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CAEN IGNACIO GONZÁLEZ Y SU CLAN FAMILIAR TRAS UNA DÉCADA DE ESCÁNDALOS IMPUNES

EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ

OHL, INDRA E IMC, ENTRE LAS EMPRESAS EN LAS QUE HA ENTRADO LA GUARDIA CIVIL

IGNACIO GONZÁLEZ Y SEIS DE SUS COLABORADORES PASAN LA NOCHE EN LOS CALABOZOS

EL JUEZ INVESTIGA AL PRESIDENTE Y AL DIRECTOR DE ‘LA RAZÓN’ POR COACCIONES A CIFUENTES

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CIFUENTES ESTABA EN EL CONSEJO DEL ENTE DEL CANAL DE ISABEL II EN LA ETAPA DE IGNACIO GONZÁLEZ

CUANDO ESPERANZA AGUIRRE PONÍA "LA MANO EN EL FUEGO" POR IGNACIO GONZÁLEZ

NEPOTISMO EN EL CANAL DE ISABEL II CONTROLADO POR IGNACIO GONZÁLEZ

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EL PODER JUDICIAL INVESTIGA LOS PAGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A JUECES

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LA FISCALÍA NO VE DELITO EN EL DOSSIER CLAVE DEL ESPIONAJE A IGNACIO GONZÁLEZ

Homenaje por todo lo alto del PP al padre de Ignacio González: cierra el comedor del Senado para agasajarle con una `comilona´

IGNACIO GONZÁLEZ PROPONE COMO JUEZ DEL TSJM AL LETRADO QUE LE DEFIENDE EN EL ‘CASO DEL ESPIONAJE’ EN COLOMBIA

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EL TRIBUNAL SUPERIOR DETIENE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA DE MADRID

IGNACIO GONZÁLEZ Y LUCÍA FIGAR VOLVIERON DE BUENOS AIRES EN EL AVIÓN PRIVADO DE FLORENTINO PÉREZ

LA CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID PAGÓ EL VIAJE A BUENOS AIRES DE LA ESPOSA DE IGNACIO GONZÁLEZ

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IGNACIO GONZÁLEZ: “PERMITIRÍA FUMAR EN EUROVEGAS”

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UN ALTO CARGO DE AGUIRRE, IMPUTADO POR LA ADJUDICACIÓN DE LAS VENTAS

AGUIRRE NO EXPLICA EL COSTE DEL ESTRENO DE LOS TEATROS DEL CANAL

IGNACIO GONZÁLEZ DICE QUE GALLARDÓN DEBERÁ DEVOLVER EL DINERO AL CANAL SI RESCINDE EL CONTRATO

'CASO NEIRA'. LA FAMILIA DE JESÚS NEIRA SE ENFRENTA AL GOBIERNO REGIONAL

AGUIRRE, CANDIDATA ÚNICA EN EL PP

AGUIRRE INTENTÓ FICHAR AL CRÍTICO COSTA Y A PIZARRO PARA SU GOBIERNO

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EL GOBIERNO DEL PP LLEVÓ A 12.053 SUBSAHARIANOS DESDE CANARIAS A LA PENÍNSULA EN DOS AÑOS

AGUIRRE SITÚA A SU 'MANO DERECHA' AL FRENTE DEL COMITÉ ELECTORAL

TENSIONES POPULARES. AGUIRRE ACUSA A GALLARDÓN DE QUERER "TODO EL PODER" EN EL PP

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ENTREVISTA: JAIME IGNACIO GONZÁLEZ

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PERFIL: EL NUEVO GOBIERNO DE LA COMUNIDAD VICEPRESIDENTE PRIMERO Y PORTAVOZ. IGNACIO GONZÁLEZ

AGUIRRE SE RODEA DE HOMBRES DE RATO

ACEBES CONCEDE LA 'CARTA DE LIBERTAD' A SU VICEMINISTRO DE EXTRANJERÍA PARA QUE SEA VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD


CAEN IGNACIO GONZÁLEZ Y SU CLAN FAMILIAR TRAS UNA DÉCADA DE ESCÁNDALOS IMPUNES

La investigación pone el foco en las turbias operaciones del gigantesco y durante años opaco Canal de Isabel II, pero también en las vías que el expresidente y su círculo familiar habrían utilizado para blanquear el dinero desviado

Su hermano y su cuñado figuran entre los arrestados por orden del juez Velasco y su esposa también está siendo investigada

Las diez horas que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) emplearon en registrar el lujoso chalé de Ignacio González antes de conducirlo al calabozo del cuartel de Tres Cantos sacudieron este miércoles como un auténtico terremoto el centro político del país. La Operación Lezo, cuyo saldo se eleva ya a una docena de detenidos y una larga serie de entradas en empresas y viviendas ha puesto el foco en la gigantesca y opaca estructura que el expresidente de Madrid manejó durante años en el Canal de Isabel II mientras salían a la luz, y sin consecuencias políticas, turbias adjudicaciones, viajes de precio astronómico pagados en metálico o la adquisición de inmuebles de lujo en oscuras circunstancias.

Su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero –casado con Isabel González, actual portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid– también han sido arrestados. Y su mujer, Pilar Cavero, engrosa la lista de investigados, en la que figuran quienes integraron la plana mayor del Canal de Isabel II bajo el mandato de Ignacio González al frente de esa empresa pública (2003-2012). En el caso, declarado secreto, se investigan entre otros los supuestos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificación documental.

Algunas de las adjudicaciones y adquisiciones que ahora investiga el juez Eloy Velasco ya eran conocidas. Por ejemplo, la relacionada con el campo de golf del distrito de Chamberí, cuya concesión benefició directamente en 2007 a la empresa de un socio de su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero. Otras operaciones, como la ruinosa adquisición de la empresa brasileña Emissao en noviembre de 2013, habían pasado inadvertidas. La compra de Emissao fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción en 2016 por el Gobierno de Cristina Cifuentes. Las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre aseguran, no obstante, que las pesquisas sobre el Canal de Isabel II habían comenzado un año antes.

La plana mayor de González en el Canal de Isabel II ha caído con él. Fuentes jurídicas citan entre los detenidos a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado del diario La Razón y expresidente de Inassa, la filial latinoamericana que utilizó el Canal como cabeza de puente para comprar distintas empresas, así como María Fernanda Richmond, exdirectora financiera. Tanto Rodríguez Sobrino como Richmond fueron destituidos por el equipo de Cifuentes por su vinculación con la compra de la empresa brasileña Emissao.

La relación de exdirectivos investigados es más extenso y aparece encabezado por Ildefonso de Miguel, que fue persona de la máxima confianza de González y que ocupó el cargo de gerente del Canal hasta 2009. Fuentes del Canal de Isabel II aseguran que la Guardia Civil ha registrado y precintado los despachos que todavía ocupan antiguos directivos de la etapa de González y de su sucesor como presidente de la empresa pública, Salvador Victoria, que también está imputado en la Operación Púnica.

Rodríguez Sobrino, uno de los investigados de primera fila, ha arrastrado a dos prominentes figuras del grupo editor de La Razón: su presidente, Mauricio Casals, y su director, Francisco Marhuenda, declararán hoy jueves ante el juez Velasco por las supuestas amenazas y coacciones que habrían ejercido sobre el equipo de Cristina Cifuentes para que no elevara a la Fiscalía denuncia por la compra de la brasileña Emissao. Este miércoles ya declararon, como testigos, la propia Cifuentes –en su despacho y por escrito–, su jefa de gabinete, Marisa González, y el consejero de Presidencia y máximo responsable del Canal, Ángel Garrido. Durante su declaración pudieron escuchar parte de las conversaciones interceptadas a Casals y Marhuenda y que demostrarían la existencia de tales coacciones.

La panoplia de actuaciones y personas investigadas estructura así el caso sobre dos patas: por un lado, todo lo que se relaciona con las actividades del Canal, el formidable granero del que habrían salido los fondos desviados; y por otro lado, el círculo del que supuestamente se valió González para las tareas de blanqueo.

La adjudicación del campo de golf

Una de las operaciones bajo la lupa de los investigadores tiene su origen en diciembre de 2006. En esa fecha, el Canal de Isabel II adjudicó la gestión de un campo de golf construido en el centro de Madrid. La adjudicación benefició a tres empresas que venían obligadas por las bases de la licitación a constituir una nueva sociedad conjunta para la gestión de las instalaciones deportivas y que fue bautizada como Green Canal Golf.

De las tres mercantiles beneficiadas, una –Iridium– pertenecía al gigante ACS y se hizo con el 52,2% de Green Canal Golf; otra –Soto Once– poseía una estrecha vinculación con el negocio del golf y obtuvo el 23,9% de la empresa gestora. La tercera –Tecnoconcret- copó otro 23,9%. Tecnoconcret carecía de la menor experiencia en la gestión de zonas deportivas, Pero su accionista mayoritario, José Antonio Clemente, tenía como socio en otra compañía –Tamanaco 07 Consulting– a dos familiares de Ignacio González: su hermano Pablo, ahora directivo de Mercasa y detenido también este miércoles, y su cuñado José Juan Caballero Escudier, asimismo arrestado.

Declarado ilegal por el Supremo en 2015, el campo de golf quedó inaugurado en marzo de 2007 en medio de fuertes protestas vecinales. Un mes más tarde, y después de que la revista Tiempo hubiera destapado la relación societaria entre el dueño de Tecnoconcret y su hermano Pablo, el entonces vicepresidente de Madrid esgrimió el siguiente argumento: “La adjudicación se ha hecho a una UTE donde no figuran familiares míos”. González no se abstuvo en la votación del consejo de administración del Canal que adjudicó la concesión del campo de golf ni comunicó a los demás consejeros el vínculo que unía a uno de los adjudicatarios con su familia.

En noviembre de 2008, cuando el escándalo por la adjudicación del campo de golf ya se había difuminado, Tecnoconcret acometió una ampliación de capital. Y el hermano de Ignacio González pasó a convertirse oficialmente en socio de la empresa.

La operación fue descubierta de nuevo por una investigación periodística, esta vez del diario Público, que el 5 de febrero de 2009 informó de la incorporación del hermano de Ignacio González al accionariado de una de las tres empresas gestoras del campo de golf. Según la Comunidad de Madrid, para entonces hacía ya un año que Tecnoconcret había vendido a Iridium, la filial de ACS, el 23,9% que poseía en Green Canal Golf.

La empresa de arte de la mujer

Pero el foco de la investigación no afecta solo al Canal. Este miércoles, la Guardia Civil también registró la sede de Subastas Segre, la empresa de venta de objetos de arte fundada en el año 2000 por la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero, junto con varias amigas, todas ellas unidas por un nexo común: su cercanía personal a Ana Botella.

Las cuatro fundadoras de Subastas Segre eran personas muy familiares en la Moncloa de Aznar y Botella: Carmen Cafranga, años después implicada en el escándalo de las tarjetas black de Bankia; Concha Tallada, que en 2000 acababa de separarse del expresidente de Telefónica Juan Villalonga; Lourdes Cavero, la esposa de Ignacio González, y Maribel Casillas, que se convirtió en la directora general de la galería.

Subastas Segre ha resultado un negocio boyante. En 2015 facturó oficialmente 1.789.079 euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Y obtuvo un beneficio neto de 251.770 euros.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/20/caen_ignacio_gonzalez_su_clan_familiar_tras_una_decada_escandalos_impunes_64032_1012.html

EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ

La víspera del estallido de la operación presentó una orden por escrito, con el aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para suspender uno de los registros. La actuación de Manuel Moix provocó la rebelión de la junta de fiscales Anticorrupción, que avalaron a sus compañeros y consiguieron que se desarrollara todo el operativo

El nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentó este martes que no tuviera lugar uno de los registros planteados en la operación judicial desarrollada contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Con el aval del propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, a quien le pareció “muy bien” la decisión, según ha confesado el propio Moix a la SER, ordenó por escrito a los fiscales del caso que no ejecutaran uno de los registros para el que ya habían preparado el dispositivo policial pertinente, y que iba a tener lugar en solo unas horas.

Ante la existencia de esta discrepancia, los fiscales de la operación contra Ignacio González invocaron el artículo 27 del estatuto de la Fiscalía, y de manera automática Moix tuvo que convocar la junta de fiscales Anticorrupción, donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del registro. El fiscal jefe Manuel Moix acabó rectificando y acató la postura de la mayoría.

Manuel Moix quita hierro a los hechos. En declaraciones a la SER apunta que se trata de una actuación “habitual” en la Fiscalía, y que fueron empleados los “mecanismos de disenso normales” que establece el estatuto del Ministerio Público. Recuerda además que la decisión de la junta "no es vinculante" y aun así, rectificó. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por la SER recalcan que “pocas veces” los fiscales invocan el artículo 27 contra una decisión de sus superiores, y confirman la “tensión” en la junta por la orden con la que el jefe, con el aval del Fiscal General, pretendían limitar la investigación.

Se da la circunstancia de que el nombre de Manuel Moix aparece en el sumario de la operación contra Ignacio González que investiga el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Se trata de una conversación telefónica grabada por la Guardia Civil en verano pasado, entre el propio González y Eduardo Zaplana, en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid celebra la posibilidad de que Moix pudiera convertirse en el Fiscal Jefe Anticorrupción. Según fuentes conocedoras de esa conversación, González alude a que Moix es una persona próxima al PP y viene a decir que si era el elegido, les iría mejor.

En febrero pasado, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, acabó nombrando a Moix en el cargo, pese a que unas horas antes de la decisión, la Unión Progresista de Fiscales le había advertido de que circulaba el rumor de que en un sumario abierto en la Audiencia Nacional existían conversaciones grabadas que implicaban a su candidato en un supuesto trato de favor al PP.

http://cadenaser.com/ser/2017/04/19/tribunales/1492637651_989556.html

OHL, INDRA E IMC, ENTRE LAS EMPRESAS EN LAS QUE HA ENTRADO LA GUARDIA CIVIL

La UCO ha llevado a cabo hasta 40 registro simultáneos

También investigan Subastas Segre, la compañía presidida por la esposa del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González

Se han producido ya 40 registros y 10 detenciones, entre ellas la del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en el marco de la investigación abierta de la Guardia Civil por la gestión del Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid.

Los registros que está realizando la Guardia Civil se están produciendo en empresas relacionadas con la Comunidad de Madrid –Indra, ICM y OHL, además del Canal de Isabel II– por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a instancias de la denuncia que interpuso el Gobierno de Cristina Cifuentes. También se están produciendo registros en la sede en Madrid de Subastas Segre, asesora de coleccionistas y mediador en la compra-venta de obras de arte.

Subastas Segre
Es una empresa situada en madrileño barrio de El Viso. Ya se vio involucrada en la trama Púnica al ser la casa de subasta que se encargó de vender unas plumas estilográficas de lujo relacionadas con la operación. Está presidida por Lourdes Cavero Mestre, la esposa del expresidente de la comunidad Ignacio González y en su directiva figuran, entre otros, Pilar, cuñada de González, y Carmen Cafranga, expresidenta de la Fundación Caja Madrid e imputada en el caso de las tarjetas black. Según informó Vanitatis, la mayoría de los objetos que se vendieron a través de Subastas Segre se requisaron en las oficinas de David Marjaliza, mientras que el resto estaban en cajas de seguridad a nombre de Juan José Sánchez Barceló, el joyero socio de Francisco Granados.

Indra
Es una empresa multinacional española que ofrece servicios de consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones, servicios financieros y servicios al sector público. La multinacional también está relacionada con la operación Púnica. El conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, informó por teléfono a su socio que se iba a encontrar con alguien de Indra, que terminó siendo el director general de la compañía, para pagar 10.000 euros en negro a De Pedro por sus trabajos por su reputación online.

IMC
En este episodio, que ya relató en marzo eldiario.es, está involucrada también la Agencia Informática y de Comunicaciones (IMC), una sociedad pública dependiente de la Comunidad de Madrid y que también está siendo registrada en estos momentos por la Guardia Civil. En julio de 2013, IMC realizó un informe que justificaba la necesidad de contratar un "servicio de telefonía móvil segura" para el equipo de Gobierno.

El por entonces consejero de Presidencia, Salvador Victoria, declaró el "carácter reservado del expediente de contratación " y defendió que la operación fuese confidencial, lo que permitió hacer los trámites evitando la publicidad y ofertándolo mediante invitación a las compañías que considerasen oportunas, que en este caso solo fue Indra. Finalmente, IMC adjudicó un contrató de 117.394 euros a la multinacional. Tal y como informó la Cadena Ser, dos semanas antes de que Rajoy descartase la candidatura de Ignacio González a la presidencia de la comunidad, IMC elaboró otro informe en el que manifestaba la necesidad de resolver el contrato con Indra al considerar insuficiente la confidencialidad de la información transmitida a través de los teléfonos móviles.

OHL
Es una constructora que ingresó entre los años 2002 y 2009 más de 3.000 millones de euros de las administraciones públicas gobernadas por el PP, según un informe de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía incorporado al sumario de los papeles de Bárcenas. Tal y como informó infoLibre, sólo en 2007, el Ejecutivo madrileño del PP otorgó a la constructora 417 millones en contratos.

La Guardia Civil también ha procedido a detener al hermano de Ignacio González, Pablo González, directivo de la empresa pública Mercasa que gestiona mercados de abastecimiento como Mercamadrid o Mercabarna.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/19/la_guardia_civil_registra_las_sedes_otras_empresas_marco_investigacion_del_canal_isabel_ii_63989_1012.html

IGNACIO GONZÁLEZ Y SEIS DE SUS COLABORADORES PASAN LA NOCHE EN LOS CALABOZOS

De los 12 detenidos vinculados a la trama, tres han quedado en libertad y otros dos se encuentran fuera de España

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González pasará la noche en los calabozos de las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos junto a seis de sus colaboradores en la trama corrupta que habría desviado fondos del Canal de Isabel II, a través de una intrincada red de cuentas y empresas pantalla en el extranjero.

Ignacio González pasará la noche en la Comandancia de la Guardia Civil

Además de González, permanecerán encarcelados en la Comandancia del Instituto Armado dos de sus familiares, su hermano Pablo González y su cuñado José Juan Caballero. También el expresidente de la filial del Canal en Colombia Edmundo Rodríguez Sobrino, junto a su secretaria, Clarisa Guerra. En la misma situación se encuentran la exdirectora financiera del ente María Fernanda Richmond y el que fuera su director general, Adrián Martín, han informado a El Confidencial fuentes cercanas al caso.

La lista de detenciones se ha elevado este miércoles a 12 personas, a las que se suma una treintena de imputados. Además de los siete que aún permanecen bajo custodia de la UCO, otros tres han quedado libres tras finalizar los registros practicados en sus domicilios y despachos profesionales. Dos más —Diego García Arias y Sebastián Cristovao— fueron arrestados en Colombia y Brasil.

Día de registros para Ignacio González tras su detención

Las mismas fuentes apuntan que al menos cuatro de los arrestados que deben pasar de forma inminente a disposición judicial lo harán este jueves. El juez Velasco y los fiscales anticorrupción encargados del caso también tomarán declaración al director del diario 'La Razón', Francisco Marhuenda, y al presidente de la sociedad editora del diario, Mauricio Casals, en este caso por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Mínimo, 40 años de prisión

El juez y Anticorrupción acusan de ocho delitos a los miembros del entramado presuntamente dirigido por González que suman penas superiores a los 40 años de prisión. Consideran que integraban una organización criminal dedicada al desvío de fondos en beneficio propio, y solo por este delito el Código Penal establece penas de hasta ocho años en los casos más graves.
La malversación lleva aparejadas condenas de hasta ocho años, mientras que el blanqueo de capitales se castiga con un máximo de seis por cada uno de los delitos cometidos, lo que multiplica la estancia en la cárcel en casos como el presente, en el que se investigan distintas operaciones irregulares.

A la lista se suma el cohecho, con hasta seis años más, los mismos vinculados al fraude fiscal, que también podrían aumentarse en caso de que los actos defraudatorios fueran varios. Otra media docena de años acumula la falsedad documental, mientras que la corrupción en los negocios alcanza un máximo de cuatro años.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-19/el-entramado-de-ignacio-gonzalez-se-enfrenta-a-penas-de-hasta_1369320/

EL JUEZ INVESTIGA AL PRESIDENTE Y AL DIRECTOR DE ‘LA RAZÓN’ POR COACCIONES A CIFUENTES

Los pinchazos revelan planes para presionar a la dirigente

El juez investiga al presidente y al director de ‘La Razón’ por coacciones a Cifuentes Cifuentes ofrece la máxima colaboración con la Justicia

El periodista Francisco Marhuenda, director del diario La Razón, y Mauricio Casals, presidente del mismo medio, han sido imputados en la Operación Lezo contra la corrupción en el Canal de Isabel II, empresa pública de aguas de Madrid, según han confirmado fuentes jurídicas. Ambos han sido citados por el juez Eloy Velasco para declarar hoy. Este miércoles, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habían detenido a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la empresa editora de La Razón y durante años el “hombre de confianza en Latinoamérica” de Ignacio González cuando este presidía el Canal.

Fuentes de la investigación apuntan a que Marhuenda y Casals presuntamente presionaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para evitar que denunciara las irregularidades detectadas por una auditoria realizada por su Ejecutivo en el seno del Canal de Isabel II y en las que estaba presuntamente implicado Rodríguez Sobrino. EL PAÍS intentó este miércoles contactar con los implicados para recabar su versión de los hechos, pero fuentes del Grupo Planeta, editor de La Razón, han declinado hacer ningún comentario. No obstante, Marhuenda, en declaraciones a Elplural.com, calificó de “una cosa de locos” y un “disparate” las acusaciones que pesan sobre él. El director de La Razón insistía este miércoles en que su rotativo “se ha caracterizado por defender al PP y a Cristina Cifuentes” y que él mismo lo había hecho en las tertulias de televisión y radio a las que acude.

El juez imputa a Marhuenda y a Casals un delito de coacciones del artículo 464 del Código Penal, que prevé penas de hasta cuatro años de prisión para el que “con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal”.

Las relaciones de la Operación Lezo

El origen de la imputación de Marhuenda y Casals está en los pinchazos telefónicos realizados en el transcurso de la Operación Lezo a Edmundo Rodríguez Sobrino. En los mismos se escucha a este tratar con ambos diferentes actuaciones para frenar la decisión de Cristina Cifuentes de acudir a la Justicia a denunciar la compra por parte del Canal de Isabel II de una empresa brasileña por un precio que solo un mes después de la adquisición se demostró excesivo. En dicha operación bajo sospecha había jugado un papel clave Inassa, la filial sudamericana del Canal que entonces presidía Rodríguez Sobrino.

Según fuentes cercanas a la investigación, en dichas conversaciones los tres hablan, entre insultos a la presidenta de la Comunidad y su equipo, de utilizar las páginas del diario para atacar a la política si continúa adelante con su decisión de denunciar las irregularidades detectadas. Incluso hablan de publicar noticias falsas con el único objetivo de perjudicar la imagen de la política. El juez Eloy Velasco, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, considera dichas conversaciones indicios suficientes del presunto intento de ambos por obstaculizar la investigación judicial con el único objetivo de lograr la impunidad del consejero delegado de la empresa editora de La Razón.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/19/actualidad/1492605480_264705.html

CIFUENTES PREFIERE DECLARAR POR ESCRITO ANTE EL JUEZ

El magistrado se desplaza a la sede del Gobierno regional y entrega un cuestionario a la presidenta regional

El juez Eloy Velasco, instructor de la Operación Lezo, se ha desplazado esta tarde a la sede de la Comunidad de Madrid para entregar un cuestionario de preguntas a la presidenta regional Cristina Cifuentes, del PP, sobre el escándalo que ha destapado en el Canal de Isabel II. Cifuentes, en calidad de testigo, informó de su intención de prestar declaración por escrito acogiéndose al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que faculta a los presidentes de los gobiernos regionales a utilizar esta vía cuando un juez instructor les recaba información sobre hechos de los que tengan conocimiento por razón de su cargo.

La presidenta regional responderá al cuestionario y luego se lo hará llegar al juez. Cifuentes, sucesora de Ignacio González al frente de la Comunidad, reiteró su intención de colaborar con la justicia en el asunto del Canal y comentó que hace meses remitió a la Fiscalía Anticorrupción un informe sobre operaciones anómalas efectuadas en Brasil y Colombia por el Canal, un organismo público que depende de su Gobierno y que en la actualidad preside su número dos, Ángel Garrido, por su condición de consejero de Presidencia y Justicia.

Tras dejar el cuestionario a Cifuentes, el juez se ha desplazado a la sede de la Consejería de Presidencia y Justicia, donde ha interrogado durante una hora a Garrido. Garrido también comparece en calidad de testigo y también apoyó la entrega del citado informe sobre el Canal a la fiscalía relativo a compras de empresas por un valor muy superior al real.

Aparte de la detención esta mañana de doce personas, entre ellas el expresidente Ignacio González, la agenda del juez Velasco también incluía hoy el interrogatorio de otras tres personas en calidad de testigos. Velasco indaga delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios del Canal.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/19/actualidad/1492628022_955544.html

CIFUENTES ESTABA EN EL CONSEJO DEL ENTE DEL CANAL DE ISABEL II EN LA ETAPA DE IGNACIO GONZÁLEZ

"Cifuentes deberá dar explicaciones". Así de rotundo se mostraba este miércoles el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, al recordar que Cifuentes era miembro del consejo de administración del Canal de Isabel II en la etapa de Ignacio González, éste último detenido hoy. Sin embargo, el Gobierno regional ha corregido a Aguado y desvinculado "totalmente" a la presidenta de Madrid de la supuesta trama al alegar que fue consejera del ente entre 2012 y 2014, pero no de la empresa pública.

Así, fuentes del Ejecutivo madrileño han explicado que el cargo de Cifuentes como consejera en el ente del Canal corresponde a su etapa como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, ya que todos los delegados forman parte del mismo. Las mismas fuentes han indicado que mientras que el ente público Canal de Isabel II tiene funciones ejecutivas, las decisiones del "día a día" se toman en la empresa pública Canal de Isabel II Gestión, S.A.

Pero para Aguado, Cifuentes "no va a colaborar con la Justicia porque sí, es que tiene que colaborar, porque tiene relación directa con el Canal de Isabel II". El juez ha citado a Cifuentes para que ratifique la denuncia contra el expresidente regional.

Por su parte, Cifuentes ha destacado su "colaboración máxima" con la Justicia y ha avanzado que "absolutamente" todo lo que les pida el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, lo harán, ya sea aportar documentación como testimonios.

"Absolutamente todo lo que nos pida el juez lo haremos pero no voy a dar datos porque está bajo secreto de sumario", ha indicado Cifuentes, quien ha remarcado que desde la Comunidad están" colaborando absolutamente con la justicia".

"Fue la Comunidad, la propia empresa Canal"

La presidenta regional ha señalado que "fue la propia Comunidad, la propia empresa Canal, quien puso el tema en manos de la Fiscalía" a quien remitió una información referida al Canal de Isabel II. Se refería a un informe de mayo de 2016 en el que el Ejecutivo autonómico explicaba que el nuevo director gerente del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, estaba haciendo un análisis de la sociedad del Canal en Iberoamérica y sus filiales comenzando por la operación de compra más reciente, realizada en 2013. Se trataba de la compra de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes.

"Desde ese momento y el momento actual y, por supuesto, en el futuro nuestra colaboración ha sido, es y será absoluta porque en este Gobierno que tengo el honor de presidir tenemos tolerancia cero contra la corrupción y vamos a colaborar siempre con cualquier asunto judicial en todo lo que nos requiera la justicia en este asunto también", ha continuado Cifuentes.

"Reiterar la colaboración plena y absoluta en todo momento por parte mía y todos los miembros del gobierno y del consejero de Presidencia y presidente del Canal de Isabel II la colaboración está siendo y va a ser máxima en todo momento", ha destacado la dirigente popular.

La también presidenta del PP de Madrid ha insistido en que todo lo que les requiera la Guardia Civil y el juez, documentación, testimonios, todo lo que quieran lo van a tener porque son "los primeros interesados en que este asunto, o cualquier otro que tenga que ver con corrupción, se llegue hasta el final".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/07/el_gobierno_ignacio_gonzalez_pago_sin_tasacion_externa_previa_millones_por_una_empresa_brasilena_riesgo_63533_1012.html

CUANDO ESPERANZA AGUIRRE PONÍA "LA MANO EN EL FUEGO" POR IGNACIO GONZÁLEZ

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, siempre defendió a 'Nacho' González

Fue la mano derecha de 'la lideresa' al frente de la Comunidad de Madrid, por eso en la Fonoteca de la SER no ha sido difícil encontrar declaraciones de Esperanza Aguirre defendiendo a quien la sucedió al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

En marzo de 2015, mientras aseguraba que sería "inflexible contra la corrupción", Esperanza Aguirre elogió así a Ignacio González: "Nacho ha dirigido la política de la Comunidad de Madrid con una inteligencia y eficacia encomiables hasta conseguir consolidarla como la primera comunidad económica de España (...) Y además con su legendaria capacidad de gestión ha logrado mantener el alto nivel de todos los servicios que la comunbidad presta, a pesar de la ortodoxia financiera".

Poco antes, cuando ya se habían publicado informaciones sobre el ático, Aguirre le mostró públicamente su apoyo "porque ha sido un magnífico presidente, porque tiene un historial absolutamente intachable y porque las insinuaciones que hablan de que recibió como regalo su piso en Estepona él ha demostrado, como no ha demostrado ningún político, de dónnde sacó el dinero, cómo lo compró, qué credito tomó y todo lo demás".

Siendo presidenta de la Comunidad, cada 2 de mayo Esperanza Aguirre concedía una entrevista a la SER y fue en 2012, cuando ya había saltado el 'caso Gürtel' cuando le preguntamos si ponía "la mano en el fuego" por Ignacio González y ella no dudó al responde "claro que sí" y añadió "si Ignacio González viniera a decirme 'he hecho esto incorrecto', no ya delictivo, sino incorrecto, a mí no me temblaría el pulso en cesar a Ignacio González, además, dimitiría él. Es que yo he tenido que cesar, por desgracia, a mucha gente".

También apoyó Aguirre a González en el 'caso espionaje', haciendo extensivo ese apoyo a todo el gobierno regional "que nada tiene que ver con esas imputaciones gravísimas que se efectúan". Y fiel a su estilo, preguntada de nuevo por los espías, respondió: "Mire, a mí es que me da la risa, qué quiere que le diga".

http://cadenaser.com/ser/2017/04/19/politica/1492602990_847592.html

NEPOTISMO EN EL CANAL DE ISABEL II CONTROLADO POR IGNACIO GONZÁLEZ

Una prima de la mujer de González entró en el Canal con un contrato "temporal por interinidad" en enero de 2009. Sigue allí trabajando como archivera y con un sueldo de 36.000 euros

La esposa de Javier de Andres, íntimo del expresidente madrileño e imputado en Púnica, entró a dedo en 2007 y se embolsa 87.000 euros anuales
La hija de Pedro Antonio Martín Marín, otro estrecho amigo de González, también entró a dedo en 2005 y cobra 54.000 euros

"Creemos en el esfuerzo, en la superación personal. No en regalos, que son propios de mentirosos, demagogos o ambas cosas". Así se despachaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en mayo de 2015. Una política que no siempre se aplicó en el Canal de Isabel II, empresa pública controlada entre 2004 y 2015 por Ignacio González, primero mano derecha de Aguirre y luego presidente de la Comunidad de Madrid. Al menos seis personas del círculo más estrecho de Aguirre y González fueron contratados a dedo en el Canal y siguen en la empresa pública, con sueldos que en algunos casos superan los 87.000 euros, según los datos a los que ha tenido acceso infoLibre.

El Canal de Isabel II era legalmente un ente público hasta el año 2012, cuando su estatus legal cambió al decidir el Gobierno de Aguirre convertirlo en sociedad anónima con la idea de privatizar el 49% de sus acciones, una venta que finalmente no se ha producido. Hasta ese año, el convenio que regía en las relaciones laborales dentro del Canal establecía que la dirección de la empresa únicamente podía contratar anualmente bajo el régimen de "libre contratación" a "un 1% del total de la plantilla". El uso de este mecanismo por parte de la dirección de la empresa pública en los años de Gobierno de Aguirre y González (diciembre de 2003 a junio de 2015) tuvo como beneficiarios a varios familiares y amigos de ambos dirigentes.

El propio director general de Canal Gestión, Adrián Martín, en una reciente comparecencia en la Asamblea de Madrid admitió que había "amigos, vecinos o familiares" contratados en la empresa. Sin embargo, aseguró no conocer a "muchos" de los mencionados por el portavoz de Podemos, que había mencionado como trabajadores del Canal al "primo de Esperanza Aguirre; el primo de Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia; el marido de la exconsejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid" o "la esposa de un señor imputado en la Operación Púnica".

infoLibre ha comprobado uno a uno la situación laboral de los contratados en el Canal de Isabel II bajo sospecha de nepotismo. Al menos en seis casos las denuncias son ciertas: fueron contratados a dedo durante la etapa en la que el Canal estuvo controlado por González y tienen vínculos familiares o de amistad con los dos expresidentes de la Comunidad de Madrid. En otros casos, el supuesto nepotismo no se puede atribuir a Aguirre o González: el ejemplo más paradigmático es un primo de la ahora concejal en el Ayuntamiento de Madrid –Francisco Javier Aguirre Pemán–, que trabaja en el Canal desde el año 2002, es decir, desde antes de que Aguirre fuese elegida presidenta de la Comunidad.

La esposa y la hija de dos amigos de González y la prima de su mujer

Almudena Mestre, prima de Lourdes Cavero Mestre, la esposa de González, trabaja desde el 20 de enero de 2009 en el Canal de Isabel II ocupando el cargo de titulada superior en el área de gestión documental –básicamente, se ocupa de los archivos de la empresa–. Su contrato es temporal por interinidad –sustituyó a un compañero que está desempeñando un cargo superior–, pero a pesar de ello no tiene fecha de finalización. Su salario bruto es de 36.000 euros anuales. infoLibre intentó en reiteradas ocasiones conocer la versión de Almudena Mestre sobre su contratación por parte del Canal, pero se negó a facilitar cualquier dato.

Mestre no es la única trabajadora del Canal que tiene relación con González, y tampoco la que más dinero cobra por su labor. De entre los cargos vinculados a González, ese puesto corresponde a María Fernanda Richmond, esposa del consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, que es amigo íntimo del expresidente de la Comunidad de Madrid y que está imputado en la trama Púnica por participar, supuestamente, en el camuflaje de pagos a una empresa dedicada a mejorar la imagen en internet de la cúpula del PP madrileño.

Richmond fue contratada en diciembre de 2007 a través del mecanismo de libre contratación, es decir, a dedo. La esposa de Javier de Andrés tiene un sueldo de más de 87.000 euros brutos anuales, que cobra por dirigir el área financiera y de desarrollo de negocio, una de las siete que engloban el organigrama de todo el Canal. No obstante, Richmond ya tiene experiencia en las empresas participadas por la Administración, ya que –al igual que su marido– también trabajó en Indra, una compañía de la que el Estado posee el 20% de las acciones. Tal y como explica la propia web del Canal, Richmond fue directora financiera y de Recursos Humanos en la filial argentina de esta compañía, y desde el año 2003 al 2007 fue responsable de las filiales extrajeras de Indra con base en España.

Otro de los más estrechos amigos de González es Pedro Antonio Martín Marín, ex secretario de Estado de Comunicación en el Gobierno de José María Aznar. Pues bien, su hija Pilar también encontró acomodo laboral en el Canal. Entró en esta empresa pública en diciembre de 2005 y trabaja como responsable de información del centro de control, tarea por la que se lleva casi 55.000 euros al año.

El marido de Pilar Martín de Miguel es Borja Sarasola, exconsejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial con Ignacio González y recientemente imputado –y posteriormente desimputado por su aforamiento– en la trama Púnica.

El profesor de pádel de Aznar

Otro ex alto cargo de Aznar que tiene familia en el Canal es Margarita Martín de Gante y Mirón, exministra de Justicia en el primer Gobierno de Aznar y exvicepresidenta del Congreso: su primo Manrique Mariscal de Gante Martínez trabaja en el equipo legal del ente público Canal de Isabel II, la empresa a la que sustituyó en 2012 la sociedad anónima Canal Gestión, que es la que estaba previsto privatizar parcialmente y la que cuenta con el grueso de los empleados y la financiación.

Mariscal de Gante Martínez accedió a su puesto como abogado en septiembre de 2008, también bajo la modalidad de libre contratación. El letrado, que a diferencia de la mayor parte de sus compañeros no fue subrogado en 2012 a la nueva empresa Canal Gestión, mantiene su puesto en el ente público y su salario es de 47.659 euros brutos anuales.

Un vínculo cercano a Aznar también tiene otro de los empleados del Canal: Alberto Rodríguez Piñón, siete veces campeón de España de pádel y dos veces subcampeón del mundo por equipos, que fue el profesor de este deporte del expresidente del Gobierno. Rodríguez Piñón, que también es amigo de González, trabaja desde el año 2010 como director del Club Deportivo Canal de Isabel II, un grupo que cuenta con equipos en disciplinas como la vela, el windsurf, el remo, el piragüismo o el balonmano. Tiene un sueldo de 42.000 euros.

El exprofesor de pádel de Aznar fue investigado en 2012 por su presunta implicación en el caso Over, relativo a la supuesta financiación irregular del PP balear. Según El País, el juez Castro pidió a la Agencia Tributaria investigar las relaciones comerciales de Rodríguez Piñón y sus empresas con la agencia de publicidad Over MC, ya que en 2003 el exdeportista cobró un sueldo de 58.467 euros netos de la compañía mientras esta trabajaba para la campaña electoral del expresidente autonómico Jaume Matas.

Un primo de Aguirre y el marido de una exconsejera madrileña

Otros cargos del Canal también tienen vínculos con dirigentes del PP madrileño. Fernando de Cevallos, director del área de Recursos de la sociedad anónima, es el marido de Regina Plañiol, exconsejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre. Entró a trabajar al Canal en marzo de 2004, cuando abandonó su puesto de director de Recursos Humanos de Carrefour España. Su sueldo es de 87.000 euros brutos anuales.

En el Canal de Isabel II también trabaja Javier Aguirre Pemán, primo de la expresidenta de la Comunidad. Aguirre Pemán es jefe del área de Marketing de la sociedad anónima y cobra por desempeñar su puesto 74.000 euros brutos anuales, si bien trabaja en el Canal desde antes de que su prima gobernase en la Comunidad de Madrid: Aguirre llegó a presidenta a finales de 2003, y Aguirre Pemán accedió a su puesto en julio de 2002, a través del mecanismo de libre contratación. En aquel momento gobernaba en la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, quien pasó buena parte de su carrera política enfrentado a Aguirre.

A estas personas se unen Covadonga Fernández y María del Camino Arroyo, que tal y como desveló infoLibre en marzo de 2014 fueron contratadas a dedo con sueldos mucho mayores que los de sus compañeros de grupo profesional. Ambas, igualmente, tienen vínculos con la cúpula del PP.

María del Camino Arroyo –exmujer del antiguo diputado del PP y exembajador de España en India Gustavo de Arístegui– fue directora general de relaciones externas de la Comunidad de Madrid hasta 2013, y ese año entró a trabajar al Canal como responsable de Protocolo, con un sueldo de 74.000 euros brutos anuales.

Por su parte, Covadonga Fernández –que dimitió hace unas semanas como presidenta del Ente Público Radio Televisión Madrid, puesto que había alcanzado a propuesta del PP– dejó este mismo mes la subdirección de Investigación, Desarrollo e Innovación del Canal, en la que trabajaba por 63.000 euros brutos anuales, al no ser renovado su contrato.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/04/01/el_enchufo_menos_seis_personas_canal_isabel_mientras_aguirre_presidio_madrid_47059_1012.html

EL CANAL DE ISABEL II PAGABA LA SEGURIDAD DE IGNACIO GONZÁLEZ HASTA HACE UN MES

La empresa admite que ha mantenido el servicio de «alarma y patrulla» en el domicilio del ex presidente hasta marzo

El Canal de Isabel II (CYII), empresa pública de la Comunidad de Madrid, ha mantenido parte del servicio de seguridad del ex presidente regional, Ignacio González, hasta hace un mes. «Quizás sí que sea la única irregularidad por mi parte. El coste del mantenimiento es mínimo», justifica Luis Miguel Garrido, director de Seguridad del ente público. «Si se ha sido presidente de una empresa durante 10 o 12 años y lo corto... No quería hacerlo de forma inmediata. No quería hacer daño al árbol caído de inmediato. Pensé, vamos a hacerlo de forma paulatina. Despacio, por un poco de sensibilidad», precisa, asumiendo la negligencia.

La empresa pública ha mantenido el servicio mucho tiempo después de que González dejase de ser presidente de la empresa y de que dejara la Presidencia de la Comunidad de Madrid. La 'mano derecha' de Esperanza Aguirre, además de ser su vicepresidente, se mantuvo como presidente del Canal de Isabel II -entidad considerada la 'joya de la corona' regional por el volumen de negocio que maneja- desde 2003 hasta que asumió las riendas de la Presidencia de laComunidad de Madrid en septiembre de 2012.

«Me han pasado una nota diciéndome que en un mes dejará de estar en vigor el servicio», aseguraba a este diario Garrido a primera hora de la mañana, sosteniendo que aún seguía ofreciendo el servicio de «alerta de alarmas y patrullas» al ex presidente. Ya por la tarde, una vez obtenida la versión del propio González, quien negaba conocer algo de este asunto, el responsable de seguridad del Canal modificaba su declaración y precisaba que, en realidad,el servicio llevaba «un mes suspendido. El presidente me ha comunicado que paga la vigilancia a Securitas. Su terminal estaba conectado con el centro de control del Canal y cuando había una incidencia en su domicilio se desplazaba una patrulla» de la adjudicataria de la seguridad en el Canal.

González precisa: «La seguridad personal de mi casa la he pagado yo. Nadie me ha pagado una seguridad particular. La seguridad que me prestaban como presidente del Canal, primero, y de la Comunidad, después, era la que determinaron tanto la Dirección de Seguridad del Canal como la Dirección General de la Comunidad o, en su caso, la Delegación del Gobierno. A ellos me remito. La seguridad como presidente de la Comunidad, que me la prestaba la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad, se me quitó de un día para otro según estaba saliendo de casa. Se me presentó un comisario para comunicarme que por órdenes de la presidenta de la Comunidad me tenía que quitar en ese mismo momento el coche, el chófer, la seguridad estática y dinámica. Todo. No he vuelto a tener ningún contacto».

Garrido asumió la Dirección de la Seguridad del Canal de Isabel II en 2004, una vez que, como cargo de confianza, lo nombró González. El ente público sacó a concurso la seguridad de sus instalaciones y se lo adjudicó a la empresa Segurisa.

La entidad asegura que «pagó» medios de prevención en la casa del presidente

Según explica, decidió proteger tanto a las infraestructuras como «a las personas». Tan es así, que conectó los avisos de alarma de la vivienda particular de González con el centro de control de la empresa pública. Obra en poder de esta redacción partes de la empresa adjudicataria en los que se relata cómo se habían desplazado hasta la casa del presidente efectivos suyos para comprobar la incidencia en cuestión.

Garrido defiende esta labor por entender que «actuaba por tratarse del presidente del Canal», para «protegerlo». Hay que precisar que González ya mantenía un servicio de seguridad propio, formado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, derivado de su cargo de vicepresidente y, luego, presidente de la Comunidad de Madrid.
Pero el servicio que se le ofreció desde el Canal no fue sólo ese. Según consta en los partes a los que ha tenido acceso este diario, al menos de marzo de 2006 a febrero de 2007 la adjudicataria de la seguridad del CYII dio servicio mediante patrullas en la «residencia del presidente». Es decir, que acudían allí hubiese o no incidencias.
'Amenaza terrorista'

Luis Miguel Garrido reconoció esta circunstancia y circunscribió el hecho a «un comunicado del Ministerio del Interior por amenaza terrorista», así como a «las amenazas telefónicas de muerte contra el presidente». Incluso admite que el Canal pagó diferentes medios en la casa de González, como es el caso de una cámara de seguridad, además de otros conceptos que no pudo precisar y que, según sus palabras, luego eran «abonados». «El señor González sabía que el sistema de seguridad lo teníamos conectado. Si no hubiese sido presidente del canal no lo hubiésemos hecho», señala el directivo del Canal de Isabel II.

El ex presidente regional niega que pagase nada, así como que ninguna entidad sufragase su instalación de seguridad.

La conexión del servicio de seguridad se realizó en 2005 y, en la actualidad, «está conectado de forma provisional, aunque no está operativo. Lo tenemos pendiente. Se dieron instrucciones hace 15 o 20 días para desconectarlo. Por prudencia no quisimos hacerlo desde el mismo momento en el que dejó de ser presidente», insiste.

Garrido ha pertenecido a la Policía Nacional y antes de asumir la seguridad del Canal de Isabel II se encargó del servicio en el Banco de España. Ha sido un hombre de confianza de González.

http://www.elmundo.es/madrid/2016/04/12/570c0834268e3e1b758b462b.html

CONTRAPROPAGANDA CON FONDOS PÚBLICOS

El Gobierno de González pagó por noticias amables en diarios digitales para minimizar escándalos políticos

Alejandro de Pedro Llorca tenía don de gentes, buenos contactos y un plan. También manejaba dos pequeñas empresas de Internet plagadas de becarios. No le hizo falta mucho más para ser contratado por algunos de los gigantes del IBEX-35 que pretendían mejorar su reputación en Internet. En su cartera de clientes sobresalían Telefónica, Mediaset, Bankia y hasta el Real Madrid, que le pagó 300.000 euros por un solo año de trabajo, después de que un directivo de banco aconsejase a Florentino Pérez acudir a sus servicios. Pero el plan de De Pedro para levantar un gran grupo tecnológico se quebró a finales del pasado octubre. El empresario fue detenido en una redada contra la corrupción junto a otras 50 personas como uno de los conseguidores de la trama Púnica, un grupo de empresarios que recibió contratos de distintas administraciones públicas por 250 millones. Fue entonces cuando salió a la luz la otra rama de su clientela, la institucional: media docena de ayuntamientos valencianos y madrileños, la Diputación de León y los gobiernos regionales de Madrid y Murcia.

El antecedente de Aguirre que se investiga en ‘Gürtel’

El autobombo con dinero público no es nuevo en la Comunidad de Madrid. Durante la presidencia de Esperanza Aguirre, el Gobierno regional pagó a través de la red Gúrtel un acto de propaganda política para subrayar supuestos logros de su gestión. Se celebró el 22 de noviembre de 2006, llevaba por título "Tres años de Gobierno, gracias a la suma de todos" y costó a las arcas públicas 45.534 euros. La Comunidad de Madrid contrató para el evento a tres empresas para montar el escenario, presidido por un logo del Gobierno: Fotomecánica Doble M, Fotomecánica Rafael y Tecnimage.

La investigación policial reveló que la trama Gürtell usaba a las empresas del Grupo Rafael como tapadera y troceó los contratos en tres tandas de menos de 12.000 euros para sortear el concurso público

En su caída, el empresario De Pedro, bien relacionado con el PP, arrastró a altos cargos de la Comunidad de Madrid. El consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, fue detenido por ordenar a uno de sus proveedores, la empresa Indra, que abonase facturas falsas a las firmas de De Pedro. Isabel Gallego, responsable primero de la Comunicación del Gobierno de Esperanza Aguirre, y después de su sucesor, Ignacio González, también está imputada tras contratar a las firmas de De Pedro con dinero público a cambio de que este, según el juez, hiciera propaganda del presidente madrileño, Ignacio González y de su consejera de Educación, Lucía Figar.

La pequeña parte del sumario que se ha facilitado a los abogados de los imputados revela que el hombre que se presentaba a los magnates y gobernantes de este país como un mago de Internet tenía un plan rudimentario, muy alejado de los milagros que prometía a su selecta clientela.

La suya era una estrategia de andar por casa. Con una empresa, Madiba, que empleaba a una docena de periodistas recién licenciados, creó medio centenar de diarios en Internet para amplificar las notas de prensa y comunicados que sus clientes les remitían. Una segunda firma, Eico, que contaba con técnicos e ingenieros informáticos, analizaba la imagen en Internet de los políticos que les pagaban. Cuando las noticias venían mal dadas o estallaba algún escándalo que salpicaba a sus clientes, la solución de Eico y Madiba era inundar la Red con propaganda de sus propios diarios para que las informaciones críticas desapareciesen de la parte de arriba de los buscadores.

Preguntadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y las fiscales Anticorrupción —que indagan sobre presuntos delitos de malversación de fondos— sobre qué sentido tenía pagar con dinero público para limpiar la imagen de dirigentes como Fígar o González, dos trabajadoras de De Pedro hablaron alto y claro. Contaron que su cometido era “que no apareciesen resultados negativos de los clientes o que estos figurasen en las páginas dos o tres de Google”. Y que sus mayores “huesos”, durante el tiempo que trabajaron para la Comunidad de Madrid fueron tratar de combatir las noticias sobre el ático de Ignacio González en Estepona y el cheque escolar que el departamento de Fígar concedió a una hija de la propia consejera. “El posicionamiento era subir [en los buscadores] los diarios que trabajaban para la Comunidad, las noticias positivas”, aseguró al juez María José Gutiérrez, una ingeniera contratada por De Pedro.

“Había veces en que si teníamos una noticia negativa, se contaba más neutral en nuestros periódicos digitales, había unos 60, para contrarrestar otros resultados en buscadores”.

Los informes de Eico recabados en los registros por la Guardia Civil se encabezan con las fotos del presidente González y la consejera Fígar. El juez leyó en voz alta el título de los trabajos pagados por la Comunidad: “El presente informe refleja la situación actual de la entidad on line de Lucía Fígar. Se recogen los aspectos más polémicos que han afectado a la consejera, con el objetivo de conseguir una buena reputación on line”.

Cuando testificó en la Audiencia, la trabajadora de Eico alegó en todo momento que su trabajo era para la institución y no para un particular porque tanto González como Fígar representaban al Gobierno: “Evidentemente, se trabajaba la reputación de Fígar, porque era lo que peor estaba”. Y dio nombres de los asesores de comunicación de la Comunidad que les remitían los comunicados para llenar sus diarios.

La tarea de Eico no era nueva. Años antes a esta firma ya la había contratado la Diputación de León para lavar la imagen de la entonces presidenta, Isabel Carrasco, asesinada en mayo de 2014. “Estaba imputada muchísimo y tenía muchas cosas malas, lo que hacíamos era hablar de la imputación pero no tan negativamente como hacían otros periódicos o publicábamos visitas de la Diputación de León”, aseguró una de sus trabajadoras.

El Gobierno de González y sus altos cargos siempre alegaron que los encargos a las empresas de De Pedro eran para recopilar noticias de prensa, como hacen otras instituciones. Tanto el empresario como sus empleadas, aseguraron al juez que la pasada primavera la Comunidad de Madrid dejó de pagar. Fue entonces, cuando, según los pinchazos telefónicos incorporados al sumario, De Pedro empezó a llamar insistentemente al consejero de Presidencia, Salvador Victoria, para que saldase sus deudas. Según ha declarado el alto cargo de ICM, Martínez Nicolás, al juez y a la Guardia Civil, la solución que improvisó Victoria fue que una adjudicataria, la tecnológica Indra, abonase las facturas a De Pedro. Según un sms intervenido al empresario, Indra pagó al menos 10.000 euros, algo que los directivos de la compañía han negado tajantemente al juez. Los investigadores sospechan que a Indra se le pidió pagar al menos otros dos encargos similares por 110.000 euros.

Durante los largos interrogatorios, tanto el juez como la fiscal preguntaron repetidamente a los testigos si Madrid estaba pagando con dinero público trabajos para el PP. La duda quedó en el aire. El sumario en la Audiencia Nacional sigue su curso.

Diarios web al servicio del cliente

“En la dirección del PP regional me dijeron que un empresario de redes sociales pasaría a verme antes de las elecciones municipales de 2011. Así fue cómo conocí a Alejandro de Pedro Llorca”, cuenta un alcalde del PP en Madrid que no repetirá como candidato el 24 de mayo. Este regidor popular, que exige mantener el anonimato, detalla la fórmula del empresario detenido el pasado octubre en la Operación Púnica.

“Lo que ofrecía De Pedro era poner sus diarios digitales [entre las firmas Eico y Madiva llegaron a crear más de 60 en distintas localidades españolas] al servicio de políticos para hacernos propaganda”. “Cuando vino a verme antes de las elecciones de 2011 ya tenía implantado en mi Ayuntamiento uno de sus periódicos digitales, que se nutría de teletipos y notas de prensa redactadas por tres o cuatro becarios. Tenía una línea editorial neutra e informaba de las cosas que pasaban en el pueblo a miles de vecinos que se enteraban a través del diario de la información más cercana. Unos meses antes de las elecciones empezó a sacar noticias favorables al Partido Popular para influir en los electores. Lo mismo ha hecho en otros Ayuntamientos de Madrid”.

Este regidor explica que el plan se completaba con una agresiva estrategia en las redes sociales y de posicionamiento en Internet para que, al buscar noticias de esos pueblos, esos periódicos a la carta apareciesen más arriba en los buscadores.

¿Quién pagó esa propaganda? El alcalde lo ignora. “Ni yo ni el partido a nivel local pusimos un céntimo para eso”.

http://politica.elpais.com/politica/2015/05/01/actualidad/1430508401_079883.html

EL PODER JUDICIAL INVESTIGA LOS PAGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A JUECES

El Consejo indaga si los magistrados incurrieron en incompatibilidad al asesorar a la empresa Indra

El Consejo General del Poder Judicial investigará si los jueces que cobraron diversas cantidades de la Comunidad de Madrid, a través de la empresa Indra, por asesorar en la creación de un programa informático para agilizar la tramitación judicial, adjudicado por el Gobierno regional, incurrieron en algún tipo de incompatibilidad. El magistrado del Tribunal Supremo que instruye de forma interna las posibles irregularidades cometidas por los jueces ha citado este martes a declarar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira. Este magistrado preside la sala de gobierno que nombró a los jueces que cooperan en este programa, y que cobran por ello entre 3.000 y 9.000 euros anuales de la Consejería de Justicia de Madrid, a través de Indra —la empresa adjudicataria del contrato autonómico para la implantación del programa IusMadrid—. El propio Vieira, que ha reconocido que exigió al Gobierno de la Comunidad que los jueces cobraran por asesorar a Indra en la creación de la aplicación informática, también figura entre los participantes.

El gobierno de los jueces reaccionó inmediatamente a la noticia, publicada este lunes por EL PAÍS, de que la empresa tecnológica ha abonado, por orden de la Consejería, desde 2011 unos 230.000 euros, en retribuciones periódicas, a 32 profesionales de la justicia —entre ellos al menos nueve jueces y cinco fiscales— por su colaboración en la puesta en marcha de la aplicación informática. En una nota oficial, el Poder Judicial anunció la apertura de la investigación y la citación de Vieira para este martes ante el llamado “promotor de la acción disciplinaria”. Esta figura, creada en 2013 en la ley que reforma el Poder Judicial, es una especie de departamento de asuntos internos de los jueces españoles, e investiga las quejas y denuncias sobre el funcionamiento de los órganos judiciales.

El investigador del caso deberá dilucidar si el asesoramiento prestado por los jueces madrileños a Indra supone una incompatibilidad con su función. El artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la función de juez o magistrado es incompatible, entre otras muchas actividades, con “todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella”.

Fuentes judiciales consideran que el asesoramiento para la puesta en marcha de un programa informático para agilizar la labor de los juzgados encaja, sin forzar el argumento, en el tipo de trabajo que puede realizar un magistrado dentro de su estricto régimen de incompatibilidades. Sin embargo, detectan dos defectos, más formales que de fondo, en la actuación de estos magistrados: el primero es que no solicitaron autorización al Consejo del Poder Judicial para realizar esta actividad. Fuentes de este órgano de los jueces afirman que si los magistrados participantes en el programa IusMadrid hubieran pedido permiso, se les hubiera concedido sin mayor problema.

La segunda deficiencia la achacan directamente a Vieira y tiene que ver con la transparencia del proceso. Fuentes judiciales reprochan que el propio presidente del Tribunal Superior de Madrid participe en las tareas de asesoramiento y que no se conozcan los criterios para el nombramiento de los jueces que colaboran en él y que reciben una compensación económica por ello.

La Inspección de la Fiscalía también abre diligencias internas

Los juristas consultados consideran que se debería haber convocado un concurso interno entre los jueces para seleccionar a los participantes en el programa. También sostienen que el pago a los jueces por este servicio no lo debería abonar la empresa Indra, sino el organismo público Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), a través del cual se adjudicó el contrato para el programa IusMadrid, valorado en poco más de seis millones de euros.

Además de la investigación interna en el Poder Judicial, la Inspección de la Fiscalía General del Estado ha abierto unas “diligencias informativas” sobre los miembros del ministerio público —al menos cinco— que han participado en el asesoramiento y cobrado a través de Indra. La Inspección pedirá datos a la Fiscalía de Madrid sobre los pormenores de los cobros para aclararlo. No obstante, fuentes de la Fiscalía General del Estado “no ven nada especialmente grave” en el asunto.

Antes de que el Poder Judicial anunciara la apertura de su investigación, Vieira emitió un comunicado en el que defiende la legalidad de las primas cobradas por varios jueces. Tras detallar que todo el dinero ha sido declarado a Hacienda, el magistrado justifica así la retribución: “Como no son funciones propias de su cometido como magistrados, secretarios o funcionarios, la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo de los juristas, se acordó con ICM una compensación económica que realizó la empresa Indra, contratada por ICM para desarrollar técnicamente este sistema”. Vieira cree que el desarrollo de la nueva herramienta “difícilmente se habría logrado” sin la colaboración de estos equipos.

http://politica.elpais.com/politica/2015/02/23/actualidad/1424684356_547492.html

MADRID PAGA PRIMAS A JUECES POR MEDIO DE UNA EMPRESA PRIVADA

El Gobierno regional abona a través de Indra compensaciones a jueces, fiscales y secretarios por asesorar en mejoras informáticas

El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene desde 2011 un pacto con la firma tecnológica Indra para que esta multinacional pague retribuciones periódicas, establecidas por contrato, a jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales a cambio del asesoramiento que estos prestan en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que permitan agilizar la justicia madrileña. En total, son 32 los juristas que han intervenido (muchos siguen haciéndolo), entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, en unas tareas de asesoramiento que, de momento, han supuesto a Indra un desembolso cercano a 230.000 euros.

Paga Indra porque así lo establecen las bases del concurso público que ganó esa empresa, según fuentes de la compañía, pero la orden de esos pagos proviene de la Consejería de Justicia de Madrid, a través de su filial 100 % pública ICM (Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid). Las relaciones contractuales entre ICM e Indra están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica, ante los numerosos indicios que apuntan a la existencia en el pasado de facturaciones falsas del Gobierno de Ignacio González a través de Indra. El actual consejero de Justicia de Madrid, Salvador Victoria, es uno de los tres aforados que han salido salpicados en la red púnica.

Este sistema estructurado y periódico de pagos a juristas (a razón de entre 400 y 600 euros al mes, en función de la duración de cada una de las tres fases de que se compone el proyecto tecnológico) fue ideado durante la etapa final del mandato de Esperanza Aguirre (en diciembre de 2011). No obstante, la segunda y la tercera fase (las más importantes y mejor nutridas económicamente por el Gobierno regional) se están consumando y ejecutando durante el Ejecutivo de González.

En la práctica, la inmensa mayoría de las empresas privadas contratan a técnicos informáticos para que introduzcan y enseñen a sus trabajadores, con obligación de asistencia, las nuevas tecnologías, pero normalmente no se retribuye a los trabajadores por esa formación. En este caso, los jueces exigieron cobrar por su participación y Justicia trasladó a Indra los pagos.

Indra sostiene que pagó a los jueces que le indicó la Consejería de Justicia

Todo surge cuando la Ley 18/2011, de 5 de julio, que regula la denominada agenda digital, impone la obligación de introducir en los juzgados y tribunales mejoras informáticas para reducir las esperas de la justicia y hacerla más ágil interconectando los juzgados y las fiscalías en el marco de sus respectivas jurisdicciones (Civil, Penal, Menores, Incapacidades...). Para construir las nuevas herramientas informáticas, Indra necesitaba la colaboración de los usuarios (los juristas) con el fin de conocer sus necesidades e implementarlas mediante la adecuada aplicación informática. Pero los jueces se negaron ante Justicia a colaborar si no se les daba una compensación económica por asistir a las reuniones con los técnicos de Indra. Y así lo expuso en distintas reuniones, en nombre de ellos, el presidente del TSJ de Madrid. Fue entonces cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid pactó que fuese Indra —como adjudicatario del proyecto informático, que empezó a finales de 2011 y cuya tercera fase está previsto concluya en 2017— la que pagase a los juristas. Las tres fases para acometer este proyecto tecnológico se las ha adjudicado Indra, en concurso abierto. Al último concurso, el ahora en marcha, solo concurrió Indra.

Versión del Gobierno de González

El consejero de Justicia y actual número dos del presidente Ignacio González ha declinado hablar con este periódico sobre los pagos a jueces y fiscales. No obstante, la Comunidad ha enviado una nota en la que explica que, a raíz de las transferencias de Justicia, el Gobierno regional comenzó a desarrollar un sistema informático para interconectar los juzgados. Y que se hizo porque así lo impone la Ley 18/2011, de 5 de julio. El proyecto es conocido como Iusmadrid. La citada ley obliga a que esa modernización informática esté en marcha en julio de 2015.

En los sucesivos pliegos de contratos para la ejecución y desarrollo de las aplicaciones se recoge que los usuarios del cliente, la Consejería de Justicia, a través de ICM, deben colaborar con el desarrollo de la aplicación y “revisar y validar” finalmente el proyecto, pero no se especifican remuneraciones concretas a nadie. Indra ha pagado a estos colaboradores del dinero de las contratas (las tres fases han sido adjudicadas en 6.011.441,42 euros).

Distintas fuentes judiciales han mostrado su sorpresa a EL PAÍS por que se estén dando retribuciones a jueces y fiscales por colaborar en la construcción de sus propias herramientas informáticas. “No sé si será legal, pero desde luego parece poco estético”, afirma un magistrado. Les llama la atención que estos pagos “no los haga directamente, en su caso, la Consejería de Justicia a través de ICM y se los trasladen a Indra por la puerta de atrás”. Indra es una empresa con capital muy mayoritariamente privado, y factura anualmente a la Comunidad unos 12 millones de euros.

Fuentes de la multinacional admiten los pagos, que se efectúan directamente en las cuentas de los jueces, fiscales y secretarios tras practicarse las oportunas deducciones fiscales. Estas fuentes añaden: “Indra ha pagado a los jueces que [Justicia] nos han dicho que pagásemos y las cantidades que nos han comentado que demos a cada uno”. Indra reconoce que necesita a los juristas para acometer el proyecto informático.

Y que, logrando que colaboren, la firma no solo “ahorra tiempo” en la ejecución y le sale más “rentable”. Además, añade que el asesoramiento resultaba imprescindible porque la herramienta es para ellos y, a la postre, son los que deben “validar” o no el resultado. Los trabajos de la tercera fase del proyecto informático para agilizar la justicia están centrados ahora en la jurisdicción penal: ya se ha hecho en la civil y en parte de la fiscalía. Y los pagos continúan.

Justicia dice que hay que compensar el "esfuerzo" de los juristas

Fuentes judiciales también se muestran sorprendidas por que la Comunidad pague a jueces a través de una empresa privada como Indra y, en su caso, no lo haga a través de su organismo público ICM, “ya que un juez nunca debe percibir retribución alguna de una empresa privada”. Indra también ha desarrollado aplicaciones informáticas para la Consejería de Educación, pero en este caso no se ha pagado a ningún profesor o maestro ni personal docente por su colaboración, reconocen fuentes del Gobierno regional.

Fue la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Madrid, que preside Francisco Vieira (uno de los al menos nueve magistrados que están percibiendo dinero por el asesoramiento a Indra), la que nombró oficialmente, el 20 de diciembre de 2011, a los grupos de jueces que intervienen en el proyecto, denominado Iusmadrid. Vieira admitió el pasado miércoles a EL PAÍS su convicción de que los participantes en el proyecto debían cobrar. Y lo explicó así: “Hacer eso no forma parte de nuestras funciones y se debe retribuir de alguna forma”. Las cantidades abonadas (este periódico ha tenido acceso a los datos del periodo 2012/2014, que se muestran en el gráfico) oscilan entre 3.000 y 9.000 euros. Y los pagos continúan todavía para gran parte de ellos. Juristas de esa lista consultados por este periódico señalan que han declarado tales ingresos a Hacienda y que Indra, por su parte, efectúa las correspondientes deducciones. Añaden que se trata de una retribución legal y compatible con la actividad de jueces y fiscales.

Las empresas privadas no pagan a sus trabajadores por formarse

Según la ley, la función de juez es incompatible “con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquella”. “Indra necesita de nosotros para hacer la aplicación, nosotros tenemos que explicarles nuestras necesidades para agilizar los trámites y ellos ejecutarlas”, señala un jurista de la lista, quien explica que, como los demás, ha asistido a numerosas reuniones para asesorar en la implementación del sistema. “Es un trabajo que realizamos por las tardes, varias por semana, al margen de nuestros asuntos y sin estar liberados para ello”, apostillan. Fuentes del Consejo del Poder Judicial evitaron ayer pronunciarse hasta tener más detalles de las retribuciones. La Comunidad defiende los pagos por parte de Indra, como adjudicataria de los concursos, porque fue Justicia la que exigió que los proyectos fuesen “revisados y validados” por los jueces, con el “consiguiente esfuerzo y tiempo” que les suponía.

Las relaciones comerciales entre Indra y el ICM están siendo investigadas en la Operación Púnica a raíz, entre otras irregularidades, de un pago de 10.000 euros que supuestamente hizo Indra a un informático, Alejandro de Pedro, implicado en la trama, por mejorar en Internet la imagen del consejero Salvador Victoria y del presidente Ignacio González. Así lo ha declarado al juez el exgerente de ICM José Martínez Nicolás, quien señaló que su jefe, Victoria, le ordenó que pidiese a Indra ese dinero para pagar al imputado De Pedro.

Según la Comunidad, el despliegue de Iusmadrid implica que “en cada orden e instancia” jurisdiccional “se desplieguen las siguientes actividades: como tareas previas al inicio del proyecto, se establece la necesidad de participación por parte de los Órganos Judiciales como garantía de conocimiento de los procedimientos de gestión procesal. Para ello”, añade la nota, “se crea un equipo de trabajo compuesto, entre otros, por un magistrado y un secretario judicial. La participación de estas dos figuras es clave en la primera fase [hay tres], en la que se procede a la revisión de la infraestructura jurídica, en todo lo que tiene que ver con los esquemas de tramitación de los procedimientos judiciales y los modelos de documentos”. “Dado el esfuerzo que lleva aparejado este trabajo”, agrega, “la Justicia traslada en 2011 la necesidad de compensar el esfuerzo de los potenciales participantes como forma de garantizar su colaboración en un proyecto de tanto impacto para ambas Administraciones”.

http://politica.elpais.com/politica/2015/02/22/actualidad/1424624961_122483.html

VIEIRA, EL MAGISTRADO QUE ANULÓ PARTE DE LAS ESCUCHAS DE GÜRTEL

Los votos particulares generaron tensión en su sala

El Poder Judicial investiga el cobro de primas y cita al presidente del TSJM

Francisco Javier Vieira Morante cumple en la actualidad su segundo mandato de cinco años como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, en concreto, de la Sala de lo Penal y Civil, que es la que investiga a los aforados de la Comunidad de Madrid (salpicada de escándalos de corrupción en el último lustro). Gran parte de la investigación del caso Gürtel la supervisó su sala cuando el instructor era el juez Antonio Pedreira.

Durante las pesquisas de Gürtel se vivieron momentos de gran tensión entre los magistrados de la sala, sobre todo cuando entraron a analizar si anulaban, o no, las escuchas en la cárcel que meses antes había ordenado el juez Baltasar Garzón (primer instructor del caso) entre los abogados de los principales implicados y sus clientes (Francisco Correa, Pablo Crespo, Antoine Sánchez).

Fueron las escuchas que, a la postre, determinaron que Garzón fuera condenado por el Tribunal Supremo y su posterior expulsión de la carrera. Pedreira prorrogó las escuchas y a sus colegas les tocó decidir qué hacían con ellas. El debate fue muy intenso entre los tres magistrados que había entonces en la Sala de lo Penal: Vieira (presidente), Emilio Fernández Castro y José Manuel Suárez Robledano, en la actualidad consejero del Tribunal de Cuentas y el magistrado que, con sus reiterados votos particulares en contra, evitó in extremis la anulación total de las grabaciones.

Tras cuatro sesiones de deliberaciones muy tensas entre el tándem Vieira-Fernández Castro, que imponían su dos votos contra uno, finalmente, se acordó anularlas casi todas y solo validar una de ellas. Tampoco fue buena la relación de Vieira con Pedreira, al que abrió un expediente por olvidar resolver una cuestión de competencia en un sumario que entonces sumaba 600.000 folios.

http://politica.elpais.com/politica/2015/02/23/actualidad/1424725077_294697.html

EL PRESIDENTE REGIONAL IGNACIO GONZÁLEZ ENTRA DE LLENO EN EL NEGOCIO DE LAS JOYAS

La conocida afición del presidente de la Comunidad de Madrid de dibujar y diseñar camisetas se ha convertido ya en un auténtico negocio con el que su familia comercializa prendas de vestir, bolsos y joyas. Bajo la marca, Bolttons Art, registrada por Ignacio González, los productos con el sello del político del PP se distribuyen a través de las redes sociales, exposiciones privadas y bazares, según ha podido saber este diario.

La sociedad que ampara este nuevo negocio de la familia González-Cavero, Eyes Bolton Art SL, comenzó sus operaciones el 23 de abril de 2013 y tiene su domicilio social en la vivienda que el presidente regional tiene en Aravaca, Madrid.

La empresa fue constituida por su esposa, Lourdes Cavero, vicepresidenta de CEIM, y por Sonsoles López Martín, en calidad de administradoras solidarias. Esta última es, además, propietaria de una firma de decoración con una tienda en la calle Serrano de Madrid.

Sólo tres meses después de comenzar la aventura empresarial, la primera dama madrileña abandonó el consejo de administración de la sociedad, quedando Sonsoles López como administradora única de Eyes Bolton Art.

Hasta aquí, la participación de la mujer. Pero el papel de Ignacio González en la empresa va más allá que el simple diseño de camisetas y de su pasión por el arte del dibujo. Él es el propietario de la marca Bolttons Art, según consta en la Oficina Española de Patentes y Marcas. El 26 de diciembre de 2012, solo dos meses después de sustituir a Esperanza Aguirre al frente del Gobierno de Madrid, González registró dos logotipos de su firma.

En la misma fecha, González encargaba el primer dominio web para su firma de moda, joyas y complementos. Lo hacía a través de una empresa australiana que presta este servicio a través de Internet. Este primer dominio no ha llegado nunca a estar activo. En 2013 se ha registrado una nueva dirección, que actualmente permanece en construcción.

Lo que comenzó como un modo de comercializar los dibujos del presidente de la Comunidad de Madrid, estampados en camisetas, se ha convertido hoy en un negocio en toda regla. Bajo su marca comercial se distribuyen colecciones de bolsos y de joyas de todo tipo… Entre sus clientes están los vecinos de la lujosa urbanización de Sotogrande (Cádiz), Monteclaro (Pozuelo) o de Marbella, donde el presidente de Madrid es propietario del lujoso ático cuya adquisición investiga actualmente un juzgado de Estepona.

http://www.politicalocal.es/30031-el-presidente-regional-ignacio-gonzalez-entra-de-lleno-en-el-negocio-de-las-joyas/
 

EL CONSTITUCIONAL ANULA EL EURO POR RECETA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Remite a la sentencia que dictó en mayo en Cataluña, que considera "gravosa" la medida

El ambas comunidades, el Alto Tribunal la había suspendido de forma cautelar

Partidos y sindicatos piden que se devuelva el dinero cobrado a los madrileños

La Comunidad de Madrid no debería haber cobrado a los madrileños por adquirir un medicamento con receta. Lo empezó a hacer hace dos años en plena crisis económica y al mismo tiempo que Cataluña y ha sido una de las medidas que más ampollas levantó entre la ciudadanía de Madrid, una de las más coreadas en las manifestaciones de la llamada marea blanca que durante los últimos años ha recorridolas calles de la capital para protestar por la política sanitaria del PP. Ahora, el Tribunal Constitucional ha sentenciado la ilegalidad de esta medida, que ya había suspendido de forma cautelar a los pocos meses de su entrada en vigor. El alto tribunal remite a la sentencia similar que dictó el pasado mayo en Cataluña en la que calificaba como “gravosa” la medida que también había sido aplicada en esa comunidad durante meses. También allí, había suspendido el euro por receta de forma cautelar.

El argumento principal que da el Constitucional para tumbar esta tasa obligatoria en la comunidad que presidente Ignacio González es la vulneración de las competencias estatales en materia de sanidad. La financiación sanitaria no está transferida a las autonomías, sigue siendo competencia del Estado.

Pero más allá del debate competencial están los intereses de los ciudadanos, resaltaron ayer algunos partidos y sindicatos al conocer la sentencia. El Grupo Parlamentario UPyD en la Asamblea de Madrid ha registrado una iniciativa para que el Gobierno de la Comunidad “aclare en el Parlamento autónomo si piensa o no devolver los cinco millones de euros que el Consejero de Economía, Enrique Ossorio, estimó que se habían recaudado durante el mes que esta estuvo vigente esta medida, en enero de 2013”. “El euro por receta suponía aumentar el copago farmacéutico, era injusto, no tenía en cuenta la renta por paciente ni promovía el uso racional de los medicamentos”, señala el portavoz de Sanidad de UPyD en la Asamblea, Enrique Normand.

El Partido Socialista de Madrid (PSM) e IU expresaron su satisfacción por la decisión del Alto Tribunal. “Era una decisión injusta y nos alegra que nos hayan dado la razón”, resumió el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento regional, José Quintana.

Y en el mismo sentido se manifestaron los sindicatos CC OO y UGT. “La Comunidad debería establecer un procedimiento para resarcir a los ciudadanos que lo pagaron. Aunque sea complejo, el Gobierno regional tenía que haberlo previsto al aplicar una medida que claramente podía ser inconstitucional”, reivindica la secretaria de Política Social de CC OO de Madrid, Ana González.

“Esta sentencia tumba una de las medidas estrella antisociales en materia sanitaria del PP, que rompía los principios de cohesión e igualdad y es un espaldarazo a las protestas de la ciudadanía contra esa política”, añade González.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/03/madrid/1401791605_189886.html

LA FISCALÍA NO VE DELITO EN EL DOSSIER CLAVE DEL ESPIONAJE A IGNACIO GONZÁLEZ

El ministerio público sostiene que los datos sobre el patrimonio del hoy presidente de Madrid fueron obtenidos de "una manera completamente lícita"

La fiscal del caso, que se instruye en un juzgado de Madrid desde hace cinco años, pide el sobreseimiento provisional de la imputación contra el responsable de la agencia de detectives Método 3

La fiscal del caso que un juzgado de Madrid instruye desde 2009 en torno al espionaje de que fue objeto el presidente del Gobierno regional, Ignacio González, acaba de dar un paso decisivo. La Fiscalía sostiene que el dossier difundido en 2009 sobre el entonces delfín de Esperanza Aguirre no constituye delito por cuanto la información sobre su patrimonio procedía de fuentes públicas como son los registros de la propiedad. El dossier abordaba igualmente varias adjudicaciones cuya legalidad cuestionaba, extremo sobre el que no se pronuncia en su escrito la Fiscalía.

El escrito del ministerio público, al que infoLibre ha tenido acceso, debilita uno de los argumentos clave de la querella con que en enero de 2009 reaccionó González tras enterarse por la prensa de la existencia del citado dossier. Y ese argumento se resume así: el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid se sentía víctima de una "persecución” y de una vigilancia “ilegal”.

Fechado el pasado 27 de marzo, el escrito de la Fiscalía pide el sobreseimiento provisional de la imputación que pesa sobre el apoderado y responsable de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, quien en 2013 saltó de nuevo a la palestra por el extraño episodio de espionaje organizado en torno a la máxima dirigente del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho. Hasta la fecha, aduce el escrito de la acusación pública, “en nada queda acreditado” que la elaboración y/o difusión del dossier fuera obra de Marco.

No vulnera el derecho a la intimidad

A renglón seguido, llega lo esencial del escrito: “Pero, incluso en el caso de que estos extremos pudieran acreditarse de algún modo que hasta la fecha no ha sido así, si entramos a valorar el contenido del informe, el fiscal entiende que en nada vulnera el derecho a la intimidad del denunciante pues los datos que se recogen en el mismo han sido obtenidos de una manera completamente lícita, a través de Registros de la Propiedad, que son registros públicos y por lo tanto sin que se produzca vulneración de derecho alguno”.

La Fiscalía tampoco encuentra indicios para vincular a Francisco Marco con el seguimiento de Ignacio González durante un viaje a Cartagena de Indias (Colombia), en agosto de 2008.

Ese viaje quedó grabado en un vídeo que acabó erigido en paradigma del espionaje y que captó los movimientos del político y sus acompañantes por la ciudad caribeña. Difundir esa película, que mostraba a González y su séquito en el momento de entrar en una casa de Cartagena con bolsas de plástico en la mano y en el de salir poco después sin esas mismas bolsas –dentro había toallas de baño, adujo luego el entonces delfín de Esperanza Aguirre–, le costó la imputación a una periodista de la Cadena SER finalmente exonerada.

La existencia del dossier sobre su patrimonio y las adjudicaciones cuestionadas, que consta de 69 páginas, así como la del relativo a su estancia en Cartagena de Indias y la de un tercero sobre un otro viaje, este a Johannesburgo, coincidió en el tiempo con la constatación de que otros políticos del PP madrileño habían sido igualmente espiados. Pero estos últimos –el entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el consejero Alfredo Prada, luego destituido– se contaban entre los adversarios de Esperanza Aguirre y, por ende, de Ignacio González. El caso de los seguimientos a Cobo y Prada, presuntamente perpetrados por espías a sueldo de la Comunidad de Madrid, continúa abierto en un juzgado de Madrid pero en fase de letargo.

Guerra interna en el PP

Fue el asunto del espionaje a González y del dossier sobre su patrimonio y sobre varias adjudicaciones públicas que los autores del informe calificaban de irregulares el que provocó una verdadera guerra interna en la cúpula del PP madrileño.

La batalla terminó por costarle la carrera política al durante años secretario general del PP regional, Francisco Granados, una de cuyas colaboradoras fue señalada por un antiguo detective de Método 3 como la persona que encargó espiar a González. En su escrito, la Fiscalía remarca ahora que la versión de ese detective no ha sido corroborada por ningún otro testigo y que ninguna “prueba objetiva” ha confirmado su veracidad.

Abierto en el juzgado de instrucción 47 de Madrid, cuyo titular es hermano de un alto cargo del Ejecutivo autonómico, el caso del espionaje perdura cinco años –dos y medio más que el caso Urdangarin, por ejemplo–. Desde el otoño de 2012, ha avanzado en paralelo a la investigación sobre el ático de lujo que el presidente madrileño y su esposa, Lourdes Cavero, disfrutan en Estepona desde 2008. Justamente ayer, la Audiencia de Málaga desimputó a Lourdes Cavero al tiempo que ordenaba proseguir las investigaciones.

Además de la Fiscalía, también el sindicato policial SUP, cuya denuncia fue precisamente la que originó la apertura de diligencias en Estepona, se había opuesto a la imputación de Cavero. Todavía –razonan los denunciantes- no hay elementos suficientes para incriminar a la esposa de González y lo que la juez de Estepona debe hacer es aguardar la llegada de las comisiones rogatorias lanzadas a Londres y EEUU para averiguar quién está realmente tras la empresa Coast Investors Llc, una sociedad pantalla con sede en Delaware (EEUU), administrada por un testaferro profesional –Rudy Valner- y que en mayo de 2008 compró el ático para un mes después alquilárselo a la pareja González-Cavero.

En diciembre de 2012 y tras cuatro años de alquiler –2.000 euros al mes por 256 metros construidos, solarium de otros 238 metros, tres plazas de garaje y otros tantos trasteros muy cerca de la playa–, el matrimonio González-Cavero escrituró la compra del ático.

González intentó en la primavera de 2013 que el caso de Estepona saltara a Madrid para quedar bajo la batuta del titular del juzgado de instrucción 47 de la capital, Adolfo Carretero. Ahora, una vez desimputada su esposa por la Audiencia de Málaga, todo apunta a que González esperará a que el Supremo rechace la admisión de las dos querellas que, también sobre el ático, han interpuesto respectivamente un grupo de extrabajadores de Telemadrid y los socialistas madrileños (PSM). La Fiscalía del Supremo ya ha emitido dictamen contrario a la admisión, lo que en la práctica anuncia el carpetazo.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/05/13/la_fiscalia_delito_dossier_del_espionaje_ignacio_gonzalez_16913_1012.html

Homenaje por todo lo alto del PP al padre de Ignacio González: cierra el comedor del Senado para agasajarle con una `comilona´

Entre los asistentes destacan el ministro de Justicia y el presidente de la Comunidad de Madrid

Según ha tenido conocimiento ELPLURAL.COM, el pasado jueves el Grupo Parlamentario del Partido Popular del Senado homenajeó por todo lo alto a Pablo González Liberal, padre de Ignacio González y hasta hace algunos meses secretario general técnico del PP en la Cámara Alta. En concreto, los populares cerraron al completo el comedor del Senado para rendirle tributo a quien empezó su carrera política en pleno franquismo.

El currículum del padre de González
Cabe recordar que Pablo González ocupó cargos en el desaparecido Ministerio de Información y Turismo, en el desaparecido INI y en el Ayuntamiento de Madrid, donde fue concejal-delegado hasta la Transición. Durante el Gobierno de UCD ocupó puestos como el de director del Instituto Nacional de Consumo entre 1980 y la llegada del Gobierno Socialista. Más adelante, el padre de Ignacio González dirigió la Fundación Milicias Universitarias (FUNDAMU) vinculada a la Unión Nacional de Milicias Universitarias (UNAMU), una entidad de carácter paramilitar y ultraconservadora.

Restaurante sólo para populares
Para preparar este homenaje, los populares pidieron permiso a la Secretaría General del Senado para cerrar por completo el restaurante de la Cámara Alta. De este modo, quien no estuviese invitado al evento tuvo que conformarse con almorzar en la zona de cafetería, tal y como se advirtió por correo electrónico al conjunto de senadores, funcionarios y demás personal que presta servicios en la Cámara.

¿Cuánto costó la comilona?
El Partido Popular no ha especificado el coste del evento, pero a preguntas de este periódico sí que han reconocido que ha sido asumido en su totalidad por el Grupo Popular del Senado, cuyas cuentas a raíz del caso Gürtel han sido investigadas descubriéndose que contienen elevados gastos en conceptos tales como flores, joyas y almuerzos.

Asistió Gallardón
De la contabilidad oficial del Partido Popular también se desprende que numerosos senadores cobraron sobresueldos a raíz de su actividad en la Cámara Alta. Uno de los agraciados en su día fue Alberto Ruíz-Gallardón, quien según ha confirmado ELPLURAL.COM, también asistió al homenaje realizado a Pablo González. A este respecto, desde Génova 13 aclaran que Gallardón no acudió en su condición de ministro de Justicia, sino como exportavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La familia
Entre los asistentes también se encontraban los cuatro hijos –incluido el presidente de la Comunidad de Madrid-. Una familia que, tal y como desveló este periódico, tiene la fortuna de ostentar importantes cargos en la administración pública.

http://www.elplural.com/2014/04/04/el-pp-homenajea-por-todo-lo-alto-al-padre-de-ignacio-gonzalez-cierra-el-comedor-del-senado-para-agasajarle-con-una-comilona´/

IGNACIO GONZÁLEZ COMPARA LOS IDEALES DE LAS "MARCHAS DE LA DIGNIDAD" CON LOS NEONAZIS GRIEGOS

El presidente madrileño afirma que muchos planteamientos de los grupos que se dirigen a Madrid están en los programas del partido Amanecer Dorado

El presidente madrileño, Ignacio González, ha afirmado hoy que las políticas que estimulan la economía y frenan el paro son "la mejor manera de dar dignidad a los españoles", y ha dicho que muchos planteamientos de las 'Marchas de la dignidad' están en el programa del partido neonazi griego Amanecer Dorado.

Durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, Ignacio González ha pedido al portavoz de IU, Gregorio Gordo, que diga si comparte el manifiesto de las 'Marchas de la dignidad', que este sábado confluirán en Madrid convocadas por cientos de colectivos sociales de todo el país, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el movimiento 15M o las mareas blanca, verde y azul.

González ha arremetido contra el manifiesto de este movimiento que "bajo la apariencia de reivindicar empleo, sanidad o derechos" propone, según ha dicho, "un llamamiento a la revolución, a la subversión del orden constitucional, al incumplimiento de la ley y de los compromisos internacionales y a tomar la calle".

"Una actuación al más puro estilo comunista y revolucionario que a usted le gusta y que nosotros no compartimos", le ha espetado a Gordo, al que le ha dicho que es "irresponsable y peligroso" que Izquierda Unida "apoye la subversión y el no reconocimiento de la Constitución".

Así, el presidente ha pedido al portavoz de IU que diga si comparte que no hay que pagar la deuda, que la Constitución del 78 se hizo "contra el pueblo", que el régimen democrático está "superado y corroído" por la corrupción y que no tiene "ninguna legitimidad", o que todos los gobiernos "están fuera de la ley y son represores", por lo que "hay que superarlos con la lucha en la calle".

Gregorio Gordo, en su intervención, ha llamado a acudir el sábado a las manifestaciones y a llenar las calles de Madrid de "dignidad y rebeldía" ante las políticas del PP, que a su juicio no pueden satisfacer las demandas de los ciudadanos.

"Todo lo contrario: sus políticas son la razón del conflicto social permanente y del empobrecimiento generalizado de la población", ha dicho, antes de acusar al PP de plantear un modelo político que "manda al desempleo a cientos de miles de madrileños", que "desahucia a decenas de familias para alimentar la voracidad insaciable de la banca y los fondos buitre", que "imposibilita a los jóvenes forjar un proyecto de vida digno" y que "arrebata a la mujer su derecho a decidir sobre su cuerpo".

El portavoz de IU ha criticado que cuando la ciudadanía sale a la calle para protestar por esas "carnicerías sociales" el Gobierno madrileño "siempre recurre a la represión y criminalización del sindicalismo de clase y los movimientos sociales".

http://www.publico.es/politica/509240/ignacio-gonzalez-compara-los-ideales-de-las-marchas-de-la-dignidad-con-los-neonazis-griegos

LA COMUNIDAD SE ENROCA EN SU GESTIÓN DEL ‘CASO ANERI’

La oposición ironiza sobre el control "ejemplar" de las subvenciones a los cursos de formación

El viceconsejero de Empleo, Turismo y Cultura, Juan Van-Halen, afirmó ayer en la Asamblea de Madrid que los controles del Gobierno regional permitieron que aflorara el presunto fraude de 15 millones de euros (11 estatales y 4,4 autonómicos de los ejercicios 2010 y 2011) en la organización de cursos de formación conocido como caso Aneri, mientras la oposición le reprochaba precisamente la falta de vigilancia. “Los controles han funcionado, el Gobierno siempre ha ido por delante de los acontecimientos”, se enrocó el número dos de Ana Isabel Mariño, partidario de “un cambio de modelo” como defiende el presidente regional, Ignacio González.

Van-Halen compareció a petición del PSM para informar sobre las posibles irregularidades en la concesión de subvenciones para formación continua de trabajadores entre 2008 y 2011. La diputada socialista Josefa Navarro le recriminó que eludiera responder a preguntas concretas, y lamentó que el Ejecutivo autonómico impida la creación de una comisión de investigación. “El PP no está a la altura de las circunstancias, no se puede cambiar como si fuera un trueque una comisión de investigación por unas comparecencias en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones”, expresó.

“Quiten las nubes y las sombras en este asunto... Tanto que controlan, parece que tienen que ser las denuncias de la policía las que les obligan a actuar”, intervino Joaquín Sanz (IU). “Las explicaciones de la Comunidad siempre están encaminadas en que su actuación es poco menos que ejemplar”, ironizó Juan Luis Fabo (UPyD). “Insisten en que los controles han funcionado pese al escándalo... De repente descubren que el sistema no es el conveniente y hay que cambiarlo”, abundó.

Van-Halen aseguró que la Comunidad denunció los hechos cuando tuvo la certeza de que se iba más allá de la no justificación de las subvenciones, pese a las evidencias que indican lo contrario. “Al quebrarse el principio de confianza legítima se realizó una investigación más profunda. Por ejemplo, hemos llamado a alumnos que nos han confirmado que no hicieron los cursos. Y se han comprobado distintas plataformas telemáticas”, observó.

En su intervención en la comisión de Empleo la semana pasada, la directora general de Formación, Patricia Herrero, aseguró que tuvo conocimiento del caso Aneri el 27 de septiembre “de forma verbal”. La Consejería inició casi cuatro meses antes los procedimientos de revocación y reintegro de las subvenciones de 25 asociaciones empresariales que no habían presentado la documentación suficiente para justificar las ayudas recibidas por adelantado. Todas habían subcontratado a Sinergia Empresarial, la empresa de teleformación de José Luis Aneri, como proveedora de los cursos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/19/madrid/1395263296_134304.html

LA CEIM PAGÓ A SUS DIRECTIVOS CON DINERO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN

Los auditores destapan que los salarios llegaban en 2009 hasta los 220.000 euros

La patronal madrileña CEIM, la organización empresarial que preside Arturo Fernández, ha estado desviando el dinero de los cursos de formación para financiar los sueldos de sus dirigentes. Dos informes de la Cámara de Cuentas referentes a los años 2008 y 2009 señalan que los salarios recibidos por algunos de los directivos de la organización de empresarios procedían hasta en un 90% de fondos públicos destinados a la formación de trabajadores. Los sueldos se situaban esos años en una horquilla de entre 100.000 y los 220.000 euros.

La Cámara de Cuentas, órgano fiscalizador de los organismos públicos regionales, detectó además que la patronal tampoco declaraba los intereses que salían de mantener las subvenciones recibidas en los bancos, algo que los auditores públicos consideran cuando menos negligente.

Los informes, que están firmados en 2011 y 2012, analizan el “gasto de subvenciones en materia de formación continua otorgadas por la Comunidad de Madrid” a sindicatos y patronal.

Las ayudas que patronal y sindicatos reciben se emplean fundamentalmente en formación; es decir, gastos docentes, profesorado, material y diseño de los cursos. Estos últimos se suelen subcontratar con empresas externas, como las de los empresarios José Luis Aneri o Alfonso Tezanos, detenidos por formar parte supuestamente de una trama de cursos falsos. La policía, de momento, ha arrestado a 14 personas. El agujero económico asciende a 15 millones de euros, procedentes de las arcas regionales y estatales. Madrid recibe cada año unos 115 millones de euros del Estado para cursos de formación.

Pero otra parte de las subvenciones va a los llamados “gastos de apoyo”; es decir, de personal no docente pero que interviene en la gestión de los cursos. Por ejemplo, una telefonista contratada para dar información a los alumnos. Hasta agosto de 2012 ese gasto no podía ser mayor del 20% de la subvención. A partir de esta fecha, se redujo al 10%.

Es en esa parte de la subvención donde la Cámara detectó las irregularidades reflejadas en ambos informes. En 2009, la Cámara señala que la normativa regional (Orden 2816/2008, de 2 de octubre) “no prevé como subvencionables los salarios del personal directivo”. Esto significa que del dinero de los cursos no se pueden pagar las nóminas de los dirigentes de la CEIM ni de los sindicatos. “Sin embargo, se justificaron de nuevo costes salariales de directivos [de la CEIM]”, prosigue el informe, “que además perciben unos salarios elevados, superiores a 100.000 euros, por un total de 405.000”.

La auditoría pública termina diciendo en ese apartado que “se han financiado con fondos públicos el 35% de los costes salariales del secretario general; el 54% en el caso de la directora del departamento de Asuntos Laborales; el 50% de los costes en el caso del director financiero, de la directora de Asuntos Económicos y del director de Comunicación; y en el 90% de la directora de Formación”.

Esta fiscalización, la última realizada por la Cámara sobre cursos de formación, coincide en parte con la del año anterior, la correspondiente a 2008. En esta, la Cámara señala, además, la cuantía de los sueldos. Asegura que entre los salarios con dinero de subvenciones públicas figuran “un alto cargo que cobró 220.000 euros”, dos del equipo de Comunicación, con 132.000 y 107.000 euros, respectivamente, y otro del “equipo económico financiero con 100.000 euros”. Ese informe apunta también a otro puesto directivo, “cuyas retribuciones teóricas partiendo de los importes parciales certificados podrían alcanzar un importe anual de 358.000 euros”. El documento señala que los sindicatos también destinaron dinero a costes de dirección en ese plan, con un total de 77.000 euros (UGT) y 72.000 (CC OO).

La Cámara da otros datos sobre el dinero público destinado a gastos de personal de apoyo. De los 89 trabajadores de personal de la CEIM, en 2008 se financiaron con fondos de la Comunidad y fondos europeos el 54% de los costes salariales de 34 trabajadores. En 2009 se financiaron el 53% de los sueldos de 32 trabajadores de los 114 de personal propio.

La Ley General de Subvenciones recoge como infracción muy grave que no se apliquen “en todo o en parte” las cantidades recibidas para los fines para los que la subvención fue concedida. Y para las entidades que comentan infracciones muy graves contempla, además de la devolución de fondos, la pérdida de un plazo “de hasta cinco años” para obtener ayudas públicas o de contratar con las Administraciones durante un periodo también de hasta cinco años.

La otra irregularidad de calado que encuentra la Cámara de Cuentas es la referida a los rendimientos financieros que generan las subvenciones en las cuentas bancarias de la patronal durante el periodo en el que no se hace uso de ellas. O más bien, la extraña ausencia de esas plusvalías.

Los informes indican que, para comprobar los rendimientos financieros declarados por las entidades que habían recibido subvenciones, se solicitó información a los bancos en los que la Comunidad de Madrid había colocado los fondos. Quería ver el órgano fiscalizador si esos saldos habían sido colocados en algún depósito, fondo, cuenta remunerada u otro producto financiero, así como los intereses o plusvalías que se hubieran producido.

En el informe firmado en 2012, sobre el ejercicio de 2009, la Cámara relata que la patronal ingresó el primer plazo de la subvención en una cuenta del Banco Santander, que fue transferida a los 20 días a una cuenta de Banca March, en la que se ingresó después el segundo plazo. Preguntadas las dos entidades, ambas señalaron que no hubo rendimientos, plusvalías o intereses por el tiempo que pasó el dinero en las cuentas.

La Cámara de Cuentas estima que el saldo medio de ambos fondos fue de 6 millones de euros durante 343 días. El organismo fiscalizador lo compara con los rendimientos declarados por los sindicatos (32.000 euros de intereses en el caso de CC OO y 26.000 en el caso de UGT) y señala que no se entiende que la CEIM no negociara algún tipo de rendimiento con los bancos. Considera esta actitud negligente y explica que, por sus limitaciones competenciales, no se puede comprobar si ese comportamiento se generalizó en el resto de cuentas de la patronal o solo afectó a esos fondos. Fuentes técnicas aseveran que la patronal no suele declarar nunca rendimientos económicos de ese tipo.

Con estas irregularidades, la Cámara de Cuentas elevó los informes al Tribunal de Cuentas, que sí puede ir más allá de las recomendaciones y establecer sanciones. Fuentes consultadas por este diario afirman que el Tribunal de Cuentas elaboró un nuevo informe basado en los dos anteriores y que se remitió a la Comunidad de Madrid. Este periódico no pudo ayer saber qué es lo que había pasado con ese tercer informe, si se había finalizado o si estaba en un periodo de alegaciones. La Comunidad no aclaró nada a este respecto.

A todo esto, la CEIM destacó ayer que ya respondió a la Cámara de Cuentas el 11 de julio de 2012. La patronal asegura que se han cumplido estrictamente las normas, ya que se ha justificado el personal propio necesario para realizar las funciones de programación, coordinación y control de los cursos. Señala que los gastos asignados a sus directivos proceden de la gestión de los cursos y que no encuentran en la normativa nada que les prohíba hacerlo de esa manera.

En cuanto a los rendimientos financieros de las subvenciones, señalan que presentaron los certificados de la inexistencia de plusvalías. La CEIM asegura, además, que todos los proyectos de formación han sido auditados.

“Pérdida paulatina de confianza”

La directora general de Formación de la Comunidad de Madrid, Patricia Herrero, negó ayer cualquier tipo de relación entre el cese del subdirector de Formación Continua y Emprendedores y el supuesto fraude en la realización de cursos de formación que afecta al empresario José Luis Aneri.

Durante la Comisión de Empleo de la Asamblea de Madrid, Herrero recalcó que el puesto de subdirector es de libre designación y un puesto de confianza del que el antiguo subdirector fue destituido por una “pérdida paulatina de confianza”.

Herrero indicó que la consejería no tiene “nada que ocultar” al respecto e indicó que la salida de Velázquez no se produjo porque este colaborase con la policía. Velázquez fue destituido tres días después de declarar a la policía y facilitar los datos de los cursos de formación regionales que están siendo investigados. Fuentes policiales señalan que antes de esa declaración la Consejería de Empleo no había colaborado en la investigación del caso.

Según la directora general, la decisión de destituir a esta persona se arrastraba “desde hace muchos meses antes” de conocerse este caso y no se produjo hasta que no existió un relevo.

Además, indicó que la Dirección General de Empleo colaboró con la policía judicial y facilitó la documentación requerida. Este hecho se produjo ya mucho después, según fuentes de la investigación.

La directora general ha argumentado que fue en la primavera de 2013 cuando la Consejería de Empleo detectó la ausencia de documentación de justificación de los cursos y que en ese momento abrió 28 expedientes para la revocación y reintegro de las ayudas.

El diputado Juan Luis Fabo, de UPyD, señaló que no le cuadran las fechas que la directora general aportó sobre el momento en que conoció las irregularidades y preguntó si se reunió en octubre de 2013 con el empresario Alfonso Tezanos —detenido el martes— para tratar el caso

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/12/madrid/1394657523_210508.html

IGNACIO GONZÁLEZ PROPONE COMO JUEZ DEL TSJM AL LETRADO QUE LE DEFIENDE EN EL ‘CASO DEL ESPIONAJE’ EN COLOMBIA

Roberto Pérez Sánchez, subdirector general del Gobierno regional, se integra con los únicos votos del PP en la terna de aspirantes a cubrir la baja del juez Antonio Pedreira

También comandó la demanda de González contra cuatro periodistas hasta que la Audiencia de Madrid obligó al político del PP a pagarse un abogado de su bolsillo

El letrado justificó la tardanza de la Comunidad en aportar documentación a Pedreira en el 'caso Gürtel'

Roberto Pérez Sánchez, subdirector general de lo Contencioso del Gobierno de Madrid y quien ayer viernes continuaba personado como abogado de Ignacio González en el llamado caso del espionaje en Colombia, se ha convertido en uno de los tres juristas propuestos por la Comunidad para cubrir la baja del juez Antonio Pedreira en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior madrileño (TSJM).

Aprobada el pasado día 6 sin consenso por la Asamblea de Madrid, con los únicos votos favorables del PP, la oposición de los socialistas e IU y la abstención de UPyD, la terna entre cuyos integrantes deberá elegir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al sustituto de Pedreira se completa con el catedrático Jesús María Santos Vijande y Rosa María Mariscal de Gante.

Incluso tras su nominación como candidato al TSJM, y así lo corroboraron ayer fuentes jurídicas y del propio Gobierno regional, Roberto Pérez continúa a día de hoy ejerciendo la representación procesal de Ignacio González en el caso abierto para determinar quiénes y por qué ordenaron seguir al entonces vicepresidente de Madrid durante un viaje efectuado en el verano de 2008 a Cartagena de Indias (Colombia). Así lo confirmaron ayer a este diario fuentes jurídicas y lo corroboraron portavoces del Gobierno regional.

Durante ese viaje al país centroamericano, los espías grabaron a González y a sus acompañantes en el momento de entrar en un inmueble con bolsas de plástico en la mano para minutos después salir de nuevo a la calle sin ellas. Por haber difundido el vídeo que reflejaba esa escena y algunas de las conversaciones sostenidas por González y sus compañeros de viaje, la Comunidad de Madrid pidió –y logró- la imputación de una periodista de la Cadena SER en abril de 2012. En mayo de 2013, la Audiencia de Madrid exoneró a la informadora con una resolución que trazaba una férrea defensa de la libertad de información.

Este viernes, infoLibre preguntó a los portavoces del Ejecutivo madrileño por qué el subdirector general de lo Contencioso de la Comunidad de Madrid ejerce la defensa penal de Ignacio González como persona física en el caso del espionaje en Colombia. “Porque lo representa como presidente de la Comunidad”, fue la respuesta.

En junio de 2012, una sentencia de la Audiencia de Madrid obligó a Ignacio González a prescindir de Roberto Pérez como letrado y a pagarse un abogado de su bolsillo si quería mantener viva su demanda contra cuatro periodistas del extinto rotativo Público (Ignacio Escolar, Félix Monteira, Jesús Maraña y Manuel Rico) a quienes el hoy presidente regional atribuía haber vulnerado su derecho al honor con distintas informaciones.

La Audiencia Provincial argumentó que el supuesto ataque al honor de un político no autoriza al presunto atacado a equiparar sus intereses con el de la institución que representa ni, por tanto, a utilizar medios públicos para su defensa. González, cuya demanda fue desestimada en primera y segunda instancia, ha acudido al Supremo.

Su participación en el caso del espionaje y en la demanda contra los citados periodistas no es el único hito de Roberto Pérez en su trabajo jurídico a las órdenes del Gobierno regional. Fue él quien, como letrado de la Comunidad de Madrid, justificó precisamente en 2011 la tardanza en enviar al juez Pedreira las facturas abonadas a la trama Gürtel por el Ejecutivo madrileño.

Vijande, en la línea de Gallardón

Con todo, Roberto Pérez no parece el aspirante con más cartas de triunfo en la mano, aseguran fuentes jurídicas. Feroz detractor de la ley de plazos para el aborto y partidario de la cadena perpetua revisable, es Vijande quien, a priori, se perfila como el aspirante con más opciones: “Es el candidato de Carlos Lesmes [presidente del CGPJ] y muy afín a Gallardón”, explicaron ayer fuentes jurídicas. En los últimos años, Vijande también se ha destacado por sus ataques a la Ley de Igualdad.

El tenor de sus publicaciones y declaraciones indica que su pensamiento se aloja en un espacio ideológico idéntico o muy cercano al que hoy ocupa el ministro de Justicia. Un artículo publicado por el catedrático en Abc en agosto de 2009 incorporaba argumentos contra el aborto muy similares a los ahora esgrimidos por Gallardón: “No se trata sólo de defender al nasciturus; se trata también de proteger la vida, la salud y la dignidad de la madre, garantizando que sus derechos no quedan inermes frente a las dificultades que pueda estar pasando o frente a los abusos de quienes sólo se muevan por afán de lucro”.

La tercera componente de la terna elegida por el PP, Rosa María Mariscal de Gante, es secretaria judicial, profesora de la Complutense y hermana de Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar.

La selección del magistrado que sustituirá a quien fue el segundo instructor del caso Gürtelse realizará por el denominado cuarto turno: los aspirantes no son jueces de carrera pero su trayectoria debe dibujarlos como juristas de prestigio con experiencia mínima profesional de 10 años.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/03/15/madrid_propone_como_juez_del_tsjm_letrado_que_representa_ignacio_gonzalez_caso_del_espionaje_colombia_14591_1012.html

LA QUERELLA CONTRA LA CÚPULA SANITARIA MADRILEÑA SIGUE ADELANTE

La Audiencia Provincial desestima el recurso del Gobierno regional porque las imputaciones no son "inverosímiles"

Dos altos cargos imputados han sido cesados hoy mismo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por cinco de los imputados en la querella de la Asociación de Facultativos de Madrid (AFEM) por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude, malversación de caudales y delito contra la hacienda pública, entre otros. Los magistrados estiman que los hechos objetos de la querella no son “totalmente inverosímiles”. El juzgado de instrucción número 4, el que admitió a trámite la querella, seguirá por tanto con el procedimiento. “No le cabía otra opción que la de incoar diligencias previas”, dice ahora la Audiencia, después de haber examinado la verosimilitud de lo denunciado.

Al admitir a trámite la querella, el titular del juzgado número 4, Marcelino Sexmero, decidió en junio pasado investigar el proceso de privatización de la gestión hospitalaria que inició el Gobierno regional en 2003. En el auto de admisión solicitó una extensa lista de información de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa. También imputó a la cúpula de la sanidad madrileña: dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos actuales, y cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas.

Los imputados que presentaron el recurso de apelación en la Audiencia Provincial son Patricia Flores, viceconsejera de Sanidad hasta que hoy mismo el Consejo de Gobierno de Madrid ha anunciado su cese, y Antonio Burgueño, director general de Hospitales también hasta hoy, cuando ha sido cesado. Al su recurso, del que se han encargado los abogados de la Comunidad de Madrid, se adhirieron posteriormente Víctor Madera, directivo de IDC Salud (antes Capio); Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad madrileño que tras su cargo ha tenido diferentes intereses en la sanidad privada, e Iñigo Muñoz en representación de Capio Sanidad.

“Los hechos objeto de la querella no aparecen como totalmente inverosímiles, por lo que al mencionado juzgado de instrucción no le cabía otra posibilidad técnico-jurídica que la de incoar diligencias previas para determinar la naturaleza y las circunstancias de los hechos, y las personas que en ellos pudieran haber intervenido”, señalan los magistrados. Además explican que el auto desestimatorio responde únicamente al primero de los recursos presentados por los apelantes, por lo que todavía queda a la espera de resolución el segundo recurso de apelación presentado en este mismo procedimiento contra el auto del Juzgado de Instrucción nº 4 que acuerda la práctica de determinadas diligencias de instrucción, entre ellas la declaración de los querellados, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Un vuelco en 10 años

La sanidad pública madrileña dio un vuelco con la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno regional, en 2003. Encontró una veintena de hospitales de gestión enteramente pública y hoy casi uno de cada tres es de gestión privada, total o parcialmente.

2007. Aguirre inaugura el hospital Infanta Elena, en Valdemoro, el primer centro que copiaba en Madrid el modelo Alzira de concesión administrativa, la fórmula usada en las autopistas.

2008. Se inauguran siete hospitales de gestión mixta público-privada: Henares (Coslada), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Sureste (Arganda del Rey), Del Tajo (Aranjuez), Infanta Leonor (Vallecas) y Puerta de Hierro (Majadahonda).

2011. Abre el hospital de Torrejón de Ardoz, de gestión enteramente privada.

2012. Se inaugura el hospital Rey Juan Carlos, de Móstoles, también de gestión privada.

Previsto para 2011, el hospital de Collado Villalba está terminado y cerrado. Cuesta 900.000 euros al mes.

"En vista del contenido de la querella presentada, debe tenerse en cuenta que los hechos que se describen en la querella podrían ser constitutivos de infracción penal, e incluso perseguibles de oficio, en cuanto se imputa presuntos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude, y malversación de caudales públicos", señalan los magistrados en el auto, con fecha de 10 de febrero. La resolución que tomó en su momento el juez Sexmero de abrir diligencias es "impecable", en cuanto aplica los artículos 757 y 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, añade la sala.

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), la que presentó la querella, cree que el respaldo que ha dado la Audiencia Provincial de Madrid a la admisión a trámite "permitirá poner en evidencia la privatización encubierta que se está llevando a cabo y que pretende dejar sin actividad a los centros públicos". La portavoz de la organización, Fátima Brañas, ha señalado a Europa Press que la desestimación del recurso que presentaron los querellados les hace sentir "cierta seguridad jurídica porque ante la más mínima duda permite abrir diligencias previas".

La querella —un texto de 86 páginas más 70 anexos de documentación elaborado por un bufete de abogados cuyos gastos se pagaron gracias a una colecta masiva entre los sanitarios madrileños— señalaba las posibles irregularidades cometidas durante la primera oleada de privatizaciones, que dio como resultado la apertura de los hospitales gestionados enteramente por empresas de Valdemoro, Torrejón de Ardoz y Móstoles (entre 2007 y 2011).

Los querellados son los dos exconsejeros de Sanidad de ese periodo, Manuel Lamela y Juan José Güemes, y dos altos cargos, Patricia Flores (actualmente número dos de la consejería) y Antonio Burgueño, director general de Hospitales. El juez también cita con abogado al gerente de la Fundación Jiménez Díaz (centro privado concertado) y a los responsables de Capio (que recientemente cambió su denominación comercial a IDC Salud), Ribera Salud, Unilabs y Asisa.

Sexmero desestimó en octubre pasado el recurso que el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes presentó el verano anterior contra el auto de admisión de la querella por prevaricación, cohecho y malversación de la asociación de médicos Afem. En un auto de 29 de octubre el juez no solo desestima la petición de Güemes y de dos de las empresas supuestamente beneficiadas por la privatización sanitaria en Madrid (Asisa y Unilabs) sino que defiende la necesidad de investigar los hechos presuntamente delictivos que relata Afem. Además, el auto concretaba qué delitos corresponderían a cada uno de los nueve imputados en el proceso. En el caso de los exconsejeros Güemes y Manuel Lamela, cohecho y prevaricación.

El juez Sexmero había llegado a citar para interrogarles a la la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, y del director general de Hospitales, Antonio Burgueño, pero en septiembre, tras el recurso de los abogados de la Comunidad de Madrid, dictó un auto suspendiendo sus declaraciones. Previsiblemente las retomará ahora que la Audiencia Provincial ha dado el visto bueno.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/13/actualidad/1392296353_714313.html
 

LOS PASOS TORCIDOS DE IGNACIO GONZÁLEZ

La renuncia a la privatización hospitalaria se suma a los reveses que ha sufrido el presidente madrileño con Eurovegas o el sistema de financiación

Ignacio González no ha tenido éxito en ninguna de sus principales decisiones y apuestas desde que accedió a la presidencia de la Comunidad de Madrid en septiembre de 2012. Por más que ha conseguido forjarse un perfil propio en un tiempo relativamente récord —todo un reto si se tiene en cuenta que sucedió ni más ni menos que a Esperanza Aguirre—, el barón del Partido Popular no ha salido bien parado de ninguno de los pulsos que ha planteado. Muchas veces con la dirección nacional de su propio partido.

La renuncia a la privatización de la gestión de media decena de hospitales es el último ejemplo. Los argumentos dados —la incertidumbre y falta de seguridad de las concesionarias que emanaba el proceso, empantanado en los tribunales desde el verano—, no esconden la inquietud que dentro del PP provocaba un horizonte en el que el polémico proyecto siguiese abierto... Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina y las autonómicas de 2015 asomando en el horizonte.

Con el que más ha chocado ha sido con el Gobierno de Rajoy
Pese a que el Ejecutivo autonómico insiste en las bondades del modelo que planteaba, y al que no renuncia en un futuro, el cambio de paso de González se añade a una larga lista de chascos. El euro por receta fue el primero de ellos. No llegó a estar un mes en vigor (enero de 2013), tras la intervención del Gobierno de Mariano Rajoy, que lo llevó al Tribunal Constitucional con una celeridad que sorprendió a Madrid frente a la intervención más pausada con el Gobierno de Artur Mas, que lo había aplicado medio año antes.

González tampoco ha sido escuchado en la primera batalla que inició, en julio de 2012: un nuevo sistema de financiación autonómico. Por más que la Comunidad reclama más de mil millones de euros y ha denunciado en numerosas ocasiones que beneficia sin fundamentos a Cataluña (CiU), en plena deriva independentista, y a Andalucía (PSOE), el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (la animadversión es mutua), ha ignorado sus peticiones. Igual que con el déficit asimétrico. Las expectativas, retrasadas una vez más, pasan porque se revise el sistema el próximo julio y se aplique con carácter retroactivo. Sería un gesto que en Madrid esperan como el maná. Especialmente después de los 2.700 millones que la Comunidad recortó de una tacada el ejercicio pasado. Ese fue el estreno de González tras la precipitada marcha de Aguirre, que cada vez más ven como una espantada. Sin un candidato decidido para 2015, el PP se arriesga seriamente a perder uno de sus prioritarios caladeros de votos tras 20 años de Gobiernos ininterrumpidos de la derecha.

Con tan poco margen, en el PP de Madrid y el Ejecutivo autonómico valoran que González haya aplicado la mayor rebaja fiscal (en vigor desde el pasado 1 de enero) realizada nunca por una autonomía. Y destacan que por primera vez en 30 años se hayan congelado las tarifas del transporte público. O las del agua.

Unos gestos que no le han valido al dirigente del PP para tapar el fiasco de Eurovegas, el mayor en la etapa de González a los mandos de la Comunidad. De un plumazo, los 17.000 millones en inversión y los 250.000 empleos prometidos se volatilizaron. Como si fueran un castillo en el aire. Como la candidatura olímpica de Madrid 2020, que al Gobierno regional tocó de refilón. Sin ases en la manga, con Barajas sin terminar de repuntar, el turismo a la baja y el desempleo engrosando sus cifras —690.000 parados (21,03%, cinco puntos por debajo de la media nacional) según la última EPA, la mayor subida de toda España con 25.600 desempleados más—, González afronta meses de incertidumbre. Y sin quitarse de encima la sombra que rodea a su ático de lujo en Estepona.

Pese a todos los lastres que se le acumulan, González mantiene todavía sus opciones, según distintas voces autorizadas. “Con la renuncia a la externalización de la gestión de los hospitales y la dimisión de Javier Fernández-Lasquetty ha soltado lastre”, observan en el PP. “Queda libre para gestionar con lo que hay”, añade otra fuente autorizada.

Aun así, el cierre de filas que el Partido Popular pretendía transmitir ayer en la toma de posesión del nuevo consejero de Sanidad, Francisco Javier Rodríguez, quedó aguado por la ausencia de Esperanza Aguirre. El centenar de cargos populares que acudió en masa a la sede del Gobierno madrileño no disimuló la baja de la presidenta del PP regional. Mientras Rodríguez juraba su cargo y “recomponer las relaciones maltrechas” con los profesionales de la sanidad, Aguirre permaneció en la sede del partido en Génova. “Desde que dejó de ser la presidenta regional, Esperanza no asiste a las tomas de posesión de los consejeros. Que no estuviera fue un gesto de deferencia a Ignacio González, no un feo”, argumentan desde el partido. “Que no acudiera fue relevante, su presencia no hubiera molestado... Habría venido bien”, reflexiona otro alto cargo.

El primer pulso que perdió fue su intento de aplicar el euro por receta

Quien sí estuvo fue Manuel Cobo, el exvicealcalde de Madrid y exconsejero de Presidencia con Alberto Ruiz-Gallardón. Cobo y Aguirre pugnaron en 2004 por la presidencia del partido en Madrid. Rodríguez fue uno de los pocos que apoyó a Cobo abiertamente frente a la candidatura de Aguirre, ganadora de aquel proceso: Cobo perdió la carrera al no reunir los avales necesarios.

Mientras a González le rodean las dudas, el que más claro tiene el panorama desde el lunes es Lasquetty. Ya fuera del Ejecutivo autonómico, ahora combinará sus funciones como diputado regional y vicepresidente del PP de Madrid. Bajo el ala de Aguirre, de la que casi no se ha separado desde 1994. “Desde entonces han pasado 20 años, y en todo este tiempo Lasquetty ha sido fiel al partido, errara o acertase”, le valoran internamente en el PP. Justo al revés que en la calle, por más que su relevo en Sanidad afirme que ha sido “el mejor” consejero de la cartera. Los vítores chocan con el poso ideológico que se terminó dando al proceso de privatización, o con los errores o “las cabezas de playa” en los pliegos de los contratos con las adjudicatarias que sirvieron para paralizar la iniciativa en los tribunales.

Con todo, el abrazo que Lasquetty se dio con González frente a la puerta principal de la sede de la Comunidad, con el kilómetro cero y algunos viandantes como testigos, corrobora la tesis de que el consejero de sanidad se quemó de forma voluntaria por el partido y el Gobierno autonómico. Asumiendo, casi en solitario, el desgaste del plan de privatización. Un plan del que González sale tocado. Habrá que ver cuánto.

http://politica.elpais.com/politica/2014/01/28/actualidad/1390943761_151693.html

LA COMUNIDAD DE MADRID RENUNCIA A LA PRIVATIZACIÓN DE HOSPITALES

El Gobierno de Ignacio González deja sin efecto la adjudicación de la gestión de seis centros públicos a empresas privadas

La decisión significa también el cese del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty

Hoy mismo la Comunidad recibió un nuevo varapalo judicial, al mantenerse la suspensión cautelar del proceso

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado que cancela el proceso de privatización de hospitales que ha provocado el rechazo social y que ha sido frenado en los tribunales. Además, ha explicado que hoy mismo ha aceptado la renuncia de su máximo responsable, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty.

Cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid habían rechazado esta misma mañana el recurso del Gobierno de la Comunidad de Madrid y mantienen suspendida la privatización de seis hospitales. El Ejecutivo de Ignacio González (PP) había solicitado que se retirara esa medida cautelar impuesta por la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM pero los jueces no han atendido a sus peticiones.

Los hospitales seguirán gestionados sanitariamente por la Consejería de Sanidad y no por los contratistas a los que ésta había adjudicado su dirección médica.

"El Gobierno ha decidido dejar sin efecto el proceso de externalizacion de la gestión de hospitales a la vista de las decisiones tomadas por los tribunales", ha comenzado González. "Como siempre hemos dicho, acatamos y cumplimos los fallos judiciales con independencia de que estemos más o menos de acuerdo, como en este caso

"No parece razonable", aseguró el presidente madrileño, que la adopción de una medida cautelar lleve siete meses "generando una situación de incertidumbre y de falta de seguridad". También ha defendido el modelo privatizador. "Este es un modelo de gestión legal y posible, está contemplado en la ley y está siendo aplicado por todas las administraciones públicas". Y ha ido más allá: "En Madrid tenemos cuatro hospitales que siguen siendo públicos y garantizando una atención gratuita y de la máxima calidad" aunque no están gestionados directamente por la Consejería de Sanidad.

Aunque ha asegurado que la externalización "nos permite hacer sostenible" el sistema sanitario, no ha explicado claramente cómo afectará esta decisión a los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Sólo ha adelantado que tendrán que "tomar más decisiones tendientes al ahorro". Y quiso dejar claro que el de la sostenibilidad era el "unico objetivo con el que pusimos en marcha estas y otras medidas".

Lasquetty, el gran perdedor

"Ha sido un consejero estupendo". Las palabras de Ignacio González sonaron a sentencia. Un breve resumen de las capacidades y logros de Javier Fernández Lasquetty acompañó al anuncio de la dimisión del polémico consejero de Sanidad madrileño.

"Yo fui quien propuso este proyecto y las circunstancias lo han hecho imposible, es bueno asumir la responsabilidad de no haberlo logrado", ha asegurado Lasquetty. Sobre todo un proyecto "que ha generado un grado alto de debate", abundó. Por eso, resumió, "dimito por rectitud y sentido de la responsabilidad"

En cuanto a las concesionarias, el presidente aseguró que no está previsto que se les ofrezca ningún tipo de indemnización. "Una suspensión es eso, una suspensión. Todos tenemos que acatar las decisiones judiciales".

El reemplazo de Lasquetty es Javier Rodríguez Rodríguez, doctor en Medicina y catedrático de Medicina de la Universidad Complutense, que ha hecho buena parte de su carrera en el hospital Gregorio Marañon. Lasquetty, por su parte, continuará como diputado en la Asamblea de Madrid.

El futuro político de Ignacio González protagonizó varias de las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa convocada de urgencia por el presidente autonómico. González atajó las insinuaciones sobre las posibles consecuencias que esta decisión podría comportarle en lo personal. "Esto no es un fracaso" aseguró, tajante. "Simplemente se ha abierto un debate". Además, se encargó de destacar que este varapalo judicial no afecta su proyecto político. "Mi proyecto es salvaguardar nuestro magnífico sistema sanitario", zanjó. Y ante la posibilidad de llevar nuevamente este proyecto a las próximas elecciones, no quiso pronunciarse. "No, no es el momento"

La batalla legal

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contrató un bufete de abogados para tramitar la oposición en los juzgados. 50 diputados regionales del Partido Socialista de Madrid presentaron un recurso similar al de los médicos, pero los jueces entendieron que no estaban "legitimados". Esa medida también está recurrida. También medio centenar de senadores del PSOE presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que permitía abrir el proceso administrativo de privatización. El TC lo admitió a trámite el 23 de abril de 2013, pero esto no conllevaba medidas cautelares porque sólo surten efecto inmediato cuando el que presenta el recurso es el Gobierno central (como en el caso del euro por receta, cuya reclamación por parte de Mariano Rajoy paralizó la tasa en Madrid y Cataluña).

Estas causas fueron derivadas a la supersala para que las resolvieran en conjunto 50 jueces del Tribunal Superior de Justicia, pero una vez reunidos decidieron devolver las causas a las respectivas salas a las que habían sido asignadas.

Además de esta batalla en el Tribunal Superior de Justicia, el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Madrid tiene abierta una causa por la querella presentada por la AFEM contra un proceso anterior de privatización de centros sanitarios similar al actual (aunque de menor escala) y por el que están imputados los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como la actual viceconsejera, Patricia Flores, y el director de Atención Especializada, Antonio Burgueño.

http://www.eldiario.es/sociedad/Comunidad-Madrid-anula-privatizacion-hospitales_0_222578323.html

LA ‘MAREA’ SE LLEVA A LASQUETTY

Ignacio González sufre, tras el fiasco de Eurovegas, su segunda gran derrota política al renunciar a la privatización hospitalaria

La mañana política madrileña se levantó ayer con una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazando un recurso de la Comunidad y de las concesionarias de seis hospitales públicos contra la paralización del proceso privatizador. Fue la puntilla final al proyecto del Gobierno regional que más rechazo encontró entre los ciudadanos desde que Ignacio González preside la Comunidad de Madrid. Con los tribunales y la calle a la contra, el barón popular reconoció la derrota. La dimisión del consejero de Sanidad, Javier Lasquetty, celebrada por decenas de personas anoche en la Puerta del Sol, fue el epitafio al conflictivo intento de privatizar la gestión de media decena de hospitales de la red pública. Con el proceso cada vez más enquistado, hacía meses que se esperaba su adiós, fuera en el formato que fuera (cese o dimisión), según fuentes del PP autonómico.

Desde el momento en que fueron anunciados a finales de octubre de 2012, los planes de privatización se le atragantaron al Ejecutivo autonómico. El inicio de las protestas en el hospital de la Princesa, que se convirtió en un emblema de la oposición al proyecto sanitario de González en pleno barrio de Salamanca, territorio PP, fue el primer síntoma de la pérdida de control en que derivó la propuesta de externalización de la gestión hospitalaria. El protagonismo en la marea blanca del sindicato Afem, formado por médicos, muchos de ellos también votantes del Partido Popular, confirmó que el proceso se le terminó de ir de las manos al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hasta que optó por renunciar ayer. “No estamos en el momento de hacer programas electorales, lo dejamos sin efecto”, dijo ayer González, que no descartó hacerlo en un futuro.

El dirigente, que llevaba casi ocho meses esperando que los jueces diesen luz verde a su proyecto de externalizar los seis hospitales afectados —Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda) y del Tajo (Aranjuez)—, terminó por renunciar a ellos tras conocer la resolución judicial contraria de la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, que ratificó la suspensión de la externalización hospitalaria. Entre las razones esgrimidas destaca que más de un millón de madrileños y más de 5.000 profesionales del sector podrían sufrir “perjuicios irreparables”. O que, dada la “dimensión extraordinaria” del proceso, podría no tener vuelta atrás una vez ejecutado. Y eso que las cifras nunca estuvieron claras: Lasquetty habló a finales de diciembre de 2012 de un ahorro anual de 200 millones (la sanidad madrileña contará en 2014 con 6.980 millones, el 45% de los 17.060 millones presupuestados), que poco después pasaron a ser 169. El pasado octubre, González revisó la cifra: el ahorro sería de 130 millones. Finalmente no lo habrá. Como tampoco recortes, al menos según González, que sufrió un nuevo revés, cuyas consecuencias políticas habrá que ver, tras el fiasco del megacomplejo de casinos de Eurovegas.

El paso atrás de la Comunidad fue recibido con alborozo por la oposición, que de principio a fin se ha mostrado contraria al proceso. “Han perdido en los tribunales y en las calles porque no tenían razón, la razón la tenía la sociedad madrileña”, valoró Tomás Gómez. El secretario general del PSM advirtió que no confía en que sea la paralización sea definitiva: “No creemos que el PP tire la toalla para siempre ni que vaya a renunciar a sus ansias privatización porque está en su ADN”.

“Estamos ante una victoria de las movilizaciones y de la marea blanca, que ha forzado al Gobierno a dar marcha atrás”, expresó el coordinador general de IU, Eddy Sánchez, que reclamó una auditoría “que permita conocer el alcance del daño ocasionado a la sanidad pública”. Para Sánchez la dimisión de Lasquetty “no es suficiente”. “Hay que depurar responsabilidades, la cúpula de la sanidad madrileña de la última década sigue imputada por las privatizaciones ya realizadas”, recordó, en alusión a Manuel Lamela y Juan José Güemes, predecesores de Lasquetty e imputados por cohecho y prevaricación.

“A la vista del enorme malestar social en todos los estamentos de la sociedad madrileña, desde los médicos hasta los ciudadanos, el Gobierno regional no ha tenido más remedio que dejar sin efecto esta medida”, observó el portavoz de UPyD, Luis de Velasco.

El eterno aspirante, nuevo consejero

Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, el elegido para sustituir a Javier Fernández-Lasquetty, es más que el eterno portavoz de Sanidad del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Diputado regional desde 1987 —desde la segunda legislatura, por lo que lleva ocho en el hemiciclo—, es el eterno aspirante a la cartera de Sanidad. Hoy, cuando jure su cargo en la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol, cumplirá un viejo objetivo: ser el consejero de Sanidad y, por tanto, responsable del 45% del presupuesto de la Comunidad.

A eso aspiraba Rodríguez desde que, según fuentes cercanas, Alberto Ruiz-Gallardón se lo prometió cuando el actual ministro de Justicia era el presidente madrileño (1995-2003). “Será un gran sustituto [consejero de Sanidad], trabaja en el Gregorio Marañón y conoce la sanidad madrileña”, le definió ayer Lasquetty. El gurú de FAES, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, cede de esta forma la silla a un médico.

Nacido el 21 de octubre de 1943, Rodríguez es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía, médico especialista en medicina interna y nefrología y catedrático de Patología General por la Universidad Complutense, donde es vicedecano de la Facultad de Medicina. Su currículo</CF> también recoge su responsabilidad como jefe de la unidad de hipertensión del Marañón. Compagina su actividad con la Asamblea.

“Es el idóneo para lidiar con una etapa tan convulsa”, sostienen desde el PP regional. Miembro de la Junta del PP de Madrid y de las Comisiones Regional y Nacional del PP, Rodríguez ha sido además consejero de Telemadrid de 1995 a 2001.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/27/madrid/1390860799_954858.html?rel=rosEP

SEIS FRASES QUE RETRATAN AL NUEVO CONSEJERO DE SANIDAD DE MADRID

El político que defendió en la Asamblea que la gestión privada es mejor que la pública deberá administrar más de 7.000 millones de euros y la sanidad de seis millones de personas

El nuevo consejero ha dejado un abundante rastro de su apoyo a la privatización sanitaria en sus discursos parlamentarios

Rodríguez ha atribuido el aumento de listas de espera quirúrgicas al capricho de los pacientes y ha asegurado que el exconsejero tuvo "la delicadeza de incluir en los presupuestos" las mamografías preventivas

Temprano, a las 10.00, el jefe del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, presidió este martes la toma de posesión como consejero de Sanidad de Javier Rodríguez Rodríguez. Rodríguez ha recibido el encargo tras la dimisión de Javier Fernández-Lasquetty, víctima política de la renuncia de González a la privatización de seis hospitales. No ha admitido preguntas pero sí ha dicho que Lasquetty ha sido "el mejor consejero de Sanidad de la historia de Madrid".

Diputado en la Asamblea de Madrid desde 1987 y portavoz en la comisión de Sanidad, Rodríguez (jefe de la Unidad de Hipertensión del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y catedrático de la Universidad Complutense) ha adoptado un tono conciliador al aceptar el cargo: "Habrá que recomponer las relaciones maltrechas con los profesionales de la Sanidad, porque sin ellos no podría funcionar el sistema". Un discurso muy diferente al que ha adoptado durante todo este proceso en la Asamblea de Madrid, y que ha quedado registrado en las actas parlamentarias.

1. "Nosotros no privatizamos, externalizamos"

"Hay matices", defendió Rodríguez en el Parlamento regional. Y se encargó de argumentar las bondades de la colaboración público-privada. "Es un modelo ampliamente probado porque ya existe en la prestación farmacéutica. ¿Cuántas reclamaciones se producen en la prestación farmacéutica? No llega al 0,16 por mil en una prestación sanitaria que está enteramente en manos privadas".

2. "El proceso va a seguir adelante. Al final los ciudadanos apoyan las medidas que se están tomando"

Cuando la vía judicial ya empezaba a trabar los planes de González y Lasquetty para los hospitales, el entonces parlamentario aseguró que los planes privatizadores no se abandonarían y que, si ese concurso no servía, pues ya harían otro. El 19 de julio de 2013 espetó desde su escaño: "De momento tiene una suspensión cautelar. Eso no va a impedir que al día siguiente vayan a salir otros pliegos con otras condiciones y que esas condiciones estén miradas para que no haya rectificaciones".

3. "Cuando uno gestiona algo privado, si va mal, responde con sus bienes y, a veces con la cárcel. Y cuando uno gestiona lo público no responde con sus bienes"

El político que a partir de ahora se encargará de gestionar la sanidad de seis millones de madrileños y más de 7.000 millones de euros de presupuesto explicaba con este argumento la cuestión que él mismo planteaba: "Tiene que haber una razón por la cual cuando la gestión es privada tiene mejores resultados que cuando es pública". Era diciembre de 2012, cuando ya estaba sobre la mesa el plan de medidas privatizadoras a gran escala.

4. " Yo ni quito ni pongo rey pero ayudo a mi señor. Creo que el señor Lamela fue un buen consejero, como fue buen consejero el señor Güemes y como lo está siendo el señor Lasquetty en este momento"

Rodríguez ha llegado a ser nombrado máximo responsable de la sanidad de la Comunidad de Madrid después de alinearse sin vacilaciones con todos los que le han precedido, y así de claro lo dejó el 21 de marzo de 2012. Manuel Lamela y Juan José Güemes están imputados por presunta prevaricación en la primera fase de privatización de servicios hospitalarios. Lamela fue contratado por una consultora sanitaria (Antares) y por una empresa de servicios (Assignia) que dirige administrativamente un hospital al que Lamela adjudicó esa tarea.

Güemes debió renunciar a su puesto de consejero en la empresa Unilabs tras conocerse que esa sociedad adquirió la concesionaria a la que la consejería que él dirigía adjudicó los análisis clínicos de varios hospitales públicos. La defensa ha sido aún más encendida en el caso del exconsejero Javier Fernández-Lasquetty: "Está haciendo por la sanidad mucho más que ustedes juntos y sumados [la oposición], que lo único que hicieron fue cerrar hospitales", aseguró el 12 de diciembre de 2013, cuando la oposición pidió su dimisión.

5. "Las mujeres se harán mamografías porque el PP ha votado a favor y porque el consejero ha tenido la delicadeza de incluirlo en los presupuestos"

El 19 de diciembre de 2013, después de conocerse que miles de madrileñas habían visto retrasadas sus mamografías preventivas contra el cáncer de mama, Rodríguez ofreció este análisis en la discusión sobre los presupuestos de Sanidad. Y cuando la Comunidad de Madrid registraba sus máximos históricos de listas de espera quirúrgica, Rodríguez no tuvo mejor idea que atribuirlo a un capricho de los pacientes. "¿En qué ha aumentado el número de pacientes? Pues en aquellos que han decidido que se les opere no en el mismo centro sino el cirujano o la persona que les ha atendido".

Era octubre, y el mes anterior se había superado el récord de 70.000 pacientes aguardando una intervención. "Eso siempre generará listas de espera. Si el ciudadano quiere que le opere el mismo cirujano que le ha visto, el problema sería irresoluble", argumentó.

6. "Nos dicen que estamos privatizando la sanidad. Bueno, ganen ustedes las elecciones y lo podrán revertir. ¿Por qué pusimos un plazo de 30 años? Porque calculamos que menos de 30 años no van a estar en la oposición"

Los adversarios políticos de Rodríguez en la Asamblea de Madrid opinan que el nuevo consejero es de "la línea más dura del PP". Y en sus debates se ha despachado a gusto, como en este caso en el que explicaba que el concierto con las empresas concesionarias permitía cancelar el contrato. La postura política y de gestión que ha trazado el consejero Rodríguez aparece bien reflejada en estas frases: "Yo recuerdo el último hospital que externalizamos, que fue el Rey Juan Carlos (Móstoles). (…) El Partido Popular obtuvo [en las elecciones municipales de Móstoles] 17 concejales, el PSM 7, Izquierda Unida 3 y UPD, cero. Esa es la contestación que dieron los ciudadanos".

http://www.eldiario.es/sociedad/sanidad-madrid-consejero-rodriguez-privatizacion_0_222928027.html

GONZALEZ Y MONTORO REDOBLAN SU BATALLA

González atribuye las críticas del ministro a las tensiones en la Agencia Tributaria

El titular de Hacienda le reprocha que busque asentar su candidatura a su costa

Primero fue un pulso discreto y constante. Luego la disputa se convirtió en abierto enfrentamiento. Ahora Cristóbal Montoro e Ignacio González entablan públicamente una batalla con muchas aristas que va más allá de las reclamaciones de la Comunidad de Madrid de una reforma urgente del sistema de financiación. El ministro de Hacienda y el barón más poderoso del PP representan dos caras del partido mayoritario, defienden dos proyectos fiscales y, desde hace meses, dos visiones incompatibles. A Montoro le corresponde siempre la última decisión pero el presidente madrileño, cuya candidatura a las elecciones autonómicas de 2015 aún no está decidida, quiere tener, al menos, la última réplica.

La batalla está servida. Y este jueves ese enfrentamiento se recrudeció, con un cruce de acusaciones y descalificaciones que llegó a reavivar la polémica de los nombramientos en la Agencia Tributaria. Abrió fuego el titular de Hacienda, quien en una entrevista en el diario económico Expansión reprochó a González que busque labrarse un perfil propio y una candidatura a costa del Gobierno de Mariano Rajoy. “Madrid no puede decir que estoy haciendo lo que no estoy haciendo”, se quejó Montoro. “Yo creo que su presidente está equivocado y piensa que en este ministerio está la ventanilla para que le hagamos candidato, y no es así”, zanjó en alusión a una supuesta deuda histórica de 1.000 millones del Estado con Madrid.

González no tardó en reaccionar, aunque lo hizo a través de Salvador Victoria, su número dos en la Comunidad de Madrid. El portavoz regional atribuyó las críticas del ministro al intento de desviar la atención en un momento de crisis tras distintos escándalos en la Agencia Tributaria por el relevo en la cúpula y el caso Cemex. “Entiendo estas explicaciones en un contexto de final de año complicado”, señaló en una comparecencia posterior al Consejo de Gobierno y antes de enumerar las polémicas avivadas por Montoro en los últimos meses: “Todo este asunto de la Agencia Tributaria, Cemex, las amenazas y chascarrillos permanentes durante el año que han afectado a los medios de comunicación y al mundo de la cultura”. Victoria continuó con la defensa de la hoja de ruta de González, cuya esposa, Lourdes Cavero, fue imputada la semana pasada por presunto blanqueo en la compra de un ático en Estepona (Málaga). “Yo creo que los madrileños saben que tienen la tranquilidad de contar con un Gobierno regional que cumple con el programa y, sobre todo, que antepone los intereses generales de los madrileños a cualquier otro tipo de interés partidista”, abundó el portavoz regional.

La bronca que enfrenta al Gobierno de González y el de Rajoy vivió otro de sus ápices en septiembre, cuando el presidente madrileño reprochó a Rajoy que torpedeara Eurovegas con su inacción. Finalmente, el proyecto de Adelson plantó a Madrid por Asia.

La principal reivindicación del Ejecutivo de González es la de una reforma de la financiación autonómica, que Rajoy y Montoro tienen previsto abordar en el segundo semestre de 2014, después de la reforma fiscal. Demasiado tarde para muchos barones autonómicos, con el madrileño a la cabeza, ya con la vista puesta en sus elecciones de 2015. El presidente del Gobierno aún no se ha pronunciado sobre la continuidad de González en la Comunidad o de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid. Las encuestas pronostican una pérdida de la mayoría absoluta, e incluso en el PP vislumbran el panorama más aciago. El presidente madrileño, que llegó a plantear una “consulta ciudadana” si hay financiación a la carta para Cataluña, sabe que debe esgrimir todas las armas a su alcance y, por ello, insiste en un discurso ya calificado de “nacionalismo madrileño”.

Victoria insistió este jueves en ese lamento: el sistema que “perjudica” a la Comunidad de Madrid data de la etapa de Gobierno del PSOE y el ministro Montoro se niega todavía a modificarlo, “aunque sí lo ha hecho para poder cubrir las necesidades presupuestarias de otras comunidades, como por ejemplo Cataluña”. El ministro de Hacienda rechaza ese discurso. “Madrid no puede decir que estoy haciendo lo que no estoy haciendo”, afirmó. Pero Montoro va más allá al insinuar que no cree que los madrileños se crean ese mensaje. Además, calificó de “absurdo” que “un Gobierno del Partido Popular le quite dinero a Madrid para dárselo a Cataluña”.

Para Montoro, que en los Comités Ejecutivos del PP o en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha enfrentado ya decenas de veces a González y a su consejero de Economía, Enrique Ossorio, sostiene que Comunidad de Madrid tiene un concepto de la solidaridad “bastante equivocado” y sigue negándole la razón a González cuando afirma que su Gobierno es “más solidario que nadie”.

“De lo que se trata”, insistió el ministro, “es de ahorrar en tu presupuesto para poder dedicar más a los servicios públicos básicos”. Esto es, el ministro insiste en indicarle la senda a González. Pero el presidente madrileño volverá a dar esta batalla.

Cuatro desencuentros

El pasado 14 de octubre, la Comunidad de Madrid echo un órdago a Mariano Rajoy y a Cristóbal Montoro al exigir una reforma del sistema de financiación en menos de tres meses. “Así lo establece la ley”, escribió Ignacio González en una tribuna publicada en EL PAÍS. El presidente madrileño recordaba, además, que “así se acordó en la pasada Conferencia de Presidentes celebrada hace un año”. Ese mismo día, el presidente del Gobierno y el ministro de Hacienda le ofrecieron su negativa en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP. Pero González insistió: “El sistema que impusieron los socialistas caduca en tres meses”. Ganó Rajoy.

Apenas dos semanas después, y en contra del criterio impositivo del Ejecutivo, González se adelantó al presidente y anunció la mayor bajada de impuestos autonómica, una reducción a cada contribuyente de 0,4 puntos en el tramo correspondiente del impuesto de la renta. Montoro. Varios dirigentes del PP de Madrid han insistido en la necesidad de rebajas fiscales. Esperanza Aguirre llegó a decir que a Montoro “le gusta subir impuestos” y este ironizó: “Será porque a Madrid le sobra dinero”.

El pasado julio Madrid hizo frente común con el Gobierno de la Generalitat y se opuso al déficit a la carta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. González lo rechazó objetivo porque al considerar que en Madrid el acuerdo está por debajo de lo que se merece, tanto por los ingresos como por su actividad económica.

http://politica.elpais.com/politica/2013/12/26/actualidad/1388051266_131939.html

LOS MÉDICOS SE QUERELLAN CONTRA GONZÁLEZ POR “CALUMNIAS”

El sindicato AMYTS, el más representativo entre los facultativos de la región, denuncia que el presidente regional les acusó de “matonismo y extorsión” en una entrevista televisada

El sindicato médico AMYTS formalizó ayer ante el Tribunal Supremo una querella contra el presidente madrileño, Ignacio González, por injurias y calumnias. Esta organización, la más representativa entre los facultativos de la región, denuncia que González les acusó de “matonismo y extorsión” en una entrevista televisada.

Las declaraciones se recogieron en un informativo de Madrid de Televisión Española de junio pasado. Al preguntarle por los recursos judiciales contra la privatización sanitaria del sindicato médico y el Partido Socialista, el presidente aludió a “los intentos de matonismo y extorsión de estos señores de AMYTS y del Partido Socialista”. Ese mismo día AMYTS había anunciado que preparaba un recurso para solicitar la suspensión cautelar del concurso de externalización.

AMYTS presentó en junio una solicitud de acto de conciliación previo a la querella. Se celebró el 20 de noviembre, sin acuerdo, y ayer esta organización formalizó la querella. “Hemos dado los pasos obligados y una vez que la conciliación no se ha producido por negarse Ignacio González, hemos formalizado la querella”, aseguró el secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra. “No podemos admitir ni tolerar a nadie que nos acuse de esta manera tan clara y quede impune. Nosotros somos estrictos en el cumplimiento de la legalidad y exigimos el mismo respeto”, añadió.

Por otro lado, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, envió ayer una carta a los trabajadores sanitarios en la que les agradece el “esfuerzo” realizado durante el año y asegura que en 2014 “no se requerirán medidas adicionales de ajuste”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/31/madrid/1388480532_728219.html

LA COMUNIDAD VUELVE A SALVAR DEL CIERRE EL NEGOCIO IRREGULAR DE LA SOCIA DE LA MUJER DE GONZÁLEZ

La Comisión de Medio Ambiente tira de un cambio legal para permitir que Carmen Cafranga siga celebrando eventos en la finca La Muñoza. El TSJM anuló la licencia de Cafranga por violar la normativa ambiental y condenó al Ejecutivo autonómico por defenderla en el proceso judicial. La finca nunca ha dejado de acoger bodas, comuniones o eventos de empresa.

Carmen Cafranga Cavestany, amiga de destacados dirigentes del PP y socia de Lourdes Cavero, esposa del presidente autonómico Ignacio González, podrá seguir celebrando bodas, bautizos y comuniones en una finca situada en terreno protegido. La Comisión de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente dio el visto bueno el pasado 12 de noviembre a la actividad del recinto, que había sido declarada irregular por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en mayo por violar la normativa ambiental. Para otorgarle la calificación urbanística, la Comunidad se ha valido de un cambio legal introducido ad hoc en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas —más conocida como 'ley escoba' o 'ley de acompañamiento'— de los presupuestos a finales de 2012. Esta modificación (artículo 9) convirtió en legal la organización de "actos familiares y eventos de especial singularidad" dentro de los espacios protegidos.

Cafranga solo ha tenido que presentar de nuevo los papeles para continuar su negocio, que nunca se ha detenido a pesar de las resoluciones judiciales. Ecologistas en Acción, que se ha personado como interesado en el proceso administrativo, alerta de que la empresaria ya ha solicitado al Ayuntamiento la licencia pertinente para volver a operar conforme a Derecho. Rescatada en 2009 Cafranga Cavestany es la presidenta de la fundación familiar que lleva el nombre de Carmen Pardo Valcarce, su abuela. La entidad, que se dedica a la integración laboral de personas con discapacidad, es propietaria de los terrenos de La Muñoza. El espacio está situado en el término municipal de Madrid y dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares.

Un juzgado ordenó cancelar los eventos en La Muñoza en 2009 por carecer de permisos

En 2007, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, el Ayuntamiento concedió a la Fundación la licencia para una carpa destinada a celebrar eventos. En enero de 2009, un juzgado le ordenó dejar de prestar servicios por carecer de licencia para equipos de sonido. Volvió a operar ese mismo año tras conseguir los permisos de la Comunidad y el Ayuntamiento. Debido al dinero que perdió durante ese período, solicitó a la Comunidad de Madrid un rescate en forma de subvención para "saneamiento financiero de Centros Especiales de Empleo". La ayuda ascendió a 300.000 euros.

El TSJM anuló la autorización de funcionamiento de La Muñoza el pasado mes de mayo. En esa sentencia, los magistrados también condenaron al ejecutivo autonómico por usar sus servicios jurídicos para salir en defensa de un interés "netamente privado" como era el de Cafranga.

39 fincas similares El cambio normativo que ha beneficiado a la empresaria no le sirve solo a ella. En Madrid existen hasta 39 fincas similares destinadas a la organización de eventos y que operaban de forma irregular. Todas ellas han sido denunciadas por la plataforma Peligra Tu Boda, de la que forman parte la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. "El desvío de recursos jurídicos públicos a favor de intereses particulares vinculados a altos cargos políticos es escandaloso", apunta Javier Zamora, miembro de Juristur y representante de las asociaciones hosteleras profesionales.

Amiga de Aguirre y Botella Carmen Cafranga es amiga personal de la expresidenta regional Esperanza Aguirre, de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y de Ignacio González, presidente de la Comunidad. Además, comparte el negocio de la casa de subastas Segre con la mujer de este último, Lourdes Cavero. Según afirmó Cavero a 20minutos, el hecho de que su marido sea el presidente de la Comunidad "nunca" ha devenido en un trato de favor para Cafranga. Este diario se puso en contacto hasta en tres ocasiones con la Consejería de Medio Ambiente parta conocer los pormenores del procedimiento, pero el departamento que dirige Borja Sarasola se ha negado a contestar

http://www.20minutos.es/noticia/2006699/0/la-munoza/carmen-cafranga-lourdes-cavero-ignacio-gonzalez/ecologistas-accion/#xtor=AD-15&xts=467263

EUROVEGAS. ¿Y AHORA QUÉ?

Tras el fiasco olímpico, el PP pierde su última apuesta para Madrid

El fracaso de Eurovegas, un ‘capricho’ de Esperanza Aguirre, deja al Gobierno regional sin escudo ante los recortes presupuestarios y el conflicto de la privatización sanitaria

Apenas tres meses después de la decepción olímpica de Madrid 2020, la inversión de 17.000 millones de euros que se le presuponía a Eurovegas, un espejismo de proporciones colosales que convertiría a Alcorcón en la capital europea del juego y en un pabellón internacional de las convenciones de negocios, se desvaneció dejando a la región sin más castillos en el aire a los que aferrarse. Si Ana Botella (PP) acusó el coste político por la decisión del Comité Olímpico Internacional del pasado 7 de septiembre, que encumbró a Tokio y relegó a Madrid a la última casilla, el turno de encajar el golpe le ha llegado ahora a Ignacio González (PP).

No será el primer sapo que se trague en sus 15 meses como presidente de la Comunidad, tras la espantada de Esperanza Aguirre en septiembre de 2012. Al fiasco que la apuesta del magnate estadounidense Sheldon Adelson por Asia —y de Aguirre por Adelson— supone para el Gobierno regional se suman un sinfín de reveses que González, lugarteniente de Aguirre durante sus nueve años en la Puerta del Sol, ha heredado de su predecesora y aún presidenta del PP de Madrid. Agotados los ases en la manga, se impone la gestión mundana. Un escenario especialmente complejo para González, que se estrenó en el cargo recortando de una sentada 2.700 millones para 2013, en los que fueron los presupuestos regionales más austeros en una década.

A ese tajo monumental hay que añadir los encontronazos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy para relajar la ley antitabaco, según reclamaba Las Vegas Sands, y para revisar el sistema de financiación autonómica. Un pulso que, por el momento, ha ganado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que también impuso a González el objetivo de déficit asimétrico. La esperanza de Madrid es que el modelo de financiación se revise en verano de 2014 con carácter retroactivo.

A falta de año y medio para las elecciones autonómicas y sin conejos en la chistera a los que aferrarse, González no conoce ni siquiera si será el candidato elegido por Rajoy para optar a gobernar la Comunidad. Y todavía le queda un conflicto dormido por resolver: la privatización de la gestión de seis hospitales de la red pública, paralizada por la justicia desde septiembre. A la espera de que se resuelva el gran frente abierto que a la Comunidad le queda pendiente, lo que está claro es que las consecuencias de lo que decida la justicia afectarán, de forma puede que decisiva, a González.

Eurovegas es la prueba. Pese a que el más escéptico con el proyecto en el equipo de Aguirre, desde que supo de él por primera vez en 2007 —en unas negociaciones apadrinadas por Miguel Sebastián, ministro del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero— y de sus cifras megalómanas, fuera el actual presidente autonómico.

En el PP matizan que, cuando Aguirre dice que Adelson “se encaprichó” de Madrid, en realidad era ella “la que estaba encaprichada” con el proyecto. Su relación con el magnate de los casinos —especialmente cordial, ahí están las invitaciones a Guadalajara o a almorzar en el palacete que Aguirre posee en el centro de Madrid- y uno de los principales benefactores del Partido Republicano de EE UU, en una sintonía ideológica parecida, no encontró la misma calidez en González.

El propio Adelson, tras el relevo de Aguirre en septiembre de 2012, se reunió con el nuevo presidente al poco de su nombramiento para testarle y comprobar que sus planes coincidían con los de Aguirre. Aunque la conexión personal con González nunca fue la misma y las negociaciones se endurecieron, el multimillonario valoró los incentivos fiscales y otros cambios legales que aprobó González antes de final de año.

Prueba de ello es el comunicado que Las Vegas Sands emitió el jueves, agradeciendo, “en concreto a la Comunidad de Madrid”, que “trabajara de forma continua en esta oportunidad con los intereses de los españoles en mente. Deberían ser elogiados”.

Resueltas las competencias regionales y municipales, quedaba lo más complejo: atender a los cambios a nivel estatal que exigía Adelson, y negociar con la UE para que no pusiera trabas. La Comunidad percibió sin embargo que las negociaciones se habían enquistado. Ni siquiera las tres recepciones con las que Rajoy agasajó a Adelson en La Moncloa parecieron desatascar la situación. Adelson se ofuscó especialmente a raíz de las promesas de Rajoy la pasada primavera, cuando el presidente le aseguró que cumpliría con todas sus peticiones, según fuentes regionales. En septiembre seguían sin solucionarse, lo que derivó en una bronca mayúscula de los Gobiernos de Rajoy y de González, y por ende entre la dirección nacional de Génova y el PP de Madrid. A la gresca, la Comunidad reclamó con urgencia a Rajoy que se resolviese el marco legal que requería Eurovegas.

Las nuevas peticiones de la multinacional de Las Vegas hace dos semanas lo hicieron innecesario, pues sentenciaron definitivamente el proyecto. Las exigencias, especialmente “radicales”, dejaron a Rajoy y González sin margen de maniobra. La principal de ellas, asegurar que ni los posibles cambios en la legislación comunitaria ni que un cambio de partido en el Gobierno regional y/o estatal tumbasen el proyecto.

Las constantes advertencias del PSOE e IU de que en caso de gobernar revertirían el proceso inquietaron al presidente de Las Vegas Sands (que posee además el 52% de las acciones de la empresa).

En una petición “innegociable” para Adelson e “imposible” de cumplir, según la calificó González, el empresario reclamaba revertir toda la inversión que realizara, más las pérdidas que se podrían generarse, en caso de que un cambio normativo obstaculizara el proyecto. Ya puestos, también exigía indemnizaciones.

Y así finalizó la partida de póquer con Eurovegas como premio. Cumpliendo el augurio que el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, pronunció el pasado julio: “Tenemos la información de que Eurovegas se ha caído”. Hasta qué punto las negociaciones fueron o no un farol, solo lo sabe Adelson

Rajoy: “A ver cómo se hace y a ver cómo molesta”

Esperanza Aguirre: “Si hay que hacer cualesquiera modificaciones, legislativas, reglamentarias o del tipo que sean, se harán, dentro de mis principios”. (Noviembre 2011)

Miguel Sebastián: “Animé a Adelson a invertir y lo volvería a hacer. Tiene un proyecto espectacular”. (Septiembre 2012)

Artur Mas: “Nos interesa. Es una inversión impresionante”. (Febrero 2012). “Aquí tendrá que haber alguna legislación específica”. (Junio 2012)

Mariano Rajoy: “La Comunidad de Madrid quiere hacerlo, el Gobierno no lo ve mal. Son muchísimos puestos de trabajo. Todavía hay que darle una vuelta, ver cómo se hace y ver cómo molesta y crea menos problemas a los ciudadanos”. (Noviembre 2013)

Elena Valenciano: “En principio, no es necesario ni una buena idea modificar la ley, pero es verdad que el país necesita inversión”. (Abril 2012)
Ignacio González: “Son necesarias modificaciones a medida para un proyecto tan singular”. (Septiembre 2012)

Las Vegas Sands: “En enero tendremos más información sobre qué leyes son las que se van a aprobar a nuestro favor”. (Septiembre 2012)

David Pérez: “Hay muchas contradicciones y cinismo. Eurovegas no será Sodoma y Gomorra”. (Febrero 2013)

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/14/madrid/1387050441_819102.html

EUROVEGAS: UNA PROMESA EVAPORADA EN CINCO MOMENTOS Y UNAS CUANTAS FRASES CRUZADAS

El proyecto que impulsó un ministro socialista y que los populares madrileños convirtieron en promesa de prosperidad enfrentó a Madrid con Cataluña y hasta al Gobierno con la Comunidad de Madrid

El espejismo del megacasino ha dado para que Esperanza Aguirre, Ignacio González, Ana Mato y Mariano Rajoy se enviaran mensajes cruzados

En el origen de la historia de Eurovegas no estaba el PP sino el PSOE. Allá por 2011, cuando comienza la fallida andadura del complejo de casinos, quien impulsaba el proyecto era el exministro de Industria Miguel Sebastián. Él y el entonces vicepresidente de Madrid, Ignacio González, empezaron a hablar de una "gran ciudad del ocio" en el corazón de España. Pero el complejo de hoteles y casinos del magnate Sheldon Adelson acabó enfrentando a los dos partidos y creando resquemores incluso dentro del PP. Un recorrido por estos dos años deja una colección de frases para el recuerdo y varios hitos de hemeroteca.

1. Esperanza Aguirre lo apuesta todo a las ruletas

El proyecto de Eurovegas fue una de las apuestas claras de la entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, que no perdió ninguna oportunidad para alfombrarle el camino al proyecto de Sheldon Adelson. Ya en diciembre de 2011, se comprometió: "Haré todo lo que pueda para que se ubique en Barajas". Y le atribuyó 261.000 puestos de trabajo. Su voluntad la resumía así: "Si hay que hacer cualquier modificación –legal–, se hará".

Para Aguirre, Eurovegas era "un rayo de esperanza" que merecía que se convirtiera en una "isla legal". Dicho y hecho. La líder popular dejó los deberes bien perfilados en la región. La Asamblea regional aprobó una legislación ad hoc para limpiar de trabas tributarias la implantación del megacomplejo. "Nuestro sistema tributario no era atractivo para las inversiones extranjeras, y las pretendemos solucionar.

Los Centros Integrados de Desarrollo [pensados para Eurovegas] son proyectos de gran envergadura, que supondrán la inversión de miles de millones", defendió el PP en el Parlamento regional al votar los cambios legales anunciados por Aguirre.

2. Políticos madrileños y catalanes 'seducen' a Adelson

Cuando se empieza a hablar de cifras de inversión, a Adelson le salen más novias. Cataluña muestra interés por albergar los casinos. El president Artur Mas se reúne con Adelson y el magnate se deja querer. Empieza un largo periodo de deshojar la margarita para el empresario del juego.

Ante la 'promiscuidad' de Adelson, en febrero de 2012, Aguirre no dudó en sacar pecho y reivindicar su atractivo: "Yo me he reunido con el empresario cinco o seis veces".

Cuando la puja entre regiones llegaba a su resolución final en septiembre de 2012, Aguirre se atrevió a juguetear con los pronósticos y adelantar tres días antes del anuncio oficial la elección del norteamericano: "De impresiones no vive el hombre. Las mujeres vivimos de intuiciones... Y mi intuición, que no me suele fallar, es positiva". El 8 de septiembre, Las Vegas Sands admitió que se iría a Madrid.

Doble página de 'ABC' sobre Eurovegas.
Días después, el 10 de septiembre, Aguirre puso fecha y dimensión al enlace: "Eurovegas estará en dos o tres años. Va a crear 200.000 puestos de trabajo sin contar con todo lo relacionado con la construcción". La presidenta dimitió de su puesto sólo siete jornadas después: el 17 de septiembre cerró su periplo al frente del Ejecutivo regional, pero no abandonó su romance con Eurovegas.

El 19 de octubre aleccionaba sobre admitir el tabaco en los casinos: "No hay que ser hipócritas..., lo importante es que tenemos cinco millones de parados y nos hacen falta inversiones creadoras de empleo".

3. Ignacio González mete prisa para cambiar las leyes a favor de Eurovegas

La necesidad de poder fumar en los casinos y las prisas por cambiar las leyes estatales a gusto del proyecto han estado en el centro de la polémica del plan. Una vez que se hizo público que los terrenos para construir los hoteles y casas de juego serían los del municipio madrileño de Alcorcón, el promotor de la idea y sucesor de Aguirre, el presidente Ignacio González, se puso al servicio del complejo.

En febrero de 2013 decía: "Es un día muy importante para Madrid, para la Comunidad de Madrid y para España. Este proyecto, en el que hemos trabajado a lo largo de meses de manera intensa, empieza a ver la luz. Como saben, a lo largo del año pasado, trabajamos duramente con los responsables de Las Vegas Sands. Es la inversión más importante que se va a producir en España y en el mundo en los próximos años".

Pero como los meses pasaron sin concretarse nada, el líder de los socialistas en Madrid, Tomás Gómez, se atrevió en julio de este año a augurar lo peor para el proyecto: "Se ha caído". Y aunque el acierto del líder de los socialistas madrileños no había sido de destacar en otros temas, en este sus palabras sonaron con fuerza.

El aplomo anterior de los dirigentes del Partido Popular se diluyó. El vaticinio de Gómez sólo fue desmentido por el portavoz del Gobierno de Madrid, Salvador Victoria, que aseguró que todo marchaba "con normalidad". Luego el PP envió a uno de los aguirristas más acérrimos, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, a mancharse: "Antes de seis meses se van a producir miles de contrataciones". Era agosto de 2013.

4. Mariano Rajoy se pone de perfil

En septiembre, y ante el silencio que rodeaba el tema, Ignacio González perdió la paciencia y apremió públicamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "Si no corre en los próximos días, existe el serio riesgo de que una empresa de esta naturaleza decida dedicar sus inversiones en otros sitios".

Al final de ese mes la ministra de Sanidad, Ana Mato, intentó crear una fórmula viable para que el tabaco estuviera admitido. Y trató de explicar que la ley funciona "para proteger la salud" pero hay que "hacerla compatible" con todas las posibilidades que puedan comportar creación de empleo.

El presidente Mariano Rajoy, fiel a su estilo, no pareció tener mucha prisa. En su entrevista en Radio Nacional del 21 de noviembre se limitó a decir: "Todavía hay que darle una vuelta, ver cómo se hace y ver cómo molesta y crea menos problemas a los ciudadanos".

Así que, mientras no terminaban de concretarse las modificaciones legales e Ignacio González apretaba porque veía alejarse Eurovegas, otros políticos implicados han ido tirado cada uno por su lado sin, parecer enterarse por dónde iban los tiros. David Pérez (el alcalde de Alcorcón) ha seguido insistiendo en el otoño que "no he dudado ni un momento" de que Eurovegas existiría. El consejero de Economía de Madrid, Enrique Ossorio, vaticinaba el 21 de noviembre que la primera piedra estaría puesta "a principios o mediados de 2014".

5. El 'fuego amigo' de la prensa

Quizá Adelson pueda protestar (y así lo ha hecho) de poca celeridad en las reformas por parte del Gobierno central. Pero seguro que el promotor de casinos y hoteles no puede quejarse de no haber contado con buena publicidad.

Durante estos años de negociaciones, los empujones de los dirigentes del PP de Madrid se han multiplicado a través de algunas campañas mediáticas nada modestas. Cuando Eurovegas era todavía un embrión virtual y tan lejano en el tiempo como el 9 de septiembre de 2012, el diario ABC aseguraba ya en su portada: "las obras comenzarán en un año". La Comunidad de Madrid acababa de ser elegida como sede por Las Vegas Sands.

Despliegue de 'La Razón'.
En julio de 2013, poco después de que el socialista Tomás Gómez asegurara que no habría Eurovegas, los diarios La Razón y ABC publicaban, ambos el mismo día 27, sendas dobles páginas. El primero describía el proyecto como "una verdad sobre plano". El segundo iba un poco más allá: "Más visitas al día que El Prado, el Thyssen y el Reina Sofía juntos".

El 22 de octubre, el Boletín Oficial del Estado publicaba un acuerdo entre los Ejecutivos de Madrid y Central para no pisarse en cuestiones de competencias sobre la legislación de Eurovegas. La Razón interpretó: "Moncloa inicia el blindaje para Eurovegas". Por lo que se ha visto, un blindaje bastante endeble.

http://www.eldiario.es/sociedad/historia-Eurovegas-mediante-frases-promotores_0_206829572.html

EL TSJM DESESTIMA LA RECUSACIÓN DEL JUEZ TRISTÁN EN EL CASO DE LA PRIVATIZACIÓN

El Tribunal Superior de Madrid asegura que su designación como vocal del Poder Judicial por el PP no afecta a su imparcialidad

El auto niega que su matrimonio con una consejera de Cospedal lo convierta en persona interesada en el caso

El presidente de la Sala Social aprecia un interés indirecto del magistrado al haber trabajado su esposa para el Ejecutivo madrileño

El hecho de que Gerardo Martínez Tristán, haya sido nombrado vocal del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular no significa que el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) vaya a "inclinar su ánimo" a favor de la privatización de la sanidad madrileña que defiende ese partido. Tampoco el hecho de que esté casado con una consejera castellanomanchega del gobierno castellanomanchego, dirigido por la número dos de ese partido, María Dolores de Cospedal. Así lo estima la Sala de Recusaciones del TSJM que ha desestimado por mayoría la petición de los socialistas madrileños de apartarlo del caso. En contra ha votado el presidente de la Sala Social del órgano, Juan Miguel Torres Andrés, que en un voto particular ha recordado, además, que la esposa de Tristán también tuvo un cargo en la Comunidad de Madrid, que es parte en el proceso.

Tristán recabó para el pleno de su Sala (formado por 50 magistrados) los dos recursos contra la privatización presentados por el PSOE y la asociación médica AFEM, y Comisiones Obreras turnados respectivamente a las secciones tercera y octava de lo contencioso. La primera paralizó el pasado 11 de septiembre el proceso privatizador de seis hospitales madrileños puesto en marcha por el Gobierno de Ignacio González (PP), mientras que la segunda desestimó un mes después la demanda del sindicato. Martínez Tristán decidió entonces avocar a pleno ambos casos considerando que podrían dar lugar a resoluciones contradictorias. Los socialistas lo recusaron alegando que con esa decisión el presidente parecía "haber buscado cualquier excusa para atraer la competencia hacia el Pleno y de esta forma atribuirse a sí mismo su intervención personal", la intervención de un magistrado muy ligado al PP, el partido que gobierna en Madrid.

La Sala de Recusaciones, sin embargo, lo niega. Asegura, en primer lugar, que recabar al Pleno de la Sala ambos asuntos es una facultad que la ley atribuye a Tristán como presidente. Los magistrados también afirman que con quien está casado el magistrado, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, no pertenece al órgano que ha dictado el acto recurrido, es decir, no forma parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de donde parte la medida de la privatización sanitaria. Además, ese vínculo familiar con un alto cargo del PP, "no convierte al recusado", es decir, a Tristán, "en persona interesada en la resolución del procedimiento", ya que, a su juicio, la parcialidad que permitiría apartarlo del caso solo podría derivarse de sus propios actos, y no de los de su esposa.

El auto, que califica de "conjeturas, presunciones y cábalas" los argumentos de los socialistas, rechaza igualmente que la reciente designación de Tristán como vocal del Poder Judicial por el PP afecte a su imparcialidad. Ese nombramiento no implica que "su ánimo se incline" hacia los postulados de esa formación "o que resuelva con posturas preconcebidas y dirigidas a obtener algún tipo de beneficio o ventaja".

El presidente de la Sala de lo Social, Juan Miguel Torres Andrés, ha redactado un voto particular discrepante en el que muestra su desacuerdo con el resto de los magistrados de la Sala y que se basa en dos argumentos. En primer lugar, que la esposa de Tristán, no solo forma parte de un Gobierno autonómico del Partido Popular, sino que, anteriormente, también tuvo un cargo designado por el Ejecutivo madrileño, que sí es parte en el caso de la privatización sanitaria. La titular de Fomento de María Dolores de Cospedal fue previamente miembro del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid.

"Tampoco es desdeñable el hecho notorio de que el partido que gobierna en ambas comunidades [Madrid y Castilla-La Mancha] haya preconizado en reiteradas ocasiones un modelo de gestión del servicio público de la sanidad diferente del que, cuando menos, ha venido rigiendo hasta la fecha con carácter general", asegura Torres Andrés. "Por todo ello creo que existen indicios serios y fundados objetivamente de la existencia de un interés indirecto del magistrado recusado", concluye el magistrado discrepante.

“Respeto, pero no puedo compartir la decisión de la Sala de no aceptar nuestra petición de recusación para el Juez Martinez Tristán", dice José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del Partido Socialista de Madrid. "No es racionalmente defendible que la imparcialidad –o la apariencia de imparcialidad- de este Juez no se vea afectada por su gran vinculación social, familiar y profesional con el Partido Popular, en un tema de tanta trascendencia para e importancia política para el gobierno del PP de Madrid como es la privatización de la atención especializada de 1,8 millones de personas, incluyendo sus seis hospitales", añade.

Para Freire, "están en juego muchos intereses económicos, políticos y de modelo de sociedad" y "es tan obvio que hay un conflicto de interés potencial y real que lo insólito es que no haya salido del Juez la decisión de apartarse él mismo del caso".

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/10/actualidad/1386687801_766829.html

LA SUSTITUTA DE ELPIDIO SILVA ARCHIVA SIN EXPLICACIONES UNA DENUNCIA POR MALVERSACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ

La magistrada liquida de un plumazo el caso 25 días después de la interposición de la denuncia contra el presidente de Madrid por utilizar a los abogados de la Comunidad para la defensa de su honor personal en una demanda contra cuatro periodistas

Bajo el argumento de que no "motivaba" sus decisiones, el Poder Judicial actuó contra Silva después de que enviase a prisión a Miguel Blesa

La interina, que obvia razonar por qué considera inocua la actuación de Gónzález, deja fuera del caso al titular del juzgado 9, que se reincorpora en diciembre tras cuatro meses de suspensión forzosa

La Audiencia de Madrid obligó a González a pagarse los abogados de su bolsillo

La juez María Sánchez Rivero, que sustituye a su colega Elpidio Silva durante la suspensión de cuatro meses con que en julio le castigó el Poder Judicial (CGPJ), ha archivado la denuncia por malversación que el criminólogo Miguel Gallardo presentó el 23 de octubre contra el presidente de Madrid, Ignacio González. Uno de los argumentos por los que el CGPJ suspendió a Elpidio Silva, quien dos meses antes había enviado prisión al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, fue la “falta de motivación” de algunas de sus resoluciones. Ahora, su sustituta dicta el sobreseimiento libre -que busca ser definitivo- de Ignacio González sin argumentar por qué descarta que pudiera haber malversado fondos públicos al endosar a los servicios jurídicos de la Comunidad el coste de la defensa de su honor personal en una demanda contra cuatro periodistas.

La denuncia, a la que Sánchez Rivero dio carpetazo el pasado día 18, se cimenta sobre bases muy similares a las de otra que, a instancias del sindicato UGT, investiga un juez de Palma. ¿Para qué? Para determinar si el presidente del archipiélago, José Ramón Bauzá, también del PP, incurrió en malversación al encargar la defensa de su honor a la Abogacía de la Comunidad en una demanda contra UGT.

Exactamente eso es lo que hizo Ignacio González en la demanda de protección del honor planteada en abril de 2009 contra cuatro periodistas entonces profesionalmente vinculados al extinto rotativo Público. Y exactamente eso es lo que llevó a Gallardo a denunciarle después de que la Audiencia de Madrid hubiese dictaminado que el presidente de la región debía pagarse un bufete de su bolsillo y renunciar a los abogados que sufraga el erario madrileño.

González mantiene recurrido ante el Supremo ese fallo, con el que el 27 de junio de 2012 la Sección Duodécima de la Audiencia de Madrid revalidó las dos decisiones esenciales que un año antes había adoptado la jueza de primera instancia encargada el litigio: desestimar la demanda contra los cuatro periodistas y obligar a González a financiarse él mismo su defensa jurídica. Los cuatro periodistas demandados eran Ignacio Escolar, Félix Monteira, Jesús Maraña y Manuel Rico.

Revés en la Audiencia

El entonces vicepresidente y número dos de Esperanza Aguirre en el Ejecutivo madrileño sostenía que, con sus informaciones, los periodistas habían vulnerado su derecho al honor. La Audiencia sentenció lo contrario. Y subrayó la primacía del derecho a la información: "Incluso cuando alguna noticia, como la valoración de un determinado inmueble o la compra o venta del mismo, pueda parecer que se aleja del ejercicio del poder, tampoco es irrelevante para el conocimiento público, pues el patrimonio de quien ostenta ese cargo es también dato de relevancia".

La Audiencia rechazó que González se valiese de los abogados pagados por el erario madrileño con un argumento que cabe resumir así: el supuesto ataque al honor de un político -aquí inexistente, a tenor del fallo judicial- no autoriza al presunto atacado a equiparar sus intereses con el de la institución a la que representa ni, por tanto, a utilizar medios públicos para ejercer su defensa.

Uno de los párrafos de la resolución ilustra la posición del tribunal, que analizó el asunto de manera prolija: “No puede existir coincidencia de intereses [entre el del político que decide demandar y el de la administración en que presta sus servicios] cuando los que se denuncian como posibles ataques al honor del actor no afectan al órgano en sí sino a la persona que lo ejerce y por la forma concreta en que se ha ejercido en determinadas actuaciones”. La Audiencia de Madrid entiende que los periodistas no solo no perpetraron una intromisión ilegítima en el honor de Ignacio González sino que sus informaciones en absoluto afectaban al Gobierno de Madrid como institución.

A diferencia de aquella resolución, el auto de la jueza Sánchez Rivero ni plasma un relato de los hechos sujetos a denuncia ni invoca los preceptos legales que, según su criterio, desbaratan la tesis de la hipotética malversación de fondos. Simplemente, la jueza dice que no hay rastro de delito en que González endosara a los servicios jurídicos de la Comunidad y no a un letrado con minuta la defensa de su honor.

El apartado del auto destinado a los fundamentos jurídicos -esencial en cualquier resolución judicial- mide exactamente cinco líneas y media de folio. Su contenido íntegro es este: “El hecho denunciado por don Miguel Ángel Gallardo no reviste caracteres de infracción criminal, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 637.2, y en la regla primera, inciso primero del artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede acordar el sobreseimiento libre y el archivo de las mismas”.

Esas dos últimas palabras –“las mismas”- emergen en el texto sin conexión aparente con lo que le precede. Y ocurre de ese modo porque se refieren a algo que ni menciona el auto: las diligencias previas, justamente aquellas que, según el mismo artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe practicar “sin demora” el juez que investiga un posible delito antes de decidir si archiva el caso o lo envía al tribunal competente para celebrar el juicio.

Libre y no provisional

La lectura de la resolución de la juez Sánchez Rivero no permite inferir si hizo alguna indagación o ninguna antes de decretar el sobreseimiento libre de Ignacio González. Al ser libre y no provisional, el sobreseimiento busca ser definitivo y no condicionado a la aportación o hallazgo de nuevos indicios.

Gallardo, que ha recurrido el auto, recalca cómo el sobreseimiento libre ha llegado para el presidente de Madrid sin que una sola coma indique el porqué de ese paso. "El auto no está motivado, ni siquiera mínimamente", dice el recurso antes de poner el acento en que esa "falta de motivación atenta contra el derecho fundamental del artículo 24 de la Constitución". Ese derecho es nada menos que el de la tutela judicial efectiva. Lo presumible es que la jueza Sánchez tumbe el recurso y la decisión quede así en manos de la Audiencia de Madrid.

No hay tal tutela judicial efectiva y sí "indefensión", sostiene Gallardo en su recurso, porque al no ofrecer argumentos para el sobreseimiento libre, la juez introduce lo que el denunciante presenta como un factor de distorsión: "La falta de motivación (...) produce indefensión porque imposibilita el recurso al ignorar el recurrente si se consideran probados (o no) hechos, en este caso judiciales y publicados, o si, como parece, existen discrepancias jurídicas, en este caso con otro juez de Mallorca que sí motiva su resolución" y mantiene en ella que “de principio procede investigar en esta fase de diligencias previas la realidad de hecho y el alcance jurídico de lo expuesto".

El letrado incorpora referencias a distintas sentencias del Tribunal Constitucional sobre cómo la motivación de las decisiones judiciales opera "en último término como garantía frente a la arbitrariedad"

Aunque Gallardo no incluye en su recurso una referencia expresa, las líneas del entrecomillado relativas a Palma aluden a las diligencias abiertas por el juez de instrucción número 7 de esa ciudad tras la querella de UGT contra Bauzá por usar los servicios jurídicos del Govern en defensa de su posición. El sindicato emprendió acciones judiciales contra el presidente balear después de que su demanda de protección del derecho al honor fuese desestimada en primera y en segunda instancia judicial. El origen del pleito fueron unas declaraciones del exsecretario de UGT en Baleares, Lorenzo Bravo, quien tildó a Bauzó de "inútil" y "fascista". Al igual que Ignacio González, Bauzá ha recurrido al Supremo.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/11/27/la_sustituya_elpidio_silva_archiva_sin_explicaciones_una_denuncia_por_malversacion_contra_ignacio_gonzalez_10308_1012.html

50 JUECES DECIDIRÁN SI SE REACTIVA LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA EN MADRID

El PSOE recusará al magistrado que presidirá el pleno por su relación con el PP
Martínez Tristán aspira a formar parte del Consejo del Poder Judicial

Un pleno de 50 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene en su mano el éxito o el fracaso del mayor proceso de privatización de la gestión sanitaria emprendido en España. La Comunidad de Madrid (PP) abrió un concurso para entregar a empresas la gestión de seis hospitales construidos en 2008, un plan que lleva paralizado cautelarmente desde el 11 de septiembre por decisión judicial a la espera de que haya sentencia firme. Lo que parecía el golpe definitivo a las intenciones del Gobierno regional —el fallo podía demorarse entre año y medio y dos años— acaba de dar un vuelco. El presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán, ha decidido concentrar todos los recursos en el pleno, bajo su presidencia.

La decisión, por tanto, depende ahora de los 50 magistrados que forman ese pleno, que con su voto —tienen solo uno, incluido el presidente— determinarán si se reactiva el proceso de privatización. Martínez Tristán acordó el 11 de octubre agrupar “todos los recursos existentes” al considerar que las resoluciones que ya han dictado dos secciones de la Sala (la tercera y la octava) “resultan o pueden resultar contradictorias”. La decisión afecta a los recursos ya en marcha y a los que se puedan presentar en el futuro.

El PSOE anunció ayer que va a recusar a Martínez Tristán porque considera que su relación con el Partido Popular le resta imparcialidad. Esta formación recordó que el magistrado está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, actual titular de Fomento en este Ejecutivo y anteriormente alto cargo de la Comunidad de Madrid. Martínez Tristán también es, según subrayó ayer el PSOE, uno de los 55 candidatos entre los que el Congreso deberá elegir a los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Según fuentes próximas al CGPJ, se trata de un magistrado “muy conservador”.

La sección tercera, en su auto de septiembre pasado, ordenó la suspensión cautelar del proceso de privatización de la gestión de los hospitales. Explicitó que se debía mantener la prestación sanitaria tal y como está hasta que haya sentencia, lo que podía suponer entre año y medio y dos años. Sin entrar en el fondo del asunto, apuntaba a irregularidades en el concurso de adjudicación. Estimaba así el recurso de la asociación de médicos AFEM, una de las más activas en la marea blanca contra la privatización sanitaria, que había denunciado, entre otras cosas, que el Gobierno regional cambió las condiciones del concurso y redujo a casi una décima parte la garantía que deben depositar las empresas concesionarias (de 233 a 28 millones). La sección tercera afirmó en el auto que el cambio “supone una modificación sustancial de las condiciones” que “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”.

La decisión de Martínez Tristán se produjo el 11 de octubre. No la podría haber tomado de no existir un auto fechado dos días antes en el que la sección octava de la misma Sala inadmite el recurso de Comisiones Obreras contra el proceso de privatización. Fue el propio tribunal, presidido por Inés Huerta Garicano, el que planteó la inadmisibilidad y finalmente acordó rechazar el recurso del sindicato, del que afirma que “ha errado el planteamiento procesal”.

Huerta Garicano es candidata a una vacante en la sala tercera del Tribunal Supremo y, según fuentes jurídicas, cuenta con el apoyo de los vocales conservadores. Expertos jurídicos consultados por este diario se han mostrado extrañados por la decisión del presidente de la sala. En primer lugar, señalan que la avocación a pleno (trasladar la competencia para resolver en un asunto desde un órgano jerárquicamente inferior a otro superior, en este caso, el pleno) es algo “inusual” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por otro lado, consideran que las resoluciones de la sección tercera —la que ordenó paralizar el proceso hasta que haya sentencia— y la octava no son exactamente contradictorias.

Miguel Ángel Muga, abogado de AFEM, dijo ayer estar “sorprendido” porque se haya tomado la medida ahora, “justo cuando la sección tercera tenía que resolver los recursos de reposición que habían presentado la Comunidad de Madrid y las empresas concesionarias”, y no al principio de los procesos judiciales. “No nos parece adecuado, pero confiamos en lo que decidan los magistrados”, añadió. Muga considera que, en casos como este, en los que hay varios recursos con el mismo objeto tramitados por distintas secciones, “estos pueden acumularse, es decir, tramitarse todos juntos en la sección correspondiente, o debería tramitarse solo el primero y dejar en suspenso los demás hasta que se dicte sentencia”.

El acuerdo de Martínez Tristán se adopta en base al artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según el cual “podrán ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquellos, lo estime necesario para la administración de justicia”.

“Lo lógico sería que, por apariencia de conflicto de interés, o por conflicto de interés potencial, el presidente de la Sala se abstuviera de este asunto. No tanto por ser marido de quien es, que también, sino por depender de los votos del PP para sus aspiraciones profesionales”, señaló el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire. “La Justicia no puede estar al servicio de un partido político”, afirmó el secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, consideró una “medida absolutamente imprescindible” la decisión de agrupar los recursos, en declaraciones remitidas por escrito a los medios. El presidente madrileño, Ignacio González, afirmó en la Asamblea de Madrid que la medida es “razonable”, que espera que “se resuelva todo de una vez” y señaló que algunas decisiones de los tribunales son “un exceso desde el punto de vista de su actuación”, ya que es a “la Administración a la que le corresponde decidir como organizar sus servicios”, informa EP.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/16/madrid/1381922718_437965.html

EL TRIBUNAL SUPERIOR DETIENE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA DE MADRID

La Sala ordena suspender el proceso hasta que dicte sentencia, lo que puede demorarse dos años

Apunta a irregularidades en la adjudicación del concurso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha asestado este miércoles el que, según fuentes jurídicas y empresariales, puede ser el golpe definitivo al proceso de privatización de la gestión de seis hospitales impulsado por el Gobierno de esa comunidad. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto en el que ordena la suspensión cautelar del proceso hasta que tome una decisión, lo que puede suponer entre año y medio y dos años. Ordena que se mantenga la prestación sanitaria tal y como está hasta que haya sentencia y, sin entrar todavía en el fondo del asunto, apunta a irregularidades en el concurso de adjudicación.

Los magistrados han tomado en consideración el hecho de que el paso de estos hospitales a manos privadas afecta a 1,2 millones de madrileños y a 5.000 profesionales sanitarios y supone trasacciones económicas de decenas de millones de euros. La sala cree que el plan privatizador “es de unas dimensiones tan extraordinarias” que, de seguir adelante y si finalmente una sentencia obligara a volver a la situación anterior, los cambios en la gestión sanitaria pública serían ya “irreversibles”. De ahí que acuerde la suspensión, es decir, “mantener la situación existente” ahora “hasta que el recurso se resuelva”. Contra el auto cabe recurso.

Fuentes próximas a las empresas concesionarias consultadas por EL PAÍS dan el proceso de privatización prácticamente por muerto. De hecho, Ribera Salud, adjudicataria de dos hospitales, ha admitido este miércoles que ha suspendido las reuniones internas con los equipos directivos. Esta empresa cerró la oficina en la que informaba de las condiciones contractuales la semana pasada, cuando otro juzgado de menor rango (el de lo Contencioso-Administrativo 4 de Madrid), también ordenó la suspensión cautelar del proceso. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, reaccionó cuestionando la competencia del juzgado y solicitando que decidiera el TSJM. Este miércoles ha obtenido la respuesta que pedía.

Esta resolución judicial responde al recurso presentado por la asociación de médicos Afem, la más activa en la marea blanca de protesta contra la privatización sanitaria. Una colecta entre personal sanitario organizada en febrero pasado permitió contratar a un bufete que inició una ofensiva jurídica en varios frentes: contencioso-administrativo, penal... La de este miércoles es la mayor victoria del colectivo y deja a la Comunidad de Madrid en una situación muy complicada. La gestión privada de los hospitales ya está adjudicada, pero los contratos aún no se han firmado. Todas las fuentes consultadas coinciden en que el Gobierno regional no va a poner en marcha su plan este año, y puede que tampoco el próximo. Las próximas elecciones autonómicas están previstas para mayo de 2015.

Este mismo tribunal fue el que paralizó el proceso de forma cautelar el 10 de julio pasado a consecuencia de un recurso presentado por el Partido Socialista de Madrid (PSM). Dos semanas después levantó la suspensión al entender que los seis diputados socialistas —residentes en las zonas de influencia de los hospitales— “no ostentan un interés legítimo”. El auto de este miércoles sí le reconoce a la asociación de médicos esa legitimidad y niega el argumento de los abogados de la Comunidad de Madrid, que intentaron tumbar el recurso alegando, entre otras cosas, que Afem no ha participado en elecciones sindicales y no tiene “representatividad”.

Tras enumerar las alegaciones de los médicos, el auto del TSJM (24 páginas) asegura que debe “ponderar los perjuicios” para los recurrentes, los licitadores y “el interés general” que se producirían si estimara el recurso una vez adjudicados los hospitales y “una vez entregada la gestión del servicio público a las concesionarias”. Una de las cuestiones que destaca es una modificación de las condiciones del concurso que hizo la Comunidad de Madrid solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo.

Mediante una corrección de errores en el boletín oficial modificó las garantías que deben depositar las concesionarias (avales para cubrir incumplimientos de contrato y penalidades, daños y perjuicios...) y las redujo a una décima parte (de 233 millones de euros a 28). La oposición política y la marea blanca lo calificaron de “regalo” a las empresas para facilitar que concursaran. El cambio, dice el tribunal, “supone una modificación sustancial de las condiciones” que “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”. Esta es, añade, “una circunstancia que no puede ser obviada por la Sala” al resolver sobre si suspende cautelarmente el proceso o no.

El Gobierno madrileño ha asegurado este miércoles que su plan aún está pendiente de la decisión de los tribunales y que las resoluciones judiciales “contradictorias” generan “confusión”. Por su parte, Afem ha mostrado su “satisfacción” con el auto e invitado a la Comunidad de Madrid a negociar con los profesionales sanitarios “la reforma que necesita el sistema, y que no era el plan calamitoso que plantearon ellos y que solo beneficiaba económicamente a unas empresas y no a los pacientes”, según su portavoz, Patricia Alonso.

Cuatro recursos de AFEM y 14 en total

El plan privatizador de la Comunidad de Madrid tiene pendientes en los tribunales 14 procedimientos. Cuatro de ellos están promovidos por AFEM, este proceso de hoy abierto por la vía de lo contencioso pero ante el TSJM y el otro el del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, en el que los médicos apelan a la protección de los derechos fundamentales.

La tercera causa de AFEM es también ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 16 de Madrid, que denegó el pasado 5 de septiembre la petición de suspender de forma cautelar el concurso. A diferencia del recurso presentado ante el Juzgado número 4, el presentado ante el Juzgado número 16 era muy específico, ya que no se impugnaba todo el proceso sino única y exclusivamente la modificación de última hora de los pliegos del concurso.

Además, presentaron una querella al juzgado de instrucción 4 de Madrid por delitos como prevaricación y malversación de caudales públicos en la primera fase de la privatización, la de los hospitales de Valdemoro, Torrejón y Móstoles. Dos exconsejeros y dos altos cargos de Sanidad están citados en calidad de imputados y a la espera de prestar declaración. La declaración de los altos cargos está suspendida porque la Comunidad no ha entregado la documentación requerida.

Diez meses de lucha de la 'marea blanca'

• El presidente madrileño, Ignacio González, anuncia el 31 de octubre de 2012, junto con las líneas básicas del presupuesto para 2013, su intención de privatizar la gestión de seis hospitales y el 10% de los centros de salud, además de otros cambios polémicos en centros públicos.
• El 2 de noviembre una asamblea multitudinaria en el hospital de La Princesa decide iniciar un encierro indefinido contra su “desmantelamiento”... Este centro se convierte en emblema de la lucha por la sanidad pública.
• Para el 21 de noviembre, prácticamente todos los hospitales públicos mantienen encierros indefinidos en sus salones de actos.
• La primera jornada de huelga total del sector sanitario, convocada por todos los sindicatos para el 26 de noviembre (habrá otras el 27 y el 4 y 5 de diciembre), coincide con el inicio de los paros indefinidos de los médicos de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), que con el paso de los meses se convertirían en los más activos en la lucha contra la privatización, sobre todo en los tribunales.
• En diciembre se aprueban los Presupuestos y la Ley de Acompañamiento que permite las privatizaciones. En la quinta semana de huelga, con 40.000 consultas canceladas y 6.000 operaciones aplazadas, la negociación con los sanitarios está en punto muerto.
• En febrero, una asamblea multitudinaria de Afem vota recolectar dinero para parar la privatización en los tribunales. Partidos de la oposición y sindicatos también anuncian recursos.
• En mayo el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso contra la privatización de 50 senadores socialistas. Actualmente hay 14 causas en diferentes tribunales de la capital.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/11/madrid/1378901142_037649.html

IGNACIO GONZÁLEZ Y LUCÍA FIGAR VOLVIERON DE BUENOS AIRES EN EL AVIÓN PRIVADO DE FLORENTINO PÉREZ

Los presidentes de la Comunidad de Madrid y del Real Madrid viajaron juntos en el jet de Florentino Pérez, también presidente de la constructora ACS

Con ellos iba a bordo la consejera de Educación, Lucía Figar, responsable de la adjudicación de decenas de guarderías y servicios públicos a empresas del grupo empresarial de Pérez

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no volvió a España con el resto de la comitiva olímpica de Madrid 2020 trasladada a Buenos Aires. González voló antes, apenas minutos después de la derrota y la rueda de prensa, en el avión privado del presidente de Grupo ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, que también se desplazó a Argentina. Según ha podido saber eldiario.es, a bordo iba también la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Lucía Figar.

Florentino Pérez era una de las personas más interesadas en que el gran evento deportivo se celebrara en Madrid, no tanto por su calidad del presidente de club de fútbol sino por su actividad económica principal, la de constructor. Según varios analistas han publicado en los últimos meses, ACS sería una de las compañías que habrían resultado más beneficiadas del aumento de gasto público en infraestructuras, como lo ha sido a lo largo de una década de construcción de instalaciones deportivas de cara a la candidatura junto a otras del sector, como OHL, que ha sido patrocinadora de Madrid 2020. "Recomendamos tomar posiciones en FCC y ACS en las jornadas previas a la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI)", decían los analistas de Bolsa de Bankinter hace unas semanas.

Sin embargo, la relación de Florentino Pérez con las administraciones madrileñas no termina en la construcción de instalaciones sino que se ha extendido hacia otros servicios que se desarrollan dentro de ellos : el Grupo ACS tiene varias empresas que intentan diversificar el negocio para reducir su dependencia del ladrillo. Esa estrategia incluye hacer negocio con la educación pública. Una de estas filiales, Clece, gestiona decenas de guarderías públicas por la adjudicación de la Comunidad de Madrid, concretamente por parte de la consejería de otra de las pasajeras del jet privado de Pérez en la vuelta de Argentina, Lucía Figar.

Clece tiene contratos adjudicados por parte de administraciones andaluzas, castellanoleonesas o valencianas. Se encarga de la limpieza de edificios públicos, diseña instalaciones de energía, previene incendios forestales, tiene comedores y máquinas expendedoras y sirve comida en hospitales públicos. Su lista de clientes es interminable e importantísima. Por ejemplo:

Mantiene, descarga equipajes y da servicio en las salas VIP de los aeropuestos de AENA, donde también presta servicio a decenas de aerolíneas nacionales e internacionales.

Limpia las instalaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional en toda España; de universidades como la Pablo de Olavide de Sevilla; y da servicios en hospitales de Andalucía, Valencia, Canarias, Galicia...

Se hace cargo de toda la gestión del Auditorio de San Lorenzo del Escorial, del Teatro Albéniz y del Teatro del Canal de Madrid, bajo la dirección de Albert Boadella, siendo incluso responsable de "la programación de espectáculos" hasta 2014.

Gestiona parte de los servicios de dependencia concedidos por la Junta de Andalucía a personas mayores, como por ejemplo la contratación y distribución del personal de atención.
De hecho, el departamento que más ha crecido en esta filial del grupo ACS, según sus propias cifras, es la “división de Servicios Sociales”, donde se encuadran los centros educativos y la atención a personas mayores, adjudicados por ayuntamientos y comunidades autónomas. De 2003 a 2009, este sector de Clece multiplicó por diez su facturación pasando de 19 millones de euros a 192.

Sin mucho éxito, colectivos y cooperativas de profesionales llevan años protestando ante sus administraciones (ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones) porque consideran que empresas como Clece, y otras como Eulen, se están llevando la gestión de servicios públicos esenciales con la fórmula de abaratar costes, reducir la calidad y ser la oferta más barata, además de abusar de su capacidad para dirigirse directamente al poder. Esto hace que pequeñas asociaciones o grupos profesionales, como de educadores o de asistentes sociales, se estén quedando fuera de la gestión especializada. Muchos de estos profesionales son de nuevo contratados por los nuevos gerentes del servicio, aunque en condiciones más precarias.
Florentino Pérez ha presidido el palco del Bernabéu, una de las herramientas de relaciones públicas más importantes de España, desde 2000 a 2006 y de 2009 a la actualidad.

http://www.eldiario.es/sociedad/Ignacio-Gonzalez-Lucia-Buenos-Florentino_0_173582941.html

LA CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID PAGÓ EL VIAJE A BUENOS AIRES DE LA ESPOSA DE IGNACIO GONZÁLEZ

La entidad se hizo cargo de los 1.500 euros que costó el vuelo de Lourdes Cavero, vicepresidenta de la patronal madrileña CEIM a la elección de la ciudad olímpica de 2020. Cavero no hizo uso del billete de vuelta porque regresó en el avión de Florentino Pérez tras la derrota de Madrid 2020

El organismo semipúblico, tutelado por la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, también gestionó los billetes de las esposas de Fernández, presidente de CEIM y la Cámara de Madrid, y de Joan Rosell, presidente de CEOE, con puntos de Iberia. Las tres viajaron a Argentina en el mismo avión

Ignacio González, Joan Rosell y Arturo Fernández estuvieron en Buenos Aires acompañados de sus esposas gracias a la Cámara de Comercio de Madrid. Ninguna de las tres tiene vinculación laboral alguna con la Cámara, una entidad semipública tutelada por la Consejería de Economía de Madrid, que financia muchas de sus actividades de gestión y formación con dinero público –como se recoge en su última memoria publicada– y que participa en numerosas empresas públicas y órganos consultivos. Pero les permitió acudir a la elección de la ciudad olímpica de 2020.

Arturo Fernández es presidente de la Cámara y de la patronal madrileña CEIM, entidad de la que es vicepresidenta Lourdes Cavero, esposa del presidente regional, Ignacio González. La esposa de Fernández es Elena Rute, y la de Joan Rosell, presidente de CEOE, Elizabeth Trallero, quien dirige con su marido CongostPlàstic.

Tal y como ha confirmado la Cámara de Comercio de Madrid, este organismo pagó el billete de Cavero, 1.500 euros en turista, si bien viajó en preferente gracias a la mediación de Arturo Fernández con el presidente de Iberia, Antonio Vázquez.

¿Por qué? "El presidente de la Cámara es el mismo de CEIM, y las dos entidades son patrocinadoras de Madrid 2020", contestó un portavoz oficial de la entidad sobre el billete de ida y vuelta para la vicepresidenta de CEIM. La vuelta quedó vacante, pues la hizo en el avión de Florentino Pérez, con su marido, Ignacio González, y la consejera de Educación y Deportes, Lucía Figar.

Rute y Trallero, por su parte, que viajaron en el mismo vuelo de Iberia (IB-6845) que Cavero a Buenos Aires, lo hicieron gracias al canje de puntos que gestionó el organismo, según han confirmado las fuentes a eldiario.es.

Entre algunas de las empresas participadas de la Cámara se encuentran: Ifema, Avalmadrid S.G.R. (entidad financiera de la Consejería de Economía y Hacienda), Centro de Laboratorios y servicios industriales de Madrid (constituido en 1995 con la Comunidad de Madrid), Centro de Transportes de Coslada (sociedad de titularidad municipal), Oficina de Congresos de Madrid (municipal) y Madrid Excelente (autonómica), entre otras. Y entre las competencias de la dirección general de Comercio de la Comunidad de Madrid se especifica: "El ejercicio de la tutela administrativa en materia de Cámaras de Comercio e Industria en la Comunidad de Madrid".

http://www.eldiario.es/politica/Comercio-Buenos-Gonzalez-Rosell-Fernandez_0_174982652.html

 

LA JUSTICIA PARALIZA EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN SANITARIA DE MADRID

El Tribunal Superior de Justicia acepta la suspensión que pedía el Partido Socialista

Sanidad hizo un cambio de última hora en las condiciones para reducir la garantía

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado en un auto paralizar el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales emprendido por la Comunidad de Madrid. La sección tercera de lo contencioso administrativo ha aceptado las medidas cautelares urgentes que había pedido el Partido Socialista, lo que se traduce en la paralización inmediata de la adjudicación de los seis hospitales, certificada por el Consejo de gobierno regional hace seis días. La suspensión es provisional, hasta que la semana que viene el TSJM tome la decisión de ratificarla o no, una vez la Consejería de Sanidad haya alegado lo que considere oportuno, confirman fuentes judiciales.

Los hospitales afectados son Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez). La Comunidad de Madrid pretendía que estén funcionando con el nuevo modelo para el mes de septiembre.

La demanda de los socialistas se centraba en una modificación de última hora que hizo la Consejería de Sanidad en las condiciones de los contratos. Solo cuatro días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, el Boletín Oficial publicó como corrección de errores un cambio sustancial en la garantía que deben presentar los adjudicatarios, que es del 5% del valor del contrato. Sanidad incluyó la palabra "anual" en el texto de los pliegos, lo que se traduce en la práctica en una reducción del 90% del aval, puesto que el contrato de concesión es por 10 años. En lugar de aportar más de 200 millones, las empresas solo tienen que proveer 28 millones de euros.

El auto del tribunal afirma que en el caso "aprecia que, efectivamente, concurren 'circunstancias de especial urgencia' en orden a resolver la medida cautelar". Lo que justifica la adopción de esta medida cautelar es "el devenir de los acontecimientos, fundamentalmente la ya inmediata adjudicación de los contratos anunciada por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid", añade. El TSJM considera que la modificación en la garantía que pide el Gobierno regional a las empresas "pudiera exceder del ámbito de rectificación de un simple error material, siendo evidente que la cuantía de la fianza contractual varía sustancialmente según sea del 5% del importe total de adjudicación del contrato (diez años de ejecución) o del importe anual (deduciblemente con referencia al primer año)".

Este hecho, la reducción en hasta un 90% del aval, "podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas por el importe de la garantía definitiva según la convocatoria posteriormente rebajado por vía de 'corrección de errores', y afectaría a las penalidades contractuales de las que en su caso hubiera de responder la garantía definitiva, con las consecuencias y efectos para los intereses generales que se mencionan por la parte solicitante de la medida cautelar", concluye el tribunal en los fundamentos de derecho del auto.

Ya a principios de junio el responsable de Sanidad del PSM, José Manuel Freire, empezó a denunciar públicamente las correcciones que la Consejería de Sanidad había estado haciendo hasta el último momento a los pliegos del concurso para la privatización de la gestión de los seis hospitales, que interpretaba como un intento de mejorar las condiciones para evitar la falta de ofertas. En concreto, subrayó la modificación en el importe de la garantía, que suponía reducirla a una décima parte. La Consejería de Sanidad respondió entonces a este diario, por escrito, lo siguiente: “El objetivo siempre ha sido que el importe fuera anual, que es una cantidad suficientemente considerable para cubrir las garantías” Y añadió: “Siempre en la concesión de contratos públicos, la cuantía es anual. Se ha aclarado una duda para evitar una interpretación no acorde con lo que se pretendía expresar en los pliegos”.

El Consejo de Gobierno de la semana pasada aprobó la propuesta de adjudicación de los seis centros, con la que la Comunidad de Madrid espera ahorrar 169 millones de euros. Sin embargo, los contratos de concesión aún no están firmados. El Consejo aprobó adjudicar a Ribera Salud centros Infanta Leonor de Vallecas y del Sureste de Arganda del Rey; para Bupa Sanitas el Hospital de Henares de Coslada; y para el grupo puertorriqueño Hima San Pablo el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y los hospitales Infanta Cristina de Parla y el del Tajo de Aranjuez.

El proceso por vía contencioso administrativa se suma a la querella por vía penal que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) tiene presentada en un juzgado madrileño. Ha sido admitida a trámite y dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos de la Consejería están citados a declarar con su abogado en septiembre próximo.

Un proceso muy judicializado

La privatización de la gestión de seis hospitales públicos en Madrid, anunciada en octubre pasado, ha generado una cascada de denuncias y recursos que se acumulan en los juzgados madrileños.

PSOE. Solo el Partido Socialista tiene cuatro procedimientos abiertos. El Tribunal Constitucional admitió a trámite en abril el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE —50 senadores— contra la privatización de la sanidad madrileña. Además, esta formación tiene un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ayer decidió darle la razón y suspender cautelarmente el proceso de adjudicación de los hospitales. También el juzgado de lo contencioso-administrativo número 8 de Madrid está estudiando un recurso. Ayer mismo solicitó a la Consejería de Sanidad que se pronuncie en el plazo de 10 días sobre una de las medidas cautelares solicitadas por el PSOE para frenar este proceso. Finalmente, los socialistas están personados en una querella en el juzgado de instrucción número 4. El viernes pasado solicitaron al juez en un escrito ampliar la querella criminal contra Patricia Flores, viceconsejera de Sanidad ya imputada, a la que acusan de un delito de prevaricación y de negociaciones prohibidas a funcionarios por haber firmado la corrección de errores que reduce en un 90% el aval a las empresas.

Afem. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) presentó una querella en el juzgado de Instrucción número 4 de Madrid por delitos como prevaricación y malversación de caudales públicos en la primera fase de la privatización madrileña, la de los hospitales de Valdemoro, Torrejón y Móstoles. El juez ha admitido a trámite la querella y ha citado con abogado, es decir, en calidad de imputados, a dos exconsejeros y dos altos cargos de Sanidad, entre otros. Afem también ha presentado un contencioso administrativo en el juzgado número 9 de Madrid.

Amyts. El sindicato de médicos Amyts tiene otro contencioso administrativo presentado en el juzgado 32 de la capital.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/10/madrid/1373456302_527898.html

IGNACIO GONZÁLEZ: “PERMITIRÍA FUMAR EN EUROVEGAS”

• El presidente madrileño señala que el fisco le devolverá "cerca de 1.000 euros"

• Admite que apenas usa el transporte público, solo "para ir a los toros"

Imagine, por un casual, que se encuentra con algún político a la salida del Metro o que al ir a tomar el vermú del mediodía comparte barra con él. ¿Qué le preguntaría? Y lo más importante: ¿cree que le respondería con naturalidad? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez?

Alrededor de 30 madrileños han tenido esta mañana la posibilidad de salir de dudas en un encuentro —previsto, eso sí— con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El líder regional ha sido el encargado de inaugurar el espacio de debate y análisis Madrid Futura de Radio Madrid, con el que la Cadena SER pretende encontrar soluciones futuras a problemas actuales de la capital. Y respondiendo a esa segunda pregunta: no; el político no se ha bajado de su atril. Todo lo contrario. Y no ha sido porque el público, de amplio espectro social, no lo haya intentado a lo largo de los casi 55 minutos que ha durado el debate.

Durante la charla ha habido hachazos. Pescozones. O breves recordatorios de oscuras tramas y áticos con vistas a la Agencia Tributaria. Pero González ni siquiera se ha desabrochado el nudo de la corbata de su traje. Relajado y con una postura corporal que denotaba autosuficiencia, el político ha respondido a las preguntas de los oyentes con evasivas, a veces, y otras con la habilidad de quien lleva 20 años dedicado a colocar un determinado mensaje entre los ciudadanos.

Instantes antes de comenzar, el líder regional tragaba agua al escuchar en el boletín informativo, previo al debate en la SER, la noticia del juicio a Carlos Fabra, ex compañero de su partido (PP), por fraude fiscal y otros delitos. Tal vez en previsión de las preguntas que tendría que aclarar durante su intervención. Aunque fue un puro espejismo ya que en ningún momento se le ha atragantado el encuentro al presidente madrileño. Para empezar, González ha revelado que no lleva dinero en los bolsillos porque le molesta tener la cartera metida y que si es necesario tira de tarjeta. Según ha admitido, la declaración de la renta de este año le saldrá, presumiblemente, negativa y Hacienda le devolverá "cerca de 1.000 euros". El político también ha reconocido que apenas usa el transporte público —“No sé cuál es la parada más cerca de la Asamblea de Madrid”, ha dicho—, aunque sí se desplaza en Metro "para ir a los toros".

Pilar, del colectivo de los yayo flautas, ha sido una de las que más clara tenía su pregunta, con pellizco incluido: “Usted, que ni siquiera ha sido elegido, está desmantelando el Estado del Bienestar, ¿por qué no dejan de hacerlo?”. Ante lo cual, el presidente de la Comunidad ha tirado de manual: “Yo tengo toda la legitimidad democrática porque lo que se eligen son listas electorales y yo iba en esa lista. Pero ya que lo comenta, le diré que mi partido está a favor de un modelo que garantice mayor proporción y una elección más directa”. Después, y con una sonrisa que recordaba a la de su antecesora en el cargo, Esperanza Aguirre, el mandatario ha apostillado: “¿Desmantelar? ¡Todo lo contrario! Mi partido está garantizando el Estado del Bienestar y los servicios públicos. No hemos quitado nada. Y sí hemos introducido la excelencia, más becas, el bilingüismo; estamos mejor que otras comunidades en los estudios de PISA o la OCDE… y tenemos 12 hospitales nuevos, 80 nuevos centros de salud. Esta misma mañana he inaugurado, sin ir más lejos, un nuevo centro sanitario en Rivas, que empezará a funcionar este viernes y que atenderá a cerca de 12.000 pacientes”.

El debate más enconado se ha producido entre el presentador del acto y jefe de contenidos de Cadena SER Madrid, Javier Casal, e Ignacio González a costa de la externalización de servicios médicos. El primero le ha reprochado al segundo la posibilidad de que las empresas que asuman la gestión de los tres hospitales que la Comunidad ha sacado a concurso antepongan el interés particular, al general. “De ninguna manera”, ha terciado el presidente regional, “y si así lo hacen se les sancionarán. No creo que el 50% de médicos que trabajan a la vez en el sector público y privado tengan unos intereses por el día y otros por la tarde”, ha afirmado visiblemente molesto.

Muchos de los oyentes le han trasladado al presidente de la Comunidad casos personales como Rosana, una peruana que le ha contado cómo le retiraron la tarjeta sanitaria a su madre, o Alejandro, médico adjunto en el área de cardiología del Hospital Gregorio Marañón; este último ha denunciado la situación de inestabilidad laboral de su colectivo. “No conozco su caso personal, pero la ley estatal garantiza el derecho de asistencia sanitaria a los inmigrantes legales y a los ilegales en casos crónicos o embarazos y a los menores”. O en otro formato: “Para acceder al sector público hay que pasar una oposición; desconozco si usted se ha presentado y ha aprobado…”.

El encuentro ha recordado por momentos a esos partidillos en los que un grupo de aficionados trata de quitarle el balón a un jugador profesional, que se lo enseña y acto seguido lo esconde. Casi al final del acto, Elisa, de Alcorcón, ha tratado de llevar a su terreno a su contrincante preguntándole por el proyecto de Eurovegas. “¿Cree que verá la luz?”, le ha preguntado a González. “Yo creo que sí”, ha especulado el líder regional. “Y también estoy a favor de que se fume, lo permitiría”, ha abundado.

“Su nombre ha aparecido relacionado con el caso Gürtel’, en asuntos de espionaje y su ático levanta suspicacias. ¿Confiaría usted en un político sobre el que pende esta sombra de sospecha?”, le ha espetado Fernando, otro oyente, al final del encuentro. Pero de nuevo, el mandatario madrileño ha mostrado su cintura política. Tras recordar los detalles de la compra de su ático —“el problema fue del propietario que no había actualizado la última transferencia; después me concedieron el crédito”— González ha colocado la pelota en otro tejado: el judicial. “Dejar sombras de sospecha es relativamente sencillo y hay que ser cuidadosos. La Justicia no puede tardar años en abordar este tipo de situaciones o que pasen cuatro, cinco o seis años en que se juzguen estas situaciones. Yo mismo fui espiado en 2009 y tengo a cuatro detectives denunciados y aún sigo esperando a que se instruya la causa”, ha concluido.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/25/madrid/1372165594_142729.html

UN JUZGADO PONE BAJO LA LUPA LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA DE MADRID

Imputados dos exconsejeros al admitirse a trámite una querella por malversación y prevaricación

El magistrado pide exhaustiva información mercantil y económica

El juzgado de Instrucción número 4 de Madrid investigará el proceso de privatización de la gestión hospitalaria que inició el Gobierno regional tras la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia en 2003. Y, a juzgar por la extensa lista de información de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa que solicita el juez, lo hará de manera exhaustiva. El magistrado Marcelino Sexmero ha admitido a trámite la querella presentada por la asociación de médicos Afem, una de las organizaciones más activas en la marea blanca de protesta contra la privatización sanitaria, por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros. Además, ha citado a declarar como imputadas a nueve personas: dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos, y cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas.

La querella —un texto de 86 páginas más 70 anexos de documentación elaborado por un bufete de abogados cuyos gastos se pagan gracias a una colecta masiva entre los sanitarios madrileños— señala las posibles irregularidades cometidas durante la primera oleada de privatizaciones, que dio como resultado la apertura de los hospitales gestionados enteramente por empresas de Valdemoro, Torrejón de Ardoz y Móstoles (entre 2007 y 2011). Los querellados son los dos exconsejeros de Sanidad de ese periodo, Manuel Lamela y Juan José Güemes, y dos altos cargos, Patricia Flores (actualmente número dos de la consejería) y Antonio Burgueño, director general de Hospitales. El juez también cita con abogado al gerente de la Fundación Jiménez Díaz (centro privado concertado) y a los responsables de Capio (que recientemente cambió su denominación comercial a IDC Salud), Ribera Salud, Unilabs y Asisa.

“Se trata de una maniobra política más del Partido Socialista y de su sindicato afín”, afirmó este viernes el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty en unas declaraciones grabadas y difundidas por su Gabinete. “Es un acto puramente de trámite”, añadió. Capio y Ribera Salud declinaron comentar las imputaciones.

El auto judicial llama a declarar a cuatro testigos, también altos cargos de Sanidad pero de perfil más técnico, y requiere información detallada. Pide, por ejemplo, al Registro Mercantil que identifique a los accionistas o socios de empresas relacionadas con Capio (ahora IDC Salud), la empresa líder en gestión privada de sanidad pública en Madrid: Capio Sanidad S. L., Desarrollos Empresariales Piera, S. L. y Poitiers Develops, S. L. También dirige una comisión rogatoria a Luxemburgo para que sus autoridades informen de los accionistas, socios y apoderados de HC Investments BV, la empresa con la que termina el rastro de compañías accionistas de Capio en el Registro Mercantil español.

Los denunciantes destacan las vinculaciones entre cargos políticos y las empresas que se han beneficiado del proceso

La querella presentada por los médicos insiste en los aspectos económicos, en concreto en “la negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros”. Según los contratos, los hospitales de gestión privada son penalizados si los pacientes que tienen asignados acuden a tratarse a otros centros de la red pública. Los médicos aseguran que la Consejería de Sanidad no disponía hasta el pasado mes de abril de mecanismos de control de esa facturación intercentros, por lo que dudan de que la Administración pública estuviera realmente cobrando esas asistencias a las empresas.

El magistrado requiere a los gerentes de 13 hospitales, de gestión pública y privada, la facturación intercentros detallada de los años 2010, 2011 y 2012. Se trata de información que los partidos de la oposición en el Parlamento regional han solicitado a la Consejería de Sanidad, pero que esta no ha divulgado o no lo ha hecho de forma desglosada. Ese detalle es el que ahora requiere el juez. A los centros de gestión privada (Fundación Jiménez Díaz, Valdemoro, Móstoles y Torrejón), por ejemplo, se les pide “la relación circunstanciada de pacientes asignados a sus áreas” atendidos en otros centros.

Estos datos son muy relevantes para los múltiples recursos que se acumulan en los juzgados contra el proceso privatizador actual de seis hospitales inaugurados en 2008. Tanto Afem como los partidos de la oposición aseguran que la cápita (dinero que paga la Administración a la empresa por paciente y año) que ha establecido el concurso es superior al coste real que suponen ahora estos centros para el erario público, por lo que no existiría ningún ahorro, más bien al contrario, en su paso a manos privadas. La facturación intercentros es básica para conocer el presupuesto real que manejan estos hospitales. Afem también denuncia “el trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes” hacia clínicas concertadas mediante engaño a través del sistema centralizado de citas de Sanidad.

El PP destaca que los hospitales externalizados logran un 95% de satisfacción de sus pacientes

La querella se detiene asimismo en los casos de puerta giratoria en la sanidad madrileña. Los dos exconsejeros de Sanidad tienen o han tenido intereses en la sanidad privada tras abandonar sus cargos. Güemes renunció en enero pasado a su puesto en la empresa Unilabs tras conocerse que esta poseía los laboratorios de análisis clínicos que se privatizaron durante su mandato. Lamela acumula cargos en empresas y fundaciones dedicadas a la sanidad como negocio. Antonio Burgueño, nombrado por Güemes en 2008, trabajó durante años para empresas del sector. Por ejemplo, asesoró a Capio en la apertura del primer hospital que copiaba en Madrid el controvertido modelo Alzira, en 2007.

Patricia Flores fue directora general de Atención Primaria con el exconsejero Juan José Güemes. Fue nombrada viceconsejera de Asistencia Sanitaria en sustitución de Ana Sánchez, que dejó el cargo cuatro meses después de la llegada de Lasquetty. Actualmente es la segunda persona con más poder en la Consejería de Sanidad madrileña. El año pasado una frase suya sobre la atención a los pacientes crónicos motivó una gran controversia en la Asamblea de Madrid. Antonio Burgueño es director general de Hospitales desde 2008. Unos días después de que lo nombrara Juan José Güemes dejó su acta de concejal por el PP en un pueblo de Toledo. Es un profesional muy conocido en el ámbito de la sanidad privada porque trabajó para la aseguradora Adeslas y puso el marcha en hospital de Alzira, en Valencia, el centro que inauguró el modelo sanitario de gestión privada que ahora está impulsando la Comunidad de Madrid.

Uno de los múltiples aspectos presuntamente delictivos que menciona la extensa querella de Afem son las vinculaciones entre cargos políticos y empresas privadas que se han beneficiado con el proceso de privatización. Los dos últimos exconsejeros de Sanidad madrileños, Manuel Lamela y Juan José Güemes, tienen o han tenido intereses en la sanidad privada. Manuel Lamela estuvo en el cargo entre 2003 y 2007, cuando le salpicó el escándalo del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2010 creó la mercantil Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones. Ahora preside la Fundación Lafer y acumula puestos en fundaciones y sociedades mercantiles dedicadas a la sanidad como negocio. Forma parte, entre otras cosas, del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona todos los servicios de gestión privada del hospital del Tajo en Aranjuez, que se licitó mediante una concesión de la Comunidad de Madrid por 270 millones de euros a 30 años. El propio Lamela inauguró el hospital que ahora gestiona la empresa en la que trabaja.

En enero pasado, Juan José Güemes —en el cargo entre 2008 y 2010— renunció a su puesto en la empresa de análisis clínicos Unilabs después de que se conociera que esta firma compró en noviembre pasado el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) que realiza los análisis clínicos de seis hospitales públicos. Se da la circunstancia de que Güemes formaba parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa, que suponía la privatización de los laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes. La Consejería de Sanidad decidió en 2008 que las pruebas analíticas las gestionara una empresa, y sacó un concurso para adjudicar el servicio durante ocho años, con posibilidad de prórroga hasta 10. Ofreció 173 millones de euros. Se trataba de centralizar los análisis de los seis hospitales recién inaugurados en la región, los mismos cuya gestión ha aprobado ahora privatizar el Gobierno regional. Finalmente, la UTE liderada por Ribera Salud ganó el concurso al ofrecer 125 millones, un precio que la Asociación de Profesionales de Laboratorios Públicos (Aprolap) consideró “temerario” por ser excesivamente barato. Un año después la Consejería de Sanidad cerró tres laboratorios públicos para ceder las pruebas analíticas que realizaban a la UTE ganadora.

Juan José Güemes ha asegurado este mediodía a EL PAÍS que no ha recibido ninguna notificación oficial y que prefiere no hacer declaraciones hasta que pueda leer el auto judicial.

Los médicos denuncian que hospitales de gestión privada "atraen pacientes de otras áreas de protección, a través del denominado Call Center fundamentalmente de hospitales públicos de gestión directa por el SERMAS, viniendo obligados estos últimos a pagar la prestación sanitaria realizada. La elección del centro en ocasiones ha sido voluntaria por parte del paciente, pero en otras se ha producido coacciones o engaños", según recoge el auto del juez. Este diario relató en enero pasado cómo médicos, administrativos del sistema público y pacientes denuncian el sistema de derivaciones a clínicas privadas de la Consejería de Sanidad. Aseguran que ofrece información engañosa con la que se “presiona” a los usuarios para que acepten operarse en privadas a las que la Administración paga por esos procedimientos.

Para Fernández-Lasquetty, la admisión de la querella no significa "ningún tipo de decisión", sino simplemente que el juez "lo va a examinar; es un acto puramente de trámite". Recordó que se trata de "hospitales públicos que llevan ya años atendiendo a miles de madrileños", en Torrejón, Valdemoro y Móstoles, y lo están haciendo con "un extraordinario nivel de calidad y una satisfacción de más del 95%" de los usuarios. "Por tanto son hospitales que están cumpliendo muy bien su labor al servicio de sanidad pública madrileña", subrayó, antes de añadir que en el "momento en que fueron licitados y sometidos a concurso para su construcción, se hizo con arreglo a los principios de la ley, con toda transparencia y toda legitimidad".

El auto del magistrado Sexmero admite la personación de cuatro diputados del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid que ejecutarán la "acción popular". En cambio, el juez rechaza la medida cautelar que le pedía Afem en la querella: la suspensión y paralización general del proceso de privatización.

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha instado este viernes a la Comunidad de Madrid a que paralice el proceso de "privatización y desmantelamiento" de la sanidad pública tras la admisión de una querella sobre posibles irregularidades en la externalización de servicios sanitarios desde 2004. El diputado de IU de la Asamblea de Madrid Rubén Bejarano ha pedido al presidente regional, Ignacio González, "paralizar de forma urgente el proceso de privatización de los seis hospitales madrileños a la vista de que el Juzgado Número 4 ha admitido a trámite la querella contra la cúpula que inició la privatización de la sanidad en el año 2003".

Un vuelco en 10 años

La sanidad pública madrileña dio un vuelco con la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno regional, en 2003. Encontró una veintena de hospitales de gestión enteramente pública y hoy casi uno de cada tres es de gestión privada, total o parcialmente.

2007. Aguirre inaugura el hospital Infanta Elena, en Valdemoro, el primer centro que copiaba en Madrid el modelo Alzira de concesión administrativa, la fórmula usada en las autopistas.

2008. Se inauguran siete hospitales de gestión mixta público-privada: Henares (Coslada), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Sureste (Arganda del Rey), Del Tajo (Aranjuez), Infanta Leonor (Vallecas) y Puerta de Hierro (Majadahonda).

2011. Abre el hospital de Torrejón de Ardoz, de gestión enteramente privada.

2012. Se inaugura el hospital Rey Juan Carlos, de Móstoles, también de gestión privada.

Previsto para 2011, el hospital de Collado Villalba está terminado y cerrado. Cuesta 900.000 euros al mes.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/21/madrid/1371816992_972840.html

CINCO DIPUTADOS DEL PSM EXPULSADOS POR LLAMAR A GONZÁLEZ “CORRUPTO”

Echeverría echa a Quintana, Fernández Gordillo, Laura Oliva, Teresa González y Carla Antonelli

Enlazando una bronca con la otra, cinco diputados socialistas, en este caso José Quintana, Antonio Fernández Gordillo, Laura Oliva, Teresa González Ausín y Carla Antonelli, han sido expulsados por segundo pleno consecutivo esta tarde de la Asamblea de Madrid tras referirse a Ignacio González como "corrupto". La semana anterior Maru Menéndez, secretaria de Organización de los socialistas madrileños, fue suspendida por un mes —lo que incluye también el sueldo y la cotización a la Seguridad Social— tras referirse al presidente de la Comunidad como "presidente corrupto".

En concreto, los cinco han formulado la siguiente frase: "Cualquiera que lea el informe de la IGEA [Intervención General del Estado], solo puede llegar a la conclusión de que el presidente de la Comunidad es un corrupto". En privado, un grupo notable de diputados socialistas no ha respaldado la estrategia de su partido. No obstante, la estrategia del grupo parlamentario fue aprobada por "unanimidad" esta mañana, pero no se dio detalles a los parlamentarios. Solo que se iba a actuar "con dureza" . Los diputados que tenían una intervención la conocieron por una "hoja de instrucciones" que les facilitó José Quintana (portavoz adjunto) o Rosa Alcalá, secretaria de Administración de los socialistas madrileños. Se hizo así para evitar filtraciones.

El presidente del Parlamento madrileño, José Ignacio Echeverría, ha aplicado a Quintana, Gordillo y Oliva, González y Antonelli el artículo 135 del reglamento de la Cámara, que le sanciona con no poder entrar en el pleno únicamente en la sesión de hoy. "Los diputados y los oradores serán llamados al orden cuando profirieren palabras o vertieren conceptos contrarios a las reglas de la cortesía parlamentaria; cuando en sus discursos faltaren a lo establecido para la buena marcha de las deliberaciones; cuando, con interrupciones o de cualquier otra forma, alterasen el orden de las sesiones; cuando, habiéndoles sido retirada la palabra, pretendieran continuar haciendo uso de ella; Al diputado u orador que hubiere sido llamado al orden por tres veces durante una misma sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera, le será retirada la palabra por el Presidente. Si el diputado u orador persistiera en su actitud, podrá ser sancionado en la forma prevista en el artículo 31", reza el artículo.

"Señor Quintana, le llamo al orden y le pido que retire ese adjetivo. Si no lo hace le expulsaré del pleno. Lo que están haciendo es meter confusión y porquería, esa es la realidad. Si no lo retira tomaré medidas drásticas", ha intervenido Echeverría en cuanto ha escuchado la alusión de "corrupto" a González. Al no hacerlo, el presidente de la Cámara le ha conminado a abandonarla. "Esto no tiene sentido si no es una estrategia. Pido que esto no vuelva a ocurrir. Si es necesario que este presidente se quede solo, se queda solo. Les ruego que no tenga que tomar estas decisiones", ha observado Echeverría en ese momento.

Así ha sido, mientras José Manuel Franco, del PSM, le reprochó que "con el reglamento en la mano" no podía llamar al orden a Quintana, "y muchísimo menos expulsarle por lo que ha dicho". Mientras las bancadas popular y socialista se encaraban, los parlamentarios de Izquierda Unida y de UPyD guardaban silencio y no perdían detalle del espectáculo. "El PSM se ha echado al monte... No teníamos que haberles seguido el juego la semana pasada al abandonar en protesta la sesión tras la expulsión de Maru Menéndez. Las instituciones están para lo que están, y la calle. Cada tipo de reivindicación tiene su espacio", reflexionó un alto cargo de IU.

Crispación en la Asamblea

Tras Quintana llegó la intervención de otra diputada socialista, Amparo Valcarce, que también se refirió a González de la misma guisa. Valcarce se libró de la expulsión porque sus palabras se produjeron fuera de micro. Con esa percha, pese a haber dicho la palabra maldita, Echeverría hizo oídos sordos. Con quien no pudo evitarlo ha sido con Gordillo. "¡El presidente de la Comunidad de Madrid es un corrupto!", exclamó con voz de barítono el parlamentario, al que se oyóo hasta fuera del hemiciclo. "Este reglamento sirve para unos y no para otros. Lo que no se puede es callar la labor de ningún diputado, estén aquí [PSM] o allí [PP]", ha denunciado. A continuación ha abandonado la sala.

Como no hay dos sin tres, Laura Oliva siguió a Quintana y Gordillo. "Estamos aquí para fiscalizar al Gobierno, no es democrático expulsar a mis compañeros Maru Menéndez, José Quintana y Antonio Fernández Gordillo... Cualquiera que lea el informe de la IGEA, solo puede llegar a la conclusión de que el presidente de la Comunidad es un corrupto". Echeverría le pidió también que rectificara, y Oliva le repllicó que no lo haría y reiteró "hasta tres veces" la condición que tiene del presidente regional. En este momento, el consejero de Sanidad y ex responsable de FAES, el thinktank ideológico del PP, no se aguantó y le dijo a los diputados socialistas: "¡Siguen con disciplina ciega, propia de maoístas, esta estrategia!".

"Nuestras expulsiones corroboran la ley de la mordaza que el PP está imponiendo en la Asamblea de Madrid. Tan solo pedimos que González dé explicaciones en el hemiciclo al igual que lo ha hecho por ejemplo Alberto Núñez Feijóo en el Parlamento gallego por su relación con el narco Dorado o el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Griñán, por el caso de los ERE", apuntó Quintana. El portavoz adjunto socialista añadió que su partido irá al Tribunal Constitucional "para denunciar" la suspensión de Menéndez.

Poco después de las 21.30, Teresa González, volvió a repetir las mismas palabras que sus tres compañeros. También fue expulsada. A las 22.14, le llegó el turno a parlamentaria socialista Carla Antonelli. A la calle también por lo mismo. Gregorio Gordo, de IU, lo definió así anoche: "Lo que ha pasado es la reproducción del circo de tres pistas, y también me ha recordado al comando suicida de La Vida de Brian que va a rescatar a los crucificados y se mata delante de ellos. Pero claro, La Vida de Brian me gusta como película, no como argumento político". El portavoz de IU añade que presentarán un escrito de reconsideración a la sanción a Maru Menéndez, y que si no se revisa se aplique el mismo castigo a González, que a su vez la llamó "corrupta"

Por su parte, el portavoz del PP, Íñigo Henríquez de Luna, manifestó: "Cuando uno no tiene la gallardía, cuando interviene en esta Cámara, de decir lo que obliga a decir a los diputados subalternos de su grupo, esa persona no tiene ningún respeto, señor Gómez, ni ninguna dignidad. Sea usted más valiente, sea usted más hombre y dé la cara y diga lo que obliga a decir a sus diputados. No tiene usted ni vergüenza ni dignidad".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/16/madrid/1368721621_689788.html

EL PRESIDENTE DE MADRID ABOGA POR VETAR LA PUBLICACIÓN DE FOTOS COMO LAS DE FEIJÓO

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González ha asegurado en una entrevista en esRadio que es partidario de establecer "límites" a la hora de las publicaciones de los medios de comunicación porque hay que "cuidar" el "daño" que se hace a personas e instituciones. "Estamos en una situación en la que vale todo a efectos de publicación en los medios de comunicación", se ha quejado. Para González, el hecho de que Feijóo hace 20 años tuviera una relación con una persona que luego resultó estar implicada "en operaciones de narcotráfico no aporta nada desde el punto de vista de la legalidad y su actividad política". Sin embargo, ha añadido que "le está produciendo un daño social en medio de la opinión pública" que, en su opinión, "no tiene que ver con sus responsabilidades políticas". "No es aceptable ni admisible, tiene que haber un límite", ha insistido.

Y es que, en su opinión, quien ve ahora esos titulares y las fotografías publicadas piensa que Feijóo ha tenido una relación ahora. "Deberíamos establecer un límite porque el daño que eso produce a las personas y a la institución se tendría que cuidar", ha finalizado. La Asociación de la Prensa de Madrid ha apuntado que la legislación actual ya impone unos límites “suficientemente claros” a la libertad de expresión y al derecho de información y rechazó cualquier intento “de imponer la opacidad”.

Horas después de sus llamativas declaraciones, González las puntualizó. “Vaya por delante que la libertad de expresión y la de información son derechos constitucionales que respeto y están ahí. No me refería a eso”, se corrigió. “Se me ha preguntado por unas fotos de Feijóo con una persona que muchos años después resultó condenada, y lo que he planteado es que muchas veces eso produce un daño enorme desde el punto de vista de la opinión pública. [Dorado] no ha tenido ninguna relación desde el punto de vista político o de la gestión de Feijóo”, argumentó. En el momento de las fotos Marcial Dorado era un conocido contrabandista de tabaco en Galicia.

También la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que se está "atacando" a Alberto Núñez Feijóo por ser un "gran presidente" de la Xunta de Galicia y ha insistido en que "ha explicado todo lo que tiene que explicar" en relación con las fotografías publicadas en las que aparece con el narcotraficante.

En una entrevista concedida a la cadena SER, Pastor ha calificado de "absolutamente injusto lo que se está haciendo, señalando con el dedo a Feijóo" y ha añadido que el presidente gallego "no conocía nada de ese señor que fuera reprochable". "No lo conocía y, cuando conoció que había cosas que podían ser reprocharles o que podía estar en actividades no lícitas, no tuvo más relación con este señor. Como conozco a Feijóo, sé que es una persona honorable, sé que es una persona íntegra. Creo al señor Feijóo en todo lo que ha dicho", ha manifestado. En este sentido, la titular de la cartera de Fomento, ha recordado que tiene "mucha relación" con Núñez Feijóo. "Para mí es un gran presidente de la Xunta de Galicia. A lo mejor precisamente en eso lleva la penitencia, en que es un gran presidente y a lo mejor se le ataca por eso. Me parece una persona honorable y desde luego que dice la verdad", ha subrayado

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/04/actualidad/1365067516_499917.html?rel=rosEP

IGNACIO GONZÁLEZ DECLARÓ EN 2011 UNOS INGRESOS BRUTOS DE 112.725 EUROS

Del total, 104.000 son de su sueldo como vicepresidente y el resto, trienios como funcionario

Tiene 36.361 euros en depósitos y acciones, dos créditos por 212.500 euros y dos coches

Los políticos han entrado en una carrera desenfrenada por la transparencia. El último golpe de efecto lo ha dado el presidente de la Comunidad, Ignacio González. Justo el día antes de que se debatan en la Asamblea de Madrid dos iniciativas del Partido Popular para publicar en la web del Parlamento autonómico las declaraciones de bienes y remuneraciones de los 129 diputados regionales, así como de los altos cargos del Ejecutivo madrileño (consejeros y viceconsejeros), González ha publicado esta mañana en la web del Gobierno su declaración de la renta de 2011 y una copia notarial, fechada el 12 de febrero de 2013, de su declaración de bienes.

"No he querido esperar a que salgan adelante", ha aseverado González durante un acto matutino. Los trámites asamblearios impiden que hasta abril o mayo se vayan a publicar en internet el patrimonio y salarios de sus señorías. "Voy a hacerlo público de acuerdo a los modelos establecidos: una certificación de la Agencia Tributaria de sus ingresos y el documento notarial", ha especificado González.

Según los documentos, González declaró un total 112.725,54 euros, tiene 36.361 euros en depósitos y acciones, dos coches -un Toyota Land Cruiser y un Smart-, un seguro de vida de 120.000 euros y dos créditos hipotecarios de 212.500 euros. La semana pasada -en la que se trataron dos propuestas, del PSOE y de UPyD, para aportar claridad a las cuentas de los parlamentarios regionales- González anunció que facilitaría estos datos, como ya hizo Mariano Rajoy, en respuesta al caso Bárcenas. Antes de que estallara este escándalo de presunta corrupción, González era cuestionado por la compra de un ático de lujo que investiga una juez de Estepona (Málaga). Precisamente esta es una de las dos hipotecas que tiene.

Del total declarado, 104.000 correspondieron a su sueldo como entonces vicepresidente regional —el pasado 27 de septiembre fue nombrado presidente tras la dimisión de Esperanza Aguirre 10 días antes— y el resto, 7.797 euros, a trienios que recibe como funcionario del Ayuntamiento de Madrid. González accedió en 1984 por oposición a una plaza del Cuerpo Técnico Superior del Consistorio. "Los trienios los cobra porque el Estatuto de la Función Pública así lo permite, aunque no ocupe esa plaza de funcionario. No cobra lógicamente el sueldo ni los complementos, pero sí los trienios, porque en su caso se trata de una excedencia forzosa, y la antigüedad se sigue computando", explican desde la Comunidad.

En cuanto a los 36.361 euros en depósitos, 11.761 están en cuatro sociedades que cotizan en Bolsa (Fadesa Inmobiliaria, Iberdrola S.A, Repsol YPF y Bankia) y otros 24.600 en depósitos bancarios en Caja Madrid, Bankinter y Barclays. Además, participa en dos empresas que no cotizan en Bolsa, una de ellas, Subastas Segre, con 391 acciones, de la que su esposa, Lourdes Cavero -también es vicepresidenta de la patronal madrileña- es una de las propietarias.

De los créditos, el primero es por 77.500 euros, fue concedido por Bankinter y corresponde a su vivienda del barrio de Aravaca, que donó a su familia en julio de 2009. El segundo fue firmado con La Caixa por 135.000 euros y a 20 años. Con este crédito, adquirió el 20% del ático de lujo que, según asegura González, alquilaba en Málaga hasta que pasó a ser de su propiedad el 18 de diciembre de 2012. El 80% restante de la vivienda, que costó 770.000 euros, pertenece a su esposa, Lourdes Cavero, vicepresidenta de la patronal madrileña, con la que tiene régimen de separación de bienes. Cavero, que cobra un salario de la CEIM, recibió una indemnización por despido de 700.000 euros tras haber trabajado 26 años en Unesa, la patronal del sector eléctrico, en julio de 2011, según fuentes cercanas al matrimonio.

Poco antes del anuncio de la compra se supo que la vivienda de Guadalmina, cercana a Marbella, estaba siendo investigada por María Peregrina, juez de Estepona. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ordenó a la Agencia Tributaria que averiguara quién era el propietario del inmueble. Se trata de un dúplex de lujo de casi 500 metros cuadrados que cuenta con piscina propia, spa y jacuzzi en la planta superior. Está en la urbanización Alhambra del Golf de Guadalmina, cerca de Marbella. Hasta la compra por parte de González, figuraba como propietaria la empresa Coast Investor LLC, una sociedad de Delaware (Estados Unidos).

El destape de González se produce un día antes del último pleno de mes de la Asamblea de Madrid. Este jueves los cuatro partidos del hemiciclo votarán a favor de la toma en consideración de las dos proposiciones de ley registradas por el PP para la publicación de las declaraciones de bienes y sueldos de los altos cargos del Gobierno madrileño y de los diputados regionales. Los socialistas madrileños han apuntado que, aunque respaldarán la iniciativa -la vienen reclamando desde hace años-, también creen necesaria una comisión en la que se recojan los 59 puntos que reclamaron en el pleno de la semana pasada para alcanzar un "acuerdo marco".

"Pedimos que se constituya una ponencia de trabajo el seno de la Comisión de Estatuto y Reglamento de la Asamblea de Madrid que reflexione y que trabaje seriamente sobre todo el conjunto de las propuestas para mejorar la democracia. Pongamos a prueba de verdad nuestra voluntad de acordar constituyendo en el seno de esa Comisión una ponencia de trabajo y, por lo menos, vamos a darnos a nosotros mismos la oportunidad de llegar a acuerdos o entendimientos que garanticen además la estabilidad del funcionamiento democrático de esta casa, sea cual sea la relación de fuerzas que se puedan producir en las futuras elecciones venideras", planteó Juan Barranco.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/20/madrid/1361359299_351507.html

GONZÁLEZ PUBLICARÁ SU RENTA, PERO SE OPONE A LA "CAZA Y CAPTURA" A POLÍTICOS

  • Defiende que el PP dé una respuesta "nítida y clara" a las acusaciones de corrupción

  • Gómez opina que "ha necesitado arreglar algunas escrituras" antes de declarar sus bienes

Ignacio González publicará en los "próximos días" sus declaraciones de renta y de bienes y actividades, como hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque se ha mostrado contrario a la actual "caza y captura" a los políticos. Justo antes de que estallara el caso Bárcenas, González era cuestionado por la compra de un ático de lujo que investiga una juez de Estepona (Málaga).

"Yo si lo voy a hacer y espero que lo hagan todos", ha señalado el presidente madrileño también secretario general del PP de Madrid en un foro de esta formación política en Parla mientras su partido ponía en marcha en Twitter la campaña #quelaenseñeRubalcaba. A renglón seguido, ha advertido que no es "admisible" que los políticos estén sometidos al escrutinio como si fuesen una "especie sospechosa". "Esa caza y captura porque sí no es razonable", ha insistido, aunque ha indicado no obstante que iniciativas de "transparencia" como la publicación de las declaraciones de la renta ayudarán a superar la desconfianza en la clase política.

Al respecto, el líder del Partido Socialista en Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha dicho que González "ha necesitado un tiempo para terminar de arreglar algunas escrituras de algunos áticos de lujo en Marbella para poder hacer pública su declaración de bienes". "Le ha costado trabajo", ha dicho Gómez, al explicar que González fue instado en "una veintena de ocasiones" por el PSM a que hiciese público su patrimonio.

Respecto a los escándalos de corrupción que acosan al PP, González ha defendido que el partido tiene que dar una respuesta "nítida y clara" a las acusaciones, que ha calificado de "extraordinario follón", y además "plantar cara" a los intentos de "difamar", porque es un partido "honrado". En esta línea, ha pedido a los militantes y simpatizantes que respondan a la cuestión de "honorabilidad" a la que está sometido el PP desde "la tranquilidad, desde la firmeza y desde la unidad". Antes de su intervención, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha presentado a González como la persona en la que siempre ha confiado "para que siguiera la pista a todos los asuntos" y "un gran conocedor de los entresijos de todas las administraciones, local, regional y del Estado".

Aguirre ha señalado que cuentan con "millones de anécdotas" juntos y ha aseverado que "ni una sola" de las decisiones que tomó tuvo lugar sin tener en cuenta su opinión y sin "sentir su apoyo". Incluso le ha dado paso con una broma sobre el "finísimo sentido del humor" del presidente: "Dicen que es un extraordinario contador de chistes. Aunque a mí no me los cuenta porque deben ser subidos de tono. Pese a la dura carga que en septiembre dejé caer sobre sus hombros, espero que hoy nos saque alguna sonrisa".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/13/madrid/1360769582_697081.html

GONZÁLEZ SOBRE ARTURO FERNÁNDEZ: "ES UNO DE LOS HOSTELEROS MÁS REPUTADOS"

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha respaldado hoy la gestión del presidente de la CEIM, Arturo Fernández, de quien ha dicho que es "un gran empresario" y "uno de los más reputados grandes hosteleros" de la región.

Durante una visita a una empresa de ventanas de Alcalá de Henares, González no se ha pronunciado sobre los supuestos pagos "en B" del presidente de los empresarios madrileños, según ha denunciado la cadena Ser, acusación que ha negado el propio Arturo Fernández.

El jefe del Ejecutivo regional ha respaldado la labor que ha desempeñado durante años Arturo Fernández en la Comunidad y su contribución a la creación de puestos de trabajo.

En su opinión, el también vicepresidente de CEOE es "un gran empresario que contribuye a la generación de puestos de trabajo en nuestra región desde hace muchísimos años y es probablemente uno de los más reputados grandes hosteleros" madrileños.

Ha recordado que Arturo Fernández tiene a su cargo "a miles de trabajadores que todos los días pueden disfrutar de ese trabajo gracias a empresarios" como él, que llevan "muchísimos años trabajando en beneficio de la Comunidad".

El presidente madrileño no ha querido pronunciarse sobre "las relaciones internas" que pueda tener Fernández con sus trabajadores en el seno de las empresas que dirige y ha dicho que esos asuntos "se tendrán que aclarar en la propia empresa o por la Inspección de Trabajo, o lo que sea".

En cuanto a las relaciones empresariales que mantiene el grupo hostelero de Arturo Fernández con las Administraciones públicas, González ha subrayado que son "contratos públicos que están sujetos a los requerimientos legales".

http://economia.elpais.com/economia/2013/02/11/agencias/1360590026_413463.html 

FERNÁNDEZ DONÓ CASI 60.000 EUROS A UNA FUNDACIÓN LIGADA AL PP MADRILEÑO

El vicepresidente de la CEOE realizó la aportación para las elecciones de 2003

El vicepresidente de la CEOE y presidente de los empresarios madrileños Arturo Fernández figura en una de las piezas desgajadas del sumario de la trama Gürtel, la de Fundescam, como uno de los empresarios que aportan donaciones, casi 60.000 euros en su caso en la campaña de las elecciones de 2003, a esta fundación cercana al PP de Madrid que preside Esperanza Aguirre y denominada Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, cuya sede está en la primera planta de la calle Génova, 13. Informes policiales sobre el caso Gürtel mostraban que Fundescam estaba siendo supuestamente utilizada como una tapadera para la financiación ilegal del PP de Madrid. Fundescam está en el sumario Gürtel porque casi todos sus actos los organizaba la trama del cabecilla de la red, Francisco Correa.

El anterior instructor de Gürtel, el juez Antonio Pedreira, acabó archivando este fleco aparecido en el seno de la investigación de Gürtel porque los delitos habrían prescrito, si bien los informes policiales daban por hecho la existencia de una supuesta financiación ilegal del PP madrileño. A partir de ese año Fernández obtuvo contratas de servicios del Gobierno de Madrid.

Entre los empresarios que también realizaron donaciones a esta fundación, más de 200.000 euros, se halla el expresidente de la CEOE, cuñado de Arturo Fernández, Gerardo Díaz Ferrán, en la actualidad preso por evasión de capitales e insolvencia punible por haber vaciado supuestamente el patrimonio de sus empresas, el Grupo Marsans para no pagar las deudas contraídas con sus cerca de 10.000 proveedores.

Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE y presidente de los empresarios de Madrid, forma parte del accionariado del nuevo hospital de Vallecas, uno de los centros sanitarios semipúblicos que levantó la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Las obras de este hospital fueron adjudicadas a las empresas Begar y Ploder. Al frente de Begar está el empresario leonés José Luis Ulibarri, implicado en la trama Gürtel y amigo del cabecilla Francisco Correa. Y al frente de la firma Ploder figura el empresario Luis Gálvez. En los papeles secretos de las cuentas de Bárcenas hay una persona con este mismo nombre, Luis Gálvez, suegro del exconcejal de Vivienda de Madrid Sifrido Herráez.

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/11/actualidad/1360577995_470151.html

LA ‘PRIMERA DAMA’ DEL ÁTICO

Lourdes Cavero es esposa del presidente de la Comunidad y segunda de la patronal madrileña

Lourdes Cavero, adjunta a la presidencia de la patronal y lobbysta del sector eléctrico en Bruselas, es una mujer discreta pero poderosa. Esta semana se ha conocido que adquirió el 80% del lujoso piso en Marbella que sitúa en el ojo de la polémica a su marido, el presidente regional, Ignacio González.

La noticia saltaba cuando un juzgado de Estepona pidió a la Agencia Tributaria que investigara la propiedad de un ático de 500 metros cuadrados en una de las mejores zonas de la localidad malagueña, el mismo en el que González, y su familia llevan años veraneando. Y González, que hasta ahora decía ser un simple inquilino —pagaba 2.000 euros al mes, un precio considerado muy por debajo del mercado— de una sociedad constituida en el paraíso fiscal de Delaware a nombre de un empresario, Rudy Valner, experto en sociedades turbias, sorprendió al declarar que compró el inmueble el diciembre pasado por 770.000 euros (con una hipoteca de 270.000 en La Caixa a 20 años). El presidente cobra actualmente 103.000 euros brutos al año por el desempeño de su cargo público.

Pero no es él quien ha pagado el grueso de su segunda residencia, sino su esposa, Lourdes Cavero Mestre, con la que tiene régimen de separación de bienes, según se apresuraron a explicar en la Comunidad de Madrid. Ella es propietaria del 80% de la controvertida vivienda. El ático de Marbella ha vuelto a poner bajo los focos a esta licenciada en Empresariales discreta y poco dada a ejercer de primera dama que ya se vio en los medios de comunicación en 2011, cuando el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, la fichó como adjunta a la presidencia. Antes de Cavero el cargo ni siquiera existía; fue creado para ella, lo que provocó malestar entre un sector de los empresarios, que criticaron la pérdida de credibilidad que suponía colocar a familiares del Gobierno regional.

Miembros de la junta directiva de la CEIM (Confederación Empresarial de Madrid) pidieron entonces explicaciones a su presidente. El sueldo de la nueva mano derecha de Arturo Fernández era de 78.000 euros brutos anuales, según les comunicaron entonces. Ahora la CEIM se niega a confirmar la retribución de su vicepresidenta. “Como corresponde a cualquier entidad privada, las relaciones contractuales con sus empleados pertenecen a ese ámbito”, afirman. Fuentes de la Comunidad de Madrid han explicado esta semana que Cavero, que trabajó 26 años en Unesa, la patronal del sector eléctrico, recibió una indemnización de 700.000 euros al dejar su puesto en 2011. Una portavoz de Unesa rechazó, a preguntas de este diario, confirmar el sueldo que cobraba y la cuantía de su indemnización, aunque precisó que Cavero salió de la patronal tras un ERE que afectó casi a la mitad de la plantilla.

Cavero se deja ver poco por la Casa de Correos, la sede del Gobierno regional, aseguran quienes trabajan allí con su marido. Sí acudió, junto a las tres hijas del matrimonio, a la toma de posesión de González, en septiembre pasado. “Era una más en el trabajo, una persona de lo más normal que salía a tomar café con el resto”, explica un antiguo empleado de Unesa. “No le pega ser la señora presidenta. Ella siempre huyó de esas cosas; de hecho, no se la ha visto acudir a ningún acto. Nunca hubo problemas relacionados con la actividad política de su marido, y era algo sabido. Cuando la Comunidad de Madrid abrió un expediente a las eléctricas hace cuatro años, él ya era un miembro destacado del Gobierno regional y no pasó nada”, añade.

Cavero entró a trabajar en Unesa en 1984, recién licenciada. Llegó a ser responsable del área internacional, lo que la obligaba a viajar con frecuencia (solo habla francés, según los datos que aportó al Comité Económico y Social Europeo, del que es miembro desde 2006 a propuesta de la CEOE) en representación del sector eléctrico español. Compaginaba el trabajo y los viajes con la presidencia de Subastas Segre, empresa dedicada a las subastas de arte cuya consejera delegada es María del Carmen Cafranga, amiga personal de Ana Botella y exconsejera de Caja Madrid Cibeles, una filial de Caja Madrid. La sociedad, con 13 empleados, declaró 194.221 euros de beneficios en 2011, según consta en el registro mercantil. Cavero también forma parte del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, donde estudió la carrera. Es consejera de la universidad por designación de la Asamblea de Madrid y solo cobra dietas por participar en los plenos, unos ocho al año (200 euros brutos cada uno, según fuentes de la Autónoma).

Indemnizaciones y cargos

■El currículum público en LinkedIn de Lourdes Cavero Mestre señala una única entrada en el apartado Educación: licenciada en Ciencias Empresariales (1979-1984).

 ■Trabajó desde que acabó la carrera hasta 2011 en la patronal de las eléctricas, Anesa.

 ■Dejó el puesto con una indemnización de 700.000 euros, según la Comunidad de Madrid, y la fichó el presidente de la patronal, Arturo Fernández, para un cargo que no existía hasta entonces.

 ■Es miembro de la junta directiva de la CEOE desde 2005, según su CV público.

 ■Desde 2006, consejera (el cargo no tiene sueldo) en el Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid. La nombró la Asamblea de Madrid. Al presidente del consejo, Manuel Pizarro, lo nombró la Comunidad de Madrid.  

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/19/madrid/1358634103_611208.html 

GONZÁLEZ NO VE INCOMPATIBILIDAD EN EL ‘CASO GÜEMES’ Y RECHAZA ENDURECER LA LEY

El presidente de Madrid, Ignacio González, ha defendido a primera hora de esta mañana el fichaje del exconsejero madrileño Juan José Güemes por una empresa de análisis clínicos que acaba de hacerse con unos laboratorios que él mismo privatizó cuando estaba al frente de la Sanidad madrileña. "Güemes lleva tres años fuera de la consejería", ha vuelto a justificarle González, que ha recordado, como ya hizo el pasado viernes al conocerse la noticia, que la ley de incompatibilidades marca un plazo de dos años antes de pasar al sector privado. Apenas unas horas después y a pesar del apoyo público expresado por el Gobierno regional y por el PP, Güemes ha anunciado su dimisión en Unilabs. Preguntado al respecto en la inauguración de un supermercado, González ha considerado "muy razonable" la decisión de Güemes.

La empresa suiza, para la que trabajaba Güemes desde el pasado junio hasta hoy mismo, compró en noviembre el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) que realiza los análisis clínicos de seis hospitales públicos. Güemes —responsable de Sanidad entre 2008 y 2010— formaba parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa, que suponía la privatización de los laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes.

En una entrevista en la cadena SER, González ha señalado que le parece "bien" que los políticos, cuando hayan dejado su actividad, "puedan desempeñar actividades laborales en empresas que han tenido relación con la administración". "Me parece bien, cumpliendo los parámetros legales que están establecidos", ha remachado. Es más, ha opinado que ser consejero de Sanidad de Madrid, "que gestiona el 30% de la sanidad española, le da a uno la capacidad de conocer bastante el sector" y, en su opinión, "tendrá una experiencia que será lo que habrá valorado la empresa" que lo ha fichado como consejero.

"¿Por qué no le parece mal en el caso de Felipe González, Pedro Solbes, Elena Salgado, que han ido a trabajar a empresas sobre las que tomaron decisiones concretas?. Cree que cuando Felipe González privatiza Gas Natural es porque cree que después le van a hacer consejero de la empresa? Porque a mí me parece sorprendente creer eso", ha respondido a las críticas de Pepa Bueno, que le entrevistaba en Hoy por hoy.

Frente a voces que piden un endurecimiento de la ley de incompatibilidades, como la del nuevo líder de IU en Madrid, González ha considerado que es "suficientemente dura" y ha añadido que si hubiera habido un "mal interés" detrás de la adjudicación de los análisis clínicos en la época de Güemes, "se habría puesto de manifiesto" en el momento de la adjudicación. A su juicio, por privatizar o externalizar la gestión de un servicio"no se puede prejuzgar que se hace para que unos años después alguien se beneficie de eso".

En la misma línea y salvando las distancias entre un caso y otro, González ha considerado que es "razonable" que la presidenta del PP regional, Esperanza Aguirre, se marche a trabajar al sector privado si le ha surgido la "oportunidad" y está en "otra etapa de su vida profesional". El sucesor de Aguirre ha indicado que las "ventajas" de "ficharla son muchas" y que no le "sorprende" que Aguirre se vaya a una empresa ni le parece "mal" que cuando "uno deja la actividad política en primera línea busque otras formas de realizar su actividad profesional". Así, ha explicado que Aguirre tenía una oferta de una empresa que "no tiene nada que ver con la Administración" y que "se dedica a otras cosas distintas", por lo que le parece "razonable" que si "está en otra etapa de su vida profesional, lógicamente aproveche las oportunidades laborales que le surjan".

En cuanto al conflicto abierto en Madrid por la imposición del copago farmacéutico, ha pedido que no se eleve la anécdota a categoría en los casos de insumisión contra la tasa de un euro por receta, que el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional después de que lo haya hecho ya el PSOE. González ha advertido de que la posible suspensión del cobro de la tasa "lo único que hace es que la medida se deje de aplicar hasta que el tribunal se pronuncie". Preguntado por la posible devolución de lo que hasta el momento han abonado los usuarios si estos recursos prosperan, ha señalado que ya se verá cuando se conozca el pronunciamiento del alto tribunal.

“Hasta el día 8 de enero se han expedido 1.800.000 recetas para unas 400.000 personas, es una razón del porqué racionalizar el gasto farmacéutico porque no es normal que una persona vaya con 20 recetas”, ha argumentado González, que ha vuelto a defender su plan privatizador de la gestión de seis hospitales y de 27 centros de salud. "Supone un ahorro de alrededor de 200 euros por paciente y las empresas privadas, si quieren ganar dinero, será a través de nuestras condiciones y con una gestión más eficiente", ha señalado, para añadir que "hay cuestiones de gestión que, por la rigidez del sistema público no se pueden hacer". "Propongo que se haga una reforma estructural de nuestro modelo sanitario, es necesario porque el coste de nuestra sanidad no lo podemos pagar", ha sentenciado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/15/madrid/1358239818_427655.html

“NOS ORDENARON SEGUIR A RUIZ-GALLARDÓN”

El agente que confesó a la juez el espionaje político en Madrid revela que hubo más “objetivos”

Los alcaldes de Getafe y Fuenlabrada, y la delegada del Gobierno, entre las supuestas víctimas

El guardia civil José Oreja, fichado como asesor de Seguridad en la Comunidad de Madrid e imputado en el caso del espionaje político ordenado por el Gobierno de Esperanza Aguirre, ha remitido una declaración a la juez reconociendo los seguimientos al exvicealcalde madrileño Manuel Cobo y al exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia Alfredo Prada, y ampliando la nómina de los ilegalmente investigados en 2008 al exalcalde de Madrid y hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; a la actual delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; al presidente de Arpegio (empresa pública de venta de suelo), a dos subalternos de Prada, Fernández y Cabezas, y a los entonces alcaldes de Getafe y Fuenlabrada (los socialistas Pedro Castro y Manuel Robles), junto con el jefe de policía municipal de Fuenlabrada.

“Gamón y Castaño [director y subdirector general de Seguridad] nos trasladan a principios de 2008 de forma verbal tanto a los tres policías [fichados también como asesores de seguridad] como a los tres guardias civiles una relación de personas a las que denominan objetivos, de los cuales el vicepresidente D. Ignacio González [hoy presidente autonómico] tiene especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos”, señala el guardia civil en el escrito firmado que su abogado, Ramón González Bosch, remitió al juzgado este pasado 8 de enero.

Los partes del espionaje que reveló EL PAÍS a principios de 2009 detallaban los movimientos de Prada y Cobo, incluso a medianoche, en actos privados y fuera del alcance de ninguna agenda. Por ejemplo, se describía la célula de seguridad del vicealcalde o cenas particulares del consejero.

Las “notas” se hacían en Gobelas y también se vigiló a Cristina Cifuentes

Tanto este guardia civil como José Manuel Pinto, empleado de la Comunidad identificado pericialmente por el juzgado como autor de notas manuscritas en los partes del espionaje, extremo que ambos niegan, han solicitado al unísono a la juez que eleve la causa al Supremo, dado que consideran que Francisco Granados, consejero de Interior cuando ocurrieron los hechos, pudo cometer el delito de “omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución”, e Ignacio González, como posible responsable de malversación de fondos públicos al ordenar a los agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid una actividad ilegal.

En su exposición, el guardia civil cita las declaraciones de la exmujer de Gamón, Yolanda Laviana, en las que denunciaba que su exmarido solo reportaba a Ignacio González sobre los seguimientos ilegales.

El agente explica a la juez que cuando les ordenaron los seguimientos a los políticos por el interés que supuestamente tenía el vicepresidente Ignacio González les pareció “una locura”. “Por dos razones: la primera, por las personalidades de que se trata, autoridades legalmente constituidas o designadas. Y la segunda porque, para conseguir cualquier información relevante, habría que obtenerla de forma irregular, es decir, mediante actuaciones delictivas”.

El agente señala que los tres guardias civiles se dirigieron al entonces consejero de Interior, Francisco Granados, que les había fichado, para expresarle su “repulsa” a realizar los seguimientos. Y que este les dijo que no hicieran “ni caso”.

“Respondemos: si quieres, no le hacemos caso, pero es el que manda en la dirección (...) Las quejas ante el consejero se vuelven a repetir hasta en tres ocasiones, sin que se tomen medidas al respecto”, señala. Y saca su conclusión: “La actitud del consejero nos demuestra, lo que ya empezábamos a tener claro, que no era capaz de imponerse al director, quien a su vez recibía y ejecutaba órdenes directas del vicepresidente”. Ante su intento de resistirse a las órdenes ilegales, Oreja asegura que se vieron obligados a escribir notas sobre sus actuaciones, en alusión a los partes del espionaje. Aclara que algunas veces los rellenaban con datos de agenda, pero otras veces se veían obligados a estar físicamente donde estaba el objeto del espionaje.

Para conseguir la información había que realizar actos ilegales”

“Las notas se elaboraban en la dirección general de Seguridad, en la calle de Gobelas 33, en los ordenadores que teníamos asignados. Se entregaban en mano al director o al subdirector en sus respectivos despachos. Sobre una de esas notas vimos escribir a Castaño”.

¿Qué ocurrió con esas notas de seguimientos ilegales cuando Gamón fue sustituido en la dirección de la seguridad madrileña por el hoy comisario general de Información, Enrique Barón? “Cuando se cesa a Gamón, las notas quedan en su despacho a disposición y custodia del nuevo director general de seguridad, Enrique Barón, teniendo constancia de que era conocedor de su existencia”.

El guardia civil José Oreja ya testificó ante la juez en diciembre pasado confirmando la existencia de los seguimientos ilegales. Hasta ahora, según su confesión, había ocultado lo ocurrido en el departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid por miedo a represalias físicas a él o a su familia.

El año en que se inicia este espionaje a rivales de Esperanza Aguirre dentro y fuera del PP es 2008, cuando desde el equipo de confianza de la presidenta autonómica se cuestionaba el liderazgo de Mariano Rajoy al frente del PP, tras su segunda derrota electoral de marzo. En junio de dicho año se celebró un congreso del PP en Valencia, donde Rajoy revalidó su poder. Pero hasta ese momento, Aguirre había amagado con intentar arrebatarle el puesto e Ignacio González era ya su mano derecha. Y en ese plan se hacía imprescindible conocer los pasos de quienes dentro del partido en Madrid eran claramente afectos a Rajoy, como Ruiz-Gallardón, Cobo o Prada.

La juez que investiga el espionaje político ha archivado dos veces la causa, pero la Audiencia Provincial la ha reabierto y ordenado que se siga investigando para determinar la cantidad malversada por ordenar actividades ilegales a personal autonómico. En el sumario se incluyen informes periciales que acreditan, por la localización de sus teléfonos móviles, que tres guardias civiles y un policía nacional siguieron a los políticos Cobo y Prada. Hay partes mecanografiados de los seguimientos durante abril y mayo de 2008 con notas manuscritas con datos de las personas que se relacionaban con los espiados. De momento, la investigación no ha encontrado partes relacionados con los seguimientos a Gallardón y los demás supuestos “objetivos”.

http://politica.elpais.com/politica/2013/01/14/actualidad/1358188484_041431.html 

EL ‘TWITTER’ DE IGNACIO GONZÁLEZ FELICITA LA NAVIDAD CON UN CHISTE DE MAL GUSTO

·         Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que ha sido un error de su equipo

·         El presidente regional pide rápidamente disculpas

La felicitación navideña que ha aparecido publicada en la cuenta de Twitter del presidente regional, Ignacio González, hace apenas una hora ha dejado perplejos a sus seguidores. El enlace conducía a una imagen de los Reyes Magos en la que se podía leer: "Mensaje para mis amigas: los Reyes Magos tenían frío y les di un abrigo; tenían sed y les di agua. Tenían hambre y les di comida. Querían sexo... y les di tu dirección. Así que ponte las pilas, porque son tres y uno es negro, ja, ja, ja".  

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Fuentes de la Comunidad de Madrid han asegurado a este periódico que ha sido un error de su equipo. El propio González, en un mensaje posterior ha escrito: "Una persona de mi equipo ha pinchado por error en un enlace y se ha publicado un tuit que no es mío. Disculpad".

Pero Ignacio González no es el único político que ha cometido un desliz en su cuenta de Twitter. Un tuit de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, publicado poco después de que el presidente Mariano Rajoy anunciara el pasado 10 de junio para explicar el rescate al sistema financiero, desató la polémica en las redes sociales.

Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, también recibió fuertes críticas por llamar "feo" al jugador de la selección francesa Franck Ribery durante la competición de la Eurocopa 2012. Otro político que ha sufrido las consecuencias de un tuit desafortunado ha sido el diputado de UPyD Toni Cantó. El actor colgó en su cuenta un vídeo en el que se ve cómo un proyectil destroza el edificio de la televisión pública valenciana. Tras la polémica, Cantó pidió disculpas.

La última en meter la pata fue la exministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, que el pasado mes de noviembre publicó un tuit referido a los desahuciados en el que se podía leer: "El que tenga deudas, que las pague. Que no se hubiera endeudado".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/18/madrid/1355836638_948621.html

EL PADRE DE IGNACIO GONZÁLEZ, DE 86 AÑOS, ES ASESOR DEL PP EN EL SENADO

El veterano político, procedente de las filas del franquismo, no es el único familiar del presidente de la Comunidad de Madrid en cargos públicos. También están su hermano, su hermana, su mujer y su cuñada

El actual secretario general técnico del grupo parlamentario popular en el Senado, un puesto de máxima responsabilidad política en el trabajo cotidiano de los senadores, es una persona de una larga experiencia; tanta que este año ha cumplido los 86 años. Su nombre es Pablo González Liberal, padre del actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González González.

González padre (Cáceres, 1926) alcanzó esa responsabilidad en abril del año 2004 tras las elecciones generales del 11-M que dieron la victoria al Partido Socialista comandado por Zapatero después de dos legislaturas del PP en el poder con Aznar al frente. Justo unos meses antes, en octubre de 2003, Esperanza Aguirre ocupó el despacho de la Casa de Correos en la madrileña plaza de la Puerta del Sol tras las segundas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid que dieron carpetazo al polémico "tamayazo" tras los comicios autonómicos de mayo de ese año.

Con Esperanza Aguirre llegó al Gobierno madrileño Ignacio González para ocupar el puesto de vicepresidente como persona de la máxima confianza de la carismática política madrileña. Pocos meses después, su padre pasaba a ocupar formalmente la responsabilidad de dirigir, en el ámbito técnico-operativo, el trabajo del grupo parlamentario popular en la Cámara alta. El portavoz del grupo era Pío García Escudero, actual presidente del Senado.

La relación entre ambos fue tan estrecha que, en las elecciones generales de 2008, Pablo González Liberal figuró como sustituto en la candidatura de García Escudero para ocupar un escaño en el Senado por Madrid. Este tipo de situaciones tan solo se dan cuando existen compromisos políticos y personales muy particulares. En caso de renuncia, destitución o fallecimiento del titular es su sustituto quien pasa a ocupar el escaño, no hay una nueva elección.

El puesto de secretario general técnico del grupo parlamentario popular en el Senado tiene una retribución que es exclusiva responsabilidad interna del grupo, no depende de la administración de la Cámara alta. "No es conocido, claro, pero tiene una asignación alta, sin duda alguna. Del orden de un senador con responsabilidades, asimilado a la presidencia de una comisión o a un miembro de la Mesa", aseguran a Público fuentes parlamentarias conocedoras de las estructuras internas de los grupos parlamentarios.

Por ejemplo, su homólogo en el grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, Teófilo de Luis Rodríguez es un veterano parlamentario que va ya por su sexta legislatura. Ambos comparten la misma formación: son economistas.

Control de las medidas disciplinarias

Porque una de las principales funciones del puesto de secretario general técnico del grupo parlamentario es la de llevar las cuentas. La vía parlamentaria es una de las principales fuentes de ingresos de los partidos políticos, especialmente de los mayoritarios. También controlan la política de personal del grupo y de sus retribuciones. Y quien aplica las medidas disciplinarias a los parlamentarios, como las multas, cuando las hay.

En el franquismo ocupó cargos en el  Ministerio de Información y Turismo, el INI y el Ayuntamiento de Madrid

Pero hasta llegar a su posición actual, el padre del presidente González ha recorrido un largo y variado camino político. Ya en el franquismo ocupó cargos en el desaparecido Ministerio de Información y Turismo, en el desaparecido INI y en el Ayuntamiento de Madrid, al que llega de la mano del alcalde en tiempos de la dictadura Juan de Arespacochaga.

Pero en el consistorio madrileño echó raíces como concejal-delegado de Mercados y Abastos hasta llegar a la Transición, con el alcalde José Luis Álvarez Álvarez. En aquel consistorio del año 1978 coincidió con Florentino Pérez, actual empresario y presidente del real Madrid, que era el concejal de Saneamiento y Medio Ambiente.

En pleno mandato de UCD también ocupó cargos como el de director del Instituto Nacional de Consumo entre 1980 y la llegada del Gobierno Socialista. Entre sus ocupaciones actualmente es el presidente de la Fundación Milicias Universitarias (FUNDAMU) vinculada a la Unión Nacional de Milicias Universitarias (UNAMU), una entidad de carácter militar de tono extremadamente conservador, según se desprende de los contenidos de su página web.

Otros familiares

Pero el padre del presidente Ignacio González no es el único caso de su entorno familiar relacionado con asuntos de la "res pública". Su hermano Pablo es desde el pasado mes de abril director de Estudios Comerciales de Mercasa, entidad pública dependiente de la Sociedad estatal de Participaciones Industriales, SEPI, que preside Ramón Aguirre.

Aguirre, ex director del ICO durante el mandato de Aznar entre 1996 y 2004, es un ex parlamentario del PP vinculado al partido en Madrid. Con la llegada de los socialistas, el entonces vicepresidente González le recuperó para colocarlo en la presidencia de Metro de Madrid en plena batalla por el control de la red de transportes con el entonces alcalde Gallardón.

Previamente, Pablo González estuvo ocupado en Bankia desde la llegada a la entidad de Rodrigo Rato. Abandonó su posición en el polémico banco fusionado semanas antes de la salida del ex vicepresidente del Gobierno y ex director del FMI. Tras esos avatares, el hermano del actual presidente madrileño se hizo con el 30% de la sociedad Tecnoconcret, adjudicataria de la explotación del complejo de golf en Chamberí, en pleno centro de Madrid. A esta operación también se apuntó su cuñado, Juan José Caballero, con otro 30% de la sociedad.

Como apunte final cabe reseñar que la mujer del presidente Ignacio González, Lourdes Cavero, trabaja como adjunta a la presidencia de la patronal madrileña, CEIM, de la que es titular el empresario Arturo Fernández.

Y para completar el elenco familiar del presidente madrileño, es necesario hacer dos apuntes más: en primer lugar, su hermana Isabel  fue diputada en la Asamblea de Madrid y, además, es concejala en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el rico municipio al oeste de Madrid en cuyo consistorio es la cuarta teniente de alcalde y responsable de las áreas de Obras y Servicios y de Cultura.

Finalmente, su cuñada Carmen Cavero es vocal de la entidad Caja Madrid Cibeles, S.A., la empresa que reunía la cartera de inversiones industriales de la desaparecida Caja Madrid. Además, hasta su nacionalización, fue miembro del consejo de administración, con la adscripción de "independiente", de Bankia. Por esta actividad, según las cuentas de la entidad, percibió en el ejercicio de 2011 un total de 173.000 euros. Está imputada en la causa que investiga la Audiencia Nacional por el agujero de la entidad

http://www.publico.es/446479/el-padre-de-ignacio-gonzalez-de-86-anos-es-asesor-del-pp-en-el-senado

VARAPALO AL EURO POR RECETA

El Consejo de Estado considera inconstitucional la tasa por generar desigualdad entre regiones

El gravamen ya está vigente en Cataluña desde el mes de junio

La oposición al euro por receta ha encontrado un aliado en el Consejo de Estado. El órgano consultivo ha propinado un varapalo a la tasa que aplica Cataluña desde junio y que tiene previsto poner en marcha la Comunidad de Madrid a partir del mes de enero al sostener que existen suficientes argumentos para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el gravamen. Para ello, apunta a dos motivos.

Por un lado, el tributo invade la competencia exclusiva del Estado en cuestiones que afectan a la coordinación general sanitaria y farmacéutica: "Las comunidades autónomas no pueden incidir ni directa, ni indirectamente en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública". Por otro, el gravamen introduce un factor de desigualdad en el acceso a los fármacos entre las autonomías.

El dictamen en el que se pronuncia el Consejo de Estado responde a una consulta formulada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la posible inconstitucionalidad de distintas de las iniciativas impulsadas por la Generalitat de Cataluña en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de marzo de 2012, entre las que, junto al euro por receta, se encuentran nuevas tasas judiciales, algunas de las cuales también son cuestionadas por el Consejo.

El tributo invadiría competencias estatales en materia sanitaria

Respecto al tiquet moderador, como bautizó el Gobierno catalán a la tasa a los medicamentos, el Consejo de Estado estima que es responsabilidad del legislador estatal garantizar "una unidad mínima en las condiciones de acceso a los productos farmacéuticos", con independencia del lugar de residencia del paciente "y evitar la introducción de factores de desigualdad en la protección básica de la salud". La decisión de gravar los medicamentos en Cataluña o Madrid obliga a "realizar un desembolso mayor que el que [los pacientes] deben afrontar en otras partes del territorio del Estado". Por ello, la medida choca con el artículo 149 de la Carta Magna, que se refiere a la competencia exclusiva del Estado en materia de la regulación del ejercicio de derechos y deberes de los españoles.

Pero también contravendría otro precepto constitucional contenido en el mismo artículo. En este caso, la materia en conflicto es la responsabilidad sobre la coordinación sanitaria y la legislación sobre productos farmacéuticos, que la Constitución reserva también al Estado.

El dictamen advierte de que no se cuestiona la capacidad de la Generalitat ni de las comunidades autónomas para establecer tributos propios. El problema es otro: que la tasa "vulnere el orden constitucional de competencias" e invada la parcela que la Carta Magna reserva al Estado respecto a las grandes líneas referidas a la ordenación de la materia de salud en España.

El dictamen responde a una consulta del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas

Arropado con estos razonamientos, el dictamen considera procedente impugnar el artículo 41 de la ley catalana 5/2012 que hace referencia al euro por receta. Esta conclusión, sin embargo, no es compartida por los consejeros Fernando Ledesma, ex ministro socialista de justicia; María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y el jurista Enrique Alonso, que han emitido un voto particular, al entender que no existen motivos suficientes para plantear la inconstitucionalidad del tributo.

El gravamen sobre los fármacos se aplica en Cataluña desde junio para cada medicamento dispensado con receta de la sanidad pública en las farmacias por valor superior a 1,67 euros con un tope de aportación de 61 euros anuales. Únicamente 127.000 ciudadanos en riesgo de exclusión social están exentos de pago. A pesar del revés que supone el pronunciamiento del Consejo de Estado, Cataluña mantendrá el euro por receta.

La Generalitat defendió este jueves la implantación de la tasa argumentando que el organismo consultivo en Cataluña, el Consejo de Garantías Estatutarias, ya dictaminó en marzo que el impuesto del euro por receta cabe dentro de la Constitución. "El Gobierno de la Generalitat atenderá siempre, en caso de diversidad de interpretaciones, a la interpretación del Consejo de Garantías Estatutarias", aseguró la Consejería de Salud, informa Anthony Coyle. El Gobierno catalán subrayó que la opinión del Consejo de Estado "no es vinculante". Por contra, el candidato del PSC a la Generalitat, Pere Navarro, se felicitó por la decisión y calificó la tasa de "injusta".

La Comunidad de Madrid, por boca de su presidente, Ignacio González, insistió el mismo en su intención de poner en marcha el tributo —"se trata de una tasa sobre la prestación de un servicio, no una medida que entra a formar parta de la configuración" del precio de un medicamento, indicó— y en que el Gobierno autonómico es competente para hacerlo. Si finalmente es así, sería en contra no solo del dictamen del Consejo de Estado, sino también de la opinión que sostiene el Gobierno que preside Mariano Rajoy, de su mismo partido.

Sáenz de Santamaría pide a Mas que retire la medida para no acudir al Constitucional

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha amenazado con la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional para tumbar el euro por receta en Cataluña, aprovechó el dictamen del Consejo de Estado para trasladar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que tratará de "hacer entender" a la Generalitat la inconstitucionalidad de la medida y la necesidad de modificarla sin necesidad de llegar al Tribunal Constitucional. Lo mismo hará con el Ejecutivo madrileño, señaló, si secunda a la Generalitat.

El euro por receta se suma en Cataluña a las medidas de ahorro que ha impuesto el Ministerio de Sanidad en los últimos meses. El de mayor impacto ha sido el nuevo sistema de copago que, dependiendo de la renta, elevó a partir del mes de julio el porcentaje que se abona por los fármacos con receta de la sanidad pública y que acaba con los medicamentos gratis para los pensionistas. En septiembre, el departamento que dirige Ana Mato sacó de la financiación pública 400 presentaciones farmacéuticas, que, desde entonces, corren a cuenta de los pacientes íntegramente. Mientras en España se suceden los recortes en sanidad y aumenta la aportación de los usuarios en servicios hasta ahora gratuitos o más baratos, otros países europeos dan marcha atrás en medidas similares. Es lo que ha sucedido en Alemania, que se encuentra en año electoral, con la retirada del copago de 10 euros por trimestre que deben pagar los pacientes que acuden a la consulta a recibir atención sanitaria instaurado en 2004.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/15/actualidad/1352978295_810703.html

EL ‘CASO MADRID ARENA’ REABRE LA GUERRA DENTRO DEL PP MADRILEÑO

  • El Ayuntamiento se siente atacado por la Comunidad y por el PP regional

  • Sospecha que la causa última es la ambición de Aguirre por acceder a la alcaldía en 2015

  • El Gobierno regional censura la gestión de la alcaldesa y redobla su petición de dimisiones

  • Cospedal asegura que "no hay crisis" y que la "bicefalia Aguirre-González no es extraordinaria"

"Botella no se ha enterado". González opina que Botella firmó a favor de La Princesa porque "no se ha enterado de lo que está pasando" en el hospital. Fuentes municipales sostienen que Botella sabía "perfectamente" lo que estaba firmando.

Aunque desde el Ayuntamiento de la capital se intenta explicar como fruto de la casualidad, es difícil imaginar una forma más teatral de escenificar el enfrentamiento abierto tras la tragedia del Madrid Arena entre el Gobierno municipal y la Comunidad de Madrid. La firma ayer de la alcaldesa, Ana Botella (PP), en respaldo de la protesta de los trabajadores del hospital de La Princesa ha sido interpretada por el Gobierno regional, que dirige Ignacio González (PP), como un torpedo en su línea de flotación, toda vez que los recortes en el área de Sanidad incluidos en el presupuesto autonómico para 2013 son su principal frente político y, a la vez, su flanco más débil.

González se ha apresurado hoy a descalificar a la alcaldesa: "No se ha enterado de lo que está pasando". El Ayuntamiento asegura que sí que lo sabe, aunque insiste en que firmó sencillamente porque estaba visitando a un familiar en ese centro y los trabajadores se lo pidieron. Y va más allá en sus sospechas, temiendo que lo que se esconde detrás de lo que consideran una operación de acoso y derribo contra Botella es quién será el candidato del Partido Popular para la alcaldía en 2015.

Ana Botella llegó a la alcaldía de Madrid en diciembre, cuando Alberto Ruiz-Gallardón fue nombrado ministro de Justicia. Hasta entonces no había ejercido ni como número dos ni como clave de bóveda de un Gobierno municipal del que formaba parte desde 2003. Gallardón, de cuya mano se había incorporado a la política activa aquel año, la había tutelado, otorgándola progresivamente mayores responsabilidades de gestión y, al mismo tiempo, alejándola de terrenos potencialmente peligrosos. Primero fue concejal de Asuntos Sociales, luego concejal de Medio Ambiente, y, a partir del junio de 2011, cuando el alcalde ya se sabía ya ministro, concejal del área de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, que concentra la mitad del presupuesto municipal.

Pero, para Gallardón, el papel principal de Botella era otro: era su relevo para cuando cumpliera su anhelo de pasar a la política nacional. En opinión del ministro, ningún otro miembro de su equipo tenía la talla política para ostentar la alcaldía en su lugar. Su plan pasaba por ganar las elecciones locales de 2011, ceder el testigo rápidamente y permitir así que Botella se ganará el respaldo popular en los siguientes tres años y medio. Contaba además con que, siendo la esposa del ex presidente del Gobierno José María Aznar (PP), nadie se atreviera a moverle la silla dentro del partido.

Y cuando decimos nadie, Gallardón pensaba en Esperanza Aguirre. La expresidenta regional no había ocultado su deseo de ser alcaldesa de la capital, una vez frustrados aparentemente sueños de mayor fuste. Preguntada al respecto, Botella siempre se mostró evasiva pero más contundente de lo habitual: pregúntenle a ella, dijo en un acto público, sentada apenas unos metros frente a Aguirre. Su equipo más cercano era consciente sin embargo de que anular esa posibilidad dependía de que la alcaldesa no cometiera errores en los años que quedaran para las elecciones, y que se ganara a la vez el respaldo popular.

Nadie en el Ayuntamiento consideró que la dimisión de Aguirre como presidenta regional el pasado 17 de septiembre fuera una retirada definitiva; apuntaban más bien a un paso estratégico, marchándose con todo su capital político intacto, y sus sospechas se vieron reforzadas al no dejar Aguirre la presidencia del PP regional a Ignacio González. Ahora diversas fuentes consultadas creen que la supuesta falta de respaldo por parte de la dirección del PP regional y de la Comunidad, que algunos van más allá y califican de palos en las ruedas, forman parte de esta estrategia conjunta entre Aguirre y González.

La convivencia entre ambas Administraciones tras la marcha de Gallardón, enemigo íntimo de Aguirre, fue más plácida que en la etapa anterior pero repleta de conflictos soterrados. Ninguno de ellos tenía sin embargo magnitud de casus belli. La muerte de cuatro jóvenes en la fiesta de la noche de Ánimas en el pabellón Madrid Arena era otra cosa. La gestión política de la tragedia, que hasta dentro del Ayuntamiento consideran imperfecta, y los documentos que prueban que el Gobierno municipal conocía los fallos de seguridad del recinto desde 2010, podían herir de gravedad a la alcaldesa.

La Comunidad guardó silencio durante unas horas, poniéndose de perfil en un asunto que no consideraba de su responsabilidad. El viernes, un día después de la tragedia, Botella anunció que aceptaba la petición del líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, de crear una comisión de investigación política. Deseaba, según dijo, "un debate sereno" sobre qué cambios legislativos se podrían realizar para evitar sucesos similares en el futuro. La Comunidad, responsable de la Ley de Espectáculos que regula estos asuntos, montó entonces en cólera, atribuyendo al Ayuntamiento una maniobra para incluirlos en la lista de posibles responsables.

A partir de ese lunes, González salió a la palestra con más brío si cabe: "Los acontecimientos que se produjeron son graves. Hay que hacer una investigación en profundidad, cuanto antes y en consecuencia con lo que ha aclarado, tomar decisiones". Al mismo tiempo, según fuentes municipales, varios concejales colocados en la lista del Ayuntamiento por Aguirre (como presidenta del PP) alimentaron las dudas sobre la relación entre los organizadores de la fiesta y algunos miembros del Gobierno local.

Y, sobre todo, nadie salió en público a defender a Botella y a su equipo. No lograron el respaldo de González o Aguirre, pero tampoco el de Gallardón (que tendría mucho que decir sobre un asunto del que fue responsable hasta hace menos de un año), o el de Manuel Cobo, antes número dos del exalcalde, ahora alto cargo del PP nacional. En privado, sí. En público, no. Igual lamento guardan para el Gobierno central: en privado, máximo apoyo. En público, no.

Ese enfrentamiento ha emergido con la firma de Botella en el hospital de La Princesa. "Han pasado 10 días, y ha llegado el momento de pedir esas responsabilidades", ha afirmado esta mañana González a la pregunta expresa de los periodistas sobre posibles dimisiones en el Ayuntamiento.

Fuentes regionales señalan que la relación de Botella con Aguirre no era mala, pero las cosas se torcieron desde el principio con González. La alcaldesa evitó respaldarle para la presidencia del PP regional cuando parecía más que probable que Aguirre también le cediera ese asiento. "No estoy interesada en la carrera por la presidencia del PP de Madrid. Ahora hay un apoyo por parte de todo el PP, incluido todo el equipo municipal, a González como presidente de la Comunidad; la otra cuestión de momento no se ha planteado", dijo la alcaldesa.

Botella se remitió a la línea oficial de la dirección nacional, expresada antes por la secretaria general, Dolores de Cospedal, y en el Ayuntamiento creen que la Comunidad malinterpretó sus palabras. Pero la relación se agrió, y la crisis del Madrid Arena la hizo saltar por los aires. Fuentes regionales critican la gestión política de la tragedia, y muestran su sorpresa y disgusto al ver saltar una historia diferente cada día, a cual peor. En concreto, consideran un error de bulto que la alcaldesa decidiera irse de vacaciones a Portugal el fin de semana posterior a la tragedia. Y censuran que, a su juicio, el Ayuntamiento esté "echando balones fuera" hacia la Comunidad.

La semana pasada, Aguirre intervino en el comité regional del PP, pidiendo responsabilidades políticas, lo que molestó profundamente al Ayuntamiento. Luego, ante los medios de comunicación, insistió: "Caiga quien caiga". Se le preguntó si eso significaba que podían caer miembros del Gobierno municipal. "Caiga quien caiga", reiteró. El vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, no despierta antipatías en la Comunidad, pero no se puede decir lo mismo del concejal de Economía, Pedro Calvo. De él depende además la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, dueña del pabellón Madrid Arena.

Las declaraciones de Aguirre terminaron en cualquier caso por desquiciar al Ayuntamiento. La firma del hospital de La Princesa, días después, puede haber sido casual, pero desde luego no lo parece. Preguntada al respecto, Cospedal ha dicho esta mañana que no ve un enfrentamiento entre González y Botella. En su opinión, la alcaldesa firmó la petición del hospital "para que se llegue a una solución más satisfactoria para todas las partes". En su opinión, no hay duda de que Botella "respalda" a González, según informa Francesco Manetto.

Preguntada sobre la bicefalia de González y Aguirre, Cospedal ha respondido que la presidenta regional "dijo que dejaría la presidencia del PP de Madrid cuando procediera". Y ha asegurado que "la bicefalia no es una situación extraordinaria" antes de matizar que "no hay un problema de presidencia". "Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero no hay crisis", ha zanjado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/12/madrid/1352727710_525398.html

IGNACIO GONZÁLEZ RECIBIÓ REGALOS DE LA TRAMA CUYO JEFE ADMITE QUE LOGRÓ CONTRATOS AMAÑADOS EN MADRID

Los documentos de Hacienda prueban que Over Marketing y sus empresas satélites recibieron pagos de la Comunidad de Madrid por 9,4 millones

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, admitió el miércoles a través de un portavoz haber recibido "regalos de Navidad" entre 2003 y 2007 de la empresa Over Marketing MCW SL, cuyo propietario ha confesado que durante ese periodo obtuvo millonarios contratos publicitarios amañados por el Ejecutivo madrileño del PP.

Una fuente oficial del Gobierno de Madrid confirmó a este diario que Over Marketing obsequió durante varios años a González con objetos como "billeteras y llaveros de Loewe" y que su esposa, Lourdes Cavero, también recibió otros presentes, entre ellos un bolso de la misma marca de lujo.

El dueño de Over Marketing, Daniel Mercado, solía jugar al pádel con Ignacio González y con el exministro Eduardo Zaplana, agregó la citada fuente. El entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre y el empresario compartían afición deportiva pero eso no se tradujo en ningún regalo vinculado a la práctica del pádel, remachó su portavoz a preguntas de este diario.

El portavoz de González minimizó la importancia de los presentes entregados al sucesor de Esperanza Aguirre por el presidente de Over, empresa investigada en Baleares por financiación ilegal del PP y que, en Madrid, obtuvo adjudicaciones por 7,5 millones de euros entre 2004 y 2007. Otras tres compañías satélite pertenecientes al mismo grupo –Abanico de Comunicación, Link América y Traci Comunicación– cobraron del Gobierno madrileño 1,9 millones entre 2004 y 2008.

Eso eleva a 9,4 millones de euros los ingresos totales que el Gobierno de Aguirre y González reportó a esta trama, rival de la ya célebre Gürtel de Francisco Correa pero con la que comparte un nexo sustancial: ambas hicieron negocios al calor de distintas administraciones del PP, principalmente los gobiernos regionales de Baleares, Madrid, Valencia y Castilla y León. En 2010, trascendió que meses antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 Over Marketing había obtenido un suculento contrato de dos millones para una campaña de publicidad adjudicada por un organismo autónomo del Gobierno de Madrid, el Imade: de esa campaña no hay ni hubo rastro visible. La oposición acorraló con preguntas al PP en la Asamblea regional. Pero el Ejecutivo se aferró a que el trabajo se había efectuado y zanjó el asunto gracias a su mayoría absoluta.

López Viejo, el muñidor

La confesión judicial del dueño de Over, Daniel Mercado, pone de nuevo contra las cuerdas a González y a su predecesora, Esperanza Aguirre. Porque Mercado, a quien investigan el mismo juez y el mismo fiscal del caso Urdangarin en una pieza separada del caso Palma Arena, declaró la semana pasada que era Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes, exnúmero dos de Ignacio González como viceconsejero de Presidencia entre 2004 y 2007 e imputado en el caso Gürtel, quien "decía al órgano contratante que lo amañara [el contrato licitado sin concurso] como creyera conveniente".

El empresario, y así consta en su declaración judicial, "nunca acudió a Esperanza Aguirre a exponer la situación, porque le constaba que Alberto [López Viejo] era una persona muy valorada y querida por Esperanza". Y, a tenor de su relato ante el juez y el fiscal, sortear al estrecho colaborador de Aguirre –dirigió su segunda campaña de 2003, la que le dio la victoria tras las fallidas elecciones del tamayazo– resultaba misión imposible: "Toda contratación de cualquier Organismo Publico tenia que pasar por el control de esta persona, de tal manera que por muchos parabienes que se prodigaran respecto de las ofertas, se les decía que [no] si no lo autorizaba por Alberto López Viejo o alguien de su Departamento". Mercado citó tres contratos entre los expresamente amañados.

La lista de los "Vips"

La respuesta del entorno de González se produjo el miércoles por la tarde después de que este diario pidiera confirmación oficial sobre si el hoy presidente madrileño recibió regalos de Over Marketing. Su nombre –"Nacho González"– figura en una lista de "Vips" a los que la trama dirigida por Mercado destinó regalos en 2007 y de la que se incautó la Policía durante sus registros a la sede de Over.

Los ingresos procedentes del erario madrileño se dispararon para la firma de Mercado en 2006 y 2007, el año en que Esperanza Aguirre revalidó electoralmente su mayoría absoluta. En 2005, Over Marketing declaró a Hacienda pagos de la Comunidad de Madrid y sus diversos organismos autónomos y empresas públicas por importe de 752.627 euros. Al año siguiente, la cifra se quintuplicó: su facturación a la Comunidad ascendió a 3,7 millones. En 2007 bajó a 2,5 millones. Y en 2008 cayó en picado hasta 138.245 euros.

La lista de "Vips" que obraba en poder de Over Marketing está plagada de dirigentes del PP de distintas comunidades. Según un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario, esa relación de personajes de relevancia a quienes la trama quería obsequiar se completa con los siguientes nombres: el exconsejero de Presidencia e Interior de Madrid, Francisco Granados; el exalcalde de Móstoles, Esteban Parro; Ana Isabel Gutiérrez, a quien la Guardia Civil identifica como la esposa de Jesús Merino, exsenador, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y uno de los políticos más prominentes del caso Gürtel; y César Antón, "posiblemente identificado como César Antón Beltrán, consejero de Familia de Castilla y León", según la Guardia Civil. El mismo informe revela que Francisco Camps se cuenta igualmente entre los destinatarios de regalos.

La semana pasada, Mercado declaró que Aguirre sí devolvió el bolso de Loewe que le había enviado. Anticorrupción no le ha preguntado aún por sus relaciones con el actual jefe del Ejecutivo madrileño, pero todo indica que el dueño de Over prestará nuevas declaraciones ante el juez.

http://www.eldiario.es/politica/Ignacio-Gonzalez-contratos-amanados-Madrid_0_64393565.html

18. C.A MADRID: GONZALEZ PRIVATIZA AÚN MÁS LA SANIDAD

Ignacio González impone el euro por receta, impulsa la conversión en sociedades privadas de centros de salud y ofrece a empresas la gestión de grandes hospitales

La Comunidad de Madrid, bastión ideológico y de votos del Partido Popular, dio ayer un paso de gigante en su apuesta por un modelo privatizado de Sanidad. La intención del nuevo presidente regional, Ignacio González, es que seis de los hospitales abiertos en 2008 sean totalmente gestionados por empresas privadas. Además se abre la puerta a externalizar la gestión del 10% de los más de 400 centros de salud de la región. González puso como ejemplo el sistema catalán de ambulatorios gestionados por cooperativas de médicos, modelo que, dijo, "está dando muy buenos resultados".

De nuevo en la estela de la Generalitat catalana, gobernada por CiU, la Comunidad de Madrid implanta el euro por receta. También en Madrid los jubilados tendrán que pagarlo. González asegura que la medida no responde a "un afán recaudatorio sino que tiene más bien un carácter disuasorio". Los madrileños, afirmó, acumulan "45 millones de medicamentos en sus casas". Según los cálculos de la Comunidad, con la medida "solo" se recaudarían 83 millones. El Gobierno regional establecerá un máximo de 72 euros al año y dejará fuera los medicamentos que valgan menos de 1,67 euros. Los únicos colectivos exentos serán los afectados por enfermedades específicas, como síndrome tóxico, los que perciben la renta de inserción social, los parados sin prestación, las personas que cobran pensiones no contributivas y los pacientes en tratamiento por accidente de trabajo.

"La sanidad seguirá siendo universal, gratuita y de la máxima calidad", insistió González en la presentación de unos presupuestos que calificó como "los más difíciles en nueve años". Madrid contará con 17.048 millones de euros tras un "ajuste" de 2.700 millones, según señaló el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, que se suma a los 3.200 que Esperanza Aguirre ha ido podando desde 2008. La reducción final de gasto será, de acuerdo con las previsiones de la Comunidad, de 1.424 millones.

La dificultad de cuadrar el sudoku de las cuentas para el año que viene no cambió el paso del Gobierno regional, que rechazó la idea de subir determinados impuestos o incluso recuperar algunos, como el de Patrimonio. "Nos hemos mantenido fieles a nuestro discurso liberal, hemos sido coherentes", resumió un alto cargo. Y eso que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo llegó a sugerir. "Nuestra política de no subir impuestos ha conseguido en estos años que 21.500 millones se quedaran en los bolsillos de los ciudadanos", afirmó González, muy limitado de margen por la reducción del objetivo de déficit del 1,5% de este año al 0,7% del próximo ejercicio, equivalente a 1.700 millones, y por otros mil millones del sistema de financiación que la Comunidad ha venido reclamando al Gobierno de Mariano Rajoy sin suerte desde el pasado julio.

El rechazo de Ignacio González a gravar las rentas del 3% de la población, según le vienen exigiendo en bloque los partidos de la oposición, confirma la "línea continuista" con el ideario con el que Esperanza Aguirre convirtió, en sus nueve años de presidenta, a Madrid en la abanderada de las políticas liberales del Partido Popular, sirviendo de modelo a otras regiones de España gobernadas por la derecha. González dio ayer un paso con esta nueva apuesta hacia la privatización de la sanidad autonómica. De esta manera, confirmó que iba en serio cuando señaló, en su toma de posesión hace poco más de un mes, que su Ejecutivo mantendría la senda con la que Aguirre transformó a Madrid en el laboratorio de ideas y campo de pruebas del ala liberal del Partido Popular. Aunque la propia expresidenta se mostró reiteradamente en contra del copago sanitario y criticó a la Generalitat por el euro por receta.

Proponen que los trabajadores gestionen el 10% de los ambulatorios

El anunció del Gobierno madrileño de que la gestión de que seis centros hospitalarios de reciente construcción quedará a cargo de compañías privadas es la confirmación del modelo que Aguirre inició en 2003. "Vamos a externalizar la actividad sanitaria en seis hospitales manteniendo el mismo nivel de calidad", afirmó ayer González, que insistió en que "nadie va a tener que pagar por las prestaciones del Servicio Madrileño de Sanidad". Los seis centros en cuestión son los hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares, del Sureste y el del Tajo. Se trata de centros sanitarios que ya eran de gestión semiprivada y a los que en 2010 hubo que aumentar el canon anual que les paga la Administración en dos millones de euros.

Como ejemplo a seguir, González citó los hospitales de Valdemoro, Móstoles (la concesionaria de los dos es Capio) y Torrejón (Ribera Salud). El modelo Valdemoro, como la Comunidad denominó al nuevo sistema, es heredero del conocido como modelo Alzira (Valencia). Valdemoro, que abrió sus puertas en 2007, supuso la importación a Madrid de lo que el municipio valenciano hizo en 1999 al abrir el primer centro público de atención sanitaria especializada gestionado por una empresa bajo concesión administrativa. La misma fórmula que se usa para las autopistas de peaje.

La región madrileña es el campo de pruebas del ala liberal del PP

El presupuesto que Madrid destinará a sanidad en 2013 será de 7.108 millones, lo que representa el 45% del gasto total (17.048, un 7,7% menos que en 2012), y significa un descenso del 4,9% en la cantidad destinada a la cartera sanitaria, que Javier Fernández-Lasquetty dirige desde marzo de 2010. Anteriormente fue durante varios años Secretario General de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES). "Es una obviedad más del componente ideológico que el Partido Popular está aplicando con la excusa de la crisis", denunció el diputado autonómico socialista Antonio Carmona.

Además de esta nueva privatización de seis de los 33 hospitales de la Comunidad, habrá otra que afectará a toda la red de la región. Los "servicios no sanitarios" -como cocinas, lavanderías, almacenes o mantenimiento- seguirán el mismo camino. González también habló de la centralización de los laboratorios de análisis rutinarios, "para aprovechar las economías de escala". Dentro del gasto farmacéutico, la Comunidad seguirá adelante con la central de compras de productos sanitarios que ya planteaba en la modificación de los presupuestos del pasado julio. En este sentido, González destacó que, desde que se aplican las nuevas medidas de ahorro desde el pasado verano, "el uso racional de los medicamentos ha ido reduciendo el gasto un 26% mensual".

Aunque la sanidad se llevó la peor parte de unos presupuestos a los que González definió de "solidarios, responsables y adaptados a la realidad", no fue la única afectada por los recortes. El presupuesto para las seis universidades públicas baja un 16% y se quedará en 840 millones. Los rectores dispondrán de siete millones para inversiones, menos de la mitad que el presupuesto pasado.

En Educación tampoco se recuperan los 28 millones recortados en becas de comedor y ayudas a libros. Las becas de comedor, según avanzó González, serán "para familias de absoluta necesidad", aquellas con renta mínima de inserción.

El tijeretazo en transportes, otrora joya de la corona y que ya fue la cartera más castigada en la reducción de presupuestos de julio, es del 21%. Eso sí, no habrá una tasa alternativa a los peajes de las autovías regionales, descartados la semana pasada por las propias diferencias internas que provocó en el PP, por las dificultades técnicas para aplicarlos y por el castigo en las urnas que barruntaban en el Ejecutivo.

Las subvenciones a distintas instituciones también bajarán, un 54%, en todos los ámbitos: empresariales, sindicales, culturales, deportivos... "No son prioritarias frente al mantenimiento de los servicios esenciales", zanjó González. El heredero de Aguirre no pudo ser más tajante: "Vamos a incorporar en la Ley de Presupuestos que no podrá otorgarse ninguna ayuda a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales".

Las cifras de la Comunidad de Madrid

- El presupuesto regional de la Comunidad de Madrid se reduce un 7,7% en 2013, según las estimaciones oficiales, al pasar de 18.473 millones a 17.048.

- El Gobierno regional madrileño aprobó un presupuesto menor del que finalmente ha gastado (de 17.048 a 18.473 en 2012). El motivo fue que estaba a la espera de que el Ministerio de Economía aprobara las cuentas estatales y las transferencias.

- La partida de Sanidad asciende a 7.108 millones, un 4,9% menos que el año anterior.

- Educación, Juventud y Deportes se reduce un 9,3% hasta 4.226 millones. Las universidades pierden el 18% de presupuesto (840 millones) y no se recuperan los 28 millones recortados a becas de libros y comedor en julio.

- Asuntos Sociales se recorta un 8,9% hasta 1.249 millones.

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/31/actualidad/1351719000_419536.html

IGNACIO GONZÁLEZ: ESPAÑA, LIBERALISMO Y LÁGRIMAS

Centra su discurso de investidura en economía, unidad del Estado e ideario de su mentora

Aguirre: "Llevo esperando este momento 30 años"

Minuto de silencio en recuerdo de Carrillo por el "artículo mortis"

En un discurso de investidura con la economía de protagonista, Ignacio González se ha envuelto en la bandera de España y la fe liberal que durante 30 años impulsó su mentora. Esperanza Aguirre ha figurado en la tribuna —junto a los otros expresidentes de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón—, pero también ha estado en el atril. La hoja de ruta del nuevo Gobierno regional seguirá siendo la misma, si alguien tenía alguna duda —o la oposición alguna esperanza—. El discurso también ha tenido un importante componente interno, pensado para reforzar la imagen del líder después de una semana de turbulencias que aún colean con Génova por la sucesión de Aguirre al frente de la presidencia del PP de Madrid.

"Mi fe en la libertad me ha hecho buscar cómo ampliar la de los ciudadanos. No soy de la idea de decir a los ciudadanos lo que tienen que hacer. Mi programa no alberga dudas, no hay sorpresas, es claramente liberal y el que los madrileños han elegido", ha centrado González la primera parte de su puesta en escena, en el que las referencias a la Generalitat han sido constantes y más o menos veladas. "Como presidente de la Comunidad haré todo lo que esté en mi mano en fortalecer la unidad de España", ha incidido, en relación al movimiento independentista del Ejecutivo de Artur Mas. "Somos la región más solidaria, aportando 2.500 millones por los 718 de Cataluña al Fondo de Garantía. Y somos la que tiene menos deuda pública, y la que más atrae inversiones extranjeras (76,4% del total en los primeros seis meses)".

"Más de lo mismo"

El discurso no ha satisfecho a la oposición, que ha mostrado su negativa a la "política continuista" a la que en varias ocasiones se ha referido González. "Ahora entiendo el rechazo de muchos dentro del PP hacia González. No es la persona indicada, porque lo que todo el mundo espera es un cambio en las políticas económicas, sociales, sanitarias y educativas. Es más de lo mismo", ha expresado el secretario general del PSM, Tomás Gómez.

"En su despedida, Esperanza Aguirre ya dijo que se iba con la sensación de un proyecto concluido. Y así es, es un proyecto agotado", ha concluido el portavoz socialista, que ha barruntado "que esta legislatura no llegará al final". "Este Gobierno destaca por su deslegitimidad, por eso pedimos la convocatoria de unas elecciones anticipadas", ha señalado el portavoz de IU, Gregorio Gordo. "Nada nuevo bajo el sol, ha sido un discurso con demasiada economía, hemos echado en falta otros temas importantes", ha apuntado por su parte la voz de UPyD, Luis de Velasco.

"Ha sido un discurso previsible, y eso es porque el proyecto del PP está más presente que nunca... El PP no va a cambiar lo que ha funcionado bien", ha argumentado por su parte el portavoz del Partido Popular, Íñigo Henríquez de Luna.

Apelando a la "falta de dudas" que genera Madrid frente al auge del secesionismo de Cataluña, González ha vuelto a pedir a Mariano Rajoy que abra la mano y revise el sistema de financiación autonómica. "Solicito la colaboración del Gobierno de la nación, nuestra Comunidad ha sido la más solidaria, y no nos importa. Porque no somos dudosos de nuestra generosidad, estoy seguro de que el Gobierno dará a Madrid los recursos necesarios". González volvía, así, a incidir en los 992 millones menos que el Estado tiene previsto destinar a Madrid en 2013. La propia Aguirre ya recalcó que "debía tratarse de un error". De no ser así, señaló al ministro de Economía, Cristóbal Montoro, como culpable de los nuevos recortes que tendrán que aplicarse en Madrid, e incluso de que no se cumpliera con el objetivo de déficit del 1,5%.

También ha habido momento para las lágrimas, cuando González, 25 años a la derecha de Aguirre, se ha emocionado, perdiendo la voz y rompiendo a llorar. Tanto que ha tenido que interrumpir su discurso. La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, también se ha secado alguna que otra lágrima. "Es un hombre de Estado, me han gustado mucho las referencias a España", ha resumido Aguirre a la conclusión del discurso, tras llegar al recinto conduciendo su propio coche con González de copiloto.

"Me parece bien que los hombres también lloren", se ha referido a las lágrimas de su delfín al inicio de su intervención. "Pueden estar tranquilos los madrileños porque Madrid hará lo que tiene que hacer", ha zanjado la expresidenta, que se ha tomado un café con su antiguo equipo de Gobierno en la Asamblea. La dirigente estaba visiblemente contenta tras haber pasado por la mañana la revisión que le correspondía por el cáncer que la aparcó de la política en febrero de 2011.

También ha confirmado su intención de eliminar el Consejo Económico y Social, la Agencia de Protección de Datos y PromoMadrid, una vieja reclamación de UpyD. Y ha mostrado su intención de poner en marcha un plan de forestación para las 1.546 hectáreas quemadas en Robledo de Chavela y Valdemaqueda. En cuanto lo ha escuchado, Mariño, la responsable de la cartera medioambiental, ha aplaudido encantada, como si recibiera un regalo llovido del cielo. Mientras, la felicitaban la consejera de Educación, Lucía Figar, y el de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.

González reducirá organismos y lanzará un plan de reforestación

A continuación, González ha mostrado el respaldo de su Gobierno a la candidatura olímpica de Madrid 2020. "Es la única gran capital del mundo que no ha recibido los Juegos y ha llegado la hora de que la alberguemos", ha argumentado en medio de una nueva ronda de aplausos. Las salvas no se han producido precisamente cuando ha anunciado que seguirá con la idea de Aguirre de reducir la Cámara. "Vamos a seguir proponiendo la reducción de diputados a la mitad". Más de un parlamentario se ha revuelto incómodo en su escaño.

"No son tiempos fáciles y no prometo soluciones fáciles. Mi obligación moral es decirles a los madrileños toda la verdad y ofrecerles soluciones. En mí no van a encontrar planteamientos demagógicos y quimeras que no se pueden cumplir... Por último, le pido a Dios que me ayude y me ilumine por el bien de todos", ha concluido González un discurso caracterizado por las constantes referencias a la unidad de la patria y la trascendencia de la economía en tiempos de recesión. La intervención, de una hora de duración, ha finalizado con una ovación atronadora, de muchos decibelios, con los diputados populares rompiéndose las palmas. Había que hacer méritos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/25/madrid/1348563931_748117.html

UN HEREDERO TODOPODEROSO BAJO SOSPECHA

Aguirre lega la presidencia a Ignacio González por los servicios prestados durante 25 años

En la accidentada carrera por la sucesión, siempre empujó para caer de pie. Ignacio González González (Madrid, 1960) se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma, ganó una plaza por oposición en el Ayuntamiento de Madrid como técnico superior a los 24 años y casi desde entonces se dedica en exclusiva a Esperanza Aguirre, su “jefa” de siempre.

Lleva González media vida a la sombra de la líder del PP y en este tiempo ha conseguido ser la mano derecha y la izquierda de la presidenta; el rostro antipático del poder madrileño frente a la dirección nacional del partido y el tentetieso al que sacudían desde Génova 13 para desprestigiar a Aguirre. Nunca lograron derribarle del todo porque su contrapeso era Esperanza. Ahora le toca volar solo.

Tras los múltiples servicios prestados, Aguirre lega su puesto a González por casi tres años (hasta mayo de 2015, fecha de las próximas elecciones autonómicas), un regalo político mayúsculo para curar pasadas decepciones y pagar algunas deudas pendientes.

González se sabe el trabajo de memoria, lleva ejerciéndolo desde noviembre de 2003, cuando Aguirre ganó a la segunda intentona la presidencia autonómica. “En el Gobierno de la Comunidad de Madrid no se mueve un papel ni se aprueba un gasto importante sin permiso de Ignacio González. En el partido, quita y pone alcaldes, decide listas y mueve a su antojo a los ejecutivos. Siempre ha sido así, hasta cuando no era secretario general del PP”, coinciden cargos y ex altos cargos autonómicos.

Su control es tan estricto que llegó a imponer un sistema de comunicaciones casi clandestinas entre los consejeros a través de teléfonos prepago que caducaban a los 15 días, según algunos usuarios del peculiar procedimiento. Vive González obsesionado por saber quién encargó a una agencia de detectives que le siguiera durante un viaje que hizo a Cartagena de Indias (Colombia) y arremete con demandas judiciales contra cualquier periodista que difunda informaciones donde se ponga en duda su honorabilidad. Antes creía que un constructor despechado pudo pagar a los detectives, ahora sospecha que los espías andaban muy cerca de su despacho.

En el juego de las amenazas, cuenta un exconsejero, Ignacio González es un “tahúr casi invencible”. Cuando desde la dirección nacional del PP, a través de su extesorero Álvaro Lapuerta, insinuaron prácticas de espionaje por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre y se abrieron investigaciones internas para depurar responsabilidades, González respondió con una jugada cargada de riesgos, según explicaron a este periódico dirigentes del PP conocedores de la maniobra. González difundió informaciones que implicaban a dirigentes nacionales del PP en supuestas presiones para que la Comunidad de Madrid adjudicase varios contratos a empresas que simpatizaban con el PP o eran propiedad de cargos del partido. En Génova entendieron el mensaje, cerraron la investigación interna y olvidaron el caso. González ganó esa partida.

En aquel caso del espionaje político a Manuel Cobo y Alfredo Prada, adversarios de Aguirre dentro del PP, cargos del Gobierno regional apuntaron a González como autor intelectual del ilegal enredo, pagado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid y ejecutado, según las pruebas periciales que obran en el sumario, por asesores de la consejería de Interior que cobraban sueldos muy elevados.

Pero el defenestrado fue Francisco Granados, que fichó a los tres ex guardias civiles que supuestamente espiaron. En solo unos meses, Granados dejó de ser consejero de Interior y secretario general del PP para diluirse, como otros, en el anonimato de un escaño en el Senado.

En el campo de batalla de las conspiraciones internas y de las luchas domésticas por el poder, Ignacio González es el más temido, el más odiado y el más poderoso de cuantos han revoloteado alrededor de Aguirre. Nadie ha tenido tanta confianza con la presidenta ni influencia sobre las decisiones que tomaba.

Sin preparación financiera suficiente para dirigir un banco, González aspiró en 2010 a la presidencia de Caja Madrid, trabó pactos con otras fuerzas políticas para tumbar a Miguel Blesa y asegurarse su elección para un puesto que le iba a permitir multiplicar su sueldo por 25.

Aguirre, partidaria acérrima en teoría de la “despolitización de las cajas”, apoyó con entusiasmo aquella operación política para poner a su leal escudero al frente de la cuarta entidad financiera del país, pero a última hora se rindió a Rodrigo Rato, el favorito de Rajoy, para evitar una crisis mayor en su partido.

Ignacio González se quedó compuesto, desganado y sin el goloso cargo al que aspiraba y para el que trabajó. En aquel momento, el sólido matrimonio político que formaba con la presidenta se descosió sin llegar a romperse.

Dos años antes, González se había partido la cara por Aguirre mirando a los ojos de Rajoy. En pleno proceso precongresual, tras la dolorosa derrota del PP en 2008, Ignacio González acudió a la Ejecutiva con su discurso escrito: “No debemos caer en el oportunismo cortoplacista y acomplejado, o en pensar que hay que parecernos a nuestros adversarios, ser su segunda marca en los planteamientos ideológicos o tener complejos de falsa progresía”. Desde entonces, el todopoderoso vicepresidente de la Comunidad de Madrid se convirtió en un apestado en la séptima planta de Génova 13. Rajoy lo sacó de la Ejecutiva tras ganar el Congreso de Valencia, en la primavera de 2008, y no le devolvió el puesto hasta febrero pasado, cuando ya era inocuo para su inmenso poder.

González será más que probablemente dentro de dos semanas el cuarto presidente de la Comunidad de Madrid, el único que llega al puesto sin ganar unas elecciones. Será un presidente bajo sospecha y pendiente de los juzgados. En uno de ellos se dilucida quién le espió y por qué; en otro se investiga quién ordenó espiar desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid a adversarios de Aguirre dentro del PP; en otro se decide si hay condena para el periodista que difundió el vídeo que demostraba el espionaje del que fue víctima.

El ático de lujo del que disfruta los fines de semana en Marbella (Málaga) también sigue bajo sospecha. Está a nombre de una empresa especializada en ocultar la identidad de sus verdaderos dueños para facilitar fraudes fiscales y González paga a esa firma sospechosa 2.000 euros al mes desde hace cuatro años. La investigación del sospechoso ático acabó con dos cargos policiales destituidos (uno de ellos un comisario general). Los contrapesos de González siguen siendo poderosos.

http://politica.elpais.com/politica/2012/09/17/actualidad/1347915862_419976.html

LA PRIMERA DECISIÓN DE GONZÁLEZ: CONCEDER LA MEDALLA DE ORO A AGUIRRE

No era la primera vez que Ignacio González presidía la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Pero la de este jueves no fue como las de antes. Fue especial. Distinta. El inicio de una nueva era, después de que el lunes dimitiera Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad. “No es la primera vez que he presidido el Consejo, ha habido otros en que lo he hecho y hay que destacar la normalidad. Pero esta sensación de provisionalidad si Dios quiere terminará la semana que viene… La sensación, el hecho de que Esperanza ya no esté en el día a día es de tristeza, de una cierta orfandad, pero también estoy satisfecho por el hecho de que la presidenta haya decidido lo que ha considerado lo mejor para ella y para todos. Respeto su decisión y le deseo lo mejor”, ha expresado el presidente en funciones, a la espera de su ratificación la semana que viene.

En un gesto hacia la dirigente popular y mentora de los cinco consejeros y tres consejeras del Ejecutivo, la primera medida del Consejo de Gobierno ha sido conceder la medalla de oro de la Comunidad —la máxima distinción regional— a Esperanza Aguirre “por los méritos que todos comprendemos: trabajar por los madrileños y españoles”.

La medalla que Aguirre no quiso (en 2008)

El PP reformó el 9 de junio de 2008 la normativa que regula el régimen de concesión de condecoraciones de la Asamblea solo para que Aguirre no se quedara sin su medalla de oro tres días después. El 12 de junio se celebraba un pleno extraordinario, con motivo del 25º aniversario del Parlamento autonómico, para entregar el distintivo a los exjefes del Gobirno regional —Joaquín Leguina (PSOE) y Alberto Ruiz-Gallardón (PP)—, los seis anteriores presidentes de la Asamblea y los ponentes del Estatuto de Autonomía.  

Para poder incluir en el homenaje a su jefa de filas, los populares modificaron el acuerdo que establece el régimen de concesión de las medallas. Hasta aquel momento, solo recibían la condecoración quienes habían finalizado su mandato, en reconocimiento a los servicios prestados. Aguirre iba, por entonces, por el primer año de su segundo mandato. Sin embargo, pocos minutos de que comenzara la ceremonia, Aguirre renunció a la condecoración y pidió que la entrega no se efectúe "hasta que no finalice su mandato". Es decir, ahora.

“Hay que mirar adelante, pero no tengan ninguna duda de que espero seguir hablando con mucha frecuencia con Esperanza, llevo trabajando con ella más de 20 años y no voy a renunciar a su experiencia, consejos y conocimientos”, ha enfatizado González con un punto de emoción en la voz. “Se ha tomado unos días de vacaciones, pero hablo con ella todos los días… Es una gran aficionada al móvil”, ha añadido González en una comparecencia distendida en la que un amigo, ferviente de izquierdas, le ha estampado dos besos a su llegada. Una muestra de cariño que, según la versión del hasta el lunes vicepresidente, también ha recibido desde el Partido Popular. "No recuerdo quién me llamó primero, recuerdo como 500 mensajes en el móvil pero no sé decir. No he echado en falta ninguna llamada. Desde el primer momento la inmensa mayoría de mis compañeros me han expresado su respaldo y se lo agradezco de corazón”.

Sobre la polémica montada por quién sucederá a Aguirre en la presidencia regional del partido González ha recurrido al mensaje de los últimos días: “Cuando llegó aquí Esperanza no tenía la presidencia del partido, y desde entonces lo fue y lo sigue siendo. Esa es la situación, y mientras lo siga siendo no se plantea”. En la era preAguirre, Pío García Escudero mandaba en el partido y Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad. Aguirre cambió esa tendencia —al igual que otros barones regionales— y en el último año allanó el camino de González dentro del PP limpiándolo de los enemigos internos de González —y ella misma— como Francisco Granados.

El punto álgido ocurrió en el congreso del pasado abril, en el que González fue nombrado por unanimidad secretario general del PP de Madrid. Si finalmente logra acaparar el poder máximo —habrá que ver si los marianistas mueven ficha—, quien suena como siguiente secretario general es Borja Sarasola.

Así se despidió Esperanza Aguirre

“Respeto mucho la posición que quieran adoptar los grupos de la oposición. Trataré de exponerles mi proyecto y punto de vista para los próximos años. Formo parte de un proyecto que se inició en 2003, participo de mismos principios y valores que ha representado de manera extraordinaria Esperanza Aguirre. Con las diferencias en los enfoques personales que se puedan hacer, las grandes líneas van a seguir así”, ha respondido ante el anuncio de PSM, IU y UPyD de votar en contra de su investidura si continúa con el “mismo proyecto continuista”. “Voy a pedirles su colaboración, la de todos, porque se pueden obtener más fáciles soluciones”, ha tendido puentes.

Otras de las medidas aprobadas han sido destinar 45 millones de euros a la extinción y prevención de incendios forestales. “Consiste en la contratación de todas las brigadas que preparan nuestros montes para evitar que se produzcan incendios”, ha matizado González, que también ha apuntado que el Gobierno está reservando suelo en Campo Real “para un posible segundo aeropuerto en la región”.

Mientras Aguirre se relajaba en Ibiza con unas amigas —voló el miércoles con Ryanair, como una turista más— tres días después de sorprender a todo el mundo, incluida Génova, con su dimisión inmediata como presidenta de la Comunidad, González daba sus primeros pasos a los mandos del Ejecutivo. Presidiendo la mesa. Con los integrantes del Gobierno, embarcados en un proceso de promoción que se resolverá la semana que viene, sin perder detalle.

González no ha desvelado los cambios que barrunta en una remodelación del Gobierno que se da por segura. Las dudas son conocer si habrá cambios cosméticos o de un carácter más profundo. “Cada cosa a su tiempo, primero el debate de investidura, luego tomar posesión y después ya formar el Gobierno. Muchos compañeros forman parte, como yo, de este Ejecutivo desde hace años… Todo el mundo es indispensable para llevarlo adelante, y todos cuentan”. González ha venido a descartar la hipotética fusión de más consejerías: “No tengo configurado el Gobierno, pero el número de consejerías lo hemos ajustado notablemente en los últimos años y creo que ya es suficiente”.

La apuesta independentista del presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha sido muy criticada por González. “No es admisible bajo ningún concepto querer cambiar un cromo que sea independencia por dinero. Mariano Rajoy lo ha dejado muy claro. No se pueden hacer planteamientos que rompen el marco constitucional vigente, y si alguien no lo quiere respetar, que lo diga claramente. No es admisible ni planteable en época de crisis o bonanza romper la Constitución. Me parece razonable que alguien quiera plantear una financiación, como Madrid. Es legítimo plantearlo, pero se debe resolver en los órganos comunes”, ha observado. Respecto a la revisión del sistema de financiación autonómica que viene reclamando Madrid —en 2013 percibirá 992 millones menos del Estado—, González ha indicado que “siguen” las conversaciones con Hacienda. “Espero que podamos concluirlas en los próximos días, cuanto antes, para tener claro el marco para el año que viene”.

También ha tenido su tiempo uno de los clásicos del último año: Eurovegas. González ha negado que peligre el proyecto con Aguirre fuera de la partida. ”No, no, los representantes de Las Vegas Sands del señor Sheldon Adelson han hecho llevar su voluntad de seguir adelante con el proyecto y yo les he trasladado que es un proyecto importantísimo para nosotros. Cuando pase el debate, la investidura y la posesión del cargo tengo prevista una reunión con los representantes de Eurovegas”, ha querido zanjar cualquier duda sobre la operación.

El presidente en funciones ha aprovechado la ocasión para dejar claras sus inclinaciones futbolísticas: “Yo soy del Real Madrid de toda la vida, desde pequeñito, lo que no quita que sea antinada, cuando por ejemplo tengo a todo el sector femenino de mi familia del Atleti. ¡Son hooligans! A partir de ahí, soy de todos los equipos de la Comunidad. El Rayo lleva muchísimos años defendiendo, con muchas dificultades, el fútbol base de nuestra región. Y el Getafe hace también una extraordinaria labor. Es un lujo para Madrid tener cuatro equipos en Primera División. Les deseo a todos el mayor de los éxitos”.

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GONZÁLEZ SOPESA MANTENER A FIGAR DE CONSEJERA Y ENLACE CON GÉNOVA

El presidente de la Comunidad ‘in pectore’ diseña la composición de su equipo con la intención de “no pisar callos” en la dirección nacional del PP

Ignacio González ha pasado 25 años a la vera de uno de los mayores animales políticos del panorama nacional reciente. Durante más de dos décadas, Esperanza Aguirre fue su mentora. En un largo peregrinaje, haciendo en muchas ocasiones del poli malo de la expresidenta de la Comunidad, González absorbió y compartió sus principios neoliberales. Encargándose de los asuntos internos del Gobierno y de las tareas más ingratas. Manteniéndose siempre a su lado. Unas veces a la sombra y, ya desde 2003, desde la primera legislatura de Aguirre a los mandos de Madrid, acaparando la atención de los focos que dejaba libres la lideresa en su posición como portavoz del Ejecutivo autonómico. Pero pese a su relación tan estrecha, a los vínculos afectivos e ideológicos, Aguirre nunca tuvo a González en sus brazos. A Lucía Figar, sí.

Amiga de la familia —la consejera de Educación y Empleo es hija del constructor Arturo Figar Velasco, accionista mayoritario de Obras Subterráneas S. A, y nieta por parte materna de Gonzalo de Lacalle Leloup, abogado del Estado—, Aguirre la vio dar sus primeros pasos. Quemar etapas, de la niñez a la adolescencia. Ingresar, con apenas 23 años, en el equipo del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar —el único líder del PP al que Aguirre respetaba sin tapujos: “Solo Aznar me impone y da miedo”, dijo—, como asesora en el Departamento de Asuntos Institucionales de su Gabinete. Haciendo piña con Alejandro Agag, el marido de Ana Aznar Botella. Llamando la atención por su trayectoria: Figar accedió en 2003, con solo 28 años, a la Secretaría General de Asuntos Sociales en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Dos años más tarde, Aguirre, que ya le tenía echado el ojo, la fichó en 2005 para la arena de la política madrileña como responsable de la Agencia para la Inmigración de la Comunidad, recién creada y con rango de consejería. De acuerdo con los golpes de efecto con los que sorprendía al personal y provocaba el enfado de la oposición, Aguirre reveló el nombramiento de Figar durante el debate del estado de la región. Tras esconder a la joven promesa en un despacho, lejos de las miradas indiscretas.

Dos legislaturas y media después Figar, una de las preferidas de la ya expresidenta, se terminó convirtiendo en una rival muy a tener en cuenta para González, sin padrinos de tanto peso en la cúspide de Génova. En el mismísimo sancta santórum del Partido Popular. Consciente de los hilos que maneja Figar —descubierta en su día para la política por Eduardo Zaplana, exministro de Aznar, y casada con Carlos Aragonés, reconocido fontanero aznarista—, el presidente en funciones de la Comunidad ya anda configurando los integrantes de su futuro Gobierno buscando la manera de no provocar más recelos en su partido. “En definitiva, no pisar callos”, exponen en el PP. Mantener a Figar como consejera contribuiría a una transición sin más turbulencias de las ya existentes. La estrella que pareció que iba a convertirse finalmente en la elegida perdió gran parte de sus opciones el año pasado. Por estas fechas. Su gestión de las protestas que hace un año sacaron a miles de profesores en lo que se dio a conocer como la marea verde le pasó factura. La no renovación de más de 3.000 profesores interinos debido al aumento del horario lectivo del resto del profesorado de secundaria en dos horas —según Figar permitiría ahorrar 80 millones de euros— fue el origen de una bronca que al Ejecutivo se le fue de las manos.

El que cada vez gana más enteros para ascender en el Gobierno de Madrid es Salvador Victoria. El consejero de Asuntos Sociales guarda una relación excelente con González. Por algo fue su viceconsejero en la cartera de Vicepresidencia —y secretario del Consejo de Gobierno—, hasta que en 2011 fue premiado con una consejería. “Lo más lógico y razonable es que quien mejor conoce en un momento tan difícil la Comunidad asuma las riendas”, dijo, en un claro alegato a favor de González, por la mañana en la cadena Ser. La recompensa a su fidelidad podría ser la cartera de Presidencia y Justicia... O sustituir a González como vicepresidente. Y ser formalmente el número dos del delfín que aspira a ser el rey de Madrid.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/19/madrid/1348010474_816482.html

 “HE TENIDO UNAS CONVERSACIONES MUY ENTRAÑABLES CON RAJOY Y COSPEDAL”

"Tengo el apoyo de la dirección del partido y de mis compañeros", asegura el sucesor de Aguirre

Ignacio González (Madrid, 51 años) se ganó la confianza de Esperanza Aguirre tras un largo periplo de 25 años en los que siempre se mantuvo a su lado. Después de estar a prueba durante más de dos décadas, el presidente en funciones de la Comunidad y secretario general del PP regional busca consolidar su posición en Madrid y en el seno del partido, donde provoca sentimientos encontrados. No lo tendrá fácil. O, mejor dicho, no se lo pondrán.

Pregunta. ¿Hasta qué punto tiene amarrado ser el sucesor de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid?

Respuesta. Yo no tengo que amarrar nada, tengo el apoyo de la dirección del partido y de mis compañeros, a los que estoy profundamente agradecido. Asomo esta responsabilidad contando con su apoyo.

P. ¿Se ve como el candidato de su partido en las elecciones autonómicas de 2015?

R. No pienso ahora en eso, solo en que soy presidente en funciones y vamos a hacer el proceso de investidura y vamos a formar el Gobierno. La prioridad es hacer frente a la difícil situación que tiene nuestro país. Aunque la Comunidad de Madrid tiene mejores condiciones que otras, tenemos que contribuir a salir de la crisis cuanto antes y a seguir con la senda de prosperidad, progreso y bienestar que conseguimos en los últimos años.

Aguirre no me ha designado sucesor porque no le corresponde

P. ¿De veras se siente arropado por La Moncloa y por Génova? ¿Qué le han dicho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y María Dolores de Cospedal en su calidad de secretaria general del PP nacional?

R. Los dos me han transmitido su apoyo y confianza…

P. ¿Tanto Rajoy como Cospedal?

R. Sí, los dos, y yo se la agradezco de todo corazón. He tenido unas conversaciones muy entrañables, amables y extraordinarias.

P. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha subrayado que usted solo es por ahora el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid y que corresponde a la Asamblea de Madrid y al PP, tanto regional como nacional, elegir “al nuevo presidente o presidenta” de la región. “Yo no sé si Aguirre ha designado sucesor”, ha llegado a decir.

R. Vamos a ver, evidentemente, yo soy ahora presidente en funciones. Y Aguirre no me ha designado sucesor porque no le corresponde hacerlo. Otra cosa es que haya tenido unas palabras muy cariñosas hacia mi persona y mi valía de que pueda responsabilizarme de la gestión de esta comunidad, cosa que le agradezco. Dicho esto, es verdad que lógicamente le corresponde al partido y al grupo parlamentario proponer y apoyar al candidato. Y eso es lo que se ha producido.

P. Ana Botella se ha mostrado partidaria por la celebración de un Congreso para elegir al nuevo presidente del PP de Madrid. Usted fue nombrado en el congreso del PP madrileño de abril secretario general a propuesta de la propia Aguirre, que en su despedida dejó claro que se mantendrá de momento como presidenta del PP regional y que lo dejará cuando estime oportuno.

R. En relación con el partido la situación está clara: Esperanza Aguirre sigue siendo la presidenta, todo sigue igual. Ella ha expresado su de seo de que no haya bicefalia, así lo ha sugerido, y en algún momento tendrá la intención de dejarlo. En el momento en que eso se pueda producir, el partido se podrá en marcha según prevean los estatutos. Y será el partido quien determine el nuevo presidente, haya o no otra alternativa. Los órganos del partido se pronunciarán como corresponde. Pero insisto: hoy por hoy Aguirre sigue siendo la presidenta.

Quiero que Madrid marque el camino contra la crisis como se ha hecho en estos años.

P. La normativa les da tres semanas de plazo máximo para investir al nuevo presidente, una vez registrada la dimisión en la Asamblea de Madrid. ¿Por qué van a celebrar finalmente el debate de investidura y la toma de posesión la semana que viene? ¿Las prisas se deben únicamente a la proximidad de la conferencia de presidentes autonómicos del 2 de octubre?

R. No se está acelerando ningún trámite, hay unos plazos máximos, pero no unos plazos mínimos. Lo que procede es que este proceso se haga cuanto antes, dentro del respeto a los plazos, para terminar cuanto antes con la situación de interinidad o de transición como la que tenemos.

P. ¿Pretende efectuar muchos cambios entre los consejeros o es partidario de una transición más suave y hacerlas más adelante?

R. No he pensado todavía nada con relación al Gobierno, lo haré cuando toque. Ahora lo que toca es el trámite de la investidura, y en eso estamos.

P. Se supone que anunciará los probables cambios una vez que tome posesión.

R. El jueves que viene es la investidura y el acto de toma de posesión será probablemente al día siguiente…

P. O sea, que el viernes anunciaría la remodelación de Gobierno, en el que alguien nuevo tiene que entrar forzosamente ocupando su lugar, a no ser que fusione algunas consejerías.

R. Puede ser.

P. ¿Cuál es el principal reto que afronta? ¿El recorte en 2.000 millones en los presupuestos de 2013?

R. He formado parte del Gobierno de Esperanza Aguirre los últimos nueve años y del proyecto político que el Partido Popular de Madrid viene desarrollando. Y yo los voy a seguir desarrollando, y aplicando los principios que hemos defendido tanto. Los principios ideológicos y programáticos van a marcar la impronta de la gestión que vamos a llevar a cabo, porque sigo formando parte de ese proyecto. El reto es hacer compatible una situación de crisis económica con el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad en una comunidad que tiene que seguir siendo un referente a nivel nacional. Quiero que Madrid marque el camino contra la crisis como se ha hecho en estos años. Nos adelantamos a hacer recortes, hemos reestructurado el presupuesto este año [un recorte de 1.045 millones] para cumplir con los objetivos de déficit del 1,5%, y seguiremos en esa dirección para volver a generar empleo, que es lo que España necesita.

P. ¿Logrará que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acepte revisar el sistema de financiación autonómica por el que Madrid dejará de recibir 992 millones el año que viene?

R. Ya lo hemos dicho y seguiremos haciéndolo. Creemos que el modelo de financiación es un mal modelo, que impuso en 2009 el Partido Socialista fruto de los pactos políticos del señor Rodríguez Zapatero, fundamentalmente con Cataluña y para beneficiar a las comunidades que gobernaban, especialmente Andalucía. Hay que revisar el modelo cuando toque pero entendemos que a la hora de hacer el cálculo de los ingresos para el año que viene no se corresponde con los ingresos que genera la Comunidad de Madrid ni con su peso y actividad económica. Pensamos que habido algún error a la hora de hacer esos cálculos y que se tienen que revisar. Lo estamos hablando con el Gobierno de España.

P. ¿Cómo sustituir a alguien aparentemente insustituible como Aguirre?

R. Yo no pretendo sustituir o emular a la figura de Esperanza Aguirre porque es una figura irrepetible y con unas características muy singulares. Es una persona única, una líder de una referencia importantísima a nivel de Madrid y nacional, tanto para el Partido Popular como para otra gente que no milita en el PP. Vamos a tener en cuenta sus enseñanzas, principios y programas. Esperanza va a seguir siendo un referente y un apoyo. A partir de ahí, cada uno tiene sus características. Yo tengo el hecho de que formo parte de este proyecto desde hace muchísimo tiempo, tenemos los mismos principios, valores y criterios y la forma de aplicarlos a la gestión. Es mi principal activo para seguir adelante la misma senda política.

P. La sensación entre los socialistas de Madrid y los demás partidos de la oposición es que se ha abierto el melón. Que el PP no tiene asegurado gobernar en 2015.

R. Me alegro, aunque sea ahora, de que reconozcan lo que Esperanza Aguirre ha sido. Una líder que sintonizaba con la inmensa mayoría de los madrileños. Todos estos latiguillos a los que han recurrido en todo este tiempo, de que estaba con los ricos o los privilegiados de la sociedad, eran una inmensa falsedad como se acaba de demostrar con el respeto que le han reconocido en tantas declaraciones.

P. ¿Cuál es su mejor y peor recuerdo de los 25 años con Aguirre?

R. Por encima de nuestra relación política está la personal, la segunda ha sido muchísimo más importante que la otra y guardo magníficos recuerdos buenísimos. De los malos, el atentado del 11-M fue tremendo. Y en lo personal, pero relacionado con la gestión, ha habido dos momentos complicados: cuando se cayó el helicóptero en el que iban Rajoy y ella y me pilló dando una rueda de prensa como portavoz del Consejo de Gobierno, y que tuvimos que parar ante el aluvión de llamadas que no parábamos de recibir. Y luego el atentado de Bombay. No daba crédito cuando me dijeron que habían perdido la conexión con todas las personas de la Comunidad que estaban allí por el ataque e incendio del hotel en el que estaba la presidenta.

P. ¿Cree que le puede pasar factura todo el ruido a su alrededor, en forma de áticos de lujo en Marbella o espionajes varios?

R. Todo eso es una cuestión que ha quedado suficientemente aclarada. No hay ninguna circunstancia con relación a eso. Estamos aquí para trabajar y mejorar las condiciones de vida de los madrileños en tiempos tan difíciles. Eso es lo que me preocupa.

http://politica.elpais.com/politica/2012/09/19/actualidad/1348007160_655413.html

RAJOY SE MUEVE PARA LIMITAR EL PODER DE GONZÁLEZ COMO SUCESOR DE AGUIRRE

Los ‘marianistas’ intentan que González no controle el PP, aunque sea presidente regional

Después de la primera sorpresa tras la inesperada dimisión de Esperanza Aguirre, los marianistas, la mayoría muy enfrentados a Ignacio González, designado como sucesor, empiezan a moverse. Muchos de ellos confiaban en que su líder, Mariano Rajoy, vetara a González como presidente de la Comunidad de Madrid como le vetó en 2009 como presidente de Caja Madrid. Pero todas las fuentes consultadas dan por hecho que no va a ser así. Aguirre acudió a La Moncloa a decirle a Rajoy que lo dejaba y que quería que González fuera su sucesor. Y el presidente, según distintas fuentes, pese a su enemistad manifiesta con el vicepresidente de Madrid, aceptó esa decisión, aunque siempre con esa ambigüedad que le caracteriza.

No porque le parezca bien, sino porque ahora mismo no considera que sea el momento, en plena crisis económica, para dar una gran batalla en Madrid de éxito incierto, porque González es el artífice de las listas de la Asamblea de Madrid y tiene controlado el Grupo Parlamentario, con lo que el marianismo podría enfrentarse a una derrota de su candidato alternativo. Rajoy devolvió ayer la llamada esperada a González, lo que fue considerado por muchos como un gesto de autorización a su candidatura.

La situación, los movimientos rápidos del aguirrismo y la crisis económica parecen trabajar juntos para que en pocos días, probablemente el miércoles o jueves de la próxima semana, Ignacio González se convierta en presidente de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los movimientos se suceden en la calle Génova para tratar de frenar su poder a medio plazo. La secretaria general, Dolores de Cospedal, hizo ayer una ronda de llamadas con dirigentes relevantes de Madrid y otras comunidades. De todos ellos quiso recabar su opinión sobre González —ella siempre mantuvo una relación de gran cercanía con él, aunque su enfrentamiento con el presidente les distanció— y evaluar posibles salidas a esta situación inesperada. González, mientras, daba absolutamente por hecho su nombramiento como presidente y hacía una ronda de radios para consolidar esa opción. Su mensaje era claro: Aguirre le había contado, explicó, que Rajoy le había dicho que estaba de acuerdo con que él fuera el nuevo presidente. Esta idea, repetida en público, consolidaba su opción y hacía aún mucho más difícil cualquier intento por frenarla.

Algunos marianistas siguen intentando que se vete el acceso de González a la presidencia. Pero esa tesis no parece estar triunfando. Por el contrario, el movimiento de la dirección va más encaminado, según diversas fuentes, a impedir a toda costa que González se convierta en el nuevo presidente del PP de Madrid. Esto es, que lo controle todo.

Ese movimiento político tendría un sentido: limitar su poder y preparar la siguiente batalla, la de la candidatura a la presidencia de la Comunidad en 2015. González, si estos planes funcionaran, sería presidente de Madrid de forma solo temporal, hasta que sus enemigos internos se organicen.

La operación está aún abierta. Se está fraguando y el final es aún incierto. Pero el intento de la dirección consistiría en que un congreso, no muy lejano, elija a otra persona como presidente del PP de Madrid. Aguirre, como la totalidad de los dirigentes regionales del PP, acumulaba los dos cargos. Una forma de consolidar los liderazgos de los barones regionales: son presidentes del partido y además presidentes autonómicos o líderes de la oposición.

Aguirre colocó a González como secretario general del PP madrileño y destituyó a Francisco Granados, entregando así el poder al que ya se apuntaba como su sucesor natural. El intento de Génova pasaría por colocar a otra persona al frente del PP madrileño, un experimento que ya se vivió cuando Pío García Escudero dirigía el partido y Alberto Ruiz-Gallardón presidía la Comunidad. Sobre los nombres, las especulaciones están disparadas aunque sin ninguna certeza. El que más gustaba a Génova fue siempre Lucía Figar, consejera de Educación, que sonó incluso como posible ministra. Otro de los posibles nombres es el Javier Fernández Lasquetty, consejero de Sanidad, ex secretario general de FAES y una persona muy cercana a José María Aznar pero también a Esperanza Aguirre. Pero la operación está lejos de quedar cerrada.

Desde el aguirrismo se da la visión absolutamente opuesta. Se insiste en que Aguirre, de momento, sigue siendo la presidenta del PP de Madrid y eso, dicen, ahora no es lo importante, sino nombrar al presidente de la Comunidad. Los aguirristas aseguran que tanto Rajoy como sobre todo Cospedal han mostrado en privado su apoyo a la candidatura de González, por lo que el debate les parece absurdo y hablar de lo que va a pasar dentro de tres años, con la candidatura de 2015, aún más extraño cuando nadie sabe en qué situación política se llegará.

http://politica.elpais.com/politica/2012/09/18/actualidad/1347999418_338021.html

EL PSOE PEDIRÁ A IGNACIO GONZÁLEZ QUE EXPLIQUE EL ORIGEN DE SU DÚPLEX DE LUJO 

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha manifestado que exigirá la "comparecencia urgente del vicepresidente de Madrid, Ignacio González, para que explique el origen del dúplex de lujo que utiliza en Marbella", que está siendo investigado por la Policía, por su posible relación con la trama Gürtel. 

Para Gómez, la información revelada por EL MUNDO constituye "un nuevo escándalo del PP de Esperanza Aguirre y del Gobierno, que está presuntamente implicado en este caso". "Es el Gobierno del PP de las casas de lujo, las niñeras filipinas y el golf por las tardes, mientras las capas sociales más bajas están empobrecidas y con menor calidad en la enseñanza", ha señalado Gómez. 

El líder socialista ha destacado que González tenga como vecina a Carmen Franco Polo, la hija de Franco, y ha recordado que su partido ha reclamado en muchas ocasiones que se hagan públicos los bienes del Gobierno y de los diputados y que igual que hizo Bono, se publiquen en la web de la Asamblea de Madrid. 

Tomás Gómez ha insistido en que se trata de otro escándalo "muy cercano a alguien de Aguirre" y que "tanto él como ella deben dar explicaciones porque el caso Gürtel es el escándalo más importante de la democracia". 

El portavoz del PP en la Asamblea, Ínigo Enríquez de Luna, ha dicho que "no hay caso" y que las palabras de Gómez "son un ejercicio de demagocia incalificable". "Parece mentira que esto lo diga el responsable de la deuda de Parla, el cuarto ayuntamiento más endeudado de España", ha añadido. 

Por su parte, el coordinador regional de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, considera "lamentable" que tras una información de este tipo "siempre aparezca la trama Gürtel". Gordo ha señalado que se alegra de "que haya gente a la que la crisis le permita comprar una propiedad de estas características", y ha añadido que no le extraña que Ignacio González "no apoye la huelga general". 

González lo niega

Entretanto, el vicepresidente, Ignacio González, ha negado hoy tener algún tipo de relación con la trama Gürtel, y ha asegurado que si alguien tiene "alguna prueba o algún informe" al respecto, que lo "ponga encima de la mesa" porque él desconoce que tenga que ver con el caso.  

Según González, que ha presentado la nueva compañía de danza Aída Gómez, en Pozuelo de Alarcón, "todas las cuestiones relativas a esa información" salvo que tiene un piso alquilado "son falsas". "No tengo ninguna relación con nada que tenga que ver ni con Gürtel ni con esas presuntas historias de Arganda de un empresario de la construcción", ha dicho. 

El vicepresidente madrileño ha insistido en que es "todo absolutamente falso". "Además, desconozco y creo que no existe ninguna investigación ni conozco ningún testigo ni conozco nada que tenga que ver con esa información", ha recalcado, por lo que ha añadido que "si hay alguien que tenga alguna prueba o algún informe, que lo ponga encima de la mesa". 

Investigación

Según publica hoy EL MUNDO, la Policía investiga el origen de la vivienda de 495 metros cuadrados (257 residenciales y 238 de solárium) que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ocupa en la urbanización Guadalmina de Marbella, una de las más caras de la zona. 

El dúplex es propiedad, tal y como ha reconocido el interesado, de Coast Investors LLC, una compañía radicada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware. Esta sociedad la maneja un abogado residente en California llamado Rudy Valner, al que la Policía considera un mero testaferro, que controla también entidades mercantiles de conocidos empresarios españoles. Los agentes consideran que detrás de la empresa de Delaware está Ignacio González. 

La investigación comenzó hace meses al surgir el nombre del 'número dos' de Madrid en el transcurso de la investigación del caso Gürtel. Un testigo relacionó al vicepresidente de Madrid con la venta a bajo precio (77 millones en lugar de los 100 que marcaba una tasación encargada por el Ayuntamiento) de una parcela municipal en Arganda al constructor Fernando Martín (Martinsa). 

Los agentes sospechan que el ático, que según fuentes policiales costó 1.300.000 euros, constituiría supuestamente el pago de una comisión. La vivienda continúa constando en el Registro de la Propiedad a nombre del constructor y promotor, Javier Villate, pero los gastos los satisface Coast Investors. Ésto quiere decir que la transacción entre el promotor y la empresa se reflejó en un documento privado, pero aún no se ha elevado a escritura pública. La Policía sostiene que la compraventa se ejecutó "en Gibraltar". 

'Estoy de alquiler pero lo voy a comprar'

Ignacio González se trasladó a esta propiedad hace casi cuatro años, en el verano-otoño de 2008. La mudanza coincidió en el tiempo con su famoso viaje a Colombia con José Manuel Serra Peris, alto cargo de Martinsa, en el que fue seguido, filmado con cámara oculta y fotografiado por una agencia de detectives españoles. 

Todos estos extremos figuran en los escritos elaborados por los agentes que están escudriñando su patrimonio, incluido el chalé de 450 metros cuadrados en Aravaca (Madrid) en el que reside habitualmente. 

González ha manifestado que la casa que investiga la policía no es suya. "Yo estoy alquilado", afirmó el 'número 2' del Gobierno de Madrid, quien añadió que abona 2.000 euros mensuales por el arriendo de la vivienda que, según afirmó, se encuentra en trámites "de adquirir". 

www.elmundo.es 20.03.12

AGUIRRE SE ATRINCHERA EN MADRID Y LOS MARIANISTAS VEN SU SUCESIÓN EN MARCHA

El nombramiento de González, enfrentado a Rajoy, prueba que ella quiere resistir

En la calle Génova están ya acostumbrados a la guadaña implacable de Esperanza Aguirre con sus colaboradores. Pero incluso así, la destitución sin miramientos del que fuera uno de sus hombres más fieles, Francisco Granados, sorprendió ayer a todos. La explicación inmediata de los fieles de Mariano Rajoy consultados era muy clara: ella ha visto que su poder está en cuestión ahora que el marianismo, al que se enfrentó, va a tener en sus manos el control de todo el partido y el poder institucional, y ha decidido atrincherarse en Madrid. Esta era la interpretación más extendida de la destitución de Granados y sobre todo del nombramiento como secretario general de Ignacio González.

Es la única organización del partido que escapa al control de Génova

El vicepresidente y mano derecha de Aguirre está abiertamente enfrentado a Rajoy hace años, sobre todo desde que cuestionó su liderazgo en un durísimo Comité Ejecutivo después de la derrota de 2008. González, como las otras tres personas que fueron críticas con Rajoy ese día -Juan Costa, Gabriel Elorriaga y Carlos Aragonés- fueron apartados de la dirección inmediatamente. Pero el enfrentamiento con González siguió. En octubre de 2009, en una tensa reunión en su despacho con Aguirre, Rajoy le vetó para presidir Caja Madrid e impuso a Rodrigo Rato. El hecho de que la presidenta le coloque ahora, en plena ola de poder marianista, al frente del PP de Madrid, un partido clave, es todo un desafío al líder.

La batalla por el poder entre Rajoy y Aguirre, a veces sorda, a veces descarnada, con aparentes reconciliaciones y permanente recelo de fondo, ha dominado el PP en los últimos cuatro años. Ella siempre fue más rápido, muchas veces le ganó la carrera, incluso consiguió en 2008 vetar a Alberto Ruiz-Gallardón como diputado. Pero él esperó y esperó, y ahora tiene todo el poder. Ganó por agotamiento, como le gusta.

Los marianistas utilizaban ayer todo tipo de epítetos para definir el estilo de Aguirre a la hora de cortar la cabeza de Granados, que fue uno de sus hombres más fieles. Pero sobre todo ofrecían explicaciones políticas de fondo. Para ellos, Aguirre está ya empezando a pensar en su sucesión -esta es su tercera legislatura- y quiere evitar que Rajoy pueda intentar controlarla.

El líder ha convocado un congreso nacional en febrero, que será el de su aclamación definitiva con todo el poder, y después congresos regionales, en los que irá consolidando un proceso lento en el que ha logrado hacerse con el control de todas las federaciones.

Todas menos una. Madrid se ha convertido en una especie de aldea gala en la que el marianismo no ha logrado entrar. Y este último movimiento, al colocar a González al mando del partido a pocos meses de ese congreso regional, es interpretado como un paso para la sucesión. No solo González está en primera fila para eso, también la consejera de Educación, Lucía Figar, está en todas las apuestas, pero este movimiento parece un claro gesto para controlar el proceso e impedir que Granados u otros, y sobre todo Rajoy, pudieran intentar cualquier maniobra alternativa.

Cada vez que algún dirigente importante del aguirrismo se ha acercado a Rajoy, ha sido fulminado. También Granados intentó hacer de puente, y finalmente fue decapitado. Ella exige lealtad total y eso incluye no jugar a dos bandos. Aunque lo que en Madrid conduce a la caída segura es enfrentarse con González, como hizo Granados. El caso más evidente es el de Alfredo Prada, que fue vicepresidente y hombre de confianza de Aguirre. Se acercó a Rajoy, chocó con González, y fue destituido sin miramientos. El líder lo rescató y ahora es un hombre de su equipo -podría ocupar algún puesto relevante-, al que ha colocado de cabeza de lista en León. Antes hubo otros que se acercaron a Rajoy y acabaron fulminados, como Manuel Lamela, el del polémico caso Leganés, o el último en caer, Juan José Güemes, un ratista que también se acercó a Rajoy y podría tener un papel en el nuevo Ejecutivo

www.elpais.es 25.11.11

LA PRESIDENTA ADMITE DIVERGENCIAS EN EL PP POR HABER DESTITUIDO A FRANCISCO GRANADOS

"A la búlgara no hay votación ninguna. Una persona tan próxima a mí como Isabel Martínez Cubells [concejal del Ayuntamiento de Madrid y exmiembro del Gabinete de Esperanza Aguirre] se abstuvo. Aquí cada uno tiene su criterio. El PP no es un partido leninista, es un partido liberal", aseguró ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid tras ser preguntada sobre las diferentes posturas en su partido después de haber destituido a Francisco Granados como secretario general del PP de Madrid.

Algunos dirigentes ven inoportuno crear un problema en este momento

La decisión de Aguirre de sustituir al exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior por el vicepresidente, Ignacio González, su hombre de confianza en el Gobierno y en el partido, suscitó ayer numerosos comentarios, a favor y en contra, en el PP. La presidenta buceó en los estatutos del partido para esquivar un congreso regional, donde hasta ahora se acometían este tipo de cambios.

Aguirre modificó el orden del día 15 minutos antes de la reunión del comité ejecutivo regional, integrado por 110 miembros, para incluir el relevo de Granados. Cuatro personas se opusieron a la decisión de Aguirre y otras cinco se abstuvieron. Además, según fuentes del PP regional, casi una docena de personas se ausentaron del cónclave al conocer lo que se iba a votar. Fuentes conocedoras de la reunión han relatado que en el comité hubo algunas intervenciones que defendían que, "cuando Rajoy está preparando el Gobierno", no es el mejor momento de efectuar esa destitución.

Durante todo el día de ayer, el asunto se convirtió en tema de conversación entre los cargos populares. "Si hay alguien en el PP de Madrid y en el Gobierno de la Comunidad que haya tenido que ver y haya hecho lo indecible para que Paco Granados fuese secretario general del partido en Madrid y consejero de este Gobierno, y se mantuviera durante todo este tiempo, le aseguro que he sido yo", afirmó por la mañana Ignacio González. Este acumulaba ya, con la complicidad de Aguirre, todo el poder en el Gobierno regional y ahora, además, en el partido.

El vicepresidente regional recordó que en 2004, "en un momento con cierta conflictividad (en la formación popular)", fue él quien propuso a Aguirre y al entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, que fuera Granados el responsable del partido en Madrid, a pesar de que él "tenía muchas posibilidades de serlo". Y agregó: "No fue un acto de generosidad, sino de convicción. Siempre he intentado hacer lo que consideraba que era mejor para el partido, y en aquel momento no era bueno que se produjera mi nombramiento como secretario". González olvidó precisar que fue entonces cuando se produjo su primer enfrentamiento con Granados. Hasta entonces, el cargo de secretario general no se compaginaba con otros puestos en el partido. El pulso lo ganó el exalcalde de Valdemoro (65.000 habitantes) que se hizo con la Consejería de Transportes. Desde entonces sus enfrentamientos han sido más o menos intensos y visibles.

Aguirre ha entregado todo el poder a González. Muchos consideran que se trata del primer gesto de Aguirre para preparar su sucesión. Ella lo negó: "Esto no tiene nada que ver con ninguna sucesión. Aquí no hay ninguna previsión ni intención que no sea atender a la responsabilidad que nos han encomendado, pero no puedo evitar que haya especulaciones en los medios. Contra eso no puedo hacer nada". Y concluyó: "Es una cuestión que ni se ha planteado nunca, ni me lo planteo, ni nada de nada".

www.elpais.es 25.11.11

AGUIRRE DA TODO EL PODER A GONZÁLEZ

La presidenta destituye a Francisco Granados como secretario general del PP madrileño "por pérdida de confianza" y le reemplaza por el vicepresidente regional

Hasta ahora el PP en Madrid parecía bicéfalo: Ignacio González, vicepresidente regional, se disputaba la hegemonía del partido con Francisco Granados, secretario general del Partido Popular de Madrid. Ambos mantenían un pulso ante la divertida mirada de Esperanza Aguirre. Pero ayer se recogieron las piezas de un juego que la presidenta dio por terminado en mayo, tras las elecciones regionales, pero que no había querido rematar hasta ahora, una vez pasado el 20-N.

Aguirre destituyó ayer por sorpresa a Francisco Granados "por pérdida de confianza". Hizo el anuncio en un comité ordinario del partido convocado para valorar los resultados electorales. Tuvo que modificar el orden del día para incluir el cese del secretario general. En su lugar, ha designado a Ignacio González, vicepresidente regional y consejero de Cultura y Deportes.

Con este cambio, Aguirre encumbra a González como su delfín en Madrid. El vicepresidente se convierte en el hombre todopoderoso del partido, una vez que ha fulminado al que le hacía sombra.

González es, sin duda, la persona con más ascendente político sobre Aguirre. Llevan trabajando juntos los últimos 25 años, desde que ambos comenzaron su carrera política en el Ayuntamiento de Madrid.

La maniobra de Aguirre blinda su poder en el PP regional a tres meses del congreso nacional del partido, donde Rajoy podría maniobrar para reducir el poder de la lideresa. En el entorno de Rajoy hay malestar por algunos de los movimientos de Aguirre. Aún recuerdan su amago por disputarle la presidencia en el congreso de Valencia, en 2008.

"Esto es un relevo normal en la secretaría general del partido, donde los estatutos prevén que el presidente debe proponer al comité ejecutivo el relevo del nuevo secretario general y así ha sucedido", dijo Aguirre tras el comité regional del PP.Las aguas bajan turbulentas por el PP de Madrid. Se avecina una renovación tras años en los que Aguirre ha impuesto su poder. "Es un momento muy delicado [por la crisis económica], y hace falta que se le dé al partido de Madrid también el nuevo impulso que necesita", señaló ayer la lideresa tras fulminar a Granados. Admitió que se trata de "un relevo natural después de siete años" y que debería haberse hecho en mayo -tras las autonómicas-, "pero todo se ha retrasado como consecuencia de las elecciones". Un alto cargo del PP cuenta que, durante la campaña electoral, el partido ha funcionado con cierta disfunción por los actos de dos equipos: el de Granados, por una parte, y el de Aguirre y González, por otra.

Granados conoció ayer su destitución media hora antes de comenzar el comité regional. Le ha cogido por sorpresa. Tras tomar la decisión, Aguirre cambió el orden del día solo 15 minutos antes del comienzo del comité, convocado, en principio, para valorar los resultados electorales del partido el 20-N. La destitución del exconsejero regional ocupó apenas un cuarto de hora. Cuatro (de 84) cargos populares pidieron la palabra para pedir el voto secreto (aunque no es vinculante) pero su petición fue denegada. Se opusieron a la destitución. Otros agradecieron la labor de Granados y alabaron a González. Dos asistentes admiten que una docena de dirigentes se ausentaron del comité al conocer el nuevo orden del día. El encuentro fue tenso y sin euforia.

Un portavoz del PP explicó que Aguirre "consultó los estatutos y vio que tenía facultades para tomar esa decisión". Otras fuentes del PP explican: "Estamos a unos meses de la celebración del congreso nacional y regional del PP y ahora se toma la decisión para prepararse para esto".

Además de la destitución de Granados, Aguirre ha reforzado su poder al nombrar al consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, como vicesecretario general, cargo que compartirá con la diputada Gádor Ongil. La presidencia del comité electoral, que hasta ahora ocupaba González, recae en el alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González. Todos estos nombramientos son personas de la máxima confianza de la presidenta regional.

La caída en desgracia de Francisco Granados se produjo a partir del pasado mayo, tras las elecciones locales y autonómicas. Entonces, Aguirre lo dejó sin cartera y le ofreció la portavocía del PP en la Asamblea de Madrid, cargo que Granados rechazó. Varios diputados del PP cuentan que aquella reunión terminó a voces. Por eso, fechan en ese momento el ocaso de Granados. Esperanza Aguirre dejó caer al que hasta entonces era su consejero de Presidencia, Justicia e Interior tras años de pugna interna con Ignacio González, por intentar hacerse con el control del partido.

Fuentes del PP recuerdan que en 2004, cuando Aguirre eligió a Granados como secretario general, se produjo el primer rifirrafe. Hasta entonces, ese cargo no se podía compatibilizar con un puesto en el Gobieno regional. El exalcalde de Valdemoro pugnó con González para cambiar esa norma. Desde entonces, su relación quedó marcada.

A partir del pasado mayo, Granados quedó en una difícil posición. Y se cuestionaba cuál sería su futuro tras el nuevo esquema del PP madrileño tras las elecciones. Muchos esperaban que Aguirre prescindiera definitivamente de Granados en el Congreso regional que los populares deben celebrar el próximo año. Desde que Aguirre lo dejó sin cartera, había perdido ascendencia dentro del partido.

Varios episodios han marcado el pulso de Granados y González. Algunos de los momentos de más tensión se produjeron tras estallar el caso del supuesto espionaje a políticos del PP en Madrid. Sus entornos se culparon mutuamente. Entre medias comenzaron a filtrarse expedientes sobre el patrimonio y supuestas actividades de Granados. También aparecieron dossiers sobre viajes y un supuesto seguimiento a González en un viaje a Colombia. El vicepresidente regional llegó a sugerir que los informes tenían su origen en la propia Comunidad de Madrid.

La designación de Ignacio González como secretario general del PP de Madrid lo confirma como hombre fuerte del Gobierno regional. Es el vicepresidente regional que despacha con Esperanza Aguirre los asuntos antes de los consejos de Gobierno y el hombre de plena confianza de la presidenta. En los cenáculos del PP regional se especula desde hace meses con la posibilidad de que Aguirre nombre a González como su delfín al frente de la Comunidad de Madrid. Parece aceptado por todos los estamentos del partido que Aguirre no repetirá al frente del Gobierno regional al final del mandato. Y con este movimiento refuerza su influencia. Los cambios en el PP regional no han hecho más que comenzar.

www.elpais.es 24.11.11

"ENHORABUENA, NACHO: POR FIN PUEDES SER LO QUE NO ME HAS DEJADO SER A MÍ"

La presidenta regional convocó ayer a la dirección del PP de Madrid a tardines. Cuando Francisco Granados llegó al despacho de Aguirre en la sede del partido en la calle Génova el resto de compañeros abandonaron el despacho, según fuentes presentes en la reunión que relataron la tensa escena en la que Aguirre cesó a Granados.

-Paco, pasa a mi despacho. He decidido que voy a destituirte como secretario general, por pérdida de confianza. Imagino que te lo esperabas, ¿no?

-No, presidenta. ¿He dicho algo que no te ha gustado? ¿Te han contado que he dicho algo?

-La confianza es una cuestión de percepciones.

-Llevo siete años partiéndome la cara por ti y por el partido y no me lo esperaba.

-Has trabajado mucho, pero en esta nueva situación, con el PP en el Gobierno, necesito una persona de confianza.

Aguirre le preguntó entonces si pensaba hablar en el comité regional y le insistió en qué iba a decir. Granados no soltó prenda. En su intervención, tras agradecer a Aguirre su confianza estos años, dijo: "Quiero dar la enhorabuena a Nacho González, porque por fin vas a poder ser lo que has ejercido durante estos años y no me has dejado ser a mí, secretario general".

www.elpais.es 24.11.11

GRANADOS: "EN EL FONDO AGUIRRE ME HA HECHO UN FAVOR"

El ex secretario general del PP de Madrid critica a la presidenta por hacer pasar a sus compañeros "por el bochorno de tener que votar una cosa que no les hacía gracia"

Menos de 24 horas después de su fulminante destitución, Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, empieza a digerir la noticia. Tras aceptar con aparente elegancia y un punto de resignación su cese, el político conservador ha pasado al contraataque este jueves en sendas entrevistas a Onda Cero y ABC Punto Radio.

Granados reconoce lo evidente: que "no hay sintonía" entre él y su sucesor en la secretaría general del PP madrileño, Ignacio González, a la sazón vicepresidente y portavoz del Gobierno regional y número dos de Aguirre. Granados, públicamente enfrentado a González desde hace tiempo, asegura en la entrevista que "no es precisamente por mi culpa".

En Onda Cero Granados ha sido claro y tajante: "Esperanza Aguirre en el fondo me ha hecho un favor porque llevaba tiempo que no estaba cómodo en el PP de Madrid". Según Granados, a pesar de no sentirse cómodo, aún no se había atrevido a tomar la decisión de marcharse. "A veces es bueno que a uno le empujen cuando no ha sido capaz de decidir por sí solo", considera. Por eso, insiste en la idea de que se siente "agradecido" porque la presidenta le ha "ayudado" a una decisión que no había tomado hasta ahora.

Preguntado sobre si el cese de su cargo puede deberse a su pésima relación con González, tal y como apuntan algunas voces, Granados señala que no lo sabe, pero reconoce que él no ha fomentado "ese enfrentamiento". 

"No voy a decir todo Madrid pero sí, al menos, todos los periodistas saben que no hay sintonía y creo que no es precisamente por mi culpa porque conmigo es muy difícil llevarse mal. Pero eso puede ser una interpretación", señala.

"He trabajado como una mula para que Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno"

Sobre que otra de las razones haya podido ser su posible acercamiento en las últimas semanas al presidente de partido, Mariano Rajoy, Granados ha dicho que él es del PP y "sea quien sea candidato mi obligación es darlo todo". "Y eso es lo que hecho, darlo todo en la pista, dar cuantos más mítines mejor y quiero pensar que ese no sea el motivo", añadió.

En este sentido, indica que ha intentado dar a su familia una explicación concreta pero que no ha sabido. Por eso, insiste en la que dio ayer, miércoles, a sus compañeros a los que, a su juicio, les hicieron pasar "por el bochorno de tener que votar por una cosa que no les hacía mucha gracia. Pero la presidenta ha tomado una decisión y lógicamente la tengo que respetar".

Matarse a trabajar

Granados también aprovechó las entrevistas para reivindicarse: "Desde el primer le que he hecho ha sido matarme a trabajar". Añadió que en la última campaña electoral trabajó "como una mula para que Rajoy sea presidente de Gobierno", y explicó que, como ya dijo ayer a sus compañeros del Comité Ejecutivo, tiene "la conciencia muy tranquila y salgo con la cabeza muy alta" por haberlo dado en el partido, algo que va a seguir haciendo, dijo.

Aunque el miércoles negó que la destitución fuera por falta de confianza, este jueves sí que reconoció que la presidenta madrileña le dijo que "había perdido la confianza y que en este momento nuevo que se abría necesitaba en el partido alguien de su absoluta confianza". "Entiendo que en este momento no sea yo la persona indicada y que necesita alguien de otro perfil que no soy yo en absoluto", concluyó.

Preguntado por el futuro de Aguirre, Francisco Granados pronosticó que la presidenta agotará la legislatura en la Comunidad de Madrid porque "tiene todas las ganas de acabar" pero que después, como "ella tiene muy buen recuerdo de su etapa en el Ayuntamiento, no me extrañaría que en algún momento acariciase esa idea" de ser alcaldesa de Madrid, que "es una cosa fantástica".

www.publico.es 24.11.11

PRESIDENTE' GONZÁLEZ

El 'número dos' de Aguirre maneja todos los resortes del poder y fulmina a sus enemigos

Los sucesores en la sombra Mientras Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón ajustan sus ambiciones políticas a la expectativa del PP de recuperar La Moncloa, cobra especial relevancia el poder adquirido tras el 22-M por sus dos hipotéticos delfines

Esperanza Aguirre acaba de ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid por tercera ocasión consecutiva. Lleva al frente de la región desde 2003. Controla todos los detalles con mano de acero. Se entromete en los asuntos más nimios de cualquier consejería, hasta el punto de llegar a dejar en ridículo a sus responsables si llega el caso. Acapara los focos y los titulares.

Pero tras la alargada sombra que refleja Aguirre se oculta Ignacio González. No es solo su número dos. El vicepresidente regional controla todos los resortes del poder en la región. Nadie accede a la presidenta sin que él lo sepa. No hay cuestión que se decida en la sede del Gobierno autónomo, en la Real Casa de Correo, sin que lleve su visto bueno. Aguirre confía en él y recompensa su lealtad. Es el único miembro del Gobierno regional que acompaña a la presidenta desde la primera legislatura. El nuevo Ejecutivo que ha dibujado Aguirre tiene su sello. Es el presidente en la sombra.

El niño mimado de la presidenta es temido y admirado por los altos cargos de la Administración regional. Lleva con Aguirre desde la época en que ella era concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid.

González elimina enemigos con la misma facilidad que los genera. Cualquier miembro del Ejecutivo regional que ose oponerse a él termina haciendo las maletas. Prueba de ello fueron las salidas del exconsejero de Justicia, Alfredo Prada; la del exconsejero de Sanidad, Juan José Güemes; o la más reciente y llamativa, la exclusión de Francisco Granados, exconsejero de Presidencia Justicia e Interior, del nuevo Gobierno regional. Durante años han mantenido un pulso con todos ellos por controlar el poder interno de la Comunidad de Madrid. González siempre ha salido victorioso. Es el director de orquesta en los consejos de Gobierno. El resto de consejeros despachan con él antes de lidiar con la presidenta, cuentan fuentes del Ejecutivo regional. Le piden consejo para colar cuestiones en el consejo.

Pero la gestión de González está repleta de claroscuros. Es el presidente del Canal de Isabel II, la empresa pública que la oposición de Madrid señala como origen de asuntos polémicos. Prueba de ello, fueron los seguimientos que sufrió el vicepresidente durante un viaje a Colombia con una delegación del Canal. Fue grabado con cámaras ocultas y se elaboraron varios dosieres sobre sus movimientos. Paralelamente estalló el caso del espionaje a políticos del PP en Madrid. El asunto nació en la consejería que ocupaba Granados, quien contrató a los tres exguardias civiles que la Audiencia Provincial investiga por malversación de fondos. Pero poco a poco el caso de los espías fue desplazándose hasta Sol, sede del Gobierno regional. El supuesto jefe de los espías, Sergio Gamón, fue contratado a dedo por Esperanza Aguirre. Su exesposa, Yolanda Laviana, aseguró a este diario que "desde 2006 ya investigaba a Prada para Ignacio González". Laviana, que mantiene un contencioso con Gamón a cuenta del divorcio, sostiene que escuchó conversaciones de su exmarido con González reportándole informes sobre diferentes investigaciones.

Durante esa época se conoció que la cúpula de la Comunidad de Madrid manejaba una red de teléfonos móviles prepago que cambiaban cada semana para evitar ser pinchados. Esta estrategia de comunicación fue ordenada por el vicepresidente regional, según diversas fuentes. Entonces aparecieron también varios dosieres sobre su patrimonio e información sobre concursos en los que participó el número dos del Gobierno regional. González acudió a la justicia para denunciar sus seguimientos y el origen de los informes.

Cansado de todas las intrigas de la Comunidad de Madrid, en 2009 González decide saltar a la empresa privada y prepara la toma de la presidencia de Caja Madrid. Durante meses encuentra la oposición del Ayuntamiento de Madrid, controlado por Alberto Ruiz-Gallardón. Llegó a negociar con sindicatos y la oposición su nombramiento. Pero a última hora, el presidente de su partido Mariano Rajoy coló a Rodrigo Rato, un hombre con demasiado peso en el partido. Incluso para él. El frustrado asalto a la presidencia de Caja Madrid le desgastó mucho. Para suavizar su imagen, Aguirre le otorgó las carteras de Cultura y Deportes.

Durante los últimos meses las desavenencias entre González y Granados se habían intensificado. Hasta que Aguirre decidió acabar con los frecuentes pulsos entre ambos dirigentes antes de las elecciones. Otorgó a González todo el poder para decidir las candidaturas de su partido en Madrid, pese a que Granados era el secretario general del PP de Madrid. Poco después se conoció la enfermedad de Aguirre, que fue operada de cáncer de mama. Durante su convalecencia, González ostentó la presidencia en funciones de la Comunidad de Madrid. Una vez más el hombre fuerte de Aguirre sale reforzado con el esquema del nuevo Gobierno regional.

Ignacio González

- Vicepresindente regional de Madrid y portavoz desde 2003, mantiene además la Consejería de Cultura y Deportes que sumó en 2009.

- Es el maestro de ceremonias en el Consejo de Gobierno, y por sus manos pasan todos los asuntos relevantes del Ejecutivo autonómico.

www.elpais.es 19.06.11

EL PLAN OCULTO DEL VALIDO DE AGUIRRE

Varios dirigentes populares creen que Ignacio González prepara su salto a la empresa privada a pesar de haber recuperado poder en el PP madrileño

El pasado jueves, Ignacio González (Madrid, 1960), presidió el consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Asumía, de esta forma, la presidencia de forma interina hasta que Esperanza Aguirre se recupere de la operación a la que ha sido sometida tras serle detectado un cáncer de mama. Hoy, como presidente en funciones, acudirá al funeral por los cinco militares fallecidos en Hoyo de Manzanares en la base militar de El Goloso junto a los príncipes y la ministra de Defensa.

En las últimas semanas González ha exhibido su poder interno en el PP de Madrid. Ha influido en la designación de todos los candidatos del PP en la región. Es el presidente del comité electoral y lo ha dejado claro. El nombramiento de los cabezas de lista populares en municipios como Pozuelo, Las Rozas, Boadilla, Parla o Fuenlabrada han sido apuestas suyas. "Los nombramientos de los candidatos de los grandes municipios los supervisa directamente la presidenta. Él podrá influir, pero la decisión es de Aguirre. Donde se notará su influencia es en el número de concejales que pueda meter en las listas". Lo cierto es que ha hecho notar su influencia. Mantiene abierta la herida con su compañero Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Granados es el secretario general del PP en Madrid y el director de campaña de Aguirre. "La presidenta buscó un equilibrio, González presidente del comité electoral y Granados de la campaña. Pero el poder lo tiene el vicepresidente", desliza un veterano diputado del PP.

Es el favorito de Aguirre, a la que acompaña desde los noventa cuando ella era concejal de Cultura de Madrid y él director de servicios culturales. La siguió cuando la lideresa ocupó el ministerio de Cultura. Y fue uno de los pocos fieles que la escoltó durante su aventura electoral de 2003, cuando Aguirre cultivaba una imagen de política atolondrada.

El número dos del Ejecutivo regional recupera así presencia pública tras su frustrado asalto a la presidencia de Caja Madrid, la decepción por quedar fuera de la dirección nacional del PP y tras ver como su imagen quedaba manchada tras ser espiado durante un viaje en Colombia y la aparición de varios informes que sugerían irregularidades en su gestión.

Varios cargos del PP consultados concuerdan en señalar que González ha alcanzado su cénit político. "En Génova no está bien visto. No se fían de él. Por eso no podrá suceder a Esperanza y él lo sabe". Las mismas fuentes populares señalan que la decisión de Ignacio González es abandonar la política. Seguir los pasos del exconsejero de Sanidad, Juan José Güemes, y pasar a la empresa privada. Fracasó en su intentó de presidir Caja Madrid. Pero todos señalan a la empresa que resulte de la privatización del Canal de Isabel II como futuro destino del protegido de Aguirre.Con Esperanza Aguirre convaleciente, Ignacio González es ahora el hombre fuerte en el PP de Madrid. "Es el maestro de orquesta en el Consejo de Gobierno. Con anterioridad a la operación el resto de consejeros ya despachaban con él antes de presentar sus propuestas ante la presidenta. Algunos le piden ayuda para colar asuntos en el consejo", revela un compañero de Gobierno. Otra fuente, asegura que muchos de los consejeros recelan de él por su excesivo poder y buscan refugio en Francisco Granados, número tres del Gobierno regional. "En la Comunidad de Madrid no hay una bicefalia. Manda Ignacio. Controla el partido y el Gobierno", asegura un alto cargo popular.

A pesar de ello, González ha dado muestras de cansancio. Varios dirigentes populares cuentan que en la pasada convención del PP celebrada en Sevilla en enero, se le veía distante, distraído y comentando airadamente que estaba aburrido de las conferencias. Apenas hizo acto de presencia. Sólo estuvo unas horas. Génova no le quiere y él no se siente cómodo con la dirección del PP. Y eso, cuentan fuentes del PP, se nota en el partido.

En los últimos meses han arreciado los rumores sobre su continuidad en la política. "Le robaron la merienda con Caja Madrid y no está dispuesto a que se la vuelvan a quitar con el Canal", comenta un alto cargo del PP. El vicepresidente de la Comunidad es también presidente del Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua en la región. El plan del Ejecutivo regional es privatizar el 49% de la sociedad. Y en esa nueva empresa privada es donde numerosos cuadros populares colocan a González, quien tutela personalmente todo el proceso. "Puede tener poder. Estar cerca de la presidenta te da mucho poder, pero no tiene ambición política. Lo que le gusta ahora es la privada, que está bien pagada", apunta un miembro de la ejecutiva regional. González tilda estas afirmaciones de "especulaciones". Pero no rechaza esa posibilidad. El vicepresidente regional se ha ganado fama de hombre habilidoso y maquiavélico en la política. Es directo en sus afirmaciones y eso agrada a Aguirre.

Ahora, está a punto de cerrar la legislatura más complicada de su dilatada carrera política: En otoño de 2009, González acordó con la oposición (PSOE e IU) y sindicatos (UGT y CC OO) repartirse los cargos en la cúpula de la entidad madrileña, el se reservaba la presidencia. Lo tenía todo preparado para abandonar la política con dirección a la empresa privada. Pero Génova, calle donde está la sede nacional del PP, puso fin a su plan. Mariano Rajoy impulsó a Rodrigo Rato a la presidencia de Caja Madrid. La apuesta por el ex ministro de Aznar fue tan decidida que apenas encontró resistencia, más allá de cierto remoloneo del entorno de Aguirre. "Después de aquello lo pasó mal anímicamente". Era una apuesta personal, una forma de salir de la política en la que lleva mucho tiempo. González daba muestras de cansancio. "Es cierto que la opción de Caja Madrid era muy interesante, pero no era ninguna alternativa a nada", aseguró hace unos meses González en una entrevista a este diario.

Un año antes había quemado sus aspiraciones políticas. Cuestionó el liderazgo de Rajoy durante las semanas previas al congreso del PP en Valencia donde el líder popular revalidó la presidencia de los populares. González estuvo detrás de los amagos de Esperanza Aguirre por disputarle la silla a Rajoy, eso le pasó factura. Se quedó fuera de la dirección nacional del PP, donde si se estaban algunos de sus enemigos internos como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el ex consejero regional, Alfredo Prada. "Desde entonces no está bien visto en Génova. Formó parte de ese grupo que se opuso a Rajoy", sostiene un destacado dirigente del PP.

Fueron los meses más difíciles. Su im5agen se asoció con el ala más dura del PP. Además, en enero de 2009, se conoció que González había sido objeto de seguimientos durante sus viajes al extranjero. Apareció un vídeo que demostraba que había sido espiado en un viaje a Colombia. También se desvelaron varios dosieres que sugerían trato de favor a empresarios. El vicepresidente lo denunció en los tribunales, el juez abrió diligencias al observar indicios de delito. El asunto sigue abierto.

En menos de año y medio se quedó fuera de la dirección nacional del PP, vio como su imagen quedaba manchada y sus planes para abandonar la política y marcharse a Caja Madrid truncados. Aquella decepción coincidió con una caída fortuita por unas escaleras en una visita a las obras del metro en Ópera que le reprodujo una dolorosa lesión en la cadera que le ha acompañado durante meses. Todas estas circunstancias lo llevaron a rebajar su presencia pública y a refugiarse en sus competencias como consejero de Cultura y Deportes en busca de suavizar su imagen. "Es cierto que tiene relevancia pública nula y debería tener más. Él ha querido bajar su nivel de exposición", reconoce un miembro de la dirección del PP regional. Otro destacado dirigente señala: "Lo de Cultura y Deportes no es solo una forma de mejorar su imagen es también una recompensa de la presidenta tras lo de Caja Madrid". Lo que parece seguro es que repetirá como número dos en la lista del PP. El salto al Canal tendrá que esperar.

www.elpais.es 27.02.11

AGUIRRE APUNTA A IGNACIO GONZÁLEZ COMO PRESIDENTE DE CAJA MADRID 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, apuntó ayer, por primera vez públicamente, que su lugarteniente en el Ejecutivo regional, Ignacio González, podría ser presidente de la cuarta entidad financiera del país. González es actualmente vicepresidente primero del Ejecutivo regional y hombre de máxima confianza de Aguirre.  

«¿Por qué no?», respondió ayer Aguirre en TVE al ser preguntada si González podía ser candidato a la presidencia de Caja Madrid. La respuesta previsible hubiera sido que González no es candidato, porque es nada menos que vicepresidente primero de la Comunidad, pero con su frase abre la puerta a una crisis gubernamental inmediata. La elección en Caja Madrid culminará en noviembre.  

Además calificó de «absolutamente incierto» que el presidente del PP, Mariano Rajoy, haya vetado a González para sustituir a Miguel Blesa al frente de la entidad financiera. «Yo no he hablado con Mariano Rajoy sobre presidentes de Caja Madrid, eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer en el futuro», afirmó. La presidenta de la Comunidad también apoyó que el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, releve a Blesa.

«A mí me parece que Rodrigo Rato tiene todas las cualidades y todas las condiciones para cualquier puesto de responsabilidad financiera y económica». Rato ha mejorado su relación con Rajoy y no está descartado en las quinielas. Siguen también figurando en ellas el ex secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, o el diputado Manuel Pizarro. «De Guindos o Pizarro también serían buenos candidatos, la presidenta de la Comunidad sólo ha hablado de los nombres por las que se le ha preguntado», explicaron posteriormente fuentes del Ejecutivo regional a este diario.  

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se opone a que haya candidatos como González y provocó ayer un nuevo choque en la Comisión Electoral, el órgano que debe velar por la renovación legal de la cúpula de Caja Madrid.  

Una mayoría de miembros formado por representantes del PP de Aguirre, Izquierda Unida, CCOO-Comfia y, con matices, PSOE y UGT, apoyaron ayer que el presidente de la Comisión Electoral, el gallardonista Serrano, se inhiba en cualquier actuación relacionada con el pulso lanzado por el alcalde de Madrid. La mayoría considera que Serrano incurre en conflicto de interés porque es alto cargo del Ayuntamiento y, al tiempo, presidente de la Comisión Electoral que debe defender en los tribunales lo que la mayoría considera la legalidad frente a la impugnación de Gallardón.  

El alcalde alega que Aguirre le ha marginado en el reparto de consejeros que el Rey Juan Carlos declina elegir y la mayoría de la Comisión Electoral y el Ejecutivo regional estima que la distribución ha sido realizada de acuerdo con la ley.  

Pero Serrano, instado por Gallardón a resistir, no sólo se negó a inhibirse, sino también que su exclusión fuera sometida a votación. La mayoría, formada por nueve miembros de un total de 13, firmaron un escrito reclamando a Serrano que convoque una reunión el próximo jueves para votar no ya su inhibición, sino su destitución. Diversos ayuntamientos y la Cámara de Comercio de Madrid dirigieron escritos a la Comisión Electoral en contra de las tesis del alcalde. Hoy mismo puede haber otro asalto en la Comisión Electoral, ya que la mayoría intentará que se dé ya respuesta negativa al recurso del Ayuntamiento. 

(www.elmundo.es, 29/09/09)

BLESA CEDE A LA PETICIÓN DE AGUIRRE Y COLOCA A ACEBES, LAMELA Y CAVERO EN CIBELES

Se jugaba mucho en el primer paso, así que Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, ha cumplido el guión marcado por Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El consejo de administración de Cibeles (la filial que agrupa los negocios financieros de la entidad y cuya fecha de salida a Bolsa está aún en el aire) se constituyó con los nombramientos de las tres personas que quería Aguirre: Ángel Acebes, ex ministro de Interior y ex secretario general del PP; Manuel Lamela, ex consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y Carmen Cavero, directora de desarrollo de negocio de Morgan Stanley y cuñada del vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González.

Caja Madrid envió a la CNMV, hace semanas, un informe de idoneidad de estos tres consejeros. En el PP se interpretó este movimiento como un intento de frenar su entrada en Cibeles, si bien es un requerimiento legal. Tras el visto bueno de la Comisión de Valores, Blesa les dio paso en la filial de Caja Madrid.

No obstante, todavía queda un obstáculo para Acebes. El Congreso deberá decidir si es compatible compaginar el cargo de diputado con el de consejero de Cibeles, además de abogado en ejercicio. Acebes enviará al Congreso una declaración complementaria de actividades y la Cámara Baja decidirá, ya en febrero o marzo, si este cargo es o no compatible con su acta de diputado.

La Ley Electoral y el Reglamento del Congreso establecen, en el artículo 159.2, que son incompatibles "las funciones de Presidente del Consejo de Administración, Consejero, Administrador, Director General, Gerente o cargos equivalentes, así como la prestación de servicios en Entidades de Crédito o Aseguradoras o en cualesquiera Sociedades o Entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito". En todo caso, le limitaría a 24.000 euros el sueldo de diputado, según el artículo 156.1 y el Real Decreto 462/2002, según fuentes del Congreso.

No obstante, el PP espera que el Congreso dé su visto bueno porque "hay antecedentes" de otros diputados que han compatibilizado ciertos cargos con su condición de parlamentario.

Pese a estos nombramientos, no hubo palabras altisonantes en la formación del consejo de Cibeles. Como en otros órganos de Caja Madrid, los temas peliagudos se arreglan con decisiones salomónicas. Blesa ha contentado a todos, formando un consejo con presencia de la izquierda. En resumen, cinco consejos están cercanos a la izquierda, siete a la derecha y tres profesionales.

Este órgano, integrado por un secretario (Ignacio Navasqüés y Cobián) y 15 consejeros entre los que están los dos vicepresidentes de la entidad, José Antonio Moral Santín (IU) y Estanislao Rodríguez-Ponga (PP). También estarán cuatro vocales de la caja: Francisco Baquero (CC OO); Mercedes de la Merced (PP); Antonio Romero (PSOE) y Mercedes Rojo (PP), asesora de Aguirre.

Entre el grupo de reconocido prestigio está Oscar Fanjul, presidente de Repsol con el PSOE; Ignacio Varela, que estuvo en el Gabinete de la Presidencia con Felipe González y Pedro Schwartz, profesor extraordinario de la Universidad San Pablo CEU y miembro del consejo asesor de Capgemini España. Además, estarán dos directores generales de Caja Madrid, Matías Amat e Ildefonso Sánchez Barcoj, junto a José Manuel Martínez, presidente de Mapfre. El consejero delegado es Carlos María Martínez.

(www.elpais.com, 23/12/08)

ENFRENTAMIENTO AGUIRRE vs. GALLARDÓN: LAS REFORMAS DEL CANAL Y CAJA MADRID IMPULSAN EL CHOQUE ENTRE COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO

De un plumazo, el Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó a través del anteproyecto de la Ley de Acompañamiento el inicio de las dos reformas legales más controvertidas. Son las que la han llevado al choque frontal con el Ayuntamiento de Madrid, que preside su rival, Alberto Ruiz-Gallardón: la reforma de la ley de cajas y de la creación de una sociedad anónima que, en un futuro, permitirá privatizar el Canal de Isabel II. Una vez más, el Ejecutivo de Aguirre amplía el objeto de la ley, las medidas fiscales y administrativas, para modificar normas sin tener que debatirlas una a una.

La revisión de la ley regional de cajas se produce en pleno enfrentamiento con el alcalde por la apertura de un proceso electoral en Caja Madrid, que pretende mantener a Miguel Blesa en la presidencia, donde lleva 12 años. Los consejeros gallardonistas, unidos a los de los sindicatos y al de IU, apoyan al presidente de la entidad. Los aguirristas quieren desbancarlo.

También la privatización del Canal de Isabel II suscitó el choque entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, cuando Aguirre la anunció en el debate del estado de la región el pasado septiembre. Gallardón mostró después su intención de romper el convenio por el que tiene cedida al Canal la red de saneamiento y alcantarillado, si Aguirre seguía adelante con el proyecto. El convenio contiene una cláusula que permite al alcalde dar por roto el acuerdo si comienza un proceso de privatización. Gallardón aseguró que en ese caso está obligado a romper el convenio y sacar a concurso la gestión del alcantarillado.

"La red por la que pasa el agua es del Canal de Isabel II. Si [el Ayuntamiento] rompe el convenio, tendrá que pagar un canon", respondió el presidente de la empresa, que es el vicepresidente regional, Ignacio González. La novedad de es que el Consejo de Gobierno decidió autorizar al Canal a crear una sociedad anónima que gestione las infraestructuras hidráulicas de la región. González explicó que el Canal mantendrá las concesiones y autorizaciones del dominio público del agua y los derechos de explotación. Después, el 49% de esa empresa saldrá a Bolsa. Con esta medida, el Ejecutivo regional pretende obtener unos 4.000 millones de euros para nuevas infraestructuras de agua que se construirán en los próximos 10 años.

El anteproyecto de ley desató las iras de la oposición. IU anunció ya antes de conocer el texto legal que lo impugnará por la vía contencioso-administrativa y pedirá la suspensión cautelar. "Ha sido un golpe de mano", afirmó la portavoz, Inés Sabanés. "De una tacada se aprueban las medidas más polémicas".

La portavoz de IU criticó que "el PP dedica todos los debates a hablar de Zapatero y, lo importante, lo mete todo en un día". Se refería a que en una sola sesión del pleno de la Asamblea se discutirá el próximo diciembre la Ley de Acompañamiento. Esta norma no exige la tramitación ordinaria en comisión, antes de ir al pleno y, además, permite modificar varias leyes de una sola vez, sin discutirlas una a una. "No vamos a tolerar que año tras año medidas tan relevantes se cuelen por la puerta de atrás, eludiendo los procedimientos y debates debidos. Debería ser un compromiso democrático no utilizar la Ley de Acompañamiento de forma tan torticera".

También lo consideró un abuso la portavoz socialista, Maru Menéndez, aunque ella no tiene previsto llevar la Ley de Acompañamiento a los tribunales y aseguró que, hasta que no conozca el contenido de la ley, no decidirá su posición de voto. "Vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para impedir la privatización del Canal", agregó. Menéndez también recordó que los ayuntamientos socialistas advirtieron ya de su intención de romper los convenios de cesión de sus infraestructuras en caso de privatización.

(www.elpais.com, 21/11/08)

UN ALTO CARGO DE AGUIRRE, IMPUTADO POR LA ADJUDICACIÓN DE LAS VENTAS

José Pedro Gómez Ballesteros, director gerente del centro de asuntos taurinos, ha sido imputado por un presunto delito de falsedad documental en la adjudicación irregular de la Plaza de las Ventas. Gómez Ballesteros depende directamente del vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González. Con la suya, van cuatro imputaciones por la concesión de la gestión de la plaza más importante del mundo. Entre ellas, la del beneficiario de la concesión, el empresario José Antonio Martínez Uranga.

La Fiscalía ha presentado un escrito en el Juzgado manifestando que todos los miembros de la mesa de contratación que declararon ante el juez apuntaron a José Pedro Gómez Ballesteros como el responsable de estudiar las ofertas recibidas para gestionar Las Ventas.


De los testimonios recogidos por el juez se desprende que él fue el único encargado de mirar las propuestas y de elaborar el informe definitivo que adjudicó Las Ventas a Martínez Uranga. En base a estos argumentos, el juez ha imputado a Gómez Ballesteros por un presunto delito de falsedad documental. 


La gestión de Las Ventas viene arrastrando polémicas desde 2004, cuando la concesión se adjudicó a Taurovent, una empresa en la que participaba el mismo Martínez Uranga, que controlaba el 60% de las acciones, y Fidel San Román, uno de los imputados en el caso Malaya, con el 35%. En el concurso, esta entidad superó por un punto a las competidoras a pesar de que, al menos dos de ellas mejoraban su oferta, según informó la SER. Tan escandaloso fue el asunto que una de las perdedoras, Madrid Capital de Toreo, presentó una querella por prevaricación contra el vicepresidente González.


El reparto accionaral de Taurovent se invirtió tras la concesión, pasando la mayoría a manos de San Román. Pero cuando la Operación Malaya acabó salpicando a este, Martínez Uranga compró su parte –a pesar de que aquél ya estaba en prisión y la concesión ya estaba en entredicho-. El resto de la empresa quedó en manos de Ramón Calderón, el presidente del Real Madrid. La Comunidad de Madrid ignoró estos bochornos, prorrogando el contrato a Taurovent, la primera y única empresa con la que el coso ha sufrido pérdidas.

(www.elplural.com, 17/11/08)

AGUIRRE NO EXPLICA EL COSTE DEL ESTRENO DE LOS TEATROS DEL CANAL

Sin el IVA, 407.354 euros. Ésta es la única cifra que asumió haber pagado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la inauguración de los Teatros del Canal de Isabel II. Pero se refiere sólo al coste del espectáculo A, dirigido por el músico Nacho Cano, con quien el Gobierno regional, a través de su empresa pública de aguas, firmó un contrato el 15 de julio, según Aguirre. Contrato que no mostró. Del resto del estreno, nada.

Y ya es algo. El 25 de septiembre el vicepresidente Ignacio González, que también dirige la empresa pública, afirmó: "El Canal no ha pagado un solo euro". Los documentos publicados el pasado 23 de septiembre, muestran que el coste de todo el acto -el musical más el convite que le siguió- fue de casi 1.229.000 euros.

Tanto González como la presidenta regional eludieron responder a las preguntas que le formularon en la Asamblea de Madrid la portavoz de IU, Inés Sabanés, y el diputado socialista José Antonio Díaz, sobre quién pagó, o qué argucias se utilizaron para evitar pagar el resto de costes del acto de inauguración, celebrado el pasado 22 de septiembre, con 900 invitados.

"Cualquier fiesta y cualquier gasto de esas características no sólo es un despilfarro en un contexto de crisis, sino que es profundamente injusto en un momento en que se ha anunciado la privatización del Canal con la justificación de que le falta dinero para inversiones", afirmó Sabanés. Aguirre le contestó después que cuando firmó el contrato "Zapatero ni siquiera reconocía la crisis".

"Si la empresa pública no ha pagado un euro, ¿quién lo ha pagado?, ¿cómo se ha financiado el espectáculo?", planteó Díaz, que recalcó que a pesar de ello en la invitación figuraba la presidenta como anfitriona. No tuvo respuesta en el hemiciclo. González recordó en su intervención el sobrecoste que ha supuesto a las obras de los teatros: "Los 100 millones de euros de más como consecuencia de la mala gestión de la dirección técnica". Era un directo a la yugular del arquitecto Juan Navarro Baldeweg, que el Canal despidió para luego volver a contratar.

La respuesta a la oposición la dio el gerente del Canal, Ildefonso de Miguel, no en el hemiciclo, sino en los pasillos de la Asamblea. Allí De Miguel reveló a los medios, sin aportar documentación, que el acto salió por una cantidad cercana al millón de euros.

La productora Boomerang TV, que organizó el acto según su director, José Manuel Lorenzo, ha negado la cifra de 1,5 millones porque asegura que los documentos que tiene EL PAÍS sólo eran un borrador de contrato. El Canal de Isabel II, al que desde el primer día este periódico le reclamó contrastar la documentación, no ha aportado en este tiempo otros papeles que desmientan la cifra.

Tampoco lo hizo . El gerente de la empresa pública, Ildefonso de Miguel, reconoció la cantidad parcial avanzada por Aguirre (407.354 euros más IVA) y explicó que ha gastado otros 450.000 euros en el patrocinio del musical de Nacho Cano, que en teoría comenzará ahora una gira. Entonces, agregó, "tendrá la presencia y compensación habituales, como los tendrán otros patrocinadores".

El resto del evento, agregó, lo pagarán las constructoras que han levantado los edificios -las empresas ACS, presidida por Florentino Fernández, y OHL, por Juan Miguel Villar Mir-. "Es lo normal, lo habitual y lo que ocurre en cualquier inauguración de obras", puntualizó. Habitualmente las concesionarias de las obras que ejecuta la Comunidad tienen por contrato una obligación (cláusula de hospitality) de abonar el coste del acto de inauguración. Así ha ocurrido con la apertura de las estaciones de metro o los hospitales, según un portavoz del Gobierno regional. De Miguel dijo que desconocía cuánto les habría costado el convite a las constructoras. Pero la cifra asumida por él se acerca al millón de euros.

Que sólo admita haber pagado una parte del contrato tiene una explicación. La Ley de Contratos del Sector Público de 31 de octubre de 2007 obliga a las empresas públicas a convocar un concurso siempre que contraten servicios si superan el límite de 211.000 euros (artículo 16). El Canal no convocó concurso para el estreno de los teatros, según una portavoz. González ha explicado reiteradamente que cuando supieron que Cano preparaba un musical sobre el agua decidieron llevarlo a los teatros para la inauguración. Es decir, que si reconoce el contrato de 1,5 millones, la empresa pública estaría saltándose la ley.

Ahora sólo admiten el contrato con Cano. Porque un acuerdo con un artista no entra dentro del ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. Y no requiere concurso, según un interventor de empresas públicas. "Es un contrato privado", afirma.

Fuera del escándalo de las cifras, se produjo otro político. PSOE e IU tacharon de "muy grave" que no hubiera explicaciones en el hemiciclo. "Esta Cámara necesita una auditoría democrática, porque el PP nunca contesta a nada", afirmó la portavoz socialista, Maru Menéndez. "No nos han dicho la cuantía ni quién ha corrido con los gastos. En una Administración pública es de una gravedad extrema porque en sede parlamentaria no se puede dejar de contestar sobre gastos públicos".

"Nos hemos dirigido a Aguirre con una pregunta clara, que no daba lugar a ambigüedades y nos ha dado una respuesta a medias, que después ha intentado completar el gerente en los pasillos con una explicación poco convincente, que nos deja más incertidumbres", agregó la portavoz de IU, Inés Sabanés. Su grupo va a pedir la comparecencia de González en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Hasta que se aclare todo.

(www.elplural.com, 03/10/08)

IGNACIO GONZÁLEZ DICE QUE GALLARDÓN DEBERÁ DEVOLVER EL DINERO AL CANAL SI RESCINDE EL CONTRATO

El vicepresidente primero, Ignacio González, ha advertido a Ruiz-Gallardón que si quiere "aprovechar el tirón para ver si saca más dinero" a raíz de la privatización del Canal de Isabel II, deberá devolver los más de 800 millones de euros que le ha pagado ya la Comunidad por distribución y saneamiento del agua.

González se ha pronunciado de este modo en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, al ser preguntado por el anuncio que hacía poco antes el alcalde de Madrid acerca de que la privatización del 49% del Canal "obligará al Ayuntamiento a rescindir los convenios que mantiene con la empresa y a convocar un concurso para sustituirlos".

El vicepresidente primero regional, que en ese momento desconocía las palabras exactas del alcalde, ha preferido "no pronunciarse" al respecto y ha asegurado que le "extrañaba" que Ruiz-Gallardón "haya dicho eso, en esos términos".

No obstante, ha recordado que existe un convenio en vigor "reciente" por el cual el Canal de Isabel II asume durante los próximos 25 años el servicio de distribución y saneamiento del agua de la capital, a cambio de lo cual ha abonado ya al Consistorio "entre 800 y 900 millones de euros".

Ha manifestado, por tanto, que si el Ayuntamiento de Madrid se plantea ahora rescindir el contrato con el Canal -a raíz del anuncio de privatización del 49% del capital de este organismo que ha hecho la presidenta regional-, la Comunidad "podrían reclamar" al Consistorio la cantidad que ya le han pagado "por adelantado".

El vicepresidente primero ha insistido en que el convenio que está firmado con el Ayuntamiento de Madrid "no va a cambiar ni va a sufrir ninguna modificación" por la salida a Bolsa del Canal.

Ha puesto en duda que cualquier posible convenio o cualquier concurso que el Consistorio pudiera firmar en el futuro para recibir durante los próximos "30 años" los servicios que hoy recibe de la empresa de la Comunidad, le vaya a pagar el dinero en sólo tres años "como se lo esta dando el Canal".

A juicio de González, "en la mentalidad de quien haya planteado" rescindir el convenio entre el Canal y el Ayuntamiento estará "devolver el dinero" que el Consistorio ha cobrado por adelantado y que "no querrá las dos cosas".

(www.soitu.es, 18/09/08)

'CASO NEIRA'. LA FAMILIA DE JESÚS NEIRA SE ENFRENTA AL GOBIERNO REGIONAL

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, habló sobre el caso Neira. Dijo que la relación con la familia del profesor agredido es "muy buena", que se le concederá la medalla al Mérito Ciudadano por su gesto de defender a una mujer que estaba siendo agredida y que el Gobierno regional está dispuesto a colaborar. Pero este puñado de buenas palabras no contentó a la familia de Neira. "Esperamos que la Comunidad haga menos declaraciones de apoyo y que asuma su responsabilidad en este caso, que la tiene, y mucha", señaló el portavoz familiar, Javier Castro.

Esa responsabilidad es, según Castro, la que se deriva de una supuesta negligencia de los médicos que atendieron a Neira tras la agresión del 2 de agosto (tres de ellos están imputados por negligencia). El profesor, golpeado al defender a una mujer maltratada, entró en coma en su domicilio tras varias visitas a los facultativos. Por ahora, el juez ha imputado a tres médicos de la sanidad pública, uno del hospital de Móstoles y dos del Puerta del Hierro. Javier Castro comentó a este periódico que en los próximos días solicitarán al juez de Majadahonda que cite como imputado por su responsabilidad en los hechos a un cuarto facultativo, perteneciente al Puerta de Hierro, que atendió a Neira el lunes 4 de agosto.

El enfrentamiento entre la Comunidad y la familia se debe a la insistencia del Gobierno regional por personarse como acusación popular en el caso de la agresión, es decir, por ser parte en un proceso en el que sus médicos están imputados. El profesor permanece en coma desde el pasado 6 de agosto en el hospital Puerta de Hierro, cuatro días después de sufrir la agresión.

Así, los abogados de Neira presentaron alegaciones en el juzgado de Majadahonda que lleva el caso contra el recurso interpuesto el martes por la Comunidad para ser acusación popular. El juez ya había rechazado esa pretensión del Ejecutivo anteriormente. "La Comunidad sigue insistiendo en su voluntad de personarse porque tiene intereses directos en ese procedimiento", señaló Castro.

"Ellos lo plantean así porque piensan que la agresión y la negligencia son dos casos distintos. Pero para nosotros la conexión es evidente: la situación de Jesús es consecuencia de ambas cosas, de la agresión y de que no recibió la atención facultativa adecuada", aseguró Castro. El portavoz de la familia señaló, además, que el recurso del Gobierno regional también cuestiona la competencia del magistrado para juzgar la responsabilidad penal de los médicos que atendieron a Neira. "Cualquier dilación en el proceso va en contra del proceso", concluyó Castro.

El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio González, aseguró que la Comunidad mantiene su intención de personarse en el caso para lograr que "se aplique todo el peso la ley". "Lo que hay abierto es un proceso por una denuncia de las agresiones salvajes al señor Neira, que es lo que ha provocado el estado en que se encuentra, y en el que nosotros queremos ser parte porque nos parece un hecho brutal de agresión que tiene que ser condenado", añadió.

Sobre las actuaciones sanitarias en los hospitales Puerta de Hierro y de Móstoles, González, indicó que actuarán en lo que les "corresponda", sin profundizar más en el tema ni determinar en qué punto se encuentra el expediente que la Consejería de Sanidad abrió para determinar si se atendió correctamente a Neira en su periplo hospitalario, desde que sufrió las agresiones el 2 de agosto hasta que ingresó en el Puerta de Hierro en coma por un derrame cerebral.

(www.elpais.com, 29/08/08)

 AGUIRRE, CANDIDATA ÚNICA EN EL PP

Decenas de partidarios arroparon a Esperanza Aguirre, que presentó un total de 228 firmas en la sede del PP para optar a la reelección como presidenta del partido en Madrid el próximo mes de septiembre. La actual presidenta del PP de Madrid es la única aspirante al Congreso regional que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre para presidir la formación. El plazo para formalizar candidatura concluyó a las 20.00 horas sin que ningún otro aspirante a la Presidencia del PP presentara las 90 firmas necesarias para optar al cargo. Aguirre no quiso desvelar muchos detalles de quiénes formarán parte de su candidatura, pero sí explicó que Francisco Granados continuará como secretario general, que estará Ignacio González y que ofrecerá puestos a personas del entorno de Alberto Ruiz-Gallardón. No parece que se vayan a producir muchos cambios, pues la presidenta del partido considera que si se ganan la liga y la copa y casi la champions no hace falta hacer modificaciones. No quiso aclarar si Manuel Pizarro, del que dijo que era una persona muy capacitada por sus conocimientos sobre economía y política, estaría en esta lista.

En el congreso anterior del PP se produjo un duro enfrentamiento entre las personas próximas al alcalde Ruiz-Gallardón y la candidatura de Esperanza Aguirre. Finalmente se presentó para competir con Aguirre el actual vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

En esta ocasión, el propio alcalde ha elogiado la candidatura de Aguirre, por lo que no se espera que haya tensiones en el cónclave de los populares en el mes de septiembre. Señaló que el apoyo explícito que han expresado el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón, y su mano derecha, Manuel Cobo, ha supuesto "una declaración de confianza que le llena de ilusión y satisfacción". La lista de los candidatos de la Ejecutiva del PP de Madrid deberá ser votada por un 20% de los 2.500 compromisarios que se espera que asistan a esta reunión.

La presidenta explicó que presentaba su candidatura con "ilusión" porque los resultados de los últimos años han sido muy buenos y se han batido todos los récords del partido en Madrid gracias "al apoyo de la sociedad madrileña que es la más abierta, emprendedora y pujante de toda España".

Casi a la misma hora en que Aguirre presentaba sus avales y en el mismo edificio (en la sede del PP), la secretaria general de este partido, María Dolores de Cospedal, dijo que la posibilidad de que Aguirre sea la candidata a las elecciones autonómicas dependerá "de lo que apruebe el Congreso Regional del PP de Madrid", informa Luis Angel Sanz.

La número dos de Mariano Rajoy dijo que Aguirre es "una gran presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid". En la rueda de prensa semanal posterior al Comité de Dirección del PP, De Cospedal respondió así al ser preguntada por la candidatura de Aguirre. La ex consejera de Transportes recordó que al candidato regional "lo nombraba, hasta ahora, el Comité Electoral Nacional" y que la reforma de los Estatutos "sólo es de aplicación" al aspirante a la Presidencia del Gobierno de España.

(www.elmundo.es, 15/07/08)

AGUIRRE INTENTÓ FICHAR AL CRÍTICO COSTA Y A PIZARRO PARA SU GOBIERNO

La operación de Esperanza Aguirre, que ha cesado fulminantemente a los dos consejeros de su Gobierno que se acercaron a Mariano Rajoy, Alfredo Prada y Manuel Lamela, tenía mucho mayor calado. La presidenta de Madrid, convertida ya con claridad en líder del sector crítico del PP, trató de fichar para su equipo a dos personas clave que se han quedado fuera de la dirección nacional del partido: Juan Costa, el único que estuvo a punto de encabezar una candidatura alternativa a Rajoy, y Manuel Pizarro, fichaje estrella en enero y ahora muy distanciado del presidente, hasta el punto de que ha rechazado todos los puestos que le ha ofrecido.

Habría sido una auténtica revolución y Aguirre habría conseguido organizar en Madrid un poderoso polo de oposición a Rajoy con personajes muy destacados. Pero los dos rechazaron el ofrecimiento. Ambos evitaron confirmar o desmentir, pero Costa, en Radio Nacional, casi lo asumió: "Me encantaría colaborar con Esperanza Aguirre. Pero, si me lo hubiera ofrecido, yo no podría confirmárselo a usted", dijo.

A Costa la presidenta le llamó para proponerle, según fuentes del PP madrileño, ser el responsable de Economía. Con Pizarro las fuentes coinciden en que le ofreció una puesto hace semanas, aunque discrepan sobre las atribuciones del cargo, si eran económicas o políticas. Costa dijo no, siempre según las mismas fuentes, porque no le parece serio dejar ahora el escaño en el Congreso -fue cabeza de lista por Castellón- después de quedar fuera de la dirección en la otra purga, la que ha hecho el líder del PP con críticos como Carlos Aragonés o Gabriel Elorriaga. Costa entendió que la renuncia sería interpretada como una pataleta.

El caso de Pizarro es más complejo. El fichaje estrella de Rajoy en las pasadas elecciones se ha quedado como diputado raso después de rechazar la portavocía de Economía en el Congreso, la vicepresidencia de la Comisión de Economía y, últimamente, un puesto en el Comité Ejecutivo. Pizarro le ha dicho no a todo a Rajoy. Sin embargo, sí aceptó estar en la dirección del PP madrileño, y participa habitualmente en las reuniones de la cúpula de los aguirristas. Por eso Aguirre pensó que le diría que sí.

Pizarro, que no necesita ni mucho menos la política para vivir porque sólo como finiquito recibió de Endesa casi 15 millones de euros, no quiere sin embargo ningún puesto de gestión que se puede considerar menor. "Llevo 25 años siendo mi propio jefe", suele repetir a los amigos. El puesto al que él podría aspirar, según fuentes parlamentarias, es el de presidente de Caja Madrid, un cargo que ostenta Miguel Blesa desde 1996. Ése si sería un puesto con autonomía y un perfil de poder similar al que tenía en Endesa.

Al margen del fracaso con Pizarro y Costa, la decisión de Aguirre de fulminar a los dos consejeros que se acercaron a Rajoy a espaldas de la presidenta ha causado una auténtica conmoción en el PP. Varios diputados marianistas, fieles al líder, consideran que se trata de una auténtica reapertura de hostilidades después de un periodo precongresual muy tenso. "Es el liberalismo chequista", señala un diputado en referencia a las purgas estalinistas.

Rajoy, siempre según estas fuentes, tratará de recuperar al menos a Alfredo Prada, cuyo cese ha sido absolutamente traumático, afirman fuentes madrileñas. La conversación entre Aguirre y Prada fue muy tensa y de hecho él es el único de los consejeros que no acudió a la toma de posesión de sus sucesores. Lamela sí estuvo, y sonriente. Todo parece indicar que aceptará ser consejero de Caja Madrid, el puesto de consolación bien remunerado que le ha ofrecido Aguirre.

Prada es enemigo declarado de Ignacio González, mano derecha de Aguirre. Por eso fue especialmente mal visto en el entorno de la presidenta que él aceptara la propuesta de Rajoy para entrar en el Comité Ejecutivo del PP, cuando ya sabía que el líder había vetado allí a Ignacio González, que estaba en ese órgano de dirección desde 2004. Prada, que según fuentes madrileñas se ha visto varias veces con Rajoy para preparar el camino sin decirle nada a Aguirre, la llamó el sábado por la mañana. "Mariano me ha propuesto que esté en la ejecutiva", le dijo. "Haz lo que quieras, es una decisión personal", respondió ella. Era una forma clara de no autorizarle, pero él siguió adelante y la ruptura ha sido definitiva.

Los aguirristas defienden que la presidenta de Madrid, que se ha sentido agredida y que culpa a Rajoy por haberle instalado en el papel de mala de la película, tenía todo el derecho a destituir a quienes no han sido del todo fieles con ella y han girado hacia Rajoy a sus espaldas. En un momento de dificultades, aseguran, ella tiene que tener alrededor a gente en quien confiar. Los marianistas, por el contrario, creen que con esta maniobra Aguirre ha roto cualquier atisbo de puente que pudiera quedar con Rajoy.

(www.elpais.com, 27/06/08)

AGUIRRE DESTITUYE A LOS MIEMBROS DE SU EJECUTIVO QUE DIERON SU APOYO A RAJOY

La presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, destituyó a cinco de sus consejeros. Oficialmente, el cambio ha sido para ahorrar. La realidad es que ha prescindido de dos hombres de Mariano Rajoy (Prada y Lamela) y de algunos de los consejeros que no llevaban la velocidad que gusta a la presidenta. Ignacio González, único vicepresidente, sale reforzado de esta remodelación. "Esto no se va a quedar así". Era la frase más repetida en las consejerías de la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre volvió tras perder el Congreso del PP en Valencia.

Aguirre cerró la primera crisis de Gobierno de su segunda legislatura destituyendo a cinco consejeros, entre ellos Manuel Lamela y Alfredo Prada, que se declararon partidarios de Mariano Rajoy en Valencia. La salida de los consejeros más cercanos a Mariano Rajoy va acompañada de la de personas que, siendo próximas a Esperanza Aguirre, no estaban dando a sus consejerías la "acción" que quería la presidenta.

Los acompañantes han sido Beatriz Elorriaga (Medio Ambiente y Ordenación del Territorio); Merry del Val (Economía) y Gádor Ongil (Familia y Servicios Sociales). Desde el Ejecutivo se ha envuelto el cese de los consejeros próximos a Rajoy con la disculpa del ahorro. De hecho, se insistía en que Manuel Lamela iba a continuar trabajando para el Gobierno de Aguirre "desde otro puesto". No se decía lo mismo de Alfredo Prada, visiblemente contrariado tras la destitución. Los dos han roto la unidad del bloque de Aguirre en las últimas semanas. El primero, Manuel Lamela, aprovechó un acto intrascendente del Metro para declararse claro partidario de Mariano Rajoy y decir que votaría al presidente del PP cuando el partido en Madrid aún no había tenido su reunión en la que dio libertad para votar en el Congreso de Valencia.

Alfredo Prada, vicepresidente segundo y consejero de Justicia, ha estado callado durante las últimas semanas. Todos sabían que sus relaciones con Ignacio González, vicepresidente primero, no eran precisamente buenas desde hace mucho tiempo. Pero estalló la crisis, cuando se conoció que Ignacio González salía del comité ejecutivo nacional del PP y era sustituido, por voluntad de Rajoy, por su oponente en el Gobierno de Madrid: Alfredo Prada. En la formación del último Gobierno ya se comentó que González quiso ser vicepresidente único. Prada logró mantener la categoría, pero perdió los funcionarios, los bomberos, la formación de los policías y la Bescam, que creó cuando llegó al Gobierno de la Comunidad para reforzar la seguridad en toda la región.

Las tesis de Ignacio González, desde hace tiempo, son que el Ejecutivo de Aguirre necesitaba más impulso, más nervio, más "acción". Y que desde la consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la de Economía y la de Familia no se estaba aportando ese dinamismo que pretende Aguirre. González queda como único hombre fuerte, pues permanece como vicepresidente después de que se aceptaran muchas de las sugerencias que ha hecho a la presidenta en los últimos días.

Merry del Val ha sido el autor de la Ley de Horarios Comerciales y de importantes medidas liberalizadoras, pero ahora hay que gestionar una crisis y con el PP nacional a la contra. Antonio Beteta es un gran experto en Hacienda y sabe de economía, pero fundamentalmente es pata negra Aguirre y tiene un gran peso en el partido en Madrid. Aportará un frente político que Aguirre quiere reforzar de cara a un duro invierno, con un congreso regional en otoño.

La presidenta de Madrid quiere contraatacar al Gobierno de la nación con medidas más valientes y liberalizadoras y dar ejemplo de cómo se puede luchar contra la crisis desde su núcleo duro. Beteta no ha sido partidario nunca de entrar en el Ejecutivo regional, pero la derrota del Congreso de Valencia le ha hecho aceptar el ofrecimiento de Aguirre.

Beatriz Elorriaga ha sido hasta anoche la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En este año ha chocado con la inmensa burocracia urbanística y no ha aprobado ningún Plan General de Urbanismo -aunque hay siete a las puertas, si bien de localidades pequeñas-. La presidenta quiere más dinamismo y agilidad para demostrar que en Madrid se puede hacer un urbanismo más rápido y construir también en épocas de crisis. El Parque Nacional del Guadarrama tampoco ha tenido ningún avance importante en este año, lo que hace que muchos colectivos sociales hayan expresado su protesta ante el Gobierno regional y el de José Luis Rodríguez Zapatero.

El caso de Gádor Ongil es parecido al de Merry del Val. La consejería no va a la velocidad que le gusta a la presidenta, que espera que Engracia Hidalgo, experta en cifras, ponga en macha la Ley de la Dependencia y mejore la situación de las residencias de mayores, muy criticadas en los últimos meses.

Todos esperaban que pasara algo tras el Congreso de Valencia. Pero pocos pensaban que iba a ser tan rápido. Se creía que sería o poco antes de las vacaciones, para que el mes de agosto curara las heridas, o en septiembre para relanzar el curso político.

Pero ha sido cuatro días después de regresar de Valencia, con todo caliente. , en algunos consejeros sorprendidos se detectaba mucho enfado por la rapidez y la violencia de la crisis. Los diputados del PP no tenían, salvo Beteta, ni idea de lo que estaba sucediendo.

La llegada de Ignacio Echeverría, otro hombre del partido, refuerza la imagen de un Ejecutivo más político. Echeverría conoce a Aguirre desde sus tiempos del Ayuntamiento de Madrid y sabe lo que quiere la presidenta de Madrid de una cartera como la de Transportes. Hacer Metro y carreteras, pero también darle palos al Gobierno central. Y para eso prefiere a alguien más fiel a Madrid y no a un consejero como Manuel Lamela, que está claramente con Rajoy.

La salida de Lamela se daba por segura desde hace algunos días, pero tampoco se esperaba que fuera tan rápida. De hecho, se rumoreó que Rajoy le nombraría secretario general del PP, lo que evitaría una salida violenta del Gobierno.

En el Gobierno de Esperanza Aguirre no se veía una reunión de Consejo de Gobierno con personas tan cercanas a Mariano Rajoy como eran Lamela y Prada. "Ahora, podrán hablar sin tapujos, no hay un consejero que no sea cien por cien Aguirre", decían por la noche algunos diputados, una vez conocida la resolución de la crisis. Algunos estaban tan despistados que aún preguntaban a los periodistas por la posibilidad de un ascenso, sin saber que Aguirre había ya cerrado la crisis apelando sólo a los hombres y mujeres más de la casa, es decir más del PP de Madrid.

(www.elmundo.es, 26/06/08)

AGUIRRE RECLAMA A RAJOY QUE NO LA EXCLUYA EN EL DISEÑO DEL NUEVO PP

Esperanza Aguirre considera que tanto ella como la organización a la que representa han ganado suficiente peso en el PP como para que el líder del partido, Mariano Rajoy, tenga en cuenta su opinión, aunque a veces pueda resultar indigesta. Para diseñar equipos y para esbozar estrategias. Ahora, en tiempos precongresuales, y en el futuro.

Y como se acumulan en las páginas de los periódicos o en las ondas de radio las noticias sobre movimientos y maniobras para seducir a posibles candidatos a ocupar la secretaría general y, de paso, otros cargos de nueva creación, ella lanza un aviso a través de su portavoz: no sería ni "lógico, ni deseable, ni sensato, ni razonable" que el presidente del partido no consultase a todos sus presidentes regionales, "ahora y en los próximos meses", enfatizó el vicepresidente de Madrid, Ignacio González, en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno.

Cuando a González se le preguntó si, como ha sucedido con otros barones territoriales del PP, Rajoy se ha interesado por el criterio de Aguirre en torno a sus futuros colaboradores, él respondió que no ha habido conversaciones en este sentido. Eso sí, dejando claro que esperan que las haya.

Esta reacción se producía tan solo unas horas después de que se hubiera hecho público que el presidente de Valencia, Francisco Camps, y el líder de los populares andaluces, Javier Arenas, se habían erigido en portavoces de Rajoy para tratar de convencer, sin éxito, al político vasco Carlos Iturgaiz de que aceptase integrarse en la nueva dirección del partido.

Camps y Arenas se han convertido en escuderos del líder en momentos difíciles, aunque muchos de sus compañeros vinculen su postura a intereses personales más que generales. Al primero, los críticos le achacan respaldar a Rajoy para ganar tiempo y, en tres años, tratar de tomar él las riendas del PP. Al segundo, rechazar por ahora responsabilidades nacionales para intentar consolidarse en su comunidad "a la espera de que llegue un candidato que no esté quemado de antemano".

(www.elperiodico.com, 30/05/08)

IGNACIO GONZÁLEZ, NÚMERO 'DOS' DE AGUIRRE: "NO SABEMOS SI MARIANO RAJOY SERÁ EL CANDIDATO EN EL AÑO 2012"

El vicepresidente del Gobierno regional y número 'dos' de Esperanza Aguirre Ignacio González, asegura, en una entrevista que publicará íntegramente mañana el diario '20 minutos', que todavía no se sabe si Mariano Rajoy será el candidato del PP en las próximas elecciones generales de 2012.

El vicepresidente del Gobierno regional y número 'dos' de Esperanza Aguirre Ignacio González, asegura, en una entrevista que publicará íntegramente mañana el diario '20 minutos', que todavía no se sabe si Rajoy será el candidato del PP en las próximas elecciones generales de 2012. Preguntado por el periodista sobre la cuestión, responde: "Eso no lo sabemos". Asimismo, González apunta que desde la dirección del PP se ha dado en las últimas semanas una imagen de la presidenta madrileña "que no es real".

Aunque "Esperanza no pretende ser presidenta del PP ni quitar a nadie para ponerse ella", según el vicepresidente, si se hubiese propuesto conseguir los avales necesarios para presentarse a la Presidencia de su partido, Aguirre los hubiese logrado.

"Es un futurible porque nadie se ha puesto a contarlos pero yo estoy seguro de que si hubiera decidido presentarse habría conseguido todos los avales necesarios y más", añadió. Asimismo, dijo desconocer si él mismo sería presidente de Madrid si Esperanza Aguirre optara a la presidencia de su partido, aunque piensa que sería el presidente de la Comunidad si lo deciden sus compañeros y le dan la confianza de la Cámara.

(www.eleconomista.es, 04/05/08)

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EL GOBIERNO DE AGUIRRE LE PIDE QUE SE LANCE

Sólo ella tiene la última palabra, pero si se deja llevar por lo que escucha cada día, Esperanza Aguirre debe de estar muy animada a tirarse a la piscina y presentarse como candidata alternativa a Mariano Rajoy para tomar las riendas del PP. No sólo entusiastas como el diputado Antonio Beteta la empujan a hacerlo. Casi todos los consejeros regionales están en esa línea, con su vicepresidente, Ignacio González, a la cabeza. Entre los más cercanos, sólo Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, lo ve demasiado complicado. Ese entusiasmo quedó en evidencia en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuando Aguirre invitó a sus consejeros a un café, de forma inusual, para hablar de un asunto que hasta ese momento sólo había tratado con los más cercanos -González, Granados.Allí estaban Juan José Güemes, Manuel Lamela, Engracia Hidalgo, Lucía Figar, Beatriz Elorriaga, Gádor Ongil, Ana Isabel Mariño, Santiago Fisas, Alberto López Viejo y Paloma Adrados. La presidenta fue muy crítica con la situación del partido, según cuentan algunos presentes. Dijo que ella sólo había querido abrir el debate de ideas porque creía que Rajoy estaba gestionando muy mal la situación poselectoral.

"Tenemos a la militancia muy enfadada. Estamos perdiendo votos a chorros. No podemos dar la imagen de partido anquilosado, de que perdemos las elecciones y nos dedicamos a aplaudir más que antes. Nuestra gente ha pasado cuatro años muy movilizada porque creía que la derrota era culpa del 11-M. Tenemos que dar una imagen ilusionante. El congreso debe ser un revulsivo", recuerdan que dijo.

Entonces hablaron ellos. Y uno tras otro -González se había bajado a dar la rueda de prensa y Granados tenía que encargarse, como consejero de Interior, de un incendio en Aranjuez- todos la animaron a dar el paso. Varios de ellos, incluidos algunos con mucho peso en el Ejecutivo regional, pronunciaron una misma frase, según recuerdan los que reconstruyen la reunión "Si logramos los 600 avales obligatorios para presentarse, ganas seguro, presidenta".

Entre los consejeros de Aguirre hay personas muy cercanas a Rodrigo Rato, como Juan José Güemes. Por eso en el partido muchos dirigentes piensan que la mano derecha de José María Aznar en los 90 está con la presidenta. Fue Ana Isabel Mariño, otra ratista, quien introdujo el nombre de Rato en esa reunión: "Rodrigo está alucinado con lo que está pasando", comentó. En el PP corre por todas partes el malestar que el ex vicepresidente económico está trasladando porque Rajoy nunca le ha pedido que le ayude y por cómo está gestionando la derrota electoral del 9-M. La convicción de que si se consiguen los avales, la victoria está asegurada, fue mayoritaria.

Otros consejeros coincidieron con una idea que le han escuchado a González: "Un congreso de 3.000 personas es algo imposible de controlar por el aparato". Fisas, mientras, insistió mucho en que había que reflexionar sobre los resultados en Cataluña.

Después de un largo debate en el que sólo algunos matizaban que tal vez convenía esperar un poco más porque si no ella quedaría "como la mala de la película", Lucía Figar le preguntó si a ella realmente, en lo personal, le apetecía asumir el reto. Entonces Aguirre se confesó ante sus consejeros. "Mirad, tengo muchas presiones. Me lo está pidiendo mucha gente. Me animan amigos, militantes, empresarios, periodistas... Si os digo la verdad, a mí no me apetece nada. Mi hijo se casa en julio, quiero tener más tiempo para la familia, fines de semana más tranquilos..."

Algunos empezaron a pensar que eso era un no. Pero luego llegó la puerta abierta que dejó a todos muy buen sabor de boca y la convicción de que la decisión final será un sí: "No me apetece, pero en la vida no siempre he hecho lo que me apetecía", cerró Aguirre.

Granados, que no estaba en esa reunión pero sí intercambia opiniones con muchos consejeros y pertenece al círculo al que la presidenta consulta las decisiones importantes, es menos entusiasta que sus compañeros. Él es el hombre de aparato, el responsable del partido en Madrid y el encargado, si llega el caso, de hacer las llamadas pertinentes a los dirigentes provinciales -mucho más importantes en un congreso de 3.000 personas que los barones autonómicos, según coinciden varios expertos- para buscar apoyos para Aguirre.

Granados, según explican otros consejeros y diputados que han hablado con él en estos días, cree que para lanzarse a la piscina, Aguirre debería tener garantizado el apoyo al menos de algún barón regional para que su candidatura tuviera más fuerza. Los entusiastas que le rodean replican que eso sólo sucederá cuando Aguirre dé el paso al frente. "Nadie quiere arriesgarse ahora que ella aún no ha anunciado que se presenta. Pero en cuanto haya dos candidaturas algunos barones se decantarán por Aguirre", sentencia un consejero madrileño. "El grupo parlamentario está más tranquilo ahora, pero en cuanto se anuncien dos candidaturas se dividirá", sentencia un veterano diputado.

Lo que más ha animado a los aguirristas, y preocupado al entorno de Rajoy -que de inmediato le ha preparado al líder una campaña por toda España para reforzar su autoridad y obligar a los barones a retratarse a su favor- es la entrada en juego de Francisco Álvarez-Cascos, el ex secretario general, un hombre que lo fue todo en los 90 y aún tiene predicamento en los cuadros medios del partido.

El que con más fuerza la empuja, según coinciden todos los consultados, es Ignacio González, que la acaba de acompañar en su viaje oficial de dos días a los Emiratos Árabes. Él es el hombre fuerte del Gobierno y el aspirante natural a suceder en el cargo a la presidenta si ésta lo deja por responsabilidades mayores. Los enemigos de González quieren ver en esa posibilidad el motivo de su entusiasmo con la candidatura. Lo cierto es que no está solo en la convicción de que el éxito es posible. Tiene a casi todo el Gobierno con él. Pero ella tiene la última palabra.

(www.elpais.com, 16/04/08)

ENFRENTAMIENTO EN EL BIPARTITO MADRILEÑO: AGUIRRE DESAFÍA A GALLARDÓN PARALIZANDO SU PROYECTO URBANÍSTICO ESTRELLA

La Comunidad de Madrid ha decidido someter el proyecto de reforma del Eje Prado-Recoletos a un sistema ordinario de aprobación, y no optar por la forma abreviada, lo que supondrá un mínimo de nueve meses más de evaluación. Aunque ya ha confirmado que continuará en el cargo, Gallardón vinculó inicialmente su permanencia en la alcaldía a la aprobación de este proyecto. Para el número dos de la CAM, Ignacio González, se equivocaba "quien haya pensado que aquí la Comunidad no tenía nada que decir o que no íbamos a decir nada"e indicó que "proyectos estrella creo que son todos". Para justificar paralización, González no ha dudado en apelar a unos intereses medioambientales que no ha respetado en otras ocasiones anteriores.

El vicepresidente de la CAM, Ignacio González, ha explicado que aplicarán para evaluar la propuesta de Gallardón para la remodelación del eje Prado-Recoletos el sistema ordinario de aprobación, en vez de optar por la forma abreviada, "porque la envergadura del proyecto y todas las afecciones que tiene así lo exigen". González aseguró en Telemadrid que "no es un capricho ni un intento de paralizarlo, sino todo lo contrario, es el procedimiento ordinario, como su nombre indica, ante una actuación que es de gran envergadura".

En cualquier caso, González apuntó críticas a aspectos del proyecto municipal, especialmente en cuanto a la reordenación del tráfico, señalando que la reducción de carriles conllevaría un "colapso del tráfico, que hay que ver por dónde se saca" y que además se desviaría hacia el parque del Retiro, "que es un pulmón más importante que tiene nuestra ciudad, y por tanto tiene una afección medioambiental gravísima, que hay que ver cómo se combate y qué alternativas se dan", subrayando que los que tienen que dar "soluciones" no son ellos sino el Ayuntamiento.


Respecto a la reacción del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, González se mostró tranquilo porque "aquí nadie está retrasando nada". Indicó que "quien haya pensado que aquí la Comunidad no tenía que nada que decir o que no íbamos a decir nada, -porque alguien considere que este proyecto es un proyecto importante-, nosotros también consideramos que es un proyecto importante, pero eso no significa, que no haya que cumplir con la legalidad vigente, los trámites ordinarios". Además, para el vicepresidente regional "proyectos estrella creo que son todos, también hemos oído que es un proyecto estrella todo el parque que se va a hacer por encima de la M-30 una vez que sea cubierto, y como ése, muchos otros son muy importantes para la ciudad".


(www.elplural.com, 24/03/2008)

ESPERANZA AGUIRRE: "QUITA DE AHÍ, YO SOY LA PRESIDENTA, ESE LUGAR ES MÍO"

Los asistentes a un acto que [Esperanza Aguirre] compartía con Alberto [Ruiz-Gallardón] se quedaron de piedra cuando la vieron pellizcar físicamente al alcalde en la espalda para que le dejara el sitio que ocupaba. ‘Quita de ahí, yo soy la presidenta, ese lugar es mío".

Éste es uno de los episodios que se describe en el libro "Duelo de titanes" (Editorial Espasa) de la periodista Lucía Méndez y que le sirven para relatar la relación más que tormentosa entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. Entre lo sádico, lo perverso, lo morboso y la atracción fatal al servicio del nada sutil arte de "dar que hablar", cueste lo que cueste. "Se levantan todos los días de la cama pensando en cómo hacerse faenas el uno al otro", resume la autora, dentro de un relato cruzado de dos trayectorias políticas y personales que no hacen más que chocar desde hace más de treinta años. Lo personal ha sustituido a lo político y las actitudes casi infantiles hacen ya imposible la reconciliación.

El elocuente subtítulo del libro es "Ella creció a su sombra, él la despreciaba. Las claves ocultas". Aguirre cree que Gallardón conspiró con el PSOE en 2003, en tiempos del "tamayazo", y el alcalde no perdona a la presidenta de la Comunidad que no le agradeciera en su momento que la propusiera a Aznar para ser candidata a ese cargo. "No ganaste las elecciones de mayo, tuviste que ir a septiembre, como los malos estudiantes", le llegó a decir Gallardón a Aguirre a propósito de la repetición de aquellas elecciones autonómicas.

Aguirre cree que Gallardón retrasó la comunicación de los datos de su victoria en la repetición de las autonómicas y él no le perdona cómo le dejó de lado en el relevo en la presidencia de la Comunidad. No le permitió hablar aunque él llevaba preparada y escrita su intervención.

Ignacio González, número dos de Aguirre, asegura que "Gallardón se cree el único gallo del corral y el rey del mambo" y Manuel Cobo, escudero del alcalde, no se corta tampoco en descalificar a la presidenta ante quien sea. El vicepresidente de la Comunidad y el vicealcalde son descritos como los arietes de ambos en la batalla, acostumbrados a acabar las reuniones entre ellos a gritos y con insultos de por medio.

El libro narra la forma en que Aznar le pidió en 2002 a Gallardón que cambiara la Comunidad por la candidatura al Ayuntamiento, una operación que algunos dirigentes del PP que se citan consideran ahora una trampa del ex presidente del Gobierno. Gallardón, feliz entonces por la propuesta, quedó desde ese momento atrapado en el cargo y neutralizado para el futuro.

Otro episodio relatado es el del pulso para hacerse con el PP de Madrid, que Esperanza ganó por goleada. Incluso, consiguió que su oponente fuera humillado en una Junta regional del partido en la que uno tras otros todos los intervinientes destrozaron al alcalde. Gallardón, como ha hecho ahora tras ser excluido de las listas, amenazó entonces con no volver a presentarse a las elecciones municipales de 2007 si Esperanza Aguirre se hacía con el partido. Obviamente no cumplió su amenaza como tampoco cumplirá ahora la de abandonar el cargo tras las generales del 9-M.

Rajoy intentó entonces ser neutral entre los dos y, a cambio de no impedir la victoria de Aguirre en el PP de Madrid, incorporó al alcalde a las reuniones de estrategia de los lunes, los llamados "maitinies". Atribuye la autora a Aguirre la expresiva frase: "Los maitines no sirven para nada". Ese mismo equilibrio ha intentado mantenerlo Rajoy ahora para elaborar las listas al Congreso, hasta que llegó al "estoy harto de vosotros dos" que pronunció en la tensa reunión que Lucía Méndez reconstruye con detalle.


Cuando surgió el asunto de Monserrat Corulla en la campaña, el libro atribuye la siguiente frase a Aguirre: "Este asunto va a ser el final de Gallardón". Ambos han utilizado con profusión los medios de comunicación para hacerse las faenas y lanzarse puyas. Por ejemplo, Aguirre ha manejado el apoyo de la Cope, muy importante dentro del PP, y a Gallardón le defendía ABC y el Grupo Prisa.

De forma colateral se relata el pulso entre los "normales" en la reunión de maitines que pretendían moderar la oposición del PP en asuntos como ETA y el 11-M y separarse de la AVT. A ese grupo pertenecían Josep Piqué, que dimitió tras perder el apoyo de Rajoy, y Gallardón, excluido ahora de las listas. Estaban apoyados por Jaume Matas, que abandonó la política tras las autonómicas de 2007. "Después de Piqué y Matas, tú serás el siguiente", le advirtieron de forma premonitoria a Gallardón miembros del partido en el verano de 2007.

El preciso retrato psicológico de ambos, sin tomar partido por ninguno de los dos, es fruto del acierto periodístico, la sensibilidad de la autora y su profundo conocimiento de las interioridades del PP y permite entender lo que ha ocurrido hasta ahora y también lo que se avecina. La historia de las permanentes faenas mutuas no ha terminado y el único riesgo del libro es el de quedar superado a medida que a cada uno se le vaya ocurriendo cada mañana la manera de fastidiar al otro.

(www.publico.es, 09/02/08)

LA DISPUTA EN LA CARRERA POR LA SUCESIÓN: GALLARDÓN AVANZA, AGUIRRE ESPERA (23/12/07)

Esperanza Aguirre no es una mujer conformista. No acostumbra a resignarse ante la derrota. Pero en su entorno se percibe claramente en los últimos días cierto aire de resignación: desde los estrategas políticos hasta los consejeros más fieles, y la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, parecen haber asumido, que no aceptado, que finalmente, y en contra de su criterio, Mariano Rajoy -incluirá a Alberto Ruiz-Gallardón en la candidatura del PP al Congreso por Madrid. El alcalde no será el número dos, y seguramente estará detrás de Eduardo Zaplana, el número tres del partido, para evitar suspicacias, pero irá, según todas las quinielas.

Una vez asumida lo que para ella es una cruda realidad -todo parece indicar que la decisión ya está tomada, aunque se anunciará oficialmente a partir del 14 de enero, cuando se disuelvan las Cortes- el equipo de Aguirre se prepara para minimizar los costes y, sobre todo, pasar al contrataque. Si es cierto que Gallardón podrá al fin acceder al Congreso -algo que ni él ni Aguirre han logrado nunca en sus carreras políticas, y a lo que esta última no puede aspirar por ser presidenta autonómica- lo que no puede aceptar ella es que el alcalde utilice ese trampolín para hacerse con el liderazgo del partido si Rajoy pierde las elecciones.

Por eso, los operadores políticos de la presidenta, y entre ellos su mano derecha y vicepresidente regional, Ignacio González, hombre fuerte de la política madrileña y aspirante natural a sucederla al frente de la Comunidad si llegara a ser presidenta del PP, tienen ya preparado un discurso que están difundiendo internamente: si Rajoy quiere ir de la mano con Gallardón, en contra de la dirección del partido en Madrid, controlada por Aguirre, ambos tendrán que asumir que se convertirán en un ticket a la americana; esto es, que los dos, como sucede en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, asumen la responsabilidad de la victoria pero sobretodo de la derrota. Nunca el número dos de un ticket americano, después de la derrota del número uno, puede aspirar a sucederle como candidato en las siguientes elecciones.

Así explican en el entorno de la presidenta la declaración de guerra firmada el pasado lunes por su lugarteniente, Ignacio González, en la que señalaba que Gallardón no puede ser alcalde y diputado, según los estatutos del PP. "El alcalde ayudará mejor a que Rajoy gane desde su cargo", insistía González en declaraciones a El Mundo, tras dejar claro no sólo que Gallardón no estará en la lista que proponga el PP de Madrid, sino que espera que el Comité Electoral Nacional, que dirige el andaluz Javier Arenas, acepte esa exclusión y no lo repesque.

Varios miembros de la cúpula consultados esta semana interpretaron esas declaraciones como un pulso a Rajoy, ante el temor de que haya decidido incluir al alcalde. Y ésa es la tesis más extendida dentro del partido. "Todas las maniobras, de uno y otro bando, están calculadas y, si saltan así, es para meter más presión a Mariano", aseguraba el jueves un diputado miembro de la dirección.

Sin embargo, Aguirre y su entorno se empeñan en desviar el tiro. La entrevista era, según admiten, una maniobra calculada, pero para dejar claro que Gallardón tiene que asumir riesgos, y no puede ganar siempre. Si Rajoy vence, él tendrá su éxito político. Pero si pierde, tendrá que asumir, que él también ha perdido, y no puede ser el nuevo líder, señala un consejero madrileño.

La pelea por la sucesión de Rajoy sigue pues detrás de la inagotable batalla en todos los frentes que protagonizan Gallardón y Aguirre. Sin embargo, ambos acuden a actos conjuntos casi a diario -el protocolo obliga, tratándose del alcalde y la presidenta de Madrid- y tratan de guardar las formas, aunque siempre hay algún guiño. El miércoles, en la tradicional cena navideña del PP de Madrid, que tuvo lugar en Pinto, Gallardón compartió mesa con González. La tensión, según uno de los comensales, se notaba pese a los intentos de ambos por mostrarse amables. Rajoy se retrasaba, porque la sesión de control en el Congreso terminó muy tarde. Y ellos buscaban bromas para pasar el trago. Se habló de pensiones. "A mí éste me quiere jubilar", dijo Gallardón señalando a González, "pero no me voy a dejar", completó entre las risas de los asistentes.

Al final del acto, una nueva indirecta, esta vez con la propia presidenta, quien en más de una ocasión espetó al alcalde: "calladito estás más mono". "Feliz Navidad, Alberto, espero que se cumplan todos tus deseos", le dijo ella en presencia de varias personas. "¿Todos, todos, Esperanza?", contestó él con una sonrisa, en clara alusión a su deseo de ir en las listas. "Todos, Alberto, todos, feliz Navidad".

"Lo de esos dos no tiene arreglo. Uno tiene que ganar, y el otro perder la batalla final, sólo así, tal vez, pararán", sentencia un dirigente que los conoce desde hace 25 años.

TENSIONES POPULARES: EL PP REGIONAL MARCA TERRITORIO ANTE GALLARDÓN (18/12/07)

Mariano Rajoy mandó hace tiempo callar a todos hasta enero sobre las listas y, especialmente, sobre la posible presencia de Alberto Ruiz-Gallardón en la candidatura de Madrid.

Desde entonces se ha mantenido la tregua en público, mientras en la cúpula del PP se da por seguro en privado que el alcalde irá en esa lista, con un puesto que le asegure ser diputado en la próxima legislatura. Casi todos lo habían cumplido, pero se interpretó que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre, Ignacio González, ponía voz al rechazo de un sector del partido a la presencia de Gallardón en el Congreso en la próxima legislatura. Así, al menos, lo interpretaron fuentes próximas al alcalde de Madrid, que vieron un gesto claro para "marcar territorio" por parte de los de Aguirre.

Ese sector que lidera Esperanza Aguirre considera que el alcalde pretende situarse en la Cámara Baja por si el PP pierde las elecciones y Rajoy abandona la presidencia del partido. Está asumido que para ser líder de la oposición hay que ser diputado y Esperanza Aguirre no puede presentarse a las elecciones por incompatibilidad legal. Sólo podría ir al Senado, pero desde ahí resulta complicado hacer oposición, aunque los suyos consideran que sí es posible.

Ignacio González insinuó en El Mundo que el PP de Madrid no propondrá como candidato a Ruiz-Gallardón, porque los estatutos del partido impiden ser alcalde y diputado. La excepción a esa norma y la compatibilidad debe ser autorizada a posteriori por el Comité Ejecutivo Nacional del PP, una vez que se haya pronunciado el Comité Electoral de Madrid

Se da la circunstancia de que González es presidente del Comité Electoral regional y, por eso, sus palabras tienen mucho de advertencia. Es decir, que si Mariano Rajoy quiere que, finalmente, Gallardón sea diputado, tendrá que tomar la decisión en el Comité Electoral Nacional, corrigiendo la propuesta que le venga del PP de Madrid. Si es así parecerá un pulso entre Rajoy y la dirección de Madrid en vísperas de las generales. El alcalde de Madrid perdió por goleada en el último congreso la batalla por el control del partido en Madrid ante Esperanza Aguirre y los suyos.

El secretario general del PP, Angel Acebes, aclaró en público que, según los estatutos del partido, sí es posible ser alcalde y diputado y que deberá ser el Comité Nacional y no el regional el que apruebe las listas al Congreso y al Senado. Cumpliendo la orden de Rajoy, Acebes no quiso precisar en su respuesta a las múltiples preguntas si Gallardón será una de esas excepciones. Ese Comité está presidido por Arenas.

Fuentes no oficiales de la dirección del PP consideran muy probable que Gallardón ocupe un puesto entre el 4 y el 10 en la lista de Madrid. Aseguran que la estrategia de giro al centro con vistas a las elecciones se quebraría si, finalmente, el alcalde quedara fuera de las listas. Explican que daría la impresión de que Rajoy está a merced de los sectores de dentro y fuera del partido que, desde una posición de derecha más dura, se oponen al alcalde.

Los de Aguirre, por contra, entienden que la presencia de Gallardón mostraría a Rajoy como un perdedor necesitado de incluir a posibles sucesores para el futuro en el Congreso.

AGUIRRE MANIOBRA PARA HACERSE CON EL CONTROL DE IFEMA (23/10/07)

Ifema, la Institución Ferial de Madrid, es uno de los motores económicos de la región. Su actividad desde hace casi una década es frenética y se ha convertido en un caramelo muy goloso para los responsables de la Comunidad de Madrid. El movimiento económico que genera Ifema representa más del 1% del Producto Interior Bruto regional (PIB). El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y vicepresidente del comité ejecutivo de Ifema, ha ideado una maniobra para preparar el desembarco en la institución de Luis Eduardo Cortés, ahora presidente de Vallehermoso Inmobiliaria, ex diputado por el PP con Aguirre y ex consejero de Obras Públicas de la Comunidad de Madrid con Gallardón, según explican cuatro fuentes consultadas. Cortés es un hombre próximo a la presidenta regional, Esperanza Aguirre quien, de ésta forma, incrementaría su control sobre la institución ferial.

El vicepresidente regional ha diseñado dos estrategias para la toma de control de Ifema. La primera consiste en crear un nuevo cargo en el consejo de administración. La figura del consejero delegado, que ocuparía Luis Eduardo Cortes, y que estaría un escalón por encima de Fermín Lucas, director general y brazo ejecutivo de la empresa semipública. "Pensamos mantener a Lucas", aseguró un portavoz de la Comunidad, quien, además, negó todas las maniobras para elevar a Cortés a la presidencia de Ifema. Lucas es una persona próxima al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. De hecho, fue el secretario del grupo popular en la Asamblea cuando Gallardón era presidente regional.

La otra opción que baraja Aguirre es designar como presidente del comité ejecutivo, uno de los órganos de control, a Cortés en detrimento del presidente de la Confederación de Empresarios (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, que ocupa el puesto en representación de la Cámara de Comercio. Para ello tendría que modificar los estatutos de Ifema.

"Si la Cámara de Comercio quiere ceder la presidencia lo tendrán que decidir entre los empresarios. No nosotros", precisa una portavoz regional. Pero los empresarios consultados aseguran que reciben presiones de la Comunidad para que abandonen el cargo.

Esta maniobra supone el último enfrentamiento entre el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de Madrid. Esta vez por el control de la institución ferial. Fuentes de la Cámara de Comercio reconocen que no sería extraño que una empresa como Ifema tuviera un consejero delegado, pero evitan pronunciarse sobre la cesión de su sillón en la presidencia del comité ejecutivo de la institución a Cortes.

El capital de Ifema está controlado por el Ayuntamiento (31%), la Comunidad (31%) y Caja Madrid (31%). Los empresarios a través de la Cámara controlan el 7% restante. Ifema está regida por un órgano rector, presidido por el ex alcalde, José María Álvarez del Manzano, aunque su puesto es sólo honorífico. Y otro ejecutivo, que se ha convertido en el deseo de Aguirre.

Lo que si reconoce una fuente de la Cámara de Comercio es que la Comunidad ya ejerce un férreo control en Ifema. "El vicepresidente del comité ejecutivo, Ignacio González, nos hace ir con los deberes hechos y nos controla", revela. Pero la Comunidad no tiene el camino fácil para controlar la institución ferial. Se ha topado con un problema: los empresarios. Que no quieren ceder la presidencia de Ifema.

El comité ejecutivo de Ifema está presidido por Gerardo Díaz Ferrán, presidente, a su vez, de la confederación nacional de empresarios (CEOE).

Sin embargo, este cargo le corresponde, según los estatutos de Ifema, al presidente de la Cámara de Comercio, Salvador Díaz Campano. Éste cedió su puesto en Ifema a Díaz Ferrán a cambio de su aval para presidir la Cámara. Todo un juego de pactos para lograr el poder. Una especie de acuerdo en el que tú me apoyas a mí y yo a ti.

Santos Campano convocó una reunión extraoficial de los vocales de la Cámara, a la que asistieron unos 20 empresarios. El presidente de la organización empresarial propuso ceder su puesto en la presidencia de Ifema. Según cuatro fuentes consultadas por este diario, el presidente de la Cámara deslizó el nombre de Luis Eduardo Cortés como posible inquilino de este sillón.

La mayoría de los asistentes expresaron su malestar por el "intervencionismo" de la Comunidad de Madrid. "Luchamos por la independencia de los empresarios y no queremos ser peleles", aseguró uno de los asistentes. Santos Campano planteó su dimisión al comprobar el escaso apoyo recibido por los empresarios y solicitó a los vocales que suscribieran una carta manifestando su apoyo y permitiéndole traspasar la presidencia de Ifema.

La jugada sería redonda para el Ejecutivo de Aguirre porque lograría el control de la joya de la corona, Ifema, y de los empresarios, a través de la Cámara de Comercio. "Santos Campano tiene ahora una posición muy débil por cuestionar la independencia de los empresarios", asegura una fuente.

GONZÁLEZ, SOBRE LA 'BELLEZA' DE GALLARDÓN: 'ME GUSTO MÁS, PERO NO ES CUESTIÓN DE COMPARAR' (10/10/07)

El vicepresidente primero y portavoz de la Comunidad de Madrid ha bromeado con las declaraciones que cruzaron la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que debatían sobre la 'belleza' del alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. Ignacio González ha asegurado que él mismo se gusta más pero que no es cuestión de comparar entre unos y otros porque "en cuestión de gustos no hay nada escrito".

La jefa del Ejecutivo madrileño aseveró el martes que hay ocasiones en las que el primer edil madrileño "está más guapo" cuando está "calladito", a lo que el líder de la oposición mantuvo que Gallardón está "igual de guapo callado que hablando", aunque estimó que lo considera "interesante, más que otra cosa". González quiso entrar en el debate sobre la 'belleza' del alcalde y, aunque en un principio dijo que sobre este tema no tenía "gusto ninguno", posteriomente afirmó: "Yo me gusto más, pero tampoco es cuestión de comparar".

No obstante, el vicepresidente primero advirtió que "cada uno tiene que dedicarse a las responsabilidades que tiene" y consideró que las palabras de "cualquiera que hable de más" cuando no le corresponde pueden ser "malas para todos". "Lo que tenemos que hacer es cumplir con las responsabilidades, que tenemos muchas, porque nos han elegido los madrileños para llevar adelante unos programas muy ambiciosos y para trabajar para que en los próximos meses Mariano Rajoy gane las próximas elecciones generales", indicó González.

EL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE APOYA A LOS EDILES CRÍTICOS CON GALLARDÓN

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, echó ayer un capote a los concejales del Ayuntamiento de Madrid molestos con el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. El edil Ángel Garrido hizo llegar el pasado julio al resto de concejales una carta en la que les recuerda que el reglamento interno del grupo municipal obliga a celebrar reuniones periódicas, según avanzó El Mundo el viernes pasado.

La carta se limita a transcribir los artículos 1, 7 y 8 del reglamento, en los que se recoge la obligación de reunirse al menos "antes de cada pleno" (una vez al mes), y la posibilidad de que cualquier concejal incluya un asunto en el orden del día. Aunque el texto no lo dice, veladamente se interpreta que dichos artículos se incumplen. Es la primera vez que un edil del PP hace público su malestar contra Gallardón. Garrido no contestó a las llamadas para conocer cuántos ediles le apoyan.

El vicepresidente Ignacio González consideró adecuado que estos ediles exijan al alcalde que observe las normas internas. "El grupo municipal debería reunirse como hacen los grupos de la Asamblea de Madrid, del Congreso y del Senado", precisó.

La carta del concejal ha sido interpretada como un movimiento de rebeldía en el seno del grupo municipal en un momento en el que Gallardón ha vuelto a insistir en su ambición de ir en las listas al Congreso de los Diputados que encabece Mariano Rajoy. Pero no es una rebelión nueva. Hace ya años que existe malestar entre varios concejales que, desde que Gallardón ganó las elecciones de 2003, consideran que en el grupo municipal tiene prioridad el equipo más cercano al regidor (los nueve ediles de la Junta de Gobierno).

"Es como si en el Ayuntamiento hubiera concejales de pata negra y otros impuestos", explican fuentes del partido. "Como si los que impone el PP y no elige Gallardón no fueran de confianza y por eso no se cuenta con ellos".

Esta división se evidenció en las pasadas elecciones del 27 de mayo, con el diseño de la lista municipal. Entonces, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que preside el PP regional, hizo valer su poder y colocó en la lista de Gallardón, con el que mantiene una pública rivalidad, a 10 afines a ella entre los 20 primeros puestos de la lista. Entre ellos, su antiguo jefe de protocolo Fernando Martínez Vidal y su ex jefa de prensa, Isabel Martínez-Cubells. También concejales, como Eva Durán o Garrido, que en el congreso del PP de noviembre de 2004 encumbraron a Aguirre a la presidencia del PP de Madrid. Pero no todos los concejales impuestos en la lista se oponen abiertamente al alcalde.

Tras la confección de las listas, el entorno de Gallardón afirmó que no importaba tanto el número en la candidatura como la responsabilidad que otorgara luego el alcalde a cada concejal. Ahora este desprecio puede volverse en su contra.

www.elpais.es  31.08.07

AGUIRRE 'FICHA' AL JUEZ DE UNO DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN SOCIALISTA QUE MÁS AIREÓ EL PP (07/07/07)

La transferencia de las competencias sobre el aeropuerto de Barajas y los trenes de Cercanías, entre otras, ha sido el argumento utilizado por la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre (PP), para su continuo enfrentamiento con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En una medida que parece echar leña al fuego, Aguirre ha fichado ahora como director general de Política Interna y Relaciones con el Estado a Agustín Carretero, el juez del caso Ciempozuelos, que llevó a prisión a dos ex alcaldes socialistas por blanqueo de capital en Andorra.

El Consejo de Gobierno que preside Aguirre anunció el pasado jueves el nombramiento de varios altos cargos. Entre ellos figuraba Agustín Carretero, de 41 años, titular del Juzgado número 2 de Valdemoro, y responsable de enviar a prisión a Pedro Torrejón cuando aún era alcalde de Ciempozuelos (ahora es concejal independiente), y a su antecesor en el cargo, Joaquín Tejeiro, ambos del PSOE.

Estaban acusados de haber obtenido por vía ilícita a través de una empresa constructora grandes cantidades dinero que luego blanqueaban en Andorra. Todas las resoluciones que adoptó el juez en el caso, que sigue abierto, han sido confirmadas después por la Audiencia Provincial de Madrid. el caso Ciemozuelos fue el arma que utilizó el PP contra la gestión socialista en los ayuntamientos en la pasada campaña electoral.

Carretero, que no quiso hacer declaraciones porque hasta el lunes no tomará posesión del cargo, dejará su plaza en comisión especial, según fuentes judiciales de su entorno. Éstas aseguran que está "satisfecho de su nuevo cometido". La labor de Carretero será negociar las transferencias del Estado, autorizar los espectáculos públicos (los encierros taurinos o las macrofiestas de Nochevieja) y tendrá competencia sobre los colegios profesionales y las asociaciones. También, según la Consejería de Presidencia, a la que pertenece, la atención a las víctimas del terrorismo.

El nombre de Carretero no pasó inadvertido en la conferencia de prensa que ofreció el vicepresidente regional, Ignacio González. Sin embargo, éste negó que se tratara del juez del caso Ciempozuelos. Una portavoz del Gobierno regional lo atribuyó a que el nombramiento fue una sorpresa para el equipo de Esperanza Aguirre porque la propuesta de Carretero, que es hijo, hermano y sobrino de jueces, lo puso sobre la mesa el que será su jefe, el consejero de Presidencia, Francisco Granados, secretario regional del PP. Según la portavoz, "entró en el último momento".

"Los nombramientos son del Consejo de Gobierno y sus deliberaciones secretas, por lo tanto, no voy a comentar nada sobre ellas", declaró Granados, que sí dijo que Carretero es de su "absoluta confianza y probada profesionalidad".

El consejero también negó que el Gobierno regional haya colocado al juez del caso Ciempozuelos al frente de las relaciones con el Estado con ánimo beligerante. "Es cierto que queremos potenciar en esta legislatura la negociación de las transferencias del aeropuerto y los Cercanías, pero sin enfrentamientos", zanjó.

No es la impresión que ha dado en el entorno socialista. La gestora que dirige en funciones el Partido Socialista de Madrid no quiso comentar el nombramiento ya que el caso Ciempozuelos todavía está sub júdice. Sin embargo, otras fuentes socialistas recalcaron que el papel del juez en la instrucción "ha sido polémico, por su enfrentamiento manifiesto con el Ministerio Fiscal". Y agregaron que su trabajo se ha retrasado inexplicablemente, lo que ha perjudicado al PSOE: "Antes de las pasadas elecciones podía haber dictado un auto de archivo o de juicio abreviado".

Hasta ahora, el caso más sonado de la marcha de un juez a la Administración había sido la del juez estrella de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que fue delegado del Plan Nacional contra las Drogas, con rango de secretario de Estado con Felipe González. Al anunciarse su inclusión en la lista electoral, recibió en tromba las críticas del PP. El entonces portavoz del partido en el Congreso, Rodrigo Rato, llegó a lanzar sospechas sobre tratos de favor al PSOE en su etapa de juez: "Sería interesante saber desde cuándo Garzón piensa en clave socialista".

GIRO A LA DERECHA DEL GOBIERNO AGUIRRE (21/06/07)

Investidura, por la mañana. Y por la tarde, formación de Gobierno. Esperanza Aguirre, que repite como presidenta de la Comunidad de Madrid en esta legislatura, se convirtió , entre lágrimas de emoción, en la primera mandataria autonómica en asumir el cargo y nombrar Gobierno tras las elecciones del 27 de mayo. Dispone de cuatro años más para dictar el destino de una región de más de seis millones de habitantes y gestionar un presupuesto anual de unos 18.000 millones de €. Y lo hará con un equipo que gira hacia la derecha.

Durante toda la tarde de , Aguirre recibió a los miembros de su nuevo Ejecutivo: casi los mismos rostros, pero con distintos cometidos. De las 15 consejerías, dos son nuevas: Vivienda y Deportes. Sólo salen dos consejeros y se producen cinco incorporaciones.

Será un Gobierno continuista y paritario (siete mujeres y nueve hombres), pero más escorado a la derecha. De los cinco consejeros nuevos, cuatro pertenecen a la dirección del PP. Se trata de Paloma Adrados, de la Ejecutiva nacional, y de tres miembros de la dirección regional: el diputado nacional Javier Fernández-Lasquetty y las diputadas regionales Ana Isabel Mariño y Gador Ongil. También pertenecen a la dirección regional de los populares la propia Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados y Juan José Güemes, que se mantienen en el Gobierno.

Adrados, hasta ahora secretaria primera de la Asamblea de Madrid, asume la Consejería de Empleo y Mujer (sucede a Güemes). De la Cámara procede también Ongil. Hasta ahora portavoz de la Comisión de Educación, se responsabilizará de Familia y Asuntos Sociales (sustituye a Beatriz Elorriaga). Mariño, que era presidenta del Consorcio de Turismo, dirigirá la Consejería de Vivienda, desvinculada de la cartera de Medio Ambiente, que se enfrenta al acuciante problema de la carestía de la vivienda.

Fernández-Lasquetty, nuevo consejero de Inmigración (releva a Lucía Figar) ha sido asesor de José María Aznar y pertenece a la FAES, la fundación que marca el ideario del PP. En el XII Congreso del PP presentó una ponencia en la que defendió que se regulara la prostitución y se considerara como un trabajo, con alta en la Seguridad Social.

Su consejería es la encargada de integrar el fenómeno de la inmigración, que ha sumado un millón de habitantes a la región en los últimos años.

Otra nueva incorporación es el diputado regional y hasta ahora viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo. Se hará cargo de la nueva Consejería de Deportes, con la misión de apoyar la candidatura olímpica Madrid 2016. Durante su mandato como concejal de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid que dirigía José María Álvarez del Manzano hubo muchas sombras.

Del anterior Ejecutivo salen dos consejeros. Luis Peral deja la cartera de Educación y Mariano Zabía abandona Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se van tras haber estado en el centro de la polémica. Zabía eligió un director de Urbanismo de su confianza, Enrique Porto, que dimitió por la incompatibilidad del cargo con sus intereses económicos y urbanísticos. En el caso de Peral, fue la guardería El borreguito azul. Una televisión sacó a la luz que los niños sufrían maltrato de sus cuidadores, pero el consejero no actuó al no haber denuncia de los padres.

Aguirre mantiene a sus dos vicepresidentes: Ignacio González y Alfredo Prada. Este último continúa al frente de la Consejería de Justicia (sin Interior), y añade un nuevo cometido, Administraciones Públicas, una cartera de escasa visibilidad. El núcleo duro del Gobierno, las carteras más importantes en presupuesto y gestión, quedan en manos de veteranos consejeros. El secretario regional del PP, Francisco Granados, sale reforzado al asumir, además de Presidencia, Interior. Tendrá competencias sobre la policía alentada por Aguirre, la BESCAM, y los servicios de emergencias. También despunta Beatriz Elorriaga, elogiada por Aguirre en su etapa en Asuntos Sociales. Ahora asume una de las carteras más importantes, la de Medio Ambiente, que tiene competencias urbanísticas. Allí deberá impulsar la prohibición de construir edificios de más de cuatro pisos en los nuevos barrios, una de las niñas bonitas del programa del PP.

A ellos se suma Manuel Lamela, muy cuestionado como consejero de Sanidad, sobre todo por las listas de espera y la crisis del hospital Severo Ochoa. Ahora se hará cargo de Transportes e Infraestructuras y, por tanto, de la ampliación del metro.

La Consejería de Sanidad, encargada de aplicar una promesa electoral como la reducción de la espera diagnóstica a 40 días, pasa a manos de Juan José Güemes, anterior consejero de Empleo. La otra gran área de gobierno, Educación, queda en manos de Lucía Figar, que entró apenas hace dos años en el Gobierno y se ha ganado la confianza de Aguirre. Engracia Hidalgo repite al frente de Hacienda. Además, Santiago Fisas se mantiene en Cultura, sin Deportes, y Fernando Merry del Val sigue en Economía, a la que suma Consumo. Ninguno de los dos iba en la lista electoral.

Estos consejeros acompañaron por la mañana a Aguirre en su investidura. Como una extensa corte, que a duras penas cabía en la sede regional de la Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Allí estaban las autoridades civiles, militares y religiosas. Desde el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y la de Cultura, Carmen Calvo, al cardenal José María Rouco. También la plana mayor del PP, encabezada por Mariano Rajoy.

 

EL EJECUTIVO DE AGUIRRE INSISTE EN DIVIDIR LA REGIÓN EN 12 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES, FRENTE A LA ÚNICA ACTUAL (09/06/07)

De vuelta con las circunscripciones. El portavoz del Gobierno regional en funciones, Ignacio González, insistió en la idea de dividir la región en 12 circunscripciones electorales, una propuesta que ya llevó el grupo parlamentario del PP en febrero de 2005 a la Asamblea y que rechazó la oposición.

"Seguimos pensando que una circunscripción única que ya tiene 120 escaños no se produce en ningún sitio", afirmó González, que consideró que la división territorial es mejor, aunque, dijo, buscarán el consenso. Para implantarla hay que reformar la Ley Electoral. "Un colegio electoral tan amplio aleja en exceso a los electores de sus representantes", justificó.

El borrador que planteó el PP la legislatura pasada contemplaba dividir en distritos la región, para que cada uno tuviera un número cerrado de diputados a elegir y los votantes optaran por listas diferentes en cada zona. Cada candidatura tendría de 9 a 12 diputados, según la cifra de población. La propuesta no salió adelante por falta de acuerdo. Detrás estaba el hecho de que, al haber más circunscripciones y, por tanto, menos diputados por cada zona, se reduce la proporcionalidad, lo que beneficia a los partidos mayoritarios. La oposición no es partidaria.

Andrés Rojo, portavoz adjunto del grupo socialista, subrayó su disposición a "abordar la modernización del marco jurídico-político de la región, con reformas en el estatuto y el reglamento". Pero se opuso a centrar los cambios en el aspecto electoral "como si fuera la solución a los problemas". Consideró además que es un "intento de dejar fuera a IU", y que no cree que sea lo más importante por hacer. "Primero habrá que valorar cómo adaptamos el marco a lo que piden los ciudadanos", agregó. Entre sus propuestas, adaptar el estatuto de autonomía -"para llegar tan lejos como otras comunidades"- o fijar una figura que aúne las instituciones (Defensor del Menor, del Paciente...) que velan por los servicios públicos.

"No está entre las preocupaciones de los ciudadanos y nadie va a entender que antes de mejorar su calidad de vida empecemos a hacer cálculos electorales", zanjó la portavoz de IU, Inés Sabanés. En su opinión, es necesario reformar el régimen electoral "en general" e incluir más medidas de control al Gobierno y más derechos antes que hacer "una reforma a la carta que refuerce el bipartidismo".

AGUIRRE Y GALLARDÓN, OTRO NUEVO ASALTO: "CONSEJEROS" EN VEZ DE CONCEJALES (02/06/07)

Primero, la guerra por quién ha obtenido más votos en la capital. Luego, la pelea por quién va a escalar primero los puestos dentro del PP nacional. Y , Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón abrieron un nuevo frente sobre quién tiene derecho a usar el término "consejeros".

La idea del alcalde electo de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de copiar el modelo regional de consejerías en sustitución de las concejalías desató las críticas del Gobierno regional. El número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, llamó por teléfono al vicealcalde Manuel Cobo para pedirle que rectifique.

"No se puede llamar igual a dos figuras diferentes de la Administración porque confunde a los ciudadanos. Le pido encarecidamente a Gallardón que dé marcha atrás", afirmó el consejero de Presidencia, Francisco Granados. "En ninguna ley pone que se puede llamar a los concejales consejeros. Si el Ayuntamiento no rectifica, modificaremos la Ley de Administración Local y pondremos un punto en el que quede claro que el término consejeros es exclusivo para los miembros del Gobierno regional", advirtió Granados.

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, calificó de "inadecuado" el tono empleado por Granados y pidió "respeto" a la decisión de Gallardón. La Ley de Capitalidad, de 4 de julio de 2006, no dice explícitamente que el gobierno municipal pueda utilizar el término "consejeros". Pero el Ayuntamiento se agarra al artículo 11. C de esta ley, que afirma que corresponde al pleno "la división de la ciudad en distritos y la determinación y regulación de sus órganos". "La regulación de sus órganos significa que la Junta de Gobierno puede poner las denominaciones que considere", agregaron fuentes municipales, que recordaron que la citada ley está "por encima de la Ley de Administración Local".

Por otra parte, la Ley Estatal de Bases de Régimen Local dice que los cargos electos -los que han salido elegidos de la lista presentada por el PP a los comicios municipales- se llamarán concejales y que el resto, que sólo pueden sumar un tercio del total, se podrán denominar de otra manera. Entonces, en el caso de Madrid, tan sólo Alicia Moreno, responsable del Área de las Artes, podría llamarse "consejera". Ella ha sido la única que no formó parte de la lista y, sin embargo, ha sido designada por el alcalde responsable de un área. "Lo que hemos hecho ha sido unificar la Junta de Gobierno y que todos sus miembros se llamen consejeros", justificó Cobo.

El Gobierno regional insistió en que "la Ley de Capitalidad no admite ni usar la palabra consejero ni privar del término concejal al que ostenta esa condición".

EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL CONTRATA AL SOCIO DE SU HERMANO (28/04/07)

El vicepresidente regional, Ignacio González, que también preside el Canal de Isabel II, está bajo sospecha. Las dudas de su actuación al frente de la empresa pública de aguas las hizo públicas la revista Tiempo, que reveló que el Canal adjudicó en diciembre el contrato de gestión y explotación de sus instalaciones deportivas al socio empresarial de un hermano y un cuñado de González. Él no lo desmintió.

La adjudicataria del contrato de gestión de las instalaciones deportivas -el polémico campo de entrenamiento de golf construido en la avenida de las Islas Filipinas- fue una unión temporal de empresas (UTE) en la que participaban Iridium, Soto Once y Tecnoconcret, SL.

Es en esta última compañía donde aparecen las casualidades. El administrador único de Tecnoconcret es José Antonio Clemente, según figura en el Registro Mercantil. Allí se puede comprobar también que Clemente es socio en otra empresa, Tamanaco 07 Consulting SL, junto a dos personas de la familia del vicepresidente regional: su hermano Pablo, y su cuñado, José Juan Caballero Escudier, casado en segundas nupcias con Isabel. Esta hermana del vicepresidente es diputada de la Asamblea regional, perteneció al Gabinete de Esperanza Aguirre en el Senado y, después, formó parte de su equipo cercano en la campaña electoral de 2003.

El vicepresidente no logró acallar las sospechas de favorecer al socio de sus familiares, cuando a media tarde de la víspera de un largo puente festivo convocó a los medios para explicarse sobre las acusaciones que circularon todo el día. Por la mañana, el líder socialista, Rafael Simancas, había reclamado una explicación pública. "O, si no, reclamaremos la convocatoria de la Diputación Permanente", amenazó.

Aunque la adjudicación del contrato de las instalaciones deportivas no es ilegal (porque no hay vinculación familiar directa), Ignacio González no se inhibió a la hora de votar en el Consejo de Administración del Canal, celebrado el pasado 28 de diciembre, pese a la existencia de vínculos indirectos.

Algunos consejeros del órgano de dirección explicaron que el vicepresidente regional no mencionó su vinculación indirecta con la empresa que recibió el contrato. "En la época de Carlos Mayor Oreja [consejero de Medio Ambiente en la anterior legislatura], una vez que tuvimos que decidir una posible adjudicación a la constructora FCC, y su tío, Marcelino Oreja, es el presidente y tiene un hermano en la empresa y elegantemente se salió del consejo", contó un consejero del Canal.

Ignacio González, visiblemente nervioso, rehusó en tres ocasiones contestar a la pregunta de si sabía que el socio de sus familiares era el dueño de la empresa adjudicataria. "En ningún caso el Canal de Isabel II ha realizado adjudicaciones a empresas de un familiar mío", subrayó, para eludir la pregunta. E insistió: "Las adjudicaciones se han hecho a una UTE donde no figuran familiares míos". Después, remarcó: "Fue un concurso abierto, valorado por los servicios del Canal, que eligieron la mejor oferta, por unanimidad".

Otro consejero del Canal explicó que lo normal es que los técnicos no muestren el contenido de las diferentes propuestas, "sólo dan cuenta de que se han presentado tantas ofertas". Eso les impide hacer una valoración de fondo.

De todas formas, el Gobierno regional controla de largo este organismo. De sus 16 consejeros, la mitad los nombra el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre (y entre ellos figuran varios consejeros); además, hay dos a propuesta de la Federación de Municipios (un alcalde del PP y otro del PSOE), otros dos del Comité de Empresa, dos nombrados por el pleno del Ayuntamiento de Madrid (los concejales de Medio Ambiente y Hacienda), más el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y un representante de la Delegación del Gobierno.

Un consejero del Canal explicó que el consejo de finales de diciembre fue "raro y atropellado". No sólo era el último del año, sino que aquel día los asuntos que se trataron eran de calado. Entre otras cosas, porque debían aprobar los contratos para asumir la gestión de la depuración de la capital, traspasados por el Ayuntamiento de Madrid.

"Además, aquel día lo que estaba sobre la mesa era si las obras del Canal eran legales o no", explica este consejero. "A quien se adjudicaba el contrato fue lo que más inadvertido pasó, porque no conocíamos las empresas". La justificación que recibieron es que la UTE había duplicado la oferta del concurso.

Para colmo, ese día el consejo firmó el acta de la reunión sin esperar a la siguiente sesión, lo que, según los consejeros consultados, es inusual. "Sólo se hace en momentos puntuales; por ejemplo, porque es necesario modificar los estatutos y delegar competencias en el secretario o en el gerente, pero entonces se aprueba únicamente el acta para ese punto del día", recalcaron. Todo demasiado raro. Y aún sin justificar.

AGUIRRE MARCARÁ TERRITORIO EN EL EQUIPO DE GALLARDÓN (03/03/07)

Que quede claro quien manda en el PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la dirección regional del PP incorporarán "varias personas de su confianza" en la candidatura del Ayuntamiento de Madrid, encabezada por su tradicional adversario político: Alberto Ruiz-Gallardón. Así lo anunció el vicepresidente regional, Ignacio González, que también es el director de la campaña del PP para las elecciones del próximo 27 de mayo.

En realidad no es nuevo, pues en las elecciones de 2003 la lista municipal ya incluía personas de confianza de Aguirre y su equipo, como los concejales Eva Durán, Carlos Izquierdo o Ángel Garrido. Pero anunciarlo sí es una manera de marcar el territorio.

En la rueda de prensa que ofreció González para explicar el calendario electoral del PP, se barajaron dos nombres posibles: el actual portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Juan Soler, y el secretario general del PP en la región además de consejero de Presidencia, Francisco Granados. El vicepresidente regional no confirmó a ninguno de los dos.

En realidad, porque todavía el partido no ha comenzado a cerrar los puestos de las listas. "Hay tiempo", argumentó Granados, que explicó que hasta mediados de marzo no se cierra el plazo. Preguntado sobre la posibilidad de que cambie de lista, aseguró: "Estoy cómodo en la Comunidad de Madrid. No contemplo otra posibilidad que la de estar con Esperanza Aguirre, Pero, como siempre, estoy a disposición del partido".

Otras fuentes agregaron que Soler sí estaría dispuesto a ir en el equipo municipal. Pero es abierta la enemistad entre éste y el equipo de Gallardón. No en vano, Soler fue el encargado de criticar en la Asamblea regional la gestión municipal, cuando dijo que el Ejecutivo de Aguirre impediría las talas del paseo del Prado.

En el entorno de Gallardón niegan que haya polémica. "Al alcalde le da igual quién vaya en su lista, con tal de que pueda llevar a su equipo", explicaron. De hecho, Gallardón tendría, tras las elecciones, libertad para elegir los puestos de gobierno y hasta puede nombrar ediles que no hayan sido elegidos, como ocurre con Miguel Ángel Villanueva, responsable de Economía.

Sobre el resto de candidaturas, González reveló que "habrá ciertos criterios de repetición" y negó que vaya a haber fichajes "galácticos", porque, dijo, ya los hay en el partido. El PP presentará 178 candidatos en la región y aún le faltan por definir 114 cabezas de lista.

IRA SINDICAL CONTRA AGUIRRE (20/02/07) 

Las relaciones entre los sindicatos y el Gobierno de la Comunidad de Madrid nunca habían sido peores. La espiral de descalificaciones que abrieron el secretario general de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, y el vicepresidente regional y portavoz, Ignacio González, llegó  a su culmen con un asalto, un encierro y unas gruesas palabras contra la consejera de Transportes, Elvira Rodríguez, a cuento de los sabotajes del Metro. 

Por la mañana, cerca de un centenar de trabajadores públicos de la Administración regional se encerraron, convocados por UGT y CCOO, en la sede de la Consejería de Presidencia, en la plaza de Pontejos. Los sindicalistas boicotearon una presentación y tenían previsto quedarse a dormir en la Consejería hasta , cuando abandonarán su encierro. Con este acto, piden que se aplique a todos los trabajadores de la Comunidad de Madrid el acuerdo firmado con el personal sanitario.  

Durante el asalto, los representantes laborales trataron de boicotear la presentación del libro Arquitectura deportiva de la Comunidad de Madrid 2000-2005, un acto que dio comienzo a las 13.00 horas y en el que estaba previsto que participase la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, si bien ésta, dado el desarrollo de los acontecimientos, al final no asistió.  Como explicaron desde la Consejería, los trabajadores "arrollaron" a los guardias de seguridad de la entrada, que eludieron enfrentarse a ellos por la fuerza para evitar males mayores. "Eran 80 contra tres y finalmente, les dejaron entrar", explicaron fuentes de Presidencia.  

Así las cosas, en el acto sólo intervinieron el arquitecto Fernando Alvarez Cienfuegos, participante en la publicación, y el consejero de Cultura y Deportes, Santiago Fisas, quien tuvo que hablar a gritos ante la pitada de los funcionarios, que coreaban consignas como "Esto nos pasa por un gobierno facha" y "Fuera, fuera". Según explicó el secretario de Política Sindical de UGT-Madrid, Juan Luis Martín Sierra, el encierro, que comenzó sobre las 12.45, continuará hasta el mediodía de , cuando está convocada una concentración para protestar por este mismo motivo, con lo que durará algo más de 24 horas.  

Con esta medida, los delegados quieren que el Gobierno regional "homologue las condiciones de trabajo a todos los trabajadores" de la administración. El detonante de la situación fue la firma, el pasado 28 de noviembre, de un acuerdo sobre la carrera profesional del personal facultativo y de Enfermería de la Consejería de Sanidad. Ahora, otros 45.000 empleados públicos (todos menos los de Educación, que tienen sus propias condiciones) quieren las mismas ventajas en cuanto a formación y promoción.  

Martín dio "la bienvenida a esos acuerdos" alcanzados en Sanidad, pero exigió que su aplicación tenga un "alcance general, que afecte a todos los empleados públicos de la Comunidad de Madrid".  

Por su parte, el coordinador del Area Pública de CCOO de Madrid, Manuel Rodríguez, dijo que el deseo de los manifestantes era ser recibidos por el consejero de Presidencia, Francisco Granados, y que el encierro es la "antesala" del paro de cuatro horas que ambos sindicatos han convocado.  Tras apostar por dotar de infraestructuras deportivas a toda la región y destacar el "esfuerzo" del Ejecutivo autonómico en esta materia, el consejero manifestó que "nosotros trabajamos, no chillamos", de nuevo en clara alusión a los manifestantes. "Unos pocos que chillan no van a impedir que volvamos a ganar las elecciones y que sigamos invirtiendo en favor del deporte", concluyó Fisas, quien anteriormente se había preguntado que "si esto es democracia, que venga alguien aquí y lo vea".  

Poco después de concluir el acto, un grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, desplazados en cuatro coches, acudieron a las puertas de la Consejería de Presidencia. Allí identificaron a los encerrados y preguntaron a los responsables de la Consejería si querían que les desalojaran. El consejero, Francisco Granados, dijo que no.  

En cuanto llegó la policía y concluyó el acto, la Consejería se cerró para evitar que entraran más sindicalistas. Por eso por la tarde -sobre las 16.00 horas- los trabajadores rompieron una ventana para que sus compañeros les pasaran bocadillos. Como explicaron desde el departamento que dirige Francisco Granados, cuando acabe el encierro se evaluarán los posibles daños a las instalaciones públicas y se estudiará interponer una denuncia.  

Francisco Granados dijo que el encierro es "una excusa del PSOE para hacer campaña electoral desde los sindicatos".  "Ésta es la forma del PSOE de irrumpir en la campaña electoral, manejando a los sindicatos con el único objetivo de desgastar al Gobierno de la Comunidad", señaló Granados, quien añadió que "al parecer reivindican que se les reciba". "No les voy a recibir en estas condiciones", concluyó.  

UGT ACUSA AL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE QUERER "ILEGALIZARLA" (02/02/07)

El secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, dijo que cuando el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, utilizó el término "inhabilitar", para referirse a su participación en las negociaciones entre ambos, en realidad quería decir "ilegalizar", pero se dio cuenta "que no podía ilegalizar a un sindicato". Martínez señaló que las declaraciones de González son "una extravagancia absoluta" por parte de un responsable político y de "una irresponsabilidad muy preocupante en alguien que hasta ahora es vicepresidente" del Gobierno. El dirigente sindical valoraba de esta forma la decisión de González de no reconocerle como interlocutor del sindicato mientras no rectifique unas declaraciones en las que afirmaba que el Gobierno regional es "ilegitimo". En opinión de Martínez, estas declaraciones suponen "un ataque al sindicalismo de clase que representa a más del 80% de los trabajadores". La Comunidad pretende "tapar las vergüenzas de una gestión inaceptable", dijo.

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD CARGA CONTRA EL LÍDER DE UGT (02/02/07) 

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, mostró  una agresividad y una virulencia inusitadas contra el secretario general de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González respondió a las afirmaciones de José Ricardo Martínez, que dijo el miércoles que el Gobierno de Esperanza Aguirre es "moralmente ilegítimo".

Para González, José Ricardo Martínez ha quedado "inhabilitado" por sus propias declaraciones porque "es muy grave e inadmisible" que se lance esa acusación contra un "Gobierno democrático elegido por las urnas". "Para nosotros", aseguró González, "el secretario general de UGT queda inhabilitado para ser interlocutor del Gobierno legítimo de la Comunidad de Madrid hasta que no rectifique esas desafortunadas expresiones".  El líder de UGT, a pesar de este ataque personal, se negó  a contestar. Desde la central, entendieron que las palabras de González eran "un ataque contra toda la UGT porque Martínez representa a todos los trabajadores afiliados a este sindicato", según explicó la secretaria de Relaciones Institucionales de la central, Maru Menéndez.

La portavoz de UGT justificó que Martínez calificara al Ejecutivo de Aguirre como "un gobierno moralmente ilegítimo" porque "no es normal que haya dos vueltas en unas elecciones, como ocurrió en Madrid en 2003".  Maru Menéndez consideró "gravísimo" que Ignacio González hable de "inhabilitar" al secretario general del sindicato porque "él no puede ni tiene capacidad para inhabilitar a ningún sindicato, cuyo trabajo y representatividad están reconocidos por la Constitución Española". La secretaria de Relaciones Institucionales de UGT llegó a calificar como un "exabrupto" las palabras de Ignacio González.

CONTRA EL VICEPRESIDENTE IGNACIO GONZÁLEZ POR LA ADJUDICACIÓN DE LA PLAZA DE LAS VENTAS (26/01/07) 

El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, ha sido objeto de una nueva querella, en vía administrativa, por presuntas irregularidades en la concesión de la plaza de Las Ventas. Según Simón Casas, uno de los empresarios que perdió el último concurso de adjudicación de la gestión del coso, ha presentado una nueva querella administrativa contra González, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no admitiera a trámite su querella criminal por un presunto delito de prevaricación.

Ateniéndose a que "el auto desvela que hay irregularidades para anular la concesión", Casas asegura que el Tribunal "alega que hay diversos motivos para que se recurra por vía administrativa este asunto". "Todo el mundo sabe que fuimos el mejor ofertante y ganamos 20 puntos del concurso, pero le concedieron la gestión a José Martínez Uganda", señaló el empresario.

Casas apuntó que tras esta resolución, sus abogados han presentado un recurso contra el archivo de la querella, y otro contencioso-administrativo contra las adjudicaciones de la plaza de Las Ventas. "Estamos planteándonos otra querella y atacaremos por todos los frentes, incluso lo llevaremos a la Fiscalía Anticorrupción", añadió.

En su auto de archivo, el TSJM señala que "las observaciones formuladas destacan la aparente comisión de irregularidades administrativas que podrían justificar quizá que prosperase una impugnación de la adjudicación del concurso ante la justicia de ese orden".

Por otra parte, un juzgado de Madrid ha admitido a trámite una demanda interpuesta por la sociedad que explotaba los servicios de hostelería del coso taurino en la que denunciaba que tuvo que pagar 50 millones de las antiguas pesetas en dinero B a la empresa que gestionaba la plaza, Taurovent.

Desde marzo de 2006, este juzgado ha recibido distintas demandas. En primer lugar fue Taurovent, empresa que gestionaba Las Ventas (en la que eran socios Fidel San Román; el presidente del Real Madrid, Ramón Calderón; y el actual empresario de la plaza, José Antonio Martínez Uranga), quien demandó a la empresa Festejos y Espectáculos de Santander, encargada de los servicios de hostelería, porque les reclamaba 324.000 euros por los espectáculos musicales celebrados en Las Ventas en 2005.

Como respuesta, la empresa Festejos y Espectáculos de Santander presentó otra demanda en la que negaba los hechos y aseguraba que respecto al precio "hay que decir que la cantidad que se pagó fue muy superior a la que se firmó en el documento, puesto que se exigió en dinero B, sin firma ni justificante contable alguno, la suma de 300.000 euros, que fueron entregados en mano y en metálico".

BOADILLA DEL MONTE: LA MILITANCIA CONTRA SU CANDIDATA (22/01/07)

Los afiliados del PP en este municipio no apoyan ni votarán a la alcaldesa para que sea su cabeza de lista en las próximas elecciones. Se lo han comunicado a Génova, pero Aguirre, aun a riesgo de perder, la ha confirmado Cuando se acercan las elecciones, lo habitual es que los candidatos de cada partido se preocupen de arañar votos entre quienes no son de los suyos. Se entiende que cuentan con los de simpatizantes y militantes. De Perogrullo, sí, salvo si la tesis se aplica en un municipio del noroeste llamado Villaviciosa de Odón, gobernado desde las primeras elecciones democráticas por el PP y, si la situación no varía, a cuatro meses de ver cómo este partido pierde por primera vez las elecciones.

Allí, la realidad demuestra que la entrega a la causa no siempre está garantizada por el carné de partido. Allí hay tal pitote político montado que los afiliados (1.100) advierten abiertamente de la movilización que viene y de que no cuenten con su voto si Génova no da marcha atrás y cambia a la candidata elegida para defender sus siglas en los comicios municipales. A saber, la actual alcaldesa, Nieves García, aspirante (de momento y con la bendición de Esperanza Aguirre) a intentar repetir en el cargo urnas mediante.

"No, nos gusta como candidata porque ha demostrado ser una inepta, tiene el pueblo completamente paralizado", protesta un militante. Y es muy fácil escuchar idéntica sentencia en boca de otros afiliados siempre que se acceda a no facilitar su identidad. "Claro que podría interpretarse todo como opiniones aisladas, pero ocurre que el mismo Comité Ejecutivo del PP en este municipio se ha posicionado oficialmente en este sentido. Sus 21 miembros han votado en contra de la candidatura de Nieves García. Y eso que ella preside este Comité. Es más, en su reunión del pasado 20 de diciembre abordaron el asunto de las candidaturas: se propusieron tres nombres y ninguno era el de la alcaldesa.

El resultado de aquella votación, enviado al día siguiente al presidente del Comité Electoral Regional del PP, Ignacio González, dio el apoyo mayoritario a Juan Pedro Izquierdo, actual concejal de Seguridad y secretario general del partido en Villaviciosa (17 de los 21 votos). El tercer nombre propuesto fue el del ex concejal de Cultura, Agustín Reguera, quien ha recogido 600 firmas entre la militancia contra la alcaldesa.

Todo eso ha llegado a Génova. Las firmas y numerosas cartas denunciando la situación. Incluso hay una muy detallada remitida al mismo presidente del PP, Mariano Rajoy, para reclamar su intervención. La última llegada a la sede popular es la de los actuales concejales del Gobierno municipal, que solicitan la dimisión de la edil de Urbanismo, Silvia Fernández Vaquero, que antes de ocupar este cargo era ordenanza en la Casa de la Cultura.  No sería la primera en cesar. En las dos legislaturas durante las que Nieves García ha sido alcaldesa, ocho concejales han abandonado en Ayuntamiento antes de finalizar su mandato.

En voz baja, hay quien sugiere que la resistencia a designar a un candidato electoral distinto de la alcaldesa persigue evitar que el gesto vuelva a atraer la atención hacia este municipio, que tras las últimas elecciones se relacionó con el tamayazo (la fuga de Tamayo y Sáez que provocó la repetición de los comicios).

En esta localidad tienen despacho inmobiliario los empresarios Francisco Bravo y su tío, Francisco Vázquez, del que es abogado Tamayo. Siendo alcaldesa Nieves García, se afiliaron todos sus trabajadores al PP, antes de que votaran a la misma mujer como presidenta del partido en Villaviciosa. Fue también bajo su mandato cuando el Ayuntamiento adjudicó al constructor en subasta, a muy buen precio, una parcela en el polígono de Quitapesares. Bravo reservó, además, las habitaciones de Tamayo y Sáez para la noche de su espantada y en la tarde de aquel 10 de junio se reunió en Génova con Ricardo Romero de Tejada, entonces secretario general del PP de Madrid y valedor de la alcaldesa cuestionada.

EL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE TACHA A LOS SOCIALISTAS DE COBARDES Y FELONES (13/01/07) 

La Asamblea de Madrid se convirtió  en el patio trasero del gran vecindario de la política nacional. El PP impuso su mayoría para aprobar su proposición, en la que se conminaba al Gobierno a que vuelva al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo". El vicepresidente regional, Ignacio González, acusó a los socialistas de "miserables y manipuladores" y de estar instalados en la "felonía y el engaño".

Los socialistas se abstuvieron y los diputados de IU votaron en contra de la Proposición no de Ley (PNL) del PP. Paradójicamente, los portavoces de los tres partidos coincidieron en su oposición a la banda terrorista, pero pusieron especial empeño en realzar las diferencias que les separan. Dos frases del portavoz popular, Antonio Beteta, resumían los derroteros por los que se desarrolló el debate. "¡Viva la unidad!", espetaba a los socialistas en tono sarcástico después de que éstos hubiesen conminado al PP a flexibilizar su postura, para luego rematar su alocución con un "voten nuestra PNL".

En el debate hubo de todo: insultos, acusaciones de usar el terrorismo como arma electoral, bostezos y hasta enfados. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, no quiso dejar pasar la ocasión, en un pleno extraordinario promovido por su grupo, para meter el dedo en el ojo al jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Reconoció la "buena voluntad" de los organizadores de la manifestación en Madrid y justificó su ausencia y la de su partido por la "confusión notabilísima que existe". Como si fuese el rival directo de Zapatero, se erigió en portavoz de su partido para decir que "cualquier intento de retornar al diálogo supondría la rendición de la democracia española y del Estado de derecho", sentenció.

El momento más áspero lo protagonizó su vicepresidente regional, Ignacio González, que salió al paso con exabruptos a las argumentaciones del líder socialista, Rafael Simancas, quien le recordó que tuvo el mismo lapsus que Zapatero cuando calificó de accidente el atentado de la T-4. A González se le concedió la palabra por alusiones para acusar a los socialistas de "miserables", "manipuladores" y de estar instalados en "la cobardía", "la felonía" y el "engaño". Visiblemente exaltado y ante el alboroto que había provocado en la bancada socialista remató su intervención con una sentencia: "Están empeñados en seguir negociando con ETA y hacer concesiones, pese al atentado del 30 de diciembre". Previamente, el líder de los socialistas madrileños reprochó a Aguirre su ausencia en la marcha, mientras que ha acudido "a manifestaciones en las que se grita Zapatero al paredón". Simancas apeló a la "unidad, unidad, unidad" de los demócratas y acusó a la presidenta regional de situarse al frente de una "minoría radical".

 

LOS ALCALDES MÁS POLÉMICOS DEL PP EN ASUNTOS URBANÍSTICOS REPITEN CANDIDATURA

Los alcaldes más polémicos del PP en asuntos urbanísticos repiten candidatura en las próximas elecciones municipales. El regidor de Torrelodones, Carlos Galbeño, que pretende recalificar 128 hectáreas protegidas, o Narciso de Foxá, relacionado con el caso Majadahonda, aspiran a gobernar otros cuatro años. También pretende revalidar el cargo la alcaldesa de Quijorna, Mercedes García, que recalificó una alameda protegida. La presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, y el secretario general del PP, Ángel Acebes, calificaron de "honrados" a los alcaldes en el acto de su presentación.

El Comité Regional Electoral del PP, que preside el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, aprobó el miércoles pasado la candidatura a la alcaldía de 43 municipios, todos de la zona noroeste, donde el PP ganó por mayoría en las últimas elecciones. En el grupo hay 10 mujeres y 34 de los 43 candidatos elegidos, volverán a concurrir en municipios donde ya son alcaldes.

El partido no ha tenido reparo en volver a colocar como cabezas de lista a alcaldes salpicados durante la última legislatura por la polémica urbanística. Repiten los alcaldes de Torrelodones, Carlos Galbeño, y de Majadahonda, Narciso de Foxá; también la alcaldesa de Valdemorillo, María Pilar López Partida, que ha firmado convenios urbanísticos con los propietarios de la inmobiliaria Edisan, de la familia San Román, relacionada con la Operación Malaya. O José Luis González, alcalde de Galapagar (30.000 vecinos), que ha aprobado de manera inicial un proyecto para construir 9.000 viviendas, lo que supondría duplicar la población de este municipio.

Diecisiete de estos candidatos fueron presentados en la Casa de la Cultura de Majadahonda por la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, y por el secretario general del PP, Ángel Acebes. Ambos obviaron en sus discursos el hecho de que los candidatos de sus municipios más importantes (Galapagar, Majadahonda, Brunete, Villanueva de la Cañada, Torrelodones, Villanueva del Pardillo, Quijorna, Valdemorillo, San Lorenzo de El Escorial...) o han hecho tratos urbanísticos con el Grupo San Román; o pretenden recalificar zonas protegidas; o han dejado sus planes generales en manos de la empresa Plarquin, del ex director de Urbanismo Enrique Porto.

Es más, tanto Acebes como Aguirre no dudaron en calificar a los alcaldes como "honrados", en medio de un gran aplauso por parte de los centenares de militantes del PP que llenaban la Casa de la Cultura majariega. "¡Sois la cara de la gestión eficaz y honesta del PP!", llegó a decir Acebes. "Los candidatos que presentamos no vienen a crearles problemas; si no a escuchar a los ciudadanos del oeste. Son los mejores, los más honrados y los más capaces", remachó Aguirre. No hubo sitio para la autocrítica y ambos políticos aprovecharon el momento para arremeter contra la política antiterrorista del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La propuesta de que estos candidatos aspiren a ser alcaldes parte de los comités locales. Luego, esas propuestas reciben el visto bueno del Comité Regional Electoral, al que pertenecen el ex alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, y el ex edil de Urbanismo, Ignacio del Río.


(www.elpais.com, 01/12/06)

"YO NO LO HABRÍA PUBLICADO AHORA", DICE EL 'SEGUNDO' DE LA PRESIDENTA

El vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, habló de la biografía autorizada de Esperanza Aguirre. "Si me preguntan si yo lo hubiera publicado ahora, si pudiera tener alguna decisión en la editorial, a lo mejor no lo habría hecho", aseguró González para precisar después: "Es a la autora y a la editorial a quienes compete decidir cuándo se pone a la venta el libro".

La publicación de la biografía ha sido recibida en el PP madrileño con división de opiniones. La presidenta dio a leer el manuscrito a miembros de su gabinete y personas de su confianza, al tiempo que ella misma hacía una revisión del texto. Hubo quien le aconsejó que matizara algunas cosas y quien, tras leer el libro ya editado, asegura que si a ellos les hubieran pedido opinión en su día habrían aconsejado "no publicarlo".

González, mano derecha de Aguirre en su Gobierno, intentó restar importancia a las afirmaciones que se recogen en el texto referidas al enfrentamiento entre Esperanza Aguirre y el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. "Es una reproducción compendiada de algunas cuestiones ya conocidas que han motivado momentos de tensión y discrepancia en ocasiones entre el Ayuntamiento y la Comunidad", dijo.

"No hay pacto"

"En cualquier caso", añadió el vicepresidente regional, "el Gobierno no ha entrado ni entrará en ninguna polémica de libros escritos por periodistas o escritores, porque nosotros nos dedicamos a trabajar por los madrileños y me parece que cada uno puede tener su opinión sobre esta biografía".

Preguntado sobre si la publicación del libro ha podido romper algún supuesto pacto entre la presidenta y el alcalde para no empeorar sus relaciones hasta pasadas las elecciones de mayo, el vicepresidente afirmó: "No me consta que exista tal acuerdo".

Aguirre sólo se ha pronunciado sobre uno de los capítulos de su biografía: aquel en el que le cuenta a la periodista que a veces no llega a fin de mes porque el cargo de presidenta no tiene pagas extras (aunque sí un sueldo de 11.400 euros). "Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que me siento una privilegiada y que estoy encantada en la política", afirmó tras estallar la polémica. La periodista autora del libro, Virginia Drake, se ratificó en que Aguirre sí había dicho lo que dijo.

También el portavoz del PP en el Parlamento regional, Antonio Beteta, trató de rebajar el miércoles las opiniones de la presidenta sobre Ruiz-Gallardón. Según él, Aguirre "no dice nada" sobre el alcalde, sino que el libro recoge "opiniones de terceros, que éstos atribuyen a Esperanza Aguirre". En la biografía figuran esas opiniones en boca de Aguirre.

(www.elpais.com, 19/11/06)

LA ADJUDICACIÓN DE LAS VENTAS SERÁ RECURRIDA EN LOS TRIBUNALES POR SIMÓN CASAS

El empresario taurino Simón Casas recurrirá ante la justicia la adjudicación de la explotación de la plaza de toros de Las Ventas a la empresa Taurodelta por parte de la Comunidad de Madrid, que renueva así la concesión de la que ha venido disfrutando los últimos dos años. La nueva concesión es por dos años, prorrogable a otros tres.

En declaraciones a la agencia France Press, el empresario francés que gestiona la legendaria arena de Nimes ha calificado de "escandaloso" el fallo del Gobierno regional, que considera como discriminatorio, por razón de su nacionalidad y tomado a pesar de que su oferta, que poseía un marcado carácter cultural, "era la mejor en litigio".

Por su parte, el portavoz socialista del Consejo de Asuntos Taurinos en la Asamblea de Madrid, José Luis García Sánchez, ha manifestado que su grupo indagará si José Antonio Martínez Uranga, principal accionista de Taurodelta, continúa vinculado al constructor y ganadero Fidel San Román, socio en la anterior andadura de la empresa e implicado, por un presunto delito de cohecho, en la Operación Malaya, por lo que se encuentra en prisión.

García Sánchez ha manifestado, asimismo, que solicitará la comparecencia del vicepresidente de la Comunidad y presidente del Consejo de Asuntos Taurinos, Ignacio González, para que dé explicaciones sobre la concesión, que tampoco ha sido bien recibida por la mayoría de las asociaciones que agrupan a los aficionados madrileños.

La experiencia acumulada en la gestión de plazas de toros -casi un siglo en el caso de la familia de Martínez Uranga- ha sido el factor decisivo en la decisión del Consejo Taurino, pese a que su oferta no era la mejor ni económicamente ni en la propuesta de festejos.

La opinión general entre la afición de Madrid es la de que, si todos los concursos futuros se resuelven sobre la base de la experiencia, ninguna otra empresa podrá optar fácilmente a la concesión de la plaza de Las Ventas.

(www.elpais.com, 19/11/06)

UN ARQUITECTO ULTRALIBERAL

"¿Para ser director general tienes que vender todo y ser un anacoreta?", se preguntaba el miércoles en un periódico el ya ex director general de Urbanismo, Enrique Porto Rey, un día después de cesar en el cargo que ejercía desde el 30 de diciembre de 2003, nombrado por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía.

Desde luego, este arquitecto y urbanista de 66 años no ha practicado tal extremo mientras ha sido alto cargo, sino que ha mantenido sus inversiones y propiedades inmobiliarias durante el ejercicio del cargo. "Cuando uno trabaja en un ámbito profesional es lógico que invierta en el mismo campo, porque es lo que conoce", justifican en la Consejería de Medio Ambiente.

Nacido en Villagarcía de Arousa (Pontevedra), Porto fue funcionario del Ministerio de Vivienda y profesor de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, entre 1968 y 2000. Algunas biografías difundidas esta semana afirmaban que era catedrático de Urbanismo, pero no pasó de profesor adjunto, según el decano del Colegio de Arquitectos, Ricardo Aroca. "Estaba muy ligado al catedrático José López Zanón [prestigioso profesor de la Politécnica], pero era más un allegado que un arquitecto con personalidad propia", explica. En la actualidad está en situación de jubilación voluntaria en la Universidad.

Como Aroca, otras fuentes del sector confirman que Porto desarrolló sobre todo su carrera en el ámbito privado. "No es conocido por sus aportaciones teóricas al Urbanismo y a la Arquitectura", sentencia Aroca, que lo define como "ultraliberal".

En el plano personal, quienes le conocen lo describen como una persona de gran sentido del humor, afable, "más listo que inteligente", muy agradable de trato, pero soberbio en sus conocimientos. Hasta su llegada al Gobierno regional, el ex director general tuvo una prolífica actividad en el ámbito privado, a través de Plarquín, una consultora especializada en urbanismo, de la que fue administrador entre 2000 y 2002. La fundó con José Mª Fernández del Río, arquitecto y ex consejero en Caja Madrid del PP.

Porto se vanagloria de ser un experto en Derecho urbanístico y tiene mucha afición a utilizar argumentos jurídicos. Desde el Gobierno regional se justificó en su día su elección como director general precisamente por ser "uno de los mayores expertos" en planeamiento y Derecho urbanístico de España.

Es el mismo perfil que describió el pasado jueves el vicepresidente regional, Ignacio González, cuando reiteradamente se le preguntó si respaldaba la gestión de su ex director general. González eludió responder hasta en cinco ocasiones, pero comentó: "Yo no conocía las actividades privadas de este señor. Sé que es un urbanista de prestigio. Tenía un perfil incuestionable desde el punto de vista profesional".

Pero otras fuentes replican que había poco fondo en su dominio de la materia. Y explican que lo que hizo Porto fue acaparar conferencias y cursos especializados en Urbanismo, lo que le ayudó a adquirir influencia y conseguir contratos para su empresa. Entre sus méritos se encuentra el haber dirigido los equipos redactores de los planes generales de A Coruña (1998), Albacete (1999), Burgos (1999), Cáceres (2003), Palencia (1991) y el plan del que luego se beneficiaría, en Villanueva de la Cañada (1997).

Cuando es llamado para la dirección general de Urbanismo, Porto se encontraba inmerso en la redacción de planeamientos de varios municipios madrileños, además de la capital: Cobeña, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Camarma de Esteruelas, Alcorcón, Leganés, Algete, Villanueva de la Cañada, San Martín de la Vega, Parla y Moralzarzal.

Tras aceptar el cargo, Porto reclama a los ayuntamientos que revoquen sus contratos o los subroguen en Plarquin. Al mismo tiempo, formaliza su desvinculación. Vende 50 acciones a Alejandro Arca Naveiro, arquitecto que trabajaba a sus órdenes, que se convierte en heredero de sus proyectos privados. El ex director de Urbanismo termina de desprenderse de Plarquín en enero de 2004: su esposa e hija ceden 200 acciones a José María Fernández del Río; y Porto y su esposa entregan otras 250 acciones a José Federico Bouzas. Por las 500 acciones que poseían, el director de Urbanismo y su familia reciben 3.000 euros. Su valor nominal. Porto regala a Plarquin sus contratos. Pero, como ha salido a la luz desde el pasado 22 de septiembre, la desvinculación no es completa.

Las primeras informaciones apuntan a que Porto atenta contra la legalidad y da una imagen insostenible para un alto cargo, al no tener clara la línea que separa sus negocios y su actividad pública. Hasta ahora el ex director general no ha explicado en público su marcha y sus actividades. Evita las cámaras y varios diputados de los tres partidos (PP, PSOE e IU) comentan que el Gobierno le ha cerrado la boca para impedir que las irregularidades de su gestión suban el escalafón.

(www.elpais.com, 08/10/06)

EL GOBIERNO RESTA IMPORTANCIA A LAS ACUSACIONES CONTRA EL DIRECTOR DE URBANISMO

El Gobierno de Esperanza Aguirre no da ninguna credibilidad a las acusaciones contra el director general de Urbanismo, Enrique Porto, según manifestó el vicepresidente regional, Ignacio González tras el Consejo de Gobierno. "No son más que insinuaciones que no se corresponden con la realidad", afirmó.

Porto, que ocupa el cargo desde diciembre de 2003, autorizó planes generales de ordenación urbana de varios municipios, que habían sido elaborados por Plarquin, una empresa que pertenecía a sus antiguos socios inmobiliarios y que en varias ocasiones contó con un equipo que incluía a un hermano y a una hija de Porto.

El director de Urbanismo no se inhibió al tramitar dichos proyectos, según reconoció a este periódico. "Yo a partir de ahora me voy a inhibir", declaró. A lo que agregó después: "En pureza no hay incompatibilidad con esto. Lo he consultado con mis abogados".

El vicepresidente regional -que preguntado en tres ocasiones no respondió si el Gobierno regional avala la gestión de Porto al frente de Urbanismo- consideró que las acusaciones corresponden a "una estrategia puesta en marcha por el Partido Socialista en Madrid de echar un velo de sospecha sobre las actuaciones de los ayuntamientos de esta región".

"La mayoría de los planes hechos por esta empresa son planeamientos hechos para los ayuntamientos del Partido Socialista, como Aranjuez, Ciempozuelos, Cobeña... ¿Por qué en este caso no hay ningún problema y sí en el caso de Moralzarzal?", se preguntó.

(www.elpais.com, 15/09/06)

AGUIRRE SE DESHACE DE SAN ROMÁN EN LAS VENTAS

Fidel San Román, uno de los constructores detenidos por su presunta implicación en la trama de corrupción de Marbella, dejará en breve de controlar la plaza de Las Ventas de Madrid. San Román, actualmente en prisión, gestionaba el coso, a través de la empresa Taurovent, desde diciembre de 2004 tras ganar un concurso convocado por la Comunidad de Madrid, del PP. San Román y su socio Ramón Calderón, presidente desde del Real Madrid, controlaban el 51% de las acciones. El otro 49% estaba en manos de empresario taurino José Antonio Martínez Uranga.

La complicada situación judicial de San Román llevó al presidente del Consejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad y vicepresidente primero del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González, a reunirse de urgencia con Martínez Uranga en un restaurante de la calle de Ferraz. Este último, y tras las presiones del Gobierno regional, accedió a comprar las acciones de San Román, con lo que Martínez Uranga se convierte así en el máximo accionista de Taurovent. Ramón Calderón, que posee el 4% de las acciones de la empresa, todavía no ha tomado una decisión sobre qué hará.

La posible ampliación un año más de la explotación de la plaza de Las Ventas (propiedad de la Comunidad de Madrid) tiene que ser tomada antes del 15 de julio. La Comunidad, tras la detención de San Román, se hallaba con el problema de renovar el contrato a un empresario presuntamente implicado en la trama de Marbella. Por eso, el cambio de accionariado de Taurovent le da al Gobierno de Aguirre una bombona de oxígeno, pues rompe sus conexiones con la trama marbellí, le permite ampliar la concesión de la plaza a un año de las elecciones o, incluso, podría romper el contrato alegando que la concesionaria ha cambiado sus accionistas.

La última concesión de la plaza a Taurovent fue gestionada directamente por Ignacio González, mano derecha de Aguirre. Madrid Capital del Toreo, SL, la empresa que estaba considerada la gran favorita, se quedó fuera por un solo punto. Presentó un recurso, pero fue desestimado. Sus accionistas son Simón Domb Casas y Juan Miguel Villar-Mir, que era también uno de los candidatos a presidir el Real Madrid Club de Fútbol.

La plaza de toros madrileña, por primera vez en años, no tuvo en 2005 beneficios. Entre las razones está el canon fijo de casi seis millones de euros impuesto por el Gobierno regional a los concesionarios. Hasta el último concurso que ganó Taurovent, la Comunidad se quedaba con una parte de los beneficios, que variaban según la temporada taurina. Pero González quería un canon fijo.

(www.elpais.com, 04/07/06)

LA 'GUERRA' ENTRE LA COMUNIDAD Y EL AYUNTAMIENTO LLEGA A LAS ALCANTARILLAS

Nuevo enfrentamiento entre la Comunidad y el Ayuntamiento. El Canal de Isabel II denunciará a la Concejalía de Medio Ambiente por "apropiación indebida" de, al menos, 120 tapas de alcantarilla y suministro. La concejal de Medio Ambiente, Paz González, había dado la orden de que se retirasen todos los registros -hasta un total de 800- que el Canal había pintado de azul como reclamo de una campaña de ahorro. La Guardia Civil acudió a un almacén -donde estaban las planchas retiradas- para tomar declaración a los responsables de la contrata que las quitó.

Los enfrentamientos entre la Comunidad y el Ayuntamiento no tienen fin. El último se libra ahora en las alcantarillas de la ciudad y las dos instituciones, gobernadas por el PP, se disputan 800 tapas del servicio. Tal es el encono con el que los dos organismos se enfrentan que el Canal anunció que denunciará a la Concejalía de Medio Ambiente por "apropiación indebida" de las planchas. La concejalía, por su parte, ha abierto un expediente sancionador al Canal por vulnerar una ordenanza.

La bronca empezó cuando el Canal, dentro de un programa de ahorro de agua en la región, inició la campaña llamada Súmate al reto del agua. Esta iniciativa incluía un curioso reclamo: pintar de azul 3.000 tapas de alcantarilla. Sobre ellas, se imprimiría el lema de la campaña. En marzo pasado, el vicepresidente primero del Gobierno regional y presidente del Canal, Ignacio González, presentó el programa a los medios de comunicación. En la capital, se pintarían 800 registros por todos los barrios.

Pero, según el Ayuntamiento, el Canal no pidió ninguna licencia municipal y, además, vulneró la normativa local. Fuentes municipales explicaron: "La publicidad en las calles está reglada por la Ordenanza del Paisaje Urbano. Las tapas son parte del mobiliario urbano y no se pueden pintar del color que cada uno quiera para publicidad".

Un portavoz del Canal lo negó tajantemente. "Las tapas no son parte del mobiliario urbano. Son tapas de servicios públicos y no mobiliario de la ciudad como las marquesinas o los bancos. Además, el Canal no ha iniciado una campaña publicitaria, como afirma el Ayuntamiento. Es una campaña de concienciación para que los madrileños ahorren agua. Es absurdo decir que es publicidad, porque seríamos la primera empresa del mundo que hace una campaña para que no compren sus productos". El Canal dice que "la campaña informativa está siendo, por el momento, imaginativa, inocente y eficaz". "Lo demuestra el hecho de que hasta abril hemos conseguido que el consumo se reduzca un 20%".

Pero el Ayuntamiento está en desacuerdo. "Pueden decir lo que quieran pero cualquiera puede ver que se trata de una campaña publicitaria. Si permitiésemos que el Canal pintase sus tapas de registro del color que quisiera y en ellas se pusiese publicidad, mañana otras empresas podrían reclamar lo mismo. No nos vale que se diga que se busca un bien común. También podría hacerlo una compañía de electricidad y pedir a los madrileños que consuman energías renovables o que sean conscientes de que los derivados del petróleo tienen un límite. El color de las tapas está descrito en el Plan General de Madrid". Por ello, el Ayuntamiento admitió que había ordenado la "retirada de todas las tapas azules y que se había abierto un expediente sancionador" contra este organismo público de la Comunidad "por infracción de la ordenanza municipal".

El Canal replicó que aceptaba que se abriera un expediente sancionador contra la empresa, "porque está dentro de las competencias municipales, por supuesto". "Pero lo que no admitimos es que se hayan retirado las tapas porque son una propiedad privada". Cada alcantarilla, según reconoce el Canal, cuesta 54 euros. "Además, el Ayuntamiento está sustituyendo las tapas de alcantarillado y suministro por otras que no sabemos de dónde las han sacado. Eso es muy grave, porque en caso de avería no sabríamos dónde están las llaves de paso".

, la Guardia Civil, tras una denuncia del Canal, se personó en una nave industrial de Coslada. Allí una empresa privada contratada por el Ayuntamiento ha ido almacenando las 120 primeras tapas retiradas. El Canal había presentado denuncia contra su propietario por "apropiación indebida" y esperaba de conocer la declaración del denunciado para saber quién se lo había ordenado.

Fuentes municipales reconoció que la orden procedía de la Concejalía de Medio Ambiente. El Canal fue entonces tajante. "La querella se presentará contra la concejalía. Lo más sorprendente es que la concejal de Medio Ambiente, Paz González, es consejera del Canal, aprobó la campaña y ahora retira las tapas". "González no aprobó la campaña, sino su contratación", matizan fuentes municipales.

(www.elpais.com, 28/04/06)

EL ALCALDE DE MAJADAHONDA NIEGA QUE INTENTARA SOBORNAR A DOS EDILES

El regidor de Majadahonda, Narciso de Foxá, anunció que el Ayuntamiento interpondrá una querella por injurias y calumnias contra estas dos personas. Ésta se sumará a otra que presentó el alcalde por parecidos motivos en abril pasado. "Yo también puedo decir mañana que usted o cualquier otro me ha ofrecido una cantidad de dinero sin aportar ninguna prueba. Eso es lo que hacen ellos. Mienten de principio a fin", afirmó De Foxá, quien descalificó las declaraciones de los concejales y recordó que se está hablando de dos tránsfugas, suspendidos cautelarmente de militancia, "que es el paso previo antes de su expulsión del PP".

De Foxá explica que él firmó el decreto para que la parcela RN1 -el terreno objeto de las supuestas irregularidades- volviera al Ayuntamiento y se vendiera desde allí. El regidor no entiende para qué iba a sobornar a dos personas por algo que él mismo quería: que el terreno fuese vendido por el pleno y no por Pammasa, empresa pública que gestiona el suelo público de Majadahonda.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción señalaron que habían tomado nota de las declaraciones de estos dos ediles y que el fiscal encargado del caso ya estaba trabajando sobre el tema. Las citadas fuentes dijeron que aunque no se descartaba llamar a declarar a los dos ex concejales de Majadahonda, por el momento tampoco podía asegurarse que se fuera a pedir su declaración.

En ese sentido, las fuentes consultadas recordaron que una parte del caso Majadahonda, la referida a Pammasa, la lleva la Fiscalía de Medio Ambiente, que depende de la Fiscalía de Madrid, en tanto que Anticorrupción se encarga de la denuncia presentada por dos concejales socialistas sobre el supuesto conocimiento de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de la presunta trama urbanística que beneficiaba a determinadas empresas.

Los ediles del PP de Majadahonda Peñas y Moreno también han declarado que les llamó el ex alcalde y ex secretario general del PP, Ricardo Romero de Tejada, para que aceptaran la oferta del millón de euros de De Foxá. "Oímos cómo [Aguirre] le decía a Guillermo Ortega [ex alcalde]: deja las parcelas, ya irán como tienen que ir". Y añadieron: "Un empresario me dijo que a Pammasa se llevaban maletines llenos de dinero"; "Granados [actual secretario general del PP de Madrid] nos dijo que el problema de Guillermo [Ortega] es que le había cortado la mano a Romero de Tejada".

Peñas y Moreno recibieron un comunicado del PP informándoles sobre la suspensión cautelar de militancia. "Si nos expulsan, seguiremos de concejales hasta que acabe el mandato como no adscritos", declararon. Los dos ediles majariegos están enfrentados al resto de los 13 concejales de su partido debido al concurso de enajenación de dos parcelas municipales, y a la venta de derechos de edificación que se realizaba desde Pammasa.

Peñas, Moreno y Guillermo Ortega apoyaban un pliego de condiciones para la venta mediante concursos públicos de los terrenos, mientras que el resto de ediles mantenía que con esos requisitos el Ayuntamiento perdería dinero. Finalmente, el anterior alcalde, Guillermo Ortega, dimitió y se suspendió la polémica venta de los terrenos.

Los dos concejales sostienen, además, que Esperanza Aguirre; Ignacio González, vicepresidente primero, y Francisco Granados, secretario regional del PP, tuvieron conocimiento de las actividades de Pammasa mediante un informe que ellos mismos les entregaron el 24 de enero. Informe, que según ellos, la presidenta regional les ordenó destruir. Éste contenía la mecánica de actuación de Pammasa y demostraba que el Ayuntamiento perdía dinero si las ventas se hacían a través de esta empresa.

Por su parte, Francisco Granados, respondió que Aguirre "no tiene que dar explicaciones de algo que no ha ocurrido", en alusión a la denuncia sobre su supuesto conocimiento de actividades urbanísticas ilícitas.

(www.elpais.com, 03/05/05)

TIRANTEZ ENTRE EL ALCALDE Y AGUIRRE EN LA FIESTA REGIONAL

El Día de la Comunidad de Madrid congregó a unas 1.500 personas en la Real Casa de Correos. Pero los focos se centraron en tres rostros y en el escaso minuto en el que los tres coincidieron durante la recepción posterior a los actos oficiales. Fue el momento más triste y más tenso del besamanos. El alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y su esposa, Mar Utrera, franquearon pasada la una de la tarde la puerta principal de la sede del Gobierno regional, donde la anfitriona, Esperanza Aguirre, estrechaba manos y dedicaba sonrisas a cada uno de los invitados.

Al llegar el alcalde, los fotógrafos contuvieron la respiración. 24 horas antes, Ignacio González, vicepresidente primero del Gabinete de Aguirre, había dicho que Gallardón se deja utilizar por el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, y había sugerido, además, que el alcalde se ha puesto en contra del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, en la crisis del hospital de Leganés.

Primero pasó Utrera, seria, veloz; después, Gallardón, cortés pero más serio aún. Presidenta y regidor se besaron en las mejillas, pero no intercambiaron ni media palabra. Sólo la insistencia de los fotógrafos logró que los máximos dirigentes de la región y la capital posaran juntos; después, Gallardón y su esposa aceleraron el paso.

Ya dentro, el alcalde y durante ocho años presidente de la Comunidad aguantó menos de 15 minutos con la sonrisa en el rostro y acabó marchándose por una puerta lateral, acompañado por su número dos, el vicealcalde, Manuel Cobo. Antes de eso habló con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y también con la vicepresidenta del Gobierno central, María Teresa Fernández de la Vega, a la que (según pudo escuchar uno de los asistentes) comentó Gallardón: "Encima de que vengo después de todo, me piden que sonría...".

Estrechos colaboradores del alcalde negaron más tarde cualquier tensión con la presidenta, y subrayaron que, aunque el regidor y el vicealcalde permanecieron poco tiempo en la fiesta, llevaban dos horas y media allí, con Aguirre, asistiendo a los actos previos de la entrega de las medallas de la Comunidad, el desfile militar y el homenaje a las víctimas del 11-M. También fuentes cercanas a la presidenta quitaron hierro a los gestos fríos de la mañana y aseguraron que, por su parte, no existe conflicto con su correligionario.

Pero, el número dos de Aguirre, Ignacio González, sí había arremetido la víspera contra Gallardón. En declaraciones al diario Abc, el vicepresidente había dicho que el alcalde "no debería dejarse utilizar tanto, y de una manera tan ostensiva, por parte del Gobierno de la nación, que sólo intenta dividir al PP y aislar a la Comunidad". También se había referido a la cena que compartieron Gallardón y los dirigentes de CCOO y UGT de Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez, respectivamente, el día antes de la manifestación contra el consejero de Sanidad: en aquella cena, según González, los sindicatos escucharon "más de una recomendación" para que la marcha fuera un éxito.

Aguirre o desautorizó a su vicepresidente. Se limitó a afirmar: "No me pasa nada con Gallardón. Somos amigos", y acto seguido aseguró que fue el socialista Rafael Simancas quien quiso "malmeter" contándole a ella que el alcalde había cenado con los líderes sindicales. Simancas lo explicó de otra forma: "A mí me dijo Esperanza un día: '¡hay que ver!, cenaste con los sindicatos para malmeter contra nosotros'. Y yo le contesté: 'No, no fui yo quien fue a esa cena. Entérate bien de quién fue".

Gallardón no quiso responder a esos comentarios. Pero su rostro habló por él. Del núcleo duro de su gobierno sólo acudieron al festejo Manuel Cobo y el concejal José Manuel Berzal. Juan Bravo, edil de Hacienda, asistió a la entrega de medallas y luego se marchó. El resto de los ediles de gobierno, incluida Ana Botella, no se presentó. Sí se dejaron ver otros concejales del PP, entre ellos algunos especialmente cercanos a Aguirre, como Eva Durán y Ángel Garrido (quien el pasado enero envió una carta invitando a los militantes del PP a expresarse contra el Gobierno socialista en una manifestación por las víctimas del terrorismo).

Los partidos de oposición criticaron a Aguirre por sus afirmaciones de que Rodríguez Zapatero discrimina a Madrid. "Es irresponsable por su parte. Está alentando un sentimiento nacionalista de Madrid frente a Barcelona, y eso perjudica la convivencia", protestó la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, quien señaló que "el entorno de Ruiz-Gallardón" le había dicho que el alcalde no iba a entrar en esa estrategia de Aguirre. Simancas insistió en que "no es creíble el discurso victimista de Aguirre en una región próspera como Madrid".

Inés Sabanés, portavoz municipal de IU, culpó a Aguirre de promover "la crispación" en el debate territorial, y Fernando Marín, su homólogo en la Asamblea, agregó: "Mientras el único pensamiento de Aguirre sea atacar al Gobierno central, los madrileños estaremos abandonados a nuestra suerte".

(www.elpais.com, 03/05/05)

EL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE ACUSA A GALLARDÓN DE "DEJARSE UTILIZAR POR EL GOBIERNO DE ZAPATERO"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el popular Ignacio González, ha arremetido, en declaraciones al diario ABC, contra el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, de su mismo partido, pidiéndole "que no se deje utilizar tanto por el Gobierno de la Nación, que sólo intenta dividir al PP y aislar la Comunidad".

En lo que supone un nuevo roce entre el Gobierno regional y el consistorio madrileño, González ha asegurado que "el problema de fondo es qué pinta el alcalde de Madrid para hablar de las infraestructuras de la región o el cierre de la M-50", en referencia a la entrevista que hace poco mantuvieron la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y Ruiz-Gallardón para hablar de la infraestructuras de Madrid y a la que no asistió Aguirre.

No obstante, el vicepresidente primero de la Comunidad ha destacado que entre Aguirre y Ruiz-Gallardón no existe una mala relación, sino "sólo situaciones de conflicto generadas por la defensa de los intereses de cada institución, pero no son enfrentamientos personales".

El periódico ABC asegura que el malestar del Ejecutivo de Aguirre se debe a la actitud de Ruiz Gallardón al reunirse con varios miembros del Gobierno socialista, en una imagen de cooperación y diálogo que contrasta con la oposición rotunda que esta llevando a cabo el equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre. Un motivo más para la discordia es la cena que compartieron representantes de los sindicatos, el presidente de la Cámara de Comercio - Fernando Fernández Tapias- y el alcalde en la víspera de la gran manifestación de pacientes y personal médico que pidieron la dimisión del consejero Lamela el 21 de abril. Según ABC, fuentes del Gobierno regional sostienen que en aquel encuentro los sindicatos escucharon "más de una recomendación" para que la manifestación tuviera éxito.

Las declaraciones se producen en el mismo día en el que los trabajadores se manifiestan por el Primero de Mayo con la crisis del hospital Severo Ochoa como uno de sus ejes principales y un día antes de que en la Casa de Correos, sede del gobierno regional, se celebre el acto central del día de la Comunidad, actos a los que asistirán la presidenta, el alcalde y la vicepresidenta primera del Ejecutivo.

Desde la oposición. el líder del PSOE en Madrid, Rafael Simancas, y la portavoz municipal socialista, Trinidad Jiménez, han lamentado que el "enfrentamiento" entre la presidenta y el alcalde repercute en los "intereses de los madrileños". En este sentido, Simancas ha considerado que ambos políticos están pasando "de la categoría de la anécdota a la confrontación institucional", y ha pedido al PP "un ejercicio de mesura y de sentido común para que dejen sus enfrentamientos".

(www.elpais.com, 01/05/05)

DOS EDILES DÍSCOLOS DEL PP IMPLICAN A AGUIRRE EN EL 'CASO MAJADAHONDA'

José Luis Peñas y Juan José Moreno, dos concejales del PP de Majadahonda enfrentados con el actual equipo de gobierno, también del PP, han enviado un escrito al Ayuntamiento en el que aseguran que la cúpula del PP, con Esperanza Aguirre a la cabeza, estuvo informada puntualmente de la crisis del municipio. Aseguran que la presidenta les ordenó destruir un informe donde daban cuenta de las actividades de la empresa municipal del suelo Pammasa. También arremeten contra el actual alcalde, Narciso de Foxá, al que acusan de ser el cerebro de la venta de derechos de edificación desde la empresa municipal del suelo, que ha provocado un agujero económico de millones de euros en el Ayuntamiento.

El alcalde, Narciso de Foxá, dijo que "no ha visto más falsedades juntas en su vida, y anuncia una posible querella contra los dos ediles". "El documento mantiene punto por punto las tesis del PSOE, y no aporta nada nuevo", continúa Foxá. Los dos ediles continúan en el PP, que, de momento, no les ha abierto expediente disciplinario.

Peñas y Moreno dicen que han enviado ese escrito al Ayuntamiento porque se les ha negado el derecho a declarar ante la comisión de investigación que creó el Ayuntamiento. Ésta intenta aclarar la actuación de Pammasa en la venta de derechos de edificación de vivienda libre a promotores privados, así como el polémico concurso de venta de dos parcelas municipales.De Foxá responde que a los dos concejales díscolos de su propio partido (el PP) no se les ha impedido declarar en la comisión municipal de investigación del caso Majadahonda. "Se les ha llamado en dos ocasiones, pero no se han presentado", dice el alcalde.

Peñas y Moreno se negaron a comparecer personalmente ante la comisión de investigación municipal. Pidieron que se les enviaran las preguntas por escrito. Ante eso, la comisión, formada por todos los grupos municipales (PP, PSOE, CDS e IU) les llamó por segunda vez. Tampoco acudieron. Ante este grupo municipal han comparecido ya el anterior alcalde (Guillermo Ortega), el actual, todos los concejales del equipo de gobierno, el portavoz del PSOE y diferentes técnicos.

Los ediles afirman en el documento que la presidenta del Gobierno regional y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre; el vicepresidente primero, Ignacio González, y Francisco Granados, secretario regional del PP, "tuvieron conocimiento de la crisis puntualmente, tanto por medio del anterior alcalde como del señor Foxá, y en concreto, de lo realizado en Pammasa con los derechos gracias a un dossier que tuvieron en su mesa el 24 de enero".

En la misma fecha, los concejales del PP tuvieron una tensa reunión que fue grabada subrepticiamente por uno de los asistentes. En ella salía a relucir el nombre de Aguirre. En la cinta, De Foxá mantenía que iba a ser paralizada la venta de las dos parcelas municipales porque lo decía Aguirre. También se oía al anterior regidor quejarse de que sufría chantaje y acusaba de "mamoneo" a los servicios técnicos municipales.

Se refería a la modificación que hizo el arquitecto municipal del informe técnico que emitió para la adjudicación de las parcelas. El cambio supuso que variara la empresa que había recibido la mejor calificación global. Al ex alcalde Ortega, del PP, se le oía decir en la cinta grabada: "No voy a aceptar que el arquitecto municipal cambie su informe para que la parcela se la lleve Afar 4".

Los dos ediles díscolos revelan en el documento entregado ahora en el Ayuntamiento que el anterior alcalde les confesó que en una reunión mantenida en enero pasado con Aguirre y González en el aeropuerto de Barajas, minutos antes de que la presidenta partiera hacia China, la presidenta le dijo que "si le demostraba con un dossier la golfada de los derechos de Pammasa, ella misma echaría de inmediato a De Foxá".

Dos horas antes, según mantienen los ediles, Ortega había recibido la visita de un constructor que le había hecho llegar el siguiente mensaje de parte del ex secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada: "Date dos meses de baja, retira lo de las parcelas y te salvarás; seguirás de alcalde".

Los concejales creen que "algo debió pasar en China", porque al volver la presidenta a Madrid les dijo que destruyeran el documento y a Ortega que fuera eligiendo un nuevo destino. El pasado 3 de febrero Ortega presentó su dimisión y De Foxá le sustituyó en el cargo. Poco después, el Gobierno regional nombró a Ortega presidente del Mercado Puerta de Toledo.

El informe, del que supuestamente les hizo deshacerse Aguirre, contenía la mecánica de actuación de Pammasa. Además, aseguran los ediles, en él se demostraba cómo el dueño de la constructora Afar-4 había ganado muchos miles de millones de pesetas gracias a Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda y ex secretario general del PP de Madrid; De Foxá y el arquitecto municipal. "Aproximadamente, justo los miles de millones que faltaban de las arcas municipales", afirman los concejales Peñas y Moreno.

El Ayuntamiento cedía a Pammasa parcelas municipales de uso libre para que edificara en ellas viviendas de protección oficial. Pammasa a su vez vendía a las promotoras privadas, propietarias de suelo donde tenían que levantar vivienda protegida, los derechos de construcción de esas viviendas libres a cambio de una compensación económica: 30.000 euros por cada piso protegido no construido. El Ayuntamiento asumía la obligación de construir las casas protegidas que no hacían los privados, y éstos ya podían levantar todos los inmuebles como libres. El PSOE denunció en 2003 esta práctica ante los tribunales.

Los socialistas también pusieron en conocimiento del fiscal general del Estado que se habían producido presiones para que el concurso de venta de dos parcelas municipales -la RN-1 y la 2-D- se adjudicaran a una empresa determinada: Afar-4. El fiscal decidió enviar la documentación a la Fiscalía Anticorrupción, que actualmente investiga lo sucedido.

De Foxá siempre ha mantenido que la crisis se produjo en el Ayuntamiento debido al procedimiento de venta de esas dos parcelas. "Salieron a un precio fijo muy bajo, lo que suponía una gran pérdida económica para el Ayuntamiento", explica el regidor. Por ese motivo, los concejales se enfrentaron con el anterior alcalde, que defendía que se vendieran de esa forma. Es entonces cuando el anterior edil dice que recibió presiones y que incluso los técnicos cambiaron informes.

Los dos ediles mantienen que cuando ocurre el cambio de valoración del arquitecto municipal para favorecer a Afar-4, todos los presentes se indignaron. En su escrito, Peñas y Moreno sostienen: "Se han dejado de ingresar al menos miles de millones de pesetas en las arcas municipales, suficientes para hacer no 900 viviendas sociales, sino tres o cuatro veces dicho número y, por otro lado, un lucro anormal a los promotores (en especial, al de siempre) de aproximadamente 80.000 millones de pesetas".

(www.elpais.com, 24/04/05)

EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE AGUIRRE TILDA A SIMANCAS DE "BENEFICIARIO DEL URBANISMO DEPREDADOR"

Ignacio González, vicepresidente primero del Gobierno de Esperanza Aguirre, arremetió contra el portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas. González aseguró que "si hay alguien beneficiario del urbanismo depredador es Simancas, que tiene un chalé en Arroyomolinos, municipio gobernado por el PP, y otro cerrado en Boadilla del Monte".

González realizó estas declaraciones tras la reunión tripartita en la Asamblea de Madrid que trata de encontrar consenso sobre las reformas institucionales que han de acometerse en la Comunidad. En esa reunión, los representantes del PSOE (el vicesecretario general del PSM, Antonio Romero; la portavoz adjunta del PSM en la Asamblea, Ruth Porta y el portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Óscar Iglesias) propusieron la creación de una comisión de los tres partidos para alcanzar un pacto sobre el urbanismo en la Comunidad de Madrid.

Según el vicepresidente González, "al no ser este uno de los objetos de la comisión tripartita", Simancas simplemente le estaba "haciendo el juego sucio al Gobierno de la nación". González acusó al líder socialista de "seguir instrucciones de Zapatero, en lugar de acabar con los agravios del Gobierno central hacia Madrid como el decremento de un 25% en las inversiones para Madrid, el asunto de la empresa Mintra o no invitar sistemáticamente a la presidenta" Aguirre a los actos organizados en la Comunidad por el Gobierno central.

González también dijo que "las denuncias urbanísticas" de Simancas "se le van a volver en contra otra vez", en relación a la denuncia realizada por los socialistas ante el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por la supuesta trama del caso Majadahonda donde se habrían podido cometer supuestos delitos de tráfico de influencias y de prevaricación que salpicarían, entre otras personas, al actual regidor del municipio, Narciso de Foxá, del PP. Tras la denuncia de los socialistas, los populares respondieron con una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el fiscal por prevaricación al interpretar que "trabaja por motivos partidistas y al servicio de Zapatero".

(www.elpais.com, 16/03/05)

EL ALCALDE DE MAJADAHONDA Y SU ANTECESOR INVOLUCRAN A AGUIRRE EN LA CRISIS URBANÍSTICA

El actual alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y su predecesor, el dimisionario Guillermo Ortega, ambos del PP, involucraron a la presidenta del partido en Madrid y de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en el conflicto suscitado en el Ayuntamiento majariego como consecuencia de una operación urbanística realizada en una parcela de propiedad municipal. La cadena SER difundió parte de una conversación mantenida entre Foxá, Ortega y otros cargos del PP local, el pasado 24 de enero, en la que el primero asegura que Aguirre le ordenó paralizar la operación urbanística diseñada por Ortega. Concejales próximos a éste habían denunciado días antes que Foxá había urdido una trama urbanística, a través de la empresa municipal Pammasa, que había provocado un agujero económico de 108 millones de euros.

Fuentes del PP de Majadahonda aseguraron hace dos semanas a EL PAÍS que éste descubrió la supuesta trama de Foxá y que eso provocó la crisis que se saldó con la dimisión de Ortega, quien alegó problemas de salud, el pasado 3 de febrero. Su sucesor es Narciso de Foxá, elegido con el apoyo de 12 ediles de su partido y la presunta abstención de otros dos. En este enfrentamiento entre los partidarios del actual regidor y de su predecesor, la cadena SER difundió un extracto de una grabación en la que supuestamente intervienen Ortega y Foxá. Éste sostiene: "La decisión de que no vean esas parcelas [que no se saquen a concurso, como quería Ortega] ha sido de Esperanza Aguirre. Y yo no he hecho nada fuera de la disciplina de partido". En otro momento que se adivina cargado de tensión, Ortega replica "que Aguirre no tiene ningún problema, que el único empeño es el tema de las parcelas y de la Oficina de Atención al Ciudadano. Y que solventada esa historia, que me dedique a ejercer de alcalde sin mayor problema".

A los pocos días, Ortega dimitió y fue nombrado por el Gobierno regional, que preside Aguirre, presidente de la empresa Mercado Puerta de Toledo, mientras que Foxá fue elegido alcalde.

Aguirre declaró: "Yo no sé nada de parcelas. No entro en los asuntos municipales. Sólo hablé con Ortega porque irrumpió en el aeropuerto, cuando me iba de viaje oficial a China el 14 de enero; él había quedado allí con el vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González. Lo único que sé es que iban a sacar [a la venta] una parcela sin fijar el precio, sin baremar, y yo quería que se admitieran ofertas. Pero a Ortega le dije sólo que pensara su decisión [de dimitir]". Esa reunión se celebró en la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas.Foxá, como el anterior regidor Guillermo Ortega, ambos del PP, sostuvieron en la tensa reunión interna del partido celebrada el 24 de enero que la decisión de paralizar la adjudicación de las parcelas de Majadahonda la tomó la presidenta Aguirre, con el conocimiento del ex secretario general del PP-Madrid Ricardo Romero de Tejada. Pero en la grabación ninguno da detalles sobre los motivos que alegaba Aguirre para paralizar la operación. Si bien Foxá llega a decir en un momento determinado de la reunión que no es más explícito con objeto de "no enrarecer más la reunión".

Ortega advirtió en esa reunión que no estaba dispuesto a vivir bajo el "chantaje" que se le estaba haciendo, y acusó al arquitecto municipal de cambiar su informe para impedir que una parcela de 30.000 metros cuadrados destinada a la construcción de más de 260 viviendas fuera adjudicada a la empresa que ganó el concurso. Según deja entrever Ortega en la grabación citada, el arquitecto quería supuestamente favorecer a otra empresa (AFAR 4, que es propiedad de un amigo del ex secretario general del PP madrileño Ricardo Romero de Tejada). "No lo voy a aceptar, no voy a aceptar que el arquitecto municipal cambie su informe para que la parcela se la lleve AFAR 4. Que encima nos use de marioneta y quedemos como auténticos gilipollas".

En esa reunión Ortega llegó a hablar de "mamoneos" de los servicios técnicos y de informes del arquitecto que, según sus palabras, "no son para el juzgado, sino para fusilarle". El ex alcalde reveló además el mensaje que le envió Romero de Tejada a través de un constructor amigo: "Date dos meses de baja, retira lo de las parcelas y te salvarás; seguirás de alcalde".

Ocho días después de esa reunión, Ortega presentó su dimisión de la alcaldía alegando motivos de salud, y Narciso Foxá fue elegido nuevo alcalde. "El alcalde llevaba mucho tiempo mal y decidió irse. Eso es todo", declaró anoche Esperanza Aguirre, quien añadió que el ex alcalde tiene una dolencia cardíaca. Ni Foxá ni Ortega quisieron responder para dar explicaciones sobre estos hechos.

El actual secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados, manifestó anoche: "No doy valor a conversaciones entre terceros. Que alguien me diga qué delito urbanístico se ha cometido en Majadahonda. ¿Quién puede creerse que la presidenta está al tanto de a quién se adjudican las parcelas en un municipio? Desautorizo esa información. Voy a abrir una investigación para saber quién se dedica a grabar y a filmar ese tipo de reuniones y por qué se invoca el nombre de la presidenta sin autorización".

"El anterior alcalde se ha ido del cargo por un problema de salud. Hace meses que estaba comunicando al partido su decisión y que por problemas de salud no aguantaba la tensión del cargo. Las parcelas no son la causa de su marcha. Guillermo no se ha ido por eso".

Granados prosiguió: "Por la información que tengo, el Ayuntamiento va a sacar a concurso unas parcelas, no hay ninguna adjudicación y, por tanto, que alguien me diga qué delito urbanístico se ha podido cometer". Ortega, en efecto, paralizó la permuta de derechos de la controvertida parcela, una operación que fue diseñada por Pammasa cuando esta empresa estaba presidida por Foxá. Ortega la sacó a concurso hace unos meses por 56 millones de euros, pero el concurso nunca fue fallado y la operación quedó paralizada.

El caso Majadahonda llegó también a la Asamblea de Madrid, al formular el portavoz socialista, Rafael Simancas, una pregunta a Aguirre sobre la situación urbanística en el oeste de la región. "Se está convirtiendo en el Far West porque los especuladores sin escrúpulos campan a sus anchas y saquean el suelo público con la complicidad de los ayuntamientos del PP". Simancas preguntó: "¿Está usted, señora Aguirre, al frente de todas estas estrategias especulativas?".

Aguirre consideró que la situación urbanística que presenta el oeste de la región corresponde a "debates que son municipales", por lo que pidió a Simancas que no lleve "estos asuntos a la Cámara ni propague infundios, difamaciones y calumnias". La presidenta regional continuó: "Si usted tiene conocimiento de alguna irregularidad, de algún indicio o de alguna situación que le preocupe, su obligación es vigilarnos, controlarnos, denunciarnos y llegar hasta el final. Nosotros le vamos a apoyar. Si su señoría tiene razón, vamos a dársela, y vamos a hacer que pague quien haya resultado culpable políticamente, y penalmente, también".

Narciso de Foxá anunció a Efe que la comisión de investigación sobre la empresa de la vivienda Pammasa se constituirá en el próximo pleno municipal.

(www.elpais.com, 18/02/05)

EL VICEPRESIDENTE REGIONAL ADVIERTE AL ALCALDE DE QUE PARA SER CANDIDATO PRECISA LA BENDICIÓN DEL PP

El vicepresidente primero y presidente del Comité Electoral del PP de Madrid, Ignacio González, dijo que le parece bien la "disponibilidad" del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, a querer repetir en su puesto en las elecciones de 2007, pero recordó que es el partido el que "bendice a los candidatos". González concluyó: "Me parece muy bien la disponibilidad, pero será el partido el que decidirá quiénes son los candidatos a las distintas instituciones".

El alcalde aseguró horas antes, en una entrevista en Telecinco, que si los madrileños quieren, seguirá en el cargo después de 2007 porque necesita dos legislaturas para "coronar" proyectos que sitúen a la ciudad en el "liderazgo que le corresponde", en España y en Europa. Gallardón llegó al Ayuntamiento de Madrid tras los comicios de mayo de 2003.

Gallardón argumentó: "En una legislatura se inician muchos proyectos que se coronan en dos y, en principio, mi intención sería terminar ese proceso de transformación fabulosa que está viviendo nuestra ciudad para ocupar el espacio y el tiempo de liderazgo que le corresponde a Madrid no sólo dentro de España, sino dentro de Europa, y que eso requiere dos legislaturas".

En la entrevista, el alcalde también reconoció que ETA es "el único problema" de la candidatura olímpica que, por , según aseguró, es la mejor, por encima incluso de su principal competidora, París, al haber superado los escollos de pruebas deportivas y plazas hoteleras que sumaba puntos a favor de la ciudad francesa.

La candidatura olímpica Madrid 2012 y la reforma de la M-30 son dos de los grandes proyectos que el alcalde querría continuar en caso de presentarse finalmente a la reelección.

(www.elpais.com, 11/02/05)


 

EL GOBIERNO DEL PP LLEVÓ A 12.053 SUBSAHARIANOS DESDE CANARIAS A LA PENÍNSULA EN DOS AÑOS

Entre enero de 2002 y abril de 2004, el Gobierno del PP trasladó desde Canarias a la Península a 12.053 inmigrantes en situación irregular. Todos eran subsaharianos y habían arribado a las islas en pateras. Fueron llevados a los centros de internamiento (CIE) de Murcia, Valencia, Barcelona, Madrid y Málaga y puestos en libertad. Ninguna de las comunidades autónomas afectadas fue avisada de su llegada. El Ejecutivo actual mantiene la misma práctica.

Los traslados de sin papeles desde Canarias a la Península fueron la salida que encontró el Gobierno del PP para aliviar la presión que los inmigrantes irregulares ejercen en la saturada sociedad del archipiélago. El Ejecutivo autónomo y el entonces secretario de Estado para la Inmigración, Ignacio González, los acordaron en 2002, aunque se venían practicando desde tiempo antes de forma extraoficial. Su principal impulsor fue el actual presidente del Cabildo de Gran Canaria y líder del PP en las islas, José Manuel Soria. Cuando era alcalde de Las Palmas, Soria llegó a ordenar la detención de los subsaharianos que dormían en los parques de la ciudad y su traslado en avión a Madrid. Hace pocos días reivindicó aquella acción.

Ni Ignacio González, que ahora es vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ni su sucesor, Gonzalo Robles, que en la actualidad es diputado del PP, avisaron a los Ejecutivos autónomos de los traslados. Responsables de tres de los Gobiernos afectados (madrileño, catalán y andaluz) declararon en diciembre de 2003 a EL PAÍS que ni una sola vez fueron advertidos para que pudieran preparar una infraestructura de acogida. Los Ejecutivos de las otras dos comunidades afectadas (Murcia y Valencia), en manos del PP, se negaron a hablar sobre el asunto. Estos dos Gobiernos son los que ahora denuncian al Ejecutivo socialista por no coordinar con ellos los traslados.

La falta de coordinación con las comunidades autónomas fue muy criticada por la entonces secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE y secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí. Fuentes de su departamento han anunciado a este periódico que trabajan en la redacción de un protocolo de actuación para abordar estos casos.

Los traslados se producen cuando los inmigrantes han cumplido en las islas el plazo máximo de 40 días de reclusión que establece la ley para los extranjeros que entran en España de forma irregular y las autoridades no han podido repatriarlos, bien porque los subsaharianos carecen de documentación y sus países se niegan a reconocerlos como nacionales, bien porque España no ha alcanzado acuerdos de repatriación con sus Gobiernos respectivos. Los extranjeros son puestos en la calle con una orden de expulsión imposible de cumplir pero que les impide trabajar legalmente. Esta situación no afecta sólo a los trasladados: entre el 1 de enero de 2002 y el 14 de junio de 2004, la Administración dejó en las calles de toda España a 85.019 inmigrantes de varias nacionalidades con órdenes de expulsión.

Durante el año 2002 fueron trasladados a la Península 2.860 subsaharianos; la cifra creció hasta 6.911 en 2003, y en los cuatro primeros meses del año pasado ascendió a 2.282. La mayoría fueron trasladados a Málaga y a Madrid. Las comunidades que ahora protestan, Murcia y Valencia, ambas gobernadas por el PP, recibieron un número menor.

A pesar de la baja incidencia de los traslados en ellas, el presidente de la segunda de estas comunidades, Francisco Camps, ha dirigido una carta al ministro del Interior, José Antonio Alonso, en la que le solicita una reunión, junto con su colega murciano, Ramón Luis Valcárcel, para estudiar el asunto. Además, el PP ha pedido la comparecencia en el Congreso de los ministros de Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

(www.elpais.com, 26/01/05)

 

AGUIRRE SITÚA A SU 'MANO DERECHA' AL FRENTE DEL COMITÉ ELECTORAL

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, encara el arranque del congreso del PP de Madrid que aspira a presidir (sin lista alternativa alguna) sin desvelar aún quién será el secretario general de esta organización regional de los populares. Sólo trascendió que su número dos en la Comunidad, su vicepresidente Ignacio González, presidirá el comité electoral.

Este órgano que presidirá González está encargado de decidir quiénes son los candidatos a concejal en las ciudades madrileñas de más de 20.000 habitantes, así como los candidatos a diputado en la Asamblea de Madrid y a senador por esta autonomía.

Aguirre contará quién será el secretario general del PP de Madrid. Las características que debe cumplir el candidato (o candidata) son dedicación plena, buena relación con la dirección nacional del PP y que no despierte grandes recelos entre las distintas sensibilidades de los populares madrileños. En la búsqueda del candidato, según fuentes del PP, ha tenido mucho peso la opinión de Ángel Acebes, secretario general del PP. No sólo por su cargo sino, sobre todo, por la "magnífica relación" que Aguirre mantiene con Acebes desde hace años.

Puestos a hacer quinielas, los populares esgrimían como secretarios generales probables los nombres de Francisco Granados, Anabel Mariño o Teófilo de Luis. El principal inconveniente para que Granados, consejero de Transportes y Urbanismo, sea secretario general es que, para tener dedicación plena, debería dejar la consejería que se ocupa del proyecto estrella prometido por Aguirre en su programa: 80 kilómetros de metro.

Con estos elementos, lo único que hizo público la presidenta es que la concejal Ana Botella, esposa de José María Aznar, se incorporará al comité ejecutivo regional. Ese nombre y el del ex alcalde José María Álvarez del Manzano son los únicos a los que Aguirre ha querido dar publicidad.

El resto se sabrá en un cónclave al que acudirá e intervendrá Rodrigo Rato, ahora sólo militante de base del PP madrileño por su calidad de director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

(www.elpais.com, 27/11/04)

TENSIONES POPULARES. AGUIRRE ACUSA A GALLARDÓN DE QUERER "TODO EL PODER" EN EL PP

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a presidir el PP regional, afirmó que si el pasado jueves no pactó con Alberto Ruiz-Gallardón una candidatura conjunta fue porque el secretario general del PP, Ángel Acebes, le dijo que debía esperar y dejar opinar primero a la dirección nacional del partido. Aguirre agregó que Ruiz-Gallardón ha demostrado que "quiere todo el poder" en el PP al plantear una candidatura alternativa encabezada por su hombre de confianza, el vicealcalde Manuel Cobo. Tras el cruce de acusaciones entablado el pasado jueves entre Aguirre, por un lado, y Ruiz-Gallardón y Cobo por otro, los protagonistas de la crisis en el PP madrileño continuaron atacándose a través de los medios de comunicación, ya en plena carrera electoral ante el congreso regional del próximo mes. Sólo el alcalde se mantuvo en silencio.

Aguirre explicó que el día en el que ella anunció públicamente su candidatura, se reunió con el actual presidente, Pío García-Escudero, y con el secretario general del PP, Ángel Acebes, para comunicárselo. Y que Acebes le pidió expresamente "que no saliese ningún nombre de candidato a secretario general antes de consultarlo con él, porque querían a alguien que se dedique a tiempo completo y que opinase la Ejecutiva nacional".

La presidenta de la Comunidad aseguró que ésa es la razón de que, durante la cena que mantuvo con Ruiz-Gallardón ese mismo día, no aceptase la "imposición" del alcalde para que Manuel Cobo fuera de número dos en una lista conjunta.

Tras señalar que siente por Ruiz-Gallardón un cariño "casi maternal", afirmó que ella "ya sabía" que el alcalde "no se conformaría con unos puestos en la Ejecutiva", y que en su reunión con García-Escudero y Acebes lo comentó con ellos: "Yo ya dije: 'Pío, ya verás como lo que quiere es todo el poder, la secretaría general, mínimo'. Y si yo hubiera aceptado, luego habría querido el 50% de los puestos en la Ejecutiva", subrayó la presidenta.

Si el día anterior Ruiz-Gallardón había dejado caer que Aguirre no es "centrista" ni "liberal" porque no respeta al adversario, ella se preguntó si "es más centrista y liberal subir los impuestos que bajarlos", en referencia a la subida de varios tributos que introdujo el alcalde en los presupuestos de este año.

El número dos de Aguirre en la Comunidad, Ignacio González, señaló, sin citar a Ruiz-Gallardón, que "si alguien está utilizando esto para plantear un pulso a la dirección nacional, me parece una falta de lealtad al partido y a los militantes".

Por su parte, Manuel Cobo, en una entrevista en Tele 5, insistió en ofrecer una imagen de mayor "moderación" que, dijo, es la que necesita el partido de Mariano Rajoy para ganar las elecciones. "Hay posturas en mi partido más centristas, como la que representamos Alberto Ruiz-Gallardón y yo, y posturas que están más a la derecha, como la que representa Esperanza Aguirre". Cobo animó a los afiliados a que voten "en libertad" y aseguró que no entiende "cómo hay personas que creen que tienen la propiedad del voto de los afiliados al PP" ni cómo su adversaria "puede tener la seguridad" de que los militantes populares "van a hacer lo que ella quiera". "Harán lo que ellos quieran", remachó.

Los presidentes del PP en El Escorial, Javier de Miguel; La Cabrera, Alejandro Sanz; y Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, mostraron su apoyo a la candidatura de Cobo. Sanz consideró que es "excelente" que "no haya una política de amén a todo" y que en un contexto de libertad se puedan presentar varios candidatos, y De Miguel destacó la "línea de renovación y de centro" que representa el vicealcalde.

Por contra, los portavoces del PP en Alcorcón, Fernando Díaz, y en Getafe, José Luis Moreno, mostraron su respaldo "incondicional" a Aguirre. Díaz calificó de "inoportuna" la presentación de una candidatura alternativa por parte de Manuel Cobo. "Nos sentimos mucho más cerca de la candidatura de Esperanza Aguirre, quien ha demostrado su talante dialogante, sus firmes convicciones y que es una persona cercana y muy humana". Moreno aseguró que todos los dirigentes del PP en la zona sur están con la presidenta autonómica.

(www.elpais.com, 09/10/04)

EL 'NÚMERO DOS' DE GALLARDÓN RIVALIZARÁ CON AGUIRRE POR LA PRESIDENCIA DEL PP DE MADRID

Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón no han conseguido consensuar una candidatura única a la presidencia del PP de Madrid. Anoche, la jefa del Ejecutivo regional rechazó la exigencia de Gallardón de que su número dos, Manuel Cobo, ocupara el cargo de secretario general. Tras el desencuentro, Cobo ha presentado su propia candidatura para liderar el partido en la región. Aguirre acusa a Gallardón de haber intentado un "chantaje" y éste dice que ella que carece del "espíritu centrista y liberal" de Cobo.

Anoche, en el transcurso de una cena en un restaurante de Madrid, Aguirre, Ignacio González (mano derecha de la presidenta), Ruiz-Gallardón y Cobo trataron de evitar la crisis. Estaban sentados a la mesa tras la presión del presidente del PP, Mariano Rajoy, que les insistía en la conveniencia de presentar en el próximo congreso regional del partido una única lista. Pero el acuerdo fue imposible.

Gallardón puso una condición que resultó inaceptable para su compañera: Cobo había de ser el nuevo secretario general del PP madrileño; en caso contrario, presentarían su propia candidatura a la presidencia. Aguirre lo consideró un "chantaje" y una "imposición", por lo que rompió la negociación. "Yo soy amiga del señor Cobo y me parece muy bien [que se presente], pero no las formas", ha explicado Aguirre la Cadena SER.

En efecto, esta misma mañana el vicealcalde de la capital ha confirmado sus planes en conferencia de prensa. Asegura que se presenta "porque va a ser bueno para el partido, que va a ser bueno para Madrid, que va a ser bueno para Mariano Rajoy y para que el Partido Popular gane las próximas elecciones municipales y autonómicas en 2007, y las generales, con nuestra lista encabezada por Mariano Rajoy, en 2008". El propio alcalde figurará en la lista, aunque no se ha especificado por el momento en qué posición.

"Centrista y liberal"

Pero la respuesta a Aguirre la ha ofrecido el propio Gallardón. "Si nosotros hubiésemos encontrado ese mismo espíritu centrista y profundamente liberal de Manuel Cobo en la candidatura, en las formas, en las propuestas que nos hubiese hecho Esperanza Aguirre, probablemente en este momento estaríamos hablando de una candidatura de integración donde los dos estuviesen juntos", ha dicho.

Se agrava así la crisis en el PP madrileño abierta entre el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta regional por el poder en el partido. El primero se había mostrado favorable a que al frente de la ejecutiva continuara Pío García-Escudero. Sin embargo, éste prefirió no presentarse a la reelección para centrarse en su trabajo como portavoz del Grupo Popular del Senado. El todavía presidente del PP madrileño ha anunciado que sólo está dispuesto a apoyar una candidatura única de integración.

(www.elpais.com, 07/10/04)

ENTREVISTA: JAIME IGNACIO GONZÁLEZ Vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid

"PEDIREMOS A FOMENTO QUE CERCANÍAS FUNCIONE CON EL METRO"

Jaime Ignacio González González, madrileño, de 43 años, casado y padre de tres hijas, es la mano derecha de la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre. Hizo carrera política en el Ayuntamiento de Madrid, donde ejerció de escudero de Aguirre cuando el PP ganó por primera vez el poder municipal. Ahora llega a la Vicepresidencia Primera tras pasar por la Secretaría de Estado para la Extranjería y la Inmigración. En la última batalla de su jefa contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, por el control de Metro, González se convirtió en el ariete de la Comunidad contra el Consistorio, junto al consejero de Transportes e Infraestructuras, Francisco Granados.

Pregunta. ¿Le parece presentable que en tan sólo seis meses de cohabitación con el alcalde hayan ustedes hecho públicas hasta cinco batallas que les han puesto al borde del precipicio en asuntos tan sustanciales como la distribución del agua o el servicio de transporte colectivo?

Respuesta. La percepción de que pueda haber discrepancias políticas en el seno de un partido no son buenas. Pero no es nuestro caso. El proyecto del transporte público del PP en Madrid es compartido entre el Ayuntamiento y la Comunidad, y en ningún momento se han cuestionado ni el modelo ni los objetivos. Sólo se ha discutido sobre la presencia institucional de cada una de las partes. Pero ya hemos licitado todas las nuevas obras del metro. Empezamos comprometiendo 72 nuevos kilómetros de metro y ya hemos comprometido y licitado 90 kilómetros. Tenemos el compromiso de remodelar estaciones, ampliar el metro en la ciudad de Madrid, de renovar trenes y vagones... Queremos que la infraestructura de transporte en la región se enriquezca aún más y queremos que en eso participe la Administración estatal, a la que pediremos que mejore el servicio de cercanías. Queremos que Cercanías empiece a funcionar como el metro. Vamos a pedirle al Ministerio de Fomento que cercanías sea un servicio que funcione con el metro, con la misma frecuencia, que aumente el número de pasajeros, que haga más estaciones...

P. La lucha por el control de Metro, ¿cuánto tiene de demostración de fuerza dentro del PP después de haber perdido las elecciones generales?

R. No se trata de una lucha por ver si manda más en el partido Gallardón o Aguirre. Lo único que hemos querido era mantener la situación que siempre ha existido de participación de las dos instituciones dentro de Metro en razón de lo que cada una de ellas ha representado históricamente, representa y va a representar en el futuro. No hay ninguna otra razón que la defensa de los intereses institucionales de los dos organismos. No hay ninguna lucha interna por el poder en el partido, ni siquiera en el partido en Madrid.

P. ¿No es mala tanto para el Ayuntamiento como para la Comunidad esa sensación de desunión?

R. Nosotros no tenemos batallas por cuestiones políticas. Tenemos discrepancias por cuestiones institucionales, como siempre han existido entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Son dos grandes instituciones en una comunidad uniprovincial. Todas las discusiones que se producen lo son en la defensa de los intereses institucionales y con el objetivo común de satisfacer los servicios que demandan los ciudadanos.

P. Pero ha habido otras batallas por cuestiones personales...

R. Pues es curioso..., porque la relación personal de la presidenta y el alcalde yo la calificaría de entrañable. Pero estamos hablando de dos personalidades de una gran relevancia política, tanto por sí mismos como dentro del PP; y que además coinciden en dos instituciones muy importantes. Y lógicamente en una situación en las que, además, son referentes del PP, es verdad que se les observa con mucha más atención que antes.

P. Puesto que pedirán a Zapatero ayuda para relanzar cercanías, ¿se supone que aceptará usted pagar el 30% de la futura estación que se construirá en la plaza de Alonso Martínez?

R. Está pendiente una negociación con Fomento. Estamos abiertos a un acuerdo para llevar adelante entre todos este proyecto.

P. ¿Qué parte de culpa le corresponde a usted en el fiasco de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam) que prometieron poner en marcha antes de cumplirse los 100 primeros días de Gobierno?

R. No creo que pueda hablarse de fiasco de las Bescam. El problema estuvo en cómo se interpretó el proyecto. Reconozco que no hemos sabido explicarlo bien. Siempre se ha tratado de mejorar las dotaciones de seguridad de las administraciones competentes para paliar un problema que preocupa mucho a los ciudadanos. Pero la Comunidad no tiene competencias en seguridad. Se trataba entonces de dotar de medios al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil y a las policías locales para contribuir a esa lucha contra la inseguridad ciudadana. El proyecto está en vigor y es nuestro compromiso. Además, es un compromiso que tenemos una magnífica posibilidad de cumplir ahora. Es un compromiso que tenía ya el PP. El nuevo Gobierno de la nación ha prometido aumentar las dotaciones policiales a escala nacional exactamente igual que nuestra oferta de Bescam. Se ha comprometido a que anualmente van a incorporarse 6.000 policías y 3.000 guardias civiles, que es lo que nosotros pedíamos: que en Madrid hubiera 5.500 policías más entre policía local y nacional. La baza de nuestro proyecto sigue ahí y dependerá de que el Gobierno central sea capaz de cumplir ese objetivo.

P. Ya se pueden entrever un par de batallas más entre Comunidad y Ayuntamiento a costa de la M-30 y el Canal de Isabel II...

R. El proyecto de la M-30 de Gallardón es un proyecto del PP y, por lo tanto, es un proyecto que compartimos. Lo que ocurre es que, para llevarlo adelante, cada una de las administraciones tiene que ejercer sus competencias. Es un problema, igual que otros, de carácter institucional. Nosotros vamos a hacer, dentro del respeto a la legalidad y al cumplimiento de los requerimientos medioambientales, todo lo posible por facilitar que esa obra vaya adelante. Si al final es procedente dar la exención de la declaración de impacto ambiental, nosotros la daremos garantizando que se cumplan todos los requisitos medioambientales. Si existe la más mínima posibilidad de otorgar la exención, nosotros la daríamos.

P. Pero hay una serie de requerimientos mínimos que ustedes harían cumplir al alcalde Gallardón para que la obra sea hecha medioambientalmente bien...

R. Haya exención o no, la Comunidad velará por que se cumplan los requisitos medioambientales.

P. ¿En los términos que ya había dicho la presidenta?

R. Exactamente.

P. Pero eso se interpretó como una declaración de impacto encubierta...

R. No es una declaración de impacto medioambiental encubierta. En cuanto tengamos el informe del Consejo de Estado que hemos solicitado, tomaremos una determinación sabiendo que ese informe no es vinculante. Sobre lo que se va a pronunciar el Consejo de Estado es sobre un asunto que provocó el Ayuntamiento, que es el cambio de la naturaleza jurídica de la vía [la M-30 habría dejado ya de ser una carretera para ser una simple calle, según Gallar-dón], lo que tiene su implicación a la hora de aplicar la normativa medioambiental.

P. ¿Y con el Canal de Isabel II?

R. El Ayuntamiento denunció a fines del año pasado el convenio que tenía en vigor con el Canal de Isabel II. Desde ese mismo momento, nos hemos dirigido al Ayuntamiento para ofrecernos a negociar las nuevas condiciones del convenio. Es más, hemos hecho algún intento de aproximación, pero desde el Ayuntamiento no hemos tenido contestación. Seguirá en vigor hasta el 31 de diciembre, y nuestro deseo es suscribir un nuevo convenio con el Ayuntamiento. Creo que el servicio que presta el Canal es excelente, lo ha sido siempre, en los últimos ocho años, ahora y antes de estos últimos ocho años. Y no hay razones para que esto no siga siendo así. Pero han pasado cuatro meses y aún no conozco cuál es la propuesta del Ayuntamiento.

P. Desde la Comunidad de Madrid, ¿cómo le gustaría que fuera ese convenio?

R. El convenio que ha habido hasta ahora ha venido funcionando históricamente y ha permitido que se preste un magnífico servicio a los madrileños. ¿Por qué si ese servicio ha sido bueno durante estos ocho años, alguien entiende que ahora necesita ser reforzado con unas nuevas condiciones de acuerdo? Me parece bien, pero quiero conocer las pretensiones que tiene el Ayuntamiento para poder negociar un acuerdo que sea mejor para las dos partes.

P. Comente el resultado de las pasadas elecciones generales.

R. Es un resultado absolutamente legítimo y democrático. A mí no me ha gustado, y creo que se abre una situación que me preocupa. No porque haya ganado el PSOE, que me merece todos los respetos y es un gran partido como lo es el PP. Me preocupa por las condiciones en las que llega Zapatero al Gobierno. En unas condiciones en las que el PSOE no tiene mayoría, tiene unos pactos con algunos partidos nacionalistas que imponen como condición para pactar la exclusión del PP, no sólo en sus ámbitos territoriales, sino a nivel nacional. Me preocupa que los pactos se hagan desde la exclusión y no desde la suma.

P. ¿Puede poner un ejemplo?

R. Es muy sorprendente lo que acabamos de vivir en el asunto de Irak. No porque se retiren las tropas, que es un compromiso del señor Zapatero, sino porque lo que nos dice es que si el 30 de junio no se produce una resolución de la ONU, retiraría las tropas. Eso lo dice un sábado. Y el domingo, sin consultar al Parlamento ni a nadie, el presidente del Gobierno ordena retirar las tropas. Uno puede pensar que no nos ha dicho la verdad, o no ha cumplido su palabra el día anterior, o tiene unos pactos que le llevan a tomar esa decisión.

P. ¿Por qué la Comunidad ha decidido desafiar a Zapatero desarrollando la Ley de Calidad de la Enseñanza que él ha anunciado que dejará en suspenso?

R. El tema de la Ley de Calidad es uno de las más graves de los que ha presentado el PSOE. Una vez más, no nos van a explicar cuáles son los condicionantes que les llevan a tomar una decisión poco responsable, que lo único que genera es inseguridad jurídica. Creo que se está ocultando la realidad de sus pretensiones, que no son otras que porque no les gusta la LOCE y porque vuelva a estar en vigor su LOGSE, que ha sido un fracaso. Sin decirlo, utilizando cualquier vía torticera como la suspensión de las leyes en vigor, sin dar una alternativa que clarifique qué va a pasar con los profesores, los alumnos, la enseñanza y los contenidos en los próximos años. Quien está echando un pulso es el Gobierno socialista. Aun suponiendo que se pueda suspender el calendario de aplicación, ¿qué va a pasar el próximo curso escolar? Los responsables del PSOE, unos muy acreditados como el señor Pérez-Rubalcaba, saben que los cursos se planifican en abril y mayo. Que nos explique Zapatero qué va a pasar el próximo curso.

(www.elpais.com, 25/04/03)

AGUIRRE RECTIFICA Y ORDENA "RECONDUCIR" EL PROYECTO DE LAS BRIGADAS DE SEGURIDAD

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha visto obligada a poner freno y a dar marcha atrás a su proyecto estrella de seguridad: la creación de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam). El aluvión de críticas recibidas, sobre todo de miembros de su Gobierno, del PP y del Ministerio del Interior, llevó a Aguirre a "reconducir" su propuesta de crear un nuevo servicio policial mediante la suma de 2.500 agentes municipales y 3.000 nacionales. Ahora sólo ofrece dinero a los alcaldes para que contraten a más policías (sin sueldo ni uniforme diferenciado) y, además, ha puesto el proyecto en manos de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) para que lo reelabore de aquí a tres meses. Rafael Simancas y Fausto Fernández, portavoces de PSPOE e IU, respectivamente, en la Asamblea, se apresuraron a asegurar que las Bescam "han muerto antes de nacer".

Aguirre ha acusado el fuego graneado que durante toda la semana ha impactado sobre su Gobierno a causa de las Bescam. La presidenta ha sentido especialmente las procedentes de las filas del Partido Popular, que le reprochaban que había provocado "una gran confusión", al crear la sensación de que estaba creando el embrión de una policía autonómica, siguiendo una fórmula ensayada por Coalición Canaria en las islas y que fue tumbada por el PP insular. Además, el proyecto había enfrentado a su vicepresidente primero y portavoz, Ignacio González, con el vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, promotor del proyecto.

La presidenta, además, recibió "sugerencias" para que dejara claro de una vez por todas qué eran exactamente las Bescam y aparcara el proyecto, al menos hasta después de las elecciones generales del 14 de marzo. Y puso el freno y dio marcha atrás durante la Cumbre de Seguridad con los alcaldes de la región, una reunión convocada en la sede del Gobierno y que había sido descafeinada por la ausencia de quienes tienen las competencias en la Comunidad de Madrid sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: el ministro del Interior, Ángel Acebes, muy crítico con las Bescam, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuátegui, a quien no se le ha oído en público ni una palabra sobre el asunto."Ante todo, quiero dejar claro que este proyecto no es un nuevo modelo policial, ni el embrión de una policía autonómica", arrancó Aguirre. No mencionó las siglas Bescam, que no se escucharon en su boca durante su discurso de apertura de la cumbre de seguridad. "Sólo tratamos de contribuir al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales para que los ciudadanos vean que la Comunidad no se olvida de la seguridad ni se escuda en la falta de competencias para ello", añadió.

Primera duda aclarada: ya no se trata de un nuevo servicio policial, ni de sumar en una misma unidad policías de cuerpos diferentes y competencias abismalmente distintas. Ni siquiera se pretende pagar más a unos policías que a otros, como se dejaba claro en el proyecto que Alfredo Prada presentó el 8 de enero.

De lo que se trata, explicó Aguirre, es de que "al final de la legislatura haya 5.500 nuevos policías en la calle, pero la forma en que van a llegar hay que discutirla, y para eso es este foro", explicó a los alcaldes, incluido el de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, quien se guardó mucho de hablar de las Bescam.

La segunda duda que quedaba por aclarar es quién iba a mandar a esos policías. "No pretendemos limitar o cercenar la autonomía municipal ni atribuirnos competencias estatales", continuó, "sino aportar dinero a quienes tienen esas competencias, para decirlo de una forma clara".

A eso ha quedado reducido el proyecto estrella de seguridad del Gobierno autónomo del Partido Popular: a aportar fondos para que los respectivos ayuntamientos dispongan de más medios materiales para sus tareas de seguridad y puedan contratar a nuevos policías locales bajo el mando de los respectivos alcaldes. Y ni siquiera está cerrado cómo se va a sustanciar ese aporte financiero. "Eso dependerá de lo que ustedes digan", les dijo a los alcaldes, "porque ése es el motivo de esta cumbre".

Para ello, los participantes en la cumbre de seguridad acordaron constituir inmediatamente una comisión para elaborar un proyecto de seguridad ciudadana en la región que "reconduzca" el proyecto de las Bescam del Ejecutivo regional. La comisión de trabajo sobre seguridad se celebrará en el seno de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), contará con la participación de los alcaldes de los municipios más poblados de la región y con representantes de la Comunidad. Se ha invitado a participar a las asociaciones profesionales y al Ministerio del Interior. La mera creación de la comisión llevó a los alcaldes del PSOE e IU presentes en la cumbre a proclamar el certificado de defunción de las Bescam. "Las Bescam han muerto, porque en la Comunidad no tiene sentido en este momento un nuevo modelo de brigadas ni de policía", sentenció la alcaldesa de San Fernando de Henares y vicepresidenta de la FMM, Montserrat Muñoz (IU). Lo mismo dijo el otro vicepresidente del organismo supramunicipal y regidor de Fuenlabrada, el socialista Manuel Robles: "El proyecto está muerto y enterrado".

No pensaba lo mismo Alfredo Prada, promotor de la idea, para quien sólo se ha "ralentizado" y podría revitalizarse, ya definitivamente con otra configuración, a partir del dictamen que la FMM tiene que elaborar en tres meses. Prada subrayó en el exterior de la reunión que, efectivamente, la propuesta había creado confusión pese a que ni siquiera había sido plasmada en documentos. "Se trataba de un proyecto abierto, experimental, para aportar un grano de arena a la seguridad: no estaba nada cerrado". El vicepresidente sugirió en los pasillos del sótano de la sede del Gobierno que ya ni siquiera se iba a retomar el nombre de Bescam, puesto que los agentes que acaben sumándose a los ayuntamientos con dinero de la Comunidad no llevarán distintivos ni uniforme que los diferencie. "Lo que se pretendió es que hubiera más agentes municipales dedicados sólo a seguridad, no un servicio nuevo", explicó.

(www.elpais.com, 06/01/04)

AGUIRRE ESTUDIA SUSPENDER LAS OBRAS DEL TEATRO DEL CANAL APROBADAS POR GALLARDÓN

El Gobierno regional, presidido por Esperanza Aguirre, estudia suspender las obras del teatro del Canal, que la Comunidad construye en la confluencia de las calles Cea Bermúdez y Bravo Murillo. El Ejecutivo considera que el proyecto aprobado por el anterior presidente, Alberto Ruiz-Gallardón, es "caro" y "no es prioritario" en sus planes de gobierno. Según los datos oficiales, esta edificación tiene un presupuesto de obra de alrededor de 108 millones de euros, cifra similar a la que costó, por ejemplo, la restauración del teatro del Liceo de Barcelona. Estaba previsto que el coste de esta obra corriese a cargo del Canal de Isabel II.

La obra del futuro teatro está ya comenzada, aunque todavía se encuentra en su primera fase, la de cimentación. Las constructoras que trabajan en este proyecto impulsado por Ruiz-Gallardón son ACS y OHL. El centro, diseñado por el arquitecto Juan Navarro Baldeweg, iba a ocupar una superficie de 35.200 metros cuadrados, en los que se construiría un centro coreográfico, un teatro con capacidad para 928 personas y una sala polivalente con escenario móvil y aforo variable de 450 a 700 espectadores.

"Será la gran obra de la próxima legislatura", aseguró el día de su presentación el ex director de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, Carlos Baztán.

El equipo de Aguirre estudia la conveniencia de seguir con este proyecto o, por el contrario, suspender su costrucción e invertir los 108 millones en otros proyectos más prioritarios para el Ejecutivo regional, como la contrucción de 72,7 kilómetros de metro y siete nuevos hospitales.Alberto Ruiz-Gallardón, hasta el pasado noviembre presidente del Gobierno, puso en octubre de 2002 la primera piedra del teatro del Canal acompañado de Alicia Moreno, entonces consejera de las Artes y promotora del proyecto, y de Pedro Calvo Poch, ex consejero de Medio Ambiente y presidente del Canal. Este organismo público era el que iba a financiar la construcción. Fue un acto lleno de brillantez, en el que Ruiz-Gallardón presentó la edificación como una de las obras más emblemáticas de su mandato: "Este espacio se convertirá en uno de los complejos escénicos más importantes de Europa y dará respuesta a las necesidades de los autores, de las obras y del propio público, a lo que hay que añadir que el proyecto de Navarro Baldeweg aporta valores de audacia, reflexión y diálogo con el entorno".

Alicia Moreno llegó a pronunicar una insólita frase: "Ya me puedo morir tranquila. Este proyecto ya está en marcha". Y añadió: "Esta pequeña primera piedra es el soplo inicial de los huracanes pacíficos y turbadores del arte; el arranque de una nueva tribuna para la convivencia, el punto de partida de un estímulo nuevo para vivir".

Pero la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno regional y la nueva presidencia del Canal de Isabel II, ahora en manos del vicepresidente primero, Ignacio González, pone en peligro este proyecto. Según fuentes del Ejecutivo, el Gobierno se está "replanteado" esta edificación por su "elevado coste" y porque, en su opinión, hay otros proyectos "más prioritarios".

El teatro del Canal estaba previsto que se levantara sobre 29.000 metros cuadrados y que se inaugurase en 2005. Su aspecto iba a ser tricolor: rojo, para distinguir el centro coreográfico; plata, para el teatro principal (con capacidad para 928 personas), y negro-humo, para la sala polivalente (con escenario móvil y aforo variable de 450 a 700 espectadores).

El director de escena José Tamayo supervisó el proyecto de Navarro Baldeweg desde el punto de vista teatral. El plazo de ejecucción estaba previsto que fuera de 23 meses. Mientras se procedía a su construcción, el anterior Gobierno decidió seguir manteniendo el teatro Albéniz como sede de la mayoría de espectáculos de danza.

El teatro del Canal pretendía ser una insignia de la vanguardia arquitectónica en Europa. Al concurso de ideas se presentaron seis arquitectos, pero el portugués Álvaro Siza abandonó por falta de tiempo. Así que los miembros del jurado decidieron entre cinco propuestas. Venció la visión de Juan Navarro Baldeweg, premio Nacional de Artes Plásticas en 1990. Y las obras comenzaron en 2002.

(www.elpais.com, 06/01/04)

AGUIRRE, DISPUESTA A DIVIDIR LA REGIÓN EN 10 ZONAS ELECTORALES EL AÑO PRÓXIMO

El vicepresidente del Gobierno, Ignacio González, anunció que una de las primeras medidas que adopte el nuevo Ejecutivo será la reforma del Estatuto de Autonomía para dividir Madrid en "unas 10 circunscripciones de unos 500.000 habitantes cada una". González no precisó una fecha para que la propuesta se envíe a la Asamblea para su aprobación, pero aseguró que la voluntad del Gobierno es que las próximas elecciones municipales y autonómicas se realicen con el nuevo sistema. IU se mostró en contra de la medida, que cree favorece a los partidos mayoritarios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró en su discurso de investidura su intención de "dividir la Comunidad de Madrid en circunscripciones que agrupen a los ciudadanos por proximidad geográfica". , el vicepresidente, Ignacio González, aseguró que esta propuesta será una de las primeras que su grupo intente llevar a cabo. Aunque matizó que será cuando comience el nuevo periodo de sesiones en el Parlamento regional el próximo febrero. Según González, los planes del Gobierno son dividir Madrid en unas 10 zonas de unos 500.000 habitantes cada una y en las que cada partido presente unos nueve o diez candidatos.

Para Esperanza Aguirre, "las listas que los partidos presentasen en esas nuevas circunscripciones serían susceptibles de ser mucho mejor controladas por los electores, que podrían conocer mejor a los candidatos". Además, Aguirre propone la creación de listas desbloqueadas en las que el elector pueda tachar los nombres que considere no deben estar incluidos en la candidatura.

Sin embargo, esta intención del PP tendrá que salvar muchos escollos para salir adelante. Para empezar, cuenta con el rechazo de Izquierda Unida. Responsables de esta coalición han explicado que su opinión sobre la medida es que "favorece a los partidos mayoritarios en detrimento de los más pequeños". Para IU, el sistema actual es el más proporcional "puesto que el porcentaje de votos recibidos casi coincide con el número de escaños que se consiguen". Aun así, desde IU se comprometen a estudiar la propuesta de Aguirre una vez que se formalice.

Para que se divida efectivamente a Madrid en 10 circunscripciones electorales es necesaria una reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Esta norma, con rango de Ley Orgánica, establece en su artículo 64 la necesidad de que el nuevo texto propuesto sea aprobado por una mayoría cualificada de dos tercios de la Asamblea de Madrid aparte de su refrendo en las Cortes Generales por mayoría absoluta. Por tanto, el PP necesitaría de los votos del PSOE para aprobar esta reforma.

(www.elpais.com, 11/12/03)

PERFIL: EL NUEVO GOBIERNO DE LA COMUNIDAD VICEPRESIDENTE PRIMERO Y PORTAVOZ. IGNACIO GONZÁLEZ

Será la mano derecha de la presidenta. Con ella ha diseñado el nuevo Gobierno, al que llega directamente desde la Secretaría de Estado para la Extranjería y la Inmigración. La relación entre Aguirre y González nació en el Ministerio de Educación cuando la presidenta ocupó esta cartera.

Nacido en Madrid hace 43 años y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es funcionario del Ayuntamiento, fue jefe de la Oficina Municipal del distrito de San Blas, director de servicios del área de Coordinación y Participación y director de servicios de Cultura. En 1995 fue nombrado director de Servicios Generales de la primera tenencia de alcaldía de Madrid. Tras la victoria del PP en las elecciones generales de 1996, fue designado subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura.

Con la remodelación del Gobierno realizada por José María Aznar en 1999, en la que Manuel Pimentel fue nombrado ministro de Trabajo, y Ángel Acebes titular de Administraciones Públicas, Ignacio González fue designado secretario de Estado para la Administración Pública.

En julio de 2002, el nuevo ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, propuso al presidente del Gobierno mantener a Ignacio González González al frente de la Secretaría de Estado de Inmigración y Extranjería.

(www.elpais.com, 22/11/03)

AGUIRRE SE RODEA DE HOMBRES DE RATO

Esperanza Aguirre, como primera presidenta electa de una comunidad autónoma, ha querido rodearse en su primer Gobierno de un puñado de fieles colaboradores de su carrera política: Ignacio González (vicepresidente primero), Alfredo Prada (Interior y Justicia), Santiago Fisas (Cultura y Deportes), Engracia Hidalgo (Hacienda), Francisco Granados (Transportes e Infraestructuras) y Beatriz Elorriaga (Servicios Sociales). Además, cuenta con cuatro hombres del equipo del vicepresidente económico, Rodrigo Rato: Juan José Güemes (Empleo y Mujer), Fernando Merry del Val (Economía e Innovación), Mariano Zabía ( Medio Ambiente y Reordenación del Territorio) y Manuel Lamela (Sanidad y Consumo). Luis Peral (Educación) es el único nexo de unión entre el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre.

Aguirre ha confeccionado la lista de su equipo con extraordinario sigilo. Ha jugado al despiste con todo el mundo, incluso con los miembros de su candidatura. El pasado jueves por la noche se reunió en su despacho de la Asamblea de Madrid con Ignacio González, nuevo vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, con el que terminó de diseñar el armazón de su equipo: 11 consejerías, las mismas que su antecesor, Ruiz-Gallardón, pero con distinta disposición y sólo un consejero en común. Luis Peral es el único superviviente del equipo anterior, aunque cambia de cartera al dejar Trabajo para ocuparse de Educación.

La noche del jueves al viernes fue tensa para muchos aspirantes. Tanto que algunos optaron por apagar el móvil. El segundo en recibir la llamada de la presidenta fue Alfredo Prada, que se enteró de su nombramiento como vicepresidente de Justicia e Interior a las nueve de la mañana de . A las doce de la mañana, cuando la presidenta prometía su cargo en la Real Casa de Correos, el resto de los aspirantes desconocían su destino y mostraban su nerviosismo. "A partir de la una y media, los móviles abiertos, que empiezo a llamar", anunció Aguirre a algunos de los aspirantes a ser consejeros. La presidenta ha seguido el método Aznar para dar a conocer su Gobierno: mantener a todo el mundo en vilo hasta el último momento y comunicar su decisión con brevedad.

Luis Eduardo Cortés, ex consejero de Urbanismo, Transportes y Obras Públicas con Ruiz-Gallardón, no se enteró hasta media hora antes de que fuera oficial que se quedaba fuera. Cortés ha sido quien diseñó el programa de transportes de Aguirre. Cortés será senador, al igual que Miguel Ángel Villanueva, número dos de la lista, y Antonio Beteta, portavoz del Grupo del PP. "Nunca segundas partes fueron buenas", fue una de las explicaciones que le dio la presidenta a Cortés.

Aguirre ha realizado modificaciones de última hora, como cambiar a Francisco Granados, llamado a ser consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y al que finalmente ha dado la cartera de Transportes e Infraestructuras. El cambio se debe a que Aguirre quiere tener a alguien de su "total confianza" administrando la consejería que más dinero mueve.

La opinión de Rodrigo Rato ha estado presente en las decisiones de Aguirre. De hecho, cuatro de los consejeros tienen ascendente directo con el vicepresidente del Gobierno central: Güemes, Merry del Val, Zabía y Lamela. Además, Ignacio González, la mano derecha de Aguirre, es un puente de unión entre la presidenta y Rato. Curiosamente, Rato, a pesar del extrecho vínculo con Aguirre, no fue uno de los ministros que la acompañó en su toma de posesión. Según fuentes del PP, el feo de Aguirre a Ruiz-Gallardón, a quien negó la palabra en la trasmisión de poderes, podría tener que ver con las diferencias nunca admitidas oficialmente entre Rato y Ruiz-Gallardón.

De la lista de Aguirre se han caído en el camino Alberto Núñez Feijoo, que rechazó la cartera de Sanidad, y José Folgado, que no quiso la de Hacienda. También Güemes desestimó la portavocía del Grupo Popular en la Asamblea.

El primer Gobierno de Aguirre sólo contará con dos mujeres: Beatriz Elorriaga y Engracia Hidalgo.

(www.elpais.com, 22/11/03)

ACEBES CONCEDE LA 'CARTA DE LIBERTAD' A SU VICEMINISTRO DE EXTRANJERÍA PARA QUE SEA VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD

Ignacio González, viceministro de Extranjería podrá encaminar su carrera hacia la vicepresidencia primera de la Comunidad de Madrid, como quiere la que previsiblemente será nueva presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre. El ministro del Interior, Ángel Acebes otorgará a partir de mañana carta de libertad a González tras la reunión que éste mantendrá con su homólogo, el ministro del Interior marroquí, Mustapha Sahel. El puesto que deja vacante González será cubierto, previsiblemente por otra persona de forma interina, dada la proximidad de las elecciones generales.

En este encuentro, Ignacio González asesorará a Acebes sobre la inmigración y la cooperación policial contra el terrorismo y el crimen organizado, asuntos sobre los que versará el encuentro bilateral previo a la reunión que mantendrán los Gobiernos de España y Marruecos, el próximo mes, en Rabat.

Ignacio González, nació en 1960 y es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Ya fue secretario de Estado de Educación con Esperanza Aguirre, circunstancia por la que su futura jefa quiere situarlo como su número dos en su futuro Gobierno.

Aguirre, que considera a González como uno de los suyos, ha sido capaz de convencer al ministro del Interior de que liberara al actual secretario de Estado para la Extranjería y la Inmigración, a fin de que pueda desempeñar el cargo de vicepresidente primero.

A diferencia de su antecesor, Enrique Fernández-Miranda, González ha sabido permanecer airoso en este delicado puesto sin haberse metido en demasiados charcos.

Alfredo Prada Presa, de 44 años, abogado y actual vicepresidente del Senado, será previsiblemente vicepresidente segundo de Aguirre. Prada Presa es un nombre controvertido puesto que en 1996, cuando Alberto Ruiz-Gallardón contaba con él para su primer Ejecutivo, terminó siendo descartado por su pasado político. Prada, entre 1978 y 1980, cuando tenía 19 años, había participado, en su León natal, en diversos mítines de la ultraderechista Fuerza Nueva.

(www.elpais.com, 18/11/03)  

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