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Boletín nº 611. Del 21 al 27 de Enero 2012
ÍNDICE
01. RAJOY EVITA PLANTEAR A MERKEL UNA REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DÉFICIT
02. RAJOY: "ESPAÑA VA A CUMPLIR EL OBJETIVO, Y HOY ES EL 4,4%"
03. GALLARDÓN ANUNCIA UN GIRO CONSERVADOR
04. EL MINISTRO DE EXTERIORES NOMBRA ALTO CARGO A UN ‘VIEJO COMPAÑERO’ DE ESTUDIOS CON UN HISTORIAL ‘LLAMATIVO’
05. MORENÉS DA AL CONGRESO DATOS ERRÓNEOS DE SU RELACIÓN CON UN FABRICANTE DE BOMBAS
06. GUINDOS APUESTA POR EL CONTRATO ÚNICO EN UNA TRIBUNA EN EL 'WALL STREET JOURNAL'
07. EL NUEVO DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL TIENE SU PROPIO HISTORIAL ‘DE ANTECEDENTES’
08. EL GOBIERNO ABRE LA PUERTA A EXTERNALIZAR LOS INFORMATIVOS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA
09. EL PODER JUDICIAL APOYA A LA JUEZ CILLÁN TRAS EXPEDIENTARLA
10. C.A GALICIA: EL ADIÓS DEL CACIQUE BUENO
11. C.A GALICIA: EL PRECIO DE LAS GUARDERÍAS SUBIRÁ UN 19% PARA EL PRÓXIMO CURSO
12. C.A GALICIA: EL PP RECHAZA QUE FEIJÓO EXPLIQUE LOS RECORTES PARA EVITAR "ALARMISMOS"
13. C.A CASTILLA Y LEÓN: LA POLÍTICA DE LOS 13 CARGOS PAGA UN TRATAMIENTO DE BELLEZA CON LA TARJETA DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN
14. C.A MADRID: UN EXDIRECTIVO DE BANCA SERÁ EL NUEVO CONSEJERO DE TRANSPORTES
15. C.A MADRID: AGUIRRE QUIERE UNA "ISLA" LEGAL PARA EL LAS VEGAS MADRILEÑO
16. C.A MADRID: EL SUPREMO RECHAZA LA PRIVATIZACIÓN DE UN COLEGIO DE EL ÁLAMO
17. C.A MADRID: LOS MÉDICOS ALERTAN DE LA PÉRDIDA DE 1.500 PUESTOS POR LOS RECORTES DE AGUIRRE
18. C. VALENCIANA: EL JURADO ABSUELVE A CAMPS Y COSTA
19. C. VALENCIANA: EL JUEZ IDENTIFICA A OTRA FUENTE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO
20. C. VALENCIANA: DECENAS DE MILES DE PERSONAS SALEN A LA CALLE CONTRA EL TIJERETAZO
21. EL CONSELL DEBE A LOS PROVEEDORES 2.500 MILLONES DE EUROS
22. C. VALENCIANA: FABRA, AL BANQUILLO CON UNA FIANZA RÉCORD PARA UN POLÍTICO
23. C. VALENCIANA: LA HUIDA DEL AGUERRIDO CARLOS FABRA
24. C. VALENCIANA: UN EXSENADOR DEL PP, NUEVO IMPUTADO EN EL 'CASO FABRA'
25. C. VALENCIANA: DOS TENIENTES DE ALCALDE DE MONCADA IMPUTADOS EN EL SAQUEO DE EMARSA
26. C. VALENCIANA: EL JUEZ CITA A DOS EMPLEADOS DEL HERMANO DE CASTEDO
27. C. VALENCIANA: LA MITAD DE LOS DIRIGENTES DE NN GG DEL PP DE GANDIA TRABAJA PARA EL AYUNTAMIENTO
01. RAJOY EVITA PLANTEAR A MERKEL UNA REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DÉFICIT
Afirma que la reducción del gasto tiene que ir acompañada de políticas de estímulo
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que ha evitado plantear a la canciller alemana, Angela Merkel, una revisión de los objetivos de déficit. "Porque creo en ello, me parece lo más sensato, lo más responsable", ha agregado en referencia a su compromiso con el recorte del gasto y la reducción de la deuda.
Tras una reunión mantenida entre ambos mandatarios en Berlín, Rajoy ha reiterado que es un "absoluto convencido" de no gastar por encima de las posibilidades y de tener una deuda "razonable".
El jefe del Ejecutivo ha afirmado también que las medidas de ajuste del gasto tienen que ir acompañadas de políticas que apoyen el crecimiento y la creación de empleo, esto es, iniciativas de estímulo, lo que dicho de otra forma quiere decir poner en marcha reformas en materia laboral, sistema financiero, ley de emprendedores, mercado energético o formación profesional.
En estos términos se ha pronunciado también, esta mañana, el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha destacado el papel que van a tener las reformas para sacar al país del atolladero. En la UE se empieza a "ser consciente de que solo austeridad no es la receta que nos va a llevar a salida de la crisis. Se necesitan reformas", ha asegurado. En especial la del mercado laboral y, en segundo lugar, la financiera. "España tiene que ajustar el déficit, pero no a un ritmo que lleve a una situación muy negativa en el corto plazo", ha dicho. Sin embargo, ha puesto en duda que aumentar el gasto público pueda ayudar.
En opinión de Rajoy, en cualquier caso, los próximos cuatro años serán los de las reformas económicas para preparar el terreno para el futuro de España. Merkel indicó, por su lado, que la estabilidad presupuestaria y el crecimiento "no son polos opuestos", sino que se necesitan ambas cosas y, en este contexto, el próximo Consejo Europeo debatirá sobre las políticas de crecimiento y empleo.
"Un tema para la historia"
Rajoy ha buscado en todo momento congraciarse con Merkel. Incluso ha suavizado la posición sobre el déficit que ha mantenido en los últimos días. En presencia de la canciller, aunque no se ha comprometido expresamente con el 4,4%, tampoco ha dejado caer ninguna duda.
Incluso ha hecho un requiebro muy de su estilo cuando un periodista alemán le ha preguntado si habían hablado en la reunión de las declaración de José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, que el martes dijo que Merkel "reacciona siempre un cuarto de hora tarde" a los problemas. "Me pregunta por mi ministro de Asuntos Exteriores. Ese es un tema que ya pertenece a la historia", contestó Rajoy con una amplia sonrisa en la boca mientras Merkel miraba incómoda. Ante la sorpresa y las risas generales -la historia para el presidente llega en 48 horas-, Rajoy miró a su equipo y repitió: "El tema [pertenece a la historia]". Merkel también se rio finalmente ante la salida del presidente español.
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27.01.1202. RAJOY: "ESPAÑA VA A CUMPLIR EL OBJETIVO, Y HOY ES EL 4,4%"
Tras conocer las previsiones del FMI y ser preguntado en una visita a Lisboa sobre las posibilidades de que los objetivos se suavicen, Rajoy señaló: "Eso se verá en su momento. España va a cumplir los objetivos de déficit que se marquen en el programa de estabilidad; hoy es el 4,4% y España hoy va a cumplir ese objetivo". "Todas las previsiones son discutibles y yo me tomo la del FMI como un estímulo. Ya anunciamos un importante recorte de 15.000 millones de euros a los pocos días de empezar a Gobernar y vendrán más recortes de gasto", añadió.
Para su primera visita a un Estado europeo como presidente del Gobierno, Rajoy eligió Portugal, un país que atraviesa una crisis brutal y cuyo primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, ha impuesto draconianas medidas de austeridad. "El Gobierno portugués actúa con valentía, coraje y determinación", alabó Rajoy. Y agregó: "Nosotros tenemos que hacer algo parecido porque es necesario hacerlo". Portugal ha suprimido pagas extras de funcionarios y pensionistas, ha facilitado los despidos, acortado las vacaciones y abaratado las horas extra, entre otras medidas.
Antes, en Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya había señalado que "el objetivo de déficit del Gobierno en estos momentos es el 4,4% del PIB" y que "no está en la agenda en absoluto" modificar o retrasar ese objetivo. En cambio, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, Gabriel Elorriaga, señaló a Gestiona TV que tiene "la impresión" de que va a haber "un recálculo general" en la UE al respecto.
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25.01.1203. GALLARDÓN ANUNCIA UN GIRO CONSERVADOR
El ministro de Justicia presenta un plan que incluye recuperar normas de los ochenta
En Justicia vuelven los 80. Vuelven las normas que se aplicaron entonces. Si Alberto Ruiz-Gallardón lleva a cabo el programa de Justicia que expuso ayer ante el Congreso en su estreno parlamentario como ministro, acabará la legislatura como uno de los miembros del Gobierno más activos. No defraudará las expectativas de estrella del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tendrá para ello que desplegar todas sus habilidades si quiere estar acompañado más allá de la mayoría absoluta suficiente del PP y convertir las llamadas al consenso en realidad, porque ayer prácticamente solo escuchó rechazo a sus propuestas.
Recupera el control conservador del CGPJ que Aznar no quiso recobrar
Si mantiene sus propuestas y no renuncia a ellas en favor del consenso, Gallardón será también uno de los miembros del Gobierno de Rajoy que dejará una mayor impronta conservadora a su gestión. Su plan supone un ambicioso plan de reformas, como corresponde a un ministro debutante, pero también un giro conservador, un retorno al pasado y una vuelta a normas de los años 80. Por ejemplo, en la regulación del aborto para volver a la de entonces, previa a la ley de plazos, y también para recuperar un sistema de elección corporativa de una parte del Consejo General del Poder Judicial. En el primer caso se vuelve a los 80 cuando la Ley del Aborto se hacía con tratamiento penal desde el Ministerio de Justicia y sobre las vacantes se anuncia lo que no intentó José María Aznar, ni siquiera cuando gobernó con mayoría absoluta.
Esa reforma supondrá la vuelta al modelo de 1980 con el que la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) copó todos los cargos en el Poder Judicial y, en segunda instancia, en la cúpula judicial. En la práctica, la limitación de la designación parlamentaria del Consejo asegura el control conservador y, por tanto, del PP de la cúpula judicial, como ya ocurrió hasta la reforma legal. Solo Rosa Díez (UPyD) apoyó ayer lo que para Gaspar Llamazares (IU) es una "involución", para Emilio Olabarría (PNV) "inconstitucional" y para Julio Villarrubia (PSOE) fruto de su entrada al ministerio como "un elefante en una cacharrería".
Si aplica su plan acabará la legislatura como el ministro que implantó algo parecido a la cadena perpetua (reclusión revisable, lo llamó Gallardón) y como el responsable político que aplicó algo parecido a un sistema de copago en la justicia, es decir, lo que el PP ha rechazado para otros servicios públicos como la sanidad. Se busca disuadir con tasas elevadas de lo que el ministro llamó el "abuso" ciudadano que ha terminado por provocar, según él, un atasco judicial. Es el primer servicio público al que el Gobierno del PP le aplica el final de la gratuidad, porque en este momento hay unas tasas casi simbólicas (50 euros para un recurso) que él se propone revisar, es decir, elevar.
Gallardón, que rechazó la palabra copago, explicó que la "gratuidad desincentiva otras fórmulas de arreglo" y se ha producido un "consumo no racional". Por eso, será exigible la tasa para recurrir en segunda instancia en todas las jurisdicciones salvo la penal. Por ejemplo, no podrá recurrirse un despido confirmado en primera instancia si no se paga esa tasa disuasoria. Con la reclusión revisable, Gallardón cumple el programa electoral de su partido y da satisfacción a los sectores más conservadores que han defendido siempre esa medida, frente a los titubeos del PP en los últimos años y el rechazo en llevarlo a la práctica en la etapa de Aznar. Por lo que escuchó ayer en la comisión, también será casi imposible tener consenso para esta reforma legal, lo que supondría también la vuelta a los años 80 en la ruptura de los amplios acuerdos para reformas los sistemas de penas.
El PP pactó con el PSOE en las últimas legislaturas el cumplimiento efectivo de 40 años, no revisables, para delitos muy graves y medidas de vigilancia posterior como pulseras de control. La cadena perpetua quebraría ese consenso penal y llevaría la falta de acuerdo a los años 80, además de ser más laxo que el modelo actual, porque haría las condenas revisables a los 20 años.
El plan expuesto ayer por Gallardón también retrotrae la justicia en la aplicación de la Ley del Menor, que en la etapa de Aznar se le dio un tratamiento penal más favorable y diferenciado de la de los mayores de edad, aunque haya sufrido sucesivas modificaciones para endurecer la norma que hizo la entonces ministra Margarita Mariscal de Gante. No anticipó cómo será la reforma, pero sí que la implicación de un menor arrastrará todo el proceso en una sola causa, al hilo de sucesos recientes de gran impacto social.
En lo único que no volvió a los 80 es en la ley de matrimonios homosexuales, que ni mencionó y, por tanto, no habló de su derogación. No disipó las dudas sobre el futuro de la norma.
Las reformas que vienen
- Subida de tasas. El Gobierno subirá -el ministro de Justicia no dijo ayer cuánto- las tasas que ya se pagan por recurrir una sentencia. Desde 2003, en algunos procedimientos, quien decide elevar a una instancia superior una sentencia con la que no está de acuerdo paga una tasa de entre 90 y 600 euros; además, desde 2009, para recurrir hay que entregar un depósito de hasta 50 euros que solo se devuelve si el recurso se gana. El Gobierno elevará la cuantía de tasas y depósitos -salvo en el ámbito penal- para frenar el "abuso", el "exceso de litigiosidad actual", dijo Alberto Ruiz-Gallardón (hay unos 130.000 recursos no penales al año y el 80% se pierde, según estimaciones del Consejo General del Poder Judicial). Estarán exentos los ciudadanos con menos renta, como ahora. Las tasas que también se pagan en primera instancia no se tocarán.
- Restricción de la justicia gratuita. Las personas con menos recursos económicos seguirán teniendo derecho a un abogado de oficio, pero los requisitos se endurecerán, exigiendo por ejemplo que esa falta de recursos se acredite mejor, y revisándola en cada fase del procedimiento si este se alarga.
- Ley del Aborto. Ruiz-Gallardón fue muy claro: la Ley del Aborto de 2010 se va a reformar. Pero el único cambio concreto que planteó fue el que afecta a las chicas de 16 y 17 años: tendrán que contar con el permiso de sus padres para interrumpir el embarazo. El resto de la reforma no lo reveló -apeló únicamente a "la doctrina del Tribunal Constitucional"-, aunque todo parece indicar que el Gobierno recuperará en esencia la ley de 1985, eliminando el sistema de plazos que en 2010 convirtió el aborto en un derecho en las primeras 14 semanas de embarazo. El PP tiene recurrido ese aspecto de la ley -y el de las menores- ante el Constitucional. Ruiz-Gallardón no aclaró si esperará o no a conocer la sentencia para poner en marcha la reforma legislativa.
- Cadena permanente revisable. El ministro confirmó lo que ya anunciara el PP en campaña electoral: se reformará el Código Penal para introducir la "cadena permanente revisable" en ciertos delitos. Ruiz-Gallardón subrayó que se aplicará solo a "supuestos muy restrictivos" y a casos "que hayan alcanzado el máximo de reprochabilidad social", pero no detalló cuáles. La cadena perpetua revisable -aunque el ministro insistió en que no es "perpetua" sino "permanente"- existe ya en países como Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda e Italia. Consiste en una pena de prisión perpetua que, pasados unos años -el plazo varía en cada país- es revisada: si el preso tiene pronóstico favorable de reinserción puede acceder a la libertad; si no, sigue en prisión. En la práctica, en esos países difícilmente alguien pasa más de 30 años en la cárcel, algo que sí puede ocurrir en España: la pena máxima para los delitos más graves es de 40 años y existe el cumplimiento íntegro de condena.
- Ley del Menor. Con la Ley del Menor, Ruiz-Gallardón también fue ambiguo: dejó caer que la reformará -"Hay una sensación de que la ley no da respuesta suficiente a muchos problemas que se plantean en nuestra sociedad", afirmó- pero no precisó en qué dirección ni hasta qué punto, aunque se entiende que será endurecida. Sí anunció una modificación legal para que, en los delitos en los que haya adultos y menores implicados, todos sean juzgados a la vez, por la misma sala. Eso no cambiaría los "derechos" de los menores -a ellos se les seguiría aplicando la Ley del Menor- pero sí evitaría que jueces distintos dictaran sentencias muy diferentes sobre el mismo hecho, como ha ocurrido en el caso Marta del Castillo.
- Reincidencia. El ministerio revisará el tratamiento de la multirreincidencia en los casos de robos que ahora no son considerados delito, sino falta, porque no superan los 400 euros. Se promoverá la creación de un registro de faltas, para que la policía de toda España pueda cruzar los datos, y se estudiará que esas faltas pasen a ser delitos en ciertos casos.
- Gobierno de los jueces. Ruiz-Gallardón ratificó lo que ya adelantara el martes Soraya Sáenz de Santamaría: un cambio en Consejo General del Poder Judicial para que sean los propios jueces, y no el Parlamento, quienes elijan a 12 de los 20 vocales.
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26.01.1204. EL MINISTRO DE EXTERIORES NOMBRA ALTO CARGO A UN ‘VIEJO COMPAÑERO’ DE ESTUDIOS CON UN HISTORIAL ‘LLAMATIVO’
Se llama Fernando Eguidazu y es el nuevo Director General de Relaciones Económicas Internacionales de Asuntos Exteriores. No es diplomático, sino técnico comercial del Estado. Y la virtud que más comentan de él en el Ministerio es un rasgo biográfico: su vieja amistad con el ministro, José María García-Margallo de los tiempos en que los dos eran estudiantes. Pero su historial es mucho más notable. Y parece, al menos, chirriar con la política de ‘exigencias éticas’ que el PP asegura que quiere mantener con el nombramiento de altos cargos.
Fernando Eguidazu, colaborador de Losantos y cia., dirigió una Mutua en la que ganaba 240.000 euros más gastos varios y se llevó un millón de euros de una póliza antes de dimitir
Para muchas personas Fernando Eguidazu puede resultar alguien desconocido. No así para los espectadores, oyentes o lectores de los medios de los grupos Libertad Digital, Intereconomía y Telemadrid; en fin, los medios de comunicación de la derecha extrema, en los que este hombre, en su condición de vicepresidente del Círculo de Empresarios
ha aparecido con frecuencia en los últimos meses para compartir sus ideas políticas y económicas. Pero, como apuntamos, según ha sabido ELPLURAL.COM, el historial del nuevo DGREI de Exteriores va más lejos de sus entrevistas y sus intervenciones en tertulias.Compañero de andanzas estudiantiles del Ministro
Eguidazu y el ministro, García-Margallo, se conocieron en su época de estudiantes. Y ahí fraguaron una amistad que, como se ve ahora, ha sobrevivido al paso de los años. El nuevo DGREI de Exteriores, nacido en Bilbao en 1964, hasta ahora había tenido como cargo profesional más relevante el de Gerente de Fraternidad-Muprespa, mutuas de accidentes de trabajo que son las entidades colaboradoras de la Seguridad Social para gestionar las prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Estas mutuas, recordamos, son asociaciones de empresarios, pero lo que hacen es manejar dinero que proviene de las cuotas que pagan empresarios y trabajadores, es decir de la Seguridad Social, por lo que su gestión y el nombramiento de su dirección está ‘controlada’ y supervisada por la Administración. Sus presupuestos, de hecho, se aprueban por el Parlamento dentro del presupuesto de la Seguridad Social.
El dinero de estas mutuas debe, por tanto, dedicarse a cubrir los gastos e indemnizaciones en los casos de enfermedad y accidentes de los afiliados. Para ninguna otra cosa. Sin embargo, algunas mutuas realizaron actividades de inversión con sus fondos que merecieron ‘la atención’ de la Seguridad Social. Entre ellas, desde luego, Fraternidad-Muprespa, la empresa que dirigía Fernando Eguidazu.
La historia de la compra de una consultora y un rancho con olivos
El primer ejemplo de estas ‘inversiones’ que chirrió a la Administración fue la adquisición por parte de MUPRESPA, mediados los años 90, de una empresa consultora en Argentina. Cuando la Seguridad Social supo de esta ‘inversión’, ante la incomprensibilidad de la operación, pidió explicaciones: ¿Qué hacía una mutua española adquiriendo una consultora? ¿Quién ganaba y qué por semejante operación tan inapropiada? Ante la falta de una explicación coherente a ésta y otras dudas, y más allá de posibles sospechas, lo que decidieron los responsables de la Seguridad Social fue ordenar que se deshiciera la compra. Al mismo tiempo, Eguidazu y otros socios habían adquirido un rancho con olivos que podían visitar sin gastos viajando a ver su consultoría. Los viajes se hacían en compañía de otras personas siempre a cargo de la Mutua.
Eguidazu se resistió reiteradamente a deshacer la compra de la consultora argentina, como se le pedía desde la dirección de la Seguridad Social española, asegurando que se trataba de una inversión productiva El desencuentro se prolongó hasta el punto de que la Seguridad Social tuvo que judicializar el asunto. Las sentencias fueron favorables a las órdenes de la S.S., pero Eguidazu se resistió a cumplir con los requerimientos hasta su propio cese al frente de la Mutua, dejando este problema sin resolver. Parece, en cualquier caso, que las dudas sobre el provecho de la inversión que tenían en los organismos de control de la Seguridad Social estaban fundadas, porque les resulta imposible que nadie compre la empresa para recuperar la inversión que se hizo, recordamos, con dinero público.
Viajes a Cuba con familias y gastos a cargo de la Mutua
Otro caso que la Seguridad Social consideró ‘dudoso" en la gestión de Eguidazu fue la supuesta colaboración de Fraternidad-Muprespa con ‘entidades mutualistas’ cubanas. El organismo encargado de supervisar las actividades de las mutuas detectó que cada verano la dirección de Fraternidad-Muprespa organizaba un viaje a la isla caribeña, en el que los directivos acudían acompañados por familiares. En determinados periodos estos viajes llegaron a tener una frecuencia mensual… Casualmente la dirección de la Seguridad Social supo que Eguidazu y alguno de quienes le acompañaban tenían allí también intereses particulares de tipo inmobiliario que podía atender de la misma manera financiando sus viajes y de los acompañantes con cargo a Fraternidad-Muprespa.
Cuando se pidieron explicaciones, la que el equipo de Fernando Eguidazu dio fue que se trataba de compartir con los cubanos los métodos utilizados por su organización. Lo difícil es comprender cómo una mutua, organizada por empresarios y pensada para empresas privadas, puede organizar o impulsar organizaciones similares en Cuba, donde no hay mutuas ni, mucho menos, organizaciones de empresarios privadas, ni casi empresas que no sean del Estado. Desde la dirección de la Seguridad Social se les hizo ver esta contradicción y se pasó a prohibir que se organizaran más viajes de estos, coincidieran o no con periodo vacacional… Viajes, de nuevo hay que recordar, que estaban siendo además pagados con las cuotas de empresarios y trabajadores a través de la Seguridad Social.
240.000 euros…, más gastos
El último dato que hemos conocido en ELPLURAL.COM sobre el nuevo alto cargo de Exteriores es también revelador. Por su gestión, el señor Fernando Eguidazu recibía un sueldo de 240.000 euros, a lo que había que añadir gastos de representación, secretariado y auto con chófer, lo que lleva a que se calculara que sus retribuciones en total se acercaban al medio millón de euros anuales.
Esto, más discrepancias de criterio como las ya expuestas, llevó a que desde la Administración el señor Eguidazu fuera ‘invitado’ a dejar su cargo como gerente de Fraternidad-Muprespa en 2009. Su salida no se realizó sin una nueva sorpresa.
Cese sin indemnización… o más bien no
Para su desagrado, la dirección de la Seguridad Social había comprobado que otros gestores de mutuas se habían ido llevándose considerables indemnizaciones. Se prohibió expresamente a todos estos directivos tener contratos blindados. Se les recordó que por razones éticas no podían dedicar dinero de los cotizantes para estos menesteres éticamente poco justificables. Cuando Fernando Eguidazu aceptó dejar su puesto se le preguntó si él tenía firmada alguna de estas indemnizaciones; dijo que no era así y en la Seguridad Social se le agradeció. Poco después de su salida se comprobó, sin embargo, que el señor Eguidazu había preparado su salida de otra forma.
En realidad había contratado un seguro con Catalana de Occidente en 1998. En concreto una póliza por valor de 165.405.439 pesetas, o lo que es lo mismo, un millón de euros, que ‘casualmente’ había rescatado poco antes de aceptar su salida de la mutua, en mayo de 2009. Las primas de esta póliza las había pagado religiosamente Fraternidad-Muprespa, a razón de 12.500.000 de pesetas, es decir, unos 72.000 euros anuales que, de nuevo hay que recordarlo, es dinero que provenía de las cotizaciones que aportaban empresarios y trabajadores.
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24.01.1205. MORENÉS DA AL CONGRESO DATOS ERRÓNEOS DE SU RELACIÓN CON UN FABRICANTE DE BOMBAS
El Registro constata su vinculación a Instalaza hasta 2011. Defensa insiste en que fue hasta 2007
No es un secreto que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, que ayer se estrenó compareciendo a petición propia en el Congreso, es un hombre con una relación muy próxima a la industria militar. Exsecretario de Estado de Defensa y Seguridad con José María Aznar, en los últimos años ha recalado en firmas como la fabricante mundial de misiles MBDA o Instalaza, el principal fabricante español de bombas de racimo. "No tengo ninguna vinculación ni hipoteca pasada", intentó ayer salir al paso después de que ERC y UPyD pusieran sobre la mesa sus dudas sobre la relación entre el titular de la cartera y la industria de Defensa.
En su réplica al portavoz de ERC en la Comisión, Joan Tardà, Morenés insistió en contradecir los datos que figuran en el Registro Mercantil y aseguró que puso punto y final a su relación con Instalaza hace ya cinco años y no en 2011. "Este ministro que le habla fue consejero de la empresa Instalaza del año 2005 al año 2007, como consta en el Registro Mercantil, abandonando la empresa en el año 2007. Empresa en la que estuve, por cierto, dos años a petición de su presidente sin ningún tipo de remuneración, simplemente para tratar de ayudar a una empresa que estaba a punto de quebrar", respondió.
Pero no es eso precisamente lo registrado en la misma fuente a la que el ministro acudió para citar que su relación con Instalaza terminó en 2007. Según datos del Registro Mercantil, a los que ha tenido acceso Público, Morenés ha estado vinculado a este fabricante de bombas de racimo hasta septiembre de 2011. Tal y como reconoció, fue nombrado consejero en agosto de 2005 y cesó en mayo de 2007. Hasta aquí, la versión cuadra con la facilitada por el ministro. Pero contrariamente a lo que manifestó ayer, su nombre sigue apareciendo relacionado con Instalaza más allá de 2007, no ya como consejero sino como representante de una sociedad: Boguillas SL.
Siempre según el Registro Mercantil, cuando Morenés cesó como consejero, en mayo de 2007, su lugar lo ocupó Boguillas SL. Esta empresa tiene como socio único y administrador único al propio Morenés.
El Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó el 4 de octubre de 2011 el cese de Boguillas SL como consejero de Instalaza y de Morenés como su representante. Fuentes del Ministerio insistieron ayer a este periódico en que cualquier dato que vincule al ministro con Instalaza por sí mismo o como representante de Boguillas SL con fecha posterior a 2007 es "erróneo". O sea, que según Defensa, el Registro Mercantil está mal.
Reclamación millonaria
Tal y como puso Tardà de manifiesto, Instalaza denunció el año pasado al Gobierno reclamando 40 millones de euros en concepto de desagravio por la prohibición del uso, almacenamiento y fabricación de las bombas de racimo en España como consecuencia de la firma del Tratado de Dublín.
Al respecto, Morenés aseguró que se trata de un tema "que lleva los caminos judiciales oportunos". "Les puedo asegurar que este ministro no va a actuar ni en un sentido ni en otro", dijo. Los portavoces no tuvieron opción a réplica
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27.01.1206. GUINDOS APUESTA POR EL CONTRATO ÚNICO EN UNA TRIBUNA EN EL 'WALL STREET JOURNAL'
El ministro de Economía defiende los recortes del Gobierno y el límite de déficit público
Apuesta por simplificar la contratación y critica el actual sistema de negociación salarial
El Consejo de Ministros estudia hoy la reforma laboral y la del sistema financiero
"Actualmente contamos con cerca de 40 diferentes tipos de contrato de trabajo. Hay que simplificar este sistema: un contrato único a tiempo completo con cláusulas comunes para todos los nuevos trabajadores, y otro para fomentar la contratación a tiempo parcial". La reforma del mercado laboral, junto a la del sistema financiero y la reestructuración del sector bancario, será, en opinión del ministro de Economía, Luis de Guindos, decisiva para el futuro de España. Así lo manifiesta en una tribuna que hoy publica The Wall Street Journal, en la que asegura que estas medidas "persiguen un objetivo simple pero fundamental: fomentar la creación de empleo y la productividad con el fin de mejorar la competitividad de las empresas españolas y de la economía en su conjunto".
Guindos, que también critica el actual sistema de negociación salarial, se dirige a los inversores directamente desde la voz de los mercados para recordar que "la consolidación fiscal no es una opción", porque "es un requisito para garantizar la confianza de los inversores y garantizar la sostenibilidad" de las cuentas públicas y la estabilidad macroeconómica del país . "Esta", asegura "es la razón de que la primera decisión adoptada por el nuevo Gobierno Rajoy, fue la adopción de un paquete duro de recortes de gastos y un aumento progresivo en el impuesto del IRPF".
El titular de Economía justifica las medidas como "necesarias para compensar el impacto del inesperado salto en el déficit público en 2011 a 8% con respecto al 6% inicialmente previsto". Y lo hace destacando que, pese a ser impopulares, tuvieron el respaldo del Parlamento sin mencionar que el PP tiene mayoría absoluta.
En el texto, el ministro recuerda que España es unode los países más afectados por la crisis en materia de desempleo y, junto a la puesta en marcha de un contrato único, aboga por lanzar políticas activas de empleo que faciliten la recolocación de empleados en los sectores más productivos.
Estas consideraciones del ministro llegan justo después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntara en un informe que a España le esperan dos años de recesión, con una caída del 1,7% en 2012 y de un 0,3% en 2013; y horas antes d que el Consejo de Ministros estudie hoy tres informes sobre la reforma laboral, sobre la reestructuración del sector financiero y sobre la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria, defendida en la tribuna del Wall Street Journal.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, adelantó el pasado martes que el Gobierno aprobará la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, la reforma laboral y la reestructuración del sistema financiero entre el Consejo de Ministros del 27 de enero y los dos primeros del mes de febrero. En cuanto a la negociación salarial, insiste en que los suelos deberían fijarse en función de la productividad y no en la inflación; así como carga contra los convenios sectoriales. En su opinión, este modelo en el que priman más los acuerdos sectoriales o los autonómicos sobre los estatales y que restan peso a los de empresa, han sido "la principal razón de pérdida de competitividad" que ha sufrido el país en la última década.
Rajoy descartó la posibilidad de que la reforma laboral se apruebe hoy , aunque el Gobierno ya está trabajando en este proyecto, después de que el pasado lunes expirara el plazo dado a los agentes sociales para remitir sus aportaciones al respecto. El jefe del Ejecutivo resaltó además la importancia de sacar adelante estas reformas porque son buena parte de los instrumentos, a su juicio "los más urgentes", para trabajar hacia el gran objetivo que es volver a crecer y crear empleo.
El pasado fin de semana, tanto el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, como su homólogo al frente de Industria, José Manuel Soria, rechazaron a la hora de reformar el mercado laboral la propuesta de la CEOE de poner en marcha un contrato de crisis con 20 días de indemnización. Frente a esta opción, la reforma que prepara el Gobierno prestará atención a otras reclamaciones patronales. Una de ellas es la generalización del contrato de fomento de la contratación indefinida, que contempla una indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado, y no 45 como contempla el contrato ordinario actual.
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07. EL NUEVO DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL TIENE SU PROPIO HISTORIAL ‘DE ANTECEDENTES’
Arsenio Fernández de Mesa, el nuevo director general de la Guardia Civil, tiene un currículo profesional y académico controvertido que ya hemos comentado en ELPLURAL.COM. Pero también su perfil personal presenta algunos puntos que merecen conocerse… En especial dado el cargo que ha pasado a ocupar.
Antiguos alumnos del Instituto Concepción Arenal de El Ferrol, por ejemplo, que coincidieron con él en los años 70, mantienen un recuerdo muy distintivo del actual director de la Guardia Civil. De él y de su grupo de amigos.
Reuniones los lunes en el patio
En el patio exterior del Instituto los lunes, después de las clases, se reunían los cabecillas jóvenes de los grupos ultras. A veces, sin disimulo, vestidos con ropajes –camisas, boinas, correajes…- que dejaban pocas dudas sobre su ideología. El tema de su encuentro: repasar las actividades que habían protagonizado durante el fin de semana y preparar las que protagonizarían durante la semana. Esas actividades, básicamente, consistían en ‘hacer frente’ a los rojos que estaban ya significándose en esos años finales del franquismo y principios de la transición.
Durante los fines de semana ‘patrullaban’ por las discotecas y las zonas de reunión de los jóvenes ferrolanos, retando y enfrentándose a quienes por su apariencia, o porque conocían su ideología, no les gustaban. Un asiduo de estos encuentros, no de los menos significados, era Arsenio Fernández de Mesa, al que todos conocían como "Cuco", un joven que destacaba por sus modos.
El monolito en honor de Franco de Cedeira
En ese mismo tiempo, 1977, el alcalde de Cedeira, un pueblo cercano a El Ferrol, decidió construir un monolito en honor de Franco, el dictador entonces recientemente desaparecido. El edil que tomó la decisión de realizar aquel homenaje, Leopoldo Rubido, tuvo que hacer frente a una fuerte contestación de parte de la población que se mostraba contraria al homenaje.
Temiendo que aquellas protestas se convirtieran en incidentes, y para ‘compensarlas’, el alcalde llamó el día de la inauguración, 15 de mayo, a los jóvenes cachorros franquistas de El Ferrol. En efecto, los demócratas del pueblo durante la inauguración, que protagonizó el exministro de la dictadura Fernández de la Mora , realizaron protestas que acabaron derivando en violentos enfrentamientos que en la zona los protagonistas siguen recordando.
El inicio de una carrera política
Como ya se contó en ELPLURAL.COM, Fernández de Mesa entró a trabajar en el ayuntamiento de El Ferrol como oficial de segunda administrativo. Pero en el trabajo de jardinero que así obtuvo estuvo muy poco. A pesar de que no era ni mucho menos el que más esperanzas levantaba en la familia –hermanos y primos obtenían mucho mejores resultados académicos y profesionales- muy pronto el joven ultra entró en política y encontró apoyo en dos familias de mucha influencia en Galicia, los Suevos y los González Aller.
Los Suevos, una vieja familia de la burguesía ferrolana, tuvieron su personaje más conocido en
Jesús Suevos, amigo personal de José Antonio Primo de Rivera, periodista, que fue presidente del Atlético de Madrid y primer director general de RTVE. Los González Aller son otra familia de enorme arraigo entre la alta burguesía de la zona –uno de ellos, almirante, fue edecán del Rey-, y de gran influencia en el PP gallego.
La ‘guerra del Fletán’
Muy pronto Arsenio Fernández de Mesa se vio impulsado así en las filas populares hasta llegar a diputado en el Congreso. Su primera aparición recordada en la Cámara es de la época de la ‘guerra del fletán’, aquella que estuvo a punto de llevarnos a una guerra de verdad con Canadá por el apresamiento de pesqueros gallegos con la cuota de pesca por medio.
Fernández de Mesa, hombre lanzado, en el Congreso realizó aguerridas peticiones al gobierno de Felipe González de hacer uso de la Armada, y al final del conflicto, tras el acuerdo que se firmó entre la UE y Canadá, mostró su desilusión de manera contundente: "A un gobierno tan débil como éste, que es incapaz ni siquiera de defender lo que le corresponde, caña con él. Nos la están dando desde todos los países".
Entre boinas y birretes
Arsenio Fernández de Mesa hizo sabias elecciones en las sempiternas guerras del PP gallego entre "boinas" –los dirigentes provenientes del mundo rural y más tradicionales – y los "birretes" –los de mayor preparación intelectual, generalmente de las ciudades, que dirigían Rajoy y Núñez Feijoo-, y que resurgieron en el declive de Fraga. Y gracias a su decisión acabó de Delegado del Gobierno en Galicia con Rajoy de ministro de la Presidencia.
En ese puesto le alcanzó el asunto del Prestige. Lo que le permitió tener otro momento de máxima atención mediática y dejar alguna frase para la historia. La más recordada, una que rememora a la de ‘los hilillos’ de su protector, Mariano Rajoy y que, por desgracia, se mostró igual de inexacta: "El destino del fuel en el fondo del mar es convertirse en adoquín".
Y ahora… ¿futuro ministro de Defensa?
No fue adoquín al final. Arsenio Fernández de Mesa, "Cuco" desde la infancia para los amigos, es ahora el Director General de la Guardia Civil, pero dicen que en el PP gallego aún no están contentos. Al parecer, según le explican a ELPLURAL.COM en fuentes políticas de Galicia, lo que querían en la familia González-Aller y otros círculos influyentes del ‘PP gallego’, y con ello estuvieron presionando a Mariano Rajoy, es que el presidente le hubiera nombrado ministro de Defensa. Meta que, al parecer, está aún presente en su afán.
www.elplural.com 20.01.12
08. EL GOBIERNO ABRE LA PUERTA A EXTERNALIZAR LOS INFORMATIVOS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA
El proyecto de reforma de la ley audiovisual retira el párrafo en el que se prohibía explícitamente a los entes "ceder a terceros la producción y edición de los programas
El anteproyecto de reforma de Ley General de Comunicación Audiovisual que prepara el Gobierno no solo permitirá a las comunidades autónomas elegir qué modelo prefieren para gestionar sus televisiones públicas —público, privado o modelo mixto—, sino que, además, abre la puerta a la externalización de los servicios informativos y elimina la obligatoriedad de que la mayoría de la programación de las cadenas de televisión públicas sea de producción propia.
En el texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, se retira el párrafo en el que se prohibía explícitamente a los entes "ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos". También se eliminan los párrafos en los que se obligaba a los entes públicos a impulsar la producción propia "de forma que ésta abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas".
En ambos casos, la Ley Audiovisual se refiere al conjunto de los entes públicos, incluida RTVE, por lo que su eliminación de la norma teóricamente podría afectar también a TVE. El funcionamiento de la cadena pública estatal está regulado, sin embargo, por un conjunto de leyes específicas, entre las que figuran la Ley de Radio y la Televisión de Titularidad Estatal y la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que aseguran su gestión pública y que no han sido modificadas.
El texto elimina la obligatoriedad de que la mayoría de la programación sea de producción propia
Tal y como informó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, el anteproyecto incorpora a la ley un nuevo párrafo en el que se afirma que "las comunidades autónomas determinarán los modos de gestión del servicio público de comunicación audiovisual, que puede consistir, entre otras modalidades, en la gestión directa, en la gestión indirecta o en diferentes instrumentos de colaboración público-privada".
En la exposición de motivos, el Ejecutivo razona que la situación económica y la necesidad de las administraciones públicas de "acometer actuaciones que faciliten la consolidación presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas, aconseja proporcionar a las comunidades autónomas una mayor flexibilidad en la gestión de su servicio público de comunicación audiovisual".
En este sentido, el texto justifica la eliminación de "determinadas limitaciones existentes" en la Ley Audiovisual relacionadas con "la cesión a terceros de las funciones de la producción y edición de determinados programas", así como la introducción de una "mayor flexibilidad" en la naturaleza de los entes públicos que presten el servicio público de comunicación audiovisual.
www.elpais.es 20.01.12
09. EL PODER JUDICIAL APOYA A LA JUEZ CILLÁN TRAS EXPEDIENTARLA
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer una declaración institucional, con la que no estaban de acuerdo algunos de sus vocales tras leer su contenido, en la que censuraban que algunos medios de comunicación, en referencia a EL PAÍS aunque sin citarlo expresamente, atacaban supuestamente a la juez Coro Cillán. La magistrada tiene abierto un expediente por este organismo debido a que ha podido incurrir en una falta muy grave en la gestión de su propio juzgado.
El Poder Judicial investigó la denuncia del abogado de un empresario de discotecas contra la juez, que había decidido el precinto del negocio y había nombrado administrador a un supuesto amigo suyo. Durante los primeros trámites para aclarar lo ocurrido, el Poder Judicial interrogó a los compañeros de Coro Cillán, incluido un fiscal que trabaja en los casos del juzgado, quienes llegaron a manifestar que la juez era víctima en alguna de sus actuaciones de la ingesta de bebidas alcohólicas, lo que le hacía en ocasiones confundir delitos y testigos.
Vocales disconformes
El pleno del CGPJ debatió ayer durante dos horas y media la supuesta filtración del contenido de las investigaciones, publicado por EL PAÍS, y acordó censurar ese hecho. Pero en la redacción final del comunicado, según manifestaron a este periódico vocales disconformes con el contenido del mismo, se optó por afirmar que dichas informaciones "afectan gravemente al derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de la Magistrada Dña. Coro Cillán García de Iturrospe", sin explicar que correspondían a las declaraciones textuales de sus compañeros de juzgado y que el propio Consejo le ha abierto un expediente que puede terminar en la expulsión de la juez de la carrera judicial.
"En consecuencia", terminaba el comunicado, "el Consejo rechaza por vejatorias tales informaciones", formuladas, entre otros, por un fiscal y recogidas por EL PAÍS, "y manifiesta su apoyo a la referida magistrada", a la que ha expedientado por una falta muy grave. La juez Coro Cillán mantiene abierta desde julio de 2009 una causa contra el jefe de los Tedax en el 11-M, Juan Jesús Sánchez Manzano, donde confluyen todas las teorías conspirativas sobre el atentado que ya fueron desechadas por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo.
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27.01.1210. C.A GALICIA: EL ADIÓS DEL CACIQUE BUENO
Heredero de los Centristas de Franqueira, Baltar acumuló su poder tejiendo fidelidades gracias al reparto de empleos públicos
El mediodía del 30 de enero de 2010, el barón del PP gallego, y presidente de este partido y de la Diputación en Ourense, José Luis Baltar Pumar (Esgos, 1940), apretó los labios, levantó los brazos y desató la euforia contenida durante semanas por el escarnio de las traiciones de buena parte de sus alcaldes: saltó como un resorte desde la silla que ocupaba en el tenso congreso provincial para coger en brazos a su hijo. Acababa de legarle, en vida política, a su vástago -el vicepresidente del Parlamento gallego y concejal del municipio familiar de Esgos, José Manuel Baltar Blanco- la presidencia provincial en un congreso tras más de 20 años y varios meses de poder omnímodo atornillado a base de la concesión inaudita de empleos en la institución provincial y de plantearle órdagos a los sucesivos presidentes de la Xunta de su propio partido (primero a Fraga y después a Feijóo) para marcar su territorio político y familiar. El territorio de una de las provincias con menor renta pér cápita de España, carente de tejido empresarial y principal granero de votos del PP gallego.
Atornilló más de 20 años de poder con el apoyo de sus fieles alcaldes
El pasado julio incorporó a su hijo a la Diputación como suplente
La euforia del expresidente provincial no era baladí. Se había fajado largas semanas, precedidas de largos años, en un cuerpo a cuerpo descarnado con parte de sus propios alcaldes que, llegado el momento del cónclave, decidieron alinearse con Feijóo, convencidos de que hasta el baltarismo tendría fecha de caducidad. El "cacique bueno", según propia definición, no pudo con el regidor de Verín, su hasta entonces fiel aliado Juan Manuel Jiménez Morán, a quien Feijóo ganó para su causa -junto con un puñado más- para colocarlo frente al hijo del barón, convencido de que podría arrebatarle la presidencia del partido. Desde entonces, José Luis Baltar se refirió siempre a Jiménez por el apelativo de "el traidor". Pero Baltar se empleó -hasta las lágrimas en sus comparecencias de aquellos días- reivindicando lealtades a los congresistas (no en vano los había empleado a todos ellos o a sus familiares) para su hijo, tirando a la desesperada de nuevas ofertas de empleo en la Diputación y reconociendo, con esa sinceridad a la cara que lo caracteriza, que se saltaba todas las normas internas. "¿Pero qué puede hacer un padre?", justificó su actuación política cargado de razones personales.
El Baltar de enero de 2010 que hacía el paseíllo cargando sobre la adrenalina de su euforia a su retoño por los pasillos del Palacio de Congresos de Expourense era un Baltar en retirada: enfermo, cansado y con un hijo pugnando desde hacía ya años por levantar cabeza en la política.
Se había acabado su ciclo. Con la misión cumplida, a fórceps, de colocar a su hijo le restaba ya solo legarle la otra parte de la herencia: la finca de la Diputación, el verdadero poder, la máquina de empleos que son votos (un millar de trabajadores, a tercera empresa en empleos de la provincia, con cargosen el partido o vinculados a él). Lo hizo ayer, aunque llevaba meses intentándolo. El pasado julio incorporó a su hijo, ya presidente del partido, a la Diputación como suplente. Nadie en el PP duda de que su acceso a la presidencia tardará en llegar lo que tarde en resolverse la maraña burocrática de las dimisiones de un par de diputados. Estaba todo atado.
La historia política de Baltar es la historia del juego de fidelidades e infidelidades que el antiguo maestro de la escuela de Luintra domina a la perfección. Fueron los fieles alcaldes -la mayoría procedentes de la extinta Coalición Galega fundada por Eulogio Franqueira, el ideólogo y promotor de Coren- los que arribaron con él a las filas populares en 1991 procedentes de un partido minoritario, Centritas de Ourense, para asentarse en el PP de Fraga y hacerlo suyo en la provincia para siempre.
A El león de Vilalba, Baltar le lanzo el primer órdago en 2003, tras el Prestige, con el encierro en un piso de la ciudad de As Burgas de los seis diputados autonómicos ourensanos, encabezados por su hijo, dispuestos a poner en jaque la mayoría del presidente si no les entregaba la cabeza del secretario general del partido, Xesús Palmou y rehabilitaba a Xosé Cuíña. Fraga cedió y Baltar reafirmó su poder.
El segundo órdago al PP gallego fue en 2009. Baltar inflamó otra vez la fidelidad de los suyos (alcaldes y concejales) que firmaron una carta de tres folios de descalificaciones contra el trato de Feijóo -con la mayoría parlamentaria pendiente del voto del hijo del barón- hacia Ourense. Le exigían un cambio en su actitud con la provincia y consideración hacia su presidente. La epístola no era sino el anticipo de la guerra a muerte por colocar a su hijo al frente del partido en el congreso que finalmente ganó con una proclama ourensanista que marcaba la distancia con el humillado aparato del PP. Desde que accedió a la presidencia de la Diputación y del PP de Ourense hace 22 años, José Luis Baltar no ha hecho más que acumular poder para legárselo a su vástago.
Su retirada dejará la estructura institucional y política del PP de Ourense en manos del teniente de alcalde de Esgos -tendrá que renunciar al escaño autonómico- que en los últimos tiempos se ha dejado querer por Feijóo en Santiago mientras en la finca provincial deshacía a su antojo las consignas que allí abrazaba. Baltar, el sucesor de Baltar, no ha dejado de proclamar, desde su acceso a la presidencia del partido, su ourensanidad política apelando a la herencia galleguista de la Xeración Nós como signo de identidad propia (lo escenificó emitiendo carnés de afiliación específicos del PP de Ourense). Exactamente como antes había hecho su padre desde aquel partido de Centristas de Ourense desde. El adiós del "cacique bueno" deja al PP provincial en manos de un heredero de menor empatía y con el que los alcaldes no contrajeron la fidelidad derivada de los empleos. Y se va sin haber asumido ningún coste político ni judicial por su desenfrenada política de enchufes, que nunca negó.
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25.01.1211. C.A GALICIA: EL PRECIO DE LAS GUARDERÍAS SUBIRÁ UN 19% PARA EL PRÓXIMO CURSO
Feijóo avala la privatización de los centros para una gestión "más eficiente"
El programa electoral con el que Alberto Núñez Feijóo llegó a la Xunta en 2009 prometía no solo cumplir sino incluso "superar el objetivo que fija la Unión Europea" de ofrecer 33 plazas en guarderías públicas por cada cien niños de hasta tres años. Para alcanzar la ratio que recomienda la normativa comunitaria, faltan 2.200 plazas (que sumar a las 2.100 actuales) en escuelas infantiles. Feijóo añadió ayer letra pequeña a aquella biblia de campaña. Reveló que el decreto aprobado horas antes en el Consello de la Xunta establece una "actualización" que incrementará los precios un 19% de media en los tramos que cobra en función de las rentas familiares.
"El transporte es público y el chófer no es funcionario", dice el presidente
Alega que cada plaza cuesta 500 euros mensuales a la Administración
Según explicó el presidente, ese aumento del pago que deberán afrontar los padres entrará en vigor el próximo curso en los centros que gestiona el Gobierno gallego. La norma faculta, sin embargo, a los ayuntamientos a encarecer los precios de sus guarderías que no están en la red del Consorcio de Servizos Sociais este mismo año con el curso empezado y sin límite alguno siempre que tampoco reciban subvenciones de la Consellería de Benestar para este concepto.
Cuando entre en vigor -previsiblemente a mediados de febrero- será cada alcalde siempre el que fije sin límite el coste del comedor de estos centros, a diferencia de lo que sucede ahora, que se rige por la misma tabla de precios que fijaba el Gobierno gallego. Según explicó Feijóo, el decreto en ese punto se produce tras una reclamación unánime de la dirección de la Federación Galega de Municipios e Provincias, donde hay representantes de PP, PSdeG y Bloque. El presidente alegó que el encarecimiento del 19% que propone para las escuelas de la Galiña Azul que gestiona la Xunta no compensa el 27% de subida del IPC desde 2002, última anualidad en que se actualizó el importe de los centros infantiles. Explicó que "las rentas familiares inferiores a 1.200 euros, que son el 50% de los usuarios", no sufrirán incremento alguno y que se mantienen las bonificaciones del 20% para familias numerosas.
En el mayor de los tramos de salario, las rentas familiares de más de 3.500 euros, el coste por niño sumará 230 euros (incluidos 70 por el comedor). El presidente se esforzó en explicar que los usuarios cubrirán con las futuras tasas el 18% del coste del servicio cuando hasta ahora solo aportaban el 13%.
Feijóo también dio a entender que la privatización de las guarderías no tiene vuelta atrás. Que no hay otro camino para alcanzar las 4.500 plazas de escuelas infantiles (actualmente hay 2.100 y está previsto que este año se pongan en funcionamiento otras 1.000) que entregar su gestión a empresas privadas como las que ya van a hacerse cargo de los centros de Monteporreiro en Pontevedra, Carballo y Betanzos durante las próximas semanas.
El sindicato CIG alertó en las últimos días de que otras 17 escuelas infantiles seguirán el mismo rumbo y el presidente no se esforzó es desmentir al sindicato nacionalista. Muy al contrario, defendió que su Ejecutivo parte de un modelo de gestión indirecta que contemplaba ya la ley que aprobó el bipartito de PSOE y BNG. Y que "los servicios públicos no se miden en función del número de nóminas que paga la Xunta sino de los ciudanos que los usan". De hecho aseguró que mientras guarderías privadas ofrecen plazas a 300 euros en el mercado libre, las públicas cobran 500 euros a la Administración de los que el usuario paga 160 euros como máximo. "Hay que hacer confluir esos precios", defendió, dejando entrever que las condiciones laborales de los trabajadores de esos centros no son una preocupación de la Xunta, siempre que se atengan al convenio del sector.
Comparó ese servicio con "el transporte que también es público por más que los conductores no sean funcionarios" y dijo que su Ejecutivo se reserva el derecho de tutela sobre el funcionamiento de las guarderías: "Han de cumplir los mismos requisitos las concertadas que las públicas". Y añadió por último que las guarderías no tienen siquiera la calificación reglada.
www.elpais.es 20.01.12
12. C.A GALICIA: EL PP RECHAZA QUE FEIJÓO EXPLIQUE LOS RECORTES PARA EVITAR "ALARMISMOS"
El grupo mayoritario veta la comparecencia del presidente en el Parlamento
El PP impuso ayer su mayoría en el Parlamento y vetó la petición de comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, solicitada por los socialistas para explicar la repercusión de las medidas presupuestarias adoptadas por el Gobierno centra y la última remodelación del Gobierno. El portavoz de los populares, Pedro Puy, acusó directamente al PSOE de los recortes y la subida de impuestos aplicados por Rajoy, vinculó la petición, respaldada por el BNG, a la tensión en el seno del Bloque y del Partido Socialista, y rechazó la intervención de Feijóo ante la Cámara para "no jugar al alarmismo".
El titular de la Xunta anuncia nuevos ajustes en los Presupuestos
La petición de un pleno extraordinario, debatida en la diputación permanente, el órgano parlamentario de guardia durante los períodos de inactividad en la Cámara autonómica, permitió a los grupos exponer sus puntos de vista sobre la situación económica y sobre las consecuencias en forma de recortes que tendrán para Galicia las medidas presupuestarias aprobadas por el nuevo Gobierno. El portavoz del grupo socialista, Abel Losada, calificó la situación de "máxima gravedad", en tanto que el del BNG, Carlos Aymerich, acusó a Feijóo de conducir a Galicia con sus recortes a la "regresión". Ambos criticaron al presidente por no "dar la cara" y le reprocharon que prefiera "dar explicaciones en Sevilla que en el pazo do Hórreo".
Pedro Puy centró su discurso en la herencia recibida por el Gobierno de Mariano Rajoy de los socialistas, a los que acusó de ocultar el déficit real con el que se cerró el ejercicio de 2011. Respecto a la crisis del Gobierno gallego, el portavoz del PP apeló a las próximas comparecencias de los conselleiros afectados, que se producirán cuando el Parlamento reanude el período ordinario, pero recordó que supone un ahorro económico y una reducción del 40% respecto al número de conselleiros existentes en la anterior legislatura.
Feijóo, mientras, dio ayer por por hecho que la previsión de crecimiento de Galicia tendrá que revisarse y anunció "decisiones" para "acompasar la capacidad de gasto de la comunidad al momento y al ritmo económico de España", aunque de momento aseguró que no hay "novedades" sobre nuevos recortes.
La previsión de crecimiento en Galicia, al igual que la de "todas" las demás comunidades, "se va a ver afectada" por la previsión de crecimiento que se introduzca en los Presupuestos del Estado, que se presentarán antes de que finalice marzo. Galicia, añadió, seguirá con este "compromiso" de cumplir con los criterios de déficit. "Y los presupuestos van a tener una disminución como consecuencia de la desaceleración", continuó. Feijóo añadió: "Lo que tengamos que decir, lo diremos; y lo que tengamos que hacer, lo haremos".
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25.01.1213. C.A CASTILLA Y LEÓN: LA POLÍTICA DE LOS 13 CARGOS PAGA UN TRATAMIENTO DE BELLEZA CON LA TARJETA DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN
Isabel Carrasco, presidenta del PP de León, es más conocida como la política de los 13 cargos. Sólo como presidenta de la Diputación provincial cobra 79.800 euros brutos al año.
La factura es de 179,82 euros y fue justificada como gastos de protocolo
Isabel Carrasco se gastó 179,82 euros en un tratamiento de belleza el 2 de abril de 2011 pagándolo con la tarjeta de crédito asociada a la cuenta que la Diputación abre a cada partido con representación para que asuma sus gastos de protocolo. Así
lo cuenta este miércoles el digital 20 minutos. El periódico intentó recabar su versión sobre este sorprendente cargo a las arcas pública sin obtener respuesta.12 cargos y uno más
Esta pluriempleada popular saltó a los medios de comunicación por ocupar 13 cargos públicos, (hasta hace bien poco eran 12, pero ha añadido recientemente el de patrona de la Fundación Centro Nacional del Vidrio Real Fábrica de Cristales de La Granja). Es, entre otras cosas, presidenta del PP leonés, presidenta de la Diputación, concejala del Ayuntamiento de León, consejera de Caja España, miembro de Tinsa, de Viproelco -empresa participada por Caja España-, presidenta del Consorcio del Aeropuerto de León, presidenta del Instituto Leonés de Cultura, presidenta de Gersul -consorcio provincial para la gestión de residuos-, miembro de la Asamblea de Caja España, presidenta del Consorcio Provincial de Turismo…
Pidió el kilometraje del ¡coche oficial!
El pasado mes de diciembre fue denunciada por el PSOE ante el Juzgado número 2 de León por supuesta malversación de fondos públicos. Carrasco utilizó el coche oficial y el chófer de la Diputación, un Audi A6, para asistir a los consejos de Caja España y de sus empresas participadas y pidió a la entidad las dietas por kilometraje "al objeto de ingresarlas en su cuenta personal".
¡Y se sube el sueldo!
No es el único exceso de Carrasco. Tras ser reelegida como presidenta de la Diputación tras las pasadas elecciones municipales,
decidió subirse un 13,7% su sueldo. La formación Unión del Pueblo Leonés (UPL) informó por carta al líder del PP de la "escandalosa subida" y de la "provocación" de que en plena crisis Carrasco cobrara casi 80.000 euros anuales.Su concepto de austeridad
Pero esta dirigente popular tiene su propio concepto de austeridad, y es que ya provocó escádalo cuando, tras burlarse de un estudio sobre la reconstrucción del clítoris de mujeres víctimas de la ablación y presentarlo como un despilfarro, trascendió que el informe había costado mucho menos que la redecoración de su despacho en la Diputación.
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25.01.1214. C.A MADRID: UN EXDIRECTIVO DE BANCA SERÁ EL NUEVO CONSEJERO DE TRANSPORTES
Pablo Cavero, sin vinculación con el sector, ha desarrollado toda su carrera en el ámbito privado - El sustituto de Beteta llega a los 33 días de su marcha
El 22 de diciembre Antonio Beteta dejó de ser el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. En plena crisis económica y con una veintena de altos cargos del Gobierno regional ascendidos a la Administración de Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre se dio más de un mes de plazo para nombrar al sucesor del actual secretario de Estado de Administraciones Públicas. El suspense concluyó ayer.
El nuevo consejero de Aguirre es hijo del exministro de UCD Íñigo Cavero
La oposición le pide que aclare los "asuntos turbios" de la gestión de Metro
La presidenta regional tardó 33 días en anunciar al nuevo responsable de una de las carteras con más peso de la Comunidad. Pablo Cavero, exdirectivo de Barclays Bank y sin experiencia reconocida en el sector, es el nuevo consejero de Transportes e Infraestructuras del Gobierno regional. Aguirre propondrá su nombramiento mañana al Consejo de Gobierno, aunque hoy está previsto que se anuncie ya en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). De hecho, Cavero tomará posesión de su cargo hoy a las dos de la tarde en la Real Casa de Correos. Casado y de 43 años, es licenciado en Administración de Empresas y Ciencias Económicas (ICADE) por la Universidad de Comillas, según la información que ha facilitado el Gobierno regional.
Hijo del exministro democristiano y expresidente del Consejo de Estado Íñigo Cavero, y sobrino del presidente no ejecutivo de Barclays, Carlos Martínez Campos, el nuevo consejero ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector privado. No tiene, por tanto, la condición de diputado regional que sí comparte la mayoría de los miembros del Gabinete de Aguirre, y tampoco es alguien conocido en el ámbito de los transportes que ahora le tocará administrar, según fuentes del sector consultadas. Cavero pasará hoy a ser el séptimo consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid desde 2003, cuando Aguirre accedió al Ejecutivo regional.
El nuevo titular del área ocupaba el cargo de director de Planificación Estratégica para Europa Occidental de Barclays Bank, entidad en la que ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad. Era un puesto del que salió hace meses, según fuentes financieras. Antes fue director comercial, director de marketing y miembro del comité de dirección.
En el currículo distribuido por el Gobierno regional se destaca que estudió en la École Supérieure de Sciences Économiques et Commerciales, en París, y que continuó sus estudios de posgrado en las Universidades de Fontainebleu y Chicago. Habla tres idiomas y es gran aficionado a los deportes, entre ellos el golf, como la presidenta. Le gusta la música y la lectura.
La Comunidad de Madrid anunció ayer por la tarde la elección a través de las redes sociales (Twitter y Facebook). Entre otros retos, Beteta deja pendiente a su sucesor la reorganización de Metro de Madrid tras la cesión de las acciones del Ayuntamiento de la capital, y una futura revisión del sistema tarifario.
La elección de Cavero fue recibida con una mezcla de escepticismo y de estupor por la oposición, donde no van a conceder los tradicionales 100 días de gracia al nuevo consejero. "Se han perdido 30 días hasta su nombramiento", señaló el diputado socialista José Manuel Franco, que reclamó la comparecencia de Cavero en sede parlamentaria. "Le vamos a exigir que trate por igual a todos los municipios de la Comunidad de Madrid, independientemente del signo", señaló el diputado, que también le reclamó que "restablezca la participación social en el Consejo de Administración de Metro", de la que desaparecieron la voz de usuarios y sindicatos tras la última remodelación.
Desde el PSM también pedirán al sustituto de Antonio Beteta que aclare "los asuntos turbios" relacionados con los ceses y la investigación de algunos cargos de Metro. "Debería aclararnos si Metro de Madrid va a ser privatizado o no", añadió José Manuel Franco, que ha pedido en sede parlamentaria conocer el coste de la campaña Más por menos de Metro que ha incendiado la Red.
Loreto Ruiz, diputada y portavoz de la Comisión de Transportes por UPyD, entiende que el nuevo consejero "tendrá la difícil tarea de gestionar con menos dinero, con retos como la nueva competencia de Metro, la propia obra del suburbano en Navalcarnero y la obra de la M-203 entre Alcalá y Mejorada del Campo". Más duros se mostraron en IU: "Procede del sector financiero privado, como Luis de Guindos [ministro de Economía] de Lehman Brothers...", observó Gregorio Gordo, coordinador general de la formación de izquierdas.
Precisamente por la mañana la Junta de Portavoces de la Asamblea había abordado la tardanza del Gobierno en anunciar al sucesor de Beteta. "La presidenta se está tomando su tiempo y ante la salida de tantos altos cargos consideramos un orgullo que seamos una gran cantera para el Gobierno de España", replicó el portavoz del grupo popular, Íñigo Henríquez de Luna. Unas horas después, tras más de 30 días de espera, Cavero, un desconocido, salió de las sombras.
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25.01.1215. C.A MADRID: AGUIRRE QUIERE UNA "ISLA" LEGAL PARA EL LAS VEGAS MADRILEÑO
Botella, más prudente, supedita su apoyo al respaldo de Rajoy
La presidenta regional, Esperanza Aguirre (PP), redobló ayer su apuesta por "cambiar todas las normas que haya que cambiar" para poder construir en la región (en Madrid o en Alcorcón) un gran complejo de casinos impulsado por el multimillonario estadounidense Sheldon Adelson. Tras poner como ejemplo las concesiones que permitieron convertir la zona de muelles (docklands) del río Támesis en una isla legislativa en el corazón de Londres, Aguirre bosquejó las que, a su juicio, son sus únicas líneas rojas: "No vamos a vulnerar ni uno solo de nuestros principios y valores".
Aguirre y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), mantuvieron ayer durante una hora su primera reunión oficial para tratar "algunos" de los "muchísimos temas" en los que pueden colaborar. Ambas se esforzaron por demostrar su buena sintonía tras los continuos rifirrafes políticos y personales de la presidenta y el anterior regidor, Alberto Ruiz-Gallardón (PP).
En la rueda de prensa posterior al encuentro, Aguirre destacó en especial su apuesta por el complejo de casinos: "He querido plantear la necesidad de impulsar, entre todas las Administraciones [estatal, regional y municipal], esa gran inversión que va a hacerse en la Comunidad (...) para convertirse en el centro de congresos del sur de Europa".
Las Vegas Sands, esa "gran empresa norteamericana dispuesta a invertir", ha presentado un proyecto que prevé aportar de 15.000 a 18.800 millones de euros desde ya mismo hasta 2022, y que, según sus cálculos, permitiría crear 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos. Su plan es levantar en un decenio 12 resorts (36.000 habitaciones), seis casinos (1.065 mesas y 18.000 máquinas recreativas), nueve teatros, hasta tres campos de golf, un escenario de 15.000 butacas...
Desde el pasado verano, la empresa se ha reunido una decena de veces con representantes del anterior Gobierno central (PSOE), la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital (regido entonces por Gallardón). Frente al empuje decidido de Aguirre y del entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, Gallardón optó por un prudente segundo plano. Esa postura ha adoptado también Botella, que supeditó su respaldo al "acuerdo político de las tres Administraciones". Es decir, al apoyo de Rajoy. Eso sí, añadió: "Pensar en esos 200.000 puestos de trabajo sin duda debe invitar a todos a movernos".
Y es que el plan estadounidense precisa de una serie de cambios normativos, inversiones públicas y ventajas fiscales extraordinarias. Aguirre admitió ayer: "Requiere de modificaciones legislativas que las tres Administraciones tenemos que hacer y que queremos impulsar con el nuevo Gobierno para que se pueda materializar cuanto antes". Los contactos con el Ejecutivo central, dijo, "no se han retomado hasta hace muy poco", ahora con el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz (PP). Aguirre trazó un paralelismo entre el proyecto y el proceso de revitalización de los muelles del Támesis, que se convirtieron en "una isla que no estaba sometida al planteamiento" del resto de la ciudad. "No quiere decir que eso vaya a ocurrir, pero daremos facilidades para que digan dónde tiene que haber una avenida, y vamos a cambiar toda la normativa que haya que cambiar", añadió.
Aguirre detalló también sus líneas rojas: "No vamos a vulnerar ni uno solo de nuestros principios y valores: respeto a la ley, garantía del cumplimiento de contratos, y no vulnerar el respeto a las personas y los principios constitucionales de igualdad, justicia y pluralismo político".
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24.01.1216. C.A MADRID: EL SUPREMO RECHAZA LA PRIVATIZACIÓN DE UN COLEGIO DE EL ÁLAMO
El colegio Miguel Ángel Blanco, en el municipio madrileño de El Álamo, acumula ya tres sentencias judiciales en contra de su privatización. El último en pronunciarse ha sido el Tribunal Supremo. No admite el recurso que presentó la Consejería de Educación contra un fallo previo en el que Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró nulo el decreto que había permitido la privatización del colegio público. La sentencia del Supremo, fechada el pasado 1 de diciembre, acaba de ser notificada.
Educación sacó este centro de la red de colegios públicos en 2008 para convertirlo en un concertado. El Álamo (7.265 habitantes) no disponía de ningún colegio público. Con su decisión, sentó un precedente. No solo cedía suelo municipal, sino que parte de la construcción fue financiada con dos millones de euros de fondos públicos. La consejería aprobó la cesión a una empresa a pesar de que había más de 60 alumnos matriculados en el colegio Miguel Ángel Blanco. Lo justificó por la mala situación económica del Ayuntamiento, con una deuda de 18 millones, que no podría hacer frente a los costes de un centro público. CC OO y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos recurrieron la decisión en 2009 y lo volvieron a hacer tras el cambio de decreto.
Nuevo decreto
Tanto la FAPA como el sindicato reclaman ahora que se ejecute la sentencia del Supremo, que el centro vuelva a la red pública y "se depuren las correspondientes responsabilidades políticas por una actuación que ha sido reiteradamente condenada por los tribunales de justifica", según un comunicado de CC OO. No es la intención de la Comunidad de Madrid, que quiere mantener el centro como está.
La consejería ha indicado que tramitará un nuevo decreto para "subsanar" el trámite de solicitar el informe "no vinculante" al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, según declaraciones recogidas por la agencia Efe. Educación estima que las sentencias solo aluden a un "defecto de forma" porque no se reclamó ese informe. Ya con los fallos anteriores, consideraron que el fallo no tenía "ningún efecto práctico desde el punto de vista educativo, de escolarización o de ordenación de centros".
www.elpais.es 20.01.12
17. C.A MADRID: LOS MÉDICOS ALERTAN DE LA PÉRDIDA DE 1.500 PUESTOS POR LOS RECORTES DE AGUIRRE
El colegio oficial y el sindicato auguran una "masificación" del sistema sanitario
Los médicos madrileños calculan que los recortes que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid en el sector público tendrán como consecuencia la pérdida de 1.500 puestos de trabajo entre los facultativos. No se trata de despidos, precisan, sino de contratos eventuales que desaparecerán cuando se aplique la ampliación de la jornada semanal de 35 a 37,5 horas, afirmó ayer Julián Ezquerra, secretario general del sindicato médico Amyts. Su organización y el Colegio Oficial de Médicos de Madrid presentaron un manifiesto conjunto en el que alertaron de que la aplicación de las medidas de ajuste tendrán como consecuencia "la masificación de la asistencia sanitaria y la consiguiente merma de la calidad asistencial".
"Entendemos que estamos en una situación difícil, pero lo último que hay que recortar es el personal sanitario, el que hace actividad asistencial", señaló Ezquerra. La ampliación de jornada "no ha tenido en cuenta que el personal facultativo desarrolla, desde hace años, jornadas superiores a las 48 semanales, entre 50 y 60 en el caso de los residentes", asegura el comunicado.
La Consejería de Sanidad ha convocado para esta tarde la mesa sectorial en la que negociará con los sindicatos la aplicación de las medidas de la Ley de Acompañamiento que afectan al personal sanitario y que hace un mes que se aprobó. Sin embargo, los médicos dejaron claro ayer que quieren una negociación exclusiva de los facultativos con Sanidad. Se desvinculan, por tanto, de la marea blanca, la protesta de los trabajadores sanitarios en contra de los recortes que está convocando concentraciones todos los jueves y una manifestación el 7 de febrero. "Los médicos debemos tener un órgano especial. Existe una diferencia clarísima entre los médicos y todos los demás trabajadores", afirmó Ezquerra.
"La situación de enfermedad de un médico en ningún caso puede considerarse absentismo", añade el documento sobre la decisión de la Comunidad de penalizar las bajas restando parte del sueldo. "La aplicación generalizada del castigo, en lugar de perseguir a quien realmente sea defraudador, con lo que estamos de acuerdo, representa un agravio", aseguran los médicos, que alertan de que un facultativo que vaya a trabajar con gripe "puede representar un riesgo para sus pacientes".
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25.01.1218. C. VALENCIANA: EL JURADO ABSUELVE A CAMPS Y COSTA
Un tribunal popular dividido falla que no se puede probar el cohecho impropio - El expresidente y el ex 'número dos' del PP valenciano, inocentes por cinco votos a cuatro - La decisión no tuvo en cuenta la autoinculpación de Víctor Campos y Rafael Betoret
El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, del PP, fue absuelto ayer por un jurado, con cinco votos a favor y cuatro en contra, del delito de cohecho pasivo impropio del que estaba acusado desde hacía tres años por haber aceptado trajes y otras prendas de vestir de la trama corrupta Gürtel. También fue absuelto el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, por la misma mayoría.
La relación entre Camps y El Bigotes era solo "comercial", según el tribunal
El veredicto asegura que el sastre Tomás incurrió en contradicciones
El anuncio provocó un estallido de alegría de los fieles de los acusados en la sala, que fueron desalojados por orden del juez. La alegría de los campistas se mezcló con los cánticos críticos que llegaban de la calle, donde coincidía una concentración de apoyo al juez Baltasar Garzón, juzgado estos días, entre otros procesos, por autorizar la intervención de las comunicaciones de los cabecillas de Gürtel en la cárcel.
El jurado motivó la absolución de Camps sobre la base de buena parte de los argumentos que ha utilizado la defensa del expresidente durante todo el juicio. La primera de ellas, las contradicciones en las declaraciones hechas antes y durante el juicio por el sastre José Tomás, testigo de cargo de la acusación; las dudas de Isabel Jordán, exempleada de la trama, imputada en el caso Gürtel, a la que en una grabación aportada a la causa se le oía decir: "He pagado 30.000 euros de trajes para Camps", pero que en el juicio matizó que no sabía exactamente qué había pagado su empresa y que en la conversación grabada señaló al expresidente debido, dijo, a la presión que vivía en aquellos días; y la declaración de los funcionarios de la Generalitat que afirmaron que Camps, como jefe del Gobierno valenciano, "no tenía influencia alguna en materia de contratación", según leyó el portavoz del jurado.
Las motivaciones del jurado incluyeron algunas afirmaciones llamativas. Señaló, por ejemplo, que la relación entre Álvaro Pérez, El Bigotes, y Camps (que le llamaba "amiguito del alma") había sido meramente "comercial".
La mayoría del jurado que estableció la absolución de los acusados destacó igualmente la falta de concreción de los peritos que declararon en la sala, que en varios casos afirmaron no poder reconstruir inequívocamente el itinerario completo de las prendas desde su encargo hasta la recepción por parte de Camps y Costa. En su veredicto también recordaron que la encargada de la empresa de transportes que trasladó cajas con varios kilos de ropa desde las tiendas de Milano y Forever Young a casa o a la oficina de El Bigotes, no pudo decir, en cambio, qué contenían los fardos ni a quién iba destinado su contenido.
Respecto a algunos de los documentos incriminatorios, como la lista manuscrita elaborada en una de las tiendas (en las que figuran los acusados junto a prendas y precios), o las incautadas a la trama con anotaciones similares, el jurado consideró que carecían de valor mercantil y no le atribuyeron "ninguna credibilidad".
Los cinco jurados que declararon a Camps y Costa inocentes (es el mínimo que exige la ley, mientras que la condena requiere siete votos) no tuvieron en cuenta que dos de los imputados en su día en la causa, el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el exjefe de gabinete en Turismo Rafael Betoret, fueron condenados tras aceptar que cometieron el delito. Ni que el propio abogado de Camps, Javier Boix, llegara a presentar en el tribunal un escrito de conformidad con las acusaciones en la semana de julio de 2011 en la que el expresidente acabó dimitiendo.
Tampoco les convenció la declaración de cinco empleados de las tiendas de las que salieron las prendas, aparte del sastre José Tomás, que declararon que, sin lugar a dudas, se hacían prendas para Camps y Costa y que las pagaba el lugarteniente de la trama, Pablo Crespo, junto a las suyas propias, las de Álvaro Pérez y las del expresidente de Radio Televisió Valenciana Pedro García.
El jurado sí que dio peso, y así argumentó otra de sus respuestas al cuestionario entregado por el juez, a la declaración del escolta de Camps, que afirmó haberle prestado unos 200 euros para que el expresidente comprara una chaqueta que estaba rebajada. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni la acusación popular le acusaban, sin embargo, de haber aceptado como regalo dicha prenda. El llamado caso de los trajes llega de este modo a su fin tres años después de ser destapado por el juez Garzón. El veredicto, que el magistrado convertirá en sentencia en los próximos días, puede ser recurrido ante ese Tribunal y ante el Supremo.
Los argumentos de la mitad más uno del jurado
- La mitad más uno de los miembros del jurado (justo los necesarios para sacar adelante la absolución) justificaron su decisión de considerar "no culpable" a Camps en dos testimonios menores que se oyeron durante el juicio, unas supuestas contradicciones de José Tomás sobre quién vendió realmente los trajes, y una interpretación peculiar de un informe pericial. Estos son los argumentos principales de los cinco miembros del jurado:
- Directiva de Madrid. Esta directiva de la red Gürtel gestionaba las empresas de Madrid que montaban los actos para la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y que, según la investigación, pagaba comisiones al entonces consejero de Transportes, Alberto López Viejo, imputado en la causa. Jordán vio un día que en sus cuentas aparecía un apunte de 30.000 euros gastados en la tienda de ropa Milano y al preguntar a un colaborador, este le comentó que correspondía a trajes que le regalaban a Camps. En el juicio de Valencia, Isabel Jordán declaró que desconocía si se le pagó algún traje al expresidente valenciano. El jurado se aferró a este testimonio para declarar que no había quedado probado que Camps recibiera trajes de la red Gürtel.
- Escolta sí, empleados de la tienda no. Aunque ninguno de los empleados de la tienda donde se vistió Camps declaró que el expresidente se hubiera pagado los trajes, sino todo lo contrario, los cinco miembros del jurado dieron especial relevancia en su veredicto a la declaración de un escolta del expresidente que un día le prestó dinero que le faltaba para comprar una prenda.
- Las contradicciones de José Tomás. La parte del jurado mayoritaria que absolvió a Camps consideró que las distintas declaraciones de José Tomás, el jefe de ventas de la tienda Forever Young que tomaba medidas a los cargos del PP y encargaba sus prendas, estaban repletas de contradicciones y, por tanto, no servían como elemento de prueba. Tomás ha mantenido en todo momento que Camps no pagó.
- El informe reinterpretado. Un informe pericial elaborado por interventores del Estado hacía un seguimiento de las prendas de vestir que supuestamente llegaron a Francisco Camps y de cómo las cobró la tienda de ropa. Ese informe delimitaba con claridad cómo, al menos en cuatro prendas, se podía hacer el seguimiento desde que se encargaba el traje hasta que se entregaba y cómo se liquidaba la deuda a través de distintos cheques pagados por empresas de la trama corrupta. Sin embargo, cinco miembros del jurado entendieron que ese mismo informe de la Intervención General del Estado no acreditaba documentalmente que las prendas atribuidas al expresidente valenciano hubieran sido pagadas con cargo a distintas empresas de la trama corrupta.
- "Relación meramente comercial". Los miembros del jurado que encontraron inocente a Francisco Camps no dieron relevancia alguna a las grabaciones por orden judicial donde el expresidente valenciano y el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa mantenían unas conversaciones de supuesta amistad íntima con Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de Orange Market, la firma valenciana de la red Gürtel. Los miembros del jurado que han absuelto a Camps consideran en su veredicto que la relación de Álvaro Pérez con Camps y con Costa, al que le llegó a buscar una lata de caviar para una cena de Navidad, era meramente comercial y que ninguno de los dos altos cargos del PP valenciano "recibieron regalo alguno en consideración a su cargo".
- Funcionarios como excusa. También alude el veredicto a que los funcionarios de la Comunidad Valenciana que trabajan en los departamentos que contrataron a Orange Market declararon que el expresidente Camps no les había presionado para que adjudicaran servicios a la red Gürtel. Algunos de esos departamentos adjudicaron a dedo contratos a Orange Market un mes después de constituirse y sin que acreditara ninguna experiencia.
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26.01.1219. C. VALENCIANA: EL JUEZ IDENTIFICA A OTRA FUENTE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO
La policía localiza a los empresarios que Gürtel llamaba Príncipe y Cantante
La investigación sobre la financiación ilegal del PP se encontraba en punto muerto desde el pasado mes de julio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana asumió el caso y se declaró competente para instruir el caso. Sin embargo, el juez que instruye la causa, Francisco José Ceres, está ahondando en las pesquisas después de recibir el informe que requirió a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía y que identifica a El Cantante y El Príncipe, dos personajes que aparecían en los apuntes contables de la trama y que, supuestamente, habrían efectuado "pagos opacos por cuenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a Orange Market".
La novena empresa involucrada también es adjudicataria de la Generalitat
Su identificación elevaría a nueve, según la policía, el número de empresarios incluidos en la causa y sobre los que también pesa la acusación de pagar facturas a la trama Gürtel por trabajos efectuados realmente para el PP valenciano en el marco de las campañas electorales de 2007 (autonómicas, en las que salió elegido presidente Francisco Camps) y 2008 (nacionales, en las que perdió Mariano Rajoy). Todos los empresarios implicados pertenecen al sector de la construcción, que salía en aquellos años de la era del boom del ladrillo, que fue especialmente intenso en la Comunidad Valenciana por la permisiva legislación en la materia.
En su informe, la policía sostiene que El Cantante, que "presuntamente abonó a Orange 199.520 euros" es Rafael Martínez Berna que, tal como indican, ha ocupado distintos puestos directivos del grupo Vallalba. Este conglomerado empresarial ya figuraba en el listado de empresas que habrían aportado, indirectamente, financiación al PP, por lo que Martínez Berna ya figura en la causa como imputado. El empresario presidió hasta hace unos meses la patronal de Alicante. Su dimisión fue atribuida por distintas fuentes a su implicación en el caso de corrupción.
En cuanto a El Príncipe, el escrito de la Udef sostiene que se corresponde con una persona que ostenta un cargo directivo en la sociedad Cyes y "cuyo nombre de pila coincidiría con el del sucesor de la corona española". Según la investigación, este habría abonado 200.000 euros a la misma sociedad de la trama, Orange Market, después de que esta realizara diversos trabajos durante dos de las campañas electorales, la autonómica de 2007 y la de las generales de 2008. En cualquier caso, el juez ha solicitado a la policía que "investigue la persona a quien concretamente pudiera referirse" en su informe, con el fin de comunicarle la causa judicial en la que está involucrado.
El informe que realizó Hacienda sobre el caso de financiación ilegal del PP valenciano se basó en la documentación intervenida en los registros efectuados en las sedes de las empresas corruptas de Gürtel.
Según este informe, por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una cuenta que la trama llamaba "Barcelona".
Otros 872.208 euros de los ingresos que ese año registró Orange Market se contabilizaron en otra cuenta que llamó "Alicante" y que sí fue declarada al fisco. Y es que Orange Market, la empresa cabecera del PP de Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, tenía una doble contabilidad. Al PP le cobraba muchas veces en B y otras en A, según Hacienda, que sostiene que la empresa de El Bigotes recibió en 2007, también en dinero negro, de El Príncipe y El Cantante.
En la causa por financiación ilegal ya estaban imputados los gestores del grupo Enrique Ortiz (implicado también en el caso Brugal), Sedesa (propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), Lubasa, Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste y Constructora Hormigones Martínez. Todas ellas adjudicatarias de contratos millonarios de obra pública por parte del Gobierno autonómico que presidía Francisco Camps. En la página web de Cyes, la última empresa incluida en la causa, la constructora destaca las obras realizadas tanto para la Generalitat como para el Ayuntamiento de Valencia.
Junto a los empresarios figuran imputados en la causa la cúpula del PP que presidía Camps (incluido Ricardo Costa), así como varios miembros destacados de su Gobierno.
www.elpais.es 20.01.12
20. C. VALENCIANA: DECENAS DE MILES DE PERSONAS SALEN A LA CALLE CONTRA EL TIJERETAZO
La manifestación pasa por la casa de Camps al grito de "culpable y corrupto"
Muchas batas de médicos, enfermeras, celadores, fisioterapeutas; muchas pancartas de institutos; muchos profesores; muchos administrativos, muchos funcionarios e interinos, trabajadores de la función pública. Decenas de miles de personas (190.000, según los organizadores) salieron ayer a las calles de Valencia, Alicante y Castellón convocados por los sindicatos para protestar por los recortes sociales aplicados por el Gobierno de Alberto Fabra. Para marchar juntos en contra del tijeretazo. A él aludían las pancartas que sobrevolaban las cabezas o los adhesivos que se pagaban en las chaquetas y que adquirían las formas de unas grandes tijeras.
Como las que recortarán en 400 euros al mes el sueldo de un grupo de enfermeras del Hospital Rector Peset de Valencia, que portaban el cartel: "Los recortes en la sanidad matan". O las que segarán 1.200 euros del salario mensual de Javier, un médico con más de 30 años de experiencia.
La manifestación más numerosa fue la de Valencia, cuya cola tardó más de hora y media en salir de la plaza de San Agustín, provocando un gran colapso de tráfico en la ciudad. Fue tan o más masiva que la manifestación del pasado sábado contra los recortes en la educación. "Un poble ignorant és fàcil d'enganyar", rezaba una pancarta que recibía en el Instituto de Lluís Vives a los miles de personas que se incorporaban a la marcha que se dividió en dos itinerarios. El primero pasó por delante de la casa de Francisco Camps "al grito de culpable y corrupto".La segunda parte discurrió también por el centro, pero por la calle de San Vicente de Valencia. Ambas finalizaron frente el Palau de la Generalitat, en la plaza de la Virgen, y estaban encabezadas por una gran pancarta con el lema No a los recortes de los servicios públicos. Sí a la depuración de responsabilidades en el Consell. La portaban los responsables de los principales sindicatos UGT, CC OO, Intersindical Valenciana, CSIF y CEMSATSE y el cordón de seguridad de los propios convocantes estaba formado por policías locales sin uniformes que también se manifestaban. La organización estimó en torno a las 100.000 personas la asistencia a la marcha de Valencia.
La situación no estaría tan mal si los chorizos devolvieran el pan, rezaba una pancarta, en cuyo reverso se leía Barbaritat Valenciana como el logo de la Generalitat. Sense innovació no hi ha solució, decía otra que llevaban investigadores y técnicos de los 14 institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana a los que el Consell "adeuda 57 millones".
Varios fisioterapeutas incidían en los efectos de los recortes en los ciudadanos al reducirse guardias, médicos de urgencia y distintos servicios, y no tanto en el 10% o 15% que dejarán de cobrar. Además, "¿por qué en la época de vacas gordas apenas nos subieron los sueldos y en las vacas flacas nos los bajan tanto?", se preguntaba una.
Los trabajadores de RTVV protestaban por el ERE previsto y por "la pésima gestión" al ritmo de la canción A guanyar diners, a on estan, a on estan, que popularizó Monleón, con paella rusa incluida cuyos ingredientes eran los rostros de Camps, El Bigotes, Pedro García o Correa.
La periodista de Canal 9 Xelo Miralles leyó el manifiesto final que criticaba "el paquete de recortes que supone una gran agresión a los servicios públicos". "Nos han quitado 10.000 millones de la forma más fácil, recortando salarios y personal. Que se depuren todos los cargos culpables de estos actos", dijo. Entre los manifestantes se vieron numerosos políticos de izquierda como el líder de los socialistas Jorge Alarte, el de Compromís, Enric Morera, o el diputado de Esquerra Unida, Ignacio Blanco.
No hay pan para tanto chorizo y Camps cochino trabaja de interino fueron algunas de las consignas más coreadas en la multitudinaria manifestación de Alicante. "Estamos hasta las narices, no puede ser que tanto despilfarro de estos años ahora lo paguemos los funcionarios y los trabajadores", comentaban un grupo de enfermeras que esperaban sumarse a la protesta.
Y es que si el sábado en defensa de la Educación hubo gente (40.000), anoche hubo incluso un poco más. Durante una hora y media estuvo saliendo gente desde las escaleras del IES Jorge Juan. La Policía Nacional cifró en 40.000 el número de asistentes, y los sindicatos en 60.000.
Muchos colectivos, cansados de esperar para poder iniciar la marcha, se iban incorporando por el carril izquierdo. Desfilaron miles de alumnos y profesores, pero también se vieron a profesionales sanitarios y mucha gente a título personal que decía "estamos hartos, esto no puede ser".
Más de 10.000 personas según la Policía Local (30.000, según la organización) colapsaron el centro de Castellón en la manifestación contra los recortes del Consell. La protesta, a la que asistieron profesores y alumnado de varios colegios e institutos de la provincia y profesionales sanitarios, entre otros colectivos, partió a las seis y media de la tarde desde la plaza de la Diputación y una hora después aún no había podido salir la cola. También hubo críticas para el aeropuerto de Castellón, lanzándose aviones de papel durante toda la marcha. Los tijeretazos y los impagos llevaron a miles de personas a salir a la calle.
"Estoy en un centro de secundaria, soy profesora de idiomas y, aunque se nos ha retribuido el segundo cuatrimestre, si seguimos así acabaremos en números rojos", explicó Teresa, quien destacó que en su centro llevan meses sin cubrir las bajas.
También salieron a la calle los profesionales sanitarios. Una celadora del hospital Provincial denunció que no se cubren las bajas y que en su departamento falta una decena de gente. "Me parece una vergüenza el decreto cuando han sido ellos quienes se han gastado el dinero", dijo. María Teresa, veterinaria de la inspección pecuaria de Sant Mateu, destacó que a todo el personal interino "se le ha reducido de 40 a 25 horas" la jornada. "Nosotros vigilamos las explotaciones y velamos por la sanidad alimentaria, esto es un riesgo para todos", añadió.
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27.01.1221. EL CONSELL DEBE A LOS PROVEEDORES 2.500 MILLONES DE EUROS
Ciscar afirma que en dos meses la Administración se pondrá al día
Los impagos de los proveedores se han acumulado de tal modo que la cantidad que debe la Generalitat ronda ya los 2.500 millones de euros. La cantidad la confirmó ayer el vicepresidente del Consell, José Ciscar, que afirmó que el Consell espera ponerse al día en un plazo de dos meses. Ciscar, en una entrevista en Ràdio 9, aclaró que esta cifra de 2.500 millones no incluye otros compromisos de la Generalitat con otras Administraciones.
"No podemos hacer la pelota cada vez más grande", dice el jefe del Consell
Ciscar explicó que las deudas se abonarán según las prioridades fijadas por el propio Consell. "No cobra antes quien hace más ruido", aseguró el vicepresidente en referencia al cierre que protagonizaron los farmacéuticos el pasado mes de diciembre. "Algunos que no se han hecho notar han cobrado antes", sentenció.
"Lo próximo será la liquidación de los gastos de funcionamiento de los centros de enseñanza, públicos y concertados; los libreros; las universidades y los farmacéuticos", explicó Ciscar.
El presidente de la Generalitat anunció el pasado miércoles que la transferencia de 420 millones que adelantará el Gobierno este mes, con cargo a la liquidación del año anterior, se destinará a pagar a los proveedores. "Una de las máximas obsesiones que tengo es pagar a los proveedores", insistió.
Sin embargo, el adelanto de 420 millones del Gobierno se revela insuficiente para hacer frente a una deuda de tal magnitud. Tanto que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se reunió en Madrid con el ministro de Economía, Luis de Guindos, el miércoles por la tarde, tras acabar el pleno de las Cortes Valencianas en el que se aprobó el tijeretazo que rebaja el salario a los empleados públicos y sube el precio de la gasolina y la presión fiscal.
En la reunión, supuestamente, Alberto Fabra reclamó al ministro una solución para refinanciar los créditos que le vencen al Consell este año y que ascienden a cerca de 5.000 millones de euros."Una de las máximas obsesiones que tengo es pagar a los proveedores", aseguró ayer el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, durante su visita al pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. "Tenemos un nivel de ingresos equivalente al que teníamos en 2004, sin embargo los gastos son de 2011 y durante todo ese tiempo hemos visto cómo un millón de personas vienen a vivir a la Comunidad Valenciana", argumentó el jefe del Consell ante una representación de políticos y empresarios.
"Tenemos que hacer que se incremente el capítulo de ingresos y reducir los gastos. No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades", indicó. "Las Administraciones tardaron en reaccionar a la crisis", remató, "y lo que no podemos es hacer la pelota cada vez más grande".
Fabra se reunió el miércoles por la tarde en Madrid con el ministro de Economía, Luis de Guindos, con quien abordó la necesidad de que el Gobierno fije cuanto antes un mecanismo que permita a la Generalitat poder renovar los créditos a los que tendrá que hacer frente este año. Unos préstamos que rondan los 5.000 millones de euros, y en los que se incluye la mayor parte de la emisión de bonos patrióticos suscrita el pasado mes de diciembre.
Fuentes de la Generalitat explicaron que Fabra mantiene un estrecho contacto no solo con Guindos, sino con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y con el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dada la situación financiera de la Administración valenciana. Fabra se lamentó ayer de que el Gobierno socialista no hubiese transferido a la Generalitat los 633 millones del fondo de competitividad. Dificultad que sumó al hecho de detraer otros 1.000 millones "que hubo que pagar a los bancos y restarlo al pago de proveedores". "El sistema financiero ha cambiado, en estos momentos los bancos te dicen que pagues los vencimientos", dijo Fabra, que añadió: "Estamos hablando con el ministerio para que los fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) sirvan también para pagar a proveedores y no para otra cosa".
El consejero de Hacienda, José Manuel Vela, tiene previsto entrevistarse el próximo lunes con el ministro Montoro, para concretar cómo se pondrán en marcha los créditos del ICO.
www.elpais.es 20.01.12
22. C. VALENCIANA: FABRA, AL BANQUILLO CON UNA FIANZA RÉCORD PARA UN POLÍTICO
El juez abre juicio oral al expresidente de Castellón, que debe depositar 4,2 millones de euros
El político popular tiene de plazo hasta el lunes para pagar o se le embargarán los bienes
Según el juez, Fabra defraudó a Hacienda cerca de 694.000 euros
El expresidente de la Diputación de Castellón y aún líder del PP provincial, Carlos Fabra, se sentará en el banquillo, acusado de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales. Así lo ha decidido el titular del Juzgado número 1 de Nules quien, en un auto, ha decretado la apertura de juicio oral contra Fabra, a quien ha impuesto una fianza de 4,2 millones. La fianza, en este caso, no es una medida para eludir la prisión, tal como ocurrió con el expresidente balear Jaume Matas. El juez la ha decretado como fórmula para que existan garantías de que el acusado, en el caso de que sea condenado, hará frente a su responsabilidad civil por el fraude y las multas que conllevan los otros delitos.
Según los peritos de Hacienda, el entonces matrimonio Fabra defraudó 1,2 millones.En el auto, el juez dio al dirigente del PP un plazo de un día, que con el fin de semana en medio se cumple este lunes. Si no deposita el dinero, se procederá al embargo de sus bienes.
La fianza, en este caso, no es una medida para eludir la prisión
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 13 años de prisión para Carlos Fabra, dos por cada uno de los cuatro fraudes, cuatro por el cohecho y uno por el tráfico de influencias. Por su parte, la acusación eleva su petición de prisión hasta los 20 años.
En su auto de apertura de juicio oral, con el que se remitirá el caso a la Audiencia Provincial, donde ha de ser juzgado, el juez incluye a la exesposa de Fabra, María Amparo Fernández; al empresario que acusó a ambos, Vicente Vilar, y a la exesposa de este, Monserrat Vives. A la primera le exige una fianza de 1,7 millones y a Vilar y a Vives, 800.000.
"No me van a poder juzgar de nada", dijo Carlos Fabra en diciembre de 2010, después de que el líder nacional del PP, Mariano Rajoy, se refiriera a él como "ciudadano y político ejemplar".
Con la remisión del caso Fabra a la Audiencia de Castellón, el procedimiento pasará por el trámite del reparto y, posteriormente recaerá en una sección, que será en la que se celebre el juicio y la responsable de señalar el día en el que comenzará la vista. Según las previsiones, podría celebrarse en el segundo semestre de este año.
Parece probable que se nombre un tribunal mixto, con jueces de distintas secciones. Esto se debe a que los magistrados de la sección segunda han sido los encargados de resolver los recursos que han llegado a este tribunal durante los más de ocho años que ha durado la instrucción. Por ello están "contaminados" y no pueden juzgar el caso. Por un error de reparto, según se dijo, uno de los recursos recayó en la sección primera, que preside el también presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, por lo que tampoco los tres magistrados que participaron en la resolución de este recurso podrán formar parte del tribunal de magistrados. Un segundo recurso llegó a esta sección pero no llegó a resolverse. Aún así, es posible que los jueces que lo admitieron también sean rechazados. De esta manera, en las secciones primera y segunda no quedan jueces suficientes para formar el tribunal.
El pasado 1 de diciembre, el Tribunal Supremo ordenó que Fabra fuera juzgado por todos los delitos fiscales que se le imputaban y no solo por uno, revocando así una decisión de la Audiencia provincial de Castellón. Este tribunal acordó en diciembre de 2010 sobreseer la causa contra Fabra y su esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales, supuestamente cometidos entre 2000 y 2003, por entender que habían prescrito.
Tras esta decisión, el juez de Nules pidió a las partes que presentaran sus conclusiones y ni siquiera ha esperado a que la Audiencia resuelva otro recurso pendiente, y que está debatiendo desde hace más de un mes, sobre la ampliación del número de imputados en la causa, tal como solicitó la acusación popular.
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20.01.1223. C. VALENCIANA: LA HUIDA DEL AGUERRIDO CARLOS FABRA
El presidente del PP de Castellón evita contestar sobre su situación judicial
Hubo un tiempo en el que Carlos Fabra aceptaba todos los envites y alardeaba de valentía. Hubo un tiempo en el que el expresidente de la Diputación de Castellón y aún presidente provincial del PP, presa de su belicoso carácter, salía al paso ante cualquier información y blandía palabras como espadas. Hubo un tiempo en que no había capote que se le resistiese. Hubo un tiempo hasta ayer, cuando buscó las tablas. De un salto abandonó la sala de prensa dejando atónito a su compañero de atril. El motivo fue una pregunta incómoda: ¿Ha pagado la fianza señor Fabra?
Ayer expiró el plazo para que presentara la fianza que le exige el juez
Ayer expiraba el plazo concedido por el titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, para que hiciese efectivo el pago de la fianza de 4,2 millones de euros impuesta en concepto de responsabilidad civil, para garantizar que podrá pagar en caso de ser condenado por cohecho, tráfico de influencias y los cuatro delitos fiscales por los que será juzgado en unos meses en la Audiencia Provincial de Castellón.
Fabra convocó ayer una rueda de prensa en la Cámara de Comercio, donde ocupa la secretaría general, para explicar los planes de internacionalización de la institución, junto al jefe del área de comercio exterior, Juan José Martínez. La pequeña sala aguardaba atestada de medios de comunicación la comparecencia del presidente del PP y del aeropuerto de Castellón para que respondiera sobre la apertura del juicio oral, la imputación por tráfico de influencias en su misma causa del senador que él nombró, Miguel Prim, y por el pago de la millonaria garantía judicial. Pero como si no fuera con él la cosa y con un evidente gesto de enfado, Fabra respondió que estaba allí como secretario general de la Cámara de Comercio y que si tenían más preguntas que hacer sobre los planes de exportación de la cámara las contestaría. "Si no", agregó, "buenos días y adiós", y se levantó y huyó de la sala.
Atrás quedó el tiempo en el que Fabra respondía a cualquier pregunta. Cuando intentaba demostrar su poder con su célebre "aquí mando yo" o con un "quien paga manda" en referencia al respeto que debía guardarle la Universitat Jaume I de Castellón ya que su influencia llegaba hasta quien concedía a la institución las subvenciones. Tampoco fue parco en palabras para autocalificarse como "cacique" o al reconocer que cuando quería "colocar a alguien" lo colocaba "y punto".
Casi nunca ha tenido problemas para hablar de cualquier asunto, llegando incluso a contraprogramar recientemente al presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, durante la celebración del Día de la Provincia en la madrileña feria de turismo Fitur. El presidente provincial aprovechó esa jornada en Madrid para explicar las novedades y promocionar su opción política. Aquel día, Fabra aprovechó para realizar su primera comparecencia pública en Castellón desde que estallara la polémica por la ruptura del contrato con la concesionaria del aeropuerto. También lo hizo en la institución cameral y como secretario general de la misma, pero entonces no tuvo problemas para contestar a cualquier pregunta sobre el futuro de la infraestructura. Al día siguiente robó todo el protagonismo a Moliner en los medios. Su entorno asegura que estaba complacido.
Respecto a su fianza, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana manifestó que el juez de Nules verificará hoy si la ha abonado y actuará en consecuencia. Podría concederle unos días más u ordenar el embargo de sus bienes.
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26.01.1224. C. VALENCIANA: UN EXSENADOR DEL PP, NUEVO IMPUTADO EN EL 'CASO FABRA'
La Audiencia de Castellón ha decidido admitir la imputación de un nuevo dirigente del PP en el llamado caso Fabra. Se trata del exdiputado y exsenador Miguel Prim, sobre el que el tribunal sostiene que "pudo haber cometido comportamientos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias, siquiera en grado de tentativa".
Con esta decisión, la Audiencia Provincial ha admitido, en parte, la solicitud de la acusación popular de ampliar el número de imputados a ex altos cargos de la Administración central en la época de Aznar, responsables de los ministerios de Agricultura y Sanidad, ante los que Fabra trató, supuestamente, de agilizar autorizaciones para los productos de su entonces amigo, el empresario Vicente Vilar, que acabó denunciándole por cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de favores políticos.
Prim fue una de las personas a través de las que Fabra, supuestamente, realizó gestiones. Entre otras cosas, remitió un escrito al ministro Miguel Arias Cañete en el que le pedía que, "a la mayor brevedad posible", "se dé luz verde al producto comercial, así como a los otros productos que te he mencionado en este escrito", tal como indica el auto de la Audiencia. El documento enviado por Prim desembocó en la apertura de una investigación interna para determinar si había algún problema especial con los productos de Vilar.
La Fiscalía Anticorrupción pidió el archivo para estos dirigentes, en diciembre de 2010, pero la Audiencia ha decidido atender la solicitud de la acusación popular para que Prim sea también juzgado por tráfico de influencias.
Preparando la fianza
La resolución de la Audiencia, que ha tardado casi dos meses en resolver el recurso, no ha provocado la paralización de la apertura de juicio oral contra Fabra que dictó el viernes el titular del Juzgado número 1 de Nules, que señaló, además, la imposición de una fianza de 4,2 millones de euros para el presidente provincial del PP.
La hija del encausado y también diputada por Castellón, Andrea Fabra, ha afirmado que su padre todavía no la ha aportado "porque hasta ayer no se le había notificado el auto a las partes afectadas". Carlos Fabra se reunió ayer con su equipo jurídico para analizar la situación, según explicó su hija.
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25.01.1225. C. VALENCIANA: DOS TENIENTES DE ALCALDE DE MONCADA IMPUTADOS EN EL SAQUEO DE EMARSA
La familia del alcalde, vicepresidente de la Diputación, facturó a la depuradora
El teniente de alcalde de Moncada, Luis Botella de las Heras, del PP, ha sido imputado por el juez que investiga el caso Emarsa. Cobró 114.978 euros de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo por un asesoramiento jurídico que supuestamente no se produjo. El alcalde, Juan José Medina, del PP, mantiene su confianza en él. "Declarará el día 14 y está contento porque podrá explicarse ante el juez", señaló ayer Medina, que ya era alcalde cuando otro de los principales imputados del caso, Enrique Arnal, director financiero de la sociedad pública, ocupó también el cargo de teniente de alcalde. "Fue en 1999", recordó Medina. "Estuvo dos años y se marchó. No era del PP, sino de Unión Valenciana. Entonces ya trabajaba en Emarsa".
"Yo no he formado parte nunca del consejo de Emarsa", dice Medina
En efecto, Arnal entró en la depuradora cuando presidía la empresa Juan Vicente Jurado, entonces concejal de Unión Valenciana en el equipo de gobierno de Rita Barberá en Valencia, del que sigue formando parte, ahora como edil del PP. Jurado compró a la familia de Arnal la empresa de pirotecnia que tenía en Moncada. Enrique Arnal siguió en Emarsa con Silvestre Senent, también concejal de Barberá, y Enrique Crespo al frente de la empresa. Ahora mismo, también están imputados en el saqueo de Emarsa su hermano, Antonio Arnal, y la esposa del primero, Eva Marsal, que facturaron a la sociedad pública por cursos de formación y servicios de azafatas, respectivamente. Arrima Centre d'Estudis, la firma de Antonio Arnal, tiene su sede en Moncada. "No ha contratado con el Ayuntamiento", asegura Medina. "Hace cursos del Servef".
Enrique Arnal había pactado con Medina en 1999 ocupar la alcaldía la mitad del mandato, pero se fue antes de que tuviera que hacerse efectivo el acuerdo, por lo que Medina rechazó ceder el cargo. Al final fue desalojado por una moción de censura de los socialistas que los dos concejales de UV y el Bloc apoyaron, pero volvió dos mandatos después. Actualmente, Medina es vicepresidente de la Diputación de Valencia, que preside Alfonso Rus. Otro vicepresidente, el alcalde de Manises, Enrique Crespo, es el imputado de más relieve en la instrucción de Emarsa, empresa de la que era presidente entre 2005 y 2010, periodo en el que, de momento, se ha centrado la investigación.
Para Medina, que Moncada concentre tantas conexiones con el escándalo del saqueo de la empresa, el hecho de que haya tantos imputados relacionados con la localidad, es sólo una coincidencia. "Es verdad que hay varios imputados de Moncada. No tenemos nada que ver", señaló. "Yo no he formado parte nunca del consejo de Emarsa".
Pero las conexiones no acaban aquí. La familia del propio Medina facturó 1,6 millones de euros a Emarsa entre 2004 y 2010. Gea Manuel, SL pertenece a los hermanos de la esposa del alcalde. "Tenían un contrato de mantenimiento de las balsas impulsoras de las acequias", explicó Medina. El juez no se ha parado hasta ahora a analizar si esa contrata era real o, como tantas otras, no obedecía a trabajos reales. Los socialistas, que ejercen la acusación popular en el caso, preparan iniciativas para que se investigue.
Un contratista que no sabe nada
Uno de los 28 imputados en el caso Emarsa reveló ayer, en su declaración, uno de los perfiles más penosos del escándalo que el saqueo de la depuradora de aguas residuales del área metropolitana de Valencia ha suscitado. José Carlos Millán Martínez declaró ante el juez que estaba en Canarias en 2004 y 2005 cuando se supone que una empresa de la que era gerente realizaba trabajos en las instalaciones de Pinedo. Pese a que su firma aparece en un contrato de mantenimiento de obra civil de la empresa Construcciones Rocafort que el instructor sospecha que no se efectuaron, el imputado afirmó que "no ha firmado el contrato" y que no es suya "ninguna de las firmas que figuran en el mismo".
A la pregunta de si conoce a Sebastián y a María Paz García Martínez, administradores de esa y otras dos empresas que facturaron a Emarsa, el testigo respondió, que sí, que "son sus primos". Pero añadió que nunca ha hablado con ellos de esas empresas, que no ha tenido relación alguna con Construcciones Rocafort, Microprocesadores Valencia o Sofitec Informática. Además, explicó que el domicilio social de las sociedades corresponde al domicilio donde viven su madre y su tía, esta última madre de sus primos.
Millán Martínez declaró que nunca ha tenido relación alguna con Emarsa y que nunca ha estado en las instalaciones de la depuradora de Pinedo. Ni había visto la solicitud de ofertas de la empresa, ni reconoció las anotaciones manuscritas en algunos de los documentos, ni tenía relación alguna con sus primos entre mayo de 2004 y mayo de 2005. Tampoco entabló contacto con ellos cuando regresó de Canarias. En un momento determinado, la fiscal le preguntó al imputado si encuentra alguna explicación a la existencia de un contrato en el que aparece como gerente de Construcciones Rocafort y contestó que "no le encuentra explicación y le parece vergonzoso".
El imputado, a preguntas de su abogado, manifestó que se marchó a Canarias en esa época porque estaba deprimido debido a un fallo en los negocios que tenía en Valencia que lo llevó a la ruina. Como consecuencia de ello, tuvo problemas con el alcohol y actualmente está en tratamiento.
Conexiones del 'caso Emarsa' en Moncada
- Enrique Arnal Llorens. Fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Moncada con Juan José Medina de alcalde. Su familia vendió la empresa pirotécnica a Juan Vicente Jurado, concejal de Valencia, que era presidente de Emarsa cuando Arnal entró en la empresa, en la que ejerció de director financiero. Su esposa y su hermano facturaron por cursos y azafatas a la depuradora.
- Juan José Medina. Alcalde de Moncada y vicepresidente de la Diputación de Valencia junto a Enrique Crespo, que fue presidente de Emarsa y está imputado en el caso. La empresa de la familia de su mujer, que gestionan sus dos cuñados, facturó a Emarsa 1,6 millones de 2004 a 2010 por trabajos de mantenimiento eléctrico.
- Luis Botella de las Heras. Teniente de alcalde y concejal de urbanismo de Moncada. Ha sido imputado por el juez porque facturó 114.978 euros a Emarsa de 2005 a 2010 por un asesoramiento jurídico que supuestamente no se produjo.
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25.01.1226. C. VALENCIANA: EL JUEZ CITA A DOS EMPLEADOS DEL HERMANO DE CASTEDO
El juez que investiga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha citado como testigos a dos empleados del despacho de Salvetti Abogados, regentado por los abogados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y el exedil socialista Javier Gutiérrez. El magistrado, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, interrogará a los dos testigos el próximo día 15 de febrero.
El interrogatorio a estos dos empleados del despacho del hermano de la alcaldesa se produce a petición de una de las dos acusaciones populares personadas en la causa, la que ejerce el PSPV.
La policía y el fiscal Anticorrupción consideran al bufete Salvetti Abogados como el puente del que se valió la trama para amañar el planeamiento en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz. Además, sostienen que ambos abogados tramitaron diversas alegaciones al PGOU a sabiendas de que luego iban a ser estimadas debido a la información privilegiada que tenían del documento. La policía estima en un millón de euros el beneficio que obtuvo el despacho mediante esa actividad.
José Luis Castedo y Javier Gutiérrez ya han declarado ante el magistrado como imputados. Ambos negaron que tuvieran información privilegiada del PGOU antes de salir a exposición pública. Mientras, la alcaldesa está acusada por el fiscal de los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
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26.01.1227. C. VALENCIANA: LA MITAD DE LOS DIRIGENTES DE NN GG DEL PP DE GANDIA TRABAJA PARA EL AYUNTAMIENTO
Cinco de los 10 secretarios de área de la rama juvenil de los populares cobra como personal de confianza
El Gobierno local de Gandia ha demostrado que apuesta por los jóvenes, pero, como suele suceder en política, no oculta que confía en unos más que en otros. Y, en este caso, el alcalde del PP se ha fijado especialmente en la rama juvenil de su partido, las Nuevas Generaciones (NN GG) de Gandia.
Desde que Arturo Torró llegó a la presidencia del ayuntamiento, cinco de los diez secretarios que tiene NN GG de Gandia, los cargos de mayor responsabilidad en esta formación política, se han incorporado como personal de confianza a sueldo del ayuntamiento.
Los primeros en formar parte del Gobierno local fueron Alberto Moratal, secretario general de NN GG, y Carlos Bolta, secretario de Promoción Económica en esta misma formación. Moratal fue designado asesor del concejal Víctor Soler, que a su vez es presidente de NN GG, mientras que el segundo pasó a ser gerente de Gandia Protur, encargada de la promoción turística de la ciudad.
Con posterioridad pasaron a tener nómina del ayuntamiento otros dos dirigentes de NN GG. Santiago Montolío, que es secretario de Acción Territorial de esa formación, trabaja en el departamento municipal de Participación Ciudadana que hasta hace dos semanas dirigía la concejala Emi Climent. Por su parte Carlos Moncho, secretario de Ciudadanía e Igualdad de la rama juvenil del PP, desarrolla su trabajo en el área de Protocolo del ayuntamiento.
El quinto y último dirigente juvenil en incorporarse al ayuntamiento ha sido Javier Ruiz, secretario de Comunicación y Redes Sociales en Nuevas Generaciones, que se ha encargado de mantener las comunicaciones municipales en internet a través de la empresa pública Iniciatives de la Comunicació."Contratos de períodos cortos"
Al ser consultado por Levante-EMV, Víctor Soler señaló a este periódico que algunas de estas personas están trabajando para el ayuntamiento contratadas durante cortos periodos de tiempo.
El Comité Ejecutivo de NN GG de Gandia cuenta con un presidente, el propio Soler, diez secretarios de área y nueve vocales, uno de los cuales es el también concejal Vicent Gregori.
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27.01.12
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