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  BÁJATE EL RESUMEN DEL AÑO GURTELIANO  2010 

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ÍNDICE

01. RAJOY APARCA SU PROMESA DE APLAZAR LAS DEUDAS AUTONÓMICAS CON EL ESTADO

02. EL LÍDER POPULAR EVITA DAR EN PÚBLICO SU DISCURSO ANTE LOS BARONES DEL PP 

03. RAJOY RECLAMA AYUDA A LA UE Y PROMETE CUMPLIR CON EL DÉFICIT POR ENCIMA DE TODO

04. RAJOY: "NO ES TIEMPO DE FIESTAS"

05. ROUCO EXIGE AL PP UN RETROCESO HACIA LA RELIGIÓN OBLIGATORIA

06. CASO GURTEL: EL CONTABLE DE LA 'PEINETA'

07. CASO GÜRTEL: BÁRCENAS TAMBIÉN ESQUIVA A LA PRENSA Y SE LIMITA A DECIR: 'TODO FRANCAMENTE BIEN'

08. CASO GURTEL: EL SUMARIO LLEGA A LA AUDIENCIA NACIONAL CON CAJAS DE DOCUMENTOS AÚN SIN ANALIZAR 

09. C. A ANDALUCÍA: EL PP EVITA REPROBAR A LOS EXDELEGADOS DE LA ZONA FRANCA 

10. C.A ANDALUCÍA; ZOIDO DISFRUTA CON LA DAVIS

11. C.A BALEARES: NIEGA LA TARJETA SANITARIA A UN PORTADOR DE VIH EN PARO

12. C.A BALEARES: LA JUNTA ELECTORAL DESESTIMA LA DENUNCIA CONTRA BAUZÁ POR SUS DECLARACIONES EL 20N

13. C.A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL LLEVA A LA JUSTICIA EL TRASVASE AL SEGURA Y ROMPE LA UNIDAD DEL PP

14. C.A CASTILLA Y LEÓN: PRESIDENTA Y 11 CARGOS MÁS

15. C.A EXTREMADURA: IU DE EXTREMADURA ADMITE SU DIVISIÓN INTERNA POR LA RELACIÓN CON EL PP

16. C.A GALICIA: ASÍ VIVEN LOS NÁUFRAGOS DEL 'PRESTIGE'

17. C.A GALICIA: PARADOS SIN PRESTACIÓN LLEVAN DOS MESES PAGANDO SUS MEDICAMENTOS

18. C.A GALICIA: CACHARRO ES SOCIO DE JORGE DORRIBO EN LA EMPRESA DEL 'CASO CAMPEÓN'

19. C.A GALICIA: LA XUNTA DEFIENDE EL FICHAJE DE UN PROMOTOR COMO JEFE DE URBANISMO

20. C.A GALICIA: UN ALCALDE Y SENADOR DEL PP PAGÓ COMO RÚSTICO SUELO QUE ACABABA DE RECALIFICAR

21. C.A MADRID: AGUIRRE CAVA LA TRINCHERA

22. C.A MADRID: GALLARDÓN CEDE LOS 16 CENTROS DE SALUD CON SUS 800 FUNCIONARIOS A AGUIRRE

23. C.A MADRID: LISSAVETZKY ROMPE CON EL ALCALDE POR LA "OPACIDAD" DE LA NEGOCIACIÓN

24. C. VALENCIANA: EL SUPREMO ORDENA JUZGAR A CARLOS FABRA POR CINCO DELITOS FISCALES

25. C. VALENCIANA: FABRA COBRARÁ 70.000 EUROS Y TENDRÁ CHÓFER SI PRESIDE EL PUERTO

26. C. VALENCIANA: RIPOLL CALLA ANTE EL JUEZ DEL 'CASO BRUGAL'

27. C. VALENCIANA: LA CORRUPCIÓN DESCABEZA EL PODER POLÍTICO Y EMPRESARIAL DE ALICANTE

28. C. VALENCIANA: EL JUEZ ESTRECHA EL CERCO A CASTEDO Y ALPERI POR EL AMAÑO DEL PGOU

29. C. VALENCIANA: EL PSPV COMPRUEBA QUE RTVV FIRMÓ EL CONTRATO DEL PAPA POR EL DOBLE DEL COSTE

30. C. VALENCIANA: EL PP RECHAZA RETIRAR LOS PRIVILEGIOS A EXPRESIDENTES CONDENADOS

31. C. VALENCIANA: JOSE LUIS OLIVAS: PRESIDENTE DE LA RUINA

32. C. VALENCIANA: EMARSA, COLOSAL SAQUEO DE DINERO PÚBLICO

33. C. VALENCIANA: DOS CONSELLERS VALIDARON LAS CUENTAS DE EMARSA DURANTE LOS AÑOS DEL SAQUEO

34. C. VALENCIANA: EMARSA PAGÓ POR NOCHES EN HABITACIONES DE HOTEL EN LAS QUE NO SE ALOJÓ NADIE

35. CONSELL Y BARBERÁ SE DESENTIENDEN DEL SAQUEO DE LA SOCIEDAD EMARSA

36. C. VALENCIANA: LAS CORTES INVESTIGARÁN EL SAQUEO DE EMARSA COMO PIDIÓ EL PSPV

37. C. VALENCIANA: LOS JUECES REDUCEN A 18.200 EUROS LA INDEMNIZACIÓN A VICENTE SANZ

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01. RAJOY APARCA SU PROMESA DE APLAZAR LAS DEUDAS AUTONÓMICAS CON EL ESTADO

Esperará a ver las cuentas para cualquier compromiso - El líder avisa a sus barones: en seis meses tienen que estar encaminado el déficit y las reformas

No para de hacer movimientos políticos de primer orden y hablar con decenas de personas, se le ve bastante cansado, según señalan algunos, pero sigue caminando con pies de plomo. Después de las reuniones más importantes, con banqueros, sindicatos y patronal, llegó la cita de Mariano Rajoy con sus barones autonómicos y se vio la línea básica en todos los encuentros: no habrá compromisos ni precisiones sobre sus planes hasta que tenga todos los datos que necesita, y sobre todo hasta que vea cómo se cierra el déficit.

Les pide que lancen mensajes dentro y fuera, y rápido, para hacer recortes

A tanto llegó su cautela, que Rajoy, quien insiste en no comparecer en público aunque en privado no pare de ver a dirigentes -hoy le visitará Nick Clegg, viceprimer ministro británico-, incluso dejó ayer en suspenso uno de los compromisos más claros que había mantenido en los últimos meses: el de ofrecer cinco años más, hasta llegar a 10, a todas las autonomías para que devuelvan los 24.000 millones de euros que le deben al Estado porque se les anticipó un dinero en concepto de impuestos que luego no se recaudó por la crisis.

Javier Arenas y Dolores de Cospedal, que comparecieron en nombre de Rajoy, explicaron que este asunto dependerá de las cuentas que se encuentre el PP. "Se abordará desde la mejor voluntad cuando tengamos conocimiento del déficit y la situación de la tesorería", señaló Arenas. Rajoy se había comprometido expresamente al aplazamiento y todos sus barones defendieron esa postura en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, en julio. La vicepresidenta Elena Salgado se negó. Ayer, en la comida con sus barones, Rajoy les explicó que mirará este asunto pero evitó compromisos. Algunos, como Luisa Fernanda Rudi, le recordaron que esto no afecta al déficit, ya que ese dinero el Estado ya lo ha contabilizado como entregado -y por tanto, gastado-. Él, según varios de los presentes, insistió: "Lo veremos". No estaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el que con más insistencia planteó este asunto, tanto que logró que Rajoy lo prometiera en septiembre en Soutomaior (Pontevedra) en un mitin que dieron juntos como arranque de la temporada política.

El eje de la reunión fue otro. Los barones son clave para recortar el déficit. Son los que tienen el gasto social y los que tendrán que hacer recortes. Y Rajoy, con mucha cautela -algunos tuvieron la sensación de que ahora habla aún con más miedo a que se cuente lo que dice-, les planteó un escenario claro: en seis meses, les dijo, tienen que estar encaminadas las grandes reformas, y sobre todo la reducción del déficit, esto es, los recortes. El líder les explicó, y todos se comprometieron, que el objetivo de reducir al 4,4% el déficit en 2012 -lo que implicará brutales recortes de hasta 30.000 millones- no es discutible. "Es sí o sí", dicen que llegó a comentar.

Algunos barones expusieron sus problemas, en especial el valenciano Alberto Fabra, muy preocupado porque no consigue colocar la deuda que necesita para financiarse -además, varias entidades valencianas controladas por el PP hace 15 años tienen graves problemas-. Pero todos, según varios de los presentes, se comprometieron con Rajoy a trabajar por el cumplimiento de ese objetivo de déficit, en el que el recorte que tengan que hacer las comunidades es clave.

Rajoy no les dio detalles de dónde habrá que recortar. Solo anunció que se creará un grupo de trabajo para analizarlo y diseñar un paquete de servicios básicos que no se pueden tocar, para ahorrar en todo lo demás. Pero sí dejó claro un objetivo: en seis meses tienen que estar encarrilada la reducción del déficit y las principales reformas, entre ellas la laboral -aclaró a sus barones que no ha dado un ultimátum a patronal y sindicatos- o la financiera. Pero sobre todo el déficit, para dar un mensaje claro a Europa. Varios barones notaron -aunque él no lo dijo así- que el líder quiere ofrecer en especial a Angela Merkel gestos claros en los primeros seis meses de su Gobierno.

Ningún presidente se opuso. Algunos incluso tienen la sensación de que todos creen que si los recortes se hacen juntos y de forma coordinada por los barones del PP y el Estado, el coste político se repartirá y será más fácil.

Esperanza Aguirre detalló sus problemas con los maestros y defendió su decisión de ampliar a 20 las horas lectivas. Incluso puso ejemplos que demostraban, para ella, los privilegios de algunos profesores. Otros barones dijeron que una cosa como esa, por ejemplo, debería hacerse de forma conjunta para que en todas las autonomías del PP las horas lectivas fueran las mismas. De la reunión salió la sensación de que otras muchas seguirán la vía madrileña. Pero sobre todo un mensaje claro: Rajoy, ya ungido con el poder -todos le tratan de otra manera-, les dijo muy claro a los suyos: hay que lanzar mensajes dentro y fuera, y rápido, así que todos tendrán que mojarse para hacer recortes.

COMPROMISO REITERADO

Ahora que está a punto de llegar al Gobierno, Rajoy quiere evitar los compromisos, pero en la oposición sí los hizo. En julio, un día antes de un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que todos los representantes del PP pidieron cinco años más para devolver la deuda con el Estado por los anticipos, Rajoy les apoyó: "En su día se les dio más dinero del que les correspondía porque se equivocó de diagnóstico. Eso les ha causado un problema de liquidez. La forma de solucionarlo es solicitar una ampliación del plazo para restituir esos adelantos", dijo. Después, el líder del PP se comprometió a hacer ese aplazamiento cuando él llegara al Gobierno.

Lo hizo varias veces, también en Soutomaior en septiembre. "Creo que es obligación del Estado hablar con las comunidades autónomas y darle un mayor plazo para devolver esos recursos", dijo. Ayer incluso la Xunta de Galicia aplaudió el supuesto compromiso de Rajoy, aunque después el propio Alberto Núñez Feijóo matizó tras la aclaración de Javier Arenas.

www.elpais.es 02.12.11

02. EL LÍDER POPULAR EVITA DAR EN PÚBLICO SU DISCURSO ANTE LOS BARONES DEL PP 

Las fotografías y las confidencias de algunos dirigentes confirman que Mariano Rajoy está hablando desde que ganó las elecciones con mucha gente. Pero no hay ningún tipo de registro sonoro suyo. El líder del PP, de forma absolutamente inusual incluso para él, se ha quedado mudo para los ciudadanos desde la noche electoral.

Ante la insistencia de los informadores, la secretaria general, Dolores de Cospedal, que hasta ahora ha comunicado sus pensamientos y voluntades, aseguró el lunes que hoy Rajoy hablaría en abierto para todos los ciudadanos, en una reunión que tiene convocada con los barones regionales. Pero a última hora de ayer el PP confirmó que Rajoy evitará incluso eso. Solo podrán entrar a la reunión los fotógrafos y el partido "informará del contenido de la misma" al final.

Es lo que sucedió el pasado lunes, cuando Rajoy habló ante su comité ejecutivo. Ese mismo día, cuando habló con Angela Merkel, o los siguientes, cuando le visitaron varios banqueros, el PP ni siquiera hizo una nota. Este lunes, Cospedal compareció de nuevo en su nombre. El martes, le visitó Antonio Tajani y él mismo salió a informar de la cita, pero nadie del PP lo hizo. Ayer sucedió lo mismo: comparecieron sindicatos y patronal en Génova -con preguntas- y el PP solo hizo una nota.

www.elpais.es 01.12.11

03. RAJOY RECLAMA AYUDA A LA UE Y PROMETE CUMPLIR CON EL DÉFICIT POR ENCIMA DE TODO

El futuro presidente pretende que España esté en el 'núcleo duro' del euro

Mariano Rajoy está aún lejos de mandar en Europa. Ni siquiera es aún presidente del Gobierno en España, y los suyos se empeñan en justificar su encierro -no ha hecho ninguna comparecencia pública desde las elecciones y no se espera que la haga hasta el jueves- en que aún no manda, al menos formalmente. Sin embargo, el líder del PP, a través de su intérprete oficial, Maria Dolores de Cospedal, número dos del partido, quiso empezar ayer a lanzar mensajes claros a quienes serán sus interlocutores europeos, ya que allí está la clave de la política española para los próximos meses.

Rajoy habló la semana pasada con Angela Merkel y a ella parecían dirigidos los mensajes principales de Cospedal ayer. Primero, el compromiso: "Rajoy ya ha hecho llegar a todos sus interlocutores que va a cumplir con el objetivo del déficit por encima de todo. Nos jugamos la credibilidad de España. Está fuera de toda duda". Eso implicará un enorme recorte del gasto público que, nadie lo niega en privado en el PP, aumentará el riesgo de recesión en España. Cospedal enfatizó una y otra vez: "Por encima de todo", "no sujeto a condiciones", "no puede haber dudas". Estaba claro: después de varios días de críticas a Rajoy por no lanzar mensajes claros a los mercados, fue su número dos quien lo hizo en un tono similar al "me cueste lo que me cueste" de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010. De hecho, la línea de Rajoy parece claramente continuista con la del presidente en funciones.

Pero a partir de los compromisos, llegaron las peticiones de ayuda a Merkel y a todos los que mandan en Europa. Hubo dos muy claras. Una, que el BCE compre deuda de los países que cumplen, como España: "Entendemos que el BCE tiene una función importante que cumplir". Y otra, aún más novedosa. Rajoy, dice Cospedal, no quiere una Europa a dos velocidades. Pero ante la evidencia de que se está consolidando esa idea, el líder del PP trabajará para que España esté en el núcleo duro de los países de la primera velocidad. "Rajoy ha dejado claro que no es deseable una Europa de dos velocidades. Pero si esta situación se produjera haremos todos lo que se tenga que hacer para que España este en la primera velocidad".

Es la primera vez, en las últimas semanas, que el líder del PP, siempre a través de la exégesis de otros dirigentes dado su silencio, empieza a asumir la idea de las dos velocidades, aunque no le guste, y demuestra que va a luchar para colocar a España en la primera. Tanto Rajoy como su entorno, aunque antes de las elecciones se empeñaran en destacar lo contrario, son conscientes de que este no es un problema español, sino de todo el euro, y las soluciones van a venir de Europa.

Cospedal lo dijo muy claro: "Es indispensable que Europa tome decisiones encaminadas a ayudar a los que van a cumplir. No se pueden mantener los diferenciales tan enormes entre países. Es un momento clave para Europa. Es indispensable que tanto los integrantes como las instituciones europeas estén a la altura de las circunstancias. Es un momento de altura de miras y de premiar a los que cumplan".

A partir de ahí, no hubo más claridad. Ni sobre eurobonos, ni sobre los recortes de la Generalitat de Cataluña, ni sobre el indulto a Alfredo Sáenz, número dos del Banco Santander. Cospedal no fijó posición en ninguno de esos asuntos. Y Rajoy sigue empeñado en no aceptar preguntas. Dos meses y medio lleva sin dar una rueda de prensa. Y Cospedal dijo que la ofrecerá "cuando lo estime oportuno". Esto es: no se sabe. Hoy se llegará al extremo de que Rajoy recibirá la visita de Antonio Tajani, uno de los siete vicepresidentes de la Comisión Europea y hombre muy cercano a Silvio Berlusconi, y será Tajani quien ofrezca una rueda de prensa en la calle Génova, pero no Rajoy.

¿Cree que este silencio da confianza?, le preguntaron a Cospedal. "Una cosa es que no haya comparecido todos los días en rueda de prensa y otra que no esté despachando y reunido con todo el mundo con el que tiene que estar. Para los mercados es tranquilizador saber que Rajoy no ha parado de trabajar. No conozco a ningún presidente que haya expuesto su programa antes de la sesión de investidura".

www.elpais.es 29.11.11

04. RAJOY: "NO ES TIEMPO DE FIESTAS"

Rajoy sabe que la responsabilidad de la victoria del PP el 20-N puede ser un "regalo envenenado"

Debe de ser muy duro esperar 30 años la noche soñada, y no poder disfrutarla cuando llega. O al menos, no poder demostrar que la disfrutas. Mariano Rajoy, un hombre que conoce como pocos el sabor de la derrota, vive desde el domingo el vértigo de la victoria en plena tormenta financiera. De poco sirve el resultado extraordinario: los mercados no dan tregua, y aunque él está intentando desaparecer del ojo público para no quemarse, incluso en su entorno coinciden: la crisis ya ha empezado a cebarse también con Rajoy antes incluso de que tome posesión. En la primera semana de la nueva era, la bolsa ha perdido un 6,67% y la prima de riesgo sigue descontrolada.

La noche electoral, Rajoy visualizó claramente la que se le venía encima. Todos los que pasaron con él esas horas en su despacho coinciden: estaba serio, muy serio. Algunos incluso dicen que asustado, con una especie de ataque masivo de responsabilidad. A su alrededor, algunos se dejaban llevar por el entusiasmo de una victoria aplastante. Él trataba de calmar a todo el mundo. "No es momento para fiestas. El país no está para fiestas", repetía a algunos de los suyos. A los que le felicitaban agradecía sin alharacas, y enseguida añadía: "Sí, es un gran resultado, pero sobre todo, una enorme responsabilidad".

"Una victoria así siempre es un regalo. Este venía envuelto con un lazo precioso, 186 diputados, pero cuando lo abres ves que dentro solo hay un montón de problemas, está envenenado", sintetiza uno de sus fieles.

Para saber lo que le pasa al líder, los rajoyólogos suelen mirar a su mujer, Viri. Él es un profesional del disimulo. Ella no. Y todos vieron que estaba contenta por la victoria, pero también la cara de susto que tenía al salir al balcón de la calle Génova. Nada que ver, eso sí, con lo que pasó en 2008. Entonces ella lloró y él se despidió con un "adiós" que parecía definitivo. Esta vez, los militantes, como locos, le hicieron botar a él y después se lo pidieron a ella. Lo miró como pidiendo permiso. "Bota, bota", le dijo. Ella hizo un saltito mínimo, con disimulo, como todo en esa noche.

Rajoy es un hombre que conoce la derrota. Debe de ser muy duro esperar 30 años la noche soñada, y no poder disfrutarla 

Rajoy es un hombre muy acostumbrado a la contención. Su principal objetivo es siempre lograr que los demás no sepan lo que está pensando. Y eso implica esfuerzos ímprobos, desde hace muchos años, para disimular sus emociones. Es un especialista. Pero lo de la noche electoral era algo más. Era una especie de instrucción general: nada de entusiasmos. Se cuidó todo. Se canceló la habitual fiesta en el Hotel Intercontinental. No hubo confetis en la salida al balcón. Y los que quisieron celebrar tuvieron casi que esconderse: unos, los veteranos, en un bar de al lado. Otros, los más jóvenes, en casa de Jorge Moragas, el todopoderoso jefe de gabinete. En Génova no podía verse nada de eso.

Incluso el viernes, en el último gran acto, en las invitaciones se cambió la expresión habitual de "gran fiesta-mitin de cierre de campaña en el pabellón de los Deportes de Madrid" para eliminar la palabra fiesta. Y sí, en la noche electoral hubo cava y camareros en el despacho de Rajoy, y brindis, y algo de whisky, pero todo muy contenido. Nada que ver con la verdadera fiesta de Rajoy, la de mayo, cuando la aplastante victoria en las municipales y autonómicas ya le adelantó lo que iba a pasar.

Esa contención la vieron quienes estaban en ese despacho: además de los miembros de la cúpula, un montón de amigos y familiares, también los de Viri, todos de Pontevedra, su refugio físico y mental, su terruño. Pero sobre todo lo vieron los ciudadanos. En cuanto la victoria estaba ya clarísima, Rajoy abandonó su despacho para rematar en soledad un discurso a la nación que ya estaba muy preparado, que había pensado mucho con su principal asesor, Pedro Arriola. Y decidió leerlo en la sala de prensa, para mayor solemnidad y para evitar los gritos y los extremismos del balcón, al que salió después para comprobar incómodo cómo mientras él pedía moderación los suyos gritaban "Rubalcaba, el chollo se te acaba" y exhibían una enorme pancarta de "aborto abolición".

Esta vez, todo estaba medido. Nada que ver con el caos de hace cuatro años, cuando Arriola improvisó un discurso en un par de hojas y Rajoy lo leyó como perdido mientras Viri lloraba. Entonces el líder, que estaba seguro de su victoria, se llevó un enorme chasco y vio como en las siguientes horas empresarios, políticos y periodistas se movían para echarle. Esta vez comprobó que todos competían por achucharle, por agasajarle. "Es la vida misma", suele decir él. Hace cuatro años nadie quería estar en el balcón con él. Esta vez Moragas, con su cuerpo como escudo, organizó a todos lo que querían salir: solo podían hacerlo los muy fieles, los que le acompañaron en la travesía del desierto. Al final Esperanza Aguirre, la gran rival que no salió en 2008, se coló esta vez, la última, en una esquina, mientras los marianistas vivían su momento. "¡Que se va a caer, que no aguanta tanta gente!", gritaban algunos de la organización.

Solo podían salir al balcón de Génova los muy fieles. Al final se coló Esperanza Aguirre, la gran rival

El líder del PP quiere tener ahora un cuidado exquisito. Incluso después de su aplastante victoria, insiste en intentar no molestar. Sus fieles analizaron con él el resultado electoral y llegaron a una conclusión: la victoria es inapelable, pero el Congreso que queda será complicado de gestionar pese a la mayoría absoluta. IU muy reforzada, UPyD también, Amaiur que le hará la vida imposible, los nacionalistas de CiU crecidos, el PNV compitiendo con Amaiur… Y sobre todo, una oposición en la calle que se espera muy fuerte frente a los recortes. Por eso Rajoy insistió una y otra vez: "nada tienen que temer" los que no han votado al PP. Quiere entrar con buen pie. Cuando más tarde en quemarse, mejor. Y sabe que pasará.

Fue una noche de símbolos. Rajoy es un hombre al que le gusta mucho hablar del pasado. Recuerda cada una de sus primeras batallas, más que las últimas. A veces parece mayor de lo que es —56 años— porque siempre utiliza anécdotas de hace 30 años para explicar situaciones actuales. En ese contexto se entiende bien el placer íntimo que debió sentir cuando, en el momento más extraño de la noche, en su despacho se unieron Antonio Hernández-Mancha —que pasó a saludar— y José María Aznar, enemigos irreconciliables, para abrazarse con él en la victoria. También estaban otros históricos como Rodrigo Rato, Federico Trillo, su mentor José Manuel Romay... Faltaba solo el anciano Fraga, al que visitó el martes, y toda la historia del PP estaría a los pies de este hombre de aparato de toda la vida, este chico del partido que conoce a todos y de todos sabe miserias y virtudes.

Rajoy es un tipo con muchas derrotas a la espalda. Primero le torció el brazo Manuel Fraga, cuando se enfrentó con él. Eso le hizo abandonar brevemente la vida pública y ocupar su puesto de registrador en Santa Pola (Alicante). Pero le pudo su pasión por la política, y volvió. Después apostó por Hernández-Mancha, y acabó perdiendo otra vez frente al aparato, en el que estaban Aznar y Rato. Vivió el desierto de los manchistas. Luego fue rescatado por Aznar y Cascos, y más tarde vivió en Génova la derrota de 1993. En el Gobierno sufrió el Prestige y sobre todo las derrotas de 2004 y 2008, estas ya en primera línea.

Ha demostrado que estaba preparado para sobreponerse a la derrota. Para resistir. ¿Y para gestionar una victoria? Esa es la gran pregunta que se hacen algunos veteranos. Rajoy fue un invento de Aznar, que le eligió como sucesor. Pensó en él como un presidente ideal en un momento de bonanza para reconciliar a España con el PP, un partido al que Aznar había convertido en un nasty party, una formación antipática. Él ha conseguido que España ya no le tenga tanto miedo al PP. O al menos que le tema mucho más a la crisis. Pero también sabe que ha ganado sobre todo por el desplome del rival, porque ni siquiera en una situación tan difícil ha logrado crecer mucho, solo 500.000 votos.

Rajoy, dicen los veteranos, se va a aferrar al poder real, los banqueros, los grandes empresarios. No en vano ha convocado a tres banqueros a su despacho nada más ganar las elecciones, antes que a ningún dirigente político. Él sabe que es un mundo muy cercano al PP y los populares tienen puesta toda la confianza en ellos para tratar de empujar en la salida de la crisis y para ayudar a los emprendedores.

Pero lo que más le preocupa es Europa. Hasta ahora, Rajoy no se ha trabajado nada este terreno. Es nuevo, nunca ha estado cómodo en las relaciones internacionales, por su timidez natural y sus problemas con los idiomas —está estudiando mucho inglés pero aún no parece en condiciones de usarlo—. Durante estos años ha preferido hacer mítines por toda España en vez de viajar fuera. Ha aplicado lo que Carlos Aragonés le recomendó a Aznar en 2000 para ganar elecciones: "Menos Siria, y más Soria". Pero ya están ganadas, más que ganadas, y ahora le toca ir a Bruselas cada semana, a él que muchas veces incluso ha faltado a las citas del PPE previas a las cumbres. En la última, la más importante, en la que criticó mucho el resultado y la mala negociación de Zapatero, faltó a una cena en la que podía haber hablado con la canciller Merkel o el presidente Sarkozy para pedirles un trato más favorable para los bancos españoles.

El PP está ahora inquieto porque muchos quieren ser ministro y muy pocos lo serán. La rumorología interna se ha desatado, aunque nadie sabe nada cierto. Pero además de eso, los dirigentes con más perspectiva se preguntan si Rajoy será capaz de sacar adelante el entuerto en el que se ha metido. Incluso él mismo parece preguntárselo. Y los primeros días no han hecho más que disparar inquietudes.

Muchos, incluso en el PP, temen que Rajoy no tenga realmente un plan trazado. Él es un improvisador nato, siempre lo ha sido, aunque tiene una enorme capacidad para disimularlo. Piensa mucho las cosas pero espera para tomar la decisión por si las circunstancias cambian en el último momento. Y al final decide en el último minuto.

"Rajoy mata los toros de uno en uno. Hasta el domingo solo pensó en ganar las elecciones. Ahora cree que tiene un mes para hacer su Gobierno y luego aún más tiempo para empezar con las medidas. Pero esto ha cambiado. El mundo ya no es lo que era. Es cruel, y no te da ni la media hora que él pedía. Eso de manejar los tiempos puede servir con Camps, con Cascos, juegos de muñecas al lado de esto. Pero los fondos criminales de las jubiladas escocesas se ríen si les dices que hay que esperar a Rajoy. Ya nadie espera", señala un dirigente.

Rajoy, mientras, está escondido —y no informa de nada de lo que hace— aunque no para de hablar con casi todos los que mandan algo en España y en el mundo. Siempre con intérprete en conversación a tres, como la noche electoral, cuando los dirigentes le veían hablar con presidentes de todo el mundo apartado en la mesa de su secretaria de siempre, Ketty, que en algún momento tuvo que despejar un despacho atestado de políticos intentando acercarse al líder para que no se olvidara de ellos al formar el Gobierno.

Rajoy aparece para todos como un hombre que se está haciendo al cargo. Él, dicen los que le conocen, se toma su vida como una especie de larga carrera funcionarial a la que le ha llegado el momento clave. Anímicamente debilitado por la muerte reciente de su gran amigo y exjefe de gabinete Paco Villar, a quien dedicó la victoria en el mitin de cierre de campaña, muchos creen ver en sus expresiones a un hombre preguntándose si estará a la altura del reto.

No es casual que haya repetido en casi todas las entrevistas, y en el debate televisado con Rubalcaba, una especie de mantra que parece pensado para convencer y convencerse: "Estoy preparado para ser presidente, mucho más que hace ocho años, llevo 30 años en esto y lo he visto todo".

Rajoy reflexiona mucho sobre su propia capacidad. Ha meditado sobre sus debilidades. Y sabe que no es un líder que entusiasme, pero sí cree conocer a fondo la política. Lo mejor que tiene es que no es frívolo, es serio, y va a saber afrontar la situación con la calma y la serenidad necesaria, dicen los suyos.

Sus escépticos le atribuyen una enorme pereza e incapacidad para la acción. Los suyos la transforman en prudencia. "Él vive prudencialmente y está obsesionado con una idea vital: cada día tiene su afán. No es pereza: es una personalidad introspectiva. Le gusta digerir las cosas, carece de ansiedad, es capaz de aguantar cualquier cosa, incluso la presión de Angela Merkel, como se ha visto estos días", sentencia un marianista.

Otro veterano augura problemas: "Rajoy ha planteado estos años una estrategia muy clara: esperar a que el rival se hunda solo. Y ha funcionado, mucho mejor de lo esperado, pero ahora llega el momento de la verdad y esa estrategia se puede volver en su contra si no cambian las cosas muy pronto. Porque esa destrucción del rival tiene una consecuencia nefasta para un país tan equilibrado políticamente como España. Es mejor tener a un PSOE fuerte en el Parlamento. Si no, la oposición se va a la calle, y ahí no tienes a nadie con quién negociar un alto el fuego".

Llega el momento de la verdad. Treinta años después, un hombre que siempre creyó en el estudio y la meritocracia, que solo se siente realmente cómodo entre la burguesía funcionarial de provincias a la que pertenece, se enfrenta a su oposición más difícil. Y como tal la está afrontando: encerrado, estudiando. Pero los examinadores esta vez no son objetivos y razonables: son crueles e irracionales. Son los mercados, que antes incluso de que salga de su despacho ya le están suspendiendo. Él confía en su aliado de siempre: el tiempo. Pero esta vez parece que tiene menos que nunca.

www.elpais.es 27.11.11

05. ROUCO EXIGE AL PP UN RETROCESO HACIA LA RELIGIÓN OBLIGATORIA

Los obispos quieren recuperar la LOCE

Apenas unas horas después de que el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, asegurara que desde la Iglesia "no se va a dar ninguna directiva al Gobierno, porque no se le ha dado nunca a nadie", el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ponía a su secretario general al pie de los caballos al reclamar al nuevo Gobierno, "en este momento histórico", la recuperación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), derogada por el PSOE en 2004, y en especial una alternativa obligatoria a la clase de Religión.

Durante su intervención en el Congreso de Escuelas Católicas, que ayer clausuró el ministro de Educación en funciones, Ángel Gabilondo, Rouco Varela insistió en la "urgencia" de que se recupere el sistema educativo anterior, especialmente en lo tocante a un "área educativa de valores", en alusión a la de Sociedad, Cultura y Religión presente en la LOCE, que entre otras cuestiones obligaba a los alumnos a elegir entre recibir formación religiosa confesional u otra no confesional. Pero que consagraba la presencia del hecho religioso en la escuela.

El jefe de los obispos insistió ayer en la "urgencia" de volver al sistema anterior

"De otro modo, la educación en la religión y moral católica en las escuelas del Estado (públicas) es cosa de héroes, sobre todo en la ESO, y no digamos en el Bachillerato", abundó el presidente de la Conferencia Episcopal, quien insistió en que esta petición "es oportuna y necesaria en el momento presente de España", donde no se reconoce "de una forma satisfactoria" el derecho a la educación religiosa.

Las palabras de Rouco sobre-volaron la clausura del congreso de Escuelas Católicas. Su secretario general, Juan Antonio Ojeda, en declaraciones a los medios, había declarado a su comienzo la conveniencia de plantear la derogación de la polémica Educación para la Ciudadanía, pese a que los colegios concertados católicos habían sido uno de los colectivos menos beligerantes contra esta norma, que también sacó a los obispos a la calle.

Las jornadas fueron clausuradas por el ministro Gabilondo, quien alabó la existencia de los centros católicos y su papel en la educación en nuestro país. "La sociedad valora, respeta y estima la pluralidad que aportan sus centros que ensanchan los valores de libertad", señaló el todavía titular de Educación, resaltando que sin la escuela concertada "no sería posible el logro de este país, que escolariza a más de nueve millones de personas".

Para finalizar su intervención, el ministro en funciones apuntó que la educación es la mejor política social y económica y que debilitar la financiación de la escuela traerá consecuencias graves

www.publico.es 27.11.11

06. CASO GURTEL: EL CONTABLE DE LA 'PEINETA'

El contable de Francisco Correa, José Luis Izquierdo, ha comparecido este martes durante más de dos horas ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que instruye la trama Gürtel, por su presunta implicación en la rama regional de este proceso judicial, que investiga supuestas irregularidades en la concesión de la Variante de Olleros de Alba (León).

A su salida, el colaborador del supuesto cabecilla de la trama ha dedicado una 'peineta' a los periodistas que le han esperado a las puertas del Alto tribunal y ni él ni su abogado, el letrado Calderón Maldonado, han realizado valoración alguna sobre la comparecencia.

La presencia de Izquierdo en el TSJCyL se ha extendido durante más de dos horas, ya que ha llegado al tribunal unos minutos antes de las 10.30, hora a la que estaba citado, para abandonar el edificio pasadas las 13.15 horas. Así, se trata del presunto implicado en la trama que ha comparecido durante más tiempo ante el magistrado.

El procedimiento continuará mañana, 30 de noviembre, con la declaración del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y de Pablo Crespo.

El procedimiento continuará el jueves, 1 de diciembre, con las declaraciones de los responsables de Teconsa, Rafael Martínez Molinero y José Martínez Núñez, y seguirá los días 2 y 15 de diciembre con las comparecencias de los funcionarios de la Junta de Castilla y León que participaron en la adjudicación de las obras de la Variante de Olleros de Alba (León), por las que se ha llamado a declarar a todos los imputados.

www.elmundo.es 29.11.11

07. CASO GÜRTEL: BÁRCENAS TAMBIÉN ESQUIVA A LA PRENSA Y SE LIMITA A DECIR: 'TODO FRANCAMENTE BIEN'

El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha prestado declaración este miércoles durante cerca de una hora ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que instruye la trama Gürtel en su ramificación de Castilla y León. A la salida, se ha dirigido a los medios con un escueto "todo francamente bien".

Bárcenas, que ha llegado en taxi a la sede del TSJCyL en Burgos en torno a las 9.45 horas para iniciar su declaración alrededor de las 10.30 horas, ha comparecido ante el magistrado César Balmori por su presunta implicación en la adjudicación de obras de la Variante de Olleros de Alba (León).

El imputado, que ha entrado y salido de la sede judicial por la puerta principal, ha llegado acompañado de su abogado y ha prestado declaración ante el magistrado que instruye el caso en Burgos y la fiscal correspondiente.

Su declaración se produce después de que este martes, 22 de noviembre, el exconsejero de Fomento y expresidente de las Cortes y actual procurador por Ávila hiciese lo propio ante el magistrado acompañado de sus letrados y los representantes legales del resto de imputados en la trama.

Las declaraciones por las supuestas irregularidades proseguirán este jueves a las 10.30 horas con el exdiputado por Segovia y también exconsejero de Fomento Jesús Merino.

Las comparecencias se reanudarán el día 28 de noviembre también a las 10.30 horas con la comparecencia de Gerardo Galeote, el 29 de noviembre de Luis Izquierdo López y el día 30 de noviembre a las 10.00 horas con las declaraciones de Francisco Correa y Pablo Crespo a las 12.00 horas.

El procedimiento continuará el día 1 de diciembre con las comparecencias de los responsables de Teconsa, Rafael Martínez Molinero y José Martínez Núñez, y finalizarán los días 2 y 15 d diciembre los funcionarios de la Junta de Castilla y León que participaron en la adjudicación leonesa

www.elmundo.es 23.11.11

08. CASO GURTEL: EL SUMARIO LLEGA A LA AUDIENCIA NACIONAL CON CAJAS DE DOCUMENTOS AÚN SIN ANALIZAR

El juez del Supremo que lleva el caso Gürtel enviará hoy decenas de miles de folios del sumario a la Audiencia Nacional, entre los que se encuentran cajas repletas de papeles aún sin analizar que fueron descubiertas por la policía en una nave de Alcorcón (Madrid). En ellas figuran documentos relativos a viajes de placer que la trama Gürtel pagó a cargos del PP. Otros papeles sin analizar hacen referencia a la boda de la hija del expresidente del Gobierno José María Aznar, así como a parte de la contabilidad b de la red Gürtel.

No se descarta que una vez que el sumario esté en manos de la Audiencia Nacional -en concreto, del Juzgado Central de Instrucción número 5, donde comenzó a investigar este asunto el juez Baltasar Garzón-, alguna de las partes recurra la competencia de este tribunal y exija que el caso sea desgajado e investigado en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid pertenecientes a localidades donde se cometieron algunos de los delitos relacionados con la trama.

Recurso rechazado

El Supremo confirmó ayer que será la Audiencia Nacional la que investigue este caso después de que el instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, se inhibiera en favor de este tribunal. El alto tribunal rechazó el recurso presentado por el exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas contra la decisión del TSJM, que el pasado julio avaló la inhibición de Pedreira.

La devolución a la Audiencia Nacional de la instrucción y el eventual enjuiciamiento posterior de las actuaciones del caso Gürtel fue acordada el pasado 8 de junio por el instructor en el TSJM tras dejar de ser aforados tres de los procesados en la causa: los exdiputados de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Un mes después, la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal confirmó la decisión. Tras inhibirse Pedreira, consideró que las diligencias debían ser remitidas al primer tribunal que instruyó la causa.

De esta forma, estimó el recurso de súplica del abogado del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, al que se adhirieron las del considerado número dos de la misma, Pablo Crespo, y de los también procesados Felisa Isabel Jordán, Alfonso Bosch, Fernando Martín y Alberto López Viejo. A ello se opusieron el ministerio fiscal y los letrados de Bárcenas y del exdiputado del PP Jesús Merino.

www.elpais.es 29.11.11

09. C. A ANDALUCÍA: EL PP EVITA REPROBAR A LOS EXDELEGADOS DE LA ZONA FRANCA

El Ayuntamiento de Cádiz rechazó ayer, con los votos del PP, reprobar por su mala gestión a los dos ex delegados de la Zona Franca gaditana en la etapa de José María Aznar: Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna. Ambos directivos, según una sentencia del Tribunal de Cuentas, fueron responsables contables de la desaparición de 4,3 millones de euros de dinero público, que ahora deberán devolver. Los populares tumbaron la propuesta del PSOE porque consideran que la sentencia está pendiente de recurso y todavía hay abierta una vía penal sobre estas irregularidades.

La moción socialista pretendía una pronunciamiento explícito del gobierno de Teófila Martínez sobre esta sentencia y una exigencia a los dos ex delegados para que reintegren el dinero desaparecido. Sin embargo, la alcaldesa no se dignó a estar presente en el debate de este punto y se marchó en medio de la sesión, una hora antes de alcanzar esta propuesta del PSOE.

IU decidió apoyar la petición socialista de reprobación. Su portavoz, Sebastián Terrada, recordó la gravedad de los hechos condenados y lamentó el silencio del PP.

Los populares esquivaron como pudieron el contenido de la moción socialista. El concejal Ignacio Romaní lanzó acusaciones contra la portavoz del PSOE y recordó que la justicia ordinaria no se ha pronunciado todavía. El edil del equipo de gobierno destacó que el ponente de la sentencia del Tribunal de Cuentas fue "elegido por el PSOE".

www.elpais.es 29.11.11

10. C.A ANDALUCÍA; ZOIDO DISFRUTA CON LA DAVIS

El Ayuntamiento de Sevilla hizo públicas ayer varias fotos en las que se veía al alcalde, Juan Ignacio Zoido, jugando al tenis en la pista de La Cartuja, donde comenzará el próximo viernes la final de la Copa Davis entre España y Argentina. Sorprende el uso dominguero por parte del alcalde de las instalaciones de la final, que le han costado a la ciudad casi un millón de euros más otro de canon a la federación.

11. C.A BALEARES: NIEGA LA TARJETA SANITARIA A UN PORTADOR DE VIH EN PARO

El hombre ha agotado la prestación por desempleo y gestiona su cobertura como persona sin recursos - "Tengo miedo de quedar en desamparo", dice el afectado

Hace un año que a Íñigo López le diagnosticaron VIH. Sus defensas aún no están en el límite y los médicos consideraron que por el momento no necesitaba medicación. Sin embargo, sí precisa seguimiento médico. Y muchas pruebas. Ayer, en una de esas visitas a un ambulatorio de Ibiza, donde vive, el Servicio de Salud de Baleares le dijo que solo tenía derecho a la atención sanitaria de urgencias. López, en paro desde hace más de un año, ha agotado la prestación por desempleo y por lo tanto su derecho a la asistencia sanitaria gratuita. No tiene recursos. Hace un mes solicitó una nueva tarjeta sanitaria. A pesar de que la administración balear aún no le ha contestado -tampoco le dice si puede acogerse a la asistencia para personas sin recursos- le niega las consultas médicas y las pruebas. "Tengo miedo de necesitar asistencia y quedar en desamparo", lamenta.

Salud rechaza que deje de asistir a ciudadanos si están empadronados

Un portavoz del Servicio de Salud negó que un caso como el que relata López haya podido ocurrir. "Si está empadronado y no es un desplazado debe tener acceso", dijo. La Consejería de Sanidad de la comunidad también rechazó que personas en la situación de este hombre de 40 años estén siendo discriminadas.

Pero este vasco que vive desde hace unos meses en Ibiza se empadronó en la isla hace ya tres semanas. "Lo hice precisamente para poder ir con normalidad al médico. No puedo permitirme estar cogiendo el avión a Madrid, donde vivía antes, cada dos por tres. Ni económicamente ni por salud", dice López, que ha trabajado durante años como supervisor clínico. Fue al solicitar la nueva tarjeta cuando le dijeron que al agotar la prestación no tenía derecho a la asistencia sanitaria, explica.

Lo constató el lunes, cuando le negaron el acceso a una prueba médica que tenía prescrita. Entonces reclamó al servicio de atención al usuario. Allí, cuenta, le dijeron que como persona sin recursos sí tenía derecho a la asistencia sanitaria, que llamarían al centro de salud y que volviera para hacerse las pruebas. "Acudí, hablé con el médico que se hizo cargo de la situación y me atendió sin problemas. Me hicieron las pruebas y me dijeron que pasara a por los resultados", relata. Sin embargo, al pedir la cita para los próximos exámenes, el personal del ambulatorio le insistió en que solo tiene derecho a la asistencia de urgencias, como plasmaron en gruesas letras rojas en su solicitud de renovación de tarjeta.

"¿Qué pasa entonces con las pruebas que tengo que hacerme? Tengo miedo de que empiece a necesitar el tratamiento farmacológico y no se hagan cargo de él. Lo necesito para vivir y no puedo afrontar su coste que puede alcanzar los 500 euros al mes", explica.

La de López no es una situación única. Tampoco exclusiva de Baleares. Alrededor de 200.000 personas permanecen sin paraguas sanitario en España: parados de larga duración a los que se les ha agotado la prestación, personas que nunca cotizaron o afiliados a colegios profesionales no gozan de la asistencia sanitaria gratuita. Esta realidad cambiará el 1 de enero, cuando la Ley General de Salud Pública haga definitivamente universal la sanidad. Pero hasta entonces, las rendijas legales y la crisis hacen que situaciones como las de este vasco estén proliferando.

www.elpais.es 02.11.12

12. C.A BALEARES: LA JUNTA ELECTORAL DESESTIMA LA DENUNCIA CONTRA BAUZÁ POR SUS DECLARACIONES EL 20N

La Junta Electoral Central considera, no obstante, que el comportamiento del president del Govern fue "inapropiado"

La Junta Electoral Central ha desestimado este jueves la denuncia interpuesta por el PSOE contra las declaraciones del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, en las que pidió el mismo día de las elecciones un "gran aporte de votos" para su partido y para quien "va a ser el próximo presidente de España, Mariano Rajoy".

Así lo informa el PP balear en su cuenta de Twitter, después de que la Junta Electoral Central se haya reunido desde las 12.30 horas para analizar, entre otros asuntos, la denuncia interpuesta por los socialistas, que es similar a la que presentaron el PSM-IV-Entesa y EU ante la Junta Provincial de las Islas Baleares.

De este modo, la Junta Electoral Central considera que no hubo delito en las manifestaciones de Bauzá, tal como estimaban el PSIB, el PSM-IV-Entesa y EU, que consideraban que el presidente del Govern infringió el artículo 53 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que establece la prohibición de solicitar el voto el día de las elecciones.

Precisamente, la Junta Provincial de las Islas Baleares se reunió la semana pasada y acordó preguntar a la Junta Electoral Central si había recibido una denuncia por las declaraciones realizadas por Bauzá, el día de las elecciones, similar a la cursada por parte del PSM-IV-ExM y EU ante dicho órgano regional.

Además, la Junta Provincial le requirió a la Central información sobre las actuaciones que haya realizado respecto a dicha denuncia, presentada por el PSOE, con el fin de "evitar duplicidades".

Las tres citadas formaciones consideran que las manifestaciones de Bauzá pueden ser constitutivas del delito electoral, que está tipificado en el artículo 144 de la LOREG en relación con el delito de propaganda electoral.

En caso de que la Junta Electoral Central hubiese considerado que en las declaraciones de Bauzá hubo indicios de que pudiera infringir la Ley Electoral, hubiese remitido el caso a la Fiscalía o al Juzgado de Instrucción, que podrían haber llegado a imputar al presidente balear si estimara que éste hubiese incumplido la citada normativa

Concretamente, el artículo 144 de la LOREG señala que serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o a la multa de seis a 24 meses quienes realicen actos de propaganda una vez finalizado el plazo de la campaña electoral o infrinjan las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados de los mismos, así como las normas relativas a las reuniones y otros actos públicos de propaganda electoral

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2011/12/01/junta-electoral-desestima-denuncia-bauza-declaraciones-20n/724890.html

13. C.A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL LLEVA A LA JUSTICIA EL TRASVASE AL SEGURA Y ROMPE LA UNIDAD DEL PP

La paz en el PP en materia del agua no ha durado ni dos semanas después del 20-N. El Gobierno de Castilla-La Mancha anunció ayer un recurso contra el último trasvase del Tajo al Segura aprobado por el Gobierno. Con esa decisión, la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, sigue la política de su antecesor, el socialista José María Barreda, y se enfrenta a los Gobiernos de Valencia y Murcia, también gobernados por el PP.

Los Ejecutivos de Ramón Luis Valcárcel y Alberto Fabra han acorralado a los socialistas en la zona de Levante con el argumento de que el Gobierno de Zapatero no solo derogó el trasvase del Ebro sino que ha intentado cerrar el grifo del Tajo, del que beben más de dos millones de personas.

Ahora, la número dos del PP les rectifica y sostiene que el Ministerio de Medio Ambiente envía demasiada agua a Murcia. El Consejo de Gobierno acordó ayer recurrir judicialmente el trasvase de hasta 270 hectómetros cúbicos que el Gobierno aprobó para el segundo semestre de 2011. Como el máximo anual posible por ley es de 600 hectómetros, con esa decisión, Medio Ambiente rozaba el máximo, aunque luego no se trasvasa tanto como se autoriza. Barreda ya acumuló una cantidad enorme contra el ministerio, y todos fueron desestimados. En junio, Castilla-La Mancha envió un escrito al ministerio en el que le acusaba de vulnerar "los legítimos intereses" de Castilla-La Mancha, aunque Cospedal negó después que se opusiera al trasvase.

Al próximo Gobierno

El portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Leandro Esteban, afirmó que han decidido "acudir a los tribunales para defender los intereses de Castilla-La Mancha". El anuncio se produjo antes de la comida entre los barones del PP organizada por Rajoy, a la que acudieron Cospedal, Fabra y Valcárcel.

Antes de final de año, hay que decidir un nuevo desembalse, y el Gobierno en funciones ya ha avisado al PP de que no piensa tomar ninguna decisión y que se lo deja para el próximo ministro. Durante ocho años, el PP ha defendido los trasvases, pero ahora El trasvase del Ebro hasta Almería está descartado y la número dos del partido también carga contra el del Tajo. Desde mayo, los populares también gobiernan Castilla-La Mancha y Aragón y el equilibrio de poder se desplaza.

www.elpais.es 02.12.11

14. C.A CASTILLA Y LEÓN: PRESIDENTA Y 11 CARGOS MÁS

La responsable de la Diputación de León, Isabel Carrasco, del PP, acumula puestos y duplica su sueldo con dietas

Isabel Carrasco Lorenzo preside la Diputación de León. Y el Instituto Leonés de Cultura. Y el Consorcio del Aeropuerto de León. Y el PP provincial... Así, hasta 12 cargos. Sobre el papel, solo cobra del primero por dedicación exclusiva -14 pagas de 5.700 euros (79.800 brutos al año)-, como sostienen con insistencia sus colaboradores. Sin embargo, entre dietas y desplazamientos, esta dirigente con dos décadas de experiencia en la cosa pública rebasó en 2010 los 158.000 euros, según cálculos de EL PAÍS realizados con documentos oficiales, que revelan una retribución que duplica la de José Luis Rodríguez Zapatero (78.184 euros).

Solo de Caja España, la dirigente percibió 62.151 euros en dietas durante 2010

Carrasco percibió 62.151 euros el año pasado como dietas y desplazamientos de Caja España, de la que es consejera. Ingresó 19.037 por acudir a las reuniones semanales de la institución financiera, que se celebraron hasta octubre en León y, tras la fusión con Caja Duero, en Salamanca. Y 43.113 euros por asistir a los compromisos mensuales de las sociedades participadas por la caja Invergestión, Inmocaja, y la firma de tasaciones inmobiliarias TINSA, radicada en Madrid. Caja Duero-España vendió su 9% en esta última el pasado noviembre.

Además, la también presidenta provincial del PP recibió el año pasado 13.392 euros del Instituto Leonés de Cultura, que depende del organismo provincial. Carrasco, que desde el pasado mayo es concejala del Ayuntamiento de León, complementará este año su retribución con 3.673 euros anuales por asistir a los plenos del Consistorio.

La política de los 12 cargos ha ingresado desde 2008 cerca de 200.000 euros como desplazamientos, dietas y noches de hotel por asistir a las reuniones de Caja España y de sus participadas Invergestión, Inmocaja, Viproelco y Tinsa, entre otras. Percibió por estos conceptos 52.012 euros (2008), 56.180 (2009), 62.151 (2010) y 30.912 euros durante el presente año.

Carrasco cargó a Caja España en 2008 y 2009 gastos de kilometraje por valor de 3.368 euros, pese a que realizó los desplazamientos en el coche oficial y con el chófer de la Diputación, según han confirmado a este periódico cuatro consejeros de la entidad. Coinciden en que la política pidió que se le abonasen en su cuenta corriente los complementos.

El PSOE de León interpuso el miércoles una denuncia contra la dirigente por malversación. Sostienen los socialistas que Carrasco cargó "de forma irregular" a las arcas provinciales 1.000 kilómetros en desplazamientos que realizó para cumplir con sus compromisos con Caja España. El socialista Matías Llorente asegura que la presidenta del PP se desplazó con el coche oficial del organismo, un Audi A6 300TDI azul oscuro, en más de 40 ocasiones a distintas ciudades de León.

Isabel Carrasco se negó a contestar a las preguntas de EL PAÍS sobre este asunto: "Ni confirmo ni desmiento esos datos. Toda la información al respecto deberán aportarla la institución financiera y la Diputación de León", zanjó. En la Diputación de León se remiten a sus palabras.

www.elpais.es 02.11.12

15. C.A EXTREMADURA: IU DE EXTREMADURA ADMITE SU DIVISIÓN INTERNA POR LA RELACIÓN CON EL PP

La dimisión en bloque de ocho dirigentes llega antes del debate de los presupuestos

Lo que el lunes la dirección negaba de plano, ayer pasó a admitirlo con matices. Las dimisiones de ocho de los 17 miembros de la Presidencia de IU-Extremadura -incluidos los máximos responsables en las cuatro principales ciudades de la región- "pueden estar motivadas por discrepancias en la gestión interna de la organización y de la actividad parlamentaria", según afirmó ayer el coordinador regional, Pedro Escobar, en un comunicado. La víspera, Escobar había asegurado que los abandonos no tenían "nada que ver" con cuestiones políticas sino solo con la necesidad de esos dirigentes de dedicarse más a sus cargos públicos o a sus territorios.

El comunicado insiste en atribuir "básicamente" la dimisión de la mitad de la dirección a un "proceso de reorganización interna". Pero añade como motivo las "discrepancias" ante la labor desarrollada por los tres parlamentarios de IU, que el pasado julio -atendiendo a la decisión de la militancia y de la dirección regional- facilitaron con su abstención un Gobierno del PP tras casi 30 años de mayoría absoluta del PSOE.

"Reconozco que algunos compañeros han manifestado desavenencias sobre cómo estamos desarrollando la actividad parlamentaria y opinan que no hay suficiente comunicación, que no hemos consultando cada decisión. Yo discrepo: no puedes estar reuniendo a la Presidencia todo el día", declaró Escobar a este periódico.

"Deriva" del grupo

Entre los dirigentes que han dimitido los hay que en julio estuvieron a favor de sostener cuatro años más al Gobierno socialista pero también otros que apoyaron la abstención, la opción que venció (y que suponía un Ejecutivo del PP, el partido más votado en las elecciones de mayo). Ninguno de los dimitidos con los que ayer contactó este periódico quiso explicar las razones de su cese. "Lo explicaremos donde corresponde: en el Consejo Político de diciembre", afirmó Manuel Sosa, coordinador de IU en Badajoz.

Fuentes cercanas a alguno de ellos aseguran que las dimisiones tienen una causa: la "deriva" del grupo parlamentario de IU a favor del PP. "Un miembro de IU fue nombrado para un cargo de Gobierno [la dirección de un organismo público]. Ha habido declaraciones a favor de no subir ciertos impuestos, y silencio cuando se anuncian despidos en empresas públicas. Eso no es solo permitir la investidura de un presidente del PP, es mucho más: un apoyo claro", afirman.

Esas mismas fuentes sospechan que los tres diputados -entre ellos, Escobar- facilitarán con su voto la aprobación de los presupuestos de 2012. El proyecto recoge un recorte del 5,3%, muy lejos del 10% o 20% que había anunciado el Gobierno pero aun así intolerable para un sector de IU. Escobar negó ayer que el voto a los presupuestos esté decidido; y añadió que el recorte del 5,3%, aun siendo menor a lo esperado, "no es una buena noticia" (aunque recordó también que las cuentas de 2011, con Gobierno del PSOE, ya supusieron una rebaja del 7% en el gasto).

El secretario de Organización federal de IU, Miguel Reneses, se limitó a decir que la crisis en IU-Extremadura es competencia de esa federación y que no ha sido "alentada" por el equipo de Cayo Lara; en su opinión, tiene "su origen" en la decisión tomada en julio de favorecer un Gobierno del PP (a la que se opuso frontalmente, en vano, la dirección federal).

www.elpais.es 30.11.11

16. C.A GALICIA: ASÍ VIVEN LOS NÁUFRAGOS DEL 'PRESTIGE'

Los políticos al frente de aquella crisis han sobrevivido: Rajoy es el futuro presidente de España y Cascos gobierna una autonomía

Hace nueve años los despachos oficiales apestaban a fuel. El Prestige llevaba una semana hundido a 250 kilómetros de la costa gallega, tras una tóxica agonía que dejó varias carreras políticas heridas, aparentemente, de muerte. La naturaleza ha sido más rápida que la justicia y, según los científicos, el cataclismo ambiental ya ha cicatrizado. Mientras la justicia tramita los 266.000 folios del sumario, los políticos que estuvieron en primera línea también se han dado prisa en olvidar. Ni siquiera los que sobrevivieron al naufragio destacan en su hoja de servicios su papel en la crisis. Entre los supervivientes están el futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y alguno de sus colaboradores. Otros han caído, pero no por resbalar en el chapapote. Es el caso del entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, en libertad condicional por corrupción durante su etapa como presidente de Baleares.

En el banquillo de un juicio aún sin fecha se sentarán tres de los protagonistas del naufragio en el mar -el capitán, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos; y el primer oficial, Ireneo Maloto- y uno de los náufragos en tierra -el ex director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors.

- Mariano Rajoy. La crisis le pilló como vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Aznar. Cuando su pronóstico de que el pecio no vertería más fuel se había estrellado con la realidad, se instaló en A Coruña para ponerse al frente del gabinete de crisis. Se encontró una Galicia irreconocible, puesta en pie, en la que Fraga ya no era omnipotente. Y afrontó la encomienda de Aznar fiel a su estilo, sin agresividad, pero con explicaciones ambiguas y titubeantes sobre manchas, galletas y flujos viscosos que exasperaban a los periodistas, incluso a los de medios otrora poco amigos de enfrentarse al poder. Entre predicciones fallidas y rectificaciones, aguantó el tipo con cara de desconcierto y la esperanza de que escamparía. En eso sí acertó. El tiempo y las inversiones millonarias del Plan Galicia apaciguaron la indignación, aunque su imagen y la de su partido quedaron tocadas. Luego vinieron su derrota como candidato a la presidencia del Gobierno en 2004 y la pérdida del poder en Galicia, la comunidad donde empezó también, en 2009, la remontada que ha llevado al PP a La Moncloa.

- Arsenio Fernández de Mesa. Fue la cara del Ejecutivo de Aznar en los primeros días. Sus comparecencias como delegado del Gobierno en Galicia, que impartía de pie y con porte marcial, dispararon el malestar de la ciudadanía por la poca e inexacta información que aportaban. Suya fue la frase: "El destino del fuel en el fondo del mar es convertirse en adoquín". Tras pronunciarla, el pecio escupió toneladas de carga. Llegó a estar imputado. Cuando Rajoy desembarcó en A Coruña, pasó a un segundo plano, pero nunca más se separó de su jefe. En 2003 fue destituido y se dedicó a ocupar un escaño en el Congreso que el 20-N le ha vuelto a adjudicar. Es la sombra de Rajoy, a quien abre camino en los actos oficiales confundido entre sus guardaespaldas. De aquella crisis suele destacar la angustia que a él y a su familia le produjeron las protestas a las puertas del edificio de A Coruña en el que residía como delegado del Gobierno.

- Francisco Álvarez-Cascos. Como ministro de Fomento era el responsable del departamento que tomó la decisión más polémica: alejar el petrolero de la costa. No se debatió con ningún técnico la maniobra, más allá de una consulta verbal a tres ingenieros navales sobre un posible trasvase de carga. Las investigaciones científicas han condenado aquella huida política mar adentro porque multiplicó los daños ecológicos y el coste que hubiera tenido refugiar el buque en un puerto. Cascos nunca bajó la cabeza. "Si la responsabilidad política hay que asumirla por no ser profeta, yo se la ofrezco", ironizó. Tras dejar el PP, es presidente de Asturias desde el pasado mayo, una comunidad que no se salvó del chapapote.

- José Luis López-Sors. Se echó a los hombros toda la responsabilidad del alejamiento del barco y ahora está acusado de delitos contra el medio ambiente. Como director general de la Marina Mercante, ejerció de enlace entre la cúpula de Fomento y los mandos marítimos de Galicia, y fue su voz la que transmitió la orden. Hoy es un funcionario jubilado. Acaba de recibir la cédula judicial que le insta a presentar una fianza de 1.200 millones de euros y la Abogacía del Estado dice temer que le embarguen.

- Jaume Matas. Era ministro de Medio Ambiente pero se situó en un segundo plano, detrás de Rajoy. Dejó el cargo en 2003 para optar a la presidencia de Baleares y resultó elegido. En 2007 abandonó la política y fichó por el Grupo Barceló en EE UU. Tres años después fue imputado por corrupción por su gestión como presidente autonómico. El juez decretó su ingreso en prisión, pero pagó una fianza de tres millones de euros y eludió la celda.

- Manuel Fraga. El Prestige significó el fin de su omnipotencia, dentro y fuera de Galicia, dentro y fuera de su partido. La crisis reventó la cohesión entre los bandos que aún dividen el PP gallego. El sector galleguista, liderado por José Cuiña, lo presionó para que plantara cara a Aznar y se pusiese del lado de la movilización ciudadana. No le hizo caso al que entonces era su delfín y lo destituyó, dejando el PP en manos de la facción afín a Rajoy, a la que pertenece Feijóo. En 2005 perdió el poder y en 2006 se fue como senador a Madrid. A principios de septiembre anunció su retirada.

- Apostolos Mangouras. Al capitán del Prestige el Gobierno de Aznar lo señaló como el gran culpable de la catástrofe, ya que su supuesta resistencia a las órdenes que le daban las autoridades españolas agravó el desastre. Bajó esposado del helicóptero que le llevó a tierra, estuvo en prisión y se sentará en el banquillo. Hoy reside en Grecia; en los meses de calor, en su isla natal de Icaria, y el resto en Atenas con sus dos hijos. Fuentes cercanas al marino aseguran que la lejanía y el tiempo le han permitido dejar de pensar en lo ocurrido aquellos días, aunque dice no entender su imputación.

- Nunca Máis. Nació con la masiva marcha que el 1 de diciembre de 2002 pidió en Santiago responsabilidades políticas por el desastre. La plataforma ya no está operativa y solo un pequeño grupo de trabajo se dedica a seguir la causa judicial, en la que están personada. Así lo decidieron sus miembros tras descartar la creación de una fundación. Pero el movimiento, advierte Rafa Villar, uno de sus portavoces, no está muerto. "Hay contactos, hay reivindicaciones. Si vuelve a ocurrir, no sería complicado resucitar Nunca Máis".

LOS QUE ESTUVIERON EN PRIMERA LÍNEA

- Fernández de Mesa. Fue el portavoz los primeros días como delegado del Gobierno. Hoy es colaborador de Rajoy.

- Álvarez-Cascos. Su ministerio decidió alejar el barco. Es presidente de Asturias, adonde también llegó el fuel.

- Jaume Matas. Era ministro de Medio Ambiente. Está imputado por corrupción como presidente de Baleares.

- Manuel Fraga. Fue el fin de su omnipotencia en Galicia. Perdió la Xunta y se fue al Senado. Está retirado.

- José Luis López-Sors. Era director de Marina Mercante y es el único miembro del Gobierno que será juzgado.

www.elpais.es 26.11.11

17. C.A GALICIA: PARADOS SIN PRESTACIÓN LLEVAN DOS MESES PAGANDO SUS MEDICAMENTOS

Los afectados siguen con la tarjeta sanitaria bloqueada pese a la promesa del Sergas de que las reactivaría inmediatamente de oficio

E.N.G, vecina de A Coruña, lleva más de tres años en paro, pero nunca imaginó que se quedaría sin cobertura sanitaria sin previo aviso del Sergas. Hace casi dos meses que se paga sus medicamentos y este jueves, para vacunarse contra la gripe, ya no se pasó por el centro de salud, fue directamente a la farmacia. "Tuve que comprar yo la vacuna. En la farmacia llamaron a un practicante para que me la pusiera, aunque no me quiso cobrar", cuenta.

Esta mujer de 61 años, enferma crónica, cumple la condición que reseñan todos los pacientes parados que estos días descubren que su tarjeta está desactivada: ha agotado su prestación por desempleo hace más de 12 meses. No tiene derecho a consulta con su médico de cabecera y si durante los dos o tres meses que tardará el Sergas en tramitarle una tarjeta PSR (para personas sin recursos) tiene que acudir a Urgencias, deberá firmar un compromiso de pago. Aunque la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, ha repetido hasta la saciedad que solo los extranjeros que no acrediten derecho a asistencia estarán obligados a firmar dicho documento, la información que recibe del Sergas dice todo lo contrario."A mí lo que me dijeron es que por urgencias [la única asistencia a la que sigue teniendo derecho] me van a cobrar, que tengo que cubrir un compromiso de pago", relata. El ir y venir de E. desde su centro de salud de O Ventorrillo a la delegación de Hacienda y el Ayuntamiento de A Coruña comenzó hace algo menos de dos meses, cuando intentó comprar los fármacos que le había recetado el médico. "Como estoy enferma y tomo mucha medicación, voy a la farmacia con frecuencia, por eso me enteré". El boticario no pudo acceder a la receta electrónica que debía contener su tarjeta, ya anulada.

En el centro de salud le dieron un número de teléfono para que aclarase su situación. "Me dijeron que el Sergas tenía una lista con la gente que se quedaba sin Seguridad Social, y que yo estaba en esa lista". Los trabajadores del Sergas le indicaron también qué opciones tenía para recuperar su derecho a la asistencia gratuita. Una de esas alternativas, la de incluirse en la tarjeta de un pariente, no le sirve porque todos sus familiares están empadronados en otras ciudades, por eso se ha decantado por la tarjeta para personas sin recursos. La solicitó el 4 de octubre, pero todavía no ha recibido nada. El pasado jueves intentó pedir cita para comprobar si su trámite estaba ya completo, porque Farjas afirma que todas las tarjetas bloqueadas se están activando "de oficio". Su nombre sigue sin figurar.

Tampoco tiene su tarjeta activada Mercedes Amaral, la primera ciudadana en denunciar el fin sorpresivo de su derecho a la asistencia sanitaria hace una semana. Parada de larga duración y a tratamiento por una depresión, Amaral asegura que su nueva tarjeta PSR no llegará antes de seis u ocho meses. Por ahora, mientras el Sergas no la da de alta, paga sus medicinas. Tendrá que presentar, como el resto de los afectados, una justificación de ingresos que demuestre que su única vía para recobrar la asistencia sanitaria es solicitar tarjeta destinada a las personas sin recursos. El Sergas le exige, además, un certificado de empadronamiento. "¿Qué está pasando aquí? Desde hace unas semanas no deja de llegar gente por este asunto de la tarjeta", le preguntó a principios de octubre una trabajadora del Ayuntamiento de A Coruña cuando E., la paciente de O Ventorrillo, le explicó que necesitaba un certificado de empadronamiento para recuperar su tarjeta.

"Hasta puedo entender que tenga que pagar las consultas, pero no que me quiten el médico". Luis (nombre ficticio) se enteró hace 17 días de que su tarjeta estaba bloqueada. Hace tiempo que a este vecino de A Coruña le van mal los negocios, tanto que ya ni siquiera puede pagar la Seguridad Social. "Declaro mis impuestos, pero el negocio es un desastre", se lamenta. El cruce de datos que le hizo hace dos semanas una trabajadora del Sergas cuando llamó para enterarse de su situación reveló el diagnóstico esperado. Su tarjeta sanitaria estaba desactivada. Ahora tramita su declaración como PSR y mientras paga sus medicinas.

"Desde el momento en el que me dan de baja no recibí ningún tipo de notificación", cuenta Marcos Otero, también residente en A Coruña, que teme que los próximos meses se conviertan en un ir y venir del centro de salud solo para presentar papeles "y sin cobertura". A diferencia de los casos anteriores, Otero, que actualmente estudia para sacarse una oposición y es demandante de empleo, llevaba un tiempo con la mosca detrás de la oreja. Casi no va al médico, pero hace un mes pidió cita para una consulta porque tenía molestias en un pie. No se la pudieron dar porque no tenía un médico adjudicado desde agosto. "Pensé que era algo ajeno a mí, un error administrativo", explica. Hasta la semana pasada no fue consciente de lo que le pasaba. "Solución no me han dado ninguna, más que pasarme a la tarjeta de algún familiar". Tampoco en esta ocasión se cumple la promesa de Farjas de reactivar automáticamente las tarjetas bloqueadas.

A la vez que continúa el goteo de casos, aumenta el número de firmas reunidas en la plataforma digital Actuable para pedir al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el desbloqueo de la tarjeta sanitaria a los parados que llevan más de 12 meses sin prestación. Ayer apoyaban la iniciativa de Alejandro J. Pérez Morán 11.000 personas. Los firmantes exigen a Feijóo "la retirada inmediata de la orden del 5 de septiembre de 2011", la norma que cambia los requisitos de acceso a la asistencia sanitaria de las personas sin empleo o con pocos recursos.

Vaivenes del Sergas con la tarjeta sanitaria

- 20 de octubre. Pago de 10 euros por el extravío. Al Consello Económico e Social de Galicia le parece que la propuesta "debe de ser un error" y propone "eliminarla".

- 23 de octubre. Trascienden las limitaciones del nuevo reglamento de Sanidade, en vigor desde el 29 de septiembre, al uso de la tarjeta para parados de larga duración, personas sin recursos y extranjeros. Sanidade alega que es para evitar el fraude a la Seguridad Social y que sigue una recomendación de la Comisión Europea para "detectarlo".

- 18 de noviembre. Primeras denuncias de desactivación de la tarjeta. "Es absolutamente falso", responde el Sergas. Atribuye las denuncias a las elecciones.

- 12 de noviembre. El Sergas admite que se bloquean tarjetas y señala que ha ordenado reactivarlas de oficio. Los afectados "no tendrán que tramitar nada". Galicia solo se adelanta cuatro meses "a una medida del Gobierno de España".

- 24 de noviembre. La conselleira, Pilar Farjas, afirma que se limita a recoger los requerimientos del INSS y que es este organismo del Ministerio de Trabajo el que deja a 300.000 personas sin cobertura hasta el 1 de enero. El INSS sostiene lo contrario, que garantiza la cobertura a los 300.000 y que la Xunta no ha firmado un convenio para reducir trámites. Farjas dice que lo firmó, pero se refiere a un acuerdo de un año antes.

www.elpais.es 26.11.11

18. C.A GALICIA: CACHARRO ES SOCIO DE JORGE DORRIBO EN LA EMPRESA DEL 'CASO CAMPEÓN'

El expresidente lucense cobró dividendos de la compañía en dinero negro

Francisco Cacharro, expresidente de la Diputación de Lugo y durante décadas histórico barón del PP gallego, es socio de los laboratorios Nupel de Jorge Dorribo, el cabecilla de la trama del supuesto fraude de ayudas públicas -el llamdo caso Campeón- que ha provocado las dimisiones de dos parlamentarios autonómicos (de PP y BNG) y ha salpicado al ministro de Fomento en funciones, José Blanco, y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Cacharro, actualmente desvinculado de la política, tras romper con el PP, figura en el informe concursal con su mujer, María del Carmen Gosende, como socio de la farmacéutica a la que el Gobierno gallego concedió ayudas por importe de tres millones de euros. El matrimonio participa como administrador solidario desde 2006 con un 3,82% de las acciones mediante la empresa Xorima Patrimonio, SL. Esta, a su vez, está participada por la energética Solar Caroni Tres, de la que el matrimonio es administrador único. "Esto no es nada nuevo", comenta molesto Cacharro por toda respuesta a la llamada de este diario.

El antiguo barón del PP tiene junto a su esposa un 3,82% de Nupel

Aunque Nupel estaba ya en quiebra a 31 de diciembre de 2010, los socios recibían dividendos de la contabilidad en B, no oficial, según consta en el informe. En el caso de la empresa de Cacharro, Xorima Patrimonio, SL percibió de esta forma 8.547 euros en 2009 y otros 8.639 en 2010. Pero la empresa del expresidente lucense también recibió créditos en B por 316.000 euros. La farmacéutica tenía "problemas gravísimos de liquidez, solvencia, rentabilidad y unos fondos negativos de 10.373.657,76 euros y un patrimonio neto negativo de 9.630.305,19 euros" por lo que, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, "estaría en causa de disolución sin que se hubiesen adoptado las medidas legales" para esos casos. Pero con las cuentas haciendo aguas, Dorribo se embarcó en una espiral de lujosas compras. El informe concursal da cuenta del elevado endeudamiento en préstamos con entidades bancarias para adquirir naves y coches de lujo por más de tres millones de euros en 2010.

Estás "inversiones" se suman a los "desorbitados saldos" en alguno de sus clientes cuya reputación "era más que dudosa", precisa el informe que cita, a título de ejemplo, los más de 9,3 millones de euros de Innova Farmacéutica, hoy en situación de concurso voluntario y "sin actividad alguna", los más de 276.777 euros a la Rally School de Luis Moya y 408.478,92 euros a Tramipharma. El socio principal de Nupel también soltó la mano en gastos de "propaganda, publicidad y relaciones públicas". Más de dos millones a patrocinios de Arde Lucus, Programa Lugo 10, del Club Baloncesto Breogán, del C.D. Lugo, del club de voléibol Emeve y de un rally. En este mismo capítulo figuran 9.492,30 euros de gastos de "visita médica" y 206.000 de "representación". Entre los gastos injustificados está la inversión para construir un laboratorio farmacéutico en el emirato de Abu Dhabi, de cuya obra no hay constancia.

Inversiones "innecesarias" en coches y naves de lujo

Con un panorama desolador sobre la inactiva y endeudada farmacéutica Nupel, Jorge Dorribo se lanzó a hacer importantes inversiones con fondos ajenos en artículos de lujo "totalmente innecesarios para la actividad de la empresa". La relación de coches y embarcaciones adquiridos de esta forma por el empresario ocupa más de dos folios del informe concursal, donde se puntualiza que solo se cita un extracto de estas compras.

Figuran numerosos vehículos de las marcas Porsche, Mitsubishi, Aston Martin, Range Rover, Mercedes, Maserati, Ferrari, Ford, Mini Cooper, Toyota, y BMW, entre otros. Junto a ellos, varias motos Kawasaki, quads Yamaha, otras motos acuáticas, embarcaciones Sacs y Beneteau y diversos productos para la práctica del deporte naútico.

La alegría en el gasto del empresario Jorge Dorribo se evidencia también, según consta en el mismo documento, en los créditos que concedió a diversas entidades deportivas. Entre las inversiones financieras en entidades ajenas a la actividad de la empresa, Dorribo -que salió de la cárcel en agosto- destinó 36.129,90 euros al Club Baloncesto Breogán, 8.053,40 euros a aportaciones de capital a Afigal y 6.000 euros a compra de acciones del Club de Golf de Lugo, SA, entre otras.

Todas estas inversiones se suman a los "desorbitados saldos" en alguno de sus clientes cuya reputación, precisa el informe concursal, "era más que dudosa".

www.elpais.es 26.11.11

19. C.A GALICIA: LA XUNTA DEFIENDE EL FICHAJE DE UN PROMOTOR COMO JEFE DE URBANISMO

Con meses de retraso llegó ayer al Parlamento la polémica por el nombramiento como jefe de la Consellería de Territorio en Pontevedra de José Luis Díez Yáñez, exapoderado de una promotora inmobiliaria vinculada a la red Gürtel que aún pleitea con el Ayuntamiento de Sanxenxo por un negocio fallido para construir una urbanización de lujo sin viviendas públicas. El fichaje fue defendido por la secretaria general de Urbanismo, Encarnación Rivas, que no vio problema en que alguien que trabajó para 14 promotoras pasase al poco tiempo a ser garante de la legalidad urbanística. Al contrario, la circunstancia le parece deseable. "Lejos de ser perjudicial incluso tiene aspectos positivos, porque acerca experiencias del sector privado a la actividad de la Administración", leyó.

"Sanxenxo es una escuela de urbanismo para cargos del PP", reprocha Lobeira

El asunto se debatió en la comisión de ordenación territorial del Parlamento a instancias del diputado nacionalista Bieito Lobeira, que partió del caso específico de Díez para criticar el estrecho vínculo entre el urbanismo de Sanxenxo y la consellería que dirige Agustín Hernández. La propia Rivas fue gerente de Urbanismo del municipio costero en la época de Telmo Martín, y un asesor de Hernández, José Luis Narbón -uno de las artífices de la normativa territorial en tiempos de José Cuiña-, es responsable de un bufete que defiende a infractores urbanísticos, por un lado, y al propio Ayuntamiento de Sanxenxo por otro, al que en cuatro años cobró más de 345.000 euros en minutas judiciales. "Sanxenxo es una escuela de formación para cargos del PP en materia de urbanismo", cargó Lobeira, que pidió el cese de Díez.

La cuestión no era plantear la legalidad de los nombramientos, que el diputado del BNG no puso en duda, sino su ética. Díez Yáñez fue director de relaciones institucionales de Sedesa, empresa vinculada al caso Gürtel de presunta financiación ilegal del PP. Entre las 12 compañías relacionadas con Sedesa en las que estuvo empleado, fue apoderado de Mirador de Sanxenxo, una promotora que pactó con el Ayuntamiento del turístico municipio pontevedrés, con Martín de alcalde y Rivas de gerente de Urbanismo, pagar al consistorio 4,8 millones de euros para eludir la obligación de construir viviendas de protección oficial en una urbanización en Monte Faro con 1.330 viviendas de lujo.

El acuerdo se vio frustrado por los requisitos extra que instauró el bipartito. Díez Yáñez trató de recuperar el montante ingresado para la empresa, por lo que firmó personalmente un recurso de reposición contra el Ayuntamiento. El conflicto siguió en el juzgado. Un año después de rubricar el recurso, fue nombrado jefe territorial, cargo que lleva aparejado el de presidente de la comisión provincial del Instituto Galego de Vivenda e Solo. Sustituyó en el puesto a Evaristo Juncal, que cesó tras desvelar EL PAÍS sus negocios con testaferros de narcotraficantes. "Los cargos de responsabilidad en un Gobierno no deberían estar vinculados a actividades privadas recientes en el mismo ámbito en que ejercen responsabilidad política en la actualidad", reprochó Lobeira.

En su respuesta, Rivas recordó la tramitación del acuerdo inicial entre el Ayuntamiento y la promotora, insistiendo en su legalidad. También quiso sacar pecho por la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo, del que destacó que el Ayuntamiento ha ganado todos los pleitos en su contra menos uno. Olvidó decir que el trasiego judicial de la norma le ha costado a las arcas locales más de 900.000 euros, según las propias cuentas municipales. Lobeira le reprochó que fuese ella la encargada de responder a una pregunta que afectaba a su gestión. "Es una versión de parte", protestó. Después llamó a "terminar con la impunidad del PP en Sanxenxo y en Galicia para asumir como normal este tiempo de procesos".

Rivas se ciño de entrada a la legalidad del nombramiento. "No incurre en incompatibilidades. Renunció en acta notarial a los apoderamientos que ostentaba en la empresa privada". Y deslizó una acusación al propio BNG. "El acceso a puestos directivos desde el sector privado no es nuevo, como tampoco el camino inverso y cualquiera que sea el color político, como ustedes saben".

www.elpais.es 26.11.11

20. C.A GALICIA: UN ALCALDE Y SENADOR DEL PP PAGÓ COMO RÚSTICO SUELO QUE ACABABA DE RECALIFICAR

Jiménez Morán ha sido denunciado por un supuesto fraude tributario

El alcalde de Verín y desde ayer senador por designación autonómica, Juan Manuel Jiménez Morán, del PP, compró este verano una finca anexa a su chalé integrada por dos parcelas que suman más de 6.000 metros cuadrados en la zona más céntrica del municipio. En escritura ante notario, Jiménez certificó haber pagado 46.000 euros por el terreno "de suelo rústico" y haber liquidado 6.440 euros por el impuesto de transmisión patrimonial. Ambas parcelas figuran como suelo urbano consolidado en el plan general de ordenación municipal aprobado inicialmente el año pasado y de momento en trámite, pendiente del visto bueno de la Xunta para su entrada en vigor. Aunque en este momento constan como rústicas, su precio real "triplica el que Jiménez acredita que pagó", aseguran en una denuncia contra el alcalde registrada ante el Servicio de Inspección Tributaria de la Consellería de Facenda, vecinos que intentaron adquirirlas y a quienes el vendedor pidió "tres veces el precio" que Jiménez certificó haber pagado. El denunciante pide que se investigue un supuesto fraude tributario en la autoliquidación del impuesto de transmisiones. "El precio declarado por las partes es irreal en el mercado inmobiliario de Verín", consta en la denuncia.

El senador ha sido denunciado por un supuesto fraude tributario

Jiménez Morán compró hace unos meses las parcelas situadas "en una de las zonas más caras" de la villa, en un momento de ausencia de planeamiento urbanístico. El documento fue aprobado inicialmente el año pasado, pero al no entrar en vigor, la calificación de las fincas se remonta a las normas subsidiarias anteriores, donde figuraban como suelo rústico.

El denunciante pide a Facenda que investigue si Jiménez compró "por el precio real" -"tres veces el que declaró"- y si, en consecuencia, "eludió" pagar los impuestos correspondientes. El regidor y senador (brazo derecho de Feijóo en la provincia de Ourense, quien lo apoyó para evitar que la presidencia del PP recayera en el hijo del barón provincial, José Luis Baltar) sostiene que pagó los 46.000 euros que constan en la escritura. Reconoce lo bajo del precio, pero advierte de que "jamás" había pensado comprar nada. "El dueño de las parcelas es muy amigo mío y me dijo: 'Prefiero que te quedes tú con ellas", justifica. Asegura que decidió comprarlas porque "están pegadas" a su casa. En su opinión, si el precio que pagó fuese excesivamente bajo, Hacienda le habría "clavado una complementaria". "Tengo mucha amistad con el dueño de las parcelas y pagué lo que me dijo, no me pidió más", insiste. Jiménez alega además que una valoración de la Xunta de 2008 -cuando aún no estaba en marcha la recalificación- estimó el precio en 12.000 euros.

Cuando hace cuatro años Jiménez llegó a la alcaldía de Verín (15.000 habitantes), ordenó un planeamiento para 100.000 habitantes. Fue aprobado inicialmente en abril de 2010 pero la Xunta lo rechazó en varias ocasiones y ahora la Confederación Hidrográfica vuelve a ponerle trabas. El organismo de cuenca alerta de que determinadas fincas del casco urbano están en "zona inundable". El alcalde anunció el mes pasado a los vecinos que los técnicos municipales estudian la solución "para evitar que el planeamiento siga paralizado". En cuanto se apruebe, su nueva finca ya valdrá oficialmente tres veces más de lo que él justifica haber pagado.

www.elpais.es 30.11.11

21. C.A MADRID: AGUIRRE CAVA LA TRINCHERA

La presidenta planta cara a Rajoy y se blinda con su hombre de confianza, Ignacio González. El delfín de la 'lideresa', sin embargo, despierta suspicacias en el PP nacional, que vuelve a ver Madrid como problema

El tablero político que se ha dibujado estos días en el PP de Madrid es la última consecuencia de una jugada de ajedrez diseñada por José María Aznar hace nueve años. Corría el año 2002, quedaba menos de un año para las elecciones autonómicas y locales y el entonces presidente pronto tendría que resolver la cuestión sucesoria. Una calurosa tarde de julio, citó a Alberto Ruiz-Gallardón a su despacho en La Moncloa. El presidente de la Comunidad de Madrid acudió nervioso a la cita y se fue con un punto de aflicción. El presidente le pidió que bajara un escalón y fuera el candidato del PP en el Ayuntamiento de Madrid para enfrentarse a una joven candidata socialista, que estaba volteando las encuestas. Cuentan, que, además, Aznar le pidió su parecer sobre cuál era la mejor persona para sustituirlo al frente de la Comunidad. Gallardón deslizó el nombre de Esperanza Aguirre pensando que nunca le haría sombra. Pocos meses después, Aznar designó a Mariano Rajoy como su sucesor en el partido. El triángulo político esbozado por el expresidente ha protagonizado buena parte de la vida política del PP con enfrentamientos más o menos soterrados entre cada uno de sus vértices.

González está marcado en Génova por medirse con Rajoy

Granados empezó a moverse para acercarse a la dirección nacional

Casi un decenio después, Mariano Rajoy es, por fin, presidente; el alcalde acaba de ser elegido diputado y la mayoría coincide en que su salto a la política nacional es cuestión de semanas, dejando a Ana Botella como alcaldesa. Ante esta nueva situación, Aguirre ha reaccionado. Ha blindado al PP de Madrid para afrontar el incuestionable poder de Rajoy en el partido. El pasado miércoles destituyó, por sorpresa, a Francisco Granados como secretario general de los populares madrileños y colocó en su lugar a Ignacio González, su número dos. El vicepresidente regional suma a su poder institucional, ya que también es portavoz del Gobierno y consejero de Cultura y Deportes, el control absoluto del partido. "En realidad es una confirmación porque ya ejercía ese poder", cuenta un miembro de la dirección del grupo. Así se entendería la frase envenenada que le dirigió Granados en el comité regional del pasado miércoles tras ser destituido: "Enhorabuena, Nacho, porque por fin vas a poder ser lo que has ejercido durante estos años y no me has dejado ser a mí, secretario general". Atrás queda una historia de intrigas y ambiciones en la carrera por la sucesión de Aguirre.

Pero González está marcado en Génova. Muchos no olvidan su papel en el comité de dirección nacional tras la derrota del PP en las generales de 2008. Pidió la palabra y leyó un durísimo discurso en el que criticaba abiertamente a Rajoy, le reprochó que estaba "convirtiendo al PP en una segunda marca de los socialistas". Su intervención en aquel cónclave fue entendida como un desafío al líder popular y el inicio de las hostilidades que desde Madrid se desataron contra él. Semanas después, Aguirre amagó con disputarle la presidencia del partido a Rajoy, pero midió mal sus fuerzas en el congreso del PP en Valencia. Desde entonces su relación se ha mantenido en los márgenes de la desconfianza. Por eso, el nombramiento de González como secretario general del PP en Madrid ha despertado suspicacias en el entorno de un Rajoy al que ahora nadie discute. En el PP regional crece la idea de que el líder popular tiene un problema en Madrid. Pero también consideran que la devastadora situación económica ocupará al presidente popular lo suficiente como para no preocuparse por esta otra crisis.

Por si acaso, Aguirre se atrinchera con el nombramiento de González y además le convierte en su delfín. Entre los populares crece la idea de que esta será la última legislatura de la lideresa al frente de la Comunidad de Madrid. González niega cualquier maniobra para sustituirla. "Es una cuestión que ni se ha planteado nunca, ni me la planteo, ni nada de nada", dijo el pasado jueves. De momento ya se ha quitado a Granados de esa carrera. Aunque muchos consideran que nunca tuvo opciones. "Siempre ha mandado González. Lo de Granados lo permitió la presidenta porque le hacía gracia", señala un miembro del comité del PP. Ambos llevaban años luchando por el control del Gobierno. La pasada legislatura fue la más enconada, pero las discrepancias comenzaron mucho antes.

Lo recordó el todopoderoso González hace dos días: "Si hay alguien que haya hecho lo indecible porque Granados fuera secretario general, ese soy yo". Se refería a un capítulo ocurrido en 2004, cuando Aguirre se hizo con la presidencia del PP de Madrid. Acababa de ganar las elecciones tras un oscuro episodio conocido como el tamayazo y decidió que debía controlar el partido y romper el delicado equilibrio entre ratistas, manzanistas, gallardonistas, aznaristas y la vieja guardia de la derecha. En un tenso congreso regional, en el que Gallardón trató sin éxito de frenarla, transformó a todas las corrientes en una sola: el aguirrismo. González había salido quemado tras el pulso con el alcalde y el vicealcalde Manuel Cobo y propuso a la presidenta que designara al joven consejero de Transportes como secretario general. Granados había sido alcalde de Valdemoro y mantenía buena relación con otros regidores de la región.

Hasta entonces, el cargo en el partido era incompatible con otro puesto en el Gobierno. El número dos maniobró para que Granados cesara como consejero pero este logró mantenerse. Pocas semanas después, Aguirre le citó para recordarle que el partido requería plena dedicación y debía dejar el Gobierno. Granados, tras una tensa conversación, le arrancó, a cambio de Transportes, la cartera de Presidencia y Función Pública. Esa misma noche, en una cena de Navidad en Las Rozas, coincidió con González que, según fuentes presentes en la conversación, le amenazó: "Te vas a arrepentir de lo que has hecho".

Comenzó entonces una áspera relación entre Granados y González que concluyó el pasado miércoles. Atrás quedó el turbio asunto de los espías en el que sus respectivos equipos se acusaron mutuamente de tener algo que ver en el supuesto seguimiento a altos cargos del PP en la región, y que provocó un nuevo enfrentamiento entre Aguirre y Rajoy. O el acuerdo por convertir a González en presidente de Caja Madrid, frenado por el presidente popular a pesar de la lideresa.

Tras frustrarse la salida del vicepresidente a la caja se recrudeció la guerra entre ambos. Se había producido la ruptura definitiva. Durante las pasadas elecciones autonómicas y locales, el ahora ex secretario general conoció las candidaturas por la prensa. "Es raro que no rascara bola en las listas", admite un cargo afín al vicepresidente. Era González quien hacía y deshacía en el partido. "La presidenta se cansó de tener a dos cabezas peleándose. Nunca fue un pulso entre iguales. Nacho siempre ha tenido la confianza y el cariño de la presidenta", añade.

Aguirre sacó a Granados del Gobierno y le ofreció la portavocía del grupo en la Asamblea, pero el exconsejero lo rechazó tras una reunión salpicada de reproches y apostó por mantenerse como secretario general a la espera de tiempos mejores. A partir de entonces, Granados empezó a moverse para acercarse a la dirección nacional. Y la situación empeoró. Durante las pasadas elecciones generales, desde el entorno de Aguirre se le acusaba de trabajar para la candidatura de Rajoy, en vez de coordinarse con la presidenta. El miércoles Aguirre cogió la guadaña y reabrió una crisis con el entorno de Rajoy. Ahora al nuevo presidente le toca mover las piezas que Aznar dejó sobre el tablero madrileño hace una década.

El poder en el PP

- Presidenta: Esperanza Aguirre.

- Secretario general: Ignacio González.

- Vicesecretaria de Organización: Gádor Ongil.

- Vicesecretario de Acción Política: Javier Fernández-Lasquetty.

- Tesorero regional: Carlos Izquierdo.

- Presidente del Comité Electoral: Bartolomé González.

- Presidenta del Comité de Derechos y Garantías: Cristina Cifuentes.

Aguirre se refugia en sus fieles

Dicen que en periodo de crisis es recomendable volver a los orígenes. Y desde allí replantearse los conflictos. Eso es lo que parece haber hecho Esperanza Aguirre en el PP de Madrid. Justifica la sustitución de Francisco Granados como una decisión para dar un nuevo impulso al partido. Según insiste, quiere coordinarse mejor con Génova. Para ello ha colocado a Ignacio González como secretario general. Y ha ascendido al consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, como vicesecretario del partido.

La nueva estructura en el PP de Madrid devuelve a la presidenta a sus orígenes. González y Lasquetty coincidieron con Aguirre hace casi 25 años en el Ayuntamiento de Madrid. Lasquetty fue uno de los asesores que ayudaron a Aguirre en su asalto a Madrid. "La designación de González es rara. Lo pone bajo los focos. Ya tenía el poder y no necesitaba eso. ¿Por qué lo ha hecho?", se pregunta un diputado regional, que desliza que, a su juicio, la única respuesta es que quiera colocarlo en la ejecutiva nacional del PP y lance desde ahí su candidatura para otras aventuras políticas, la sucesión incluida.

"El nombramiento de Lasquetty tiene más importancia de lo que parece", concluye un miembro de la dirección regional del PP. "Javier no ha pisado dedos a nadie, viene de Aznar. Es una de las pocas personas a las que la presidenta siempre escucha. Es moderado, con mucho sentido común. Y sabe resolver conflictos", añade justo antes de recomendar: "No lo perdáis de vista".

www.elpais.es 27.11.11

22. C.A MADRID: GALLARDÓN CEDE LOS 16 CENTROS DE SALUD CON SUS 800 FUNCIONARIOS A AGUIRRE

El traspaso de las drogodependencias provoca protestas de los trabajadores

El Ayuntamiento de Madrid quiere deshacerse de sus competencias sanitarias. "Todos los servicios de atención primaria o especializada, todos, deben integrarse en el servicio autonómico", dijo ayer el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. La red de 16 centros municipales -agrupados bajo la denominación Madrid Salud-, el centro de salud bucodental, el internacional (vacunaciones) y el de diagnóstico pasarán así a manos de la Comunidad. Todo: sus edificios y los cerca de 800 funcionarios que los atienden.

"Como si fueran cromos", según la oposición, o atendiendo a criterios "lógicos" para ahorrar dinero, según el PP. En una comisión técnica para facilitar luego la negociación política, según el PP, o de forma "opaca" y "a espaldas" de la Asamblea regional, según la oposición. Sea como sea, Comunidad y Ayuntamiento tienen muy avanzado ya su plan para dividirse la responsabilidad sobre los servicios públicos y evitar posibles o patentes duplicidades.

Ayer, en la comisión parlamentaria creada para estudiar la cuestión justo después de las elecciones municipales y autonómicas (ambas las ganó en mayo el PP con mayoría absoluta), compareció Gallardón. "En el último cuarto de hora, con todo decidido", según la oposición. "Cuando me han dicho", según él. Tras responder a las críticas del resto de grupos y mostrar una sintonía insólita con sus compañeros del PP regional, Gallardón detalló el estado de la cuestión. Algunos puntos ya se conocían ("por la prensa nos hemos enterado", se quejaba la oposición), como el traspaso del metro y las bibliotecas, o la división de servicios de emergencia. Pero otros no, como la mudanza de centros sanitarios, residencias, escuelas infantiles, albergues y polideportivos. Algunas competencias (empleo, vivienda pública), por su complejidad, se aplazan.Los 16 centros de Madrid Salud ofrecen control ginecológico y de planificación familiar, talleres de memoria para mayores, métodos de prevención del estrés o para dejar de fumar, etcétera. En su plantilla hay médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales... El Ayuntamiento cree que la mayoría de esas actividades las realizan también los centros regionales. Y solo quiere ocuparse de los servicios de prevención, entendidos en sentido estricto. También pasarán a la Comunidad el centro bucodental, el de vacunación y el de diagnóstico (con dermatólogos, cardiólogos, endocrinos, urólogos), donde se hacen, por ejemplo, mamografías o densitometrías. En total, Aguirre se quedaría 16 edificios, que podría usar para ampliar su red de centros de salud, y unos 800 funcionarios.

Idéntico destino tendrá la red de atención a drogodependientes, con siete centros municipales y otros cuatro concertados que conforman el Instituto de Adicciones. Este traspaso tiene en vilo a entidades y profesionales, que hoy se concentrarán en la plaza de la Villa para pedir que la Comunidad no se los quede porque "su red de atención [del Consistorio] es referente de calidad". Temen que el modelo pase a ser exclusivamente sanitario y no psicosocial, como ahora. Además, el presupuesto de la Agencia Antidroga regional se reduce en 2012. Lo único que se quedará el Ayuntamiento es el laboratorio (mantendrá el control alimentario) y el centro de prevención de adicciones. Por lo demás, el 092 se integrará en el 112. El Samur (municipal) atenderá en la calle y, tras el traspaso, también en las viviendas de la ciudad; allí ahora actúa el Summa.

- Centros de mayores. El Ayuntamiento mantendrá sus 92 centros (la Comunidad tiene 17) por un criterio de proximidad, y cederá las tres residencias por su carácter sanitario (de competencia regional). Queda por decidir el futuro de los 113 centros de día municipales y 30 autonómicos, pues ambos criterios son válidos.

- Escuelas infantiles. Las 56 municipales (solo dos son de gestión directa, con 40 funcionarios) pasan a la Comunidad (que tiene 62, con 700 funcionarios).

- Bibliotecas. La Comunidad traspasará sus 16 centros (444 funcionarios) al Ayuntamiento (tiene 29, con 450 funcionarios).

- Instalaciones deportivas. El Ayuntamiento mantendrá su titularidad y heredará la única de la Comunidad en la ciudad: San Vicente de Paul (Carabanchel).

- Albergues juveniles. El Ayuntamiento mantiene el que tiene y consigue los dos regionales.

- Régimen sancionador. El Ayuntamiento plantea quedarse con todos los expedientes que le atañen y que ahora debe traspasar a la Comunidad si se consideran muy graves. Eso incluye, por ejemplo, las multas por ruido, botellón, etcétera. Según sus cálculos, los ingresos no serán muy superiores a los gastos de gestión.

- Metro. Gallardón cede su gestión a la Comunidad, y se ahorra así el 50% de los costes de explotación (este año, 159 millones).

www.elpais.es 29.11.11

23. C.A MADRID: LISSAVETZKY ROMPE CON EL ALCALDE POR LA "OPACIDAD" DE LA NEGOCIACIÓN

Del último pleno ya se fue mosqueado. Jaime Lissavetzky, portavoz municipal socialista, lleva tiempo quejándose de la "marginación a la oposición" en la negociación de competencias. "Nos enteramos de todo por la prensa", se dolía ayer. Ese presunto ninguneo le llevó del lamento a la amenaza: "Habrá un antes y un después de este desprecio político. La relación con el equipo de Gobierno local queda rota".

Lissavetzky se quejó de que su móvil, que no dejaba de sonar por la candidatura olímpica, ya no muestra el número del alcalde. Mañana volverá a pedir en el pleno que una comisión municipal estudie las duplicidades. Pero ayer el alcalde ya le respondió en su discurso en la Asamblea con el mismo argumento que empleó la anterior vez para rechazar esa pretensión: "El Ejecutivo pone en marcha medidas que luego son controladas por el Legislativo. La oposición legisla y controla [a través del pleno, donde el PP tiene mayoría absoluta], pero no gobierna".

www.elpais.es 29.11.11

24. C. VALENCIANA: EL SUPREMO ORDENA JUZGAR A CARLOS FABRA POR CINCO DELITOS FISCALES

La Audiencia de Castellón declaró prescrita la acusación de 1,5 millones

El "ciudadano ejemplar", que proclamó Mariano Rajoy, el político "absuelto" por las urnas, Carlos Fabra, será juzgado por tráfico de influencias, cohecho y por todos los delitos de fraude fiscal por los que está acusado. Así lo ha ordenado el Tribunal Supremo al revocar la decisión de la Audiencia de Castellón, que consideró prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales por un fraude a la Hacienda pública de 1,5 millones de euros.

Los peritos destaparon ingresos por 3,3 millones de euros sin justificar

El líder del PP de Castellón también está imputado por tráfico de influencias

La imputación por tráfico de influencias se concretó después de que Vicente Vilar, un empresario hasta entonces amigo, revelara favores políticos. El entonces presidente de la Diputación de Castellón y actual presidente del PP provincial, Carlos Fabra, presuntamente intentó acelerar la concesión de autorizaciones para la fabricación de los productos fitosanitarios de Vilar, haciendo gestiones ante los ministerios de Sanidad y Agricultura, entre los años 1999 y 2003. El empresario presentó informes, faxes, escritos y documentos que ratificaban las gestiones realizadas.

La imputación por cohecho se señaló después de que el mismo empresario acusara además a Carlos Fabra de haberle cobrado "cantidades millonarias" por los trámites realizados ante los ministerios. Y aportó facturas de joyas y fechas de entregas de dinero en bolsas de plástico que, posteriormente, se comprobó que coincidían con ingresos en efectivo que Fabra realizó en sus cuentas.

El inicio de las investigaciones, hace ocho años, derivó en otras pesquisas, las de la Agencia Tributaria, que desembocaron en una denuncia por fraude fiscal, por el ejercicio de 1999. Pero ante la posibilidad de que el supuesto cobro de sus "gestiones" y su ocultación a Hacienda se hubiera extendido a lo largo de otros ejercicios, los jueces decidieron investigar no solo a Fabra sino a su entonces esposa, María Amparo Fernández, y a sus cuatro hijos pues "no es infrecuente que el eventual lucro obtenido trate de ocultarse en la esfera familiar", tal como señaló la decisión judicial por la que se autorizó la investigación.

Entonces, comenzó el vía crucis de los peritos de Hacienda, que iniciaron un tedioso camino hasta conseguir datos de las cuentas en las que Fabra aparecía como titular o autorizado, un total de 94, con el fin de determinar "la naturaleza y origen del incremento patrimonial experimentado" por el presidente provincial del PP, su esposa y sus hijos entre el año 1999 y el año 2004.

El primer informe pericial, tras analizar más de 17.000 operaciones bancarias, destapó unas ganancias patrimoniales no justificadas de 3,6 millones de euros, y un fraude a Hacienda de 1,7 millones de euros, que se concretaba en nueve delitos fiscales; cinco supuestamente cometidos por Fabra y otros cuatro por su ahora exesposa.

Los peritos tardaron cinco años en recopilar la información de los bancos y en cruzar los datos presentados ante Hacienda con los movimientos en cuentas y el patrimonio. Detectaron decenas de ingresos en efectivo, en la mayoría de las ocasiones de 3.000 euros (cantidad máxima con la que el banco no había de notificar el ingreso al Banco de España). Por ello, en muchos casos se realizaban varios ingresos en el mismo día. Y eran los chóferes los encargados de llevar a los bancos los sobres con el dinero, que entregaban, en ocasiones, directamente a los directores de las oficinas. Carlos Fabra pidió entonces tiempo para presentar documentación que acreditase la procedencia del dinero, pero solo fue capaz de certificar la procedencia de 300.000 euros, lo que dejó sin justificar el origen de otros 3,3 millones, que desencadenaron la acusación de un fraude a la Hacienda pública de 1,5 millones de euros que será, finalmente, la cantidad por la que el dirigente popular tendrá que responder ante los juzgados.

La Audiencia de Castellón consideró que todas las resoluciones judiciales adoptadas a lo largo de cinco años no significaban el acto jurídico suficiente para paralizar la prescripción. El Supremo le ha quitado la razón.

El PP confía en la absolución

El PP no va a suspender de militancia a su presidente provincial en Castellón, Carlos Fabra. Los gestos del presidente regional del partido, Alberto Fabra, así lo desvelaron ayer cuando hubo de comentar la decisión del Tribunal Supremo de revocar la prescripción, decidida por la Audiencia Provincial de Castellón hace un año, respecto de cuatro de los cinco delitos fiscales que un juzgado de Nules imputaba al expresidente de la Diputación.

Tras la reunión celebrada en Madrid entre los presidentes autonómicos del PP y Mariano Rajoy, Alberto Fabra se limitó a pedir respeto para la justicia y reclamar que "se la deje actuar". Pero además mostró su confianza en que Carlos Fabra sea absuelto de los cargos que se le imputan: tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

Para entonces, en la Comunidad Valenciana ya se habían desatado las críticas y las valoraciones sobre Carlos Fabra. Entre ellas, la del secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, que exigió explicaciones a Alberto Fabra, quien "en su reciente etapa como alcalde de Castellón lo ha llevado durante dos legislaturas en su lista, y ha formado parte de sus equipos de gobierno en el municipio". "Alberto Fabra no es ajeno al caso Fabra, ya que han sido mucho más que compañeros de partido, han sido miembros del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castellón durante dos décadas y se conocen muy bien", sostuvo el socialista.

La diputada de Esquerra Unida Marina Albiol reclamó que la decisión del Supremo "haga reflexionar" al PP sobre la reelección de Fabra como presidente provincial del PP de Castellón, puesto para el que se ha vuelto a postular. Albiol consideró que el hecho de que "deba ser juzgado por todos los delitos fiscales que se le imputan" es una "buena noticia para la democracia y para la justicia".

También sobre el futuro de Carlos Fabra habló el portavoz de Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, quien confió en que el PP "le aparte" de la presidencia del partido y le "vete" para el puesto de presidente de la Autoridad Portuaria, en el que podría estar interesado.

www.elpais.es 02.12.11

25. C. VALENCIANA: FABRA COBRARÁ 70.000 EUROS Y TENDRÁ CHÓFER SI PRESIDE EL PUERTO

El sueldo es inferior al de la Cámara de Comercio pero dispone de más proyección y no hay edad de jubilación

El presidente provincial del PP, Carlos Fabra, cobrará cerca de 70.000 euros brutos al año y dispondrá de coche oficial y chófer si consigue su objetivo de presidir el Puerto de Castelló. Además, gestionaría un gran presupuesto y tendría una proyección pública muy superior a la que le reporta la Cámara de Comercio, cuyo futuro es incierto por la caída de ingresos.

Fuentes de Puertos del Estado no pudieron precisar a este diario cuál es el sueldo del presidente del Puerto, cargo que ocupa en la actualidad Juan José Monzonís. Según explicaron, el sueldo de los responsables portuarios se divide en dos conceptos: por una parte, el Ministerio de Hacienda establece una retribución fija anual que oscila entre los 60.000 y 75.000 euros brutos, dependiendo de la categoría del puerto; por otra, el consejo rector de Puertos del Estado asigna una retribución variable, «que representa un 22% de media».

Tomando como base la cantidad fija inferior de 60.000 euros y sumándole el 22% variable, sale un sueldo bruto anual de más de 73.200 euros, dividido en 14 pagas. Más de lo que cobra el presidente de la Generalitat. Además, el presidente de PortCastelló dispone de otros privilegios, como el del coche oficial con chófer.

En todo caso, esos emolumentos son inferiores a los que Carlos Fabra percibe en la actualidad como secretario general de la Cámara de Comercio de Castelló, que rondan los 90.000 euros al año. Pero el cargo le daría mayor proyección pública que la Cámara de Comercio, gestionaría un presupuesto millonario y la edad no sería un problema, ya que no hay límite para jubilarse.

La posibilidad de que el líder del PP se marche al Puerto ha provocado estupor en su partido, ya que apenas hace unos meses que se incorporó a la Cámara de Comercio. Sin embargo, el regreso de Fabra a la entidad cameral ha llegado en el peor momento por la drástica caída de ingresos.

www.levante-emv.com 27.11.11

26. C. VALENCIANA: RIPOLL CALLA ANTE EL JUEZ DEL 'CASO BRUGAL'

El exlíder del PP de Alicante se niega a declarar por el soborno de la basura

José Joaquín Ripoll, expresidenre provincial del PP de Alicante, optó ayer por el silencio en su segunda comparencia, en calidad imputado, ante el juez del caso Brugal que investiga un supuesto soborno por la contrata de la basura del plan zonal de La Vega Baja. "Aconsejado por mis abogados, me he acogido a mi derecho constitucional de no declarar", comentó el ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante a la salida del Juzgado número 3 de Orihuela.

Carlos San Martín, instructor de esta pieza del sumario de Brugal, imputa al exdirigente del PP cinco delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias y fraudes, vinculados al contrato de la planta de basura de La Vega Baja. La contrata la adjudicó la Diputación de Alicante en enero de 2008, con Ripoll al frente de la institución, al promotor Enrique Ortiz en unión con la firma Cespa. La policía sostiene que Ripoll otorgó el contrato a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) y que la familia Ripoll tuvo un incremento patrimonial sin justificar de 1.292.658 euros tras la adjudicación del contrato.

Ripoll justificó su negativa a declarar ante el magistrado Carlos San Martín por la cantidad de recursos que sus letrados han presentado al sumario, "más de 45, pendientes de resolver por la Audiencia de Alicante". Ese alud de recursos, aunque Ripoll evitó una referencia explícita, incluye uno en que solicita la nulidad de las escuchas telefónicas, base de la investigación de este caso que comenzó en marzo de 2007.

Parte de esas intervenciones telefónicas fueron anuladas por el propio instructor Carlos San Martín el pasado mes de junio. Este magistrado abandonará en breve este caso ya que acaba de ganar una plaza en un juzgado de Elche.

Ripoll dijo estar "tranquilo" ante su imputación y volvió a negar que su implicación en Brugal sea el motivo que le llevó a dimitir al frente del PP hace precisamente una semana. "Dimití porque no fui reelegido presidente de la Diputación", aseveró el exdirigente popular.

Por su parte la sucesora de Ripoll en la Corporación provincial, Luisa Pastor, dijo que la investigación del plan zonal "no tiene por qué dañar la imagen de la Diputación, porque Ripoll ya no ocupa ese puesto [el de presidente]".

www.elpais.es 02.11.12

27. C. VALENCIANA: LA CORRUPCIÓN DESCABEZA EL PODER POLÍTICO Y EMPRESARIAL DE ALICANTE

En dos días dimiten el líder provincial del PP y el de la patronal

Las supuestas tramas de corrupción político-empresariales que se han gestado en la provincia de Alicante en el último lustro han acabado por pasar factura al poder político, en manos del PP de manera hegemónica, y a la gran patronal alicantina, Coepa. En dos días, la cúpula de ambas organizaciones ha quedado descabezada con las dimisiones de sus líderes, José Joaquín Ripoll y Rafael Martínez Berna, respectivamente.

Ambos tenían sobre sus espaldas la pesada losa de la sombra de la corrupción. El veterano político popular, por su imputación en el sumario paradigmático de la promiscuidad entre lo público y lo privado, el caso Brugal, que indaga una red corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo. Y el empresario, por la implicación de su empresa Hormigones Martínez en la trama de amaños de contratos de obra pública.

En el plano político, la dimisión de Ripoll podría ser solo la avanzadilla de las consecuencias del voluminoso sumario de Brugal. Una pieza de esta causa indaga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En este sumario hay ya 19 imputados y dos políticos de relevancia acusados por el fiscal Anticorrupción, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor Luis Díaz Alperi. Ambos son diputados autonómicos. Esta condición de aforados impide al juez instructor pronunciarse sobre su imputación.

La sospecha de la corrupción no se ha limitado al ámbito político y empresarial. El hasta hace meses emblema de las finanzas de la provincia, Caja Mediterráneo (CAM), tampoco ha salido mejor parado. Las dimisiones de Ripoll y Martínez Berna se producen cuatro meses después de la criba que el Banco de España ha hecho en la caja. Los nuevos administradores destituyeron al consejo de administración. Y la Audiencia Nacional investiga ya la gestión de la exdirectora general María Dolores Amorós.Alberto Fabra, jefe del Consell y, a su vez, líder de los populares valencianos, pactó con José Joaquín Ripoll su salida de la dirección provincial del PP de Alicante dos días después de las elecciones generales y a una semana vista de que el veterano político alicantino tenga que comparecer por segunda vez ante el juez del caso Brugal. Ayer, Fabra, preguntado por la nueva etapa que se abre en el PP alicantino tras la dimisión de Ripoll (baluarte de la defensa del poder alicantino frente a Valencia) hizo un llamamiento a la unidad. "Apuesto por todos aquellos que quieren unidad y trabajar de forma conjunta", aseguró en declaraciones a este periódico el presidente de la Generalitat tras almorzar con empresarios y políticos en Elda.

Fabra, que presidió los actos de celebración del 40º aniversario del instituto tecnológico del calzado (Inescop), el primero creado en la Comunidad Valenciana, también enfatizó el apoyo ciudadano recibido por el PP en la provincia de Alicante. "Hemos sabido responder a las necesidades de los ciudadanos, que nos han dado su masiva confianza", defendió para añadir que a partir de ahora espera "lo mismo que antes".

Y preguntado por la dimisión del presidente de la patronal alicantina, Fabra calificó la decisión de "responsable". El presidente aseguró que habló con el ya exdirigente empresarial y que éste le explicó que no quería "enturbiar" a la institución con sus asuntos. Una decisión que Fabra valora. El jefe del Ejecutivo valenciano trasladó sus mejores deseos a Martínez Berna en esta nueva etapa.

Mientras, desde el sector empresarial se siguió valorando la figura de Martínez Berna. Su dimisión, conocida por unos, prevista por otros y sorpresiva para la mayoría, termina con una etapa en la que se apaciguaron las aguas dentro de Coepa, muy encrespadas durante la presidencia de Modesto Crespo.

En el ámbito político hubo más reacciones. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, resaltó que el empresario ha sido "un grandísimo presidente" de Coepa. "Son cuestiones personales que hay que respetar", comentó.

Y la diputada de Compromís, Mireia Mollà, pidió más transparencia en la gestión de Coepa y consideró que ésta "tiene que quedar libre de las irregularidades en las que se ha visto involucrada en los últimos tiempos".

www.elpais.es 26.11.11

28. C. VALENCIANA: EL JUEZ ESTRECHA EL CERCO A CASTEDO Y ALPERI POR EL AMAÑO DEL PGOU

La alcaldesa y el exalcalde de Alicante habrían favorecido a Ortiz

La presión política sobre la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi, ambos del PP, crece en paralelo al avance de la instrucción de la rama del caso Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad a favor del promotor Enrique Ortiz.

Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5, acaba de finalizar los interrogatorios, en calidad de imputados, a los 21 acusados por el fiscal Anticorrupción. Dos de los imputados que ya han declarado, un empresario y un alto cargo de Bancaja, han confirmado ante el magistrado que Ortiz les aseguró que tenía datos secretos sobre el curso de la redacción del PGOU.

En la lista del fiscal estaban incluidos Castedo y Alperi por supuesto cohecho y tráfico de influencias. Ambos son aforados por su condición de diputados autonómicos y su imputación es competencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Fuentes del caso señalan que, de hallar indicios de delito en la regidora y el exalcalde, el magistrado enviará el sumario al alto tribunal la próxima primavera.

Tejada, en un auto firmado el pasado mes de octubre, ya advirtió de que observaba indicios de delito en los hechos investigados y resaltó la "ingerencia" de cargos públicos en la elaboración del planeamiento en favor del interés privado. En esa resolución, el juez validó las escuchas telefónicas que dieron pie a la investigación. Las defensas han apelado el auto a la Audiencia de Alicante.La policía y el fiscal Anticorrupción mantienen, sobre la base de las escuchas telefónicas, que Ortiz tuvo información privilegiada del PGOU de Alicante mediante datos secretos facilitados por Castedo y Alperi. Y además apuntan al exregidor como el cabecilla que tejió la trama. En este segundo apartado, la investigación cree que el exregidor se valió del despacho Salvetti Abogados como puente para facilitar los datos secretos del Plan General al promotor. Ese despacho se constituyó a finales de 2008, en la recta final del trámite del PGOU, y es propiedad de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, y el exedil socialista Javier Gutiérrez. Ambos están imputados en el sumario.

La instrucción de este sumario continuará las próximas semanas con la toma de declaración a los testigos y otras pruebas periciales.

En el apartado testifical, las acusaciones pedirán, entre otros, el interrogatorio a Otto Luis

Díaz González, hijo del exalcalde. De la lista de supuestas dádivas de Ortiz a Alperi a cambio del trato de favor en el PGOU, el fiscal destaca la aportación del promotor en nombre del hijo de Alperi de la cuota (30.000 euros) para la constitución de la empresa de publicidad Verass Operadores Publicitarios, S. L.

En una conversación, incluida en las escuchas, entre el hijo del excalde y Ortiz, el primero le pregunta al segundo si le va a poner el dinero como le había asegurado su padre.

El diálogo entre Otto Luis Díaz González y Enrique Ortiz transcurre así.

Otto Díaz. ¿Y decírtelo por teléfono?

Enrique Ortiz. Sí. Dímelo venga.

O. D. Vamos a ver, el tema, que, a ver, que esta semana se va a firmar el ese, se va a firmar la constitución de la sociedad, vale.

E. O. Sí.

O. D. Entonces, vamos a ver, hay que poner 30.000 euros por socio.

E. O. Sí.

O. D. Entonces, esos 30.000 euros que yo en teoría tengo que poner, ¿esos lo pones tú?

E. O. (Se ríe), hombre.

O. D. No, vamos a ver, eso me dijo mi padre, yo no sé.

E. O. Sí, sí. No te preocupes.

O. D. No coño, joder, yo esto papá, ¿esto cómo va?, y me dice, eso, de eso se encarga Enrique. Pues vale, ya se lo diré, yo qué sé.

E. O. Venga vale. No te preocupes.

O. D. Vale.

Junto al hijo de Alperi, las acusaciones también estudian interrogar como testigos a los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo degradados al inicio de los trabajos de la redacción de PGOU. Estas partes no descartan incluso llamar al arquitecto Lluís Cantallops, que inicialmente asumió la redacción del PGOU, hasta que lo despidió Alperi, en favor de Jesús Quesada, también imputado en la causa.

De la prueba pericial destaca un informe de la Agencia Tributaria sobre Salvetti Abogados y otras tres firmas vinculadas al bufete según el cual esas empresas podrían haber generado un negocio de al menos 2,5 millones entre 2007 y 2010. Salvetti Abogado mantiene que el negocio que le reportó el trámite de 19 alegaciones al PGOU rondó los 20.000 euros.

El sumario del PGOU en datos

- Imputados. El juez ya ha imputado formalmente a los acusados por el fiscal, salvo a la alcaldesa y el exalcalde de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, del PP. Los imputados más destacados son Enrique Ortiz y los abogados José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa) y Javier Gutiérrez, exconcejal socialista.

- Acusados. La regidora Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi están acusados por el fiscal y sólo pueden ser imputados por el Tribunal Superior de Justicia.

- Testigos. Las acusaciones estudian llamar como testigo al hijo del exalcalde por un supuesto regalo que recibió de Ortiz.

- Agencia Tributaria. Un informe de Hacienda recoge que el despacho del hermano de la alcaldesa y tres firmas vinculadas facturaron entre 2007 y 2010 al menos 2,5 millones de euros

www.elpais.es 28.11.11

29. C. VALENCIANA: EL PSPV COMPRUEBA QUE RTVV FIRMÓ EL CONTRATO DEL PAPA POR EL DOBLE DEL COSTE

La empresa Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) firmó el 10 de mayo de 2006 un contrato con la constructora Teconsa, investigado dentro del caso Gürtel, en el que se asumía la subcontratación de los trabajos de sonorización, suministro e instalación de pantallas para la retransmisión de la visita del Papa a Valencia por un coste que no llegaba ni a la mitad de los 6,4 millones que el propio contrato comprometía. Así lo comprobó ayer la diputada socialista Eva Martínez, que había solicitado tener acceso al "expediente completo" y ayer pudo ver en la sede del consejo de RTVV algunos documentos, entre los que no figuraban, por ejemplo, los presupuestos desglosados de las ofertas de las empresas que concurrieron al procedimiento negociado sin publicidad que sí que están en el sumario del caso.

"El expediente es una chapuza", comentó la diputada socialista, que revisó la documentación junto con su compañero de grupo Josep Moreno, "y deja por justificar los más de tres millones supuestamente derivados a comisiones ilegales que investigan los tribunales". El informe técnico, firmado por Antonio de la Viuda y Luis Sabater, entonces director de antena y jefe del departamento técnico, respectivamente, según Martínez, "no justifica por qué se debe adjudicar el servicio a Teconsa, que presentó la oferta más cara de siete empresas invitadas a elaborar un presupuesto". En el acta de la mesa de contratación, formada por José Llorca, Juan Prefaci, Vicente Sanz, Encarna Pérez, Ricardo Calatayud y Benjamín Íñiguez, "ni aparece el número de expediente, ni el objeto de la adjudicación ni un dato tan esencial como el importe", añadió la parlamentaria, que destacó, sin embargo, cómo el propio contrato ya revela que Teconsa era una mera tapadera. "¿Se han mirado el expediente?", se preguntó la diputada, "¿Cómo pueden sostener que todo era correcto?"."El expediente es incompleto y claramente incriminatorio", añadió Martínez, que destacó algunos aspectos llamativos, como la subcontratación prevista por parte de Teconsa, empresa constructora sin relación alguna con la sonorización o el vídeo, de Wolfgang Neumann, debido a que había sonorizado la visita del Papa a Colonia y la Santa Sede había quedado satisfecha de su trabajo. El diseño previsto por Neumann se tasó en 60.000 euros, pero el trabajo efectivo se subcontrató con la empresa Sirius. En su presupuesto incluía apartados como los 480.000 euros destinados al pago del personal técnico o los 284.000 en dietas y alojamientos por 12 días de trabajo en Valencia.

"Toda la tramitación está plagada de irregularidades", señaló Eva Martínez, que repasó la cronología del contrato. El 27 de febrero de 2006 el director general de RTVV, Pedro García, que acabaría dimitiendo por el escándalo del caso Gürtel y de quien la Fiscalía Anticorrupción pide que sea imputado, firmó un convenio con la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia para la retransmisión de la visita papal. El expediente, sin embargo, no se inició hasta abril y entonces se argumentó la urgencia porque la visita de Benedicto XVI se produciría en julio. El 5 de mayo era el límite de presentación de las propuestas, momento en que se emitió el informe técnico. La mesa de contratación dio el visto bueno el día 8 y el día 10 de mayo se firmó el contrato con Teconsa.

Contrato insólito

El apoderado de Teconsa era Rafael Martínez Molinero, con domicilio en Boadilla del Monte, que había firmado los poderes el 27 de febrero, justo el mismo día que Pedro García firmó el convenio con la fundación organizadora de la visita del Papa para su retransmisión. El contrato preveía algo tan insólito, en opinión de la diputada socialista, como el pago por anticipado, que en efecto se produjo, del 80% del importe antes de la prestación efectiva del servicio. Así, el 50% de los 6,4 millones fueron a parar a la trama Gürtel en el momento de la firma del contrato, otro 30% se abonó el 20 de junio y el restante 20%, tras la retransmisión de la visita. "¿Qué empresas cobran el 80% antes de prestar el servicio?", se preguntó Martínez.

La diputada insistió en que la sola revisión del expediente debió llevar a la Generalitat a depurar responsabilidades. "¿Cómo han podido apelar a que el contrato demostraría que todo se hizo correctamente?", concluyó.

www.elpais.es 30.11.11

30. C. VALENCIANA: EL PP RECHAZA RETIRAR LOS PRIVILEGIOS A EXPRESIDENTES CONDENADOS

"Se deben restringir "a los delincuentes" los privilegios pagados por los valencianos, ha argumentado Mónica Oltra

El pleno de Les Corts Valencianes ha rechazado hoy, por los votos en contra del PP y a favor de la oposición, que si un expresident de la Generalitat es condenado en sentencia firme por un delito contra la Administración pública sea desposeído de la consideración y prerrogativas que recoge el Estatuto de expresidentes.

La iniciativa, planteada por Compromís, proponía cambiar la ley del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat de 2002 para retirar a quienes hayan faltado "a la dignidad y el decoro de las altas funciones ejercidas" prerrogativas como el tratamiento vitalicio de molt honorable, medios materiales (como una oficina o asesores) y la condición de miembros permanentes del Consell Jurídic.

La diputada de Compromís Mònica Oltra ha reivindicado que se deben restringir "a los delincuentes" las prerrogativas y los privilegios pagados por los valencianos que concede esta norma, mientras que el diputado del PP José Marí la ha acusado de buscar el "simple y puro oportunismo político" y actuar de forma "sectaria".

Durante el debate se han hecho varias menciones a la ausencia en el hemiciclo del expresident de la Generalitat Francisco Camps, el único expresident que se ha acogido al estatuto para ser miembro nato del Consell Jurídic Consultiu y quien mantiene el acta de diputado del grupo popular pero no asiste a las sesiones desde julio.

Oltra ha justificado su propuesta en que ya hay un exvicepresidente primero de la Generalitat, Víctor Campos, que es "un delincuente", pues así lo ha admitido ante los tribunales, y que en pocos días se juzgará a Camps, y ha preguntado al PP, si Camps es condenado y "acaba siendo un delincuente", si le dirán a los valencianos que gasten su dinero en "llevar la vergüenza por galón".

Ha indicado que no cuestiona las prerrogativas de los expresidentes "honrados", sino las de los "deshonrados" o condenados, que en su opinión no deberían tener coche oficial, despacho ni asesores, ya que "la dignidad y el decoro se miden por el cumplimiento de la ley" y no hay que confundir privilegios con derechos.

El diputado del PP José Marí Olano ha lamentado el "oportunismo" de una modificación que no aporta "nada" ni tiene por objeto resolver ningún problema no contemplado ya por la norma vigente, sino que solo busca "seguir dando leña al mono, que es de goma", por lo que ha mostrado su rechazo "completo y absoluto".

Marí ha calificado de "acierto" que los expresidentes de la Generalitat gocen de "cierto apoyo y consideración" del pueblo al que han servido, "para seguir sirviéndolo", y ha añadido que contar con "un despacho o un par de asesores no es excesivo en ningún caso", y "todos" los expresidentes han hecho un uso "comedido y austero de estas facultades".

La socialista Cristina Moreno ha dicho que es "inaceptable que un delincuente" sea receptor del "símbolo de respeto" que supone el estatuto del expresidente y ha asegurado que el voto en contra de esta medida supone "seguir aplaudiendo la corrupción y renunciando al buen nombre de la Generalitat".

Marina Albiol (EU) ha pedido la derogación del estatuto de expresidentes, ha cuestionado que el "diputado ausente" Camps cobre más de 57.000 euros al año y tenga despacho, secretaria, chófer y coche oficial y ha asegurado que otros expresidentes no han pedido estas prerrogativas porque "aún se están cobrando los favores prestados".

www.levante-emv.com 30.11.11

31. C. VALENCIANA: JOSE LUIS OLIVAS: PRESIDENTE DE LA RUINA

La Comunidad Valenciana pierde su base financiera tras la intervención del Banco de Valencia

Apenas cien metros separan la sede social del Banco de Valencia de la delegación del Banco de España en la capital de la Comunidad Valenciana. La filial del banco emisor se construyó en 1917 y su fachada, pese a sus reminiscencias platerescas, es de una sobriedad extrema comparada con el estilo regionalista y casticista del valenciano, cuyos salones cobijan a ilustres apellidos de la burguesía local desde 1942. La vecindad de ambas instituciones nunca ha sido garantía de buenas relaciones, sino más bien todo lo contrario. La trifulca más reciente ha sido la intervención del Banco de Valencia por el de España, el pasado lunes, tras descubrirse un déficit inicial de unos ochocientos millones; pero no ha sido la primera vez que el regulador interviene en una entidad de la que siempre han presumido ilustres familias valencianas. En 1994, el Banco de España -pese a su filosofía contraria a que las cajas de ahorros entraran en el capital de los bancos- forzó a Bancaja a comprar el 24,4% del Valencia, participación que luego se elevó hasta el 39%, para cubrir los riesgos de una expansión que le llevó a participar en sectores que iban desde la industria manufacturera hasta la pesca.

Tan pronto el PP ganó en 1995 exigió el control del poder económico Zaplana utilizó el IVF para someter a las cajas de ahorros a sus pretensiones

La nacionalización del Banco de Valencia ha representado el fundido en negro del sistema financiero valenciano. Para hacerse una idea cabal de la magnitud del seísmo que ha significado en la Comunidad Valenciana, hay que recordar que en 2009 Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM) ocupaban el tercer y cuarto puesto en la clasificación de las entidades de ahorro españolas, mientras que el Banco de Valencia en 2008 ganaba 150 millones de euros y la acción se cotizaba alrededor de los 35 euros antes del split del 14 de julio de 2008. Tres años más tarde, no queda nada de aquellos tiempos de esplendor. En apenas cinco meses, los que van de mayo a noviembre de este año, las tres entidades financieras valencianas han perdido su identidad. La CAM y el Banco de Valencia han sido intervenidos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y Bancaja se ha subsumido dentro de Bankia sin ningún poder ejecutivo. ¿Qué ha pasado en tan poco espacio de tiempo?

Para entender cómo se ha dinamitado el sistema financiero valenciano hay que retroceder en el tiempo hasta 1995. El candidato del PP, un ambicioso y ansioso Eduardo Zaplana, no esperó a sentarse en la silla de la presidencia del Palau de la Generalitat valenciana para ejercer el poder que todavía no le habían otorgado los votos. El todavía alcalde de Benidorm, antes de celebrarse las elecciones, ya reclamó para Juan Villalonga un puesto en el Consejo de Administración del Banco de Valencia y otro para el abogado José María Mas Millet en el de Bancaja. Dos peticiones imposibles de cumplir, pese a sus exigencias.

El PP ganó las autonómicas de 1995. Tan pronto ocupó el poder político reclamó el control del poder económico. La confusión de sus apoyos electorales en barra libre para hacer lo que les viniera en gana tendría en el futuro dramáticas consecuencias. Una de las primeras medidas del Gobierno de Zaplana fue modificar la ley valenciana de cajas de ahorros con el objetivo de aumentar el poder político sobre las entidades financieras. La legislación socialista fijaba que los representantes políticos en la asamblea de las entidades no podían superar el 35%. El PP elevó el listón hasta el 50% en 1997 con el argumento de que los cargos públicos elegidos democráticamente debían de tener más peso en los órganos de dirección. No pocos dirigentes del PSOE se mostraron de acuerdo con esta modificación, aunque otros llegaron a calificarla de inconstitucional. El resultado fue la politización de las cajas que ahora rechazan todos los partidos, pero los socialistas se guardaron muy mucho de recurrir la ley porque Manuel Chaves, en Andalucía, había hecho exactamente lo mismo.

La toma del control político absoluto de las cajas no fue inmediata. Había plazos legales que cumplir para la sustitución de según qué cargos; pero en cuanto se pudo, según recuerda un exdirectivo de Bancaja, "asaltaron los órganos de gobierno: la asamblea, el Consejo de Administración y la comisión ejecutiva". En 1998, Bancaja y CAM cambiaron de presidente. Julio de Miguel sustituyó a Antonio Tirado en la valenciana y Vicente Sala, a Román Bono en la de Alicante. Seis meses después, el director general de Bancaja, Emili Tortosa, dimitía de su cargo. El de la CAM, Juan Antonio Gisbert, aguantó hasta 2001 y se fue antes de ser destituido.

Zaplana y los suyos no esperaron a que se produjeran las dimisiones de los técnicos de las cajas para dejar claro quién mandaba. A través del Instituto Valenciano de Finanzas -una suerte de supervisor del sistema financiero autonómico-, sus responsables presionaron a las entidades financieras para conseguir las cosas más variopintas. Desde el Consell se exigió a las cajas que participaran en el capital del parque temático de Benidorm Terra Mítica y, desde los aledaños del poder se recomendó a unos inversores para que se les vendiera, al valor contable, que no el real, unos terrenos de Bancaja situados en las cercanías de la ciudad de Valencia. La ocurrencia más osada, según recuerda un antiguo cargo de la caja valenciana, consistió en pedir a la Obra Social que adquiriera todo el patrimonio de las universidades para con ese capital financiar el sistema universitario, al que luego se le alquilarían sus propios edificios. La operación, de haberse llevado a cabo, hubiera desnaturalizado por completo las cajas. Al final quedó en nada ante la resistencia interna de los máximos responsables de la entidad financiera.

Personaje principal en el asalto al sistema financiero fue José Luis Olivas (Motilla del Palancar, Cuenca, 1952), en aquel momento consejero de Economía. Su trayectoria profesional ha estado estrechamente vinculada a la política valenciana desde los años de la transición. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, se traslada con 25 años hasta Valencia, donde encuentra acomodo en el despacho del abogado Emilio Attard, dirigente de la Unión de Centro Democrático (UCD). En 1979 Olivas es concejal en el Ayuntamiento de Valencia, puesto que dejará durante cuatro años para trabajar en el ámbito privado. En 1987 reaparece en la escena política en la candidatura municipal de Alianza Popular y en 1991, con Rita Barberá instalada ya en la alcaldía de Valencia, se convertirá en el concejal de Hacienda. El Consistorio valenciano será su trampolín hacia la política autonómica.

Olivas compaginará durante un periodo su cargo de concejal con el de secretario general del PP de la Comunidad Valenciana con Eduardo Zaplana como presidente del partido. Juntos llegarán al Gobierno de la Generalitat y Olivas será durante muchos años el responsable del área de la Hacienda autonómica. En 2002, un Zaplana hastiado de la presidencia del Consell consigue que José María Aznar le nombre ministro de Trabajo. Pero antes de partir hacia Madrid, el exalcalde de Benidorm reúne en su despacho oficial de la Generalitat a las personas que le son más cercanas. Esa reunión determinará en buena medida el futuro del sistema financiero valenciano.

Al encuentro, además de Zaplana, asisten, entre otros, los dos vicepresidentes del Consell, José Luis Olivas y José Joaquín Ripoll. También está presente Francisco Camps, delegado del Gobierno. Zaplana, deus ex machina del PP, distribuye su herencia: Olivas será presidente de la Generalitat hasta las elecciones de 2003, momento en que Camps se convertirá en el candidato a la presidencia del Gobierno valenciano. El abogado de Motilla del Palancar, sin embargo, pone una objeción: ¿qué será de él cuando deje la presidencia? Testigos de la reunión cuentan que Zaplana preguntó: "¿Qué te gustaría ser?" Y la respuesta fue: "Presidente de una institución financiera valenciana".

En 2003, Camps alcanza la presidencia de la Generalitat, pero tanto él como Zaplana olvidan el compromiso adquirido. Ambos están encantados con Julio de Miguel y no tienen la menor intención de sustituirle al frente de Bancaja. Pero Olivas sí que recuerda y utiliza todos sus resortes, que no son pocos, para que se cumpla el acuerdo pacta sunt servanda. Camps tiene que ceder y en enero de 2004 el exconcejal, exconsejero, exvicepresidente y expresidente de la Generalitat se instala en la cúpula de la primera institución financiera valenciana gracias, precisamente, a la ley que él mismo había aprobado en 1997, cuando se quejaba amargamente de que los socialistas habían "blindado su dominio en las cajas de ahorro". Desde entonces hasta la actualidad el que permanece blindado es él.

Pero no parece que vaya a ser por mucho tiempo. La crisis del Banco de Valencia amenaza seriamente con arrastrarle; aunque los problemas de este político, correoso y frío como pocos, empezaron mucho antes, cuando el Banco de España decide reordenar el mapa de las cajas de ahorro españolas; aunque, de inicio, el proceso arranque con buenas perspectivas para Bancaja. Es la tercera caja de ahorros de España y, aparentemente, sus finanzas están saneadas. No tiene porqué tener prisa en fusionarse con ninguna otra. De hecho, intenta sendas aproximaciones a Caja Navarra y Cajastur que resultan fallidas, pero eso no preocupa a los responsables de la caja valenciana. El acuerdo con la CAM, por el que muchos empresarios de la Comunidad Valenciana suspiran ahora, no es viable. En 2008 nadie lo quiere, y los que lo quieren no hacen nada por hacerlo posible. Más tarde, cuando se conozcan las cuentas reales de Bancaja y CAM, se comprobará que la fusión de la tercera y cuarta caja españolas era inviable e imposible.

En 2009, Bancaja espera tranquilamente que se vaya clarificando el panorama de las entidades de ahorro españolas, confiados en una segunda vuelta en la que la caja valenciana liderará una operación con otras cajas de menor tamaño. Mientras, Caja Mediterráneo negocia su fusión con Caja Madrid, pero no hay acuerdo. La sorpresa es inmensa en Bancaja, cuya dirección empieza a sospechar que la madrileña, pilotada ya por Rodrigo Rato, va a poner rumbo de colisión con la valenciana, que se sabe inferior financiera y políticamente. Adiós al sueño. La cabeza de ratón se va a convertir en cola de león.

Las circunstancias políticas en la Comunidad Valenciana no ayudan. Francisco Camps, que ha quemado sus escasas fuerzas políticas impidiendo la fusión entre CAM y Caja Madrid, está enfrascado en el escándalo de los trajes, imputado por un presunto delito de cohecho pasivo impropio y salpicado de lleno por el caso Gürtel. Él y su Gobierno se encuentran absolutamente paralizados. Algún tímido intento del vicepresidente económico, Gerardo Camps, por reconducir la situación fracasa antes de empezar, y al presidente de la Generalitat, no se sabe si en broma o en serio, solo se le ocurre proponer encadenamientos en la sede de CAM para evitar lo inevitable. Todo el sistema financiero valenciano se precipita hacia el abismo sin que políticos ni empresarios hagan nada por evitarlo, salvo contemplar con estupor e impotencia cómo los centros de decisión se alejan de Alicante y Valencia.

La primera ficha del dominó en caer será la CAM, a la que seguirá Bancaja, que arrastrará al Banco de Valencia. La caja de Alicante fue calificada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez como "lo peor de lo peor". Sus gestores, con Modesto Crespo en la presidencia y Roberto López en la dirección general, quedarán como un grupo sin escrúpulos que se lucró en plena ruina de la caja. Crespo, cuyo cargo se suponía honorífico, se aseguró una retribución anual de 300.000 euros a través de una filial de la caja, mientras que López aprovechó el ERE de finales de 2010 para rescindir su relación laboral a cambio de una millonaria prejubilación que fuentes sindicales cifran en 5,8 millones. La sucesora de López en la dirección general, María Dolores Amorós, se puso un sueldo de 600.000 euros al año y una pensión vitalicia de 370.000. Todos ellos están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.

"Lo peor de lo peor" era la consecuencia de la ocupación de los consejos de administración por parte de políticos y de promotores. Una conjunción diabólicamente perversa para las entidades de ahorro. Los primeros las utilizaron para financiar megaproyectos como Terra Mítica en Benidorm, la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, la Ciudad de la Luz en Alicante, participar en la sociedad que explota el circuito de fórmula 1, cargar con la deuda pública emitida por la Generalitat, financiar al Valencia CF y promociones del Instituto Valenciano de la Vivienda, crear empresas para gestionar la Sanidad con criterios privados a través de Ribera Salud o, incluso, formar parte de la sociedad que explota el aeropuerto sin aviones de Castellón. El PP usó las cajas de ahorros como le vino en gana. José Luis Olivas convirtió en ejecutiva una presidencia que era de carácter más bien honorífico y despidió a los técnicos, entre ellos al director general Fernando García Checa, que se oponían a sus proyectos.

La megalomanía de los Gobiernos del PP, la ambición de los promotores más unos gestores financieros que vieron en el ladrillo la tierra prometida para aumentar sin tasa sus beneficios, llevaron a las cajas al desastre. La CAM duplicó su negocio inmobiliario de 2003 a 2005. Bancaja hizo lo propio, pero en cuatro años, los peores del ciclo. En la fusión con Caja Madrid traspasó al Banco Financiero y de Ahorro (BFA), matriz de Bankia presidida por Rodrigo Rato, 20.000 naves, locales y pisos sin vender. La CAM tiene 2.300 millones en pisos y suelo. Y el Banco de Valencia presenta 3.995 millones en "activos problemáticos". La presencia de promotores en los consejos de administración acabó en numerosas coyundas entre constructoras y entidades. Solo en el Banco de Valencia una treintena de inmobiliarias se agrupan bajo la marca Valenciana de Inversiones Participadas (VIP) SL. "Un conglomerado de sociedades", según informaba el diario digital ValenciaPlaza", en las que participan los principales nombres del sector del ladrillo de la Comunidad Valenciana y en las que el Banco de Valencia tiene participaciones que oscilan entre el 20% y el 50% de forma directa o indirecta a través de VIP". Existen otras fórmulas por las que promotores y cajas han transformado el pasivo de los primeros en activo por la vía de formar sociedades conjuntas, disminuyendo así el riesgo a la exposición del sector inmobiliario.

Desde Bancaja se justifica toda esta actividad en función de dos argumentos: 1. sirvió para favorecer el desarrollo de la Comunidad y 2. en esa época todo el mundo apoyaba esa política expansiva, e incluso las agencias de rating otorgaban buenas calificaciones a las cajas y a los bancos. El corolario es, según estas fuentes, que todas las entidades que trabajaban en la Comunidad Valenciana -"todas sin excepción", insisten- se han encontrado con problemas de morosidad tras estallar la burbuja inmobiliaria. "Como Bankia, CAM y Banco de Valencia tenían más cuota de mercado, es razonable que tengan más morosidad".

A los hechos hay que remitirse para constatar que estas razones le han resbalado a Rodrigo Rato. El presidente de Bankia forzó la salida de José Luis Olivas de la vicepresidencia ejecutiva del BFA. No hay razones oficiales, pero oficiosamente se asegura que el exconsejero no le contó a Rato toda la verdad sobre la situación del grupo Bancaja durante las negociaciones sobre la fusión y el expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) utilizó la crisis del Banco de Valencia como excusa para deshacerse de Olivas. Históricamente, Bancaja actuaba ante las agencias de calificación como una red del Banco de Valencia, garantizando su solvencia y su capacidad de deuda. Pero a principios de este año, Rato se negó a dar esas garantías y, automáticamente, el banco cayó tres escalones en la nota de Moody's. La evolución posterior de las calificaciones ha llevado la acción del Valencia al borde del bono basura.

Rato, además, recomendó a Olivas durante el mes de julio que abandonara la presidencia del banco, pero este se negó porque, según dijo, temía la reacción de la sociedad valenciana y de sus empresarios; pero lo que no quiso hacer en julio lo ha tenido que hacer en noviembre. Y ni la burguesía ni el empresariado valenciano se lo han perdonado. Una fuente del Consell asegura que la situación de Olivas en Bancaja "es insostenible". Aunque tampoco Rato queda mejor librado. Existe la convicción generalizada entre los empresarios valencianos de que el presidente de Bankia está desacreditando a conciencia el sector financiero de la Comunidad por razones que solamente él conoce. En ese contexto sitúan la oposición de Rato a que la vicepresidencia vacante de Bankia la ocupe una persona que defienda los intereses valencianos con suficiente personalidad y con competencias ejecutivas.

El final del sistema financiero valenciano con el triste epílogo del Banco de Valencia representa el fracaso de un poder político, ostentado por el PP desde 1995, y de un empresariado incapaz de ir más allá de sus intereses inmediatos. Olivas, sentencia un exdirectivo de Bancaja, "será su enterrador".

www.elpais.es 27.11.11

32. C. VALENCIANA: EMARSA, COLOSAL SAQUEO DE DINERO PÚBLICO

La quiebra de una empresa metropolitana de Valencia destapa el pillaje de cargos del PP - Los directivos cargaron a Emarsa todo tipo de extravagancias

Bajo las anodinas siglas de Emarsa (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima) se esconde la historia de un colosal saqueo de dinero público. Emarsa, empresa instrumental creada por el Ayuntamiento de Valencia y otros 17 municipios cercanos, se dedicaba a depurar el caudal de las cloacas antes de liberarlo al mar, destinarlo al riego o a alimentar el parque natural de L'Albufera. Gestionaba la planta de Pinedo, la mayor de la Comunidad Valenciana y una de las más grandes de España. Y se financiaba con el canon de saneamiento que los vecinos de Valencia y su área metropolitana pagan con la factura del agua.

La sociedad costeó la compra de joyas, relojes y otros artículos de lujo

La empresa pagó millones de euros por suministros y servicios falsos

En julio de 2010, el PP, que controlaba la sociedad desde los años noventa, decidió liquidarla al encontrarse en situación de quiebra. La disolución reveló la existencia de un agujero de 17 millones de euros. La investigación judicial, que abarca el periodo de 2004 a 2010 y cuenta ya con 16 imputados por malversación, estafa continuada y delitos societarios, ha destapado que los gestores de Emarsa pagaron cantidades millonarias por servicios y suministros inexistentes. El fraude total podría superar los 30 millones. Mientras, los directivos disfrutaban a su costa de toda clase de extravagancias.

Compraban, con fondos de la sociedad, joyas, bolsos de Loewe, relojes, bolígrafos Montblanc, prendas de vestir en Armani, dispositivos electrónicos (ipods, libros electrónicos, ordenadores portátiles), accesorios de automóvil, mil euros de lotería cada año. Cargaban el alquiler de vehículos de lujo y circuitos de spa. Hacían viajes de placer con sus familias, a París, Nueva York, Johannesburgo y más destinos alojándose a gastos pagados en hoteles de cuatro y cinco estrellas. Se hospedaban en establecimientos de similar categoría, en la misma Comunidad Valenciana, acompañados de teóricas traductoras rumanas. Siempre por cuenta de Emarsa.

Fueron capaces de gastarse 92.443 euros en un año en asadores, marisquerías y restaurantes con estrellas michelín. Y aún así, en los 23.000 folios del sumario pueden encontrarse facturas de 7,5 euros de tabaco o de compras en el supermercado.

En un momento de las más de 50 horas que lleva declaradas ante el juez, el exgerente Esteban Cuesta contó cómo funcionaban las cosas. El entonces presidente de Emarsa y hoy todavía vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises con el PP, Enrique Crespo, también imputado, iba a su despacho, le entregaba unas facturas de Loewe y le daba la orden de acercarse al establecimiento a pagarlas. Entre compras, viajes y banquetes, los responsables de Emarsa se gastaron en seis años casi un millón de euros, según la abundante documentación de que dispone el juez Vicente Ríos.

El instructor cuenta con multitud de indicios de que el auténtico pillaje se produjo, sin embargo, mediante el pago de suministros y servicios falsos. Algunos, inverosímiles: Emarsa pagó, por ejemplo, por reparaciones en los digestores (tanques para depurar el agua) número cuatro, cinco y seis, cuando en la planta solo había dos. Y lo hizo a empresas administradas por tres hermanos, María Paz, Víctor Manuel y Sebastián García Martínez, este último a su vez jefe de departamento de la depuradora. Contrató cursos de formación por 188.000 euros, la mayoría por Internet y sin control de asistencia.

Adquirió teóricamente, en poco más de seis meses, 164 teclados; 149 ratones; 155 fuentes de alimentación; 141 licencias antivirus y 79 monitores, aunque en Emarsa solo había 32 puestos de trabajo informatizados. El proveedor, el propio Sebastián García Martínez, actuaba, de hecho, como director de informática en la planta y a veces firmaba en su nombre como recibido y conforme las partidas que él mismo vendía... Así hasta 35 empresas ahora investigadas que facturaron a Emarsa 40,3 millones de euros.

La sociedad estaba controlada por una asamblea metropolitana en la que el Ayuntamiento de Valencia tiene el 45% de los votos y el PP goza de amplia mayoría. Trabajar en Emarsa era una canonjía (nueve empleados ganaban más que el presidente del Gobierno) y la empresa fue llenándose de cargos de segunda y tercera fila del partido y de sus socios de Unión Valenciana. El propio Cuesta, a quien Rita Barberá nombró alcalde pedáneo, se mantuvo como dirigente local del PP de Valencia hasta pocos días antes del 20-N.

La seguridad de que nadie les controlaba llevó a los directivos a ser muy poco cuidadosos. Entre las facturas pagadas a las empresas investigadas algunas tienen por detrás "impreso nada menos que una previsión de tesorería" de la propia Emarsa, ha destacado el juez. Otras, de distintos proveedores sospechosos, están escritas al principio en letras negras, que cambian a mitad a color verde, naranja o rosa. Como si al taller de fabricación de falsas facturas se le hubiera acabado la tinta.

Corruptelas de Emarsa: detalles de un pillaje

- 1. Gastos a costa de la sociedad pública. Los directivos cargaron a Emarsa decenas de miles de euros por la compra de joyas, bolsos de Loewe, bolígrafos Montblanc, accesorios de automóvil, décimos de lotería (mil euros al año), ipods, ropa, cestos de bebé, circuitos de spa, alquiler vehículos de lujo...

- 2. Viajes pagados. Dirigentes de la sociedad viajaron a París, Nueva York, Johannesburgo, Marrakech, Estocolmo, Andorra... En varios casos, los directivos se desplazaban con sus familias y Emarsa también pagaba los hoteles.

- 3. Comidas. Los directivos cargaron 300.000 euros en comidas a Emarsa entre 2005 y 2010. Sólo en 2009, ya en plena crisis, las facturas por comidas en marisquerías y restaurantes de alto nivel ascendieron a 92.443 euros.

- 4. Lodos (toneladas). Las empresas de tratamiento y transporte de lodos facturaron más toneladas de las que generaba la planta. Por este concepto, Emarsa pagó más de 20 millones de euros entre 2004 y 2010.

- 5. Camiones ultrarrápidos. Los camiones de transporte de lodo iban y volvían a la planta en tiempos imposibles. Supuestamente un camión salía de la planta de Valencia, llegaba a Requena (a 68 kilómetros), descargaba, volvía a la planta, cargaba y volvía a estar listo para partir en menos de 15 minutos.

- 6. Obras. Emarsa pagó 4,2 millones de euros a dos empresas que administraba la misma persona, tenía la sede en su casa y apenas tenía trabajadores. Las empresas facturaron, por ejemplo, por reparaciones en maquinaria que no existía o por pintar fachadas de edificios que, por sus características, no se podían pintar.

- 7. Partidas informáticas. Emarsa compró en menos de un año 164 teclados, 149 ratones o 141 licencias antivirus cuando solo tenía 32 puestos de trabajo informatizados. El proveedor, hermano de la empresaria que hacía las obras y reparaciones, que facturó 4,5 millones mediante dos empresas, actuaba a la vez como jefe de informática de Emarsa. En algunos casos firmaba en representación de la sociedad como recibido y conforme los suministros que él mismo vendía.

- 8. Violación de las normas de contratación. La mayor parte de los contratos investigados incumplían los principios de publicidad y concurrencia. El caso más sangrante es el del proveedor informático que admitió al juez que una de sus dos empresas facturó 1,8 millones a Emarsa sin contrato, "con un acuerdo verbal".

- 9. Oídos sordos a los auditores. Las auditorías de la firma Mazars advirtieron seis años seguidos (2004-2010) sobre las irregularidades en las formas de contratación. El presidente de Emarsa, Enrique Crespo, hizo caso omiso y afirmó ante el consejo que no detectaban problemas importantes. Crespo también rechazó la propuesta de que para acordar contratos y disposición de fondos hiciera falta al menos la intervención de dos responsables con firma mancomunada.

- 10. Empleados que solo iban a cobrar. El exgerente Esteban Cuesta ha admitido al juez que contrató por indicación de Crespo a cuatro personas que solo iban por la planta a cobrar. Uno (Luis Botella) es el concejal de Urbanismo del PP de Moncada; otra (Marisol Giner) era la exportavoz del PP de Benetússer.

- 11. La Generalitat inyectó el triple de fondos. Durante el periodo investigado (2004-2010), el Gobierno valenciano casi triplicó los fondos destinados a Emarsa (de 6,4 millones de euros en 2004 a 18,4 millones en 2009), mientras la cantidad de agua depurada sólo aumentaba un 6,5%.

- 12. Ingresos en metálico. El gerente Esteban Cuesta ingresó en sus cuentas 251.000 euros en efectivo entre 2005 y 2009.

www.elpais.es 28.11.11

33. C. VALENCIANA: DOS CONSELLERS VALIDARON LAS CUENTAS DE EMARSA DURANTE LOS AÑOS DEL SAQUEO

Los costes en la depuradora de Pinedo se triplicaron entre 2004 y 2010 cuando García Antón y

Cotino presidieron la Epsar, entidad supervisora de las cuentas. El acuerdo entre la Generalitat y la entidad metropolitana sólo permitía aumentar los gastos según el IPC

Los gestores de Emarsa entre 2004 y 2010, ahora imputados por delitos de estafa y malversación de caudales públicos, fueron multiplicando el gasto de la depuradora de Pinedo hasta acabar con un agujero de 17 millones de euros y la liquidación de la empresa pública sin que sus supervisores, la Conselleria de Infraestructuras primero y la de Medio Ambiente después, modificaran ni una sola coma de las cuentas que todos los años le presentaban. José Ramón García Antón y Juan Cotino, validaron unos números que crecieron un 200 % en seis años.

Así, según el convenio entre la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), propietaria de Emarsa, correspondía al presidente de la Epsar, el conseller responsable de Agua de turno, validar las cuentas. De hecho, en los diferentes documentos que investiga el juez y en poder de este periódico se demuestra como hasta dos comisiones mixtas, en las que había técnicos de la Generalitat y de Emarsa, debían velar por que el dinero público que se invertía en la depuradora se gastara correctamente.

De hecho, el convenio rubricado entre la Epsar y la Emshi sólo permitía un aumento de su presupuesto acorde con la subida del IPC (también en los sueldos de los trabajadores). La realidad es que los costes por tratar agua se incrementaron casi un 200 % al pasar de 7,8 millones a 19,5 en seis años.

El primer convenio firmado por un conseller y la directiva imputada por estafa lo rubricó el fallecido José Ramón García Antón, en aquella época titular de Infraestructuras, cartera de la que dependió la gestión del agua hasta 2007. En ese documento, sellado el 26 de febrero de 2004, la Generalitat se comprometía a aportar 7.794.997,25 euros, aunque finalmente abonó casi 10.

Este convenio nombraba una comisión de seguimiento para supervisar los gastos e ir actualizando los costes cada año, según fuera aumentando o disminuyendo el IPC. Este departamento estaba formado por dos responsables de la Epsar, siempre José Juan Morenilla e Ignacio Bernacer, y uno de la Emshi, que solía ser su presidente Enrique Crespo. El exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, también acudía pero, como marcaba el propio acuerdo entre instituciones, no tenía voto en la comisión.

Según este documento oficial, la comisión de seguimiento acordaba una propuesta definitiva de gastos que debía «aprobar» el presidente del Consejo de Administración de la Epsar, en este caso el conseller de turno. José Ramón García Antón hasta 2009 y, tras su fallecimiento, Juan Cotino, que asumió la cartera de Medio Ambiente hasta 2011, aunque en junio de 2010 fue cuando se liquidó Emarsa con un agujero de 17 millones de euros.

Durante los años de García Antón como presidente y con José Juan Morenilla como gerente, las aportaciones de la Epsar casi se triplicaron hasta llegar a los 20 millones en 2008. Con Cotino, un año después y con Morenilla en la gerencia consiguieron rebajar los gastos en 1,5 millones de euros. A mitad de 2010 y tras la denuncia del PSPV se reveló que la empresa pública tenía una deuda de 17 millones pese a las inyecciones de capital aportadas por la Epsar y aprobadas por los consellers.

Inspección

Según el mismo convenio, que se fue renovando en años sucesivos, la Epsar «podrá inspeccionar, en cualquier momento, y con aviso para la existencia en su caso, de los técnicos del centro, las obras e instalaciones y los elementos de tipo administrativo, contable o de cualquier otra índole que estime necesario o conveniente para la mayor eficiencia de su gestión, relativos al servicio de depuración de aguas». Es más, se ampliaba a la Emshi la posibilidad de cursar directrices para el mejor funcionamiento «tanto técnico como administrativo». En caso de mal funcionamiento, ambas instituciones podían haber retirado la financiación a Emarsa en caso de haber detectado irregularidades contables o excesos injustificados en el gasto.

Es decir, la Epsar, según el convenio, podía y debía haber actuado como supervisor. Vendría a ser como la función del Banco de España con las cajas intervenidas, un supervisor al que el PP le está exigiendo responsabilidades por los agujeros en las cuentas, más ahora que han recibido dinero público a través del FROB.

Uno de los empresarios que viajó a Rumanía niega tratos con Emarsa

La consultora Coserex niega que su filial en Rumanía haya tenido algún tipo de relación comercial, empresarial o de cualquier índole con Emarsa, ni con las personas o empresas relacionadas con el caso que se está investigando en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. La entidad aclaró que la consultoría no es propiedad de Antonio José Arnal, hermano del exdirector financiero de Emarsa e imputado en el procedimiento, sino que su director y administrador único es Juan Manuel García, socio de Arnal en otras empresas.

Además, explicó que su filial de Rumanía no tuvo «ni la más mínima» relación con Emarsa, ni con las firmas o personas relacionadas con el caso, más allá de haber viajado en cinco ocasiones para asistir a reuniones para el análisis de proyectos que nunca llegaron a ver la luz. Sobre los viajes, Coserex no recibió ningún honorario y, por lo tanto, asumió los costes, dijeron. Aseguran haber aportado toda la documentación al juez.

www.levante-emv.com 28.11.11

34. C. VALENCIANA: EMARSA PAGÓ POR NOCHES EN HABITACIONES DE HOTEL EN LAS QUE NO SE ALOJÓ NADIE

La sociedad de Valencia también fue exprimida mediante entradas de F-1 y tenis

La instrucción del caso Emarsa sigue ofreciendo detalles del sistemático pillaje al que fue sometido la sociedad pública de depuración del agua de Valencia hasta llevarla a la quiebra. El último auto del juez Vicente Ríos, conocido ayer, revela que la empresa creada por los Ayuntamientos de Valencia y de otros 17 municipios pagó, en unos casos, por habitaciones de hotel en las que no se alojó nadie; en otros, el precio abonado por la sociedad resultó ser hasta 10 veces superior al real.

La empresa que organizaba los viajes cobró comisiones cercanas al 900%

Rita Barberá se defiende aludiendo a la acusación contra José Blanco

El 5 de diciembre de 2008, por ejemplo, Enrique Arnal, exedil de Unión Valenciana en Moncada y ex director financiero de Emarsa, imputado por malversación, estafa continuada y delitos societarios, pasó una noche con su mujer en el hotel Los Molinos de Ibiza. El establecimiento cobró 108 euros; la sociedad pública abonó, en cambio, 1.047. Unos días antes, el mismo Arnal se alojó en el hotel Hesperia de Madrid: a Emarsa le costó 596 euros cuando en realidad la factura, aportada a la causa por requerimiento judicial, ascendió a 137 euros.

Emarsa también abonó 430 euros al hotel Los Linajes de Segovia por tres noches de mayo de 2006. "El hotel informa que Enrique Arnal tuvo hecha una reserva de una habitación, pero dicha reserva fue anulada con antelación, por lo que el señor Arnal no se alojó en el hotel", explica el juez en el auto. "Asimismo", prosigue, "algunos de los hoteles oficiados han contestado que las personas cuya información se solicita no se han hospedado en ese establecimiento en las fechas referidas".

El instructor acuerda en el auto la imputación del dueño de Viajes Benimàmet, la empresa que se encargaba de contratar los desplazamientos y alojamientos de los directivos de Emarsa.

Viajes Benimàmet facturó a la sociedad metropolitana un total de 300.000 euros entre 2004 y 2010. Pese a que el contrato firmado entre ambas establecía que Viajes Benimàmet recargaría por las gestiones un 5% del precio básico de los viajes, la documentación que obra en la causa revela que llegó a percibir comisiones cercanas al 900%.

Entre los servicios cobrados figuran viajes de placer al extranjero (de Nueva York a Johannesburgo) en los que los directivos a veces iban acompañados de familiares. Y las noches en hoteles valencianos en los que el exgerente Esteban Cuesta se alojaba con supuestas traductoras rumanas.

El juez imputa en la misma resolución a Eva Marsal, por entonces pareja del ex director financiero Enrique Arnal. El instructor dispone de abundantes indicios de que la empresa de Marsal y Viajes Benimàmet "cooperaron necesariamente" para exprimir a Emarsa a través de entradas del premio de Fórmula 1 y del Open 500 de Tenis que se celebran en Valencia.

La sociedad pública abonó 60.819 euros por gold tickets y pases en palcos VIP "recibiendo como mucho tan solo entradas cuyo valor era de 7.160 euros". "Y eso", agrega el instructor, "en el supuesto de que Emarsa fuera la destinataria real de tales entradas y al margen de consideraciones acerca de por qué se adquieren las entradas por la entidad, lo que también será investigado".

Enrique Arnal va emergiendo en la causa como uno de los principales sospechosos del saqueo. Además de a él, el juez ha imputado a su hermano y a su expareja. El ex director financiero fue contratado en Emarsa por Vicente Jurado, entonces presidente de la sociedad pública y hoy concejal en el equipo de gobierno de Rita Barberá. La contratación de Arnal fue polémica porque se produjo después de que su familia vendiera su pirotécnica a Jurado. El siguiente presidente de Emarsa fue, hasta 2002, Silvestre Senent, el concejal de Hacienda de Barberá.

La alcaldesa, que cada vez ve más cerca el escándalo, afirmó ayer que los socialistas, personados en la causa como acusación, quieren "tapar" la Operación Campeón, en la que un empresario ha acusado al ministro de Fomento, José Blanco, con el caso Emarsa.

www.elpais.es 30.11.11

35. CONSELL Y BARBERÁ SE DESENTIENDEN DEL SAQUEO DE LA SOCIEDAD EMARSA

La alcaldesa de Valencia: "Yo no tenía nada que controlar"

Cuanto más avanza el caso Emarsa, en el que se investiga el metódico saqueo al que fue sometida la sociedad pública que depuraba el agua de Valencia, más quema. Después de varias semanas tratando de evitar toda mención al asunto, ayer la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el Consell, por boca de su consejero de Hacienda, José Manuel Vela, abordaron la cuestión para tratar de eludir responsabilidades en el escándalo.

Rus sugirió hace un mes que Emarsa era un problema del Ayuntamiento

El juez imputa a Eva María Marsal y a Vicente Tomás Benlloch

"Yo no tenía nada que controlar"; "la que tiene que actuar es la justicia", declaró Barberá, que añadió que cada vez que abre el periódico tiene "la misma sensación que tiene todo el mundo con estas noticias". El consejero de Hacienda afirmó que Emarsa no dependía de la Generalitat y agregó que no conocía "para nada" a la entidad, que fue exprimida hasta la quiebra después de haber costeado toda suerte de caprichos a sus directivos, varios de ellos cargos del PP.

El voluminoso sumario arroja, sin embargo, numerosos interrogantes que apuntan tanto al Palau de la Generalitat como al Ayuntamiento de Valencia. El gerente Esteban Cuesta, imputado por malversación, estafa continuada y delitos societarios, que ya ha admitido ante el juez una parte de las irregularidades, contaba con la suficiente confianza por parte de Barberá como para que esta lo nombrara alcalde pedáneo de Benimàmet; para seguir pagándole durante años los correspondientes emolumentos como tal pese a que su contrato de gerente en Emarsa le exigía desde 2004 dedicación exclusiva, y para que el PP de Valencia lo mantuviese, haciendo caso omiso de los muchos indicios que pesaban contra él, como dirigente local del partido hasta que nueve días antes de las elecciones del 20N la dirección regional de la formación decidió puentearla y fulminarlo.En la web del PP de la ciudad de Valencia, que no es más que una pestaña de la página www.ritabarbera.com, seguía figurando ayer Esteban Cuesta como presidente del Partido Popular en el distrito de Poblats de l'Oest de la ciudad.

Tampoco parece probable que la alcaldesa no tuviera ningún papel en el nombramiento de Cuesta, que carecía de cualquier formación para el cargo, como gerente de Emarsa. El Ayuntamiento de Valencia dispone por sí solo casi de mayoría (45% de los votos) y el PP de una ventaja aplastante en la asamblea metropolitana que controlaba la sociedad pública. Prueba de ese poder es que los dos presidentes de la entidad que precedieron a Enrique Crespo, vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises, también imputado en la causa, fueron dos hombres fuertes del equipo de gobierno de Barberá desde hace 20 años: Vicente Jurado, concejal de Iluminación, y Silvestre Senent, concejal de Hacienda.

Tanto Cuesta como otros acusados han declarado ante el juez que alguna de las empresas y varios de los directivos ahora investigados por haber participado en el saqueo, que podría superar los 30 millones de euros, ya trabajaban para Emarsa desde los años noventa, la época en que los dos hombres de Barberá estaban al mando. La investigación judicial solo abarca, sin embargo, el periodo 2004-2010, y Senent dejó de presidir Emarsa en 2002.

El juez instructor, Vicente Ríos, ha llamado a declarar como testigos a otros dos cargos del PP de la ciudad de Valencia: Santos Peral, exdirector de contabilidad de Emarsa y secretario general del PP en el distrito de Patraix; e Ignacio Martínez, exdirector de compras de Emarsa y secretario general del PP en el distrito de Trànsits. Dados los puestos que ocupaban y los precedentes en la instrucción de la causa, no puede descartarse que ambos terminen igualmente imputados.

El último detalle que apunta hacia el Consistorio lo ofreció hace un mes el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, cuando sugirió que el caso Emarsa era un problema del Ayuntamiento de Valencia.

Las dudas respecto a la actuación del Consell provienen de Epsar, su entidad de saneamiento de aguas, que era la que aportaba directamente los fondos a Emarsa. Durante los años en que se produjo el saqueo, la inyección económica de la Generalitat a Emarsa se multiplicó por tres sin que el volumen de agua depurada creciera de forma apreciable. El exgerente y el exjefe de medio ambiente en la depuradora han declarado, además, que fue Epsar quien en esa misma época impuso a Emarsa la contratación de una de las principales empresas sospechosas de haber participado en el fraude, Notec. Y que fue la entidad del Consell la que estableció, asimismo, que se le pagase una cantidad desorbitada por cada tonelada de lodo tratada.

El juez Vicente Ríos también ha citado a declarar como testigo al exgerente de Epsar, José Juan Morenilla, y a otro directivo. Asimismo, ayer imputó a la responsable del Grupo Mas, Eva María Marsal Gil, que fue pareja del director financiero de Emarsa, Enrique Arnal, y a Vicente Tomás Benlloch, administrador único de Viajes Benimámet, SL.

Ayer siguió declarando ante el juez Sebastián García, que era proveedor y a la vez actuaba como jefe de informática de Emarsa. El juez le preguntó cómo era posible que la sociedad pública, con 32 puestos informatizados, comprara en tres años y medio 200 impresoras y 393 monitores. García afirmó que el material informático se estropeaba rápidamente porque había subidas de tensión y filtraciones por lluvias, y porque la planta depuradora estaba llena de "roedores".

www.elpais.es 29.11.11

36. C. VALENCIANA: LAS CORTES INVESTIGARÁN EL SAQUEO DE EMARSA COMO PIDIÓ EL PSPV

Fabra anuncia que la Generalitat se personará como acusación en el caso

Las Cortes Valencianas crearán una comisión para investigar el saqueo de la empresa pública Emarsa, en el que aparecen implicados varios cargos públicos del PP. Así lo anunció ayer el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, al responder a una pregunta del portavoz de Compromís, Enric Morera, tras declararse "avergonzado" por lo que están destapando los juzgados de un caso en el que están imputados el vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises, Enrique Crespo, y otros cargos locales del PP en Valencia que, supuestamente, participaron en un fraude que podría superar los 30 millones de euros. Fabra dijo que la Generalitat se personará como acusación popular en el caso.

La iniciativa de crear la comisión fue presentada el pasado lunes por los socialistas. Pese a ello, el PP registró ayer mismo, tras el anuncio de Fabra, una propuesta casi idéntica. Los grupos de la oposición reclaman que la comisión de investigación sobre el saqueo de Emarsa no se convierta en un paripé como ha ocurrido con otras. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, exigió que la comisión se constituya "con urgencia", que esté presidida por un diputado de la oposición y que se depuren las responsabilidades políticas.

En la misma sesión de control, el presidente Fabra culpó al Banco de España de no haber controlado lo ocurrido en la CAM y el Banco de Valencia. La crisis del sector financiero valenciano fue planteada por el socialista Alarte y la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz.

El pleno de las Cortes tuvo ayer un momento de fuerte tensión cuando la diputada de Compromís Mireia Mollà defendió la creación de una comisión de investigación del supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante con el apoyo de los otros grupos de la oposición mientras la alcaldesa alicantina, Sonia Castedo, calificaba de "sesgada y tergiversada" la investigación judicial.

Por la tarde, en una comisión parlamentaria, la vicepresidenta de la Generalitat, Paula Sánchez de León, adelantó aspectos del nuevo modelo de gestión de Ràdio Televisió Valenciana que plantea el Consell.

www.elpais.es 02.11.12

37. C. VALENCIANA: LOS JUECES REDUCEN A 18.200 EUROS LA INDEMNIZACIÓN A VICENTE SANZ

El exsecretario de RTVV, procesado por abuso sexual, reclamó 121.553 euros

Vicente Sanz, ex número dos de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), procesado como presunto autor de un delito de abuso sexual continuado contra tres trabajadoras, cobrará una indemnización de 18.256 euros del ente público por haber sido destituido del cargo sin preaviso. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano conocida ayer rebaja a la mitad la compensación inicialmente acordada por el juzgado de lo Social número 17 de Valencia, que ascendía a 36.512 euros. El fallo había sido recurrido tanto por el ex secretario general de RTVV, que solicitaba una indemnización de 121.553 euros, como por parte de Ràdio Televisió Valenciana, que consideraba que no había motivo para resarcirle.

Sanz, ex secretario general del PP de la provincia de Valencia, supuesto autor de la frase "estoy en política para forrarme", que a menudo se atribuye al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, se jubiló en mayo con el expediente intacto. El director general de RTVV, José López Jaraba, anunció en 2010, poco después de que se conociera el supuesto escándalo sexual, el cese temporal de Sanz de su cargo y la apertura de un expediente disciplinario por falta muy grave. De haber prosperado, Sanz no habría tenido derecho a indemnización alguna. Jaraba cerró, sin embargo, el expediente argumentando que el asunto ya estaba en manos de la justicia.

La indemnización de algo más de 18.000 euros que recibirá el ex secretario general de RTVV será, según establece la sentencia conocida ayer, porque en su contrato figuraba que su cese como alto cargo del ente debía comunicársele con tres meses de antelación (cosa que Jaraba no hizo), y que de lo contrario tendría derecho a percibir el salario que hubiera percibido en ese plazo.

El sueldo de Sanz, que fue nombrado en la etapa de Zaplana y sobrevivió a la llegada de Francisco Camps a la presidencia de la Generalitat, era de 7.099 euros brutos mensuales incluidos los complementos.

La sentencia del TSJ, que es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, señala que el fallo original concedió a Sanz algo que no había pedido durante el procedimiento y supuso por tanto "una clara extralimitación judicial que determina la existencia de una incongruencia extra petitum que por prohibida debe ser corregida".

El ex secretario general de RTVV Sanz fue procesado en julio por la titular del juzgado de instrucción número 1 de Paterna por un delito continuado de abusos sexuales. La juez consideró que existían indicios racionales de que el acusado se valió de su situación de superioridad para obtener favores sexuales de tres periodistas, que habrían padecido una "situación gravemente intimidatoria y humillante". Las características del supuesto delito pueden llevar a Sanz a enfrentarse a una pena de cuatro a 10 años de prisión.

www.elpais.es 02.11.12

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