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BÁJATE
EL RESUMEN DEL AÑO GURTELIANO 2010
ÍNDICE
CASO GÜRTEL: EL TSJM VUELVE A IMPUTAR AL ABOGADO DE CORREA Y EX CONSEJERO DE EL MUNDO POR SU PRESUNTA AYUDA EN EL BLANQUEO1) CASO GÜRTEL: CORREA GASTÓ EL DINERO DE LA VISITA DEL PAPA PARA ESPECULAR EN LA NUCIA
2) CASO GÜRTEL: EL TSJ RECHAZA EL RECURSO DE LUNA Y LO JUZGARÁ POR ENCUBRIMIENTO
3) CASO GÜRTEL: EL JUEZ BARREIRO ARREMETE CONTRA EL FISCAL POR SU TESIS "INCONSTITUCIONAL" EN GÜRTEL
4) CASO GÜRTEL: LA POLICÍA DESTAPA UNA RED PARALELA DE CONTRATAS IRREGULARES EN MADRID
5) CASO GÜRTEL: JORDÁN: "... EL DINERO QUE DIMOS A ALBERTO" CRESPO: "ESTO NO SE COMENTA POR 'E-MAIL"
6) CASO GÜRTEL: EL TSJM VUELVE A IMPUTAR AL ABOGADO DE CORREA Y EX CONSEJERO DE EL MUNDO POR SU PRESUNTA AYUDA EN EL BLANQUEO
7) CASO GÜRTEL: DETENIDOS POR FRAUDE EL ASESOR FISCAL DE CORREA Y SU SOCIO EN LA VISITA PAPAL
8) MARIANO RAJOY FRENTE A SU 'NINOT'
9) DÍAZ FERRÁN ACUMULA UNAS DEUDAS DE CASI 420 MILLONES
10) C.A ANDALUCIA: EL CONCEJAL DE URBANISMO DE MÁLAGA INTERVINO EN CONTRATOS ANÓMALOS
11) C.A ANDALUCIA: ESCÁNDALOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA DE DOS EN DOS
12) C.A BALEARES: PIDEN 8 AÑOS DE CÁRCEL PARA MATAS POR LOS PAGOS A ALEMANY
13) C.A GALICIA: EL PSOE DENUNCIA "FRAUDE" EN EL USO DE COCHE OFICIAL POR 47 CARGOS DE LA XUNTA
14) C.A GALICIA: BALTAR CONTRATA TEMPORALMENTE Y A DEDO A MÁS CARGOS DEL PP Y FAMILIARES SUYOS
15) C.A MADRID: UN JUEZ CONDENA A TELEMADRID A EMITIR UNA RÉPLICA DEL COMITÉ A TERTSCH
16) C.A MADRID: AGUIRRE INAUGURA UN ALA DEL CLÍNICO CON CUATRO PLANTAS AÚN EN OBRAS
17) C. VALENCIANA: FABRA Y CAMPS INAUGURAN EL AEROPUERTO SIN AVIONES
18) C. VALENCIANA: EL PP DE CASTELLÓN SE NIEGA A RETIRAR LOS HONORES A FRANCO
19) C. VALENCIANA: ZAPLANA CRITICA LA FALTA DE PLURALIDAD DEL PP VALENCIANO DE CAMPS
20) C. VALENCIANA: EU DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA LOS CONTRATOS DE CALATRAVA
21) C. VALENCIANA: CALATRAVA RECURRIÓ A CAMPS PARA COBRAR SU PROYECTO EN CASTELLÓN
22) C. VALENCIANA: EL CONSELL RECHAZA EXPLICAR CUÁNTO HA COBRADO CALATRAVA POR SUS PROYECTOS
23) C. VALENCIANA: EL JUEZ INTERROGA A TRES EDILES DEL PP IMPUTADOS EN BRUGAL
24) C.VALENCIANA: CORREOS SUSPENDE EL SERVICIO EN TODOS LOS JUZGADOS POR IMPAGO
25) C. VALENCIANA. EL PP VALENCIANO DENUNCIA A QUIENES SE MANIFIESTAN ESTE SÁBADO CONTRA LA CORRUPCIÓN
26) C. VALENCIANA. EL PP SUMA 5 SENTENCIAS POR VULNERAR LOS DERECHOS DE LOS DIPUTADOS
27) C.VALENCIANA: EL CAMPISMO ASALTA EL BASTIÓN RIPOLLISTA
28) C.VALENCIANA: REFRITO DE PROMESAS (INCUMPLIDAS)
29) C.VALENCIANA: LA CONEXIÓN DE CALATRAVA CON EL PP "SALTA A LA VISTA", DICE ESQUERRA UNIDA
30) C.VALENCIANA: EL CONSELL DICE AHORA QUE VELARÁ PARA QUE CALATRAVA CUMPLA
31) C.VALENCIANA: LAS NUEVAS ´PÍLDORAS´ DE RTVV
32) C.VALENCIANA: EL DBT ES UN CHOLLETE PARA SU PRESENTADORA
33) C.VALENCIANA: AMOR EXHIBE LA BAJA DE 82 MILITANTES EN BENIDORM PARA FORZAR SU FUTURO POLÍTICO
34) C.VALENCIANA: ENTREVISTA: MARINA ALBIOL DIPUTADA DE ESQUERRA UNIDA EN LAS CORTES VALENCIANAS
35) C.VALENCIANA: RIPOLL RETA A CAMPS Y SE AUTOPROCLAMA CANDIDATO
36) C.VALENCIANA: FABRA SE SUELTA EN EL ÚLTIMO TRAMO
37) C.VALENCIANA: EL FISCAL PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA FENOLL POR FRAUDE A HACIENDA
1) CASO GÜRTEL: CORREA GASTÓ EL DINERO DE LA VISITA DEL PAPA PARA ESPECULAR EN LA NUCIA
La policía considera acreditado que la trama corrupta del caso Gürtel destinó parte del dinero logrado con la visita del Papa a Valencia en 2006 a la compra de una finca en La Nucia (Alicante) con la que, una vez recalificada, pretendía obtener más de un millón de euros.
Así lo afirman los investigadores policiales en un informe, adelantado hace semanas por EL PAÍS, que explica que la trama pretendía realizar negocios inmobiliarios en La Nucia. Bien mediante la adquisición de este terreno para su posterior venta recalificado, o mediante la adquisición de participaciones del PAI (Programa de Actuación Integrada) Pie de Monte para ceder posteriormente el derecho urbanizador a otra sociedad de la red.
En concreto, el informe indica que la compra de esta parcela de secano de 12.000 metros cuadrados de terreno yermo estaba destinada a la especulación inmobiliaria.
El número dos de la red, Pablo Crespo, había calculado que el beneficio ascendería a 1.134.360 euros o a 1.890.600 euros, según la documentación incautada en 2009 en una caja de seguridad. No obstante, la operación no llegó a realizarse por la paralización de varios proyectos urbanísticos en La Nucia a causa de la falta de agua existente.
Cobertura para la red
El informe de la UDEF, fechado el pasado 2 de marzo y que ya está en poder del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, analiza también la "operativa de blanqueo" de capitales realizada con este negocio.
Así, como ya explicó este periódico, el informe confirma que la compra de la finca se financió con los fondos que Teconsa recibió de RTVV por retransmitir la visita del Papa. En concreto, 600.000 euros fueron entregados por Apogee Telecomunicaciones, SA, a través de una factura ficticia que Wild Electronics emitió a Teconsa, mientras otros 230.000 euros fueron entregados por medio de una factura que emitió Castaño Corporate a la misma sociedad. En la operación de la trama, Castaño Corporate -cuyo administrador único es Jacobo Gordon, también imputado en el
caso Gürtel- fue la que formalmente compró la finca por 756.240 euros y dio cobertura a la trama. Correa, que era amigo del alcalde de La Nucia, Bernabé Cano (PP) intentó especular con otros proyectos. En el PAI Pie de Monte, Correa intentó que la urbanización se le adjudicase a la constructora Begar de José Luis Ulibarri, otro de los imputados en el caso Gürtel.
www.elpais.es 23.03.11
2)CASO GÜRTEL: EL TSJ RECHAZA EL RECURSO DE LUNA Y LO JUZGARÁ POR ENCUBRIMIENTO
La sala desestima las apelaciones sin entrar en el fondo del asunto
Ángel Luna, portavoz parlamentario socialista, distinguido en los últimos dos años por denunciar la connivencia del Gobierno valenciano con la trama Gürtel, será paradójicamente el primero que se siente en el banquillo por unos hechos relacionados con el caso. El juez Juan Montero, tras una denuncia interpuesta por el PP, le abrió juicio oral el 11 de marzo por un supuesto delito de encubrimiento: obstaculizar la identificación de la persona que le hizo llegar un informe policial, que estaba bajo secreto de sumario, en el que se detallaba cómo la trama corrupta se embolsó tres millones de euros con la visita del Papa a Valencia en el año 2006 gracias a un contrato de la televisión pública valenciana, Canal 9. Luna esgrimió ese documento en un debate parlamentario con el presidente Francisco Camps el 24 de marzo de 2010 y siempre ha afirmado que le llegó de forma anónima.
El tipo de proceso impide analizar la consistencia de la acusación
La sala indica que los hechos pueden interpretarse de forma distinta
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestimó ayer, sin entrar en el fondo del asunto, las apelaciones que tanto el diputado como el ministerio público presentaron contra la previa decisión del magistrado de continuar el procedimiento. De ese modo, y dado que contra la apertura de juicio oral dictada por Montero no cabe recurso, Luna será juzgado probablemente en abril. La sentencia podría conocerse ese mismo mes o a principios de mayo.
El auto que rechaza las apelaciones, del que ha sido ponente el juez José Flors, el mismo que mantiene imputado a Camps por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio, subraya que dadas las características del procedimiento abreviado que se sigue contra Luna, la Sala Civil y Penal no podía entrar a analizar la fortaleza o debilidad de los indicios (pruebas no hay) de la acusación contra el portavoz socialista.
"Lo que no resulta posible al tribunal de apelación es realizar un examen directo del resultado de las diligencias practicadas para extraer unas propias conclusiones que sustituyan la valoración indiciaria de los hechos racionalmente realizada por el instructor por otra diferente que pudiera considerarse preferible", señala el auto.
"Se trata solo", prosigue, "de analizar si la imputación en la que se basa la decisión de continuar el procedimiento por los trámites de la preparación del juicio se halla razonablemente fundada". Tras su limitado examen, la sala considera que la conclusión de Montero "no es algo que se aparte completamente de la lógica, ni resulta absurda, irracional o arbitraria".En otro fragmento, referido al razonamiento realizado por el juez instructor, la sala señala: "Cierto es que, a partir de esos mismos antecedentes, interpretados de modo diferente, podría llegarse a una conclusión distinta, pero esa posibilidad no convierte, sin más en absurda o irrazonable, ni tampoco esencialmente imposible aquella otra alternativa (la de Montero); y ya hemos dicho al respecto que en el ámbito de este recurso no le es dado a este tribunal sustituir las valoraciones del magistrado instructor, salvo casos de manifiesta irracionalidad".
Es decir, ese es el grado de exigencia sobre la solidez de la acusación que se exige en esta fase del procedimiento. Pero la sala advierte que la exigencia en el juicio será superior: "No hay que olvidar tampoco que el Tribunal Supremo tiene declarado sobre este particular que el grado de certeza en la fijación de los datos del hecho y el de valoración de la tipicidad penal para garantizar la razonabilidad de la continuación del procedimiento, no es el mismo que se necesita para decidir, en el acto del juicio, sobre la condena (o) la absolución, en cuyo acto debe tomarse en consideración en todo caso el principio in dubio". El principio legal In dubio pro reo establece que en caso de duda, por ejemplo por no existir suficientes pruebas, debe fallarse a favor del acusado.
El apunte es importante al relacionarlo con lo que se ha aportado hasta ahora en el procedimiento. Y en concreto, con el hecho de que en la instrucción no figura ninguna prueba que desvirtúe la versión de Luna.
El relato de hechos es conocido. Hace ahora un año, en un debate en las Cortes con Camps, Luna mostró un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que explicaba cómo la trama Gürtel se había lucrado con la visita del Papa a través de un contrato de Canal 9. La televisión pública valenciana estaba dirigida entonces por Pedro García, estrecho colaborador de Camps y amigo íntimo de Álvaro Pérez, El Bigotes, que ejercía como delegado de la red corrupta en Valencia.
El contenido del informe había sido publicado meses antes en EL PAÍS y también en otros medios, pero se encontraba bajo secreto de sumario. El PP presentó una denuncia por revelación de secretos que el juez Montero archivó porque no había, dijo, nada que la sostuviera. El magistrado decidió seguir la investigación, sin embargo, por un supuesto delito de encubrimiento. La actuación del portavoz socialista, consideró el juez, impedía averiguar quién había efectuado la filtración.
La versión de Luna también es conocida. Afirma que encontró el informe en un sobre sin remitente en la mesa de su despacho en las Cortes; que en el momento en el que lo mostró no sabía que estaba bajo secreto de sumario; y que después de enseñarlo se despreocupó de él porque, tras ser aceptada su personación como acusación en el caso Gürtel, el 7 de mayo de 2010, pasó a tener acceso informático a todo el sumario. Por ello, agregó, cuando Montero le reclamó el documento, el 20 de diciembre, hacía tiempo que se había despreocupado de él.
A pesar de que en el procedimiento el PP no ha aportado ninguna prueba contra esa versión, Montero consideró que el socialista sí sabía que el informe era secreto o lo supo poco después; que era consciente de que quien se lo hizo llegar había cometido un delito (o que en cualquier caso alguien lo cometió en su momento); que su explicación de cómo lo recibió no es razonable; y tiene el documento pero no lo quiere entregar, y por tanto lo está ocultando.
Un razonamiento al que llegó, básicamente, con un indicio: Luna indagó, antes de declarar ante Montero, si los sobres que llegan a las Cortes pasan siempre por registro de entrada. Según Luna, lo hizo para tener la máxima información para responder ante el juez. A Montero, en cambio, le resultó lo bastante sospechoso como para enviarlo al banquillo.
www.elpais.es 25.03.11
3)CASO GÜRTEL: EL JUEZ BARREIRO ARREMETE CONTRA EL FISCAL POR SU TESIS "INCONSTITUCIONAL" EN GÜRTEL
El juez Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa abierta al juez Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo por las escuchas en prisión a cabecillas del caso Gürtel, ha acusado en un auto al ministerio fiscal de mantener una "tesis inconstitucional" en la causa matriz que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el juez Antonio Pedreira. Barreiro califica como "inconstitucional" la tesis de que "en un Estado de derecho son válidas y han de producir efectos procesales las escuchas realizadas en locutorios penitenciarios mediante la instalación de micrófonos para grabar las conversaciones de los presos con los letrados, aunque contra estos no concurra indicio delictivo alguno".
Según fuentes fiscales, no es habitual que un juez, aunque sea del Supremo, arremeta contra la labor de la fiscalía en un procedimiento que no es el suyo y que instruye otro magistrado. Dichas fuentes indicaron que la descalificación de Barreiro, aunque aparentemente dirigida a la Fiscalía Anticorrupción, que es la que actúa en el proceso matriz de la trama Gürtel, alcanzaría también al juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira -que prorrogó las escuchas de Garzón-, al magistrado José Manuel Suárez Robledano, que firmó un voto particular en apoyo de esa "tesis" y por extensión, al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, responsable último del ministerio fiscal.
En el auto, Barreiro deniega una vez más la prueba solicitada por Garzón, consistente en que se le dé traslado de los apartados de las conversaciones excluidas de la causa por afectar al "derecho a la intimidad" de Pablo Crespo, el lugarteniente del principal cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa.
Barreiro considera que las frases declaradas secretas que pide la defensa de Garzón "carecen de relevancia" para el objeto del proceso, pero con el fin de que no se entienda que se le priva de una diligencia que en su día se le admitió, concede a Garzón un plazo de tres días para que pueda escuchar en la secretaría las frases declaradas secretas y formular alegaciones.
www.elpais.es 23.03.11
4)CASO GÜRTEL: LA POLICÍA DESTAPA UNA RED PARALELA DE CONTRATAS IRREGULARES EN MADRID
El exconsejero López Viejo otorgó concesiones a una empresa ajena a Correa.- "Pillé a López Viejo dándole trabajo a otro; dice que se lo pidió la presidenta"
Una empresa constituida en enero de 2006, Ilusiona Comunicación, entró solo unos meses después en el reparto supuestamente ilegal de contratos por cientos de miles de euros para la organización de actos institucionales de la Comunidad de Madrid en los que participaba la presidenta Esperanza Aguirre.
El cerebro político de esta trama corrupta, según la investigación del caso Gürtel, era Alberto López Viejo, exconsejero de Aguirre y encargado por orden de la presidenta de organizar todos sus eventos.
Durante la primera mitad del primer mandato de Aguirre (2003-2007), la mayoría de los actos fueron encargados por López Viejo, aunque no tuviera responsabilidad ni mando sobre la consejería que los convocaba, a empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.
A partir de 2006, la cosa cambió un poco, según el último informe policial fechado el pasado 2 de marzo de 2011 e incorporado al sumario del caso Gürtel, donde se hacen públicos los correos electrónicos que se cruzaban entre sí los directivos de la red Gürtel para tratar las incidencias en la actividad de sus empresas.
En mayo de 2006, los responsables de la trama corrupta estaban preocupados porque López Viejo había diversificado el reparto de actos institucionales de la presidenta y, por tanto, de un negocio que podía alcanzar varios millones de euros al año.
Isabel Jordán, directiva de Easy Concept, la empresa de la red Gürtel encargada de los actos de Aguirre, escribe a su jefe, Pablo Crespo, número dos de la trama para trasladarle algunos motivos de preocupación respecto a una firma que organiza actos para Aguirre: "He hablado con Alberto [supuestamente López Viejo] de la empresa Ilusiona y, según él, no son muy amigos. Los conoce pero que nosotros vamos a seguir haciendo los trabajos, solo que facturamos a través de ellos. Ya son cuatro actos que hemos hecho con ellos".
Jordán se refiere, y la cita por su nombre en el correo electrónico, a la empresa Ilusiona, que por entonces tenía como administrador único a Javier Fernández Verea, vinculado a un amigo de López Viejo y propietario de la discoteca Gabana, según la investigación.
Entre la documentación incautada a la trama corrupta figuran 23 trabajos por actos institucionales de la presidenta de la Comunidad de Madrid entre abril y julio de 2006 por 345.190 euros facturados a nombre de Ilusiona. Esos trabajos los hacía en realidad la empresa Servimadrid Integral, perteneciente a la trama corrupta, pero los facturaba Ilusiona, según la documentación que aporta en su informe la policía.
En junio de 2006, la desconfianza de la trama corrupta en López Viejo había aumentado. Isabel Jordán remite entonces otro correo electrónico a Pablo Crespo: "Este señor (en referencia supuestamente al exconsejero autonómico Alberto López Viejo) está haciendo cosas raras. Le he pillado dándole trabajo a una empresa que se llama Ilusiona para la cual nosotros trabajamos. Según él, ha sido la presidenta [Esperanza Aguirre] quien le ha pedido que le dé trabajo, pero yo me he informado a través de cierto alcalde, que este chico es amigo de él... A nosotros nos sigue dando trabajos pero está diversificando, porque todo el mundo habla de él y de sus chanchullos (...)".
www.elpais.es 23.03.11
5)CASO GÜRTEL: JORDÁN: "... EL DINERO QUE DIMOS A ALBERTO" CRESPO: "ESTO NO SE COMENTA POR 'E-MAIL"
Isabel Jordán, directiva de Easy Concept, la empresa de la trama Gürtel que organizaba todos los actos institucionales presididos por Esperanza Aguirre entre 2004 y 2006, tenía contactos con Alberto López Viejo, el consejero del Gobierno regional que le adjudicaba a dedo la mayoría de los contratos de la Comunidad de Madrid.
De esta relación con el consejero daba cuenta Jordán a su jefe Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego y lugarteniente de Francisco Correa.
En uno de los correos electrónicos que envía Jordán a Crespo y que este responde, se produce un curioso intercambio de informaciones en base a tres de los seis puntos que abordan en la siguiente conversación.
Isabel Jordán. (...) "2. Las facturas de José Luis, le dije a Javier que hablaría contigo para comentar lo de las facturas porque no sabía que era para no pagar tantos impuestos".
"4. Cuando hicimos cuentas pusimos el dinero que le habíamos dado a Alberto López Viejo, pero lo hicimos desde el año 2004".
"6. También te mando documento que me ha remitido Alberto López Viejo sobre la Asamblea de Madrid".
Pablo Crespo. "(...) 2. Sin comentarios. No obstante, creo que estos temas no se deben comentar por e-mail (todavía menos que por teléfono)".
"4. ¿Quién es Alberto López Viejo? No le conozco".
"6. Sigo sin saber quién es ese señor".
www.elpais.es 23.03.11
6)
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a imputar a Manuel Delgado Solís, el principal abogado de Francisco Correa al que Baltasar Garzón realizó grabaciones durante su investigación del caso Gürtel, y al también letrado José Antonio López Rubal. Dichas grabaciones fueron anuladas ya que Delgado alegó que sus conversaciones con Don Vito se debían a asuntos relacionados con su defensa y no con fines delictivos, como aseguraba el magistrado. Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal anula ahora en un auto el sobreseimiento de su causa al entender que el trabajo de Delgado y Rubal era ayudar a Correa a esconder sus ingresos ilícitos y sus actos tienen "apariencia delictiva". Esto demuestra que Garzón no andaba mal encaminado y que la furibunda campaña del diario El Mundo contra el magistrado podría estar más relacionada con el hecho de que Delgado Solís fuese consejero del periódico de Pedro J. Ramírez durante cinco años.
Los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM tienen ahora claro que Manuel Delgado Solís, el abogado de Francisco Correa, dedicaba su trabajo a más cosas que asesorar a Don Vito en su defensa. Los jueces creen que hay muchos "hechos de apariencia delictiva" que confirmarían las sospechas de la Fiscalía de que Delgado se dedicaba a diseñar estrategias para ocultar el origen y la propiedad del dinero de Correa.
El contratador
En el auto, los jueces citan bastantes de esos hechos que podrían incurrir en delito y que evidencian la relación entre Correa y Delgado. Fue este abogado quien puso a Antoine Sánchez, el primo de Correa, de testaferro en sus empresas, y también quien contrató a su nuevo contable, Christian Rodríguez. No es algo que se sólo desprenda de las escuchas, sino que ambos confesaron en sus interrogatorios que fue Delgado quien les llamó.
Los viajes de Delgado a Panamá
El magistrado también asegura que Delgado fue quien viajó junto a Pablo Crespo (número dos de la trama Gürtel) quien viajó a países como Panamá o Argentina para conseguirle a Correa la residencia en esos países con carácter retroactivo, y así poder evadir a Hacienda. También fue el encargado de cambiar el domicilio de algunas de sus empresas después de que la Policía registrase el despacho Blanco Guillamot, donde estaban localizadas antes. Además, el tribunal asegura que ambos imputados intentaron que se les pagase sus servicios a sabiendas de que los bienes de Correa estaban congelados.
www.elplural.com 23.03.11
7)CASO GÜRTEL: DETENIDOS POR FRAUDE EL ASESOR FISCAL DE CORREA Y SU SOCIO EN LA VISITA PAPAL
Están acusados de defraudar 3,2 millones mediante contrabando en Galicia
José Luis Martínez Parra, dueño de Teconsa; y José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol, fueron detenidos esta semana en Madrid en una operación de la Agencia Tributaria contra el fraude fiscal. Ambos están implicados presuntamente en el caso Gürtel, aunque esta redada no está relacionada con la trama corrupta.
Martínez Parra y Blanco Balín eran parte de la red de Francisco Correa
Según la investigación judicial del caso Gürtel, Martínez Parra se asoció presuntamente con el cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, para hacerse con un contrato multimillonario de la televisión pública valenciana durante la visita del Papa a la ciudad mediterránea. Blanco Balín, por su parte, montó sociedades en el extranjero con las que Correa blanqueaba dinero de sus actividades ilícitas en España, según el sumario del caso.
En la operación policial de esta semana también fueron arrestados otro directivo, Juan Jesús Pérez Sanmarco, y un operario de la presunta trama de contrabando, Fernando Fernández Fernández, según han informado fuentes de la investigación. Los cuatro detenidos quedaron en libertad con cargos tras declarar en el Juzgado de Instrucción número tres de Ferrol, que instruye la causa bajo secreto sumarial.
La supuesta red de contrabando escamoteó a Hacienda entre 2008 y 2009 más de 3,2 millones de euros, importando material de construcción a través de una cementera sin abonar los correspondientes impuestos y aranceles.
Introducía presuntamente en España miles de toneladas de clínker -un componente del cemento- desde China a través del puerto de Ferrol, saltándose sistemáticamente la aduana y usando como pantalla a la firma Gallega de Molienda Clínker, SL.
Esta cementera, presidida por Blanco Balín, pertenece al grupo de José Martínez Núñez. La mercancía se almacenaba temporalmente en una nave industrial en la dársena de Caneliñas, que funcionaba como un depósito aduanero privado, libre de impuestos hasta que se introdujese en el mercado. Aprovechando el trasiego de las obras de ampliación de la rada, la trama esquivó los controles y trasladó el material fuera de allí en camiones.
www.elpais.es 19.03.11
8) MARIANO RAJOY FRENTE A SU 'NINOT'
El líder nacional del PP se exhibe con Camps en Valencia por Fallas, tras un año sin asistir a un acto político en la ciudad, y recibe vivas y abucheos
Había mucha expectación por ver juntos al líder nacional del PP, Mariano Rajoy, con el presidente valenciano, Francisco Camps. Sobre todo después de las dudas de la cúpula popular sobre si ratificarlo como candidato a la presidencia de la Generalitat debido a su comprometida situación judicial -Camps está imputado por recibir supuestamente trajes y otros regalos de la trama Gürtel-. Ese es uno de los motivos por los que Rajoy llevaba un año sin participar en un acto de partido en Valencia. Ayer se fotografiaron juntos durante su visita a la falla ganadora de este año, convento Jerusalén-Matemático Marzal, y después en el balcón del Ayuntamiento, desde donde presenciaron la tradicional y ensordecedora mascletà. Camps buscó una y otra vez la complicidad de un Rajoy distante, que guardó en todo momento la distancia.
El presidente regional buscó la complicidad de su distante compañero
Los socialistas piden a la cúpula que por "decencia" sustituya al valenciano
El presidente valenciano acudió a la cita con Rajoy convaleciente de una dolencia que lo mantiene apartado de sus responsabilidades oficiales desde principios de semana. Según explicó ayer la portavoz del Gobierno valenciano, Camps sufre una hernia discal "con dolor agudo y reducción importante de la movilidad", por lo que anteayer tuvo que someterse a una infiltración en un hospital público valenciano.
Camps abandonó su domicilio escoltado por dos consejeros de su Gobierno para recibir a Rajoy en la estación del AVE. La comitiva popular llegó a la falla a pie y entre tímidos aplausos. Rodeado de decenas de cámaras, periodistas y curiosos, Rajoy iba acompañado de Camps; la alcaldesa, Rita Barberá; la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho; y otros altos cargos populares.
Rajoy tuvo la oportunidad de verse en la falla en forma de ninot. Junto a los muñecos del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y del estadounidense, Barack Obama, el líder del PP aparecía en esta representación enjaulado y catalogado como un "pájaro de mal agüero".
El cartel decía: "Pájaro de mal agüero (Rajoyeris Inutilus). Especimen especializado en señalar cataclismos, desastres, debacles, etc, con un comportamiento peculiar. Culpa a los demás, deja su excremento y desaparece".
Sin embargo, cuando el líder del PP se acercó a la falla el texto satírico había desaparecido. "Lo han robado", fue la explicación del senador del PP y miembro de la falla Pedro Agramunt.
Camps optó por retirarse discretamente de la comitiva y dirigirse en coche al Consistorio, a escasos 500 metros de la falla ganadora. Los demás recorrieron esta distancia a pie. Rajoy escuchó entonces de todo: desde los gritos de apoyo ("¡presidente, presidente!") de unos simpatizantes de Castilla-La Mancha de visita, hasta abucheos y pitidos. Se hizo fotos con niños, falleros y curiosos en general. Incluso se coló en una peluquería y pilló por sorpresa a varias clientas.
También pudo escuchar las críticas y pitidos de la asociación de padres y madres por la custodia compartida, que critican a los populares valencianos por no haber aprobado una ley prometida en el Parlamento valenciano.
Ya en el balcón consistorial, el líder del PP observó el espectáculo pirotécnico junto a Camps, colocado en segunda fila, tras las falleras mayores y la alcaldesa. El presidente valenciano evitó acercarse a la garita reservada a los medios de comunicación, y Rajoy se limitó a comentar la decisión de Naciones Unidas de autorizar una intervención militar contra el régimen libio.
No hubo turno de preguntas, de modo que el caso Gürtel de corrupción volvió a quedarse en el tintero. El líder popular evitó pronunciarse sobre las consecuencias judiciales que podría tener para el presidente valenciano si al final se le abre juicio oral por el asunto de los trajes, por el que el juez le imputa un supuesto delito de cohecho pasivo. Si Camps se sentase en el banquillo por haber recibido supuestamente regalos de la trama corrupta ¿debería dimitir o replantearse su candidatura a la presidencia de la Generalitat? Hasta ahora, Rajoy calificaba de inimaginable este escenario.
Desde la oposición, el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, emplazó a Rajoy a cambiar a su candidato "si le queda algo de decencia".
9) DÍAZ FERRÁN ACUMULA UNAS DEUDAS DE CASI 420 MILLONES
El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán soporta unas deudas de 419,4 millones de euros, frente a unos activos de 5,66 millones, según los datos de los administradores concursales que gestionan su proceso de insolvencia, tal como se desprende de los documentos aportados por el empresario a sus acreedores.
Además del grupo empresarial que fundó, Marsans, el propio empresario fue declarado en concurso de acreedores el pasado noviembre en el juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid. Fuentes jurídicas señalan que la mayor parte de esas deudas, 398,6 millones, provienen de las fianzas solidarias y avales que prestó como garantía de que Marsans pagaría lo que debía a banca, proveedores y trabajadores.
El valor de los bienes que reconoció Díaz Ferrán sorprendió a muchos de sus acreedores, que critican el elevado nivel de vida del que sigue disfrutando el eempresario pese a su estado de insolvencia.
Su socio en Marsans, Gonzalo Pascual, reconoció que debía a sus acreedores 265,8 millones, que no podía cubrir con sus bienes, valorados en 30,39 millones.
www.elpais.es 21.03.11
10) C.A ANDALUCIA: EL CONCEJAL DE URBANISMO DE MÁLAGA INTERVINO EN CONTRATOS ANÓMALOS
El concejal de Urbanismo de Málaga, Manuel Díaz, tuvo una intervención directa en algunos contratos anómalos de obras en el distrito de Cruz de Humilladero cuando era director de éste en los años 2005 y 2006, antes de ser elegido edil. Díaz invitó a tres empresas que tenían relación societaria entre si a participar en dos procedimientos negociados de obra menor, con lo que se aparentaba que se dirigía a firmas distintas y había concurrencia.
El diario La Opinión de Málaga informó ayer de que entre los años 2003 y 2008 la concejal de Sostenibilidad y Servicios, Teresa Porras, cometió estas anomalías en las diversas áreas en las que tuvo responsabilidad. La ley determina que en el procedimiento negociado hay que dirigirse a tres empresas diferentes para que presenten ofertas, y según la información la edil lo hizo en muchas ocasiones a sociedades aparentemente distintas pero que en realidad pertenecían al mismo propietario. Esto dejó de ocurrir en 2009, cuando saltó a la luz pública esta misma práctica en el área de Turismo y el Ayuntamiento cambió los procedimientos.
Díaz, como director de distrito, invitó a un procedimiento para adjudicar obras de reparación en un colegio a la constructora Hexa, a una sociedad de la que es propietaria, Prayz, y a una tercera, Promargo, administrada por uno de los propietarios de la primera. El PP hizo público antes de ayer que Díaz no irá en la lista del PP tras verse implicado en algunas irregularidades por una licencia de obras en su vivienda y adjudicación de una piscina. El alcalde negó ayer que existan irregularidades porque los contratos menores se pueden adjudicar directamente.
www.elpais.es 24.03.11
11) C.A ANDALUCIA: ESCÁNDALOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA DE DOS EN DOS
No hay tregua para el alcalde popular de Málaga. Los escándalos surgidos casi a diario al final de legislatura le garantizan una campaña muy agria. No es sólo la oposición la que le amarga la existencia diaria, son los propios medios de comunicación los que afloran escándalo tras escándalo en el Ayuntamiento que dirige o descontrola, según se mire. Acaba de conocerse que el caso Piscinas se llevaba para adelante la carrera política del edil de Urbanismo, cuando hoy mismo se conoce que otra concejala del PP adjudicó entre 2003 y 2008 contratos ofrecidos exclusivamente a empresas de un mismo dueño o de familiares. Las sociedades presentaban la oferta el mismo día, con el mismo tipo de letra, presentación, ordenador y correo y se entregaban por la misma persona. La valoración inicial de estas contrataciones alcanzan los 700.000 euros, aunque se cree que es superior.
Según publica hoy en exclusiva "La Opinión de Málaga", la concejala de Sostenibilidad y Servicios del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, -foto inferior- ha adjudicado durante los últimos años decenas de contratos de obra menor a través de procedimientos irregulares, lo que ha permitido que un grupo de empresas con vínculos legales y familiares entre sí se beneficien de numerosas adjudicaciones al ser estas sociedades las únicas a las que se invitaba a presentarse a dichos concursos, según la documentación a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.
Decenas de contratos por valor de 700.000 euros
Entre los años 2003 y 2008, las distintas áreas que son responsabilidad de la concejala Porras firmaron decenas de contratos menores por un valor total cercano a los 700.000 euros, vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público, según la documentación oficial de la que dispone este periódico.
Modus operandi similar
La práctica era similar en casi todos los casos. La mayoría son contratos menores que, según la Ley de Contratos del Sector Público, se pueden adjudicar a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria, es decir, que pueden ser adjudicados directamente.
Falsa apariencia de procedimiento negociado
Resulta llamativo que en todos los casos analizados la concejala Teresa Porras ponía en marcha voluntariamente un procedimiento negociado, en el que la ley exige la invitación a tres empresas para que compitan por la oferta y evitar que los contratos menores se adjudiquen siempre a las mismas empresas. Sin embargo, en la mayoría de los contratos analizados por este periódico, sólo se ofrece la falsa apariencia de que se respeta la libertad de acceso a los contratos, ya que las tres empresas a las que el Ayuntamiento solicitaba ofertas pertenecen a los mismos propietarios o accionistas o tienen vinculación familiar entre ellos.
Cinco años de contrataciones irregulares
Los procedimientos irregulares se han producido durante cinco años en casi todas las áreas que dirige la concejala: Servicios Operativos, Parques y Jardines, Playas y distrito de Carretera de Cádiz. Esta forma de actuar se mantuvo por parte de la concejala hasta 2009, año en el que el Ayuntamiento de Málaga decretó controles más exigentes para los contratos menores o negociados a raíz de que La Opinión de Málaga revelara que el área de Turismo había adjudicado dos contratos tras un procedimiento similar donde sólo se había llamado a tres empresas de un mismo propietario.
Algunos ejemplos
Este patrón de actuación se repite, por tanto, en otra concejalía de Ayuntamiento de Málaga. Así, por ejemplo, en 2005 se abre un procedimiento para realizar obras de reparación en los colegios Intelhorce, Los Prados, Pablo Neruda, San Rafael y Giner de los Ríos, del distrito de Cruz de Humilladero, por un importe de 30.050 euros.
Mismos fax, mail ordenador y tipo de letra
Porras pide ofertas a tres empresas: Excavaciones El Copo, Floragreen y Hermano Peral Henares, que están vinculadas entre sí. Las dos primeras son de un mismo dueño y en la tercera hay relación familiar. Además, el formato de presentación de las tres ofertas es idéntico, realizado en el mismo ordenador, con el mismo tipo de letra, la misma presentación, el mismo acabado y las tres llevan casualmente la misma fecha, el 7 de junio. Además, las tres ofertas las entrega en la junta de distrito una misma persona y los envíos posteriores de documentación se hacen desde un mismo fax o mail. La obra se adjudica a El Copo.
Tres empresas, siempre juntas
Se da la circunstancia de que estas tres empresas se presentan siempre juntas en los concursos municipales del área de Porras y con el mismo patrón: igual formato en la presentación, el mismo ordenador, tipo de letra...
Otro ejemplo
En 2006 se plantean obras de conservación y mantenimiento en la barriada de Teatinos por 30.050 euros. Se piden tres ofertas a Hexa, Promargo 69 y Prayz. Las tres empresas están unidas jurídicamente, ya que Hexa es accionista mayoritario de las otras dos: Promargo y Prayz. Hexa tiene la mayoría en Prayz con el 47,5% del accionariado. La adjudicación es para Hexa. Son sólo dos ejemplos de las decenas de contrataciones de obras menores que se adjudicaron de forma irregular desde las áreas municipales que dirige Porras. Junto a ellas hay una extensa lista de sociedades que se han beneficiado de esta práctica durante años y cuya suma como mínimo supone más de 700.000 euros.
www.elplural.com 23.03.11
12) C.A BALEARES: PIDEN 8 AÑOS DE CÁRCEL PARA MATAS POR LOS PAGOS A ALEMANY
Matas habría pagado de forma encubierta 4.500 euros mensuales al periodista por escribirle los discursos
El expresidente del Govern balear Jaume Matas (PP) se enfrenta a la petición del fiscal de 8 años y medio de cárcel en el primer juicio que se celebrará del "caso Palma Arena", después de que el juez haya decretado su apertura por los pagos supuestamente fraudulentos al periodista que le escribía los discursos.
En su escrito de acusación presentado hoy, la Fiscalía Anticorrupción considera a Matas responsable de los delitos de malversación, falsedad en documento oficial, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la Administración.
Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau también piden para Matas 15 años de inhabilitación absoluta por los cuatro primeros delitos y 8 años de inhabilitación para cargo público por el quinto de ellos.
En esta pieza se investiga el pago supuestamente encubierto del Govern al periodista Antonio Alemany de unos 4.500 euros mensuales por escribir los discursos de Matas, así como una subvención de 450.000 euros que recibió del Ejecutivo para poner en marcha una agencia de noticias y un contrato de 11.500 euros por elaborar unos reportajes deportivos que supuestamente no hizo.
Estos son los tres aspectos en torno a Alemany que se enmarcan dentro de esta pieza, la primera de las alrededor de 25 en las que está dividido el "caso Palma Arena" de supuesta corrupción durante la pasada legislatura autonómica del PP.
En total, los fiscales acusan a Matas, Alemany -para quien pide 5 años y medio de cárcel- y otras cuatro personas de concertarse para beneficiar al periodista con fondos públicos por valor de 483.186 euros.
En esta pieza también están imputados la que fue directora de gabinete de Matas, Dulce Linares; la ex directora general de la televisión autonómica IB3, María Umbert, que también fue jefa de gabinete de Matas; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero, y el ex director general de Comunicación del Ejecutivo Joan Martorell.
Para Linares, defendida por Carlos Barceló, los fiscales reclaman 1 año y medio de cárcel; para Umbert, 9 meses de prisión; para Romero, 4 años y medio, y para Martorell, 2 años.
Desprecio por las normas
Sostienen que los acusados se concertaron para malversar
este dinero en favor de Alemany "con desprecio total de las normas
administrativas y legales de contratación pública y de subvenciones
públicas" y con documentos oficiales de contenido "absolutamente inveraz".
El escrito narra que al comienzo del pasado mandato, en 2003, Matas y
Alemany llegaron a un acuerdo para que el Govern pagara al periodista por
escribir sus discursos ocultando que era él quien lo hacía, dado que ello
supondría "una interferencia en su trabajo como articulista en determinados
medios".
"Esta conducta -afirman los fiscales- la mantuvo durante toda la legislatura 2003-2007 compatibilizando la redacción de los discursos e intervenciones públicas del presidente del Govern con la crítica periodística favorable de los mismos".
Para ocultar el pago del Govern a Alemany, Matas pidió a Romero que su agencia de comunicación sirviera de "tapadera", a lo que el empresario accedió "ante las expectativas de obtener mayor contratación pública".
Acusan asimismo a Matas, defendido por Rafael Perera, y al resto de implicados de que el Govern otorgara una subvención de casi 450.000 euros de manera también encubierta a Alemany para poner en marcha una agencia de noticias, cuando lo que realmente pretendía el periodista era crear un periódico digital que alabara la gestión del expresidente balear.
Para ello, Alemany puso a un sobrino como administrador de la empresa que recibió la subvención, de la que finalmente Alemany cobró 272.000 euros, ya que el resto de pagos los suspendió el nuevo Ejecutivo tras las elecciones de 2007.
Además de la Fiscalía, la acusación de la Comunidad Autónoma ha reclamado para Matas 8 años de prisión, así como 7 años y medio para Alemany, 9 meses para Umbert, 4 años y medio para Romero, 2 años para Martorell y 1 año y medio para Linares.
Después de que los fiscales y la acusación hayan presentado sus escritos, el juez instructor, José Castro, ha dictado el auto de apertura de juicio oral, al entender que "existen racionales indicios contra los acusados".
www.levante-ev.com 25.03.11
13)
C.A GALICIA: EL PSOE DENUNCIA "FRAUDE" EN EL USO DE COCHE OFICIAL POR 47 CARGOS DE LA XUNTAPresidencia niega la utilización particular de los vehículos de servicio
El PSdeG reavivó ayer una polémica que comienza a convertirse en crónica en Galicia: la del uso de los coches oficiales de la Xunta. La supuesta proliferación de audis con el bipartito, denuncias sobre el uso del coche oficial por una conselleira socialista para ir a la peluquería, el dudoso negocio con el parque móvil realizado por el Gobierno de Feijóo y, ahora, el presunto uso "fraudulento" de los vehículos de libre designación de la Administración autonómica. Según denunció el portavoz del área institucional del PSdeG en el Parlamento, José Manuel Lage, al menos 47 cargos de la Xunta de cinco consellerías distintas utilizan el parque móvil oficial "para fines privados" de forma irregular, por lo que ha solicitado explicaciones en el Parlamento al conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda.
Lage asegura que el parque móvil se utiliza para fines privados
La Xunta sostiene que el gasto en dos años se ha reducido en 1,3 millones
Rueda es el máximo responsable del parque móvil de la Xunta en su condición de conselleiro de Presidencia, pero también uno de los instigadores de la campaña del PP por el uso de los coches oficiales que estalló en las manos del bipartito de Emilio Pérez Touriño en vísperas de las elecciones de 2009. Lage aseguró que la utilización que denuncia "puede estar tipificada como delito". Presidencia respondió a las acusaciones del PSdeG con un comunicado en el que sostiene que los 279 vehículos "de servicio", es decir, los que no son para el transporte de altos cargos, "en ningún caso se usan para fines particulares". Del resto, los oficiales, afirma que su número se ha reducido de 143 a 84 en esta legislatura.
La normativa que regula este tipo de coches reserva su utilización para conselleiros, directores generales y secretarios generales. De acuerdo con la denuncia de los socialistas, en la Xunta de Feijóo hacen uso de ellos cargos de libre designación como subdirectores, vicesecretarios y jefes de servicio, que solo pueden desplazarse en ellos si obtienen un permiso especial.
"Se está creando una casta de privilegiados que usan los vehículos en situación fraudulenta", acusó Lage, que citó varios casos que afectan a la Consellería de Sanidade. Se trata del subdirector general de Promoción de Estilos de Vida Saúdables, de la subdirectora general de Réxime Administrativo, de la de Saúde Pública y del vicesecretario general. Las otras cuatro consellerías implicadas por el PSdeG son las de Medio Rural; Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas; Presidencia (a través de la Escola Galega de Administracións Públicas) y Mar (Portos de Galicia).
El diputado socialista ilustró sus acusaciones con fotos que, según manifestó, "constatan esta anómala situación". José Manuel Lage aseguró que entre los 47 casos que denuncia, algunos son para desplazarse a sus domicilios, a pesar de que existen altos cargos en esa situación que viven "a 600 metros" de su lugar de trabajo. "Feijóo presume de austeridad, cuando vemos que tiene una doble moral evidente: estamos ante un derroche mayúsculo", acusó. Según sus cálculos, la situación "puede estar suponiendo un coste superior a los 132.000 euros anuales". "Feijóo llegó a la Xunta a lomos de un Audi, pero en estos dos años de legislatura la Xunta compró más de 600 vehículos, lo que supone un coste de casi 10 millones de euros", agregó.
En su respuesta a las acusaciones de los socialistas, la Consellería de Presidencia abundó en las cifras del supuesto ahorro en el parque móvil de la Xunta, derivado de una reducción "de más del 40%" del número de vehículos para altos cargos, los coches oficiales. Del resto, los llamados de servicio, ascienden a 279, y se dedican "al personal dependiente de la Xunta para la realización de las tareas que tienen encomendadas". De estos, afirmó que "en ningún caso se usan para fines particulares". La consellería de Rueda también precisa que los coches de servicio siguen "un estricto control, con partes de salidas diarios, kilometrajes y gastos". La Xunta sostiene que la reestructuración del parque móvil ha supuesto un ahorro de 1,3 millones de euros en dos años. La nota anuncia la disposición del conselleiro a dar explicaciones en el Parlamento.
www.elpais.es 19.03.11
14) C.A GALICIA: BALTAR CONTRATA TEMPORALMENTE Y A DEDO A MÁS CARGOS DEL PP Y FAMILIARES SUYOS
Mientras el presidente provincial del PP de Ourense, José Manuel Baltar, hace campaña arropado por Feijóo en la provincia, su padre, el presidente de la Diputación, sigue dando empleos. Al proceso opositor abierto el mes pasado por el barón del PP en la institución provincial, por el que se convertirán en funcionarios más de medio centenar de personas -la mayoría vinculados al PP: son fundamentalmente quienes se presentan- ha sumado estos días la contratación "a dedo" de eventuales. Este nuevo personal, contratado por tres o seis meses, se va convirtiendo en fijo con el tiempo.
Entre los empleados recientemente figuran Roberto Ameijeiras, concejal de O Carballiño y expresidente de Nuevas Generaciones. Su contrato es de personal laboral interino para un puesto de "agente de obras y servicios". Junto a él, Baltar ha empleado como personal laboral con categoría de vigilante de peón agrícola a José Enrique Fernández Tesouro, integrante de la candidatura del PP de Baños de Molgas en las pasadas elecciones municipales, y a José Manuel Fernández Trigás, sobrino del alcalde de Celanova, como personal laboral interino con categoría de técnico de desarrollo en procesos informáticos.Otro de los contratados recientemente es María Lourdes Pérez, hija del concejal del PP y candidato a la alcaldía de Ribadavia en 2007, José Pérez Iglesias. Su puesto eventual será de técnico superior en administración financiera y tributaria.
Los Baltar se centran en la campaña que pone a prueba dentro del PP la capacidad del nuevo presidente además de la supervivencia política de su padre al frente de la Diputación, donde permanece desde hace más de dos décadas.
Baltar Blanco fichó hace unos meses para el PP al funcionario municipal de la ciudad de Ourense que años anteriores encabezaba una lista de independientes respaldada con cerca de 2.000 votos,. Se trata de José Luis Valcarce, que se da como seguro en puesto de salida en la candidatura de la capital provincial. Ahora, su número dos en aquella lista conservadora, José Manuel Fernández, encabeza una nueva formación independiente con las confusas siglas POLI (Partido Ourensano Liberal Independiente), el apodo por el que es conocido en Ourense el exalcalde y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Enrique Nóvoa, defenestrado por José Manuel Baltar Blanco y sustituido por Rosendo Fernández. José Manuel Fernández es el abogado del ex alcalde de Os Blancos, José Antonio Rodríguez Ferreira -el más baltarista de los alcaldes de la provincia: levantó un busto al presidente en su pueblo y aseguraba únicamente creer "en Dios, en la Virgen y en José Luis Baltar"- actualmente encarcelado por malversación de caudales públicos y falsedad documental.
www.elpais.es 19.03.11
15) C.A MADRID: UN JUEZ CONDENA A TELEMADRID A EMITIR UNA RÉPLICA DEL COMITÉ A TERTSCH
Las palabras del periodista "suponían imputación de un hecho delictivo", a criterio de los demandantes
El juzgado de primera instancia e Instrucción número dos de Pozuelo de Alarcón ha condenado a Radio Televisión Madrid (RTVM) a publicar la rectificación solicitada por el Comité de Empresa del ente público contra unas manifestaciones de Hermann Tertsch en la sección de opinión del "Diario de la Noche".
En la sentencia, la magistrada-juez María Elena Garde García estima en su integridad la demanda interpuesta por las presidentas de los Comités de Empresa de Televisión Autonomía Madrid, S.A, el ente público RTVM y Radio Autonomía Madrid y condena a los demandados a la "difusión y publicación de la rectificación solicitada" y al pago de costas del procedimiento.
La demanda contra el ente público RTVM y sociedades dependientes, La Otra y la página web de la cadena, fue presentada el 14 de mayo del 2010, tras las manifestaciones de Tertsch del día 30 de abril que, a criterio de los demandantes, "suponían imputación de un hecho delictivo que perjudica y daña gravemente la reputación de la plantilla de RTVM".
En sus manifestaciones, referidas al presunto sabotaje de la emisión del partido entre el FC Barcelona y el Inter de Milán para impedir la retransmisión del partido para los madrileños, Tertsch decía: "quizás a algunos os consuele que el sabotaje no haya venido desde dentro como tan frecuentemente suele pasar".
Pese a que estas manifestaciones se producían en una sección de opinión, la jueza considera que son "claramente afirmaciones de hechos y no meras opiniones", por lo que "debe darse a los demandantes, como representantes de los trabajadores, a quienes afecta directamente y perjudica la información dada, la posibilidad de exponer su verdad sobre tales hechos".
La sentencia, sobre la que cabe recurso en el plazo de cinco días desde su notificación el pasado día 21, da a los demandados tres días de plazo para la publicación de la rectificación "con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas".
Fuentes de RTVM consultadas hoy por Efe no han hecho manifestacones, hasta el momento, respecto a este fallo judicial.
www.publico.es 25.03.11
16) C.A MADRID: AGUIRRE INAUGURA UN ALA DEL CLÍNICO CON CUATRO PLANTAS AÚN EN OBRAS
La presidenta y su comitiva hacen un recorrido por zonas terminadas del hospital pero eluden cerca de la mitad del sector que sigue inacabado
Esperanza Aguirre es de esas jefas que todo lo supervisan, lo preguntan y, si es menester, lo critican. Es legendaria su propensión a pedir cambios y mejoras en el último momento, cuando toca presentar las estaciones, los trenes o los hospitales en cuestión. Cuando inauguró el metro ligero dijo que le parecían "molestísimas" las "campanitas" que se oían al acercarse a las paradas y que había que quitarlas. "Hay que echarle tres en uno", añadió sobre el traqueteo de los vagones. En una visita al puerto de Navacerrada, cambió el discurso oficial porque no le gustaba el plan diseñado por su propio Gobierno. Ayer, durante la "inauguración de la nueva ala norte" del hospital Clínico, hizo la auditoría de rigor. Inspeccionó pasillos, mostradores, salas de espera, habitaciones y hasta los lavabos. "¿Por qué has hecho tan grande el baño?", le soltó al arquitecto.
La reforma obligó a dispersar a 650 trabajadores entre siete hospitales
El centro sustituye habitaciones de cuatro camas por otras de una o dos
Pero su visita no fue todo lo concienzuda que cabía esperar. Los numerosos asesores le diseñaron un recorrido perfectamente calculado: entró por el moderno hall principal, montó en un ascensor y salió directamente a la planta octava, ya remodelada, rematada y que lucía incluso carritos bien surtidos de medicamentos, cuando aún no hay pacientes ni se los espera hasta, mínimo, el 15 de abril. De allí volvió al ascensor y bajó a la sexta planta, donde también pudo comprobar que las nuevas habitaciones (160 dobles y 131 individuales) son amplias, confortables y tienen, es cierto, unos baños muy grandes. Nada que ver con lo que había sido este hospital, que hasta hace apenas año y medio aún conservaba en el ala norte, la más antigua, estancias para cuatro y seis pacientes con baños compartidos en los pasillos.
Aguirre dio su discurso, la condujeron de nuevo al ascensor y, de allí, a la planta baja y a la calle y al coche oficial. Solo habría tenido que bajarse en las plantas cuarta, tercera, segunda o primera para comprobar que las obras de la zona de hospitalización del ala norte no están, ni mucho menos, terminadas. El hospital se cuidó mucho de que las puertas metálicas de acceso al ala norte desde la sur estuvieran ayer cerradas con llave y de que los ascensores no permitieran acceder a las plantas aún en obras. Lo que se veía en esos pasillos difícilmente hubiera conseguido la aprobación de la presidenta: paredes sin rematar, cables colgando del techo, carretillas de obra, generadores y sacos por los pasillos, habitaciones convertidas en almacenes improvisados...
Lo que Aguirre inauguró ayer fue, si acaso, la mitad de la nueva ala norte. La empresa encargada de la reforma solo ha entregado cuatro plantas, de la quinta a la octava. El resto, excepto la primera y la planta baja, que aún tardarán más -hasta pasadas las elecciones, según fuentes del hospital-, podrían ir rematándose a partir de mediados de abril. Es decir, demasiado tarde para que la presidenta pudiera pasear por sus relucientes pasillos sin incumplir la recientemente reformada ley electoral. Era ahora (antes del martes 29) o nunca.
No es, ni mucho menos, la primera vez que Aguirre se hace la foto en un hospital inacabado. En la campaña de 2007, sin embargo, solucionaba la papeleta llamando al evento "visita a las obras culminadas", entre otros circunloquios. Ayer ni se molestó. Empezó su intervención asegurando que estaba allí para "inaugurar la nueva ala norte" del hospital Clínico. Las obras, recordó, empezaron en octubre de 2009. Hubo que cerrar 380 camas y trasladar a 650 trabajadores, que quedaron dispersados entre siete hospitales: Gregorio Marañón, Carlos III, La Paz, Santa Cristina, Niño Jesús, Rodríguez Lafora (psiquiátrico) y Cruz Roja. Ellos, y los pacientes, que han tenido que ir a uno u otro hospital según de qué especialidad necesitasen consulta.
Con la reforma del ala norte de hospitalización, señaló ayer Aguirre, concluye la segunda fase de modernización del hospital Clínico, que incluyó la ampliación de las urgencias y sigue con la construcción de un Instituto de Salud Mental. En realidad, el centro acumula dos décadas de obras casi ininterrumpidas. Se ha ido reformando poco a poco y sin detener la actividad. La presidenta aprovechó para dar las gracias a los trabajadores y los usuarios por su paciencia. Y tuvo su momento emotivo: "Para mí es una satisfacción enorme y me produce una gran emoción volver al hospital Clínico San Carlos, que yo elegí, con un gran acierto por mi parte, para tratarme de la dolencia que tenía y para ser operada aquí", aseguró, sobre su intervención de un cáncer de mama el pasado 22 de febrero.
Aguirre no pudo irse del hospital por donde había entrado. "Hay que buscar otra salida", comentaban los escoltas de la presidenta mientras ella firmaba en el libro de visitas y se despedía. Trataban así de evitar que volviera a encontrarse con la treintena de trabajadores -muchos pertenecientes al sindicato MATS- que la habían recibido con pancartas, pitidos y gritos de "Sanidad pública" y "Menos inauguraciones y más contrataciones" en la puerta principal. Se hicieron notar pese a que varios guardias de seguridad los arrinconaron en una esquina. Aguirre pasó -con cierta dificultad porque se formó una aglomeración en el camino al ascensor- sin inmutarse.
www.elpais.es 24.03.11
17) C. VALENCIANA: FABRA Y CAMPS INAUGURAN EL AEROPUERTO SIN AVIONES
El president elogia al líder del PP castellonense como "visionario y autor intelectual" del proyecto, que "ha sufrido mucho para explicar lo necesario que era"
El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco
Camps, ha asegurado este viernes que el aeropuerto de Castellón es "la
combinación de una visión, de un sueño, de una forma de ser y de una forma
de mirar el futuro", y ha añadido que esta infraestructura ha tenido que
solventar "todo tipo de problemas", por lo que ha considerado que es "el
mejor aeropuerto posible".
Camps ha hecho estas declaraciones durante la inauguración del aeropuerto de
Castellón, ubicado entre las localidades de Vilanova d'Alcolea y Benlloch y
que todavía no ha entrado en funcionamiento, un acto al que, además de otras
autoridades, han asistido más de 1.000 personas.
Tras cortar la cinta inaugural y después de que el obispo de la Diócesis
Segorbe-Castellón, Casimiro López, bendijese las instalaciones, el jefe del
Consell ha apuntado que los valencianos "siempre hemos creído en la visión,
en los proyectos y en el trabajo, y así hemos hechos cosas como el
aeropuerto", y ha añadido que a pesar del "problema de la crisis" y de la
situación financiera "no hemos querido parar porque queremos seguir
construyendo futuro".
Camps se ha referido a los "obstáculos" que ha tenido que sortear el
aeropuerto y, dirigiéndose al presidente de Aerocas, Carlos Fabra, ha
recordado que éste ha sufrido "mucho" porque "no es fácil explicar lo
necesario que es un proyecto como éste, pero ha valido la pena".
"No hay nada que se ponga en marcha sin sufrimiento y sin obstáculos, y yo
lo prefiero así porque lo que se debate, se reflexiona y se comenta es lo
que vale la pena", ha apuntado Camps, quien ha agregado que "si este
aeropuerto hubiera sido fácil e impuesto no sería lo que queríamos, pero ha
solventado todo tipo de problemas, por eso es el mejor aeropuerto posible".
Según ha dicho, el aeropuerto es "una nueva puerta abierta a industriales"
de la Comunitat Valenciana", y ha destacado que "desde el primer minuto creí
que la Comunitat es un todo homogéneo en el interior y el litoral, por lo
que había que vertebrar el territorio, ya que cualquier ciudadano tiene que
tener las mismas expectativas, y hoy cualquier ciudadano se siente más
fuerte, igual, libre y capaz con infraestructuras como ésta".
"Estoy muy feliz porque han valido la pena estos ocho de Presidencia en los que se han inaugurado centros de salud, autovías, equipamientos e infraestructuras como el aeropuerto de Castellón", ha señalado, y ha recalcado que espera "muchas más inauguraciones".
El presidente de la Generalitat ha apuntado que "es verdad que pasamos un mal momento económico", pero --ha aclarado-- "en estos momentos es cuando se nota la fuerza y el valor, pues el miedo es para otros, ya que tenemos que planificar con más fuerza y ganas la salida de la crisis".
"UN ANTES Y UN DESPUÉS"
Por su parte, el presidente de la Diputación y de
Aerocas, Carlos Fabra, ha dado las gracias a Camps por "hacer posible" este
aeropuerto que, según ha dicho, es del jefe del Consell. "Hoy marca un antes
y un después. Es la hora de Castellón, el día en que dejamos de ser la única
provincia del Mediterráneo sin aeropuerto, en el que inauguramos la mayor
infraestructura civil jamás construida en la provincia y en el que el sector
turístico despegó para siempre", ha apuntado.
Durante su intervención, Fabra ha querido compartir la "sensación" de que
"comienza la gran transformación socioeconómica de las comarcas de Castellón
porque este aeropuerto será lo que queramos que sea, y necesitamos que lo
defendáis para hacerlo aún más grande entre todos porque es nuestra herencia
y nos pertenece".
"Esta nave no la vamos a abandonar frente a los que la quieren derribar y desean a diario su fracaso, pero no vamos a fracasar porque ésta no es tierra de fracasos", ha manifestado Fabra, quien ha dicho que "algunos dicen que el aeropuerto nace en el peor momento posible, con la crisis, pero eso puede valer como excusa para otros, no para nosotros, ya que en esta tierra la crisis significa oportunidades y nos crecemos ante las adversidades".
A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS
También ha criticado que "hay quienes dicen
maliciosamente que hemos hecho el aeropuerto con el corazón y no con la
cabeza, y ahí tengo que darles la razón porque las cosas que merecen la pena
se hacen con el corazón", así como -ha dicho- "que estamos locos porque lo
inauguramos sin aviones", pero ha aclarado que éstos "no han entendido nada,
pues es un aeropuerto para personas, por y para Castellón, y a partir de hoy
cualquier ciudadanos podrá visitarlo".
"Lo que no les deja dormir y les preocupa es que lo hemos hecho, por lo que
me siento feliz, orgulloso y emocionado porque hace un año la salud me hizo
pensar que no me permitiría estar aquí, por saber de lo que es capaz de
hacer el ser humano y por la respuesta de la gente"
Fabra ha continuado resaltando el "respaldo absoluto" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al aeropuerto, por lo que --ha afirmado-- "jamás lo olvidaremos", y ha añadido que "nunca un gobierno valenciano hizo tanto por Castellón".
Finamente, ha dicho que "ha llegado el momento de
devolverle a la provincia de Castellón lo que tantas veces ha dado
solidariamente a otras provincia, y este esfuerzo titánico no hubiese sido
posible sin un sacrificio igual de grande", y ha concluido en tono de broma
que a él le ha costado un hígado, a Camps una hernia y al director de
Aerocas, Juan García Salas, un riñón.
CARACTERÍSTICAS
El aeropuerto inaugurado este viernes consta de una pista de 2.700 metros de
longitud y 45 de anchura, edificios terminales de carga, pasajeros, aviación
general y torre de control. Es apto para operar aviones de clase 4D y 4C, es
decir, la práctica totalidad de los aviones que actualmente usan las líneas
aéreas, especialmente los de tipo turístico y bajo coste.
Dispone de un edificio terminal de pasajeros de 10.000 metros cuadrados con capacidad inicial para atender a más de 1,5 millones de personas al año. La plataforma de estacionamiento de aeronaves es de 70.000 metros cuadrados ampliables en función de la demanda. La capacidad de operación máxima es de 18 operaciones por hora.
IMPACTO DE 70 MILLONES
Durante su construcción se han creado o mantenido 2.072 puestos de trabajo, con un impacto sobre la renta derivado de la construcción de más de 70 millones de euros, según datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Según ha informado Carlos Fabra, el aeropuerto ha supuesto una inversión de 140 millones de euros, "incluidos los 18 millones de más pagados por la paralización de las obras durante seis meses por parte de Fomento".
Botella lamenta que la "fiebre inauguradora"
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, ha advertido este viernes que la "fiebre inauguradora" del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, "le ha llevado a inaugurar un aeropuerto sin aviones", y ha criticado que haya cursado "un ágape o una invitación" para 1.000 personas.
Botella, en la rueda de prensa tras analizar las actuaciones del Gobierno central en la Comunitat Valenciana, ha afirmado que las "prioridades" de Fabra sitúan "por encima de todo, la comunicación a su público", frente al "interés general".
Asimismo, ha indicado que el PP se mueve "entre lo
público y lo privado, en una transferencia de intereses cuanto menos
curiosa" y ha señalado que "se supone que esto es una iniciativa pública,
porque nacía de la Diputación Provincial, pero para ser gestionado
privadamente".
También ha recordado que "se dijo en un primer momento que no iba a costar
un euro a nadie, y de momento, creo que ahora todo lo que se debe, lo va a
deber la Generalitat Valenciana", porque Fabra "se ha encargado, no sabemos
bajo qué criterios o bajo qué artes, de conseguir que la Generalitat asuma
toda esa deuda".
SIN "NINGUNA OBLIGACION"
Ha indicado que el Gobierno hace un plan de viabilidad
técnica, presupuestaria o institucional para cualquier proyecto que se tenga
que poner en marcha "y en este caso, nosotros, hasta dónde llegamos, no
tenemos ninguna obligación con este proyecto". También ha afirmado que
"nosotros, primero terminamos las obras, pagamos lo que se debe y luego,
inauguramos".
También ha desvelado que recibió la invitación para asistir al acto "ayer
mismo", con lo que "el margen de maniobra y el trabajo que tenemos en marcha
nos hace imposible atender a esa invitación".
Botella también ha aprovechado para informar sobre la inversión del Gobierno
Central en los aeropuertos valencianos y ha destacado que en el periodo de
gobierno del PP de 1996 a 2003, en el de Alicante se invirtieron 24 millones
de euros, mientras que desde 2004, con el PSOE, se han alcanzado los 702
millones de euros.
En lo que se refiere al de Manises, ha informado de que de 1996 a 2003 se inviertieron 18 millones y de 2004 a 2011, un total de 302 millones, lo que supone un "resultado apabullante".
www.levante-ev.com 25.03.11
18) C. VALENCIANA: EL PP DE CASTELLÓN SE NIEGA A RETIRAR LOS HONORES A FRANCO
Por tercera vez en esta legislatura, tantas como mociones ha presentado el Grupo Socialista, el PP de Castellón se negó ayer a retirar los honores municipales otorgados a Franco. El argumento que esgrimió el PP para defender su postura es que el dictador "ha muerto". El rechazo a la propuesta que defendió el edil socialista Josep Lluís Grau, precisó del voto de calidad del alcalde, dada la ausencia de uno de los concejales populares, Carlos Fabra.
La moción defendida por Grau proponía revocar todos los acuerdos en los que se han concedido honores políticos a personas relacionadas con la dictadura franquista y esgrimía que estas decisiones políticas, adoptadas por Gobiernos antidemocráticos, debían anularse en el mismo foro en el que fueron adoptadas. "Es de justicia", sostuvo el concejal socialista. "Nadie les ha retirado las medallas", añadió, y precisó que "no se trata de revisar nada, ni abrir heridas, sino de hacer justicia democrática".
La propuesta enumeraba la medalla de oro de la ciudad otorgada a Franco, la misma que recibieron Herrero Tejedor, secretario general del Movimiento, Pilar Primo de Rivera y el general franquista Miguel Abriat, que obtuvo además los títulos de hijo adoptivo y alcalde honorario de la ciudad. La moción también incluía el nombramiento de Serrano Suñer como hijo adoptivo y alcalde perpetuo de Castellón y los reconocimientos, como hijos predilectos, a los generales franquistas Antonio Aranda y Enrique Serra.
Calles y plazas
Otro de los puntos de la propuesta proponía revocación de distintos honores, tanto a título personal como con la rotulación de calles, plazas y avenidas a una docena de personas y rehabilitar a "todas las personas que ejercieron cargos de representación en este Ayuntamiento y que fueron inhabilitadas durante la dictadura".
"Nos dignificará a todos", expuso Josep Lluís Grau, antes de que el responsable de Cultura, Migue Ángel Mulet, le acusara de "malutilizar" el tema y de no respetar acuerdos, en esta ocasión sí, democráticos, en referencia a las otras dos ocasiones en las que la Corporación rechazó retirar estos honores, con los únicos votos del PP.
El edil del Bloc, Enric Nomdedéu, votó a favor de la moción pero conminó a "preocuparse por el futuro".
www.elpais.es 25.03.11
19) C. VALENCIANA: ZAPLANA CRITICA LA FALTA DE PLURALIDAD DEL PP VALENCIANO DE CAMPS
Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat valenciana (1995-2002), censuró ayer la falta de "diálogo, entendimiento y defensa de la pluralidad" en la actual dirección regional del PP, que lidera su sucesor en el Gobierno, Francisco Camps. Zaplana hizo está crítica en su otrora feudo, Benidorm, escenario que le catapultó en política hasta escalar al Ministerio de Trabajo.
Zaplana acudió a la ciudad alicantina con motivo del 25º aniversario del Imserso, evento que presidió la ministra de Sanidad, Leire Pajín. "Los partidos monolíticos, los que no respetan la pluralidad en su seno, sobre todo cuando son partidos amplios que representan a una parte muy importante de la población, yo creo que no cumplen con su misión y con su papel fundamental y esencial", razonó el exministro del PP.
Zaplana hizo este análisis en el punto álgido de la batalla entre los dos sectores enfrentados de su partido en Alicante: sus antiguos seguidores, ahora alineados con el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; y los afines a Camps. Estos últimos han impuesto a su candidato en Benidorm, en detrimento de Gema Amor.
La pugna de ambos bandos se ha trasladado ahora además a la Diputación, de donde los seguidores de Camps quieren desalojar a Ripoll.
www.elpais.es 25.03.11
20) C. VALENCIANA: EU DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA LOS CONTRATOS DE CALATRAVA
Insta a investigar los proyectos de las torres de la Ciudad de las Ciencias y el Centro de Convenciones de Castelló indicios de prevaricación, malversación y fraude
EUPV ha presentado ante Fiscalía Anticorrupción una denuncia para que se investigue los contratos de la Generalitat Valenciana con el arquitecto valenciano Santiago Calatrava porque considera que hay "serios indicios de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, de fraude a la Administración y a la Hacienda Pública.
La coordinadora de EUPV y diputada autonómica, Marga Sanz, junto con los parlamentarios Marina Albiol y Lluís Torró, firman la denuncia que este viernes han presentado en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
En este sentido, Sanz ha explicado que "puede haber personas aforadas" implicadas como "el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el consejero de Economía, Gerardo Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá".
De esta manera, le han entregado a Fiscalía una serie de
documentos relacionados con los proyectos de la dársena de Torrevieja
(Alicante), a las torres frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia y al Centro de Convenciones de Castellón. Según ha explicado Marga
Sanz, la Generalitat ha pagado al arquitecto cerca de seis millones de euros
por estos diseños.
En estos proyecto "hemos encontrado una serie de denominadores comunes entre
los contratos de la Administración y Calatrava: contratos sin publicidad,
pagos millonarios por los proyectos y obras no realizadas". En opinión de
Sanz, se trata de una situación "realmente grave y de falta de
transparencia" en la gestión del dinero público.
"Confiamos en que la Justicia dé trámite a la
documentación que hemos presentado" y "obligue a decir algo a un presidente
del Consell que está callado y a un Consell que está callado", ha agregado.
"Paralelismos"
A preguntas de los medios sobre el "paralelismo" entre este asunto y el
'caso Palma Arena', la dirigente de EUPV ha apuntado que "los paralelismos
vienen derivados de los propios delitos que pensamos que existen".
Así, ha subrayado que "hay unos contratos sin publicidad, unas cantidades desorbitadas que se han pagado y van vinculadas a los sobrecostes", una cláusula que "no está permitida en los contratos públicos", y "obras que no se han realizado".
En la denuncia, EUPV señala que en el caso del contrato de la dársena del puerto de Torrevieja, no se conocen las razones que avalen la ausencia de la concurrencia de otros licitadores. Por lo que se refiere al de las Torres de CACSA, la formación indica que "once meses antes de la suscripción del contrato, el propio presidente Camps anuncia la adjudicación a Calatrava", con lo que la justificación del procedimiento negociado sin publicidad "se agota en la mera voluntad política".
En dichos contratos "no consta" la existencia del pliego de prescripciones técnicas, "no ha quedado acreditada" la capacidad de obrar del contratista", ni la "solvencia técnica" del mismo y "tampoco se justifican las causas que motivan la dispensa de la constitución de garantía", tal y como exige la Ley de contratos de las administraciones públicas. Esto "apunta a la comisión de un delito de malversación de caudales públicos".
En cuanto al proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) le paga la redacción del Proyecto Básico a pesar de que reconoce el "incumplimiento" del contrato.
De igual modo, en la denuncia se destaca que "en todos los casos, se trata de proyectos que no se han ejecutado y cuya efectiva realización se muestra poco menos que imposible".
Estos hechos, según señala la denuncia, "resultan indiciariamente constitutivos de la comisión de un delito de fraude a la administración pública".
Asimismo, en los pagos realizados por los contratos de las torres de CACSA y en Centro de Convenciones de Castellón "no se ingresó el IVA correspondiente", ya que el domicilio fiscal de Calatrava se encuentra en Suiza. Para EUPV, esta situación, atendiendo a las Reglas Especiales de la normativa de la Ley sobre el IVA, podría suponer que se ha cometido un delito de "defraudación a la hacienda pública estatal".
www.levante-ev.com 25.03.11
21) C. VALENCIANA: CALATRAVA RECURRIÓ A CAMPS PARA COBRAR SU PROYECTO EN CASTELLÓN
El arquitecto envió al jefe del Consell copia de sus exigencias
En plena polémica con la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana para cobrar los honorarios por el proyecto básico del Centro de Convenciones de Castellón, el arquitecto Santiago Calatrava recurrió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien estuvo al tanto de la negociación como consecuencia de la cual el arquitecto cobró 2,7 millones de euros pese a que la empresa pública de la Generalitat dejó constancia de que el proyecto "excedía" todo lo previsto en el contrato original. Así lo constata la documentación, a la que tuvo acceso la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol, del expediente del complejo encargado a Calatrava, ahora paralizado por una sentencia que anula el plan urbanístico en el que debería ubicarse.
Proyectos Temáticos consideró que había una "modificación unilateral"
"Queremos saber qué gestiones políticas se hicieron", dice Esquerra Unida
La discusión con Calatrava costó el cargo al director general de Grandes Proyectos, José Luis Villanueva, y al director general de la Sociedad Proyectos Temáticos, Eusebio Monzó, que fueron sustituidos en agosto de 2009 por Cristina Morató y Nicolás Figueras, respectivamente, cuando la polémica con el arquitecto alcanzaba el máximo de intensidad.
La correspondencia entre la oficina o los abogados de Calatrava y la Sociedad Proyectos Temáticos o la Consejería de Economía y Hacienda, reflejada en 13 cartas, arranca en diciembre de 2008, cuando el director general de la empresa pública, Eusebio Monzó, comunica al responsable de la oficina de Calatrava en Valencia, Fernando Benzo, que el proyecto básico presentado por el arquitecto unos días antes supone "una modificación unilateral" del contrato que no cuenta con el visto bueno de la Generalitat. A partir de ahí, y hasta finales de febrero de 2009, se produce un cruce de cartas en las que ambas partes reiteran sus posiciones. Cuando el representante de Calatrava exige el 12 de febrero de 2009 a José Luis Villanueva que "se hagan las gestiones oportunas para el pago pendiente de 1,35 millones de euros" (el arquitecto había cobrado ya una cantidad similar al firmarse el contrato, en diciembre de 2007), anota que ha enviado copia al director general de la Sociedad Proyectos Temáticos y al "molt honorable señor don Francisco Camps".
Tras la sustitución en agosto de Villanueva y Monzó, es Manuel Alcaide quien escribe el 3 de septiembre en nombre del despacho de Calatrava al consejero de Economía, Gerardo Camps, con copia a Francisco Camps y al también vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla.En esta carta de la que tienen conocimiento Francisco Camps y dos de sus vicepresidentes, el despacho de Calatrava atribuye a la dirección de la Sociedad Proyectos Temáticos, en ese momento ya relevada, una "interpretación errónea" del contrato y de "la negociación del mismo con Luis Lobón", que fue director general de Grandes Proyectos y hoy es secretario autonómico de Empleo. Según el arquitecto, el coste de 60 millones reflejado en el contrato "se acordó de común acuerdo". Para justificar el aumento de las dimensiones y los costes del proyecto, Calatrava atribuye al Ayuntamiento de Castellón, que preside Alberto Fabra, un "aumento del programa" que implicaba pasar de 16.000 metros cuadrados de superficie construida a 62.000 metros cuadrados. Al final, tras una negociación, se deja, según la oficina de Calatrava, en 48.240 metros cuadrados, lo que implica un "lógico aumento de costes".
"Entendemos que los continuos cambios entre los representantes de la propiedad", alega el despacho del arquitecto, en alusión a los responsables de la Sociedad Proyectos Temáticos, "pueden haber contribuido a difuminar los objetivos y las prioridades relativas a este proyecto que nos han conducido a esta situación". A lo largo de las semanas siguientes, Calatrava insiste en sus reclamaciones, hasta que el 11 de noviembre de 2009 sus abogados advierten al nuevo director de la Sociedad Proyectos Temáticos, Nicolás Figueras, que han recibido el encargo de actuar judicialmente contra la empresa de la Generalitat. "Nos dirigimos a usted, por última vez, para evitar tener que recurrir a los tribunales", amenazan.
Cinco días después, los abogados de la empresa pública comunican por burofax a los abogados de Calatrava que se le abonarán los 1,35 millones de euros, pero puntualizan que consideran que el arquitecto ha incumplido las previsiones del contrato original y añaden que los pagos responden a la "voluntad de entendimiento" con Calatrava. Todavía envían dos días después a la Sociedad Proyectos Temáticos otra carta los abogados del arquitecto en la que advierten que se niega a aceptar objeción alguna a su proyecto mientras no se le paguen los honorarios.
Esquerra Unida ha comparado el proceso de este encargo a Calatrava, por el que ha cobrado 2,7 millones pese a incumplir el contrato, con el caso Palma Arena, en el que están imputados el ex presidente balear Jaume Matas y el propio arquitecto valenciano. La formación de izquierda presentará esta semana ante la fiscalía una denuncia sobre el Centro de Convenciones de Castellón y otros dos proyectos de Calatrava que ha cobrado y están paralizados.
La documentación del expediente "evidencia que los consejeros Camps y Rambla y el propio presidente de la Generalitat eran conocedores de las exigencias del arquitecto pese a su incumplimiento del contrato", señaló ayer la portavoz parlamentaria y coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz. "Queremos saber qué gestiones políticas se hicieron por encima de los directores generales para que Calatrava cobrara indebidamente 1,35 millones de euros".
www.elpais.es 23.03.11
22) C. VALENCIANA: EL CONSELL RECHAZA EXPLICAR CUÁNTO HA COBRADO CALATRAVA POR SUS PROYECTOS
Se ampara sistemáticamente en la confidencialidad de los contratos
¿Cuánto ha cobrado el arquitecto Santiago Calatrava por las grandes obras que ha diseñado y dirigido por encargo de la Generalitat? La pregunta, que se hace más insidiosa tras la revelación por Esquerra Unida de que el contrato para el Centro de Convenciones de Castellón le otorga un 12,5% del conjunto de la obra, con los incrementos correspondientes en función de los sobrecostes, no es nueva. El Consell ha rechazado responderla en las Cortes Valencianas a lo largo de toda la legislatura que ahora termina.
"Desde el año 1995 y hasta el día de la fecha, ¿qué cantidad, detalladamente y por conceptos, ha satisfecho el Consell al arquitecto Santiago Calatrava, o a cualquiera de las sociedades que haya indicado éste como destinatarias de los ingresos, en concepto de honorarios profesionales (anteproyectos, proyectos básicos, proyectos de ejecución, dirección facultativa, etc.) por sus trabajos en la Ciutat de les Arts i les Ciències y en el Ágora?", preguntaba el 29 de abril de 2008 el entonces diputado socialista José Camarasa al consejero de Economía y Hacienda.
Camarasa preguntaba también por la cantidad que adeudaba el Consell el famoso arquitecto valenciano. Al año siguiente, en agosto de 2009, pedía copia de los contratos suscritos con él. Y la respuesta del consejero, Gerardo Camps, fue invariable: o bien "la información que solicita se considera confidencial" o bien "facilitar esa información a un tercero supondría la vulneración de los derechos de secreto profesional de las partes".La salida de Camarasa de las Cortes Valencianas no hizo que la oposición dejara de preguntar. El portavoz socialista, Ángel Luna, optó por eludir el asunto de los contratos y los honorarios y pidió en junio de 2010 "copia completa" de los expedientes de adjudicación y realización, de los proyectos de modificación y ampliación del proyecto inicial y del expediente de recepción de obra de todos y cada uno de los elementos de la Ciudad de las Artes.
El vicepresidente y consejero de Economía agotó todas las prórrogas posibles para contestar y, al final, Gerardo Camps alegó que "dado el amplio espacio temporal, así como el volumen de toda la documentación solicitada", el diputado tenía que concretar "de forma más específica" la información de los expedientes que quería revisar. "Será puesta a su disposición", concluía. En efecto, Luna precisó sus demandas, pero ya no ha llegado a tiempo de evitar que los plazos de respuesta se agotaran con la legislatura.
Las de los socialistas no fueron las únicas iniciativas. Toda la oposición ha insistido en el asunto, pero la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol decidió centrarse en un caso un tanto lateral, el del proyecto paralizado del Centro de Convenciones de Castellón. De ahí ha surgido el único contrato con Calatrava al que se ha tenido acceso y que se ha hecho público. Un contrato en el que cobra un 4,5% por el anteproyecto y el proyecto básico, un 4% por el proyecto de ejecución y un 4% por la dirección de obra, todo ello sobre el coste definitivo, es decir, que a más sobrecostes más cobra el arquitecto.
Los sobrecostes han sido, precisamente, el caballo de batalla en las denuncias de la oposición. Unos sobrecostes que se han reflejado en los informes de la Sindatura de Comptes. "Las cifras", ha señalado en relación con la Ciudad de las Artes el órgano fiscalizador en su peculiar lenguaje de auditoría, "ponen de manifiesto desviaciones significativas entre el presupuesto de adjudicación inicial y el presupuesto actualizado con la aprobación de modificaciones y desviaciones en la ejecución de las obras sobre el presupuesto de adjudicación. Estas desviaciones ponen de manifiesto que el proyecto de obra licitado no ha sido suficientemente completo en sus definiciones y que las variaciones sobre el mismo han sido habituales y no excepcionales, como correspondería".
En su informe de 2009, el último hasta ahora, la Sindicatura de Comptes cifró en 1.282 millones de euros el coste total de la Ciudad de las Artes, con unos sobrecostes de 624,8 millones que, en algunos casos, como el del Palau de les Arts, se acercan al 300% del presupuesto inicial.
Si se calculan los honorarios del arquitecto, como ocurre en el contrato del Centro de Convenciones de Castellón, en un 12,5% sobre los costes totales de los edificios, Calatrava habría cobrado una cantidad muy superior a los 100 millones de euros. A ellos habría que sumar, entre otros, los 2,7 millones que ya ha cobrado del Centro de Convenciones, 2,5 de las torres junto a la Ciudad de las Artes, no ejecutadas, y 600.000 euros de la reforma de la dársena de Torrevieja, proyecto que se descartó.
www.elpais.es 21.03.11
23) C. VALENCIANA: EL JUEZ INTERROGA A TRES EDILES DEL PP IMPUTADOS EN BRUGAL
Los tres ediles del PP del Ayuntamiento de Orihuela imputados en el caso Brugal (trama corrupta relacionada con el negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) serán interrogados por el juez instructor por segunda vez a partir de hoy, tras su arresto en julio de 2010. Los tres concejales (Antonio Rodríguez Murcia, Manuel Abadía y Ginés Sánchez Larrosa) están acusados de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencia y uso privilegiado de información por el supuesto amaño de la contrata de la basura del municipio.
El primero en comparecer ante el instructor, Carlos San Martín, titular del juzgado número 3 de Orihuela, será el edil Antonio Rodríguez Murcia citado para esta mañana. El martes, tocará el turno a Manuel Abadía, hombre fuerte del equipo de gobierno, que lidera la popular, Mónica Lorente. Y cerrará el turno, el miércoles, Ginés Sánchez. Los tres concejales siguen en sus cargos, pero ninguno repetirá según ha confirmado Lorente.Los tres concejales del PP oriolano arrestados e imputados en el sumario del caso Brugal colaboraron, según la investigación, con el cabecilla de la trama corrupta, el industrial Ángel Fenoll, en el amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela.
La concesión del contrato recayó finalmente en una UTE integrada por las firmas Sufi, Gobancast y Liasur. La policía y la Fiscalía Anticorrupción mantienen que las dos últimas mercantiles son dos empresas tapadera mediante las cuales Fenoll controla la contra. Y, además, consideran probada la colaboración de los tres ediles con Fenoll en la estrategia para crear esa trama de firmas para optar a la adjudicación.
Según la investigación, Fenol invirtió seis meses en urdir la trama mercantil. Según fuentes del caso, tres ediles del PP (Manuel Abadía, Ginés Sánchez y José Antonio Rodríguez) asesoraron a Fenoll en la labor de falsificación en el registro mercantil y también le filtraron datos del pliego de condiciones de la contra. Estos ediles también se encargaban de recoger los "sobres" que periódicamente entregaba el empresario al PP.
La comparencia de los tres cargos del PP ante el juez cobra mayor relevancia tras el testimonio efectuado la pasada semana por otro imputado, en concreto el gerente de la mercantil Sufi, Luis Bracho. El directivo ratificó al juez que las dos empresas Gobancats y Liasur están controladas en la práctica por Ángel Fenoll. Bracho admitió que antes de la adjudicación mantuvo dos encuentros con el concejal Manuel Abadía. No obstante, el directivo señaló que en ninguna de las reuniones recibió información privilegiada.
www.elpais.es 21.03.11
24) C.VALENCIANA: CORREOS SUSPENDE EL SERVICIO EN TODOS LOS JUZGADOS POR IMPAGO
El Consell debe más de 10 millones de euros por los envíos postales
La Administración de justicia valenciana tiene cortada, desde ayer, la comunicación con sus usuarios después de que Correos haya decidido suspender el servicio. El impago es la causa de esta decisión. De los juzgados no saldrán ni citaciones, ni notificaciones, ni resoluciones. Correos restablecerá el servicio en el momento en el que se apruebe un plan de pagos, que podría llevarse al pleno del Consell del próximo viernes, aunque fuentes de la Generalitat aseguraron que "se aprobará lo antes posible". Para entonces, miles de certificaciones podrían acumularse en las oficinas judiciales. Los sindicatos vaticinan un "golpe de muerte" a la justicia valenciana.
Los cerca de 500 juzgados valencianos emiten, diariamente, miles de notificaciones al exterior. Ayer, las oficinas de Correos recibieron un fax de la Unidad de Admisiones Masiva en el que se ordena la suspensión de la recogida de las comunicaciones de todos los juzgados de la Comunidad Valenciana. Así, ayer ya no se recogieron las notificaciones emitidas el viernes desde algunos juzgados. En otros casos, la salida del correo sí se llevó a cabo, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Según ha admitido la propia Consejería de Justicia, el motivo es la deuda que se arrastra desde hace "años", que las mismas fuentes no supieron cuantificar y que otras fuentes cifran en más de 10 millones de euros. De hecho, el plan de pagos prevé que la deuda se salde a lo largo de tres años.
La deuda está reconocida por la Consejería de Economía, que es la que ha de autorizar su pago, pero el plan para saldarla aún no está aprobado y, previsiblemente, será debatido en el próximo pleno del Consell, que se celebrará el viernes. "Correos está dispuesto a desbloquear el servicio en el momento en el que el Consell apruebe el plan de pagos", indicaron fuentes de Justicia. En el caso de que así sea, para entonces, los juzgados acumularán seis días sin servicio postal.
Fuentes del TSJ indicaron que la presidenta, Pilar de la Oliva, se puso en contacto con el responsable de Justicia, Rafael Blasco, para conocer el alcance del problema. Las mismas fuentes expusieron que Blasco explicó a De la Oliva que Correos exige un aval de Hacienda que garantice el pago y que el consejero había instado a la consejería de Gerardo Camps a "que lo hiciera de forma inmediata".
"Es un problema muy grave", aseguró ayer la delegada sindical de Justicia de UGT en Castellón, Carmen Gil. "Después de la reducción de plantillas y de otros problemas de suministro, esto es el golpe de muerte a la justicia", señaló. La delegada de UGT afirmó que no es la primera vez que se suspende el servicio postal pero que, en las anteriores ocasiones, "el problema se ha solucionado en uno o dos días".
Según los datos de UGT, más del 90% de las comunicaciones de la Administración de justicia con los usuarios se realiza a través del servicio de Correos, tras una comunicación emitida por TSJCV que insta a que se utilice este servicio en lugar de hacerlo a través del servicio de notificaciones, que es personalizado. Además, las comunicaciones entre juzgados de distintas localidades también se realizan con servicio postal. Lo que no se verá afectado serán las peticiones de ingreso en prisión o excarcelación ya que, según explicó la delegada sindical, estas se producen de juez a juez y vía fax.
Por su parte, la Intersindical Valenciana, a través de un comunicado, aseguró que la Consejería de Justicia no paga los sellos "desde hace tres años" y sostuvo que "de nada sirve asumir competencias si no se asume la responsabilidad que ello conlleva, y los presupuestos están para cumplirlos y ejecutarlos".
www.elpais.es 22.03.11
25) C. VALENCIANA. EL PP VALENCIANO DENUNCIA A QUIENES SE MANIFIESTAN ESTE SÁBADO CONTRA LA CORRUPCIÓN
Antonio Clemente, secretario general del PP de la Comunidad valenciana, ha interpuesto una demanda contra los organizadores de la manifestación convocada este sábado en Valencia para protestar contra la corrupción en la Comunidad Valenciana que preside Francisco Camps.
Según explica Público, Clemente ha interpuesto una querella contra quienes organizan la marcha, a quienes acusa de un delito de "manifestación ilícita e injurias graves con publicidad contra la Autoridad en el Ejercicio de su cargo".
Fotomontaje de Camps
La manifestación partirá este sábado a las 18:00 horas desde la Plaza Sant
Agustí de Valencia. El lema de la marcha es No queremos un ladrón de
presidente y para el cartel se ha elaborado un fotomontaje con Francisco
Camps vistiendo un polo de rayas y sosteniendo un cartel de presidiario en
la cárcel de Picassent.
La machada
Camps parece haber decidido plantar cara a las manifestaciones y anye las
que no puede denunciar, opta por la burla, como hizo este pasado miércoles
ante quienes protestaban por el apagón en la comunidad de la
televisión autonómica catalana, TV3. El molt honorable, antes de la
presentación del Teatro del Raval de Castellón, se plantó delante del cordón
policial que le separaba de la manifestación y llamó a los fotógrafos para
que tomasen una instantánea de su machada.
www.publico.es 25.03.11
26) C. VALENCIANA. EL PP SUMA 5 SENTENCIAS POR VULNERAR LOS DERECHOS DE LOS DIPUTADOS
"La imposibilidad de control lleva a un Gobierno descontrolado como el que tenemos". La diputada de Compromís Mònica Oltra resumió así lo que ha ocurrido en las Cortes Valencianas esta legislatura. Oltra informó, junto al portavoz de Compromís, Enric Morera, de que su grupo ha ganado otras dos sentencias de amparo en el Tribunal Constitucional (TC) contra la inadmisión por la Mesa de la Cámara, con mayoría del PP, de sus iniciativas.
Con estas dos sentencias, son ya cinco las que ha dictado el Constitucional por vulnerar los derechos de los parlamentarios. Dos de ellas corresponden a recursos presentados en la legislatura anterior por L'Entesa. Las que se hicieron públicas ayer se refieren a sendas propuestas de reprobar a los presidentes de las Diputaciones de Castellón, Carlos Fabra, y Valencia, Alfonso Rus, por sus declaraciones "impropias", así como a diversas preguntas y proposiciones no de ley.
El Constitucional indica que la Mesa de las Cortes no ha motivado las razones para inadmitir las propuestas y recuerda que otras iniciativas similares sí se han tramitado. Oltra explicó que su intención, al presentar las propuestas de reprobación, era poner en evidencia al PP, que ha utilizado la fórmula varias veces contra la oposición.
Intento de reprobación
Ayer mismo, el PP intentó que la Junta de Portavoces aprobara una reprobación contra el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, por unas declaraciones en Castellón el pasado fin de semana. Socialistas y Compromís se opusieron y aunque el portavoz popular, Rafael Blasco, quiso dar a entender que se enviaría el escrito al presidente del Gobierno en nombre de la Junta de Síndics, como "órgano colegiado", acabó reconociendo que lo firmaría el PP. Respecto a las preguntas no admitidas porque, según el PP se referían a empresas sin trascendencia pública, el TC establece que, al existir actuaciones administrativas de por medio, se sitúan dentro del "ámbito de control parlamentario".
Los socialistas tienen pendiente un recurso similar ante el Tribunal Constitucional por 350 preguntas sobre contratos de la Generalitat con la trama Gürtel que fueron rechazadas. "Serán otros 350 varapalos a la Mesa", vaticinó su portavoz, Ángel Luna. Por su parte, Blasco, minimizó las condenas como una "parte ínfima" de más de 26.000 iniciativas presentadas por la oposición.
www.elpais.es 23.03.11
27) C.VALENCIANA: EL CAMPISMO ASALTA EL BASTIÓN RIPOLLISTA
Castedo mantiene, tras ser nominada candidata, que Ripoll no irá en su lista
El sector del PP afín al jefe del Consell, Francisco Camps, quiere hacer tabla rasa del bando rival en la provincia de Alicante, los ripollistas (herederos del zaplanismo). Y ello pasa por descabalgar a su líder, José Joaquín Ripoll, de su bastión público, la Diputación.
La batalla por hacerse con esa plaza comenzó oficialmente ayer, tras la proclamación por parte del comité electoral nacional del PP de Sonia Castedo, actual alcaldesa de Alicante, como candidata a revalidar el cargo. Castedo expresó su "satisfacción" por la confianza del partido. Mientras, su entorno aseguró que la regidora no incluirá a Ripoll en su lista. Sí finalmente Castedo hace valer su voluntad ante la dirección nacional del PP, las posibilidades de que José Joaquín Ripoll repita como presidente de la Diputación son limitadas. Si no es el número dos de Castedo, el líder provincial el PP se vería abocado a buscarse acomodo en la lista del PP de otro municipio de la provincia para obtener el acta de edil que le posibilite el acceso a la presidencia de la Corporación provincial.
Ripoll insiste en que tiene un pacto con el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, para seguir al frente de la Diputación. Los campistas no solo dudan de la solvencia del pacto Ripoll-Rajoy, sino que están dispuestos acentuar su presión hasta dinamitarlo. El bando campista ya tiene en la recámara el sustituto de Ripoll, José Ciscar, actual delegado del Consell en Alicante. Los afines a Camps ni tan siquiera transigirían con la alternativa de la número dos del ripollismo y alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente. Tras el primer intento fallido por doblegar al ripollismo (el congreso provincial de diciembre de 2008), los campistas no quieren dejar la puerta abierta a un rebrote del colectivo. Son conscientes del valor de la Diputación como captador de voluntades. El presidente cuenta con una nómina de 77 asesores.
Ripoll fue arrestado y está imputado por cinco delitos en el caso Brugal y Castedo está acusada por el fiscal en el mismo sumario.La férrea resistencia de la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a incluir como número dos de su lista al Ayuntamiento al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, va más allá de su distinto grado de implicación en la supuesta trama corrupta del caso Brugal. Ripoll está imputado por cinco delitos, entre ellos, un supuesto cohecho por la contrata de la basura del plan zonal de La Vega Baja y Castedo está acusada por el fiscal también de supuesto cohecho en este caso vinculado al Plan General de la ciudad.
Las diferencias entre ambos dirigentes populares se remontan a hace cuatro años, cuando los dos se disputaron el segundo puesto en la candidatura que entonces lideraba Luis Díaz Alperi.
Entonces, Castedo cedió el puesto a Ripoll a cambio de que éste respetara su acceso a la alcaldía en el supuesto de que Alperi dejara el cargo antes de concluir el mandato, como ocurrió en septiembre de 2009. El exregidor, acosado por varios frentes judiciales, había logrado la condición de aforado al ser elegido diputado autonómico en 2007. Ripoll cumplió y renunció a la alcaldía, que le tocaba a él por puesto en lista, para que Castedo lograra la vara de mando.
Ahora, Castedo también está dispuesta a seguir la senda de su protector Alperi, y optará al acta de diputada autonómica como número dos de la candidatura del PP por la provincia de Alicante. El nuevo cargo le conferirá la condición de aforada y, en el supuesto de que el juez la impute, la causa tendría que ser derivada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Callejón sin salida
La cómoda situación de Castedo contrasta con el complejo futuro político que se le avecina a Ripoll. Si no consigue su primer órdago, es decir, repetir como presidente de la Diputación, se verá abocado a un callejón sin salida. La posibilidad de que sea incluido en las listas autonómicas no es cosa fácil, pero lo que resultar imposible es su elección como senador territorial. "¿El caso Brugal en Madrid, en el Supremo?, ni pensarlo", aseguró una fuente del PP.
El entorno de Ripoll, léase el casi centenar de cargos de confianza (muchos de ellos antiguos colaboradores del exjefe del Consell Eduardo Zaplana), le anima a pugnar por mantener el bastión de la Diputación, porque su futuro laboral y político, en la mayoría de los casos, está sujeto al futuro de Ripoll.
www.elpais.es 22.03.11
28) C.VALENCIANA: REFRITO DE PROMESAS (INCUMPLIDAS)
El Consell vuelve a presentar los futuros hospitales de Ontinyent y Llíria
En la carrera contra el reloj de inauguraciones, visitas de obras o presentaciones de proyectos en la que está sumido el Consell, ayer tuvieron un lugar destacado las promesas de nuevos (o quizás mejor, viejos nuevos) hospitales. Y ello, a pesar de que (al margen del nuevo hospital La Fe) el Gobierno valenciano no puede sacar demasiado pecho por lo que respecta a los centros de Llíria, Ontinyent, Torrent o Gandia.
Por la mañana, el consejero de Sanidad, Manuel Cervera, visitó el futuro hospital de Llíria (también inauguró los centros de salud de Picanya, Paiporta y Juan XXIII de Valencia), que está "al 99% de su ejecución", según dijo. Lo que no comentó -y le recordó José Mayans, responsable de sanidad del PSPV- es que el compromiso del Consell era que debía estar acabado en 2009.
Algo parecido es lo que sucedió con la visita del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y Cervera a Ontinyent. Allí presentaron el proyecto del nuevo hospital. Este futuro centro sanitario ya lo anunció el entonces consejero de Sanidad, Rafael Blasco, hace cuatro años (el 26 de marzo de 2007), en la precampaña de las pasadas elecciones autonómicas. A finales de 2009, en otra visita a Ontinyent, Cervera volvió a referirse a la construcción del hospital e indicó que estaría acabado en 2011. Ahora, sin embargo, los cálculos más optimistas de la consejería remiten a 2013 para tener la obra acabada. "Ni han puesto la primera piedra ni siquiera han desbrozado el terreno en el que se construirá", lamentaba ayer un portavoz del Bloc de Ontinyent.
La semana pasada fue el turno de Gandia. Camps se desplazó a esta localidad para seguir las obras de un hospital que, como los anteriores, también arrastra notables retrasos en el calendario previsto para su puesta en marcha. El presidente de la Generalitat colocó en marzo de 2007 (la precampaña pasada, de nuevo) la primera piedra y se anunció que estaría en 2010. Tras aplazarse la apertura al pasado mes de febrero, sigue metido en obras.
En el caso de Torrent -otro compromiso electoral del PP, como los anteriores- la promesa inicial era que las obras comenzaran el año pasado. Aún no hay fecha prevista de entrada en funcionamiento del centro.
www.elpais.es 22.03.11
29) C.VALENCIANA: LA CONEXIÓN DE CALATRAVA CON EL PP "SALTA A LA VISTA", DICE ESQUERRA UNIDA
El Consell elude responder a Compromís sobre el Ágora de la Ciudad de las Artes
"La conexión entre el arquitecto y el partido salta a la vista", dijo ayer el portavoz de Esquerra Unida del País Valencià, Ignacio Blanco, en relación con los contratos de Santiago Calatrava con el Consell que preside el popular Francisco Camps. La formación de izquierdas presentará esta semana una denuncia ante la fiscalía por tres proyectos no realizados, que califica de "proyectos fantasma" y que han reportado al famoso arquitecto al menos 5,8 millones de euros. La denuncia ha adquirido especial relevancia al hacer público la diputada de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas Marina Albiol uno de esos contratos, el del Centro de Convenciones de Castellón, por el que Calatrava ya ha cobrado 2,7 millones de euros pese a que la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana declaró explícitamente que se había excedido en superficie y costes. Calatrava, de acuerdo con el contrato, el primero que se conoce públicamente, cobra más si hay sobrecostes.
"El 'modus operandi' en Baleares y en el País Valenciano es el mismo"
EUPV apunta la relación con el PP del director de la oficina de Calatrava
"El modus operandi de Calatrava y el PP en las Islas Baleares y en el País Valenciano es el mismo: adjudicación a dedo y honorarios multimillonarios por proyectos virtuales", señaló Ignacio Blanco, que volvió a comparar el del centro de Convenciones de Castellón con el caso Palma Arena, por el que están imputados judicialmente el expresidente balear Jaume Matas, del PP, y el propio Calatrava. "¿Quién, desde el Consell, desbloqueó el pago de 1,35 millones de euros a Calatrava cuando la sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana acusaba al arquitecto, ni más ni menos, que de incumplir el contrato?", se preguntó el portavoz de Esquerra Unida sobre el proyecto del Centro de Convenciones.
Según Blanco -que ocupa el segundo puesto en la lista por Valencia de la formación de izquierdas para las elecciones autonómicas, tras la coordinadora y portavoz parlamentaria, Marga Sanz-, uno de los elementos destacados de la relación de Calatrava con el PP valenciano es la figura del director de su oficina en Valencia, Fernando Benzo, que, de acuerdo con la documentación revelada por Esquerra Unida, era el interlocutor directo con el Consell en los contactos sobre el proyecto del Centro de Convenciones. Benzo ocupó altos cargos en el Ministerio del Interior durante el Gobierno de José María Aznar, cuando el actual vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino, fue director general de la Policía. Posteriormente, explicó Blanco, fue repescado por Jaime Mayor Oreja como uno de los coordinadores de la campaña del PP a las elecciones europeas de 2009. "Parece claro que entre los Gobiernos del PP y Calatrava no existe una simple relación de adjudicatario y contratista, sino unos lazos más estrechos que pueden ayudar a entender los numerosos encargos, algunos más que sospechosos, recibidos por el arquitecto de Benimàmet", afirmó el dirigente de Esquerra Unida, que añadió: "Estamos ante unos señores del PP convirtiendo la contratación pública en un negocio millonario".
El contrato del Centro de Convenciones de Castellón que ha hecho público la diputada Marina Albiol prevé que Calatrava facture sus honorarios en Zúrich, donde reside, pero la dirección de contacto a efectos profesionales es la de Id Hoc Signo Vinces, SL, una empresa de su propiedad con sede en Valencia vinculada a otra con sede en Madrid denominada Calatrava & Family Investments, SL.
Por otra parte, la diputada de Compromís Mònica Oltra explicó ayer que el Consell ha evitado darle acceso a la documentación sobre la construcción del Ágora, en el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, al solicitar el consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, una prórroga del plazo para responder a su petición, lo que evita tener que responder antes de que se disuelvan las Cortes Valencianas. Oltra había reclamado copia del proyecto de las obras del Ágora y de los planos correspondientes a la visera del edificio.
"En esta ocasión no han tenido que recurrir a la existencia de cláusulas de confidencialidad para no permitirnos el acceso a esa documentación", señaló la diputada, "solo han tenido que solicitar una prórroga para conseguir que nuestra petición de documentación decaiga".
La oposición ha tratado a lo largo de la legislatura de conseguir los contratos y los costes de los proyectos encargados a Calatrava pero el Consell ha alegado que se trata de documentos confidenciales o ha dado largas al acceso a la información.
www.elpais.es 22.03.11
30) C.VALENCIANA: EL CONSELL DICE AHORA QUE VELARÁ PARA QUE CALATRAVA CUMPLA
Sánchez de León desautoriza a Gerardo Camps y José Manuel Vela
Paula Sánchez de León, portavoz del Consell, desautorizó ayer de un plumazo a Gerardo Camps y José Manuel Vela, vicepresidente económico y secretario autonómico de Economía y Hacienda, en torno al encargo a Santiago Calatrava de un Centro de Convenciones en Castellón. En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Sánchez de León aseguró: "Hemos cumplido el contrato. Velaremos porque se cumpla y se desarrolle con normalidad".
"Velaremos porque se cumpla el contrato", dice la portavoz
La Generalitat pagó al arquitecto pese a que se excedió en el proyecto básico
Como ha revelado la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol, la Generalitat pagó 2,7 millones de euros a Calatrava por los proyectos básicos de un Centro de Convenciones de Castellón, cuyo presupuesto orientativo inicial era de 60 millones de euros. El proyecto de Calatrava elevaba a 90 millones de euros el coste de solo uno de los tres edificios de los que constaba el complejo e incumplía las determinaciones del contrato, hecho que señaló la propia Sociedad Proyectos Temáticos cuando decidió pagarle los honorarios de todas maneras.
Tanto Gerardo Camps como José Manuel Vela asumieron en sede parlamentaria los sobrecostes de ese proyecto, como en todos los encargos al famoso arquitecto valenciano, cuyas condiciones contractuales se han ocultado sistemáticamente. "Quien ha tomado las decisiones ha sido don Santiago Calatrava", decía ya en 2005 el consejero de Economía ante el pleno de las Cortes para justificar los sobrecostes en sus proyectos. Gerardo Camps admitió el pasado mes de julio en las Cortes la modificación del proyecto inicial del Centro de Convenciones de Castellón, después de que la Sindicatura de Comptes desvelara que de los 60 millones de euros del anteproyecto presentado en 2008 se había pasado a 100 millones, es decir, un 80% más. Sánchez de León, sin embargo, sentenció ayer: "Velaremos porque se cumpla el contrato". Esta rectificación se produce tras el anuncio de Esquerra Unida, apoyada en documentos de los que la diputada Marina Albiol ha podido obtener copia, de que denunciará a la fiscalía ese y otros dos contratos por los que ha cobrado Calatrava pese a que están paralizados. Se trata de unos rascacielos junto a la Ciudad de las Artes y la dársena de Torrevieja.
El cumplimiento por el que ahora se compromete a velar el Consell contradice que se decidiera pagar 2,7 millones a Calatrava a pesar de que Javier de Diego, director técnico de la Sociedad Proyectos Temáticos, alertó por carta en noviembre de 2008 a Eusebio Monzó, entonces director general de la empresa pública, de que había negociado sin éxito con el estudio del arquitecto y el Ayuntamiento de Castellón para intentar que el proyecto básico del Centro de Convenciones respondiera "a unas dimensiones y usos ajustados al presupuesto aprobado de 60 millones de euros". Un informe de los técnicos de SPTCV sobre el proyecto de Calatrava en Castellón, también de noviembre de 2008, apuntaba que se multiplicaba por cuatro la superficie inicialmente prevista, que Calatrava pretendía ocupar una parcela de suelo no urbanizable que obligaba a modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Castellón; que el proyecto se estructuraba en tres fases, la primera de las cuales ascendía a 89,9 millones (sin IVA), cantidad muy superior al "presupuesto orientativo de licitación" para todo el complejo, fijado en 60 millones; y que se planteaban en el proyecto básico dos versiones, sin que hubieran sido solicitadas.
Pese a ello, la Sociedad Proyectos Temáticos pagó los honorarios a Calatrava como señal de su "voluntad de entendimiento", en una línea mantenida por el Consell con Calatrava, cuyos sobrecostes y contratos nunca han sido explicados pese a las reclamaciones de la oposición. El propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en respuesta al portavoz socialista, Ángel Luna, asumió llanamente las modificaciones planteadas por el arquitecto: "Les recuerdo que, cuando nosotros contratamos arquitectos, son ellos los que diseñan".
La portavoz del Consell también restó importancia ayer al acuerdo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que sean sus colegas de Valencia quienes decidan si los tres máximos jefes de la trama Gürtel deben ser juzgados junto al presidente de la Generalitat Francisco Camps, en relación con el regalo de los trajes que hizo la red corrupta al presidente valenciano y a otros altos cargos del PP de esa comunidad (Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos).
Sánchez de León aseguró no tener constancia oficial de tal acuerdo. "La realidad es que esa decisión la conozco a través de un medio de comunicación", dijo en alusión a EL PAÍS. "No tengo constancia de que exista un auto al respecto pero no puedo sino respetar una decisión judicial. Estamos ante el pronunciamiento de un tribunal que debe ser ratificado por otro", en este caso, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
www.elpais.es 19.03.11
31) C.VALENCIANA: LAS NUEVAS ´PÍLDORAS´ DE RTVV
La cadena pública incorpora al canal Nou24 dos editoriales firmados por Mamen Gurruchaga
La firma de Mamen Gurruchaga es la última píldora editorializante que Radiotelevisió Valenciana (RTVV) receta a sus telespectadores. El microespacio, de un minuto de duración, en el que la periodista afincada en Madrid ofrece ante las cámaras su opinión sobre un tema de política nacional, se ofrece los miércoles y viernes dentro del programa nocturno que conduce José Luis Torró en el canal Nou24, entre las 22.15 y las 23.15 horas.
El producto empezó hace algo más de dos meses, inicialmente sólo un día a la semana y ahora se ha extendido a dos. Gurruchaga es colaboradora prácticamente fija en el programa DBT de Isabel Durán, donde es conocida por sus opiniones radicales, que no excluyen palabras malsonantes. Tras participar en este debate los martes por la noche, a la mañana siguiente regresa a las instalaciones de Burjassot para grabar en el control de realización del estudio 3 sus píldoras, descritas por propios redactores de la cadena pública como "ideológicamente duras".
Una de las que más repercusión ha tenido en internet es la que arremetió contra la fiscalía por poner tanto empeño en el caso de "los trajes de Camps" cuando la sanción por "no guardar los tiques" de tres prendas, dijo, sería menor que la de fumar en público. La línea general es la de la crítica al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Incluso el comentario que dedicó a los 30 años del 23-F acabó con un enigmático: "En España está todo mal, bastante mal".
Gurruchaga, la periodista por la que Mariano Rajoy medió ante Francisco Camps en 2007, es asimismo una de las participantes del DBT que en las últimas semanas ha aprovechado los viajes de Madrid a Valencia para compartir mesa y mantel con el presidente de la Generalitat y con la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, como desveló Levante-EMV.
Las firmas de Gurruchaga no son un formato nuevo en los espacios informativos de RTVV. Recuerdan bastante a los comentarios políticos que realizó Pilar Ferrer desde Madrid en los noticiarios de los domingos al mediodía cuando Eduardo Zaplana era presidente de la Generalitat. El entonces jefe del PP valenciano buscó fortalecer su repercusión en Madrid con lo que se llamó periodísticamente la "Brunete mediática", grupo de profesionales de medios de comunicación de la capital a los que Canal 9 concedió atractivos contratos. Julián Lago, Carlos Dávila y Fernando Sánchez Dragó fueron algunos de los beneficiarios de programas en la televisión pública valenciana en aquella etapa.
Pese a la apariencia de editoriales de la cadena que pueden tener las píldoras de Gurruchaga en el Nou24, RTVV alega que se trata de "la opinión" de la periodista y "no de la casa". Ella "aporta su análisis" sobre un asunto, "igual que hacen los columnistas de opinión de cualquier periódico", señalaron fuentes oficiales de la cadena a este diario. Sin embargo, la única que goza del privilegio de la opinión es por ahora sólo ella. Según las mismas fuentes, no hay idea de ampliar, aunque "podría ser".
Carmen Gurruchaga, Isabel Durán, Alfonso Rojo o Charo Zarzalejos son ahora casi fijos cada martes por la noche en el DBT de Canal 9, un programa por el que fue preguntado el director general del ente, José López Jaraba, en el último consejo de administración, cuyo coste no desveló. Jaraba admitió, sin embargo, ser el padre de la idea porque -dijo- hacía falta un programa sobre política nacional. RTVV esgrime la confidencialidad de los contratos, pero fuentes bien informadas aseguran que los tertulianos cobrarían 800 euros por participación e Isabel Durán, 3.000. Para José Ignacio Pastor (PSPV), "no es de recibo que la Junta Electoral permita un espacio como este".
La periodista que recomendó Rajoy
"Mariano, me tienes que hacer un favor. La temporada pasada iba a un programa de Canal 9 (ýParlem clarý) y en esta no me llaman; y me hace falta. Como está aquí CampsÉ" Así contaba Levante-EMV lo que Carmen Gurruchaga (San Sebastián, 1955) dijo a Rajoy tras el mitin de Feria Valencia el 27 de octubre de 2007. "Sí, sí, no te preocupes", le contestó el líder del PP y, al poco, la periodista regresó a RTVV. Gurruchaga dirigió la edición de "El Mundo" en Euskadi y su casa fue objeto de un atentado en 1997. Tras dejar el territorio vasco, ha sido colaboradora habitual de Antena 3, "La Razón", Onda Cero y Telemadrid.
www.levante-emv.com 20.03.11
32) C.VALENCIANA: EL DBT ES UN CHOLLETE PARA SU PRESENTADORA
Tres mil euros por cada programa para su presentadora Isabel Durán. 800 euros por programa para algunos de sus tertulianos. Canal Nou paga a precio de oro lo que, en medios sindicales y políticos de Valencia se considera un programa con el que el entorno de Camps premia la fidelidad de determinados periodistas. Y esto en una televisión pública: es decir, que pagamos todos.
Según ha sabido ELPLURAL.COM por fuentes cercanas al
Consejo de Administración de la televisión pública valenciana, Durán, que es
la responsable de DBT, programa semanal de debate político, percibe 3.000
euros por cada uno de estos programas. Pero no es la única que gana una
cantidad especialmente llamativa si se tiene en cuenta que
Canal Nou está pagado con el dinero de los impuestos de todos. Los invitados
al DBT también perciben jugosas retribuciones. Iñaki Zaragüeta, por ejemplo,
de La Razón, recibe, según estas fuentes, 800 euros por cada programa.
Dinero al que habría que sumar sus participaciones en otros espacios, como
Bon Matí, que podrían aumentar sus percepciones hasta más allá de los 4.000
euros mensuales.
Matan, y cobran, dos pájaros de un tiro
Y como el caso de Zaragüeta, el de otros cuantos. Por ejemplo, Carlos Cuesta, el periodista de El Mundo y Veo7, que pasó un mal trago cuando en el programa del Gran Wyoming descubrieron que uno de los vídeos que emitió en su programa, supuestamente sobre el mundo de la mendicidad en tiempos de Zapatero, en realidad estaba hecho con imágenes de archivo durante la presidencia de Aznar.
También denuncian a ELPLURAL.COM en fuentes sindicales de Canal Nou el caso de Mamen Gurruchaga, que "mata y cobra dos pájaros de un tiro" cada vez que viaja al levante. Esta tertuliana de DBT, que percibe ingresos suplementarios por tener que trasladarse a Valencia para la grabación, aprovecha además para ejercer de analista política para otro programa, 24/9, que presenta José Luis Torró. Claro que para esto no es la única. La propia Isabel Durán, y Alfonso Rojo, otro habitual de DBT, como denunció ya ELPLURAL.COM, aprovechan su estancia en los estudios de Canal 9 –insistimos, un medio público- para utilizando una línea RDSI que les pone la televisión pública, participar en debates de Intereconomía.
Se utiliza el programa para premiar y castigar a periodistas
Un miembro de la oposición, el Partido Socialista del País Valenciano, comentaba a ELPLURAL.COM que además estos significativos emolumentos son utilizados en el entorno del President Camps como una forma de ganarse simpatías entre periodistas con cierta influencia. En especial en el caso de periodistas valencianos. De hecho, se ha dicho a este periódico, ha habido casos de tertulianos de DBT que dejaron de serlo después de escribir cosas que no resultaron del agrado de la dirección popular valenciana.
El diario Levante ya denunció, y lo recogió
ELPLURAL.COM, cómo con cierta frecuencia los periodistas que participan en
DBT antes comen en el Palacio de la Generalitat: "… Isabel Durán, Carmen
Gurruchaga, Alfonso Rojo, Iñaki Zaragüeta y Julián Quirós almuerzan el
jueves con Francisco Camps y, al siguiente, con la portavoz del Consell,
Paula Sánchez de León…"
Y encima audiencias nefastas
Pero, ya en el colmo, es que además DBT no cuenta, ni mucho menos, con el interés de la audiencia valenciana. De hecho, no logra superar el 2,5% de audiencia en la hora estrella de la noche de los martes. O lo que es lo mismo, apenas lo siguen 58.000 espectadores; datos que lo sitúan entre los programas menos vistos en la historia de Canal Nou en el prime time.
www.elplural.com 20.03.11
33) C.VALENCIANA: AMOR EXHIBE LA BAJA DE 82 MILITANTES EN BENIDORM PARA FORZAR SU FUTURO POLÍTICO
La presidenta del PP benidormense reúne en una comida a los disidentes para
pedirles "un tiempo de espera" hasta ver lo que decide la regional
La presidenta del PP en Benidorm, Gema Amor, todavía no ha dicho la última palabra sobre su futuro político. Espera a que la dirección regional, según dice, "se piense lo que va a hacer conmigo y después yo decidiré". Aunque aprovechó el comité ejecutivo provincial del PP en Alicante del viernes para alertar sobre la baja de 82 militantes "disgustados" con al decisión de designar como candidato a la alcaldía a Manuel Pérez Fenoll.
Sin embargo, Amor no considera esta acción como un aviso hacia su partido, "no es un ultimátum, ni un órdago ni nada semejante. Es un tiempo de espera para que se lo piensen". Y mientras Amor deja los deberes a Valencia para que los hagan en casa, se fue de comida con los militantes que se han dado de baja entre sus filas para pedirles "prudencia y tranquilidad", según expone Amor, "hasta ver lo que el partido va a hacer". Amor, rechaza comentar la posibilidad de encabezar una candidatura independiente a la alcaldía de Benidorm, tras haber sido la candidata legítima de su ejecutiva y ser rechazada por la dirección regional con el visto bueno de Ripoll. "No voy a hablar de eso. Soy, de momento, la presidenta del PP de Benidorm y hago mi trabajo con normalidad".
Aunque en su exposición, subraya que "de momento" sigue en el PP. Y prueba de ello fue su asistencia al cónclave popular del viernes en Alicante, a pesar de que para la dirección provincial no estaba garantizada su presencia.
El desorden alicantino
El rumor de una posible fuga de Gema Amor del PP, quien además es vicesecretaria de la dirección provincial liderada por José Joaquín Ripoll, se suma a la procesión de rupturas que ya pasea por diversos municipios alicantinos: Torrevieja, Xàbia, Elx, La Vila y Calp. Y en todos los casos, protagonizadas por afines al presidente de la Diputación. Hecho que lo desmerece de cara a la dirección nacional en Génova.
El propio Ripoll sabe que Benidorm es una plaza de gran calado para Génova, tras la bronca política sobre transfuguismo que se ha originado con el PSOE a nivel nacional, y si Amor lidera una lista independiente a Fenoll le resultará imposible recuperar la alcaldía, y esto puede dar al traste con sus aspiraciones de optar a un tercer mandato en la Diputación. La imagen de descontrol que ofrece el partido en Alicante, a las puertas de que se arranque el proceso de confección de las últimas listas electorales en el PP, debilita a Ripoll. A pesar de que acaba de autoproclamarse escogiéndose como número dos tras la alcaldesa de Alicante, posición que históricamente ha ocupado el candidato a la presidencia provincial.
Sin embargo, todo apunta a que Génova dejará de momento en el aire la confirmación oficial de Ripoll, sobre todo porque se esperan nuevos datos de la trama Brugal por la que el presidente alicantino está imputado por diversos presuntos delitos relacionados con la adjudicación de la contrata de la basura. El lunes está prevista una reunión del comité nacional para aprobar los nombres de los candidatos municipales. Todo apunta a que nada se dirá sobre los aspirantes a dirigir las instituciones provinciales.
www.levante-emv.com 20.03.11
34) C.VALENCIANA: ENTREVISTA: MARINA ALBIOL Diputada de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas
"Hemos puesto en evidencia que el PP hace contratos para beneficiar a Calatrava"
Los contratos millonarios de la Generalitat con Santiago Calatrava, que la oposición ha reclamado reiteradamente, están en la picota porque la diputada ha sacado a luz uno de ellos, con incumplimientos y sobrecostes a favor del arquitecto
Ha revelado cómo la Generalitat pagó 2,7 millones de euros a Santiago Calatrava por el Centro de Convenciones de Castellón pese a que incumplió el contrato al elaborar un proyecto exagerado en coste y dimensiones. Esquerra Unida llevará a la fiscalía la semana que viene ese caso y otros dos de proyectos pagados a Calatrava y paralizados. Marina Albiol, nacida en Castellón hace 28 años, protagoniza la denuncia de sobrecostes y pagos millonarios en grandes proyectos al final de su primera legislatura como diputada.
"La seña de identidad del Consell es la falta de transparencia"
"Al PP le molesta que se hagan públicas las cosas que han de ser públicas"
"Los sobrecostes benefician tremendamente a Calatrava"
Pregunta. ¿Por qué empezó usted a interesarse por el proyecto del Centro de Convenciones?
Respuesta. En primer lugar porque soy de Castellón. Alberto Fabra y Francisco Camps anunciaron el Centro de Convenciones como algo que atraería a miles de visitantes y beneficiaría a la economía. Presentaron en 2008 una maqueta con Santiago Calatrava. Fue entonces cuando empezamos a sospechar que volvíamos a estar ante un proyecto que costaría muchos millones y estaría vacío de contenido, sin rentabilidad social alguna. Más tarde se conoció el informe de la Sindicatura de Comptes que ya hablaba de sobrecostes. A partir de entonces hicimos preguntas escritas, una pregunta oral en comisión al consejero que contestó el secretario autonómico, el señor Vela, y pedimos ver la documentación, primero los proyectos y después el expediente.
P. ¿Cómo lograron ver la documentación? ¿Por qué les dejaron?
R. Pedimos ver la documentación y al final lo conseguimos. Parece sorprendente, pero, en realidad, es lo que toca. Esa documentación tiene que estar al alcance de los diputados y diputadas para que podamos hacer nuestro trabajo de control al Consell.
P. Pero se ha convertido en una excepción...
R. Sí. La seña de identidad de este Consell es la falta de transparencia. Esconde contratos y expedientes. Por eso algo que debería ser normal parece excepcional.
P. El recorrido para acabar viendo el expediente ha sido un tanto rocambolesco, ¿no?
R. La primera vez, cuando pedimos el anteproyecto y el proyecto básico, para compararlos y comprobar si el sobrecoste estaba justificado, nos comunicaron que podíamos ir a consultarlos a la sede de la Sociedad Proyectos Temáticos. Acudimos a la plaza del Temple, en Valencia, y nos dijeron que no tenían allí el expediente y no podían trasladar las cajas. Así que tuvimos que ir a Alicante, donde nos encontramos que las oficinas de la Sociedad Proyectos Temáticos son unos barracones en medio de la nada donde están las maquetas y los planos en condiciones bastante precarias. Cuando fuimos la última vez a ver ya propiamente el expediente, estaba en otras oficinas, en la Ciudad de la Luz, entre platós de cine.
P. Usted ha dicho que el Centro de Convenciones de Castellón es otro caso Palma Arena. ¿Por qué?
R. Porque es un contrato a dedo, sin concurso público. En segundo lugar, porque pagaron por un proyecto que no saben siquiera si se hará. En el caso de Torrevieja, eso es evidente debido a que la reforma de la dársena ya se hizo siguiendo otro proyecto. Tampoco parece que vayan a construirse las torres junto a la Ciudad de las Artes en Valencia y, en el caso del Centro de Convenciones de Castellón, está en duda que se pueda construir, ya que los terrenos se ven afectados por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, Calatrava está cobrando por unos proyectos que no sabemos si se llevarán a cabo o estamos seguros de que ya no se harán. En tercer lugar, por los sobrecostes. El Centro de Convenciones tiene un sobrecoste de 40 millones antes de poner la primera piedra. Hay muchas similitudes con el caso Palma Arena. Por eso lo llevaremos a la fiscalía y que evalúe si hay responsabilidades.
P. ¿Tiene usted la sensación de que los otros contratos de la Generalitat con Calatrava son similares al que usted ha hecho público?
R. Esa es la sensación que tenemos. Una de las cosas más llamativas del contrato es que los sobrecostes benefician tremendamente a Calatrava, dado que cobra un porcentaje sobre el coste final de la obra. Así, no nos extrañan en absoluto los sobrecostes en la Ciudad de las Artes y las Ciencias o en otros proyectos del arquitecto.
P. ¿Pedirán al fiscal que lo investigue todo o sólo que se limite al Centro de Convenciones, las torres y la dársena de Torrevieja?
R. Aportaremos documentación sobre esos tres proyectos. Eso no impide que la fiscalía decida ampliar su investigación.
P. El PP ha acusado alguna vez a Esquerra Unida de estar contra de la política de grandes proyectos que benefician a la sociedad...
P. En primer lugar, por lo que estamos es por la transparencia. Pensamos que todas estas cosas han de salir a la luz, que los contratos han de ser públicos, que la gente ha de saber en qué se gasta el dinero de todos. En segundo lugar, estamos en contra de los grandes eventos y los grandes proyectos que carecen de rentabilidad social y que lo único que hacen es llenar los bolsillos de un arquitecto estrella. Son proyectos que encarnan la megalomanía de Fabra, como el Centro de Convenciones, o de Camps. Cuando el PP hace estos grandes proyectos, se quedan en edificios sin contenido alguno. Ahí tenemos el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, vacía 350 días al año. Ese dinero debería gastarse en sanidad, educación y atención a la dependencia, que es lo que hace falta a la gente.
P. ¿Quiénes son los responsables del caso que usted denuncia?
R. La responsabilidad política recae directamente sobre el consejero de Economía, Gerardo Camps, y sobre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que han tenido mucho interés en que Calatrava sea el autor de los grandes proyectos.
P. Por la documentación que usted ha revelado, los técnicos querían corregir el proceso porque se incumplía todo lo previsto en el contrato, pero llegó un momento en que se asumió que había que pagar de todas maneras a Calatrava... ¿Sospecha que hubo alguna intervención política?
R. No hay argumentos técnicos para que el proyecto básico de Calatrava sea aprobado ni para que se le paguen 2,7 millones de euros. Técnicamente no es posible porque el proyecto no se ajusta a las necesidades, porque Calatrava incumple el contrato, porque se le encargó una superficie de 16.000 metros cuadrados y la amplió a más de 60.000, porque el presupuesto era de 60 millones y lo elevó a 100 millones... Para que se le acabara pagando, parece que tuvo que haber una intervención de los responsables del Consell.
P. El vicepresidente Vicente Rambla dijo que se va a hacer cumplir el contrato....
R. Rambla no sabía cómo salir del atolladero. Son declaraciones electoralistas, pensando que en dos meses hay unos comicios y que, con un panorama de más de medio millón de parados, es inmoral que se gasten 100 millones de euros en un centro de convenciones. Sin embargo, tanto el secretario autonómico, José Manuel Vela, como el consejero Gerardo Camps asumieron el sobrecoste. Se contradicen. La verdad es que asumieron que el Centro de Convenciones costaría al menos 100 millones de euros. Digo "al menos" porque Calatrava tiene la costumbre de incrementar los costes en cuanto empieza a construir.
P. ¿Cree que tendrá ocasión de ver algún otro expediente?
R. Por falta de perseverancia y de trabajo no será... Es cierto que al PP le molesta profundamente que se hagan públicas las cosas que han de ser públicas. Esquerra Unida ha puesto en evidencia su forma de actuar, que hace contratos para beneficiar a Calatrava. Por eso no sabemos si volverá a producirse esa situación, pero exigiremos ver los expedientes. Los diputados y diputadas tenemos derecho a acceder a esa información y hemos de sacar las cosas a la luz para que la ciudadanía sepa en qué se gasta su dinero.
P. ¿Qué le ha parecido esta legislatura en la que no han dejado de surgir escándalos?
R. Estamos en un momento en que la corrupción salpica prácticamente a todas las administraciones públicas. De norte a sur, el PP está plagado de casos de corrupción. Es triste. Hace que la ciudadanía se aleje de las urnas y piense que los políticos no la representan, que son todos iguales. Eso es un peligro para nuestra democracia. Hay que decirle a la ciudadanía que no todos somos iguales, que hay gente como los hombres y mujeres de Esquerra Unida que queremos transparencia y que se gobierne con ética. Lo que hace falta es limpiar las instituciones del País Valenciano.
www.elpais.es 20.03.11
35) C.VALENCIANA: RIPOLL RETA A CAMPS Y SE AUTOPROCLAMA CANDIDATO
Los ripollistas responden que se ciñen al proceso "tradicional" del partido
El líder del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, ha respondido a su homólogo regional, Francisco Camps, con su misma medicina. Hace unas semanas, el jefe del Consell lanzó un órdago a la dirección nacional al autoproclamarse candidato a la Generalitat y en la tarde de ayer Ripoll lo emuló. El comité electoral provincial, afín a Ripolll, elevó a la dirección nacional la propuesta de candidatura de la capital, que incluye a la actual alcaldesa, Sonia Castedo, como número uno y a José Joaquín Ripoll, como número dos y, a su vez, candidato a la Diputación.
Castedo declina valorar la propuesta del comité electoral provincial
Amor arropa al presidente, pero alerta de la caída de afiliados en Benidorm
El acuerdo del comité electoral fue dado a conocer a renglón seguido al comité ejecutivo. Este órgano no votó la resolución pero sí la acogió con una sonora ovación. De esta forma, el ripollismo ha acabado materializando la fallida intentona del miércoles. Entonces, Ripoll reculó ante la presión campista y la indiferencia de la dirección nacional.
La decisión encona aún más la batalla entre campistas y ripollistas en Alicante. Castedo no quiere a Ripoll en su candidatura y éste insiste en que tiene un pacto con el presidente nacional, Mariano Rajoy, para seguir en el cargo.La iniciativa de los afines a José Joaquín Ripoll de proponer su candidatura a la presidencia de la Diputación de Alicante ha avivado el enfrentamiento con el bando rival, los campistas. Fuentes de la ejecutiva regional del PP valenciano aseguraron a este periódico que Ripoll "usurpó" ayer las competencias para designar candidatos a comité electoral regional. Esas fuentes señalan el artículo 32.2 de los estatutos del PP recoge que la designación de los candidatos a la presidencia de las diputaciones es "una competencia exclusiva" del comité electoral regional.
Esta argumentación de la dirección regional de los populares contrasta con la versión ofrecida en la tarde de ayer por Macarena Montesinos, presidenta del comité electoral provincial del PP de Alicante, al justificar la iniciativa de proponer a Ripoll como candidato. "Histórica y tradicionalmente en Alicante siempre hemos hecho lo mismo, es decir, junto al número uno de la lista hemos propuesto el número dos y candidato a la presidencia de la Diputación", explicó. La también diputada nacional ni afirmó ni rechazó que esa decisión se ajuste a los estatutos del partido. "Es lo que históricamente hemos hecho", reiteró.
No obstante, con motivo de las elecciones municipales de 2007, el comité electoral provincial del PP elevó a la dirección nacional una propuesta distinta a la de ayer. Entonces, este órgano remitió toda la candidatura, desde el número uno, Luis Díaz Alperi, hasta el último puesto de la lista. La dirección nacional anuló la propuesta, salvo en lo que tocaba al cabeza de lista, al considerar que era netamente "ripollista". Entonces los populares alicantinos iniciaron una nueva negociación que alcanzó incluso hasta el número dos. Inicialmente, Alperi abogaba en ese puesto por la actual alcaldesa, Sonia Castedo. Ripoll mantuvo el escalafón tras la renuncia de Castedo.
Sonia Castedo, miembro nato del comité ejecutivo provincial del PP, declinó ayer comentar la propuesta para la candidatura de la capital que ha formalizado la ejecutiva de Ripoll. La regidora, no obstante, puntualizó que no había sido "convocada" a la reunión. La versión de Castedo fue rechazada por Montesinos: "El partido siempre convoca en tiempo y forma a todos los miembros de los órganos a sus reuniones".
La reunión del comité ejecutivo provincial tenían otro punto de incertidumbre, la asistencia de la líder del PP en Benidorm, Gema Amor, y, a su vez, secretaria de Comunicación de la ejecutiva provincial de Ripoll. Amor sí asistió e incluso ejerció su función de portavoz de la ejecutiva ante los periodistas. Amor, con semblante serio, rechazó comentar la posibilidad de encabezar una candidatura independiente a la alcaldía de Benidorm, tras ser descabalgada en esa carrera por los campistas, con el visto bueno de Ripoll. "No toca hablar de eso. Estamos muy orgullosos de la candidatura de Ripoll a la Diputación". A continuación, ofreció los datos de altas y bajas en el partido, estadística que arroja un saldo de 82 militantes menos en Benidorm.
El comité electoral provincial aprobó las candidaturas de otros 34 pueblos con menos de 20.000 habitantes. La sorpresa fue la nominación de Antonio Pastor como candidato en Polop, en lugar de la actual regidora María Dolores Zaragoza.
www.elpais.es 19.03.11
36) C.VALENCIANA: FABRA SE SUELTA EN EL ÚLTIMO TRAMO
"No tiene derecho, como persona, ni a dirigirme la palabra", le espetó a Colomer
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se ha caracterizado por utilizar, de vez en cuando, exabruptos. Durante esta legislatura ha dicho públicamente cosas como "me sacaré la pirula y mearé" o "hijo de puta". Sin embargo, ahora, a dos meses de dejar la vida pública, sus palabras empiezan a no tener medida. En las últimas comparecencias, al menos, ante los medios de comunicación, las expresiones impropias de un representante de los ciudadanos comienzan a proliferar.
Ayer fue "cojonudo". Y Fabra lo utilizó al ser preguntado por los invitados a la inauguración del aeropuerto de Castellón. No ha invitado al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, aunque, según dijo, le hubiera parecido "cojonudo que hubiera venido Eduardo". La semana pasada fue a costa de la creación de un consorcio de agua que el Gobierno, ante el que lo ha reclamado en tres ocasiones, no ha autorizado. "No hace falta que se lo reclamemos una cuarta. Somos buenos pero gilipollas no somos", afirmó.
De la misma raíz fue la "gilipollez" con la que se refirió a unas declaraciones realizadas por el Subdelegado del Gobierno en Castellón, Antoni Lorenzo.
Al margen de las incorrecciones o groserías, su locuacidad le ha llevado a no disimular que antepone su partido a todo lo demás. Así, dijo no haber invitado al ministro que autorizó el aeropuerto de Castellón, Francisco Álvarez Cascos, "y más en este momento en el que el exministro de Fomento ya no está en el Partido Popular". En esta ocasión, al menos, tratando de salirse del tono partidista, precisó que "no tiene mucho sentido que le invite a un acto que es recuerdo al Gobierno del PP que presidió el presidente Aznar".
En ese tono, Fabra echó ayer mano de su registro más hostil en el pleno de la Diputación de Castellón, el penúltimo de su presidencia y de su vida pública, para dirigirse al portavoz del Grupo Socialista, Francesc Colomer, al que reprochó haberse metido con su vida personal. "No tiene derecho, como persona, ni a dirigirme la palabra", le espetó. "Usted me ha insultado sistemáticamente y las palabras decencia y valores no sabe cómo se escriben", añadió.
www.elpais.es 23.03.11
37) C.VALENCIANA: EL FISCAL PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA FENOLL POR FRAUDE A HACIENDA
Un concejal del PP oriolano imputado en el 'caso Brugal' se niega declarar
El fiscal solicita tres años de cárcel para Ángel Fenoll, empresario oriolano afín al PP, por un delito fiscal. En concreto el ministerio público, acusa a Fenoll de defraudar a Hacienda en su declaración de renta de 2004 un total de 217.803 euros. Esta causa, cuyo instructor ya ha decretado juicio oral, es independiente de la investigación del caso Brugal, en cuyo sumario Fenoll ocupa un papel estelar: la policía y el fiscal lo consideran el cabecilla de la supuesta trama corrupta relacionada con las contratas de basura y el urbanismo en la provincia de Alicante.
El fisco le reclama 217.803 euros que ocultó en la declaración de renta
La investigación judicial sobre la nueva causa judicial por la que ha sido procesado Fenoll se remonta a 2004, cuando la Agencia Tributaria descubrió un incremento de patrimonio de 484.007 euros a favor de las empresas Colsur e Inversiones Salabosque, SL, ambas firmas propiedad de Fenoll. Sin embargo, el industrial no incluyó esas ganancias en su declaración del impuesto sobre la renta.
La Agencia Tributaria dio al industrial un plazo de seis meses para que justificara la omisión. Pasado ese plazo, la inspección de Hacienda concluyó que el industrial no aportó la documentación requerida o lo hizo de manera incompleta y puso los hechos en conocimiento de la fiscalía al considerar que podría haber incurrido en un delito fiscal ya que la cuota defrauda era de 217.803 euros.
La instrucción de esta causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela. El magistrado ha traslado las diligencias a un Juzgado Lo penal para que fije la vista oral. Además de los tres años de prisión, el fiscal pide para Fenoll una multa de 700.000 euros y que indemnice a Hacienda en la misma cantidad defraudada.
Por otro lado, en la mañana de ayer compareció ante el juez que dirige el caso Brugal, el titular del Juzgado Número 3 de Orihuela, Manuel Abadía, edil del PP del Ayuntamiento de Orihuela, imputado en el sumario. Abadía, concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Orihuela, del PP, se negó a declarar ante el juez, que investiga la trama. El edil ha secundó así la estela de su compañero de gobierno Antonio Rodríguez Murcia, responsable de Pedanías, quien el lunes tampoco quiso declarar ante el juez.
Abadía no contestó a las preguntas de las partes, pero sí hizo una exposición en la que se desmarcó de la creación de empresas tapadera encabezadas supuestamente por el industrial Ángel Fenoll para hacerse con la adjudicación de la contrata de residuos del municipio. Abadía también negó que diera información privilegiada del pliego de condiciones a las empresas que lograron el contrato y que hubiera recibido regalos a cambio de esos datos.
La versión ofrecida por Abadía al magistrado contrasta con la realizada días anteriores por otro imputado, Luis Bracho, gerente de la mercantil Sufi. Esta empresa ganó la contrata en unión con otras dos firmas, según la investigación, tapadera de Fenoll. Bracho admitió al juez que antes de la adjudicación del contrato mantuvo dos encuentros con el edil Abadía.
A la salida del juzgado, el concejal aseguró que había declarado y "aclarado" las imputaciones. Sin embargo, una de las acusaciones populares explicó que el concejal no contestó a las preguntas de ninguna de las partes y, en cambio, se le permitió hacer su exposición. El fiscal hizo constar una queja por este proceder, que en su opinión no está previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El día 12 de abril declarará ante el juez el tercer concejal de Orihuela imputado en el caso Brugal, Ginés Sánchez Larrosa, responsable del área municipal de Medio Ambiente.
www.elpais.es 23.03.11
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