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Boletin 736. Del 18 al 31 de julio 2016

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ÍNDICE

01. EL PP MANTUVO EN FEBRERO QUE ES OBLIGATORIO CONVOCAR LA INVESTIDURA

02. LA CONSTITUCIÓN NO PREVÉ LA RENUNCIA TRAS ACEPTAR EL ENCARGO DEL REY

03. MARIANO RAJOY ACEPTA LA INVESTIDURA SIN ACLARAR SI SE SOMETERÁ A VOTACIÓN

04. ANA PASTOR: "NO DEBO INTERVENIR, PERO LO MEJOR SERÍA UNA GRAN COALICIÓN"

05. LOS NACIONALISTAS AYUDAN A RAJOY PARA QUE PUEDA CONTROLAR EL CONGRESO

06. LAS TRES FACTURAS DEL DENTISTA DE RAJOY QUE MANOS LIMPIAS DENUNCIÓ EN LOS TRIBUNALES

07. CASO GURTEL

7.1. LA JUEZA DEJA AL PP Y A SU ACTUAL TESORERA A UN PASO DEL BANQUILLO POR LA DESTRUCCIÓN DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS

7.2. COMUNICADO PARTIDO POPULAR SOBRE AUTO POR EL QUE SE DENIEGA EL ARCHIVO DE LA CAUSA ABIERTA POR LA SUPUESTA DESTRUCCIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS DE BÁRCENAS

7.3. EL PSOE PEDIRÁ LA COMPARECENCIA DE RAJOY EN EL CONGRESO CUANDO EL PROCESAMIENTO DEL PP SEA FIRME

7.4. UN CONSTRUCTOR DE LA GÜRTEL ADMITE SOBORNOS QUE SEGÚN LA FISCALÍA FINANCIARON CAMPAÑAS DEL PP

7.5. EL TRIBUNAL ACEPTA LOS TESTIGOS QUE PROPONE BÁRCENAS PARA EL JUICIO DE LA GÜRTEL

7.6. LOS DIRIGENTES ‘POPULARES’ DESFILARÁN A PETICIÓN DE BÁRCENAS POR LA AUDIENCIA NACIONAL AUNQUE NO HA SIDO FÁCIL

7.7. LA AUDIENCIA NACIONAL AUTORIZA A BÁRCENAS A IRSE TRES SEMANAS DE VACACIONES A BAQUEIRA


08. CASO PÚNICA

8.1. EL JUEZ VELASCO SIENTA EN EL BANQUILLO A GRANADOS POR EL CHIVATAZO QUE LE DIO UN GUARDIA CIVIL

8.2. EL JUEZ SOSPECHA QUE GRANADOS AMAÑÓ CONTRATOS DE ARPEGIO POR VALOR DE "1.000 MILLONES DE EUROS"

8.3. EL JUEZ RECLAMA DOCUMENTACIÓN DE LA PÚNICA A LOS HOMBRES FUERTES DE CIFUENTES

09. CASO RATO

9.1. LA DECENA DE CASOS QUE EMPUJAN A RATO HACIA EL BANQUILLO

9.2. EL INFORME FINAL DE LA UCO ACUSA A RATO DE CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES, BLANQUEO Y FRAUDE A LA HACIENDA PÚBLICA

9.3. RATO Y BLESA SE SENTARÁN EN EL BANQUILLO POR LAS ‘TARJETAS BLACK’ EL 23 DE SEPTIEMBRE


10. CASO ARISTEGUI & DE LA SERNA

10.1. LA DECLARACIÓN EN MAYO DE UN TESTIGO PROTEGIDO ACORRALA A ARÍSTEGUI Y DE LA SERNA

10.2. LA MUJER DE GÓMEZ DE LA SERNA Y LA DE MAYOR OREJA COMPARTIERON NEGOCIO AL MENOS HASTA 2014

10.3. ARÍSTEGUI Y DE LA SERNA TAMBIÉN COBRARON DE ALSA POR REALIZAR GESTIONES PARA OBTENER UN CONTRATO EN MARRUECOS

10.4. ASÍ USABA PUJALTE EL MEMBRETE DEL CONGRESO PARA MEDRAR CON DE LA SERNA

11. LA GUARDIA CIVIL TARDA SIETE MESES EN APARTAR A UN SARGENTO AL QUE DENUNCIÓ POR VIOLACIÓN A UNA SUBORDINADA

12. LA SEGURIDAD SOCIAL SACA 1.000 MILLONES MÁS DEL FONDO DE RESERVA

13. LOS TRIBUNALES NO DARÁN UN RESPIRO AL PP A LA VUELTA DE LAS VACACIONES

14. DIMISIÓN DIRECTORA GENERAL DE TRAFICO

14.1. INTERIOR APRECIA UN “POSIBLE” CASO DE CONFLICTO DE INTERESES EN LA ACTUACIÓN DE SEGUÍ

14.2. SEGUÍ CESA SIN HACER PÚBLICO SU PATRIMONIO TRAS COMPRAR CASAS POR CASI UN MILLÓN DE EUROS EN UN AÑO

14.3. LA BATALLA PERSONAL QUE DERRIBÓ A UNA DIRECTORA GENERAL

14.4. MARÍA SEGUÍ ASEGURA QUE ES VÍCTIMA DE UNA GUERRA POLÍTICA Y DE INTERESES

14.5. DIMITE MARÍA SEGUÍ, DIRECTORA GENERAL DE LA DGT

15. ELVIRA RODRÍGUEZ, SUPERVISORA MÁXIMA DE LAS BOLSAS ESPAÑOLAS Y SUS PELIGROSAS AMISTADES

16. EL MINISTRO DE DEPORTE PAGA A UN ENTRENADOR DE CABALLOS SANCIONADO POR DOPAJE

17. C.A. GALICIA. ANGROIS: TRES AÑOS SIN JUSTICIA

18. C.A.MADRID. CIFUENTES RECURRE ANTE LA AUDIENCIA LA INADMISIÓN DE LA QUERELLA CONTRA MAESTRE

19. C.A.MADRID. INADMITIDA LA QUERELLA DE CRISTINA CIFUENTES CONTRA RITA MAESTRE

20. C.A.MADRID. CIFUENTES OFRECE BECAS DE GIMNASIO A VEINTEAÑERAS SI CEDEN SU IMAGEN

21. C.A.MADRID. EL PP DE CIFUENTES IMPIDE QUE LA ASAMBLEA DE MADRID CONDENE EL GOLPE DE ESTADO MILITAR DEL 18 DE JULIO

22. C.A.MADRID. ESPERANZA AGUIRRE PIERDE LA DEMANDA CONTRA PEDRO SÁNCHEZ Y TENDRÁ QUE PAGAR LAS COSTAS

23. C.A.MURCIA. LA POLICÍA SOSPECHA QUE LADRONES CERCANOS AL PP ROBARON EL ORDENADOR DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN DE MURCIA

24. C.VALENCIANA. LA FISCALÍA PIDE AL SUPREMO QUE ABRA CAUSA A RITA BARBERÁ POR EL BLANQUEO
 


01. EL PP MANTUVO EN FEBRERO QUE ES OBLIGATORIO CONVOCAR LA INVESTIDURA

Un escrito de los populares sostenía que el presidente del Congreso debe convocar inmediatamente el pleno

El PP se contradice sobre la convocatoria del pleno de investidura. O, al menos, las palabras de Mariano Rajoy condicionando su investidura tras recibir el encargo del Rey no coinciden con lo que sostuvo el PP en un escrito dirigido a la Mesa del Congreso el pasado febrero.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que depende de Rajoy, entregó el pasado 12 de febrero un escrito en la Mesa que sostenía que el artículo 99 de la Constitución y el 170 del reglamento del Congreso obligan a la convocatoria "inmediata" del pleno de investidura una vez que el Rey comunique al presidente de las Cortes el nombre del aspirante.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, respondió este viernes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que al rechazarse esa posición en febrero por parte de Patxi López se estableció una costumbre contraria a la que defendía el PP. Sin embargo, lo que entonces se estableció en contra de la opinión del PP es que es posible dar plazo entre el encargo del Rey y la investidura. Lo que no se contradijo es lo que defendía el PP sobre lo irreversible del proceso, es decir, que no es posible no someterse al debate una vez aceptado como pretende ahora Rajoy.

"Este artículo contempla un claro deber constitucional, una obligación que tiene que cumplir necesariamente el presidente de la Cámara y que tiene que asumir en ejecución del mandato recibido de su majestad el Rey y del propio deber que se contempla en dicho artículo", aseguraba el escrito.

Entonces el PP sostenía que Patxi López debía convocar inmediatamente el pleno de investidura de Pedro Sánchez, aunque no tuviera asegurados apoyos suficientes; es decir, decía lo contrario a lo que ahora sostiene Mariano Rajoy.

El escrito repetía que la facultad del presidente de las Cortes de convocar el pleno "es reglada, pero imperativa". El documento añadía que el término "convocará" que utiliza el reglamento del Congreso "denota no solo su sentido y espíritu imperativo, de obligado cumplimiento, sino una acción o conducta que va a ocurrir en un momento posterior e inmediato del supuesto de hecho que trae causa a la aplicación de este artículo, sin mediar tiempo entre ellos, y de forma automática, casi simultánea".

El pleno de investidura de Rajoy no tiene fecha, porque Ana Pastor, presidenta del Congreso, quedó en hablar con el aspirante para pactar una.

El PP hace solo cinco meses sostenía que la capacidad para convocar el pleno estaba limitada por el "principio esencial de nuestro derecho constitucional, como es el principio de limitación en sus funciones al poder público". Por eso, concluía: "Me parece de todo punto arbitrario y carente de un mínimo de responsabilidad que el presidente de la Cámara no haya convocado aún el pleno de investidura". Es decir, lo que hace ahora Pastor, del PP.

El 5 de febrero pasado, Hernando firmó con 50 diputados del PP un escrito similar pidiendo con los mismos argumentos la convocatoria automática e inmediata del pleno.

http://politica.elpais.com/politica/2016/07/29/actualidad/1469784920_232918.html



02. LA CONSTITUCIÓN NO PREVÉ LA RENUNCIA TRAS ACEPTAR EL ENCARGO DEL REY

La ley fundamental y el reglamento establecen automatismo entre la aceptación del encargo del Rey y el debate de investidura

Todos los partidos, salvo el PP consideran inconstitucional la posibilidad de que Mariano Rajoy, una vez aceptado el encargo del Rey para someterse a la investidura renunciara. De hecho, el artículo 99 de la Constitución no prevé esa posibilidad. No consta la opción de la renuncia del candidato en tratados o estudios de la Constitución como el que elaboran con prestigio los letrados del Congreso en la web de la Cámara. Dicho de otra forma, nadie parece haber contemplado la posibilidad de que una vez formulada la aceptación como expresión de su voluntad, el candidato pueda echarse atrás al constatar falta de apoyos.

Es cierto que tampoco se contempla que alguien propuesto decline como hizo Rajoy en febrero. La diferencia es que ahora sí ha pasado la raya de la aceptación del encargo del Rey. Declinar el encargo como hizo entonces tiene la lógica de que nadie puede ser obligado contra su voluntad, pero ahora ya ha expresado la aceptación y condiciona la investidura a lograr los apoyos necesarios. Dicho de otra forma, si creía que no debe someterse a una investidura para perderla podía haber pedido al Rey tiempo antes de la propuesta formal a la presidenta del Congreso.

La literalidad del artículo 99 de la Constitución y del 170 y 171 del reglamento del Congreso establecen un automatismo entre la aceptación y la investidura. El artículo 99 asegura que “el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara”. No hay opción a la renuncia.

Y el reglamento señala que “en cumplimiento de las previsiones establecidas en el artículo 99 de la Constitución, y una vez recibida en el Congreso la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno, el presidente de la Cámara convocará el Pleno”. Ese acto en el hemiciclo empieza con la lectura del decreto firmado por el Rey en el que se propone al candidato.

El PP en la pasada legislatura presentó un escrito en la Mesa del Congreso en el que pedía la celebración inmediata del pleno de investidura, pese a que el entonces presidente de las Cortes, Patxi López, dio a Pedro Sánchez un plazo de un mes. Es decir, el PP defendió con fuerza que tras el encargo del Rey llega el Pleno, que es potestad del presidente fijarlo, pero con un principio de inmediatez que impide que se prolongue. La tesis de la renuncia de Rajoy no solo no cumpliría esa inmediatez, sino que aplazaría sine díe la investidura de otro candidato.

Es cierto que nadie puede ser obligado a subir a la tribuna del Congreso contra su voluntad, pero se abriría una situación insólita porque Mariano Rajoy estaría de facto incumpliendo la Constitución, tras su voluntaria aceptación del encargo de someterse a la investidura. Es decir, este jueves ya ha aceptado el encargo y ya no hay marcha atrás. "Es el primer candidato que ha sembrado la duda de si va a cumplir el artículo 99.2 de la Constitución, y es gravísimo", ha asegurado Antonio Hernando, portavoz del PSOE. "Es irresponsable que el señor Rajoy haya especulado con la posibilidad de no presentarse a la investidura. Es impresentable, inconstitucional. Lo que le pedimos al presidente de Gobierno es seriedad y respeto a la Constitución”, ha añadido.

Ninguno de los portavoces es capaz de explicar qué pueden hacer para obligar a someterse a la investidura porque la fijación del debate es potestad exclusiva de Ana Pastor y por lo insólito de la situación. Ni siquiera la presidenta del Congreso ha podido explicar en rueda de prensa si es posible que Rajoy renuncie.

http://politica.elpais.com/politica/2016/07/28/actualidad/1469733967_159488.html



03. MARIANO RAJOY ACEPTA LA INVESTIDURA SIN ACLARAR SI SE SOMETERÁ A VOTACIÓN

El Rey cierra la ronda de contactos sin que el PP logre ningún apoyo del resto partidos

El presidente en funciones, Mariano Rajoy, aceptó este jueves el ofrecimiento del Rey para tratar de formar Gobierno como candidato del partido más votado. Sin embargo, no concretó si se someterá al debate de investidura en el caso de que en los próximos días no reúna apoyos suficientes para superar el debate. “No conviene en ninguna faceta de la vida adelantar acontecimientos”, afirmó. “No es posible”, dijo durante su comparecencia en La Moncloa tras la audiencia con el Rey. El jefe del Estado cerró este jueves con Rajoy la ronda de consultas, en la que tanto Ciudadanos, como Podemos y PSOE le negaron su apoyo.

Cuando Rajoy acudió a La Zarzuela, en el ambiente había muchas dudas sobre si finalmente daría el paso para intentar la investidura o si, como se había sugerido desde su entorno, volvería a dejar al Rey descolocado con otro rechazo. Sin embargo, pese a no disponer de apoyos suficientes, como en aquel 22 de enero, el candidato del PP ahora asumió su responsabilidad, aunque con un as en la manga.

Aceptó intentar la investidura, pero no garantizó que llegue a someterse al debate y a la votación, que pondría en marcha la cuenta atrás para disolver la Cortes en caso de no salir elegido y si no fructificara una alternativa. Rajoy desplegó toda su pericia anfibológica para no asumir el compromiso en su totalidad, pero sin renunciar a la responsabilidad del intento. Tras de sí empujaba la presión de siete meses de Gobierno en funciones, dos elecciones generales y la amenaza de unos terceros comicios.

El presidente en funciones admitió que no contaba con más apoyo que sus 137 diputados y que su intención es negociar un eventual programa de Gobierno para poder acudir con garantías a la investidura. “Buscaré apoyos para formar un Gobierno moderado y un calendario para llevarlo a cabo”, especificó. “Desde mañana mismo, ahora con el encargo del Rey”. En caso de no lograrlo, se mostró dispuesto a “explorar un Gobierno en minoría”.

Rajoy anticipó que abrirá una ronda de contactos y que “en un tiempo razonable” informara del resultado, y de si está “en condiciones o no de formar Gobierno”. Sin embargo, no quiso concretar la duración de ese plazo. “Que sea razonable, no es necesario mucho tiempo”, difuminó. “No voy a dar ninguna fecha concreta”. La única pista que ofreció es que ese plazo no puede impedir la aprobación de los compromisos europeos, el techo de gasto y los presupuestos, que deben estar listos entre finales de agosto y finales de septiembre.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, acudió después a La Zarzuela, donde el Rey le comunicó el resultado de la ronda de consultas.

Ciudadanos, Podemos y el PSOE precedieron a Rajoy en La Zarzuela sin que sus posteriores comparecencias en el Congreso de los Diputados aportaran mayor novedad respecto a las posiciones que ya tenían fijadas de antemano. Pese a sus distancias y diferencias, Ciudadanos, Podemos y PSOE coincidieron en su rechazo a facilitar al PP la formación de Gobierno, si bien el partido de Albert Rivera solo votará en contra en primera convocatoria para luego abstenerse.

Su preocupación por el bloqueo que ha sufrido el proceso fue otro espacio común de conversación con el jefe del Estado, aunque aparte de su enunciado y de señalar la falta de iniciativa de Rajoy tras las elecciones del 26-J las interpretaciones variaron en función del interés de cada uno.

Viejos partidos

Rivera identificó la causa en la actitud de los “viejos partidos”, donde incluyó al PSOE por su negativa a abstenerse en segunda instancia. Pablo Iglesias también atribuyó responsabilidades a los socialistas por su indecisión entre apoyar al PP o explorar una alternativa progresista. Pedro Sánchez se limitó a señalar la incapacidad de Rajoy para asumir que tiene una mayoría minoritaria. Pero todos coincidieron en que la repetición de elecciones no era la solución al desbloqueo y que España necesita un Gobierno cuanto antes. Incluso compartieron dudas sobre que el candidato del PP, que ya rechazó el ofrecimiento del Rey en la legislatura fallida, acabase ahora asumiendo la propuesta de ir a la investidura.

El representante de Podemos presentó su tono menos agresivo, y no reveló ningún detalle sobre el tipo de oposición que podía desempeñar. Rivera y Sánchez trataron de apuntar el lado positivo de la situación. Sánchez abogó por que Rajoy pusiera en marcha el motor de la democracia y que la legislatura no tenía que ser necesariamente corta. Rivera remarcó la urgencia de que España tenga un Gobierno para poder afrontar los retos que tiene el país en materia de corrupción y de terrorismo internacional.

El candidato rompe el molde del proceso

Mariano Rajoy ha resultado ser el máximo innovador en los 40 años de democracia del proceso que regula el artículo 99 de la Constitución tras cada renovación del Congreso de los Diputados. El pasado 22 de enero, después de que el jefe del Estado le ofreciera el encargo de intentar la investidura como candidato del partido más votado en las elecciones del 20 de diciembre de 2015, dejó descolocado al Rey al rechazar el ofrecimiento. Era la primera vez en la historia de la democracia española en la que se producía una situación similar y sus consecuencias llevaron a una legislatura fallida.

En medio del proceso, su partido también intentó un atajo constitucional para cerrar la legislatura sin que el candidato tuviera que someterse al desgaste del debate de investidura, como exige el artículo 99, ni que pudiera intentarlo ningún otro.

Rajoy dio otra vuelta de tuerca a la Constitución al aceptar el encargo sin comprometerse a acudir al debate de investidura en el caso de que no logre garantías de obtener el apoyo del Congreso de los Diputados.

PSOE, Podemos y Ciudadanos criticaron que Rajoy no aclarara si se presentará finalmente a la votación de la investidura.

Estos tres partidos interpretan que el jefe del Estado no encarga formar Gobierno, sino someter un proyecto al parecer del Congreso, y que el artículo 99.2 de la Constitución obliga al presidente en funciones a acudir a la Cámara baja una vez que ha aceptado la propuesta del Rey.

http://politica.elpais.com/politica/2016/07/28/actualidad/1469714779_202348.html



04. ANA PASTOR: "NO DEBO INTERVENIR, PERO LO MEJOR SERÍA UNA GRAN COALICIÓN"

Ana Pastor ha estrenado su cargo como nueva presidenta del Congreso de los Diputados con una entrevista en Onda Cero en al que ha apostado por la gran coalición.

La nueva presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha visitado esta mañana los estudios de radio de Onda Cero, donde a pesar de su cargo institucional, se ha implicado dando su opinión sobre el curso de las negociaciones.

"Como presidenta del Congreso no debo intervenir, pero lo mejor sería una gran coalición entre PP y PSOE con el apoyo de Ciudadanos", ha opinado a las claras preguntada por los periodistas sobre al formación de Gobierno.

"El clima de entendimiento entre los partidos políticos ha sido positivo en un momento de bloqueo y de Gobierno en funciones. Deberíamos ser capaces de poner las cosas buenas sobre la mesa. La gente lo que nos dice es que le gusta que los partidos nos pongamos de acuerdo en cosas", ha comentado.

Respecto a la polémica por los votos nacionalistas de ayer y si hay o no acuerdo para que Convergencia pueda tener grupo parlamentario propio ha apuntado "yo no me puedo manifestar sobre si Convergencia tendrá o no grupo parlamentario propio. Es la Mesa del Congreso la que tiene que analizar quién puede formar grupo o no de acuerdo al ordenamiento jurídico".

Pastor también ha revelado que supo que era la candidata del PP para la presidencia del Congreso mucho antes de que se hiciera público.

http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/201607201033-pastor-debo-internvenir-pero-mejor.html

05. LOS NACIONALISTAS AYUDAN A RAJOY PARA QUE PUEDA CONTROLAR EL CONGRESO

El PP se asegura el control de la Cámara con Pastor, una de sus colaboradoras más cercanas

Mariano Rajoy superó este martes con éxito el primer escalón de la nueva legislatura. Incluso, con más éxito del previsto porque a su pacto con Ciudadanos para controlar el Congreso sumó la ayuda de los partidos nacionalistas, soberanistas e independentistas, de los que ha estado muy alejado durante años.

Convergència, PNV y ERC permitieron con su abstención que fuera elegida Ana Pastor como presidenta del Congreso, frente al socialista Patxi López, candidato alternativo a la del PP. También porque 10 diputados de esos partidos nacionalistas sumaron sus votos para que fueran elegidos los demás miembros de la Mesa, según el pacto del PP con Ciudadanos. PSOE y Podemos no tienen dudas de que esos votos procedían de Convergència y PNV. Los nacionalistas vascos lo niegan.

El presidente del Gobierno en funciones quería que la sesión de apertura de la XII Legislatura en el Congreso sirviera para visualizar que el PP mantiene su poder, aunque tenga una minoría exigua de 137 escaños. Quería que la cifra del día fuera los 169 escaños que sumó con Ciudadanos para la elección de Ana Pastor, apuntando a un acuerdo que pretende mostrar como posible con Albert Rivera para su investidura. Y quería dar imagen de cambio de ciclo y de diálogo sumando más acuerdos y apoyos.

Todo eso lo consiguió, porque los partidos nacionalistas, soberanistas o independentistas ayudaron con su actuación a que PP y Ciudadanos tengan el control del Congreso. Esa coincidencia dejó además en evidencia que no hay opción a una mayoría alternativa porque PSOE y Podemos no suman y necesitan a partidos nacionalistas que no parecen estar por la labor. Más bien al contrario, se pusieron en el pleno al lado del PP.

http://politica.elpais.com/politica/2016/07/19/actualidad/1468912215_190974.html

06. LAS TRES FACTURAS DEL DENTISTA DE RAJOY QUE MANOS LIMPIAS DENUNCIÓ EN LOS TRIBUNALES

Manos Limpias incorporó tres comprobantes de pago a la denuncia que presentó contra Rajoy por beneficiarse supuestamente de forma irregular de la póliza de su mujer en Telefónica

La UDEF descubre una denuncia de Manos Limpias a Rajoy por beneficios de Telefónica

Manos Limpias acompañó con facturas la denuncia que presentó el pasado febrero contra Mariano Rajoy por beneficiarse irregularmente, a su juicio, de la póliza médica que tenía su mujer, Elvira Fernández, cuando era empleada de Telefónica. Según ha podido saber El Confidencial, el documento y los comprobantes de pago fueron localizados el pasado abril por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el registro de la sede del sindicato de funcionarios y es una de las pruebas incluidas en el último informe que han elaborado los investigadores sobre la presunta trama delictiva que urdieron el secretario general de ese colectivo, Miguel Bernad, y el presidente de la asociación de usuarios de banca Ausbanc, Luis Pineda.

Manos Limpias utilizó las facturas para tratar de demostrar en los tribunales que el presidente del Gobierno en funciones habría conseguido entre 2009 y 2011 una rebaja del 80% en sus gastos médicos beneficiándose del seguro médico de su mujer, a pesar de que solo podían acogerse a la póliza los propios empleados de Telefónica España y los familiares de estos que tuvieran la condición de dependientes. En la denuncia, presentada en los Juzgados de Plaza de Castilla el 22 de febrero, la entidad que lidera Bernad recordó que “es evidente y manifiesto que el beneficiario Mariano Rajoy no tenía derecho a estar incluido en la referida póliza, pues ni era ni es dependiente al ostentar entonces el cargo de Diputado Nacional y Jefe de la Oposición, con su correspondiente retribución por los referidos cargos que ostentaba”.

La acusación se dirigía específicamente contra el entonces presidente de Telefónica, César Alierta, y el director general de la aseguradora del gigante de las telecomunicaciones Antares Salud y Pensiones, Enrique Acedo, por haber permitido esa presunta irregularidad en una póliza médica pagada por la compañía. Manos Limpias solicitaba que se les acusara de los delitos de administración desleal y apropiación indebida. Pero toda la información que el colectivo incorporó a la denuncia, para sustentar sus afirmaciones e intentar que prosperara, se centraba en el propio Rajoy.

Según consta en los documentos analizados por la UDEF y facilitados a este diario por el entorno de Manos Limpias, la denuncia iba acompañada de tres capturas de pantalla de la póliza de Elvira Fernández en la base de datos para la gestión de pagos de Antares. La primera imagen adjunta desvela que Rajoy pasó en el ejercicio 2009 al seguro una factura del 17 de septiembre de ese mismo año con gastos de dentista por valor de 520 euros. La aseguradora aceptó el comprobante y reintegró al dirigente del PP el 80% del importe, 416 euros.

El segundo pantallazo incluido en la denuncia es del siguiente ejercicio y en él se aprecia cómo Rajoy cargó en el seguro de su mujer otra factura del dentista por importe de 450 euros. Acudió al médico el 22 de septiembre de 2010 y, el 1 de enero de 2011, la aseguradora de Telefónica le reembolsó automáticamente 380 euros. No hubo ningún tipo de objeción para el ingreso del dinero.

Manos Limpias utilizó las facturas para demostrar que Rajoy habría conseguido una rebaja del 80% en sus gastos beneficiándose del seguro de su mujer

Finalmente, la tercera y última captura presentada por Manos Limpias en Plaza de Castilla recoge un nuevo comprobante de pago de otra revisión odontológica del presidente del Gobierno en funciones. Se la realizó el 3 de mayo de 2011 en la misma clínica de Madrid a la que había acudido en los dos ejercicios anteriores y su coste ascendió en esa ocasión a 500 euros. Según el documento, Antares le devolvió el 7 de junio de ese año 400 euros, nuevamente el 80% del total, las mismas condiciones de las que disfrutaba su mujer por su condición de empleada de Telefónica.

Rajoy aparece en la póliza de su mujer

En las imágenes se aprecia cómo la única persona que figuraba como titular del seguro era precisamente Elvira Fernández. Los dos hijos del matrimonio aparecían como beneficiarios al ser miembros de la unidad familiar sin actividad laboral y, por tanto, dependientes. El entonces líder de la oposición estaba incluido como “cónyuge”. Pero, según sostenía el colectivo de Bernad, Rajoy solo podría haberse beneficiado de reembolsos en sus gastos de dentista si hubiera contratado su propia póliza con Antares. En ese caso, sus datos habrían aparecido en una ficha distinta e identificado como “titular”, no como “cónyuge”. Esas eran, a juicio del sindicato de funcionarios, las pautas fijadas para los trabajadores de Telefónica España, la sociedad del grupo Telefónica en la que trabajó Elvira Fernández hasta diciembre de 2011.

La titular del seguro era Elvira Fernández, como consta en esta factura de 2010

La mujer del presidente del Gobierno en funciones trabajó en Telefónica España hasta diciembre de 2011

Aunque la denuncia se dirigía contra los responsables de Telefónica y Antares por haber permitido, bajo criterio de la organización de Bernad, que se produjeran esas supuestas irregularidades, el sindicato pretendía acusar en una segunda fase al propio Rajoy de un delito de estafa, al superar el hipotético fraude que habría cometido los 400 euros que fijaba entonces la ley para imputar esa conducta.

La UDEF detalla en su último informe sobre la trama de Manos Limpias y Ausbanc, al que ha tenido acceso El Confidencial, que la denuncia fue encontrada en el registro del sindicato en “la estancia habilitada como despacho denominada Habitación número 2”. Los investigadores detallan que “la denuncia consta de seis páginas”, las mismas reproducidas dentro de esta noticia, según ha podido confirmar este diario.

Ausbanc pudo abonar la fianza

Los expertos en delitos económicos de la Policía añaden que detectaron una llamada el 2 de febrero de 2016 en la que Bernad le pide a Pineda “el pico ese que le quedaba para lo de la fianza de Rajoy”. “Te acuerdas que te hablé, que me dijiste oye pues ponle…, va a cuenta de eso, 1.500 que nos quedamos”, dijo el secretario general de Manos Limpias. Pineda respondió que “la semana que viene resuelto”, una conversación que lleva a la UDEF a concluir que el presidente de Ausbanc también podía estar participando de algún modo en esa denuncia y que, como ocurrió en otros procedimientos, los fondos para sostenerla habrían salido de la falsa asociación de usuarios de banca. Con todo, no hay ningún indicio de que la denuncia contra Rajoy se trate de un nuevo episodio de chantaje.

De la conversación telefónica también se desprende que la denuncia pudo ser admitida a trámite y se encontraría en estos momentos en algún juzgado de Madrid. La fianza habría sido necesaria justamente para avanzar en la causa tras esa supuesta aceptación, que no ha podido ser confirmada. En cualquier caso, Manos Limpias habría perdido el control del proceso tras el estallido de la operación Nelson el pasado abril. Bernad y Pineda se encuentran en prisión provisional desde entonces y sus respectivas organizaciones están camino de la disolución.

http://www.elconfidencial.com/espana/2016-07-23/las-facturas-del-dentista-de-rajoy-que-manos-limpias-denuncio-en-los-tribunales_1237984/

07. CASO GURTEL

7.1. LA JUEZA DEJA AL PP Y A SU ACTUAL TESORERA A UN PASO DEL BANQUILLO POR LA DESTRUCCIÓN DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS

El partido habría cometido un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por el caso del borrado de los discos duros de los ordenadores usados por el extesorero en la sede de Génova

La magistrada asegura que el abogado del PP ordenó la destrucción de los discos para eliminar los archivos mientras que la actual tesorera "conocía y permitió" la eliminación de los datos de los ordenadores

La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, ha finalizado la investigación del borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas y ha propuesto el procesamiento del PP por la supuesta comisión de un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por el caso del borrado de los discos duros de los ordenadores del extesorero en la sede del partido de la Calle de Génova (Madrid).

El auto que declara concluida la instrucción y por el que se transforman las diligencias previas en un procedimiento abreviado propone juzgar a la tesorera y gerente Carmen Navarro; al asesor jurídico, Alberto Durán; y al director de sistema de información del partido, José Manuel Moreno. Ahora tendrán que ser las partes personadas las que presentes sus escritos de acusación o de defensa.

En concreto, el auto asegura que Durán ordenó la destrucción de los discos duros para eliminar los archivos mientras que la actual tesorera "conocía y permitió" la eliminación de los datos contenidos en los ordenadores. "El PP no estableció un modelo de organización y gestión adecuada para impedir la comisión de esos delitos", agrega.

"Relación negocial simulada"

En su resolución, la magistrada recuerda que el PP y Luis Bárcenas iniciaron en abril de 2010 "una relación negocial simulada", en la que pese a que el extesorero no formaba parte de la plantilla del partido, "le permitió ocupar, a modo de despacho la denominada Sala Andalucía, sita en la planta tercera del edificio sede del partido en la Calle de Génova".

Pero también que a mediados de enero de 2013 responsables del PP "decidieron prohibir el acceso de Bárcenas a la sede". Y el 18 de febrero uno de los imputado, el abogado Alberto Durán, entró en el despacho de Bárcenas y se hizo con sus ordenadores, que acabó destruyendo el responsable de informática, José Manuel Romero, por orden del propio Durán.

Para la magistrada, la información que contenían los ordenadores del extesorero del PP podía ser "muy relevante: no sólo para la defensa de Bárcenas, sino para la investigación". "Y esta evidencia no pudo pasar desapercibida para los responsables del PP investigados en esta causa, pese a lo cual, o quizás por ello, impidieron, indiciariamente, su acceso a la causa", completa el auto.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/26/la_jueza_procesa_su_actual_tesorera_por_destruccion_los_ordenadores_barcenas_52936_1012.html

7.2. COMUNICADO PARTIDO POPULAR SOBRE AUTO POR EL QUE SE DENIEGA EL ARCHIVO DE LA CAUSA ABIERTA POR LA SUPUESTA DESTRUCCIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS DE BÁRCENAS

En contra del criterio de la Fiscalía, el Juzgado ha denegado hoy el sobreseimiento solicitado por los investigados y por el propio Ministerio Fiscal.

Tanto el Partido Popular como los investigados van a interponer recurso contra la decisión del Juzgado que resulta, en su opinión, abiertamente infundada y contraria a Derecho. La línea argumentativa del Auto se basa en la creencia acrítica en las palabras de Bárcenas, que no ha podido acreditar en el procedimiento que los ordenadores contuvieran información de ningún tipo. Sus meras acusaciones sin prueba no pueden servir, a juicio del Partido Popular para abrir un proceso penal, máxime cuando ya es sobradamente conocida la absoluta falta de credibilidad de lo que afirma quien ha cambiado sus versiones en muchas ocasiones, con el único objeto de dañar la imagen del Partido Popular. Debe recordarse que el propio Bárcenas le dijo al Juez Ruz que lo que aportaba ante la Audiencia Nacional era todo lo que supuestamente tenía en los ordenadores que en su día utilizó en la sede del Partido, aunque después mantenga lo contrario en este procedimiento.

La fundamentación de la decisión en las simples palabras de quien se encuentra encausado en varios procedimientos penales, sin la más mínima prueba que las avale, genera una grave indefensión y es, a juicio de los investigados, absolutamente contraria a uno de los principios más elementales del proceso penal, ya que es el que acusa quien tiene que probar sus afirmaciones, y no el acusado quien deba probar su inocencia. Por ello, el Auto que se va a recurrir infringe gravemente, en su opinión, el derecho a la presunción de inocencia de los investigados, pretendiendo dirigir contra ellos un proceso penal sin la más mínima prueba que lo sustente.

El Partido Popular quiere recordar que este procedimiento ya fue archivado en su día, por no resultar acreditada la comisión de ningún ilícito penal.

El Partido Popular manifiesta una vez más su más firme respaldo a los investigados en las presentes actuaciones y su confianza en que finalmente el Estado de Derecho acabe imponiendo su razón ante unas falsas acusaciones que tienen una exclusiva intencionalidad política, al margen por completo del ámbito de aplicación del Derecho penal.

http://www.pp.es/actualidad-noticia/partido-popular-recurrira-auto-por-que-se-deniega-archivo-causa-abierta-por

7.3. EL PSOE PEDIRÁ LA COMPARECENCIA DE RAJOY EN EL CONGRESO CUANDO EL PROCESAMIENTO DEL PP SEA FIRME

Antonio Hernando señala que el auto puede ser aún recurrido, por lo que la petición de comparecencia se registraría cuando el auto sea firme

Ciudadanos reta al presidente del Gobierno en funciones a que comparezca antes de que se produzca la investidura

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, ha informado este miércoles, en rueda de prensa, que el PSOE solicitará la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, si adquiere firmeza el auto de procesamiento al PP, por un presunto delito de destrucción de pruebas y encubrimiento por el borrado de los discos duros de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas.

Hernando ha anunciado esta medida al considerar que Rajoy debería dar cuenta de las responsabilidades políticas que piensa asumir como consecuencia de las acusaciones que se hacen en el auto de la titular de Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid.

También ha admitido que la resolución puede ser aún recurrida, por lo que la petición de comparecencia de Rajoy se registraría de inmediato en el momento en que el auto sea firme.

Según la estimación de Hernando, la jueza podría resolver los recursos o la apertura de juicio oral en un plazo de dos o tres semanas, por lo que la comparecencia se plantearía ante la Diputación Permanente del Congreso, al no haber actividad plenaria ordinaria en agosto.

Asimismo, el portavoz socialista ha asegurado que la destrucción de los ordenadores de Bárcenas "no se explica sin la existencia de una trama de sobresueldos, de financiación irregular y de una caja B en el PP". Y ha recordado que con el nuevo auto, el PP ya está acusado en cuatro sumarios, como responsable civil y a título lucrativo, por casos de presunta corrupción. "Es una razón más, y cualitativamente muy importante", para votar en contra de la reelección de Rajoy, ha asegurado.

Hernando ha confiado, no obstante, en que el resto de grupos de la oposición apoye la comparecencia de Rajoy, que -ha añadido- sería la primera que protagonizase el jefe del Ejecutivo en funciones, si no se somete antes a la investidura.

También ha puesto de relieve el hecho de que cuando se destruyeron los discos duros de los ordenadores de Bárcenas "a martillazos", en mayo de 2013, el PP estaba tramitando en el Congreso la ley de transparencia.

Ciudadanos pide explicaciones antes de la investidura

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado que Mariano Rajoy no puede someterse a la investidura sin aclarar antes en el Congreso el supuesto borrado de discos duros del caso Bárcenas, un hecho por el que el PP fue procesado ayer.

El procesamiento del PP por un delito de encubrimiento y hacer desaparece información, ha recalcado el "número dos" de Ciudadanos en una rueda de prensa en el Congreso, es algo "muy grave" por lo que Rajoy tiene que dar explicaciones, "y si no tiene nada que ocultar tiene que venir aquí y convencernos".

Si Rajoy no comparece de manera voluntaria en sede parlamentaria para dar cuenta de estas acusaciones, Ciudadanos apoyará la solicitud de comparecencia del PSOE, que registrará inmediatamente -ha señalado el portavoz socialista, Antonio Hernando- en cuanto el auto de procesamiento sea firme, en unas dos o tres semanas.

http://www.eldiario.es/politica/PSOE-pedira-Rajoy-Congreso-borrado_0_541746115.html

7.4. UN CONSTRUCTOR DE LA GÜRTEL ADMITE SOBORNOS QUE SEGÚN LA FISCALÍA FINANCIARON CAMPAÑAS DEL PP

El empresario García-Pozuelo admite mordidas a cambio de adjudicaciones a dedo en Boadilla del Monte

La estrategia del PP de acusar a su extesorero Luis Bárcenas de mentir sistemáticamente respecto al caso Gürtel y la contabilidad B del partido o circunscribir las numerosas ramas de esta trama de corrupción a descontroladas ‘manzanas podridas’ tiene varios puntos débiles. No solo los indicios que apuntan directamente al partido y le han llevado a ser considerado como partícipe a título lucrativo de chanchullos de la trama o responsable del fraude de pagar con dinero negro la reforma de Génova 13, así como acusados de destruir los discos duros de Bárcenas para obstaculizar la investigación. Además de los testimonios del extesorero, hay más imputados que están admitiendo que pagaron comisiones para obtener contratos amañados por parte de Administraciones Públicas controladas por el PP, confesando mordidas que según la Fiscalía sirvieron entre otras cosas para financiar campañas del partido.

Constructor arrepentido admite las mordidas

Es el caso del constructor Alfonso García-Pozuelo que a través de su procurador presentó este martes 26 de julio ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (donde se instruye la pieza separada de la Gürtel sobre los delitos cometidos en el municipio madrileño que se convirtió en epicentro de la trama) un escrito de conformidad en el que admite los delitos de los que le acusa la Fiscalía. Reconoce así que sobornó a cargos del PP en el municipio para conseguir contratos, lo que deja a los populares a los pies de los caballos respecto a los delitos de prevaricación y fraude a las Administraciones Públicas.

“Los hechos narrados en el escrito de acusación del Ministerio Público SON CIERTOS”, apunta el escrito del constructor al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM. ¿Cuáles son esos hechos? La Fiscalía lo resume así, que García Pozuelo “fue favorecido” a través de sus empresas Constructora Hispánica EOC de Obras y Servicios “con contrataciones” a dedo tanto desde la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte como desde el Ayuntamiento de esa localidad, con el consiguiente sobrecoste para las arcas del Ayuntamiento. La Fiscalía expone así que en 2003 “Francisco Correa, en nombre de la ‘SOCIEDAD’ y de acuerdo con todos sus integrantes, convino con Alfonso García-Pozuelo la adjudicación por parte de la EMSV de los contratos referidos a la ejecución de obras de remodelación de la calle José Antonio frente al Colegio Público Príncipe Felipe, a la dotación de la Glorieta en la calle Bárbara de Braganza y a la ejecución de obras para la eliminación de las barreras arquitectónicas del casco urbano a favor de las sociedades que este gestionaba”. La primera obra ascendió a un coste para las arcas públicas de 587.064 euros, la segunda 247.812 y la tercera 261.289.

García-Pozuelo obtuvo esos contratos “a cambio del pago de la correspondiente comisión para su distribución entre los integrantes de la ‘SOCIEDAD’ y el Partido Popular”. En concreto la Fiscalía señala a Francisco Correa, a Pablo Crespo y a los populares José Galeote (que era teniente de alcalde en Boadilla y es padre de Gerardo, también salpicado por la trama), al exalcalde Arturo González Panero y César Tomás Martín Morales (exgerente de la EMSV).

Reparto entre los cargos, los mediadores y también para el PP

En concreto se cifra la mordida en 288.485 euros y se detalla su reparto: a Correa 132.212 euros, a Galeote 6.000, a Arturo González Panero 12.000 y a Martín Morales 108.172. Pero hay más: “Asimismo, de acuerdo con lo por ellos convenido, destinaron otros 30.050 euros a la campaña del PARTIDO POPULAR referida a las elecciones municipales y autonómicas celebradas el 25 de mayo de 2003”.

La Fiscalía detalla una similar operativa por la cual la Junta de Gobierno Local de Boadilla adjudicó las obras del Parque del Deporte Y la Salud a una constructora de García-Pozuelo por hasta 29,6 millones de euros y un plazo máximo de ejecución de 22 meses y 28 días “que resultó incumplido”. Esta vez la comisión que pagó el constructor fue de 1.050.000 euros y se distribuyó según el relato de la Fiscalía entre los principales miembros de la trama: Correa (150.000 euros), Crespo (120.000), Alfonso Bosch (120.000), Martín Morales (150.000) y González Panero (510.000) “quien los trasfirió a sus cuentas en Suiza”.

García-Pozuelo admite en su escrito ante el juez estos hechos confesándose como autor del delito de cohecho y como inductor de los delitos que salpican a los cargos del PP, los de prevaricación y fraude a las Administraciones Públicas. Apela a los atenuantes de arrepentimiento prematuro y pago de su sanción, aportando una prueba de haber abonado en la Audiencia Nacional la multa impuesta de 669.242 euros asociada a los delitos de los que se le acusa. El constructor ya admitió también haber pagado comisiones para conseguir adjudicaciones en Pozuelo de Alarcón.

http://www.elplural.com/2016/07/27/un-constructor-de-la-gurtel-admite-sobornos-que-segun-la-fiscalia-financiaron-campanas

7.5. EL TRIBUNAL ACEPTA LOS TESTIGOS QUE PROPONE BÁRCENAS PARA EL JUICIO DE LA GÜRTEL

Cascos, Acebes, Rato, Oreja y Arenas declararán en el primer gran juicio de la trama corrupta

El tribunal que enjuiciará el caso Gürtel a partir del próximo 4 de octubre ha aceptado en su integridad la petición de prueba propuesta por el extesorero del PP Luis Bárcenas, según fuentes jurídicas. Esto implicará que en la vista oral participarán como testigos los exdirigentes populares Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja. Bárcenas pretende que la testifical de estos políticos esclarezca el origen de los más de 927.000 euros que el extesorero popular Rosendo Naseiro transfirió en 2003 a su cuenta. El auto con la admisión de la prueba, que se ha notificado este viernes a última hora de la mañana, contará previsiblemente con un voto particular del magistrado conservador Ángel Hurtado, que lo anunció el pasado 21 de julio.

El abogado de Bárcenas, Francisco Maroto, solicitó el pasado 13 de julio que en la vista oral declaren también como testigos el exconsejero de Fomento de Castilla y León José Manuel Fernández Santiago y el exeurodiputado popular Gerardo Galeote, lo que también ha sido aceptado por el sector mayoritario del tribunal.

Bárcenas reclamaba también al tribunal que pida a las autoridades suizas que identifiquen al titular de una cuenta desde la que se transfirieron en junio de 2003 un total de 927.700 a otro depósito denominado Glotón en la Banca Gottardo de Ginebra y que pertenecía a Rosendo Naseiro. Estos fondos le fueron posteriormente derivados a Bárcenas, que sostiene que corresponde a beneficios por intermediación en la compraventa de obras de arte, lo que rechazan las acusaciones.

http://politica.elpais.com/politica/2016/07/29/actualidad/1469786550_199999.html

7.6. LOS DIRIGENTES ‘POPULARES’ DESFILARÁN A PETICIÓN DE BÁRCENAS POR LA AUDIENCIA NACIONAL AUNQUE NO HA SIDO FÁCIL

Retrasos raros y disgustos judiciales para que Cascos, Acebes y cía testifiquen en el caso que más preocupa al PP

En la Sección II de la Audiencia Nacional las espadas permanecen en alto y el ambiento tenso hasta extremos poco imaginables. La razón última, el retraso en comunicar la admisión de la petición del antiguo tesorero del PP, Luis Bárcenas de que sean citados a declarar en la pieza principal del caso Gurtel en la que se encuentra implicado el PP, entre otros los que fueron secretarios generales del partido que preside Mariano Rajoy: Álvarez Cascos, Acebes, Rato, Arenas y Mayor Oreja. El juicio se iniciará el próximo 4 de octubre. El auto firmado por los tres jueces que integran la sala Ángel Hurtado (presidente), José Ricardo de Prada (ponente) y Julio de Diego se ha retrasado a la espera del anunciado voto en contra de Hurtado que empieza el día 30 sus vacaciones.

Aunque el auto está firmado desde el 20 de julio por los tres jueces, el voto particular del juez Hurtado ha demorado el trámite. Finalmente y ante situaciones tan complejas como la necesidad de enviar una comisión rogatoria a Suiza, se ha hecho público, en parte también según ha podido saber ELPLURAL.COM, por la presión de algunos medios informativos que no entendían la razón de la demora. “Lo contrario hubiera sido obstrucción”, comentan fuentes jurídicas.

Un auto muy difícil de acordar

Un retraso poco inteligible, en efecto. Como complicada ha sido la historia de este auto. Para empezar porque desde la recusación de los jueces de la Sección II Concepción Espejel y Enrique López por su proximidad al PP afectado de lleno como se ve en este caso, Ángel Hurtado, magistrado de talante muy conservador se erigió como presidente y ponente del asunto.

Refiriendo la normativa propia de estos casos, los otros jueces (de Prada y de Diego) cuestionaron su papel de ponente, aunque finalmente desistieron, permitiendo que Hurtado llevara la ponencia, aunque mantienen que no le corresponde en el asunto de la Caja B del PP, cuya ponencia opinan que debe llevar De Diego.

El PP, preocupado

Lo cierto es que, ahora, ante la petición de nueva prueba por el extesorero del PP, tras una compleja discusión jurídica, según ha podido saber este periódico y con la mediación del propio presidente de la Audiencia, Ángel Hurtado tuvo que ceder el puesto de ponente al magistrado José Ricardo de Prada para expresar la opinión mayoritaria del tribunal, que parecía no ser aceptada por Hurtado.

La prueba solicitada por la defensa de Luis Bárcenas es para que comparezcan como testigos sus antiguos compañeros del PP y exsecretarios generales del partido. Una decisión poco grata para el partido del Gobierno que se ve abocado en estos momentos a la delicada situación de una nueva investidura o unas terceras elecciones generales y al que no le gusta que le recuerden casos de corrupción.

Un voto particular... que no llega

Finalmente, y tras sendos debates no poco desagradables según fuentes jurídicas han comentado a ELPLURAL.COM, la prueba fue finalmente admitida el 20 de julio, después del informe favorable de la Fiscalía. Pero Ángel Hurtado no estaba conforme y anunció un voto particular.

El voto en cuestión se ha ido retrasando y con él, la comunicación del auto judicial admitiendo la prueba, hasta el punto de que ha sido hoy 29 de julio, cuando se ha notificado a las partes previa nueva polémica instando a darle publicidad sin que el anunciado voto del magistrado Hurtado se haya incorporado y se calcula que no estará listo hasta después de que el magistrado termine sus vacaciones... al menos eso es lo que se comenta. “Solo ha servido para perder tiempo. Jurídicamente es reprobable”, comentaba un letrado.
Populares a testificar

Lo que se ha dirimido en este episodio sorprendente para los profanos de un retraso de este tipo en una decisión judicial sin que se entienda la razón, ha sido la admisión de la prueba propuesta por Luis Bárcenas de que testifiquen los que han sido altos dirigentes del Partido Popular Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas Bocanegra, Angel Acebes Paniagua, José Manuel Fernández de Santiago, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato Figaredo y Gerardo Galeote Quecedo.

Y además se ha aprobado una comisión rogatoria a Suiza a fin de identificar al titular de la cuenta bancaria “desde la que se transfirieron a la cuenta denominada Gloton nº 168947 de D.Rosendo Naseiro Díaz, en la banca Gottardo, la cantidad de 927.700 euros el 24 de junio de 2003 bajo el concepto ‛de orden de uno de nuestros clientes por instrucción de PICTET CIE. Geneve”.

Comisión rogatoria

La sala fundamenta su decisión en cuanto a los testigos que se solicitan en que según los abogados de Bárcenas “su declaración resulta imprescindible en aras del ejercicio del Derecho de Defensa con todas las garantías así como el derecho a usar todos los medios de prueba pertinente no siendo gratuita ni ociosa ninguna de dichas declaraciones, ni contradictorias con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”.

Sobre la citada Comisión Rogatoria acepta la sala que “se refiere a una información de gran interés al haberse develado en la inicial Comisión Rogatoria varias transferencias recibidas en la cuenta cuyo origen quiere conocer para determinar si el origen de los fondos transferidos al Sr. Bárcenas era licito o ilícito...” El objetivo de la defensa es que el dinero es fruto "de la intermediación e intervención en operaciones de compraventa de obras de arte", argumento que siempre ha esgrimido Bárcenas para justificar su enriquecimiento.
Javier Arenas y el comité de campaña

En cuanto a los testigos, respecto de Javier Arenas, el abogado lo reclama por su conocimiento de "las funciones, relaciones y responsabilidades" de Bárcenas en las fechas de los hechos y por haber dirigido como secretario general el comité de campaña en las elecciones municipales del año 2003 en las que fue contratada la UTE formada por la agencia Mccaan-Rialgreen.

Esa adjudicación se encontraría entre los hechos presuntamente delictivos de los que se acusa a Bárcenas, y su defensa recuerda que la empresa Rialgreen fue también contratada para la campaña de las elecciones andaluzas del año 2004, siendo Arenas presidente del PP en Andalucía.

Acebes y Mayor Oreja

De Acebes, "de quien dependía el tesorero nacional y el gerente", el abogado quiere su testimonio por ser "pleno conocedor" de la operación de compraventa de acciones de Libertad Digital investigada en esta causa.

En cuanto a Mayor Oreja, se reclama su testimonio porque en los escritos de acusación se asegura que Bárcenas se habría lucrado con el pago de viajes que se habrían abonado presuntamente siguiendo las instrucciones del exministro de Interior y que se facturaron al "grupo del Partido Popular Europeo y por la Fundación de Estudios Europeos", presidida por Mayor Oreja.

Un eurodiputado y un consejero de Fomento

Sobre estos mismos hechos, la Sala ha accedido también a la declaración testifical de Gerardo Galeote, eurodiputado y portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo hasta el año 2009, y que fue vicepresidente de la Fundación de Estudios Europeos.

La testifical de Rato la pide "como conocedor" de la adjudicación de las campañas electorales y para determinar si hubo trato de favor a Correa.

Junto a estos dirigentes populares, también comparecerán como testigos José Manuel Fernández de Santiago, que fue consejero de Fomento cuando se adjudicó la Variante de Olleros de Alba y la Variante de Mena, adjudicaciones en Castilla y León por las que se acusa a Bárcenas de haber obtenido comisiones ilegales

http://www.elplural.com/2016/07/29/los-dirigentes-populares-desfilaran-peticion-de-barcenas-por-la-audiencia-nacional-aunque

7.7. LA AUDIENCIA NACIONAL AUTORIZA A BÁRCENAS A IRSE TRES SEMANAS DE VACACIONES A BAQUEIRA

Tres magistrados acuerdan, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, permitir que el ex tesorero del PP haga las comparecencias semanales a las que está obligado de los próximos 8 y 15 de agosto en el Juzgado de Instrucción de Vielha y Mijarán, cercano al chalé que él y su mujer poseen en el Pirineo, y donde ya ha acudido en al menos otras dos ocasiones desde que fue excarcelado.

Luis Bárcenas podrá 'huir' de calor de Madrid este mes de agosto. Los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional han acordado este viernes acceder a la petición que hace unos días hizo el ex tesorero del PP para que se le permitiera realizar dos de las comparecencias semanales a las que está obligado desde que fuera excarcelado en el juzgado de Vielha y Mijarán (Lérida), muy cerca de la estación de esquí de Baqueira donde el político y su mujer, Rosalía Iglesias, tienen un chalé de lujo ahora embargado por orden judicial. De este modo, el que fuera senador 'popular' podrá ausentarse de la capital de España los próximos 8 y 15 de agosto, días que debía comparecer en la Audiencia Nacional para firmar. Una medida que le permitirá estar fuera de su domicilio madrileño hasta tres semanas. Con ésta, ya son tres las ocasiones que la Justicia autoriza a Bárcenas a irse de 'vacaciones' desde que el 22 de enero de 2015 abandonase la prisión de Soto del Real (Madrid) bajo fianza y con la obligación de las citadas comparecencias en el juzgado, la retirada el pasaporte y la prohibición de abandonar España.

Los magistrados le permiten comparecer el 8 y el 15 de agosto en el juzgado de la localidad leridana de Vielha, el más próximo al su chalé de lujo en Baqueira, en lugar de hacerlo en la Audiencia Nacional

La autorización la firman los magistrados Fernando Grande Marlaska, Ángel Hurtado y Julio de Diego en una providencia en la que destacan que la decisión se sustenta en el informe favorable que la Fiscalía Anticorrupción remitió el pasado 19 de julio después de que el ex tesorero entregara a un escrito de poco más de un folio de extensión solicitando dicho permiso. En el mismo, el abogado del político destacaba que éste tenía "intención de desplazarse dentro del territorio nacional durante unos días del mes de agosto de 2016" y que, dado que tenía "la obligación impuesta de comparecencia 'apud acta' todos los lunes" en la Audiencia Nacional, solicitaba que se le permitiera realizar dicho trámite en el juzgado de Vielha, sin especificar exactamente el lugar donde residirá durante esos día. Tampoco concretaba el tiempo que pretendía estar fuera de Madrid, ya que sólo hacía referencia a "unos días", aunque las fechas solicitadas le permitirán estar fuera de su domicilio madrileño hasta tres semanas.

Las 'vacaciones' anteriores

Ésta es la tercera vez que Bárcenas disfruta de una de estas autorizaciones para viajar. La primera fue, precisamente, poco después de salir de la cárcel. El entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, autorizó a que el ex senador, que entonces tenía que comparecer lunes, miércoles y viernes en la Audiencia Nacional, estuviera entre el 20 de febrero y el 6 de marzo de vacaciones en el Pirineo. La segunda ocasión fue el verano pasado. Entonces, el abogado del ex tesorero pidió al magistrado que sustituyó a Ruz, José de la Mata, permiso para firmar en un órgano judicial distinto a la Audiencia Nacional el 10 de agosto. También en esta ocasión el Pirineo fue el destino elegido por el político ya que de nuevo pidió realizar las comparecencias en el juzgado de la localidad leridana. Entonces, el abogado de Bárcenas aseguró que aunque acudía a la misma zona en la que éste tiene el lujoso chalé -ahora embargado judicialmente aunque puede seguir haciendo uso de él-, no se iba a hospedar en éste, sino en casa de unos amigos del matrimonio.

Con éste, ya son tres las 'escapadas' del ex tesorero del PP desde que saliera de prisión en enero de 2015 bajo fianza, con la obligación de comparecencias en el juzgado y la prohibición de abandonar España

Unas 'escapadas' pirenaicas que, curiosamente, ya le han pasado alguna que otra 'factura' judicial a Bárcenas. En concreto, en septiembre de 2015. Entonces, la Audiencia Nacional esgrimió dichos viajes para rechazar la petición del ex tesorero de aumentar a 600 euros la asignación mensual de 300 euros que fijó en su día el juez Pablo Ruz para que él y su familia hicieran frente a sus gastos de manutención. En aquel fallo, los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel destacaban que no podían "ignorar" que la familia Bárcenas había dispuesto tras la salida de prisión del ex responsable de finanzas del PP de "metálico suficiente, no solo para desplazarse unos días a la vivienda que posee en Baqueira, sino para hacer frente a otros gastos que no son exclusivamente los de alimentos". Para los jueces, esto demostraba que tenía a su disposición "efectivo suficiente, sin que haya necesidad de detraerlo del saldo de las cuentas bancarias que se encuentran bloqueadas".

http://vozpopuli.com/actualidad/86749-la-audiencia-nacional-autoriza-a-barcenas-a-irse-tres-semanas-de-vacaciones-a-baqueira

08. CASO PÚNICA

8.1. EL JUEZ VELASCO SIENTA EN EL BANQUILLO A GRANADOS POR EL CHIVATAZO QUE LE DIO UN GUARDIA CIVIL

La Audiencia Nacional decreta la apertura de juicio oral por los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos

El chivatazo tuvo lugar después de que los dos agentes le informaran de que la UCO se encontraba investigando a su amigo, el empresario David Marjaliza

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado la apertura de juicio oral contra el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y a dos guardias civiles que supuestamente le chivaron que la Unidad Central Operativa (UCO) estaba investigando a su amigo el empresario David Marjaliza, por los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha finalizado la investigación de la primera de las catorce piezas separadas –la denominada pieza I Talamino– que obra el sumario de la trama Púnica .

Ya el pasado junio, Velasco acusó en un auto al cabecilla de la trama, Francisco Granados, de beneficiarse de la alerta que le hizo el agente de la Guardia Civil José Manuel Talamino en una discoteca a altas horas de la madrugada. También, acusó a este agente y a su asesor de seguridad, miembro del Instituto Armado en excedencia, José Luis Caro Vinagre, de revelación de secretos.

No obstante, el otro considerado cabecilla, David Marjaliza, quedó fuera de la instrucción de esta pieza, a pesar de haber confesado que había "quemado" todos los documentos que le incriminaban después de que Granados le advirtiera de que estaba siendo investigado.

Ahora el magistrado, en un auto de transformación EN procedimiento abreviado con fecha de 5 de julio, ha procesado tanto a los dos agentes como ex secretario general del PP de Madrid. A los miembros de la Guardia Civil por la revelación de secretos y a Granados por aprovecharse de esa revelación.

El chivatazo se produjo del 5 al 6 de septiembre de 2014

Precisamente, considera a Rodríguez Talamino autor del chivatazo, el cual tenía acceso a la información por su oficio, y a Caro Vinagre, cooperador necesario. En cuanto a Granados, subraya que se interesó en conseguir datos sobre las pesquisas para que los "vigilados" pudieran adoptar medidas que "contrarrestasen y anulasen" la investigación judicial.

Además, este auto que se ha hecho público este viernes, destaca que en el chivatazo –que se produjo en la noche del 5 al 6 de septiembre de 2014, especifica el escrito de Velasco– hizo "un grave daño" a las acciones realizadas por la UCO sobre la operación Púnica .

Rodríguez Talamino, destinado en la UCO, se dirigió a Granados durante las fiestas de Valdemoro para advertirle de que había participado en la colocación de un dispositivo de vigilancia a las puertas de las oficinas de las empresas del empresario, en el centro comercial Plaza Éboli de Pinto.

El agente se encargó de preparar el vehículo que la Guardia Civil iba a emplear en su dispositivo de vigilancia. Tan sólo un día después de la instalación de los medios en el coche, Talamino ya llamó a Caro Vinagre para avisarle.

La cámara instalada en Plaza Éboli tuvo que ser retirada y otros implicados en la trama comenzaron a adoptar medidas de seguridad adicionales en sus comunicaciones. Además, Marjaliza, ordenó la compra de nuevos teléfonos y quemó "importantísimos documentos que hubieran servido de prueba".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/29/el_juez_velasco_sienta_banquillo_granados_por_chivatazo_que_dio_guardia_civil_53075_1012.html

8.2. EL JUEZ SOSPECHA QUE GRANADOS AMAÑÓ CONTRATOS DE ARPEGIO POR VALOR DE "1.000 MILLONES DE EUROS"

El magistrado hace un requerimiento de documentación "urgente e inmediato" a la Comunidad de Madrid y a la empresa pública sobre contratos, consorcios y convenios firmados entre 2007 y 2011, cuando el ex secretario general del PP madrileño ocupaba la consejería de Presidencia.

El auto destaca que el político tenía un "dominio absoluto en persona o por delegación" sobre las decisiones que propiciaron adjudicaciones. Las nuevas pesquisas salpican a un alto cargo del Gobierno de Cifuentes, el viceconsejero Miguel Ángel Ruiz, que entonces ocupaba cargos de responsabilidad en Arpegio y el Plan Prisma.

Convenios y consorcios bajo sospecha, contratos millonarios supuestamente amañados... y, detrás de todo ello, Francisco Granados. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha dictado un auto por el que ordena a la Comunidad de Madrid y a la empresa pública Nuevo Arpegio que le entreguen de manera "urgente e inmediata" abundante documentación del periodo 2006-2011 referida a la sociedad antecesora de esta última, Arpegio Areas de Promoción Empresarial SA. El motivo es la sospecha de que el que fuera secretario general del PP de Madrid y ahora señalado como presunto cabecilla de la trama Púnica aprovechó su puesto como consejero durante aquellos años para manipular 22 consorcios urbanísticos y un sin fin de contratos de obras públicos incluidos en el llamado Plan Prisma. En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado cita expresamente la cantidad de "1.000 millones de euros", que se corresponde con la totalidad de dicho programa de inversiones en aquellos años, aunque no se ejecutó en su totalidad.

Las pesquisas ordenadas por el magistrado salpican a un viceconsejero del Gobierno de Cifuentes que en el periodo investigado, 2006-2011, fue consejero delegado de Arpegio y director general del Plan Prisma

El auto recalca que todo este dinero se adjudicó "bajo la esfera de dominio de Francisco Granados", quien en ocasiones actuaba "en persona" y en otras, "por delegación". Para esto último, presuntamente colocó como vocal en el órgano de decisión de la empresa pública a una persona de su confianza que el escrito judicial no da su nombre. Según diversas fuentes, se trata de Ignacio Palacios, imputado ya en la causa como presunto testaferro del político, aunque otras también apuntam a Jaime González Taboada, actual número 3 del Gobierno de Cristina Cifuentes y a quien el constructor David Marjaliza acusó en su confesión de quedarse con un tercio de las 'mordidas' de los supuestos amaños de la empresa pública. En actas de Arpegio, González Taboada figura como vocal a propuesta de la Consejería de Presidencia que encabezaba Granados. Además, las nuevas pesquisas salpican a un nuevo alto cargo del ejecutivo regional, el vicecconsejero Miguel Ángel Ruiz, quien en el periodo investigado ocupó los cargos de director general del Plan Prisma y de consejero delegado de Arpegio. Ruiz es en la actualidad la 'mano derecha' de González Taboada en la Consejería de Medio Ambiente.

El auto del juez Velasco detalla que esta línea de investigación, que le llevó recientemente a abrir una nueva pieza separada en el sumario que permanece secreta, arranca precisamente con "las declaraciones iniciales" de Marjaliza. Éste había revelado la existencia del "pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de Arpegio y los dos planes Primas, impulsados todos ellos por la Comunidad de Madrid". El magistrado destaca que todo ello estaba "dotado con 1.000 millones de euros" de fondos públicos, una importante cantidad que se adjudicaron "bajo la esfera de dominio de Francisco Granados como presidente de las Mesas de Contratación". Para ello, añade el escrito, el político participaba directamente o "junto un número de vocales, uno de ellos elegido directamente por aquel, y procedentes todos del Patronato de Arpegio (sic), presidido por el mismo". De este modo, Velasco considera que "el dominio sobre las decisiones de adjudicación era absoluto y fue algo buscado desde el momento inicial de redacción del convenio" que puso a la empresa pública bajo el control directo de la consejería que encabezaba Granados.

Copias certificadas

Por todo ello, el magistrado ordena a la Comunidad de Madrid que le entregue copias certificadas de nueve documentos relacionados con las tomas de decisiones que llevaron a Arpegio a estar bajo la dirección del presunto cabecilla de la trama Púnica. Así, reclama el expediente administrativo relativo al convenio de 3 de febrero de 2006 suscrito entre Granados y la empresa pública en el que se establecían las bases que regían las actuaciones del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (conocido como Plan Prisma) de los periodos 2006-2007 y 2008-2011. También quiere que se le entregue los acuerdos por los que Granados designó a Ignacio Palacios como el vocal que representaba al Ejecutivo regional en la mesa de contratación de ambos periodos, así como el acuerdo del consejo de Gobierno de Madrid que autorizaba al político hoy encarcelado a celebrar los convenios con Arpegio. A su vez, pide a la empresa pública los acuerdos de los Consejos de Administración celebrados el 3 de febrero de 2006 y el 29 de septiembre de 2008 por los que se desiginaba a los integrantes de la Mesa de contratación.

El juez Velasco ha reclamado a la Comunidad de Madrid los expedientes de las adjudicaciones a la empresa DUSA de ocho contratos de Arpegio por valor de 9,8 millones de euros

El auto del juez apunta además a otras dos líneas de investigación también dentro de Arpegio a la vista de la documentación que reclama. Por un lado, la abierta por dos recientes oficios remitidos a la Audiencia Nacional por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre indicios de supuestas irregularidades detectadas en las adjudicaciones a la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (DUSA), "en particular los contratos de obras y servicios". Por otro, la que se inicia tras "la declaración de un testigo el pasado mes de marzo" que no identifica y que, según destaca el magistrado en su magistrado, dio detalles sobre "la arbitrariedad de las decisiones que se adoptaban en la Fundación de Arpegio a la hora de ejecutar su programa de ayudas y subvenciones". El juez Velasco quiere saber ahora qué "entidades físicas y jurídicas" concretas resultaron "beneficiarias de este proceder".

"Complementarios" y "prórrogas"

Para aclarar los supuestos amaños relacionados con DUSA, el magistrado reclama los expedientes de adjudicación de ocho contratos. El primero, de fecha 31 de marzo de 2006 y 4,5 millones de euros (más IVA) de importe, adjudicaba a dicha empresa los trabajos de "consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas" del Plan Prisma 2006-2007. Otros cinco son "complementarios" y "prórrogas" de éste que se extendieron hasta febrero de 2010 y sumaron diversas cantidades que iban desde los 633.333 euros de marzo de 2007 a los 49.760 euros de febrero de 2010. A ellos, se suma la adjudicación de la "coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del Plan Prima de 2008-2011", y que fue licitado por 3,4 millones de euros, y la del arrendamiento de oficinas y plazas de garaje en la Plaza de Colón para el personal de dicho plan de inversiones, y que costó cerca de 290.000 euros. En total, DUSA se embolsó 9,8 millones de euros en contratos ahora bajo sospecha.

Un testigo detalló en marzo al juez "la arbitrariedad de las decisiones que se adoptaban en la Fundación de Arpegio a la hora de ejecutar su programa de ayudas y subvenciones"

Otros contratos cuya documentación ha reclamado el juez, como adelantó este miércoles el diario El Mundo, son los de publicidad y propaganda del plan de comunicación para la presentación del Plan Prisma, que se elevó a 2,5 millones de euros, más IVA; y el de organización de "los actos de presentación, visitas a las obras y primeras piedras", que costó más de 782.000 euros. Finalmente reclama también copias de los acuerdos de creación de Arpegio, de sus estatutos y de las instrucciones de contratación de la empresa pública, así como los movimientos de la cuenta a través de los cuales la Fundación de esta compañía realizaba "cobros y pagos". Este último ente ya estaba siendo investigado por la financiación con más de 300.000 euros de un concierto del que se encaprichó Granados y que ha supuesto la imputación de su ex gerente, Carmen Plata. El escrito del juez recalca a los destinatarios de su escrito, Comunidad de Madrid y Nuevo Arpegio, que la "práctica y ejecución" de dicho requerimiento "es urgente e inmediata". El cerco sobre Francisco Granados se sigue estrechando a toda prisa.

http://vozpopuli.com/actualidad/86592-el-juez-sospecha-que-granados-amano-contratos-de-arpegio-por-valor-de-1-000-millones-de-euros

8.3. EL JUEZ RECLAMA DOCUMENTACIÓN DE LA PÚNICA A LOS HOMBRES FUERTES DE CIFUENTES

El magistrado da credibilidad a Marjaliza, que acusó al consejero Taboada de llevarse comisiones de la trama

El juez Alejandro Abascal, del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha hecho público un auto en el que exige la entrega de documentación sobre la trama Púnica al consejero de Presidencia de la Comunidad, Ángel Garrido, y al presidente de la empresa pública Nuevo Arpegio, Jaime González de Taboada, que también es consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. O lo que es lo mismo, el número tres de Cristina Cifuentes.

El auto en cuestión, publicado el 14 de julio y al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, pone en un duro brete a Cifuentes y su gobierno. No sólo porque señale a sus dos principales pilares en el Gobierno, sino porque deja en evidencia su maniobra de presentar a la Comunidad de Madrid como acusación particular en el caso Púnica, al tiempo que el Gobierno obstaculiza la investigación y debe ser amonestado por no presentar los documentos.

Pero, sobre todo, porque el auto da credibilidad a las acusaciones de David Marjaliza, exsocio de Francisco Granados que cantó la traviata y señaló al amaño de contratos y adjudicaciones en la empresa pública Arpegio a través de los PRISMA (Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid).

De hecho, Marjaliza acusó al propio Taboada de llevarse comisiones con estos amaños. En concreto, señaló que las mordidas se repartían en tres lotes: uno para Taboada, otro para determinados funcionarios que habían ejecutado el chanchullo, y un último a repartir entre él y Granados, que por entones era presidente de Arpegio; puesto que ahora ocupa el propio
El magistrado, en su auto, requiere dicha documentación a petición de la Fiscalía y “a raíz de las declaraciones iniciales de David Marjaliza” en las que “se revela el pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 Consorcios Urbanísticos de Arpegio y los dos planes Prismas”.

Y no es el único cantante al que hace referencia el juez, que también se basa en “la declaración de un testigo el pasado mes de marzo, sobre la arbitrariedad de las decisiones que se adoptaban en la Fundación de Arpegio a la hora de ejecutar su programa de ayudas y subvenciones”. Por ello, el magistrado cree que “resulta necesario conocer las entidades físicas y jurídicas beneficiarias de este proceder”.

El juez subraya la “necesidad de avanzar en estas líneas de investigación”. Una urgencia que “hace útil y necesaria la obtención de la información solicitada”. Además, el magistrado no se anda con medias tintas y reclama de manera muy específica hasta 22 documentos concretos, entre los que destacan varios expedientes de contratos sospechosos de haber sido manipulados, así como las identidades de los trabajadores que participaron en las adjudicaciones y las instrucciones dadas por Francisco Granados.

http://www.elplural.com/2016/07/20/el-juez-reclama-documentacion-de-la-punica-los-hombres-fuertes-de-cifuentes


09. CASO RATO

9.1. LA DECENA DE CASOS QUE EMPUJAN A RATO HACIA EL BANQUILLO

El exvicepresidente es investigado por operaciones relacionadas con su gestión en Bankia, como la salida a Bolsa, las tarjetas black, los contratos con Lazard, la operación del estadio del Valencia CF y los acuerdos publicitarios

La justicia también rastrea sus ingresos procedentes de transacciones vinculadas a Telefónica, la Sareb, Endesa, sus conferencias y una empresa familiar

El 20 de diciembre de 2012 fue la primera cita importante de Rodrigo Rato en un juzgado como imputado. Y no fue un juzgado cualquiera: el Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, Fernando Andreu, investigaba entonces y todavía ahora, casi cuatro años después, la fusión y posterior salida a bolsa de Bankia. Un banco producto de la integración de Caja Madrid, que gobernaba el propio exvicepresidente del Gobierno, con Bancaja, controlada por el expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas; y otras cinco cajas de tamaño menor, como eran Caja Ávila, Caja Segovia, Caixa d'Estalvis Laietana, Caja La Rioja y Caja Insular de Canarias.

Bankia necesitó, tras la inesperada dimisión de Rato el 7 de mayo de 2012, un total de 22.424 millones para evitar su quiebra. Y el Banco de Valencia, una participada de Bancaja, y después de la propia Bankia, otros 17.000 millones. De forma conjunta, Bankia y Banco de Valencia, que acabó en manos de Caixabank por la ridícula suma de 1 euro, han necesitado casi 40.000 millones de los contribuyentes para evitar la bancarrota.

Y ante este negro panorama, Rato cruzó la madrileña Calle de Prim, en dónde se ubicaban entonces los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional, ante un gran revuelo mediático, para declarar como imputado, ahora investigado.

Símbolo del "milagro español"

El entonces todavía prestigioso Rodrigo Rato, que como exvicepresidente y exministro de Economía era considerado el símbolo del denominado por los defensores de la gestión de José María Aznar como el "milagro económico" español, había dado el salto a Washington, para convertirse en director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y después, previo paso por el banco de inversión Lazard, convertirse, por expreso deseo de Mariano Rajoy, en presidente de Caja Madrid y después de Bankia.

El nombre de Rato, decidido por Rajoy, acabó con la lucha en el seno del PP madrileño que protagonizaban Alberto Ruiz-Gallardón, que abogaba por la continuidad de Miguel Blesa, y Esperanza Aguirre, que había designado a su delfín: el que después fuera su sucesor en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Y Rato se convirtió en presidente de Caja Madrid en enero de 2010 y, un año después, se alzó con la Presidencia de Bankia, entidad en la que José Luis Olivas se convirtió en número dos.

Dos años y medio

Y Rato dimitió por sorpresa en mayo de 2012 como presidente de Bankia, menos de un año después de la salida a bolsa de julio de 2011, por lo que se mantuvo al frente de Caja Madrid y Bankia durante un periodo inferior a los dos años y medio.

El interrogatorio del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, que posteriormente fue nombrado teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, muestra a un Rato, cuyos manejos económicos eran en ese momento desconocidos, muy seguro de sí mismo, al mismo tiempo que defendía, incluso de forma vehemente, su gestión, que había finalizado de forma abrupta apenas siete meses antes.

6,6 millones de Lazard

En su testimonio ante el juez Andreu, Rato explica el motivo de la caída de Bankia, que entonces era la cuarta entidad financiera española: la crisis sobrevenida de la economía. Preguntado por el fiscal sobre sus vínculos con Lazard, y la posible incompatibilidad, Rato mintió al juez no informar de las vinculaciones societarias que mantenía con Jaime Castellanos, el presidente de Lazard, entidad que le había abonado mientras Rato era el máximo responsables de Bankia más de 6,6 millones.

En su declaración como testigo, el presidente de BBVA, Francisco González, fue muy ácido con la actuación de Rato al frente de Bankia, del que llegó a decir sobre la crisis que sufría en esos momentos la entidad que tuvo que ser nacionalizada: "Rato no lo entendía o no lo aceptaba".

9,3 millones de euros

Y durante su periplo en Caja Madrid y Bankia, Rato facilitó adjudicaciones a Lazard, para la que trabajaba en secreto, por más de 19 millones de euros, aunque según las cuentas aportadas por Jaime Castellanos al juez Antonio Serrano-Arnal cobró 9,3 millones.

Pero en ese interrogatorio Rato no explicó, y tampoco fue preguntado ante lo incipiente de la investigación, sobre una decena de casos que poco a poco han sido conocidos y que ponen en serios aprietos al ex director gerente del FMI. Le empujan al banquillo de los acusados.

Juez Serrano-Arnal

Estos casos, que al ser investigados han destapado los importantes ingresos que beneficiaron a Rato, están principalmente relacionados con Caja Madrid y Bankia, aunque el juez Serrano-Arnal también ha detectado irregularidades en relación a la percepción del sueldo por parte de Telefónica, en los cobros de las conferencias y en la gestión de la empresa familiar, denominada Muinmo.

Otras operaciones sospechosas, y que están siendo investigadas en otros momentos, son las relacionadas con la percepción de importantes cantidades de dinero con origen en la publicidad de Bankia y de Endesa, de la Sareb o banco malo, o la construcción del nuevo estadio de Mestalla del Valencia CF.

Estos son, uno a uno, los casos que ponen en sospecha la gestión de Rodrigo Rato al frente de Bankia y de su patrimonio y que el próximo 8 de septiembre comparecerá por cuarta vez como imputado ante el juez Serrano-Arnal:

1. Créditos para construir el campo del Valencia CF

En 2013 el Banco de España alertó a José Ignacio Goirigolzarri, el sucesor de Rato, de que había detectado "defectos de control interno" de Bankia bajo la presidencia del exvicepresidente en la operación para terminar la construcción del estadio de fútbol de Mestalla aprobada el último trimestre de 2011, "con un nivel de concesión de riesgos que podría haber superado los 350 millones de euros", según un informe del supervisor adelantado por infoLibre.

Además, el Banco de España destacaba que la inversión total de Bankia en la promotora que iba a construir el estadio, Aedifica, era de 109 millones de euros, con unas pérdidas de 57 millones, lo que supone el 52% del total.

Pero la investigación llevada a cabo por el juez de Madrid Serrano-Arnal, que ha tratado sin éxito de que la investigación se lleve a cabo en la Audiencia Nacional, ha puesto de manifiesto que en realidad Rato era accionista de la empresa Aedifica. Una conclusión que, según ha reconocido el responsable de la división inmobiliaria de Bankia, Juan Bartolomé, ya sospechaba la entidad financiera tras la salida de Rato.

Al ser preguntado por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por los motivos por los que Bankia encargó un informe sobre la operación para la construcción del estadio del Nuevo Mestalla, Bartolomé confirmó que quería "conocer si existía alguna relación entre el Grupo Aedifica y Rato". Aunque adelantó que no tenía una "sospecha concreta" de la vinculación de Rato con la ruinosa operación urbanística, este directivo aseguró que en las reuniones con uno de los socios de Aedifica, en concreto con José Enrique Granell, éste "siempre decía que había hablado los temas previamente con Rato".

No obstante, Bartolomé aseguró que no pudo comprobar esta vinculación, "pero Granells siempre actuaba con mucha seguridad", completó este directivo a los agentes de laUCO encargados de la investigación. Además, en su testimonio, Bartolomé aseguró que la empresa que fue elegida para la operación, que era propiedad en parte de Rato, "vino de la mano de José Luis Olivas y Rodrigo Rato. Y que fue el propio Rato el que llamó al empleado de Bankia José Luis Saiz Moratilla "para que asistiera a la primera reunión con estas personas".

En el sumario consta un correo electrónico, de 21 de mayo de 2011, en el que Saiz Moratilla informa a Rato de la operación financiera que tendría que aprobar el Consejo de Administración de Bankia y que consistía, en resumen, en una subrogación por Aedifica, la firma vinculada a Rato, de los préstamos del Valencia CF por un valor de 200 millones de euros más 25 millones procedentes del Banco de Valencia con la garantía hipotecaria del estadio de Mestalla. También era necesaria, según el correo electrónico, la concesión de un préstamo de hasta 80 millones a Newcoval, que pertenecía al 50% a Aedifica y a Bankia.

Al final del proceso, según la UCO, Bankia financió con 347 millones de euros a Newcoval, al mismo tiempo que aportaba otros 15 millones a cada una de las empresas que participaban en la operación. Este es el motivo por el que el informe del Banco de España alertaba de que en la operación "Aedifica no asumía ningún riesgo, ya que hasta su aportación de fondos a la sociedad conjunta iba a ser financiada por Bankia".

La Guardia Civil, en uno de sus informes, explica también que Rato utilizó empresas "interpuestas" para enmascarar esta operación "en el momento en que era presidente de Bankia, no absteniéndose en la votación que otorgó las cantidades antes citadas ni habiendo notificado dicha relación en su declaración de intereses presentada ante la entidad.

En su declaración como imputado ante la Guardia Civil, al ser preguntado Rato sobre "su relación con una empresa llamada Aedifica", Rato sólo se acordó de que "era una empresa de un señor llamado Granell" y que era socio suyo en las empresas Hábitat del Golf y Hábitat del Garraf.

Al ser interpelado de nuevo por los agentes de la UCO sobre si en su etapa de presidenta de Bankia se otorgó algún crédito a Aedifica, Rato aseguró no acordarse de este hecho, ya que en los consejos se aprobaban muchos créditos. Al final de todo el proceso, Bankia acumuló un agujero de 57 millones, que no ha asumido la empresa de Rato.

2. 800.000 euros en publicidad de Bankia

El juez Antonio Serrano-Arnal trata de determinar si Rato percibió 800.000 euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicar durante su etapa en Bankia a las empresas Zenith Media y Publicis Comunicación al menos dos contratos presuntamente amañados por más de 20 millones.

La empresa Albisa Inversiones y Asesoramiento, a nombre de Alberto Portuondo Coll, uno de los tres presuntos testaferros con los que el ex director gerente del FMI ocultó 6,5 millones de euros al fisco, facturó a Zenith Media y Publicis 1.244.000 euros y 778.000 euros, respectivamente.

A su vez Portuondo abonó a Rato una media de 40.000 euros mensuales hasta un total de 800.000 euros. Según constata el propio magistrado, Albisa pagó 450.000 euros a una empresa alemana, propiedad al 50% de Rato, y cuya única actividad es la explotación de un hotel en Berlín.

Una de las personas que se encargó de la concesión de los contratos publicitarios fue Teresa Arellano, la secretaria personal de Rato, que tras la salida de la responsable de comunicación, Pilar Trucios, pasó a controlar la dirección de Comunicación y Marca de Bankia. Arellano propuso en enero de 2012 la adjudicación de una campaña publicitaria de la entidad financiera a las empresas Zenith Media y Publicis Comunicación España de 8,3 millones.

3. Un agujero en la empresa familiar de 861.000 euros

El 21 de septiembre de 2005, durante el periplo de Rodrigo Rato en el FMI, el entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, recibió un correo electrónico del encargado en la entidad financiera de las relaciones con los medios de comunicación, Juan Astorqui, en el que le aporta datos sobre una de las empresas de Rato, con el que tiene previsto mantener un encuentro. "Presidente; para tu reunión con Rodrigo Rato".

"En el año 2004 hicimos una inversión total de 11.548 euros. Entre enero y septiembre de 2005 llevamos realizada una inversión de 12.320 euros", indica el mensaje referido a la Radio Balear, perteneciente al grupo familiar que Rato tenía con sus hermanos, denominado Muinmo.

Astorqui completa su mensaje a Blesa con datos sobre la inversión prevista para ese año en Radio Balear por parte de Caja Madrid: "Tenemos pendiente una inversión en el mes de noviembre de este año de 6.000 euros para la campaña de planes de pensiones".

Pero el sumario de la pieza separada del caso Rato aporta nuevos datos sobre Muinmo, que ha acabado con un agujero para la Hacienda pública de mas de 861.000 euros. Así, la empresa por la que Rato se preocupaba tanto, hasta el punto de reclamar una reunión con Blesa desde su puesto en el FMI, acabó descapitalizada de forma irregular, según el informe de la UCO.

"La entidad Muinmo siempre pudo hacer frente a los pagos debidos a la Agencia Tributaria con las cantidades obtenidas por la venta de los activos de la empresa, pero continuamente el dinero obtenido en dichas ventas era desviado a personas o entidades especialmente relacionadas, reduciendo la liquidez disponible a la mínima expresión", explica un informa de la unidad de auxilio judicial de la Agencia Tributaria.

"En definitiva, a juicio del auxilio judicial se está ante una liquidación desordenada de la sociedad, la cual se despatrimonializa mediante transferencias de efectivo a personas o entidades vinculadas con la misma, quedando finalmente como acreedores la Agencia Tributaria y otras personas especialmente relacionadas con el concursado", especifica el documento, que continúa: "La declaración voluntaria de concurso es el final de un proceso de despatrimonialización que ha generado, como se desprende de los hechos analizados, el deseado impago de las deudas frente a la Agencia Tributaria".

4. Rato no pagó impuestos tras cobrar 726.000 euros de Telefónica

A Rodrigo Rato también se le investiga como posible autor de un delito contra la Hacienda pública al no pagar impuestos por el sueldo que percibió como asesor de Telefónica. Tal y como confirma un contrato de 2 de enero de 2013, la multinacional española firmó un contrato con la sociedad Kranodara SL, cuyo propietario era Rato, por el cual el exvicepresidente del Gobierno del PP ingresaba 300.000 euros anuales brutos. En total, Rato recibió 726.000 euros entre enero de 2013 y abril de 2015.

Según la declaración del que desde 2003 es el secretario general de Telefónica y secretario del consejo de administración de la compañía, Ramiro Sánchez de Lerín García-Ovies, a quién los agentes le informan de que es investigado como cooperador necesario del presunto delito contra la Hacienda pública cometido presuntamente por Rato, al ex director gerente del FMI se le contrata en enero de 2013 "por indicación del presidente César Alierta".

Y este cargo de Telefónica se reunió con Rato, que le dijo que se reuniera con su abogado Domingo Plazas, imputado en la causa. Pero al final el contrato "se firmó finalmente con Kranodara". Asimismo, Sánchez de Lerín García-Ovies explicó que Rato percibía otros 240.000 euros anuales por participar en otros órganos de la compañía.

Pero preguntado por los agentes sobre las retenciones en el sueldo de Rato, el empresario explica que al final no se hizo ninguna, "toda vez que el contrato se firmó con una sociedad limitada y que, por tanto, no procede la retención". De esta forma, Rato trataba, según los agentes, de eludir el pago de impuestos.

5. Ocultó 1,6 millones de sus conferencias

El exvicepresidente del Gobierno ocultó a Hacienda los más de 1,6 millones de euros que ganó impartiendo 36 conferencias desde su salida del FMI, según adelantó el diario El Mundo, que alude a un informe de Hacienda remitido al juez de Madrid que investiga las cuentas del exvicepresidente. La cantidad defraudada se traduce en la comisión de dos delitos fiscales, si bien uno de ellos estaría prescrito.

El informe explica que desde 2007 Rato ha colaborado con la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC), especializada en la organización de conferencias internacionales impartidas por "las personalidades más destacadas del mundo hispano", según la propia sociedad. Desde ese año, los pagos de BCC a Rato han ascendido a un total de 1.660.611 euros, de los que la Agencia Tributaria no ha tenido noticia, ya que, a través de la sociedad Arada, acababan en Vivaway, una firma constituida en Reino Unido y administrada desde el paraíso fiscal de la Isla de Guernsey.

A partir de ahí el dinero pasaba de Vivaway a Kradonara 2001, otra empresa propiedad de Rato con sede en España, que recibía estos ingresos y otros tantos para acabar manteniendo la mercantil alemana Bagerpleta GmbH, cuya única actividad es la explotación de un hotel en Berlín, en el que el ex director gerente del FMI posee un 50%.

6. Cobró de Lazard 6,6 millones después de entrar en Bankia

El 2 de mayo de 2011, el entonces presidente de Bankia firmó un contrato por el que percibió 6,2 millones de Lazard, una compañía dirigida por el socio y amigo del exvicepresidente del Gobierno Jaime Castellanos, que en marzo de 2013, casi un año después de la dimisión de Rato como presidente de Bankia, transfirió otros 482.732 euros al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que suponía un total de 6,6 millones.

Por su parte, Bankia abonó más de 9,3 millones al banco de inversiones Lazard por contratos acordados en la etapa de Rodrigo Rato, según la documentación aportada al caso Rato por la entidad presidida en España por Castellanos, tal y como ha publicado este viernes infoLibre.

Además, el exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar compaginó de forma secreta su trabajo en ambas entidades financieras, Lazard y Caja Madrid-Bankia, desde su llegada a la Presidencia de la caja madrileña, en enero de 2010, hasta al menos el 2 de mayo de 2011, tres meses antes de la salida a Bolsa de julio del mismo año, según consta en el sumario de la pieza separada del caso Rato en el que se investigan los pagos a Lazard.

7. Un contrato oculto de 25,8 millones con Endesa

Los agentes de la UCO sospechan que Rato también ocultó los ingresos de la empresa familiar Cor Comunicación. Y para ello se basa en un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) de 15 de abril de 2015 en el que se informa de que la firma COR Comunicación contrató con Endesa entre 2008 y 2013 "la prestación de una serie de servicios de publicidad que, seguidamente, subcontrató con las empresa Media House y Grupo Macal. Por estos servicios Cor Comunicación recibió de Endesa 25,8 millones de euros, subcontratando a su vez con Media House por 16,4 millones y con Macal por 5,2 millones", lo que supone un beneficio inmediato de 4,2 millones de euros.

"La obtención de un contrato de publicidad por un importe tan destacado, prestado a través de una empresa como Cor Comunicación, empresa que según declaró Miguel Ángel Montero Quevedo únicamente tenía un empleado, generó grandes beneficios a Rato cuando, según el informe de la Onif de 15 de abril de 2015, existe el riesgo de una posible ocultación de la titularidad real de la entidad Cor Comunicación en lo que corresponde a Rodrigo Rato", completan los agentes en su informe.

Para los agentes, es de especial importancia que Rato negara hasta finales de 2013 que Cor Comunicación era de su propiedad y que este empresa tuviera alguna vinculación con Endesa desde que él era propietario: "En el registro del Consejo General del Notariado figura un formalización de un aval por parte de los hermanos Rato (incluido Rodrigo Rato) a favor de Cor Comunicación por 3 millones de euros en septiembre de 2009, revelando la estrecha relación de la familia con esta empresa", completan los agentes en su dossier.

8. Investigado un posible beneficio de 20 millones con inmuebles de Banco de Valencia

En su declaración como testigo, el director de Auditoría de Bankia, Iñaki Azaola Onaindía, aseguró al juez que en relación a la empresa Guide Bridge, también de Rato, Bankia detectó "varias transferencias sospechosas por ser de origen desconocido" y que al analizarlas vieron "a varios exempleados" detrás de esta entidad relacionados con participadas.

Estos exempleados eran el propio Rato y José Manuel Fernández Norniella, entre otros. Según Azaola Onaindía, "una de las transferencias venía de Luxemburgo y al pedir la factura el concepto coincidía con el concepto de la transferencia, circunstancia que no es común, puesto que el concepto de la factura es poco explicativo".

En este sentido, un informe de la Agencia Tributaria incluye un correo electrónico, de 4 de diciembre de 2014, dirigido a Rato que indica: "Dado el día de hoy poco agraciado en cuanto a noticias, os envío algunas buenas para unos y otros para compensar". Ese mismo 4 de diciembre, el juez Andreu dio a conocer los escritos de los peritos judiciales, que en sus conclusiones confirmaban que las cuentas de Bankia no reflejaban la imagen real del banco en su salida a bolsa. Y por ello el mensaje se cierra con la frase: "En fin, que penas con pan lo son menos".

En el mensaje, se explica que la Sareb o banco malo adjudicó a la firma SH Findel Holdco las viviendas del Banco de Valencia, en cuyo hundimiento tuvo un papel muy activo el propio Rodrigo Rato. Y dos años después de la salida de Rato de Bankia, el expresidente de la entidad financiera tenía una expectativa de negocio de 20 millones de euros, según el correo electrónico de 4 de diciembre de 2014.

Según la Guardia Civil, "después de la salida de Rodrigo Rato de Bankia, comenzó a trabajar como asesor de un fondo de inversión denominado Texas Pacific Group (TPG) a fin de conseguir, como consecuencia de los contactos que podría proporcionar de activos inmobiliarios transferidos por entidades bancarias a la Sareb. Por la prestación de esos servicios Rato facturaba a Guide Bridge, sociedad creada para tal fin, a través de una sociedad denominada Explotaciones Carabaña", completa uno de los informes del Instituto armado.

9-10. Las tarjetas black y el caso Bankia

Rodrigo Rato se sentará en el banquillo de los acusados junto a Miguel Blesa y otros 64 procesados desde el 23 de septiembre próximo por el caso de las tarjetas black. La Fiscalía Anticorrupción pide las mayores penas para Blesa, que gastó 436.688 euros con su tarjeta opaca y se enfrenta a seis años de cárcel; y Rodrigo Rato, que podría ser condenado a cuatro años y medio por el desembolso de 99.054 euros.

Asimismo, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu prosigue con la investigación de la fusión y salida a bolsa de Bankia bajo la presidencia de Rodrigo Rato, por la que también está investigado el exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/21/los_agujeros_rato_bankia_caja_madrid_52737_1012.html

9.2. EL INFORME FINAL DE LA UCO ACUSA A RATO DE CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES, BLANQUEO Y FRAUDE A LA HACIENDA PÚBLICA

La Guardia Civil aporta “abrumadoras pruebas” que acreditan que el exvicepresidente económico del Gobierno de Aznar cometió delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares en sus numerosos negocios privados

Un exhaustivo informe de la Guardia Civil remitido al juzgado que investiga el caso Rato destapa la existencia de “abrumadoras pruebas” que acreditan que el exvicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar cometió delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares en sus numerosos negocios privados.

El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso la Cadena SER, es el último incorporado al sumario del caso y se basa en numerosos documentos oficiales, informes de la Agencia Tributaria y correos electrónicos de Rodrigo Rato hasta ahora desconocidos, que fueron incautados en los registros hechos hace más de un año en el domicilio y el despacho del exvicepresidente económico.

Las conclusiones de la Guardia Civil tienen que ver con las gestiones que Rato hizo a través de sus empresas o de sus familiares para beneficiarlas en relación con el crédito que Bankia concedió al Valencia Club de Fútbol, a la ocultación de sus intereses en el banco de inversiones Lazard cuando presidió Bankia y favoreció con contratos millonarios a esta entidad o sus trabajos de asesoría a Telefónica, con los que defraudó a Hacienda cientos de miles de euros.

El crédito de Bankia al Valencia CF

En el caso del Valencia CF, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Rodrigo Rato utilizó a Bankia para introducir a una empresa de su trama en una operación con el club. En las conclusiones del informe se detalla “con correos electrónicos” cómo Rato estuvo informado de forma directa de las características de la operación mientras era presidente de Bankia y que, incluso después de abandonar la entidad, le siguen reportando sobre los avances y los avatares de la misma.

Según la Guardia Civil, Rodrigo Rato introdujo a Aedifica Grupo en la operación del campo de Valencia por los intereses económicos que el ex director general del Fondo Monetario Internacional tenía en el grupo, a pesar de la delicada situación financiera de la sociedad. La UCO recoge el testimonio del director corporativo de Auditoría Interna de Bankia, en el que manifestaba que “lo llamativo de la operación era la intervención de un grupo constructor de poca solvencia y que mantenía importantes deudas con la entidad y que a pesar de ello la operación fue realizada”.

La UCO dictamina que la conducta de Rodrigo Rato podría ser constitutiva de un presunto delito de administración desleal. La participación en estas sociedades fue ocultada a Caja Madrid/BFA/Bankia y nunca fue expuesta en la declaración de intereses que Rato realizó cuando ocupó la presidencia de la entidad bancaria. Según la Guardia Civil, “Rato pudo incurrir en una deslealtad frente a la entidad que presidía porque ocultó a Bankia sus intereses personales en la operación” y porque “a pesar de su participación en varias sociedades del grupo y, aún más, en la que iba a ser utilizada para constituir Newcoval y recibir un crédito de 15 millones de euros, no se abstuvo”.

A pesar de que el expresidente de Bankia facilitó que la entiedad concediese un crédito de casi 350 millones de euros para financiar al Valencia, la operación se frustró coincidiendo con la salida de Rodrigo Rato de la presidencia de Bankia en mayo del 2012 y “porque el nuevo equipo directivo paralizó la operación por considerarla sospechosa”.

Se puede concluir, dice la UCO, que todo apunta a que “Rodrigo Rato introdujo a Aedifica Grupo en la operación buscando un interés propio, que hubiera supuesto importantes beneficios que hubiesen repercutido en su patrimonio personal, aun no siendo Aedifica Grupo el socio más recomendable para llevar a cabo tal operación. Que este proceder ha ocasionado pérdidas presentes para la sociedad, que podían haber sido mayores de no existir la intervención del nuevo equipo directivo, así como otras que pueden llegar a través del proceso derivado de la demanda interpuesta. En consecuencia, por todo lo anteriormente relatado, dicha conducta podría ser constitutiva de un presunto delito de administración desleal”.

Los contratos con Lazard

En el caso del banco de inversiones Lazard, la UCO acusa al exvicepresidente económico de la comisión de un delito de corrupción en los negocios (anteriormente corrupción entre los particulares) porque, cuando Rodrigo Rato presidía Bankia, “materializó la contratación de Lazard, recibiendo como contraprestación distintas cantidades pactadas con anterioridad y accediendo a una excepcional financiación de 2,2 millones de dólares”.

La UCO habla también de un delito de blanqueo de capitales asociado al préstamo de 2,2 millones de dólares en el que “se habrían utilizado entramados financieros para encubrir su origen ílicito”. La Guardia Civil añade que el delito de blanqueo de capitales se da “en todas aquellas percepciones ingresadas después de enero del 2010, porque los activos que recibe serían dotados de apariencia legal mediante los distintos contratos entre Lazard y el propio Rato”.

Esta relación contractual no fue recogida tampoco en la declaración de intereses que Rato presentó a Bankia con motivo de su contratación.

Además, según este informe de la Guardia Civil, Lazard amplía sustancialmente su negocio con CajaMadrid/BFA/Bankia en el momento en el que rato asume la presidencia, reconociendo el mismo Rato que es él quien introduce a Lazard.

En el caso del asesoramiento a Teléfonica, la Guardia Civil concluye, tras analizar numerosa documentación, que Rodrigo Rato cometió delitos fiscales al facturar sus servicios a nombre de una empresa, Kradonara, y no a su nombre, con lo que se ahorró cientos de miles de euros en el pago de impuestos.

Mala intención, según Rato
Por su parte, el exvicepresidente del Gobierno considera que las conductas que se le atribuyen tras las pesquisas no corresponden a los supuestos delitos de corrupción entre particulares, blanqueo y administración desleal y señala una "interpretación maliciosa" de los hechos.

http://cadenaser.com/ser/2016/07/14/tribunales/1468528551_792759.html

9.3. RATO Y BLESA SE SENTARÁN EN EL BANQUILLO POR LAS ‘TARJETAS BLACK’ EL 23 DE SEPTIEMBRE

Serán juzgados junto a otros 64 procesados por los delitos de administración y apropiación indebida

El instructor concluyó que las tarjetas fueron emitidas "sin respaldo contractual alguno" y usadas para "gastos personales y propios", que ascendieron entre 1999 y 2012 a un total de

icio contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, el exresponsable de Bankia Rodrigo Rato y otros 64 antiguos representantes de ambas entidades que utilizaron las tarjetas black opacas al fisco para cubrir "gastos personales" arrancará el próximo 23 de septiembre.

No obstante, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no comenzará hasta el día 30 de septiembre a interrogar a los antiguos directivos y consejeros propuestos por PP, PSOE, IU, el empresariado y los sindicatos contra los que hay "méritos suficientes" para exigir responsabilidad criminal por delitos de administración y apropiación indebida. Los interrogatorios se prolongarán hasta el 7 de octubre.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 cerró el pasado diciembre la instrucción al concluir que existen indicios de administración desleal por parte de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades (órganos que aprobaron el uso de los plásticos), y de apropiación indebida en el caso del resto de directivos que los utilizaron.

El magistrado afirmó entonces que las tarjetas fueron emitidas "sin respaldo contractual alguno" y usadas para "gastos personales y propios", que ascendieron entre 1999 y 2012 a un total de 15,5 millones de euros, aunque la responsabilidad por los gastos comprendidos desde 1999 hasta 2003 ha prescrito.

En el auto del juez Fernando Andreu de apertura de juicio oral, el pasado 1 de febrero, se recogían los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Bankia, BFA y Unión Progreso y Democracia (UPyD), que solicitan penas que oscilan entre los dos y los diez años de cárcel.

La formación magenta, que ejerce como acusación popular, solicita las mayores penas, de diez años de prisión, para Rato, Blesa y el que fuera su 'número dos', Idelfonso Sánchez Barcoj, y de seis para el resto de acusados.

El FROB solicita que Blesa sea condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel, Rato a tres años y Sánchez Barcoj a dos años y nueve meses por delitos de administración desleal y apropiación indebida. Reclama penas de entre seis meses y tres años de cárcel para el resto de acusados por apropiación indebida en grado continuado. Bankia y BFA demandan cuatro años de cárcel para Blesa, tres años para su expresidente Rodrigo Rato y penas, que oscilan entre los tres meses y los dos años de prisión, para el resto. En total, pidieron abrir juicio oral contra 55 imputados, mientras que a once les considera responsables civiles.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, que no atribuye a ninguno de los procesados el delito de administración desleal, solicita penas de entre uno y seis años de cárcel para 66 exdirectivos por cargar 12,03 millones de euros entre 2003 y 2012.

Además, solicita que Blesa sea condenado a pagar una indemnización de 9,3 millones de euros por los gastos que autorizó entre enero de 2003 y enero de 2010 y que Rato abone 2,6 millones por la cuantía de los cargos efectuados entre febrero de 2010 y mayo de 2012.

Lista de penas de Anticorrupción

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción pide las mayores penas para Miguel Blesa, que gastó 436.688 euros con su tarjeta opaca y se enfrenta a seis años de cárcel; y Rodrigo Rato, que podría ser condenado a cuatro años y medio por el desembolso de 99.054 euros.

También pide penas de cuatro años de cárcel para el exjefe de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (93.984), Ignacio Navasqües (194.886); los representantes del PP Estanislao Rodríguez-Ponga (255.372 euros), Ricardo Romero de Tejada y Picatoste (212.216), Alberto Recarte (139.878), Jesús Pedroche (132.193), Mercedes Rojo (119.292), Francisco José Moure (127.366), Darío Fernández Yruegas (69.802); los propuestos por el PSOE Antonio Romero (252.009), José María de la Riva (208.979), Ramón Espinar (178.399), José María Arteta (138.903), Jorge Gómez Moreno (98.182); el representante de IU José Antonio Moral Santín (456.522); los de CC.OO. Francisco Baquero (266.433), Rodolfo Benito (140.521), Juan José Azcona (99.270), Pedro Bedia (78.151); y el de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.750).

Anticorrupción también reclama tres años de prisión para el ex secretario de Estado José Manuel Fernández Norniella (185.226) y dos años y medio para Luis Blasco (51.580), los consejeros propuestos por el PP Pablo Abejas (246.715), Miguel Ángel Araujo (212.896), Antonio Cámara (177.891), María Carmen Cafranga (175.091), Javier de Miguel (172.752), Cándido Cerón (79.248), Fernando Serrano (78.592), José María Buenaventura (62.932) y Beltrán Gutiérrez (58.022); los del PSOE Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (149.490), Francisco José Pérez Fernández (122.615), José Acosta (62.460); los de IU Rubén Cruz (233.763), Juan Gómez Castañeda (128.000); el nombrado a propuesta de CC.OO. Antonio Rey de Viñas (191.495); los representantes de UGT Miguel Ángel Abejón (109.182), Rafael Eduardo Torres Posada (82.381), así como el representante de la patronal CEIM Alejandro Couceiro (70.160).

Asimismo, la petición de penas de dos años de cárcel corresponde al ex director general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, (575.071 euros); el que fuera director general de Negocio Matías Amat (431.067); el ex director de Organización Ricardo Morado (450.818); Ramón Ferraz Ricarte; Mariano Pérez Claver (379.513); el ex secretario general Enrique de la Torre (320.742); el ex director de Comunicación Juan Manuel Astorqui (292.992); Carlos María Martínez (279.396); la exdirectora de Obra Social Carmen Contreras Gómez (281.737); el exresponsable de Crédito a Empresas Carlos Vela García (249.202); el ex jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno (235.817); y Ramón Martínez Vilches, de la Dirección de Riesgos (102.326).

También pide dos años para la consejera del PSOE María Enedina Álvarez Gayol (47.012) y el exsecretario general de UGT-Madrid José Ricardo Martínez (44.154); mientras que solicita un año y medio para el exconsejero socialista Virgilio Zapatero (35.988) y los integrantes de la patronal Arturo Fernández (37.326) y Francisco Javier López Madrid, de CEIM (34.807).

Por su parte, solicita un año y medio de cárcel para el representante del PP Manuel José Rodríguez González (37.134); el representante del PSOE Santiago Javier Sánchez Carlos (46.399); y el consejero propuesto por IU Gabriel Moreno (20.472).

Las menores penas, de un año de cárcel, Anticorrupción solicita que sean impuestas sobre Luis Gabarda (139.707) y los representantes del PP Juan Emilio Iranzo (46.848), Miguel Corsini (46.648) y y Jorge Rábago (8.041).

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/06/10/rato_blesa_sentaran_banquillo_por_las_tarjetas_black_septiembre_51115_1012.html

10. CASO ARISTEGUI & DE LA SERNA

10.1. LA DECLARACIÓN EN MAYO DE UN TESTIGO PROTEGIDO ACORRALA A ARÍSTEGUI Y DE LA SERNA

El juez José de la Mata decidió poner bajo protección a un persona después de que la UDEF le notificara que su testimonio podía ser importante para la investigación por el conocimiento que tenía de las supuestas irregularidades de los dos exdiputados del PP. El magistrado ha declarado secretos 192 folios que incluyen su testimonio y la documentación incriminatoria que ha aportado.

El futuro judicial del ex embajador en la India Gustavo de Arístegui y el ex diputado del PP Pedro Gómez de la Serna se complica. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, decidió el pasado 17 de mayo otorgar la condición de testigo protegido a una persona cuya colaboración en la investigación sobre las supuestas irregularidades de los dos antiguos parlamentarios 'populares' es considerada clave por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Tras concederle este estatus, esta persona prestó declaración ante los agentes, que ocho días después remitían a la Audiencia Nacional un amplio oficio de 192 folios con el cotenido de su declaración y abundante documentación incriminatoria sobre el supuesto cobro de comisiones y pago de sobornos por parte de la red encabezada por los dos principales investigados (antes imputados) en la causa. El juez mantiene este informe policial bajo secreto en una pieza separada del sumario bautizada como 'testigos protegidos', según consta en una diligencia de ordenación de finales de junio.

El testigo, bautizado con el nombre en clave 'A1', está bajo protección por orden del juez De la Mata desde el pasado 17 de mayo

La existencia de una persona que quería declarar bajo protección fue conocida por el magistrado el pasado 13 de mayo, cuando llegó a su despacho un oficio remitido el día anterior por la Brigada Central de Blanqueo de Capitales de la Policía en el que se solicitaba la adopción de las medidas de seguridad previstas por la ley para estos colaboradores. En aquel escrito, los agentes destacaban que en su opinión existían "indicios suficientes que evidencian la apreciación racional de un peligro grave para el testigo reseñado en el mismo o su familia fruto de la información que pudiera aportar prestando declaración en sede policial". Cuatro días más tarde, el magistrado dictaba un auto de cuatro folios de extensión en el que aceptaba la petición de los agentes y ordenaba aplicar a dicha persona el protocolo de "protección de testigos y peritos" bajo la clave de identificación 'A1'. Asimismo, ordenaba abrir una pieza secreta para incluir a partir de ese momento toda la información referida a la identificación personal de la misma y, así, salvaguardar su anonimato.

En su escrito, el juez De la Mata justificaba su medida en el hecho de que la investigación en centra en "una actividad delictiva grave" que incluye delitos de corrupción, cohecho, blanqueo y organización criminal que, lógicamente, "ha generado una determinada tensión o temor en el ánimo de la persona para la que se interesa la aplicación de la Ley de Protección de Testigos". "Ese temor -continúa el magistrado en su auto- resulta manifiesto a la vista del tipo de delincuencia objeto de investigación, así como el riesgo evidente en que se pueden ver afectados bienes personales y/o materiales del testigo que puede facilitar con su testimonio el esclarecimiento de los hechos y favorecer la identificación de los presuntos participantes". En juez añade que "el entorno donde se desenvuelve esta persona acrecienta el riesgo que puedan sufrir en su persona especialmente, o en las de sus familiares, ataques contra su integridad física, libertad personal o bienes", lo que puede llevar a los presuntos implicados a realizar "actuaciones contra dicha persona que intenten debilitar su voluntad de colaborar".

"Imposibilitar su identificación visual"

Por ello, el magistrado ordenaba en dicho auto tomar diferentes medidas para asegurar el anonimato del testigo bautizado como A1. En primer lugar, que "no consten en las diligencias que se practiquen su nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que pudiera servir para su identificación". En segundo lugar, la apertura de la pieza separada, el único lugar del sumario en el que figuran sus datos personales con la clave asignada, fuera de la alcance de las partes. Además, a partir de ese momento, se ordenaba que cualquier comparecencia que tuviera que hacer ante el órgano judicial se hiciese "utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal". Y, finalmente, que la dirección que conste como suya "a efectos de citaciones y notificaciones" fuese, precisamente, la propia sede del Juzgado, "que se encargará de hacer llegar reservadamente a esta persona cualquier diligencia en tal sentido a través del equipo policial encargado de la investigación".

El 24 de mayo, la UDEF remitía a la Audiencia Nacional un informe de 192 páginas con la declaración del testigo protegido y documentación aportada por éste

Siete días después de dicho auto, la UDEF remitía al juez De la Mata el primer informe sobre el testimonio de dicho testigo. Eran 192 folios en los que se incluían la declaración del mismo así como documentación que había aportado y una valoración policial de todo ello, según señalan a Vozpópuli fuentes jurídicas. Veinticuatro horas más tarde, el magistrado daba traslado de dicho documento al fiscal y lo incluía en la pieza separada de Testigos Portegidos. Finalmente, el pasado 30 de junio el secretario judicial dictaba una diligencia de ordenación por la que decretaba secretos estos folios y otros 294 más que estaban repartidos en seis tomos diferentes de la causa. Estos últimos se refieren a la media docena de comisiones rogatorias que el magistrado ha remitido a otros tantos países para localizar el rastro de las presuntas comisiones cobradas por Gustavo de Arístegui y su socio y correligionario Pedro Gómez de la Serna. Otra de las piezas claves, junto al testimonio de A1, para acorralar a ambos.

http://vozpopuli.com/actualidad/86547-la-declaracion-en-mayo-de-un-testigo-protegido-acorrala-a-aristegui-y-de-la-serna

10.2. LA MUJER DE GÓMEZ DE LA SERNA Y LA DE MAYOR OREJA COMPARTIERON NEGOCIO AL MENOS HASTA 2014

Las esposas del exministro del Interior y de su antiguo jefe de gabinete administraban de forma mancomunada una empresa de comercialización de alpargatas artesanas, denominada España Artesanía y Olé SL

De la Serna sucedió en el gabinete del entonces ministro Mayor Oreja a Gustavo de Arístegui en el año 2000

La figura de Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior con José María Aznar entre 1996 y 2001, aparece hoy como el hilo con que el exembajador Gustavo de Arístegui y el exdiputado Pedro Gómez de la Serna tejieron su relación. Y se trata de una relación que, a tenor de un dato secundario para la investigación de los manejos económicos de Arístegui y Gómez de la Serna pero relevante para trazar su perfil, siguió viva en lo personal: la esposa de Gómez de la Serna, María Luisa Jiménez Sáenz, y la de Jaime Mayor, Isabel Bastida, tuvieron al menos hasta 2014 una empresa dedicada a la comercialización y exportación de alpargatas artesanas.

Propietaria del 49% de Scardovi, la sociedad de asesoramiento legal a través de la cual facturaba Gómez de la Serna a empresas españolas que buscaban abrirse hueco en el extranjero mientras ocupaba un escaño en el Congreso, María Luisa Jiménez Sáenz no está imputada –investigada, según la nueva terminología oficial– en la causa. El sumario no contiene ningún dato indicativo de que hubiese participado en el boyante negocio de asesoramiento que desarrollaba su marido en unión de Gustavo de Arístegui.

En una breve conversación telefónica con infoLibre, la esposa del exdiputado segoviano del PP aseguró que la compañía que administraba de manera conjunta con Isabel Bastida permanece “inactiva desde hace dos años”. “No voy a decir nada más”, fueron sus últimas palabras para este diario.

Una portavoz de Mayor Oreja en la fundación que ahora preside, Valores y Sociedad, anunció a este diario que ni el exministro ni su esposa tienen nada que decir al respecto.

Constituida en enero de 2004 bajo la denominación España Artesanía y Olé SL (EAO), la empresa donde María Luisa Jiménez Sáenz e Isabel Bastida figuran como administradoras mancomunadas presentó sus últimas cuentas –las de 2014– en diciembre del año pasado. Justamente entonces estalló el escándalo que mantiene ahora bajo la lupa a Gómez de la Serna y a Arístegui.

El nexo judicial no es el único que comparten los dos políticos que forjaron su carrera en el sector democristiano de lo que desde 1989 pasó a ser el PP. Arístegui fue el primer jefe de gabinete de Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior. Fue nombrado para ese cargo en mayo de 1996 y cesó en febrero de 2000. Le sucedió de inmediato Pedro Gómez de la Serna. Abandonó el puesto en marzo del año siguiente una vez que Mariano Rajoy llegó al Ministerio del Interior.

Sede de Voltar Lassen... y del mercadillo de alpargatas

Las cuentas de 2014 de EAO no están disponibles online. La mercantil, que mantiene registrada su marca tanto en España como en Estados Unidos, llegó a facturar 591.471 euros en 2006. En Facebook todavía puede encontrarse el post con que la mercantil anunció para los días 28 y 29 de julio de 2014 un mercadillo de alpargatas de esparto con el reclamo de un “todo a 15 y 20 euros”.

El mercadillo se celebró en Fernando el Santo 27, bajo. Esa es precisamente la dirección desde donde Arístegui y Gómez de la Serna asesoraban bajo la marca Voltar Lassen a empresas españolas que querían abrir mercados en el extranjero.

Tanto De Arístegui como Gómez de la Serna están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de interceder en favor de empresas españolas en la obtención de contratos en el extranjero. En la causa hay ya 20 imputados.

La supuesta implicación de ambos en ese cobro de comisiones ilegales trascendió en plena campaña para las elecciones del 20 de diciembre. De Arístegui pidió casi de inmediato al Gobierno que le cesara como embajador para que el escándalo no perjudicara ni al Ejecutivo ni al PP.

Como desveló infoLibre, un informe de Hacienda incorporado al sumario constata que a través de Scardovi y de Karistia, las sociedades con las que operaban en España, De Arístegui y Gómez de la Serna cobraron más de cinco millones de euros entre 2009 y 2014. Es decir, cuando ambos ocupaban cargos públicos, el primero como embajador y el segundo, como diputado al Congreso.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/30/la_mujer_gomez_serna_mayor_oreja_compartieron_negocio_hasta_menos_2014_52692_1012.html

10.3. ARÍSTEGUI Y DE LA SERNA TAMBIÉN COBRARON DE ALSA POR REALIZAR GESTIONES PARA OBTENER UN CONTRATO EN MARRUECOS

El empresario José Faya facturó 95.580 euros, "de los cuales Gómez de la Serna (Scardovi) cobró el 35% y el señor Arístegui (Kamaroc) otro 35%", según declaró el propio denunciante en la Fiscalía

La compañía se comprometió a abonar otros 200.000 euros si las gestiones de Arístegui con las autoridades marroquíes le facilitaban la adjudicación del transporte urbano de Rabat

La empresa de transportes Alsa, que forma parte del grupo británico National Express, también recurrió a los servicios de la trama liderada por los exdiputados del PP Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna para tratar de conseguir la adjudicación del contrato del transporte público urbano de Rabat, la capital de Marruecos.

Un informe de la unidad de auxilio a la Fiscalía Anticorrupción de la Agencia Tributaria, que fue registrado en la Audiencia Nacional el 25 de abril pasado, especifica que la sociedad de la trama Dial Trading, que es propiedad del denunciante José Faya López, percibió 95.580 euros del Grupo Alsa.

Pero en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción de diciembre de 2015, el propio Faya reconoce que el dinero que recibió de la compañía de transportes de origen asturiano lo repartió con el exdiputado De la Serna y el exembajador en India: "Dial Trading facturó por ese contrato con Alsa 80.000 euros, de los cuales Gómez de la Serna (Scardovi) cobró el 35% de lo facturado a Alsa y el señor Arístegui (Kamaroc) percibió el 35%". El 30% restante se lo quedó Faya.

Vicepresidente de Alsa

En el sumario consta también un contrato de asesoramiento y prestación de servicios profesionales, fechado en Madrid el 1 de agosto de 2011, entre la empresa de Faya y Francisco Javier Carbajo de la Fuente, que desde marzo pasado es el vicepresidente de la compañía de autobuses, según el periódico La Nueva España.

El motivo del acuerdo entre Faya y Alsa, según consta en el sumario, "era participar en una licitación en Rabat para la gestión del transporte urbano". Y en el documento se especifica la contraprestación que abonará la empresa de autobuses: "Alsa hará efectiva a Dial Trading la cantidad de 12.500 euros [al mes]. En el caso de que Alsa decidiera presentar oferta a la licitación en los 12 meses siguientes a contar desde la convocatoria por parte de las autoridades marroquíes competentes resultando adjudicataria de la misma, Dial Trading percibirá de Alsa la cantidad de 200.000 euros como prima de éxito".

En un auto de 7 de junio pasado, el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, José de la Mata, anuncia la citación, en calidad de testigo, de las personas que firmaron acuerdos con la trama, entre los que se encuentra el representante de Alsa en la operación de Marruecos Francisco Javier Carbajo de la Fuente.

La familia de Arístegui

Un segundo contrato del sumario, de fecha 1 de septiembre de 2011, también está relacionado con el contrato de Rabat. Los firmantes del documento son el propio Faya y el ciudadano de nacionalidad francesa Same Thierry Baghdadi, vinculado con la familia política de Arístegui.

Y la justificación del acuerdo es la "representación o asesoramiento a empresas del sector del transporte de pasajeros por carretera". Además, Dial Trading reconoce a Same Thierry como su "único interlocutor en Marruecos" para mantener los contactos con Alsa en relación al procedimiento de licitación. La retribución acordada en el acuerdo suscrito entre Alsa y Dial Trading, de 15.000 euros mensuales entre el 15 de enero de 2012 y el 15 de abril de 2012, "serán abonadas a Same Thierry Baghdadi o las sociedades que este indique", completa el documento.

El denunciante del caso, José Faya López, aseguró en este caso que al final la compañía de autobuses no logró hacerse con el servicio de transporte urbano de la capital marroquí.

Intermediación

Faya aportó en su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción una factura, por un valor de 10.254 euros, que emitió la empresa a Scardovi, de Gómez de la Serna, a la sociedad Dial Trading por "honorarios profesionales por la intermediación en la apertura de mercados internacionales para Alsa Grupo durante noviembre y diciembre de 2011", según un informe al que ha tenido acceso infoLibre. Karistia Maroc, que pertenecía a la suegra de Arístegui, que es de nacionalidad marroquí, también recibió otros 10.254 euros del dinero que abonó Alsa.

Faya explicó además en su declaración en Anticorrupción que Arístegui "tuvo conocimiento de que se iba a licitar el transporte público de la ciudad de Rabat", y como no podía incluir a la empresa de su suegra en la operación, necesitaba otra firma que actuase como agente de la misma, ya que ellos "no podían participar porque las gestiones en el Ministerio de Transporte marroquí las realizó Same Bahdadi, quien es un familiar de la mujer de Arístegui".

Preguntado sobre la posibilidad de que la trama abonara una mordida a las autoridades marroquíes, Faya aseguró desconocer si se pagaron sobornos a las autoridades del país africano, aunque especificó que la adjudicación "no llegó a celebrarse".

Reparto al 50%

Los documentos que obran en el sumario explican que las cantidades de dinero que recibían las dos sociedades, Scardovi y Karistia, se repartían a partes iguales. De hecho, el documento de Hacienda especifica que es Scardovi la que ingresa la mayor parte del dinero, que percibían al 50% los exdiputados del PP.

La compañía de autobuses Alsa está presente en Marruecos desde 1999 y opera en Marrakech, Agadir, Khouribga y Tetuán. La propia firma creada en Luarca (Asturias) asegura que una buena parte de los 98,5 millones de euros que ganó en 2015 se deben a la recuperación del tráfico de viajeros en España y al "fuerte" crecimiento de la actividad que desarrolla en Marruecos.

infoLibre ha solicitado a la empresa Alsa que explique su versión de los hechos, pero no ha contestado a la reclamación de este diario.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/16/aristegui_serna_tambien_cobraron_alsa_por_realizar_gestiones_para_obtener_contrato_marruecos_52564_1012.html

10.4. ASÍ USABA PUJALTE EL MEMBRETE DEL CONGRESO PARA MEDRAR CON DE LA SERNA

Enviaba hasta trabajos de fin de carrera para justificar la iguala de 1.700 euros mensuales que tenía con la trama.

El ex diputado Vicente Martínez Pujalte cobró importantes cantidades por asesorar a empresas privadas, unos trabajos ajenos a su función como diputado en el Congreso. Así consiguió facturar 5.000 euros al mes de una constructora (Grupo Collosa) cambio de informes verbales. Y así cobró al menos 60.000 euros de sus compañeros en el Partido Popular Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui. Sin embargo, en la documentación que enviaba para estos negocios, Martínez Pujalte se encargaba de destacar su cargo como diputado por Murcia en la Cámara Baja. La misma que le autorizó estos negocios que ahora investiga la Justicia.

Sobre el papel, el ex portavoz de Economía en el Congreso trabajaba para una sociedad llamada Sirga XXI, una consultora ya extinguida. Sin embargo, en sus envíos de documentación Martínez Pujalte utilizaba de forma constante sus tarjetas con el sello del Congreso de los Diputados.

"Pedro, he visto este documento que puede ser muy interesante para ti", escribía el ex diputado en julio de 2014. A renglón seguido, Martínez Pujalte enviaba un informe del Instituto de Comercio Exterior sobre las energías renovables en Argelia. Un documento que se puede encontrar con una simple búsqueda en Internet.

Según adelantó la cadena Ser, la Policía Nacional investiga ahora a Martínez Pujalte por cobrar al menos 60.000 euros de Arístegui y De la Serna por este tipo de informes. En esas fechas, el ex diputado 'popular' contaba con una iguala mensual de 1.700 euros pactada con sus compañeros de partido. El sumario del caso refleja cómo el político enviaba informes amparado en su cargo en el Congreso al menos desde 2012. En esa fecha, Martínez Pujalte envió junto a su tarjetón del Congreso, un informe sobre Argelia realizado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Trabajo de fin de carrera

La documentación aportada a Scardovi (la empresa de Pedro Gómez de la Serna) por Martínez Pujalte para justificar sus ganancias se completa con informes sobre las compañías aéreas de bajo coste en la Comunidad Valenciana (es en realidad un trabajo universitario de fin de carrera firmado por un estudiante de la Politécnica de Valencia en 2014), recortes de prensa sobre la incidencia del petróleo en el mundo árabe y otros informes elaborados por organismos públicos como la Secretaría de Estado de Economía.

Sobre el papel, Martínez Pujalte tenía la autorización del Congreso para compatibilizar sus labores (y su sueldo) como diputado con los trabajos que realizaba como asesor externo para varias compañías. Sin embargo, la Justicia investiga en dos frentes si sus trabajos cumplen la legalidad. El primero de ellos atañe a sus dos compañeros De la Serna y Arístegui, investigados por la Audiencia Nacional. El segundo tiene que ver con las facturas giradas por

Pujalte a una constructora interesada en conseguir contratos eólicos en Castillay León.

Este segundo caso, investigado por Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción analiza los pagos entre las empresas del Grupo Collosa y dos destacados políticos populares: Martínez Pujalte y el actual embajador en Londres, Federico Trillo.

http://www.elespanol.com/espana/20160718/140986665_0.html

11. LA GUARDIA CIVIL TARDA SIETE MESES EN APARTAR A UN SARGENTO AL QUE DENUNCIÓ POR VIOLACIÓN A UNA SUBORDINADA

Fernández de Mesa ordena la suspensión de funciones del investigado dos horas después de que la AUGC denunciara en rueda de prensa un sórdido episodio de abusos continuados

Fue la propia Policía Judicial la que en diciembre acudió a un juzgado militar después de que la asociación de guardias civiles pusiera los hechos en conocimiento de la Dirección General

Dos horas después de que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) relatara este miércoles ante un grupo de periodistas un sórdido episodio de presunto abuso de autoridad en Murcia que incluyó violaciones y luego amenazas a la víctima para que abortase, la Dirección General del cuerpo ha suspendido al sargento denunciado.

La adopción de medidas cautelares ha tardado siete meses desde que, tal como confirmó la AUGC a infoLibre, fuese la propia Policía Judicial la que pusiera en diciembre el caso en manos de un juzgado militar "siguiendo instrucciones de la Dirección General de la Guardia Civil". La denuncia se formalizó después de que la asociación de guardias civiles hubiese enviado a la cúpula del Instituto Armado una carta en la que explicaba lo sucedido.

Por "miedo", la supuesta víctima se había negado durante años a denunciar ante sus superiores el calvario físico y psíquico al que la estaba sometiendo el sargento O.M.G. A tenor de los indicios recabados por el juzgado militar territorial 14, con sede en Cartagena, ese mismo sargento había terminado convertido en su perseguidor tras una breve relación sentimental consentida.

Pero en la causa –admite la AUGC– obran correos electrónicos enviados por él mismo. Y esos correos, escritos por quien habría ocultado en un primer momento a su víctima su condición de casado para luego abusar sexualmente de ella, violarla, forzarla a practicarle una felación y, finalmente, a abortar, son explícitos y "vergonzosos". La asociación de guardias civiles había pedido expresamente la suspensión del sargento.

La presunta víctima es una guardia de base, es decir, subalterna del investigado. De mediana edad y con un hijo a su cargo, desde marzo de 2015 se encuentra de baja. Paradójicamente, de nada le sirvió estar destinada en la oficina de violencia de género de su comandancia, la de Molina de Segura. Ni el portavoz de la AUGC, Juan Fernández, ni la abogada de la víctima, Laura Pérez, han accedido a facilitar más datos.

¿Se le podía haber suspendido antes?

Fuentes oficiales del Instituto Armado aseguraron el miércoles a este diario que la suspensión ha sido aplicada en cuanto se ha recibido por cauces oficiales el auto que encausa al supuesto violador, dictado la semana pasada por una juez militar de Cartagena.

Lo que ha firmado este miércoles el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, es "la tramitación del pase a la situación administrativa de Suspenso de Funciones y posterior cese del destino, del Sargento O.M.G., destinado en el puesto de Molina de Segura (Murcia), por un presunto delito de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante o inhumano en concurrencia con otro contra la libertad e indemnidad sexual en concurso con lesiones psíquicas graves y maltrato".

La polémica suscitada por el asunto ha derivado este jueves en un nuevo comunicado oficial donde la Dirección General de la Guardia Civil sostiene que la ley no le permitía suspender al sargento antes de que el juzgado dictase el auto de procesamiento.

Fue el 20 de julio cuando, tras recibir la resolución judicial, se produjo la decisión. La nota difundida señala que el artículo 92.1 de la Ley 29/2014, del Régimen de Personal de la Guardia Civil, "sólo se permite tramitar el pase a situación de suspensión de funciones y cese en el destino cuando se dicta auto de procesamiento, como ocurrió en este caso".

Fuentes jurídicas de la AUGC refutaron de inmediato ese argumento. Y subrayaron que el artículo invocado por el equipo de Arsenio Fernández Mesa dice lo siguiente: "El pase a la situación de suspensión de funciones de los guardias civiles se podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave". La AUGC asegura que la apertura de ese expediente, previsto en la Ley del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil , habría permitido suspender de inmediato al sargento en cuanto la Policía Judicial puso el caso en manos de un juzgado militar de Cartagena el 22 de diciembre de 2015. El artículo 4 de la citada norma dice esto: "La iniciación de un procedimiento penal contra miembros de la Guardia Civil no impedirá la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva de dichos procedimientos sancionadores sólo podrá producirse cuando la dictada en el ámbito penal sea firme, vinculando la declaración de hechos probados".

El "desprestigio" como argumento

La nota introduce un argumento inesperado cuando advierte de que la decisión de Fernández de Mesa "se basa en que los hechos delictivos que se investigan por la Autoridad judicial, además de por su gravedad y afectación individual de la víctima, han provocado una amplia difusión en los medios y generan un notable desprestigio de la Institución a la que pertenece el procesado".

¿Significa lo anterior que el apartamiento del sargento no se habría producido si la noticia no hubiera trascendido a la opinión pública? ¿O que Fernández de Mesa lo habría ordenado hace siete meses si se hubiera conocido entonces que un juzgado militar había empezado a investigar la truculenta secuencia de hechos denunciada este miércoles por la AUGC?

No hay respuesta, aunque fuentes del cuerpo ajenas a la asociación y al equipo de Fernández Mesa aseguran que cuando un caso de abuso sexual acaba en la jurisdicción ordinaria, es decir, no en la militar, "las medidas cautelares son más rápidas". Y ejemplifican con lo ocurrido en Pamplona, donde fue suspendido de inmediato el guardia civil implicado en la violación múltiple durante los sanfermines a una joven: una joven civil.

Según la AUGC, la Guardia Civil "sabía a ciencia cierta" desde abril de 2013 lo que estaba sucediendo. ¿Cómo lo sabía? Por lo que explicaron el portavoz de la AUGC y la abogada de la presunta víctima, al menos una teniente de su comandancia y un guardia de base habían alertado a sus superiores jerárquicos ya en 2013. Ambos –dice la AUGC– acabaron amonestados.

Es más, la AUGC subraya que el capitán al que ambos se habrían dirigido aconsejó al sargento ahora investigado que emprendiese acciones contra el guardia en defensa de su honor. Esa versión no ha podido ser corroborada por este diario en fuentes oficiales.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/21/la_guardia_civil_tarda_siete_meses_apartar_sargento_que_denuncio_por_violacion_una_subordinada_52738_1012.html

12. LA SEGURIDAD SOCIAL SACA 1.000 MILLONES MÁS DEL FONDO DE RESERVA

El Ministerio de Empleo ya dispuso de otros 8.700 millones a comienzos de mes

La Seguridad Social ha necesitado recurrir al Fondo de Reserva por segunda vez este mes. En la primera ocasión lo hizo para hacer frente a la paga extraordinaria de julio. En esta segunda han sido 1.000 millones para liquidar el IRPF de los pensionistas con Hacienda. Entre ambas disposiciones, en julio el Ministerio de Empleo ha sacado 9.700 millones de la hucha de las pensiones.

Tras ambas disposiciones, en el Fondo de Reserva quedan 24.207 millones de euros, una cantidad equivalente al 2,24% del producto interior bruto, que se aleja mucho ya de los casi 67.000 millones que acumulaba en el momento de mayor ahorro. Al ritmo que se está consumiendo la hucha de las pensiones, lo probable es que a finales del año que viene se agoten sus recursos y se tenga que recurrir a más fondos procedentes de impuestos para pagar las pensiones, ya que no es probable que en 2017 se haya cerrado el déficit.

La Seguridad Social saca 1.000 millones más del Fondo de Reserva
Al mismo tiempo que las pagas extraordinarias de verano y Navidad, la Seguridad Social tiene que afrontar la liquidación del impuesto de la renta de los 3,1 millones de jubilados que tributan. Esto hace que julio y diciembre sean meses en los que el instituto previsor precisa mucho más dinero de lo habitual. Por este motivo, es en estos meses en los que recurre al Fondo de Reserva desde 2012.

Los 9.700 millones empleados en total de este julio constituyen la mayor disposición combinada hasta ahora. Que se haga en dos diposiciones durante el mes ha sido la norma desde que comenzó a sacarse dinero del Fondo de Reserva. La primera es con la que se afrontaba el pago de la extra. La segunda sirve para ponerse al día con Hacienda. No obstante, hasta el momento no había hecho falta sacar casi 10.000 millones en un solo mes.

Si en esta ocasión ha sido necesario utilizar más recursos, se debe al déficit creciente de la Seguridad Social. Aunque el empleo lleva ya varios años recuperándose y con él suben los ingresos, el incremento no es suficiente para compensar el aumento de los gastos, debido al mayor número de pensionistas y con mayores prestaciones.

Desde que la Seguridad Social comenzó a utilizar el Fondo de Reserva a finales de 2012, ya ha sacado 55.151 millones de euros. Esta cantidad supera el dinero que se aportó a la hucha en la época de bonanza. Si todavía hay recursos ahorrados, se debe a los rendimientos de las inversiones realizadas. Según Empleo, en los 16 años que está en marcha la hucha de las pensiones, ha generado un rendimiento de 27.521 millones.

Pero el Ministerio de Empleo no ha recurrido solo al Fondo de Reserva para poder pagar las pensiones. Antes de utilizarlo por primera vez a finales de 2012, primero echó mano del excedente de la gestión de mutuas. Durante todo el tiempo ha continuado usando este dinero, con un pico en verano de 2015. En total, en estos cuatro años ha utilizado unos 8.100 millones de las cotizaciones por accidentes de trabajo, que si se suman a los procedentes de la hucha suponen 63.250 millones.

http://economia.elpais.com/economia/2016/07/20/actualidad/1469027214_594467.html

13. LOS TRIBUNALES NO DARÁN UN RESPIRO AL PP A LA VUELTA DE LAS VACACIONES

El 2 de septiembre concluye el plazo para recurrir el auto de procesamiento por borrar pruebas de su presunta caja B en los ordenadores de Bárcenas

El juez del caso Púnica decidirá a la vuelta de las vacaciones sobre las indicios acumulados contra el número 3 de Cifuentes y otro de sus diputados

Nuevas revelaciones en un juzgado de Madrid sobre la Operación Cataluña han precedido al parón estival

Haya logrado Mariano Rajoy apoyos para investirse presidente del Gobierno o lo siga siendo en funciones, las investigaciones judiciales que afectan a su partido no se detendrán en septiembre. Es más, algunas de ellas adelantan importantes novedades en la antesala del otoño. Son las mismas que, como el caso de los ‘ordenadores de Bárcenas’, se han visto interrumpidas por la casi nula actividad de los juzgados en agosto.

Este martes, la jueza Rosa María Freire ha dictado un auto que convierte al Partido Popular en el primer partido procesado en la historia de España. Lo es por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Luis Bárcenas utilizó mientras trabajaba como tesorero en el partido. La magistrada sospecha que el PP quiso borrar pruebas de su financiación irregular y da cinco días a la formación de Rajoy para que recurra. Con agosto inhábil, el plazo culmina el 2 de septiembre. Una semana después, el 9 de septiembre, concluye el plazo para la presentación de los escritos de acusación.

También recurrirán el auto su director jurídico, Alberto Durán -muy próximo a María Dolores de Cospedal- y la tesorera -otra que es imputada por el desempeño de ese cargo en el PP-, así como el jefe de informática del partido, José Manuel Moreno. En el caso de que la Audiencia Provincial respalde la decisión de la jueza Freire, el caso enfilará la fase de juicio oral.

Los frentes se multiplican para el PP si de la Audiencia de Madrid se salta a la Audiencia Nacional. Allí aguarda el primer gran juicio a la trama de corrupción Gürtel. El 4 de octubre, en la sede que el tribunal especial tiene en San Fernando de Henares, a las afueras de Madrid, se sentarán en el banquillo 40 personas acusadas de varios delitos de corrupción. De ellos, la mitad desempeñaron cargos de responsabilidad en el PP. El propio partido comparecerá como partícipe a título lucrativo. La Fiscalía Anticorrupción cree que el partido se lucró con 245.000 euros procedentes de la corrupción.

Muy probablemente, antes de que arranque ese juicio, el magistrado Eloy Velasco habrá decidido si se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o cierra la investigación a dos diputados del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid en el marco de la Operación Púnica, según fuentes del caso.

Velasco mantiene a la Fiscalía Anticorrupción y a la Guardia Civil comprobando la veracidad de las acusaciones que el constructor David Marjaliza lanzó contra el número 3 del Gobierno de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada, y el diputado, próximo a Esperanza Aguirre, Bartolomé González.

Otro caso en total plenitud, pero al que han sorprendido las vacaciones estivales, es la pieza separada del caso del Pequeño Nicolás que mantiene en vilo al Ministerio del Interior y a su titular en funciones, Jorge Fernández Díaz. El juez investiga la autoría de una grabación ilegal a un grupo de policías y agentes del CNI, pero sus pesquisas son un verdadero frente en la polémica de la policía política que el Gobierno del PP ha utilizado para atacar a la oposición, ya fuera el proceso soberanista en Cataluña o Podemos, partido que acaba de personarse en la causa.

El juez debe resolver el intento de la Fiscalía por apartar a los policías que pidieron imputar al comisario en el que Fernández Díaz hizo recaer toda la estrategia de la policía política, Eugenio Pino. Esos mismos investigadores destacan en un extenso informe la intensa relación telefónica que mantenía el número dos de Interior, Francisco Martínez, con el comisario José Manuel Villarejo, imputado en el caso, y pieza clave de las maniobras contra la oposición. Martínez, por otra parte, aspira a suceder a Fernández Díaz al frente de Interior si Rajoy logra formar gobierno. En uno de los últimos episodios del caso, Villarejo comenzó a ofrecer detalles ante el juez de la denominada Operación Cataluña.

La Fiscalía de Madrid juega en este caso, por tanto, un papel fundamental. Como en el caso de los ordenadores de Bárcenas, que no hubiera prosperado sin el trabajo de las acusaciones populares, toda vez que el Ministerio Público permanece alineado con la tesis del PP y el resto de imputados y no aprecia delito.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, ha reducido a la mínima expresión las posibilidades de que las grabaciones al ministro del Interior vayan a acabar en los tribunales, al concluir que no hay delito en la conspiración de Fernández Díaz con el exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Además, la Guardia Civil seguirá indagando en la abundante documentación hallada en los registros del caso Acuamed, que salpica al exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, actual comisario de Energía de la Comisión Europea. Por su parte, el juez José de la Mata aguarda el resultado de las comisiones rogatorias enviadas a seis países en el marco del caso de las comisiones ilegales presuntamente cobradas por Gustavo de Arístiegui y Pedro de la Serna.

También después de agosto, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia intentará desatascar el caso del 3% valenciano, sepultado por un volumen ingente de información al que los medios con los que cuenta el magistrado no pueden hacer frente, según publicó El País. Recientemente fueron halladas 100 nuevas cajas con documentación en un almacén de la Diputación de Valencia ubicado en los bajos de un psiquiátrico.

[En una primera versión de esta información se situaba por error en el 9 de septiembre el día en el que acaba el plazo para que el PP recurra el auto de pase a procedimiento abreviado de la causa denominada los 'ordenadores de Bárcenas' cuando la fecha correcta es el 2 de septiembre]

http://m.eldiario.es/politica/tribunales-respiro-PP-vuelta-vacaciones_0_541746721.html

14. DIMISIÓN DIRECTORA GENERAL DE TRAFICO

14.1. INTERIOR APRECIA UN “POSIBLE” CASO DE CONFLICTO DE INTERESES EN LA ACTUACIÓN DE SEGUÍ

El ministerio abrió una investigación por la adjudicación de tres proyectos al grupo de trabajo del marido de la directora de la DGT

El Ministerio del Interior ha concluido que existió un "posible" caso de conflicto de intereses en la actuación de la exdirectora general de la DGT, María Seguí, que se encontraba al frente de Tráfico cuando este financió tres proyectos universitarios en los que participó su marido. Según la investigación interna abierta por el departamento encabezado por Fernández Díaz, antes de que Seguí dimitiese la pasada semana, la exdirectora incurrió en un "posible incumplimiento de las reglas de incompatibilidades de altos cargos".

Los resultados de esta investigación se van a trasladar ahora a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, para que los estudie. Y ponga en marcha, "en su caso", el correspondiente expediente, según detalló Interior a través de un comunicado, donde daba a conocer algunas claves de estas pesquisas que abrió para aclarar si la DGT concedió de manera regular, entre 2012 y 2014, tres proyectos al Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón, de la Universidad de Zaragoza, donde trabajaba la pareja de Seguí, Francisco López Valdés.

Interior ha concluido que Tráfico adjudicó y formalizó estos tres proyectos, por un valor total cercano a los 50.000 euros, de manera regular y conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. "No se han apreciado indicios de responsabilidad en los empleados públicos de la DGT que intervinieron en las distintas fases del procedimiento de contratación", subrayó ayer el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz, que sí apunta, en cambio, a la "posible" responsabilidad de Seguí por incumplir en este caso la Ley de Incompatibilidades.

Fuentes de la Oficina de Conflictos de Intereses ya explicaron la semana pasada a EL PAÍS que no existe ninguna normativa que obligara a Seguí, que no formaba parte de la mesa de selección, a avisar de que el grupo de trabajo de su pareja optaba a esos proyectos. Aunque esas mismas fuentes se refirieron al artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público, que prohíbe a los cónyuges contratar con un organismo público "cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación". El entorno de Seguí asegura, por su parte, que solo espera ahora que "la oficina emita su informe pronto".

La DGT ha defendido desde el principio que estos tres contratos no se dieron de forma arbitraria y que, "desde 2012, se han financiado cerca de 200 proyectos a un centenar de entidades con más de 900 investigadores nacionales". Un portavoz de la Universidad de Zaragoza detalló, por su parte, que López no consta en la documentación que se trasladó a Tráfico para la concesión: el responsable y encargado de gestionar la financiación era otro profesor, Juan José Alba. Pero, eso sí, en los documentos publicados por la DGT una vez acabado el trabajo, el marido de Seguí aparece en la ficha técnica como uno de los autores de las investigaciones

http://politica.elpais.com/politica/2016/07/28/actualidad/1469706329_008719.html

14.2. SEGUÍ CESA SIN HACER PÚBLICO SU PATRIMONIO TRAS COMPRAR CASAS POR CASI UN MILLÓN DE EUROS EN UN AÑO

María Seguí puso este viernes punto final a su mandato como directora general de Tráfico tras destapar OKDIARIO diversas irregularidades de su gestión. Se va de la política sin que el Gobierno, tras una semana de peticiones de este diario, haya aportado su declaración de intereses y patrimonio a la entrada y salida del cargo. No obstante, investigaciones realizadas por OKDIARIO permiten sustentar que en los dos últimos años Seguí y su marido adquirieron bienes patrimoniales por valor de casi un millón de euros.

La joya de la corona del matrimonio de María Seguí y Francisco José López Valdés es un lujoso chalé comprado el 15 de mayo de este año. Era una fecha inserta en un periodo de incertidumbre para el gobierno que la sustentaba ya que debía afrontar unas nuevas elecciones sólo un mes después. Pese a esta circunstancia, que en su caso significaría la pérdida de un salario oficial de 81.000 euros anuales, el matrimonio se embarcó en una importante aventura económica para dos personas que deberían vivir de sueldos de investigadores universitario. Porque los ingresos del marido tenían un techo muy bajo para permitirse según qué de tipo de inversiones: un sueldo becado por la UE de 42.000 euros netos anuales, que en cualquier caso estaba por encima de los 31.200 que percibía cuando su salario dependía de la Universidad de Zaragoza.

El sueldo del marido de Seguí ha oscilado en torno a los 35.000 euros brutos al año, mientras que ella ganaba unos 46.000 euros netos como profesora de Navarra antes de su toma de posesión en 2011 como directora general de Salud en Castilla-La Mancha, y unos 13.000 más de colaboraciones en cátedras de EEUU. En todo caso, su sueldo distaba mucho del que percibía como directora general, a lo que hay que sumar el plus de ahorro que le ha significado poder vivir en un piso de Tráfico de forma gratuita durante todo su mandato.

Pese a las ventajas de un sueldo alto y una vivienda gratis, el volumen económico de sus recientes inversiones no parece acorde con el nivel de ingresos del matrimonio. En concreto, la pareja adquirió en un municipio cercano a Madrid un chalé que se asienta sobre una parcela de 687 metros cuadrados. La finca fija dos hipotecas sobre ella: una de 500.000 euros, que con los intereses llegaría a 655.000, y que fue constituida antes de la venta, en febrero de 2016. Y una segunda, de 442.000 euros, registrada el 11 de mayo de este año, el mismo día de la venta al matrimonio.

Los expertos y el registro no logran aclarar si ambas hipotecas se sumaron o una sirvió para cancelar la precedente o para cubrir gastos imprevistos. En todo caso, el coste del chalé de cara a Hacienda fue de 490.000 euros a tenor de los impuestos liquidados, el 6% de su valor. Pero a esta inversión de más medio millón de euros, si sumamos los intereses del préstamo, y descontando que hubiera una segunda hipoteca, se tiene que sumar otra realizada por el matrimonio un año antes.

En febrero de 2015, Seguí y López Valdés compraron un apartamento en Menorca de 60 metros cuadrados tasado en 196.000 euros. Parte de ese valor real mínimo corrió a cargo de dos hipotecas: una por valor de 95.000 euros y otra de casi 71.000. Esto sitúa los gastos bancarios del apartamento menorquín en al menos 166.370 euros. La suma hace una factura mínima hipotecaria para el matrimonio para los próximos años (algunas de las hipotecas vencen entre 2031 y 2040) de 606.000 euros. Pero esta cifra podría doblarse de coexistir dos hipotecas en su chalé madrileño.

Aunque Seguí suele asegurar en privado que su patrimonio actual proviene de una casa que poseía en Cizur (Navarra) de un valor similar, esta explicación deja un interrogante: ¿si dicho monto sirvió para pagar estos dos nuevos inmuebles, por qué se endeudó en 600.000 euros o 1.200.000?

Otra paradoja es que el matrimonio ha preferido hipotecarse antes que vender diversas propiedades que posee por toda España. Por ejemplo, el marido comparte con sus hermanos una finca de 13,13 áreas (cada área son 100m²) en Asturias. Igualmente, comparte otra finca de tres áreas en la misma zona, además de otras tres de 32,45 áreas, 21 áreas y 12,85 áreas, respectivamente.

El polémico investigador que viajó a Cancún financiado por un licitador de su esposa también comparte en Pamplona la propiedad de un piso de 90 metros cuadrados desde 2006, sobre el que pesa una hipoteca de 315.000 euros de principal, que con los gastos de demora y otros se sitúa en los 542.000 euros. Su valor de subasta ejemplifica su valor real: 461.560 euros.

María Seguí tampoco ha tenido que desprenderse de todas sus propiedades para embarcarse en sus últimas aventuras inmobiliarias. En Barcelona posee una finca de 760 metros cuadrados en el área de San Cugat. La recibió por donación en 1984. Igualmente, posee un piso de 101 metros en Barcelona comprado en 1971. Y también tiene registrada a su nombre una tienda en la capital barcelonesa.

Estos son los datos que se conocen a fecha de hoy sobre el patrimonio de Seguí a falta de que concluya la investigación que lidera el subsecretario de Interior, Luis Aguilera, y el Gobierno decida si es pertinente/legal o no difundir su declaración de bienes que realizó a la entrada y salida del cargo de directora de Tráfico.

http://okdiario.com/investigacion/2016/07/23/segui-cesa-sin-hacer-publico-patrimonio-comprar-casas-casi-millon-euros-ano-281822

14.3. LA BATALLA PERSONAL QUE DERRIBÓ A UNA DIRECTORA GENERAL

María Seguí y su marido denuncian que su caída se debe a la "venganza" de un excolaborador

La historia que empieza en 2011, con el primer contacto de tres desconocidos investigadores universitarios, se ha convertido cinco años después en una trama que ha hecho caer a un alto cargo del Gobierno y que incluye acusaciones de corrupción, medias verdades, intereses, presiones políticas y correos filtrados. El Ministerio del Interior abrió una investigación para dilucidar si la DGT adjudicó de forma irregular tres proyectos a un grupo de trabajo del que formaba parte el marido de la directora general de Tráfico, María Seguí, dimitida este viernes. El esposo clama por su inocencia y asegura que no se han llevado ni un solo euro. Todo responde, repite, a una "venganza personal" de un profesor universitario, Juan José Alba, para provocar la caída de ambos.

Cesada la subdirectora de la DGT implicada en los supuestos amaños
El encuentro. Dos de los protagonistas se cruzan a principios de 2011. Seguí, doctorada en prevención de accidentes por la Universidad de Harvard, era profesora de Medicina Preventiva en la Universidad de Navarra (UNAV) y Alba dirigía, por su parte, un grupo de trabajo del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), dependiente de la Universidad de Zaragoza. La ya exdirectora de la DGT viajó hasta las instalaciones del I3A porque quería impulsar un plan de colaboración entre ambos centros para desarrollar nuevas investigaciones sobre accidentes de tráfico. "Mi instituto recibiría con agrado y apoyaría activamente un eventual traslado de tu grupo a Zaragoza", le escribe Alba a Seguí en un correo electrónico fechado el 16 de febrero de 2011. En ese grupo embrionario del proyecto se encontraba ya Francisco López, actual pareja de Seguí y que entonces, según el actual matrimonio, solo mantenían una relación profesional.

El contrato. Cuando se produce el primer encuentro entre Alba y Seguí, López se encontraba en Estados Unidos haciendo un doctorado. En el correo enviado el 16 de febrero de 2011 y en el marco de la puesta en marcha de esa colaboración, el docente del I3A le comenta a su interlocutora que existen unas convocatorias del Gobierno de Aragón para "traer investigadores con contratos a largo plazo". A ese email, la entonces profesora de la Universidad de Navarra le responde apenas media hora después: "Respecto a los contratos que mencionas, me interesan especialmente. Particularmente de cara a Francisco López Valdés y Eduardo del Pozo de Dios [profesor asociado entonces a la UNAV]".

Si llego a saber que eran novios y que se casarían, no le hubiese fichado

Casi un año y medio después de ese correo electrónico, López desembarcó en la Universidad de Zaragoza. Llegó procedente del Centro de Biomecánica Aplicada de la Universidad de Virginia, un centro pionero en el mundo que utilizaba cadáveres para estudiar la respuesta del cuerpo humano cuando sufre un accidente de tráfico. Aterriza en el I3A gracias a la reconocida beca Marie Curie de la UE, que costeó durante dos años su sueldo de 3.537 euros al mes. El investigador se incorporó al grupo de trabajo de Alba, que ha asegurado posteriormente que lo contrató porque se lo había recomendado Seguí. "Si llego a saber que eran novios —según López, aún no lo eran, ya que su relación habría empezado en la primavera de 2011— y que se casarían más tarde, no le hubiese fichado. Habría pensado que cada vez que me diese la DGT un contrato me acusarían de que era por el marido de Seguí", ha explicado Alba, que ha denunciado públicamente a ambos por tráfico de influencias y que mantiene una página web donde difunde informaciones contrarias a la pareja. "La señora y su marido", según se refiere a ambos.

Pero, cuando López llega a la Universidad de Zaragoza, Alba ya sabía que era pareja de la directora general de Tráfico, que había asumido el cargo a principios de 2012. El docente del I3A felicitó al investigador por su futura boda en un correo electrónico fechado en marzo de 2012, meses antes de que López firmase su contrato con la universidad, en julio de ese ejercicio, según ha confirmado el propio centro. A ese email, respondía la pareja de la máxima responsable de la DGT: "Ayer pensábamos si debíamos decírtelo o no… La verdad es que es un factor a tener en cuenta. Simplemente tendremos que ser un poco discretos con algunas cosas". López afirma que le dijo eso porque el sector "es muy pequeño", ella acababa de divorciarse y "no me quería ser conocido por ser el marido de".

A pesar de las reticencias que Alba dice ahora que tuvo, una vez acabada la beca de la UE en 2014, él mismo presidió la comisión de selección que eligió al marido de Seguí para cubrir una plaza en la Universidad de investigador, sacada a en convocatoria pública. "No se recibió ningún tipo de impugnación por su parte. Ni trasladó ninguna reticencia a esa elección", explica un portavoz de la Universidad de Zaragoza. ¿Por qué Alba no frenó la llegada de López durante los tres meses que hay desde que supo de la relación de ambos y su primera contratación por la universidad? ¿Por qué no se opuso a que la pareja de Seguí continuase allí en 2014? EL PAÍS se ha puesto en contacto con Alba, que no ha querido responder a ninguna de estas preguntas por "recomendación de sus asesores".

Las adjudicaciones. La DGT adjudicó, entre 2012 y 2013, tres proyectos al grupo de trabajo liderado por Alba y del que formaba parte la pareja de la directora general. El importe de estos contratos, que Tráfico concedió cuando Seguí ya se encontraba al frente, asciende a casi 50.000 euros. El organismo defiende que no se dieron de forma arbitraria y que, "desde 2012, se han financiado cerca de 200 proyectos a un centenar de entidades de investigación, en las que han participado más de 900 investigadores nacionales".

Según la DGT y la Universidad de Zaragoza, el marido de Seguí no recibió ningún euro de esas cantidades, ya que percibía exclusivamente el salario que costeaba la beca de la UE. Fuentes de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, han resaltado que no existe ninguna normativa que obligara a Seguí, que no formaba parte de la mesa de selección, a avisar de que el grupo de trabajo de su pareja optaba a esos proyectos. Aunque, esas mismas fuentes se refieren al artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público, que prohíbe a los cónyuges contratar con un organismo público "cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación".

Un portavoz de la Universidad ha detallado que Alba es el único que consta en la documentación que se trasladó a Tráfico para la concesión: él era el responsable y encargado de gestionar la financiación. Pero, eso sí, en los documentos publicados por la DGT una vez acabado el trabajo, el marido de Seguí aparece en la ficha técnica como uno de los autores de las investigaciones. Además, estos fueron los primeros contratos que el organismo adjudicó a la Universidad de Zaragoza. "No hay ninguno con la DGT anterior a 2012", apunta el centro educativo, que explica que sí se concedieron otras ayudas en 2014 y 2015 a profesores, pero no vinculados al I3A.

La ruptura. Una tesis marca un antes y un después en la relación de los tres protagonistas, buena durante años. Un equipo liderado por Alba, contratado por los abogados de José Ortega Cano, ya había elaborado un informe en 2013 que afirmaba que la Guardia Civil había calculado erróneamente la velocidad a la que conducía el matador cuando en 2011 atropelló mortalmente a Carlos Parra. Los investigadores cuestionaban el método utilizado por el instituto armado en los accidentes de tráfico, pero el juez tumbó esa idea. Pese a ello, según ha denunciado Alba en los medios, tras exponer estas conclusiones, Seguí lo llamó para "comprar su silencio".

Un doctorando de la Universidad de Zaragoza empieza a trabajar en la misma teoría. En una tesis dirigida por el propio Alba, el estudiante —gerente de una consultora de servicios de peritación— concluía también que la Guardia Civil erraba y proponía que esta pidiera ayuda externa para investigar los siniestros. Su tesis fue llevada a mediados de 2014 al tribunal para su aprobación, donde estaba también Francisco López y al que Alba invitó a Seguí para que formara parte. "Me dijo que le iba a suspender. Ni se la leyó. Suspendió al doctorando solo porque criticaba a la Guardia Civil", subraya Alba.

La versión de López resulta, en cambio, muy distinta. Según su relato, ambos se leyeron la tesis por su lado y, después de hacerlo, se consultaron sorprendidos porque "no tenía calidad"; porque generalizaba conclusiones a raíz del estudio de cinco casos, incluido el de Ortega Cano; y porque sospechaba que las intenciones de Alba eran que Seguí aprobase esa tesis para después asegurar que la propia directora general de la DGT ponía en duda los métodos usados por la Guardia Civil.

Tras este encontronazo, empieza la batalla. Alba denuncia a López por mala praxis ante la fiscalía y el rectorado por la manipulación de los cadáveres que usaban para las investigaciones. El centro abre entonces una investigación interna, pero rechaza las acusaciones. "Tras un estudio exhaustivo de todo lo actuado, no se desprende causa justificada de adopción de medidas disciplinarias hacia el señor López", concluyó.

En otro documento, el rector también le recrimina su actitud: "En contestación a su preocupación, manifestada a los medios de comunicación, de saber qué va a ocurrir con los cuerpos, tenga usted la certeza de que han sido utilizados ya, han sido relevantes para la ciencia y que los restantes también lo serán en el futuro dando así cumplimiento a la generosa donación de los finados y sus familiares en pro de la ciencia y de la investigación".

El Ministerio del Interior. Tras estos primeros enfrentamientos, la batalla entre las partes continúa durante meses. Alba denuncia en los medios el supuesto tráfico de influencias de Seguí y su marido; y los acusa de haber forzado que lo echaran del I3A tras acusarlos de corrupción —aunque, en un email enviado a los trabajadores del instituto y según dice la Universidad, este se dio de baja de forma voluntaria—. Y entonces llega el verano de 2016.

En pleno escándalo por las conversaciones de Fernández Díaz sobre la policía patriótica, se filtra la conversación entre una subdirectora de Tráfico y el presidente de CNAE que apunta a un supuesto amaño de los cursos para recuperar los puntos del carné. Este caso pone a la DGT en el ojo del huracán. Y es entonces cuando la batalla personal de Alba salta a primera página. Se publica que CNAE le pagó el viaje al marido y los tres concursos adjudicados. Interior decide abrir una investigación. La Universidad de Zaragoza también decide revisar la que hizo en su día, según ha confirmado el centro.

El cerco a Seguí. El ministro Jorge Fernández Díaz decidió marcar las distancias con Seguí durante la última semana. No la respalda. Y la directora llega a presentar el pasado 15 de julio una nueva declaración de bienes para defenderse internamente. En esta consta que actualmente posee dos inmuebles al 50% (con un valor catastral de 235.246 euros y 56.623,59 euros, respectivamente) y 4.184 euros en una cuenta; además de una hipoteca de 507.369 euros y un crédito de 71.861, al 50% ambos. En 2012, cuando accedió al cargo y aún no se había casado, declaró una vivienda por valor catastral de 369.000 euros y 4.119 euros en una cuenta. El matrimonio repite que no se ha llevado ni un solo euro. De momento, el caso ya le ha costado el puesto a Seguí. "¿Y qué universidad me va a querer contratar a mí ahora?", se pregunta su marido.

El viaje pagado a un hotel de Cancún

La Confederación Española de Autoescuelas (CNAE) pagó al marido de María Seguí un viaje a un hotel de cinco estrellas en Cancún en 2014, donde se celebraba un congreso de Seguridad Vial y donde López presentó uno de sus proyectos de investigación, que había respaldado este colectivo. Él no era el elegido inicialmente para acudir a esta cita, sino otro miembro del equipo.

El conflicto surge porque la patronal de las autoescuelas es adjudicataria de la DGT y se encuentra implicada actualmente en el supuesto amaño de los concursos convocados por Tráfico para gestionar los cursos para recuperar los puntos del carné. López se defiende: a ese hotel acudieron los participantes del Congreso y es habitual que los patrocinadores financien estos viajes, según repiten también fuentes de CNAE.

http://politica.elpais.com/politica/2016/07/22/actualidad/1469209453_944275.html

14.4. MARÍA SEGUÍ ASEGURA QUE ES VÍCTIMA DE UNA GUERRA POLÍTICA Y DE INTERESES

La directora general de Tráfico deja el cargo después de las acusaciones que la relacionan con tratos de favor a investigaciones en las que estaba su marido y con supuestos amaños en los cursos de recuperación del carnet por puntos

María Seguí asegura que ella y su familia son víctimas de una guerra política y de intereses económicos y que se va, con la conciencia tranquila, porque ya no puede realizar el trabajo para el que se la contrató. La directora general de Tráfico deja el cargo tras las acusaciones que la relacionan con tratos de favor a investigaciones en las que estaba su marido y con supuestos amaños en los cursos de recuperación del carnet por puntos.

"La situación económica y política y el entorno de crispación son tales y en estos momentos estamos jugando a guerras sucias de intereses y conflictos económicos y políticos; yo en esta guerra no pinto nada, esa no es mi guerra", explica Seguí en conversación con la Cadena SER, en la que añade que se considera parte de un "juego de caza mayor".

Seguí recalca que ella es una profesional "de perfil técnico", vinculada a la universidad y sin afiliación a ningún partido político.

La hasta ahora directora de la DGT añade que su etapa al frente de Tráfico se ha caracterizado por la apartura, la transparencia y racionalización del uso de los recursos del organismo.

María Seguí asegura que se va con la "conciencia muy tranquila".

El ministro del Interior ha aceptado esta mañana su dimisión. Su puesto lo ocupará el hasta hoy secretario general del organismo, Cristóbal Cremades Rodríguez.

Interior mantiene abierta una investigación

El Ministerio del Interior mantiene abierta una investigación por las posibles irregularidades en la adjudicación de tres proyectos de la Dirección General de Tráfico (DGT) en los que participó su marido y para conocer si Seguí participó directamente en la contratación de alguno de ellos. Los resultados de este proceso aún no se conocen.

Los tres proyectos de investigación bajo sospecha, que la DGT financió con casi 50.000 euros, se llevaron a cabo en la Universidad de Zaragoza y en ellos participó el marido de María Seguí. El centro educativo también ha abierto una investigación para saber si actuó correctamente.

Francisco López Valdés, el marido de María Seguí, niega irregularidades, asegura que está siendo víctima de una extorsión, anuncia que emprenderá acciones judiciales.

El posible fraude en la adjudicación de los cursos de recuperación de puntos

La Dirección General de Tráfico también se vio obligada a abrir a principios de julio una investigación interna para esclarecer si la adjudicación de los cursos de recuperación de los puntos del carnet de conducir estuvo amañada.

Tras el escándalo, Tráfico destituyó a la subdirectora adjunta de Formación Vial de la DGT.

http://cadenaser.com/m/ser/2016/07/22/sociedad/1469189032_103688.html

14.5. DIMITE MARÍA SEGUÍ, DIRECTORA GENERAL DE LA DGT

Interior investiga la financiación desde Tráfico a proyectos donde trabajaba el marido de Seguí

La directora general de la DGT, María Seguí, ha dimitido este viernes. Una decisión que llega después de que el Ministerio del Interior abriera la pasada semana una investigación urgente sobre la financiación concedida desde Tráfico a proyectos de investigación donde trabajaba su marido. Esta medida fue, definitivamente, la puntilla a una cadena de escándalos que, durante 15 días, ha cuestionado y colocado contra las cuerdas a la institución encargada de velar por la seguridad en las carreteras. Hace dos semanas, la propia DGT cesaba a la subdirectora de Formación Vial, implicada en el supuesto amaño del concurso para adjudicar los cursos para recuperar los puntos del carné. Ahora cae su jefa.

"El ministro del Interior ha agradecido a María Seguí el trabajo que ha desarrollado en los últimos cuatro años y medio, etapa en la que se ha alcanzado el mínimo histórico en el número de víctimas mortales por accidente de tráfico desde 1960", ha explicado el departamento encabezado por Jorge Fernández Díaz a través de un breve comunicado.

La ya ex directora general, doctora en Medicina y doctorada en prevención de accidentes por la Universidad de Harvard, asumió el cargo en febrero de 2012. Llegó con el reto de sustituir a Pere Navarro, que había logrado reducir los muertos en accidentes en un 50% y que se fue, incluso, con las alabanzas de Mariano Rajoy y de Jorge Fernández Díaz. Pero, en estos cuatro años, las iniciativas de Seguí han resultado muy cuestionadas. Las asociaciones de víctimas, por ejemplo, han acusado a Tráfico de inacción.

“Ha sido un mandato de parálisis”, resumían varios expertos del sector durante el décimo aniversario de la entrada en vigor del carné por puntos. El descenso de la siniestralidad ha sufrido un frenazo drástico, y en 2014 se registró el primer aumento de fallecidos en accidentes en 11 años. Y, además, en este tiempo, Seguí ha tenido encontronazos con los colectivos de ciclistas —pidieron su destitución tras barajar la obligatoriedad del uso del casco en ciudad— o con los examinadores del carné —que mantuvieron una huelga de semanas el pasado año—.

Con el propio Fernández Díaz también se topó. El ministro desautorizó en público a la directora general en 2013, después de que esta anunciara que estaban estudiando que los conductores más mayores tuvieran que volver a ser “evaluados” a la hora de renovarse el carné. “No habrá exámenes teóricos de reválida”, zanjó Interior, que posteriormente dejó en un cajón el proyecto estrella de Seguí para su mandato. Tras años trabajando en un nuevo reglamento de circulación, el Ministerio nunca llegó a aprobárselo.

Pero los golpes que han tumbado a la directora general han llegado con el Gobierno en funciones. Ante el primer revés, la grabación que implicaba a su subdirectora en el amaño de concursos públicos, cortó la cabeza de su subalterna. Entonces, aguantó ante los que pedían responsabilidades al más alto nivel. Fernández Díaz la respaldó en ese momento y aseguró en el Congreso que mantenía la confianza en ella. Pero, apenas unos días después, el segundo embiste la derrocó. Hasta los medios más conservadores pidieron su cese por la financiación desde la DGT a grupos de trabajo de investigación donde estaba su marido. Y el Ejecutivo, en plenas negociaciones para mantenerse en la Moncloa, ha decidido dejarla caer.

http://politica.elpais.com/politica/2016/07/22/actualidad/1469180878_674635.html

15. ELVIRA RODRÍGUEZ, SUPERVISORA MÁXIMA DE LAS BOLSAS ESPAÑOLAS Y SUS PELIGROSAS AMISTADES

Acude a declarar a la Audiencia Nacional sobre el caso Bankia, mientras se sienta con procesados en un Patronato de la Fundación Caser

Este viernes, Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), acude a la Audiencia Nacional. Lo hace en calidad de testigo para declarar sobre el caso Bankia y como responsable última del organismo supervisor de los mercados bursátiles. Nada de extrañar. Pero sí resulta más chirriante el hecho de que al tiempo se siente en el órgano de gobierno del Patronato de la Fundación Caser, fundación de una empresa que pertenece en un 75% al Banco de Sabadell, empresa que cotiza en bolsa, con imputados precisamente por el caso Bankia.

Un hombre con tarjeta 'black'

Como se puede ver en la web de la propia Fundación Caser, donde se dice que los miembros directivos del Patronato están investidos “de los más amplios poderes para dirigir la marcha de la misma”, figuran entre los vocales, junto a Elvira Rodríguez, Juan Iranzo Martín y Juan Manuel Suárez del Toro.

El primero de ellos aparece presentado en la web como Presidente del Colegio de Economistas de Madrid. Pero su historial va más allá. Neoliberal acérrimo (aunque sin problemas para estar en consejos de empresas públicas como Red Eléctrica durante años), habitual asesor del Partido Popular y el actual Gobierno en funciones hasta que cayó en desgracia, durante dos años largos fue también consejero de Caja Madrid.

Tiempo durante el que Iranzo disfrutó de una de las famosas tarjetas ‘black’ con la que gastó miles de euros en compras que iban desde comidas en Burger King o entradas de cine, a ropa interior femenina y copas en clubes nocturnos, hasta joyas y artículos de lujo en El Corte Inglés, Loewe o Louis Vuitton.

El pequeño Nicolás, amigo común

Con Iranzo, viejo amigo, Elvira Rodríguez coincidió también en otra fundación. En concreto, FAES, el think tank del PP. Habituales ambos de la organización presidida por José María Aznar, allí también se convirtieron los dos en habituales del círculo de amigos de Fran Nicolás Gómez Iglesias antes de que éste se convirtiera en personaje público bajo el nombre de el pequeño Nicolás. Sobre la relación de este adolescente conseguidor y abre puertas con Elvira Rodríguez informábamos recientemente en ELPLURAL.COM a partir del escándalo que afecta a la CNMV, investigada por la UDEF. De la buena relación del joven miembro de Nuevas Generaciones con Iranzo, da prueba la fotografía que acompaña esta información.

Como decimos, además de Iranzo, Elvira Rodríguez comparte mesa cuando acude a las reuniones del Patronato de la Fundación Caser con Juan Manuel Suárez del Toro. Durante lustros presidente de Cruz Roja Española, Suárez del Toro era presidente de Caja de Canarias cuando se produjo la creación de Bankia, y por tanto pasó a ser miembro de su Consejo hasta mayo de 2012.

A pesar de ello, el personaje, Ingeniero Industrial de carrera, al declarar en la Audiencia Nacional sobre el agujero que había en las cuentas de Bankia-BFA en los tiempos de la presidencia de Rodrigo Rato, al declarar ante el juez como imputado no tuvo reparos en decir que acudía a las reuniones y votaba lo que le decían “los gestores de la entidad”, y que firmaba lo que le pedían “sin tener información real”. “Mi misión era asistir a las reuniones del Consejo”, dijo a modo de excusa, según testigos de su declaración ante el juez.
Ética y estética

En el departamento de comunicación de la CNMV han confirmado a ELPLURAL.COM la pertenencia de Elvira Rodríguez al Patronato. También que no percibe por ello ningún tipo de remuneración. Sin embargo sí que resulta difícil sustraerse a una doble pregunta ética ante el hecho.
Por un lado, sobre el hecho de que la Presidenta de la CNMV tenga asiento en el Patronato de una empresa que cotiza en bolsa, y que por tanto se debe ver supervisada por la Comisión. Por otro, como se va a producir durante su presencia ante el juez de la Audiencia Nacional, el cuestionamiento sobre la imparcialidad de Elvira Rodríguez en asuntos que afectan a personas que comparten con ella gobiernos de organizaciones aún sean éstas sin ánimo de lucro.

http://www.elplural.com/2016/07/28/elvira-rodriguez-supervisora-maxima-de-las-bolsas-espanolas-y-sus-peligrosas-amistades

16. EL MINISTRO DE DEPORTE PAGA A UN ENTRENADOR DE CABALLOS SANCIONADO POR DOPAJE

Méndez de Vigo tiene como preparador de su cuadra a Guillermo Arizkorreta, sancionado en 2014 y con otro expediente abierto.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, tiene contratado como preparador de sus caballos al entrenador Guillermo Arizkorreta, sancionado en 2014 por dopar a un potro con sustancias prohibidas. Además, este mismo entrenador tiene otro expediente abierto en el Comité de Disciplina del regulador de las carreras de caballos porque otro de los animales entrenados por él acaba de dar un nuevo positivo.

Este último problema se descubrió el pasado 12 de junio en un control antidoping del nuevo regulador, Jockey Club Español, y se encuentra en proceso de investigación. Según fuentes conocedoras del asunto, Arizkorreta ha solicitado un contra análisis de la prueba de orina que se hizo al caballo Orfeon, que había quedado en el primer puesto en el hipódromo de La Zarzuela ese mismo día.

Fuentes de su entorno recuerdan que el entrenador ha pasado en sus diez años de carrera más de 700 controles antidoping, tanto en España, Francia, Dubai o Suiza. "Solo dos han dado positivo. Y son por sustancias que no mejoran el rendimiento del caballo. Hay que conocer ese mundo para saber que las carreras de caballos tienen tolerancia cero con cualquier sustancia externa al animal", matizan las mismas fuentes.

Resulta que Arizkorreta es el entrenador de los caballos de la cuadra Claret, del actual ministro de Educación, Cultura y Deporte. En la Copa de Oro de San Sebastián, el caballo de Méndez de Vigo, Alazar, corre bajo la supervisión y entrenamiento de Arizkorreta. Además, ha sido el entrenador de los caballos Rilke y Atalanta, también de la cuadra Claret.

El último positivo bajo la mano de este preparador todavía no es firme, dado que está pendiente del expediente sancionador. Sin embargo, no es la primera vez, ya que Arizkorreta fue sancionado en 2014 por detectar en el caballo S. Grillo atenolol y metoprolol.

Según el expediente 34/11.08.14, de fecha 30 de septiembre de 2014 del regulador de carreras, Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España (SFCCE), Arizkorreta, tal y como ha hecho ahora, solicitó entonces el análisis de la muestra duplicada por el Racing Laboratory de Hong Kong. Si embargo, éste confirmó que se había detectado en la muestra la presencia de estos dos componentes prohibidos.

Sustancias terapéuticas

En su escrito de defensa, el entrenador alegó no haber utilizado nunca atenolol y metoprolol en sus tratamientos ya que son sustancias que “su uso se desaconseja en deportes extenuantes porque ralentizan la frecuencia cardíaca y no se consideran mejoradas del rendimiento”. Ante la incapacidad de descubrir de dónde podría venir la contaminación, el entrenador asumió su responsabilidad.

http://www.elespanol.com/espana/20160726/142986637_0.html

17. C.A.GALICIA. ANGROIS: TRES AÑOS SIN JUSTICIA

Las víctimas del mayor accidente ferroviario de los últimos años en Europa han tenido que recurrir a la Unión Europea para reclamar justicia

La investigación judicial se cerró con el maquinista como único acusado y el Congreso se negó, hasta en cuatro ocasiones, a abrir una comisión de investigación que arrojase luz sobre la responsabilidades políticas de la tragedia

Los afectados se sienten "estafados" y exigen una disculpa pública por parte de la exministra de Fomento Ana Pastor, a la que acusan de haberlos engañado

Este domingo se cumple el tercer aniversario del accidente de tren que tuvo lugar en el barrio compostelano de Angrois, que dejó 81 muertos y más de 140 heridos. 1.095 días después de la tragedia, las víctimas, supervivientes del siniestro y familiares de fallecidos, se sienten "estafadas" con la gestión judicial y política. Aunque ahora cuentan con la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña, que obliga a reabrir la investigación, y con un informe de la Agencia Ferroviaria Europea, que ha hecho oficial lo que todo el mundo ya sabía: la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que concluyó que el maquinista era el único responsable, no es un órgano independiente y,. por tanto, sus conclusiones no pueden ser consideradas imparciales.

Esta misma semana la situación de las víctimas ha cobrado protagonismo después de la reunión que mantuvieron los portavoces de las víctimas con algunos responsables de Renfe, Adif y Fomento. Un encuentro al que no acudió la exministra de Fomento, Ana Pastor, a pesar de que se había comprometido a ello.

Desde que tuvo lugar el trágico accidente, las víctimas no e han cansado de denunciar fallos técnicos y de seguridad en las vías y en el tren que descarriló. A diferencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, los afectados aseguran que, de haber existido las condiciones técnicas de seguridad adecuadas, el siniestro no se habría producido.

El primer juez que instruyó la causa, Luis Aláez, imputó hasta en dos ocasiones a 12 cargos de Adif que podían tener responsabilidad en el accidente, desde el año 2011, cuando se inauguró la vía, hasta el momento del siniestro. Uno de los principales motivos de la imputación de estos cargos era que en el tramo del accidente no había instalado un sistema de frenado ERTMS, que frena de forma automática el tren cuando el vehículo excede la velocidad permitida, algo que recomienda la normativa europea. Aunque Aláez fue el primero en establecer que la principal causa de lo ocurrido fue el fallo humano del maquinista, justificó las imputaciones en que, además del error del conductor, para que el accidente se produjera “lo decisivo ha sido permitir la circulación de trenes por un tramo de línea carente de las medidas de seguridad suficientes para mantener el peligro para la vida e integridad de sus usuarios dentro de los límites tolerados por el ordenamiento jurídico”. No obstante, el intento de Aláez resultó baldío: la Audiencia Provincial de A Coruña rechazó estas imputaciones en las dos ocasiones.

El abogado de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Manuel Alonso, recuerda que, en el momento en que la Audiencia rechazó la imputación de estos cargos, "todavía no habían sido presentados los informes de los peritos". En el transcurso de la investigación, dos informes periciales concluyeron que no existían las medidas de seguridad adecuadas al tren y al tipo de vía. Uno de los peritos señaló a Adif y a Renfe como responsables del accidente.

Sin embargo, Alonso subraya que, cuando el juez Aláez fue sustituido por el magistrado Andrés Lago Louro, que se culpa en la actualidad del caso, éste "sólo llevó a ratificar sus informes a tres de ellos, y sólo tomó la versión de uno de los peritos, el que decía que no había fallos en la seguridad", aunque, según el abogado, "hay otros dos informes aportados que todavía no han sido ratificados y que apoyan completamente nuestras tesis".

En octubre de 2015, el magistrado Lago Louro cerró la investigación con el maquinista como único imputado y sumió a las víctimas en la desesperación. Hasta este mes de mayo cuando la Audiencia Provincial de A Coruña tumbó esa decisión y ordenó reabrir la instrucción. La institución judicial ordenó al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago seguir investigando para aclarar diversos extremos expuestos en las pruebas periciales.

"La Audiencia”, subraya Alonso, “le dice al juez que siga investigando y le marca la línea a seguir y las pruebas que debe realizar, que se corresponde con lo que nosotros pedimos". El abogado de las víctimas añade que "también hay que rectificar en el tema de los informes periciales, ya que sólo llevaron a tres peritos, por eso solicitamos que llame a alguno más". Alonso también insiste en la importancia de las declaraciones de estos expertos; según el abogado, "los informes son importantes, pero si son llamados a declarar, si son ratificados, son sometidos a preguntas y pueden dejarlo todo más claro, es mucho más esclarecedor; con eso, todo se volvería a nuestro favor".

Cuando el magistrado optó por cerrar la investigación, el abogado del as víctimas se sintió "muy sorprendido". "El auto de Lago Louro que cerraba la investigación fue recurrido por todas las acusaciones, excepto por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Era la primera vez en mi carrera que veía algo así", subraya.

Cuatro negativas a investigar las responsabilidades políticas

La otra batalla de las víctimas se sitúa en el terreno político. Desde que se produjo el siniestro, varios partidos, con especial protagonismo del BNG, han solicitado la creación de una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados hasta en cuatro ocasiones. Las cuatro fueron rechazadas rechazadas con los votos contrarios del PP y la abstención del PSOE. Igual que en el Parlamento gallego.

En septiembre de 2013, dos meses después del accidente, se desestimaron las dos primeras propuestas para abrir una comisión de investigación –una en el Parlamento gallego y otra en el Congreso–. En la Cámara autonómica se rechazó por los votos contrarios del PP, que son mayoría, mientras que el Congreso se rechazó en Junta de Portavoces que se debatiera en Pleno, es decir, ni siquiera llegó al pleno de la Cámara.

La justificación para no abrir una comisión de investigación parlamentaria difiere según la Cámara. En el caso del Congreso, después de la negativa a la primera petición, el portavoz parlamentario del PP y hoy ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, explicó que, tras la comparecencia de la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, ante la comisión del ramo a principios de agosto de 2013 ya se acordó crear una subcomisión "de estudio" sobre el sector ferroviario para "trabajar sobre la seguridad del servicio ferroviario, y que se revise y analice todo", por lo que consideraron innecesario plantear otro órgano sobre el mismo tema. En el caso del Parlamento gallego, cada vez que se ha solicitado, el PP ha asegurado que la Cámara no tiene legitimidad ni competencias para abrir una comisión de este tipo. Aunque sí lo hizo cuando ocurrió la catástrofe del Prestige, el petrolero que se hundió frente a Fisterra (A Coruña) provocando la mayor marea negra de la historia de Europa, un desastre que tampoco era de su competencia.

En el último pleno de la legislatura fallida –en la que Pedro Sánchez, el único candidato que se sometió a la investidura, no logró mayoría suficiente–, el pasado mes de abril, PP y PSOE volvieron a vetar un debate para abrir una comisión de investigación parlamentaria. El Pleno del Congreso tumbó la petición de En Marea, Podemos, En Comú Podem y parte del Grupo Mixto para que la Cámara creara una comisión de investigación con el objetivo de depurar responsabilidades políticas por el accidente ferroviario. El pasado jueves, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el Grupo Mixto lo volvieron a solicitar de nuevo en el Parlamento gallego. No saldrá adelante: la inminente convocatoria de las elecciones impedirá que se llegue a votar. Y aunque hubiese tiempo, el presidente Alberto Núñez Feijóo (PP) sigue creyendo que la Cámara gallega no es el lugar en el que deben depurarse las responsabilidades políticas por lo ocurrido.

Una investigación contaminada

A principios de este mes de julio, la Agencia Europea del Ferrocarril (ERA, por sus siglas en inglés) hizo público un informe (secreto desde el pasado mes de enero) que dictaminaba que la comisión elegida para investigar el accidente no era independiente, en contra de lo que exige la normativa europea. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) estaba formada por el director de seguridad de Adif, un técnico de la Secretaría de Fomento, el director de seguridad en la circulación de Renfe y de la empresa pública Ineco, adscrita al Ministerio de Fomento. Debido a la relación directa de los miembros de la comisión con Fomento y las empresas investigadas, la ERA dictaminó que sus conclusiones no podían ser consideradas definitivas y subrayó la necesidad de llevar a cabo una nueva investigación con una comisión independiente.

Además de la conclusión de la ERA, el abogado de las víctimas añade que "en la CIAF no se hace referencia a cuál fue el primer vagón en saltar", algo que considera “fundamental, reconocido por la ERA, porque con eso se determina cuál era el peso de los vagones, que claramente sobrepasaban el límite". Además, señala que hay "muchos motivos" que muestran las irregularidades y fallos de seguridad, "desde el propio diseño de las líneas hasta la puesta en funcionamiento".

"Antes de inaugurar la línea con circulación de pasajeros no pusieron a prueba la vía, no hicieron viajes de prueba", denuncia. "Uno de los jefes de los maquinistas se dio cuenta de la barbaridad que estaban cometiendo y convocó una reunión, pero no sirvió de nada", recuerda el letrado.

"La desactivación del ERTMS es otro insulto a la seguridad, por no hablar de que nunca estuvo instalado en los últimos cinco kilómetros de entrada a la estación de Santiago. La señalización en las vías, semáforos, balizas... Los maquinistas se guiaban por las casas que veían; si era una casa con piscina, si tenía el tejado de un color... Era difícil saber dónde estaba exactamente la curva, porque hay muchos túneles en tramos diferentes y eso te puede confundir. El informe de la CIAF, que afirma que el accidente se debe exclusivamente a un fallo humano, es un insulto a la inteligencia", denuncia.

Una vez adoptada la decisión de la Audiencia, el juez tiene 18 meses desde la reapertura de la investigación judicial para cerrar el caso –hasta el 6 de junio de 2017–. Alonso confía en que "en la segunda quincena de septiembre o primera de octubre esto se reactive". "Se ha perdido mucho tiempo", , admite. Tres años sin justicia. Pero ahora sólo piensa en "llegar hasta el final".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/24/tres_anos_reclamando_justicia_52793_1012.html

18. C.A.MADRID. CIFUENTES RECURRE ANTE LA AUDIENCIA LA INADMISIÓN DE LA QUERELLA CONTRA MAESTRE

"La libertad no ampara la injuria y la Audiencia Provincial dirá la última palabra", ha expuesto Cifuentes en la red social Twitter en referencia al recurso que ha impuesto

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha recurrido ante la Audiencia Provincial la inadmisión de la querella interpuesta contra la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, que ha acordado el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid.

"La libertad no ampara la injuria y la Audiencia Provincial dirá la última palabra", ha expuesto Cifuentes en la red social Twitter (aludiendo al recurso que ya ha interpuesto) en respuesta a un comentario previo del portavoz de Podemos en el Congreso, Iñigo Errejón, aludiendo a que, a su juicio, Cifuentes "ha querido encarcelar las palabras" pero que "no se podía poner coto a la libertad".

La querella fue presentada a raíz de una entrevista de Maestre en 'El Español' el pasado 18 de abril, donde Cifuentes consideraba que se había cometido un delito de calumnias e injurias graves. "En aquel momento, nadie que quisiera hablar con Cifuentes podía hacerlo. No existían cauces de diálogo. Fundamentalmente su actuación como delegada del gobierno era pegar a gente, era la jefa de los que apaleaban a los que se manifestaban en Sol", declaró Maestre.

La edil explicó posteriormente a la prensa que "no quería decir que la función de la policía sea pegar ni que ella fuera la que físicamente llevara una porra en la mano sino que como delegada del gobierno era responsable de algunas cargas".

En la sentencia, el juez sienta como base la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2011, que "apenas deja lugar para las restricciones a la libertad de expresión en el ámbito del discurso y el debate político, en el cual la libertad de expresión reviste la más alta importancia de las cuestiones de interés general".

"Los límites a la crítica admisible son más amplias respecto a un sujeto político exponiéndose inevitablemente y conscientemente a un control atento de sus hechos y debe mostrar por ello una mayor tolerancia", sostiene el juzgado, que apunta que esto no quiere decir que no tengan derecho a proteger su reputación.

http://m.publico.es/politica/1967429/cifuentes-recurre-ante-la-audiencia-la-inadmision-de-la-querella-contra-maestre

19. C.A.MADRID. INADMITIDA LA QUERELLA DE CRISTINA CIFUENTES CONTRA RITA MAESTRE

Cifuentes reclamó a Maestre que retirara unas declaraciones en las que dijo que durante su etapa como delegada del Gobierno su actuación "fundamentalmente" era "pegar a gente" y que "era la jefa de los que apaleaban a quienes se manifestaban en Sol".

La titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid no ha admitido a trámite la querella presentada por la presidenta de la Comunidad regional, Cristina Cifuentes, contra la portavoz del Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre.

Cifuentes reclamó en un burofax a Maestre que retirara unas declaraciones en las que dijo que la jefa del Ejecutivo autonómico durante su etapa como delegada del Gobierno su actuación "fundamentalmente" era "pegar a gente" y que "era la jefa de los que apaleaban a quienes se manifestaban en Sol".

En caso de que no rectificase, Cifuentes advirtió a Maestre de que tomaría medidas, para lo que aclaró que no utilizaría la Abogacía del Estado ni los servicios jurídicos de la Comunidad, dado que se trataba de un asunto "particular".

En un auto fechado el pasado 7 de julio, la jueza Josefa Bustos Manjón decide no admitir a trámite la querella interpuesta por la presidenta de la Comunidad contra la portavoz municipal por esas declaraciones. La titular del Juzgado de Instrucción número 49 argumenta que las manifestaciones de Maestre "se incardinan dentro del debate político", por lo que, en su opinión, no atentan al honor de Cifuentes.

La jueza añade que las declaraciones de la portavoz del equipo de Gobierno de Manuela Carmena "obedecen a una crítica social y política", que está "amparada por el derecho a la libertad de expresión" y no son constitutivas de una infracción penal. Tras conocer esta decisión judicial, contra la que se puede interponer recurso, Maestre ha asegurado que se alegra "mucho" y que espera que sirva para que la "dinámica de judicialización de la vida política termine".

Según la portavoz municipal, el debate político "mientras no sea ofensivo" tiene sus cauces y "no debe llevar a esta dinámica de querellas, que no es positiva".

http://m.publico.es/politica/1967381/inadmitida-la-querella-de-cristina-cifuentes-contra-rita-maestre

20. C.A.MADRID. CIFUENTES OFRECE BECAS DE GIMNASIO A VEINTEAÑERAS SI CEDEN SU IMAGEN

Las chicas pueden hacer deporte gratis un mes y a cambio el centro puede publicitarse de por vida con sus fotos o vídeos

La Consejería de Educación, Juventud y Deporte lanzó en abril pasado Desafío 30/00, un programa que ha permitido a 3.000 mujeres de 20 a 30 años ir al gimnasio gratis en mayo. Lo que no se publicitó, pero aparece en letra pequeña en el formulario que las veinteañeras tuvieron que rellenar, es que han cedido su imagen para siempre y gratis a la Asociación Madrileña de Empresarios de Servicios Deportivos (Asomed). La cesión incluye el permiso para medios audiovisuales, webs y redes. Educación argumenta que las carreras populares también incluyen esta cláusula para salvar la ley de protección de datos.

Ellas van más al médico que ellos

Visita al ambulatorio. Un 71,2% de las mujeres jóvenes, frente al 56,2% de los varones de su edad, visita cada año el ambulatorio, según los datos del Informe del estado de Salud de la población de la Comunidad de Madrid 2014.

Dolencias. Las mujeres entre los 15 y los 34 años acuden a atención primaria muchas veces por motivos relacionados con la planificación familiar y el embarazo.

Alimentación. El consumo de frutas y verduras sigue siendo superior en 2013 en las mujeres, aunque el 42,6% de ellas no llega a tomar tres raciones al día. Ellas comen menos carne que ellos y el consumo ha caído un 16% respecto al lustro anterior. También ha bajado la ingesta de galletas y bollería un 27% en estos cinco años.

Las jóvenes que acudieron gratis al gimnasio en mayo tuvieron que inscribirse en la página web privada TicketSport. En el último párrafo del documento que firmaron se indica: “Las inscritas autorizan, de manera expresa y sin límite temporal, a la Asociación Madrileña de Empresarios de Servicios Deportivos el uso publicitario de fotos, vídeos y de cualquier tipo de material fotográfico y audiovisual en el que pueda figurar en cualquier medio de comunicación, cine, páginas web y redes sociales, sin esperar retribución alguna por este concepto”.

En menos de 72 horas se ocuparon 2.800 de las 3.000 plazas previstas en el plan del Gobierno de Cristina Cifuentes, que fueron ampliadas luego 150 más. También los gimnasios que se apuntaron al Desafío 30/00 pasaron sobre la marcha de ser 52 a 70, dispersos en 14 municipios de la Comunidad.

Alberto García Chápuli, gerente de Asomed, asegura que la cláusula por la que las chicas ceden su imagen es una “coletilla” que se incluye en “cualquier evento”. Considera que si la veinteañera quiere seguir en ese gimnasio “probablemente” el acuerdo con el centro deportivo no incluya esa condición. García Chápuli asegura que solo se ha usado la foto de una chica que pasó un reto deportivo, y que ante la “utilización política” que se quiere hacer del asunto no tiene problema en “renunciar a los derechos de imagen”.

Mónica Carazo, portavoz de Juventud del Grupo Parlamentario Socialista, no está de acuerdo con las explicaciones oficiales: “Entiendo que TicketSport incluya esa cláusula para cubrirse las espaldas en una carrera, pero no que la exija la Comunidad para acceder a una ayuda”, afirma. En el pleno celebrado la semana pasada pidió explicaciones al consejero Rafael van Grieken. Y este, lejos de retractarse de las cláusulas de inscripción, anunció que visto el éxito se repetiría el plan, pues se trataba de una “experiencia piloto”: “Vamos a dar la posibilidad de continuar este programa, invitando a participar en él a los servicios de los Ayuntamientos que quieran adherirse”. Van Grieken insistió en que el plan no ha tenido ningún coste para la Administración ni para las suscritas, pues la idea partió de Asoded, que de esta forma se ha acercado a potenciales clientas.

En el pleno parlamentario se vivieron momentos de tensión. “Han hecho ustedes una discriminación positiva sin justificación”, recriminó Carazo al consejero. “No tienen datos del sedentarismo en la Comunidad, pero han decidido dejar fuera a los chicos y se han centrado en las chicas alegando que eso coincide con la edad tope del carné joven. ¿Qué tiene que ver el sedentarismo con el carné joven?”, se preguntó.

La portavoz de Juventud reclamó más información: “Este tema es lo suficientemente grave como para que usted explique por qué durante un tiempo indefinido expone a estas chicas a que se pueda utilizar su imagen sin ningún tipo de control, cuando y cuanto quieran”.

La mitad de las jóvenes no se mueven

La Consejería de Educación, Juventud y Deporte asegura que el sedentarismo entre las mujeres de entre 20 y 30 años alcanza casi a la mitad de la población, según las estadísticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Encuesta Nacional de Salud, el Eurobarómetro y el Informe del estado de salud de la población de Madrid. “

En las bandas de edad 15/24 años y 24/34 años en unos estudios, y de 15/24 años y 25/39 en otros, el sedentarismo alcanza el 50% de las mujeres comprendidas en este bloque de edad y un tercio de los hombres”. Hasta los 14 años ambos sexos se ejercitan por igual y tras terminar la enseñanza obligatoria —que incluye la materia de Educación Física— los porcentajes de actividad deportiva no dejan de diverger. El 80% de las mujeres que participaron en el Desafío 30/00 aseguraron no practicar deporte por falta de tiempo.

“Ya imaginaba que no le iba a gustar el programa”, contestó el consejero a Carazo. Y añadió: “Usted ha registrado una pregunta en la Asamblea una semana después de presentarse [el plan] y sin una evaluación [previa]. El objetivo es corregir el nivel de sedentarismo claramente establecido entre mujeres de 20 a 30 años”. Por eso, como “entre nuestras competencias está la de fomentar la forma física de la población y la cooperación con instituciones publicas o privadas, aceptamos la propuesta de la Asociación de Empresarios de Servicios Deportivos y de la Fundación Vida Activa Saludable para promover esta experiencia”.

Carazo, efectivamente, registró la pregunta en abril y ha esperado tres meses a que la consejería le diese respuesta. “Le voy a dar un titular”, afirmó: “Un mes de gimnasio, una vida utilizando su imagen. Firmado: Partido Popular. Gobierno de Cristina Cifuentes”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/18/madrid/1468873101_663377.html

21. C.A.MADRID. EL PP DE CIFUENTES IMPIDE QUE LA ASAMBLEA DE MADRID CONDENE EL GOLPE DE ESTADO MILITAR DEL 18 DE JULIO

Los conservadores rechazan la Declaración Institucional propuesta por Podemos, que contaba con el apoyo del PSOE. Ciudadanos, que no se pronuncia ni a favor ni en contra, señala que ha sido imposible discutir hasta del "contenido" porque el PP lo ha "impedido".

El Partido Popular ha impedido que la Asamblea de Madrid aprobara una Declaración institucional de condena al golpe de Estado militar del 18 de julio, que dio inicio a la Guerra Civil española hace ahora 80 años, y de compromiso en la defensa de los derechos humanos. La propuesta de Declaración, realizada por Podemos y apoyada por el PSOE, reconocía "a todas aquellas personas que sufrieron la represión" y reiteraba el esfuerzo de las instituciones" por "construir una sociedad en la que no vuelva a existir un gobierno que no nazca de la voluntad de la ciudadanía".

Los conservadores, contactados por Público, han explicado que no consideraban "conveniente" traer esta Declaración al Pleno que se ha celebrado este jueves porque "la temática sobrepasa las funciones de la Asamblea de Madrid" y no tenían clara "la finalidad" de la misma. Asimismo, fuentes de los conservadores han explicado a este medio que el Partido Popular "rechaza todo tipo de violencia", pero que no cree "necesario" que la Asamblea de Madrid se pronuncie al respecto.

La propuesta de Declaración fue realizada por Podemos y recabó el apoyo del PSOE, que en conversación telefónica con este medio, ha señalado que mostró su apoyo porque le parecía "buena, razonable y sensata". En este sentido, fuentes de los socialistas han lamentado que el Partido Popular "siempre den un paso atrás" cuando se trata de "recordar el pasado dictadorial" y reconocer a las "víctimas de aquella dictadura".

Los conservadores han explicado que no consideraban "conveniente" leer traer porque "la temática sobrepasa las funciones de la Asamblea de Madrid"

Por su parte, Ciudadanos no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la Declaración Institucional ni tampoco del texto propuesto por Podemos y ha señalado a Público que "la negación por parte del PP a discutir esta Declaración ha impedido siquiera hablar sobre su contenido". Por otro lado, fuentes del partido naranja también han recordado que Ciudadanos ha condenado el régimen franquista "en numerosas ocasiones" y consideran que es "una obsesión" de Podemos traer a la Cámara esta Declaración porque quieren "hablar permanentemente" del pasado.

Propuesta de Podemos

El texto propuesto por Podemos recordaba que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha recomendando a España recientemente la necesidad de que las instituciones españolas muestren "su firme rechazo por cualquier forma de imposición de unas ideas mediante el uso de la violencia", por lo que consideran necesario que la Asamblea de Madrid, y todas las instituciones del Estado, muestren "explícitamente el rechazo de una dictadura que negó la libertad y vulneró derechos que hoy son fundamentales e irrenunciables en el ejercicio de nuestra convivencia".

De esta manera, el texto señalaba que con motivo del 80 aniversario del golpe de Estado militar que dio inicio a la Guerra Civil la Asamblea de Madrid manifestaba su reconocimiento a todas aquellas personas que "sufrieron la represión, que murieron exiliadas lejos de su tierra y de sus seres queridos, que fueron encarceladas o perseguidas" y, por otro lado, mostraba su compromiso por continuar afirmando la defensa de los derechos humanos y la denuncia de cualquier vulneración de los mismos".

http://m.publico.es/politica/1966783/el-pp-de-cifuentes-impide-que-la-asamblea-de-madrid-condene-el-golpe-de-estado-militar-del-18-de-julio

22. C.A.MADRID. ESPERANZA AGUIRRE PIERDE LA DEMANDA CONTRA PEDRO SÁNCHEZ Y TENDRÁ QUE PAGAR LAS COSTAS

La inclusión de la ‘lideresa’ en el abecedario de la corrupción forma parte del “pluralismo” y la “crítica” política

“La a de Arístegui, la b de Bárcenas, la c de Camps, la d de De la Serna, la e de Esperanza Aguirre, la f de Francisco Correa, la G de Granados..., pero si es que no hay letras en el abecedario para definir la corrupción del Partido Popular”. Estas palabras, pronunciadas por Pedro Sánchez en sendos mítines el 16 de diciembre, en Alicante y Murcia, llevaron a Esperanza Aguirre -según el secretario general del PSOE, la E de la corrupción del PP- a presentarle una demanda.

En su escrito, presentado en un juzgado de primera instancia de Madrid, la expresidenta de la Comunidad y actual portavoz de la oposición en el Ayuntamiento se acogía a la protección al derecho al honor y se presentaba como “una dirigente política de larga, transparente e intachable trayectoria democrática, habiendo ejercido diversos cargos públicos”.

Este miércoles se ha conocido la sentencia en la que, aunque la jueza firmante dice que “el derecho al honor debe prevalecer frente a la libertad de expresión cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas”, son también relevantes otras circunstancias como que “la actora ha desempeñado diversos cargos públicos y se dedica a la actividad política, por lo que el interés que representa para la ciudadanía es evidente”, y que “además, las afirmaciones se profieren por el demandado durante campaña electoral y en el transcurso de dos mítines, ámbito en el que la contienda política se exacerba (…) y hacen referencia a un asunto de un evidente interés general como es la corrupción”. Por otra parte, que “se menciona al nombre de la actora, así como el de otros miembros del Partido Popular, lo pretendido por el demandado es criticar al Partido Popular, citándose a la actora como ejemplo de lo que, entiende el demandado, ocurre en su seno”.

Resultado de todo ello, la juez sentencia que las afirmaciones de Pedro Sánchez se encuentran “amparadas por la libertad de expresión en su vertiente de crítica política, aun cuando hayan podido resultar molestas para la actora, pues así lo exige el pluralismo político que ha de imperar en una sociedad democrática, lo que determina la desestimación de la demanda”. Pero, además, la juez, dispone que las costas del procedimiento sean también satisfechas por Esperanza Aguirre.

En el momento en que la dirigente popular conoció las expresiones de Sánchez declaró que “no voy a consentir que, como ha hecho el señor Sánchez, me llame corrupta de ninguna de las maneras” y lo hizo en poco tiempo. Antonio Hernando, portavoz socialista, contestó en su momento que ese tipo de demandas “no van a amedrentar a la dirección del PSOE”.

http://www.elplural.com/2016/07/20/esperanza-aguirre-pierde-la-demanda-contra-pedro-sanchez-y-tendra-que-pagar-las-costas

23. C.A.MURCIA. LA POLICÍA SOSPECHA QUE LADRONES CERCANOS AL PP ROBARON EL ORDENADOR DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN DE MURCIA

La Fiscalía asegura que quienes sustrajeron los documentos sobre los casos de corrupción “está claro que buscaban la información, si bien no van a encontrar nada que sea secreto”

¿Quién estaría interesado en robar un ordenador que contiene todos los sumarios y relevante información de los más importantes casos de corrupción en la Región de Murcia, casi todos vinculados con políticos del PP?

Esta es la pregunta de cajón que se han hecho los agentes de la Policía Nacional que investigan el asalto a la casa del Fiscal Anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, en el que, curiosamente, los ‘cacos’ despreciaron los demás objetos de valor y sólo sustrajeron la computadora en la que el fiscal guarda cientos de documentos sobre todos los casos de corrupción que investiga y las claves (PIN y PUK) de su teléfono móvil.

Y la respuesta que se han dado a sí mismos los agentes es la lógica y evidente para cualquier ciudadanos. Por ello, la Policía Nacional centra sus sospechas en que estos peculiares ladrones, que no quieren joyas ni dinero, deben ser personas vinculadas o cercanas al PP, partido que sería el principal beneficiado si desapareciera toda la información que contiene el ordenador, algo que no va a ocurrir porque el fiscal guardaba una copia de seguridad.

Los ladrones, que entraron a la vivienda a través de la terraza vecina, no intentaron camuflar el robo llevándose otras pertenencias valiosas, ni siquiera el otro ordenador de la casa.

Miguel Ángel Cámara, Valcárcel y otros políticos del PP

En el ordenador había información sobre las investigaciones en las que participa Lozano, como el conocido caso Umbra, sobre presunta corrupción urbanística en la expansión norte de Murcia, en el que está siendo investigado, entre otros, el exalcalde ‘popular’ de Murcia, Miguel Ángel Cámara.

O el de Novo Carthago, sobre supuesta corrupción por la puesta en marcha de un proyecto urbanístico sobre terrenos protegidos junto al Mar Menor, que salpica a varios cargos del PP. En esta causa, están siendo investigados, entre otros, la hija, el yerno y el cuñado del expresidente de Murcia y ahora eurodiputado, Ramón Luis Valcárcel, quien también podría acabar imputado en el caso.

Lozano también está personado en la operación César, que investiga un presunto fraude en sobrecostes de las obras de un tramo del tren de alta velocidad entre Crevillente (Alicante) y Murcia que podrían superar los 17 millones de euros.

Junto a las causas en sí, el fiscal tenía guardados otros documentos, como borradores, que no están incluidos en las piezas. “Está claro que buscaban la información, si bien no van a encontrar nada que sea secreto”, indican fuentes de la Fiscalía.

Tampoco en la Fiscalía se aventuran a señalar a los posibles autores, e irónicamente apuntan que “hay tanto malo suelto que la lista de sospechosos es muy amplia”.

Varias copias de seguridad
El fiscal Superior del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, por su parte, comentó que si lo que pretendía el asalto era perjudicar las investigaciones con la destrucción de documentos, “será inútil”, ya que de todos los asuntos que tramita Anticorrupción se conservan varias copias de seguridad.

Por ello, dijo López Bernal, las investigaciones pueden seguir su curso sin problemas.

La Policía Nacional está a cargo de las pesquisas por el robo, declaradas secretas, y, según el fiscal Superior, los agentes “localizarán a los autores y nos quedaremos todos más tranquilos”.

http://www.lacronicadelpajarito.es/region/policia-sospecha-que-ladrones-cercanos-al-pp-robaron-ordenador-del-fiscal-anticorrupcion

24. C.VALENCIANA. LA FISCALÍA PIDE AL SUPREMO QUE ABRA CAUSA A RITA BARBERÁ POR EL BLANQUEO

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha dejado a la ex alcaldesa y senadora 'popular' Rita Barberá un paso más cerca del banquillo. El Ministerio Público se ha alineado con la posición establecida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y ha avalado la investigación abierta contra el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia por blanqueo, una causa desprendida del caso Imelsa y por la que todavía permanecen imputados nueve de los 10 concejales 'populares' en Valencia. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha instado al Tribunal Supremo a que abra causa contra la ex alcaldesa. El Ministerio Público solicita en un escrito remitido al alto tribunal que designe un magistrado instructor.

Ahora Es el Supremo el que debe pronunciarse sobre la investigación y decidir si finalmente abre definitivamente la causa. El juez de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, encargado de la investigación, envió al Alto Tribunal la parte de la investigación que afecta a la senadora el pasado mes de abril. En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. El magistrado consideraba en su exposición que habiendo reconocido la ex alcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), ex ediles, asesores y ex asesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar exposición al TS, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la senadora, que tiene la condición de aforada.

El juez, no obstante, señalaba que ni las dos personas investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación han realizado una imputación "concreta" respecto a la participación de la ex alcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación. El instructor detallaba en el escrito las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incidía en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la ex secretaria del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.

Declaración voluntaria

La petición de la Fiscalía será remitida a la sala de admisión del Supremo, formada por cinco magistrados que serán los encargados de designar un ponente para que argumente en un nuevo auto si las investigaciones de la UCO realizadas hasta el momento arrojan indicios suficientes como para investigar a la senadora. En caso de que el sala de admisión considere que Barberá debe ser investigada, se designará un magistrado instructor, tal y como solicita la Fiscalía, que podría optar por dar la oportunidad a la ex alcaldesa de que acuda a declarar de forma voluntaria, sin tener la condición de investigada/imputada. Fue algo que ya hizo el juez instructor en Valencia, pero Barberá optó por presentar un escrito.

En función de la declaración y de cómo avancen las investigación, el magistrado instructor indicará si es conveniente imputar y, por tanto, elevar al Supremo el suplicatorio.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/07/29/579b4735ca4741d30c8b457c.html

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