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Boletín nº 600. Del 01 al 11 de Noviembre 2011
BÁJATE
EL RESUMEN DEL AÑO GURTELIANO 2010
ÍNDICE
01. RAJOY: "NO ME VOY A QUEJAR DE LA HERENCIA DEL PSOE"
02. LA CAMPAÑA BEATÍFICA DE RAJOY
03. RAJOY INSINÚA QUE CAMBIARÁ LA LEY DEL TABACO PARA QUE SE FUME EN ALGUNOS BARES
04. RAJOY SUFRE SU PRIMER ‘PINCHAZO’ ELECTORAL EN UN MITIN CON 800 PLAZAS VACÍAS
05. LA VERDAD DEL DEBATE RUBALCABA- RAJOY
06. CASO GÜRTEL: CAMPS LLEVA CASI 100 RECURSOS PERDIDOS
07. CASO GÜRTEL: EL JUEZ RECHAZA CAMBIAR LOS HECHOS POR LOS QUE SE JUZGARÁ A CAMPS
08. CASO GÜRTEL: UN TRIBUNAL VUELVE A IMPUTAR AL EXTESORERO DEL PP
09. RATO ABRE LA PUERTA A OLIVAS
10. RECHAZO A QUE RATO SEA HONORIS CAUSA EN ALICANTE
11. DESTITUIDO AL JEFE DE DEFENSA EN JAÉN TRAS EL DESFILE DE LA LEGIÓN
12. CA ANDALUCÍA: EL PP INCLUYE A UN CARGO IMPUTADO EN SU LISTA AL SENADO
13. CA ANDALUCÍA: EL CGPJ IRRUMPE EN LA CAMPAÑA AL CENSURAR A ALFONSO GUERRA
14. C. A GALICIA: UN ACUSADO DE MALVERSACIÓN ACHACA EL CASO A LUCHAS EN EL PP
15. C. A GALICIA: ESCRIBANO FUE AL FISCAL A PREGUNTAR SI SE LE INVESTIGABA TRAS RECIBIR UN SOPLO
16. C. A GALICIA: LA EUROPOL INVESTIGA EL FRAUDE DE LOS ÁRIDOS TÓXICOS DEL 'CASO ARENA'
17. C. A GALICIA: FEIJÓO Y EL PARTIDO POPULAR SE VUELCAN CON LA PATRONAL EN PLENA CAMPAÑA
18. C. A GALICIA: ANA PASTOR VE "LAMENTABLE" QUE LA XUNTA COBRE POR LA TARJETA SANITARIA
19. C. A GALICIA: FEIJÓO NIEGA QUE SE VAYA A COBRAR POR FALTAR A CITAS DEL SERGAS PESE AL DECRETO QUE LO PREVÉ
20. C. A MADRID: GALLARDÓN DESTITUYE A UN ALTO CARGO POR SUS INSULTOS EN TWITTER
21. C. A MADRID: CONCEJAL Y DETECTIVE
22. C. A MADRID: BOADILLA IGNORA UNA SANCIÓN A UN COLEGIO DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO
23. C. A MADRID: LOS JUECES TUMBAN LOS PLANES URBANÍSTICOS DE LAS ROZAS Y QUIJORNA
24. C. VALENCIANA: CAMPS PAGÓ 15 MILLONES A CALATRAVA POR UNAS TORRES QUE NO SE CONSTRUYERON
25. C. VALENCIANA: JOHNSON JUSTIFICA EL PAGO DE 15 MILLONES A CALATRAVA: 'LAS TORRES SON UN ACTIVO DE LA GENERALITAT'
26. C. VALENCIANA: CANAL NOU: ¿HASTA CUÁNDO HAY QUE CARGAR CON ESTO?
27. C. VALENCIANA: EL JUEZ QUE INVESTIGA EL SAQUEO DE EMARSA CITA A OTROS DOS CARGOS DEL PP
28. C. VALENCIANA: UN EMPRESARIO FACTURÓ 1,8 MILLONES A EMARSA "CON UN ACUERDO VERBAL"
29. C. VALENCIANA: "EN EMARSA EXISTÍA UN TALLER QUE HACÍA FALSAS FACTURAS EN CANTIDAD OBSCENA"
30. C. VALENCIANA: LOS GESTORES DE LA DEPURADORA DE PINEDO GASTARON EN COMIDAS 300.000 EUROS EN 5 AÑOS
31. C. VALENCIANA: BARBERÁ SE SIENTE AFECTADA POR EMARSA PERO NO TIRA A CUESTA
32. C. VALENCIANA: EL PP SUSPENDE DE MILITANCIA AL EXGERENTE DE EMARSA
33. C. VALENCIANA: PSPV Y EU LLEVAN A LAS CORTES LA SITUACIÓN DEL BANCO DE VALENCIA
34. C. VALENCIANA: UN IMPUTADO EN BRUGAL VA AL JUZGADO NADA MÁS ORDENAR EL JUEZ SU ARRESTO
35. C. VALENCIANA: EL INTERMEDIARIO CLAVE DEL 'CASO BRUGAL', DE NUEVO ANTE EL JUEZ
36. C. VALENCIANA: ORTIZ NIEGA QUE RIPOLL PIDIERA PISOS O DINERO POR LA BASURA
01. RAJOY: " NO ME VOY A QUEJAR DE LA HERENCIA DEL PSOE "
El candidato del PP dice, no obstante, que "va a ser muy difícil" - Propondrá "algunos cambios" en legislación laboral
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado esta noche que si accede a la Presidencia del Gobierno en las elecciones no se va a quejar de la herencia que reciba del Partido Socialista, aunque dicha herencia, ha advertido, "va a ser muy difícil".
En una entrevista en Antena 3, Rajoy ha asegurado que no privatizará ningún servicio de sanidad ni impulsará el copago, ha prometido que no reducirá los sueldos de los funcionarios un 5 por ciento como ha hecho el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ha insistido en que bajará los impuestos a pymes y autónomos pero, "de momento", no tocará el resto de tributos.
Por otra parte, ha advertido de que "no hay nada que negociar" con ETA tras su anuncio de cese de la actividad armada, y ha prometido que su primera reunión como presidente será con el jefe de la oposición para explicarle lo que cree que hay que hacer en España y para ver si disposición a colaborar.
"No me voy a quejar de la herencia que reciba", ha insistido en esta entrevista el candidato del PP, para quien si los españoles quieren que gobierne es "para que resuelva problemas y no para que se los cuente".
El líder del PP, que no piensa bajar la guardia "ni un minuto" en esta campaña aunque las encuestas le den como ganador, ha dicho que no se resigna a vivir con cinco millones de parados o a las previsiones de varios estudios y organismos internacionales, que apuntan que habrá más desempleo y que no se crearán puestos de trabajo hasta 2016.
Por eso, ha subrayado, si llega a La Moncloa promoverá políticas para generar confianza que hagan que la gente comience a invertir y, por tanto, a crear empleo. También ha insistido en que hablará con los agentes sociales para hacer "algunos cambios" en la legislación laboral, porque las dos últimas reformas han sido "un fiasco" y no han creado empleo, sino que lo han destruido.
Ha asegurado Rajoy que, "por supuesto", la cobertura por desempleo seguirá existiendo a pesar de lo sugerido por el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuya estrategia es, en su opinión, la de decir que si gana el PP "caerán sobre los españoles todos los males de la historia".
Asimismo ha prometido que no privatizará "ningún" servicio de sanidad ni dirá a nadie que lo haga. "Ni conozco a nadie que tenga esa intención", ha añadido Rajoy, quien también ha prometido que no impulsará el copago.
En materia educativa, ha asegurado que quiere un modelo "de calidad", en el que la gente "pueda elegir", y ha considerado que el PSOE no debería hacer demagogia, porque Rubalcaba estudió en el mismo colegio que José María Aznar y él en el mismo centro que Zapatero.
Mariano Rajoy ha reiterado por otra parte que no congelará las pensiones, y aunque no ha querido confirmar si subirá o bajará el sueldo de los funcionarios, porque antes tiene que ver cómo están las cuentas públicas, ha aclarado que lo que no hará será reducirlo un 5% como decidió el Gobierno de Zapatero.
www.levante-emv.com 09.11.11
02. LA CAMPAÑA BEATÍFICA DE RAJOY
El candidato del PP utiliza un tono moderado y evita toda confrontación
Campaña beatífica. Mariano Rajoy no hace mítines, sino celebraciones de un triunfo futuro, y su campaña va camino de ser una larga cabalgata electoral.
El popular se presenta como el futuro y sitúa en el siglo XX a Rubalcaba
Su partido cree que le favorece la participación de González y Guerra
"Yo no peleo", repite en sus actos, con la aureola de quien no quiere molestar. La idea del líder del PP es pasar por la campaña electoral sin manchar ni romper, para no cometer errores que movilicen a los votantes de la izquierda o que rebajen sus óptimas expectativas.
No hay ataques a nadie y el adversario, según el estribillo que repite, es el paro, no el PSOE. Los mítines son inmaculados y solo rompe el ambiente de celebración algún grito aislado de fervoroso asistente que pregunta por los "asesinos de ETA" o que menciona la cárcel asociada a dirigentes socialistas. Rajoy no entra al trapo y sigue con su oración y su oferta a España para combatir el paro y la crisis.
Lo que sí hace es aprovechar las ocasiones que le brinda el PSOE. Ayer en Leganés (Madrid) llevaba preparada una idea fuerza que repitió: yo soy el futuro y Alfredo Pérez Rubalcaba es el pasado. Sin hacer daño y sin ser hiriente, pero rematando el balón que el PSOE le dejó botando ante la portería vacía con el mitin vintage que los socialistas celebraron en Sevilla, con Felipe González, Alfonso Guerra y Alfredo Pérez Rubalcaba.
"Hay gente que mira al siglo XX y se ha quedado allí, que está en el pasado y olvida que estamos en el siglo XXI, pero el PP mira al futuro y nuestro objetivo es vencer a la crisis económica, acabar con el desempleo y atender los problemas de la gente", aseguró Rajoy, sin mención expresa al PSOE, pero con las suficientes insinuaciones como para que quedara claro que estaba describiendo el acto que los socialistas celebraban a la misma hora.
El equipo de campaña del PP explica que la estrategia del PSOE refuerza su intención de identificar a Rubalcaba con el pasado, con el que en este momento los españoles están tan molestos. Entiende que la presencia de González y Guerra en la campaña socialista busca reforzar a los fieles del PSOE y agruparles en torno a Rubalcaba para mantener el suelo electoral. Pero añaden que, al tiempo, eclipsa al candidato socialista, le identifica con el pasado y, sobre todo, le sirve al PP para lanzarse a por el voto de electores del PSOE desencantados, es decir, la bolsa de ciudadanos que afianza su mayoría absoluta.
"El PP se ofrece a todos los españoles, piensen como piensen. Contamos con todos, piensen lo que piensen, sientan lo que sientan o hayan votado lo que hayan votado, para liderar ese cambio político, y sumarse al cambio porque la tarea es dura, y contamos con todos y aspiramos a representar a todos", dijo ayer Rajoy en Leganés, en busca de ese nicho de electores.
El PP asegura haber detectado un trasvase importante de votantes del PSOE a su favor o, en cualquier caso, de miles de ciudadanos que antes apoyaron a los socialistas y ahora ya no muestran rechazo hacia el partido de Rajoy. A los suyos los tienen seguros, según encuestas como la de Metroscopia, que muestran un nivel de fidelidad que supera el 90%, y no necesitan lanzarles mensajes de dureza.
"Hay quien pide pelea, pero nosotros pensamos que España necesita unidad, moderación y cambio, no necesita ni división ni peleas. Nosotros solo nos peleamos contra la crisis y contra el paro. Que otros expliquen por qué nos han traído a la situación de vergüenza que tenemos en España", repitió ayer Rajoy como parte de su campaña beatífica.
En su discurso, incluye siempre una especie de jaculatoria de bondad que lleva tan aprendida como que ayer repitió una parte dos veces en Leganés y que viene a decir así: "Me comprometo a decir la verdad y no engañar, que es la primera obligación de un gobernante. Me comprometo a no engañar a los españoles y estaré en la realidad, porque estar en la realidad y hacer un buen diagnóstico es el primer paso para salir de la crisis. Me comprometo a preparar un plan económico, no 41. Me comprometo a cambiar la forma de gobernar. Hay que acabar con las ocurrencias, las rectificaciones y las improvisaciones, y hay que gobernar con sentido común y austeridad". Y así hasta completar el compendio de todos los bienes que se compromete a cumplir.
Las bondades que promete alcanzan a Europa: "A mí no me gusta que nos miren como nos miran hoy en Europa y que nos den instrucciones ni órdenes. Quiero que nos miren como nos miraban cuando nosotros gobernábamos, con admiración y orgullo".
Hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se metió en el papel beatífico y se limitó a pedir "el mayor apoyo posible para hacer posibles las reformas que necesitamos. Una mayoría muy amplia". La presidenta de la Comunidad de Madrid no pudo evitar lanzar, no obstante, una broma muy celebrada por los asistentes al hablar de "los Rubalqueros y Zapaltabas" y sus "mentiras a los ciudadanos".
Otra de las pautas de la cabalgata de celebración que acaba de empezar Rajoy es la de hacer referencia a la victoria electoral que tuvo el PP el pasado 22 de mayo en la comunidad en la que se celebra el mitin de cada día y presentarla como vanguardia de su gran triunfo del 20-N. Anteayer lo hizo con Dolores de Cospedal y ayer con Esperanza Aguirre y, salvo en Cataluña y Andalucía, podrá seguir haciéndolo cada día. Hoy Rajoy descansa de mítines para preparar el debate del lunes.
La campaña beatífica del PP se completa con la afonía de Esteban González Pons.
www.elpais.es
06.11.1103. RAJOY INSINÚA QUE CAMBIARÁ LA LEY DEL TABACO PARA QUE SE FUME EN ALGUNOS BARES
El líder del PP sostiene que no le gusta la reforma legal que él votó.
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha apuntado que es partidario de reformar la Ley Antitabaco para suavizarla y que se pueda fumar en algunos bares. Lo ha hecho en su estilo, de forma confusa, pero ha dejado claro que no le gusta la actual ley (que el PP apoyó) y que es partidario de "arbitrar una fórmula" sin "soluciones extremas".
Mariano Rajoy ha eludido la mayoría de las preguntas concretas que recibió en Antena 3. En una de ellas, sin embargo, se enredó. Quizá acostumbrado a cuestiones sobre el déficit, los recortes y el paro, bajó la guardia en un tema que no está en la agenda de la prensa política: "¿Modificará la ley del tabaco para que se pueda fumar en pequeños establecimientos hosteleros?", fue la pregunta.
Esta es la respuesta de Rajoy: "A mí me gustaba más la primera ley, porque además se obligó a mucha gente a hacer obras y se gastaron dinero y dijeron habrá una zona para fumadores y otra zona para no fumadores. Yo creo que como todo en la vida las soluciones extremas no son buenas, pero sé que la mayoría de la gente está en contra de esta ley que prohíbe fumar en cualquier sitio incluso que no haya para fumadores. Pero yo creo que podemos arbitrar una fórmula sobre una base: al no fumador no se le puede perjudicar, yo en eso estoy total y absolutamente de acuerdo".
Rajoy parece olvidar que el PP votó a favor de la ley, que salió aprobada en diciembre de 2010 con un inusual consenso. La anterior norma permitió declarar espacios de fumadores los bares de menos de 100 metros y en los mayores obligaba a crear espacios sin humo. En la práctica, fue tal fracaso que llevó al Gobierno a endurecer la ley. El programa electoral del PP no incluye nada sobre la ley del tabaco.
El diputado popular que defendió la ley en el Congreso, Santiago Cervera, se ha quedado con la parte en la que Rajoy reafirma que no se puede perjudicar al no fumador. "La frase taxativa ha sido la del respeto al no fumador", ha respondido en Twitter.
Los efectos de la ley se han notado en los hospitales con una reducción de los casos de asma y de infartos. Pese a los augurios de la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) de que la norma hundiría el empleo en el sector, los datos no han avalado ese miedo. La FEHR tiene a la tabacalera Philip Morris como uno de sus colaboradores.
Según la Organización de Consumidores y Usuarios, el 64% de los españoles apoya la prohibición de fumar y el nivel de apoyo crece conforme lo hace el nivel de estudios.
www.elpais.es 10.11.11
04. RAJOY SUFRE SU PRIMER ‘PINCHAZO’ ELECTORAL EN UN MITIN CON 800 PLAZAS VACÍAS
Mariano Rajoy ha sufrido su primer pinchazo electoral en Las Palmas de Gran Canaria, donde no ha sido capaz de llenar el Centro Insular de Deportes y a pesar de ser su principal mitin en el archipiélago y de hacerse acompañar del presidente regional del PP, José Manuel Soria. Los empleados del PP canario han tenido que esforzarse para recolocar a los 1.900 asistentes para que rellenaran las cerca de 800 localidades que se quedaron vacías y evitar dar una mala impresión en las imágenes para televisión.
Los responsables del PP de Canarias se esfuerzan para disimular los huecos al grito de: "Es una cuestión de necesidad"
A la llegada de Rajoy a las seis media de la tarde (hora insular), dos de las esquinas del recinto estaban totalmente vacías. Según el PP, la hora del mitin y los 20 grados de temperatura que había en las islas hicieron que los grancanarios optaran por acudir a la playa, como demostró el llenazo que registraba la Playa de las Canteras a esa hora.
"Una cuestión de necesidad"
El pinchazo de Rajoy ha obligado a que, media hora antes del mitin, el director de Comunicación del PP de Canarias, Juan Santana, se haya tenido que esmerar para rellenar los huecos. A base de repetir el grito "es una cuestión de necesidad", Santana ha conseguido recolocar a un grupo de simpatizantes para que ocuparan los puestos vacíos detrás del escenario.
800 plazas vacías
Los simpatizantes han accedido finalmente a regañadientes y se han colocado detrás del atril para que en las imágenes que el PP distribuye a las televisiones no pudiera apreciarse el primer pinchazo electoral de Mariano Rajoy en esta campaña. De las 2.700 localidades preparadas por la organización, alrededor de 800 se quedaron vacías.
www.elplural.com 10.11.11
05. LA VERDAD DEL DEBATE RUBALCABA- RAJOY
Ambos candidatos ofrecieron múltiples datos y acusaron al contrario de mentir. 'Público' analiza las afirmaciones para descubrir quién dijo la verdad en cada caso
Muchos espectadores del debate se dieron cuenta de que Mariano Rajoy se merece un suspenso en geografía. Al menos, en la andaluza. Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba empezó a presumir de su conocimiento de Cádiz, provincia por donde es diputado, Rajoy no se quiso quedar atrás y se lanzó a demostrar que conocía incluso las localidades de la sierra gaditana. Hasta tal punto se creció que anexionó a la provincia los pueblos sevillanos de Cazalla y Constantina. Sólo acertó en uno, Olvera. Más allá de esta anécdota, ambos ofrecieron un alud de datos y acusaron al contrario de mentir en varias materias. Público ha analizado estas afirmaciones para descubrir verdades, mentiras y medias verdades.
01. Ayuda a los Bancos: Dinero para las cajas
El presidente del PP sostuvo que los socialistas son los "únicos" que han aportado dinero a las cajas y a los bancos. "Aquí no se ha dado ni una peseta", replicó el candidato socialista. ¿Qué ha ocurrido realmente?
Desde el comienzo de la crisis financiera, en otoño de 2008, el Gobierno ha puesto en marcha diferentes medidas de apoyo a la banca, similares a las que adoptaron otros países de la UE. Las ayudas las gestiona el Banco de España. No es dinero que salga del Presupuesto, pero sí es dinero público porque se ha cubierto con emisiones específicas de deuda realizadas por el Tesoro.
Rubalcaba tenía razón al negar que las ayudas del paro estén incluidas en el modelo austriaco Tres son las principales vías de inyección de capital. La primera, a través del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), consiste en la compra de activos de bancos y cajas, con pacto de recompra; esto es, supone un ingreso luego para las arcas públicas. Estas ayudas han ascendido a 19.500 millones.
La segunda vía son los avales a la emisión de deuda. Se trata de determinadas emisiones de deuda que realizan las cajas y los bancos que llevan la garantía del Estado. El Tesoro ingresa una comisión por este aval. Hasta septiembre, se han avalado emisiones por 88.606 millones. Y la tercera es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Son las ayudas a las cajas y bancos para reforzar su solvencia, porque sus ratios de capital están por debajo de lo establecido. Hasta la fecha se han inyectado 17.616 millones. Por todas estas ayudas, el Estado ingresa dinero, en concepto de comisiones o de intereses. Entre enero y septiembre de este año, de los avales y del FAAF, el Tesoro ha ingresado 425 y 602 millones, respectivamente. En total, 1.27 millones.
02. Protección al desempleo: El modelo austriaco
Ambos candidatos se enzarzaron en un debate sobre si existía una relación entre las prestaciones por desempleo y el llamado modelo laboral austriaco. Rubalcaba sostenía que no y Rajoy que sí. Lo cierto es que no las incluye. Se trata de una hucha individual de cada trabajador a la que se van haciendo aportaciones durante su vida laboral y a la que se puede acceder en caso de pérdida del empleo, pero también para formarse o moverse de empresa. No sustituye a la prestación por desempleo, sino que sirve para reducir el coste del despido, ya que en el momento en que la relación laboral cesa, parte de la indemnización se extrae del fondo.
Es cierto que el PSOE aprobó en 1992 recortes de la protección por desempleo
¿Se produjo el mayor recorte a las prestaciones en 1992?
Para evitar contestar a Rubalcaba sobre si en el caso de llegar a la Moncloa mantendría o no las ayudas a los parados, Rajoy acusó al PSOE de haber impulsado en 1992 "el mayor recorte en la protección a los desempleados". ¿Qué hay de cierto?
La reforma laboral de 1992 endureció el acceso a la prestación contributiva de desempleo. Por un lado, aumentó el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a ella (12 meses) y limitó a 24 meses el periodo máximo para percibirla. Por otro, reformó la cuantía de las prestaciones, que pasó a ser del 80% de la base reguladora del trabajador al 70% durante los 180 primeros días y al 60% a partir del día 181. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras convocaron una huelga general contra esta reforma.
03. Pensiones: Pensionistas/Cotizantes
Rajoy echó mano de una retahíla de cifras para demostrar que cuando gobernaba el PP había más personas que cotizaban a la Seguridad Social y que, por lo tanto, garantizaban las pensiones. Según dijo, en la actualidad hay "tres pensionistas por cada cotizante", mientras que con José María Aznar en la Moncloa "había seis cotizantes por cada pensionista". Las cifras oficiales, en cambio, desmienten en parte al dirigente conservador.
En efecto, actualmente hay 2,47 afiliados por cada pensionista. Pero el mejor ratio que hubo durante los años de Gobierno del PP fue de 2,5 afiliados por cada pensionista en 2004, el año en que el PSOE volvió a ganar las elecciones. Las cotas más altas de afiliados por pensionistas se alcanzaron con gobiernos socialistas, en 2006 (2,67) y en 2007 (2,71).
Percepción mínima
Rubalcaba optó por enseñar con un gráfico la evolución de las pensiones mínimas en los últimos años, y así contrastar el efecto provocado por la decisión del Ejecutivo socialista de congelar las en 2011. El candidato socialista sostuvo que las pensiones mínimas ascendieron a 338 euros en 1996, a 492 en 2004 y a 742 en la actualidad. Las cifras oficiales confirman que Rubalcaba dio la cifra correcta de hoy en día. Pero que erró en las de 1996 (377 euros) y 2004 (484 euros).
04. Burbuja inmobiliaria: Viviendas construidas
En una pirueta argumental difícil de sostener, Rajoy intentó culpar a los socialistas de haber creado la burbuja inmobiliaria. El líder del PP sostuvo que 2006 fue el año que más viviendas se construyeron: 760.000. ¿Qué dicen los datos reales? Es verdad que 2006 fue el año en el que más viviendas se construyeron. Pero los datos de viviendas libres iniciadas (en construcción) que da el Ministerio de Fomento suman 664.923 en ese año, frente a las 528.754 de 2005, que es la estadística oficial habitual. No coinciden los datos ni aunque se unan también las de protección oficial. Si se suman las viviendas protegidas con calificación definitiva, que en 2006 fueron 60.878, la suma total de libres y protegidas es de 658.510 y no de 760.000 viviendas. Rubalcaba recordó después a Rajoy que estas viviendas de las que él habla se empezaron a construir en 2002, con el Gobierno de Aznar.
Visados
En su afán por culpar al PSOE de la burbuja inmobiliaria, el conservador tiró también de los visados de obra nueva emitidos por el colegio de Arquitectos. También dio los de 2006: 920.199. Al igual que en el epígrafe anterior, no coinciden con la realidad. Los datos que recoge el Ministerio de Fomento en 2006 son 865.561 permisos para construir obra nueva. Ni sumando los visados para ampliar y reformar casas (que no son viviendas nuevas, evidentemente), la cifra sube a 911.568. Desde que se da el visado hasta que se termina la casa suelen pasar entre año y medio y dos años.
Ley del suelo
En un momento del debate Rubalcaba acusó a Rajoy de haber creado una "especulación" con la Ley del Suelo de 1998. Esa legislación dividía el suelo sólo en dos categorías: urbanizable o no urbanizable. Esto es lo que propició que muchos terrenos antes rústicos dispararan su precio sólo por la expectativa de poder ser urbanizados en el futuro.
Economistas y expertos del sectorinmobiliario aseguran que esta ley contribuyó claramente a engordar el boom inmobiliario, que alcanzó su máximo en precios en 2008.
05. Sanidad: Los crónicos, a la pública
Rubalcaba sostuvo que, para ahorrar, los hospitales privados de comunidades del PP, como Madrid o País Valencià, derivan a los enfermos crónicos y a los mayores a la sanidad pública, lo que a su juicio podría provocar el "fracaso" del sistema público. En el caso de Madrid, sindicatos y entidades de defensa de la sanidad pública señalan que los casos más complejos acaban pasando de los centros PFI (titularidad pública y gestión privada) a los grandes hospitales públicos. Al final esto acaba haciendo a la sanidad pública de gestión directa "más antieconómica "porque se tiene que ocupar de los casos "que no son rentables", como denuncia el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle.
Las cifras que desgranó Rajoy sobre la relación entre pensionistas y cotizantes no son ciertas
En el caso de Valencia, Miguel Usó, secretario de Salud de UGT en el País Valencià, sostiene que se están dando algunas derivaciones de pacientes de centros privados puros a la sanidad pública por parte de aseguradoras que rechazan realizar tratamientos costosos como, por ejemplo, la implantación de marca pasos.
Partidas presupuestarias
Rajoy acertó cuando habló de una reducción presupuestaria en el Ministerio de Sanidad. Así, el Ministerio cuenta con 4.254 millones de euros este año, un 8,2% menos que en 2010, debido, eso sí, a la aplicación del Plan de Austeridad. En la misma línea, el presupuesto del Plan de Cohesión Sanitaria se ha reducido en un 12% hasta los 87,2 millones y el de las estrategias de salud en un 46,2% hasta los 17,12 millones.
Rubalcaba también estuvo afinado cuando sostuvo que la Comunidad de Madrid ha incrementado este año un 30% la partida destinada a subvencionar la sanidad privada. El Gobierno de Aguirre ascendió un34% el dinero que se destina a pagar la asistencia sanitaria concertada y redujo la que asigna a los hospitales de gestión pública.
Gestión privada
El líder del PP reprochó al dirigente socialista que acusara a los conservadores de fomentar los hospitales públicos de gestión privada cuando en Catalunya la iniciativa privada gestiona el 22% de la atención primaria, después de siete años de Gobierno del PSC. Este dato es cierto. En Catalunya alrededor del 22% de los ciudadanos están inscritos en una mutuaprivada de asistencia sanitaria. Acuden, por tanto, a sus centros privados. Pero no a centros públicos de gestión privada.
Tampoco dio bien los datos de vivienda, pero sí acertó en los de bajada del presupuesto
De los 427 centros de atención primaria que existen en Catalunya, un80% son titularidad del Institut Catalán de la Salud, heredero de la Seguridad Social y 100% público, mientras que el resto depende de otros organismos que no están controlados por la Generalitat, pero sí por otras instituciones públicas y que no tienen en su razón de ser el afán de lucro ni el beneficio. En época del Tripartito, el Gobierno catalán sí que impulsó como prueba piloto una nueva fórmula conocida bajo el acrónimo de EBA. Son entidades de base asociativas, es decir, una suerte de cooperativas de médicos que se encargan de la gestión de algunos ambulatorios. Pero sólo algunos. Hasta ahora, 13.
06. Educación: Informe PISA
Intentando defenderse de las críticas que el socialista vertió contra las políticas educativas de las comunidades en las que gobierna su partido, el líder del PP aseguró que la Comunidad de Madrid es una de las que obtiene mejores resultados en el informe PISA.
El resultado del último examen PISA de la OCDE determina que los alumnos madrileños tienen un nivel similar al del resto de comunidades. Es cierto que en la clasificación se encuentra entre las mejores de España, pero la diferencia entre comunidades es en realidad muy pequeña.
La media de aprobados en la prueba de comprensión lectora enEspaña es del 81%, similar a países como Francia e Italia. En la misma prueba en Madrid aprobaron el 87% de los estudiantes de 15 años. La misma media que obtuvo, por ejemplo, Catalunya.
Beneficios a la privada
En respuesta a Rajoy, el socialista aseguró que en la Comunidad de Madrid "hay una desgravación fiscal para los centros privados de élite". Los datos le dan la razón. El Gobierno de Esperanza Aguirre implantó por primera vez en 2010 una deducción fiscal para los gastos de escolaridad de aquellas familias que lleven sus hijos a la escuela privada. El Ejecutivo madrileño ha dejado de ingresar 60 millones de euros con esta medida un año antes de hacer unos polémicos recortes, que han supuesto un ahorro de 80 millones a cambio de prescindir de miles de profesores interinos.
Escolarización privada
El candidato socialista sostuvo que, en Madrid, más del 40% de los alumnos están escolarizados en la enseñanza privada concertada. Es cierto. Según datos de la Comunidad, del curso 2010/2011, un 55,7% de los alumnos madrileños estudia en la escuela pública, un 31% en la concertada y un 13,3% en la privada.
Inmigrantes segregados
El socialista puso el énfasis en que en Madrid el 80% de los hijos delos inmigrantes acuden a la escuela pública. No faltó a la verdad. Según los datos de Educación del curso 2008/2009, el porcentaje de alumnos extranjeros matriculados en la pública en Madrid es del 76,7%. La concertada escolariza al 17,6% de estos inmigrantes y un 5,8% están
en la privada.Los "vagos" de Aguirre
Rubalcaba afeó a Rajoy que la presidenta madrileña hubiera llamado"vagos" a los maestros. Rajoy lo negó. Aguirre afirmó que los profesores se quejaban por tener que trabajar dos horas más a la semana pese a ser unos privilegiados que trabajaban sólo 18 horas. Rectificó. La jornada de un maestro madrileño es de 37,5 horas. La presidenta sólo contabilizó las horas lectivas.
Después de cada una de las siete jornadas de huelga, tanto Aguirre como su consejera, Lucía Figar, han atribuido las protestas a las dos horas lectivas más semanales que deben trabajar los docentes. Los sindicatos insisten en sus convocatorias que protestan por los recortes.
07. Desigualdad: España, a la cabeza
En su permanente ataque al adversario a costa de la gestión del Gobierno socialista, Mariano Rajoy se apoyó en las cifras del Eurostat para afirmar que el Ejecutivo ha situado a España a la cabeza de la desigualdad en Europa.
El programa del PP en 2004 no contemplaba las "uniones de hecho" para los homosexuales
Los datos que utilizó el candidato de los conservadores fueron correctos. El mencionado instituto europeo señala que, en el año 2009, España se situó en cuarto lugar en el ranking de los países más desiguales del continente.
Es cierto también, como sostuvo el presidente del PP, que la diferencia entre el 20% de la población que tiene más ingresos y el 20% que tiene menos alcanzó una ratio del 6,9 en 2010, frente a la la media europea que se situó en el 4,9.
08. Homosexuales: ¿Estaba en el programa?
Acorralado por las numerosas ocasiones en las que el socialista le pidió un pronunciamiento claro sobre los matrimonios homosexuales -ley que los conservadores tienen recurrida
ante el Tribunal Constitucional-, Rajoy aseguró que en el año 2004 el programa electoral de su partido llevaba las "uniones de hecho" con "los mismos efectos jurídicos" que la ley aprobada por los socialistas.En la oferta que los conservadores presentaron en 2004 no aparece ni una sola mención a las "uniones de hecho". Sí se comprometían a promover "una ley reguladora del contrato de unión civil estable inspirada en los principios de libertad, seguridad jurídica y respeto a la intimidad que ampare las situaciones de las personas que quieran formalizar su convivencia estableciendo los efectos jurídicos que deseen atribuira la misma". No hay una sola mención expresa a las personas del mismo sexo. Y tampoco, obviamente, a la igualdad de efectos jurídicos.
09. Criminalidad: ¿Cuál fue el "peor año"?
El cara a cara sentó enfrente a dos exministros del Interior, los encargados de garantizar la seguridad del país. Esta materia provocó un nuevo rifirrafe entre los candidatos. Rubalcaba atacó primero. Aseguró que 2002, cuando Rajoy era titular de la cartera, fue el año que mayor tasa de criminalidad registró en la pasada década, mientras que hoy en día se recogen las cifras más bajas.
Los datos del departamento avalan esa afirmación. En 2010, la tasa de criminalidad se situó en 45,1 infracciones penales por cada mil habitantes, 0,7 puntos menos que en2009 y siete puntos por debajo del máximo histórico que se dio, efectivamente, en 2002. El líder del PP, que aseguró que no le sorprendía que Rubalcaba le pusiera esas cifras encima de la mesa, contraatacó con otras de la Fiscalía General del Estado. Dijo que ese año se produjeron cuatro millones de infracciones y que en 2009 fueron 700.000 más. Rajoy no tuvo en cuenta que en esos siete años la población española creció en más de cinco millones de personas.
www.publico.es 09.11.11
06. CASO GÜRTEL: CAMPS LLEVA CASI 100 RECURSOS PERDIDOS
El TSJ rechaza modificar el auto que fija los hechos justiciables en el juicio de los trajes
El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps lleva casi un centenar de recursos perdidos en la causa de los trajes, según confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia. El juez Juan Climent acaba de desestimar la última queja del abogado de Camps, que quería que se modificaran los hechos justiciables de la vista oral que arranca el 12 de diciembre. En los cerca de tres años que ha durado la instrucción de la causa, el exjefe del Consell ha ganado menos de cinco recursos. La estrategia de defensa de Camps ha conseguido al menos demorar al máximo el juicio, que se celebrará tres semanas después de las elecciones generales. La consecuencia negativa para los ciudadanos es el encarecimiento del coste del proceso, que multiplica con creces los 14.021 euros en los que están valoradas las prendas que, según el fiscal, recibió Camps de la trama Gürtel.
El magistrado Juan Climent advierte en su último auto de que una de las pretensiones de Francisco Camps es «de todo punto improcedente» y se plantea fuera de plazo. El juez destaca que el resto de peticiones ya fueron desestimadas
Camps quería que se excluyeran del relato de hechos justiciables las expresiones «a sabiendas de quién asumiría el pago del importe» de las prendas y «fueron entregadas en Valencia, bien en sus domicilios, bien en la sede de Orange Market o en la vivienda de Álvaro Pérez».
El abogado de Camps también reclamó que constara en los hechos justiciables que Camps mantenía con Álvaro Pérez «El Bigotes» una relación «exclusivamente derivada de su intervención en los eventos» del PP en calidad de presidente del partido.
Sin embargo, el juez considera que esta frase supondría «la negación de lo planteado por la acusación» que sostiene que recibió los regalos por su condición de presidente de la Generalitat, que es lo que castiga el delito de cohecho impropio.
A pesar de la contundencia del auto, el juez explica que contra la resolución todavía cabe «un recurso de queja» ante la sala lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
Por otra parte, el magistrado instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha rebajado de 600.000 a 200.000 euros la fianza impuesta a Pablo Crespo, número dos de la trama. Según las acusaciones, Crespo fue una de las personas que pagó los trajes de Camps y Ricardo Costa, y comparecerá en el juicio como testigo.Cascos: «Nadie ha pagado más por menos»
El presidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, rechazó ayer valorar casos de corrupción en los que se relaciona a políticos aunque sí defendió a Camps. «No quiero hacer juicios, pero creo que nadie ha pagado más por menos que Camps en la historia política de España», declaró tras ser preguntado por la gestión que hizo el PP del caso de los trajes. En cuanto al portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, Cascos declinó mostrar su opinión y recordó que él mismo se vio implicado en un caso en el que las informaciones «eran rotundamente falsas».
www.levante-emv.com 09.11.11
07. CASO GÜRTEL: EL JUEZ RECHAZA CAMBIAR LOS HECHOS POR LOS QUE SE JUZGARÁ A CAMPS
El expresidente de la Generalitat Francisco Camps, acusado de aceptar dádivas de la trama Gürtel, con fecha de juicio señalada para el 12 de diciembre, sigue presentando recursos y sigue recibiendo negativas de los jueces. Ayer se conoció la respuesta a uno de ellos. Camps pretendía introducir cambios en el auto de hechos justiciables. Un asunto clave porque en él figura literalmente el relato de los hechos que los nueve miembros del jurado tendrán que considerar probados o no durante el juicio.
El expresidente pretendía que se suprimiera que aceptó las 25 prendas de vestir "a sabiendas de quién asumiría el pago del importe", esto es, conociendo que las pagaría Álvaro Pérez, El Bigotes, cabecilla de la trama Gürtel en Valencia, a quien Camps alude en una de las conversaciones que figuran en el sumario como "amiguito del alma".
El exjefe del Consell quería suprimir igualmente la referencia a que las prendas "fueron entregadas en Valencia, bien en su domicilio, en la sede de Orange Market o en el domicilio de Álvaro Pérez". El juez Juan Climent considera ambas peticiones "improcedentes" y "extemporáneas", porque el momento procesal para plantearlas ya ha pasado.
www.elpais.es 09.11.11
08. CASO GÜRTEL: UN TRIBUNAL VUELVE A IMPUTAR AL EXTESORERO DEL PP
Bárcenas está acusado de cobrar comisiones ilegales en Castilla y León
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas aún tiene que dar explicaciones ante los tribunales por el caso Gürtel. Ahora será ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que le ha llamado a declarar, como imputado, en una causa abierta y vinculada a la "percepción de comisiones ilegales", tal como indica, en un auto, la Sala de lo Civil y Penal del propio tribunal.
Los jueces indagan si Correa repartió primas tras una adjudicación
El caso es una ramificación del entramado Gürtel que se instruye en Madrid y surgió tras la adjudicación de las obras de la variante de Olleros de Alba (León) a la empresa Teconsa, cuyos responsables también han sido imputados. Según el escrito del tribunal, los hechos podrían ser susceptibles de los delitos de cohecho y prevaricación. Por ello, también será interrogado José Manuel Fernández Santiago, actual procurador en las Cortes de Castilla y León, expresidente del Parlamento autónomo y consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León en la fecha en la que se adjudicó la obra, en 2002.
Al igual que Bárcenas, el exdiputado popular por Segovia Jesús Merino también habrá de dar explicaciones ante los magistrados por la operación de la variante de Olleros de Alba. La fiscalía sostiene que de la documentación incautada a la red Gürtel, liderada por Francisco Correa, se concluye que tanto Bárcenas como Merino y Fernández Santiago recibieron comisiones ilegales tras la adjudicación de la obra por 2,8 millones de euros. A cambio de las gestiones por el logro de esta adjudicación, Correa cobró, supuestamente, una cuantiosa comisión que después repartió entre varias personas. A Fernández Santiago se le atribuye haberse embolsado 18.000 euros "por motivos que se desconocen", tal como indicó el Tribunal Superior castellanoleonés cuando asumió la competencia.
Los interrogatorios se realizarán a partir del 24 de noviembre pero, además, el tribunal quiere que la policía y la Guardia Civil investiguen entre las empresas que optaron a la adjudicación de la obra, con el fin de "averiguar el grado de conocimiento que pudieron tener sobre la mediación de comisiones ilegales y concurrencia de irregularidades en su tramitación y resolución".
Las imputaciones abarcan a un total de 17 personas y alcanzan al ex director general de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León Luis Alberto Solis Villa, así como a otros siete responsables de servicio y de áreas del mismo departamento.
Tanto Bárcenas como Merino están pendientes aún de que se resuelvan dos recursos por el archivo de la parte de la causa que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En el caso del extesorero del PP, también está pendiente de que ese mismo tribunal decida sobre la imputación de su esposa, Rosalía Iglesias Villar, por un ingreso no justificado de 500.000 euros en billetes de 500 realizado en 2006.
Mientras continúan las pesquisas y la instrucción por la mayor trama de corrupción conocida en democracia, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira ha rebajado, por segunda vez, la fianza que exige al ex secretario de organización del PP de Galicia Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, y le reclama 200.000 euros para salir de la cárcel. Pedreira argumenta su decisión en la "conducta y su carácter tranquilo", a la vez que destaca su "clara inteligencia" y considera que "no tenía la fortuna" de Correa.
También el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha resuelto otra parte del caso Gürtel, al rechazar un recurso presentado por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, que pretendía modificar algunos aspectos del auto que fija la fecha de su juicio, el 12 de diciembre, por recibir regalos de la trama.
www.elpais.es 09.11.11
09. RATO ABRE LA PUERTA A OLIVAS
El presidente de Bancaja podría perder su puesto en Bankia tras su dimisión en el Banco de Valencia- Bankia elimina a su vicepresidente Olivas de la foto oficial del bancoLa diferencia entre las imágenes facilitadas por Bankia y la Generalitat del mismo acto es más que sensible. El Consell amplió el foco para que aparecieran todos los protagonistas de la escena, dominada por el saludo del presidente Fabra al piloto valenciano Nico Terol, pero Bankia prefirió cambiar el encuadre para dejar fuera de la foto a José Luis Olivas pese a ser el vicepresidente del banco y el promotor del patrocinio del equipo de competición de Jorge Martínez «Aspar».
"Rato agasaja con el estadio del Valencia para dominar Bankia"
Una decisión que entraba dentro de sus responsabilidades como vicepresidente ejecutivo de Bankia encargado de las participadas del grupo -su dimisión el 28 de octubre como presidente del Banco de Valencia al tiempo que el Banco de España llevaba a cabo una inspección que está aflorando un agujero de entre 600 y 800 millones- puede suponer el fin de la carrera como financiero de José Luis Olivas, presidente de Bancaja desde enero de 2004, seis meses después de dejar la jefatura de la Generalitat.
Fue un grave error, según fuentes financieras valencianas, que el núcleo duro que rodea al presidente de Bankia, Rodrigo Rato, está aprovechando para poner la puntilla a la influencia de Bancaja en la entidad cotizada, de cuya matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), es propietaria del 37 % del capital.
Como ha venido informando este diario, el peso de la caja valenciana en un grupo controlado por Caja Madrid ha ido perdiendo relevancia en los últimos meses, algo, por otra parte, normal en todo proceso de unión de distintas entidades, en el que siempre se impone la cultura financiera de una de ellas: la más poderosa o la más solvente.
Con la sede operativa del grupo en Madrid -a Valencia le correspondió la sede social-, estaba cantado que sería la caja de la capital la que se haría con el mando absoluto y la que impondría los criterios de gestión. Lo llamativo es la celeridad con que se está produciendo este fenómeno.
Las citadas fuentes consideran que los gestores de Bancaja han puesto muy fácil la labor a los hombres de Rato, los más influyentes de los que llegaron al grupo cuando ya estaba constituido, como el consejero delegado, el alcoyano Francisco Verdú, o, como el propio presidente, accedieron a Caja Madrid a principios de 2010 y, por lo tanto, son ajenos a la temeraria gestión que los anteriores ejecutivos, capitaneados por Miguel Blesa, llevaron a cabo. No es el caso de Olivas y sus directivos -también los consejeros-, que han pilotado la expansión sin tasa de Bancaja y su caída a los infiernos que la condujo en brazos de Caja Madrid para evitar acabar, tal vez, como la CAM.
La exposición de la caja valenciana -y su filial, el Banco de Valencia, que controla con un 39 % del capital- al sector inmobiliario ha hecho un daño terrible a las cuentas de la entidad. Contaba ayer el diario Cinco Días que el grupo Bancaja aporta cada mes 200 millones en morosidad a Bankia. Desde un principio, la desconfianza sobre la gestión de los valencianos se apoderó de los madrileños, que han querido supervisar en todo momento la política crediticia realizada en Valencia.
Algunas fuentes apuntan que ahí está una de las claves de la deriva del Banco de Valencia, en el sentido de que se produjo una lucha entre su entonces consejero delegado, Domingo Parra, y los hombres de Rato por evitar el primero las injerencias de los segundos. "Pretendían entrar a saco", afirma una fuente bien informada.Parra fue sustituido el 7 de octubre por Aurelio Izquierdo, entonces director general de Bancaja y director general de Negocio de Bankia. Este último era el tercer puesto en el ranking de importancia del grupo hasta la llegada de Verdú a través de Rato. La vuelta de Izquierdo a Valencia -ahora es consejero delegado y presidente del Banco de Valencia- fue la constatación de la pérdida de influencia de Olivas y la consiguiente reestructuración orgánica abundó en esa dinámica al quedar el presidente de Bancaja solo acompañado en el alto escalafón de Bankia por dos exejecutivos de la caja valenciana.
Su soledad es cada vez mayor y su dimisión en el banco, según las fuentes consultadas, ha alimentado la férrea voluntad de borrar del aparato gestor a los hombres de Bancaja por parte del núcleo duro que rodea a Rato, donde tiene un peso decisivo el desde septiembre adjunto a la presidencia y en la práctica número dos del banco, José Manuel Fernández Norniella, sin olvidar la influencia de políticos del PP como Ángel Acebes o Mercedes de la Merced.
El propósito sería arrebatar a Bancaja, a través de Olivas, el escaso poder que le queda, es decir, el control sobre las participadas, que tiene relevancia por las remuneraciones que se obtienen por pertenecer a sus consejos. De hecho, ningún valenciano figura en empresas que antes pertenecieron a Caja Madrid, pero hay madrileños que sí están en las de la valenciana, como el propio Norniella en Bancaja Hábitat.
Estas fuentes, con evidente óptica local, interpretan que la filtración del agujero contable que tiene el Banco de Valencia y el subsiguiente acoso público a través de los medios de comunicación de Madrid, contra Olivas, tienen su origen en el grupo de consejeros que arropa a Rato, que están ejerciendo una "presión muy fuerte" sobre el presidente de Bancaja con el propósito de que caiga.
Estas fuentes afirman que Olivas, quien ha tenido buena relación (política) con Mariano Rajoy, "está anonadado y acobardado porque no se esperaba la reacción de sus compañeros, también del PP, que se han tirado como fieras sobre él". "Pensaba que se coordinaba con Rato pero que hacía y deshacía en su parcela y no es así", añaden. Al respecto hay dudas sobre si informó o no al presidente de su salida del Banco de Valencia. Desde Madrid dicen que no y que eso causó mucho malestar en Rato. Desde Valencia, afirman casi lo contrario, es decir que este último sabía de la dimisión pero no fue informado de los tiempos. La cuestión, si cae el vicepresidente ejecutivo de Bankia, es quién le sustituiría en un cargo que entonces difícilmente tendría carácter ejecutivo como ahora? ¿El vicepresidente de la caja y el banco y consejero de Bankia Antonio Tirado? ¿Cómo resolvería Bancaja la sustitución de Olivas?
Los profesores no quieren a Rodrigo Rato como doctor Honoris Causa
Cerca de 350 profesores de la Universidad de Alicante han firmado un documento de rechazo al nombramiento del exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) y actual presidente de Bankia, Rodrigo Rato, como doctor Honoris Causa por esta institución académica. Los firmantes, que cuentan con el apoyo de otras 300 rúbricas de alumnos y de personal de administración, consideran que Rato no tiene méritos académicos, científicos o sociales para recibir este galardón, ni vinculación alguna con esta Universidad. Así lo ha explicado el catedrático de Literatura Hispanoamericana José Carlos Rovira, uno de los firmantes de este documento, al que se han sumado los catedráticos de Filosofía del Derecho Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, entre otros muchos.
www.levante-emv.com 09.11.11
10. RECHAZO A QUE RATO SEA HONORIS CAUSA EN ALICANTE
Universidad. 300 docentes creen que no ha aportado nada al campus
Un grupo de 300 profesores junto con 200 trabajadores del personal administrativo y otro centenar de alumnos de la Universidad de Alicante han firmado una petición para que su centro no nombre doctor honoris causa al exdirector del FMI y exvicepresidente económico del PP Rodrigo Rato. La Junta de Gobierno de esta universidad aprobó el nombramiento el pasado marzo por sus méritos académicos.
"Le hemos hecho saber al rector que es una decisión perjudicial para nuestra universidad", explica el catedrático de Literatura Hispanoamericana José Carlos Rovira. Este profesor junto con los catedráticos de Filosofía del Derecho, Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, han liderado una recogida de firmas que alcanza los 617 nombres en la que aseguran que el nombramiento contradice el artículo 119 del Estatuto de la Universidad de Alicante, que dice así: "La Universidad podrá otorgar el título de doctor honoris causa a personas en las que concurran méritos relevantes o hayan prestado destacados servicios a la Universidad".
"Es una decisión perjudicial para este centro", critica un catedrático
La decisión del consejo de gobierno fue tomada en marzo, un mes después de que la Oficina de Evaluación Independiente del FMI publicara un informe muy crítico con la gestión de este organismo desde 2004 a 2007 incluyendo el espacio en el que Rodrigo Rato fue su director. El documento dice que en esos tres años "no se examinó adecuadamente la interacción entre la innovación financiera, el capital extranjero y el auge inmobiliario".
"Su mérito más importante es haber sido director del FMI porque el resto son méritos políticos, no académicos, y desde luego su servicio a la universidad o a la ciencia no es precisamente revelador", añade Rovira. El actual presidente de Bankia cuenta en su biografía con una dilatada carrera política desde que se afiliara a Alianza Popular en 1977 y una amplia actividad empresarial. Pero no aparece en su currículum ninguna aportación científica más allá de la obtención del doctorado por la Universidad Complutense de Madrid (donde también se licenció) en 2003.
El modelo de la crisis
La decisión llegó un mes después del informe que criticó su gestión en el FMI
Fuentes cercanas a la Universidad de Alicante aseguran que la iniciativa del nombramiento tomada formalmente por la Facultad de Ciencias Económicas proviene del consejo social de este centro, presidido por el ginecólogo Ricardo Ferré. UGT consideró "inoportuna" la decisión, que no se aprobó por unanimidad como suele ocurrir en estos casos. "Los avales políticos del señor Rato, son altamente cuestionables: una gestión al frente del Ministerio de Economía y Hacienda que sienta las bases de un modelo de crecimiento económico cuyos efectos han profundizado aún más, los de la crisis económica que venimos padeciendo", denunció UGT en un comunicado.
En el historial de honoris causa de la Universidad de Alicante aparecen nombres de diferentes ámbitos. Entre los 70 doctores honoríficos nombrados desde el año 1984 hay figuras incuestionables como los literatos Mario Benedetti y Mario Vargas Llosa. En la lista también aparece Andreu Mas Collel, actual consejero de Economía de la Generalitat, pero con una amplia difusión de publicaciones académicas que justifican su aportación al mundo universitario.
Rodrigo Rato ya fue nombrado en febrero del año 2008 doctor honoris causa de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El rector de este centro, Pedro González-Trevijano, justificó el nombramiento por su labor al frente del FMI y por su exitosa aplicación del modelo liberal. Rato defendió entonces en su discurso, centrado sobre todo en la crisis financiera, la regulación de los bancos desde el poder público
www.publico.es 10.11.11
11. DESTITUIDO AL JEFE DE DEFENSA EN JAÉN TRAS EL DESFILE DE LA LEGIÓN
En el palco había un militar condenado por neonazi
El Boletín Oficial del Ministerio de Defensa publicó ayer la destitución de Ángel Sanz Arroyo como subdelegado de Defensa en Jaén, una retirada que viene precedida del polémico desfile de la Legión en la capital jiennense el 7 de octubre. El encontronazo político entre autoridades del Estado y de la Junta de Andalucía con el alcalde jiennense y la presencia en el palco de un militar condenado por su pertenencia a un grupo neonazi han sido elementos decisivos para fulminar al principal jefe militar en Jaén.
Desde la Subdelegación del Gobierno en Jaén no se quiso valorar ayer este cese, remitiéndose al enunciado del boletín del Ministerio de Defensa donde se resalta la facultad para actuar "de forma discrecional" en los cargos de libre designación, como es este caso. Pero parece claro que el ministerio que dirige Carme Chacón había perdido la confianza en Ángel Sanz, sobre todo a raíz de la queja que remitió el subdelegado del Gobierno en Jaén, Fernando Calahorro, al sentirse ninguneado en el palco de autoridades, donde fue relegado a las filas posteriores pese a ser la máxima autoridad estatal en la provincia. Calahorro abandonó el palco antes del desfile acompañado de otras autoridades del Gobierno andaluz y de la Diputación jiennense, no sin antes tener un rifirrafe con dirigentes del PP. "Que en un acto de la bandera se ningunen al Estado y a otras instituciones es algo muy grave", espetó.
El desfile de la Legión y el acto de homenaje a la bandera del pasado 7 de octubre estuvo organizado por el Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas y el Ayuntamiento de la capital, gobernado por el PP. El Consistorio se encargó del protocolo de las autoridades civiles en el palco.
Ángel Sanz permaneció impertérrito en su puesto al presenciar como el subdelegado del Gobierno abandonaba, indignado, el palco de autoridades. Pero el detonante del cese habría sido la presencia en el palco de autoridades de un militar jiennense condenado por pertenencia a un grupo neonazi. "Si tiene una condena en firme, no tendría que haber estado ahí", declaró Sanz al Diario Jaén cuando la semana pasada este periódico informó sobre la anómala presencia en el palco de Francisco José L. P, sobre el que pesa una condena firme de tres años y medio por delitos de asociación ilícita y tenencia de armas prohibidas, sentencia ratificada por el Tribunal Supremo. A este militar se le considera el fundador de la organización Sangre y Honor, un grupo de ideología neonazi
www.elpais.es 11.11.11
12. CA ANDALUCÍA: EL PP INCLUYE A UN CARGO IMPUTADO EN SU LISTA AL SENADO
El portavoz de los populares en Morón figura como número tres por Sevilla
El Partido Popular ha incluido en su lista al Senado por Sevilla para las próximas elecciones del 20-N a Antonio Ramírez, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Morón de la Frontera, que está imputado por supuestamente permitir graves vertidos contaminantes al río Guadaira durante su etapa como concejal de Medio Ambiente. Ramírez ha sido edil en Morón durante los últimos ocho años en diferentes áreas, hasta que el PSOE arrebató la alcaldía al PP en las elecciones municipales del pasado mayo.
La fiscalía ha pedido su imputación por prevaricación en el 'caso Mozampro'
El PSOE le acusa de generar una deuda de 47 millones en el Ayuntamiento
"Entiendo que no hay mayor problema con mi imputación, ni me he parado a pensarlo (...) Estoy muy contento de ir como número tres en la lista. Eso acabará archivándose", se limitó a declarar Ramírez sobre su imputación por un delito contra el medio ambiente. María Sandra García, titular del Juzgado 1 de Primera Instancia e Instrucción de Morón, le acusa de autorizar los vertidos en la cuenca del río Guadaira a su paso por el término de Morón junto al polémico exalcalde Manuel Morilla.
El Instituto Nacional de Toxicología es tajante al respecto en su informe de junio de 2010: "Las muestras de los colectores de saneamiento del Ayuntamiento de Morón como de Dytras sobrepasan considerablemente los niveles máximos admitidos para las aguas residuales (...) No son típicos de aguas residuales domésticas sin depurar, ni siquiera de las fuertemente contaminadas, lo que indica una fuerte presencia de vertidos industriales". A continuación, los técnicos medioambientales matizan las consecuencias ecológicas: "El vertido [de las muestras] a los cauces receptores podría provocar desequilibrios en el medio ecológico con reducción de la fauna acuática y eutrofización con sobrecrecimiento de algas y determinados vegetales superiores".
El Ayuntamiento costea la defensa jurídica de Morilla y Ramírez en el proceso judicial, para lo que contrató al letrado David Carlos Delgado por 32.000 euros.
Mientras, Ramírez también ha sido concejal de Desarrollo Local y presidió el Consejo de Administración de la empresa municipal Altos del Sur. Ahora la Fiscalía de Sevilla ha solicitado su imputación por prevaricación junto al exalcalde Morilla y otros dos miembros del consejo de administración en el caso Mozampro. La sociedad aprobó en 2005 vender un solar de 46.268 metros cuadrados a la sociedad Mozampro XXI, administrada por José María Tate Montoya, conocido cantante y amigo del regidor.
En ese solar se deberían haber edificado 191 viviendas unifamiliares de protección oficial (VPO). Pero, según la fiscalía, el terreno "está intacto" y "no se ha acometido obra alguna de urbanización". Mozampro XXI empleó el solar, que compró al Ayuntamiento por 430.000 euros, como garantía hipotecaria en dos ocasiones. Gracias a estos suelos la sociedad logró préstamos de 890.000 euros y de 490.000 euros. El mismo juzgado que acusa a Ramírez por un delito contra el medio ambiente investiga este caso, denunciado por la formación política AMA-Morón. Tras el decreto de la fiscal María Dolores Villalonga en el que solicitaba hasta 11 diligencias, la magistrada decidirá ahora si cita a declarar a Ramírez y el resto de responsables de la sociedad municipal.
Además, el candidato popular al Senado ha sido concejal de Hacienda. El PSOE le acusa de haber dejado el Ayuntamiento con la mayor deuda de su historia: 47 millones para un municipio con solo 28.000 habitantes. "El Ayuntamiento padece en estos momentos la peor situación económica y de liquidez de los últimos tiempos", reza el informe de la Intervención municipal del pasado julio. El alcalde, Juan Manuel Rodríguez (PSOE) asegura que la deuda con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria hacen peligrar "proyectos importantes" para Morón.
El informe cifra en 23 millones la deuda con proveedores del Consistorio, y el PP se agarra a esa cifra para datar la deuda real. "La deuda es justamente la mitad de lo que denuncia el PSOE", afirma Ramírez.
www.elpais.es
07.11.1113. CA ANDALUCÍA: EL CGPJ IRRUMPE EN LA CAMPAÑA AL CENSURAR A ALFONSO GUERRA
El candidato socialista resaltó la relación de Zoido con la juez de los ERE
"Con esto de los jueces hay que andar con mucho cuidado". Alfonso Guerra, cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, comenzó así de cauteloso su respuesta a una pregunta tras pronunciar una conferencia el pasado miércoles en Sevilla. Y tenía razón, con lo de andar con cuidado. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) irrumpió ayer en la campaña electoral para censurar unas manifestaciones del exvicepresidente socialista alusivas a la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya.
El Consejo califica las declaraciones de "vejatorias por su condición de mujer"
Guerra estableció un vínculo entre los tiempos de la investigación judicial con la campaña electoral y contó algo que está muy extendido en muchos ámbitos de Sevilla al asegurar que hay una "relación incluso fuerte, personal" entre la juez y el actual alcalde de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido. "Eran compañeros y algún expediente en común parece que tuvieron y alguna cuestión curiosa, dicen".
De manera sorpresiva, el CGPJ se reunió ayer de manera urgente, sin que mediara ninguna petición de amparo de Alaya, y censuró a Guerra por unas declaraciones que "no resultan de recibo" al invadir la "espera personal mediante descalificaciones" y con "insinuaciones claramente vejatorias por la condición de mujer" de la juez.La nota hecha pública por el CGPJ no se refiere en ningún momento por sus nombres ni a Mercedes Alaya, a la que alude como "una magistrada de Sevilla", ni a Alfonso Guerra, "un candidato al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones".
La irrupción del CGPJ en la campaña sorprendió en medios políticos y judiciales. Muchos vocales del consejo, de los sectores progresistas y conservador, mostraron su disconformidad con esta decisión, según las fuentes consultadas por este periódico. De hecho, la vocal progresista Almudena Lastra emitió un voto particular en contra del pronunciamiento del Consejo. "Existe un pacto de neutralidad histórico que siempre se ha respetado en campaña electoral", recordaron estas fuentes, que aseguraron que el Consejo "no ha dado amparo a Alaya, sino reprobado a Guerra".
La frase de Guerra no habría tenido mayor recorrido que el del chascarrillo o la anécdota, aunque ahora el CGPJ la ha elevado a gran asunto. El abogado de Francisco Javier Guerrero, el principal alto cargo de la Junta imputado en el caso de los ERE, aseguró ayer a Europa Press que si lo que dijo Guerra era cierto, la juez Alaya "se habría abstenido" de instruir el caso.
El actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, del PP, presume de ser el que denunció en el juzgado el caso Mercasevilla, origen de la investigación de los ERE. Zoido es magistrado en excedencia y cuando fue juez decano de Sevilla conoció, según Guerra, un expediente que afectaba a la juez Alaya, del que nadie dice públicamente su contenido. Al considerar "vejatorias por su condición de mujer", el CGPJ va más allá de lo afirmado por el socialista y se adentra en una "interpretación de índole sentimental, cuando caben muchas interpretaciones como la de que hayan formado una sala juntos", afirmaron fuentes judiciales.
Los miembros de la comisión permanente del CGPJ actuaron de oficio, motu proprio y en una reunión extraordinaria decidieron dar un amparo a la juez Alaya que esta ni siquiera había pedido. La reunión, convocada sin avisar al resto de vocales, causó malestar en el órgano de gobierno de los jueces.
La decisión partió de la vocal a propuesta del PSOE Margarita Robles y de Manuel Almenar, consejero a propuesta del PP. Las quejas que circulan entre el resto de vocales no solo se basan en el secretismo con el que se organizó, sino en que el amparo se otorgó sin que lo hubiera solicitado la magistrada Alaya. El artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial". Fuentes del Consejo señalan que este órgano no está para "proteger el honor de los jueces sino su independencia".
El apoyo a la juez fue otorgado por los dos vocales que organizaron la reunión -Robles y Almenar- con el apoyo del presidente del Consejo, Carlos Dívar. La única que se opuso fue la vocal progresista Almudena Lastra, que firmó un voto particular. En él, Lastra critica que la permanente valore el contenido o intención de unas declaraciones vertidas por un candidato durante una campaña electoral y recuerda que Alaya no ha solicitado el amparo, como establece la ley para estos casos.
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no se pronunció ayer sobre este episodio y se mantuvo en sus trece de no hacer "jamás" un pronunciamiento sobre la juez del caso de los ERE. No obstante, aprovechó para arremeter contra el PP por estar "instruyendo un juicio paralelo, declarando inocencias y culpabilidades".
El vicepresidente segundo del Gobierno y candidato del PSOE por Cádiz, Manuel Chaves, coincidió ayer con Guerra en el "dato objetivo" de que la magistrada de los ERE está llevando actuaciones judiciales "en plena campaña electoral", informa Cándido Romaguera.
- "No me querría yo complicar mucho la vida porque con esto de los jueces hay que andar con mucho cuidado. Yo he tenido diputados de mi propio partido que eran jueces, alguno famosísimo, y yo delante de ellos nunca he dicho una palabra, porque todo puede ser utilizado en contra de uno. Entonces... Yo no conozco a la señora juez o jueza que ha mencionado la persona que pregunta pero, hombre, la impresión de la dosificación, la cronología, el calendario no es que la tenga yo es que es un dato objetivo. Parece además que hay una relación incluso fuerte, personal, entre la propia jueza y el actual alcalde de Sevilla porque eran compañeros y algún expediente en común parece que tuvieron y alguna cuestión curiosa dicen. (Se producen murmullos y algunas risas). Veo que se sonríen mucho... Parece que saben más que yo del asunto. Entonces, hombre... Y el caso de Blanco bueno está cantado. Crean la imagen de que va a ganar el PP, que luego va a venir un congreso del PSOE y que hay que quitar una piedra del camino".
www.elpais.es 11.11.11
14. C.A GALICIA: UN ACUSADO DE MALVERSACIÓN ACHACA EL CASO A LUCHAS EN EL PP
El exedil del PP en Sanxenxo Joaquín Dominguez Bea, acusado de malversar 166.00 euros de la cofradía de Portonovo en su etapa de asesor y tesorero, se defendió ayer ante el tribunal popular que le juzga afirmando que fue víctima de una "encerrona política" urdida por el entonces patrón mayor y negó todos los cargos. El excontable, que se enfrenta a cuatro años de prisión, ocho de inhabilitación y la devolución del dinero del que supuestamente se apropió, dijo que todo fue un montaje de Gonzalo González Martínez, padre de la alcaldesa de Sanxenxo, Catalina Gonzalez Bea, prima del acusado. "Yo no me apropié de un solo euro", aseguró.
Domínguez declaró que en el origen de la denuncia del entonces patrón mayor están las malas relaciones entre la alcaldesa y él que surgieron en la etapa en la que ambos fueron concejales del gobierno del exregidor de Sanxenxo, Telmo Martín. Gonzalo González, que fue citado como testigo de cargo contra el acusado, se defendió y afirmó que cuando detectaron el agujero económico en la cofradía, hubo una reunión en la que el tesorero reconoció haberse quedado con el dinero que faltaba. El patrón aseguró que le propusieron al acusado que no le denunciarían en el juzgado si se comprometía a devolver el dinero que aparecía consignado como gastos que no se llegaron a realizar así como el importe de subvenciones oficiales que se retiraron de las cuentas bancarias de la cofradía. "Pero él se negó y presentamos la denuncia", dijo.
La demora en la celebración de este juicio, cuyas diligencias se remontan a 2006, se debió a la dificultad de reunir todas las pruebas que presentó el fiscal en su informe de acusación.
www.elpais.es 09.11.11
15. C.A GALICIA: ESCRIBANO FUE AL FISCAL A PREGUNTAR SI SE LE INVESTIGABA TRAS RECIBIR UN SOPLO
Lo sabe la Brigada de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía, los jueces y fiscales del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y también el titular del juzgado número 3 de Ferrol. Y lo sabe todo el que haya tenido contacto con la operación Arena que ha motivado la imputación del exdiputado del PP Javier Escribano, dimitido el pasado sábado, al que el TSXG le imputa tráfico de influencias y cohecho, tras haber recibido, según la policía, un Porsche del empresario Fermín Duarte, también imputado, para que utilizase sus contactos en el PP y favorecer a su firma de áridos desde la Xunta.
Cuando el caso estaba todavía bajo secreto de sumario en las dos instancias que lo investigaban -el juzgado de instrucción número 3 de Ferrol y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia- Escribano se presentó en la fiscalía del TSXG y ante la sorpresa mayúscula de uno de los fiscales, le preguntó por qué se le estaba investigando. El representante del ministerio público optó por darle largas pero la investigación, incluidos los tres meses de pinchazos telefónicos de la policía, ya estaba reventada.
Fuentes conocedoras del caso apuntan que el exparlamentario del PP logró citarse con ese fiscal gracias a una amiga suya, fiscal también en Cataluña, que medió para que fuese recibido, sin que su compañero gallego supiera de qué se trataba. Fue la misma persona a la que, según consta en el sumario del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Escribano le contó por teléfono el pasado septiembre que el alcalde de A Coruña y presidente del PP provincial, Carlos Negreira, le había advertido de que estaba siendo investigado, de que tenía el teléfono intervenido por la policía y de que un periodista de EL PAÍS estaba al corriente de todo.
En esas semanas de septiembre, este diario desconocía la existencia de la investigación judicial. La decisión de Escribano de presentarse en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia cuando el caso aún era secreto y las gestiones realizadas por su amiga, la fiscal en Cataluña, son las pruebas que necesitaba la policía para concluir que el dirigente del PP ahora imputado recibió un chivatazo. Negreira ha negado siempre que conociera la investigación de antemano y ha repetido desde que estalló el caso que la primera noticia sobre la Operación Arena le llegó el jueves 27 de octubre, cuando el tribunal mandó una comunicación al Parlamento gallego para que acreditase la condición de aforado de Escribano.
Tras interceptar la conversación en la que Escribano confesaba las supuestas advertencias que le había hecho Negreira -y que el alcalde de A Coruña siempre ha negado- los agentes policiales constataron un cambio de actitud en el exparlamentario del PP. Así lo escribieron en el informe que forma parte del sumario que instruyó durante unas cuantas semanas el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Tras esa charla telefónica con su amiga fiscal, Escribano dejó atrás su locuacidad habitual, la que había quedado patente en las conversaciones con el empresario Fermín Duarte durante los tres meses anteriores, y empezó a mostrarse receloso. En las últimas semanas de septiembre no habló por el móvil de sus manejos para influir en la Xunta y, por primera vez desde que tuvo pinchado su teléfono, empezó a preguntar a Duarte por "la factura del Porsche".
Los investigadores sospechan que ya estaba al tanto de la investigación y trataba de dar pistas falsas para tratar de camuflar el regalo del industrial como una mera operación de compraventa. El pasado lunes, un día después de que EL PAÍS revelase que Escribano había recibido un Porsche del empresario, tal y como constatan los informes policiales, el exdiputado del PP remitió a este y otros medios de comunicación una escritura de compraventa del vehículo que tiene fecha de abril y aportó el certificado de una transferencia a la cuenta de Duarte por 5.001,55 euros en el que figuraba el siguiente concepto: "2º pago compra vehículo". Ese comprobante, el único documento que alude a la hipotética compra del vehículo que habría efectuado en abril, está fechado el 19 de septiembre de 2011. Y es posterior a la llamada a su amiga fiscal en la que confesó su temor a estar siendo investigado.
Investigación del soplo
La Voz de Galicia publicó ayer que el presunto chivatazo que frustó las escuchas policiales y las pesquisas será investigado judicialmente. Este diario citó fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia quienes aseguraron que "estas filtraciones o graves infracciones de los secretos tendrán que ser examinados por el juez Morán Llordén", titular del juzgado que dio origen al Caso Arena.
Este mismo juez también se hará cargo de la parte de la causa que alude a Escribano, quien después de dimitir como parlamentario ha perdido la condición de aforado.
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06.11.1116. C.A GALICIA: LA EUROPOL INVESTIGA EL FRAUDE DE LOS ÁRIDOS TÓXICOS DEL 'CASO ARENA'
El juez reclama a la policía europea que rastree la procedencia del producto
La investigación del trasiego de áridos tóxicos de la Operación Arena, en la que están imputados un exdiputado popular, Javier Escribano, investigado por cohecho y tráfico de influencias, y el constructor de Pontedeume Fermín Duarte, ha llegado hasta las instituciones comunitarias.
La Europol, la policía europea, investigará el origen fraudulento de los áridos contaminantes que Manmer importaba desde Holanda y comercializaba en Galicia como residuos reciclados. Lejos de haberse revalorizado "a más de 850 grados" para eliminar los tóxicos, como presumía Duarte, el aglomerado que el constructor colocó a mitad de precio en las obras de, al menos, ocho municipios gallegos contenía restos de sustancias prohibidas como el alquitrán de hulla, tóxico para el medio y cancerígeno para el hombre.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol ha ordenado a la brigada de delitos económicos y fiscales (UDEF) de la policía nacional que investigue a través de la Europol la sospechosa procedencia del residuo asfáltico que desde julio de 2009 a 2011 se descargó masivamente en el puerto exterior de Ferrol, donde siguen apiladas 400.000 toneladas de zahorra de betún que nadie parece reclamar. Duarte negó ante el juez que ese acopio le perteneciese y apuntó a la firma alicantina Holding Transmediterránea de Construcción como la propietaria y encargada de los fletes.
La Europol canalizará esta parte de la investigación sobre el origen de los áridos, uno de los muchos flancos de la Operación Arena, para averiguar si la empresa de la que procedía el asfalto, Betum Recycling Centrale, se deshacía de un producto que tenía que reciclar sin haberlo depurado en el horno. "Es un proceso muy costoso pero obligatorio en Holanda", apuntan fuentes de AGA (Asociación Gallega de Áridos), que en octubre del 2010 trasladó sus sospechas a la Xunta en varias denuncias sin respuesta, que emplazaban al Gobierno gallego a informar del posible fraude a las autoridades europeas.
Los áridos, básicamente restos de viejas carreteras del norte de Europa, viajaban desde Rotterdam a Ferrol con un certificado europeo (marcado CE) expedido por la firma holandesa Eerland Certificación, que aparentemente acreditaba que se trataba de un producto reciclado, apto como base granular para obra civil y asfaltado.
La Autoridad Portuaria de Ferrol, que empleó el producto de Manmer en las obras de ampliación de la dársena de Caneliñas, argumentó que la empresa contaba con todos los permisos para desembarcar la mercancía a través de la consignataria COP Galicia.
El juez instructor, Alejandro Morán, ha reclamado al puerto ferrolano que remita toda la documentación relativa a Manmer (buques, fletes, tasas, aduanas y la titularidad de los acopios). La Xunta también ha sido requerida por el juzgado para que envíe todos los expedientes de la firma de Fermín Duarte, que durante año y medio apiló miles de toneladas de áridos tóxicos con total impunidad en una parcela forestal en Laraxe (Cabanas), junto al río Baa, incluso después de haber contaminado su cauce y de ser sancionada por ello. Una pieza separada de la Operación Arena, la que imputa al popular Javier Escribano por cohecho y tráfico de influencias, continúa en el TSXG, adonde fue remitida en agosto. Escribano perdió su condición de aforado al dimitir como diputado bajo presión de su propio partido. La causa volverá al juzgado ferrolano, que investigará el chivatazo que adulteró la operación.
www.elpais.es 10.11.11
17. C.A GALICIA: FEIJÓO Y EL PARTIDO POPULAR SE VUELCAN CON LA PATRONAL EN PLENA CAMPAÑA
El presidente de la CEOE expone a Feijóo las recetas para abaratar el despido
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) irrumpió ayer en campaña para enviar sus propios mensajes al Gobierno que salga de las urnas. Tras el título Claves para la recuperación económica, un foro organizado en Santiago con la excusa del 30º aniversario de la institución, la patronal ofreció una larga lista de recetas para salir de la crisis: nuevos modelos de contratos que abaraten el despido, prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, austeridad en el gasto público, vinculación de los salarios a la productividad (no a la inflación) o acceso al crédito bancario fueron algunas de las propuestas.
"Este país hay que cambiarlo de arriba a abajo", aseguró un diputado popular
A la cita acudieron los alcaldes de A Coruña y Santiago, tres conselleiros (Facenda, Industria y Traballo) y al menos un diputado del PP (Alberto Sueiro, auditor, que ha dado cursos en la CEG). Socialistas y nacionalistas habían sido invitados al evento pero ante la cercanía de las urnas excusaron presentarse en el auditorio de Galicia. Los secretarios generales de UGT y CC OO enviaron a dos representantes en su lugar.
El plato fuerte de la mañana era el discurso de Joan Rosell, presidente de la CEOE. Frente al "galimatías" de la normativa a la que se tienen que someter las pymes, -que midió por los cientos de miles de páginas del Boletín Oficial del Estado y los boletines de cada comunidad-, exigió leyes "más claras" que no puedan modificarse en la misma legislatura. "Tenemos que hacer legal lo que es real", reclamó.
Amigo personal de Manuel Fraga, recordó sus primeras charlas con el expresidente de la Xunta: "Cuando venía a Galicia comía con él en el restaurante Vilas. Comparaba esto con Cataluña y me decía, 'Galicia se está haciendo emprendedora".
De elogiar la comunidad autónoma, Rosell pasó a describir la complicada situación de España, seguro de que el país incumplirá sus objetivos de déficit este año. "Solo el 8% de las cuentas de organismos públicos pasan una auditoría. Hace falta más control". "Hemos perdido credibilidad muy rápido", reflexionó al hacer el balance económico de la década. Y abordó el abaratamiento del despido con una de cal y otra de arena. Primero dejó caer que no es el plato fuerte de las demandas empresariales. Acto seguido recordó que se deberían adoptar los modelos de rescisión de contratos de otros países europeos porque "pagar 45 días por año con 42 mensualidades son 1.890 días", un peaje que "ahoga" a las pymes.
Junto a las reformas, Rosell demandó del nuevo Gobierno que profundice en las fórmulas de colaboración público-privadas, que tanto el PSOE como el PP han explotado en Galicia para construir infraestructuras con periodos de pago que llegan a los 30 años.
El 20-N flotaba en cada intervención. "Este país hay que cambiarlo de arriba a abajo", llegó a decir en su turno el eurodiputado José Manuel García-Margallo y Marfil, del PP (el programa omitía su pertenencia al partido). Minutos antes se refería a una propuesta electoral del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que la Unión Europea retrase en dos años los objetivos de cumplimiento del déficit: "A mis colegas [en el Parlamento Europeo] les ha puesto los pelos como escarpias". Antes del acto de ayer ya había calificado la promesa electoral como "un disparate, un esperpento".
Santiago Herrero León, vicepresidente de la CEOE, desgranó a lo largo de la mañana el modelo de relaciones laborales deseable por los empresarios para los nuevos tiempos, empezando por un contrato único con una indemnización de 20 días en caso de despido. "La idea puede provocar entusiasmo, pero hacen falta otros contratos". Propuso hasta seis para acabar con "las garantías de hiperprotección" de las que disfrutan los trabajadores indefinidos frente a los temporales.
Sobre la reforma de la negociación colectiva, aseguró que intentarán negociarla con los sindicatos. Pero la falta de acuerdo "no debe ser justificación para que ningún gobierno deje de realizar la reforma". Los deberes que la CEOE, en su versión gallega, tras el 20-N quedaron claros.
Un "acto de empresas"
Las jornadas celebradas ayer por la Confederación de Empresarios (CEG), en plena campaña electoral, levantaron sarpullidos en la oposición. Tanto fue así que la directiva se vio obligada a difundir a media tarde un comunicado para defender su independencia.
"La organización de los actos se enmarca en el programa con motivo del 30º aniversario. El objetivo del foro, que se ha organizado sin ningún tipo de financiación pública, consistió en analizar el escenario económico en el que desarrollan su actividad las empresas, una coyuntura sumamente compleja y que requiere grandes reformas para su reactivación", aseguraban en la nota.
Respondían así a las ácidas críticas del PSdeG, que les acusó de entrar en la campaña "a través de un acto con Feijóo [que clausuró la jornada] al más puro estilo de la Conferencia Episcopal". "Es inaudito y vergonzoso", censuró el secretario de organización socialista, Pablo García. "Los empresarios no merecen estos representantes". García acusó a la entidad que preside Antonio Fontenla de haber pagado la jornada con el dinero que la Xunta aporta a la confederación para abrir oficinas en varios países, y que asciende a 18 millones de euros hasta 2013.
La patronal lo negó y defendió su independencia. Un portavoz insistió en que se había tratado de "un acto organizado por y para las empresas".
www.elpais.es 10.11.11
18. C.A GALICIA: ANA PASTOR VE "LAMENTABLE" QUE LA XUNTA COBRE POR LA TARJETA SANITARIA
La candidata popular al Congreso y cabeza de lista por Pontevedra, Ana Pastor, calificó ayer como "lamentable" la posibilidad de cobrar una tasa por la renovación de la tarjeta sanitaria, una medida que la Xunta ha anunciado que pondrá en marcha en el próximo mes de enero para los casos de pérdida o deterioro de la misma, al tiempo que se ha mostrado "absolutamente en contra" del copago sanitario. En una entrevista concedida a Radio Nacional de España y recogida por Europa Press, tras ser preguntada por la tasa de renovación de la tarjeta sanitaria, Ana Pastor ha censurado la decisión del Gobierno gallego, que también ha criticado con dureza la oposición en Galicia. "Es lamentable", indicó la popular para responder a la pregunta del entrevistador sobre su valoración de esta iniciativa.
La cabeza de lista al Congreso en las candidatura del PP por Ponvedra y exministra de Sanidad, Ana Pastor, se ha mostrado "absolutamente en contra del copago" sanitario, ya que, según defendió, " la sanidad se paga con los impuestos", y ha apostado por reducir "gastos superfluos" al tiempo que ha ratificado que "la Xunta de Galicia no va a cobrar un solo euro a ningún ciudadano gallego y quien diga lo contrario está manipulando".
"Soy una defensora de la sanidad pública, gratuita, universal y equitativa para todos los ciudadanos", ha señalado Pastor, que ha apostado por la financiación del sistema sanitario al tiempo que ha criticado que el Gobierno socialista deje a España con una sanidad "de las más endeudadas del mundo", con "un agujero de 15.000 millones de euros".
Sobre la posibilidad de poner en marcha colaboración público-privada para la construcción de hospitales como los de Vigo y Pontevedra que prevé levantar el Gobierno gallego, Ana Pastor ha recordado que "las infraestructuras nada tienen que ver" con lo esencial de la actividad sanitaria, "la asistencia".
www.elpais.es
07.11.1119. C.A GALICIA: FEIJÓO NIEGA QUE SE VAYA A COBRAR POR FALTAR A CITAS DEL SERGAS PESE AL DECRETO QUE LO PREVÉ
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reaccionó ayer con indignación cuando se le preguntó si el Sergas prevé cobrar cuando un usuario no comunique la no utilización por cualquier causa de un servicio programado previamente, una acusación que tachó de "fraude electoral". Pese a la firmeza de su afirmación, el decreto publicado el pasado martes establece en una disposición adicional por la que "podrá establecerse un procedimiento para repercutir en los usuarios" gastos ocasionados por cuatro de los 12 supuestos que la Ley de Saúde, de 2008, establece como "deberes de la ciudadanía". Entre esas cuatro obligaciones se encuentra la número 11, que reza así: "Comunicar al sistema sanitario, a la mayor brevedad posible, la no utilización por cualquier causa de un servicio programado previamente".
Feijóo aseguró, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que fue el Gobierno bipartito al incluir ese deber el que "posibilita" el cobro, y expuso como demostración de que de momento Sanidade no lo va a ejercer el hecho de que el nuevo decreto deba desarrollarse en una orden de la consellería. "No se puede cobrar nada que no está totalmente tipificado", afirmó. No aclaró si lo piensa aplicar en el futuro.
El decreto que permite el cobro por el uso irresponsable de las prestaciones asistenciales es, según Feijóo, "lucha contra el fraude". La misma calificación concedió a la modificación de la Ley de Salud que obliga a los extranjeros a permanecer seis meses censados para acceder a servicios sanitarios distintos de los de urgencias, que aparece en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Galicia.
Defendió el presidente de la Xunta esta modificación para combatir lo que denominó "turismo sanitario", de extranjeros que se empadronan para beneficiarse de servicios de la sanidad pública española, como pruebas u operaciones quirúrgicas. Y de paso, criticó duramente al Ministerio de Sanidad por su rechazo a las restricciones al usufructo de los servicios del Sergas y por la posibilidad de que lo recurra judicialmente. "Ya sabemos la opinión de la ministra en asuntos judiciales", afirmó, en referencia al recurso contra el catálogo de medicamentos de la Xunta.
Otro recurso contra una ley gallega, la de Comercio Interior, ha obligado a la Consellería de Economía a modificar la norma, para suavizar los criterios de autorización de grandes superficies comerciales. Así lo reconoció ayer el titular del departamento, Javier Guerra, que compareció tras al Consello de la Xunta para presentar el anteproyecto de ley del consumidor, aprobado ayer. Entre las novedades de la nueva norma está la de impedir contratar con el sector público a empresas que cometan infracciones graves.
www.elpais.es 11.11.11
20. C. A MADRID: GALLARDÓN DESTITUYE A UN ALTO CARGO POR SUS INSULTOS EN TWITTER
El alcalde de Madrid se desvincula de las opiniones del coordinador general de Circulación, Fernando Autrán.- La frase "Prisa va mal, muy mal. Mas EREs" provoca un fuerte revuelo en la red social
"@equipogallardon no se hace responsable de las opiniones personales que se manifiesten en otros perfiles ajenos a esta cuenta. Esta cuenta sólo recoge las opiniones, declaraciones y actos de Alberto Ruiz-Gallardón. No suscribimos ningún tuit no publicado por nosotros". Con esta categórica respuesta, el alcalde de Madrid se desvinculaba a las dos de la tarde de una desafortunada frase publicada por uno de sus altos cargos en su cuenta personal en esta red social 15 horas antes. A última hora, tras comprobar la gravedad de las opiniones vertidas por este directivo, el alcalde ordenó su destitución fulminante.
Fernando Autrán, coordinador general de Circulación y vicepresidente de diversas empresas públicas en el Ayuntamiento de Madrid, como consta en su currículo publicado en Internet, afirmó ayer: "Prisa va mal, muy mal. Mas EREs." Horas después, se disculpó por esta alusión a la empresa editora de este diario: "Lamento profundamente el desafortunado tuit sobre los eres. Y pido disculpas públicamente".
Pero para entonces ya se había organizado un tremendo revuelto en la red social, no solo por este último tuit sino también por otros anteriores en los que Autrán insulta a políticos, periodistas y banqueros. Ésta es una relación de algunos de ellos:
- Arturo Mas, no pueden los jueces tocarle las narices y usted si puede tocarnos las pelotas a todos los demás?
- Caamaño "los demócratas sabrán ser generosos cuando ETA deje las armas". Desde luego, en vez de un tiro les meteremos dos.
- [En referencia a la ministra de Defensa, Carme Chacón]. Pija de colegio de pago y casi no sabe ni hablar. La salva el despliegue mediático de su pareja. (...) y tu que quieres para España. Das vergüenza ajena y eso que vas de cuota.
- ETA vota Rubalcaba
- Mas colmo y desvergüenza!! Colando a ETA cuando llevan días lamiendose el cipote como si fuera su mérito!! [En referencia a la alusión a la banda terrorista realizada por Alfredo Pérez Rubalcaba en el debate de ayer con Mariano Rajoy]
- urkullu ez de euzcadi porque ez jilipollaz
- Campo Vidal igual que Jordi en la Noria. Esta mas pasado que el arroz! Permite las interrupciones.
- Felipe,Guerra,Rubalcaba...solo faltan Barrionuevo,Vera y Corcuera. El equipo A....de Atapuerca.
- Toda mi simpatía y apoyo a la Magistrada Angela Murillo. Todo mi desprecio a Pascual Salas cuyo voto ha permitido esto.
- Que gracioso este Paco González. En medio folio en El Pais ha resuelto los problemas de España.
- La banca española recurrirá a "enjuagues" contables para no ampliar capital. Y cuando han dejado de hacerlos? dónde esta el BdE?
- Tardà tacha a Peces Barba de "enorme hijo de puta". Mira quien fue a hablar.
- Pero que asco (democrático) da el PNV después de 25 años recogiendo nueces (cadáveres).
- Anosagasti lo que necesita es un injerto de pelo. Cada vez que entra en el corte ingles se le va la olla.
- CiU,S.A ya contempla en su presupuesto el chantaje de su apoyo al PP en Madrid. Habrá reparto de dividendos?
- Rajoy:"llamare a los mejores",genial pero, sabe quienes son los mejores? Yo le puedo recomendar algunos.
- Hessel tiene demencia senil sin duda.
- Ya se que la tele engorda, pero vaya culo tenia la Srta. Trini!!!
En conversación con este periódico Autrán ha reiterado esta tarde su disculpa por su frase "absolutamente desafortunada" sobre el grupo Prisa. Preguntado sobre el resto de sus afirmaciones, ha añadido: "El tuit es lo que es".
El portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, había exigido a Gallardón que condenara y desautorizara sin ambages los comentarios de su subordinado, o que en su defecto lo cesara por sus palabras "soeces y misóginas". "Un alto cargo nombrado a dedo debe expresar valores que no sean ajenos a los de cualquier demócrata", aseguró el líder socialista.
Autrán es presidente de la Comisión Delegada Calle 30 desde 2007. Tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo, el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, le nombró coordinador general de Circulación, pero Autrán lleva ocupando altos cargos en esa área de Gobierno desde la llegada a la Alcaldía de Gallardón, en 2003. De hecho, fue vicepresidente de la Empresa Municipal de Transportes (de la que aún es consejero) y vicepresidente de Madrid Salud durante las dos pasadas legislaturas.
En 2006, Autrán se vio salpicado en un presunto caso de corrupción en el área de Gobierno de Seguridad (que entonces aglutinaba las competencias de Movilidad, ahora desplazadas en gran parte al área de Medio Ambiente que dirige Ana Botella). El PSOE acusó a Calvo de favorecer en la adjudicación de un contrato de gestión de parquímetros a una empresa que tenía como apoderado a un exdiputado del PP gallego y antiguo amigo del concejal. El PSOE interrogó al respecto en comisión municipal a Calvo y a sus colaboradores más estrechos, entre ellos el propio Autrán. El caso no llegó a más ni por la vía política ni ante la justicia.
www.elpais.es 09.11.11
21. C.A MADRID: CONCEJAL Y DETECTIVE
Una edil de Leganés somete a los funcionarios a una prueba caligráfica para descubrir a un ladrón de documentos
Beatriz Tejedor, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Leganés (PP), tiene fama de ser una de esas arquitectas que se enfunda el casco y las botas de agua para pisar el barro de las obras que dirige. Lo que se desconocía hasta ahora era su perfil detectivesco. Tejedor sometió a los funcionarios del departamento que comanda a una prueba caligráfica para tratar de encontrar a la persona que supuestamente le había robado días antes de su bolso unos papeles secretos que cayeron en manos de la oposición.
Los trabajadores, que se sienten humillados, piden su dimisión
La intención de Tejedor, con esta pesquisa, era la de contrastar la letra de los funcionarios con la caligrafía estampada en el sobre que había sido remitido a Izquierda Unida (IU). La concejal reunió a los trabajadores y les dictó lo siguiente: "El pasado miércoles 19 de octubre le fue sustraído del bolso a la concejal delegada de Obras, Infraestructuras y Mantenimiento una documentación confidencial que se le ha hecho llegar al coordinador de Izquierda Unida, Raúl Calle, en un sobre con membrete de Urbanismo". Los trabajadores, algunos de ellos con muchos años de experiencia en la oficina, se sintieron humillados y señalados con el dedo.
La prueba sirvió para que Tejedor estrechase el cerco sobre el supuesto ladrón de documentos. La concejal se presentó a continuación en comisaría y formuló una denuncia en la que deja entrever que una trabajadora es la culpable: "Manifiesta [la denunciante] que la persona que trabaja como auxiliar administrativa en el Departamento de Urbanismo bien podría haber rellenado este sobre [el robado], puesto que la letra que figura es similar a otros sobres que han sido enviados desde ese departamento". Lo que obvió la concejal es que ella ya se había adelantado a las labores policiales con el dictado impuesto a los trabajadores.
La documentación que fue supuestamente robada de su bolso llegó a manos de Raúl Calle, el portavoz de IU. Los papeles, anotaciones de la política durante uno de los plenos, no tenían ningún interés. Calle se los devolvió a la concejal por correo. Tejedor, al recibir el sobre, creyó que se que se lo habían sacado del bolso. El PP estaba convencido de que "alguien de dentro" estaba tratando de amedrentarla.
El Comité Unitario de Trabajadores (CUT) del Ayuntamiento considera que la concejal se "extralimitó" al hacer la prueba caligráfica. CC OO y UGT piden que Tejedor se disculpe y el PSOE va más allá y exige su dimisión.
El alcalde, Jesús Gómez, la exculpó aludiendo a que "no es una profesional de la política". "Lo importante es el robo. Con una actitud mafiosa le vienen a decir a la concejal que tenga cuidado, que la están vigilando. Cualquiera en su situación habría hecho lo mismo. Hay que encontrar al culpable", agrega Gómez. La concejal metida a detective, por tanto, sigue con sus pesquisas.
www.elpais.es 08.11.11
22. C. A MADRID: BOADILLA IGNORA UNA SANCIÓN A UN COLEGIO DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO
El colegio privado Highlands Los Fresnos, en Boadilla del Monte, está a medio construir. La congregación de los Legionarios de Cristo gestiona desde 2007 este centro levantado sobre una parcela municipal valorada en 11 millones de euros y en el que los niños y las niñas estudian separados. En mayo de 2010, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (44.709 habitantes) decidió rescindir la concesión de esos terrenos porque los Legionarios incumplieron sus obligaciones. El compromiso recogido en el pliego de condiciones incluía construir cinco módulos para albergar todas las etapas educativas hasta Bachillerato en un plazo de 13 meses. Pero cuatro años después el centro solo ha construido dos. Allí estudian 322 alumnos desde primer ciclo de Infantil (dos años) a 5º de Primaria.
Las familias pagan 1.400 euros de inscripción y mensualidades de 395 a 456 euros, con descuentos a las familias empadronadas del 11% al 100% en caso de que matriculen a su quinto hijo en el colegio. Estas cantidades se han incrementado desde el curso pasado. El pago mensual ascendía a 300 euros cuando se aprobó la sanción. La congregación abona un canon de 160.000 euros anuales al Ayuntamiento, gobernado por Antonio González Terol (PP), por la cesión de este terreno.
La sanción aprobada por la Comisión de Economía y Hacienda hace 18 meses se basó en un informe jurídico del área de Patrimonio. "El Ayuntamiento sancionará cuando tenga que hacerlo y rescindirá los acuerdos conforme a la ley", señalaba entonces un portavoz municipal. Pero el centro sigue abierto y no se ha aplicado ninguna multa.
El grupo municipal socialista de Boadilla presentó una moción al pleno del pasado octubre en la que reclamaba la recuperación de la parcela para uso municipal. "No entendemos que se regale suelo público a entidades privadas que no disponen de concierto educativo", señala el edil Pablo Nieto (PSOE), que considera un "claro caso de favoritismo que no se apliquen las sanciones por incumplimiento". El PP votó en contra de la moción y sugirió la posibilidad de cambiar la rescisión por el pago de una multa económica.
El equipo de Gobierno asegura que los técnicos municipales estudian el "incumplimiento" sin aclarar por qué no se ha resuelto este asunto durante un año y medio ni qué medida se adoptará finalmente. Tanto el PP como una portavoz de los Legionarios alegan que la concesión del suelo se firmó esperando un desarrollo urbanístico "importante" en la zona que no se ha producido. "Eso ha llevado probablemente a que la congregación desarrolle su proyecto de forma más lenta de lo debido", según un portavoz municipal. El pliego de condiciones incumplido no incluía ninguna excepción relacionada con el urbanismo, admite la portavoz de los Legionarios, que asegura que el colegio de Boadilla "satisface toda la demanda de ingresos" de alumnos.
El Ayuntamiento señala ahora que "lo más importante son las familias porque hay 322 niños estudiando" en el colegio. Cuando se aprobó rescindir el contrato, el equipo de Gobierno (que entonces presidía el también popular Juan Siguero) argumentó que los alumnos del Highland Los Fresnos no tendrían problemas para escolarizarse porque existen plazas "de sobra" para reubicarlos en otros centros.
Otro de los grupos de la oposición, Alternativa por Boadilla, llevará "antes de un mes" este incumplimiento a la Comisión de Vigilancia de la Contratación, según Ángel Galindo, edil de la formación.
www.elpais.es 09.11.11
23. C.A MADRID: LOS JUECES TUMBAN LOS PLANES URBANÍSTICOS DE LAS ROZAS Y QUIJORNA
El Tribunal Superior de Justicia da un varapalo a la Comunidad de Madrid
Dos recientes sentencias de dos salas de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han puesto en evidencia el desarrollismo del urbanismo desplegado por la mayoría de los municipios de la región, independientemente del color político de su Gobierno municipal; y de la Comunidad madrileña, gobernada sucesivamente por Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, ambos del PP. Casi todos los alcaldes utilizan el urbanismo para cuadrar sus presupuestos. Para ello se generalizaron las enajenaciones de terreno y los convenios urbanísticos, mediante los cuales los promotores adelantaban fuertes cantidades de dinero, que se utilizaba incluso para afrontar los gastos corrientes.
Las Rozas debería haber dedicado el dinero a mejorar servicios públicos
La normativa prohíbe destinar los ingresos para pagar el gasto corriente
La primera decisión judicial del TSJM que pone en entredicho el desarrollismo de los últimos años anula un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Quijorna (municipio de 2.800 habitantes al oeste de Madrid) y varios promotores, al aumentar de forma "ilegal" los porcentajes de terrenos que debían cederse al Ayuntamiento, que está previsto por la ley, y no se pueden cambiar. El Ayuntamiento recibió parcelas de más de los empresarios, y a cambio les aumentaba la edificabilidad, algo muy habitual y que han hecho la mayor parte de los Consistorios españoles.
La segunda sentencia del TSJM declara ilegal el presupuesto municipal de Las Rozas (población de 88.000 habitantes al noroeste) de 2009 al utilizar el Consistorio el dinero de las enajenaciones de parcelas municipales para cuadrar las cuentas, dedicándolo al gasto corriente, algo que no permite la legislación regional de forma expresa, pero que también fue un acto que se generalizó a lo largo de los últimos años.
Desde la aprobación en 1998 de una Ley del Suelo mediante la cual se trataba de liberalizar lo máximo posible el suelo con la intención de abaratar su precio, las diferentes Administraciones públicas locales y regionales han tratado de sacar provecho de este maná, que servía para completar los siempre exiguos presupuestos municipales.
Y la Comunidad de Madrid y sus 179 Ayuntamientos no iban a ser menos. Por eso los alcaldes se lanzaron a una competición de venta de suelo mediante simples enajenaciones, o llegando a acuerdos con promotoras privadas mediante los convenios urbanísticos. Estos últimos prohibidos desde 2007 con la Ley del Suelo madrileña. Muchos Consistorios completaron sus presupuestos con los millones procedentes del urbanismo: "Y no cabe duda de que eso fue la puerta de la corrupción urbanística", explica el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en análisis sobre corrupción Manuel Villoria.La doctrina reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid parece poner en jaque el urbanismo madrileño, que se desarrolló bajo el amparo de la Ley del Suelo de 1998. La primera de ellas es la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM relativa a uno de los convenios urbanísticos aprobados en Quijorna, municipio de unos 2.800 habitantes gobernado por el PP. Esta sentencia anula un convenio urbanístico establecido entre el Ayuntamiento de esa localidad y varios promotores urbanísticos mediante el cual los empresarios elevaban sus cesiones de terreno al Consistorio del 10% al 22%. A cambio, el Consistorio se comprometía a arrancar un acuerdo con la Comunidad para bajar el porcentaje de viviendas públicas (del 50% al 10%) y aumentar la edificabilidad, que pasó de 18 viviendas por hectárea a 25 viviendas.
"Esa actividad, para el letrado del Ayuntamiento es lícita, aunque casi sin darse cuenta está deslizándose en un enunciado muy próximo al descrito en el artículo 428 del Código Penal", referente a la falsificación de documentos, explica la sentencia del tribunal madrileño. "El problema surge después de que un recurso como el de los convenios urbanísticos, que debería ser la excepción, llega a generalizarse", explica Fermín Rodríguez, el catedrático de Geografía de la Universidad de Oviedo y director del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (Cecodet) que desarrolla un máster en gestión urbanística y ordenación territorial. "Hay que saber compaginar el urbanismo como motor de desarrollo y como función pública, en la que no solo los promotores y las Administraciones tienen voz, sino también el resto de personas que viven en las ciudades y pagan las consecuencias de estos convenios", explica el catedrático asturiano.
Pero en la sentencia la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM hace gala de su oposición al convenio en la sentencia al asegurar de inicio que el Ayuntamiento de Quijorna "no debió firmar" un convenio en el que sus obligaciones consistían en actuar como "negociador" ante la Administración autónoma, que la encargada de aprobar definitivamente el plan parcial. Pero tampoco, según el tribunal, debió seguir la tramitación de un convenio de planeamiento desde que fueron prohibidos en la Comunidad de Madrid: "Lo que aquí interesa es que las cesiones de aprovechamientos al Ayuntamiento que resultan del plan parcial impugnado, al margen del sistema legal, no se ajustan a derecho, y por tanto se anulan, debiendo suprimirse tanto de la memoria como de los documentos normativos del plan".
Esta decisión judicial tiene como consecuencia primera que el Ayuntamiento de Quijorna deberá devolver a los promotores con los que firmó el convenio el 12% de los terrenos que recibió de más. Y eso en un momento de fuerte restricción presupuestaria. Algo que, según la oposición, aboca de forma ineludible a la bancarrota del Consistorio de Quijorna.
Pero la sentencia del TSJM no se acaba ahí, llegando a mostrarse muy dura con la firma del convenio urbanístico, cuyo primer borrador se redactó en 2003: "La lectura del convenio urbanístico y las explicaciones ofrecidas en la contestación a la demanda en torno a la causa puede presentar un ejemplo de tráfico de las potestades públicas, de más que dudosa legalidad, con el designio principal de favorecer intereses particulares".
Según los magistrados, el acuerdo logra, "a través de la realización de gestiones ante la Administración autonómica" la aprobación definitiva de un plan parcial con menor número de viviendas protegidas de las contempladas en el aprobado inicialmente. Incrementando el número de viviendas por hectáreas prevista en el documento inicial, "para beneficio de los promotores".
Esta sentencia, que será revisada en el Tribunal Supremo, pone en jaque al urbanismo desarrollado en toda España y especialmente en los municipios de la Comunidad de Madrid. De hecho, se convierte en un golpe duro para el Gobierno de Aguirre, que fue el que aprobó el plan parcial de Quijorna en 2009. "Consideramos ilegal que los instrumentos de planeamiento puedan establecer previsiones de cesiones de aprovechamientos lucrativos al margen de las legales", añade el fallo. La versión de la Comunidad de Madrid se contiene en la sentencia: "La letrada de la Comunidad no encuentra impedimento a que el planeamiento establezca cesiones por encima de las establecidas legalmente", pues las considera mínimas.
La segunda de las decisiones judiciales que ponen en entredicho el urbanismo desarrollista de los últimos años procede de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM, que anuló el presupuesto del Ayuntamiento de Las Rozas de 2009. Uno de los motivos que han llevado a esta anulación es por no ajustarse a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid al utilizar el dinero obtenido con la venta de suelo público para financiar gastos que no contempla esta normativa.
Según el TSJM, los presupuestos se anulan al haberse utilizado el dinero procedente de la enajenación de terrenos municipales para gasto corriente, algo que no es acorde con la legalidad, ya que según la normativa vigente este dinero debería haberse dedicado a la mejora de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos especificadas en el artículo 36 de la Ley Territorial 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto no se ajustan a los fines prevenidos en la ley.
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07.11.11
24. C. VALENCIANA: CAMPS PAGÓ 15 MILLONES A CALATRAVA POR UNAS TORRES QUE NO SE CONSTRUYERONLas torres, diseñadas por Calatrava y de las que solo existen el proyecto y la maqueta, fueron abonadas con cheques bancarios
El Gobierno valenciano, que presidía el popular Francisco Camps, pagó 15 millones de euros al arquitecto Santiago Calatrava por proyectar tres rascacielos en Valencia que, probablemente, nunca se levantarán.
Así consta en el escrito de la Fiscalía Provincial de Valencia, que ha decidido archivar la denuncia que presentaron en marzo varios diputados autonómicos de Esquerra Unida (EU). Estos parlamentarios consideran que hubo un supuesto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en el contrato firmado entre la Generalitat y el arquitecto Santiago Calatrava para diseñar un proyecto urbanístico junto al complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
El fiscal no entra a valorar lo que los propios denunciantes tachan de ruinoso contrato, ya que no existe "la figura delictiva del derroche de dinero público por parte de los gestores de ese dinero". Pero concluye que, al no existir "indicios bastantes de criminalidad" para ningún tipo de infracción penal, archiva las diligencias abiertas.
La fiscalía sí desvela lo que el Gobierno valenciano había ocultado hasta ahora. Es decir, que el Ejecutivo presidido por Francisco Camps abonó "mediante cheques nominativos" 15 millones de euros a Santiago Calatrava a través de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (CACSA). Hasta ahora, el Gobierno valenciano había dado a entender que, aunque el contrato del proyecto era de 15 millones de euros, solo se había desembolsado un anticipo de 2,6 millones de euros.
El despacho de Santiago Calatrava se limitó a señalar ayer: "No vamos a hacer declaraciones al respecto". Según la relación de pagos remitida por el fiscal, el 30 de septiembre de 2005 Calatrava recibió 2,6 millones de euros de anticipo. El 30 de agosto de 2006 se pagaron 137.000 euros por las maquetas y los planos de las torres. El 30 de marzo el abono fue de 6,2 millones por el segundo plazo de redacción del anteproyecto, y el 28 de febrero de 2007 por el tercer plazo otros 6,2 millones. La suma de todos los conceptos asciende a 15, 2 millones de euros.
La presentación de la maqueta del proyecto tuvo lugar en el Palau de la Generalitat en noviembre de 2004, aunque el contrato no se firmó hasta septiembre de 2005. El diseño incluyó tres torres, de 58, 70 y 80 plantas, y un bloque poligonal de ocho alturas con 112.000 metros cuadrados de uso residencial y 50.500 metros cuadrados de uso terciario.
El diputado de EU Ignacio Blanco reclamó a la Generalitat responsabilidades políticas por el pago de 15 millones de euros a Calatrava por un proyecto que se sabía "prácticamente inviable".
www.elpais.es 09.11.11
25. C. VALENCIANA: JOHNSON JUSTIFICA EL PAGO DE 15 MILLONES A CALATRAVA: 'LAS TORRES SON UN ACTIVO DE LA GENERALITAT'
La portavoz del Consell, Dolores Johnson, ha afirmado que el proyecto de tres torres, un edificio y un aparcamiento en la parcela M-3 de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia a cargo del arquitecto Santiago Calatrava es un "activo" de la Generalitat.
Johnson ha realizado estas declaraciones en las Cortes Valencianas después de que la Fiscalía de Valencia haya archivado la investigación del contrato suscrito entre Calatrava y CACSA para la realización de esta obra, cuyos honorarios por la redacción del anteproyecto y proyecto básico de las torres se cifraron en quince millones de euros.
"Se han efectuado unos pagos por unos trabajos que se realizaron: los proyectos, las maquetas, etcétera", ha señalado la consellera a los periodistas, quien ha recordado que ese proyecto es propiedad de la Generalitat y por tanto, "un activo que tiene".
En este sentido, ha indicado que el proyecto de construcción de las torres y el resto de instalaciones "está parado", pero ha añadido que en "cualquier momento" el Consell podría, "si la situación económica acompañara o si así se decidiera, ponerlo en marcha o venderlo".
El plan de optimización de inmuebles de la Generalitat, anunciado en octubre de 2010 y ratificado por el Consell en marzo, contempla sacar a subasta esos terrenos entre un total de trece, así como cuatro edificios, por todo lo cual se prevén unos ingresos de 393 millones de euros.
Ese plan de optimización afecta, según informó entonces la Generalitat, a un solar propiedad de la Ciudad de las Artes y las Ciencias donde estaba previsto que se construyeran las torres proyectadas por Calatrava.
La consellera, preguntada por el hecho de que la Generalitat no hubiera hecho referencia antes a la cantidad de 15 millones de euros, sino a la de 2,6 millones en cuanto a los pagos de este proyecto, ha explicado que existen "diferentes partidas" y que esta última cantidad "se referiría a una partida en concreto de los pagos de los diferentes trabajos".
www.elmundo.es 09.11.11
26. C. VALENCIANA: CANAL NOU: ¿HASTA CUÁNDO HAY QUE CARGAR CON ESTO?
La televisión de la Comunidad Valenciana tiene una plantilla de 1.800 trabajadores, más que Antena 3, Telecinco y La Sexta juntas, y una deuda de 1.200 millones
Vale que en la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), también conocida como Canal 9, trabajen 1.800 personas, más gente que en Telecinco, Antena 3 y La Sexta juntas, más personal que en Canal Sur (1.680 empleados) o Telemadrid (1.200). Vale que una plantilla tan amplia en una comunidad gobernada por el PP no haya podido destapar una sola exclusiva sobre el caso Gürtel. Vale que la audiencia de octubre se sitúe en un 5,8%, la más baja de los grandes canales autonómicos junto a Telemadrid. Y que vaya cayendo en picado: 11,9% en 2009 y un 8% en el mismo mes del año pasado. Para algunos sindicatos del ente público, como Intersindical, ese descenso se debe a la pérdida de credibilidad que se ha granjeado por el "no seguimiento" del caso Gürtel. La dirección de la empresa, sin embargo, cree que se informó de forma ecuánime y achaca la caída a la eclosión de los canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) y al poco presupuesto que tiene para hacer una parrilla de calidad. Proseguimos: vale que, según un informe elaborado por Hacienda a petición del juez Antonio Pedreira, el canal gastase en cubrir la visita del Papa a Valencia en 2006 casi 15 millones de euros (14.713.940,75). Vale que Canal 9 comprase el año pasado los derechos de la fórmula 1 por una cifra que la dirección se niega a desvelar y retransmita las carreras a la misma hora en que se pueden ver por La Sexta. Vale que el ente deba 1.099 millones de euros a los bancos y cien millones a sus proveedores. Y que las compañías que le prestan servicio tarden en cobrar dos años. Vale. Pero... ¿hasta cuándo puede prolongarse una situación así?
Canal 9 posee uno de los peores índices de audiencia de las autonómicas
La dirección achaca la pérdida de público a la eclosión de la TDT
El gasto en nóminas supera el 85% del presupuesto de la cadena
Ni los trabajadores más optimistas se plantean que no haya despidos
Los primeros que aseguran querer cambiarla son sus propios gestores. "Tenemos una plantilla ciclópea, pero a la hora de la verdad, cuesta hacer programas de producción propia", indica un directivo que solicita el anonimato. "Hay un montón de gente que ocupa oficios que ya no existen, como los montadores de magneto, que es como si en un periódico tuvieras linotipistas. Y como no se quieren reconvertir, tienes que contratar a gente. Entre los turnos, las bajas por enfermedad y los moscosos (días de libre disposición), nos resulta muy difícil disponer de un equipo estable de 35 personas para montar un programa. Las bajas justificadas nos cuestan cuatro millones de euros al año, casi un 5% de los 97 millones que nos asigna la Generalitat como presupuesto. Tenemos picos de absentismo de hasta el 14%, que suelen coincidir con las vacaciones escolares de junio, el puente de la Constitución y la Semana Santa. Aquí se ha comprado la paz social con convenios colectivos muy buenos. Ha sido culpa de los directivos, los sindicatos y los gerentes. No hay ningún responsable, pero lo son todos en general. Mientras ha habido dinero, no pasaba nada, pero ahora...".
Tras 10 entrevistas efectuadas el jueves en el Mercado Central, solo dos personas mostraron una opinión favorable a Canal 9. Un ciudadano decía: "Han confundido la cultura valenciana con lo chabacano". Otro lamentó que se use principalmente para difundir "propaganda institucional". Un tercero asumía y justificaba la supuesta parcialidad -"Si aquí manda el PP, es lógico que tenga su influencia en la tele"-, aunque lamentaba la "mezcla de valenciano y catalán" que se emplea en el canal. Y varias personas se quejaron del coste que acarrea. La dirección, sin embargo, sostiene que en los últimos dos años ha aplicado una "economía de guerra", mediante la cual ha recortado gastos en un 40%. "Hemos ahorrado de todo, menos en personal: fotocopiadoras, coches, teléfonos móviles... Y, sobre todo, en contenidos. Pero el gasto en nóminas ocupa el 85% de nuestro presupuesto. Y hoy en día, una empresa que gaste en personal más del 25% empieza a tener problemas", señala José López Jaraba, director de Canal 9.
El candidato presidencial del PP, Mariano Rajoy, ha prometido esta semana promover una ley para privatizar canales autonómicos. Pero ni los sindicatos consultados ni la dirección de la empresa creen que eso vaya a ser posible. Primero, porque no sería rentable. Y segundo, porque dudan de que ninguna de las autonomías históricas vaya a desprenderse de sus teles. Pero aunque no se llegue a la privatización, los trabajadores temen un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) después de las elecciones generales. "El problema es que el ERE no sería la peor noticia de todas", explica Jaume Muñoz, miembro del comité de empresa por la organización Intersindical. "Porque el ERE nos permitiría negociar. Pero lo que tememos es que quieran hacer una criba y se quieran quitar de en medio a los críticos". Y con esta declaración entramos de lleno en la idiosincrasia de Canal 9: "Aquí", continúa Muñoz, "las cosas se han hecho como en otros sitios, pero a lo bruto. Hasta hace poco teníamos un secretario general, Vicente Sanz, que era el que verdaderamente hacía y deshacía en la tele. Había sido antiguo presidente provincial del PP en Valencia. Y lo echaron en 1994 del puesto político, cuando se difundieron unas conversaciones en las que decía que él estaba en política para forrarse. De allí lo pusieron de mandamás en la tele, hasta que lo tuvieron que despedir tras ser acusado por tres trabajadoras de acoso sexual. Pero durante todos estos años ha contratado a quien él quiso y con el sueldo que quiso. De tal forma que el sindicato mayoritario hasta esta semana en que ha habido elecciones era uno, USO, en el que él confeccionaba las listas. Por eso tememos que ahora hagan una criba selectiva".
El hacha llegará. Lo único que no se sabe es cuándo, con qué fuerza ni a cuánta gente va a afectar. Pero ni los trabajadores más optimistas se plantean que no vaya a haber despidos. Para los directivos de Canal 9 la solución estaría en una palabra que en boca de ellos adquiere poderes casi mágicos: la "externalización" de servicios. "Así se compite hoy en día", indica un miembro de la cúpula de Canal 9.
"Por eso Tele 5 puede permitirse tener solo 400 empleados. Porque la productora Atlas trabaja para ellos. Ese es el modelo que rige también en Baleares, Canarias o Aragón, donde tienen externalizados hasta los informativos. Es como si en tu periódico los fotógrafos pertenecieran a otra empresa, como Prosegur. Aquí los informativos seguiríamos haciéndolos nosotros, pero la mayor parte de los servicios, como el departamento de publicidad, lo contrataríamos fuera. La gente confunde externalización con privatización, y no es lo mismo".
Con la externalización, la dirección asegura que pagaría "hasta cuatro veces menos" por el mismo servicio. Pero la plantilla perdería buena parte de su poder adquisitivo. El sindicalista Jaume Muñoz, sin embargo, piensa que ya queda muy poco por externalizar en Canal 9 y que lo que hay que hacer es administrar bien los recursos propios. Entonces, si ya hay gran parte del trabajo que se contrata a otras empresas ¿cómo ocupan su tiempo laboral los 1.800 empleados? "Es un tema delicado", asume Muñoz. "Los profesionales de Canal 9 son los mejores. Pero hay una incompetencia manifiesta por parte de los cargos para asignar tareas. Por ejemplo, han contratado a la tertuliana de La Noria Isabel Durán para moderar un programa de debate. Y también se han traído a Fernando Quintela, que venía de dirigir Intereconomía. Ese dinero se podía haber ahorrado empleando a nuestra gente".
Los sindicatos, por supuesto, creen que es posible y necesaria una televisión pública bien gestionada. El director de Canal 9 también lo ve así. Pero indica que hay que modificar un modelo "obsoleto". "La solución no la tenemos los gestores, sino los partidos políticos de la Comunidad Valenciana", señala López Jaraba. "Ellos son quienes tienen que llegar a un acuerdo, como acaban de hacer en Galicia, para aprobar una ley que permita modernizarnos y financiarnos de forma apropiada".
Mientras tanto, a esperar. Los valencianos podrán matar el tiempo de incertidumbre viendo los debates moderados por Isabel Durán o las carreras de fórmula 1 retransmitidas a la misma hora que La Sexta.
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05.11.1127. C. VALENCIANA: EL JUEZ QUE INVESTIGA EL SAQUEO DE EMARSA CITA A OTROS DOS CARGOS DEL PP
El juez Víctor Ríos ha ordenado una batería de requerimientos y citaciones para avanzar en el esclarecimiento del saqueo de Emarsa, la empresa pública de depuración del agua de Valencia vampirizada hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros. El juez cita como testigos a 15 personas, entre ellas dos cargos del PP de la ciudad de Valencia, Ignacio Martínez y Santos Peral. Y cita también a declarar a dos directivos de Epsar, la empresa pública de la Generalitat responsable del saneamiento de agua en toda la comunidad autónoma que, según ha declarado el imputado en la causa Esteban Cuesta, impuso a Emarsa la contratación de una de las empresas ahora investigadas por facturar falsos servicios y estableció, además, que se le pagasen precios muy superiores a los de mercado.
Uno de los directivos de Epsar citados es José Juan Morenilla, que cesó como gerente de la entidad en verano y casi inmediatamente fue contratado por Facsa, la empresa de Castellón cuyos administradores han sido imputados en el caso Gürtel por, supuestamente, haber financiado ilegalmente al PP valenciano.
El juez reclama igualmente al Ayuntamiento de Valencia que aclare por qué ingresaba en la cuenta bancaria de Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, algo más de mil euros de forma regular. Cuesta, imputado en la causa por malversación, estafa continuada y delitos societarios, fue nombrado alcalde pedáneo de Benimàmet por Rita Barberá. Al parecer, el Consistorio siguió pagándole después de ser nombrado gerente de Emarsa, a pesar de que su contrato con la depuradora le exigía exclusividad. Y a pesar de haber admitido ante el juez parte de las irregularidades, el PP de Valencia, que en última instancia domina Barberá, lo mantiene como dirigente local del partido.
El juez instructor cita a declarar al dueño del bar Pepe, donde el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, también imputado, cargó a Emarsa en cuatro días comidas por importe de 3.780 euros que resultaron ser banquetes falleros, según admitió el hostelero a este diario.
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05.11.1128. C. VALENCIANA: UN EMPRESARIO FACTURÓ 1,8 MILLONES A EMARSA "CON UN ACUERDO VERBAL"
El juez ve "inconcebible" que el proveedor también daba por recibido el material
En Emarsa, la sociedad de depuración del agua de Valencia, que fue saqueada hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros, las cosas funcionaban más o menos así. Un empresario, Sebastián García, facturaba 1,78 millones de euros a la empresa pública sin haber firmado ningún contrato con ella, sólo con "un acuerdo verbal", según admitió ayer él mismo ante el juez.
Sebastián García vendió 164 teclados a una sociedad con 32 ordenadores
García tenía otra empresa que también era proveedora de Emarsa. En el periodo investigado (2004-2010), le facturó otros 2,71 millones de euros. Ambas tenían el mismo objeto, tenían la misma sede, y en realidad, según acabó reconociendo García al juez Vicente Ríos, actuaban como una sola empresa. En total, redondeando, obtuvieron de Emarsa 4,5 millones de euros (748 millones de pesetas).
¿A qué se dedicaban? Las dos empresas suministraban material informático y se encargaban de su mantenimiento. En menos de un año (el juez apuntó que en solo seis meses) vendieron a Emarsa, supuestamente, 164 teclados; 149 ratones; 155 fuentes de alimentación; 141 licencias antivirus; 105 altavoces, 79 monitores, 71 discos duros... El problema es que en la sociedad de depuración solo había 32 puestos de trabajo informatizados, según la investigación que hizo, una vez que estalló el escándalo, la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), que era la propietaria de Emarsa.
García trabaja en la sociedad desde 1999, época en que Emarsa estaba bajo control directo de Silvestre Senent, actual concejal de Hacienda de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. García suministraba el material informático a la sociedad de depuración y, algunas veces, él mismo firmaba el albarán que daba como recibido y conforme por parte de Emarsa el material que le había vendido. El juez se permitió ayer calificar tal conducta de "inconcebible".
García admitió que sus dos empresas, que tenían prácticamente como único cliente a Emarsa, trasvasaban dinero (a través de supuestos préstamos y supuestas compras) a dos firmas de su hermana, dedicadas al sector de la construcción, también sospechosas de haber participado en el saqueo de la sociedad pública. Estas otras dos empresas obtuvieron de Emarsa 4,28 millones de euros (712 millones de pesetas).
www.elpais.es 11.11.11
29. C. VALENCIANA: "EN EMARSA EXISTÍA UN TALLER QUE HACÍA FALSAS FACTURAS EN CANTIDAD OBSCENA"
Imputado un ex concejal del PP del Ayuntamiento de Valencia
Después de narrar durante seis páginas una nueva palada de aparentes prácticas corruptas en Emarsa, la sociedad de depuración de Valencia que fue saqueada hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros, la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) concluye: "En definitiva, parece como si en Emarsa existiera un taller o laboratorio de expedir contratos y facturas en cantidad tal que los errores al final surgen de manera casi obscena".
Los imputados actuaron con "absoluto descaro", según la Emshi
La afirmación, que figura en un auto conocido ayer que aumenta el número de implicados en el saqueo de Emarsa, con la imputación del exconcejal del PP de Valencia Juan Carlos Gimeno, es llamativa por varios motivos. La Emshi está y estaba en manos del PP. La preside actualmente Arturo Ros, alcalde de Tavernes Blanques, y la controla en realidad el Ayuntamiento de Valencia, que tiene casi la mitad de los votos en una asamblea que el Partido Popular domina de forma abrumadora. Hasta este verano, Enrique Crespo, alcalde de Manises, presidía la Emshi, lo que lo convertía automáticamente en presidente de Emarsa. Hoy Crespo (del PP) está acusado por la Emshi (controlada por el PP) de malversación, estafa y delitos societarios.
El juez Vicente Ríos, que ya imputó a Crespo, fue ayer más lejos: consideró que existen "motivos bastantes para creer" que Crespo, Gimeno, Esteban Cuesta (exgerente de Emarsa y dirigente del PP de Valencia) y Enrique Arnal (exdirectivo de Emarsa y exedil de Unión Valenciana) se confabularon para saquear la sociedad pública.
El último capítulo de la cloaca de Emarsa (su cometido era depurar las aguas residuales de Valencia) tiene un nombre familiar para los periodistas que cubrieron la actualidad valenciana en los años ochenta y noventa: Juan Carlos Gimeno, exedil y exdiputado provincial del PP. En 1983, después de que la estatua de Franco fuera retirada de la plaza del Ayuntamiento (entonces plaza del País Valenciano) Gimeno se acercó al lugar a depositar una corona de flores en memoria del dictador.Su nombre apareció vinculado en el caso Naseiro, y también fue polémica su actuación en el escándalo de escuchas ilegales a las que fue sometida la expresidenta socialista de la Diputación de Valencia Clementina Ródenas en 1994. Gimeno trabajó en Emarsa, como responsable ambiental, entre 1997 y 2004. El mismo día que dejó la sociedad, con un finiquito de 71.129 euros, firmó supuestamente un contrato con Emarsa que suscribieron también Cuesta y Crespo. El juez Vicente Ríos destaca que había creado su empresa solo ocho días antes y que ni siquiera le había dado tiempo a inscribirla en el Registro Mercantil. El juez manifiesta en el auto sus sospechas: "Se suscitan serias dudas acerca de la autenticidad de ese contrato".
La Emshi, controlada por el PP, es mucho más dura: "Simultáneamente a la finalización de la relación laboral con Emarsa y al cobro del finiquito, el querellado constituyó la empresa y firmó un contrato de prestación de servicios con Emarsa. O lo que es lo mismo, este nuevo querellado planificó con los responsables de Emarsa su conversión en sociedad como nueva fuente de emisión de facturas de la empresa".
El aparentemente falso contrato de 2004, del que la Emshi no tiene ningún registro, es casi idéntico a otro firmado supuestamente entre Gimeno y Emarsa en 2008. El juez considera que ello "sugiere que ambos documentos se confeccionaron en unidad de acto". Las falsificaciones, destaca el juez, parecen muy chapuceras (ver arriba).
El supuesto contrato de 2004 es importante porque el 9 de junio de 2011, con Emarsa ya disuelta meses antes, Gimeno presentó una reclamación en la que exigía 355.000 euros a Emshi como indemnización por haber roto el contrato que tenía con Emarsa. Para alcanzar esa cantidad, señala la Emshi, el exconcejal del Ayuntamiento de Valencia utilizaba la cláusula indemnizatoria recogida en el aparentemente falso contrato de 2004 pero calculaba el importe sobre la base de otro contrato, suscrito supuestamente en 2010, en el que no se preveía indemnización pero Emarsa pagaba más... Ello, afirma la Emshi, "da idea nuevamente del absoluto descaro en la manera de actuar de los querellados".
Gimeno también presentó al cobro un pagaré por importe de 9.722 euros emitido en junio de 2010 que vencía en septiembre de 2010. La Emshi vuelve a expresar sus sospechas, que el juez avala, de que en la recta final de la existencia de Emarsa, disuelta en esas mismas fechas, la máquina de emitir facturas falsas fue puesta a trabajar a pleno rendimiento, que la sociedad fue exprimida hasta el último día: "Hay que señalar que en el procedimiento ha resultado coincidente que las distintas empresas que se investigan tenían pagarés emitidos en fecha próxima a la disolución de Emarsa y con vencimiento en el momento de disolución de la empresa, mientras que los numerosos proveedores de Emarsa cuyas facturas estaban pendientes de pago y referidas a actividades corrientes de la empresa no tenían pagarés con dichas características".
Un supuesto método de estafa muy grosero
- Entre la avaricia y la chapuza. El saqueo de Emarsa, que pagó cantidades millonarias por servicios y suministros inverosímiles, reúne ambas características. Por la cantidad aparentemente defraudada (solo las primeras empresas investigadas facturaron 30 millones a la sociedad de depuración, y no dejan de aparecer nuevas firmas sospechosas) y por la muy rudimentaria forma en que se realizaba. Si no fuera tan grave, dice la Emshi, "provocaría cierta hilaridad".
- Papel reciclado. Lo normal es que una empresa redacte una factura y la presente al cobro a otra. En el caso de las que presentaba la empresa de Juan Carlos Gimeno, exedil del PP, sin embargo, se da un hecho extraordinario. En la cara de atrás de dos de las facturas que presentó a Emarsa "hay impreso nada menos que una previsión de tesorería, que se deduce que es de Emarsa", destaca el juez.
- El despacho de Arnal. Lo anterior lleva a la Emshi a concluir: "Nos encontramos ante una evidencia clara de que dichas facturas, y otras muchas seguramente, fueron elaboradas por la propia Emarsa y, en concreto, en el departamento de Enrique Arnal (ex director financiero y exedil de Unión Valenciana), imputado en la misma causa".
- A piñón fijo. Muchas de las facturas y contratos investigados por parecer falsos llevan la misma fecha. O tienen el mismo objeto y duración. O se pasan facturas por conceptos vagos. O, lo que es peor, se pasan facturas "cuyo concepto es: 'concepto por determinar".
www.elpais.es 09.11.11
30. C. VALENCIANA: LOS GESTORES DE LA DEPURADORA DE PINEDO GASTARON EN COMIDAS 300.000 EUROS EN 5 AÑOS
La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) ha aportado a la 'causa Emarsa', que se sigue en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, un extracto con facturas de esta última entidad por comidas en restaurantes por un valor aproximado de 297.664 euros en cinco años, desde enero de 2005 a mayo de 2010.
En total, se facturaron 28.027 euros en 2005; 26.795 en 2006; 58.566 euros en 2007; 67.735 en 2008; 92.443 en 2009 y hasta mayo de 2010 un total de 24.038 euros.
Este extracto ha sido el tema principal abordado este miércoles en la declaración ante el juez del ex gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, que ha durado alrededor de dos horas.
Cuesta, al ser preguntado por estas cantidades facturadas en relación a comidas en restaurantes, ha indicado que en términos generales había tres comidas importantes todos los años: dos comidas con los empleados, en verano y navidad, que podían suponer alrededor de 6.000 euros; y, además, todas las navidades había una comida del Consejo de Administración que rondaba los 5.000 euros.
Entre 800 y 1.000 euros al mes
Además, ha explicado que Enrique Crespo -alcalde de Manises y ex presidente de Emshi, imputado en la causa- llamaba "todos los meses" a su secretaría para que se pasase por la Alcaldía y recogiera notas valoradas entre 800 y 1.000 euros al mes. Luego, ésta iba a contabilidad de Emarsa, entregaba los tickets, y le devolvía a Crespo el dinero anotado.
No obstante, ha indicado que no sabe si todos los tickets y comidas se generaban por actividad de Emarsa o no. Respecto a su actuación, ha señalado que solía acudir a restaurantes unas cinco o seis veces al mes por "necesidad" de su trabajo. También ha aclarado que él nunca ha presentado dos veces el mismo ticket de una comida.
Otro de los puntos fuertes de la declaración de este miércoles ha sido las ayudas aportadas por Emarsa a la Asociación de Vecinos de Pinedo y a la Federación de Vecinos de Valencia. Cuesta ha comentado que se transferían por orden de Crespo.
A la letra 'A'
En total, según consta en los documentos, Emarsa abonó en febrero de 2005 un total de 2.000 euros a la Asociación Ayuntamiento Pinedo; en marzo 1.500 euros; en febrero de 2006 pagó 2.000 euros a la Asociación Cultural; en junio del mismo año otros 2.000 euros; en febrero de 2007 se contabilizó un pago de 2.000 euros a la letra mayúscula A; en marzo otros dos pagos de 1.500 y 1.000 euros a Asociación Cultural; y en julio de 2008 hay 3.000 euros a la misma asociación.
En abril de 2008 también se pagó 348 euros al Llibret de Fallas de Pinedo; otros 300 euros a la Falla Nou Campanar; 3.255 euros a la Banda M. Benimamet; y 3.000 euros por el concepto 'Benimamet Fiestas'.
Por otra parte, preguntado por el último imputado en la causa, el exedil del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Gimeno, ha señalado que firmó un contrato con él en el año 2004 por una duración de 12 años, pero que no fue negociado por él, sino por Crespo.
Preguntado en este sentido por la razón de por qué el contrato aparece encabezado por Crespo y luego no sale su firma, ha manifestado que fue su presidente quien lo negoció con Gimeno y luego le dijo que no hacía falta que lo firmara él
www.elmundo.es 09.11.11
31. C. VALENCIANA: BARBERÁ SE SIENTE AFECTADA POR EMARSA PERO NO TIRA A CUESTA
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, volvió ayer a escabullirse cuando los periodistas le preguntaron por qué no aparta de la dirección local del PP al exgerente de Emarsa -empresa de depuración de aguas de Valencia- Esteban Cuesta, imputado por malversación, estafa continuada y delitos societarios. Cuesta ha reconocido ante el juez buena parte de las irregularidades. La entidad de servicios del agua (Emshi), que controla el Ayuntamiento de Valencia, ha reclamado que se le imponga una fianza de 30 millones de euros, y fiscalía, que se le retire el pasaporte.
Los tres eventos contratados con el Instituto Nóos se celebraron
La regidora dice que todo es correcto y acorde con la ley
Lejos de apartarlo de su responsabilidad orgánica -Cuesta es presidente de los populares en los Poblados del Oeste-, Barberá escurre el bulto y repite que no puede hacer nada al respecto porque ella no forma parte de la dirección del PP de la ciudad.
"Tengo las mismas sensaciones que el resto de los ciudadanos" al conocer los detalles de la investigación sobre los delitos de estafa y malversación de caudales públicos cometidos en la empresa gestora de la depuradora de Pinedo, dijo ayer Barberá, para luego escudarse en que desde su posición no puede hacer nada.
"Le parecerá escandaloso, entonces", le insistió uno de los informadores, a lo que Barberá respondió repitiendo que tiene las mismas sensaciones que los ciudadanos.
Quien sí tiene cargos orgánicos en el PP de Valencia es su concejal delegado de Urbanismo, Jorge Bellver, que ayer acompañaba a la alcaldesa en un acto de campaña electoral. Preguntado al respecto, Bellver, secretario general del PP de Valencia, se mostró "respetuosísimo con la actuación de la justicia" y agregó que en la medida en que los jueces tomen decisiones, también lo hará el PP.
El portavoz socialista en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), Ramón Marí, consideró ayer que el PP se "hunde cada vez más" en el lodo de la depuradora de Pinedo, si no destituye de sus responsabilidades en este partido a los imputados en el caso Emarsa.
Marí destacó que cinco de los quince imputados hasta el momento por la presunta estafa y malversación de caudales públicos cometidos en esta empresa pública "están o han estado vinculados al PP", y que, "en algunos casos, todavía ostentan importantes responsabilidades públicas y orgánicas".
Por otro lado, la alcaldesa explicó también la relación de la fundación municipal Valencia Convention Bureau con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarín. Barberá confirmó que el Consistorio pagó a través de esta fundación 1,3 millones de euros entre 2004 y 2006 por la celebración de Valencia Summit, un certamen donde se analizaron las ventajas de las ciudades que acogen grandes eventos deportivos o culturales.
"Lo más importante es que las facturas se pagaron y que los eventos acordados en el convenio se celebraron", dijo la regidora. "Con toda corrección se firmó un convenio, que fue aprobado y conocido por los órganos de gobierno de Valencia Convention Bureau", insistió la alcaldesa, quien explicó que desde que aparecieron las primeras informaciones al respecto pidió todos los papeles.
Acerca de la posibilidad de que las facturas presentadas por el instituto de Urdangarín se hinchasen, la alcaldesa replicó que no podía decir más de lo que sabe. "Les gustará o no que se hayan celebrado [los certámenes de Valencia Summit], les parecerá ahora caro o no, pero esos eventos se realizaron", dijo.
Barberá aseguró, por otro lado, que toda la documentación se ha entregado al juzgado. "Hemos manifestado la máxima colaboración con la justicia", subrayó tras asegurar que no le consta ninguna otra colaboración con el instituto de Urdangarín.
www.elpais.es 11.11.11
32. C. VALENCIANA: EL PP SUSPENDE DE MILITANCIA AL EXGERENTE DE EMARSA
Esteban Cuesta está imputado por el saqueo de la sociedad pública de depuración de Valencia.- El concejal Jorge Bellver dijo ayer que el partido esperaría a que actuasen los tribunales
El secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Antonio Clemente, ha anunciado hoy que el partido ha suspendido cautelarmente de militancia a Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, imputado por la justicia por varios delitos relacionados con la gestión de la empresa de depuración de aguas. Pese al saqueo que se ha llevado a cabo en esta empresa pública, el PP ha mantenido a Cuesta como presidente del partido en la agrupación de Poblados del Oeste.
Según ha dicho Clemente, el partido defiende "la presunción de inocencia", pero ante unos "hecho objetivos" que el propio Cuesta ha reconocido, el Comité de Derechos y Garantías del PP valenciano ya ha abierto expediente.
El anuncio de Clemente se produce un día después de que la alcaldesa de Valencia eludiese esta decisión, alegando que carece de poder orgánico para hacerlo. Y después de que Jorge Bellver, concejal de Urbanismo de Valencia y secretario general del PP de la ciudad de Valencia, asegurase ayer que esperaría a que la justicia actuase antes de tomar ninguna medida contra Cuesta.
Enrique Crespo, también imputado en la causa por malversación de caudales públicos, estafa continuidad y delitos societarios, sigue siendo, por su parte, alcalde de Manises, vicepresidente de la Diputación de Valencia, sin que su partido, el PP, haya decidido apartarlo o suspenderlo de militancia.
www.elpais.es 11.11.11
33. C. VALENCIANA: PSPV Y EU LLEVAN A LAS CORTES LA SITUACIÓN DEL BANCO DE VALENCIA
Los socialistas preguntan por qué cree posible la intervención del FROB
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Toledo, y la síndica del grupo de Esquerra Unida, Marga Sanz, han reclamado la comparecencia del consejero de Economía, Enrique Verdeguer, en las Cortes Valencianas para que explique qué sabe sobre la situación del Banco de Valencia. La entidad financiera atraviesa una grave crisis desde que la inspección del Banco de España detectara un agujero de 800 millones de euros.
Enrique Verdeguer aseguró el pasado lunes en los pasillos del Parlamento autonómico que se contemplaban diversas salidas para "tratar de dar estabilidad [al Banco de Valencia] por el bien de los depositantes, inversores e impositores". El consejero reconoció que se encontraba en permanente contacto con Bankia y el Banco de España para dar con "una solución lo más apropiada posible" a los problemas de solvencia que atraviesa la entidad financiera valenciana "ya sea vía Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o mediante la incorporación de alguna otra entidad privada".
Estas declaraciones han motivado que Toledo se pregunte por qué Verdeguer "tiene tan claro que el FROB tendrá que cubrir el capital al que no llegue Bankia" y le exige que "comparta la información de la que disponga con los grupos que forman parte de la Cámara autonómica". El portavoz socialista señaló que los presidentes de la Generalitat del PP "llevan los últimos 16 años haciendo negocios con nuestras cajas y bancos y no han parado hasta que no han acabado con ellos".
En opinión de Toledo los populares que ahora preside Alberto Fabra son "los responsables del saqueo de las cajas y deben dar cuantas explicaciones sean necesarias". "Ya está bien", dijo el portavoz socialista, "de no asumir responsabilidades, agachar la cabeza y hacer como si el PP no tuviera nada que ver con la nefasta gestión que se ha hecho en las cajas".
En una línea similar se pronunció la síndica de Esquerra Unida (EU). Marga Sanz reclamó al Consell que explique la situación del Banco de Valencia y "cómo es posible que una entidad participada mayoritariamente por Bancaja tenga un agujero de centenares de millones de euros". El Gobierno valenciano, en opinión de Sanz, debe explicarse sobre lo que califica de "sospechosas maniobras" del expresidente de la entidad José Luis Olivas y del exconsejero delegado Domingo Parra.
"Los gestores colocados por el PP", concluyó Sanz, "han preferido inversiones peligrosas vinculadas al ladrillo en lugar de realizar las que promuevan el tejido productivo valenciano y que sirvan para ayudar a las familias. El PP se ha especializado en hundir entidades financieras".
Pons: "La culpa es del Gobierno"
Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, tiene declarado que la burbuja inmobiliaria tiene algo que ver con la situación en que se encuentra el Banco de Valencia. Esteban González Pons, número uno de la candidatura del PP por Valencia no entiende de matices. Él lo tiene muy claro: la culpa es del Gobierno, como no podía ser de otra manera después de que Mariano Rajoy cargara en el debe de los socialistas la burbuja.
Según González Pons, la situación del Banco de Valencia es consecuencia de la "inacción y la pereza" del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Tras reunirse con los colegios profesionales de Valencia, Pons reclamó al Gobierno "que se tome por fin en serio la regeneración del sistema financiero. Estamos pagando el precio por no haber hecho la reforma del sistema bancario durante los últimos cuatro años. Su consecuencia son algunos de los actuales sustos".
El candidato del PP por Valencia manifestó su esperanza de una pronta resolución "del asunto que afecta al Banco de Valencia" para, a renglón seguido, volver a cargar la mano contra sus adversarios políticos: "Lo que esperamos es que el Gobierno resuelva por fin la situación de dificultad por la que atraviesa el sistema financiero español, de modo que la gente, los empresarios y los profesionales vuelvan tener crédito".
De la politización y del control y uso político que ha hecho de las cajas el PP en la Comunidad Valenciana, ni palabra.
www.elpais.es 10.11.11
34. C. VALENCIANA: UN IMPUTADO EN BRUGAL VA AL JUZGADO NADA MÁS ORDENAR EL JUEZ SU ARRESTO
Había eludido dos citas sucesivas del juez para interrogarle como imputado. Sin embargo, apenas unos minutos después de conocer que el magistrado había firmado el auto para su busca y captura se personó en la sede judicial. El protagonista de esta peripecia judicial ha sido el empresario Francisco Artacho, cuñado del exedil Juan Roselló, del PP, y según la investigación, intermediario clave en la trama de la pieza del caso Brugal que investiga un soborno por la contrata de la basura del Ayuntamiento de Calp.
Ortiz vuelve hoy al juzgado por el supuesto soborno a Ripoll por la basura
Artacho se presentó en la mañana de ayer en el juzgado número 1 de Dénia nada más conocer que el magistrado había firmado la resolución ordenando a la Guardia Civil su arresto. Artacho había sido citado para la mañana del pasado viernes. Sin embargo, no compareció alegando motivos de salud. El magistrado, sobre la base del informe del forense, rechazó el argumento del empresario y lo conminó a presentarse en el juzgado. Era la segunda vez que el imputado desoía la llamada del juez.
El juez, según informó el Tribunal Superior de Justicia, tras verificar la identidad de Francisco Artacho, decretó su libertad provisional y lo citó para declarar como imputado el próximo día 15. El magistrado acordó dejar sin efecto la orden arresto.
La policía y el fiscal Anticorrupción sostienen que el industrial Ángel Fenoll se hizo con la contrata de planta de basuras de Calp merced a un soborno de 600.000 euros a políticos y técnicos del Ayuntamiento, en esa fecha gobernado por el PP. La investigación cree probado que Artacho era el intermediario del que se valió la trama para consumar el cohecho. En este sumario abierto por cohecho y tráfico de influencias hay 11 imputados, entre ellos, Javier Morató, exalcalde del PP de Calp.
Por otro lado, el empresario Rafael Gregori se negó en la mañana de ayer a declarar ante el juez, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, que instruye otra rama del caso Brugal, en este caso un supuesto soborno por la planta de basura de la comarca de La Vega Baja al líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por parte de los empresarios Fenoll y Enrique Ortiz.
Gregori, al que la investigación también considera como el intermediario clave de esta supuesta trama corrupta del caso Brugal, apenas permaneció en la oficina judicial por espacio de unos 40 minutos. A la salida del juzgado, se limitó a confirmar que se había negado a declarar.
De esta forma, Gregori se ha sumado a la estrategia de otros dos imputados, el industrial Fenoll y su hijo, que también se negaron a declarar alegando la posible ilegalidad de la prueba principal del sumario, las escuchas telefónicas. El propio instructor del caso anuló el pasado mes de junio parte de las escuchas. El fiscal Anticorrupción recurrió el auto a la Audiencia de Alicante, que todavía no se ha pronunciado.
Tras Gregori, el juez interrogará, en calidad de imputado, esta mañana al empresario Enrique Ortiz. El promotor, en unión con la firma Cespa, fue el adjudicatario de la contrata. La policía sostiene que Ortiz y Fenoll entregaron a Ripoll dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) a cambio de la contrata. Ortiz también está imputado en la pieza del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante.
El supuesto receptor de la millonaria dádiva por la contrata, José Joaquín Ripoll, está citado para el día 1 de diciembre.
www.elpais.es 08.11.11
35. C. VALENCIANA: EL INTERMEDIARIO CLAVE DEL 'CASO BRUGAL', DE NUEVO ANTE EL JUEZ
El titular de Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, retoma esta mañana la segunda tanda de interrogatorios a los arrestados el 6 de julio de 2010 por el supuesto soborno por la adjudicación de la planta de basuras del Plan Zonal de la Baja. Según la policía y el fiscal anticorrupción, el expresidente de la Diputación y actual titular de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, adjudicó el contrato a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico, que supuestamente le entregaron los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz.
Investiga un posible soborno a Ripoll por la basura de La Vega Baja
El magistrado tomará declaración hoy al empresario de automoción Rafael Gregori, considerado por la investigación como el intermediario clave de la trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo que trata de esclarecer el caso Brugal. Además de esta pieza, Gregori está también imputado en el sumario del supuesto amaño de la contrata de basura del Ayuntamiento de Orihuela y en otra pieza que investiga irregularidades en la financiación de la Fundación del Hércules CF.
Para la mañana del martes, el juez ha citado el promotor alicantino Enrique Ortiz. Éste en unión con la firma Cespa fue el adjudicatario de la planta de basuras del Plan Zonal de La Vega Baja. Ortiz, además, está imputado en otra rama del caso Brugal, que investiga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en favor de sus intereses del promotor.
Las citaciones de Gregori y Ortiz, se producen en una ronda iniciada por el industrial Angel Fenoll y su hijo, Antonio Angel, los pasados 25 y 26 de octubre. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar hasta que se resuelva la validez de las escuchas policiales.
Una vez que pasen por el juzgado Gregori y Ortiz, posteriormente deberán declarar el empresario Angel Luis Bracho, el día 30, el expresidente de la Diputación y aún líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, 1 de diciembre. Cerrará la tanda José Candel, empleado de Ortiz, el 5 del mismo mes.
www.elpais.es 07.11.11
36. C. VALENCIANA: ORTIZ NIEGA QUE RIPOLL PIDIERA PISOS O DINERO POR LA BASURA
El constructor exculpa al expresidente de la Diputación de Alicante de beneficiarle en la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja en un alegato ante el juez
El constructor Enrique Ortiz ha negado ante el juez de la rama del Brugal que investiga la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja que el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), le pidiera dinero o pisos para beneficiarle en el citado concurso.
Ortiz ha comparecido durante 40 minutos ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, y se ha limitado a leer un alegato después de rechazar contestar tanto a las preguntas del juez como del fiscal Anticorrupción y de las partes personadas.
Según ha relatado posteriormente a los periodistas uno de sus abogados, Alejandro Bas, en dicho discurso ha asegurado que es "absolutamente falso" que Ripoll, actual presidente del puerto de Alicante y del PP provincial, le pidiera "dos pisos o un millón de euros", como cree Anticorrupción.
También ha sostenido que Ripoll "jamás" le ha solicitado favor alguno "ni nada" y ha añadido que, por su parte, él tampoco le ha pedido beneficios ni le ha ofrecido nada.
En el alegato, el constructor ha negado todos los hechos delictivos que se le imputan y ha afirmado que la unión temporal de empresas (UTE) Cespa-Ortiz se hizo con la adjudicación del plan zonal de residuos porque "fue la oferta mejor valorada por todos los técnicos desde un principio", según ha dicho el letrado.Ortiz ha querido dejar claro que no ha adquirido la finca Las Pistolas, al parecer propiedad del también imputado Ángel Fenoll y donde se preveía situar la planta de tratamiento de residuos.
Sobre el supuesto intermediario en las operaciones, el empresario Rafael Gregory, que compareció ayer ante el mismo juez, ha indicado que nunca le ha pagado cantidad alguna por ningún asunto relacionado con el plan de residuos de la Vega Baja.Según el abogado de Ortiz, éste ha explicado al juez que desde el momento en que resultaron adjudicatarios del plan zonal eran conscientes de que la mayor parte de los municipios de la comarca eran "reacios" a albergar la planta de tratamiento por motivos políticos o de opinión pública.
Ha continuado que, por este motivo y para facilitar a la administración la ubicación del recinto, la UTE ofreció posibles lugares "en distintos sitios" de manera que la decisión fuera "menos problemática".
Ortiz, también imputado en otras ramas del Brugal, como la del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, es el cuarto imputado en declarar en la actual ronda de comparecencias dictadas por el juez de Orihuela.Sucede al industrial oriolano Ángel Fenoll, el hijo de éste, Antonio Ángel, y el supuesto intermediario Rafael Gregory, todos los cuales se acogieron a su derecho a no declarar hasta que se resuelva la posible anulación de las escuchas policiales que iniciaron el caso.
Tras él, comparecerá el empresario Ángel Luis Bracho (30 de noviembre), el citado Ripoll (1 de diciembre) y cerrará la ronda el empresario José Candel (el 5 de ese mes).En esta rama del Brugal, el juez San Martín investiga posibles irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja, que afecta a 27 municipios de distinto signo político situados al sur de la provincia.
A principios de julio de 2010, se detuvo a Ripoll, Ortiz y a nueve personas más en Orihuela, Alicante y Valencia, y se practicaron diversos registros, entre ellos en la casa y despacho del entonces presidente de la Diputación y aún líder provincial del PP.
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