Especial nuestro pintoresco y rumboso Alcalde de Madrid

 

INFORME Nº 3: LOS ASUNTILLOS DEL SR.  MANZANO ( Resumen muy resumido ) :

 

 CASO FUNERARIA AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL ASESOR DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA FUNERARIA MUNICIPAL BLANQUEÓ FONDOS

La investigación judicial abierta sobre la venta del 49% de la funeraria municipal de Madrid a la empresa privada Funespaña en diciembre de 1992 ha descubierto una operación de "blanqueo de fondos" por parte de José Ignacio Rodrigo Fernández, uno de los cerebros que asesoró al Ayuntamiento en la privatización y que ahora preside Funespaña. La venta de la funeraria municipal por 200 millones -la sociedad mixta gana más de 1.000 millones de pesetas cada año- fue denunciada como una "vasta operación de enriquecimiento" por la Fiscalía Anticorrupción, que decidió querellarse contra seis altos cargos del PP y otras seis personas, entre ellas José Ignacio Rodrigo, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, alteración del precio de las cosas y falsedad de documento público. Rodrigo participó en el proceso de privatización al asesorar desde su empresa privada, Invafi, al Gobierno municipal, del PP, sobre la mejor manera de vender la funeraria municipal. En agosto de 1992, en pleno asesoramiento al Ayuntamiento de Madrid, Rodrigo hizo una extraña operación bancaria que ahora ha sido destapada por la Policía Judicial de Burdeos tras la comisión rogatoria enviada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Según el informe oficial de la policía francesa, José Ignacio Rodrigo, a través de su empresa Inver Services Internacional (domiciliada en las Antillas Holandesas) recibió una transferencia de 200 millones de pesetas del Banco Árabe Español de Madrid a su cuenta del Barclays Bank de Biarritz el 8 de agosto de 1992. Sólo seis meses después, en febrero de 1993, cuando el Ayuntamiento de Madrid ya había aprobado vender el 49% de la funeraria municipal a Funespaña, Rodrigo pidió un crédito de 140 millones al banco de Biarrtiz donde tenía depositados 200 millones. "Este préstamo sirvió para apoyar una verdadera operación de blanqueo de fondos", según la policía francesa. Esos 140 millones del crédito fueron transferidos una semana después a una sucursal de Barclays en Madrid, a nombre de Funespaña, la empresa que había ganado el concurso de privatización que había asesorado José Ignacio Rodrigo. Funespaña nombró presidente a José Ignacio Rodrigo en 1995, sólo dos años después de conseguir el negocio de la funeraria municipal. Rodrigo pasó así de asesor del Ayuntamiento para la venta del 49% de la funeraria, a presidente de la empresa que se quedó con ese 49% de la sociedad pública. Rodrigo posee ahora cerca del 25% de las acciones de la funeraria, según figura en el Registro Mercantil. La Fiscalía Anticorrupción, que dirige Carlos Jiménez Villarejo, apuntaba en el escrito de la querella que existían numerosos indicios de que en el momento de la adjudicación del 49% de la empresa municipal a Funespaña (diciembre de 1992), "e incluso mucho tiempo después, el capital social de Funespaña fue en buena medida ficticio, y además ocultaba bajo titularidades interpuestas una participación importantísima, presuntamente mayoritaria, de José Ignacio Rodrigo". La fiscalía llegó incluso a calcular que "una importante porción, presumiblemente en torno al 70%, de los 200 millones con los que se hizo el pago, [del 49% de la funeraria municipal] y que la sociedad adjudicataria no tenía en modo alguno capacidad para asumir, eran en realidad fondos aportados por Rodrigo". La pista del dinero de Biarritz seguida por la policía francesa relaciona directamente a José Ignacio Rodrigo con Funespaña por la cantidad de 140 millones de pesetas (el 70% de los 200 millones). La fiscalía Anticorrupción llegó a apuntar que, en contraprestación por esos 140 millones, "Rodrigo obtuvo una participación en Funespaña que en aquel momento se enmascaró tras negocios jurídicos ficticios y titularidades interpuestas" (Septiembre 2000). 

CASO FUNERARIA (I): EL CONCEJAL DE SANIDAD Y SUS CURIOSOS CONTRATOS DE ASESORAMIENTO

Simón Viñals, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Madrid fue el impulsor del fichaje a dedo como asesor de la funeraria del abogado José Ignacio Rodrigo, quien al menos dos meses después de la venta del 49% de las acciones de la empresa municipal era ya socio de la compradora, Funespaña, que preside desde 1995. Viñals explica que no hubo concurso para contratar al asesor, "porque en la funeraria no hacía falta". Como asesor, Rodrigo conoció Informes financieros sobre la empresa y asistió a reuniones entre el Ayuntamiento y las firmas que pugnaban por el contrato que ganó Funespaña (Septiembre 2000). 

CASO FUNERARIA (II): DIMITE EL CONSEJERO ACUSADO DE BLANQUEAR FONDOS

José Ignacio Rodrigo, presidente de Funespaña, la empresa privada que controla el 49% de las acciones de la funeraria municipal de Madrid, deja su puesto en el consejo de administración de la sociedad mixta. La dimisión de Rodrigo se produce sólo una semana después de que se conociera un informe de la policía francesa que le acusa de blanquear fondos en 1993 con destino a la adquisición de una parte de la funeraria municipal de Madrid. El informe de la policía francesa es consecuencia de una comisión rogatoria ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra 14 personas, entre ellas varios concejales del PP y el propio Rodrigo, por la privatización de la funeraria. José Ignacio Rodrigo trabajó para el Ayuntamiento de Madrid como asesor en el proceso de privatización de la funeraria. Sólo dos meses después de adjudicado el 49% de la sociedad municipal a la empresa Funespaña, Rodrigo aportó 140 millones de su patrimonio a esta entidad privada para alcanzar los 200 millones necesarios para adquirir las acciones de la funeraria. Rodrigo pasó así de asesor municipal en diciembre de 1992 a propietario de la empresa en febrero de 1993. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Rodrigo de haber usado información privilegiada en todo el proceso (Septiembre 2000). 

CASO FUNERARIA: NUEVOS DATOS FISCALES

La Agencia Tributaria imputa a Funespaña, el socio privado y gestor de la Funeraria municipal de Madrid, un fraude fiscal de 747 millones de pesetas, según consta en un informe encargado por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que instruye el caso Funeraria. El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, José Luis Quesada, encargó el estudio a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, en la que se ponían de relieve diversos delitos, entre ellos varios contra la Hacienda Pública. Como se recordará, el fiscal anticorrupción se querelló en 1999 contra los concejales Simón Viñals y Antonio Moreno por prevaricación y malversación de caudales públicos. Al ex vicealcalde Luis María Huete le atribuye estos dos mismos delitos y falsedad en documento público. El ministerio público responsabiliza a los tres políticos populares de la «irregular» privatización de la empresa municipal de pompas fúnebres. Al elenco de querellados hay que añadir los empresarios que adquirieron el 49% de la funeraria municipal en 1993 por 100 pesetas: Juan y Angel Valdivia Gerada. El sexto imputado es José Ignacio Rodrigo, que se incorporó a Funespaña tras haber asesorado al Ayuntamiento en la privatización. La inspectora de Hacienda que ha analizado las cuentas de Funespaña del 93 al 97 es Isabel Espejo Poyatos. En su estudio, sostiene que el socio privado de la Funeraria municipal engañó a Hacienda al exigir la devolución de 334.783 pesetas en lugar de haber satisfecho los 47,9 millones que le correspondían en concepto de impuesto de sociedades de 1993. Funespaña, que se encarga de la gestión de la Funeraria del Ayuntamiento de Madrid, volvió a olvidarse de sus deberes fiscales en 1994. La perito Isabel Espejo denuncia que esta sociedad consiguió que el fisco le reintegrara 330.330 pesetas cuando debería haber ingresado 187 millones de pesetas en la Hacienda Pública. El fraude al erario público continuó un año más tarde, en 1995. Los hermanos Valdivia y José Ignacio Rodrigo tampoco hicieron sus deberes fiscales: deberían haber abonado 137 millones de pesetas por el impuesto de sociedades en lugar de la devolución de 481.342 pesetas que obtuvieron. En 1996 sucedió tres cuartos de lo mismo. Funespaña maquilló sus cuentas para que el fisco le restituyera 775.260 pesetas, en lugar de pagar 175 millones de pesetas. La historia se repitió en el quinto y último periodo analizado: 1997. Los rectores del socio privado del Ayuntamiento se beneficiaron de un reintegro de 65.996 pesetas, tras aplicar irregularmente una serie de desgravaciones. La perito denuncia que deberían haber pasado por caja y haber ingresado 201 millones de pesetas. Isabel Espejo ilustra con suma precisión el modus operandi de Funespaña para defraudar al fisco. Se trata de un auténtico ejercicio de ingeniería financiera: subcontratar la gestión a una sociedad holandesa, Itcon BV. «Es un mecanismo habitual para eludir impuestos: la subcontratación a otras empresas de servicios cuando estas subcontratistas están situadas en países de baja tributación, como Holanda, o tienen exenciones fiscales», recuerda Espejo. También se emplearon dos sociedades españolas para el fraude: Astaldo, controlada por Rodrigo, e IAF, en la órbita de los hermanos Valdivia. Ambas sociedades se constituyeron aprovechando un régimen fiscal de fomento del empleo, que eximía del pago del 95% del impuesto de sociedades. Pero, tal y como mantiene el fiscal, la subcontratación de Astaldo e Iaf, es un fraude de ley. Los hermanos Valdivia se hicieron con el 49% de la Funeraria a finales de 1993 tras abonar 100 pesetas. En septiembre de 1999, los Valdivia y Rodrigo poseían acciones de Funespaña valoradas en 23.000 millones (Octubre-Noviembre 2000).

 EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, LA VENTA DEL SUELO PUBLICO  Y EL INTERVENTOR MUNICIPAL

El interventor municipal, Vicente Arnau, funcionario encargado de velar por las cuentas del Ayuntamiento, ha criticado el presupuesto municipal que el alcalde José María Álvarez del Manzano, del PP, tiene previsto aprobar en un pleno extraordinario. A juicio de Arnau, la gestión prevista por el municipio para el año 2001 en materia de suelo, reflejada en los presupuestos, contraviene varias normas, en concreto, el artículo 276 de la Ley del Suelo, En esta ley se especifica que los ayuntamientos no pueden destinar los beneficios obtenidos de vender parcelas municipales a otro fin que no sea el de comprar nuevas parcelas o terrenos. Es decir, el dinero obtenido por la venta del patrimonio municipal no puede ser revertido en otro tipo de inversiones ‑que no sea la de "conservación y ampliación de este patrimonio ".Esto no es así en los presupuestos de Álvarez del Manzano del 2001. Según los cálculos del interventor , Gerencia de Urbanismo tiene previsto ingresar 23.100 millones por vender parcelas públicas. Por el contrario, Gerencia  de Urbanismo sólo tiene previsión de  comprar suelo por valor 12.505 millones, con lo que el Ayuntamiento pierde terreno por valor de 10.595 millones i pesetas (Noviembre 2000).  

EL  AYUNTAMIENTO DE MADRID  Y LOS APARCAMIENTOS RELIGIOSOS

Un breve oficio religioso precedió a las palabras del alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano (PP), en la inauguración del nuevo aparcamiento para residentes en el distrito Moncloa‑Aravaca. El padre Isabelino, responsable de la parroquia de San Federico, bendijo las instalaciones con el siguiente discurso: " Bendícinos, Padre, porque en este lugar descansarán nuestros coches y nuestras preocupaciones por su seguridad y conservación. Bendito seas, Señor, porque nos permites, con ayuda de la técnica y de la ciencia, que tengamos medios y vehículos para hacer más eficaz nuestro trabajo, para trasladarnos de un sitio a otro, para ir al encuentro de los hermanos, para admirar las maravillas de tu creación, para hacer más agradable nuestra vida, para poder usar y conducir nuestros coches. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén" (Diciembre 2000).  

CASO FUNERARIA $ AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) considera en un auto que «el procedimiento elegido» para privatizar el 49% de la Funeraria municipal de Madrid «pudo ser delictivo». El magistrado José Luis Quesada resalta que los indicios que había contra los ediles Simón Viñals y Antonio Moreno en el caso Funeraria han quedado «contundentemente confirmados». En el auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantiene que las imputaciones del fiscal anticorrupción en el caso Funeraria han quedado probadas «en aspectos sustanciales» durante la instrucción. Como se recordará, la Fiscalía Anticorrupción imputa a los concejales Simón Viñals (Sanidad) y Antonio Moreno (Patrimonio) un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos por haber privatizado el 49% de la Funeraria municipal de Madrid por 100 pesetas -sí, 20 duros-. Idéntica acusación formula contra el diputado regional popular Luis María Huete, primer teniente de alcalde cuando se consumó la privatización parcial (1992). Pero el magistrado José Luis Quesada va más allá. Denuncia que se «maquillaron» las cuentas de la Funeraria municipal para posibilitar que Funespaña se hiciera con el 49% del capital social por «la suma ridícula de 100 pesetas». «La actividad instructora», apunta el texto judicial, «permite advertir indicios de que, antes de su adjudicación, y posiblemente con este único fin, la situación económica de la Funeraria fue deliberadamente empeorada aun conociendo que sus perspectivas eran óptimas... La persona que asesoró al Ayuntamiento sobre la Funeraria, hasta el punto de influir en la adjudicación de manera decisiva, el querellado don José Ignacio Rodrigo, resultó ostentar intereses económicos en la empresa adjudicataria, Funespaña, a través de sociedades extranjeras interpuestas, lo cual fue ocultado por diversos medios», abunda en su exposición el magistrado  (Enero 2001). 

REDES EMPRESARIALES DE AFILIADOS DEL PP LOGRAN 1.400 MILLONES PARA FORMAR A PARADOS

Ø       Los datos: Redes empresariales con escasa o nula plantilla docente e infraestructura participadas por militantes del PP copan desde 1996 los primeros puestos en adjudicación de cursos para formar parados del Instituto Municipal de Empleo (Imefe) de Madrid. Los cursos tienen financiación europea. Estas sociedades han facturado desde 1996 al Imefe unos 1.400 millones de pesetas, lo que supone casi un 25% del total de la cantidad adjudicada en ese periodo. Consiguen más cursos que firmas como IBM y academias de prestigio. Ricardo Peydró, dirigente del PP y gerente del Imefe, niega todo trato de favor a las academias participadas por afiliados de su partido, aunque admite que ha descubierto anomalías en cinco de ellas. Recibieron muchos cursos a dedo debido a que su cuantía era inferior a los dos millones de pesetas. Pero también ganaron concursos con cero empleados. De un modo u otro, han copado los primeros puestos de facturación. En las adjudicaciones desde 1996, los primeros beneficiados han sido el grupo Manesfields y Técnicas de Formación Avanzada. Suman unos ingresos del Imefe de casi 654 millones, según la edil socialista Isabel Vilallonga. Peydró admite que copan el 9,2% del total adjudicado, aunque rebaja la cifra a 581 millones. Cobran como entidades distintas, pero comparten sede y dos consejeros. Por su parte, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, no tiene constancia de 28 de los 42 cursos de formación de parados que, según el Ayuntamiento de Madrid, se impartieron en las cárceles madrileñas entre 1997 y 1999. El Ministerio del Interior sólo reconoce como efectivamente realizados 15 cursos, pero hay otros 27 que sólo existen en las cuentas del Imefe. En la relación de Instituciones Penitenciarias de cursos impartidos en prisiones madrileñas por Ifomar durante 1997 no figuran cuatro supuestamente celebrados en Carabanchel (dos de técnico en restauración de documento, uno de instalador electricista y otro de técnico en recuperación de residuos). En 1998, el desfase es mayor. Prisiones sólo tiene constancia de siete cursos de Ifomar en prisiones mientras el Imefe da por facturados e impartidos el doble. Según el Imefe, todos los cursos se dieron ese año en la prisión de Carabanchel. Pero según Prisiones, en 1998 Ifomar no dio ningún curso en Carabanchel, sino en la prisión de Alcalá II. No son sólo discrepancias geográficas sino de contenido. Ni en la prisión de Carabanchel ni la de Alcalá II, ni en ninguna otra, se impartieron en 1998 los ocho cursos que Imefe avala haber dado ese año (de gasolinero; de técnico en restauración de documento gráfico; de desratización; y de monitor de educación física). El Imefe detalla inicios de cursos en Carabanchel en octubre y diciembre de 1998, pero esta prisión fue clausurada en noviembre de ese año, y los cursos exigían dos meses. En 1999, la diferencia es mayor: Prisiones acredita un curso; el Imefe, 16. A la dirección de Instituciones Penitenciarias, sólo le consta un curso de desratización de Ifomar realizado en Madrid I (Mujeres). Sin embargo, el Imefe, que no registra tal curso, cita otros 16 inexistentes para la dirección de Prisiones (Febrero 2001).

Ø       Las primeras reacciones: El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, no ve anómalo que empresas de militantes de su partido copen el 25% de la facturación de cursos del Imefe. El regidor lo considera "un tema viejo del que ya hizo un informe la presidenta del Imefe al que se acude con demagogia". El gerente del Imefe, Ricardo Peydró, tiene una explicación para tal hecho. "En la ciudad de Madrid, el PP cuenta con 67.989 afiliados. Que cuatro ciudadanos anónimos (lo que supone el 0,005% del total de militantes del partido) militen en uno u otro partido sólo cobra relevancia por el hecho de aparecer en un titular". Por su parte, eL secretario general del PP, Javier Arenas, se limitó a comentar que la financiación de su partido "es transparente" (Febrero 2001).

Ø       Las siguientes: Destituido un dirigente municipal por la adjudicación de cursos para desempleados. María Antonia Suárez, concejal del PP que preside el Imefe, cesaa  uno de sus subordinados en este organismo: José Luis Solana. Explicó Suárez que lo destituía porque tenía una relación de amistad con Rafael Oriol Rodríguez, militante del PP y socio del grupo empresarial que supuestamente ha simulado cursos a presos nunca impartidos para cobrar subvenciones. Este grupo lo integran las empresas Iformar, autora de la supuesta simulación, Incof, Defoco y Prevecón. El alto cargo del Imefe despedido era responsable del servicio de formación del Imefe entre 1996 y 1999. El gerente del Imefe, Ricardo Peydró, admitió hace una semana que conocía tal vínculo de su subordinado pero no le dio importancia (Febrero2001).

Ø       La Comisión Europea se interesa por el tema: ha pedido a la unidad administradora del Fondo Social Europeo (FSE) en España, mediante un escrito, que lleve a cabo "las actuaciones necesarias para aclarar" la gestión de los fondos adjudicados al Instituto Municipal de Empleo de Madrid para cursos en prisiones. Bruselas no descarta que puedan haberse producido actuaciones irregulares similares a la del caso Pallerols (uso indebido de 1.000 millones en cursos adjudicados a academias vinculadas con dirigentes de Unió) y podría llegar a bloquear las ayudas de las que se beneficia Madrid a través del FSE si se confirma la estafa. La Comisión Europea no duda en advertir en la carta enviada el martes a las autoridades responsables de la gestión y el control del FSE en España de que el problema detectado en Madrid "pueden tener un impacto importante a nivel social por su similitud con el caso Pallerols". "Con el fin de que los servicios de la Comisión puedan disponer de informaciones fiables en el plazo más breve posible, le ruego que lleve a cabo las actuaciones necesarias para aclarar este asunto", afirma la carta, que también fue enviada al Organismo de Lucha Contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF). Las autoridades españolas tienen ahora cuatro semanas para responder a la petición de información (Febrero 2001). 

EL IMEFE ANULA 54 DE LOS 130 CURSOS PREVISTOS Y ADJUDICADOS PARA ESTE AÑO

La comisión de investigación del Ayuntamiento que estudia las irregularidades descubiertas en el Instituto Municipal de Formación y Empleo (Imefe) ha decidido declarar nulos 54 de los 130 cursos previstos y adjudicados para 2001. Fue una decisión unitaria del PP, que tiene mayoría en dicha comisión. La comisión analizará ahora los cursos adjudicados desde 1996 a 1999.El concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, representante del equipo de gobierno, explicó las razones de las distintas anulaciones: '19 de los cursos han sido declarados desiertos; 3 eran de la empresa Infomar [contra la que está querellado el Ayuntamiento por estafa, ya que cobró subvenciones por cursos que nunca impartió]; 13 se han anulado por falta de documentación administrativa y los 19 restantes no se llevarán a cabo por falta de alumnos'. Bujidos aseguró, al término de la sesión, que 'aunque hay que extremar los mecanismos de control en el Imefe, no existen razones para paralizar su actividad. La institución funciona perfectamente'.

Como se recordará, el escándalo de los cursos del Imefe saltó a principios de febrero, cuando se descubrió que la empresa Infomar había cobrado cerca de 40 millones de pesetas al Ayuntamiento y a la Unión Europea por cursos de formación a presos que no se impartieron. A raíz de esto, el alcalde, José María Álvarez del Manzano, del PP, ordenó abrir una comisión de investigación. Hasta ahora, y entre otros, ha comparecido el anterior responsable de formación, Luis Solana, destituido en febrero por su amistad con uno de los socios de Infomar (Marzo 2001). 

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID NO SE DESANIMA E INTENTA DE NUEVO LEGALIZAR UNA IGLESIA SOBRE LA QUE PESA UNA ORDEN DE DERRIBO

El Ayuntamiento de Madrid no ceja en su empeño de legalizar la situación de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes, ubicada en el barrio del Pilar. Y ello a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia le ha reiterado que no cabe legalizar el templo porque su ubicación contraviene el planeamiento urbanístico, y que la única salida factible a este contencioso es el derribo parcial de la iglesia. La última vez que el Consistorio intentó legalizar el templo, los magistrados de dicha instancia judicial anularon el acuerdo plenario tomado al respecto y dedujeron testimonio (abrieron diligencias penales por supuesta prevaricación) contra los 23 ediles del Ayuntamiento -incluido el alcalde, José María Álvarez del Manzano- que habían votado a favor de legalizar la iglesia. Tras ese acuerdo plenario, los cinco jueces del Tribunal Superior que llevaban el caso comunicaron al Consistorio, mediante un auto, que era ilegal usar la figura del estudio de detalle para adecuar la iglesia al plan general, y que sólo cabía cumplir la orden judicial de derribo que pesaba sobre ella. La orden de derribo del Tribunal Superior era la respuesta a los 10 años de pleitos que mantenían dos vecinos de la zona con el Arzobispado de Madrid, propietario del templo, por la ubicación de la iglesia. Parte del edificio religioso está tan cerca de las casas de los demandantes que les tapa la luz natural. Además, vulnera la separación mínima (siete metros) entre construcciones que establece el plan general de Madrid, según la sentencia dictada al efecto. El Ayuntamiento vuelve ahora a sacar a la luz la legalización de esta iglesia, sin esperar siquiera a que el Tribunal Supremo estudie el recurso que, hace seis meses, presentaron el Consistorio y el Arzobispado de Madrid contra la decisión del Tribunal Superior de anular el acuerdo plenario que dio luz verde al inicio de los trámites para legalizar la ubicación de la iglesia mediante un estudio de detalle (Marzo 2001). 

ALVAREZ DE MANZANO, UN ALCALDE TALIBÁN

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano se muestra  partidario de 'tirar abajo los edificios que no pueden mantenerse en pie'. 'Los inmuebles viejos hay que derribarlos y sustituirlos por nuevos, a pesar de que mucha gente se empeña en rehabilitar edificios que no tienen consistencia', afirmó el regidor en un acto en el que entregó las llaves de 166 viviendas nuevas. El alcalde señaló que la rehabilitación de los inmuebles debe hacerse tanto en el exterior como en el interior de los mismos, porque 'no se trata sólo de revocar o de pintar la fachada'. 'Con respecto a los edificios catalogados, muchas veces se discute acerca de los inmuebles que pueden mantenerse y los que no, pero, en cualquier caso, el Ayuntamiento se ajusta a lo que nos dicen los técnicos, y las instrucciones que nos dictan son claras: el edificio que no puede mantenerse en pie, abajo, por mucho que lo sienta uno', concluyó (Marzo 2001).

CASO IMEFE: EL ALCALDE DE MADRID SOLO  VE “ DEFICIENCIAS “  EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES

El alcalde José María Álvarez del Manzano asegura que el caso Imefe se reduce sólo 'a unos cuantos errores de gestión y a unas cuantas deficiencias en la tramitación'. El regidor dijo esto dos días después de que la comisión de investigación que ha examinado cerca de 700 expedientes de cursos de formación para parados del Imefe llegara a sus conclusiones y la oposición (PSOE e IU) denunciara que ha existido 'una lesión patrimonial de cerca de 500 millones de pesetas'.

El alcalde defendió a la presidenta concejala del IMEFE bajo el argumento que: 'Ella no tenía un puesto más ejecutivo que el resto del consejo de la junta rectora'. El gerente del Imefe, Ricardo Peydró, presentó hace dos meses su dimisión, al descubrirse que la empresa Ifomar había recibido casi 40 millones de pesetas (pagados por el Ayuntamiento y la Unión Europea) por una veintena de cursos para presos que nunca se impartieron. Ése fue el origen del caso Imefe. Álvarez del Manzano aseguró entonces que no aceptaba el cese de Peydró hasta que no terminase la comisión de investigación. El alcalde quiso dejar muy claro 'que en el Imefe no ha existido financiación irregular del PP ni corrupción' (Abril 2001). 

EL AYUNTAMIENTO  DE MADRID SÓLO GASTÓ EN 2000 EL 43% DEL DINERO PRESUPUESTADO PARA INVERSIONES

El Ayuntamiento de Madrid no consigue gastar el dinero al ritmo impuesto por él mismo. Los informes de la liquidación del presupuesto del año 2000 muestran que el municipio sólo ejecutó el 43% del dinero previsto para inversiones. Es un viejo problema que el Ayuntamiento de la capital arrastra desde 1997, año en el que sólo se ejecutó el 63%. El área de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid presupuestó en 1999 cerca de 70.900 millones de pesetas en inversiones que, en teoría, debían gastarse a lo largo de 2000. No ha sido así, según la liquidación del presupuesto. Sólo se han ejecutado 30.444 millones de pesetas, el 43%. En 1997, el Ayuntamiento ejecutó el 63%. Un año más tarde, el porcentaje bajó al 62%. En 1999 se produjo un nuevo descenso, esta vez más pronunciado: se ejecutó el 49%. Ahora se ha vuelto a producir otro (Abril 2001). 

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID  CONTINUA CON SU POLÍTICA DE FOMENTAR  LOS CONTRATOS AMIGOS

La Concejalía de Limpieza decidió en julio de 2000 regalar mordedores comestibles para perros, con forma de hueso, a los dueños de canes que hicieran cursos de concienciación. En septiembre, para comprar 100.000 de estos huesos, pidió ofertas a tres empresas relacionadas entre sí mediante socios comunes. El contrato, por valor de siete millones de pesetas, se adjudicó el pasado marzo a una de ellas. Es la segunda adjudicación 'a dedo' que se destapa en pocas semanas. El concejal de Limpieza, Alberto López Viejo, asegura que 'desconocía' a los dueños de las empresas. La Concejalía de Limpieza decidió llevar a cabo la adquisición de estos huesos, confeccionados a base de carne, por la modalidad de 'contrato negociado sin publicidad'. En este tipo de contratos, el Ayuntamiento tiene la potestad de llamar a un mínimo de tres empresas de su elección y solicitarles ofertas. ¿Por qué se decidió este tipo de contrato y no uno público normal en el que pudieran presentarse todas las empresas que quisieran? En el expediente, uno de los técnicos de esta concejalía lo explica: 'Los huesos que se pretende adquirir deberán ser masticables, prensados y de un tamaño de 12 centímetros de longitud y 4,5 de grosor, que normalmente no se encuentran en el mercado, debiendo tener esas características inexcusablemente'. De este modo, se pidieron ofertas a tres empresas: Ala Quinta Publicidad, Nauta Navis y Ala Doce. La primera es propiedad de Román Palacios; la segunda, de Juan Julio Álvarez Guerra, y en la tercera son socios tanto Román Palacios como Juan Julio Álvarez Guerra. La oferta más barata, por siete millones de pesetas, fue la presentada por Ala Quinta, que, además, para mejorar la propuesta, prometió colocar un anagrama del Ayuntamiento en cada hueso de plástico.

El concejal de Limpieza, Alberto López Viejo, del PP, aseguró  que desconocía absolutamente a los dueños de las distintas empresas. López Viejo, sin embargo, se confesó 'sorprendido de la relación existente entre algunas de las personas que conforman el cuerpo societario de las diferentes empresas'. El concejal de Limpieza prosiguió: 'Esto [que las empresas estuvieran relacionadas] era algo que desconocía, dado que la petición de ofertas se hizo a empresas distintas, con domicilios distintos y distantes, y sin ninguna relación aparente entre ellas'. 'A la vista de la documentación aportada, y máxime teniendo en cuenta que esta sociedad ha contratado con empresas privadas de prestigio, nada me hacía sospechar la existencia de esta situación'. El edil responsable de Limpieza aseguró que conocer 'la composición de cada sociedad y las posibles relaciones con otras empresas se torna prácticamente imposible' (Abril 2001). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EL CASO IMEFE: NUEVAS PRUEBAS INCULPATORIAS

Decenas de firmas de supuestos asistentes a distintos cursos del Imefe (Instituto Madrileño de Empleo y Formación Empresarial) son presuntamente obra de sólo dos o tres personas, que falsearon sistemáticamente las rúbricas ajenas. Es la conclusión del perito grafológico Luis Martínez Villa, cuyos trabajos sirvieron para la investigación judicial del caso Amedo, y que en este caso ha hecho un estudio a petición del grupo socialista para investigar el supuesto fraude. El grafólogo elegido, Luis Martínez Villa, ha trabajado para jueces de la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón, para quien hizo peritajes en relación con el caso Amedo, pertenece a la sociedad francesa de grafología y es profesor de esta materia para el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Este perito realizó una primera prospección sobre los listados de diferentes cursos correspondientes a los ejercicios 1996, 1997, 1998 y 1999 sobre seis empresas, cuatro pertenecientes a un mismo grupo (comparten sede y seis consejeros) y dos fundaciones relacionadas entre sí. Las conclusiones del informe grafólogico del perito arrojan sombras de duda sobre la autenticidad de las firmas de sus alumnos: 'En las múltiples firmas que figuran estampadas en cada listado, fecha, curso y empresa, aun teniendo en cuenta que pueden corresponder en suficientes casos a personas de formación primaria -lo que produce algunas analogías o proximidad de morfologías y tamaños, en cuanto a distintas grafías- se registra homogeneidad caligráfica entre firmas a distintos nombres, que hace referencia a una identidad común'. O dicho de forma más clara: 'Varias firmas, teóricamente pertenecientes a distintos nombres, han podido ser manuscritas por una misma persona'. El grafólogo ha decidido profundizar su estudio en las firmas correspondientes a cursos del año 1999, 'del que, como muestra inicial, se ha separado un expediente de cada empresa'. Lo ha hecho así porque en los listados correspondientes a años anteriores la presunta falsificación 'no es acentuadamente significativa'. De este estudio más detallado de las firmas de los cursos de 1999 el perito extrae estas conclusiones: 'Que los listados de firmas pueden estar realizados por dos o tres personas, por la clara continuidad caligráfica común de grupos de firmas, lo que se traduce en que, en nombres distintos, las firmas registran el mismo tipo de letra', incluso en el caso de las que fueron realizadas en fechas diferentes.

'Paralelamente se puede constatar', añade el experto grafólogo, 'que las firmas se suscriben cuidadosamente en cada rectángulo de cuadrícula con escasas invasiones, cruces de rasgos o prolongaciones de trazado en el espacio de otras firmas contiguas, con unidad meticulosa', lo que 'no suele ser propio de firmas estampadas sucesivamente por un conjunto de personas distintas'.

'Y también se comprueba unidad de ejecución en las firmas de distintas fechas por la constancia regular entre unas y otras y de una hoja a otra, por lo que técnicamente se deduce que las firmas están realizadas mayoritariamente de forma seguida, en unidad de tiempo y acto', concluye el experto. La sospecha que vierte el perito es que el listado de firmas pertenecientes a una o varias semanas de un curso no sólo lo cubrieron dos o tres personas, sino que no se tomaron la molestia de falsificarlas día a día. Es decir, que este trío de supuestos falsificadores estampó de golpe más de 200 firmas ajenas. Pero lo más llamativo no es, según constata el perito, que se detecten rasgos de esa autoría común en las firmas de los asistentes a un curso de una empresa. Lo que ilustra sobre la supuesta sistematicidad es que esos mismos rasgos sospechosos no sólo se repiten entre cursos distintos de empresas de un mismo grupo, sino en listados de empresas sin aparente conexión. Así, el grafólogo ha localizado que una firma coincidente ha servido para cubrir la rúbrica de asistencia de tres supuestos alumnos diferentes a tres cursos distintos impartidos por otras tantas empresas. Existen indicios, pues, de que este presunto aparato de falsificación pudo actuar de forma centralizada (Abril 2001). 

CASO IMEFE & AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL GERENTE DEJA EL CARGO A LOS TRES MESES DE DESTAPARSE EL FRAUDE DE LOS CURSOS A PARADOS

El gerente del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial (Imefe), Ricardo Peydró, abandonará su cargo en los próximos días. Peydró presentó su dimisión a finales de enero pasado, tras salir a la luz que empresas contratadas por el Imefe con fondos de la UE habían cometido numerosas irregularidades en los cursos de formación a parados. Entre las irregularidades más graves estaba la facturación de cursos que nunca se impartieron -entre ellos 25 cursos cobrados, pero no ejecutados, por la empresa Ifomar-, la falsificación del número de alumnos y la concesión de diplomas acreditativos a parados que nunca asistieron a clase.  Peydró es la segunda víctima politica del caso Imefe. En febrero pasado, el alcalde destituyó a José Luis Solana, adjunto a la gerencia del organismo municipal, por su amistad con uno de los responsables de Ifomar (Mayo 2001).

LUIS MARÍA ANSON PREGONISTA POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

El académico y periodista Luis María Anson, deja  perplejos a los asistentes a la presentación de las fiestas al confesarse votante entusiasta del alcalde de la capital, José María Álvarez del Manzano. El pregonero, quien admitió que aún no había escrito las palabras que ofrecerá a los madrileños en la apertura de los festejos, había conseguido poco antes convertir en mueca la sonrisa del alcalde cuando comentó que éste le había pedido que fuera parco en palabras y que le votara en las próximas elecciones. A renglón seguido añadió sin vacilar: 'Y eso es lo que haré sin duda' (Mayo 2001).

NUEVOS GESTOS NOSTÁLGICOS Y CENTRISTAS: EL AYUNTAMIENTO POPULAR DE MADRID Y EL GENERAL MOLA: EL PP IMPONE QUE UN CENTRO MANTENGA EL NOMBRE DE UN MILITAR FRANQUISTA

El general Emilio Mola, uno de los cerebros del alzamiento militar de 1936, está en un colegio de la capital. El claustro del centro que lleva su nombre solicitó a principios de año a la Junta Municipal de Salamanca un cambio aparentemente bastante normal: pasar a denominarse Colegio Público Príncipe de Vergara, al igual que ocurrió en los años ochenta con la calle en la que está situado. La respuesta del concejal Íñigo Henríquez de Luna, presidente de la junta del distrito de Salamanca, del PP, fue tajante: no. ”El colegio es conocido e identificado con esta denominación por todos los vecinos, alumnos y demás comunidad educativa y se ha perpetuado su denominación en el tiempo más de sesenta años, los 25 últimos desde que se instauró la democracia', les comunicó Henríquez por carta el pasado 24 de enero. Conclusión: 'No existen argumentos que justifiquen la necesidad del cambio' (Mayo 2001).  

EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRECIA INDICIOS DE DAÑO A LAS ARCAS PÚBLICAS EN LOS GASTOS DEL ALCALDE

Álvarez del Manzano gastó entre 1991 y 1999 más de 60 millones de pesetas de una cuenta restringida sin control de la intervención municipal. Parte de ese dinero se fue a regalos o donativos a familiares y amigos, según la documentación oficial. Los gastos según el Consejero del Tribunal de Cuentas Antonio del Cacho  “ pueden ser constitutivos de un alcance de caudales', lo que significa que la hacienda pública podría haber salido perjudicada por la gestión del alcalde. Esos indicios llevan al consejero de Cuentas a considerar que 'resulta procedente, para una mejor defensa de los intereses del erario público, que por la comisión de gobierno [del Tribunal] se nombre delegado instructor, como mantiene el fiscal'. El auto del consejero de Cuentas eleva las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento, que será quien deberá encauzar su propuesta a la comisión de Gobierno. La investigación se centrará en si es legal, como hizo el alcalde, gastar hasta 12 millones sin factura alguna o pagar con dinero público viajes particulares junto a su esposa, hacer donativos periódicos a la costurera de su mujer, comprar un televisor para el hogar del jubilado de un pueblo de Guadalajara donde se estaba construyendo un chalé o regalar joyas a personas cuya identidad no ha facilitado aún. Hace más de un año, Álvarez del Manzano optó por devolver 215.374 pesetas de dos viajes particulares a Mallorca y Sevilla que había pagado con dinero público por un supuesto error atribuido a su jefe de protocolo.

La ley del Tribunal de Cuentas define la irregularidad detectada, el denominado alcance de caudales, como 'saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deben rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos'. El consejero de Cuentas que ha investigado los gastos del alcalde, Antonio del Cacho, fue nombrado en su día a propuesta del PP. Según la normativa del Tribunal de Cuentas, podía haber decretado el archivo de las actuaciones si hubiera entendido que los hechos investigados no revestían 'manifiestamente el carácter de alcance'.

El auto firmado por el consejero Del Cacho señala que los gastos del alcalde de Madrid 'pueden ser constitutivos de un alcance de caudales o efectos públicos, por lo que para una mejor defensa de los intereses del erario público, resulta procedente que por la comisión de gobierno se nombre delegado instructor, como mantiene el ministerio fiscal, para que se proceda a las prácticas prevenidas en el artículo 47 de la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas'.  Concluido el sumario, el Tribunal de Cuentas podrá optar por el archivo o llevar a juicio al alcalde de Madrid. El auto detalla como tras un intento fallido de recurso del Ayuntamiento de Madrid sobre esta investigación preliminar, en marzo pasado entregó los documentos pertinentes para la defensa del alcalde, y el pasado 5 de abril 'el representante procesal de don José María Álvarez del Manzano presentó escrito por el que se persona' en la acción pública emprendida por el PSOE hace un año. El tribunal forzará al regidor a que explique lo que no logró la oposición: el detalle de cómo y con qué criterios gastó más de 60 millones de su cuenta restringida y a qué personas y organismos fue el dinero (Mayo 2001).  

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EL CASO IMEFE: UN EMPLEADO DENUNCIA EN COMISARÍA A DOS ALTOS CARGOS POR EXTORSIÓN Y POR FORZARLE A DIMITIR

Las irregularidades en el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial (Imefe) no acaban. Un mes después de terminar la comisión de investigación sobre el presunto fraude en los cursos salta un nuevo escándalo. Un empleado ha denunciado que dos altos cargos le extorsionaron y le forzaron a dimitir. Según consta en la denuncia, le llamaron al despacho y le pusieron unas cintas con conversaciones grabadas en las que aparecía él aceptando dinero a cambio de adjudicar cursos a una empresa. 'Me dijeron que o firmaba la renuncia o se querellaban contra mí', afirma.

El pasado 23 de mayo, Jaime Pérez Barco, de 60 años, responsable de la sección de control de la gestión del Imefe, acudió a la comisaría del distrito de Centro a denunciar a dos altos cargos de la institución: Fernando J. Viñuela Cordero, director de Fomento del Empleo, y Francisco Acosta Bernaldo de Quirós, director de Servicios Centrales. Según consta en la denuncia, Pérez había acudido, el día antes, al despacho de la presidenta del Imefe, la concejal María Antonia Suárez, a requerimiento de Viñuela y Acosta. Y, según dice el texto, 'le manifiestan que disponían de unas cintas grabadas conseguidas de forma irregular con su desconocimiento, relativas a tratos con terceros en los que él [Pérez Barco] estaba dispuesto a recibir una cantidad de dinero como consecuencia de adjudicación de cursos a nombre de esta entidad'. Pérez Barco corroboró  lo que escribió en la denuncia: 'Quince días antes de subir al despacho de estos señores, por la noche, en mi casa, recibí la llamada de una persona que ha colaborado con el Imefe. Me ofreció, en dos llamadas distintas, 500.000 pesetas si le adjudicaba un curso. Yo le dije que sí, pero de coña. Esa persona sabía que, desde hace más de ocho años, no tengo ningún puesto de gestión real en el Imefe, que no tengo potestad para adjudicar o recomendar nada. Desde hace ese tiempo estoy relegado. Ésa es la grabación que me enseñaron en el despacho'.

Por otra parte, ha sido nombrado Jorge Travesero como nuevo gerente del Imefe. Travesero sustituye a Ricardo Peydró, que dimitió por el escándalo de los cursos cobrados por el Imefe y nunca impartidos (Mayo 2001). 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RECHAZA EL RECURSO DEL ALCALDE DE MADRID

El Tribunal de Cuentas ha rechazado el recurso del alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, contra el nombramiento de un delegado instructor para investigar los indicios de daño al erario público originados en los más de 60 millones gastados entre 1991 y 1999 con cargo a su cuenta restringida.

El auto, fechado el día 12 de junio, rechaza la tesis del alcalde de que se hallaba sumido en una situación de 'indefensión: “ La resolución recurrida no ha producido indefensión alguna, puesto que no se prejuzga la existencia o no de responsabilidad contable, sino que, por el contrario, se remiten las actuaciones a la comisión de gobierno para que se proponga el nombramiento de un delegado instructor con el fin de que realice las oportunas averiguaciones y las correspondientes diligencias con la finalidad prevista en el artículo 47 de la ley de funcionamiento [del Tribunal de Cuentas] y obtener los antecedentes necesarios para determinar las supuestas responsabilidades contables'. Y se recuerda que tal proceso precisamente persigue que 'con todas las garantías se investiguen los hechos' (Junio 2001).  

AYUNTAMIENTO DE MADRID & CASO IMEFE: EL INTERVENTOR TACHA DE 'IRREGULAR' EL CONTRATO PARA DISEÑAR POR 40 MILLONES UN LOGOTIPO DE LA CIUDAD

El interventor municipal, Vicente Arnau del Ayuntamiento de Madrid, ha criticado el pago por parte del Instituto Municipal de Empleo y Formación (Imefe) de 40 millones a la empresa Mosaico Multimedia a cambio de elaborar una serie de nuevos logotipos y emblemas del oso y el madroño. Arnau, en un informe fechado el 10 de julio, asegura que el procedimiento empleado por el Imefe para adjudicar el proyecto y efectuar el pago fue 'tan expeditivo como irregular'.

Como se recordará, el asunto se destapó el pasado marzo, a raíz de la comisión de investigación que examinó los expedientes del Imefe después de que en enero se descubriera que, con cargo a fondos europeos y municipales, se habían pagado cursos a parados que nunca se impartieron. Como consecuencia de esta comisión de investigación, la oposición denunció que en 1999 la empresa Mosaico Multimedia, propiedad del periodista Constantino Mediavilla, obtuvo un contrato por el cual, a cambio de 40,9 millones de pesetas, se había comprometido a elaborar, durante seis meses, nuevos logotipos para el Ayuntamiento. Para confeccionar estos logotipos, la empresa contrató a 10 parados, a los que pagó 150.000 pesetas al mes. La oposición ya denunció en marzo el procedimiento porque el Imefe fraccionó el pago en 21 partidas. Cada partida respondía a un teórico curso del instituto. Incluso cada curso tenía su propio título: 'Elementos institucionales', 'Papelería altos cargos'... En realidad, los 21 cursos respondían a una sola tarea: elaborar los logotipos. El informe asegura que ya el interventor del Imefe advirtió de la irregularidad del contrato alegando 'razones suspensivas'; esto es, razones que deberían haber echado para atrás el procedimiento. Pero el por entonces gerente del Imefe, Ricardo Peydró, hizo caso omiso de la advertencia y siguió adelante con la contratación (Julio 2001). 

HACIENDA VE INJUSTIFICADOS GASTOS DEL IMEFE POR 1.200 MILLONES ACOGIDOS A SUBVENCIONES DE LA UE

En enero estalló el escándalo del instituto de formación profesional madrileño (Imefe): redes empresariales de afiliados del PP copaban 1.400 millones para formar parados, decenas de cursos inexistentes y otras anomalías que costaron el cese al gerente, Ricardo Peydró. Ahora, la Intervención del Estado da la razón a la edil socialista Isabel Vilallonga, que destapó el caso. Su informe considera improcedentes gastos del Imefe por más de 1.200 millones acogidos a subvenciones de la UE por no estar justificados con facturas o por derivar de costes propios del Imefe (edificios o personal), y anota 'coincidencias' en los beneficiarios. La Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en una investigación abierta antes del escándalo, ha hallado numerosas deficiencias en el uso de los fondos comunitarios por el Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) de 1994 a 1997. La auditoría, cerrada en mayo pasado, establece que 'no se consideran elegibles (subvencionables) los gastos calculados a tanto alzado, ya que los gastos certificados por la realización de las acciones  subvencionadas deben corresponder a pagos efectuados y justificados por el beneficiario'. Esta partida se refiere a los 'costes indirectos' que el Imefe asegura que le han costado los cursos pero de los que 'no ha aportado la justificación de dicha imputación', y parecen ser un mero porcentaje sobre los costes directos. El informe recuerda que ya en 1998, la unidad administradora del Fondo Social Europeo, en escrito al director del Imefe, realizó una severa advertencia sobre el hecho de que tales gastos no justificables supusieran un 12% sobre los costes directos. Tales gastos indirectos (sin justificar) sumaron 82 millones en 1994; 127 millones en 1995; 113 en 1996 y 130 en 1997. Sólo por este concepto Hacienda considera que el Imefe no puede presentar como gastos un total de 452 millones, que al carecer de factura no pueden ser subvencionables, y, por consiguiente, se impondría su devolución a la UE. Hacienda señala un segundo bloque de gastos indebidamente presentado como subvencionable: las inversiones imputadas como gastos de las acciones, ya que de acuerdo con el reglamento del Fondo Social Europeo sólo pueden ser subvencionadas las amortizaciones de los inmuebles y de material, no las inversiones. Así, en 1994, imputó indebidamente inversiones por 3,9 millones de pesetas; en 1995, unos seis millones, que se imputan dos veces (como compra y como amortización). 

Tampoco se considera aceptable por la Intervención que el Imefe imputase en 1995, 1996 y 1997 el 50% de la dotación anual de la amortización como gastos de las acciones cofinanciadas. El monto de tales amortizaciones en el periodo auditado supera los 300 millones. Y el criterio es claro: 'Las amortizaciones son un gasto elegible, siempre que puedan considerarse como gastos de funcionamiento o costes operativos que guarden relación con las acciones cofinanciadas. El equipo de control entiende que el Imefe no ha justificado la amortización como un gasto relacionado con aquéllas, ya que se limitó a imputar la amortización indiscriminada de todos los elementos del inmovilizado'. Incluso se presenta como amortización compras de mobiliario del personal directivo y las obras del aparcamiento. No menos grave es otra acusación que formula Hacienda: 'El procedimiento de justificación de los gastos correspondientes a los cursos adjudicados a las empresas e instituciones de formación no garantiza que los gastos facturados correspondan a gastos efectivamente realizados y vinculados a las acciones, ya que aquéllas se limitan a justificar sus gastos a través de facturas que se ajustan al precio de adjudicación de los contratos'. Otro varapalo: 'La imputación aleatoria del 50% de los sueldos del personal del instituto no puede considerarse elegible en cuanto no establece su relación con las acciones del programa operativo, y sí, por el contrario, corresponden a la gestión propia del Imefe. Los gastos de las administraciones públicas, incluidos los sueldos de los funcionarios, como regla general, no son elegibles en cuanto que no se establece claramente la vinculación de esos gastos con la realización de los cursos financiados por el Fondo Social Europeo'. Este capítulo de gasto presentado para su subvención supone cerca de 500 millones en los años auditados. El informe también critica que 'en la contratación de personal docente y en los expedientes de adquisición de material no inventariable, de servicios y de suministros, no se establece claramente la vinculación de estos gastos con la realización de los cursos financiados por el FSE'. El Imefe, según la auditoría, ha imputado gastos de esta naturaleza que no ha justificado, ya que 'no se aportaron algunos de los contratos de personal docente, ni se facilitaron al equipo de control los expedientes del gasto de los cursos internos del año 1994. En suma, 'las conclusiones anteriores y la inexistencia de una contabilidad específica para los distintos proyectos subvencionados ponen de manifiesto la deficiencias que presentan los procedimientos de gestión del Imefe en la materia objeto de control' (Octubre 2001). 

EL EDIL DEL RÍO SUBVENCIONA UN TORNEO DE GOLF CON 232 MILLONES PARA ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO

Ignacio del Río, edil de Urbanismo y segundo teniente de alcalde, ha destinado a la organización del torneo de golf Telefónica Open Madrid -que se desarrollará entre los días 25 y 28 en el Club de Campo- 232 millones de pesetas de una partida procedente de los fondos previstos para instituciones sin ánimo de lucro. La beneficiaria de esa subvención es la empresa Amen Corner, según el convenio aprobado por la Comisión de Gobierno. Vicente Arnau, interventor municipal, se muestra contrario al gasto y opina que sólo es aceptable si antes se hace una modificación que 'debe someterse a la aprobación del pleno'. Ese día la Comisión de Gobierno había aprobado, como si fuera un gasto del área de Urbanismo, un convenio con la empresa Amen Corner, SA, para el patrocinio y promoción del torneo Telefónica Open Madrid, incluido entre las actividades previstas para promocionar la candidatura olímpica Madrid 2012. La empresa Amen Corner, pertenece al golfista Severiano Ballesteros y sus hermanos. El informe realizado por Vicente José Arnau, interventor municipal (encargado por el Ministerio de Hacienda del control de los gastos del Ayuntamiento), desmiente la versión dada por el edil de Urbanismo y desvela, además, que ese gasto de 232 millones no se ajusta a la partida presupuestaria a la que Del Río quiere imputarlo.

'Se propone contraer la cantidad de 232.000.000 de pesetas con cargo a la partida Otras transferencias a instituciones sin ánimo de lucro, del presupuesto de Gerencia Municipal de Urbanismo para el año 2001. El preceptor de la indicada cantidad será Amen Corner, SA, que será la única promotora del torneo [de golf] y la encargada de la realización del mismo', dice Arnau. Esa 'imputación del gasto tratado', continúa el interventor, 'no se ajusta estrictamente a la naturaleza del mismo, en tanto que la entidad beneficiaria de la subvención no tiene carácter de institución sin ánimo de lucro, sino de empresa mercantil, por lo que debe imputarse [el gasto] al artículo 47 referido a Transferencias corrientes a empresas privadas.

El informe, firmado el pasado día 3 conjuntamente por el jefe de servicios de fiscalización, Miguel de Aguinaga, y el propio Vicente Arnau, argumenta a continuación: 'No obstante, como quiera que el suplemento de crédito autorizado a dicha partida presupuestaria se efectuó para financiar actuaciones encaminadas a promover la candidatura para los Juegos Olímpicos del año 2012, el presente convenio podría considerarse como incluido en dichas previsiones, todo ello sin perjuicio de que para regularizar la situación deba someterse a la aprobación del pleno del Ayuntamiento la correspondiente modificación de crédito'. El interventor señala después que Amen Corner deberá 'justificar que los fondos recibidos han sido aplicados a la finalidad para la cual fueron concedidos, debiendo aportar originales de la totalidad de los recibos y facturas, incluso nóminas, tributos y cuotas de Seguridad Social, así como los balances y cuenta de explotación del beneficiario'. Arnau se queja de que el expediente relativo al convenio con Amen Corner le fue remitido el 1 de octubre, apenas tres días antes de que la Comisión de Gobierno que preside el alcalde, José María Álvarez del Manzano, tuviera previsto aprobar la subvención. 'No se han tenido en cuenta los plazos establecidos en el reglamento de las entidades locales. El informe [del interventor] se ha emitido sin el tiempo mínimo necesario para su examen', añade. Este informe es preceptivo, aunque no vinculante, antes de decidir un gasto. Como contrapartida a esa subvención de 232 millones, la empresa Amen Corner se compromete a que 'el Ayuntamiento forme parte del logotipo del torneo, así como a colocar en diversos materiales y elementos el símbolo de Madrid 2012 y a recibir diverso número de invitaciones para el torneo' (Octubre 2001). 

SE PONE EN MARCHA LA OPERACIÓN CHAMARTÍN

El consejero de Urbanismo, Luis Eduardo Cortés, asegura que va a poner en marcha definitivamente la Operación Chamartín: el soterramiento de las vías de Renfe de esa estación para construir sobre ellas miles de viviendas y oficinas, prolongando el paseo de la Castellana hasta la M-40. El proyecto (el planeamiento urbanístico más importante de España) lleva tres años parado por los enfrentamientos sobre la edificabilidad necesaria para que sea rentable. Ahora, Cortés quiere actualizar los costes de las infraestructuras previstas (150.000 millones) y dice que no hay topes a la edificabilidad. 'Entro con la intención de dedicarle tiempo y tirar del carro', afirma Cortés, vicepresidente regional y consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Cortés se refiere a su próximo nombramiento, la primera semana de noviembre, como presidente del Consorcio de la Operación Chamartín. El consorcio -formado por las tres administraciones (Fomento, Comunidad, Ayuntamiento), Renfe (dueña de la mayoría del suelo) y Desarrollo Urbanístico Chamartín (Duch), filial del BBVA encargada de los trabajos-, renueva su presidencia, que corresponde cada año a una administración (Octubre 2001). 

EL INTERVENTOR RECOMIENDA AL ALCALDE QUE JUSTIFIQUE EL GASTO DE SU CUENTA RESTRINGIDA

El interventor municipal Vicente Arnau recomienda la regulación de la cuenta restringida de 7,1 millones de pesetas anuales que el alcalde, José María Álvarez del Manzano, del PP, utiliza discrecionalmente, y aconseja que todos los gastos cuenten con su oportuna justificación. Así lo expresa Arnau en el preceptivo informe previo a la aprobación de los presupuestos municipales, que serán votados en un pleno extraordinario. Esta cuenta restringida, objeto de una investigación del Tribunal de Cuentas, desató una tormenta política el año pasado. Entonces se destapó que, con cargo a esta cuenta, el alcalde había hecho durante años donativos a instituciones religiosas y algunos viajes particulares con su esposa, María Eulalia Miró, además de pagar un televisor para un hogar del jubilado y diversas cantidades como ayuda a la costurera de su esposa. Pero hay más de 12 millones de pesetas de los que no hay ningún justificante. El interventor opina que 'aquellos gastos que puedan considerarse estrictamente como de protocolo y representación [entre los que incluye la cuenta restringida del alcalde] deben ser objeto de regulación específica'. Arnau añade que todos los gastos cargados a esa cuenta 'deben ser consecuencia de actos de protocolo y representación', 'redundar en beneficio o utilidad de la Administración' y no suponer 'retribuciones en especie o metálico'. El informe detalla que cada gasto deberá estar justificado 'con facturas originales'. Incluso cuando 'los gastos no superen las 15.000 pesetas (...) podrá acompañarse el tique expedido por la caja registradora', apunta. Por último, el interventor señala que 'excepcionalmente', y para gastos de escasa cuantía en los que haya sido imposible la obtención de la factura, se expedirá por la autoridad competente una certificación (Noviembre 2001). 

27.000 FAMILIAS SUFREN "POBREZA EXTREMA"

Unas 27.000 familias de la región madrileña (un 1,5% del total) viven en la 'pobreza extrema', según el estudio elaborado por el departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra para el futuro Plan contra la Exclusión de la Comunidad de Madrid. Estos hogares, con una media de tres miembros, tienen ingresos no superiores a las 60.000 pesetas al mes. Un tercio están formados por mujeres solas con hijos, y en un 42% de los casos hay enfermos crónicos o minusválidos. Los autores del estudio, dirigido por el sociólogo Miguel Laparra, concluyen que en una comunidad autónoma como la madrileña, con una situación económica superior a la media del Estado, buscar soluciones a ese 1,5% de hogares que padecen miseria 'es una tarea abordable de forma social, política y económica'. En el conjunto de España, las familias que sufren pobreza extrema suponen un 3% del total. El informe considera que una familia sufre pobreza extrema cuando sus ingresos mensuales son inferiores o equivalentes al Ingreso Madrileño de Integración (IMI) -también conocido como salario social- que le correspondería según sus miembros. Por ejemplo, a una familia formada por una madre con dos hijos le correspondería percibir un IMI de unas 60.000 pesetas al mes. Si gana menos de eso o está en el límite, puede considerarse que padece extrema necesidad, según el criterio seguido en este estudio. El 40% de esas 27.000 familias pobres percibe dicho subsidio.

- Vivienda. Los autores hacen mucho hincapié en los elevados precios de la vivienda en Madrid como un factor que puede crear grandes bolsas de pobreza. 'Los precios de los pisos han subido a un ritmo muy superior a los de las rentas familiares, y eso hace que, si en 1998 los madrileños dedicaban un 42,3% de sus ingresos a la vivienda, en 2000 tuvieron que destinar hasta un 49,3%, y la tendencia de este año es similar'. Además, de las casas construidas de 1995 a 1999 en la región, 'el 76,5% era de precio libre'; es decir, a los cada vez más altos precios del mercado. Conclusión: 194.432 familias no podrían acceder a una vivienda si ahora tuvieran que comprarla o alquilarla. Los expertos matizan que eso no significa que vivan en la calle o en chabolas. 'Muchas residen en pisos que adquirieron en momentos menos alcistas o que heredaron, y también en casas de renta antigua o en viviendas sociales. Lo que queremos decir es que ahora, si se quedasen sin ellos, no tendrían opción', explican. Hay asimismo 5.411 familias que malviven en poblados de casetas y en pisos ínfimos y mal dotados (chabolismo vertical), y otras 30.000, en casas que pueden considerarse infraviviendas por su mal estado de conservación.

- Empleo. Un 5,5% de los hogares madrileños (unas 85.000 familias) sufre exclusión laboral porque ningún miembro del hogar tiene trabajo o, si lo tiene, éste no es ni fijo ni a jornada completa.

- Educación. Unos 75.400 ciudadanos mayores de 16 años (un 1,8% del total) son analfabetos. Asimismo, en la región hay, según el estudio, 1.617 niños no escolarizados en tramos de enseñanza obligatoria (de los seis a los 16 años) y 7.900 de 16 años. De las 80.000 personas que sufren pobreza extrema, 25.000 (un 30%) son niños; y, en esas condiciones, es muy difícil que estos chavales tengan un rendimiento escolar que les saque del círculo de la miseria.

- Salud. Los madrileños sin ningún tipo de cobertura sanitaria, ni pública ni privada, son muy pocos: un 0,3% (unos 15.000).

De los 27.000 hogares extremadamente pobres, unos 11.000 (un 40%) cobran a lo largo del año el IMI, una ayuda regional de 43.085 pesetas al mes, que se incrementa en otras 10.745 por la primera persona a cargo y en otras 6.730 por la segunda.

Pero hay otras 16.000 familias que no acceden a este subsidio. Para llegar a ellas, el Gobierno regional ha decidido transformar, a partir del 1 de enero de 2002, el IMI en una renta mínima de inserción como la que ya hay en el País Vasco. El estudio encargado a la Universidad Pública de Navarra pretende servir de base a la futura Ley de Rentas Mínimas de Inserción, pendiente sólo de ser debatida en la Asamblea, y al Plan Regional contra la Exclusión, aún en negociación entre el Gobierno regional, patronal, sindicatos y expertos de universidades madrileñas.

La principal diferencia entre el IMI y las rentas mínimas es que, en el primero, la ayuda económica está condicionada a que el perceptor cumpla un programa de inserción (cursos de formación, escolarización de los hijos...) y, sin embargo, las segundas se dan a todas las personas que demuestren carecer de ingresos, sin obligarles para ello a seguir ningún proyecto. Además, la cuantía mensual de la renta mínima es mayor: 49.000 pesetas al mes por persona, frente a las 43.000 del IMI.

Además de este estudio, encargado por la Comunidad, en el último año se han publicado otros dos informes sobre la pobreza en Madrid, realizados por el equipo de investigación sociológica Edis para el Ayuntamiento de la capital y el Defensor del Menor.

Según el primero, en el municipio de Madrid hay 10.000 hogares en 'pobreza extrema' (renta per cápita de menos de 25.000 pesetas al mes), 23.000 en lo que se llama 'pobreza moderada' (renta per cápita de 25.000 a 35.000) y 74.000 en nivel de 'precariedad' (de 35.000 a 49.000 pesetas).

El informe del Defensor del Menor indicaba que 160.000 niños y adolescentes madrileños (el 14% del total) vivían en hogares 'pobres' (con una renta per cápita inferior a 50.000 pesetas al mes), y 50.000, en familias con 'pobreza severa' (Noviembre 2001). 

EL IMEFE TUVO QUE DEVOLVER 63 MILLONES DE PESETAS AL GOBIERNO ENTRE 1993 Y 1998 POR DIVERSAS 'ANOMALÍAS'

La dirección provincial del Instituto Nacional de Empleo (Inem) obligó al Imefe (Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial) a devolver más de 63 millones de pesetas por diversas 'anomalías' detectadas en la gestión de este último organismo entre 1993 y 1998 dentro del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional. Durante este periodo de tiempo, dicho plan dependía del Inem, de quien el Imefe recibía las subvenciones para algunos de sus cursos. A partir de 1998, el plan pasó a manos de la Comunidad de Madrid.

Como se recordará, el escándalo de los cursos del Imefe saltó a principios del presente año, tras descubrirse que la empresa Ifomar había cobrado en 1999 casi 40 millones de pesetas por dar unos cursos a presos que nunca se impartieron (Noviembre 2001). 

EL INTERVENTOR MUNICIPAL PONE REPAROS A LA COMPRA DE LAS SEDES DEL BBVA Y EL SCH

Los convenios firmados por el segundo teniente de alcalde, Ignacio del Río, con los bancos BBVA y SCH para trasladar la Gerencia Municipal de Urbanismo a las actuales sedes de esas entidades -en la calle de Alcalá, números 45 y 49- no se ajustan a la Ley de Régimen Local, según dos informes del interventor general en el Ayuntamiento, Vicente Arnau. Éste cuestiona varios puntos de los convenios, tales como que la compra de los edificios se pueda hacer mediante la venta o permuta de suelo municipal. Según Arnau, se deben 'consignar en los presupuestos las cantidades necesarias' para abonar los 18.633 y 15.000 millones comprometidos, respectivamente, con el BBVA y SCH (Diciembre 2001). 

LA OPERACIÓN CHAMARTÍN ARRANCA 10 AÑOS DESPUÉS DE SU PRESENTACIÓN CON EL DOBLE DE EDIFICABILIDAD

La construcción de la denominada nueva Castellana (más de tres kilómetros de vías e infraestructuras nuevas que prolongarán el actual paseo hasta la M-40) contará con fondos públicos y costará 100.000 millones más de las cifras anunciadas hasta ahora (150.000 millones). Benigno Blanco, secretario de Estado de Infraestructuras; Luis Eduardo Cortés, vicepresidente regional, e Ignacio del Río, segundo teniente de alcalde, presenta un acuerdo que modifica sustancialmente una operación lanzada en 1993 para cubrir de edificios el mar de vías de la estación de Chamartín. Además de elevar a 250.000 millones el gasto previsto, el acuerdo incrementa la edificabilidad del 0,6 en vigor en la zona a un 1,05.

Los responsables de Urbanismo de las tres administraciones- Ministerio de Fomento, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid- comparecieron conjuntamente para presentar el 'arranque' definitivo de la Operación Chamartín. Pero el escenario de datos y cifras que desglosaron Benigno Blanco, Ignacio del Río y Luis Eduardo Cortés tiene prácticamente sólo dos puntos en común con lo que se conocía hasta ahora de esa operación urbanística anunciada en 1993: el deseo de alargar 3,5 kilómetros el paseo de la Castellana, hasta alcanzar la M-40 aprovechando la radical remodelación que sufrirán las instalaciones de Renfe, y la construcción de una nueva estación. Manteniendo esos dos puntos, el modo en que se va a desarrollar la extensión de la capital hacía el norte cambia radicalmente. Hasta ahora, estaba previsto un desembolso de 150.000 millones en infraestructuras. Dinero que tenía que aportar la empresa Desarrollo Urbanístico Chamartín (Duch). Esos fondos tenían que salir íntegramente de los beneficios (plusvalías) que generará la venta o alquiler de los miles de viviendas y oficinas que se construirán en la zona. Pero Duch, creada por Argentaria tras ganar esta entidad financiera el concurso convocado por Renfe para llevar a cabo la operación, lleva desde 1997 reclamando que las administraciones aporten dinero para la realización de las infraestructuras. Duch considera que la edificabilidad que fija el Plan General de Ordenación Urbana (0,6 metros cuadrados construidos sobre cada metro de suelo) es insuficiente para poder financiar toda la operación sólo con las plusvalías. El rechazo general de las administraciones a poner dinero público y los recelos del Ayuntamiento a subir la edificabilidad bloquearon durante años el desarrollo de la operación. Pero Duch ha conseguido ahora que se acepten sus propuestas: habrá dinero público y subirá la edificabilidad de la zona (Diciembre 2001). 

EL ALCALDE DE MADRID INTENTARÁ EVITAR EL DERRIBO DE LA IGLESIA DE FUENCARRAL 

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, advierte de que hará todo lo posible  para evitar el derribo de una parte de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes (Fuencarral-El Pardo). El Tribunal Supremo, después de desestimar el recurso que presentó el Arzobispado de Madrid, ha dado luz verde para que la parte de la iglesia sea derribada porque es contraria a las normas urbanísticas del municipio ya que está a menos de siete metros de unas viviendas.

'Respetamos la decisión judicial, pero haremos todo lo posible para que la razón se imponga. No tiene sentido derribar una iglesia bien construida porque lo soliciten dos personas', afirmó Álvarez del Manzano, que todavía no ha visto la resolución del Supremo. Hace 10 años, dos vecinos de un edificio próximo a la iglesia denunciaron que el templo estaba muy próximo a sus casas y que les tapaba la luz natural. Los jueces declararon que una parte de la estructura de la iglesia era ilegal y que había que demolerla. Pero el Ayuntamiento no actuó para que así se hiciera a pesar de que los propios jueces del Tribunal Superior le recordaron al Consistorio que tenía que cumplir la sentencia que ahora ha sido ratificada por el Supremo (Enero 2002). 

EL HIJO DEL ALCALDE MANZANO ENVUELTO EN IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS

Ignacio del Río, segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, se ve obligado a señalar  que respalda la actuación de los funcionarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo que abrieron expediente al arquitecto José María Álvarez del Manzano y Miró, hijo del alcalde de la capital, por carecer de licencia para construirse un ático en su vivienda del distrito de Hortaleza. El denunciado debe solicitar el permiso de inmediato tendrá que demoler la azotea. Tanto Álvarez del Manzano y Miró como otros nueve vecinos de su urbanización fueron denunciados por edificar los áticos ilegales por un mesonero al que aquéllos, previamente, obligaron a clausurar el horno de asar de su restaurante, instalado en la planta baja de la urbanización (Enero 2002).  

UN INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS DESVELA 'GRAVES IRREGULARIDADES' EN EL IMEFE

Un informe realizado por la Cámara de Cuentas sobre la gestión del Instituto Madrileño para la Formación y el Empleo (Imefe) en el año 2000 señala que ese organismo cometió graves irregularidades que podrían implicar responsabilidades penales. La actuación del Imefe está en entredicho desde que en enero pasado la oposición denunció la contratación de cursos de formación que no se realizaron. El informe llega apenas dos semanas después de que se conociera que la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo reclama al gobierno municipal, del PP, seis millones de euros ( 1.000 millones de pesetas ) por irregularidades contables. Tanto las conclusiones de esa auditoria como el informe de la Cámara de Cuentas se contradicen con los resultados de la comisión de investigación creada por el Ayuntamiento para aclarar la verosimilitud de las denuncias sobre los falsos cursos del Imefe. Según la Cámara de Cuentas, durante el año 2000 -ese organismo no puede juzgar ejercicios anteriores a su creación- se realizaron cursos por los que se adeudan a algunas empresas más de tres millones de pesetas, pero éstas no acuden cuando son requeridas a cobrar la deuda y justificar el motivo de la misma. Asimismo, en 15 de los 34 cursos estudiados, los alumnos no cumplieron los requisitos exigidos y se desconoce el valor de los bienes inmuebles del instituto, ya que no se inventariaron los bienes adquiridos por leasing y renting (Febrero 2002).  

URBANISMO GASTARÁ 962.000 EUROS PARA CONVERTIR UN CHALÉ EN LA OFICINA OLÍMPICA

Ignacio del Río, segundo teniente de alcalde y edil de Urbanismo, tiene previsto instalar su despacho como responsable de la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2012 en un lujoso chalé de Aravaca próximo a su domicilio particular. Tanto la sociedad Madrid 2012 como la Gerencia Municipal de Urbanismo han confirmado que en el inmueble, adquirido por el Ayuntamiento hace un año por 300 millones de pesetas, se están realizando obras por valor de 961.619 euros (160 millones de pesetas) para acondicionar los despachos de los responsables de la candidatura. A pesar de ello, Del Río no ha informado de las obras a la oposición.

La sociedad Madrid 2012 tendrá su sede en una lujosa vivienda construida en 1967 por el arquitecto Javier Carvajal, ex senador del PP y autor de la controvertida Torre de Valencia, en Madrid. El Ayuntamiento adquirió el inmueble, sito en el número 23 de la calle de Pléyades (Moncloa-Aravaca), el ejercicio pasado por 300 millones de pesetas.

Las obras, dirigidas por el mismo arquitecto que construyó la casa, se llevan con tal secretismo que en ningún ámbito municipal se ha planteado el uso del inmueble, la realización de los trabajos, el proyecto de reforma o la disposición presupuestaria' (Febrero 2002). 

SE APRUEBAN  88 CONTRATOS, DE LOS QUE SÓLO 8 FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE CONCURSO ABIERTO

La Comisión de gobierno, presidida por el alcalde, José María Álvarez del Manzano, notifica el gasto de más de dos millones de euros con cargo a los presupuestos del año pasado. El gasto de ese dinero se repartió en 88 contratos, de los que sólo ocho de ellos se adjudicaron por procedimiento abierto o por concurso. En los 80 contratos restantes, el gobierno municipal recurrió a la adjudicación directa mediante el sistema de contrato menor o la fórmula del 'procedimiento negociado sin publicidad', según el orden del día de la Comisión de gobierno. La coletilla de 'adjudicación realizada mediante procedimiento negociado sin publicidad', aparece en 26 de las adjudicaciones de las que se dio por enterada  la Comisión de gobierno, mientras que la fórmula del 'contrato menor' figura en otras 54 adjudicaciones. El procedimiento negociado es aquel en el que concurren sólo tres empresas invitadas expresamente por el gobierno. El contrato menor se puede utilizar para la adquisición de suministros o servicios cuyo importe no supere los dos millones de pesetas (12.020, 24 euros) (Febrero 2002). 

EL ALCALDE MADRID CADA DÍA MAS RUMBOSO: REGALA  20.000 METROS A UNA FUNDACIÓN RELIGIOSA PARA HACER UN COLEGIO

El Ayuntamiento de Madrid ha cedido -tras la presión del arzobispado-, gratuitamente y por 75 años, una parcela de 20.000 metros cuadrados valorada en 11,8 millones de euros ( 1.960 millones de pesetas ) a una fundación de inspiración religiosa para que construya un colegio concertado en Las Rosas ( San Blas ). La Consejería de Educación se mostró favorable a la subvención, a pesar de que en la zona sobran plazas en centros públicos y de que aquél aún no está construido.

El obispo auxiliar de Madrid, Fidel Herráez Vega, se dirigió por escrito y 'por indicación del señor cardenal [arzobispo de Madrid]' Antonio María Rouco Varela al gerente municipal de Urbanismo, Luis Armada, en tono familiar. En una carta del 25 de enero pasado, Herráez pedía su 'intervención' para agilizar 'los trámites' de la cesión por parte del Ayuntamiento a la Fundación Internacional de Educación, constituida hace poco más de un año, de una parcela de 19.127 metros en la Rosas (San Blas) para que dicha entidad construyera 'un colegio concertado'.

Menos de un mes después, el 21 de febrero, el pleno del Ayuntamiento aprobó, con la oposición de IU y PSOE, la cesión gratuita por 75 años de este solar valorado por Urbanismo en 11,8 millones de euros a esta fundación sin ánimo de lucro y en la que, según indicaba por escrito Juan Manuel Albendea, parlamentario por Sevilla, al alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, 'los miembros fundadores son del movimiento Comunión y Liberación'. Esta asociación católica, de claro talante conservador, fue fundada en 1954 por el sacerdote milanés Luigi Giussani, y reconocida hace 20 años por la Iglesia como asociación de fieles (Marzo 2002). 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS VE 'IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DEL GASTO' DE LA CUENTA DEL  ALCALDE DE MADRID QUE DEBERÁ DEVOLVER 406 EUROS POR UN VIAJE PRIVADO QUE PAGÓ CON FONDOS PÚBLICOS

El letrado del Tribunal de Cuentas que ha investigado los más de 170.000 euros gastados entre 1995 y 1999 por el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, con cargo a su cuenta restringida y sin control del interventor, los ha dado por buenos, excepto 313 euros (406, sumando los intereses acumulados) con los que se costeó un viaje junto a varios parientes a la boda en Badajoz de un hijo del ex diputado Luis Ramallo. El instructor reprueba 'por razones de austeridad' que gastase 25.000 euros en viajes de su esposa, pero no exige su devolución. Y considera legales todos los donativos con dinero público, incluidos los dados a la costurera del alcalde o el televisor que regaló al concejo que dirimía sus pleitos urbanísticos.

El letrado del Tribunal de Cuentas Carlos Ortega Carballo ha investigado los donativos del alcalde -en los que al menos 18.000 euros carecían de factura- y asegura que ha obtenido 'las facturas y justificantes de todos los gastos y de la aportación de los correspondientes escritos del jefe del gabinete técnico y visto bueno del alcalde'. El letrado recoge en su escrito alguno de los argumentos del equipo del alcalde para justificar los gastos. Entre otras razones, los colaboradores de Álvarez del Manzano recuerdan que los regidores anteriores hacían lo mismo con una cuenta parecida.

El instructor lanza varios reproches al uso de esta cuenta por el alcalde de Madrid. Destaca que hasta 2000, el alcalde no remitió ninguna de las facturas correspondientes a su cuenta restringida, de la que dispuso desde 1991. Considera que la naturaleza misma de dicha cuenta sufrió un cambio en 1995 que significó una clara 'irregularidad en la gestión del gasto'. La anomalía consiste en el sistema de libramiento en firme de los 42.771 euros que recibió el alcalde anualmente en su cuenta restringida: 'En ningún caso se puede librar en firme un mandamiento de pago sin que se presente en el momento la documentación justificativa del mismo', escribe el letrado (Abril 2002).  

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y  EL CASO FUNERARIA: EL JUEZ DICTA UN AUTO EN EL QUE ACUSA A 3 CONCEJALES DEL PP DE DIVERSOS DELITOS 

El juez que tramita el caso de la Funeraria dicta un auto por el que se acusa formalmente a tres concejales del PP de diversos delitos, en relación con la privatización de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid (EMSF).

Como se recordará, en 1991, el Ayuntamiento de Madrid inició un procedimiento por el que se vendieron el 49% de las acciones de la empresa municipal a Funespaña. Francisco Herrera, entonces concejal de IU, llevó a los tribunales la privatización, por considerar que había graves irregularidades en la venta.

El auto consta de una docena de folios y acusa a Luis María Huete, actual diputado del PP en la Asamblea, a Simón Viñals, hoy concejal de Sanidad, y a Antonio Moreno, concejal de Patrimonio. Se les imputan delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y maquinación para alterar el precio de las cosas. Estas acusaciones también se amplían a José Ignacio Rodrigo, que actuó como asesor del Ayuntamiento y luego fue contratado por la empresa adjudicataria del concurso. Los hermanos Valdivia, Angel y Juan, propietarios de Funespaña, también están acusados de falsedad, delito fiscal, maquinación y malversación de fondos. No se concreta fecha para el juicio oral, pero todo apunta que se iniciará en septiembre (Abril 2002). 

AL ALCALDE DE MADRID LE APETECE SEGUIR

Al alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, del PP, le apetecería 'muchísimo' repetir en el cargo tras las elecciones municipales de dentro de un año :  'Soy un hombre ecuánime y de criterios fijos. A mí me apetece muchísimo ser el alcalde de Madrid, que es la actividad más difícil pero más bonita que puede tener una persona. Eso es maravilloso, pero creo que toca hablar de eso en septiembre' (Abril-Mayo 2002).  

CASO AYUNTAMIENTO DE MADRID $ IMEFE. LA CÁMARA DE CUENTAS DETECTA ANOMALÍAS EN LA GESTIÓN

La Cámara de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar y de controlar las instituciones públicas de la región, ha detectado múltiples anomalías en la gestión del Imefe (Instituto Madrileño para la Formación y Empleo). En el informe redactado tras examinar los balances del Imefe relativos a 2000, la Cámara de Cuentas hace hincapié en la falta de control de los gastos de protocolo y la escasa inspección de los cursos. En algunos de estos cursos, los alumnos no respondían al perfil exigido para las clases. En otros, iban a las aulas menos de los previstos. 

El informe de la Cámara de Cuentas critica la manera que tiene el Imefe de gestionar sus 'pagos a justificar'. Los miembros de un organismo público tienen que justificar o razonar este tipo de pagos a posteriori, esto es, presentando una factura. La Cámara de Cuentas explica que a lo largo de 2000, estos pagos a justificar, en el Imefe, ascendieron a 144.000 euros y se emplearon en 'atenciones protocolarias y representativas, locomoción urbana, comunicaciones telegráficas...'. Los auditores denuncian que el 41% de los gastos a justificar examinados presenta irregularidades: 'No se adjunta copia de la orden de transferencia bancaria o recibí de caja' o bien 'la persona que autoriza los gastos es la misma que los justifica y firma los cheques'. Otra de las anomalías detectadas por la Cámara de Cuentas es la relativa a los cursos mismos: en 15 de los cursos examinados por los auditores públicos, los alumnos que recibían clase 'no reunían el perfil académico exigido en el pliego de prescripciones técnicas'. Es decir, no eran los alumnos indicados para ese tipo de cursos, y a pesar de eso, las clases se impartieron. La Cámara de Cuentas especifica que en todos los casos 'existen listados de asistencia, de altas y de bajas', pero, en el caso de que asistieran a clase menos alumnos de lo previsto, el curso no bajaba de precio por parte de la empresa adjudicataria, a la que el Imefe le encargaba la gestión de esas clases: 'En ningún caso se ha liquidado el curso por un importe inferior al presupuestado como consecuencia de ser inferior el número de alumnos, posibilidad prevista en el pliego de prescripciones técnicas', según denuncia el informe (Abril-Mayo 2002). 

LOS SINDICATOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL AMENAZAN CON BOICOTEAR LOS ACTOS DE SU PATRÓN 

Unos 2.000 policías municipales de Madrid se manifestaron por la calle de Génova, frente a la sede nacional del PP, para protestar por la reorganización emprendida por la edil del área, María Tardón. Los sindicatos amenazaron al término de la marcha con boicotear los actos del patrón del cuerpo, que se celebrará el próximo 24 de junio, día de San Juan Bautista, si no llegan antes a un acuerdo con el equipo de Gobierno. 

El conflicto de la Policía Municipal viene arrastrándose desde hace seis meses. Los cinco sindicatos del cuerpo siempre han protestado porque la puesta en marcha de la denominada Policía de Barrio se ha efectuado sin la formación y los medios necesarios. La manifestación comenzó sobre las 11.30 en la plaza de Colón y discurrió por la calle de Génova hasta la plaza de Alonso Martínez. Los manifestantes pararon delante de la sede del PP y corearon gritos contra el alcalde y la edil Tardón. Algunos agentes lanzaron tres huevos contra los cristales del PP. Los policías también hicieron una sentada. El único representante sindical que pudo hablar sin ser interrumpido fue el secretario general de la Unión de Policía Municipal (UPM), Javier Payar, quien adelantó que, si el equipo de gobierno municipal 'no se aviene a razones', acompañarán al alcalde, José María Álvarez del Manzano, en todos sus actos. 'Como todo siga así, no participaremos en los concursos del día del patrón y el desfile lo tendrá que hacer este año María Tardón y el inspector jefe, José Luis Morcillo, porque a los policías no nos van a tomar más el pelo', señaló Payar (Mayo 2002). 

EL ALCALDE CEDE A UNA ENTIDAD DEL OPUS UN SOLAR DESTINADO A UN AMBULATORIO PÚBLICO

El Gobierno municipal planea ceder a la Fundación Vianorte una parcela de 4.574 metros cuadrados en la calle de Gregorio Vacas (Latina) para que instale en ese terreno un centro socio-sanitario para jubilados denominado Beato José María Escrivá de Balaguer (fundador del Opus Dei).  Esos terrenos, en el barrio del Lucero, estaban destinados a la construcción de un equipamiento público. En concreto, iban a albergar un centro de salud de atención primaria especializada (consulta de médicos especialistas como traumatólogo, otorrinolaringólogo, ginecólogo, urólogo, etcétera).

En lugar de ese centro sanitario, el Gobierno municipal ha optado por dar luz verde a la petición de la Fundación Vianorte para ubicar un centro de día que atenderá a mayores de 65 años. El presidente de esa fundación, Fernando Reinoso Suárez, argumenta en su petición que la parcela 'está calificada de equipamiento básico, y, al ser el proyecto de naturaleza sociosanitaria y asistencial, hace que la petición sea congruente para su cesión' (Junio 2002). 

SE INAUGURA UNA PLACA  EN HONOR DEL FUNDADOR DEL OPUS 

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, del PP, acompañado de la concejal presidenta de la Junta Municipal de Hortaleza, María del Carmen Rodríguez Flores, descubre una placa en honor del fundador del Opus Dei, Josemaría Escrivá de Balaguer (Junio 2002). 

UNA JUEZ DECLARA 'NULO' EL NOMBRAMIENTO DEL JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL

La juez de lo Contencioso-administrativo número 12 de Madrid, Matilde Aparicio Fernández, ha declarado nulo el nombramiento del inspector jefe de la Policía Municipal, José Luis Morcillo, que tomó posesión de su cargo el pasado 4 de octubre en sustitución de José Manuel Morales. La juez considera que el alcalde, José María Álvarez del Manzano, y la edil que propuso su designación, María Tardón, no han tenido en cuenta la capacidad y los méritos del resto de oficiales que podrían haber optado al cargo. Contra esta sentencia cabe recurso en el plazo de 15 días.

La demanda por la designación de José Luis Morcillo fue presentada el pasado 20 de febrero por el Sindicato Profesional de Mandos de Policía Locales, al entender éste que el equipo de Gobierno municipal no había tenido en cuenta la antigüedad y los servicios prestados por el resto de oficiales del cuerpo que también podrían haber optado al cargo. En ningún momento se hizo un estudio comparativo de los posibles sustitutos del anterior inspector jefe. El Ayuntamiento, por su parte, defendió que se trataba de un cargo de libre designación y que se cubría 'de manera provisional'. La juez entiende que en el caso de Morcillo 'no se ha observado el procedimiento legalmente previsto' en los nombramientos por libre designación: 'No existió convocatoria del puesto vacante, no se pudieron presentar solicitudes y, en consecuencia, el alcalde, al nombrar al funcionario en este caso, no tuvo conocimiento de las posibles opciones que habría tenido de nombrar a otros funcionarios en quienes también concurriesen las condiciones reglamentarias previstas'. La juez cree que, al no concurrir otros solicitantes, no se han cumplido los principios de mérito y capacidad, ya que 'sólo constan los posibles méritos del nombrado', pero no los de los demás oficiales para que pudieran ser valorados.

Aparicio cree que debe iniciarse un procedimiento para nombrar al nuevo jefe de la Policía Municipal: 'Debe concluirse que el alcalde tiene la obligación de considerar seriamente todas las solicitudes y, por tanto, no puede adelantarse antes de nombrar nuevamente al mismo funcionario'  (Junio-Julio 2002). 

EL ALCALDE INVOCA 'LA HISTORIA' PARA MANTENER LA ESTATUA DE FRANCO  

'La historia es la historia'. Con esta frase, José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid, justificó su propósito de mantener la estatua del general Francisco Franco situada en uno de los accesos laterales al edificio de los Nuevos Ministerios, frente a la plaza de San Juan de la Cruz. Salía así al paso a una pregunta sobre la retirada en la ciudad costera gallega de Ferrol, de otra escultura ecuestre del dictador que fue apeada de la peana que ocupaba en la plaza de España.La escultura de la plaza madrileña, donde lleva desde 1959, fue realizada por el escultor José Capuz en 1956 y tiene siete metros y medio de altura. Su autor se inspiró en otra erigida en Padua (Italia) por Donatello en el siglo XVI, dedicada al condottiero Erasmo da Narmi, conocido como Gattamelata (Julio 2002). 

EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PENDIENTE DE UNA LLAMADA TELEFONICA

-¿Le ha llamado ya el presidente Aznar?

-Todavía no.

-¿Qué le va a decir si habla con él?

-Esperemos a que termine el debate del Estado de la Nación. Ahora mismo, José María está en un tema tan importante, tan interesante para todos los españoles, que dejemos que plantee los grandes problemas.

-¿El suyo no lo es?

-Es de menor trascendencia, de referencia más personal. Él ha tomado la gran decisión sobre la que estoy absolutamente de acuerdo y, luego, explicaciones para un amigo siempre llegan.

-¿Y la conversación con Arenas?

-Sólo he dicho que la he tenido, nada más. Fue el conducto reglamentario y amistoso por el que me llegó la decisión del partido.

-Usted quería que la proclamación del candidato a  sucederle se hubiera producido más tarde. ¿No se siente frustrado?

-Ya estoy acostumbrado a que, muchas veces, lo que uno dice no sea aceptado por los demás, porque ya se ha establecido internamente una estrategia que no coincide en el tiempo. Es verdad que yo era partidario de que la proclamación de los candidatos se realizara más tarde.

-¿Por qué?

-No por mí, sino porque creía que en una estrategia política no deben mantenerse tanto tiempo las expectativas, pues se trata de una campaña que puede ser muy larga.

-¿Por que no se hizo así?

-Existía una fuerte presión externa y se decía que estábamos a la greña, mientras el PSOE ya tenía candidato y alguien se lo debió creer.

-¿Alguien de su partido?

-Sí, así es.

-Sin embargo, el PSOE parecía ganar terreno...

-Se ha dicho que apareciendo más tarde los candidatos del PP, el PSOE se quemaría antes...

-Bueno, ellos seguirían haciendo una política sin referente y con menos tiempo para manejar su estrategia. Y cuanto más sorprendas al adversario, mejor.

-¿El PP está en otra onda?

-Yo indiqué que cualquier candidato del PP iba a ser más conocido y, por tanto, a mi juicio era bueno que los nombres no se hubiesen mostrado hasta después del  congreso regional, no porque yo quisiera estar más o menos tiempo; sencillamente, creo que para nosotros era mejor.

-Y no le hicieron caso...

-En el partido, se habla, se debate y se elige la estrategia que defiende mejor sus intereses. Por ejemplo, José Bono y Francisco Vázquez mantienen en sus Comunidades planteamientos similares a los que yo he defendido (Entrevista ABC.14.07.02) (Julio 2002).  

ÁLVAREZ DEL MANZANO SE CONFIESA

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, del PP, asistió  'con nostalgia' a las últimas fiestas de la Paloma a las que irá como alcalde, puesto que el año próximo ya será otra persona la que ocupe el sillón del Ayuntamiento, tras la celebración de las elecciones municipales, previstas para mayo de 2003.

El actual regidor defendió 'las tradiciones y la cultura de Madrid', antes de advertir: '¡Ay del que se olvide de su historia y de sus tradiciones...!, que no tienen nada que ver con un falso casticismo'.

El alcalde, sin citar a nadie en concreto, afirmó: 'Los progres, como no entienden de cultura, confunden el falso casticismo de Arniches con las verdaderas tradiciones de la ciudad'. A preguntas de los periodistas, se explayó: 'Entre la falsa progresía, porque hay mucho progre falso, hay quien cree que el casticismo es mantener las tradiciones, y son éstas las que dan personalidad a las ciudades; el falso casticismo es otra cosa'.

'Madrid es una ciudad moderna y compite con Roma, París, Nueva York o Londres, no con otras ciudades. Pero conservar sus tradiciones no es casticismo: es mantener viva la cultura de la ciudad, y eso nos diferencia de otras ciudades, es respetar la historia, y es lo que yo hago', agregó.

Tras afirmar que 'Madrid es una de las grandes ciudades del mundo', prosiguió: 'Esta ciudad tiene muy buenas costumbres y tradiciones. Yo he procurado recuperar unas cuantas, consolidar otras que ya estaban, y supongo que habrá alguna más, porque eso nos distingue de otras ciudades, afortunadamente'. El PP ha decidido que Álvarez del Manzano no sea el candidato a la alcaldía en 2003, y en su lugar lo hará su compañero de partido Alberto Ruiz-Gallardón, actual presidente del Gobierno regional. Éste no asistió a los actos de la Paloma, pese a que ambos habían inaugurado horas antes el cuarto carril de la M-40, junto con el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos.

'Me llevaré un enorme disgusto cuando me vaya del Ayuntamiento', confesó el regidor, 'pero, mientras esté en activo, sigo como si no pasara nada, con todas las consecuencias; el disgusto no me lo voy a llevar anticipadamente' (Agosto 2002). 

CASO FUNERARIA: EL FISCAL PIDE CÁRCEL PARA TRES CARGOS DEL PP

Los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid Simón Viñals y Antonio Moreno y el diputado autonómico Luis María Huete se sentarán el próximo otoño en el banquillo acusados por el fiscal de prevaricación, malversación de caudales públicos y maquinación para alterar el precio de las cosas al adjudicar el 49% de la empresa funeraria municipal por 100 pesetas a la empresa privada Funespaña. La Fiscalía Anticorrupción pide para Viñals, Moreno y Huete penas de seis años de cárcel y 25 de inhabilitación. El juez encargado de la instrucción de este caso, José Luis Quesada, ha preparado ya el escrito en el que solicita la apertura de juicio oral.

Junto a Viñals, concejal de Sanidad de Madrid; Antonio Moreno, responsable del área de Patrimonio, y Luis María Huete, actualmente diputado y primer teniente de alcalde cuando en 1993 se adjudicó por concurso el 49% de la funeraria municipal a la empresa Funespaña, se sentarán también en el banquillo de los acusados los tres beneficiarios de la operación: José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios y presidente de Funespaña; Ángel Valdivia, consejero delegado de Funespaña, y su hermano Juan Antonio Valdivia, vicepresidente.

José Ignacio Rodrigo fue contratado por Viñals como asesor del Gobierno municipal en el proceso de privatización de la funeraria. Al mismo tiempo, Rodrigo estaba involucrado en la oferta que presentó Funespaña y tenía 'los pertinentes acuerdos con los hermanos Valdivia para participar accionarialmente en la misma tras la adjudicación del contrato', según se recoge en los escritos de conclusiones provisionales presentados por el fiscal Anticorrupción, IU (personado como acusación popular) y PSOE.

El edil de Sanidad, Simón Viñals, ha manifestado su intención de permanecer en el Gobierno municipal hasta que concluya la legislatura a pesar de la gravedad de las acusaciones a las que se enfrenta (Agosto 2002). 

COMUNIDAD DE MADRID Y EL CASO IMEFE

La Comunidad de Madrid contrató entre 1995 y 2000 decenas de cursos de formación para desempleados, por valor de 697.560 euros, con las mismas empresas relacionadas con el denominado caso Imefe. Estas empresas cobraron del Instituto Municipal de Empleo (Imefe), dependiente del Ayuntamiento de Madrid, cursos que luego no impartieron, les fueron adjudicados concursos sin tener casi plantilla y pertenecen a militantes del PP. Estos cursos están sufragados en parte por la Unión Europea.

Estos cursos fueron contratados por el Instituto Madrileño de Empleo (Imaf), una institución que ya no existe. Hasta septiembre de 2001, la Consejería de Economía gestionaba las competencias de empleo. En esa fecha, fue creada la Consejería de Trabajo, que asumió la gestión de las políticas de empleo y decidió disolver el Imaf.

Las compañías son grupos de empresas muy pequeñas (en algún caso sin ningún trabajador) que se presentaban a los concursos con distintos nombres, pese a tener la misma sede social y los mismos dueños.Uno de estos grupos es el formado por las firmas Prevecón, Ifomar -sancionada por cobrar un curso no impartido a reclusos-, Incof y Defoco. Entre los administradores de estas empresas figuran dos militantes del PP, uno de ellos Javier Alvear Fernández Segado.

Como se recordará, el denominado CASO IMEFE salió a la luz en enero de 2001, cuando se publicó que varias empresas participadas por militantes del PP habían acaparado entre 1995 y 2000 unos 1.400 millones de pesetas en cursos de formación para desempleados. Estas empresas apenas contaban con plantilla y en los concursos públicos competían con prestigiosas academias de formación. En los meses siguientes fueron haciéndose públicas más irregularidades: algunos de estos cursos ni siquiera se habían impartido y en otros las empresas cobraban dinero por más alumnos de los que en realidad asistían a clase. Además, se demostró que a veces los alumnos poco tenían que ver con el perfil profesional al que oficialmente iban dirigidas las clases. El propio Imefe sancionó posteriormente a una de estas empresas, Ifomar, por haber cobrado por impartir cursos de reinserción a reclusos que en realidad nunca existieron. Estos cursos estaban pagados parcialmente (entre un 30% y un 50% de su coste) por los fondos de la Unión Europea. Bruselas ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a devolverle 4,1 millones de euros por estas irregularidades. Una investigación de la Cámara de Cuentas de la Comunidad -el organismo encargado de fiscalizar el dinero que gastan las administraciones públicas en la región- alertó en mayo de este año de que el Imefe no había controlado adecuadamente a las empresas implicadas para que llevaran a cabo los cursos en las mismas condiciones fijadas en los contratos de adjudicación. Además, la Cámara alertó de otras irregularidades en la gestión del Imefe, como el excesivo gasto en protocolo. El PSOE presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 23 de abril instándole a investigar estos hechos. La investigación aún no ha concluido. El caso Imefe costó el cargo a dos altos cargos municipales, aunque su presidenta, María Antonia Suárez, sigue el el cargo pese a las reiteradas demandas de la oposición para que sea relevada. El gerente del organismo, Ricardo Pey-dró, sí dimitió. Abandonó el cargo en mayo de 2001 y fue sustituido por Jorge Travesero. Cuatro meses antes, el 2 de febrero, el Ayuntamiento de Madrid destituyó a un alto cargo adjunto a Pey-dró, José Luis Solana, por su presunta relación de amistad con uno de los propietarios de las empresas beneficiadas en las adjudicaciones (Septiembre 2002). 

CASO FUNERARIA: EL FISCAL DICE QUE FUE VENDIDA AUNQUE EL MUNICIPIO PODÍA SALIR PERJUDICADO

El 'principal beneficiado' por la privatización del 49% de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid en 1992 no fue el Ayuntamiento que preside José María Álvarez del Manzano, que recibió 0,60 euros, sino el asesor del equipo de gobierno del PP en tal proceso, José Ignacio Rodrigo, según concluyen el juez y el fiscal del caso. El fiscal calcula que Rodrigo, actual presidente de Funespaña, logró unos ingresos de 10,1 millones de euros a través de su participación accionarial desde 1993 en la adjudicataria y en las sociedades que creó para cobrar la gestión de la empresa mixta.

La investigación judicial del caso funeraria, en el que están imputados los concejales Antonio Moreno, Simón Viñals y el hoy diputado regional Luis María Huete (los tres del PP) parte de una querella de la Fiscalía Anticorrupción presentada en 1999. El fiscal solicita para los tres un año de prisión por maquinación para alterar el precio de las cosas y cinco años más por malversación, así como 25 años de inhabilitación. El acusador pide para Rodrigo seis años de prisión por los mismos delitos.

Según el fiscal, los tres ediles concibieron 'poner cuanto antes la gestión de la funeraria en manos de una empresa privada que fuera de su agrado y confianza, aceptando el perjuicio económico que pudiera derivarse para las arcas del Ayuntamiento'. La instrucción disecciona cómo se fraguó una venta tan ruinosa para las arcas municipales -'prácticamente gratuita', dice el fiscal- como beneficiosa para Funespaña, y para su presunto cerebro, José Ignacio Rodrigo: la privatización del 49% de la Empresa de Servicios Funerarios por el ayuntamiento en 1992. El PP aprobó la operación, con informes contrarios del interventor y favorables de Rodrigo y de las concejalías de Viñals y Moreno.

Tanto el juez José Luis Quesada, en el auto del pasado 15 de abril en el que cerraba su investigación, como el fiscal, en su escrito del 30 de julio, no dudan del papel 'decisivo' o 'director' desempeñado por Rodrigo en la venta. 'Rodrigo se puso de acuerdo con el acusado Juan Antonio Valdivia, representante legal de una de las empresas oficiosamente consultadas, Funespaña, para asegurarse una importante participación lucrativa en tal operación'.

Según la fiscalía, si la venta de la funeraria le proporcionó al Ayuntamiento 0,60 euros, Rodrigo obtuvo 10,1 millones a través de su presencia accionarial en Funespaña y de sus sociedades relacionadas con la gestión de la misma. Supera incluso a quien concurrió como representante legal de Funespaña, Juan Antonio Valdivia, que ingresó 9 millones.

'El acuerdo entre Rodrigo y Valdivia', según el fiscal, 'consistió en que el primero aportaría los fondos necesarios para hacerse con la funeraria, haciendo valer su capacidad de influencia en los concejales acusados para que la adjudicación se hiciera a favor de Funespaña'. A cambio, Rodrigo se aseguraba 'una importante participación en el capital social de Funespaña, participación que debería permanecer oculta para no poner en tela de juicio la licitud de la enajenación, dada su condición de asesor de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid'.

Rodrigo 'emitió un informe sobre las distintas ofertas y concluyó a favor de la presentada por Funespaña, de la que habría de adquirir un importante número de acciones pocas fechas después y en ejecución de un acuerdo anterior en el tiempo'. Funespaña carecía de la suma con la que había garantizado ampliar el capital de la empresa mixta (1,2 millones de euros). Tanto el juez como el fiscal tienen claro quién aportó esa suma en febrero de 1993, dos meses después de que el Ayuntamiento declarase vencedora a Funespaña: 'Provino en su mayor parte de una cuenta en el extranjero de Rodrigo'. A cambio éste se convirtió, según juez y fiscal, en destacado accionista de Funespaña, de la que es presidente desde 1995.

Ambos sostienen que, para 'ocultar' su participación en Funespaña, Rodrigo simuló que la compra de acciones se produjo en 1998, y no en 1993, y utilizó empresas pantalla. El juez resume los indicios: Rodrigo mantuvo contactos previos al concurso con Funespaña, aportó su ampliación de capital, compró gran número de acciones de Funespaña tanto simultáneamente como posteriormente a la privatización y lo ocultó mientras era consejero de la empresa mixta, y cobró por la gestión a través de empresas pantalla en paraísos fiscales. El juez relata que Huete y Viñals, entonces presidentes de la funeraria, decidieron privatizar en 1992 la mitad de las acciones, cuyo capital y gestión eran íntegramente municipales. (El fiscal incluye a Moreno en este núcleo privatizador). Huete y Viñals para justificar la venta de la funeraria, invocaron 'su mala situación económica, a sabiendas de las muy favorables expectativas de la empresa'.

Los tres concejales imputados en el caso Funeraria, según el fiscal, obviaron las peticiones del gerente de la empresa, Francisco Yáñez, para mejorar la situación financiera de la misma. De todas las iniciativas aprobadas en el pleno del 28 de julio de 1992, el edil Moreno eligió una y dictó un decreto 'de manera caprichosa y parcial', en septiembre de 1992, descartando las demás sin justificación. Eso permitía vender el 49% de las acciones al capital privado mediante concurso público. 'Mientras tanto, y ya durante el verano de 1992, Huete había iniciado contactos personales y directos, al margen de cualquier previsión legal o reglamentaria, con los representantes de una serie de empresas que, según su particular opinión, podrían estar interesadas en hacerse cargo del monopolio funerario en Madrid', según el fiscal. Viñals y Rodrigo 'colaboraron activamente en el establecimiento y desarrollo de estos contactos que, obviamente, permitieron a los concejales acusados tantear y prefigurar las condiciones en que cabría asegurar el aparente éxito de la operación de cesión, eliminando en realidad cualquier posibilidad efectiva de libre competencia'. Durante esos contactos, o antes, 'pero en todo caso no después de ellos', Rodrigo alcanzó su pacto con los responsables de Funespaña. Estos contactos le posibilitaron, además, 'una posición de ventaja'. En octubre de 1992, Moreno logró que el grupo del PP aprobara el pliego de condiciones que, según el fiscal, 'vulneraba de manera frontal y palmaria los artículos 11 y 12 de la Ley de Contratos del Estado del 8 de abril de 1965'. La propuesta fue aprobada 'por mayoría gracias a la disciplina de voto del grupo popular', añade. El precio orientativo fijado de la funeraria era de unos 8,8 millones de euros. Pero, señala el juez, el contenido era tan ambiguo que en realidad permitía cualquier oferta. Ni estaba claro el objeto enajenado ni su precio. Y se tramitó por vía de urgencia, cosa que 'carecía de justificación legal'. Según el fiscal, los concejales imputados necesitaban tal premura para 'acabar cuanto antes el proceso que, además, ya daban por resuelto a partir de los contactos privados' (Septiembre 2002).

 

LOS MADRILEÑOS HIPOTECAN EL 61% DE SU RENTA EN COMPRAR VIVIENDA

La compra de una vivienda en Madrid supone hipotecar el 61,8% de la renta familiar disponible entre 15 y 25 años, lo que impide el acceso a una casa a casi dos tercios de la población madrileña, según denunció CC OO. De acuerdo con los datos del sindicato, el esfuerzo que tienen que realizar los madrileños para adquirir un piso sólo es superado por los residentes en Baleares (68,6%). Ante esta situación, el secretario general de CC OO-Madrid, Javier López, exigió que los nuevos desarrollos urbanísticos, como Chamartín o Campamento, garanticen la construcción de vivienda pública (Septiembre 2002).

AYUNTAMIENTO DE MADRID & CASO FUNERARIA: EL JUEZ PIDE UNA FIANZA DE 9 MILLONES PARA TRES CARGOS DEL PP

El caso funeraria (la venta por el Ayuntamiento madrileño del 49% de la empresa de servicios funerarios municipales por 0,60 euros en 1992) ya está servido para juicio. El juez instructor, José Luis Quesada, ha decretado la apertura de juicio oral y una fianza multimillonaria para los implicados. Los tres políticos del PP imputados (el ex primer teniente de alcalde y hoy diputado regional Luis María Huete, y los concejales Simón Viñals y Antonio Moreno), junto con los tres principales socios de la adjudicataria (Funespaña) deberán aportar nueve millones de euros de fianza bajo amenaza de embargo.

La fianza para los imputados del caso funeraria alcanza 13 millones de euros al sumar los 4,5 millones adicionales impuestos a los principales socios de Funespaña: Juan Ignacio Rodrigo, que fue asesor del Gobierno municipal del PP en el proceso privatizador y su 'máximo beneficiario' según juez y fiscal, y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia Gerada. Ambas fianzas pueden acabar en un cajón común: si políticos y accionistas no logran reunir esa cantidad, deberá abonarla Funespaña, declarada responsable civil subsidiaria, junto con las sociedades de Rodrigo (Itcon, Astaldo e Invafi).

La instrucción judicial ha arrojado abundantes indicios que corroboran que el Gobierno municipal del PP malvendió en 1992 la funeraria por 0,60 euros -'gratuitamente', según el fiscal- cuando valía al menos 6,5 millones de euros. Desde que se vendió, ha dado 36 millones de euros de beneficios. Pero el juez no lleva a los ediles del PP a juicio por su torpeza política o negligencia al perjudicar involuntariamente a las arcas municipales. Les sienta en el banquillo porque consintieron o propiciaron 'burdos artificios contables' para disminuir el valor aparente de la empresa municipal. También por desoír las advertencias de los técnicos municipales. Invocaron 'su mala situación económica, a sabiendas de las muy favorables expectativas de la empresa'. Concejales del PP, asesor municipal y los entonces dueños de Funespaña, según la instrucción judicial, tejieron una red de contactos previos al concurso que les permitió 'tantear y prefigurar las condiciones en que cabría asegurar el aparente éxito de la cesión, eliminando en realidad cualquier posibilidad de libre competencia'.

Para entregar la funeraria a 'una empresa de su confianza', los concejales acusados aceptaron 'cualquier perjuicio económico que pudiera derivarse para las arcas del Ayuntamiento, y con evidente desprecio de las garantías y requisitos que la legislación exigía para un proceso privatizador de esa naturaleza en cuanto dicha normativa pudiera suponer un obstáculo para sus intenciones'. A caballo de ambos frentes, municipal y empresarial, la investigación destaca el papel del asesor en la privatización. El sumario explica con cifras por qué Rodrigo es su 'máximo beneficiario': la privatización le ha proporcionado más de diez millones de euros. El juez le define como presunto cerebro de la trama: mantuvo contactos previos al concurso con Funespaña, compró gran número de sus acciones tanto simultáneamente como posteriormente a la privatización y lo ocultó mientras era consejero de la empresa mixta, aportó el dinero para la ampliación de capital, y cobró por la gestión a través de sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales. Funespaña, si prospera la petición fiscal, deberá devolver las acciones y sus 'frutos' desde 1992

Por su parte, Ruiz Gallardón, aseguró que lo "razonable" es esperar a una sentencia judicial firme y que hasta ese momento los cargos afectados por este caso no tienen que dimitir : "En estos momentos en que el procedimiento abreviado ha llegado a su final y el juicio oral se va a producir de forma inmediata, parece razonable que sea ese juicio oral que se va a producir en los próximos meses el que determine las responsabilidades de estas tres personas por los hechos que se juzgan de 1992".  Tras explicar que estos tres cargos del PP "son personas que no están acusadas de haberse enriquecido ni de haberse llevado a su bolsillo nada del patrimonio público", lamentó que se juzgue ahora, por el procedimiento abreviado, un caso de 1992.  

A la pregunta de si van a asumir la responsabilidad política con dimisiones, Ruiz-Gallardón respondió que "por supuesto que van a asumir la responsabilidad política". A la pregunta de cómo, el candidato del PP a la Alcaldía de Madrid explicó que "estando a lo que diga la resolución judicial que es inminente".   

Ruiz-Gallardón aseguró que "no hay una vulneración del Código Ético por el hecho de someterse, aplicando la presunción de inocencia, a la resolución que determinen los otros jueces. No se incumple en absoluto ese Código Ético".

En cuanto a los imputados, horas después de las declaraciones de Gallardón. han solicitado ser sustituidos en sus competencias municipales, pero sin perder la condición de concejales.

De este modo, Luis María Huete mantendrá su escaño de diputado regional porque es aforado y en caso de dejarlo se retrasaría el juicio. El órgano competente para juzgarlo ya no sería el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sino la Audiencia Provincial y el PP desea que el juicio se celebre cuanto antes.

Por último, José María Alvarez del Manzano, además de confirmar el cese "temporal" de militancia en el PP de Viñals y Moreno ha señalado que confía en su honradez y en la justicia. "Creemos en su total honradez y esperamos que pase pronto este calvario", ha agregado el regidor madrileño (Septiembre 2002). 

CASO FUNERARIA: EL PP QUIERE QUE UN SEGURO PAGUE LA FIANZA DE TRES CARGOS PROCESADOS

Los tres cargos del PP, dos ediles y un diputado regional, procesados por las presuntas irregularidades cometidas en la privatización de la funeraria municipal de Madrid (el 49% de las acciones se vendieron en 1992 por 0,65 euros) no podrán recurrir al seguro del Ayuntamiento para pagar los 9 millones de euros de fianza que les ha impuesto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El gobierno municipal, presidido por José María Álvarez del Manzano, remitió a la compañía Winterthur la notificación correspondiente para que se hagan cargo de la fianza. Fuentes de esa compañía confirmaron, que la póliza de responsabilidad civil suscrita por el Ayuntamiento no cubre las situaciones en las que se encuentran Simón Viñals, edil de Sanidad; Antonio Moreno, concejal de Patrimonio, y Luis María Huete, diputado regional y primer teniente de alcalde cuando se privatizó la funeraria.

El fiscal pide seis años de prisión y 25 de inhabilitación por un presunto delito continuado de prevaricación y malversación de fondos públicos (Septiembre-Octubre 2002). 

UN INFORME ESTATAL PIDE QUE LA UE ANULE 26,5 MILLONES PARA CURSOS A PARADOS EN MADRID

La auditoría del Ministerio de Trabajo sobre el gasto de fondos europeos en cursos a parados gestionados por el Ayuntamiento de Madrid entre 1994 y 1999 ha destapado múltiples irregularidades. Si fue demoledor el informe de Trabajo sobre los cursos internos gestionados directamente por el Instituto Madrileño de Formación Profesional (Imefe), hasta el punto que exigió la devolución a la UE de 1,8 millones de euros, el análisis de los cursos concedidos a empresas privadas, que suponen más del 80% del gasto, arroja peores conclusiones. El equipo auditor pide la anulación y, en su caso, la devolución de todo el gasto cofinanciado por la UE (26,5 millones): 'Las graves deficiencias comprobadas han tenido un carácter sistemático'.

El informe de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) sobre los cursos externos del Imefe de 1994 a 1999, cerrado el 17 de diciembre de 2001, que aún no ha visto la luz, contiene las siguientes consideraciones:

- Ausencia de planes. No se ha demostrado la existencia de planes que garanticen la formación de los desempleados de acuerdo con las necesidades del mercado. El informe destaca en este apartado un curso para "lavado y clasificación de sacas de correo". El equipo auditor se pregunta por qué se programó este curso, para diez personas con un coste de 21.000 euros. Sólo la mitad se colocó, pero de peones jardineros. El curso se repitió.

- Centros sin homologar. El Imefe dio por buenos los datos sobre los centros, profesorado y material facilitados por las propias empresas contratadas. Ni acudió al listado de centros homologados por los servicios públicos de empleo (Inem o Comunidad de Madrid) ni verificó por sí la idoneidad de los medios materiales y humanos de las adjudicatarias. La falta de control propició disparates. Para las prácticas de los desempleados en un curso de gestión de gasolineras, la empresa Incof aportó dos centros distantes y ajenos al municipio: una estación de servicio en Villalba, a 40 kilómetros, y otra en Córdoba, a 412,5 kilómetros.

- Contratos a dedo. Esta falta de valoración previa de las condiciones de las adjudicatarias "se ve agravada por la importancia que ha tenido la contratación directa" entre 1994 y 1999. A dedo se contrató el 60% de los cursos externos. Al incumplirse los principios de publicidad, objetividad y libre concurrencia, el equipo auditor sostiene que se "plantean dudas sobre si la selección de los cursos garantiza una adecuada eficacia, economía y eficiencia en la asignación y valoración de los cursos a las adjudicatarias". La sombra crece al comprobarse cómo tales contratos a dedo son copados año tras año por las mismas empresas. Y cómo estas empresas privilegiadas han bajado el precio de sus cursos de un año a otro para no cruzar el tope que iba marcando la ley para poder ser adjudicado a dedo un contrato. Algunos cursos bajaron 5.000 euros por esta razón.

- Concursos con tachadura. Los auditores también ven serias deficiencias en los cursos adjudicados bajo el teóricamente sistema más garantista: el concurso. En una misma hoja, el equipo auditor ha leído cómo el mismo técnico, "después de examinar distintas ofertas, selecciona una empresa y posteriormente tacha el nombre de la empresa seleccionada y en el mismo documento que utiliza para la valoración de las ofertas y utilizando los mismos argumentos que había utilizado para seleccionar a la primera empresa, procede a seleccionar a una empresa diferente". Esto se ha comprobado en al menos cuatro cursos. Como muestra de la falta de rigor del sistema de contratación se citan, además, cuatro ejemplos de cursos iniciados antes de ser adjudicados. El estudio también denuncia imposibles: algunos profesores impartían clases distintas a la misma hora y en las mismas aulas (Octubre 2002). 

CASO IMEFE & AYUNTAMIENTO DE MADRID: LA EDIL DE EMPLEO DIMITE POR EL FRAUDE EN CURSOS A PARADOS

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, tiene que devolver al Fondo Social Europeo casi cinco millones y medio de euros (897 millones de pesetas) de los fondos recibidos para formar a parados tras confirmarse un fraude generalizado en los cursos. Un informe del Fondo Social Europeo confirma la 'falta de control' en la adjudicación de cursos, según reconoció  Pedro Bujidos, edil de Hacienda.

Bujidos, quinto teniente de alcalde en el Gobierno de José María Álvarez del Manzano, reveló también que el Fiscal Anticorrupción ha requerido al Ayuntamiento de Madrid los expedientes de los cursos adjudicados a 21 empresas. El titular de Hacienda afirmó que las conclusiones del informe de la unidad administrativa del Fondo Social Europeo, dependiente del ministerio de Trabajo, sobre los cursos impartidos entre 1994 y 1995 por empresas contratadas por el Ayuntamiento 'dejan claro que no ha habido responsabilidad política en el caso'. Aun así, la concejal del PP responsable del área de Empleo, María Antonia Suárez, presentó su dimisión como presidenta del Instituto Madrileño de Formación Profesional y Empleo (Imefe). 'Esta es la mejor decisión aunque la cabeza me pide quedarme en el cargo ahora que se ha probado mi inocencia', afirmó Suárez, que reconoció, no obstante que se ha producido una 'desacertada gestión en el Imefe'.

Como se recordará, los hechos fueron denunciados por el grupo municipal socialista hace 20 meses tras descubrir que se habían expedido diplomas por cursos de formación que no se habían realizado. El Ayuntamiento creo entonces, a propuesta de IU y PSOE, una comisión de investigación que cerró sus trabajos en apenas dos meses sin que el PP aceptara las conclusiones de la oposición que estimó en 500 millones de pesetas el importe de los cursos que se habían adjudicados sin las suficientes garantías a una veintena de empresas. Ahora, el Fondo Social Europeo viene a dar la razón a PSOE e IU y señala que hubo 'deficiencias en el procedimiento de valoración y selección de los cursos contratados'. Las conclusiones del informe recogen asimismo que 'falta de objetividad en los criterios utilizados para la valoración de las diferentes ofertas que garanticen un grado adecuado de eficacia, eficiencia y economía en la selección de las empresas'.

Además el Imefe incumplió los mecanismos de seguimiento y control de los cursos establecidos por la UE. 'La inexistencia de esos procedimientos ha conllevado que el Imefe no ha podido verificar, en ninguno de los expedientes examinados, la efectiva realización de las acciones formativas, la entrega de material pedagógica a los alumnos y la realización de las prácticas profesionales, produciéndose asimismo un incumplimiento de su propio pliego de prescripciones técnicas', señala el informe.

Por todo ello, la unidad administrativa del Fondo Social Europeo concluye que el Imefe debe reintegrar 3,5 millones de euros (589 millones de pesetas) de los cursos realizados como asistencia técnica (empresas ajenas al ayuntamiento). Esa cantidad se suma a los 1,8 millones de euros (308 millones de pesetas) que ya reclamó el Fondo social Europea al Ayuntamiento en mayo. Lo que suma 5,5 millones de euros (897 millones de pesetas). Bujidos resaltó que esa cantidad representa el 20% de los fondos gestionados.

La dimisión de la presidenta del Instituto Madrileño de Formación Profesional y Empleo, María Antonia Suárez, se suma a las de los ediles Simón Viñals y Antonio Moreno, como concejales de Salud y Patrimonio, respectivamente. Ambos dimitieron en septiembre pasado tras decidir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la apertura de juicio oral contra ellos por las presuntas irregularidades en la privatización de la empresa funeraria (Octubre 2002).  

LAS SUGERENCIAS DEL CONCEJAL  Y LA EMPRESA DE AUTOBUSES

Se hace publica una carta en la que el edil del PP Simón Viñals recomienda a la empresa Trapsa/Trapsatur, adjudicataria del servicio de autobuses turísticos. La carta está firmada por la directora del Patronato Municipal de Turismo, Covadonga González-Quijano, y por Viñals en calidad de presidente, el 25 de septiembre de 2000. El concurso fue adjudicado en diciembre de ese año. En la misiva, el patronato considera que Trapsa/Trapsatur, sociedad que integran cinco empresas, 'podría representar una candidatura interesante' siempre que se ajuste al concurso. 'Apoyaremos sin ninguna reserva esta iniciativa', añade, 'ya que, en nuestra opinión, poseen [las cinco empresas] un gran conocimiento del turismo (...)'. Viñals es uno de los dos ediles que, junto a un diputado, están implicados en el caso funeraria, por lo que hace un mes tuvo que dejar el área de Salud que dirigía (Octubre 2002).

UN IMPUTADO EN EL 'CASO FUNERARIA' LANZA UNA OPA SOBRE FUNESPAÑA

José Ignacio Rodrigo, ex presidente de Funespaña, adjudicataria del 49% de la empresa de servicios funerarios de Madrid, presenta una oferta pública de adquisición (OPA) por el 10% del capital de Funespaña para convertirse en socio mayoritario. La CNMV suspendió  la cotización. Rodrigo es uno de los procesados por el Tribunal Superior de Justicia por irregularidades en la venta de la funeraria municipal.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha afectado a la cotización de Funespaña, según manifiesta José Ignacio Rodrigo en su escrito a la CNMV. Esa empresa fue la adjudicataria hace 10 años del 49% de las acciones de la Empresa Mixta Funeraria del Ayuntamiento de Madrid en un proceso plagado de irregularidades, según el escrito de conclusiones del fiscal anticorrupción: el gobierno municipal, para el que José Ignacio Rodrigo trabajaba como asesor, otorgó a Funespaña las acciones y el contrato de gestión por un precio muy inferior al valor real de la funeraria municipal tras falsear las cuentas de resultados de la compañía.

Por esas presuntas irregularidades tres cargos públicos del PP, dos concejales y un diputado regional, se enfrentan a penas de seis años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y maquinación para alterar el precio de las cosas, entre otros delitos. Además, el juez fija una fianza de nueve millones de euros, solidariamente entre los tres cargos del PP y los responsables de Funespaña, José Ignacio Rodrigo y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia Gerada. Pero esa fianza se amplía a estos tres últimos hasta un total de 13 millones de euros para responder a los posibles daños que hayan sufrido las arcas municipales. Además, si al finalizar el juicio prosperan las peticiones del fiscal, Funespaña tendrá que devolver las acciones y las ganancias obtenidas desde 1992, año de la privatización.

Rodrigo ha sido, según el juez y el fiscal, el 'máximo beneficiario' de la venta de la empresa municipal. Infavi, propiedad de Rodrigo, posee ya el 26,77% de Funespaña. La compra de otro 10% de acciones convertirá a Rodrigo en socio mayoritario (Octubre 2002).  

MANZANO PIDE QUE LAS PAREJAS 'SE MIREN A LOS OJOS' PARA COMBATIR EL MALTRATO

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano pide que 'las parejas se miren a los ojos' para combatir el maltrato. Álvarez del Manzano efectuó estas declaraciones en la presentación de los actos municipales para el Día Internacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre a la cadena Ser. 'Se producen malos tratos porque no hay amor entre las parejas, y si las parejas no están dispuestas a sacrificarse el uno por el otro, difícilmente podremos evitar las desavenencias que llevan a la violencia', afirmó. 'Vamos a intentar que las parejas que viven juntas se miren sin odio a los ojos, y así la violencia será menor', dijo el alcalde, quien recordó a las maltratadas que no están solas. 'Aquí estoy yo, y toda la Administración', remachó (Noviembre 2002). 

EL NUEVO INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID REPROCHA AL ALCALDE QUE VULNERE LA LEY AL VENDER SUELO PÚBLICO   

El nuevo interventor municipal, Jesús González Pueyo, funcionario independiente que vela por las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, ha criticado en su informe sobre los presupuestos de 2003 que la venta de suelo público se dedique a financiar las arcas municipales. Según González Pueyo, la gestión prevista por el municipio para 2003 en materia de suelo, reflejada en los presupuestos, contraviene la Ley del Suelo.

El Ayuntamiento de Madrid, según queda reflejado en los presupuestos, venderá el año próximo solares municipales por valor de 276,2 millones de euros. Esta cifra supera en mucho los 245 millones que en total ingresó por este concepto en 1999, 2000 y 2001. Parte de los fondos recaudados por la venta de suelo público se destinarán a pagar los 111,9 millones de euros que costaron los dos eficios comprados al BBVA en diciembre pasado. El último mandato del PP al frente del gobierno local se ha caracterizado por el constante aumento de los ingresos por la subasta de suelo público.

El último en sumarse a las críticas ha sido el interventor municipal, Jesús González Pueyo, en su informe sobre los presupuestos de 2003. González coincide en la postura reiteradamente expresada por su antecesor en el cargo, Vicente Arnau, que se jubiló el pasado verano. La Ley del Suelo especifica que los ayuntamientos no pueden destinar los beneficios obtenidos de vender parcelas municipales a otro fin que no sea el de adquirir nuevos terrenos. Es decir, el dinero obtenido por la venta de patrimonio municipal no puede ser revertido en otro tipo de inversiones que no sea la de conservación y ampliación de este patrimonio. Esto no es así en los presupuestos municipales de 2003, según el interventor. "Se ha podido comprobar la inclusión de determinadas actuaciones ajenas a la finalidad legal de los recursos del patrimonio municipal del suelo con inversiones no afectas a los fines previstos en la legislación urbanística", afirma el interventor.

"El deber de afectación de los recursos del Patrimonio Municipal del Suelo, regulado en la Ley del Suelo, no queda totalmente respetado. Dentro de los gastos de capital que se financian mediante dichos recursos se encuentran determinados proyectos que, incluso en la interpretación más amplia de dicha normativa, no se encontrarían dentro de los supuestos contemplados en la misma", denuncia el interventor. González Pueyo advierte, además, de que los ingresos por la venta de suelo no pueden utilizarse "libremente por el gestor para financiar cualquier actividad, sobre todo cuando desarrolla actividades diversas que no sólo son ajenas al Patrimonio Municipal del Suelo, sino también a la propia actividad urbanística".

No es la primera vez que un interventor del Ayuntamiento arremete contra el Gobierno local por la venta de suelo municipal para engordar las arcas públicas. El anterior interventor, Vicente Arnau, se manifestó reiteradamente en contra de que el alcalde José María Álvarez del Manzano venda parcelas municipales para financiar gastos de todo tipo con el dinero recaudado. Pero el regidor siempre ha justificado esta actuación y ha hecho caso omiso a las advertencias de los interventores.

Arnau advirtió varias veces en los últimos tres años de que el gobierno municipal incumplía "el deber de reinversión del producto de la enajenación de suelo". Arnau, incluso, citó en una ocasión una sentencia del Tribunal Supremo del 2 de noviembre de 1995 en la que se señala que la enajenación de terrenos del patrimonio municipal tiene que destinarse a un fin específico: conservar y ampliar el patrimonio municipal. El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, se defendió diciendo que el anterior interventor hacía una interpretación "restrictiva" de la Ley del Suelo y que comprar terreno no es la única manera de incrementar el patrimonio municipal. Las tesis de González Pueyo y Arnau no coinciden, además, con las del concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, que siempre ha defendido que el dinero obtenido por la venta de suelo permite congelar los impuestos municipales a los madrileños.

El informe del interventor reprocha al Ayuntamiento que los gastos de adquisición y obras en edificios (123,5 millones de euros) representen el 45,53% del total de los gastos de inversión. Es decir, que el dinero recaudado por la venta del suelo se va a destinar en su mayoría a comprar y rehabilitar inmuebles. "Esto se debe, principalmente, a la adquisición de edificios para servicios municipales consecuencia del convenio Ayuntamiento-BBVA, cuyo montante asciende a 111,9 millones de euros", señala el interventor. En estos edificios, el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, quiere trasladar varios edificios municipales, entre los que se incluye la Gerencia Municipal de Urbanismo y su propio despacho.

El anterior interventor puso reparos en sus informes del año pasado a la compra de estos edificios y de otro al SCH. Arnau, al igual que hace ahora González Pueyo, consideraba que esos edificios no pertenecen al Patrimonio Municipal del Suelo y, por tanto, la venta de suelo público no puede dedicarse a financiar la compra de los inmuebles (Noviembre 2002). 

EL ALCALDE MANZANO Y EL SOLAR CEDIDO PARA UNA FUNDACIÓN RELIGIOSA   

Los vecinos de San Blas se pusieron de nuevo en pie de guerra para protestar contra el estado de deterioro en el que se encuentran los centros públicos de su distrito y para reclamar, una vez más, que no se permita la construcción de un colegio concertado en una parcela de 20.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento regaló en febrero pasado a una fundación religiosa conservadora. La protesta protagonizada por varias decenas de vecinos y alumnos de los centros públicos de San Blas tiene un motivo claro que se resume en una sola cifra: 12 millones de euros. Esto es lo que cuesta la parcela que el Ayuntamiento de Madrid cedió de forma gratuita en febrero pasado -por un periodo de 75 años- a la fundación religiosa conservadora Comunión y Liberación para que levantara en ella un centro concertadoe (privado, pero financiado con fondos públicos). Y esa misma cantidad es la que la Junta de Centros de San Blas reclama a la Consejería de Educación para poder adecentar los 22 centros públicos del distrito.

La Junta de Centros, en la que están representados 16 colegios e institutos públicos, así como asociaciones vecinales y de padres de alumnos, elaboró en junio pasado un informe en el que revelaba el estado "lamentable" de algunos centros con más de 20 años de antigüedad, así como la clara descompensación en la distribución del alumnado inmigrante y con necesidades especiales en los colegios: el 84% de ellos cursa estudios en centros públicos. Los propios datos de la Consejería de Educación de finales de 1999 revelaban que de los 138 alumnos de etnia gitana escolarizados en San Blas, sólo uno estudiaba en un centro concertado. Según los datos de este curso, los centros concertados tenían como media a un 2,5% de alumnos con necesidades especiales, frente al 15% de los colegios públicos. Este informe, que traduce en cifras la sensación de padres, profesores y alumnos de que las escuelas públicas de su distrito están en estado de "abandono", según el padre de un alumno, es el motivo por el que se oponen a la construcción de otro centro concertado, que estaría situado en el barrio de Las Rosas, donde se están haciendo 10.650 viviendas (Noviembre 2002).  

CASO FUNERARIA: EL JUEZ RECHAZA QUE DOS ASEGURADORAS AFRONTEN LA FIANZA DE LOS IMPLICADOS   

José Luis Quesada Varea, el juez que instruye el caso funeraria [privatización por el Ayuntamiento de parte de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios] ha rechazado que compañías aseguradoras contratadas por el municipio hagan frente a la responsabilidad civil fijada contra el actual diputado regional Luis María Huete y el edil Antonio Moreno. De no haber un recurso que modifique esta decisión del juez, los implicados en este asunto -los dos citados, además del concejal Simón Viñals, todos del PP- deberán afrontar conjuntamente una fianza de nueve millones.  

El juez Quesada Varea, en una providencia de fecha 29 de noviembre pasado, establece que "no procede hacer la declaración que se solicita", es decir, que las compañías aseguradoras contratadas por el Ayuntamiento de Madrid afronten la fianza por responsabilidad civil fijada en nueve millones de euros en total.  

El 13 de noviembre pasado, la aseguradora Winterthur envió un escrito a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazando hacerse cargo del pago de la fianza exigida a los tres implicados en el caso funeraria. Winthertur argumentaba que las pólizas suscritas por el Consistorio con esta compañía tienen como objetivo cubrir las responsabilidades de los concejales frente a terceros derivadas de "los típicos accidentes". Con ello, la empresa considera que los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación [dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es] de los que se acusa a los tres concejales no están cubiertos por la póliza, y que, por tanto, no está obligada a correr con los gastos de la fianza.  

La aseguradora alega además que el seguro de responsabilidad civil es "tanto un medio de protección del patrimonio del asegurado como un instrumento de tutela de los perjudicados". Pero en éste caso, según Winthertur, el pago de la fianza está destinada tanto a proteger el patrimonio de los tres acusados, que se ahorrarían la fianza, como a proteger a los perjudicados (los madrileños, puesto que son fondos públicos) con el dinero de la fianza. De modo que al tener que cubrir la póliza ambas cosas, el seguro no está obligado a pagar (Diciembre 2002).  

EL FISCAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS ACUSA DE USO INCORRECTO DE FONDOS PÚBLICOS AL ALCALDE MANZANO  

El próximo 4 de febrero, el Tribunal de Cuentas juzgará si el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, gastó legalmente los 400.000 euros que utilizó de su cuenta restringida entre 1992 y 2000. El fiscal señaló que el regidor gastó irregularmente 101.281 euros, si bien consideró prescrito lo referido a 37.245 euros. El fiscal entendió que fueron injustificados los pagos con fondos públicos de los viajes de la esposa del alcalde y de los donativos a su costurera particular, a distintas entidades religiosas y al municipio alcarreño donde tiene una vivienda.

La audiencia previa al juicio del alcalde de Madrid por presunto alcance (gasto injustificado de dinero público), dejó claras las distintas posiciones con vistas a la fase final de este proceso abierto a raíz de una denuncia formulada ante el Tribunal de Cuentas en mayo de 2000.

El fiscal, a la hora de definir la valoración jurídica de los hechos imputados al alcalde, dejó sentado lo siguiente: "Si bien existe una ausencia de normativa clara en esta materia, de acuerdo con lo ya manifestado por el delegado instructor, no es menos claro que existen hechos de una naturaleza privada como una serie de pagos realizados por el alcalde a entidades de carácter religioso". El fiscal recordó que España es un "Estado laico" y no caben tales donativos. Este capítulo, según la demanda socialista, suma casi 75.000 euros…. "El sistema de pago en firme pero como si fuera pago a justificar es totalmente irregular. Existe pues una incorrecta utilización de los fondos públicos y una responsabilidad por alcance". El equipo de gobierno municipal ve derrotada así la línea argumental que mantuvo ante las críticas de la oposición, que sostenía que tal sistema convertía prácticamente en un fondo reservado sin ningún control tal cuenta restringida del alcalde, cuya existencia durante años ignoró y, de hecho, sólo se conoció a partir de las noticias publicadas en los medios de comunicación.

El fiscal del Tribunal de Cuentas se adhirió "parcialmente a la demanda en cuanto a la cuantía [del alcance] aclarando que sí se produce responsabilidad contable en los viajes del señor alcalde y de su cónyuge, en los regalos en especie [joyas y regalo de un televisor que compró con dinero público para dárselo al municipio alcarreño, Valdearenas, cuyo concejo abierto ha juzgado sus pleitos urbanísticos particulares] y en los donativos en general que consideran injustificados, como por ejemplo, el realizado a la costurera". El gasto injustificado en viajes no oficiales del alcalde y de su esposa se ha cifrado en más de 25.000 euros. El fiscal no vio alcance en las ayudas otorgadas por el alcalde a Cáritas, Cruz Roja, Asociación contra el Cáncer, y Bomberos, pero sí en la brindada a la Hermandad de Bomberos Virgen de la Paloma. El total de los fondos indebidamente gastados, alcance, el fiscal lo cifró en 101.281 euros. Pero, a tenor de lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, consideró que estaban prescritos los hechos con anterioridad al 23 de junio de 1995. Esto le salva, en principio, al alcalde de la devolución de 37.245 euros.

El fiscal fue tajante: declaró "responsable al alcalde por ser el ordenador de los pagos y el ordenador del gasto" y añadió que "tiene responsabilidad contable directa por ser autor por cooperación y haber actuado de forma negligente". El fiscal acabó su intervención pidiendo una sentencia estimatoria de la demanda de alcance.

El representante legal de Álvarez del Manzano se mostró conforme con el fiscal en cuanto a los hechos, pero consideró que no era pertinente abrir ahora un periodo de prueba, lo que fue interpretado como maniobra para evitar el interrogatorio del alcalde, sino que solicitó pasar directamente a la sentencia. Y mostró cuál es su tesis para proclamar la inocencia del alcalde: no discutió los gastos, sino que planteó que lo que hay que demostrar es que se vulneró la normativa presupuestaria y contable. El representante legal del alcalde manifestó que no existe normativa alguna infringida y destacó que "así lo ha dicho tanto el ministerio fiscal como el interventor de Madrid y el delegado del instructor".

El consejero citó a las partes al juicio que se celebrará el 4 de febrero de 2003: ese día, el Tribunal deberá pronunciarse sobre las distintas posiciones vertidas sobre el uso por el alcalde de Madrid de más de 400.000 euros desde 1992 con cargo a su cuenta restringida (Diciembre 2002). 

NUEVAS CESIONES DE SUELO  AL OPUS

El Ayuntamiento de Madrid ha cedido a la Fundación Vianorte, próxima al Opus Dei, un terreno municipal de 4.500 metros cuadrados en la calle del concejal F. J. Jiménez Martín (Latina) para que construya un centro de atención sociosanitaria para ancianos necesitados de cuidados continuos. El alcalde, José María Álvarez del Manzano, asistió a la colocación de la primera piedra de este dispositivo, cuya apertura está prevista para diciembre de 2004. En la última fase del proyecto, se prevé la apertura de una unidad de cuidados paliativos con 20 camas. El centro también contará con un servicio de apoyo y formación destinado a los familiares de los pacientes y a voluntarios y profesionales (Enero 2003). 

LOS GASTOS RESERVADOS DE MANZANO Y EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid, ha decidido acatar la decisión del Tribunal de Cuentas sobre su cuenta restringida para evitar así ir a juicio. En un escrito enviado por el regidor, éste expresa que se encuentra "conforme con todos los hechos contenidos en la demanda formulada". El fiscal reclama a Álvarez del Manzano 63.755 euros de los gastos efectuados en los últimos cinco años con cargo a la cuenta restringida, de la que dispuso entre 1992 y 2000.

La mayor parte del dinero de la cuenta restringida fue empleada en pagar los viajes de la esposa del alcalde, en donaciones a entidades religiosas y en regalos de ámbito familiar. Estaba previsto que el próximo 4 de febrero el alcalde testificase en el Tribunal de Cuentas junto con su esposa, María Eulalia Miró, y la costurera de la familia.

El fiscal sostiene que el regidor gastó irregularmente 101.000, si bien consideró prescrito lo referido a 37.245 de estos euros. A tenor de lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, el fiscal considera que estaban prescritos los hechos con anterioridad al 23 de junio de 1995.

Esto le salva, en principio, al alcalde de la devolución de 37.245 euros citados. El fiscal entiende, además, que fueron injustificados los pagos con fondos públicos de los viajes de la esposa del alcalde, y los donativos a su costurera particular, así como a distintas entidades religiosas y al municipio alcarreño donde el regidor tiene una casa. Por eso estaban llamadas a comparecer en el Tribunal de Cuentas la esposa del alcalde y la costurera de la familia.

El fiscal, a la hora de definir la valoración jurídica de los hechos imputados en el Ayuntamiento, dejó sentado que España es un "Estado laico" y no caben tales donativos a entidades religiosas. Este capítulo suma casi 75.000 euros.. El fiscal no vio alcance en las ayudas otorgadas por el alcalde a Cáritas, Cruz Roja, Asociación contra el Cáncer y bomberos, pero sí en la brindada a la Hermandad de Bomberos Virgen de la Paloma. A la resolución redactada por el Tribunal de Cuentas no cabe ya recurso de ninguna clase (Enero 2003). 

EL TRIBUNAL SUPERIOR ANULA EL CONCURSO DE PRIVATIZACIÓN DE LA FUNERARIA MUNICIPAL   

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado una sentencia que anula el pliego de condiciones redactado en 1992 por el gobierno municipal, del PP, para vender a la empresa Funespaña el 49% de las acciones de la funeraria madrileña por 100 pesetas (0,6 euros). El tribunal no entra en si fue o no correcto el precio de las acciones o la adjudicación a Funespaña de la gestión parcial (el Ayuntamiento se reservó un 51% del capital), pero lo que sí hace es declarar nulo el acto administrativo previo -el pliego del concurso- por la falta de claridad de sus cláusulas. Esa ambigüedad, según la sentencia, vulneró los principios de libre concurrencia e igualdad de oportunidades.

La sentencia ha sido dictada por los siete jueces de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Madrid y cuenta con el voto particular contrario de uno de los magistrados. Esta decisión nada tiene que ver con las diligencias penales que desarrolla actualmente la Sala de lo Penal y Civil del TSJM contra los ediles Antonio Moreno y Simón Viñals y el diputado regional Luis María Huete (primer teniente de alcalde cuando se produjo la privatización), todos del PP. Los tres intervinieron en el proceso de semiprivatización de la funeraria y tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados para responder de supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El Ayuntamiento aprobó el 7 de octubre de 1992 el pliego de condiciones que debía regir el concurso público convocado para que una empresa privada adquiriese el 49% de las acciones y, además, gestionase el servicio de la funeraria. Las cláusulas del pliego de condiciones son poco claras, según los jueces. Es decir, no se entiende si lo que pretendía el Ayuntamiento era facilitar la gestión privada de una empresa pública o simplemente vender las acciones, y, por tanto, el tribunal no puede determinar si el procedimiento usado al efecto por el Consistorio (el concurso público) fue el mecanismo legal adecuado.

No obstante, los jueces se inclinan por pensar que el objetivo real era la simple venta del 49% de las acciones; y concluyen que, en este caso, el Ayuntamiento debió acudir a la subasta. La fórmula del concurso deja al gobierno municipal un amplio margen de discrecionalidad a la hora de elegir a la empresa a la que quiere vender un patrimonio público o encomendarle la gestión de un servicio municipal básico.

Las bases del concurso para privatizar la funeraria, afirma el tribunal, contienen numerosas lagunas: apenas se especifica nada en ellas del conjunto de características que debía reunir el aspirante. Pero es que, además, tal y como se configuró el pliego de condiciones, la figura legal adecuada a este caso debió ser la subasta, ya que ésta reduce la discrecionalidad y obliga a elegir al mejor postor, al que más dinero ofrezca, obviando otras circunstancias.

La apreciación de que la figura legal adecuada era la subasta la extraen los jueces del análisis de un informe fiscalizador que elaboró el Tribunal de Cuentas el 28 de enero de 1998 en relación con la privatización de la funeraria y relativo a los ejercicios económicos 1992 y 1993. Este informe ponía de relieve, entre otras cosas, la ausencia de un estudio que justificase la necesidad y conveniencia del cambio de gestión de los servicios funerarios; y tampoco hay ningún informe, según la sentencia, que justifique que la privatización constituyese la formula idónea para la mejor gestión del servicio.

El tribunal abunda en que el objetivo era simplemente vender las acciones, ya que en el citado pliego de condiciones tampoco se estableció un plazo cierto del pago del precio ni se fijaron los criterios concretos sobre las características del adjudicatario del servicio.  

EL ALCALDE CREE QUE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES, LA INMIGRACIÓN Y LA DROGA CAUSAN MARGINACIÓN  

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, considera que la "inmigración, las drogas y las familias monoparentales" contribuyen ahora también al incremento de la marginación social. Álvarez del Manzano hizo estas afirmaciones en la inauguración de un centro en Hortaleza para personas sin techo que llevan las órdenes religiosas de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl, los Padres Paúles y las Damas Apostólicas.

Álvarez del Manzano inauguró un centro de día para marginados que gestionará la asociación Impulso Solidario en la calle del Mar Báltico (Hortaleza), con capacidad para 70 personas, y aprovechó la ocasión para dar su particular visión de este problema. Según el alcalde: "Hoy, desgraciadamente, la inmigración, que muchas veces viene sin control, produce una enorme marginación en la sociedad, y muchas actividades que la sociedad genera, desde las drogas a (...) las familias monoparentales".

Y precisó, que si hasta hace poco tiempo el perfil de la persona que padecía este problema correspondía a un hombre, de mediana edad, que había perdido el trabajo y que además bebía en exceso, la marginación social ha crecido, motivada, en su opinión, por la llegada de inmigrantes, la proliferación de las drogas y las familias monoparentales (Febrero 2003).

UNA CONCEJAL PIDIÓ A CASCOS QUE 'SALVARA' DE LA EXPROPIACIÓN UN CENTRO AMPARADO POR BOTELLA  

El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, comparece en el Senado para explicar los motivos de la expropiación forzosa iniciada contra las fincas, viviendas y negocios de un centenar de familias de Barajas. En ese terreno hay una residencia de ancianos que gestiona la ONG Mensajeros de la Paz, cuya presidenta de honor es Ana Botella. Dicha finca ha sido excluida de la expropiación porque, según Cascos, la concejal de Servicios Sociales, Beatriz Elorriaga, se lo pidió personalmente por carta. El ministerio sigue sin desvelar qué va a construir en ese suelo.

Álvarez-Cascos reveló que, en febrero de 2001, cuando estaban en marcha los primeros trámites de la expropiación, la "Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid [dirigida por Beatriz Elorriaga] solicitó por escrito la desafección de esa finca [es decir, excluirla de la expropiación] por razones de problemática social [...], diciendo que la expropiación y consecuente necesidad de desalojo de la edificación plantearía problemas al plan municipal contra las drogas, por cuanto resultaría prácticamente inviable encontrar un lugar alternativo para ubicar este servicio".

Mensajeros de la Paz -que gestiona allí una residencia de ancianos y no un centro para toxicómanos- cedió hace años parte de su finca al Ayuntamiento para que habilitase un Centro de Atención a Drogodependientes (CAD), según el gerente de la ONG, Pedro Mella. Por tanto, si la finca fuera expropiada, el CAD tendría que ser también trasladado (Febrero 2003).

LA CANDIDATA BOTELLA Y LOS INMIGRANTES   

Ana Botella, la candidata por el PP a un acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid y esposa del presidente del Gobierno, José María Aznar, visita Roquetas de Mar (Almería) para "llevarse" las formas de vida e inquietudes de los inmigrantes que residen en la localidad. Durante su visita Botella despachó con inmigrantes y almorzó con cerca de 300 militantes y simpatizantes del PP. En su discurso, alabó la gestión del alcalde roquetero, Gabriel Amat, y elogió la gran superficie comercial que se construyó sin licencia de la Junta y fue sancionada.

Era la segunda vez que Ana Botella visitaba Roquetas de Mar. La primera vez fue hace tres años. En su regreso, la mujer del presidente del Gobierno quedó impactada por el progreso de Roquetas a tenor de la gran superficie comercial que pudo ver desde el coche, en la carretera de Alicún, cuando se dirigía al encuentro con los inmigrantes en la biblioteca. "Ya no sé si es posible progresar más, porque he visto un centro comercial, ahí, al entrar, que hacía tiempo que no lo veía tan grande", dijo antes de despedirse de los extranjeros. Botella se refería al mismo supermercado que tiene pendiente una sentencia del TSJA por haber sido construido sin la preceptiva licencia que otorga la Junta. También es el mismo centro comercial que no hace ni dos meses fue sancionado con 600.000 euros por carecer del informe preceptivo de la Consejería de Economía, hecho considerado como "muy grave" por el Gobierno andaluz. Sin embargo, tan impactada quedó Ana Botella del supermercado sancionado e impugnado que no pudo evitar aludir a la gran superficie comercial por segunda vez, justo en la comida con militantes del PP en el Club Náutico. "Me parece que me va a quedar pendiente con Gabriel visitar el centro comercial que creo que es el más grande de toda Andalucía y así tengo una oportunidad para volver otra vez a Roquetas" (Febrero 2003).

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ADJUDICÓ A DEDO CONTRATOS POR IMPORTE DE 60 MILLONES   

El gobierno municipal adjudicó durante el año 2002 más del 80% de los contratos "a dedo", según la memoria que presentó la  presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contratación. El equipo de José María Álvarez del Manzano utilizó para ello el sistema de contratación por procedimiento negociado o contrato menor. Adjudicó así 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas). Además, cuatro empresas se hicieron con el 57% de los 903 millones de euros (151.000 millones) adjudicados por el Ayuntamiento.

La Comisión de Vigilancia de la Contratación, única presidida por la oposición, analizó la memoria que recoge los contratos que fueron notificados el ejercicio pasado. El mecanismo utilizado de manera reiterada por el gobierno local para adjudicar esos contratos eludiendo el procedimiento de concurso abierto o el sistema de subasta, como establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha sido el procedimiento negociado o el contrato menor. El primero consiste en convocar a tres empresas para que presenten sus propuestas, mientras que el contrato menor se utiliza para adjudicar cantidades que por su cuantía no es necesario que sea mediante concurso público. Sólo dos empresas, FCC y ACS-Dragados, controlan la mayor parte de los proyectos  (Febrero 2003).

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