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Boletin 769. Del DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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ÍNDICE

01. DISCREPANCIAS EN EL PP POR LA POLÍTICA DE CASADO DE APROXIMACIÓN A VOX

02. LASQUETTY, EL HOMBRE QUE QUIERE BORRAR A RAJOY

03. EL PP Y CIUDADANOS BLOQUEAN LA TRAMITACIÓN DE 37 LEYES DE SÁNCHEZ

04. LOS DOCE 'APÓSTOLES' DE PABLO CASADO PARA EL REARME DEL PP

05. CASADO ACUSA A SÁNCHEZ DE "TRAICIÓN A ESPAÑA" POR NEGOCIAR CON TORRA "LA RUPTURA DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

06. CASADO REIVINDICA LA PRISIÓN PERMANENTE Y SÁNCHEZ LE RECUERDA QUE ESTÁ EN VIGOR Y NO HA EVITADO EL ASESINATO DE LAURA LUELMO

07. CASADO Y RIVERA EXIGEN EL 155 Y ELECCIONES: “LA AVENTURA ACABÓ”

08. AZNAR: "ESPAÑA TIENE MUCHA SUERTE DE QUE CASADO ESTÉ AL FRENTE DEL PP"

09. CASADO PREMIA A QUIENES CASTIGARON A RAJOY PARA PARECERSE A VOX

10. CASADO ENCARGA EL PROGRAMA ELECTORAL A UN 'FONTANERO' DE RAJOY Y FICHA A OTRO DE AZNAR

11. CASADO 'RESUCITA' A LAS FAMILIAS DEL PP QUE FUERON APARTADAS POR RAJOY

12. CASADO REFUERZA EL PERFIL CONSERVADOR DEL PP CON EL FICHAJE DE ISABEL BENJUMEA PARA SU GABINETE

13. CASADO DEFIENDE QUE EL ÉXITO DE VOX EN ANDALUCÍA REAFIRMA SU GIRO A LA DERECHA

14. CASADO, SOBRE VOX: "EL PP ESTARÁ ENCANTADO DE RECIBIR LOS VOTOS DE QUIENES QUIEREN CAMBIAR LAS COSAS"

15. EL DISCURSO DE ODIO DE VOX QUE PP Y CS SE NIEGAN A CALIFICAR DE ULTRADERECHA

16. COSPEDAL DEJA LA POLÍTICA, PERO DEFIENDE SUS REUNIONES CON VILLAREJO

17. EL NÚMERO DOS DEL PP RECURRE A UN POETA CITADO POR VOX PARA CARGAR CONTRA LOS TRAIDORES Y "¡POR ESPAÑA!"

18. LAS REDES SE MOFAN DEL MENSAJE SOBRE LA NAVIDAD DE GARCÍA EGEA

19. EL NÚMERO DOS DEL PP AFIRMA QUE ESPAÑA ES "LA RAZA" Y "EL PADRE NUESTRO"

20. DARDO DEL SUPREMO A COSIDÓ: "EL WHATSAPP LE RETRATA A ÉL, SI FUERA SUYO"

21. LOS MENSAJES DE COSIDÓ REVIENTAN EL ÚNICO ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ Y EL PP DE CASADO

22. COSIDÓ SE NIEGA A DIMITIR: "ME SIENTO PLENAMENTE RESPALDADO"

23. COSIDÓ AUTORIZÓ LA DIFUSIÓN DEL POLÉMICO WHATSAPP SOBRE EL CGPJ

24. "CONTROLANDO LA SALA SEGUNDA DESDE DETRÁS": EL 'WHATSAPP' DE COSIDÓ JUSTIFICANDO EL PACTO CON EL PSOE EN EL CGPJ

25. MAROTO: "LO MEJOR QUE LE PUEDE PASAR A UN HISPANOAMERICANO ES QUE SU HIJA SE CASE CON UN ESPAÑOL"

26. PP Y CIUDADANOS HAN BLOQUEADO 58 VECES LA REFORMA DE LA LEY DE LA QUE SE HA BENEFICIADO EL EXPRESIDENTE DE MURCIA

27. RAJOY VULNERÓ LA LEY AL GOBERNAR DIEZ MESES SIN CONTROL PARLAMENTARIO

28. MUERE EL PADRE DE MARIANO RAJOY

29. EL GOBIERNO DE RAJOY FRENÓ DOS AÑOS LA CONSTRUCCIÓN DE FRAGATAS EN NAVANTIA PARA ADAPTARLAS A LOS MISILES DE LA EMPRESA DE MORENÉS

30. ENRIQUE CEREZO FICHA A CATALÁ, EL MINISTRO DE JUSTICIA AL QUE RECURRIÓ PARA SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS JUDICIALES

31. EL EX MINISTRO DE LA SERNA FICHA POR LA EMPRESA TECNOLÓGICA NEC, ADJUDICATARIA DURANTE SU MANDATO EN SANTANDER

32. DE LA SERNA FICHA POR LA MISMA EMPRESA DE CAZATALENTOS QUE ESPERANZA AGUIRRE

33. JOSÉ MANUEL SORIA: EL MINISTRO DE RAJOY QUE ACABÓ VENDIENDO COCHES EN EL CARIBE

34. RATO VUELVE AL BANQUILLO POR LA SALIDA A BOLSA DE BANKIA, EL AGUJERO QUE SE TRAGÓ MÁS DE 22.500 MILLONES DE DINERO PÚBLICO

35. C.A. CASTILLA Y LEÓN. LA EMPRESA PATATERA DEL MARIDO DE LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN MULTIPLICÓ POR 30 SUS BENEFICIOS CUANDO ELLA DIRIGÍA AGRICULTURA

36. C.A. CASTILLA Y LEÓN . CINCO MILLONES POR DESVELAR DETALLES DE LA MANSIÓN: EL PACTO DE SILENCIO DEL MARIDO DE LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

37. C.A. CASTILLA Y LEÓN . EL MARIDO DE LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SE GASTÓ UN MILLÓN DE EUROS DE ORIGEN DESCONOCIDO EN REFORMAR UNA CASA

38. C. MADRID. LA JUEZA DEL ‘CASO MÁSTER’ PROCESA A CRISTINA CIFUENTES POR FALSIFICACIÓN
 
39. C. MADRID. LAS AMISTADES PELIGROSAS QUE PERSIGUEN A CIFUENTES DESDE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

40. C. MADRID. LA FISCALÍA PIDE SEIS AÑOS DE CÁRCEL PARA EL PRINCIPAL ACUSADO POR LA CAJA B DE LA COMPLUTENSE

41.C. MADRID. BERTÍN, RAPHAEL, MARTA SÁNCHEZ... FISCALÍA INVESTIGA TRES AÑOS DE FIESTAS EN ALCORCÓN

42. C. MADRID. CASADO RESCATA A DAVID PÉREZ, EL ALCALDE DESAUTORIZADO POR CIFUENTES QUE CARGÓ CONTRA LAS FEMINISTAS

43. C. MADRID. EL ESCÁNDALO DE CRM: MADRID PERDIÓ CINCO MILLONES PÚBLICOS EN UNA INVERSIÓN POR NO TOMAR "PRECAUCIONES" CONTRA UNA ESTAFA

44. C. MADRID. QUERELLA POR MALVERSACIÓN A GRAN ESCALA CONTRA LÓPEZ MADRID Y UN CENTENAR DE EX ALTOS CARGOS Y EMPRESARIOS DE MADRID

45. C. MADRID. EL GOBIERNO DE MADRID PERDIÓ 2,5 MILLONES EN UN PROYECTO CON EL QUE LA FAMILIA POLÍTICA DE AGUIRRE DIO LUEGO UN PELOTAZO

46. C. MADRID. LA CÁMARA DE CUENTAS DESTAPA EL DESCONTROL EN LAS FUNDACIONES DE AGUIRRE

47. C. MADRID. PODEMOS DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA LA FINANCIACIÓN DEL PP A TRAVÉS DE UN CENTRO DE MENORES CONCERTADO POR AGUIRRE

48. C. MADRID. LA EXALCALDESA DE ALPEDRETE, DEL PP, CONDENADA A SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN POR PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA

49. C. MADRID. EL ÚNICO CONDENADO POR EL TAMAYAZO ROMPE SU SILENCIO 15 AÑOS DESPUÉS

50. C. MADRID. TWITTER SE RÍE DEL PP POR TILDAR DE “COMUNISTA” EL MADRID CENTRAL DE CARMENA

51. C. MADRID. ISABEL DÍAZ AYUSO: "VOX NO ES EXTREMO, TIENE POSTULADOS QUE NO COMPARTO"

52. REGIÓN DE MURCIA. LA SUPERACIÓN DEL PLAZO PARA INVESTIGAR LLEVA A LA AUDIENCIA A ABSOLVER A SÁNCHEZ POR 'PASARELAS'

53. C. VALENCIANA. LA JUEZ RECHAZA UNA OFERTA DE COLABORACIÓN "TOTAL" DE ZAPLANA

54. C. VALENCIANA. ZAPLANA NIEGA HABER COBRADO COMISIONES Y SE DECLARA INOCENTE

55. C. VALENCIANA. EL PLENO DE TORREVIEJA ANULA POR UNANIMIDAD LA COMPATIBILIDAD QUE CONCEDIÓ A ALBALADEJO

56. C. VALENCIANA. ALBALADEJO ASEGURA QUE UN AUTO JUDICIAL AVALÓ EN 2009 SU COMPATIBILIDAD

57. LA JUEZA ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN CONTRA CAMPS POR LA ORGANIZACIÓN DEL GRAN PREMIO DE FÓRMULA 1

58. FRANCISCO CAMPS, ‘VÍCTIMA’ EN DIFERIDO DE UNA ETAPA DE CORRUPCIÓN Y DESPILFARRO

59. C. VALENCIANA. LAS TRES IMPUTACIONES (Y MEDIA) DEL "NO CULPABLE" FRANCISCO CAMPS
 



01. DISCREPANCIAS EN EL PP POR LA POLÍTICA DE CASADO DE APROXIMACIÓN A VOX

El ala más centrista de los populares ve un error el dejar el centro a Ciudadanos

Discrepancias en el PP por la política de Casado de aproximación a Vox

Nadie duda en el PP de que el acuerdo con Vox era imprescindible, y que los beneficios que comporta –desalojar al PSOE del poder andaluz tras 36 años de Gobierno– compensa, con creces, los efectos negativos de la alianza con el partido de José Abascal. Es decir, nadie pone en cuestión la negociación con Vox para conseguir el Gobierno en Andalucía. Pero no hay esa unanimidad a la hora de valorar la estrategia que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, mantiene hacia Vox, compitiendo con él mediante un discurso muy derechizado, y apuntándose en el fondo, o en la forma, a los planteamientos y al mensaje de un partido que supuso la escisión, por la derecha, de una parte del PP cuando Mariano Rajoy tuvo que adoptar posturas más centristas, como consecuencia de su llegada al poder.

Y tampoco gusta nada a ese sector que el líder del PP exponga públicamente que uno de sus principales objetivos, a medio plazo, es volver a recuperar a los dirigentes y votantes de Vox, para que acaben integrándose en el PP, como en su día hizo José María Aznar con el centro derecha español.

El giro a la derecha ha despertado las dos almas del partido: la que conectaba con Suárez y la que lo hacía con Fraga

En el fondo, lo que el acuerdo con Vox y la estrategia de Pablo Casado y la nueva dirección popular han despertado son las dos almas del PP, nunca dormidas, pero ahora en un escenario en el que han cambiado las tornas. Es decir, el ala dura, la que representaba el Aznar que dejó el Gobierno, o la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es la dominante tras el congreso que decidió la sucesión de Rajoy, mientras que el sector más moderado o centrista, más pragmático, no controla ahora la dirección ni la estrategia del Partido Popular.

El PP ha sido siempre la unión de esas dos almas, las que sumaban a la extinta Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez, y a la Alianza Popular de Manuel Fraga. Mientras que durante los gobiernos de Aznar y de Rajoy primó la postura representada por la UCD, ahora es Alianza Popular la que domina la dirección que encarnan Pablo Casado o Teodoro García Egea, según aseguran a La Vanguardia fuentes del sector más moderado del PP, que añaden que el hecho de que Adolfo Suárez Illana, el hijo del expresidente del Gobierno, acompañe siempre a Casado no convierte al PP en un partido de centro.

El sector moderado critica que la dirección popular se presente como un competidor de Vox por el ala más a la derecha

Este sector moderado, que ha sido muy mayoritario en el PP en las últimas décadas y que no ha ido en contra de las reformas más avanzadas que se hicieron en España, desde la ley del aborto a la de los matrimonios homosexuales, critica que, además de pactar, la dirección popular se presente como un competidor de Vox por el ala más a la derechas del electorado, dejando a Ciudadanos un amplio espacio de centro, que con el discurso que mantiene Casado permite al partido de Albert Rivera hacerse con los votos de ese espacio. Este votante de centro no comparte los valores de Vox, que la dirección del PP trata de asumir, o el discurso de Santiago Abascal, que, a juicio de ese sector moderado, no se debe imitar sino combatir. Con sus planteamientos y su forma de hacer política, aseguran las fuentes consultadas “no vamos a ganar unas elecciones generales, ni el PP podrá gobernar España”.

A ese alma del PP no le gusta nada que Pablo Casado esté todo el día hablando de Vox y ajustando su discurso en función de lo que dice o hace la formación ultra, porque considera que con esa estrategia lo único que se hace es engordar a quien pretende combatir. Por ejemplo, creen que decir, una y otra vez, que quienes buscan al PP en Vox no lo van a encontrar, da carta de naturaleza a Vox, e indica al sector más a la derecha del PP, que aún no se ha ido, una alternativa al partido del que forman parte.

Además, ese sector centrista del PP –no articulado en ningún grupo de presión ni corriente interna– considera un error el deslizamiento a la derecha que ha impuesto la dirección de Pablo Casado, porque ellos consideran que Ciudadanos es, hoy por hoy, el partido más vulnerable a la hora de poder recuperar votos del PP que en anteriores elecciones se habían ido al partido de Albert Rivera.

https://www.lavanguardia.com/politica/20181230/453816659179/pp-discrepancias-casado-aproximacion-vox-giro-derecha.html

02. LASQUETTY, EL HOMBRE QUE QUIERE BORRAR A RAJOY

El nuevo jefe de gabinete de Casado describió al expresidente como "un mal recuerdo"

“Es un fichaje magnífico. Un liberal, un intelectual de primera, una persona en total sintonía con los principios y valores del PP”, dice Esperanza Aguirre de Javier Fernández-Lasquetty, el nuevo jefe de gabinete del presidente popular, Pablo Casado. Es la más contenta con el nombramiento, que interpreta como un giro más de tuerca en el viraje a la derecha del partido. “Es el PP de verdad. No tiene ninguna ambición personal, solo el deseo de servir a sus ideas. La desideologización es lo que dividió a la derecha. Mariano Rajoy la recibió unida y Casado, partida en tres”, añade, en alusión a Ciudadanos y Vox.

El pasado julio, cuando el PP se disponía a elegir al nuevo líder en primarias, Lasquetty describió a Rajoy como “un mal recuerdo”. Lo hizo en Libertad digital, el medio de Federico Jiménez Losantos, con un artículo titulado “Por qué voy a votar a Pablo Casado”. “Quiero que PP pase página de 15 años de fracaso ideológicamente borroso”, dijo.

Aznar, Aguirre, Lasquetty y Casado comparten la idea de que la fuga de votos del PP obedece no tanto a los escándalos de corrupción como a la tibieza ideológica del partido. Esa es la teoría que ganó el congreso popular el pasado julio, la que se impuso al proyecto continuista de Soraya Sáenz de Santamaría y puso fin a la era Rajoy.

Lasquetty (Madrid, 1966) se afilió al PP en 1982, ingresó en las Nuevas Generaciones del distrito de Salamanca y comenzó su carrera política con Aguirre. Fue ella quien le dio su primera oportunidad al reclutarle en 1995, cuando era primera teniente de alcalde en Madrid. En 1996 cuando José María Aznar la nombró ministra de Educación y Cultura, se lo llevó como jefe de gabinete. Lasquetty, de 30 años, era el director general más joven de La Moncloa. El político la acompañó después al Senado, cuando Aguirre presidió la Cámara alta. “Luego Aznar me lo quitó”, recuerda, entre risas. El entonces presidente del Gobierno lo nombró subdirector de su gabinete y entre 2004 y 2007 fue secretario general de su fundación, FAES. “Lasquetty es la conjunción perfecta entre Aznar y Aguirre”, afirma un veterano cargo del PP madrileño.

Tras su paso por Moncloa, Aguirre volvió a recuperarle para el Gobierno madrileño. En 2007 le nombró consejero de inmigración y en 2010, de Sanidad. Lideró el plan privatizador que alumbró la llamada marea blanca, la protesta de los médicos, hasta que en 2014 presentó su dimisión tras emitir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid una resolución que paralizaba el proceso.

En ese periodo, Lasquetty, de fuertes convicciones religiosas, afianzó los vínculos con organizaciones como los Legionarios de Cristo mediante subvenciones para la atención de inmigrantes. En una ocasión, declaró que “lo que menos” le gustaba de su trabajo era “financiar abortos con fondos públicos”. Lasquetty se opone en todos los supuestos, incluido el de graves malformaciones en el feto.

Tras su dimisión en 2014, anunció que dejaba la política para ir a dar clases en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, fundada por el gurú del pensamiento neoliberal Manuel Ayau Cordón. Lasquetty es licenciado en Derecho y Políticas.

Casado le recupera ahora para desempeñar en la sede de Génova las funciones de “coordinación y asesoramiento estratégico”. Tras dedicar los primeros meses a “detener la caída en picado en la que estaba el PP”, apunta una portavoz de la formación, “ha llegado el momento de fortalecer ideológicamente un partido que necesita recuperar la esencia liberal, avanzada y desacomplejada que le dio sus mejores triunfos electorales”. Esa es la tarea a la que el nuevo líder quiere sumar a Lasquetty. El nuevo jefe de gabinete ya ha empezado a elaborar documentos de cara a la convención nacional del próximo 20 de enero, en la que Casado quiere rearmar ideológicamente al partido y sentar las bases del nuevo programa electoral. Fuentes conocedoras de ese proceso apuntan que el texto no se limitará a introducir pequeños cambios, sino que supondrá una “revolución” respecto a los programas anteriores. El nuevo PP quiere borrar al antiguo, pero para regresar al de hace 15 años.

https://elpais.com/politica/2018/12/15/actualidad/1544895684_996930.html

03. EL PP Y CIUDADANOS BLOQUEAN LA TRAMITACIÓN DE 37 LEYES DE SÁNCHEZ

Los decretos leyes son las únicas normas que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene aseguradas

La iniciativa legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez tiene un camino complicado. Por un lado, PP y Ciudadanos han convalidado algunos de los decretos leyes presentados por el Ejecutivo (Ciudadanos apoyó 11 de 16 y el PP, 9). Pero en la tramitación de las leyes ordinarias la posición es otra: los dos partidos plantean prórrogas encadenadas que impiden que las reformas que se tramitan puedan avanzar. Ha sucedido en total con 37 leyes, algunas de las más emblemáticas del Gobierno, como la eutanasia, la memoria histórica, la ley de estabilidad presupuestaria, la ley mordaza o la despenalización de los piquetes de huelga.

Los decretos leyes son las únicas normas que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene aseguradas. Su aprobación en el Consejo de Ministros tiene una traducción efectiva en el Congreso, ya que la mayoría parlamentaria que se creó en la moción de censura contra Mariano Rajoy suele repetirse —y, en muchas ocasiones, incluso PP y Ciudadanos han votado a favor—. A pesar de las críticas por su amplia utilización, el Gobierno sostiene que es la única forma de llevar adelante sus políticas porque, por otro lado, las leyes que quiere tramitar en el Congreso por la vía ordinaria se encuentran sistemáticamente con el bloqueo de PP y Ciudadanos, que usan el recurso a pedir prórrogas en la tramitación.

Algunos proyectos y proposiciones de ley llevan entre una y cinco prórrogas, pero otras han sido ya pospuestas en decenas de ocasiones. No hay posibilidad de poner límites a este encadenamiento de prórrogas porque incluso la norma que presentó el PSOE para limitar las prórrogas y que esto no ocurra ha corrido la misma suerte y no ha comenzado a tramitarse aún.

Las protestas del resto de los grupos no sirven de nada. Tanto el PSOE como Unidos Podemos y los grupos nacionalistas denuncian el “uso torticero” del reglamento del Congreso, pero carecen de mecanismos para evitarlo.

Estas son algunas de las leyes que el Gobierno no consigue tramitar:

Ley de eutanasia. El pleno del Congreso la aprobó el 25 de octubre y desde entonces su regulación ha sido prorrogada 14 veces.

Ley de estabilidad presupuestaria. Ha sufrido 10 prórrogas. La norma vigente propiciará que esta semana el Senado rechace la senda de déficit aprobada por el Congreso.

Obligación de registrar las horas trabajadas. Esta propuesta ha sido prorrogada 44 veces.

Derogación del plazo máximo para instruir de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La paralización de esta proposición de ley tuvo un efecto inmediato en la absolución del expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, del PP. Su partido ha pedido 58 prórrogas del plazo de enmiendas.

Despenalización de los piquetes de huelga. Esta propuesta que impulsó Podemos va ya por la prórroga número 57.

‘Ley mordaza’. La derogación de algunos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana es otra de las normas que espera turno para su desarrollo.

Ley sobre bebés robados en el Estado español. PP y Ciudadanos han logrado posponer el comienzo de tramitación de esta norma, que está pendiente del informe de la ponencia sobre si debe o no tramitarse como ley orgánica.

Ley de permisos y prestaciones para el cuidado de menores. Esta proposición de ley, impulsada por Podemos, está a la espera desde el 26 de junio. La prórroga se ha pedido ya 14 veces.

Solución habitacional en casos de pobreza energética. En este caso la proposición de ley tiene el visto bueno para empezar a andar desde el 18 de septiembre.

https://elpais.com/politica/2018/12/23/actualidad/1545583738_205351.html

04. LOS DOCE 'APÓSTOLES' DE PABLO CASADO PARA EL REARME DEL PP

Cada dos semanas Pablo Casado descuelga el teléfono y marca el número de su "maestro político". Al otro lado no responde José María Aznar, ni Esperanza Aguirre, sino Manuel Pizarro. El ex presidente de Endesa -número dos del PP en las elecciones de 2008- es uno de los asesores de cabecera del presidente del PP, con quien comparte una visión política liberal, volcada en los valores clásicos del centroderecha y con una notable querencia por la economía de mercado como catalizadora de la prosperidad del país. Y "sin complejos" en su inclinación hacia el conservadurismo.

"Me hace mucha ilusión que desde la barrera vea cómo defendemos los mismos principios de libertad, de igualdad, de fortalecimiento de las instituciones", ha dicho Casado sobre Manuel Pizarro, que es vicepresidente de la Fundación Faes. En la sede de Génova no descartan que el político y economista aragonés regrese al primer plano de la política. Pizarro no es el único ex dirigente que ha vuelto a la primera fila del PP tras la renovación en la cúpula del partido. En sus cinco primeros meses como jefe de la oposición, Pablo Casado se ha rodeado de una selecta guardia pretoriana de políticos y economistas de marcado acento liberal y conservador, de los que descuellan tres nombres.

Se trata de Teodoro García Egea, todopoderoso número dos del partido; Javier Fernández-Lasquetty, nuevo jefe del gabinete de Casado; y el ex presidente del Gobierno José María Aznar, cuyo legado ideológico es la piedra angular del proyecto. Con ellos al frente de su apostolado, el joven presidente popular quiere recuperar a los votantes desencantados, esos que han buscado en Ciudadanos y en Vox los valores que no reconocían en el Partido Popular.

Seguridad, libre mercado, unidad de España, defensa de un concepto propio de la familia y la libertad de elección educativa son las vigas maestras de la operación de reposicionamiento político de Casado, como reconocen en Génova. Frente al pragmatismo de Mariano Rajoy, el nuevo líder del partido quiere virar a estribor para reconectar con "el PP de las esencias". Esta apuesta explica el fichaje de Fernández-Lasquetty como mano derecha. Tan aguirrista y aznarista como crítico con Rajoy, Lasquetty tiene un plan, "no para endurecer el discurso, sino para volver al discurso de siempre". Esa es la obsesión del nuevo PP: que se vuelva a hablar de ideas "y no sólo de gestión". "Tenemos que volver a ser el centroderecha reconocible, el que votaron mayoritariamente todos aquellos que están a la derecha del PSOE, por sus ideas y sus valores. En cuanto nos vuelvan a reconocer, nos volverán a votar", dice, frente al sambenito de la "derechita cobarde" que le colocó Vox.

Ideas y valores son las dos palabras que más repite Fernández-Lasquetty al hablar de su nuevo cometido. Su primera indicación ha sido no ir a remolque de la agenda del partido que capitanea Santiago Abascal.

"El PP no mira a los demás para hacer su política", asegura.

Aznar sólo habla con Casado en las contadas ocasiones en que este le llama, pero su sombra es alargada. Sobre todo desde la Fundación Faes, que es el laboratorio de ideas de referencia de Casado y su caladero favorito para pescar talento. Además de Pizarro, Lasquetty, Isabel Benjumea (número dos del gabinete), Pablo Hispán (coordinador del programa), José Ramón García Hernández (portavoz de Exteriores del PP) o el consultor José Ruiz Vicioso han tenido relación con el think tank de Aznar. Como el propio Casado, que fue jefe de gabinete del ex presidente entre 2009 y 2011. A pesar de semejante desembarco, Faes quiere marcar un perfil propio al margen de la fuerza centrípeta de Génova. Por eso, Casado ha creado su propio laboratorio de ideas, la Fundación Concordia y Libertad.

En ella ha colocado a los tres casadistas más ministrables: Adolfo Suárez Illana (que también resiste en las quinielas madrileñas para las elecciones municipales y locales de mayo de 2019), como presidente; Teodoro García Egea, como vicepresidente; y Daniel Lacalle, como responsable económico. Lacalle, quien comparte con Lasquetty una notable afinidad con los "libertarios" estadounidenses, aboga por una "revolución fiscal" nunca vista en España, con impuestos muy bajos a las empresas: por debajo del 20%, e incluso del 10%, para las tecnológicas.

El contrapeso de Lacalle es Alberto Nadal, a quien Casado sitúa en la zona más alta de la pirámide de Génova, por su cargo de secretario de Economía del PP. Nadal, ex secretario de Estado de Presupuestos, tiene una visión más pragmática y aboga por acompasar las rebajas fiscales a la consolidación de las cuentas públicas. Casado incluye también en su círculo más selecto a su directora de Comunicación, María Pelayo, quien ha salido reforzada de las elecciones andaluzas. La arriesgada estrategia de sobreexposición del líder durante la campaña logró frenar el sorpasso de Ciudadanos y contuvo la irrupción de Vox, según defienden en la dirección de Génova. De hecho, ese será el modelo a seguir en todas las elecciones venideras.

Dentro de escasos días se celebrará la convención del PP, en la que Casado quiere ganar definitivamente la batalla interna de las ideas, antes de lanzarse a la "refundación del centroderecha". Quienes le conocen bien creen que su viraje hacia posiciones más duras -sobre todo, en lo discursivo- se debe más a su olfato político que a su ambición. Él ventea ya un horizonte en el que la trifurcación del electorado tradicional del PP se vuelve en su favor desde La Moncloa. "No podemos olvidar que es presidente del PP con 37 años, conviene no minusvalorarle", resume un dirigente popular.

https://www.elmundo.es/espana/2018/12/30/5c27d72421efa0db7a8b45e2.html

05. CASADO ACUSA A SÁNCHEZ DE "TRAICIÓN A ESPAÑA" POR NEGOCIAR CON TORRA "LA RUPTURA DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

El líder del PP anuncia que va a solicitar la comparecencia del presidente del Gobierno ante el Congreso para explicar "lo que está haciendo con España"

"Intentaron disfrazar como una apelación al diálogo algo que es la ruptura de la máxima expresión del diálogo, que es la Constitución", sostiene

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cometer "un acto de traición a España" tras su reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al abrir "la negociación de la ruptura de la soberanía nacional".

"Intentaron disfrazar como una apelación al diálogo algo que es la ruptura de la máxima expresión del diálogo, que es la Constitución, pero lo que ayer se inició no fue un diálogo sino que se inició la negociación de la ruptura de la soberanía nacional", ha enfatizado en un acto en Palma de Mallorca de presentación de los candidatos del PP a las autonómicas.

Por todo ello, y tras solicitar de nuevo la convocatoria de generales y la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, ha anunciado que su formación va a solicitar la comparecencia urgente del presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso para que explique "lo que está haciendo con España a oscuras, sin rendir ninguna explicación al Congreso, a la nación".

Además, ha criticado que el presidente del Gobierno se haya reunido "con un señor que lleva un lazo amarillo, un emblema que dice que España es un país antidemocrático, con presos políticos y en el que no impera el Estado de Derecho".

Según el presidente del PP, "esta semana se ha constatado que los independentistas van a seguir dando respiración asistida al rehén que tienen en sus manos: Pedro Sánchez". En este sentido, ha lamentado que los miembros del Gobierno "han decidido permanecer en Moncloa a costa de destruir España e ir contra la Constitución que juraron o prometieron defender", pese a que, como ha recordado, "solo por eso están en el cargo: para preservarla".

https://m.eldiario.es/politica/Casado-Sanchez-Espana-Torra-soberania_0_848665579.html

06. CASADO REIVINDICA LA PRISIÓN PERMANENTE Y SÁNCHEZ LE RECUERDA QUE ESTÁ EN VIGOR Y NO HA EVITADO EL ASESINATO DE LAURA LUELMO

La portavoz de Podemos, Ione Belarra, estalla contra el líder del PP: “Déjenos en paz a las mujeres. No necesitamos pistoleros ni prisión permanente revisable; lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten”

El presidente del Gobierno le recuerda que la prisión permanente no ha evitado el crimen de la joven profesora y subraya que la medida está pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre ella

La pregunta era sobre el orden público en Cataluña, pero el presidente del PP, Pablo Casado, no dejó pasar la oportunidad de utilizarla para revindicar la cadena perpetua, introducida por su partido en el Código Penal con el nombre de prisión permanente revisable, en nombre de Laura Luelmo, la joven profesora zamorana asesinada en un pueblo de la provincia de Huelva.

Casado pidió a los grupos políticos del Congreso que no deroguen la pena “para evitar la reincidencia y hacer que asesinos y violadores estén en la cárcel”. El líder conservador reclamó también apoyo para que la Cámara acabe aprobando las propuestas de reforma del código penal que su partido está intentando introducir para ampliar los supuestos de la versión española de la cadena perpetua con el fin de sumar los delitos relacionados con secuestro previo y los casos en los que el autor del crimen no revela dónde está el cuerpo de la víctima.

El presidente Pedro Sánchez le respondió recordándole que la prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado el asesinato de Laura Luelmo. Y recordándole que la posición del Gobierno y del PSOE en esta materia es esperar a que el Tribunal Constitucional decida si la medida cabe dentro de la Carta Magna. El Gobierno, subrayó, se va a centrar plantear “mejoras para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades”.

Casado le contestó diciendo que gracias a la prisión permanente, al asesino de Luelmo se le podrá condenar para que no reincida, a lo que Sánchez replicó recordándole, una vez más, que medida ya esta en vigor.

La utilización por parte del líder del PP del asesinato de la joven profesora zamorana provocó la indignación de la portavoz de Unidos Podemos, Ione Belarra, que en su turno de intervención en una pregunta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno aprovechó la ocasión para reprocharle la utilización partidista de la violencia contra las mujeres.

“Lo que ha hecho el señor Casado es absolutamente infame”, se quejó Belarra. “Es como si los vendedores de armas cada vez que haya un asesinato recomendaran que todo el mundo llevara pistola. ¡Basta ya! Déjenos en paz a las mujeres. No necesitamos pistoleros ni prisión permanente revisable; lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten”.

Sus palabras fueron merecieron el agradecimiento de la número dos de Sánchez, Carmen Calvo, y el aplauso de todos los bancos de la izquierda parlamentaria. “Gracias, señora Belarra, por haber consumido parte de su tiempo en esa defensa de la seguridad de las mujeres donde la derecha ha hecho nunca nada” más allá de “recurrir todas las leyes de igualdad con las que las mujeres nos hacemos respetar en este país”.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/12/19/sesion_control_pedro_sanchez_congreso_los_diputados_90049_1012.html

07. CASADO Y RIVERA EXIGEN EL 155 Y ELECCIONES: “LA AVENTURA ACABÓ”

Pablo Iglesias: “Presidente no escuche a quienes quieren incendiar Cataluña”.

El líder del PP, Pablo Casado, no ha variado este miércoles un ápice, en su discurso improvisado y en todo momento sin papeles, lo que tenía pensado decirle al presidente, Pedro Sánchez, tras escuchar su discurso de una hora con referencias entrelazadas a Cataluña y al Brexit. Casado ha vuelto a insistir en que el Gobierno socialista lo único que tendría que hacer ahora es activar el artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalitat de Cataluña y convocar elecciones generales: "Vayamos al Senado a votar la aplicación del artículo 155, porque esto ya no da más de sí, su aventura acabó". Albert Rivera, de Ciudadanos, ha sido más respetuoso, pero con el mismo objetivo: "Ponga fecha a las elecciones ya, y convoque y ponga las urnas, y que salga un Gobierno fuerte".

Casado ha empezado su intervención con un tono premeditadamente despectivo hacia lo que acababa de escuchar por parte de Sánchez. No le ha gustado nada. "Y la montaña parió un ratón", ha comenzado. Luego ha agregado que el discurso del presidente le pareció "el parto de los montes, la nada". Todas esas invectivas le sirvieron para volver a desarrollar la gran acusación de partida que Casado mantiene sobre el actual presidente, al que niega legitimidad de origen por culpa de los socios "golpistas" con los que se alió para que triunfase la moción de censura con la que llegó al poder en junio pasado.

El presidente Sánchez le ha reprochado luego, en la réplica, ese estilo "faltón, soberbio y con falta de humildad" y que hubiese asumido, como identificó también a Rivera y al líder de Vox, Santiago Abascal, el rol de marioneta del "ventrílocuo José María Aznar". Al final hasta recapituló los insultos recibidos: "Golpista, presidente ilegítimo, indecente y demagogo".

El presidente del PP ha vuelto a reprocharle a Sánchez ser un "rehén en el banco azul" de sus socios y, sobre todo, del presidente catalán, Quim Torra, y de los partidos independentistas que están desafiando al Estado. Y esa parte de la intervención de Sánchez en la que advirtió a los nacionalistas que no consentirá más dejaciones de funciones de las fuerzas de seguridad en Cataluña le pareció a Casado que fue simplemente "amenazar con que va a amenazar".

El dirigente popular ha lamentado en esa línea que Sánchez se esté dejando atacar por los que le acompañaron en la moción de censura y que no esté defendiendo bien la Constitución y el Reino de España. Casado ha insistido en que el presidente del Ejecutivo es "responsable y cómplice de lo que está pasando en Cataluña". Y fue ahí cuando ha concluido: "¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que usted haga algo? Vayamos al Senado a votar la aplicación del artículo 155, porque esto ya no da más de sí, su aventura acabó". Y ha terminado con otro emplazamiento en el mismo sentido: "Cumpla con su palabra y convoque elecciones ya, antes de que sea demasiado tarde para su partido y para nuestro país".

Sánchez le contestó más tarde refrescándole a Casado qué es lo que había sucedido el año pasado cuando el entonces presidente Mariano Rajoy activó el 155: dos consultas ilegales como la del 9-N y el 1-O, aprobación de leyes y normas en el Parlamento catalán sin contar con la oposición y hasta la aprobación de una declaración unilateral de independencia. Sánchez interpreta que la situación está mejor ahora que entonces. Y demandó a Casado que actúe ahora con la misma "lealtad y sentido de Estado" que él se comportó entonces como líder de la oposición con el presidente Rajoy: "Ustedes sobre Cataluña echan gasolina y nosotros agua".

Casado no ha desaprovechado la ocasión para arremeter contra el presidente también por el acuerdo del Brexit y sus implicaciones en España con la relación sobre Gibraltar, y le ha acusado de capitular "porque estaba en Cuba agasajando a un dictador mientras se negociaba el futuro de España". El líder popular ha considerado el acuerdo del que presumió Sánchez sobre Gibraltar como "fracaso histórico" y "humillación sin precedentes".

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, se ha unido a Pablo Casado para pedir a Sánchez elecciones y que se active el artículo 155 de la Constitución. “Si está dispuesto, mañana mismo nos sentamos para ponerlo en marcha”. Antes a Casado le ha reprochado que no levantara la voz cuando él pidió al anterior presidente del Gobierno Mariano Rajoy que no desactivara la intervención de Cataluña. Rivera entiende que ahora no se está cumpliendo la Constitución en España y que Sánchez debería hacerla cumplir, con el artículo 155: “El 155 es libertad, es democracia”.

Como colofón, el presidente de Ciudadanos ha acusado al presidente del Gobierno de “dividir” a los españoles y de estar equivocados sobre por dónde va el mundo, que no es por la división de derechas, izquierdas o liberales, sino de demócratas. “Hay que reconstruir lo que usted se ha cargado, los puentes, los consensos, la economía, pero España es mucho más que el sanchismo y superará a un presidente como usted”, le ha espetado. Sus reproches han sido continuos hacia el dirigente socialista por “gobernar con los que quieren destruir España”.

Con ironía, Rivera se ha mostrado comprensivo de que le den “miedo” a Sánchez las urnas dado el mal resultado reciente de los socialistas en Andalucía pero más tarde, en una réplica, le ha preguntado directamente al presidente si está dispuesto a bloquear el cambio en el Gobierno andaluz o incluso a permitir que PP y Ciudadanos puedan acceder a la Junta como partidos constitucionalistas sin Vox gracias a la abstención del PSOE. Y le interpeló: "Le espero en las urnas". Sánchez le ha dejado claro que esa opción no existe y no sucederá y le ha adelantado que cuando lleguen las elecciones generales tendrá que explicar ese pacto con la ultraderecha que le marcará.

Pedro Sánchez lamentó que Rivera se haya convertido en "la muleta" de la derecha en Andalucía y en España y haya abrazado el derechismo de Vox en vez de combatirlo con argumentos y de fijarle un cordón sanitario como han hecho los conservadores suecos y de otros países europeos. El líder del PSOE ha descalificado como "inútil" el voto a Ciudadanos en Cataluña.

A la petición recurrente de PP y Ciudadanos para que convoque elecciones, Sánchez solo dijo que las urnas llegarán, sin precisar más, pero sí avanzó que entonces su partido apelará "a la moderación de la España sensata" frente al "pacto vergonzante" en Andalucía que presume que tendrán que justificar los partidos de la derecha por aceptar los votos de Vox.

Hablar de la cuestión territorial en España es algo histórico cada vez que se ha abierto un período democrático. Y esta ha sido la primera aproximación del líder de Podemos, Pablo Iglesias, al debate sobre Cataluña para el que ha pedido ponderación y diálogo y menos inflamación: “Señor presidente no escuche a quienes quieren incendiar Cataluña”. El líder del grupo parlamentario de Podemos ha pedido a Sánchez que no haga caso “a las tres derechas que lidera José María Aznar” y ha recomendado al PP de Casado que escuche más a la presidenta del Congreso, la también popular Ana Pastor, por su discurso en la conmemoración del 40º aniversario, que al expresidente del Gobierno Aznar.

“Está bien hablar de banderas, pero hay gente que necesita patriotismo de llegar a fin de mes y empiezan a estar hartos de hablar de banderas a gritos”, ha señalado. El espíritu de la moción de censura contra el PP debe mantenerse y “construir” un proyecto de país. Los representantes de las Mareas, integradas en Unidos Podemos, y el portavoz de Izquierda Unida, Alberto Garzón, han criticado también al Gobierno de la Generalitat, aunque la petición de que los nacionalistas catalanes aprueben los Presupuestos ha sido una constante.

https://elpais.com/politica/2018/12/12/actualidad/1544606345_638571.html

08. AZNAR: "ESPAÑA TIENE MUCHA SUERTE DE QUE CASADO ESTÉ AL FRENTE DEL PP"

"No es un líder político superficial, sin idea, sin lectura. Tiene ideas, tiene valores, principios", asegura el expresidente sobre el líder de los populares

Aznar define a Vox como un partido "populista en sus propuestas y compañías", pero que quiere hacer reformas dentro del orden constitucional

El expresidente del Gobierno José María Aznar volvía este jueves a dejar clara su predilección por el líder del PP, Pablo Casado, al que apadrinó en su salto a la política e hizo su jefe de gabinete en FAES entre 2009 y 2012. "España tiene mucha suerte de que Casado esté al frente del PP", aseguraba el exmandatario anoche, durante una entrevista en El Mundo .

La frase de respaldo de Aznar a Casado ha sido difundida por el propio Partido Popular a través de su cuenta de Twitter, escenificando así la reconciliación entre el PP y el expresidente que se materializó cuando el hoy líder popular ganó las primarias. Aznar se había desvinculado del partido prácticamente desde que en 2004 su sucesor al que designó a dedo Mariano Rajoy se hizo con las riendas de la formación conservadora. El expresidente consideró que Rajoy se había alejado de los principios tradicionales de la derecha.

Ahora en cambio el expresidente se deshace en halagos hacia el nuevo PP de Casado "ha defendido y representa todo ello con convicciones. No es un líder político superficial, sin idea, sin lectura. Tiene ideas, tiene valores, principios, conoce historia", subrayaba en la citada entrevista. Así, aunque a su juicio todos los partidos de derechas tienen que buscar su espacio, el PP con Casado" tiene expectativas "muy grandes" de permanecer como la formación hegemónica de ese espectro ideológico.

Asimismo, el expresidente del gobierno ha definido a Vox como un partido "populista en sus propuestas y compañías", pero que es un partido que quiere hacer reformas dentro del orden. "No es un partido fuera del sistema, es un partido en el sistema, no como la extrema izquierda que no quiere estar en el sistema", ha zanjado.

https://m.eldiario.es/politica/Aznar-Espana-suerte-Casado-PP_0_846215475.html

09. CASADO PREMIA A QUIENES CASTIGARON A RAJOY PARA PARECERSE A VOX

Lasquetty y Benjumea despiertan críticas internas. Algunos dirigentes populares no comprenden que se haya fichado a quienes pedían la dimisión del expresidente

El líder del PP ha decidido reforzar su equipo y para ello ha hecho una serie de fichajes que están dando mucho que hablar en su partido. El pasado lunes se incorporó al Comité de Dirección, Javier Fernández Lasquetty, como nuevo jefe de gabinete de Pablo Casado.

A muchos cargos populares no les ha gustado la elección. Dicen que es un hombre de José María Aznar y Esperanza Aguirre. Les parece que el exconsejero madrileño es "muy de derechas" y dan por hecho que el discurso de su formación se radicalizará a partir de ahora.

Además, hay quien recuerda sus críticas a Mariano Rajoy cuando en pleno proceso de primarias escribió un artículo en el que dejó bien claro que veía muy bien a su formación porque se había abierto una sana competición por el poder pero, sobre todo, porque el expresidente pasaba a ser ya "solo un mal recuerdo".

Aunque en Génova prefieren obviar este tipo de detalles. La cúpula conservadora defiende que su figura será de una gran ayuda para su líder. "Le va a embridar", comentan. Por eso defienden "sus sólidos planteamientos liberales". Aseguran que no son "caspa" o "de extrema derecha", como algunos apuntan. La idea es recuperar "las esencias" de su partido para que sus votantes no se vayan a Ciudadanos y Vox.

De todos modos no el único nombre que levanta ampollas. También el de Isabel Benjumea, adjunta a Lasquetty, está desatando críticas internas. Algunos dirigentes no olvidan que ella dirigía la Red Floridablanca, un think tank cercano al PP, desde el que se reclamaba la dimisión de Rajoy. Fue una voz disidente que siempre remarcó la falta de proyecto político mientras pedía una renovación. Al igual que José Ruiz Vicioso, quien pertenece al mismo grupo y también desde hace un tiempo se mueve por la sede nacional.

Por eso algunos populares consideran que se está formando "un club anti-Rajoy". "Es tremendo que se premie a quienes nos insultaron", resaltan. Y aunque Génova explica que solo "pretende recuperar los principios y valores de su partido", a muchos diputados les choca que entre esa gente con experiencia nunca se apueste por personas que tuvieron responsabilidades en la etapa anterior. "No quieren moderados", explica un parlamentario popular.

http://cadenaser.com/ser/2018/12/14/politica/1544770577_121246.html

10. CASADO ENCARGA EL PROGRAMA ELECTORAL A UN 'FONTANERO' DE RAJOY Y FICHA A OTRO DE AZNAR

Pablo Hispán está en el círculo más próximo a Casado desde que arrancó la carrera por la sucesión de Rajoy y fue uno de sus principales apoyos en las primarias frente a Santamaría

Primeros cambios y refuerzos en el equipo de Pablo Casado después del congreso en el que se hizo con la presidencia del partido y con la vista puesta en las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Pablo Hispán, procedente del último gabinete de Mariano Rajoy en La Moncloa, se incorpora al área de la vicesecretaría de estudios y programas del PP con el encargo de coordinar las propuestas para la próxima cita con las urnas.

Hispán está en el círculo más próximo a Casado desde que arrancó la carrera por la sucesión de Rajoy, fue uno de sus principales apoyos en las peculiares primarias a doble vuelta ensayadas por el PP y desde el cambio de responsables en la sede de Génova figuraba como jefe de gabinete del presidente.

Doctor en Historia Contemporánea y licenciado en Economía, Hispán tiene una larga trayectoria como asesor o 'fontanero', en el Congreso, en la Comunidad de Madrid y en La Moncloa, donde trabajó a las órdenes de Jorge Moragas, director del gabinete de la Presidencia del Gobierno entre 2011 y 2017.

Los sucesores del 'brujo' Arriola en el PP: Narciso Michavila, Hispán y Rafael Rubio

El contrato suscrito con Rajoy finalizaba el 31 de diciembre 2018. El nuevo líder de los populares Pablo Casado repartirá la "influencia" del 'brujo' entre diferentes personas

El nuevo secretario de programas de la dirección del PP ocupará el puesto que deja en esa área Alejandro Fernández, para dedicarse a tiempo completo a sus funciones de portavoz de los populares en la Cámara autonómica y presidente del partido en la comunidad, responsabilidad que asumió en noviembre pasado.

Hispán se ocupa de aportar documentos, argumentarios y programas desde la trastienda de las instituciones desde que aterrizó en el Congreso en 2005, después de pasar por FAES y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Como jefe de gabinete, Casado ficha ahora a otro 'fontanero' en origen de FAES y de La Moncloa, pero de los tiempos de José María Aznar: Javier Fernández-Lasquetty. Con un perfil más organizativo que de asistencia programática, Lasquetty estuvo cuatro años en Presidencia del Gobierno, fue diputado en el Congreso entre 2004 y 2007 y después, llamado por Esperanza Aguirre, consejero del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Su apuesta por continuar la externalización de servicios y la cooperación con la iniciativa privada en el ámbito de la Sanidad le costó el puesto cuando Ignacio González le dejó caer en enero de 2014.

El nuevo jefe de gabinete de Casado es un liberal convencido muy ligado a José María Aznar, también fue secretario general de FAES durante tres años después de dejar el gabinete en La Moncloa. Pero aún más tiempo siguió a Esperanza Aguirre en el arranque de la carrera de la antigua 'lideresa' del PP de Madrid, primero como asesor en el ayuntamiento de la capital y después como su director de gabinete, tanto en el Ministerio de Educación como en la presidencia del Senado.

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-12-14/casado-rajoy-aznar-pp-programa_1701586/

11. CASADO 'RESUCITA' A LAS FAMILIAS DEL PP QUE FUERON APARTADAS POR RAJOY

La última incorporación al equipo del nuevo líder del PP es la de Javier Fernández-Lasquetty, exconsejero de Sanidad de Aguirre y durante dos años subdirector del gabinete de Aznar en la Moncloa

Los 'aznaristas' y los 'aguirristas' fueron muy críticos con Rajoy por anteponer "gestión a ideología"

Al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy le costó muchos años al frente del Partido Popular. Pero cuando el pasado verano dejó la formación tras perder el Ejecutivo en la moción de censura que le planteó Pedro Sánchez (PSOE), dejaba un partido sin apenas rastro de los sectores rivales internos que tantos dolores de cabeza le habían causado. José María Aznar, que tanto le criticó desde Faes, había desvinculado a su fundación del PP. También había renunciado a su cargo de presidente de honor del partido. Y Esperanza Aguirre, su principal rival interna, sobre todo desde el congreso del partido de junio de 2008, abandonó la política en abril de 2017 en plena ebullición de la operación Púnica.

Pablo Casado no lleva todavía cinco meses al frente del PP y José María Aznar fue una de las primeras personas a las que recibió en Génova. También le acompañó en la presentación de su último libro, una imagen inédita en la última etapa de Rajoy. Hace unos días fichó, como jefe de gabinete, a Javier Fernández-Lasquetty, vinculado tanto a Aznar —fue subdirector del Gabinete expresidente entre 2002 y 2004— como a Aguirre. Entre 2004 y 2014 ocupó diversos cargos en el Gobierno y en el PP madrileño.

Los aznaristas y los aguirristas fueron muy críticos con Mariano Rajoy por anteponer, en su opinión, "gestión a ideología". Consideraban que se había rodeado de tecnócratas dando esquinazo a los principios y valores tradicionales del Partido Popular. Y a esto, al abandono de los principios y valores tradicionales de la formación, achacan en parte en el entorno de Casado que hoy la derecha esté "dividida en tres" —en alusión a PP, Cs y Vox—.

La "vuelta al pasado"

Cuando Pablo Casado se presentó a liderar el PP para el congreso extraordinario del pasado julio señaló que daba este paso sin mochilas, sin asuntos pendientes. Y que no renegaba del pasado de su partido ni tenía miedo al futuro. Ese pasado hacía que se dirigiese la mirada hacia José María Aznar, que sin apuntar directamente hacia Casado, habló sirviéndose de su fundación días antes del cónclave para lanzarle un guiño. "Si se hace lo mismo, no pueden esperarse resultados distintos", dijo en lo que en el PP se interpretó como una crítica a su rival, Soraya Sáenz de Santamaría.

Aguirre, por su parte, disimuló menos que Aznar su clara apuesta por el que fuera presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP de Madrid y diputado en la Asamblea de Madrid.

Y, para cerrar el círculo, Casado contó en campaña con el apoyo de María San Gil, expresidenta del PP vasco. La exdirigente, considerada un referente en el sector más conservador del PP, dejó sus cargos en el partido en los meses previos al XVI Congreso Nacional por discrepancias en el seno de la ponencia política. Los rivales de Casado estaban convencidos de que la "vuelta al pasado" que proponía iba a ser ampliamente rechazada por los compromisarios que votaron en el congreso extraordinario. Pero se equivocaron.

"No es precisamente un giro al centro"

A estos nombres se suma ahora Fernández-Lasquetty. Todos tienen en común el no compartir la forma en la que Rajoy llevó las riendas del PP, algo que molesta en sectores del partido, que consideran "injusto" para un político que presidió el partido y España en momentos muy complicados. Y que dudan de que Casado vaya a dar ese "giro al centro" que se le demanda internamente. "El mensaje que da con el fichaje de Lasquetty no es precisamente el de giro al centro", valora un diputado.

Casado cuenta ahora con un jefe de gabinete que el pasado abril consideraba que en el PP quedaba gente a la que le valía "la pena" seguir creyendo en los principios y valores de la etapa de Aznar. Pero que habían aprendido a "disimularlo". "Han mecanizado el aplauso rítmico después de cada frase vacía de cada líder insustancial en cada mitin cansino. Y han visto cómo hacían carrera los más trepadores. No meterse en peleas ideológicas ha sido la consigna. Meterse en el barro de los dossieres y de las filtraciones ha sido la consecuencia", escribía en un artículo publicado en Libertad Digital. Por esos días, Cristina Cifuentes acababa de abandonar la presidencia de la Comunidad de Madrid.

"Mariano [Rajoy] quería que los que tuvieran convicciones se marcharan, y efectivamente la mayoría ya se han marchado", añadía.

El regreso

Tirando de las palabras del ya jefe de gabinete de Rajoy, algunos de los que se marcharon ya han regresado.

Como Casado, Fernández-Lasquetty creció en la política junto a Aguirre y Aznar. Antes de ser subdirector de Gabinete del expresidente del Gobierno ya desempeñó esta misma función con Aguirre en el Ministerio de Educación (1996-1999) y en el Senado (1999-2000), cuando la lideresa era presidenta de la Cámara Alta.

Em 2002 ya entró en el Comité Ejecutivo del PP de Madrid, donde ocupó funciones en el área de Estudios y Programas. Tras pasar por la consejería de Inmigración (2007-2010), aterrizó en la de Sanidad (2010-2014). En enero de 2014 dejó esta última cartera tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendía el proceso de privatización de la sanidad pública madrileña. Un proyecto que había tenido una fuerte contestación en las calles madrileñas, protagonizada por la denominada Marea Blanca.

También es exsecretario general de Faes, la fundación presidida por Aznar. Faes fue concebida como el laboratorio de ideas del PP, como campo de pruebas para sus programas electorales.

Las fuentes consultadas defienden que Fernández-Lasquetty es una persona clave para ir preparando al partido "para llegar al Gobierno". Así, consideran que Casado necesitaba tener a su lado a una persona "de su máxima confianza" y con experiencia de Gobierno.

"Cuestión de mensaje"

El 'aguirrismo' y el 'aznarismo' no sólo están más presentes ahora en el PP de Casado por el propio líder y por la incorporación de colaboradores que en el pasado trabajaron con estos exdirigentes. Las fuentes consultadas consideran que también lo están en el contenido. "Es cuestión de mensaje", definen. Y aseguran que así se verá en la convención ideológica convocada para mediados de enero en Madrid. "Tenemos que volver a defender aquello que está en el ADN del partido sin complejos", asegura una diputada.

El estreno de Vox en las elecciones andaluzas no pone al PP de acuerdo respecto a la estrategia a seguir a la hora de hacer frente a este partido de extrema derecha liderado por Santiago Abascal, un exmilitante del PP.

Hay dirigentes partidarios de "descubrir" a esta formación y no esquivar calificarlos de ultraderechistas. Otros, tesis en la que se encuentra Casado, son partidarios de huir de los ataques para no alejar a un electorado que, en su momento, votó al PP. "Se trata de que vuelvan", resume un miembro de la dirección nacional del partido.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/12/22/casado_resucita_las_familias_del_pp_89746_1012.html

12. CASADO REFUERZA EL PERFIL CONSERVADOR DEL PP CON EL FICHAJE DE ISABEL BENJUMEA PARA SU GABINETE

Casado ficha a Fernández-Lasquetty como jefe de Gabinete

El PP de Pablo Casado prosigue su viraje hacia «las esencias», con fichajes de marcado perfil ideológico. La última incorporación al puente de mando de Génova es la de la directora de la Red Floridablanca, Isabel Benjumea, que se suma desde hoy al grupo de asesores de referencia del presidente popular, como jefa adjunta del Gabinete de Casado, según ha podido saber EL MUNDO. De esta manera, Benjumea será la número dos de Javier Fernández-Lasquetty, que comenzó a dirigir el Gabinete del presidente del PP el lunes. Ambas incorporaciones dan buena cuenta de la influencia de los segmentos conservador y liberal del partido, y se interpretan en el partido como sendos pasos definitivos hacia la rehabilitación del aznarismo y el aguirrismo. Isabel Benjumea es directora de la Red Floridablanca, calificado por el PP como «uno de los grupos de pensamiento liberal más activos». Creado en 2015, Floridablanca es un think tank que se autodenomina «liberal-conservador» y que está muy volcado en el espectro joven del centroderecha. Varios de sus dirigentes, como la propia Benjumea, fueron becarios de la Fundación Faes, que preside José María Aznar.

Floridablanca tuvo una influencia importante para lograr que el PP se abriera a un procedimiento de primarias para la elección de su líder, que hasta entonces sólo había sido designado a través de un grupo reducido de compromisarios. Benjumea demandó de manera clara la marcha de Mariano Rajoy. Habrá dos fichajes más El de Benjumea -que ya acompañará a Pablo Casado en su viaje a Bruselas- no será el último fichaje de Génova. En las próximas semanas se incorporarán otros asesores a la guardia pretoriana de Casado. Además, la fundación Concordia y Libertad prepara una serie de adquisiciones que se comenzarán a materializar en enero. Hasta ahora, el economista Daniel Lacalle es la única incorporación de esta fundación, que preside Adolfo Suárez Illana y que actualmente se encuentra inmersa en el proceso de creación, ya que sustituirá a la Fundación Humanismo y Democracia.

Licenciada en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid (ICADE), Isabel Benjumea ha puesto en marcha varias iniciativas empresariales. Pasó sus primeros años de carrera profesional en Washington DC (EEUU), donde trabajó en el Banco Mundial implementando programas de transparencia y rendición de cuentas para América Latina. Tiene 35 años.

https://www.elmundo.es/espana/2018/12/12/5c115367fc6c835d478b45c8.html

13. CASADO DEFIENDE QUE EL ÉXITO DE VOX EN ANDALUCÍA REAFIRMA SU GIRO A LA DERECHA

El objetivo final es "reunificar" a su electorado, pero el PP cree que los pactos con la formación de extrema derecha pueden ayudarles a recuperar poder en el resto de España

El líder del PP, Pablo Casado, cree que los resultados en Andalucía ratifican su estrategia de vuelta a “las esencias”. La dirección del partido sostiene que de no haber endurecido su mensaje, la fuga de votos a la formación de extrema derecha habría sido mayor, aunque una corriente interna opina que Casado contribuyó a legitimarla con sus discursos. El presidente popular niega que Vox sea “peligroso”. El objetivo final es reunificar a la derecha, pero el PP cree que será más fácil desde el poder y que Vox puede ayudarles en otras citas electorales.

El líder del PP, Pablo Casado, ya dice “Vox”. Durante toda la campaña se dirigió con insistencia a su electorado endureciendo su discurso para tratar de taponar la fuga de votos, pero nunca les mencionó directamente -sí lo hacían sus teloneros- porque entones no quería transmitir que tenían tanta importancia como la que asomaba en sus sondeos internos. El presidente popular dice ahora “Vox” para poder conjugar el verbo “pactar” porque son sus 12 diputados, unidos a los 21 de Ciudadanos, los que pueden darle la llave del Gobierno andaluz por primera vez en casi cuarenta años.

Y no solo de Andalucía. “Vox ha venido para quedarse”, sostienen fuentes de la dirección nacional, convencida de que esa alianza puede repetirse en futuras citas electorales. El objetivo final es “reunificar” el centro derecha, como anunció este lunes Casado, pero desde dentro de las instituciones creen que será más fácil.

“Se escucha mucho hablar de Vox como un partido peligroso, pero Podemos ha defendido la historia criminal etarra, la dictadura de Nicolás Maduro, proponía expropiaciones forzosas, decía que había que ir a la caza de los de derechas... ¿Qué va a decir la izquierda de la radicalidad si están con el partido más radical en toda la democracia española?”, declaró este lunes el líder del PP. Casado criticó “la superioridad moral de la izquierda para definir qué es radical o democrático” y enumeró todo lo que tiene en común con Vox, como "la bajada de impuestos, la derogación de la ley de memoria histórica, la defensa de la unidad de España y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la regeneración y lucha contra la corrupción”. Fuentes de la dirección del partido aseguran que tiene buena relación con el líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, exmiembro del PP, y con Albert Rivera. Con ambos ha hablado ya para iniciar las negociaciones. También Juan Manuel Moreno habló con el candidato de Ciudadanos, Juan Marín la noche electoral.

Casado se presentó a la rueda de prensa posterior al comité ejecutivo nacional acompañado de Moreno, el gran superviviente de estas elecciones porque hasta la tarde anterior fuentes del PP nacional y del andaluz hablaban de sustituirle por una gestora si los resultados no les permitían sumar, como temieron hasta bien entrada la tarde, cuando estaba previsto que fuera el secretario general, Teodoro García, y no el presidente del partido quien saliera a comentar públicamente el escrutinio. “Nadie apostaba porque esto pudiera suceder”, admitió este lunes Casado.

El líder popular reunió a sus barones en la sede de Génova y posteriormente en una comida para reivindicar su estrategia durante la campaña y acallar las críticas internas. La dirección nacional del PP sostiene que si Casado no hubiera endurecido su discurso y no se hubiese volcado en la campaña -Moreno admitió que había hecho más actos que él mismo- la fuga de votos a Vox habría sido mayor. Quienes, dentro del partido, apuntaban durante la campaña que era una estrategia errónea porque legitimaba el discurso de la formación de extrema derecha y promovía que los votantes se inclinaran “por el original, y no la copia”, consideran que los resultados —12 escaños para Vox y 7 menos para el PP— les dan la razón. Pero admiten que la posibilidad de gobernar actuará como el mejor pegamento. El presidente madrileño, Ángel Garrido, defendió este lunes “la campaña de centro derecha” de Casado después de haber dicho, días antes, que el PP no debía “parecerse a Vox".

El líder popular quiso dejar claro que el endurecimiento de su discurso respecto al estilo de Mariano Rajoy no es ni coyuntural ni debatible. “La estrategia se ratifica. Tenemos que dejar clara nuestra esencia. Este partido no es una confederación de federaciones autonómicas. Esto es un partido nacional con un discurso nacional y una unidad de acción orgánica nacional”, advirtió.

"Exonerados" del mantra de la lista más votada

“El sentido común y el resultado electoral dice que el PP es el que tiene que liderar el cambio en Andalucía”, aseguró este lunes Juan Manuel Moreno después de decir que había visto “llorar de emoción a los andaluces” ante la posibilidad de que ellos [la segunda fuerza] gobiernen la comunidad. Dos días antes, sin embargo, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, había insistido en el mantra del PP de que debe gobernar la lista más votada. “Que no gobierne un partido que gana las elecciones es igual a parálisis, división y sectarismo”, dijo.

Preguntado por si la búsqueda de un pacto con Ciudadanos y Vox suponía que abandonaban la reivindicación de que gobierne el que gana, Pablo Casado respondió que una semana antes de las elecciones andaluzas habían presentado por tercera vez la reforma de la ley electoral municipal para que así fuera, pero que al ser rechazada por el resto de partidos se consideraban “exonerados” de cumplirla. Además, dijo, “en el caso de Andalucía se trata de un cambio histórico, parecido al del País Vasco cuando el PP apoyó a Patxi López” en 2009 para evitar un gobierno nacionalista.

Casado visitará hasta final de año todas las comunidades para designar a los candidatos a las autonómicas y municipales de mayo. “Este partido está como una moto”, subrayó. “Se acabó esperar en las sedes, vamos a salir a la calle”.

https://elpais.com/politica/2018/12/03/actualidad/1543865581_428659.html

14. CASADO, SOBRE VOX: "EL PP ESTARÁ ENCANTADO DE RECIBIR LOS VOTOS DE QUIENES QUIEREN CAMBIAR LAS COSAS"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha confirmado hoy que, si los números salen, pactaría con Vox la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Eso si, siempre que la formación radical se aviniese al programa popular y no exigiera a cambio cosas distintas a las que les unen."

El PP estará encantado de recibir los votos de aquellos que quieran cambiar las cosas en Andalucía", ha contestado Casado en un desayuno informativo organizado por La Voz de Cádiz. A su juicio, "si alguien se quiere dar el lujo de votar a una opción sencillamente por probar" o porque duda sobre los pactos de Cs, estará cayendo en la máxima orteguiana de que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía. Por eso, ha pedido a los potenciales votantes de Vox que "optimicen" sus esfuerzos, o sea sus votos.

El presidente del PP ha defendido de nuevo "una reforma educativa que vertebre el sistema y obligue a las autonomías que hagan bien su trabajo". Se refería así a que la Alta Inspección de Educación podría, si se aprobase la reforma del PP, dar pie a sanciones a las autonomías que "adoctrinen", tal como ha adelantado hoy EL MUNDO. "Hay autonomías que no han sido leales a esa transferencia realizada hace ya décadas", ha dicho, en referencia a Cataluña y a Baleares, después de que este diario haya publicado que el libro de texto que se usa en dicha comunidad insular para enseñar la lengua catalana asume las teorías del independentismo.

Casado ha querido restar importancia a las palabras del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que ha criticado con dureza la recentralización de la educación, las prisiones y la sanidad: "No seré yo quien predique en mi organización política la recentralización de España".

"Juan Vicente y yo tenemos una relación muy estrecha. Lo que ha dicho es plenamente coherente y prácticamente inseparable a lo que yo estoy diciendo", ha subrayado el líder del PP.

En este punto, ha aprovechado para distanciarse de Vox: "Lo que nos diferencia otros partidos es que nosotros creemos en el Estado de las autonomías. No vamos a modificarlo".

Casado ha revelado que ha hablado con todos los presidentes autonómicos del PP. "Además, hemos tenido una sectorial de consejeros de educación y otra interna, de los portavoces de educación del PP, y el modelo está muy claro", se ha defendido.

Ley del Menor Por otro lado, Casado ha reiterado su intención de añadir dos supuestos más a la prisión permanente revisable: la ocultación de cadáver y el secuestro previo al asesinato. El dirigente popular ha reclamado la modificación de algunos aspectos de la Ley del Menor, con la intención de "estudiar que se rebaje la edad de responsabilidad penal en casos de especial gravedad" y otros aspectos. Casado ha recordado que sigue habiendo más de cuatrocientos casos de violencia sexual y crímenes atroces cometidos por menores, en los que no se puede tener "el beneficio de la impunidad".

"Es un compromiso que ahora las víctimas nos reclaman", ha dicho, delante de Juan José Cortés, padre de la niña asesinada Mari Luz, con el que mantuvo un encuentro.

https://www.elmundo.es/espana/2018/11/28/5bfe824efc6c83494f8b4684.html

15. EL DISCURSO DE ODIO DE VOX QUE PP Y CS SE NIEGAN A CALIFICAR DE ULTRADERECHA

Santiago Abascal afirma que "los primates de ERC no deberían estar en el Congreso", dice que fue el PSOE quien "trajo la Guerra Civil" y quiere "expulsar" de España a Echenique

El candidato en Andalucía sostiene que la justicia española no es imparcial porque es "el lobby de género el que impone sus sentencias"

El número dos de Vox presume de que el partido sigue "diciendo no a la invasión musulmana" 525 años después de la toma de Granada

Este domingo Andalucía se convertirá en la primera prueba en las urnas para el partido ultraderechista Vox tras su multitudinario acto en Vistalegre del pasado octubre. Buena parte de los sondeos publicados otorgan a la formación ultra representación en el Parlamento andaluz y Vox está aprovechando este impulso para difundir un mensaje basado, fundamentalmente, en postulados nacionalistas españoles, rechazo visceral de la inmigración –a la que tachan de "invasión"– críticas contra normas como la ley de violencia de género y revisionismo histórico.

Vox fue fundado en 2014, pero se ha mantenido en la marginalidad hasta hace apenas unas semanas, cuando celebró un multitudinario mitin en Madrid que consiguió reunir a miles de personas y puso el foco mediático sobre una formación que, liderada por el ex alto cargo del PP Santiago Abascal, mantiene un discurso que bebe de los grandes partidos ultraderechistas europeos. Las elecciones andaluzas serán la primera prueba real del verdadero poder de convocatoria de Vox, pero ante su ascenso, los dos principales partidos de la derecha –PP y Cs– no han descartado pactar con ellos.

Este mismo lunes, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguraba que los conservadores no tendrían problemas en pactar con los extremistas de Abascal si así consiguieran desalojar al PSOE de la presidencia de la Junta de Andalucía. "Si Ciudadanos y Vox encajan en nuestro programa, podemos pactar con ellos", sostuvo García Egea, que aseguró que lo que no le gusta de Vox es "que sus votantes no voten al PP" y que "critique al PP por cuestiones" que están en su "ADN", como "la unidad de España, la libertad de educación o la libertad de empresa".

"Y no me gusta su falta de europeísmo", añadía García Egea en la misma línea que el candidato de Ciudadanos a presidir la Junta de Andalucía, Juan Marín, que aseguró este lunes que su partido es "europeísta" y quiere negociar con "los partidos que compartan estas posiciones". Marín, no obstante, no respondió directamente a la cuestión de si alcanzarían acuerdos con Vox tras las elecciones y se limitó a señalar que respeta las posiciones de todos los votantes. Con los partidos como el ultraderechista con quienes, señaló el candidato, no comparten postulados, "ya tendremos oportunidad a partir del 2 de diciembre de decidir".

Pese a sus posiciones, Ciudadanos y el PP han evitado en varias ocasiones en los últimos meses calificar a Vox como un partido de "ultraderecha". El presidente de los conservadores, Pablo Casado, se limitó a afirmar que no tenía intención de definir "al resto de partidos" en una entrevista en El Objetivo, mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró al ser preguntado por la posición ideológica de Vox que él no es "analista político" y que, por ello, no quería ubicar a la formación de Abascal. "Que cada uno juzgue y les ponga una etiqueta", afirmó días más tarde Rivera.

Cataluña y "los primates de ERC"

El discurso de Vox, no obstante, tiene muchos puntos en común con formaciones europeas que sin duda pueden calificarse como de extrema derecha. Pero la formación de Abascal tiene un filón del que no disponen sus colegas europeos. la tensión territorial en Cataluña. Pese a que la doctrina del Tribunal Constitucional defiende su posibilidad de existir, Vox apuesta abiertamente por la ilegalización inmediata de los partidos independentistas, y de hecho, hace unos días, el propio Abascal –cuyo partido ha denunciado al president catalán Quim Torra por "incitación al odio y xenofobia"– tachó a ERC de "primates" tras la polémica discusión entre el portavoz republicano Gabriel Rufián y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

"Los primates de ERC no deberían estar en el Congreso, pero no por maleducados y zafios, sino por separatistas golpistas. Esos partidos convertidos en organizaciones criminales golpistas deben ser desarticulados e ilegalizados", aseguró el líder de Vox en su Twitter. Y no es la primera vez que defiende la prohibición de las formaciones independentistas: el pasado agosto, en una entrevista en El Español, Abascal planteaba que lo primero que habría que hacer para solucionar la crisis territorial en Cataluña sería ilegalizar "los partidos golpistas con la actual ley de partidos" para, posteriormente, proceder a la prohibición de todos los "partidos separatistas".

"Y plantearía una gran transformación del Estado de las autonomías. Hay competencias, como educación, sanidad y seguridad, que tienen que volver cuanto antes", señalaba igualmente el líder de Vox, abanderando otra de sus grandes propuestas: la eliminación de las comunidades. "Vox es un partido que nace, entre otras cosas, enfrentándose al Estado de las autonomías y que plantea una transformación total del Estado de las autonomías en un Estado unitario", planteaba en dicha entrevista Abascal, que el pasado abril calificaba de "chiringuito de los 17 estaditos" el actual modelo territorial y denunciaba el "autonomismo papanatista" del entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, a quien meses más tarde acusaba de haber llegado al Gobierno con el apoyo de formaciones "golpistas" y un "partido terrorista" como EH Bildu.

España, "propiedad privada de los nacionales"

Pero quizá el principal blanco del discurso de Vox son los inmigrantes, especialmente aquellos procedentes de países de mayoría islámica. "No es lo mismo aceptar la inmigración de países latinoamericanos que la inmigración de países islámicos. Priorizaríamos la inmigración en función con la coincidencia con nuestros valores culturales y políticos", señalaba Abascal el pasado agosto, aunque no obstante también planteaba que "la inmigración tiene que ordenarse" y "regularse en función de las necesidades de la economía nacional". "Si los españoles se van a trabajar fuera de España no parece que necesitemos más inmigrantes en estos momentos. No es cierto que vienen a mantener las pensiones, sino a recibir las prestaciones que muchos españoles no alcanzan", afirmaba el líder del partido ultraderechista.

Buena muestra de la ideología de Vox con respecto a la cuestión de la inmigración es la afirmación de Abascal que sirvió de titular para aquella entrevista: "Una nación es propiedad privada de los nacionales, y son estos los que deben decir cómo se entra y con qué criterios". Y los inmigrantes musulmanes son un objeto habitual de crítica para el líder de Vox y sus compañeros, que incluso recurren a mitificaciones históricas para defender que "525 años después" de la Toma de Granada por parte de los Reyes Católicos, Vox sigue "diciendo no a la invasión musulmana" y "defendiendo la identidad cristiana de España", en palabras del número dos del partido, Javier Ortega Smith.

Los mensajes y declaraciones de líderes de Vox denunciando los supuestos males de la inmigración son frecuentes, y también lo es que asocien a todo el colectivo con problemas de seguridad ciudadana de toda índole. Para Vox, los inmigrantes son causantes de buena parte de los problemas de abuso y acoso sexual, y así lo ha expresado Abascal en varias ocasiones. "¿Cómo sabemos que los 'inmigrantes' que nos manda Alemania no son los que han protagonizado miles de agresiones sexuales sin resolver en ese país?", se preguntaba en agosto. "De la supermanada de salvajes de Alicante no se habla casi [...] porque son inmigrantes musulmanes", afirmaba en marzo. Y, en julio, achacaba irónicamente a "las bondades del multiculturalismo" y "el legado de los progres" los disturbios ocurridos en la celebración por la consecución del Mundial de fútbol en Francia.

"Pablo Mezquitas" y el origen de Valls y Echenique

Pese a la dilatada carrera de su líder en las instituciones, el discurso antiestablishment es otra de las patas fundamentales del discurso de Vox, y de hecho Abascal ha asociado su discurso contra el multiculturalismo y la inmigración a sus críticas a la "casta política". Del líder de Podemos, Pablo Iglesias, Abascal ha asegurado que es "el sujeto más peligroso del Congreso" y se refiere habitualmente a él como "Pablo Mezquitas". Del secretario de Organización del partido morado, Pablo Echenique, el líder de Vox aseguró que haría "todo lo posible" para que sea "expulsado de España" por "atacar las libertades en España y ser "extranjero, aunque haya obtenido la nacionalidad".

Ni siquiera el ex primer ministro francés y candidato de Ciudadanos la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, se ha librado de los ataques xenófobos de Vox. El portavoz de los ultraderechistas, Ignacio Garriga, espetó a Valls que Vox defenderá "a los barceloneses de manteros, izquierda y franceses" cuando el candidato se mostró proclive a implantar un "cordón sanitario" y no pactar con Vox, mientras el propio Abascal mandó a Valls "a Martinica o algo" tras sus críticas.

El PSOE, culpable de la Guerra Civil

La memoria histórica o la ley contra la violencia de género son otros de los asuntos recurrentes en el discurso de Vox, aunque no en la misma medida que la inmigración. La primera de las dos normas supone, para Abascal, una legislación "totalitaria", y para defender esta posición el líder de Vox no duda en hacer revisionismo histórico acusando al PSOE de ser el culpable de que estallase la Guerra Civil. "Con la memoria histórica al único partido del Congreso que hay que pedir cuentas por el pasado es al PSOE, que dio golpes de Estado sangrientos contra la república, estuvo detrás del asesinato del jefe de la oposición y trajo la Guerra Civil. Si algo hay que ilegalizar es el PSOE", afirmaba Abascal el pasado septiembre.

En lo relativo a la ley contra la violencia de género, el partido apuesta por sustituirla por una ley contra la violencia intrafamiliar, y de hecho éste es uno de los temas preferidos de Francisco Serrano, juez en excedencia y candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía. En una entrevista publicada este mismo lunes, Serrano aseguraba que la justicia española no es imparcial porque es "el lobby de género el que impone sus sentencias", y sostenía que en España existe un "negocio" y una "industria del género" del que vive una parte del movimiento feminista.

"Hay que luchar contra el maltrato en su justa medida para que las mujeres que sean realmente maltratadas puedan ser protegidas", apuntaba Serrano, que denunciaba que "la nueva religión del Estado", en referencia a esta supuesta ideología de género, "ya no quiere jueces cabales que dicten sentencias ajustadas a derecho y conforme a sus convicciones y su conciencia", sino "que sean los servicios sociales, nuestro propio chiringuito de género, el que decida cuando una mujer puede ser considerada maltratada y cuando el hombre debe ser considerado un maltratador".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/11/27/el_discurso_odio_vox_que_se_niegan_calificar_ultraderecha_89236_1012.html

16. COSPEDAL DEJA LA POLÍTICA, PERO DEFIENDE SUS REUNIONES CON VILLAREJO

La ex secretaria general del PP se despide con un reproche a sus compañeros: "Un partido que no defiende a los suyos, no puede esperar que los ciudadanos confíen en él”

María Dolores de Cospedal ha renunciado este miércoles a su escaño en el Congreso después de que el pasado lunes aceptara la petición de su partido para que abandonara la ejecutiva de la formación por sus conversaciones con el comisario José Manuel Villarejo. Asegura que se va para liberar a su partido de ataques “injustificados”. En su despedida de la política, defiende unas maniobras que la dirección del PP tachó de “inaceptables” y hace un reproche a sus compañeros: “Un partido que no defiende a los suyos, no puede esperar que los ciudadanos confíen en él”.

"Era mi deber”. “Mi responsabilidad”. “Mi obligación”. De todas las formas posibles, María Dolores de Cospedal, ha justificado las reuniones con el comisario José Manuel Villarejo que han puesto punto final a una carrera política de más de 20 años. En un comunicado, solo dos días después de abandonar la ejecutiva popular, la ex secretaria general del partido comunicó este miércoles su renuncia también al escaño en el Congreso “para liberar al PP de cualquier ataque”. La ex secretaria general los considera “injustificados” —habla de “ensañamiento”— y a lo largo de cuatro folios se presenta como una víctima por haber luchado contra los corruptos que “traicionaron” su partido, un "trabajo ingrato" que le generó, asegura, “numerosos enemigos”. Al reunirse con Villarejo, insiste, solo buscaba “una visión más clara de lo que estaba ocurriendo”. “No habría actuado de forma diferente diez años más tarde”.

El día anterior, fuentes de la dirección nacional del PP habían calificado de “inaceptables” sus reuniones con el comisario, en las que ella y su marido hablan sobre Gürtel o la posibilidad de investigar a Javier Arenas y al hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba. Pablo Casado se había desmarcado de lo que definió como “vergonzantes prácticas del pasado”, advirtiendo, además, que se reservaba la opción de dar otros pasos según se fueran conociendo “nuevas revelaciones”. Hoy celebró la renuncia de Cospedal: “Ha puesto los intereses del partido por delante de los suyos”.

La presión interna para que dimitiera fue aumentando a medida que se conocían nuevos audios de Villarejo. Y en su despedida, Cospedal incluye un reproche al PP en forma de ruego: “Pido a mis compañeros que cierren filas ante las injusticias. Siempre he creído que un partido que no es capaz de defender a los suyos cuando están siendo injustamente atacados no puede esperar que los ciudadanos confíen en él”.

La ex secretaria general del PP insiste en que Villarejo “acudió” a ella en 2009 para ofrecerle “información que podía ser de interés capital para esclarecer comportamientos sospechosos que después la justicia calificaría como delictivos”. En los audios difundidos, el comisario —entonces en activo; desde hace un año, en la cárcel— explica ante Cospedal cómo no le fue posible romper “el famoso pendrive” [lápiz de memoria]" del contable de la trama Gürtel, “mortal” para los intereses del partido, según el propio Villarejo.

“Pecado mortal”

“Si es un pecado mortal haber hablado con un comisario que acababa de ser condecorado por el entonces ministro del Interior del PSOE, entonces, me equivoqué, pero en lo que seguro que me equivoqué fue en pedir a mi marido, Ignacio López del Hierro, que ayudara al PP. Ahora él está pagando por haberme ayudado”, afirma. Es el único error que admite Cospedal: haber involucrado a su esposo. Cargos populares han criticado en los últimos días con dureza ese papel de López del Hierro, al que llamaban “el secretario general consorte”.

Cospedal asegura en su comunicado que decidió abandonar la política en el último congreso del PP, cuando, el pasado julio, Pablo Casado se hizo con la presidencia del partido frente a Soraya Sáenz de Santamaría. La cesión de los apoyos de la ex secretaria general, eliminada en la primera vuelta de las primarias, fueron clave en la victoria de Casado. Cospedal afirma que el lunes, cuando abandonó la ejecutiva del PP pero no su escaño, lo hizo porque pensaba dejar la política después de una “transición ordenada”, pero después de "reflexionarlo más", decidió adelantar esa salida. Fuentes populares aseguran, no obstante, que antes del escándalo de Villarejo era una seria candidata a las elecciones europeas. Desde que se difundieron las primeras grabaciones hasta su renuncia al escaño han pasado 10 días.

Al dejar su escaño, Cospedal renuncia a un sueldo de 2.891 euros brutos al mes, más otros 1.470 euros como presidenta de la Comisión de Exteriores y 1.874 euros más (estos, libres de impuestos) por ser diputada de fuera de Madrid. También deja de ser aforada en caso de ser imputada. Su renuncia, como explica en su comunicado, libera al PP de la presión ante la campaña electoral andaluza, y le permite retomar su agenda de oposición. Casado pidió la dimisión de cuatro ministros en cuanto Cospedal abandonó la ejecutiva.

https://elpais.com/politica/2018/11/07/actualidad/1541610401_601759.html

17. EL NÚMERO DOS DEL PP RECURRE A UN POETA CITADO POR VOX PARA CARGAR CONTRA LOS TRAIDORES Y "¡POR ESPAÑA!"

Los mismos versos tuiteados por Teodoro García Egea también han sido recitados por el secretario general de Vox, Javier Ortega, y son frecuentes en los brindis de la organización de ultraderecha

El mes pasado citó a un poeta franquista para definir España como el limpio orgullo de la historia de la raza"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea vuelve a compartir en redes sociales un poema de elogio patriótico por España y para criticar a los traidores que la abandonen.

Después de que el número dos del PP compartiera el mes pasado el texto de un poeta franquista para definir qué es España, cuya definición incluía los conceptos de 'raza' y el 'Padre Nuestro', este sábado ha vuelto a recurrir a la poesía para expresar su amor por el territorio nacional y su total rechazo a quienes puedan traicionar a España.

Mientras el poema anterior cerraba con un expresivo "¡España!", en este caso la exaltación comienza en la primera línea: "¡Por España!" "Y el que quiera defenderla honrado muera, y el que traidor la abandone no encuentre quien le perdone, ni en Tierra Santa cobijo, ni una Cruz en sus despojos, ni la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos ", concluye el fragmento, sin aclarar quiénes son esos traidores.

Estos versos, atribuidos a Diego Hernando de Acuña, capitán de los Tercios de Flandes, también fueron citados hace unos meses por Javier Ortega-Smith, secretario general del partido de ultraderecha Vox. De acuerdo con varios medios, este poema es frecuentemente usado en los brindis del partido de Santiago Abascal.

García Egea ha compartido este fragmento precisamente el mismo día en el que compañeros del Partido Popular se han sumado a la concentración convocada por la Fundación Denaes y respaldada por Vox.

https://www.eldiario.es/rastreador/numero-PP-vuelve-Vox-tuitear-Espana_6_841725824.html

18. LAS REDES SE MOFAN DEL MENSAJE SOBRE LA NAVIDAD DE GARCÍA EGEA

El secretario general del Partido Popular hace una peculiar exaltación de la patria, en la que combina esta fiesta con la caza y los toros

Este sábado se ha celebrado en el teatro Circo de Murcia la presentación de los candidatos del PP a las elecciones locales y autonómicas, López Miras, que aspira a la alcaldía y Ballesta, que tratará de hacerse con las riendas de la comunidad.

En el acto ha participado, además del líder de los populares, Pablo Casado, el actual secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, quien ha hecho una surrealista defensa de los valores españoles, e la que ha llegado a mezclar la Navidad con la caza o los toros. "Somos españoles y estamos orgullosos de nuestras tradiciones, celebramos la Navidad, ponemos el Belén y el árbol. Nadie nos puede dar lecciones de como defender a España, a nuestros empresarios, colectivos, agricultores..., en definitiva, de defender todo lo que nos une", ha dicho, tal y como ha recogido después en un tuit.

https://www.elplural.com/fuera-de-foco/las-redes-se-mofan-del-mensaje-sobre-la-navidad-de-garcia-egea_207747102

19. EL NÚMERO DOS DEL PP AFIRMA QUE ESPAÑA ES "LA RAZA" Y "EL PADRE NUESTRO"

Teodoro García Egea glorifica un poema franquista

El pasado domingo, Jordi Évole encerró a cinco presidentes autonómicos para hablar del modelo territorial español, de financiación, impuestos, banderas… Se dieron cita los presidentes de Madrid, Ángel Garrido; Baleares, Francina Armengol; Cantabria, Miguel Ángel Revilla; Extremadura, Guillermo Fernández Vara; y Murcia, Fernando López Miras.

El reportaje se tituló El rompecabezas español, y las reacciones no tardaron en llegar. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, tras la emisión del programa, publicó un tuit en el que, al más puro estilo de Gustavo Adolfo Bécquer, respondía a la pregunta “¿qué es España?”.

“España somos tu y yo y el hogar que nos ampara”, arranca García Egea, quien añade que “es el cielo azul que amanece en tu ventana”. Incluso, precisa que “España es el Padre Nuestro que rezas por las mañanas”.

https://www.elplural.com/visto-en-la-red/poema-de-teodoro-garcia-egea-espana-es-el-padre-nuestro-que-rezas-por-las-mananas_206142102

20. DARDO DEL SUPREMO A COSIDÓ: "EL WHATSAPP LE RETRATA A ÉL, SI FUERA SUYO"

La conocida como 'sala del 61' rechazó apartar del caso a los jueces del Supremo que juzgarán el procés

Los jueces dicen que ese mensaje muestra la "inaptitud" de Cosidó para comprender el funcionamiento de la Justicia

El Tribunal Supremo ha hecho público en un auto los argumentos con los que rechaza la recusación planteada por varios líderes independentistas de Manuel Marchena y el resto de jueces que juzgarán el procés en las próximas semanas. Sobre el caso concreto del ponente de la sentencia y los mensajes del senador Ignacio Cosidó, los jueces son claros: "El whatsapp atribuido al Sr. Cosidó le retrata a él (si fuera suyo, cuestión en la que no entramos), pero eso no es extensible a nadie más", dice el auto.

Los jueces no creen que esos mensajes, en los que Cosidó defendía ante sus compañeros de bancada que iban "controlar desde detrás" la sala de lo penal, afecten a la imparcialidad de Marchena: "Difícilmente cabe sospechar de la imparcialidad de un magistrado por sus actos u opiniones si ni siquiera los ha realizado o las ha emitido", dicen, añadiendo que " el citado mensaje debe ser contemplado como lo que es: una opinión personal de un dirigente político".
Para el Supremo, ese mensaje se "trata de un argumentario que un político utiliza para justificar un pacto con otra formación política y realiza afirmaciones sobre lo que desconoce por completo y que demuestra una inaptitud de raíz para conocerla" a la hora de defender el reparto de sillones en el CGPJ. Se trata, dicen, de "una opinión –inaceptable- realizada en el ámbito político" y destacan que el propio Marchena rechazó el puesto.

http://cadenaser.com/ser/2018/12/14/tribunales/1544793444_485947.html

21. LOS MENSAJES DE COSIDÓ REVIENTAN EL ÚNICO ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ Y EL PP DE CASADO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, culpa al portavoz del PP en el Senado de la renuncia de Marchena por poner en duda su independencia

El Gobierno asume que la renuncia de Marchena pone las negociaciones para renovar la judicatura en una situación de bloqueo difícil de remontar

El Partido Popular da por rotas las negociaciones con el ejecutivo para repartirse los nombramientos en el órgano de control de los jueces

Cosidó intenta obviar sus mensajes sobre "controlar por detrás" la sala del Supremo y responsabiliza al Gobierno por adelantar el nombre de Marchena

El primer y único acuerdo entre el Gobierno de Sánchez y el Partido Popular de Pablo Casado ha saltado por los aires como consecuencia de los whatsApp de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado a sus compañeros de partido en los que trataba de convencerles de que con el nombramiento de Marchena se controlaría "por detrás" la sala segunda del Supremo, la que debe juzgar el procés.

Tras la publicación de esos mensajes, el candidato pactado por ambas formaciones ha decidido salirse de la carrera y descartarse como candidato a presidir el Poder Judicial. Marchena se va alegando que nunca "ha concebido su labor de juez al servicio de una u otra opción política" y deja muy tocado un acuerdo que estaba prácticamente cerrado y que ahora tiene una reconstrucción muy difícil.

Con sus polémicos whatsApps Cosidó ha enterrado meses de negociaciones que habían conducido a un entendimiento sobre la presidencia del Poder Judicial y la configuración de los 20 vocales que le iban a acompañar en la tarea. La sorpresiva renuncia de Marchena y la situación de bloque que PSOE y PP admiten en el órgano de Gobierno de los jueces propiciará la continuidad del controvertido Carlos Lesmes, que tendrá que seguir al frente de la judicatura española, por más que su credibilidad haya sido abrasada por la polémica de las hipotecas. Seguirá al frente del Tribunal que juzgará el Procés que a corto plazo mantendrá su configuración invariable. El giro a la izquierda que reclamaban los indendentistas y pronosticaban algunas fuentes del Gobierno como consecuencia de los cambios en el Consejo General del poder Judicial no se producirá.

El Partido Popular se ha apresurado a escenificar que es él el que rompe la negociación y trata de culpar al Gobierno, al que acusa de haber filtrado el nombre de Marchena antes de que se conociese la configuración del consejo que debía elegirlo. Los populares pasan por alto los mensajes de Cosidó, el negociador de Casado con el Gobierno y un hombre de la máxima confianza del líder del PP.

El propio portavoz popular en la Cámara Alta ha tratado de desvincularse del portazo de Marchena y lo ha atribuido a la decisión del Gobierno de adelantar el nombramiento del presidente antes de que se constituyese el CGPJ. "Me gustaría expresar mi máximo respeto a la decisión de este magistrado Entiendo que el proceso tras la filtración de su nombre ha generado un debate", ha dicho Cosidó este mediodía en el Senado.

Entretanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento al "sentido institucional", pero la reconstrucción del acuerdo "parece imposible", tal y como aseguran fuentes conocedoras de las negociaciones.

El pacto, reventado por los mensajes de Cosidó, estaba siendo discutido entre los propios jueces y una de las asociaciones judiciales, La Francisco De Vitoria, ya había anunciado su intención de recurrirlo en los tribunales.

El negociación entre Sánchez y Casado ha mostrado las tripas de un tipo de política que bordea la ley cuando busca los grandes entendimientos. "El acuerdo entre los partidos podría ser inconstitucional, porque el nombramiento del presidente corresponde a los consejeros y, aunque siempre se ha hecho así, nunca de manera tan descarada y oficial", aseguran en el Tribunal Constitucional a preguntas de eldiario.es.

Gobierno y Partido Popular se culpan ahora mutuamente del desastre. El presidente del Gobierno ha asegurado este martes comprender la decisión de Marchena "al haberse puesto en duda su profesionalidad", un mensaje en el que señala claramente al portavoz popular en el Senado.

En el PP su vicesecretario Javier Maroto ha afirmado que "la decisión del Gobierno de hacer público su nombre (en referencia a Marchena) sin elegir antes a los vocales ha hecho un daño irreparable". Ambos partidos habían cocinado a solas el acuerdo, del que se había autoexcluido Ciudadanos mientras podemos reclamaba un puesto en el CGPJ para Victoria Rosell, que finalmente no obtuvo.

Las as negociaciones entre los dos principales partidos en este campo siguieron aún después de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez diese por rotas las relaciones con el PP. Fue el pasado 24 de octubre, durante la sesión de control en el Congreso. Pablo Casado acusó a Sánchez de ser el responsable de un golpe de Estado. Esa afimación provocó que el presidente anunciase a bombo y platillo la ruptura con el principal partido de la oposición, como se recogió en la mayoría de los titulares de ese día. Sin embargo, ambas formaciones siguieron negociando el reparto del Poder Judicial y no habría que esperar mucho para que en el mismo escenario parlamentario, Sánchez tendiese la mano al PP para colaborar en la elaboración de los presupuestos.

Como maniobra de distracción frente al estruendo generado por los mensajes del portavoz del PP en el Senado, los conservadores han puesto sobre la mesa un nombre para recuperar el acuerdo: "Anuncio que el PP da por roto el acuerdo y suspendemos la renovación hasta que la ministra Delgado sea Cesada", ha asegurado Javier Maroto.

Los conservadores piden ahora la misma cabeza que venían reclamando en las últimas semanas pretenden usar esta crisis como un nuevo empuje para que Sánchez, sin muchas posibilidades de sacar sus presupuestos adelante, se vea obligado a convocar elecciones antes de lo previsto.

https://m.eldiario.es/politica/CGPJ-mantiene-Lesmes-tribunal-Proces_0_837816324.html

22. COSIDÓ SE NIEGA A DIMITIR: "ME SIENTO PLENAMENTE RESPALDADO"

El portavoz popular da por roto el pacto para renovar el Supremo y señala al Gobierno como responsable

Cosidó ha quitado importancia a la filtración de sus WhatApp considerándolo algo menor y lamenta que algo privado haya trascendido

Ignacio Cosidó ha comparecido este martes tras la renuncia de Manuel Marchena a presidir el Tribunal Supremo. Cosidó ha negado que su WhatsApp filtrado en la prensa haya tenido peso y ha lamentado que unas declaraciones realizadas en un ámbito privado se hayan hecho públicas. Pero a la polémica generada, Cosidó ha negado que vaya a dimitir.

Tras la renuncia de Manuel Marchena, Cosidó ha asegurado que “el pacto no tiene viabilidad alguna” y ha criticado que el proceso venía contaminado desde que se filtró el nombre de Marchena. “El debate venía muy envenenado desde antes, había generado una polémica que no era buena para nadie”, ha asegurado el portavoz del PP en el Senado.

Cosidó ha responsabilizado al Gobierno del fracaso del pacto. “La principal responsabilidad está en el Gobierno que con esa filtración ha provocado que el pacto haya fracasado”. Un pacto que el PP da por roto señalando a la ministra de Justicia. “Si queremos retomar el proceso de negociación hay que cambiar la interlocución para llegar a buen puerto”, ha apuntado Cosidó, que ha reiterado que el pacto está roto y que van a parar el procedimiento de elección.

Tras la polémica de su WhatsApp, en el que Cosidó decía que el pacto permitiría al PP controlar la sala segunda desde atrás, el portavoz en el Senado ha asegurado sentirse “plenamente respaldado por el partido y por el presidente”. Cosidó ha admitido haber hablado este martes con Pablo Casado pero no ha querido aclarar en qué términos se ha producido la conversación.

http://cadenaser.com/ser/2018/11/20/politica/1542712682_605501.html


23. COSIDÓ AUTORIZÓ LA DIFUSIÓN DEL POLÉMICO WHATSAPP SOBRE EL CGPJ

El portavoz del PP permitió que los senadores compartieran su mensaje fuera del chat. Les dijo que no era un texto oficial pero que se podía utilizar como explicación

Muchos populares ven a Cosidó "muerto políticamente". Mientras Génova vuelve a desplegar un cordón sanitario en torno a Casado para protegerle del escándalo

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, durante el pleno de la Cámara

Cuando Ignacio Cosidó decidió intervenir en el grupo de WhatsApp de los senadores, no se podía imaginar las consecuencias que iba a tener. El portavoz del PP en la Cámara Alta puso un mensaje en el chat. Este aparecía en todas las pantallas como 'Reenviado'. Lo vieron todos sus compañeros. Pero aunque no era suyo, dio igual. Se desató el escándalo.

En las filas conservadoras muchos piensan que fue "un imprudente" al dar ese paso. También lamentan que autorizara su difusión. Y es que el dirigente conservador no fue el autor pero dejó que los suyos lo extendieran sin problema.

En el Partido Popular cuentan que al ver el texto, alguien preguntó si lo podía compartir con otros cargos. En las sedes, la gente estaba muy disgustada por el acuerdo al que su partido había llegado con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Al interesado en distribuirlo, le pareció que era un buen argumentario para aplacar el enfado y pidió permiso para mandárselo a sus contactos. Cosidó le dio el visto bueno. Dijo que no era información oficial pero que como explicación se podía utilizar.

Por eso, ahora cuando Génova trata de dar con la persona que lo filtró lo tiene muy complicado. No se puede saber el número de personas a las que le llegó. Pero la dirección nacional sí conoce el nombre de quien lo escribió. Aunque guardan el secreto para evitar más follón.

Los populares sostiene que tiene que ser alguien "de arriba" porque conocía los detalles de la negociación. Por eso unos apuntan hacia el exministro de Justicia, Rafael Catalá, mientras otros señalan a su secretario general, Teodoro García Egea. Aunque ambos niegan estar detrás de este asunto. Desde la cúpula han salido hoy a decir que ellos no tienen nada que ver.

También se han desvinculado de Cosidó. En la sede nacional ya nadie le respalda. Le han dejado solo. Es preguntar por él y que todos salen huyendo a la carrera. Pablo Casado esquiva a los periodistas y Génova ha vuelto a desplegar un cordón sanitario -como hizo con María Dolores de Cospedal- para que su líder no se vea de ninguna de las maneras salpicado por este escándalo.

Dentro del PP hay quien piensa que se le mantiene en su puesto "porque se está comiendo el marrón de alguien de mayor peso". Pero, aún así, creen que su dimisión es cuestión de tiempo. Algunos populares consideran que ya está "muerto políticamente". "Está invalidado para representarnos", señalan en los pasillos parlamentarios. Destacan cómo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le destrozó ayer en la sesión de control al Gobierno y, por eso, opinan que está "deslegitimado" para afrontar nuevos debates.

http://cadenaser.com/ser/2018/11/21/politica/1542835046_987617.html

24. "CONTROLANDO LA SALA SEGUNDA DESDE DETRÁS": EL 'WHATSAPP' DE COSIDÓ JUSTIFICANDO EL PACTO CON EL PSOE EN EL CGPJ

El portavoz de los populares en el Senado sale al paso de las críticas: "Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea".

Esta es la lista de juristas propuesta por el PSOE y el PP para el Consejo del Poder Judicial

Cinco días después de que se hiciera público el acuerdo entre el PP y el PSOE para la renovación del Poder Judicial, el portavoz de los populares en el Senado se ha visto obligado a enviar un whatsapp a sus compañeros para responder a las críticas que ese pacto ha suscitado tanto en la opinión pública como en círculos del propio partido.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Ignacio Cosidó envió ese whatsapp el sábado por la noche, en torno a las 21:30. En él celebra el "esperanzador" reparto para el PP del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El mensaje lo puso en el grupo en el que están registrados los 146 parlamentarios que tiene el PP en la Cámara Alta. Entre algunos senadores sorprendió esa nota, pues aseguran que Cosidó no suele intervenir en el chat.

En el mensaje, el portavoz explica a los senadores que "el pacto previo" con el PSOE daba al PP 10 vocales, mientras que el PSOE obtenía 11: 10 más la presidencia. "Con la negociación, el PP tiene 9 vocales más el presidente (10) y el PSOE tiene 11", recalca Cosidó.

"Con otras palabras", continúa el portavoz del PP, "obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás [la Sala de lo Penal, única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno] y presidiendo la sala 61 [la Sala especial que tiene entre sus atribuciones la de ilegalizar partidos políticos, como sucedió en el caso de Herri Batasuna]".

Malestar por el 'procés' y De Prada

Cosidó alaba la elección de Manuel Marchena, pero sin hacer alusión a que su nombramiento dará lugar a una alteración en la composición del Tribunal que debe juzgar por rebelión a los presos del procés. Marchena era precisamente el encargado de presidir ese Tribunal y ser el ponente de la sentencia, tareas que pasan a manos del progresista Andrés Martínez Arrieta. La marcha de Manuel Marchena también da acceso a ese Tribunal a Susana Polo, de corte progresista.

Es este punto, precisamente, el que genera mayor desconfianza en las filas del PP, junto con la presencia entre los nuevos vocales del CGPJ de José Ricardo de Prada, que juzgó el caso Gürtel y condenó a los populares como beneficiarios de la trama, en una sentencia en la que cuestionó además la credibilidad de Mariano Rajoy en su declaración como testigo en la causa. Fue la sentencia que dio pie a la moción de censura a Rajoy.

Sobre esta cuestión, Cosidó sostiene: "Lo único que puede sonar mal son los nombramientos de algunos vocales del PSOE, pero el pacto previo suponía no poner vetos a nombres, para no eternizar la renovación. (...) En cualquier caso, sacar a De Prada de la Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP".

Cosidó, en una crítica que parece dirigida a la prensa, dice por último que lo que ha leído estos días "es de una ignorancia que raya el delito", y se ofrece a sus compañeros para ofrecerles "más detalles" si lo estimasen conveniente. Para él, las cosas son muy distintas: "Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España".

El 'whatsapp' íntegro de Cosidó

El mensaje enviado por el portavoz de los senadores del PP es el siguiente:

"El pacto previo suponía (10 Psoe + 10 PP + el Presidente (Magistrado del Supremo) Psoe = 21 ) y sin derecho a veto de los candidatos propuestos por el otro.

= (12 jueces + 8 juristas de reconocido prestigio (JRP) + 1 Presidente) = 21

= ((3 jueces PP Congreso + 3 jueces Psoe Congreso + 3 jueces PP Senado + 3 jueces Psoe Senado) + ( 2 JRP PP Congreso + 2 JRP Psoe Congreso + 2 JRP PP Senado + 2 JRP Psoe Senado) + 1 Presidente = 21

Dicho de otra manera: El PP hubiera tenido 10 vocales, y el PSOE 10 vocales + el Presidente = 11.

Con la negociación, el PP tiene 9 vocales + el Presidente = 10, y el Psoe tiene 11 vocales.

Con otras palabras, obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, que fue vetado por Rubalcaba en 2013, y ahora no. Un presidente gran jurista con muchísima experiencia en el Supremo, que prestigiará el TS y el CGPJ, que falta le hace, y con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61. Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España.

Lo único que puede sonar mal son los nombramientos de algunos vocales del Psoe, pero el pacto previo suponía no poner vetos a nombres, para no eternizar la renovación que tiene fecha de caducidad el 4 de diciembre. En cualquier caso sacar a de Prada de la Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP.

Otra consideración importante, es que éste reparto 50% para los próximos años, supone más de lo que nos correspondería por el número de escaños o si hubiesen entrado otras fuerzas políticas.

En fin, un resultado esperanzador. Lo que leo estos días es de una ignorancia que raya el delito. Si alguien quiere más detalles, estoy encantado. Abzo fuerte".

https://www.elespanol.com/espana/politica/20181119/controlaremos-sala-segunda-cosido-justificando-psoe-cgpj/354214577_0.html

25. MAROTO: "LO MEJOR QUE LE PUEDE PASAR A UN HISPANOAMERICANO ES QUE SU HIJA SE CASE CON UN ESPAÑOL"

El dirigente del PP critica a los inmigrantes que vienen "solo a cobrar ayudas sociales o a poner en grave riesgo la convivencia"

El vicesecretario de Organización, Javier Maroto, ha señalado este lunes al colectivo de migrantes latinoamericanos en España como un ejemplo de integración en España. Así ha puesto como muestra de ello que hay matrimonios entre latinoamericanos y españoles.

Preguntado por la influencia de VOX en la negociación de un Gobierno de Andalucía, y después de que tanto PSOE como Podemos hayan llamado a generar un dique contra la ultraderecha, Maroto ha querido poner en valor que el "eje central" del Ejecutivo andaluz será el programa del PP.

En este sentido, ha dicho que, bajo ese eje del PP, "no cabe" que alguien pueda ser excluido por su color de piel. Sin embargo, ha señalado que sí "tiene un problema", bajo el prisma de 'Génova', quien viene a España "solo a cobrar ayudas sociales o a poner en grave riesgo la convivencia, o no acepta las leyes y la cultura occidental".

Llegado este punto, Maroto ha querido poner en valor que frente a esta problemática existen colectivos de migrantes que destacan por su integración en la sociedad española, y ha puesto como ejemplo a la comunidad hispanoamericana.

"Está el colectivo de hispanoamericanos de personas que vienen a España con el objetivo de hacerlo de forma legal, ordenada y respetando la cultura y nuestras leyes occidentales, el ejemplo más evidente es que muchas personas hispanomericanas lo mejor que le puede pasar a su vida en España es que su hija se case con un español", ha señalado.

"Ojalá dijera eso todo el mundo que viene a nuestro país, lo estamos diciendo, y es una idea que compartirá mucha gente", ha explicado, apuntando que no hay "nada más insolidario" que los abusos de las ayudas sociales.

https://www.elplural.com/politica/espana/javier-maroto-partido-popular-inmigrantes-hispanoamericano-casarse-espanol_207464102

26. PP Y CIUDADANOS HAN BLOQUEADO 58 VECES LA REFORMA DE LA LEY DE LA QUE SE HA BENEFICIADO EL EXPRESIDENTE DE MURCIA

El expresidente de Murcia se ha librado este jueves de una investigación por corrupción porque se ha agotado el plazo de la investigación

El Gobierno de Rajoy limitó esos plazos a través del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el PP pelea por mantener esa reforma

Las asociaciones de jueces y fiscales llevan años pidiendo su derogación y alertaron de que el pasado 6 de diciembre acababa el plazo para multitud de investigaciones

El Partido Popular y Ciudadanos han bloqueado en el último año y medio en 58 ocasiones una iniciativa parlamentaria de Unidos Podemos que prevé derogar la reforma legal que establece plazos de caducidad a la instrucción de las causas penales. El Gobierno de Mariano Rajoy promovió una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar a seis meses la investigación de las causas penales y a 18 meses, prorrogables a otros 18, aquellos casos declarados complejos. La reforma entró en vigor en diciembre de 2015 tras ser aprobada en solitario por la mayoría absoluta del PP.

La medida contó con la oposición de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, que llevan advirtiendo desde entonces de que aumentaría la impunidad al propiciar el archivo de grandes causas. El desacuerdo con la medida logró unir a colectivos de todos los espectros ideológicos. También los secretarios judiciales o el Consejo General de la Abogacía se posicionaron en contra del cambio de regulación.

Precisamente gracias a esta reforma el expresidente de Murcia con el PP Pedro Antonio Sánchez ha conseguido evitar su primer juicio por corrupción. La Audiencia Provincial de esa comunidad autónoma lo absolvió este jueves de una de las tres causas que tiene abiertas después de que su abogado alegara durante la vista de las cuestiones previas que el plazo para investigar se había agotado antes de que se hubiera estipulado la complejidad de la causa y que eso obligaba a declarar nulas todas las diligencias. Sánchez, que sigue procesado en los casos Auditorio y Púnica, dimitió en abril de 2017 acorralado por esas acusaciones.

A pesar de que el cierre de esa investigación es consecuencia de la ley que aprobó el PP, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha asegurado que el archivo supone la confirmación de que "se han vulnerado los derechos fundamentales de una persona". "No podemos permitir que esto ocurra en una democracia", ha añadido.

Aunque ya no está en el Gobierno, el PP sigue bloqueando que pueda derogarse esta polémica reforma. Para ello está contando con el apoyo de Ciudadanos. Desde junio de 2017 ambas formaciones han votado hasta en 58 ocasiones a favor de la ampliación del plazo de enmiendas de una proposición de ley de Unidos Podemos que pide su derogación. En la práctica, esto supone la paralización del trámite parlamentario de la iniciativa y dilata en el tiempo la posibilidad de que pueda ser aprobada.

El texto de Unidos Podemos tiene un único artículo: la derogación de la limitación temporal a la instrucción de sumarios de causas penales. Se registró en el Congreso en marzo de 2017, pero las continuas dilaciones que impusieron PP y Ciudadanos han alargado los trámites.

Una vez desbloqueado el plazo de enmiendas, el PP ha presentado una enmienda de totalidad para hacer un último intento de que el Congreso no tumbe su reforma. En la exposición de motivos defienden que su recorte de los plazos de instrucción responde a la necesidad de "evitar dilaciones indebidas". Recordaron la frase de esa primera iniciativa, en la que se decía que la reforma eliminaba "cualquier riesgo de impunidad".

"Gracias a esta reforma puntual, las instrucciones eternas, que en ocasiones rondaban los diez años han sido afortunadamente superadas", insiste el Grupo Popular, que registró esta enmienda hace un par de días.

Su texto apenas tiene un par de modificaciones respecto a la reforma de 2015. El PP amplía algunos supuestos para pedir una prórroga de las causas y establece que el juez instructor deberá avisar al Ministerio Fiscal un mes antes de que concluya el tiempo para pedir una de esas prórrogas.

El PP está orgulloso de su reforma y de hecho ha echado mano de ella en un caso judicial. Los abogados del partido trataron de impedir que continuase la investigación de la caja B: argumentaron que la causa no se había declarado compleja por lo que, según la norma que aprobaron desde el Gobierno, debía cerrarse.

Los letrados del partido argumentaron que la Fiscalía no había pedido la prórroga y que, según el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez no podía extender más la investigación sobre los pagos en B al PP por parte de grandes empresarios. También afirmaron que no se había argumentado esa extensión del plazo. El juez no compró esos argumentos y situó el fin de la investigación a 2019.

Jueces y fiscales piden su derogación

Las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales han cargado contra la reforma de los plazos de instrucción desde que entraron en vigor. Trataron sin éxito de que el anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, viese que la limitación que había puesto a las investigación iba a provocar que algunas se cerrasen en falso. Aquella fue tan solo una de las cuestiones que durante los últimos años enfrentaron a Catalá con todas las asociaciones, que llegaron a pedir en bloque su dimisión.

Con el cambio de gobierno, los colectivos progresistas y conservadores vieron la oportunidad de recuperar algunas de esas reivindicaciones, que la ministra Dolores Delgado había compartido con ellos como miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Además, contaban con que la derogación de los plazos de instrucción había sido una de las promesas del PSOE en la oposición.

Pero el tiempo transcurrió sin que el Gobierno aprobase ninguna iniciativa desde el Consejo de Ministras para acabar con el 324. La vía parlamentaria seguía su curso pero con lentitud. Hace unas semanas, la UPF envió cartas a todos los grupos parlamentarios para alertarles de que el 6 de diciembre vencía el plazo para instruir las causas complejas iniciadas antes de la entrada en vigor del artículo 324.

Es decir, aquellas que se hubiesen prorrogado hasta el límite legal finalizaban forzosamente ese 6 de diciembre, tres años después de la entrada en vigor de la reforma. "Supone, fundamentalmente, una amenaza para la efectiva reparación de todas las víctimas", añadía esa misiva.

En la carta que recibieron los diputados del PP, además, se les recordaba que el presidente del partido, Pablo Casado, se había comprometido ante las asociaciones a derogar el 324. No solo no ha cumplido su palabra, sino que está haciendo todo lo posible por salvar esa reforma.

Esas asociaciones se reunieron ayer con la ministra de Justicia, dentro de la ronda de encuentros que mantienen para tratar las diversas reivindicaciones de jueces y fiscales. Trataron la derogación del 324, pero el Ministerio se limitó a señalar que existían algunos "escollos parlamentarios" que lo impedían.

Unos plazos de investigación insuficientes

El recorte de los plazos de instrucción entró en vigor el pasado 6 de diciembre. La reforma establece que las causas tienen un plazos máximo de instrucción de seis meses. Transcurrido ese tiempo, la Fiscalía podía solicitar que se ampliase a 18 meses por tratarse de “una causa compleja”. Cabía una última prórroga a un total de 36 meses, es decir, tres años de investigación que para algunos casos es un periodo que se queda extremadamente corto.

Como ejemplo, la investigación de la pieza principal del caso Gürtel -cuya sentencia provocó la moción de censura- comenzó en 2008 y no se dictó auto de apertura de juicio oral hasta 2015. Aún hay piezas que no se ha terminado de investigar una década después de que estallase el caso. Noos necesitó cuatro años de investigación para sentar en el banquillo a Iñaki Urdangarin y a la infanta Cristina.

Además, el modelo instaurado por el PP tiene varias trabas. La primera, que obliga a una celeridad en los trámites judiciales que no se acompañó con mayor dotación presupuestarias. Además, la decisión de pedir una prórroga queda en manos de los fiscales, que no son quienes controlan la instrucción. Estos deben pedir a los jueces que amplíen el plazo. Los magistrados no pueden acordarlo por iniciativa propia, así que depende de que a los fiscales no se les pase un plazo que no tienen bajo su control.

También hay otras circunstancia que provocan dilaciones en el proceso. Por ejemplo, cuando algunos casos con aforados presentan dudas sobre qué tribunal es competente, esa circunstancia puede tardar varios meses en resolverse. Mientras tanto, los plazos corren sin que la investigación pueda avanzar.

https://m.eldiario.es/politica/PP-Ciudadanos-bloqueado-Congreso-instruir_0_848315959.html

27. RAJOY VULNERÓ LA LEY AL GOBERNAR DIEZ MESES SIN CONTROL PARLAMENTARIO

El Constitucional sentencia que el Ejecutivo en funciones del PP debió acudir al Congreso a rendir cuentas

El varapalo ha tardado en llegar, pero ha llegado. Casi seis meses después de que Mariano Rajoy abandonase La Moncloa, el Tribunal Constitucional ha concluido que el Gobierno del PP vulneró la Ley Fundamental al no someterse al control de las Cortes durante los más de diez meses en los que estuvo en funciones, desde que se convocaron las elecciones de 2015 hasta que el dirigente conservador volvió a ser investido en octubre de 2016. En una sentencia unánime de todo el pleno, los magistrados consideran que el Ejecutivo popular "menoscabó la atribución constitucional" del Congreso de los Diputados.

El tribunal otorga así la razón a la entonces oposición, que recurrió al Constitucional después de que el Gobierno popular se negase reiteradamente a acudir al Congreso. El Ejecutivo de Rajoy alegaba que le amparaba la Ley Fundamental y que, al encontrarse en funciones, no tenía que someterse al control parlamentario. "No estamos ante una cuestión de voluntad, sino de estricto cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico", llegó a afirmar la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, pese a la existencia de leyes que obligan al Gobierno a comparecer ante el Congreso aunque esté en funciones.

Pero el Constitucional desmonta ahora los argumentos del Ejecutivo del PP. La sentencia destaca que el control corresponde a las Cortes y negárselo "afectaría al equilibrio de poderes". De hecho, según insiste el pleno del tribunal, "el hecho de que un Gobierno esté en funciones no impide esa función de las Cámaras, en la medida en que el Ejecutivo sigue desarrollando actividad y esta no puede quedar exenta del control de las Cortes". "Sin perjuicio de que [esa labor de supervisión] habrá de adecuarse a la propia situación del Gobierno en funciones", matizan los magistrados.

El PP defendía que, puesto que el Congreso salido de las urnas de 2015 no había dado "su confianza" al Gobierno al no investir como presidente a Rajoy, este no tenía que someterse a su control. Una relación que "no se infiere de nuestra Constitución" y "ha frustrado el ejercicio de una atribución que la Cámara considera como propia", según subraya el tribunal en su sentencia, fechada el pasado 14 de noviembre. Un dictamen donde se insiste en que la función de control es "consustancial a la forma de gobierno parlamentaria" y "no puede verse limitada más que allí donde la Constitución así lo ha entendido preciso".

Este conflicto político que resuelve el Constitucional con este nuevo dictamen, supuso un largo enfrentamiento en la Cámara, que comenzó cuando Pedro Morenés, titular de Defensa, se negó a comparecer en el Congreso tras pedirlo el PSOE a raíz de los acuerdos adoptados en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN, celebrada los días 10 y 11 de febrero de 2016 en Bruselas. Pero solo fue un caso de varios.

Tras las quejas de los grupos parlamentarios, el Gobierno comunicó oficialmente al Parlamento que no se sometería a su control, lo que abrió un "conflicto institucional grave", en palabras del entonces presidente de la Cámara, Patxi López. A continuación, el Congreso recurrió al Constitucional por un "conflicto de atribuciones", una iniciativa sin precedentes en democracia.

Los plantones del PP
Los plantones al Congreso, insólitos en la actual etapa democrática, fueron varios: Pedro Morenés, Jorge Fernández Díaz, Ana Pastor... El Gobierno en funciones se negó a rendir cuentas y su actitud le costó el reproche generalizado de la Cámara. Solo el PP se opuso a la iniciativa de llevar al Tribunal Constitucional (TC) la cuestión. El Senado, donde los populares cuentan con mayoría absoluta, también dio la razón al Hemiciclo y aseguró que el Ejecutivo contradecía la Ley Fundamental. "Lo denunciamos y el TC nos ha dado la razón: el Gobierno del PP en funciones vulneró los derechos de los españoles representados en las Cortes, al negarse a someterse al control parlamentario", ha celebrado Rafael Simancas (PSOE) este jueves.

https://elpais.com/politica/2018/11/22/actualidad/1542895067_131665.html

28. MUERE EL PADRE DE MARIANO RAJOY

Mariano Rajoy Sobredo, magistrado jubilado de la Audiencia de Pontevedra, fallece a los 97 años

Hace años se hizo famosa, por constante, la estampa de un anciano flaco, excesivamente bronceado, pelo rizo y blanquísimo, caminando a buen ritmo por la orilla de la playa de Silgar, en Sanxenxo (Pontevedra). Un paseo y otro, como mandan los cánones, hasta cumplir varios largos de un arenal de 800 metros de largo. ¿Qué edad tenía aquel hombre de gafas? Quizás entonces ya estaba por encima de los 85 años. Lejos de la primera claudicación en 2011, cuando a los 91 años tuvo una fractura de cadera en Sanxenxo, y de la segunda en 2012, cuando sufrió un ictus. Un año después se fue a vivir con su hijo mayor a la residencia habitual de éste, el palacio de La Moncloa. Y este jueves, con 97 años, Mariano Rajoy Sobredo, expresidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra y padre del expresidente del Gobierno

https://elpais.com/politica/2018/11/01/actualidad/1541069567_072413.html

29. EL GOBIERNO DE RAJOY FRENÓ DOS AÑOS LA CONSTRUCCIÓN DE FRAGATAS EN NAVANTIA PARA ADAPTARLAS A LOS MISILES DE LA EMPRESA DE MORENÉS

Morenés impuso la instalación de misiles de la multinacional que presidió en España, paralizando la definición de un proyecto de 4.000 millones de euros que garantizaba diez años de carga de trabajo en Ferrol

La Armada estaba en contra de instalar el armamento que solicitaba el Ejecutivo del Partido Popular pero sus pretensiones no fueron escuchadas hasta el cambio de gobierno

Las órdenes del Gobierno de Mariano Rajoy para contratar armamento de la multinacional armamentística MBDA que Pedro Morenés presidió en España hasta su entrada en el Gobierno retrasaron durante años la puesta en marcha del contrato para construir cinco fragatas en los astilleros de Navantia en Ferrol.

Según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, fue ese empeño del anterior Gobierno en colocar a las embarcaciones militares ese modelo de misil fabricado por la multinacional en la que Morenés ejerció como alto ejecutivo hasta que fue nombrado ministro por Rajoy el que aplazó el inicio de los trabajos en los astilleros que la empresa pública tiene en Ferrol.

Durante la gestión de Morenés y Cospedal, Defensa impuso como "prioritaria" la implantación en las fragatas F-110 de los misiles Sea Ceptor, un tipo de proyectil que nunca había sido usado por la Armada Española y que la compañía del ministro estaba intentando colocar en el mercado internacional de la Defensa.

Esa insistencia retrasó dos años el proyecto de diseño técnico, según fuentes del Gobierno consultadas por eldiario.es, y llegó a provocar un enfrentamiento entre la cúpula de la Armada y la Dirección General de Armamento, controlada por el ministro. Fue en pleno verano, semanas después de la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez y de la toma de posesión de Margarita Robles como responsable de Defensa, cuando se desbloqueó la situación, se descartó la compra de ese modelo de misil y se sortearon los últimos trámites para que Navantia empiece, por fin, a construir las fragatas, algo que está previsto para los próximos meses.

Fuentes del entorno de Morenés reconocen que la Armada estaba en contra de implantar los misiles de la compañía MBDA, un gigante transnacional que factura miles de millones de euros y vende a un centenar de países, pero niegan una participación activa por parte del ministro en la elección del material bélico que su exempresa pretendía colocar en el mercado.

El programa técnico con el que Defensa trabajó durante la etapa de Morenés y Cospedal como ministros (entre 2015 y junio de 2018) calificaba como opción prioritaria" la instalación de los misiles Sea Ceptor que fabricaba la empresa de Morenés. El Gobierno de Sánchez decidió a principios de agosto tumbar el plan de sus antecesores y apostar por la solución más cómoda y que menos problemas de integración planteaba a la construcción de las fragatas: volver a la idea original de instalar los misiles desarrollados por el consorcio NATO del que España forma parte y que ya se usan en las fragatas F-100. Defensa asegura ahora que "está trabajando para que los trámites previos a la firma de la orden de ejecución finalicen los antes posible" y se pueda recuperar tiempo para cumplir el calendario del programa con Navantia, una empresa pública que depende de la SEPI.

En una respuesta parlamentaria por escrito a la diputada de En Marea, Yolanda Díaz, el Gobierno confirma que la discusión sobre las opciones para armar el buque retrasaron la puesta en marcha de un proyecto clave para una comarca, Ferrolterra, que lleva décadas sufriendo las consecuencias de la desindustrialización y cuyos trabajadores han salido a la calle para reclamar carga de trabajo.

Defensa tenía que elegir como armamento para los barcos de guerra entre los misiles que ofertaba la empresa de Morenés y otro modelo que ya está en servicio en las fragatas F-100, el Sea Sparrow Block 2.

Esta segunda opción tenía la ventaja, según las fuentes consultadas, de ser un modelo desarrollado por un consorcio internacional (NATO Sea Sparrow) del que España forma parte desde 1991 y al que se comprometió financiación de manera regular durante 15 años. El propio Morenés autorizó en 2013 un desembolso de 16,4 millones de euros de los presupuestos de la Armada para participar en la solución técnica del misil que, sin embargo, su gabinete acabaría calificando como "opción alternativa" frente al que fabricaba la empresa en la que él mismo había sido alto ejecutivo, como presidente de su filial española.

En resumen, el Gobierno del PP pagó por el desarrollo de un misil con los principales socios militares de España mientras intentaba comprar otro modelo diferente en el mercado privado. Las gestiones para implantar el armamento impuesto por la dirección del Ministerio retrasaron la definición del proyecto técnico, imprescindible antes de dar luz verde al inicio de la construcción de las fragatas.

En una intervención parlamentaria, la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, insinuó hace unas semanas la existencia de "intereses empresariales" del PP en la decisión sobre las armas que llevarían las fragatas. Durante aquella sesión de control al Gobierno y a preguntas del PP, Robles aseguró: "Como consecuencia de su actuación, los ciudadanos españoles están teniendo que pagar mucho dinero para suplir sus omisiones y que puedan tener trabajo en Navantia en Ferrol y Cartagena".

El entorno de Morenés defiende que sus gestiones no supusieron un retraso "porque nunca hubo un calendario de construcción" para esas fragatas. "Lo único que hizo la dirección general de armamento fue buscar un misil de fabricación europea para no depender en exclusiva del material americano. El ministro no tuvo participación alguna en esa decisión", sostienen las mismas fuentes.

El Consejo de Ministros aprobó en octubre de 2015 el lanzamiento del programa tecnológico previo a la construcción de las fragatas F-110 que incluía las indicaciones sobre el tipo de misil que quería implantarse en el conjunto. Morenés se ausentó de esa deliberación para evitar un conflicto de intereses y dejó en manos del Ministerio de Hacienda la firma del programa que supuso un primer desembolso de 12 millones de euros. Durante todo el proceso su Ministerio manifestó la preferencia por el armamento de su exempresa, MBDA.

Los misiles elegidos por el departamento de Morenés suponían un problema de ingeniería para su adaptación a las fragatas pero ofrecían la ventaja de plantear un desarrollo de aplicación para los tres ejércitos. El Sea Ceptor es un misil de corto alcance, desarrollado por MBDA como parte de un proyecto para Reino Unido. La idea de desarrollo se basa en la construcción de un misil compatible para los tres ejércitos y que ofrezca sus diferentes versiones adaptables a las lanzaderas navales, de tierra o aire. La Marina española era la entrada que MBDA buscaba para vender sus productos a los tres ejércitos. Tras el desembolso provocado por el ensayo, la operación ha quedado desactivada con el cambio de Gobierno.

4.000 millones y diez años de carga de trabajo

La construcción de las Fragatas F-110 supondrá un volumen de inversión de 4.000 millones de euros y dará carga de trabajo a los astilleros ferrolanos durante al menos una década. El contrato para su construcción todavía no se ha firmado aunque el senador del PSOE Angel Mato aseguró este miércoles que ese contrato estará listo para su rúbrica antes de que finalice el año.

Los cálculos que baraja el Ministerio aseguran la creación de 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la comarca de Ferrolterra asociados a la construcción de los buques. De ellos, 1.300 empleos serían directos, 2.000 asociados a la industria auxiliar y otros 3.500 empleos indirectos generados por otros suministradores.

https://m.eldiario.es/politica/Gobierno-Rajoy-construccion-F-110-Morenes_0_832917484.html

30. ENRIQUE CEREZO FICHA A CATALÁ, EL MINISTRO DE JUSTICIA AL QUE RECURRIÓ PARA SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS JUDICIALES

El empresario acordó con Ignacio González recurrir al ministro para tratar de frenar la investigación del caso Ático y ahora lo incorpora al Atlético de Madrid
Cerezo y Catalá hablaban a menudo del avance de la investigación, según dijo el empresario: "No se lo tengo que decir, siempre lo recuerda él"

El exministro, aún diputado, ha recibido autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses para entrar como patrono a la Fundación del club de fútbol

Rafael Catalá, hasta hace unos meses ministro de Justicia con el PP y aún diputado en el Congreso, se va a incorporar como patrono a la Fundación del Atlético de Madrid, el club que preside el empresario Enrique Cerezo. Ambos mantienen una amistad que el empresario no dudó en utilizar cuando él y otro de sus amigos, Ignacio González, se vieron en apuros judiciales por el caso Ático. La Unidad Central Operativa (UCO) agrupó todas esas maniobras en un informe que destacaba sus tintes mafiosos.

Según ha adelantado este jueves El Confidencial, Catalá ha recibido autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses. Así lo recoge el Portal de Transparencia, donde se informa de que el pasado lunes Catalá obtuvo permiso para incorporarse a cuatro puestos: en la Fundación del Atlético de Madrid, en el Colegio de Abogados, en el bufete Herbert Smith Freehils y en la Fundación de Legálitas.

Catalá y Cerezo son dos viejos conocidos y han compartido en varias ocasiones palco para ver los partidos del Atlético de Madrid del que el exministro es aficionado. Cuando todavía estaba al frente de la cartera de Justicia, Catalá viajó en el avión que el club fletó para que una comitiva repleta de personalidades viajara a la final de la Champions League de Milán de 2016. Allí Catalá se fotografió con el propio Cerezo, que ya llevaba tiempo imputado junto a González por cohecho y blanqueo de capitales en el caso que investiga la procedencia del dinero que pagó el ático de lujo que el político tiene en la localidad de Estepona (Málaga).

Ese caso llevó a que, unos meses después de ese viaje, Cerezo tratase de recurrir a su amigo, siendo este el máximo responsable del ministerio de Justicia, para que le echase una mano a él y al expresidente de la Comunidad de Madrid. Así lo revelaron las escuchas policiales que efectuaron los investigadores del caso Lezo y los mensajes que intervinieron en sus teléfonos móviles. Cerezo e Ignacio González recurrieron a él y a todos los contactos a su alcance para tratar de frenar esa investigación, todavía abierta en un juzgado de Málaga.

Las primeras conversaciones captadas por los agentes de la UCO se remontan a agosto de 2016. González y Cerezo se preguntan si la única forma de frenar esa investigación es "pegarle dos tiros a la juez". Luego intentan trazar una estrategia mas realista que pase por presionar al fiscal del caso Ático. El empresario recomienda esperar a septiembre para hablar con él, pero acuerdan ya cómo le deben abordar para obtener resultados: "Estamos teniendo más paciencia de la que teníamos que tener, porque si quieren guerra, vamos a tener guerra".

Ambos interlocutores vuelven a hablar en octubre en otra charla grabada por la policía en la que lamentan que sus gestiones no dan resultados. Es a partir de este punto cuando Cerezo y González apuntan al ministro de Justicia como la persona que les puede ayudar a cerrar la investigación.

El empresario y presidente del Atlético de Madrid relata en una conversación que habla a menudo con Catalá "por el tema del Estadio", y que el ministro le ha prometido que se estaba ocupando de las gestiones que le habían pedido. "Me dijo lo mismo, que lo estaban mirando", explica Cerezo, que añade que suelen hablar sobre el caso del ático a menudo. De hecho, comenta que es el propio ministro quien saca el tema durante sus encuentros: "No se lo tengo que decir, siempre lo recuerda él".

En otra ocasión, es González quien se felicita de sus gestiones. En un SMS dice que el ministro de Justicia le contestó a su felicitación por el nombramiento. "A mí me puso el otro día un mensaje encantador (…) A ver si terminamos con los líos y tal, bueno vale macho, pues lo que quieras, ja, ja". Cuando trascendió la existencia de ese mensaje, el titular de Justicia intentó justificarse diciendo que se refería a la "convulsa" situación política, pero González no lo interpretó así.

En otra conversación vuelven a hablar de la investigación del ático y González muestra su desesperación al no saber cómo avanza el caso, si Suiza ha contestado ya a "las comisiones rogatorias de los cojones". Llega a decir que va a ir directamente a hablar con el ministro de Justicia para pedirle explicaciones: "Yo tengo ganas de echarme un día a la cara a Rafa, porque Rafa yo creo que lo sabe".

Catalá fue solo uno de los frentes que abrieron Cerezo y González para zafarse de la investigación. También hablaron con un exvocal del Consejo General del Poder Judicial () para tratar de averiguar a quién se iba a nombrar fiscal general del Estado, para que luego este influyese en el resto de fiscales que perseguían a González y Cerezo. De hecho, ambos se felicitan cuando se nombra a José Manuel Maza y hablan de que hay que decirle a Catalá que Manuel Moix es un buen candidato para Anticorrupción. También Moix fue finalmente nombrado, aunque apenas duró unos meses en el cargo.

Tal fue el afán de los dos imputados por mover hilos para cerrar la investigación que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil comparó sus movimientos con los del "crimen organizado". González resume sus movimientos en una charla en la que se envalentona al hablar sobre los avances en sus contactos para librarse de los casos judiciales: "Tenemos el Gobierno y el Ministerio de Justicia". La Guardia Civil, eso sí, duda en sus informes de los resultados de esas maniobras. Ambos siguen imputados en el caso ático a pesar de todas sus maniobras.

Catalá abandonó el Ministerio de Justicia como consecuencia de la moción de censura pero mantiene su escaño en el Congreso. Dejó la cartera después de haber sido reprobado junto con Maza -el primer fiscal en la historia en ser reprobado- por el Congreso por sus injerencias en varios casos de corrupción. Ahora será de la mano de Cerezo patrono de la Fundación del Atlético de Madrid, dedicada a "contribuir a través del deporte en actividades humanitarias, culturales, educacionales y de investigación".

Hace unas semanas fue el dirigente que negoció la reforma del Consejo General del Poder Judicial por encargo del presidente del PP, Pablo Casado, hasta que este decidió romper unilateralmente la negociación con el PSOE y presentar una iniciativa para modificar los trámites de elección de los vocales.

https://m.eldiario.es/politica/Cerezo-Catala-exministro-Justicia-solucionar_0_840966747.html


31. EL EXMINISTRO DE LA SERNA FICHA POR LA EMPRESA TECNOLÓGICA NEC, ADJUDICATARIA DURANTE SU MANDATO EN SANTANDER

La compañía es la responsable de la plataforma Smart City a través un contrato que se concedió en la recta final de su Alcaldía por casi dos millones de euros

El exalcalde firma un acuerdo con la empresa para "colaborar en la implantación de las smart cities" y formará parte de su consejo asesor

De la Serna fichó en septiembre por la empresa de 'cazatalentos' de Esperanza Aguirre tras convertirse en el único miembro del Gobierno de Rajoy en paro

El exalcalde de Santander y exministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP), ha anunciado su fichaje por la empresa tecnológica NEC, una compañía que es la responsable de uno de sus proyectos estrella, la plataforma Smart City Santander, a través un polémico contrato que se adjudicó en la recta final de su mandato en el Consistorio por casi dos millones de euros.

De la Serna ha firmado un acuerdo con la compañía de origen japonés "para colaborar como asesor en la implantación de las smart cities", según ha informado este jueves la propia multinacional. En concreto, el exalcalde formará parte del consejo asesor de la firma para "ofrecer su conocimiento y experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas multidominio en el ámbito del IoT, Big Data, y las smart cities, tanto a escala nacional como internacional".

De la Serna, que el pasado mes de septiembre había fichado por Seeliger y Conde, la misma empresa de 'cazatalentos' que Esperanza Aguirre, tras convertirse en el único miembro del Gobierno de Rajoy que se había quedado en paro tras la moción de censura, se ha mostrado muy satisfecho con su nuevo rumbo profesional: "Estoy encantado de aportar mi experiencia a los proyectos de vanguardia tecnológica que NEC tiene a nivel internacional", ha resaltado.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de NEC Ibérica, Jaime Serrano, ha destacado que la incorporación del exministro de Fomento al proyecto supone "un gran paso adelante" en el objetivo de posicionar a NEC como líder de la transformación digital en ciudades, territorios y entidades. "Sin duda, Íñigo de la Serna aportará no solo su liderazgo tecnológico, sino también su visión estratégica para acometer el alcance que tienen estos complejos proyectos", ha señalado.

El acuerdo entre la compañía y el exministro de Fomento se ha firmado durante la celebración en Barcelona del Smart City Expo y ha generado una gran sorpresa en el entorno político de De la Serna, que había anunciado el pasado mes de julio que dejaba la política activa tras más de dos décadas en cargos públicos para volver al sector privado.

Proyecto estrella como alcalde

De la Serna, que cumplirá en enero 48 años, ha sido asesor, jefe de gabinete, concejal, alcalde y ministro, en una carrera política que se ha prolongado de manera ininterrumpida durante más de 20 años. Además, fue presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y encabezó la Red Española de Ciudades Inteligentes tras su fundación, entre otras muchas responsabilidades políticas.

Y es que el desarrollo de Santander como smart city fue uno de sus proyectos estrella como alcalde. A lo largo de sus diez años al frente del Ayuntamiento de Santander lo convirtió en uno de sus buques insignia e impulsó multitud de iniciativas relacionadas con esta propuesta de ciudad.

Adjudicaciones a NEC

En el caso concreto de su nuevo destino profesional, la Junta de Gobierno Local de Santander aprobó en diciembre, apenas un mes después de la marcha de De la Serna, la adjudicación de la plataforma Smart City y la puesta en marcha de la oficina técnica del proyecto a la UTE formada por las empresas Telefónica y NEC, por un importe de 1.787.152 euros y con un plazo de cuatro años para su desarrollo y posterior implantación.

Este contrato, que había sido inicialmente adjudicado a la empresa Indra, hubo de someterse nuevamente a valoración por el órgano de contratación municipal, tras el recurso planteado por la nueva adjudicataria. En su resolución, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales estimó que uno de los méritos aportados por la UTE debió de ser valorado en su día por el órgano de contratación.

Además, el Ayuntamiento de Santander y la empresa japonesa NEC pusieron en marcha, bajo el mandato de De la Serna, la herramienta que muestra de forma visual los datos recogidos por los sensores de la ciudad y el funcionamiento de los servicios que, como los residuos, la movilidad, el agua o la energía, se vayan incorporando a la plataforma de gestión inteligente 'SmartSantander'.

NEC también lleva a cabo junto a la concesionaria de basuras en Santander, ASCAN-GEASER, un proyecto en el ámbito de la recogida de residuos, que "dota al servicio de la inteligencia necesaria para el análisis de datos en tiempo real como herramienta para la toma de decisiones en su gestión".

Pese a estas relaciones entre De la Serna y la empresa por la que acaba de fichar, la Oficina de Conflicto de Intereses no ha puesto ningún reparo porque la legislación sobre incompatibilidades no afecta a los alcaldes, solo a los altos cargos de la Administración General del Estado. En la actualidad, no se establece prohibición alguna para el desarrollo de actividades privadas después del cese del cargo de concejal y se permiten este tipo de puertas giratorias.

https://m.eldiario.es/norte/cantabria/politica/Inigo-Serna-tecnologica-NEC-incorpora_0_836066528.html


32. DE LA SERNA FICHA POR LA MISMA EMPRESA DE CAZATALENTOS QUE ESPERANZA AGUIRRE

El exministro de Fomento, único miembro del gabinete de Rajoy que se había quedado en paro tras la moción de censura, ficha por la firma Seeliger y Conde

Poco tiempo ha durado Íñigo de la Serna en paro. El exministro de Fomento ya ha encontrado acomodo en la empresa privada a través de la firma Seeliger y Conde, dedicada a la captación de talentos para las principales compañías del Ibex 35, la misma que fichó a Esperanza Aguirre en 2013 cuando esta dimitió como presidenta de la Comunidad de Madrid y renunció a su acta de diputada.

Tras prosperar el pasado mes de junio la moción de censura que catapultó al socialista Pedro Sánchez a La Moncloa, el 'todopoderoso' ministro de Fomento pasó a engrosar las listas del desempleo y a ser un militante de base más del PP, ya que un año y medio antes -en noviembre de 2016- había renunciado a su cargo como alcalde de Santander para integrarse en el gabinete de Mariano Rajoy. De hecho, De la Serna había sido el único ministro que había solicitado la indemnización de 4.773 euros al mes -el 80% de su sueldo- a la que tiene derecho durante dos años al dejar el puesto.

Durante la contienda por el liderazgo del PP, De la Serna se implicó muy activamente en la campaña de Soraya Sáenz de Santamaría, quien había sido una de sus principales valedoras y artífice de su salto a la política nacional después de haber ejercido durante casi una década como regidor del Consistorio santanderino y haber ostentado la presidencia de la FEMP. La derrota de la exvicepresidenta del Gobierno frente a Pablo Casado llevó al exministro a anunciar poco tiempo después su retirada de la primera línea política y su deseo de incorporarse a la empresa privada.

El nuevo presidente del PP llegó a ofrecer a De la Serna un cargo como secretario de área dentro de la nueva Ejecutiva del partido, una oferta que rechazó y que fue calificada como una "humillación" por parte de su entorno al considerarla un cargo muy menor.

Ahora, el exministro anuncia su fichaje por Seeliger y Conde, a la que se incorporará en calidad de socio. Esta firma tiene sedes en Barcelona y Madrid, cuenta con una treintena de empleados y facturó el año pasado cerca de 30 millones de euros.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Íñigo de la Serna (Bilbao, 1971) trabajó en una empresa de ingeniería de Cantabria antes de enrolarse muy joven en la política. En 1999 fue nombrado jefe del gabinete del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. En la siguiente legislatura, en 2003, fue elegido concejal de este mismo área en el Ayuntamiento de Santander, y tres años después ganó las elecciones municipales y se convirtió en alcalde, cargo en el que estuvo hasta que fue designado ministro en noviembre del 2016.

En Cantabria, dentro de su partido suma tantos admiradores como detractores. Es considerado como uno de los principales responsables de la división interna que atraviesa el PP, al ser uno de los urdidores de la estrategia para desbancar de la presidencia del partido a Ignacio Diego, con quien mantiene una fuerte enemistad, en favor de María José Saénz de Buruaga, que había sido nombrada vicepresidenta del Gobierno regional y número 2 de la formación precisamente por Ignacio Diego.

El proceso de primarias desembocó en una guerra interna que a día de hoy no ha cicatrizado y cuyo resultado está impugnado en los tribunales por el 'sector crítico', que perdió por tan solo cuatro votos de diferencia entre acusaciones de "pucherazo".

https://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Serna-empresa-cazatalentos-Esperanza-Aguirre_0_819268188.html

33. JOSÉ MANUEL SORIA: EL MINISTRO DE RAJOY QUE ACABÓ VENDIENDO COCHES EN EL CARIBE

El extitular de la cartera de Industria participó este viernes en el Foro Empresarial organizado con motivo de la visita de Pedro Sánchez a La Habana

Soria representa a un gran concesionario de Volkswagen con sede en Canarias que pretende vender vehículos en Cuba, según ha relatado el propio exministro a eldiario.es

La mañana de este viernes José Manuel Soria esperaba como un empresario más la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Foro Empresarial que Moncloa había organizado en un hotel del centro de La Habana. En total había más de 200 compañías representadas en un encuentro pensado en el marco de la visita oficial de Sánchez a Cuba. El presidente había preparado un discurso animando a las inversiones y ofreciendo el respaldo del Gobierno español. Entre los demás invitados al discurso de Sánchez estaba el exministro.

José Manuel Soria acudió a Cuba invitado por la Cámara de Comercio y en representación de la compañía de venta de automóviles Domingo Alonso, tal y como él mismo ha confirmado a eldiario.es. Este gran concesionario de Volkswagen, con más de 1.500 empleados, está especializado en la exportación de vehículos a países de Latinoamérica y Africa.

En Cuba la matriculación de vehículos está duramente restringida por el Gobierno, lo que ha disparado la inflación sobre el precio de los coches ya existentes. Esa política de limitación a la importación es una de las explicaciones del escaso tráfico tan característico en ciudades como La Habana.

La apertura que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quiere impulsar paralelamente a la aprobación de la nueva constitución es un motivo de optimismo para el empresariado español. Este sector reclama mayores facilidades para colocar sus productos en el mercado de la isla. José Manuel Soria pretende que sus vehículos encuentren en ese nuevo tiempo una posibilidad de mercado como ya tiene su compañía en países como Venezuela, México, Mozambique o Zimbawe.

En el caso de los vehículos, Cuba carece de restricciones medioambientales como las que a nivel europeo afectaron a los coches de una de las principales marcas que vende ahora el exministro. Además de representar los productos de Volkswagen, el concesionario para el que trabaja Soria distribuye vehículos de carga de la marca Man. El escándalo del fraude en las emisiones de los vehículos de Volkswagen cogió a Soria en el lado del Gobierno y al frente del departamento que inicialmente minimizó el caso.

Durante aquellos días, Volkswagen exigió a Soria que autorizase los motores trucados a cambio de mantener su inversión en España. La petición se realizó por carta y Soria acabaría respondiendo con un solución intermedia: España borró la mitad de la lista de vehículos, cuya venta se consideraba prohibida por su alto nivel de emisiones.

La presencia de Soria en Cuba rompe definitivamente la discreción con la que el exministro de Industria pretendió llevar sus relaciones con el grupo de venta de automóviles Domingo Alonso. Ahora ya no se oculta y en La Habana se ha comportado como un empresario más a la busca del mejor negocio en un país que vive en un constante anuncio de cambios.

En Moncloa pasaron por alto la presencia del exministro entre el grupo de empresarios invitados a un desayuno de trabajo con Pedro Sanchez. "Las invitaciones las gestiona la cámara de Comercio, no nosotros", aseguraba este viernes un portavoz del Gobierno desplazado a Cuba para la ocasión.

José Manuel Soria no es el primer exministro que ha intentado hacer negocios con Cuba tras abandonar el cargo. Hace solo unos meses la exministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, visitaba La Habana en representación de Telefónica, para quien trabaja como directora global de estrategia.

https://m.eldiario.es/politica/Jose-Manuel-Soria-Rajoy-Caribe_0_839216411.html

34. RATO VUELVE AL BANQUILLO POR LA SALIDA A BOLSA DE BANKIA, EL AGUJERO QUE SE TRAGÓ MÁS DE 22.500 MILLONES DE DINERO PÚBLICO

Este lunes arranca en la Audiencia Nacional el macrojuicio contra 35 personas físicas y jurídicas por la salida a bolsa de la entidad en 2011; menos de un año después, el Gobierno de Mariano Rajoy pedía a Europa el polémico rescate -siempre negado por el PP-. Hay sesiones programadas hasta finales de junio de 2019. Además del exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar, en el banquillo se sentarán otros VIPs como el exministro del PP Ángel Acebes, el exconsejero de la entidad José Antonio Moral Santín (IU) o el empresario Javier López Madrid, 'compi yogi' para la reina Letizia.

Es el juicio a una era; a la banca, y, aunque no figure entre los acusados, el Banco de España sí estará entre los testigos que deban dar explicaciones por este escándalo. Seis años y medio después de las primeras acciones judiciales en su contra, este lunes arranca en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) la primera sesión del juicio oral por la salida a Bolsa de Bankia, en julio de 2011, cuando el exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, aún estaba al frente de la entidad.

Bankia se embolsó de 24.424 millones de euros de dinero público, mientras cerca de 180.000 clientes que habían adquirido acciones veían sus ahorros evaporarse

Sólo un año después, Bankia se convertía en la caja más beneficiada por el rescate europeo concedido a España; se embolsó de 24.424 millones de euros de dinero público, mientras cerca de 180.000 clientes que habían adquirido acciones veían sus ahorros evaporarse. Hoy, la mayoría de ellos ha recuperado su dinero, pero el propio Banco de España reconocía este viernes que da por perdidos al menos 14.000 millones: calcula que el "importe recuperable estimado" ronda los 9.800 millones. Hoy por hoy, además, el Estado reconoce que sólo ha recuperado 5.150 millones del total del rescate. Costó 64.953 millones de euros.

De hecho, más que un juicio con acusados VIP -de Rato a Ángel Acebes, exministro de Aznar y exconsejero de la entidad, o Javier López Madrid, compi yogi- y testigos de alta alcurnia -entre ellos se espera a la presidenta del FMI, Christine Lagarde, el vicepresidente del FMI y exministro de Economía, Luis de Guindos, o el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez-, más allá de lo estrictamente judicial, la causa de Bankia representa el juicio a una era. El rescate coincidió además con los más virulentos recortes del Gobierno de Mariano Rajoy -el mismo que siempre ha insistido en negar el rescate-, con el consiguiente impacto social de estos "ajustes", según el argot del Ejecutivo.

Por otro lado, las dimensiones del juicio son mastodónticas: además de Rato hay 31 personas físicas y 3 jurídicas procesadas (Bankia, BFA y la auditora, Deloitte); cerca de 40 acusaciones, y sesiones programadas hasta finales de junio de 2019 -fecha que podría llegar a estirarse-. Las peticiones de cárcel van de los dos años y medio a los doce años de prisión.

Las dimensiones del juicio son mastodónticas: además de Rato hay 31 personas físicas y 3 jurídicas procesadas (Bankia, BFA y la auditora, Deloitte); cerca de 40 acusaciones

La jornada que arranca este lunes con las cuestiones previas es así la antesala de un largo proceso para la sección cuarta de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional, presidida por la magistrada Ángela Murillo -la misma que dictó sentencia por el caso de las tarjetas black-. Y comienza a lo grande, con la imagen de Rato sentándose en el banquillo en su primera salida de Soto del Real, exactamente un mes y un día después de ingresar para cumplir su condena de cuatro años y medio por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid.

Ilustres acusados

Pese al enorme número de personas que se sentarán en el banquillo, sólo cuatro de ellas han sido señaladas por el Ministerio Público por presunta estafa a los inversores. La Fiscalía y la Abogacía del Estado -en representación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB-, piden cinco años de cárcel para Rato; cuatro años para el exvicepresidente José Luis Olivas; tres para el exconsejero José Manuel Fernández Norniella, y dos años y siete meses para el exconsejero delegado Francisco Verdú, todos ellos por un delito del artículo 282 bis del Código Penal. No obstante, la Fiscalía les exime a todos del delito de falsedad contable, del que sí acusan la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Adicae y el movimiento popular 15MpaRato.

Además, la Abogacía del Estado solicita que los acusados sean declarados responsables civiles directos de la debacle de la entidad, y que compensen al FROB por el rescate. La Fiscalía, por su parte, reclama también que indemnicen de forma solidaria a los inversores minoristas personados en la causa, excluyendo a los ya resarcidos por la actual Bankia, que declara responsable civil subsidiaria.

Previsiblemente, las defensas impugnarán la legitimación de las acusaciones populares: Bankia y su matriz, BFA, pedirán la aplicación de la doctrina Botín, y recordarán que, de los 180.000 pequeños accionistas atrapados por la salida a bolsa, sólo quedarían por indemnizar cerca de 170 -según sus cifras-. A ellos habría que restar los que ya han fallecido, y se espera que Bankia se agarre a estos números para afirmar que ya no hay perjudicados.

Los nombres que se repiten en las 'black'

Como Rato, otros cinco usuarios de las tarjetas actualmente en prisión deberán comparecer en calidad de acusados, el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga y los exconsejeros José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, Jorge Gómez y José María de la Riva.

Por otra parte, del total de procesados, casi la mitad (14 de ellos) también fueron condenados por las black; repiten en esta lista el expresidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, el exdirector general de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez-Barcoj, y el empresario y exconsejero de OHL López Madrid, conocido como compi yogi, apodo que le otorgó la reina Letizia.

En resumen, se les acusa de cometer los supuestos delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011, y el delito de fraude a inversores, ante los indicios de que la información sobre la salida a bolsa de Bankia era falsa.

No obstante, la complejidad del proceso vendrá dada también por la gran cantidad de acusaciones. Sin ir más lejos, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que ejerce como acusación popular, pide 363 años y 6 meses de prisión para los 32 acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad documental. También solicita 12 años para Rato y los consejeros y directivos responsables de la salida a bolsa, y una indemnización de 800 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, incluidos BFA y Bankia, contra los que también dirige su acusación por omitir en el folleto informativo de la operación la información necesaria para los inversores.

Un folleto "incompleto"

En palabras del entonces fiscal, Alejandro Luzón -hoy al frente de Anticorrupción-, el folleto de salida a bolsa de la entidad era "incompleto" -no presentaba las cuentas anuales de Bankia-, y "deficiente", en tanto que "no reflejaba de manera adecuada la imagen final del patrimonio de la entidad". No obstante, el Ministerio Público matiza que las cuentas de BFA y Bankia no pueden calificarse "materialmente de falsas", ya que "no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias del regulador", informa EFE.

De hecho, según la Fiscalía, el principal problema del grupo no era el "forzado acomodo" a una normativa "elástica", sino la rentabilidad por ser un grupo con activos "poco rentables" y pasivos de alto coste, que generaba "pérdidas recurrentes muy importantes". Su escrito también reconoce que los minoristas asumieron un riesgo "extraordinariamente superior" al que conlleva siempre un movimiento bursátil, "merced a una información que no les advertía de los riesgos al socaire de una ficticia apariencia de credibilidad y solvencia".

https://www.publico.es/politica/juicio-bankia-rato-vuelve-banquillo-salida-bolsa-bankia-agujero-trago-22500-millones-dinero-publico.html

35. C.A.CASTILLA Y LEÓN. LA EMPRESA PATATERA DEL MARIDO DE LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN MULTIPLICÓ POR 30 SUS BENEFICIOS CUANDO ELLA DIRIGÍA AGRICULTURA

La empresa de la pareja de Silvia Clemente pasó de declarar medio millón de perdidas entre 2010 y 2012 a apuntar 2,8 millones de beneficios en 2014 en plena crisis

La mercantil Patatas Meléndez fue una de las primeras en recibir el sello de calidad Tierra de Sabor ideado por Clemente para promocionar los alimentos de la región

La Consejería de Agricultura firmó durante aquellos años un importante acuerdo para que los productos se vendiesen en las grandes cadenas de supermercados

Dos empresas de la familia recibieron tres millones de euros de ayudas públicas en Castilla y León, varias de ellas desde la consejería que presidía Clemente

Las empresas de patatas de Javier Meléndez, el marido de la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, experimentaron un crecimiento exponencial de sus beneficios durante los años en que la política segoviana dirigió la Consejería de Agricultura en el Gobierno de Juan Vicente Herrera. Una de las sociedades, Patatas Meléndez SL, pasó de apuntar en sus libros de contabilidad pérdidas por medio millón de euros entre 2010 y 2012 a registrar 2,5 millones de euros de beneficios el último año en que Clemente estuvo al frente del departamento de Agricultura.

Las sociedades de quien fue su novio desde 2008 y desde 2015 su marido consiguieron importantes subvenciones de la Administración regional. Según ha podido comprobar eldiario.es, Patatas Meléndez SL, la empresa que acabó en manos de Javier Meléndez tras sellar un pacto de confidencialidad con sus padres y hermano en enero de 2017 para poner fin a numerosos pleitos, fue la que recibió el grueso de las subvenciones del Gobierno de Herrera. Entre 2008 y 2018 (Clemente fue consejera hasta 2015 y luego saltó a la presidencia de Las Cortes de Castilla y León) el importe concedido es de 3,3 millones de euros, si bien dos de estas subvenciones fueron a cargo de la Agencia de Desarrollo Económico de la Consejería de Economía (143.569,88 euros, el 22% de lo solicitado) y el Centro de para el Desarrollo Tecnológico Industrial, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación (455.923,07 euros, el 44% de lo que reclamaba). Agroinnova SL, otra sociedad de la familia, recibió en la misma etapa 152.884,65 euros de ayudas del Gobierno regional.

Patatas Meléndez SL que sufrió grandes pérdidas durante 2010, 2011 y 2012 (533.503,34 euros de números rojos) empezó a remontar en 2013 cuando se anotó un beneficio de 90.003,15 euros. Pero su despegue definitivo estaba por venir. En 2014 ganó 2,8 millones de euros. En plena crisis económica, los beneficios de la empresa patatera se multiplicaron por 30. En 2015, el último año en que Silvia Clemente estuvo al frente de la Consejería de Agricultura -para pasar a presidir el parlamento regional- la firma de su marido declaró 2,5 millones de euros, que crecieron hasta los 3,1 millones el año siguiente. En 2017 se apuntó ganancias por seis millones.

Durante esos años en que su negocio vivió un crecimiento exponencial, Patatas Meléndez logró el sello de calidad de Tierra de Sabor, la marca que ideó Silvia Clemente desde la Consejería de Agricultura para distinguir a los alimentos de Castilla y León. La patata era uno de sus productos estrella. El logotipo, un corazón amarillo es, según algunas fuentes, un tubérculo. Fue diseñado por la prestigiosa agencia de publicidad 'Sra. Rushmore', que ganó el concurso para hacerse con la adjudicación que costó a las arcas públicas 200.000 euros. Según la agencia, el logotipo con forma de corazón hace referencia a conceptos de vida y salud y el color amarillo simboliza el campo castellano y el sol.

El presupuesto para Tierra de Sabor para el periodo 2008-2011 fue de 13,5 millones de euros. En noviembre de 2009, según informó la Consejería, la venta de patatas que se comercializaron bajo la marca Tierra de Sabor, aumentó un 60%. En ese momento, había 7 envasadores de patata fresca autorizados para esa comercialización, entre ellos, la de las empresas de Meléndez, que entonces ya era pareja de Clemente, aunque todavía no estaba casado con ella.

En 2011, la consejera Clemente firmó un acuerdo con la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), integrada por El Corte Inglés, Carrefour, Eroski y Alcampo, para la promoción de la venta de patata de Castila y León.

El pacto no estuvo exento de polémica. Un mes después de la foto de presentación, la Consejería de Agricultura arremetía contra las empresas de distribución a través de un comunicado y les acusaba de haber incumplido el convenio. El departamento de Clemente había detectado que seis cadenas de distribución realizaban "prácticas abusivas" en el precio de la patata y que algunas estaban comercializando tubérculo francés y perjudicando a los productores locales. La gran distribución recordó que en ninguna parte del acuerdo aparecía el compromiso que citaba Agricultura de "velar por que no se comercializaran las patatas por debajo de los costes". El abogado de los hipermercados se justificó apelando al excedente de producción ese año y a que no se podía impedir al consumidor que comprase patatas de otra procedencia, especialmente variedades que demandaban los clientes y que no se producían en Castilla y León.

Además de aquella guerra, la marca Tierra de Sabor siempre ha estado bajo la lupa por los gastos que generó al Gobierno de Juan Vicente Herrera. Un Informe de Fiscalización del año 2011 de Itacyl, un organismo paralelo de la administración bajo el control de Agricultura, ya recogía gastos injustificados: desde suculentos contratos publicitarios otorgados a dedo a programas como ‘Herrera en la Onda’ por 112.000 euros, a facturas en restaurantes madrileños especializados en sushi o alquiler de vehículos. Entre las incógnitas por despejar está el salario que la marca regional abonó al actor de CSI Gary Dourdan por un anuncio de televisión. El logotipo de Tierra de Sabor apareció en eventos de todo tipo desde conciertos de Depeche Mode o Mark Knopfler a campeonatos mundiales de pádel o foros de mujeres rurales. El primer plan de promoción puesto en marcha por Clemente invirtió en la marca 13,5 millones de fondos públicos entre 2008 y 2011. En una sola anualidad del segundo plan, en 2014, consumió otros 4,4 millones.

https://m.eldiario.es/politica/presidenta-Cortes-multiplico-Clemente-Agricultura_0_845516588.html

36. C.A.CASTILLA Y LEÓN . CINCO MILLONES POR DESVELAR DETALLES DE LA MANSIÓN: EL PACTO DE SILENCIO DEL MARIDO DE LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El empresario y pareja de Silvia Clemente firmó con sus padres un acuerdo extrajudicial que obligaba a las dos partes a callar sobre sus pleitos

El acuerdo redactado por dos equipos de abogados castiga con cinco millones a quien revele datos sobre las obras de un millón de euros cuya procedencia nadie ha logrado acreditar

El hoy marido de Silvia Clemente pactó abandonar el chalé que había remodelado, retirarse de los litigios familiares y que se mantuviese en secreto el pleito

El pleito familiar que afloró gastos de más de un millón de euros sin justificar en un chalé por parte del empresario Francisco Javier Meléndez, hoy marido de la vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, se cerró con un pacto de silencio que castiga a cualquiera que revele datos sobre la suntuosa reforma del chalé con cinco millones de euros de indemnización.

Es la cláusula más llamativa del acuerdo extrajudicial que el empresario patatero selló con su hermano y sus padres, los propietarios originales de la vivienda ubicada en Pedrosa del Rey, un pequeño pueblo vallisoletano, para poner fin a una serie de demandas cruzadas en los tribunales que arrancaron en 2015. A través de ese contrato, rubricado en enero de 2017, y al que ha tenido acceso eldiario.es, el empresario renunció a las obras realizadas entre 2010 y 2012 que había acometido en la casona familiar, donde instaló una piscina de agua salada climatizada y con jacuzzi, una sauna finlandesa, una fuente ornamental y otros lujos suntuosos en los que había invertido 1,1 millones de euros para convertirla en residencia de verano y de fines de semana.

Según los testimonios aportados en distintos procedimientos judiciales, la vivienda la disfrutaban durante esos primeros años Francisco Javier Meléndez y Silvia Clemente, entonces novia del empresario patatero y consejera de Agricultura en el Gobierno de Juan Vicente Herrera. Lo afirmó el propio el abogado de Javier Meléndez en uno de sus escritos en los que trataba de desvincular a la política castellanoleonesa de la obra millonaria asegurando que su pareja no aportó fondos para la rehabilitación de la vivienda.

En esa respuesta para defenderse de las acusaciones de sus padres, el empresario admitió que Silvia Clemente sí disfrutaba del "domicilio conyugal" hasta que ambos se mudaron a Valladolid. Y lo ratificaron dos empleadas de hogar en el mismo procedimiento al señalar que la pareja residía en la vivienda y hablaba del chalé "como si fuese suyo".

Tras la publicación en eldiario.es de la información sobre los pagos de origen desconocido que sufragaron la piscina, la sauna y el resto de gastos suntuosos en la casona familiar, la vicepresidenta de Las Cortes aseguró este martes que no fue "usuaria" del chalé, en contra de lo afirmado por la defensa de su marido y distintos testigos que comparecieron en los tribunales.

Fue en el transcurso de esos pleitos en los que el marido de Silvia Clemente aportó una tasación de un perito que cifraba en 1.165.390 euros la reforma realizada en la vivienda. Los suegros de Clemente alegaron que las obras carecían de licencia, que no existieron facturas de los trabajos y que ni su hijo ni la propia Clemente tenían capacidad de hacer frente a una reforma de esa envergadura y menos sin constituir una hipoteca.

Pese a obtener una primera resolución judicial favorable, en la que se le autorizaba a hacer uso de la parte de la vivienda que reformó, el marido de Clemente acabó renunciando a todo lo invertido a través del citado acuerdo extrajudicial firmado ante notario. Ese "pacto de confidencialidad y no agresión" implica una mordaza para las dos ramas familiares. Las dos partes se obligan a no hablar nunca con nadie ni de los procedimientos judiciales que emprendieron, ni de las empresas que se han repartido a raíz del enfrentamiento.

La literalidad del acuerdo establece que no pueden "divulgar ante terceros la existencia y contenido de las actuaciones judiciales y documentos aportados a los procedimientos citados". Tampoco se consiente "utilizar, ceder o divulgar, directa o indirectamente, información, ya sea reservada o no, de índole profesional y/o personal y/o familiar y/o empresarial y/o ajena al ámbito empresarial" ni "realizar comentarios públicos relacionados con las sociedades Agroinnova, Patatas Meléndez, Agromeléndez, así como con sus respectivos socios, trabajadores, profesionales, órganos de administración, clientes, empleados de clientes, proveedores o terceros, ya sean personas físicas o jurídicas relacionados con todos los anteriormente citados".

El pacto de silencio reserva un apartado para preservar la imagen pública de Silvia Clemente, por entonces ya en la primera línea de la política de Castilla y León, donde fue consejera de Agricultura hasta 2015 y desde entonces ejerce como presidenta de las Cortes. Las partes en conflicto "se obligan recíprocamente y de forma tan amplia como sea posible entender dicha obligación, a no perjudicar en forma alguna, ni a nivel profesional ni personal, ni a los propios comparecientes ni a sus cónyuges y vinculados, ni tampoco a sus clientes" entre los que se cita a unos grandes almacenes y una cadena de supermercados, ni a empleados ni a administradores de estos. "Dicha obligación se extiende, expresa aunque no únicamente, a la buena imagen y reputación de todos los citados". Para reforzar el carácter vinculante, quien lo incumpla deberá satisfacer al perjudicado con 5 millones de euros "en concepto de pena convencional que no sustituirá a la indemnización por daños y perjuicios, incluido el lucro cesante".

Dicho acuerdo aludía a las relaciones de las sociedades empresariales, puso fin a media docena de denuncias cruzadas -varias de ellas en el ámbito penal- y a los litigios que mantenían las empresas de patatas pero no logró sellar la paz familiar más que durante unos meses. El pasado septiembre Silvia Clemente envió a su suegra un burofax en la que la culpaba de haberla "insultado gravemente en presencia de terceros" y de atribuirle de forma "totalmente infundada con pleno conocimiento de su falsedad y temeridad, la comisión de ilícitos penales" en su condición de política.

La comunicación amenazaba a la madre de su marido con "ejercitar en su contra cuantas acciones correspondan" y la responsabilizaba de hechos que según Clemente eran "constitutivos de posibles delitos de injurias y/o calumnias".

La respuesta de la suegra a Silvia Clemente, Consuelo Laguna, ante el burofax de su nuera fue otra carta de vuelta repleta de reproches en la que acusaba a Clemente de llevar "la desgracia" a su familia, que nunca hasta entonces, "había pisado un tribunal de justicia".

En ese burofax, la madre del marido de Silvia Clemente se extiende en detalles sobre la reforma del domicilio familiar: "En ese pleito aprendí que no existía licencia de obras, que no había memoria, que no había descripción técnica y que no había una sola factura justificativa del pago de los trabajos que su propio informe pericial valoraba en 1.165.390 euros".

Los párrafos más incisivos de la carta aluden a las dudas que el matrimonio siempre tuvo sobre cómo iba a desembolsar su hijo y entonces pareja (hoy esposa) el millón de euros de las obras.

"A estas alturas, no me cabe duda que mi hijo (su esposo) y usted han pagado las obras, porque no me consta que ninguno de los gremios o de los oficios que intervinieron hayan reclamado deuda alguna, y tampoco concibo que no cobren y no reclamen. O sea, que han cobrado", asegura la suegra a Silvia Clemente.

En otra parte de la comunicación, la mujer insiste en preguntarse de dónde salió el dinero para pagar tanto lujo en la vivienda: "Le recuerdo que en el mismo procedimiento consta que mi esposo y yo dijimos que no podíamos entender de dónde ha salido el dinero para pagar la cantidad que ustedes mismos decían: 1.165.390 euros, porque en las fechas en las que se construyeron las mejoras y, supongo, se hicieron los pagos, mi hijo menor solo tenía los ingresos de su salario en las empresas familiares, que no alcanzaban los 3.000 euros netos al mes". "Porque nuestro hijo menor no tenía capacidad alguna de pagarlo y usted, con su retribución pública, tampoco".

"No voy a pedirle disculpas por nada de ello, no voy a mentir y tampoco lo voy a ocultar" [...] "A esta fecha no me consta que haya aparecido una sola factura justificativa del modo en que mi hijo y usted pagaron ese importe, ni de cómo consiguieron el dinero para ello. No la acuso, no deduzco conclusiones, no extraigo consecuencias, no la juzgo y prefiero no decirle lo que pienso. Lo que sí le digo es que eso es lo que yo he vivido. Eso es lo que consta judicialmente. No lo negaré y no negaré ante nadie que me pregunte que, en mi opinión los hechos han ocurrido de ese modo. Son otros, con más peso que yo, los que tendrían que preguntar cómo se pagaron esos 1.165.390 euros, de dónde salió el dinero, cuál fue su origen y demás".

https://m.eldiario.es/politica/silencio-presidenta-Cortes-Castilla-Leon_0_838167208.html

37. C.A.CASTILLA Y LEÓN . EL MARIDO DE LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SE GASTÓ UN MILLÓN DE EUROS DE ORIGEN DESCONOCIDO EN REFORMAR UNA CASA

El empresario Javier Meléndez se gastó 1.165.390 euros en reformar sin licencia una casona rural de sus padres, que utilizaba como segunda residencia con su hoy mujer, la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente La reforma “de alto standing o lujo”, según un informe pericial, incluía una piscina climatizada de agua salada, un cenador, una sauna finlandesa con jacuzzi, y una terraza con barra de bar y “zona chill out” Cuando se hicieron las obras, Javier Meléndez cobraba un sueldo que no alcanzaba “los 3.000 euros netos al mes”, según su madre, y no recurrió a ninguna hipoteca para financiarlas La reforma provocó un cisma familiar con varias demandas y cartas cruzadas entre el matrimonio y los suegros de Silvia Clemente, entonces consejera de Agricultura, que se preguntan “de dónde salió el dinero”

El empresario Javier Meléndez se gastó 1.165.390 euros en reformar sin licencia una casona rural de sus padres, que utilizaba como segunda residencia con su hoy mujer, la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente

La reforma “de alto standing o lujo”, según un informe pericial, incluía una piscina climatizada de agua salada, un cenador, una sauna finlandesa con jacuzzi, y una terraza con barra de bar y “zona chill out”

Cuando se hicieron las obras, Javier Meléndez cobraba un sueldo que no alcanzaba “los 3.000 euros netos al mes”, según su madre, y no recurrió a ninguna hipoteca para financiarlas

La reforma provocó un cisma familiar con varias demandas y cartas cruzadas entre el matrimonio y los suegros de Silvia Clemente, entonces consejera de Agricultura, que se preguntan “de dónde salió el dinero”

Desde el exterior parece una vivienda más, otra de las casonas recias de Pedrosa del Rey, un pequeño pueblo de Valladolid que apenas cuenta con 200 habitantes. Pero el interior contrasta con su discreta fachada. Tras los muros de piedra caliza y ladrillo tosco de esta casa centenaria, se esconde una piscina climatizada de agua salada, una sauna finlandesa, un jacuzzi, una terraza 'chill out' con barra de bar, un cenador con una enorme mesa con plataforma giratoria a medida, varias esculturas de bronce o una fuente ornamental, entre otras caras excentricidades.

Todos estos lujos se construyeron entre 2010 y 2012, durante una amplia reforma que pagó el empresario patatero Francisco Javier Meléndez, por entonces novio y hoy marido de la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente. La casa es propiedad de los padres de Meléndez: Rafael Meléndez y Consuelo Juárez. Su tatarabuelo la levantó en 1920. Pero la pareja, él empresario del sector de la patata y ella, consejera de Agricultura en el Gobierno de Juan Vicente Herrera, disfrutaba de la vivienda y puso en marcha esta obra en el patio del edificio para que se convirtiese en su segunda residencia; para el verano y los fines de semana. La casona rústica pasó a transformarse en un lujoso chalet.

Según un informe pericial encargado por el propio matrimonio, la reforma costó 1.165.390 euros. En esos años, Javier Meléndez y Silvia Clemente no contaban con ingresos conocidos que les permitieran afrontar con facilidad estos gastos suntuarios. Él ganaba, a través de las empresas familiares fundadas por sus padres –Agroinnova y Patatas Meléndez–, un sueldo de "menos de 3.000 euros netos al mes", según asegura su propia madre en un escrito. Ella, su sueldo como consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León: unos 70.000 euros brutos anuales.

La reforma no solo fue cara: también ilegal. Nadie solicitó la preceptiva licencia para las obras. Y la lujosa remodelación no solo desató más adelante una inspección del Ministerio de Hacienda –a través de la oficina del Catastro–. También desencadenó un grave cisma familiar que acabó en los tribunales con una serie de demandas cruzadas entre la la pareja y los padres de Javier Meléndez.

Por motivos no aclarados, el matrimonio Meléndez-Clemente se enfrentó con la familia en 2015. Y fruto de esa discusión, empezó una escalada de denuncias en los juzgados que aún no ha terminado.

En 2015, cuando comenzaron las hostilidades, el matrimonio instaló varias cerraduras y sistemas de seguridad para cerrar al resto de la familia el área de la casa que habían reformado. Construyeron un nuevo espacio, en una nave junto al patio, donde levantaron dos nuevos dormitorios y un baño, y abandonaron el dormitorio –en la zona no reformada– que habían utilizado hasta entonces. Los padres retiraron estos cerrojos y, en respuesta, Javier Meléndez puso en marcha un procedimiento judicial denominado interdicto para reivindicar en el juzgado la propiedad de esa zona de la casa. El hoy marido de Silvia Clemente ganó parcialmente ese primer envite: el juez, en una sentencia de marzo de 2016, le atribuyó la parte construida, aunque permitiendo a sus padres el acceso a la bodega que está debajo de la casa.

Tras ese primer pleito, llegó otra demanda: esta de los padres contra su hijo, Javier Meléndez, y su pareja, la política Silvia Clemente. La presentaron en junio de 2016 y en ella no solo reclaman la propiedad de toda la vivienda. También denuncian que las obras fueron realizadas sin licencia y sin facturas que acreditasen los pagos de la reforma. Además explicaban que dieron el permiso para hacer las obras con la condición de que las disfrutase toda la familia y revelaban que, en un primer momento habían sido reticentes porque entendían que su hijo carecía de los fondos necesarios para afrontar esos lujos. Siempre según su versión, que recoge esta demanda, accedieron cuando Javier Meléndez les aseguró que su pareja y más tarde esposa, Silvia Clemente, pagaría parte de la reforma.

En la contestación a la demanda, el marido de la presidenta de las Cortes argumenta que las obras se realizaron tras pactar con sus padres que le transmitirían la propiedad, que Clemente no estaba casada con él aún y que no podía tener interés alguno en pagar las obras de remodelación, si bien precisa que la casa fue utilizada por ambos como "domicilio conyugal" hasta que se trasladaron a Valladolid hace unos años. Añaden además algunos testimonios del procedimiento interdictal en los que una testigo declaró "que tanto don Javier como doña Silvia recibían a amigos e invitados y hablaban de la casa como si fuera propia".

Nada se dice en la contestación a la demanda sobre la capacidad económica de Javier Meléndez para afrontar esta obra, puesta en duda por sus propios padres en el pleito.

Entre la documentación aportada en la respuesta a esa demanda, destaca un informe pericial encargado por el marido de Clemente, que certifica que las obras costaron 1.165.390 euros. Esta tasación de la reforma está fechada el 1 de diciembre de 2016 y la firma el arquitecto Pedro Pablo Grajal Ruiz. En ella se asegura que en esas obras participaron "más de 65 empresas", aunque no se da el nombre de ninguna de ellas ni el detalle del coste por cada factura. Según esa tasación, 725.150 euros corresponden a trabajos realizados entre 2010 y mediados de 2012 en la vivienda y 440.240 euros están relacionados con las reformas acometidas en 2015.

"Este coste de 1.165.390 euros no lo considero exagerado en comparación con la naturaleza, características y extensión de las obras y la categoría o rango de las mismas", escribe el arquitecto en este informe pericial. "La gran mayoría de ellas son de alto standing y lujo, circunstancia que tiene, como no puede ser menos, una notoria influencia en el coste total de los trabajos acometidos", dice el mismo informe. Ese lujo, asegura el arquitecto, supera "lo habitual y racional en la construcción" y proporciona, según el arquitecto, "un mayor bienestar y comodidad que las normales".

El informe pericial también subraya la calidad de los materiales empleados en la reforma. Los suelos son de "tarima flotante de roble con rodapié lacado en blanco". Los techos "están revestidos de tablero de madera lacado en blanco y correas del mismo material". El espacio entre la sala de estar, el cenador y la piscina "está solado con tarima flotante de lamas de madera de iroco". La iluminación es "led con sensores de movimiento". La piscina "en forma de riñón" y el jacuzzi son de agua de mar climatizada, que se calienta con unos paneles solares y una caldera. La casa también cuenta con un complejo sistema de seguridad, con videocámaras.

Antes de la reforma, la casa contaba con dos plantas de 298 metros cuadrados sobre una parcela de 1.922 metros cuadrados. Además, dentro de la finca, existían cuatro almacenes agrícolas, que sumaban 1.311 metros cuadrados, y un patio de otros 313 metros cuadrados. Tras las obras, que eliminaron los almacenes, la superficie edificada alcanzó los 1.624 metros cuadrados, de los que 1.150 pertenecen a la zona reformada, según el mismo informe. El coste medio por cada metro cuadrado fue, por tanto, de alrededor de 1.000 euros.

Clemente: "No tuve ninguna participación"

Silvia Clemente (Segovia, 1961) es la segunda autoridad de Castilla y León, por detrás del presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, y lleva media vida en política. Durante las últimas dos décadas ha ido escalando en puestos institucionales, siempre como representante del Partido Popular: consejera de Medio Ambiente en 2001, de Cultura en 2003, de Agricultura en 2007 y en 2015 ascendió a la presidencia de las Cortes de Castilla y León.

En conversación con eldiario.es, Silvia Clemente alega que ella no tuvo ninguna participación en esas obras más allá de haber sido demandada por su familia política y que ejercitará las acciones judiciales que considere oportunas si ve lesionados sus derechos por publicaciones de eldiario.es. Sobre cómo pagó su marido más de un millón de euros, Clemente asegura que ella "no tiene nada que ver", que ni siquiera estaba casada con él en ese momento, pero que sabe que tenía la justificación preparada para aportarla al procedimiento judicial antes de que se paralizase. "Yo puedo tener relaciones con mucha gente y tener muchas amistades, pero yo no soy parte de esta historia", asegura.

La defensa del empresario, con la que también ha contactado eldario.es, se niega a mostrar justificantes de los pagos de esa reforma y también a explicar el origen de esos fondos, amparándose en el acuerdo extrajudicial que incluye un pacto de confidencialidad y no agresión.

Un pacto de silencio por escrito

Las demandas cruzadas por la propiedad de la casa no siguieron adelante en los tribunales porque las dos ramas familiares en conflicto sellaron un pacto extrajudicial en enero de 2017 que obliga a guardar silencio a los implicados.

El marido de Clemente, que había conseguido una sentencia que le reconocía el uso y disfrute de las nuevas y costosas instalaciones construidas, acabó renunciando a ellas. En enero de 2017 los padres, el hermano y el propio Meléndez llegaron a un acuerdo para que los progenitores recuperasen la propiedad y que las dos empresas patateras donadas por ellos a partes iguales entre los hermanos se dividiesen: una para cada uno con un acuerdo para la compra de las respectivas acciones.

En ese acuerdo, Javier Meléndez renunció a lo invertido en las obras y a todo derecho sobre la casa. Solo se llevaron los muebles, incluyendo las esculturas de bronce, las placas solares y también la sauna, que fue desmontada e instalada en otro lugar.

Ese acuerdo de paz saltó por los aires hace un par de meses. La presidenta de las Cortes envió un burofax a su suegra el pasado 3 de septiembre en el que la acusaba de estar realizando "públicamente" comentarios "denigratorios" sobre ella, insultándola "gravemente en presencia de terceros" e incluso acusándola de manera "totalmente infundada con pleno conocimiento de su falsedad y temeridad, de la comisión de ilícitos penales" en el ejercicio de su función pública.

Clemente advertía en esa comunicación de que los hechos eran "constitutivos de posibles delitos de injurias y/o calumnias" por lo que la apercibía mediante el escrito ante "cualquier nuevo hecho similar" del que tuviese noticia. "Ejercitaré en su contra y hasta las últimas consecuencias cuantas acciones judiciales correspondan en defensa de mis derechos", finalizaba aquella misiva.

"Ni una sola factura"

La respuesta de la suegra a Silvia Clemente, Consuelo Laguna, ante el burofax de su nuera donde le amenaza con una nueva demanda es otra carta, enviada igualmente por burofax, a la que también ha tenido acceso eldiario.es. En ella, la suegra de Clemente precisaba que las acciones que le imputaba la presidenta de las Cortes eran falsas, pero defendía la necesidad de "apostillar los hechos".

A lo largo de 14 puntos, en el escrito, la suegra de Silvia Clemente, relataba que la entrada de la dirigente política en la familia Meléndez –propietaria de un grupo empresarial dedicado a la producción de patatas– había sido "un desastre". "Ha sido la desgracia misma, que nos ha ocasionado y que nos sigue ocasionando un daño inmenso", asegura en la carta.

La familia Meléndez, según esa comunicación, "nunca había pisado un tribunal de justicia" y se vio inmersa en "numerosos pleitos civiles y penales" en los que Clemente participó “de forma directa o indirecta”. La suegra de la presidenta del Parlamento de Castilla y León asegura que habían visto cosas que no imaginaban, que llaman profundamente la atención y que “como son ciertas” no tienen por qué ocultar. Entre ellas, citaba la suntuosa reforma en el patio de la casa familiar por valor de 1.165.390 euros.

En pleno intercambio de denuncias, el catastro detectó las nuevas dependencias y requirió a los suegros de Clemente, como propietarios de la vivienda principal, la licencia de obras, la memoria, la descripción técnica de las mejoras efectuadas “y, en general, la descripción completa de obras y su coste”.

“Ahí, en ese pleito aprendí que no existía licencia de obras, que no había memoria, que no había descripción técnica y que no había una sola factura justificativa del pago de los trabajos que su propio informe pericial valoraba en 1.165.390 euros”, denuncia la suegra de Clemente en el burofax remitido a su nuera, con el que ya no tiene relación. La mujer insiste en que pese a sus reiteradas peticiones de algún soporte documental a su hijo para aportarlo al catastro, nunca obtuvo nada.

“A estas alturas, no me cabe duda que mi hijo (su esposo) y usted han pagado las obras, porque no me consta que ninguno de los gremios o de los oficios que intervinieron hayan reclamado deuda alguna, y tampoco concibo que no cobren y no reclamen. O sea, que han cobrado”, asegura Consuelo Juárez, la suegra de Silvia Clemente.

“Le recuerdo que en el mismo procedimiento consta que mi esposo y yo dijimos que no podíamos entender de dónde ha salido el dinero para pagar la cantidad que ustedes mismos decían: 1.165.300 euros, porque en las fechas en las que se construyeron las mejoras y, supongo, se hicieron los pagos, mi hijo menor solo tenía los ingresos de su salario en las empresas familiares, que no alcanzaban los 3.000 euros netos al mes”, escribe la suegra de Clemente. “¿De dónde había salido el dinero para pagar las mejoras?” se pregunta. "Porque nuestro hijo menor no tenía capacidad alguna de pagarlo y usted, con su retribución pública, tampoco”, añade.

“No voy a pedirle disculpas por nada de ello, no voy a mentir y tampoco lo voy a ocultar”, asevera en la carta. “A esta fecha no me consta que haya aparecido una sola factura justificativa del modo en que mi hijo y usted pagaron ese importe, ni de cómo consiguieron el dinero para ello. No la acuso, no deduzco conclusiones, no extraigo consecuencias, no la juzgo y prefiero no decirle lo que pienso. Lo que sí le digo es que eso es lo que yo he vivido. Eso es lo que consta judicialmente. No lo negaré y no negaré ante nadie que me pregunte que, en mi opinión los hechos han ocurrido de ese modo. Son otros, con más peso que yo, los que tendrían que preguntar cómo se pagaron esos 1.165.390 euros, de dónde salió el dinero, cuál fue su origen y demás”, acaba el escrito.

https://www.eldiario.es/politica/presidenta-Cortes-Castilla-Leon-justificar_0_838166362.html

38. C.MADRID. LA JUEZA DEL ‘CASO MÁSTER’ PROCESA A CRISTINA CIFUENTES POR FALSIFICACIÓN

La magistrada también propone juzgar a Álvarez Conde, considerado el cerebro de la trama

Cristina Cifuentes está cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. La jueza Carmen Rodríguez-Medel ha procesado este miércoles a la expresidenta de la Comunidad de Madrid por la falsificación del acta del trabajo fin de máster (TFM) que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Según la magistrada, por instrucciones de la exdirigente popular, una de sus asesoras instó al cerebro de la trama, Enrique Álvarez Conde, para que se "creara" el documento.

La instructora desmonta todos los argumentos de la expresidenta en un auto emitido este miércoles. Según la jueza, "no resultan creíbles" las explicaciones en las que afirma que hizo el trabajo y lo defendió públicamente ante un tribunal. "Es significativo que no conserve copia del trabajo, ni de los sucesivos borradores, ni de cualquier e-mail en el que remitiera el mismo o lo sometiera para la corrección del profesor Álvarez Conde o cualquier correo electrónico de éste corrigiéndolo", apunta la magistrada.

"[Además], hay indicios de que, cuando se hizo pública la noticia con posibles irregularidades, promovió que fueran ocultadas, haciendo exhibición pública del acta falsificada cuando le fue facilitada", añade Rodríguez-Medel, que subraya que la asesora de Cifuentes, Teresa Feito, se desplazó hasta la universidad "siguiendo instrucciones" de la exlíder del PP madrileño. Una iniciativa que adoptó "con la finalidad de ocultar los hechos descritos y para evitar perjuicios".

"El único motivo por el que Feito se encontraba en la URJC el 21 de marzo, en plena vorágine de la crisis por la publicación de la noticia por eldiario.es, era porque seguía instrucciones de Cifuentes para realizar los actos que fueran necesarios para facilitar una solución que no perjudicara a sus intereses", prosigue el contundente escrito de la jueza, que explica que es entonces cuando la asesora "insta" a Álvarez Conde a "crear" los documentos necesarios" para justificar que "había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites para disfrutar del título, incluida la defensa del TFM".

Además de procesar a Cifuentes, la magistrada toma la misma decisión contra el catedrático Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC, epicentro del caso; Teresa Feito; y Cecilia Rosado, una de las profesoras que firmó el acta. Aunque sobre esta última —que falsificó la firma de otras dos docentes para el acta y "reconoce los hechos"—, la jueza plantea que, llegado el momento, "se module su responsabilidad penal": por "la importancia de su testimonio" y "su decidida colaboración con la Justicia". "Rosado relató muy gráficamente cómo recibió múltiples llamadas de Feito exigiéndole que hiciera el acta del TFM, anunciándole represalias si no atendían esta petición", relata también la jueza.

Cifuentes dimitió en abril tras aguantar más de 30 días en el cargo. Pese a todos los indicios, la expresidenta no dejó el puesto hasta que se publicó un vídeo donde se le veía robando cremas en un supermercado.

El caso máster también afectó al líder del PP, Pablo Casado, y a Carmen Montón, exministra del PSOE. De hecho, la jueza concluyó que existía una trama urdida por Álvarez Conde para regalar títulos a políticos. Pero el Tribunal Supremo, al rechazar la imputación del dirigente popular, provocó que se cerrase la principal línea de investigación para todos los implicados al considerar que no se había acreditado que existiesen acuerdos previos con el catedrático para ello. Aun así, la magistrada siguió adelante con la parte relativa a la falsificación, que este miércoles ha dado por cerrada.

Aguado: "tenemos que dirimir quiénes lo sabían"

Ciudadanos no cree que las investigaciones por el caso máster hayan acabado todavía. El líder autonómico del partido, Ignacio Aguado, ha insistido este miércoles que, tras la decisión de la jueza de procesar a la expresidenta, cobra todavía más sentido la comisión de investigación sobre universidades que se prevé conformar en la Asamblea de Madrid. "Cifuentes mintió a todos los madrileños en sede parlamentaria y tomó el pelo a los universitarios. La justicia tiene que dirimir si ha habido responsabilidades penales. Pero a nosotros nos corresponde dirimir si ha habido responsabilidades políticas y qué personas han participado en este asunto. Quiénes lo sabían". "A pesar de que el PP siga poniendo palos en las ruedas, ya no tiene mayoría y esa comisión va a salir. Todos los que se hayan beneficiado de un trato de favor en la universidad, tendrán que comparecer", ha apostillado Aguado.

https://elpais.com/politica/2018/11/28/actualidad/1543403961_673341.html

39. C.MADRID. LAS AMISTADES PELIGROSAS QUE PERSIGUEN A CIFUENTES DESDE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

La Fiscalía pide seis años de cárcel para Dionisio Ramos, su amigo y mentor en la Universidad.
Ramos estuvo en empresas de esta Universidad por donde pasaron testaferros de Correa en la trama Gürtel.

El PSOE preguntó a Cifuentes sobre su relación con su mentor y el tamayazo, la operación que arrebató a los socialistas la Comunidad de Madrid.

El clan de Cristina Cifuentes tiene una turbulenta historia que vuelve a resurgir con la petición de seis años de cárcel por parte de la Fiscalía para uno de sus amigos, Dionisio Ramos, por la presunta caja B de la Universidad Complutense.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid vivió un momento clave en su carrera política en esta universidad, donde llegó a dirigir un colegio mayor y obtuvo un puesto de funcionaria. A este puesto, por cierto, estuvo a punto de volver tras su dimisión como presidenta madrileña.

Cifuentes coincidió en la Complutense con personas que luego se han visto envueltas en casos de corrupción como Gürtel o en operaciones políticas como el tamayazo, que arrebató la comunidad de Madrid al PSOE gracias a dos diputados tránsfugas. Dionisio Ramos fue la persona más importante de este clan.

La petición de seis años de cárcel para Ramos realizada por la Fiscalía, según publicó Infolibre, se produce tras una investigación iniciada hace doce años. El ministerio público sostiene que se produjo un desvío de un millón y medio de euros, que se encontraban fuera de la supervisión de la Complutense, y que se dedicaron al pago de sobresueldos.

Cristina Cifuentes fue directora del colegio mayor Miguel Antonio Caro de esta Universidad y en aquella época mantuvo una estrecha relación con Dionisio Ramos. De hecho, Cifuentes llegó a ser testigo en su boda y la subdirectora del colegio mayor que dirigía Cifuentes era la sobrina de Ramos. Este dirigía, a su vez, el colegio mayor Antonio de Nebrija, colindante con el de Cristina Cifuentes.

En la misma época, el marido de Cristina Cifuentes, Francisco Javier Aguilar Viyuela, llegó a ser director general de Patrimonio de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Aguilar había sido el arquitecto de las reformas de varias facultades y colegios mayores de la Complutense.

Cifuentes y los colegios mayores

De hecho, la Universidad había creado empresas para la gestión de sus inmuebles. Estas fueron Gestión Universitas y Residencial Universitas. Por estas empresas pasaron personajes clave de esta historia. Uno de ellos fue Jesús Calvo, uno de los protagonistas del caso Gürtel y condenado a seis meses de cárcel.

Calvo estuvo al frente de algunas de las empresas de Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel, el escándalo de corrupción más importante del Partido Popular. Por estas empresas también pasó otra persona relevante, como es el Reinolfo Ortiz.

El nombre de José María Michavila salió a relucir cuando el caso Gürtel daba sus primeros pasos, ya que el ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por Arturo González Panero, el albondiguilla, le había contratado como asesor externo, aunque no se descubrió ninguna irregularidad.

El nombre de Dionisio Ramos aparece también en el sumario del caso Gürtel en una operación de compraventa de terrenos con una de las empresas de Correa y en un frustrado intento de hacer un negocio con la Universidad. Ramos ha desmentido siempre que tuviera relación con la trama.

“Cifuentes coincidió en la Complutense con personas que luego se han visto envueltas en casos de corrupción como Gürtel o en operaciones políticas como el tamayazo”

En cualquier caso, la relación entre ambos se mantuvo hasta el punto de que fue Ramos quien convenció a Cifuentes para que hiciera el máster en la Universidad Rey Juan Carlos por la que ahora se encuentra procesada. El nombre de Dionisio Ramos saltó en la investigación del máster como una de las personas que había conseguido el título, aunque él mismo señaló que nunca lo cursó y por lo tanto no lo tiene.

Ramos ha convertido en negocio aquello en lo que trabajó en la Universidad Complutense, ya que es socio de varias empresas dedicadas a la construcción de residencias universitarias. Entre ellas se encuentra una en la Universidad Rey Juan Carlos, la del ya citado máster de Cifuentes. En otro de sus proyectos, esta vez para la Complutense, tuvo como arquitecto al marido de Cifuentes, Francisco Javier Aguilar.

La relación con el tamayazo se extiende a través del marido de Cifuentes, ya que Javier Aguilar Viyuela mantuvo un negocio de gestión de licencias municipales con Rafael Verdes, hermano del abogado José Esteban Verdes, que puso en contacto al tránsfuga Eduardo Tamayo (de quien toma el nombre el tamayazo) con Ricardo Romero de Tejada, secretario general del Partido Popular cuando se coció esta operación.

Las amistades peligrosas de Cristina Cifuentes le han perseguido hasta el final. En la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular que sigue sus pasos en el Congreso de los Diputados, la expresidenta madrileña tuvo que responder a una pregunta del portavoz socialista en la que le pidió que aclarara si tuvo que ver con una nota atribuida a Tamayo en la que aparecía el nombre de Dionisio Ramos, el de Cristina (sin especificar el apellido) y al abogado Esteban Verdes.

https://www.moncloa.com/amistades-cifuentes-complutense/

40. C.MADRID. LA FISCALÍA PIDE SEIS AÑOS DE CÁRCEL PARA EL PRINCIPAL ACUSADO POR LA CAJA B DE LA COMPLUTENSE

El principal inculpado, Dionisio Ramos, fue gerente de la universidad y, antes, alto cargo del PP en la Comunidad de Madrid

Abierta hace más de 12 años, y tangencialmente conectada al tamayazo, la investigación sobre el desvío de 1,4 millones cruza el punto de no retorno
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Abierta hace más de 12 años, paralizada durante dos sin que nadie haya explicado por qué y tangencialmente conectada al tamayazo, la investigación sobre la caja B de la Universidad Complutense acaba de cruzar el punto sin retorno. En un escrito al que ha tenido acceso infoLibre, la Fiscalía de Madrid pide seis años de cárcel por malversación y 15 de inhabilitación absoluta para cuatro de los siete acusados, todos ellos antiguos cargos de la Complutense y a quienes el ministerio público atribuye el desvío de casi un millón y medio de euros entre 1996 y 2003. Para los otros tres inculpados, que también formaban parte de la estructura universitaria, la Fiscalía reclama cuatro años de prisión y siete de inhabilitación. El enjuiciamiento del caso quedará en manos de un jurado popular.

El principal inculpado es el exgerente de la Complutense Dionisio Ramos, que fue secretario general de la Consejería de Educación de Madrid a mediados de los noventa durante el primer Gobierno regional del PP.

Su nombre saltó a la palestra tras el tamayazo. Un vigilante de seguridad le vinculó con el encargo de proteger a los entonces diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez una vez consumada la traición que en 2003 abrió las puertas de la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre. El vigilante, José Antonio Expósito, se retractó de su relato tras ser contratado por Intereconomía. El círculo de Dionisio Ramos sostiene que este ni siquiera conocía a Expósito personalmente y que si plasmó aquella acusación en "un manuscrito mientras estaba en prisión" preventiva por hacerse pasar por agente del CNI, luego se desdijo tras un careo con Ramos. "Lo escribiría para perjudicar al PP", opinan los allegados al exgerente universitario.

En 2013, Ramos reconoció durante una conversación con infoLibre que "trasladó" al PP "que a muchos socialistas no les gustaba el pacto" con IU. "Pero nada más", añadió entonces.

"Esto es una locura, espero que no tenga consecuencias", se limitó a decir Ramos este miércoles en una breve conversación telefónica con este periódico.

La existencia de la caja B fue denunciada por Carlos Berzosa, rector de la Complutense entre 2003 y 2011, después de que un funcionario encontrase en un armario cientos de recibos que evidenciaban el pago de sobresueldos opacos. Entre los recibos abonados con esa especie de fondo de reptiles también se encontraban los que acreditaban los pagos al vigilante José Antonio Expósito, es decir, el escolta de Tamayo y Sáez. Tanto el funcionamiento de la contabilidad paralela como los pagos a Expósito fueron desvelados por el diario El País en 2006.

"El pago a Expósito –afirmaron hace menos de dos meses personas cercanas a Ramos cuando este periódico supo que la Fiscalía estaba a punto de presentar su escrito de conclusiones– no se hizo de ninguna forma rara. Se hizo contra una factura y con una cuenta de la universidad. El señor Expósito, que trabajaba para el Banco Central, hizo lo que en el resto de las instituciones para las que trabajaba, un barrido cada cuatro años [telefónicos y de despachos]. Dos veces en ocho años lo hizo porque era quien la seguridad del Banco Central nos recomendó y se hizo de una forma absolutamente normal". "Hay recibos de Expósito que luego se plasmaron en facturas", mantiene también el círculo de Ramos.

Dos "paralizaciones" de un año cada una

Muy escueto en cuanto al relato de hechos, el escrito de la Fiscalía madrileña enumera a lo largo de sus 18 páginas las fechas y los importes de 264 talones al portador que, con cargo a una cuenta ajena a los presupuestos oficiales y sin "control ni supervisión por la Universidad Complutense", se emitieron entre el 9 de enero de 1996 y el 3 de mayo de 2001. Entre esos cheques y el importe de las fianzas que 1.775 alumnos entregaron entre 2002 y 2003 para reservar plaza en colegios mayores controlados por los acusados, el desvío de fondos públicos alcanzó la cifra de 1.448.706 euros, sostiene la Fiscalía. Esas fianzas –se les conocía así en la universidad pero la Fiscalía no utiliza ese término– no entrañaban derecho a devolución. Y su destino "no era contabilizado" oficialmente, expone el escrito de conclusiones.

La denuncia del rector Berzosa condujo al juzgado de instrucción 40 de Madrid a la apertura de diligencias el 6 febrero de 2006. Desde entonces y por razones que este periódico no ha logrado averiguar, la investigación se fue dilatando año tras año. Pese a que, en teoría y dado el material aportado por la Complutense, todo hacía prever un desenlace procesal relativamente rápido. Ahora, el propio escrito de la Fiscalía destapa que hubo dos agujeros temporales en la instrucción: "Ha habido paralizaciones no imputables a los acusados al menos desde septiembre de 2010 a octubre de 2011; y desde junio de 2017 a abril de 2018, en que ya se da traslado para calificar". El porqué de esas "paralizaciones" constituye un enigma. "Concurre la atenuante de dilaciones indebidas", admite la Fiscalía.

Persona cercana a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, el nombre de Dionisio Ramos aparece vinculado a un tercer episodio conflictivo además del de la caja B de la Complutense y el tamayazo. En 2011, el diario Público reveló que entre los múltiples documentos incautados durante los registros de Gürtel se contaba un contrato privado donde uno de los gestores financieros de la trama, Luis de Miguel Pérez, ahora condenado y ya en prisión vendía a Ramos participaciones sociales de una empresa denominada Gestión y Equipamientos Deportivos SL. Fechado en mayo de 2002, el documento contiene los nombres y apellidos de los dos intervinientes así como sus respectivos DNI pero no está rubricado.

En virtud de ese contrato, Luis de Miguel traspasaba a Dionisio Ramos 1.800 de las 5.990 participaciones que una segunda sociedad, Spinaker 2000 SL poseía en Gestión y Equipamientos Deportivos SL. La sentencia de la pieza troncal del caso Gürtel declara como hecho probado que Spinaker fue una de las mercantiles utilizadas para que distintos dirigentes del PP ocultasen fondos. La página 168 de la resolución judicial lo expone así: "Este entramado se diversificó en distintas estructuras societarias, y, aunque se ideó para la ocultación de los fondos de Francisco Correa, alguna de sus sociedades, como Spinaker, fue utilizada, con la misma finalidad de ocultación, por Luis Bárcenas, Jesús Merino y Jesús Sepúlveda".

Ramos negó en 2011 y lo sigue haciendo ahora que en algún momento adquiriese participaciones de Gestión y Equipamientos Deportivos SL.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/11/29/la_fiscalia_pide_seis_anos_para_principal_acusado_por_caja_complutense_alto_cargo_del_pp_89335_1012.html


41. BERTÍN, RAPHAEL, MARTA SÁNCHEZ... FISCALÍA INVESTIGA TRES AÑOS DE FIESTAS EN ALCORCÓN

Una denuncia de última hora ha servido a Anticorrupción para incluir los festejos de Alcorcón en la investigación final de una de las piezas del caso Púnica

Una denuncia de última hora, bastante bien documentada, ha servido a la Fiscalía
Anticorrupción para incluir en la investigación final de una de las piezas del caso Púnica los conciertos que organizó el Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por el PP, en las fiestas patronales del municipio durante tres años seguidos: 2011, 2012 y 2013, la primera legislatura del alcalde David Pérez. La Fiscalía quiere cerrar cuanto antes la pieza de Waiter Music, la empresa dedicada a la organización de eventos que se llevó multitud de contratos en Consistorios del PP y que ayudó a financiar irregularmente algunas campañas electorales de los populares.

José Luis Huerta Valbuena, gerente de la empresa Waiter Music, está colaborando con los investigadores desde principios de año. En marzo de este año ya declaró en sede judicial en concreto sobre los conciertos que organizó en las fiestas de Alcorcón, asegurando que había recibido "información privilegiada" desde el Consistorio antes del proceso de licitación. Meses después de su declaración, la Fiscalía recibió una nueva denuncia, que no procede de Huerta, relatando ciertas irregularidades sobre los contratos que se llevó Waiter y que permitieron llevar a las fiestas del municipio artistas tan importantes como Raphael, Bertín Osborne, Fangoria, Marta Sánchez, La Unión y Sergio Dalma.

Toda la información que maneja la Fiscalía ha permitido que el Ministerio Público decida que Alcorcón forme parte de la investigación final de esta pieza, ya que no todos los municipios en los que Waiter se llevó contratos se han incluido en las pesquisas. No hay tiempo para investigar todas las localidades, por eso la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se está centrando en aquellos donde hay indicios y pruebas suficientes. No hay que olvidar que el juez instructor del caso, Manuel García-Castellón, ha puesto fecha de caducidad a la investigación sobre la Púnica. El 30 de marzo de 2022 debe haber concluido y Anticorrupción quiere que una de las primeras piezas en cerrarse (en breve se va a hacer una reorganización de las mismas) sea la de Waiter Music.

En 2011, el Ayuntamiento de Alcorcón pagó 150.000 euros a Waiter para que llevara varios artistas a las fiestas patronales del mes de septiembre: Natalia y Maka, Marta Sánchez, Los del Río y Taxi. Los pliegos del contrato fueron aprobados el 29 de julio, e incluían las actuaciones de esos grupos y solistas. Curiosamente José Luis Huerta ya había firmado con tres de los cuatro para actuar en Alcorcón días antes. La licitación se tramitó por procedimiento negociado sin publicidad, invitando el Consistorio a una sola empresa, Waiter, que obviamente ganó.

En 2012, Waiter volvió a ser adjudicatario "del contrato de producción de los diferentes espectáculos artísticos comprendidos en las fiestas patronales de Alcorcón". También se licitó por procedimiento negociado y en este caso la empresa de Huerta se lo llevó por 200.000 euros. Se repitió la dinámica. Waiter había firmado con Sergio Dalma el 4 de julio cuando el pliego que incluye la actuación del cantante es del día 7. Otros grupos que actuaron fueron Dover y Siempre Así. El Consistorio también cedió gratuitamente el teatro Buero Vallejo para que Waiter contratara a Raphael. El Gobierno local se hizo cargo de las azafatas, la iluminación y el sonido.

Alcorcón argumentó su decisión con el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de las Entidades Locales, que permite este tipo de cesiones a "asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos", como se calificó a Waiter. La empresa de José Luis Huerta se comprometió asumir una serie de servicios sin coste alguno para el Ayuntamiento, como la celebración del día del niño, pero al final acabó facturando dichos servicios a la Concejalía de Cultura por valor de 6.800 euros. Tres años después, en 2015, se inició un expediente de lesividad para que el Consistorio recuperara ese dinero, expediente que no se concluyó.

En 2013 el procedimiento cambió. No fue el Ayuntamiento quien contrató directamente las fiestas, sino que lo hizo la Fundación CREAA, 100% municipal. Los pliegos con los grupos que debían actuar (Nancys Rubias, Bertín Osborne, Fangoria, Rosa López y La Unión) se realizaron sin que el Ayuntamiento ni la fundación hubieran firmado el convenio para desarrollar las fiestas. Finalmente, Waiter recibió 165.200 euros. Uno de los extrabajadores de Waiter ya ha declarado que los grupos musicales se cerraban por parte del Ayuntamiento con anterioridad a la publicación de las bases, licitaciones y pliegos. La Fiscalía ha puesto mucho énfasis en el concierto de Bertín Osborne, al que Waiter también llevó a las fiestas de Navalcarnero de 2013, otro municipio entonces controlado por el PP.

El propio Huerta declaró en sede judicial en marzo de este año, antes de que llegara la última denuncia, que recibió "información privilegiada" por parte del Ayuntamiento de Alcorcón, concretamente de Antonio Luis Galindo, hoy primer teniente de alcalde y responsable de Cultura, Deportes, Barrios, Parques y Jardines. Huerta reveló ante la Fiscalía y el juez cómo el equipo local de Alcorcón le pedía los artistas que iba a incluir en el pliego, para que el empresario negociara para contratarlos en exclusividad para los días fijados. Y cómo el Ayuntamiento le aseguraba que iba a ser la única empresa que se iba a presentar a la licitación y por tanto ganarla.

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2018-12-15/punica-waiter-alcorcon-conciertos-bertin-raphael_1699022/


42. CASADO RESCATA A DAVID PÉREZ, EL ALCALDE DESAUTORIZADO POR CIFUENTES QUE CARGÓ CONTRA LAS FEMINISTAS

El diputado regional y alcalde de Alcorcón desde 2011 asegura que está "especialmente ilusionado con el proyecto de Pablo Casado"

El nuevo líder del PP le ha nombrado parte del Comité Electoral Nacional y en la primera planta de Génova se da casi por hecho que volverá a ser candidato

David Pérez se fortalece en el PP de Pablo Casado. El alcalde de Alcorcón que cargó contra las feministas y se ausentó de la Asamblea el día que se votó la ley LGTBI de su jefa Cristina Cifuentes ha mejorado su posición en el nuevo PP de Madrid, controlado por Génova. La expresidenta mantenía un enfrentamiento conocido con el diputado regional que le había puesto en la cuerda floja. 

Ahora, esa cuerda se ha tensado de nuevo pero para bien: Casado ha dado al alcalde, que le apoyó en la batalla por el liderazgo del PP, un puesto como vocal en el Comité Electoral Nacional –el órgano presidido por el exministro Juan Ignacio Zoido y encargado de dar el visto bueno a todas las candidaturas de los conservadores– y en la primera planta de Génova se da prácticamente por hecho que volverá a presentarse a la alcaldía de Alcorcón, municipio que gobierna desde 2011. 

"El problema de David Pérez no es de mala gestión, sino los encontronazos con el partido", admiten fuentes del PP de Madrid, que aseguran que el alcalde mantenía "una distancia con Cifuentes que no tiene con Pío García-Escudero (presidente del PP de Madrid)". "Está en su sitio, todo apunta a que repetirá. La relación con el partido es la misma que con otros alcaldes", dicen las mismas fuentes regionales. 

El PP de Cifuentes dio varios toques de atención al diputado regional, próximo a Esperanza Aguirre, por algunas declaraciones y acciones que tuvieron mucho eco en los medios de comunicación. La expresidenta le desautorizó públicamente en 2016 cuando, en unas jornadas de "educadores cristianos", se refirió a las feministas como "mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar".

Apenas unos meses después, el alcalde propuso en una ponencia que el PP de Madrid llevara a cabo "políticas, acciones y reformas legales" para suprimir de forma "paulatina" el aborto ante la sorpresa de la expresidenta. " Está completamente fuera de la agenda política", zanjó Cifuentes, que fue avalada por Pérez en 2017 como presidenta del PP regional pese a la mala relación entre ambos.

El regidor, que está al frente del municipio del PP con más habitantes de la Comunidad de Madrid, ha mantenido en esta última legislatura una posición díscola que contribuyó a tensar más la relación con Cristina Cifuentes. Ha sido sancionado como diputado regional en dos ocasiones por ausentarse de votaciones en las que apeló a su "objeción de conciencia". En la primera los diputados se pronunciaban sobre una moción no vinculante de Ciudadanos a favor de regular la gestación subrogada; la segunda fue el día de la aprobación de la ley contra la LGTBIfobia, impulsada precisamente por el Gobierno del PP. 

"Si mis ideas tuvieran más reflejo en el PP, estaría más cómodo",  dijo en una entrevista en La Razón en septiembre de 2017. Ahora, David Pérez dice que está "especialmente ilusionado con el proyecto de Pablo Casado". En conversación con eldiario.es evita confirmar si será candidato. Apela a "ser respetuoso con el calendario que marca el partido" y defiende su gestión desde 2011 como aval.

El alcalde defiende su gestión: "Noto el apoyo" 

"He podido cumplir objetivos que nos marcamos, como sacar al Ayuntamiento de la bancarrota que heredé del PSOE (612 millones de deuda)", afirma. El alcalde asegura que durante su mandato ha creado "7.000 empleos" y cerrará el año con una "reducción del paro del 10%, más que la media regional y nacional". "Eso lo ve la gente y lo valora, yo noto mucho el apoyo de los vecinos", añade. 

David Pérez arrasó en 2011 con mayoría absoluta en el municipio y volvió a ganar en 2015 aunque con un resultado más modesto (10 concejales) que necesitó de la abstención de Ciudadanos. Los de Albert Rivera rompieron con el PP tras la polémica por las declaraciones contra las feministas pero no permitieron una moción de censura para sacarlo del poder. Ponían como condición al PSOE y a Ganar Alcorcón liderar ese cambio pese a ser el grupo más minoritario. 

Con las dos victorias consecutivas, Pérez desbancó la tradición socialista de la ciudad, donde siempre había gobernado el PSOE salvo un breve lapso entre 1999 y 2003. Pero siete años después de esa mayoría absoluta, la situación de Pérez en el municipio ha cambiado mucho: el equipo de Gobierno ha tenido que prorrogar presupuestos desde 2016 porque no cuenta con apoyos para sacarlos adelante y el grupo municipal funciona con solo siete concejales tras dos bajas "por motivos personales y otra por "ambiente laboral adverso". Además, otra concejala, Marta González, que entró porque era la siguiente en la lista ha denunciado al regidor municipal por dejarla sin competencias ni salario. 

La oposición asegura que el grupo municipal está "tensionado y dividido". "David Pérez está muy quemado. Pensamos que él no quiere repetir en esta situación pero el partido le va a obligar porque tampoco sabe dónde ponerle", sostiene el portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos. Fuentes del PP de Madrid no entran a valorar la situación del grupo popular en Alcorcón pero aseguran que "no tiene pinta de que haya alguien que sustituya" como candidato a Pérez. 

Fuentes regionales subrayan que el diputado está "incorporado con total normalidad al partido, con buena sintonía en la nacional y en la regional". Y justifican que "excepción" fue "la época de Cifuentes". Apenas tres años en más de una década sentado en un escaño de la Asamblea de Madrid. En la época dorada de Esperanza Aguirre y las mayorías absolutas, David Pérez se sentaba detrás de la lideresa en el plenario y era su altavoz en la Asamblea como portavoz del grupo parlamentario entre 2008 y 2011. También ella le nombró viceconsejero de Empleo y Mujer.

El historial político de este licenciado en Ciencias de la Información, viejo conocido del PP de Madrid, acumula una larga lista de polémicas, como su negativa a colgar la bandera LGTBI con motivo del Orgullo pese a que era un mandato del pleno. La última fue hace apenas dos semanas, cuando comparó Madrid Central, el área de bajas emisiones que restringe el tráfico de paso en 5 kilómetros cuadrados de la capital, con el Muro de Berlín. " A los comunistas les gusta mucho levantar muros", escribió en su perfil de Twitter, que encabeza una foto junto a Pablo Casado. Alcorcón espera ahora su decisión. 

https://m.eldiario.es/madrid/PP-Casado-David-Perez-Cifuentes_0_843765759.html

43. C.MADRID. EL ESCÁNDALO DE CRM: MADRID PERDIÓ CINCO MILLONES PÚBLICOS EN UNA INVERSIÓN POR NO TOMAR "PRECAUCIONES" CONTRA UNA ESTAFA

La querella del sindicato CGT y la asociación Observatorio CODE por malversación a gran escala en las empresas de capital riesgo CRM SA e Inicap desvela un dato inédito sobre cómo manejaron el dinero público ambas sociedades: la Audiencia de Madrid ya tumbó la denuncia penal con que CRM SA, controlada por el Ejecutivo regional y gestionada por una filial de la extinta Caja Madrid, pretendía recuperar lo invertido en Grupo Nupcial Novissima durante 2009. El 11 de octubre de 2012, el tribunal rechazó el recurso con que CRM pretendía revocar el archivo de su querella por estafa contra el principal accionista de Novissima. Pero lo rechazó no porque negase la existencia del engaño invocado por la empresa pública sino porque esta no había adoptado las mínimas "precauciones" exigibles antes de inyectarle a la firma de moda nada menos que cinco millones de euros de mayoritario origen público. [pincha aquí para leer la sentencia en la versión que, sin datos personales, difunde el Poder Judicial en su web]

En 2008, CRM SA, siglas de Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA, entró con tres millones en el accionariado de Novissima pese a que jamás había depositado siquiera cuentas en el Registro Mercantil; y esos tres millones se fueron ya aquel año por el desagüe. Al siguiente, justo el día de Nochebuena y la víspera, CRM le aportó a Novissima esos otros cinco millones a que se refiere el auto de la Audiencia madrileña. Lo hizo por tres vías: mediante dos ampliaciones de capital (3.452.064 euros en total), a través de otros dos préstamos (de 1.306.062 y de 114.250 euros) y con un aval por 177.557 que la propia sociedad de capital riesgo canceló al año siguiente.

CRM perdió todo lo invertido en Novissima. Es más: cuando Novissima fue declarada culpable del concurso de acreedores en que acabó entrando, la sociedad de capital riesgo tuvo que pagar otros 850.000 euros en concepto de finiquito. La fallida inversión en moda nupcial, una de las que la querella inscribe dentro de una trama textil donde involucra a creadores como Javier Larrainzar, Miguel Palacio y empresas como Artesanos Camiseros, costó a Madrid nueve millones de euros.

Solo cuando Novissima se declaró en concurso de acreedores en noviembre de 2010, los gestores de CRM se percataron de que el consejero delegado de Novissima, Moises Anselem, había vaciado de activos la sociedad antes de que CRM le transfiriera en diciembre de 2009 aquellos cinco millones. Anselem le había traspasado a su esposa las filiales de Novissima y las marcas de moda que explotaban para su negocio nupcial, entre ellas Agatha Ruiz de la Prada, Elio Bernhayer, Javier Larrainzar, Devota & Lomba y Duyos.

Este periódico no ha podido localizar a Anselem. Pero que su figura resultaba importante para la Administración madrileña del momento lo confirma un episodio datado el 25 de septiembre de 2009. Ese día, y así lo atestiguan las fotos de la Agencia Efe y una noticia de la revista empresaexterior.com, Esperanza Aguirre asistió en México DF a la inauguración de "la primera flagship store" –en español, la tienda principal– que abría Novissima en ese país.

Tres meses después, Anselem movía las fichas de sitio y ponía las filiales y las marcas a nombre de su mujer, que al igual que él aparece como querellada en la denuncia formulada este miércoles en la Audiencia Nacional por el sindicato CGT y la asociación Observatorio contra los Delitos Económicos (CODE). CRM, sentenció luego la Audiencia de Madrid en un auto que no admitía apelación, "infringió su deber de autotutela, por lo que el perjuicio patrimonial sufrido no es imputable objetivamente a los querellados desde un punto de vista estrictamente penal".

"No adoptó las precauciones propias"

La resolución de la Audiencia considera "evidente" que la sociedad de capital riesgo "no adoptó las precauciones propias de una operación de estas características, mediante, por ejemplo, una auditoría secundaria a la que le presentó GNN [Grupo Nupcial Novissima] para autoprotegerse".

Los autores de la querella van más allá y no creen que lo sucedido con CRM SA y el fondo Inicap obedezca a una mera negligencia: había, sostienen en su escrito, una "asociación ilícita". O, como los portavoces de CGT y CODE tradujeron ayer en rueda de prensa, una "trama criminal" destinada a trasvasar fondos públicos de Madrid a determinados empresarios. Las ruinosas operaciones de las dos empresas de capital riesgo les acarrearon pérdidas superiores a 60 millones entre 2006 y 2015.

Javier López Madrid, yerno del fundador de OHL e imputado en las operaciones Lezo y Púnica, es uno de los 100 antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid y empresarios contra los que el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos) acaban de formular querella por malversación a gran escala a través de las dos empresas de capital riesgo controladas por los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Como ha publicado este jueves infoLibre, una de las operaciones denunciadas por CGT y CODE es la que en 2006 emprendió CRM con un proyecto empresarial centrado en la gestión de gimnasios privados, lo promovidos por Ingesport bajo la marca Go Fit. Articulada a través de inyecciones de capital a cuatro sociedades –tres de ellas vinculadas entre sí accionarialmente– así como de préstamos y avales, esa operación costó a la Comunidad de Madrid pérdidas no inferiores a 2,6 millones hasta que abandonó el proyecto en 2011.

El fortalecimiento de Ingesport con cargo a fondos públicos allanó el desembarco de Corpfin, una compañía directamente vinculada a una de las nueras de Esperanza Aguirre y su familia, Carolina Oriol. En diciembre de 2015, Corpfin Capital SA vendió el 3,78 de Ingesport con un beneficio declarado de 3,7 millones. La sociedad Oranda, propiedad de la familia de Carolina Oriol y donde ella misma es consejera, posee el mayor paquete accionarial de Corpfin Capital SA.

Los primeros indicios de que el Gobierno madrileño había beneficiado a Ingesport se remontan a 2009. El periódico Público destapó entonces que CRM le había inyectado 1,3 millones. Y que, cuando en 2006 se decidió esa inversión –el 26% de los títulos, con un valor nominal de 1.225 euros pero con una prima de emisión de 1.298.500 euros– justamente en esa empresa trabajaba el profesor de pádel de Ignacio González, entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre, luego su sucesor y ahora principal imputado en la Operación Lezo. Ingesport, que gestiona en Madrid cinco centros deportivos bajo la marca Go Fit, niega cualquier irregularidad en la inyección de dinero público.

En la querella destaca un nombre: el de Javier López Madrid, yerno del fundador de OHL, condenado por las tarjetas black de Caja Madrid, imputado en las operaciones Lezo y Púnica y gestor del fondo de capital riesgo Inicap, del que cobró al menos 600.000 euros. López Madrid es uno de los 100 antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid y empresarios contra los que se dirige la querella.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/12/14/el_escandalo_crm_madrid_perdio_cinco_millones_publicos_una_inversion_por_no_tomar_precauciones_contra_una_estafa_89872_1012.html

44. C.MADRID. QUERELLA POR MALVERSACIÓN A GRAN ESCALA CONTRA LÓPEZ MADRID Y UN CENTENAR DE EX ALTOS CARGOS Y EMPRESARIOS DE MADRID

CGT y la asociación CODE llevan a la Audiencia Nacional las ruinosas operaciones de dos empresas de capital riesgo controladas por la Comunidad de Madrid y que acumularon pérdidas superiores a 60 millones entre 2006 y 2015 La denuncia desgrana los cobros del yerno de Villar Mir por dirigir el fondo Inicap, las operaciones que beneficiaron a modistas como Javier Larrainzar y Miguel Palacios a través de CRM SA y la entrada de esa sociedad pública en un proyecto de gimnasios privados al que aparecía vinculado el profesor de pádel de Ignacio González

Javier López Madrid, yerno del fundador de OHL e imputado en las operaciones Lezo y Púnica, es uno de los 100 antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid y empresarios contra los que el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos) acaban de formular querella por malversación a gran escala a través de las dos empresas de capital riesgo controladas por los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Presentada este miércoles en la Audiencia Nacional, la querella cifra en más de 60 millones las pérdidas que entre 2006 y 2015 acumularon Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA (CRM SA) y el fondo Inicap I. Siempre bajo control accionarial del Ejecutivo madrileño, CRM e Inicap se embarcaron en sucesivas operaciones que no solo resultaron ruinosas para el erario autonómico sino que, por sus características, implicaron según los querellantes un auténtico y deliberado desvío de fondos.

Como ha publicado este jueves infoLibre, una de las operaciones denunciadas por CGT y CODE es la que en 2006 emprendió CRM con un proyecto empresarial centrado en la gestión de gimnasios privados, lo promovidos por Ingesport bajo la marca Go Fit. Articulada a través de inyecciones de capital a cuatro sociedades –tres de ellas vinculadas entre sí accionarialmente– así como de préstamos y avales, esa operación costó a la Comunidad de Madrid pérdidas no inferiores a 2,6 millones hasta que abandonó el proyecto en 2011. El fortalecimiento de Ingesport con cargo a fondos públicos allanó el desembarco de Corpfin, una compañía directamente vinculada a una de las nueras de Esperanza Aguirre y su familia, Carolina Oriol. En diciembre de 2015, Corpfin Capital SA vendió el 3,78 de Ingesport con un beneficio declarado de 3,7 millones. La sociedad Oranda, propiedad de la familia de Carolina Oriol y donde ella misma es consejera, posee el mayor paquete accionarial de Corpfin Capital SA.

Los primeros indicios de que el Gobierno madrileño había beneficiado a Ingesport se remontan a 2009. El periódico Público destapó entonces que CRM le había inyectado 1,3 millones. Y que, cuando en 2006 se decidió esa inversión –el 26% de los títulos, con un valor nominal de 1.225 euros pero con una prima de emisión de 1.298.500 euros– justamente en esa empresa trabajaba el profesor de pádel de Ignacio González, entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre, luego su sucesor y ahora principal imputado en la Operación Lezo. Ingesport, que gestiona en Madrid cinco centros deportivos bajo la marca Go Fit, niega cualquier irregularidad en la inyección de dinero público

El empresario Javier López Madrid aparece como figura central en uno de los apartados clave de la querella: el funcionamiento del fondo de capital riesgo Inicap. Constituido en 2006, una empresa participada por el yerno de José Miguel Villar Mir, Möbius SGECR, asumió desde el inicio la dirección del fondo por adjudicación del Gobierno madrileño. A su vez, Möbius encomendó la gestión directa de Inicap a una segunda empresa de la que López Madrid era único accionista, Financiera SIA Capital.

Bajo investigación judicial después de que el arrepentido David Marjaliza declarase que esa fue la empresa utilizada por López Madrid para canalizar comisiones ilegales del Metro de Madrid, SIA cobró de Möbius 1,76 millones de euros entre 2007 y 2014, como desveló este periódico en enero. De esos 1,76 millones, al menos 600.000 euros procedían directamente de Inicap. El fondo público madrileño dejó de presentar cuentas al Registro Mercantil en 2010. A partir de ese año, sus inversiones constituyen un misterio. Según el Ejecutivo autonómico, que ostentaba el 66% de las acciones del fondo mientras que el otro tercio estaba en manos de la Cámara de Comercio, Inicap acarreó al erario madrileño pérdidas de 9,3 millones. Los querellantes, que sustentan sus acusaciones en documentos mercantiles públicos, computan las pérdidas globales de Inicap, más de 17 millones.

La querella también pone el foco sobre las inversiones efectuadas por CRM en distintas empresas del sector textil y de la moda que acarrearon a la empresa pública pérdidas millonarias. En algunos casos, las empresas beneficiadas acababan de constituirse con aportaciones no dinerarias –especialmente marcas de moda– que, según los querellantes, se sobrevaloraron para justificar elevadas primas de emisión en la compra de títulos adquiridos con el dinero de la Comunidad de Madrid. Entre los modistas que CGT y CODE consideran corresponsables de la presunta malversación figuran dos de los diseñadores más conocidos de las pasadas décadas, Javier Larrainzar y Miguel Palacio, que tras el estallido de la crisis se confesaron arruinados. La querella también afecta a los principales responsables de Artesanos Camiseros, que cerró a finales de 2012, y a los principales accionistas de Grupo Nupcial Novíssima.

Entre aquellos contra quienes se dirige la querella se cuentan los cuatro consejeros de Economía que dirigieron ese departamento entre 2006 y 2015: Fernando Merry, Antonio Beteta, Pervival Manglano y Enrique Ossorio, actual portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/12/13/querella_por_malversacion_gran_escala_contra_lopez_madrid_centenar_altos_cargos_empresarios_madrid_89825_1012.html


45. C.MADRID. EL GOBIERNO DE MADRID PERDIÓ 2,5 MILLONES EN UN PROYECTO CON EL QUE LA FAMILIA POLÍTICA DE AGUIRRE DIO LUEGO UN PELOTAZO

Una querella de CGT y del Observatorio contra los Delitos Económicos, a la que ha tenido acceso infoLibre, destapa la oscura operación de trasvase de fondos públicos a la gestora de gimnasios Ingesport y otras sociedades de su órbita

Tras esas inyecciones de capital, una empresa vinculada a los Oriol y a una nuera de
Esperanza Aguirre compró títulos de Ingesport por 1,3 millones y declaró luego en 2015 un beneficio de 3,7 millones por su venta.

Un portavoz de Ingesport, que gestiona en Madrid cinco centros deportivos bajo la marca Go Fit, niega cualquier irregularidad en la inyección de dinero público

La sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA (CRM), ahora en liquidación y cuyo accionariado controló siempre el Gobierno autonómico, perdió durante la pasada década al menos 2,5 millones en un proyecto empresarial que luego terminó reportando a la familia política de Esperanza Aguirre un pelotazo millonario. Así lo indican los datos incluidos en la querella presentada este miércoles en la Audiencia Nacional por el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos) y a la que infoLibre ha tenido acceso.

La querella acredita cómo las inversiones efectuadas por CRM a partir de 2006 en Airport Equipment Ibérica SL y Thomas Wellness SL, dos firmas vinculadas a Ingesport Health & Spa Consulting SL, se convirtieron en un negocio ruinoso para el erario madrileño pero fortalecieron la estructura de la tercera de las mercantiles citadas, dedicada a la promoción de gimnasios sobre suelo público cedido por distintos ayuntamientos por periodos de hasta 40 años a cambio de un canon. El Ayuntamiento de Madrid, donde Ingesport mantiene cinco centros deportivos bajo la marca Go Fit, es uno de ellos. El primero de ellos abrió en 2009.

Ese fortalecimiento o saneamiento, implementado también con préstamos a una cuarta sociedad incluida en ese perímetro, Larum Inversiones SL, allanó el desembarco del grupo financiero Corpfin en su accionariado a partir de 2009. Corpfin está directamente vinculada a una de las nueras de Esperanza Aguirre, Carolina Oriol, así como a sus padres y otros familiares.

Un beneficio que casi multiplicaba por tres lo invertido

A finales de 2015, y así lo reseñan sus propias cuentas anuales, Corpfin Capital SA, sociedad de capital riesgo, se desprendió del 3,78% que ostentaba en Ingesport. La venta le reportó un beneficio de 3,7 millones, y así se recoge en sus cuentas de 2016. Su aportación al capital de Ingesport a lo largo de 11 ampliaciones realizadas entre el 13 de mayo de 2009 y el 27 de junio de 2013 había sumado 1,28 millones de euros, y así lo ha verificado este periódico analizando los documentos registrales adjuntados a la querella. Es decir, en seis años y medio y con una crisis económica sin precedentes por medio, Corpfin Capital SA multiplicó por casi 3,5 el importe de su inversión. Las memorias de Corpfin Capital SA no especifican quién compró ese 3,78% pero su web señala que fueron Torreal, de la familia Abelló, y Mutua Madrileña.

Las últimas cuentas presentadas por la sociedad explican que el 23 de diciembre de 2015 "formalizó un acuerdo de venta de acciones de Ingesport Health and Spa Consulting SL por el cual enajenaría el 3,78% del capital de esta sociedad, que constituye la totalidad de su participación en la misma" cuyo coste en libros, dice la memoria, se cifra en 1.383.860 euros. La ejecución de la venta, prosigue el informe, quedaba sujeta a determinadas condiciones suspensivas "referidas a la obtención de determinadas autorizaciones". Una vez levantadas esas condiciones suspensivas, el 22 de abril de 2016 se formalizó "el acuerdo de cierre de la operación".

"El precio de la venta establecido corresponde a un importe fijo de 5.156.302,57 euros neto de determinadas comisiones", añade el informe de Corpfin Capital SA. Como consecuencia de esa venta, "la sociedad ha otenido un beneficio de 3.772.442 euros". Ese beneficio se verá incrementado, agrega la memoria, con "un importe adicional bruto para la sociedad de 756.000 euros condicionado a la puesta en funcionamiento de cuatro nuevos centros deportivos que la sociedad tiene en desarrollo, así como otro importe adicional bruto de 378.000 euros (...), condicionado a la obtención de determinados permisos públicos para la apertura de un nuevo centro deportivo".

En el listado de accionistas de Corpfin Capital SA el apellido más repetido es el de la familia que domina esa compañía y que figura como rostro visible de los fondos de inversión a los que da nombre. Ese apellido es el de la familia Oriol. Y una de las hijas de Felipe José Oriol y Díaz de Bustamante, presidente de Corpfin Capital SA, es Carolina Oriol Miranda. Está casada desde 2008 con el primogénito de Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid hasta septiembre de 2012. Carolina Oriol ostenta el rango de consejera de Inversiones Oranda SL –acrónimo de Oriol Miranda, los apellidos de sus padres–, que a su vez posee el mayor paquete accionarial (19,88%) de Corpfin Capital SA, según las cuentas de 2016, las últimas disponibles. El pasado 29 de octubre, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicó el acuerdo de disolución voluntaria de Corpfin Capital SA. Este periódico remitió este martes a Corpfin varias preguntas relacionadas con la operación Ingesport. No ha habido respuesta.

La "alianza" entre Corpfin e Ingesport data de 2007, y así lo recalca la web del grupo que capitanean los Oriol, aunque el proceso de inversión no comenzó hasta dos años más tarde. Pero son las cuentas de Ingesport sobre 2008 las que, sin tapujos, revelan la existencia de un nexo directo entre la obtención de concesiones municipales y la entrada del holding financiero. Tras reconocer que Ingesport había cerrado el ejercicio en situación de "patrimonio neto negativo y, por otra parte, de fondo de maniobra negativo" o, lo que es lo mismo, en situación de disolución, la memoria añadía esto: que había "conversaciones muy avanzadas" para la entrada de "un nuevo accionista" que aportaría "un total de hasta 30 millones". Esas aportaciones "estarían sujetas en una fase inicial a la obtención por parte de la sociedad de las autorizaciones necesarias para la participación de la misma en distintos proyectos, actualmente en negociación". En opinión de los administradores de Ingesport, "las autorizaciones comentadas serán obtenidas sin duda a lo largo del segundo trimestre del año 2009", con lo que "la entrada del nuevo accionista se produciría en un plazo inferior a cinco meses".

A preguntas de infoLibre, un portavoz de Ingesport indicó que la colaboración con Corpfin comenzó después de que "un conocido" de Gabriel Sáez, cabeza visible de Ingesport, "le presentara en 2007 a Patrick Gandarias, consejero delegado de Corpfin". Y las autorizaciones mencionadas en el párrafo anterior se referían a las necesarias para abrir un centro en Córdoba, "cuyo ayuntamiento estaba gobernado por IU".

El "vice" Ignacio González y su profesor de pádel

Los primeros indicios de que el Gobierno madrileño había beneficiado a Ingesport se remontan a 2009. El periódico Público destapó entonces que CRM le había inyectado 1,3 millones. Y que, cuando en 2006 se decidió esa inversión –el 26% de los títulos, con un valor nominal de 1.225 euros pero con una prima de emisión de 1.298.500 euros– justamente en esa empresa trabajaba el profesor de pádel de Ignacio González, entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre, luego su sucesor y ahora principal imputado en la Operación Lezo.

Ese profesor, Carlos Martín, participó en las negociaciones para la entrada de dinero de CRM en Ingesport, y así lo atestiguaban ya en aquel momento los documentos difundidos. El 17 de junio de 2008, Carlos Martín escribe un email a su abogado quejándose de que Gabriel Sáez, administrador de Ingesport, Airport Equipment, Larum Inversiones y asociado a los dueños de Thomas Wellness, le "vacila". Pero asegura que será Ingesport quien salga perdiendo con la ruptura: “Espero tener hoy una respuesta, [que] no te vacile más y poder tomar las acciones oportunas. El vice está al corriente de todo. O sea que ellos van a perder más, pues ya sabes que se buscó Ingesport porque al vice y a Ángel [Córdoba] les interesaba. Empresas dispuestas a colaborar hay muchas”. Ángel Córdoba participaba en la gestión de CRM como, alto directivo de la extinta Caja Madrid, también accionista de CRM. Con un 49%, la Comunidad de Madrid era el accionista de control de CRM, ahora denominada Participaciones CRM SA y en fase de liquidación, aunque en realidad todos los socios –también la patronal CEIM y la Cámara de Comercio– iban de la mano.

Este periódico preguntó al portavoz de Ingesport a qué se refería exactamente Carlos Martín en aquel correo electrónico donde hablaba del "vice" Ignacio González. "No tenemos nada que ver. Ese email está manipulado y sesgado", fue la respuesta.

El escrito cursado a la Audiencia Nacional respalda con documentos mercantiles cada una de las afirmaciones sobre lo sucedido con Ingesport, que considera constitutivas de los delitos de malversación y asociación ilícita. En otras operaciones igualmente denunciadas, los querellantes aprecian también delitos de corrupción privada, delitos societarios y prevaricación. Por los hechos relativos a Ingesport y su constelación societaria, la querella se dirige contra 29 personas, bien por su participación en las transacciones de títulos o en las decisiones que llevaron a CRM a invertir en las empresas citadas. Ni Esperanza Aguirre ni Ignacio González figuran entre los querellados. Felipe Oriol y su hija Carolina sí aparecen en la lista.

Cuatro empresas afortunadas entre medio millón

Pero si en 2009 ya afloraron datos sobre el oscuro papel que los emails de su profesor de pádel atribuían a Ignacio González, lo que la querella revela ahora es que el presunto desvío de fondos públicos fue muy superior. Porque aunque CRM logró una plusvalía de 186.000 euros cuando en julio de 2010 vendió sus títulos de Ingesport a Corpfin Capital Fund III FCR, el conjunto de la operación había dejado un agujero de más de no menos de 2,5 millones en la empresa pública madrileña. Si ya resultaba sorprendente que una SL conectada con el profesor de pádel de Ignacio González fuese una de las 13 agraciadas en 2006 por las inversiones de CRM en una comunidad donde las empresas instaladas superaban ya entonces el medio millón, la querella de CGT y CODE constata que fueron cuatro las mercantiles de ese círculo a las que la Comunidad de Madrid traspasó fondos a partir de ese año.

La versión de Ingesport, que niega todo vínculo societario con la empresa Thomas Wellness, la cuarta de la serie beneficiada por CRM, es esta: "La razón de la entrada de CRM en Ingesport es la compra de AEI (Airport Equipment Ibérica) . CRM decidió entrar en Ingesport por el plan de negocio de AEI (empresa que estaba en funcionamiento y en expansión) pero sobre todo por el plan de negocio de Ingesport. Ingesport estaba participada por NH hoteles en un 40%, con posibilidad de incrementar su participación hasta un 60 por ciento. CRM compro acciones de Ingesport y con ese dinero en su totalidad se compró AEI".

Propiedad de Ingesport, en la que participaba CRM desde abril de 2006, Airport Equipment Ibérica SL (AEI) recibió, según la querella, 2.657.809 euros de la sociedad pública de capital riesgo, cifra adicional a la los 1,6 millones que obtuvo Ingesport. Pero Ingesport sostiene por el contrario que Airport solo ingresó de CRM un millón. "Las cifras reales –respondieron a infoLibre los portavoces de la empresa a través de un email– son 2,6 millones en total, que corresponden a 1,6 millones a Ingesport y 1 en AEI, ya que la inversión se hizo en su mayor parte a través de Ingesport, más 0,3 millones a Larum [otra sociedad de Gabriel Sáez] como mayor inversión en AEI para cerrar esa compañía".

Las memorias anuales de CRM y Airport Equipment aportadas por los querellantes parecen indicar que el dinero transferido por la Comunidad de Madrid a las empresas de Sáez tanto a través de ampliaciones de capital como de préstamos y el perdido por la ejecución de dos avales fue el que dice la querella, pero este periódico no ha podido someter el asunto a la consideración de expertos ajenos a los autores de la querella y a Ingesport.

El objeto social de AEI era abrir un centro de belleza en Barajas. En 2008 ya contabilizó 408.000 euros en pérdidas, pese a lo cual incrementó su plantilla desde los 15 empleados que declaraba tener ese año hasta los 27 que anotó en la memoria de 2010. Ese ejercicio, Airport anotó pérdidas de casi 420.000 euros. En julio de 2012, y después de que AENA ejecutara un aval de 274.000 euros en el que CRM constaba como avalista, la empresa se declaró en concurso voluntario. "CRM –resume la querella– no recuperó nada" de su inversión. Los querellantes sostienen que ese traspaso de fondos públicos a Airport Equipment Ibérica (AEI) fue una de las vías mediante las que "CRM cubrió los gastos de Ingesport".

Ingesport, por su parte, sostiene que AEI era "una magnífica compañía que se vio dañada por los cambios de flujos de pasajeros en la T2 a la T4" que efectuó AENA.

Y es un documento oficial, la memoria anual de Ingesport sobre 2008, la que de nuevo valida esa afirmación: el "esfuerzo de reestructuración" acometido por la empresa en 2007 es el que explica "la inversión realizada en AEI". La suma de lo que Ingesport pagó en total en 2006 por el 80% del accionariado –luego compró el 20% restante– y por unas obras pendientes es casi idéntica (1.248.405 euros) a la transfusión de fondos públicos que ese mismo año le había hecho CRM, 1.299.725 euros. Más tarde, llegarían nuevas remesas de la Comunidad de Madrid para AEI a través de otras ampliaciones de capital.

Finalmente, y según la querella, CRM vendió sus participaciones en AEI "por 0 euros a Larum, S. L" en junio de 2011. El escrito sustenta ese dato en las cuentas de CRM. En efecto, la memoria anual de la compañía no reseña ninguna entrada por esa transacción. "Larum SL –añade el texto– era una sociedad instrumental para las inversiones de Gabriel Sáez" que había recibido préstamos y avales de CRM. Le prestó 501.400 euros y le concedió un aval por otros 100.000. Según Ingesport, lo que ocurrió fue lo siguiente: "Larum compra las acciones de AEI asumiendo todas los costes y riesgos en condición de préstamo, de modo que si se consigue recuperar la compañía CRM recuperaría la inversión y si no Larum garantizaba este límite en los costes y responsabilidades de posible cierre de AEI , como así sucedió". Pero lo cierto es que CRM tampoco recuperó esa cuantía.

Pero tampoco el apoyo económico público al proyecto de Ingesport acabó ahí. CRM, explica la querella, "también sufragó la maquinaria [de los gimnasios] a través de las inversiones en Thomas Wellness Group, SL (donde CRM sufrió pérdidas de CRM por valor de 1.000.000 de euros)". Constituida por tres hermanos, los Junquera Rodríguez, y dedicada al deporte y los tratamientos de belleza, Thomas Wellness Group SL arrancó sus operaciones el 26 de diciembre de 2006 con un capital de 289.801 participaciones equivalentes a otros tantos euros. El capital fue íntegramente suscrito como aportación no dineraria mediante la entrega de títulos que los tres propietarios tenían en otras cuatro sociedades. Dos de esas empresas habían sido creadas 26 días antes. Ingesport, a la que suministró máquinas de gimnasio y con la que efectuó operaciones mercantiles conjuntas, asegura que Thomas Wellness es una compañía por completo ajena.

Ese mismo 26 de diciembre de 2006, y aunque ya en el primer consejo de administración de Thomas Wellness aparecía el representante de CRM, la nueva empresa acordó una ampliación de capital por 173.880 euros de valor nominal, lo que garantizaba que los hermanos Junquera mantuvieran el control accionarial. Pero, cubierta al completo por CRM con dinero contante y sonante, la ampliación incluía una prima de 1.026.120 euros. En resumen, la empresa pública madrileña aportó todos los fondos líquidos de los que dispondría la sociedad pero sin que ello le asegurase ni quiera el dominio de Thomas Wellness Group SL.

Thomas Wellness Group SL –precisa la querella– financió operaciones de Ingesport "por importe de 500.000 euros con un interés de 56.000 euros en 2008". En concreto, prosigue el texto, "la puesta en marcha de Ingesport Corporate Wellness, S.L., sociedad dedicada a la explotación del primer gimnasio Go fit, situado en la Ciudad Telefónica [de Madrid]". Además, "aportó la maquinaria necesaria para el comienzo de la explotación de los gimnasios por Ingesport Health and Spa Consulting, SL". En abril de 2012, CRM vendió sus participaciones en Thomas Wellness Group. "La pérdida registrada por esta venta sumó 1.000.000 de euros", constata la querella.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/12/21/la_comunidad_madrid_perdio_millones_grupo_con_que_familia_politica_aguirre_dio_luego_pelotazo_89774_1012.html

46. C.MADRID. LA CÁMARA DE CUENTAS DESTAPA EL DESCONTROL EN LAS FUNDACIONES DE AGUIRRE

Un informe que fiscaliza el periodo 2011-2015 critica la falta de mecanismos de control sobre sus gastos e incluso cuestiona su creación

Las 33 fundaciones que entre 2011 y 2015 formaron parte del sector público de la Comunidad de Madrid carecían de mecanismos de control sobre sus gastos, algunas presentaban debilidades estructurales y de funcionamiento y, en determinados casos, ni siquiera debieron haberse creado. A esta conclusión llega un informe de la Cámara de Cuentas, consultado por EL PAÍS, que fiscaliza este periodo, en el que las fundaciones recibieron 124,5 millones de euros en subvenciones públicas.

El informe de la Cámara de Cuentas critica la absoluta falta de control en el manejo de fondos de carácter público de estas 33 fundaciones durante la presidencia de Esperanza Aguirre, primero, e Ignacio González, después. Cristina Cifuentes, que tomó posesión en junio de 2015, también fue responsable de este subsector de la Administración durante medio año. Pese a estar financiadas fundamentalmente con recursos públicos, no contaban con unidades de control interno para supervisar la actividad y evitar disfuncionalidades e irregularidades en el gasto, concluyen los auditores.

El caso más extremo es el de la Fundación Arpegio, creada en 2006 y controlada por Francisco Granados, entonces consejero de Presidencia y mano derecha de Esperanza Aguirre. Las cuentas de esta fundación están bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la trama Púnica. El magistrado sitúa a Arpegio, junto con el Canal de Isabel II y la Agencia de Informática, en el centro de las pesquisas acerca de la trama de mordidas, amaño de contratos públicos y financiación irregular y cree que la Fundación Arpegio se creó ex profeso para evitar pasar por la Ley de contratos públicos. Una conclusión parecida a la que llega la Cámara de Cuentas, que asegura que se creó para huir de los controles públicos y que acabó convertida en “una mera caja pagadora de las facturas que se le presentaban”.

La fundación, extinguida en 2016 y dedicada al medio ambiente, no aportó documentación a los auditores: ni planes de actuación, ni la mayoría de los presupuestos, lo que ha impedido la fiscalización. Parte de esa documentación está en sede judicial en la Audiencia Nacional. Los primeros datos suministrados, asegura también el informe, “han mostrado contradicciones, opacidad e insuficiencia en las respuestas”. A los auditores les “llama la atención” la propia creación de una fundación con “una estructura débil y con un personal mínimo”, incapaz de controlar la ejecución de los contratos.

Arpegio está investigada, entre otras cosas, por patrocinar un concierto de Waiter Music, la empresa que presuntamente pagaba comisiones para obtener contratos en la región. También subvencionó con 82.000 euros a la ONG del PP, investigada en el caso Bárcenas, tal como adelantó EL PAÍS.

Arpegio no es la única fundación de cuya utilidad duda la Cámara de Cuentas, que en sus conclusiones asegura: “Cabe decir que no se advierte la necesidad de haber creado determinadas fundaciones, por su falta de rentabilidad social, económica, o por razones de eficacia”. Y añade que “tampoco aparece justificado el mantenimiento de la vigencia de otras, que según la fiscalización realizada presentan importantes debilidades estructurales y de funcionamiento”.

Hay varios ejemplos. La Fundación Vicenta Guimerá no tiene actividad desde el año 1985, pero nunca ha sido extinguida y no se sabe de qué organismo público depende. La Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, extinguida en 2013, no aportó datos a los auditores, que no han podido examinar la fiabilidad de las cuentas en los años de actividad. Lo mismo ocurre con la Fundación para la investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA), extinguida en 2012. “Dada la importante carencia de datos, ha sido imposible realizar el correspondiente análisis fiscalizador”, se lamenta el informe. La Fundación Orquesta y Coro de Madrid “no ha rendido cuentas”, señala, pese a estar obligada.

La fundación Dos de Mayo Nación y Libertad, creada en 2008 para “reforzar el sentimiento de que España es una gran nación”, no facilitó “ninguna información de la requerida en el cuestionario” que le envió la Cámara de Cuentas, según el informe, ni lograba contactar con ella. Los auditores tuvieron que escribir a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, que comunicó que estaba en liquidación “pero sin aportar la documentación exigida”, señala el informe. La Audiencia Nacional sospecha que la fundación también se pudo usar para la financiación irregular del PP.

https://elpais.com/ccaa/2018/11/01/madrid/1541102246_940061.html

47. C.MADRID. PODEMOS DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA LA FINANCIACIÓN DEL PP A TRAVÉS DE UN CENTRO DE MENORES CONCERTADO POR AGUIRRE

El partido sitúa a la empresa GINSO, gestora de un centro de menores de Madrid hasta 2021, como "tapadera para el traspaso de fondos públicos a la financiación irregular del PP" Granados, supuesto cabecilla de la Púnica, aportó en marzo al juez facturas de unos estudios sobre delincuencia juvenil encargados a una empresa vinculada a Álvaro Renedo que nunca se entregaron La denuncia incluye a GINSO dentro de una "estructura corrupta mayor" de empresas que aparecen en Púnica, Pujol o Lezo

Un centro de menores, Teresa de Calcuta, como vehículo para la financiación ilegal del PP. Es el entramado que describe Podemos en una denuncia que se presenta este martes ante la Fiscalía Anticorrupción. El partido sitúa el convenio firmado por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre en 2006 con la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO) para la construcción y gestión del centro, donde viven 170 menores con medidas judiciales, como "desencadenante de la colaboración de Alfredo Santos –presidente de GINSO– en la maquinaria de financiación del PP".

Este acuerdo de colaboración está en vigor hasta 2021 y se firmó por 15 años con un presupuesto de 157 millones de euros. Según Podemos, la entidad sin ánimo de lucro GINSO "sirvió de tapadera para el traspaso de fondos públicos a la financiación irregular del PP a través de unos informes sobre delincuencia juvenil que nunca aparecieron".

Esta nueva línea de investigación sobre la financiación en B del PP se abrió en marzo tras una declaración judicial del exvicepresidente madrileño Francisco Granados, supuesto cabecilla de la trama Púnica. Granados aportó al juez Manuel García Castellón, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, facturas "falsas", según su testimonio, para la elaboración de unos estudios sobre delincuencia juvenil en el ámbito europeo que habrían encubierto la financiación en B. La colaboración se firmó entre GINSO y una empresa vinculada con Álvaro Renedo (Inver-Beta S.L), expresidente de Telemadrid por intermediación del consejero de Justicia y presidente del Consejo de Administración de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, Alfredo Prada, según la denuncia.

Así lo confirma también una declaración de 2012 ante notario realizada por Carmen Balfagón, ex directora de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reinserción del Menor Infractor y actual directora general del Imserso. Dicha declaración, desvelada por El Mundo, relata cómo Prada, a las órdenes de Esperanza Aguirre e Ignacio González, impulsó la realización de los estudios que, según su relato, servirían para "tener más conocimiento en materia de inserción de menores" y, además, pondrían "en valor el conjunto de actuaciones de la propia Consejería en determinados medios de comunicación social". Un total de cuatro facturas, según la declaración de Balfagón, por valor de 173.000 euros que implicarían también al periodista fallecido Germán Yanke Greño.

Podemos, en una denuncia presentada por la diputada Isabel Serra, también pone en conocimiento de la Fiscalía que la "empresa GINSO, que a día de hoy tiene un convenio aún vigente para la gestión de ese centro, forma parte de un entramado de empresas que han funcionado en diferentes ocasiones para la financiación irregular del PP y que aparecen en el caso Púnica, Lezo o Pujol (Ibadesa, Inypsa, Isolux)". "Sus relaciones con Ibadesa nos hacen sospechar de su participación en una estructura corrupta mayor, dedicada al saqueo de fondos públicos y que trasciende de la Comunidad de Madrid, especializándose en captar fondos europeos para el desarrollo en países de América latina y África", añade el documento dirigido a Anticorrupción.

Según la denuncia, la firma del convenio de colaboración en marzo de 2006 estuvo rodeado de movimientos de traspaso de carteras entre empresas que asumieron la construcción del centro y que estaban relacionadas con GINSO. Lo admitió en una entrevista en 2006 en El País el arquitecto y presidente, Alfredo Santos. "Da la casualidad de que soy arquitecto, tengo una empresa de proyectos y el 9% de una constructora. Si me dan la gestión del centro sería absurdo que no me contratara a mí mismo para hacer la obra. Alguien tiene que hacerlos. No se los voy a encargar a otro para que lo gestionemos luego nosotros. Sería una complicación buscar otra constructora. Además, sale más barato", afirmó.

Estas empresas de proyectos eran Icono y Prodos-Proyect-Process S.L, "sociedades instrumentales", según Podemos. La última, vinculada a Ibadesa, fue adquirida en un 70% por otra compañía, INYPSA, el mismo mes que la Comunidad de Madrid firmó el convenio de colaboración con GINSO, de acuerdo con la denuncia. La cartera de proyectos comprada incluía equipamientos hospitalarios en República Dominicana, China y Angola, además de la construcción del centro de menores en Madrid. El sobrino de político de Cospedal, José Herrero de Egaña y López del Hierro, era entonces vicepresidente de Prodos, según el documento.

Movimientos similares se registraron, siempre según Podemos, en adjudicaciones de la Junta de Andalucía unos años antes con otros centros de menores, como el de La Marchenilla (Algeciras), Tierras de Oria (Almería) y el de Inserción Laboral de Purchena (Almería). "En estos casos ya se utilizó a GINSO como pantalla", dice la denuncia, que sitúa a Alfredo Santos y sus empresas como beneficiario.

https://www.eldiario.es/madrid/Podemos-Fiscalia-financiacion-irregular-PP_0_847265368.html

48. C.MADRID. LA EXALCALDESA DE ALPEDRETE, DEL PP, CONDENADA A SIETE AÑOS DE INHABILITACIÓN POR PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA

Con esta resolución judicial, María Casado Nieto, del Partido Popular, se verá obligada a abandonar todos los cargos públicos que ostenta y queda en suspenso si decidirá poner fin a su extensa carrera política.

Quien fuera alcaldesa de Alpedrete por el Partido Popular (PP) durante 12 años y actual concejal por la oposición y asesora de la Viceconsejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, María Casado Nieto, ha sido condenada por la Audiencia Provincial de Madrid “a siete años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público” por considerarla autora de un delito de “prevaricación administrativa”.

Con esta sentencia en firme queda revocada la absolución que el 15 de diciembre de 2017 había dictado el Juzgado de lo Penal número 3 de Madrid, y como “no cabe interposición de recurso”, la concejal popular se verá obligada a dejar las funciones que ocupa en la actualidad.

“Condenamos a la acusada, María Casado Nieto, como autora de un delito de prevaricación administrativa, del artículo 404 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, a la pena de siete años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, con expresa imposición de las costas causadas, excepto las que haya podido devengar la acción popular”, dice la sentencia de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid en su resolución fechada el 30 de octubre.

La sentencia remite a una demanda presentada hace ocho años, en 2010, en respuesta a la contratación laboral de dos personas por un trabajo de seis meses como peones en el Departamento de Obras de la localidad, según cuenta a El Salto la secretaria general de la Sección Sindical de Comisiones Obreras (CC OO) en el Ayuntamiento de Alpedrete, Montserrat Gomis.

“Entonces contrataron a dos personas, como se suele decir, a dedo, sin dar la oportunidad a otras que también necesitaran ese trabajo a tener la posibilidad de acceder a ese empleo público en condiciones de mérito y capacidad”, recuerda Gomis, cuyo sindicato fue el responsable de la interposición de la querella.

Uno de los contratados, además, era familiar de la ahora condenada. “Era un primo de la alcaldesa, e incluso ambas personas en algún momento ya habían trabajado en el Ayuntamiento. Pero, aunque hubieran trabajado, siempre tiene que hacerse ese proceso selectivo para dar seguridad de que todo el mundo puede acceder al empleo público. No puedes contratar a quien quieras y cuando quieras, por eso lo denunciamos, no por el vínculo. Era una contratación de seis meses, pero da igual que fuera para seis meses o para toda la vida, que contraten a dos o a cien personas, el hecho es hacer algo a sabiendas de que está mal”, afirma la representante de CC OO.

El agravante, en este caso, es que un informe de Secretaría del Ayuntamiento advertía de que estaba llevándose a cabo una contratación fuera del procedimiento reglamentario. Pese a ello, María Casado Nieto decidió seguir adelante.

“Había un informe negativo, ella firmó conforme de que lo había recibido, de que era consciente de ello, y aun así contrató a estas dos personas, por eso la prevaricación, porque era consciente de que estaba dictando una resolución a sabiendas de ir contra del ordenamiento jurídico laboral”, enfatiza Gomis.

En esa ocasión la entonces alcaldesa habría argumentado que se trataba de sustituciones con carácter de urgencia e inaplazables. “En realidad era por la jubilación y las vacaciones de unos compañeros. Desde hacía tiempo se sabía que en verano hay que sustituir por vacaciones y cuando un compañero se jubila, se sabe con antelación. No es algo sobrevenido, se sabe con tiempo”, desmintió la representante sindical.

Ocho años de espera

La causa, iniciada hace ocho años, ha llegado a su fin con sentencia condenatoria firme contra la que no cabe interposición de recurso. “Lo denunciamos y ha tenido todo el recorrido de estos ocho años desde la instrucción. Luego pasó a lo penal, y aunque en un principio se estimó que no había delito, apelamos y ahora la Audiencia Provincial en base a la documentación que siempre hemos presentado, muy decisivas y con mucha carga probatoria de que esto se hizo así, pues al final ha fallado una condena de siete años de inhabilitación para todo cargo público, por prevaricación administrativa”, afirma Gomis, destacando la importancia de una resolución condenatoria de este tipo, por la dificultad que implican.

“Es un éxito porque es muy difícil que los Juzgados vean la prevaricación administrativa, parece incluso que para la sociedad y para todo el mundo es algo menor. Pero estamos hablando de que el derecho que tenemos todos al empleo público no se puede coartar y no puede hacerse de forma caprichosa. Hay mucho paro, hay mucha gente que quiere trabajar en la administración, que se preparan para ello y ven cómo no pueden acceder porque entra gente a dedo, y eso hay que pararlo”, sentencia la representante de Comisiones Obreras.

Dos décadas en cargos públicos y defendida por Cifuentes

María Casado Nieto, conocida como “Marisol” entre las vecinas y vecinos del pueblo, es una histórica referente del Partido Popular en esta localidad de la sierra norte de Madrid. Según describe su biografía en la Web del Ayuntamiento de Alpedrete, ha sido empresaria desde 1992 y desde el año 1995 ocupa cargos en el Ayuntamiento. “En 1995 me incorporé al Ayuntamiento de Alpedrete como concejal del equipo de gobierno del Partido Popular, y desde entonces compaginé mi vida política con la laboral. Durante los siguientes cuatro años (1999 a 2003) fui concejal de la oposición y portavoz del Grupo Municipal Partido Popular. Desde junio de 2003 a junio de 2015 he sido alcaldesa de Alpedrete con dedicación exclusiva, siendo actualmente la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular (cargo que he vuelto a compaginar con mi trabajo)”, detalla.

En la actualidad, Marisol Casado Nieto compagina sus funciones de concejala con la de asesora en la Viceconsejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, cargo por el que, según el portal de transparencia de la Comunidad, percibe un sueldo anual de 53.640,16 euros y que se verá obligada a dejar a partir de esta sentencia judicial que no admite recurso.

El 20 de septiembre de 2017 la diputada del Grupo Parlamentario de Podemos por la Comunidad de Madrid, María Espinosa de la Llave, preguntó a la entonces presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, si se planteaba cesar a María Casado, tras la apertura de juicio oral contra ella. La respuesta, según consigna el portal El Boletin fue escueta y contundente. “No se plantea el cese”, contestó.

Con esta resolución judicial, María Casado Nieto se verá obligada a abandonar todos los cargos públicos que ostenta y queda en suspenso si decidirá poner fin a su extensa carrera política. “Esta sentencia en ese sentido es un éxito y creo que es una lección para todos los cargos públicos”, finaliza la representante del sindicato CC OO, Montserrat Gomis, no sin antes recordar aquella frase que en enero de 2013 en la apertura de la Vigésima Intermunicipal Popular pronunció María Dolores de Cospedal: “En el PP quien las hace las paga”.

https://www.elsaltodiario.com/corrupcion/la-ex-alcaldesa-de-alpedrete-condenada-a-siete-anos-de-inhabilitacion-de-cargo-publico-por-prevaricacion-administrativa

49. C.MADRID. EL ÚNICO CONDENADO POR EL TAMAYAZO ROMPE SU SILENCIO 15 AÑOS DESPUÉS

Alberto Moreno, exempleado de Telefónica, la única persona condenada por el Tamayazo, afronta el embargo de su casa para pagar las indemnizaciones requeridas en un proceso que ha durado 15 años. "Juro por la vida de mis padres que yo no filtré las llamadas del Tamayazo", dice.

Ni siquiera las últimas nevadas caídas sobre la capital española han conseguido llevarse consigo el olor a chamusquina que emana de la Asamblea de Madrid desde que el 10 de junio de 2003 los entonces parlamentarios del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, no acudieran a la votación para nombrar presidente de la cámara regional, impidiendo una alianza entre PSOE e IU que hubiera supuesto la designación de Rafael Simancas como presidente de la Comunidad de Madrid: el Tamayazo.

La ausencia de Tamayo y Sáez en aquella votación derivó en la convocatoria de nuevas elecciones que, el 26 de octubre de 2003, ganó por mayoría absoluta el PP, convirtiéndose Esperanza Aguirre en presidenta de la Comunidad de Madrid.

Por aquellos acontecimientos, el único proceso judicial que se puso en marcha fue el relativo a la filtración de llamadas telefónicas que se produjeron esos días entre Tamayo, Ricardo Romero de Tejada, José Luis Balbás, un empresario de la construcción, y un abogado. La revista Interviú, el diario El Mundo o Cadena Ser fueron algunos de los medios que publicaron esas llamadas –no los contenidos de las mismas-; los afectados denunciaron la filtración.

La acusación contra Alberto Moreno "es una barbaridad, kafkiano", dice un ingeniero de Telefónica al que no se la ha permitido declarar en juicio

"Juro por la vida de mis padres, y por la tierra de mis abuelos, que yo no filtré las llamadas del Tamayazo", dice Alberto Moreno (48 años), el exempleado de Telefónica Móviles condenado por haber sido la persona que habría sustraído los datos de las llamadas y, a través de terceros, haber hecho llegar esa información a la prensa. "Mi padre me ha cogido por las solapas en tres ocasiones en estos quince años, dime que has sido tú, si has sido tú dímelo, y siempre le he dicho lo mismo: Padre le juro por madre que yo no he sido".

El 17 de mayo de 2016, el Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid dictó sentencia. El PP, el PSOE, y un despacho de abogados habían presentado, trece años antes, denuncia por las filtraciones en los juzgados de instrucción de Madrid números 19, 27, y 47. "Pensábamos que todo lo llevaría el juzgado 19, que fue el primero en recibir querella, pero recayó en el 47", recuerda Moreno. A cargo del juzgado 47 está el magistrado Adolfo Carretero, quien se ha tirado 12 años con la instrucción del caso.

"Queda probado del examen en conciencia de las pruebas practicadas, y así se declara, que el acusado Alberto Moreno de Lucas, mayor de edad, con DNI, sin antecedentes penales (…)" se sirvió del código de usuario de otro empleado de la operadora, para "(…) consultar los datos de determinados clientes de la compañía no comprendidos en el ámbito de su actuación (…)", dice la sentencia de mayo de 2016.

El apartado de Antecedentes de Hecho de aquella sentencia, continúa afirmando que entre el 1 de mayo y 11 de junio de 2003 "el acusado Alberto consultó la titularidad y las llamadas realizadas desde el número (…) cuyo usuario era el Sr. Eduardo Tamayo, entonces diputado del partido socialista de Madrid (…)", así como las de Ricardo Romero de Tejada y Picatoste, entonces diputado del PP en la Asamblea Regional de Madrid; el abogado José Esteban Verdes López-Diéguez; Francisco Bravo Vázquez, empresario de la construcción; y José Luis Balbás, quien lideró una corriente del PSOE y fue expulsado del partido tras el Tamayazo. "El acusado Alberto Moreno de Lucas cedió la información obtenida mediante sus consultas informáticas a tercero o terceros no identificados que les permitió identificar a los usuarios".

"Me han destrozado la vida, me ha generado ansiedad… A mi madre le dio una aneurisma que casi la mata, y cuando despertó del coma, en la UVI, lo primero que dijo cuando pudo hablar fue preguntar por el juicio de su hijo", lamenta Alberto Moreno, que en estos años se ha graduado en Derecho y ha engordado hasta superar los 140 kilos de peso. Las sentencias que condenan a Moreno se basan en los informes elaborados por Policía Nacional, la Agencia de Protección de Datos, y, especialmente, por la misma Telefónica.

"No me dejaron ni recoger mi cepillo de dientes", dice Alberto Moreno

En la sentencia de mayo de 2016, se expone que el acusado "ha reconocido que era amigo" de un detective que supuestamente habría participado en la entrega de la información de las llamadas del Tamayazo a la prensa, y que "las numerosísimas llamadas que realizó el acusado Alberto" fueron a ese mismo detective.

Sin embargo Alberto Moreno desmiente que conociera a ese detective que responde a las siglas M.C. "Es totalmente falso, no le conozco, nunca he hablado con ese detective, ni con ese ni con ningún otro en toda mi vida, podrían haberlo demostrado simplemente llamándole a declarar o accediendo a su móvil, pero no lo hicieron", dice ahora el exempleado de Telefónica condenado, con el que este diario ha mantenido varios encuentros y conversaciones en las últimas semanas.

Las sentencias de la Audiencia Provincial y del Juzgado de lo Penal que condenan a Alberto Moreno reconocen que "no se ha probado" que la información publicada en los medios sobre las llamadas telefónicas "la haya facilitado directamente el acusado", pero subrayan que la "acción nuclear es revelar y él [Moreno] reveló, lo cual causó perjuicios a los titulares de los teléfonos (…)".

Recurso fallido

Alberto Moreno recurrió ante la Audiencia Provincial la sentencia que, como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, le condenó en 2016 a la pena de seis meses de prisión y al abono de las costas procesales. Y el resultado fue aun peor.

El pasado 29 de septiembre la Audiencia Provincial no sólo desestimó el recurso, sino que, estimando parcialmente los presentados por el resto de afectados, declaró la responsabilidad civil de Alberto Moreno para indemnizar a Romero Tejada, el abogado Esteban Verdes y la empresa de construcción Euroholding "en la cantidad que en ejecución de sentencia se determine por los perjuicios económicos sufridos (…)".

En la actualidad, Moreno está a la espera de que un juez determine la cantidad de las indemnizaciones solicitadas, lo que en opinión de su abogado supondrá previsiblemente el embargo de sus bienes, una casa en el barrio de Vallecas y un coche.

"Yo era teleoperador de Telefónica, daba asistencia a grandes cuentas, en un departamento en el que trabajábamos unas 80 o 90 personas. Al poco tiempo de que se publicaran las filtraciones de las llamadas del Tamayazo recibí un telegrama en mi casa de Madrid de Telefónica advirtiéndome que se me ha abierto un expediente por extracción de datos públicos", recuerda Alberto Moreno.

"Tenía unos días de permiso y me fui a un pueblo de Extremadura", continúa contando el recuerdo que tiene de los días del Tamayazo. "De camino recibo una llamada de la policía diciéndome que he sido denunciado por revelación de secretos, y que tengo que presentarme en comisaría. La policía había ido ya a casa de mis padres y a la tienda de mi madre. Fui a la comisaría de Canillas, en Madrid, y declaro, como hicieron el resto de empleados, que las claves eran públicas, que estaban colgadas en los puestos de trabajo, algo que reconoce todo el mundo ante la policía".

Los jueces rechazaron la declaración de un miembro del comité de empresa de Telefónica Móviles

En su recurso de apelación, la defensa de Moreno afirma que la mayoría de los empleados de Telefónica llamados a declarar en el juicio habían modificado su declaración inicial ante la policía, pasando de admitir que las claves de usuario del lugar de trabajo eran compartidas, a asegurar ante el juez de lo Penal que eran individuales e inaccesibles. El asunto del acceso público o no a las contraseñas del sistema de Telefónica es crucial en el caso: si realmente todos los que trabajan en el mismo departamento que Alberto Moreno podían acceder a las claves, cualquiera de ellos podría haber sustraído y filtrado los datos.

Ingeniero de Telefónica y testigo

La representación legal de Alberto Moreno requirió durante el proceso judicial que se tomara declaración a otro empleado de Telefónica, cuyo nombre responde a las siglas M.D.F. La Audiencia Provincial denegó esa práctica de prueba indicando que las "posibles contradicciones en sus testimonios tampoco van a ser salvadas por los testigos propuestos", y que su declaración no descartaría "lo expuesto por los numerosos testigos, trabajadores de la compañía que ya testificaron en el acto del juicio oral".

Este empleado de Telefónica, M.D.F. mantiene con rotundidad que las claves de usuario con las que podía accederse a las llamadas del Tamayazo eran públicas, lo que en su opinión debería exculpar a Alberto Moreno.

Vozpópuli ha contactado con ese testigo, M.D.F., Jefe de Área de Calidad de Sistemas de Información en Telefónica Móviles España hasta 2003, cuyo testimonio los jueces han denegado, ingeniero de Ciencias de la Computación, especializado en redes y servicios de seguridad, con más de 25 años de experiencia en la operadora española. "¿Cómo se puede incriminar a alguien cuando su usuario y contraseña eran conocidos por numerosos compañeros de trabajo?", se pregunta. "Resulta kafkiano, es una barbaridad".

M.D.F. sostiene que Telefónica "siempre argumentó que los usuarios y contraseñas que se compartían en la unidad del CRC eran única y exclusivamente los del correo corporativo Lotus Notes, lo cual no puede ser cierto porque con dicho usuario y contraseña, exclusivamente, no se puede hacer absolutamente nada". La contraseña que se estaba compartiendo "forzosamente debía ser la única o unificada (o de Red) con acceso total al perfil de cada empleado".

"Los empleados compartían las claves que dan acceso a todo el sistema", dice M.D.F.

Al compartir contraseñas, "no sólo se contravenía la propia normativa de la empresa, si no que se cometía una negligencia profesional por parte de los mandos responsables de la implantación de dicho método de trabajo en la unidad", dice. "No es que los empleados compartieran usuario de correo electrónico, no, los empleados compartían el listado de usuario y contraseña única, el que da acceso a todo el sistema", subraya.

Sin huella digital

M.D.F. también llama la atención sobre el hecho de que la investigación interna puesta en marcha por Telefónica fue liderada por el que entonces era Director General de Sistemas de Información, P.G.V. "Estaba muy alejado del perfil técnico necesario en este caso", indica.

"No es normal", advierte el empleado de Telefónica dispuesto a declarar a favor de la versión de Alberto Moreno, "que este director no registrara todos y cada uno de los detalles máximos y mínimos de este proceso, como registrar las direcciones IP de los puestos de trabajo desde donde se obtuvo la información, o no comprobar la sesión de red (huella digital)". Esta información, asegura, "sin duda, hubiese despejado muchas dudas acerca de la culpabilidad o inocencia de los implicados, y se hubiese obtenido con tan sólo solicitarlo".

"Los informes que presentó Telefónica sobre las filtraciones estaban en papel, no había ningún archivo digital, no se presentó huella digital", destaca Moreno.

El sindicato UGT advirtió del uso indebido de las claves de acceso

Otro de los testigos solicitado por la defensa de Moreno, miembro del Comité de Empresa en la época de los sucesos, cuyo nombre responde a las siglas J.J.F.M, afirma que el "uso de las claves de usuario y password que dan acceso a los sistemas de información es totalmente irregular con el cumplimiento de los sistemas de protección de datos". El sindicato UGT, asegura, comunicó entonces "por escrito, tanto a la compañía como a los empleados, el uso indebido de las claves".

J.J.F.M. destaca que con "fechas inmediatamente posteriores a la acusación, el director de Recursos Humanos de Telefónica Móviles España nos citó para explicarnos el nuevo sistema de protección de claves". Tampoco el testimonio del que fuera miembro del Comité de Empresa de la compañía ha sido admitido por los jueces.

Tras la publicación de las llamadas del Tamayazo, "no me dejaron entrar en la empresa, no pude recoger ni mi cepillo de dientes", dice Moreno. Las bases de datos a los que podían acceder los empleados de Telefónica como él, "eran líneas a nombre de sociedades o de partidos políticos, no de los usuarios finales, yo no podía saber quién era el usuario de esa línea; y había clientes de grandes cuentas que podían acceder por sí solos a esos mismos datos, y esa línea de investigación nunca se abrió", mantiene.

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Tamayazo-condenado-Juro-padres-filtre-llamadas-Tamayo-Saez-Madrid-Aguirre-Simancas_0_1115889637.html

50. TWITTER SE RÍE DEL PP POR TILDAR DE “COMUNISTA” EL MADRID CENTRAL DE CARMENA

Isabel Díaz Ayuso afirmó que la contaminación es "una falsa excusa" para "espantar la iniciativa privada"

La portavoz del PP en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el plan de Manuela Carmena Madrid Central que considera “puro comunismo” y que usa como excusa la batalla contra la contaminación para “espantar a la iniciativa privada”, al cerrar el tráfico en el centro de la capital.

"Está la Copa Libertadores y luego la Copa Liberticidas. El experimento que estamos viviendo es puro comunismo y lo es por muchos motivos, porque bajo la falsa excusa y pretexto de la salud, que evidentemente nada tiene que ir por ahí, lo que estamos viendo es puro comunismo", afirmó Díaz Ayuso, en una entrevista, el miércoles, en el programa Es la mañana de Federico, de EsRadio.

La política del "aquí mando yo"

La portavoz popular criticó la política del “aquí mando yo” de Carmena. "Como aquí mando yo, cierro este túnel cuando me da la gana, y ya te daré explicaciones en otro momento, y como aquí mando yo, te pongo semáforos a la entrada de la A5, creando retenciones que van a llegar hasta la provincia de Extremadura (sic) porque yo-lo-decido... hasta la comunidad autónoma de Extremadura, perdón".

El PP revertirá el plan, si gobierna

"Esto es espantar a la iniciativa privada, que es lo único bueno que ha tenido la ciudad de Madrid en estos últimos tres años y medio, a pesar de Manuela Carmena", afirmó la dirigente popular, que defendió que son "los nuevos bares, nuevos restaurantes y nuevos comercios, y los ciudadanos que con sus impuestos dinamizan la economía de la ciudad".

Díaz Ayuso afirmó que Madrid Central, que “genera ciudadanos de primera y de segunda”, será revertido si gobierna el PP y, también, "los carriles bici que han sido puestos en zonas clave, estratégicas, para crear muchos más atascos".

Críticas a Díaz Ayuso en Twitter
Las declaraciones de la dirigente popular han tenido una amplia repercusión en Twitter, donde muchos usuarios le han recordado que en otras ciudades europeas se han puesto en marcha planes similares y no son comunistas.

https://www.elplural.com/politica/partido-popular-madrid-central-comuninismo-manuela-carmena-twitter-memes_207690102

51. ISABEL DÍAZ AYUSO: "VOX NO ES EXTREMO, TIENE POSTULADOS QUE NO COMPARTO"

"Vox es un partido democrático con el que se puede llegar a acuerdos", afirma Isabel Díaz Ayuso, vicesecretaria de comunicación del PP, que sostiene los populares hablarán con Vox al igual que lo están haciendo con Ciudadanos.

"El PP va a hablar con Vox del mismo modo que lo viene haciendo con Ciudadanos", señala Isabel Díaz Ayuso, vicesecretaria de comunicación del PP, que recuerda que 400.000 andaluces han querido que Vox tenga presencia en las instituciones de Andalucía.

Díaz Ayuso afirma desconocer la letra pequeña de las negociaciones en Andalucía, pero tiende la mano a la formación de Santiago Abascal. "Es lo normal en democracia y nosotros tenemos un profundo respeto a los votantes".

No obstante, Díaz Ayuso admite que hay postulados de Vox que desde el PP no comparten. "La mayor diferencia de PP y Vox es que nosotros creemos en el Estado de las Autonomías", añade la vicesecretaria popular.

https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/entrevistas/isabel-diaz-ayuso-vox-no-es-extremo-tiene-postulados-que-no-comparto-video_201812275c252b370cf2524e61902113.html

52. REGION DE MURCIA. LA SUPERACIÓN DEL PLAZO PARA INVESTIGAR LLEVA A LA AUDIENCIA A ABSOLVER A SÁNCHEZ POR 'PASARELAS'

La resolución, que también exculpa al arquitecto Lejarraga, supone un varapalo para otra sección de ese órgano judicial que reabrió la causa

«No hay excusa, no hay disculpa, y sí indolencia». Con esas duras palabras, el magistrado Álvaro Castaño, ponente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial en el juicio por el llamado 'caso Pasarelas', definió la más que cuestionable actuación que la Administración de Justicia de la Región ha tenido en la tramitación de estas diligencias. Una «indolencia» que se ha traducido finalmente en que los dos encausados en esta aparente causa de corrupción, el antiguo alcalde de Puerto Lumbreras y expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez y el arquitecto Martín Lejarraga, hayan acabado siendo absueltos con todos los pronunciamientos favorables. El tribunal no tuvo necesidad de entrar en el fondo de la cuestión, consistente en la presunta adjudicación ilegal de unos contratos para reformar un área urbana junto a la rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras. Y es que durante la exposición de las cuestiones previas de la vista oral quedó de relieve que se habían vulnerado derechos fundamentales de ambos encausados, al haber seguido adelante la investigación cuando ya había expirado el plazo legal para pedir una prórroga.

Convencido de que la mejor opción para Pedro Antonio Sánchez pasaba por tratar de evitar que arrancara el juicio como tal, su abogado defensor, el exmagistrado José Antonio Choclán, puso toda la carne en el asador durante el turno para las cuestiones previas. La base de su planteamiento radicaba en que otra sección de la Audiencia, la Segunda, emitió una resolución contraria a derecho cuando, en noviembre de 2017, ordenó la reapertura del 'caso Pasarelas', que un juzgado de Lorca había archivado meses antes por haber expirado el plazo legal para prorrogar la investigación.

Choclán recordó ayer que estas diligencias se incoaron el 17 de junio de 2016 por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, que en vez de ordenar la práctica de pruebas pasó el asunto al fiscal para que decidiera qué procedía hacer. Sin embargo, transcurrieron más de seis meses sin que ni el juzgado ni la Fiscalía movieran ficha, hasta que el 16 de enero de 2017 el Ministerio Público reclamó que las diligencias fueran formalmente declaradas complejas y que se procediera a practicar diversas pruebas.

Las tres fechas clave

17 de junio de 2016. El juzgado de Instrucción número 3 de Lorca incoa diligencias previas por el llamado 'caso Pasarelas'
16 de enero de 2017. El fiscal pide que se declare causa compleja y prorrogar la investigación, dos días después de expirar el plazo
27 de noviembre de 2017. La Sección Segunda de la Audiencia afirma que el plazo es solo orientativo y ordena reabrir la causa

El titular del juzgado por aquellas fechas declaró que la petición había llegado dos días después de concluido el plazo máximo legal para solicitarlo -había acabado el 14 de enero- y procedió a archivar el asunto, ya que en su opinión no cabía otra opción al no haberse practicado ni una sola prueba y no poder ampliar la investigación.

Esta decisión, visto lo visto ahora, podía resultar vergonzante, al haberse permitido que un asunto se archivara sin haber llegado a practicarse una sola diligencia, pero era legalmente la única posible. Sin embargo, cuando el Ministerio Público presentó un recurso para tratar de evitar que el caso quedara definitivamente sepultado, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial avaló sus argumentos. Estimó que el plazo de seis meses fijado por el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal era meramente orientativo y, en consecuencia, falló que la mera superación del mismo no impedía que se pudiera seguir investigando. Y sentó que la única consecuencia, en el caso de haberla, sería la de considerar que se había producido una dilación indebida en la tramitación. Razones por las cuales ordenó al juzgado la reapertura del 'caso Pasarelas', que acabó arrastrando finalmente hasta el banquillo a Sánchez y a Lejarraga.

Lo que dice el artículo 324 de la LEC

El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformada por el Gobierno de la Nación en 2016, es el que ha motivado la absolución del expresidente Sánchez y del arquitecto Lejarraga. Establece lo siguiente:

1. Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas.

No obstante, antes de la expiración de ese plazo, el instructor, a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja (...) cuando, por circunstancias sobrevenidas a la investigación, ésta no pudiera razonablemente completarse en el plazo estipulado o concurran de forma sobrevenida algunas de las circunstancias previstas en el apartado siguiente de este artículo.

2. Si la instrucción es declarada compleja el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho meses, que el instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes. La solicitud de prórroga deberá presentarse por escrito, al menos, tres días antes de la expiración del plazo máximo.

«Es inaceptable»

El abogado José Antonio Choclán, con la adhesión de Evaristo Llanos Sola y Francisco Nieto -letrados del arquitecto encausado-, afirmó ayer que esa decisión de la Audiencia era «inaceptable» y que «no se podía mantener desde ningún punto de vista, por ser contraria a la ley», que es taxativa en cuanto a que la prórroga de la instrucción debe solicitarse por la Fiscalía «antes» de que expire el plazo de seis meses. El hecho de que ello no hubiera ocurrido, y aun así se hubiera permitido al juez seguir investigando, supondría una clara vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, según el abogado defensor.

Especialmente contundente en su argumentario fue el letrado Evaristo Llanos, quien señaló que resultaba «paradójico que se esté juzgando a unos señores por una presunta decisión arbitraria -en referencia a la prevaricación continuada de la que se acusaba a Sánchez y Lejarraga-, cuando esto es consecuencia de una resolución judicial arbitraria, en el sentido de contraria a derecho».

Y, como ya había indicado antes Choclán en su alegato, apuntó a que ello no habría ocurrido de no ser por la condición de ex alto cargo de Pedro Antonio Sánchez.

Aunque el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, y los letrados de la acusación particular -Ginés Ruiz, por Podemos, y Marcos Sánchez Adsuar y José Alberto Martínez Soriano, en representación de varios antiguos concejales del PSOE lumbrerense- enfrentaron diversos argumentos para tratar de avalar la legalidad de la investigación, el tribunal acabó dando la razón a las defensas. Para ello, al magistrado Álvaro Castaño, actuando como portavoz de sus compañeros José Luis García y María Antonia Martínez Noguera, no le dolieron prendas a la hora de criticar la actuación de sus compañeros de la Sección Segunda. «La interpretación que hicieron de la ley fue poco razonable, no se adapta a su espíritu y es la menos favorable a los acusados», concluyó. «No hay excusa, ni disculpa y sí indolencia en la instrucción», añadió para cerrar el varapalo general a la actuación de la Administración de Justicia en este asunto.

Tras declarar nula la resolución dictada en noviembre de 2017, el tribunal advirtió ayer de que nadie que se siente en un banquillo debe irse sin una sentencia, absolutoria o condenatoria, y procedió a absolver 'in voce' a Sánchez y a Lejarraga, «con todos los pronunciamientos favorables», de los delitos de prevaricación, falsedad y fraude en la contratación de los que estaban acusados.

«De esta forma, seguramente se les hará algo más llevadera la Nochebuena», finalizó el magistrado Castaño con esa especie de guiño a los dos encausados, quienes por indicación de sus letrados renunciaron a su derecho a la última palabra. También evitaron hacer declaraciones a los medios de comunicación.

El primero de tres

Aunque la sentencia no es firme y el Ministerio Público avanzó ayer que con toda probabilidad recurrirá la absolución, Sánchez sale indemne del primero de los tres juicios que, previsiblemente, se verá obligado a afrontar. Le quedan por delante el 'caso Púnica', en el que se le acusa de haber pretendido pagar con fondos públicos una campaña personal de mejora de su reputación, y el 'caso Auditorio', en el que se le atribuyen varios delitos derivados del proceso de adjudicación y construcción del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, por el que también aparece señalado el arquitecto Martín Lejarraga.

El PP y el PSOE se enzarzan tras la exculpación de PAS

El secretario general del PP murciano, Miguel Ángel Miralles, se preguntó ayer si «alguien va a pedir perdón» al expresidente autonómico tras haber salido absuelto. «Todos sabemos que esto pasó porque se trata de Sánchez, porque había que cargárselo como fuera, aunque hubiese que saltarse sus derechos fundamentales». Por su parte, el portavoz del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, recordó que Sánchez «se vio obligado a dimitir por estar procesado en varios casos de corrupción que perjudicaron gravemente a la Región» y lamentó que «el PP no reconozca que Sánchez estaba hasta las cejas». El líder de Podemos, Óscar Urralburu, afirmó que «se ha librado gracias a los cambios que hizo el PP en la ley» para fijar unos plazos máximos.

https://www.laverdad.es/murcia/superacion-plazo-investigar-20181221010222-ntvo.html

53. C.VALENCIANA. LA JUEZ RECHAZA UNA OFERTA DE COLABORACIÓN "TOTAL" DE ZAPLANA

La magistrada del caso Erial, María Isabel Rodríguez, alega que "no es necesaria para la investigación" la oferta del exministro, quien se muestra dispuesto a autorizar a cualquier investigador para obtener información sobre cuentas, bienes o sociedades en el extranjero. La justicia basa la prisión provisional del exministro en el riesgo de destrucción de pruebas que comportaría su libertad. La oferta de Zaplana que avanza la SER iba dirigida a agilizar los trámites para la obtención de esas pruebas y reducir el tiempo de prisión provisional. Además, la juez cree que Zaplana puede fugarse a pesar de su cáncer: "También hay hospitales en paraísos fiscales"

La titular del juzgado número 8 de Valencia que instruye el 'caso Erial', María Isabel Rodríguez, ha rechazado en un auto una oferta de colaboración del expresidente valenciano y exministro, Eduardo Zaplana, para agilizar la investigación y contrarrestar así uno de los principales argumentos por los que continúa en prisión provisional: el riesgo de destrucción de pruebas.

El ofrecimiento fue presentado el pasado mes de octubre, pero no había trascendido hasta la fecha. En su escrito, Zaplana se mostraba dispuesto a firmar "cuantos documentos sean necesarios" para autorizar "a quien designe el juzgado" a la información contenida en "cualesquiera entidades financieras, agencias o sociedades de valores, agencias inmobiliarias, registros públicos o privados, despachos de abogados, gestorías o cualquier oficina" para obtener "cualquier información sobre la titularidad o derechos sobre bienes, participaciones sociales, cuentas bancarias, depósitos, fondos o activos de cualquier tipo de los que considere el juzgado o tenga sospecha" de que el investigado "pudiera ser titular real o formal, apoderado, autorizado o beneficiario".

Oferta para acceder "en días" a datos clave en la investigación

La defensa de Zaplana expone en su escrito que con esta oferta, los investigadores podrían acceder "en cuestión de días" a los datos para confirmar o descartar las sospechas, cuando el procedimiento habitual de auxilio judicial para lograr información internacional demora las respuestas durante "muchos meses, años e incluso se han conocido casos en los que nunca se ha llegado a contestar".

Zaplana manifiesta en su escrito que carece de cualquier tipo de patrimonio en el extranjero, pero muestra su "voluntad de colaborar con los investigadores para que verifiquen in situ" las sospechas y agilizar los trámites "habida cuenta que el secreto de las actuaciones y la privación de libertad puede prolongarse en el tiempo excesivamente".

La juez desprecia la oferta en un auto fechado el pasado 15 de noviembre, que también permanecía inédito hasta hoy. Asegura la magistrada que Zaplana "olvida" que su autorización para la obtención de datos "no es necesaria para la investigación", porque los órganos judiciales "tienen potestad para solicitarlos directamente".

La juez cree que puede fugarse a pesar de su cáncer: "También hay hospitales en paraísos fiscales"

Dice la juez que Zaplana "quiere dar la imagen" de colaboración, cuando "él mismo es sabedor de la presunta utilización que ha hecho de personas y sociedades interpuestas para llevar a cabo los delitos que se le imputan". La juez va más allá y añade que "no existe" la "pretendida" colaboración "pues él es sabedor de la verdad y sigue ocultándolo". La magistrada recalca que además de la destrucción de pruebas, Zaplana sigue en prisión por el "riesgo evidente de fuga ante el anuncio de penas elevadas". Y cree que Zaplana podría fugarse incluso con la leucemia que padece, que requiere un seguimiento médico, al sostener que "hospitales hay en todos los países, incluidos los paraísos fiscales".

Fuentes del caso afirman que "en este momento" de la investigación no precisan de la colaboración de Zaplana, que reclamarán "cuando corresponda". Los investigadores afirman que en las últimas semanas han visitado varios países, fundamentalmente en sudamérica, donde supuestamente Zaplana acumula un patrimonio oculto cercano a los 10.5 millones de euros procedente de comisiones cobradas durante su etapa como presidente de la Generalitat, entre 1995 y 2002. El exministro de Trabajo permanece en prisión desde el pasado 24 de mayo, acusado de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

https://cadenaser.com/ser/2018/12/27/tribunales/1545946865_150184.html

54. C.VALENCIANA. ZAPLANA NIEGA HABER COBRADO COMISIONES Y SE DECLARA INOCENTE

El exministro, en prisión preventiva, asegura en una carta hecha pública por su esposa que es "imposible" que pueda fugarse

El expresidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana, en prisión provisional acusado de una decena de delitos de corrupción dentro del caso Erial, ha negado este domingo en una carta remitida a su esposa Rosa Barceló haber cobrado comisiones, y ha afirmado que es "imposible" que pueda fugarse de España porque sería una "indignidad", ya que es "inocente".

En un comunicado hecho público por su esposa, el expresidente valenciano afirma: "Soy inocente porque no he sido juzgado tal y como reconoce nuestro ordenamiento jurídico, aunque no sea libre por estar sometido a prisión preventiva".

Zaplana está ingresado en el Hospital La Fe de Valencia desde el pasado martes, donde fue trasladado desde el centro penitenciario de Picassent, para someterse a varias pruebas médicas por la leucemia que padece. El exministro sufre esta enfermedad desde 2015, año en que se sometió a un trasplante de médula, y su defensa ha solicitado varias veces su libertad por el riesgo de sufrir una infección grave con riesgo vital.

El juzgado que instruye la causa las ha denegado todas y la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la salida de prisión argumentando que existe riesgo de fuga. Los investigadores creen que Zaplana esconde fondos en el extranjero.

En la misiva, el exministro dice no ser responsable de los hechos de los que se le acusa: "Puedo afirmar que jamás cobré comisión alguna por unas adjudicaciones públicas y jamás distraje una peseta o un euro de las administraciones públicas a las que serví", asevera.

Tras asegurar que "desconoce" el contenido del sumario al estar declarado secreto por la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, insiste en su inocencia "por el convencimiento absoluto de no ser responsable de los hechos".

Sobre el hecho de seguir en prisión para evitar la destrucción de pruebas y el riesgo de fuga, Zaplana replica: "No sé qué prueba puedo destruir después de siete meses de privación de libertad, ni quién se puede plantear seriamente que en mis condiciones me vaya a fugar de mi país".

Afirma, además, que es "imposible" su fuga, no solo por sus "dependencias médicas y arraigos evidentes", sino por que "bajo ningún concepto" permitiría que su "concepción del honor personal" y el legado que deja fuera de tal "indignidad".

El exdirigente del PP afirma que "siempre" ha "concebido y defendido una justicia y unos cuerpos policiales equilibrados, neutrales y con controles. Que hagan justicia sin necesidad de destruir a las personas y su entorno".

Zaplana, en prisión desde el pasado 24 de junio, recuerda que la investigación que le atañe comenzó en 2015 y se pregunta cuánto tiempo hace falta para instruir un asunto contra una persona. Cuando se levante el secreto del sumario espera "poder defenderme y explicar todo aquello que la instrucción necesite que aclare".

Concluye la carta a su esposa agradeciendo "a cuantos han tenido la sensibilidad y argumentos" para pedir su libertad. En el comunicado, Rosa Barceló denuncia que ni a ella ni a sus hijas se les permite ver a Eduardo Zaplana más que 45 minutos a la semana, que ella ya consumió el pasado jueves cuando prepararon este comunicado, cinco días antes de que se produjera su ingreso en La Fe.

https://elpais.com/politica/2018/12/23/actualidad/1545600502_307950.html


55. C. VALENCIANA. EL PLENO DE TORREVIEJA ANULA POR UNANIMIDAD LA COMPATIBILIDAD QUE CONCEDIÓ A ALBALADEJO

El alcalde aclara que la responsabilidad que se le pida al diputado es solo competencia de los técnicos

El pleno del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó ayer por unanimidad de los siete grupos con representación en la Corporación acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que anula un acuerdo plenario de septiembre de 2007 por el que se le concedió la compatibilidad al entonces edil de Hacienda Joaquín Albaladejo.

El acuerdo le permitió percibir un sueldo de dedicación exclusiva y mantener actividades privadas como abogado, agente de la propiedad inmobiliaria y administrador de fincas. La sentencia anula ese acuerdo porque esas actividades no «eran marginales» y eran incompatibles con su conocimiento de asuntos urbanísticos del municipio como concejal.

El acuerdo de ayer, redactado por el área de secretaria, además de acatar la sentencia incluía este punto: «Que por parte del órgano competente se proceda a dictar lo que en derecho proceda, respecto de los actos sucesivos en el procedimiento sean dependientes del acto que se ha declarado nulo». Expresión traducción aproximada es que los servicios técnicos van a estudiar ahora las consecuencias jurídicas de las anulación. Tanto el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) y el edil José Hurtado como la portavoz socialista, Fanny Serrano, se mostraron especialmente prudentes a la hora de dar por hecho que ahora se vaya a reclamar el reintegro de las retribuciones. En este sentido reiteraron que son los técnicos los que deberán determinar ese aspecto. Serrano añadió que considera que el informe que en 2007 se incorporó al expediente, en su opinión, no era favorable a la compatibilidad, algo que niega de forma rotunda el Partido Popular, que mantiene que era favorable.

El alcalde dijo que Los Verdes y IU «tuvieron razón» a la hora de emprender acciones judiciales contra el acuerdo de 2007 y consideró que era evidente que Albaladejo no debería haber ejercido sus actividades privadas mientras era edil de Hacienda también, incluso como dice la sentencia, por simple «estética»

El portavoz del PP, Eduardo Dolón, aseguró ayer que su grupo votaba a favor de acatar la sentencia, pero matizó que los tribunales en ningún caso reclaman al también secretario local del PP reintegrar el dinero que percibió como concejal durante cuatro años y recordó que un auto de 2009 avalaba, a su juicio, el ejercicio de esa compatibilidad. También cuestionó el uso que estaba haciendo de la resolución judicial que alimenta el «odio» que, en su opinión, se fomenta hacia el PP de Torrevieja por parte de algunas formaciones del equipo de gobierno. Dolón concedió que en su día los ediles que aprobaron «podrían haberse equivocado» a la hora de aprobar ese compatibilidad - la responsabilidad del reintegro también podría recaer en esos concejales-.

Uso político

Pablo Samper (Sueña Torrevieja) consideró que la anulación del acuerdo plenario también se deriva, a su juicio, que el entonces edil cobró de forma irregular sus retribuciones como concejal. El concejal de IU, Víctor Ferrández leyó íntegra la sentencia, exigió la dimisión del diputado nacional y dijo que el fallo debería consecuencias penales y que el Ayuntamiento reclame el reintegro de su sueldo como edil. Pilar Gómez Magán, portavoz, de Ciudadanos recordó que no contaba con representación en la Corporación en 2007, que acata todas las resoluciones judiciales y lamentó el uso que político que se estaba haciendo del fallo.

https://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/11/30/pleno-torrevieja-anula-unanimidad-compatibilidad/2092255.html

56. C. VALENCIANA. ALBALADEJO ASEGURA QUE UN AUTO JUDICIAL AVALÓ EN 2009 SU COMPATIBILIDAD

El diputado nacional y secretario general local del PP, Joaquín Albaladejo, asegura que un auto judicial del juzgado de lo Contencioso que ha conocido ahora y fechado el 21 de abril de 2009 resuelve que «su ejercicio de la compatibilidad en el Ayuntamiento de Torrevieja (como concejal entre 2007 y 2011) es legal» y no «procedía su suspensión, avalando la continuidad de la compatibilidad y todas las retribuciones». El auto, que denegaba parcialmente las medidas cautelares propuestas por el entonces edil de la oposición José Manuel Dolón (Los Verdes), no fue recurrido en aquel momento por el actual alcalde.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado el acuerdo plenario de septiembre de 2007 por el que Albaladejo que le permitió compatibilizar su función de concejal de Hacienda con sueldo de dedicación exclusiva y ejercer la labor privada de agente de la propiedad inmobiliaria, administrador de fincas y abogado. El tribunal dice que esas tres actividades privadas no son marginales y Albaladejo no podía dedicarse enteramente a función como edil.

En el auto judicial de 2009 -en respuesta de la petición de medidas cautelares- la magistrada del juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Elche, María José Alonso argumentaba: «La denegación de la compatibilidad -en aquel momento del procedimiento- causaría una perturbación grave en los intereses de Joaquín Albaladejo, en la medida en que ello le impediría ejercer su profesión de Agente de la Propiedad Inmobiliaria y (dejación) del ejercicio de una profesión durante los cuatro años que dure el mandato corporativo muchas veces perturbará su posterior despliegue en el futuro, tras la desvinculación de dicho mandato».

La juez sí admitió la petición de los demandantes de que Albaladejo no pudiera ejercer su actividad «como agente de la propiedad sobre inmuebles de la propiedad municipal, ni trabajar para bancos con los que el Ayuntamiento suscriba contratos de préstamo, operaciones de liquidez y tesorería y que (sus actividades privadas) fueran actividades marginales» con respecto a su función como concejal de Hacienda.

El diputado asegura que si el Ayuntamiento inicia un procedimiento para que reintegre el sueldo como concejal de Hacienda y Patrimonio -algo más de 184.000 euros en cuatro años- en ese periodo impulsará una acción judicial de reclamación patrimonial contra el municipio porque como administrado se vería perjudicado directamente por una decisión municipal, la de anular el acuerdo. También anunció acciones judiciales por injurias y calumnias contra quienes han lanzado determinados mensajes en redes sociales a raíz del fallo judicial.

Si finalmente el Ayuntamiento se inicia ese expediente para reclamar el dinero -algo que debe determinar el área de Secretaría según el informe realizado para abordar el asunto en el pleno de hoy- la cantidad económica no sería de 184.000 euros. Se obtendría del resultado de restar a esa cantidad las indemnizaciones por asistencia a plenos, comisiones y juntas de gobierno a las que hubiera acudido Albaladejo en caso de no percibir un sueldo de dedicación exclusiva. También estaría en el aire su cotización a la seguridad social durante cuatro años del entonces edil.

Albaladejo se enfrenta a una iniciativa de reprobación solicitada en el Congreso de los Diputados por Compromís. El PP expresó en la comisión previa al pleno su voluntad de abstenerse en este punto de acatamiento.

El diputado asegura que es «triste y desesperante que tenga que defenderme contra el gobierno de mi ciudad, que me acusa en falso de disparates, en lugar de hablar de las múltiples y urgentes necesidades que precisa resolver Torrevieja. No solo mis retribuciones han sido siempre legales, sino que fui entre los años 2009 y 2011, el único edil de España que la compatibilidad, la ejercí con defensa y supervisión judicial, y señalamiento de lo que no podía hacer en caso alguno».

http://echosucedio.blogspot.com/2018/11/albaladejo-asegura-que-un-auto-judicial.html

57. LA JUEZA ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN CONTRA CAMPS POR LA ORGANIZACIÓN DEL GRAN PREMIO DE FÓRMULA 1

El expresidente valenciano sigue imputado en tres causas, una de ellas por la construcción del circuito de F-1

La jueza Beatriz Sobremonte ha archivado este jueves la investigación sobre la organización del Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia en la que estaba imputado Francisco Camps. La causa se abrió en 2015 y la Fiscalía Anticorrupción acusaba en ella al expresidente de la Generalitat valenciana de malversación y prevaricación por haber utilizado una empresa privada, Valmor Sports, como pantalla para eludir la legislación de contratación del sector público. Camps sigue imputado en tres causas judiciales, una de ellas centrada en las adjudicaciones para la construcción del circuito de Fórmula 1.

"En atención a las diligencias practicadas en estas actuaciones, considerando que no procede la realización de nuevas indagaciones y estimando que no existen indicios suficientes para formular una acusación fundada en derecho, procede decretar el sobreseimiento provisional del presente proceso", señala en el auto la magistrada del Juzgado de Instrucción 2 de Valencia.

El archivo se produce a petición de la defensa del expresidente. Antes de tomar la decisión, la jueza solicitó la opinión de la Fiscalía. Y el ministerio público, que en junio había pedido que Camps fuera procesado, el paso previo a la apertura de juicio oral, no se opuso expresamente al sobreseimiento.

Correos electrónicos

El cambio de criterio se ha producido después de que el letrado de Camps presentara en octubre unos correos electrónicos que muestran que la Generalitat no asumió la posición de avalista del Gran Premio de Fórmula 1 que ostentaba Bancaja el 19 de julio de 2011, un día antes de que el expresidente valenciano presentara su dimisión, como había sostenido la Fiscalía a lo largo de la investigación.

Solo la Abogacía de la Generalitat se ha opuesto al archivo de la causa contra Camps. "Resulta inútil, desde el punto de vista de los fines del proceso penal y de los derechos en juego, la prosecución del proceso si no existen razones sólidas que lo justifiquen", responde la instructora. La juez agrega que es su deber evitar "consecuencias indeseadas e incompatibles con el principio de presunción de inocencia, como sometimiento al proceso primero y a juicio después, de personas con una apariencia de inocencia no desvirtuada con una razonada sospecha de culpabilidad".

Tres causas abiertas

El archivo deja a Camps imputado en tres causas judiciales. Una de ellas, en el Juzgado de Instrucción 17 de Valencia, investiga la construcción del circuito urbano del mismo Gran Premio de Fórmula 1. Según declaró voluntariamente un ingeniero, su consultoría empezó a trabajar en el diseño del trazado antes de que este fuera licitado porque ya sabían que se lo iban a adjudicar. El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa declaró que José Mayor Oreja, entonces presidente de FCC Construcciones, compañía integrada en la Unión Temporal de Empresas que construyó el circuito, le dio 150.000 euros en la sede regional del partido indicándole que era "por la Fórmula 1". Y Álvaro Pérez, El Bigotes, implicó directamente a Camps en el supuesto amaño de las adjudicaciones, sosteniendo que el expresidente había intervenido para que él consiguiera los planos del circuito también antes de la licitación.

Camps está siendo investigado en paralelo por las contrataciones efectuadas por la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, constituida por la Generalitat, el Arzobispado, el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia para organizar la visita a la ciudad del Papa Benedicto XVI en 2006. Y este mes de diciembre fue imputado también por la contratación de una decena de consejerías y organismos de la Generalitat con la trama Gürtel. Una investigación que ya estaba concluida y lista para ser juzgada y que la Audiencia Nacional ha reabierto después de que los cabecillas de la trama y Costa incriminaran en enero a Camps.

https://elpais.com/politica/2018/12/27/actualidad/1545929370_992773.html

58. FRANCISCO CAMPS, ‘VÍCTIMA’ EN DIFERIDO DE UNA ETAPA DE CORRUPCIÓN Y DESPILFARRO

Los jueces implican ahora al expresidente valenciano en causas por las que la mayoría de sus colaboradores están imputados o condenados desde hace años

Nueve años después de que estallara el caso Gürtel, Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana entre 2003 y 2011, está atrapado en cuatro causas judiciales con imputaciones graves que ponen bajo sospecha su controvertida gestión.

En 2012 salió ileso de su primer y, hasta ahora, único procesamiento por cohecho impropio en el caso de los trajes. Pese a que nunca pudo acreditar que los pagó con su dinero y pese a que durante el juicio se mostraron numerosas pruebas de que aquella ropa fue abonada por empresas de Francisco Correa, el jurado popular absolvió al expresidente valenciano por cinco votos frente a cuatro.

El procesamiento forzó a Camps a abandonar sus cargos en 2012. Desde las afueras de la política ha presumido, y algunos dirigentes del PP le han jaleado por ello, de estar limpio de corrupción y de ser víctima de una injusta persecución.

Durante sus ocho años de presidente de la Comunidad Valenciana, el despilfarro y la corrupción lo inundaron casi todo. Camps sostiene que no se ocupó nunca de la financiación del partido que presidía ni de los contratos que adjudicaba el Gobierno que dirigía.

Era el líder del PP en Valencia y el presidente de la administración autonómica, pero nunca supo o quiso saber que a su alrededor se producían prácticas de corrupción para beneficiar a quienes llegaron a la Comunidad Valenciana de su mano, los empresarios de Orange Market, la filial valenciana del grupo que dirigía Correa.

Ninguno de sus consejeros conocía Orange Market, una empresa constituida en julio de 2003 sin ninguna experiencia en la organización de actos en la Comunidad Valenciana. Pero durante la etapa de Gobierno de Camps, Orange Market asumió decenas de eventos para las distintas consejerías a través de adjudicaciones amañadas o a dedo y se ocupó a través de una sociedad pantalla de la organización de la visita del Papa a Valencia, un contrato de siete millones de euros con un beneficio de casi la mitad.

El Partido Popular que presidía Camps se financió con dinero negro aportado por empresas contratistas de la Comunidad Valenciana, según admitieron al tribunal los dueños de esas sociedades.

El Gobierno valenciano adjudicó a dedo, y sin ningún control sobre el gasto, la organización de dos eventos al Instituto Nóos, propiedad de Diego Torres e Iñaki Urdangarín, durante la presidencia de Camps. Por idénticos hechos, el expresidente balear, Jaume Matas, fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel.

Camps no se enteraba de nada ni era responsable de las contrataciones que hacía su Ejecutivo. Eso repite desde hace años y así lo entendieron los jueces y fiscales que desde 2009 investigaban los distintos casos de corrupción. En sus decisiones siempre evitaron culpar a Camps. El expresidente valenciano ha estado ajeno todo este tiempo a los procesos judiciales que han costado cárcel o graves imputaciones a la mayoría de sus colaboradores. Pero todo cambió hace unos meses, cuando la instrucción de distintas causas todavía vivas en los tribunales descargó nuevas pruebas que apuntaban a Camps.

El juez José de la Mata, que instruye el caso Gürtel, quiere conocer quién dio las indicaciones desde la Comunidad Valenciana para adjudicar contratos a Orange Market, quien a su vez organizaba todos los actos electorales del PP en ese territorio y, según han declarado en juicio, cobraban parte de esos eventos a través de empresas contratistas de la autonomía. Camps deberá declarar como imputado en una fecha todavía no fijada por los delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración.

La visita del Papa a Valencia en 2006 acarreó un gasto de siete millones de euros a la televisión autonómica, dirigida por un amigo de Camps, para organizar la retransmisión del evento y la colocación de pantallas y altavoces en las calles. El contrato se adjudicó a una empresa constructora sin ninguna experiencia en la materia. En realidad, era una sociedad pantalla de la red Gürtel, según ha acreditado la investigación judicial del caso. El juzgado que investiga desde 2016 este gasto decidió en febrero pasado imputar a Camps.

El expresidente valenciano también tendrá que responder ante la justicia por la gestión de los premios de fórmula 1 que Camps consiguió para su comunidad y por la adjudicación de las obras de construcción del circuito urbano.

Muchos años después, la justicia que ha destapado una etapa de corrupción y despilfarro en la Comunidad Valenciana se ha fijado en la persona que presidió ese territorio durante los años del pillaje institucional. Francisco Camps, el expresidente que se declaró desde el primer momento “absolutamente inocente”, tiene ahora cuatro causas pendientes.

https://elpais.com/politica/2018/12/18/actualidad/1545144063_717891.html


59. C. VALENCIANA. LAS TRES IMPUTACIONES (Y MEDIA) DEL "NO CULPABLE" FRANCISCO CAMPS

Al expresident de la Generalitat se le investigado en dos causas relacionadas con la Fórmula 1 y en otra por las contrataciones derivadas de la visita del Papa

La Fiscalía ha pedido su imputación en Gürtel por financiación ilegal del PP a raíz de la confesión del que fue su número dos en el PP valenciano, Ricardo Costa

El miércoles 25 de enero de 2012, a las 19.45 horas, Francisco Camps y el que fuera su número dos, hoy corrupto confeso Ricardo Costa, eran declarados 'no culpables' en la causa de los 'trajes' después de que así lo decidieran cinco de las nueve personas que componían el jurado popular. Desde entonces han pasado casi siete años y han cambiado muchas cosas para el expresident de la Generalitat, que se enfrenta todavía a tres imputaciones (y otra petición de la Fiscalía) por diferentes casos de corrupción.

Hace apenas una semana, la Fiscalía Anticorrupción, partiendo de las declaraciones de Costa durante el juicio por la financiación ilegal del PP, que se celebró hace unos meses en la Audiencia Nacional, pedía la imputación del exdirigente popular por presunta prevaricación y fraude para evitar que los delitos prescriban. La Audiencia había decidido reabrir esta pieza poco antes. El exsecretario general del PP valenciano aseguró ante el juez que los pagos en dinero negro al PP se realizaron a cambio de contratos públicos a Orange Market, la filial de Gürtel en Valencia que dirigía otro de los sospechosos habituales, Álvaro Pérez, El Bigotes. Precisamente, Pérez también señaló a Camps durante el juicio.

De confirmarse la imputación de Camps por el caso Gürtel, que en el entorno de la Audiencia se da por segura, sería la cuarta para el expresidente en apenas ocho meses. Está imputado por las contrataciones con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias; en el caso Valmor por las negociaciones para la adquisición por parte de la Generalitat de la empresa que organizó la Fórmula 1 en Valencia entre 2008 y 2012, y por los sobrecostes en la construcción del circuito urbano para la celebración del Gran Premio de velocidad.

La política de eventos que según repetía Camps iban a colocar a Valencia en el mapa y suponer un retorno económico multimillonario para la comunidad ha derivado en diferentes sumarios, además de la ruina para la autonomía.

Precisamente, en esta última causa derivada de la Fórmula uno y donde se indaga sobre los delitos de malversación, prevaricación y falsedad en el juzgado de Instrucción número 17 de Valencia se detectaron sobrecostes de 16,5 millones en las obras del circuito. Por el juzgado ya pasó para testificar como investigado el expresident el pasado mes de junio. Camps, imputado junto a otras ocho personas, recuperó su actitud desafiante para responder a la jueza que le preguntaba por la supuesta malversación: "Ya está bien. ¿Cómo se atreve a preguntarme eso? No he malversado dinero en mi vida".

Previamente, Ricardo Costa había confirmado el cobro de comisiones por el circuito de Fórmula 1, al igual que haría meses después Álvaro Pérez El Bigotes. Su anterior "amiguito del alma", el hombre que le llamaba para felicitarle las navidades a la familia y preguntarle si le habían llegado los regalos, responsabilizó a Camps y a su cúpula (Juan Cotino, Vicente Rambla, Gerardo Camps y Esteban González Pons) de montar un negocio desde las administración al servicio de sus empresas amigas.

La visita del Papa

La titular del juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que investiga las posibles irregularidades en contrataciones públicas con motivo de la celebración en 2006 del V Encuentro Mundial de las Familias, ha citado a declarar el próximo 7 de febrero como imputado a Camps, una causa en la que también figuran como investigados otras nueve personas, entre ellas Juan Cotino o el obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero. También ahí se investigan delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad.

Caso Valmor

En mayo pasado, el expresident valenciano declaraba en el juzgado de Instrucción número 2 de Valencia y aseguraba ante la jueza que desconocía los contratos y las cláusulas firmados con el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, así como también afirmó que no le avisaron del agujero económico que supuso la celebración del Gran Premio -un capricho que costó más de 300 millones de euros públicos-. En su opinión, todo responde a una conspiración para beneficiar a Catalunya en perjuicio de Valencia. Ecclestone, el millonario de la Fórmula 1 que llegó a decir a las puertas de unas elecciones autonómicas que el gran premio de Valencia peligraría si Camps no resultaba elegido ha pasado a ser casi un desconocido para el exdirigente valenciano, hoy alejado de la vida pública.

Coqueteo con volver a la política

El president de las mayorías absolutas repetidas que le conferían un poder omnímodo en la Comunitat Valenciana ha coqueteado en diversas ocasiones con regresar a la primera línea de la política. La última, hace apenas unas semanas, cuando se ofreció como candidato del PP a la alcaldía de Valencia. Y ello a pesar de su situación judicial. " Ya gané unas elecciones imputado (por la causa de los trajes)", recordó el exdirigente popular el pasado mes de septiembre en una entrevista concedida al programa 'El Faro' de La 8 Mediterráneo. Sin embargo, desde el PPCV se han encargado de recordarle, cada vez que ha 'levantado la mano', que su tiempo "pasó".

La gestión de Camps, que como exjefe del Consell y miembro del Consell Jurídic Consultiu, disfruta de privilegios como chófer y vehículo oficial, al frente de la Generalitat destacó por su megalomanía y sus proyectos faraónicos, en la mayoría de los casos, ruinosos. En el PP, hasta su caída en desgracia, fue uno de los barones más influyentes tras erigirse en uno de los valedores de Mariano Rajoy cuando vio amenazado su liderazgo interno. Ahora, su futuro, el de Camps, vuelve a pasar por los tribunales de justicia.

https://m.eldiario.es/cv/politica/imputaciones-media-culpable-Francisco-Camps_0_845165628.html

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