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Boletín nº 633. Del  23 al 30 de Junio 2012 

ÍNDICE

01. RAJOY ALERTA: "HAY INSTITUCIONES EN ESPAÑA QUE NI SIQUIERA PUEDEN FINANCIARSE"

02. ESPAÑA PIDE AYUDA Y OFRECE SACRIFICIOS

03. RAJOY ANUNCIA NUEVAS "MEDIDAS DIFÍCILES" PARA ESTE AÑO SIN PRECISAR CUÁLES

04. RAJOY COMIENZA UNA CARRERA CONTRARRELOJ PARA EVITAR EL RESCATE DURO

05. EL SALTO DE RAJOY A PRIMERA FILA

06. COPAGO Y 'MEDICAMENTAZO' SIN DILACIÓN

07. ANA MATO Y LOS REMEDIOS "NATURALES "

08. GALLARDÓN DELEGA EN LOS REGISTRADORES LAS CONCESIONES DE NACIONALIDAD

09. EL TRIBUNAL DE CUENTAS DECIDE INVESTIGAR LOS GASTOS DE LOS VIAJES DE DÍVAR

10. DÍVAR: "HE SUFRIDO UN PROCESO PARALELO CON INSTRUCCIÓN Y CONDENA"

11. JULIO SOMOANO, DIRECTOR DE INFORMATIVOS DE TVE

12. CASO GÜRTEL: EL JUEZ RUZ IMPUTA AL EXTESORERO NACIONAL DEL PP POR DELITO FISCAL

13. CASO GÜRTEL: EL JUEZ RUZ CITA AL EXDIPUTADO MARTÍN VASCO Y A SU HERMANO

14. CASO GÜRTEL: EL EXDIRECTOR ECONÓMICO DE CANAL 9 CARGA A LOS TÉCNICOS EL CONTRATO DEL VIAJE DEL PAPA

15. CASO GÜRTEL: VIDAL NIEGA QUE ´EL BIGOTES´ TUVIERA UN TRATO PREFERENTE

16. CASO GÜRTEL: BETORET DABA LOS CRITERIOS DEL CONTRATO DE FITUR, SEGÚN UN IMPUTADO

17. C.A CANARIAS: UN EDIL DEL PP DETENIDO POR SALTARSE UN CONTROL DE ALCOHOLEMIA

18. C.A GALICIA: EL PLAN GAIÁS, UN CORTA Y PEGA

19. C.A MADRID: BOTELLA APOYA A AGUIRRE EN EL CAMBIO DE LA LEY ANTITABACO

20. C.A MADRID UN FUNCIONARIO CLAVE EN EL ESPIONAJE A ADVERSARIOS DE AGUIRRE PIDE DECLARAR

21. C.A MADRID LA POLÉMICA ‘PAELLADA’ DEL PP DE VALDEMORO

22. C. VALENCIANA: EL CONSEJO INVESTIGARÁ LAS PRESIONES AL JUEZ DEL ‘CASO FABRA’

23. C. VALENCIANA: PSOE E IU EXIGEN DE ROSA PARA QUE EXPLIQUE LAS PRESIONES

24. C. VALENCIANA: EL JUEZ DEL ‘CASO FABRA’ ACUSA A SUS JEFES DE "PERTURBAR" SU INDEPENDENCIA

25. C. VALENCIANA: EL JUZGADO CITA A JULIO IGLESIAS PARA QUE DECLARE EN EL ‘CASO IVEX’ EL PRÓXIMO DÍA 10

26. C. VALENCIANA: LA FISCALÍA PIDE IMPUTAR A BLASCO EN EL FRAUDE DE LA COOPERACIÓN

27. C. VALENCIANA: ASÍ SE LLEVÓ A LA QUIEBRA A RTVV

28. C. VALENCIANA: BARBERÁ RECRIMINA A UNA CONDUCTORA DE LA EMT SU SUELDO ANTE LOS PASAJEROS

29. C. VALENCIANA: EL TRIBUNAL DE CUENTAS ADMITE UNA DEMANDA CONTRA CUESTA, ARNAL Y CRESPO

30. C. VALENCIANA: LA GENERALITAT Y LAS CAJAS VENDEN EL 71% DE TERRA MÍTICA POR 20 MILLONES


01. RAJOY ALERTA: "HAY INSTITUCIONES EN ESPAÑA QUE NI SIQUIERA PUEDEN FINANCIARSE"

El presidente advierte que la reformas de la UE "no sirven para nada" si no se soluciona el problema de la deuda

"Todo esto no sirve para nada si no nos podemos financiar", ha advertido esta mañana el presidente español, Mariano Rajoy, a su llegada al encuentro que los líderes del Partido Popular europeo mantienen con carácter previo a la Cumbre europea que se inicia esta tarde en Bruselas. Rajoy ha recordado que España apuesta "por más Europa"; por una mayor unión bancaria, fiscal y económica y por una mayor integración de los mercados; así como por algunas medidas concretas como la posibilidad de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) pueda financiar a las pequeñas y medianas empresas lo que resulta básico para la creación de empleo. Pero ha subrayado que con carácter urgente hay que resolver el problema de la sostenibilidad de la deuda de países como España e Italia. "Estamos financiándonos a unos precios muy elevados y hay muchas instituciones públicas que ni siquiera pueden financiarse", ha advertido. "Este es un tema capital. La Unión Europea y la Unión Económica y Monetaria [el Eurogrupo] tienen que ser conscientes de que esto es así y de que alguna decisión habrá que adoptar".

Rajoy no se ha mostrado muy optimista. Ha advertido de que algunas propuestas podrán ser aprobadas en esta cumbre y otras no. "Es verdad que las decisiones en la mayor parte de los casos, se toman por unanimidad y eso complica las cosas", ha alegado. Entre las que no se aprobarán estará la posibilidad de que el préstamo europeo para recapitalizar la banca española vaya directamente a las entidades financieras sin la intermediación del Estado. Tras haber defendido durante semanas esta opción, Rajoy ha dicho hoy que "tiene sus ventajas e inconvenientes" y que en todo caso, se plantearía dentro del proyecto de unión bancaria a medio plazo. "No veo que eso quede hoy resuelto de manera definitiva", ha concluido.

En el almuerzo que los líderes del Partido Popular Europeo celebran en la Academia Real, participan hasta 12 jefes de Estado y de Gobierno, incluida la canciller alemana Angela Merkel, principal obstáculo con el que tropieza la pretensión de Rajoy de que el Banco Central Europeo o el fondo de rescate compren bonos españoles para frenar la presión de los mercados y reducir el tipo de interés, que ha rozado el 7% en las últimas subastas.

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/06/28/actualidad/1340886175_588465.html

02. ESPAÑA PIDE AYUDA Y OFRECE SACRIFICIOS

Rajoy anuncia nuevas medidas económicas "por difíciles que sean"

Bruselas afirma que entre las condiciones se incluye un mayor control del Banco de España

La sensación de que el euro se cae a trozos; la impresión de que ya no es este o aquel país, de que es el edificio europeo el que amenaza derribo. Pero primero los hechos: el Gobierno pidió este lunes formalmente el rescate para la banca a los socios de la eurozona. Grecia, Irlanda y Portugal preceden a España en esa ominosa lista de países que han acudido (con escaso éxito, por el momento) a la cicatera solidaridad europea, a la que sin solución de continuidad se suma ya una víctima adicional.

Chipre, la pequeña isla del Mediterráneo oriental, ha sido incapaz de sobrevivir al vendaval griego y pide ayuda a la desesperada. Italia es la siguiente víctima propiciatoria, y se especula incluso con que España tenga que ser intervenida con un rescate para toda la economía si la próxima cumbre, a priori tan decisiva como suelen ser las cumbres en esta crisis agónica, no consigue avances significativos. Los cinco países rescatados o en vías de rescate suman 75 millones de habitantes; una sexta parte del PIB de la Eurozona. Pero la pieza grande es España: a Bruselas le faltó tiempo este lunes para recordar al Ejecutivo que la petición lleva aparejada "en paralelo" un control estricto del ajuste del déficit y de las reformas.

Mariano Rajoy defiende que el rescate solo impone nuevas condiciones a los bancos, pero el mismo día en el que se hacía oficial la petición, y en plena zozobra en los mercados, el presidente dio muestras de que el mensaje de la Comisión va a misa. "Pronto, a lo largo de este año", dijo Rajoy, "habrá nuevas medidas económicas, por difíciles que sean". Más sacrificios, en fin, tras dos años de reformas laborales, recortes de salarios, despidos de funcionarios y subidas de impuestos por parte de Gobiernos del PSOE y del PP, que no han impedido que España se vea obligada a pedir socorro por el enorme agujero que ha dejado en la banca el pinchazo del ladrillo.

La carta enviada a Bruselas habla solo de condiciones financieras

En la carta remitida por el ministro de Economía, Luis de Guindos, al presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, solo hay referencia a la "condicionalidad financiera" que conlleva el rescate. No hay nada relativo al ajuste del déficit y a la necesidad de profundizar en las reformas, cuestión que sí se reflejó en el acuerdo del Eurogrupo que dio pie a la petición del rescate. Aparentemente, la idea era evitar mezclar en el debate condiciones antiguas (al Gobierno español), con condiciones nuevas (a la banca). Aparentemente, porque las palabras de Rajoy vuelven a colocar el debate de las condiciones en primera línea.

El movimiento táctico de Rajoy —se tomarán "grandes decisiones", "por difíciles que sean"— en un día tan señalado indica que el Gobierno tiene ya asumido que las sugerencias de Bruselas se han convertido en órdenes. El vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia, recordó que todas las recomendaciones europeas son obligaciones para los países con desequilibrios presupuestarios, más aún cuando un rescate les pone bajo la lupa de sus socios. Eso, traducido a la situación española, significa que el Gobierno tendrá que subir el IVA, aprobar el retraso de la edad de jubilación antes de lo previsto o, según anunció Bruselas, ceder soberanía en organismos supervisores como el Banco de España —con su credibilidad herida de muerte por los continuos ataques del propio Ejecutivo— y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No hay ayudas multimillonarias a cambio de nada. "Pensar que hay países que dan dinero gratis es vivir fuera de la realidad", espetó Almunia. La Comisión, el FMI y el BCE ya estaban encima de España, en una intervención de baja intensidad que dura más de dos años y que se tradujo en una conversión a la austeridad del anterior jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, a la que han seguido recortes aún más duros por parte de Rajoy. Sin éxito: aquí está el temido rescate. Muy pronto, a partir del 9 de julio, se conocerán las condiciones europeas. Y, mientras, las misiones a España no se detienen: las visitas de los hombres de negro van a ser aún más frecuentes. La próxima llegará esta misma semana.

"Tengo el honor de dirigirme a usted en nombre del Gobierno de España para solicitar formalmente asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras españolas que así lo requieran". Así arranca Guindos la misiva en la que se reafirma que la institución receptora del dinero será el Fondo para la Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), "en representación del Gobierno de España". Esa es la mayor pega que ponen los inversores al crédito europeo para la banca española: las normas del fondo de rescate obligan a otorgarlo a través del Estado, lo que lleva a un repunte de la deuda pública española, ya muy castigada. El riesgo país español repuntó de nuevo ante el temor de los inversores. Para suavizar esa percepción, el Gobierno ha alimentado la expectativa de que es posible una inyección directa en la banca, pese a las sucesivas negativas de Alemania. Es una vía cegada en el presente, tal y como se reconoce en la carta al recalcar que el FROB actuará "en representación del Gobierno".

Aun así, Guindos no deja de reseñar que la materialización del rescate "tendrá en consideración las diferentes posibilidades disponibles en la actualidad, y aquellas que se puedan decidir en el futuro". Un agarradero al que asirse si las discusiones en el seno de la UE sobre cómo romper el vínculo entre la deuda bancaria y la deuda pública se materializan pronto en algún tipo de acuerdo, que hoy por hoy es poco probable. Un portavoz de la Comisión señaló a este respecto que las reglas actuales de los fondos de rescate "impiden la recapitalización directa de los bancos", a pesar de las insistentes peticiones de España e Italia. Esa cuestión volverá a ponerse sobre la mesa en la cumbre de esta semana, en el marco del proyecto de unión bancaria europea.

Almunia: "Pensar que hay países que dan dinero gratis es vivir fuera de la realidad"

El Ejecutivo vuelca su limitada capacidad de presión en arrancar las condiciones que menos devalúen el valor de la deuda pública, en lograr el tipo de interés más bajo (en torno al 4%) y el plazo de devolución más amplio posible (hasta 30 años, aunque el Ejecutivo descarta esa cifra). También debe precisarse aún si se usará para esta operación el fondo de rescate permanente cuando entre en vigor, algo por lo que aboga buena parte del Eurogrupo. En las normas de ese fondo se establece la preferencia en el cobro en caso de impago, en perjuicio de los inversores privados, lo que podría llevar a un mayor castigo de la prima de riesgo. El Gobierno también pelea en ese frente.

En cuanto a la cuantía del préstamo, la referencia es el reciente dictamen de los evaluadores externos, que la semana pasada aseguraron que los bancos españoles necesitarían entre 51.000 y 62.000 millones para recapitalizarse. Puede acabar siendo menos —la estimación es el resultado de escenarios extremos, y algunas entidades pueden captar capital por sí mismas—, pero también más: a falta de las evaluaciones entidad por entidad, es posible que Economía se quiera garantizar un colchón de seguridad. La cifra final será fruto también de una negociación en la que España tiene cada vez menor margen: los hombres de negro llegarán a finales de semana a Madrid para volver a indagar en las cuentas de los bancos y empezar a hablar de condiciones. Si nada cambia, el Estado será el responsable último de esa "línea de crédito" —como gusta en llamar el Gobierno al rescate— para los bancos. El Estado es aquí una manera elegante de decir el contribuyente español.

http://economia.elpais.com/economia/2012/06/25/actualidad/1340656403_309316.html

03. RAJOY ANUNCIA NUEVAS "MEDIDAS DIFÍCILES" PARA ESTE AÑO SIN PRECISAR CUÁLES

El líder de la CEOE pide al presidente del Gobierno una nueva reforma laboral

La maquinaria de las reformas no se ha detenido. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado nuevas medidas económicas. "Pronto, a lo largo de este año", ha proclamado ante un auditorio propicio, los empresarios que integran la asamblea de la CEOE. Pero no ha precisado más. Solo ha dicho que serán "difíciles" y que está dispuesto a "corregir lo que haya que corregir y reformar lo que haya que reformar".

Rajoy, en cambio, sí que ha pedido concreción a los socios comunitarios sobre las medidas a tomar para salvar el euro y afrontar la crisis bancaria y de deuda soberana. "El mensaje político debe ser contundente y el calendario de integración claro", ha reclamado, poco después de haber señalado uno de sus objetivos: "una agencia europea de deuda y emisiones conjuntas". Es decir, eurobonos.

"Se requieren acciones decididas y valientes, no solo a nivel interno también en la UE. La situación en Europa está en el punto de mira de los mercados, las tensiones aumentan y ello ya está afectando al crecimiento de la UE. De no revertirse, tendría consecuencias sobre los países de la Unión", ha advertido.

Antes de hablar Rajoy lo ha hecho el presidente de la CEOE, Juan Rosell. El líder patronal ha sido mucho más concreto que el presidente del Gobierno. En una intervención asentada en los datos, Rosell ha reclamado otra reforma laboral. Ha valorado la que el Congreso de los Diputados va a sancionar definitivamente esta semana. A continuación ha puesto el ejemplo de Alemania, donde el canciller Schröder desarrolló una reforma laboral en cuatro fases entre 2002 y 2005, la llamada reforma Hartz.

"Aunque, la reforma laboral ha sido profunda y es un primer esfuerzo y habrá que evaluar su impacto para continuar reformando, hasta conseguir que el mercado de trabajo español sea uno de los más flexibles de Europa", ha dicho. El presidente del Gobierno no ha recogido el guante. En su discurso ensalzó la reforma pasada, de la que dijo que buscaba reducir la diferencia de protección entre trabajadores fijos y temporales e incentivar la contratación indefinida, algo que todavía no se ha producido.

Rajoy exige a los líderes de la UE un "mensaje político" y un "calendario concreto"

En su discurso, el líder de la patronal trató de minimizar el problema del paro: "Sería bueno que cuando hablamos de paro en España, y lo comparamos con otros países, hiciéramos algunas observaciones: uno, nuestras cifras recogen como desempleados a los prejubilados; dos, el uso del contrato a tiempo parcial es la mitad que en Alemania; tres, nuestra tasa de actividad femenina ha subido 18 puntos en 30 años; cuatro, de los 10 millones de extranjeros que entraron en la UE 15 (los integrantes del euro) entre 1998 y 2008, el 50% vinieron a España".

Rosell también ha puesto deberes a los suyos, los empresarios, que se pusieran a la vanguardia de la negociación colectiva. "Es uno de los grandes compromisos que la CEOE y sus organizaciones deben asumir", ha expuesto.

http://economia.elpais.com/economia/2012/06/25/actualidad/1340627454_517091.html

04. RAJOY COMIENZA UNA CARRERA CONTRARRELOJ PARA EVITAR EL RESCATE DURO

Lo crucial de la economía es sencillo de explicar, por más ingeniería financiera que haya de por medio. España batalla para evitar que el llamado rescate suave que está negociando con Europa para salvar a la banca se acabe convirtiendo en un rescate duro en toda regla: el del propio Estado. El contagio funciona así: los bancos, podridos de créditos inmobiliarios tóxicos, necesitan del auxilio público; el Estado los rescata; se endeuda para ello; las dificultades se agravan; el ya alto precio del dinero sube todavía más; la desconfianza se agudiza; los mercados se cierran; la hucha pública para pagar las letras que vencen se va agotando y, al final, es el propio país el que acabar por lanzar el SOS.

La crisis de los bancos irlandeses ya arrastró a Dublín a pedir el rescate financiero de todo el Estado. Aunque las diferencias entre este caso y el español son enormes por la magnitud relativa de las ayudas, medida con relación al producto interior bruto (PIB). Las entidades irlandesas han necesitado inyecciones de capital que han superado el 40% del PIB de la isla (unos 70.000 millones). En España las auditoras externas fijan las necesidades del sector financiero en un máximo de 62.000 millones. Y aunque ascendieran a esos 100.000 millones que Europa está dispuesta a prestar al Gobierno, este dinero no representa ni el 10% del PIB español.

La deuda pública la compran bancos españoles, y eso complica la crisis financiera

La diferencia entre el círculo y el bucle es que el segundo ofrece una vía de escapatoria. Madrid y Bruselas se afanan en buscarla, pero el carácter vírico de la crisis financiera española tiene otra vuelta de tuerca: los principales prestamistas de la deuda pública española no son otros que los bancos españoles (nutridos por el Banco Central Europeo). Así que, si un día el Estado dejara de pagar parte de su deuda, acabaría castigando sobre todo a esa misma banca a la que ayuda. "Si el Gobierno español rescata a los bancos y la banca rescata al Gobierno, el sistema se convierte en una economía vudú", dijo el Nobel de Economía Joseph Stiglitz solo un día antes de que España solicitara el rescate al Eurogrupo.

Este es el motivo por el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha intentado en todo momento que el fondo de rescate europeo inyecte directamente el dinero a las entidades con problemas y no aumentar la deuda pública ni los riesgos contraídos con la banca. Pero Berlín se niega en redondo. Enrocada Alemania, España acata, de momento, que los préstamos vayan al Estado y de ahí a la banca.

¿Qué cortafuegos puede evitar el contagio entre crisis bancaria y deuda pública? Esa es la gran pregunta del momento. Una parte de la solución está en manos del Gobierno. En las últimas semanas no hay analista que no reclame más claridad y solidez a la hoja de ruta del Gobierno. "España debería tomarlas recomendaciones de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional y ponerlas en marcha en plazo [de tiempo] más corto posible, el Gobierno tiene una holgada mayoría en el Congreso y puede hacerlo cuanto antes", apunta Antonio García Pascual, analista jefe para el sur de Europa de Barclays Capital. Entonces, opina, puede venir el apoyo más contundente del BCE y Europa, es decir, créditos más baratos para los bancos o la compra de bonos para frenar las altas rentabilidades.

Madrid ha puesto en marcha el ajuste más duro de la democracia. Pero muchos analistas se quejan de la falta de detalle de un programa que pretende recortar un déficit del 8,9% en 2011 al 3% en 2014. "Es necesario concretar las medidas fiscales para llevar a cabo el ajuste de 2013 en adelante, la composición en ingreso y gasto, además de ir más allá en la reforma laboral, reduciendo la dualidad", agrega Pascual.

El FMI cuestiona que España cumpla los objetivos de déficit y ha pedido a Rajoy más aceite de ricino: que suba el IVA, baje el sueldo de los funcionarios y elimine las deducciones por vivienda, entre otras medidas. Bruselas también pide una subida del impuesto sobre el consumo, así como acelerar el aumento de la edad de jubilación, entre otras medidas.

"Para que el rescate a la banca funcione, debe haber más medidas de la UE", dice un analista

"No hay alternativa si queremos seguir en el euro: España ha perdido la credibilidad y lo que debe hacer ahora es presentar un plan creíble, razonable. Se ha hecho una reforma financiera por partes, pero hay que abordar también los cambios de la función pública o profundizar en lo laboral", explica Xavier Vives, profesor de IESE y miembro del instituto alemán IFO. "La gran duda que tienen los mercados es si España va a poder pagar todo el dinero que debe fuera, sobre todo con unas perspectivas de crecimiento tan bajo" añade Vives.

La deuda neta externa española (la diferencia entre lo que presta y toma prestado del exterior) alcanza el 95% del PIB, el mismo nivel que la maltrecha Grecia y solo superada por la también rescatada Portugal, según datos del IFO.

Además de presentar un plan creíble y detallado, con un calendario lo más preciso posible, medidas cuantificadas y soluciones de reserva, el otro punto clave es evitar que se cierren los mercados a la financiación de la deuda. En este sentido, preocupa mucho la posibilidad de que el crédito europeo tenga carácter preferente respecto al resto de la deuda ya existente. Es decir, que si España cayese en impago, sus actuales y potenciales acreedores privados cobrarían después que los nuevos prestamistas públicos.

Las condiciones se están negociando ahora y algunos inversores lo ven crucial para evitar el rescate integral. El rescate de la banca española se puede realizar a través del fondo de rescate temporal (el EFSF), que no establece ese orden de cobro, o el mecanismo permanente (MEDE), que sí lo fija y podría provocar una estampida de inversores.

"Es un peligro, a menos que el préstamo oficial sea a muy largo plazo y con intereses bajos", apunta Daniel Gros, del laboratorio de ideas bruselense CEPS. "Una subordinación acabaría reduciendo aún más demanda de la deuda que el Estado aún debe emitir si quiere evitar un rescate integral", corrobora Gianluca Ziuglio, del banco de inversión suizo UBS.

En cambio, García Pascual, de Barclays, quita hierro a este aspecto: "Los bonistas privados están más protegidos con este acuerdo a pesar de la subordinación [concepto técnico que hace referencia al orden de cobro]. Si a España le dan un crédito al 3% y a 30 años, el bonista queda más protegido porque mejora la solvencia de España".

Los mercados no tienen suficiente con un programa de salvamento bancario, miran con recelo todo lo que pueda ocurrir dentro de seis años. Myles Bradshaw, de Pimco, otro de los grandes jugadores del mercado de deuda, lanza su advertencia: "Para que funcione, este rescate debería estar acompañado de otras iniciativas políticas a nivel europeo que cambie las expectativas de los inversores e incentive el retorno del capital a España. Sin esto, es difícil no ver este plan como un precursor de mayores problemas".

http://economia.elpais.com/economia/2012/06/23/actualidad/1340487561_676439.html

05. EL SALTO DE RAJOY A PRIMERA FILA

El jefe del Gobierno acaba con una foto clave una semana de examen internacional

En sus ocho años como líder de la oposición, Mariano Rajoy no viajó ni una sola vez a EE UU. Organizó solo dos fugaces saltos a Argentina y Colombia. Visitó poquísimos países europeos. Y hasta se perdió varias citas del Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas. El pragmático y poco viajero Rajoy —sigue con problemas de idiomas aunque está mejorando su inglés— entendía que su trabajo era otro. Llevó al extremo el famoso "menos Siria y más Soria" que un día aconsejó Jesús Posada a Aznar. Se concentró en España, en Andalucía y Cataluña, en ganar las elecciones. Dejó lo otro para más adelante.

Pero lo otro ha llegado de golpe. España, para desolación del presidente, está en el centro de las preocupaciones del planeta. Y en una sola semana, la que acaba ahora, Rajoy ha concentrado más citas internacionales que en ocho años. Ha dado un precipitado salto a la primera fila, que culminó el viernes con la cita con los líderes de Alemania, Francia e Italia en Roma. El presidente acaba la semana satisfecho, convencido de haber salido bien. Y eso que empezó bastante mal.

Rajoy llegó el domingo a Los Cabos (México) para participar en su primer G-20. Era un estreno muy complicado: España está en boca de todos, y no para bien. Al llegar a su hotel de lujo se mostró eufórico: "Lo de Grecia es una buena noticia para España y para el euro". Pero las cosas empezarían a torcerse enseguida. La prima de riesgo llegó casi a los 600 puntos y la Bolsa se desplomó. La "buena noticia" no había funcionado. Las dudas sobre el rescate bancario español pesaban más.

En Los Cabos las cosas tampoco iban bien. Una tras otra se complicaban todas las citas bilaterales que Rajoy tenía previstas: con el presidente chino, Hu Jintao; con el ruso, Vladimir Putin, y la brasileña, Dilma Rousseff. El presidente pasó toda la mañana en su habitación analizando con Jorge Moragas, Álvaro Nadal y Luis de Guindos un día durísimo. Pero no logró ninguna cita. Guindos sí se vio con Christine Lagarde. En su mismo hotel Mario Monti organizaba varias reuniones bilaterales y Rousseff se veía con Cristina Fernández, presidenta de Argentina y enemiga de Rajoy, mientras le dejaba a él para más adelante. Merkel tampoco perdía el tiempo y se veía a solas con Obama.

Al final empezó la cumbre el lunes por la tarde con la lista de citas a cero. Pero, poco a poco, la semana se fue enderezando. El G-20 en vez de una encerrona para España lo fue para Merkel. Todos, sobre todo Obama y el FMI, pero también países emergentes, desde India hasta Argentina, le exigía un giro para no frenar la economía mundial. Rajoy logró el martes algunas bilaterales: Brasil y China, aunque se cayó Rusia. Además, la foto con Obama, Merkel, Hollande, Monti y Cameron le colocaba en primera división.

Rajoy salió a toda prisa de Los Cabos para realizar un extraño viaje a Brasil en busca de inversores, sin mucho contenido político y que tenía un objetivo claro: lograr, a cambio de su presencia en la cumbre de desarrollo sostenible Rio+20, que Dilma Rousseff vaya a la cumbre iberoamericana de Cádiz a finales de año, que corre el riesgo de ser un fracaso si fallan muchos líderes.

Y después llegó Roma, el momento cumbre, con la prima de riesgo al fin por debajo de los 500 y una foto para la historia con los tres grandes del euro. Acabó bien, y eso que todo está saliendo al revés en sus planes. Rajoy apostó desde el primer día en La Moncloa por ser el socio más aplicado de Angela Merkel y su apuesta por la austeridad. Chocó casi desde el primer minuto con el italiano Mario Monti, un tecnócrata que representa todo lo que él no tiene: contactos internacionales, conocimientos económicos profundos, perfil internacional propio, y a la vez carece de lo que Rajoy más presume: una mayoría absoluta clara, un mandato de las urnas, el voto democrático.

"A Monti le quedan unos meses, no cuenta, Rajoy es de largo recorrido", decían los suyos con displicencia. En Francia apostó por Sarkozy. Ahora el pragmático presidente cambia sin inmutarse y se apunta al carro Hollande-Monti. Tanto que en el G-20 lanzó un inédito y tajante desmentido público de las palabras de Merkel. Su aliada ya no le vale, y se enfrenta a ella. El resultado de la nueva estrategia se verá en la cumbre en Bruselas.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/23/actualidad/1340479772_295939.html

06. COPAGO Y 'MEDICAMENTAZO' SIN DILACIÓN

Mato niega a las comunidades una moratoria para pagar los fármacos según la renta desde el domingo

La exclusión de productos de la financiación pública tendrá excepciones para crónicos

El copago se retrasa en tres autonomías

Andalucía y País Vasco recurren los recortes sanitarios

Sin dilación posible. El aumento del copago farmacéutico entrará en vigor este domingo y el Ministerio de Sanidad no admitirá dilaciones. Y el medicamentazo, como se llama a la exclusión de más de 400 productos de la financiación pública, se aplicará en agosto. Ana Mato, ministra de Sanidad, quiso terminar de un plumazo con las pretensiones de las regiones que no gobierna el PP de retrasar la implantación de la polémica medida.

Las pocas comunidades que no están en manos del PP, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Asturias, criticaron ayer la falta de información y la precipitación con la que el Gobierno ha presentado su propuesta para excluir cientos de fármacos de uso común de la financiación pública. Algunos, como el consejero catalán, Boi Ruiz, aseguraron que se enteraron de la información por los medios de comunicación en la noche de la víspera. Así, el medicamentazo pasó a ser una de las medidas estrella del Consejo Interterritorial de Sanidad, en el que se reunieron los responsables autonómicos y Mato, a pesar de que los puntos a tratar eran muchos.

Era el primer consejo después de la aprobación del real decreto que excluye de la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular y que introduce por primera vez el copago farmacéutico en función de la renta y para los pensionistas, que hasta ahora obtenían los medicamentos gratis. Un asunto polémico por las reticencias a aplicarlo de varias comunidades. El País Vasco se ha declarado insumiso y ha asegurado que cubrirá el coste de los fármacos para sus pensionistas a través de un decreto aprobado el martes. Andalucía lo ha recurrido al Tribunal Constitucional; y Asturias ha asegurado que es prácticamente imposible por cuestiones técnicas llegar a tiempo para aplicar una medida que entra en vigor este domingo.

Pero el rodillo del PP, en mayoría absoluta en este consejo, barrió las quejas de los consejeros de la oposición, incómodos. No habrá moratorias para el nuevo copago farmacéutico que prevé la participación de los ciudadanos en activo del 40%, el 50% o el 60% en el precio de los fármacos. Los pensionistas tendrán que pagar el 10% con un tope de 8, 18 o 60 euros. "Técnicamente todas las comunidades están preparadas, sin prejuicio de posibles incidencias que conlleva un cambio de estas características, pero esperamos que sean menores", dijo Mato que no quiso valorar la postura del País Vasco. "Todos los gobiernos autonómicos están obligados a cumplir la legalidad, se puede discrepar de los contenidos o recurrir la medida, pero no incumplir una ley", dijo.

Una medida con la que, según Mato, se contribuye a garantizar la sostenibilidad del sistema de salud pero que tocará, sin duda, el bolsillo del ciudadano, que también se verá afectado por la exclusión de fármacos. Los fármacos desfinanciados serán finalmente 426 y no 456. La lista que Sanidad presentó ayer a las comunidades incluye menos productos que la propuesta inicial. Pero no porque algunos fármacos hayan sido indultados, sino porque ya ni siquiera aparecían en el catálogo de aquellos cubiertos por la sanidad pública o porque ya no se usaban. En la propuesta aparecen grupos terapéuticos enteros, desde antitusivos hasta antiácidos. Un listado que, según la consejera andaluza María Jesús Montero, no se ha elaborado bajo criterios de utilidad terapéutica. Montero criticó la premura de la medida. También que no se haya informado "correctamente" a autonomías como la suya que, dijo, no han tenido tiempo para analizar a fondo los efectos de la propuesta.

La ministra no ve problemas técnicos y espera incidencias "menores"


Para José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, la desfinanciación de los más de 400 fármacos, con la que el Gobierno planea ahorrar unos 440 millones de euros, es "un paso muy importante". El también portavoz de Sanidad del PP asegura que la exclusión de estos productos no causará en ningún caso daño en la salud de los ciudadanos porque son fármacos "que solo alivian síntomas". "El 95% de los medicamentos que se desfinancian no están cubiertos en ningún país de la UE", dijo.

Hacía 15 años que no se revisaba el nomenclátor, la lista de fármacos financiados, aseguró la ministra, que explicó que se prevé que la exclusión sea efectiva a principios de agosto. Y habrá excepciones en algunos casos, dijo, para pacientes crónicos y otros casos fijados por los médicos que seguirían beneficiándose de la financiación pública. Situaciones, sin embargo, que no se especificaron ayer.

Andalucía, Cataluña y el País Vasco critican la precipitación de las medidas


Mato aseguró que se ha evaluado el efecto desplazamiento, que supone que al sacar estos fármacos de la lista de financiados se recurra a otros más caros, no ocurrirá. No obstante, en la propuesta que Sanidad hizo llegar a las autonomías se mencionaba ese riesgo. Un riesgo del que hablan los expertos, como así también alertan de que esta falta de financiación puede provocar que estos fármacos, al entrar en el sistema de venta libre, suban de precio. Algo que Mato duda. "El ministerio controlará que no haya subidas excesivas de estos medicamentos", dijo la ministra.

Las comunidades han acordado también que los enfermos crónicos, o metabólicos que no tengan ninguna alternativa nutricional no deberán pagar por los dietoterápicos. Productos que suplen la alimentación normal y que, con el decreto de abril, quedaban sujetos a aportación del ciudadano. Los productos destinados a tratamientos alérgicos, sin embargo, los deberá cubrir el paciente en función de su renta, igual que los fármacos.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/27/actualidad/1340814386_244435.html

07. ANA MATO Y LOS REMEDIOS "NATURALES "

Sanidad está revisando el catálogo de productos financiados para sacar de él algunos medicamentos indicados para afecciones leves. Preparados como los antidiarreicos, antitusivos, laxantes o antivirales tópicos pueden quedar fuera del sistema de financiación y pasar a tener un coste del 100% para el ciudadano. "Medicamentos para afecciones leves que podrían ser sustituidos por cualquier otro producto muchas veces natural", ha asegurado esta mañana la ministra Ana Mato.

La titular de Sanidad ha tratado de explicar así la exclusión de estos productos. Una medida recogida en el real decreto de medidas urgentes que el Gobierno presentó en abril –y que recogía elementos como la revisión del copago farmacéutica o la retirada de la tarjeta sanitaria a extranjeros en situación irregular—y que tiene como objeto no solo ahorrar sino también actualizar el nomenclátor con medicamentos más eficaces y nuevos, ha dicho Mato que ha criticado el gasto en medicamentos "demasiado alto". "Hay medicamentos obsoletos que aún están en el nomenclátor y se financian públicamente", ha dicho la ministra de Sanidad que ha asegurado que los productos excluidos son fármacos con "escaso valor terapéutico" que van a ser sustituidos "por otros mejores o de precio menor".

La referencia de la titular de Sanidad a los remedios naturales para tratar enfermedades, aunque no sean graves, ha alarmado a muchos. Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes, lo considera directamente "una locura". "Es una metedura de pata enorme. Aquí lo único natural que funciona es lo que está probado científicamente", remarca. "¿Está diciendo que para el dolor vamos a tener que usar los remedios de la abuela? ¿Qué le van a recomendar manzanilla o tila a la gente que tiene insomnio?", ironiza.

También José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE y exsecretario general de Sanidad durante el Gobierno de Zapatero, considera absolutamente desacertadas las declaraciones de Mato. "No hay síntomas leves. El dolor no es un síntoma leve. No se puede frivolizar de eso. Lo que para algunos puede ser leve para otros es el caldo de cultivo para infecciones u otras patologías graves. Proponer para remediar eso productos naturales es un sinsentido", considera. "Que el Gobierno diga claramente que quiere quitar medicamentos para gastar menos", indica.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/25/actualidad/1340616210_487780.html#sumario_1

08. GALLARDÓN DELEGA EN LOS REGISTRADORES LAS CONCESIONES DE NACIONALIDAD

Justicia "aún no ha decidido" si el cambio implicará que el servicio pase a ser de pago

El ministerio aprueba un plan de choque para resolver 400.000 asuntos pendientes en un año

Las 150.000 solicitudes de nacionalidad que cada año llegan al Ministerio de Justicia —y que ahora gestionan 40 personas que no dan abasto— pasarán a ser tramitadas, previsiblemente a partir de 2013, por los mil registradores de la propiedad que hay en España. Si eso implicará que el servicio, que ahora es gratis, pasará a ser de pago a través de alguna nueva tasa, es algo que el ministerio "aún no ha decidido", según un portavoz.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha firmado con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles un convenio por el cual esos mil profesionales se encargarán de resolver, en el plazo máximo de un año, la bolsa de 400.000 expedientes de concesión de nacionalidad que a día de hoy acumula en el ministerio. Ese plan de choque lo realizarán "sin contrapartida económica" alguna; es decir, gratis. "Cada año entran en Justicia 150.000 solicitudes y se resuelven 120.000, de forma que se van acumulando 30.000 anuales y así se ha llegado a este atasco de 400.000 y a plazos de hasta tres años de espera en la tramitación", explica una portavoz ministerial.

La idea del convenio es, en primer lugar, acometer una "digitalización masiva" de todo ese papel, que ya ni siquiera cabe en las dependencias públicas, y desarrollar una "infraestructura tecnológica" para que, a partir de ahora, la tramitación sea electrónica. Y en segundo lugar, liberar al ministerio de ese trabajo: los 40 trabajadores públicos adscritos ahora al servicio se ocuparán solo de terminar el trámite de los 30.000 expedientes más complejos y antiguos (anteriores a 2010), y los mil registradores de la propiedad se harán cargo del resto para vaciar, en un año, la bolsa de casos pendientes.

Eso es lo que se firmó ayer: el plan de choque. Y por ese trabajo los registradores no cobrarán. Pero la nota de prensa enviada por Justicia añade que el departamento está preparando "las reformas normativas necesarias para establecer un nuevo procedimiento de tramitación de estos expedientes que impida que en el futuro pueda volver a acumularse un atraso semejante". Esas reformas normativas consistirán casi con seguridad en delegar definitivamente el servicio en el cuerpo de registradores, según fuentes del ministerio.

Los responsables de Justicia subrayan que no puede hablarse de "privatización" del servicio de concesión de nacionalidad porque los registradores de la propiedad no son profesionales privados sino, según la ley, "ejercientes privados de funciones públicas", funcionarios con un estatus autónomo pero sometidos al ministerio. "Son profesionales que han visto muy mermada su carga de trabajo con la crisis, por el descenso de actividad inmobiliaria y societaria. Es una forma de que ellos asuman trabajo y el ministerio gane en eficacia", afirman estas fuentes. ¿Eso significa que los registradores cobrarán por ese trabajo? En el ministerio sostienen que no habrá coste para el erario público; y, a la vez, afirman que la decisión de crear una tasa "no está tomada". "Todos los detalles se verán en su día". Recuerdan, eso sí, que "en la mayoría de los países se paga por este servicio", que no es una prestación esencial.

Lo que sí quisieron remarcar ayer desde Justicia es que los "criterios" que se aplicarán para la concesión de la nacionalidad seguirán siendo los que marque el Gobierno, y que el ministerio será quien reciba las solicitudes y apruebe la resolución final. Por lo general, para obtener la nacionalidad española hay que acreditar una residencia de al menos diez años en España (dos años en el caso de países con los que hay acuerdos especiales) y demostrar que no se tienen antecedentes penales, además de presentar distinta documentación.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/25/actualidad/1340652673_627804.html

09. EL TRIBUNAL DE CUENTAS DECIDE INVESTIGAR LOS GASTOS DE LOS VIAJES DE DÍVAR

El fiscal ha apoyado la investigación de los gastos presentado por el expresidente del Supremo

El Tribunal de Cuentas ha decidido investigar los gastos de los viajes de fin de semana largos del expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, según una resolución del citado órgano al que ha tenido acceso este periódico.

Las presuntas irregularidades de Dívar en la justificación de los gastos al cargar al presupuesto del Consejo en forma de "indemnizaciones por razones de servicio" y de "atenciones protocolarias" lo que tenían apariencia de actividades privadas fueron denunciadas ante el Tribunal de Cuentas por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE). El abogado José Mariano Benítez de Lugo, en su representación, interpuso una demanda de alcance, con la pretensión de que el dimitido presidente del Supremo devolviera al erario las cantidades indebidamente justificadas.

El consejero Felipe García Ortiz ha abierto unas diligencias preliminares en las que señala que de la documentación aportada al Tribunal de Cuentas, "podría deducirse, de forma indiciaria, unas supuestas irregularidades en la justificación de los gastos realizados en concepto de indemnizaciones por razones de servicio y atenciones protocolarias, que podrían dar lugar a la apertura de un procedimiento jurisdiccional contable".

"De hecho", continúa la resolución, "la jurisdicción contable ha venido pronunciándose, en múltiples procedimientos incoados, sobre la exigibilidad al perceptor y gestor de fondos públicos, recibidos en concepto de viajes, indemnizaciones, gastos protocolarios o representativos, que la rendición de cuentas debe hacerse en forma suficientemente acreditativa de que los caudales se aplicaron a la finalidad predeterminada y que los gastos obedecieron a la actividad institucional propia del receptor de los mismos en relación con su cargo, pudiendo, en el supuesto contrario de que se hubieran realizado sin relación alguna con su cargo, constituir la figura del alcance".

Por ello el consejero ha dado traslado de las actuaciones a la sección de Enjuiciamiento del Tribunal para que ésta proponga el nombramiento de un delegado instructor para que practique las diligencias de investigación pertinentes.

El teniente fiscal, Luis Rueda, se había pronunciado en el mismo sentido por entender que en el escrito de la demanda se destacaba que "con cargo a los fondos públicos del Consejo del Poder Judicial", habían sido realizado "gastos carentes de justificación" y, además, se identificaban e individualizaban esos "actos susceptibles de dar lugar a la existencia de responsabilidad contable".

Como únicamente procedería el rechazo de la demanda si los hechos, manifiestamente, no revistieran caracteres de alcance, y de lo expuesto "no resultan palmariamente ajenos al concepto de alcance y se encuentran individualizados, no procede el archivo de los mismos". Por ello, el fiscal ha considerado pertinente el nombramiento de delegado instructor para que investigue las cuentas.

Por su parte, la abogado del Estado jefe, Catalina Miñarro, tampoco se ha opuesto al nombramiento de delegado instructor.

La decisión del Tribunal de Cuentas y la postura de la Fiscalía de ese órgano contrasta con la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que por 11 votos a favor y cuatro en contra decidieron archivar la querella presentada contra Dívar por estafa o malversación de caudales públicos por los viajes a Marbella. Además, la fiscalía, sin entrar a investigar el fondo de los hechos, también archivó la denuncia por malversación presentada ante la Fiscalía General del Estado por el vocal José Manuel Gómez Benítez.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/29/actualidad/1340984583_803004.html


10. DÍVAR: "HE SUFRIDO UN PROCESO PARALELO CON INSTRUCCIÓN Y CONDENA"

"Quizás debí salir al paso en el primer momento", asegura el expresidente del Supremo

Reconoce que decidió renunciar al cargo tras ver que las asociaciones de jueces lo reclamaban

El expresidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Carlos Dívar ha asegurado esta mañana que ha sufrido una campaña "cruel y desproporcionada, con ensañamiento". En la cadena Cope, en su primera entrevista tras abandonar ambos cargos debido al escándalo de sus largos fines de semana, 32 viajes, a cargo del órgano de gobierno de los jueces, Dívar ha dicho que esa campaña "ha tenido aspectos de proceso paralelo, en el que ya se instruye, se sentencia y se condena". "Ha habido una orquestación con dirección", ha añadido.

Dívar también ha tildado la "campaña" de "burda": "Se han metido en mi vida privada y religiosa y cada día se ha hecho una bola de nieve más grande". "No sé si esto ha sido una venganza, pero ha sido un procedimiento anormal", ha explicado el expresidente del Poder Judicial. "Es la primera vez en la historia del Consejo que un vocal denuncia penalmente ante el fiscal a su presidente".

El expresidente del Supremo, quien ha asegurado que tiene la conciencia tranquila, ha dicho que el hecho de que también las asociaciones de jueces pidieran su dimisión precipitó su salida, con la intención de que "no se afectara a la justicia". "En algún momento sí me sentí solo", ha reconocido.

Dívar ha reiterado que los viajes personales fueron pagados de su bolsillo. "Aquellos que yo he usado particularmente, o los días de más añadidos a un viaje oficial, los he pagado yo por mi cuenta. Todos los gastos los pagué yo por mi cuenta", ha asegurado. Sí ha reconocido que quizás debió "salir al paso en el primer momento". "He estado callado pero es que siempre he criticado las filtraciones, no la investigación periodística, que es sana, sino los procesos paralelos", ha afirmado.

Preguntado sobre si todos los vocales del Poder Judicial deben rendir cuentas de sus desplazamientos, Dívar ha dicho que no quiere opinar y que al vocal que le denunció, José Manuel Gómez-Benítez, no le guarda ningún rencor.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/26/actualidad/1340695848_467102.html

11. JULIO SOMOANO, DIRECTOR DE INFORMATIVOS DE TVE

El director y presentador del informativo de la noche de Telemadrid, Julio Somoano (Oviedo, 1976), será el nuevo director de informativos de TVE. Ha sido elegido esta mañana en la primera reunión del Consejo de Administración tras la toma de posesión horas antes del nuevo responsable de la corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique. El nombramiento de Somoano se ha realizado con siete votos a favor (PP y CiU) y dos abstenciones (PSOE e IU). Sustituye en el cargo a Fran Llorente.

El periodista empezó su carrera en RNE, donde editó a los 26 años (en 2002) el informativo más escuchado de la cadena, España a las 6, 7 y 8. Posteriormente, dirigió durante cinco años el informativo de Telemadrid de las 21.00 horas.

También ha escrito para El Mundo, Tiempo, La Gaceta de los Negocios, Metro y Diario de Navarra, y ha publicado cuatro libros. Es autor de la biografía del líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, titulada El monje del poder. (2011) y de ¿Qué ha pasado con la Constitución? Hablan los padres de la carta magna (2003). Ha escrito además dos obras sobre la importancia del buen uso del castellano: Deslenguados (2011) y Dándole a la lengua, junto a David Álvarez (2003).

Somoano es licenciado en Periodismo (Universidad de Navarra), filólogo (Universidad de Oviedo), experto en Estudios Ingleses (Universidad de Portsmouth, Reino Unido), Máster en Radio (Universidad Complutense) y en Gestión de la Comunicación Política y Electoral (Universidad Autónoma de Barcelona). Ejerce como profesor de Estructura de la Información en el CUV (Universidad Complutense), la Escuela Diplomática (Ministerio de Exteriores) y los másteres de radio y televisión de las universidades Rey Juan Carlos y Francisco de Vitoria.

Los demás cargos directivos de primer nivel de la corporación también han sufrido modificaciones, salvo el de director de TVE, que seguirá ocupando Santiago González. En RNE, el director será Manuel Ventero, quien ya dirigió los informativos de la radio pública durante el Gobierno de Aznar. Teófilo García asume la dirección corporativa del ente público.

González-Echenique toma posesión como responsable de RTVE

A primera hora de mañana, antes de que comenzara el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presidido la toma de posesión en el Congreso del nuevo responsable de la corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique. Tras el acto protocolario, los consejeros se han trasladado a Torrespaña para celebrar la primera sesión. "No hay tiempo que perder", les ha dicho el presidente del Congreso, Jesús Posada, que ha hecho referencia a los "momentos difíciles" y a los "múltiples retos" a los que se enfrenta el nuevo equipo, tanto en el terreno económico como en el profesional.

González-Echenique, abogado del Estado, de 42 años, llega al cargo sin el consenso parlamentario del que gozaron sus antecesores, Luis Fernández y Alberto Oliart. Echenique, eso sí, ha estado arropado por dos ministros: José Manuel Soria (Industria) y Miguel Arias Cañete (Agricultura y Medio Ambiente).

También han jurado sus cargos esta mañana los nuevos consejeros elegidos, por el Congreso y el Senado, igualmente sin consenso. En el Consejo de Administración, formado por nueve miembros, entran hoy formalmente los representantes del PP José Manuel Peñalosa, Fernando Navarrete y Marisa Ciriza y el vocal propuesto por CiU Oscar Pierre. El resto de los vocales tiene mandato hasta enero de 2013.

De hecho, Echenique tendrá que gestionar una RTVE a la que el Gobierno le ha recortado el presupuesto en 204 millones de euros y que atraviesa por un bache de audiencia por la retirada de la pantalla de sus mejores series de ficción como medida de ahorro. Posada, no obstante, ha animado a los nuevos gestores a mantener un servicio público de calidad y un modelo "plural, transparente e independiente".

El presidente del Congreso ha subrayado que RTVE ha cosechado un reconocido prestigio y ha dicho que para hacerlo perdurable deberá adaptarse a las nuevas tecnologías. En el acto institucional no han estado presentes los dirigentes socialistas, que protestaban así por la reforma de ley para poder elegir al presidente de la corporación solo por mayoría absoluta del Congreso (la ley de 2006 exigía una mayoría de dos tercios). Sí ha asistido el presidente de la comisión mixta de Control de RTVE, el socialista José María Barreda. Además, ha estado presente el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, así como los consejeros salientes y periodistas de TVE como Jenaro Castro.

Manuel Ventero dirigirá RNE

Manuel Ventero, quien ha sido nombrado hoy nuevo director de RNE, sustituye en el cargo a Benigno Moreno. Ventero lleva vinculado al ente público desde 1985, donde ingresó por oposición. Tras dirigir las emisoras en Marbella (1991-1994), Almería (1994-1996) y Granada (1996-1997), asumió la dirección territorial de RNE en Andalucía y de la emisora de Sevilla entre 1998 y 2000. En ese año, bajo el Gobierno de José María Aznar, fue nombrado director de informativos de la cadena pública, cargo que ocupó hasta mayo de 2004, coincidiendo con la victoria socialista en las elecciones generales. Desde entonces ha dirigido y presentado el programa de entrevistas Siluetas.

Su currículo incluye varias carreras universitarias: doctor por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (donde es profesor desde 2004), Máster en Gestión y Administración de empresas, Licenciado en Comunicación, y Graduado Social por la Universidad de Salamanca. Por su trabajo en la radio ha ganado dos premios ‘Antena de Oro’ de la Federación Española de Asociaciones de Radio y Televisión por los programas Siluetas (2009) y El sonido de la Constitución (2004).

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/29/actualidad/1340958948_480070.html

12. CASO GÜRTEL: EL JUEZ RUZ IMPUTA AL EXTESORERO NACIONAL DEL PP POR DELITO FISCAL

Rosalía Iglesias ya está imputada desde mayo de este año

Debe responder de un posible fraude al fisco de 222.000 euros

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el caso Gürtel, ha imputado por delito fiscal al extesorero nacional del PP Luis Bárcenas por un presunto delito fiscal cometido en 2006 y lo ha citado a declarar para el próximo 11 de julio. La imputación inicial iba dirigida contra su esposa, Rosalía Iglesias Villar, quien había ingresado en su cuenta corriente más de 500.000 euros en billetes de 500 el 19 de enero de 2006, un dinero cuya procedencia no había podido acreditar completamente y por el que no habría pagado más de 222.000 euros en concepto de IRPF.

No obstante, Rosalía Iglesias declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que todos los temas económicos de la pareja, incluidos los referentes a la declaración de la renta, "los lleva y los ha llevado siempre" su marido, lo que el propio Bárcenas corroboró en julio del año pasado. Por ello, el juez entiende que, si hubo delito fiscal, este fue obra del extesorero del PP.

Ruz se basó para imputar a Rosalía Iglesias en un informe de Hacienda de junio de 2006 que detectó un supuesto fraude fiscal cometido por Iglesias al ingresar en su cuenta corriente más de 500.000 euros en billetes de 500 el 19 de enero de 2006. Esa cantidad, según aseguró la esposa de Bárcenas a los inspectores, corresponderían a la venta de un bien propio que había adquirido en 1987 por 1.803 euros y había vendido en 2006 por 558.196 euros.

Sin embargo, la Agencia Tributaria asegura que la esposa del extesorero del PP no ha podido acreditar hasta el momento cuál fue el bien que vendió ni a quién ni ha aportado los documentos que acreditarían su compra a finales de los años ochenta. La cantidad supuestamente defraudada, según señalaba el juez de la Audiencia Nacional en el auto de imputación de Iglesias, sería de 222.112,158 euros en concepto de IRPF.

Ruz argumenta en el auto que imputa a Bárcenas que fue éste quien contactó con Santiago Lago Bornstein para que este se encargara de las declaraciones tributarias y de la gestión del patrimonio de su esposa. Lago declaró el pasado 18 de junio que Bárcenas le pidió que se encargase de representar a su esposa ante la Inspección de Hacienda y que incluso tuvo que esperar para ello a que el extesorero volviera de un viaje para que le entregasen la documentación referida a las operaciones cuestionadas por la Agencia Tributaria respecto a la declaración de la renta de Rosalía Iglesias. Tuvo que ser así porque era Bárcenas quien guardaba dichos documentos. Además, reza el auto, "en las dos o tres reuniones que [Lago] mantuvo con su representada también estuvo presente el señor Bárcenas".

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/28/actualidad/1340895683_210545.html

13. CASO GÜRTEL: EL JUEZ RUZ CITA AL EXDIPUTADO MARTÍN VASCO Y A SU HERMANO

El exdiputado regional imputado en el Caso Gürtel es sospechoso por la compraventa de una parte de un piso con la intención de eludir el pago de una fianza

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel, ha citado a declarar al exdiputado regional del Partido Popular Benjamín Martín Vasco y a su hermano, Joaquín Martín Vasco, por haber realizado la compraventa de una parte de un piso que estaba a nombre del primero con la intención de eludir presuntamente el pago de una fianza, según un auto hecho público el pasado miércoles.

Los hermanos Martín Vasco declararán el próximo 11 de julio como posibles autores de un delito de insolvencia punible o, lo que es lo mismo, por permitir que el primero se hiciera pasar por insolvente para evitar hacer frente a un posible embargo. El 3 de marzo de 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) impuso al exparlamentario regional del PP madrileño —uno de los tres imputados inicialmente por el exmagistrado Baltasar Garzón en el caso Gürtel— una fianza de 950.000 euros para garantizar sus eventuales responsabilidades pecuniarias. Pero Martín Vasco no abonó la cantidad requerida, por lo que el 5 de mayo de 2011 el magistrado del TSJM Antonio Pedreira acordó el embargo de sus cuentas y de un inmueble de su propiedad en Arganda del Rey.

"El 12 de noviembre de 2009, Benjamín Martín Vasco y su hermano, con el fin de eludir la traba y la posterior ejecución del inmueble, otorgaron escritura pública por la que se procedía a su venta a Joaquín Martín Vasco por un precio de 42.000 euros que se decía haber recibido por el vendedor en efectivo entre los años 2005 y 2008. Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de insolvencia punible", explica el magistrado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/28/madrid/1340918969_610390.html

14. CASO GÜRTEL: EL EXDIRECTOR ECONÓMICO DE CANAL 9 CARGA A LOS TÉCNICOS EL CONTRATO DEL VIAJE DEL PAPA

Ricardo Calatayud avala la versión del exdirector general de RTVV Pedro García Gimeno

El exdirector económico de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) Ricardo Calatayud ha atribuido a los técnicos del ente público la decisión de adjudicar a una empresa relacionada con la trama Gürtel el contrato de sonorización de la visita que el Papa hizo a Valencia en 2006, según informaron fuentes personadas en la causa.

Calatayud, que ha declarado durante una hora y media ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha contradicho la versión aportada por el exjefe del Departamento Técnico Luis Sabater, que aseguró que éste les dijo que adjudicaran el contrato a Teconsa "por órdenes superiores", y ha avalado la versión que ofreció el exdirector del ente Pedro García Gimeno, que culpó a los responsables de la Mesa de Contratación.

Sabater aseguró ante el juez que él ni siquiera elaboró ese informe, que estaba fechado el 4 de mayo de 2006, y que lo único que hizo fue firmarlo una semana después, tras volver de Roma de la presentación de la cobertura del V Encuentro Mundial de las Familias, que se desarrolló entre el 7 y el 9 de julio de 2006.

Sin embargo, el exdirector económico ha asegurado que el informe en el que se basó el contrato se redactó "en la fecha que figuraba", un día antes de que finalizara el plazo de presentación de las plicas, y que él tuvo "poca capacidad de decisión" en la adjudicación.

Calatayud justifica el pago de 3,5 millones a Teconsa 6 días después de la adjudicación

También ha justificado que el 10 de mayo, apenas seis días después de la adjudicación, la radio televisión valenciana entregara 3,5 millones de euros a Teconsa, a pesar de que en ese tiempo no realizó ningún trabajo. "Fue un hecho normal porque en el contrato figuraba la posibilidad de aportar un 50% de la facturación por anticipado", ha explicado.

La versión de Sabater ha sido refrendada por uno de los auxiliares administrativos de su departamento, Andrés Bravo, que ha declarado como testigo ante el juez Ruz. El compareciente ha dicho que el contrato investigado no es suyo porque estaba en mayúsculas y él siempre lo escribía en minúsculas.

De hecho, el informe combinaba ambos tipos de letra, lo que Calatayud ha explicado, según las citadas fuentes, apuntando que le remitieron el borrador porque tenía que rectificar "un pequeño error". Preguntado por si podía entregar los documentos originales, ha asegurado que alguien se los borró del ordenador y habían desaparecido.

El magistrado imputa indiciariamente a Calatayud los delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos por "la participación que pudiera haber tenido, directa o indirecta, en los procedimientos de adjudicación" del contrato a la constructora Teconsa, que ascendió a 7.493.600 euros.

De hecho, Ruz especificaba en su auto de citación que García Gimeno declaró que Calatayud "habría intervenido en los procedimientos de adjudicción" y que Sabater precisó que su labor consistió en "ordenar o transmitir" sus órdenes y hacer "él mismo" el informe propuesta de ese expediente.

García Gimeno aseguró el pasado 8 de mayo que la adjudicación a Teconsa la hizo la Mesa de Contratación de la radio televisión valenciana y añadió que los regalos que recibió del presunto responsable de Grtel en Valencia, Alvaro Pérez, El Bigotes, eran "los normales entre amigos". "Yo sólo firmaba", aseguró.

Ruz también ha interrogado a Carlos Ignacio Fragio Díaz, administrador de una de las empresas que se hizo con los contratos de Teconsa junto a su hermano Oscar, al que atribuye delitos contra la Hacienda pública y falsedad.

De esta forma, el número de imputados por la contratación de la visita del Papa a Valencia se eleva a once. Entre ellos se encuentran los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Alvaro Pérez; los empresarios Oscar y Carlos Ignacio Fragio Díaz; Vicente Torro Casanova, administrador único del Grupo Avalon; y Ana María Martínez Penades.

Por lo que se refiere a los altos cargos de RTVV están imputados el exdirector Pedro García Gimeno; el director económico, Ricardo Calatayud; el exdirector de Antena Antonio de la Viuda; y el exjefe del Departamento Técnico Luis Sabater.

A los empresarios y García Gimeno se les atribuyen los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública por el IRPF correspondiente a 2006 de las personas que percibieron fondos derivados de esta contratación y el Impuesto de Sociedades e IVA que Teconsa dejó de abonar ese año.

Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción que motivó estas imputacones, el exdirector general de la RTVV habría percibido "reiteradas dádivas en forma de prendas de vestir, vehículos y entrega de fondos en metálico" del entorno de Francisco Correa que "al menos parcialmente" estarían vinculadas con "la contratación irregular" de RTVV con algunas de sus empresas.

Los trabajos fueron subcontratados después a las "empresas pantalla" Apogee, Impacto Producciones, Sirius Show Equipement, Wild Electronic Design, Castaño Corporate y Free Consulting, que habrían girado facturas supuestamente falsas por valor de 1.242.690 euros.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/28/valencia/1340904600_434868.html

15. CASO GÜRTEL: VIDAL NIEGA QUE ´EL BIGOTES´ TUVIERA UN TRATO PREFERENTE

El exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo asegura que desconoce si Betoret ordenó cambiar los criterios de adjudicación

El exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Isaac Vidal, negó en su declaración ante el magistrado José Ceres, que instruye una parte del conocido como 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que el dueño de Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', tuviera un trato preferente en la agencia por amistades con la Generalitat o el Partido Popular.

Así se desprende de la declaración que prestó Isaac Vidal, en calidad de imputado, el pasado 26 de abril ante el juez Ceres que instruye la pieza separada, dentro del 'caso Gürtel', y que hace referencia a la presunta contratación irregular en relación con distintas ediciones de Fitur.

En su declaración Vidal aclaró en varias ocasiones que él no se ocupaba de elaborar los pliegos de condiciones para las adjudicaciones de la feria Fitur, y que para todo contaban con un departamento jurídico y otro financiero. Respecto a los pliegos afirmó que con éstos, se elaboraba un borrador que debía contar finalmente con el visto bueno de la "superioridad", y en este caso se refirió a la secretaria general y a la subsecretaria.

Asimismo, especificó que en la fase de ejecución, él solo intervenía a la hora de asistir a la feria, ya que solía ir un día antes. Además, tomaba algunas decisiones o participaba en valoraciones con su equipo a la hora de modificar ciertas cosas en el montaje.

Interpelado por los criterios de valoración, el imputado aclaró -a diferencia de lo que dijo Jorge Guarro en su declaración ante el juez- que él no recuerda instrucciones "concretas" por parte del ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo de la Generalitat, Rafael Betoret, sobre los criterios. "Al señor Guarro no sé si le daría este tipo de instrucciones", añadió. Lo que sí indica, es que Betoret era el interlocutor entre ellos y los "superiores".

Sobre el motivo por el que a partir de 2005 se adjudicó Fitur a Orange Market, afirmó que, por ejemplo, su propuesta ese año, en relación con las características técnicas de imagen, comunicación, visibilidad de la marca, atributos y coherencia con la comunicación de los valores de la Comunitat fue "mucho mejor" que la presentada por otras mercantiles.

Vidal, quien puntualizó que él no intervino en el expediente de los gastos de un almuerzo en Ifema -que al final se adjudicó a Orange Market- también apuntó que con Pérez y con las sociedades Down Town, Consulting, Boomerang, Drive, Easy Concept, tenía una relación derivada de ser cliente y proveedores. "Ninguna otra relación", añadió. Además, describió esta relación como "absolutamente normal", "no había ningún tipo de relación, ni connivencia, ni amistad, nada de esto".

En este contexto, indicó que él no sabe nada respecto a que Pérez tuviera un trato preferente en la agencia por alguna relación de amistad con alguien de la Generalitat o del PP. "No me consta", apostilló ante el juez. "Con la gente de Orange Market he tenido unos contactos escasos, porque el grueso del contacto se hacía más en la parte técnica y específica", aseveró. Sobre éstos, señaló que estos contactos "en ningún caso" fueron previos a la licitación.

Regalos

Preguntado por si recibió algún obsequio por parte de Orange Market o Álvaro Pérez, contestó que "ninguno en ningún año". A Vidal se le mostró un listado de regalos de las navidades de 2005 a 2006, realizado por esta mercantil, y en el que también aparecía su nombre. Al respecto, aclaró que desconocía el motivo por el que figuraba su nombre, porque él no había recibido ningún regalo.

"Si he recibido alguna agenda en concreto no lo recuerdo, pero en todo caso algo irrelevante", añadió en este sentido. Asimismo, agregó que en navidades, por el desempeño de sus funciones, recibe detalles "mínimos", "que si una agenda, que si un pequeño boli, merchandising". En este sentido, apostilló: "no recuerdo si he recibido algún regalo, aunque fuera de merchandising de Orange Market".

"Ninguna explicación"

Vidal también afirmó que no tiene ninguna explicación al hecho de que un pliego de condiciones estuviera en poder de una empresa con antelación a que se iniciara el expediente de contratación y, por lo tanto, a la elaboración de los pliegos en la agencia. "No sé ni tengo ninguna explicación para el hecho de que el pliego sea prácticamente el mismo que el que finalmente sacamos a adjudicación, no tengo ninguna explicación", dijo.

Por último, este imputado insistió en que a él no le consta que ninguna de las adjudicaciones fueran impugnadas, y señaló que ha estado trabajando en la Conselleria de Turisme y ha intentado que todas las actuaciones "fuesen legales".

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/06/24/vidal-niega-bigotes-tuviera-trato-preferente/915555.html

16. CASO GÜRTEL: BETORET DABA LOS CRITERIOS DEL CONTRATO DE FITUR, SEGÚN UN IMPUTADO

La trama Gürtel ganó cerca de cinco millones de euros con el pabellón valenciano en la feria

El jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Jorge Guarro, mantuvo en su declaración como imputado ante el juez José Ceres, instructor de la causa sobre la supuesta financiación ilegal del PP valenciano relacionada con la trama Gürtel, que el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, indicaba cada año los criterios económicos y subjetivos de los pliegos de condiciones para adjudicar la feria Fitur.

La empresa Orange Market, de la trama Gürtel, ganó cerca de cinco millones de euros entre 2005 y 2009 con el pabellón valenciano de Ftur.

En su declaración el pasado 26 de abril, Guarro explica que él se encargaba, junto con otra persona, de la redacción de los pliegos y pedía instrucciones. A partir de 2005, señaló, la Agencia de Turismo cambió la forma de contratar el pabellón, de modo que pasó a pesar más la valoración subjetiva que la oferta económica.

Esa modificación "salía directamente del gabinete, del señor Betoret", declaró Guarro. "Estos cambios parten de él, pero no nos los explica", indicó. Guarro también afirmó que el exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia, Isaac Vidal, estaba al tanto. El imputado negó presiones para cambiar sus informes y aseguró que no trató con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/23/valencia/1340468068_600025.html

17. C.A CANARIAS: UN EDIL DEL PP DETENIDO POR SALTARSE UN CONTROL DE ALCOHOLEMIA

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Luis Miguel Rodríguez, fue detenido la noche del pasado viernes por agentes de la Policía Nacional tras saltarse un control de alcoholemia. Los hechos se produjeron en la céntrica avenida Luis Lavaggi de Puerto de la Cruz, cuando el edil conducía su vehículo e hizo caso omiso a las señales que le realizaban los agentes para que detuviera el coche y proceder al control de alcoholemia.

Tras la maniobra evasiva realizada por el edil popular, agentes del Cuerpo Nacional de Policía y efectivos de la Policía Local procedieron a la persecución y detención del concejal, quien fue trasladado al vecino municipio de La Orotava en donde se le sometió a la prueba de alcoholemia que resultó negativa por muy poco margen, ya que presentaba un 0,23 miligramos de alcohol frente a los 0,25 que estipula la ley.

Sin embargo, la policía procedió a abrir diligencias contra el concejal por conducción temeraria y no obedecer las órdenes de los agentes. Luís Miguel Rodríguez, quien es concejal de Seguridad, Recursos Humanos y empleo, no ha dejado de estar en el punto de mira mediático después de que el pasado mes reconociera que gastó un total de 9.634 euros en 2011 con cargo al móvil del consistorio. Además Rodríguez fue denunciado en 2009 por un presunto delito de malos tratos contra su pareja pero finalmente el caso fue archivado. El edil no ha querido realizar declaraciones.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/23/actualidad/1340481458_128789.html

18. C.A GALICIA: EL PLAN GAIÁS, UN CORTA Y PEGA

El estudio sobre la Cidade da Cultura, que la Xunta asegura que elaboró durante dos años, plagia párrafos enteros de otros informes españoles e internacionales

El Plan Estratégico que guiará a la Cidade da Cultura los próximos seis años fue definido por la Xunta como "fruto de un largo proceso de reflexión estratégica". El proceso fue efectivamente largo, de más de dos años, pero no hubo tanta reflexión y el documento se asienta en cimientos de dudosa estabilidad. Varias páginas de sus primeros capítulos están plagiadas de otros estudios anteriores ajenos a Galicia y parte de sus anexos pretenden comparar el Gaiás con otras instalaciones internacionales usando párrafos idénticos a los que contiene la Wikipedia, la enciclopedia libre de Internet.

El Plan Gaiás, descontados anexos, encuadernaciones y espacios en blanco, ocupa un centenar de páginas. Medio ciento recogen con profusión de cuadros y gráficos los objetivos a alcanzar en el complejo, las medidas a tomar para ello y los indicadores que permitirán comprobar si se cumplen o no esos objetivos. Esa es la parte realmente novedosa del plan y la clave para el éxito futuro del Gaiás.

El otro medio centenar de folios, que debería argumentar y sentar las bases para esos objetivos, se reparte a grandes rasgos y por ese orden entre un análisis de la importancia de las industrias culturales y una descripción de su situación en Galicia. La segunda descripción está tomada, y así se cita, de un estudio previo de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) de 2010. Pero nada se dice del origen de los párrafos previos de análisis de las industrias culturales en general, que se publicaron antes en estudios ajenos a la Xunta sin que se citen.

El plagio se comprueba en el tercer capítulo del plan. A lo largo de una decena de páginas reproduce textuales, pero sin entrecomillar ni citar su origen, párrafos que se pueden encontrar en documentos de todo tipo: su página 19 está en la introducción de un estudio de Buenos Aires de 2003; su página 20 en el capítulo 6 de un plan de la Junta de Andalucía de 2007. Y lo mismo pasa con otros párrafos ya existentes en 2008 en artículos divulgativos de la Unesco y de un catedrático de Málaga.

La descripción de otros nueve centros, como la de Wikipedia

Con el Plan Gaiás propiamente dicho, la Xunta también envió al Parlamento unos anexos que supuestamente sirvieron para argumentar las decisiones del plan. De sus cien folios la mitad son planos que detallan las características de las distintas estancias y pisos del complejo y su coste de mantenimiento. Otros treinta se centran en mejorar la visibilidad del complejo en Internet.

Son las páginas restantes, con las que se inician los anexos, las que contienen el supuesto análisis de otros nueve grandes complejos culturales. Pero ese análisis, que no extrae conclusiones, ocupa apenas un folio por recinto en el que se recogen datos como superficie, presupuesto o número de visitantes. Junto a esos datos aparecen breves textos explicativos de los complejos que en todos los casos son idénticos a las descripciones que hace de ellos la Wikipedia, la enciclopedia libre de Internet.

Al igual que con los plagios del plan, que los textos sean idénticos no significa que la Xunta los haya copiado de allí. Bien podría ser que tanto la Xunta como la Wikipedia o los otros documentos plagiados recojan textos de una tercera fuente que sería la realmente original. La Xunta no tiene respuesta para esto.

En el caso de la página del Guggenheim de Bilbao se podría incluso apreciar la actuación de un traductor informático de textos. Tanto Wikipedia como otras páginas de Internet dicen que el museo causó "un impacto extraordinario en la economía y en la sociedad vasca, promoviendo el turismo en la región y promoviendo la revitalización de varios espacios públicos y privados en la villa". El texto del Plan Gaiás copia igual toda la frase pero cambia la última palabra y transforma así a Bilbao de "villa" en "aldea".

Preguntada por esas coincidencias, la Consellería de Cultura dice que, pese a que el plan no lo cita, también ese capítulo se basó en el estudio de Agadic de 2010 y recoge "definiciones ampliamente aceptadas por la mayor parte de los investigadores que trabajan en estas líneas y los organismos que en ellas operan". Pero no explica por qué esas definiciones se copiaron sin entrecomillar, sin atribuir la fuente y presentándolas como propias, a diferencia de otros párrafos. Tampoco explica la coincidencia no solo de definiciones sino también de expresiones ajenas a ellas y de párrafos introductorios.

Por otra parte, los párrafos iguales tanto en el actual Plan Gaiás como en el documento de Agadic de 2010 solo revelarían que aquel ya plagió informes de 2003, 2007 o 2008. Porque tampoco el documento de Agadic entrecomilla o cita el origen de los párrafos textuales. Solo recoge al final una bibliografía general, pero de obras posteriores a las que antes y fuera de Galicia ya contenían los mismos textos, lo que podría revelar un plagio en cadena.

También son numerosos los párrafos del plan copiados literalmente y también sin citar de documentos autonómicos anteriores, ya fuesen técnicos o divulgativos, relacionados con el proyecto pero distintos del de Agadic, el único que menciona la Xunta. Así pasa con una descripción física del monte y la arquitectura de Eisenman que se puede leer idéntica, entre otros lugares, en la Wikipedia de Internet.Finalmente, hay frases enteras que, sin aportar nada, se repiten iguales en varios puntos del mismo plan.

Entre plagios de documentos ajenos, reproducción de estudios anteriores de la propia Xunta y párrafos de relleno, casi la mitad del plan está copiado. Son datos en principio correctos, pero no son originales y apenas contribuyen a inflar, sin contenido real, el tamaño de un documento que la Xunta tardó más de dos años en elaborar.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/27/galicia/1340825596_726811.html

19. C.A MADRID: BOTELLA APOYA A AGUIRRE EN EL CAMBIO DE LA LEY ANTITABACO

"Es abrir la puerta a fumar en todos sitios", dice el Comité para la Prevención del Tabaquismo

Los neumólogos madrileños se muestran "preocupados" por las declaraciones de Aguirre

UGT Y CC OO advierte de que lo pide un sector que busca "su margen beneficio"

La alcaldesa de la capital, Ana Botella (PP), se ha mostrado prudente esta mañana sobre la posibilidad de que EuroVegas termine recalando en la región: "No me atrevería a decir que va a venir a Madrid, no creo que sea bueno dar esperanzas cuando no se tiene la certeza". El lenguaje ha traicionado además su escaso entusiasmo por el proyecto al explicar su reunión de ayer con los representantes de Las Vegas Sands: "Tengo que favorecer todo lo que sea una inversión".

Botella comió ayer junto a Aguirre y un grupo de empresarios en la Real Casa de Correos con los empresarios estadounidenses, y les ofreció por la noche un cóctel en el Palacio de Cibeles, al que asistió también el consejero regional de Economía, Pércival Manglano. "Lo que les hice ver fueron las bondades de instalarse en España", ha señalado la alcaldesa sobre esos encuentros.

Sobre el anuncio de Aguirre de que pedirá al Gobierno central un cambio en la ley antitabaco para permitir que se pueda fumar en el complejo, Botella ha sido contundente: "Creo que en esto hay muchas veces una falsa hipocresía, muchos fumamos en muchos sitios, y creo que todo aquel que no quiera ir no tiene por qué ir".

La alcaldesa ha defendido así que se cambie la norma: "Estoy de acuerdo en que no se fume en los centros de trabajo y en determinados lugares, pero que en los lugares de ocio haya sitios en los que puede fumar y otros en los que no, eso no me parece mal". Según Botella, esta división ya se produce de hecho, pese a la ley, gracias a las terrazas con las que cuentan algunos establecimientos hosteleros.

Reacciones en contra

Las palabras de Aguirre, sin embargo, han suscitado más reacciones que la de la alcaldesa. Neumomadrid ha emitido un comunicado a media tarde en el que "lamenta" el anuncio de Aguirre. La sociedad que agrupa a los neumólogos madrileños "se muestra preocupada" por las declaraciones de la presidenta, añade. La ley 42/2010 "ha sido un avance en nuestro país, completando la anterior, y ha supuesto un gran paso adelante en la salud pública de España", asegura el coordinador del grupo de trabajo de Tabaquismo, Segismundo Solano. El médico recuerda también que la contaminación ambiental por humo de tabaco provoca enfermedades como la cardiopatía isquémica o el cáncer de pulmón y empeora otras como la EPOC. El presidente de Neumomadrid, Germán Peces-Barba, asegura que "lamentaría" que ahora se sufriera un retroceso, informa Elena Sevillano.

CC OO, UGT y nofumadores.org, en contra

Los sindicatos UGT y CC OO y la organización nofumadores.org han emitido también un comunicado en contra, pues consideran que "defender la salud pública es incompatible con una suavización de la Ley antitabaco", y han solicitado la convocatoria del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo a fin de conocer el impacto de la implantación de la citada ley. En su opinión, quienes piden suavizarla son "sectores económicos que están luchando exclusivamente por su margen de beneficios".

Estas tres asociaciones avalaron la implantación de la ley antitabaco en España, promulgada en 2010, "por lo que supone la defensa de la salud pública y, en especial, la salud de los trabajadores de los sectores de la hostelería, restauración y ocio nocturno", que destacan que los primeros estudios de impacto sanitario de la Ley del Tabaco han confirmado una reducción media de la contaminación por partículas finas del 86% en los establecimientos de hostelería.

"Es abrir la puerta a fumar en todos sitios"

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) también ha mostrado su rechazo. Las declaraciones de Aguirre, dice Francisco Camarelles, portavoz de la institución, "son muy graves". A su juicio, el hecho de que se permita fumar para cumplir la premisa indispensable de la compañía de Sheldon Adelson "es un menoscabo a los derechos laborales de los trabajadores". En su opinión, las palabras de Aguirre "son un ataque frontal a la ley como instrumento de salud pública, y podría hacer que perdiera eficacia". En este sentido, opina que "si permites fumar en determinados sitios y en otros no, la ley empieza a no estar clara. Las leyes que no están claras, no se cumplen", sentencia. Para él, pretender volver a permitir fumar en los casinos "es abrir la puerta para volver a dejar fumar en todos los sitios. No tienen sentido", señala.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/27/madrid/1340802798_637280.html

20. C.A MADRID UN FUNCIONARIO CLAVE EN EL ESPIONAJE A ADVERSARIOS DE AGUIRRE PIDE DECLARAR

José Manuel Pinto solicita a la juez aclarar algunas circunstancias del caso

Su abogado anuncia "grandes sorpresas" en el testimonio

Un funcionario que desempeñó un papel clave en la trama de espionaje pagada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para seguir a adversarios políticos de Esperanza Aguirre dentro de su propio partido, el PP, ha pedido a la juez que instruye la causa declarar de nuevo para aclarar algunas circunstancias del caso, en el que hay cinco personas imputadas.

La causa, archivada en dos ocasiones, se ha reabierto por orden de la Audiencia Provincial, que ha visto suficientes indicios de malversación de caudales públicos en la actividad de los imputados y pide que se calcule el daño hecho a las arcas públicas para sentar a los supuestos culpables en el banquillo. Los imputados dedicaron supuestamente su tiempo, pagado con dinero público, y los medios de la Administración autonómica —coches, teléfonos móviles, motos…— a un fin que no se correspondía con sus funciones y que era ilegal.

El PP nacional abrió una investigación interna sobre los hechos, que cerró sin concluir nada porque el caso llegó a los tribunales. El Parlamento de la Comunidad de Madrid creó una comisión de investigación sobre los hechos pero el PP la cerró sin que declarasen siquiera los espiados Manuel Cobo (vicealcalde de Madrid cuando ocurrieron los hechos) y Alfredo Prada (consejero de Justicia en los meses que fue seguido por agentes de la Consejería de Interior). Cobo y Prada, que denunciaron los hechos en los tribunales, no recurrieron el primer archivo y se desentendieron del asunto por orden expresa de la dirección nacional del PP. Solo el PSOE mantuvo vivo el caso con sus recursos para que la investigación continuara adelante.

El funcionario clave que pide ahora declarar se llama José Manuel Pinto y es uno de los cinco imputados en el caso. Su letra manuscrita figura en los partes mecanografiados que reflejan el espionaje, según un informe caligráfico de la policía científica que pidió la juez. Pinto lo niega. De los cinco imputados es el único que no es cargo de confianza y el que trabajaba en ese departamento de Seguridad de la Comunidad antes de que el PP llegara al poder.

El principal acusado del espionaje se llama Sergio Gamón y era director general de Seguridad cuando ocurrieron los hechos. El Gobierno de Aguirre le mantuvo con un cargo directivo muy bien remunerado hasta que la exmujer de Gamón denunció que su marido hablaba con el vicepresidente autonómico, Ignacio González, sobre los seguimientos a otros políticos del PP.

Tres guardias civiles fichados por el anterior consejero de Interior, Francisco Granados, también están imputados en el caso porque los informes facilitados por Telefónica demostraron que se encontraban en cada momento en los lugares del espionaje que reflejan los partes, siguiendo a Prada o a Cobo en sus actividades públicas y privadas de abril y mayo de 2008. Ambos políticos del PP se habían pronunciado esa primavera claramente a favor de la continuidad de Rajoy al frente del partido en un momento crítico previo al congreso de Valencia y no apoyaban a Aguirre en su amago de liderar el PP. Aguirre despidió a Prada de su Gobierno meses después de ser espiado.

Durante la instrucción de la causa, ninguno de los imputados reconoció el espionaje. Los guardias civiles que seguían a Prada a todos los sitios declararon que hacían labores de contravigilancia por indicación de su jefe, Sergio Gamón. Este negó que se hicieran contravigilancias o que él les diera órdenes porque eran asesores del consejero Granados.

Pinto quiere ahora aportar a la juez nuevos datos para esclarecer lo ocurrido. Pinto nunca estuvo en los seguimientos a Prada y Cobo. El rastreo de sus llamadas telefónicas le sitúan siempre en su lugar de trabajo y no en los sitios frecuentados por Prada o Cobo.

Sin embargo, el informe pericial caligráfico apunta que Pinto escribió de su puño y letra sobre los partes que recogían las actividades de los dos políticos.

José Manuel Pinto estuvo de baja un año y medio a raíz del estallido del caso, al verse señalado como una de las piezas claves de la trama. Tras esta situación, Pinto pidió en 2010, ya con el alta médica, volver a su puesto de trabajo pero desde la consejería se le impidió regresar durante al menos otro año y medio, según denuncia su abogado. Pese a ello, cobró su nómina sin hacer nada. Pinto ha optado no solo por pedir declarar de nuevo al ver que la Audiencia ha reabierto el caso sino que ha demandado en un Juzgado de lo Social a la Comunidad de Madrid por atentar contra su derecho al trabajo. Su abogado anuncia "grandes sorpresas" aunque de momento la juez no le va a citar a declarar a la espera de que se resuelva un recurso del PP contra la reapertura del caso por parte de la Audiencia Provincial.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/27/actualidad/1340827942_714147.html

21. C.A MADRID LA POLÉMICA ‘PAELLADA’ DEL PP DE VALDEMORO

Una fiesta del PP local en la piscina municipal provoca la indignación de la oposición

Al ritmo de los goles de Xabi Alonso a Francia, el Partido Popular de Valdemoro celebró el pasado sábado por la noche El Día de la Familia. Un acto, en principio anodino, que ha terminado provocando la indignación de los partidos de la oposición. Los invitados al acto disfrutaron de una jornada memorable, con paellada gigante servida por el alcalde en persona, José Carlos Boza, y su antecesor, hombre fuerte del municipio y exconsejero del Gobierno regional, Francisco Granados, mientras decenas de críos correteaban y saltaban por los castillos de aire hinchados para la ocasión. La victoria de La Roja en los cuartos de final de la Eurocopa, seguida en la piscina local a través de una pantalla gigante, coronó una fiesta que se le ha terminado atragantando al Consistorio.

La génesis de la polémica se encuentra en la revista semanal que el Consistorio -que esta primavera reconoció una deuda de 70 millones de euros con sus proveedores- imprime a todo color. La semana pasada, en la penúltima edición, una entrevista a Boza empezaba con la justificación del alcalde al cierre de la piscina municipal pese a la llegada del verano... Y del bochorno. "Comprendo perfectamente el malestar de los vecinos, porque la piscina es la mejor alternativa de ocio y deporte en verano. La razón del cierre es una avería estructural cuya reparación, además de un elevadísimo coste, nos llevaría todo el verano", asentía el alcalde, que proponía una alternativa. "Sabemos que en la de Valdesanchuela, con ser una magnífica instalación, no se puede disfrutar del baño al aire libre pero hemos optado por mantenerla abierta para que, al menos, los vecinos tengan la oportunidad de darse un chapuzón. Como compensación, esta piscina permanecerá abierta dos horas más que el año pasado. Nada va a suplir el 100% de la piscina de verano, pero con estas medidas hemos intentado que el mal sea menor y, desde ya, estamos trabajando para que el año próximo recupere su actividad habitual", insistía Boza. La decisión del PP local de celebrar un encuentro en el merendero de la piscina municipal, un espacio público reservado con anterioridad -al que en su momento han recurrido la Asociación de Pensionistas, que celebraba una comida anual, el Club Atlético de Valdemor, la Policía Local, el mismo Ayuntamiento para invitar a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el PSOE o sin ir más lejos Izquierda Unida hace dos semanas-, abrió la caja de Pandora en Valdemoro.

La presencia junto al merendero de un camión de la empresa FCC, responsable de la limpieza de la localidad de 70.000 habitantes, alimentó las sospechas "de un posible delito en el que habría incurrido el Gobierno municipal por usar medios públicos" según la portavoz del PSOE, Margarita Peña. La bronca aumentó cuando se conoció que se habían aparcado varios coches en una zona prohibida, o que la paella se hizo en un espacio donde no está permitido hacer fuego y no hay instaladas barbacoas. "Un colectivo de personas del Partido Popular ha realizado recientemente algunas actividades privadas en dichas instalaciones... ¿Qué ordenanza municipal recoge la posibilidad de autorizar el uso privado de este espacio y bajo qué premisas? ¿Acreditó el colectivo que hizo uso de la mencionada instalación los seguros de responsabilidad civil y los permisos municipales necesarios para cualquier evento de estas características en Valdemoro? ¿Se usó la piscina destinada a niños y niñas de hasta 6 años? Y si así fue, ¿había una persona cualificada, un socorrista, para vigilar ese uso?", se pregunta el portavoz de UPyD, Enrique Morago.

"Se ha montado una polémica exagerada, el Merendero es una instalación anexa a la piscina que está a disposición de los demás partidos y agrupaciones de Valdemoro... ¡Nadie utilizó la piscina!Y en ningún momento se utilizaron los servicios públicos de manera partidista. Ningún camión de FCC fue utilizado para transportar material para el acto y al final del día los asistentes recogieron los restos y dejaron la instalación perfectamente", afirma un portavoz del ayuntamiento, que añade que "es sacar de madre que se haya usado un quemador con una bombona de butano para hacer la paella". "Se realizó en un recinto cerrado y donde había arena", insisten desde el Consistorio.

"Nos parece que el momento elegido para esta celebración ha sido totalmente inapropiado y la ostentación de medios utilizados en ella supone un insulto a los ciudadanos. En un momento en que asistimos a una gran subida de impuestos y tasas en el ámbito local (la nueva tasa de basuras que hemos pagado en el mes de mayo a razón de 90€ por vivienda ya había enfadado a los vecinos) y a una reducción de los servicios (reducción de la frecuencia horaria en los autobuses urbanos, se ha negociado con FCC una reducción del 20% en el canon que se le abonaba y a cambio hay una reducción en el servicio de recogida de basuras, en el mantenimiento de parques y jardines, reducción en las becas y ayudas, etc.) entre los que se encuentra el cierre de la piscina de verano, creemos que los políticos locales debemos dar ejemplo de austeridad y, sobre todo, no utilizar un espacio que se les ha negado a los vecinos", argumentan en el PSOE.

El estado y mantenimiento de la piscina municipal está en el trasfondo de la riña política. "Se supone que existe una fuga que obliga a cerrar las instalaciones, parece que está desde hace unos cuatro años, y también se encuentran cerradas desde hace unos seis meses, por culpa de otra avería, la otra piscina de invierno, ubicada en el Complejo Río Manzanares… Nadie conoce el alcance de la avería de la instalación en cuestión. En el Ayuntamiento no nos informan", critica Morago. "Hace años que el vaso de la piscina pierde agua y con esta excusa se abrió más tarde en los dos últimos años y se cerró antes, al tiempo que el horario de apertura fue más limitado", lamenta Peña.

"Hay problemas técnicos y no hay recursos", reconoce el portavoz del Consistorio, que dice desconocer los euros necesarios para el arreglo. "Pero dada la situación excepcional se ha decidido abrir, desde este domingo, la piscina infantil y tres mil metros cuadrados de zonas verdes. Será gratuito para quienes tengan el carnet de Deportes y Cultura", termina. "¿La capacidad de la piscina infantil ronda la de 40 personas. Valdemoro tiene una población de unos 69.000 habitantes... ¿Qué van a hacer mientras los padres?", se pregunta Morago.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/27/madrid/1340834026_543994.html

22. C. VALENCIANA: EL CONSEJO INVESTIGARÁ LAS PRESIONES AL JUEZ DEL ‘CASO FABRA’

Las asociaciones de jueces han pedido al Consejo que estudiara el amparo al instructor

El Consejo General del Poder Judicial incoará un expediente de investigación por la denuncia y la petición de amparo formuladas por el juez instructor del caso Fabra, Jacobo Pin, que ha acusado a la sección primera de la Audiencia de Castellón de perturbar su independencia, tratando de imponerle el archivo de parte de la causa contra el presidente del PP de Castellón. El pleno del órgano de gobierno de los jueces ha abordado la petición de amparo y ha concluido que se iniciará el expediente en cuanto la solicitud, que el juez firmó el martes, llegue al Consejo.

La petición de amparo al Consejo General del Poder Judicial realizada por el titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, instructor del caso Fabra, destaca por ser inusual. Habitualmente, los jueces piden amparo a su órgano de gobierno ante injerencias o presiones externas. En este caso, el instructor de la causa contra el presidente del PP de Castellón lo ha hecho al ver perturbada su independencia con las resoluciones de otros jueces, los que forman la sección primera de la Audiencia provincial de Castellón. "Por considerarme inquietado o perturbado en mi independencia", tal como señala en su escrito. Ningún magistrado de la sección primera de la Audiencia provincial ha querido valorar la denuncia formulada por Pin. Las asociaciones de jueces se han mostrado prudentes, aunque piden al Consejo que estudie el caso y se pronuncie, tal como es preceptivo.

La libertad de criterio está sometida a los superiores pero solo en los casos que marca la ley

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, sostiene que el Consejo ha de estudiar y analizar la situación para determinar si ha habido "una actitud de sugerencia de resoluciones al instructor", una extralimitación, algo que, a su juicio, "no será admisible". Pin relata en su escrito cómo la sección primera "pretende imponer" el archivo de una parte del proceso contra el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra. Menciona la actitud de los magistrados de este tribunal "intentando imponerme una decisión que me corresponde exclusivamente a mí como Juez Instructor e impidiéndome culminar la Instrucción" de un procedimiento que lleva más de ocho años abierto. Bosch sostiene que será el Consejo el que tendrá que aclarar si las indicaciones de la Audiencia son puramente jurisdiccionales "que entraría en el marco de su competencia".

El portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, considera que el consejo debe estudiar el tema, aunque adelanta que su resolución se puede limitar a señalar que es una cuestión de jurisdiccionalidad. En cualquier caso, ha indicado que los jueces tienen una libertad de criterio que está sometida a sus superiores a través de la resolución de recursos, pero añade que esa imposición de criterio solo puede darse en los casos que la ley señala como revisables. Una de las resoluciones dictadas por la sección primera de la Audiencia hace referencia al auto de apertura de juicio oral que, según la norma, no es susceptible de recurso.

Con cautela se ha pronunciado el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, a la que pertenece el presidente de la Audiencia y de la sección primera, Carlos Domínguez. José Luis González Armengol apunta desconocer las resoluciones en las que se basa el juez para solicitar el amparo y destaca, en cualquier caso, que "siempre hemos entendido que las presiones son externas", por lo que considera de "difícil encaje" la petición de amparo de Pin. Aún así, considera que el Consejo debe estudiar el caso y dictar el preceptivo pronunciamiento.

También el presidente del Consejo general de la Abogacía, Carlos Carnicer, se ha pronunciado sobre la petición de amparo y ha indicado que solo el hecho de la denuncia es "gravísimo". Para Carnicer, un ataque a la independencia es "lo que más puede vulnerar la justicia". El presidente de la Abogacía ha apuntado que en sus 40 años de profesión solo a conocido dos o tres asuntos en los que un juez haya denunciado injerencias de otros jueces, informa Lorena Ortega. Además, el fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, considera que la sección primera de la Audiencia de Castellón "no ha estado a la altura de las circunstancias".

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/28/actualidad/1340882837_564220.html

23. C. VALENCIANA: PSOE E IU EXIGEN DE ROSA PARA QUE EXPLIQUE LAS PRESIONES

El diputado Ricardo Sixto pide la comparecencia del presidente del CGPJ en el Congreso

El secretario de Política Institucional del PSOE, Antonio Hernando, ha emplazado al Consejo General del Poder Judicial (GCPJ) a investigar la "gravísima" denuncia del juez que instruye el caso Fabra, que ha pedido amparo al órgano de gobierno de los jueces denunciando presiones de sus superiores para que archive oarte del caso. "Creo que el CGPJ, si quiere recuperar su prestigio, tiene que hacer algo más que justificar sus gastos y actuar de forma decente, tiene que cumplir con su obligación, y su obligación es que si hay un miembro de la carrera judicial que está denunciando presiones para archivar un caso que afecta al PP tiene que investigarlo inmediatamente", ha declarado Hernando en los pasillos del Congreso.

Para el PSOE, la denuncia es de la "máxima gravedad" y "sería un auténtico escándalo" si se demostrase que un juez "que investiga un caso de presunta corrupción estuviese recibiendo presiones de sus superiores jerárquicos" en un caso que afecta a un dirigente del PP y en el que, en palabras de Hernando, "el PP tiene que dar muchísimas explicaciones".

"Quizás ahora empecemos a explicarnos por qué han sido tantos los jueces que han pasado por la instrucción del caso Fabra (un total de nueve) y por qué han sido tantos los que se han ido", ha remachado. Por eso, ha instado al CGPJ que investigue de forma inmediata quiénes están presionando al juez y desde cuándo, independientemente de la situación de "interinidad" que vive el Consejo y de que su actual presidente, que remplazó hace una semana a Carlos Dívar, Fernando de Rosa, haya sido "dirigente del PP y responsable de Justicia en la Comunidad Valenciana".

También el diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto, ha solicitado la comparecencia del presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, en el Congreso para que explique las presiones que está recibiendo el instructor del caso Fabra. La diputada de EUPV en las Cortes, Marina Albiol, ha denunciado que "en Castellón también hay caciquismo judicial". Por ello, la formación de izquierdas quiere que De Rosa explique la denuncia y "qué medidas ha tomado el máximo órgano de gobierno de los jueces para asegurar la independencia del magistrado". Marina Albiol ha asegurado que esta petición de amparo "explica muchas cosas raras e inquietantes que han acompañado la instrucción del 'caso Fabra', sin ir más lejos, el brutal retraso".

Llamazares pide a Gallardón que se implique y no se limite a hacer "política de marqueting"

Por su parte, el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, también ha emplazado al Consejo a estudiar las presiones denunciadas y ha subrayado que la principal tarea del CGPJ es garantizar la independencia de los jueces y que, por tanto, en su encuentro de hoy, "además de hablar de ellos mismos y de sus dietas", deberían abordar los problemas del Poder Judicial y, singularmente, el citado caso. "Creo que es un hecho gravísimo que cuestiona la independencia del Poder Judicial", ha manifestado Llamazares, antes de pedir explicaciones al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por un lado, y al CGPJ, por otro. "Algo tiene que decir el ministro de Justicia, que parece que sólo está para hacer política de marketing, y el CGPJ, que está enormemente débil y que parece que está dedicado únicamente a su procelosa vida interna", ha concluido.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/28/actualidad/1340879542_109888.html

24. C. VALENCIANA: EL JUEZ DEL ‘CASO FABRA’ ACUSA A SUS JEFES DE "PERTURBAR" SU INDEPENDENCIA

Jacobo Pin afirma que la Audiencia de Castellón presiona para que cierre la causa por cohecho

Más de ocho años de investigación y nueve jueces

Las presiones han acabado provocando el estallido. Y el Consejo General del Poder Judicial tiene ahora una patata caliente que habrá de resolver. Después de ver cómo la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón trataba de rebatir sus decisiones, el titular del juzgado número 1 de Nules, instructor del caso Fabra, ha decidido pedir amparo al órgano de gobierno de los jueces con el fin de que esa sección de la Audiencia, que preside el propio presidente del organismo, Carlos Domínguez, "deje de perturbar mi independencia".

El juez sostiene que esa sección está "tratando de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito del cohecho" del que está acusado el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra. La causa, de momento, está abierta por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

"Soy consciente de que puede parecer inusual que un miembro del Poder Judicial acuda en amparo ante el Consejo contra un órgano judicial superior, pero es evidente que la presente perturbación de mi independencia, que debe velar mi actuar, no es una mera cuestión jurisdiccional", señala el juez en la providencia en la que reclama el amparo.

Denuncia al Consejo del Poder Judicial maniobras de la sección primera

El juez, Jacobo Pin, que dirige la instrucción del caso Fabra desde hace tres años, relata en su escrito las últimas resoluciones de la sección primera de la Audiencia, que incluso han desdicho las señaladas por otra sección del mismo tribunal, la segunda, que ha sido la encargada de resolver los recursos durante los más de ocho años de instrucción. Pin indica que "aun a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no le otorga tal posibilidad", la sección primera ha tratado de adoptar algunas medidas como la de declarar nulo el auto de apertura de juicio oral que ponía al presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, a un pie del banquillo de los acusados.

En esa resolución, además, los magistrados apuntaron el sobreseimiento del delito de cohecho, insinuándolo pero no dictándolo expresamente, lo que, según el juez, "no pueden hacer en el estado actual del procedimiento". La decisión de la Audiencia provocó que el propio juez pidiera una aclaración para que este tribunal dijera explícitamente si tenía que archivar la causa por cohecho. Pero la sección primera no lo ha hecho, quizá porque sería incurrir en una irregularidad aún mayor. "Consideré y considero que concurren indicios racionales de criminalidad constitutivos de un presunto delito de cohecho", insiste el juez en su escrito.

Jacobo Pin expone que ha sido instructor del caso Fabra durante tres de los ocho años que se dilata ya la causa, "controlando en todo momento la legalidad del cauce procedimiental a seguir (…), atendiendo a los hechos declarados punibles (…), supervisando la calificación jurídica". Y afirma que "el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas impide demorar más la tramitación de la presente causa, cuya instrucción está concluida desde hace meses".

Desde que Pin se hizo cargo de la causa —el noveno juez a lo largo de estos más de ocho años—, la diligencia ha sido una norma en un procedimiento que se antojaba eterno. Sin embargo, las dilaciones en la resolución de recursos han impedido que el de Fabra sea ya un caso cerrado.

"Consideré y considero que concurren indicios de cohecho", insiste

La causa se inició cuando Vicente Vilar, un fabricante de fitosanitarios y hasta entonces amigo de Fabra, le denunció por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. El entonces presidente de la Diputación de Castellón medió, según los indicios, ante los ministerios de Sanidad y Agricultura para tratar de acelerar la autorización de esos productos. Además, la investigación de las maniobras y supuestos cobros ilegales destapó cuatro presuntos fraudes fiscales cometidos por Carlos Fabra junto a su entonces esposa, María Amparo Fernández, que dejaron de ingresar 1,2 millones en las arcas públicas. Por todo ello, la fiscalía pide 15 años de cárcel para Carlos Fabra.

El presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, que no ha firmado las últimas resoluciones de su sección, ha sido cuestionado por su amistad con Fabra. De hecho, esa relación fue uno de los motivos que se sopesaron a la hora de su reelección, en 2008, en la que contó con el apoyo del ahora presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Fernando De Rosa. El órgano de gobierno de los jueces no atendió las advertencias ni al hecho de que vulnerara las normas de reparto y resolviera un recurso del caso. Ahora será ese mismo Consejo, presidido por De Rosa, quien tendrá que resolver la petición de amparo del juez de Nules.

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/27/actualidad/1340822654_467303.html

25. C. VALENCIANA: EL JUZGADO CITA A JULIO IGLESIAS PARA QUE DECLARE EN EL ‘CASO IVEX’ EL PRÓXIMO DÍA 10

El cantante tiene previsto actuar en Valencia el próximo día 8 en el Palau de les Arts

El artista fue contratado en su día por Zaplana para promocionar la Comunidad Valenciana

El ‘truhán’ Julio Iglesias cantará en Valencia, donde le busca un juez

Julio Iglesias tendrá que declarar como testigo en el juzgado sobre las supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno valenciano en su contratación para promocionar la Comunidad Valenciana en el exterior. El juzgado de instrucción número 19 de Valencia, que instruye el denominado caso Ivex. ha pedido a la policía que cite al cantante para tomarle declaración como testigo el próximo día 10 a las diez de la mañana, tal y como había solicitado la Audiencia Provincial de Valencia.

La diligencia de la Audiencia Provincial en la que pide que se tome declaración a Julio Iglesias se arrastra desde más de un año. Sin embargo, pese a que los domicilios del cantante español en Miami y República Dominicana no son secretos, hasta ahora no se le ha tomado declaración.

Julio Iglesias tiene prevista una actuación el próximo día 8 en el Palau de les Arts de Valencia, justo frente a los juzgados de la ciudad de la Justicia, y una de las partes reclamó que se aproveche la estancia del cantante en Valencia para citarlo, lo que permitirá acortar los ya dilatados plazos y abaratar el coste de una comisión rogatoria a República Dominicana para realizar una declaración testifical.

El caso Ivex se remonta a finales de los años 90 y está relacionado con la contratación del cantante, por parte de la Generalitat de Eduardo Zaplana, para promocionar la Comunidad Valenciana en el exterior. Una contratación que, presumiblemente, ascendió a seis millones de euros libres de impuestos y que incluyó parte del pago en a través de un contrato en b.

El PSPV-PSOE presentó en mayo de 2004 una querella ante el Tribunal Supremo contra los 19 consejeros del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), organismo dependiente de la Generalitat, por un supuesto delito de malversación de fondos relacionado con los pagos a Julio Iglesias realizados en 1997, 1998 y 1999. Según la denuncia, la Administración valenciana hizo un contrato público al cantante para que promocionase la Comunidad Valenciana en el exterior por importe de 2,2 millones de euros, pero hubo otro contrato b, que se ocultó y que elevó el coste del contrato hasta 5,9 millones de euros libres de impuestos.

El Tribunal Supremo se declaró finalmente no competente para investigar el caso, pero la Audiencia Provincial de Valencia ordenó hace un año reabrir la causa e instó al juez que instruye el caso Ivex a tomar declaración al artista y a otras personas relacionadas con el polémico contrato.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/28/valencia/1340879849_006362.html

26. C. VALENCIANA: LA FISCALÍA PIDE IMPUTAR A BLASCO EN EL FRAUDE DE LA COOPERACIÓN

El ‘síndic’ pudo incurrir en prevaricación, cohecho y malversación

Presionó a varios funcionarios y favoreció a ONG

Rafael Blasco no solo dirigía una consejería que propició el desvío de los fondos destinados al tercer mundo a cuentas privadas de empresas de Estados Unidos y España. Según los fiscales que investigan el saqueo de al menos seis millones de euros, también está implicado en la trama. La Fiscalía Anticorrupción ha decidido solicitar la imputación en el caso de la cooperación del actual síndic del Grupo Popular en las Cortes Valencianas (ahora apartado provisionalmente como portavoz) por su supuesta implicación cuando era consejero de Solidaridad y Ciudadanía en el fraude de las ayudas de cooperación, según informó este viernes la Fiscalía General del Estado.

Los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres presentaron un informe a la magistrada Nieves Molina, que investiga el fraude desde el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, en el que consideran que hay fundados indicios de que Blasco participó en la trama y que podría ser imputado por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

La mayoría de las 27 personas hasta ahora implicadas en la causa han sido imputadas por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. Y a Blasco se le han añadido los de prevaricación, que supone dictar a sabiendas una resolución injusta, y tráfico de influencias, posiblemente por haber presionado a funcionarios para favorecer a alguna ONG en concreto.

El informe de la fiscalía es preceptivo para dilucidar una cuestión de competencia, puesto que Blasco, por ser diputado, está aforado. La juez Molina consultará ahora al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana para que esta instancia decida sobre la imputación del exconsejero de Solidaridad. En caso afirmativo, el TSJ nombrará un nuevo instructor para completar el trabajo elaborado por Molina desde hace más de un año.

El sumario revela múltiples conversaciones con Tauroni, cabecilla de la trama

El sumario de la causa, que cuenta ya con 27 imputados, entre ellos seis personas que trabajan para la Administración, habla de una trama articulada en torno a la consejería y a la Fundación Hemisferio, una supuesta organización no gubernamental (ONG) que captó a media docena de asociaciones y les gestionó sus proyectos de cooperación ante la Generalitat. Cuando las ONG recibían el dinero, este se desviaba a cuentas en Estados Unidos a través de una red de empresas en España y en el país americano. Las ayudas se justificaban después ante la Administración a base de facturas falsas que emitían otras empresas, algunas ficticias.

A falta de conocer en detalle la exposición motivada de los fiscales remitida a la juez, la implicación de Blasco en el sumario se sustancia en los expedientes de las ayudas de la consejería, en las declaraciones de los testigos y los imputados interrogados por la juez y en las conversaciones intervenidas por la policía y por orden judicial a los principales cabecillas de la trama.

En concreto, el sumario revela que hubo numerosas llamadas, hasta ocho en un día, entre el portavoz del PP y Augusto César Tauroni, el principal imputado de la causa y el único que permanece privado de libertad desde su detención el pasado 23 de febrero. La policía ha vinculado a Tauroni con ocho empresas de Estados Unidos, donde además tiene dos viviendas y un yate. Él es titular de algunas de las cuentas a las que se transfirieron gran parte de las cantidades ingresadas por ONG beneficiadas que tendrían que haber llegado a países en vías de desarrollo.

La causa ya suma 27 imputados y seis de ellos trabajan en la Administración

A pesar de que Blasco negó en los últimos años tener una relación de amistad con Tauroni —aseguró que se conocían de vista solo porque ambos eran de Alzira—, las llamadas intervenidas revelan multitud de citas entre ambos, encuentros entre la secretaria de Blasco y la administradora de Hemisferio para intercambiarse sobres, intercesiones para la contratación de una persona recomendada y, lo que es más importante, el interés del exconsejero por los negocios de Tauroni como si fueran propios, a base de consejos y mediaciones cuando dejó el cargo. Incluso Blasco advirtió a Tauroni de algo "inminente" el 22 de febrero pasado, la víspera de la operación policial que desembocó en el grueso de las detenciones. La propia secretaria del político vinculó en su declaración ante la juez la advertencia con las detenciones.

Entre los delitos atribuidos por los fiscales al síndic del PP figura el de cohecho, que haría referencia a un soborno, es decir, que Blasco pudo recibir algún beneficio económico por su gestión en favor de la trama. El delito de prevaricación asignado supone que el exconsejero pudo tomar desde su puesto de consejero resoluciones injustas a sabiendas.

El ‘síndic’ avisó a Tauroni la víspera de las detenciones de algo "inminente"

Y el tráfico de influencias podría referirse a un comportamiento descrito por varios de los testigos en sus declaraciones durante la instrucción del caso. Así, explicaron que el entonces consejero presionó a los miembros de la comisión que evaluaba los proyectos de la Fundación Cyes para que le fueran aprobadas dos subvenciones por 1,6 millones de euros. Cyes (sin relación con la constructora) consiguió la subvención, pero gastó la mayor parte del dinero en la compra de inmuebles en Valencia.

Este caso, el de Cyes, motivo la primera denuncia que desató la causa, interpuesta ante la fiscalía en octubre de 2010 por la diputada socialista Clara Tirado. Después, otra diputada, Mireia Mollà, de Compromís, presentó otra denuncia que ampliaba las irregularidades de la consejería de Blasco a los años 2009 y 2010 y a otras ONG. Tras investigar el caso, la fiscalía llevó las irregularidades ante la juez en abril de 2011, y juntos investigaron en secreto durante casi un año, hasta que se conoció el operativo del 23 de febrero que desembocó en los primeros 14 detenidos.

Este viernes, tras conocer la decisión de la fiscalía, la oposición apuntó al PP. La propia Mollà aseguró que si el presidente Alberto Fabra "no echa" al síndic, se convertirá en su "cómplice político". Y añadió que es insuficiente con mantenerlo como "un portavoz sin voz". El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, aseguró que "si el presidente Fabra no actúa de forma inmediata es que no tiene ninguna autonomía política, ni capacidad de decisión y demuestra una ausencia total de liderazgo". Y Marina Albiol, de EU, aseguró que Blasco es "el mayor peligro" para las ayudas al Tercer Mundo. También exigió su dimisión "urgente".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/22/valencia/1340390699_904473.html

27. C. VALENCIANA: ASÍ SE LLEVÓ A LA QUIEBRA A RTVV

La llegada del PP al Palau de la Generalitat en el verano de 1995 supuso un cambio radical en el rumbo de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que había iniciado su andadura en 1989. Y no sólo afectaría al contenido de los informativos. Se ponía en marcha una profunda transformación que acabaría afectando a la sostenibilidad del ente. Hasta entonces, RTVV, cuyo director general era Amadeu Fabregat, contaba con una plantilla de 653 trabajadores, lo que le suponía unos gastos de personal anuales de 25 millones de euros, y una deuda de 22 millones. Era el resultado de un modelo que en muy poco se parecía al que desarrollarían el nuevo director general, Juan José Bayona, y los que le vendrían a la zaga (José Vicente Villaescusa, Pedro García y José López Jaraba).

Ahora, 17 años después, RTVV se encuentra en una situación límite: soporta una deuda de 1.200 millones y está en quiebra desde hace más de 10 años. Para afrontar esa realidad, el Consell ha resuelto aplicar un tratamiento extremo, cambiando el modelo mediante una nueva Ley de RTVV sin consenso que fijará un marco de gestión que le permita privatizar franjas horarias y reducir la plantilla. RTVV no se sostiene, pero las claves que han conducido a su actual estado no son ajenas a la gestión realizada durante esos años y están reflejadas en las cuentas de resultados consolidados que el ente entrega de forma anual al Síndic de Comptes.

Ante la desconfianza que les generaban los profesionales del ente, sobre todo los periodistas, por haber ganado la plaza bajo el Gobierno anterior, una de las prioridades de los nuevos gestores fue la provisión de nuevo personal mediante contratos de obra, atestados de irregularidades, según la Sindicatura de Comptes, y "oposiciones a medida", denunciadas por los sindicatos. Los datos del ente fiscalizador revelan esa tensión en las cuentas anuales de RTVV. En el año 2000, cinco años después, el gasto anual en personal era ya el doble: 50 millones. Y no paró de crecer.

En 2003 alcanzó los 61 millones, y en 2005, a los 10 años de la llegada del PP al Consell, esa partida suponía 72 millones, casi el triple.

RTVV gastó 57 millones el año de la visita del Papa en producción externa

En 2009, la plantilla estaba formada por 1.027 trabajadores, que junto a los contratados (sin oposición) ascendían a 1.800. Los gastos en personal han seguido aumentando en los últimos años hasta estabilizarse en 80 millones (81 en 2008 y 2009), más del triple que en 1995. En 2010, sin tener presupuesto para ello, López Jaraba, aumentó la nómina en 200 personas. El PP no sólo creó una plantilla paralela de periodistas, también utilizó el área de administración, que ahora supera los 200 trabajadores, para situar a personal de su confianza, a menudo, según fuentes afectadas, "creando redundancias administrativas" y con algunos "despachos sin funciones claras". Ahora el exceso de personal, pese a la creación de otros dos canales (Punt 2 y Canal 9/24), constituye uno de los principales lastres de RTVV, para la que el Consell baraja un expediente de regulación de empleo (ERE) que será comunicado en los próximos días y que podría afectar a dos tercios de la plantilla.

Sin embargo, ese aumento de personal no supuso un incremento de la producción propia, que le permitiera incrementar su margen de negocio, sino más bien lo contrario. Hasta 1995, la apuesta de RTVV por la producción interna era muy fuerte, por lo que los gastos en producción externa no eran elevados. Según las cuentas de la Sindicatura de Comptes, el ente había gastado entre 11 y 18 millones anuales de euros desde 1992 a 1995. Bajo la gestión del PP el dinero pagado a productoras externas se desbordó. En 1997, RTVV pagó 25 millones de euros por ese concepto, y dos años más tarde 35. Para el quinto aniversario de la gestión del PP en las instalaciones de Burjassot, la cifra excedía el doble: 43 millones.

El pico más acentuado en los gastos en la producción externa se produjo en 2006, con 57 millones. Fue el año de la visita del Papa a Valencia, en el que el entonces director general, Pedro García (ahora imputado junto con otros tres directivos del ente precisamente por esta causa), adjudicó el contrato de la instalación del sonido por 7,4 millones de euros a la constructora Teconsa, que no era más que una tapadera de Special Events (una de las principales empresas de la trama Gürtel). Durante los dos años siguientes RTVV pagó 52 y 54 millones, y ya con la presión de la crisis, en 2009, inició un descenso en el que cayó de 46 a 24 en un solo año.

Algunas de las compras realizadas por el ente en estos años han sido puestas bajo sospecha, como es el caso de los tres documentales de sesgo ultraconservador que adquirió en 2011 a Triskel Audiovisual, una productora vinculada al actual director de antena de Canal 9, Fernando Lázaro Quintela, un directivo procedente de Intereconomía, por los que abonó 532.500 euros, más IVA, un precio considerado muy superior al del mercado.

El Síndic de Comptes alertó de la falta de control en los contratos con productoras

Las fiscalizaciones de la Sindicatura de Comptes están plagadas de reproches al modo de actuar del ente en este apartado. Sólo en 2002, le recriminaba la falta de control sobre "uno de los conceptos más significativos del presupuesto", como es el gasto de personal y equipo artístico en los presupuestos presentados por las productoras, en los que observó "diferencias de precios importantes entre conceptos análogos o similares". Asimismo, llamaba la atención sobre presupuestos que incluían el coste por presentador, cuando este "ya percibe adicionalmente de TVV (Televisió Valenciana) los importes estipulados en el contrato". O cómo, en este mismo programa, pese a que el presupuesto incluía las dietas y desplazamientos de los invitados, "estos gastos se facturan también de forma independiente". Además, apuntaba el informe que había "programas de mínima audiencia" cuyo precio final "supera de forma muy significativa el precio acordado para otros programas emitidos en horario prime time y de máxima audiencia". En ese sentido, el Síndic se sorprendía de que TVV no hubiese acordado, como solía fijar la cláusula de los contratos con las productoras, "la suspensión de uno de los programas analizados a pesar de la insuficiencia de audiencia", y que "incluso se hubiese renovado los contratos por otros períodos". Y también, que suscribieran contratos con el productor de otro programa que pasaba de 15 a 35 horas semanales "sin que quedara acreditada documentalmente la necesidad de ampliar las horas contratadas ni el alcance de los trabajos que tiene que efectuar la persona contratada".

El gasto en derechos deportivos constituye otro de los apartados que experimentaron un mayor crecimiento desde 1995. Los nuevos gestores apostaron fuerte por el deporte en su intento por captar audiencia, no solo en los derechos de retransmisión de la liga, sino en contratos privados con el Valencia (por el que pagó 30 millones), el Villareal (25) o Levante (12), así como con los de la fórmula 1. Con el Gran Premio, RTVV se comprometió a pagar a Bernie Ecclestone 22 millones más IVA por los derechos de emisión del campeonato para las temporadas de 2010-2013 "de forma no exclusiva y en lengua valenciana para el territorio de la Comunidad Valenciana".

El Síndic de Comptes criticó estos primeros contratos de compra de derechos de emisión con los clubes, al entender que a Canal 9 le correspondía retransmitir partidos, pero no gestionar derechos de emisión. Hasta 1995, RTVV había gastado un máximo de 11 millones de euros anuales. En 1997, casi los había triplicado (31), y en 2001, en una clara trayectoria ascendente, pagó 46. El cénit se produjo en 2007, coincidiendo con la 32 edición de la Copa del América, que se celebró en Valencia. Ese año RTVV gastó 81 millones en adquisición de derechos de retransmisiones deportivas. Este capítulo descendió cuatro millones en el año siguiente, y a partir de 2009 experimentó una disminución como consecuencia de los efectos de la crisis (54 millones), que se acentuó al año siguiente, en el que con 24 millones, RTVV pagó la cifra más baja en ese concepto desde 1997.

Zaplana cambió la ley para que el ente pudiera endeudarse y no tuviera que asumirlas la Generalitat

El principal problema de RTVV ha sido siempre la asimetría negativa entre sus gastos y sus ingresos. Por buscar un ejemplo gráfico, en 2010 el ente pagó por compras y sueldos cuatro veces más de lo que logró ingresar. Las compras de derechos, de producciones contratadas, de producciones ajenas o de trabajos desarrollados por otras productoras representaron una factura de 49 millones de euros. Los gastos de personal ascendieron a 80 millones. Total, 129 millones. Mientras que los ingresos del grupo en ese año alcanzaron los 28 millones. A la vista de esos los datos, el diagnóstico del Síndic de Comptes no puede ser más certero: "recurrente desequilibrio económico entre gastos e ingresos de explotación, motivado, entre otras causas, por una desproporcionada relación entre los aprovisionamientos y los gastos de personal y la cifra de negocios".

La aportación de la Generalitat compensó las cuentas del ente desde los primeros años, cubriendo las pérdidas totalmente o en gran parte hasta 1995, en el que el desfase fue de 16 millones. Pero desde ese ejercicio, con el nuevo rumbo impreso por el PP, las pérdidas no cubiertas dispararon su crecimiento, superando pronto a la aportación del Consell. Los 28 millones de 1996 y 1997 se convirtieron en 47 en 1998 y alcanzaron 69 en 1999. Este fue el año en el que Eduardo Zaplana, entonces presidente del Consell, cambió la ley para que el ente pudiera endeudarse por sí mismo y no tuviera que asumirlas la Generalitat. En ese momento, RTVV intensificó su vulnerabilidad ante la quiebra.

El informe de la entidad fiscalizadora del año 2000 ya refleja con esta crudeza la quiebra del ente: "A consecuencia de las pérdidas acumuladas en TVV y RAV (Ràdio Autonomia Valenciana) y de la insuficiencia de las aportaciones de fondos de la Generalitat Valenciana, el patrimonio neto de ambas sociedades presenta un saldo inferior a la mitad del capital social". El Síndic instó a los administradores a adoptar las medidas previstas en la normativa mercantil vigente para reequilibrar la situación, y también a adoptar "un mayor rigor en la gestión del gasto y en el consiguiente control presupuestario, especialmente en gastos de programas y de personal". Es evidente que las recomendaciones del órgano fiscalizador cayeron en saco roto y las pérdidas no cubiertas no pararon de crecer durante los siguientes 10 años hasta alcanzar la actual deuda de 1.200 millones, pese a las recriminaciones del Síndic sobre el "incumplimiento de la legalidad en temas tan importantes como personal, contratación o compras de aprovisionamientos".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/23/valencia/1340476546_016731.html

28. C. VALENCIANA: BARBERÁ RECRIMINA A UNA CONDUCTORA DE LA EMT SU SUELDO ANTE LOS PASAJEROS


La alcaldesa de Valencia salió de su coche oficial frente a su casa y se encaró con la trabajadora, que negó que cobrara "3.000 euros"

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, recriminó el pasado fin de semana a una conductora de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la línea 31 el sueldo que cobra delante de los pasajeros del autobús, han denunciado dirigentes sindicales del comité de empresa.

Los hechos sucedieron el sábado, cuando Rita Barberá se bajó de su coche oficial molesta porque enfrente de su casa había un autobús de la línea 31, parado, con pegatinas donde se podía leer Rita no paga, en alusión a los retrasos que la plantilla de la empresa municipal de transportes dice acumular desde enero.

Según esta versión, la alcaldesa, con unos emolumentos anuales de más de 93.000 euros, salió del coche oficial y fue hacia donde estaba el autobús. "Se dirigió a la conductora para decirle que estaba cobrando tres mil y pico euros, delante de los pasajeros", indicaron fuentes del comité de empresa.

La conductora le respondió que ella "no los cobra y que ningún conductor gana ese dinero". Barberá también le recriminó que llevara las pegatinas, "de mala forma", algo que el comité de empresa considera que "no se corresponde con una persona de su talante". El incidente se produjo durante la jornada de huelga convocada por el comité de la empresa pública en protesta por los recortes y despidos que plantea la dirección.

A la alcaldesa, sostienen fuentes del comité de empresa, "le está molestando mucho" que los trabajadores de la EMT se hayan manifestado en las últimas semanas para reclamar lo que les "debe" la empresa.

Los trabajadores exhiben unas pegatinas y camisetas con el lema Rita no paga a sus trabajadores "y posiblemente le moleste más eso que la huelga o la situación que se está planteando". Desde el comité de empresa de la EMT han reiterado que "ningún trabajador cobra 3.000 euros, a excepción de los jefes y directivos" y recalcaron que han retado "en varias ocasiones" al concejal encargado de esta área a que lo demuestre.

"Decisión política"


La plantilla tiene un sueldo neto de entre 1.400 y 1.700 euros y "en los que se trabajan festivos, sábados y nocturnidad", recalcaron. Los representantes de los trabajadores creen que "se ha tomado la decisión política de destruir el estatus y el bienestar de un montón de familias".

La alcaldesa de Valencia percibe algo más de 93.508 euros anuales brutos. Por su parte, el gerente de la EMT, Jesús Herrero, nombrado por el equipo de Gobierno del PP, cobra 126.897,80 euros brutos anuales, según hizo público hace unos meses el concejal de Compromís, Joan Ribó.

El Consistorio no tardó en replicar. Lo que los sindicatos de la EMT calificaron de recriminación, el concejal delegado de Transportes de Valencia, Alfonso Novo, lo redujo a un intercambio de impresiones. "No tuvo mayor importancia, aunque los representantes sindicales quieran magnificar los hechos. La alcaldesa simplemente cruzó unas palabras con una conductora sobre los paros y los argumentos que defienden los sindicatos sin más trascendencia, pero sin faltar al respeto a nadie", dijo el concejal en una nota oficial.

Novo reiteró que los conductores ganan más de 3.000 euros mensuales. "Esto quiere decir que el 100% de su salario bruto está en los 39.548,022 euros anuales, que dividido por 12 meses [ignoran las dos pagas extraordinarias] significa que al mes reciben unos 3.295,66 euros".

Las espadas siguen en alto. Mañana, miércoles, habrá consejo de administración de la EMT, solicitado por la oposición, para hablar de las negociaciones con los sindicatos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/25/valencia/1340642382_356055.html

29. C. VALENCIANA: EL TRIBUNAL DE CUENTAS ADMITE UNA DEMANDA CONTRA CUESTA, ARNAL Y CRESPO

La Emshi reclama a los altos cargos de Emarsa más de 27 millones de euros

El Tribunal de Cuentas ha admitido la demanda por responsabilidad contable presentada por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos de Valencia (Emshi) contra Esteban Cuesta, Enrique Arnal y Enrique Crespo, máximos responsables de la extinta Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, a quienes se les reclama 27 millones de euros.

En un decreto fechado el pasado 14 de junio se admite a trámite la citada demanda contra el exgerente, el ex director financiero y el expresidente de la empresa, cuya gestión está siendo investigada también por la vía penal.

La demanda de "reintegro por alcance" presentada por la Emshi explica que, en su labor de liquidadora única de Emarsa, realizó actividades fiscalizadoras dirigidas a conocer "la verdadera situación de la entidad", lo cual permitió hallar numerosas anomalías que podrían ser supuestos de responsabilidad contable e incluso penal.

Se advierte al Tribunal de Cuentas de que hay abiertas diligencias penales en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, dedicado en exclusiva a investigar el supuesto desvío de fondos públicos por parte de los gestores de la depuradora, en una causa en la que se encuentran imputadas 32 personas.

El Tribunal de Cuentas se declara competente para tramitar una demanda formulada por la Emshi

Esta instrucción se desarrolla, según la denuncia presentada por la Emshi, "al objeto de esclarecer si hubo un concierto para obtener de forma continuada un beneficio ilícito a costa de los fondos que Emarsa disponía para ejercer su actividad".

Asimismo, expone que, pese a las dificultades encontradas a la hora de reconstruir la facturación de los últimos años, por encontrarse desaparecidos muchos justificantes de pagos, la contabilidad refleja "numerosas anomalías".

En el escrito de denuncia enumera las irregularidades detectadas en los contratos suscritos entre Emarsa y diversas mercantiles, la mayor parte de cuyos propietarios también se encuentran imputados en la causa.

Así, se considera que Emarsa pagó de forma indebida 2,8 millones de euros a Construcciones y Reformas Rocafort; más de 846.000 euros a Mantenimientos Valmasmark por obras que al parecer no se ejecutaron y que estaban referenciadas en edificios inexistentes, y más de 3,7 millones a Microprocesadores Valencia y Sofitec Informática.

También se denuncian los 188.000 euros facturados a Emarsa por Arrima Centre d'Estudis, propiedad del hermano de Enrique Arnal, o los 118.000 facturados por Management de Azafatas, propiedad de su mujer.

Las cuantías más importantes son las que facturaron, siempre según el escrito de denuncia, cuatro empresas de Jorge Roca, actualmente en paradero desconocido y sobre quien pesa una orden de búsqueda internacional.

Sus firmas, dedicadas al tratamiento de lodos, cobraron de Emarsa más de 19 millones de euros entre 2005 y 2010, pese a que hay evidencias, según las mismas fuentes, de que en realidad no se realizaba ningún tratamento de lodos o ése no se concluía, no se vertían de forma regular y no se efectuaban los pertinentes análisis.

Igualmente, se denuncian como ilícitos compras efectuadas en grandes almacenes o tiendas de lujo y viajes, muchas de ellas imputadas como gastos de representación, por considerar que no eran propios de una empresa sin actividad comercial.

El total de lo gastado "injustamente", concluye el escrito de denuncia, asciende a 27.689.129,90 euros.

El Tribunal de Cuentas no aprecia falta de jurisdicción ni competencia objetiva ni territorial para conocer el asunto y por tanto considera procedente admitir a trámite la demanda, que se sustanciará en juicio ordinario.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/28/valencia/1340902724_335768.html

30. C. VALENCIANA: LA GENERALITAT Y LAS CAJAS VENDEN EL 71% DE TERRA MÍTICA POR 20 MILLONES

El coste final de la aventura promovida por Zaplana supera ampliamente los 400 millones

Aproximadamente la mitad del dinero ha salido de las arcas públicas de la Generalitat

Terra Mítica, el sueño de Eduardo Zaplana que devino en pesadilla y en un pozo sin fondo que ha engullido una cifra superior a los 400 millones de euros, pertenece ya a George Santa Maria, un empresario francés de origen argelino, también propietario de otros dos parques en Benidorm: Aqualandia y Mundomar. Aunque el nuevo propietario ha pagado al Consell (22,31%), la CAM (24%), Bancaja (24%) y el Banco de Valencia —que tenía menos del 2% del capital— 65 millones de euros, la realidad es que 45 de ellos se destinarán a saldar la deuda que todavía arrastraba el complejo de ocio, así que los cuatro accionistas que acumulaban casi el 71% del capital de Terra Mítica, SA se repartirán los 20 restantes.

El trato cerrado el miércoles fue un acto de transmisión del 70,76% de las acciones del parque a la mercantil Ocio y Parques Temáticos, SL, la que alquiló el parque hace dos años con una opción de venta durante los tres primeros ejercicios por 65 millones de euros, ahora ejecutada, de los que el comprador ya adelantó 15 a la firma del contrato, que se repartieron los vendedores en función de su participación. El 100% de las acciones del parque de Benidorm están, por primera vez, en manos privadas.

El reparto de los 20 millones, en función de la participación social que cada uno tenía en la empresa, queda de esta forma: 6,2 para el Consell, 6,7 para cada una de las dos cajas, y apenas 200.000 euros para Banco de Valencia. Ese es el dinero que recibirán en limpio de la venta de Terra Mítica los principales accionistas tras haber invertido casi el doble de los 240 millones en que se presupuestó su construcción.

En su declaración ante un juzgado de Valencia en 2006 por una trama de facturas falsas en la construcción del parque temático, el exdirector general, John Fitzgerald, reconoció que partiendo de un presupuesto de 240 millones, Terra Mítica ya había costado hasta entonces 376. Y tras salir de la suspensión de pagos ese mismo año no hizo más que incrementar su deuda. El coste final de la aventura promovida por Eduardo Zaplana supera ampliamente los 400 millones, de los que aproximadamente la mitad han salido de las arcas públicas de la Generalitat. Pero a esta cantidad hay que añadir decenas de sentencias del TSJ que llegaron a multiplicar hasta por 10 el precio del suelo no urbanizable expropiado por el Consell a empresas y particulares amparándose en el interés general. Solo en cuatro de ellas, la Generalitat tuvo que pagar un sobrecoste de 66 millones de euros.

Aqualandia ha conseguido la adjudicación del parque gracias a la presión que ejerció el empresariado local de Benidorm, a quien se unió el exconsejero de Economía, Gerardo Camps, natural de la misma ciudad, frente a otras dos ofertas de Parques Reunidos y Aspro. En un comunicado, el Consell recordó que la operación de venta del parque se enmarca en un proceso de reordenación de proyectos estratégicos que persigue "la sostenibilidad de los proyectos iniciados o terminados ahorrando costes, incorporando la iniciativa privada, reduciendo deuda pública y adaptando los objetivos a las complejas circunstancias actuales".

El grupo Aqualandia ha afrontado el pago de los 50 millones que tenía pendientes en parte mediante una ampliación de capital realizada en mayo de 31,76 millones de euros, y el resto con financiación ajena. Pero cuatro accionistas minoritarios de esta empresa de la familia Puchades de Benidorm, enfrentados con el accionista mayoritario, George Santa-Maria, presentaron una denuncia en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia porque consideran que la venta de acciones de una mercantil totalmente pública debería haber salido a concurso favoreciendo la libre concurrencia. En el escrito aseguraban que la operación de venta del parque se ha materializado a través de un bróker llamado Ambers, pero no han conseguido la paralización cautelar de la operación que habían solicitado, si bien la Fiscalía del TSJ ha abierto una investigación.

Fuentes de la nueva dirección del grupo Banco Sabadell aseguraron ayer que nunca han tenido vocación alguna de poseer una cartera industrial, ya que su "foco esencial de actuación está en la actividad puramente bancaria", y enmarcaron la operación en una política "de desinversiones de aquellas participaciones que no sean consideradas estratégicas para la entidad". Unas desinversiones que "se irán realizando progresivamente y cuando representen una buena oportunidad para el grupo", añadieron.

Mañana está convocada la junta general de accionistas del parque, en la que está prevista la modificación de su consejo de administración y el nombramiento de los nuevos órganos de gobierno de la empresa.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/27/valencia/1340810045_812973.html

 

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