MADRID ME MATA  : LAS NOTICIAS + PPOPULARES



AÑO 2005

1. EL MINISTERIO DE HACIENDA ABONÓ UN ALQUILER ENTRE 2000 Y 2004 AL PELUQUERO DE AZNAR (28/01/05)

2. EL PELUQUERO DE AZNAR SE PASA AL SECTOR INMOBILIARIO. EL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN, GOBERNADO POR EL PP, LE CONCEDE LA EXPLOTACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE GOLF (02/02/05)

3. BRUSELAS ELEVA A 10.000 MILLONES EL ENDEUDAMIENTO DE LA COMUNIDAD (03/02/05)

4. EL PP NOMBRARÁ UNA GESTORA PARA DIRIGIR EL PARTIDO EN ARANJUEZ (08/02/05).

5. EL VICEPRESIDENTE REGIONAL ADVIERTE AL ALCALDE DE QUE PARA SER CANDIDATO PRECISA LA BENDICIÓN DEL PP (11/02/05)

6. EL ALCALDE DE MAJADAHONDA Y SU ANTECESOR INVOLUCRAN A AGUIRRE EN LA CRISIS URBANÍSTICA (18/02/05)

7. UNA EMPRESA APODERADA POR UNA HIJA DE ROMERO DE TEJADA HA ACTUADO EN MAJADAHONDA (11/03/05) 

8. POZUELO CREA UNA FUNDACIÓN CON SIETE CONSTRUCTORAS PARA PLANIFICAR LA CIUDAD (15/03/05). 

9. SORIANO CELEBRÓ ANTE AGUIRRE EL TONO IDEOLÓGICO DEL REPORTAJE SOBRE EL 11-M (31/03/05)

10. GUÍA PARA SEGUIR EL “CASO MAJADAHONDA” (02/04/05).

11. MÁS DE 22.000 FIRMAS CONTRA EL CONSEJERO DE SANIDAD (10/04/05)

12. EL DIRECTOR DE TELEMADRID CALIFICA DE "OBJETIVO" EL DOCUMENTAL SOBRE EL 11-M (21/04/05).

13. PIDEN EL CESE DE LAMELA, MIENTRAS CRECEN LAS DENUNCIAS ANTE LA JUSTICIA. EL FISCAL URGE A LAMELA PARA QUE ENTREGUE LAS HISTORIAS CLÍNICAS (21/04/05)

14. LAMELA ENVÍA AL FISCAL CON 10 DÍAS DE RETRASO LAS HISTORIAS CLÍNICAS (23/04/05)

15. LA UNIÓN EUROPEA CONFIRMA QUE MINTRA ES DE TITULARIDAD PÚBLICA (29/04/05)

16. AUMENTA LA TENSIÓN ENTRE EL ALCALDE DE MADRID Y LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD. EL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE ACUSA A GALLARDÓN DE "DEJARSE UTILIZAR POR EL GOBIERNO DE ZAPATERO" (01/05/06)

17. AGUIRRE HA FICHADO A 22 EX ALTOS CARGOS DE LOS GOBIERNOS DE AZNAR (04/05/05)   

18. GALLARDÓN ACHACA A “SECTORES DE OPINIÓN” LOS INTENTOS DE RADICALIZAR EL PP (10/05/05) 

19. UN ALTO CARGO DE LA COMUNIDAD DE MADRID INCUMPLE LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES (13/05/05)  

20. EL AYUNTAMIENTO ADJUDICÓ UN CONTRATO EN 2001 A UNA EMPRESA LIGADA AL PP (24/05/05).

21. ANA BOTELLA: ZAPATERO LEGISLA PARA COMPLACER AL "PODEROSO 'LOBBY' GAY" (28/04/05)

22. EL FISCAL VALERIO ASEGURA QUE EL ALCALDE DE SAN LORENZO LE HA AMENAZADO (01/06/05).

23. LA FISCALÍA ENCUENTRA CONTRADICCIONES EN EL 'CASO MAJADAHONDA (02/06/05).

24. LA SECRETARIA DEL DIRECTOR GENERAL DE TELEMADRID LE DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL (09/06/05).  

25. DOS EX EDILES DEL PP IMPLICAN A LA CÚPULA POPULAR  (22/06/05)

26. ANTICORRUPCIÓN VE DELITO EN LA GESTIÓN DEL IMEFE DE 1996 A 1999 (09/07/05)

27. UN ALTO CARGO DE SANIDAD QUE DIMITIÓ POR INCOMPATIBILIDAD EN JUNIO SIGUE COBRANDO (10/07/05)

28. LA OPOSICIÓN, ZARANDEADA EN LA CALLE (21/07/05) 

29. EL CONCEJAL SIGFRIDO HERRÁEZ PRESENTA SU DIMISIÓN AL ALCALDE (09/09/05).

 

30 SANIDAD EXCLUYE DE LA LISTA DE ESPERA A DOS DE CADA TRES ENFERMOS PENDIENTES DE OPERAR (11/09/05)

31. AGUIRRE LAMENTA QUE ENDESA SE PUEDA IR "DEL TERRITORIO NACIONAL". (13/09/05)

32. AGUIRRE DESAFÍA AL GOBIERNO CON LA EMISIÓN DEL SEGUNDO CANAL DE TELEMADRID. (16/09/05)

33. CALVO INSINÚA QUE LOS TRES EDILES QUE PARARON UNA TALA HABÍAN TOMADO ALUCINÓGENOS (20/09/05)

34. ANA BOTELLA RESPALDA A RAJOY Y DICE QUE NO CASARÁ A GAYS (24/09/05) 

35. PRIVATIZACIÓN TOTAL DE LA FUNERARIA (26/09/05) 

36. EL EX CONSEJERO DEL CAMPO DE LAS NACIONES DEJÓ 70.000 € SIN JUSTIFICAR (28/09/05). 

37. EL PP JUSTIFICA EL NOMBRAMIENTO DEL EX CONCEJAL DE VIVIENDA DE MADRID COMO VICEPRESIDENTE DE UNA INMOBILIARIA (06/10/05)  

38. SANIDAD EXCLUYE MADRID DEL CÓMPUTO NACIONAL DE LISTAS DE ESPERA (06/10/05) 

39. AYUNTAMIENTOS DEL PP HAN CEDIDO EN CINCO AÑOS 30 PARCELAS PARA COLEGIOS CONCERTADOS (06/10/05)

40. EL ALCALDE DE SEVILLA LA NUEVA, DEL PP, SE SUBE EL SUELDO UN 31% (10/10/05)

41. LAMELA INCUMPLE LA NORMATIVA ESTATAL PARA EXCLUIR A 7.880 ENFERMOS DE LA LISTA DE ESPERA (13/10/05)

42. DENUNCIAN UN 'PELOTAZO' DE 21 MILLONES DE LOS CONSTRUCTORES LIGADOS AL 'CASO TAMAYO’ (27/10/05)

43. UN AGENTE DE SEGURIDAD DENUNCIA AL JUEZ UNA TRAMA VINCULADA AL TRÁNSFUGA TAMAYO (29/10/05)

44. LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN RETOMA EL CASO DE LOS TRÁNSFUGAS DE MADRID (31/10/05)

45. ESPERANZA AGUIRRE, CON LA DIMISIÓN EN JUEGO, GASTA UN MILLÓN EN PUBLICITAR QUE HA BAJADO LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA A 30 DÍAS (05/11/05)  

46. HUMANISMO Y DEMOCRACIA, VINCULADA AL PP AMAÑÓ LOS GASTOS (09/11/05) 

47. UN EX CONCEJAL DE URBANISMO DEL PP SE QUITA LA CARETA Y SE PASA AL LADRILLO (14/11/05)


1. EL MINISTERIO DE HACIENDA ABONÓ UN ALQUILER ENTRE 2000 Y 2004 AL PELUQUERO DE AZNAR (28/01/05)
 


El estilista Pedro Romero es el propietario del un local que, entre los años 2000 y 2004, fue la sede de varias dependencias de Hacienda como el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid. Según el Ministerio, se trató de una adjudicación directa, sin concurso público previo. 

Pedro Romero y su familia poseen varios locales comerciales en la capital. Uno de ellos, de 1.300 m2 y situado en el barrio de Salamanca de Madrid, fue arrendado en el año 2000 por el Ministerio que entonces dirigía Cristóbal Montoro durante un periodo de cuatro años. En ese tiempo, el local fue sede de varias delegaciones del Ministerio: durante los dos primero años, el local de Pedro Romero fue un destacamento del Catastro Central, y en los dos siguientes fue la sede del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid.

El Ministerio de Economía y Hacienda ha confirmado los términos de este contrato y ha señalado que se trató de una adjudicación directa, sin concurso público previo. El actual equipo del Ministerio no ha querido sin embargo precisar la cantidad que se abonó esos años al entonces estilista del presidente, aunque lo pagado por los anteriores inquilinos del local supera los 48 millones de pesetas al año.

Esta no es la primera relación del peluquero de Aznar con la administración del Partido Popular. Desde que Pedro Romero comenzó a trabajar para José María Aznar, este ha venido constituyendo sociedades y recibiendo adjudicaciones millonarias por parte de distintos organismos públicos, la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento popular de Pozuelo. Además de cinco sociedades mercantiles (la mayoría de ellas inmobiliarias) y varios locales comerciales en las mejores zonas de Madrid, Pedro Romero posee además otras tantas propiedades. Entre ellas, una mansión en el municipio madrileño de Mirasierra y un chalet en una selecta urbanización de la costa de Marbella.

2. EL PELUQUERO DE AZNAR SE PASA AL SECTOR INMOBILIARIO. EL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN, GOBERNADO POR EL PP, LE CONCEDE LA EXPLOTACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE GOLF (02/02/05)

Pedro Romero Aguilar, peluquero del ex presidente del Gobierno, José María Aznar y adjudicatario de la explotación del campo de golf de Pozuelo de Alarcón, ha desarrollado en los últimos años una importante carrera empresarial. La trayectoria profesional de Pedro Romero Aguilar ha pasado de gestionar cinco peluquerías en Madrid a dirigir un complejo grupo de empresas.

La relación de Romero con José María Aznar arrancó en 1995 cuando el ex presidente del Gobierno era líder de la oposición. Aznar dejó de ir a la peluquería del Hotel Eurobuilding tras el atentado que el dirigente del PP sufrió cuando viajaba en su coche por una calle de Madrid. Desde entonces, Romero acudía al despacho de José María Aznar en la calle de Génova o en el Palacio de la Moncloa. El peluquero comenzó su carrera inmobiliaria en el año 2000 con la sociedad PRA Interglobe, donde se alió con el hotelero Rafael Santamaría Trigo.

El concurso para la explotación del campo de golf de Pozuelo de Alarcón ha sido adjudicado a Play Golf Gestión, en la que figuran como socios Juana Fernández (esposa de Romero), José Luis Sanz Arribas y Pedro Iván Romero, hijo del peluquero. Según datos del registro mercantil, el matrimonio Romero-Fernández y sus hijos aparecen en 14 sociedades, que tienen un capital social superior a los 10 millones de €, unos 1.600 millones de pesetas. Romero y su familia copan los cargos en el consejo de administración de la sociedad Nature&Entertainment. El único propietario de Nature, es la empresa Comercio y Desarrollo 2100, que también posee otras 22 sociedades mercantiles con nombres como Belize Resorts, Niue Investment, Maupiti Investment, Rarotonga Investment o Apapulco Bulevard.Todas ellas están activas desde el año 2002.

Juan Sánchez Sáez, con sus hijos Sergio y Alvaro, está al frente de Comercio y Desarrollo 2100.

Pedro Romero Aguilar se ha asociado con varios constructores para realizar operaciones urbanísticas en las localidades de Alcorcón y Arroyomolinos, municipios del suroeste de la Comunidad de Madrid con un gran desarrollo urbanístico en los próximos años.

En esta zona la familia Romero ha operado, asociada a la familia García Urraco, con la sociedad Bauenplan Promociones Inmobiliarias.  Pedro Romero fue el que puso en contacto al ex presidente con el golfista Manuel Piñero. A su vez, Piñero presentó al matrimonio Aznar a Germán Garrido, que les ha dado clases en el Club de Campo de Madrid. El ex presidente Aznar vive desde hace aproximadamente un año en la urbanización Monte Alina, situada en el término municipal de Pozuelo de Alarcón. Aznar practica el golf desde hace dos años.

Piñero figura como presidente y aval técnico en la oferta que Play Golf Gestión presentó al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que está presidido por Jesús Sepúlveda (PP). La trayectoria empresarial de Piñero, no es tan impecable como la deportiva tras el fiasco con otro campo municipal de golf en Oviedo. La licitación del campo de golf y una escuela del mismo deporte se hizo en junio del año 2004. Play Golf fue fundada un año antes con un capital de 64.000 €.

Gonzalo Aguado, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pozuelo, dijo que Play Golf fue la empresa que más puntuación sacó en la oferta económica, que estaba valorada con 20 puntos.La empresa pagará 10.000 € anuales al Ayuntamiento y no incrementará significativamente su aportación hasta pasados los 17 años.Al final de los 50 años de concesión, llegará a una media de 250.000 € anuales.

Eva Izquierdo, concejal del PSOE, dice que es surrealista que cinco departamentos estudien la oferta y que sea el ingeniero municipal de Obras, Leopoldo Gómez, quien haga la evaluación de la oferta económica. Leopoldo Gómez espera la resolución de una querella criminal que presentó la fiscalía por delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas para el funcionario público.

3. BRUSELAS ELEVA A 10.000 MILLONES EL ENDEUDAMIENTO DE LA COMUNIDAD (03/02/05)  

Eurostat la agencia europea que controla las cuentas públicas, ha determinado que Mintra, empresa pública regional con la que se financia la ampliación del metro, no es una sociedad mercantil ajena al Gobierno, sino una empresa pública de la Comunidad con todas sus consecuencias. Es decir, los 3.600 millones de déficit de Mintra deben imputarse a la Comunidad que, de entrada, adeuda otros 6.200 millones adicionales.

Esta decisión de Eurostat se conoció precisamente, el mismo día en que la consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, había comparecido ante los medios de comunicación para recordar que en 2004 la Comunidad tuvo un superávit de 100 millones de € y la ejecución presupuestaria "más elevada en los últimos 15 años". Hidalgo se mostró "orgullosa" de presentar estos datos "en un año duro" para las arcas regionales, puesto que el Gobierno autonómico trabajó con un presupuesto prorrogado "por la imposibilidad de aprobar las cuentas públicas hasta finales de mayo" [de 2004]. "No ha gastado ni un euro más de lo ingresado [el citado déficit cero]", añadió.

La nueva decisión de Eurostat es contraria a la que este mismo organismo había tomado en 2003, cuando determinó que Mintra era empresa de mercado y, por lo tanto, su déficit no debía ser imputado a la Comunidad. El argumento esgrimido en aquel momento es que más del 50% de sus ingresos provenían de la venta de sus productos.

Por eso, Hidalgo destacó que la nueva decisión de €tat se contradice con lo mantenido por Pedro Solbes, hoy vicepresidente del Gobierno de Zapatero, cuando era su máximo responsable: "Es una incoherencia que una vez que Solbes es nombrado vicepresidente de Economía y Hacienda del Gobierno español se decida que la deuda tiene que ser asumida por la Comunidad de Madrid". Hidalgo, que no tiene constancia oficial de la decisión de €tat, cree que el Ejecutivo español, "a lo mejor no ha defendido con suficiente vehemencia en esta ocasión el sistema de financiación del metro madrileño", y se pregunta si otras empresas públicas, nacionales y regionales que utilizan el mismo sistema, se verán afectadas por la medida.

Por todo ello, la responsable de Hacienda consideró "precipitada" esta decisión de traspasar la deuda de Mintra a la administración regional, y agregó que "parece una maniobra del Gobierno central para asfixiar a la Comunidad de Madrid por ser una referencia del crecimiento económico".  Asimismo, la consejera afirmó que la situación económica en la región ha pasado en unos años de estable a positiva, "lo que ofrece una mayor credibilidad a los mercados financieros". De este modo, proclamó que el Gobierno regional va a abordar todas las obras de metro que se habían previsto hasta el momento, como es la extensión de la red hacia el norte, el oeste y el este de la región.

4. EL PP NOMBRARÁ UNA GESTORA PARA DIRIGIR EL PARTIDO EN ARANJUEZ (08/02/05).

La delicada situación por la que atraviesa el PP de Aranjuez va a desembocar en la creación de una gestora que se haga cargo de la dirección del partido. El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, se lo hizo saber al comité ejecutivo local. Granados, aunque, no descarta, como fórmula alternativa, convocar elecciones internas para elegir a un nuevo presidente local del PP.

Granados se reunió con 25 miembros de este comité, informa Europa Press. La cita fue tensa y constató la profunda división del partido en Aranjuez, con un grupo liderado por el presidente, Javier Cepeda; otro en torno al ex alcalde y hermano del presidente, José María Cepeda, y un tercero mayoritario pero disperso, sin líder concreto. Entre el presidente y el ex alcalde hay una brecha abierta; ambos libraron una dura batalla hace más de un año, cuando hubo que nombrar a la portavoz municipal. El PP perdió la alcaldía de Aranjuez en los comicios de 2003, y desde entonces el comité ejecutivo local casi no se había reunido.

5. EL VICEPRESIDENTE REGIONAL ADVIERTE AL ALCALDE DE QUE PARA SER CANDIDATO PRECISA LA BENDICIÓN DEL PP (11/02/05)

El vicepresidente primero y presidente del Comité Electoral del PP de Madrid, Ignacio González, dijo que le parece bien la "disponibilidad" del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, a querer repetir en su puesto en las elecciones de 2007, pero recordó que es el partido el que "bendice a los candidatos". González concluyó: "Me parece muy bien la disponibilidad, pero será el partido el que decidirá quiénes son los candidatos a las distintas instituciones".

El alcalde aseguró horas antes que si los madrileños quieren, seguirá en el cargo después de 2007 porque necesita dos legislaturas para "coronar" proyectos que sitúen a la ciudad en el "liderazgo que le corresponde", en España y en Europa. Gallardón argumentó: "En una legislatura se inician muchos proyectos que se coronan en dos y, en principio, mi intención sería terminar ese proceso de transformación fabulosa que está viviendo nuestra ciudad para ocupar el espacio y el tiempo de liderazgo que le corresponde a Madrid no sólo dentro de España, sino dentro de Europa, y que eso requiere dos legislaturas".

6. EL ALCALDE DE MAJADAHONDA Y SU ANTECESOR INVOLUCRAN A AGUIRRE EN LA CRISIS URBANÍSTICA (18/02/05)

El actual alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y su predecesor, el dimisionario Guillermo Ortega, ambos del PP, involucraron a la presidenta del partido en Madrid y de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en el conflicto suscitado en ese Ayuntamiento como consecuencia de una operación urbanística realizada en una parcela de propiedad municipal. Un medio de comunicación difundió parte de una conversación mantenida entre Foxá, Ortega y otros cargos del PP local, el pasado 24 de enero, en la que el primero asegura que Aguirre le ordenó paralizar la operación urbanística diseñada por Ortega. Concejales próximos a éste habían denunciado días antes que Foxá había urdido una trama urbanística, a través de la empresa municipal Pammasa, que provocó un agujero económico de 108 millones de €.

Fuentes del PP de Majadahonda aseguraron que éste descubrió la supuesta trama de Foxá y que eso provocó la crisis que se saldó con la dimisión de Ortega, quien alegó problemas de salud. Su sucesor es Narciso de Foxá, elegido con el apoyo de 12 ediles de su partido y la presunta abstención de otros dos.

Foxá sostiene: "La decisión de que no vean esas parcelas [que no se saquen a concurso, como quería Ortega] ha sido de Esperanza Aguirre. Y yo no he hecho nada fuera de la disciplina de partido". En otro momento que se adivina cargado de tensión, Ortega replica "que Aguirre no tiene ningún problema, que el único empeño es el tema de las parcelas y de la Oficina de Atención al Ciudadano. Y que solventada esa historia, que me dedique a ejercer de alcalde sin mayor problema".

Aguirre declaró: "Yo no sé nada de parcelas. No entro en los asuntos municipales. Sólo hablé con Ortega porque irrumpió en el aeropuerto, cuando me iba de viaje oficial a China el 14 de enero; él había quedado allí con el vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González. Lo único que sé es que iban a sacar [a la venta] una parcela sin fijar el precio, sin baremar, y yo quería que se admitieran ofertas. Pero a Ortega le dije sólo que pensara su decisión [de dimitir]". Esa reunión se celebró en la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas.

Foxá, como el anterior regidor Guillermo Ortega, ambos del PP, sostuvieron en la tensa reunión interna del partido que la decisión de paralizar la adjudicación de las parcelas de Majadahonda la tomó la presidenta Aguirre, con el conocimiento del ex secretario general del PP-Madrid Ricardo Romero de Tejada. Pero en la grabación ninguno da detalles sobre los motivos que alegaba Aguirre para paralizar la operación. Si bien Foxá llega a decir en un momento determinado de la reunión que no es más explícito con objeto de "no enrarecer más la reunión".

Ortega advirtió en esa reunión que no estaba dispuesto a vivir bajo el "chantaje" que se le estaba haciendo, y acusó al arquitecto municipal de cambiar su informe para impedir que una parcela de 30.000 m2 destinada a la construcción de más de 260 viviendas fuera adjudicada a la empresa que ganó el concurso. Según deja entrever Ortega en la grabación citada, el arquitecto quería supuestamente favorecer a otra empresa (AFAR 4, que es propiedad de un amigo del ex secretario general del PP madrileño Ricardo Romero de Tejada). "No lo voy a aceptar, no voy a aceptar que el arquitecto municipal cambie su informe para que la parcela se la lleve AFAR 4. Que encima nos use de marioneta y quedemos como auténticos gilipollas".

En esa reunión Ortega llegó a hablar de "mamoneos" de los servicios técnicos y de informes del arquitecto que, según sus palabras, "no son para el juzgado, sino para fusilarle". El ex alcalde reveló además el mensaje que le envió Romero de Tejada a través de un constructor amigo: "Date dos meses de baja, retira lo de las parcelas y te salvarás; seguirás de alcalde". Días después de esa reunión, Ortega presentó su dimisión de la alcaldía alegando motivos de salud, y Narciso Foxá fue elegido nuevo alcalde. "El alcalde llevaba mucho tiempo mal y decidió irse. Eso es todo", declaró anoche Esperanza Aguirre, quien añadió que el ex alcalde tiene una dolencia cardíaca. 

7. UNA EMPRESA APODERADA POR UNA HIJA DE ROMERO DE TEJADA HA ACTUADO EN MAJADAHONDA (11/03/05) 

Afar 4, la empresa más favorecida en octubre de 2003 en la subasta municipal de Majadahonda en la zona de Roza-Martín para permutar derechos de construcción de vivienda protegida por privada, contrató después a Virtón, empresa que hasta hace 15 días tenía como apoderada a María Mercedes Romero de Tejada, hija de Ricardo Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda. Esta empresa también realizó la urbanización de otra zona donde Afar 4 copó igualmente los derechos de construcción privada en una subasta celebrada en 2000, bajo mandato de Romero.

El 18 de septiembre de 2003, la Empresa Municipal de la Vivienda de Majadahonda (Pammasa), bajo mandato del alcalde popular Guillermo Ortega, subastó sus derechos para construir 243 viviendas libres en la zona de Roza-Martín entre una serie de propietarios o promotores. A cambio de este pago, traspasaban al Ayuntamiento su deber legal de construir viviendas protegidas en dicha zona. El resultado fue un regalo de casi setenta millones de € a los promotores -rentabilidad obtenida de construir viviendas libres en lugar de viviendas protegidas, mucho más baratas-, según cálculos del PSOE, que denunció entonces la operación ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid.

La empresa más favorecida fue Afar 4 -obtuvo 163 derechos de construcción sobre los 243 subastados-, al igual que en otra subasta idéntica producida en 2000 bajo mandato del alcalde Ricardo Romero de Tejada. En aquella ocasión, Afar 4 cosechó 124 derechos de edificación de vivienda libre sobre 377 en la denominada área de oportunidad de Majadahonda. El presidente de la junta de compensación era Francico Javier Segurado, que presidía varias de las promotoras -incluida alguna que como Incoda ha tenido como socio al alcalde madrileño José María Álvarez del Manzano-, quien contrató a Virton para las obras de urbanización.

Tras la segunda subasta de derechos de construcción de vivienda libre de Pammasa, en octubre de 2003, Afar 4, en tanto que propietaria mayoritaria y presidenta de la junta de compensación, seleccionó a varias empresas para urbanizar la zona de Roza-Martín. Y escogió también a la empresa Virton, que desde mayo de 2001 tenía como miembro de su consejo de administración, en calidad de apoderada, a María Romero de Tejada Esteve, hija del ex alcalde de Majadahonda Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del partido popular en la Comunidad de Madrid.

El monto de la factura, con fecha de julio pasado, se eleva a 12,5 millones de €, que, con el IVA, suma 14,5. Esta abogada perdió su condición de apoderada sólo hace 15 días, según el administrador de Virton, Manuel Barrios, quien matiza que desde octubre de 2003 ya no prestaba sus servicios en la empresa por razón de su tercera maternidad.  

Barrios asegura que su empresa, Virton, era la oferta más barata y que, en contra de lo que se ha sugerido habitualmente, nunca, ni en época de Guillermo Ortega, ni en la de su antecesor, Romero de Tejada, esta empresa recibió ningún contrato del Ayuntamiento de Majadahonda, sino que toda su actividad en dicho municipio está vinculada a la iniciativa privada, básicamente labores de urbanización promovidas por juntas de compensación. 

8. POZUELO CREA UNA FUNDACIÓN CON SIETE CONSTRUCTORAS PARA PLANIFICAR LA CIUDAD (15/03/05). 

El Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, aprobó la creación de la Fundación Siglo XXI, de carácter privado, para elaborar el Plan Estratégico de Ciudad. Formarán parte 10 empresas que harán contribuciones fijas de 80.000 € anuales. Ya han anunciado su participación ocho sociedades, siete de ellas constructoras. El PSOE denuncia que el objeto de la fundación es gestionar el urbanismo local y revisar el plan de urbanismo. El PP, en el gobierno municipal de Pozuelo, asegura que sólo persigue con la creación de esta fundación potenciar la imagen del municipio y dotar de transparencia a las aportaciones privadas.

En la Fundación Siglo XXI colaboran tres tipos de entidades. Por una parte, los llamados patrones natos: representantes de la corporación municipal (PP y PSOE). Por otra parte, los patronos electos: 10 empresas que aportan una cantidad fija anual. De éstas, el Ayuntamiento ha dado el nombre de ocho: Arocasa, Caredo, Construcciones Raga, IMCE, Pryconsa, Royal, Prasa y Phillips. También habrá entidades colaboradoras, como universidades, empresas del sector servicios, pequeñas sociedades y consultoras, entre otras. El Ayuntamiento contribuirá con el 50% del total de las aportaciones.

La entrada de siete empresas constructoras en el patronato de la fundación, y el que ésta sea privada y no municipal, ha despertado los recelos socialistas. Eva Izquierdo, portavoz socialista, acusa al PP de "dejar en manos de personas que tienen intereses privados el diseño de Pozuelo, y eso es intolerable e inaceptable".

El concejal de Hacienda, Roberto Fernández, del PP, rechaza esta visión. El edil acusa al PSOE de confundir la figura de plan estratégico con la de plan general. El objetivo de la fundación, según el PP, es configurar la imagen del municipio, el modelo de ciudad. El edil afirma: "El Ayuntamiento no se ha planteado en ningún momento la modificación del plan general.  

Además, ninguna empresa tendría nada que decir al respecto". Fernández afirma que la única intención del PSOE es levantar falsas sospechas y crear alarma social de forma injustificada. "Lo único que pretendemos es crear un foro de generación de ideas, en el que entre la financiación privada", asegura. 

9. SORIANO CELEBRÓ ANTE AGUIRRE EL TONO IDEOLÓGICO DEL REPORTAJE SOBRE EL 11-M (31/03/05)

El director general del ente público RTV-Madrid, Manuel Soriano, remitió a la presidencia de la Comunidad (del PP) un vídeo sobre el 11-M antes de que fuera emitido por Telemadrid. En la nota que acompañaba la cinta, Soriano explicaba que el documental había quedado "bastante bien" tanto desde un punto de vista cinematográfico como "ideológicamente". Un portavoz de Telemadrid aseguró que esta alusión "no es en sentido partidista".

Poco antes de la emisión de los programas especiales que Telemadrid ofreció con motivo del primer aniversario de la masacre de Atocha, el director general de la televisión autonómica digirió una tarjeta oficial a Regino García-Badell, director del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En dicha nota, Soriano comunicaba el plan de emisiones de los documentales titulados 11-M. Historia de un atentado, coproducidos por Telemadrid y El Mundo TV y con la colaboración de la televisión autonómica valenciana (regida también por el PP).

La nota manuscrita remitida por Soriano dice: "Querido Regino. Te mando la primera parte del documental que daremos el jueves y el viernes en 'prime time'. Pásaselo a la Presidenta. Creo que ha quedado bastante bien cinematográficamente e ideológicamente. Un abrazo. Manolo". El destinatario de la nota (una tarjeta con membrete del ente público RTV-Madrid) es Regino García-Badell, uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre, junto a la que trabajó en el Ministerio de Educación y posteriormente en la presidencia del Senado.

Un portavoz de Telemadrid subrayó que el documental fue realizado por El Mundo TV "sin correcciones previas ni intervenciones" por parte de la cadena. Agregó que "la alusión ideológicamente no es en sentido partidista, sino en términos generales, que no se hace apología del terrorismo ni del islamismo radical.  

El documental tampoco tiene alusiones a ETA ni a la versión del Gobierno de entonces". Telemadrid censuró que se interceptara "correspondencia particular para ser difundida", algo que en opinión del citado portavoz va contra "el derecho constitucional del secreto de la correspondencia, salvo resolución judicial o contenido delictivo".

10. GUIA PARA SEGUIR EL “CASO MAJADAHONDA” (02/04/05).

Mayo-septiembre de 2004. El Gobierno municipal de Majadahonda decide sacar a concurso dos parcelas por un valor de 80 millones de euros más IVA. Lo hace con el consentimiento de la Comunidad de Madrid, que da el visto bueno a la tasación de ese terreno.

13 de diciembre de 2004. La mesa de contratación recibe los primeros informes, que dan ganadora del concurso a la empresa Proinsa. El arquitecto municipal pide tiempo para revisar su primera valoración de ofertas.

20 de diciembre de 2004. El arquitecto municipal cambia su valoración. Considera que la mayoría de las propuestas no se ajustan al pliego de condiciones y violan el Plan General, lo que convierte en ganadora a la empresa Afar-4, una de las más beneficiadas históricamente por los diferentes gobiernos de la localidad desde la época en que el cargo lo ocupó Ricardo Romero de Tejada.

13 de enero de 2005. La Comunidad considera, tras una consulta de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Majadahonda, que la valoración correcta del arquitecto es la primera.

3 de febrero de 2005. Guillermo Ortega, del PP, renuncia al cargo de alcalde, tras las presiones de su partido, que argumenta que tiene problemas de salud y no puede seguir en el puesto, pese a lo cual el Gobierno regional lo coloca al frente del Mercado Puerta de Toledo. Asume su puesto -dos concejales del PP se abstienen- Narciso de Foxá, quien ha defendido que el precio al que han salido a concurso las parcelas es “irrisorio” y defiende que el concurso debe quedar desierto.

8 de febrero de 2005. El nuevo alcalde crea una comisión de investigación que aclare su gestión al frente de la empresa pública Patrimonio Municipal del Suelo S.A. (Pammasa) y analizar las operaciones urbanísticas en la localidad.

19 febrero de 2005. La Cadena Ser da a conocer grabaciones de Foxá y Ortega en las que el primero segura que “lo de las parcelas no va” porque así se lo ha hecho saber Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad y del PP. M2 publica que la Comunidad de Madrid autorizó que las parcelas salieran al precio determinado por el Gobierno de Ortega y que Foxá consideró “irrisorio”.

21 de febrero de 2005. M2 publica que Foxá estuvo dispuesto a pagar 7,8 millones € desde Pammasa por las parcelas que se vendían a 80 millones. El PSOE presenta una denuncia ante el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

25 de febrero de 2005. El fiscal general remite la denuncia del PSOE a la Fiscalía Anticorrupción.

4 de marzo de 2005. El PP denuncia al Conde-Pumpido por prevaricación. La denuncia se archiva.

29 de marzo de 2005. La mesa de contratación de Majadahonda propone que el concurso de las parcelas que ha desatado la crisis quede desierto, tal y como quería el alcalde Narciso de Foxá.  

El arquitecto había informado en ese sentido el 11 de marzo. 

11. MÁS DE 22.000 FIRMAS CONTRA EL CONSEJERO DE SANIDAD (10/04/05)

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm) han reunido un total de 22.000 firmas para reivindicar la adopción de medidas con el fin de “garantizar la dignidad y calidad de la asistencia sanitaria sin abandonar el actual marco de financiación pública”.  

Las firmas serán entregadas a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid con el fin de denunciar “el riesgo de descomposición” al que está expuesta la sanidad pública, del que a su juicio “constituye un claro ejemplo la crisis provocada por la interesada gestión de Manuel Lamela”, en referencia a la polémica por las sedaciones terminales en el hospital Severo Ochoa de Leganés.

Sobre esta cuestión, la Fadsp ha reclamado la actuación obligatoria del Defensor del Pueblo y de la Agencia de Protección de Datos para investigar el origen de las filtraciones a la prensa de expedientes de enfermos atendidos en el hospital Severo Ochoa y exigir las responsabilidades legales que pueda haber.

A juicio de la Federación, los datos sobre pacientes hechos públicos son confidenciales, están protegidos por las leyes de manera especial y su custodia está confiada a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por lo que reiteró la petición de dimisión de su máximo responsable, Manuel Lamela, por la “vulneración del derecho de los ciudadanos a la confidencialidad de sus historiales clínicos”.

En la misma línea, la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de Servicios de Salud (Asusalud) alertó de que en este asunto, “en muchos casos se está vulnerando la ley en todo lo relacionado con los derechos de los pacientes”. Además, Asusalud considera que, “en gran medida los hechos del hospital de Leganés han venido a poner de manifiesto la escasa diligencia de las autoridades sanitarias para adoptar las medidas necesarias que permitan cumplir con la normativa vigente en materia de derechos de los pacientes, sobre todo en relación con el consentimiento informado y con la declaración de voluntades anticipadas”.

Por su parte, la Fiscalía de Madrid considera que en la investigación abierta hay que ver qué casos y cuántos se consideran dudosos y que sean revisados por peritos judiciales independientes. Así lo confirmaron fuentes fiscales, que añadieron que la Fiscalía pedirá a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid los 25 historiales clínicos que considera dudosos de 2004 para determinar en cuáles puede haber indicios constitutivos de delito.

Por su parte, la Junta de Personal del Severo Ochoa de Leganés presentó ante la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid una denuncia contra la Administración Sanitaria de la Comunidad de Madrid y los medios de comunicación que han publicado datos protegidos de pacientes del centro hospitalario. Así, la presidenta de la Junta de Personal, Isabel Serrano, argumentó que la Consejería de Sanidad es “consentidora” de la filtración de datos confidenciales. 

12. EL DIRECTOR DE TELEMADRID CALIFICA DE "OBJETIVO" EL DOCUMENTAL SOBRE EL 11-M (21/04/05). 

El director general de Telemadrid, Manuel Soriano, negó en la Asamblea de Madrid las acusaciones de "manipulación" en el documental 'Cuatro días que cambiaron España', que generó una intensa polémica tras su emisión el pasado 14 de marzo, y aseguró que este trabajo era "un relato cronológico objetivo de los hechos más relevantes" que ocurrieron entre los atentados del 11-M y las elecciones del día 14. 

Soriano, que compareció en la Comisión de Control al Ente Público Radio Televisión Madrid (RTVM), explicó que "el documental no terminaba con el anagrama de ETA, sino con la explosión de los trenes", defendió que todas las comparecencias que salían reflejadas eran "reales" y justificó como "un recurso que utilizan todas las televisiones del mundo" el uso de unas imágenes de la directora del Instituto Anatómico Forense que, según la oposición, eran de a "11 días después".  

Manuel Soriano también justificó las constantes referencias a la Cadena SER que incluía el documental, al apuntar que su labor en estos días fue "muy relevante" y que Telemadrid no tenía "la más mínima intención de que se hicieran juicios de valor descalificatorios de esa emisora".

13. PIDEN EL CESE DE LAMELA, MIENTRAS CRECEN LAS DENUNCIAS ANTE LA JUSTICIA. EL FISCAL URGE A LAMELA PARA QUE ENTREGUE LAS HISTORIAS CLÍNICAS (21/04/05)

Un total de 11.188 firmas de trabajadores de la sanidad pública y de usuarios han sido entregadas esta tarde en la Comunidad de Madrid, de las cuales 8.937 piden la dimisión del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, mientras que el resto defiende "la dignidad del hospital" Severo Ochoa de Leganés. Mientras tanto, la Asociación de Víctimas de Negligencias Médicas (Avinesa) ha presentado otra denuncia por sedación irregular y la asociación El Defensor del Paciente (ADEPA) ha anunciado la entrega al fiscal de otros 14 casos. De acuerdo con el registro de la Consejería de Presidencia, donde se ha efectuado la entrega de firmas, se han presentado 11.188 rúbricas, de las cuales 5.986 corresponden a trabajadores de la sanidad pública que exigen el cese de Lamela; otras 2.951 de usuarios que reclaman lo mismo; 1.868 rúbricas más de vecinos que reivindican "la dignidad del hospital" y 286 de trabajadores que demandan este mismo propósito.

La entrega de estos "apoyos" contra Lamela y en favor de la sanidad pública han coincidido con la presentación por parte de Avinesa y de familiares de un enfermo fallecido en las urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés de la segunda querella contra un médico de este servicio por un presunto homicidio relacionado con su sedación. Los familiares del enfermo F.G.S., de 62 años, que murió el 22 de septiembre de 2003 aquejado de un cáncer, "no dio consentimiento nunca para ser sedado, ni tuvo conocimiento de que se le estaba sedando", ha indicado la presidenta de la asociación, María Antonia del Moral, tras interponer la querella en un juzgado de Leganés. 

Por su parte, la presidenta de ADEPA, Carmen Flores, ha indicado que mañana entregará al fiscal los datos de 14 nuevos casos de personas mayores que "ingresaron por su propio pie y con tranquilidad en el servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa y a las pocas horas murieron". A su juicio, la mayor parte de estos pacientes, fallecidos en 2003, "no tenía una patología de enfermo terminal", al tiempo que ha hecho hincapié en sus consideraciones de que hubo "mala praxis" en este servicio de Urgencias. Flores ha acudido a la Asamblea para respaldar la Ley de Voluntades Previas de la Comunidad de Madrid, que el Parlamento regional aprobará el próximo mes de mayo, con el fin de permitir que todos los ciudadanos puedan dar instrucciones previas sobre la atención sanitaria que les gustaría recibir, en caso de llegar a situaciones en las que no sean capaces de expresarlas ellos mismos. 

También recogerá la intención que tengan sobre las donaciones de sus órganos vitales y todas estas "voluntades previas" se adjuntarán al historial clínico de cada persona, según ha explicado el portavoz del PP de Sanidad, Javier Rodríguez. Mientras, los partidos de la oposición, sobre todo IU, han reclamado el "apoyo total y absoluto" a la manifestación convocada por los sindicatos CC OO y UGT bajo el lema En defensa de la sanidad pública y por el cese de Lamela.

Por otro lado, la fiscalía de Madrid requirió por segunda vez a la Consejería de Sanidad para que le remita "inmediatamente" -en un plazo de 24 horas- las 13 historias clínicas de pacientes del hospital de Leganés cuya sedación no está suficientemente aclarada. En este segundo requerimiento (el primero se envió hace ocho días, el 14 de abril), la fiscalía apercibe a Sanidad de incurrir en desobediencia si persiste la demora.

Fuentes de la fiscalía entienden que ya ha transcurrido un tiempo prudencial desde el primer requerimiento y no descartan el envió de policías a la Consejería para recoger las 13 historias si Sanidad persiste en incumplir la orden. Legalmente, los fiscales pueden acordar detenciones e incluso ordenar a la policía la ejecución de una orden incumplida. Además, puede interponer "una querella por desobediencia" contra los responsables sanitarios, según fuentes de la investigación. El destinatario de este segundo requerimiento es el propio consejero de Sanidad, Manuel Lamela, como principal autoridad sanitaria de la Comunidad. En el nuevo requerimiento se apercibe a Sanidad de la posible comisión de un delito de desobediencia si sigue sin enviarlas.

Hay que señalar que el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, ordenó retirar del hospital de Leganés más de 300 historias clínicas correspondientes a pacientes que habían pasado por las urgencias de este centro. Sanidad señaló que el objetivo de la retirada de las historias era "custodiarlas, protegerlas y garantizar la confidencialidad de los datos". Desde la fiscalía se indicó entonces que la retirada de estas historias no constituía infracción penal puesto que Sanidad es la máxima autoridad sanitaria y tiene la obligación de custodiarlas. "Otra cosa sería", indicaron fuentes jurídicas, "que aquéllas fuesen divulgadas".

En la Fiscalía no se entiende el sentido de la demora de Sanidad en enviarle estas 13 historias; máxime cuando se hallan en poder de la propia Consejería desde el pasado día 13 de abril. La fiscalía sólo quiere el envío, para su análisis, de 13 de las 300 historias que Sanidad se llevó del hospital.

El consejero Lamela envió al fiscal a finales de marzo un informe que concluía que había 25 casos de pacientes del hospital de Leganés en los que se observaba "una sedación irregular, no indicada, indebida o en exceso". La fiscalía estudió esos 25 casos y los redujo a 13 (en los 12 restantes no vio ninguna irregularidad). En los 13 tampoco vio ninguna anomalía, aunque, en función de los que se decía de ellos en el informe de los inspectores, entendió que no estaban suficientemente aclarados y que, antes de pronunciarse, Sanidad debía remitirle los historiales. Cuando por fin reciba las 13 historias clínicas, la fiscalía las remitirá a peritos judiciales para que éstos dictaminen si se actuó correctamente con esos 13 pacientes. 

14. LAMELA ENVÍA AL FISCAL CON 10 DÍAS DE RETRASO LAS HISTORIAS CLÍNICAS (23/04/05)

La Fiscalía de Madrid recibió de la Consejería de Sanidad de Madrid las 13 historias clínicas de pacientes del hospital de Leganés cuya remisión le había solicitado urgentemente el ministerio fiscal hace diez días. El envío y recepción de estas 13 historias se produjo por la mañana, un día después de que la fiscalía advirtiera al consejero de Sanidad, Manuel Lamela, de que podía incurrir en desobediencia si persistía en la demora. En la fiscalía de Madrid existía malestar por la tardanza en el envío de las 13 historias, pertenecientes a pacientes cuya sedación "no estaba suficientemente aclarada".

Sanidad retiró hace dos semanas más de 300 historias clínicas de las urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés. El 11 de marzo el consejero destituyó al coordinador de urgencias, Luis Montes, tras entregar al fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, una denuncia anónima en la que se indicaba que se habían producido 400 homicidios en las urgencias de este centro sanitario. La fiscalía tiene previsto enviar estas 13 historias el lunes a la Clínica Médico Forense de Madrid. Los forenses emitirán un informe al margen del que prepara un comité de expertos creado por la consejería, que se niega a hacer públicos los nombres y la forma de trabajo de este comité.

15. LA UNIÓN EUROPEA CONFIRMA QUE MINTRA ES DE TITULARIDAD PÚBLICA (29/04/05)

Eurostat, el organismo estadístico de la Unión Europea que también vela por el control de las cuentas públicas, ha confirmado el carácter público de la empresa que financia las infraestructuras del metro de Madrid (Mintra) y ya ha comunicado esta decisión de "carácter exclusivamente técnico e independiente" de forma oficial a las autoridades españolas. La Comisión Europea tiene previsto hacer pública hoy esta decisión, que viene a confirmar el acuerdo que ya adoptó en febrero pasado, según el cual Mintra sería una empresa pública -entre otras cosas, porque más de la mitad de sus costes no están cubiertos con fondos propios-.

Por ello, la Comunidad de Madrid quedará obligada a asumir su deuda, que en 2003 alcanzó los 2.400 millones de euros. Esta medida incrementa de un plumazo el endeudamiento de la Comunidad de 6.000 a 9.000 millones de euros. Además, obligará al Ejecutivo regional a pedir autorización cada año al Gobierno central para sus cuentas públicas, que serán deficitarias. En una visita a Bruselas, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, adelantó que promovería un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) si Eurostat no revocaba su decisión inicial. Previamente, solicitó otro informe a Eurostat para que verificara de nuevo las fuentes de ingresos de la empresa, que ahora se le ha vuelto en contra.

16. AUMENTA LA TENSIÓN ENTRE EL ALCALDE DE MADRID Y LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD. EL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE ACUSA A GALLARDÓN DE "DEJARSE UTILIZAR POR EL GOBIERNO DE ZAPATERO" (01/05/06)

El inicio la última de las desavenencias entre las dos instituciones más importantes de la Región de Madrid,  se debió a las declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el popular Ignacio González, quién arremetió contra el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, también del PP, pidiéndole “que no se deje utilizar tanto por el Gobierno de la Nación, que sólo intenta dividir al PP y aislar la Comunidad”. González aseguró que "el problema de fondo es qué pinta el alcalde de Madrid para hablar de las infraestructuras de la región o el cierre de la M-50", en referencia a la entrevista que hace poco mantuvieron la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y Ruiz-Gallardón para hablar de la infraestructuras de Madrid y a la que no asistió Aguirre.

No obstante, el vicepresidente primero de la Comunidad ha destacado que entre Aguirre y Ruiz-Gallardón no existe una mala relación, sino "sólo situaciones de conflicto generadas por la defensa de los intereses de cada institución, pero no son enfrentamientos personales".

Parece ser que el malestar del Ejecutivo de Aguirre se debe a la actitud de Ruiz Gallardón al reunirse con varios miembros del Gobierno socialista, en una imagen de cooperación y diálogo que contrasta con la oposición rotunda que esta llevando a cabo el equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre. Un motivo más para la discordia es la cena que compartieron representantes de los sindicatos, el presidente de la Cámara de Comercio - Fernando Fernández Tapias- y el alcalde en la víspera de la gran manifestación de pacientes y personal médico que pidieron la dimisión del consejero Lamela el 21 de abril. Según fuentes del Gobierno regional en aquel encuentro los sindicatos escucharon "más de una recomendación" para que la manifestación tuviera éxito.

Con esta situación, en el Día de la Comunidad de Madrid, durante la recepción posterior a los actos oficiales en el momento del besamanos. Al llegar el alcalde, cortés pero muy serio, Presidenta y regidor se besaron en las mejillas, pero no intercambiaron ni media palabra. Sólo la insistencia de los fotógrafos logró que los máximos dirigentes de la región y la capital posaran juntos; después, Gallardón y su esposa aceleraron el paso. Ya dentro, el alcalde aguantó menos de 15 minutos con la sonrisa en el rostro y acabó marchándose por una puerta lateral, acompañado por su número dos, el vicealcalde, Manuel Cobo. Antes de eso habló con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y también con la vicepresidenta del Gobierno central, María Teresa Fernández de la Vega, a la que (según pudo escuchar uno de los asistentes) comentó Gallardón: "Encima de que vengo después de todo, me piden que sonría...".

Mientras, ese mismo días, Aguirre, en declaraciones a la cadena SER, no desautorizó a su vicepresidente. Se limitó a afirmar: "No me pasa nada con Gallardón. Somos amigos", y acto seguido aseguró que fue el socialista Rafael Simancas quien quiso "malmeter" contándole a ella que el alcalde había cenado con los líderes sindicales. Simancas lo explicó de otra forma: "A mí me dijo Esperanza un día: '¡hay que ver!, cenaste con los sindicatos para malmeter contra nosotros'. Y yo le contesté: 'No, no fui yo quien fue a esa cena. Entérate bien de quién fue".

Pero no quedó aquí la cosa. En la fiesta, Aguirre lanzó una advertencia clara a su compañero de partido: "A partir de ahora, el alcalde de Madrid se lo pensará dos veces antes de acudir a un acto del Gobierno de Zapatero" al que ella no haya sido invitada, refiriéndose veladamente al encuentro que mantenido Ruíz Gallardón y la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, hace unos meses, y que  no ha sentado nada bien en la Puerta del Sol.

Gallardón no quiso responder a esos comentarios. Pero su rostro habló por él. Del núcleo duro de su gobierno sólo acudieron al festejo Manuel Cobo y el concejal José Manuel Berzal. Juan Bravo, edil de Hacienda, asistió a la entrega de medallas y luego se marchó. El resto de los ediles de gobierno, incluida Ana Botella, no se presentó. Sí se dejaron ver otros concejales del PP, entre ellos algunos especialmente cercanos a Aguirre, como Eva Durán y Ángel Garrido (quien el pasado enero envió una carta invitando a los militantes del PP a expresarse contra el Gobierno socialista en una manifestación por las víctimas del terrorismo).

El día siguiente, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha respondido en rueda de prensa a las declaraciones vertidas por Esperanza Aguirre, quien le acusa de estar instrumentalizado por el Gobierno de Zapatero para dividir al PP. Gallardón ha afirmado que "no podemos permitir que exista ningún desencuentro entre las administraciones públicas", sobre todo frente a un proyecto como Madrid 2012, y ha insistido en que continuará su colaboración con el Gobierno central.

Para evitar la distancia entre el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad, el alcalde de la capital ha hecho una "llamada a la responsabilidad, y empiezo por mí mismo", ha dicho Alberto Ruiz-Gallardón. Además, el alcalde ha señalado que mantiene su apoyo a Mariano Rajoy. 

17. AGUIRRE HA FICHADO A 22 EX ALTOS CARGOS DE LOS GOBIERNOS DE AZNAR (04/05/05)   

Un total de 22 altos cargos del Gobierno de José María Aznar han recalado en la Administración regional desde que ésta la preside Esperanza Aguirre. Secretarios de Estado, directores generales o presidentes de organismos públicos están en nómina ahora del consejero de Sanidad, del de Medio Ambiente o del de Presidencia. Según la oposición, la Comunidad se ha convertido en el "cobijo" de los dirigentes del PP tras perder las elecciones generales. Los populares, por contra, mantienen que los nombramientos se deben a su "excelente gestión" en el Gobierno central.

- José María Barahona Hortelano es el director técnico de la Agencia Laín Entralgo, un organismo dependiente de la Consejería de Sanidad que tiene como objetivos el fomento de las "actividades formativas para las profesiones sanitarias". Barahona fue senador por Salamanca en las Cortes Generales de la VI y VII legislaturas, pero no fue candidato en la última.

- Rafael Catalá Polo fue nombrado por el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, gerente del hospital Ramón y Cajal, aunque posteriormente dejó el cargo. Con anterioridad, y mientras José María Michavila fue ministro de Justicia, fue secretario de Estado de Justicia. En el primer Gobierno de José María Aznar estuvo a las órdenes de Mariano Rajoy y de Cristóbal Montoro.

- Amador Elena Córdoba. Es el gerente de hospital de Móstoles. Fue director general de Inspección cuando Rajoy era ministro de Administraciones Públicas.

- Jaime García-Legaz Ponce. Ahora ocupa el cargo de director del Instituto de Estadística de la Comunidad. Cuando José María Aznar era presidente del Gobierno, García-Legaz fue nombrado máximo responsable del Departamento de Bienestar y Educación del gabinete de Presidencia.

- Luis Miguel Garrido Martínez. Director de Seguridad del Canal de Isabel II, organismo que depende de la Vicepresidencia Primera. Cuando Jaime Caruana Lacorte era gobernador del Banco de España, Garrido estaba al frente de la Brigada de Delitos Monetarios y Económicos.

- Jaime Haddad Sánchez de Cueto fue director general de Planificación Económica y Coordinación Institucional en el Ministerio de Agricultura. Ocupó este cargo con Miguel Arias Cañete.

- Jon Juaristi Linacero fue con el PP director del Instituto Cervantes, una institución que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. También estuvo al frente de la Biblioteca Nacional. Aguirre le ha nombrado comisario de los Actos Conmemorativos del IV Centenario de la Publicación del el Quijote. Juaristi es catedrático de Filosofía Hispánica y Premio Nacional de Ensayo.

- José Antonio Llanos Blasco. Director general de Carreteras de la Comunidad. Fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo con Isabel Tocino de ministra de Medio Ambiente.

- Eugenio López Álvarez. Director general de los Servicios Jurídicos de la Comunidad. Julia García-Valdecasas, ex ministra de Administraciones Públicas, le nombró secretario general técnico.

- Domingo Menéndez Menéndez es el máximo responsable del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). Javier Arenas, ministro de la Presidencia del segundo Gobierno de José María Aznar, lo nombró director de la Oficina del Comisionado del Gobierno para las actuaciones derivadas la catástrofe del buque Prestige.

- César Pascual Fernández es el actual gerente del hospital del Guadarrama, que depende de la Consejería de Sanidad. Ángel Acebes, ex ministro del Interior del PP, decidió que fuera delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

- Rafael Pérez-Santamaría Feijoo ocupa la gerencia del hospital de La Paz. Fue, con Ana Pastor como ministra de Sanidad, secretario general de Sanidad.

- Gonzalo Quiroga Churruca es gerente del Servicio Regional de Bienestar Social, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Fue senador por Guipúzcoa.

- Agustín Rivero Cuadrado, actual director general de Salud Pública, ocupó el cargo de jefe de Estadísticas de la Actividad Sanitaria. Le nombró Ana Pastor.

- Ana María Sánchez Fernández, gerente del hospital de Fuenlabrada. Ana Pastor decidió que fuera directora general de Cohesión del Sistema Nacional de Salud.

- Cristina Santolaria Solona es la actual directora del teatro Albéniz. Anteriormente ocupó el cargo de subdirectora general de Teatro del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales.

- José Trigueros Rodrigo proviene del Ministerio de Medio Ambiente, donde fue director general de Costas. Ahora es viceconsejero de Medio Ambiente.

- Juan van Halen fue nombrado por Mariano Zabía, consejero de Medio Ambiente, director gerente del Instituto de Realojamiento e Integración (IRIS). Hace meses dejó el cargo. Procedía de Fomento, donde Francisco Álvarez-Cascos le había nombrado vocal asesor del gabinete.

- Ana Isabel Mariño ex presidenta de Paradores España, presidenta del Consorcio de Turismo de Madrid.

- Carlos Bustelo era el presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) hasta su reciente dimisión por el traslado de este organismo a Barcelona. Aguirre le ha elegido para dirigir el Tribunal de la Competencia de la Comunidad de Madrid.

- Manuel Jesús González, presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, fue secretario de Estado de Universidades entre 1997 y 1999.

- Ángel Martín Vizcaíno es subdirector general de Telemadrid. Fue director general de RTVE 1997 y 1998.

 18. GALLARDÓN ACHACA A “SECTORES DE OPINIÓN” LOS INTENTOS DE RADICALIZAR EL PP (10/05/05) 

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha querido pasar página en su polémica con la presidenta de la Comunidad, también del PP, Esperanza Aguirre y responsabilizó a “determinados espacios de la opinión pública” los intentos de que “la política que hacemos dentro del partido sea más radicalizada y menos centrista”. El alcalde ha insistido en su pleno “compromiso” con las formas, el modelo y la ideología de su presidente de partido, Mariano Rajoy. 

Las relaciones con Aguirre van como tienen que ir entre distintas administraciones con muchos puntos de encuentro y con algunas diferencias”. Con estas palabras ha querido volver a zanjar una tensión patente entre ambos dirigentes ‘populares’ desde que la presidenta de la Comunidad optara a la presidencia del partido regional. “Hay que mirar siempre al futuro y no al pasado. No soy yo persona de rencores. Lo que me obliga como alcalde es tener el máximo nivel de entendimiento con la Comunidad y con el Gobierno central”, asegura Gallardón.  

El alcalde de Madrid ha querido echar balones fuera en lo que se refiere a las posturas más radicales dentro del PP. “Hay sectores, que no los ubico yo tanto dentro de mi partido sino en determinados espacios de la opinión pública, a los que les gustaría que la política que hacemos dentro del partido fuera más radicalizada y menos centrada”, ha apuntado Gallardón sin dar ningún nombre. Ruiz Gallardón indicó que él personalmente no va a "ceder" a estos sectores, "lo que me podría ahorrar muchas críticas" pero que supondría, "traicionar mi propia forma de ser". 

19. UN ALTO CARGO DE LA COMUNIDAD DE MADRID INCUMPLE LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES (13/05/05)  

La decisión de la presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de contratar a más de una veintena de ex altos cargos de los gobiernos de José María Aznar sigue suscitando la polémica. El ex senador del PP y amigo personal de Aguirre, José María Barahona, cobra un sueldo de dedicación exclusiva en una agencia de la Consejería de Sanidad, mientras sigue pasando consultas privadas como oftalmólogo en Madrid y Salamanca, por lo que estaría incumpliendo la Ley de Incompatibilidades. 

Este oftalmólogo salmantino, que ha sido senador del PP en las dos legislaturas en las que Aznar ha sido presidente del Gobierno, se declara amigo de Esperanza Aguirre desde su etapa como presidenta del Senado. La presidenta le ofreció un alto cargo en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el de director técnico de la Agencia Laín Entralgo, después de que se quedara sin escaño en la Cámara Alta.

La relación entre la presidenta madrileña y José María Barahona va más allá. Su hijo, tal y como ha reconocido el propio Barahona, es miembro del gabinete de Esperanza Aguirre. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid nombra a Barahona alto cargo de la Consejería de Sanidad a mediados de 2004 y queda sometido a la Ley de Incompatibilidades.

El puesto de Jose Mª Barahona, según han denunciado fuentes de la Consejeria, exige dedicación exclusiva. Sin embargo, ha reconocido que tiene una consulta en Salamanca y que también ha atendido pacientes en otra consulta de Madrid. Barahona asegura que pasa consulta de forma gratuita y por amistad, por ejemplo a otros altos cargos de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, un redactor de un medio de comunicación ha pedido cita para una revisión y el precio es de 120 €. 

20. EL AYUNTAMIENTO ADJUDICÓ UN CONTRATO EN 2001 A UNA EMPRESA LIGADA AL PP (24/05/05).  

El Ayuntamiento de Madrid, bajo el mandato de José María Álvarez del Manzano, adjudicó en agosto de 2001 un contrato por valor de 267.000 € a la empresa Special Events, presidida por un ex alto cargo del PP gallego y que organiza actos electorales para este partido desde 1999. Special Events pertenece a diversas firmas accionistas radicadas en paraísos fiscales del Caribe.

El 9 de agosto de 2001, la entonces tercera teniente de alcalde y concejal de Atención Social, Policía y Movilidad, María Tardón, adjudicó a Special Events, SL, el contrato para realizar una campaña destinada a "informar, difundir y concienciar al ciudadano sobre el Día sin Coches", según figura en el boletín del Ayuntamiento de Madrid del 27 de septiembre de ese año. A cambio de organizar esa campaña, la empresa recibió 44,5 millones de pesetas (267.450 euros).

Special Events está presidida por Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP en Pontevedra y hombre de confianza del dirigente del PP gallego Xosé Cuiña -que fue mano derecha de Manuel Fraga durante 12 años hasta que dimitió en 2003 tras conocerse que una empresa de su familia vendía material para limpiar de las playas el chapapote del Prestige-. También han trabajado en la empresa Antonio Cámara, secretario personal del ex presidente José María Aznar durante ocho años, y Francisco Correa, amigo del yerno de Aznar, Alejandro Agag.

Según se ha informado, el accionista mayoritario de Special Events es la sociedad Windrate Limited, con sede en Londres, que a su vez pertenece a otras sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas y en la isla de las Nieves, considerados paraísos fiscales. Esta empresa ha contratado con diversas autonomías gobernadas por el PP, entre ellas Galicia. El PSOE madrileño lleva desde el pasado enero reclamando al Gobierno presidido por Esperanza Aguirre que le diga si ha adjudicado algún contrato a esta empresa, sin obtener respuesta. Un portavoz del Ejecutivo regional aseguró, sin embargo, que “la Comunidad de Madrid nunca ha contratado absolutamente nada con la empresa Special Events".

Quien sí contrató con ella fue el Ayuntamiento de la capital, siendo alcalde José María Álvarez del Manzano. La ex edil María Tardón -que actualmente ha reingresado en la judicatura en la Audiencia de Madrid- aseguró que no recordaba nada del asunto, aunque dijo que está "segura" de que en la operación no hubo ninguna irregularidad. Los servicios prestados por Special Events al PP durante las campañas electorales están recogidos en los informes de los distintos Tribunales de Cuentas autonómicos, aunque éstos sólo conocen las cantidades que cobró la empresa a cambio de sus prestaciones, pero no el tipo de servicios que prestó, porque nunca los ha comunicado.

21. ANA BOTELLA: ZAPATERO LEGISLA PARA COMPLACER AL "PODEROSO 'LOBBY' GAY" (28/04/05)

La concejal de Empleo de Madrid, Ana Botella, afirmó en una entrevista concedida a un diario italiano que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha permitido los matrimonios homosexuales para "complacer a un lobby poderoso", el de los gays. Su actitud contrasta con la de su jefe, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que aseguró ayer que no hará "ningún tipo de discriminación" a la hora de celebrar bodas, y que hará "lo que hasta ahora": casar a quien se lo pida. En el Ayuntamiento de Madrid "se aplicará la ley, como no podría ser de otra manera", según su alcalde. El PP ha impuesto una sanción económica a sus diputadas Celia Villalobos y María Pía Sánchez por romper la disciplina de voto.

Ana Botella no está obligada a casar porque no es concejal de distrito, pero podría hacerlo si quisiera y se lo pidiera al alcalde, como hacen otros ediles (hasta ahora, ella nunca lo ha pedido). Con todo, Botella afirmó ayer: "Yo, sinceramente, no casaría a una pareja homosexual". En la entrevista concedida al diario italiano Il Giornale opinó además que la regulación de los matrimonios entre gays y lesbianas supone una "involución de las costumbres". Según la entrevista, Botella dijo también que Zapatero "ha traicionado a España", pero la concejal negó ayer tarde haber pronunciado la palabra traición y mandó una carta de rectificación al diario italiano.

22. EL FISCAL VALERIO ASEGURA QUE EL ALCALDE DE SAN LORENZO LE HA AMENAZADO (01/06/05).

El fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, denunció haber recibido amenazas del alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández Quejo. Valerio, quien indicó que va a pedir amparo al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, señaló que el regidor de San Lorenzo, durante un juicio en la Audiencia de Madrid, dijo: "Voy a perseguir al fiscal de Urbanismo hasta que pueda".

Fernández-Quejo, del PP, ha sido juzgado por un supuesto delito de prevaricación. La amenaza que el fiscal de Urbanismo afirma haber recibido se produjo cuando el tribunal que juzga al alcalde por un supuesto delito continuado de prevaricación otorgó a éste la última palabra. Antes, el fiscal Valerio había elevado a definitivas sus conclusiones y mantenido su petición de pena de dos años de cárcel y diez de inhabilitación para el regidor, según fuentes jurídicas.

Según Valerio, Fernández-Quejo señaló: "Voy a perseguir al fiscal de Urbanismo hasta que pueda; los psicólogos me han aconsejado que deje el cargo y a los niños les dicen cosas en el colegio". Durante la vista el tribunal tuvo que cortar al abogado del Ayuntamiento y del regidor, Francisco Cons, por descalificar el informe del fiscal. Cons aludió a que el informe era fruto de la "mala fe" del fiscal.

El tribunal tildó el comentario de inapropiado y le indicó que la libertad de defensa no le ampara para hacer tales manifestaciones. Valerio explicó que, nada más acabar el juicio, el letrado defensor del alcalde se le acercó y le espetó: "Ya verás el pleito que te espera...", en alusión a que supuestamente le denunciará por su actuación en este asunto. Tras subrayar que va a pedir amparo al fiscal general del Estado, el fiscal de Urbanismo indicó: "Si por perseguir irregularidades urbanísticas tengo que soportar amenazas de este tipo, me voy y dejaré el área de Medio Ambiente. Lo único que pretende la fiscalía es que se repeten las normas que los propios ayuntamientos se dan".

El regidor explicó: "Lo que he dicho es que no he hecho nada y que llevo ocho años procesado, y que todo esto me ha causado un perjuicio personal y familiar, y a mi propia imagen; y que cuando me absuelvan, porque no he hecho nada, esto no puede acabar así. Y mi abogado lo único que ha hecho es pedir que las costas del juicio las pague la fiscalía, nada más".

El fiscal acusa a Fernández-Quejo y a varios ediles de haber dado una licencia para construir 18 viviendas en una zona de en la que las normas urbanísticas sólo permiten levantar nueve casas. El regidor y varios concejales del equipo de gobierno se han sentado en lo que va de este año en dos ocasiones en el banquillo de la Audiencia por sendas denuncias de la Fiscalía de Medio Ambiente. En las dos ocasiones se han sentado tras agotar los recursos que establece la ley ante la propia Audiencia -algunos, pidiendo el archivo de las causas- frente a decisiones de los jueces instructores. Desde, el regidor está pendiente de dos sentencias. Una que en breve emitirá la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, por un supuesto delito urbanístico, y la segunda, que debe dictar la Sección Sexta, la sala que dejó visto para sentencia el juicio por supuesta prevaricación contra el alcalde.

23. LA FISCALÍA ENCUENTRA CONTRADICCIONES EN EL 'CASO MAJADAHONDA (02/06/05).

La Fiscalía Anticorrupción encargó a funcionarios del cuerpo de la Intervención General del Estado el estudio de toda la documentación sobre la tramitación en 2003 de la subasta de tres parcelas municipales en Majadahonda bajo mandato del anterior alcalde, Guillermo Ortega (PP). El informe, ya concluido, no determina irregularidades, pero sí flagrantes contradicciones entre los sucesivos informes del arquitecto municipal, que se intentan esclarecer.

La complejidad del caso Majadahonda aconsejó a la Fiscalía Anticorrupción, cuyo responsable es Antonio Salinas, recabar, antes de meterse en mayores indagaciones, un asesoramiento del cuerpo especializado en garantizar la pureza de los contratos públicos: los miembros de la Intervención General del Estado. De hecho, cuenta con un equipo de dicho cuerpo adscrito, al igual que otro de la Agencia Tributaria. Esta última unidad suele usarse más para seguir los tráficos monetarios de las empresas o personas investigadas. Sin embargo, en el arranque de esta investigación, lo que interesaba era filtrar la ingente documentación del caso a través de los interventores para que, como en cualquier contrato que fiscaliza, analizaran todos los pasos que se dieron en la venta de las parcelas municipales de Majadahonda y si cumplieron las cautelas legales.

Debían examinar documentalmente toda la cronología de la venta de las parcelas: cómo se tomaron las decisiones, qué informes aportaron los técnicos municipales sobre dichas enajenaciones, cómo se recibieron y tramitaron las ofertas, cómo fueron valoradas, etcétera. El informe, ya concluido, no revela irregularidades manifiestas, pero sí flagrantes contradicciones sobre los informes emitidos por determinados técnicos municipales. Las contradicciones, susceptibles de derivar en irregularidades, se centran sobre todo en el arquitecto, que emitió dos informes sobre valoración de los licitadores en los que rectificó sus iniciales criterios. Sólo tras determinarse si hubo irregularidades claras en estas ventas municipales, que el PSOE denunció como un grave quebranto patrimonial, la Fiscalía Anticorrupción entraría a ver quiénes favorecieron las opciones ganadoras y qué intereses les movieron.

Por ello, según fuentes de la investigación, por el momento no se plantean recabar el testimonio de los concejales rebeldes del PP en Majadahonda -José Luis Peñas y Juan José Moreno- que han denunciado que el actual alcalde, Narciso de Foxá, les ofreció un millón de euros si dejaban de oponerse a vender por siete millones de euros parcelas que ellos juzgaban que valían 48 millones  €.

Hasta el momento, la fiscalía sólo dispone del relato de irregularidades que hizo el propio PSOE en su denuncia ante el Fiscal General del Estado: "Pammasa (sociedad municipal) recibió del Ayuntamiento tres parcelas con una edificabilidad global de 30.035 metros cuadrados destinadas a uso residencial (no protegido).

Como la encomienda aceptada por Pammasa al recibir las parcelas consistía en edificar en ellas vivienda protegida, pero el suelo permitía ejecutar vivienda libre, el Consejo de Administración decidió emplear el mecanismo de permuta de derechos para absorber las obligaciones de construir vivienda protegida de diferentes promotores privados, a cambio de que éstos compensasen a Pammasa con la diferencia de valor entre el derecho a construir vivienda libre que Pammasa les transmitía, y el derecho a edificar vivienda protegida que la sociedad municipal adquiría". Y esto dañó a las arcas municipales: "La cantidad total que el Ayuntamiento, a través de Pammasa, obtuvo de la subasta referente a las parcelas fue de 7.216.317 €.

Ahora bien, puesto que la edificabilidad total de estas tres parcelas ascendía a 30.035 m2, y la diferencia real de valores entre los aprovechamientos permutados, según los informes del arquitecto municipal, asciende a 1.338 €/ m2, el Ayuntamiento, a través de Pammasa, tenía que haber obtenido al menos para compensar la pérdida de valor económico que sus solares sufrieron merced a la permuta, una cantidad igual o superior a 40.195.239 €".

24. LA SECRETARIA DEL DIRECTOR GENERAL DE TELEMADRID LE DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL (09/06/05).  

Una de las dos secretarias personales del director general de Telemadrid, Manuel Soriano, le ha denunciado por acoso sexual. La mujer está de baja por depresión y en tratamiento médico. Según su testimonio, Soriano intentó propasarse en varias ocasiones y le propuso mantener relaciones. Soriano niega tajantemente estos hechos y se muestra sorprendido por la denuncia. La querella por acoso sexual contra Manuel Soriano se ha presentado en el juzgado de instrucción de Pozuelo de Alarcón. Noelia del Val Curiel, la secretaria personal de Manuel Soriano relata en ella como fue víctima durante el último año del hostigamiento sexual por parte del director general de Telemadrid.

Noelia cuenta que poco después de empezar a trabajar a sus órdenes, Soriano aprovechaba los momentos en los que estaban a solas para buscar conversación, interesarse por su vida privada y le pedía que prolongase su jornada laboral con excusas infundadas.

Dice la mujer que esta situación culminó la noche del 3 de noviembre de 2004, en la que el director general le pidió una documentación. Cuando la estaba buscando en el archivador, según la denunciante, Soriano se le acercó, se puso a su derecha, empezó a tocarse los genitales por encima del pantalón, presionando con fuerza, y la rozó con el codo. Después, le dijo que estaba enamorado de ella, que quería pasar un fin de semana con ella e incluso llego a intentar besarla.

A partir de este episodio, la secretaria entró en una fase de inestabilidad física y ansiedad emocional que le han conducido a una baja laboral por depresión. Además, la querellante asegura que ante su negativa a las continuas miradas e insinuaciones sexuales de Soriano, éste cambió radicalmente de actitud. Empezó a gritarle y a enfadarse por cualquier motivo, a ignorarla y a marginarla en el trabajo.

Noelia afirma que pidió ayuda en la empresa, que denunció la situación ante el director de Recursos Humanos de Telemadrid, pero dice que no obtuvo ninguna respuesta de sus superiores.

Dado su estado de ansiedad y estres, lleva un mes de baja y necesita tratamiento médico. La secretaria explica que ha decidido dar este paso judicial por su deseo de sentirse digna, para que se conozca la verdad y para poder reincorporarse a su trabajo sin miedo y sin represalias. La víctima cuenta con el apoyo y respaldo de la Federación de Mujeres Progresistas.

El director general de Telemadrid se ha mostrado muy sorprendido por esta denuncia. Manuel Soriano ha negado tajantemente los hechos y asegura que nunca ha tenido ningún problema con su secretaria.

25. DOS EX EDILES DEL PP IMPLICAN A LA CÚPULA POPULAR  (22/06/05) 

José Luis Peñas y Juan José Moreno, los ediles de Majadahonda expulsados del PP hace una semana, declararon  ante la Fiscalía Anticorrupción en calidad de testigos, cada uno durante dos horas y media. La fiscalía investiga la denuncia del grupo municipal socialista majariego sobre las presuntas presiones que se produjeron en Majadahonda en el concurso de venta de dos parcelas municipales.  

Los ediles mantuvieron ante el fiscal que Esperanza Aguirre, presidenta regional, es la responsable principal de la paralización de dicha venta. También implicaron al ex secretario regional del PP, Ricardo Romero de Tejada, y a su sucesor, Francisco Granados, en las presiones que sufrió el anterior alcalde, Guillermo Ortega, por medio de un constructor.

Al terminar su declaración, los ediles indicaron que habían ofrecido al fiscal un relato pormenorizado del procedimiento de enajenación de las parcelas RN-1 y D2 y de las presiones que sufrieron el anterior alcalde y ellos mismos por parte de Aguirre, Granados y Romero de Tejada, además de por el actual alcalde, Narciso de Foxá, para parar la venta de dichos terrenos.

Presiones que, según cuentan los concejales, también soportaron los técnicos municipales para que sus informes apoyaran el dejar desierta la venta. "Era vox populi. Porque la decisión de paralizar la venta ya estaba tomada por el alcalde y la cúpula del PP. Los técnicos no tenían más remedio que avalar de alguna forma lo que los políticos habían decidido de antemano. Incluso se cambió un informe de fecha", dijo Peñas.

Según mantienen los ediles, el fiscal no les preguntó por la gestión del suelo público realizada desde Pammasa, empresa municipal del suelo, ni les pidió documentos. "Aunque he quedado en enviarle algunos", puntualizó Peñas. "Le hemos contado nuestro punto de vista porque hemos estado en el centro de la polémica. Ha quedado claro que, para nosotros, Esperanza Aguirre es la artífice principal de que todo el proceso legal de venta de dos parcelas se haya ido al traste".

Ambos ediles eran los hombres de confianza del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Peñas, concejal de Planificación, fue el encargado de elaborar los pliegos de condiciones que debían seguir las ofertas que se presentaran a la venta de dicho suelo municipal. "Hemos contado al fiscal cómo, al principio, todos los concejales del PP que formábamos el equipo de gobierno del Ayuntamiento estábamos de acuerdo con la enajenación.

Las discrepancias llegaron de repente, en noviembre de 2004. En ese momento, cuando ya se habían presentado 12 empresas y estaban las plicas abiertas, resulta que hay que parar la venta. Entonces empiezan a aparecer nombres como el de Esperanza Aguirre", explica Peñas.

Ante la fiscalía han señalado que las mayores presiones las sufrió Ortega hasta que aceptó presentar su dimisión el 3 de febrero "por motivos de salud". Ahora, y por decisión del Gobierno, ocupa el cargo de gerente del mercado Puerta de Toledo. Asimismo, explicaron al fiscal que en varias ocasiones los mensajeros que trasladaron las supuestas amenazas a Ortega fueron constructores.

Uno de ellos fue Julián Jiménez de los Galanes, presidente del Grupo Dico, dedicado a la construcción y promoción inmobiliaria, con una fuerte implantación en Majadahonda. Jiménez de los Galanes mantiene con Granados una fuerte amistad, según Peñas. "Esta constructora es muy importante en Valdemoro, de donde Granados fue alcalde la pasada legislatura. Además, hasta van a cazar juntos, y digo yo que para enviar un mensaje con él a Ortega debe existir un conocimiento íntimo entre ambos", afirmó Peñas.

Este edil se refiere a una presunta conversación que mantuvo el presidente de Dico con Ortega el pasado 15 de enero. Según el edil, Jiménez de los Galanes llamó de parte de Granados al ex alcalde y le dijo: "Te tienes que ir. El candidato oficial de la presidenta de la Comunidad y del PP regional, es Narciso de Foxá [el actual regidor]. Vete mirando qué puesto quieres en la Comunidad".

Granados lo desmiente. El secretario regional indica que, debido a su puesto, hablaba casi todos los días con Ortega, y que, en caso de tener que comunicarle algo así, lo habría hecho personalmente. En cuanto a la amistad que, según los ediles, le une con el presidente de Dico, no realizó ninguna declaración.

26. ANTICORRUPCIÓN VE DELITO EN LA GESTIÓN DEL IMEFE DE 1996 A 1999 (09/07/05).

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a dos ex responsables del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial de Madrid en la etapa del ex alcalde popular, José Mª Álvarez del Manzano, por cohecho, prevaricación y estafa. Los denunciados son el ex gerente del Imefe, Ricardo Peydró Blázquez, el ex director de servicios de formación ocupacional, José Luis Solana, y dos empresarios, Fernando Cisneros Manrique y José Mª Ariza, a quienes achaca iguales delitos, salvo prevaricación.

La gestión investigada por Anticorrupción, se ciñe al periodo 1994 a 1999, pero los hechos delictivos parten de 1996. El entramado que describe la denuncia es la siguiente: las empresas Incof, Ifomar, Defoco y Prevecón se constituyen por Cisneros y Ariza "por indicación de Solana y Peydró", por lo que los primeros "conocen de antemano sobre qué temas va a girar la programación anual del Imefe y elaboran los programas formativos en consecuencia". "Esto les coloca en una posición más ventajosa que la del resto de las empresas con las que compiten. En resumen, el juego no es limpio, las adjudicaciones están pactadas de antemano", señala Anticorrupción.

El texto define que ambos ex altos cargos incurrieron en prevaricación, ya que las adjudicaciones de concursos estuvieron "viciadas desde su origen", pues respondían al "previo pago de dinero en metálico o regalos" (cohecho) y fueron dictadas "a sabiendas", con el "ánimo de favorecer" a las citadas sociedades. El texto plantea que la empresas abonaron comisiones del 3% del importe del curso, ya que sabían desde el principio que "hay que pagar para ser adjudicatarios del Imefe".

Las empresas de los denunciados recibieron 134 cursos y al menos siete de ellos "no se ejecutaron". Incluso se ha comprobado que se falsificaron las firmas de los alumnos para simular su asistencia. Anticorrupción calcula en 154.532 € el perjuicio patrimonial ocasionado.

Solana incurrió en un delito de falsedad y estafa, ya que no visitaba "a propósito", salvo en contadas ocasiones, los cursos. "Para evitar ser descubierto y que saliera a la luz el trato de favor recibido por estas adjudicatarias, prefería no inspeccionar ninguna", señala el escrito.

Sobre Peydró se afirma en la denuncia que "también recibía regalos por favorecer las adjudicaciones y cerrar los ojos sobre lo que estaba sucediendo, y con su proceder favoreció la comisión de los delitos de falsedad y estafa al no adoptar ninguna medida para evitarlas". Isabel Vilallonga, la concejal socialista que indagó esta trama, se felicitó : "La denuncia nos ha dado la razón".

27. UN ALTO CARGO DE SANIDAD QUE DIMITIÓ POR INCOMPATIBILIDAD EN JUNIO SIGUE COBRANDO (10/07/05)

La Consejería de Sanidad sigue pagando la nómina de José María Barahona Hortelano, ex director técnico de la Agencia Laín Entralgo de la Consejería de Sanidad, que había presentado su dimisión el pasado 30 de junio. Barahona Hortelano tuvo que presentar la dimisión porque ejercía de oftalmólogo privado pese a tener un contrato de alto cargo en la Administración sujeto a exclusividad, lo que vulneraba la Ley de Incompatibilidades.

El dimitido fue nombrado director técnico de la Agencia Laín Entralgo, organismo dedicado a la formación e investigación del sector sanitario, el 16 de abril de 2004, según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Su cese, sin embargo, aún no ha sido publicado en el BOCM, a pesar de que sí lo ha sido el nombramiento de su sucesor, Daniel García Urra.

Según un portavoz de Sanidad, todo se debe "a un retraso administrativo que ha hecho que siga cobrando". "Pero ya se ha iniciado el procedimiento, denominado Expediente de recuperación de cantidades indebidamente cobradas, para que reintegre el dinero que ha cobrado desde su dimisión", añadió este portavoz.

En esa misma conversación se le pregunta a Barahona si había declarado su actividad privada profesional tal y como le exige la Ley. Su respuesta fue que no ha realizado ninguna declaración de actividades. Dijo, literalmente, "yo no he hecho ninguna declaración, a mí nadie me ha pedido nada". Y eso a pesar de ser alto cargo del Departamento de Manuel Lamela desde el 16 de abril de 2004

28. LA OPOSICIÓN, ZARANDEADA EN LA CALLE (21/07/05).

La defensa de 70 árboles de Virgen del Puerto desembocó ayer por la tarde en una violenta batalla entre políticos, vecinos y policías municipales. Tensión, gases irritantes, zarandeos, agentes heridos, paisanos golpeados. La culpa, de las obras de la M-30, que devorarán, en esta zona, 155 árboles.

En la bronca, la Policía Municipal se llevó por delante a Inés Sabanés, portavoz de Izquierda Unida, y al socialista Oscar Iglesias, número 2 de Trinidad Jiménez. Había que talar esos árboles y nada ni nadie podía impedirlo.  Los dos políticos de la oposición lo intentaron. Trataron, cuentan, de que se aplazara la medida al menos hasta que el ambiente se calmara y la gente recibiera la explicación que demandaba. Qué y cómo sucedió todo depende de quién lo cuente. A Sabanés y a Iglesias les pidieron su carné de identidad y de concejal. Los denunciaron por desacato, por resistencia a la autoridad. A un policía lo golpearon en la cabeza con un palo.A una vecina le retorcieron el brazo hasta el límite.

Con un importante despliegue policial, con 300 ó 400 vecinos calientes en la calle, escudándose en los políticos para increpar a los agentes, y con la oposición enfrentada al Gobierno municipal transcurrió la tarde junto al río Manzanares. ¿Por qué? “La situación estaba ya tensa. Tratamos de que pararan, la gente estaba cerca y existía el riesgo de que pasara algo grave”.

Sabanés explica que se pusieron debajo de un árbol, que intentaban decirle a los responsables municipales que esperaran, que dieran primero una explicación a los vecinos porque no sabían cuáles era las razones de aquella tala. Nada.

El inspector jefe de la Policía, José Luis Morcillo, la identificó. Como a Iglesias. Y al edil socialista José Manuel Rodríguez.Luego los sacaron a tirones. Llegó más tarde ese “gas que irrita los ojos”, recuerda, en este caso, el segundo del PSOE. Les pidieron, siempre tratándolos de usted, el carné de identidad. Y el que acredita que son representantes del Ayuntamiento de Madrid. Dicen que fue tras la acción de los ediles, cuando ellos dieron el paso para ponerse ante los vecinos, cuando las cosas empezaron a calmarse un poco. A partir de ahí, descompresión. Calma. Todos a casa.

En el Gobierno municipal se activaron de inmediato las alarmas para lanzar velozmente su versión. Para dejar claro que lo trascendente era que había tres agentes heridos. Nada se dijo de los dos vecinos. Pilar Martínez, concejala de Urbanismo, explica: “Hay formas legales de protesta y de participación.

En este caso, estos concejales han actuado de forma ilegal, irresponsable y poniendo en riesgo la seguridad de las personas. Puede ocurrir una desgracia y, en ese caso, ¿quién responde? Supongo que los concejales de la oposición”. Se refiere Martínez a que se invadió una zona de obra, de acceso restringido, donde solo entran personas autorizadas porque existe un peligro real de que suceda algo.

Una lectura opuesta a la de PSOE e IU que defienden, precisamente, que trataban de evitar que la tensión vecinal desembocara en un enfrentamiento con la Policía.

Más aún, señalan que en momento alguno se había acotado la zona de trabajo. Que hasta que no comenzó la concentración vecinal y la situación se volvió tan insostenible que degeneró en batalla, no protegieron con vallas amarillas el área de intervención de los operarios.

El origen de todo este conflicto se debe buscar en la tala de los primeros ejemplares de acacias y otras especies en Virgen del Puerto. A las 09.00 horas se empezó a oír el zumbido de las motosierras. A las 16.00 dejaron de sonar. Siete horas de trajín y las veredas llenas de cadáveres de madera.

Se organizó el vecindario del entorno. Se repartieron pasquines por la calle, en los portales. El boca a boca propagó la consigna solidaria: todos a defender las acacias que todavía quedan en pie. Una hilera escasa. Sublevación civil. A las 07.30 horas, ayer, empezaron a concentrarse en la calle. Es la explicación que Ana Alvaro, amotinada del primer turno, dio a M2.

Llegaron los hombres de las motosierras. Pero allí estaban ellos, esperándolos, preparados con cuerdas para amarrarse a los troncos de sus acacias o, si era necesario, para colgarse de ellas. No parecía nada cruento, en principio.  La presión fue tal que consiguieron vencer a las máquinas. Se tuvieron que retirar. Ni la protección policial los amedrentó.

Al pasar el mediodía, alerta. Regresaron los hombres de las motosierra. olvieron, también, los policías. Llegó un responsable de la Concejalía de Urbanismo, Francisco Panadero, que, igual que hicieran los operarios por la mañana, explicó a la gente que los trabajos debían continuar y que tenían los permisos pertinentes para talar los árboles.

Así es: Urbanismo (titular, Martínez) necesita reformar la M-30 y Medio Ambiente (responsable, Paz González) le otorga carta verde para que se lleve los obstáculos vegetales por delante. Arboricidio, clama la oposi