómo algunos vocales del grupo conservador que han demostrado una gran sensibilidad hacia el matrimonio homosexual (un solo voto contra pronóstico habría alterado el nombramiento de Requero) le han apoyado para este cargo. Requero, en 2005 (entonces era vocal del Poder Judicial), comparó el matrimonio homosexual con un casamiento entre “un animal y un hombre”. Entonces, el Gobierno socialista acaba de dar cobertura legal al matrimonio homosexual. Requero declaró: “Me quedo sin argumentos para decir por qué no se pueden casar dos hermanos o un hombre con muchas mujeres, o la unión entre un hombre y un animal si al fin y al cabo todo depende de la demanda social”.

Solo han pasado cuatro meses desde que se constituyó este Consejo y los ánimos se caldean. El presidente Carlos Lesmes tira de estadística para exponer que este nuevo Consejo, a diferencia del anterior, hace nombramientos en plazo y con el respaldo de amplias mayorías, sin distinciones ideológicas. El de Requero ha roto esa tendencia. Lesmes tuvo que convencer a alguno de los suyos sobre la idoneidad de Requero. Al final, el bloque conservador unió sus 11 votos y de nada sirvió que los dos vocales nacionalistas (Mercé Pigem, CiU, y Enrique Lucas, PNV) se adhirieran a la opción progresista de Arozamena. Antes del comienzo del pleno, la vocal progresista Clara Martínez de Careaga y Rafael Fernández Valverde, este afín al PP, fueron a ver a Lesmes para decirle que habían consensuado el nombre de Arozamena para la Sala de lo Contencioso.

Lesmes dijo que no, que o proponían a Jesús Cudero, candidato de Jueces para la Democracia, o que ponía sobre la mesa el nombre de Requero. Se negaron, lo puso y los 11 votos de su sector hicieron el resto. Al salir del pleno, las caras progresistas eran un poema. Los dos nombramientos, conservadores.

http://politica.elpais.com/politica/2014/04/27/actualidad/1398623319_970402.html

LESMES TOMA A LOS JUECES POR ASNOS: "SE LES CONTROLA CON EL PALO Y LA ZANAHORIA"

Jueces para la Democracia acusa al presidente del CGPJ: "cree que nos puede domesticar como animales", tras unas declaraciones en un periódico nacional. Francisco de Vitoria pide su dimisión por su torpeza y asemejarse "al señorito que va montado en el burro".

El Consejo General del Poder Judicial "se crea para dos funciones que se considera que no pueden estar en manos del Gobierno: el nombramiento de cargos judiciales y el ejercicio de la disciplina, porque al juez se le controla con el palo y la zanahoria". Esta reflexión de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, ha irritado a parte de la carrera judicial.

La reflexión forma parte de una entrevista publicada hoy por el diario El Mundo y realizada por la veterana periodista de Tribunales María Peral.

La asociación Jueces para la Democracia ha difundido hoy un comunicado en el que reprocha a Lesmes su falta de respeto hacia las opiniones de integrantes de la judicatura y las califica de "una grosería inaceptable" además de dar a entender que les "puede domesticar como a animales".

Por su parte, la Asociación Francisco de Vitoria ha pedido en otro comunicado su dimisión por sus "torpes y denigrantes manifestaciones", al tiempo que pide a los vocales del Consejo que se pronuncien públicamente por sus manifestaciones.

Francisco de Vitoria destaca "el gran talento para la metáfora" del presidente del Tribunal Supremo, "quien gráficamente concibe al juez como un burro de carga, y a sí mismo como al señorito que va montado en el burro, encargado de premiar o castigar según el burro se comporte".

Mientras, Jueces para la Democracia ha acusado a Lesmes de reiterar declaraciones en las que muestra "poco respeto" hacia los jueces y de utilizar a la propia institución "como instrumento de presión hacia quienes no piensan como él".

JpD: Mentalidad 'autoritaria' desde la que hostiga 'opiniones ajenas'
Jueces para la Democracia recuerda que los jueces tienen prohibido el ejercicio de la libertad de expresión. "No obstante, Lesmes manifiesta de forma continua que las opiniones con las que no está de acuerdo son contrarias a la independencia y la imparcialidad de quienes integran el poder judicial. Los derechos fundamentales de las juezas y jueces no quedan anulados por nuestro estatuto profesional", apostillan.

La actitud de Carlos Lesmes "contrasta con su propia trayectoria profesional. Hay que recordar que ocupó cargos políticos de confianza, pues durante ocho años fue Director General del Ministerio de Justicia, durante la etapa de José María Aznar como presidente del Gobierno".

Tras recordar esta trayectoria, la asociación judicial sostiene que nunca han cuestionado su independencia e imparcialidad cuando regresó a la judicatura, "a pesar de que haya intervenido como magistrado en asuntos que afectan o hayan afectado al poder político. En todo caso, podrían aplicarse los correspondientes mecanismos de abstención o recusación. También resulta conocido que Lesmes ha participado en numerosos actos de la FAES, la fundación de carácter ideológico del PP. Sin embargo, semejantes implicaciones no las considera relevantes y otras de mucha menor intensidad las cataloga como reprobables".

Desde esa "contradictoria perspectiva" -incide el comunicado- Lesmes reprocha a integrantes de la judicatura que expresen sus opiniones o que suscriban manifiestos, pero él se prodiga en expresar las suyas sobre los mismos asuntos. Hace poco, recuerda la nota, el CGPJ prohibió a una magistrada de la jurisdicción social que participara en un foro social por la paz en Euskadi, sin que se pueda entender en qué puede ello afectar a su independencia, aunque se comprenda perfectamente que a Lesmes no le gustan las opiniones con las que no está de acuerdo".

Con sus declaraciones referidas a que al juez se le controla con el palo y la zanahoria, Jueces para la Democracia sostiene que estas reflexiones "el presidente del CGPJ muestra claramente su mentalidad autoritaria, desde la que no duda en hostigar las opiniones ajenas. A quienes comulgan con sus puntos de vista se les ofrece la zanahoria, en forma de premios y nombramientos; a quienes tienen legítimamente otra forma de pensar se les persigue con el palo".
"Además -añaden-, se trata de unas manifestaciones de una grosería inaceptable, gravemente ofensivas hacia quienes integramos el poder judicial, pues implican la creencia de que se nos puede domesticar como a animales. Y reflejan un concepción clientelar del poder que supone una falta de respeto hacia el trabajo diario que se lleva a cabo en cada juzgado o tribunal".

Por ello, exigen de Lesmes una rectificación y muestran su "preocupación al estar cumpliéndose en el CGPJ los peores pronósticos que habíamos formulado, tras asegurarse el ministro Gallardón una mayoría del órgano de gobierno judicial afín a sus intereses".

Francisco de Vitoria:'torpes y denigrantes manifestaciones'
La Asociación Francisco de Vitoria ha pedido su dimisión por sus "torpes y denigrantes manifestaciones".

En un comunicado, la asociación Francisco de Vitoria solicita a los vocales del CGPJ que adopten las decisiones oportunas para "reparar el grave desprestigio" que las declaraciones de Lesmes "han causado a todos los jueces del país".

También critica las palabras del presidente del CGPJ cuando "se jacta" de haber nombrado para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a dos magistrados "de orientación progresista", a pesar de que en el Consejo "hay una mayoría conservadora".

"Lesmes traslada a la opinión pública que la politización imperante en el CGPJ (conservadores-progresistas) existe en la carrera judicial, y obvia que la gran mayoría de jueces son profesionales independientes que cumplen honradamente su función", añade la asociación.

http://www.publico.es/508535/lesmes-toma-a-los-jueces-por-asnos-se-les-controla-con-el-palo-y-la-zanahoria

LESMES, EL ZAR DEL PODER JUDICIAL

Nunca en la democracia una única persona ha acaparado tanto poder de un Estado. Cada vez son más los vocales y magistrados que acusan a Carlos Lesmes de autoritario. Preside el Tribunal Supremo y el CGPJ con mano de hierro. Otros defienden su voluntad de diálogo. Es el zar del Poder Judicial

"Hemos creado un monstruo". Quien así se expresa es un alto cargo del PP, preocupado por la deriva que ha adquirido el órgano de gobierno del poder judicial. Todo el poder está concentrado en una única persona, Carlos Lesmes, que reparte juego y nombramientos de la cúpula judicial sólo con la ayuda de una Comisión Permanente, elegida por el Pleno pero propuesta por él.

Fue la decisión política de Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, quien reformó a uña de caballo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y arrastró a su partido a un modelo que concentra el poder en el presidente.

"Nunca en la historia de la democracia una única persona había acumulado tanto poder del Estado en sus manos". Quien así se expresa es un magistrado del Supremo, la más alta institución judicial de España. Ni siquiera un ministro o un presidente de las Cortes alcanza el poder adquirido por Lesmes.

Lesmes preside la Comisión Permanente, el órgano que ha acaparado todo el poder del Consejo, excepto de aquellas competencias que son indelegables del Pleno o que ellos acuerdan ceder al Pleno para que no haya enfados entre los vocales. Son cinco los restantes miembros de la Permanente: los jueces Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, María del Mar Cabrejas, así como los ex diputados Mercé Pigem -de Ciu- y Alvaro Cuesta, del PSOE, de diversas sensibilidades.

Los vocales no pueden viajar a Madrid sin su autorización expresa y previa de la Permanente"Yo creí que iba a trabajar en política judicial y no en un parvulario". Así se expresa un vocal del CGPJ, asombrado por lo que está ocurriendo. El poder de Lesmes y de la Permanente es tal que los vocales no pueden viajar a Madrid sin su autorización expresa y previa.

Los vocales del CGPJ tienen rango de secretario de Estado, pero no pueden acudir al despacho para mantener reuniones con un ciudadano si la Permanente no autoriza antes el viaje. Incluso el vocal Enrique Lucas solicitó llegar dos días antes del Pleno mensual para así estudiarse la documentación del extenso Orden del Día, pero se lo han denegado.

El control llega hasta tal punto que las dos vocales ponentes del informe sobre la reforma del aborto -Pilar Sepúlveda y Carmen Llombart- tenían listos sus textos para refundir la ponencia y presentarla el 15 de marzo, como estaba previsto. Pero la Permanente decidió el jueves pasado solicitar un mes más de prórroga al Gobierno. Sepúlveda se enteró por la prensa de esa solicitud de prórroga. ¿Las razones? Las desconoce.

También causa asombro que en el último Pleno se negara a los vocales el acceso al expediente de unos magistrados expedientados, cuando era el Pleno el que tenía que aprobar o no la adopción de medidas disciplinarias sobre ellos.

La última bronca ha sido la elección de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que ha recaído en Ángeles Carmona, una vocal cualificada para el puesto y propuesta por el PP, en lugar de Clara Martínez de Careaga, presidenta de la Comisión de Igualdad y, por lo tanto, la candidata natural para dirigir la respuesta judicial ante este fenómeno delictivo.

Cinco vocales han decidido solicitar un Pleno Extraordinario para, en sus palabras, "poner pie en pared" ante el poderoso control que está adquiriendo Lesmes y la Permanente. Es el caso de los vocales Sepúlveda, Martínez de Careaga, Roser Bach, María Victoria Cinto o Rafael Mozo.

Cinco vocales solicitan un Pleno Extraordinario para 'poner pie en pared' a esta situación

El poder de Lesmes abarca el control de las competencias del CGPJ, recortado con la reforma: la selección de jueces -a través de la Escuela Judicial, dependiente del Consejo, y de los tribunales examinadores-; el nombramiento de las cúpulas del gobierno administrativo judicial de España; la disciplina de los jueces -con un Promotor de la Acción de la Justicia nombrado por el Pleno con su apoyo y que concentra competencias jamás vistas -; el refuerzo de un juzgado para que tengas medios suficiente e investigue una causa importante...

El 9 de marzo se cumplen tres meses de la elección de Carlos Lesmes Serrano (Madrid, 1958) como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Se presentó ante la sociedad bajo las banderas del diálogo y la transparencia -en una rueda de prensa sin preguntas-, pero cada vez más voces de ambas instituciones denuncian lo contrario.

Los adjetivos se quedan cortos entre sus críticos: autoritario, alevoso, iluminado... En el Supremo algunos le han puesto el sobrenombre de "Tirano de la Ensenada", en referencia a la calle donde radica la sede principal del CGPJ (Marqués de la Ensenada de Madrid). Sus defensores hablan de su capacidad de diálogo y su aguante.

Lesmes se ha rodeado de una guardia de corps compuesta por ex miembros de la revista El Derecho, bajo el control de su jefa de Gabinete, la también fiscal Ana Murillo quien está casada con Juan Manuel Cendoya, director de Comunicación del Banco de Santander.

El entorno familiar del nuevo secretario general del CGPJ, el magistrado José Luis Terrero Chacón, era accionista de esta editorial jurídica El Derecho hasta que la mayoría de las acciones se vendieron a la editorial Francis Lefebvre. Terrero era el coordinador editorial.

Es más, Lesmes era miembro del Consejo Editorial de El Derecho, al igual que Ángel Juanes, el actual vicepresidente del Tribunal Supremo. También colaboró con la editorial el vicesecretario general, José Luis de Benito, amigo de Antonio Camacho y pieza clave para decantar el apoyo del PSOE a este Consejo reformado.

"La mayoría de los nombramientos que se han producido en la cúpula judicial desde que llegó Lesmes han sido porque han colaborado con la revista El Derecho; porque tienen la especialidad de Contencioso-Administrativo, como Lesmes; porque han coincidido con el mismo preparador que él, o porque son de la misma promoción", destaca una fuente interna.

Amenazas de despido y temor

Se atribuye a Ana Murillo el control absoluto de cuantas decisiones internas se adoptan en el Consejo, que abarcan desde el control de los letrados hasta obligar a las señoras de la empresa de limpieza a vestir chaqueta, pintarse y servir café a los vocales, o la comida en las reuniones de Lesmes... Con insinuaciones de amenaza de despido de quienes se oponían a servir.

Lesmes se rodeó también de la bandera de la austeridad. Pero ha creado el cargo nuevo de Jefe de Protocolo, que no existía en el Consejo y cuyas funciones las realizaba una funcionaria de nivel 16. Ahora se ha traído al jefe de protocolo del ministerio de Justicia, Camilo Ignacio Sigmal, de nivel 30.

Lesmes se rodeó de la bandera de la austeridad, pero ha creado el cargo de Jefe de Protocolo

El temor se ha extendido en la sede de Marqués de la Ensenada. Temor a que los correos profesionales y los ordenadores sean espiados -la jurisprudencia del Tribunal Constitucional les ampararía-, porque Lesmes se pone nervioso con las filtraciones que se están produciendo desde dentro de la institución. Y temor a que los empleados laborales sufran una regulación de empleo, como sufrieron las secretarias eventuales. Una de ellas fue despedida a pesar de atravesar por una grave enfermedad.

El constituyente definió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como un órgano colegiado compuesto por 20 vocales: 12 jueces y magistrados y, el resto, nombrados directamente por el Parlamento. Pero se ha convertido en una institución centralizada en una persona y su guardia de corps.

El autor de esa reforma fue el propio Lesmes, quien ha llegado a decir en privado que, si fuera por él, reformaría la Constitución para hacer desaparecer al CGPJ, según aseguran fuentes del Supremo.

Algunos altos cargos del PP reciben estas señales de alerta con preocupación y apostillan: "hemos creado un monstruo con la reforma"

http://www.publico.es/506558/lesmes-el-zar-del-poder-judicial

LESMES IMPONE A LA CANDIDATA DEL PP PARA PRESIDIR EL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

María Ángeles Carmona es vocal del Consejo y desplaza así a la candidata natural para el puesto, la magistrada del Supremo Clara Martínez de Careaga. El sector más crítico se plantea pedir un pleno extraordinario ante la gestión "autoritaria" de su presidente.

Carmona es actualmente la responsable del Gobierno del PP en Andalucía en materia de violencia de género. Varias fuentes del Consejo destacan la "incompatibilidad de ser presidenta del Observatorio judicial y, a su vez, depender del Ejecutivo". En concreto, es jefa de la Unidad de Coordinación Territorial de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía desde el año 2012.

Lesmes ha impuesto a la candidata del PP, en lugar de la vocal y magistrada del Tribunal Supremo Clara Martínez de Careaga, quien preside la Comisión de Igualdad y era considerada la candidata natural, ya que la valoración de la respuesta judicial en violencia de género depende de la citada Comisión.

Martínez de Careaga era la candidata defendida por el sector progresista, mientras que Carmona llegó al CGPJ con la promesa del PP de que presidiría el Observatorio, como ha ocurrido finalmente.

En el sector progresista consideran que Lesmes "ha incumplido los acuerdos" con los que los 20 vocales del Consejo aprobaron en diciembre pasado, y por unanimidad, el reparto de las comisiones entre ellos. El reparto de las comisiones fue propuesto por Lesmes cuando accedió a la presidencia del Consejo.

Así, Martínez de Careaga "aceptó presidir la Comisión de Igualdad entendiendo que presidiría el Observatorio, en lugar de integrar la poderosa Comisión Permanente", según las mismas fuentes.

El artículo 610 de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial -reformada por el PP- establece que corresponde a la Comisión de Igualdad "el estudio y seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica y de género, sirviéndose para ello del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género o de cualquier otro instrumento que se pueda establecer a estos efectos".

Sin embargo, la delegación de este cargo es una potestad atribuida al presidente del CGPJ en un Convenio con el que se creó el Observatorio, en el año 2002.

El Observatorio es una institución considerada clave en la respuesta judicial ante el fenómeno delictivo de la violencia de género. De forma periódica, organiza reuniones y cursos de formación para los jueces especializados, que ejercen en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal y Audiencias Proviciales.

La pugna entre Careaga y Lesmes, ambos magistrados del Supremo, se ha mantenido desde diciembre a cuenta de la elección de la presidencia del Observatorio.

El propio Lesmes habría prometido a Martínez de Careaga la presidencia del Observatorio, en consonancia con lo realizado por consejos anteriores. Pero, ahora, ha cambiado de opinión.

La opción de Carmona, validada este jueves por la Comisión Permanente del Consejo, supone de "facto" dejar sin muchas competencias a la Comisión de Igualdad.

Al mismo tiempo, la Comisión Permanente del Consejo ha nombrado vocales del Observatorio a Carmen Llombart y a Pilar Sepúlveda.

Posible pleno extraordinario pedido por los críticos

El hondo malestar que ha causado esta última decisión de Lesmes ha provocado que los vocales más críticos del órgano de gobierno de los jueces se planteen la solicitud de convocatoria de un Pleno Extraordinario, con el objeto de discutir lo que consideran que es una gestión "autoritaria" y "falta de diálogo", informa Europa Press.

En el Consejo se ha extendido una sensación de malestar entre varios vocales desde que comenzó el mandato de este Consejo, tanto por las decisiones de Lesmes como por las formas en las que se adoptan.

Esta es la razón por la que ya se tendría el apoyo de los cinco vocales que se precisan para forzar la convocatoria de un Pleno extraordinario.

Pese a la oposición de muchos vocales a la hora de conformarse con el puesto que Lesmes había pensado para ellos en el nuevo Consejo, que concentra todo su poder en la Comisión Permanente, el diseño del presidente obtuvo el voto unánime de todos ellos en el Pleno en el que se aprobó quien iba a integrar cada una de sus comisiones. Por ello, algunos se sienten traicionados por las decisiones posteriores a dicho apoyo.

El enfado ya se evidenció el pasado jueves, cuando el Pleno retiró del orden del día una reforma de su Reglamento dirigida a permitir que se pueda delegar en determinados funcionarios de este órgano atribuciones que se entienden menores, tales como aprobar prórrogas de jurisdicción de los jueces, licencias por enfermedad o sustituciones.

La medida mereció un escrito de queja de seis vocales del "ala progresista" de este órgano, que consideran que de aprobarse estas medidas se vaciarían de contenido algunas de sus atribuciones y se les arrebatarían competencias.

Los firmantes de este escrito de queja son los vocales Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, María Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, ninguno de los cuales estuvo presente durante la rueda de prensa posterior al Pleno, mientras que otros miembros del Consejo sí acompañaron a su presidente durante su comparecencia.

Dilatada experiencia
María Ángeles Carmona ejerce como secretaria judicial en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla desde el año 2009, al tiempo que compatibiliza su cargo dependiente del Gobierno y como vocal del CGPJ.

A su vez, Clara Martínez de Careaga ejerce como jueza desde hace 31 años, ha sido miembro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribvunal Superior de Justicia de Madrid y fue la primera mujer de la historia en ingresar en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, en el año 2009. Está casada con Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado.

http://www.publico.es/506249/lesmes-impone-a-la-candidata-del-pp-para-presidir-el-observatorio-contra-la-violencia-de-genero

EL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO ABRE OTRA BRECHA EN EL PODER JUDICIAL

La designación de Carmona, conservadora, para dirigir el organismo provoca nuevos roces

Los roces entre un amplio sector del grupo progresista y el presidente del Poder judicial, Carlos Lesmes, crecen por días. Lo último ha sido la designación de María Ángeles Carmona (conservadora) como presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Un cargo que, según distintas fuentes del sector progresista, legalmente (artículo 610.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) debe recaer en la presidenta de la Comisión de Igualdad. Este cargo lo ocupa la magistrada del Tribunal Supremo Clara Martínez de Careaga, a quien Lesmes “prometió” este puesto el pasado 9 de enero, en la antesala de la constitución de las comisiones.

La de Igualdad, la minicomisión del Consejo, es la única en manos del sector progresista (Martínez de Careaga y los vocales Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda). Al entregarle el Observatorio a Carmona, a Igualdad se le cercenan la mitad de sus competencias legales, lamentan fuentes progresistas. Lesmes y Martínez de Careaga mantuvieron una tensa conversación hace unos días, cuando ella supo por el propio Lesmes su intención de nombrar a Carmona como presidenta del Observatorio. Según las citadas fuentes, la explicación de Lesmes sobre este nombramiento fue que Carmona había ido al Consejo para hacerse cargo del Observatorio, y que los vocales (“se referirá a los conservadores”, le espetan) entienden que es la persona adecuada porque desde 2009 coordina como cargo estatal la violencia de género en Andalucía desde la Delegación del Gobierno; y aun admitiendo que se lo había prometido, Lesmes se justificó: “Me lo he pensado mejor”. “Eso es hacer trampas y faltar a la palabra”, le reprochan al presidente.

En este cruces de reproches, y al borde de unir sus firmas seis vocales progresistas para exigir un pleno extraordinario en el que pedir explicaciones, el sector progresista se pregunta del lado de quién están dos de sus ocho miembros: les llaman “los acomodados”, y pertenecen a la todopoderosa Comisión Permanante, que preside Carlos Lesmes. Se trata del exdiputado socialista Álvaro Cuesta, quien, según fuentes del Consejo, pidió a Lesmes estar en la Permanente por razones económicas (al tener exclusividad, dispone de coche oficial y de unos 6.000 euros de sueldo); y Mar Cabrejas, vocal de confianza del diputado del PSOE Antonio Camacho.

http://politica.elpais.com/politica/2014/03/09/actualidad/1394396387_405265.html

EL SUPREMO ANALIZA SI JUANES CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SER SU VICEPRESIDENTE

UPyD ha impugnado esta mañana el nombramiento al entender que su designación incumple la ley puesto que accedió al cargo sin ser magistrado del alto tribunal

UPyD, partido que dirige Rosa Díaz, ha impugnado esta mañana ante la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo el reciente nombramiento de Ángel Juanes como vicepresidente del Tribunal Supremo. Su designación fue adoptada hace dos meses por el pleno del Consejo del Poder Judicial a propuesta del nuevo presidente de este órgano y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

Hasta su nombramiento como vicepresidente del Supremo, Juanes ocupó el puesto de presidente de la Audiencia Nacional. UPyD esgrime que el nombramiento de Juanes no se ajusta a los requisitos que impone la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que obliga a que la figura del vicepresidente del Supremo, que es de nueva creación, recaiga en un magistrado del Tribunal Supremo y no, como en el caso de Juanes, de la Audiencia Nacional. Y es que UPyD, a través de sus abogados, alega que Juanes no era magistrado del Supremo en el momento de su nombramiento, puesto que perdió esa consideración cuando voluntariamente decidió dejar la Sala Quinta de lo Militar del alto tribunal para hacerse cargo de la presidencia de la Audiencia Nacional.

En ese momento, según fuentes jurídicas, perdió la consideración de magistrado del Supremo y, en puridad, la categoría, ya que la Audiencia Nacional no es el Tribunal Supremo. Otras fuentes señalan que existe un acuerdo para que los presidentes de la Audiencia Nacional tengan la consideración de magistrados del Supremo y que ambos cargos son equivalentes.  La Sala Tercera tendrá que analizar ahora todo este asunto a instancias de UPyD.

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/28/actualidad/1393595543_658145.html

SEIS VOCALES EXIGEN QUE SE ANULE LA NORMA QUE LES RECORTA ATRIBUCIONES

Lesmes quiere delegar en funcionarios del Consejo General del Poder Judicial atribuciones como las prórrogas de jueces, licencias pro enfermedad o sustituciones

Seis vocales progresistas del Consejo del Poder Judicial han decidido plantarse ante la decisión de la Comisión Permanente, que preside Carlos Lesmes, de elevar al pleno de hoy la aprobación de un reglamento que entienden les arrebata competencias que legalmente corresponden al pleno. El citado reglamento permite que la Permanente, en la que Lesmes y los vocales afines al PP tienen mayoría absoluta, delegue en jefes de servicio (es decir, en funcionarios del Consejo) atribuciones que competen al pleno y, en consecuencia, a sus 21 vocales.

Las tareas que la Permanente quiere poder delegar son, por ejemplo, las prorrogas de jurisdicción de los jueces, las licencias pro enfermedad, sus sustituciones o las autorizaciones para que un magistrado que ha sido trasladado de juzgado pueda redactar sentencias que tuviera atrasadas en el juzgado antiguo.

Los seis vocales exigen a Lesmes que retire del orden del día del pleno ese reglamento. Opinan que su aprobación “puede llegar a desdibujar el carácter de órgano de gobierno del poder judicial, como lo define la Constitución, y compromete seriamente su genuina esencia colegial”. Los vocales que firman el escrito son Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, María Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

Carga de trabajo

Los cinco miembros de la Permanente (entre los que se hallan los vocales progresistas Álvaro Cuesta y Mar Cabreja) esgrimen a favor de esa delegación el aumento de la carga de trabajo. Sus colegas progresistas lo ven de otra forma: entienden que son temas que “tienen una incidencia directa en la carrera judicial”. Y discrepan de que “impliquen una dedicación cuantitativa o cualitativamente compleja”. “Este es un órgano colegiado, y delegar esas materias en un jefe de servicio es sustraerlas del control de todos los vocales y dejarlas en manos del presidente, que es el superior jerárquico de los jefes de servicio”, sostienen fuentes del Consejo. Señalan estos vocales que el reglamento que pretende aprobar la mayoría conservadora del Consejo es una medida más para “vaciar de contenido destacados ámbitos de actuación de los/las vocales que son fundamentales en este órgano, ya que afectan a su esencia colegial, y que, además, supone alejarles del día a día de la carrera judicial”.

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/26/actualidad/1393448537_509271.html

EL PRESIDENTE DEL CGPJ DICE QUE FUE AL VATICANO PARA REPRESENTAR A ESPAÑA "EN OTRO ESTADO"

Carlos Lesmes se defiende de las críticas por haber encabezado la delegación española en un acto religioso

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, rechazó este jueves las críticas por haber encabezado la delegación española que asistió a un acto religioso el pasado fin de semana en el Vaticano. Según Lesmes, él actuó como “representante de España en un Estado extranjero, en este caso la Santa Sede” y los que le han criticado "no entienden muy bien lo que es participar en una delegación al Vaticano".

Lesmes, hombre de fuertes convicciones religiosas, recordó que él es la quinta autoridad española y que si fue elegido para viajar al Vaticano fue como representante del Estado, no del Gobierno. “Allí había otras 18 delegaciones de otros países”, añadió. Todas las asociaciones de jueces excepto la conservadora APM han criticado que el presidente del CGPJ represente a España, un estado aconfesional, en una visita de carácter religioso, en este caso la designación de 19 nuevos cardenales.


http://www.eldiario.es/politica/Lesmes_0_233427152.html

JPD AFIRMA QUE LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL SUPREMO AL VATICANO CUESTIONA LA ACONFESIONALIDAD DEL ESTADO

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) criticó este miércoles la reciente visita del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, al Vaticano para asistir a la investidura de diversos cardenales, por entender que su presencia en un evento religioso es opuesta a “la aconfesionalidad del Estado”.

En un comunicado, JpD señala que Lesmes acudió al Vaticano tras ser nombrado por el Gobierno como presidente de una amplia delegación de autoridades española. A este respecto, la asociación considera que “resulta poco respetuoso con la división de poderes propia de nuestro Estado Constitucional que el Gobierno pueda designar como delegado en un acto religioso al máximo representante del poder judicial”.

Jpd añade además que “este tipo de confusiones entre la actividad pública y las funciones religiosas se vienen reiterando de forma preocupante”. “Hace poco se ha sabido que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha concedido la Medalla de Oro al Mérito Policial a la Virgen María Santísima del Amor y también empieza a ser habitual que algunos miembros del Gobierno en el ejercicio de sus funciones se encomienden a vírgenes para que mejore la situación económica, política o social”, señala la asociación de jueces.

En referencia a Lesmes, JpD asegura que “resulta especialmente preocupante que el máximo representante del poder judicial participe oficialmente en ceremonias religiosas” y que “no distinga entre sus convicciones religiosas personales y la necesaria neutralidad que debe ejercer en el ejercicio de sus funciones públicas”.

Estas actuaciones suponen “una quiebra de la neutralidad estatal en materia religiosa” y provocan que se proyecte “la perspectiva de que la Iglesia Católica es la religión oficial del Estado Español, lo cual no resulta compatible con el principio de aconfesionalidad que establece el artículo 16-3 de la Constitución”, apunta JpD. 
Para la asociación de jueces, “se trata de gestos que evocan tiempos predemocráticos, en los que existía una religión oficial y una plena confusión entre el plano institucional público y el religioso”.


http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/conflictos-religiosos/jpd-afirma-que-la-visita-del-presidente-del-supremo-al-vaticano-cuestiona-la-aconfesionalidad-del-estado_XUwETyv4mZfdKJr0W2Z6r2/

EL JEFE DEL PODER JUDICIAL ENCABEZÓ LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA ANTE EL PAPA

 Los jueces critican que en un Estado laico se nombre a Lesmes para un acto religioso

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, encabezó este fin de semana, por encargo del Consejo de Ministros, la delegación española que acudió a Roma para la ceremonia en la que el papa Francisco designó a 19 nuevos cardenales; entre ellos, al arzobispo emérito español Fernando Sebastián. Lesmes, que preside el tercer poder del Estado, el judicial, fue designado presidente de la delegación española en el Consejo de Ministros del pasado viernes, a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. Altos cargos judiciales, que piden mantener el anonimato, y tres de las cuatro asociaciones judiciales, han mostrado su “indignación, sorpresa y perplejidad” porque el presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo capitanee un acto religioso en el marco de un Estado aconfesional como España.

Es la primera vez que un presidente del Supremo encabeza una delegación oficial y religiosa en Roma. En actos anteriores, la delegación española ha sido encabezada básicamente por políticos, como José Bono, Miguel Ángel Moratinos o la actual vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

En actos anteriores, la delegación española ha sido encabezada por políticos

El cargo de presidente del Supremo y del Consejo es equiparable en rango al de un secretario de Estado. Aparte de Lesmes, también integraron la delegación española, además de varios diputados y senadores del PP, otros dos secretarios de Estado: el de las relaciones con la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, y el de Seguridad, Francisco Martínez. Los tres acudieron con sus esposas. Un portavoz del Ministerio de Justicia explicó ayer que, en nombre de este ministerio, acudió el director de Relaciones con las Confesiones, Ángel Llorente. “Si bien, y por protocolo, Lesmes encabezó la delegación porque, al ser el presidente del Consejo y del Supremo, era el de mayor rango entre los asistentes”. A pesar de su nombramiento por el Gobierno, Lesmes señaló a EL PAÍS, a través de su portavoz en el Poder Judicial, que su viaje y el de su esposa los abonó de su bolsillo. Y que lo hizo por una cuestión “de ética personal”. El presidente del Supremo es una persona de profundas convicciones religiosas, como también lo era su antecesor en el cargo Carlos Dívar. “Pero ni al propio Dívar se le habría ocurrido una cosa así”, señalan altas fuentes judiciales. Lesmes no dio cuenta de su viaje al pleno del Consejo del Poder Judicial, que es un órgano colegiado.

Los portavoces de tres de las cuatro asociaciones judiciales de España (Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Jueces para la Democracia) no entienden la decisión de Lesmes. Conrado Gallardo, del Foro Judicial Independiente, señala: “Con los problemas que tiene la justicia, es incomprensible que el Gobierno nombre al presidente del Supremo para un acto de este tipo. Estamos perplejos”, confiesa Gallardo. Tampoco lo ve normal Marcelino Sexmero, portavoz de la moderada Asociación Judicial Francisco de Vitoria: “Sorprende que en un Estado aconfesional, el Gobierno comisione para una ceremonia religiosa a alguien que es, no solo el presidente del Poder Judicial, también el del Supremo. Y sorprende que acuda comisionado por el Gobierno a un acto religioso, lo que cuestiona la separación de poderes”. Una reflexión parecida hace Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. Sostiene que “actitudes de este tipo, como la reciente que ha protagonizado el ministro del Interior, Jorge Fernández, al conceder una medalla policial a la Virgen del Mar, vulneran la aconfesionalidad del Estado. Este Gobierno”, añade Bosch, “no es capaz de delimitar los espacios institucionales de los religiosos”. Este periódico intentó ayer, sin éxito, hablar con el portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/25/actualidad/1393361796_065324.html

ONCE POLÍTICOS Y JUECES ESPAÑOLES ARROPARÁN EL NOMBRAMIENTO DE 19 NUEVOS CARDENALES

Entre otros, acuden el presidente del Supremo, secretarios de Estado, un diputado y un senador

Entre los nuevos cardenales se encuentra el español Fernando Sebastián, conocido por sus declaraciones homófobas y contrarias a las mujeres que abortan

Al menos once jueces y políticos españoles asisten este sábado en en la basílica de San Pedro del Vaticano al nombramiento de 19 nuevos cardenales. Entre ellos está el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; el embajador de España ante la Santa Sede, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga; el secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo; el secretario de Estado para la Seguridad, Francisco Martínez Vázquez; y el vicepresidente del Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, informa Europa Press.

También formarán parte de la misma el diputado en el Congreso, Eugenio Nasarre; el senador por Navarra, José Ignacio Palacios; el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, Ángel Llorente; el director de las Relaciones con la Santa Sede, Gabriel Ferrán; el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda Lassa; la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calatayud, María Mercedes Sarrate de Castro; y el director del Instituto Cervantes, Sergio Rodríguez López-Ros.

El papa Francisco ha nombrado este sábado 19 nuevos cardenales entre los que se encuentra el español Fernando Sebastián, conocido por sus recientes declaraciones homófobas y contrarias a los derechos de la mujer. En una entrevista publicada en diario Sur cargó contra los homosexuales. Calificó de "sexualidad deficiente" a la homosexualidad, de la que dijo que se puede "normalizar con tratamiento". En otra entrevista, esta vez en El Periódico de Aragón, dijo que las mujeres que abortan "quieren quitarse de en medio al hijo para disfrutar de la vida". Estas declaraciones no fueron reprobadas ni por la La Conferencia Episcopal ni por el Vaticano, que rehusaron valorarlas. La Fiscalía si inició una investigación para esclarecer si las declaraciones sobre la homosexualidad hechas por Sebastián son constitutivas de infracción penal.

Además de Sebastián también son nombrados el primer cardenal de Haití de la historia, monseñor Chibly Langlois, un obispo casi centenario, expertos en diplomacia y media docena de miembros de la Curia Romana.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/02/22/politicos_jueces_espanoles_arroparan_nombramiento_nuevos_cardenales_13849_1012.html

EL SUPREMO INVITA AL PLENO DEL CONSTITUCIONAL A UNA REUNIÓN INÉDITA

Carlos Lesmes pretende abordar cuestiones institucionales de ambos tribunales

La sala de Gobierno del Tribunal Supremo y los magistrados que conforman el pleno del Tribunal Constitucional se reunirán por primera vez este viernes tras la invitación de los primeros a los segundos.

El objetivo del encuentro, según fuentes del Supremo, es reflexionar sobre "las posiciones institucionales de los dos tribunales". Además, se abordarán posibles colaboraciones en materias formativas así como la posibilidad de compartir medios materiales para optimizar los recursos de ambos tribunales.

Las mismas fuentes han señalado que el tratamiento de todos los temas se hará, en cualquier caso, desde el máximo respecto por las competencias de cada tribunal y sin intención de promover ningún tipo de injerencia.

La idea y la invitación surgió del nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien lo expuso en una de las reuniones de la sala de Gobierno, que aceptó la iniciativa."El espíritu es escuchar al Constitucional y que el Constitucional nos escuche, han señalado las mismas fuentes, que insisten en señalar que, en todo momento, "se respetará el terreno de cada tribunal", aunque se vayan también a analizar si de alguna manera la colaboración entre ambos tribunales puede beneficiar al usuario de la justicia.

Por su parte, según fuentes del Constitucional, en la reunión se abordarán también "cuestiones de naturaleza jurisdiccional".

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/18/actualidad/1392731322_507836.html

MALESTAR ENTRE LOS VOCALES A LOS DOS MESES DEL NUEVO PODER JUDICIAL

Reprochan que algunas iniciativas de Lesmes generan clasismo entre los consejeros

Vocales de distintas sensibilidades del nuevo Consejo del Poder Judicial consideran, tras dos meses en el cargo, que determinadas medidas impuestas por el presidente Carlos Lesmes están derivando en la creación de un Poder Judicial “presidencialista”, lo que “fractura el espíritu colegiado que otorga la Constitución a este órgano”. Y, además, entienden que esas medidas están propiciando la existencia de “vocales de primera y segunda clase”.

Los de primera división serían los cinco consejeros, más el presidente, que integran la Comisión Permanente (que tienen dedicación exclusiva y concentran un poder nunca visto); y los de segunda, los externos, que son 15 y que deben compatibilizar sus tareas anteriores con el trabajo del Consejo. Algunos han pedido que el Consejo debata la posibilidad de liberarles parcialmente de sus tareas anteriores para afrontar la carga de trabajo del Consejo, pero Lesmes ha dicho que “ni hablar”, que los que deseen esa liberación la pidan a las salas de Gobierno de sus tribunales superiores.

No ha gustado nada a los vocales externos que viven fuera de Madrid las trabas que les han impuesto para acudir a sus despachos.

Lesmes mantuvo hace días una reunión informal con todos los vocales (es consciente de que hay malestar). En ese plenillo, algunos consejeros le espetaron que, con la aplicación que se estaba haciendo de la nueva ley aprobada por el PP, y que ha supuesto un giro radical en el funcionamiento del Consejo, se estaba configurando un Consejo “desigual, con un trato humillante para algunos”. Los vocales ajenos a la Permanente solo pueden desplazarse “sin autorización previa” a las reuniones del pleno o a las comisiones a las que estén adscritos. Pero para cualquier otro tipo de viaje han de pedir autorización previa a la Permanente. En cambio, los vocales de la Permanente han quedado exentos de este trámite. “Son incoherencias intolerables; y es inadmisible el interés del presidente en mantener alejados a los vocales externos, sometidos a un control férreo, a diferencia de los de la Permanente, y eso que todos hemos sido elegidos por las mismas Cortes Generales”, señala un consejero.

“Se ha hecho así para controlar el gasto del Consejo”, explica un portavoz del Poder Judicial. Otras fuentes oficiales señalan que tras de esa decisión subyace un principio que aireó Lesmes al tomar posesión: la austeridad. “Ya somos mayorcitos para tan desigual control”, clama un vocal, que entiende que esa fiscalización, “necesaria, debe hacerse, sí, pero a posteriori, y sin distinciones”.

También está generando malestar entre algunos vocales progresistas la “falta de transparencia” que anida en el nuevo Consejo. “Transparencia no es colgar simples datos o anuncios en la web del Consejo. La transparencia”, han reprochado a Lesmes algunos consejeros, “pasa porque los procedimientos sobre las decisiones sean públicos y nítidos”. Y citan, por ejemplo, los encargos que hace Lesmes a su libre albedrío a los vocales. Exigen que el Consejo vuelva a ser un órgano colegiado. Es decir, que cualquier decisión que tome Lesmes (el presidente que más poder atesora de todos los que han pasado desde 1985 por esta institución: él intervino en la redacción de la nueva ley que regula este Consejo) sea sometida a debate y votación en los plenos por todos los vocales.

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/12/actualidad/1392239847_613313.html

¿QUIÉN HA PERDIDO LAS DENUNCIAS CONTRA LESMES? EL TS CULPA A LA SECRETARIA JUDICIAL

¿Quién ha perdido y cómo los cuatro escritos de queja presentados contra el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, por presunta prevaricación? Como ya adelantó este diario, una mano negra dentro del Alto Tribunal traspapeló las cuatro denuncias de Saberlotodo Internet y respondió al CGPJ que en la institución “no consta” haber recibido ninguna de ellas. Los funcionarios del TS, sin embargo, se lavan las manos y culpan de la misteriosa desaparición a la secretaria judicial de la Sala Segunda.

Perdidos dentro del propio palacio de las antiguas salesas, la sede del Tribunal Supremo. Esa es, al menos, la versión oficial que el Tribunal había trasladado hasta ahora al CGPJ ante las diligencias abiertas por este organismo el pasado 14 de octubre, un mes antes de que Carlos Lesmes fuera elegido como nuevo presidente del poder judicial. Sin embargo, esta supuesta pérdida encaja difícilmente con la versión que, por su parte, ha ratificado por escrito la Secretaría del Gabinete Técnico del Alto Tribunal, que ha evadido responsabilidades ante las explicaciones formuladas por el administrador de Saberlotodo Internet, José Vicente Lucas 

En un escrito del pasado 3 de febrero, días después de que este periódico publicase la supuesta pérdida de los documentos, el secretario del gabinete técnico del TS, Luis Ignacio Sánchez Guiu, certificó la entrada de dichas denuncias en el Alto Tribunal. La primera de ellas, con fecha del 27 de julio de 2012; la segunda, el 5 de diciembre de ese mismo año, la tercera, el 26 de febrero de 2013 y, la última, el pasado 25 de abril. “La entrada, según consta, se hizo en la Secretaría de la Sala Segunda que tramita causas especiales”, señala el documento, que evita, eso sí, identificar a la destinataria final, la secretaria judicial María Antonia Cao Barrero. “No procede realizar indicación alguna sobre la persona receptora por cuanto no es función de este secretario la entrega personal de los escritos en las Secretarías; no constándole, por tanto, el funcionario o funcionarios a quienes se hizo materialmente la entrega”.

Hay que recordar que la citada secretaria fue la que firmó la respuesta al CGPJ en la que cerraba todo el caso “sin que conste haber recibido en la Secretaría de mi cargo ningún otro escrito”. Precisamente, fue el reiterado silencio a esos cuatro escritos lo que motivo que Saberlotodo Internet se dirigiera al CGPJ para pedir amparo y lo que motivó la apertura de las citadas diligencias. Tras la misteriosa ‘pérdida’, el CGPJ ha remitido la denuncia al Ministerio de Justicia, que es quien debe determinar si “podría existir una disfunción en el funcionamiento de la secretaría”.

Origen de la denuncia

Saberlotodo Internet solicitaba en esos cuatro escritos a la Sala Especial del Tribunal Supremo la reapertura de la causa por prevaricación contra Lesmes que dicho órgano, presidido por el juez Luciano Varela, archivó el 7 de septiembre de 2010. La empresa basa su batalla judicial contra el hoy presidente del Supremo en un documento oficial de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) remitido en su día al propio Lesmes que demostraría su versión de que el citado juez dictó una resolución injusta contra ellos a sabiendas.

El origen de esta denuncia se remonta a mayo de 2009, cuando Lesmes presidía la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y desestimó un recurso presentado por Saberlotodo Internet SL contra la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por una sanción de 60.000 euros. La empresa defendió entonces que la sentencia incurría en “un grave error material” al computar mal la fecha de notificación de la multa de la AEPD y recurrieron, por ello, para que el juez rectificase la sentencia. La aclaración de dicha fecha era decisiva, pues de ello dependía que la multa de 60.000 euros hubiera caducado o no, “dado que habrían transcurrido más de seis meses entre la fecha del acuerdo de incoación del expediente sancionador y la de notificación de la resolución sancionadora”.

La sanción fue notificada por la AEPD a Saberlotodo Internet SL el 2 de enero de 2008 y no el 7 de diciembre de 2007, como sostuvo Lesmes en su sentencia por error. Fecha que no accedió a corregir tras el recurso presentado por José Vicente Lucas en el que se alertaba del error. A partir de entonces, el caso ha sido un continuo sostenella y no enmendalla que ha acabado en un callejón sin salida dentro del Tribunal Supremo y que no se ha corregido ni siquiera cuando Saberlotodo Internet ha presentado ante el Alto Tribunal una carta de Artemi Rayo Lombarte, exdirector de la AEPD, dirigida al propio Lesmes en la que él mismo reconocía que la sanción “fue notificada al ahora recurrente el 2 de enero de 2008”. La misiva está fechada el día 20 de febrero de 2008; la sentencia de Lesmes es, sin embargo, del 1 de abril de 2009. Poco después, el 26 de junio de 2009, Lesmes firmaba otro auto en el que decía, textualmente, “no haber lugar a la aclaración de sentencia” sobre el error de la fecha.

“Ante la incapacidad de la Sala de rectificar un error evidente que simplemente hubiese requerido ir al folio nº 273 del Expediente administrativo, comprobar que la fecha de notificación recogida en la sentencia era errónea y rectificarla, estimando la nulidad de la resolución sancionadora por caducidad del procedimiento sancionador, esta parte no tuvo otra alternativa que instar al correspondiente procedimiento penal por prevaricación judicial de la Sala enjuiciadora, al emitir a sabiendas una resolución judicial y arbitraria”, relata el abogado de Saberlotodo en su escrito de amparo al CGPJ.

Como se ha explicado, la querella criminal contra Lesmes fue archivada por el Supremo en septiembre de 2010. Sin embargo, Saberlotodo no encontró el citado documento firmado por Artemi Rayo hasta el 26 de junio de 2012, por lo que, a partir de ese momento, José Vicente Lucas lucha por reabrir el procedimiento al entender que había hallado “un documento esencial que demostraba el elemento cognoscitivo y volitivo del delito imputado a la Sala”.

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-02-10/quien-ha-perdido-las-denuncias-contra-lesmes-el-ts-culpa-a-la-secretaria-judicial_86810/

MAGISTRADOS IMPUGNAN EN EL SUPREMO LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL DE GALLARDÓN

La asociación Francisco de Vitoria cree que el sistema responde al "cambalache político"

Jueces para la Democracia estudiará el escrito para valorar si se suma al recurso

Marejada dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Asociación Francisco de Vitoria (AFV) ha dado un paso al frente y ha presentado en la mañana de este jueves un recurso ante el Tribunal Supremo contra el nombramiento del presidente del organismo de control de los magistrados, Carlos Lesmes, y de los 12 vocales de adscripción judicial. Una demanda que interpone el colectivo porque considera que estas designaciones, a raíz de la puesta en marcha de la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón, responden a un modelo que fortalece la "injerencia" de los partidos y del Ejecutivo en la institución.

"Es evidente que las formaciones políticas se han repartido la cuota. La mitad para el PP. Y la otra mitad para el PSOE y las minorías", ha explicado el portavoz de la AFV, Marcelino Sexmero, que ha calificado el sistema impulsado por el Ejecutivo de Rajoy como fruto del "cambalache" de la negociación entre los partidos. La asociación, la segunda mayor por número de afiliados, tendrá ahora un plazo de varios meses para formalizar y fundamentar la demanda.

Con esta iniciativa, las numerosas críticas que arrastra la reforma se convierten en acciones concretas. Aunque, de momento, la AFV afronta en solitario el proceso; el portavoz de otro de los colectivos del sector, Joaquim Bosch, de la progresista Jueces para la Democracia, ha apuntado que su asociación estudiará el escrito presentado para ver si también se suma. "Claro que valoraremos su contenido y su recorrido".

Una opción que descarta la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. "Entendemos que es la Ley quien tiene que establecer el sistema de nombramientos", ha subrayado el portavoz del colectivo, Pablo Llanera. Esta asociación reclama que sean los jueces quienes designen al CGPJ: "Pero, mientras no sea así, pedimos responsabilidad a quien le corresponda esa función".

"Desde luego, es la primera vez en la historia que se recurre por una asociación de jueces una legislación de este tipo", ha añadido Bosch, que también ha denunciado la instrumentalización del CGPJ por parte de los partidos. "Han hecho un reparto de cuotas para convertirlo en un miniparlamento".

La AFV espera que su recurso sirva para que se declare "ilegal" la reforma dirigida por el ministro de Justicia o para que, en su caso, el Supremo remita la nueva legislación al Tribunal Constitucional si aprecia indicios de inconstitucionalidad. "[Esta reforma] solo puede entenderse en un contexto en el que existe corrupción política y donde el partido del Gobierno es uno de los principales implicados en esa corrupción", manifestó Sexmero el miércoles, cuando acusó a Lesmes de ejercer el cargo con "autoritarismo".

La reforma de Gallardón arrastró desde el primer día feroces críticas de los colectivos judiciales, que consideran que el CGPJ ha perdido independencia. Las asociaciones insisten constantemente en que la realidad demuestra los pactos entre partidos para nombrar a sus miembros. "No es la primera vez que conocemos la identidad del futuro presidente por los medios de comunicación antes de que se proceda a su efectiva elección", ha indicado Sexmero, que ha llegado incluso a acusar el PP de incumplir "flagrantemente" su programa electoral con la nueva legislación aprobada.

Aunque la AFV ha matizado que su recurso no se presenta contra los profesionales, sino contra el sistema de designación; el colectivo de magistrados ha apuntado a la figura de Carlos Lesmes —que ya ha recibido la recriminación de tres juezas del Supremo por usar un lenguaje sexista—. "Desde hacía mucho tiempo se mencionaba como persona de confianza del ministro de Justicia y, por ende, del Gobierno de España", ha remachado Sexmero. Este ha recordado que el Consejo tiene competencias en los nombramientos de magistrados del Supremo, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales. Y, según ha insistido el portavoz, muchos de estos órganos investigan precisamente a los aforados.

Fonseca-Herrero, nuevo encargado de los expedientes a los jueces

El recurso de la AFV se ha presentado este viernes, el mismo día en el que el CGPJ ha celebrado un pleno para nombrar a Antonio Jesús Fonseca-Herrero, magistrado del Tribunal Supremo, como promotor de la acción disciplinaria. El juez ha resultado designado para este puesto de nueva creación, que se encargará de los expedientes a los jueces, por 20 votos a favor y uno en blanco.

http://politica.elpais.com/politica/2014/01/31/actualidad/1391168471_227338.html

EL PRESIDENTE DEL SUPREMO “SOLO SE DIRIGE A LOS HOMBRES MAGISTRADOS”

Tres juezas del Supremo recriminan al nuevo presidente de la institución su lenguaje sexista

Tres magistradas del Supremo, Celsa Picó, Isabel Perelló y Margarita Robles, las tres de la Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal, han recriminado al nuevo presidente de esa institución y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, su lenguaje sexista. Lo hacen en su respuesta a dos cartas enviadas por Lesmes al Supremo y al resto de la carrera judicial en términos exclusivamente masculinos. “O solo se dirige a los hombres magistrados o no tiene en cuenta la Ley de Igualdad”, afirman.

La carta de Lesmes, enviada el 16 de enero, está encabezada por un: “Queridos compañeros”. “Me dirijo a vosotros para ponerme a vuestra disposición”, prosigue. En la misiva expresa su deseo de que todos se sientan “representados” en el CGPJ y asegura que la credibilidad de las instituciones y el servicio público depende “de vosotros”. “Me comprometo a hacer del CGPJ no solo la casa de todos vosotros”, insiste en el penúltimo párrafo. En todo el texto no hay un solo ejercicio de lenguaje no sexista.

Ese hecho ha “sorprendido” a las magistradas, como explican en su contestación. “A la vista del lenguaje utilizado, o bien solo se dirige a los hombres magistrados, con exclusión de las mujeres que también lo somos, o bien no tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres”. Ese artículo establece como criterio de actuación de la Administración “la implantación de un lenguaje no sexista” y “su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas”.

Mayoría en la carrera

Por eso piden a Lesmes que en sus próximas comunicaciones “no se excluya” a las magistradas del Supremo ni de ningún otro órgano y “se tenga en cuenta” la Ley de Igualdad y el Informe sobre lenguaje no sexista aprobado por el Parlamento Europeo en 2008.

La preponderancia de las mujeres en la carrera judicial se acentúa cada año. No solo son mayoría —2.524 mujeres frente a 2.512 hombres, según el Informe sobre la estructura demográfica de la carrera judicial para 2013 del CGPJ—, sino que, desde hace años, más mujeres que hombres aprueban la oposición de ingreso (123 mujeres frente a 63 hombres en 2012). Este último dato y el hecho de que las juezas y magistradas sean, de media, más jóvenes (44 años frente a los 50 de los hombres) indican que su presencia solo puede reforzarse cada vez más.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/20/actualidad/1390247547_507647.html

EL KAMIKAZE CUYO INDULTO ANULÓ EL SUPREMO TENDRÁ QUE VOLVER A LA CÁRCEL

Justicia decide esperar a que el Constitucional se pronuncie sobre el caso

Ramón Jorge Ríos Salgado tendrá que volver a prisión antes del próximo día 7 de febrero, según fuentes jurídicas. Ríos es el kamikaze al que el Gobierno concedió un polémico indulto el 7 de diciembre de 2012, que fue anulado el pasado noviembre por el Tribunal Supremo al entender que el mismo no estaba suficientemente motivado. El Ejecutivo ha decidido no darle un indulto nuevo, ajustado a lo dicho por el Supremo, sino esperar a lo que dictamine el Constitucional.

El próximo 7 de febrero expiran los tres meses de plazo que el Supremo dio al Gobierno para que motivase las razones en que basaba la medida de gracia que propuso el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón al Consejo de Ministros, y que este aprobó.

La familia de la víctima del ‘kamikaze’ pide al Gobierno que acate el fallo

El 11 de enero de 2011, la Audiencia de Valencia condenó a este kamikaze a 13 años de cárcel por un delito grave de conducción temeraria “con desprecio para la vida de los demás” en concurso ideal con otro delito de homicidio. Ríos Salgado condujo su Opel Mágnum durante cinco minutos en sentido contrario por la autovía AP-7 (la que recorre todo el levante) y causó la muerte a José Alfredo Dolz España, de 25 años, que circulaba correctamente con su coche, el 1 de diciembre de 2003, en un tramo entre la localidad valenciana de Silla y la alicantina de San Juan. La familia de la víctima recurrió al Supremo al oponerse al indulto (el preso solo había cumplido 10 meses de prisión y pagado una multa de 4.000 euros).

Tras la anulación de la medida de gracia, el alto tribunal dio al Gobierno un plazo de tres meses para que este la motivara. “Introducir una nueva exigencia de motivación es algo que modificaría de facto la vigente Ley de Indulto”, declaró Ruiz-Gallardón a La Razón el pasado 30 de diciembre.

Justicia podría promulgar un nuevo decreto de indulto para Ríos, pero no lo hará, sino que dejará que se pronuncie al respecto el Tribunal Constitucional, ante el que los abogados del kamikaze han recurrido al entender que se trata de una medida de gracia gubernamental que el Supremo no puede revocar. Por eso, el conductor condenado deberá volver a prisión y esperar allí la decisión del Constitucional, lo que puede durar varios años. Este indultó causó gran alarma social por las connotaciones que le rodeaban. Según adelantó Información de Alicante, el abogado del reo era Esteban Astarloa Huarte-Mendioca, hermano de Ignacio Astarloa, ex alto cargo del PP en el Ministerio del Interior. Este letrado trabajaba para el despacho Uría y Menéndez, en el que también está empleado un hijo del ministro Alberto Ruiz-Gallardón (se trata del hijo que fue asaltado en Brasil cuando iba con un amigo al que los ladrones mataron durante el robo). El ministro ha señalado que este indulto siguió la misma tramitación que otros “que ha otorgado este Gobierno y los anteriores”.

El de Ríos Salgado es el primer caso de un indulto que anula el Tribunal Supremo, cuya sala de lo contencioso se reunió para analizar el asunto tras el recurso que le elevó la familia del fallecido. El debate fue intenso y duró tres días. La Sala estaba dividida. Al final se optó por la opción de anular el indulto y dar tres meses al Gobierno para que volviera a exponerlo, pero con una mayor argumentación. La decisión final fue adoptada por una mayoría muy ajustada, 19 votos de magistrados contra 17. El ponente inicial de este asunto, que defendió que una medida de gracia no puede ser anulada por los tribunales, fue Carlos Lesmes, ex alto cargo del Gobierno de José María Aznar y a quien el PP y Ruiz-Gallardón convirtieron el pasado diciembre, merced a los votos de los vocales afines, en presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

Ruiz-Gallardón negó cualquier trato de favor al conductor homicida

La sentencia del Supremo argumenta que incluso un indulto debe ser motivado; es decir, hay que explicar las razones por las que se concede. Y es que en este concurrió, además, que tanto el tribunal de Valencia que condenó al kamikaze a 13 años de cárcel como la fiscalía se habían opuesto al mismo. La sentencia establece que los indultos, aun siendo una medida de perdón de carácter político, está sujeta a fiscalización judicial.

El fallo judicial admite que la medida de gracia no es un acto administrativo típico, sino una decisión singular y exclusiva del Ejecutivo, aunque destaca que, para evitar la arbitrariedad, debe ser motivada, porque la propia ley que regula esta medida de gracia recoge, en su exposición de motivos, que la concesión de un indulto, “cualquiera que sea su clase, se hará mediante un decreto motivado”.

http://politica.elpais.com/politica/2014/01/06/actualidad/1389047734_491289.html

EL SECTOR AFÍN AL PP CONTROLARÁ EL NÚCLEO DE PODER DEL PODER JUDICIAL

Lesmes coloca a hombres de su confianza en la Comisión Permanente y apuesta por la transparencia en los ascensos

Desde que existe hace unos 30 años el Consejo del Poder Judicial, ningún presidente del órgano de gobierno de los jueces, que también lo es del Tribunal Supremo, había acumulado tanto poder como el que atesora ahora Carlos Lesmes. Este viernes, en su primera comparecencia ante la prensa tras su elección la semana pasada como primera autoridad judicial del Estado, Lesmes desgranó los principios que inspirarán la legislatura de este nuevo Consejo ("transparencia", "austeridad" e “igualdad”); y, además, anunció la composición de las distintas comisiones de gobierno del Poder Judicial, en las que ha logrado colocar, en puestos clave, a personas de su total confianza.

El principal núcleo de poder del nuevo Consejo (porque así lo impone el cambio normativo auspiciado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, del PP) es la Comisión Permanente. Sus miembros son los únicos que gozan de dedicación exclusiva y serán el filtro previo de todos los asuntos que llegue al Poder Judicial. El pleno del Consejo avaló este viernes por unanimidad, sin ninguna disidencia, que la Permanente, que Lesmes presidirá y en la que tiene voto de calidad, esté compuesta por otros dos vocales, como él, afines al PP (Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán). En esta comisión, pero en minoría, habrá también dos vocales progresistas (el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta Cuesta y la juez Mar Cabrejas, persona de confianza del negociador socialista para este Consejo Antonio Camacho). Y junto a ellos, Mercé Pigem, propuesta por los nacionalistas de CiU. Si no surgen voces díscola, este núcleo duro estará controlado, pues, por Lesmes como jefe máximo sector conservador del Consejo.

Las tres comisiones restantes, cuyos miembros no tendrán dedicación exclusiva, las presidirán vocales que son magistrados del Tribunal Supremo. La Disciplinaria, Wenceslao Olea (y también formarán parte de ella Carmen Llombart, María Victoria Cinto, Roser Bach, Vicente Guilarte, Enrique Lucas y María Ángeles Carmona); en la de Igualdad estarán Clara Martínez de Careaga, además de Rafael Mozo y Concepción Sáez. Y en la de Asuntos Económicos, Rafael Fernández Valverde, Pilar Sepúlveda, Fernando Grande-Marlaska, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz Abad. Salvo en la de Igualdad, el sector conservador también se reserva la mayoría.

La propuesta de Lemes para que Ángel Juanes, ya expresidente de la Audiencia Nacional, sea su vicepresidente en el Supremo contentó al PSOE porque se trata de un magistrado de talante progresista. Juanes y Lesmes son muy amigos y hacen deporte juntos desde hace años. Juanes es una propuesta de Lesmes que el pleno ratificó este viernes por unanimidad. Aunque casi todos los nombramientos lo fueron casi por unanimidad. Algunos son fruto de los recientes pactos PP y PSOE para repartirse el Consejo, respetando, eso sí, la mayoría parlamentaria conservadora, y otros consensuados durante los últimos días entre Lesmes y los propios vocales. El pleno también avaló el nombramiento del nuevo secretario general del Consejo, que será José Luis Terrero, otro hombre de la máxima confianza de Lesmes, en sustitución de Celso Rodríguez Padrón. El vicesecretario será José José Luis de Benito, progresista. Gervasio Martín ha sido nombrado jefe de estudios.

Tras anunciar todos estos nombramientos, Lesmes esbozó las que serán las líneas generales del nuevo órgano de gobierno de los 5.000 jueces españoles. “Queremos gobernar con transparencia; antes no se sabía bien a qué criterios obedecían los nombramientos. Hoy asumimos el compromiso de la transparencia y vamos a publicar los currículos de los aspirantes. Y los ciudadanos podrán conocer sus méritos y los criterios de elección: queremos elegir a los mejores”. Lesmes recordó cómo la Sala de lo Contencioso del Supremo, a la que él pertenecía, anuló algunos nombramientos de Consejos anteriores y exigió que se motivasen los ascensos. Algunos asistentes interpretaron sus palabras como “un palo” al mercadeo de nombramientos de amiguetes que caracterizó a algunos de los vocales del anterior Consejo. Dentro de esa política de transparencia, no especificó, por ejemplo, si se mantendrán las entrevistas públicas de los candidatos a altos cargos (incluidos los del Supremo) puestas en marcha por el anterior Consejo a propuesta del exvocal progresista Félix Azón.

Lesmes indicó que este Consejo pretende ser el “órgano de gobierno de todos los jueces, sin exclusiones, y en el que todos, con independencia de asociaciones e ideologías, se sientan representados”. También se ha fijado como objetivo la “igualdad” en los ascensos entre hombres y mujeres dentro de la carrera judicial. “Las mujeres jueces representan hoy el 60% de la carrera, y resulta que sólo hay una mujer al frente de un Tribunal Superior de Justicia, de los 17 que hay; y en el Supremo sólo hay 10 mujeres, del total de 90 magistrados. Vamos a hacer un esfuerzo para reequilibrar". El nuevo presidente no permitió preguntas a los periodistas. De hecho, salió del salón de plenos por una puerta trasera para esquivarlos.

http://politica.elpais.com/politica/2013/12/20/actualidad/1387546968_728982.html

DIECISÉIS PARTICIPACIONES EN LOS CURSOS DE FAES ‘AVALAN’ AL NUEVO PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

Los momentos 'estelares' de la carrera de Carlos Lesmes: doble director general en los gobiernos de Aznar; se quedó solo defendiendo el indulto del kamikaze, la ilegalización de Sortu que después tumbó el Constitucional

 “Es un jurista sólido, pero muy de derechas, muy conservador, aunque claro, eso en la judicatura no significa novedad alguna…”. Es el resumen que hace a ELPLURAL.COM un fiscal que coincidió con Carlos Lesmes Serrano cuando éste, en los últimos años 80, era un fiscal que preparaba sus oposiciones a magistrado de lo contencioso ¿Entonces se podía pensar que acabaría como ‘jefe’ de los jueces? “Lo cierto es que siempre se movió muy bien en el entorno del Partido Popular”, nos responden a modo de explicación.

¿Por qué Lesmes es el elegido?

Porque la pregunta es lícita. En una carrera, como la judicial, donde la gran mayoría es ideológicamente tan conservadora ¿qué permite a alguien destacar hasta convertirse en el ‘elegido’ para ser el que dirija el tercer poder del estado, cuando resulta absolutamente necesario para alcanzar ese puesto el apoyo político? La carrera de Carlos Lesmes permite quizás responder a la pregunta.

De lo evidente de su curriculum resulta fácil hacer un rápido resumen. Madrileño, de 55 años, comenzó su carrera como fiscal en los años 80, y una década después se pasó a la magistratura, dentro del cuerpo de jueces de lo contencioso-administrativo. Mientras ejercía su labor, su relación con los miembros del Partido Popular fue siempre lo suficientemente estrecha como para que se acordaran de él ya en el primer gobierno de Aznar. En 1996 le sacaron de su puesto de magistrado de los Contencioso-Administrativo en Valencia y ya no se bajaría de puestos en la Administración hasta que el PP perdió las elecciones en 2004.

Un hombre de confianza del PP

Porque primero le nombraron director general de Objeción de Conciencia. Una tarea que ahora puede parecer menor, pero que en su momento tenía miga, porque se trataba de canalizar el fin del servicio militar obligatorio. Y en el segundo mandato de Aznar le ‘ascendieron’ a un puesto clave en el Ministerio de Justicia, el de director general de Relaciones con la Administración de Justicia. No es este cualquier cargo, porque como su nombre indica es la persona responsable de realizar el enlace entre Gobierno y jueces. O sea, de ‘vender órdenes y filosofía’ del Ejecutivo a la magistratura y recibir ‘quejas y peticiones’ de los jueces hacia el Gobierno.

Después de su ‘carrera política’, Carlos Lesmes volvió a la carrera judicial, pero ya en ‘otro escalón’. En 2005 fue elegido presidente de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, y en 2010, siempre con el creciente apoyo del PP, pasó a ocupar un puesto de magistrado de lo Contencioso, pero ya en el Supremo. De su trabajo en el Supremo quedan en la memoria de todos con quienes se habla tres actuaciones que admiten ‘elaboración’ por su contenido ideológico y por los implicados en los casos: fue el ponente de la sentencia de la ilegalización de Sortu, que acabaría siendo anulada por el Constitucional; fue el ponente de la anulación parcial del indulto al banquero Alfredo Sanz; y por un tiempo fue el candidato a ser ponente de la resolución del tristemente famoso indulto al kamikaze de Valencia, una ocupación de la que no pudo llegar a hacerse cargo porque se quedó literalmente solo defendiendo el indulto y ante una opinión tan minoritaria debió ser sustituido como ponente por otro magistrado más capacitado para lograr consenso.

Gallardón, un hombre clave en su carrera

Como se recordará, el asunto del kamikaze de Valencia lo llevó el bufete de abogados donde trabaja el hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Pero además, conviene también recordar, y esto se subraya menos en los medios, que quien defendía al conductor kamikaze era Esteban Astarloa, hermano del influyente político del PP Ignacio Astarloa.

Estos dos nombres, los de Gallardón y el de Astarloa no resultan para nada ajenos a la carrera política de Lesmes. El primero, amigo personal, según todas las fuentes ha jugado un papel decisivo en la elección de Lesmes para presidir a los jueces, e incluso este verano, por su trabajo en la redacción de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, le impuso la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. El segundo es un hombre de FAES, con el que el ahora presidente del Consejo General del Poder Judicial ha coincidido en cursos.

En el caladero ideológico del PP, la FAES

Porque, aquí está quizás la gran clave para entender la respuesta a la pregunta que planteábamos inicialmente ¿Qué hace destacar a Carlos Lesmes entre tantos otros magistrados conservadores? ¿Por qué es el él que ha elegido el Partido Popular para un cargo relevante, y que lo va a ser aún más en los próximos meses y años dados los casos que tendrán que verse en el Tribunal Supremo? Carlos Lesmes es un hombre no sólo cercano al PP, es un hombre parte del PP. O así puede deducirse de un hecho relevante: ha participado al menos en 16 cursos organizados por FAES, la gran fundación ideológica del Partido Popular, en los últimos diez años. Muy intensamente entre 2003 y 2010.

FAES, la fundación que como se sabe preside José María Aznar, es el gran caldero donde se cuecen las ‘ideas del PP’, donde se preparan los argumentos que van a encaminar el paso del partido, pero también el lugar donde a través de sus cursos y ponencias se encuentran, forman y tamizan los cuadros de relevancia del partido conservador.

Una vida ‘paralela’ a Enrique López, el ‘ultrajuez’ que llegó al Constitucional

Como se puede ver en el archivo adjunto, realizado a partir de las memorias de FAES, Carlos Lesmes comenzó a asistir a los cursos de esta fundación en el año 2003. Y en ellos, como coordinador o como asistente, ha ido participando en la elaboración del pensamiento ‘popular’ en materia de justicia: el nuevo derecho penal y penitenciario, los nuevos juzgados de lo mercantil, el proyecto de Ley en relación con la violencia contra las mujeres, la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, la modernización de la Justicia, los juicios rápidos…

Pero, para darse cuenta del peso de lo que sucede en FAES, no es menos relevante que el contenido de lo que se debate, comprobar los nombres de las personas que coinciden en los cursos y su posterior proyección. Por ejemplo si se ve el listado de asistentes a los cursos y ponencias en los que participó Carlos Lesmes entre 2003 y 2009 se notará una persistente coincidencia de otro nombre junto al suyo, el de Enrique López López, otro juez con historia y proyección por su adscripción ideológica y por el que el PP apostó muy fuerte.

Refrescamos la memoria sobre Enrique López (se puede ver su historial más detallado pinchando en este perfil recogido en Losgenoveses.net): es el magistrado que el PP se empeñó en incluir en todas las candidaturas para la renovación del Constitucional a partir de 2008, a pesar de que incluso un informe de los letrados del Senado señalaba que no cumplía los requisitos para entrar en el alto tribunal, entre otras cosas por la simple razón de que no tenía entonces la necesaria antigüedad de 10 años como magistrado. Lo que sucedía era que se le utilizaba, con su consentimiento, para bloquear la renovación del Constitucional durante los gobiernos socialistas, a la espera de poder contar con mayoría conservadora. Eso sí, los populares le han agradecido a Enrique López su gesto, y, aunque entró con forceps, ya es miembro del Constitucional.

Papel clave para cuando asuntos como la trama Gürtel lleguen al Supremo

Pero volvamos a Carlos Lesmes. Su rol en el futuro inmediato va a ser fundamental. Y es que quien preside el CGPJ, también es presidente del Tribunal Supremo, por lo que Lesmes tendrá un papel lógicamente decisivo en la renovación de plazas vacantes que se deben llevar a cabo en este tribunal, y que, según ha sabido ELPLURAL.COM, ahora son cuatro y a las que se sumarán por jubilación alguna más en las próximas semanas. Jueces, en algunos casos, que tendrán que ver los recursos de procesos en estos momentos abiertos, en los que se ve envuelto el Partido Popular (de manera muy destacada el asunto por la trama Gürtel-Bárcenas) y que, es más que previsible, acabarán con sus sentencias recurridas en el Alto Tribunal.

Decía en una entrevista Carlos Lesmes, al tiempo que reconocía ser un hombre de profundas ideas religiosas que “en este país, si tienes convicciones religiosas te encasillan como conservador…, y si encima tienes 5 hijos, ya tienes que ser el Opus”. Y a continuación se preguntaba “¿qué supone ser conservador?”. Se inicia este jueves su carrera al frente del gobierno de los jueces, con sus acciones quizás nos dé él mismo contestación a su retórica pregunta.

http://www.elplural.com/2013/12/12/dieciseis-participaciones-en-los-cursos-de-faes-avalan-al-nuevo-presidente-del-poder-judicial-carlos-lesmes/

CARLOS LESMES, UN MAGISTRADO CONSERVADOR DE PROFUNDAS RAÍCES RELIGIOSAS

Carlos Lesmes será elegido este lunes nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo para los próximos cinco años. Su nombre ha sido el más sonado desde que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón pisó el acelerador hace aproximadamente un mes para renovar el órgano de los jueces, cuyos vocales se encontraban en funciones desde el pasado mes de septiembre. El Gobierno quiere que sea Lesmes la persona que dirija el Poder Judicial y así lo ha negociado con el principal partido de la oposición.

Lesmes es magistrado del Tribunal Supremo desde algo más de tres años, pero parte de su carrera ha estado destinada a la política. Fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia desde 2000 hasta 2005, es decir, en el último Gobierno de José María Aznar, con Ángel Acebes y José María Michavila como ministros. Fuentes del Alto Tribunal sostienen que no tiene el suficiente bagaje jurídico para presidir el Supremo, principalmente, porque lleva poco tiempo y ha llegado muy quemado de la política.

Desde el tribunal donde trabaja ahora no acaban de ver con buenos ojos su nombramiento, porque se esperaba que se eligiera a algún magistrado con más tiempo ejerciendo, como Juan Saavedra o Ángel Calderón, cuyos nombres también sonaron en las quinielas. No quieren que se repita lo del anterior presidente, Carlos Dívar, quien llegó a su puesto sin haber pisado antes el Supremo, inexperiencia que se notaba en la toma de decisiones y en la labor del día a día. Finalmente, sólo ha quedado otra candidata junto a él, Pilar Teso, aunque fuentes próximas al CGPJ aseguran que lo previsible es que Lesmes se quede de presidente, para ocupar ella el puesto de vicepresidenta del Supremo.

Sin embargo, fuentes muy próximas a él aseguran que tiene un alto sentido institucional con un perfil muy técnico, todo lo contrario a un político al uso. Le definen como hombre noble, reflexivo más que impulsivo, aunque persuasivo; profundamente vocacional, serio y cordial. No son pocos los que le definen como un profesional de alto nivel jurídico con una notable experiencia en la carrera judicial. Su nivel técnico, precisamente, sirvió para formar parte del comité que elaboró las dos últimas leyes orgánicas del Poder Judicial, la última de ellas la que ha cambiado parte de la composición y funcionamiento del CGPJ que ahora va a presidir. Quienes le conocen dicen que tiene evidentemente un perfil conservador, ideológico pero muy técnico. Otras fuentes dicen que sin duda es un magistrado politico y ahora ha sido un gran apoyo para Gallardon.

Toma de posesión de los nuevos vocales del CGPJ, con el Rey Juan Carlos y Alberto Ruiz-Gallardón (EFE)Toma de posesión de los nuevos vocales del CGPJ, con el Rey Juan Carlos y Alberto Ruiz-Gallardón (EFE)Madrileño de 55 años, se casó en 1983 con Marieta Mansilla Lesmes. De padre doctor, se inició como fiscal para en 1993 pasarse a la carrera judicial. Ha sido presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y Presidente de la Sección Primera de dicha Sala hasta su nombramiento como magistrado del Supremo. Como Fiscal, estuvo destinado en las Audiencias de Alicante y Madrid y en el Tribunal Constitucional.

Lesmes tiene cinco hijos y desde su entorno destacan que es un hombre muy familiar, que sabe escuchar y es muy amigo de su amigos. Es un hombre de profundas raíces religiosas y muy próximo al catolicismo. Viene de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y no es la primera vez que su nombre suena para un cargo. Hace dos años, ya estuvo en las quinielas para fiscal general del Estado aunque finalmente fue Eduardo Torres Dulce el elegido.

Precisamente, éste ha criticado la elección de los nuevos vocales del CGPJ al no haber sido elegido por parte del Congreso de los Diputados, ni del Senado a ningún miembro de la carrera fiscal. Que Lesmes provenga de ella puede ser una manera de calmar el malestar de los fiscales, que han visto como por primera vez no van a estar representados en el órgano que regula a los jueces.

Kamikaze, Sáenz y Sortu

Durante su estancia en el Supremo ha sido el ponente de dos asuntos muy espinosos para el Ejecutivo. El primero de ellos afectaba al anterior Gobierno, al anular el indulto concedido por José Luis Rodríguez Zapatero al exnúmero dos de Emilio Botín en el Banco Santander, Alfredo Sáenz. Defendió en su ponencia que no se podían retirar los antecedentes penales del banquero, impidiéndole de ese modo que pudiera seguir ejerciendo en el sector bancario.

Tiempo después, le tocó la ponencia sobre el recurso interpuesto contra el indulto aprobado por Ruiz Gallardón al conductor kamikaze, que provocó la muerte de otro conductor y graves heridas a la acompañante, tras conducir 5 kilómetros. en sentido contrario en la AP-7. En ese momento, Lesmes ya sonaba como candidato cuando realizó un informe favorable al indulto, que fue muy criticado porque en el despacho de abogados que defendió al condenado trabaja el hijo del ministro de Justicia. La mayoría de sus compañeros se opusieron a dar el visto bueno a la medida de gracia y Lesmes tuvo que abandonar la ponencia.

Su nombramiento como magistrado del Supremo tampoco estuvo exento de cierta polémica después de que una compañera de la Audiencia Nacional lo impugnara junto al de otros tres magistrados. Finalmente, el Alto Tribunal le dio la razón a Lesmes y señaló que sus puestos como director general de Objeción de Conciencia y posteriormente del departamento de Relaciones con la Administración de Justicia durante el gobierno de José María Aznar eran de “evidente contenido jurídico”, por lo que no restaban méritos para su designación. Ante las afirmaciones de la recurrente sobre el hecho de que los nombramientos obedecían a la asignación de cuotas entre determinadas asociaciones judiciales, el Alto Tribunal apuntó que, si bien los datos sobre adscripción a las asociaciones de los magistrados designados para el Supremo son ciertos, “tal realidad no significa que el nombramiento de Carlos Lesmes Serrano se haya debido, en lugar de a los méritos que en él ha apreciado el CGPJ, a su pertenencia a la Asociación Profesional de la Magistratura”.

Como ponente, Lesmes también firmó la sentencia en la que avalaba el recurso de la Abogacía del Estado en contra de que Sortu, formación abertzale, se pudiera apuntar en el registro de partidos, una decisión que después fue tirada por tierra por el Tribunal Constitucional que permitió que Sortu pudiera presentarse a las elecciones.

http://www.elconfidencial.com/espana/2013-12-07/carlos-lesmes-un-magistrado-conservador-de-profundas-raices-religiosas_63409/

PP Y PSOE PACTAN QUE LESMES PRESIDA EL PODER JUDICIAL

Pilar Teso, progresista, podría ser vicepresidenta del Supremo

El pacto entre PP y PSOE para que el magistrado conservador Carlos Lesmes sea el nuevo presidente del Consejo del Poder Judicial se va cumpliendo poco a poco. La progresista Pilar Teso Gamella, presentada ayer para competir con Lesmes aunque con pocas posibilidades, podría terminar siendo icepresidenta del Supremo. Los nuevos vocales del Consejo, que este  miércoles por la mañana juraron sus cargos ante el Rey, celebraron luego su primer pleno y, de acuerdo con ese pacto, votaron mayoritariamente ambos nombres como candidatos para ocupar los primeros sillones de la judicatura. Salvo sorpresa de última hora, el lunes, tal como les han dicho los políticos que les han propuesto, elegirán a Lesmes presidente. El sector progresista espera que este proponga a Teso para la vicepresidencia del Supremo.

Teóricamente, según la ley, para preservar la independencia judicial, son los 20 vocales (elegidos por el Congreso y Senado) quienes eligen al presidente, pero es tradición que el nombramiento lo pacten los dos grandes partidos. Los nombramientos de vocales se los reparten (en una extrapolación de la cuota de poder que tienen ambos en el Congreso y Senado) en función de afinidades ideológicas y personales. Y, casi a la vez, les dicen a quién tienen que votar para presidente.

Teóricamente son los 20 vocales quienes eligen a su jefe, según la ley

Lesmes, que fue propuesto por la vocal conservadora María Ángeles Carmona, era el candidato del ministro Gallardón. Teso fue promovida por la vocal progresista Clara Martínez, esposa del exfiscal general Cándido Conde-Pumpido, nombrado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ayer, los nuevos vocales —obedientes con las directrices del PP y PSOE— los pusieron sobre la mesa en una parrilla de salida en la que los vocales ya saben quién quedará primero y segundo. Fuentes del Consejo señalan que los nombres a los que debían votar los vocales le fueron dados hacia las cinco de la tarde, justo la hora en que comenzó el pleno. Tras mencionar la citada secretaria judicial el nombre de Lesmes, casi todos los vocales conservadores lo secundaron. Y los progresistas hicieron lo mismo después de que Clara Martínez pusiera sobre la mesa el de Pilar Teso.

Ni el PP ni el PSOE querían que se reprodujera la escena que se vivió en el anterior Consejo cuando el nombre del presidente, en ese caso fue Carlos Dívar, fue anunciado desde La Moncloa cuatro días antes de que los vocales, que son los que por ley tienen esa facultad, le eligieran. Muchos vocales se mostraron entonces avergonzados con lo ocurrido, y no tuvieron fácil apelar a aquello de que el presidente Dívar había sido una elección de ellos, no política.

El magistrado llamado a ser nuevo presidente del Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes, pertenece a la Sala de lo Contencioso del Supremo, al igual que Pilar Teso (la presencia de jueces de esta Sala en el nuevo Consejo es muy relevante). Lesmes fue director general de Justicia en el Gobierno de José María Aznar. Era una apuesta de Ruiz-Gallardón avalada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y luego consensuada con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Los socialistas confían en que Teso ocupe la vicepresidencia del Supremo: un puesto de nueva creación, de gran importancia porque sustituirá al presidente durante sus ausencias. Teso, que tiene un perfil muy técnico, trabajó en el Gabinete del exsecretario de Estado de Justicia Luis López Guerra durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, los dos han estado en Justicia con distintos Gobiernos.

Durante el pleno celebrado este jueves, algunos vocales sacaron a colación como candidatos a presidente los nombres de otros jueces, pero “solo fue un mero paripé”, según fuentes del nuevo Consejo. Fue el presidente en funciones, Rafael Fernández Valverde, el de más edad, quien anunció los nombres de Lesmes y Teso. Fernández eludió responder a las preguntas que le formularon los periodistas; entre ellas, la de si era o no una casualidad que los vocales elijan ahora a alguien cuyo nombre fue filtrado hace meses.

http://politica.elpais.com/politica/2013/12/04/actualidad/1386182909_637907.html

EL PASADO SIGUE EN EL PODER JUDICIAL

La reforma del consejo no ha alterado el esquema básico de reparto de poder entre los partidos

Las grandes formaciones huyen de vocales díscolos

Entre los 20 flamantes vocales del Poder Judicial que jurarán sus cargos el próximo día 4 ante el Rey, hay de todo: esposas y esposos de…, amigos y apadrinados de…, militantes de…, ex políticos y hasta políticos. La sensación gatopardista de que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha tirado del BOE para que todo siga igual, pero con la apariencia de que todo se ha cambiado, está instalada en amplios sectores de la judicatura; convencidos de que PP y PSOE podían haber conformado un Consejo similar al actual con la anterior normativa reguladora de la elección de vocales y funcionamiento del órgano de gobierno de los 5.000 jueces españoles. E incluso se ha dado entrada a jueces no asociados (cinco), tradicionalmente proscritos pese a representar a más de la mitad de la carrera. Pero todos ellos son de contrastada afinidad ideológica con quienes les nombran.

Y es que la esencia del sistema se mantiene: es decir, como siempre, PP y PSOE se han repartido las vocalías del Consejo en lo que podría catalogarse de extrapolación de sus cuotas de poder parlamentarias. Si el PP tiene mayoría absoluta en el Parlamento, también la tendrá en el Poder Judicial, donde se ha reservado diez vocalías. Y se ha pactado pese a que en la misma ley, que aparentemente todo lo cambia, el PP introdujo una cláusula que, en esta legislatura y con mayoría cualificada en el Senado, le habría permitido renovar el Poder Judicial y garantizarse la mayoría absoluta aunque el PSOE hubiese bloqueado la negociación en el Congreso. Si el PP se ha reservado diez hombres en el Consejo, el PSOE se ha conformado con siete (no anda sobrado de cargos públicos y había muchas bocas deseosas de acceder a un cargo con unos 6.000 euros netos de sueldo). A IU le han dejado poner a una consejera (la secretaria judicial Concepción Sáenz) y dos a los nacionalistas de CiU (su diputada Mercè Pigem) y PNV (el abogado Enrique Lucas). PP y PSOE han meditado mucho sus listas antes de cerrarlas. Huyen de experiencias anteriores de vocales díscolos.

En el anterior Consejo había dos fiscales (en este ninguno, lo que ha disgustado al ministerio público), y solo una juez del Supremo (en este hay tres, que serán cuatro cuando se sume y sea votado el presidente, que lo propone el PP).

Marlaska y el juez que decide sobre la sanidad madrileña, en el Poder Judicial

Desde el Supremo, cuya sede está enfrente de la del Consejo, a veces se ha visto con cierto desdén algunas decisiones del Poder Judicial. No por la institución en sí, sino por sus integrantes, normalmente, de inferior categoría en la carrera judicial. Pero, aunque les tumbaban decisiones, la realidad, el poder, se imponía: y es que, por ejemplo, para ser magistrado del Supremo hay que pasar por la criba del Consejo.

Acabar con esa percepción de que mayoritariamente el Consejo lo integraban jueces de la escala básica o intermedia, unido al escándalo de los viajes caribeños del expresidente del Consejo y del Supremo Carlos Dívar —que tuvo que dimitir—, fue uno de los elementos que influyeron en Ruiz-Gallardón para poner patas arriba la forma de elección de los vocales. Y, de camino, restar el tradicional poder de las asociaciones hermanas de los grandes partidos (la conservadora APM y la progresista JpD) en la designación de sus miembros. Tres huelgas de jueces le costó al ministro el cambio normativo, que se vendió como un arma para aumentar la calidad del Consejo, la de sus integrantes y, en consecuencia, su independencia del poder político. Pero eso es solo sobre el papel. Y, como ejemplo, el hecho de que la aspirante que dispuso de más avales de sus compañeros, la juez Rocío Pérez-Puig, ni siquiera ha estado en las listas que se han intercambiado PP y PSOE.

En el lado del PP ocurre por el estilo y también todos tienen sus padrinos. Como el presidente de la Sala de lo Contencioso de Madrid, Gerardo Martínez Tristán, marido de una consejera en Castilla-La Mancha de la número dos del PP, Dolores de Cospedal; o la juez valenciana Carmen Llombart, apadrinada por el vicepresidente saliente, Fernando de Rosa; y la de María Ángeles Carmona con el vocal saliente Antonio Dorado. También han pesado las buenas relaciones con el ministerio de Ruiz-Gallardón, como en los casos de los presidentes de los tribunales superiores de Navarra y Murcia (Juan Manuel Fernández y Juan Martínez); o las que mantiene el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska con los populares.

Está previsto que el lunes de la próxima semana los nuevos vocales se reúnan para elegir al presidente. Los dos nombres que más suenan son el del presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, y el magistrado de la Sala de lo Contencioso, y exalto cargo de Justicia con el PP Carlos Lesmes. Algunos vocales juran que aún no les han dicho a quién han de votar. En conclusión, una reedición del gatopardismo (cambiarlo todo para que todo siga igual).

Un consejero recusado por el PSOE

El nombramiento como vocal del Poder Judicial del magistrado Gerardo Martínez Tristán ha sido la causa de la dimisión como senador del secretario general de los socialistas madrileño Tomás Gómez. Opina que el PSOE debió vetarle como consejero. Desde 2006, Martínez Tristán es presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Madrid. También es marido de una consejera de la Junta de Castilla-La Mancha que preside la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. Tristán está recusado como juez por el PSOE por haber abocado a los 50 jueces de su Sala para unificar criterios sobre los recursos que penden del proceso de privatización de hospitales de Madrid. Dado que había resoluciones dispares, Martínez Tristán convocó a toda la Sala a un pleno a finales de octubre. No logró su objetivo: por 13 votos a favor de su tesis y 33 en contra, los jueces optaron por no unificar ningún criterio y que cada sección resuelva como mejor entienda. Gómez vio en esa jugada un intento de Tristán de que la justicia no obstaculice el proceso. Al estar recusado por el PSOE, el Tribunal Superior de Madrid ha tenido que constituir una sala especial para decidir si procede o no la recusación. El presidente de la Sala de lo Penal del TSJ, Francisco Vieira, preside también esta sala especial, y coincide que ha pedido una de las dos plazas que han quedado vacantes en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (la de los magistrados Perfecto Andrés y Carlos Granados).

Según fuentes judiciales, en este nuevo Consejo, como ocurrió en los anteriores, ha primado la afinidad ideológica o el amiguismo. También, y en no pocos casos, la solvencia profesional. Entre los elegidos por el PSOE se halla la magistrada del Supremo Clara Martínez, esposa del exfiscal general Cándido Conde-Pumpido; o Roser Bach, apuesta de los socialistas catalanes, aunque es esposa del consejero de Justicia del líder de CiU Artur Mas; o la de Pilar Sepúlveda, amadrinada para el Consejo por la presidenta socialista de Andalucía; o la de magistrada María Victoria Cincto, apoyada por los socialistas vascos; o María del Mar Cabrejas, del juzgado 55 de Madrid, apadrinada por el negociador socialista para este Consejo, Antonio Camacho. O la del diputado Álvaro Cuesta, exdiputado socialista.

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MARLASKA Y EL JUEZ QUE DECIDE SOBRE LA SANIDAD MADRILEÑA, EN EL PODER JUDICIAL

Gobierno y PSOE cierran la renovación del Consejo

Los nuevos vocales deberán elegir al presidente, presumiblemente Lesmes

El presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, y el juez que encabeza la decisión sobre la polémica privatización de la sanidad madrileña, Francisco Gerardo Martínez Tristán, estarán en el nuevo Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. Como la nueva ley solo exige dedicación exclusiva para seis vocales de forma rotatoria, ambos podrán mantener esos cargos con decisiones importantes pendientes, salvo cuando sean incluidos en la comisión permanente.

El Gobierno y el PSOE cerraron este lunes la lista de los 12 jueces que completarán el nuevo Consejo. La semana pasada fueron ya presentados los nombres de los ocho vocales que no son de procedencia judicial y que el viernes pasaron el trámite de audiencia previo en el Congreso y el Senado. Los plenos de las Cámaras votarán a los 20 vocales antes del miércoles y, una vez que estos tomen posesión ante el Rey, se reunirán y elegirán al presidente.

El nuevo Consejo tendrá 10 miembros conservadores, siete propuestos por el PSOE, uno de IU, uno de CiU y otro del PNV. A esa mayoría conservadora se sumará el presidente. Es decir, que ya todas las instituciones del Estado tendrán mayoría conservadora afín al actual Gobierno.

Teóricamente, son los vocales los que eligen al presidente, pero el nombre suele ser propuesto por el presidente del Gobierno y comunicado al líder de la oposición. En este caso, el que más posibilidades tiene es Carlos Lesmes, magistrado del Supremo y exdirector general de Justicia con los gobiernos de José María Aznar.

Con esa mayoría, los conservadores se aseguran capacidad para los nombramientos estratégicos, porque la reforma del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, elimina las mayorías cualificadas, que obligaban hasta ahora a pactos las decisiones trascendentes. Por ejemplo, para los nombramientos de la cúpula judicial.

De los siete jueces que propone el PP, solo hay una mujer, y de los cinco del PSOE hay cuatro. En el conjunto del Consejo habrá paridad. Entre los 12 de ambos partidos hay tres no adscritos a ninguna asociación y los tres propuestos por el PP: Marlaska, Rafael Fernández Valverde y Martínez Tristán. Es decir, la progresista Jueces para la Democracia será la más representada, aunque la mayoritaria en la carrera sea la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. No estará la juez que presentó más avales de sus compañeros, Rocío Pérez-Puig, pero sí la que menos, Victoria Cinto, a propuesta del PSOE. Los propuestos por el PP son:

» Francisco Gerardo Martínez Tristán. Preside la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Madrid, donde se estudia la privatización de la sanidad. Recusado por el PSM por estar casado con una consejera de Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Fue letrado del Consejo, juez desde 1988.

» Fernando Grande-Marlaska. Desde 2012 es presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No adscrito a ninguna asociación, ingresó en la carrera en 1988. Ha sido muy criticado estos días desde medios conservadores por dirigir la excarcelación de etarras afectados por la anulación de la doctrina Parot.

» Rafael Fernández Valverde. Desde 2003 es magistrado de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo. Ya fue vocal del Consejo entre 1996 y 2001. Ingresó en la carrera judicial en 1976.

» Wenceslao Francisco Olea Godoy. También magistrado de lo contencioso del Supremo. Ingresó en la carrera judicial en 1984 y pertenece a la APM.

» Juan Manuel Fernández Martínez. Desde 2004 es presidente del Tribunal Superior de Navarra. Ingresó en 1985 y es de la APM.

» Juan Martínez Moya. Desde 2004 es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y antes fue letrado del Consejo. De la APM, en la carrera desde 1988.

» Carmen Llombart Pérez. Juez desde 1980, es presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia. Juez desde 1980, de la APM.

Los propuestos por el PSOE:

» Clara Martínez Careaga. Es la única propuesta por el PSOE que pertenece al Tribunal Supremo. Forma parte de la sala de lo militar, es de Jueces para la Democracia e ingresó en la carrera en 1983. Está casada con el anterior fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

» María Victoria Cinto Lapuente. Fue viceconsejera de Justicia del País Vasco en el Gobierno de Patxi López y presidenta de la Audiencia de Guipúzcoa. Es juez desde 1987. De Jueces para la Democracia.

» Roser Bach. Es juez desde 1990. Magistrada de la Audiencia de Barcelona, fue directora de la Escuela Judicial hasta septiembre. Casada con el consejero de Justicia de Cataluña y miembro de Jueces para la Democracia.

» Rafael Mozo Muelas. Desde 1998 es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. De Jueces para la Democracia, ingresó en la carrera en 1985.

» María del Mar Cabrejas Guijarro. Juez desde 1991, pertenece a Jueces para la Democracia y es titular del juzgado 55 de primera instancia de Madrid.

Del grupo de vocales no procedentes de la carrera judicial, el PP propuso a Nuria Díaz (abogada del Estado); Vicente Gularte (catedrático) y María Ángeles Carmona (secretaria judicial). El PSOE a Álvaro Cuesta y a Pilar Sepúlveda.

Izquierda Unida, que se sumó en el último momento al pacto y que no tenía representación en el Consejo saliente, propuso a la secretaria judicial Concepción Sáez.

CiU, que ya estaba en el órgano que cesa, propuso a Mercè Pigem, ahora diputada por Barcelona. También estaba ya el PNV, que ahora propone al abogado Enrique Lucas Murillo.

Será el primer Consejo en el que se aplicará la reforma que está recurrida ante el Tribunal Constitucional. La primera batalla será la designación de los seis miembros de la comisión permanente que tendrán dedicación exclusiva. Gallardón rectificó en esa reforma los principios históricos del PP y su programa electoral para aceptar la designación parlamentaria de todos los vocales.

En las conversaciones y para cumplir esos cupos dejaron de incluir fiscales, por primera vez en la historia del Consejo. Y eso que tendrá que informar el futuro anteproyecto de Código Penal Procesal que dará la función de instruir a los fiscales por primera vez. La falta de peso político del actual fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha influido en esta llamativa omisión. El probable presidente, Carlos Lesmes, ejerció como fiscal entre 1984 y 1993, pero a partir de esa fecha entró en la carrera judicial.

Los socialistas aseguran que el respeto institucional les ha llevado a buscar el acuerdo, aunque tienen recurrida la ley. Les favorece que hayan entrado CiU, PNV e IU. Y fuentes de Justicia explican que el amplio consenso final supone un éxito político de Gallardón, tras haber aprobado la reforma en solitario. Sin tener que ejercer la posibilidad de renovar en el Senado solo con su mayoría.

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/25/actualidad/1385402216_510746.html

CARLOS LESMES, MAGISTRADO Y EX ALTO CARGO DE JUSTICIA, SE PERFILA COMO PRESIDENTE

Populares y socialistas niegan haber acordado ya el nombre

La ley establece claramente que al presidente del Consejo General del Poder Judicial lo eligen libremente los vocales en su primer pleno. Pero es un clásico en las sucesivas renovaciones que es el presidente del Gobierno de turno el que propone un nombre al líder de la oposición. Luego se reúne a los respectivos vocales y en el primer pleno eligen al designado por los dos grandes partidos.

La única excepción es el actual presidente, Gonzalo Moliner, elegido hace solo un año, tras la dimisión de Carlos Dívar que a su vez fue propuesto por José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno.

Ahora, populares y socialistas niegan haber acordado ya el nombre que los vocales votarán en el primer pleno. En las quinielas, según fuentes de la negociación, el mejor colocado es Carlos Lesmes, magistrado del Tribunal Supremo y uno de los que defendió este mes, en contra de la mayoría de la sala, el polémico indulto del Gobierno a un conductor kamikaze. Lesmes fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia desde el 12 de mayo de 2000 hasta septiembre de 2005, es decir, en el último Gobierno de José María Aznar, con Ángel Acebes y José María Michavila como ministros.

Lesmes procede de la carrera fiscal, hasta que en 1993 ingresó en la carrera judicial.

También se ha barajado para ese puesto a Juan Saavedra, magistrado del Supremo. El Gobierno del PP tanteó incluso el nombre de Jorge Rodríguez Zapata, miembro de la sala tercera del Supremo y exmagistrado del Tribunal Constitucional. El PSOE rechazó este nombre y, por tanto, podría haber perdido definitivamente sus opciones.

Del turno de jueces, el PP contempla los nombres del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, y del magistrado del Supremo, José López García de la Serrana.

En el cupo del PSOE se incluirían Clara Martínez de Careaga, magistrada de la sala de lo militar del Tribunal Supremo, y Roser Bach, magistrada y exdirectora de la Escuela Judicial. Es candidata también Celima Gallego, magistrada y responsable de la mutua judicial, dependiente del Ministerio de Justicia.

Este será el primer Consejo del Poder Judicial en el que solo habrá dedicación exclusiva para seis vocales, de forma rotatoria. Es decir, podrán darse situaciones insólitas, como que el presidente de la sala penal de la Audiencia (Grande-Marlaska) sea, a la vez, vocal del consejo. O los abogados propuestos que seguirán ejerciendo en sus despachos y, al tiempo, perteneciendo al gobierno de la justicia. O la responsable de la mutua judicial que, si es vocal, será la primera persona en democracia que pertenezca al poder ejecutivo y al judicial.

Por eso la primera batalla interna del Consejo será elegir a los seis que formen la comisión permanente, con dedicación exclusiva. Su rotación no es obligatoria y pueden mantenerse todo el mandato.

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/19/actualidad/1384891718_018654.html

UN EX CARGO DE AZNAR

El actual presidente en funciones de la Audiencia Nacional, Carlos Lesmes, de 50 años, es la apuesta de los conservadores para dirigir el organismo vacante desde el verano pasado.

Aunque desde la propia Audiencia Nacional se cree que el puesto debe ocuparlo un magistrado de lo Penal, Lesmes preside la Sala de lo Contencioso Administrativo desde 2005. Precisamente hasta 2004 fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia en el Gobierno de Aznar en el que Michavila era ministro.

Está casado y tiene cinco hijos. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura y lleva 25 años en la carrera judicial, donde es especialista de lo Contencioso Administrativo. Ha ejercido en el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana y en la Audiencia Nacional.

http://elpais.com/diario/2009/03/19/espana/1237417209_850215.html

EL SUPREMO CONFIRMA LOS NOMBRAMIENTOS DE CUATRO DE SUS JUECES

Compañeros de carrera impugnaron los nombramientos porque creían tener mejores opciones para acceder al alto tribunal

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos contra los nombramientos de cuatro magistrados del alto tribunal, tres de ellos miembros de la propia Sala Tercera, Carlos Lesmes, José Antonio Montero e Isabel Perelló. También ha confirmado la legalidad del nombramiento de Clara Martínez De Careaga, para la Sala de lo Militar del Supremo.

Los nombramientos habían sido impugnados por compañeros de la carrera que creían tener mejores opciones para acceder al alto tribunal. En concreto, María Asunción Salvo, presidenta suspendida de la Sección Sexta de la Audiencia Nacional, no estaba de acuerdo con las razones que adoptó en su día el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para elegir estos candidatos, informa Europa Press.

http://elpais.com/elpais/2011/01/26/actualidad/1296033448_850215.html

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