IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SL

LAS NOTICIAS SOBRE EL SUSODICHO

ACEBES CONCEDE LA 'CARTA DE LIBERTAD' A SU VICEMINISTRO DE EXTRANJERÍA PARA QUE SEA VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD

Ignacio González, viceministro de Extranjería podrá encaminar su carrera hacia la vicepresidencia primera de la Comunidad de Madrid, como quiere la que previsiblemente será nueva presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre. El ministro del Interior, Ángel Acebes otorgará a partir de mañana carta de libertad a González tras la reunión que éste mantendrá con su homólogo, el ministro del Interior marroquí, Mustapha Sahel. El puesto que deja vacante González será cubierto, previsiblemente por otra persona de forma interina, dada la proximidad de las elecciones generales.

En este encuentro, Ignacio González asesorará a Acebes sobre la inmigración y la cooperación policial contra el terrorismo y el crimen organizado, asuntos sobre los que versará el encuentro bilateral previo a la reunión que mantendrán los Gobiernos de España y Marruecos, el próximo mes, en Rabat.

Ignacio González, nació en 1960 y es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Ya fue secretario de Estado de Educación con Esperanza Aguirre, circunstancia por la que su futura jefa quiere situarlo como su número dos en su futuro Gobierno.

Aguirre, que considera a González como uno de los suyos, ha sido capaz de convencer al ministro del Interior de que liberara al actual secretario de Estado para la Extranjería y la Inmigración, a fin de que pueda desempeñar el cargo de vicepresidente primero.

A diferencia de su antecesor, Enrique Fernández-Miranda, González ha sabido permanecer airoso en este delicado puesto sin haberse metido en demasiados charcos.

Alfredo Prada Presa, de 44 años, abogado y actual vicepresidente del Senado, será previsiblemente vicepresidente segundo de Aguirre. Prada Presa es un nombre controvertido puesto que en 1996, cuando Alberto Ruiz-Gallardón contaba con él para su primer Ejecutivo, terminó siendo descartado por su pasado político. Prada, entre 1978 y 1980, cuando tenía 19 años, había participado, en su León natal, en diversos mítines de la ultraderechista Fuerza Nueva.

(www.elpais.com, 18/11/03)

AGUIRRE SE RODEA DE HOMBRES DE RATO

Esperanza Aguirre, como primera presidenta electa de una comunidad autónoma, ha querido rodearse en su primer Gobierno de un puñado de fieles colaboradores de su carrera política: Ignacio González (vicepresidente primero), Alfredo Prada (Interior y Justicia), Santiago Fisas (Cultura y Deportes), Engracia Hidalgo (Hacienda), Francisco Granados (Transportes e Infraestructuras) y Beatriz Elorriaga (Servicios Sociales). Además, cuenta con cuatro hombres del equipo del vicepresidente económico, Rodrigo Rato: Juan José Güemes (Empleo y Mujer), Fernando Merry del Val (Economía e Innovación), Mariano Zabía ( Medio Ambiente y Reordenación del Territorio) y Manuel Lamela (Sanidad y Consumo). Luis Peral (Educación) es el único nexo de unión entre el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre.

Aguirre ha confeccionado la lista de su equipo con extraordinario sigilo. Ha jugado al despiste con todo el mundo, incluso con los miembros de su candidatura. El pasado jueves por la noche se reunió en su despacho de la Asamblea de Madrid con Ignacio González, nuevo vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, con el que terminó de diseñar el armazón de su equipo: 11 consejerías, las mismas que su antecesor, Ruiz-Gallardón, pero con distinta disposición y sólo un consejero en común. Luis Peral es el único superviviente del equipo anterior, aunque cambia de cartera al dejar Trabajo para ocuparse de Educación.

La noche del jueves al viernes fue tensa para muchos aspirantes. Tanto que algunos optaron por apagar el móvil. El segundo en recibir la llamada de la presidenta fue Alfredo Prada, que se enteró de su nombramiento como vicepresidente de Justicia e Interior a las nueve de la mañana de . A las doce de la mañana, cuando la presidenta prometía su cargo en la Real Casa de Correos, el resto de los aspirantes desconocían su destino y mostraban su nerviosismo. "A partir de la una y media, los móviles abiertos, que empiezo a llamar", anunció Aguirre a algunos de los aspirantes a ser consejeros. La presidenta ha seguido el método Aznar para dar a conocer su Gobierno: mantener a todo el mundo en vilo hasta el último momento y comunicar su decisión con brevedad.

Luis Eduardo Cortés, ex consejero de Urbanismo, Transportes y Obras Públicas con Ruiz-Gallardón, no se enteró hasta media hora antes de que fuera oficial que se quedaba fuera. Cortés ha sido quien diseñó el programa de transportes de Aguirre. Cortés será senador, al igual que Miguel Ángel Villanueva, número dos de la lista, y Antonio Beteta, portavoz del Grupo del PP. "Nunca segundas partes fueron buenas", fue una de las explicaciones que le dio la presidenta a Cortés.

Aguirre ha realizado modificaciones de última hora, como cambiar a Francisco Granados, llamado a ser consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y al que finalmente ha dado la cartera de Transportes e Infraestructuras. El cambio se debe a que Aguirre quiere tener a alguien de su "total confianza" administrando la consejería que más dinero mueve.

La opinión de Rodrigo Rato ha estado presente en las decisiones de Aguirre. De hecho, cuatro de los consejeros tienen ascendente directo con el vicepresidente del Gobierno central: Güemes, Merry del Val, Zabía y Lamela. Además, Ignacio González, la mano derecha de Aguirre, es un puente de unión entre la presidenta y Rato. Curiosamente, Rato, a pesar del extrecho vínculo con Aguirre, no fue uno de los ministros que la acompañó en su toma de posesión. Según fuentes del PP, el feo de Aguirre a Ruiz-Gallardón, a quien negó la palabra en la trasmisión de poderes, podría tener que ver con las diferencias nunca admitidas oficialmente entre Rato y Ruiz-Gallardón.

De la lista de Aguirre se han caído en el camino Alberto Núñez Feijoo, que rechazó la cartera de Sanidad, y José Folgado, que no quiso la de Hacienda. También Güemes desestimó la portavocía del Grupo Popular en la Asamblea.

El primer Gobierno de Aguirre sólo contará con dos mujeres: Beatriz Elorriaga y Engracia Hidalgo.

(www.elpais.com, 22/11/03)

PERFIL: EL NUEVO GOBIERNO DE LA COMUNIDAD VICEPRESIDENTE PRIMERO Y PORTAVOZ. IGNACIO GONZÁLEZ

Será la mano derecha de la presidenta. Con ella ha diseñado el nuevo Gobierno, al que llega directamente desde la Secretaría de Estado para la Extranjería y la Inmigración. La relación entre Aguirre y González nació en el Ministerio de Educación cuando la presidenta ocupó esta cartera.

Nacido en Madrid hace 43 años y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es funcionario del Ayuntamiento, fue jefe de la Oficina Municipal del distrito de San Blas, director de servicios del área de Coordinación y Participación y director de servicios de Cultura. En 1995 fue nombrado director de Servicios Generales de la primera tenencia de alcaldía de Madrid. Tras la victoria del PP en las elecciones generales de 1996, fue designado subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura.

Con la remodelación del Gobierno realizada por José María Aznar en 1999, en la que Manuel Pimentel fue nombrado ministro de Trabajo, y Ángel Acebes titular de Administraciones Públicas, Ignacio González fue designado secretario de Estado para la Administración Pública.

En julio de 2002, el nuevo ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, propuso al presidente del Gobierno mantener a Ignacio González González al frente de la Secretaría de Estado de Inmigración y Extranjería.

(www.elpais.com, 22/11/03)

AGUIRRE, DISPUESTA A DIVIDIR LA REGIÓN EN 10 ZONAS ELECTORALES EL AÑO PRÓXIMO

El vicepresidente del Gobierno, Ignacio González, anunció que una de las primeras medidas que adopte el nuevo Ejecutivo será la reforma del Estatuto de Autonomía para dividir Madrid en "unas 10 circunscripciones de unos 500.000 habitantes cada una". González no precisó una fecha para que la propuesta se envíe a la Asamblea para su aprobación, pero aseguró que la voluntad del Gobierno es que las próximas elecciones municipales y autonómicas se realicen con el nuevo sistema. IU se mostró en contra de la medida, que cree favorece a los partidos mayoritarios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró en su discurso de investidura su intención de "dividir la Comunidad de Madrid en circunscripciones que agrupen a los ciudadanos por proximidad geográfica". , el vicepresidente, Ignacio González, aseguró que esta propuesta será una de las primeras que su grupo intente llevar a cabo. Aunque matizó que será cuando comience el nuevo periodo de sesiones en el Parlamento regional el próximo febrero. Según González, los planes del Gobierno son dividir Madrid en unas 10 zonas de unos 500.000 habitantes cada una y en las que cada partido presente unos nueve o diez candidatos.

Para Esperanza Aguirre, "las listas que los partidos presentasen en esas nuevas circunscripciones serían susceptibles de ser mucho mejor controladas por los electores, que podrían conocer mejor a los candidatos". Además, Aguirre propone la creación de listas desbloqueadas en las que el elector pueda tachar los nombres que considere no deben estar incluidos en la candidatura.

Sin embargo, esta intención del PP tendrá que salvar muchos escollos para salir adelante. Para empezar, cuenta con el rechazo de Izquierda Unida. Responsables de esta coalición han explicado que su opinión sobre la medida es que "favorece a los partidos mayoritarios en detrimento de los más pequeños". Para IU, el sistema actual es el más proporcional "puesto que el porcentaje de votos recibidos casi coincide con el número de escaños que se consiguen". Aun así, desde IU se comprometen a estudiar la propuesta de Aguirre una vez que se formalice.

Para que se divida efectivamente a Madrid en 10 circunscripciones electorales es necesaria una reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Esta norma, con rango de Ley Orgánica, establece en su artículo 64 la necesidad de que el nuevo texto propuesto sea aprobado por una mayoría cualificada de dos tercios de la Asamblea de Madrid aparte de su refrendo en las Cortes Generales por mayoría absoluta. Por tanto, el PP necesitaría de los votos del PSOE para aprobar esta reforma.

(www.elpais.com, 11/12/03)

AGUIRRE ESTUDIA SUSPENDER LAS OBRAS DEL TEATRO DEL CANAL APROBADAS POR GALLARDÓN

El Gobierno regional, presidido por Esperanza Aguirre, estudia suspender las obras del teatro del Canal, que la Comunidad construye en la confluencia de las calles Cea Bermúdez y Bravo Murillo. El Ejecutivo considera que el proyecto aprobado por el anterior presidente, Alberto Ruiz-Gallardón, es "caro" y "no es prioritario" en sus planes de gobierno. Según los datos oficiales, esta edificación tiene un presupuesto de obra de alrededor de 108 millones de euros, cifra similar a la que costó, por ejemplo, la restauración del teatro del Liceo de Barcelona. Estaba previsto que el coste de esta obra corriese a cargo del Canal de Isabel II.

La obra del futuro teatro está ya comenzada, aunque todavía se encuentra en su primera fase, la de cimentación. Las constructoras que trabajan en este proyecto impulsado por Ruiz-Gallardón son ACS y OHL. El centro, diseñado por el arquitecto Juan Navarro Baldeweg, iba a ocupar una superficie de 35.200 metros cuadrados, en los que se construiría un centro coreográfico, un teatro con capacidad para 928 personas y una sala polivalente con escenario móvil y aforo variable de 450 a 700 espectadores.

"Será la gran obra de la próxima legislatura", aseguró el día de su presentación el ex director de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, Carlos Baztán.

El equipo de Aguirre estudia la conveniencia de seguir con este proyecto o, por el contrario, suspender su costrucción e invertir los 108 millones en otros proyectos más prioritarios para el Ejecutivo regional, como la contrucción de 72,7 kilómetros de metro y siete nuevos hospitales.Alberto Ruiz-Gallardón, hasta el pasado noviembre presidente del Gobierno, puso en octubre de 2002 la primera piedra del teatro del Canal acompañado de Alicia Moreno, entonces consejera de las Artes y promotora del proyecto, y de Pedro Calvo Poch, ex consejero de Medio Ambiente y presidente del Canal. Este organismo público era el que iba a financiar la construcción. Fue un acto lleno de brillantez, en el que Ruiz-Gallardón presentó la edificación como una de las obras más emblemáticas de su mandato: "Este espacio se convertirá en uno de los complejos escénicos más importantes de Europa y dará respuesta a las necesidades de los autores, de las obras y del propio público, a lo que hay que añadir que el proyecto de Navarro Baldeweg aporta valores de audacia, reflexión y diálogo con el entorno".

Alicia Moreno llegó a pronunicar una insólita frase: "Ya me puedo morir tranquila. Este proyecto ya está en marcha". Y añadió: "Esta pequeña primera piedra es el soplo inicial de los huracanes pacíficos y turbadores del arte; el arranque de una nueva tribuna para la convivencia, el punto de partida de un estímulo nuevo para vivir".

Pero la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno regional y la nueva presidencia del Canal de Isabel II, ahora en manos del vicepresidente primero, Ignacio González, pone en peligro este proyecto. Según fuentes del Ejecutivo, el Gobierno se está "replanteado" esta edificación por su "elevado coste" y porque, en su opinión, hay otros proyectos "más prioritarios".

El teatro del Canal estaba previsto que se levantara sobre 29.000 metros cuadrados y que se inaugurase en 2005. Su aspecto iba a ser tricolor: rojo, para distinguir el centro coreográfico; plata, para el teatro principal (con capacidad para 928 personas), y negro-humo, para la sala polivalente (con escenario móvil y aforo variable de 450 a 700 espectadores).

El director de escena José Tamayo supervisó el proyecto de Navarro Baldeweg desde el punto de vista teatral. El plazo de ejecucción estaba previsto que fuera de 23 meses. Mientras se procedía a su construcción, el anterior Gobierno decidió seguir manteniendo el teatro Albéniz como sede de la mayoría de espectáculos de danza.

El teatro del Canal pretendía ser una insignia de la vanguardia arquitectónica en Europa. Al concurso de ideas se presentaron seis arquitectos, pero el portugués Álvaro Siza abandonó por falta de tiempo. Así que los miembros del jurado decidieron entre cinco propuestas. Venció la visión de Juan Navarro Baldeweg, premio Nacional de Artes Plásticas en 1990. Y las obras comenzaron en 2002.

(www.elpais.com, 06/01/04)

AGUIRRE RECTIFICA Y ORDENA "RECONDUCIR" EL PROYECTO DE LAS BRIGADAS DE SEGURIDAD

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha visto obligada a poner freno y a dar marcha atrás a su proyecto estrella de seguridad: la creación de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam). El aluvión de críticas recibidas, sobre todo de miembros de su Gobierno, del PP y del Ministerio del Interior, llevó a Aguirre a "reconducir" su propuesta de crear un nuevo servicio policial mediante la suma de 2.500 agentes municipales y 3.000 nacionales. Ahora sólo ofrece dinero a los alcaldes para que contraten a más policías (sin sueldo ni uniforme diferenciado) y, además, ha puesto el proyecto en manos de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) para que lo reelabore de aquí a tres meses. Rafael Simancas y Fausto Fernández, portavoces de PSPOE e IU, respectivamente, en la Asamblea, se apresuraron a asegurar que las Bescam "han muerto antes de nacer".

Aguirre ha acusado el fuego graneado que durante toda la semana ha impactado sobre su Gobierno a causa de las Bescam. La presidenta ha sentido especialmente las procedentes de las filas del Partido Popular, que le reprochaban que había provocado "una gran confusión", al crear la sensación de que estaba creando el embrión de una policía autonómica, siguiendo una fórmula ensayada por Coalición Canaria en las islas y que fue tumbada por el PP insular. Además, el proyecto había enfrentado a su vicepresidente primero y portavoz, Ignacio González, con el vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, promotor del proyecto.

La presidenta, además, recibió "sugerencias" para que dejara claro de una vez por todas qué eran exactamente las Bescam y aparcara el proyecto, al menos hasta después de las elecciones generales del 14 de marzo. Y puso el freno y dio marcha atrás durante la Cumbre de Seguridad con los alcaldes de la región, una reunión convocada en la sede del Gobierno y que había sido descafeinada por la ausencia de quienes tienen las competencias en la Comunidad de Madrid sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: el ministro del Interior, Ángel Acebes, muy crítico con las Bescam, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuátegui, a quien no se le ha oído en público ni una palabra sobre el asunto."Ante todo, quiero dejar claro que este proyecto no es un nuevo modelo policial, ni el embrión de una policía autonómica", arrancó Aguirre. No mencionó las siglas Bescam, que no se escucharon en su boca durante su discurso de apertura de la cumbre de seguridad. "Sólo tratamos de contribuir al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales para que los ciudadanos vean que la Comunidad no se olvida de la seguridad ni se escuda en la falta de competencias para ello", añadió.

Primera duda aclarada: ya no se trata de un nuevo servicio policial, ni de sumar en una misma unidad policías de cuerpos diferentes y competencias abismalmente distintas. Ni siquiera se pretende pagar más a unos policías que a otros, como se dejaba claro en el proyecto que Alfredo Prada presentó el 8 de enero.

De lo que se trata, explicó Aguirre, es de que "al final de la legislatura haya 5.500 nuevos policías en la calle, pero la forma en que van a llegar hay que discutirla, y para eso es este foro", explicó a los alcaldes, incluido el de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, quien se guardó mucho de hablar de las Bescam.

La segunda duda que quedaba por aclarar es quién iba a mandar a esos policías. "No pretendemos limitar o cercenar la autonomía municipal ni atribuirnos competencias estatales", continuó, "sino aportar dinero a quienes tienen esas competencias, para decirlo de una forma clara".

A eso ha quedado reducido el proyecto estrella de seguridad del Gobierno autónomo del Partido Popular: a aportar fondos para que los respectivos ayuntamientos dispongan de más medios materiales para sus tareas de seguridad y puedan contratar a nuevos policías locales bajo el mando de los respectivos alcaldes. Y ni siquiera está cerrado cómo se va a sustanciar ese aporte financiero. "Eso dependerá de lo que ustedes digan", les dijo a los alcaldes, "porque ése es el motivo de esta cumbre".

Para ello, los participantes en la cumbre de seguridad acordaron constituir inmediatamente una comisión para elaborar un proyecto de seguridad ciudadana en la región que "reconduzca" el proyecto de las Bescam del Ejecutivo regional. La comisión de trabajo sobre seguridad se celebrará en el seno de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), contará con la participación de los alcaldes de los municipios más poblados de la región y con representantes de la Comunidad. Se ha invitado a participar a las asociaciones profesionales y al Ministerio del Interior. La mera creación de la comisión llevó a los alcaldes del PSOE e IU presentes en la cumbre a proclamar el certificado de defunción de las Bescam. "Las Bescam han muerto, porque en la Comunidad no tiene sentido en este momento un nuevo modelo de brigadas ni de policía", sentenció la alcaldesa de San Fernando de Henares y vicepresidenta de la FMM, Montserrat Muñoz (IU). Lo mismo dijo el otro vicepresidente del organismo supramunicipal y regidor de Fuenlabrada, el socialista Manuel Robles: "El proyecto está muerto y enterrado".

No pensaba lo mismo Alfredo Prada, promotor de la idea, para quien sólo se ha "ralentizado" y podría revitalizarse, ya definitivamente con otra configuración, a partir del dictamen que la FMM tiene que elaborar en tres meses. Prada subrayó en el exterior de la reunión que, efectivamente, la propuesta había creado confusión pese a que ni siquiera había sido plasmada en documentos. "Se trataba de un proyecto abierto, experimental, para aportar un grano de arena a la seguridad: no estaba nada cerrado". El vicepresidente sugirió en los pasillos del sótano de la sede del Gobierno que ya ni siquiera se iba a retomar el nombre de Bescam, puesto que los agentes que acaben sumándose a los ayuntamientos con dinero de la Comunidad no llevarán distintivos ni uniforme que los diferencie. "Lo que se pretendió es que hubiera más agentes municipales dedicados sólo a seguridad, no un servicio nuevo", explicó.

(www.elpais.com, 06/01/04)

ENTREVISTA: JAIME IGNACIO GONZÁLEZ Vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid

"PEDIREMOS A FOMENTO QUE CERCANÍAS FUNCIONE CON EL METRO"

Jaime Ignacio González González, madrileño, de 43 años, casado y padre de tres hijas, es la mano derecha de la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre. Hizo carrera política en el Ayuntamiento de Madrid, donde ejerció de escudero de Aguirre cuando el PP ganó por primera vez el poder municipal. Ahora llega a la Vicepresidencia Primera tras pasar por la Secretaría de Estado para la Extranjería y la Inmigración. En la última batalla de su jefa contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, por el control de Metro, González se convirtió en el ariete de la Comunidad contra el Consistorio, junto al consejero de Transportes e Infraestructuras, Francisco Granados.

Pregunta. ¿Le parece presentable que en tan sólo seis meses de cohabitación con el alcalde hayan ustedes hecho públicas hasta cinco batallas que les han puesto al borde del precipicio en asuntos tan sustanciales como la distribución del agua o el servicio de transporte colectivo?

Respuesta. La percepción de que pueda haber discrepancias políticas en el seno de un partido no son buenas. Pero no es nuestro caso. El proyecto del transporte público del PP en Madrid es compartido entre el Ayuntamiento y la Comunidad, y en ningún momento se han cuestionado ni el modelo ni los objetivos. Sólo se ha discutido sobre la presencia institucional de cada una de las partes. Pero ya hemos licitado todas las nuevas obras del metro. Empezamos comprometiendo 72 nuevos kilómetros de metro y ya hemos comprometido y licitado 90 kilómetros. Tenemos el compromiso de remodelar estaciones, ampliar el metro en la ciudad de Madrid, de renovar trenes y vagones... Queremos que la infraestructura de transporte en la región se enriquezca aún más y queremos que en eso participe la Administración estatal, a la que pediremos que mejore el servicio de cercanías. Queremos que Cercanías empiece a funcionar como el metro. Vamos a pedirle al Ministerio de Fomento que cercanías sea un servicio que funcione con el metro, con la misma frecuencia, que aumente el número de pasajeros, que haga más estaciones...

P. La lucha por el control de Metro, ¿cuánto tiene de demostración de fuerza dentro del PP después de haber perdido las elecciones generales?

R. No se trata de una lucha por ver si manda más en el partido Gallardón o Aguirre. Lo único que hemos querido era mantener la situación que siempre ha existido de participación de las dos instituciones dentro de Metro en razón de lo que cada una de ellas ha representado históricamente, representa y va a representar en el futuro. No hay ninguna otra razón que la defensa de los intereses institucionales de los dos organismos. No hay ninguna lucha interna por el poder en el partido, ni siquiera en el partido en Madrid.

P. ¿No es mala tanto para el Ayuntamiento como para la Comunidad esa sensación de desunión?

R. Nosotros no tenemos batallas por cuestiones políticas. Tenemos discrepancias por cuestiones institucionales, como siempre han existido entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Son dos grandes instituciones en una comunidad uniprovincial. Todas las discusiones que se producen lo son en la defensa de los intereses institucionales y con el objetivo común de satisfacer los servicios que demandan los ciudadanos.

P. Pero ha habido otras batallas por cuestiones personales...

R. Pues es curioso..., porque la relación personal de la presidenta y el alcalde yo la calificaría de entrañable. Pero estamos hablando de dos personalidades de una gran relevancia política, tanto por sí mismos como dentro del PP; y que además coinciden en dos instituciones muy importantes. Y lógicamente en una situación en las que, además, son referentes del PP, es verdad que se les observa con mucha más atención que antes.

P. Puesto que pedirán a Zapatero ayuda para relanzar cercanías, ¿se supone que aceptará usted pagar el 30% de la futura estación que se construirá en la plaza de Alonso Martínez?

R. Está pendiente una negociación con Fomento. Estamos abiertos a un acuerdo para llevar adelante entre todos este proyecto.

P. ¿Qué parte de culpa le corresponde a usted en el fiasco de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam) que prometieron poner en marcha antes de cumplirse los 100 primeros días de Gobierno?

R. No creo que pueda hablarse de fiasco de las Bescam. El problema estuvo en cómo se interpretó el proyecto. Reconozco que no hemos sabido explicarlo bien. Siempre se ha tratado de mejorar las dotaciones de seguridad de las administraciones competentes para paliar un problema que preocupa mucho a los ciudadanos. Pero la Comunidad no tiene competencias en seguridad. Se trataba entonces de dotar de medios al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil y a las policías locales para contribuir a esa lucha contra la inseguridad ciudadana. El proyecto está en vigor y es nuestro compromiso. Además, es un compromiso que tenemos una magnífica posibilidad de cumplir ahora. Es un compromiso que tenía ya el PP. El nuevo Gobierno de la nación ha prometido aumentar las dotaciones policiales a escala nacional exactamente igual que nuestra oferta de Bescam. Se ha comprometido a que anualmente van a incorporarse 6.000 policías y 3.000 guardias civiles, que es lo que nosotros pedíamos: que en Madrid hubiera 5.500 policías más entre policía local y nacional. La baza de nuestro proyecto sigue ahí y dependerá de que el Gobierno central sea capaz de cumplir ese objetivo.

P. Ya se pueden entrever un par de batallas más entre Comunidad y Ayuntamiento a costa de la M-30 y el Canal de Isabel II...

R. El proyecto de la M-30 de Gallardón es un proyecto del PP y, por lo tanto, es un proyecto que compartimos. Lo que ocurre es que, para llevarlo adelante, cada una de las administraciones tiene que ejercer sus competencias. Es un problema, igual que otros, de carácter institucional. Nosotros vamos a hacer, dentro del respeto a la legalidad y al cumplimiento de los requerimientos medioambientales, todo lo posible por facilitar que esa obra vaya adelante. Si al final es procedente dar la exención de la declaración de impacto ambiental, nosotros la daremos garantizando que se cumplan todos los requisitos medioambientales. Si existe la más mínima posibilidad de otorgar la exención, nosotros la daríamos.

P. Pero hay una serie de requerimientos mínimos que ustedes harían cumplir al alcalde Gallardón para que la obra sea hecha medioambientalmente bien...

R. Haya exención o no, la Comunidad velará por que se cumplan los requisitos medioambientales.

P. ¿En los términos que ya había dicho la presidenta?

R. Exactamente.

P. Pero eso se interpretó como una declaración de impacto encubierta...

R. No es una declaración de impacto medioambiental encubierta. En cuanto tengamos el informe del Consejo de Estado que hemos solicitado, tomaremos una determinación sabiendo que ese informe no es vinculante. Sobre lo que se va a pronunciar el Consejo de Estado es sobre un asunto que provocó el Ayuntamiento, que es el cambio de la naturaleza jurídica de la vía [la M-30 habría dejado ya de ser una carretera para ser una simple calle, según Gallar-dón], lo que tiene su implicación a la hora de aplicar la normativa medioambiental.

P. ¿Y con el Canal de Isabel II?

R. El Ayuntamiento denunció a fines del año pasado el convenio que tenía en vigor con el Canal de Isabel II. Desde ese mismo momento, nos hemos dirigido al Ayuntamiento para ofrecernos a negociar las nuevas condiciones del convenio. Es más, hemos hecho algún intento de aproximación, pero desde el Ayuntamiento no hemos tenido contestación. Seguirá en vigor hasta el 31 de diciembre, y nuestro deseo es suscribir un nuevo convenio con el Ayuntamiento. Creo que el servicio que presta el Canal es excelente, lo ha sido siempre, en los últimos ocho años, ahora y antes de estos últimos ocho años. Y no hay razones para que esto no siga siendo así. Pero han pasado cuatro meses y aún no conozco cuál es la propuesta del Ayuntamiento.

P. Desde la Comunidad de Madrid, ¿cómo le gustaría que fuera ese convenio?

R. El convenio que ha habido hasta ahora ha venido funcionando históricamente y ha permitido que se preste un magnífico servicio a los madrileños. ¿Por qué si ese servicio ha sido bueno durante estos ocho años, alguien entiende que ahora necesita ser reforzado con unas nuevas condiciones de acuerdo? Me parece bien, pero quiero conocer las pretensiones que tiene el Ayuntamiento para poder negociar un acuerdo que sea mejor para las dos partes.

P. Comente el resultado de las pasadas elecciones generales.

R. Es un resultado absolutamente legítimo y democrático. A mí no me ha gustado, y creo que se abre una situación que me preocupa. No porque haya ganado el PSOE, que me merece todos los respetos y es un gran partido como lo es el PP. Me preocupa por las condiciones en las que llega Zapatero al Gobierno. En unas condiciones en las que el PSOE no tiene mayoría, tiene unos pactos con algunos partidos nacionalistas que imponen como condición para pactar la exclusión del PP, no sólo en sus ámbitos territoriales, sino a nivel nacional. Me preocupa que los pactos se hagan desde la exclusión y no desde la suma.

P. ¿Puede poner un ejemplo?

R. Es muy sorprendente lo que acabamos de vivir en el asunto de Irak. No porque se retiren las tropas, que es un compromiso del señor Zapatero, sino porque lo que nos dice es que si el 30 de junio no se produce una resolución de la ONU, retiraría las tropas. Eso lo dice un sábado. Y el domingo, sin consultar al Parlamento ni a nadie, el presidente del Gobierno ordena retirar las tropas. Uno puede pensar que no nos ha dicho la verdad, o no ha cumplido su palabra el día anterior, o tiene unos pactos que le llevan a tomar esa decisión.

P. ¿Por qué la Comunidad ha decidido desafiar a Zapatero desarrollando la Ley de Calidad de la Enseñanza que él ha anunciado que dejará en suspenso?

R. El tema de la Ley de Calidad es uno de las más graves de los que ha presentado el PSOE. Una vez más, no nos van a explicar cuáles son los condicionantes que les llevan a tomar una decisión poco responsable, que lo único que genera es inseguridad jurídica. Creo que se está ocultando la realidad de sus pretensiones, que no son otras que porque no les gusta la LOCE y porque vuelva a estar en vigor su LOGSE, que ha sido un fracaso. Sin decirlo, utilizando cualquier vía torticera como la suspensión de las leyes en vigor, sin dar una alternativa que clarifique qué va a pasar con los profesores, los alumnos, la enseñanza y los contenidos en los próximos años. Quien está echando un pulso es el Gobierno socialista. Aun suponiendo que se pueda suspender el calendario de aplicación, ¿qué va a pasar el próximo curso escolar? Los responsables del PSOE, unos muy acreditados como el señor Pérez-Rubalcaba, saben que los cursos se planifican en abril y mayo. Que nos explique Zapatero qué va a pasar el próximo curso.

(www.elpais.com, 25/04/03)

EL 'NÚMERO DOS' DE GALLARDÓN RIVALIZARÁ CON AGUIRRE POR LA PRESIDENCIA DEL PP DE MADRID

Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón no han conseguido consensuar una candidatura única a la presidencia del PP de Madrid. Anoche, la jefa del Ejecutivo regional rechazó la exigencia de Gallardón de que su número dos, Manuel Cobo, ocupara el cargo de secretario general. Tras el desencuentro, Cobo ha presentado su propia candidatura para liderar el partido en la región. Aguirre acusa a Gallardón de haber intentado un "chantaje" y éste dice que ella que carece del "espíritu centrista y liberal" de Cobo.

Anoche, en el transcurso de una cena en un restaurante de Madrid, Aguirre, Ignacio González (mano derecha de la presidenta), Ruiz-Gallardón y Cobo trataron de evitar la crisis. Estaban sentados a la mesa tras la presión del presidente del PP, Mariano Rajoy, que les insistía en la conveniencia de presentar en el próximo congreso regional del partido una única lista. Pero el acuerdo fue imposible.

Gallardón puso una condición que resultó inaceptable para su compañera: Cobo había de ser el nuevo secretario general del PP madrileño; en caso contrario, presentarían su propia candidatura a la presidencia. Aguirre lo consideró un "chantaje" y una "imposición", por lo que rompió la negociación. "Yo soy amiga del señor Cobo y me parece muy bien [que se presente], pero no las formas", ha explicado Aguirre la Cadena SER.

En efecto, esta misma mañana el vicealcalde de la capital ha confirmado sus planes en conferencia de prensa. Asegura que se presenta "porque va a ser bueno para el partido, que va a ser bueno para Madrid, que va a ser bueno para Mariano Rajoy y para que el Partido Popular gane las próximas elecciones municipales y autonómicas en 2007, y las generales, con nuestra lista encabezada por Mariano Rajoy, en 2008". El propio alcalde figurará en la lista, aunque no se ha especificado por el momento en qué posición.

"Centrista y liberal"

Pero la respuesta a Aguirre la ha ofrecido el propio Gallardón. "Si nosotros hubiésemos encontrado ese mismo espíritu centrista y profundamente liberal de Manuel Cobo en la candidatura, en las formas, en las propuestas que nos hubiese hecho Esperanza Aguirre, probablemente en este momento estaríamos hablando de una candidatura de integración donde los dos estuviesen juntos", ha dicho.

Se agrava así la crisis en el PP madrileño abierta entre el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta regional por el poder en el partido. El primero se había mostrado favorable a que al frente de la ejecutiva continuara Pío García-Escudero. Sin embargo, éste prefirió no presentarse a la reelección para centrarse en su trabajo como portavoz del Grupo Popular del Senado. El todavía presidente del PP madrileño ha anunciado que sólo está dispuesto a apoyar una candidatura única de integración.

(www.elpais.com, 07/10/04)

TENSIONES POPULARES. AGUIRRE ACUSA A GALLARDÓN DE QUERER "TODO EL PODER" EN EL PP

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a presidir el PP regional, afirmó que si el pasado jueves no pactó con Alberto Ruiz-Gallardón una candidatura conjunta fue porque el secretario general del PP, Ángel Acebes, le dijo que debía esperar y dejar opinar primero a la dirección nacional del partido. Aguirre agregó que Ruiz-Gallardón ha demostrado que "quiere todo el poder" en el PP al plantear una candidatura alternativa encabezada por su hombre de confianza, el vicealcalde Manuel Cobo. Tras el cruce de acusaciones entablado el pasado jueves entre Aguirre, por un lado, y Ruiz-Gallardón y Cobo por otro, los protagonistas de la crisis en el PP madrileño continuaron atacándose a través de los medios de comunicación, ya en plena carrera electoral ante el congreso regional del próximo mes. Sólo el alcalde se mantuvo en silencio.

Aguirre explicó que el día en el que ella anunció públicamente su candidatura, se reunió con el actual presidente, Pío García-Escudero, y con el secretario general del PP, Ángel Acebes, para comunicárselo. Y que Acebes le pidió expresamente "que no saliese ningún nombre de candidato a secretario general antes de consultarlo con él, porque querían a alguien que se dedique a tiempo completo y que opinase la Ejecutiva nacional".

La presidenta de la Comunidad aseguró que ésa es la razón de que, durante la cena que mantuvo con Ruiz-Gallardón ese mismo día, no aceptase la "imposición" del alcalde para que Manuel Cobo fuera de número dos en una lista conjunta.

Tras señalar que siente por Ruiz-Gallardón un cariño "casi maternal", afirmó que ella "ya sabía" que el alcalde "no se conformaría con unos puestos en la Ejecutiva", y que en su reunión con García-Escudero y Acebes lo comentó con ellos: "Yo ya dije: 'Pío, ya verás como lo que quiere es todo el poder, la secretaría general, mínimo'. Y si yo hubiera aceptado, luego habría querido el 50% de los puestos en la Ejecutiva", subrayó la presidenta.

Si el día anterior Ruiz-Gallardón había dejado caer que Aguirre no es "centrista" ni "liberal" porque no respeta al adversario, ella se preguntó si "es más centrista y liberal subir los impuestos que bajarlos", en referencia a la subida de varios tributos que introdujo el alcalde en los presupuestos de este año.

El número dos de Aguirre en la Comunidad, Ignacio González, señaló, sin citar a Ruiz-Gallardón, que "si alguien está utilizando esto para plantear un pulso a la dirección nacional, me parece una falta de lealtad al partido y a los militantes".

Por su parte, Manuel Cobo, en una entrevista en Tele 5, insistió en ofrecer una imagen de mayor "moderación" que, dijo, es la que necesita el partido de Mariano Rajoy para ganar las elecciones. "Hay posturas en mi partido más centristas, como la que representamos Alberto Ruiz-Gallardón y yo, y posturas que están más a la derecha, como la que representa Esperanza Aguirre". Cobo animó a los afiliados a que voten "en libertad" y aseguró que no entiende "cómo hay personas que creen que tienen la propiedad del voto de los afiliados al PP" ni cómo su adversaria "puede tener la seguridad" de que los militantes populares "van a hacer lo que ella quiera". "Harán lo que ellos quieran", remachó.

Los presidentes del PP en El Escorial, Javier de Miguel; La Cabrera, Alejandro Sanz; y Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, mostraron su apoyo a la candidatura de Cobo. Sanz consideró que es "excelente" que "no haya una política de amén a todo" y que en un contexto de libertad se puedan presentar varios candidatos, y De Miguel destacó la "línea de renovación y de centro" que representa el vicealcalde.

Por contra, los portavoces del PP en Alcorcón, Fernando Díaz, y en Getafe, José Luis Moreno, mostraron su respaldo "incondicional" a Aguirre. Díaz calificó de "inoportuna" la presentación de una candidatura alternativa por parte de Manuel Cobo. "Nos sentimos mucho más cerca de la candidatura de Esperanza Aguirre, quien ha demostrado su talante dialogante, sus firmes convicciones y que es una persona cercana y muy humana". Moreno aseguró que todos los dirigentes del PP en la zona sur están con la presidenta autonómica.

(www.elpais.com, 09/10/04)

AGUIRRE SITÚA A SU 'MANO DERECHA' AL FRENTE DEL COMITÉ ELECTORAL

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, encara el arranque del congreso del PP de Madrid que aspira a presidir (sin lista alternativa alguna) sin desvelar aún quién será el secretario general de esta organización regional de los populares. Sólo trascendió que su número dos en la Comunidad, su vicepresidente Ignacio González, presidirá el comité electoral.

Este órgano que presidirá González está encargado de decidir quiénes son los candidatos a concejal en las ciudades madrileñas de más de 20.000 habitantes, así como los candidatos a diputado en la Asamblea de Madrid y a senador por esta autonomía.

Aguirre contará quién será el secretario general del PP de Madrid. Las características que debe cumplir el candidato (o candidata) son dedicación plena, buena relación con la dirección nacional del PP y que no despierte grandes recelos entre las distintas sensibilidades de los populares madrileños. En la búsqueda del candidato, según fuentes del PP, ha tenido mucho peso la opinión de Ángel Acebes, secretario general del PP. No sólo por su cargo sino, sobre todo, por la "magnífica relación" que Aguirre mantiene con Acebes desde hace años.

Puestos a hacer quinielas, los populares esgrimían como secretarios generales probables los nombres de Francisco Granados, Anabel Mariño o Teófilo de Luis. El principal inconveniente para que Granados, consejero de Transportes y Urbanismo, sea secretario general es que, para tener dedicación plena, debería dejar la consejería que se ocupa del proyecto estrella prometido por Aguirre en su programa: 80 kilómetros de metro.

Con estos elementos, lo único que hizo público la presidenta es que la concejal Ana Botella, esposa de José María Aznar, se incorporará al comité ejecutivo regional. Ese nombre y el del ex alcalde José María Álvarez del Manzano son los únicos a los que Aguirre ha querido dar publicidad.

El resto se sabrá en un cónclave al que acudirá e intervendrá Rodrigo Rato, ahora sólo militante de base del PP madrileño por su calidad de director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

(www.elpais.com, 27/11/04)

EL GOBIERNO DEL PP LLEVÓ A 12.053 SUBSAHARIANOS DESDE CANARIAS A LA PENÍNSULA EN DOS AÑOS

Entre enero de 2002 y abril de 2004, el Gobierno del PP trasladó desde Canarias a la Península a 12.053 inmigrantes en situación irregular. Todos eran subsaharianos y habían arribado a las islas en pateras. Fueron llevados a los centros de internamiento (CIE) de Murcia, Valencia, Barcelona, Madrid y Málaga y puestos en libertad. Ninguna de las comunidades autónomas afectadas fue avisada de su llegada. El Ejecutivo actual mantiene la misma práctica.

Los traslados de sin papeles desde Canarias a la Península fueron la salida que encontró el Gobierno del PP para aliviar la presión que los inmigrantes irregulares ejercen en la saturada sociedad del archipiélago. El Ejecutivo autónomo y el entonces secretario de Estado para la Inmigración, Ignacio González, los acordaron en 2002, aunque se venían practicando desde tiempo antes de forma extraoficial. Su principal impulsor fue el actual presidente del Cabildo de Gran Canaria y líder del PP en las islas, José Manuel Soria. Cuando era alcalde de Las Palmas, Soria llegó a ordenar la detención de los subsaharianos que dormían en los parques de la ciudad y su traslado en avión a Madrid. Hace pocos días reivindicó aquella acción.

Ni Ignacio González, que ahora es vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ni su sucesor, Gonzalo Robles, que en la actualidad es diputado del PP, avisaron a los Ejecutivos autónomos de los traslados. Responsables de tres de los Gobiernos afectados (madrileño, catalán y andaluz) declararon en diciembre de 2003 a EL PAÍS que ni una sola vez fueron advertidos para que pudieran preparar una infraestructura de acogida. Los Ejecutivos de las otras dos comunidades afectadas (Murcia y Valencia), en manos del PP, se negaron a hablar sobre el asunto. Estos dos Gobiernos son los que ahora denuncian al Ejecutivo socialista por no coordinar con ellos los traslados.

La falta de coordinación con las comunidades autónomas fue muy criticada por la entonces secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE y secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí. Fuentes de su departamento han anunciado a este periódico que trabajan en la redacción de un protocolo de actuación para abordar estos casos.

Los traslados se producen cuando los inmigrantes han cumplido en las islas el plazo máximo de 40 días de reclusión que establece la ley para los extranjeros que entran en España de forma irregular y las autoridades no han podido repatriarlos, bien porque los subsaharianos carecen de documentación y sus países se niegan a reconocerlos como nacionales, bien porque España no ha alcanzado acuerdos de repatriación con sus Gobiernos respectivos. Los extranjeros son puestos en la calle con una orden de expulsión imposible de cumplir pero que les impide trabajar legalmente. Esta situación no afecta sólo a los trasladados: entre el 1 de enero de 2002 y el 14 de junio de 2004, la Administración dejó en las calles de toda España a 85.019 inmigrantes de varias nacionalidades con órdenes de expulsión.

Durante el año 2002 fueron trasladados a la Península 2.860 subsaharianos; la cifra creció hasta 6.911 en 2003, y en los cuatro primeros meses del año pasado ascendió a 2.282. La mayoría fueron trasladados a Málaga y a Madrid. Las comunidades que ahora protestan, Murcia y Valencia, ambas gobernadas por el PP, recibieron un número menor.

A pesar de la baja incidencia de los traslados en ellas, el presidente de la segunda de estas comunidades, Francisco Camps, ha dirigido una carta al ministro del Interior, José Antonio Alonso, en la que le solicita una reunión, junto con su colega murciano, Ramón Luis Valcárcel, para estudiar el asunto. Además, el PP ha pedido la comparecencia en el Congreso de los ministros de Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

(www.elpais.com, 26/01/05)

EL VICEPRESIDENTE REGIONAL ADVIERTE AL ALCALDE DE QUE PARA SER CANDIDATO PRECISA LA BENDICIÓN DEL PP

El vicepresidente primero y presidente del Comité Electoral del PP de Madrid, Ignacio González, dijo que le parece bien la "disponibilidad" del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, a querer repetir en su puesto en las elecciones de 2007, pero recordó que es el partido el que "bendice a los candidatos". González concluyó: "Me parece muy bien la disponibilidad, pero será el partido el que decidirá quiénes son los candidatos a las distintas instituciones".

El alcalde aseguró horas antes, en una entrevista en Telecinco, que si los madrileños quieren, seguirá en el cargo después de 2007 porque necesita dos legislaturas para "coronar" proyectos que sitúen a la ciudad en el "liderazgo que le corresponde", en España y en Europa. Gallardón llegó al Ayuntamiento de Madrid tras los comicios de mayo de 2003.

Gallardón argumentó: "En una legislatura se inician muchos proyectos que se coronan en dos y, en principio, mi intención sería terminar ese proceso de transformación fabulosa que está viviendo nuestra ciudad para ocupar el espacio y el tiempo de liderazgo que le corresponde a Madrid no sólo dentro de España, sino dentro de Europa, y que eso requiere dos legislaturas".

En la entrevista, el alcalde también reconoció que ETA es "el único problema" de la candidatura olímpica que, por , según aseguró, es la mejor, por encima incluso de su principal competidora, París, al haber superado los escollos de pruebas deportivas y plazas hoteleras que sumaba puntos a favor de la ciudad francesa.

La candidatura olímpica Madrid 2012 y la reforma de la M-30 son dos de los grandes proyectos que el alcalde querría continuar en caso de presentarse finalmente a la reelección.

(www.elpais.com, 11/02/05)

EL ALCALDE DE MAJADAHONDA Y SU ANTECESOR INVOLUCRAN A AGUIRRE EN LA CRISIS URBANÍSTICA

El actual alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y su predecesor, el dimisionario Guillermo Ortega, ambos del PP, involucraron a la presidenta del partido en Madrid y de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en el conflicto suscitado en el Ayuntamiento majariego como consecuencia de una operación urbanística realizada en una parcela de propiedad municipal. La cadena SER difundió parte de una conversación mantenida entre Foxá, Ortega y otros cargos del PP local, el pasado 24 de enero, en la que el primero asegura que Aguirre le ordenó paralizar la operación urbanística diseñada por Ortega. Concejales próximos a éste habían denunciado días antes que Foxá había urdido una trama urbanística, a través de la empresa municipal Pammasa, que había provocado un agujero económico de 108 millones de euros.

Fuentes del PP de Majadahonda aseguraron hace dos semanas a EL PAÍS que éste descubrió la supuesta trama de Foxá y que eso provocó la crisis que se saldó con la dimisión de Ortega, quien alegó problemas de salud, el pasado 3 de febrero. Su sucesor es Narciso de Foxá, elegido con el apoyo de 12 ediles de su partido y la presunta abstención de otros dos. En este enfrentamiento entre los partidarios del actual regidor y de su predecesor, la cadena SER difundió un extracto de una grabación en la que supuestamente intervienen Ortega y Foxá. Éste sostiene: "La decisión de que no vean esas parcelas [que no se saquen a concurso, como quería Ortega] ha sido de Esperanza Aguirre. Y yo no he hecho nada fuera de la disciplina de partido". En otro momento que se adivina cargado de tensión, Ortega replica "que Aguirre no tiene ningún problema, que el único empeño es el tema de las parcelas y de la Oficina de Atención al Ciudadano. Y que solventada esa historia, que me dedique a ejercer de alcalde sin mayor problema".

A los pocos días, Ortega dimitió y fue nombrado por el Gobierno regional, que preside Aguirre, presidente de la empresa Mercado Puerta de Toledo, mientras que Foxá fue elegido alcalde.

Aguirre declaró: "Yo no sé nada de parcelas. No entro en los asuntos municipales. Sólo hablé con Ortega porque irrumpió en el aeropuerto, cuando me iba de viaje oficial a China el 14 de enero; él había quedado allí con el vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González. Lo único que sé es que iban a sacar [a la venta] una parcela sin fijar el precio, sin baremar, y yo quería que se admitieran ofertas. Pero a Ortega le dije sólo que pensara su decisión [de dimitir]". Esa reunión se celebró en la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas.Foxá, como el anterior regidor Guillermo Ortega, ambos del PP, sostuvieron en la tensa reunión interna del partido celebrada el 24 de enero que la decisión de paralizar la adjudicación de las parcelas de Majadahonda la tomó la presidenta Aguirre, con el conocimiento del ex secretario general del PP-Madrid Ricardo Romero de Tejada. Pero en la grabación ninguno da detalles sobre los motivos que alegaba Aguirre para paralizar la operación. Si bien Foxá llega a decir en un momento determinado de la reunión que no es más explícito con objeto de "no enrarecer más la reunión".

Ortega advirtió en esa reunión que no estaba dispuesto a vivir bajo el "chantaje" que se le estaba haciendo, y acusó al arquitecto municipal de cambiar su informe para impedir que una parcela de 30.000 metros cuadrados destinada a la construcción de más de 260 viviendas fuera adjudicada a la empresa que ganó el concurso. Según deja entrever Ortega en la grabación citada, el arquitecto quería supuestamente favorecer a otra empresa (AFAR 4, que es propiedad de un amigo del ex secretario general del PP madrileño Ricardo Romero de Tejada). "No lo voy a aceptar, no voy a aceptar que el arquitecto municipal cambie su informe para que la parcela se la lleve AFAR 4. Que encima nos use de marioneta y quedemos como auténticos gilipollas".

En esa reunión Ortega llegó a hablar de "mamoneos" de los servicios técnicos y de informes del arquitecto que, según sus palabras, "no son para el juzgado, sino para fusilarle". El ex alcalde reveló además el mensaje que le envió Romero de Tejada a través de un constructor amigo: "Date dos meses de baja, retira lo de las parcelas y te salvarás; seguirás de alcalde".

Ocho días después de esa reunión, Ortega presentó su dimisión de la alcaldía alegando motivos de salud, y Narciso Foxá fue elegido nuevo alcalde. "El alcalde llevaba mucho tiempo mal y decidió irse. Eso es todo", declaró anoche Esperanza Aguirre, quien añadió que el ex alcalde tiene una dolencia cardíaca. Ni Foxá ni Ortega quisieron responder para dar explicaciones sobre estos hechos.

El actual secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados, manifestó anoche: "No doy valor a conversaciones entre terceros. Que alguien me diga qué delito urbanístico se ha cometido en Majadahonda. ¿Quién puede creerse que la presidenta está al tanto de a quién se adjudican las parcelas en un municipio? Desautorizo esa información. Voy a abrir una investigación para saber quién se dedica a grabar y a filmar ese tipo de reuniones y por qué se invoca el nombre de la presidenta sin autorización".

"El anterior alcalde se ha ido del cargo por un problema de salud. Hace meses que estaba comunicando al partido su decisión y que por problemas de salud no aguantaba la tensión del cargo. Las parcelas no son la causa de su marcha. Guillermo no se ha ido por eso".

Granados prosiguió: "Por la información que tengo, el Ayuntamiento va a sacar a concurso unas parcelas, no hay ninguna adjudicación y, por tanto, que alguien me diga qué delito urbanístico se ha podido cometer". Ortega, en efecto, paralizó la permuta de derechos de la controvertida parcela, una operación que fue diseñada por Pammasa cuando esta empresa estaba presidida por Foxá. Ortega la sacó a concurso hace unos meses por 56 millones de euros, pero el concurso nunca fue fallado y la operación quedó paralizada.

El caso Majadahonda llegó también a la Asamblea de Madrid, al formular el portavoz socialista, Rafael Simancas, una pregunta a Aguirre sobre la situación urbanística en el oeste de la región. "Se está convirtiendo en el Far West porque los especuladores sin escrúpulos campan a sus anchas y saquean el suelo público con la complicidad de los ayuntamientos del PP". Simancas preguntó: "¿Está usted, señora Aguirre, al frente de todas estas estrategias especulativas?".

Aguirre consideró que la situación urbanística que presenta el oeste de la región corresponde a "debates que son municipales", por lo que pidió a Simancas que no lleve "estos asuntos a la Cámara ni propague infundios, difamaciones y calumnias". La presidenta regional continuó: "Si usted tiene conocimiento de alguna irregularidad, de algún indicio o de alguna situación que le preocupe, su obligación es vigilarnos, controlarnos, denunciarnos y llegar hasta el final. Nosotros le vamos a apoyar. Si su señoría tiene razón, vamos a dársela, y vamos a hacer que pague quien haya resultado culpable políticamente, y penalmente, también".

Narciso de Foxá anunció a Efe que la comisión de investigación sobre la empresa de la vivienda Pammasa se constituirá en el próximo pleno municipal.

(www.elpais.com, 18/02/05)

EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE AGUIRRE TILDA A SIMANCAS DE "BENEFICIARIO DEL URBANISMO DEPREDADOR"

Ignacio González, vicepresidente primero del Gobierno de Esperanza Aguirre, arremetió contra el portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas. González aseguró que "si hay alguien beneficiario del urbanismo depredador es Simancas, que tiene un chalé en Arroyomolinos, municipio gobernado por el PP, y otro cerrado en Boadilla del Monte".

González realizó estas declaraciones tras la reunión tripartita en la Asamblea de Madrid que trata de encontrar consenso sobre las reformas institucionales que han de acometerse en la Comunidad. En esa reunión, los representantes del PSOE (el vicesecretario general del PSM, Antonio Romero; la portavoz adjunta del PSM en la Asamblea, Ruth Porta y el portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Óscar Iglesias) propusieron la creación de una comisión de los tres partidos para alcanzar un pacto sobre el urbanismo en la Comunidad de Madrid.

Según el vicepresidente González, "al no ser este uno de los objetos de la comisión tripartita", Simancas simplemente le estaba "haciendo el juego sucio al Gobierno de la nación". González acusó al líder socialista de "seguir instrucciones de Zapatero, en lugar de acabar con los agravios del Gobierno central hacia Madrid como el decremento de un 25% en las inversiones para Madrid, el asunto de la empresa Mintra o no invitar sistemáticamente a la presidenta" Aguirre a los actos organizados en la Comunidad por el Gobierno central.

González también dijo que "las denuncias urbanísticas" de Simancas "se le van a volver en contra otra vez", en relación a la denuncia realizada por los socialistas ante el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por la supuesta trama del caso Majadahonda donde se habrían podido cometer supuestos delitos de tráfico de influencias y de prevaricación que salpicarían, entre otras personas, al actual regidor del municipio, Narciso de Foxá, del PP. Tras la denuncia de los socialistas, los populares respondieron con una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el fiscal por prevaricación al interpretar que "trabaja por motivos partidistas y al servicio de Zapatero".

(www.elpais.com, 16/03/05)

DOS EDILES DÍSCOLOS DEL PP IMPLICAN A AGUIRRE EN EL 'CASO MAJADAHONDA'

José Luis Peñas y Juan José Moreno, dos concejales del PP de Majadahonda enfrentados con el actual equipo de gobierno, también del PP, han enviado un escrito al Ayuntamiento en el que aseguran que la cúpula del PP, con Esperanza Aguirre a la cabeza, estuvo informada puntualmente de la crisis del municipio. Aseguran que la presidenta les ordenó destruir un informe donde daban cuenta de las actividades de la empresa municipal del suelo Pammasa. También arremeten contra el actual alcalde, Narciso de Foxá, al que acusan de ser el cerebro de la venta de derechos de edificación desde la empresa municipal del suelo, que ha provocado un agujero económico de millones de euros en el Ayuntamiento.

El alcalde, Narciso de Foxá, dijo que "no ha visto más falsedades juntas en su vida, y anuncia una posible querella contra los dos ediles". "El documento mantiene punto por punto las tesis del PSOE, y no aporta nada nuevo", continúa Foxá. Los dos ediles continúan en el PP, que, de momento, no les ha abierto expediente disciplinario.

Peñas y Moreno dicen que han enviado ese escrito al Ayuntamiento porque se les ha negado el derecho a declarar ante la comisión de investigación que creó el Ayuntamiento. Ésta intenta aclarar la actuación de Pammasa en la venta de derechos de edificación de vivienda libre a promotores privados, así como el polémico concurso de venta de dos parcelas municipales.De Foxá responde que a los dos concejales díscolos de su propio partido (el PP) no se les ha impedido declarar en la comisión municipal de investigación del caso Majadahonda. "Se les ha llamado en dos ocasiones, pero no se han presentado", dice el alcalde.

Peñas y Moreno se negaron a comparecer personalmente ante la comisión de investigación municipal. Pidieron que se les enviaran las preguntas por escrito. Ante eso, la comisión, formada por todos los grupos municipales (PP, PSOE, CDS e IU) les llamó por segunda vez. Tampoco acudieron. Ante este grupo municipal han comparecido ya el anterior alcalde (Guillermo Ortega), el actual, todos los concejales del equipo de gobierno, el portavoz del PSOE y diferentes técnicos.

Los ediles afirman en el documento que la presidenta del Gobierno regional y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre; el vicepresidente primero, Ignacio González, y Francisco Granados, secretario regional del PP, "tuvieron conocimiento de la crisis puntualmente, tanto por medio del anterior alcalde como del señor Foxá, y en concreto, de lo realizado en Pammasa con los derechos gracias a un dossier que tuvieron en su mesa el 24 de enero".

En la misma fecha, los concejales del PP tuvieron una tensa reunión que fue grabada subrepticiamente por uno de los asistentes. En ella salía a relucir el nombre de Aguirre. En la cinta, De Foxá mantenía que iba a ser paralizada la venta de las dos parcelas municipales porque lo decía Aguirre. También se oía al anterior regidor quejarse de que sufría chantaje y acusaba de "mamoneo" a los servicios técnicos municipales.

Se refería a la modificación que hizo el arquitecto municipal del informe técnico que emitió para la adjudicación de las parcelas. El cambio supuso que variara la empresa que había recibido la mejor calificación global. Al ex alcalde Ortega, del PP, se le oía decir en la cinta grabada: "No voy a aceptar que el arquitecto municipal cambie su informe para que la parcela se la lleve Afar 4".

Los dos ediles díscolos revelan en el documento entregado ahora en el Ayuntamiento que el anterior alcalde les confesó que en una reunión mantenida en enero pasado con Aguirre y González en el aeropuerto de Barajas, minutos antes de que la presidenta partiera hacia China, la presidenta le dijo que "si le demostraba con un dossier la golfada de los derechos de Pammasa, ella misma echaría de inmediato a De Foxá".

Dos horas antes, según mantienen los ediles, Ortega había recibido la visita de un constructor que le había hecho llegar el siguiente mensaje de parte del ex secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada: "Date dos meses de baja, retira lo de las parcelas y te salvarás; seguirás de alcalde".

Los concejales creen que "algo debió pasar en China", porque al volver la presidenta a Madrid les dijo que destruyeran el documento y a Ortega que fuera eligiendo un nuevo destino. El pasado 3 de febrero Ortega presentó su dimisión y De Foxá le sustituyó en el cargo. Poco después, el Gobierno regional nombró a Ortega presidente del Mercado Puerta de Toledo.

El informe, del que supuestamente les hizo deshacerse Aguirre, contenía la mecánica de actuación de Pammasa. Además, aseguran los ediles, en él se demostraba cómo el dueño de la constructora Afar-4 había ganado muchos miles de millones de pesetas gracias a Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda y ex secretario general del PP de Madrid; De Foxá y el arquitecto municipal. "Aproximadamente, justo los miles de millones que faltaban de las arcas municipales", afirman los concejales Peñas y Moreno.

El Ayuntamiento cedía a Pammasa parcelas municipales de uso libre para que edificara en ellas viviendas de protección oficial. Pammasa a su vez vendía a las promotoras privadas, propietarias de suelo donde tenían que levantar vivienda protegida, los derechos de construcción de esas viviendas libres a cambio de una compensación económica: 30.000 euros por cada piso protegido no construido. El Ayuntamiento asumía la obligación de construir las casas protegidas que no hacían los privados, y éstos ya podían levantar todos los inmuebles como libres. El PSOE denunció en 2003 esta práctica ante los tribunales.

Los socialistas también pusieron en conocimiento del fiscal general del Estado que se habían producido presiones para que el concurso de venta de dos parcelas municipales -la RN-1 y la 2-D- se adjudicaran a una empresa determinada: Afar-4. El fiscal decidió enviar la documentación a la Fiscalía Anticorrupción, que actualmente investiga lo sucedido.

De Foxá siempre ha mantenido que la crisis se produjo en el Ayuntamiento debido al procedimiento de venta de esas dos parcelas. "Salieron a un precio fijo muy bajo, lo que suponía una gran pérdida económica para el Ayuntamiento", explica el regidor. Por ese motivo, los concejales se enfrentaron con el anterior alcalde, que defendía que se vendieran de esa forma. Es entonces cuando el anterior edil dice que recibió presiones y que incluso los técnicos cambiaron informes.

Los dos ediles mantienen que cuando ocurre el cambio de valoración del arquitecto municipal para favorecer a Afar-4, todos los presentes se indignaron. En su escrito, Peñas y Moreno sostienen: "Se han dejado de ingresar al menos miles de millones de pesetas en las arcas municipales, suficientes para hacer no 900 viviendas sociales, sino tres o cuatro veces dicho número y, por otro lado, un lucro anormal a los promotores (en especial, al de siempre) de aproximadamente 80.000 millones de pesetas".

(www.elpais.com, 24/04/05)

EL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE ACUSA A GALLARDÓN DE "DEJARSE UTILIZAR POR EL GOBIERNO DE ZAPATERO"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el popular Ignacio González, ha arremetido, en declaraciones al diario ABC, contra el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, de su mismo partido, pidiéndole "que no se deje utilizar tanto por el Gobierno de la Nación, que sólo intenta dividir al PP y aislar la Comunidad".

En lo que supone un nuevo roce entre el Gobierno regional y el consistorio madrileño, González ha asegurado que "el problema de fondo es qué pinta el alcalde de Madrid para hablar de las infraestructuras de la región o el cierre de la M-50", en referencia a la entrevista que hace poco mantuvieron la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y Ruiz-Gallardón para hablar de la infraestructuras de Madrid y a la que no asistió Aguirre.

No obstante, el vicepresidente primero de la Comunidad ha destacado que entre Aguirre y Ruiz-Gallardón no existe una mala relación, sino "sólo situaciones de conflicto generadas por la defensa de los intereses de cada institución, pero no son enfrentamientos personales".

El periódico ABC asegura que el malestar del Ejecutivo de Aguirre se debe a la actitud de Ruiz Gallardón al reunirse con varios miembros del Gobierno socialista, en una imagen de cooperación y diálogo que contrasta con la oposición rotunda que esta llevando a cabo el equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre. Un motivo más para la discordia es la cena que compartieron representantes de los sindicatos, el presidente de la Cámara de Comercio - Fernando Fernández Tapias- y el alcalde en la víspera de la gran manifestación de pacientes y personal médico que pidieron la dimisión del consejero Lamela el 21 de abril. Según ABC, fuentes del Gobierno regional sostienen que en aquel encuentro los sindicatos escucharon "más de una recomendación" para que la manifestación tuviera éxito.

Las declaraciones se producen en el mismo día en el que los trabajadores se manifiestan por el Primero de Mayo con la crisis del hospital Severo Ochoa como uno de sus ejes principales y un día antes de que en la Casa de Correos, sede del gobierno regional, se celebre el acto central del día de la Comunidad, actos a los que asistirán la presidenta, el alcalde y la vicepresidenta primera del Ejecutivo.

Desde la oposición. el líder del PSOE en Madrid, Rafael Simancas, y la portavoz municipal socialista, Trinidad Jiménez, han lamentado que el "enfrentamiento" entre la presidenta y el alcalde repercute en los "intereses de los madrileños". En este sentido, Simancas ha considerado que ambos políticos están pasando "de la categoría de la anécdota a la confrontación institucional", y ha pedido al PP "un ejercicio de mesura y de sentido común para que dejen sus enfrentamientos".

(www.elpais.com, 01/05/05)

TIRANTEZ ENTRE EL ALCALDE Y AGUIRRE EN LA FIESTA REGIONAL

El Día de la Comunidad de Madrid congregó a unas 1.500 personas en la Real Casa de Correos. Pero los focos se centraron en tres rostros y en el escaso minuto en el que los tres coincidieron durante la recepción posterior a los actos oficiales. Fue el momento más triste y más tenso del besamanos. El alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y su esposa, Mar Utrera, franquearon pasada la una de la tarde la puerta principal de la sede del Gobierno regional, donde la anfitriona, Esperanza Aguirre, estrechaba manos y dedicaba sonrisas a cada uno de los invitados.

Al llegar el alcalde, los fotógrafos contuvieron la respiración. 24 horas antes, Ignacio González, vicepresidente primero del Gabinete de Aguirre, había dicho que Gallardón se deja utilizar por el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, y había sugerido, además, que el alcalde se ha puesto en contra del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, en la crisis del hospital de Leganés.

Primero pasó Utrera, seria, veloz; después, Gallardón, cortés pero más serio aún. Presidenta y regidor se besaron en las mejillas, pero no intercambiaron ni media palabra. Sólo la insistencia de los fotógrafos logró que los máximos dirigentes de la región y la capital posaran juntos; después, Gallardón y su esposa aceleraron el paso.

Ya dentro, el alcalde y durante ocho años presidente de la Comunidad aguantó menos de 15 minutos con la sonrisa en el rostro y acabó marchándose por una puerta lateral, acompañado por su número dos, el vicealcalde, Manuel Cobo. Antes de eso habló con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y también con la vicepresidenta del Gobierno central, María Teresa Fernández de la Vega, a la que (según pudo escuchar uno de los asistentes) comentó Gallardón: "Encima de que vengo después de todo, me piden que sonría...".

Estrechos colaboradores del alcalde negaron más tarde cualquier tensión con la presidenta, y subrayaron que, aunque el regidor y el vicealcalde permanecieron poco tiempo en la fiesta, llevaban dos horas y media allí, con Aguirre, asistiendo a los actos previos de la entrega de las medallas de la Comunidad, el desfile militar y el homenaje a las víctimas del 11-M. También fuentes cercanas a la presidenta quitaron hierro a los gestos fríos de la mañana y aseguraron que, por su parte, no existe conflicto con su correligionario.

Pero, el número dos de Aguirre, Ignacio González, sí había arremetido la víspera contra Gallardón. En declaraciones al diario Abc, el vicepresidente había dicho que el alcalde "no debería dejarse utilizar tanto, y de una manera tan ostensiva, por parte del Gobierno de la nación, que sólo intenta dividir al PP y aislar a la Comunidad". También se había referido a la cena que compartieron Gallardón y los dirigentes de CCOO y UGT de Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez, respectivamente, el día antes de la manifestación contra el consejero de Sanidad: en aquella cena, según González, los sindicatos escucharon "más de una recomendación" para que la marcha fuera un éxito.

Aguirre o desautorizó a su vicepresidente. Se limitó a afirmar: "No me pasa nada con Gallardón. Somos amigos", y acto seguido aseguró que fue el socialista Rafael Simancas quien quiso "malmeter" contándole a ella que el alcalde había cenado con los líderes sindicales. Simancas lo explicó de otra forma: "A mí me dijo Esperanza un día: '¡hay que ver!, cenaste con los sindicatos para malmeter contra nosotros'. Y yo le contesté: 'No, no fui yo quien fue a esa cena. Entérate bien de quién fue".

Gallardón no quiso responder a esos comentarios. Pero su rostro habló por él. Del núcleo duro de su gobierno sólo acudieron al festejo Manuel Cobo y el concejal José Manuel Berzal. Juan Bravo, edil de Hacienda, asistió a la entrega de medallas y luego se marchó. El resto de los ediles de gobierno, incluida Ana Botella, no se presentó. Sí se dejaron ver otros concejales del PP, entre ellos algunos especialmente cercanos a Aguirre, como Eva Durán y Ángel Garrido (quien el pasado enero envió una carta invitando a los militantes del PP a expresarse contra el Gobierno socialista en una manifestación por las víctimas del terrorismo).

Los partidos de oposición criticaron a Aguirre por sus afirmaciones de que Rodríguez Zapatero discrimina a Madrid. "Es irresponsable por su parte. Está alentando un sentimiento nacionalista de Madrid frente a Barcelona, y eso perjudica la convivencia", protestó la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, quien señaló que "el entorno de Ruiz-Gallardón" le había dicho que el alcalde no iba a entrar en esa estrategia de Aguirre. Simancas insistió en que "no es creíble el discurso victimista de Aguirre en una región próspera como Madrid".

Inés Sabanés, portavoz municipal de IU, culpó a Aguirre de promover "la crispación" en el debate territorial, y Fernando Marín, su homólogo en la Asamblea, agregó: "Mientras el único pensamiento de Aguirre sea atacar al Gobierno central, los madrileños estaremos abandonados a nuestra suerte".

(www.elpais.com, 03/05/05)

EL ALCALDE DE MAJADAHONDA NIEGA QUE INTENTARA SOBORNAR A DOS EDILES

El regidor de Majadahonda, Narciso de Foxá, anunció que el Ayuntamiento interpondrá una querella por injurias y calumnias contra estas dos personas. Ésta se sumará a otra que presentó el alcalde por parecidos motivos en abril pasado. "Yo también puedo decir mañana que usted o cualquier otro me ha ofrecido una cantidad de dinero sin aportar ninguna prueba. Eso es lo que hacen ellos. Mienten de principio a fin", afirmó De Foxá, quien descalificó las declaraciones de los concejales y recordó que se está hablando de dos tránsfugas, suspendidos cautelarmente de militancia, "que es el paso previo antes de su expulsión del PP".

De Foxá explica que él firmó el decreto para que la parcela RN1 -el terreno objeto de las supuestas irregularidades- volviera al Ayuntamiento y se vendiera desde allí. El regidor no entiende para qué iba a sobornar a dos personas por algo que él mismo quería: que el terreno fuese vendido por el pleno y no por Pammasa, empresa pública que gestiona el suelo público de Majadahonda.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción señalaron que habían tomado nota de las declaraciones de estos dos ediles y que el fiscal encargado del caso ya estaba trabajando sobre el tema. Las citadas fuentes dijeron que aunque no se descartaba llamar a declarar a los dos ex concejales de Majadahonda, por el momento tampoco podía asegurarse que se fuera a pedir su declaración.

En ese sentido, las fuentes consultadas recordaron que una parte del caso Majadahonda, la referida a Pammasa, la lleva la Fiscalía de Medio Ambiente, que depende de la Fiscalía de Madrid, en tanto que Anticorrupción se encarga de la denuncia presentada por dos concejales socialistas sobre el supuesto conocimiento de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de la presunta trama urbanística que beneficiaba a determinadas empresas.

Los ediles del PP de Majadahonda Peñas y Moreno también han declarado que les llamó el ex alcalde y ex secretario general del PP, Ricardo Romero de Tejada, para que aceptaran la oferta del millón de euros de De Foxá. "Oímos cómo [Aguirre] le decía a Guillermo Ortega [ex alcalde]: deja las parcelas, ya irán como tienen que ir". Y añadieron: "Un empresario me dijo que a Pammasa se llevaban maletines llenos de dinero"; "Granados [actual secretario general del PP de Madrid] nos dijo que el problema de Guillermo [Ortega] es que le había cortado la mano a Romero de Tejada".

Peñas y Moreno recibieron un comunicado del PP informándoles sobre la suspensión cautelar de militancia. "Si nos expulsan, seguiremos de concejales hasta que acabe el mandato como no adscritos", declararon. Los dos ediles majariegos están enfrentados al resto de los 13 concejales de su partido debido al concurso de enajenación de dos parcelas municipales, y a la venta de derechos de edificación que se realizaba desde Pammasa.

Peñas, Moreno y Guillermo Ortega apoyaban un pliego de condiciones para la venta mediante concursos públicos de los terrenos, mientras que el resto de ediles mantenía que con esos requisitos el Ayuntamiento perdería dinero. Finalmente, el anterior alcalde, Guillermo Ortega, dimitió y se suspendió la polémica venta de los terrenos.

Los dos concejales sostienen, además, que Esperanza Aguirre; Ignacio González, vicepresidente primero, y Francisco Granados, secretario regional del PP, tuvieron conocimiento de las actividades de Pammasa mediante un informe que ellos mismos les entregaron el 24 de enero. Informe, que según ellos, la presidenta regional les ordenó destruir. Éste contenía la mecánica de actuación de Pammasa y demostraba que el Ayuntamiento perdía dinero si las ventas se hacían a través de esta empresa.

Por su parte, Francisco Granados, respondió que Aguirre "no tiene que dar explicaciones de algo que no ha ocurrido", en alusión a la denuncia sobre su supuesto conocimiento de actividades urbanísticas ilícitas.

(www.elpais.com, 03/05/05)

LA 'GUERRA' ENTRE LA COMUNIDAD Y EL AYUNTAMIENTO LLEGA A LAS ALCANTARILLAS

Nuevo enfrentamiento entre la Comunidad y el Ayuntamiento. El Canal de Isabel II denunciará a la Concejalía de Medio Ambiente por "apropiación indebida" de, al menos, 120 tapas de alcantarilla y suministro. La concejal de Medio Ambiente, Paz González, había dado la orden de que se retirasen todos los registros -hasta un total de 800- que el Canal había pintado de azul como reclamo de una campaña de ahorro. La Guardia Civil acudió a un almacén -donde estaban las planchas retiradas- para tomar declaración a los responsables de la contrata que las quitó.

Los enfrentamientos entre la Comunidad y el Ayuntamiento no tienen fin. El último se libra ahora en las alcantarillas de la ciudad y las dos instituciones, gobernadas por el PP, se disputan 800 tapas del servicio. Tal es el encono con el que los dos organismos se enfrentan que el Canal anunció que denunciará a la Concejalía de Medio Ambiente por "apropiación indebida" de las planchas. La concejalía, por su parte, ha abierto un expediente sancionador al Canal por vulnerar una ordenanza.

La bronca empezó cuando el Canal, dentro de un programa de ahorro de agua en la región, inició la campaña llamada Súmate al reto del agua. Esta iniciativa incluía un curioso reclamo: pintar de azul 3.000 tapas de alcantarilla. Sobre ellas, se imprimiría el lema de la campaña. En marzo pasado, el vicepresidente primero del Gobierno regional y presidente del Canal, Ignacio González, presentó el programa a los medios de comunicación. En la capital, se pintarían 800 registros por todos los barrios.

Pero, según el Ayuntamiento, el Canal no pidió ninguna licencia municipal y, además, vulneró la normativa local. Fuentes municipales explicaron: "La publicidad en las calles está reglada por la Ordenanza del Paisaje Urbano. Las tapas son parte del mobiliario urbano y no se pueden pintar del color que cada uno quiera para publicidad".

Un portavoz del Canal lo negó tajantemente. "Las tapas no son parte del mobiliario urbano. Son tapas de servicios públicos y no mobiliario de la ciudad como las marquesinas o los bancos. Además, el Canal no ha iniciado una campaña publicitaria, como afirma el Ayuntamiento. Es una campaña de concienciación para que los madrileños ahorren agua. Es absurdo decir que es publicidad, porque seríamos la primera empresa del mundo que hace una campaña para que no compren sus productos". El Canal dice que "la campaña informativa está siendo, por el momento, imaginativa, inocente y eficaz". "Lo demuestra el hecho de que hasta abril hemos conseguido que el consumo se reduzca un 20%".

Pero el Ayuntamiento está en desacuerdo. "Pueden decir lo que quieran pero cualquiera puede ver que se trata de una campaña publicitaria. Si permitiésemos que el Canal pintase sus tapas de registro del color que quisiera y en ellas se pusiese publicidad, mañana otras empresas podrían reclamar lo mismo. No nos vale que se diga que se busca un bien común. También podría hacerlo una compañía de electricidad y pedir a los madrileños que consuman energías renovables o que sean conscientes de que los derivados del petróleo tienen un límite. El color de las tapas está descrito en el Plan General de Madrid". Por ello, el Ayuntamiento admitió que había ordenado la "retirada de todas las tapas azules y que se había abierto un expediente sancionador" contra este organismo público de la Comunidad "por infracción de la ordenanza municipal".

El Canal replicó que aceptaba que se abriera un expediente sancionador contra la empresa, "porque está dentro de las competencias municipales, por supuesto". "Pero lo que no admitimos es que se hayan retirado las tapas porque son una propiedad privada". Cada alcantarilla, según reconoce el Canal, cuesta 54 euros. "Además, el Ayuntamiento está sustituyendo las tapas de alcantarillado y suministro por otras que no sabemos de dónde las han sacado. Eso es muy grave, porque en caso de avería no sabríamos dónde están las llaves de paso".

, la Guardia Civil, tras una denuncia del Canal, se personó en una nave industrial de Coslada. Allí una empresa privada contratada por el Ayuntamiento ha ido almacenando las 120 primeras tapas retiradas. El Canal había presentado denuncia contra su propietario por "apropiación indebida" y esperaba de conocer la declaración del denunciado para saber quién se lo había ordenado.

Fuentes municipales reconoció que la orden procedía de la Concejalía de Medio Ambiente. El Canal fue entonces tajante. "La querella se presentará contra la concejalía. Lo más sorprendente es que la concejal de Medio Ambiente, Paz González, es consejera del Canal, aprobó la campaña y ahora retira las tapas". "González no aprobó la campaña, sino su contratación", matizan fuentes municipales.

(www.elpais.com, 28/04/06)

AGUIRRE SE DESHACE DE SAN ROMÁN EN LAS VENTAS

Fidel San Román, uno de los constructores detenidos por su presunta implicación en la trama de corrupción de Marbella, dejará en breve de controlar la plaza de Las Ventas de Madrid. San Román, actualmente en prisión, gestionaba el coso, a través de la empresa Taurovent, desde diciembre de 2004 tras ganar un concurso convocado por la Comunidad de Madrid, del PP. San Román y su socio Ramón Calderón, presidente desde del Real Madrid, controlaban el 51% de las acciones. El otro 49% estaba en manos de empresario taurino José Antonio Martínez Uranga.

La complicada situación judicial de San Román llevó al presidente del Consejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad y vicepresidente primero del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González, a reunirse de urgencia con Martínez Uranga en un restaurante de la calle de Ferraz. Este último, y tras las presiones del Gobierno regional, accedió a comprar las acciones de San Román, con lo que Martínez Uranga se convierte así en el máximo accionista de Taurovent. Ramón Calderón, que posee el 4% de las acciones de la empresa, todavía no ha tomado una decisión sobre qué hará.

La posible ampliación un año más de la explotación de la plaza de Las Ventas (propiedad de la Comunidad de Madrid) tiene que ser tomada antes del 15 de julio. La Comunidad, tras la detención de San Román, se hallaba con el problema de renovar el contrato a un empresario presuntamente implicado en la trama de Marbella. Por eso, el cambio de accionariado de Taurovent le da al Gobierno de Aguirre una bombona de oxígeno, pues rompe sus conexiones con la trama marbellí, le permite ampliar la concesión de la plaza a un año de las elecciones o, incluso, podría romper el contrato alegando que la concesionaria ha cambiado sus accionistas.

La última concesión de la plaza a Taurovent fue gestionada directamente por Ignacio González, mano derecha de Aguirre. Madrid Capital del Toreo, SL, la empresa que estaba considerada la gran favorita, se quedó fuera por un solo punto. Presentó un recurso, pero fue desestimado. Sus accionistas son Simón Domb Casas y Juan Miguel Villar-Mir, que era también uno de los candidatos a presidir el Real Madrid Club de Fútbol.

La plaza de toros madrileña, por primera vez en años, no tuvo en 2005 beneficios. Entre las razones está el canon fijo de casi seis millones de euros impuesto por el Gobierno regional a los concesionarios. Hasta el último concurso que ganó Taurovent, la Comunidad se quedaba con una parte de los beneficios, que variaban según la temporada taurina. Pero González quería un canon fijo.

(www.elpais.com, 04/07/06)

EL GOBIERNO RESTA IMPORTANCIA A LAS ACUSACIONES CONTRA EL DIRECTOR DE URBANISMO

El Gobierno de Esperanza Aguirre no da ninguna credibilidad a las acusaciones contra el director general de Urbanismo, Enrique Porto, según manifestó el vicepresidente regional, Ignacio González tras el Consejo de Gobierno. "No son más que insinuaciones que no se corresponden con la realidad", afirmó.

Porto, que ocupa el cargo desde diciembre de 2003, autorizó planes generales de ordenación urbana de varios municipios, que habían sido elaborados por Plarquin, una empresa que pertenecía a sus antiguos socios inmobiliarios y que en varias ocasiones contó con un equipo que incluía a un hermano y a una hija de Porto.

El director de Urbanismo no se inhibió al tramitar dichos proyectos, según reconoció a este periódico. "Yo a partir de ahora me voy a inhibir", declaró. A lo que agregó después: "En pureza no hay incompatibilidad con esto. Lo he consultado con mis abogados".

El vicepresidente regional -que preguntado en tres ocasiones no respondió si el Gobierno regional avala la gestión de Porto al frente de Urbanismo- consideró que las acusaciones corresponden a "una estrategia puesta en marcha por el Partido Socialista en Madrid de echar un velo de sospecha sobre las actuaciones de los ayuntamientos de esta región".

"La mayoría de los planes hechos por esta empresa son planeamientos hechos para los ayuntamientos del Partido Socialista, como Aranjuez, Ciempozuelos, Cobeña... ¿Por qué en este caso no hay ningún problema y sí en el caso de Moralzarzal?", se preguntó.

(www.elpais.com, 15/09/06)

UN ARQUITECTO ULTRALIBERAL

"¿Para ser director general tienes que vender todo y ser un anacoreta?", se preguntaba el miércoles en un periódico el ya ex director general de Urbanismo, Enrique Porto Rey, un día después de cesar en el cargo que ejercía desde el 30 de diciembre de 2003, nombrado por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía.

Desde luego, este arquitecto y urbanista de 66 años no ha practicado tal extremo mientras ha sido alto cargo, sino que ha mantenido sus inversiones y propiedades inmobiliarias durante el ejercicio del cargo. "Cuando uno trabaja en un ámbito profesional es lógico que invierta en el mismo campo, porque es lo que conoce", justifican en la Consejería de Medio Ambiente.

Nacido en Villagarcía de Arousa (Pontevedra), Porto fue funcionario del Ministerio de Vivienda y profesor de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, entre 1968 y 2000. Algunas biografías difundidas esta semana afirmaban que era catedrático de Urbanismo, pero no pasó de profesor adjunto, según el decano del Colegio de Arquitectos, Ricardo Aroca. "Estaba muy ligado al catedrático José López Zanón [prestigioso profesor de la Politécnica], pero era más un allegado que un arquitecto con personalidad propia", explica. En la actualidad está en situación de jubilación voluntaria en la Universidad.

Como Aroca, otras fuentes del sector confirman que Porto desarrolló sobre todo su carrera en el ámbito privado. "No es conocido por sus aportaciones teóricas al Urbanismo y a la Arquitectura", sentencia Aroca, que lo define como "ultraliberal".

En el plano personal, quienes le conocen lo describen como una persona de gran sentido del humor, afable, "más listo que inteligente", muy agradable de trato, pero soberbio en sus conocimientos. Hasta su llegada al Gobierno regional, el ex director general tuvo una prolífica actividad en el ámbito privado, a través de Plarquín, una consultora especializada en urbanismo, de la que fue administrador entre 2000 y 2002. La fundó con José Mª Fernández del Río, arquitecto y ex consejero en Caja Madrid del PP.

Porto se vanagloria de ser un experto en Derecho urbanístico y tiene mucha afición a utilizar argumentos jurídicos. Desde el Gobierno regional se justificó en su día su elección como director general precisamente por ser "uno de los mayores expertos" en planeamiento y Derecho urbanístico de España.

Es el mismo perfil que describió el pasado jueves el vicepresidente regional, Ignacio González, cuando reiteradamente se le preguntó si respaldaba la gestión de su ex director general. González eludió responder hasta en cinco ocasiones, pero comentó: "Yo no conocía las actividades privadas de este señor. Sé que es un urbanista de prestigio. Tenía un perfil incuestionable desde el punto de vista profesional".

Pero otras fuentes replican que había poco fondo en su dominio de la materia. Y explican que lo que hizo Porto fue acaparar conferencias y cursos especializados en Urbanismo, lo que le ayudó a adquirir influencia y conseguir contratos para su empresa. Entre sus méritos se encuentra el haber dirigido los equipos redactores de los planes generales de A Coruña (1998), Albacete (1999), Burgos (1999), Cáceres (2003), Palencia (1991) y el plan del que luego se beneficiaría, en Villanueva de la Cañada (1997).

Cuando es llamado para la dirección general de Urbanismo, Porto se encontraba inmerso en la redacción de planeamientos de varios municipios madrileños, además de la capital: Cobeña, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Camarma de Esteruelas, Alcorcón, Leganés, Algete, Villanueva de la Cañada, San Martín de la Vega, Parla y Moralzarzal.

Tras aceptar el cargo, Porto reclama a los ayuntamientos que revoquen sus contratos o los subroguen en Plarquin. Al mismo tiempo, formaliza su desvinculación. Vende 50 acciones a Alejandro Arca Naveiro, arquitecto que trabajaba a sus órdenes, que se convierte en heredero de sus proyectos privados. El ex director de Urbanismo termina de desprenderse de Plarquín en enero de 2004: su esposa e hija ceden 200 acciones a José María Fernández del Río; y Porto y su esposa entregan otras 250 acciones a José Federico Bouzas. Por las 500 acciones que poseían, el director de Urbanismo y su familia reciben 3.000 euros. Su valor nominal. Porto regala a Plarquin sus contratos. Pero, como ha salido a la luz desde el pasado 22 de septiembre, la desvinculación no es completa.

Las primeras informaciones apuntan a que Porto atenta contra la legalidad y da una imagen insostenible para un alto cargo, al no tener clara la línea que separa sus negocios y su actividad pública. Hasta ahora el ex director general no ha explicado en público su marcha y sus actividades. Evita las cámaras y varios diputados de los tres partidos (PP, PSOE e IU) comentan que el Gobierno le ha cerrado la boca para impedir que las irregularidades de su gestión suban el escalafón.

(www.elpais.com, 08/10/06)

LA ADJUDICACIÓN DE LAS VENTAS SERÁ RECURRIDA EN LOS TRIBUNALES POR SIMÓN CASAS

El empresario taurino Simón Casas recurrirá ante la justicia la adjudicación de la explotación de la plaza de toros de Las Ventas a la empresa Taurodelta por parte de la Comunidad de Madrid, que renueva así la concesión de la que ha venido disfrutando los últimos dos años. La nueva concesión es por dos años, prorrogable a otros tres.

En declaraciones a la agencia France Press, el empresario francés que gestiona la legendaria arena de Nimes ha calificado de "escandaloso" el fallo del Gobierno regional, que considera como discriminatorio, por razón de su nacionalidad y tomado a pesar de que su oferta, que poseía un marcado carácter cultural, "era la mejor en litigio".

Por su parte, el portavoz socialista del Consejo de Asuntos Taurinos en la Asamblea de Madrid, José Luis García Sánchez, ha manifestado que su grupo indagará si José Antonio Martínez Uranga, principal accionista de Taurodelta, continúa vinculado al constructor y ganadero Fidel San Román, socio en la anterior andadura de la empresa e implicado, por un presunto delito de cohecho, en la Operación Malaya, por lo que se encuentra en prisión.

García Sánchez ha manifestado, asimismo, que solicitará la comparecencia del vicepresidente de la Comunidad y presidente del Consejo de Asuntos Taurinos, Ignacio González, para que dé explicaciones sobre la concesión, que tampoco ha sido bien recibida por la mayoría de las asociaciones que agrupan a los aficionados madrileños.

La experiencia acumulada en la gestión de plazas de toros -casi un siglo en el caso de la familia de Martínez Uranga- ha sido el factor decisivo en la decisión del Consejo Taurino, pese a que su oferta no era la mejor ni económicamente ni en la propuesta de festejos.

La opinión general entre la afición de Madrid es la de que, si todos los concursos futuros se resuelven sobre la base de la experiencia, ninguna otra empresa podrá optar fácilmente a la concesión de la plaza de Las Ventas.

(www.elpais.com, 19/11/06)

"YO NO LO HABRÍA PUBLICADO AHORA", DICE EL 'SEGUNDO' DE LA PRESIDENTA

El vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, habló de la biografía autorizada de Esperanza Aguirre. "Si me preguntan si yo lo hubiera publicado ahora, si pudiera tener alguna decisión en la editorial, a lo mejor no lo habría hecho", aseguró González para precisar después: "Es a la autora y a la editorial a quienes compete decidir cuándo se pone a la venta el libro".

La publicación de la biografía ha sido recibida en el PP madrileño con división de opiniones. La presidenta dio a leer el manuscrito a miembros de su gabinete y personas de su confianza, al tiempo que ella misma hacía una revisión del texto. Hubo quien le aconsejó que matizara algunas cosas y quien, tras leer el libro ya editado, asegura que si a ellos les hubieran pedido opinión en su día habrían aconsejado "no publicarlo".

González, mano derecha de Aguirre en su Gobierno, intentó restar importancia a las afirmaciones que se recogen en el texto referidas al enfrentamiento entre Esperanza Aguirre y el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. "Es una reproducción compendiada de algunas cuestiones ya conocidas que han motivado momentos de tensión y discrepancia en ocasiones entre el Ayuntamiento y la Comunidad", dijo.

"No hay pacto"

"En cualquier caso", añadió el vicepresidente regional, "el Gobierno no ha entrado ni entrará en ninguna polémica de libros escritos por periodistas o escritores, porque nosotros nos dedicamos a trabajar por los madrileños y me parece que cada uno puede tener su opinión sobre esta biografía".

Preguntado sobre si la publicación del libro ha podido romper algún supuesto pacto entre la presidenta y el alcalde para no empeorar sus relaciones hasta pasadas las elecciones de mayo, el vicepresidente afirmó: "No me consta que exista tal acuerdo".

Aguirre sólo se ha pronunciado sobre uno de los capítulos de su biografía: aquel en el que le cuenta a la periodista que a veces no llega a fin de mes porque el cargo de presidenta no tiene pagas extras (aunque sí un sueldo de 11.400 euros). "Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que me siento una privilegiada y que estoy encantada en la política", afirmó tras estallar la polémica. La periodista autora del libro, Virginia Drake, se ratificó en que Aguirre sí había dicho lo que dijo.

También el portavoz del PP en el Parlamento regional, Antonio Beteta, trató de rebajar el miércoles las opiniones de la presidenta sobre Ruiz-Gallardón. Según él, Aguirre "no dice nada" sobre el alcalde, sino que el libro recoge "opiniones de terceros, que éstos atribuyen a Esperanza Aguirre". En la biografía figuran esas opiniones en boca de Aguirre.

(www.elpais.com, 19/11/06)

LOS ALCALDES MÁS POLÉMICOS DEL PP EN ASUNTOS URBANÍSTICOS REPITEN CANDIDATURA

Los alcaldes más polémicos del PP en asuntos urbanísticos repiten candidatura en las próximas elecciones municipales. El regidor de Torrelodones, Carlos Galbeño, que pretende recalificar 128 hectáreas protegidas, o Narciso de Foxá, relacionado con el caso Majadahonda, aspiran a gobernar otros cuatro años. También pretende revalidar el cargo la alcaldesa de Quijorna, Mercedes García, que recalificó una alameda protegida. La presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, y el secretario general del PP, Ángel Acebes, calificaron de "honrados" a los alcaldes en el acto de su presentación.

El Comité Regional Electoral del PP, que preside el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, aprobó el miércoles pasado la candidatura a la alcaldía de 43 municipios, todos de la zona noroeste, donde el PP ganó por mayoría en las últimas elecciones. En el grupo hay 10 mujeres y 34 de los 43 candidatos elegidos, volverán a concurrir en municipios donde ya son alcaldes.

El partido no ha tenido reparo en volver a colocar como cabezas de lista a alcaldes salpicados durante la última legislatura por la polémica urbanística. Repiten los alcaldes de Torrelodones, Carlos Galbeño, y de Majadahonda, Narciso de Foxá; también la alcaldesa de Valdemorillo, María Pilar López Partida, que ha firmado convenios urbanísticos con los propietarios de la inmobiliaria Edisan, de la familia San Román, relacionada con la Operación Malaya. O José Luis González, alcalde de Galapagar (30.000 vecinos), que ha aprobado de manera inicial un proyecto para construir 9.000 viviendas, lo que supondría duplicar la población de este municipio.

Diecisiete de estos candidatos fueron presentados en la Casa de la Cultura de Majadahonda por la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, y por el secretario general del PP, Ángel Acebes. Ambos obviaron en sus discursos el hecho de que los candidatos de sus municipios más importantes (Galapagar, Majadahonda, Brunete, Villanueva de la Cañada, Torrelodones, Villanueva del Pardillo, Quijorna, Valdemorillo, San Lorenzo de El Escorial...) o han hecho tratos urbanísticos con el Grupo San Román; o pretenden recalificar zonas protegidas; o han dejado sus planes generales en manos de la empresa Plarquin, del ex director de Urbanismo Enrique Porto.

Es más, tanto Acebes como Aguirre no dudaron en calificar a los alcaldes como "honrados", en medio de un gran aplauso por parte de los centenares de militantes del PP que llenaban la Casa de la Cultura majariega. "¡Sois la cara de la gestión eficaz y honesta del PP!", llegó a decir Acebes. "Los candidatos que presentamos no vienen a crearles problemas; si no a escuchar a los ciudadanos del oeste. Son los mejores, los más honrados y los más capaces", remachó Aguirre. No hubo sitio para la autocrítica y ambos políticos aprovecharon el momento para arremeter contra la política antiterrorista del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La propuesta de que estos candidatos aspiren a ser alcaldes parte de los comités locales. Luego, esas propuestas reciben el visto bueno del Comité Regional Electoral, al que pertenecen el ex alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, y el ex edil de Urbanismo, Ignacio del Río.

(www.elpais.com, 01/12/06)

EL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE TACHA A LOS SOCIALISTAS DE COBARDES Y FELONES (13/01/07) 

La Asamblea de Madrid se convirtió  en el patio trasero del gran vecindario de la política nacional. El PP impuso su mayoría para aprobar su proposición, en la que se conminaba al Gobierno a que vuelva al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo". El vicepresidente regional, Ignacio González, acusó a los socialistas de "miserables y manipuladores" y de estar instalados en la "felonía y el engaño".

Los socialistas se abstuvieron y los diputados de IU votaron en contra de la Proposición no de Ley (PNL) del PP. Paradójicamente, los portavoces de los tres partidos coincidieron en su oposición a la banda terrorista, pero pusieron especial empeño en realzar las diferencias que les separan. Dos frases del portavoz popular, Antonio Beteta, resumían los derroteros por los que se desarrolló el debate. "¡Viva la unidad!", espetaba a los socialistas en tono sarcástico después de que éstos hubiesen conminado al PP a flexibilizar su postura, para luego rematar su alocución con un "voten nuestra PNL".

En el debate hubo de todo: insultos, acusaciones de usar el terrorismo como arma electoral, bostezos y hasta enfados. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, no quiso dejar pasar la ocasión, en un pleno extraordinario promovido por su grupo, para meter el dedo en el ojo al jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Reconoció la "buena voluntad" de los organizadores de la manifestación en Madrid y justificó su ausencia y la de su partido por la "confusión notabilísima que existe". Como si fuese el rival directo de Zapatero, se erigió en portavoz de su partido para decir que "cualquier intento de retornar al diálogo supondría la rendición de la democracia española y del Estado de derecho", sentenció.

El momento más áspero lo protagonizó su vicepresidente regional, Ignacio González, que salió al paso con exabruptos a las argumentaciones del líder socialista, Rafael Simancas, quien le recordó que tuvo el mismo lapsus que Zapatero cuando calificó de accidente el atentado de la T-4. A González se le concedió la palabra por alusiones para acusar a los socialistas de "miserables", "manipuladores" y de estar instalados en "la cobardía", "la felonía" y el "engaño". Visiblemente exaltado y ante el alboroto que había provocado en la bancada socialista remató su intervención con una sentencia: "Están empeñados en seguir negociando con ETA y hacer concesiones, pese al atentado del 30 de diciembre". Previamente, el líder de los socialistas madrileños reprochó a Aguirre su ausencia en la marcha, mientras que ha acudido "a manifestaciones en las que se grita Zapatero al paredón". Simancas apeló a la "unidad, unidad, unidad" de los demócratas y acusó a la presidenta regional de situarse al frente de una "minoría radical".

 

BOADILLA DEL MONTE: LA MILITANCIA CONTRA SU CANDIDATA (22/01/07)

Los afiliados del PP en este municipio no apoyan ni votarán a la alcaldesa para que sea su cabeza de lista en las próximas elecciones. Se lo han comunicado a Génova, pero Aguirre, aun a riesgo de perder, la ha confirmado Cuando se acercan las elecciones, lo habitual es que los candidatos de cada partido se preocupen de arañar votos entre quienes no son de los suyos. Se entiende que cuentan con los de simpatizantes y militantes. De Perogrullo, sí, salvo si la tesis se aplica en un municipio del noroeste llamado Villaviciosa de Odón, gobernado desde las primeras elecciones democráticas por el PP y, si la situación no varía, a cuatro meses de ver cómo este partido pierde por primera vez las elecciones.

Allí, la realidad demuestra que la entrega a la causa no siempre está garantizada por el carné de partido. Allí hay tal pitote político montado que los afiliados (1.100) advierten abiertamente de la movilización que viene y de que no cuenten con su voto si Génova no da marcha atrás y cambia a la candidata elegida para defender sus siglas en los comicios municipales. A saber, la actual alcaldesa, Nieves García, aspirante (de momento y con la bendición de Esperanza Aguirre) a intentar repetir en el cargo urnas mediante.

"No, nos gusta como candidata porque ha demostrado ser una inepta, tiene el pueblo completamente paralizado", protesta un militante. Y es muy fácil escuchar idéntica sentencia en boca de otros afiliados siempre que se acceda a no facilitar su identidad. "Claro que podría interpretarse todo como opiniones aisladas, pero ocurre que el mismo Comité Ejecutivo del PP en este municipio se ha posicionado oficialmente en este sentido. Sus 21 miembros han votado en contra de la candidatura de Nieves García. Y eso que ella preside este Comité. Es más, en su reunión del pasado 20 de diciembre abordaron el asunto de las candidaturas: se propusieron tres nombres y ninguno era el de la alcaldesa.

El resultado de aquella votación, enviado al día siguiente al presidente del Comité Electoral Regional del PP, Ignacio González, dio el apoyo mayoritario a Juan Pedro Izquierdo, actual concejal de Seguridad y secretario general del partido en Villaviciosa (17 de los 21 votos). El tercer nombre propuesto fue el del ex concejal de Cultura, Agustín Reguera, quien ha recogido 600 firmas entre la militancia contra la alcaldesa.

Todo eso ha llegado a Génova. Las firmas y numerosas cartas denunciando la situación. Incluso hay una muy detallada remitida al mismo presidente del PP, Mariano Rajoy, para reclamar su intervención. La última llegada a la sede popular es la de los actuales concejales del Gobierno municipal, que solicitan la dimisión de la edil de Urbanismo, Silvia Fernández Vaquero, que antes de ocupar este cargo era ordenanza en la Casa de la Cultura.  No sería la primera en cesar. En las dos legislaturas durante las que Nieves García ha sido alcaldesa, ocho concejales han abandonado en Ayuntamiento antes de finalizar su mandato.

En voz baja, hay quien sugiere que la resistencia a designar a un candidato electoral distinto de la alcaldesa persigue evitar que el gesto vuelva a atraer la atención hacia este municipio, que tras las últimas elecciones se relacionó con el tamayazo (la fuga de Tamayo y Sáez que provocó la repetición de los comicios).

En esta localidad tienen despacho inmobiliario los empresarios Francisco Bravo y su tío, Francisco Vázquez, del que es abogado Tamayo. Siendo alcaldesa Nieves García, se afiliaron todos sus trabajadores al PP, antes de que votaran a la misma mujer como presidenta del partido en Villaviciosa. Fue también bajo su mandato cuando el Ayuntamiento adjudicó al constructor en subasta, a muy buen precio, una parcela en el polígono de Quitapesares. Bravo reservó, además, las habitaciones de Tamayo y Sáez para la noche de su espantada y en la tarde de aquel 10 de junio se reunió en Génova con Ricardo Romero de Tejada, entonces secretario general del PP de Madrid y valedor de la alcaldesa cuestionada.

47. CONTRA EL VICEPRESIDENTE IGNACIO GONZÁLEZ POR LA ADJUDICACIÓN DE LA PLAZA DE LAS VENTAS (26/01/07) 

El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, ha sido objeto de una nueva querella, en vía administrativa, por presuntas irregularidades en la concesión de la plaza de Las Ventas. Según Simón Casas, uno de los empresarios que perdió el último concurso de adjudicación de la gestión del coso, ha presentado una nueva querella administrativa contra González, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no admitiera a trámite su querella criminal por un presunto delito de prevaricación.

Ateniéndose a que "el auto desvela que hay irregularidades para anular la concesión", Casas asegura que el Tribunal "alega que hay diversos motivos para que se recurra por vía administrativa este asunto". "Todo el mundo sabe que fuimos el mejor ofertante y ganamos 20 puntos del concurso, pero le concedieron la gestión a José Martínez Uganda", señaló el empresario.

Casas apuntó que tras esta resolución, sus abogados han presentado un recurso contra el archivo de la querella, y otro contencioso-administrativo contra las adjudicaciones de la plaza de Las Ventas. "Estamos planteándonos otra querella y atacaremos por todos los frentes, incluso lo llevaremos a la Fiscalía Anticorrupción", añadió.

En su auto de archivo, el TSJM señala que "las observaciones formuladas destacan la aparente comisión de irregularidades administrativas que podrían justificar quizá que prosperase una impugnación de la adjudicación del concurso ante la justicia de ese orden".

Por otra parte, un juzgado de Madrid ha admitido a trámite una demanda interpuesta por la sociedad que explotaba los servicios de hostelería del coso taurino en la que denunciaba que tuvo que pagar 50 millones de las antiguas pesetas en dinero B a la empresa que gestionaba la plaza, Taurovent.

Desde marzo de 2006, este juzgado ha recibido distintas demandas. En primer lugar fue Taurovent, empresa que gestionaba Las Ventas (en la que eran socios Fidel San Román; el presidente del Real Madrid, Ramón Calderón; y el actual empresario de la plaza, José Antonio Martínez Uranga), quien demandó a la empresa Festejos y Espectáculos de Santander, encargada de los servicios de hostelería, porque les reclamaba 324.000 euros por los espectáculos musicales celebrados en Las Ventas en 2005.

Como respuesta, la empresa Festejos y Espectáculos de Santander presentó otra demanda en la que negaba los hechos y aseguraba que respecto al precio "hay que decir que la cantidad que se pagó fue muy superior a la que se firmó en el documento, puesto que se exigió en dinero B, sin firma ni justificante contable alguno, la suma de 300.000 euros, que fueron entregados en mano y en metálico".

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD CARGA CONTRA EL LÍDER DE UGT (02/02/07) 

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, mostró  una agresividad y una virulencia inusitadas contra el secretario general de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González respondió a las afirmaciones de José Ricardo Martínez, que dijo el miércoles que el Gobierno de Esperanza Aguirre es "moralmente ilegítimo".

Para González, José Ricardo Martínez ha quedado "inhabilitado" por sus propias declaraciones porque "es muy grave e inadmisible" que se lance esa acusación contra un "Gobierno democrático elegido por las urnas". "Para nosotros", aseguró González, "el secretario general de UGT queda inhabilitado para ser interlocutor del Gobierno legítimo de la Comunidad de Madrid hasta que no rectifique esas desafortunadas expresiones".  El líder de UGT, a pesar de este ataque personal, se negó  a contestar. Desde la central, entendieron que las palabras de González eran "un ataque contra toda la UGT porque Martínez representa a todos los trabajadores afiliados a este sindicato", según explicó la secretaria de Relaciones Institucionales de la central, Maru Menéndez.

La portavoz de UGT justificó que Martínez calificara al Ejecutivo de Aguirre como "un gobierno moralmente ilegítimo" porque "no es normal que haya dos vueltas en unas elecciones, como ocurrió en Madrid en 2003".  Maru Menéndez consideró "gravísimo" que Ignacio González hable de "inhabilitar" al secretario general del sindicato porque "él no puede ni tiene capacidad para inhabilitar a ningún sindicato, cuyo trabajo y representatividad están reconocidos por la Constitución Española". La secretaria de Relaciones Institucionales de UGT llegó a calificar como un "exabrupto" las palabras de Ignacio González.

UGT ACUSA AL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE QUERER "ILEGALIZARLA" (02/02/07)

El secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, dijo que cuando el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, utilizó el término "inhabilitar", para referirse a su participación en las negociaciones entre ambos, en realidad quería decir "ilegalizar", pero se dio cuenta "que no podía ilegalizar a un sindicato". Martínez señaló que las declaraciones de González son "una extravagancia absoluta" por parte de un responsable político y de "una irresponsabilidad muy preocupante en alguien que hasta ahora es vicepresidente" del Gobierno. El dirigente sindical valoraba de esta forma la decisión de González de no reconocerle como interlocutor del sindicato mientras no rectifique unas declaraciones en las que afirmaba que el Gobierno regional es "ilegitimo". En opinión de Martínez, estas declaraciones suponen "un ataque al sindicalismo de clase que representa a más del 80% de los trabajadores". La Comunidad pretende "tapar las vergüenzas de una gestión inaceptable", dijo.

IRA SINDICAL CONTRA AGUIRRE (20/02/07) 

Las relaciones entre los sindicatos y el Gobierno de la Comunidad de Madrid nunca habían sido peores. La espiral de descalificaciones que abrieron el secretario general de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, y el vicepresidente regional y portavoz, Ignacio González, llegó  a su culmen con un asalto, un encierro y unas gruesas palabras contra la consejera de Transportes, Elvira Rodríguez, a cuento de los sabotajes del Metro. 

Por la mañana, cerca de un centenar de trabajadores públicos de la Administración regional se encerraron, convocados por UGT y CCOO, en la sede de la Consejería de Presidencia, en la plaza de Pontejos. Los sindicalistas boicotearon una presentación y tenían previsto quedarse a dormir en la Consejería hasta , cuando abandonarán su encierro. Con este acto, piden que se aplique a todos los trabajadores de la Comunidad de Madrid el acuerdo firmado con el personal sanitario.  

Durante el asalto, los representantes laborales trataron de boicotear la presentación del libro Arquitectura deportiva de la Comunidad de Madrid 2000-2005, un acto que dio comienzo a las 13.00 horas y en el que estaba previsto que participase la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, si bien ésta, dado el desarrollo de los acontecimientos, al final no asistió.  Como explicaron desde la Consejería, los trabajadores "arrollaron" a los guardias de seguridad de la entrada, que eludieron enfrentarse a ellos por la fuerza para evitar males mayores. "Eran 80 contra tres y finalmente, les dejaron entrar", explicaron fuentes de Presidencia.  

Así las cosas, en el acto sólo intervinieron el arquitecto Fernando Alvarez Cienfuegos, participante en la publicación, y el consejero de Cultura y Deportes, Santiago Fisas, quien tuvo que hablar a gritos ante la pitada de los funcionarios, que coreaban consignas como "Esto nos pasa por un gobierno facha" y "Fuera, fuera". Según explicó el secretario de Política Sindical de UGT-Madrid, Juan Luis Martín Sierra, el encierro, que comenzó sobre las 12.45, continuará hasta el mediodía de , cuando está convocada una concentración para protestar por este mismo motivo, con lo que durará algo más de 24 horas.  

Con esta medida, los delegados quieren que el Gobierno regional "homologue las condiciones de trabajo a todos los trabajadores" de la administración. El detonante de la situación fue la firma, el pasado 28 de noviembre, de un acuerdo sobre la carrera profesional del personal facultativo y de Enfermería de la Consejería de Sanidad. Ahora, otros 45.000 empleados públicos (todos menos los de Educación, que tienen sus propias condiciones) quieren las mismas ventajas en cuanto a formación y promoción.  

Martín dio "la bienvenida a esos acuerdos" alcanzados en Sanidad, pero exigió que su aplicación tenga un "alcance general, que afecte a todos los empleados públicos de la Comunidad de Madrid".  

Por su parte, el coordinador del Area Pública de CCOO de Madrid, Manuel Rodríguez, dijo que el deseo de los manifestantes era ser recibidos por el consejero de Presidencia, Francisco Granados, y que el encierro es la "antesala" del paro de cuatro horas que ambos sindicatos han convocado.  Tras apostar por dotar de infraestructuras deportivas a toda la región y destacar el "esfuerzo" del Ejecutivo autonómico en esta materia, el consejero manifestó que "nosotros trabajamos, no chillamos", de nuevo en clara alusión a los manifestantes. "Unos pocos que chillan no van a impedir que volvamos a ganar las elecciones y que sigamos invirtiendo en favor del deporte", concluyó Fisas, quien anteriormente se había preguntado que "si esto es democracia, que venga alguien aquí y lo vea".  

Poco después de concluir el acto, un grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, desplazados en cuatro coches, acudieron a las puertas de la Consejería de Presidencia. Allí identificaron a los encerrados y preguntaron a los responsables de la Consejería si querían que les desalojaran. El consejero, Francisco Granados, dijo que no.  

En cuanto llegó la policía y concluyó el acto, la Consejería se cerró para evitar que entraran más sindicalistas. Por eso por la tarde -sobre las 16.00 horas- los trabajadores rompieron una ventana para que sus compañeros les pasaran bocadillos. Como explicaron desde el departamento que dirige Francisco Granados, cuando acabe el encierro se evaluarán los posibles daños a las instalaciones públicas y se estudiará interponer una denuncia.  

Francisco Granados dijo que el encierro es "una excusa del PSOE para hacer campaña electoral desde los sindicatos".  "Ésta es la forma del PSOE de irrumpir en la campaña electoral, manejando a los sindicatos con el único objetivo de desgastar al Gobierno de la Comunidad", señaló Granados, quien añadió que "al parecer reivindican que se les reciba". "No les voy a recibir en estas condiciones", concluyó.  

AGUIRRE MARCARÁ TERRITORIO EN EL EQUIPO DE GALLARDÓN (03/03/07)

Que quede claro quien manda en el PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la dirección regional del PP incorporarán "varias personas de su confianza" en la candidatura del Ayuntamiento de Madrid, encabezada por su tradicional adversario político: Alberto Ruiz-Gallardón. Así lo anunció el vicepresidente regional, Ignacio González, que también es el director de la campaña del PP para las elecciones del próximo 27 de mayo.

En realidad no es nuevo, pues en las elecciones de 2003 la lista municipal ya incluía personas de confianza de Aguirre y su equipo, como los concejales Eva Durán, Carlos Izquierdo o Ángel Garrido. Pero anunciarlo sí es una manera de marcar el territorio.

En la rueda de prensa que ofreció González para explicar el calendario electoral del PP, se barajaron dos nombres posibles: el actual portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Juan Soler, y el secretario general del PP en la región además de consejero de Presidencia, Francisco Granados. El vicepresidente regional no confirmó a ninguno de los dos.

En realidad, porque todavía el partido no ha comenzado a cerrar los puestos de las listas. "Hay tiempo", argumentó Granados, que explicó que hasta mediados de marzo no se cierra el plazo. Preguntado sobre la posibilidad de que cambie de lista, aseguró: "Estoy cómodo en la Comunidad de Madrid. No contemplo otra posibilidad que la de estar con Esperanza Aguirre, Pero, como siempre, estoy a disposición del partido".

Otras fuentes agregaron que Soler sí estaría dispuesto a ir en el equipo municipal. Pero es abierta la enemistad entre éste y el equipo de Gallardón. No en vano, Soler fue el encargado de criticar en la Asamblea regional la gestión municipal, cuando dijo que el Ejecutivo de Aguirre impediría las talas del paseo del Prado.

En el entorno de Gallardón niegan que haya polémica. "Al alcalde le da igual quién vaya en su lista, con tal de que pueda llevar a su equipo", explicaron. De hecho, Gallardón tendría, tras las elecciones, libertad para elegir los puestos de gobierno y hasta puede nombrar ediles que no hayan sido elegidos, como ocurre con Miguel Ángel Villanueva, responsable de Economía.

Sobre el resto de candidaturas, González reveló que "habrá ciertos criterios de repetición" y negó que vaya a haber fichajes "galácticos", porque, dijo, ya los hay en el partido. El PP presentará 178 candidatos en la región y aún le faltan por definir 114 cabezas de lista.

EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL CONTRATA AL SOCIO DE SU HERMANO (28/04/07)

El vicepresidente regional, Ignacio González, que también preside el Canal de Isabel II, está bajo sospecha. Las dudas de su actuación al frente de la empresa pública de aguas las hizo públicas la revista Tiempo, que reveló que el Canal adjudicó en diciembre el contrato de gestión y explotación de sus instalaciones deportivas al socio empresarial de un hermano y un cuñado de González. Él no lo desmintió.

La adjudicataria del contrato de gestión de las instalaciones deportivas -el polémico campo de entrenamiento de golf construido en la avenida de las Islas Filipinas- fue una unión temporal de empresas (UTE) en la que participaban Iridium, Soto Once y Tecnoconcret, SL.

Es en esta última compañía donde aparecen las casualidades. El administrador único de Tecnoconcret es José Antonio Clemente, según figura en el Registro Mercantil. Allí se puede comprobar también que Clemente es socio en otra empresa, Tamanaco 07 Consulting SL, junto a dos personas de la familia del vicepresidente regional: su hermano Pablo, y su cuñado, José Juan Caballero Escudier, casado en segundas nupcias con Isabel. Esta hermana del vicepresidente es diputada de la Asamblea regional, perteneció al Gabinete de Esperanza Aguirre en el Senado y, después, formó parte de su equipo cercano en la campaña electoral de 2003.

El vicepresidente no logró acallar las sospechas de favorecer al socio de sus familiares, cuando a media tarde de la víspera de un largo puente festivo convocó a los medios para explicarse sobre las acusaciones que circularon todo el día. Por la mañana, el líder socialista, Rafael Simancas, había reclamado una explicación pública. "O, si no, reclamaremos la convocatoria de la Diputación Permanente", amenazó.

Aunque la adjudicación del contrato de las instalaciones deportivas no es ilegal (porque no hay vinculación familiar directa), Ignacio González no se inhibió a la hora de votar en el Consejo de Administración del Canal, celebrado el pasado 28 de diciembre, pese a la existencia de vínculos indirectos.

Algunos consejeros del órgano de dirección explicaron que el vicepresidente regional no mencionó su vinculación indirecta con la empresa que recibió el contrato. "En la época de Carlos Mayor Oreja [consejero de Medio Ambiente en la anterior legislatura], una vez que tuvimos que decidir una posible adjudicación a la constructora FCC, y su tío, Marcelino Oreja, es el presidente y tiene un hermano en la empresa y elegantemente se salió del consejo", contó un consejero del Canal.

Ignacio González, visiblemente nervioso, rehusó en tres ocasiones contestar a la pregunta de si sabía que el socio de sus familiares era el dueño de la empresa adjudicataria. "En ningún caso el Canal de Isabel II ha realizado adjudicaciones a empresas de un familiar mío", subrayó, para eludir la pregunta. E insistió: "Las adjudicaciones se han hecho a una UTE donde no figuran familiares míos". Después, remarcó: "Fue un concurso abierto, valorado por los servicios del Canal, que eligieron la mejor oferta, por unanimidad".

Otro consejero del Canal explicó que lo normal es que los técnicos no muestren el contenido de las diferentes propuestas, "sólo dan cuenta de que se han presentado tantas ofertas". Eso les impide hacer una valoración de fondo.

De todas formas, el Gobierno regional controla de largo este organismo. De sus 16 consejeros, la mitad los nombra el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre (y entre ellos figuran varios consejeros); además, hay dos a propuesta de la Federación de Municipios (un alcalde del PP y otro del PSOE), otros dos del Comité de Empresa, dos nombrados por el pleno del Ayuntamiento de Madrid (los concejales de Medio Ambiente y Hacienda), más el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y un representante de la Delegación del Gobierno.

Un consejero del Canal explicó que el consejo de finales de diciembre fue "raro y atropellado". No sólo era el último del año, sino que aquel día los asuntos que se trataron eran de calado. Entre otras cosas, porque debían aprobar los contratos para asumir la gestión de la depuración de la capital, traspasados por el Ayuntamiento de Madrid.

"Además, aquel día lo que estaba sobre la mesa era si las obras del Canal eran legales o no", explica este consejero. "A quien se adjudicaba el contrato fue lo que más inadvertido pasó, porque no conocíamos las empresas". La justificación que recibieron es que la UTE había duplicado la oferta del concurso.

Para colmo, ese día el consejo firmó el acta de la reunión sin esperar a la siguiente sesión, lo que, según los consejeros consultados, es inusual. "Sólo se hace en momentos puntuales; por ejemplo, porque es necesario modificar los estatutos y delegar competencias en el secretario o en el gerente, pero entonces se aprueba únicamente el acta para ese punto del día", recalcaron. Todo demasiado raro. Y aún sin justificar.

AGUIRRE Y GALLARDÓN, OTRO NUEVO ASALTO: "CONSEJEROS" EN VEZ DE CONCEJALES (02/06/07)

Primero, la guerra por quién ha obtenido más votos en la capital. Luego, la pelea por quién va a escalar primero los puestos dentro del PP nacional. Y , Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón abrieron un nuevo frente sobre quién tiene derecho a usar el término "consejeros".

La idea del alcalde electo de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de copiar el modelo regional de consejerías en sustitución de las concejalías desató las críticas del Gobierno regional. El número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, llamó por teléfono al vicealcalde Manuel Cobo para pedirle que rectifique.

"No se puede llamar igual a dos figuras diferentes de la Administración porque confunde a los ciudadanos. Le pido encarecidamente a Gallardón que dé marcha atrás", afirmó el consejero de Presidencia, Francisco Granados. "En ninguna ley pone que se puede llamar a los concejales consejeros. Si el Ayuntamiento no rectifica, modificaremos la Ley de Administración Local y pondremos un punto en el que quede claro que el término consejeros es exclusivo para los miembros del Gobierno regional", advirtió Granados.

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, calificó de "inadecuado" el tono empleado por Granados y pidió "respeto" a la decisión de Gallardón. La Ley de Capitalidad, de 4 de julio de 2006, no dice explícitamente que el gobierno municipal pueda utilizar el término "consejeros". Pero el Ayuntamiento se agarra al artículo 11. C de esta ley, que afirma que corresponde al pleno "la división de la ciudad en distritos y la determinación y regulación de sus órganos". "La regulación de sus órganos significa que la Junta de Gobierno puede poner las denominaciones que considere", agregaron fuentes municipales, que recordaron que la citada ley está "por encima de la Ley de Administración Local".

Por otra parte, la Ley Estatal de Bases de Régimen Local dice que los cargos electos -los que han salido elegidos de la lista presentada por el PP a los comicios municipales- se llamarán concejales y que el resto, que sólo pueden sumar un tercio del total, se podrán denominar de otra manera. Entonces, en el caso de Madrid, tan sólo Alicia Moreno, responsable del Área de las Artes, podría llamarse "consejera". Ella ha sido la única que no formó parte de la lista y, sin embargo, ha sido designada por el alcalde responsable de un área. "Lo que hemos hecho ha sido unificar la Junta de Gobierno y que todos sus miembros se llamen consejeros", justificó Cobo.

El Gobierno regional insistió en que "la Ley de Capitalidad no admite ni usar la palabra consejero ni privar del término concejal al que ostenta esa condición".

EL EJECUTIVO DE AGUIRRE INSISTE EN DIVIDIR LA REGIÓN EN 12 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES, FRENTE A LA ÚNICA ACTUAL (09/06/07)

De vuelta con las circunscripciones. El portavoz del Gobierno regional en funciones, Ignacio González, insistió en la idea de dividir la región en 12 circunscripciones electorales, una propuesta que ya llevó el grupo parlamentario del PP en febrero de 2005 a la Asamblea y que rechazó la oposición.

"Seguimos pensando que una circunscripción única que ya tiene 120 escaños no se produce en ningún sitio", afirmó González, que consideró que la división territorial es mejor, aunque, dijo, buscarán el consenso. Para implantarla hay que reformar la Ley Electoral. "Un colegio electoral tan amplio aleja en exceso a los electores de sus representantes", justificó.

El borrador que planteó el PP la legislatura pasada contemplaba dividir en distritos la región, para que cada uno tuviera un número cerrado de diputados a elegir y los votantes optaran por listas diferentes en cada zona. Cada candidatura tendría de 9 a 12 diputados, según la cifra de población. La propuesta no salió adelante por falta de acuerdo. Detrás estaba el hecho de que, al haber más circunscripciones y, por tanto, menos diputados por cada zona, se reduce la proporcionalidad, lo que beneficia a los partidos mayoritarios. La oposición no es partidaria.

Andrés Rojo, portavoz adjunto del grupo socialista, subrayó su disposición a "abordar la modernización del marco jurídico-político de la región, con reformas en el estatuto y el reglamento". Pero se opuso a centrar los cambios en el aspecto electoral "como si fuera la solución a los problemas". Consideró además que es un "intento de dejar fuera a IU", y que no cree que sea lo más importante por hacer. "Primero habrá que valorar cómo adaptamos el marco a lo que piden los ciudadanos", agregó. Entre sus propuestas, adaptar el estatuto de autonomía -"para llegar tan lejos como otras comunidades"- o fijar una figura que aúne las instituciones (Defensor del Menor, del Paciente...) que velan por los servicios públicos.

"No está entre las preocupaciones de los ciudadanos y nadie va a entender que antes de mejorar su calidad de vida empecemos a hacer cálculos electorales", zanjó la portavoz de IU, Inés Sabanés. En su opinión, es necesario reformar el régimen electoral "en general" e incluir más medidas de control al Gobierno y más derechos antes que hacer "una reforma a la carta que refuerce el bipartidismo".

GIRO A LA DERECHA DEL GOBIERNO AGUIRRE (21/06/07)

Investidura, por la mañana. Y por la tarde, formación de Gobierno. Esperanza Aguirre, que repite como presidenta de la Comunidad de Madrid en esta legislatura, se convirtió , entre lágrimas de emoción, en la primera mandataria autonómica en asumir el cargo y nombrar Gobierno tras las elecciones del 27 de mayo. Dispone de cuatro años más para dictar el destino de una región de más de seis millones de habitantes y gestionar un presupuesto anual de unos 18.000 millones de €. Y lo hará con un equipo que gira hacia la derecha.

Durante toda la tarde de , Aguirre recibió a los miembros de su nuevo Ejecutivo: casi los mismos rostros, pero con distintos cometidos. De las 15 consejerías, dos son nuevas: Vivienda y Deportes. Sólo salen dos consejeros y se producen cinco incorporaciones.

Será un Gobierno continuista y paritario (siete mujeres y nueve hombres), pero más escorado a la derecha. De los cinco consejeros nuevos, cuatro pertenecen a la dirección del PP. Se trata de Paloma Adrados, de la Ejecutiva nacional, y de tres miembros de la dirección regional: el diputado nacional Javier Fernández-Lasquetty y las diputadas regionales Ana Isabel Mariño y Gador Ongil. También pertenecen a la dirección regional de los populares la propia Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados y Juan José Güemes, que se mantienen en el Gobierno.

Adrados, hasta ahora secretaria primera de la Asamblea de Madrid, asume la Consejería de Empleo y Mujer (sucede a Güemes). De la Cámara procede también Ongil. Hasta ahora portavoz de la Comisión de Educación, se responsabilizará de Familia y Asuntos Sociales (sustituye a Beatriz Elorriaga). Mariño, que era presidenta del Consorcio de Turismo, dirigirá la Consejería de Vivienda, desvinculada de la cartera de Medio Ambiente, que se enfrenta al acuciante problema de la carestía de la vivienda.

Fernández-Lasquetty, nuevo consejero de Inmigración (releva a Lucía Figar) ha sido asesor de José María Aznar y pertenece a la FAES, la fundación que marca el ideario del PP. En el XII Congreso del PP presentó una ponencia en la que defendió que se regulara la prostitución y se considerara como un trabajo, con alta en la Seguridad Social.

Su consejería es la encargada de integrar el fenómeno de la inmigración, que ha sumado un millón de habitantes a la región en los últimos años.

Otra nueva incorporación es el diputado regional y hasta ahora viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo. Se hará cargo de la nueva Consejería de Deportes, con la misión de apoyar la candidatura olímpica Madrid 2016. Durante su mandato como concejal de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid que dirigía José María Álvarez del Manzano hubo muchas sombras.

Del anterior Ejecutivo salen dos consejeros. Luis Peral deja la cartera de Educación y Mariano Zabía abandona Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se van tras haber estado en el centro de la polémica. Zabía eligió un director de Urbanismo de su confianza, Enrique Porto, que dimitió por la incompatibilidad del cargo con sus intereses económicos y urbanísticos. En el caso de Peral, fue la guardería El borreguito azul. Una televisión sacó a la luz que los niños sufrían maltrato de sus cuidadores, pero el consejero no actuó al no haber denuncia de los padres.

Aguirre mantiene a sus dos vicepresidentes: Ignacio González y Alfredo Prada. Este último continúa al frente de la Consejería de Justicia (sin Interior), y añade un nuevo cometido, Administraciones Públicas, una cartera de escasa visibilidad. El núcleo duro del Gobierno, las carteras más importantes en presupuesto y gestión, quedan en manos de veteranos consejeros. El secretario regional del PP, Francisco Granados, sale reforzado al asumir, además de Presidencia, Interior. Tendrá competencias sobre la policía alentada por Aguirre, la BESCAM, y los servicios de emergencias. También despunta Beatriz Elorriaga, elogiada por Aguirre en su etapa en Asuntos Sociales. Ahora asume una de las carteras más importantes, la de Medio Ambiente, que tiene competencias urbanísticas. Allí deberá impulsar la prohibición de construir edificios de más de cuatro pisos en los nuevos barrios, una de las niñas bonitas del programa del PP.

A ellos se suma Manuel Lamela, muy cuestionado como consejero de Sanidad, sobre todo por las listas de espera y la crisis del hospital Severo Ochoa. Ahora se hará cargo de Transportes e Infraestructuras y, por tanto, de la ampliación del metro.

La Consejería de Sanidad, encargada de aplicar una promesa electoral como la reducción de la espera diagnóstica a 40 días, pasa a manos de Juan José Güemes, anterior consejero de Empleo. La otra gran área de gobierno, Educación, queda en manos de Lucía Figar, que entró apenas hace dos años en el Gobierno y se ha ganado la confianza de Aguirre. Engracia Hidalgo repite al frente de Hacienda. Además, Santiago Fisas se mantiene en Cultura, sin Deportes, y Fernando Merry del Val sigue en Economía, a la que suma Consumo. Ninguno de los dos iba en la lista electoral.

Estos consejeros acompañaron por la mañana a Aguirre en su investidura. Como una extensa corte, que a duras penas cabía en la sede regional de la Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Allí estaban las autoridades civiles, militares y religiosas. Desde el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y la de Cultura, Carmen Calvo, al cardenal José María Rouco. También la plana mayor del PP, encabezada por Mariano Rajoy.

AGUIRRE 'FICHA' AL JUEZ DE UNO DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN SOCIALISTA QUE MÁS AIREÓ EL PP (07/07/07)

La transferencia de las competencias sobre el aeropuerto de Barajas y los trenes de Cercanías, entre otras, ha sido el argumento utilizado por la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre (PP), para su continuo enfrentamiento con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En una medida que parece echar leña al fuego, Aguirre ha fichado ahora como director general de Política Interna y Relaciones con el Estado a Agustín Carretero, el juez del caso Ciempozuelos, que llevó a prisión a dos ex alcaldes socialistas por blanqueo de capital en Andorra.

El Consejo de Gobierno que preside Aguirre anunció el pasado jueves el nombramiento de varios altos cargos. Entre ellos figuraba Agustín Carretero, de 41 años, titular del Juzgado número 2 de Valdemoro, y responsable de enviar a prisión a Pedro Torrejón cuando aún era alcalde de Ciempozuelos (ahora es concejal independiente), y a su antecesor en el cargo, Joaquín Tejeiro, ambos del PSOE.

Estaban acusados de haber obtenido por vía ilícita a través de una empresa constructora grandes cantidades dinero que luego blanqueaban en Andorra. Todas las resoluciones que adoptó el juez en el caso, que sigue abierto, han sido confirmadas después por la Audiencia Provincial de Madrid. el caso Ciemozuelos fue el arma que utilizó el PP contra la gestión socialista en los ayuntamientos en la pasada campaña electoral.

Carretero, que no quiso hacer declaraciones porque hasta el lunes no tomará posesión del cargo, dejará su plaza en comisión especial, según fuentes judiciales de su entorno. Éstas aseguran que está "satisfecho de su nuevo cometido". La labor de Carretero será negociar las transferencias del Estado, autorizar los espectáculos públicos (los encierros taurinos o las macrofiestas de Nochevieja) y tendrá competencia sobre los colegios profesionales y las asociaciones. También, según la Consejería de Presidencia, a la que pertenece, la atención a las víctimas del terrorismo.

El nombre de Carretero no pasó inadvertido en la conferencia de prensa que ofreció el vicepresidente regional, Ignacio González. Sin embargo, éste negó que se tratara del juez del caso Ciempozuelos. Una portavoz del Gobierno regional lo atribuyó a que el nombramiento fue una sorpresa para el equipo de Esperanza Aguirre porque la propuesta de Carretero, que es hijo, hermano y sobrino de jueces, lo puso sobre la mesa el que será su jefe, el consejero de Presidencia, Francisco Granados, secretario regional del PP. Según la portavoz, "entró en el último momento".

"Los nombramientos son del Consejo de Gobierno y sus deliberaciones secretas, por lo tanto, no voy a comentar nada sobre ellas", declaró Granados, que sí dijo que Carretero es de su "absoluta confianza y probada profesionalidad".

El consejero también negó que el Gobierno regional haya colocado al juez del caso Ciempozuelos al frente de las relaciones con el Estado con ánimo beligerante. "Es cierto que queremos potenciar en esta legislatura la negociación de las transferencias del aeropuerto y los Cercanías, pero sin enfrentamientos", zanjó.

No es la impresión que ha dado en el entorno socialista. La gestora que dirige en funciones el Partido Socialista de Madrid no quiso comentar el nombramiento ya que el caso Ciempozuelos todavía está sub júdice. Sin embargo, otras fuentes socialistas recalcaron que el papel del juez en la instrucción "ha sido polémico, por su enfrentamiento manifiesto con el Ministerio Fiscal". Y agregaron que su trabajo se ha retrasado inexplicablemente, lo que ha perjudicado al PSOE: "Antes de las pasadas elecciones podía haber dictado un auto de archivo o de juicio abreviado".

Hasta ahora, el caso más sonado de la marcha de un juez a la Administración había sido la del juez estrella de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que fue delegado del Plan Nacional contra las Drogas, con rango de secretario de Estado con Felipe González. Al anunciarse su inclusión en la lista electoral, recibió en tromba las críticas del PP. El entonces portavoz del partido en el Congreso, Rodrigo Rato, llegó a lanzar sospechas sobre tratos de favor al PSOE en su etapa de juez: "Sería interesante saber desde cuándo Garzón piensa en clave socialista".

EL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE APOYA A LOS EDILES CRÍTICOS CON GALLARDÓN

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, echó ayer un capote a los concejales del Ayuntamiento de Madrid molestos con el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. El edil Ángel Garrido hizo llegar el pasado julio al resto de concejales una carta en la que les recuerda que el reglamento interno del grupo municipal obliga a celebrar reuniones periódicas, según avanzó El Mundo el viernes pasado.

La carta se limita a transcribir los artículos 1, 7 y 8 del reglamento, en los que se recoge la obligación de reunirse al menos "antes de cada pleno" (una vez al mes), y la posibilidad de que cualquier concejal incluya un asunto en el orden del día. Aunque el texto no lo dice, veladamente se interpreta que dichos artículos se incumplen. Es la primera vez que un edil del PP hace público su malestar contra Gallardón. Garrido no contestó a las llamadas para conocer cuántos ediles le apoyan.

El vicepresidente Ignacio González consideró adecuado que estos ediles exijan al alcalde que observe las normas internas. "El grupo municipal debería reunirse como hacen los grupos de la Asamblea de Madrid, del Congreso y del Senado", precisó.

La carta del concejal ha sido interpretada como un movimiento de rebeldía en el seno del grupo municipal en un momento en el que Gallardón ha vuelto a insistir en su ambición de ir en las listas al Congreso de los Diputados que encabece Mariano Rajoy. Pero no es una rebelión nueva. Hace ya años que existe malestar entre varios concejales que, desde que Gallardón ganó las elecciones de 2003, consideran que en el grupo municipal tiene prioridad el equipo más cercano al regidor (los nueve ediles de la Junta de Gobierno).

"Es como si en el Ayuntamiento hubiera concejales de pata negra y otros impuestos", explican fuentes del partido. "Como si los que impone el PP y no elige Gallardón no fueran de confianza y por eso no se cuenta con ellos".

Esta división se evidenció en las pasadas elecciones del 27 de mayo, con el diseño de la lista municipal. Entonces, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que preside el PP regional, hizo valer su poder y colocó en la lista de Gallardón, con el que mantiene una pública rivalidad, a 10 afines a ella entre los 20 primeros puestos de la lista. Entre ellos, su antiguo jefe de protocolo Fernando Martínez Vidal y su ex jefa de prensa, Isabel Martínez-Cubells. También concejales, como Eva Durán o Garrido, que en el congreso del PP de noviembre de 2004 encumbraron a Aguirre a la presidencia del PP de Madrid. Pero no todos los concejales impuestos en la lista se oponen abiertamente al alcalde.

Tras la confección de las listas, el entorno de Gallardón afirmó que no importaba tanto el número en la candidatura como la responsabilidad que otorgara luego el alcalde a cada concejal. Ahora este desprecio puede volverse en su contra.

www.elpais.es  31.08.07

GONZÁLEZ, SOBRE LA 'BELLEZA' DE GALLARDÓN: 'ME GUSTO MÁS, PERO NO ES CUESTIÓN DE COMPARAR' (10/10/07)

El vicepresidente primero y portavoz de la Comunidad de Madrid ha bromeado con las declaraciones que cruzaron la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que debatían sobre la 'belleza' del alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. Ignacio González ha asegurado que él mismo se gusta más pero que no es cuestión de comparar entre unos y otros porque "en cuestión de gustos no hay nada escrito".

La jefa del Ejecutivo madrileño aseveró el martes que hay ocasiones en las que el primer edil madrileño "está más guapo" cuando está "calladito", a lo que el líder de la oposición mantuvo que Gallardón está "igual de guapo callado que hablando", aunque estimó que lo considera "interesante, más que otra cosa". González quiso entrar en el debate sobre la 'belleza' del alcalde y, aunque en un principio dijo que sobre este tema no tenía "gusto ninguno", posteriomente afirmó: "Yo me gusto más, pero tampoco es cuestión de comparar".

No obstante, el vicepresidente primero advirtió que "cada uno tiene que dedicarse a las responsabilidades que tiene" y consideró que las palabras de "cualquiera que hable de más" cuando no le corresponde pueden ser "malas para todos". "Lo que tenemos que hacer es cumplir con las responsabilidades, que tenemos muchas, porque nos han elegido los madrileños para llevar adelante unos programas muy ambiciosos y para trabajar para que en los próximos meses Mariano Rajoy gane las próximas elecciones generales", indicó González.

AGUIRRE MANIOBRA PARA HACERSE CON EL CONTROL DE IFEMA (23/10/07)

Ifema, la Institución Ferial de Madrid, es uno de los motores económicos de la región. Su actividad desde hace casi una década es frenética y se ha convertido en un caramelo muy goloso para los responsables de la Comunidad de Madrid. El movimiento económico que genera Ifema representa más del 1% del Producto Interior Bruto regional (PIB). El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y vicepresidente del comité ejecutivo de Ifema, ha ideado una maniobra para preparar el desembarco en la institución de Luis Eduardo Cortés, ahora presidente de Vallehermoso Inmobiliaria, ex diputado por el PP con Aguirre y ex consejero de Obras Públicas de la Comunidad de Madrid con Gallardón, según explican cuatro fuentes consultadas. Cortés es un hombre próximo a la presidenta regional, Esperanza Aguirre quien, de ésta forma, incrementaría su control sobre la institución ferial.

El vicepresidente regional ha diseñado dos estrategias para la toma de control de Ifema. La primera consiste en crear un nuevo cargo en el consejo de administración. La figura del consejero delegado, que ocuparía Luis Eduardo Cortes, y que estaría un escalón por encima de Fermín Lucas, director general y brazo ejecutivo de la empresa semipública. "Pensamos mantener a Lucas", aseguró un portavoz de la Comunidad, quien, además, negó todas las maniobras para elevar a Cortés a la presidencia de Ifema. Lucas es una persona próxima al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. De hecho, fue el secretario del grupo popular en la Asamblea cuando Gallardón era presidente regional.

La otra opción que baraja Aguirre es designar como presidente del comité ejecutivo, uno de los órganos de control, a Cortés en detrimento del presidente de la Confederación de Empresarios (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, que ocupa el puesto en representación de la Cámara de Comercio. Para ello tendría que modificar los estatutos de Ifema.

"Si la Cámara de Comercio quiere ceder la presidencia lo tendrán que decidir entre los empresarios. No nosotros", precisa una portavoz regional. Pero los empresarios consultados aseguran que reciben presiones de la Comunidad para que abandonen el cargo.

Esta maniobra supone el último enfrentamiento entre el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de Madrid. Esta vez por el control de la institución ferial. Fuentes de la Cámara de Comercio reconocen que no sería extraño que una empresa como Ifema tuviera un consejero delegado, pero evitan pronunciarse sobre la cesión de su sillón en la presidencia del comité ejecutivo de la institución a Cortes.

El capital de Ifema está controlado por el Ayuntamiento (31%), la Comunidad (31%) y Caja Madrid (31%). Los empresarios a través de la Cámara controlan el 7% restante. Ifema está regida por un órgano rector, presidido por el ex alcalde, José María Álvarez del Manzano, aunque su puesto es sólo honorífico. Y otro ejecutivo, que se ha convertido en el deseo de Aguirre.

Lo que si reconoce una fuente de la Cámara de Comercio es que la Comunidad ya ejerce un férreo control en Ifema. "El vicepresidente del comité ejecutivo, Ignacio González, nos hace ir con los deberes hechos y nos controla", revela. Pero la Comunidad no tiene el camino fácil para controlar la institución ferial. Se ha topado con un problema: los empresarios. Que no quieren ceder la presidencia de Ifema.

El comité ejecutivo de Ifema está presidido por Gerardo Díaz Ferrán, presidente, a su vez, de la confederación nacional de empresarios (CEOE).

Sin embargo, este cargo le corresponde, según los estatutos de Ifema, al presidente de la Cámara de Comercio, Salvador Díaz Campano. Éste cedió su puesto en Ifema a Díaz Ferrán a cambio de su aval para presidir la Cámara. Todo un juego de pactos para lograr el poder. Una especie de acuerdo en el que tú me apoyas a mí y yo a ti.

Santos Campano convocó una reunión extraoficial de los vocales de la Cámara, a la que asistieron unos 20 empresarios. El presidente de la organización empresarial propuso ceder su puesto en la presidencia de Ifema. Según cuatro fuentes consultadas por este diario, el presidente de la Cámara deslizó el nombre de Luis Eduardo Cortés como posible inquilino de este sillón.

La mayoría de los asistentes expresaron su malestar por el "intervencionismo" de la Comunidad de Madrid. "Luchamos por la independencia de los empresarios y no queremos ser peleles", aseguró uno de los asistentes. Santos Campano planteó su dimisión al comprobar el escaso apoyo recibido por los empresarios y solicitó a los vocales que suscribieran una carta manifestando su apoyo y permitiéndole traspasar la presidencia de Ifema.

La jugada sería redonda para el Ejecutivo de Aguirre porque lograría el control de la joya de la corona, Ifema, y de los empresarios, a través de la Cámara de Comercio. "Santos Campano tiene ahora una posición muy débil por cuestionar la independencia de los empresarios", asegura una fuente.

TENSIONES POPULARES: EL PP REGIONAL MARCA TERRITORIO ANTE GALLARDÓN (18/12/07)

Mariano Rajoy mandó hace tiempo callar a todos hasta enero sobre las listas y, especialmente, sobre la posible presencia de Alberto Ruiz-Gallardón en la candidatura de Madrid.

Desde entonces se ha mantenido la tregua en público, mientras en la cúpula del PP se da por seguro en privado que el alcalde irá en esa lista, con un puesto que le asegure ser diputado en la próxima legislatura. Casi todos lo habían cumplido, pero se interpretó que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre, Ignacio González, ponía voz al rechazo de un sector del partido a la presencia de Gallardón en el Congreso en la próxima legislatura. Así, al menos, lo interpretaron fuentes próximas al alcalde de Madrid, que vieron un gesto claro para "marcar territorio" por parte de los de Aguirre.

Ese sector que lidera Esperanza Aguirre considera que el alcalde pretende situarse en la Cámara Baja por si el PP pierde las elecciones y Rajoy abandona la presidencia del partido. Está asumido que para ser líder de la oposición hay que ser diputado y Esperanza Aguirre no puede presentarse a las elecciones por incompatibilidad legal. Sólo podría ir al Senado, pero desde ahí resulta complicado hacer oposición, aunque los suyos consideran que sí es posible.

Ignacio González insinuó en El Mundo que el PP de Madrid no propondrá como candidato a Ruiz-Gallardón, porque los estatutos del partido impiden ser alcalde y diputado. La excepción a esa norma y la compatibilidad debe ser autorizada a posteriori por el Comité Ejecutivo Nacional del PP, una vez que se haya pronunciado el Comité Electoral de Madrid

Se da la circunstancia de que González es presidente del Comité Electoral regional y, por eso, sus palabras tienen mucho de advertencia. Es decir, que si Mariano Rajoy quiere que, finalmente, Gallardón sea diputado, tendrá que tomar la decisión en el Comité Electoral Nacional, corrigiendo la propuesta que le venga del PP de Madrid. Si es así parecerá un pulso entre Rajoy y la dirección de Madrid en vísperas de las generales. El alcalde de Madrid perdió por goleada en el último congreso la batalla por el control del partido en Madrid ante Esperanza Aguirre y los suyos.

El secretario general del PP, Angel Acebes, aclaró en público que, según los estatutos del partido, sí es posible ser alcalde y diputado y que deberá ser el Comité Nacional y no el regional el que apruebe las listas al Congreso y al Senado. Cumpliendo la orden de Rajoy, Acebes no quiso precisar en su respuesta a las múltiples preguntas si Gallardón será una de esas excepciones. Ese Comité está presidido por Arenas.

Fuentes no oficiales de la dirección del PP consideran muy probable que Gallardón ocupe un puesto entre el 4 y el 10 en la lista de Madrid. Aseguran que la estrategia de giro al centro con vistas a las elecciones se quebraría si, finalmente, el alcalde quedara fuera de las listas. Explican que daría la impresión de que Rajoy está a merced de los sectores de dentro y fuera del partido que, desde una posición de derecha más dura, se oponen al alcalde.

Los de Aguirre, por contra, entienden que la presencia de Gallardón mostraría a Rajoy como un perdedor necesitado de incluir a posibles sucesores para el futuro en el Congreso.

LA DISPUTA EN LA CARRERA POR LA SUCESIÓN: GALLARDÓN AVANZA, AGUIRRE ESPERA (23/12/07)

Esperanza Aguirre no es una mujer conformista. No acostumbra a resignarse ante la derrota. Pero en su entorno se percibe claramente en los últimos días cierto aire de resignación: desde los estrategas políticos hasta los consejeros más fieles, y la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, parecen haber asumido, que no aceptado, que finalmente, y en contra de su criterio, Mariano Rajoy -incluirá a Alberto Ruiz-Gallardón en la candidatura del PP al Congreso por Madrid. El alcalde no será el número dos, y seguramente estará detrás de Eduardo Zaplana, el número tres del partido, para evitar suspicacias, pero irá, según todas las quinielas.

Una vez asumida lo que para ella es una cruda realidad -todo parece indicar que la decisión ya está tomada, aunque se anunciará oficialmente a partir del 14 de enero, cuando se disuelvan las Cortes- el equipo de Aguirre se prepara para minimizar los costes y, sobre todo, pasar al contrataque. Si es cierto que Gallardón podrá al fin acceder al Congreso -algo que ni él ni Aguirre han logrado nunca en sus carreras políticas, y a lo que esta última no puede aspirar por ser presidenta autonómica- lo que no puede aceptar ella es que el alcalde utilice ese trampolín para hacerse con el liderazgo del partido si Rajoy pierde las elecciones.

Por eso, los operadores políticos de la presidenta, y entre ellos su mano derecha y vicepresidente regional, Ignacio González, hombre fuerte de la política madrileña y aspirante natural a sucederla al frente de la Comunidad si llegara a ser presidenta del PP, tienen ya preparado un discurso que están difundiendo internamente: si Rajoy quiere ir de la mano con Gallardón, en contra de la dirección del partido en Madrid, controlada por Aguirre, ambos tendrán que asumir que se convertirán en un ticket a la americana; esto es, que los dos, como sucede en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, asumen la responsabilidad de la victoria pero sobretodo de la derrota. Nunca el número dos de un ticket americano, después de la derrota del número uno, puede aspirar a sucederle como candidato en las siguientes elecciones.

Así explican en el entorno de la presidenta la declaración de guerra firmada el pasado lunes por su lugarteniente, Ignacio González, en la que señalaba que Gallardón no puede ser alcalde y diputado, según los estatutos del PP. "El alcalde ayudará mejor a que Rajoy gane desde su cargo", insistía González en declaraciones a El Mundo, tras dejar claro no sólo que Gallardón no estará en la lista que proponga el PP de Madrid, sino que espera que el Comité Electoral Nacional, que dirige el andaluz Javier Arenas, acepte esa exclusión y no lo repesque.

Varios miembros de la cúpula consultados esta semana interpretaron esas declaraciones como un pulso a Rajoy, ante el temor de que haya decidido incluir al alcalde. Y ésa es la tesis más extendida dentro del partido. "Todas las maniobras, de uno y otro bando, están calculadas y, si saltan así, es para meter más presión a Mariano", aseguraba el jueves un diputado miembro de la dirección.

Sin embargo, Aguirre y su entorno se empeñan en desviar el tiro. La entrevista era, según admiten, una maniobra calculada, pero para dejar claro que Gallardón tiene que asumir riesgos, y no puede ganar siempre. Si Rajoy vence, él tendrá su éxito político. Pero si pierde, tendrá que asumir, que él también ha perdido, y no puede ser el nuevo líder, señala un consejero madrileño.

La pelea por la sucesión de Rajoy sigue pues detrás de la inagotable batalla en todos los frentes que protagonizan Gallardón y Aguirre. Sin embargo, ambos acuden a actos conjuntos casi a diario -el protocolo obliga, tratándose del alcalde y la presidenta de Madrid- y tratan de guardar las formas, aunque siempre hay algún guiño. El miércoles, en la tradicional cena navideña del PP de Madrid, que tuvo lugar en Pinto, Gallardón compartió mesa con González. La tensión, según uno de los comensales, se notaba pese a los intentos de ambos por mostrarse amables. Rajoy se retrasaba, porque la sesión de control en el Congreso terminó muy tarde. Y ellos buscaban bromas para pasar el trago. Se habló de pensiones. "A mí éste me quiere jubilar", dijo Gallardón señalando a González, "pero no me voy a dejar", completó entre las risas de los asistentes.

Al final del acto, una nueva indirecta, esta vez con la propia presidenta, quien en más de una ocasión espetó al alcalde: "calladito estás más mono". "Feliz Navidad, Alberto, espero que se cumplan todos tus deseos", le dijo ella en presencia de varias personas. "¿Todos, todos, Esperanza?", contestó él con una sonrisa, en clara alusión a su deseo de ir en las listas. "Todos, Alberto, todos, feliz Navidad".

"Lo de esos dos no tiene arreglo. Uno tiene que ganar, y el otro perder la batalla final, sólo así, tal vez, pararán", sentencia un dirigente que los conoce desde hace 25 años.

ESPERANZA AGUIRRE: "QUITA DE AHÍ, YO SOY LA PRESIDENTA, ESE LUGAR ES MÍO"

Los asistentes a un acto que [Esperanza Aguirre] compartía con Alberto [Ruiz-Gallardón] se quedaron de piedra cuando la vieron pellizcar físicamente al alcalde en la espalda para que le dejara el sitio que ocupaba. ‘Quita de ahí, yo soy la presidenta, ese lugar es mío".

Éste es uno de los episodios que se describe en el libro "Duelo de titanes" (Editorial Espasa) de la periodista Lucía Méndez y que le sirven para relatar la relación más que tormentosa entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. Entre lo sádico, lo perverso, lo morboso y la atracción fatal al servicio del nada sutil arte de "dar que hablar", cueste lo que cueste. "Se levantan todos los días de la cama pensando en cómo hacerse faenas el uno al otro", resume la autora, dentro de un relato cruzado de dos trayectorias políticas y personales que no hacen más que chocar desde hace más de treinta años. Lo personal ha sustituido a lo político y las actitudes casi infantiles hacen ya imposible la reconciliación.

El elocuente subtítulo del libro es "Ella creció a su sombra, él la despreciaba. Las claves ocultas". Aguirre cree que Gallardón conspiró con el PSOE en 2003, en tiempos del "tamayazo", y el alcalde no perdona a la presidenta de la Comunidad que no le agradeciera en su momento que la propusiera a Aznar para ser candidata a ese cargo. "No ganaste las elecciones de mayo, tuviste que ir a septiembre, como los malos estudiantes", le llegó a decir Gallardón a Aguirre a propósito de la repetición de aquellas elecciones autonómicas.

Aguirre cree que Gallardón retrasó la comunicación de los datos de su victoria en la repetición de las autonómicas y él no le perdona cómo le dejó de lado en el relevo en la presidencia de la Comunidad. No le permitió hablar aunque él llevaba preparada y escrita su intervención.

Ignacio González, número dos de Aguirre, asegura que "Gallardón se cree el único gallo del corral y el rey del mambo" y Manuel Cobo, escudero del alcalde, no se corta tampoco en descalificar a la presidenta ante quien sea. El vicepresidente de la Comunidad y el vicealcalde son descritos como los arietes de ambos en la batalla, acostumbrados a acabar las reuniones entre ellos a gritos y con insultos de por medio.

El libro narra la forma en que Aznar le pidió en 2002 a Gallardón que cambiara la Comunidad por la candidatura al Ayuntamiento, una operación que algunos dirigentes del PP que se citan consideran ahora una trampa del ex presidente del Gobierno. Gallardón, feliz entonces por la propuesta, quedó desde ese momento atrapado en el cargo y neutralizado para el futuro.

Otro episodio relatado es el del pulso para hacerse con el PP de Madrid, que Esperanza ganó por goleada. Incluso, consiguió que su oponente fuera humillado en una Junta regional del partido en la que uno tras otros todos los intervinientes destrozaron al alcalde. Gallardón, como ha hecho ahora tras ser excluido de las listas, amenazó entonces con no volver a presentarse a las elecciones municipales de 2007 si Esperanza Aguirre se hacía con el partido. Obviamente no cumplió su amenaza como tampoco cumplirá ahora la de abandonar el cargo tras las generales del 9-M.

Rajoy intentó entonces ser neutral entre los dos y, a cambio de no impedir la victoria de Aguirre en el PP de Madrid, incorporó al alcalde a las reuniones de estrategia de los lunes, los llamados "maitinies". Atribuye la autora a Aguirre la expresiva frase: "Los maitines no sirven para nada". Ese mismo equilibrio ha intentado mantenerlo Rajoy ahora para elaborar las listas al Congreso, hasta que llegó al "estoy harto de vosotros dos" que pronunció en la tensa reunión que Lucía Méndez reconstruye con detalle.

Cuando surgió el asunto de Monserrat Corulla en la campaña, el libro atribuye la siguiente frase a Aguirre: "Este asunto va a ser el final de Gallardón". Ambos han utilizado con profusión los medios de comunicación para hacerse las faenas y lanzarse puyas. Por ejemplo, Aguirre ha manejado el apoyo de la Cope, muy importante dentro del PP, y a Gallardón le defendía ABC y el Grupo Prisa.

De forma colateral se relata el pulso entre los "normales" en la reunión de maitines que pretendían moderar la oposición del PP en asuntos como ETA y el 11-M y separarse de la AVT. A ese grupo pertenecían Josep Piqué, que dimitió tras perder el apoyo de Rajoy, y Gallardón, excluido ahora de las listas. Estaban apoyados por Jaume Matas, que abandonó la política tras las autonómicas de 2007. "Después de Piqué y Matas, tú serás el siguiente", le advirtieron de forma premonitoria a Gallardón miembros del partido en el verano de 2007.

El preciso retrato psicológico de ambos, sin tomar partido por ninguno de los dos, es fruto del acierto periodístico, la sensibilidad de la autora y su profundo conocimiento de las interioridades del PP y permite entender lo que ha ocurrido hasta ahora y también lo que se avecina. La historia de las permanentes faenas mutuas no ha terminado y el único riesgo del libro es el de quedar superado a medida que a cada uno se le vaya ocurriendo cada mañana la manera de fastidiar al otro.

(www.publico.es, 09/02/08)

ENFRENTAMIENTO EN EL BIPARTITO MADRILEÑO: AGUIRRE DESAFÍA A GALLARDÓN PARALIZANDO SU PROYECTO URBANÍSTICO ESTRELLA

La Comunidad de Madrid ha decidido someter el proyecto de reforma del Eje Prado-Recoletos a un sistema ordinario de aprobación, y no optar por la forma abreviada, lo que supondrá un mínimo de nueve meses más de evaluación. Aunque ya ha confirmado que continuará en el cargo, Gallardón vinculó inicialmente su permanencia en la alcaldía a la aprobación de este proyecto. Para el número dos de la CAM, Ignacio González, se equivocaba "quien haya pensado que aquí la Comunidad no tenía nada que decir o que no íbamos a decir nada"e indicó que "proyectos estrella creo que son todos". Para justificar paralización, González no ha dudado en apelar a unos intereses medioambientales que no ha respetado en otras ocasiones anteriores.

El vicepresidente de la CAM, Ignacio González, ha explicado que aplicarán para evaluar la propuesta de Gallardón para la remodelación del eje Prado-Recoletos el sistema ordinario de aprobación, en vez de optar por la forma abreviada, "porque la envergadura del proyecto y todas las afecciones que tiene así lo exigen". González aseguró en Telemadrid que "no es un capricho ni un intento de paralizarlo, sino todo lo contrario, es el procedimiento ordinario, como su nombre indica, ante una actuación que es de gran envergadura".

En cualquier caso, González apuntó críticas a aspectos del proyecto municipal, especialmente en cuanto a la reordenación del tráfico, señalando que la reducción de carriles conllevaría un "colapso del tráfico, que hay que ver por dónde se saca" y que además se desviaría hacia el parque del Retiro, "que es un pulmón más importante que tiene nuestra ciudad, y por tanto tiene una afección medioambiental gravísima, que hay que ver cómo se combate y qué alternativas se dan", subrayando que los que tienen que dar "soluciones" no son ellos sino el Ayuntamiento.

Respecto a la reacción del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, González se mostró tranquilo porque "aquí nadie está retrasando nada". Indicó que "quien haya pensado que aquí la Comunidad no tenía que nada que decir o que no íbamos a decir nada, -porque alguien considere que este proyecto es un proyecto importante-, nosotros también consideramos que es un proyecto importante, pero eso no significa, que no haya que cumplir con la legalidad vigente, los trámites ordinarios". Además, para el vicepresidente regional "proyectos estrella creo que son todos, también hemos oído que es un proyecto estrella todo el parque que se va a hacer por encima de la M-30 una vez que sea cubierto, y como ése, muchos otros son muy importantes para la ciudad".

(www.elplural.com, 24/03/2008)

EL GOBIERNO DE AGUIRRE LE PIDE QUE SE LANCE

Sólo ella tiene la última palabra, pero si se deja llevar por lo que escucha cada día, Esperanza Aguirre debe de estar muy animada a tirarse a la piscina y presentarse como candidata alternativa a Mariano Rajoy para tomar las riendas del PP. No sólo entusiastas como el diputado Antonio Beteta la empujan a hacerlo. Casi todos los consejeros regionales están en esa línea, con su vicepresidente, Ignacio González, a la cabeza. Entre los más cercanos, sólo Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, lo ve demasiado complicado. Ese entusiasmo quedó en evidencia en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuando Aguirre invitó a sus consejeros a un café, de forma inusual, para hablar de un asunto que hasta ese momento sólo había tratado con los más cercanos -González, Granados.Allí estaban Juan José Güemes, Manuel Lamela, Engracia Hidalgo, Lucía Figar, Beatriz Elorriaga, Gádor Ongil, Ana Isabel Mariño, Santiago Fisas, Alberto López Viejo y Paloma Adrados. La presidenta fue muy crítica con la situación del partido, según cuentan algunos presentes. Dijo que ella sólo había querido abrir el debate de ideas porque creía que Rajoy estaba gestionando muy mal la situación poselectoral.

"Tenemos a la militancia muy enfadada. Estamos perdiendo votos a chorros. No podemos dar la imagen de partido anquilosado, de que perdemos las elecciones y nos dedicamos a aplaudir más que antes. Nuestra gente ha pasado cuatro años muy movilizada porque creía que la derrota era culpa del 11-M. Tenemos que dar una imagen ilusionante. El congreso debe ser un revulsivo", recuerdan que dijo.

Entonces hablaron ellos. Y uno tras otro -González se había bajado a dar la rueda de prensa y Granados tenía que encargarse, como consejero de Interior, de un incendio en Aranjuez- todos la animaron a dar el paso. Varios de ellos, incluidos algunos con mucho peso en el Ejecutivo regional, pronunciaron una misma frase, según recuerdan los que reconstruyen la reunión "Si logramos los 600 avales obligatorios para presentarse, ganas seguro, presidenta".

Entre los consejeros de Aguirre hay personas muy cercanas a Rodrigo Rato, como Juan José Güemes. Por eso en el partido muchos dirigentes piensan que la mano derecha de José María Aznar en los 90 está con la presidenta. Fue Ana Isabel Mariño, otra ratista, quien introdujo el nombre de Rato en esa reunión: "Rodrigo está alucinado con lo que está pasando", comentó. En el PP corre por todas partes el malestar que el ex vicepresidente económico está trasladando porque Rajoy nunca le ha pedido que le ayude y por cómo está gestionando la derrota electoral del 9-M. La convicción de que si se consiguen los avales, la victoria está asegurada, fue mayoritaria.

Otros consejeros coincidieron con una idea que le han escuchado a González: "Un congreso de 3.000 personas es algo imposible de controlar por el aparato". Fisas, mientras, insistió mucho en que había que reflexionar sobre los resultados en Cataluña.

Después de un largo debate en el que sólo algunos matizaban que tal vez convenía esperar un poco más porque si no ella quedaría "como la mala de la película", Lucía Figar le preguntó si a ella realmente, en lo personal, le apetecía asumir el reto. Entonces Aguirre se confesó ante sus consejeros. "Mirad, tengo muchas presiones. Me lo está pidiendo mucha gente. Me animan amigos, militantes, empresarios, periodistas... Si os digo la verdad, a mí no me apetece nada. Mi hijo se casa en julio, quiero tener más tiempo para la familia, fines de semana más tranquilos..."

Algunos empezaron a pensar que eso era un no. Pero luego llegó la puerta abierta que dejó a todos muy buen sabor de boca y la convicción de que la decisión final será un sí: "No me apetece, pero en la vida no siempre he hecho lo que me apetecía", cerró Aguirre.

Granados, que no estaba en esa reunión pero sí intercambia opiniones con muchos consejeros y pertenece al círculo al que la presidenta consulta las decisiones importantes, es menos entusiasta que sus compañeros. Él es el hombre de aparato, el responsable del partido en Madrid y el encargado, si llega el caso, de hacer las llamadas pertinentes a los dirigentes provinciales -mucho más importantes en un congreso de 3.000 personas que los barones autonómicos, según coinciden varios expertos- para buscar apoyos para Aguirre.

Granados, según explican otros consejeros y diputados que han hablado con él en estos días, cree que para lanzarse a la piscina, Aguirre debería tener garantizado el apoyo al menos de algún barón regional para que su candidatura tuviera más fuerza. Los entusiastas que le rodean replican que eso sólo sucederá cuando Aguirre dé el paso al frente. "Nadie quiere arriesgarse ahora que ella aún no ha anunciado que se presenta. Pero en cuanto haya dos candidaturas algunos barones se decantarán por Aguirre", sentencia un consejero madrileño. "El grupo parlamentario está más tranquilo ahora, pero en cuanto se anuncien dos candidaturas se dividirá", sentencia un veterano diputado.

Lo que más ha animado a los aguirristas, y preocupado al entorno de Rajoy -que de inmediato le ha preparado al líder una campaña por toda España para reforzar su autoridad y obligar a los barones a retratarse a su favor- es la entrada en juego de Francisco Álvarez-Cascos, el ex secretario general, un hombre que lo fue todo en los 90 y aún tiene predicamento en los cuadros medios del partido.

El que con más fuerza la empuja, según coinciden todos los consultados, es Ignacio González, que la acaba de acompañar en su viaje oficial de dos días a los Emiratos Árabes. Él es el hombre fuerte del Gobierno y el aspirante natural a suceder en el cargo a la presidenta si ésta lo deja por responsabilidades mayores. Los enemigos de González quieren ver en esa posibilidad el motivo de su entusiasmo con la candidatura. Lo cierto es que no está solo en la convicción de que el éxito es posible. Tiene a casi todo el Gobierno con él. Pero ella tiene la última palabra.

(www.elpais.com, 16/04/08)

IGNACIO GONZÁLEZ, NÚMERO 'DOS' DE AGUIRRE: "NO SABEMOS SI MARIANO RAJOY SERÁ EL CANDIDATO EN EL AÑO 2012"

El vicepresidente del Gobierno regional y número 'dos' de Esperanza Aguirre Ignacio González, asegura, en una entrevista que publicará íntegramente mañana el diario '20 minutos', que todavía no se sabe si Mariano Rajoy será el candidato del PP en las próximas elecciones generales de 2012.

El vicepresidente del Gobierno regional y número 'dos' de Esperanza Aguirre Ignacio González, asegura, en una entrevista que publicará íntegramente mañana el diario '20 minutos', que todavía no se sabe si Rajoy será el candidato del PP en las próximas elecciones generales de 2012. Preguntado por el periodista sobre la cuestión, responde: "Eso no lo sabemos". Asimismo, González apunta que desde la dirección del PP se ha dado en las últimas semanas una imagen de la presidenta madrileña "que no es real".

Aunque "Esperanza no pretende ser presidenta del PP ni quitar a nadie para ponerse ella", según el vicepresidente, si se hubiese propuesto conseguir los avales necesarios para presentarse a la Presidencia de su partido, Aguirre los hubiese logrado.

"Es un futurible porque nadie se ha puesto a contarlos pero yo estoy seguro de que si hubiera decidido presentarse habría conseguido todos los avales necesarios y más", añadió. Asimismo, dijo desconocer si él mismo sería presidente de Madrid si Esperanza Aguirre optara a la presidencia de su partido, aunque piensa que sería el presidente de la Comunidad si lo deciden sus compañeros y le dan la confianza de la Cámara.

(www.eleconomista.es, 04/05/08)

AGUIRRE RECLAMA A RAJOY QUE NO LA EXCLUYA EN EL DISEÑO DEL NUEVO PP

Esperanza Aguirre considera que tanto ella como la organización a la que representa han ganado suficiente peso en el PP como para que el líder del partido, Mariano Rajoy, tenga en cuenta su opinión, aunque a veces pueda resultar indigesta. Para diseñar equipos y para esbozar estrategias. Ahora, en tiempos precongresuales, y en el futuro.

Y como se acumulan en las páginas de los periódicos o en las ondas de radio las noticias sobre movimientos y maniobras para seducir a posibles candidatos a ocupar la secretaría general y, de paso, otros cargos de nueva creación, ella lanza un aviso a través de su portavoz: no sería ni "lógico, ni deseable, ni sensato, ni razonable" que el presidente del partido no consultase a todos sus presidentes regionales, "ahora y en los próximos meses", enfatizó el vicepresidente de Madrid, Ignacio González, en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno.

Cuando a González se le preguntó si, como ha sucedido con otros barones territoriales del PP, Rajoy se ha interesado por el criterio de Aguirre en torno a sus futuros colaboradores, él respondió que no ha habido conversaciones en este sentido. Eso sí, dejando claro que esperan que las haya.

Esta reacción se producía tan solo unas horas después de que se hubiera hecho público que el presidente de Valencia, Francisco Camps, y el líder de los populares andaluces, Javier Arenas, se habían erigido en portavoces de Rajoy para tratar de convencer, sin éxito, al político vasco Carlos Iturgaiz de que aceptase integrarse en la nueva dirección del partido.

Camps y Arenas se han convertido en escuderos del líder en momentos difíciles, aunque muchos de sus compañeros vinculen su postura a intereses personales más que generales. Al primero, los críticos le achacan respaldar a Rajoy para ganar tiempo y, en tres años, tratar de tomar él las riendas del PP. Al segundo, rechazar por ahora responsabilidades nacionales para intentar consolidarse en su comunidad "a la espera de que llegue un candidato que no esté quemado de antemano".

(www.elperiodico.com, 30/05/08)

AGUIRRE DESTITUYE A LOS MIEMBROS DE SU EJECUTIVO QUE DIERON SU APOYO A RAJOY

La presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, destituyó a cinco de sus consejeros. Oficialmente, el cambio ha sido para ahorrar. La realidad es que ha prescindido de dos hombres de Mariano Rajoy (Prada y Lamela) y de algunos de los consejeros que no llevaban la velocidad que gusta a la presidenta. Ignacio González, único vicepresidente, sale reforzado de esta remodelación. "Esto no se va a quedar así". Era la frase más repetida en las consejerías de la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre volvió tras perder el Congreso del PP en Valencia.

Aguirre cerró la primera crisis de Gobierno de su segunda legislatura destituyendo a cinco consejeros, entre ellos Manuel Lamela y Alfredo Prada, que se declararon partidarios de Mariano Rajoy en Valencia. La salida de los consejeros más cercanos a Mariano Rajoy va acompañada de la de personas que, siendo próximas a Esperanza Aguirre, no estaban dando a sus consejerías la "acción" que quería la presidenta.

Los acompañantes han sido Beatriz Elorriaga (Medio Ambiente y Ordenación del Territorio); Merry del Val (Economía) y Gádor Ongil (Familia y Servicios Sociales). Desde el Ejecutivo se ha envuelto el cese de los consejeros próximos a Rajoy con la disculpa del ahorro. De hecho, se insistía en que Manuel Lamela iba a continuar trabajando para el Gobierno de Aguirre "desde otro puesto". No se decía lo mismo de Alfredo Prada, visiblemente contrariado tras la destitución. Los dos han roto la unidad del bloque de Aguirre en las últimas semanas. El primero, Manuel Lamela, aprovechó un acto intrascendente del Metro para declararse claro partidario de Mariano Rajoy y decir que votaría al presidente del PP cuando el partido en Madrid aún no había tenido su reunión en la que dio libertad para votar en el Congreso de Valencia.

Alfredo Prada, vicepresidente segundo y consejero de Justicia, ha estado callado durante las últimas semanas. Todos sabían que sus relaciones con Ignacio González, vicepresidente primero, no eran precisamente buenas desde hace mucho tiempo. Pero estalló la crisis, cuando se conoció que Ignacio González salía del comité ejecutivo nacional del PP y era sustituido, por voluntad de Rajoy, por su oponente en el Gobierno de Madrid: Alfredo Prada. En la formación del último Gobierno ya se comentó que González quiso ser vicepresidente único. Prada logró mantener la categoría, pero perdió los funcionarios, los bomberos, la formación de los policías y la Bescam, que creó cuando llegó al Gobierno de la Comunidad para reforzar la seguridad en toda la región.

Las tesis de Ignacio González, desde hace tiempo, son que el Ejecutivo de Aguirre necesitaba más impulso, más nervio, más "acción". Y que desde la consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la de Economía y la de Familia no se estaba aportando ese dinamismo que pretende Aguirre. González queda como único hombre fuerte, pues permanece como vicepresidente después de que se aceptaran muchas de las sugerencias que ha hecho a la presidenta en los últimos días.

Merry del Val ha sido el autor de la Ley de Horarios Comerciales y de importantes medidas liberalizadoras, pero ahora hay que gestionar una crisis y con el PP nacional a la contra. Antonio Beteta es un gran experto en Hacienda y sabe de economía, pero fundamentalmente es pata negra Aguirre y tiene un gran peso en el partido en Madrid. Aportará un frente político que Aguirre quiere reforzar de cara a un duro invierno, con un congreso regional en otoño.

La presidenta de Madrid quiere contraatacar al Gobierno de la nación con medidas más valientes y liberalizadoras y dar ejemplo de cómo se puede luchar contra la crisis desde su núcleo duro. Beteta no ha sido partidario nunca de entrar en el Ejecutivo regional, pero la derrota del Congreso de Valencia le ha hecho aceptar el ofrecimiento de Aguirre.

Beatriz Elorriaga ha sido hasta anoche la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En este año ha chocado con la inmensa burocracia urbanística y no ha aprobado ningún Plan General de Urbanismo -aunque hay siete a las puertas, si bien de localidades pequeñas-. La presidenta quiere más dinamismo y agilidad para demostrar que en Madrid se puede hacer un urbanismo más rápido y construir también en épocas de crisis. El Parque Nacional del Guadarrama tampoco ha tenido ningún avance importante en este año, lo que hace que muchos colectivos sociales hayan expresado su protesta ante el Gobierno regional y el de José Luis Rodríguez Zapatero.

El caso de Gádor Ongil es parecido al de Merry del Val. La consejería no va a la velocidad que le gusta a la presidenta, que espera que Engracia Hidalgo, experta en cifras, ponga en macha la Ley de la Dependencia y mejore la situación de las residencias de mayores, muy criticadas en los últimos meses.

Todos esperaban que pasara algo tras el Congreso de Valencia. Pero pocos pensaban que iba a ser tan rápido. Se creía que sería o poco antes de las vacaciones, para que el mes de agosto curara las heridas, o en septiembre para relanzar el curso político.

Pero ha sido cuatro días después de regresar de Valencia, con todo caliente. , en algunos consejeros sorprendidos se detectaba mucho enfado por la rapidez y la violencia de la crisis. Los diputados del PP no tenían, salvo Beteta, ni idea de lo que estaba sucediendo.

La llegada de Ignacio Echeverría, otro hombre del partido, refuerza la imagen de un Ejecutivo más político. Echeverría conoce a Aguirre desde sus tiempos del Ayuntamiento de Madrid y sabe lo que quiere la presidenta de Madrid de una cartera como la de Transportes. Hacer Metro y carreteras, pero también darle palos al Gobierno central. Y para eso prefiere a alguien más fiel a Madrid y no a un consejero como Manuel Lamela, que está claramente con Rajoy.

La salida de Lamela se daba por segura desde hace algunos días, pero tampoco se esperaba que fuera tan rápida. De hecho, se rumoreó que Rajoy le nombraría secretario general del PP, lo que evitaría una salida violenta del Gobierno.

En el Gobierno de Esperanza Aguirre no se veía una reunión de Consejo de Gobierno con personas tan cercanas a Mariano Rajoy como eran Lamela y Prada. "Ahora, podrán hablar sin tapujos, no hay un consejero que no sea cien por cien Aguirre", decían por la noche algunos diputados, una vez conocida la resolución de la crisis. Algunos estaban tan despistados que aún preguntaban a los periodistas por la posibilidad de un ascenso, sin saber que Aguirre había ya cerrado la crisis apelando sólo a los hombres y mujeres más de la casa, es decir más del PP de Madrid.

(www.elmundo.es, 26/06/08)

AGUIRRE INTENTÓ FICHAR AL CRÍTICO COSTA Y A PIZARRO PARA SU GOBIERNO

La operación de Esperanza Aguirre, que ha cesado fulminantemente a los dos consejeros de su Gobierno que se acercaron a Mariano Rajoy, Alfredo Prada y Manuel Lamela, tenía mucho mayor calado. La presidenta de Madrid, convertida ya con claridad en líder del sector crítico del PP, trató de fichar para su equipo a dos personas clave que se han quedado fuera de la dirección nacional del partido: Juan Costa, el único que estuvo a punto de encabezar una candidatura alternativa a Rajoy, y Manuel Pizarro, fichaje estrella en enero y ahora muy distanciado del presidente, hasta el punto de que ha rechazado todos los puestos que le ha ofrecido.

Habría sido una auténtica revolución y Aguirre habría conseguido organizar en Madrid un poderoso polo de oposición a Rajoy con personajes muy destacados. Pero los dos rechazaron el ofrecimiento. Ambos evitaron confirmar o desmentir, pero Costa, en Radio Nacional, casi lo asumió: "Me encantaría colaborar con Esperanza Aguirre. Pero, si me lo hubiera ofrecido, yo no podría confirmárselo a usted", dijo.

A Costa la presidenta le llamó para proponerle, según fuentes del PP madrileño, ser el responsable de Economía. Con Pizarro las fuentes coinciden en que le ofreció una puesto hace semanas, aunque discrepan sobre las atribuciones del cargo, si eran económicas o políticas. Costa dijo no, siempre según las mismas fuentes, porque no le parece serio dejar ahora el escaño en el Congreso -fue cabeza de lista por Castellón- después de quedar fuera de la dirección en la otra purga, la que ha hecho el líder del PP con críticos como Carlos Aragonés o Gabriel Elorriaga. Costa entendió que la renuncia sería interpretada como una pataleta.

El caso de Pizarro es más complejo. El fichaje estrella de Rajoy en las pasadas elecciones se ha quedado como diputado raso después de rechazar la portavocía de Economía en el Congreso, la vicepresidencia de la Comisión de Economía y, últimamente, un puesto en el Comité Ejecutivo. Pizarro le ha dicho no a todo a Rajoy. Sin embargo, sí aceptó estar en la dirección del PP madrileño, y participa habitualmente en las reuniones de la cúpula de los aguirristas. Por eso Aguirre pensó que le diría que sí.

Pizarro, que no necesita ni mucho menos la política para vivir porque sólo como finiquito recibió de Endesa casi 15 millones de euros, no quiere sin embargo ningún puesto de gestión que se puede considerar menor. "Llevo 25 años siendo mi propio jefe", suele repetir a los amigos. El puesto al que él podría aspirar, según fuentes parlamentarias, es el de presidente de Caja Madrid, un cargo que ostenta Miguel Blesa desde 1996. Ése si sería un puesto con autonomía y un perfil de poder similar al que tenía en Endesa.

Al margen del fracaso con Pizarro y Costa, la decisión de Aguirre de fulminar a los dos consejeros que se acercaron a Rajoy a espaldas de la presidenta ha causado una auténtica conmoción en el PP. Varios diputados marianistas, fieles al líder, consideran que se trata de una auténtica reapertura de hostilidades después de un periodo precongresual muy tenso. "Es el liberalismo chequista", señala un diputado en referencia a las purgas estalinistas.

Rajoy, siempre según estas fuentes, tratará de recuperar al menos a Alfredo Prada, cuyo cese ha sido absolutamente traumático, afirman fuentes madrileñas. La conversación entre Aguirre y Prada fue muy tensa y de hecho él es el único de los consejeros que no acudió a la toma de posesión de sus sucesores. Lamela sí estuvo, y sonriente. Todo parece indicar que aceptará ser consejero de Caja Madrid, el puesto de consolación bien remunerado que le ha ofrecido Aguirre.

Prada es enemigo declarado de Ignacio González, mano derecha de Aguirre. Por eso fue especialmente mal visto en el entorno de la presidenta que él aceptara la propuesta de Rajoy para entrar en el Comité Ejecutivo del PP, cuando ya sabía que el líder había vetado allí a Ignacio González, que estaba en ese órgano de dirección desde 2004. Prada, que según fuentes madrileñas se ha visto varias veces con Rajoy para preparar el camino sin decirle nada a Aguirre, la llamó el sábado por la mañana. "Mariano me ha propuesto que esté en la ejecutiva", le dijo. "Haz lo que quieras, es una decisión personal", respondió ella. Era una forma clara de no autorizarle, pero él siguió adelante y la ruptura ha sido definitiva.

Los aguirristas defienden que la presidenta de Madrid, que se ha sentido agredida y que culpa a Rajoy por haberle instalado en el papel de mala de la película, tenía todo el derecho a destituir a quienes no han sido del todo fieles con ella y han girado hacia Rajoy a sus espaldas. En un momento de dificultades, aseguran, ella tiene que tener alrededor a gente en quien confiar. Los marianistas, por el contrario, creen que con esta maniobra Aguirre ha roto cualquier atisbo de puente que pudiera quedar con Rajoy.

(www.elpais.com, 27/06/08)

 AGUIRRE, CANDIDATA ÚNICA EN EL PP

Decenas de partidarios arroparon a Esperanza Aguirre, que presentó un total de 228 firmas en la sede del PP para optar a la reelección como presidenta del partido en Madrid el próximo mes de septiembre. La actual presidenta del PP de Madrid es la única aspirante al Congreso regional que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre para presidir la formación. El plazo para formalizar candidatura concluyó a las 20.00 horas sin que ningún otro aspirante a la Presidencia del PP presentara las 90 firmas necesarias para optar al cargo. Aguirre no quiso desvelar muchos detalles de quiénes formarán parte de su candidatura, pero sí explicó que Francisco Granados continuará como secretario general, que estará Ignacio González y que ofrecerá puestos a personas del entorno de Alberto Ruiz-Gallardón. No parece que se vayan a producir muchos cambios, pues la presidenta del partido considera que si se ganan la liga y la copa y casi la champions no hace falta hacer modificaciones. No quiso aclarar si Manuel Pizarro, del que dijo que era una persona muy capacitada por sus conocimientos sobre economía y política, estaría en esta lista.

En el congreso anterior del PP se produjo un duro enfrentamiento entre las personas próximas al alcalde Ruiz-Gallardón y la candidatura de Esperanza Aguirre. Finalmente se presentó para competir con Aguirre el actual vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

En esta ocasión, el propio alcalde ha elogiado la candidatura de Aguirre, por lo que no se espera que haya tensiones en el cónclave de los populares en el mes de septiembre. Señaló que el apoyo explícito que han expresado el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón, y su mano derecha, Manuel Cobo, ha supuesto "una declaración de confianza que le llena de ilusión y satisfacción". La lista de los candidatos de la Ejecutiva del PP de Madrid deberá ser votada por un 20% de los 2.500 compromisarios que se espera que asistan a esta reunión.

La presidenta explicó que presentaba su candidatura con "ilusión" porque los resultados de los últimos años han sido muy buenos y se han batido todos los récords del partido en Madrid gracias "al apoyo de la sociedad madrileña que es la más abierta, emprendedora y pujante de toda España".

Casi a la misma hora en que Aguirre presentaba sus avales y en el mismo edificio (en la sede del PP), la secretaria general de este partido, María Dolores de Cospedal, dijo que la posibilidad de que Aguirre sea la candidata a las elecciones autonómicas dependerá "de lo que apruebe el Congreso Regional del PP de Madrid", informa Luis Angel Sanz.

La número dos de Mariano Rajoy dijo que Aguirre es "una gran presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid". En la rueda de prensa semanal posterior al Comité de Dirección del PP, De Cospedal respondió así al ser preguntada por la candidatura de Aguirre. La ex consejera de Transportes recordó que al candidato regional "lo nombraba, hasta ahora, el Comité Electoral Nacional" y que la reforma de los Estatutos "sólo es de aplicación" al aspirante a la Presidencia del Gobierno de España.

(www.elmundo.es, 15/07/08)

'CASO NEIRA'. LA FAMILIA DE JESÚS NEIRA SE ENFRENTA AL GOBIERNO REGIONAL

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, habló sobre el caso Neira. Dijo que la relación con la familia del profesor agredido es "muy buena", que se le concederá la medalla al Mérito Ciudadano por su gesto de defender a una mujer que estaba siendo agredida y que el Gobierno regional está dispuesto a colaborar. Pero este puñado de buenas palabras no contentó a la familia de Neira. "Esperamos que la Comunidad haga menos declaraciones de apoyo y que asuma su responsabilidad en este caso, que la tiene, y mucha", señaló el portavoz familiar, Javier Castro.

Esa responsabilidad es, según Castro, la que se deriva de una supuesta negligencia de los médicos que atendieron a Neira tras la agresión del 2 de agosto (tres de ellos están imputados por negligencia). El profesor, golpeado al defender a una mujer maltratada, entró en coma en su domicilio tras varias visitas a los facultativos. Por ahora, el juez ha imputado a tres médicos de la sanidad pública, uno del hospital de Móstoles y dos del Puerta del Hierro. Javier Castro comentó a este periódico que en los próximos días solicitarán al juez de Majadahonda que cite como imputado por su responsabilidad en los hechos a un cuarto facultativo, perteneciente al Puerta de Hierro, que atendió a Neira el lunes 4 de agosto.

El enfrentamiento entre la Comunidad y la familia se debe a la insistencia del Gobierno regional por personarse como acusación popular en el caso de la agresión, es decir, por ser parte en un proceso en el que sus médicos están imputados. El profesor permanece en coma desde el pasado 6 de agosto en el hospital Puerta de Hierro, cuatro días después de sufrir la agresión.

Así, los abogados de Neira presentaron alegaciones en el juzgado de Majadahonda que lleva el caso contra el recurso interpuesto el martes por la Comunidad para ser acusación popular. El juez ya había rechazado esa pretensión del Ejecutivo anteriormente. "La Comunidad sigue insistiendo en su voluntad de personarse porque tiene intereses directos en ese procedimiento", señaló Castro.

"Ellos lo plantean así porque piensan que la agresión y la negligencia son dos casos distintos. Pero para nosotros la conexión es evidente: la situación de Jesús es consecuencia de ambas cosas, de la agresión y de que no recibió la atención facultativa adecuada", aseguró Castro. El portavoz de la familia señaló, además, que el recurso del Gobierno regional también cuestiona la competencia del magistrado para juzgar la responsabilidad penal de los médicos que atendieron a Neira. "Cualquier dilación en el proceso va en contra del proceso", concluyó Castro.

El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio González, aseguró que la Comunidad mantiene su intención de personarse en el caso para lograr que "se aplique todo el peso la ley". "Lo que hay abierto es un proceso por una denuncia de las agresiones salvajes al señor Neira, que es lo que ha provocado el estado en que se encuentra, y en el que nosotros queremos ser parte porque nos parece un hecho brutal de agresión que tiene que ser condenado", añadió.

Sobre las actuaciones sanitarias en los hospitales Puerta de Hierro y de Móstoles, González, indicó que actuarán en lo que les "corresponda", sin profundizar más en el tema ni determinar en qué punto se encuentra el expediente que la Consejería de Sanidad abrió para determinar si se atendió correctamente a Neira en su periplo hospitalario, desde que sufrió las agresiones el 2 de agosto hasta que ingresó en el Puerta de Hierro en coma por un derrame cerebral.

(www.elpais.com, 29/08/08)

IGNACIO GONZÁLEZ DICE QUE GALLARDÓN DEBERÁ DEVOLVER EL DINERO AL CANAL SI RESCINDE EL CONTRATO

El vicepresidente primero, Ignacio González, ha advertido a Ruiz-Gallardón que si quiere "aprovechar el tirón para ver si saca más dinero" a raíz de la privatización del Canal de Isabel II, deberá devolver los más de 800 millones de euros que le ha pagado ya la Comunidad por distribución y saneamiento del agua.

González se ha pronunciado de este modo en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, al ser preguntado por el anuncio que hacía poco antes el alcalde de Madrid acerca de que la privatización del 49% del Canal "obligará al Ayuntamiento a rescindir los convenios que mantiene con la empresa y a convocar un concurso para sustituirlos".

El vicepresidente primero regional, que en ese momento desconocía las palabras exactas del alcalde, ha preferido "no pronunciarse" al respecto y ha asegurado que le "extrañaba" que Ruiz-Gallardón "haya dicho eso, en esos términos".

No obstante, ha recordado que existe un convenio en vigor "reciente" por el cual el Canal de Isabel II asume durante los próximos 25 años el servicio de distribución y saneamiento del agua de la capital, a cambio de lo cual ha abonado ya al Consistorio "entre 800 y 900 millones de euros".

Ha manifestado, por tanto, que si el Ayuntamiento de Madrid se plantea ahora rescindir el contrato con el Canal -a raíz del anuncio de privatización del 49% del capital de este organismo que ha hecho la presidenta regional-, la Comunidad "podrían reclamar" al Consistorio la cantidad que ya le han pagado "por adelantado".

El vicepresidente primero ha insistido en que el convenio que está firmado con el Ayuntamiento de Madrid "no va a cambiar ni va a sufrir ninguna modificación" por la salida a Bolsa del Canal.

Ha puesto en duda que cualquier posible convenio o cualquier concurso que el Consistorio pudiera firmar en el futuro para recibir durante los próximos "30 años" los servicios que hoy recibe de la empresa de la Comunidad, le vaya a pagar el dinero en sólo tres años "como se lo esta dando el Canal".

A juicio de González, "en la mentalidad de quien haya planteado" rescindir el convenio entre el Canal y el Ayuntamiento estará "devolver el dinero" que el Consistorio ha cobrado por adelantado y que "no querrá las dos cosas".

(www.soitu.es, 18/09/08)

AGUIRRE NO EXPLICA EL COSTE DEL ESTRENO DE LOS TEATROS DEL CANAL

Sin el IVA, 407.354 euros. Ésta es la única cifra que asumió haber pagado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la inauguración de los Teatros del Canal de Isabel II. Pero se refiere sólo al coste del espectáculo A, dirigido por el músico Nacho Cano, con quien el Gobierno regional, a través de su empresa pública de aguas, firmó un contrato el 15 de julio, según Aguirre. Contrato que no mostró. Del resto del estreno, nada.

Y ya es algo. El 25 de septiembre el vicepresidente Ignacio González, que también dirige la empresa pública, afirmó: "El Canal no ha pagado un solo euro". Los documentos publicados el pasado 23 de septiembre, muestran que el coste de todo el acto -el musical más el convite que le siguió- fue de casi 1.229.000 euros.

Tanto González como la presidenta regional eludieron responder a las preguntas que le formularon en la Asamblea de Madrid la portavoz de IU, Inés Sabanés, y el diputado socialista José Antonio Díaz, sobre quién pagó, o qué argucias se utilizaron para evitar pagar el resto de costes del acto de inauguración, celebrado el pasado 22 de septiembre, con 900 invitados.

"Cualquier fiesta y cualquier gasto de esas características no sólo es un despilfarro en un contexto de crisis, sino que es profundamente injusto en un momento en que se ha anunciado la privatización del Canal con la justificación de que le falta dinero para inversiones", afirmó Sabanés. Aguirre le contestó después que cuando firmó el contrato "Zapatero ni siquiera reconocía la crisis".

"Si la empresa pública no ha pagado un euro, ¿quién lo ha pagado?, ¿cómo se ha financiado el espectáculo?", planteó Díaz, que recalcó que a pesar de ello en la invitación figuraba la presidenta como anfitriona. No tuvo respuesta en el hemiciclo. González recordó en su intervención el sobrecoste que ha supuesto a las obras de los teatros: "Los 100 millones de euros de más como consecuencia de la mala gestión de la dirección técnica". Era un directo a la yugular del arquitecto Juan Navarro Baldeweg, que el Canal despidió para luego volver a contratar.

La respuesta a la oposición la dio el gerente del Canal, Ildefonso de Miguel, no en el hemiciclo, sino en los pasillos de la Asamblea. Allí De Miguel reveló a los medios, sin aportar documentación, que el acto salió por una cantidad cercana al millón de euros.

La productora Boomerang TV, que organizó el acto según su director, José Manuel Lorenzo, ha negado la cifra de 1,5 millones porque asegura que los documentos que tiene EL PAÍS sólo eran un borrador de contrato. El Canal de Isabel II, al que desde el primer día este periódico le reclamó contrastar la documentación, no ha aportado en este tiempo otros papeles que desmientan la cifra.

Tampoco lo hizo . El gerente de la empresa pública, Ildefonso de Miguel, reconoció la cantidad parcial avanzada por Aguirre (407.354 euros más IVA) y explicó que ha gastado otros 450.000 euros en el patrocinio del musical de Nacho Cano, que en teoría comenzará ahora una gira. Entonces, agregó, "tendrá la presencia y compensación habituales, como los tendrán otros patrocinadores".

El resto del evento, agregó, lo pagarán las constructoras que han levantado los edificios -las empresas ACS, presidida por Florentino Fernández, y OHL, por Juan Miguel Villar Mir-. "Es lo normal, lo habitual y lo que ocurre en cualquier inauguración de obras", puntualizó. Habitualmente las concesionarias de las obras que ejecuta la Comunidad tienen por contrato una obligación (cláusula de hospitality) de abonar el coste del acto de inauguración. Así ha ocurrido con la apertura de las estaciones de metro o los hospitales, según un portavoz del Gobierno regional. De Miguel dijo que desconocía cuánto les habría costado el convite a las constructoras. Pero la cifra asumida por él se acerca al millón de euros.

Que sólo admita haber pagado una parte del contrato tiene una explicación. La Ley de Contratos del Sector Público de 31 de octubre de 2007 obliga a las empresas públicas a convocar un concurso siempre que contraten servicios si superan el límite de 211.000 euros (artículo 16). El Canal no convocó concurso para el estreno de los teatros, según una portavoz. González ha explicado reiteradamente que cuando supieron que Cano preparaba un musical sobre el agua decidieron llevarlo a los teatros para la inauguración. Es decir, que si reconoce el contrato de 1,5 millones, la empresa pública estaría saltándose la ley.

Ahora sólo admiten el contrato con Cano. Porque un acuerdo con un artista no entra dentro del ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. Y no requiere concurso, según un interventor de empresas públicas. "Es un contrato privado", afirma.

Fuera del escándalo de las cifras, se produjo otro político. PSOE e IU tacharon de "muy grave" que no hubiera explicaciones en el hemiciclo. "Esta Cámara necesita una auditoría democrática, porque el PP nunca contesta a nada", afirmó la portavoz socialista, Maru Menéndez. "No nos han dicho la cuantía ni quién ha corrido con los gastos. En una Administración pública es de una gravedad extrema porque en sede parlamentaria no se puede dejar de contestar sobre gastos públicos".

"Nos hemos dirigido a Aguirre con una pregunta clara, que no daba lugar a ambigüedades y nos ha dado una respuesta a medias, que después ha intentado completar el gerente en los pasillos con una explicación poco convincente, que nos deja más incertidumbres", agregó la portavoz de IU, Inés Sabanés. Su grupo va a pedir la comparecencia de González en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Hasta que se aclare todo.

(www.elplural.com, 03/10/08)

UN ALTO CARGO DE AGUIRRE, IMPUTADO POR LA ADJUDICACIÓN DE LAS VENTAS

José Pedro Gómez Ballesteros, director gerente del centro de asuntos taurinos, ha sido imputado por un presunto delito de falsedad documental en la adjudicación irregular de la Plaza de las Ventas. Gómez Ballesteros depende directamente del vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González. Con la suya, van cuatro imputaciones por la concesión de la gestión de la plaza más importante del mundo. Entre ellas, la del beneficiario de la concesión, el empresario José Antonio Martínez Uranga.

La Fiscalía ha presentado un escrito en el Juzgado manifestando que todos los miembros de la mesa de contratación que declararon ante el juez apuntaron a José Pedro Gómez Ballesteros como el responsable de estudiar las ofertas recibidas para gestionar Las Ventas.

De los testimonios recogidos por el juez se desprende que él fue el único encargado de mirar las propuestas y de elaborar el informe definitivo que adjudicó Las Ventas a Martínez Uranga. En base a estos argumentos, el juez ha imputado a Gómez Ballesteros por un presunto delito de falsedad documental. 

La gestión de Las Ventas viene arrastrando polémicas desde 2004, cuando la concesión se adjudicó a Taurovent, una empresa en la que participaba el mismo Martínez Uranga, que controlaba el 60% de las acciones, y Fidel San Román, uno de los imputados en el caso Malaya, con el 35%. En el concurso, esta entidad superó por un punto a las competidoras a pesar de que, al menos dos de ellas mejoraban su oferta, según informó la SER. Tan escandaloso fue el asunto que una de las perdedoras, Madrid Capital de Toreo, presentó una querella por prevaricación contra el vicepresidente González.

El reparto accionaral de Taurovent se invirtió tras la concesión, pasando la mayoría a manos de San Román. Pero cuando la Operación Malaya acabó salpicando a este, Martínez Uranga compró su parte –a pesar de que aquél ya estaba en prisión y la concesión ya estaba en entredicho-. El resto de la empresa quedó en manos de Ramón Calderón, el presidente del Real Madrid. La Comunidad de Madrid ignoró estos bochornos, prorrogando el contrato a Taurovent, la primera y única empresa con la que el coso ha sufrido pérdidas.

(www.elplural.com, 17/11/08)

ENFRENTAMIENTO AGUIRRE vs. GALLARDÓN: LAS REFORMAS DEL CANAL Y CAJA MADRID IMPULSAN EL CHOQUE ENTRE COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO

De un plumazo, el Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó a través del anteproyecto de la Ley de Acompañamiento el inicio de las dos reformas legales más controvertidas. Son las que la han llevado al choque frontal con el Ayuntamiento de Madrid, que preside su rival, Alberto Ruiz-Gallardón: la reforma de la ley de cajas y de la creación de una sociedad anónima que, en un futuro, permitirá privatizar el Canal de Isabel II. Una vez más, el Ejecutivo de Aguirre amplía el objeto de la ley, las medidas fiscales y administrativas, para modificar normas sin tener que debatirlas una a una.

La revisión de la ley regional de cajas se produce en pleno enfrentamiento con el alcalde por la apertura de un proceso electoral en Caja Madrid, que pretende mantener a Miguel Blesa en la presidencia, donde lleva 12 años. Los consejeros gallardonistas, unidos a los de los sindicatos y al de IU, apoyan al presidente de la entidad. Los aguirristas quieren desbancarlo.

También la privatización del Canal de Isabel II suscitó el choque entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, cuando Aguirre la anunció en el debate del estado de la región el pasado septiembre. Gallardón mostró después su intención de romper el convenio por el que tiene cedida al Canal la red de saneamiento y alcantarillado, si Aguirre seguía adelante con el proyecto. El convenio contiene una cláusula que permite al alcalde dar por roto el acuerdo si comienza un proceso de privatización. Gallardón aseguró que en ese caso está obligado a romper el convenio y sacar a concurso la gestión del alcantarillado.

"La red por la que pasa el agua es del Canal de Isabel II. Si [el Ayuntamiento] rompe el convenio, tendrá que pagar un canon", respondió el presidente de la empresa, que es el vicepresidente regional, Ignacio González. La novedad de es que el Consejo de Gobierno decidió autorizar al Canal a crear una sociedad anónima que gestione las infraestructuras hidráulicas de la región. González explicó que el Canal mantendrá las concesiones y autorizaciones del dominio público del agua y los derechos de explotación. Después, el 49% de esa empresa saldrá a Bolsa. Con esta medida, el Ejecutivo regional pretende obtener unos 4.000 millones de euros para nuevas infraestructuras de agua que se construirán en los próximos 10 años.

El anteproyecto de ley desató las iras de la oposición. IU anunció ya antes de conocer el texto legal que lo impugnará por la vía contencioso-administrativa y pedirá la suspensión cautelar. "Ha sido un golpe de mano", afirmó la portavoz, Inés Sabanés. "De una tacada se aprueban las medidas más polémicas".

La portavoz de IU criticó que "el PP dedica todos los debates a hablar de Zapatero y, lo importante, lo mete todo en un día". Se refería a que en una sola sesión del pleno de la Asamblea se discutirá el próximo diciembre la Ley de Acompañamiento. Esta norma no exige la tramitación ordinaria en comisión, antes de ir al pleno y, además, permite modificar varias leyes de una sola vez, sin discutirlas una a una. "No vamos a tolerar que año tras año medidas tan relevantes se cuelen por la puerta de atrás, eludiendo los procedimientos y debates debidos. Debería ser un compromiso democrático no utilizar la Ley de Acompañamiento de forma tan torticera".

También lo consideró un abuso la portavoz socialista, Maru Menéndez, aunque ella no tiene previsto llevar la Ley de Acompañamiento a los tribunales y aseguró que, hasta que no conozca el contenido de la ley, no decidirá su posición de voto. "Vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para impedir la privatización del Canal", agregó. Menéndez también recordó que los ayuntamientos socialistas advirtieron ya de su intención de romper los convenios de cesión de sus infraestructuras en caso de privatización.

(www.elpais.com, 21/11/08)

BLESA CEDE A LA PETICIÓN DE AGUIRRE Y COLOCA A ACEBES, LAMELA Y CAVERO EN CIBELES

Se jugaba mucho en el primer paso, así que Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, ha cumplido el guión marcado por Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El consejo de administración de Cibeles (la filial que agrupa los negocios financieros de la entidad y cuya fecha de salida a Bolsa está aún en el aire) se constituyó con los nombramientos de las tres personas que quería Aguirre: Ángel Acebes, ex ministro de Interior y ex secretario general del PP; Manuel Lamela, ex consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y Carmen Cavero, directora de desarrollo de negocio de Morgan Stanley y cuñada del vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González.

Caja Madrid envió a la CNMV, hace semanas, un informe de idoneidad de estos tres consejeros. En el PP se interpretó este movimiento como un intento de frenar su entrada en Cibeles, si bien es un requerimiento legal. Tras el visto bueno de la Comisión de Valores, Blesa les dio paso en la filial de Caja Madrid.

No obstante, todavía queda un obstáculo para Acebes. El Congreso deberá decidir si es compatible compaginar el cargo de diputado con el de consejero de Cibeles, además de abogado en ejercicio. Acebes enviará al Congreso una declaración complementaria de actividades y la Cámara Baja decidirá, ya en febrero o marzo, si este cargo es o no compatible con su acta de diputado.

La Ley Electoral y el Reglamento del Congreso establecen, en el artículo 159.2, que son incompatibles "las funciones de Presidente del Consejo de Administración, Consejero, Administrador, Director General, Gerente o cargos equivalentes, así como la prestación de servicios en Entidades de Crédito o Aseguradoras o en cualesquiera Sociedades o Entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito". En todo caso, le limitaría a 24.000 euros el sueldo de diputado, según el artículo 156.1 y el Real Decreto 462/2002, según fuentes del Congreso.

No obstante, el PP espera que el Congreso dé su visto bueno porque "hay antecedentes" de otros diputados que han compatibilizado ciertos cargos con su condición de parlamentario.

Pese a estos nombramientos, no hubo palabras altisonantes en la formación del consejo de Cibeles. Como en otros órganos de Caja Madrid, los temas peliagudos se arreglan con decisiones salomónicas. Blesa ha contentado a todos, formando un consejo con presencia de la izquierda. En resumen, cinco consejos están cercanos a la izquierda, siete a la derecha y tres profesionales.

Este órgano, integrado por un secretario (Ignacio Navasqüés y Cobián) y 15 consejeros entre los que están los dos vicepresidentes de la entidad, José Antonio Moral Santín (IU) y Estanislao Rodríguez-Ponga (PP). También estarán cuatro vocales de la caja: Francisco Baquero (CC OO); Mercedes de la Merced (PP); Antonio Romero (PSOE) y Mercedes Rojo (PP), asesora de Aguirre.

Entre el grupo de reconocido prestigio está Oscar Fanjul, presidente de Repsol con el PSOE; Ignacio Varela, que estuvo en el Gabinete de la Presidencia con Felipe González y Pedro Schwartz, profesor extraordinario de la Universidad San Pablo CEU y miembro del consejo asesor de Capgemini España. Además, estarán dos directores generales de Caja Madrid, Matías Amat e Ildefonso Sánchez Barcoj, junto a José Manuel Martínez, presidente de Mapfre. El consejero delegado es Carlos María Martínez.

(www.elpais.com, 23/12/08)

AGUIRRE APUNTA A IGNACIO GONZÁLEZ COMO PRESIDENTE DE CAJA MADRID 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, apuntó ayer, por primera vez públicamente, que su lugarteniente en el Ejecutivo regional, Ignacio González, podría ser presidente de la cuarta entidad financiera del país. González es actualmente vicepresidente primero del Ejecutivo regional y hombre de máxima confianza de Aguirre.  

«¿Por qué no?», respondió ayer Aguirre en TVE al ser preguntada si González podía ser candidato a la presidencia de Caja Madrid. La respuesta previsible hubiera sido que González no es candidato, porque es nada menos que vicepresidente primero de la Comunidad, pero con su frase abre la puerta a una crisis gubernamental inmediata. La elección en Caja Madrid culminará en noviembre.  

Además calificó de «absolutamente incierto» que el presidente del PP, Mariano Rajoy, haya vetado a González para sustituir a Miguel Blesa al frente de la entidad financiera. «Yo no he hablado con Mariano Rajoy sobre presidentes de Caja Madrid, eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer en el futuro», afirmó. La presidenta de la Comunidad también apoyó que el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, releve a Blesa.

«A mí me parece que Rodrigo Rato tiene todas las cualidades y todas las condiciones para cualquier puesto de responsabilidad financiera y económica». Rato ha mejorado su relación con Rajoy y no está descartado en las quinielas. Siguen también figurando en ellas el ex secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, o el diputado Manuel Pizarro. «De Guindos o Pizarro también serían buenos candidatos, la presidenta de la Comunidad sólo ha hablado de los nombres por las que se le ha preguntado», explicaron posteriormente fuentes del Ejecutivo regional a este diario.  

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se opone a que haya candidatos como González y provocó ayer un nuevo choque en la Comisión Electoral, el órgano que debe velar por la renovación legal de la cúpula de Caja Madrid.  

Una mayoría de miembros formado por representantes del PP de Aguirre, Izquierda Unida, CCOO-Comfia y, con matices, PSOE y UGT, apoyaron ayer que el presidente de la Comisión Electoral, el gallardonista Serrano, se inhiba en cualquier actuación relacionada con el pulso lanzado por el alcalde de Madrid. La mayoría considera que Serrano incurre en conflicto de interés porque es alto cargo del Ayuntamiento y, al tiempo, presidente de la Comisión Electoral que debe defender en los tribunales lo que la mayoría considera la legalidad frente a la impugnación de Gallardón.  

El alcalde alega que Aguirre le ha marginado en el reparto de consejeros que el Rey Juan Carlos declina elegir y la mayoría de la Comisión Electoral y el Ejecutivo regional estima que la distribución ha sido realizada de acuerdo con la ley.  

Pero Serrano, instado por Gallardón a resistir, no sólo se negó a inhibirse, sino también que su exclusión fuera sometida a votación. La mayoría, formada por nueve miembros de un total de 13, firmaron un escrito reclamando a Serrano que convoque una reunión el próximo jueves para votar no ya su inhibición, sino su destitución. Diversos ayuntamientos y la Cámara de Comercio de Madrid dirigieron escritos a la Comisión Electoral en contra de las tesis del alcalde. Hoy mismo puede haber otro asalto en la Comisión Electoral, ya que la mayoría intentará que se dé ya respuesta negativa al recurso del Ayuntamiento. 

(www.elmundo.es, 29/09/09)

EL PLAN OCULTO DEL VALIDO DE AGUIRRE

Varios dirigentes populares creen que Ignacio González prepara su salto a la empresa privada a pesar de haber recuperado poder en el PP madrileño

El pasado jueves, Ignacio González (Madrid, 1960), presidió el consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Asumía, de esta forma, la presidencia de forma interina hasta que Esperanza Aguirre se recupere de la operación a la que ha sido sometida tras serle detectado un cáncer de mama. Hoy, como presidente en funciones, acudirá al funeral por los cinco militares fallecidos en Hoyo de Manzanares en la base militar de El Goloso junto a los príncipes y la ministra de Defensa.

• "En Génova no está bien visto. Formó parte del grupo que se opuso a Rajoy"
• "En la Comunidad de Madrid manda Ignacio; controla partido y Gobierno"
• "Le robaron la merienda con Caja Madrid. Ahora quiere irse al Canal"
• "Tiene relevancia pública nula porque él quiere. Debería tener más"

En las últimas semanas González ha exhibido su poder interno en el PP de Madrid. Ha influido en la designación de todos los candidatos del PP en la región. Es el presidente del comité electoral y lo ha dejado claro. El nombramiento de los cabezas de lista populares en municipios como Pozuelo, Las Rozas, Boadilla, Parla o Fuenlabrada han sido apuestas suyas. "Los nombramientos de los candidatos de los grandes municipios los supervisa directamente la presidenta. Él podrá influir, pero la decisión es de Aguirre. Donde se notará su influencia es en el número de concejales que pueda meter en las listas". Lo cierto es que ha hecho notar su influencia. Mantiene abierta la herida con su compañero Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Granados es el secretario general del PP en Madrid y el director de campaña de Aguirre. "La presidenta buscó un equilibrio, González presidente del comité electoral y Granados de la campaña. Pero el poder lo tiene el vicepresidente", desliza un veterano diputado del PP.

Es el favorito de Aguirre, a la que acompaña desde los noventa cuando ella era concejal de Cultura de Madrid y él director de servicios culturales. La siguió cuando la lideresa ocupó el ministerio de Cultura. Y fue uno de los pocos fieles que la escoltó durante su aventura electoral de 2003, cuando Aguirre cultivaba una imagen de política atolondrada.

El número dos del Ejecutivo regional recupera así presencia pública tras su frustrado asalto a la presidencia de Caja Madrid, la decepción por quedar fuera de la dirección nacional del PP y tras ver como su imagen quedaba manchada tras ser espiado durante un viaje en Colombia y la aparición de varios informes que sugerían irregularidades en su gestión.

Varios cargos del PP consultados concuerdan en señalar que González ha alcanzado su cénit político. "En Génova no está bien visto. No se fían de él. Por eso no podrá suceder a Esperanza y él lo sabe". Las mismas fuentes populares señalan que la decisión de Ignacio González es abandonar la política. Seguir los pasos del exconsejero de Sanidad, Juan José Güemes, y pasar a la empresa privada. Fracasó en su intentó de presidir Caja Madrid. Pero todos señalan a la empresa que resulte de la privatización del Canal de Isabel II como futuro destino del protegido de Aguirre.Con Esperanza Aguirre convaleciente, Ignacio González es ahora el hombre fuerte en el PP de Madrid. "Es el maestro de orquesta en el Consejo de Gobierno. Con anterioridad a la operación el resto de consejeros ya despachaban con él antes de presentar sus propuestas ante la presidenta. Algunos le piden ayuda para colar asuntos en el consejo", revela un compañero de Gobierno. Otra fuente, asegura que muchos de los consejeros recelan de él por su excesivo poder y buscan refugio en Francisco Granados, número tres del Gobierno regional. "En la Comunidad de Madrid no hay una bicefalia. Manda Ignacio. Controla el partido y el Gobierno", asegura un alto cargo popular.

A pesar de ello, González ha dado muestras de cansancio. Varios dirigentes populares cuentan que en la pasada convención del PP celebrada en Sevilla en enero, se le veía distante, distraído y comentando airadamente que estaba aburrido de las conferencias. Apenas hizo acto de presencia. Sólo estuvo unas horas. Génova no le quiere y él no se siente cómodo con la dirección del PP. Y eso, cuentan fuentes del PP, se nota en el partido.

En los últimos meses han arreciado los rumores sobre su continuidad en la política. "Le robaron la merienda con Caja Madrid y no está dispuesto a que se la vuelvan a quitar con el Canal", comenta un alto cargo del PP. El vicepresidente de la Comunidad es también presidente del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua en la región. El plan del Ejecutivo regional es privatizar el 49% de la sociedad. Y en esa nueva empresa privada es donde numerosos cuadros populares colocan a González, quien tutela personalmente todo el proceso. "Puede tener poder. Estar cerca de la presidenta te da mucho poder, pero no tiene ambición política. Lo que le gusta ahora es la privada, que está bien pagada", apunta un miembro de la ejecutiva regional. González tilda estas afirmaciones de "especulaciones". Pero no rechaza esa posibilidad. El vicepresidente regional se ha ganado fama de hombre habilidoso y maquiavélico en la política. Es directo en sus afirmaciones y eso agrada a Aguirre.

Ahora, está a punto de cerrar la legislatura más complicada de su dilatada carrera política: En otoño de 2009, González acordó con la oposición (PSOE e IU) y sindicatos (UGT y CC OO) repartirse los cargos en la cúpula de la entidad madrileña, el se reservaba la presidencia. Lo tenía todo preparado para abandonar la política con dirección a la empresa privada. Pero Génova, calle donde está la sede nacional del PP, puso fin a su plan. Mariano Rajoy impulsó a Rodrigo Rato a la presidencia de Caja Madrid. La apuesta por el ex ministro de Aznar fue tan decidida que apenas encontró resistencia, más allá de cierto remoloneo del entorno de Aguirre. "Después de aquello lo pasó mal anímicamente". Era una apuesta personal, una forma de salir de la política en la que lleva mucho tiempo. González daba muestras de cansancio. "Es cierto que la opción de Caja Madrid era muy interesante, pero no era ninguna alternativa a nada", aseguró hace unos meses González en una entrevista a este diario.

Un año antes había quemado sus aspiraciones políticas. Cuestionó el liderazgo de Rajoy durante las semanas previas al congreso del PP en Valencia donde el líder popular revalidó la presidencia de los populares. González estuvo detrás de los amagos de Esperanza Aguirre por disputarle la silla a Rajoy, eso le pasó factura. Se quedó fuera de la dirección nacional del PP, donde si se estaban algunos de sus enemigos internos como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el ex consejero regional, Alfredo Prada. "Desde entonces no está bien visto en Génova. Formó parte de ese grupo que se opuso a Rajoy", sostiene un destacado dirigente del PP.

Fueron los meses más difíciles. Su im5agen se asoció con el ala más dura del PP. Además, en enero de 2009, se conoció que González había sido objeto de seguimientos durante sus viajes al extranjero. Apareció un vídeo que demostraba que había sido espiado en un viaje a Colombia. También se desvelaron varios dosieres que sugerían trato de favor a empresarios. El vicepresidente lo denunció en los tribunales, el juez abrió diligencias al observar indicios de delito. El asunto sigue abierto.

En menos de año y medio se quedó fuera de la dirección nacional del PP, vio como su imagen quedaba manchada y sus planes para abandonar la política y marcharse a Caja Madrid truncados. Aquella decepción coincidió con una caída fortuita por unas escaleras en una visita a las obras del metro en Ópera que le reprodujo una dolorosa lesión en la cadera que le ha acompañado durante meses. Todas estas circunstancias lo llevaron a rebajar su presencia pública y a refugiarse en sus competencias como consejero de Cultura y Deportes en busca de suavizar su imagen. "Es cierto que tiene relevancia pública nula y debería tener más. Él ha querido bajar su nivel de exposición", reconoce un miembro de la dirección del PP regional. Otro destacado dirigente señala: "Lo de Cultura y Deportes no es solo una forma de mejorar su imagen es también una recompensa de la presidenta tras lo de Caja Madrid". Lo que parece seguro es que repetirá como número dos en la lista del PP. El salto al Canal tendrá que esperar.

www.elpais.es 27.02.11

PRESIDENTE' GONZÁLEZ

El 'número dos' de Aguirre maneja todos los resortes del poder y fulmina a sus enemigos

Los sucesores en la sombra Mientras Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón ajustan sus ambiciones políticas a la expectativa del PP de recuperar La Moncloa, cobra especial relevancia el poder adquirido tras el 22-M por sus dos hipotéticos delfines

Esperanza Aguirre acaba de ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid por tercera ocasión consecutiva. Lleva al frente de la región desde 2003. Controla todos los detalles con mano de acero. Se entromete en los asuntos más nimios de cualquier consejería, hasta el punto de llegar a dejar en ridículo a sus responsables si llega el caso. Acapara los focos y los titulares.

Pero tras la alargada sombra que refleja Aguirre se oculta Ignacio González. No es solo su número dos. El vicepresidente regional controla todos los resortes del poder en la región. Nadie accede a la presidenta sin que él lo sepa. No hay cuestión que se decida en la sede del Gobierno autónomo, en la Real Casa de Correo, sin que lleve su visto bueno. Aguirre confía en él y recompensa su lealtad. Es el único miembro del Gobierno regional que acompaña a la presidenta desde la primera legislatura. El nuevo Ejecutivo que ha dibujado Aguirre tiene su sello. Es el presidente en la sombra.

El niño mimado de la presidenta es temido y admirado por los altos cargos de la Administración regional. Lleva con Aguirre desde la época en que ella era concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid.

González elimina enemigos con la misma facilidad que los genera. Cualquier miembro del Ejecutivo regional que ose oponerse a él termina haciendo las maletas. Prueba de ello fueron las salidas del exconsejero de Justicia, Alfredo Prada; la del exconsejero de Sanidad, Juan José Güemes; o la más reciente y llamativa, la exclusión de Francisco Granados, exconsejero de Presidencia Justicia e Interior, del nuevo Gobierno regional. Durante años han mantenido un pulso con todos ellos por controlar el poder interno de la Comunidad de Madrid. González siempre ha salido victorioso. Es el director de orquesta en los consejos de Gobierno. El resto de consejeros despachan con él antes de lidiar con la presidenta, cuentan fuentes del Ejecutivo regional. Le piden consejo para colar cuestiones en el consejo.

Pero la gestión de González está repleta de claroscuros. Es el presidente del Canal de Isabel II, la empresa pública que la oposición de Madrid señala como origen de asuntos polémicos. Prueba de ello, fueron los seguimientos que sufrió el vicepresidente durante un viaje a Colombia con una delegación del Canal. Fue grabado con cámaras ocultas y se elaboraron varios dosieres sobre sus movimientos. Paralelamente estalló el caso del espionaje a políticos del PP en Madrid. El asunto nació en la consejería que ocupaba Granados, quien contrató a los tres exguardias civiles que la Audiencia Provincial investiga por malversación de fondos. Pero poco a poco el caso de los espías fue desplazándose hasta Sol, sede del Gobierno regional. El supuesto jefe de los espías, Sergio Gamón, fue contratado a dedo por Esperanza Aguirre. Su exesposa, Yolanda Laviana, aseguró a este diario que "desde 2006 ya investigaba a Prada para Ignacio González". Laviana, que mantiene un contencioso con Gamón a cuenta del divorcio, sostiene que escuchó conversaciones de su exmarido con González reportándole informes sobre diferentes investigaciones.

Durante esa época se conoció que la cúpula de la Comunidad de Madrid manejaba una red de teléfonos móviles prepago que cambiaban cada semana para evitar ser pinchados. Esta estrategia de comunicación fue ordenada por el vicepresidente regional, según diversas fuentes. Entonces aparecieron también varios dosieres sobre su patrimonio e información sobre concursos en los que participó el número dos del Gobierno regional. González acudió a la justicia para denunciar sus seguimientos y el origen de los informes.

Cansado de todas las intrigas de la Comunidad de Madrid, en 2009 González decide saltar a la empresa privada y prepara la toma de la presidencia de Caja Madrid. Durante meses encuentra la oposición del Ayuntamiento de Madrid, controlado por Alberto Ruiz-Gallardón. Llegó a negociar con sindicatos y la oposición su nombramiento. Pero a última hora, el presidente de su partido Mariano Rajoy coló a Rodrigo Rato, un hombre con demasiado peso en el partido. Incluso para él. El frustrado asalto a la presidencia de Caja Madrid le desgastó mucho. Para suavizar su imagen, Aguirre le otorgó las carteras de Cultura y Deportes.

Durante los últimos meses las desavenencias entre González y Granados se habían intensificado. Hasta que Aguirre decidió acabar con los frecuentes pulsos entre ambos dirigentes antes de las elecciones. Otorgó a González todo el poder para decidir las candidaturas de su partido en Madrid, pese a que Granados era el secretario general del PP de Madrid. Poco después se conoció la enfermedad de Aguirre, que fue operada de cáncer de mama. Durante su convalecencia, González ostentó la presidencia en funciones de la Comunidad de Madrid. Una vez más el hombre fuerte de Aguirre sale reforzado con el esquema del nuevo Gobierno regional.

Ignacio González

- Vicepresindente regional de Madrid y portavoz desde 2003, mantiene además la Consejería de Cultura y Deportes que sumó en 2009.

- Es el maestro de ceremonias en el Consejo de Gobierno, y por sus manos pasan todos los asuntos relevantes del Ejecutivo autonómico.

www.elpais.es 19.06.11

 

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