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Boletín nº 729. Del 23 marzo al 08 de abril 2016


ÍNDICE

01. LOS SMS A BÁRCENAS Y OTROS CUATRO TITULARES DE RAJOY EN SALVADOS

02. RAJOY: “NO DARÉ UN PASO AL LADO. ME ENCUENTRO CON GANAS”

03. RAJOY APENAS HA DESPACHADO EN PERSONA CON EL REY DESDE LAS ELECCIONES

04. EL PP LLENA LA AGENDA DE RAJOY PARA TAPAR SU INACTIVIDAD COMO PRESIDENTE

05. RAJOY PROPONE JORNADAS DE TRABAJO HASTA LAS 18.00 Y HORARIO DE CANARIAS EN TODA ESPAÑA

06. EL PP ANUNCIA AL COMITÉ DE EMPRESA QUE SÓLO EN GÉNOVA 13 DESPEDIRÁ A 50 PERSONAS

07. SORAYOS’ CONTRA ‘GENOVESES’

08. LOS VICESECRETARIOS DEL PP ACHACAN LOS ATAQUES DE SANTAMARÍA A CELOS POLÍTICOS

09. EL CONGRESO APRUEBA LLEVAR AL GOBIERNO ANTE EL CONSTITUCIONAL

10. LA NÓMINA AL DETALLE DE DON PÍO, EL ‘CAPO’ DEL SENADO

11. MONTORO REVELA QUE IMPLICADOS EN LOS ‘PAPELES DE PANAMÁ’ SE ACOGIERON A LA AMNISTÍA FISCAL DEL PP

12. ASÍ REGULARIZARON LOS 'ESPAÑOLES DE PANAMÁ' GRACIAS A LA AMNISTÍA DE MONTORO

13. LOS PAPELES DE PANAMÁ Y LA FAMILIA DOMECQ

14. ARIAS CAÑETE ARGUMENTA QUE LA SOCIEDAD DE SU MUJER ESTABA INACTIVA ANTES DE ASUMIR EL CARGO DE COMISARIO

15. EL CONGRESO PIDE A GÓMEZ DE LA SERNA DATOS DE SU EMPRESA

16. EL PSOE QUIERE QUE LOS DIPUTADOS DETALLEN CON QUIÉN CONTRATAN

17. FEDERICO TRILLO, EL OTRO EMBAJADOR DEL PP EN EL PUNTO DE MIRA POR CORRUPCIÓN

18. VILLAR MIR SE LIBRA DE LIMPIAR LA MARISMA TÓXICA DE HUELVA

19. UN INFORME DE HACIENDA CONFIRMA LOS AMAÑOS EN ACUAMED DESTAPADOS POR EL JUEZ VELASCO

19BIS.LA ÚLTIMA AYUDA A PARADOS FRACASA Y CONSUME SOLO EL 15% DEL FONDO PREVISTO

20. INTERIOR CONTINÚA ASCENDIENDO A LOS ‘PIADOSOS’ DE FERNÁNDEZ DÍAZ

21. NUEVO DESPILFARRO DE LA GUARDIA CIVIL: VUELVE A PAGAR A SUS AGENTES UNA PEREGRINACIÓN A LOURDES

22. EL SUPREMO ANULA EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TSJ MURCIA

23. LAS GESTIONES "FRENÉTICAS" DE LESMES PARA CASTIGAR A UNA JUEZA PROGRESISTA

24. CASO GÜRTEL

24.1. EL JUEZ DE LA GÜRTEL PIDE INFORMES DE LAS EMPRESAS DEL AMIGO DEL ALMA DE AGAG

24.2. ‘EL ALBONDIGUILLA’… DE LA GÜRTEL A LOS PAPELES DE PANAMÁ

24.3. CORREA VISITÓ PANAMÁ AL MENOS 26 VECES ENTRE 2004 Y 2008

24.4. EL JUEZ DE LA 'MORDIDA' DE TOLEDO, A UN PASO DE SENTAR EN EL BANQUILLO A LOS HOMBRES DE COSPEDAL

24.5. LOS MILLONES DEL ‘PELOTAZO’ DE ARGANDA TAMBIÉN PASARON POR PANAMÁ CON LA COLABORACIÓN DE BANCOS ‘LEGALES’

24.6. FRANCISCO CORREA UTILIZÓ EL DESPACHO MOSSACK FONSECA PARA LAVAR CAPITALES

24.7. EL EMPRESARIO ENRIQUE ORTIZ CONFIESA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE VALENCIA

24.8. MALAS NOTICIAS PARA CORREA Y 'EL BIGOTES', UN JUEZ PROGRESISTA 'VERÁ' SUS CONTRATOS CON LA GENERALITAT


24.9. EL VÍDEO DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DE BÁRCENAS: "LA CONTABILIDAD B DEL PP ES UNA REALIDAD"

24.10. LA AUDIENCIA DICE QUE DESBLOQUEAR DINERO A BÁRCENAS SERÍA BLANQUEARLO

24.11. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO DESTAPA OTRA TRAMA DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN ARGANDA DEL REY

24.12. UN JUEZ LLAMA AL PP Y A 16 DE SUS EDILES PARA QUE DEVUELVAN 105.000 EUROS

24.13. EL HOMBRE QUE DESTAPÓ LA GÜRTEL: "CIFUENTES ME DIJO QUE DEJASE EL ASUNTO EN EL CONGELADOR"


25. CASO PÚNICA

25.1 ARROYOMOLINOS ENTREGA AL JUEZ VELASCO CONTRATOS POR VALOR DE 600.000 EUROS BAJO SOSPECHA CON EMPRESAS DE LA PÚNICA

25.2. EVA BOROX DIMITE COMO DIPUTADA REGIONAL PARA “NO PERJUDICAR A CIUDADANOS”

25.3. UN EX CONCEJAL DEL PP PROCESADO EN GÜRTEL COLABORA EN PÚNICA: DESTAPA CÓMO ERAN LAS CACERÍAS DE GRANADOS Y MARJALIZA

25.4. GRANADOS PIDE AL JUEZ QUE LE LIBERE 114.269 € PARA PAGAR LA HIPOTECA DE SU CASA 'OFICIAL'

25.5. EL JUEZ DE PÚNICA IMPUTA A UN EX ALCALDE DEL PSOE POR 'LAVAR' 341.000 EUROS PARA GRANADOS Y MARJALIZA

26. CASO ÁTICO.

26.1. EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A INVESTIGAR A COSIDÓ POR PRESIONES A POLICÍAS EN EL CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ

26.2. LAS ACUSACIONES DEL ‘CASO DEL ÁTICO’ DE GONZÁLEZ QUIEREN QUE EL ABOGADO PANAMEÑO FONSECA DECLARE COMO TESTIGO

26.3. FONSECA SEÑALA QUE EL ÁTICO FUE DE IGNACIO GONZÁLEZ DESDE EL PRINCIPIO

26.4. GONZÁLEZ JUSTIFICA ANTE EL JUEZ EL PAGO DEL ÁTICO CON EL FINIQUITO DE SU MUJER

26.5. INTERIOR PROPONE A LA JUEZ QUE LA UDEF RETOME EL 'CASO ÁTICO' TRAS CUATRO AÑOS APARTADA POR ORDEN DE FERNÁNDEZ DÍAZ


27. PAPELES DE PANAMÁ

27.1. MICAELA DOMECQ, MUJER DE ARIAS CAÑETE, ASEGURA A LA SEXTA QUE DECLARA TODO EN ESPAÑA Y NO DIRIGE UNA SOCIEDAD OFFSHORE

27.2. LA FAMILIA DOMECQ REGISTRÓ UNA SOCIEDAD PANAMEÑA PARA GESTIONAR CUENTAS EN SUIZA

27.3. CAÑETE INFORMA A JUNCKER DE QUE LA EMPRESA DE SU MUJER ESTÁ INACTIVA E IU PIDE SU DIMISIÓN

27.4. ARIAS CAÑETE ARGUMENTA QUE LA SOCIEDAD DE SU MUJER ESTABA INACTIVA ANTES DE ASUMIR EL CARGO DE COMISARIO


28. C.A. CASTILLA LA MANCHA. NACHO VILLA, CONDENADO POR VULNERAR EL DERECHO A HUELGA

29. C.A. CASTILLA LA MANCHA. LA FISCALÍA PIDE METER EN PRISIÓN AL PRESIDENTE DEL PP DE VALDEPEÑAS POR FALSEDAD DOCUMENTAL

30. C.A. MADRID. CIFUENTES BLINDA LOS SÍMBOLOS FRANQUISTAS DE BRUNETE FRENTE A LA MEMORIA HISTÓRICA

31. C.A. MADRID. CRISTINA CIFUENTES HACE VUDÚ… Y NO ES BROMA

32. C.A. MADRID. LAS DIEZ GRANDES MENTIRAS DE ESPERANZA AGUIRRE

33. C.A. MADRID. LA VENTA A UN FONDO BUITRE DE MILES DE CASAS PROTEGIDAS FUE ILEGAL

34. C.A. MADRID. DOS EX ALTOS CARGOS DE AGUIRRE NO DEVUELVEN LAS AYUDAS QUE RECIBIERON

35. C.A. MADRID. COMENAR VIEJO: DEJEN DE INVESTIGARNOS, ESTAMOS TRABAJANDO

36. C.A. MURCIA. LA OPOSICIÓN EXIGE A BARREIRO QUE DIMITA TRAS SU IMPUTACIÓN Y LA COMPARA CON RITA BARBERÁ

37. C.A. MURCIA. EL SUPREMO VUELVE A IMPUTAR A PILAR BARREIRO POR EL 'CASO NOVO CARTHAGO'

38. C. VALENCIANA. BARBERÁ SE DIRIGE AL JUEZ POR ESCRITO PARA NEGAR QUE LE DEVOLVIERAN LOS 1.000 EUROS DE LA DONACIÓN AL PP

39. C. VALENCIANA. LA JUEZ DEL ‘CASO F-1’ CITA A 17 TESTIGOS, DOS DE ELLOS CONSEJEROS DE CAMPS


01. LOS SMS A BÁRCENAS Y OTROS CUATRO TITULARES DE RAJOY EN SALVADOS

Cuatro años después, Mariano Rajoy se volvió a sentar delante de Jordi Évole. Incluso paseó con él. Con sus condiciones. Este Salvados se ha emitido sin cortes, sin edición, uno de los puntos fuertes del programa, en una suerte de falso directo. Todo lo que se grabó es lo que se ha visto en televisión. Rajoy, a pelo.

El presidente en funciones recibió el pasado miércoles a Évole en La Moncloa, como a Ana Rosa Quintana cuando arrancó el curso pero sin tan buen rollo. Sin cañas y sin confidencias sobre sus sudores en la elíptica. Rajoy tenía sobre la mesa de su despacho una carpeta que ponía Évole en rotulador, subrayado, como para avisar al periodista de que había hecho los deberes, que se había tomado en serio la visita de La Sexta. Luego se dirigía al periodista como "don Jordi", una expresión que no se oía en televisión desde que Jordi Estadella dejó el Un, dos, tres.

Durante una hora larga de entrevista, Rajoy y Évole hablan de casi todo, de corrupción, de Bárcenas, de Rita Barberá, de Esperanza Aguirre, de Cataluña, del futuro inmediato del Gobierno, del sentido común y de Rajoy. Muy Rajoy y mucho Rajoy. Los SMS a Bárcenas: "No se acierta siempre" Por primera vez Jordi Évole logró juntar a Rajoy con sus SMS, probablemente el episodio más negro de su legislatura y el momento más tenso de la entrevista. Un encuentro incluso más complicado que el del propio Rajoy con Évole. El líder del PP, enfrentado a los mensajes de apoyo que envió al ex tesorero del partido Luis Bárcenas cuando EL MUNDO destapó el escándalo de los sobresueldos en el Partido Popular. El famoso "Luis, sé fuerte".

El director de 'Salvados' le muestra la portada de EL MUNDO del 14 de Julio de 2013. "Bárcenas guardaba silencio por el apoyo que le daba Rajoy", decía el titular a cinco columnas.- ¿Esta es la portada que más daño le ha hecho de esta legislatura?- Pues no lo sé. Pero evidentemente es una portada y hay unos SMS. Y yo me arrepiento de haber mandado, como es natural, esos SMS. Pero no se acierta siempre en la vida. Admite Rajoy, ya sentado en su despacho, que de haber conocido la actividad delictiva de Bárcenas no habría mandado esos SMS y tampoco lo hubiera nombrado tesorero. Admite también que incluso después de conocer que su tesorero tenía cuentas en Suiza le trasladó su apoyo. "Luis, sé fuerte", le escribió. "Sí, bien. No se acierta siempre".

"La gran coalición sería lo mejor"

Si Évole esperaba alguna exclusiva del aún presidente en torno a las negociaciones post electorales, fracasó. La entrevista con Rajoy se grabó mientras Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunían por última vez el pasado miércoles, minutos antes de que el líder de Podemos dimitiese como vicepresidente de forma preventiva. "Bueno, yo no sé si habrá pacto entre Podemos y PSOE, pero es difícil. Se necesita al PSOE, a Podemos, y además se necesita la colaboración vía voto a favor o vía abstención de ERC, de la antigua CDC, del PNV, de IU y de todos los grupos que conforman Podemos. Eso suma, lo que pasa es que eso convierte a España en un país absolutamente ingobernable. Y por eso digo que, a mí, eso no me gusta".

Lo que le gusta a Rajoy es "la gran coalición", es decir PP más PSOE y si se suma Ciudadanos, pues mejor. "La gran coalición. Sí, la gran coalición. Lo que hay en Alemania. O lo que hay en Austria. La gran coalición, que es lo que funciona en Europa, sería lo mejor para España. Daríamos un mensaje de tranquilidad, de seguridad, de estabilidad y podríamos trabajar para consolidar la recuperación económica", explicó en los jardines de Moncloa.

"En cualquier caso, ¿usted me garantiza que en todo este proceso de negociación usted va a seguir siendo el presidenciable del PP?", le pregunta el periodista de La Sexta. "Sí", responde Rajoy. "Decía Artur Mas que no daría un paso al lado y al final lo dio", insiste Évole. "Bueno, es que yo no soy Artur Mas".

"Vamos a dar la batalla contra la corrupción"

"Bárcenas, Gürtel, Acuamed, Imelsa, Púnica, Cooperación, Fabra, Brugal, Palma Arena, Emarsa, Taula. ¿Con cuántos casos aislados la corrupción deja de ser aislada?". Es una de las preguntas más directas de Évole. El presidente en funciones responde repartiendo culpas. "En España desgraciadamente hemos vivido muchos casos de corrupción, hemos apartado a todas esas personas que han incurrido en casos de corrupción, vamos a dar la batalla y desde luego este es uno de los temas de futuro que me gustaría que en los próximos años pactásemos todos los partidos".

Le pregunta el periodista cuándo asumirá él personalmente la responsabilidad por un caso de corrupción en su partido y Rajoy vuelve a escaquearse. "Si yo lo hubiera cometido o alguien nombrado por mí". Antes de dejar el tema, el presidente del PP se escuchó a sí mismo poniendo como ejemplo el gobierno de Jaume Matas, catalogando a Carlos Fabra como un "político ejemplar" y declarando su amor a Alfonso Rus. "Yo te quiero Alfonso, coño, te quiero coño". "Sí, es evidente que me he equivocado", reconoce de nuevo Rajoy. "Claro que me he equivocado. Es evidente que me he equivocado. Pero yo entonces desconocía lo que luego supe".¿Puigdemont?

"Bueno, también podría llamarme él"

Durante la entrevista, Mariano Rajoy aborda también el conflicto con Cataluña. Sin demasiados agobios. Confirma que todavía no ha hablado con el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, investido el pasado mes de enero, y cuando Évole le pregunta "a qué espera", el presidente del Gobierno responde: "Bueno, también podría llamarme él". Le pregunta el periodista si siente Rajoy que se ha convertido en "un chollo para el independentismo", cuya representación parlamentaria se ha multiplicado por cinco durante la última legislatura. "En absoluto. Yo como presidente del Gobierno he hecho lo que tenía que hacer que es defender la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles". "El humor es lo más serio que se puede hacer"

"¿Cómo le gustaría que fuese recordado su mandato?", cuestiona Évole en el tramo final del encuentro. "Pues como una persona que fue honesta con sus compatriotas y que fue independiente y que pudo haberse equivocado y que tuvo que tomar decisiones difíciles que en circunstancias normales no lo haría pero que solo miró por el interés general y procuró preservar la independencia del Gobierno. Y la preservé, créame".

Le dijo un día Rajoy a Bertín Osborne que ser presidente del Gobierno era "la pera". Este domingo, más formal, respondió a la gallega: "Hay mucha gente que pensará que todo lo que he hecho yo está mal hecho, pero hay otra gente que no. Concitar unanimidades no es bueno. Incluso es sospechoso".

La última intervención del presidente en funciones fue para relajarse hablando de fútbol, decir que tiene "tuit" (cuando quería decir cuenta de Twitter) y para gustarse como carne de memes. "Somos seres humanos y tenemos sentimientos", dijo en autoparodia. Avisó: "El humor es lo más serio que se puede hacer".

http://www.elmundo.es/espana/2016/04/03/5700f274e2704eb44c8b461b.html



02. RAJOY: “NO DARÉ UN PASO AL LADO. ME ENCUENTRO CON GANAS”

El líder del PP niega que Aznar se estuviera refiriendo a él cuando pidió, en su presencia, nuevos liderazgos: "Hablaba del mundo en general"

El presidente del PP ha asegurado este domingo en una entrevista en el programa Salvados que no tiene intención de apartarse para facilitar un acuerdo de Gobierno. "Garantizo que no voy a dar un paso al lado. Me encuentro con ganas". Preguntado por si mantendría esa determinación si los presidentes del Banco Santander, el BBVA o La Caixa le pidieran que se retirara para facilitar un pacto, el líder popular ha asegurado que "nadie" le había llamado con esa petición y que si lo hicieran, no les haría caso. "Quiero seguir porque creo que hay muchas cosas todavía por hacer".

Preguntado por las recientes declaraciones del expresidente José María Aznar reclamando en su presencia nuevos liderazgos, Rajoy no se ha dado por aludido. "Estaba hablando del mundo en general. Fundamentalmente, de los temas de la lucha contra el terrorismo, de los acontecimientos que se están produciendo en determinados lugares del mundo…". El presidente en funciones también ha negado que miembros de su partido le hubiesen aconsejado dar un paso atrás.

La corrupción ha acaparado buena parte de la entrevista. Como ya hizo en el Congreso en agosto de 2013, Rajoy ha admitido que fue un error enviar un SMS de apoyo - "Luis, sé fuerte"- al extesorero del PP Luis Bárcenas cuando ya era público que tenía cuentas en Suiza. "Me arrepiento de haber mandado esos SMS, pero no se acierta siempre en la vida". "Es verdad que mandé ese mensaje cuando parece que se había confirmado que tenía cuentas en Suiza, pero a partir de ahí ya se acabó cualquier tipo de relación", ha añadido.

Ante la enumeración de los escándalos que afectan al PP (Gürtel, Púnica, Brugal, Acuamed, Imelsa, Palma Arena...), Rajoy ha negado que la corrupción sea sistémica y ante un vídeo que recopilaba pasadas intervenciones suyas alabando al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra (en prisión), a Jaume Matas o Alfonso Rus, el líder popular se ha justificado: "Sí, es evidente que me he equivocado. Claro que me he equivocado. Pero yo entonces desconocía lo que luego supe".

Preguntado por si pondría la mano en el fuego por Esperanza Aguirre, Rajoy ha contestado que confía en ella. La expresidenta del PP madrileño dejó su cargo en el partido por, en sus propias palabras, no haber "vigilado" suficientemente para evitar casos como el de Púnica. Pero el líder del PP no se siente responsable de los escándalos que afectan a sus siglas. "El responsable de un acto de corrupción es fundamentalmente el que lo comete". Para que se sintiera responsable, ha explicado, tendría que haber cometido el delito él mismo o alguien de su Gobierno.

"Probablemente, me vea pronto con Puigdemont"

El presidente en funciones ha dicho que "todavía" no había llamado al presidente catalán, Carles Puigdemont, aunque ha añadido, sin dar más detalles: "Probablemente nos veamos pronto". Rajoy, en cualquier caso, ha rechazado que su partido sea responsable del auge del independentismo en Cataluña. "En absoluto. Yo, como presidente, he hecho lo que tenía que hacer, que es defender la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles. Es mi obligación y además es lo que creo que piensa la inmensa mayoría de los españoles".

El presidente en funciones se ha referido a los desahucios como "historia pasada" -"Hoy el número de desahucios es mínimo"-; ha admitido que el salario mínimo (655 euros al mes) es "bajo", pero ha añadido que "son poquísimos" los que lo cobran, y, preguntado por si le parecía de "sentido común" que miles de españoles [familiares de desaparecidos del franquismo] no sepan aún dónde están enterrados sus abuelos, ha contestado: "Me gustaría que todo el mundo supiera dónde están enterrados sus abuelos, pero no tengo claro que sea cierto eso, ni que pueda hacer nada el Gobierno por arreglarlo". Rajoy se ha corregido a sí mismo inmediatamente después, admitiendo que sí hay "mucha gente" que no sabe dónde yacen sus seres queridos, pero ha apostillado: "Lo que me parece de sentido común es que intentemos que cosas de esas [la Guerra Civil] no se vuelvan a repetir en el futuro y que no estemos dándole vueltas de manera continuada al pasado". La ONU ha reprendido en varias ocasiones al Gobierno por no ayudar a los familiares de los represaliados a recuperar los restos.

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/03/actualidad/1459713117_470034.html



03. RAJOY APENAS HA DESPACHADO EN PERSONA CON EL REY DESDE LAS ELECCIONES

El proceso de investidura ha distanciado al presidente de Felipe VI

El Rey y el presidente mantienen habitualmente un despacho semanal y en anteriores ocasiones, el hecho de que el Gobierno estuviera en funciones no ha interrumpido esos encuentros. Pero Mariano Rajoy apenas ha despachado en persona con Felipe VI desde las elecciones del pasado 20 de diciembre. Ni La Moncloa ni la Casa del Rey quisieron confirmar este miércoles cuándo fue su último despacho en La Zarzuela, pese a que otras veces han difundido incluso fotografías del mismo. La Casa del Rey insiste en que el jefe del Estado y el del Ejecutivo mantienen “contacto telefónico”.

“No he hablado con el Rey, pero está perfectamente informado”, reveló el presidente en funciones, Mariano Rajoy, el martes a las 12 del mediodía, casi cuatro horas después de los atentados en Bruselas. Preguntada al respecto, La Zarzuela informó más tarde de que ambos habían hablado, pero no especificó cuándo. El pasado 13 de noviembre se informó de la conversación entre Rajoy y Felipe VI muy poco después de los ataques en París. Esas horas de diferencia entre ambas llamadas son una muestra de cómo se ha enrarecido la relación entre el Gobierno y la Corona desde que el primero está en funciones.

La Constitución atribuye al Rey el “ser informado de los asuntos de Estado”. Para ello puede asistir a sesiones del Consejo de Ministros y suele mantener un despacho semanal con el jefe del Ejecutivo. Ni La Zarzuela ni La Moncloa han querido confirmar a este periódico cuándo fue el último, alegando que nunca se informa de los mismos. En realidad, sí lo han hecho en alguna ocasión, difundiendo incluso fotografías, como el pasado noviembre, cuando Rajoy y Felipe VI dedicaron ese despacho semanal casi por completo al desafío soberanista catalán.

Rajoy y Felipe VI apenas han despachado en persona desde las elecciones del pasado 20 de diciembre, aunque fuentes de la Casa del Rey insisten en que ese contacto puede ser “telefónico”. La relación empezó a enfriarse el 22 de enero, cuando La Zarzuela explicó en un comunicado que Rajoy había declinado el ofrecimiento del Rey para la investidura — pese a que el día anterior había dicho que “evidentemente” se presentaría— y se enrareció aún más a partir del 2 de febrero, cuando el Monarca se lo ofreció al secretario general del PSOE, pese a que en el PP muchos confiaban en que no propusiera a nadie y les diera más tiempo. En el debate de investidura fallida, Rajoy denostó el proceso (“farsa”, “vodevil”) y acusó al líder socialista de haber engañado al Rey, es decir, sugería que Felipe VI se había dejado engañar por Pedro Sánchez.

Poco antes de ese debate, Rajoy ya hablaba de nuevas elecciones ante el primer ministro británico, David Cameron. El Gobierno se ha colocado en ese escenario y alega, para no someterse al control parlamentario, que no tienen “capacidad política” y que la pretensión de los grupos que piden la comparecencia de ministros o sesiones de control es “hacer oposición al PP”. En ese contexto, Rajoy programa actos con un formato y un mensaje parecidos a los de la pasada campaña electoral. El martes, tras los atentados, a la misma hora que decía que no había hablado con el Rey, se resistía a cancelar un acto de partido en Ayamonte (Huelva). Finalmente, el PP informaba de un cambio en la actividad prevista: Rajoy mantenía el viaje, pero para hacer allí una "declaración institucional". El presidente en funciones defendió la unidad de los demócratas a 662 kilómetros de La Moncloa mientras los partidos estaban reunidos por el pacto antiyihadista en la sede del Ministerio del Interior

http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458760597_285747.html



04. EL PP LLENA LA AGENDA DE RAJOY PARA TAPAR SU INACTIVIDAD COMO PRESIDENTE

Génova encara abril con la celebración de cuatro conferencias políticas para demostrar que es "el Gobierno quien está en funciones, pero no el partido"

La dirección avanza que la llamada a Sánchez no se producirá "hasta que no decaiga la opción PSOE-Podemos"

En vista de que Mariano Rajoy sigue sin tener prisa por intentar alguna iniciativa que le permita reeditar su gobierno, la actividad se concentra casi exclusivamente en su partido. Mientras Moncloa se decide a cumplir con la promesa de que se llamará a Pedro Sánchez para celebrar una reunión, los vacíos de la agenda del presidente en funciones tratan de llenarse con actos del PP. "Es el Gobierno el que está en funciones, el partido no lo está", se justifica el vicesecretario Pablo Casado.

A juzgar por las declaraciones que los dirigentes del PP han hecho después de que se celebrara la reunión entre el líder del PSOE y el de Podemos, para que se produzca la llamada de Rajoy todavía habrá que esperar. Aunque el portavoz del PP en el Congreso aseguró que la conversación se producirá y "cuanto antes, mejor", todo indica que no es inminente. Los dirigentes de Génova juegan al despiste y se aferran a que la culpa es de Sánchez y no de Rajoy.

"Lo importante no es quién tiene que llamar a quién, sino quién tiene que coger el teléfono", se despachaba el ministro Alfonso Alonso ante las preguntas sobre el inmovilismo de Rajoy y su renuncia a intentar la formación de un gobierno. El titular de Sanidad, como casi todos los cargos del gabinete y la dirección del PP, insisten en que la negativa de Sánchez es lo que impide los movimientos de Rajoy. "Lo importante es tener un proyecto claro para España, lo que pasa es que algunos están muy frenéticos", comentaba en alusión al socialista.

Rajoy, durante su última entrevista en Onda Cero, sólo fijó una condición para no cumplir su palabra de llamar a Sánchez. Y era que viera un acuerdo claro entre él e Iglesias. "Entonces el PP ahí no pintaría nada", adelantó. A pesar de que la conclusión generalizada en la formación es que este miércoles no se produjo ningún avance y todo quedó en un "paseo y un sainete", el aviso lanzado por el PP es que la invitación a reunirse con Sánchez se producirá "cuando decaiga la opción PSOE-Podemos", como ha aclarado Fernando Martínez Maillo. El símil que ha escogido Javier Maroto para decir lo mismo es que se hará "cuando Sánchez pruebe todos los juguetes, se le rompan y vea que no funcionan".

Para camuflar la poca actividad del Gobierno en funciones, el PP diseñó el mes pasado una serie de actos destinados a convencer de que el partido sigue trabajando y hace propuestas. Para ello se pensó en cinco conferencias, centradas en los objetivos que Rajoy dice perseguir para una segunda legislatura. La primera de estas jornadas exprés, ya que sólo duran alrededor de dos horas, versó sobre el empleo y el crecimiento. La discusión, organizada en torno a dos mesas redondas, pasó desapercibida ya que la polémica volvió a girar en torno a Rita Barberá y la corrupción. En concreto, sobre las diferencias de reacción entre el líder del PP y sus vicesecretarios más jóvenes en cuanto a las explicaciones ofrecidas por la exalcaldesa de Valencia.

La segunda de estas conferencias se hará este sábado y también la clausurará Rajoy. El tema es el pacto social, por lo que los moderadores de las discusiones serán el ministro Alonso y Javier Maroto, el responsable del área en la dirección del PP. A esa seguirá otra el 9 de abril que girará en torno a la unidad de España y, por ese motivo, se celebrará en Cataluña. El pacto educativo, y la financiación se abordarán en las últimas dos reuniones, previstas para el 16 y 23 de abril respectivamente. Aun quedarán otros dos actos, sin fecha, para que el PP prosiga su campaña sobre la importancia de las diputaciones para los pueblos y municipios pequeños.

http://www.eldiario.es/politica/PP-agenda-Rajoy-inactividad-presidente_0_500450198.html



05. RAJOY PROPONE JORNADAS DE TRABAJO HASTA LAS 18.00 Y HORARIO DE CANARIAS EN TODA ESPAÑA

El líder del PP lanza promesas electorales ya incluidas en el pacto entre el PSOE y Ciudadanos y justifica el exceso de déficit en la herencia recibida

El PP presentó este sábado cinco “nuevas propuestas” que incorporará a su programa electoral si, como prevén, el 26 de junio se repiten elecciones por falta de acuerdos. Pero cuatro de las cinco que anunció Mariano Rajoy en Sevilla figuran ya, en términos similares, en el pacto de 200 medidas que el PSOE y Ciudadanos firmaron el pasado febrero. El líder del PP pidió que la jornada laboral con carácter general finalice a las 18.00 y cambiar el huso horario para que la Península tenga el mismo que Canarias, Portugal o Reino Unido.

El PP replicó el documento de 200 medidas pactadas entre el PSOE y Ciudadanos con un texto que proponía cinco grandes pactos sobre empleo, servicios sociales, unidad de España, lucha contra el terrorismo y financiación autonómica que fue rechazado por las dos fuerzas con las que pretendía llegar a una "gran coalición". Para presentar esa oferta a la opinión pública, organizó cinco convenciones en distintos puntos de España. Este sábado, en la segunda, sobre servicios sociales, Rajoy, metido de lleno en campaña electoral, presentó cinco propuestas. Eran “nuevas” para el partido, que no las incluyó en su programa para las elecciones del pasado diciembre, pero no novedosas, pues cuatro de ellas figuran en términos muy similares en el pacto entre Pedro Sánchez y Albert Rivera.

Así, Rajoy prometió “consensuar un acuerdo para lograr una jornada laboral que, con carácter general, finalice a las 18 horas”. El pacto del PSOE y Ciudadanos recordaba una resolución de la secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 2012 que instaba al personal al servicio de la Administración y sus organismos públicos a acogerse a ese horario; En su documento, pedían que se garantizara su cumplimento y que, con carácter general se promoviera “la incorporación en la negociación colectiva de medidas relacionadas con la racionalización de los tiempos y las jornadas laborales”. El vicesecretario de Sectorial, Javier Maroto, también admitió este sábado que para materializar esa promesa habría que llegar a un acuerdo con los partidos y los agentes sociales, modificar normativas y convenios colectivos. La medida no afectaría a los servicios públicos ni a empresas cuyos ritmos productivos requieran tener turnos nocturnos.

Rajoy propuso también cambiar el huso horario para que toda España tenga el mismo que Canarias; El PSOE y Ciudadanos proponen en su pacto “la recuperación del huso horario GMT”. El líder del PP prometió un “banco de horas” en las empresas para que los padres puedan acumular tiempo para conciliar -ir a una reunión del colegio, etc.-; Sánchez y Rivera lo llaman en su documento “créditos de horas”. El presidente en funciones propuso también crear un sello con incentivos fiscales para las empresas que tengan guarderías o faciliten el teletrabajo. PSOE y Ciudadanos proponían el pasado febrero publicar el listado de empresas “adheridas al sello horario racional”. Finalmente, Rajoy también planteó la ampliación en 10 días del permiso para los padres con alguna discapacidad o que tengan hijos discapacitados.

Justificación del déficit

Pese a las coincidencias, el líder del PP presentó "el programa del PSOE y Ciudadanos” como un “pasaporte” para devolver a España a “la ruina” de 2011 y un "torpedo" contra la creación de empleo. "Con las cosas de comer no se juega. Nunca apoyaremos un programa que quiere que España vuelva al borde de la quiebra".

Rajoy también utilizó el argumento de la herencia recibida para justificar el exceso de déficit.“En cuatro años lo bajamos cuatro puntos, con dos años de recesión. ¡Quienes nos dejaron en 2011 el mayor déficit público de la historia, en el 9%, se quejan ahora de que lo hayamos bajado al 5%!”.

La Comisión Europea había marcado una línea roja: la diferencia entre gastos e ingresos públicos no podía superar el 4,2%d el PIB, pero finalmente esa brecha presupuestaria se ha elevado hasta el 5,16%, lo que deja un duro ajuste pendiente para el próximo Gobierno. El presidente en funciones aseguró este sábado que hay que “seguir haciendo reformas y controlando el gasto público porque es la única manera de poder garantizar las pensiones y unos buenos servicios públicos".

El líder del PP viajó a Sevilla acompañado por los jóvenes vicesecretarios del partido Andrea Levy, Javier Maroto, Pablo Casado y Fernando Martínez-Maillo, además de con la ministra de Empleo, Fátima Báñez y el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando. En Sevilla le esperaban el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso y la secretaria general, Dolores de Cospedal que durante su intervención negó que el Gobierno del PP hubiera hecho "recortes". "No es verdad. Se recorta cuando se quita de lo que hay, pero cuando no hay se trabaja para garantizar las pensiones y salvar la sociedad del bienestar", dijo.

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/02/actualidad/1459588276_194781.html


06. EL PP ANUNCIA AL COMITÉ DE EMPRESA QUE SÓLO EN GÉNOVA 13 DESPEDIRÁ A 50 PERSONAS

La tesorera del Partido Popular, Carmen Navarro, ha anunciado a los trabajadores de la formación que el PP llevará a cabo un ERE que afectará a 50 trabajadores de la sede central de Madrid.

El Partido Popular sigue adelante con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que llevará a cabo, tal como adelantó OKDIARIO, como consecuencia de los malos resultados obtenidos en las distintas citas electorales celebradas en el último año, en las que ha perdido comunidades autónomas, ayuntamientos, diputados en el Parlamento y senadores en la Cámara Alta.

Según ha sabido este diario, Génova 13 despedirá a 50 empleados. La tesorera del partido, Carmen Navarro, comunicó en una reunión a principios de marzo al comité de empresa, órgano representativo de los trabajadores, la intención de llevar a cabo el ERE después de la formación del Gobierno o de las nuevas elecciones si finalmente éstas son convocadas ante la incapacidad de los partidos políticos de investir un presidente.

Si hasta ahora el asunto del ERE se llevaba en “secreto” dentro y fuera del partido, según fuentes de la formación, ya no es así y la tesorera lo ha anunciado a los trabajadores, entre los que ya había sospechas de que pudiera darse esta situación.

Por su parte, el Partido Popular ha indicado a este diario que Navarro explicó a los trabajadores que la formación tenía que tomar “medidas organizativas en todos los aspectos”, incluidas de personal.

Teniendo en cuenta la reducción de subvenciones por la pérdida de representación tanto en ayuntamientos, como en gobiernos autonómicos, Congreso de los Diputados, Senado y, posiblemente, en el Gobierno central, es imposible que salgan las cuentas, por lo que un ERE es la única respuesta posible para volver a cuadrar el presupuesto, según las fuentes.

Sólo las elecciones generales del 20 de diciembre han costado a los populares 63 escaños y casi 9 millones de euros, lo que exige modificar la estructura del partido y adoptar otras medidas de reducción del gasto.

Según fuentes del PP, también la pérdida del Gobierno afectaría a los despidos, pues volverían a sus plazas aquéllos que salieron del partido con una excedencia para ocupar cargos públicos cuando el PP ganó las elecciones en 2011.

En este sentido, el PP está pendiente de lo que suceda con el Ejecutivo, de si el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, logra formar Gobierno con otros grupos parlamentarios o si se convocan unas nuevas elecciones en las que los populares, según sus encuestas, mejorarían sus resultados, ya que lo que suceda en las urnas afectará directamente a los trabajadores del partido.

Esta decisión no ha sorprendido a los trabajadores, conscientes de la pérdida de subvenciones por los malos resultados en las últimas citas electorales. Ya en el mes de enero, voces internas en el PP aseguraban a OKDIARIO que: “Habrá ERE si salimos del Gobierno”, y explicaban que sería necesario llevarlo a cabo cuando vuelvan a sus puestos de trabajo las personas que salieron del partido a través de una excedencia para ocupar cargos públicos en ministerios, secretarías de Estado, comunidades autónomas o ayuntamientos cuando el PP ganó las elecciones de 2011. Según las mismas fuentes: “Si vuelven todos, la plantilla se duplica al 200%, y sobraría la mitad”. Según el apartado de transparencia de la página web del Partido Popular, en el año 2014 el partido contaba con una plantilla que rondaba los 480 empleados.

http://okdiario.com/espana/el-ere-del-pp-empieza-echando-a-50-trabajadores-en-genova-13-96982



07. SORAYOS’ CONTRA ‘GENOVESES’

Desde la Moncloa, algunos dirigentes critican a los vicesecretarios del PP por su afán de protagonismo y su contundencia frente a la corrupción. Pero desde la sede nacional se les defiende, recordando que para eso se les puso al frente y sugieren que las críticas responden a "celos". Hay quien ve en esta batalla el principio de una guerra por el control del partido en el futuro

A los vicesecretarios más jóvenes del PP – Pablo Casado, Javier Maroto y Andrea Levy- les acusan de desarrollar “su propia campaña de marketing político”. Dicen de ellos que van “por libre” y que están más preocupados por su carrera personal que por el bien de su partido. También les critican por realizar un discurso tan duro contra la corrupción. Opinan que sólo lo hacen con el objetivo de “diferenciarse”. Los tres han arremetido contra la actuación de Rita Barberá y por ello les han llegado a dar “un toque” en el Comité de Dirección del PP. Les han pedido que rebajen el tono y que se coordinen con Mariano Rajoy.

Aunque buena parte de los reproches vienen de la Moncloa. Tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría ha querido enterrar el tema diciendo que Rajoy “reconoce y agradece” la labor que están haciendo sus compañeros de Génova. Sin embargo, no ha podido evitar recordar lo mucho que ha hecho el Gobierno en todos estos años, destacando su aportación personal: “El presidente y el equipo que colabora conmigo hemos llevado medidas muy contundentes de lucha contra la corrupción. Yo creo que, al final, los hechos son muy importantes. Las palabras, desde luego. Pero los hechos, también”.

En la sede nacional del PP dan la cara por los que conforman buena parte de su cúpula. Defienden que su estilo gusta a votantes y afiliados. Recuerdan que, precisamente, se les puso para que comparecieran cuando nadie lo quería hacer y tras muchos años con el Ejecutivo en un búnker. “Si ahora han adquirido notoriedad y poder mediático es porque llevan meses comiéndose marrones y dando la cara para que se la partan”, comenta un diputado. “No son bustos andantes, al final tienen mando plaza y eso se debe aceptar”, explica otro parlamentario.

Por eso, en su círculo creen que si les quieren desprestigiar es por “celos” y porque “algunos se sienten amenazados y desplazados”. También consideran que se debe tener presente el factor humano y que después de cuatro años de mucho esfuerzo, hay muchos cargos a los que no les hace ninguna gracia que ahora llegue este grupo a “llevarse los aplausos”. No les gusta que vengan “los Marotos y los Casados”, a quitarles el puesto.

Dentro del partido conservador están convencidos de que se avecina una guerra. Pero con la novedad de que se va a dar dentro de una misma generación, entre diferentes grupos. Hay a quien le parece todo esto “muy sintomático” de los nervios que existen dentro del partido. Y también muchos ven una batalla entre Sáenz de Santamaría y Casado, porque, al final, se pueden llegar a disputar, en algún momento, el futuro del PP. La mayoría de populares reconocen que son los dos nombres mejor posicionados para una posible sucesión.

http://cadenaser.com/m/ser/2016/04/01/politica/1459527098_062289.html


08. LOS VICESECRETARIOS DEL PP ACHACAN LOS ATAQUES DE SANTAMARÍA A CELOS POLÍTICOS

Los nuevos dirigentes creen que la vicepresidenta intenta "reivindicarse" ante la sucesión

Mariano Rajoy viajó este pasado sábado a Sevilla en el mismo vagón del AVE con los nuevos vicesecretarios nacionales del PP para hacerse nada casualmente la foto conjunta de la unidad interna en una semana en la que los jóvenes dirigentes populares habían recibido ataques y mensajes críticos desde La Moncloa y el entorno directo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Luego los vicesecretarios y Rajoy comieron juntos y recibieron otra vez su respaldo. Los vicesecretarios achacan “los celos” de Santamaría a sus intentos “lógicos y humanos” de reivindicarse ante una futura sucesión de Rajoy y por haber ocupado su espacio político.

Rajoy y la mayoría de sus ministros tienen las agendas vacías de actos oficiales e institucionales, en sus despachos se producen menos reuniones y llamadas, en los Consejos de Ministros apenas se aborda algún asunto de peso y el Gobierno, además, ha decidido por instrucción expresa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y su equipo de asesores y abogados del Estado no concurrir en el Congreso para someterse al control político. La consecuencia ha sido tan palmaria y evidente que hasta algunos ministros la cuestionan en privado. El ejecutivo en funciones de Rajoy no tiene papel ni iniciativa. Los demás partidos le han robado el primer plano y hasta el PP tiene ahora más función, actividad y protagonistas que el equipo gubernamental del presidente.

Las agendas de Rajoy y sus ministros se llenan así cada semana de actos menores, presentaciones y comparecencias públicas y privadas con los medios de comunicación, intentando encontrar los huecos.

La semana pasada fue un perfecto ejemplo de esa función relegada del Ejecutivo y de citas privadas de sus miembros con periodistas y tertulianos, que sirvieron sobre todo para detectar el grado de nerviosismo e inquietud de algunos de sus componentes.

El viernes El Mundo publicó el malestar de La Moncloa en general ante “los puros y listos” vicesecretarios que criticaron abiertamente la transigencia durante años con la corrupción. Ese viernes Santamaría aprovechó tras otro Consejo de Ministros desértico de ideas para apuntillar que además de decir cosas contra la corrupción conviene “ser contundente” y se apuntó al club de los jóvenes y rebeldes vicesecretarios a su manera: “Si ahora los 40 son los nuevos 30 y estos son jóvenes, estoy encantada por la parte que me toca, que soy de la quinta de alguno de ellos”.

Santamaría tiene 44 años, que son los mismos que Javier Maroto, uno de los vicesecretarios que ha puesto nombre en boca de Rajoy a la generación que pide paso y romper tajantemente con el pasado y los afectados por los escándalos que han lastrado al PP electoralmente.

El martes pasado el propio Rajoy intentó durante una entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina ofrecer su visión de cómo debe conjugarse la presencia de los veteranos dirigentes con los más noveles a la hora de afrontar la renovación en su partido y fue así como les mencionó de una manera muy superficial y les llamó: "Los [Javier] Maroto, [Pablo] Casado, Eva [Andrea] Levy y [Fernando Martínez] Maillo". En el caso de Andrea Levy, vicesecretaria nacional de Estudios y Programas y número dos en el Parlamento catalán, se equivocó además de nombre de pila, luego le pidió perdón en privado por no saber explicarle cómo había llegado a esa confusión y le expresó su consideración.

Todos los vicesecretarios cuestionados se sienten "leales, cómodos y bien" con Rajoy, con el que mantienen una buena conexión en privado, y creen incluso que les respalda políticamente, aunque él no se pueda manifestar en público de la misma manera ni pueda demandar la misma velocidad en los cambios internos en el partido. Todos los vicesecretarios, que se definen entre ellos como "una piña y un equipo", valoran también la función de puente generacional y político que ejercen entre sus trabajos en el PP y las necesidades de La Moncloa otros dos dirigentes normalmente más en la sombra: Jorge Moragas, 50 años y jefe de gabinete de Rajoy en la presidencia del Gobierno, y Javier Arenas, 58 años y vicesecretario de Política Autonomíca y amigo del líder.

Los vicesecretarios afectados por las críticas de Santamaría, en público y en privado, no quieren entrar en batallas internas por la sucesión porque comprenden que ese no es aún su momento. Pablo Casado, que es el líder reconocido de ese grupo, tiene 35 años y Andrea Levy 31. Casado suele explicar, para protegerse, que dentro de dos mandatos (ocho años) aún será más joven de lo que es ahora Santamaría.

Pero todos los vicesecretarios y otros dirigentes del PP se han sentido aludidos, molestos y sorprendidos por la arremetida de Santamaría y la interpretan en clave personal pero también política: “Todos somos humanos y ella lo que ha querido es reivindicarse, levantar la mano y decirnos a todos, yo también estoy en esa onda, yo también soy de Los Maroto”. Uno de los nuevos dirigentes añade otra perspectiva: “Santamaría lleva más de tres años combatiendo a la corrupción, con leyes específicas desde el Consejo de Ministros por la vía de los hechos, y aunque no se ha vendido muy bien ahora le molesta que nosotros, que estamos todo el día en las televisiones, nos llevemos el protagonismo por decir las palabras purga, que estamos hartos y que los corruptos no nos representan”.

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/03/actualidad/1459699041_213282.html

09. EL CONGRESO APRUEBA LLEVAR AL GOBIERNO ANTE EL CONSTITUCIONAL

Dos tercios de la Cámara acusan al Ejecutivo de Rajoy de despreciar al Parlamento

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una iniciativa insólita en democracia para llevar al Gobierno en funciones ante el Tribunal Constitucional por negarse a someterse al control del Parlamento. Dos tercios de la Cámara, todos los grupos salvo el PP, han aprobado en el pleno promover un conflicto de atribuciones, aunque no es seguro que llegue siquiera al Tribunal por cumplimiento de los plazos para cumplimentarlo y su futuro es incierto.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy sostiene que, al estar en funciones, no puede someterse al control parlamentario, ya que este Congreso no es el que le eligió en 2011. Por eso, varios ministros y altos cargos han dado plantón ya al Parlamento y no han acudido a comisiones a las que habían sido citados.

El conflicto de atribuciones no se resolverá en el Tribunal Constitucional antes de que el 2 de mayo se disuelvan las Cámaras si no hay acuerdo para la investidura. Incluso, es posible que no llegue al tribunal antes de esa fecha. Es un gesto político y simbólico que si llega al Tribunal serviría, según los promotores, para fijar normas si se llega a una situación similar en el futuro.

El articulo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional fija unos plazos imposibles de cumplir antes de esa disolución. De hecho, el Gobierno agotará el plazo de un mes que tiene ahora para hacer alegaciones y decir si se ratifica o no en su posición y, de esa forma, esperar a la disolución automática de las Cortes. La diputación permanente tendría que seguir el procedimiento, pero habría acabado el objeto de conflicto porque ya no sería posible el control al Gobierno.

Si hubiera acuerdo para formar Gobierno antes del 2 de mayo la respuesta sería de otro Ejecutivo, probablemente, de otro signo político y, por tanto, aceptaría el control y ya no habría conflicto.

Todos los grupos, con excepción del popular, han acusado en el pleno al Gobierno de "desprecio" al Congreso, de no respetar la democracia y de continuar con la actuación de la anterior legislatura en la que el presidente y los ministros eludieron en multitud de ocasiones comparecer ante el Congreso.

El portavoz de PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha hablado de la "rebeldía declarada" del Gobierno del PP. Para Íñigo Errejón (Podemos), la iniciativa tiene que ver con el mandato de los ciudadanos que quieren transparencia y control del Poder Ejecutivo.

El portavoz del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, se ha defendido tachando de electoralismo la pretensión de hacer comparecer al Gobierno en funciones. Bermúdez ha invocado precedentes como Andalucía y Cataluña, donde no hubo actividad parlamentaria sin investidura.

La coincidencia de todos, salvo el PP, en este punto contrasta con la crispación y enfrentamiento previo entre todos del debate anterior, el de cumbre europea. Solo tuvo en común las referencias críticas de la oposición contra Mariano Rajoy por haber acudido a la fuerza al Congreso.

Hoy se vivirá un nuevo episodio de enfrentamiento cuando la cúpula de Interior, con el ministro Jorge Fernández a la cabeza, no acuda a la Comisión del Congreso a la que han sido citados.

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/06/actualidad/1459949184_917397.html

10. LA NÓMINA AL DETALLE DE DON PÍO, EL ‘CAPO’ DEL SENADO

García-Escudero no renuncia ni siquiera al dinero de una comisión que no se reúne nunca y con la que redondea una mensualidad de 12.600 euros

Lo publicamos en su momento, el Presidente del Senado, Pío García Escudero estaba en el top de los sobresueldos del PP. En concreto, su partido le había mantenido con un sueldo, más allá del que cobraba como senador, que llegó superar en algunos años los 100.000 euros. En total, desde 1999, cuando empezó a percibir estos pagos de Génova, y hasta 2011, llegada del PP al Gobierno y de él a la presidencia del Senado, García-Escudero llegó a superar 1.150.000 euros extras.

Una generosa indemnización

Además, García-Escudero apareció en los papeles Bárcenas como ‘agraciado’ con 24.000 euros. Dinero que luego ante el juez Ruz el presidente del Senado reconocería en efecto haber recibido y justificó como una ‘indemnización’ que le habría dado la dirección por un atentado que sufrió en su vivienda. Dinero ‘negro’, según Luis Bárcenas.

Ahora, ELPLURAL.COM ha tenido acceso al sueldo en detalle de la nómina del Senado de su presidente. Lo que desvela un dato que, cuando menos, resulta desvelador de la personalidad de Pio García-Escudero y su relación con el dinero.

Como cualquier miembro del Senado, Pio García Escudero recibe un sueldo base de 2.813,91 euros mensuales. Dinero al que él, por ser el Presidente de la Mesa del Senado añade otros 3.064,57 euros. Aún por el cargo de Presidente de la Cámara añade otros 4.473,64 euros.

Presidente de una Comisión fantasma

En todas estas cantidades coincide con el presidente del Congreso, el socialista Patxi López. Pero a partir de aquí se produce una diferencia notable. García Escudero aún añade otra partida a su nómina: la del Complemento de Presidencia de una comisión, 1.431,32 euros al mes ¿Qué comisión es esa? La del Reglamento ¿Y por qué resulta escandaloso que la cobre? Porque esa es una comisión que simplemente no se reúne nunca. Y es que desde hace años, y a pesar de que varios grupos lo han pedido, el reglamento no se ha modificado desde hace lustros.

Patxi López, ante esta situación renunció a esa cantidad. Igual que lo hizo, por cierto, la vicepresidenta del Congreso, Micaela Navarro, también miembro de la fantasmal mesa en la Cámara Baja.

Pio García-Escudero, que cobra esta cantidad desde diciembre de 2011 no ha renunciado a esta cantidad. Ni, de momento, parece que tenga pensado hacerlo. Resultado, cuando se suma a todas esas cantidades los 869,09 euros que percibe como Indemnización como todos los demás senadores y diputados por Madrid (el mal llamado complemento vivienda), alcanza la cifra mensual de 12.652,53 euros.

http://www.elplural.com/2016/04/04/la-n-mina-al-detalle-de-don-p-o-el-capo-del-senado

11. MONTORO REVELA QUE IMPLICADOS EN LOS ‘PAPELES DE PANAMÁ’ SE ACOGIERON A LA AMNISTÍA FISCAL DEL PP

"Ahora están pagando impuestos, ya veremos si de forma completa porque las investigaciones de la Agencia Tributaria lo tendrán que ir comprobando", sentencia el ministro en funciones
Defiende las medidas de lucha contra el fraude fiscal aprobadas durante la pasada legislatura y también los resultados obtenidos

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, indicó este jueves que "buena parte" de las personas y sociedades que ahora se conocen que operaron en Panamá, gracias a los conocidos como papeles de Panamá, ya regularizaron su situación fiscal en España.

"Ahora están pagando impuestos, ya veremos si de forma completa porque las investigaciones de la Agencia Tributaria lo tendrán que ir comprobando", apostilló, tras reconocer las dudas "éticas" que despiertan este tipo de comportamientos.

Montoro expresó este jueves su satisfacción por la publicación de los nombres que aparecen en los papeles de Panamá, pero pidió a quienes los tienen en su poder que los envíen a la Agencia Tributaria para que pueda procederse a una investigación formal.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, Montoro defendió las medidas de lucha contra el fraude fiscal aprobadas durante la pasada legislatura y también los resultados obtenidos, que se plasman en las cifras "récord" de recaudación obtenidas, informa Europa Press.

En concreto, destacó la nueva obligación de declarar los bienes en el extranjero, que afloró más de 126.300 millones de euros que 192.000 contribuyentes españoles tienen en otros países, y por los que ahora "están pagando impuestos". "Todos con nombres y apellidos", hizo hincapié el ministro.

El fraude se está corrigiendo

"Por eso yo, como ministro de Hacienda, celebro que se publiquen los nombres, lo digo con toda claridad. Yo no puedo hacerlo porque estoy sujeto a la confidencialidad de la Ley General Tributaria, que es común a todos los países del mundo. Pero cuando aparece que se han acogido (a la regularización) yo lo celebro, para que lo sepa la opinión pública", admitió a renglón seguido.

De hecho, el titular de Hacienda espera que los ciudadanos sean conscientes de que el fraude fiscal "se está corrigiendo" y que muchos que hasta ahora evadían impuestos "ahora sí" cumplen con sus obligaciones tributarias, lo que además "no exime de la continuidad de las investigaciones" de la Agencia sobre el origen de sus fondos, si tienen todo declarado u otras consecuencias que puedan derivarse de cada caso particular.

En este sentido, Montoro pidió a "quien tenga información" sobre posibles casos de fraude, evasión o elusión fiscal a través de paraísos que "la lleve a las autoridades" tributarias porque "si no, no se pueden realizar estas investigaciones".

"Quien tiene ese conocimiento tiene también la obligación, además de difundirlo, de llevarlo a las autoridades tributarias para que progresen las investigaciones", ha insistido.

Preguntado sobre si Panamá volverá a ser incluido en la lista de paraísos fiscales de España, de la que salió en 2011, Montoro se ha limitado a destacar la disposición de las autoridades de aquel país a colaborar con España en las investigaciones.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/04/07/montoro_defiende_que_muchos_los_implicados_regularizaron_situacion_47552_1012.html



12. ASÍ REGULARIZARON LOS 'ESPAÑOLES DE PANAMÁ' GRACIAS A LA AMNISTÍA DE MONTORO

La mayoría de los españoles que aparecen en los papeles de Panamá se acogió a la amnistía fiscal de 2012 y disolvió las sociedades, por lo que no sufrirán consecuencias

"Quien no haya regularizado todavía, que se dé prisa, pagando las sanciones que conlleve, porque no prescribe la obligatoriedad de hacer esa declaración”. Esta reacción de Cristóbal Montoro a la publicación de 'Los papeles de Panamá por El Confidencial y La Sexta en España no puede ser más elocuente porque hace referencia a la regularización extraordinaria que ofreció Hacienda en 2012, es decir, la amnistía fiscal. Según consta en estos documentos, el grueso de los implicados en este escándalo se acogieron a dicha medida -de hecho, muchos de ellos lo han admitido al ser preguntados por sus sociedades 'offshore'-, por lo que ahora no afrontan ningún tipo de responsabilidad por la utilización de estos entramados.

Como se recordará, la aministía fiscal permitió regularizar el dinero negro, tanto el que estaba en España como oculto en paraísos fiscales, pagando simplemente un 10% del patrimonio defraudado (y las ganancias anteriores a 2008 se consideraban prescritas, con lo que el coste real fue mucho menor, en torno al 3% según algunas estimaciones). A cambio, los que se acogieran a esta regularización no podían ser objeto de inspección ni tampoco podían ser acusados de delito fiscal. De ahí que los propietarios de sociedades pantalla en Panamá declararan masivamente el patrimonio que ocultaban a través de las mismas y que, en consecuencia, no tengan cuentas pendientes con Hacienda. Así lo reconoció el jueves el propio Montoro en su comparecencia en el Congreso.

Y, una vez regularizadas las cuentas que ocultaban, no tenía sentido mantener abiertas las sociedades pantalla, así que sus titulares las disolvieron masivamente, tal como se refleja en numerosos de los documentos del despacho Mossack Fonseca obtenidos en la investigación que han liderado el Consorcio internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung'. Como ha explicado El Confidencial, estas sociedades en Panamá y otros centros 'offshore' se usaban principalmente para ocultar los titulares de cuentas bancarias en Suiza, Andorra o Mónaco. Por tanto, una vez que el titular había reconocido que la cuenta era suya, no necesitaba para nada la sociedad intermedia.

Lo habitual -y lo que aconsejaron masivamente los asesores fiscales y bancos especializados en altos patrimonios- fue aprovechar esta oportunidad de oro para ponerse al día con Hacienda sin apenas coste. Aunque también hubo quien pensó que, si no le habían pillado en muchos años, tampoco había razón para que le cogieran entonces. A esos es a los que se dirigían las palabras del ministro animándoles a darse prisa, puesto que la amnistía se complementó con la obligación de declarar todos los bienes en el extranjero (el famoso modelo 720), que comporta fuertes sanciones de hasta el 150% del patrimonio oculto para quien no lo haga. Evidentemente, al salir en 'Los papeles de Panamá', la Agencia Tributaria ahora sí tiene elementos en su mano para sancionarles.

Cierre masivo de las sociedades

Para esta regularización masiva, Hacienda exigió que el titular real de las cuentas coincidiera con el titular jurídico, según reflejó en la orden ministerial que desarrolló el Real Decreto-ley 3/2012 (el de la amnistía). Eso que obligaba a "levantar el velo", es decir, a que los que tenían sociedades interpuestas reconocieran que eran suyas y se transfirieran los bienes. Para ello, se dio de plazo hasta finales de 2013. Entonces, los españoles que habían utilizado los servicios de Mossack Fonseca se dirigieron masivamente al bufete para solicitarle esa transferencia de las cuentas que estaban a nombre de las sociedades pantalla. Ahora bien, para darle más perentoriedad al asunto ("había que darle dramatismo para que los panameños cumplieran el plazo", según un asesor fiscal conocedor de la situación), muchos les dijeron que la Hacienda española exigía directamente un certificado de cierre de la sociedad, tal como se recoge en numerosos correos objeto de esta investigación.

La amnistía fiscal impulsada por el Gobierno del PP permitió regularizar el dinero negro pagando menos del 10% del patrimonio defraudado

En todo caso, este experto explica que mantener abiertas estas sociedades, meras carcasas, una vez transferidas las cuentas al verdadero titular, lo único que originaba eran gastos porque había que seguir pagando a los abogados que las habían creado. Además, había ciertos flecos jurídicos, porque en teoría la sociedad tenía un derecho de crédito frente a su dueño, ya que le había traspasado las cuentas sin recibir nada a cambio (y el dueño tenía una obligación frente a la sociedad). Al desaparecer la sociedad, el acreedor pasaba a ser el mismo que el deudor, lo que implica que esa obligación se extingue "por confusión", según el derecho español. Además, en la declaración de bienes en el extranjero había que consignar la sociedad panameña aunque su valor fuera cero.

Sociedades conjuntas por si el titular fallecía

Este proceso no estuvo exento de obstáculos para los implicados en estas prácticas. Por ejemplo, había casos de sociedades conjuntas con hijos o cónyuges, como salvaguarda para que, en el caso de fallecimiento del titular, pudieran retirar el dinero sus herederos. Al regularizar la situación, estos familiares también tuvieron que hacer la correspondiente declaración.

En todo este proceso se utilizó el llamado Modelo A, un formulario que mantenían los bancos suizos con los datos del beneficiario real de cada cuenta bancaria más allá de la sociedad interpuesta, y que sirvió para acreditar la verdadera titularidad de las cuentas, algo que ya había ocurrido cuando el Gobierno socialista dio la oportunidad de regularizar a los integrantes de la famosa lista Falciani. Esta relación incluía los nombres de miles de defraudadores de todo el mundo con cuenta en el HSBC de Ginebra, y prácticamente todos los que aparecían tenían sociedades en lugares como Panamá, Islas Vírgenes o Liechtenstein. Muchas de ellas, a través de Mossack Fonseca.

http://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-08/la-mayoria-de-los-espanoles-de-los-papeles-de-panama-se-acogio-a-la-amnistia-fiscal_1179638/



13. LOS PAPELES DE PANAMÁ Y LA FAMILIA DOMECQ

Casarse con el político de carrera Miguel Arias Cañete ha sido beneficioso para los negocios de Micaela Domecq Solís-Beaumont, cuya familia cría toros de lidia para las corridas en España. Su marido, ahora comisario de Acción por el Clima de la Unión Europea, trabajó para el Comité de Agricultura del Parlamento Europeo durante muchos años, antes de convertirse en ministro de Agricultura de España en 2000 y nuevamente en 2011. Él alentó la ampliación de las ayudas europeas a la agricultura para que incluyeran la cría del toro. Durante su tiempo en el Ministerio, las operaciones de su esposa, gestionadas por sus dos hijos, Pablo y Juan Pedro, relacionadas con la ganadería de renombre mundial Jandilla, en la que comparte propiedad con sus hermanos, recibieron más de un millón de dólares en subsidios agrícolas. Sus otros negocios agrícolas, forestales y vinícolas también recibieron ayudas de la UE.

En los datos de Mossack Fonseca la sociedad offshore permaneció activa mientras su marido ostentó cargos políticos

Micaela Domecq Solís-Beaumont estaba apoderada para aprobar operaciones de Rinconada Investments Group SA, una sociedad panameña constituida en 2005 que estaba vigente mientras su marido, Miguel Arias Cañete, ocupó cargos públicos en España y en la Unión Europea. Ella figuraba como firmante autorizado junto a miembros de su familia aristocrática española, los Domecq, de los cuales seis hermanos estaban también vinculados con Rinconada Investments Group. El Deutsche Bank de Ginebra y la empresa suiza de servicios financieros Gestrust SA ayudaron a los Domecq a crear Rinconada Investments Group con el apoyo de Mossack Fonseca. Mossack Fonseca inactivó la sociedad en enero de 2010.

https://panamapapers.icij.org/the_power_players/



14. ARIAS CAÑETE ARGUMENTA QUE LA SOCIEDAD DE SU MUJER ESTABA INACTIVA ANTES DE ASUMIR EL CARGO DE COMISARIO

El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha informado a la Comisión Europea de que la compañía de la que su mujer, Micaela Domecq Solís-Beaumont, fue apoderada en Panamá está inactiva desde antes de que fuese nombrado comisario, en noviembre de 2014, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

"Con respecto a la compañía referida en las noticias, según la información aportada por el comisario Arias Cañete, está compañía ha estado inactiva desde hace varios años, antes de que el comisario asumiese el puesto en noviembre de 2014", ha asegurado el portavoz antes de señalar que el comisario español ha informado al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Además, ha recordado que la declaración de intereses que aportó en su momento Arias Cañete para poder ser nombrado comisario está en línea con el código de conducta de la Comisión y que incluye "todas las actividades profesionales e intereses financieros de su mujer" que pudieran plantear un conflicto de intereses.

Según reveló este domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y difundierion La Sexta y El Confidencial, doce miembros de la familia andaluza Domecq, entre ellos la esposa de Arias Cañate, fueron apoderados en este paraíso fiscal de Centroamérica.

De la misma forma, personalidades como Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, el futbolista Leo Messi y el cineasta Pedro Almodóvar, entre otras, habrían tenido sociedades opacas en Panamá, tal y como muestra la filtración de documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca.

http://www.infolibre.es/noticias/economia/2016/04/04/canete_argumenta_que_sociedad_mujer_estaba_inactiva_cuando_empezo_comisario_47304_1011.html


15. EL CONGRESO PIDE A GÓMEZ DE LA SERNA DATOS DE SU EMPRESA

La Cámara exige explicaciones a 23 diputados sobre sus actividades

Impide a Cospedal pertenecer al Consejo Taurino de Madrid

El Congreso ha pedido explicaciones a 23 diputados sobre sus actividades al margen del escaño que han declarado, antes de concederles la compatibilidad en el pleno. Entre ellos destaca Pedro Gómez de la Serna, que fue elegido en las listas del PP, que ahora está en el Grupo Mixto y que está siendo investigado por la Audiencia Nacional por el presunto cobro de comisiones. La Comisión del Estatuto ha denegado a Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, la posibilidad de pertenecer al Centro de Asuntos Taurinos de Madrid.

La Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso se ha dirigido a 23 diputados para pedirles aclaraciones sobre las actividades que han declarado al margen del escaño.

En teoría la actividad parlamentaria es incompatible con cualquier otra, salvo que la Cámara lo autorice expresamente. La limitación es que no pueden tener relaciones con ninguna administración, ni recibir ninguna retribución pública diferente a la del Congreso o, en caso contrario, optar entre un ingreso u otro.

No tiene el Congreso capacidad para investigar si los datos aportados son ciertos o no, ni siquiera para verificar si se cumplen las incompatibilidades. De hecho, la mayoría absoluta del PP impidió en la pasada legislatura que se pidieran cuentas a diputados como Miguel Arias Cañete por declarar que su empresa no contrataba con las administraciones o a Vicente Martínez-Pujalte por cobrar de una consultora.

Ahora, antes de someter al Pleno todas las actividades declaradas, la Comisión del Estatuto se ha dirigido a 23 parlamentarios para que aclaren los datos aportados. Son 13 del PP; dos del Grupo Mixto, cuatro de ERC, uno de Podemos, uno de DL, uno del PNV y uno de Ciudadanos. No hay ninguno del PSOE.

El más significativo es Pedro Gómez de la Serna, al que se pide "precisar tipo de relación con la referida entidad (titularidad y/o administración), objeto social, con aportación de sus estatutos sociales; ámbito nacional o internacional de su actuación, obligaciones de desplazamiento que supone su dedicación a la misma, y relación con el sector público estatal, autonómico o local, así como entes públicos o privados de otros estados". La empresa por la que se le pregunta es Scardovi S. L. con la que presuntamente cobró comisiones en diversos países y por la que es investigado.

En la mayoría de los casos son aclaraciones sobre fechas de jubilación o sobre baja en la prestación del desempleo, como es el caso de Juan Gabriel Rufián de ERC, al que se le pide que precise la fecha en que dejó de recibir el paro.

Entre los del PP hay nueve que son concejales y se les pide que aclaren si reciben retribuciones públicas o solo dietas. El diputado por Málaga José María García Urbano declaró ser registrador de la propiedad y se le pide que lo aclare porque se trata de una actividad incompatible con el escaño, es decir, que tendría que optar entre ambas actividades.

Dolores de Cospedal, número dos del PP, declaró pertenecer como vocal al Consejo de Administración del Centro de Asuntos Taurinos, "órgano sin personalidad dependiente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid". El Congreso le responde que esa actividad "no es compatible conforme a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General por si quiere modificar su declaración antes de que la comisión se pronuncie sobre la actividad".

Ese centro tiene funciones asesoras para los regidores de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid y sus miembros no reciben retribución alguna.

Al diputado del PP José Ramón García Cañal se le impide ejercer como vocal de la empresa Caser.

A Carles Campuzano, diputado de Democracia i Llibertad, se le pide que aclare el objeto social y su relación con ocho fundaciones.

A Teresa Jordá, de ERC, se le pide que aclare su vinculación a la empresa Nerinet, dedicada a la prestación de servicios de limpieza y maquinaria industrial, para saber si "tiene relación con el sector público".

http://politica.elpais.com/politica/2016/03/31/actualidad/1459440386_983270.html

16. EL PSOE QUIERE QUE LOS DIPUTADOS DETALLEN CON QUIÉN CONTRATAN

El PSOE quiere que los parlamentarios estén obligados a comunicar cada tres meses a la Cámara con quién contratan las empresas en las que participan o trabajan, según una propuesta que han presentado en la Comisión del Estatuto del Diputado para que se apruebe en el pleno del Congreso.

Los diputados tienen, en teoría, dedicación exclusiva, pero pueden ejercer otras actividades siempre y cuando lo autorice expresamente la Cámara. La única limitación es que no contrate con ninguna administración, pero el Congreso carece de mecanismos y competencias para poder investigar y verificar si son ciertos los datos aportados.

El PSOE quiere que, hasta que se llegue a una reforma de le Ley Electoral para que tengan exclusividad absoluta, se establezcan mecanismos de control inmediatos.

Para eso se trataría de condicionar la autorización de actividades a "la comunicación de forma periódica —cada tres meses— por parte de los autorizados, de la relación de sus clientes o personas físicas o jurídicas con las que mantengan o hayan mantenido relación profesional".

"La comunicación periódica de la identidad de las personas que mantienen relaciones profesionales con los diputados a quienes la Cámara ha autorizado a ejercer este tipo de actividades permitiría a la Comisión verificar que se cumplen las limitaciones previstas en el artículo 159.2 de Ley Electoral", aseguran en referencia a la imposibilidad de contratar con las administraciones.

Como garantía señala que "actividades, como son las de abogados, economistas, consultores, asesores, etc., la cesión de estos datos a la Comisión, con la única finalidad de que pueda verificar el cumplimiento de las autorizaciones concedidas, estaría amparada, en el caso de las personas físicas, por la legislación de protección de datos de carácter personal, sin perjuicio de que deba el diputado, conforme a esta normativa, advertir a sus clientes de la existencia de dicha obligación. Y en el caso de las personas jurídicas, hay que recordar que no se encuentran en el ámbito de protección de la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal".

Quedarían excluidas profesiones como la de médicos o farmacéuticos que "pueda suponer la cesión de datos especialmente protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal".

Los socialistas consideran que es posible sacar adelante la iniciativa, ya que grupos como Podemos y Ciudadanos están a favor de limitar y controlar las actividades paralelas de los diputados. El PP está en contra de esa limitación.

Por eso, la iniciativa explica que "el PSOE propone la dedicación exclusiva de los parlamentarios. En la pasada Legislatura, ya lo hicimos mediante una moción en el Pleno del Congreso con ocasión de que se hicieran públicos los negocios privados de determinados diputados y también en forma de enmiendas a proyectos de ley, iniciativas que fueron rechazadas por el Grupo Popular. En algunos de estos casos, la justificación que la mayoría parlamentaria utilizó para no investigarlos fue que se referían a hechos de legislaturas pasadas".

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/04/actualidad/1459753940_017574.html

17. FEDERICO TRILLO, EL OTRO EMBAJADOR DEL PP EN EL PUNTO DE MIRA POR CORRUPCIÓN

El embajador español en Londres está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por supuestos servicios de asesoramiento en la denominada trama eólica mientras era diputado.

La Fiscalía Anticorrupción tiene en su punto de mira al embajador en el Reino Unido, Federico Trillo-Figueroa, en lo que se ha dado en llamar trama eólica, cuyas diligencias se abrieron en Castilla y León por el cobro de comisiones sin justificación por supuestos servicios de asesoramiento en la construcción de parques de energías renovables en la comunidad autónoma.

Junto al expresidente del Congreso y exministro de Defensa se hallan implicados el exdiputado Vicente Martínez-Pujalte y la exsenadora Ana María Tormé. El escándalo motivó la retirada de la política de Martínez Pujalte y que Tormé no concurriera a las elecciones del 20D. No tuvo el mismo impacto para Trillo, fervorosamente defendido por el Partido Popular en este asunto.

La Fiscalía Anticorrupción basa su investigación en un informe de la Agencia Tributaria

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción tiene su antecedente en un informe de la Agencia Tributaria que se extraña del pago de 110 millones de euros entre cargos de la Junta de Castilla y León, políticos y asesores, en estrecha colaboración con empresas de la región, por favorecer la concesión de autorizaciones de unos cincuenta parques eólicos en los últimos diez años.

Con el fiscal Tomás Herranz al mando, las pesquisas incluyen los negocios privados de Federico Trillo, Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Tormé, que cobraron por supuestos servicios de asesoramiento cuando eran parlamentarios, según ha informado Colpisa. La gestión era a través de sus despachos profesionales.

La instrucción de Anticorrupción maneja los datos de pagos recibidos sin justificación a través de sus despachos por parte del Grupo Collosa (Construcción y Obras Llorente, ahora Corporación Llorente), empresa constructora de Valladolid especializada en obra pública. La Agencia Tributaria señala a Collosa como una de las partes beneficiadas con el sistema de aprobación de los parques eólicos.

Estudios Jurídicos Labor es el nombre del despacho de la familia Trillo, que está inscrito a nombre de tres de sus cinco hijos. Este despacho percibió 354.560 euros entre los años 2006 a 2008 , a razón de 9.000 euros cada mes por «asesoramiento general y jurídico» a Collosa. El requerimiento de Hacienda obligó a Collosa a mostrar estas facturas, pero no pudo acreditar que correspondieran a los servicios descritos, porque los informes no existen. La compañía afirma que eran "verbales". Con la investigación todavía abierta, tanto Trillo como Martínez Pujalte se han personado con abogado en las diligencias para conocer de primera mano su situación.

Este despacho también prestó servicio al PP en una de las épocas más comprometidas del partido, en pleno caso Gürtel. Según documentación de la contabilidad oficial del PP a la que tuvo acceso Vozpópuli, la sociedad facturó a Génova dos trabajos de asesoría jurídica en 2009 por valor de casi 100.000 euros.

El blindaje a cargo del Partido Popular

Las informaciones sobre estos cobros en abril de 2015 provocaron una batería de iniciativas parlamentarias del PSOE, entre las que figuraban la petición de cese del embajador de España en Londres por haber percibido dinero de la constructora y una moción para establecer la dedicación exclusiva de parlamentarios.

El PSOE pidió la destitución de Federico Trillo como embajador en Londres

El Partido Popular protegió a Trillo en un debate parlamentario donde abundaron la sucesión de reproches al partido del Gobierno por su manera de reaccionar ante la corrupción propia. Fue el diputado popular Rafael Merino el encargado de defender a Trillo y Martínez Pujalte.

Los cobros de la constructora que contrataba con la administración se realizaron mientras Trillo y Martínez Pujalte eran diputados, algo que ellos confirmaron, pero que según sus palabras era absolutamente legal. Por eso el PSOE presentó una moción que estableciera un sistema de incompatibilidad mucho más estricto. El PP tumbó la propuesta para que diputados y senadores pudieran seguir simultaneando su actividad parlamentaria con los negocios privados.

Una embajada polémica

Aunque el ministro del ramo, José Manuel García-Margallo, había verbalizado que los cargos en las embajadas se destinarían únicamente a personal del cuerpo diplomático, con Federico Trillo se hizo una excepción. El 30 de marzo de 2012 era designado para representar a España en el Reino Unido. Este nombramiento generó varias polémicas añadidas. Al supuesto trato de favor hubo que sumarle la presunta idoneidad de alguien que no dominaba hasta entonces la lengua de Shakespeare.

Pero no acaban aquí las irregularidades. Julia de Micheo Carrillo, su más estrecha colaboradora, le sustituyó como diputada por Alicante. Después, sin tener en cuenta la normativa, logró que Julia de Micheo trabajara para él en Londres como asistente. No importó que dejara de asistir a los plenos del Congreso.

En su estancia en Londres a Trillo le crecen los problemas. En abril del año pasado el Juzgado de lo Social número 5 de Madrid le absolvió del delito de acoso laboral, demanda interpuesta por su exsecretaria Teresa Hernández. Sin embargo se declaró improcedente su despido disciplinario.

El Tribunal de Cuentas ha investigado el desvío de 83.000 euros a cargo de una empleada de la embajada en Londres

No es este el único asunto espinoso al que se ha tenido que enfrentar Trillo desde que ejerce como embajador en el Reino Unido. El pasado mes de noviembre se conoció que el Tribunal de Cuentas se hallaba investigando una malversación en la citada legación diplomática. Los gastos irregulares corresponden a los años 2013 y 2014. La sospecha es que una empleada ha desviado, como poco, 83.000 euros.

Entre las facturas giradas con cargo a la embajada se encuentran gastos sobre muebles, neveras, bicicletas plegables, una máquina de helados, un iPad… La acusada es una trabajadora que gestionaba la contabilidad de la consejería de información. Al Tribunal de Cuentas le llama la atención que los gastos irregulares no alertaran a su superior jerárquico, el consejero de Información. La empleada ha sido denunciada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, proceso que sigue su curso al margen del Tribunal de Cuentas.

Se da la circunstancia de que la mujer de Trillo, Amparo Molinuevo, es abogada en excedencia del Tribunal de Cuentas, organismo al que llegó en 1993 con cargo de subdirectora.

El accidente del Yak y Bárcenas

Como ministro de Defensa de José María Aznar tuvo que hacer frente a la crisis que se produjo tras el accidente del Yakolev 42 en la localidad turca de Trebzon, donde murieron 62 militares que volvían de Afganistán, el 26 de mayo de 2003. Tres de sus subordinados fueron condenados por falsificar la identificación de cadáveres. Pero Trillo no aceptó nunca su responsabilidad política.

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas reveló durante su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que Trillo sufragó con dinero extraído de la 'caja B' del partido la defensa de los militares procesados por el accidente del avión Yakolev 42.

EL CASO ARÍSTEGUI

El presunto cobro de comisiones a cambio de interceder a favor de empresas españolas en la obtención de contratos en el extranjero le supuso a Gustavo de Arístegui su cese como embajador en la India. Arístegui comenzó esta labor cuando era diputado y se le acusa de haberla continuado ya como embajador en la India. La Audiencia Nacional le está investigando junto al diputado del Partido Popular Pedro Gómez de la Serna.

Tras incorporarse a los servicios centrales del Ministerio de Exteriores en Madrid, el diplomático ha pedido la excedencia voluntaria, como informó Vozpópuli. Su destitución, el pasado 18 de diciembre, se produjo tras su petición de abandonar el puesto para no perjudicar a su partido, que se encontraba en plena campaña electoral.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no empezó investigación interna alguna, en la creencia de que era responsabilidad de Hacienda. Fue la Oficina de Conflicto de Intereses de este Ministerio quien abrió expediente para investigar la posible vulneración de la ley de incompatibilidades, porque el cargo de embajador exige dedicación exclusiva. Este procedimiento se paralizó tras la apertura de un proceso en la Audiencia Nacional, dirigido por el juez José de la Mata al admitir a trámite la querella por presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

http://vozpopuli.com/actualidad/78388-federico-trillo-el-otro-embajador-del-pp-en-el-punto-de-mira-por-corrupcion

18. VILLAR MIR SE LIBRA DE LIMPIAR LA MARISMA TÓXICA DE HUELVA

El Ministerio de Medio Ambiente declara "idóneo" el plan de Fertiberia para los residuos tóxicos, que serán tapados y no retirados

"Es la solución más barata, peligrosa y chapucera", denuncia Greenpeace

Fertiberia, empresa productora de fertilizantes y químicos industriales perteneciente al Grupo Villar Mir, se ha librado de momento de limpiar y restaurar para su uso público la marisma de Huelva. Allí se acumulan más de 100 millones de toneladas de residuos radiactivos a escasos 500 metros de la ciudad, conformando en algunas zonas una montaña de más de 20 metros de altura.

El Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Isabel García Tejerina (PP), ex directiva de Fertiberia, ha dictado una resolución, a la que ha accedido infoLibre, que declara "idóneo" el proyecto de Fertiberia para la zona. Esto supone que –si el proyecto obtiene las autorizaciones ambientales del Gobierno y la Junta de Andalucía– se pondrá en marcha una actuación sobre los residuos que no supone su retirada, como solicitan las asociaciones ecologistas y defensoras de la salud pública. Roberto Ibáñez, director de Fertiberia Huelva, explica que, si todo marcha como espera la empresa, la actuación podría comenzar en dos años.

Las balsas de fosfoyesos ocupan unas 1.200 hectáreas, rivalizando en superficie con la propia ciudad de Huelva. La radiactividad de esta montaña tóxica procede del óxido de uranio contenido en la roca fosfórica empleada para la elaboración de fertilizantes. Los residuos se amontonan en unos terrenos de dominio público muy permeables conectados con el río Tinto y la ría del Odiel, que tenían un alto valor ecológico inicial.

Ya no lo tienen en absoluto. "¿Con qué derecho se le quita a Huelva para siempre un espacio público para que una empresa privada haga beneficios?", se pregunta Julio Barea, el experto de Greenpeace en este caso.

Desde 1968

La entonces Fertilizantes de Iberia comenzó a verter sus subproductos en 1968, con un permiso del Gobierno franquista. El régimen le cedió espacio público para que realizara allí sus vertidos. En 2003 Medio Ambiente descubrió lo que los ecologistas llevaban años denunciando: que Fertiberia incumplía totalmente las condiciones de aquella licencia. Por ejemplo, apilaba los residuos muy por encima de los tres metros establecidos como máximo. Ahí empezó una larga batalla judicial que Fertiberia perdió. El 31 de diciembre de 2010 dejó de verter, por orden de la Audiencia Nacional, que también la obligaba a restaurar la zona.

El proyecto de Fertiberia se centra en cubrir, encapsular y aislar los residuos. "No estamos inventando nada. Hay técnicas de restauración que nosotros vamos a utilizar y que son muy fiables", señala Roberto Ibáñez, director de Fertiberia Huelva, que no se atreve a confirmar que exista un riesgo cero de filtraciones pero asegura que se trata de una actuación "seria y segura". El plazo de ejecución es de diez años a partir de su hipotético inicio dentro de dos. Luego habría 30 años más de supervisión por parte de Fertiberia. El coste de la actuación, según la empresa, es de 65,9 millones euros –la cuantía del aval que impuso la Audiencia Nacional–.

Julio Barea, de Greenpeace, asegura que es la solución "más barata, chapucera y peligrosa". Por ejemplo, Ercros generó en su embalse de Flix (Tarragona) un islote de 700.000 toneladas de lodos tóxicos y la descontaminación fue presupuestada en 200 millones. Los residuos de Fertiberia en Huelva suman 100 millones de toneladas, y su retirada se ha estimado en 65,9 millones.

Cambio climático

"No es lo mismo ponerle una capita de tierra, como va a hacer Fertiberia, que descontaminar y restaurar, que es su obligación legal. Con esto lo que hacen es salir corriendo", añade Barea. Los críticos con el proyecto de Fertiberia alertan de los riesgos para esta solución supuestamente aislante que entrañaría la subida del agua del mar por el cambio climático o las mareas, así como un posible tsunami. Y subrayan que la actividad industrial de Huelva ya ha degradado bastante la ciudad en términos ecológicos y de salud pública.

No en vano, el CSIC detectó en 2001 un "exceso de mortalidad por cáncer" en la zona, con una industria desarrollada durante el franquismo altamente contaminante. La polución es un hecho evidente en Huelva. Se huele. El propio alcalde, Gabriel Cruz (PSOE), exigió el pasado mes de octubre a la Junta de Andalucía y a la patronal de industrias químicas una investigación ante un episodio de malos olores en el ambiente que causó indignación en la ciudad. Las soluciones aún están por venir. Lo mejor solución para el problema sería –según sindicatos, actores económicos y sociales– una reconversión de la estructura productiva de Huelva, que abandonara su dependencia de la industria contaminante. Pero ello requiere de una fuerte apuesta política que sencillamente no existe.

El polo industrial químico opera en Huelva desde 1964, con empresas como Tioxide, Cepsa, Fertiberia y Ercros, entre otras muchas. Da empleo a miles de personas, pero ha dejado a Huelva al margen del despegue turístico de la costa onubense. La industria pesada y contaminante es poco atractiva. A unos pocos kilómetros hay playas excelentes, como Punta Umbría, El Rompido o Cartaya, entre otras. Huelva es la capital de provincia más pobre de España, con 20.461 euros de ingresos por familia, según el INE. El modelo de la plataforma civil Mesa de la Ría y otros colectivos que abogan por la regeneración de Huelva ha sido siempre Bilbao y su reconversión económica. Esta posibilidad cada vez parece más un sueño lejano.

"Uranio en mi cuerpo"

"Los fosfoyesos son veneno, como todo lo que llega de los aires de las fábricas del Polo Químico. Yo misma tengo uranio en mi cuerpo. O esto se para con movilización o es una sentencia. Aunque sabemos que trasladarlo todo también tendría un alto coste ambiental, esto que van a hacer no se puede admitir", afirma a infoLibre Cristobalina Bejarano, afectada por el síndrome de sensibilidad química múltiple.

La Mesa de la Ría ha anunciado movilizaciones contra la decisión de Medio Ambiente y pretende declarar a Rajoy persona non grata. El PSOE ha reaccionado con "cautela", remarcando que aún quedan trámites por delante. Podemos solicita la comparecencia de la ministra Tejerina. Para Izquierda Unida, lo ocurrido es "un escándalo".

El presidente del grupo es Juan Miguel Villar Mir, marqués desde 2001 y amigo del anterior rey. Fue ministro de Hacienda y vicepresidente en los estertores del franquismo, con Carlos Arias Navarro de presidente. Su yerno es Javier López Madrid, amigo de los reyes de España, consejero delegado del Grupo Villar Mir y beneficiario de las tarjetas black de Caja Madrid. Hay una investigación abierta por los posibles pagos de López Madrid al ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados.

Por todo esto, y con el hecho añadido de que la ministra García Tejerina ocupó desde septiembre de 2004 a febrero de 2012 la dirección de Planificación de Fertiberia, el parlamentario onubense de Podemos Jesús Romero se atreve a apuntar que la "idoneidad" concedida por el Ministerio al proyecto está relacionada con favores económicos. "Fertiberia forma parte del Grupo Villar Mir, que las investigaciones policiales vinculan con la financiación ilegal del PP", señala.

El Ministerio de Medio Ambiente explica por escrito a infoLibre que García Tejerina "no participa en ningún momento en ninguna decisión de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar relativa al proyecto de recuperación ambiental de las balsas de fosfoyesos". Y añade, preguntado sobre la posibilidad de que la ministra regrese a Fertiberia cuando deje el cargo: "Actualmente, la ministra, en funciones, es diputada del Partido Popular por Madrid en el Congreso, por lo que no se plantea ninguna otra alternativa profesional".

"Objetividad y transparencia"

El Ministerio recuerda que en 2014 la Audiencia Nacional le encomendó valorar la idoneidad del proyecto que Fertiberia, para lo que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar se ha servido de la colaboración del Instituto Geológico y Minero y de la Empresa de Gestión de Residuos Industriales "para contar con el mejor criterio técnico y dotar de objetividad y transparencia" al proceso. "Fertiberia fue completando el proyecto en el sentido señalado por estos organismos técnicos", añaden desde el Ministerio.

Roberto Ibáñez, director de Fertiberia Huelva, afirma que la decisión del Ministerio se tiene un carácter "completamente técnico" y subraya su "convicción moral" de que la empresa no ha recibido ningún tipo de trato de favor.

http://www.infolibre.es/noticias/andalucia/2016/03/25/villar_mir_libra_limpiar_marisma_toxica_huelva_46665_1721.html


19. UN INFORME DE HACIENDA CONFIRMA LOS AMAÑOS EN ACUAMED DESTAPADOS POR EL JUEZ VELASCO

Un informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) revela que los directivos de la empresa pública aprobaron sin justificación el pago de cerca de 37 millones de euros a FCC por los trabajos de descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona. También destaca que se devolvieron a la constructora dinero de más por descuentos realizados y otros supuestos pufos.

El Ministerio de Hacienda también ve irregularidades en los contratos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo que depende del departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro) ha elaborado un "informe provisional" de auditoria sobre las supuestas irregularidades existentes en diversos contratos adjudicados en los últimos años por la sociedad estatal ahora bajo sospecha en el que certifica la existencia de algunas de las que llevaron a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a detener el pasado 18 de enero a trece personas entre directivos de la compañía y de las constructoras implicadas. En el caso de la descontaminación del pantano de Flix (Tarragona), el documento confirma que se acordó el pago de cerca de 37 millones de euros a FCC por supuestos sobrecostes. El juez Velasco ya recogía dicha irregularidad en el auto por el que envió en enero a prisión a cinco implicados señalando que la misma se realizó "siguiendo instrucciones emanadas" de altos cargos del departamento que ahora dirige en funciones Isabel García Tejerina.

El informe de la IGAE sobre la descontaminación del embalse de Flix confirma el agujero de 37 millones al que el juez hacía referencia en uno de sus autos

Parte de ese informe de la IGAE fue incorporado el pasado 18 de marzo por la propia Acuamed a la causa que se sigue en un Juzgado de lo Social de Madrid por el despido de una de las ingenieras represaliadas, precisamente, por negarse a avalar con su firma los supuestos amaños. Con el mismo, los representantes legales de la compañía estatal -que este viernes intentaron sin éxito que la extrabajadora retirara la denuncia ofreciéndole una readmisión con condiciones- pretendían demostrar que ésta no detectó dichas irregularidades. Sin embargo, el documento lo que hace es respaldar la investigación de la Guardia Civil y las conclusiones que las mismas reflejó el juez Velasco en aquel auto de enero. En éste, el magistrado aseguraba que con dicha maniobra propiciada presuntamente por FCC Construcciones -cuyo presidente, Miguel Jurado, fue detenido-, los directivos de Acuamed aceptaron el pago de "obras no ejecutadas en expedientes paralelos" que causaron "un perjuicio a la Administración de 40 millones de euros para 'compensar" a la constructora. Ahora el estudio realizado por el organismo de Hacienda dentro del "plan auditoría 2015" señala que en el contrato de "eliminación de la contaminación química del embalse de Fix" se produjeron numerosas irregularidades a lo largo de todo el proceso, pero sobre todo en la parte final del mismo.

Entre ellos destaca, precisamente, por la cuantía la referida a los "sobrecostes reclamados por el contratista" y que el juez Velasco llegó a calificar en su escrito de "ilegal". La IGAE apunta en el mismo sentido al afirmar que los trabajos supuestamente realizados por FCC para pedir dicha cantidad se realizaron "al margen del proyecto aprobado y sin cobertura contractual". "Acuamed valoró dicha reclamación, aceptando algunos conceptos y rechazando otros" se lee en el documento que a continuación cuantifica "los trabajos aceptados como abonables" en la cantidad de 36.823.743,45 euros. "Esto supone un 27,53% sobre el presupuesto global de la obra, que Acuamed presentó para su convalidación al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente", recalca. Los autores del informe aseguran que "los responsables" de la sociedad estatal validaron dichas obras y aseguraron que la citada reclamación estaba "soportada por facturas que acreditarían tanto la naturaleza de los trabajos como su realización". Sin embargo, reconocen que cuando pidieron dichos albaranes, la empresa pública no los pudo aportar y se escudó, precisamente, en el registro que realizó la Guardia Civil el pasado 18 de enero en las oficinas de la compañía en Madrid y la documentación que intervinieron.

Otras irregularidades económicas

El supuesto pufo de los cerca de 37 millones no es, sin embargo, la única irregularidad detectada por IGAE en los trabajos en el pantano de Flix. De hecho, destaca que en febrero de 2014 se penalizó a la constructora por "retrasos en la ejecución" de las obras relacionadas con la extracción de lodos. El importe de la misma fue de 1,1 millones de euros que se descontaron de los abonos que ese mismo mes y en marzo siguiente se hicieron a la compañía. Aquella penalización fue recurrida por FCC el 3 de marzo de aquel año y eliminada meses después por la propia Acuamed, que justificó su cambio de decisión en que "el retraso en el ritmo [...] se había recuperado en meses posteriores". Hacienda destaca que en noviembre de 2015, sólo dos meses antes de que la Guardia Civil desarrollase la 'Operación Frontino', la empresa pública entregó por ello a FCC 1,3 millones en este concepto, una cifra mayor a la cantidad reclamada. "Se habría devuelto un importe superior en 216.368,87 euros al efectivamente descontado en su momento. No consta en la documentación aportada que se hayan realizado actuaciones para recuperar dicha diferencia abonada incorrectamente", recalca el informe.

Hacienda critica que FCC recibió más de 216.000 euros de más de Acuamed por una penalización que le impuso por los retrasos en las obras

La IGAE también destaca otros incumplimientos en una obra que costó al erario público 155 millones de euros. Así, resalta que el replanteo de las obras, que debería haberse formalizado en un plazo máximo de 30 días, se realizó finalmente once meses después. "Se habría incumplido dicho plazo, sin que figure en el acta de comprobación [...] referencia a las causas", señala el texto. Asimismo, asegura que la documentación aportada por Acuamed para justificar los pagos "solo soporta parcialmente" una parte de los abonos incluidos bajo el concepto de "acopios". Según la documentación, se abonaron en este concepto 5,1 millones de euros, la mitad de dicha cantidad sorprendentemente sin que hubiera "ninguna solicitud del contratista". Finalmente, Hacienda destaca las "cuatro prórrogas" que se concedieron a FCC para terminar una obra cuyo plazo final estaba previsto inicialmente para el 3 de septiembre de 2012 y que, aún hoy,, más de tres años después, no están totalmente concluidas. Prorrogas que fueron aprobadas sistemáticamente por Acuamed sin casi objeciones pese a que pusieron el grave riesgo una ayuda de la Unión Europea.

Siete obras y un fraude multimillonario

Desde un contrato de 6,5 millones de euros a otro de más de 270 millones. En Tarragona, Murcia, Valencia, Alicante y Almería. La 'Operación Frontino' que permitió destapar la trama que presuntamente amañaba adjudicaciones de Acuamed maneja cifras de vértigo. Las pesquisas de UCO se centraron en un primer momento en siete concursos públicos que supusieron una inversión de dinero público superior a los 625 millones y sobre los que se sospecha que fueron adjudicados de manera irregular y con pagos inflados "de manera desorbitada". Así , a la descontaminación del embalse de Flix, se unen los trabajos de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera, en el municipio valenciano de Oliva; las obras de la desaladora Bajo Almanzora, en Almería; una instalación similar en Torrevieja, Alicante; las tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel, en la misma provincia; la presa de antiavenidas en el Ríos Serpis, de Valencia; y los trabajos para transferir aguas desde el embalse de Cerro Colorado al valle del Guadalentín, en la Región de Murcia. Todas ellas aparecen relacionadas en el auto del juez Velasco que ahora se ha visto respaldado por el informe de Hacienda.

http://vozpopuli.com/actualidad/78799-un-informe-de-hacienda-confirma-los-amanos-en-acuamed-destapados-por-el-juez-velasco

19BIS. LA ÚLTIMA AYUDA A PARADOS FRACASA Y CONSUME SOLO EL 15% DEL FONDO PREVISTO

A falta de dos semanas para finalizar el plan, de los 1.200 millones presupuestados solo se han gastado 182 millones y apenas reciben el subsidio el 25% de los beneficiarios previstos

Se mire por donde se mire, la última ayuda a parados puesta en marcha por el Gobierno es un fracaso. Se está quedando lejísimos de sus objetivos. Si se observa por el lado de los desempleados a los que ha llegado la ayuda, apenas la han cobrado o la cobran poco más del 25% de los beneficiarios potenciales calculados (105.500 de 400.000). Si se analiza por el lado del presupuesto, la distancia es aún mayor: de los 1.200 millones de euros consignados solo se han gastado 182 millones, a falta de que el programa venza el próximo 15 de abril, según datos del Ministerio de Empleo.

El Plan de Activación del Empleo ha sido el único gran acuerdo social de la legislatura. Los sindicatos UGT y CC OO, las patronales CEOE y Cepyme y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, firmaron el pacto en diciembre de 2014 en La Moncloa bajo la mirada del presidente Mariano Rajoy. Era, en teoría, el primer paso de algo más ambicioso: la elaboración de un mapa de prestaciones estatales, autonómicas y locales que permitiera reordenar las diferentes ayudas que hay en España para afrontar con más eficacia las consecuencia de la crisis. El objetivo de este primer paso era dar una ayuda de 426 euros mensuales durante seis meses a unos 400.000 desempleados de larga duración (más de un año de trabajo). Esto supondría elevar en unos 10 puntos porcentuales la tasa de cobertura oficial frente al paro, entonces en el 57,6%.

Esa tasa es otra prueba de que a falta de apenas dos semanas para que el plan venza, se extendía entre el 15 de enero de 2015 y el 15 de abril de 2016, sus objetivos se incumplirán por mucho. En este tiempo no solo no ha aumentado la cobertura sino que ha caído, al 55,7%. Un dato más que se suma al bajísimo grado de ejecución presupuestaria: apenas se ha gastado el 15% de lo previsto, lo que ha provocado que sobre más de 1.000 millones de lo destinado inicialmente. Esta cantidad probablemente bajará algo en los próximos meses. Aunque el plazo de solicitud de la ayuda acaba en dos semanas, los beneficiarios pueden cobrarla durante medio año, hasta octubre en los últimos casos.

A estos datos hay que sumar las cifras de beneficiarios. Los 105.544 que tienen la ayuda reconocida hasta febrero están lejos, incluso, de los 270.000 beneficiarios que pensaba Empleo que cumplían con los requisitos de la ayuda cuando echó a andar (a estos se sumarían unos 130.000 en los meses siguientes). Y hay otro número más: solo 14.000 de los participantes en el plan se han reincorporado al mundo laboral.

El programa encontró problemas casi desde el primer momento. En una orden interna, los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) restringieron el acceso a la ayuda a todos aquellos parados que cumpliendo las condiciones, hubieran pasado previamente por todas las otras que tiene el Ministerio de Empleo (prestación contributiva, subsidio, renta activa de Inserción, plan Prepara). Con lo que quedaba limitada a un salvavidas de último recurso. Los sindicatos protestaron y la Administración rectificó. No obstante, todavía ahora se aprecian las consecuencias de aquella restricción inicial: de un total de 52.135 solicitudes rechazadas, más de 10.586 (el 20%) lo son por ese motivo, la primera causa.

“La única explicación que encuentro es que [el Gobierno] tenía interés en no consumir el crédito asignado”, explica Carlos Bravo, responsable de Políticas Públicas de CC OO. Es decir, falta de voluntad política. La misma causa señala su nueva homóloga en UGT, Mari Carmen Barrera: “Es el resultado de una política. Si el primer paso que tomó este Gobierno fue despedir a los 2.000 orientadores laborales que había contratado el Ejecutivo anterior [lo hizo en los recortes de 2012], es que no se cree en este tipo de medidas”.

Una prueba de la falta de voluntad que ambos citan es que Empleo nunca les ha hecho caso en una de sus demandas: enviar una carta a los beneficiarios potenciales del plan diciéndoles que existía la nueva ayuda. Hace dos semanas, ante el próximo vencimiento del plan, ambas centrales reclamaron en público la prórroga del plan y una reunión con el Gobierno para evaluarlo. De momento solo han conseguido la segunda parte, ya han recibido la llamada de Empleo para verse. “En un par de semanas”, apuntan fuentes oficiales del Ejecutivo.

Por su parte, el Ministerio no ofrece explicaciones de por qué esta ayuda ha quedado tan lejos de los objetivos anunciados por todas las partes pese a que sigue habiendo un número ingente de parados que no percibe ayuda alguna, casi dos millones si se atiende a los datos del SEPE y 3,5 millones con los datos de la EPA. Sí que apuntan que ya han puesto en marcha la evaluación y han pedido a las comunidades autónomas –responsables de las políticas activas de empleo- su propio examen de cómo ha ido la medida.

http://economia.elpais.com/economia/2016/03/26/actualidad/1458992660_108004.html


20. INTERIOR CONTINÚA ASCENDIENDO A LOS ‘PIADOSOS’ DE FERNÁNDEZ DÍAZ

El nombramiento del ex jefe de la Policía de Alicante, José Javier Cuasante, como mando de toda la Comunidad Valenciana se engloba dentro del conocido como “círculo piadoso” del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y del Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino. Los miembros de este círculo son policías y políticos cercanos al Opus Dei y pertenecen a organizaciones religiosas con ideas muy militarizadas. El comisario, hasta ahora jefe de la policía de Alicante, acumula además denuncias de diferentes organizaciones sindicales por recibir regalos de empresarios que después son condecorados y por sus relaciones con políticos valencianos imputados por corrupción.

Incluso Compromís ha solicitado en el Senado que comparezca Fernández Díaz para que explique por qué asciende a un puesto tan relevante a un policía que "aparece en los círculos más próximos de Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno, ahora detenido implicado en numerosos casos de corrupción”, y también de Juan Cotino, expresidente de les Corts y ex director general de la Policía, cuya familia también aparece en diferentes sumarios judiciales como los papeles de Bárcenas de corrupción que afectan al PP. El propio Cuasante tardó cinco años en enviar el juzgado que instruye la operación Brugal contra el empresario Enrique Ortiz y el PP de Alicante un informe sobre los registros efectuados a los detenidos.

Entre las características de los cargos de la Policía que son miembros de la Orden de San Cristóbal, subvencionada por la Secretaria de estado de Defensa, está la introducción de ceremonias religiosas

Tanto Serafín Castellano, hombre fuerte del PP valenciano que está imputado desde su detención en 2015, como Cuasante pertenecen a organizaciones religiosas muy militarizadas y, en ocasiones, con difusión de ideas de extrema derecha, según denuncia el Observatorio Contra la Corrupción, Alternativa Sindical de la Policía (ASP) y Compromis. En concreto, se trata de la Orden de los Caballeros de San Cristóbal, a la que pertenecen la mayoría de nombrados por Interior en dicha comunidad autónoma y también, “la mayoría por no decir todos los policías que han conseguido puestos de relevancia desde que Fernández Díaz e Ignacio Cosidó dirigen la Policía”, explican fuentes policiales.

Entre las características de los cargos de la Policía que son miembros de la Orden de San Cristóbal, subvencionada por la Secretaria de estado de Defensa, está la introducción de ceremonias religiosas y de carácter militar en la mayoría de los actos conmemorativos de la Policía incluso en las visitas. Por ejemplo, las fuentes consultadas denuncian que en octubre de 2014 el entonces delegado de Gobierno Serafín Castellano, nombrado en 2011 Caballero por la Orden, acudió a la Comisaría Provincial de Alicante, el Comisario Cuasante obligó “en un claro e innecesario acto de pleitesía a lo castrense que los mandos de la comisaría se vistieran de uniforme y salieran a la puerta a recibirlo”.

Los actos de esta Orden sirven para entregar medallas, entre otros, a miembros de la Policía Nacional “creando un interesado vínculo de hermandad pero que realmente sirve para inflar de manera artificiosa los currículos profesionales con condecoraciones que nada tienen que ver con el desempeño efectivo de su labor”, explica estas fuentes.
Políticos, policías, sindicalistas

También es miembro de la Orden de San Cristóbal el subdelegado del Gobierno en Alicante Alberto Martínez

También es miembro de la Orden de San Cristóbal el subdelegado del Gobierno en Alicante Alberto Martínez y que junto con el comisario José Javier Cuasante se ha beneficiado de reparto de regalos por diferentes empresas que después han sido condecoradas por la Policía. El comisario Javier Pérez del Castillo, jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Alicante, o el adscrito a la Policía Autonómica Valenciana –Dependiente de la Policía Nacional-, David Manuel Argandoña Santander, administrador de una cuenta de Facebook con miles de usuarios policías denominada Primavera Española del CNP y de otra cuenta de twitter llamada @PrimaveraCNPE. Según denuncian diferentes organizaciones policiales, “desde las redes sociales realizan propaganda ideológica de extrema derecha imprimiendo un carácter marcadamente militarista y corporativista”.

Tampoco escapan a la órbita de la Orden de San Cristóbal miembros de diferentes sindicatos policiales, como la CEP (Confederación Española de Policía) o la UFP (Unión Federal de Policía). Néstor José Gómez Colín es el máximo responsable de la UFP en la provincia alicantina, es miembro de la Orden. Pese a que las relaciones de Cuasante con las organizaciones sindicales como el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) o ASP son muy conflictivas, con denuncias incluso en los tribuales, a este sindicalista el actual jefe de la Policía de la Comunidad de Valencia le propuso junto con el comisario de Elche para que recibiera condecoración en el año 2012.

El hecho de que el comisario reciba regalos de los empresarios y el que sea denunciado por ello no es cosa novedosa. Ya en el año 2006 fue denunciado mientras ejercía la jefatura de la comisaría de Elche por hechos similares con una diferencia, en aquella ocasión fueron todos los sindicatos en unidad de acción los que denunciaron.

http://www.publico.es/politica/interior-continua-ascendiendo-piadosos-fernandez.html



21. NUEVO DESPILFARRO DE LA GUARDIA CIVIL: VUELVE A PAGAR A SUS AGENTES UNA PEREGRINACIÓN A LOURDES

La AUGC, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, vuelve a criticar un año más el derroche que el Cuerpo realiza en su peregrinación a Lourdes, que costará a los ciudadanos más de 10.000 euros.

El afán del ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, por dotar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de aspectos religiosos es más que conocido. Tras los quebraderos de cabeza que le ha causado la concesión de la medalla policial a la Virgen del Amor, ahora la Dirección de la Guardia Civil no quiere romper las costumbres y un año más vuelve a mandar a "quince agentes y mandos" a la peregrinación de Lourdes entre el 20 y 22 de mayo. Esta visita, con carácter de "comisión de servicio indemnizable" le costará a los ciudadanos un total de 10.851,92 euros con "todos los gastos pagados".

Esta nueva visita a Lourdes le costará a los ciudadanos 10.851,92 euros con "todos los gastos pagados"

Así, la AUGC vuelve a denunciar este derroche que supone esta tradición, que se repite año tras año, en un momento en el que los trabajadores de la Guardia Civil sufren recortes en sus medios de seguridad diarios como "los chalecos antibalas individuales o vehículos". "Los guardias civiles deben seguir padeciendo una cada vez mayor precariedad en medios humanos y materiales, con cuarteles que se caen a pedazos y una Dirección General que alega no contar con presupuesto para abonar la renuncia a las vacaciones en verano, debemos comprobar un año más cómo se malgastan los recursos en asuntos absolutamente ajenos a la esencia del Cuerpo", apunta la AUGC en una nota interna.

La asociación, que cuenta con más de 30.000 afiliados, lamenta ese despilfarro económico por una peregrinación a Lourdes que evidencian "que para esos viajes y otros boatos la caja siempre está abierta": "Las prioridades de la Guardia Civil parecen ser otras, como atestigua esta nueva peregrinación, o como dejó claro el derroche del acto de recepción de una bandera entregada recientemente por parte del Ayuntamiento de Logroño", denuncia AUGC.

En su opinión se trata de actos religiosos que "no deberían formar parte de un estado democrático y aconfesional".

http://vozpopuli.com/actualidad/78982-nuevo-despilfarro-de-la-guardia-civil-vuelve-a-pagar-a-sus-agentes-una-peregrinacion-a-lourdes


22. EL SUPREMO ANULA EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TSJ MURCIA

El Pleno de la Sala III del Supremo ha anulado el nombramiento de Miguel Pascual del Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, acordado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 29 de enero de 2015.

Por 18 votos a 15, los magistrados han anulado ese nombramiento al entender que "su motivación fue insuficiente o defectuosa".

Los magistrados han estimado así el recurso planteado contra dicho nombramiento por la también magistrada Pilar Alonso Saura, quien optó al puesto junto a Miguel Pascual del Riquelme pero no resultó elegida.

Esta magistrada además solicitaba que el Pleno, de estimar su recurso, la designara para el puesto al que optaba. Una petición que el Supremo ha rechazado por 28 votos, frente a 5 magistrados que han apoyado esta petición.

5 magistrados del Pleno se han abstenido por razones justificadas.

Ahora el CGPJ tendrá que pronunciarse de nuevo sobre este nombramiento.

El TSJ ha emitido un comunicado en el que valora la decisión del Tribunal Supremo desde la más absoluta normalidad y el respeto al sistema de recursos contra las decisiones del CGPJ. Añade que "la decisión anticpada en el día de hoy deberá ser plasmadas en la correspondiente sentencia y notificada al Consejo General del Poder Judicial para que proceda a su ejecución mediante el dictado de un nuevo acuerdo que fundamente la decisión a adoptar"

Entre tanto, finaliza, el actual Presidente continua en el cargo.

http://cadenaser.com/emisora/2016/04/04/radio_murcia/1459791659_542814.html



23. LAS GESTIONES "FRENÉTICAS" DE LESMES PARA CASTIGAR A UNA JUEZA PROGRESISTA

Jueces para la Democracia denuncia que el CGPJ prima el talante conservador de los jueces y practica “el machismo institucional”

Un juez conservador con menor experiencia profesional frente a una jueza progresista con más años de tribunales ha sido la elección del Consejo General del Poder Judicial para dirigir la Audiencia Provincial de Barcelona. Así lo denuncia Jueces para la Democracia que señala: “en el CGPJ han sido conocidas las gestiones frenéticas de Lesmes (el presidente) hacia los vocales con la finalidad de impedir que se nombrase a Angels Vivas en una muestra muy reprochable de machismo institucional”. JpD considera que la actitud de la magistrada favorable al derecho a decidir en Cataluña no se le ha perdonado y por todo ello piensa impugnar el acuerdo.

El motivo de protesta de Jueces para la Democracia se centra “en la reiteración de nombramientos del CGPJ que incumplen de manera manifiesta los principios de mayor mérito y capacidad, para centrarse en preferencias meramente ideológicas. Además, en el presente caso también concurre una visible discriminación de género, que desgraciadamente ha tenido otros precedentes”.

Diferencias notables entre candidatos

Relata la asociación que el pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado el nombramiento de Antonio Recio como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona. “A dicha plaza optaba también la magistrada Àngels Vivas, que ha obtenido 8 votos frente a los 10 del otro candidato, a lo que se deben añadir 3 abstenciones”.

Afirman los jueces progresistas que entre los datos objetivos de cada aspirante para optar a la referida plaza “se evidencian diferencias notables. Àngels Vivas tiene una antigüedad de 33 años y está en el puesto 159 del escalafón; el otro candidato cuanta con una antigüedad de 25 años y está en el puesto 1.359 del escalafón. En la carrera judicial resulta notorio que una diferencia escalafonal de 1.200 puestos es de enorme relevancia”.
Discriminación de género

“Además, Àngels Vivas ha estado 25 años en órganos colegiados, frente a los 10 años del otro candidato. Por otro lado, la experiencia en cargos gubernativos de Àngels Vivas también es muy superior, al haber sido magistrada decana de Barcelona, miembro de la sala de gobierno del TSJ y presidenta de la sección 9ª de la Audiencia Provincial”, aseveran.

Para JpD la disparidad en los méritos objetivos se ha visto acompañada por una clara discriminación de género. “La presencia de mujeres es mayoritaria en la judicatura (el 52%), pero sigue siendo muy minoritaria en el acceso a los cargos judiciales. De hecho, el 85% de las presidencias de Audiencias Provinciales está ocupada por hombres y esta situación no va a cambiar con decisiones arbitrarias como la que se ha adoptado”.
A pesar de los méritos superiores

¿Qué debería haber hecho el órgano máximo de los jueces? En su opinión “ante cualquier duda en la ponderación de los méritos de cada aspirante, lo más proporcionado hubiera sido acordar el acceso de una mujer para el cargo, a la vista de la discriminación institucional existente, como establecen los propios acuerdos internos del CGPJ”.

Añaden que con más razón se tendría que haber adoptado esta decisión “ante los méritos objetivos superiores de Àngels Vivas, que es una magistrada de gran prestigio profesional, muy respetada por su calidad técnico-jurídica y una de las primeras mujeres que accedió en nuestro país a la judicatura”.

“Lesmes sigue el guion de Gallardón”

“La decisión -añaden- es una muestra más del sectarismo en materia de nombramientos de este CGPJ, que opta en la mayoría de los casos por designaciones de marcado perfil conservador, sin hacer una valoración estricta de las capacidades profesionales. Se trata de un CGPJ diseñado por el ex ministro Gallardón, que puso al frente a Carlos Lesmes como hombre de máxima confianza política y que está actuando según el guion previsto”.

Resalta JpD que “en el CGPJ han sido conocidas las gestiones frenéticas de Lesmes hacia los vocales con la finalidad de impedir que se nombrase a esta magistrada, en una muestra muy reprochable de machismo institucional”.
Por el derecho a decidir

Piensan además que “Probablemente a Àngels Vivas tampoco se le ha perdonado ser una magistrada de perfil progresista, ni sus opiniones sobre la situación en Cataluña”. Se refieren aquí a que la magistrada fue una de los 33 jueces que firmaron el documento sobre el derecho a decidir. La jueza no está considerada como independentista sino como otros jueces en la idea de defender este derecho sin necesidad de que Cataluña salga de España”.

“Desde Jueces para la Democracia expresamos que esta decisión nos parece especialmente grave, por lo que vamos a preparar la impugnación de este acuerdo. Asimismo, vamos a contactar con distintos organismos públicos y con las más diversas organizaciones sociales para poner de manifiesto la intensa discriminación de género que se vive en nuestra judicatura”.

Instan además a los grupos parlamentarios para que en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados requieran explicaciones a Carlos Lesmes en su próxima comparecencia “y le pidan aclaraciones sobre la marginación de las magistradas en la carrera judicial, como se ha puesto de manifiesto con este acuerdo. Nos parece especialmente lamentable que una institución judicial que debería ser ejemplo de igualdad, ecuanimidad y no discriminación esté siendo especialmente conocida por todo lo contrario”.

http://www.elplural.com/2016/04/01/las-gestiones-fren-ticas-de-lesmes-para-castigar-una-jueza-progresista


24. CASO GURTEL

24.1. EL JUEZ DE LA GÜRTEL PIDE INFORMES DE LAS EMPRESAS DEL AMIGO DEL ALMA DE AGAG

El juez, que actúa a petición de la Agencia Tributaria, requiere al Registro mercantil las cuentas de 14 empresas del compañero de colegio del yerno de Aznar

El juez José de la Mata, el magistrado de la Audiencia Nacional que lleva la instrucción de las piezas aún pendientes de la trama Gürtel, ha pedido de manera urgente al Registro mercantil las cuentas anuales de 14 empresas. El requerimiento lo ha realizado mediante un escrito en el que pone de plazo al Registro cinco días para cumplir con su petición.

Las empresas tienen todas como rasgo común la participación en ellas, como Administrador y/o accionista de Jacobo Gordon, compañero de pupitre en el colegio, de carrera en la Universidad, socio y amigo íntimo de Alejandro Agag, el yerno del expresidente José María Aznar.

Las empresas de las que el juez de la Mata ha pedido las cuentas (Proyecto Twain Jones, Proyecto Elfo, Proyectos Inmobiliarios Residenciales, Proyectos Inmobiliarios Altamira, Avitante Proyectos Empresariales, Proyectos Financieros Hayden, Proyectos Inmobiliarios Provitante, Consultoría y Gestión de Inversiones, Napa Corporate, Espacios Avitante, Gestión Inmobiliaria Habitabile, Castaño Corporate, Carlow Internacional 06 y Paque Logístico de Montalbo), son básicamente empresas inmobiliarias creadas para facilitar operaciones urbanísticas y conseguir comisiones.

En medios cercanos a la investigación han explicado a ELPLURAL.COM que ya en 2009 la UDEF, la policía judicial, realizó investigaciones sobre muchas de ellas, al comprobar su relación con empresas de Francisco Correa. En aquel informe, de 106 páginas, se investigaron muchas de las empresas por las que ahora se interesa del juez de la Mata, e incluso se llegó a establecer un gráfico mostrando el entramado societario alrededor de uno de estos conglomerados, Real Estate Equity Porfolio (REEP) en la que Jacobo Gordon y algunos de sus familiares, participaban de manera destacada.

Aquel informe policial se incluyó en el sumario de la Gürtel, y el juez Pablo Ruz incluyó a Jacobo Gordon entre los procesados de la trama cuando el pasado mes de diciembre elevó sus conclusiones a juicio oral en el llamado sumario de la Primera Parte de la Gürtel, 1999-2004.

Jacobo Gordon es, como decimos, amigo íntimo desde la infancia de Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar. En su momento el diario El Mundo llegó a calificar a Gordon de ‘amistad peligrosa’ de Agag y recordó que en abril del año 1993 crearon juntos una sociedad denominada Natko, que se dedicaba a organizar actividades de ‘paintball’, en la que Agag era presidente y Gordon, consejero delegado. Y que más tarde aún coincidirían en Columela Gestión, empresa de la que ambos eran apoderados, y que se dedicaba a la “asesoría comercial, legal, económica, de compraventa y construcción de fincas rústicas”. En esta empresa también figuraba el tío de Agag, Alberto Longo Álvarez Sotomayor.

Como contamos posteriormente en ELPLURAL.COM, Jacobo Gordon llegó a reconocer al juez Pablo Ruz que ganó casi 240.000 euros con la trama Gürtel. De los roces de Agag y la trama Gürtel se ha hecho una amplia recopilación en nuestra página colaboradora, Losgenoveses.net

Tanto Gordon como Correa, recordamos, fueron testigos en la boda de Alejandro Agag con Ana Aznar Botella.

http://www.elplural.com/2016/04/06/el-juez-de-la-g-rtel-pide-informes-de-las-empresas-del-amigo-del-alma-de-agag

24.2. ‘EL ALBONDIGUILLA’… DE LA GÜRTEL A LOS PAPELES DE PANAMÁ

El exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, recibió dinero de la trama a través de empresas ‘offshore’

A principios de 2009 se destapó una de las mayores tramas de corrupción que han afectado a la política o, más concretamente, al PP: la trama Gürtel.

El exalcalde madrileño de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, se destapó como uno de los hombres claves de la trama, recibiendo comisiones y comisiones mientras ocupaba su sillón de mando en el consistorio.

Pero Panero, más conocido como ‘El Albondiguilla’, siguió cobrando de la Gürtel una vez abandonó el Ayuntamiento, según han demostrado las investigaciones judiciales posteriormente. Pues bien, ahora se sabe que ese dinero lo siguió recibiendo a través de sociedades 'offshore' vinculadas al bufete Mossack Fonseca y todo, gracias a las filtraciones periodísticas de los papeles de Panamá y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Una ‘offshore’ matrimonial

Para seguir cobrando pero operando desde el extranjero, el exalcalde de Boadilla se unió a su mujer en la empresa Longridge International, con sede en Islas Vírgenes Británicas.

Según explican los papeles, en 2010, a dicha empresa se le concedieron unos préstamos, cuanto menos, sospechosos. En total fueron tres que rondaban entre los 232.000 euros y los 216.000 y están fechados en el mismo día pero firmado en otro muy diferente.

¿Dónde aparece la relación con la Gürtel? Pues en el momento en el que aparecen como apoderados o accionistas miembros de la familia de abogados del Valle Petersfeld. Entre ellos, uno de los arquitectos de la trama, Francisco Javier del Valle Petersfeld.

http://www.elplural.com/2016/04/06/el-albondiguilla-de-la-g-rtel-los-papeles-de-panam

24.3. CORREA VISITÓ PANAMÁ AL MENOS 26 VECES ENTRE 2004 Y 2008

La justicia española también inquirió sobre una posible petición de nacionalidad del capo de la Gürtel en el país centroamericano

Francisco Correa, el principal implicado en la trama Gürtel, convirtió sus viajes a Panamá en una rutina tal durante los años de mayor esplendor de la trama, que más bien pareció convertir el Madrid-Panamá en su particular puente áreo. De hecho, según consta en uno de los tomos del sumario instruido en la Audiencia Nacional sobre las actividades de Correa, sólo en su último año en libertad, 2008, quizás acuciado porque ya sabía que la justicia estaba tras sus pasos, el hombre-Gürtel viajó a Panamá en siete ocasiones.

26 viajes en sólo cuatro años

Claro que, según documento de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia panameño, entre 2004 y 2008, Francisco Correa entró en su país al menos en 26 ocasiones. Muchas de ellas, por cierto, no sólo volando desde España, sino también desde Estados Unidos y, en una ocasión, desde Colombia.

De todo este periodo, el año 2007 fue en el que más ocasiones viajó Correa a Panamá, hasta en nueve ocasiones. En cuatro viajó en 2006, y en tres en 2005 y 2004, hasta ese total de 26 viajes que parecieron menudear más según se iba complicando su situación legal.

Doble nacionalidad

De hecho, tantos viajes a Panamá evidentemente despertaron la curiosidad de la justicia española, que realizó numerosas peticiones a la justicia de aquel país sobre las andanzas de Francisco Correa allí.

Es más, en un momento determinado, la policía y la fiscalía anticorrupción españolas detectaron supuestos movimientos de Correa para intentar conseguir la doble nacionalidad. Una actividad sospechosa que les llevó a enviar un rogatorio a las autoridades panameñas, que realizaron a su vez investigaciones de las que se dedujeron al menos algunas gestiones ilícitas por parte de un despacho de abogados locales. El convencimiento de la justicia era que Correa estaba moviéndose para establecerse en aquel país para poder evadir las acciones policiales españolas.

Una sociedad pantalla panameña

Hasta el momento en los llamados ‘papeles de Panamá’ no se ha implicado directamente a Francisco Correa, ni a ningún otro implicado en la Gürtel, pero sí aparece en el sumario de la Audiencia Nacional que el despacho del abogado Mossack Fonseca creo en aquel país para el propio Correa y para el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, el albondiguilla, junto a otras dos personas, una sociedad pantalla, Itelsa. Sociedad que fue liquidada poco tiempo después y cuyos fondos se repartieron entre otras empresas pantalla de los implicados.

http://www.elplural.com/2016/04/05/correa-visit-panam-al-menos-26-veces-entre-2004-y-2008

24.4. EL JUEZ DE LA 'MORDIDA' DE TOLEDO, A UN PASO DE SENTAR EN EL BANQUILLO A LOS HOMBRES DE COSPEDAL

En el ayuntamiento no consta los informes que exige el juzgado sobre la concesión de las basuras a Sacyr, empresa que financió con 200.000 euros la campaña del PP en 2007, según Bárcenas

Se veía venir. Desde que el juez Pablo Ruz, titular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional hasta abril de 2015, decidiera hacer pieza separada de la trama corrupta Gürtel la supuesta mordida de 200.000 euros que la empresa Sacyr entregó al PP para financiar la campaña electoral de María Dolores Cospedal en Castilla La Mancha de 2007 a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo cuando la ciudad estaba gobernada por los “populares”, siempre según declaración en sede judicial del extesorero de la formación conservadora, Luis Bárcenas, la situación judicial no ha hecho nada más que empeorar. “Es cuestión de tiempo; el tiempo que el juez compruebe que las declaraciones de José Manuel Molina, Lamberto García Pineda y José Ángel Cañas son pura ficción, es decir, eso, a estas alturas, no se lo cree ni el tato”, reconocen a ELPLURAL.COM fuentes de la investigación que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Toledo, cuyo titular, Florencio Rodríguez Ruíz, tiene cada día más claro que hay que sentar en el banquillo a los hombres de Cospedal.

Un documento vital para la investigación...

El caso es que el juez Rodríguez Ruiz pidió el pasado mes de marzo al ayuntamiento de Toledo, como publicó en exclusiva ELPLURAL.COM, el “informe del asiento en el Registro General (…), en el que se hiciera constar la presentación o recepción del protocolo de mayo de 2007”, por el que se modificaba las condiciones del servicio de recogidas de basura de la capital de Toledo, como así lo exige el régimen jurídico de las entidades locales, que en su artículo 151 deja claro que “en todas las entidades locales habrá un Registro General para que conste con claridad la entrada de los documentos que se reciban y la salida de los que hayan sido despachados definitivamente”. El documento al que se refiere el magistrado es el protocolo firmado entre la empresa concesionaria Sacyr, los trabajadores y el ayuntamiento, que permitió desconvocar una huelga de los empleados del servicio de limpieza, y ratificado en la Junta de Gobierno Local cuatro días antes de las elecciones municipales, sin ningún informe técnico ni económico y que supuso una modificación del contrato inicial cinco meses después de ser adjudicado, incrementando los costes del mismo en más de 2,5 millones de euros.

...Que no existe. Nada de nada

Pues bien. Nada de nada. Ni el secretario del ayuntamiento, Jerónimo Martínez; ni el concejal presidente de la Junta de Contratación, Pablo Sabrido, han podido aportar al juez el documento solicitado, porque, sencillamente, no existe. Tanto es así que ambos han remitido al titular del Juzgado Nª 3 un escrito donde dejan claro que “no existe informe de la Mesa de Contratación ni de ninguna Comisión Municipal convocada al efecto de informar sobre la procedencia de aprobar el protocolo suscrito el 21 de mayo de 2007”. O lo que es lo mismo, el documento por el que la empresa concesionaria del millonario servicio, Sacyr, y el comité de empresa acordaban el fin de la huelga y normalizaban el servicio, es papel mojado. Nada de nada, es humo. En el registro municipal no consta; en la Mesa de Contratación, tampoco.

Del “tonto” de Cañas, gerente de Cospedal...

Documento inexistente que si o sí llevará al banquillo de los acusados, con toda probabilidad, al todavía tesorero de María Dolores Cospedal en Castilla La Mancha, José Ángel Cañas, a quien el juez Pablo Ruz y su colega toledano, este último pendiente de tomarle declaración, tienen claro que su implicación en este asunto le retrata, ya que admitió, en sede judicial y con su firma en un documento dado a conocer por Luis Bárcenas, haber recibido 200.000 euros de manos de exgerente nacional del PP, cantidad parte de la supuesta mordida que Sacyr pagó por hacerse con el servicio de recogida de basuras de la capital toledana. Eso eso sí, Cañas declaró ante Ruz que firmó la recepción del dinero bajo amenazas de Bárcenas, a lo que éste dijo que sólo “un totno podría decir tamaña tontería”

...Al olvidadizo vicealcalde, que sólo lee el Marca

Y ya puestos a enumerar tontunas, el vicealcalde del PP en el ayuntamiento de Toledo en aquel año (2007), además de tesorero de María Dolores Cospedal en la ejecutiva castellano-manchega del mismo año, Lamberto García Pineda, declaró en su momento que él “pasaba por allí” y que lo único que le interesaba en ese momento era leer el Marca. Tiempo tendrá para estudiar el periódico deportivo porque todo parece indicar que junto a Cañas se sentará en el banquillo de los acusados para explicar en sede judicial este turbió asunto que amenaza con llevarse por delante a la mismísima Cospedal y a su hombre de confianza en Castilla La Mancha, Vicente Tirado, ambos pendientes de la declaración del tercer imputado del PP, el exalcalde de la ciudad en 2007 y antecesor en el cargo de la actual secretaria general del PP, José Manuel Molina, quien tiene abiertos otros procesos judiciales por supuesta apropiación indebida. Pero eso es otro capítulo aparte. Él mientras tanto disfruta de un puesto privilegiado en una embajada africana. Cosas de la vida.

http://www.elplural.com/2016/04/07/el-juez-toledano-de-la-supuesta-mordida-un-paso-de-sentar-en-el-banquillo-los-hombres-de

24.5. LOS MILLONES DEL ‘PELOTAZO’ DE ARGANDA TAMBIÉN PASARON POR PANAMÁ CON LA COLABORACIÓN DE BANCOS ‘LEGALES’

Los beneficiados pagaron a Correa a través de empresas localizadas en el país centroamericano

El pasado 24 de marzo, ELPLURAL.COM, en exclusiva, informaba de la existencia de un informe de la Oficina Nacional de Investigación al Fraude (ONIF), organismo de la Agencia Tributaria, sobre los millones evadidos por Francisco Correa y su banda Gürtel. En el escrito, de una dureza extraordinaria, se apuntaba la necesaria colaboración del Banco Pastor, ahora Banco Popular, para llevar a cabo el blanqueo de casi quinientos millones de euros y se apuntaba a dos empresas, una con sede en Uruguay, Belfast Link, y otra en Argentina, EVES S.A., para llevar a cabo este proceso.

El reparto de más de 25 millones de euros

Así, la Hacienda Pública, en un informe oficial venía a reconocer la supuesta relación entre los dirigentes de la trama Gürtel y la banca ‘legal’ a través de empresas fraudulentas que utilizaban para mover el dinero y blanquearlo. Pero además, en ese informe, se apuntaba cómo estas empresas habían sido utilizadas por un gran número de personas con el mismo fin ilegal.

Ahora estamos en condiciones de relacionar estas empresas también con el que posiblemente fue el mayor pelotazo de la trama Gürtel, el llamado caso Arganda y esto, gracias a otro extenso y prolijo informe anterior (junio de 2015), de nada menos que 262 páginas, al que hemos tenido acceso, también realizado por inspectores de la ONIF, y en el que se analiza el rastro del dinero excedente producido por la ilegal operación urbanística.

En el caso Arganda, recodamos, se recalificaron y vendieron terrenos de titularidad pública que produjeron para los implicados más de 25 millones de euros de beneficios. De esta cantidad, al menos 12 millones quedaron en manos de Francisco Correa y los suyos, mientras el resto de los millones habrían sido beneficios extra para el constructor que resultó adjudicatario de los terrenos, Fernando Martín, propietario de MARTINSA, otro empresario asociado suyo, Manuel Salinas Lázaro, propietario de las empresas de muebles y equipamiento, SALGAR, y de un asesor de éstos, llamado Armando Mayo Rebollo.

En su investigación la ONIF apunta cómo supuestamente a través de empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Ostara Services, y en Panamá, Fairway International, insertas en el conglomerado de empresas SALGAR (como se ve en el gráfico adjunto obtenido del documento oficial) se produjeron las transferencias de los millones de euros que acabarían en manos de Correa. En su informe, la Agencia Tributaria señala otras empresas también con sede en Panamá utilizadas por los implicados, como Castejón Investments.

A su vez en este informe se recogen hasta 37 referencias a la empresa con sede en Uruguay EVES S.A. y una docena de menciones a la argentina Belfast Link, que, como hemos apuntado utilizaron presuntamente Correa y decenas de otros empresarios para supuestamente blanquear capital con la colaboración del Banco Popular. Hacienda ha pedido al juez de la Mata, que ya tiene el listado de esos empresarios, que pida a los cuerpos especializados de Guardia Civil y Policía, con ayuda de Interpol, que investigue sus movimientos, así como que soliciten a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, que investigue a aquellas entidades bancarias, en principio apuntan a Banco Popular, que hayan incumplido con las obligaciones recogidas en las normativas antiblanqueo.

http://www.elplural.com/2016/04/06/los-millones-del-pelotazo-de-arganda-tambi-n-pasaron-por-panam-con-la-colaboraci-n-de

24.6. FRANCISCO CORREA UTILIZÓ EL DESPACHO MOSSACK FONSECA PARA LAVAR CAPITALES

El despacho investigado en los papeles de Panamá creó una sociedad offshore para el líder de la Gürtel y algunos de los principales investigados en el caso con la que lavaron y blanquearon centenares de miles de euros

El despacho Mossack Fonseca & Co creó en 2004 en Panamá la sociedad Itelsa, cuyos beneficiaros eran Francisco Correa, Arturo González Panero, El albondiguilla, Javier del Valle Petersfeldt y el expresidente de la federación de productores audiovisuales Fapae, Pedro Pérez. Itelsa fue liquidada un año después y los fondos fueron repartidos entre otras empresas pantalla de los implicados o recibieron el dinero en metálico.

La Agencia Tributaria ya detectó esta práctica en 2011 en un informe al juez del caso Gürtel, en el que reveló cómo Mossack Fonseca interactuó con la trama corrupta para que esta lavase un total de 453.840 euros y eludiese las leyes fiscales españolas. Fue el propio banco HSBC desde Suiza, donde los implicados tenían cuentas, quien les aconsejó contactar con ese despacho para la constitución de una sociedad en Panamá con la que evadir el dinero.

No era una práctica poco habitual entre los bancos suizos. También el Lombard Odier aconsejó al extesorero Luis Bárcenas la creación de una sociedad opaca en Panamá, la Fundación Sinequanon, para ocultar sus millones. Los testaferros de Bárcenas, supuestamente, también emplearon sociedades pantalla creadas por Mossack Fonseca para constituir Sinequanon.

http://cadenaser.com/ser/2016/04/04/tribunales/1459776008_435557.html

24.7. EL EMPRESARIO ENRIQUE ORTIZ CONFIESA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE VALENCIA

El presidente del grupo Cívica, que se enfrenta a cuatro años de cárcel por la financiación ilegal de las campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana en los años 2007 y 2008, ha reconocido los hechos. Se trata del primer gran empresario que, siete años después de que estallará el caso Gürtel, en febrero de 2009, admite los delitos que implican al PP en prácticas corruptas.

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, acordó el pasado 26 de febrero la apertura de juicio oral contra cinco miembros de la cúpula del PP de Francisco Camps, diez empresarios de la construcción adjudicatarios de obra pública, entre ellos Ortiz, y los cabecillas de la trama Gürtel. Los acusados se enfrentan a penas de hasta 27 años de prisión. El juez sostiene que los empresarios pagaron actos electorales a Orange Market, la empresa que tenía en exclusiva los actos de campaña de los populares. Pagos que se camuflaban con facturas falsas por servicios no prestados.

LAS CLAVES

Acusados: El juicio sienta en el banquillo a la dirección regional de Francisco Camps en Valencia. Él exvicepresidente, Vicente Rambla; el que fuera secretario general de los populares en la comunidad, Ricardo Costa; la gerente, Cristina Ibáñez; el exvicesecretario de organización, David Serra y la antigua tesorera, Yolanda García. Junto a ellos Díez empresarios y los cabecillas de la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Ramón Blanco y Cándido Herrero.

Penas: Los acusados se enfrentan a penas de hasta 27 años de cárcel, en el caso de Francisco Correa y sus lugartenientes. Hasta ocho años de prisión para los cargos públicos y entre dos y seis años de reclusión para los empresarios. Las fianzas impuestas suman 35 millones de euros.

Delitos: La investigación atribuye a los acusados delitos electorales, de fraude fiscal y falsedad documental.

Los escritos de acusación sostienen que "con el propósito de obtener un mayor despliegue en los procesos electorales, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana contrató con Orange Market servicios que se abonaron de forma irregular". Una parte en efectivo y otra a través de los empresarios que se van a sentar en el banquillo. En ambos casos, añaden, "tales pagos no quedaron reflejados en facturación y en contabilidad". Los pagos de los empresarios, concluyen, "infringieron la genérica prohibición legal de abono de los gastos de partidos políticos por terceras personas". Además, "no podían hacer donaciones por tener contrato con administraciones públicas y por ello se materializaron por supuestos servicios a Orange Market que realmente no se habían producido". En el caso de este empresario confeso, las pesquisas han acreditado que pagó 348.000 euros al PPCV para la campaña de las elecciones generales de 2008.

Enrique Ortiz reconoce íntegramente la financiación ilegal del PP en Valencia en su escrito de defensa, admite las tesis de las acusaciones y consigna los 40.000 euros que le reclamó el juez en el auto de apertura de juicio oral. Por eso, pide la atenuante de "confesión tardía de los hechos" y que la pena se rebaje de cuatro a un año y tres meses de reclusión. El documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, solicita también que la pena de prisión se sustituya por el pago de la correspondiente multa y, en caso de que no se acordara esta solicitud, "suplica" que el tribunal "acuerde la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad".

http://cadenaser.com/ser/2016/03/31/tribunales/1459445497_622835.html

24.8. MALAS NOTICIAS PARA CORREA Y 'EL BIGOTES', UN JUEZ PROGRESISTA 'VERÁ' SUS CONTRATOS CON LA GENERALITAT

El magistrado progresista, José Ricardo de Prada, será el instructor de esta pieza de la trama Gürtel valenciana

Francisco Correa, Álvaro Pérez el Bigotes, y los otros 27 procesados por los contratos que se firmaron entre la trama Gürtel y diferentes consejerías de la Generalitat bajo la presidencia de Francisco Camps no han tenido suerte. Les ha ‘tocado’ como magistrado ponente para el jucio oral en la Audiencia Nacional a José Ricardo de Prada.., ‘la muestra’ de que hay jueces progresistas, muy pocos, eso sí, en ese alto Tribunal.

Los 'gurtel', tres 'exconsellers', altos cargos...

El caso, conocido como pieza separada número 5 del macro caso Gürtel, recoge en concreto todas las investigaciones sobre los contratos que firmaron entre 2004 y 2009 por la empresa Orange Market y otras sociedades de Correa, el Bigotes, y el resto de la trama, con las consejerías, exceptuando los contratos para Fitur que se ven en pieza aparte. Entre los procesados, nada menos que 27, ya no queda ningún aforado después de que dejara su escaño el exsecretario autonómico David Serra. Pero entre los afectados se encuentran tres exconsellers y varios antiguos altos cargos de consejerías.

La fiscalía anticorrupción ha pedido hasta nueve años de imputación para los exconsellers Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado, así como para David Serra, y hasta diez para los capos de la Gürtel, Correa, el Bigotes y Pablo Crespo, y multas que superan el medio millón de euros para cada uno de ellos.

Un juez "incorruptible"

La ‘mala noticia’ para los procesados es que el magistrado de Prado, casi único progresista en la Sección II de la Sala de lo Penal, vaya a ser el juez ponente. Un juez que fuentes jurídicas definieron para ELPLURAL.COM como “muy profesional, muy experimentado.., un juez de sala incorruptible”, y al que los otros magistrados, conservadores, califican como “el magistrado del voto particular, porque no le importa disentir, sino más bien considerar incluso positivo cara a la sociedad que se conozcan el que los magistrados pueden tener opiniones jurídicas diferentes”.
Con el juez de Prada formarán sala en el juicio oral, la presidenta de la Sala, Concepción Espejel y Ángel Hurtado. Las acusaciones no han presentado recurso contra Espejel en este proceso, al contrario de lo que hicieron en los casos de 'la caja B' o 'la primera parte del sumario de la Gürtel', en los que esta magistrada fue apartada tras recursos de las acusaciones, porque consideran que en este caso, al no estar a juicio la financiación del propio PP, no hay razones para hacerlo.

http://www.elplural.com/2016/03/31/malas-noticias-para-correa-y-el-bigotes-un-juez-progresista-ver-sus-contratos-con-la

24.9. EL VÍDEO DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DE BÁRCENAS: "LA CONTABILIDAD B DEL PP ES UNA REALIDAD"

El pasado 9 de marzo el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, declaró durante hora y media ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, Rosa María Freire, en calidad de testigo por el caso de la destrucción de los discos duros de sus ordenadores en Génova 13. Vozpópuli ha tenido acceso a su declaración íntegra en la sala de vistas donde el ex senador sostuvo una vez más que dichos PC´s eran suyos y no del partido y que en ellos guardaba información relevante de la contabilidad B. Además, a Bárcenas no le tembló el pulso a la hora de afirmar que "la contabilidad B del PP es una realidad del primer apunte contable hasta el último".

No obstante, pese a haber hecho memoria y relatado los documentos que guardaba en dichos ordenadores "personales", el ex tesorero 'popular' reconoció ante la juez Freire que "no existía ninguna copia" de dichos discos duros y que nadie vio los mismos. "En absoluto, se los enseñó a nadie", declaró el ex senador. Tan sólo estaba al tanto de que él guardaba esos documentos -pero no en qué formato- el también ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, explicó Bárcenas.

Uno de los momentos de máxima tensión dentro de la sala de vistas se vivió en el turno de preguntas de las defensas del PP, de su tesorera Carmen Navarro y del representante legal del partido, Alberto Durán. La juez Rosa María Freire puso orden en la Sala y el interrogatorio continuó. Entonces, Bárcenas explicó que fueron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el vicesecretario nacional del partido, Javier Arenas, quienes autorizaron que él pudiera usar la Sala Andalucía en Génova 13 para trabajar una vez que había dimitido como senador por su implicación en el caso Gürtel.

En otro momento del interrogatorio, a Bárcenas le pregunta su letrado, Francisco Maroto, si el albarán aportado por el PP a la causa -para justificar que ese ordenador era de la formación política- se correspondía con el suyo: "Desconozco si en el PP se había comprado otro Toshiba pero el albarán no se corresponde con el de mi ordenador", explicó el testigo. Además, Luis Bárcenas manifestó ante la juez que le había sorprendido que el PP aportase a la causa una factura del año 98 cuando el propio partido comunicó en tres cartas al ex juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que sólo guardaba documentos desde el año 2004 y que el resto de documentación había sido destruida.

El Partido Popular se encuentra imputado en esta causa como persona jurídica por un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento. También lo están en el presente procedimiento su actual tesorera, el jefe de los servicios jurídicos y el informático del partido, José Manuel Moreno.

http://vozpopuli.com/actualidad/78647-el-video-de-la-ultima-declaracion-de-barcenas-la-contabilidad-b-del-pp-es-una-realidad

24.10. LA AUDIENCIA DICE QUE DESBLOQUEAR DINERO A BÁRCENAS SERÍA BLANQUEARLO

El tribunal rechaza la petición del extesorero del PP de permitirle retirar 10.000 euros mensuales de sus cuentas suizas para pagar a los abogados de sus 16 pleitos

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición del extesorero del PP Luis Bárcenas de que le sean desbloqueados 10.000 euros mensuales de sus cuentas en Suiza para poder pagar a sus abogados y otros gastos derivados de los 16 pleitos en los que, indica, se halla inmerso. El tribunal señala que desbloquearle parte del dinero de Suiza sería permitir la introducción en el mercado legal de un dinero cuya procedencia supuestamente es ilícita.

El auto dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, la que juzgará a Bárcenas y otros implicados en la trama Gürtel a partir de próximo octubre por hechos ocurridos entre 1999 y 2005, señala que sobre Bárcenas penden judicialmente responsabilidades pecuniarias por importe de 88 millones de euros, a pesar de que solo se le han podido encontrar (y embargar) 3,3 millones en cuentas en Suiza y bienes inmuebles por valor de 1,6 millones (su casa de Baqueira Beret y la que habita en Madrid, entre otras). Los 88 millones es el dinero que Bárcenas debe devolver a la sociedad en función de las cantidades supuestamente sustraídas y no declaradas al fisco. Y los bienes hallados y el dinero bloqueado en Suiza (4,9 millones) son muy insuficientes para afrontar la devolución de los 88 millones. Deja entrever el tribunal que el extesorero aún oculta dinero fuera y que no procede reducir más aún el poco que se le ha podido bloquear. Bárcenas llegó a amasar en sus cuentas suizas unos 48 millones de euros, si bien al trascender el caso Gürtel sacó gran parte del dinero y se lo llevó a otros países, algunos de Sudamérica, utilizando sociedades fantasma y testaferros.

Según el tribunal, el dinero de Suiza está bloqueado ante la convicción judicial de su “ilícita procedencia”, por lo que darle dinero de esas cuentas sería permitir un delito de blanqueo de capitales. El dinero de Suiza lo obtuvo Bárcenas supuestamente de la trama Gürtel y de empresarios que efectuaron donaciones al PP y a los que hizo favores a cambio de contratas públicas.

http://politica.elpais.com/politica/2016/03/29/actualidad/1459279469_819008.html

24.11. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO DESTAPA OTRA TRAMA DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN ARGANDA DEL REY

Como ha sucedido con la Gürtel en Valencia o con la trama Púnica en Madrid, grandes constructoras pagaban a la red de Correa eventos que debía costear el municipio a cambio de adjudicaciones, y también corrían con gastos del Partido Popular en Arganda por un total de 1.164.202,59 euros. La IGAE elaborará otro informe sobre la adjudicación de la UE-124, el mayor pelotazo de la Gürtel, que salpica al expresidente Ignacio González

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha recibido este mes de marzo el informe definitivo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre los contratos del Ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey con la red dirigida por el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa. Es parte de la instrucción aún no concluida de la Época II de la trama, que investiga los delitos cometidos entre 2005 y 2009, cuando el operativo fue desarticulado.

El informe desvela que grandes constructoras y empresas de servicios como Urbaser, filial de ACS; Acciona; FCC; Caja Madrid; y viejas conocidas en la causa como Constructora Hispánica o Teconsa pagaron eventos organizados por la trama Gürtel que debía asumir el Ayuntamiento de Arganda, e incluso gastos electorales del PP local como el servicio de azafatas para los comicios de 1999. Estas empresas eran adjudicatarias en la localidad, bien de forma individual o en UTE, como la sociedad Transportes Ferroviarios de Madrid.

El documento de la IGAE revela que entre 2005 y 2009 el Ayuntamiento de Arganda adjudicó a la Gürtel un total de 1.164.202,59 euros desde distintas concejalías o a través de la empresa pública Sociedad para el Fomento y Desarrollo Municipal de la localidad. Tal y como destaca la Intervención del Estado, la mayor parte de los contratos fueron amañados, fraccionados y calificados como menores o urgentes sin necesitarlo, para poder ser adjudicados mediante el procedimiento negociado y sin publicidad. Arganda incumplió de forma sistemática la ley para poder adjudicar a la trama, según el informe.

En el caso de los contratos más relevantes, como las olimpiadas escolares, las galas del deporte o las cabalgatas de reyes, que en ocasiones superaban los 100.000 euros por acto, la trama Gürtel los facturaba directamente a las grandes empresas adjudicatarias de servicios en Arganda, como los 64.482,76 euros a Urbaser por la cabalgata de 2007. Transportes Ferroviarios de Madrid, la UTE adjudicataria de la línea de metro de la localidad y formada por Metro Madrid, FCC, Acciona, ACS y Caja Madrid, también pagó al menos otros 54.000 euros que debía asumir el Consistorio.

La IGAE revela facturas y correos electrónicos que prueban la implicación de las grandes empresas en los hechos y cómo los empleados de las sociedades de Correa celebraban encontrar a los pagadores de los eventos municipales, como cuando Teconsa y Constructora Hispánica abonaron los 121.986,70 euros de la gala del deporte de 2007 y la cabalgata de reyes de 2008. Como puede verse en el correo electrónico que acompaña esta información, un empleado de la firma Gürtel Easy Concept festeja que "por fin sabemos a quién facturar lo de Arganda", y comunica a otro qué constructora pagará cada concepto que correspondía al Ayuntamiento.

La forma de actuar en Arganda es muy similar a la del mismo entramado corrupto con las instituciones gobernadas por el PP en Valencia, por la que la cúpula del expresidente Francisco Camps se sentará en el banquillo en la Audiencia Nacional, y a la de la trama Púnica en Madrid, donde repiten comportamiento las sociedades Urbaser o FCC. Esta última también está implicada en la trama corrupta de Acuamed junto a Acciona. Además, FCC está bajo sospecha por supuestos pagos fraudulentos superiores a los 650.000 euros al primogénito del expresident Pujol. También en la denominada Época I de la Gürtel, que abarca entre 1999 y 2005, ha sido detectada una supuesta financiación ilegal del PP por actos en Pozuelo y Majadahonda; y en la pieza de la caja b del Partido Popular instruida como consecuencia de la publicación de los papeles de Bárcenas.

Este informe de la IGAE en manos del juez José de la Mata será complementado próximamente con otro, relativo a las adjudicaciones de terrenos fraudulentas en Arganda a la red, como la polémica Unidad de Ejecución 124, que está considerado el mayor pelotazo de la Gürtel y que salpica al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

La constructora de Fernando Martín, Martinsa, obtuvo los terrenos en 2004 por 77 millones de euros, y meses después vendió una tercera parte de las parcelas por 73 millones. Supuestamente, el líder de la Gürtel, Francisco Correa, logró una comisión de 12 millones de euros a cambio. Un juzgado de Estepona investiga si el origen del ático marbellí del expresidente madrileño Ignacio González también forma parte de un cohecho vinculado a esta operación inmobiliaria de Arganda.

Ese segundo informe de la IGAE también analizará las adjudicaciones de terrenos a Teconsa y Constructora Hispánica en la localidad madrileña.

http://cadenaser.com/ser/2016/03/25/tribunales/1458914512_814688.html

24.12. UN JUEZ LLAMA AL PP Y A 16 DE SUS EDILES PARA QUE DEVUELVAN 105.000 EUROS

Los concejales de Boadilla del Monte (Madrid) cobraron indebidamente el dinero y deben reintegrarlo de sus bolsillos a las arcas públicas

El PP de Madrid y 16 ediles de sus ediles de Boadilla del Monte, uno de los epicentros de actuación de la trama Gürtel, están citados este miércoles por la mañana en el Juzgado de lo Contencioso número 18 de Madrid para que devuelvan de sus bolsillos a las arcas del Ayuntamiento de esta localidad madrileña un total de 105.000 euros que recibieron indebidamente del Consistorio entre 2007 y 2010. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó en enero de 2014 una sentencia en la que obliga a los ediles a devolver todo el dinero que percibieron como subvenciones al entender que no debieron cobrarlo debido a las graves irregularidades producidas durante la constitución del grupo municipal. Es decir, cuando se constituyó en 2007 la Corporación, los ediles estaban obligados legalmente a aportar un escrito indicando las funciones de cada uno de ellos, condición indispensable para recibir la subvención (quién sería el portavoz, su suplente e integrantes de las comisiones…). Pero no lo hicieron, aun así empezaron a cobrar las subvenciones que otorga el Ayuntamiento por cada concejal electo y al grupo. En total, 88.000 euros en esos tres años, lo que unido a los intereses devengados desde que salió la sentencia condenatoria eleva la cifra de 105.000 euros, que deben devolver los ediles de sus bolsillos puesto que considera nulo el acuerdo del pleno en el que se aprobaron esas ayudas. Estima la sentencia que se incumplió el artículo 24 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

El incumplimiento de esta norma fue denunciado por el concejal del grupo Alternativa por Boadilla Ángel Galindo, abogado de José Luis Peñas, el edil que destapó el caso Gürtel con sus grabaciones a miembros de la trama. El alcalde de Boadilla era entonces Arturo González Panero, uno de los principales implicados en la red que dirigía Francisco Correa. Y, ahora, uno de los ediles que tienen que reintegrar lo cobrado del Consistorio. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda interpuesta por el concejal Ángel Galindo, si bien este recurrió al Tribunal Superior y este le ha dado la razón sobre las irregularidades cometidas en el citado pleno. La sentencia es firme y lo que lleva tiempo intentando el juzgado que debe ejecutarla, el 18, es que los ediles reintegren el dinero a las arcas del Ayuntamiento. Sin embargo, estos han alegado que ese dinero no lo gastaron ellos sino que se lo entregaron al PP de Madrid. Por eso el juez les ha citado hoy a todos, incluido al abogado del PP, Alberto Durán, para aclarar en una especie de vistilla quién se llevó o gastó el dinero y que este sea finalmente devuelto.

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/06/actualidad/1459926115_623187.html

24.13. EL HOMBRE QUE DESTAPÓ LA GÜRTEL: "CIFUENTES ME DIJO QUE DEJASE EL ASUNTO EN EL CONGELADOR"

José Luís Peñas asegura que Telemadrid, tras vetarle, ha pasado de "TeleEspe" a "TeleCifu"

Parece que poco cambia la situación alrededor del Partido Popular de Madrid, con independencia de quien sea su cabeza visible. Es verdad que ahora mismo, con la nueva responsable provisional con visos de permanencia, Cristina Cifuentes, con los casos de corrupción aún calientes sobre la mesa, el mensaje es de “transparencia y tolerancia cero con sus actores principales”. Pero hay actitudes que rememoran la época del 'ordeno y mando' de Aguirre.

Alguien que conoce bien desde dentro y a quien se atribuye el destapar el 'caso Gürtel' es el ex concejal del partido en Majadahonda, José Luis Peñas. Él ha vivido en primera persona lo que significa denunciar a los poderosos y ha pagado las consecuencias. Acaba de publicar un libro en el que se recogen los 'tejemanejes' del PP.

De TeleEspe a TeleCifu

La primera sorpresa es que, como él mismo dice a ELPLURAL.COM, “hemos pasado de TeleEspe a TeleCifu”. La semana pasada “vetaron mi presencia”. El motivo lo tiene claro porque sabe cómo son los engranajes de todo esto. “El día anterior estuve en 'Al Rojo Vivo' donde hablamos de la presidenta de la Comunidad de Madrid”. Era martes. Al día siguiente estaba convocado a las 11.30 a maquillaje para participar en un programa de Telemadrid. “Al salir de La Sexta, recibimos una llamada anulando la entrevista. Sin duda, a Cristina Cifuentes o a alguien de su entorno no le gustó lo que dije”.
"No denuncies"

Con la máxima responsable de los 'populares' madrileños no coincidió en muchas ocasiones. Sí recuerda una “en febrero o marzo de 2005”, en la que le citaron para una reunión con el ahora encarcelado Francisco Granados en la primera planta de la calle Génova. Allí, en un pasillo con dos lámparas que habían convertido en una especie de sala de espera, coincidieron.

“La verdad es que nos conocíamos todos. Llevaba las campañas del partido en Madrid y sabía quien era todo el mundo... estábamos en primera línea de fuego”. Aquel encuentro lo recuerda Peñas porque era el momento en que “se empezaba a hablar del caso Majadahonda, de las parcelas... nosotros habíamos decidido denunciar al partido y eso son palabras mayores”.
"Perdemos todos"

Cristina Cifuentes en aquel pasillo convertido en sala de espera le dijo “pero hombre, cómo vais a hacer esto, que sois de lo mejor que hay aquí. Metedlo en el congelador, no denunciéis al partido que así perdemos todos...”. Comentarios similares le hicieron otros cargos, como la actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez -que llegó a ser presidenta de la gestora de los 'populares' de Majadahonda cuando se destapó el escándalo-, o Francisco Granados. “Al fin y al cabo -comenta a ELPLURAL.COM- lo que hacían era tirar del manual del partido o de la secta, como digo yo”.

La decisión de denunciar conllevó para él las consecuencias que todos conocen puesto que, a la postre, “parece que es mejor ser corrupto que denunciar ese tipo de comportamientos”.
Aguirre ya "ha sido pillada"

Otro de los nombres que pululan sobre la Gürtel y otros casos destapados en Madrid es el de la 'lideresa'. A juicio de Peñas, social y políticamente “ha sido pillada” y eso, para él, es tan importante como la parte judicial. En cuanto a Mariano Rajoy, Peñas pone en entredicho su desconocimiento de lo de Valencia. "Eso es imposible creérselo, al fin y al cabo, desde 2009 cuando decían que todo era una conspiración contra el PP ¿qué controles ha establecido sobre una formación de la que es presidente?”.

Toda la documentación y dos años de grabaciones de Francisco Correa, principal implicado y cabecilla de la red Gürtel según los investigadores dan para mucho. A diferencia de lo que le ocurrió al director de la película 'B', centrada en la declaración de Bárcenas, el ex edil 'popular' no ha tenido problemas para publicar el libro puesto que, en realidad, se lo propusieron a él. Se titula 'Uno de los suyos' y recoge aquellos años de la "pequeña Sicilia" que era Madrid. El libro, que "está superando las expectativas iniciales", no es una salida para Peñas porque, como ha reconocido en alguna ocasión, "no soy un denunciante, soy básicamente un delator, al fin y al cabo, yo estaba dentro de la trama".

http://www.elplural.com/2016/03/25/el-hombre-que-destap-la-g-rtel-cifuentes-me-dijo-que-dejase-el-asunto-en-el-congelador



25. CASO PUNICA

25.1 ARROYOMOLINOS ENTREGA AL JUEZ VELASCO CONTRATOS POR VALOR DE 600.000 EUROS BAJO SOSPECHA CON EMPRESAS DE LA PÚNICA

El nuevo equipo de gobierno de Arroyomolinos ha detectado irregularidades en 33 expedientes y numerosas facturas sin contrato, la mayoría con Waiter Music. El alcalde de C's ha entregado unos 500 documentos y pide que se investiguen 7 posibles delitos cometidos entre 2004 y 2014

El nuevo equipo de gobierno de Arroyomolinos ha entregado al juez Eloy Velasco la facturación del ayuntamiento con Waiter Music y empresas vinculadas a la trama Púnica. 33 expedientes con pagos a las empresas del investigado José Luis Huertas y 10 concursos más en los que participó y se declararon desiertos. Entre las posibles irregularidades denunciadas están los ingresos sin ningún tipo de documentación que lo justifique y pliegos de concurso de fiestas y eventos que se declaran nulos y aún así acaba ejecutándolos Waiter Music.

Es el caso de la fiesta del Corpus del año 2006 por valor de 28.500 euros y en los que se detallaba en los pliegos hasta la marca de generadores que coincidía con la usada por la empresa de la Púnica. O la fiesta de Nochevieja y Reyes de 2006. En esta ocasión los técnicos de la mesa de contratación anularon el concurso al entender que estaba amañado a favor de Waiter Music. El empresario imputado José Luis Huertas hizo la fiesta y se cargaron los 121.500 euros a la empresa municipal del suelo. En la fiesta de Reyes de 2008, Waiter cobró dos veces por el mismo servicio emitiendo dos facturas de 5.000 euros.

El escrito aporta documentación que demostraría cómo la concejal popular de Juventud, Ana Millán, presuntamente daba órdenes al departamento de contratación de a qué empresas había que invitar. En el listado de la fiesta del Corpus de 2008 estaba la ganadora, Waiter Music, que competía con otra empresa dedicada al transporte de mercancías. Como este hay varios casos de los que el nuevo equipo cree que directamente estaban amañados.

La documentación entregada incluye las agendas de la concejal del PP responsable de firmar los contratos con Waiter Music. En varias ocasiones aparecen citas, reuniones y comidas con el imputado José Luis Huertas días antes y después de recibir los contratos.

La denuncia, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, la interpone el nuevo equipo de gobierno de Arroyomolinos formado por Ciudadanos, PSOE y PIA (independientes). En el escrito piden a la Fiscalía que investigue la posible comisión de siete delitos, entre ellos, cohecho, tráfico, prevaricación y tráfico de influencias.

http://cadenaser.com/m/emisora/2016/03/31/radio_madrid/1459408456_520885.html

25.2. EVA BOROX DIMITE COMO DIPUTADA REGIONAL PARA “NO PERJUDICAR A CIUDADANOS”

La exparlamentaria mantenía una relación de amistad con Marjaliza, uno de los principales imputados de la Púnica

Eva Borox, la número tres de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, ha presentado este jueves su dimisión y ha entregado su acta para "no perjudicar a su partido". "Niego todas las acusaciones recogidas en la declaración de David Marjaliza durante mi etapa como concejal del PSOE en Valdemoro. Marjaliza nunca me ha pagado ningún viaje ni he recibido comisión alguna", dijo la ya exparlamentaria.

Las autoridades judiciales investigan si Marjaliza pagó a Borox varios viajes a cambio de favores cuando era concejal del PSOE en Valdemoro, entre 1998 y 2003. Borox formó parte del PSOE de Valdemoro hasta 2007, fecha en la que fue expulsada tras ser acusada de haber afiliado a amigos y familiares del PP en la agrupación socialista del pueblo. El entonces secretario regional del Partido Socialista de Madrid, Rafael Simancas, ordenó que se disolviera la agrupación de Valdemoro. Encargó a una gestora la dirección del partido local.

Borox, sin embargo, mantiene que nadie la echó, sino que fue ella la que decidió no solicitar su alta en la formación. En aquella época, Granados y Marjaliza tenían pleno control sobre el grupo socialista de Valdemoro. De los 300 militantes, más de la mitad estaban relacionados con el PP o eran familiares suyos.

El actual escándalo arrancó después de la difusión de varias fotografías [en la cadena de televisión La Sexta] en las que Borox aparece junto a David Marjaliza, socio de Francisco Granados, y uno de los cerebros de la trama Púnica. Hay imágenes en la casa del empresario y en un parque de atracciones. Las instantáneas sugieren que existía una mayor relación que la que reconoció la diputada entre ella y el empresario. Dijo que solo le conocía debido a que residían en la misma localidad y tenían amigos en común.

La diputada ha remarcado que la decisión es de “carácter personal” para no interferir ni perjudicar el buen funcionamiento del partido “a pesar de no estar investigada ni imputada”. Borox se siente objeto de una persecución mediática: “Un medio de comunicación ha hecho una causa personal contra mí”. En último lugar, ha puntualizado que entrega su acta “a diferencia de todos aquellos que, existiendo motivos reales para marcharse, siguen aferrándose cada día a su cargo público protegidos por su aforamiento”. La sustituirá Ana Rodríguez, la siguiente en las listas de Ciudadanos. Borox no ha admitido preguntas.

“Eva Borox ha decidido echarse a un lado para poder defenderse y para no perjudicar al partido” ha sostenido Ignacio Aguado. El líder de la formación naranja en Madrid ha defendido que la exdiputada “ha dado una lección a todos aquellos que a pesar de estar imputados, incluso condenados, siguen aferrados a la silla”.

La dimisión de Borox cierra una posible crisis en el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, encabezado por Cristina Cifuentes (PP). La presidenta popular fue elegida gracias al apoyo de Ciudadanos, pero solo cuenta con un voto más que los grupos de la oposición. Si Borox no hubiera abandonado su acta y hubiese pasado al grupo mixto, PP y Ciudadanos no tendrían mayoría absoluta, ya que solo tienen un escaño más que la unión de PSOE y Podemos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/17/madrid/1458241258_410633.html

25.3. UN EX CONCEJAL DEL PP PROCESADO EN GÜRTEL COLABORA EN PÚNICA: DESTAPA CÓMO ERAN LAS CACERÍAS DE GRANADOS Y MARJALIZA

Se trata del ex edil de Majadahonda, Juan José Moreno Alonso, quien recientemente prestó declaración en la Fiscalía Anticorrupción incriminando al ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. El ex concejal explicó cómo se hacían negocios en las cacerías donde estaba la mano derecha de Aguirre.

El ex edil de Majadahonda, Juan José Moreno Alonso, procesado por su participación en la Primera Época de la trama Gürtel (1999-2005), testificará en los próximos días ante el titular del Juzgado Central de Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, para colaborar en la investigación de la trama Púnica, según han informado fuentes jurídicas a Vozpópuli. En realidad, Moreno Alonso había sido citado por el magistrado este martes pero por motivos de agenda no dio tiempo a que prestase declaración ante el instructor y dicha comparecencia se ha aplazado para los próximos días, según explican las mismas fuentes.

Moreno Alonso, ahora testigo en Púnica, también colaboró a esclarecer la investigación de la trama Gürtel con sus confesiones

Se da la circunstancia de que el ahora testigo del caso Púnica fue uno de los concejales que ayudó a destapar la trama Gürtel ya que participó en las grabaciones que se realizaron al presunto cabecilla de esta red de corrupción, Francisco Correa, y que en 2007 fueron aportadas a la Fiscalía Anticorrupción por el también ex edil de Majadahonda, José Luis Peñas. Moreno, que no se atrevió en un primer momento a ir junto con Peñas a la Fiscalía para denunciar los hechos, sí que colaboró con la Audiencia Nacional y Anticorrupción en momentos posteriores de la instrucción de Gürtel. De ahí, que en el auto de apertura de juicio oral de la Primera Época de esta trama corrupta a Juan José Moreno Alonso, ex concejal de Hacienda de Majadahonda, se le apliquen varios atenuantes por "colaboración con la justicia y confesión judicial".

Pues bien, Moreno Alonso prestó declaración recientemente en la Fiscalía Anticorrupción y entregó allí las cintas de las grabaciones que forman parte del sumario de Gürtel donde se recoge cómo operaba la red de Correa y donde aparece salpicado Francisco Granados. Este ex edil contó cómo el ex consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ordenó al ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, dimitir porque se estaba quedando con el dinero de las comisiones que daban los empresarios y no las estaba haciendo llegar a sus superiores.

Cacerías con putas

Según fuentes de la investigación consultadas por este periódico, el testimonio de este ex concejal del PP tiene valor en las pesquisas de Púnica ya que coincidió en algunas de las cacerías que están siendo investigadas con los cabecillas de la trama, Francisco Granados y su ex socio arrepentido, David Marjaliza. Era en dichos encuentros de caza donde, en ocasiones, se cerraban los 'pelotazos' urbanísticos.

El ex edil de Majadahonda coincidió con los cabecillas de la trama Púnica en las ostentosas cacerías donde se cerraban los 'pelotazos' urbanísticos

Del sumario de Púnica se desprende que tanto el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre como sus entonces amigos, Marjaliza y el también constructor Ramiro Cid, cerraban gran parte de sus operaciones empresariales en cacerías. Así lo confesó el ex director financiero de la promotora Dico, David Merino, una de las constructoras investigadas en este procedimiento y que habría costeado las ostentosas monterías que se dieron en fincas como La Parrilla, La Solana, Los Yébenes, Los Berrocales y Los Collados de San Benito, para uso y disfrute de los imputados en dicha trama de corrupción.

Merino explicó que las monterías se celebraban en prestigiosas fincas de España de caza mayor, donde había "venados a cascoporrillo", y que a ellas acudían unas 50 personas entre empresarios y políticos. Según sostuvo el ex director de la constructora Dico en su confesión, en las jornadas cinegéticas tampoco faltaban las prostitutas.

Por su parte, el ex concejal de Majadahonda Juan José Moreno detalló cómo se hacían los negocios en dichos encuentros campestres cuando compareció en la sede de Anticorrupción a voluntad propia. De ahí que las fiscales del caso, Carmen García y María Teresa Gálvez, incorporaran su testimonio al sumario de Púnica y consideraran que éste debe ser escuchado también por el juez Velasco.

http://vozpopuli.com/actualidad/78577-un-ex-concejal-del-pp-procesado-en-gurtel-colabora-en-punica-destapa-como-eran-las-ostentosas-cacerias-de-granados-y-marjaliza

25.4. GRANADOS PIDE AL JUEZ QUE LE LIBERE 114.269 € PARA PAGAR LA HIPOTECA DE SU CASA 'OFICIAL'

El exsecretario general del PP de Madrid dirige un escrito a la Audiencia Nacional para que desbloquee de sus cuentas los fondos suficientes para pagar toda la deuda pendiente con el banco. Su argumento: si no lo hace así, la entidad financiera se quedará con la vivienda que utilizaba cuando fue detenido en octubre de 2014.

Nueva petición de Francisco Granados desde la cárcel. El que fuera secretario general del PP de Madrid y número 3 del Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha dirigido un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, en el que le pide de nuevo que le desbloquee las cuentas que tiene embargadas desde que fue detenido el 27 de octubre de 2014. En concreto, el político, único de los 'investigados' en el caso Púnica que permanece encarcelado, pide que se liberen 114.269,40 euros de la cuenta en la que figuran como titular él y su mujer, María Nieves Alarcón, también imputada, para poder saldar el préstamo hipotecario que grava la casa que la pareja utilizaba como vivienda habitual en la localidad de Valdemoro. Su argumento es que, de no hacerse así, la entidad financiera que les concedió el crédito, se la quedará. Los investigadores adjudican al ex alcalde y ex consejero la propiedad de otros cuatro inmuebles, dos de ellos a nombre de testaferros (ver recuadro).

Catalunya Caixa ha ofrecido a Granados y su mujer la posibilidad de acogerse a "la reestructuración de la deuda y la dación en pago". El político ni se lo plantea

En el escrito, fechado este lunes y al que ha tenido acceso Vozpópuli, Francisco Granados asegura que Catalunya Caixa "va a iniciar la ejecución hipotecaria de la vivienda en las próximas fechas" después de que la pareja no haya abonado desde el arresto del político, hace año y medio, ninguna de cuota de dicho préstamo. En total, más de 32.000 euros. Para demostrarlo, incorpora la carta que recientemente ha remitido la entidad financiera a la pareja en la que ésta les da "5 días hábiles [...] para regularizar la totalidad de la deuda". En la misma misiva, la caja catalana ahora absorbida por el BBVA, le ofrece "soluciones como la reestructuración viable de la deuda y la dación en pago".

Sin embargo, ninguna de estas dos posibilidades es contemplada por el político a la vista del contenido del escrito. De hecho, en el mismo solicita al juez Velasco "el desbloqueo de los saldos suficientes para pagar el préstamo hipotecario pendiente, toda vez que el bien inmueble se encuentra embargado por este Juzgado y de otro modo perdería el bien a favor de la entidad bancaria como acreedor hipotecario", algo que rechaza. El político cuantifica en 114.269,40 euros el dinero necesario para no 'despedirse' de su vivienda, según un certificado con las cifras pendientes de amortización que le remitió el banco el pasado 15 de marzo. En él se detallaba que esta cantidad se repartía entre 80.793,93 euros de "capital pendiente", 32.205,60 euros de "deuda vencida", 18,93 euros de "intereses devengados", 807,94 euros de "comisión amortización" y otros 442 euros de "comisión de rec. impago".

Una inmobiliaria bajo sospecha

En su escrito, Granados y su mujer detallan al juez todo el proceso que siguieron para la adquisición en marzo 2007 de dicha vivienda, situada en el número 2 de la calle Venezuela, de Valdemoro, la localidad donde el exdirigente del PP fue alcalde. Así, aseguran que firmaron un contrato de compraventa con Promodico SL, también intervenida por orden judicial en el 'caso Púnica', por un precio de 468.000 euros. Para ello, aseguran que suscribieron la hipoteca con Catalunya Caixa por 330.000 euros de capital gracias a que la casa fue tasada entonces por un valor incluso superior al que ellos iban a pagar. Todo ello lo acompañan con documentos como la propia escritura de la compra.

El juez investiga si la vivienda que quiere salvar Granados fue realmente pagada por el político o se trató de un 'pago en especie' por sus favores a una constructora Promodico SL, la inmobiliaria que le vendió la casa, es una de las filiales del Grupo DICO, uno de cuyos directivos denunció hace tiempo el supuesto pago de 'mordidas' al exdirigente regional del PP. En el sumario consta que fue esta promotora la que vendió al político 'popular' dos viviendas, entre ellas la que ahora a toda costa conservar. No obstante, la investigación intenta aclarar si ésta fue realmente abonada por Granados o se trató de un 'pago en especie' por los supuestos favores que el político hizo a la constructora y sus filiales en Valdemoro. Además, un informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa también llama la atención sobre otra venta de Promodico al 'clan Granados', en este caso a los cuñados del exsecretario general del PP en Madrid. Formalizada en 350.000 euros, los expertos de Hacienda destacan que su valor real se acercaba al medio millón de euros. Por todo ello, el pasado 27 de octubre, cuando se produjeron las detenciones, la compañía fue intervenida, y todos sus bienes y cuentas corrientes embargados. Situación que se mantiene en la actualidad.

Sus viviendas 'ocultas'

El patrimonio inmobiliario de Francisco Granados no se limita, ni mucho menos, a la vivienda de la calle Venezuela, de Valdemoro, para cuya hipoteca pide ahora dinero. Él y su mujer también figuran como titulares de otra casa en esta localidad al Sur de Madrid donde él ejerció de alcalde y de un chalé en Marbella. Ambas adquisiciones también están bajo sospecha. Sin embargo, las pesquisas también han permitido destapar otras posesiones que supuestamente pertenecen al político aunque figuran a nombre de supuestos testaferros. Una es la mansión de 1.000 metros cuadrados que uno de los constructores imputados en la causa le estaba levantando también en Valdemoro. La misma iba a contar con todo tipo de lujos como una piscina con el vaso revestido de cuarcita dorada, un amplio jardín con porche levantado en piedra arenisca y una cocina con muebles y electrodomésticos valorados en más de 80.000 euros. El resto de la vivienda seguía la misma línea: baño turco y sauna, vestidor con mando a distancia, tres chimeneas, ducha con cromoterapia y efecto niebla... La segunda propiedad inmobiliaria oculta es un chalé situado en la localidad abulense de Higuera de las Dueñas, un pequeño pueblo de menos de 300 habitantes. Esta vivienda, que Granados utilizaba junto a otros imputados como lugar de asueto muchos fines de semana, esta situado sobre siete fincas valoradas en más de un millón de euros.

http://vozpopuli.com/actualidad/78506-granados-pide-al-juez-que-le-libere-114-269-para-pagar-la-hipoteca-de-su-casa-oficial

25.5. EL JUEZ DE PÚNICA IMPUTA A UN EX ALCALDE DEL PSOE POR 'LAVAR' 341.000 EUROS PARA GRANADOS Y MARJALIZA

Florencio Campos Corona, regidor de la ciudad madrileña de Alcalá de Henares entre 1987 y 1995 y antiguo miembro de la Ejecutiva Federal en la época de Felipe González, figura como titular de una fundación 'fantasma' con cuentas en Suiza que movió fondos hacia los depósitos del exsecretario general del PP de Madrid y el constructor. Su nombre fue facilitado a la Audiencia Nacional por las autoridades del país helvético.

La investigación de las 19 cuentas que Francisco Granados, David Marjaliza y las esposas de ambos tuvieron en bancos suizos siguen provocando imputaciones. La última, la del que fuera alcalde socialista de Alcalá de Henares (Madrid) entre 1987 y 1995, Florencio Campos Corona, según un reciente escrito judicial al que ha tenido acceso Vozpópuli. En la documentación que en su día remitieron las autoridades de Berna y que permitieron iniciar el 'caso Púnica', ya se señalaba a este político actualmente jubilado como una de las personas con depósitos en entidades financieras del país helvética desde los que se hicieron transferencias a los del exsecretario general del PP madrileño y el constructor con el fin de blanquear dinero. En el caso del antiguo regidor, 341.000 euros para los que utilizó una fundación 'fantasma' llamada Algaba. Con él, ya son cinco los empresarios acusados de lavar fondos para la trama desde cuentas en el extranjero. Campos Corona, que llegó a ser miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE en la época de Felipe González, ya se vio salpicado en 1998 en un escándalo de corrupción que le obligó a abandonar el partido, aunque finalmente aquella causa se cerró en 2004 sin juicio ni acusaciones. Este diario intentó ponerse este miércoles en contacto con él a través de su abogado, sin que este último respondiera a los requerimientos de información.

Anticorrupción ya citaba en un escrito de junio de 2014 al ex regidor como una de las personas que intervino "activamente" en el blanqueo de fondos para la trama

El nombre del antiguo alcalde socialista no es nuevo en el sumario. De hecho, el 11 de junio de 2014, más de cuatro meses antes de las primeras detenciones, la Fiscalía Anticorrupción ya lo incluyó en un escrito como el de una de las personas "físicas y jurídicas" que había "intervenido activamente" en transferir algo más de 5 millones de euros a las cuentas en el BNP Paribas en Ginebra abiertas a nombre de David Marjaliza, Francisco Granados y una empresa 'pantalla', la costarricense Sheraton Trading SA. El Ministerio Público se refería entonces como fuente de la información a un fax que le había remitido el 21 de mayo anterior la Oficina Federal de la Justicia suiza en la que detallaba que uno de esos ingresos, en concreto de 341.000 euros, había partido de un depósito a nombre de la Fundación Algaba, cuyo titular real era supuestamente el exalcalde ahora investigado (término que sustituye al de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

En aquel escrito, Anticorrupción ya recogía la sospecha de que dicho movimiento de fondos hacia las cuentas de Marjaliza y Granados, así como los realizados por otros cinco empresarios que aparecían mencionados en el mismo, estaban relacionadas con operaciones de blanqueo de capitales "gracias al mecanismo de compensación". Un sistema utilizado, por ejemplo, también por la mafia china presuntamente liderada por Gao Ping para sacar sus fondos de España. La Fiscalía encargó entonces a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigase la posible vinculación de todos ellos con empresas de David Marjaliza. Un mes después, los agentes entregaban un informe en el que destacaban la participación de Florencio Campos en "los órganos de administración" de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcalá de Henares SA desde junio de 1993, cuando ya era alcalde. La Guardia Civil analizó entonces si Marjaliza o algunas de las sociedades de su entramado empresarial habían tenido relación con la misma, sin que encontrasen nada. Tampoco hallaron nada en las bases de datos policiales sobre investigaciones en las que apareciera el ex alcalde.

Petición al Banco de España

Las posteriores pesquisas sobre Campos Corona quedaron bajo secreto de sumario hasta que el pasado mes de septiembre el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, remitió al Banco de España un escrito para que éste le detallase si el antiguo alcalde y otras once personas que detallaba habían declarado al fisco español tener cuentas en el extranjero. En aquella lista, junto al antiguo regidor de Alcalá de Henares, aparecían los otros cuatro empresarios citados por Anticorrupción en su informe de junio de 2014 y, además, otras siete personas, entre ellas Inés de Borbón y Borbón, prima del rey emérito Juan Carlos I. El magistrado reclamaba saber si entre 2005 y 2013 alguna de ellas había declarado tener dinero fuera de España, "con especial hincapié en Suiza". De hecho, reclamaba información sobre si habían presentado ante el fisco los "modelos DD1 y DD2" en los que se debe recoger "la apertura, cancelación o movimientos de cuentas bancarias en el exterior".

En septiembre, el juez Velasco ya pidió al Banco de España que le informara si Florencio Campos había declarado al fisco tener cuentas en el extranjero

De aquel listado, al menos otras dos personas ya se encuentra imputadas también acusadas de blanqueo. El primero fue Michael Trevor Langdon Sharman, un ciudadano español de origen norteamericano al que la investigación relaciona con un ingreso de 1,28 millones de euros en los depósitos bancarios en Ginebra de los dos presuntos cabecillas de la trama. La Guardia Civil llegó, incluso, a registrar su domicilio. A él se han sumado en las últimas semanas al menos otras tres personas. Dos de ellos, J.P.B. y M.G.Y, no figuraban ni en el escrito de Anticorrupción ni en la solicitud de información del juez Velasco al Banco de España. El tercero, sí. Se trataba del hotelero valenciano José Amadeo Semper Asensi. Todas las pesquisas sobre estos cuatro empresarios y el ex alcalde socialista se mantienen en la parte del sumario que el juez aún mantiene secreta. De hecho, en la providencia por la que el pasado mes de marzo acordaba prolongar éste durante un mes más ya destacaba, precisamente, que uno de los motivos para ello era proteger las pesquisas con las que que intentaba identificar a "las personas que colaboraron en las actuaciones de blanqueo".

Acusado en 1998

El caso Púnica' no es la primera investigación sobre corrupción que salpica al exregidor alcalaíno. En 1998, cuando ya había abandonado la alcaldía, Campos Corona fue acusado por el grupo de IU en el consistorio de diversas irregularidades durante su mandato. En aquella denuncia se le señalaba como presunto autor de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación pública y cohecho por, entre otros hechos, haber dividido un proyecto urbanístico en varios parciales para evitar que las obras tuvieran que ser adjudicadas mediante concurso público. También se le acusó de introducir modificaciones y mejoras en las obras del auditorio municipal sin tener en cuenta los requisitos formales. Además, al recién imputado en Púnica se le señaló entonces por el presunto pago de una serie de comisiones por valor de 134.000 euros a una empresa para que ésta realizara estudios de imagen.

En 2004, un juez de Alcalá de Henares sobreseyó la causa abierta contra el ex alcalde y otras cuatro personas por supuestas irregularidades en adjudicaciones

Todos ello llevó al Ayuntamiento a abrir una comisión de investigación y a que su partido, entonces la Federación Socialista Madrileña (FSM), le suspendiera de militancia. Sin embargo, en septiembre de 2004, el titular de un juzgado de Primera Instancia de Alcalá de Henares dictó un auto con el apoyo de la Fiscalía en el que decretaba el sobreseimiento del caso contra el regidor y las otras cuatro personas imputados al considerar que los hechos investigados no eran "constitutivos de infracción penal". Entonces, Campos dio una rueda de prensa acompañado de otros dirigentes locales del PSOE en el que destacó que la decisión de aquel magistrado demostraba "que mi proceder fue transparente y claro".

El hombre de Leguina en la ejecutiva del psoe

Catedrático de instituto, Florencio Campos Corona (Toledo, 1943) siempre ha presumido de haber llegado al PSOE con el arranque de la democracia de la mano del histórico Pablo Castellano. Alcalde entre 1987 y 1995 de Alcalá de Henares, la tercera ciudad de la Comunidad de Madrid por número de habitantes, antes fue concejal de Educación y Hacienda durante cuatro años. En 1990 tocó su techo político al entrar como vocal en la Ejecutiva Federal socialista que entonces presidía Felipe González. Lo hizo a propuesta de Joaquín Leguina, máximo dirigente del partido en Madrid en aquellos años. De hecho, para muchos entraba en el máximo órgano de dirección del PSOE para ser el "espía" en Ferraz de su mentor, algo que él negó en una entrevista que concedió en noviembre de aquel año, tras su nombramiento, al diario El País. Él se autodefinió entonces como integrante del llamado 'Grupo de Chamartín'.

http://vozpopuli.com/actualidad/79115-el-juez-de-punica-imputa-a-un-ex-alcalde-del-psoe-por-lavar-341-000-euros-para-granados-y-marjaliza

26. CASO ÁTICO.

26.1. EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A INVESTIGAR A COSIDÓ POR PRESIONES A POLICÍAS EN EL CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ

Se trata de una proposición no de ley presentada por el PSOE que salió adelante con 25 votos a favor, una abstención y 16 votos en contra

Desde el PP contestaron a estas acusaciones denunciando una "falta de rigor plagada de falsedades y odio político"

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados instó este martes al Gobierno a investigar las presuntas presiones políticas denunciadas ante los tribunales por miembros de la Policía Nacional en relación con la investigación del ático de Estepona adquirido por el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, imputado por estos hechos desde el mes pasado.

Se trata de una proposición no de ley presentada por el PSOE que salió adelante con 25 votos a favor, una abstención y 16 votos en contra. El texto final exige al Gobierno a "ordenar a la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad una investigación para analizar todas las actuaciones, instrucciones y órdenes policiales del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, en la investigación sobre el ático, depurando las responsabilidades que en su caso procedan".

Además, pide al Gobierno que remita a la Cámara las conclusiones de esa investigación "dada la gravedad de los hechos que recogen las declaraciones en sede judicial de distintos miembros de la Policía Nacional para que el Congreso de los Diputados exija, en su caso, las responsabilidades políticas que procedan por promover, permitir, por acción u omisión, métodos policiales incompatibles con la actuación exigible a todo servidor público", informa Europa Press.

Esta iniciativa fue presentada por el PSOE y en concreto por su portavoz en la Comisión de Interior, Antonio Trevín, quien dio cuenta de esas declaraciones en sede judicial de policías afectados presuntamente por esas presiones y ha citado al comisario José Villarejo quien, según Trevín, afirmó ante la jueza de Estepona que investiga el caso que "Cosidó le ordenó parar la investigación sobre el ático".

El comisario Villarejo

Según el mismo relato socialista, antes que a Villarejo le sucedió lo mismo al ex comisario general de Policía Judicial Enrique Rodríguez Ulla. "Declaró en sede judicial que el Director Adjunto Operativo (DAO) le ordenó que cesase esa investigación", apuntó Trevín, quien recordó que luego ese mando policial fue cesado de su cargo en el que había permanecido seis meses.

"Tuvo la mala suerte el comisario de Marbella Agapito Hermes de Dios de ser el primero en mandar la información", insitió el diputado, quien denunció que, desde entonces, "no tuvo paz" y fue sometido a tres trasladados. "Fue el DAO quien le pidió que en ningún caso siguiera con esa investigación", ha remachado Trevín en un relato en el que no obvió otras cuestiones como los sms del presidente Rajoy al ex tesorero Luis Bárcenas o la existencia de informes "apócrifos de la UDEF contra diversos adversarios".

También censuró que el año pasado se abrirse una Agregaduría de Interior en Panamá y que para el puesto sólo se estudiase un expediente, concretamente el del que fue jefe de escoltas del ex presidente Aznar. Llamó la atención Trevín de que ese es un puesto en el que se tiene mucha información de los datos que las autoridades panameñas mandan a las españolas en el marco de investigaciones judiciales.

"Fines partidistas"

Ciudadanos se sumó a la "estupefacción" que le generan algunas informaciones policiales que coinciden con procesos electorales y pidió que las disputas políticas se limiten a las instituciones políticas sin usar a las fuerzas de seguridad "con fines partidistas", en palabras del diputado Miguel Ángel Gutiérrez.

Desde Podemos-En Comú-En Marea se mostraron a favor de la propuesta ya que "es un tema serio". "Al margen del color político, hay actuaciones que distan mucho de respetar el principio de neutralidad política que se esperan de las fuerzas se seguridad", comentó el diputado Eduardo Santos, quien habló de "informes fantasma que se fabrican para generar un estado de opinión". A su juicio, esto "es perjudicial para la Policía, que se ven desprestigiados por unos pocos". A las críticas se ha sumado Democracia y Liberad quien también se ha referido a los "informes falsos en épocas electorales".

Desde el PP contestaron a estas acusaciones denunciando una "falta de rigor plagada de falsedades y odio político". "Podemos hablar del GAL o de los fondos reservados", replicó al tiempo que pidió "no desprestigiar" a los mandos policiales "con mentiras". "El ático está siendo investigado", sentenció el diputado conservador Martín Toledano.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/04/05/el_congreso_insta_gobierno_investigar_cosido_por_presiones_policias_caso_del_atico_gonzalez_47371_1012.html

26.2. LAS ACUSACIONES DEL ‘CASO DEL ÁTICO’ DE GONZÁLEZ QUIEREN QUE EL ABOGADO PANAMEÑO FONSECA DECLARE COMO TESTIGO

Los extrabajadores de Telemadrid pedirán a la jueza la comparecencia del abogado Ramón Fonseca Mora, que aseguró que su despacho creó una firma que acabó en manos de un político español, en referencia al expresidente madrileño

Los acusadores consideran que el testimonio del dueño del bufete panameño podría ahorrar varios meses de investigación y las comisiones rogatorias al país centroamericano

Las declaraciones del abogado Ramón Fonseca Mora, uno de los socios del despacho Mossack Fonseca, en las que aseguraba que su firma había creado una empresa que finalmente acabó en manos de un político español, en referencia al expresidente madrileño Ignacio González, han convencido a las acusaciones populares de los extrabajadores de Telemadrid y de la Asociación Transparencia y Dignidad de que su testimonio podría ahorrar varios meses de instrucción y comisiones rogatorias a Panamá sobre la compra del ático de lujo.

Y por eso el letrado de los despedidos en el ERE de Telemadrid Javier Carnerero ultima un escrito dirigido a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo, en el que le pide que reclame la comparecencia en calidad de testigo del abogado panameño, que el pasado 15 de marzo, cinco días después de que se hicieran públicas las imputaciones de González; su mujer, Lourdes Cavero; y Enrique Cerezo, dio por hecho que la empresa que adquirió en 2008 el dúplex de lujo por 750.000 euros había sido creada en su bufete "hace muchos años".

También, el letrado pedirá a la magistrada Conejo que reclame a los medios de comunicación la grabación de sus declaraciones realizadas en Radio Panamá, en las que apunta que en un primer momento el despacho Mossack Fonseca vendió la empresa a una "reputada" firma de abogados de Costa Rica, y que al final acabó en manos de "un político, que compró un inmueble y ahora está investigado".

Testimonio importante

El testimonio de este abogado es de gran importancia ya que su versión relacionaría a Ignacio González con la trama Gürtel, lo que apoyaría la declaración de un confidente policial al comisario José Manuel Villarejo en la que aseguró que el que fuera número dos de Esperanza Aguirre había sido el político que se habría llevado "la mayor parte del pastel" de Arganda del Rey.

En concreto, tal y como indica una nota policial aportada al sumario de Estepona, González habría percibido en negro dos millones de euros del empresario Fernando Martín, el propietario de la promotora Martinsa.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la pieza separada de Arganda del Rey dentro del caso Gürtel, investiga el presunto pago de 25 millones de euros en negro por parte del empresario Fernando Martín a Francisco Correa, a cambio de su intervención. Correa, siempre según el sumario, habría utilizado la sociedad creada en Panamá por el despacho Mossack Fonseca Golden Chain Properties para percibir en Suiza al menos 13 de los 25 millones.

Empresas suscriptoras

La acusación popular ya había pedido a la jueza que reclamara a Panamá la información sobre la sociedad Waldorf Overseas Investments Inc, que también fue creada por el despacho Mossack Fonseca con las dos empresas suscriptoras Dulcan Inc. y Winsley Inc, que participaron en la constitución en Panamá de Golden Chain Properties, de Correa.

La ley panameña permite que las empresas que crean sus abogados emitan acciones al portador, por lo que en ningún registro público aparecen los nombres de los auténticos propietarios de las mismas. Este es el principal motivo por el que miles de clientes de todo el mundo acuden a este país a comprar las firmas opacas.

Sin embargo, Panamá obliga a que estas empresas mantengan como suscriptores a personas residentes en este país, como por ejemplo son los casos de las firmas sucriptoras de Waldorf Overseas Investments Inc y Golden Chain Properties: las mencionadas Dulcan Inc y Winsley Inc.

Panamá no coopera

Esta es la segunda vez que Panamá recibe una petición de la jueza, ya que en 2014 las autoridades del país del Canal rechazaron cooperarar con España alegando que ese país no colabora en los casos de los delitos de blanqueo. Pero para justificar esta petición, la magistrada incluyó en la comisión rogatoria el delito de cohecho, por lo que espera que en esta ocasión el Gobierno de Panamá si ayude a la investigación.

Por su parte Ignacio González, que defiende que la empresa que compró el ático se llama Walfort (con 't' final y no con 'd') Overseas Investments, sostiene que ésta no tiene ninguna vinculación con Panamá, y mucho menos con la trama de Correa. También ha explicado, en un escrito dirigido a la jueza Isabel Conejo, que la compañía fue creada en Estados Unidos, en concreto en el estado de Delaware, considerado un pseudoparaíso fiscal.

Reproducir grabaciones

La magistrada Conejo tomará declaración el 18 de abril a González, a su mujer y a Cerezo después de reproducir las conversaciones grabadas que fueron aportadas al procedimiento por el comisario José Manuel Villarejo. Según el contenido de las mismas, Ignacio González trató de que no trascendiera que era el inquilino de una sociedad offshore de Estados Unidos. Por su parte, González ha pedido que la declaración se retrase.

En este sentido, la providencia de la jueza pedía al comisario Villarejo, que fue el encargado de coordinar la investigación del ático en un primer momento, que remitiera al equipo con el que se realizó la grabación de las conversaciones, "junto con los elementos auxiliares, la fuente de alimentación, baterías, cableado de conexión, así como el soporte de grabación, al objeto de se obtenga directamente desde el Laboratorio de Criminalística las conversaciones originales".

Precisamente, la jueza Conejo reclamó a la Guardia Civil en octubre pasado que realizara un informe sobre la autenticidad de las grabaciones, que cinco meses después todavía no ha recibido.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/04/08/las_acusaciones_del_caso_del_atico_piden_declaracion_del_socio_del_despacho_mossack_fonseca_47553_1012.html

26.3. FONSECA SEÑALA QUE EL ÁTICO FUE DE IGNACIO GONZÁLEZ DESDE EL PRINCIPIO

Ramón Fonseca Mora, socio del despacho puesto al descubierto en los Papeles de Panamá, destapados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y, en España, por El Confidencial y La Sexta, declaró recientemente que Ignacio González -al que describía como "un político español" -era desde el principio propietario del ático de Estepona por el que está imputado-.Las declaraciones del abogado y político centroamericano se produjeron en una entrevista en Radio Panamá el pasado 15 de marzo. El socio de Mossack Fonseca no fue preguntado por la filtración de sus clientes, que aún no se había desvelado, sino sobre la participación de su despacho en la supuesta adquisición de un inmueble por el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula de Silva.

Tras negar que se hubiera actuado irregularmente en ese episodio, Fonseca remató su intervención con lo que llamó "otro caso igualito". Sin citarlo expresamente, pasó a describir el recorrido de la sociedad que aparece como propietaria del ático de Estepona. "Vendemos una sociedad en la que somos solamente agentes registrados a una oficina de abogados en Costa Rica (...). Esa compañía revende la sociedad a unos abogados en España. La sociedad en España, el abogado se la vende a un político; nosotros no tenemos idea de que la sociedad está en manos del político. El político nuevamente compra un apartamento; resulta que el político está ahora investigado".

La secuencia descrita en Radio Panamá -divulgada ayer por la cadena Ser- aleja a su despacho de las posibles irregularidades, pero sitúa al ex presidente madrileño como verdadero propietario del inmueble mediante la adquisición de la sociedad que lo poseía.La compañía que vende Mossack Fonseca es Waldorf Overseas Investment, que es a su vez dueña de Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware (EEUU) y que fue la que formalmente adquirió el ático.

Waldorf Overseas tiene lo que se llama dos «suscriptores» (Dulcan Inc y Winsley Inc), figura que los investigadores describen como testaferros y que serviría para ocultar al propietario final. En el caso Ático se investiga si el propietario del inmueble fue desde el principio el ex presidente madrileño. González, su mujer y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, están citados a declarar como imputados el próximo día 18 en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona. La Fiscalía les atribuye posibles delitos de fraude fiscal, blanqueo y cohecho. Este último delito se ha sumado a la lista de imputaciones recientemente e implica la sospecha de que el ático fue la contrapartida por algún acto de corrupción.

En la misma resolución en la que acordaba las imputaciones, la juez del caso ordenó reiterar la comisión rogatoria a Panamá para seguir el rastro de diversas cuentas bancarias vinculadas a la propiedad del inmueble. En esta ocasión, la petición de ayuda al paraíso fiscal especifica que ya no sólo se indagan delitos fiscales y blanqueo, sino que se imputa a González un delito de cohecho. Eso debería impedir que Panamá respondiera como lo hizo la primera vez: devolviendo sin cumplimentar la comisión rogatoria porque ni la evasión ni el posterior blanqueo son delito en su país.

http://www.elmundo.es/espana/2016/04/07/5705722746163fda328b45ab.html

26.4. GONZÁLEZ JUSTIFICA ANTE EL JUEZ EL PAGO DEL ÁTICO CON EL FINIQUITO DE SU MUJER

El expresidente de la Comunidad de Madrid presentó ayer ante el juez una fotocopia del finiquito que su mujer recibió de la empresa UNESA por un total de 636.580,34 euros netos para justificar que tenían solvencia económica para comprar el dúplex y la coincidencia entre la fecha de la compra del piso y la indemnización recibida

Ignacio González ya había explicado que pagó el ático de Marbella por el que se le está investigando con el finiquito que le dieron a su mujer, Lourdes Cavero, que también está imputada por el ático marbellí. Ayer el expresidente de la Comunidad de Madrid presentó ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona la copia del finiquito y la nómina retribución que su esposa recibió de UNESA, la Empresa Asociación Española de la Industria Eléctrica". El documento tiene fecha del 31 de mayo del 2011. La indemnización bruta por todos los conceptos fue de 713.475, 42 euros aunque finalmente el dinero líquido que percibió fue de 636.580,34 euros en una cuenta del banco Barclays.

El matrimonio alega ante el juez que "el motivo de aportar esta prueba documental es demostrar la indubitada capacidad económica de los cónyuges para el pago del precio de la vivienda, hoy en cuestión, y la coincidencia temporal, tras el lógico periodo de reflexión y decisión, entre la percepción de la indemnización y la compra de la vivienda. La indemnización fue recibida el 31 de mayo del 2011 y la compra de la vivienda se materializó el 18 de diciembre del 2012. Lourdes Cavero Maestre fue Jefa del Departamento de Relaciones Internacionales de la Empresa Asociación Española de la Industria Eléctrica UNESA. Según se detalla en su nómina de finiquito comenzó a trabajar en la empresa el 1 de octubre de 1984. La mujer de Ignacio González fue imputada por un presunto delito fiscal y otro de blanqueo en la compra del ático de 496 metros que la pareja posee en la urbanización marbellí de Guadalmina. La vivienda estuvo durante cinco años a nombre de la sociedad Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware que a su vez estaba controlada por otra off shore panameña (Walford Overseas) y controlada presuntamente por el testaferro Rudy Walner.

http://cadenaser.com/ser/2016/03/31/tribunales/1459441257_223413.html

26.5. INTERIOR PROPONE A LA JUEZ QUE LA UDEF RETOME EL 'CASO ÁTICO' TRAS CUATRO AÑOS APARTADA POR ORDEN DE FERNÁNDEZ DÍAZ

El caso del ático de Ignacio González ya tiene quién lo investigue. Será la célebre Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía la que, a propuesta del propio Ministerio del Interior, se encargue de las pesquisas bajo las órdenes de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo. Así se recoge en una reciente providencia de la magistrada a la que ha tenido acceso Vozpópuli y en la que se señala que la Comisaría de Estepona, a la que que en primera instancia la juez había encargado la investigación, ha remitido recientemente un oficio a ésta en el que le comunica que ha tramitado su petición de colaboración a Madrid para que sean sus compañeros especializados en delitos económicos los que se hagan cargo de las mismas. Se da circunstancia que la UDEF ya intervino en las mismas en sus inicios, en 2012, pero que fue el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que ordenó tras cesar a dos mandos que se abandonaran al considerarlas entonces "ilegales".

La magistrada encargó las pesquisas a la Comisaría de Estepona, pero ésta ha derivado el caso al grupo especializado en delitos económicos con sede en Madrid

La propuesta de que sea la UDEF la que se encargue del 'caso Ático' fue tramitada por la Comisaría de Estepona el pasado 22 de marzo, una semana después de que llegara a sus responsables el oficio de la juez Isabel Conejo en el que les pedía que realizasen "las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos [y] de las personas responsables" en la compraventa del lujoso ático por el que están 'investigados' (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) el político, su mujer, Lourdes Cavero, y el empresario Enrique Cerezo En aquel escrito, la magistrada ya dejaba a los mandos locales de la Policía la puerta abierta a que delegasen en cualquier otra "unidad de dicho cuerpo policial con competencias para llevar a cabo la investigación de los hechos", en lo que fuentes jurídicas vieron entonces una sutil alusión a la UDEF. Finalmente, es lo que han hecho los destinatarios del encargo judicial. Según detallan en su respuesta a la magistrada, se han dirigido a la Comisaría General de Policía Judicial, en Madrid, el oficio que esta les remitió "para que por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera [sic] sean investigados los hechos denunciados en este procedimiento".

Aquella decisión de la juez de que fuese la Policía Nacional la que se encargara de las pesquisas sorprendió entonces dentro del propio Cuerpo. Los motivos: dos comisarios habían sido cesados precisamente por investigar la propiedad inmobiliaria del expresidente de la Comunidad de Madrid, además de que el último informe pedido por la magistrada, el análisis de la grabación que el comisario José Villarejo hizo de su conversación con Ignacio González y que ha reactivado el caso, se lo encargó ésta al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. De hecho, la última actuación de investigación de la Policía conocida en esta causa era un informe la propia UDEF de finales de junio de 2012 cuyo encargo le costó el puesto al entonces comisario general de Policía Judicial, Jose Enrique Rodríguez Ulla. Desde entonces, la participación de este Cuerpo había sido prácticamente testimonial, según se refleja en el propio sumario.

Primer cese, en abril de 2012

Aquel cese de un mando policial no era el primero. En abril de ese mismo año ya había sido relevado de su puesto el comisario jefe de Marbella, Agapito Hermes de Dios, quien había iniciado las pesquisas en julio de 2011, cuando el PSOE aún estaba en el poder. Sin embargo, la llegada al Palacio de La Moncloa del PP se tradujo en la paralización de las investigaciones, al considerar el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que las mismas no habían sido registradas de forma oficial y, por tanto, eran "ilegales". La propia Dirección General de la Policía anunció entonces en una nota de prensa que "siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior" había abierto un expediente a este agente que también fue trasladado de destino.

Los dos comisarios que iniciaron la investigación fueron destituidos fulminantemente en 2012 con el visto bueno del ministro del Interior

Poco más de dos meses después se producía la segunda destitución fulminante, la del comisario Rodríguez Ulla. Según detalló este alto cargo policial en la declaración que prestó el pasado 3 de marzo dentro del sumario del Ático, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, él reabrió la investigación tras recibir el 7 de junio de 2012 tres notas registradas por un sindicato policial en las que se denunciaban supuestas irregularidades en el patrimonio del político. Ello le llevó a convocar una reunión de la comisión técnica de su departamento para analizar la información que contenía. De aquella reunión policial salió, precisamente, la decisión de encargar las pesquisas a la UDEF con "la premisa de que se diera cuenta a la Fiscalía Anticorrupción". Aquellas primera diligencias recibieron incluso un número de referencia y fueron declaradas secretas a petición de otro comisario que participó en el encuentro.

Rodríguez Ulla aseguró a la juez Conejo que al día siguiente se informó de las mismas tanto a su superior jerárquico, el también comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía, como a Anticorrupción. A partir de ese momento, se iniciaron las investigaciones y se planteó el desplazamiento de dos agentes a Asturias, donde vivía el primer propietario del ático que se lo había vendido a la empresa 'pantalla' que más tarde se lo alquilaría a Ignacio González y su mujer. A finales de ese mes, el comisario fue cesado "por pérdida de confianza" por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en una decisión que contó con el respaldo público del ministro del Interior.

Desde entonces, la UDEF había desaparecido del sumario y la actuación de otras unidades de la Policía Nacional se redujó a la mínima expresión. Así, entre los escasos escritos elaborados por este cuerpo en estos casi cuatro años figura un informe del 18 de julio de 2013 elaborado por la Comisaría de Estepona, la misma que ha derivado ahora la investigación a sus colegas de Delitos Económicos, en el que se detallaba el camino que, por error, había seguido una comisión rogatoria que la juez había dirigido a las autoridades británicas para recabar datos sobre una cuenta bancaria abierta en este país y que había sido rechazada por Londres.

http://vozpopuli.com/actualidad/78706-interior-propone-a-la-juez-que-la-udef-retome-el-caso-atico-tras-cuatro-anos-apartada-por-orden-de-fernandez-diaz

27. PAPELES DE PANAMÁ

27.1. MICAELA DOMECQ, MUJER DE ARIAS CAÑETE, ASEGURA A LA SEXTA QUE DECLARA TODO EN ESPAÑA Y NO DIRIGE UNA SOCIEDAD OFFSHORE

Miembros de la familia Domecq, una de las más aristocráticas de España, estuvieron autorizados para manejar cuatro cuentas en Suiza de Rinconada Investments Group. Una sociedad panameña que estuvo activa entre 2005 y 2010. Entre ellos, según el consorcio de periodistas de investigación, estaba Micaela Domecq Solis, pareja desde 1978 del comisario europeo Miguel Arias Cañete.

Familia noble de Jerez antigua propietaria del brandy Fundador y dueña de la ganadería de Jandilla. Son los Domecq Solís-Beaumont, una saga de terratenientes españoles con intereses en Panamá. Entre 2005 y 2010, aparecen como autorizados de las cuentas de una sociedad offshore llamada 'Rinconada Investment Group'.

Entre esos nombres, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Onvestigación, está el de Micaela Domecq, la mujer del comisario europeo Miguel Arias Cañete. Hasta cuatro documentos de su administrador panameño de Mossack Fonseca muestran a la esposa del exministro como firma autorizada de cuatro cuentas de un banco Suizo.

El nombre de Micaela Domecq aparece junto al de sus hermanos, su cuñado y otros familiares. Un documento del 5 de diciembre de 2006 muestra la petición del Deutche Bank al gestor de la empresa panameña para cerrar una de las cuatro cuentas en las que aparece autorizada.

Micaela Domecq ha asegurado a la Sexta que todos sus ingresos actuales están declarados en España y no tiene poderes sobre esa sociedad panameña. Pero no niega que los tuviera durante esos cinco años.

http://www.lasexta.com/noticias/papeles-panama/micaela-domecq-mujer-arias-canete-asegura-que-declara-todo-espana-dirige-sociedad-offshore_2016040300192.html

27.2. LA FAMILIA DOMECQ REGISTRÓ UNA SOCIEDAD PANAMEÑA PARA GESTIONAR CUENTAS EN SUIZA

Cuatro cuentas de Deutsche Bank ubicadas en Ginebra, Suiza, eran gestionadas por la saga jerezana a través de un sistema de firmas autorizadas

Doce miembros de los Domecq, una de las familias más poderosas de Andalucía, figuran desde 2005 como autorizados de la empresa Rinconada Investments Group S.A., con sede en Panamá. Este país está en la lista española de los paraísos fiscales hasta 2011 y sigue siéndolo a ojos de la Comisión Europea.

Rinconada Investments se registra el 18 de noviembre de 2005 a través de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño especializado en crear sociedades 'offshore', con una extensa serie de propósitos mercantiles en Centroamérica. La región no cuadra en los negocios familiares de la familia jerezana, relacionados siempre con las ganaderías de reses bravas y la explotación de fincas agrícolas en el sur de España.

Aunque según el registro mercantil panameño Rinconada Investments no ha sido dada de baja y continúa vigente, lo que implica que se han seguido pagando las cuotas anuales, existen indicios documentales, corroborados por el testimonio de Micaela Domecq, esposa de Miguel Arias Cañete, que apuntan a que la familia Domecq salió del negocio a comienzos de 2010.

Los apoderados estaban divididos en dos categorías, según la importancia de su firma

No obstante, la información exclusiva a la que ha accedido El Confidencial y La Sexta, gracias al trabajo de más de un año del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre 'Los Papeles de Panamá', demuestran que Micaela Domecq tuvo firma autorizada, junto a once miembros de la familia, para gestionar cuatro cuentas corrientes depositadas, de numeración casi correlativa, en una filial suiza de Deutsche Bank. El titular de estas cuentas es Rinconada Investments.

Rinconada -un nombre que coincide con una de las ganaderías asociadas a los toros de los Domecq- es administrada por George Allen, Yvette Rogers y Carmen Wong, profesionales panameños cuyo nombre aparece asociado a numerosas compañías. Sin embargo, los doce Domecq se repartían las firmas autorizadas necesarias para controlar la compañía. Las acciones de la compañía están al portador, una figura jurídica que oculta el beneficiario real de la sociedad.

Los documentos de Mossack Fonseca indican que cualquier movimiento en las cuentas de Ginebra debía contar con la rúbrica de al menos dos de los doce apoderados, que constan separados en dos grupos. En el grupo A figura Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa de Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, junto a su hermana Matilde, sus primos Salvador, María y Lola Domecq Sainz de Rozas, su cuñado Lorenzo Dávila Correa y Marta San Juan Huesca, una familiar menos allegada. En el grupo B aparecen Fernando, Cecilia, Ignacio, Rafael y Miguel Domecq Solís-Beaumont, todos hermanos de Micaela, que es la benjamina de nueve hermanos.

De hecho, todos los hermanos tienen voto en Rinconada Investments excepto Ana María y Juan Pedro Domecq, fallecidos, y Borja Domecq, que dirige la ganadería familiar Jandilla.

El núcleo de confianza

El sistema de firmas denota que la última palabra sobre las finanzas familiares recae sobre los cinco hermanos del grupo B, sin cuya firma no se pueden tocar las cuentas. Los miembros del grupo A necesitan la firma de alguien del B para imponer una decisión, mientras que los del B no precisan de más consultas para gestionar el dinero.

Micaela Domecq, ante la cuestiones planteadas por el ICIJ, afirma que todos sus bienes y activos están declarados a Hacienda, que ya no posee firma autorizada en Rinconada y que la compañía dejó de tener actividad real “hace varios años”. Por su parte Miguel Arias Cañete prefiere tomar distancia: “Confirmo que [Arias Cañete] está casado desde el año 1978 con Micaela Domecq Solís-Beaumont en régimen de separación de bienes según el cual, pertenecen a cada cónyuge los bienes que tuviese en el momento inicial del matrimonio y los que después adquiera por cualquier título, así como la administración, goce y libre disposición de tales bienes, conforme al Código Civil español” explican desde su gabinete en Bruselas.

http://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-03/papeles-panama-papers-domecq-arias-canete-mossack-fonseca_1177452/

27.3. CAÑETE INFORMA A JUNCKER DE QUE LA EMPRESA DE SU MUJER ESTÁ INACTIVA E IU PIDE SU DIMISIÓN

Doce miembros de los Domecq, una de las familias más poderosas de Andalucía, figuran desde 2005 como autorizados de la empresa Rinconada Investments Group S.A., con sede en Panamá

Mientras los islandeses piden la dimisión de su primer ministro Sigmundur David Gunnlaugsson por su implicación en los 'papeles de Panamá', Izquierda Unida ha pedido al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que “suspenda de una vez por todas a Cañete” como comisario de Energía y Acción por el Clima y “abra la investigación pertinente”, después de conocerse que su pareja, Micaela Domecq, figuraba como autorizada en una empresa radicada en Panamá.

En este sentido, el 'popular' Miguel Arias Cañete, ha informado a la Comisión Europea de que la compañía de su mujer está inactiva desde antes de ser comisario, en noviembre de 2014. "Una compañía inactiva no puede producir ningún tipo de incompatibilidad", ha dicho su portavoz, Margaritis Schinas.

Doce miembros de los Domecq, una de las familias más poderosas de Andalucía, figuran desde 2005 como autorizados de la empresa Rinconada Investments Group S.A., con sede en Panamá. Este país está en la lista española de los paraísos fiscales hasta 2011 y sigue siéndolo a ojos de la Comisión Europea.

"Debe pedir explicaciones a Cañete"

“La relación de Cañete y su familia con los paraísos fiscales, la evasión fiscal o los conflictos de intereses deberían hacer recapacitar a Juncker. Si el presidente de la Comisión Europea se dedicara a defender los intereses de la mayoría, debería empezar por pedir explicaciones a Cañete, pero estamos hablando del presidente de los Luxleaks, así que sabemos a quién defiende de verdad Juncker”, ha dicho Albiol destacando la falta de transparencia de la UE y su poca predisposición en la erradicación de los la corrupción.

Rinconada Investments se registra el 18 de noviembre de 2005 a través de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño especializado en crear sociedades 'offshore', con una extensa serie de propósitos mercantiles en Centroamérica. La región no cuadra en los negocios familiares de la familia jerezana, relacionados siempre con las ganaderías de reses bravas y la explotación de fincas agrícolas en el sur de España.
La empresa no se ha dado de baja

Aunque según el registro mercantil panameño Rinconada Investments no ha sido dada de baja y continúa vigente, lo que implica que se han seguido pagando las cuotas anuales, existen indicios documentales, corroborados por el testimonio de Micaela Domecq, esposa de Miguel Arias Cañete, que apuntan a que la familia Domecq salió del negocio a comienzos de 2010.

No obstante, la información exclusiva a la que ha accedido El Confidencial y La Sexta, gracias al trabajo de más de un año del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre 'Los Papeles de Panamá', demuestran que Micaela Domecq tuvo firma autorizada, junto a once miembros de la familia, para gestionar cuatro cuentas corrientes depositadas, de numeración casi correlativa, en una filial suiza de Deutsche Bank.

http://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-04/iu-arias-canete-suspension-mujer-micaela-domecq_1178500

27.4. ARIAS CAÑETE ARGUMENTA QUE LA SOCIEDAD DE SU MUJER ESTABA INACTIVA ANTES DE ASUMIR EL CARGO DE COMISARIO

El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha informado a la Comisión Europea de que la compañía de la que su mujer, Micaela Domecq Solís-Beaumont, fue apoderada en Panamá está inactiva desde antes de que fuese nombrado comisario, en noviembre de 2014, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

"Con respecto a la compañía referida en las noticias, según la información aportada por el comisario Arias Cañete, está compañía ha estado inactiva desde hace varios años, antes de que el comisario asumiese el puesto en noviembre de 2014", ha asegurado el portavoz antes de señalar que el comisario español ha informado al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Además, ha recordado que la declaración de intereses que aportó en su momento Arias Cañete para poder ser nombrado comisario está en línea con el código de conducta de la Comisión y que incluye "todas las actividades profesionales e intereses financieros de su mujer" que pudieran plantear un conflicto de intereses.

Según reveló este domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y difundierion La Sexta y El Confidencial, doce miembros de la familia andaluza Domecq, entre ellos la esposa de Arias Cañate, fueron apoderados en este paraíso fiscal de Centroamérica.

De la misma forma, personalidades como Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, el futbolista Leo Messi y el cineasta Pedro Almodóvar, entre otras, habrían tenido sociedades opacas en Panamá, tal y como muestra la filtración de documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca.

http://www.infolibre.es/noticias/economia/2016/04/04/canete_argumenta_que_sociedad_mujer_estaba_inactiva_cuando_empezo_comisario_47304_1011.html

28. C.A.CASTILLA LA MANCHA. NACHO VILLA, CONDENADO POR VULNERAR EL DERECHO A HUELGA

Al igual que en los tiempos de Urdaci en TVE, otra televisión pública en manos del PP tendrá que indemnizar a CCOO

El exdirector general de Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM), Nacho Villa, ha sido condenado a indemnizar al sindicato Comisiones Obreras (CCOO) por vulnerar los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical.

Así se reconoce en la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Toledo, según publica escastillalamancha.es, que condena a Villa a pagar al sindicato una indemnización de 6.000 euros por daños morales.

La decisión judicial da la razón a CCOO en su denuncia contra Villa por haber impedido el acceso a la sede de la radio televisión regional a su secretario general provincial, José Luis Arroyo, el 27 abril de 2015 durante una jornada de movilización en el ente público para denunciar la manipulación informativa de la radiotelevisión autonómica y la "redacción paralela" que había impuesto Nacho Villa.

Larga lista de manipulaciones

Esta sentencia contra Nacho Villa es un nuevo capítulo en la larga lista de vulneraciones y ataques a la libertad informativa durante su etapa como director general de RTVCM.

Destacan la formación de una redacción paralela, como denunciaba CCOO, formada por un centenar de personas y que Villa contrató a pesar de que el ente público contaba con profesionales que podían hacer las mismas tereas, o los miles de euros de gastos sin justificar según reveló la auditoría interna que realizó el Gobierno socialista a su llegada.

Entre estos gastos sin una justificación suficiente destacan los “realizados en conceptos claramente particulares, o difícilmente justificables relacionados con la gestión normal y corriente de la entidad (gastos excesivos en marcas suntuarias (Lousie Vuitton), alimentos exclusivos y caros como carne de Kobe y langosta, relojería, puros, vinos de alto nivel, champañas y cavas, licores espirituosos de predios elevados y con asidua frecuencia, etc.)”.

Tras las huellas de Urdaci

La condena de Nacho Villa frente a CCOO emula la de TVE con Alfredo Urdaci al frente de los informativos. La cadena pública fue condenado por mala praxis profesional en la cobertura de la huelga general de 2002.
La Audiencia Nacional reconoció, a partir de una denuncia de CCOO, que en las informaciones de TVE se había producido "violación de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical", y condenó a la cadena pública a emitir la noticia de la sentencia en todos sus informativos. Fue en uno de ellos cuando Urdaci dijo su tristemente famoso “ce ce o o”.

http://www.elplural.com/2016/03/31/nacho-villa-condenado-por-vulnerar-el-derecho-huelga

29. C.A.CASTILLA LA MANCHA. LA FISCALÍA PIDE METER EN PRISIÓN AL PRESIDENTE DEL PP DE VALDEPEÑAS POR FALSEDAD DOCUMENTAL

El Ministerio Fiscal ha presentado en los juzgados de Valdepeñas una acusación contra Antonio de la Torre Camacho, actual presidente del Partido Popular en la localidad ciudadrealeña de Valdepeñas. Concretamente, el dirigente conservador se enfrenta a un año y tres meses de prisión por un delito de falsedad documental.

En este sentido, desde la Fiscalía consideran que se ha probado dicho delito, que se remonta al año 2007, poco antes de las elecciones municipales. Por aquel entonces, Antonio de la Torre presentó una querella contra el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, tras nombrar como gerente de Urbanismo a Francisco Delgado. El ‘popular’ acusó a los dos socialistas de prevaricación y negociaciones prohibidas.

Sobre este asunto, el fiscal ha explicado que, para llevar a cabo estos pleitos, De la Torre presentó un documento que en teoría estaba firmado por la Ejecutiva local del PP donde se le autorizaba poder iniciar este tipo de pleitos. Pero según consta en el escrito de acusación, "realizada la pericial correspondiente se concluyó que la firma era falsa por imitación servil". "Dicho documento fue presentado por el acusado a sabiendas de la falsedad en la firma y en perjuicio de los querellados, Jesús Martín y Francisco Delgado", explica.

Estos hechos son para el fiscal "constitutivos de un delito de falsedad documental en documento privado", del que es responsable a su juicio Antonio de la Torre Camacho. "Por ello, procede imponer al acusado pena de prisión de 1 año y 3 meses con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por todo el tiempo de condena", añade el escrito, además de las costas.

Además, cabe destacar que el procedimiento que presentó De la Torre contra los dos cargos socialistas acabó archivado por la Audiencia Provincial, justo antes de que los querellados denunciaran al presidente del PP.

El Partido Popular no cesa a De la Torre

Por su parte, la secretaria de Organización provincial del PSOE, Blanca Fernández, ha lamentado que desde el Partido Popular no se haya dado ninguna respuesta frente a la acusación del dirigente popular, algo que ha calificado de “impresentable”. Según la dirigente socialista, esta “falta de respuesta de los populares” se debe a “una división muy fuerte” dentro del partido de la gaviota en la provincia.

La diputada socialista ha achacado esta crisis en el PP de Ciudad Real a la falta de liderazgo de su presidente, Carlos Cotillas, que no contaría con una gran popularidad entre las filas conservadoras. Además, Fernández ha expresado que el antiguo alcalde de Tomelloso no ha cesado a De la Torre porque “teme que le que muevan del sillón” y este “necesitaría hasta el último apoyo, aunque se encuentre en la cárcel”.

Por último, se ha dirigido a María Dolores de Cospedal, a la que le ha pedido que “le preste atención” a la fuerte crisis del PP en Ciudad Real y “cuide de su propia casa”, aun

http://www.periodicoclm.es/articulo/ciudad-real/fiscalia-pide-meter-prision-presidente-pp-valdepenas-falsedad-documental/20160322113345004668.html

30. C.A.MADRID. CIFUENTES BLINDA LOS SÍMBOLOS FRANQUISTAS DE BRUNETE FRENTE A LA MEMORIA HISTÓRICA

Las placas y un escudo forman parte del BIC de la plaza Mayor del pueblo, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno

El Gobierno regional, presidido por Cristina Cifuentes, ha blindado varios elementos franquistas de Brunete frente a la Ley de Memoria Histórica. Ese blindaje está incluido en la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Plaza Mayor y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. La protección se extiende a un escudo preconstitucional, dos placas y un pequeño altar con una cruz y un graderío. La Comunidad afirma que son parte sustancial de los monumentos. Como recuerda una de las placas, el conjunto fue inaugurado por Franco el 18 de julio de 1946, décimo aniversario de la sublevación contra la República.

La decisión fue anunciada ayer por el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido. El Ayuntamiento de Brunete (PP) había pedido en 2014 a la Comunidad que iniciara el expediente para dar a su Plaza Mayor, construida por Regiones Devastadas entre 1940 y 1946, la máxima protección. Garrido anunció que el Consejo de Gobierno había aprobado conceder al entorno la categoría BIC. De este modo, los símbolos franquistas que se hallan en él se han convertido en intocables.

El subdirector de Patrimonio Cultural de la Comunidad, Luis Lafuente, alega que esos elementos son “consustanciales al proyecto de construcción” y proporcionan las claves que permiten la comprensión del monumento en su integridad. Esta circunstancia ha permitido aplicar la excepción que contempla la Ley de Memoria Histórica, añade Lafuente.

Las dos lápidas que se protegen se encuentran en los laterales de la escalinata de subida a la plaza. En una de ellas se puede leer: “Esta plaza perpetúa la gran victoria de la batalla de Brunete en nuestra gloriosa cruzada de liberación año de MCMXXXVII”. La otra recuerda el día en que inauguración del conjunto: “El 18 de julio de 1946, aniversario del glorioso Alzamiento Nacional, Francisco Franco, Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, inauguró esta Plaza Mayor, construida por la Dirección General de Regiones Devastadas”.

Escudo preconstitucional

El escudo preconstitucional se encuentra en la antigua Casa de la Falange. La protección no incluye una placa conmemorativa de la Guerra Civil, instalada unos 10 años después de la construcción de la plaza, ni varios víctores, símbolo hecho con una combinación de letras, procedente del Imperio Romano, que fue adoptado por algunas universidades para quienes obtenían el título de doctor, y que Franco usó como emblema propio.

El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, aprobada el 26 de diciembre de 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, señala que las Administraciones tomarán medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Pero si las menciones son de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley, lo anterior no se aplicará.

El PSOE, en la oposición municipal, se muestra muy crítico con la decisión de la Comunidad y recuerda que el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción presentada por su grupo en la que se exigía el cumplimiento de la Memoria Histórica y la retirada de las placas. “Han pasado dos años y continúan en el mismo lugar. Y ahora las protegen. Nos parece lamentable”, declara Salvador Sierra, edil socialista. “Por supuesto que nos parece una buena noticia que se declare BIC la Plaza y la Iglesia del municipio, pero no elementos que representan una alegoría a uno de los bandos de la contienda”, explica.

El alcalde del municipio, Borja Gutiérrez (PP), hizo público un comunicado en el que afirma que la declaración del Gobierno de Cifuentes “supone un reconocimiento por parte de la Comunidad de Madrid a nuestro entorno histórico y en concreto a la Plaza Mayor y a la iglesia como ágora, como centro de reunión y pulmón e impulso de la sociedad brunetense”, y recuerda que es “el resultado de una iniciativa que partió de una ilusión municipal”. El comunicado no hace ninguna referencia a los símbolos franquistas.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/05/madrid/1459880311_170902.html

31. C.A. MADRID. CRISTINA CIFUENTES HACE VUDÚ… Y NO ES BROMA

Tiene muñecos, a los que coloca fotos de sus ‘menos amigos’ sobre las caras, y que le acompañan de destino en destino: es su forma de protegerse

Existen fotos. Y las tiene un medio de comunicación escrito de alcance nacional. Pero no las da. Por las razones que tenga el medio. Pero hay gente que las ha visto. Suficiente gente. Son la prueba de una peculiaridad de Cristina Cifuentes: porque a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid le gusta hacer vudú. Seguramente es algo parecido a un juego para ella. Más o menos.

Las victimas, no sólo políticos

O quizás una forma de dejar escapar los ‘malos rollos’. Habrá quien haga ganchillo para relajar. Hay quienes ponen medallas a vírgenes. O que son masones. Pero lo cierto es que Cris, como la llaman en su entorno, hace vudú. Adquiere muñecos y les pone sobre la cara fotos de aquellos a los que quiere menos.

Sí, entre los afectados están esos políticos, de su propio partido, claro, en los que están pensando: alguno y alguna, ya casi del pasado, que compitieron con ella o fueron sus enemigos. Y también algún periodista que publicó alguna historia que le hizo daño. Hasta el exmarido de alguna amiga íntima, muy conocidos los dos por aparecer en la televisión, ha pasado por el cajón de los muñecos de vudú de la presidenta de Madrid. Muñecos, por cierto, que le acompañan de oficina en oficina.

Guiños para entendidos en los medios

En realidad, como decimos, este pequeño vicio de Cristina Cifuentes es más o menos conocido en su entorno. Hasta ha habido quien ha hecho guiños al asunto. Por ejemplo, el pasado 10 de marzo, en ElConfidencial.com jugaban con el doble sentido de las palabras en un titular a partir del hecho, incontestable, de que suena como candidatable a sustituir a Mariano Rajoy como candidata PP.

““Cristina, cuídate de los idus de marzo…”: ya vuelan los informes contra Cifuentes” titulaban la crónica. En la que, siguiendo con el juego de los espíritus y el mal fario, acababan el escrito con este párrafo: ““Al suelo, que vienen los nuestros...”, suele contestar Cifuentes cuando se le pregunta por todas estas balas del 'fuego amigo', e insiste en que no está en la carrera sucesoria. Pero sabe que los 'idus de marzo' cambiaron la historia y, por si acaso, no duda en protegerse y usar cualquier método para intentar eliminar las malas vibraciones de quienes quieren ponerle más que una piedra en el camino. Pero esta sí que es otra historia...” (las negritas en cursiva son nuestras).

Incluso los periodistas muy de la línea de Cifuentes se han permitido bromear sobre el asunto. En Voz Pópuli, en marzo de 2015, cuando Cris ya era candidata del PP, publicaban un artículo en el que se jugaba una vez más con el titular, que sólo entenderían, claro, los que estaban en el asunto: “¿Quiénes hacen vudú contra Cristina Cifuentes? Botella, Fernández Díaz, los consejeros de Ignacio González…”. Como se ve, la palabra vudú y tres de los evidentes no amigos de Cristina Cifuentes coinciden en la misma línea ¿Existen las casualidades… O es todo un guiño para insiders?

Génova da yuyu

En cualquier caso, todo el que ha tenido ocasión de hablar con la presidenta madrileña descubre enseguida que es una mujer a la que no resultan extrañas las malas fuerzas. Hace sólo un mes, aquí mismo, en ELPLURAL.COM, recogíamos un comentario suyo a Mariano Rajoy confesado en una reunión con alcaldes de municipios madrileños en manos del PP: “Le he dicho a Rajoy que nos vayamos de Génova, que está maldita”.

Sabemos que hay un presentador de televisión, muy rojo y divertido, que conoce también la historia de los muñecos de vudú de Cris. Igual con él puede algún día la presidenta madrileña comentar el tema en su programa y así todos podemos reírnos de lo que algunos podrían percibir como un mal rollo.

http://www.elplural.com/2016/04/07/cristina-cifuentes-hace-vud-y-no-es-broma

32. C.A.MADRID. LAS DIEZ GRANDES MENTIRAS DE ESPERANZA AGUIRRE

La líder del PP en el Ayuntamiento de Madrid se dice convencida de que "el político que miente debe dimitir". E invita a bucear en las hemerotecas para cazarla en algún renuncio infoLibre ha hecho ese ejercicio. Y no faltan ejemplos

"¡Dígame usted cuándo he mentido yo!". La autora de esta frase es Esperanza Aguirre. La pronunció este martes en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Y se refería a un episodio que el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid está dispuesto a exprimir al máximo: "el asalto a la capilla" de la Universidad Complutense y la condena a la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre.

Aguirre sostuvo que la concejal del equipo de Manuela Carmena "mintió cuando dijo que no estaba en el asalto a la capilla". A su juicio, Maestre "debe dimitir por un delito contra los sentimientos religiosos". "La sentencia y el desarrollo del juicio demuestran que ha mentido y un político no puede mentir. No es compatible", añadió. En este momento, la expresidenta de los conservadores madrileños invitó a sus rivales a bucear en las hemerotecas para cazarla en algún renuncio en los 33 años que lleva en política.

infoLibre ha hecho este ejercicio con los últimos años. Y no faltan ejemplos. Estas son las grandes mentiras conocidas de Esperanza Aguirre.

1. El "primer atentado político" en Madrid

El 23 de octubre de 2006, un incendio intencionado calcinó el Mini Cooper que utilizaba la mujer de Francisco Granados. Pero el coche figuraba como propiedad de una constructora. Por entonces Granados, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y persona de confianza de Aguirre, alegó que el concesionario donde había adquirido el vehículo no había podido tramitar el cambio de titular por problemas burocráticos.

La reacción de Aguirre fue proteger a su consejero y acusar a los partidos de la oposición. Y llegó a calificar este suceso como "el primer atentado político cometido en la Comunidad de Madrid". De hecho, reclamó una investigación a Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior en aquellas fechas.

La realidad es que el coche utilizado por la mujer de Granados estaba a nombre de un constructor amigo del consejero, Ramiro Cid, a quien benefició en diversos negocios. Y del "atentado político" del que habló Aguirre jamás se tuvo noticia.

2. Ella descubrió la Gürtel

Abril de 2010. "Yo destapé la trama Gürtel". Así se pronunciaba la por entonces presidenta del PP de Madrid y de la Comunidad. Hacía un año que habían arrancado las investigaciones de este caso que todavía hoy sacude los cimientos de la formación conservadora. Según sostuvo, todo se remontaba a 2005 cuando ella se "opuso" a la venta de una parcela municipal en Majadahonda que iba a servir para beneficiar a Francisco Correa, cabecilla de la trama y a otros miembros de la trama. Hasta ese momento, la ahora líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid había desacreditado la investigación llegando hablar de una persecución a su partido con el objetivo de desprestigiarlo.

En realidad, el frenazo a la venta de ese terreno municipal se produjo con el estallido de una crisis interna en el PP de Majadahonda. José Luis Peñas, por entonces concejal del PP, fue el denunciante del caso. ¿Si Aguirre destapó el caso en 2005 por qué no tomó medidas antes contra sus cargos públicos que después fueron imputados?

La realidad es que Aguirre jamás denunció ni descubrió un caso de corrupción, ni en los tribunales ni ante los órganos del partido.

3. Adiós a la política... con billete de vuelta

"Para un político es absolutamente esencial elegir el momento de su retirada y la forma de ésta. He llegado a la conclusión de que éste es el momento adecuado para dejarlo". El 19 de septiembre de 2012, Aguirre se convirtió en la protagonista de todas las portadas de los periódicos anunciando que dejaba la política. Según dijo, siempre había concebido la política como una "actividad temporal" y había llegado el momento de dar un paso al lado. Esgrimía motivos personales. Según dijo, el cáncer que había padecido había tenido mucho peso en su decisión.

Pero Aguirre nunca dejó la política, se fue a medias si se tiene en cuenta que siguió presidiendo el PP de Madrid. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, sin embargo, lo dejó en manos de Ignacio González.

En estos momentos se despertaron todo tipo de especulaciones en el PP sobre su verdadera intención. Hay quien decía que no volvería; otros apostaban que se marchaba para apartarse de la primera línea en un momento en el que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid iba a tener que tomarse decisiones muy complicadas, como recortes en materia de educación y sanidad. La conclusión era que no quería desgastarse. Ganaron quienes apostaban por una retirada temporal.

4. "No quiero ser candidata a la Alcaldía de Madrid"

No hacía ni dos meses de su marcha y ya empezaban los rumores. ¿Rivalizar ella con Ana Botella, alcaldesa de Madrid? Para nada. Era 19 de noviembre de 2012 y ofrecía una rueda de prensa en la sede del PP madrileño. Preguntada sobre si tenía en mente postularse para el consistorio madrileño, insistió en que no quiere ser candidata a la Alcaldía de Madrid ni tampoco alcaldesa.

"No, no, no quiero ser alcaldesa de Madrid". Posteriormente, se le cuestionó sobre si quería ser candidata, lo que zanjó con un: "Ni candidata ni alcaldesa". Por estas fechas ya empezaban los roces entre Aguirre y Botella. Pasó el tiempo y estas palabras quedaron en papel mojado. Aguirre fue la candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid. Era, decían en su equipo, el broche que le faltaba a una carrera política en la que había sido todo. Menos alcaldesa. Pero no lo logró. Se quedó en la oposición.

5. El alcalde de la 'Púnica' que no conocía

El 27 de octubre de 2014 estallaba la operación Púnica. Por aquellas fechas Esperanza Aguirre era presidenta del PP madrileño y veía como, además de Francisco Granados, cuatro alcaldes resultaban implicados en el marco de esta operación: José Carlos Boza (Valdemoro), Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco), David Rodríguez (Casarrubuelos) y Agustín Juárez (Collado Villalba).

Pese a que quienes mejor conocen a la lideresa y al PP de Madrid insisten en que en el partido no se movía nada sin el visto bueno de la "jefa", como la siguen llamando sus fieles, ésta espetó en una rueda de prensa convocada en la sede regional de la formación que nada sabía de los citados regidores municipales. "A estos alcaldes ni los conozco", dijo.

En este caso, más que tirar de hemeroteca hubo que tirar de fototeca. Las imágenes desmentían a Aguirre. Una simple búsqueda en el Flickr del PP madrileño permitía localizar instantáneas de Aguirre con Juárez. En noviembre de 2011, por ejemplo, se podía ver a ambos con la exministra de Sanidad Ana Mato y el presidente del Senado, Pío García-Escudero. Meses antes, ambos aparecían en otra foto junto al ahora eurodiputado Esteban González Pons y el dirigente de Nuevas Generaciones Javier Dorado. Igual que se puede echar un vistazo a las fotos de la última cena de Navidad del PP madrileño, a la que acudieron Mariano Rajoy y Carlos Floriano, exresponsable de Organización y Electoral del PP.

6. Las "manzanas podridas" o las "ranas" de la lideresa

A la hora de hacer recuento de las personas de las que fue máxima responsable política y que están o estuvieron inmersas en escándalos de corrupción a Aguirre no le salen las cuentas. Siempre habla de dos cargos públicos que le salieron "rana", en alusión a los exconsejeros Francisco Granados y Alberto López Viejo. Pero la hemeroteca da cuenta de que fueron algunas más. Bastante más. La primera vez que recurrió a esta expresión fue en noviembre de 2014, pocos días después de ver cómo su exsecretario general en el partido y uno de los hombres a los que más responsabilidades había encomendado, Francisco Granados, entraba en la cárcel. En una entrevista concedida a la cadena Ser aseguraba que en treinta años de carrera política a había nombrado a "centenares de personas" y que solo dos le habían "salido rana". "Me salieron rana y me traicionaron", lamentó.

En la misma entrevista defendió que el fallo a la hora de seleccionar a sus colaboradores había sido muy bajo, "un 2 por ciento" de error en una vida política de 30 años.

Poco antes de renunciar al cargo de presidenta del PP de Madrid, Aguirre compareció ante la comisión de corrupción en la Asamblea de Madrid, volvió a recurrir a las famosas "ranas". "He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana", insistía. De nuevo volvía a olvidarse de exdirigentes que habían dado muchos dolores de cabeza al partido. Por ejemplo de los tres que fueron imputados en el marco del caso Gürtel. Es el caso de Jesús Sepúlveda. Exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) entre 2003 y 2009 y exmarido de la ministra de Sanidad Ana Mato, fue imputado por su presunta implicación en este escándalo y expulsado del Partido Popular en 2013. Según la Agencia Tributaria, Sepúlveda recibió solo en metálico 477.090 euros entre los años 2002 y 2005 de esta trama corrupta. Todo ello sin contar con otros pagos en especie.

También se olvida Aguirre de Benjamín Martín Vasco y de Alfonso Bosch Tejedor, exdiputados en la Asamblea de Madrid. De los alcaldes de la Púnica y de Beltrán Gutiérrez Moliner, exgerente de los conservadores madrileños. Según las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, Gutiérrez habría gastado 58.000 euros en 2010 y 2011 con su tarjeta black de Caja Madrid. Éste dejó de ser gerente del PP de Aguirre. Pero siguió vinculado al mismo en la parte administrativa al ser un "funcionario de partido".

7. A vueltas con la carrera de Carmena

La campaña que condujo a Aguirre a las municipales de mayo no estuvo exenta de polémica. Una de ellas tuvo que ver con su máxima rival, y ahora alcaldesa, Manuela Carmena. El 6 de mayo, la expresidenta regional se veía obligada a rectificar unas declaraciones suyas en las que aseguraba que su rival no era jueza.

"Sí es juez, por tanto, no me duelen prendas y rectifico cuando me equivoco", dijo en un acto de partido en presencia de María San Gil.

Según explicó Aguirre en declaraciones recogidas por Europa Press, había leído en un periódico de tirada nacional que no era jueza, sino que procedía del Cuarto Turno cuando se la nombró para el Consejo General del Poder Judicial. "Estaba equivocada. Con posterioridad Carmena preparó sus oposiciones y las sacó".

8. Los pagos a la Púnica: "A otra cosa, mariposa"

Este diario dio cuenta en el mes de agosto de cómo Aguirre había mentido cuando aseguró que las empresas del conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, no había realizado ningún trabajo para el PP de Madrid. Así lo prueba la contabilidad oficial del PP de Madrid, a la que tuvo acceso infoLibre. La empresa Eico Reputación Management, de Alejandro de Pedro, facturó 40.120 euros en 2011 a la formación.

Aguirre, que presidía el PP madrileño desde noviembre de 2004, había sido interpelada por una periodista, que le indicó que Adrián de Pedro, el hermano del conseguidor de la red corrupta, "sí reconoce en su declaración que hizo muchos trabajos para el Gobierno de Ignacio González, para el de usted también y para el Partido Popular de Madrid". En ese momento Aguirre interrumpe a la informadora y añade: "Para el mío, desde luego ninguno, y para el PP de Madrid, cero. Así que a otra cosa mariposa".

Días después, los datos desvelados por este medio dejaban al descubierto que Aguirre también había mentido cuando dijo que la Púnica no había trabajado para su Gobierno. La grabación de la declaración como imputada de la ex directora general de Medios de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, lo probó.

9. Cero insultos... salvo al hijoputa

Noviembre de 2015. En esta ocasión, Aguirre se refería a unas declaraciones de Carmena en las que la alcaldesa se quejaba de insultos en los plenos del Ayuntamiento. Para defenderse pidió de nuevo tirar de hemerotecas. Porque a su juicio era "un insulto" que dijese que ella había insultado "a algún representante político del Gobierno o de la oposición". Olvidaba el episodio del "hijoputa".

Así se refirió Aguirre en su día a Fernando Serrano, que en septiembre de 2009 fue el sustituto de Pablo Abejas al frente de la Comisión de Control de Caja Madrid. Serrano era próximo al exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y Abejas próximo a Aguirre.

Serrano fue uno de los protagonistas de la batalla por el control de la caja que se libró en el PP de Madrid en los años 2009 y 2010. Es el hombre al que Aguirre descalificó en una conversación privada con Ignacio González, que fue pillada por los micrófonos. "Yo creo que hemos tenido una inmensa suerte de poder darle un puesto a IU quitándoselo al hijoputa", fue la expresión. Era 29 de enero de 2010.Y Aguirre tuvo que salir a aclarar que no se refería a Ruiz-Gallardón.

10. Financiación ilegal: "No... Que yo sepa..."

11 de febrero 2016. La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró en una improvisada comparecencia de prensa a las puertas de la sede del partido que "no ha habido financiación ilegal del PP de Madrid". "Que yo sepa", matizó. Horas antes se había registrado la primera planta del número 13 de la madrileña calle de Génova, donde se ubican los conservadores madrileños. Y donde, por tanto, estaba su despacho.

"Aquí no ha habido nada", "en absoluto, ni hay indicios ni está probado", sentenció Aguirre al ser preguntada sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.

Además de obviar los resultados que pueda tener la investigación de la Púnica, Aguirre olvidaba que, en octubre de 2010 un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratificaba que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004. Las ilegalidades, según informó por entonces el diario Público se cometieron "en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas".

El presunto delito estaría prescrito, motivo por el que no se continuó con las investigaciones.

Años después, en abril de 2012, la Agencia Tributaria denunció la financiación ilegal del PP en Madrid.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/30/las_grandes_mentiras_esperanza_aguirre_46975_1012.html

33. C.A.MADRID. LA VENTA A UN FONDO BUITRE DE MILES DE CASAS PROTEGIDAS FUE ILEGAL

Un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid destapa un "quebranto económico" y graves irregularidades en la entrega a Blackstone de 1.860 viviendas municipales

La venta a un fondo buitre (el grupo Magic Real State/Blackstone) de 1.860 viviendas que el Ayuntamiento de Madrid tenía mayoritariamente alquiladas a familias con escasos recursos presenta graves irregularidades. Información privilegiada, ausencia de concurrencia y publicidad, falta de transparencia y un “quebranto” millonario para las arcas municipales constituyen solo una parte de las presuntas ilegalidades halladas por la Cámara de Cuentas de Madrid en una operación que, desde que se consumó en 2013, tiene en pie de guerra a los inquilinos con su nuevo casero, que ha desahuciado a varias decenas de familias que no han podido afrontar las nuevas condiciones impuestas.

El informe, preliminar y sometido a alegaciones, elaborado por el órgano fiscalizador de las entidades públicas madrileñas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla una decena de irregularidades en la venta de estas casas por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). La operación se cerró por 128,5 millones, unos 32 millones menos de lo que, según estudios que poseía el Consistorio, valían esos inmuebles, siempre según el informe. Sin justificación fehaciente alguna, y saltándose además el procedimiento, el Ayuntamiento, gobernado entonces por la alcaldesa Ana Botella, rebajó el precio de adjudicación inicial (127,5 millones) en casi más de dos tras alegar los compradores que la morosidad en los pagos del alquiler era superior a la indicada por el municipio; y, además, en el mismo lote, le escrituró por tres millones otros 89 inmuebles (garajes, locales y trasteros) a pesar de que once de ellos se introdujeron a última hora en la operación y no figuraban en la relación de bienes pactadas inicialmente. La entonces concejal de Urbanismo, Paz Fernández, hoy retirada de la política, ha declinado pronunciarse sobre este asunto hasta que el informe sea definitivo, y eludió facilitar las alegaciones que ha presentado ante la Cámara para refutarlo.

El informe de la Cámara de Cuentas describe a lo largo de 65 páginas hechos que en algunos casos pueden revestir carácter delictivo. La Cámara analiza en este informe la desinversión que hizo el Ayuntamiento en los años 2012 y 2013 al vender un total de 6.844 inmuebles que le reportaron 261,8 millones de euros. Entre ellos, las citadas 1.860 viviendas, alquiladas dentro de programas de ayuda a jóvenes sin vivienda y familias con recursos limitados). Muchos de estos inquilinos tenían contratos con la EMVS que estipulaban un derecho de opción de compra pasados siete años en unos casos y 10, en otros.

El informe revela que todas esas casas (que formaban un total de 18 promociones) se vendieron en bloque vulnerando la ley y sin darle siquiera a los arrendatarios la posibilidad de ejercer su derecho de opción de compra. El Ayuntamiento de Ana Botella justificó la decisión en la necesidad de equilibrar las cuentas de la EMVS. Pero al poco de llegar el nuevo casero, y a medida que iban expirando los contratos firmados con la EMVS, las condiciones del alquiler cambiaron al alza, con incrementos de hasta un 43%, según explica la presidenta de la Asociación de Familias Afectadas por la venta de las Viviendas de la EMVS, Arancha Mejías. “Se pasó de pagar en torno a 400 euros, dependiendo de los metros cuadrados de la casa, a unos 700. Y se elevó el precio de la comunidad. Y llegaron los desahucios: solo en la promoción de Carabanchel, una quincena”, asevera Mejías.

El informe arroja conclusiones demoledoras: “Han sido los interesados en la compra [de estas viviendas], los que han fijado el precio de venta y [este] ha sido aceptado” sin más por la EMVS, subrayan los redactores del documento. En la venta de estos inmuebles, la EMVS “prescindió de las instrucciones internas de contratación” fijadas por su Consejo de Administración en 2008 y los enajenó “sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta y sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar”. Es decir, el precio se puso “por un acuerdo negociado entre el comprador” y la EMVS pero sin que existiesen “tasaciones previas que fijaran dichos valores” ni un “estudio o informes de viabilidad técnica y jurídica de la operación”. Y, además, saltándose las “normas de contratación e incumpliendo los criterios de racionalidad, economía y eficacia que debe presidir la gestión de los intereses públicos”.

El Consejo de Administración de la EMVS aprobó el 11 de junio de 2008 las instrucciones internas que había que seguir para la compraventa de inmuebles públicos. Estas normas se incumplieron, según el informe de la Cámara de Cuentas. “La venta de las 18 promociones se ha realizado sin que haya un informe técnico de valoración en el que se cifre el valor objetivo y cierto de mercado de los elementos objetos de enajenación, aunque teniendo en cuenta las limitaciones, en cuanto al precio, por ser viviendas de protección pública. Ello puede ser indicativo, de una deficiente o mala gestión en la administración y valoración de los intereses públicos a los que la venta, en todo caso, ha de responder”, concluye el informe.

La EMVS es una sociedad mercantil de titularidad municipal, con gestión privada que se rige por unos estatutos aprobados por el pleno del Ayuntamiento el 28 de febrero de 1997 y modificados luego en febrero de 2005 y noviembre de 2013. Es mercantil, pero dado su fin social y carácter público está sujeta a una normativa diferente a las empresas estrictamente privadas, destaca el informe.

La Cámara de Cuentas ha instado a la exalcaldesa Ana Botella y al anterior gerente de la EMVS, Fermín Oslé, a que ofrezcan explicaciones sobre las graves irregularidades detectadas en esta macrooperación de venta de casas protegidas. Botella ha eludido contestar personalmente a la Cámara y se ha adherido a las alegaciones presentadas por los miembros de su anterior equipo de gobierno.

Poco después de caer en manos de este fondo buitre las casas, los vecinos afectados acudieron a los tribunales. El asunto cayó en el Juzgado 38 de Instrucción de Madrid, que lo sobreseyó provisionalmente sin practicar las pruebas que le pedían los damnificados y con las que intentaron demostrar las irregularidades de la compraventa y sugirieron un trato de favor municipal al grupo empresarial beneficiario, vinculado societariamente con empresas para las que trabaja el hijo mayor de la exalcaldesa, José María Aznar Botella, según argumenta la presidenta de los afectados y ha denunciado la denominada Asociación Corruptil en un escrito presentado ante el juzgado 48 de Madrid, que investiga malversación de caudales en otra operación de compraventa de casas públicas del IVIMA ejecutada por la Comunidad de Madrid. Este es el primer informe oficial que se hace sobre la macrooperación de la EMVS.

Este informe, sometido en la actualidad alegaciones, se refiere solo a la EMVS, aunque el Gobierno del expresidente Ignacio González también enajenó 2.935 viviendas protegidas del IVIMA, en fechas coincidentes y mediante un procedimiento similar, a otro fondo buitre, Azora-Goldman Sachs. Los afectados del IVIMA presentaron una querella que está siendo investigada por el Juzgado número 48 de Madrid, en la que ya está imputado Juan Van-Halen, exdirector general de Vivienda de Madrid, quien presentó su dimisión en el cargo que tenía en el Ministerio de Fomento al conocer que el juez le había llamado como investigado sobre este asunto. Los de la EMSV también interpusieron una querella, que fue sobreseída provisionalmente por el Juzgado 38 de la plaza de Castilla. “A la vista de los nuevos datos que recoge el informe de la Cámara de Cuentas vamos a pedir la reapertura del procedimiento en el Juzgado 38”, avanza Mejías.

Las viviendas no se podían vender

La conclusión sexta del informe de la Cámara de Cuentas explica por qué, jurídicamente, no se podían vender estas promociones: La EMSV “contravino el contenido del Reglamento de Adjudicación de Viviendas de protección pública aprobado por el Ayuntamiento en 2008 y modificado el 30 de octubre de 2012, que impide la venta de viviendas de protección pública, a entidades jurídicas, que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación previstos en el propio reglamento”.

Muchos inquilinos de estas casas tenían derecho a opción de compra, pero al venderlas en bloque se les impidió ejercitarlo: “La EMSV les negó la condición de interesados en el procedimiento en contra de los establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común (apartado IV.5), al que se remite, en los procedimientos de adjudicación de tales viviendas el Reglamento” municipal.

Otra irregularidad que detecta la Cámara de Cuentas es que, tras comprar las casas, la EMSV no “estableció una comisión o instrumento adecuado de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento por la compradora de las obligaciones en las que esta se ha subrogado y que exceden de las obligaciones que tienen los promotores privados de viviendas de protección pública, cuyo control corresponde a otras instituciones de la Comunidad de Madrid”.

Casas, trasteros y garajes

La Cámara de Cuentas ha fiscalizado la venta de inmuebles que hizo la EMVS en los años 2012 y 2013. No sólo vendió en esas fecha las citadas 18 promociones (1.860 casas con 3.366 garajes y trasteros). La mayoría de las casas estaban sujetas a algún tipo de protección.

Lo enajenado en esos años fue catalogado por el Ayuntamiento en tres grupos: uno) 1.529 inmuebles, de los que 1.096 eran viviendas, 412 garajes y 21 locales, vendidos a personas físicas, casi todas personas necesitadas. De las 1.096 casas, 33 fueron vendidas a dos inmobiliarias, de manera individualizada, al margen del procedimiento de adjudicación previsto para los planes municipales de viviendas; dos) 1.860 viviendas, 3.430 garajes, 1860 trasteros y 25 locales de negocio, vendidos todos ellos, mediante una única operación de venta, a Fidere Vivienda SLU y Fidere Gestión Vivienda SLU, del grupo Blackstone.

Y tres: también vendió suelo. En 2013 se traspasó la propiedad de varias parcelas desde la EMVS al Ayuntamiento. Todo ello se enajenó por casi 262 millones de euros, el precio del total de 6.906 inmuebles vendidos.

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/05/actualidad/1459876286_119185.html

34. C.A.MADRID. DOS EX ALTOS CARGOS DE AGUIRRE NO DEVUELVEN LAS AYUDAS QUE RECIBIERON

Aguirre, el día de su dimisión como presidenta del PP de Madrid.

Ocho pleitos para recuperar nueve millones de euros de dinero público. Madrid Network, una entidad público-privada creada en época de Esperanza Aguirre, ha tenido que recurrir a los juzgados para exigir que ocho empresas le devuelvan los créditos ventajosos que esta les prestó para que realizaran proyectos de innovación. Entre las empresas figuran las de dos exaltos cargos de Aguirre que se beneficiaron de estos préstamos a bajo interés adjudicados a dedo en 2011: el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela y el exgerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.

De los nueve millones que Madrid Network no ha conseguido recuperar, tres y medio corresponden a las empresas de Lamela y De Miguel, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Ambos han declinado ofrecer su versión. Una de las empresas vinculadas a De Miguel, Safeview, ha sido condenada, en primera y segunda instancia, a devolver cerca de dos millones de euros “por incumplimiento contractual”, según la sentencia.

Proyectos morosos de Madrid Network

Entre las muchas fundaciones, empresas públicas y entidades que se crearon durante las dos legislaturas de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno de Madrid, Madrid Network es sin duda la más opaca. Al ser un ente de derecho privado, no presenta cuentas ni ante el Registro Mercantil ni ante los interventores públicos. Tampoco es fiscalizada por el Parlamento regional. No se sabe qué plantilla tiene, cuánto cobran sus directivos ni qué hace exactamente, a pesar de recibir cuantiosas aportaciones anuales de dinero público. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2016 le reservan una subvención de 450.000 euros.

La Comunidad de Madrid, entonces presidida por Esperanza Aguirre, encargó en 2011 a Madrid Network repartir entre empresas de la región un préstamo de 80 millones de euros en condiciones muy ventajosas —1,2% de interés, carencia de cinco años— procedente de los Presupuestos Generales del Estado. Era una partida del Ministerio de Ciencia e Innovación (hoy, Ministerio de Economía) destinada a financiar proyectos de I+D en la región.

Madrid Network es una entidad que nació del "impulso" del Gobierno madrileño, y con el respaldo de la patronal CEIM y de la Cámara de Comercio, que se define como “asociación sin ánimo de lucro”, pese a gestionar el reparto de millones de euros de dinero público, incluidos fondos estatales y europeos.

El Ministerio de Ciencia e Innovación firmó un convenio en octubre de 2010 con el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), empresa pública --esta sí-- de Madrid, para encargarle la gestión de 80 millones en préstamos preferentes para fomentar la innovación. El Imade (una de las entidades madrileñas investigada en el caso Gürtel) se clausuró en enero de 2011, y la ejecución del convenio se subrogó en mayo de 2011 a Madrid Network. Así fue como 80 millones de dinero público pasaron a manos de una asociación empresarial opaca.

Preguntada por EL PAÍS, la secretaría de Estado de Investigación, desarrollo e innovación confirma que aún no ha realizado la preceptiva auditoría para saber si esos fondos se emplearon correctamente. El motivo, según un portavoz, es que lo "prioritario" es cerrar los convenios que llevan confinanciación europea (FEDER) del periodo 2007-2013. La auditoría del dinero de Madrid Network debería haberse completado hace meses.

Dos de cada tres proyectos, fallidos

Pasados cinco años, dos de cada tres de los proyectos seleccionados a dedo por este ente público-privado opaco han resultado fallidos. En 13 casos, Madrid Network pactó una resolución amistosa con las empresas y fijó un calendario de devolución del dinero. Con 16 compañías tuvo que resolver los préstamos unilateralmente “debido a incumplimientos por su parte”, señala la última memoria de actividades entregada a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Economía.

"Numerosas incidencias" con los préstamos

Como la mayoría de los proyectos a los que Madrid Network decidió entregar los préstamos resultaron fallidos, a la entidad finalmente le ha sobrado dinero del que debía repartir entre empresas de I-+D. Así lo asegura en la última comunicación que envía al Ministerio de Economía, a través de la Consejería de Economía madrileña: "Tras las numerosas incidencias de incumplimiento, Madrid Network presenta un saldo positivo de tesorería de 5,2 millones de euros". Algunos beneficiarios no devolvieron el dinero, pero otros sí, y antes de tiempo, porque su negocio naufragó.

Madrid Network decidió usar esos 5,2 millones para devolver a la Comunidad de Madrid uno de los libramientos, según el calendario de amortización pactado en 2011, y tal y como recoge la memoria. Precisamente como Madrid Network ha estado pagando puntualmente el crédito que le transfirió la Comunidad, un portavoz de esta afirma que, de momento, todo está correcto. No consta que el Gobierno de Cristina Cifuentes haya realizado una auditoría, pero fuentes políticas afirman que el asunto se está estudiando al detalle.

Ocho de las empresas que resultaron agraciadas con créditos imposibles de conseguir en el peor momento de la crisis económica acabaron en concurso de acreedores. Con las otras ocho hubo que acudir a los tribunales. La “cuantía desembolsada” y no devuelta es de 9.028.402, según este documento de la propia Madrid Network, que se ha negado repetidamente a contestar preguntas de este diario.

De Miguel abandonó la presidencia de Safeview en 2004 pero le sustituyó al frente de la empresa su cuñado, Fernando Ruano, como administrador único, según figura en el Registro Mercantil. De Miguel es actualmente administrador único de Zubenelgenubi S L, una de las dos mercantiles que actuaron como fiadoras de Safeview cuando esta firmó el crédito con Madrid Network en 2011. La otra es Servicios Financieros Aravaca, administrada por Ruano en esa época y que comparte sede social con Zubenelgenubi.

Ambas fueron condenadas por la Audiencia Provincial en junio de 2015 a devolver los dos millones de euros del préstamo público. Según fuentes judiciales, han recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. Responsables de Safeview se negaron a dar su versión y amenazaron a EL PAÍS, por escrito, con demandas judiciales.

Saerco, administrada desde 2009 por De Miguel, tampoco devolvió los casi 1,3 millones de euros del crédito a la innovación, según la documentación consultada. Madrid Network demandó a la empresa. Con la fecha de juicio ya fijada para el 11 de febrero pasado, Saerco pidió que se suspendiera para llegar a un acuerdo. Tanto Madrid Network como la Comunidad de Madrid declinaron confirmar si se ha alcanzado un pacto para devolver el dinero. EL PAÍS ha intentado, sin éxito, que Saerco y De Miguel ofrecieran su versión.

Otra de las polémicas adjudicaciones de créditos públicos recayó en el proyecto de sanidad privada del exconsejero de Sanidad Manuel Lamela. En esta ocasión, Madrid Network entregó 500.000 euros a una asociación llamada Madrid Centro Médico que en 2011 presidía Lamela. “Tras la resolución del préstamo debido a los incumplimientos [...] en diciembre de 2013 se pactó con la entidad un calendario de devolución de lo prestado y los intereses”, señala la documentación. “El beneficiario asociado solo abonó las cuotas previstas para 2013”, añade.

Pese a que han pasado más de dos años, “el procedimiento está pendiente de que se admita a trámite por el juzgado y se requiera de pago a la demandada”, asegura la memoria presentada al Gobierno y que sigue sin auditar. Ni Lamela ni el tesorero de la asociación, Mario Esteban, quisieron responder a las preguntas de este diario. Tanto este último como un portavoz de la Fundación Lafer que preside Lamela aseguraron que ya no ocupan cargos en la asociación que recibió el préstamo. En el Registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid seguían figurando hasta finales de febrero ambos como miembros de la junta directiva.

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/04/actualidad/1459775211_154259.html

35. COMENAR VIEJO: DEJEN DE INVESTIGARNOS, ESTAMOS TRABAJANDO

El alcalde de Colmenar Viejo (Madrid), que está imputado por prevaricación, envía una carta a la fiscal general del Estado para quejarse por las pesquisas

“Me pongo en contacto con usted para poner en su conocimiento la angustiosa situación en la que actualmente se encuentra el Ayuntamiento de Colmenar Viejo”. Miguel Ángel Santamaría Novoa, alcalde del PP de este municipio madrileño de 47.445 habitantes, inicia así la carta que el pasado 22 de marzo envió a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. La misiva tiene cuatro páginas que recogen las quejas de este regidor ante las pesquisas del ministerio público, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El juzgado número 3 de Colmenar Viejo investiga —nueva denominación del imputado— a este político por presuntos delitos de prevaricación urbanística tras cuatro querellas de la fiscalía madrileña.

Santamaría se presenta en la carta enviada a la fiscal general del Estado como una víctima de una “serie incesante de denuncias anónimas”. Y cita 36 de ellas que originaron la apertura de diligencias previas. “Prácticamente la totalidad de la actividad de este Consistorio se encuentra inspeccionada por la Fiscalía”, se queja el alcalde, que también ocupa un puesto de vocal en el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid a propuesta de la presidenta regional Cristina Cifuentes.

El regidor atribuye a las investigaciones un parón en la gestión municipal. “La situación en el Ayuntamiento empieza a ser límite. Prácticamente estamos empleando todos nuestros recursos en preparar los expedientes que nos requieren [los juzgados] y a defendernos de las acusaciones. Esto conlleva que no nos ocupemos de los asuntos cotidianos”, recoge el documento. En su opinión, tres funcionarios —de un total de 289 trabajadores municipales— instigan las denuncias contra él.

Santamaría aconseja a Madrigal que el ministerio público no malgaste esfuerzos indagando delitos —según él— inexistentes. “La Fiscalía tampoco está sobrada de recursos para dedicarse a casos que únicamente buscan desestabilizar la institución por unos intereses concretos y personales de algunos”.

El regidor concluye con una declaración de inocencia: “Si me atrevo a escribirle y a exponerle la situación del Ayuntamiento de Colmenar Viejo es porque mi conciencia está tranquila”. Y pide reunirse con Madrigal para profundizar en el contenido de esta misiva que lleva el cuño oficial del Consistorio. El político acaba reconociendo la singularidad de dirigirse por carta a la fiscal general del Estado. “Ruego que me disculpe si considera inapropiado el haberme puesto en contacto con usted”, añade.

Santamaría ha reconocido a este periódico la veracidad del documento. “Hemos enviado más de 45 expedientes a la Fiscalía”, lamenta. Entre esta documentación figura el contrato que el Consistorio firmó con la empresa vinculada a la trama Púnica Waiter Music para la contratación del cantante Loquillo en las fiestas patronales de 2014. "No es corrupción. A los chavales les gusta este artista y por eso le contratamos", argumenta.

Bajo el radar de la fiscalía también estuvieron expedientes urbanísticos, licencias de ocupación y una subvención a la Cruz Roja. El protagonista de esta historia se muestra “tranquilo” y dice que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya archivó cuatro querellas por “hechos idénticos”.

Junto con Santamaría, el juzgado número 3 de Colmenar Viejo también investiga a su antecesor en el cargo, el popular José María de Federico, y a una decena de concejales.

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/01/actualidad/1459513834_118887.html

36. C.A.MURCIA. LA OPOSICIÓN EXIGE A BARREIRO QUE DIMITA TRAS SU IMPUTACIÓN Y LA COMPARA CON RITA BARBERÁ

Pedro Antonio Sánchez recuerda que la senadora ya salió airosa de los tribunales otras veces

Rafael González Tovar hasta se permitió hacer un chiste y, fingiendo un lapsus, se refirió a la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora popular como 'Pilar Barberá'. «Es que ambas están en la misma situación», se disculpó con los periodistas, en referencia al hecho de que las dos antiguas primeras ediles de Valencia y Cartagena se hallen relacionadas con sendos casos de supuesta corrupción, 'Taula' y 'Novo Carthago', y ambas disfruten de un fuero especial por su condición de senadoras. La oposición no escatimó reproches hacia la política del PP y exigió que entregue su acta de senadora.

«Ayer -recordó-, cuando Pilar Barreiro volvía a ver reabierto su expediente y vuelve a estar imputada, precisamente viene Pablo Casado a Murcia a decir que en el PP quien la hace, la paga. Pero no, quien la hace en el PP, lo aforan por si acaso», advirtió el secretario general del PSOE murciano, quien añadió que hay muchos elementos que invitan a seguir luchando «por el cambio y contra una corrupción que es una lacra para esta región, que frena la economía y crea un tapón para el empleo estable».

Las peticiones de dimisión dirigidas a Barreiro se sucedieron ayer entre las fuerzas de la oposición. Así, el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, le reclamó que deje su acta de senadora «inmediatamente», al ser el único alto cargo del PP imputado por el caso Novo Carthago que «continúa sin asumir su responsabilidad política». Y consideró «inadmisible» que Barreiro siga «protegida por el aforamiento» del Senado, lo que calificó de «perversión de la democracia».

El secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, afirmó, en la línea del PSOE, que en Murcia «tenemos nuestra propia Rita Barberá». A su juicio, «se comprueba una vez más que el PP ha hecho de la corrupción su forma de gobierno y ha usado las instituciones para favorecer intereses privados».

A este respecto, añadió que «aunque el PP pretenda presentarse como un partido renovado, esta regeneración no se produce», por lo que consideró «urgente» una «regeneración democrática que ni el PP ni sus políticas pueden liderar».

«No se trata de manzanas podridas -añadió-, es todo un sistema político e institucional en el PP que presenta casos de corrupción y que tiene que pasar a la oposición para regenerarse».

A su vez, el presidente de la Comunidad y secretario general del PP en Murcia, Pedro Antonio Sánchez, lamentó que Barreiro siga estando investigada por 'Novo Carthago', y pidió que se respete el procedimiento. Mostró su confianza en la Justicia y en que «todo se aclare cuanto antes», y pidió celeridad al Tribunal Supremo, recordando que «la Justicia ha dado la razón en otras ocasiones a Pilar Barreiro».

http://m.laverdad.es/murcia/201603/23/oposicion-exige-barreiro-dimita-20160323014528-v.html

37. C.A.MURCIA. EL SUPREMO VUELVE A IMPUTAR A PILAR BARREIRO POR EL 'CASO NOVO CARTHAGO'

El instructor debe valorar las pruebas propuestas por IU y el PSOE y decidir si toma declaración a más investigados y testigos

La pesadilla del 'caso Novo Carthago' sigue sin disiparse para Pilar Barreiro. La actual senadora y exdiputada y exalcaldesa de Cartagena por el PP vuelve a estar imputada por la supuesta recalificación ilegal de una gran extensión de terrenos junto a la laguna del Mar Menor, en los que estaba previsto construir unas 10.000 viviendas, dos hoteles, centro de convenciones y campo de golf. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido el recurso presentado por la acusación popular en este asunto, ejercida por Izquierda Unida y los concejales del PSOE en Cartagena Ana Belén Castejón y Juan Pedro Torralba, y ha revocado el auto de sobreseimiento libre que un magistrado de ese mismo tribunal, José Ramón Soriano, dictó el pasado octubre.

Podemos afirma que Barreiro es la Rita Barberá de la Región

C's pide a Barreiro que deje su acta de senadora «inmediatamente»

Con el auto notificado ayer a las distintas partes del proceso, Pilar Barreiro vuelve a estar formalmente imputada en estas diligencias, que se retrotraen ahora al momento previo al auto de archivo. La Sala ordena además a su propio compañero, el instructor Soriano, que proceda a valorar la documentación que presentó la acusación popular y analice los argumentos que esgrimió esa parte para exigir responsabilidades penales a la política popular.

No razona la resolución

El razonamiento de la Sala Segunda se caracteriza por su parquedad, ya que se limita a reproducir las alegaciones que efectuó la acusación popular, representada por el abogado Vicente Pérez Avilés. Este había planteado que se había producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que el auto de archivo había sido dictado sin llegar siquiera a valorar las pruebas que esa parte había planteado.

Tovar: «Quien la hace en el PP no la paga, lo aforan por si acaso»

De hecho, lo que hizo el magistrado Soriano en su día fue aceptar la personación de IU y los dos ediles socialistas, después de que el pasado mayo abonaran una fianza de 3.000 euros, y seguidamente les hizo saber que ya solo tenían derecho a saber que el asunto estaba archivado, pues así lo había decidido apenas unos días antes. Y ello a pesar de que IU y los concejales socialistas habían expresado cuatro meses antes su intención de personarse, pero el juez no les permitió conocer del asunto hasta que hicieron efectiva la fianza. Momento para el cual ya había sobreseído las actuaciones.

El magistrado Soriano volvió a ratificarse en octubre en su posición, lo que hizo que la acusación popular recurriera ante la Sala, denunciando indefensión y argumentando que «no puede quedar supeditada la posición procesal de parte a la determinación de una fianza que es meramente instrumental».

En virtud de esa posición, la acusación señalaba que los escritos que presentó esa parte, después de que en febrero ya anunciara formalmente su voluntad de personarse, debieron ser valorados por el instructor, de quien además afirmaba que tendría que haberles notificado sus resoluciones para actuar como consideraran oportuno.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal, constituida por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, José Manuel Maza Martín y Luciano Varela Castro, no ofrece argumento alguno que explique por qué la acusación popular merece que se acepte su recurso, como tampoco indica las causas de que deba ser revocado el archivo que dictó su compañero Soriano. Se limita a señalar que procede estimar el recurso y a indicar al instructor que entre a analizar la documentación presentada por IU y los ediles socialistas y a valorar los argumentos que plantearon.

Entre las pruebas propuestas por el letrado Pérez Avilés destacan un nuevo interrogatorio de Barreiro, otra vez como imputada, y que sea sometida a un careo con el exedil de Urbanismo Agustín Guillén. Asimismo reclama que se tome declaración a Guillén, en calidad de investigado (imputado) y la toma de manifestación como testigo al exedil del PSOE Juan Luis Martínez, quien sufrió presuntas «presiones» para apoyar en el Pleno la recalificación de 'Novo Carthago' y decidió no votar.

Aunque la investigación de este supuesto caso de corrupción se lleva en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, en el que están imputados los exconsejeros Antonio Cerdá, Joaquín Bascuñana y Francisco Marqués, la pieza relativa a Barreiro fue remitida al Supremo en los primeros días de 2015, ya que en ese momento, por su condición de diputada nacional, tenía un fuero especial. Ahora, como senadora, sigue disfrutando de esas prerrogativas.

Uno de los letrados de la política del PP, Raúl Pardo-Geijo Ruiz, restó ayer importancia a la reapertura de diligencias y señaló que «solo supone que se retrotraigan las actuaciones para valorar las pruebas propuestas por IU», pero se mostró convencido de que el asunto se volverá a archivar.

El alcalde de Cartagena, José López, aseguró que la resolución «abre una vía de esperanza y permite creer que se hará justicia en este asunto, y de paso en otros muchos en los que la sombra de Barreiro y Alonso es muy alargada».

http://www.laverdad.es/murcia/201603/22/supremo-vuelve-imputar-pilar-20160322021930-v.html

38. C.VALENCIANA. BARBERÁ SE DIRIGE AL JUEZ POR ESCRITO PARA NEGAR QUE LE DEVOLVIERAN LOS 1.000 EUROS DE LA DONACIÓN AL PP

Entrega un extracto de su cuenta con las operaciones de marzo y abril de 2015 y la composición del Comité de Campaña

La exalcaldesa aceptó el ofrecimiento del juez el pasado febrero aunque no precisó en qué forma la haría

La exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, se dirigió por escrito al juez que investiga el caso Imelsa para asegurar que "en ningún momento" le devolvieron los 1.000 euros que donó al PP para la financiación de la campaña electoral de las elecciones municipales de 2015, dinero que aportó mediante un talón bancario contra su cuenta corriente.

Así consta en el escrito de alegaciones, de once páginas incluida la documentación aportada y al que tuvo acceso Europa Press, entregado al juez del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que investiga la pieza principal del caso Imelsa y la separada derivada de la Operación Taula, centrada en averiguar un presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. En este caso, hay 47 personas investigadas más el PP, entre asesores, exasesores, ediles y exconcejales del grupo municipal.

El pasado mes de febrero el magistrado instructor ofreció a Barberá declarar antes de decidir si elevaba al Tribunal Supremo la causa, como pedía el fiscal, aunque precisaba que no sería ningún interrogatorio. La exalcaldesa aceptó el ofrecimiento aunque no precisó en qué forma la haría. Finalmente, optó por presentar un escrito ante el juzgado en el que da su versión de los hechos.

En el escrito, Barberá indicó que la mecánica empleada para la donación sería, ya que "no se recuerda con exactitud", hacer llegar al grupo popular por servicio interno el talón para que se procediera a su cobro y, como consecuencia, fue abonada en la cuenta del grupo municipal popular designada al efecto.

"En ningún momento se me devolvió dicha cantidad, en consecuencia es absolutamente falso lo dicho en torno a los dos billetes de 500 euros", indicó la senadora, que aportó los movimientos de su cuenta bancaria entre el 1 de marzo de 2015 a 30 de abril de 2015.

Asimismo, aseguró que, como candidata, no intervino en el Comité de campaña, que es el organismo que asume las competencias de organización de la actividad ante un periodo electoral, como la programación de actos, selección de argumentarios o redacción de discursos, entre otros, con el soporte "de la necesaria financiación que diseña, programa y ejecuta el comité de campaña".

La exalcaldesa precisó que en ese organismo –documento que adjunta– no se integró porque es "la candidata" con la finalidad de "captar votos", lo que "absorbe el tiempo suficiente como para que ni siquiera pueda adquirir conocimiento alguno sobre temas relacionados con competencias que no son las suyas" sino del propio Comité.

Al respecto, añadió que con su responsabilidad no se interesaba de ningún otro asunto y menos de cuestiones que estaban atendidas por ese órgano, que fue el que decidió adoptar como "una medida más" del plan de financiación de 1.000 euros por parte de cargos, candidatos y asesores, una aportación "absolutamente onerosa" sobre la que no se le planteó ninguna condición "ni mucho menos la posibilidad de que le fuera devuelta".

Barberá también hizo referencia a las declaraciones de cuatro exasesores del PP que revelaron que fueron objeto de presiones para que realizaran las donaciones que les serían devueltas al día siguiente en efectivo, en billetes de 500 y explica que formaban parte del equipo de la Vicealcaldía –encabezada entonces por Alfonso Grau–, a quien podían haberse dirigido "por cercanía y confianza" en el caso de haberse sentido alarmados.

Relación con Grau

La exalcaldesa agregó que su relación con Grau no se interrumpió por su dimisión el 16 de marzo de 2015 sino "tiempo después", a partir de la salida de la lista electoral de un familiar directo del exvicealcalde a raíz de la publicación de unas "comprometidas conversaciones públicamente conocidas", indica en alusión a la exedil y esposa de Grau, María José Alcón y a la grabación que se conoció con el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent.

En ese tiempo, afirmó que "jamás" se le dijo que ese grupo de asesores dudaba de la operación de donativos y entiende que nadie les debió amenazar con perder sus trabajos porque esto dependía del número de concejales que obtuvieran en los comicios y de la elección posterior del concejal. De ahí que atribuyó el rechazo de estas personas a realizar los donativos a que su "protector" (Grau) no iba a continuar en la lista y ellos no seguirían de asesores.

La senadora cuestionó la "reacción" de Grau ocho meses después con las manifestaciones públicas y también la conversación grabada a Alcón donde ésta describía el método de blanqueo y en la que afirmó que lo sucedido era "corrupción política total".

Para Barberá, "sorprende" y es "inaudito" que una intervención telefónica acordada el 14 de abril diera frutos un día después y que verse sobre un tema delictivo. De igual modo, expresa "estupefacción" por el anónimo esgrimido como prueba de cargo en contra y que llegó dos días de la conversación telefónica grabada.

Desconocía el significado de "mordidas"

Por último, defendió que en los años en ostentó la Alcaldía "jamás" se produjo "ningún amaño" en adjudicaciones, trato de favor o cobro de comisiones a terceros, "en definitiva, eso que se calificó de 'mordidas', hasta cuyo significado le era desconocido a la declarante".

De hecho, justificó que se puso como "norma inexcusable" que cualquier adjudicación lo fuera por mesa de contratación plural y con profesionales independientes y cualificados y añade que "nada" saben ni les debía afectar hechos sucedidos en otras instituciones –en alusión a la Diputación– que "nada tienen que ver" con el Ayuntamiento "pese al intento de la acusación de entrelazar" lo mismo.

"Si como se desprende de informaciones periodísticas, personas que hace años y que tuvieron responsabilidades en el gobierno municipal, pudieron verse implicadas en ciertos asuntos, que al día de hoy, tras muchos meses de investigación, con un macro despliegue de medios técnicos y humanos, fiscalías especializadas, etc etc. no se ha concretado judicialmente, será porque de existir algo será de tal oscurantismo y perfección delictiva, que resultaba imposible ser detectado por quien no tiene asumida esa misión por profesión, vocación y sueldo", manifestó.

Y añadió que "nada" se le puede reprochar "por no saber qué negligencia, al no detectar o adivinar esos presuntos hechos acontecidos en alguna concejalía, cuando profesionales de la investigación, fiscales, fuerzas de seguridad, periodistas, 'yonkis arrepentidos', etc.., pese al mucho tiempo transcurrido y medios empleados, no alcanzan conclusiones definitivas".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/04/01/barbera_dirige_juez_por_escrito_para_negar_que_devolvieran_los_000_euros_donacion_pp_47188_1012.html

39. C.VALENCIANA. LA JUEZ DEL ‘CASO F-1’ CITA A 17 TESTIGOS, DOS DE ELLOS CONSEJEROS DE CAMPS

El expresidente valenciano está imputado en la causa por malversación y prevaricación

La juez que investiga en Valencia el caso Fórmula 1 ha llamado a declarar a 17 testigos, según ha informado este martes el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. Entre ellos figuran dos exconsejeros de la Generalitat. Vicente Rambla, que también fue vicepresidente del Gobierno autonómico y será juzgado por presunta financiación irregular del PP en la Audiencia Nacional. Y Trinidad Miró, que dirigió la Consejería de Cultura y Deporte.

En la causa está imputado —investigado, según la nueva denominación judicial— el expresidente valenciano Francisco Camps por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 de Europa que se celebró en Valencia de 2008 a 2012. También están imputados el excampeón mundial de motociclismo Jorge Martínez Aspar y la exconsejera de Turismo, Cultura y Deporte Lola Johnson, a la que se atribuye además un delito societario.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha citado como testigos, entre mediados de abril y mediados de mayo, a otros 15 antiguos responsables del Consell, incluidos dos exdirectores generales de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Pedro García Gimeno, imputado en el caso Gürtel en la pieza sobre la visita del Papa a Valencia. Y José López Jaraba.

La lista de comparecientes la completan: Niurka Montalvo (ex secretaria autonómica de Deporte); José Luis Villanueva García (ex director general de Grandes Proyectos); José Miguel Escrig Navarro (exsecretario autonómico de Hacienda); María Victoria Palau Tárrega (ex secretaria autonómica de Turismo); Carlos Alberto Precioso (exsubsecretario de Cultura, Educación y Deporte); Mateo Castellá (ex director general de Deporte); Cristina Morató (exdirectora Grandes Proyectos); Bruno Broseta Dupré (ex secretario autonómico de Sector Empresarial); Rafael Ripoll Navarro (ex secretario autonómico Cultura y Deporte); Ignacio Ventura (ex director general de Presupuestos); Julia Cuello (ex jefa de área de Elaboración y Programación Presupuestaria) y Belén Reyero (exdirectiva de Proyectos Temáticos).

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que Camps utilizó una empresa privada, Valmor Sports, dirigida por Jorge Martínez Aspar, para contratar la celebración del Gran Premio con el dueño de los derechos del mundial, el británico Bernie Ecclestone. Y ello a pesar de que sabía que los trabajos y el coste de organización recaerían en la Generalitat, y de que él mismo negoció las condiciones que regirían la celebración de las carreras.

Interponer una mercantil privada habría tenido como objetivo, según el ministerio público, eludir la aplicación de las leyes de contratación del sector público. Camps ha negado las acusaciones y ha defendido que los acuerdos con Ecclestone respetaron la legalidad.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/23/valencia/1458742726_561154.html

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