ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO Y SUS VINCULACIONES CON EL CASO PRIMARIAS
Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Salamanca. Tras una denuncia anónima se abrieron diligencia que en un tiempo record fueron archivadas. El archivo fue recurrido y la Audiencia Provincial obligó al juez que continuara con las diligencia. Tras varias declaraciones y nuevos documentos, por el momento, el magistrado Juan Rollán, ha imputado al PP de Salamanca como persona jurídica, a su presidente, Francisco Javier Iglesias, y a la gerente, María Isabel Sánchez, en una causa en la que se investiga la presunta financiación ilegal de la formación durante el proceso de primarias en 2017 que ganó el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
El magistrado les ha citado a declarar como investigados el 17 de enero al encontrar “indicios racionales” de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal del partido. El instructor considera que se pagaron las cuotas de afiliados a la formación con 24.140 euros “sin justificar” y lo califica como “donación anónima ilegal”.
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LAS NOTICIAS. ENERO 2022
IGEA DESVELA UNA CONVERSACIÓN CON EL PRESIDENTE DEL PP DE SALAMANCA IMPUTADO
CASADO, SOBRE LA IMPUTACIÓN DEL PP EN SALAMANCA: "NO TENGO INFORMACIÓN"
EL ESCRITO QUE IMPLICA A MAÑUECO ANTE EL JUEZ: "24.140 EUROS DE EMPRESARIOS"
TUDANCA: "ESTA DENUNCIA CONTRA MAÑUECO PONE DE MANIFIESTO QUE CASTILLA Y LEÓN NECESITA DECENCIA"
CS, TRAS LA DENUNCIA SOBRE MAÑUECO: "ES EVIDENTE QUE EL PP TIENE SERIOS PROBLEMAS CON LA CORRUPCIÓN"
EL CALENDARIO JUDICIAL APRIETA AL PP EN CASTILLA Y LEÓN
PSOE Y UP SEÑALAN EL CALENDARIO JUDICIAL DE MAÑUECO COMO LA CAUSA REAL DEL ADELANTO ELECTORAL
EL PSOE PIDE QUE MAÑUECO DIMITA TRAS LA IMPUTACIÓN DEL PP SALMANTINO
UN JUEZ IMPUTA AL PP DE SALAMANCA POR PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL EN LAS PRIMARIAS QUE GANÓ MAÑUECO
EL JUEZ IMPUTA AL PP DE SALAMANCA Y SU PRESIDENTE POR LAS PRIMARIAS QUE MAÑUECO GANÓ A SILVÁN
UN JUEZ CITA COMO TESTIGOS A UN DIPUTADO Y UN SENADOR EN UN CASO POR SUPUESTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN CASTILLA Y LEÓN
OPERACIÓN 'MAÑUECO PRESIDENTE': ALTOS CARGOS DEL PP DECLARAN QUE PAGARON CUOTAS DE OTROS AFILIADOS PARA HACERLE GANARARRANCA LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL POR LA PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE SALAMANCA EN LAS PRIMARIAS DEL PRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN
LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA, EL VÍDEO, UN DIFUNTO, IGEA Y LAS PRIMARIAS DEL PPAUDIENCIA VE "OPACIDAD" EN PAGO DE CUOTAS EN PRIMARIAS DEL PP-CASTILLA Y LEÓN
EL JUEZ ARCHIVA LA CAUSA POR LA CAJA B DEL PP DE CASTILLA Y LEÓN Y SANCIONA AL DENUNCIANTE
UN JUEZ INVESTIGA UNA DENUNCIA DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CASTILLA Y LEÓNFERNÁNDEZ MAÑUECO GANA LAS PRIMARIAS DEL PP EN CASTILLA Y LEÓN Y SUCEDERÁ A HERRERA
EL PP DE CASTILLA Y LEÓN SE PARTE EN DOS POR LA MARCHA DE HERRERA
IGEA DESVELA UNA CONVERSACIÓN CON EL PRESIDENTE DEL PP DE SALAMANCA IMPUTADO
Javier Iglesias le dijo al exvicepresidente de Castilla y León: "Paco, tú sabes que yo hice lo que hice porque me lo pidió quien me lo pidió"
"Paco, tú sabes que yo hice lo que hice porque me lo pidió quien me lo pidió". Esa fue la conversación que tuvieron el presidente del PP de Salamanca y presidente de la Diputación charra, Javier Iglesias, con el que entonces era vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.
Así lo ha relatado el propio Igea este domingo frente a los Juzgados de Salamanca a los que tendrá que acudir mañana Javier Iglesias como imputado por presunta financiación ilegal del partido en 2017, durante las primarias que finalmente ganó el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. El juez de Instrucción número 2 de Salamanca imputó en noviembre al PP de Salamanca, a Javier Iglesias y a la gerente del PP, Isabel Sánchez González.
Días después de que el juez imputara a Javier Iglesias, Igea y el 'popular' se encontraron en un tanatorio, en el que le advirtió personalmente lo que ya había comentado en público a la prensa y en privado al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. "Le dije al presidente [Mañueco]: 'Si esto da un paso más y se pasa de las diligencias previas, Javier tiene que cesar'. Y él [Mañueco] me dijo: 'Claro, por supuesto. Lo dice nuestro acuerdo [de gobierno] y los estatutos del PP'". Así ha explicado Igea que fue su conversación con Mañueco. Sin embargo, asegura el candidato de Ciudadanos a la Presidencia, ahí las cosas "empezaron a ser un poquito más difíciles".
La conversación con Javier Iglesias fue similar: "Le dije: 'Mira, Javier. Si esto da un paso más, tú sabes que tienes que cesar'. Y él me miró y me dijo: 'Paco, tú sabes que yo hice lo que hice porque me lo pidió quien me lo pidió'. Y ahí acabó nuestra conversación". Igea ha retado a Mañueco a acompañar a Javier Iglesias al Juzgado mañana lunes, como haría él si fuera con Ciudadanos y estuviera "seguro" de que lo sucedido fuera legal. "Si yo estuviera seguro de lo que hice, y creo que mi partido fuera honesto, yo acompañaría a Javier [Iglesias]. Porque nosotros no somos como ellos. No sé quién vendrá mañana, pero me imagino que vendrá solo, se irá solo y asumirá lo que tenga que asumir si el juez así lo decide", ha rematado Igea.
El candidato de Ciudadanos a la Presidente de la Junta de Castilla y León ha mantenido la importancia de la presunción de inocencia, aunque se ha mostrado "inquieto" por que esta investigación judicial esté "detrás de la decisión de adelantar elecciones". Además, ha condicionado su apoyo al PP o al PSOE para gobernar a que la Ley de Transparencia, la Oficina de Lucha contra el Fraude y el fin de los aforamientos se aprueben de manera "urgente" en el primer periodo de sesiones de las Cortes de Castilla y León. Estas cuestiones se estaban debatiendo en las comisiones del parlamento antes de que Mañueco convocara elecciones.
El portavoz adjunto en el Congreso de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado que "la corrupción y un juez" ha convocado estas elecciones, que se celebrarán el 13 de febrero. Bal ha puesto en valor el trabajo de Ciudadanos estos dos años y medio y el de Igea, quien "defendía la lucha contra la corrupción", algo que "molesta" al Partido Popular. "Mañueco no tenía miedo de que se rompiera el gobierno, sino de que continuara", ha asegurado Bal, que califica a su partido de "imprescindible" para no dar "pasos atrás de gobierno monocolor con redes clientelares, dando dinero a dedo a las empresas".
CASADO, SOBRE LA IMPUTACIÓN DEL PP EN SALAMANCA: "NO TENGO INFORMACIÓN"
El presidente nacional de los populares defiende la gestión, la "ejemplaridad y transparencia" del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El próximo lunes 17 declara ante el juzgado el presidente provincial y el propio partido, que están imputados en la investigación abierta por presunta financiación ilegal.
El presidente nacional del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha sido preguntado este viernes por la investigación judicial abierta contra su partido en Salamanca. A pesar de que el presidente de los populares en la provincia, Javier Iglesias, y el propio partido, tienen que declarar ante el juez el próximo lunes 17, Casado ha respondido que "no tiene información". El pasado miércoles, Público reveló un nuevo documento remitido al juzgado que podría implicar directamente al actual presidente de Castilla y León, y candidato en las próximas elecciones, Alfonso Fernández Mañueco.
"No tengo información", ha contestado Casado a preguntas de los medios sobre este asunto que investiga una posible financiación ilegal del PP en Salamanca durante las primarias autonómicas realizadas en 2017. "Pero yo me remito a lo que ha dicho Mañueco, y al baremo de ejemplaridad y transparencia que siempre tiene este partido", ha añadido.
A continuación ha destacado que está convencido de que "los buenos resultados que ha tenido el PP en Salamanca, en la Diputación y en el Ayuntamiento, la propia gestión que hizo Mañueco es una seña de identidad". "Estoy convencido de que el 13 de febrero va a obtener un grandísimo resultado. Una mayoría suficiente para no depender de otros partidos y sin coaliciones que ya hemos visto que acaban en deslealtades", ha explicado, acto seguido, el líder del PP.
Casado ha hecho estas declaraciones en una comparecencia ante los medios realizada en Navas del Marqués (Ávila), su pueblo de adopción. El dirigente del PP ha aprovechado para visitar una explotación ganadera, extensiva, en plena polémica y ofensiva contra el ministro de Consumo Alberto Garzón. "Más ganadería y menos comunismo", han difundido este viernes en las redes sociales.
https://www.publico.es/politica/casado-imputacion-pp-salamanca-no-informacion.html
EL ESCRITO QUE IMPLICA A MAÑUECO ANTE EL JUEZ: "24.140 EUROS DE EMPRESARIOS"
El partido trata de blindar a su candidato ante las elecciones del 13-F y pide al juez que no incorpore un escrito anónimo a la investigación sobre financiación ilegal del PP de Salamanca
El juez que investiga una presunta financiación ilegal del PP de Salamanca en las primarias que auparon a Alfonso Fernández Mañueco a la presidencia del partido autonómico ha recibido un escrito anónimo que implica de manera directa en la trama al actual candidato popular a las elecciones a la Junta de Castilla y León. El Confidencial ha tenido acceso al documento, redactado por una persona que dice ser exmilitante del partido, que describe el supuesto 'modus operandi': dice que Mañueco montó el operativo ilegal junto a dos personas que ya están investigadas y que recibieron 24.140 euros en efectivo de empresarios afines. Los nombres se apuntaron en un listado que después destruyeron. El juez, de momento, ha incorporado esta información a la causa. El documento llegó en un sobre cerrado “a la atención del magistrado juez don Juan Rollán”, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca. En esta causa se encuentran imputados el propio Partido Popular salmantino, el presidente provincial, Javier Iglesias, y la gerente, María Isabel Sánchez. Los hechos se remontan a las primarias de 2017. El juez investiga el origen del dinero que se usó para pagar cuotas de afiliados morosos antes de las primarias. El PP lo justificó como aportaciones altruistas de cargos políticos de la región.
Ahora, estos seis folios recibidos por el juez involucran al actual presidente y candidato a la reelección, Fernández Mañueco, en la gestación de esta trama. Fuentes del PP avanzan a este periódico que sus abogados han recurrido esta decisión para que el documento que señala a Mañueco quede fuera del procedimiento. El texto llegó el 22 de diciembre, dos días después de la inesperada convocatoria de elecciones anticipadas, fijadas para el 13 de febrero. Es un anónimo, no lleva firma, pero el autor se presenta como un exmilitante del PP con conocimiento de lo sucedido. “Estoy avergonzado y dolido —dice— de que mi partido se valga de un presunto fraude para que gane las elecciones a la Junta don Alfonso Fernández Mañueco, que no es más que un afiliado con cargo público. No tengo nada contra ninguna persona del partido ni ánimo de perjudicar a nadie y lo envío al magistrado juez para que dé traslado también a la Fiscalía provincial o anticorrupción confidencialmente para ayudar a la Justicia”. "Estoy avergonzado de que mi partido se valga de un presunto fraude para que gane las elecciones Alfonso Fernández Mañueco", dice el anónimo Según el relato, los hechos comenzaron en el momento en que Fernández Mañueco tuvo conocimiento de que su antecesor, el expresidente castellanoleonés Juan Vicente Herrera, iba a dejar la política: “Tanto el Partido Popular de Salamanca como Alfonso Fernández Mañueco tenían información privilegiada de que no se iba a presentar a su reelección antes de que fuera oficial”. En su intención de liderar el partido en la región, Mañueco convocó una reunión con el imputado Javier Iglesias y le encargó que votara “el mayor número de afiliados”. En esa cita, el líder del PP en Salamanca informó a Mañueco de que había muchos militantes que no podrían votar porque no cumplían con el requisito del partido de estar al corriente de pago en sus cuotas de afiliados. El entonces aspirante a presidente de Castilla y León le ordenó que hablase con la gerente e hiciesen el recuento exacto del número de personas y el dinero que debían. Siempre según este texto anónimo, Mañueco, Iglesias y la gerente Isabel Sánchez se reunieron en la sede del PP y después en el Ayuntamiento de Salamanca para estudiar un informe elaborado sobre los datos solicitados: “Javier Iglesias informa que la deuda de los afiliados que no están al día asciende a 61.937 € y que afecta a 1.238 afiliados (las cuotas impagadas eran de 30, 50 y 90 euros)”.
La reunión en el ayuntamiento
En la segunda reunión que tuvo lugar en el consistorio con presencia de Fernández Mañueco, el informante anónimo ubica a un total de ocho personas, entre ellas el actual alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el diputado nacional por Salamanca José Antonio Bermúdez de Castro o el abogado del ayuntamiento. A este letrado del consistorio le consultaron si el partido podía cubrir esa deuda, “bien de altos cargos o de donaciones de empresarios de Salamanca, afines al partido”. “Este [el letrado del ayuntamiento] le indica que pudiera ser financiación ilegal, pero no se opone a que lo hagan”, dice el texto.
Hubo una nueva reunión, esta vez de la Comisión Ejecutiva del partido, a la que se informó de lo que pasaba y la necesidad de colaborar para que Fernández Mañueco se hiciese con la presidencia del PP de Castilla y León. “Después de un largo debate, acuerdan que del tema de la financiación de la campaña se encargue Javier Iglesias como coordinador general, pero que en el ayuntamiento la recaudación la hagan Fernando Rodríguez y Carlos García Carbayo, y en la Diputación Provincial Javier Iglesias, y que la gerente Isabel Sánchez se encarga de llamar a todos los afiliados morosos, para ver cuántos se pueden poner al día. Isabel Sánchez encarga a la administrativa Enma Figueiredo que haga el trabajo”. El informante sostiene que “Javier Iglesias se reúne con Mañueco y con Isabel Sánchez en la Diputación y entre los tres montan la trama” Fuentes del PP consultadas por este diario restan validez a este documento y argumentan que algunos nombres y apellidos que figuran en el relato están mal escritos. El informante sostiene que “Javier Iglesias se reúne con Mañueco y con Isabel Sánchez en la Diputación y entre los tres montan la trama”. “Empiezan a recoger dinero las personas que se habían encargado por el ayuntamiento, en efectivo y anónimo, lo van metiendo en un sobre y tomando nota en un folio del importe que cada uno abona, si bien aportaron todos los concejales del Partido Popular del ayuntamiento, varios jefes de Servicio, incluso el letrado José María Benavente también aportó. (aunque las donaciones quieren que sean anónimas, Carbayo las apunta en un folio)”. El imputado Javier Iglesias dijo tener “contactos con empresarios salmantinos afines al partido que están dispuestos a colaborar”. “Aportan dinero todos los diputados provinciales y este llama a empresarios de la plaza y aportan la cantidad hasta completar el importe que les dice Javier. Todas las aportaciones las apunta Javier Iglesias en un folio, que luego fue destruido por orden de Javier Iglesias e Isabel Sánchez”, describe el relato.
En total, recaudaron 61.927,65 euros, de los cuales 24.140 euros procedían de “empresarios de Salamanca afines al partido”. Fue "aportada en efectivo y en mano, metido en un sobre que se los llevaron a Javier Iglesias a la Diputación", precisa. En cuanto a la suma que juntaron los altos cargos del PP, ascendió a 17.350 euros, siempre según la información de este documento sin firma.
El juez investiga el origen de los 24.140 euros
En las labores de recolectar dinero entre el empresariado de Salamanca —lugar de nacimiento de Mañueco—, implica también a la alcaldesa de Cabrarizos, María Lourdes Villoria López, actual procuradora en las cortes autonómicas. Según dice, llamó a industriales del Polígono de los Villares y les ordenó que se lo llevaran a Javier Iglesias. Añade que, a pesar de reunir el dinero, luego hubo militantes que no se presentaron a votar en las primarias, “presuntamente votando el partido por ellos y presuntamente les falsificaron las firmas, escaneándolas”. A su juicio, eso supone un fraude electoral. El juez del caso dictó el 24 de noviembre —un mes antes de recibir este anónimo— un auto en el que citaba a declarar como investigados al PP de Salamanca, a Javier Iglesias y a Isabel Sánchez. En ese auto, da por probado un relato de hechos coincidente, aunque el magistrado no incluye a Mañueco. Sobre las cantidades, precisamente el auto dice desconocer el origen de los 24.000 euros que el texto atribuye a empresarios afines. “Queda sin justificar la suma de 24.140 euros que ha de calificarse como donación anónima ilegal”, dice el magistrado. La declaración de los imputados está definitivamente prevista para el próximo lunes.
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-01-14/escrito-ubica-manueco-trama-pp-empresarios_3358094/
Tendrán que comparecer en el juzgado para someterse a interrogatorio el próximo lunes porque el recurso de apelación que han presentado "no tiene efectos suspensivos"
El PP de Salamanca y su presidente, Javier Iglesias, tendrán que declarar en calidad de investigados por la presunta financiación ilegal del partido el próximo 17 de enero, tal y como estaba previsto. Así lo acuerda el juez instructor en una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Tanto el abogado del partido como el de Iglesias habían solicitado la suspensión de las declaraciones porque han recurrido en apelación y tiene que resolver la Audiencia Provincial de Salamanca. En la providencia se determina que "no ha lugar a la suspensión de las declaraciones" dado que, por un lado, "el auto de imputación y señalamiento del 24 de noviembre de 2021 es anterior a la fecha de la convocatoria de las elecciones", un argumento que usaban los investigados para eludir su declaración, y por otro, que los recursos interpuestos "no tienen efecto suspensivo".
Así, tanto el PP de Salamanca, que deberá designar representante, y su presidente, Javier Iglesias, deberán acudir a declarar el próximo lunes a las 17.00 horas al juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca. Los citados deberán explicar cómo durante los días previos a las primarias a las que concurría el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se puso en marcha "una maquinaria ingente" para actualizar cuotas de afiliados morosos que superaban los 60.000 euros y por qué las cuentas que ha aportado el PP no cuadran y quedan más de 24.000 euros cuya procedencia no se ha justificado documentalmente.
En su recurso, el PP de Salamanca se basa fundamentalmente en autos anteriores en los que o bien se archivó provisionalmente la investigación –de la misma forma que luego se ordenó reabrir–, o en los que se descartó la declaración como imputados de personas que finalmente fueron citadas como testigos y en unas cuentas que asegura, al contrario que el juez, que cuadran. Es más, inciden en que el caso parte de una denuncia anónima por lo que no es más que "un pago a terceros" e insinúan que se está haciendo una investigación prospectiva. Además, añadían que la postura del juzgado había dado "un giro de 360 grados".
La defensa de Javier Iglesias sugiere que podría estar ante "una verdadera ordalía" si el juzgado no explica de qué se le acusa, además de manifestar su sorpresa por citarle como investigado "tres años después de iniciarse una causa, y de haber sido citado y haber declarado como testigo, denegándose en dos ocasiones por el juez instructor y por la Sala su imputación, y en otra aludiendo a una figura, digamos sui generis de testigo que comparezca con abogado, luego rectificada por la propia Sala, de solo como testigo con las consecuencias sumamente graves que de ello se derivan". Así, para Iglesias y su letrado no hay "ningún hecho nuevo" que justifique su declaración en calidad de investigado.
El escrito que presentaron al juzgado exmiembros del equipo de Alfonso Fernández Mañueco acusa al actual presidente autonómico de orquestar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Salamanca durante las primarias que le llevaron a ser el candidato a la Presidencia de la Junta.
El juez instructor ha admitido el informe anónimo que implica directamente a Alfonso Fernández Mañueco en la investigación abierta por la posible financiación ilegal del Partido Popular en Salamanca –del que ha informado en exclusiva Público– durante las primarias que el presidente autonómico ganó para ser el candidato a la Presidencia de Castilla y León. El juez ha derivado el escrito a las partes –fiscal, acusación particular y defensa– para que presenten sus alegaciones.
El informe que fue remitido al juzgado de forma anónima por ex compañeros del propio Mañueco, –según confirman fuentes populares a Público– implica al presidente de la Junta de Castilla y León en la presunta trama de financiación ilegal en relación a las primarias en las que se presentó para ser el presidente del partido en Castilla y León y, por tanto, el candidato a la Presidencia de la comunidad. El documento implica directamente al líder popular y le acusa, entre otras cosas, de utilizar al letrado municipal –cuando era alcalde de Salamanca– para asesorarle en la presunta trama del partido.
Las cuotas de los militantes morosos suponían una cantidad superior 60.000 euros y, como era necesario que estuviesen al día en los pagos para poder votar en esas primarias, personas del PP salmantino pidieron –según el escrito presentado en el juzgado– dinero en negro entregado en mano procedente de cargos electos y de partido del PP, así como de empresarios de la ciudad. Alfonso Fernández Mañueco, tal y como especifica el documento aceptado por el juez instructor, estuvo presente en el desarrollo de la presunta trama junto a los ya investigados por esta causa: el presidente provincial del partido, Javier Iglesias, y su gerente, Isabel Sánchez.
Los estatutos del PP no permiten votar en las primarias a quien no esté al día en los pagos de sus cuotas y Mañueco, entonces alcalde de Salamanca, necesitaba cubrir a los militantes morosos para, con sus votos, tener el respaldo suficiente para liderar el partido en Castilla y León y poder presentarse a las elecciones de la comunidad.
El dinero se ingresó, según señala este informe, "en la cuenta de afiliados, tanto las donaciones de afiliados, altos cargos y los que le dieron a Javier Iglesias los industriales de la plaza, y personas muy conocidas por los salmantinos, que se lo llevaron a la Diputación, a los que llamó Javier Iglesias para que colaboraran".
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha pronunciado sobre el informe al que ha tenido acceso este periódico y que le implica directamente en la investigación abierta por la posible financiación ilegal del PP de Salamanca.
El candidato del PP a la Junta de la región ha asegurado tener "confianza en la Justicia". El representante, que estaba participando en un acto con representantes del Tercer Sector, ha manifestado ante los periodistas que se encuentra "con la misma tranquilidad y convicción de los últimos treinta meses".
El informe ha sido elaborado por miembros del equipo que trabajaban con Mañueco en el Ayuntamiento y en la Diputación provincial cuando fue alcalde de Salamanca, además de líder del partido en el año 2017. El documento relaciona directamente al representante popular con una trama ilegal del PP en Salamanca.
Mañueco habría evitado los estatutos del PP
El objetivo de este presunto caso de corrupción era hacer a Mañueco ganador de las primarias del partido para que se convirtiera en el candidato del PP a la Presidencia de Castilla y León. Victoria que finalmente consiguió. El escrito también señala que el actual mandatario regional fue asesorado por el letrado municipal en el marco de esta operación ilegal.
Cabe recordar que los estatutos del PP no permiten votar en las primarias a quien no esté al día en los pagos de las cuotas. Aquí está la clave: los autores del documento manifiestan que el presidente autonómico les ordenó pagar en dinero negro las cuotas de los miles de afiliados del PP que no estaban al día en sus pagos, como militantes en Salamanca y en Castilla y León. La intención fue que estas personas, una vez al corriente de los pagos, pudieran apoyar a Mañueco en las primarias.
El juez de Instrucción 2 de Salamanca, que el próximo lunes tomará declaración como investigados al presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, a su gerente, Isabel Sánchez, y al propio partido —como persona jurídica—, ve indicios racionales de la presunta comisión de este delito a través de las donaciones anónimas que sirvieron para pagar cuotas atrasadas de afiliados del PP, de forma que pudieran participar en las primarias.
TUDANCA: "ESTA DENUNCIA CONTRA MAÑUECO PONE DE MANIFIESTO QUE CASTILLA Y LEÓN NECESITA DECENCIA"
El candidato socialista dice que la información de 'Público' sobre la presunta financiación ilegal del PP prueba que se adelantaron las elecciones para tapar los casos de corrupción del presidente de la Junta.
El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, se hizo eco de la información adelantada por Público relativa a la denuncia de varios miembros del PP que implican directamente al presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, en la financiación ilegal de su partido, y aseguró que este hecho "pone de manifiesto que Castilla y León lo que necesita es decencia", afirmó.
Tudanca indicó que ya se sabían las irregularidades en el proceso de primarias que llevó a que a que resultara elegido Mañueco, "pero, además, ahora vemos que se tiene que juzgar si además hubo financiación ilegal en esas primarias", lo que consideró un hecho muy grave.
El dirigente socialista indicó que esta nueva denuncia, "es la demostración clara de lo que veníamos diciendo los socialistas, y es que se han adelantado las elecciones para tapar las tramas de corrupción del Partido Popular en Castilla y León"; dijo.
Tudanca lamentó el daño que estos casos hacen a la imagen de las instituciones y de la política, pero destacó también el daño que se le hace al propio desarrollo de la región, "lastrando su empleo y crecimiento, como está demostrado", apuntó.
El candidato socialista indicó que se niega a creer que 35 años después estas personas salgan impunes de los casos de corrupción a los que se enfrentan, y confía en que todo o salga a la luz.
El candidato de Unidas Podemos a presidir la Junta de Castilla y León cree que es "razonable" que "estando imputados el PP en Salamanca, el presidente de la Diputación de Salamanca y la gerente del PP en Salamanca, el máximo responsable en aquellos tiempos y el máximo beneficiario de esa financiación ilegal, como es el señor Mañueco, estuviese al tanto de todo".
El secretario general de Podemos Castilla y León y candidato a presidir la Junta de esta comunidad en las elecciones del 13 de febrero, Pablo Fernández, considera "escandaloso" que Mañueco haya llegado a ser candidato del PP en estos comicios gracias a una presunta trama de financiación ilegal de su partido.
Fernández se ha posicionado en este sentido a raíz de la información avanzada por Público que apunta a la existencia de un informe que implica directamente al presidente de la Junta de Castilla y León en la investigación abierta por la posible financiación ilegal del Partido Popular en Salamanca, precisamente durante las primarias en las que resultó elegido candidato.
A juicio de Fernández, resulta "razonable" que "estando imputados el PP en Salamanca, el presidente de la Diputación de Salamanca y la gerente del PP en Salamanca, el máximo responsable en aquellos tiempos y el máximo beneficiario de esa financiación ilegal, como es el señor Mañueco, estuviese al tanto de todo".
"El hecho de estar inmerso en una trama de corrupción, de que Mañueco hoy sea el candidato del PP gracias a una trama de financiación ilegal, es algo escandaloso, vergonzoso y que debería pasar factura al Partido Popular", ha asegurado el candidato de Unidas Podemos a presidir la Junta al ser preguntado por este asunto.
Para Fernández, "este informe que ha llegado al juzgado afirmando que Mañueco estaba al tanto de todo le inhabilita para ser candidato a una Presidencia autonómica y pone de manifiesto una vez más que el PP es la corrupción y en Castilla y León es un partido devorado y carcomido por la corrupción".
Otros dirigentes de Podemos, como la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también han valorado el informe desvelado por Público. A su juicio, la difusión por parte del PP y del propio Mañueco del bulo contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, acerca de sus palabras sobre las macrogranjas estaría relacionado con un intento de desviar la atención de esta presunta trama de financiación ilegal.
CS, TRAS LA DENUNCIA SOBRE MAÑUECO: "ES EVIDENTE QUE EL PP TIENE SERIOS PROBLEMAS CON LA CORRUPCIÓN"
Por su parte, desde la dirección nacional del Partido Popular en Génova recuerdan que ya ha habido muchas personas acusadas falsamente y que tiene que ser la Justicia quien trabaje.
La exclusiva revelada por Público sobre la presunta implicación del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la financiación ilegal del PP en Salamanca no ha sentado nada bien en sus antiguos socios de Gobierno. Así lo destacan fuentes de la dirección nacional de Ciudadanos (Cs) a este medio. "Es evidente que el Partido Popular tiene serios problemas con la corrupción", afirman.
El partido que lidera Inés Arrimadas recuerda que "al margen de los detalles de un asunto que está judicializado", su presencia en el Gobierno "ha impulsado las políticas más ambiciosas en materia de transparencia y regeneración". "El PP se siente más cómodo evitando que los liberales seamos exigentes velando por la transparencia y el buen funcionamiento institucional", afirman, mientras sacan pecho de que en los dos últimos años y medio no ha habido "un solo caso de corrupción en la Junta".
"No es casualidad, se debe a la buena gestión y al alto nivel de exigencia en materia de transparencia de Cs. Es por eso que no se les puede dejar solos. Los castellanos y leoneses merecen un Gobierno limpio, ejemplar y libre de sospecha, precisamente lo que Cs garantiza allí donde gobierna y es decisivo", añaden al respecto.
Desde Cs, cuya candidatura para el próximo 13 de febrero la encabezará Francisco Igea, reiteran que las "excusas" de Mañueco para convocar las elecciones "sólo obedecen a las presiones de la dirección nacional de su partido para tapar la victoria electoral de Díaz Ayuso, y a la urgencia que tienen en el PP, cuyos casos de corrupción son múltiples en lugares de toda España, para sortear un calendario judicial especialmente delicado en Castilla y León, donde el candidato preside el partido a nivel autonómico".
Tal y como publicó este medio, son varias las investigaciones judiciales a las que se tienen que enfrentar los populares en los próximos meses. "Es evidente que en lo último que están pensando es en la agenda de los castellanos y leoneses y en sus prioridades sociales y económicas: han primado el calendario judicial e interno del PP", señalan las fuentes de Cs consultadas.
Por su parte, desde Cs Castilla y León prefieren ser más cautos en sus declaraciones. "Ciudadanos CyL siempre ha respetado los procedimientos judiciales: sus tiempos y procedimientos", destacan a este medio. En este sentido, la formación naranja esperará al cierre del procedimiento para realizar valoraciones.
Génova recuerda casos de personas "falsamente acusadas"
También se ha referido a este asunto la dirección nacional del PP en Génova. Concretamente, el secretario general de los populares, Teo García Egea, que ha sido preguntado por este medio en rueda de prensa. "Hemos venido viendo tantas y tantas injusticias con personas falsamente acusadas", ha contestado el dirigente del PP, refiriéndose por ejemplo a los concejales de València, cuya causa judicial fue archivada. "Cuando surgen casos de este tipo siempre digo lo mismo: que hable quien tenga que hablar pero que la política se dedique a seguir trabajando".
También se ha referido a su caso personal. "He sido víctima de una denuncia por parte de un diputado de Podemos. Y ni siquiera me ha llamado para pedirme perdón por acusarme en falso", ha destacado en relación a una denuncia reciente por supuesto trato de favor en la sanidad de Murcia, y que acabó archivada. "Que trabaje la justicia y que los políticos nos dediquemos a ganarnos el sueldo para mejorar la vida de la gente", ha concluido.
https://www.publico.es/politica/cs-denuncia-manueco-evidente-pp-serios-problemas-corrupcion.html
El adelanto electoral en Castilla y León puede estallarle en las manos a Alfonso Fernández Mañueco si el magistrado que investiga el caso de la financiación ilegal del PP en Salamanca acepta como prueba el informe anónimo que acaba de llegar a su juzgado y que implica al actual presidente autonómico.
Un informe anónimo implica directamente a Alfonso Fernández Mañueco en la investigación abierta por la posible financiación ilegal del Partido Popular en Salamanca, durante las primarias que el presidente autonómico ganó para ser el candidato a la Presidencia de Castilla y León. El documento, que entró el pasado 21 de diciembre en el juzgado donde se instruye la causa y al que ha tenido acceso Público, implica directamente al líder popular y le acusa entre otras cosas de utilizar al letrado municipal, cuando era alcalde de Salamanca, para asesorarle en la presunta trama del partido.
Los autores de este informe son miembros del propio equipo que Fernández Mañueco tenía en el Ayuntamiento de Salamanca y en la Diputación provincial cuando fue alcalde de la ciudad y líder del partido en el año 2017, según afirman a Público fuentes próximas al Partido Popular.
Las mismas fuentes señalan que estas personas se vieron obligadas, por orden del actual presidente autonómico, a pagar en dinero negro ciertas cantidades destinadas a cubrir las cuotas de los miles de afiliados del PP que no estaban al día en sus pagos como militantes en Salamanca y en Castilla y León. Se trata "de un impuesto revolucionario que todos los cargos públicos o de partido nos vimos obligados a dar en dinero negro", explican en sus propias palabras.
Afiliados morosos del PP
Los estatutos del PP no permiten votar en las primarias a quien no esté al día en los pagos de las cuotas y Mañueco necesitaba cubrir a los militantes morosos para, con sus votos, tener el respaldo suficiente para liderar el partido en Castilla y León y poder presentarse a las elecciones de la comunidad.
El juez instructor ya ha citado como investigados, por esta presunta financiación ilegal, al actual presidente provincial del partido, Javier Iglesias, y a su gerente, Isabel Sánchez, así como al propio Partido Popular de Salamanca. Si el juez acepta como prueba el informe anónimo recibido en el juzgado, también estaría implicado el propio Alfonso Fernández Mañueco.
Los autores del documento aseguran que, en febrero de 2017, cuando el actual presidente castellanoleonés comunicó a Javier Iglesias su intención de presentarse a las primarias del partido para liderar Castilla y León, el propio presidente provincial y la gerente del PP de Salamanca ya le informaron de que "existe un número muy alto de afiliados que no pueden votar por no estar al día en sus cuotas".
El informe detalla que mientras Fernández Mañueco era alcalde de Salamanca citó en el Ayuntamiento a diferentes cargos electos y orgánicos del PP provincial para tratar este tema interno de partido. Entre otros señalan al senador Gonzalo Robles, al diputado nacional José Antonio Bermúdez de Castro, a Javier Iglesias –entonces y ahora presidente de la Diputación Provincial de Salamanca– y al actual alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo –entonces concejal–, así como a su teniente de alcalde, Fernando Rodríguez, además de a la gerente del partido, Isabel Sánchez, y al letrado municipal, José María Benavente.
La deuda de los afiliados morosos del PP de Salamanca ascendía en aquel momento a 61.937 euros y afectaba a un total de 1.238 militantes, según especifica el anónimo derivado al juzgado que instruye el caso de la financiación ilegal del PP. En este documento, sus autores también aseguran que "Javier Iglesias le pregunta, delante de Mañueco, al letrado José María Benavente si se puede poner este dinero del partido, bien de altos cargos o de donaciones de empresarios de Salamanca, y éste les indica que pudiera ser financiación ilegal, pero no se opone a que lo hagan".
Quién y cómo se recoge el dinero
El informe afirma que es el actual presidente de Castilla y León el que dice qué personas lo harán y cómo recogerán el dinero en negro de los cargos electos y de partido destinado a cubrir la morosidad para que puedan votar todos los afiliados del PP. Así, recoge textualmente que "Javier Iglesias se reúne con Mañueco y con Isabel Sánchez en la Diputación y entre los tres montan la trama, con el visto bueno de Robles y Bermúdez de Castro, que le informan como lo iban hacer. También llaman al letrado José María Benavente Cuesta y este no se opone a que lo hagan".
También especifica que "empiezan a recoger dinero las personas que se habían encargado por el Ayuntamiento: Fernando Rodríguez y Carlos García Carbayo, en efectivo y anónimo, lo van metiendo en un sobre y tomando nota en un folio del importe que cada uno abona, si bien aportaron todos los concejales del Partido Popular del Ayuntamiento, varios Jefes de Servicio, incluso el letrado José́ María Benavente también aportó. Aunque las donaciones quieren que sean anónimas, Carbayo las apunta en un folio".
El documento insiste en que en la Diputación Provincial de Salamanca se encargó de recoger el dinero su presidente. "Javier Iglesias era la persona que coordinaba todo y conductor general del entramado, ya que manifiesta que no existe ningún problema, que tiene contactos con empresarios salmantinos afines al partido que están dispuestos a colaborar. Aportan dinero todos los diputados provinciales y este llama a empresarios de la plaza y aportan la cantidad hasta completar el importe que les dice Javier. Todas las aportaciones las apunta Javier Iglesias en un folio, que luego fue destruido por orden de Javier Iglesias e Isabel Sánchez siguiendo instrucciones de Mañueco, Robles y Bermúdez de Castro".
Las cuentas
De los cerca de 62.000 euros que necesitaban para cubrir las cuotas impagadas de los afiliados morosos del PP de Salamanca, según este escrito se recuperaron hasta 11.016,15 euros por afiliados que aceptaron cubrir sus propios impagos con ingreso en cuenta y transferencia. Además, un total de 9.431,50 euros fue la colaboración voluntaria de afiliados que se encontraban al día en sus cuotas. La parte más difícil de justificar es la de la aportación de empresarios de Salamanca, que alcanzó la cantidad de 24.140 euros, "en efectivo y en mano, metido en un sobre y entregados a Javier Iglesias en la Diputación", según detalla el informe.
Además, siempre según este documento anónimo, un total de 17.350 euros fue la aportación de los altos cargos del partido "con representación pública y miembros de la Diputación del PP, Ayuntamiento del PP y alcaldes de pueblos del PP".
Tras asegurar la "máxima colaboración con la Justicia" intentan desmontar los argumentos del juez porque la causa empezó "hace tres años"
La "máxima colaboración con la Justicia" que anunció el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al conocer el auto judicial que citaba a declarar en calidad de imputados al PP de Salamanca, a su presidente, Javier Iglesias, y a su gerente, Isabel Sánchez, por el caso de presunta financiación ilegal, se ha traducido en un recurso para intentar evitar esas declaraciones previstas para el 17 de enero.
El Partido Popular de Salamanca recogió más de 60.000 euros en "donaciones altruistas" para pagar cuotas atrasadas de afiliados y que estos pudiesen votar en las primarias de 2017 a favor de Mañueco. Según su presidente, Javier Iglesias, se puso en marcha "una operación ingente" porque les hacía "ilusión" que un salmantino pudiese llegar a presidir el PP regional y la Junta de Castilla y León. Se recogió dinero de cargos públicos, de asesores... pero las cuentas que presentaron en el juzgado no cuadran, tampoco las cantidades donadas, los recibos y las explicaciones, y el juez considera necesario que Iglesias y Sánchez declaren por segunda vez, esta vez asistidos por un letrado porque lo harán en calidad de investigados, y que el PP designe a un representante para declara de la misma forma.
Tanto el PP como su presidente han recurrido este auto, algo no muy habitual en la fase de instrucción de una causa. El escrito del PP de Salamanca, al que ha tenido acceso elDiario.es, se basa fundamentalmente en autos anteriores en los que o bien se archivó provisionalmente la investigación –de la misma forma que luego se ordenó reabrir–, o en los que se descartó la declaración como imputados de personas que finalmente fueron citadas como testigos y en unas cuentas que asegura, al contrario que el juez, que cuadran. Es más, inciden en que el caso parte de una denuncia anónima por lo que no es más que "un pago a terceros" e insinúan que se está haciendo una investigación prospectiva.
Parte del dinero recaudado lo justificó el PP como donaciones de cargos del partido y aportaron recibos de extracciones bancarias, pero es que las cantidades no coincidían con las donadas. El Partido Popular dice que ahora no sería ningún problema "que las personas que han aportado los recibos bancarios hagan además una declaración formal jurada, si ahora, –que no antes–, se vienen a cuestionar y es lo que motiva la llamada de investigados que se impugna; al igual que se ha hecho con las ya aportadas y ratificadas por más de 30 personas y que no se cuestionan, ya que la mera aportación de tales recibos ya supone, de hecho, una evidente declaración implícita de ello". Aunque advierte el PP que no procede "invertir la carga de la prueba y cuestionar ahora esos justificantes sin haberlo hecho antes, ni haberse practicado ninguna diligencia que los contradiga".
Recibos que el propio PP reconoce que no se pueden vincular a las donaciones
Pero es que en su propio recurso el PP reconoce que los recibos bancarios aportados como prueba "ponen de manifiesto la disposición de metálico de esas personas en fechas próximas al pago de cuotas de afiliados, sin que quepa vincular automáticamente dichos reintegros con la aportación realizada por la persona en cuestión –es decir, que sea físicamente el mismo dinero–, ya que tales justificantes no excluyen que dispusieran de otro dinero metálico para hacer tales pagos. Es más, los recibos bancarios aportados son, en algunos casos, superiores a las aportaciones realizadas según consta en el listado aportado". O lo que es lo mismo: que los recibos pueden corresponder a las donaciones o no.
Según el PP, el núcleo central del auto y la fundamentación para la llamada como investigados "se circunscribe, de forma única y exclusiva" a los abonos en efectivo efectuados por cargos, asesores, etc, para pago de cuotas de “afiliados morosos” justificadas con recibos bancarios, si bien el fiscal recordaba en su escrito que se presentó esa documentación "de manera desordenada, sin ningún criterio y con una absoluta dejadez".
Un "giro de 360º"
"Lo que no procede ahora es que, en última instancia y sin ningún tipo de actuación previa, se dé este giro de 360º a todo lo actuado", asegura el Partido Popular, obviando la treintena de testificales en las que nadie pudo determinar o recordar cómo recibió o entregó las donaciones, cómo se seleccionó a los morosos a los que saldar la deuda o tan siquiera si se emitieron o solicitaron recibos por donar cantidades de hasta 1.000 euros. Según el PP, los argumentos del juez "han de decaer" porque "frente a lo indicado en el auto están justificados todos los importes. Existe error en las cuentas efectuadas al respecto" y todos los pagos están identificados y "no existe ningún ingreso 'anónimo' que pudiera considerarse ilegal".
"Al margen ya de que tales justificaciones documentales nunca han sido antes cuestionadas y no pueden servir, en ningún caso, de base a efectos de llamar directamente a nadie como investigado, se da también la circunstancia de que no son correctos los cálculos que se efectúan en el auto –y que traslada el Fiscal– respecto a las cuantías; de forma que no se produce la pretendida diferencia de 7.090 euros que se estima que no estarían justificados por ninguna vía para justificar las llamadas como investigados", asegura. Así "todas las cantidades incluidas en el listado presentado en su día están justificadas, ya sea con las declaraciones juradas admitidas en el auto recurrido, ya sea con los justificantes de recibos o movimientos bancarios; en este caso, con la única y exclusiva salvedad de un importe de 210 euros, prácticamente anecdótico en relación al total".
La "sorpresa" del presidente del PP de Salamanca
Respecto al recurso de apelación del presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, arranca con la "sorpresa" que le causa la llamada como investigado "tres años después de iniciarse una causa, y de haber sido citado y haber declarado como testigo, denegándose en dos ocasiones por el juez instructor y por la Sala su imputación, y en otra aludiendo a una figura, digamos sui generis de testigo que comparezca con abogado, luego rectificada por la propia Sala, de solo como testigo con las consecuencias sumamente graves que de ello se derivan". Así, para Iglesias y su letrado no hay "ningún hecho nuevo" que justifique su declaración en calidad de investigado.
Además de reiterar, como el PP, que la investigación parte de una denuncia anónima que ni siquiera menciona a Iglesias, preguntan "no por retoricismo, sino por verdadera necesidad" de qué se acusa a Iglesias para "al menos" poder defenderse y qué ha cambiado desde el pasado mes de febrero cuando se descartó que declarase como imputado. "Tienen, o mejor, deberían ser, hechos muy relevantes para justificar su llamada tres años después y tras haber desestimado su imputación en varias ocasiones" añaden, y sugieren que si no saben por qué, estarían "ante una verdadera ordalía".
Según el abogado, el "único motivo" por el que se atribuye a Iglesias la condición de investigado es por el hecho de ostentar el cargo de presidente del partido. Lo que en modo alguno es suficiente, ni es un hecho nuevo, ya que el cargo de presidente lo ostentaba en el momento en el que se incoaron las diligencias"
EL CALENDARIO JUDICIAL APRIETA AL PP EN CASTILLA Y LEÓN
El partido de Mañueco encara varias causas por corrupción que ha intentado alejar de la campaña para el 13 de febrero
Los procesos judiciales que afectan al PP de Castilla y León han sido un factor clave para que el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, decidiera adelantar las elecciones autonómicas al próximo 13 de febrero, según admiten en privado dirigentes del partido conservador. La disolución anticipada de las Cortes, con las encuestas a favor, implica romper con Ciudadanos, liderado por el incómodo exvicepresidente Francisco Igea y acorta el tiempo para que las candidaturas de la plataforma España Vaciada cobren fuerza. También permitirá eludir el impacto de algunos casos judiciales. El día de los comicios llegará casi un mes antes de que el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera (PP, 2001-2019) testifique en el juicio del caso Perla Negra, sobre los sobrecostes de más de 20 millones de euros en la adquisición de un edificio público autonómico en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).
Al enorme inmueble se lo apodó así, entre acusaciones de corrupción en su adquisición, por su color y el barco pirata de la película Piratas del Caribe, mote que siempre molestó al propio Herrera, según fuentes de su entorno. El sobrecoste se divide entre el valor extra del suelo y del edificio y otros pagos de 10 millones que correspondían a la promotora.
El caso se empezó a judicializar en 2013 en la Audiencia Provincial de Valladolid y reflejó cómo Herrera fue advertido de que ese proceso estaba requiriendo cantidades muy superiores a las previstas por los análisis periciales. El primer precio exigido por los propietarios del terreno y del edificio era de 72 millones de euros, que se consiguió reducir hasta 52, acorde a los estudios de la empresa pública Gesturcal. Además, entre los gastos aparecieron contratos no justificados con Unifica, el estudio que reformó irregularmente la sede nacional del PP y cuyos responsables han sido penados por la Audiencia Nacional. La Fiscalía señaló a los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, a quienes pide 11 años de cárcel por prevaricación y malversación, además de 16 millones de euros de multa.
La acusación también apunta al fallecido Tomás Villanueva, exvicepresidente de la Junta y consejero de Economía entre 2003 y 2015. Villanueva murió en 2017 a los 64 años por causas naturales, poco después de que Hacienda le empezara a investigar 83 cuentas bancarias en relación con el caso Perla Negra. La Fiscalía lo acusó de sortear a Hacienda en la compra del edificio y el terreno, mientras que en el PP recuerdan su implicación en la conocida como Trama Eólica, aún sin fecha de juicio, pero en la mira del partido.
Esta investigación analiza el presunto lucro de altos cargos del ejecutivo autonómico e importantes empresarios de la comunidad mediante mordidas de unos 80 millones de euros que exigían para otorgar licencias de parques eólicos en Castilla y León entre 2003 y 2013. Las indemnizaciones demandadas por las irregularidades en estas adjudicaciones rebasan los 850 millones de euros, cifras tan elevadas como la multa que la Fiscalía Anticorrupción reclama para Rafael Delgado: 42 años de prisión y 239 millones de compensación. El exviceconsejero y ex secretario general de Economía se verá en la Audiencia Provincial de Valladolid con otros 16 antiguos dirigentes y empresarios. Delgado remitió a la jueza en 2017 un escrito en que incriminaba al difunto Villanueva como muñidor de estos sobornos. El juzgado también pidió una fianza de 24 millones a la Junta, suma que esta denegó porque el Estatuto de Autonomía recoge que esta administración no puede presentar fianzas ante tribunales.
El actual PP de Mañueco ha esgrimido que estos casos no se corresponden con su mandato y ha manifestado su apoyo a la justicia, si bien un tercer caso de irregularidades sí salpica al dirigente. Un juez ha imputado al PP de Salamanca como persona jurídica, a su presidente, Francisco Javier Iglesias, y a la gerente, María Isabel Sánchez, por una presunta financiación ilegal en las primarias que impulsaron a Mañueco en 2017 sobre el candidato Antonio Silván y que lo acabaron llevando a la Junta.
El magistrado entiende que la cúpula de la formación en la provincia pagó 61.937 euros para amortizar deudas de afiliados para que pudieran votar en las primarias y se decantaran por el entonces alcalde de Salamanca. Del total hay 41.490 euros abonados “voluntariamente” por cargos del PP y entre esta cantidad hasta 24.240 “sin justificar”, una “donación anónima ilegal” según el juez. Las donaciones anónimas están prohibidas en la ley de financiación de partidos políticos.
Las primeras declaraciones están previstas en el Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca para mediados de enero tras un primer retraso sobre la fecha prevista: el 30 de diciembre. Fuentes del PP creen que esta táctica pro Mañueco se aplicó también en más territorios de Castilla y León donde el hoy dirigente era menos popular que en Salamanca. El propósito de la dirección, admiten, consiste en alejar el balance de estas sesiones judiciales, sea como sea, de las elecciones que podrían significar que el PP siga en el poder de la comunidad, donde lleva sin interrupción desde 1987, entonces como Alianza Popular.
https://elpais.com/espana/2022-01-05/el-calendario-judicial-aprieta-al-pp-en-castilla-y-leon.html
PSOE Y UP SEÑALAN EL CALENDARIO JUDICIAL DE MAÑUECO COMO LA CAUSA REAL DEL ADELANTO ELECTORAL
El PP de Castilla y León afronta en los juzgados el escándalo de la 'trama eólica' y una causa por presunta financiación irregular de las primarias de Mañueco
La izquierda esperaba que el adelanto electoral se consumase pronto pero no tan pronto. “Que fuesen en febrero para mí era impensable. Calculábamos para primavera. La verdad es que estoy muy sorprendido”, reconocía un alto dirigente de Unidas Podemos horas después de hacerse oficial la convocatoria por parte del presidente castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco. En el PSOE sí que aseguran haber estado “al tanto del runrún” de los últimos días en torno a los Presupuestos. Aunque igualmente admiten su perplejidad porque ni siquiera se haya permitido la celebración de ese debate presupuestario que estaba previsto para esta misma semana.
“Lo que es muy evidente es que el señor Mañueco no toma esta decisión por el interés de los ciudadanos ni por gestionar mejor la crisis o la sexta ola. La toma pensando en sus propios intereses personales, eso está claro”, afirma el secretario de Estrategia y Acción Electoral del PSOE, Javier Izquierdo. Tanto en las filas socialistas como en Unidas Podemos coinciden en señalar “la evidente presión” por parte de Pablo Casado para propiciar adelantos electorales tanto en Castilla y León como en Andalucía, dos feudos en los que las encuestas dan como claro ganador al PP y que podrían servir como impulso político del propio Casado de cara al ciclo electoral que se avecina.
Sin embargo, las formaciones de izquierda creen que la fecha exacta de la convocatoria, fijada por Mañueco para el 13 de febrero, tiene más que ver con un interés muy personal del presidente de Castilla y León: esquivar el complejísimo calendario judicial que le espera al PP castellanoleonés a partir de la primavera. “Puesto a adelantar, parece obvio que ha preferido evitar el diabólico recorrido judicial que le espera al PP en la Comunidad a cuenta de varios escándalos de corrupción”, razonan en Ferraz.
Problemas en los juzgados
Hace un mes el juez decretó la apertura de juicio oral a dieciséis acusados en la conocida como trama eólica, un presunto escándalo de corrupción en torno al cobro de comisiones ilegales que salpica a exaltos cargos de la Junta para los que la Fiscalía pide hasta un total de 138 años de cárcel y 848 millones de euros de multa. Entre los investigados se encuentran empresarios locales, pero también políticos de alta responsabilidad como el exviceconsejero de Economía del PP en la Junta, Rafael Delgado, para que se solicita la mayor de la penas con hasta 42 años de cárcel y multa de 239 millones de euros.
Por otro lado, también hace apenas un mes un juzgado de Salamanca imputó al PP provincial por un caso de financiación ilegal en el proceso de elección del propio Fernández Mañueco en las primarias de 2017 para convertirse en candidato a la Junta. En este caso se investiga la procedencia de hasta 24.000 euros cuyo origen a día de hoy resulta desconocido y que para el propio magistrado podrían suponer “donaciones anónimas ilegales”. De ese proceso, el entonces líder del PP de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, acabó siendo elegido candidato popular a la Junta. Las declaraciones como investigados tanto del presidente provincial del PP, Francisco Javier Iglesias, y de la gerente, María Isabel Sánchez, están previstas para este próximo 30 de diciembre.
Impacto en la sanidad y en la economía
Desde las formaciones progresistas la principal crítica que se lanza a Mañueco por el anuncio del adelanto electoral tiene que ver con las consecuencias que pueda tener para los ciudadanos una decisión política y estratégica de este tipo. “En plena sexta ola de la pandemia cesa a la consejera de Salud y pone en riesgo cantidades ingentes de dinero de los fondos europeos por no sacar adelante unos presupuestos. Políticamente es una decisión infame”, afirma Pablo Fernández, portavoz nacional de Podemos, secretario general en Castilla y León y con todas las papeletas de convertirse en el próximo candidato morado. “Alguien debe pensar que Castilla y León es de su propiedad. Lo que me preocupa es que se tomen decisiones de tanta trascendencia por intereses personales y sin pensar en los ciudadanos”, apunta Javier Izquierdo, del PSOE.
Aunque en Ferraz aseguran que, desde un punto de vista electoral, se toman la cita como “una oportunidad para que se concrete el cambio que la gente ya votó hace tres años pero que Ciudadanos impidió”, ni en el PSOE ni en Podemos ocultan las dificultades del envite. Los morados esta vez sí irán de la mano de Izquierda Unida a las urnas, algo que no fue posible en 2019. Lo que está descartado es que las elecciones de febrero supongan ningún ensayo del proyecto político de Yolanda Díaz, que no ostenta cargo orgánico en la formación morada y que no tiene previsto echar a andar “el proceso de escucha” de su plataforma hasta los primeros meses de 2022.
LA SOMBRA DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL PLANEA SOBRE EL PP DE CASTILLA Y LEÓN A LAS PUERTAS DE UNAS AUTONÓMICAS
La imputación del partido y del líder provincial de Salamanca por el pago de cuotas de morosos en las primarias que en 2017 ganó Mañueco se convierte en un escollo inesperado de consecuencias imprevisibles
Tras una investigación que cerró en ocho días y reanudó luego forzado por la Audiencia de Salamanca, el juez ya denegó hace año y medio ampliar las diligencias a lo sucedido en otras provincias
La hipótesis de que el PP adelantará al primer semestre del año las elecciones autonómicas de Castilla y León previstas para 2023 se afianza por días. Y lo hace en un escenario donde un caso judicial aparece como el escollo con el que muy pocos esperaban tropezar: aquel donde, tras una reapertura forzada por un tribunal de mayor rango, un juez investiga si el PP de Salamanca incurrió en el delito de financiación ilegal durante las primarias que en marzo de 2017 ganó Alfonso Fernández Mañueco, el actual presidente de Castilla y León. Hace solo dos semanas, la investigación asestó un mazazo a la formación que dirige Mañueco: desde el 24 de noviembre, el PP salmantino como persona jurídica, el presidente provincial y la gerente figuran como imputados. Y salvo viraje, tendrán que declarar la víspera de Nochevieja.
La victoria de Mañueco en aquella competición interna de 2017 convirtió al entonces alcalde de Salamanca en líder regional del PP. Y le catapultó a la presidencia del Ejecutivo regional, cargo que ostenta desde 2019 gracias a su pacto poselectoral con Ciudadanos y al que optará de nuevo en los próximos comicios. Oficialmente, nadie ha anunciado ningún adelanto electoral. Ni ha admitido que el temor a una nueva moción de censura impulsada por el PSOE sea el telón de fondo. Pero todo apunta a que esa convocatoria se producirá: de momento, ya tiene el visto bueno de la cúpula nacional del PP, que deja la decisión en manos de Mañueco.
La investigación judicial sobre la financiación de las primarias se circunscribe a lo sucedido en Salamanca, feudo natural del presidente autonómico y donde la situación ha empeorado para un partido que en las autonómicas de 2019 y por primera vez en 32 años dejó de ser el más votado en Castilla y León.
A Mañueco le salvó entonces la campana del pacto poselectoral alcanzado con Ciudadanos. Ahora, y una vez imputado el PP salmantino así como el líder provincial, Javier Iglesias, y quien maneja la contabilidad interna en Salamanca, Isabel Sánchez, la campana ha vuelto a sonar con campanadas favorables para Mañueco: hace 15 días, el juez instructor denegó la petición de la acusación popular para que el presidente de la Junta declarase como testigo sobre el pago de cuotas de morosos en vísperas de las primarias del 7 de marzo de 2017. La acusación popular la ejerce la organización regional Foro de Izquierdas.
En esos pagos reside la clave de la imputación del PP y sus dos dirigentes. Porque las cuentas no cuadran. Y una parte de lo recaudado mediante supuestas donaciones altruistas –Mañueco aportó 900 euros, según los documentos obrantes en la causa– tiene de momento origen desconocido. Traducido al lenguaje jurídico, eso significa que se trataría de donaciones ilegales. La Fiscalía sostiene que el cómputo de entregas cuya procedencia se ignora oscila entre un mínimo de 7.090 y un máximo de 24.140 euros.
Pero la cuantía, propia de lo que otro caso de supuesta financiación ilegal, este en Valencia, bautizó como el pitufeo –aportaciones de pequeñas cantidades que luego se reintegraban en billetes a quienes oficialmente las habían desembolsado de su bolsillo– no es aquí lo sustancial del caso. Ejercida por Foro de Izquierdas, la acusación popular sostiene desde el inicio de las diligencias que lo realmente importante es que el pago de cuotas de afiliados morosos se financió con dinero B. Y sostiene, sobre todo, que esos fondos existían no solo en Salamanca sino en todas las provincias de Castilla y León.
En junio de 2020, en plena pandemia, el caso sobre las primarias en Salamanca ya llevaba dos meses reabierto por orden de la Audiencia Provincial. La orden se produjo tras el recurso planteado por la acusación popular contra el cerrojazo que el juez instructor, Juan Rollán, había dado a las diligencias un año antes a los ocho días de haberlas incoado a raíz de una denuncia anónima. Titular del juzgado de instrucción 2 y juez decano de Salamanca, Rollán dictó el sobreseimiento libre –es decir, definitivo– mediante un auto donde argumentaba que la denuncia “relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva”. Su desconocido autor, concluía el magistrado, había obrado “con temeridad y mala fe”.
En cuanto la instrucción se reabrió un año más tarde, la acusación popular pidió que declarasen como testigos los nueve gerentes provinciales del PP de Castilla y León, el regional y el nacional. El juez denegó la prueba solicitada. Y lo hizo con un argumento que se resume en uno de los párrafos de un auto que luego confirmó la Audiencia Provincial. Las testificales se inadmitían “al tratarse de cargos ajenos a Salamanca”.
El temor a una nueva moción de censura impulsada por el PSOE subyace bajo la hipótesis de adelanto electoral en un terreno geográfico y político donde durante años ha predominado una calma al menos aparente. Tanta que han alcanzado escaso eco los episodios directamente ligados al caso Gürtel en cualquiera de sus ramas, incluida la de la caja B. O de otros casos vinculados a Gürtel a través de sus protagonistas como si se tratara de una especie de spin-off. El paradigma de cómo el ruido que habitualmente desata un caso de corrupción se ha visto amortiguado en Castilla y León durante años es un empresario: José Luis Ulibarri.
Para alcanzar un pacto con la Fiscalía que redujese las penas a imponer, Ulibarri se confesó el pasado mes de julio culpable de cinco delitos en la pieza de Gürtelbautizada con el nombre del municipio madrileño de Boadilla y cuyo juicio se está celebrando desde el 16 de noviembre.
Imputado en Gürtel desde 2009, con multitud de informes policiales, declaraciones judiciales y documentos de todo tipo que le señalaban como involucrado en la trama que bajo la dirección de Francisco Correa hizo negocios con administraciones del PP, Ulibarri permaneció formalmente hasta diciembre de 2018 como consejero delegado mancomunado de la empresa privada que gestiona la televisión de Castilla y León [puedes ver pinchando aquí el anuncio de su cese que publicó el Borme]. Su lugar lo ocupa ahora una hija suya. En julio de ese año, el empresario había sido detenido por otro caso de corrupción, el conocido como Enredadera. La investigación judicial sigue abierta pero con algunas piezas archivadas.
Pero su situación procesal poco o nada ha influido a lo largo de la última década en su predicamento social. Un ejemplo: fue el 29 de junio de 2016 cuando la Audiencia Nacional dictó el auto de apertura de juicio por el caso Boadilla. Una vez cruza una causa esa frontera no hay marcha atrás: habrá juicio más temprano o más tarde pero ha de celebrarse. Entre los 27 acusados constaba José Luis Ulibarri. Los delitos atribuidos y que finalmente ha confesado eran estos: prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil. El motivo: una operación de suelo en beneficio de su empresa UFC.
A los cuatro meses de que aquel auto viera la luz y al relato ya entonces conocido incorporase cifras, datos, detalles sobre los manejos de Gürtel en Boadilla, el Diario de León concedió el 17 de noviembre su premio anual al "Desarrollo Social y los Valores Humanos". Pieza relevante en el conglomerado mediático que capitaneaba Ulibarri, para la concesión de ese premio el rotativo contó con un jurado del que el propio empresario formaba parte. Junto a él, se sentaron a deliberar notables representantes de la sociedad leonesa. Entre ellos, la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana del Ser, y el juez decano de León, Luis Alberto Gómez.
Al año siguiente, el diario convocó una nueva edición del premio. Y los miembros del jurado fueron prácticamente los mismos. Diario de León publicó una amplia crónica. Ilustrado con una imagen del jurado, Ulibarri incluido, puedes verla pinchando aquí.
En noviembre de 2018, ya con el caso Enredadera en marcha, la presidenta de la Audiencia y el juez decano "votaron por correo". Así se lee en el pie de foto que el periódico leonés publicó el 9 de noviembre. Ulibarri ya no aparece.
EL PSOE PIDE QUE MAÑUECO DIMITA TRAS LA IMPUTACIÓN DEL PP SALMANTINO
El líder socialista de Castilla y León llama al presidente de la comunidad “hijo ejemplar de la corrupción del PP”
El PSOE de Castilla y León reclamó este jueves la dimisión del presidente de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, después de que un juez haya llamado a declarar como imputados a dos cargos del PP en Salamanca y a la propia formación conservadora como persona jurídica por la supuesta financiación irregular en las primarias internas celebradas en 2017, en las que Mañueco resultó vencedor.
El líder socialista regional, Luis Tudanca, tachó a su rival político de “hijo ejemplar de la corrupción del PP” y sostuvo en una rueda de prensa que “la corrupción está en el origen del proyecto de Mañueco”. La causa abierta analiza si figuras destacadas de la formación conservadora en Salamanca pagaron unos 60.000 euros para poner al día las deudas de cientos de afiliados para que pudiesen votar en las primarias de 2017. Mañueco, entonces alcalde de la capital salmantina, ganó este proceso interno al regidor de León, Antonio Silván.
Tudanca citó este jueves otras irregularidades que salpican a la Junta, como la trama eólica, sobre el cobro de sobornos a cambio de licencias para instalar parques eólicos, o el caso Perla Negra, en el que el expresidente regional Juan Vicente Herrera deberá declarar por sobrecostes en la construcción de un edificio público de Valladolid.
El líder de Ciudadanos en Castilla y León y vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, manifestó su apoyo a la presunción de inocencia y aseguró que solo un auto de procesamiento puede considerarse suficiente para confirmar irregularidades más allá de imputaciones o acusaciones.
- El magistrado tumba la solicitud de la acusación popular para que Fernández Mañueco y otros 21 afiliados confirmasen como testigos que pagaron cuotas de morosos
- El instructor ve "inútil e innecesario" que comparezcan en la causa donde el PP de Salamanca está imputado por las presuntas donaciones ilegales detectadas
El juez que investiga la supuesta financiación ilegal de las primarias del PP que en marzo de 2017 ganó Alfonso Fernández Mañueco acaba de librar al presidente de Castilla y León de prestar declaración como testigo. El magistrado ha tumbado la solicitud de la acusación popular que ejerce Foro de Izquierdas para que el presidente de Castilla y León así como otros 21 militantes comparecieran y confirmasen bajo juramento si, en efecto, pusieron dinero de su bolsillo para pagar las cuotas pendientes de afiliados morosos e incrementar así el censo de votantes en las elecciones internas.
Esos pagos, 900 euros en lo que respecta a Mañueco, constituyen la clave del caso: porque una parte de ellos son un misterio en cuanto a su origen real. Constituyen así donaciones anónimas y por tanto ilegales. Pero el juez sostiene que tomarle declaración a Mañueco y los otros 21 resulta “inútil e innecesario” porque hacerlo no aportaría “ningún dato nuevo”.
La detección de donaciones de origen desconocido en el PP de Salamanca es lo que el 24 de noviembre se tradujo en la imputación del partido como persona jurídica a escala salmantina así como en la del presidente provincial, Javier Iglesias, y la gerente, Isabel Sánchez González. Las investigaciones de los papeles y cuentas de aquellas elecciones internas de 2017 se han sumado a los testimonios prestados por distintos afiliados e incluso por la gerente provincial. Y han sacado a la luz que, con los datos disponibles en la mano, el dinero cuya procedencia nadie ha explicado oscila de momento entre un mínimo de 7.090 euros y un máximo de 24.140.
El concepto “caja B” no aparece en el auto de imputación contra la organización del PP y los dos dirigentes antes citados. Pero la acusación popular sostiene desde el inicio de la causa que exactamente esa, la caja B, era la fuente que permitió poner al día múltiples cuotas de afiliados olvidadizos e incrementar el censo de unas primarias que auparon a Mañueco, en 2017 alcalde de Salamanca y desde 2019 jefe del Gobierno regional.
El auto que deniega su toma de declaración y que todavía no se sabe si será recurrido por la acusación popular lleva fecha del 29 de noviembre. Este viernes, 2 de diciembre, la Cadena Ser informó de que Mañueco maneja la opción de adelantar las elecciones autonómicas para evitar el riesgo de una nueva moción de censura capitaneada por el PSOE y que esta vez podría derribarle como presidente de la Junta de Castilla y León. La fecha límite para presentar una moción de censura se sitúa en el 10 de marzo. Conjurar el peligro implica para el PP haber disuelto las Cortes regionales antes de esa fecha previa convocatoria de comicios.
Fue apenas a los cinco días de conocerse las imputaciones cuando el Foro de Izquierda reclamó la declaración de 22 afiliados. Oficialmente, todos ellos hicieron aportaciones en metálico. Y como prueba de ello, el PP entregó al juzgado justificantes bancarios. Entre ellos, reintegros en efectivo a través de cajeros automáticos y con los que los donantes habrían sacado dinero de sus cuentas personales para contribuir al pago de cuotas. Uno de los que acudieron dos veces al cajero en el tramo final de febrero de 2017 es Alfonso Fernández Mañueco, a quien el partido atribuye la entrega de 900 euros según los documentos que obran en la causa y que aparecen reproducidos en escritos de la acusación popular. La primera extracción fue de 600 euros. La segunda, de 300.
En el escrito donde pedía al juez que citase a Mañueco y a otros 21 militantes, el Foro de Izquierdas remarcaba por qué incluía en la lista al presidente del Gobierno regional. Porque -se lee en el escrito- en marzo de este año el presidente del PP de Salamanca declaró que no podía “dar fe de haber visto que alguno de ellos entregara el dinero a que los recibos bancarios en cada caso se refieren”. Para la acusación, “resulta increíble que de todas y cada una de las personas que han declarado hasta la fecha ninguna de ellas ha visto hacer entrega del dinero al señor Mañueco ni a ninguna de las personas antes relacionadas”. O sea, a ninguno de los 22.
Frente a ese argumento el titular del juzgado de instrucción 2 de Salamanca, Juan Rollán, esgrime que resulta “procesalmente inútil e innecesario” practicar las declaraciones de los testigos propuestos. ¿Por qué? Porque “ningún dato nuevo se va a aportar ni sobre la iniciativa de actualización de cuotas de “afiliados morosos” ni sobre la mecánica llevada a cabo para su recaudación ni sobre el montante económico recaudado que consta documentado en las actuaciones”.
Además de los 22 afiliados cuyas donaciones tienen como respaldo justificantes bancarios, la acusación había pedido que declarasen otros cinco. Según Foro de Izquierdas son quienes, a tenor de lo declarado por dos empleadas del partido, actuaron como recaudadores de las donaciones para el pago de deudas. El juez tampoco accede a ello.
Dirigida por el juez decano de Salamanca y titular del juzgado de instrucción 2, Juan Rollán, el desarrollo del caso ha sido accidentado desde el inicio. El 13 de junio de 2019, Rollán dictó el sobreseimiento libre -es decir, definitivo- de la investigación que a raíz de una denuncia anónima había abierto ocho días antes: exactamente, el 5 de junio. Para dar ese paso argumentó que la denuncia “relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva”. El autor del anónimo, concluía el magistrado, había obrado “con temeridad y mala fe”.
Pero la acusación popular recurrió. Y diez meses más tarde la Audiencia de Salamanca ordenó el 8 de abril la reapertura del caso, aunque la pandemia derivó en un retraso y el caso no volvió a estar en marcha hasta el 26 de junio.
Fue a partir de ahí cuando la declaración de la gerente provincial actuó como revulsivo. Primero en octubre de 2020 y luego en mayo de este año, la responsable de la gestión contable, Isabel Sánchez González, proclamó ante el juez un absoluto desconocimiento de las declaraciones juradas con las que 28 cargos y otros 11 afiliados aseguraban haber entregado dinero en metálico para las primarias de 2017.
De nuevo transcurrieron varios meses sin ningún cambio de relevancia. Pero el 24 de noviembre, el juez dictó un auto por el que imputa al PP de Salamanca como partido y por tanto como persona jurídica. También, al presidente provincial, Javier Iglesias, y a la gerente. Ambos deben declarar como investigados el próximo día 30. Lo hizo tras un escrito donde el fiscal asignado a la investigación cuestionaba abiertamente las explicaciones del PP. Por ejemplo, sobre los justificantes bancarios el fiscal escribe lo siguiente: “Se ha presentado de manera desordenada, sin ningún criterio y con una absoluta dejadez, una serie de documentos bancarios en el que figuran reintegros de cajero de muy diversas fechas, con los que se pretende justificar las aportaciones de otras personas para el pago de cuotas”.
El presidente asegura que el responsable del partido y de la Diputación salmantina, Javier Iglesias, tiene su apoyo
El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este miércoles, tras una reunión con los presidentes provinciales, que el congreso autonómico se celebrará el 15 y 16 de enero en León. Previamente, el 30 de noviembre se convocará la junta directiva autonómica para aprobar la fecha. Mañueco ha asegurado que ha hablado con el presidente de su partido, Pablo Casado y con el secretario, Teodoro García Egea. "Tengo los apoyos, tengo la energía y seré candidato de nuevo", ha dicho.
La intención de Mañueco es que salga "un partido más nuevo, con ideas, para trabajar por Castilla y León y por España". El presidente de Castilla y León ha hecho este anuncio el mismo día en que el Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca citaba a declarar como investigados al presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, a la gerente, Isabel Sánchez y considera que el propio pp provincial es también investigado por el caso de la presunta financiación ilegal del partido.
La rueda de prensa se había convocado a las 12,30 y se ha retrasado media hora. Mañueco se ha mostrado reticente a hablar del caso aunque se ha referido a “la máxima colaboración” con la Justicia. El caso le toca muy de cerca puesto que la presunta financiación ilegal tenía como objetivo hacerle ganar las primarias, cosa que ocurrió. El presidente ha tratado de restar importancia al auto judicial y ha precisado que Iglesias "declarará en calidad de investigado, no de imputado", si bien ambas cosas significan lo mismo. El próximo 30 de diciembre Iglesias, que anteriormente sólo había comparecido ante el juez instructor como testigo, tendrá que hacerlo como investigado, que le obliga a tener abogado, pero no a decir verdad, como ocurría en calidad de testigo.
"Este caso lleva 30 meses en los tribunales", ha recordado al tiempo que intentaba parar las preguntas de la prensa con un "he venido a hablar de mi libro". Así, se ha remitido al comunicado del PP de Salamanca y ha subrayado que el presidente provincial tiene su apoyo. Tampoco ha aclarado si el congreso provincial del partido en Salamanca no se ha celebrado por el temor a que ocurriese lo que finalmente se ha sabido este miércoles o si iglesias será el candidato a presidir de nuevo el partido en la provincia charra.
Sobre la situación de Iglesias como presidente de la Diputación de Salamanca, Mañueco ha argumentado que los estatutos de su partido solo obligan a dimitir a un cargo público en el momento en que se abre juicio oral contra él y no antes. Tampoco cree que se le tenga que abrir un expediente informativo por su situación judicial, algo que sí establecen los estatutos.
También ha sido tajante al afirmar que el caso de la financiación ilegal no pone en peligro la estabilidad del Gobierno autonómico y que los ciudadanos, según los sondeos, apoyan al PP.
El Partido Popular subraya que la citación como investigados "no supone en ningún caso un pronunciamiento judicial de culpabilidad"
El PP de Salamanca subraya que la imputación del partido y la citación como investigados de su presidente, Javier Iglesias, y su gerente, Isabel Sánchez González, en el presunto caso de financiación ilegal del partido en 2017, durante las primarias que finalmente ganó el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco "no supone en ningún caso un pronunciamiento judicial de culpabilidad, ni la imputación firme de conducta delictiva alguna". Así lo ha resuelto el Juzgado de Instrucción nº2 de Salamanca, una decisión adelantada por elDiario.es Castilla y León.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el Partido Popular de Salamanca ha tenido conocimiento quiere manifestar "su disposición total y absoluta" a colaborar con la justicia "para facilitar su labor".
El Partido Popular también ha recordado que el origen de este procedimiento es una denuncia anónima, secundada por un partido político (Los Verdes-Foro de Izquierdas) que ha actuado como acusación popular. "Por lo tanto, el carácter de este proceso tiene un interés de causar un daño político por parte de un adversario que no ha logrado su objetivo en las urnas", ha defendido el Partido Popular.
El PP también subraya que el juez está investigando "cuestiones internas de un partido político" que nada "tienen que ver" con la administración pública, sino que se refiere a un "proceso de participación interno de un partido". Lo que está investigando el juez son las decenas de ingresos de cuotas atrasadas de afiliados dos días antes de las primarias en las que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, resultó vencedor. Durante la instrucción, algunos altos cargos del PP declararon que pagaron cuotas de otros afiliados para hacer ganar a Mañueco. La deuda de cuotas impagadas superaba los 60.000 euros.
El Partido Popular de Salamanca sostiene que la actuación realizada por todos sus cargos ha respetado siempre la legalidad vigente y muestra "plena confianza" en que, tras las investigaciones por parte de la justicia, el caso sea "archivado". El PP insiste que los miembros del Partido Popular de Salamanca llevaron a cabo "un proceso totalmente legal", que consistió en "pagar cuotas de afiliados para ponerles al corriente de pago" y que así pudiesen participar en el proceso de primarias que tuvo lugar en el mes de marzo de 2017. "El pago de deudas (cuotas) de terceros está expresamente permitido por nuestro Código Civil, y su ajuste a la legalidad en el caso del Partido Popular de Salamanca ya fue refrendado por la propia Audiencia Provincial de Salamanca", sostienen. El caso se tuvo que reabrir por considerar la Audiencia Provincial que en los pagos había opacidad.
"Exclusivamente para el pago de estas cuotas, cargos y afiliados del Partido aportaron dinero de su bolsillo, de forma voluntaria y desinteresada, en un ejercicio de colaboración entre compañeros", sostiene el PP. Se pretendía hacer "más democrático y abierto" el proceso de primarias "y que un número mayor de afiliados pudiesen participar y votar de forma libre". "El importe total de dichas aportaciones fue destinado a tal fin", apuntan.
"Nada de lo actuado hasta ahora en el proceso de investigación judicial abierto sobre el asunto ha desmentido lo señalado", concluye el comunicado.
UN JUEZ IMPUTA AL PP DE SALAMANCA POR PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL EN LAS PRIMARIAS QUE GANÓ MAÑUECO
El instructor ve una “donación anónima ilegal” detrás del pago de cuotas atrasadas de afiliados para que pudieran votar en el proceso interno de 2017 que convirtió en candidato al actual presidente
El magistrado Juan Rollán, titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Salamanca, ha imputado al PP de Salamanca como persona jurídica, a su presidente, Francisco Javier Iglesias, y a la gerente, María Isabel Sánchez, en una causa en la que se investiga la presunta financiación ilegal de la formación durante el proceso de primarias en 2017 que ganó el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El magistrado les ha citado a declarar como investigados ―figura equivalente a la de imputado― el próximo 30 de diciembre al encontrar “indicios racionales” de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal del partido. El instructor considera que se pagaron las cuotas de afiliados a la formación con 24.140 euros “sin justificar” y lo califica como “donación anónima ilegal”.
Tras conocerse la imputación, el Partido Popular de Salamanca ha insistido a través de un comunicado en que todos sus cargos han respetado siempre la legalidad vigente y ha manifestado su “disposición total y absoluta a colaborar con la justicia”. La formación salmantina ha recordado que la citación para declarar como investigados “no supone un pronunciamiento de culpabilidad, ni la imputación firme de conducta delictiva alguna”. El presidente de la Junta de Castilla y León ha asegurado este miércoles en Valladolid que su partido ofrece la “colaboración máxima con la justicia” y se ha remitido al comunicado del PP de Salamanca. El PP nacional también se ha remitido al comunicado del PP de Salamanca, al igual que Mañueco esta mañana.
El juzgado de instrucción investiga cómo se recaudaron unos 61.900 euros y pagaron cuotas pendientes de 4.900 afiliados en la provincia de Salamanca para que tuviesen derecho a voto en un proceso interno celebrado en marzo de 2017 y al que se presentaba Mañueco, entonces alcalde de Salamanca. En el auto de este miércoles, el magistrado detalla que la gerente de la formación en Salamanca certificó que entre el día 31 de diciembre de 2016 y el día 17 de marzo de 2017 se amortizó una deuda de 61.937 euros a través de distintos mecanismos de ingreso bancario. Destaca una partida de 41.490 euros que se abonó mediante la contribución de “cargos electos, personal de confianza y afiliados que colaboraron voluntariamente” en el pago de las cuotas de “afiliados morosos” y dentro de esa cantidad se incluye, según el auto, 24.140 euros cuya aportación “queda sin justificar” y que el magistrado califica como “donación anónima ilegal”. Las donaciones anónimas a partidos políticos están prohibidas en el artículo 5 de la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos.
El PP de Salamanca ha defendido que el pago de deudas de terceros “está expresamente permitido por nuestro Código Civil, y su ajuste a la legalidad en el caso del Partido Popular de Salamanca ya fue refrendado por la propia Audiencia Provincial de Salamanca”.
La Fiscalía había expresado dudas sobre cómo este dinero había llegado de manera “altruista” para que se cubrieran las cantidades adeudadas por cientos de simpatizantes. Al actualizarse sus cuentas y ponerse al día se les devolvía el derecho a sufragio para las primarias de marzo de 2017, en las que el salmantino Mañueco obtuvo dos tercios de los apoyos y superó a su competidor, Antonio Silván, regidor en León. La denuncia llegó a instancias judiciales con el nombre ficticio de Andrés Sánchez Santa Mónica, y aseguraba que existía una trama organizada para facilitar que los adeptos al PP de Salamanca pudieran decantarse por Mañueco. El escrito aseguraba que “las supuestas donaciones”, que dentro del partido llamaban con ironía “impuesto revolucionario”, se hicieron “en metálico y sin mediar documento, factura o acuse de recibo por escrito”. La causa se archivó en plenas negociaciones de PP y Ciudadanos para formar gobierno en Castilla y León, pero fue reabierta por la Audiencia Provincial en junio de 2020.
El ministerio público consideró en una fase previa de la instrucción que la investigación sobre esta presunta financiación ilegal había demostrado que no existía constancia sobre quién aportaba el dinero ni en qué cantidades, pues no había documentos que lo avalaran. La asociación Los Verdes de Salamanca, personada como acusación popular, ha celebrado la imputación de los representantes del PP. Su portavoz, Ángel Gamazo, ha asegurado que “vistas las tremendas incoherencias” la Fiscalía ha apreciado estas “contradicciones evidentes” y ha forzado a que el instructor los cite para declarar. Gamazo ha avanzado que han solicitado la comparecencia del propio Mañueco “dado que el montaje estaba hecho para él y queremos que lo aclare” y del actual alcalde salmantino, el también popular Carlos García Carbayo.
EL JUEZ IMPUTA AL PP DE SALAMANCA Y SU PRESIDENTE POR LAS PRIMARIAS QUE MAÑUECO GANÓ A SILVÁN
El Tribunal asume la conclusión del fiscal, que destaca que puede haber financiación ilegal por recaudarse para la candidatura del actual presidente de la Junta, el salmantino Alfonso Fernández, más de 60.000 euros para pagar cuotas atrasadas de los militantes y que votasen en las primarias en 2017.
El juez de Instrucción número 2 de Salamanca ha imputado al Partido Popular (PP) de Salamanca, a su presidente, Javier Iglesias y a su gerente, Isabel Sánchez González, por el presunto caso de financiación ilegal del partido en el año 2017, durante las votaciones de primarias que finalmente ganó el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, imponiéndose con gran diferencia de votos al leonés Antonio Silván.
Tanto Iglesias como Sánchez tendrán que declarar de nuevo, esta vez en calidad de investigados, el próximo 30 de diciembre. El juez hace suya la petición del fiscal, a quien no le cuadran ni las cantidades supuestamente donadas de manera "altruista" , ni los recibos aportados para justificarlas, ni las explicaciones que hasta el momento han dado los testigos.
El Ministerio Público establece que de la documentación requerida y aportada por el Partido Popular de Salamanca, se infiere que, "con independencia de su origen "más o menos espontáneo", se configuró una organización en los grupos de asesores del Partido Popular del Ayuntamiento de Salamanca y, especialmente, de la Diputación Provincial, siendo el principal organizador de los mismos el presidente provincial del Partido Popular, Javier Iglesias García.
Así, considera acreditado que múltiples cargos políticos o representativos del Partido Popular entregaron dinero de manera "altruista" en los grupos que el PP tiene en la Diputación Provincial y en el Ayuntamiento de Salamanca, con la finalidad, según sus declaraciones, de que el citado dinero fuera para pagar las cuotas de afiliados que no estaban al día de las mismas, al ser este un requisito para la participación en las elecciones primarias del citado partido que habrían de celebrarse el 17 de marzo de 2017.
"Una maquinaria ingente" para hacer ganar a Mañueco
Tal y como afirmó Iglesias en su declaración como testigo el pasado mes de mayo, se había puesto en marcha "una maquinaria ingente" para que votase el máximo número de afiliados, porque entendieron que habría "una explosión de apoyo de los salmantinos del PP a Alfonso Fernández Mañueco". Eso sí, poniendo los altos cargos el dinero por delante, ya que la deuda de cuotas impagadas superaba los 60.000 euros.
Según el ministerio público, con las testificales recabadas en el último año y medio ha quedado acreditado que nadie vio que se tomará nota de quién entregaba el dinero, ni de cuánto entregaba cada uno de ellos, no guardándose ningún documento acreditativo de las entregas, salvo las propias declaraciones juradas de alguno de los cargos políticos elaboradas y presentadas con posterioridad.
Señala así que la responsable del Grupo Provincial Popular, Juana González Mulas, declaró ante el juez "que se apuntaba todo en papelitos" y que lo que se utilizó esos días después se destruyó.
Tras la recepción del dinero en metálico y según las declaraciones de González Mulas y la entonces administrativa del PP de Salamanca, Emma Figueiredo, éste era fraccionado en las cantidades, generalmente de 90 euros, que faltaban de pagar por parte de los afiliados, a los que se llamaba por teléfono preguntando si estaban al día de sus cuotas, si se iban a poner al día y ofreciéndose, en caso contrario, a pagar las cuotas.
Ese dinero ya fraccionado era llevado a la sede del Partido Popular de Salamanca y entregado a Figueiredo con otro papelito donde constaba el nombre del afiliado y la cantidad que había de ser entregada en el banco.
Los donantes no sabían a quiénes pagaban las cuotas
Así, el dinero donado entraba en las cuentas del Partido Popular, sin que cada uno de los donantes supiera, en ningún momento, a qué afiliados se le había pagado su cuota con su dinero. Tras el ingreso en metálico en la cuenta corriente de las cuotas del Partido Popular, según la manifestación de Figueiredo, ésta despachaba con la gerente del PP de Salamanca, María Isabel Sánchez González.
Sin embargo, ella manifestó en su declaración estar totalmente al margen de toda esta operación, asegurando que no se le ha dado cuenta del dinero que entregaron, que no se lo comunicaron oficialmente, que no tuvo conocimiento de que se entregara dinero en la Diputación, que no sabía quién lo recaudó, ni quién recogió el dinero, llegando incluso a firmar que no le constaba que Emma Figueredo fuera a ingresar el dinero en el banco porque esta no le comentó nada ni le informó de nada.
Además de estas declaraciones, el PP de Salamanca aportó recibos que supuestamente contienen, de manera anonimizada, en varias columnas, el modo en que ese dinero llego a la cuenta del Partido Popular y que, hasta el momento, se desconoce quién lo ha elaborado ya que cuando se le mostraron a la gerente, dijo no conocerlos a pesar de ser la encargada de las finanzas del partido. En los documentos aportados por el PP hay justificantes de retiradas de cajero y declaraciones juradas.
De todos los documentos el fiscal extrae varias conclusiones. Por un lado, en el listado anonimizado de afiliados del Partido Popular de Salamanca cuyas cuotas fueron abonadas entre el 1 y el 16 de marzo de 2017 se dividen las cantidades ingresadas por los afiliados en ese periodo en cuatro grupos: cuotas abonada por transferencia en la cuenta corriente entre el 1 y el 16 de marzo de 2017, con un total de 4012,15 euros; cuotas abonadas por afiliados a través de ingreso directo en cuenta corriente bancaria, con un total de 7004 euros; cuotas abonadas por afiliados para posterior ingreso nominativo en cuenta corriente, con un total de 9431,5 euros y cuotas de afiliados abonadas en cuenta corriente por cargos electos, personal de confianza y afiliados que colaboraron al pago de las mismas, con un total de 41.490 euros. La suma de las cuatro categorías supone un total de 61.937,65 euros, que sí coincide con la deuda amortizada que reconoce la gerente.
Documentos bancarios "de manera desordenada y con absoluta dejadez"
Pero de esas cuatro categorías, el fiscal apunta a la última, la que corresponde a las cuotas abonadas por los cargos electos, personal de confianza del PP y afiliados. El juzgado requirió al Partido Popular que aportase los justificantes de quienes habían entregado dinero para el pago de las cuotas y la cantidad abonada por cada uno de ellos.
El PP aportó entonces un documento que el fiscal califica como "un conglomerado desordenado" con varios tipos de justificación: declaraciones juradas de personas que donaron cantidades para el pago de cuotas de afiliados, 39 en total por un importe global de 17.350 euros. Además, se presenta "de manera desordenada, sin ningún criterio y con una absoluta dejadez", una serie de documentos bancarios en el que figuran reintegros de cajero de muy diversas fechas, con los que se pretende justificar las aportaciones de otras personas para el pago de cuotas.
Del estudio detallado de esa documentación, el fiscal establece dos grupos, tomando como referencia lo que declararon los testigos respecto al momento en el que se decide pedir donaciones y el calendario precongresual del XIII congreso autonómico de Castilla y León en el que se establece como 10 de marzo de 2017 a las 20 horas el fin del plazo de presentación de precandidaturas.
Así, teniendo en cuenta que el entonces presidente del PP de Castilla y Leon y del Gobierno autonómico, Juan Vicente Herrera no anunció hasta el 9 de marzo que no iba a ser candidato a la Presidencia de la Junta, y que, en la declaración del presidente provincial, Javier Iglesias, así como la de otros testigos, dijeron que les pilló por sorpresa y que hasta después de esta declaración Alfonso Fernández Mañueco no presentó su candidatura, no debería ser hasta el 10 de marzo la fecha en que comenzarán a retirarse de las cuentas corrientes particulares cantidades para el ingreso en la cuenta de cuotas de afiliados del Partido Popular.
Donaciones sin anuncio del proceso de primarias y que contradicen la versión del PP
Sin embargo, en la documentación aportada existen varias justificaciones fuera de ese periodo, por lo que pueden dividirse las cantidades en dos grupos. Por un lado hay cantidades que se extraen entre el 10 y el 17 de marzo de 2017, en concreto hay 17 justificaciones por un montante de 9800 euros. Pero también hay cantidades extraídas fuera de ese periodo, a excepción de una que es de 2018, todas las demás son anteriores al día 10 de marzo. Se trata de 12 justificaciones por un valor de 7.250 euros.
Según la documentación, las cuotas de afiliados abonadas en cuenta corriente de cuotas por cargos electos son 515 y suman la cantidad de 41.490 euros. Sumando las cantidades que constan en las declaraciones juradas, éstas hacen un total de 17.350 euros, por lo que quedan sin justificar 24.140 euros.
Pero es que, si además de las declaraciones juradas se aceptarán como válidos los justificantes, las cantidades extraídas de las cuentas personales de cargos públicos entre el 10 y el 17 de marzo, que suman 9800 euros y aún quedarían sin justificar 14.340. Incluso aceptando las cantidades recogidas en documentación bancaria fuera de la semana del 10 al 17 de marzo, que asciende a 7.250 euros, aún quedarían sin justificar 7.090 euros.
De este modo, en el mejor de los casos para el PP de Salamanca, se han ingresado en la cuenta en la que se recogen las cuotas de los afiliados 7090 euros, como mínimo, procedentes de donaciones que no se sabe de dónde proceden y por lo tanto son anónimas.
El pago de una deuda a terceros, un argumento "más que discutible"
Al fiscal le parece "más que discutible" que pueda entenderse que la aportación de cantidades por cargos públicos es el pago de la deuda de un tercero, ya que todos ellos declararon ante el juez que desconocían a qué afiliados estaban pagando la deuda.
Tampoco puede considerarse que las donaciones no se hiciesen al partido, "es más, vista la dinámica en que se realizó el ingreso en la cuenta corriente, lo cierto es que el dinero se entregaba en los grupos de asesoría de la Diputación y del Ayuntamiento de Salamanca y desde ahí, fragmentado iba a la cuenta de cuotas del Partido Popular", señala.
A esto añade que tampoco se da una explicación "medianamente razonable" a por qué se aportan justificantes de ingreso en Caja Rural anteriores al 13 de noviembre, lunes, como cantidades donadas por los cargos públicos del partido como seis que se hacen el 9 de marzo, por valor de 540 euros y seis del día 10 de marzo -fecha en la que supuestamente se celebra la reunión donde acuerdan la aportación de cantidades- por valor de 534 euros. El fiscal afirma que es "imposible materialmente" que se aportaran, que se llamara a afiliados y se llevaran al banco en esa fecha, cuando se acababa de tomar esa decisión.
Con toda la información recabada, el fiscal considera que podría estar ante un supuesto de donaciones anónimas a partido político y que cabe la aplicación de lo dispuesto en el 304 bis 5 del Código Penal (financiación ilegal de partidos políticos) en relación al Partido Popular de Salamanca.
Además, es aplicable el artículo 31 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, indicando que sus administradores tendrán que responder personalmente por el delito.
Por todo ello, el juzgado ordena en su auto que se tome declaración en calidad de investigados por los delitos expuestos al presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias Sánchez y a la gerente, Isabel Sánchez González, al tiempo que se decl
El juez instructor y la Audiencia de Salamanca deniegan a Foro de Izquierdas-Los Verdes los listados de militantes que según el partido pagaron las cuotas para poder votar en las primarias de 2017 y los extractos bancarios
Foro aduce que al estar "anonimizados", los documentos a los que sí le dan acceso resultan "indescifrables" e impiden esclarecer el proceso electoral en que se impuso Mañueco
La decisión de los tribunales de Salamanca de que la acusación popular no tenga acceso a determinados documentos clave para esclarecer la supuesta financiación ilegal del PP en las primarias de 2017 en Castilla y León ha acabado llegando al Tribunal Constitucional (TC). Desde el 16 de marzo, Foro de Izquierdas-Los Verdes se encuentra a la espera de que el TC decida si admite o no un recurso de amparo que puede sentar precedente para futuras causas que afecten a la militancia de un determinado partido.
Porque lo que el juez instructor le deniega respaldado por la Audiencia de Salamanca no es, entre otros papeles, sino el listado de los afiliados del PP salmantino válido cuando se convocaron aquellas primarias que ganó el ahora presidente, Alfonso Fernández Mañueco. Y los extractos bancarios que señalan los movimientos relacionados con el pago de cuotas. Lo que la justicia ha puesto de momento al alcance de la acusación son solo documentos "anonimizados". O sea, sin posibilidad de identificar qué afiliados arrastraban deudas, cuáles las liquidaron, cómo y en qué fechas.
Es en su auto de febrero de este año, origen del recurso de amparo, donde la Audiencia de Salamanca entiende que mutilarlos ("anonimizarlos") es lo jurídicamente correcto para preservar "el derecho a la intimidad y libertad ideológica de los distintos afiliados". Pero a la vez que sostiene esa tesis introduce un elemento poco común: que su decisión es firme "sin perjuicio de lo que pueda acordarse por instancias superiores respecto de la posible nulidad del auto al que nos referimos", uno anterior fechado en 2020. O sea, que es la propia Audiencia la que abre la puerta a que su resolución pueda ser declarada nula. En su recurso al TC la acusación alega que tal posición vulnera el principio jurídico de que ningún tribunal puede zafarse de un asunto porque no tenga clara la solución, lo que en el argot jurídico se conoce como el non liquet.
Lo que le han facilitado son papeles "indescifrables", expone ante el TC el abogado de Foro de Izquierdas-Verdes, Francisco Martín del Río. Y con ellos –eso sostiene el letrado– se vulnera un derecho fundamental: el que asiste a quien ejerce la acusación popular para ejercer su papel aplicando lo que se conoce como igualdad de armas. O lo que es lo mismo, con las mismas posibilidades que el resto de las partes para así conocer y analizar el material que inclinará la balanza hacia el platillo del cerrojazo de diligencias o hacia un eventual juicio.
"De no estar declaradas secretas las actuaciones –razona el letrado– mediante resolución motivada, como ocurre en nuestro caso, no puede imponerse restricción alguna en cuanto al acceso a la totalidad de folios y documentos que conforman las actuaciones y mucho menos de forma exclusiva a la acusación popular". Tanto la Fiscalía como la defensa sí tienen acceso a los documentos originales, aseguran las fuentes consultadas.
Los listados y los extractos bancarios constituyen una pieza fundamental en estas diligencias. Porque justamente ahí, en el pago de cuotas de afiliados morosos que al liquidar su deuda podían ya participar como votantes en el proceso electoral interno de marzo de 2017, radica el quid de un caso que se complica por días.
Parte de esas cuotas se pagaron con donaciones que 28 cargos del PP de Salamanca, entre ellos un diputado y un senador, juran haber entregado en metálico, sin que nadie les diera un recibo para demostrar que la aportación había existido ni un certificado válido a efectos tributarios. Y como ha publicado infoLibre, en sus dos declaraciones ante el juez, la gerente del PP de Salamanca, Isabel González, no solo ha reiterado que ignoraba por completo esas entregas en billetes sino que ella misma no habría aceptado aportaciones en metálico.
Como paradigma de que la mutilación de documentos le coloca en situación de desventaja, Foro de Izquierdas-Los Verdes esgrime de hecho en su texto que ni siquiera la gerente fue capaz de interpretar qué estaba viendo en el extracto bancario "anonimizado". En su segunda declaración como testigo, la responsable de la gestión contable del PP en Salamanca dejó sobre la mesa un dato que Foro de Izquierdas-Los Verdes ha puesto de relieve en otra denuncia que se encuentra también en espera: la formulada el 21 de marzo ante el Tribunal de Cuentas. Y lo que Isabel Sánchez dijo esta vez ante el juez fue, además de lo ya enunciado, que no contabilizó las entregas de dinero en efectivo porque, sencillamente, no sabía que se habían producido. En teoría, las cuentas no tuvieron por qué descuadrarse: lo que aparecía en cuentas bancarias como pago de cuotas ha de ser equivalente a lo que se pagó en metálico. Pero por lo que este periódico ha podido averiguar ese cabo no se ha atado todavía por completo.
Lo que aquí cuenta no es tanto la envergadura de las donaciones en metálico –41.000 euros en total– sino su significado. Máxime cuando se limita a 17.350 euros la cuantía que suman los fondos que los autores de las 39 declaraciones juradas -28 cargos y 11 afiliados de base- aseguran haber entregado. Pero la forma en que se sucedieron esos hechos plantea varias preguntas, entre ellas si el verdadero origen del dinero es el que dicen los firmantes de las declaraciones juradas o si, como mantiene Foro de Izquierdas-Los Verdes, todo apunta a que existía una caja B. La Ley de Financiación de Partidos (LOFPP) prohíbe las donaciones en metálico. Y también, sea cual sea su importe, las de carácter finalista. Es decir, aquellas que van expresamente destinadas a un fin específico.
En este caso, las declaraciones juradas parecen indicar que se vulneró por partida doble la LOFPP, en cuya gestación participó como ponente del PP uno de los donantes: el diputado José Antonio Bermúdez de Castro. Ese doblete surge porque en vez de ingresarse en una de las tres cuentas bancarias asignadas por el PP salmantino a la recaudación de cuotas, aportaciones periódicas de cargos y donaciones, en la mayoría de los casos el dinero se dio en mano a alguien en las dependencias del grupo popular de la Diputación Provincial. Y no solo cada entrega tenía una intención finalista sino que en las declaraciones juradas quedó meridianamente claro: el objetivo de cada uno de esos euros era el pago de cuotas de morosos. ¿Quién recogió los billetes o el sobre donde el donante los guardó? No se sabe. La gerente del PP salmantino ya ha dicho ante el juez instructor que, desde luego, no fue ella.
- La responsable de la gestión contable del partido en Salamanca insiste ante el juez en que no sabe nada de las declaraciones juradas en las que 28 cargos y otros 11 afiliados aseguran haber entregado dinero en metálico para las primarias que en 2017 ganó el ahora jefe del Ejecutivo de Castilla y León
- Su afirmación en sede judicial de que no habría aceptado dinero en efectivo acrecienta las dudas sobre las donaciones que oficialmente iban destinadas a pagar cuotas de morosos pese a que la ley de financiación de partidos las prohíbe
- Efectuadas sin recibo que acredite su existencia, las aportaciones con billetes en mano sumaron 17.350 euros mientras que otras en las que se presentó como justificante recibos y extractos bancarios ascendieron a 23.655 euros
La nueva declaración prestada hace tres semanas por la gerente del PP de Salamanca ante el juez que investiga la supuesta financiación ilegal del partido en Castilla y León ha dado una nueva vuelta de tuerca al caso.
En octubre de 2020 la gerente, Isabel González, ya sostuvo en sede judicial una absoluta ignorancia de la existencia de 39 declaraciones juradas donde 28 cargos y asesores, así como otros 11 militantes afirmaban haber entregado dinero en metálico para pagar las cuotas de afiliados morosos. Estar al día en el pago de cuotas –18 euros al año multiplicados por cinco– era clave para que pudiesen votar en las primarias que en marzo de 2017 dieron la victoria al hoy presidente, Alfonso Fernández Mañueco, frente a su rival, Antonio Silván.
Ahora, y en la comparecencia que protagonizó el pasado día 7, la responsable de la gestión contable del PP salmantino no solo se ratificó en que ni le dieron cuenta de nada sobre aquellas declaraciones juradas ni procedió a la distribución del dinero ni conoce la identidad de los afiliados beneficiados, sino que ha añadido algo más: que ella nunca habría aceptado dinero en efectivo. Así lo ha confirmado infoLibre y así consta a las fuentes jurídicas consultadas tras esa segunda declaración, que acrecienta las dudas sobre esas donaciones finalistas y en metálico dado que la Ley de Financiación de Partidos (LOFPP) las prohíbe de forma expresa.
Tanto en Génova como en Salamanca y en la dirección regional de Castilla y León, el PP guarda silencio y ha declinado responder las preguntas de este periódico. "La causa está judicializada", fue el argumento. El partido no ha accedido a explicar su versión sobre el origen y la entrega de unas donaciones efectuadas sin recibo que acredite su existencia. Las aportaciones que originaron las declaraciones juradas sumaron 17.350 euros mientras que otra veintena larga de entregas realizadas igualmente en efectivo, pero con aportación de supuestos justificantes bancarios reportaron 23.655 euros. La acusación popular, ejercida por el Foro de Izquierdas-Los Verdes, cree que los fondos procedían de una caja B. Y que los presentados como justificantes bancarios solo son los recibos que el empleado o el cajero automático te facilita cuando sacas dinero. O, en algunos casos, extractos mensuales de movimientos.
Entre los firmantes de esas declaraciones juradas, aportadas en noviembre al juzgado de instrucción 2 de Salamanca sin especificación de la fecha en que fueron firmadas, se cuenta el diputado José Antonio Bermúdez de Castro, citado a declarar como testigo el próximo 1 de junio. Bermúdez fue uno de los ponentes de la LOFPP tanto en su primera versión, la de 2007, como en la vigente desde 2015, cuando la nueva norma se aprobó en paralelo a la incorporación al Código Penal del delito de financiación ilegal.
La ley que regula la financiación de las organizaciones políticas no solo veta las aportaciones y donaciones en efectivo, vengan de donde vengan y sea cual sea su cuantía hasta el máximo permitido: 50.000 euros por año. Prohíbe además que tengan carácter finalista. Es decir, cualquier afiliado o simpatizante puede donar fondos, pero sin dar instrucciones al partido sobre a qué debe destinar el dinero. En cambio, las declaraciones juradas de los 39 afiliados del PP salmantino incluyen dos puntos en abierta colisión con la ley: el primero, que el dinero era para "el pago de cuotas adeudadas de afiliados del Partido Popular en Salamanca". El segundo, que el abono de cada cantidad se hizo "en metálico". La lectura de las declaraciones sugiere la preexistencia de una plantilla. Quién la elaboró no se sabe. Desde luego, no fue la gerente. O al menos así lo afirma ella misma.
Sobre el asunto planean varias incógnitas que nadie ha resuelto aún: la primera, la de por qué, por ejemplo, Bermúdez de Castro y otros cuatro cargos del PP salmantino que entregaron 1.000 euros cada uno, o el militante que donó 1.200 o los 14 correligionarios que aportaron 500 por cabeza optaron, según sus declaraciones juradas, por manejar billetes en lugar de hacer una transferencia o un ingreso bancario.
Siempre según lo que todos ellos han jurado como hecho cierto, sus declaraciones indican que el lugar convertido casi en recipiente de los fondos ni siquiera fue la sede del partido sino de forma general el grupo del PP en la Diputación salmantina. La corporación provincial está presidida por Javier Iglesias, cuya citación como testigo ordenó la Audiencia al igual que la de 32 aportantes de fondos.
En respuesta a un recurso de la acusación popular, el tribunal impuso estas declaraciones al juez instructor, a quien en abril de 2020 ya había obligado a reabrir el caso. El instructor, Juan Rollán, juez decano de Salamanca, había dictado el archivo definitivo de las diligencias a los ocho días de haber iniciado las actuaciones el 5 de junio de 2019. Decretó el sobreseimiento libre tras levantar el secreto que él mismo había aplicado. Pero lo hizo sin dar traslado de las actuaciones a la acusación popular que en nombre del Foro de Izquierdas-Los Verdes ya entonces ejercía el abogado Francisco Martín del Río. Aunque este periódico no ha logrado verificarlo por sí mismo, fuentes jurídicas aseguran que la Fiscalía de Salamanca ha secundado desde el comienzo la estrategia del juez Rollán. Y que solo el Foro de Izquierdas ejerce la acusación.
Pese al silencio del PP, fuentes conocedoras del caso y ajenas a la acusación popular han confirmado que su línea de defensa radica en el siguiente argumento: que quienes pusieron dinero en metálico sin que nadie les diese a cambio un recibo ni un certificado con validez a efectos tributarios, todos ellos sostienen que no han hecho una donación sino lo que el Código Civil considera un pago por terceros. Es decir, la liquidación de una deuda contraída por otra persona incluso si el deudor ignora que alguien ha saldado lo que debía.
El problema, refutan juristas consultados por infoLibre, es que los partidos están atados a la Ley de Financiación. "El dinero aportado aquí es una donación", fue el diagnóstico del catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria tras conocer los hitos básicos de la historia. Otra fuente, esta sujeta al anonimato por su vinculación profesional con el Tribunal de Cuentas, coincidió en esa conclusión. Y añadió otro elemento de peso: al efectuar entregas dinerarias al partido con el objeto confeso de pagar cuotas de morosos, el donante deja en manos de la organización quién pasará a adquirir el derecho de voto y quién no. Esta segunda fuente duda de que el objetivo fuese el que en las distintas declaraciones judiciales han ido enarbolando los testigos para justificar su conducta: pago por terceros y Código Civil. La fuente se explicó así: "Si realmente creían que esto era un pago por terceros habrían tenido una fórmula a su disposición: contactar con el afiliado que debe las cuotas y darle a título personal el dinero necesario para que él las pagase. Si se lo das al partido es una donación".
El diputado José Antonio Bermúdez de Castro, que fue ponente de la Ley de Financiación de los Partidos, declarará el 1 de junio junto con el senador Gonzalo Robles
En total, 32 cargos del partido comparecerán ante el magistrado al que la Audiencia de Salamanca obligó a reabrir la investigación sobre el pago opaco de cuotas en las primarias internas que en 2017 dieron la victoria al presidente del Ejecutivo regional
El ponente del PP en la comisión del Congreso que impulsó la Ley de Financiación de Partidos en 2007 y un senador declararán como testigos el próximo 1 de junio ante el juez de Salamanca que investiga la avalancha de pago de cuotas que en marzo 2017 permitió a afiliados morosos votar en las primarias cuyo ganador fue el ahora presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El diputado es José Antonio Bermúdez de Castro, un histórico del comité electoral nacional del PP. Y el senador, Gonzalo Robles Orozco. El supuesto delito que planea sobre estas diligencias es el de financiación ilegal. De momento, no hay ningún imputado.
Abierto en junio de 2019 a raíz de una denuncia anónima y archivado en una semana, la Audiencia ordenó la reapertura del caso en abril de 2020. El juez instructor, Juan Rollán García, había declarado secretas las actuaciones en cuanto las diligencias echaron oficialmente a andar. A los ocho días, y sin facilitar ningún documento a la acusación popular que de inmediato se había personado –la organización Foro de Izquierdas-Los Verdes–, el magistrado decretó el archivo definitivo. Rollán ocupa desde 2016 la plaza de juez decano de Salamanca.
Tanto la denuncia original como un posterior vídeo grabado en junio de 2019 por un afiliado que, según lo que ha trascendido padecía una enfermedad terminal –falleció ocho meses después–, alentaron la principal hipótesis de la acusación popular. Y esa hipótesis, por demostrar si es que eso llega a suceder, se resume así: que el dinero utilizado para pagar el aluvión de cuotas atrasadas e incrementar así el número de votantes en las primarias no tenía su origen en la generosidad de otros militantes sino en dinero B.
El vídeo que grabó un afiliado en puertas de la muerte
Al vídeo aludido en el párrafo anterior y cuyo contenido ratificó su viuda en sede judicial, no ha tenido acceso infoLibre. Pero sí a la declaración con que ella misma ratificó su contenido. Y según narró el pasado 19 de octubre, lo que su difunto marido había grabado se condensa en lo siguiente: que llevaba años y años sin pagar un solo euro pero que una persona del partido le llamó para decirle que "ellos" se encargarían de abonar su cuota –esas comillas aparecen en su declaración–, le citó en la sede del partido, allí recibió “la papeleta que se le dio cerrada" y después esa misma persona "lo acompañó hasta la urna para que votase".
En el polo opuesto y en defensa de la limpieza de aquellos pagos de cuotas, 39 cargos del PP firmaron sendas declaraciones juradas. Los firmantes coincidían en que habían aportado distintas cantidades procedentes de su "patrimonio personal", habían entregado las cantidades "en metálico" y tenían como destino "el pago de cuotas adeudadas" por otros afiliados. Entre quienes suscribieron tales declaraciones juradas se cuentan el diputado Bermúdez de Castro y el senador Robles Orozco, razón por la cual la acusación popular pidió que se les citase a declarar. Cada uno de ellos asegura haber entregado 1.000 euros. Y la entrega se produjo en el "Grupo Popular de la Diputación de Salamanca".
Como subraya la acusación popular en la denuncia que en marzo de este año presentó su abogado ante el Tribunal de Cuentas (TCU), la legislación prohíbe de forma expresa las donaciones finalistas. Es decir, aquellas destinadas a un objetivo concreto, como sería aquí el pago de cuotas debidas por terceros. En la Ley de Financiación de Partidos aprobada en 2007, y así lo remarca el Foro de Izquierdas ante el TCU, participó de forma activa Bermúdez de Castro. Y también en la que en 2015 actualizó la norma al tiempo que se introducía en el Código Penal el delito de financiación ilegal.
La marcha atrás impuesta por la Audiencia salmantina en abril de 2020 al forzar la reapertura del caso no ha sido el único encontronazo con el juez instructor. En febrero de este año, la Audiencia le ordenó que accediese a la solicitud de la acusación popular y citase a declarar al presidente del PP de Salamanca y de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, así como a otra treintena de militantes, entre ellos Bermúdez de Castro. Lo sorprendente es que la Audiencia impuso que Iglesias declarase "asistido de letrado": por definición, y salvo excepciones derivadas de causas con distintas piezas separadas donde quien está imputado en una de ellas debe prestar testimonio en otra, los testigos no comparecen con abogado porque están obligados a decir la verdad. De hecho, la Fiscalía reprochó al tribunal "la innovadora figura" y le instó a aclarar si es que se sospechaba que podían terminar imputados.
En ese segundo auto, la Audiencia salmantina hacía constar la "opacidad de la documentación aportada" para explicar el abono en cascada de cuotas de morosos. Estar al día en los pagos al partido era requisito imprescindible para votar en las primarias que por el liderazgo del partido en Castilla y León enfrentaron a Fernández Mañueco y al presidente de la Diputación de León, Antonio Silván.
El líder de la formación en Salamanca, Javier Iglesias, no desvela cómo se organizaron los presuntos pagos para aupar al actual presidente de Castilla y León a la cúpula regional del partido. Descarga la responsabilidad de las donaciones en una administrativa contratada por el PP
"Espontáneamente" alguien decidió que había que poner al día las cuotas de los afiliados morosos del PP de Salamanca para que votasen a Alfonso Fernández Mañueco a la presidencia del partido, paso previo para ser candidato a la Junta de Castilla y León. Era el 9 marzo de 2017 y se necesitaba dinero, mucho dinero, que aportaron de manera voluntaria los altos cargos del partido. Así se lo contó el 13 de abril el presidente del PP de Salamanca y de la Diputación provincial, Javier Iglesias, al juez que instruye la investigación por una presunta financiación ilegal del partido. El asunto, que llegó a archivarse una vez por entender el instructor que pagar una deuda no era un delito, y que se tuvo que reabrir por considerar la Audiencia Provincial que en los pagos había opacidad, se reactiva estos días con las declaraciones de quienes supuestamente pagaron.
Estas declaraciones, en calidad de testigos, no están exentas de polémica, al intentar la Audiencia Provincial que lo hiciesen acompañados de abogado, algo que no se contempla en el ordenamiento jurídico a menos que se declare como imputado y que tuvo que corregir. No sólo eso, las fechas elegidas inicialmente también se han modificado, ya que iban a realizarse en salas sin sistema de grabación, algo a lo que se negó el abogado de la acusación, Francisco Martín del Río, que representa a Foro Izquierda-Los Verdes.
"Aquello era el acabose"
"Se convoca un proceso de primarias que era la primera vez que se producía, con un lío tremendo de cómo funcionaba eso, que aquello era, en fin, aquello era el acabose", explicó Iglesias en la declaración a la que ha tenido acceso elDiario.es. "Entonces, de manera casi espontánea de los que estamos en la sede del Partido Popular, decidimos que algo teníamos que hacer y no sé si fue ese mismo día o al día siguiente, en una decisión mancomunada, decidimos que podíamos hacer unas aportaciones, cargos y personas vinculadas, para el pago de cuotas de personas que no pudieran pagarlas en ese momento". El presidente del PP provincial aseguraba que se había puesto en marcha "una maquinaria ingente" para que votase el máximo número de afiliados, porque entendieron que habría "una explosión de apoyo de los salmantinos del PP a Alfonso Fernández Mañueco". Eso sí, poniendo los altos cargos el dinero por delante, ya que la deuda de cuotas impagadas superaba los 60.000 euros.
Lo que Iglesias no explicó al juez, ni al fiscal, que insistieron en conocer la mecánica, es cómo se decidió con qué dinero se cubría cada cuota o quién lo recaudaba, porque para él "aquello fue una locura". Por no recordar Iglesias no pudo precisar ni quiénes estaban reunidos en la sede del PP charro cuando se acuerda poner dinero. "Algún parlamentario nacional", acertó a decir. Tampoco quién propone hacer pagos. "La idea la pude comentar yo en algún momento sí, pero fue como 'oye, pues qué hacemos cómo lo hacemos'. Tampoco le puedo decir exactamente cómo fue pero, seguro que lo comenté yo y seguro que lo comentaron otros compañeros. Fue una cosa mancomunada", declaró.
Dinero que recogían "personas del Grupo"
A partir de ese momento se hicieron sendas reuniones en el Ayuntamiento y en la Diputación, en la que se pidió dinero a los respectivos grupos populares. Quién lo recogía es un misterio, porque Iglesias repitió constantemente que "las personas del grupo" y "no alguien en concreto". Además no se hacían recibos. Esos altos cargos aportaron cantidades de entre 300, 500 y hasta 1.000 euros. Para justificar que, efectivamente, puso 1.000 euros, Iglesias ha aportado al juzgado algunos de los movimientos bancarios de su cuenta, si bien no se atreve a achacarlos a ese pago altruista, sino que pretende demostrar que sacaba cada mes bastante dinero y que en su casa podía haber cientos de euros en efectivo. Pero, en cualquier caso, Iglesias insistió en que no sabía nada de cómo se procedió al pago de cuotas, porque él no se ocupaba "de la parte administrativa" y que sólo preguntaba "si todo iba bien" y si se estaba "haciendo bien". Según él, se ocupó una decena de personas con cargos de confianza como asesores de Diputación y Ayuntamiento, pero descargó la responsabilidad del manejo del dinero y del pago de cuotas en E. F., una administrativa que trabaja en la sede del PP de Salamanca.
Otra cuestión que no aclaró Iglesias es cómo es posible, si la decisión de hacer aportaciones se produce de forma espontánea en la sede del PP de Salamanca, que el resto de sedes hiciesen exactamente lo mismo.
La gerente del partido supo que se hacían aportaciones por comentarios que oyó y porque su marido también puso dinero
La gerente del PP de Salamanca, Isabel Sánchez, hizo una declaración aún menos clara que la de Iglesias el pasado 7 de mayo: ella no sabía nada. No se le comunicó, asegura, que se estuviesen haciendo aportaciones para facilitar el voto a favor de Fernández Mañueco, si bien reconoció que lo sabía "por comentarios que se hacían en la sede" y porque su propio marido, que hoy lidera el sector crítico para presidir el partido en Salamanca, también puso dinero.
González tuvo que responder a preguntas sobre E. F., la administrativa que según declaró Iglesias, se encargó de pagar con las aportaciones las cuotas impagadas de los afiliados. González aseguró que no sabía que ella fuese la encargada de recibir el dinero ni ella se lo comentó. Sí precisó que la administrativa recibía órdenes de sus superiores y que Javier Iglesias tenía mando sobre ella
Respecto a la deuda amortizada sobre las cuotas que se pagaron en ese periodo fue de 61 937,65 euros, si bien nadie le preguntó a cuánto ascendía la deuda por impagos. Es más, Sánchez remarca que ni el presidente, Javier Iglesias, ni el secretario, Salvador Cruz, ni el coordinador, Carlos García Carbayo le preguntaron por eso, y que el monto total de la deuda se conoció cuando el juzgado requirió el dato.
También señaló que ella "nunca" habría aceptado dinero en efectivo. Respecto al tesorero del partido, Carlos García Sierra, dijo que tenía una función de carácter político y que se interesaba cuando se iban aprobar presupuestos en los congresos o cuando se aprobaban las cuentas anuales. En las primarias que ganó finalmente Fernández Mañueco, se inscribieron para votar 1.400 militantes, votaron 1.200, y de esos, 800 eran morosos que habían regularizado sus cuotas. El PP de Salamanca tiene cuatro cuentas, una para donaciones al partido, otra para las cuotas de afiliados, y otra de aportación de los cargos públicos y la cuenta de funcionamiento del partido.
Los próximos en declarar, un diputado nacional y un senador
Las próximas declaraciones se han fijado para el 1 de junio, momento en el que prestarán testimonio el diputado nacional, Antonio Bermúdez de Castro, el diputado autonómico Salvador Cruz García, el director general de Análisis y Planificación de la Consejería de la Presidencia de Castilla y León, Xabier Domínguez Gabiña, la alcaldesa de Cantalapiedra y diputada provincial, Juana González Mulas, la alcaldesa de Alba de Tormes y vicepresidenta de la Diputación, María Concepción Miguélez Simón, y el senador Gonzalo Robles Orozco.
También declararán a lo largo del verano y después más cargos del PP de Salamanca y asesoras de la Diputación y del Ayuntamiento de Salamanca, entre otros.
La acusación particular ha aportado los datos de los abonos extraídos de la plataforma de contabilidad de las sedes del PP, que denunciará ante la AEPD
La acusación particular del caso de la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca durante el proceso de primarias, Foro de Izquierdas Los Verdes, ha presentado al juez que instruye la causa pruebas "extraídas de la Contabilidad Oficial del PP", en concreto de la plataforma informática Lanza, en la que están registrados los nombres y apellidos, cuotas ingresadas, lugar, fechas, DNI, teléfonos y dirección de más de 12.000 afiliados desde enero de 2012, y que presuntamente vieron abonadas sus cuotas atrasadas para poder votar en las primarias de marzo de 2017.
En el escrito que ha presentado al Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca, aportan extractos de esa contabilidad que han obtenido. Según explica la acusación, el programa Lanza está integrado en todas las delegaciones del Partido Popular para la gestión integral de los afiliados y el cobro de las cuotas, una base de datos donde se registran las altas y las bajas, si han votado o no y su situación financiara respecto de las cuotas. Es también desde ese programa desde donde se remiten antes del día 30 de junio de cada año en curso la contabilidad del año anterior al Tribunal de Cuentas. Las contabilidades del Partido Popular son autónomas a nivel agrupación municipal, provincial, autonómica y nacional.
Más de 250.00 euros
Siempre según la versión de la acusación, los dos candidatos de las primarias, Alfonso Fernández Mañueco, que las ganó y hoy preside Castilla y León, y Antonio Silván, junto al entonces coordinador nacional del PP, Fernando Martínez Maíllo, calcularon que se necesitaban más de 250.000 euros para poner al día las cuotas de los morosos. Según esa teoría, entregaron a los "ingresadores/conseguidores" que tenían en cada provincia, las cantidades necesarias en dinero b y en billetes pequeños. Los ingresos eran de 155 euros y de 15 en el caso de los miembros de nuevas generaciones, que para votar sólo necesitaban estar al día de los pagos en el último año.
Las cantidades se abonaron en la semana del 13 al 17 de marzo de 2017, y especialmente, los días 15,16 y 17, "poniendo como concepto el nombre de cada afiliado moroso, en la mayoría de los casos en cajeros automáticos -menos en ventanilla- haciendo el ingreso de un afiliado seguido del otro". En León la cifra final total ingresada ascendió a 20.000€, aunque el cálculo inicial era de 30.000. Aseguran que Fernández Mañueco recibió los 10.000 sobrantes, si bien esta afirmación no está apoyada por ninguna prueba documental o testifical, al menos en el escrito.
En los extractos aportados puede verse por ejemplo lo que ocurrió en Salamanca, donde "todos los afiliados morosos captados para Mañueco", aparecen en un listado en el que se consigna que todos los ingresos de los atrasos, con el concepto 'cuota 2012-13-14-15-16'. Los abonos se realizaron en el mismo banco, dos días antes de las votaciones, y todos con el mismo importe, 155 euros. Los ingresos, subrayan, se producen "sin solución de continuidad" sin que se registrasen en ese mismo día otros asientos contables de afiliados que pagasen una sola cuota. Además, prácticamente todos los afiliados que aparecen, 35 hicieron el ingreso el 15 de marzo de 2017 en el mismo pueblo. En concreto, 29 morosos saldaron su deuda con el PP en Encinedo y 6 lo hicieron en Castrillo. Y otros dos también ponen al día sus pagos al día siguiente en Encinedo.
También explican cómo se produjo un "error interpretativo" en León, donde los "conseguidores" entendieron que se tenían que abonar cuatro cuotas y no cinco, por estar el año en curso, y por las que se pagaron en ese caso 124 euros. Hubo más errores, según la acusación particular, y que es que apareciesen miembros de Nuevas Generaciones con pagos asociados de 124 euros cuando sólo debían pagar 15.
Además de aportar una parte de estos documentos, la acusación hace un relato de hechos en el que incluso se refiere a un problema personal del presidente de Castilla y León, y se refiere a los conseguidores como "procesionarias del pino" unas orugas que se desplazan cubriéndose la cabeza unas a otras y las que el miembro principal es una hembra.
Entre las muchas diligencias que pide, solicita la testifical de todos los gerentes del PP de las sedes provinciales de Castilla y León también del de la autonómica, así como la de políticos en activo o ya retirados entre los que figura Fernando Martínez Maíllo. Entre esas 39 personas proponen también a Antonio Silván.
Aseveraciones "ofensivas y novelescas"
El PP de Salamanca en su escrito de alegaciones no entra en "las muchas aseveraciones ofensivas" o "carentes del más mínimo sustento", que, a su juicio, realiza la acusación particular, si bien entiende que pretenden extender de forma indebida el objeto de la causa. Señala que esta se produce por una denuncia "anónima" y circunscrita a unas determinadas anomalías supuestamente producidas en el ámbito del Partido Popular en Salamanca con motivo de las primarias de 2017. Indica que tanto el auto de la Audiencia Provincial de Salamanca de 8 de abril de 2020 como el posterior auto del Juzgado de 26 de junio "acotan perfectamente el objeto de la instrucción, al confirmar el sobreseimiento libre y archivo del procedimiento en lo relativo a la existencia de posibles delitos de coacciones, falsedad documental, usurpación o suplantación de personalidad y otros posibles ilícitos vinculados a tal proceso electoral de elecciones primarias del Partido Popular de Castilla y León celebrado en Salamanca durante marzo de 2017".
Pero la reapertura deberá determinar si "con ocasión de la puesta al día de pagos de cuotas atrasadas de afiliados del PP de Salamanca" pueden existir indicios racionales de haberse cometido un delito de financiación ilegal de partido político; o, por el contrario, “tan sólo existe un pago de deuda ajena”. Por ello entiende que no se puede ampliar "de forma exponencial" el objeto de la causa "tanto en su ámbito objetivo, subjetivo, como territorial; efectuando un relato de hechos absolutamente nuevo -además de “novelesco” y carente de todo sustento", referido a ámbitos y personas del PP de Castilla y León y nacional que "nada tienen que ver con la denuncia inicial y para los que ni siquiera este Juzgado sería competente -tanto desde un punto de vista territorial, como subjetivo de los pretendidos “implicados”", por lo que no se puede abrir una "causa general" y "prospectiva". relativa a todo el proceso de primarias en Castilla y León "o a toda la contabilidad del Partido Popular ya sea a nivel local, autonómico e, incluso, de índole nacional". El PP de Salamanca señala que se están pidiendo testificales de personas ajenas al PP de Salamanca y al objeto de la causa.
Así, el PP se niega a que se practiquen diligencias dirigidas a determinar si la hoja de inscripción para votar en el proceso electoral de referencia se firmó o no personalmente por el afiliado inscrito; o si el pago de las cuotas atrasadas del afiliado se realizó por él o por tercero: o si, en este caso (pago por tercero) se realizó con conocimiento/consentimiento del afiliado, o a que se investiguen las cuentas del partido "a ningún nivel territorial". "La instrucción debe limitarse a verificar que los pagos de cuotas atrasadas de afiliados realizadas durante el proceso electoral se realizaron por personas concretas e identificadas (cargos públicos u otros) evitando que pudieran considerarse anónimas", sostiene.
De este modo rechaza todas las testificales porque se refieren a personas "totalmente ajenas al proceso de elecciones primarias" o por relacionarse con hechos fuera del objeto del proceso, o por ser "irrelevantes". También rechaza casi toda la prueba documental que pide la acusación particular y se refiere también al vídeo de un militante ya fallecido que relata quién le pidió que votase a cambio de pagar los atrasos de las cuotas. "Resultan, con el mayor de los respetos por la cuestión de que se trata, de todo punto irrelevantes para la causa -por más que se le haya tratado de dar máxima difusión mediática a su existencia y al margen ya de otras consideraciones como falta de garantías u otras subyacentes, etc-". Para el PP, "la mera lectura de la transcripción literal de su contenido que se incluye en el escrito de la acusación popular, se refieren a hechos que han quedado ya fuera del objeto del proceso" y no hay ninguna referencia a la financiación ilegal.
El PP denunciará a la acusación particular por el acceso a la contabilidad y a los nombres de sus afiliados
El PP también pide al Juzgado que se le facilite testimonio del escrito de la acusación particular "en el que, además de reproducir listados de afiliados del Partido Popular con sus datos personales que se afirma haber extraído del Programa Lanza donde se contiene la contabilidad oficial de dicho partido político, se jacta de forma expresa de tener en su poder, literalmente". La intención del PP de Salamanca es "iniciar las actuaciones oportunas ante la Agencia de Protección de Datos" para saber cómo se ha accedido a esa documentación por parte de personas no autorizadas y quién ha podido tener acceso así como el tratamiento, uso y destino que se puede estar haciendo de ellos, "en orden a su salvaguarda y protección y a la determinación de las consiguientes responsabilidades, sin perjuicio de otras acciones, incluidas las penales.
Según el Partido Popular, los datos a los que ha accedido la acusación son de "una muy especial y máxima protección por afectar a derechos constitucionales fundamentales –entre otros, a la libre adscripción política y a la privacidad de la misma- de todos esos miles de personas de cuyos datos se dice abiertamente que se dispone". Recuerda que el juzgado está instruyendo la causa con especial cautela, ya que se le requirió unos listados de afiliados anonimizados.
El juez pide al Partido Popular que presente dos listados con las donaciones, los justificantes y los militantes que se beneficiaron del pago de las cuotas y cita a declarar a dos testigos, entre ellos el que recogió el dinero
El Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca investigará si existió un delito de financiación ilegal del Partido Popular en la provincia charra, según un un auto del 26 de junio al que ha tenido acceso eldiario.es. El mismo juzgado ha acordado declarar firme el archivo de las actuaciones respecto a los delitos de coacciones, falsedad documental, usurpación o suplantación de personalidad y otros posibles ilícitos en el proceso de elecciones primarias en marzo de 2017 y en el que resultó vencedor el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Sin embargo, el juez, obligado por la Audiencia Provincial de Salamanca tras el recurso de Foro Izquierda- Los Verdes, reabre la causa "para comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político del artículo 304 bis del Código Penal". Entre las primeras diligencias de investigación acordadas está la toma de declaración al testigo A.G.V el próximo 30 de julio. A.G.V era un militante del PP que quiso declarar en su día y que, según fuentes del caso, falleció en febrero, debido a una enfermedad. A pesar de todo, existe la posibilidad de que se aporte un vídeo que este hombre grabó antes de morir y en el que hablaba de la extorsión que sufrió. Según un escrito que envió al juzgado, en el proceso de primarias se había aportado una cantidad de unos 60.000 euros "en negro".
Además, requiere al PP de Salamanca que en el plazo de 30 días aporte al juzgado un listado "desglosado y detallado" con los nombres y apellidos de los cargos electos, asesores o personas relacionadas con el partido que efectuaron alguna de las donaciones, el cargo electo o actividad que desempeñaba en el momento de realizar esa donación, la cantidad donada y la persona o entidad a la que entregó el dinero y la justificación documental (recibo o movimiento bancario si lo hubiere, o en su defecto, declaración jurada del donante).
Además, también pide al PP otro listado con la identificación "anonimizada" del militante del PP cuyas cuotas hayan sido sufragadas por las donaciones, la cantidad económica a la que ascendían las cuotas adeudadas que han sido sufragadas por las donaciones y la justificación documental que refleje el pago de las mismas. Una vez que esta relación se haya aportado, el letrado de la Administración de Justicia tendrá que cotejar las justificaciones documentales de pago con el listado de afiliados, que ya se custodia en la secretaría del juzgado, para extender diligencia de constancia. En esa diligencia los afiliados no aparecerán identificados por su nombre sino por un número y se hará constar la coincidencia o no de las justificaciones.
El juez cita además a un segundo testigo, César Gómez-Barthe Celada, el próximo 31 de julio. Se trata de la identificada por uno de los testigos como la encargada de recoger el dinero, sin que, al parecer, se extendiese recibo. Gómez-Barhte, fue secretario general de Nuevas Generaciones del PP de Salamanca e iba en las listas de las Cortes en las pasadas elecciones.
Por último, el juez da traslado al Ministerio Fiscal, a Foro Izqui3rda- Los Verdes y al PP para proponer medios de prueba entre los que sugiere la "posible identificación del denunciante anónimo, las declaraciones de testigos o prueba documental, evitando una "investigación prospectiva" encaminada a la indagación genérica.
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/arranca-pp-salamanca-castilla-leon_1_6075347.html
LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA, EL VÍDEO, UN DIFUNTO, IGEA Y LAS PRIMARIAS DEL PP
La viuda de un exmilitante desvela al Norte de Castilla detalles sobre lo que ocurrió en 2017
Se trata del empresario Agustín García Gómez, que falleció de cáncer, y cuya viuda acaba de desvelar al Norte de Castilla, que su marido grabó un vídeo el año pasado en el que relataba cómo maquinó el PP de Salamanca para colaborar en la campaña de Mañueco que finalmente ganó a Antonio Silván.
Afirma que García Gómez recibió una llamada desde la Diputación de Salamanca (presidida por Javier Iglesias, presidente provincial del PP) pidiendo su voto. En esa conversación le dijeron que las votaciones iban a estar «muy ajustadas». El empresario salmantino contestó que llevaba muchos años sin pagar las cuotas de afiliación, pero le dijeron que no se preocupase, que ellos le recogerían para votar y le darían la papeleta. Siempre según esta versión, lo hizo, y cuando fue a votar se encontró con más militantes a los que habían llamado para lo mismo.
Eso fue en 2017, pero el año pasado, cuando García leyó la información sobre las presuntas irregularidades en la campaña de las primarias que aupó a Mañueco al frente del partido en la región y finalmente a la presidencia de la Junta, se puso en contacto con la periodista que firmaba la información para contarle todo eso. La periodista, siempre según la versión de la viuda del empresario, le propuso que se grabara un vídeo contando lo ocurrido. Lo hizo y ella se la envió a Francisco Igea, justo cuando estaba negociando un pacto con Mañueco para formar el Gobierno de la Junta, para que, a su vez, se lo hiciera llegar a Rivera, algo que no ocurrió.
Igea ha declarado al Norte de Castilla que “lo vi, pero en él no se dice nada más que lo que ya se ratificó. A partir de ahí yo no tengo interés en hacer daño a nadie», dice el vicepresidente. A menos que se confirme que el PP se financió ilegalmente, el caso, dice, «no afectará al pacto».
«Si tú te ofreces a votar por una persona y te pagan las cuotas, eso ya está dicho por un juzgado, no es delito. La Audiencia dice que se reabran las diligencias por si hubiera, un presunto delito de financiación ilegal, que se hubiera cogido dinero que no se hubiese destinado a pagar las cuotas o en una cantidad superior a la permitida o de un donante anónimo. Pero eso, en este momento, no está acreditado y en principio los delitos por fraude electoral y coacción están cerrados por la Audiencia. Lo que dice ese señor en el vídeo es que le llamaron a votar pero no le coaccionaron, que le pagaron la cuota. Eso está reconocido y no es delito, tu puedes tener una opinión sobre este asunto pero no es algo delictivo», concluye el vicepresidente.
El fiscal jefe reprocha a los magistrados "la innovadora figura" y pide que aclare quienes son los beneficiarios de la decisión y si se sospecha que pueden acabar imputados
Si la Audiencia Provincial de Salamanca rectificaba al juzgado de instrucción que investiga la presunta financiación ilegal del PP provincial y le hacía admitir varias diligencias, ahora es el fiscal jefe, Juan José Pereña, quien advierte a la Audiencia que está utilizando en su auto una figura jurídica que no contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no existe. En concreto se refiere a la citación de testigos "acompañados de abogado" . El fiscal además pide que aclare a qué testigos se refiere en concreto, ya que la resolución judicial ni siquiera es clara en esa parte.
En su auto, la Audiencia Provincial consideraba "relevante a efectos de la investigación" la declaración de aquellas personas que, libre y voluntariamente, aportaron al juzgado de instrucción declaraciones juradas haciendo referencia a la entrega en metálico de determinadas cantidades, dinero que tenía la finalidad del pago de las cuotas adeudadas por los afiliados para facilitar su participación en el proceso electoral interno, las primarias del partido en Castilla y León que acabó ganando el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. "Una vez desvelada su identidad, y con independencia de la condición personal de los mismos, que en algunos casos pueda suponer su aforamiento, por el momento declararán tan sólo como testigos, si bien asistidos del letrado y sin perjuicio de lo que pudiera acordarse en su día, pues la declaración se demuestra relevante, a efectos de aclarar suficientemente la forma en la que se realizó y si se cumplió lo dispuesto en la Ley de Financiación de Partidos Políticos", resolvió la Audiencia. En este caso se refería a 32 personas, pero no concretaba ni a quien se refería ni a los motivos, algo que destaca el fiscal jefe.
Un auto que no cuadra en la parte dispositiva
Pero la confusión es aun mayor al llegar a la parte dispositiva del auto, parte en la que se concretan las diligencias que se estiman, y en la que el fiscal destaca que sólo "se atribuye la innovadora calidad de testigos asistidos del letrado" al presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias García y al presidente de Nuevas Generaciones, César Gomez Barthe y Celada. Por ello pide que los magistrados que han firmado el auto aclaren si han de declarar asistidos del letrado la totalidad de testigos a que hace referencia en el párrafo 14 (32 personas que presentaron declaración jurada) o solamente de los que se refiere en su parte dispositiva y que aparecen mencionados en el párrafo 21.
En el caso de que se considere si solamente son estos dos últimos los que deben declarar asistido de letrado, el fiscal también solicita que se aclare "de forma explícita cuál es el criterio diferenciador entre estos dos testigos y el resto" ya que, en el caso de que esa asistencia letrada pueda suponer una ventaja respecto a la posición procesal del testigo, "podrían producirse desavenencias procesales e impugnaciones con eventuales consecuencias ambulatorias como consecuencia de un posible efecto discriminatorio, habida cuenta de la falta de justificación conocida de esa diferencia de trato".
La "novedosa condición de testigo asistido de letrado"
Respecto a la novedosa condición de testigo asistido de letrado, precisa el fiscal que "dado que esta circunstancia no se prevé en ningún precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" a excepción de lo dispuesto en el artículo 433 que permite a la víctima del delito hacerse acompañar de una persona de su elección durante la práctica de la diligencia testifical (ni siquiera aquí se habla de asistencia letrada), considera que "parece que se queda corta en relación con la cualidad de investigado y privilegiada en relación a la cualidad de testigo, que legalmente no tiene en su declaración la asistencia letrada". Sí recoge el fiscal que "excepcionalmente", especialmente en algunos supuestos de grandes procesos de corrupción, se ha permitido la asistencia letrada a algún testigo, pero únicamente en aquellos casos en los que el testigo se encuentra investigado por hechos relacionados en otra causa o incluso en otra pieza de la misma causa, y únicamente a los efectos de negarse a contestar a aquellas preguntas cuya respuesta pudiera incriminarle o perjudicarle en aquella causa en la que figura como investigado. Por tanto, concluye que fuera de estos supuestos "la declaración de testigo asistido por letrado no está permitida por la ley" y, de los datos que obran en la causa, "no parece que existan motivos para la adopción de esta figura".
Un concepto "oscuro" y sin soporte legal
Puesto que en este caso los testigos no son a la vez investigados en otra causa, el fiscal considera que "el concepto de testigo asistido de letrado es un concepto oscuro, que perjudica especialmente a la acusación en este procedimiento" por lo que entiende necesario que se aclare qué debe de entenderse por asistencia letrada y, "especialmente, dado que la intervención de letrado carece de soporte legal y por tanto de regulación procedimental, es imprescindible, a fin de evitar incidencias procesales determinantes de quejas o impugnaciones acerca del exacto contenido de sus facultades de defensa" y de los derechos de su “testigo defendido”, la Sala debe determinar "con la mayor exactitud posible" cuál es el soporte legal de su decisión y cuáles son las condiciones precisas en que debe desenvolverse la diligencia acordada, así como los efectos que la declaración prestada han de producir en el proceso ya que, a falta de disposición legal, no queda claro si la asistencia de un abogado presupone el derecho del testigo a no decir la verdad, lo que entraría en contradicción con la regulación de la prueba, ni si el testigo resultaría favorecido por la presunción de inocencia. Esta consideración es determinante a la hora de valorar su declaración o su silencio.
O son testigos, o son investigados
"Si lo que se pretende con el auto es que la asistencia letrada lo sea para aconsejarles que contesten o no a determinadas preguntas, amén de perjudicar notablemente a la acusación como hemos apuntado, choca frontalmente con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a contestar a todas las preguntas declaradas pertinentes, tras juramento o promesa de decir verdad", dice el fiscal en su escrito. Pero "si lo que se pretende con la asistencia letrada es la mera presencia de un abogado que no puede intervenir" esta "carece de sentido, es superflua e inútil". Y "si lo que se pretende es decir que existen indicios que puedan llevar a la declaración de investigado, estos deberían haberse hecho constar en el auto y sin embargo no es así", ya que el auto se limita a señalar que se considera pertinente la declaración en calidad de testigos, asistidos de letrado, de don Javier Iglesias García y don César Gomez Barthe y Celada, el primero por su responsabilidad al frente del partido y posible conocimiento de los hechos y el segundo por ser necesario que complete la declaración prestada inicialmente ante la información incorporada la causa.
Para el responsable de la Fiscalía de Salamanca "ninguno de los dos motivos parece suficiente para determinar una declaración de investigado, ni tampoco para que sean asistidos del letrado puesto que el posible conocimiento de los hechos es la cualidad esencial de cualquier testigo en cualquier procedimiento, ya que precisamente por eso es traído al mismo". Así, concluye su escrito pidiendo a los magistrados de la Audiencia Provincial que aclare cuáles son "los testigos que han de declarar asistido de letrado", en qué ha de consistir la asistencia letrada en las declaraciones de estos testigos y si esta es la misma que le correspondería a un investigado", y por último y no sin sorna pregunta el fiscal "qué datos o indicios llevan a considerar a estas personas como merecedoras del novedoso estatus especial de testigo con derecho a asistencia letrada".
El tribunal reabre una causa cerrada pese a que una denuncia anónima aseguró que altos cargos del partido pagaron deudas a afiliados para que pudieran votar
La Audiencia Provincial de Salamanca ha ordenado reabrir la investigación sobre las primarias del PP de marzo de 2017 para determinar si hubo financiación irregular. El juez revoca así una resolución del Juzgado de Instrucción 2 que archivó una denuncia contra el que entonces era candidato popular a presidir la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cargo que consiguió posteriormente tras pactar con Ciudadanos. El sobreseimiento de estas acusaciones se produjo en plenas negociaciones entre ambos partidos, en junio de 2019, y en un contexto en el que Francisco Igea, líder de Cs en la región y quien se había aproximado al PSOE anteriormente, aseguró que no pactaría si Mañueco estaba inmerso en causas de corrupción.
Una denuncia anónima, algo que según el magistrado supone “limitaciones” para la investigación, aseguraba que el actual presidente de la Junta promovía junto a otros dos miembros de la formación que se solicitara una cifra de entre 300 y 500 euros a cargos y asesores del PP para saldar así deudas de afiliados. Si no regularizaban los pagos, estos no podrían participar en esos comicios que enfrentaron a Mañueco, entonces alcalde de Salamanca, con Antonio Silván, regidor de León en ese momento y ahora senador. El ganador sucedería a Juan Vicente Herrera, que llevaba 16 años como candidato popular y jefe del Ejecutivo regional. El dirigente salmantino ganó con dos tercios de los votos. El juzgado investigó hace un año una presunta comisión de delitos de coacciones, financiación ilegal de partido político y falsedad documental.
El juez que en junio de 2019 archivó las diligencias apenas semanas después de iniciar el proceso mantuvo que "el escrito de denuncia relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva”. La acusación popular, que representó el Foro de Izquierdas-Los Verdes salmantinos, recurrió ante la Audiencia Provincial, que el pasado 8 de abril instó a recuperar las pesquisas, aunque la información se ha conocido este jueves. La resolución desestima, pese a la solicitud de Los Verdes, que haya delitos de coacciones, suplantación de personalidad y falsedad documental.
La Audiencia entiende "necesario agotar la investigación a efectos de comprobar el destino final de las cantidades aportadas” para “comprobar si se ha podido cometer algún delito en la actividad llevada a cabo por el PP”. El objetivo es también determinar si existen “indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político”. El tribunal asevera que no existen las pruebas suficientes para acreditar si todo el dinero irregular recaudado según la denuncia se destinó únicamente a cubrir cuotas adeudadas o si la suma fue insuficiente para atender esas tasas, en cuyo caso "habría sido necesario acudir a otras formas de financiación para cubrir el resto de cuotas adeudadas y así permitir a un mayor número de militantes acceder al voto”.
Uno de los motivos por los que el tribunal ha decidido reabrir esta investigación es porque en las diligencias de hace un año no se dio un seguimiento detallado sobre el "adecuado control de las cantidades percibidas y su efectivo destino”. El recurso de apelación pide que se estime la acusación de una persona, que asegura ser militante del PP y que desea declarar ante el juez de instrucción. Otro militante del PP de Valladolid denunció el 14 de junio de 2019 que “para estas operaciones se han invertido 60.000 euros del dinero B del Partido Popular”. Asimismo, los testigos señalaron a otra persona como la responsable de recoger el dinero “sin que se extendiese recibo”.
La Audiencia Provincial ha estimado un recurso del partido Foro Izquierda-Los Verdes
La investigación judicial sobre la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca que facilitó que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ganase las primarias de su partido, se reabre.
La Audiencia Provincial de Salamanca ha estimado un recurso del partido Foro Izquierda Los Verdes en el que revoca el auto de archivo del Juzgado de Instrucción 2 de 13 de junio de 2019. La Audiencia estima que la investigación debe "seguir adelante" para comprobar "si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político, o, por el contrario sólo existe un pago de deuda ajena, según dice textualmente el auto al que ha tenido acceso eldiario.es. El juez instructor calificó en su momento la denuncia de "temeraria" y hecha "con mala fe".
La denuncia anónima de la presunta financiación ilegal, se produjo mientras PP y Ciudadanos negociaban un pacto, tras la victoria del PSOE en las elecciones autonómicas. Poco después, el juzgado sobreseía la causa al carecer los hechos de tipicidad penal y señalaba que "el escrito de denuncia relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva". Lo que se consideró acreditado entonces a través de sus testificales, es que a finales del mes de febrero de 2017 los cargos electos municipales del PP en el Ayuntamiento de Salamanca, por un lado, y los cargos electos del PP en la Diputación por otro lado, "decidieron aportar la cantidad de 500 euros para sufragar la puesta al día del pago de cuotas de los afiliados", a fin de que éstos pudiesen participar en las elecciones primarias convocadas para marzo de 2017, "sin que en ningún momento existiese presión, intimidación o amenaza alguna, ni se les apercibiese con consecuencias políticas negativas", dice el auto. "Todos y cada uno de los cargos electos aceptaron llevar a cabo la aportación dineraria en apoyo del proceso electoral de primarias convocado".
La Audiencia Provincial desestima casi toda la argumentación del recurrente, pero sí que considera que "dada la forma en que se lleva a cabo la investigación", no se disponen de "datos suficientes que acrediten que, o toda la recaudación efectuada en los términos expuestos en la denuncia y confirmado por los testigos, se ha destinado única y exclusivamente al pago de las cuotas debidas por otros afiliados o que las cantidades recaudadas fueron insuficientes para atender las cuotas debidas, de forma que habría sido necesario acudir a otras formas de financiación (en la denuncia se habla de dinero B), para cubrir el resto de cuotas adeudadas y así permitir a un mayor número de militantes acceder al voto".
En este sentido, dice la Audiencia que "no consta en las resoluciones recurridas ninguna referencia precisa al examen de la documentación aportada en formato electrónico de la que pueda deducirse que, convenientemente examinada, y teniendo en cuenta las cantidades aportadas por determinados miembros del partido, de la misma se pueda deducir que se llevó a cabo el adecuado control de las cantidades percibidas y su efectivo destino". Así, "si las cantidades recaudadas, constando quién es el donante, evitando así que fueran anónimas, se ha destinado única y exclusivamente a atender las cuotas impagadas por otros militantes, no podría hablarse de financiación ilegal", razona. Concluye por tanto que es "necesario" agotar la investigación a efectos de comprobar el destino final de las cantidades aportadas y, en su caso, de haber un excedente, o haber acudido el partido a otras fuentes de financiación para cubrir las cuotas impagadas, lo que implicaría la comisión de un ilícito penal.
Posible investigación bajo secreto por intimidad ideológica
El tribunal de instancia sugiere que la investigación se realice bajo secreto por las dificultades que conlleva y por la posible afectación de derechos de terceros, "en especial en lo relativo a su intimidad en el aspecto ideológico", algo "fácilmente salvable mediante la anonimización por el órgano jurisdiccional, a través del letrado de la administración de justicia, de los datos que constan en la documentación informática aportada y de la prueba documental que se solicite del Partido Popular, sin perjuicio de que, de considerarlo necesario, se acuerde el secreto total o parcial de determinadas actuaciones".
A pesar de las dificultades, el tribunal destaca los intereses en juego "dada la importancia que los partidos políticos tienen en un estado democrático de derecho y las relevantes funciones constitucionales que se les encomienda", lo que aconseja "agotar la investigación a efectos de comprobar si se ha podido cometer algún delito en la actividad llevada a cabo por el Partido Popular".
Identificar al denunciante anónimo
La Audiencia determina que hay que resolver sobre la procedencia de práctica de la prueba propuesta, y deja caer que " eventualmente", podría encontrarse la identificación del denunciante anónimo o la declaración de las personas que pudiera proponer la acusación popular y la representación del Partido Popular, entre las que parece "especialmente relevante" la de César Gómez-Barthe Celada, persona identificada por uno de los testigos como la encargada de recoger el dinero, sin que, al parecer, se extendiese recibo, y toda aquella que pueda ser consecuencia de las anteriores.
A pesar de todo ello, señala que "debe evitarse llevar a cabo una investigación prospectiva encaminada a la indagación genérica sobre la posible comisión por los denunciados de cualquier ilícito penal".
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/reabren-pp-salamanca-castilla-leon_1_6039570.html
AUDIENCIA VE "OPACIDAD" EN PAGO DE CUOTAS EN PRIMARIAS DEL PP-CASTILLA Y LEÓN
La Audiencia de Salamanca ha ordenado al Juzgado de Instrucción 2, que investiga una supuesta financiación ilegal del PP en Castilla y León con motivo de las elecciones primarias que celebró en 2017, que cite a declarar como testigo con asistencia de abogado al presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, y aprecia "opacidad" en las operaciones realizadas para poner al día las cuotas de los afiliados morosos y permitirles así su participación en el proceso electoral
La Audiencia de Salamanca ha ordenado al Juzgado de Instrucción 2, que investiga una supuesta financiación ilegal del PP en Castilla y León con motivo de las elecciones primarias que celebró en 2017, que cite a declarar como testigo con asistencia de abogado al presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, y aprecia "opacidad" en las operaciones realizadas para poner al día las cuotas de los afiliados morosos y permitirles así su participación en el proceso electoral interno.
Las elecciones primarias del PP de Castilla y León en 2017 se celebraron para elegir al sucesor de Juan Vicente Herrera al frente del partido y auparon al cargo al actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ganó al otro aspirante, el entonces alcalde de León y hoy senador del PP por León, Antonio Silván.
A mediados de junio de 2019, durante las negociaciones entre el PP y Cs para conformar el Gobierno en Castilla y León, el Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca abrió diligencias previas para investigar una denuncia anónima que se refería a la petición de dinero, entre 300 y 500 euros, a cargos y asesores del PP para pagar cuotas atrasadas de afiliados que necesitaban regularizar estos pagos para participar en las primarias del PPCyL.
Dentro de estas diligencias, el Juzgado rechazó una serie de pruebas solicitadas por la acción popular Foro de Izquierdas-Los Verdes, que recurrió en apelación a la Audiencia de Salamanca, que ha estimado parcialmente su recurso.
No es la primera vez que la Audiencia enmienda acciones de este juzgado que archivó esta causa al considerar que carecía de "tipicidad penal", pero que la tuvo que reabrir por orden de la Audiencia Provincial al estimar el recurso del Foro de Izquierdas-Los Verdes de Salamanca.
De este modo, la Audiencia ordena la declaración como testigos, "asistidos de letrado", del presidente del PP provincial, Javier Iglesias, y del exsecretario general de Nuevas Generaciones en Salamanca, César Gómez-Barthe.
En concreto, dice el auto: "Se considera pertinente la declaración en calidad de testigos, asistidos de letrado, de Javier Iglesias García y César Gómez Barthe y Celada, el primero por su responsabilidad al frente del partido y posible conocimiento de los hechos y el segundo por ser necesario que complete la declaración prestada inicialmente ante la información incorporada a la causa".
Además, en el auto de la Audiencia, al que ha tenido acceso Efe, se pide al Juzgado que declaren otras 32 personas, algunas de ellas cargos del partido, que ya han testificado por medio de declaraciones juradas, pero que ahora tendrán que comparecer ante el juez.
En el auto, la Audiencia indica que "no deja de llamar la atención" el hecho de que la gerente del PP de Salamanca, en su declaración, advierta que la documentación aportada no fue elaborada por ella, sino que le vino dada por los dirigentes del partido.
Y además, sostuvo que desconocía los criterios que se podrían haber seguido para efectuar la distribución del importe adeudado por los afiliados morosos para solicitar de otros miembros del partido la realización de aportaciones dinerarias para cubrir esa deuda.
EL JUEZ ARCHIVA LA CAUSA POR LA CAJA B DEL PP DE CASTILLA Y LEÓN Y SANCIONA AL DENUNCIANTE
El magistrado afirma que el acusador anónimo tergiversó los hechos de mala fe contra Fernández Mañueco
El juez decano de Salamanca, Juan Rollán, ha archivado este jueves la investigación abierta la semana pasada sobre la presunta financiación del PP de Castilla y León en el proceso de primarias de marzo de 2017, en el que Alfonso Fernández Mañueco se hizo con las riendas del partido en esa comunidad. El magistrado considera que los hechos relatados por un denunciante anónimo “carecen de tipicidad penal”, y condena a este acusador anónimo a pagar la totalidad de las costas en el momento en que se descubra su verdadera identidad. Rollan entiende que el denunciante “ha obrado con temeridad y mala fe”. La resolución de archivo señala que “el escrito de denuncia relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva”.
La semana pasada, el juez Rollán abrió la investigación tras recibir una denuncia, firmada con pseudónimo, en la que se relataban posibles delitos de coacciones, falsedad documental y financiación ilegal en las primarias en las que Mañueco, entonces alcalde de Salamanca y ahora candidato a presidir la Junta, venció al regidor de León, Antonio Silván, con el 67,5% de los votos. En la victoria de Mañueco en ese proceso interno fue vital la participación de los militantes salmantinos del PP.
La denuncia, firmada con nombre ficticio, relataba que Mañueco, junto con dos concejales salmantinos, supuestamente pagó, en parte con dinero negro procedente de comisiones ilegales, las cuotas de unos 1.500 afiliados del PP provincial. Así, estos pudieron participar en el proceso de primarias, que exigía estar inscrito en el censo y al corriente del pago de las cuotas. El resto de las cuotas se recabó reclamando 500 euros en el caso de los cargos electos y 300 euros en el caso de los asesores.
El magistrado abrió una investigación, que declaró secreta por motivos de prudencia al provenir de una denuncia anónima. Entre otras actuaciones, el juez reclamó al PP salmantino el listado completo de afiliados, que será devuelto a la formación una vez sea firme el archivo de la causa, decretado este jueves. También tomó declaración como testigos a tres concejales del PP de la capital charra en el anterior mandato municipal.
https://elpais.com/politica/2019/06/13/actualidad/1560430550_005128.html
UN JUEZ INVESTIGA UNA DENUNCIA DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CASTILLA Y LEÓN
El escrito afirma que se usó dinero negro para pagar las cuotas de afiliados en las primarias que ganó Fernández Mañueco
Un juzgado de Salamanca ha iniciado una investigación a raíz de un escrito anónimo que relata posibles delitos de coacciones, falsedad documental y financiación ilegal del PP de Castilla y León en relación con las elecciones primarias de la formación celebradas en marzo de 2017. En este proceso Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP a la Junta de Castilla y León, venció al alcalde de León, Antonio Silván, con el 67,5% de los votos. La apertura de la investigación coincide con las negociaciones para formar gobierno en esa comunidad. En las pasadas elecciones autonómicas, Mañueco, exalcalde de Salamanca, quedó en segundo lugar tras el PSOE. El PP necesita el apoyo de Ciudadanos para no perder una comunidad en la que gobierna ininterrumpidamente desde 1987.
La denuncia, firmada con nombre ficticio, relata que Mañueco, junto con dos concejales salmantinos, supuestamente pagó, en parte con dinero negro procedente de comisiones ilegales, las cuotas de unos 1.500 afiliados del PP provincial. Así, estos pudieron participar en el proceso de primarias, que exigía estar inscrito en el censo y al corriente del pago de las cuotas. El resto de las cuotas se recabó reclamando 500 euros en el caso de los cargos electos y 300 euros en el caso de los asesores. La alta participación de los afiliados salmantinos decantó la votación interna a favor de Mañueco.
“Las supuestas donaciones, que dentro del partido llamamos con ironía impuesto revolucionario, se hicieron en metálico y sin mediar documento, factura o acuse de recibo por escrito” y “las llevaron a cabo directa y personalmente tanto Carlos García Carbayo como Fernando Rodríguez”, sostiene la denuncia. Estos concejales del equipo de Mañueco “se encargaron de recoger el dinero con sus propias manos” en coordinación con alcaldes, cargos y diputados provinciales y “cubrieron el resto con el dinero B”, señala la denuncia, firmada con el pseudónimo de Andrés Sánchez Santa Mónica.
El denunciante afirma que algunos ediles y diputados pagaron la cuota “con pocas ganas y sintiéndose presionados”. La denuncia cita los nombres de varios cargos que “se vieron obligados a aportar los 500 euros en dinero negro”. Según el escrito, no tuvieron reparos en votar a favor de Mañueco pues “es bien sabido que [los afiliados] tienen colocados a un sinnúmero de familiares en la extensa red institucional que gobierna desde hace más de 30 años”.
El juez decano de Salamanca, Juan Rollán, ha abierto este miércoles una investigación, que ha declarado secreta, sobre esta denuncia. En una resolución separada, el magistrado ha dado los primeros pasos de las pesquisas, a las que solo tiene acceso la Fiscalía. “La denuncia anónima es legal, si bien los juzgados han de actuar con la máxima prudencia en la investigación de la información que se aporta confidencialmente”, razona el magistrado. “En atención a la máxima prudencia y seriedad que exige el Tribunal Supremo (…) deviene imprescindible declarar el secreto total de las actuaciones”, señala.
https://elpais.com/politica/2019/06/05/actualidad/1559739253_053338.html
El escrito presentado ante la Fiscalía acusa de delitos de estafa en proceso electoral, falsificación y financiación ilegal a Alfonso Fernández Mañueco
Una denuncia presentada a la Fiscalía en Salamanca -a la que ha tenido acceso diario16.com– acusa a Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP nacional en 2017 y alcalde de Salamanca en la misma época, de incurrir en una posible financiación ilegal del partido en Castilla y León. En concreto, el escrito denuncia su gestión durante las primarias de los populares en esta comunidad, proceso clave en su estrategia para poder aspirar a presidir la comunidad.
En el señalado proceso electoral interno, se presentaron como candidatos Alfonso Fernández-Mañueco y el actual alcalde de León en funciones, Antonio Silván. El resultado de dicho proceso es que el primero ganó por una abrumadora mayoría con el 67,59% de los votos gracias, en parte, a la masiva votación que se produjo en Salamanca.
Extrañeza
Ya entonces, tanto los medios de comunicación como la oposición, se extrañaron del alto porcentaje de participación de unos militantes del Partido Popular que, en más del 80% de los casos, no estaban al día en las cuotas al partido, requisito estatutario imprescindible para que los afiliados pudieran ejercer su derecho de voto.
En el escrito presentado a la Fiscalía se pone de manifiesto que, en marzo de 2017, Alfonso Fernández Mañueco reunió en la sede del partido en Salamanca a concejales del ayuntamiento de la capital -que él presidía- y a diputados provinciales de Salamanca -que controlaba políticamente como presidente del partido en la provincia-, para pedirles su apoyo en las primarias que el PP iba a celebrar en Castilla y León. Ya en ese momento les dice también, según el escrito, que “aunque no me gusta hablar de estas cosas, se os pedirá un pequeño esfuerzo económico”.
“Impuesto revolucionario”
Pocos días después, las dos personas de máxima confianza de Fernández Mañueco, Carlos García Carbayo -sucesor suyo en la alcaldía de Salamanca- y Fernando Rodríguez, teniente alcalde del mismo consistorio y ‘hombre fuerte’ del equipo de Gobierno, inician conversaciones con “todos los concejales del Ayuntamiento de Salamanca y diputados provinciales, así como asesores del PP puestos a dedo” -según expresa la denuncia- para que entreguen distintas cantidades de dinero para las primarias del PP a favor de Alfonso Fernández Mañueco.
En concreto, el escrito habla de “500 euros en caso de los cargos electos y 300 en caso de los asesores”. Esta “donación”, que dentro del PP se bautiza con ironía como “el impuesto revolucionario”, según se destaca en la denunccia, debe hacerse en metálico y sin que medie documento, factura o acuse de recibo alguno por escrito.
Según ha podido confirmar este medio la denuncia se basa en testimonios de personas del equipo de Gobierno de Fernández Mañueco cuando era alcalde.
Se trata de personas que nunca vieron con buenos ojos esta situación y que han revelado que el dinero en metálico que se recoge en Salamanca -y también de la misma forma en el resto de la provincia, con los alcaldes y militantes del PP con más visibilidad de cada pueblo- se destina, según miembros de la corporación municipal popular en el Ayuntamiento de Salamanca, a pagar las cuotas de los afiliados para que puedan ir a votar a favor de Alfonso Fernández Mañueco en las Primarias del PP para elegir al presidente del partido en Castilla y León.
De hecho, el modus operandi que describe el escrito es el siguiente: desde la sede del PP en Salamanca se llama a cada militante para recordarle que vaya a votar en esas Primarias. La mayoría de esos militantes ni siquiera sabían que debían ponerse al día de las cuotas para poder votar y, de hecho, se hace el ingreso en su nombre al partido sin que el propio interesado sea consciente.
El clientelismo que durante casi tres décadas ha ejercido el PP en Salamanca hace que los militantes que no están al día en la cuota del partido, algo que nunca se les ha exigido, acudan a la llamada del PP a votar lo que se les pida, según recoge también la denuncia presentada en Fiscalía.
Pérdida elecciones
Alfonso Fernández Mañueco perdió el pasado 26 de mayo las elecciones en Castilla y León con seis procuradores de diferencia con su principal adversario, el socialista Luis Tudanca.
Sólo una política de pactos en los que Ciudadanos diera el apoyo al PP permitiría que Mañueco y los populares volvieran, a pesar de haber perdido, tras 32 años de gobierno de la derecha, a controlar la Junta de Castilla y León.
Francisco Igea, líder de Ciudadanos en Castilla y León, y Albert Rivera, presidente del partido en el ámbito nacional, tendrán ahora que decidir si pactan con alguien a quien se le ha denunciado por “delitos de estafa en proceso electoral, falsificación y financiación ilegal”.
FERNÁNDEZ MAÑUECO GANA LAS PRIMARIAS DEL PP EN CASTILLA Y LEÓN Y SUCEDERÁ A HERRERA
El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, se ha convertido en candidato único a la Presidencia del PP de Castilla y León para suceder a Juan Vicente Herrera, tras ganar las primarias con el 67,59% de los votos, frente al 31,50% cosechado por el alcalde de León, Antonio Silván.
Este holgado resultado permite a Fernández Mañueco llegar al XIII Congreso Autonómico del PP previsto para el 1 de abril en Valladolid como único aspirante, tras ganar en siete de las nueve provincias de la Comunidad y conseguir una diferencia superior a los quince puntos porcentuales, tal y como establece el reglamento congresual.
Fernández Mañueco ha ganado en Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, hasta lograr 4.087 votos; mientras que Silván se ha impuesto en León y Palencia, con 1.905 apoyos, mientras que se han registrado 54 votos en blanco y uno nulo -en la provincia de Zamora-, hasta completar una participación del 13,32 por ciento sobre los 51.191 afiliados que mantiene el PP.
Para esta votación se habían inscrito inicialmente 6.819 afiliados, que tenían que cumplir entre otros con el requisito de estar al corriente de pago de sus cuotas de los últimos cinco años, pero finalmente han votado 6.047 personas, lo que representa que el 11,4% no ha votado -772 afiliados-.
Ambos precandidatos han conseguido vencer en sus provincias de origen, pero con un número de apoyos diferente: mientras Fernández Mañueco ha obtenido en Salamanca el 97,58% de los votos -1.212-, Silván ha logrado en León el 71,61% -482-, lo que representa una diferencia de 730 votos, equivalente a un tercio de la diferencia total lograda por el salmantino, de 2.182 apoyos.
Sobre el resto de provincias, Fernández Mañueco ha logrado el 77,7% de votos en la provincia de Ávila, el 74,56% en Burgos, el 87% en Segovia, el 63,6% en Soria, el 51% en Valladolid y el 84,9% en Zamora, mientras que el triunfo de Silván en Palencia ha sido también ajustado, con el 54,3%.
El presidente del Comité Organizador del XIII Congreso Autonómico del PP, Raúl de la Hoz, ha destacado el "impecable comportamiento" de los dos precandidatos de estas primarias y se ha reconocido como "absolutamente satisfecho" por el resultado del trabajo realizado por todas las direcciones provinciales, incluida la de León, tras las críticas surgidas en el día de ayer por discrepancias por el censo y los afiliados que finalmente iban a poder votar.
"El resultado debe ser calificado de histórico", ha afirmado De la Hoz, convencido de que este proceso de primarias es "un paso más en la apertura y la participación" del PP, que ha afrontado un trámite "nuevo", que adentra a esta formación en una "nueva etapa".Preguntado por los problemas registrados en la sede de León, donde la votación ha terminado más tarde por las colas registradas y hasta donde se han desplazado interventores designados por la candidatura de Fernández Mañueco, De la Hoz ha explicado que es un derecho que han ejercido ambos precandidatos en varias provincias.
De la Hoz ha explicado que ha tenido la oportunidad de hablar con los dos precandidatos para felicitarles por su "excelente campaña" y, en el caso de Silván, se ha detenido para destacar que le ha dado "las gracias por el trabajo realizado, por el talante y la actitud".
Silván ha felicitado a Mañueco a través de su cuenta de twitter en el que dice: "quiero dar la enhorabuena a mi compañero y amigo Fernández Mañueco. Los afiliados han entendido que su proyecto es el que quieren para Castilla y León". Posteriormente ha hablado con él por teléfono, informa Europa Press.
Silván también ha querido manifestar su agradecimiento a los afiliados, tanto a los que le han votado como a los que no le han votado porque, según sus propias palabras, saben que el PP "está por encima de los personalismos y las personas" y hoy han votado "libremente" por el proyecto que encabeza su "amigo y compañero", Fernández Mañueco.
El alcalde de León ha insistido en que hay que seguir trabajando "por un partido que está y debe estar en la calle", que genera "confianza en la sociedad, en los leoneses y en los castellanos, en los castellanos y en los leoneses".
Mañueco se convierte así en el único candidato a la presidencia del partido en la comunidad autónoma, sustituyendo a Juan Vicente Herrera, quien llevaba 15 años ejerciendo el control del PP en Castilla y León.
https://www.elmundo.es/espana/2017/03/17/58cc5e6546163f221d8b45aa.html
EL PP DE CASTILLA Y LEÓN SE PARTE EN DOS POR LA MARCHA DE HERRERA
Juan Vicente Herrera se va. Esta vez su reflexión ha sido concluyente. Se va de verdad. Después de 16 años al frente del partido no se presenta a la reelección como presidente del PP de Castilla y León, pese a que prácticamente todos en la comunidad lo daban por hecho. Él lo había advertido en la Junta Directiva celebrada el 24 de febrero. Allí reconoció que su devoción política había sido el Gobierno de Castilla y León, que dirige desde hace marzo 2001, y que durante este tiempo había descuidado el partido. Por ello pidió a los suyos que reflexionaran sobre si era bueno que la misma persona presidiera la Junta y el PP.
Nadie acabó de asumir en serio esta petición. Ayer, a través de un comunicado, anunció que no repetirá y apuntó que el próximo congreso ofrece la oportunidad «más natural y razonable» para su relevo. De su decisión ha informado por carta al presidente del partido, Mariano Rajoy. «Una última formalidad de Herrera», aseguran fuentes conocedoras de su persona. Apenas una hora después de conocerse su marcha se hizo público que el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, que es secretario general del PP de Castilla y León, con gran predicamento en la organización y muy bien visto en Génova, y Antonio Silván, alcalde de León y que cuenta con el respaldo de los altos cargos de la Junta, se presentarán como candidatos.
El peor escenario posible. El que nadie podía imaginar en el PP de Castilla y León. Dos hombres de Herrera -uno en el partido y otro en la Junta- enfrentados por su herencia. Fuentes del PP confirman que Herrera había avisado hace varios días de que no optaría a la reelección. Desde Génova trataron de convencerle de que lo pensara, con el argumento de que una bicefalia sería mala. Este pretendido apocalipsis no fue suficiente para disuadirle. Fuentes del partido corroboran que ha intentado situar al vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, como su sucesor y que ha tratado el asunto con Rajoy y con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
La respuesta fue negativa. Según aseguran fuentes populares, «había más candidatos» y además Casado ya cumple un papel en Génova. Aunque el dirigente hubiera supuesto una absoluta renovación, no generaba consenso territorial y no se evitaba que hubiera otros candidatos. Herrera ofreció a última hora seguir y que Casado fuera su secretario general. No quería, según las fuentes consultadas, que continuara Mañueco pero este dirigente tras los movimientos de las últimas horas estaba ya decidido a presentarse tras 15 años en la retaguardia.
Mañueco, bien visto por Génova
Génova siempre ha mirado con muy buenos ojos a Fernández Mañueco. No es vano es el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías del PP nacional y acaba de ser reelegido en el cargo. Ese apoyo de Génova aumentó con el salto a Madrid de Fernando Martínez-Maíllo. El ahora coordinador general, presidente provincial de Zamora, es un firme defensor de Mañueco, aunque se ha mantenido al margen de esta crisis porque su relación con Herrera no es excesivamente buena. El alcalde de Salamanca cuenta en principio con una ligera ventaja, pero el enorme impacto que ha causado la renuncia de Herrera impide hacer por ahora juicios exactos. Fuentes populares señalan que ayer Silván y él se reunieron para intentar llegar a un acuerdo. No fue posible.
El PP de Castilla y León amanece así hoy partido en dos: los partidarios de Mañueco y los de Silván. Reproduciendo ese curioso enfrentamiento entre los del partido y los de la Junta (los del aparato y los que se dedican al servicio público), que de manera tan clara se produce en esa comunidad. Aunque se presupone que Herrera prefiere a Silván (nunca ha querido a Mañueco como sucesor, aunque lo ha mantenido siempre como su secretario general), fuentes de Castilla y León dan por seguro que el presidente no hará un pronunciamiento en favor suyo.
Este supuesto equilibrio no ha impedido que los presidentes provinciales comiencen a situarse en torno a uno u otro. Según fuentes conocedoras del territorio, Mañueco cuenta con el apoyo de Salamanca, Segovia, Zamora y Soria. León es evidentemente de Silván. Ávila, señalan, se aliará con el «mejor postor». Y tanto Burgos como Valladolid, explican, son de Herrera, por lo que es pronto para inscribirlas con algún candidato. Apuntan, no obstante, que León tiene alta afiliación y representa la cuarta parte de la militancia del PP de Castilla y León.
En el congreso, por primera vez a doble vuelta, votarán primero los militantes y después los compromisarios. Las fuentes consultadas ayer dan por supuesto que a la segunda votación pasarán los dos. Lo que pueda suceder después es muy difícil de aventurar. Todo dependerá de lo que se implique Génova -o Herrera- o del control que los presidentes provinciales ejerzan sobre sus compromisarios. Lo normal es que el hombre que gane el congreso sea el candidato del PP en Castilla y León en 2019. El partido no se juega en este congreso cualquier cosa. Alfonso Fernández Mañueco (izqda.) y Antonio Silván. | EFE
Dos candidatos y un descarte
Alfonso Fdez. Mañueco. Natural de Salamanca, ciudad de la que es alcalde desde 2011, atesora una larga carrera política en Castilla y León. Es secretario general del PP de Castilla y León y, a nivel nacional, presidente del Comité de Derechos y Garantías. Cuenta con gran respaldo en el partido y en la dirección nacional.
Antonio Silván. El otro aspirante a suceder a Juan Vicente Herrera es alcalde de León desde 2015. Ha sido portavoz del Gobierno autonómico y durante 12 años, de 2003 a 2015, fue el consejero de Fomento. Es el hombre de la Junta. En el PP de Castilla y León por una lado está el partido y, por otro, la Junta.
Pablo Casado. El vicesecretario de Comunicación del PP era otras de las opciones. El propio presidente de Castilla y León lo ha defendido como heredero. Más joven que los otros dos candidatos y vinculado a Palencia y a Ávila, finalmente no participará en la disputa.
https://www.elmundo.es/espana/2017/03/09/58c1cdbf268e3e40148b45ac.html
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