Las otras noticias + PPOPULARES de los Genoveses, SA
Boletín nº 606. Del 17 al 23 de Diciembre 2011
BÁJATE
EL RESUMEN DEL AÑO GURTELIANO 2010
EL INFORMÁTICO DE FOREVER DECLARA QUE ENCUBRIÓ A CAMPSÍNDICE
01. RAJOY DELEGA EN SANTAMARÍA EL PODER AL CEDERLE TAMBIÉN EL CONTROL DEL CNI
02. UN GOBIERNO DE AMIGOS Y FIELES
03. 23 VIVIENDAS PARA 9 MINISTROS
04. MORENÉS FUE CONSEJERO DE UNA FIRMA QUE VENDÍA BOMBAS DE RACIMO
05. EXPEDIENTADA UNA JUEZ POR FAVORECER "A UN AMIGO ÍNTIMO"
06. AGAG AYUDÓ A NUEVA RUMASA EN LA COMPRA DE CLESA
07. EL NUEVO OBISPO DE OURENSE ADMITE PERTENECER A UNA SOCIEDAD CONTROLADA POR EL OPUS DEI
08. CASO GÜRTEL: EL INFORMÁTICO DE FOREVER DECLARA QUE ENCUBRIÓ A CAMPS
09. CASO GÜRTEL: COMIDA CON CAMPS EN EL PALACIO DE JUSTICIA
10. CASO GÜRTEL: "PREPARÉ EL TRAJE, CAMPS VINO A CAJA, NO PAGÓ, ME DIO LA MANO Y SE FUE"
11. CASO GÜRTEL: LA TRAMA PIDIÓ ALTERAR LAS FACTURAS DE LOS TRAJES DE CAMPS Y COSTA
12. CASO GÜRTEL: LA FÁBRICA DE LOS TRAJES CONFIRMA QUE CONFECCIONÓ 12 PRENDAS PARA CAMPS
13. CASO GÜRTEL: UN PUÑO APRETADO CON UN USB
14. CASO GÜRTEL: ATRAPADO POR EL TIQUE 187729
15. CASO GÜRTEL: UN EMPLEADO DE MILANO DECLARA QUE CRESPO PAGÓ LOS TRAJES A CAMPS Y COSTA
16. CASO GÜRTEL: EL EXPRESIDENTE PIDE QUE LE TRAIGAN UN TRAJE DE SU CASA PARA INTENTAR EXHIBIRLO
17. CASO GÜRTEL: EL EXHIBICIONISMO DE LA AUSTERIDAD
18. CASO GÜRTEL:¿QUÉ HACE LA DIRECCIÓN DEL IVAM EN HORAS DE TRABAJO?
19. CASO GÜRTEL: EL SUMARIO TRASLADADO EN 129 CAJAS A LA AUDIENCIA NACIONAL
20. C.A ANDALUCÍA: EL FISCAL AGRAVA EL PAPEL DEL ALCALDE DE ALHAURÍN EL GRANDE AL FINAL DEL JUICIO
21. C.A CANTABRIA: UNA ALCALDESA DEL PP PARTICIPA EN UN ACTO FALANGISTA EN HONOR A CARRERO
22. C.A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL SUSPENDE LA AYUDA ECONÓMICA A LAS MALTRATADAS
23. C.A GALICIA: LOS ESCÁNDALOS DEL IGAPE FUERZAN LA SALIDA DEL 'NÚMERO DOS' DEL ORGANISMO
24. C.A MADRID: AGUIRRE PENALIZA A LOS FUNCIONARIOS QUE ESTÉN DE BAJA POR ENFERMEDAD
25. C.A MADRID: EL ALCALDE DE ARROYOMOLINOS, ANTE EL JUEZ POR EL DESPILFARRO DE 43 MILLONES
26. C.A MADRID: AGUIRRE AMPLÍA 2,5 HORAS EL TRABAJO SEMANAL DE 120.000 FUNCIONARIOS
27. C.A MADRID: LA JUSTICIA OBLIGA A AGUIRRE A ASUMIR DE NUEVO EL DESARROLLO DE LA CARPETANIA
28. C.A MADRID: LA ÚLTIMA 'MAREA VERDE' DEL AÑO INUNDA MADRID
29. C.A MADRID: EL ADMIRADOR DE LA CONDESA DE MURILLO
30. C.A MADRID: ANA BOTELLA 'HEREDA' LA ALCALDÍA DE MADRID
31.C. VALENCIANA: CRESPO NO DIMITIRÁ SI NO SE LO PIDE EL PP POR SU IMPUTACIÓN EN EMARSA
32. C. VALENCIANA: OTRO EMPRESARIO DE MANTENIMIENTO DE EMARSA A PUNTO DE SER IMPUTADO
33. C. VALENCIANA: LOS SOCIALISTAS PIDEN A FABRA QUE ACTÚE YA ANTE EL JUEZ DE EMARSA
34. C. VALENCIANA: UN IMPUTADO DECLARA QUE ORTIZ TENÍA DATOS SECRETOS DEL PLAN ZONAL
35. C. VALENCIANA: EL PP MANTIENE EN CASTELLÓN LA CALLE DEL FRANQUISTA SERRANO SÚÑER
36. C. VALENCIANA: ALPERI INTERFIRIÓ EN LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ALICANTE
37. C. VALENCIANA: LA RED CELEBRA QUE LA SUERTE SEA PARA GENTE 'NECESITADA' COMO FABRA
38. C. VALENCIANA: MASIVO CIERRE DE FARMACIAS POR LAS DEUDAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
39. C. VALENCIANA: JARABA NIEGA EL INFORME SOBRE EL FUTURO DE RTVV A LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
01. RAJOY DELEGA EN SANTAMARÍA EL PODER AL CEDERLE TAMBIÉN EL CONTROL DEL CNI
Guindos, Gallardón y Fernández alaban lo hecho en Economía, Justicia e Interior
Mariano Rajoy ratificó ayer con algo más que un gesto su decisión de acumular un poder inédito en democracia en manos de su vicepresidenta única, Soraya Sáenz de Santamaría. Ya le había encargado toda la coordinación política, había diseñado con ella el dibujo del Ejecutivo y ayer situó bajo su mando el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), desde siempre en el Ministerio de Defensa. Sáenz de Santamaria, la ministra más joven del Gobierno y la que más poder atesora, se encargará de un organismo estratégico para el Estado y de gestión delicada.
Todo son llamadas al diálogo y reconocimiento al Gobierno saliente
El Consejo de Ministros de hoy será técnico, sin decisiones clave
Moragas será el jefe de gabinete de Rajoy con rango de secretario de Estado
La vicepresidenta ya ha colocado en el Ejecutivo a algunos de sus fieles
Sáenz de Santamaría ya ha colocado en el Gobierno a algunos de sus fieles, en especial a Fátima Báñez en la cartera de Empleo. Y tendrá mucha mano en los escalones por debajo, que en la tarde de ayer discutió con Rajoy. De momento, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes será José Luis Ayllón, su mano derecha hasta ahora en el Congreso. Y habrá otros puestos clave que ella controle. Aunque Rajoy tendrá su propio equipo, como todos los presidentes. Y lo dirigirá Jorge Moragas, que será nombrado hoy jefe de gabinete con rango de secretario de Estado.
El Gobierno de Rajoy empezó ayer así su andadura con una estrategia muy calculada. Tiene ante sí la pésima situación económica que se augura para 2012. Y en esas condiciones de máxima dificultad, los ministros tomaron ayer posesión de sus cargos con una especie de consigna unánime: todo son llamadas al diálogo, la unidad, e incluso reconocimientos expresos y no solo protocolarios al Gobierno saliente. No se quieren levantar alfombras ni mirar atrás. No hay tiempo.
El giro de 180 grados que se ha producido entre la actitud en la oposición y en el Gobierno tanto de Mariano Rajoy como de su equipo de fieles, ya empezó a verse en el debate de investidura, en el que se evitó las críticas al anterior Ejecutivo. Pero ese estilo se consolidó ayer con algo más que palabras amables.
Varios ministros no solo reconocieron la labor de sus antecesores, presentes en las tomas de posesión, sino que lanzaron mensajes políticos de fondo. Especialmente llamativo fue el de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. En la oposición, el Grupo Parlamentario del PP, dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría, se lanzó cada semana a la yugular del exministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no solo por el caso Faisán. Le acusaron de todo tipo de componendas con ETA, lanzaron sospechas de connivencia y criticaron con gran dureza su papel en la última negociación con la banda terrorista. Ayer, Fernández, aunque Rubalcaba ya no es ministro, dijo que Interior "nunca ha bajado la guardia" en la lucha contra ETA y tampoco lo hará con él al frente. En un primer guiño al discurso clásico del PP, dijo que la banda tiene que disolverse e hizo un recordatorio a las víctimas del terrorismo, pero además lanzó un mensaje que parecía pensado para contestar al sector duro del partido, que se molestó porque Rajoy dijera que el último comunicado de ETA era una "buena noticia". El nuevo ministro abundó en esa tesis: "Es razonable que nos alegremos porque la banda diga que deja definitivamente las armas".
Ese tono se siguió ayer en otras tomas de posesión. Fue una auténtica estrategia política. Rajoy sabe que la crisis va a durar, que sus medidas de recortes para rebajar el déficit van a llevar a España a una situación aún más difícil, y quiere entrar con buen pie y alargar lo más posible el momento en que empiecen los enfrentamientos.
También Luis de Guindos, nuevo ministro de Economía, tuvo palabras amables para su antecesora, Elena Salgado. Cada semana, el PP le responsabilizaba de la crisis y le acusaba de no tomar las medidas adecuadas. Los populares rechazaron la mayoría de esas medidas. Sin embargo, el propio Rajoy admitió que no va a rectificar las principales, como dejar la edad de la jubilación a los 67 años, el recorte de sueldo de los funcionarios o la subida del IVA. De Guindos dijo ayer que a Salgado "le ha tocado bailar con el más feo" y prometió que la llamará esta semana porque le "interesa mucho" su opinión.
Fue muy similar a los halagos a la moderación que le propinó el nuevo titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a su predecesor, Francisco Caamaño.
Una de las claves políticas del Gobierno, la que más se comentó ayer en círculos políticos, es precisamente su estructura. Por primera vez desde los 80 no hay vicepresidencia económica. Diversos dirigentes del PP analizaban que Rajoy ha optado por esta vía por varios motivos. Uno, para evitar colocar a De Guindos por encima de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. El primero tiene que negociar con Europa y el segundo con las autonomías. Tener un jefe por encima dificultaría esa tarea. Rajoy ha optado por ser él en la práctica el que ocupe ese puesto al presidir la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Muchos dirigentes dan por hecho que habrá conflictos De Guindos-Montoro que Rajoy tendrá que resolver.
El Consejo de Ministros de hoy será así técnico, sin decisiones clave más que unos pocos nombramientos. Las primeras medidas, como el sueldo de los funcionarios, se fijarán el 30 de diciembre.
www.elpais.es
23.12.1102. UN GOBIERNO DE AMIGOS Y FIELES
Rajoy se rodea de personas cercanas y opta por el tándem De Guindos-Montoro - No hay vicepresidencia económica y el máximo poder es para Sáenz de Santamaría
Un hombre tan desconfiado como Mariano Rajoy solo podía pensar en un Gobierno con gente muy próxima. Incluso amigos personales. Y eso es lo que ha hecho. Ante la duda, en el momento cumbre de su carrera política, y con la decisión clave, que es la de elegir el Ejecutivo que se enfrentará a la crisis, el líder del PP se ha rodeado de gente con la que lleva hablando casi a diario durante los últimos 30 años, auténticos íntimos, algo raro en política.
De Guindos, exjefe de Lehman Brothers en España, hombre clave para Europa
Es lo que son José Manuel García Margallo (Exteriores), Jorge Fernández Díaz (Interior), Miguel Arias Cañete (Agricultura), Ana Pastor (Fomento) o José Manuel Soria (Industria). Todos altos funcionarios como él, de su generación y con mucha experiencia política. Pero sobre todo amigos. Y el resto, prácticamente todos son personas de su absoluta confianza, que le han acompañado en la larga travesía del desierto de la oposición. Un Gobierno absolutamente marianista, pues, para buscar una piña con tres exministros de Aznar.
El presidente hace que todo gire en torno a él, como siempre, pero entrega todo el poder delegado a Soraya Sáenz de Santamaría, que será la única vicepresidenta. Para que no haya dudas en caso de conflicto. Para que hable con autoridad los viernes como portavoz. Para que los veteranos no cuestionen su poder.
Era una fórmula de Gobierno abandonada ya hace mucho tiempo, desde la época en que Alfonso Guerra era la mano derecha de Felipe González. Aznar siempre tuvo un vicepresidente económico. Zapatero, también. Ahora, en plena crisis, no la habrá.
Todos los ojos estaban puestos en el equipo económico, la clave para salir de la crisis. Los marianistas presionaban a favor de Cristóbal Montoro, la cara visible en la oposición. Otros sectores económicos veían mejor a Luis de Guindos, que fue secretario de Estado de Economía con Rodrigo Rato pero también, después, responsable en España de Lehman Brothers, cuya caída en 2008 dio inicio a la crisis financiera.
Era algo tan simbólico en su biografía que algunos dirigentes le descartaban por la imagen que puede dar de apuesta por el sector responsable de la crisis. Pero muchos lo veían dentro porque ha sido durante estos años el asesor principal de Rajoy para cuestiones económicas. Tiene hilo directo con el mundo financiero y se mueve bien en la City de Londres precisamente desde su etapa en Lehman Brothers. Ahora estaba de consejero en Endesa y trabajaba en el Instituto de Empresa.
Al final Rajoy ha apostado por un tándem. De Guindos se ocupará de Economía, la cartera clave para negociar con la Unión Europea los recortes en España -será el encargado de ir a los Ecofin-. Ahí le apoyará García Margallo, un eurodiputado veterano con buenos contactos en Bruselas. Un ministro de Exteriores pensado para influir en la UE. De Guindos también pilotará la reforma financiera y negociará con los bancos, la gran preocupación de Rajoy. Diseñará ese posible banco malo y las fusiones que el presidente quiere promover. De Guindos es absolutamente fiel a Rajoy, pero también es un hombre de Rato, el presidente de Bankia, una entidad con problemas clave en esas posibles fusiones.
Montoro se queda con Hacienda -repite el ministerio que tuvo con Aznar, igual que Arias Cañete, algo también muy inusual-, pero se le añade Administraciones Públicas. Montoro, un hombre cercano a Javier Arenas, será así el encargado de hacer política de partido, de negociar con los barones autonómicos los recortes, de meter un gran tajo a la Administración, despidos incluidos.
Para que no haya dudas de quién manda, Rajoy presidirá la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, con lo que dirimirá los posibles conflictos Montoro-De Guindos.
Es un Gobierno no solo muy de Rajoy. También es muy del PP, aunque sin barones territoriales. Hay tres independientes, relativos. Uno, De Guindos, ha estado en política muchos años y nunca ha dejado ese contacto casi diario con Rajoy. Otro, Pedro Morenés, ministro de Defensa, es el más técnico, pero ya fue secretario de Estado de ese departamento con Eduardo Serra. Y el tercero, José Ignacio Wert, la gran sorpresa del nuevo Gobierno, en el que se ocupará de Educación, es un sociólogo y conocido tertuliano vinculado al PP. De hecho, en una muestra más de que el presidente solo se fía de sus fieles, Wert es la mano derecha de Pedro Arriola, el principal consejero de Rajoy, su gurú de las encuestas. Nunca ha querido ser ministro, y ahora ve ahí a su hombre de confianza.
También es un Gobierno con claves internas. La principal es el pago a la fidelidad -Rajoy ha premiado solo a quienes le apoyaron en su crisis de liderazgo tras la derrota de 2008-. Y la fuerza de dos personas: Sáenz de Santamaría, que ya controla el grupo parlamentario a través de Alfonso Alonso, y Javier Arenas, el gran hombre fuerte en la sombra. Entre los dos han logrado que estuviera ahí Fátima Báñez (Trabajo), otro premio a la lealtad y una joven que baja la media de edad y sube el porcentaje de mujeres. Rajoy ha prescindido, como se esperaba, de la paridad.
Es el Gobierno más maduro de la democracia, con una edad media de 55 años, tres más que el último de Zapatero. Tiene nueve hombres y cuatro mujeres, que representan solo el 28,5% del Gabinete (casi la mitad que el último de Zapatero, 52,9%). Hay siete licenciados en derecho y cuatro en económicas. Y la vicepresidenta es, de lejos, la más joven.
Otra de las sorpresas, por el escaso papel que parece tener, es Alberto Ruiz Gallardón, un peso pesado que va a Justicia, sin apenas competencias. Rajoy no quiso juntar Justicia e Interior y sí ha subsumido en otros, como se esperaba, Cultura, Administraciones Públicas y Medio Ambiente. Con 13 ministerios, solo dos menos de los que había, es el Gobierno más corto de la democracia.
Jorge Fernández es el más conservador del Ejecutivo. Está muy vinculado a las posiciones de la Conferencia Episcopal. Su colocación en Interior es un gesto: un duro que no será criticado por algunos medios se encargará de dirigir la política más delicada, la posibilidad del acercamiento de presos de ETA o terceros grados.
Ana Mato, una mujer del aparato del partido de siempre, también ha visto premiada su lealtad con un ministerio (Asuntos Sociales). A Rajoy no le ha frenado que su exmarido estuviera vinculado al caso Gürtel. Muchos la veían en el partido de secretaria general. Su presencia indica que Dolores de Cospedal quiere seguir siéndolo. Habrá que ver qué papel tendrá en el PP Esteban González Pons, el gran descartado del Ejecutivo pese a su fidelidad a Rajoy. Federico Trillo, como estaba previsto, también se queda fuera. Parece que ya no cabían más fieles.
www.elpais.es
22.12.1103. 23 VIVIENDAS PARA 9 MINISTROS
Arias Cañete es uno de los que más patrimonio declara, con cuatro viviendas, un local de oficina, dos plazas de garaje, seis coches y una moto
Entre los miembros del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, los nueve que tienen la condición de diputados ya han presentado sus declaraciones de bienes e intereses en el Congreso. Todos juntos declaran ser propietarios de 23 viviendas, la mayoría de ellas hipotecadas.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, es uno de los que más patrimonio declara. Además de ser propietario de cuatro viviendas al 50%, de dos plazas de garaje y un local de oficina, tiene más de 60.000 euros de ahorros y cerca de 400.000 en acciones. Entre sus bienes figuran seis coches, uno de ellos un Austin Cooper del año 1967, y una Piaggio.
Le sigue de cerca el nuevo ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. Tiene tres viviendas, una en Alicante y dos en Madrid, un adosado en la sierra de la capital y una plaza de garaje. Con casi 67.000 euros en cuentas y productos financieros, tiene contratados tres fondos de pensiones por valor de 119.429 euros, con los que complementar la dotación que recibirá del sistema de pensiones público.
Montoro tiene tres fondos de pensiones por valor de 119.429 euros
Ana Pastor, ministra de Fomento, consigna en su declaración tres viviendas, dos en Pontevedra y una en Madrid, y dos plazas de garaje, a los que suma cerca de 33.000 euros en cuentas y depósitos. Tiene, además, dos coches un BMW X3 y un Mini Cooper y también se apunta a los planes de pensiones privados. En este caso de Novocaixa Galicia, por importe de 60.576 euros.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dice tener dos pisos hipotecados, un Audi A3 y cerca de 100.000 euros de ahorros. También tiene dos viviendas el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en cuyo patrimonio destacan sus dos plazas de garaje, sus dos coches, un BMW X1 y un Lancia Y dos motos, una Yamaha WR 400 y una BMW K 1.200.
Gallardón declara dos coches y dos motos
La titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, repite la marca de las dos casas. A su patrimonio se suman dos coches, un Nissan Micra y un Toyota Rav4, 5.019 euros en cuentas de ahorro, así como 2.222 en acciones y fondos de inversión.
También tiene dos viviendas en propiedad el ministro de Interior Jorge Fernández Díez, que cotiza en bolsa con 372 acciones por valor de 5.118,64 euros y cuenta con un depósito en plan de pensiones de 129.719,95 euros y obligaciones de Caixabank en renta fija por 2.288,40 euros.
La titular de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que según ha asegurado recibió en herencia una parte de cuatro viviendas, un solar y dos fincas de secano situadas en Huelva, tiene en propiedad total una vivienda en Huelva y otra en Madrid. Además, es propietaria de bonos del tesoro por importe de 326.884 euros, y tiene participaciones en el Grupo Báñez S.L., El Guijarral SAT y 70.527 euros en acciones de sociedad cotizada.
Sin salario
El nuevo titular de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, no declara rentas pero consigna la propiedad de una vivienda en Las Palmas y una sexta parte de otras siete propiedades heredadas. Tres de esos inmuebles son de naturaleza rústica localizados en Telde, Freila y Tuineje.
Cuenta con un saldo de 529.390 euros en cuentas corrientes de ahorro, productos financieros y posee acciones por más de 300.000 euros de BBVA, Telefónica, Caja Rural, Diario de Avisos y Heredad Aguas del Valle. Además tiene un coche Wolkswagen Golf SI.
www.publico.es
22.12.1104. MORENÉS FUE CONSEJERO DE UNA FIRMA QUE VENDÍA BOMBAS DE RACIMO
El actual ministro de Defensa fue hasta hace un mes representante de Instalaza S.A., cuyas bombas de racimo fueron usadas por Gadafi
El nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, fue consejero y hasta hace un mes representante de la empresa Instalaza S.A., fabricante de bombas de racimo hasta 2008 que fueron utilizadas por las fuerzas leales al exlíder libio, Muamar Gadafi, contra la población civil, según desveló el diario estadounidense The New York Times.
Morenés es además el actual director ejecutivo en España de la empresa MBDA (comunicado de la empresa en PDF), que diseña, fabrica y vende misiles.
El ministro de Defensa entró a formar parte de Instalaza S.A. el 26 de agosto de 2005 como consejero. Estuvo en ese puesto casi dos años, hasta el 31 de mayo de 2007, fecha en la que cesó para ser nombrado representante, cargo que ostentó hasta el 20 de septiembre de este mismo año (registrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del martes 4 de octubre de 2011), solo un mes antes de que se celebrasen las elecciones generales.
Mientras ocupaba el cargo de representante, y según desveló Cinco Días el pasado 9 de mayo, Instalaza decidió reclamar al Gobierno "una compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante después de que España decidiera prohibir las bombas de racimo".
Morenés dejó Instalaza tan solo un mes antes de las elecciones generales
En diciembre de 2008 un total de 107 países, entre ellos España, ratificó un tratado internacional que prohibía el uso, desarrollo, fabricación, adquisición y almacenamiento de bombas de racimo. Un mes después, el 6 de enero de 2009, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, aseguraba que el Gobierno aprobaría "en pocos días" las nuevas Reales Ordenanzas —normas de conducta para las Fuerzas Armadas— que suponían, entre otras cosas, "la exclusión del uso de ciertas armas y tácticas que repugnan a la conciencia moderna", como las bombas de racimo.
Casi dos años después, la organización Human Rights Watch (HRW) confirmaba lo que era de esperar: España y otros países que se habían comprometido a eliminar las bombas de racimo habían destruido ya un total de 176.000 artefactos. Según EFE, España se adscribió no obstante a la excepción que permitía conservar los artefactos de racimo que no excedían las 20.000 minibombas con el fin de investigar y entrenar.
La polémica se desató este mismo año, el 15 de abril. El periódico estadounidense The New York Times sacaba a la luz una información ("Qaddafi Troops Fire Cluster Bombs Into Civilian Areas") que denunciaba el uso de bombas racimo por parte de las fuerzas del entonces líder libio, Muamar Gadafi, contra la población civil libia. Según destapaba el diario estadounidense, las bombas de racimo descubiertas se correspondían a proyectiles de mortero MAT-120 fabricados en España en el año 2007. The New York Times apuntaba directamente a una empresa española: Instalaza S.A., de la que fue consejero y posteriormente representante el recién nombrado ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
En el catálogo de productos que Instalaza posee en su página web, aún mantienen el MAT-120, aunque explican que se trata de "munición de racimo prohibida por decisión del Consejo de Ministros de España del 11 de julio de 2008 y la posterior firma del texto de la Convención de Oslo el 3 de diciembre de 2008". No obstante, restan peligrosidad al artefacto: "La munición MAT-120 de INSTALAZA fue diseñada con el objetivo de ANULAR el riesgo de explosión accidental, en caso de que alguna submunición no hubiese detonado al impactar con el terreno".
www.publico.es 22.12.11
05. EXPEDIENTADA UNA JUEZ POR FAVORECER "A UN AMIGO ÍNTIMO"
La Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial abrió ayer un expediente disciplinario a la magistrada Coro Cillán, del Juzgado de Instrucción 43 de Madrid, por cuatro supuestas faltas graves y muy graves. En concreto, por haber tomado supuestamente decisiones relacionadas con la discoteca madrileña Moma que favorecerían a un "amigo íntimo suyo". Decisiones que adoptó aprovechando que estaba de guardia en Madrid. El asunto ha sido remitido a la Fiscalía de Madrid por si de los hechos se derivasen responsabilidades penales. También va a ser investigada por "exceso o abuso de autoridad" respecto a la secretaria de su juzgado por supuestos insultos.
Esta juez, sobre la que el Consejo archivó recientemente otra denuncia, es la que investiga al comisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano en un supuesto encubrimiento en relación con los atentados de los trenes de Atocha el 11-M.
La denuncia que ha derivado en los expedientes abiertos ahora a Cillán fue presentada en octubre pasado por Fernando Robé Ybarra. Este expuso al Consejo que se hallaba imputado en el procedimiento 5659/2011, "el cual estaba siendo utilizado por sus socios para conseguir el traspaso del local con la absoluta colaboración de la magistrada" Cillán.
"El caso está ganado"
Según Robe, el pasado 21 de septiembre su socio le denunció ante el juzgado de guardia por una supuesta administración desleal. La juez decidió precintar el local y convocó a las partes al día siguiente a una vista sobre el mantenimiento o no de dicha medida. Pero lo que finalmente hizo fue sustituir el precinto por el nombramiento de un administrador judicial, que tomó posesión inmediata de la empresa. Según el denunciante, ese mismo día Cillán cenó en el restaurante Portonovo de Madrid con el abogado de los denunciantes. Y no remitió el asunto a Decanato para su reparto tras la adopción de la medida cautelar, infringiendo así, según Robés, las normas de reparto. Ello obligó al juez decano a intervenir para que procediera al reparto del asunto. Pero ella se negó hasta resolver los recursos presentados.
Cillar volvió a reunirse con los adversarios del denunciante en el pleito, según este, el pasado 7 de octubre. Uno de ellos afirmó que "el caso estaba ganado, porque su abogado es íntimo de la juez".
www.elpais.es
21.12.1106. AGAG AYUDÓ A NUEVA RUMASA EN LA COMPRA DE CLESA
Entre los ‘bastidores’ del Gobierno de José María Aznar un personaje supo mover los hilos del poder con audacia para rentabilizar su influencia. El yerno del presidente decidió que esa tarjeta de presentación bastaba para conseguir jugosos negocios a grandes empresas a cambio de una buena tajada. Desde el intento de compra de la inmobiliaria Metrovacesa, controlada por BBVA, por parte del italiano Gaetano Caltagirone, a la venta de los derechos televisivos de la Fórmula 1 en España, pasando por la asesoría en España para el banco portugués BPN siendo Durao Barroso presidente de Portugal.
Correo interno entre los hijos de Ruiz-Mateos: "Quedó en que lo iba a intentar y creo que lo va a hacer de verdad, entre otras cosas, porque si no, no cobra nada"
Agag también intermedió para los Ruiz-Mateos, interesados en la compra del fabricante lácteo Clesa, propiedad de la italiana Parmalat. La familia recurrió en 2004 a los servicios del influyente yerno del entonces presidente saliente del Gobierno José María Aznar, según
revela hoy El Confidencial.La cercanía con Berlusconi
Los Ruiz-Mateos dieron por hecho que la amistad y la influencia del marido de Ana Aznar con Silvio Berlusconi -que actuó como testigo de su boda en el Escorial-, bastaría para conseguir una entrevista personal con Enrico Bondi, comisario extraordinario de Parmalat e interlocutor necesario para conseguir comprar Clesa, la división española de la firma italiana. La operación fue conseguida finalmente en 2007, aunque al parecer no precisamente gracias a Agag.
"Creo que lo hará porque si no, no cobra"
Los dueños de Nueva Rumasa estaban convencidos de que Agag haría su cometido. Carlos Perrau, exmarido de Begoña Ruiz-Mateos fue el encargado de hacer el pedido al yerno de Aznar para que mediara en el asunto. En un correo electrónico enviado en mayo de 2004 al director del área internacional de Nueva Rumasa, el joven Álvaro Ruiz-Mateos, escribió: "Por fin me respondió Alejandro Agag quien, a su vez, había hablado con Bondi, el administrador de Parmalat. Bondi le dijo que han decidido que, por el momento, quieren seguir con Clesa, por lo que no la ponen en venta (…) Le pedí que insistiera ante Bondi en que queremos tener una reunión con él, pues nunca se sabe lo que de un contacto personal puedes sacar. Quedó en que lo iba a intentar y creo que lo va a hacer de verdad, entre otras cosas, porque si no, no cobra nada".
www.elplural.com
19.12.1107. EL NUEVO OBISPO DE OURENSE ADMITE PERTENECER A UNA SOCIEDAD CONTROLADA POR EL OPUS DEI
Tras casi dos años de espera, la Iglesia hizo público ayer el nombre del nuevo obispo de Ourense, José Leonardo Lemos Montanet (Fene, 1953), después de que sonasen otros y de que alguna publicación religiosa diese por definitivo en verano el nombramiento del también gallego Francisco Froján, natural de Caldas y actual responsable de las relaciones con los Estados en la Secretaría de Estado del Vaticano. Lemos recibió la llamada del nuncio en España el 30 de noviembre mientras impartía clase de Antropología Filosófica en el Instituto Teológico Compostelano, y aceptó la propuesta. Ayer explicaba en su primera comparecencia de prensa que cuando recibió la noticia "en italiano" creyó que "era una broma".
Actualmente, este religioso, ordenado por Ángel Suquía en Santiago y colaborador, sucesivamente, de los arzobispos Rouco Varela y Julián Barrio, pertenecía al cabildo compostelano, donde ocupaba el cargo de canónigo secretario. Ayer reconoció ser miembro de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, un colectivo de en torno a 4.000 curas, la mitad de ellos agregados y numerarios del Opus Dei y la otra mitad sacerdotes diocesanos. Él puntualizó que forma parte de este segundo grupo -"no soy miembro de la prelatura" aclaró-, pero la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, según definición del Vaticano, está "intrínsecamente unida" al Opus, y es el prelado de esta organización religiosa quien la preside.
En sus estatutos, la Asociación de la Santa Cruz marca como fin "la santificación sacerdotal, conforme al espíritu y la praxis del Opus Dei", pero Lemos, ahora, se enfrenta a asuntos más mundanos. Según dijo ayer, sus preocupaciones en Ourense serán el envejecimiento galopante del clero provincial, la escasez de vocaciones y la crisis y el paro. Afirma que, bajo el gobierno que asumirá probablemente "entre la primera y la segunda semana en febrero", la iglesia ourensana deberá potenciar sus actividades caritativas y el apoyo a las personas que se han quedado sin recursos.
Cuando se le preguntó por casos recientes de la diócesis, como la condena del cura estafador Benigno Moure o el apartamiento del ejercicio parroquial de un cura en Piñor que iba en las listas del PSOE por A Gudiña, Leonardo Lemos aplazó las respuestas. Dice que, de momento, no sabe más que lo que ha visto publicado en la prensa. "Dentro de unos meses hablamos", atajó, siempre usando el gallego.
www.elpais.es
17.12.1108. CASO GÜRTEL:
Hinojosa, el dueño de la tienda, admite que trató el caso con Trillo
El informático Francisco Ferre, que daba servicio a Forever Young, la tienda de la que salieron supuestamente muchas de las prendas de vestir con las que la trama Gürtel obsequió al expresidente y a Ricardo Costa, declaró ayer ante el jurado que recibió instrucciones de sus jefes para sustituir el número de cliente del expresidente por el de Álvaro Pérez, El Bigotes, en los registros del comercio. Ferre recibió la orden, aseguró, el 19 de marzo de marzo de 2009. Un mes después de que estallara el caso Gürtel y a los pocos días de que el diputado del PP Federico Trillo se reuniera con el dueño del establecimiento, Eduardo Hinojosa.
"Me dijeron que había un error en la atribución de prendas a clientes y si lo podía arreglar. Pasé dos tardes viendo qué podía hacer y el lunes 21 de marzo hice las modificaciones", declaró Ferre. El testigo aportó los correos eléctronicos en los que Raquel Vázquez, la responsable de la contabilidad de Forever Young y mujer de confianza de Hinojosa, le indicaba qué registros debía alterar y a quién se lo debía atribuir. En el primero de los mensajes que se le mostraron al jurado, remitido desde el correo de Vázquez, figuraban dos números de referencia y un nombre: "14.335, 12.958, Alv Pérez".
Ferre relató que al buscar dichos números de referencia descubrió que al cliente al que había que descargarle las prendas era Francisco Camps. Y que en la búsqueda le aparecieron un total de cinco ventas atribuidas al expresidente. Ferre informó de ello, pero solo le pidieron que alterara uno más, el 12.109. La fiscal dejó caer en el interrogatorio que los otros dos registros correspondían a tiques de venta que la tienda ya había aportado al juez. Es decir, que era demasiado tarde para hacer cambios.
El informático explicó que la manipulación fue doble. Consistió en cambiar el número de cliente de Camps, 394, por el de El Bigotes, 571. Y borrar, "porque cambiarlo era imposible", las imágenes de los tiques de venta que habían quedado automáticamente recogidas en la base de datos al salir por la caja de la tienda, y en las que figuraba el nombre de Camps. Ferre indicó que solo eliminó las imágenes registradas de los dos primeros números de registros que le indicaron. "El 12.109 no lo borré; me lo pidieron más tarde y estaba enfadado". Ferre apoyó sus palabras en pantallazos de la base de datos antes y después de ser manipulada.
La declaración de Hinojosa se convirtió en una guerra de trincheras con las acusaciones. La táctica evasiva del dueño de Forever Young recordó a la que emplearon dos de sus todavía empleados que testificaron días atrás: Raquel Vázquez y Javier García. A Hinojosa tuvieron que preguntarle siete veces, por ejemplo, si la tienda adjudicaba números de clientes. Finalmente, respondió que sí. El dueño de Forever está enfrentado judicialmente en dos procedimientos con el sastre José Tomás, testigo de cargo contra Camps y Costa. Hinojosa reconoció que proporcionó documentos de dichas causas al letrado del expresidente, Javier Boix, y que también le entregó documentos a Trillo, con quien se reunió dos veces.
www.elpais.es
23.12.1109. CASO GÜRTEL: COMIDA CON CAMPS EN EL PALACIO DE JUSTICIA
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el presidente de la Diputación, Alfonso Rus, y la regidora de Alicante, Sonia Castedo, almorzaron ayer, en el interior del Palacio de Justicia de Valencia con Francisco Camps. Después de comer, los tres entraron en la sala en la que se celebra el juicio, en la que solo permanecieron durante diez minutos.
www.elpais.es
22.12.1110. CASO GÜRTEL: "PREPARÉ EL TRAJE, CAMPS VINO A CAJA, NO PAGÓ, ME DIO LA MANO Y SE FUE"
La cajera de Forever Young niega que el expresidente pagara en efectivo
El juicio contra Francisco Camps, acusado de aceptar sobornos de la trama corrupta Gürtel, pareció vivir ayer un momento decisivo. Declaraba María Calero, la cajera de Forever Young, la tienda de la que presuntamente salieron buena parte de las prendas de vestir regaladas al expresidente y a Ricardo Costa. Calero era, según explicó, la única cajera de Forever Young y, más en concreto, "la única persona que había detrás de la caja" de la tienda. Por tanto, podía confirmar si, como Camps ha afirmado desde que fue imputado, él siempre pagaba sus compras en efectivo con el dinero de la farmacia que le daba su mujer. Su declaración fue, sin embargo, exactamente la contraria.
"¿No le dio dinero?". "No. Solo dijo: gracias, gracias, y saludó a todos"
Calero relató que recordaba con precisión haber visto a Camps en el comercio una vez. Un día "que salió de la tienda con una bolsa de trajes". "Si fue más veces", agregó, "yo sinceramente no me preocupaba, porque sabía que no iba a venir a la caja para nada".
El expresidente no pasaba por caja, contó la testigo, pero "precisamente ese día sí que se acercó". "Empaqueté el traje y le debí meter los zapatos en la bolsa. Era la primera vez que lo veía y no sabía exactamente quién era. Tenía preparado el tique por si acaso venía, para dárselo o darle el traje. Vino [José] Tomás a recoger el traje, porque a Camps no se le atendía directamente. Y él [Camps] se acercó a la caja. Yo pensando que venía a pedirme el tique o a decirme cómo iba a pagar, pero se acercó y simplemente me dio la mano y se fue".
La sala de vistas quedó un instante en silencio, como si las partes, el jurado y el grupo de fieles del expresidente estuvieran conteniendo la respiración. Virgilio Latorre, el letrado de la acusación popular que representa al PSPV-PSOE, preguntó: "¿Le dio la mano? ¿No le dio dinero?". "No, no me dio nada", respondió la testigo; "simplemente me dijo: 'gracias, gracias, gracias'. Saludó a todos y se fue. Y yo al rato pregunté: '¿quién es ese que me ha saludado?", añadió Calero con la misma naturalidad con la que estuvo declarando durante dos horas.
La testigo aseguró igualmente haber visto a Costa, ex número dos del PP valenciano, en el establecimiento -"al verlo aquí lo he reconocido, y del único sitio que puede ser es de la tienda"-. Y haber visto su nombre en tiques de pagos a cuenta que, pese a no haber sido aportados a la causa por Forever Young, se dejaban a deber y se incorporaban en la línea de crédito que Álvaro Pérez, El Bigotes, tenía abierta en la tienda. Lo mismo ocurría, continuó, con Camps, Rafael Betoret y Víctor Campos. "Ninguno de ellos pagó nunca en efectivo", declaró. Exactamente como mantiene desde hace casi tres años la Fiscalía Anticorrupción.
¿Quién saldaba finalmente esa cuenta?, le preguntaron las acusaciones. Calero, con los documentos a la vista y reconociendo su letra en algunas anotaciones, fue repasando transferencias y talones de Servimadrid, Diseño Asimétrico y Orange Market, tres de las empresas del Grupo Correa.
El turno de preguntas de la defensa del expresidente pretendió suavizar la versión, pero no lo consiguió. El letrado insistió en si, aparte de la relatada, vio en alguna otra ocasión a Camps en la tienda. La testigo estuvo a punto de volver a relatar el encuentro en la caja, pero el abogado le cortó. ¿Sabe si le pagó al señor Tomás?, le inquirió entonces. "Si le hubiera pagado, el señor Tomás hubiera venido a la caja a continuación a darme el dinero", le contestó.
Tampoco sirvió de nada cuando le interrogó sobre los talones y transferencias de las empresas de la trama con las que se saldaron las deudas de Camps que la propia cajera tenía calculadas, hasta 2007, en 5.393,50 euros. "Yo recibía los talones e iba restando del global de la cuenta de Álvaro Pérez", en las que se agrupaban todas las de la Comunidad Valenciana) y que eran de un total de 30.678,90 euros.
www.elpais.es
22.12.1111. CASO GÜRTEL: LA TRAMA PIDIÓ ALTERAR LAS FACTURAS DE LOS TRAJES DE CAMPS Y COSTA
Las deudas fueron saldadas con transferencias de las empresas de Correa
La trama Gürtel solicitaba y conseguía que en las facturas para pagar los encargos de trajes para Francisco Camps y Ricardo Costa se alterasen los conceptos y en lugar de prendas de vestir apareciesen metros de tela para tapizar y uniformes para Fitur, Feria Valencia, Feria Bilbao y otros certámenes. Lo aseguraron ayer dos empleados de las tiendas Milano y Forever Young. Antonio del Fresno, exencargado en ambos establecimientos, relató: "Hablé con Pablo Crespo [número dos de la red corrupta] y me lo pidió. Me dijo que le hiciera dos facturas, si no recuerdo mal, a una proporción 70%-30% del total. Y que en vez de prendas pusiéramos que era tejido".
"Crespo me dijo que facturara telas en vez de trajes", declara un testigo
El importe global de las deudas era de 30.678,90 euros. Uno de los documentos que obran en la causa ofrece un desglose por personas: al expresidente valenciano le corresponden 5.393,5 euros y a Costa, 4.925 euros. En la misma anotación figuran los nombres de Víctor Campos, Rafael Betoret, Pedro García, Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo, junto a sus importes respectivos.
Javier García, que sigue trabajando en el Grupo Cortefiel, al que pertenecían las dos tiendas, declaró que habló por teléfono con Cándido Herrero, la mano derecha de El Bigotes en Orange Market, la sucursal valenciana de la trama. Herrero le dio instrucciones, explicó García, para hacer desaparecer los trajes y americanas de una factura de 4.040 euros y sustituirlos por "tejidos". García, a quien las acusaciones tuvieron que esforzarse durante horas para que proporcionara información, admitió que Forever Young no vendía telas. Indicó que las dos deudas globales, la de 30.6678,90 y la de 4.040 euros, fueron saldadas mediante transferencias realizadas por empresas de la trama. La de menor cuantía incluía, según los tiques de compra que constan en la causa, compras para Camps por importe de 2.680 euros.
Antonio del Fresno también confirmó la versión de otros testigos sobre el recorrido de tres encargos anotados en Milano a nombre de Camps y Costa en enero de 2006: los tiques de compra 187706, 187729 y 187730. Del Fresno detalló con los documentos a la vista que los tres tiques se dejaron a deber. En agosto seguían sin pagarse y habían sido agrupados en la contabilidad de Milano bajo el título Comunidad Valenciana junto a los de Costa, Campos, Betoret, Pérez y Crespo. Dos de ellos, el 187729 y 187730, fueron saldados en septiembre de 2006 con talones de Orange Market. El tercero fue pagado en efectivo en enero de 2007, un año después de la compra.
El "ceñidor central" del expresidente
"Nunca nadie más ha pedido un ceñidor central". La afirmación de uno de los encargados de las tiendas Milano y Forever Young, donde se encargaba los trajes el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, dejó al público expectante. Pero no hubo explicación. Un ceñidor central es una especie de trabilla con un elástico que los sastres pueden colocar en la parte trasera del pantalón para ceñirlo a la cintura. Es más frecuente en la ropa de niños, colocado a ambos lados, con una goma elástica y botones.
La peculiaridad no fue más que eso pero dejó patente las exigencias de Camps respecto a la confección de los trajes. En varias ocasiones ha quedado patente, con la declaración de los testigos, que las prendas debían ajustarse exactamente a sus medidas y a los tejidos que reclamaba. Así, el sastre José Tomás hablaba directamente con la fábrica que los confeccionaba para definir, exactamente, cuánto debía medir cada patrón.
www.elpais.es
21.12.1112. CASO GÜRTEL: LA FÁBRICA DE LOS TRAJES CONFIRMA QUE CONFECCIONÓ 12 PRENDAS PARA CAMPS
El dueño de la planta afirma que envió las prendas a Milano y Forever Young
Las acusaciones del juicio contra Francisco Camps y Ricardo Costa lograron ayer acreditar otro de los escalones del cohecho que presuntamente cometieron el expresidente de la Generalitat y el ex número dos del PP valenciano. Francisco Gorina, dueño de Sastgor, la fábrica de Navarra que confeccionaba prendas de ropa a los establecimientos Milano y Forever Young, declaró, tras examinar los documentos que así lo indican, que su planta fabricó 12 trajes y dos americanas para Camps, y un traje y seis pantalones para Costa. "Se hicieron los trajes, en los que ponía el texto Francisco Camps, se facturaron y se enviaron a las tiendas", señaló Gorina.
Los documentos que permiten reconstruir la fabricación de las prendas, que según la Fiscalía Anticorrupción terminó pagando la trama Gürtel, constan en la causa por triplicado. Por cada prenda hay una hoja de pedido de la tienda, una hoja de confirmación del pedido elaborada por Sastgor, y la factura que la fábrica pasaba al cobro a uno de los dos comercios de Madrid.
En los 42 documentos relativos al expresidente aparecen referencias al mismo bajo distintas formas: Camps, señor Camps, Camp... Pero en los documentos más formales, las facturas, se repite invariablemente la fórmula "Francisco Camps". Los tres documentos referentes a una misma prenda de vestir contienen, además, el mismo número identificativo.
El primer encargo a Sastgor desde Milano a nombre de Camps está fechado en noviembre de 2005, cuando el expresidente ha insistido en que él no tuvo relación con la tienda hasta la primavera del año 2006.
El testigo rechazó que los documentos pudieran haber sido manipulados, y declaró que las tallas que figuran en las hojas de Sastgor pueden variar en función del modelo de traje a medida: "A veces es mejor hacer un poco más grande una talla 52 y otras puede interesar hacer más pequeña una 54".
Raquel Espejo, empleada de la empresa de transporte Transaher, confirmó por su parte que su firma envió 18 fardos de ropa desde Milano y Forever Young al domicilio de Álvaro Pérez, El Bigotes, o a Orange Market, la empresa que administraba en Valencia. El envío número 19 fue directamente de Forever a Rafael Betoret, uno de los cargos valencianos ya condenados en la causa.
www.elpais.es
20.12.1113. CASO GÜRTEL: UN PUÑO APRETADO CON UN USB
Tres de los policías que declararon ayer participaron en el registro del domicilio del contable de la red Gürtel, José luis Izquierdo. Los tres recordaron cómo el contable se mostró muy nervioso cuando le conminaron a que se vaciara los bolsillos. "Un compañero se percató de que tenía el puño cerrado, apretándolo", relató uno de los agentes, que explicó que el contable se negó a abrir la mano, por lo que tuvieron que forzarle. Dentro, portaba una memoria externa, un USB. En él figuraba, según quedó constancia ayer, la contabilidad B de Orange Market, la sociedad con la que operaba la trama en Valencia. En esa documentación aparece una entrega de dinero en metálico al número dos de la red, Pablo Crespo, que coincide en cantidad y fecha con la liquidación de una deuda de 3.300 euros que figuraba en la tienda Milano a nombre de Camps.
www.elpais.es
20.12.1114. CASO GÜRTEL: ATRAPADO POR EL TIQUE 187729
Francisco Camps afronta la segunda semana del juicio minado por la documentación de la tienda en la que niega haber encargado varios trajes
El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps inicia hoy su segunda semana sentado en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un presunto delito de cohecho impropio, al haber aceptado, supuestamente, regalos de la trama Gürtel. Camps la inicia minado por las grabaciones que el jurado ya ha oído, que desvelan el compadreo entre los dirigentes del PP valenciano y los cabecillas de la trama, y por la evidencia de los papeles, que los miembros del tribunal ya han podido examinar. Sobre todo, por la de los tiques hallados en la contabilidad de la tienda Milano. Y en particular, por la de las referencias 187729 y 187706.
El rastreo de un pedido a nombre de Camps llega a Orange Market
La defensa insiste en que todos los registros de la sastrería son falsos
En su declaración, Camps mantuvo su versión. Dijo que no compró nada en Milano, que dirigía el sastre José Tomás. Y los trajes que, según dice, adquirió posteriormente en el establecimiento que abrió el mismo sastre, Forever Young, los pagó en efectivo. Las declaraciones de dos empleados de la tienda, y los documentos que examinó el jurado, sin embargo, dicen lo contrario.
La cajera de la tienda, la que cobraba en el horario de mañana, siguió, a través de la documentación incautada, que en parte fue elaborada por ella misma, el rastro de dos tiques. En los documentos aparece por primera vez la referencia 187729 el 24 de enero de 2006, cuando, según Camps, no acudió a la tienda hasta primavera de ese año. En esa fecha y con esa referencia se hizo un encargo, según la operativa que los empleados dijeron utilizar en la tienda. El encargo, de 1.400 euros, no fue pagado y, por lo tanto, pasó a engrosar el listado de "liquidaciones a cuenta", un inventario que se realizó a final del primer mes de 2006 con las deudas que tenía contabilizadas la tienda hasta ese momento. La empleada que hizo este inventario señaló cómo aparecía esta referencia, bajo el epígrafe "Camps". En la misma operación realizada en agosto de ese año (el segundo inventario de deudas), la misma referencia, la 187729, vuelve a aparecer como no pagada, aunque, en esta ocasión, se incluyó bajo el epígrafe "Comunidad Valenciana". En la siguiente liquidación, en enero de 2007, la referencia ya no aparece, es decir, la deuda, en esa fecha, había sido satisfecha.
Tras dejar claro el recorrido del encargo, la cajera explicó la documentación de los pagos, que también pudo comprobar el jurado. Y evidenció que la deuda había sido saldada en septiembre de 2006, a través de talones procedentes de Orange Market, la sociedad con la que la trama operaba en Valencia, con Álvaro Pérez, El Bigotes, a la cabeza.
De igual manera se desveló el recorrido de otro tique, el del encargo referenciado bajo el número 187706, a nombre de "Camps", por un valor de 3.300 euros. El encargo no se pagó, se contabilizó en las deudas de principios de 2006, también apareció en el segundo inventario bajo el epígrafe de "Comunidad Valenciana" y, en este caso, volvió a aparecer en la liquidación que se realizó en enero de 2007, otra vez, bajo la referencia "Comunidad Valenciana". El rastro se acaba a finales de ese mismo mes de enero, cuando la deuda fue satisfecha en efectivo, en un momento en el que la contabilidad de la trama registra una entrega de dinero al número dos de la red, Pablo Crespo, para saldar las deudas de estas prendas.
"Cuando empecé a ver a Crespo en los medios de comunicación lo reconocí porque había venido alguna vez a la tienda", señaló la cajera en su declaración como testigo.
Al igual que las de Francisco Camps, las referencias a los encargos del exsecretario del PP valenciano Ricardo Costa, que es juzgado por el mismo motivo, aparecen ya en enero de 2006, por un importe de 2.400 euros. Es el tique 187730, que consta en el primer inventario bajo el nombre "Ricardo Costa" y que aparece dentro del apartado "Comunidad Valenciana" en el elaborado en agosto de ese año. Esta deuda, según la contabilidad de la tienda, fue saldada, al igual que la de Camps y las de los otros dirigentes del PP valenciano, a través de talones de Orange Market.
Por si los papeles no lo hubieran dejado claro, el otro empleado de la tienda lo clarificó aún más. "Álvaro Pérez tenía una cuenta en la que se incluían deudas de otras personas", dijo. "¿De quiénes?", le preguntaron. "Del señor Camps, de Ricardo Costa...", contestó. "Y el que pagaba era Pablo Crespo", añadió después.
Ni Camps ni Costa disponen de recibo, tique de pago u orden bancaria que atestigüe sus palabras. Y la cajera de la tienda afirmó, incluso, que en las ocasiones en las que el cliente hacia amago de irse, después de pagar, sin tique, ella le insistía.
"Los papeles son muy sufridos", fue lo que alcanzó a decir el abogado defensor de Camps tras la exhibición de los documentos. Sus preguntas a los empleados se dirigieron, fundamentalmente, a cuestionar el funcionamiento de la operativa. "¿Puede ser que se realizara una hoja de encargo a nombre de una persona cuando realmente no era para esa persona?". "¿Puede que, aunque insistiera, alguien pagara en metálico y se fuera sin el tique?". Los empleados de tienda miraron con cara de asombro al letrado. E indicaron que "algún caso" pudo haber pasado. Y los papeles en los que aparecen Camps y Costa no son alguno, son muchos, aunque la defensa mantiene que son todos falsos. Quizá por ello las acusaciones también les insistieron en otra pregunta. "¿Sabe si alguien de la tienda tenía algo en contra de estos señores?", preguntaron insistentemente, para obtener siempre la misma respuesta -"no"-, ante la presunta conspiración de todos los que elaboraron los documentos.
Hasta ahora, en el juicio se ha mostrado, fundamentalmente, la documentación de Milano. Esta semana se abundará en el segundo establecimiento, Forever Young.
www.elpais.es
19.12.1115. CASO GÜRTEL: UN EMPLEADO DE MILANO DECLARA QUE CRESPO PAGÓ LOS TRAJES A CAMPS Y COSTA
Su ropa se agrupaba en la misma cuenta que la de El Bigotes, afirma la cajera
Víctor Sanfelipe, que fue segundo encargado en los establecimientos Milano y Forever Young, declaró ayer en el juicio de los trajes que Pablo Crespo, lugarteniente de la trama Gürtel, era quien pagaba las prendas que Francisco Camps y Ricardo Costa encargaban en ambas tiendas. "Álvaro Pérez tenía abierta una cuenta a su nombre en Milano. Allí se apuntaban las prendas que se llevaba él y también las de otras personas, sobre todo de la Comunidad Valenciana: el señor Camps, el señor Betoret, el señor Costa...", explicó el testigo. ¿Quién saldaba esa cuenta?, le interrogó la representante de la Fiscalía Anticorrupción. "Que yo haya visto, lo pagaba siempre Pablo Crespo. Todo lo que se apuntaba en esa cuenta lo pagaba él".
"En Milano solo había un Camps: Francisco Camps", sostiene el encargado
Sanfelipe trabajó en Milano hasta mediados de 2006, cuando se fue a Forever Young siguiendo a quien había sido su jefe, el sastre José Tomás García. Y allí se mantuvo el sistema de pago de prendas a los dos acusados por cohecho, afirmó. En el verano de 2007, Sanfelipe dejó definitivamente de trabajar debido a problemas de salud.
El testigo declaró que en Forever Young "solo había un cliente llamado Camps: Francisco Camps". Y que "nuevo cliente Camps", la forma en que aparecen registrados algunos pedidos que constan en la causa, hacía igualmente referencia al expresidente de la Generalitat.
Las palabras del exencargado, de quien en principio no se esperaba una declaración decisiva (avanzada la tarde la sala de vistas estaba casi vacía), resultaron ser muy favorables para las acusaciones y devastadoras para las defensas. Sanfelipe afirmó: "A Camps y Costa nunca les vi pagar. Ni nadie me comentó haberlos visto". Y poco después: "Enviamos unos trajes desde Sastgor [la sastrería industrial que confeccionaba la ropa para Milano y Forever Young] a Valencia para Francisco Camps".
El expresidente, aseguró el testigo, era "muy especial" a la hora de confeccionarse los trajes, y por ello en algunas hojas de pedido aparece la anotación "Tomás-Emilio". Para que el responsable de hacer la ropa en Sastgor llamase a José Tomás para pedirle instrucciones antes de ponerse manos a la obra.
Sanfelipe ofreció explicaciones a algunos de los pequeños misterios de la causa. Indicó que en algunas de las hojas de encargo de los establecimientos a Sastgor no aparecen las medidas del expresidente porque la fábrica ya tenía el patrón de Camps. Y que a eso se refieren las anotaciones "Modelo Camps" que figuran en esos documentos.
Mucho menos clara que la declaración de Sanfelipe, pero complementaria con la misma, resultó la comparecencia de Elena Rodríguez, que fue cajera de Milano en los años en que presuntamente el expresidente y Costa cometieron el delito de cohecho.
Rodríguez confirmó tras examinar tiques de compra que en enero de 2006, meses antes del momento en que Camps sostiene que hizo el primer encargo en Milano, en la tienda ya existían dos ventas a su nombre y que no fueron pagadas en el momento. Lo mismo ocurrió con Costa, concluyó, en este caso por tres trajes a 800 euros cada uno.
Cuando Milano hizo inventario en verano, las compras seguían sin estar pagadas, pero habían sido agrupadas en una cuenta que bajo el epígrafe de Comunidad Valenciana incluía el número de tiques de Camps, Costa, Pedro García (exdirector de Canal 9, íntimo amigo de los cabecillas de la trama e imputado en la principal rama del caso Gürtel), Rafael Betoret, Víctor Campos y el propio Álvaro Pérez, El Bigotes.
La cuenta fue saldada en septiembre de 2006 y no en efectivo, como ha afirmado el expresidente de la Generalitat que siempre paga las cosas. Su deuda (de 3.300 euros) y la del resto de cargos valencianos fue saldada con dos talones, indicó la cajera. Esa era, según Anticorrupción, una de las formas en las que Pablo Crespo solía pagarles la ropa.
www.elpais.es
17.12.1116. CASO GÜRTEL: EL EXPRESIDENTE PIDE QUE LE TRAIGAN UN TRAJE DE SU CASA PARA INTENTAR EXHIBIRLO
Los rotundos planteamientos de los dos testigos que prestaron declaración en el juicio chocaron con la débil línea de defensa de Francisco Camps y Ricardo Costa. El letrado de Camps intentó desacreditar la veracidad de los documentos que, uno a uno, examinaron los miembros del jurado y sobre los que insiste en que se trata de información manipulada y falsa. "Los papeles son muy sufridos", fue su frase para iniciar el interrogatorio.
Sin embargo, la debilidad de su argumento frente a la obviedad de los papeles y la contundencia de los testigos quedó aún más patente en los últimos minutos de la sesión de ayer. Fue después de que el empleado de las tiendas en las que se encargaban los trajes relatara cómo el expresidente pedía que sus prendas no llevaran las etiquetas con el nombre de la tienda, aunque sí aceptaba las que daban información sobre el tejido, según relató.
Ante esta afirmación, la esposa de Francisco Camps abandonó la sala. Volvió poco después con una bolsa de plástico. Y el abogado de la defensa desentrañó el misterio y preguntó si podía mostrar un traje (el único que Camps reconoce haber encargado) con una etiqueta que identifica la tienda de procedencia, con el supuesto objetivo de desacreditar las palabras del testigo.
Las acusaciones se negaron a que lo hiciera, sobre todo porque, tal como alegaron, el traje podía corresponder a una de las prendas referidas o a cualquier otra adquirida por Camps o por cualquier otra persona en cualquier momento. El juez se negó a que lo mostrara porque, además, el testigo, antes de saber que Camps pretendía mostrar el traje, había afirmado que "alguna" etiqueta se les pudo pasar. En cualquier caso, en algunos documentos figura que era Ricardo Costa el que exigía sus prendas sin etiqueta. Por eso el abogado de la acusación le insistió al testigo si no se refería al ex secretario general del PP, pese a lo que el empleado sostuvo que creía recordar que las exigencias procedían de Camps.
www.elpais.es
17.12.1117. CASO GÜRTEL: EL EXHIBICIONISMO DE LA AUSTERIDAD
Camps y Costa muestran una imagen sobria en el juicio por la causa de los trajes El expresidente no lleva ni reloj ni gemelos, dos complementos habituales en él; el exsecretario general del PPCV exhibe un reloj de plástico Casio; y ninguno lleva cinturón
Dijo Julio César que la mujer del emperador no sólo había
de ser honesta, sino que además tenía que parecerlo. Y esa vieja máxima,
también aplicada a los políticos acusados de actos deshonestos, parecen
haberla asumido el expresidente Francisco Camps y su antigua mano derecha en
el PP valenciano, Ricardo Costa, en la imagen que ambos están trasladando al
jurado popular y a la opinión pública durante el juicio por la llamada causa
de los trajes.
En las primeras sesiones ha llamado la atención que Ricardo Costa luciera un
humilde reloj de plástico de la marca Casio -posiblemente el modelo más
común- cuando es conocida su pasión por los relojes ampulosos y de diseño.
Además, en una de las conversaciones intervenidas por la policía a El
Bigotes, Costa aparece como presunto receptor de un reloj de lujo valorado
en 20.000 euros (según Álvaro Pérez) que habría regalado el diputado
autonómico y ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi.
Camps ni siquiera lleva un Casio. El expresidente ha aparecido sin reloj y sin gemelos en los puños de la camisa, dos complementos que Camps usaba en sus actos públicos antes de estallar el caso Gürtel, como atestigua la hemeroteca de este periódico. La imagen de austeridad en las manos del expresidente se refuerza con los abalorios que lleva atados a su muñeca izquierda. Entre ellos figura una pulsera en la que se reproduce el Ave María en imágenes, celdas y colores; un cordón de los que usan los devotos de San Pascual, patrón de Vila-Real y otras localidades; y otro brazalete que se asemeja a un rosario. Precisamente en el juicio han salido a relucir los regalos de El Bigotes a la familia de Camps en la Navidad de 2008, entre los que figuraba una pulsera de piel para la hija del expresidente, pulsera que Camps asegura haber devuelto en su momento.
La descripción de "racanillo" que hizo el abogado de Camps sobre el expresidente, así como la frase del exmandatario de que "uno tiene el sueldo que tiene e intenta ajustarse", contribuyen a esa imagen de austeridad que han querido trasladar los acusados. Otros ejemplos son los trajes de confección (no de sastrería), las camisas sin iniciales bordadas (una práctica que gustaba a Costa) y algo que no parece fruto de la casualidad: Camps y Costa ni siquiera han llevado cinturón. Una puesta en escena muy acorde con su defensa.
www.levante-emv.com
17.12.1118. CASO GÜRTEL:¿QUÉ HACE LA DIRECCIÓN DEL IVAM EN HORAS DE TRABAJO?
Soto exige medidas contra Ciscar y Lledó por acudir a "jalear a Camps"
El diputado socialista Juan Soto empezó por preguntar al secretario autonómico de Cultura, Rafael Ripoll, "si ampara la actitud de la directora del IVAM" al acudir a apoyar a Francisco Camps y acabó exigiendo que tome medidas contra Consuelo Ciscar y el director económico del museo de arte moderno, Juan Carlos Lledó, de quienes exhibió una fotografía en el Tribunal Superior de Justicia, donde han asistido a lo largo de la semana al juicio por corrupción que se sigue contra el expresidente de la Generalitat.
Soto preguntó en la comisión de Cultura y Educación de las Cortes por los daños sufridos por obras del IVAM cedidas en exposiciones celebradas en China y, en un momento determinado, señaló que la cesión de obras no puede estar sometida a las "componendas" de la directora del IVAM. En ese momento, introdujo la recriminación a la actitud de Ciscar, momento en que la presidenta de la comisión, Marisol Llinares, del PP, trató de interrumpirle. "¡Cíñase a la pregunta!", le dijo. Pero Soto continuó. "El problema no es sólo Ciscar, cuyo cargo es político", puntualizó, sino que todavía resulta más incomprensible que estuviera con ella el director económico del IVAM, Juan Carlos Lledó, "en horario laboral".
El parlamentario, a quien Llinares trató de reprender en tres ocasiones, exigió a Ripoll, que sustituía a la consejera de Cultura, Lola Johnson, que depurara responsabilidades de ambos directivos del IVAM por acudir a "jalear a Camps" en horario de trabajo. Ripoll eludió responder al diputado socialista porque sólo estaba delegado para responder a la pregunta que figuraba en el orden del día.
La presencia de la directora del IVAM, entre otros cargos públicos del PP, en el juicio a Camps ha levantado polémica. La propia Consuelo Ciscar justificó a preguntas de este periódico el pasado jueves que su trabajo no la obliga, "afortunadamente", a permanecer en el IVAM. Sobre su presencia en el juicio, "a título personal", dijo: "Voy cuando puedo... y tengo el trabajo resuelto... y no pasa nada. Tampoco estoy todo el día allí. Estoy a ratos. Ya me gustaría estar todo el día".
www.elpais.es
18.12.1119. CASO GÜRTEL: EL SUMARIO TRASLADADO EN 129 CAJAS A LA AUDIENCIA NACIONAL
El magistrado Pablo Ruz se hará cargo de la instrucción que deja Pedreira
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) inició ayer el envío al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de las 129 cajas que contienen los 671 tomos (más de 50.000 folios) de la operación Gürtel. Los primeros 15.000 folios llegaron a la sede de la Audiencia Nacional hacia las 14.00, situada muy cerca del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Esta decisión se adopta después de hacerse efectiva la renuncia del instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira, en favor de la Audiencia Nacional, que fue el órgano judicial que abrió el sumario en 2009. La investigación que ha destapado la mayor trama de corrupción de la democracia ligada a un partido político, el PP, la inició el juez Baltasar Garzón tras aceptar a trámite la denuncia presentada por el exconcejal del Ayuntamiento de Majadahonda José Luis Peñas. Este edil majariego fue asesorado por el abogado y concejal de Boadilla del Monte Ángel Galindo.
Un año después el magistrado madrileño Antonio Pedreira se hizo cargo de la investigación al constatar que aparecían tres diputados madrileños del PP entre los implicados: Benjamín Martín Vasco, Alberto López Viejo y Alfonso Bosch. Al estar aforados, solo podían ser investigados por el TSJM y no por la Audiencia Nacional. Unos días antes de las pasadas elecciones autonómicas del 22 de mayo, los tres parlamentarios dimitieron de sus cargos, por lo que Pedreira renunció a la instrucción, devolviendo la investigación a la Audiencia Nacional, concretamente al magistrado Pablo Ruz, que sustituyó a Garzón, tras abandonar este la Audiencia Nacional.
La decisión del magistrado Antonio Pedreira se hace efectiva después de 33 meses de instrucción de una causa que llegó a tener 117 imputados, pero que ahora tiene 88, de los cuales dos permanecen en prisión: el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo.
Las 129 cajas enviadas a la Audiencia Nacional tienen documentos que abordan todos los aspectos del sumario: la administración judicial; medidas cautelares; la intervención de comunicaciones; la investigación sobre el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz); las filtraciones del sumario; documentos sobre la empresa Castellana Inmuebles y sobre el funcionario de Alcalá de Henares Juan Antonio Camargo Muñoz. Otras 30 cajas contienen informaciones documentales y el sumario relacionado con Castilla y León, así como las entradas y los registros de las propiedades de la trama. También hay dos cajas de documentos relacionados con la responsabilidad civil de los implicados y un incidente de recusación, y 20 cajas de comisiones rogatorias; entre otras. Ahora será el magistrado Ruz quien deberá decidir si hace suya la instrucción previa o si vuelve a iniciar la investigación. En el caso de que asuma lo instruido por su predecesor, Ruz deberá dictar en breve el auto de procesamiento en el que confirme a las personas que se sentarán en el banquillo de los acusados.
El traslado de las cajas a la Audiencia Nacional culmina un complicado proceso que se ha demorado más de cuatro meses. Tras la decisión de Pedreira de devolver el caso a la Audiencia Nacional, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM dio un plazo de cinco días a las partes para que presentaran un recurso de revisión a su decisión de ordenar a Pedreira la suspensión de la causa y que remitiera las actuaciones a la Audiencia Nacional.
Pero no fue hasta el pasado lunes que el Tribunal Supremo denegó la petición de los imputados para que el caso continuara en el TSJM.
www.elpais.es
21.12.1120. C.A ANDALUCÍA: EL FISCAL AGRAVA EL PAPEL DEL ALCALDE DE ALHAURÍN EL GRANDE AL FINAL DEL JUICIO
Martín Serón "ordenaba" pedir sobornos por licencias, según el Ministerio Público
El fiscal del caso Troya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) ha agravado el papel del alcalde Juan Martín Serón en la trama de corrupción investigada al considerar que era quien "ordenaba" exigir dinero a los promotores por conceder licencias urbanísticas. Al principio del juicio, el fiscal Juan Calvo Rubio defendía que Martín Serón sólo consentía una situación de corrupción urbanística. El juicio quedó ayer visto para sentencia.
"Somos plenamente inocentes", dijo el regidor de él y de su edil de Urbanismo
Martín Serón y su edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, se enfrentan a una petición fiscal de multa de dos millones de euros e inhabilitación durante tres años y nueve meses por 13 delitos de cohecho. Sus defensas piden la absolución.
El representante del Ministerio Públlico coloca a ambos ediles al frente de una trama que funcionó entre 2002 y 2006 para enriquecerse de forma ilícita. El fiscal sostiene que solicitaron y admitieron pagos por realizar actos propios del cargo y especifica que no se ha demostrado que esos permisos fueran ilegales.
La vista comenzó el 22 de septiembre con 20 procesados. Hace apenas dos semanas que el fiscal retiró la acusación contra 18 de ellos -16 empresarios y dos técnicos municipales- al modificar el tipo de cohecho que se les aplicaba.
Carlos Larrañaga, abogado del regidor, aseguró ayer que estos cambios les han impedido defenderse por no saber exactamente los hechos imputados. "El fiscal habla de una supuesta trama de engaño, pero aquí nadie ha declarado que se haya sentido estafado", recalcó.
Más de 15 procesados a los que se les retiró la acusación acompañaron ayer a los dos únicos implicados. "Somos plenamente inocentes", dijo el alcalde Martín Serón al tribunal cuando le pidieron si quería añadir una última palabra. "Todo el daño que se ha hecho a nuestro pueblo, a nuestras familias, a todo nuestro entorno, sólo podrá ser reparado con una sentencia absolutoria", añadió.
El alcalde habló de los patrocinos y donaciones que se hacen a los ayuntamientos. "Son de obligado cumplimiento, cuando alguien quiere hacer una donación, no nos queda más remedio que hacer un decreto de aceptación", explicó. "Son para el bien público, nunca para nuestro beneficio personal y esa acusación no se ha llegado a demostrar de ninguna forma", insistió.
www.elpais.es
17.12.1121. C.A CANTABRIA: UNA ALCALDESA DEL PP PARTICIPA EN UN ACTO FALANGISTA EN HONOR A CARRERO
El Partido Popular gobierna en Santoña con mayoría absoluta gracias al apoyo del PRC y la Falange
Rodeada de banderas franquistas y falangistas, la alcaldesa de Santoña (PP), Milagros Rozadilla, ha participado hoy en un homenaje de la Falange a Carrero Blanco, donde ha reivindicado la figura de una "persona polifacética" que "siempre ha defendido su pueblo".
El Partido Popular gobierna desde las pasadas elecciones municipales junto al Movimiento Falangista Español y el Partido Regionalista Cántabro (PRC).
"Me invitaron a participar en el acto de aniversario", se ha excusado Rozadilla. La alcaldesa conservadora asegura que su presencia "no tiene más trascendencia que la de homenajear a una persona polifacética, que navegó, que escribió, que llevó Santoña allí a donde fue y que, además, es un recuerdo a todas las víctimas del terrorismo".
Rozadilla defiende la figura de Carrero y sostiene que el falangismo "tuvo su momento"
En cuanto a la polémica desatada por haber pronunciado su discurso entre banderas franquistas, la alcaldesa conservadora ha defendido que "el hecho de que yo esté delante no significa que ampare nada". "Al final el movimiento falangista tiene sus símbolos e interpreta la participación política a su manera. El partido falangista está legalizado y sus símbolos son legales", ha defendido.
Rozadilla mantiene que "cada momento tiene sus vivencias, sus personajes y formas de participación", y que el falangismo "tuvo su momento".
"No son centristas, están muy a la derecha"
La que ha sido alcaldesa socialista hasta las últimas elecciones, Puerto Gallego, ha mostrado su indignación por el hecho de que "una persona elegida democráticamente intervenga en un acto rodeada de banderas franquistas".
Gallego lamenta que la actual alcaldesa "parece que está muy orgullosa del pasado franquista". "Hay que ir despejando esos símbolos pero parece que han perdido el norte. No son centristas, están muy a la derecha", denuncia.
En
la convocatoria del homenaje al "ilustrísimo señor" Luis Carrero Blanco, colgado en el blog 'No apto para progres', la organización Movimiento Falangista de España invita a "a todos los santoñeses, a Fuerza Nueva Editorial, a la Asociación Cultural Almirante Bonifaz de Santander, y a la Hermandad Nacional de Banderas de Falange" a una misa y a un acto público por quien "murió por Dios y por España" consistente en una "ofenda" (sic) de coronas ante el Monumento dedicado al Almirante situado en el Pasaje de Santoña.La mayoría absoluta PP-Falange-PRC
En las elecciones municipales de mayo de 2011, los resultados
siguieron el guión del resto del país. La caída del PSOE, de 9 concejales a 6, dio la victoria al PP, que ganó un edil y se situó en los 7. Aún así, la tarta municipal quedaba muy repartida.Para lograr la mayoría absoluta, el PP tendió la mano al Partido Regionalista Cántabro (PRC) y el Movimiento Falangista de España, lo que dejó en la oposición a PSOE y UPyD. Leoncio Calle Pila, concejal por la Falange, aceptó la propuesta para volver a las instituciones, como ya hiciera en 1970, cuando estuvo al cargo de la concejalía de Deportes y Limpieza.
Una escopeta para defender el monumento
Todos los años, falangistas de distintas partes del país se reúnen ante el monumento a Carrero Blanco en el homenaje celebrado por el partido de Leoncio Calle.
El año pasado, Calle advirtió
que guarda en casa una escopeta de cinco tiros con la que prometió defender la estatua del ex presidente franquista, amenazada por la Ley de la Memoria Histórica.http://www.lavozdeasturias.es/politica/alcaldesa-santona-acude-homenaje-falangista-carrero-blanco_0_611339013.html
22. C.A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL SUSPENDE LA AYUDA ECONÓMICA A LAS MALTRATADAS
Castilla-La Mancha ordena cancelar los subsidios a las víctimas sin recursos fijados para 2012 - La Junta anuncia un decreto sobre las casas de acogida
Adiós a las ayudas económicas a las mujeres maltratadas sin recursos cuando abandonan las casas de acogida. El Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha suspendido los convenios con estos centros -existen 13- y con los de información a la mujer -85- a partir del 1 de enero, ha cursado instrucciones para que no se conceda la ayuda económica regional a las víctimas a partir de enero. Incluso alguna prevista con anterioridad para ese mes se ha cancelado.
"No sé qué voy a hacer ahora", dice una mujer que perderá el apoyo
Según manifestaron a EL PAÍS las responsables de tres casas de acogida de Ciudad Real y Albacete, han recibido la orden de no tramitar ayudas para el año próximo. Los subsidios consisten en una ayuda directa de 1.000 euros, que permite por ejemplo alquilar una vivienda y sufragar los primeros gastos del nuevo domicilio, y una mensual de 300 -más 60 euros por cada hijo- durante un máximo de un año. Esta ayuda, destinada solo a las maltratadas sin recursos económicos, es compatible con la renta mínima de inserción.
En algunas casas se recibió la orden por teléfono. En la de Ciudad Real capital existe constancia por escrito. Así, en una reunión de la comisión de ayudas de salida de la casa de acogida, de la que forma parte una representante del Instituto de la Mujer regional, se advirtió a mediados de noviembre: "Las ayudas se reconocerán con el límite temporal del año en curso", según consta en el acta. "Cuando se tenga conocimiento del contenido del convenio del próximo año, se decidirán las siguientes actuaciones", se añadía. Las responsables de la casa de acogida y la representante de la diputación protestaron por ello. Pero el próximo año no se prorrogarán los convenios actuales con las casas de acogida (que suman en toda la comunidad 96 plazas) y los centros de la mujer, en manos de asociaciones de mujeres, Ayuntamientos y diputaciones, sobre todo. El Gobierno regional ha anunciado esta semana que se sustituirán por "un nuevo mecanismo". El objetivo es abaratar el coste del servicio, unos 15 millones de euros al año. El consejero de Presidencia, Jesús Labrador, aseguró ayer en rueda de prensa que el próximo día 22 se aprobará un decreto para regular el funcionamiento de los centros. Insistió en que permanecerán abiertos y criticó a la directora en funciones del Instituto de la Mujer estatal, Teresa Blat, que aseguró la víspera que el fin de los convenios suponía el cierre de todos los centros.
A tenor del acta de otra reciente reunión sobre ayudas, se cancelan también las acordadas meses atrás y que alcanzaban 2012. "Según las indicaciones manifestadas por los servicios centrales del Instituto de la Mujer, las ayudas se harán efectivas hasta diciembre de 2011, estableciéndose el reconocimiento de las mismas con el límite del año en curso. De manera que aquellas ayudas aprobadas para el año 2012 quedarán en suspenso hasta que se conozca el contenido de los convenios para el próximo año", establece el acta.
Este periódico intentó, reiteradamente y sin éxito, que el Gobierno de Castilla-La Mancha se manifestara sobre la suspensión de las ayudas y sobre su eventual reanudación.
"Tengo dos hijos, un alquiler que pagar y no encuentro trabajo. Tampoco tengo familia que me ayude", dice una de las mujeres que han perdido la ayuda para enero. Apenas lleva dos meses fuera de la casa de acogida donde permaneció medio año, tras reunir fuerzas para huir del marido que la maltrató durante 11 años y al que nunca se atrevió a denunciar. "De la noche a la mañana me quitan la ayuda. ¿Qué voy a hacer ahora?", se plantea esta mujer que perderá el subsidio de 420 euros. Solo tendrá para vivir la renta de inserción, "426 euros al mes", detalla. "Estoy angustiada, es demasiado lo que me está ocurriendo", añade.
Entre las trabajadoras de las casas de acogida también abunda el desánimo y el enfado. "Es indignante lo que está pasando", critica Concha Tolosa, directora de la casa de acogida de Ciudad Real -con capacidad para cuatro mujeres y una docena de niños.
En las casas y los centros de información trabajan 400 personas. El consejero de Presidencia no ha precisado si habrá despidos de los trabajadores -ya se han comunicado los primeros-. Se ha limitado a precisar a este respecto que habrá un "criterio de racionalización económica", informa Efe.
www.elpais.es
17.12.1123. C.A GALICIA: LOS ESCÁNDALOS DEL IGAPE FUERZAN LA SALIDA DEL 'NÚMERO DOS' DEL ORGANISMO
Javier Barbeito era el principal valedor de Carlos Silva, imputado en la Campeón
Los escándalos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) le acaban de costar el puesto al segundo alto cargo del organismo de la Consellería de Economía en Industria en menos de 20 días. Tras la destitución del exsubdirector Carlos Silva, cuya esposa recibió siete millones en ayudas del instituto autonómico, ahora cesa en su puesto el secretario general, Javier Álvarez Barbeito, número dos del Igape y considerado el principal valedor de Silva en este organismo.
La destitución, que previsiblemente se hará efectiva en el Consello de la Xunta de hoy, se produce mientras la Consellería de Economía e Industria sigue adelante con el expediente abierto a raíz de la imputación de Silva en la Operación Campeón, y la posterior publicación por este periódico de las subvenciones a las empresas de la esposa del exsubidrector del Igape. Barbeito era el dirigente del organismo de fomento empresarial más próximo a Silva, y el responsable de su ascenso a jefe de la Oficina Norte, con sede en A Coruña, después de que pidiera ser alejado del cargo de subdirector al conocerse su implicación en el caso Campeón.
Durante los cinco meses en los que el Igape permaneció descabezado, desde que Silva y el exdirector, Joaquín Varela, fueron apartados de sus cargos, en mayo pasado, hasta el reciente nombramiento del nuevo responsable del instituto, Javier Aguilera, en octubre, Barbeito estuvo al frente del mismo. Sin embargo, el conselleiro Javier Guerra lo excluyó de la tramitación del expediente a Silva, y optó por poner al frente de la investigación interna al secretario general de la Consellería de Economía.Esta exclusión de Álvarez Barbeito, a quien en teoría le debía corresponder la tramitación del expediente, fue interpretada como una muestra de desconfianza hacia el alto cargo ahora destituido. Barbeito seguirá ligado a la Administración autonómica en la Consellería de Sanidade, de la que es funcionario.
Al margen de lo que surja de la investigación interna y del sumario de la Operación Campeón, que investiga la presunta red de corrupción en las ayudas a las empresas del industrial lucense Jorge Dorribo, Barbeito está implicado en otros episodios que han afectado a la imagen del brazo inversor de Economía. En concreto, asesoró en el plan para privatizar las oficinas del Igape en el extranjero y dejarlas en manos de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), para la que trabajó hasta su incorporación al instituto autonómico.
Ese convenio, por el que la Xunta pagará 18 millones de euros en cuatro años, ha beneficiado indirectamente a empresas de las que Barbeito fue socio fundador y en las que permaneció hasta días antes de ser nombrado en el Igape. Se trata de dos firmas dedicadas a la promoción de servicios en comercio exterior, ABH Consultoría y Asistencia Técnica y Albromat Servicios Integrales, que, tras la salida de Barbeito, quedaron en manos de su exsocio José Luis González. Al menos la primera de esas empresas, ABH, fue subcontratada por la CEG para montar las oficinas.
www.elpais.es
23.12.1124. C.A MADRID: AGUIRRE PENALIZA A LOS FUNCIONARIOS QUE ESTÉN DE BAJA POR ENFERMEDAD
La mayoría de empleados públicos solo cobrará el 60% del sueldo si enferma - La Comunidad, que prevé ahorrar 25 millones, les paga ahora hasta el 100%
Esperanza Aguirre vuelve a la carga contra la imagen de los funcionarios. Una de las 25 enmiendas que el grupo popular presentó ayer en la Asamblea de Madrid supone dejar a la mayoría de empleados públicos que enfermen sin el 40% de su sueldo. Se trata de "introducir un elemento de contención del absentismo laboral", asegura la nota informativa del grupo popular. A ese objetivo se suma otro: ahorrar 25 millones de euros al año e "incrementar la productividad de la Administración". Porque para el Gobierno regional el absentismo no es una baja injustificada, sino una baja a secas.
Los centros de salud podrían abrir los sábados al aumentar las horas laborables
"Estas medidas suponen un recorte salarial encubierto", señala UGT
Hasta ahora, la Comunidad de Madrid complementaba el sueldo de sus empleados en caso de incapacidad temporal. En el régimen general, que es el que tienen 107.000 trabajadores (administrativos, justicia, bomberos, docentes...), la Comunidad o la Seguridad Social, dependiendo del tramo, pagaban el 60% entre el cuarto día de baja y el vigésimo. Madrid aportaba, según una portavoz del Gobierno regional, un 40% más hasta llegar al sueldo íntegro en virtud de acuerdos y convenios colectivos con sus trabajadores. Esos acuerdos serán papel mojado a partir del 1 de enero. La enmienda, que se vota en el pleno del día 27, modifica la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que a su vez modifica los convenios ya firmados y los deja sin efecto. En resumen: a partir de ahora, el empleado público que esté de baja por enfermedad cobrará menos. Tanto si pertenece al régimen general, como al de mutualismo o al estatutario.
El ahorro es solo una de las justificaciones que esgrime el Gobierno regional. El absentismo es la principal. No es la primera vez que la Comunidad de Madrid acusa de ello a sus empleados. Según sus datos, el absentismo de los trabajadores públicos duplica al que se produce en la empresa privada: el 11,4% de las horas que deberían hacerse no se cumplen en el sector público; en el privado, el 6,2%. Los datos que ofrece la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior no se pueden contrastar. Una portavoz asegura que proceden de un estudio realizado por las mutuas. La Seguridad Social contabilizó en 2010 28,1 bajas por contingencias comunes por cada 1.000 habitantes. Según la Comunidad, entre sus empleados públicos fueron 48.
El grupo popular, que tiene mayoría absoluta en la Asamblea, por lo que sacará adelante las enmiendas, precisa que el recorte no afecta a las bajas por maternidad ni a los accidentes laborales.
Otra de las 25 enmiendas que el lunes presentó el PP en la Asamblea estipula que todos los funcionarios y empleados públicos madrileños trabajarán 37,5 horas. La Ley de Acompañamiento ampliará el horario de sus trabajadores, además de recortarles las prestaciones por baja. La medida afecta a 120.000 de los 170.000 trabajadores del sector público (un 70%).
Sindicatos y oposición han arremetido contra esta nueva propuesta con la que consideran que pagan justos por pecadores: en vez de perseguir el absentismo, se penaliza a todos. La Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid (Ley de Acompañamiento o ley escoba) fue presentada antes de las elecciones generales del 20-N y, solo después de los comicios, el Gobierno regional ha incluido algunas de sus propuestas más polémicas, como la que afecta a la jornada laboral de los funcionarios madrileños.
La nueva jornada y el cambio en el pago de bajas "atenta contra los derechos de los trabajadores", señala el secretario general del sector de Administración Autonómica de CC OO, Javier Díaz Toril. "Lo que plantean es un retroceso laboral y un recorte salarial encubierto", añade Santiago Tamames, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de Madrid.
"La Administración se salta los convenios que tenemos cerrados con ellos y nos impone nuevas condiciones sin negociar", según Díaz Toril. La enmienda que afecta al empleo público de la Comunidad incluye una convocatoria de la mesa de negociación que no convence a Comisiones. "Las reuniones hay que tenerlas antes, no cuando has plasmado lo que quieres cambiar en una ley", añade. La ampliación de jornada (que supone 12 millones de horas más al año o, lo que es lo mismo, el trabajo de casi 8.000 trabajadores a jornada completa) conllevará "perder puestos de trabajo, reducción de la calidad y dar un paso más hacia la privatización de los servicios", según CC OO. "Habrá un recorte de interinos como ya hemos visto en Educación", señala Maru Menéndez, diputada del PSM.
"Es un atraco a mano armada, una sinvergonzonería gubernamental", añade la diputada de IU Libertad Martínez. Los sindicatos preparan movilizaciones contra la medida, aunque aún no han concretado cuándo.
Los aproximadamente 16.000 médicos con categoría de estatutarios de la sanidad pública madrileña también verán incrementada su jornada en 2,5 horas semanales. ¿En qué puede traducirse? En atención primaria, por ejemplo, podrían recuperarse las consultas en sábado por la mañana, algo que ya existía antes de 2001, cuando la jornada de los profesionales era de 37,5 horas y no de 35 como ahora, explica Julián Ezquerra, de Amyts. Otra posibilidad es que los centros de salud podrían abrir media hora más cada día.
2,5 horas más de trabajo a la semana
La ampliación de jornada laboral prevista por el Gobierno regional para el próximo año afecta a 120.000 funcionarios y empleados públicos de los 170.000 que tiene, según los datos facilitados por la propia Comunidad.
Este es el desglose de aquellos que pasarán ahora a trabajar 2,5 horas más a la semana (de 35 a 37,5 horas), con la aprobación de la nueva normativa. El resto ya tiene esa jornada. Los datos han sido facilitados por el sindicato CC OO:
- Personal estatutario sanitario (médicos, ATS, enfermeras, celadores...): 66.744 trabajadores
- Personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid: 32.307 trabajadores
- Funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid: 12.451 trabajadores
- Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM): 650 trabajadores
- Canal de Isabel II: 2.200 trabajadores
- Telemadrid: 980 trabajadores.
www.elpais.es
21.12.1125. C.A MADRID: EL ALCALDE DE ARROYOMOLINOS, ANTE EL JUEZ POR EL DESPILFARRO DE 43 MILLONES
Juan Velarde, del PP, asegura que no estaba al tanto de las facturas que pagaba
El alcalde de Arroyomolinos, Juan Velarde (PP), no tiene conocimiento de todo lo que pasa en su Ayuntamiento, según ha declarado ante el juez. No contrata nada y lo único que hace es pagar las facturas que llegan a la intervención, que se abonan porque los concejales son quienes las firman. Lo que sí admite es que él es quien firma las transferencias desde Tesorería, según consta en su declaración como imputado celebrada el 14 de diciembre en el Juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero.
El regidor denuncia que los vecinos increpan a su mujer por la calle
Los concejales de su propio partido contradicen ante el juez su testimonio
El alcalde de este municipio del sur, de 13.835 habitantes, asegura no saber nada del presunto despilfarro de unos 43,5 millones de euros en obras, asunto por el que está imputado junto a otros cuatro ediles del equipo de gobierno popular. Asegura que no hay nada cierto en la acusación, y que en Arroyomolinos no rige el artículo "del dedo". Todo es un invento de la oposición, que le ha perjudicado mucho, ya que algunos vecinos se refieren a su mujer con menosprecio: "Ahí va la mujer del de los 40 millones". Pero el titular del juzgado que investiga el caso ha visto indicios de malversación de fondos y ha decidido proseguir con la causa.
Los siete folios en los que se plasma la declaración de Juan Velarde son reveladores de la estrategia del regidor: no sabía nada de nada. El grado de desconocimiento de los contratos locales que recoge el testimonio judicial es tal que, al ser preguntado por el juez sobre si conocía a los responsables de las empresas que habían recibido contratos municipales, las respuestas de Juan Velarde van casi todas en la misma dirección: no los conocía o no los recordaba. Y así hasta más de una cuarentena de empresarios. Todos con contratos municipales.
Pero la declaración del alcalde contiene un punto débil, pues llega a sostener que los concejales de su partido son los responsables de las contrataciones presuntamente irregulares. Ellos aseguran exactamente lo contrario: que el responsable de los contratos era el regidor.
La investigación contra el equipo de gobierno popular de Arroyomolinos se inició tras la denuncia de los ediles socialistas, que sostienen que el PP instauró en el Consistorio un sistema por el que de forma sistemática se fraccionaban las contrataciones municipales, de forma que ninguna adjudicación municipal tuviera que ser por concurso. Igual que en los municipios controlados por la red Gürtel, en la que ninguna adjudicación municipal superaba los 12.000 euros.
El PP de Arroyomolinos lograba así, según la denuncia de los socialistas, contratar los suministros y servicios con las personas y empresas que designaban el alcalde y los concejales, sin la existencia de un expediente de contratación que garantizara la transparencia y la limpieza del proceso. El PP lo niega todo e insiste en que todo se hizo de forma legal. "Nunca ha habido trato de favor a ninguna empresa", sostiene Juan Velarde, quien explica que en los casos en que pagó facturas en contra de la opinión de la intervención municipal se hizo en interés de los ciudadanos de Arroyomolinos. Preguntado por una factura de 153.000 euros a la empresa Aguado, Velarde dijo: "Cuando se trataba del robo de cable, había que pagarlo en beneficio del pueblo. Si no, sería un pueblo inseguro y sin luz. En este caso es más importante para el pueblo dar el servicio de luz que realizar el contrato y tener al pueblo sin luz". Y en relación con una obra adjudicada a una empresa propiedad de un hermano de una edil del PP, el regidor sostiene: "Trabajó en 2002 y su hermana fue concejal en 2003. En todo caso no existe inconveniente para trabajar con él por el hecho de que su hermana fuera concejal".
Pero la denuncia va más allá del mero fraccionamiento, ya que acusa a los ediles del PP de mantener un trato de favor hacia empresas vinculadas a los concejales del PP. En la mayoría de los casos, la interventora del Ayuntamiento emitió informes de intervención desfavorables que tanto el alcalde como los concejales del PP descartaban. Fuentes socialistas aseguran que, de las 62 carpetas analizadas, "solo cuatro contaban con un expediente de contratación". Los propios responsables técnicos municipales confirmaron en el juzgado que en algunos casos se produjeron "pagos por encima de lo que había contratado".
www.elpais.es
20.12.1126. C.A MADRID: AGUIRRE AMPLÍA 2,5 HORAS EL TRABAJO SEMANAL DE 120.000 FUNCIONARIOS
La modificación equivale a casi 8.000 contratos a jornada completa menos - Las enmiendas del PP a la 'ley escoba' recortan también la indemnización por baja
La Comunidad de Madrid aprovecha los últimos días del año para incluir una modificación en la normativa que afecta a 120.000 funcionarios y trabajadores públicos regionales, el 70% de la plantilla. Ampliarán 2,5 horas su jornada semanal (de 35 a 37,5). El grupo parlamentario popular incluyó ayer 25 enmiendas a la Ley de Acompañamiento, que aprobará previsiblemente el jueves. La filosofía de esta medida, según un portavoz oficial, es "aumentar la productividad". Serán 12 millones de horas más de trabajo al año. Lo que no especifica el Gobierno es de cuántos empleados eventuales prescindirá tras la ampliación horaria. Pero el aumento de horas equivale a casi 8.000 contratos menos.
El Ejecutivo regional, que dirige Esperanza Aguirre, espera ahorrar 82,7 millones con la medida. "Se trata de que con la misma gente haya más productividad y que no se tenga que contratar a trabajadores extra", explica un portavoz de la Consejería de Economía.
"No es una medida para despedir a gente o prescindir del personal que ya hay", añade, sin ofrecer el desglose de los cálculos oficiales para estimar el ahorro económico. Pero se puede hacer una estimación grosso modo dividiendo la ampliación de horas al año (12 millones) entre la jornada anual laboral que ahora tendría un trabajador con 35 horas semanales: 1.533 horas. El resultado es el equivalente a la jornada completa de 7.827 trabajadores en un año.
La iniciativa, introducida casi de tapadillo en la Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid (Ley de Acompañamiento o ley escoba), afectará también a los trabajadores de las empresas públicas regionales. Un portavoz del grupo popular admite que durante el presente año se amortizarán plazas de funcionarios como consecuencia de no sustituir las jubilaciones. Hace una semana, el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, estimó en 800 las plazas que serán eliminadas en una entrevista con EL PAÍS.
La Comunidad ha esperado a la penúltima semana del año, una vez pasadas las elecciones generales del 20N, para introducir el grueso de reformas normativas que no contenía el texto original presentado dos días antes de los comicios. El PP incluye ahora 25 enmiendas nuevas que prevén cambios sustanciales y que aprobará previsiblemente en el próximo pleno de la Asamblea de Madrid, este jueves, gracias a su amplia mayoría.
Según una nota del grupo popular en el Parlamento regional, la actuación que afecta a los funcionarios "trata de evitar las desigualdades entre los diferentes empleados de la Administración". Hay profesiones con jornadas de 35 horas, prosigue, y otras que ya tienen las 37,5 horas reconocidas, como el personal docente. La mayor parte de los funcionarios regionales madrileños trabaja 35 horas semanales en virtud de un acuerdo alcanzado entre sindicatos y Gobierno regional en 2001, según fuentes de UGT.
Un representante de Comisiones Obreras consideró la medida "anticonstitucional" porque no ha sido pactada con las centrales, si bien la enmienda recoge que la medida se aplicará "previa negociación en el seno de la mesa general de negociación de los empleados públicos" de la Comunidad.
"La filosofía de este plan, que surge como consecuencia de la crisis económica, es aplicar a la Administración regional criterios propios del mundo empresarial, con el objeto de hacerla más eficaz y productiva", señaló ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Íñigo Henríquez de Luna, en una nota.
La otra actuación relacionada con el empleo público supone eliminar el complemento que el Gobierno regional incluía en los sueldos de sus trabajadores en casos de bajas de entre cuatro y 15 días. Según el PP, es para "erradicar los fraudes y prácticas abusivas en las bajas laborales". La Seguridad Social cubre el 60% de la baja de un trabajador durante ese plazo. El otro 40% lo cubre la Comunidad, que indica que este recorte (que calcula en 25 millones de euros) afectaría a 32.000 empleados públicos. Según datos de la Comunidad de Madrid, el año pasado se perdieron tres millones de horas, el equivalente a la jornada completa de 20.000 trabajadores en un mes.
Sin trabas para la venta de alcohol
Además de los cambios previstos para los funcionarios, la Comunidad eliminará la licencia especial para la venta de bebidas alcohólicas en locales comerciales, de manera que cualquier establecimiento que venda comida y bebida podrá vender alcohol (como solicitan los pequeños comerciantes chinos), incluidas las gasolineras. Las enmiendas presentadas hoy por el PP se votarán en el pleno del próximo 27 de diciembre. Lo previsible es que salgan adelante, ya que el PP tiene mayoría absoluta en la Asamblea regional. Además, la Comunidad de Madrid se reserva la potestad de sancionar y prohibir la venta de bebidas alcohólicas, responsabilidad que hasta ahora competía también a los Ayuntamientos.
Otra enmienda profundiza en la liberalización de horarios comerciales para el sector de las farmacias, que tendrán más facilidades para abrir cuando quieran. "Con el fin de dotar a las oficinas de farmacia de una mayor agilidad para poder hacer efectivas las modificaciones de horario que les resulten más convenientes", señala el texto.
También hay una enmienda que supone una advertencia a los Ayuntamientos que rechacen firmar el convenio previo a la capitalización del Canal de Isabel II. Los Consistorios que tengan un acuerdo de suministro con el Canal y no firmen el convenio de privatización recibirán una cantidad anual por habitante para que puedan financiar el suministro de agua con otra empresa. Cuando finalice el acuerdo, el Canal entregará la red de saneamiento, y el traspasado de la gestión para que sean estos los responsables del servicio.
www.elpais.es
20.12.1127. C.A MADRID: LA JUSTICIA OBLIGA A AGUIRRE A ASUMIR DE NUEVO EL DESARROLLO DE LA CARPETANIA
Getafe recurrió la decisión de la Comunidad de devolverle las competencias
La Comunidad de Madrid ha recibido un varapalo judicial por desentenderse en 2009 del desarrollo urbanístico del polígono de La Carpetania (Getafe). El Gobierno regional (PP) creó junto al Ayuntamiento de ese municipio, entonces presidido por el socialista Pedro Castro, un consorcio para supervisar el desarrollo industrial. Tas acometer juntos la primera fase, el Ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre optó por devolver las competencias urbanísticas al Ayuntamiento.
Las expropiaciones requieren un desembolso de 480 millones de euros
La decisión era un regalo envenenado, porque implicaba que el Consistorio tenía que asumir el coste de las expropiaciones previstas: unos 480 millones de euros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado ahora el acuerdo del Gobierno autonómico por el que se devolvieron las competencias.
Aguirre consideró en su momento que el precio por desarrollar La Carpetania era muy alto. En el Ayuntamiento admitieron que el sistema de expropiación era más costoso, pero también más rápido y eficaz para conseguir los terrenos y poner en marcha cuanto antes el polígono industrial. El proyecto podía generar 25.000 empleos y atraer una inversión de cerca de 1.000 millones de euros. Además, serviría como polo de atracción para otras empresas tecnológicas.
Al bloquearse el desarrollo, el gigante aeronáutico EADS-CASA amenazó con retirarse de Getafe y "estudiar otras posibilidades".
El detonante que trabó el proceso fue el precio de la expropiación, pero en Getafe también ven motivos políticos detrás. Creen que Aguirre ha ahogado a la ciudad para doblegar al exalcalde.
[La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño Ortega, aduce en cambio que las complicaciones judiciales elevaron el coste de la expropiación hasta el punto de que tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento decidieron "por unanimidad" cambiar el sistema y optar uno de compensación o cooperación. Según su versión, el Consistorio se volvió atrás tres meses después y llevó ante la justicia esa modificación, recurso que el TSJM rechazó en otra sentencia del 8 de noviembre.
El Gobierno regional ya había decidido que, dado que no se iban a realizar expropiaciones, devolvía al Ayuntamiento todas las competencias urbanísticas. Esa decisión, de abril de 2009, también fue llevada ante la justicia por el exalcalde. Y el pasado 10 de noviembre, el TSJM le dio la razón, declarando nulo el acuerdo adoptado por la Comisión de Urbanismo.
Mariño asegura que el Gobierno regional recurrirá, aduciendo que el tribunal tumba el acuerdo por un defecto de forma: la Comunidad debería haber optado por otra vía administrativa para devolver las competencias.]
El exalcalde de Getafe, Pedro Castro, por su parte, se muestra satisfecho con esta última sentencia. "El proyecto supone más de 25.000 empleos para la región, de los que cerca de 6.000 serán ingenieros", señaló ayer. Por ello, pidió a la Comunidad de Madrid que se olvide de cuestiones políticas y haga lo necesario para acelerar el polígono industrial.
Uno de los problemas que tenía el Ayuntamiento de Getafe era que no lograba conseguir el dinero para pagar su parte de la expropiación. Hace seis meses consiguió que el ICO aprobara un crédito de 200 millones. Castro considera que "el retraso del parque de La Carpetania pone de manifiesto la desidia de una presidenta regional que no entiende que crear empleo es una de las competencias que tiene la Comunidad. En los ocho años que lleva en el Gobierno ha sido incapaz de reunirse con los agentes sociales para hacer un plan con el que crear empleo". Y concluye: "La percha sobre la que debería colgar dicho plan es La Carpetania".
www.elpais.es
17.12.1128. C.A MADRID: LA ÚLTIMA 'MAREA VERDE' DEL AÑO INUNDA MADRID
Miles de ciudadanos protestan contra los recortes. Los sindicatos exigen a Aguirre que se siente a negociar
En plena época de exámenes, cansados y con menos dinero en el bolsillo tras nueve jornadas de huelga, pero con muchas ganas de seguir peleando por una educación pública "de tod@s, para tod@s". Así se encontraban ayer los miles de profesores que volvieron a salir a la calle a protestar contra los recortes del Gobierno de Esperanza Aguirre. La última marea verde del 2011 consiguió reunir a más de 30.000 manifestantes docentes, alumnos, padres y madres, según los sindicatos convocantes (CCOO, UGT, STEM, CSIF y ANPE), que recorrieron el centro de Madrid al grito de "pública, pública, pública".
Aun así, para muchos no fue suficiente. "Se nota queya estamos agotados, estamos en exámentes y llevamos muchos meses de protesta", recordaron Eduardo y Angélica, profesores de secundaria que se encontraban con un grupo de defensores de la escuela laica. "Mis impuestos Espe desvía para sus escuelas pías", rezaban sus carteles.
"Una enseñanza de calidad la queremos todos", señala una alumna
Esa fue una de las muchas reivindicaciones de los manifestantes. ¿El objetivo común? Denunciar, de nuevo, las consecuencias que el tijeretazo en Educación está provocando en sus respectivos centros y pedir a la consejera del ramo, Lucía Figar, que se reúna con los representantes de los docentes.
"No son dos horas más, son 11 profesores menos", justificaban, en su pancarta, los docentes del IES Emilio Castelar. "Tenemos mucha carga lectiva, demasiados alumnos por clase y así no podemos darles calidad", lamentó, por su parte, Angélica. "Ya no tenemos orientadores ni tutorías porque no hay profesores para asumir esas horas", especificó Eduardo. "Yo soy madre y me entristece pensar que si mis hijos tienen problemas, nadie les va a atender, y no por falta de interés, sino porque los profesores estamos desbordados", añadió su compañera.
José Luis Gómez, profesor de Lengua y Literatura del IES Carmen Martín Gaite, también denunció la pérdida de las aulas de enlace (aquellas que sirven de apoyo para alumnos inmigrantes que aún no conocen el idioma) y un descuento de 3.000 euros en la última partida destinada a los gastos corrientes de su instituto. "Además, la biblioteca se mantiene abierta porque algunos profesores echamos horas de más que no nos paga nadie", añadió.
Los sindicatos planean un nuevo calendario de protestas para 2012
"Estamos hacinados en clase"
Cristina y Raquel, estudiantes de Arte de 16 años, también acudieron a la convocatoria. "Mi instituto es concertado, pero apoyamos las manifestaciones porque una enseñanza de calidad la queremos todos", sentenció la primera. "En el mío, que es público, muchos alumnos se han quedado sin plaza y los demás estamos hacinados en clase", protestó la segunda.
Por su parte, los portavoces sindicales volvieron a solicitar a la presidenta de la Comunidad y a la consejera de Educación que convoquen una mesa sectorial para intentar llegar a un acuerdo sobre el conflicto educativo. "Después de cuatro meses de huelgas, manifestaciones y encierros nadie de la Administración ha querido dialogar", recordó Antonio Martínez, de CSIF.
Fapa Giner de los Ríos: "Seguiremos estando al lado de los profesores"
De hecho, Paco García, secretario general de Educación de CCOO, anunció que los sindicatos tomarán medidas al respecto. "El Gobierno de Madrid debe saber que lo denunciaremos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por vulnerar nuestro derecho a la negociación colectiva", declaró en la Puerta del Sol, al término de la manifestación.
"El malestar del sector educativo, lejos de disminuir, sigue creciendo por la cerrazón de la comunidad al diálogo", expresó también Francisco Melcón, presidente de ANPE. Por este motivo, los sindicatos se reunirán la próxima semana para determinar un nuevo calendario de movilizaciones para 2012. "No podemos cansarnos porque las medidas que han tomado siguen en vigor", alentó Eduardo Sabina, secretario general de FETE-UGT.
El temor a que el futuro Gobierno de Mariano Rajoy pueda implantar el modelo de Aguirre en el resto de España estuvo presente en todos los discursos. "Si recorren el mismo camino que el Gobierno de Madrid, nos encontrarán en la calle, porque sin educación ni servicios públicos no hay futuro", amenazó García. "Seguiremos convocando manifestaciones porque la educación no es gasto, es inversión", adelantó también Sabina, recordando el lema habitual de las movilizaciones.
Por último, los representantes de los docentes agradecieron el apoyo recibido por parte del Sindicato de Alumnos y las asociaciones de padres y madres. "Han estado codo con codo con nosotros", recordó García. Por su parte, José Luis Pazos, presidente de la Fapa Giner de los Ríos, aseguró que continuarán acudiendo a las manifestaciones. "Seguiremos estando a su lado porque, aunque en estos meses se ha conseguido algún avance con la vuelta de algunos profesores a los centros, las circunstancias aún no son como las de antes", sentenció. "Y hay marea verde para rato", concluyó.
www.publico.es
17.12.1129. C.A MADRID: EL ADMIRADOR DE LA CONDESA DE MURILLO
Pérez, nuevo presidente de la FMM, periodista y católico, es un ferviente seguidor de Aguirre
Cuando Esperanza Aguirre llegó a la Asamblea de la Comunidad de Madrid en 2003 no prestó mucha atención a un diputado joven, de misa de domingo, sentado en la bancada. El chico, periodista, había hecho unas preguntas a la presidenta años atrás, cuando ella era concejal de Medio Ambiente y él becario del periódico Abc. Se había quedado impresionado con esta mujer a la que admiraba, pero ella no recordaba esa entrevista, que no pasaba de ser una de tantas en su carrera. Si el joven entró en el PP fue porque admiraba a gente como Aguirre, la condesa consorte de Murillo. En los sucesivos meses la presidenta ignoró al diputado de media melena, pero de repente empezó a recibir cada semana memorandos, argumentarios, informes que llenaban la mesa de su despacho. Los firmaba un tal David Pérez García.
Pérez (Madrid, 1972) se ha ido estos años ganando a la presidenta hasta convertirse en uno de sus colaboradores más cercanos. El último empujón de Aguirre, después de que Pérez fuese nombrado primer edil de Alcorcón, ha sido colocarle al frente de la Federación Madrileña de Municipios (FMM). Un puesto que le convierte en el alcalde de los alcaldes, que no está de más para un político que se pasa el día redactando informes y colgado al teléfono.
Se ríe cuando se asemeja por decreto a los niños bien con el PP, él que se crió en el barrio de Campamento, hijo de un operario de Standard Electrica y un ama de casa. Segundo de cuatro hermanos, estudió Primaria en la escuela pública y BUP y COU en un colegio privado. En la Universidad Complutense, donde estudió periodismo, conoció a una estudiante muy tímida con la que años después habría de casarse. La pareja tiene un hijo de dos años.
Entró en el Ayuntamiento de Madrid de la mano de Sigfrido Herráez cuando solo tenía 25 años. De ahí fue ocupando puestos cada vez de más relevancia en el partido, impulsó las primeras páginas web de la formación y llegó a ser el portavoz popular en la Asamblea. Sus compañeros de partido siempre destacan su cercanía a la presidenta Aguirre, algo que no es nada fácil. "Es ambicioso. Siempre que entra nuevo a un cargo dice que le va a costar superar a su antecesor, pero estoy seguro que por dentro piensa que lo va a superar. Él tiene el deseo de llegar lo más alto posible, que no es nada malo, pero a veces se le nota demasiado", explica un compañero de partido. Un colaborador muy cercano a Pérez tercia: "Desde muy joven ha ido escalando puestos y lo ha aceptado con mucha naturalidad".
A veces, ante los micrófonos, a un Pérez conservador, católico, liberal en lo económico, se le oye hablar de los socialistas como si estos devoraran niños. "Se le calienta la boca con facilidad. Tiene mal pronto a veces, pero igual de rápido se arrepiente y se disculpa", dice un compañero.
En agosto, estuvo en Cuatro Vientos para ver al Papa. Años atrás había participado en las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) en Polonia y Santiago de Compostela. Saludó a los Reyes de España como alcalde de Alcorcón, pero no pudo estrecharle la mano a Joseph Ratzinger. Se quedó con esa pena. Los que le conocen están seguros de que algún día le chocará los cinco al sumo pontífice, igual que conquistó a una presidenta que hasta entonces le había ignorado.
David Pérez García
- Nació en Madrid en 1972, en el barrio de Campamento, hijo de un operario y un ama de casa. Estudió periodismo en la Universidad Complutense. Casado y con un hijo de dos años. Es el alcalde de Alcorcón y nuevo presidente de la FMM
www.elpais.es
18.12.1130. C.A MADRID: ANA BOTELLA 'HEREDA' LA ALCALDÍA DE MADRID
Asumirá el bastón de mando antes del 3 de enero - Edil desde 2003, cultiva un perfil bajo pese a sus tropiezos verbales
"Creo en mí porque algún día seré todas las cosas que amo", citó en una ocasión Alberto Ruiz-Gallardón. En eso, el hasta ayer alcalde va por buen camino. Queda por saber si Ana Botella, concejal de Medio Ambiente y Movilidad, también. La edil ha mantenido una discreción absoluta en los últimos meses pese a que, legal y políticamente, era la primera en la línea de sucesión del regidor si este completaba su anhelado salto a la política nacional. Hoy, Gallardón prometerá o jurará su cargo como ministro de Justicia, al tiempo que se celebra un pleno municipal con su silla vacía. Antes habrá presentado su renuncia en el registro municipal, pues son responsabilidades incompatibles.
Combina principios conservadores con cierto progresismo en asuntos sociales
Al frente de la ciudad se quedará, circunstancialmente, el vicealcalde, Manuel Cobo, hasta que, en el plazo de 10 días, los ediles del Partido Popular entreguen el bastón de mando a la número dos en la candidatura y "la mejor de todos nosotros", en palabras de Cobo. A falta de saber si el propio vicealcalde o algún otro miembro del gobierno local sigue los pasos de Gallardón, aquellos de la lista del PP que se quedaron fuera en mayo ocuparán las vacantes. Otra cosa diferente es el gobierno local, en el que Botella podrá incluir nombres que no figuraban en la candidatura electoral en virtud a la Ley de Capitalidad.
Botella vive en la actualidad en Pozuelo de Alarcón (una ciudad-dormitorio acomodada del noroeste de Madrid) con su marido, el expresidente del Gobierno José María Aznar. Precisamente este lazo familiar (y el fulgor público de Gallardón) han oscurecido su figura política. A eso se une el perfil bajo que cultiva desde que llegó al Ayuntamiento de la mano del exalcalde en 2003, sin experiencia política alguna y entre dudas (incluso dentro del PP) de su valía. Esa incertidumbre ha aflorado también ahora, pese a que Gallardón se ha empleado a fondo en convencer a propios y extraños: "Yo he trabajado mucho con ella y sé de su capacidad de trabajo y de conexión directamente con los ciudadanos".
Sin embargo, los precedentes no invitan al optimismo en lo que se refiere a esa "conexión directa", puesto que han sido precisamente sus titubeos dialécticos y el excesivo celo con el que defiende sus políticas (como concejal de Medio Ambiente y Movilidad, ha llegado a negar la existencia de la boina de contaminación), lo que ha caracterizado e incluso caricaturizado su imagen política.
Más allá de sus pifias verbales y cierta opacidad informativa en un Ayuntamiento caracterizado precisamente por la transparencia, Botella ha demostrado combinar principios muy conservadores (contra el aborto o los derechos de los homosexuales, por ejemplo) con otros más progresistas (en inmigración, igualdad o libertad religiosa, por ejemplo).
www.elpais.es
22.12.1131.C. VALENCIANA: CRESPO NO DIMITIRÁ SI NO SE LO PIDE EL PP POR SU IMPUTACIÓN EN EMARSA
Los populares presidirán la comisión de investigación en las Cortes
El vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises, Enrique Crespo, imputado en el sumario del caso Emarsa, que investiga el saqueo de la depuradora de Pinedo en Valencia, no dimitirá a no ser que se lo pida su propio partido. Crespo se pronunció ayer en el pleno de la Diputación tras pedirle el portavoz socialista, Toni Gaspar, que abandonase su cargo por el bien de la Corporación provincial.
Durante su intervención, el vicepresidente de la Diputación imputado en el caso Emarsa aseguró que el "escándalo" está donde tiene que estar [en la justicia], que no dimitirá como le pide la oposición y que no acudirá a la comisión de investigación de las Cortes Valencianas para no perjudicarse ante el tribunal que investiga el saqueo de la depuradora. Un saqueo de dinero público, que podría alcanzar los 40 millones de euros, por el que ya hay 18 imputados.
Semanas atrás, Crespo ya puso su cargo en la Diputación de Valencia a disposición del presidente provincial, Alfonso Rus, que ha decidido mantenerlo en el puesto hasta que el también alcalde de Manises resuelva su situación judicial.
En este contexto, los populares tienen que decidir cómo plantean la comisión de investigación sobre Emarsa creada en las Cortes Valencianas a instancias del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Fuentes del PP indicaron que la presidencia de la comisión recaerá en un parlamentario popular aún sin determinar.
La comisión de investigación de Emarsa ha provocado tensiones en el seno del PP, que tendrá que decidir si admite las comparecencias de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y de los consejeros que ocuparon la cartera de Medio Ambiente durante las dos legislaturas de Francisco Camps, tal y como solicitará la oposición. Barberá, junto a la de Camps, fue una de las ausencias destacadas de la cena de Navidad del Grupo Popular que presidió Fabra en la noche del lunes.
De momento, el Grupo Popular eludió ayer la petición del socialista Jorge Alarte de que se habilite el mes de enero para que la comisión pueda empezar a trabajar. El popular Rafael Blasco argumentó que no hay ninguna petición formalmente solicitada.
www.elpais.es
21.12.1132. C. VALENCIANA: OTRO EMPRESARIO DE MANTENIMIENTO DE EMARSA A PUNTO DE SER IMPUTADO
La Emshi afirma que Daniel Calzada emitió facturas para "vaciar su patrimonio"
"Se trata de contratos con unos conceptos muy genéricos, precisamente para soportar en ellos facturas de todo tipo de obras y reparaciones. Y al amparo de estos contratos, que aparentan tener por objeto como decimos meros arreglos y reparaciones en la planta, se facturan cantidades elevadísimas, como si de grandes obras se tratase". La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) ha solicitado al juez Vicente Ríos, que instruye el caso Emarsa, la imputación de Daniel Calzada Camacho, administrador de Llar Calzada, SL, una de las empresas que facturaron por trabajos de mantenimiento a la empresa que gestionaba la depuradora de aguas residuales del área metropolitana de Valencia.
Empresas facturaron siete millones por obras y trabajos en la planta de Pinedo
La empresa pública Emarsa, cuyo saqueo es investigado por el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, firmó contratos idénticos, aunque de importes diferentes, de "mantenimiento civil" con sociedades como Construcciones Rocafort, Construval y Llar Calzada, además de Valsebe y Mantenimientos Valmasmark. La mayoría de los responsables de estas sociedades, que se llevaron más de siete millones de euros en conjunto, ya han sido imputados en la causa. Ahora la Emshi, que era la entidad pública propietaria al 100% de Emarsa, destaca irregularidades como la firma del contrato antes de la emisión de la oferta, la falta de cumplimiento de los requisitos de contratación exigibles a encargos que se elevaban a cantidades tan altas, o la coincidencia con el mismo número de expediente de la contratación de Llar Calzada y Construcciones Rocafort, por ejemplo.
"Todo apunta a que, lejos de tratarse de contratos con los que amparar trabajos reales necesarios para la sociedad", señala la Emshi en su alegación, "lo que se hacía era introducir en los archivos de Emarsa unos contratos con los que sostener de algún modo la emisión de facturas por importes muy elevados, que no se corresponden con trabajos realizados, para vaciar las cuentas de Emarsa".
En el caso Emarsa hay ya 18 imputados, entre ellos el que fuera presidente de la empresa y de la Emshi, Enrique Crespo, alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia por el PP; el exgerente, Esteban Cuesta, y otros responsables de la sociedad y empresarios que facturaron a la planta depuradora de Pinedo.
www.elpais.es
23.12.1133. C. VALENCIANA: LOS SOCIALISTAS PIDEN A FABRA QUE ACTÚE YA ANTE EL JUEZ DE EMARSA
El PP rechaza que la investigación en Cortes se inicie antes de febrero
Los tiempos del Gobierno no son los de la oposición. Los socialistas valencianos le exigieron ayer al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que haga buenas sus palabras del pasado 1 de diciembre y se persone en la causa ante el juez que instruye el caso Emarsa, que investiga el saqueo de la depuradora de Pinedo en Valencia.
La falta de control se inició con el edil Silvestre Senent al frente de Emarsa
Blasco dice que su partido "llegará hasta las últimas consecuencias"
Una causa que cuenta ya con un total de 18 imputados, entre los que figuran varios cargos de segunda línea del PP de la ciudad de Valencia y el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo. A la mayoría de ellos se les imputan delitos de estafa, malversación, falsedad y delito societario por un saqueo de los fondos públicos de la depuradora entre los años 2004 y 2010 que podría superar los 40 millones de euros.
La demanda socialista tiene lugar horas antes de que hoy el pleno de las Cortes Valencianas apruebe por unanimidad la creación de una comisión de investigación. Una iniciativa de los socialistas, que el portavoz del Grupo Popular, Rafael Blasco, solapó con una iniciativa similar para atender la voluntad del jefe del Consell de esclarecer responsabilidades. Sin embargo, pese a que la votación será unánime los grupos parlamentarios dejarán patentes hoy sus diferentes puntos de vista. La oposición reclamará que los trabajos de la comisión se inicien cuanto antes pero ahí chocará con la negativa del Partido Popular que no quiere empezar las reuniones hasta mediados del próximo mes de febrero.
La secretaria provincial de Valencia del PSPV, Carmen Martínez, expresó ayer su temor a que la comisión de investigación quede en agua de borrajas. "Queremos una comisión de verdad y no otro paripé para despachar el asunto rápidamente. Queremos que la comisión se convoque con carácter de urgencia y que esté presidida por un diputado de la oposición para garantizar que se llega hasta el final", sentenció Martínez, que recordó que el caso Emarsa salió a la luz gracias a la querella presentada por el PSPV.La creación de la comisión de investigación parlamentaria del caso Emarsa no es un plato de buen gusto para los populares. A diferencia de lo que ha ocurrido con la CAM, por la que también se ha abierto una comisión de investigación, las posibles responsabilidades políticas afectan directamente a cargos del PP y podrían salpicar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuyo Ayuntamiento controlaba la mayoría de la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo.
Entre los imputados figuran el ex gerente de la depuradora Esteban Cuesta, nombrado alcalde pedáneo de Benimàmet por Barberá, cargo del que cobró pese a que su contrato le exigía exclusividad. Cuesta fue apartado del PP por la dirección regional del partido ante la pasividad demostrada por la alcaldesa.
Además, la investigación judicial ha revelado que la falta de control facilitó el saqueo de Emarsa hasta su quiebra, pero los auditores ya habían advertido de que el descontrol no se inició durante la etapa en que Enrique Crespo asumió la presidencia del consejo de administración (2004-2010), sino que arrancó años antes, durante la etapa de Silvestre Senent, concejal de Hacienda de Rita Barberá y presidente del partido en la capital. Senent fue quien contrató al jefe de Compras, Ignacio Martínez, y al jefe de Contabilidad de Emarsa, Santos Peral, cargos del partido en los distritos de Trànsits y Patraix, que han sido citados a declarar como testigos.
Ante el contenido de lo desvelado ya por la investigación judicial, los populares, previsiblemente, se enfrentarán cuando arranque la comisión parlamentaria a la petición de la oposición de que comparezcan los cargos del PP que tuvieron responsabilidades en la gestión de la depuradora de Pinedo. Un punto crítico, porque la alcaldesa de Valencia no ha ocultado, en privado, su disgusto por el hecho de que el presidente de la Generalitat aceptase investigar en el Parlamento lo sucedido en Emarsa.
Barberá ya estuvo ausente del debate en el que Fabra aceptó investigar parlamentariamente el saqueo de la depuradora de Pinedo y anunció que la Generalitat se personaría como acusación en el sumario que instruye el juzgado de Valencia número 15.
En este contexto, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, buscó sobrepasar ayer a los socialistas para ponerse en primera línea de las reivindicaciones de transparencia. "Los populares quieren dar ejemplo llegando hasta las últimas consecuencias", dijo Blasco, que se curó en salud con la coletilla: "Dentro de las competencias de las Cortes".
Blasco, que presentó, tras los socialistas, una iniciativa para pedir una comisión de investigación aseguró que su propuesta "va más allá que la de la oposición y plantea un análisis de los hechos sobre la gestión y explotación de la depuradora de Pinedo desde su creación, conexión con otras entidades y posibles responsabilidades en la liquidación de los gastos".
Unas manifestaciones que se tendrán que plasmar en hechos concretos, como por ejemplo la composición de la comisión, la lista de comparecencias que se admite o el dictamen que finalmente elaboren los parlamentarios. En la otra comisión de investigación aprobada, la de la CAM, los populares se han hecho con la presidencia que dirigirá los trabajos y se han negado a iniciar los trabajos antes de que se reanude el periodo ordinario de sesiones parlamentarias, tras las vacaciones navideñas, a mediados de febrero.
Las dos comisiones se han fijado un plazo máximo de seis meses para alcanzar algún tipo de conclusión, mientras la instrucción del sumario judicial sigue avanzando con nuevos interrogatorios y pruebas periciales.
www.elpais.es
19.12.1134. C. VALENCIANA: UN IMPUTADO DECLARA QUE ORTIZ TENÍA DATOS SECRETOS DEL PLAN ZONAL
Lo adjudicó Ripoll, exlíder del PP, al promotor
Luis Bracho, exgerente de la mercantil Sufi, declaró ayer ante el juez del caso Brugal que investiga un soborno al exlíder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja, que el ganador del concurso, el promotor Enrique Ortiz, tenía "alguna información privilegiada". El contrato lo adjudicó Ripoll, en su etapa al frente de la Diputación de Alicante, a una UTE integrada por Ortiz y la firma Cespa. La investigación mantiene que Ripoll logró, a cambio de la concesión, dos pisos de parte Ortiz y el industrial Ángel Fenoll, cabecilla de Brugal.
Bracho compareció ante el titular del Juzgado número 3 de Orihuela como imputado. El exdirectivo de Sufi también está imputado en otra rama de Brugal que indaga el amaño de la contrata de la basura de Orihuela. Esa contrata fue adjudicada a una UTE integrada por Sufi y otras dos firmas que, según la investigación, son una tapadera de Fenoll.
Oferta malísima
Sufi, en unión con una mercantil del Ángel Fenoll, también aspiraba a la contrata que finalmente se llevaron Ortiz y Cespa. En su declaración, Bracho confesó que tuvo "conocimiento" de que su oferta (la de Sufi y la empresa de Fenol) "era malísima" porque "en un partido de fútbol" una persona se lo comentó a su socio, Manuel Carbó, recoge textualmente la declaración.
El socio le comentó que alguien le había recomendado "que se olvidaran de la oferta", según Bracho, que no recordaba si Carbó le dijo quién le había hecho el comentario, aunque sí que era un técnico de la consejería, si bien desconocía si era "el encargado de valorar los informes". La diligencia añade que a continuación Bracho dijo que "una vez contrastado lo dicho por esa persona con la exposición pública, confirmó las sospechas de que Cespa tenía algunos conocimientos que los demás licitantes desconocían, lo cual le llevó a pensar que tenía alguna información privilegiada".
En su anterior declaración por la contrata de Orihuela, Bracho confirmó al juez que Fenoll había falsificado las empresas de la UTE. Sufi despidió a Bracho tras sus dos imputaciones.
www.elpais.es
17.12.1135. C. VALENCIANA: EL PP MANTIENE EN CASTELLÓN LA CALLE DEL FRANQUISTA SERRANO SÚÑER
El Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón rompió ayer el acuerdo alcanzado dos días antes con la oposición para cambiar el nombre de cuatro calles de la ciudad con nombres de falangistas o destacados dirigentes del franquismo. A última hora, el PP renunció a sustituir la denominación de la plaza de Ramón Serrano Súñer, reconocido filonazi y responsable desde el Ministerio de Asuntos Exteriores franquista de miles de muertes en los campos de exterminio de Hitler. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, como ocurrió con su predecesor Alberto Fabra, "ha perdido la oportunidad" de cumplir la Ley de la Memoria Histórica, en palabras de la oposición.
El pacto alcanzado el lunes fue cambiar los nombres de las calles de los falangistas y miembros de la División Azul Santos Vivanco, Martín Alonso y Blasco Vichares y el de la plaza de Ramón Serrano Súñer. El PP anunciaba ayer a la oposición, un día antes del pleno en el que iba a aprobarse la medida, que rompía el acuerdo porque el bautizo de la plaza no se produjo bajo el franquismo, sino durante el mandato democrático del alcalde del PP José Luis Gimeno.
Acuerdo de mínimos
La familia Serrano Súñer vivió en Castellón y su recuerdo perdura entre muchos de los que todavía ostentan el poder. Serrano no solo tiene una plaza. Un colegio público lleva su nombre y sigue siendo alcalde perpetuo, e hijo predilecto de la ciudad. Además, el padre del ministro franquista tiene dedicado un muelle del puerto castellonense.
El acuerdo que intentaba la oposición era de mínimos, porque además de estas cuatro nomenclaturas, en la capital todavía perviven otras ocho calles dedicadas a personajes del franquismo, mientras que el dictador, Francisco Franco, ostenta la medalla de oro de la ciudad. En el pasado mandato la oposición exigió hasta en cuatro ocasiones al entonces alcalde y hoy presidente del Consell, Alberto Fabra, que retirara estas menciones. Siempre lo rechazó.
www.elpais.es
22.12.1136. C. VALENCIANA: ALPERI INTERFIRIÓ EN LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ALICANTE
Cantallops asegura ante el juez que recibió "presiones indirectas"
El primer redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Lluís Cantallops, admitió ayer haber recibido presiones para influir en su trabajo entre 1999 y 2005, cuando desarrolló su tarea. Presiones "indirectas", puntualizó, a través de los técnicos y que dijo "no poder asegurar" de donde procedían.
El arquitecto catalán vinculó su despido en 2005 a su mala relación con Luis Díaz Alperi. "No nos entendíamos", enfatizó en referencia al exalcalde. Preguntado por los periodistas, consideró que "seguramente" lo destituyeron porque Alperi quería interferir en el PGOU.
Según Cantallops, Alperi era "más guerrero", mientras que de Sonia Castedo, exedil de Urbanismo y actual alcaldesa, dijo que era "más discreta". Cantallops recordó que estuvo en desacuerdo con la decisión de excluir del PGOU la tramitación del Plan Rabassa, el polémico macroproyecto urbanístico de Enrique Ortiz. El arquitecto, por otro lado, negó haber recibido indicaciones para reunirse con promotores y aseguró no conocer a Ortiz.
Cantallops fue el primero de los tres testigos citados ayer a declarar en el juzgado de Instrucción 5 de Alicante, que instruye la rama del caso Brugal que investiga el supuesto amaño del planeamiento a favor de Enrique Ortiz.Pese a la referencia directa de Cantallops a Castedo, fuentes jurídicas presentes en la sala explicaron que durante su declaración el arquitecto aseguró que la interlocución política empezó a decaer coincidiendo con la llegada de la actual alcaldesa de Alicante al área de Urbanismo, en el año 2003.
Durante su declaración, Cantallops añadió que la indicación que recibió de Castedo fue excluir el Plan Rabassa del PGOU y también otra zona cuyo desarrollo estaba previsto en el límite con el término municipal de Xixona, según detallaron fuentes jurídicas. Según estas mismas fuentes, Cantallops presentó un planeamiento completo que "murió por inanición" al no haber voluntad política de completar su tramitación. En 2007, el Ayuntamiento de Alicante tuvo que abonar 32.770 euros por rescindir oficialmente el contrato con la empresa Segesta, SA, de Cantallops. Y en febrero de 2008 se adjudicó la redacción del plan a Laboratorios de Proyectos, de Jesús Quesada, imputado en la causa.
Tras Cantallops entró a declarar Miguel Ángel Cano, jefe de planeamiento de Urbanismo y uno de los técnicos que fue relegado durante la remodelación del departamento en 2007. Cano respondió a las preguntas durante más de tres horas y a la salida del juzgado, visiblemente irritado, no quiso hacer declaraciones. Fuentes jurídicas presentes en la sala, sin embargo, detallaron que Cano dejó claro que Cantallops entregó en diciembre de 2004 el nuevo Plan General completo (y no a medidas como algunas fuentes apuntan) y que entre ese momento y 2007 no hubo voluntad política de tramitarlo aunque reunía las condiciones para haber salido a exposición pública. Las mismas fuentes agregan que Jesús Quesada fue contratado para redactar un plan distinto, "desarrollista", frente al más "contenido" que planteaba Cantallops.
Cano aseguró también no conocer al hermano de Sonia Castedo, José Luis Castedo, socio junto con Javier Gutiérrez del despacho de abogados Salvetti, bufete que la investigación cree que sirvió a Alperi de puente para facilitar los datos secretos del Plan General a Ortiz. A partir de ahí, las distintas fuentes difieren en sus declaraciones. Unas aseguraron que Cano declaró que ni Gutiérrez ni Castedo resolvían alegaciones, labor que atribuyen a una comisión con técnicos municipales y el equipo redactor. Otras fuentes, sin embargo, matizan que Cano aseguró conocer a Gutiérrez de alguna reunión sobre las alegaciones al PGOU. El técnico negó haber recibido presiones políticas para beneficiar en el planeamiento a ningún empresario y según algunas fuentes aseguró que Cantallops fue despedido después de reclamar un aumento de sus honorarios.
Tras Cano entró a declarar ya por la tarde el exconcejal de Seguridad Pablo Suárez, hombre de confianza de Alperi durante 14 años en el Ayuntamiento de Alicante y al que Castedo destituyó menos de un año después de asumir la alcaldía. El sumario del caso Brugal recoge que Suárez fue destituido tras negarse a una adjudicación a la empresa del hijo de Alperi.
Tras una breve declaración, Suárez aseguró a la salida del juzgado que su destitución obedeció simplemente a que dejó de ser persona de confianza de Sonia Castedo. "Yo no entraba en sus planes", esgrimió Suárez, quien aseguró a renglón seguido que la nueva alcaldesa remodeló toda el área y no solo su puesto.
Suárez también aseguró que el hijo de Alperi les hizo una consulta pero que en ningún caso se le denegó adjudicación alguna. El exconcejal del Ayuntamiento de Alicante también negó haber sido presionado por Alperi en ningún sentido relacionado con su hijo.
Hoy están llamados a declarar en calidad de testigos ante el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante tres trabajadores del promotor Enrique Ortiz.
www.elpais.es
22.12.1137. C. VALENCIANA: LA RED CELEBRA QUE LA SUERTE SEA PARA GENTE 'NECESITADA' COMO FABRA
Los tuiteros ironizan sobre los premios a dirigentes del PP
Al agraciado expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, no le falló ayer la suerte. Se repartirá con el PP del pequeño pueblo de la Vall d'Alba 100.000 euros del sorteo de Navidad y, además, consiguió ser el trending topic más seguido de España, junto a la etiqueta #Manises. Este municipio valenciano gobernado por Enrique Crespo, alcalde del PP, imputado por malversación continuada de fondos públicos en el caso Emarsa, se llevó el segundo premio con el número 53.404, vendido íntegramente en esta localidad, en la que que dejó una lluvia de 212,62 millones, de los cuales el PP local y dirigentes de Valencia y Madrid se han repartido 99,5 millones.
Una familia de La Nucia gana 450.000 euros al comprar en Madrid el 02184
"No imagino un sorteo de Navidad sin que Fabra resulte agraciado". "La Real Academia Española (RAE) se plantea incorporar Fabra como acepción de suerte", mencionaba otro tuitero de los miles que ironizaron durante la jornada. Las críticas más agudas se cebaron con lo irracional que resulta que la suerte favorezca a quienes más tienen y no a quienes lo necesitan más. "Siempre nos queda el consuelo de que el dinero gastado en la lotería vaya a parar a gente necesitada como [Alfonso] Rus, Crespo y cía". Rus, el presidente de la Diputación de Valencia, ganó 625.000 euros con los décimos del PP de Manises. Mientras que Crespo se alzó con otra cifra de seis ceros.
Salvo las excepciones de los escasos dirigentes populares que lograron importantes premios, en general los valencianos a los que sonrió la fortuna llevaban uno o dos décimos que les reportaron miles o cientos de euros, según los casos. Parte de los cinco quintos premios que se vendieron en la Comunidad Valenciana dejaron 12 millones en una decena de municipios.
Los internautas, al final del día, acuñaron una frase: "La vida es eso que transcurre mientras a Fabra le toca la lotería cada Navidad".El premio más repartido en el sorteo de la Navidad de este año ha sido el del número 22.418, cuyas 180 series vendió íntegramente la administración número 96, en el marinero barrio de El Cabanyal de Valencia. Benefició a empleados de oficinas y bares, falleros, obreros y vecinos de la calle de Francisco Cubells. "El 22.418 es un abonado de toda la vida", señalan Mari Luz y Javier Sancho, dos hermanos dueños de la administración, que llevaban un par de décimos.
Como ellos, los empleados de la naviera Uasac Iberia, SL, Raúl y Jorge, de 28 años. Dos de los trabajadores de la naviera agraciada con el premio, que no cabían en su gozo. "Nunca me había sentido igual", confesaba otro empleado, Jorge Llombart, que ganó 6.000 euros por el único décimo que se quedó y que repartió 24.000 euros entre su familia, a décimo por miembro. "Nos ha tocado a todos los trabajadores, unos 40 o 50, que son asiduos compradores", contaba su compañero Miguel Ángel Maicas, que invertirá los 12.000 euros de los dos décimos que llevaba en "regalitos de Navidad".
Para Jorge Martínez, un joven del barrio, de 26 años, los 6.000 euros del décimo son como un milagro. "Me servirán para arreglar el coche, porque he tenido un accidente", comentaba entre nervioso y feliz.
Para jefes, personas como Salvador Monterde, agente de aduanas y dueño de la empresa de logística Mediterránea Forwarding, con cinco empleados, que "siempre regala un décimo a cada uno y a los clientes", contaban Adrián Esteban y Rosa Castellano. "Ya tenemos, por lo menos, para aguantar un año, esperamos que los clientes confíen en nosotros", comentaba este empleado.
Los restantes 1,44 millones de euros procedentes de los otros cuatro quintos premios se vendieron en décimos sueltos en Alaquàs, Puçol, Sagunto, Enguera, Sedaví, o Moixent, donde el número 34.001 ha dejado 900.000 euros. Los quintos premios llegaron también a varios municipios alicantinos y a una administración de Castellón.
El 3.643 lo vendió la administración número 6 de la capital de La Plana, en la céntrica avenida del Rey don Jaime. Francisco Tárrega, el dueño de esta administración, de nombre La Afortunada, vendió toda la serie en ventanilla. "Hemos dado 60.000 euros por el quinto y además tenemos una aproximación del gordo por el que hemos repartido otros 18.000", apuntó Tárrega.
En Alicante el sorteo apenas repartió 110.000 euros, entre la capital, Elche, Torrevieja, Orihuela y Benidorm. La administración de Lotería de El Corte Inglés de Alicante, que el año pasado repartió 30 millones de euros del gordo de Navidad, vendió por máquina tres décimos del otro quinto premio, que fue a parar al 8.128. Al igual que la administración número 27 de Elche, situada también en El Corte Inglés, que vendió por máquina entre cinco y siete décimos del mismo número. Otro quinto premio, el 57.038, repartió la suerte en la playa de Orihuela.
Los más favorecidos fueron los miembros de una familia que trabaja en el Centro Juvenil de La Nucia, que ganaron 450.000 euros, con nueve décimos comprados hace meses en Madrid del 2.184, el tercer premio del sorteo, agraciado con 50.000 euros por décimo.
www.elpais.es
23.12.1138. C. VALENCIANA: MASIVO CIERRE DE FARMACIAS POR LAS DEUDAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Fabra ha incumplido los plazos de pago de los 550 millones impagados
El primero de los tres días de cierre patronal convocado por las 2.285 farmacias de la Comunidad Valenciana en respuesta a los impagos de la Generalitat tuvo ayer un seguimiento masivo.
La mujer del expresidente Francisco Camps se sumó a la protesta
La mayoría aplastante de los farmacéuticos se sumó al plante para llamar la atención sobre los graves perjuicios económicos que les supone tener que asumir la parte correspondiente a la Administración de los medicamentos despachados con receta, una situación que se arrastra desde mitad del mes de julio y que representa unos 550 millones de euros. Los servicios mínimos decretados, del 19%, se cumplieron y no se registraron incidentes, a juicio tanto de los convocantes como de la Administración.
Un 99% de los profesionales se sumaron al cierre, según los responsables de los tres colegios provinciales. Entre los establecimientos que se adhirieron a la protesta se encontraba el de la mujer del expresidente de la Generalitat Francisco Camps.
"No es plato de buen gusto hacer una huelga, pero cuando se llega a esta situación es porque se han agotado todas las vías", explicó ayer Teresa Guardiola, presidenta del colegio de Valencia. El consejero de Sanidad, Luis Rosado, jugó a la confusión al señalar que un 30% de oficinas de farmacia abrieron sus puertas al referirse al seguimiento. Lo que no dijo es que en este porcentaje estaban incluidas el casi 20% de los servicios mínimos decretados por su departamento. Rosado calificó de "entendible" y natural" la medida adoptada por los farmacéuticos, aunque, dijo, existía "cierta desproporcionalidad" por "los trastornos que podrían llegar a producirse" entre los pacientes.
La protesta de ayer es la segunda que tiene lugar en España después del cierre ejecutado por las boticas castellanomanchegas del pasado mes de agosto. La deuda de la Junta con las oficinas de Castilla-La Mancha era de 120 millones de euros, una cantidad similar a la que debería pagar la Generalitat valenciana cada mes a las boticas de la comunidad por las recetas de la sanidad pública.
La farmacia situada en el número 85 de la Avenida Antiguo Reino de Valencia era uno de los establecimientos de guardia que más cola presentaba ayer a mediodía. Unas 25 personas esperaban pacientemente -la media era de 30 minutos- para adquirir sus medicamentos. "Yo no hubiera fijado servicios de guardia", comentaba detrás del mostrador la propietaria de la oficina, María Carmen González. "Esto es una vergüenza, estamos todos endeudados, aplazando los pagos a proveedores... Es una locura", se lamentaba sin dejar de atender. "No puedo entender que tengamos que poner el dinero de la Administración".
Antes de tomar la decisión de cerrar las farmacias, los profesionales valencianos ya habían ejecutado distintas medidas de presión por la deuda creciente que arrastra la Generalitat, aunque menos contundentes. Hace varias semanas acordaron pegar carteles en sus establecimientos para denunciar los impagos a los clientes.
Días antes de las elecciones del pasado 20 de noviembre, los farmacéuticos de Castellón amagaron con convocar un paro. Ante la amenaza de tener que lidiar con cierres de farmacias antes de los comicios, la Generalitat pactó un calendario de pagos con los farmacéuticos para saldar la deuda en varios plazos. El primero, un ingreso de 60 millones de euros pocos días antes de la cita con las urnas, es el único que cumplió.
El pasado 10 de diciembre finalizaba el periodo en el que el Gobierno valenciano debía liquidar la segunda entrega de 60 millones de euros. No lo hizo debido a las "dificultades financieras actuales". El incumplimiento de este acuerdo fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los farmacéuticos, que la semana pasada convocaron una manifestación frente a la Consejería de Hacienda y del Palau de la Generalitat, y que han acordado las jornadas de cierre que concluyen mañana.
La Generalitat anunció la semana pasada que el miércoles pagará los 60 millones que debía haber ingresado el 10 de diciembre. Si vuelve a faltar a su palabra, todo indica que seguirán las protestas.
www.elpais.es
20.12.1139. C. VALENCIANA: JARABA NIEGA EL INFORME SOBRE EL FUTURO DE RTVV A LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
El director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), José López Jaraba, se ha negado a enviar a la presidenta en funciones del consejo de administración del ente público, la socialista Consuelo Catalá, el informe de Price Waterhouse sobre el modelo organizativo y de gestión para hacer viable la radiotelevisión autonómica.
Catalá ha incluido un punto del orden del día del pleno del consejo de administración en el que el director general debe informar sobre el documento, su coste final, objetivos y conclusiones. A tal efecto, requirió a López Jaraba que le enviara el documento. Sin embargo, el director general respondió ayer por escrito a la presidenta del consejo que se trata de un documento de trabajo interno que está siendo manejado por los responsables de Canal 9 y de Ràdio 9 junto con otros estudios y documentos. López Jaraba añade que el informe de Price Waterhouse se presentará al consejo de administración cuando acabe el trabajo interno y exista un plan de actuación de RTVV.
El de mañana será el primer pleno del consejo de RTVV tras la dimisión fulminante de su presidente, Juan de Dios Navarro, y también el primero que ha sido convocado como presidenta por Consuelo Catalá, que ha establecido un orden del día en el que está previsto su informe previo a los consejeros, el debate sobre el documento de Price Waterhouse, que la Generalitat se ha negado reiteradamente a facilitar a los grupos de la oposición y a los propios miembros del máximo órgano de RTVV, y un informe del director general.
Como consecuencia de la precipitada dimisión de Navarro para ser nombrado delegado del Consell en Alicante, el PP ha perdido el control del consejo de RTVV, dado que, en estos momentos, hay empate a cinco entre sus consejeros y los de la oposición (tres socialistas, uno de Compromís y uno de Esquerra Unida). La presidenta tiene voto de calidad en caso de empate. La elección de un nuevo miembro del consejo no se producirá hasta el mes de febrero, en el próximo periodo parlamentario en las Cortes Valencianas.
www.elpais.es
20.12.11
© Copyright. 1998 - 2011. www.losgenoveses.net . Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones ( Página diseñada para ver con Explorer 8 o superior a 1024 x 768 píxeles )
