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Boletín nº 631. Del  09 al 15 de Junio 2012 

ÍNDICE
 

01. LA ACTITUD DE RAJOY TRAS EL RESCATE BANCARIO IRRITA A LA UNIÓN EUROPEA

02. CARTA DE RAJOY A VAN ROMPUY Y BARROSO TRES DÍAS ANTES DEL RESCATE

03. RAJOY NO PREVÉ EXPLICAR EL RESCATE EN EL CONGRESO HASTA JULIO

04. RAJOY VENDE COMO UN GRAN ÉXITO EL RESCATE

05. BRUSELAS VINCULA EL RESCATE AL AJUSTE DEL DÉFICIT PÚBLICO

06. ESPAÑA PIDE UN RESCATE DE HASTA 100.000 MILLONES PARA LA BANCA

07. "LOS ACCIONISTAS DE BANKIA HAN SIDO COMPLETAMENTE ENGAÑADOS"

08. LAS TRES ASOCIACIONES DE JUECES REPRUEBAN CON DUREZA LOS VIAJES DE DÍVAR

09. EL PLENO DE LO PENAL DEL SUPREMO NO VE DELITO EN LOS GASTOS DE VIAJES DE DÍVAR

10. GONZÁLEZ-ECHENIQUE: "NO VENGO A ELIMINAR LA TELEVISIÓN PÚBLICA"

11. CASO GURTEL: CORREA, EN SOTOGRANDE TRAS SU SALIDA DE LA CÁRCEL

12. CASO GURTEL: CORREA SALE DE PRISIÓN, "CONTENTO" DE VER A SU FAMILIA DESPUÉS DE 40 MESES PRESO

13. CASO GURTEL: LA TRAMA GÜRTEL COBRÓ A AGUIRRE GASTOS DEL RESTAURANTE DE LÓPEZ VIEJO

14. CASO GURTEL: LA POLICÍA CONCLUYE QUE OTRA CONSTRUCTORA PAGÓ 110.000 EUROS AL PP DE CAMPS

15. CASO GURTEL: LA POLICÍA ACREDITA 200.000 EUROS ILEGALES EN LA CAMPAÑA DE CAMPS EN 2007

16. C.A GALICIA: FEIJÓO DESAUTORIZA A PASTOR Y DICE QUE RAJOY DARÁ FECHA PARA EL AVE EN VERANO

17. C.A GALICIA: EL SUPREMO DECIDIRÁ SI MARTÍN COMETIÓ DELITO CUANDO ERA ALCALDE DE SANXENXO

18. C.A GALICIA: HERNÁNDEZ ATRIBUYE A TÉCNICOS LA CONDONACIÓN DE UNA MULTA A MARTÍN

19. C.A GALICIA: AGUSTÍN HERNÁNDEZ VE INADMISIBLE LA "PERSECUCIÓN" A TELMO MARTÍN

20. C.A MADRID: AGUIRRE DA UN TAJO DEL 10% A LOS ‘MILEURISTAS’ DE LA ADMINISTRACIÓN

21. C.A MADRID: ALCORCÓN REÚNE EN LA PRIMERA FERIA DE LA FAMILIA A REDES ULTRACONSERVADORAS

22. C. VALENCIANA: EL SECTOR PRIVADO CONTROLARÁ LAS RECETAS DE LOS MÉDICOS PÚBLICOS

23. C. VALENCIANA: LA CORRUPCIÓN BARRE A BLASCO

24. C. VALENCIANA: "CUANDO YA NO PUEDEN HUIR MÁS, SE QUEDAN EN SU SILLÓN COMO AFORADOS"

25. C. VALENCIANA: EL JUEZ SE NIEGA A REBAJAR LA FIANZA DE 4,2 MILLONES DE EUROS IMPUESTA A FABRA


01. LA ACTITUD DE RAJOY TRAS EL RESCATE BANCARIO IRRITA A LA UNIÓN EUROPEA

La resistencia inicial del jefe del Gobierno y la estrategia de comunicación española crispan a los líderes de la UE. Berlín advierte que no acepta la presión internacional

La venta del rescate como una especie de victoria, las declaraciones acerca de que fue España quien presionó a Europa para obtener las ayudas, la laxitud de las supuestas condiciones del rescate, incluso el hecho de que Mariano Rajoy se marchara a ver la Eurocopa dando la sensación de tenerlo todo bajo control: todo eso ha acabado por levantar ampollas en Europa. Atenas, a escasos días de unas elecciones cruciales para el euro, reclama unas condiciones igual de ventajosas. Dublín y Lisboa, los otros dos países rescatados, no han tardado en pedir el mismo estatus que España, un "tratamiento equivalente", según la ministra irlandesa Lucinda Creighton. Fuentes europeas aseguran que España ha puesto a toda la eurozona en una situación complicada, en medio de la incertidumbre por la crisis política griega, con los países acreedores —encabezados por Alemania y sus satélites, Finlandia, Austria y Holanda— exigiendo dureza en la condicionalidad del salvavidas a la banca española para evitar que los demás rescatados soliciten lo mismo. En fin: hay crispación en las grandes capitales europeas, en las de los países salvados por las ayudas y en Bruselas.

Y hay presión en los mercados: el rescate español no funciona, a juzgar por el alza continua de la prima de riesgo española, que solo se relajó el pasado lunes a primera hora. Desde entonces, los intereses de la deuda no han dejado de subir. Esta mañana la prima de riesgo ha abierto en los 540 puntos tras la rebaja de nota de la agencia de calificación de riesgos Moody's, que ha dejado la solvencia de España al borde del bono basura. Fuentes conocedoras de las conversaciones al más alto nivel en el Eurogrupo del sábado atribuyen el por ahora malogrado rescate a que Rajoy cedió a las presiones europeas demasiado tarde —en las últimas semanas, la prensa alemana ha atribuido esa dilación a una cuestión de orgullo patrio, como cuando Rajoy anunció que incumpliría el déficit apelando a la "soberanía nacional"— pero sobre todo a la falta de claridad. Las citadas fuentes critican la estrategia de comunicación del Gobierno español, que descarta que pueda haber condiciones fiscales (pese a que Bruselas y fuentes del Banco Central Europeo consultadas por EL PAÍS insisten en lo contrario) y ha asegurado que las ayudas ni siquiera afectarán al déficit (la agencia estadística Eurostat desmintió ayer esas declaraciones de Rajoy del pasado domingo).

Fuentes próximas a la negociación del rescate, pendiente aún de fijar las condiciones definitivas a lo largo de los próximos días, explicaron que España está en una situación difícil. La economía española y su banca es presa de errores del pasado, por la permisividad de los Gobiernos del PP y del PSOE respecto a la burbuja inmobiliaria. Pero también se ha visto perjudicada por la mala calidad de las pruebas de resistencia a la banca (que la canciller Angela Merkel relacionó el martes con el fracaso de la Autoridad Bancaria Europea, que no supo controlar a los bancos centrales nacionales). Fuentes europeas vinculan parte de los problemas con la deficiente supervisión del sistema financiero español y con las recientes reformas bancarias, que optaron por la peor solución: fusiones como la de Bankia, las cajas gallegas o las catalanas.

Fuentes europeas aseguran que España ha puesto a toda la eurozona en una situación complicada

La situación del euro empeora a diario. Los inversores calibran la posibilidad de una fractura ante las reiteradas amenazas de la Unión sobre Grecia. Bruselas, Berlín y varias capitales han optado por la coacción, con medidas como el posible cierre de fronteras o el corralito si los resultados de las elecciones se traducen en un Gobierno que no respete las reformas impuestas por la Comisión, el BCE y el FMI. La próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno ha levantado grandes expectativas, con la esperanza de que los líderes aprueben pasos sustanciales hacia una mayor unión fiscal, la unión bancaria e incluso un calendario para los eurobonos. Pero lo más probable es que esas expectativas se defrauden: Merkel reiteró el martes que apuesta por una estrategia de largo plazo con la vista puesta en la unión política, pero sigue rechazando los eurobonos. El Bundesbank (el banco central alemán) asegura que para empezar a hablar de unión bancaria antes tienen que darse pasos definitivos en la unión fiscal. Se avecina un choque de trenes con París: el Elíseo reiteró ayer que la unión bancaria es lo primero, que debería acordarse antes que la unión fiscal.

El resto de capitales añaden volumen a esa cacofonía de voces. La Moncloa dio ayer a conocer una carta de Rajoy al presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, y al presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, en la que apuesta por transferencias de soberanía en la esfera bancaria y fiscal, a medio camino entre lo que piden Hollande y Merkel. Rajoy trata de explotar el papel de bisagra entre Francia y Alemania, por el que luchará con el primer ministro italiano, Mario Monti, en la cumbre de la semana próxima en Roma.

Por el camino de las uniones bancarias, fiscales y los eurobonos, de la cumbre de finales de junio se ha ido cayendo el pacto por el crecimiento, con el que el presidente francés, François Hollande, pretendía completar la austeridad elevada a los altares de los tratados por el Pacto Fiscal. Fuentes europeas aseguran que prácticamente ningún país tiene margen de maniobra para estimular su economía. Berlín lleva semanas alertando de que no piensa ni remotamente en sucumbir a las presiones internacionales: Washington, el FMI, el G-20 y Bruselas reclaman medidas a Alemania. Fuentes europeas aseguran que en los países que más lo necesitan, como España, tampoco tiene sentido un plan de estímulo clásico de infraestructuras, ante la sobredotación en carreteras, autovías o aeropuertos.

Grecia, como primera piedra de toque el próximo domingo, seguida de España y quizá de Italia han colocado a la Unión Europea ante una disyuntiva: ser o no ser. Nadie se atreve a aventurar qué pasará en Grecia el domingo y en los mercados el lunes, los mismos mercados que siguen presionando a España e Italia. Ante este panorama, la conclusión del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, es nítida: "Nos encontramos en un momento crucial para la integración europea y para la UE". "Tenemos un problema sistémico", prosiguió en el Europarlamento antes de dejar en el aire una asfixiante duda. "No estoy seguro de que la urgencia de esto sea plenamente comprendida en todas las capitales". Sin dar nombres, un modo de poner los focos sobre Berlín, Helsinki o Ámsterdam, que no terminan de moverse como la situación requiere.

Sin haber llegado todavía al crítico cabo de Grecia, "el mayor temor es ya lo que pasa en España e Italia", apunta Janis Emmanouilidis, politólogo del European Policy Centre, un laboratorio de ideas de Bruselas. Pero la constatación de que la incertidumbre está en máximos ya no es cosa de los expertos: "Hay una gran diferencia entre problemas y problemas existenciales. Con Grecia tenemos un problema existencial", indicó Van Rompuy. "Todo está en juego, incluida la supervivencia de la UE", cerró.

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/06/13/actualidad/1339617139_933408.html

02. CARTA DE RAJOY A VAN ROMPUY Y BARROSO TRES DÍAS ANTES DEL RESCATE

"Esta situación es insostenible y podría llevar el euro al límite"

La tensión que se vive en el Gobierno español ante la situación de la prima de riesgo no solo se intuye en sus declaraciones. Ahora hay un documento que la atestigua. Una carta enviada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y dirigida a Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, y José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión, muestra con crudeza la desesperación del Ejecutivo del PP y su último intento, muy explícito, para que actuara el Banco Central Europeo, una institución teóricamente independiente, comprando deuda española.

Solo tres días antes del rescate bancario del sábado, Rajoy envió un texto en un tono dramático en el que exigía esa intervención del BCE. Sin embargo, no logró su objetivo. De hecho el BCE sigue sin actuar, sobre todo porque los alemanes, supuestos socios de Rajoy, no lo permiten.

El presidente es clarísimo: "Es necesario que actuemos con urgencia para estabilizar los mercados financieros y para reducir las primas de riesgo. La única institución que tiene hoy la capacidad para asegurar estas condiciones de estabilidad y liquidez que necesitamos es el Banco Central Europeo".

El presidente, en un tono que hasta ahora no ha utilizado nunca en público, refuerza la idea que traslada en público y en privado estos días su Ejecutivo: es el euro el que está en juego, y Europa debe actuar porque España ya ha hecho sus deberes. El Gobierno hizo pública esta carta precisamente este miércoles, cuando la prima de riesgo acosaba con fuerza a Rajoy, a pesar del rescate bancario. El presidente intenta demostrar así que no está quieto y que sí está presionando.

"Europa está atravesando la crisis más grave desde su creación. El euro está en riesgo. Ese riesgo de ruptura del euro provoca una creciente dificultad de refinanciación de la fuerte deuda acumulada en el pasado. El futuro incierto de la unión monetaria agrava la situación financiera impidiendo que los ajustes tengan el efecto positivo que deberían tener. La liquidez huye de los países de la periferia al centro. Esta situación es insostenible, impredecible y podría llevar el euro al límite", señala.

Rajoy plantea que está haciendo lo que debe —habla de "la reforma sanitaria, educativa o ley de transparencia", en referencia a los recortes—

y dice que la solución pasa por ceder soberanía. No habla de eurobonos. Sí de unión bancaria, con supervisión y un fondo de garantías de depósitos común. Y también de crear una autoridad fiscal europea que controlaría las finanzas de todos los socios, una enorme cesión de soberanía.

La carta, en la que no se cita en ningún momento la posibilidad de que España acuda al fondo de rescate para sus bancos, deja clara cuál era tres días antes del rescate la estrategia de Rajoy: seguir presionando para que actuara el BCE y plantear una gran reforma de las instituciones europeas a medio plazo. Eso es exactamente lo que el presidente y su Gobierno contaban en público y en privado, a pesar de lo cual Rajoy insistió el domingo en que él venía trabajando hace tiempo para lograr el crédito que le ha concedido el fondo de rescate. La carta hace más bien pensar lo que plantean la mayoría de las fuentes, españolas y europeas: que Rajoy se resistió hasta el final al rescate bancario.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/13/actualidad/1339580862_927646.html

03. RAJOY NO PREVÉ EXPLICAR EL RESCATE EN EL CONGRESO HASTA JULIO

Salvo cambio, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no explicará en el Congreso el rescate a la banca española en el Congreso hasta mediados del mes de julio. No tiene previsto comparecer en ningún pleno monográfico extraordinario y no lo hará hasta después de la cumbre europea de la última semana de junio, tal y como está obligado a hacer, es decir, ya en el mes de julio. En principio, julio no es mes hábil en el Parlamento y se precisa la decisión de la Mesa para que puedan celebrarse plenos.

Cabe la posibilidad, según fuentes parlamentarias, de que Rajoy opte por convocar para principios de julio el debate sobre el estado de la nación, de tal forma que se evitaría la comparecencia posterior a la cumbre y sería en ese formato en el que daría explicaciones del rescate.

Mañana martes se verá en la mesa la petición de todos los grupos salvo el PP, pero en principio los populares usarán su mayoría absoluta para impedir el pleno, tal y como han hecho reiteradamente en lo que va de legislatura.

El PSOE ha sacado toda su artillería sobre el rescate. Los socialistas han modificado hoy las preguntas que le harán al Gobierno en la sesión de control de este miércoles, para centrarlas en la petición de explicaciones sobre el rescate. Se centrarán en este asunto siete de las 10 preguntas de los socialistas. El propio Alfredo Pérez Rubalcaba, que formuló una pregunta genérica al presidente, incluirá en la formulación referencias al rescate, para solicitar explicaciones. Otros ministros interpelados sobre el rescate serán Soraya Saénz de Santamaría, Luis de Guindos, Cristóbal Montoro y Ana Mato.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/11/actualidad/1339411504_603696.html

04. RAJOY VENDE COMO UN GRAN ÉXITO EL RESCATE

El presidente rechazó hasta el final la ayuda y buscó otras vías, pero intenta salvar su imagen

Fracasada la presión al BCE y la inyección directa, logró minimizar daños

Cuando alguien como Mariano Rajoy se labra durante 30 años una larga fama de resistente, es por algo. Pocas cosas pueden alterar su enorme capacidad de seguir adelante como si no pasara nada, de negarse a sí mismo sin inmutarse. Ni siquiera un rescate bancario, el mismo que tantas veces negó y que ha llevado a España a casi todas las portadas del planeta con esa palabra maldita: rescate, bail out, sauvetage, salvataggio, aunque sea suave.

El presidente exhibió ayer esa "piel de rinoceronte" de la que hablan sus colaboradores y se esforzó en transformar el peor momento de su carrera política en un éxito brillante de una negociación en la que él movía los hilos y nadie le presionaba. Y lanzó una idea política con mucha fuerza: que gracias a su política de recortes —él habla de "reformas"— se ha evitado una intervención de la economía española como la griega, la irlandesa o la portuguesa. Esto es, que podría ser mucho peor.

Rajoy ha estudiado mucho los errores de José Luis Rodríguez Zapatero. Y cree que uno de los mayores fue negar la crisis. Sin embargo, el presidente y su Gobierno han puesto en marcha su maquinaria para intentar transformar el agua en vino y convencer a los españoles de que el rescate es "una línea de crédito".

En una comparecencia improvisada ayer en La Moncloa tras recibir críticas por dejar que fuera su ministro de Economía, Luis de Guindos, quien anunciara la petición de ayuda a Europa, Rajoy trató de convencer a los españoles de que esta era la solución que él buscaba hace meses. Y si es así, ¿por qué no se hizo antes? "Ya me gustaría a mí saberlo, esto se debería haber hecho hace tres años", contestó. Y si es así, ¿por qué contó exactamente lo contrario? "Hay cosas que se comunican cuando se ha producido el resultado. Las negociaciones no se televisan ni se radian. Hay cosas que no se deben contar porque afectan al resultado".

Esto es, según esta versión, Rajoy hizo creer a la prensa española y a la de toda Europa que se estaba resistiendo a un rescate bancario —en Alemania llegaron a criticar, tirando de tópicos, el "orgullo español"— pero en realidad trabajaba para lograrlo. El Gobierno difundió después esa idea: el presidente llevaría semanas buscando esta salida, el asunto habría estado encima de la mesa en las citas clave en Chicago con Angela Merkel y en París con François Hollande. Sin embargo, Rajoy llegó a desautorizar al presidente francés cuando este planteó exactamente lo que ha pasado: que el fondo de rescate europeo se use para recapitalizar a los bancos españoles. "No creo yo que el señor Hollande haya dicho eso porque el señor Hollande no saben cómo están los bancos españoles", dijo Rajoy en Chicago.

En realidad, según fuentes del Ejecutivo, Rajoy ha hecho todo lo posible por evitar una solución como esta, aunque no es ni mucho menos la peor de las posibles. Parte del equipo económico, incluido Guindos, la veía como inevitable y fue poco a poco preparando el terreno por si finalmente llegaba, pero el presidente se resistía por sus consecuencias políticas: el estigma que supone que bajo su presidencia se haya producido un rescate, aunque sea suave y parcial.

Rajoy buscó otras alternativas. Primero, la intervención del BCE. El presidente movió cielo y tierra para convencer a sus socios, sobre todo Angela Merkel, de que la solución pasaba por una nueva inyección de liquidez del BCE a los bancos, como la de febrero, y una nueva política de compra de deuda pública española e italiana. Solo así se podría bajar la prima de riesgo a un nivel razonable para que España pudiera salir al mercado a endeudarse para salvar por sí misma a sus bancos.

La presión fue inédita, tanto que Rajoy, contra su costumbre, llegó a ser muy explícito en sus ruedas de prensa, algo que molestó al BCE. Tenía para ello el apoyo de Hollande. Pero todo fue inútil. Los alemanes del BCE no cedían.

Al final se rindió: el BCE no iba a hacer nada. Al menos no antes de las elecciones griegas. Entonces Rajoy, siempre resistente a la idea de pedir el rescate, buscó una solución alternativa: la inyección directa del fondo de rescate a los bancos. Ni había petición expresa de España, ni el Estado era responsable de la deuda. Pero para eso había que cambiar las normas del fondo de rescate.

Un salvamento negado una y otra vez

"No va a haber ningún rescate de la banca". Así de tajante fue el presidente del Gobierno el 28 de mayo. Ni siquiera mencionó el "a fecha de hoy" con el que ya descartó una posible intervención una semana antes, tras reunirse el 24 de mayo con el presidente francés, François Hollande, en París. "Desde luego a fecha de hoy, el Gobierno no tiene ni interés ni ninguna intención de acudir a cualquier fondo de la UE o de cualquier otro organismo", dijo Mariano Rajoy.

Precisamente fue el dirigente francés uno de los primeros líderes europeos que sugirió tal posibilidad. Tras reunirse con Barack Obama en la Casa Blanca el 19 de mayo, Hollande se mostró a favor de recapitalizar los bancos con fondos europeos. Al día siguiente, a su llegada a la cumbre de la OTAN en Chicago Rajoy negó que la banca española necesitara ayuda. "No creo que el señor Hollande haya dicho eso porque, lógicamente, el señor Hollande no sabe cómo están los bancos españoles", dijo.

Ni siquiera el jueves pasado, dos días antes de que el Gobierno pidiera el rescate, admitió sus planes: "Cuando conozcamos la cifra, tomaremos la decisión que sea mejor".

El día, hace dos semanas, que Rajoy dijo "no va a haber ningún rescate bancario", también señaló: "Mucha gente, yo también, apoya que se cambien las normas del fondo de rescate para que pueda inyectar dinero directamente a los bancos". Ya estaba en eso. Pero necesitaba tiempo. Buscaba una solución que sirviera para otros países, en especial Italia. Así se diluía también el impacto político: no era una ayuda para España, era para todos. Pero de nuevo encontró el muro de los alemanes y otros países del Norte.

Al final, esta misma semana, con todo preparado ya por los alemanes, Rajoy, resistente pero pragmático, empezó a ceder. Y trató de minimizar los daños negociando su obsesión: que no hubiera condiciones de política económica. Y llegó el Eurogrupo que España no había pedido, según se encargó de repetir Moncloa, y de la que fue la única protagonista, lo que menos deseaba Rajoy. Guindos logró buenas condiciones y ayer el presidente, fiel a su estilo, se dedicó a vender el resultado como un gran éxito fruto de una estrategia muy calculada.

Mientras, en España, el Gobierno vivía también su propia tensión interna, en torno a una alternativa rápida para recaudar miles de millones: las privatizaciones. Loterías, Renfe, aeropuertos... El Gobierno no ha renunciado, pero no paran de retrasarse y detrás de ese parón hay mucha discusión interna entre ministerios y dentro del área económica.

Ahora, después del rescate, del que la mayoría de los ministros no sabían casi nada —el secretismo del presidente es norma de la casa— muchos miembros del Ejecutivo se preguntan qué pasará. La mayoría de los consultados cree que Rajoy, una vez más, sobrevivirá aunque se haya dejado en la gatera parte de su capital político, sobre todo con la decisión de ir al partido en Polonia —"me voy porque la selección lo merece y porque el asunto está resuelto"— y de no comparecer el primer día, rectificada ayer.

Pero todos los consultados admiten que, en el fondo, el juez sigue siendo el mismo: si los mercados dan tregua a España, los españoles, que según este análisis político no tienen aún claro qué ha pasado, darán por buena la solución. Si no, Rajoy volverá a sufrir.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/10/actualidad/1339324625_177625.html

05. BRUSELAS VINCULA EL RESCATE AL AJUSTE DEL DÉFICIT PÚBLICO

La Comisión desmiente a Rajoy y avisa que el crédito se parará si se incumplen los objetivos

España se resistió a pedir las ayudas europeas hasta el final, hasta que vio claro que toda la zona euro estaba del lado de Alemania, del lado de quienes pensaban que lo mejor era un rescate para prevenir un accidente financiero. La Moncloa inició entonces una estrategia dirigida a minimizar los daños, refrendada este domingo por el presidente Mariano Rajoy, para evitar a toda costa llamar rescate al crédito de hasta 100.000 millones al Estado para sanear los bancos. Y empezó a rechazar que haya condicionalidad asociada a las ayudas más allá de la ligada a la banca. Rajoy y su equipo niegan tres veces: rechazan que haya rescate, que existan presiones internacionales y que haya condiciones más allá de la banca. Esa es una maniobra "de política interna", pero las ayudas "están estrechamente vinculadas al cumplimiento del Pacto de Estabilidad, diga lo que diga el Gobierno", dijeron este domingo fuentes comunitarias. El portavoz de Asuntos Económicos, Amadeo Altafaj, ha confirmado esta mañana que más deuda significa más rigor, ya que "cada euro que se destina a una deuda que crece es un euro que no se puede destinar a gasto productivo", lo que frena la recuperación.

En otras palabras: España tiene a partir del sábado menos libertad. Menos soberanía con su sistema financiero, pero también menos soberanía fiscal: la vigilancia era y seguirá siendo muy estrecha, pero las consecuencias de incumplir los acuerdos con Bruselas serán a partir de ahora más graves, con el cierre del grifo a los bancos. Eso a pesar de que el rescate es la típica jugada comunitaria: permite salvar la cara al Ejecutivo, que lleva días agarrándose a los eufemismos, pero también a los países más duros, Alemania y sus satélites, cuyos Gobiernos esgrimen ya esas condiciones que aún están por conocer.

En este sentido, el ministro alemán federal de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha asegurado esta mañana que la troika formada por la Comisión de la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) controlará la reestructuración de la banca en España. "Habrá una troika. Se encargará de controlar con precisión que el programa se cumpla", ha dicho Schäuble en declaraciones a la emisora pública Deutschlandfunk dos días después de la aprobación del rescate. En la misma línea, el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, ha advertido de que "por supuesto que habrá condiciones" a cambio del crédito al sector financiero. "Quien da dinero nunca lo da gratis", ha argumentado.

En cuanto a la reacción de los mercados, la decisión de España de pedir asistencia a sus socios para recapitalizar a la banca ha motivado importantes subidas en la Bolsa, donde el español Ibex 35 ha logrado repuntar más de un 5% en la apertura con un importante volumen de negocios y la banca disparada. El repunte ha tenido lugar tras lograr la semana pasada su mejor semana del año en parte, porque la activación de la ayuda obligó a los inversores que apostaban en contra de los activos del selectivo a cerrar sus posiciones cortas. No obstante, ha frenado su avance con el paso de las horas. A las 13.30 ya solo subía un 1,3%.

En cuanto a la deuda, la prima de riesgo, tras empezar el día también con una fuerte mejora, ha cambiado de tendencia a medida que avanzaba la sesión. Pasadas las 13.00, el sobreprecio exigido a los bonos españoles a 10 años frente a los alemanes, ha vuelto a superar la cota de los 500 puntos básicos. El correctivo se ha dejado notar también en la deuda a menor plazo.

Fuentes conocedoras de las conversaciones en el Eurogrupo explicaron que España ya estaba, de facto, metida de lleno en un programa de austeridad. En los dos últimos años ha aplicado fuertes recortes de gastos, subidas de impuestos, reformas en el mercado laboral, pensiones y sistema financiero, y se ha visto obligada a aplicar un fenomenal tijeretazo en el déficit que nada tiene que envidiar al de Portugal, Grecia o Irlanda. Gracias a todo eso ha conseguido ampliar un año el recorte del déficit hasta el sacrosanto 3% del PIB. Bruselas había impuesto a España un programa de austeridad sin rescate; ahora tiene un rescate sin programa de austeridad, "porque en realidad ya lo está aplicando", explicaron fuentes diplomáticas.

Los bancos que acudan a las ayudas se verán obligados a aplicar severas reestructuraciones. Pero España, a su vez, y a diferencia de lo que defiende el Gobierno, deberá cumplir a rajatabla con el Pacto de Estabilidad, que fija ese 3% del déficit para 2014. También, con las recomendaciones de la Comisión: subida del IVA, aceleración en el retraso de la edad de jubilación, control del gasto en las comunidades o endurecimiento de las prestaciones por desempleo. Todo eso se da por hecho en Bruselas, que en cualquier caso podría dar un balón de oxígeno a España en este aspecto al no computar como déficit los intereses asociados al crédito para la banca tal y como ha ocurrido en otros países rescatados.

El vicepresidente Olli Rehn explicó este domingo que el rescate no supone "nuevas condiciones" en otras áreas, más allá de la banca, ya que "no se trata de salvar bancos a cualquier precio ni a banqueros ni accionistas", ha añadido esta mañana su portavoz. España debe aplicar "la condicionalidad política normal en el marco de la gobernanza económica reforzada de la UE", dijo; en definitiva, la misma intensa vigilancia, con numerosas misiones de expertos pero con una salvedad: en caso de incumplir, los problemas serán mayores. "Las condiciones no se conocerán hasta dentro de unos días, pero estarán focalizadas en el sector financiero. Sin embargo, incumplir el Pacto de Estabilidad suponía hasta ahora la apertura de un procedimiento, quizá la amenaza de una sanción. A partir del rescate puede suponer el cierre del crédito, según las normas del fondo de rescate", explicaron fuentes comunitarias.

La Comisión llevó al Eurogrupo un borrador del rescate muy parecido al texto final, incluso con la cifra pactada. La teleconferencia sirvió para empezar a discutir sobre las condiciones y para constatar un par de cosas. "Alemania fue muy constructiva", según fuentes europeas. "Holanda y Finlandia, sin embargo, dejaron claro que quieren garantías y condiciones estrictas", según las mismas fuentes.

En cuanto a los intereses que deberá pagar España por su deuda, el portavoz europeo ha señalado que una rentabilidad de entre el 3% y el 4% "es un porcentaje razonable" que está lejos de las condiciones actuales del mercado, donde los inversores reclaman más de un 6% por la deuda española a 10 años. A estos precios, ha añadido Alfataj, aumentaría el coste de la restructuración, por lo que el Estado obtiene con el plan de ayuda "un ahorro potencial". En cuanto a los plazos, habrá que esperar a que España firme el memorándum de la ayuda para concretarlos.

Las dos próximas semanas serán claves: Irlanda, Portugal y Grecia reclaman condiciones más suaves, a la española. Los países más duros tratarán de apretar las tuercas en el memorando de condiciones del rescate español para evitar ese efecto mimético en Dublín, Lisboa y Atenas. En fin, lo que el expresidente Felipe González denominó como una toma de decisiones "diabólicamente ineficaz", con la espada de Damocles de los mercados sobre España desde este mismo lunes.

http://economia.elpais.com/economia/2012/06/10/actualidad/1339360026_447431.html

06. ESPAÑA PIDE UN RESCATE DE HASTA 100.000 MILLONES PARA LA BANCA

El Eurogrupo exige condiciones para los bancos y limitará la soberanía fiscal

Habrá vigilancia aún más estrecha y periódica. Vendrán los hombres de negro. La Gran Recesión, la crisis más profunda y prolongada del capitalismo en las últimas décadas, dejará profundas secuelas a su paso por España, que se convierte en la última frontera de la crisis existencial del euro. Cayó Grecia. Cayeron Irlanda y Portugal. Y arrastrada a cámara lenta por una banca que financió la madre de todas las burbujas inmobiliarias, cae España: el Gobierno de Mariano Rajoy, con el presidente desaparecido ayer, mostró su disposición a pedir el tantas y tantas veces negado rescate de los socios europeos para tapiar el agujero incontenible del sistema financiero.

Madrid recibirá hasta 100.000 millones de euros, el 10% de la riqueza que produce España en un año, en una línea de crédito destinada exclusivamente a los bancos. El Ejecutivo capitula así ante las fuertes presiones internacionales, ante el temor a que la banca española, la política griega o el pánico en los mercados detonen una espiral de estampidas bancarias e impagos de países que deriven en una depresión causada por un accidente financiero. Europa trata de poner un dique de contención en España. La respuesta de los mercados llegará tan pronto como mañana.

No hay comidas gratis: las ayudas europeas (a través del fondo de rescate temporal o del permanente) son en realidad préstamos para recapitalizar el sistema financiero, que el Tesoro deberá devolver religiosamente, a tocateja. Una vez más, el Estado sale al rescate de la banca. Eso sí, se trata de créditos blandos, en condiciones mucho mejores que las de mercado: en torno al 3%, según fuentes conocedoras de las negociaciones entre España y sus socios europeos. Frente a ese 3%, el Tesoro paga actualmente intereses de más del 6% por la deuda a 10 años. A cambio de los tipos subvencionados, España cederá soberanía sobre su sistema financiero, pero también perderá soberanía fiscal, en contra de lo que explicó ayer el Gobierno.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró tajantemente que la única condicionalidad será para los bancos que requieran ayudas. "No habrá ningún tipo de condiciones macroeconómicas o fiscales", dijo en varias ocasiones en una rueda de prensa multitudinaria, informa Amanda Mars. Pero el Eurogrupo le enmendó la plana: junto a las alabanzas hacia los esfuerzos españoles por abordar sus variados y agudos desequilibrios, el comunicado de los ministros de Finanzas de la zona euro deja claro lo contrario. Europa supervisará con mano de hierro que Madrid continúe por el camino de la consolidación fiscal, las reformas estructurales y del mercado de trabajo. "Revisaremos de cerca y regularmente los progresos en estas áreas, en paralelo con la asistencia financiera", según el texto.

Vigilancia de Bruselas

En esas revisiones están implícitas las visitas de los hombres de negro citados por el ministro Cristóbal Montoro: misiones de funcionarios de la Comisión, del FMI e incluso del BCE en las que se estrechará la vigilancia sobre España. Se reduce así hasta prácticamente cero el margen del Gobierno para desviarse de las directrices que lleguen de Bruselas. Y las últimas recomendaciones son claras como el agua: embridar el gasto de las comunidades autónomas, elevar el IVA, acelerar la reforma de las pensiones y endurecer todavía un poco más la reforma laboral, entre otros aspectos. El crédito a España, como en el caso de Grecia, Portugal e Irlanda, se concede a plazos: si se incumplen las condiciones, Bruselas cierra el grifo.

El Gobierno de Zapatero negó la crisis; el de Rajoy niega que la petición de España sea un rescate con condiciones. El Ejecutivo insistió ayer en evitar a toda costa esos dos términos: rescate y condicionalidad. En uno y otro caso se trata de un ejercicio completamente inútil: la palabra "condicionalidad" aparece en ese texto que marcará la política económica —y muy probablemente, el futuro del propio Gobierno— en los próximos años. En el caso de la banca será aún más evidente que en el ámbito fiscal: Europa exige que las entidades que necesiten ayudas activen "los planes de reestructuración de acuerdo con las reglas de las ayudas de la UE y los reformas horizontales del sector".

En plata: venderán oficinas, recortarán personal, se desharán de activos y participaciones empresariales, despedirán a equipos gestores (como ha ocurrido en el caso de Bankia con Rodrigo Rato), pondrán en marcha nuevas fusiones o incluso podrían verse, en último caso, liquidaciones de alguna entidad. El último jarro de agua fría llega por la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI), a la que el Gobierno se oponía para ahuyentar el riesgo de quedar estigmatizado. Este organismo no será un prestamista más, como lo fue en los casos de Atenas, Lisboa y Dublín, pero sí apoyará y supervisará a las entidades con informes periódicos.

Estrechar el cerco

Bruselas, el Banco Central Europeo, el FMI e incluso el Gobierno de Barack Obama se han encargado en los últimos días de estrechar el cerco para que España pida ayuda. Pero Berlín es la clave de bóveda de toda la jugada. Las presiones alemanas para que el Gobierno de Rajoy recurra al fondo europeo tuvieron su punto álgido el miércoles, cuando el Ministerio de Hacienda germano se mostró favorable a que la intervención se limite al sector financiero. Esta intervención "suave", concedían, estará sujeta a las normas especiales para rescates bancarios y tendrá así un calado menor que los programas de Grecia, Irlanda y Portugal. El viernes, diversas agencias internacionales citaban fuentes europeas para anunciar la conferencia telefónica celebrada por el Eurogrupo. La agencia británica Reuters se refirió a una fuente "del Gobierno alemán", que oficialmente se ha mantenido cauteloso durante los dos días. Ayer, el ministro Wolfgang Schäuble disipó cualquier duda acerca de quién ha ejercido presiones: "Hemos instado a España a que tome decisiones", informa Juan Gómez.

El nerviosismo en las grandes capitales se explica por la proximidad de las elecciones griegas, en las que la posible victoria de la plataforma izquierdista Syriza podría acarrear la supresión de los programas de austeridad y, con ellos, de los pagos de los próximos tramos del rescate a Atenas. Si esto sucede, podrían precipitarse los acontecimientos. Ni siquiera una fractura del euro puede descartarse. En esas condiciones, el contagio podría arrollar a España y a otros países como Italia. De ahí el apremio para que España apuntale sus bancos con dinero público europeo.

La petición de rescate fue la habitual ceremonia de la confusión: Bruselas viene a decir que es España quien lo ha pedido, y Madrid asegura que es la UE quien ha puesto ese dinero a su disposición. En cualquier caso, el mero anuncio de esa línea de crédito de 100.000 millones —que concede un margen considerable frente a las necesidades de unos 40.000 millones para la banca, según la primera estimación del FMI— puede dar algo de aire al Gobierno ante unas semanas complicadas, según fuentes financieras. Al efecto de las elecciones griegas se sumarán en el plazo de unos días las futuras evaluaciones del sistema bancario. "España debe tener un cheque preparado en cuanto esas cifras se conozcan", explicaron fuentes diplomáticas.

Pendientes del mercado

Al Ejecutivo le quedan días duros por delante, en los que deberá convencer a los mercados y a los ciudadanos de que el acuerdo es tan positivo como ayer vendía el titular de Economía. Guindos se esforzó en recalcar por activa y por pasiva que lo acordado por el Eurogrupo no constituye un rescate, sino un préstamo "en condiciones muy favorables" que tendrá efectos positivos en la economía, porque reforzará a la banca y reactivará el crédito a empresas y familias. Vaticinó que supondrá un bálsamo para los mercados. Y justificó la ausencia de Rajoy: "Yo soy el miembro del Eurogrupo; el presidente del Gobierno no lo es".

Pero no consiguió disipar algunas dudas acerca de las secuelas de esa decisión fundamental para el devenir de España. El rescate español es diferente, pero las tres experiencias europeas parecidas no son precisamente un éxito. Los países que solicitan ayudas internacionales, en general, no suelen querer repetir esa experiencia: para los gobernantes, la prueba del ajuste forzado se paga generalmente con la pérdida de las elecciones, incluso con un alejamiento duradero del poder; para los pueblos, el coste se mide en empleos destruidos, en rentas perdidas, en prolongadas y dolorosas recesiones. Algunas consecuencias del rescate, en fin, supondrán profundos cambios, algunos de los cuales están todavía en la penumbra. El Ejecutivo, por ahora, se niega a anticiparse a esas cuestiones. "Si la sociedad no va a sufrir las consecuencias del rescate, como sostiene el Gobierno, ¿por qué no se pidió antes la ayuda?", le espetó un periodista a Guindos en su comparecencia. "A usted no le toca preguntar ahora", cerró el ministro.

http://economia.elpais.com/economia/2012/06/09/actualidad/1339230670_176850.html

07. "LOS ACCIONISTAS DE BANKIA HAN SIDO COMPLETAMENTE ENGAÑADOS"

La acción se presenta en nombre de 13 accionistas y está financiada con cientos de donaciones

Pasadas las 10.30 de la mañana, dos "juristas", Francisco Jurado (que no está colegiado, por lo que técnicamente no es abogado) y Juan Moreno Yagüe, abogado independiente, han presentado en la Audiencia Nacional la anunciada "querella contra Rato" que promueve el colectivo 15MpaRato. Este grupo lo forman unas cien personas de diferentes agrupaciones vinculadas al Movimiento 15-M, entre ellas Democracia Real Ya Sevilla, el grupo al que pertenecen Jurado y Yagüe, que ya estuvieron involucrados en la iniciativa #opeuribor, contra la "opacidad" en la forma en que se fija el tipo de interés que se aplica a la gran mayoría de las hipotecas. La pareja, enchaquetados pero con su toque desaliñado, se daba esta mañana un aire al dúo que forman los activistas The Yes Men.

Después, en una informal rueda de prensa en plena Plaza de Santa Bárbara (y con sillas que han llegado en furgoneta desde el centro social okupado de Malasaña El Patio Maravillas), el colectivo ha dado más detalles sobre la denuncia. Se trata de una querella contra Bankia y su consejo de administración de 2011 "en el que también está [Rodrigo] Rato [expresidente de la entidad], y de los que ya no queda casi nadie". La denuncia es particular y se hace en nombre de "una decena de accionistas" de la entidad, que se han sentido estafados "porque cuando les vendieron las acciones, les ocultaron las cuentas reales de la entidad".

"Los accionistas han sido completamente engañados", ha añadido el abogado, de 39 años y originario de Salamanca (cuya cuenta en Twitter es @hackbogado), que no ha querido abundar en las diligencias por "secreto de sumario", pero sí ha dejado caer que dispone de información aportada por "arrepentidos", empleados de la entidad que, de forma anónima, les están "ayudando a demostrar" que el consejo de administración de la entidad dio luz verde a las cuentas de 2011 "sabiendo que eran falsas". "Digamos que hay empleados que desde dentro nos están señalando las dianas. Las cuentas vinieron ya mal desde la oficinas, pero el culpable es quien las firma, el consejo de administración", añade Yagüe, que también ha señalado a la CNMV: "¿Cómo es posible que la CNMV permitiese la salida a bolsa de Bankia? Dirán que no conocían sus cuentas reales. Y entonces, ¿para qué están?", se pregunta el abogado, que esta mañana ha hecho una exposición a toda velocidad del caso y ha fumado varios cigarrillos.

En la rueda de prensa se ha explicado que el origen del grupo 15MPaRato está en Barcelona, ya que fue allí donde empezó a moverse la idea. Desde la capital catalana han viajado en coche hasta Madrid para asistir a la rueda cuatro miembros del colectivo @iaioflautas (los jublados del 15-M), Celestino Sánchez entre ellos. "Cuando surgió la idea de presentar la querella a nosotros nos preguntaron si lo apoyaríamos y dijimos que sí", explica. "Y ha sido como una bola de nieve".

Originariamente la idea del grupo era recopilar información para la querella durante un año, pero como la gente "le tiene muchas ganas a los causantes de la crisis" en días consiguieron lo necesario para presentar la denuncia: información, accionistas, abogados... La iniciativa se puso en marcha el 23 de mayo a través de Internet y las redes sociales. En primer lugar, se buscaron testimonios de trabajadores de la entidad, así como accionistas de la misma que se consideraran estafados por la salida a Bolsa. Después, se pidió dinero para poner en marcha la maquinaria legal: en menos de 24 horas, consiguieron recaudar 19.413 euros con pequeñas aportaciones de cientos de personas, lo que superaba ampliamente los 15.000 euros que necesitaban.

La querella pretende llevar a Rato ante los tribunales por un presunto delito de falsedad en el folleto informativo de salida a Bolsa, recogido en la reforma del Código Penal aprobada en junio de 2010 y tipificado en el artículo 282 bis, "que contempla penas de cárcel para los a empresarios que falseen cuentas para conseguir capitales", señala Yagüe. Cuando Bankia salió al parqué, sus acciones cotizaban a 3,75 euros, mientras que en estos momentos valen 1 euro, lo que ha podido llevar a que mucha gente se sienta engañada. La acción penal de 15MpaRato se suma a la presentada por UPyD en contra del consejo de administración de la entidad, así como a la investigación abierta por la Fiscalía por el mismo tema.

Para ponerle rostro a las consecuencias de esta merma de valor de las acciones, dos accionistas han puesto voz a los que sienten "estafados": Clemence Cohen, de 62 años y de Moratalaz (Madrid), y Carlos, residente en Malasaña, que no quiere dar su apellido (no se quitó las gafas de sol en toda la presentación), director de marketing online. Carlos invirtió parte de sus ahorros (no quiere decir la cantidad) en acciones de la entidad, de la que es cliente desde los 16 años. "Lo hice asesorado por mi sucursal, donde me dijeron que la acción no había tocado techo y decidí tirar para delante". Cohen, por su parte, invirtió en acciones de Bankia 3.000 euros "asesorada por mi oficina". "Todos mis ahorros", dice. "Ahora se han convertido en 800 euros. Y me siento engañada".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/14/madrid/1339666554_137197.html

08. LAS TRES ASOCIACIONES DE JUECES REPRUEBAN CON DUREZA LOS VIAJES DE DÍVAR

La APM, mayoritaria y conservadora, los censura por "abusivos, excesivos y frívolos"

Las otras dos reclaman la dimisión "inmediata" del presidente del Tribunal Supremo

La judicatura española está profundamente molesta por el caso Dívar. Dos de las tres asociaciones de jueces han pedido la dimisión inmediata del presidente del Tribunal Supremo por cargar viajes de lujo al presupuesto del Consejo, y todas reprueban con dureza su comportamiento. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, quiere esperar a conocer el contenido literal de la resolución con la que el Tribunal Supremo archivó ayer la querella contra Carlos Dívar para reclamar o no el cese, pero censura los viajes por "excesivos, abusivos y frívolos". Los jueces lamentan el desgaste y el daño que el asunto está causando en la imagen de la justicia.

La APM, mayoritaria, censura los viajes por "su frivolidad y el amplio número de ellos"

El portavoz de la APM, Pablo Llanera, considera que la actuación del presidente de los jueces no se encuadra en el plano de la ilegalidad, pero sí en el de la falta de ética. La asociación, con 1.400 afiliados, juzga como "radicalmente equivocados" los viajes de Dívar, "por su frivolidad y por el amplio número de ellos". "Son abusivos", apunta Llanera; "legales, pero éticamente han supuesto un desgaste innecesario". "El problema es que está en juego la imagen de la justicia", añade el portavoz, y por ende, "la credibilidad del país".

La progresista Asociación de Jueces para la Democracia fue la primera en exigir la dimisión de Dívar por sus viajes. "Es necesario que dimita inmediatamente. Se está produciendo un daño muy importante en la credibilidad de las instituciones, cuanto más continúe la situación así más desgaste se provoca", defiende Joaquim Bosch, su portavoz. "Dívar debe devolver la credibilidad al poder judicial", añade. Jueces para la Democracia, con unos 500 afiliados, estima que la conducta del presidente del Supremo ha sido "contraria a la ejemplaridad".

Su continuidad en el cargo ahonda en el profundo descrédito de la carrera judicial

Asociación Francisco de Vitoria

"La reiteración de viajes no oficiales a cargo del presupuesto sin dar explicaciones, o con explicaciones que han sido desmentidas por múltiples autoridades, nos indica que se ha gastado dinero público en actividades privadas", apunta Bosch, que cree además que el Supremo archivó de forma "precipitada" la querella contra Dívar. En todo caso, concluye, aunque no tenga responsabilidad penal el presidente del Consejo "tiene responsabilidades políticas".

También la asociación de jueces Francisco de Vitoria, centrista, reclamó ayer la "inmediata dimisión" del presidente Carlos Dívar, ante la "gravedad de la situación" y el "creciente deterioro de la imagen institucional" del máximo órgano de gobierno de los jueces". El hecho de que la decisión del Supremo no fuera adoptada por unanimidad es "motivo suficiente" para la renuncia de Dívar. "Su continuidad en el cargo no hace sino ahondar en el profundo descrédito del CGPJ y, por arrastre, de la propia carrera judicial, sin que ni uno ni otra deban soportar por más tiempo esa situación que les resulta totalmente ajena", añade el texto.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/14/actualidad/1339666155_738132.html

09. EL PLENO DE LO PENAL DEL SUPREMO NO VE DELITO EN LOS GASTOS DE VIAJES DE DÍVAR

Cuatro magistrados discrepan de la decisión de exonerar al presidente y presentarán votos disidentes

El pleno de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha resuelto no admitir a trámite la querella de la asociación Preeminencia del Derecho contra el presidente del alto tribunal, Carlos Dívar, y ha archivado las actuaciones, al no apreciar los delitos de estafa, apropiación indebida ni malversación de caudales en los gastos de 32 viajes a Marbella y a otros destinos cargados al presupuesto del Consejo General del Poder Judicial.

La decisión ha contado con los votos particulares de cuatro de los 15 magistrados: son Perfecto Andrés Ibáñez, Joaquín Jiménez, Alberto Jorge Barreiro -todos ellos de la asociación progresista Jueces para la Democracia- y el conservador José Manuel Maza.

Durante la deliberación del pleno, Dívar se ha anticipado a los vocales de que esperaban el resultado final para solicitar la convocatoria de un pleno en el que iban a exigirle su dimisión y ha convocado él un pleno extraordinario para el 21 de junio a las 10.30 de la mañana, para analizar la situación del Consejo del Poder Judicial.

El movimiento del presidente tiene por objeto anticiparse a la maniobra de los vocales y asegurar su presencia en la solemne ceremonia del bicentenario del Tribunal Supremo, que se celebra el próximo lunes, bajo la presidencia del Rey. Al acto asistirán las primeras autoridades judiciales y los presidentes de las Cortes Supremas Iberoamericanas. El mismo día 21, Dívar tiene anunciada su presencia en una misa en la iglesia de Santa Bárbara y en la cena anual de los Procuradores de los Tribunales, en su calidad de presidente del Supremo.

La Fiscalía del Supremo mantuvo en su informe al pleno que en el caso de Dívar no cabe el delito de estafa y que el de malversación de caudales exige una conducta que requiere ánimo de lucro para ser delictiva y que tampoco se aprecia.

El Supremo ya había archivado antes una denuncia contra Carlos Dívar relacionada con los gastos privados de sus viajes a Marbella. La misma Sala Penal del Tribunal Supremo rechazó el pasado 30 de mayo la denuncia del abogado José Luis Mazón por un defecto de forma, ya que el Supremo ha reiterado que para actuar penalmente contra un aforado se exige la presentación de una querella y no basta una denuncia.

Por otra parte, el Partido Popular cedió ayer y permitió la comparecencia del presidente del Supremo en el Congreso, aunque dejó en suspenso la fecha en la que se le citará. A la cuarta ocasión en la que la Mesa del Congreso estudiaba la petición de comparecencia de Dívar, el PP levantó el veto y aceptó tramitarla.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/13/actualidad/1339590156_537834.html

10. GONZÁLEZ-ECHENIQUE: "NO VENGO A ELIMINAR LA TELEVISIÓN PÚBLICA"

El candidato a presidir RTVE aboga por gestionar los recursos públicos con "eficiencia y racionalidad" ante los recortes

Leopoldo González-Echenique, candidato propuesto por el PP para presidente de RTVE, ha asegurado hoy que no tiene intención de "eliminar" la corporación y se ha mostrado partidario de "un modelo de televisión pública de calidad, independiente, neutral y veraz", "apoyado en un conjunto de 6.500 profesionales de altísima cualificación".

Durante su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados, antes de su previsible elección en el pleno de la Cámara Baja la próxima semana, González-Echenique ha defendido un sistema basado en "el rigor, la objetividad, el pluralismo de los contenidos propios y el fomento del sistema audiovisual". En la misma línea, ha abogado por una corporación "plural, moderna, competitiva, de servicio a todos y apoyada en el consenso", declarándose defensor incondicional de un servicio público "socialmente útil" y "plural". González-Echenique no ha escatimado elogios hacia los trabajadores de RTVE, "santo y seña" de la corporación y "bastión de continuidad, objetividad y saber hacer".

Los socialistas recurren "la usurpación de RTVE por el PP"González-Echenique, un economista y abogado para poner orden en las cuentasEl PP toma el control total de RTVESeis años que cambiaron la televisión públicaEl PP podrá elegir en solitario al nuevo presidente de RTVETreinta años desde el ‘Pirulí’

El futuro presidente de RTVE ha ido desgranando durante su comparecencia su trayectoria profesional, haciendo especial hincapié en su paso por la dirección general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información desde octubre de 2002 a junio de 2003, bajo el mandato del entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, donde intentó la reordenación jurídica y reguladora de las televisiones que finalmente no se concretó.

Preguntado por cómo afrontará el recorte de 204 millones de euros en el presupuesto de la corporación, González-Echenique ha subrayado que hay que gestionar los recursos públicos aplicando los criterios de "eficiencia y racionalidad".

El diputado socialista Juan Luis Gordo ha reprochado al aspirante del PP su falta de experiencia en materia audiovisual y puesto en cuestión su "autonomía de gestión" porque, según ha dicho, "va a ser la persona de Moncloa en RTVE y una correa de transmisión de la vicepresidenta del Gobierno". González-Echenique ha replicado: "Yo no dirijo la política de comunicación del Ejecutivo".

El socialista ha criticado duramente el cambio de modelo de la televisión pública, concretamente la elección del presidente de la corporación (a partir de ahora bastará la mayoría absoluta; ya no será necesario el respaldo de dos tercios de la Cámara), por ser un modelo "que nos aleja de Europa".

González-Echenique ha comparecido esta mañana en la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso junto con los otros dos candidatos a incorporarse al Consejo de Administración de RTVE: la periodista María Luisa Ciriza, propuesta también por el PP, y Oscar Pierre Prats, por CiU.

Oscar Pierre ha apostado por un servicio público, de calidad, plural y motor de las tecnologías. Este ingeniero industrial ha admitido que tiene "conocimientos limitados" sobre la corporación pero considera que no estará de "florero" en el Consejo de Administración. "Estoy para que RTVE sea mejor, que cubra las necesidades de todos los ciudadanos y de todos los territorios".

Marisa Ciriza, con larga experiencia en los medios audiovisuales (abandonó TVE con el ajuste laboral de 2006), ha hecho una cerrada defensa de la profesionalidad de los trabajadores y de la independencia de los informativos. Y ha agradecido la intervención del portavoz socialista, según el cual Ciriza podía haber sido un "perfil de consenso" de no ser porque el PP cambió la ley y "rompió las reglas de juego".

Los socialistas se han negado a proponer candidatos para presidir RTVE al considerar que sería participar en la "farsa" y en el "golpe antidemocrático" que supone el "cambio de las reglas del juego" aprobado por el PP. El pasado jueves, presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley que modifica el régimen de administración de la corporación. Gordo ha indicado que Ciriza podría haber sido un candidato de consenso entre PP y PSOE si no fuera por el decreto de los populares.

Los cuatro partidos representados en la Comisión (PP, PSOE, CiU y UPyD) han votado la idoneidad de los tres aspirantes. PP y CiU han votado a favor y PSOE y UPyD lo han hecho en contra, por lo que al ser los votos ponderados (según el número total de diputados de la fuerza política), la Comisión elevará un informe favorable al pleno del Congreso.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/11/actualidad/1339411213_338298.html

11. CASO GURTEL : CORREA, EN SOTOGRANDE TRAS SU SALIDA DE LA CÁRCEL

El cabecilla de la trama Gürtel comparece diariamente en el juzgado de San Roque (Cádiz)

Francisco Correa entrando en los juzgados de San Roque,Cádiz. / JULIÁN ROJAS

Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, ha aprovechado su salida de prisión para irse a la playa. Tras abandonar la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado lunes después de haber pasado en ella tres años y cuatro meses ha abandonado Madrid para alojarse con su familia en la urbanización de Sotogrande, en Cádiz. Esta mañana ha acudido a los juzgados de San Roque para cumplir con la medida cautelar que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Correa se mostraba tranquilo, vestido en estilo deportivo, y antes de comparecer en el juzgado ha afirmado que se encontraba en su vivienda costera con su familia. Después se ha subido en un todoterreno y ha abandonado rápidamente el lugar.

El auto de Ruz que redujo su fianza a los 200.000 euros obligaba a Correa a comparecer todos los días ante el juzgado más próximo a su domicilio, y los lunes, ante el juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, el que investiga el caso Gürtel. El pasado martes, al día siguiente de salir de prisión, acudió a la Audiencia para entregar su pasaporte. En ese mismo acto facilitó al juzgado dos residencias: la de la vivienda de su madre, de 94 años, en Madrid, y la de su casa en Sotogrande. Acto seguido se desplazó a Sotogrande ya que ayer, ya acudió al juzgado de San Roque.

Esta mañana, Correa se ha presentado de nuevo en ese juzgado a la una menos cinco. Iba vestido de forma informal, con un pantalón color crema, zapatos náuticos sin calcetines de color marrón y un polo gris del equipo Alinghi de la Copa del América. Ha comparecido con un acompañante que conducía el todo terreno gris en el que ha llegado hasta allí. Fuentes jurídicas aseguraron que el juzgado tenía intención de fijarle una hora para que acudiera cada día a firmar. Las únicas palabras que ha pronunciado al llegar han sido para confirmar que se encuentra en Sotogrande rodeado de su familia.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/14/actualidad/1339675072_169384.html

12. CASO GURTEL: CORREA SALE DE PRISIÓN, "CONTENTO" DE VER A SU FAMILIA DESPUÉS DE 40 MESES PRESO

La madre del cabecilla de la trama paga 200.000 euros para que deje la prisión de Soto (Madrid)

El chófer que le llevaba "sobres a Génova" le recogió a la salida de la cárcel

Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel, la que supuestamente controlaba los contratos públicos de varias Administraciones gobernadas por el PP a base de lujosos sobornos a sus mandatarios, abandonó a las 21.45 de este lunes la prisión de Soto del Real (Madrid) tras tres años y cuatro meses en prisión preventiva. El que en otro tiempo fue conocido como el todopoderoso Don Vito entre sus próximos, enfiló los 100 metros de distancia entre la puerta del penal y el lujoso Mercedes que le esperó durante horas y que conducía su chófer de siempre, Domingo Magariños, que abandonó el lugar a toda velocidad.

Correa quedó libre casi siete horas después de que su madre, de 91 años, depositara en el Juzgado de Instrucción número 5 los 200.000 euros de fianza a los que el juez Pablo Ruz había reducido su fianza. Lo hizo con semblante serio y cara de pocos amigos. Vestido con vaqueros, camiseta blanca y chaqueta azul, con una maleta en cada mano y otras tres que portaron las personas que acudieron a auxiliarlo, el líder de Gürtel se abrió paso entre los periodistas visiblemente molesto.

Se declaró "contento" de salir de la cárcel. Solo contestó a dos preguntas: "¿Qué es lo primero que va a hacer ahora que ya no está en prisión?". "Ver a mi familia después de tres años y medio", respondió. Cuando le inquirieron si estaba contento por ello, el cabecilla de la trama corrupta ligada al PP respondió con otra cuestión: "¿Usted que cree?". Nada más. Ninguna valoración sobre sus delitos o sobre Baltasar Garzón, el juez que lo mandó a prisión el 6 de febrero de 2009.

¡Ay mi Paquito, que esta noche lo voy a tener conmigo!, celebraba su madre

El coche que acudió a recogerlo, un Mercedes negro con los cristales traseros tintados, lo conducía Domingo Magariños, su hombre para todo. Magariños lo mismo cuidaba de los padres de Correa que de su hermano, enfermo, o iba a la sede del PP en la calle Génova a "llevar facturas, sobres y otros papeles" por encargo del jefe de la red. El chófer declaró como testigo ante el juez Garzón. "Seguro que cuando vea el coche en que ha ido a por él, el Mercedes, no le gusta; a Correa, él mismo lo decía, le fascinaban los Audi, ‘como el de Aznar", señalaron fuentes que le conocen bien.

Precisamente, una hija de Domingo, Mónica Magariños, está citada hoy como imputada en la causa por cohecho que se tramita en Valencia en relación con las adjudicaciones de Fitur a Gürtel por parte del Gobierno del expresidente Francisco Camps. Mónica fue contable de Orange Market, la empresa que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, y que era el centro de operaciones de todos los fraudes que realizó la trama en esa comunidad. A Mónica se la llevó a Valencia El Bigotes cuando abrieron allí, al calor de Camps, Orange Market. A Domingo Magariños le sustituyó como chófer Andrés Bernabé, que fue desimputado por el juez Antonio Pedreira al entender que solo seguía órdenes de Correa.

Siete horas antes, acudía a la Audiencia Nacional Concepción Sánchez, la madre de Correa, de 91 años, para depositar la fianza de 200.000 euros. "¡Ay, mi Paquito, que esta noche lo voy a tener conmigo!", se le escuchó decir emocionada a la mujer, que esperaba que, en cuestión de horas, su hijo saliera por las puertas de la cárcel. Ruz rebajó sucesivamente su fianza de Correa hasta los 200.000 euros debido a la imposibilidad de terminar su investigación y celebrar el juicio antes de que se cumpliera el plazo máximo de prisión provisional del cabecilla, el 6 de febrero de 2013. El instructor del caso Gürtel desbloqueó hace dos semanas la cuenta de su madre con el informe favorable del fiscal y después de que Hacienda certificara que los 400.000 euros que contenía no provenían de actos ilícitos.

Ruz busca ‘el botín’ holandés ante la libertad de Correa La Audiencia no deja a Correa usar una cuenta para su defensa El juez desbloquea una cuenta que permite a Correa salir en libertad Correa suma múltiples imputaciones: además del delito de blanqueo de capitales y el de fraude fiscal, se le acusa de varios de falsedad, varios de cohecho, uno de asociación ilícita y varios de tráfico de influencias. Está libre, pero cada día tendrá que comparecer ante un juzgado, y los lunes deberá hacerlo en la Audiencia Nacional. El cabecilla de Gürtel ya no está entre rejas, pero sus movimientos siguen limitados. Tiene prohibido salir de España y, para garantizarlo, su pasaporte quedará en manos del juez.

La imagen de anoche de Correa era opuesta a aquella de principios de 2000, cuando se codeaba con las élites del PP hasta el punto de asistir a la boda de la hija del expresidente Aznar.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/11/actualidad/1339423011_745477.html

13. CASO GURTEL: LA TRAMA GÜRTEL COBRÓ A AGUIRRE GASTOS DEL RESTAURANTE DE LÓPEZ VIEJO

El exviceconsejero derivó a su negocio familiar dinero público de la Comunidad

"Solo preguntarte que si los costes de lo del restaurante de Alberto ¿los divido en tres y los imputamos a distintos actos de la CAM como hicimos la otra vez?". "Lo de La Hacienda Argentina, hay que hacer lo mismo de la otra vez. Tenemos que repercutir en nuestros costes".

Con esa soltura, los trabajadores de las empresas de la trama Gürtel exponían en sus correos electrónicos cómo se iba a pagar un trabajo realizado para el restaurante del que era propietaria la esposa del entonces viceconsejero de Presidencia de la Asamblea de Madrid, Alberto López Viejo. La trama realizaba servicios para el establecimiento, dividía el coste de estos y los repartía y endosaba en diferentes facturas que emitía la propia trama a la Comunidad de Madrid, por la celebración de distintos eventos. Así lo refleja la policía en un informe que remitió hace apenas unos días al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel.

La red corrupta endosó costes de publicidad y azafatas del local

"Los 1.000 tarjetones van a: Plza. Pontejos. Viceconsejería de Presidencia", señala otro de los correos electrónicos intervenidos. "Hola Alberto. Te llevan esta mañana los tarjetones a la Plaza de Pontejos. Al final te hemos hecho 1.000 uds., que nos daba lo mismo que hacerte 700 más. Espero que te guste el color", dice otro de los mensajes analizados que lleva a la policía a concluir que "del contenido de los datos reflejados en los distintos correos se puede inferir que el llamado Alberto López Viejo, es el destinatario de un trabajo encargado previamente relacionado con un negocio vinculado al "Restaurante La Hacienda Argentina (Tarjetones con publicidad y servicio de azafatas)".

El acuerdo en correos electrónicos

De: Rocío, de Servimadrid

A: Isabel Jordán, de Easy Concept

Asunto: La Hacienda Argentina y otros

Hola Isabel. Sólo preguntarte que si los costes de los del restaurante de Alberto los divido entre tres y los imputamos a distintos actos de la CAM como hicimos la otra vez?

De: Isabel Jordán, de Easy Concept

A: Rocío, de Servimadrid

Asunto: Re: La Hacienda Argentina y otros.

Sí, ok a imputar los costes a diferentes actos.

De: Rocío, de Servimadrid

A: otras dos trabajadoras de Servimadrid

Asunto: Hola Chicas. Lo de la Hacienda Argentina, hay que hacer lo mismo de la otra vez. Tenemos que repercutir en nuestros costes cada una de 971,08 euros. Besos

De: Rocío de Servimadrid

A: López Viejo, Alberto

Asunto: Re: argentina

Hola Alberto.

Te llevan esta mañana los tarjetones a la plaza de Pontejos. Al final te hemos hecho 1.000 uds., que nos daba los mismo que hacerte 700 más. Espero que te guste el color. Un abrazo, Rocío.

Ese trabajo, según añade la policía, fue encargado a Servimadrid, una de las empresas que componían la trama Gürtel. Y, posteriormente, y tras previa autorización, se cargaron los costes de los servicios prestados, "referidos al restaurante de Alberto, tras dividirlos entre tres, en distintos actos de la CAM". Además, el informe hace hincapié en el hecho de que en los correos hablan de "tal y como hicieron la otra vez" de lo que la policía concluye que "se puede inferir que no es la primera vez que utilizaban dicha práctica".

El informe también llama la atención sobre el hecho de que los encargos se remitieran directamente al despacho oficial del viceconsejero, lo que no deja lugar a dudas de su destinatario. Además, entre los correos intervenidos se encuentra uno del propio Alberto López Viejo a una de las trabajadores de la trama en la que le reclama uno de los servicios encargados a la red que lideraba Francisco Correa. "Me dice Esteban, el gerente del restaurante que las azafatas llevan esperando un buen rato la llegada de la publicidad, ¿Sabes algo?", indica el mail remitido por el viceconsejero que, al parecer, se hacía cargo también de hacer gestiones del restaurante.

En el caso de uno de los gastos analizados, la confección de unos tarjetones y un servicio de azafatas, el trabajo fue realizado realmente por dos empresas ajenas a la trama y su coste ascendió a cerca de 3.000 euros. Pero, tal como sostiene el informe, la contabilidad de la trama corrupta no lo sumó como deuda del verdadero cliente "de lo que se desprende la intención inicial de no facturar el acto al destinatario final". Y así, la policía concluye que "de esta forma el acto genera un coste a la organización que enjuga imputándole el mismo a distintos actos realizados para la CAM.".

La investigación se dirigió entonces a intentar comprobar si esos costes se repercutieron realmente en facturas a la Comunidad de Madrid. Y la policía encontró documentación de tres actos en los que se "refleja el coste repercutido". Uno de ellos fue una presentación de rallies, por el que la Comunidad de Madrid pagó los primeros 1.359 euros, cantidad semejante a la que se coló en la factura de los "Premios tolerancia 2006" y en la de "Entrega diplomas rumbo al sur".

Cartas de restaurante, carteles, más tarjetones y el reparto de estos son otros de los servicios prestados entre julio de 2006 y febrero de 2007.

El informe analiza otro documento que refleja una relación detallada de actos efectuados para la Comunidad de Madrid y unas cantidades de dinero asociadas a cada uno de ellos, que se corresponden con un porcentaje del coste de cada uno de los eventos. La policía apunta que se trata de las comisiones a "ALV" cuyo resultado asciende a 76.389,74 euros. En esa relación se descuenta una cantidad correspondiente a trabajos hechos para el restaurante que López Viejo no pagó pero que sí que provocó que se le rebajara el cobro de comisiones, según la policía.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/madrid/1339608449_228777.html

14. CASO GURTEL: LA POLICÍA CONCLUYE QUE OTRA CONSTRUCTORA PAGÓ 110.000 EUROS AL PP DE CAMPS

Lubasa habría aportado los fondos para la campaña electoral del año 2007

El Bigotes lo camufló como una venta de 8.000 camisetas y gorras y un plan estratégico

La policía sigue reconstruyendo la supuesta financiación ilegal del PP valenciano por parte de ocho grandes empresas del sector de la construcción y la obra pública. La Unidad de Delincuencia Financiera y Económica (UDEF) ha aportado un nuevo informe al magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres, que investiga la vertiente valenciana del caso Gürtel, centrado en la empresa castellonense Lubasa que, destaca la policía, cambió su nombre por el de Durantia Infraestructuras en 2009. Este grupo empresarial habría contribuido con 110.200 euros a la campaña electoral del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en las elecciones autonómicas de 2007, las penúltimas que ganó antes de dimitir por su implicación en el caso.

El sistema empleado fue el mismo que en el caso de las otras empresas ya analizadas por la policía, como Sedesa y Grupo Vallalba. Orange Market, cuyo responsable era el cabecilla de Gürtel y amigo de Camps Álvaro Pérez, El Bigotes, organizaba todos los actos electorales del partido. Pero una parte de los mismos no fueron pagados por el PP, sino por las ocho constructoras que, a su vez, obtenían grandes contratos de obra pública del Gobierno valenciano.

Para disimular el supuesto delito electoral —financiar irregularmente campañas electorales—, Orange Market facturó a dos empresas del grupo Lubasa por servicios que el análisis de la UDEF revela falsos. Una de las facturas, por 52.200 euros, tuvo como motivo teórico el suministro de 4.000 camisetas y 4.000 gorras "promocionales"; la otra, la elaboración de un "plan de marketing". Ambas contienen deficiencias y coincidencias llamativas.

La policía señala, por ejemplo, que uno de los documentos de Word que utilizó Orange Market en la contratación con Lubasa —en concreto un borrador del convenio sobre el plan estratégico de mercadotecnia—, se llama "Ortiz". Su contenido es calcado a otro convenio que la sociedad de El Bigotes firmó con el grupo del constructor alicantino Enrique Ortiz, el cual, según la policía, también enmascaró el pago de actos electorales de Camps.

Orange Market recicló para Lubasa una factura que había usado para Enrique Ortiz

"Se infiere que se ha utilizado algún documento confeccionado con anterioridad, relacionado con alguna de las sociedades vinculadas a Enrique Ortiz para elaborar el documento finalmente destinado al Grupo Lubasa", afirma la UDEF.

El análisis de la documentación incautada a la trama revela, además, que la intención inicial de la red era cobrar de una vez todo el importe. Así lo indica otra factura que, a nombre de "Luis Batalla", dueño de Lubasa, elaboró Orange Market el 19 de diciembre de 2007 y que no llegó a emitirse. El importe y los conceptos que englobaba eran parecidos a los que terminaron divididos en dos facturas, la primera de las cuales tiene la misma fecha, 19 de diciembre de 2007.

La policía deduce que Orange Market "elabora los mismos en función de una previsión de cantidad de dinero global a recibir inicialmente por parte del cliente final, en este caso 104.400 euros, a través de una única factura". Es decir, lo que la trama corrupta quería cobrar estaba predeterminado desde un principio porque venía condicionado por unos actos electorales ya efectuados. Y tras proponer la fórmula de una única factura, acaba aceptando dividirlo en dos por "adecuarse a las cantidades y forma de pago solicitada" por Lubasa.

La elaboración de las nuevas facturas, que la UDEF atribuye al empleado de la red habitual, Cándido Herrero, presenta otro error de bulto. La factura única por 104.400 euros era por "material gráfico" y "merchandising", y este último apartado incluía 3.000 gorras talla M y otras 2.000 talla S. Al dividir las facturas en dos, la de merchandising pasa a ser por un total de 4.000 gorras, pero en el presupuesto que la acompaña siguen figurando 3.000 gorras de talla mediana y otras 2.000 pequeñas.

La policía constata que no constan las hojas que la trama utilizaba para saber cuánto ganaba con un negocio tras descontar los gastos. Ni hay rastro de que Orange Market comprara camisetas ni gorras, tuviera contacto con proveedores o cualquier otro indicio de que realmente trabajó para Lubasa.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/valencia/1339615354_555603.html

15. CASO GURTEL: LA POLICÍA ACREDITA 200.000 EUROS ILEGALES EN LA CAMPAÑA DE CAMPS EN 2007

La UDEF atribuye el origen de los fondos al Grupo Vallaba, del expresidente de Coepa

La investigación revela que El Bigotes cobró de las constructoras antes de emitir la factura

Mientras los principales imputados niegan ante el juez las irregularidades, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía sigue aportando al Tribunal Superior de Justicia valenciano informes que acreditan la financiación ilegal —delito electoral y falsedad documental— del PP regional en las elecciones de 2007 y 2008.

El último informe de la UDEF concluye que el Grupo Vallalba y dos de sus filiales, vinculados al sector de la construcción y la obra civil, aportaron casi 200.000 euros de forma irregular a la campaña del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en los comicios autonómicos que ganó por mayoría absoluta en 2007.

Las tres empresas —la matriz Grupo Vallalba, Pavimentos del Sureste y Hormigones Martínez— habrían efectuado los pagos a Orange Market, la sociedad de la trama Gürtel que organizaba los actos electorales del partido. El responsable empresarial detrás de los pagos a la red sería, según la policía, Rafael Martínez Berna, presidente de la patronal de Alicante hasta noviembre, cuando dimitió por su implicación en Gürtel y a raíz de la millonaria multa que, por otros motivos, le impuso la Comisión Nacional de la Competencia.

La contabilidad interna de Orange Market refleja el ingreso de 199.520 euros en septiembre de 2007 junto a numerosos ingresos identificados como "Campaña 2007". Pero en la hoja de Excel de la sociedad de la red que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, no figuran los nombres de las tres empresas alicantinas, sino una misteriosa referencia: El Cantante. La policía considera que se trata de otro ejemplo de la tendencia de la trama Gürtel a utilizar apodos "con la finalidad de ocultar" identidades.

La investigación lleva a la policía a concluir que con El Cantante la red hacía referencia a Rafael Martínez Berna, al coincidir "el nombre de pila de este y el de un conocido profesional dedicado a la canción española". Esto es, Raphael.

La mecánica utilizada por las empresas del Grupo Vallalba fue muy parecida a la de otras empresas supuestamente implicadas en la causa, como Sedesa, de la que la policía también aportó recientemente un informe. En el caso de Vallalba, para camuflar el pago de actos electorales populares, Orange Market emitió cuatro facturas por servicios ficticios en las que se plasmaba un concepto "suficientemente amplio y vago en su descripción, que permite acomodarse a las necesidades tanto de Orange Market como de la empresa pagadora", según la UDEF. Esos conceptos fueron: "Ocho lonas publicitarias" (40.600 euros); "asesoramiento en relaciones públicas" (21.460 euros); "estudio corporativo" (69.600 euros), y "estudio impacto" (67.860 euros).

Gürtel redactó los presupuestos de las cuatro facturas en solo tres minutos

A pesar de su apariencia legal, las cuatro facturas y la documentación relativa a las mismas incautada por la policía no han resistido un examen a fondo. Uno de los muchos datos que el informe destaca para deducir su falsedad es el de la elaboración de los presupuestos por parte de Orange Market. Aunque la trama los fechó en momentos diferentes (25 de enero, 6 de febrero, 17 de abril y 2 de julio de 2007), el campo de propiedades de los archivos informáticos revela que los presupuestos fueron redactados consecutivamente y en solo tres minutos: entre las 18.46 y las 18.49 del 17 de julio de 2007.

La contratación presenta más incongruencias. En la de las ocho lonas publicitarias que teóricamente pidió Pavimentos del Sureste —que en junio de 2009 pasó a llamarse Padelsa Infraestructuras— a la empresa de El Bigotes, la policía ha descubierto que en el borrador de presupuesto ya figuraba el mes en el que Orange Market emitió tiempo después la factura (septiembre de 2007) y la fecha exacta de vencimiento del pagaré con el que le pagó la constructora (28 de octubre de 2007).

"Se puede inferir", señala la UDEF, "que antes de la elaboración definitiva del presupuesto por parte de Orange Market, ya existía una previsión o instrucción al respecto de emitir la factura en una fecha determinada y de cuándo se iban a recibir los fondos en pago a la misma". La anomalía se repite en las otras tres contrataciones.

Es común también a los cuatro casos una ausencia llamativa. La policía no ha hallado la "hoja de costes" que las empresas del grupo de Francisco Correa utilizaban habitualmente para conocer con precisión el beneficio de los actos que organizaba. En ella, la trama detallaba "los proveedores que participaban en la preparación, montaje y ejecución de un acto determinado, el importe que los mismos facturaban" y el beneficio que obtenían.

Ni rastro del servicio

Si realmente se hubiera prestado el servicio de las lonas, prosigue la policía, el diseño, fabricación e instalación de las mismas, "habría sido subcontratado por Orange Market a un tercero y debería existir factura de dicho proveedor", ya que la empresa de El Bigotes carecía de los medios para hacerlo, pero no existe rastro de ello.

Y en el "estudio corporativo" que supuestamente realizó Orange Market para Hormigones Martínez —que en junio de 2010 cambió su nombre por el de CHM Obras e Infraestructuras—, el envío del pagaré (24 de septiembre) y el cobro del mismo (26 de septiembre) es anterior a la fecha de la factura (22 de octubre) que los justifica.

La contratación fue firmada por Tomás Martínez Berna por parte de las constructoras, según la policía. El día que la sociedad de la red recibió los 199.500 euros del Grupo Vallada también se ingresaron en su cuenta 7.345 euros provenientes de Arturo Torró, entonces en la oposición y hoy alcalde popular de Gandia. Torró reconoció en 2010 que Orange Market hizo su gran acto electoral de 2007.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/11/valencia/1339444907_683693.html

16. C.A GALICIA: FEIJÓO DESAUTORIZA A PASTOR Y DICE QUE RAJOY DARÁ FECHA PARA EL AVE EN VERANO

"El único que va dar plazos es el presidente, el resto de personas no tiene interés"

Conviven cada uno desde su cargo pero sin profesarse ninguna devoción. La desconfianza mutua entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, viene de lejos, según admiten los propios dirigentes del PP. Pero se ha agravado desde que el presidente Mariano Rajoy —atendiendo las reclamaciones de los populares gallegos para que situara a otro ministro de la tierra en Fomento después de José Blanco— decidió colocar a Pastor al frente de las infraestructuras.

Desde entonces, Pastor se ha resistido a concretar una fecha para el fin de la conexión por AVE con la Meseta dejando en evidencia a los dirigentes de la Xunta empezando por Feijóo que no dejaron de presionar a José Blanco reprochándole cada retraso, ya fuera de semanas o meses con planos y power points desde los despachos del Gobierno gallego. La propia Pastor dijo el pasado martes en un desayuno en Madrid que no es partidaria de dar una nueva fecha sobre el AVE hasta que las obras estén cerca de su conclusión.

Ayer fue el presidente Feijóo quien terció en el debate para anunciar no sólo que habrá anuncio de fechas a corto plazo sino que será el propio Mariano Rajoy el que la facilite este verano. Sin mencionar a la ministra de Fomento en ningún momento, Feijóo reiteró que en este asunto la que vale es la palabra del presidente del Gobierno. "El único que va dar la fecha es Rajoy, el resto de personas, incluido el presidente de la Xunta, no tiene mayor interés. Los compormisos del presidente del Gobierno y del presidente de la Xunta tienen plena vigencia", insistió.

Sin dar ninguna pista sobre cual es el horizonte que maneja el PP para el final de la infraestructura, Feijóo subrayó que "la fecha en este momento está más garantizada que al inicio de la legislatura, tras 2.000 millones de euros entre adjudicaciones y licitaciones". Al decirlo evitó hacer reconocimiento alguno e incluso mencionar a la ministra. Y antes de zanjar el tema insistió: "La fecha la dará el presidente del Gobierno y será la primera vez que un presidente se comprometa con el AVE a Galicia".

La polémica sobre la llegada del tren rápido nació con el Plan Galicia en 2003 y acompañó al Gobierno de Zapatero prácticamente desde que resultó elegido en marzo de 2004 hasta 2011 en que perdió las elecciones. El último plazo que se marcó la Xunta, incluido el presidente Feijóo y su conselleiro de Infraestruturas, Agustín Hernández, es la de 2018.

En 2010 fruto de la insistencia del Gobierno gallego, el ministro José Blanco y el propio Feijóo escenificaron en el Pacto del Obradoiro un acuerdo para evitar polemizar sobre la alta velocidad y fijaron como fecha 2015. Fue el último plazo que consagró el anterior responsable de Fomento.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/14/galicia/1339704110_942360.html

17. C.A GALICIA: EL SUPREMO DECIDIRÁ SI MARTÍN COMETIÓ DELITO CUANDO ERA ALCALDE DE SANXENXO

El ahora diputado recalificó unos terrenos de su promotora que la empresa vendió luego como urbanizables

El juzgado de Cambados y la fiscalía acordaron remitir al Tribunal Supremo la causa incoada en 2006 por un delito medioambiental contra los promotores del edificio Illas Atlánticas de Sanxenxo y que podría derivar en la posible imputación del diputado Telmo Martín, alcalde de la localidad pontevedresa cuando ocurrieron los hechos. La investigación se refiere a la venta de parte de los terrenos donde se levantó el inmueble por parte de la empresa Construcuatro, de la que era accionista, y que habían sido recalificados antes por parte del Ayuntamiento que presidía Martín.

La remisión de las diligencias al alto tribunal se produce al ser el órgano competente para investigar y en su caso juzgar al político, aforado desde que en las pasadas elecciones obtuviese un escaño en el Congreso de los Diputados por la lista del PP en Pontevedra. Martín abandonó recientemente el cargo de portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Pontevedra, al que se incorporó tras dejar la alcaldía de Sanxenxo. El Supremo proseguirá con la investigación que afecta al diputado mientras en Cambados se continuará instruyendo la causa por delito medioambiental. El caso se abrió a raíz de una denuncia de la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo contra la promotora Construziona Galicia, SL, ya que el edificio ocupó el espacio de servidumbre de un regato del río Baltar, lo que originó continuos desbordamientos y conllevó la paralización de las obras.

Sin embargo, y a petición del fiscal del caso, David de Lafuente, el entonces juez de Cambados, Juan Carlos Carballal, había acordado el archivo del caso en agosto de 2008 porque en los informes periciales no se hallaron pruebas del delito contra los recursos naturales o el medio ambiente, auto que, en fase de apelación de los denunciantes, fue revocado por la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra un año después.

En el recurso, el abogado de los vecinos había denunciado la posible vulneración de las normas esenciales del proceso, "alegando una situación de indefensión" porque se había acordado el sobreseimiento sin que les hubiesen dado traslado de las últimas diligencias practicadas por el juzgado. Los denunciantes se quejaron a la Audiencia de que el juzgado había hecho caso omiso a un escrito con fecha de 14 de diciembre de 2007 en el que ponían en conocimiento del instructor nuevos hechos de los que tuvieron conocimiento a través de las diligencias practicadas previamente y solicitaban nuevas pruebas.

Causa reactivada en mayo

Casi tres años después de que la Audiencia de Pontevedra ordenara la investigación sobre Martín, el pasado 9 de mayo se celebraba en el juzgado número 2 de Cambados el acto de reconstrucción de las diligencias en presencia del nuevo juez, el fiscal, la secretaria y el abogado de la acusación particular. Pero una semana después, buscando otros asuntos, un funcionario encontró los legajos en un anaquel del archivo donde se había inspeccionado varias veces. El inesperado hallazgo ha permitido reactivar el caso en tiempo récord.

Aunque gracias a la aplicación informática Minerva las diligencias estaban a salvo, la reconstrucción tendría que hacerse folio a folio ya que solo el soporte en papel tiene validez en la Administración de justicia. Una parte ya se había recuperado a través del abogado de los vecinos de Portonovo.

Antes de dictar el auto de inhibición a favor del Supremo, el nuevo juez instructor ordenó la práctica de nuevas indagaciones, pruebas documentales que habían requerido los vecinos y que no se llegaron a incorporar a la causa. También el fiscal ha redactado su informe de conclusiones.

Se referían los vecinos a las posibles responsabilidades penales del entonces alcalde Telmo Martín en la venta de los terrenos por parte de Construcuatro (empresa de la que el ahora diputado poseía el 33% de las acciones) a Construziona, promotora vinculada a la familia del exconselleiro José Cuiña, por 2,78 millones de euros, así como la recalificación previa de la parcela por parte del Ayuntamiento que presidía Martín. La parcela en cuestión era un humedal al borde de una duna, terrenos adquiridos como rústicos y luego recalificados en primera línea de playa, donde hoy se levanta la urbanización de 96 viviendas. La parcela está inventariado en al catálogo de zonas húmedas de Galicia.

La Audiencia estimó el recurso interpuesto por el representante legal de los vecinos y ordenó que se iniciaran la investigación por si "pudieran derivarse responsabilidades penales" de Martín, presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias, hechos que se remontan a 2004. Pero desde el auto de la Audiencia de Pontevedra el juzgado de Cambados no practicó ninguna prueba nueva. La causa estuvo paralizada hasta que en noviembre de 2011 se dio incluso por perdida al no aparecer los legajos en ninguna de las dependencias judiciales. El fiscal del caso pidió su reconstrucción, pero el caso ya había dado un giro, ya que Martín accedió a un escaño en el Congreso en noviembre pasado y se convirtió en aforado. El Supremo tendrá que retomar la investigación, resolver si hubo una actuación delictiva y si ha prescrito dado el tiempo transcurrido.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/12/galicia/1339529166_870103.html

18. C.A GALICIA: HERNÁNDEZ ATRIBUYE A TÉCNICOS LA CONDONACIÓN DE UNA MULTA A MARTÍN


El PSOE promete llevar al tema al próximo pleno, el BNG critica que se aplique el urbanismo a la carta en el Gobierno gallego

El Gobierno gallego empezando por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, intenta hacer ver que cuando perdonó una multa de tres millones de euros —el pasado 24 de septiembre en el Consello de la Xunta y sin informar a la prensa— a la promotora que fundó su diputado y exalcalde Telmo Martín solo sigue instrucciones del Tribunal Supremo. Ayer, en el Parlamento, fue el conselleiro de Medio Ambiente y Territorio, Agustín Hernández, quien se apuntó a esa tesis.

En realidad lo que dictaminó el Tribunal Supremo en sentencia firme fue que el exconselleiro y desde ayer senador por designación autonómica, Enrique López Veiga, no era competente para dictar una resolución en 2005 que condonó una sanción de tres millones de euros a la firma Construcuatro, participada por Telmo Martín y cuyas acciones maneja ahora su esposa, por la construcción de un edificio que invade el dominio público en primera línea de la playa de Silgar, en el municipio pontevedrés.

El fallo del alto tribunal no prejuzga sobre si la Xunta debía o no sancionar a la firma de Martín, sino que establece que, en caso de adoptar esa decisión política, el órgano competente para hacerlo debía ser el Consello de la Xunta. Y eso fue lo que le recordó ayer a Hernández el diputado socialista Isamel Regó, quien le reprochó que el Gobierno lleve semanas negándole a la Cámara el expediente de la resolución.

Rego recordó que la propuesta del funcionario instructor del expediente en 2005 proponía seguir adelante con la multa y preguntó algo más: ¿Sobreseyó la Xunta solo la multa o también la reposición de la legalidad urbanística? ¿Va a seguir disfrutando la promotora de esos metros de más que se vendían a 6.000 euros el metro a los pies de la playa de Sanxenxo? En su doble intervención ante el Pleno, Hernández dejó esas dos incógnitas en el aire. Subrayó, como repite el presidente Feijóo, que el perdón a la inmobiliaria de Martín fue "a propuesta de la dirección de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística [cuya directora fue nombrada por él mismo] y previo informe de la asesoría jurídica para dar cumplimiento a la sentencia y habló de una "persecución inadmisible a Martín". El PSOE promete llevar al tema al próximo pleno, el BNG critica que se aplique el urbanismo a la carta en el Gobierno gallego y el PP asegura que todo es una cortina de humo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/galicia/1339617547_900287.html

19. C.A GALICIA: AGUSTÍN HERNÁNDEZ VE INADMISIBLE LA "PERSECUCIÓN" A TELMO MARTÍN

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas dice que la Xunta actuó conforme a derecho con Construcuatro

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ha mantenido este miércoles que la Xunta "actuó conforme a derecho" basándose en informes de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y de la Asesoría Xurídica para sobreseer el expediente abierto contra Construcuatro por invadir el dominio público marítimo-terrestre con una edificación en el paseo de Silgar, en Sanxenxo (Pontevedra).

Dicho esto, interpelado por el diputado socialista Ismael Rego en el pleno del Parlamento, ha considerado las críticas de la oposición sobre el sobreseimiento del expediente abierto por Costas del Estado y la correspondiente condonación de la multa (unos 3,5 millones de euros) al diputado popular Telmo Martín --uno de los propietarios de Construcuatro-- "una persecución inadmisible".

Todo ello, después de que el veterano parlamentario acusase de paso al PP de "premiar" al exconselleiro de Pesca Enrique López Veiga con un puesto en el Senado por designación autonómica, ya que "fue quien sobreseyó el expediente a sabiendas de que no tenía competencia para hacerlo", sino que correspondía al Consello de la Xunta. Lo ha dicho apoyándose en "una sentencia en firme" del Tribunal Supremo, que remarca que el expediente fue "sobreseído indebidamente". "Seguro que no tuvo agallas para llevárselo a Manuel Fraga", ha razonado Rego, quien ha criticado que el actual Consello de la Xunta sí haya optado por suspender este caso. "Llueve sobre mojado", ha lamento.

Finalmente, se ha interesado por el expediente de reposición de la legalidad urbanística, aunque no obtuvo datos del conselleiro a este respecto. En lo que sí ha hecho hincapié es que el edificio levantado por Construcuatro se hizo conforme a una licencia "de primera ocupación". "No pidió una licencia para un retejado y después hizo un pazo", ha replicado, en relación con las acusaciones sobre la vivienda del líder del PSdeG, Pachi Vázquez. Por su parte, la representante del BNG en el debate, Carme da Silva, ha advertido de que la sociedad "percibe" que las normas urbanísticas "se adaptan" para ajustarse a las necesidades de quien tiene que aplicarlas o "se saltan". "Se actúa en función de quién es el aludido", ha sostenido, poniendo como ejemplo de este tipo de políticas el municipio lucense de Barreiros.

"Hay que resolver y transparentar las normas urbanísticas", ha defendido la nacionalista, quien ha recordado que la jefa provincial de Costas del Estado en Pontevedra, Cristina Paz-Curbera y Llovet, juzgó "una canallada" la sanción impuesta al "pobre Telmo" Martín dado que existía "un error de grafiado" en los planos. "Será pobre de espíritu", ha ironizado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/galicia/1339610644_755303.html

20. C.A MADRID: AGUIRRE DA UN TAJO DEL 10% A LOS ‘MILEURISTAS’ DE LA ADMINISTRACIÓN

10.000 empleados sufrirán el mismo recorte porcentual que los altos cargos

La presidenta regional, Esperanza Aguirre (PP), habló de dos grupos. Por un lado, el nuevo proyecto de Ley de Presupuestos estipula que se bajará un 10% el sueldo a los altos cargos, incluida ella. Eso le sirvió para asegurar con desparpajo que ya no sabe ni lo que cobra. Por otro lado, se reducirá el 3,3% el salario de los 180.000 empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Hasta ahí lo anunciado públicamente.

Y luego está la letra pequeña, un recorte destinado a pasar desapercibido: interinos que trabajarán y, por tanto, cobrarán un 10% menos. Un portavoz oficial de la Comunidad de Madrid señaló primero que eran solo "300 o 400". La realidad es que la medida afecta a unos 10.000 empleados temporales públicos a los que están más abajo en la escala salarial: los mileuristas de la Administración.

El artículo 12 del proyecto de ley, que aún debe pasar el trámite parlamentario, regula la jornada del personal temporal y estipula una reducción del 10% en las horas de trabajo "con minoración proporcional de retribuciones". Deja fuera, según el articulado, al personal que "dentro del ámbito sanitario, educativo y de los servicios sociales" está adscrito a puestos vinculados a la prestación de servicios públicos "de carácter exclusivamente sanitario, docente o asistencial". Es decir, ni profesores, ni médicos ni fisioterapeutas, entre otros.

La Comunidad barajó recortar el 20% de sueldo a los 37.000 interinos

¿A quiénes se refiere entonces? "A los interinos más precarios", responde Santiago Tamames, de UGT. "Esta medida machaca a la gente más débil, al último eslabón de la escala profesional", añade Manuel Rodríguez, de CC OO. Son administrativos, conserjes, limpiadoras, celadores... Según estimaciones sindicales, sus sueldos mensuales oscilan entre 900 y 1.300 euros. Ni Economía y Hacienda ni la Consejería de Presidencia (responsable de función pública) ofrecen ninguna estimación de a cuánto ascienden las nóminas, aunque una portavoz de esta última consejería sí admite que los puestos temporales "son muy residuales" en la parte alta de las categorías laborales, es decir, entre aquellos que cobran más. Justifica además que se tomó esta decisión para "evitar el despido del 10%" de los interinos.

Se reducen los salarios para no echarles, según una portavoz oficial

En septiembre de 2011, Aguirre repartió entre la prensa la copia de una de sus nóminas mensuales. El documento reflejaba unos ingresos netos de 5.825,92 euros. Una rebaja del 10% lo dejaría en 5.243 euros. Un sueldo de 900 euros quedaría en 810 con esa misma rebaja. Y los 1.300 euros de la parte alta de la horquilla, en 1.170.

El ahorro por interinos asciende a 17,5 millones frente a 3,5 de altos cargos

La previsión de la Comunidad de Madrid con respecto a los mileuristas de la Administración era mucho más ambiciosa. Entre los documentos presentados el jueves en la Asamblea de Madrid como memoria justificativa de los recortes se incluye un informe que preveía una bajada del 20% en jornada y sueldo de los 37.486 interinos que trabajan en todas las consejerías del Gobierno regional. De haberlo llevado a cabo, el ahorro previsto habría supuesto 237 millones de euros.

Las rebajas de sueldo de los empleados públicos cerradas finalmente suponen unos 200 millones de euros de los 1.045 que el Gobierno regional quiere ahorrar entre los recortes presupuestarios y lo que va a ingresar por las nuevas tasas, según el dato ofrecido por un portavoz de Economía y Hacienda. Solo 3,5 millones corresponden a las medidas relacionadas con los altos cargos y el personal de confianza, y 17,5 millones (cinco veces más) a los interinos.

La rebaja a los viceconsejeros solo se aplicará esta legislatura

Otra de las medidas es eliminar el doble sueldo que reciben los viceconsejeros que también ejercen como diputados en la Asamblea de Madrid. Actualmente, cobran una especie de sueldo extra por tener un escaño, que asciende a unos 1.000 euros al mes. Esperanza Aguirre anunció el jueves pasado, que con las nuevas medidas de ajuste, pierden ese extra.

¿Para siempre? No, se trata de una medida puramente coyuntural y limitada a los próximos tres años, tal y como se desprende del proyecto de Ley: "Durante la presente legislatura, las retribuciones que les corresponda percibir serán únicamente las correspondientes al cargo de viceconsejero, sin que sea posible compatibilizar las mismas con cualquier tipo de dietas, indemnizaciones o asistencias previstas en función de su condición de diputado". Con este artículo, el número 4, se modifica una ley de 1983 que es la que permitía hasta ahora que los viceconsejeros cobren ese extra. Los socialistas, que piden que Aguirre recorte parte de sus "60 asesores", califican de "impostura" esta medida.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/10/madrid/1339362886_773160.html

21. C.A MADRID: ALCORCÓN REÚNE EN LA PRIMERA FERIA DE LA FAMILIA A REDES ULTRACONSERVADORAS

Grupos como Hazte Oír o Red Madre compartirán espacio con Cruz Roja y Cáritas

El teatro Buero Vallejo de Alcorcón acoge desde este viernes la primera edición de la Feria de la Familia de la Comunidad de Madrid. El evento, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con el Gobierno regional y la asociación Familia y Futuro, cuenta en su lista de participantes con grupos ultraconservadores, entre ellos Hazte Oír, una plataforma muy activa en Internet que promovió campañas y movilizaciones contra las leyes del matrimonio homosexual y el aborto aprobadas por el Gobierno de Zapatero. También figura la fundación antiabortista Red Madre.

La feria abrirá el viernes 15 y durará hasta el domingo 17. Unas 30 entidades públicas y empresas, además de organizaciones no gubernamentales tomarán parte en las distintas actividades programadas, fundamentalmente talleres y actividades destinadas a la "participación de toda la familia", según explica el Ayuntamiento en un comunicado, que añade que la feria es "pionera en España, al unir información y educación con entidades públicas y privadas en un mismo evento, con todos los actos gratis para los visitantes".

En el ideario de la asociación promotora, Familia y Futuro, destaca que sus objetivos son "proponer y difundir entre las fuerzas políticas medidas de política y protección familiar; defender el matrimonio como institución específica de alta eficacia social y merecedora de todo respeto y todo apoyo y la defensa de la protección de la vida humana como valor inseparable de la familia".

El montaje de la feria cuesta unos 40.000 euros, de los que el Ayuntamiento no desembolsará nada, según fuentes municipales. El coste lo asumirán las entidades patrocinadoras del evento. El Consistorio costeará la exhibición prevista de los bomberos y la vigilancia de la Policía Municipal.

El evento contará con cinco áreas temáticas: educación, salud y nutrición; sociedad civil activa; consumo y economía; y ocio, cultura y deporte. "Iniciativas como esta primera Feria de la Familia ponen en alza las líneas básicas que deben primar en cualquier ciudad: la defensa de los valores familiares como apoyo y estímulo no solo para las personas, sino para toda la estructura social", afirmó el alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), durante la presentación. Este ya mantuvo durante su toma de posesión, hace ahora un año, que las familias serían la prioridad de su gobierno. "Son la institución básica y fundamental para el desarrollo y progreso de la sociedad, y más en tiempos de crisis", afirmó entonces.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/12/madrid/1339529896_721838.html

22. C. VALENCIANA: EL SECTOR PRIVADO CONTROLARÁ LAS RECETAS DE LOS MÉDICOS PÚBLICOS

El nuevo modelo sanitario entrega buena parte de la gestión a las empresas

La Generalitat pretende ceder al sector privado el control de los medicamentos que prescriben sus propios médicos. Este es uno de los aspectos que contempla el nuevo modelo sanitario que la Administración que preside Alberto Fabra está diseñando, a cuyo borrador ha accedido este diario. El nuevo escenario, que debería entrar en funcionamiento en enero del próximo año, entrega buena parte de la gestión y supervisión del sistema a la iniciativa privada.

Las empresas se encargarán del "control, para la mejora de la gestión, de la prescripción farmacéutica ambulatoria y exprótesis [prótesis que no requieren cirugía] realizada en los centros de atención primaria y especializada". Para ello, intervendrán en "el seguimiento de la prescripción por médico y patología" o "la elaboración de protocolos de uso de medicamentos, particularmente en relación con los de mayor impacto económico". También en la "formación" de los médicos, en el "desplazamiento [en la prescripción] hacia medicamentos genéricos o sin protección de patente" o en la "incentivación" de los facultativos con relación al "seguimiento de determinadas pautas terapéuticas".

Ambigüedad calculada de un sistema abierto

Si algo está meridianamente claro en el nuevo modelo de gestión que pretende aplicar la Generalitat es que es un paso más hacia la privatización del sistema y que su alcance es general (al contrario de la progresividad que caracterizó la extensión del modelo Alzira), al extenderse a los 18 departamentos de salud que permanecen bajo el control de la Administración pública. También revela que la Generalitat se considera incapaz de controlar el gasto, especialmente el farmacéutico (en hospitales y en las recetas), por lo que se quiere trasladar esta responsabilidad a las empresas.

Al margen de ello, el documento elaborado por Sanidad en el que se sientan las bases del nuevo modelo al que ha accedido EL PAÍS, tiene una medida ambigüedad. El texto incluye frecuentemente expresiones que trasladan la sensación de que está sujeto a cambios. Como cuando se refiere al "alcance inicialmente previsto que conformaría el perímetro del contrato" o cuando plantea que este "inicialmente comprende para algunos servicios el control de la gestión y para otros la prestación de determinados servicios".

Ello responde a que se trata de la base de la negociación que se abrirá con las empresas interesadas en participar en el modelo, que aportarán sus sugerencias a lo largo del proceso de diálogo competitivo que se abrirá en los próximos meses.

¿Qué plantearán las compañías? De entrada, buena parte de ellas, sobre todo las más vinculadas al sector sanitario, pedirán que se abra el campo de juego y que se traslade al sector privado un mayor número de servicios sanitarios, según ha podido saber este diario. Los grandes márgenes económicos están en la parcela asistencial, no en la auxiliar. Quizás por ello, el texto contenga intencionadamente un planteamiento tan abierto, con margen para externalizar más servicios.

Todo ello se dirige a recortar el gasto que le suponen al Consell las recetas, en unos momentos en los que la Generalitat atraviesa por una situación de extrema falta de liquidez. La Consejería de Sanidad, que dirige Luis Rosado, paga con cuatro meses de retraso a las farmacias (debe 480 millones de euros), una tardanza que ya le ha costado dos cierres patronales, el último, la semana pasada.

El control del gasto farmacéutico es solo uno de los aspectos que quedarán bajo la órbita del sector privado en el vuelco que supondrá la nueva organización del mapa sanitario valenciano, que la Generalitat ha bautizado como "modelo de gestión compartida" público-privada y cuyo diseño sigue quemando etapas.

Rosado anunció ayer que en la reunión del Gobierno valenciano que se celebrará hoy presentará a sus compañeros del Consell un documento en el que se especificarán las necesidades que deberán cumplir las empresas interesadas en participar en el modelo.

La filosofía de partida de la vuelta de tuerca privatizadora que supone el nuevo escenario de la sanidad valenciana consiste en agrupar todas las actividades que ya están externalizadas en los 18 departamentos de salud que gestiona directamente la Generalitat y cederlas a un único operador privado para que se ocupe en bloque de todas ellas en cada departamento (o varios, según se distribuyan los lotes).

En un principio, cuando a finales del mes de abril la Consejería de Sanidad anunció esta medida, dijo que la parcela que iba a quedar desgajada del control de la Administración sería básicamente la actividad de soporte a la estrictamente sanitaria. Ello implica la limpieza, las tareas de mantenimiento, la restauración, la seguridad, la lavandería, los archivos clínicos, la gestión de residuos, la esterilización de equipos, la adquisición de material sanitario, el suministro de energía o el vestuario. La suma del coste de todas estas partidas para la sanidad valenciana en 2011 fue de 377 millones, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Sanidad también apuntó que dentro de este conjunto de servicios que se concentrará en manos de un único gestor privado estarán incluidos algunos servicios sanitarios ya externalizados. A pesar de que se le dio menos importancia a todo ello, aquí es donde está el gran volumen de gasto que se transferirá y de donde se pretende ahorrar. Toda esta porción de actividades relacionadas con la parcela sanitaria que se transferirá al sector privado supuso en 2011 1.987 millones de euros (1.137 corresponden al gasto en recetas).

Además, el borrador elaborado por la Consejería de Sanidad va más lejos de lo que se planteó inicialmente respecto a la cesión a la empresa gestora de servicios relacionados con la asistencia o el diagnóstico. Es verdad que se transfieren al operador privado servicios ya concertados, como el diagnóstico por imagen mediante resonancia magnética, la oxigenoterapia o la hemodiálisis. Pero lo mismo sucederá con otros que se mantenían al margen del sector privado, como la farmacia hospitalaria (donde controlará las compras o supervisará la "correcta utilización" de los fármacos).

En otros servicios sanitarios, la prestación privada no consistirá en la gestión directa, sino en el "control para la mejora de la gestión". Es decir, en ahorrar con medidas como las "mejoras de eficiencia", la "introducción de mecanismos de incentivación al ahorro" o el "seguimiento del gasto".

Quizás el caso más relevante dentro de esta categoría (el control de la gestión) sea el de la prescripción de fármacos. Esta cuestión (supervisar qué recetan los propios médicos) ha sido uno de los grandes caballos de batalla de las concesionarias de los departamentos de gestión privada (el modelo Alzira). En el caso de los facultativos heredados de la Consejería de Sanidad (con categoría de estatutarios), las empresas no tienen capacidad de incentivarlos o supervisar su prescripción. Lo que destila el documento elaborado por Sanidad sobre el nuevo modelo es una clara apuesta por el control de las empresas sobre lo que recetan los médicos de la red pública.

El grueso del ahorro previsto se obtendría en la parcela sanitaria

Además de las recetas, quedan "bajo el control y mejora de la gestión" de la gestora privada servicios como los de radioterapia, medicina nuclear, neurofisiología, diálisis peritoneal, tratamientos del espectro autista, radiocirugía o la neurorrehabilitación posterior a un accidente cerebral. El documento alude a que el "colaborador privado" supervisará estas actividades en los departamentos en los que se hayan contratado estos servicios con empresas privadas (frecuente en algunos casos para combatir las listas de espera, por ejemplo en el caso de los estudios neurofisiológicos del sueño).

El texto elaborado por la Consejería de Sanidad servirá de punto de partida a la negociación que se abrirá con las empresas interesadas en participar en el modelo (mediante el procedimiento de contratación del diálogo competitivo) y que definirá los límites exactos del contrato.

Una vez se ponga en funcionamiento, a principios del año que viene, la Comunidad Valenciana volverá a situarse en la vanguardia de la privatización de la sanidad pública sanitaria con el estreno de este nuevo modelo en solitario en España. Ya se destacó en 1999 con la aplicación de la fórmula de la concesión administrativa a la sanidad (el modelo Alzira) que cubre la asistencia del 20% de los valencianos, se ha exportado a Madrid y pronto lo hará a Castilla-La Mancha.

Una nueva vuelta de tuerca hacia la privatización de la sanidad pública

Estos son algunos de los aspectos más relevantes del Documento de evaluación previa jurídica, económica y financiera a la tramitación del expediente de contratación del contrato entre el sector público y el sector privado para la gestión compartida de los departamentos de salud.

El nuevo modelo de gestión compartida de la sanidad pretende que se concentre [en manos privadas] la contratación de la gestión y prestación conjunta de determinados servicios sanitarios y no sanitarios para los departamentos, que mayoritariamente ya son actualmente prestados de forma externa.

El alcance del contrato inicialmente comprende, para algunos servicios, el control de la gestión y, para otros, la prestación de determinados servicios sanitarios y no sanitarios a la población protegida.

El control de la gestión por parte de la gestora privada se aplicará a la farmacia con receta, las exoprótesis, microcirugía, dispensación de metadona, tratamientos de espectro autista, neurorehabilitación, diálisis peritoneal, medicina nuclear, neurofisiología, o radiocirugía.

La prestación del servicio por parte de la empresa afectará a la farmacia hospitalaria, las endoprótesis, el material sanitario, la oxigenoterapia, el diagnóstico con resonancia magnética, el transporte no asistido o la hemodiálisis.

En el caso de la prestación privada no sanitaria, las parcelas incluidas son la limpieza, el mantenimiento, la restauración, la seguridad, la lavandería, los archivos de las historias clínicas, la gestión de residuos, la esterilización de material o la provisión de material sanitario o de energía.

La dirección será única y mixta en cada departamento, y la compondrá personal nombrado por la Administración y perteneciente a la entidad adjudicataria del contrato.

El plazo preliminarmente fijado para la duración del contrato será de entre 15 y 20 años.

La Generalitat estima un ahorro del 15% en los servicios sanitarios (300 millones al año) y del 10% en los servicios no sanitarios (37) por la mejora en la eficiencia esperada del sector privado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/14/valencia/1339703589_644134.html

23. C. VALENCIANA: LA CORRUPCIÓN BARRE A BLASCO

El escándalo de las ayudas de cooperación hace que Fabra aparte al portavoz del PP cuando la juez ya ha pedido su imputación

La sombra de la corrupción, que ha perseguido a Rafael Blasco desde los tiempos del Gobierno socialista en la Generalitat Valenciana (era consejero de Obras Públicas cuando se vio envuelto en los años noventa en un escándalo que acabó archivado porque se anularon las escuchas policiales), ha acabado por barrerlo de su puesto de portavoz del PP en las Cortes Valencianas. Blasco está a un paso de la imputación por el fraude en las ayudas de cooperación que se produjo entre 2008 y 2010, cuando él era consejero de Solidaridad y Ciudadanía, y dejará su cargo al frente del grupo parlamentario en cuanto la imputación sea un hecho.

La juez que investiga el caso, en el que ya hay 27 imputados, uno de ellos en la cárcel, ha elevado una providencia al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que pide que se pregunte en el Parlamento autonómico por la condición de diputado de Blasco, "ante los indicios existentes en la causa para imputar hechos de naturaleza delictiva" a quien era consejero cuando se produjo el fraude.

Poco después de conocerse la noticia, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, marcó el camino de salida a su portavoz parlamentario, al que hasta ayer estuvo defendiendo. "Vamos a esperar. Pero aquellas personas que tengan cuestiones con la justicia no pueden desempeñar ciertos cargos. Y eso lo sabe Blasco", recalcó el presidente del Consell. A la pregunta de si el portavoz debía dejar el cargo, añadió: "Es consciente de que tendrá que tomar esa decisión".

Las declaraciones de Fabra se produjeron poco antes de que ambos se entrevistaran en Presidencia de la Generalitat a las 14.00. En esa entrevista, de solo media hora de duración, Blasco aceptó apartarse de la portavocía parlamentaria, aunque solo renunciará formalmente a ella tras la imputación. Un paso que podría demorarse varios días pero que nadie pone en duda. El portavoz adjunto de las Cortes, Rafael Maluenda, asume provisionalmente las funciones de portavoz del PP en las Cortes, donde hoy se celebra uno de los plenos importantes de esta legislatura. Fabra tiene previsto comparecer ante la Cámara para explicar el plan de reequilibrio financiero de la Generalitat. El propio Fabra anunció, tras la entrevista con Blasco, que el portavoz dejará oficialmente el cargo cuando sea "efectiva" su imputación, es decir, cuando el TSJ se declare competente y asuma la instrucción del caso.

Como sustitutos de Blasco al frente del Grupo Popular en las Cortes se barajan los nombres de Alicia de Miguel, Antonio Clemente o Jorge Bellver. La decisión, en cualquier caso, puede demorarse varias semanas y, en principio, no supondrá una reestructuración del Gobierno valenciano.

La decisión de la juez Nieves Molina deja a Blasco en la cuerda floja, ya que abre el procedimiento para su imputación formal como aforado. El caso en el que se ha visto implicado se inició en octubre de 2010, cuando la diputada socialista Clara Tirado denunció al fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, que se habían concedido sendas ayudas por 1,6 millones de euros a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales que en realidad se habían destinado, en su mayor parte, a comprar dos entresuelos con plazas de garaje en Valencia. La documentación, bastante extensa, apuntaba también a la existencia de una trama de desvío de dinero de subvenciones que funcionaba con la complicidad de la consejería que dirigía Blasco.

Ese aspecto fue ampliado con una abundante aportación de documentos por otra denuncia de la diputada de Compromís Mireia Mollà ante el mismo fiscal Anticorrupción. Según esa información, la Fundación Hemisferio (entonces denominada Entre Pueblos, nombre que tuvo que cambiar porque usurpaba el de una reputada y veterana organización no gubernamental) sirvió para drenar dinero de la ayuda al Tercer Mundo a través de varias ONG a las que la fundación redactaba los proyectos para que empresas de la trama facturaran grandes cantidades con cargo a ellos. Pese a que Blasco negó desde el principio las irregularidades, la fiscalía y la juez mantuvieron durante meses una investigación secreta que dio lugar el pasado febrero a varias detenciones, en un operativo que tuvo una segunda fase el pasado jueves con otras cinco detenciones. De la actuación judicial se ha derivado la imputación hasta ahora de 27 personas. El dinero manejado por la trama supera los 6 millones de euros.

El martes por la mañana, antes de que se hiciera pública la providencia de la juez, Rafael Blasco presentó un escrito en las Cortes Valencianas que sorprendió en la Cámara. En el escrito renuncia "a la percepción de las cantidades en concepto de indemnización por ejercicio de la función" que como diputado le corresponden. Se trata de un complemento que en su caso asciende a 294 euros mensuales, según confirmaron fuentes parlamentarias, que descartaron, en principio, que el gesto tuviera algo que ver con la posibilidad de que lo imputen. El portavoz parlamentario del PP gana unos 28.000 euros de base, otros 24.600 en su condición de síndic del PP y 4.387 por la dedicación exclusiva.

Blasco se ha atrincherado en su cargo de portavoz y en la apelación a la presunción de inocencia hasta ahora, pero el presidente de la Generalitat y líder del PP valenciano, Alberto Fabra, ya dejó claro que solo lo mantendría al frente del Grupo Popular si no era imputado. La nueva situación judicial lo sitúa a un paso de la dimisión.

El caso de la cooperación protagonizó la sesión de control a Fabra la semana pasada, cuando el portavoz de Compromís, Enric Morera, exigió explicaciones sobre el resultado de una comisión interna de investigación abierta por la Generalitat en el momento en que estalló el escándalo y fueron detenidos, entre otros, el ex director general de Cooperación, Josep Maria Felip, y el jefe de área Marc Llinares, posteriormente relevados de sus cargos junto al subsecretario de la consejería en la época del fraude, Alexandre Català, también imputado. Ayer mismo se supo que la Consejería de Justicia y Bienestar Social, que dirige Jorge Cabré, ha ampliado en 15 días el plazo para que la comisión interna termine sus trabajos.

La investigación judicial ha revelado que detrás de la trama de saqueo de subvenciones estaba Augusto César Tauroni, el único imputado que permanece en prisión, una persona de Alzira, localidad de origen del todavía portavoz del PP, que se vincula a las adjudicaciones que Blasco ha realizado a su paso por diversos departamentos de la Generalitat.

Blasco ya fue protagonista de un escándalo en el Gobierno de Joan Lerma. Las acusaciones fueron desestimadas por la irregularidad en unas escuchas policiales, pero fue apartado de la Generalitat. Precisamente, las grabaciones que la policía ha realizado en la investigación del caso de cooperación, han revelado la naturalidad de las relaciones de Blasco con algunos de los principales imputados, como el propio Tauroni.

Fabra se pronunció sobre la situación del portavoz del PP en las Cortes tras el acto de presentación de unos cupones de la ONCE dedicados a la Comunidad Valenciana. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de la Diputación, Alfonso Rus, evitaron hacer declaraciones sobre la situación de Blasco, pero ambos empezaron ya a desmarcarse.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/12/valencia/1339532265_818407.html

24. C. VALENCIANA: "CUANDO YA NO PUEDEN HUIR MÁS, SE QUEDAN EN SU SILLÓN COMO AFORADOS"

La oposición vapulea al PP en las Cortes por la corrupción a costa de una iniciativa de Blasco

Rafael Maluenda a la defensiva: "No está imputado y sigue siendo portavoz de su grupo"

Toda la oposición se lanzó en tromba, el miércoles contra el PP en las Cortes Valencianas esgrimiendo el nutrido muestrario de casos de corrupción que afectan a la derecha en el poder. Lo más curioso es que dieron pie a ello los propios populares al defender una proposición no de ley firmada por el ahora apartado portavoz parlamentario, Rafael Blasco, sobre "principios de transparencia y buen gobierno de la Administración valenciana y entidades dependientes de ella".

Aunque Blasco sólo estuvo durante una parte del debate, ya que salió y volvió a entrar en el hemiciclo, fue su protagonista involuntario, mientras su sustituto provisional tras la acción de la juez para imputarlo en el escándalo de las ayudas de cooperación, el diputado Rafael Maluenda, sucumbía a las arremetidas de las tres portavoces de la izquierda, que calificaron de "burla" que el PP pretenda dar lecciones con una resolución que sólo es "humo", en opinión de Esther López Barceló, de Esquerra Unida; que "no la redactaría así ni un niño de la ESO", según Mònica Oltra, de Compromís, o que pretende ser "absolutoria" de tanta corrupción como se ha acumulado, en alusión de la socialista Eva Martínez.

Las referencias a Blasco y a los numerosos imputados en las filas del PP fueron duras y constantes. Martínez las resumió al denunciar: "Cuando ya no pueden huir más, se quedan en su sillón como aforados para eludir sus responsabilidades".

Había tratado Maluenda, en su nuevo papel de portavoz provisional de los populares, de aparentar un clima de normalidad alrededor del tema de la transparencia y el buen gobierno que la oposición no está dispuesta a regalarle. Apoyó la proposición de ley, que se aprobó con los únicos votos del PP, con constantes alusiones a que se basa en "un nuevo modelo de Administración pública impulsado por el presidente Fabra". Pero no dio abasto ni a completar la réplica a las diputadas de la izquierda y solo le salvó la campana, es decir, el aviso de que había consumido su turno.

"Su concepto de transparencia es como el de austeridad de la Casa Real: nulo", le espetó la diputada Esther López Barceló, de EUPV, que se preguntó qué credibilidad puede tener una resolución como la que propuso el PP cuando afirma que "será motivo de resolución de contrato o cese del gerente y cargos directivos de las entidades y organismos de carácter público el negarse a facilitar información sobre la sociedad a los componentes de los órganos de administración de la misma, excepto cuando lo impidan disposiciones de carácter general". "Eso es lo que está haciendo el señor López Jaraba en RTVV", clamó la parlamentaria.

Clara Tirado invita a Blasco a pronunciar la palabra "talibán" para que lo aparten

Mònica Oltra, de Compromís, se ensañó con otro punto de la iniciativa, aquel que recomienda que los miembros de consejos de empresas o entidades dependientes de la Administración no sean políticos en su totalidad e incluyan a "profesionales y expertos de reconocido prestigio", para recriminar al PP que no entrara en el Consell Valencià de Cultura el escritor Joan F. Mira. Oltra le dijo a Maluenda: "Este debate es temerario. Si vienen a hablar de corrupción, tienen que oír las verdades del barquero". Y recordó los casos Gürtel y Brugal, entre otros, para hacer alusión a la investigación de las empresas de la familia de Cotino en la supuesta financiación ilegal del PP. En ese momento, Juan Cotino, presidente de las Cortes, la interrumpió y la diputada le dio un recorte de periódico con la información sobre el asunto.

Eva Martínez, del PSPV-PSOE recordó el caso de la visita del Papa y las comisiones ilegales obtenidas por la trama Gürtel a través de la adjudicación de las pantallas y la sonorización por parte de RTVV, el caso Emarsa, la investigación sobre el instituto Nóos y otros escándalos. En opinión de la parlamentaria, lo que tendría que hacer el PP es "pedir perdón" y mostrar "arrepentimiento" en lugar de protagonizar actos de "cinismo" como el de presentar esa propuesta, que todas las portavoces coincidieron en señalar que "está llena de obviedades" y no aporta nada nuevo.

El portavoz popular no dudó en acusar a López Barceló de "no tener autoridad moral ni ética porque se inspira en las críticas del comunismo", y recriminó a Esquerra Unida y a los socialistas su actuación en el Parlamento andaluz, acusó a las portavoces de la oposición de desconocer el "procedimiento reglamentario" y dijo que sus intervenciones estaban "fuera de tono".

El portavoz provisional del PP acabó defendiendo la legitimidad de Blasco como síndic. "No está imputado, ni menos condenado y, aunque hace una delegación de funciones, sigue siendo el portavoz del grupo". Maluenda no olvidó un último llamamiento a "respetar la inocencia de personas que se han sentado en el banquillo pero no han sido condenadas". El expresidente Francisco Camps estaba en ese momento sentado en su escaño.

Por la tarde, el consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, dijo que se están adoptando medidas para que nadie dude de la cooperación valenciana y redujo el escándalo que afecta a Blasco a "casos aislados". La diputada socialista Clara Tirado, que le había preguntado, denunció la "incongruencia" del PP al apartar a unos y no a otros de sus cargos. Y citó el caso de Mariano Vivancos, destituido de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) por llamar "talibanes" a los profesores en un acto público. Tirado invitó a Blasco a pronunciar la palabra "talibán" para que le aparten definitivamente.

La garantía del ‘non bis in idem’

La proposición no de ley aprobada solo con los votos del PP (Maluenda se quejó de que la oposición presentó enmiendas a la totalidad y no enmiendas parciales, lo que habría permitido, tal vez, alguna aproximación) es, en realidad, una traslación de las conclusiones que los populares impusieron para cerrar la comisión de investigación del caso Emarsa. Ya entonces los grupos de la izquierda rechazaron la inocuidad de las recomendaciones. En el pleno, fueron un paso más allá y recriminaron al PP que incluyera un punto en el que se afirma que hay que imponer la "obligación de reparar los perjuicios causados" a quienes la justicia declare responsables de infracciones penales. "Nos comprometemos a cumplir la ley", ironizó la socialista Eva Martínez. "Nos comprometemos a cumplir el Código Penal".

El diputado del PP Rafael Maluenda, sin embargo, insistió en que se trata de que responsables de empresas o entidades públicas que sean condenados paguen los perjuicios que no les haya impuesto la sentencia. Esther López Barceló, de Esquerra Unida, le recordó que "las Cortes Valencianas no pueden entrar en la legislación civil y penal" y Mònica Oltra, en su condición de abogada, aseguró que legalmente "no se puede sancionar dos veces a quienes han estado condenados penalmente".

Como quiera que Maluenda buscó otro argumento, al asegurar que se trataría de iniciar otro tipo de denuncias contra quienes hayan sido condenados por irregularidades en la gestión de entidades y empresas públicas, Oltra sacó su vena de abogada en ejercicio y citó el Non bis in idem (no dos veces por lo mismo), una garantía que impide que un acusado sea enjuiciado una segunda vez por el mismo delito. Oltra buscó con la mirada en las filas del PP al diputado José Marí Olano, abogado del Estado, al que preguntó si era cierto lo que estaba diciendo. Marí asintió con la cabeza mientras se sentaba y, cuando Oltra le dijo a Maluenda que su compañero de grupo le aclararía el asunto, Marí respondió que jamás se le ocurriría corregir a su portavoz. La diputada de Compromís zanjó el tema dirigiéndose a los diputados populares: "Como tienen problemas con la justicia, ya lo sabrán en las sentencias que vendrán".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/valencia/1339617376_269120.html

25. C. VALENCIANA: EL JUEZ SE NIEGA A REBAJAR LA FIANZA DE 4,2 MILLONES DE EUROS IMPUESTA A FABRA

La cantidad requerida al presidente del PP de Castellón no es desproporcionada, según el instructor

El titular del juzgado número 1 de Nules ha desestimado la solicitud del presidente provincial del PP, Carlos Fabra, de que se le redujera la fianza impuesta como garantía de que hará frente a su responsabilidad civil si es condenado por los presuntos delitos de tráficos de influencias, cohecho y fraude fiscal.

El juez mantiene la cantidad de 4,2 millones de euros para Fabra y 1,7 para su exesposa, María Amparo Fernández, ya que considera que "no resulta desproporcionada y se ajusta perfectamente a derecho". Además, en un auto con el que el juez contesta a la reclamación de la Audiencia para que revisara esas cantidades, esgrime que incluso es "una cifra inferior a lo interesado por la Abogacía del Estado y la acusación popular". Fabra y Fernández están acusado de defraudar 1,7 millones de euros a Hacienda.

El juez del caso Fabra, que lleva más de ocho años en instrucción, está respondiendo a todos y cada uno de los requerimientos realizados por la Audiencia Provincial, que cuestionó tanto la apertura de juicio oral con la inclusión del presunto delito de cohecho, como la fijación de la fianza. El juez ya ha reclamado a la Audiencia que defina, exactamente y a la mayor brevedad posible, si sus argumentos sobre la existencia o no de indicios para juzgar un presunto delito de cohecho se traducen en un sobreseimiento. Y aún sin apuntarlo, en el auto en el que mantiene la fianza expone su parecer, ya que esgrime que "las partes acusadoras son muy libres de determinar los márgenes penológicos que estimen oportunos, siempre, claro está, dentro de los límites legalmente fijados, como ocurre en el presente caso".

Pese a los retrasos para la fijación de fecha para el juicio, la Audiencia provincial, que preside Carlos Domínguez, vuelve a tener la pelota en su tejado y en sus manos la opción de demorar, aún más, la resolución del caso Fabra, iniciado después de que un empresario le acusara de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/13/actualidad/1339582157_831330.html

 

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