ÍNDICE
 

1) CASO GÜRTEL: LA MANO DERECHA DE ARENAS, EN LA AGENDA DE LOS CAPOS DE LA ‘GÜRTEL’

2) CASO GÜRTEL: PEDREIRA DICTARÁ LA APERTURA DEL JUICIO POR EL ‘CASO GÜRTEL’ ANTES DEL 15 DE JUNIO

3) CASO GÜRTEL: EL EXCONCEJAL DEL PP DE ESTEPONA, RICARDO GALEOTE, DIO CONTRATOS A ‘GÜRTEL’ A CAMBIO DE VIAJES

4) CASO GÜRTEL: LA TRAMA SUPO DE LA VISITA DEL PAPA ANTES DEL ANUNCIO OFICIAL

5) CASO GÜRTEL: EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA ABSUELVE A ÁNGEL LUNA DE ENCUBRIMIENTO

6) CASO GÜRTEL: DENEGADA LA LIBERTAD A LOS DOS CABECILLAS DE LA TRAMA GÜRTEL

7) CASO GÜRTEL: LA LISTA DE BOADILLA DESMIENTE LA PROMESA DE AGUIRRE DE BORRAR EL RASTRO DE GÜRTEL

8) CASO GÜRTEL: EL CONSELL ELUDE ACLARAR LA REUNIÓN DE CAMPS Y RAMBLA CON UN JEFE DE GÜRTEL

9) RAJOY OFRECE EN BERLÍN LA VISIÓN MÁS POSITIVA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

10) EL LÍDER DEL PP RECHAZA CUATRO VECES HABLAR DE CORRUPCIÓN

11) RAJOY IRONIZA QUE EL CANDIDATO DEL PSOE QUE MÁS LE CRITIQUE SUCEDERÁ A ZAPATERO

12) RAJOY SE FUMA UN PURO EN UN PARTIDO DE NIÑOS

13) RAJOY NIEGA DELANTE DE AZNAR QUE EL PP NEGOCIARA CON ETA EN ZÚRICH

14) COSPEDAL METE EN EL MISMO SACO A RUBALCABA Y AL ETARRA TROITIÑO

15) UN ARGUMENTARIO DEL PP CULPA AL EJECUTIVO DE LA LIBERACIÓN DEL ETARRA

16) EL PP ENCABEZA LA MARCHA DE LAS VÍCTIMAS DOMINADA POR EL "¡RUBALCABA A PRISIÓN!"

17) AZNAR, A POR LOS MUSULMANES: "NO SE INTEGRAN"

18) PROHIBIDA LA PROCESIÓN ATEA POR COINCIDIR CON LAS CATÓLICAS

19) EL MAGISTRADO MÁS AFÍN AL PP DIRIGE LA ESTOCADA DEL 'CASO FAISÁN'

20) C.A ANDALUCÍA: EL SUEGRO DE ARENAS COBRÓ DEL FONDO DE LOS ERE POR ASESORAR EN SANTANA

21) C.A ANDALUCÍA: MARBELLA REGULARIZARÁ UN EDIFICIO DEL CANDIDATO DEL PP DE ESTEPONA

22) C.A ASTURIAS: OTRO ALCALDE ABANDONA ENTRE REPROCHES EL PP PARA SUMARSE A CASCOS

23) C.A BALEARES: EL JUEZ RECHAZA REBAJAR A MATAS LA FIANZA DE TRES MILLONES DE EUROS

24) C.A BALEARES: DOS ABOGADOS DE MATAS ABANDONAN SU DEFENSA

25) C.A CASTILLA LA MANCHA: LOS TRES CABEZAS DE LISTA DEL PP TOLEDANO VIVEN EN MADRID O EN OTRAS LOCALIDADES

26) C.A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL ARROPA A UNA LISTA ELECTORAL CON UN IMPUTADO POR SUPUESTA CORRUPCIÓN

27) C.A GALICIA. LA XUNTA EXIME A BALTAR DEL CONTROL DE LAS OPOSICIONES A FUNCIONARIOS

28) C.A GALICIA: UNA DIPUTADA DEL PP ADEUDA SALARIOS A SU PLANTILLA

29) C.A GALICIA: EL BNG Y EL PSOE PIDEN CUENTAS A FEIJÓO POR LA FOTO DE RAJOY EN EL BARCO DE UN CLAN DE LA DROGA

30) C.A GALICIA: RUEDA RESCATA UN INFORME DE JULIO DE 2010 PARA REAVIVAR LA 'TRAMA AGRARIA'

31) C.A GALICIA: EL BNG EXIGE A FEIJÓO QUE ECHE AL CANDIDATO DEL PP DE ARZÚA

32) C.A GALICIA: PARIENTES DE CANDIDATOS DEL PP OURENSANO COPAN APROBADOS EN LA DIPUTACIÓN

33) C.A GALICIA: FEIJÓO RESPALDA A LOS IMPUTADOS DEL 'CASO ORQUESTA'

34) C.A MADRID: AGUIRRE SE BLINDA CON LA LISTA ELECTORAL DE LA ASAMBLEA

35) C.A MADRID: LA ALCALDESA DE GUADARRAMA DEJA EL PP TRAS ENFRENTARSE CON SU ANTECESOR

36) C.A VALENCIANA: GÉNOVA OBLIGA AL PP DE CAMPS A RETIRAR LA DENUNCIA CONTRA CUATRO TELEVISIONES

37) C.A VALENCIANA: BLASCO DA UN MILLÓN DE EUROS A ENTIDADES QUE INVESTIGA EL FISCAL

38) C. VALENCIANA. EL CONSELL SE NIEGA A DECIR CUÁNTO PAGA CANAL 9 POR EL PROGRAMA 'DBT'

39) C. VALENCIANA: EL FISCAL MANTIENE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AYUDAS DE BLASCO

40) C. VALENCIANA: LA COORDINADORA DE ONG PIDE UNA EVALUACIÓN EXTERNA SOBRE LAS AYUDAS DE BLASCO

41) C. VALENCIANA: LA FUNDACIÓN CYES LOGRÓ AYUDAS DE BLASCO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS

42) C.A VALENCIANA: EL SÍNDIC DETECTA 1,1 MILLONES SIN ACREDITAR EN LAS AYUDAS DE BLASCO

43) C. VALENCIANA: LUNA AFIRMA QUE BLASCO "COLABORÓ" CON LAS IRREGULARIDADES DE LAS SUBVENCIONES

44) C. VALENCIANA: EL PP FUERZA QUE BELLVER SEA JUZGADO EN EL TSJ

45) C. VALENCIANA: LOS RIPOLLISTAS ATACAN AL CAMPISMO POR SU EXCLUSIÓN DE LAS AUTONÓMICAS

46) C. VALENCIANA: FABRA: "COSTA ES UN VALOR SEGURO Y YA HABLARÁN LOS TRIBUNALES"

47) C. VALENCIANA: LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL ANULA 53 ALTAS DEL PADRÓN DE FINESTRAT

48) C. VALENCIANA: DETENIDO UN EDIL DEL PP IMPUTADO EN BRUGAL POR ENTERRAR BASURA

49) C.VALENCIANA: REGISTRAN EL DESPACHO DEL HERMANO DE SONIA CASTEDO

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1) CASO GÜRTEL: LA MANO DERECHA DE ARENAS, EN LA AGENDA DE LOS CAPOS DE LA ‘GÜRTEL’

El 'número 3' del PP andaluz que ayer decía en el Congreso "váyase Sr. Chaves", hoy aparece en los documentos contables de la trama corrupta bajo el sospechoso epígrafe de "36.697 euros más IVA".

Mala semana para el PP andaluz. Salieron de cacería y han caído en sus propias redes. "El cazador ha sido cazado" era la frase que sobrevolaba ayer en el Parlamento andaluz de boca de los socialistas tras conocerse que el suegro de Javier Arenas, Manuel Olivencia, habría cobrado de120.000 euros a cuenta de trabajos en los EREs andaluces. Más tarde se conocía un informe policial que indicaba que el ex secretario general del PP de Estepona, Ricardo Galeote, con padre y hermano imputado en la trama de Correa, habría cambiado contratos del Ayuntamiento de Estepona por viajes para él y amigas al Caribe, mediante la agencia de viajes Pasadena.

Pánico en el PP

Hoy una nueva noticia que publica diario Público crea de nuevo más pánico en el partido que dirige Javier Arenas. El nombre de Ricardo Tarno, número tres del PP andaluz y azote del vicepresidente Manuel Chaves en el caso de los ERE, aparece en la agenda de Pablo Crespo, lugarteniente del jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa. Crespo anotó en su cuaderno, incorporado al sumario judicial abierto en el TSJM, el nombre del diputado Tarno y a continuación lo siguiente: "36.697 euros + IVA". El apunte está recogido bajo el epígrafe "temas pendientes" y fue hecho en septiembre de 2005. Entonces, Tarno era presidente del PP de Sevilla.

Revela Público que Tarno sí admitió haber mantenido un encuentro con Crespo de "un minuto y medio" antes de la campaña electoral de 2004, en el que el lugarteniente de Correa le ofreció la preparación de mítines. "Me lo presentan, él dijo: nosotros podemos hacer mítines. Le dije que no. Tenemos otros proveedores en Sevilla y no tratamos con nadie de fuera. Fueron 90 segundos", dijo Tarno a Público. "Jamás he recibido pago alguno de este señor ni he vuelto a verle", añadió.

Gürtel trabajó para el PP andaluz en 2004

Rialgreen, una empresa de la trama, no justificó ante la Cámara de Cuentas de Andalucía sus servicios al PP de esta comunidad durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2004, cuando la candidata conservadora fue Teófila Martínez. La compañía facturó al PP andaluz 520.491 euros. "Si Crespo cree que el PP le debe algo no le puedo decir", afirmó ayer Tarno.

Contradicciones de Tarno

El número tres del PP andaluz, que entonces dirigía el PP de Sevilla, explicó a Público que en aquella campaña su partido contrató a la multinacional McCann, que posteriormente hizo una UTE con "estos señores", Rialgreen. Sin embargo, un informe policial incorporado al sumario detalla cómo se produjo realmente aquella contratación. Fue el entonces gerente del PP nacional, Luis Bárcenas, quien dirigió el proceso. Y este fue al revés de cómo dijo Tarno. Se contrató a Rialgreen y, posteriormente, esta subcontrató a la multinacional McCann.

El amigo de Arenas, Luis Bárcenas, aparece en la escena andaluza

"Los fondos públicos recibidos para la financiación electoral y que se destinan a pagar actos electorales revierten a los responsables políticos del PP encargados del control de los ingresos y gastos, distrayendo estos recursos de forma indirecta para su lucro personal", dice el informe. Esto sucedió en la campaña de 2004 y algo similar en la de las municipales de un año antes, 2003. La Policía cree que Bárcenas, Jesús Merino, Jesús Sepúlveda y Gerardo Galeote recibieron presuntamente los pagos. Tarno negó ayer tener relación con estos exdirigentes.

Tarno, niega y niega

También negó que el apunte en la agenda pudiera tener nada que ver con Cajasol, la entidad de ahorro en la que ha ocupado distintos puestos desde finales de 2004. El número tres del PP andaluz rechazó también haber hecho negocios privados con Correa o algún otro integrante de la trama Gürtel. "No tengo el más mínimo trato con ninguno de ellos ni he estado en mi vida con ellos", dijo.

www.elplural.com 14.04.11

2) CASO GÜRTEL: PEDREIRA DICTARÁ LA APERTURA DEL JUICIO POR EL ‘CASO GÜRTEL’ ANTES DEL 15 DE JUNIO

Final del formulario

El instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha afirmado este miércoles en las que han sido sus primeras declaraciones a los medios, que si Baltasar Garzón "es inocente, los tribunales se pronunciarán" y ha precisado al respecto que él presume "de la inocencia" del juez. Pedreira ha anunciado que decretará la apertura del proceso antes del próximo 15 de junio.

El magistrado ha contestado a los medios a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, antes de tomar declaración como imputados al exsecretario general del PP de Estepona y exconcejal Ricardo Galeote y al empresario José Luis Ulibarri.

A continuación de las elecciones regionales

El instructor del caso Gürtel ha explicado que la prueba "ya está terminada" y que cree que el procedimiento "se terminará" con la legislatura madrileña actual "y se celebrará el juicio a continuación" de las próximas elecciones autonómicas.

Cree que el Supremo lo está haciendo bien

Pedreira ha valorado positivamente la actuación del Tribunal Supremo contra Garzón por ordenar la grabación de las conversaciones mantenidas en la cárcel por los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, con sus abogados.

Le ha caído una buena encima

Sobre el caso Gürtel, el juez ha admitido que le ha caído "una buena encima", aunque ha agregado que está "contento". Pedreira investiga la parte más importante de este proceso que fue distribuido por el instructor inicial, Baltasar Garzón, entre varios juzgados.

www.elplural.com 13.04.11

3) CASO GÜRTEL: EL EXCONCEJAL DEL PP DE ESTEPONA, RICARDO GALEOTE, DIO CONTRATOS A ‘GÜRTEL’ A CAMBIO DE VIAJES

La Policía cree que el ex concejal y ex secretario general del PP en Estepona, Ricardo Galeote, "valiéndose de su situación" en el Ayuntamiento otorgó contratos a las empresas de la 'red Gürtel 'a cambio de viajes a Munich o al Caribe que pagaba la agencia Pasadena del presunto cerebro de la trama, Francisco Correa. Su padre, José Galeote, y su hermano el ex eurodiputado popular, Ricardo Galeote, también están imputados en la trama vinculada al PP. En uno de los viajes de Pasadena aparece también a nombre de su hermana

Esta información aparece reflejada en un informe fechado ayer  en el que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detalla sus investigaciones sobre las relaciones entre Galeote y la organización de Correa, a la que atribuye el pago de desplazamientos y alojamientos del exconcejal del PP y de personas vinculadas a él entre 2001 y 2003 por valor de 7.969,96 euros.

Viajes por el mundo

En concreto, el informe menciona varios viajes en avión desde Málaga a Múnich o Londres en 2001 y otro a la República Dominicana, valorado en 2.898 euros en 2002. Las facturas de la Agencia Pasadena que reflejan el pago de estos servicios turísticos figuran a nombre de Annette Pichlmaier, que, según recuerda la Policía, era "una persona vinculada" a Galeote en esa época.

Ocultar su vinculación con otro nombre

La UDEF sostiene que la utilización de su identidad en los recibos "responde al interés del propio Galeote en ocultar su vinculación con los servicios prestados y no aparecer de forma directa en los documentos mercantiles". Otra de las personas que figuraron como beneficiarias de los servicios turísticos pagados por la red de Correa fueron María Isabel García Caballero, con la que realizó un viaje al Caribe, así como una hermana del exconcejal. El propio Galeote, cuando declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, primer instructor de la causa, explicó que había viajado a Santo Domingo con una ex pareja suya de la que se acababa de divorciar y que por eso la invitó.

Contratos con Special Events y Pasadena

La Policía concreta el papel de Galeote desde su posición como concejal de Turismo y Director de la Sociedad Turismo y Actividades Recreativas del Ayuntamiento de Estepona, que contrató distintos productos y materiales, entre ellos el suministro de "moquetas, plástico y carpas", a la empresa Special Events, y servicios turísticos a través de Pasadena, propiedad de Correa, de quien recibía contraprestaciones económicas destinadas a viajes particulares.

"Ha obtenido un provecho propio y para personas de su entorno mediante la percepción de servicios de carácter turístico por parte de la sociedad Pasadena; viajes pagados con los fondos procedentes de las comisiones percibidas por el suministro de materiales", concluye la UDEF.

Padre y hermano imputados han declarado hoy

Precisamente hoy, Ricardo Galeote, hermano del exeurodiputado Gerardo Galeote, también imputado en el caso Gürtel, al igual que su padre José Galeote, ha declarado ante el juez instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que le ha imputado un delito de blanqueo de capitales.

www.elplural.com 13.04.11

4) CASO GÜRTEL: LA TRAMA SUPO DE LA VISITA DEL PAPA ANTES DEL ANUNCIO OFICIAL

La red de Francisco Correa y sus secuaces tenían tal poder dentro de la Generalitat de Francisco Camps que fueron conocedores, de manera extraoficial, de la visita del Papa a Valencia, en 2006, antes de que el Vaticano confirmase la noticia, según constatan las anotaciones del 'número dos' de la trama, Pablo Crespo.

Crespo escribió en su agenda: "Papa. Está confirmado (en 2 semanas, público)" en una lista de apuntes que no está fechada, pero que aparece en la página inmediatamente posterior a otra donde quedó constancia de una reunión fijada "para el 07-11″ de 2005. Cuatro páginas más adelante, figura la fecha "viernes 18″. No fue hasta el 18 de noviembre de 2005 cuando el entonces portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro, confirmó el viaje de Benedicto XVI, según precisa Público.

Casi 3 millones por intermediar

La trama corrupta, a través, de su satélite en Valencia Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez (El Bigotes), consiguió el contrato para la cobertura televisiva de la estancia del Papa, que reportó a la empresa de Correa casi tres millones de euros en comisiones por su intermediación.

Canal 9 se saltó el contrato público

La televisión pública valenciana contrató por 6,4 millones el alquiler de pantallas para los multitudinarios actos de Benedicto XVI durante su visita, el 8 y 9 de julio de 2006, pasando por alto la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que obliga a adjudicar los contratos de gran cuantía mediante concurso público, salvo razones de urgencia. El entonces director de Canal 9, Pedro García, recibió presuntamente medio millón de euros en comisiones por adjudicar el trabajo a la empresa Teconsa, para la que la trama actuó como intermediaria.

El proyecto ya estaba trazado

Canal 9 no inició el concurso para la cobertura de la visita del Papal hasta el 6 de abril de 2006, pero para esa fecha el número dos de Correa, Pablo Crespo, ya tenía planteado el proyecto. Un apunte del 9 de febrero de 2006 refleja las negociaciones con la empresa Apogee, que sería subcontratista de la constructora Teconsa. "Pacto transparente", dice la primera nota situada bajo el nombre de Oscar Fragio, administrador de Apogee. "Asunto Wolfgang", añade otra en referencia al ingeniero Wolfgang Neumann, cuyos servicios requirió la trama como experto en sonido. A continuación, Pablo Crespo escribió datos sobre el operativo para la cobertura televisiva: "2 pantallas gigantes 80 m2 c.u.". Y debajo: "40 " ""[pantallas] 6X4″ y "8 ""[pantallas] 4X3″.

www.elplural.com 13.04.11

5) CASO GÜRTEL: EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA ABSUELVE A ÁNGEL LUNA DE ENCUBRIMIENTO

Los magistrados reducen a mera "hipótesis" la acusación del PP.-El portavoz socialista se sentó en el banquillo acusado por los populares tras mostrar un informe de la trama Gürtel en el Parlamento

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha absuelto al portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, del delito de encubrimiento del que le acusaba el PP a raíz de un debate parlamentario en el que mostró un informe sobre el negocio multimillonario que logró la trama Gürtel con ocasión de la visita del Papa a Valencia en 2006. El tribunal reduce a una mera "hipótesis" la acusación sostenida por el PP. Los magistrados consideran que la versión de los hechos ofrecida por los populares es "razonable", pero "no la única posible a la vista de la prueba practicada, de la que no se desprende la imposibilidad ni la inconsistencia de la justificación dada por el acusado". Es decir, que siendo ambas versiones igualmente "razonables" y al no haberse aportado ninguna prueba que permita inclinarse a un lado o al otro, debe primar la presunción de inocencia.

Los populares denunciaron a Luna por supuesta revelación de secretos, ya que ese informe estaba bajo secreto de sumario, aunque ya había sido publicado por EL PAÍS y otros medios. El juez instructor de la denuncia, Juan Montero, desechó la acusación de revelación de secretos, por ser materialmente imposible que lo realizara (el diputado no era abogado, procurador, juez, fiscal ni tampoco parte, como exige el tipo penal) pero mantuvo vivo el procedimiento al considerar que Luna podía haber encubierto a la persona que le facilitó el documento.

El portavoz socialista, tanto en la instrucción como en el juicio que se celebró el pasado 5 de abril, declaró que el informe le llegó de manera anónima, que se lo encontró en su despacho y que posteriormente le perdió la pista porque se aceptó la personación del PSPV-PSOE en el caso Gürtel y ello le permitió tener acceso a ese y al resto de documentos integrados en el sumario por vía telemática.

El ministerio público, representado por el teniente fiscal de la Comunidad Valenciana, Gonzalo López Ebri, se opuso desde el principio a la continuación de la causa. El PP pedía dos años y nueve meses de inhabilitación para Ángel Luna, y una multa de 26.250 euros, mientras que la fiscalía pidió su absolución. El fiscal concluyó su intervención en el juicio "desde la esperanza de que este proceso vea su fin con una sentencia absolutoria que ponga fin a la posibilidad de que, en un Estado de derecho, sea la hipótesis un medio válido para destruir la presunción de inocencia, ni del acusado ni de nadie". El fiscal consideró que se acusaba a Luna de un "delito de imposible cumplimiento" y puso el ejemplo de un asesinato: "¿Conocen a algún encubridor que exhiba el cadáver ante 99 personas [en alusión a los diputados] antes de ocultarlo?".

Luna, que ha destacado por su denuncia constante a las implicaciones de la Generalitat en el caso Gürtel, declaró que el juicio era consecuencia del empeño de su grupo "de romper el binomio opacidad-impunidad". Paradójicamente, el portavoz socialista ha sido el primero en sentarse en el banquillo por el caso Gürtel, pese a que no está relacionado con la trama corrupta. Esta causa ahora cerrada con una absolución deja aún más en evidencia la situación judicial de Francisco Camps, presidente de la Generalitat y candidato en las elecciones del 22 de mayo, que está pendiente de que se decida su juicio por un supuesto delito de cohecho por aceptar regalos de la trama Gürtel, y a quien la Fiscalía Anticorrupción pide que también sea juzgado por otros delitos de corrupción.

La cultura de la corrupción

El portavoz socialista ha conocido su absolución en la sede del partido en Valencia. Luna ha declarado que está "contento y satisfecho". En declaraciones a Efe, Luna ha dicho que su absolución representa el "fracaso" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, así como del líder del PP, Mariano Rajoy, y de la "cultura de la corrupción" en la Comunidad Valenciana. "Más que por el hecho de la absolución, por que haya fracasado la cultura de la corrupción en la Comunidad Valenciana", ha remarcado.

Para Luna, con esta sentencia ha triunfado "la guerra contra la corrupción" de quienes intentan "levantar la voz exigiendo explicaciones de los que gobiernan aquí y a quienes están en Madrid".

www.elpais.es 12.04.11

6) CASO GÜRTEL: DENEGADA LA LIBERTAD A LOS DOS CABECILLAS DE LA TRAMA GÜRTEL

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a desestimar los recursos de los principales cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, para que se les deje en libertad provisional o se les imponga una fianza más asequible. En los dos años que llevan presos han pedido medidas similares en reiteradas ocasiones (la última, en febrero), pero el juez instructor, Antonio Pedreira, se ha negado porque sabe que ocultan dinero en el extranjero y existe riesgo de fuga. Ahora han acudido ante la Sala de lo Penal, órgano superior jerárquico de Pedreira, que ha vuelto a rechazar sus peticiones; eso sí, por una mayoría de dos votos a uno.

Uno de los jueces, Emilio Fernández Castro, ha emitido un voto particular discrepante; era partidario de aplicar una medida alternativa a la prisión para Correa, a pesar de los millones de euros supuestamente robados que este último mantiene ocultos en países extranjeros y que no ha devuelto. Este juez es el mismo que en su día abogó por anular prácticamente todas las grabaciones del caso Gürtel, lo que habría supuesto vaciar de carga probatoria el asunto y dejar impune la mayor trama de corrupción descubierta en España en esta etapa democrática.

Los otros dos jueces han vuelto a reiterar que Correa debe seguir en prisión y que persiste el riesgo de fuga. Francisco Vieira y José Manuel Suárez Robledano entienden que hay grabaciones telefónicas lícitas que revelan los intentos de Correa de huir de España antes de su detención en 2009 para asentarse en Colombia o Panamá, donde tiene inversiones inmobiliarias.

El tribunal también ha decidido mantener la prisión provisional, eludible bajo fianza de 600.000 euros, al número dos de la trama, Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia. Crespo pidió que, como se ha hecho con otros imputados, se le redujera la fianza a 80.000 euros. La Sala dice que la fianza no la determina el imputado, sino "la naturaleza del delito, estado social y antecedentes del procesado".

www.elpais.es 09.04.11

7) CASO GÜRTEL: LA LISTA DE BOADILLA DESMIENTE LA PROMESA DE AGUIRRE DE BORRAR EL RASTRO DE GÜRTEL

El pasado 23 de marzo, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, pidió disculpas ante "el 70% de los ciudadanos de Boadilla del Monte que votaron al PP en las elecciones municipales de 2007 por haber defraudado su confianza" y aseguraba que a su partido "nunca le ha temblado el pulso para cortar todas las cabezas necesarias", incluso antes de que los presuntos responsables hayan sido condenados.

Lo dijo en un acto en Boadilla para apoyar a su candidato a la Alcaldía, Antonio González Terol, donde prometió que se produciría una renovación en la lista popular en ese municipio.  Sin embargo, fuentes cercanas al PP local han denunciado a ELPLURAL.COM que la presidenta madrileña no ha conseguido "borrar el rastro de Gürtel" dejado por el ex alcalde Arturo González Panero (El Albondiguilla), imputado por corrupción.

Suárez y Muñoz

En la lista del PP de Boadilla a las próximas elecciones municipales del 22 de mayo se mantienen antiguos miembros del equipo de El Albondiguilla, como como Natalia Suárez, que aspira a un puesto de concejal. El padrino político de Suárez fue Alfonso Bosch, diputado en la Asamblea de Madrid que dejó el PP tras ser imputado en el caso Gürtel. Bosch manejaba los hilos en la EMSV, la empresa municipal de suelo donde introdujo a Suárez con un contrato blindado que aún mantiene. También irá en las listas Trinidad Muñoz, la jefa de gabinete de Juan Siguero, el hombre que sustituyó a Panero como alcalde cuando estalló la Gürtel, aunque después también tuviera que dejar el cargo al ser imputado en el caso de corrupción.

Manuel Malavé de Cara

Así mismo, cabe destacar la presencia de Manuel Malavé de Cara, exsecretario de Comunicación en la etapa del exalcalde, y exconsejero de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda en las etapas de Tomás Martín Morales y Bosch, ambos acusados de recibir sobornos por presuntas adjudicaciones irregulares de la entidad pública.

Los disidentes no están en la lista

Sin embargo, las mismas fuentes denuncian que no estarán en la lista electoral los cargos María Jesús Díaz, Francisco Pastor y Francisco Sánchez Arranz, que se enfrentaron a Panero por sus presuntas irregularidades. 

Un procesado, miembro del comité electoral

En el actual comité electoral aparece el nombre de José María de la Mata, ex concejal de Hacienda en la época de Panero, procesado por malversación de fondos y prevaricación.

El equipo de Comunicación de Panero

El gabinete de Comunicación del grupo popular que acompaña a la nueva apuesta del PP en Boadilla, Antonio González Terol, es también el mismo equipo de González Panero. Entre estas personas se encuentra Elena Cerezo, esposa del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y candidato popular a Alcorcón, David Pérez, y persona de confianza de El Albondiguilla y de su sustituto Juan Siguero, también implicado en el caso Gürtel.

www.elplural.com 09.04.11

8) CASO GÜRTEL: EL CONSELL ELUDE ACLARAR LA REUNIÓN DE CAMPS Y RAMBLA CON UN JEFE DE GÜRTEL

Sánchez de León pide un debate electoral a cuatro pero no confirma a su candidato

El Consell evitó aclarar ayer si el presidente Francisco Camps y el vicepresidente Vicente Rambla se reunieron con Pablo Crespo, lugarteniente de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, y cuántas veces lo hicieron. En la rueda de prensa tras el pleno del Consell, la portavoz Paula Sánchez de León dijo no tener "ninguna constancia", salvo por lo que ve y oye a través de los medios de comunicación, de "informaciones que constan en no sé dónde y luego se publican, de reuniones secretas y no secretas, con tramas ni con nadie". "La agenda de Camps es pública y se reúne con quien haga falta para desarrollar su trabajo día a día", añadió.

La portavoz dice que ni les "inquieta" ni les "preocupa" el juicio al presidente

"El PP solo se preocupa del PP y por trabajar para que siga ganando elecciones como ha hecho hasta ahora", dijo Sánchez de León en respuesta a una pregunta sobre la anotación contenida en la agenda de Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, de una reunión en otoño de 2006 con altos cargos del PP en la que se habló de ayudar económicamente a un partido de disidentes para perjudicar a los socialistas. En la anotación de la reunión, que obra entre los documentos de la instrucción del caso Gürtel, figuran "Ana, Víctor, Rambla, Ricardo y el Presi". La portavoz puso "la mano en el fuego" por que todas las reuniones y actuaciones de Camps y Rambla se guiaron por el objetivo de "servir con honestidad e integridad a los intereses de la Comunidad".

En relación con la decisión del juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors, que instruye el caso de los trajes, en el que está imputado Camps, de convocar la audiencia previa al señalamiento de juicio en cuanto se resuelva la aceptación o no de la parte del sumario sobre la red de corrupción procedente del TSJ de Madrid, Sánchez de León aseguró: "Ni nos inquieta, ni nos preocupa, ni nos alegra". Según la portavoz, es "un paso más" dentro de un "larguísimo procedimiento".

Sánchez de León, que también es coordinadora de la campaña electoral del PP valenciano, se refirió a los debates entre candidatos. "Alarte está siendo excluyente", dijo sobre la propuesta del candidato socialista de un cara a cara en Canal 9 como el que ha anunciado TVE. Según Sánchez de León, habría que hacer debates más amplios, con las cuatro fuerzas parlamentarias. Sin embargo, no quiso confirmar que el presidente en funciones y candidato del PP, Francisco Camps, esté dispuesto a participar en ellos.

La suspensión de emisiones de TV-3 en territorio valenciano volvió a planear sobre la habitual comparecencia de Sánchez de León tras el pleno del Consell. Una información publicada ayer por el diario Levante revelaba que la Generalitat reconoció en el caso de una emisora que difunde espacios dedicados al tarot, que no tiene competencias para sancionar a empresas que gestionan repetidores, mientras que sí lo ha hecho con Acció Cultural del País Valencià, entidad propietaria de los reemisores de TV-3. Sánchez de León dijo que el Consell siempre actúa "de acuerdo con la legalidad vigente y con el respaldo de una sentencia judicial", aunque no acabó de concretar en qué se diferencian un caso y el otro. "El debate es jurídico y no político", añadió la portavoz, que reclamó la concesión de un nuevo multiplex por parte del Gobierno y reconoció que el tema de TV-3 puede ser uno de los asuntos que se traten, entre otros, en la reunión que Camps y el presidente catalán, Artur Mas, tienen prevista para el próximo día 20.

La incógnita de la hernia

El presidente en funciones de la Generalitat, Francisco Camps, padece una hernia discal que limita sus actividades públicas. Según Paula Sánchez de León, hace unos días los médicos le infiltraron por tercera vez en busca de un alivio. No le impidió su estado asistir la noche del jueves al partido de baloncesto entre el Power Electronics Valencia y el Real Madrid. "Hay que esperar a ver cómo va reaccionando", dijo la portavoz del Consell, que no quiso aventurar si habrá de ser intervenido quirúrgicamente. En medios de la Generalitat se baraja que Camps pueda decidir operarse, si no hay mejoría, la semana que viene o la otra. La convalecencia podría mantenerle ausente de buena parte de la campaña electoral y de algunas decisiones judiciales sobre su imputación que se prevén inminentes. Una periodista preguntó cuándo comparecerá Camps en rueda de prensa para dar explicaciones del caso Gürtel. La portavoz respondió que "comparece en rueda de prensa diariamente, en sus actos públicos, y aparece ante la prensa para contar las cosas que tiene que contar".

www.elpais.es 09.04.11

9) RAJOY OFRECE EN BERLÍN LA VISIÓN MÁS POSITIVA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Niega que haya riesgo de rescate y admite que Zapatero va en la buena dirección

Pese a su declarada obsesión por resultar "previsible", Mariano Rajoy es una caja de sorpresas. Hay tantos Rajoy en uno que, cada vez que cambia de estilo, llama la atención. Ayer, para reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, se presentó en Berlín el Rajoy estadista, el responsable, el moderado, el embajador de las bondades de la economía española. Tanto que incluso se olvidó de criticar al presidente Zapatero. Es más, hasta llegó a aplaudir algunas de las medidas del presidente del Gobierno, que, admitió, van "en la buena dirección", aunque no hayan sido apoyadas por el Partido Popular en el Congreso.

En cualquier caso, él, según dijo, irá "más allá" cuando, si gana las elecciones, gobierne. Esto es, reducirá más el gasto público y cambiará la Constitución para prohibir el déficit. Lejos del Rajoy que en España plantea visiones pesimistas sobre la economía, apareció en Berlín un líder de la oposición que, frente a un centenar de políticos y empresarios alemanes, insistió en que España no necesita ser rescatada y en que Portugal será el último Estado europeo en caer.

El líder del PP se ve ya en el palacio de la Moncloa. Y trata en consecuencia de mejorar su imagen internacional, muy descuidada hasta ahora. Está estudiando inglés, y parece dispuesto a viajar más. Por eso ha venido a Berlín con un mensaje muy claro para los inversores y políticos alemanes: pueden confiar en él como presidente. Con él, explicó, las reformas seguirán adelante y serán incluso más profundas. Rajoy votó en mayo de 2010 en contra de los primeros recortes impulsados precisamente por Merkel, que salieron adelante por un solo voto; luego se abstuvo en la reforma laboral y la de las pensiones, y en la última reforma financiera.

"Estoy muy tranquilo"

Ahora se ha olvidado de esa fase. Ayer incluso desautorizó un artículo del Financial Times sobre un posible rescate a España. "Son disquisiciones discutibles, como todo lo que no es objetivo", dijo sobre el análisis de un diario que hace solo un año el PP usaba insistentemente para atacar la política de Zapatero. Rajoy insistió ante Merkel en que España no corre el riesgo de ser rescatada. Y afirmó luego que la canciller coincidió con él, y desveló que no está "inquieto" porque esa posibilidad se desvanece. "Estoy muy tranquilo con el tema del rescate. El último Consejo Europeo me reconfortó mucho, como ciudadano español y europeo. El PP apoya todos los acuerdos de ese consejo", señaló ante la prensa. Sin embargo, Rajoy en España ya empieza a criticar las medidas que Zapatero está planteando como desarrollo de esos acuerdos en la Unión Europea.

Rajoy, que además de Merkel vio a Wolfgang Schauble, ministro de Finanzas y gran defensor de las medidas tomadas en España, trasladó a los alemanes un mensaje claro: el PP conserva su apuesta europeísta. Es de fiar. "En España no va a haber un Gobierno que aborde las reformas tarde y sin convicción, obligado por las circunstancias. En España habrá un Gobierno decidido a hacer esas reformas que además la propia sociedad exige", insistió.

"La estabilidad, el reformismo, el rigor, la responsabilidad y la austeridad no son virtudes alemanas, son virtudes en cualquier lugar. Lo son en Alemania como lo son en España, y alejarse de ellas solo conduce al empobrecimiento y al desempleo, en cualquier lugar", remató.

En resumen, Rajoy ha tenido que hacer en Berlín lo contrario que hace en España: convencer a los alemanes de que la economía está mejor de lo que parece y tiene solución. "España volverá a funcionar. Creemos en el euro, los acuerdos siguen en pie y los vamos a cumplir. Porque se lo debemos a todos los españoles que quisieron estar en Europa y no pudieron. España va a ser el punto de inflexión en la crisis del euro, he venido a transmitir confianzas y seguridades", remató, siempre en positivo.

Los españoles, dispuestos al sacrificio

Mariano Rajoy expuso ante sus colegas alemanes una tesis que en España no suele plantear: la de que la española es, entre las europeas, una de las sociedades más dispuestas al "sacrificio" que implican las reformas, siempre que sirva para las generaciones futuras. Y dio algunos datos. Primero: el europeísmo de los españoles supera ampliamente la media comunitaria. Segundo: su confianza en la UE es 20 puntos mayor que la que tienen en su propio Gobierno. Tercero: el 91% afirma que España necesita reformas. Cuarto: el 79% cree que estas, si benefician a las próximas generaciones, deben hacerse incluso si implican sacrificios. Y quinto: el 53% dice estar dispuesto a reducir su nivel de vida para asegurar el futuro del país.

Partiendo de esa base, Rajoy anunció que su programa será de reformas profundas, y auguró que la sociedad española las apoyará. "No hay agenda oculta, sino transparencia y claridad ante los españoles sobre el cambio que necesitamos. Son ellos los que lo piden: más sociedad y mejor gobierno", aseguró.

Rajoy avanzó que serán necesarios "ajustes en las cuentas públicas y en la fiscalidad". "España quiere seguir siendo una sociedad de bienestar avanzada, pero el bienestar hay que pagarlo, y para eso las reformas son indispensables", concluyó.

www.elpais.es 12.04.11

10) EL LÍDER DEL PP RECHAZA CUATRO VECES HABLAR DE CORRUPCIÓN

Hasta ayer, Mariano Rajoy no había ofrecido ninguna explicación sobre su decisión de aceptar en las listas de la Comunidad Valenciana a 11 implicados en casos de corrupción. No solo no había permitido preguntas, como es habitual cuando hay problemas internos: tampoco había hecho referencias en sus discursos. A lo máximo que llegó, en una conversación informal con periodistas antes de cerrar las listas el jueves, fue a ironizar con la pregunta "¿Costa, quién es Costa?", en referencia a Ricardo Costa, imputado por Gürtel.

Rajoy simula que este asunto no le compete, aunque todos los dirigentes del PP consultados aseguran que es él quien ha tomado las decisiones y quien ha hablado con el líder valenciano, Francisco Camps, para garantizarle que frenaría el intento de su secretaria general, Dolores de Cospedal, de vetar a algunos implicados por corrupción.

Si hasta ayer no había dicho nada, en Berlín, cuando por primera vez se vio obligado a aceptar preguntas, utilizó la excusa de estar fuera de España para no contestar a ninguna. Rajoy ofrece muy pocas ruedas de prensa en España, una al año en Madrid y, como mucho, una al mes en sus desplazamientos a otras autonomías. Ha llegado a estar seis meses sin contestar preguntas, algo absolutamente inusual entre líderes políticos europeos. Ayer rechazó hasta cuatro sobre las listas valencianas.

"No voy a contestar"

Se le preguntó qué entiende por "ser implacable con la corrupción", como prometió; si cree que estas cuestiones tienen que ver con la mala imagen de los políticos; o si no es una contradicción que en Baleares se haya dejado fuera a todos los imputados y en la Comunidad Valenciana se haya aceptado a todos. "No voy a contestar", replicó. "No tengo nada que decir". O directamente nada, con un gesto de rechazo. Pretextó que solo quería hablar de temas europeos, pero sí contestó cuando se le preguntó sobre ETA o Bildu. Ante ese silencio y la ausencia total de explicaciones por parte de otros dirigentes el fin de semana, aún no hay una versión oficial de por qué se han aceptado sin más las listas de Camps.

Después de la conferencia en la sede de la fundación Konrad Adenauer, Rajoy se acercó a los periodistas para mantener una conversación informal. Cuando la prensa intentó de nuevo recabar una explicación al respecto, dio por finalizado el encuentro, no sin antes señalar que no piensa decir nada y que se remite "a las estructuras del partido". Estas no han dado ninguna explicación, pero obviamente él es su máximo responsable.

www.elpais.es 12.04.11

11) RAJOY IRONIZA QUE EL CANDIDATO DEL PSOE QUE MÁS LE CRITIQUE SUCEDERÁ A ZAPATERO

El líder del PP asegura que se necesita un millón más de pequeños empresarios

El presidente del PP, Mariano Rajoy afirmó ayer en León, donde acudió a un encuentro con militantes, que en el relevo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "da la sensación de que el [candidato] que más me critique es el que más posibilidades tiene de ser el sucesor".

Rajoy insistió en el mensaje que lleva repitiendo desde que Zapatero anunció que no se presentaría a la reelección: que el PSOE está "alejado de los problemas de la gente", porque se dedica "única y exclusivamente a sus debates internos sobre la sucesión y a criticarme".

El líder del PP señaló que sus metas de futuro son la creación de empleo y la recuperación económica, pero que no se alcanzarán mientras los socialistas sigan en el Gobierno. Esas metas son consideradas "básicas" por Rajoy, quien auguró que facilitarían la recuperación del prestigio tanto en el interior, como en el exterior, lo que daría lugar a su vez a una mejora de los ingresos, de las pensiones y de los servicios públicos.

Según el presidente popular, cuando el PP estuvo en el Gobierno ya consiguió la creación de cuatro millones de puestos de trabajo, y aspira a repetirlo en el futuro.

Para ello, Rajoy insistió en que España necesita en los próximos cuatro años un millón más de pequeños empresarios y autónomos, por lo que pidió a los ayuntamientos y comunidades autónomas que les apoyen.

www.elpais.es 11.04.11

12) RAJOY SE FUMA UN PURO EN UN PARTIDO DE NIÑOS

Publican unas fotografías en las que se ve al líder del PP dando caladas en un encuentro de fútbol infantil en una exclusiva urbanización de Madrid

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha sido cazado fumándose un puro en un partido de fútbol infantil, tal y como muestran unas instantáneas publicadas por Libertad Digital.

Según el medio, el candidato de los conservadores estaba en el interior de unas instalaciones deportivas en una exclusiva urbanización de Madrid.

Las cuatro fotografías muestran a Rajoy dando caladas a pie de campo mientras los niños juegan a escasos metros lo que, sin ser ilegal, no es el mejor de los ejemplos.

La ley antitabaco prohíbe fumar, además de en aquellos lugares o espacios definidos en la normativa de las Comunidades Autónomas, en "instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, siempre que no sean al aire libre".

Tras entrar en vigor la ley antitabaco, Rajoy aseguró que intentaría dejar de fumar "porque no es bueno", aunque pidió respetar la libertad de los fumadores. El líder del PP también bromeó entonces sobre la norma, diciendo que, al final, "el que fume se va a tener que ir al Océano Atlántico".

www.publico.es 11.04.11

13) RAJOY NIEGA DELANTE DE AZNAR QUE EL PP NEGOCIARA CON ETA EN ZÚRICH

El líder del PP asegura que la reunión solo fue para saber por qué había tregua

El PP está preocupado porque cree que ha entrado con fuerza el discurso de sus rivales del PSOE que insisten en recordar que José María Aznar habló en 1998 de "Movimiento Vasco de Liberación Nacional" para referirse a ETA, que acercó a cárceles del País Vasco a más de 100 presos de la banda y que hubo una reunión en Zúrich entre enviados del Gobierno y miembros de ETA en la que se habló de política. Mariano Rajoy, que la semana pasada desmintió el contenido del acta de esa reunión elaborada por los etarras, aprovechó ayer un acto peculiar, en el que estaba sentado en una mesa con Ángel Acebes y Jaime Mayor, los otros dos exministros del Interior de Aznar, y en el que tenía en primera fila al expresidente, para solemnizar la posición oficial del PP sobre este asunto y un desmentido radical.

"El Partido Popular nunca ha negociado con los terroristas", arrancó Rajoy después de que hablaran Mayor y Acebes. "Tres enviados del presidente del Gobierno estuvieron dos horas y media con ETA para ver por qué ETA había declarado una tregua y cuáles eran sus intenciones. La respuesta de ETA está publicada por ellos mismos, con las actas, en distintos boletines, y la resume con estas frases: 'Ninguna propuesta concreta, vinieron con las manos en los bolsillos, descartaron cualquier acuerdo político y parecían observadores ajenos al proceso'. Eso es porque el PP jamás creyó en la negociación y jamás llevó a cabo ninguna negociación con ETA. Otros que sí negociaron y no lo negaron, porque no pueden, intentan transmitir una verdad que es mentira. Quiero en este acto dejar constancia de que eso que dicen es mentira", insistió el líder del PP, que recibió un gran aplauso.

El acto, la presentación del libro de Chelo Aparicio Vivir frente al terror, una biografía de Carlos Iturgaiz, expresidente del PP vasco, derivó en una reivindicación de la política antiterrorista del PP y un ataque indirecto a la del PSOE. Mayor e Iturgaiz estuvieron en la manifestación del pasado sábado, muy crítica con el Ejecutivo. Rajoy pretextó motivos de agenda, pero su tono ayer insistía en defender su simpatía por las víctimas, que le han criticado mucho por su ausencia. Tanto Rajoy como Acebes -Mayor estuvo más comedido- reclamaron la ilegalización de Bildu. Acebes incluso señaló el artículo para hacerlo: el 12.1.b de la Ley de Partidos.

El jefe de la oposición obvia pasajes de las actas que muestran que se habló de política

Rajoy obvió ayer la parte de las actas de ETA que él mismo desmintió en la cadena SER la semana pasada, esto es, cuando Javier Zarzalejos, por ejemplo, dijo según la versión de los terroristas "no venimos a la derrota de ETA". Rajoy asegura que Zarzalejos, presente en la sala y entonces secretario general de Presidencia, nunca dijo eso. El entorno de Zarzalejos también lo desmiente, aclara que no se hizo ninguna oferta política y simplemente se discutió de forma teórica sobre la posibilidad de un cambio constitucional. Estos son algunos de los pasajes de las actas que hizo ETA.

Pedro Arriola, asesor del presidente del PP. "Si Aznar no admitiera la existencia de un conflicto que es evidente, no hay más que ver la Historia y las hemerotecas, no estaríamos aquí. Hace 25 años el escenario era distinto, no había Constitución. No estamos hablando de un tema de competencias. Nadie sabía hace 20 años en qué situación nos íbamos a encontrar ahora y si nos preguntan qué va a ocurrir dentro de 15 años, nadie puede responder. Desde su lógica, el último momento sería: tres provincias más una más tres unificadas e independientes. Es claro que es lo que ustedes quieren. Por otro lado, tenemos la Constitución. No somos capaces de averiguar el futuro. Hay que crear una nueva dinámica y lo que decidan los ciudadanos. Si la mayoría del Parlamento español lo decide, si la mayoría de los ciudadanos lo decide, entonces O.K".

Zarzalejos. No venimos a convencerles de que dejen de ser una organización armada. Es una decisión suya en función de sus análisis. [...] Hemos hecho un esfuerzo para asumir la lógica del otro, y dentro de esa lógica no pensamos que ETA se va a rendir. [...] Hemos hecho un esfuerzo de acercamiento... No venimos a la derrota de ETA.

Mikel Antza. Plantea que ETA no se presenta a las elecciones.

Arriola. Por ahora.

Antza. Dicen que la prensa no la pueden controlar, ¿y el Cesid?

Martì Fluxà

[número dos de Interior] y Arriola. Eso, más.

Antza. Pues eso.

Representantes gubernamentales. Tomamos nota, recibido el mensaje.

La reunión concluye con un emplazamiento a otra cita secreta. Nunca se produjo porque ETA no quiso.

www.elpais.es 14.04.11

14) COSPEDAL METE EN EL MISMO SACO A RUBALCABA Y AL ETARRA TROITIÑO

La 'número dos' del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha comparado la "aberración" que representa la liberación del etarra "más sanguinario" Antonio Troitiño "brindando con champán en el balcón de su casa" con la imagen "que presenta todos los días el señor Rubalcaba cuando se esconde y no quiere responder" sobre el 'caso Faisán'. La portavoz del Comité Electoral del PSOE, Elena Valenciano, ha exigido una rectificación por parte de la secretaria general de los 'populares'

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En un acto político, este jueves, en Pamplona, Cospedal ha dicho que "la foto de la infamia en materia de lucha contra el terrorismo" es "la misma que la que presenta todos los días el señor Rubalcaba cuando se esconde y no quiere responder sobre uno de los mayores escándalos de la democracia, que es el chivatazo del caso Faisán".

El ministro tendría que dimitir

La secretaria general del PP, que ha centrado gran parte de su intervención en torno al terrorismo, ha pedido al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que dé explicaciones sobre "cómo es posible que se avisara a los terroristas para que la policía no pudiera hacer su trabajo". Lo normal, ha agregado Cospedal, es que el ministro ya hubiera presentado su dimisión o "hubiera sido cesado por el presidente del Gobierno".

"El PP es esl partido más legitimado"

Cospedal, que ha aludido al rechazo del recurso de Sortu en el Tribunal Supremo y la última detención de presuntos etarras, ha asegurado que el PP es el partido "más legitimado" para pedir al Gobierno que utilice "todos los medios legales a su alcance" para que ETA o formaciones como Sortu o Bildu "no estén presentes en las instituciones".

Valenciano exige una rectificación

La vicecoordinadora y portavoz del Comité Electoral del PSOE, Elena Valenciano, ha considerado que la equiparación de la foto de un terrorista con el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "merece por parte de Dolores de Cospedal una rectificación o una dimisión".

Cospedal rebasó todos los límites

"Todo tiene un límite", ha insistido Valenciano, y comparar a un delincuente con el ministro del Interior del Gobierno de España "es rebasar todos los límites". Por ello "esperamos una rectificación, una disculpa o una dimisión".

"El PP usa la política entiterrorista con fines electorales"

Valenciano ha dicho que "el PP sigue utilizando la política antiterrorista con fines electorales", y no se entiende "por qué precisamente ahora, cuando ETA está más débil que nunca" y "contra el ministro del Interior que más éxitos ha logrado en la lucha contra el terrorismo en nuestro país". La dirigente socialista ha pedido una vez más al PP "responsabilidad y lealtad" en la lucha contra el terrorismo y que "dejen de sembrar la división entre los demócratas".

www.elplural.com 15.04.11

15) UN ARGUMENTARIO DEL PP CULPA AL EJECUTIVO DE LA LIBERACIÓN DEL ETARRA

"El PP sigue utilizando en campaña el terrorismo para atacar al Gobierno cuando ETA está más débil que nunca". Esta denuncia del vicecoordinador electoral del PSOE, Antonio Hernando, la lanzó con un argumentario del PP en la mano en el que este partido escribe: "La liberación del etarra Troitiño coincide con las actas de negociación del Gobierno con ETA". También se lee en este texto, distribuido ayer a dirigentes y cuadros del PP, que "en las actas de negociación con los terroristas, el Gobierno socialista ofreció a los etarras el fin de la doctrina Parot". Y aprovechan para arremeter contra el Gobierno por el chivatazo político del bar Faisán que "favoreció a los terroristas".

Sin embargo, ayer mismo, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, iba en la línea contraria. Se mostró muy duro con los jueces por la liberación del etarra Troitiño -tanto el ponente de la sentencia del Constitucional que dio origen a la liberación como el juez que la interpretó son conservadores-, pero aplaudió que el Gobierno, a través de la fiscalía, hubiera recurrido la excarcelación. Fuentes de la dirección nacional aclararon a última hora que la versión oficial del PP es la que dio Trillo, y no la del argumentario.

El malestar en el PSOE es más que evidente ya que la redacción y distribución de este argumentario se produce cuando tan solo hace una semana ha habido un pacto discreto entre el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el portavoz de temas antiterroristas, Federico Trillo, para impugnar las listas de Bildu. "Esta mañana, el PP ha dicho que la política antiterrorista y el terrorismo no pueden ser utilizados como arma electoral", y sin embargo "manda este argumentario", se quejó el dirigente socialista.

Esta denuncia se produce un día después de que la portavoz electoral, Elena Valenciano, alzara la voz para denunciar la actitud de los populares en política antiterrorista. "¿Por qué hacen esto?", se preguntaron Hernando y Valenciano. Su conclusión es que "quieren hacer daño al Gobierno sembrando la duda de que algo no se está haciendo bien en la lucha contra el terrorismo", considera Valenciano.

www.elpais.es 15.04.11

16) EL PP ENCABEZA LA MARCHA DE LAS VÍCTIMAS DOMINADA POR EL "¡RUBALCABA A PRISIÓN!"

La manifestación protesta contra una política anti-ETA que el partido dice apoyar

Ni siquiera había empezado oficialmente la marcha, y ya estaba muy claro cómo acabaría. Eran las 16.45, y en la glorieta de Bilbao la gente ya calentaba la garganta. "¡Zapatero, dimisión!", "¡Rubalcaba, a prisión!".

Rajoy no fue, pero sí Gallardón, Cospedal y Trillo, interlocutor del Gobierno

Durante toda la semana, el PP había dicho que la manifestación convocada en Madrid por diversas asociaciones de víctimas, entre ellas la AVT, no estaba pensada para criticar al Gobierno sino para apoyar a las víctimas y reclamar, como decía el lema, que ETA no esté de ninguna forma en las elecciones locales del 22 de mayo.

Sin embargo, algunos de los dirigentes populares más conocidos -Alberto Ruiz Gallardón, Antonio Basagoiti, Dolores de Cospedal, Esteban González Pons, Ana Mato, Jaime Mayor- recorrieron las calles de Madrid sin escuchar prácticamente ningún grito contra ETA. No era ese el asunto principal de la marcha. Los cánticos eran contra el Gobierno.

El ambiente, el tipo de gente, las pancartas y la indignación que trasladaban era muy similar al de las ocho marchas contra la política antiterrorista en la anterior legislatura. Sin embargo, según admite el propio PP, que respaldaba la protesta, el Gobierno ha dado un giro radical a su política antiterrorista, ha roto cualquier negociación, está promoviendo más detenciones que nunca y tiene a la banda contra las cuerdas. Además, ha promovido la ilegalización de Sortu, decidida por el Tribunal Supremo. Para los manifestantes, ese cambio del que habla el PP no ha existido. Eso sí, la asistencia sí notó ese cambio de política antiterrorista. La marcha fue mucho menos numerosa que las de la legislatura pasada.

En la protesta estaban todos los elementos de la anterior legislatura de los que, teóricamente, Rajoy quiere huir porque cree que le llevaron a la derrota electoral. Incluida la teoría de la conspiración del 11-M. Pancartas de "11-M, ¿quién ha sido?" recorrían toda la protesta.

Los dirigentes populares, algunos visiblemente incómodos, tuvieron que aguantar gritos incluso contra ellos. La delegación del PP vasco, con Basagoiti, Iñaki Oyarzábal, Arantza Quiroga o Borja Sémper, todos ellos con muchos años de escoltas y amenazas a sus espaldas, aguantó gritos de "traidores" porque mantener un discurso más suave que dirigentes como Mayor.

Muchos otros gritaban "dónde está Mariano", criticando la ausencia del líder del PP. La propia presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, cuando Rajoy la llamó ayer para excusar su presencia -tenía una entrega de premios en Ponferrada-, le contestó molesta: "Cada uno sabe dónde puede y debe estar. Quien quiere estar, está", según le contó a Europa Press.

Rajoy, como es habitual, ha hecho un doble juego. Ya lo hizo en la legislatura pasada. Entonces mandaba a Eduardo Zaplana y Ángel Acebes a manifestarse contra el matrimonio homosexual, por ejemplo, mientras él se quedaba en casa. El PP estaba, su líder no. Así contentaba al sector más radical, pero buscaba votos moderados. Ha vuelto a hacerlo.

Rajoy se evita así una foto delicada. Por ejemplo: solo unos metros detrás de donde estaban los políticos del PP, y donde habría estado Rajoy, había una enorme pancarta en la que se leía ZP=ETA. Algo muy alejado de sus palabras de este mismo lunes en la Cadena SER: "Yo apoyo al Gobierno en su política antiterrorista porque creo que lo está haciendo mejor. Si pensara que está negociando con ETA no le apoyaría". Trillo, el interlocutor de Rubalcaba en política antiterrorista -hablan a menudo- sí estaba ayer al lado de esa pancarta y esos cánticos de "¡Rubalcaba, a prisión!" que dominaron la marcha. El PP, a pesar de todo, insiste en que el Pacto Antiterrorista está vivo y en que ellos son "leales" a ese acuerdo.

www.elpais.es 10.04.11

17) AZNAR, A POR LOS MUSULMANES: "NO SE INTEGRAN"

José María Aznar ha ofrecido este lunes una conferencia en la prestigiosa Universidad de Columbia de Nueva York, en la que ha criticado a la Unión Europea por "falta de liderazgo" y al Gobierno español, por no estar a la altura de sus ciudadanos. Al respecto, ha asegurado que España volverá a ser un "ejemplo" como lo fue cuando él gobernaba. También ha cargado contra los musulmanes que residen en Europa, a los que ha diferenciado de los establecidos en Estados Unidos, que, según ha dicho, sí se integran, porque "se sienten atraídos por los ideales que representa ese país".

Todos los medios nacionales y extranjeros han destacado ayer que Aznar, presentado por el profesor Glenn Hubbard, decano de la Escuela de Negocios de Columbia, dijo su conferencia en inglés. Mucho se ha escrito sobre su mala pronunciación en esa lengua hace unos años. Todavía en La Red puede leerse un comentario del catedrático Xavier Sala-i-Martín, colgado precisamente en la web de esa universidad, quien en 2002 escribió sobre la entrevista mantenida por el expresidente en la CNN estadounidense: "No sólo fue incapaz de pronunciar una sola palabra en inglés -lo que hace que un presidente de gobierno en el siglo XXI parezca vergonzosamente antediluviano- sino que ni siquiera pudo articular frases coherentes en español. Larry King, viendo que estaba ante uno de los ridículos más espantosos de la historia de la televisión e intuyendo una caída en picado de la audiencia, se sacó de encima a don José María tras sólo cuatro minutos de bochornosa entrevista".

La misma afirmación que Strauss-Kahn

Ayer, un Aznar más seguro en su pronunciación, sin duda, que el de 2002 cuestionó la solvencia del gobierno de la Unión Europea en su conferencia cuyo tema versaba sobre la situación de la Eurozona en el contexto político y económico actual. En su opinión, la Unión necesita reformas profundas y le falta liderazgo. Una idea que, por cierto, recuerda las declaraciones, del 6 de abril pasado, del director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, quien en una entrevista conjunta en El País, The Washington Post y La Repubblica dijo que Europa "tiene un problema de liderazgo".

Los musulmanes en Europa, diferentes a los de EE.UU

El presidente de honor del Partido Popular se refirió, además, a la prohibición del velo en Francia, de la que dijo ser partidario, y argumentó que, a diferencia de Estados Unidos, donde los inmigrantes llegan atraídos por los ideales que representa ese estado, en los países europeos los musulmanes no muestran tanto interés por integrarse plenamente en la comunidad.

Defensa de Israel

Aznar defendió a Israel como la única democracia que existe entre Marruecos y Pakistán, y llamó a apoyar a este estado. Precisamente el domingo pasado, tras asistir a un acto con militantes del PP en Washington, el expresidente asistió a la gala anual de los premios Emet organizada por el Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America en la que se galardonó la actividad de la plataforma "Iniciativa de Amigos de Israel", impulsada por él.

www.elplural.com 12.04.11

18) PROHIBIDA LA PROCESIÓN ATEA POR COINCIDIR CON LAS CATÓLICAS

Los convocantes pueden recurrir la decisión ante el TSJM.- Gallardón celebra la medida porque piensa que los organizadores buscaban "la confrontación"

No habrá procesión atea el Jueves Santo en Lavapiés. La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la "manifestación para promover el ideario ateo", convocada por la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés, y que contaba con un informe desfavorable del Ayuntamiento de Madrid por considerarla una "provocación". Los convocantes tienen ahora derecho a recurrir la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que debe dar una respuesta lo antes posible -en un plazo de 48 a 72 horas- por tratarse de un hecho que afecta al derecho fundamental de manifestación y reunión.

 Una manifestación atea agita las pasiones ante la Semana Santa

 Gallardón prohibirá la 'procesión atea' si no lo hace la Delegación

 Citados a declarar los convocantes de la manifestación atea

Los convocantes de la manifestación atea el Jueves Santo en Madrid lamentan que las instituciones cedan a las presiones ultra conservadoras para una "prohibición preventiva" de algo que no le gusta a la Iglesia –

La presidenta madrileña asegura que la manifestación "atea" convocada el Jueves Santo en Madrid no es una acto festivo sino una ofensa a la religión católica que los organizadores no convocarían contra otra religión -

La recién estrenada en el cargo de delegada, Dolores Carrión, ha considerado que existen 11 razones para no autorizar la marcha. En primer lugar, alude a la convocatoria, a los carteles anunciadores y a las declaraciones de los organizadores en los medios de comunicación, a pesar de que los convocantes -los vecinos y varias asociaciones ateas- en todo momento se habían desmarcado de la autoría de un cartel que, bajo su nombre, anunciaba la participación en el acto de la "hermandad de la santa pedofilia" o la "cofradía de la virgen del mismísimo coño". Nombres que también ha tenido en cuenta la Delegación para prohibir la marcha.

La delegada cuestiona además que el día elegido sea el Jueves Santos y que el lugar por el que se pretendía desarrollar la manifestación, las calles del barrio de Lavapiés, "curiosamente presenta nombres relacionados con la simbología católica". La resolución también responde a la hora del acto que, según un comunicado, "coincide con el comienzo de procesiones católicas", y a los recorridos propuestos por los convocantes por pasar por calles en las que hay "múltiples parroquias".

El revuelo montado alrededor de la convocatoria hizo incluso temer a los organizadores, en concreto al presidente de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, Luis Vega, que se produjesen represalias de algunos grupos en caso de que se autorizase la manifestación. Y precisamente en ese punto ha coincidido con la Delegación, que asegura en su comunicado que "grupos antagónicos y radicales" estaban "citándose" para acudir al acto. La Delegación apoya su decisión en que todas las Administraciones que han tenido conocimiento de esta convocatoria -Jefatura Superior de Policía, Ayuntamiento de Madrid y la Abogacía del Estado- coinciden en que no debería llevarse a cabo.

El presidente de AMAL, al poco de enterarse de la prohibición, ha asegurado que la decisión es "preocupante y que supone un retroceso del país hasta el principio de la Transición". Aunque acata la decisión que impide celebrar la marcha, ha advertido que están planteándose la convocatoria de otra manifestación, si puede ser antes de las elecciones autonómicas y municipales del 22-M, por "el retroceso de las libertades y el poco recorrido que tiene el principio constitucional que dice que España es un estado aconfesional". A la espera de que todos los convocantes decidan en conjunto si llevan el caso ante el TSJM, Vega cree que el recurso es "obligado" porque asegura que todos los argumentos de la Delegación son "inexactos". "Lo único que hemos hecho es pedir legalmente una manifestación", afirma.

Reacciones a la prohibición

En sus primeras declaraciones sobre la polémica, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha celebrado la "buena noticia", informa Víctor López. "Celebro y apoyo la decisión de la Delegación del Gobierno", ha subrayado el regidor en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno. A su juicio, la manifestación "planteaba dos coincidencias" con las procesiones católicas en horarios y recorridos, lo que le lleva a pensar que "lo que se estaba buscando era la confrontación". A la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, le parece también "muy acertada" la medida pues considera que no debe resultar "gratis" ofender a los católicos, informa F. J. Barroso. "Creo que es un delito penado por la ley el ofender a cualquier manifestación religiosa", ha subrayado, para añadir que "lo que no se habrían atrevido a hacer con otras confesiones, como la musulmana por ejemplo, lo han querido hacer con la católica".

Coincidiendo con el anuncio de la Delegación del Gobierno, una juez del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha abierto diligencias previas por la denuncia interpuesta por 10 personas a título individual el pasado viernes contra tres de las asociaciones convocantes. Los denunciantes consideran que la convocatoria podría constituir "una voluntaria afrenta a las ideas" de quienes profesan "legítimamente" una religión. La asociación Ateos en Lucha, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) y la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés tendrán que comparecer ante la juez el próximo lunes.

La Asociación de Abogados Cristianos y el colectivo Hazteoir.org también han interpuesto dos querellas criminales contra ellos. Hazteoir.org, que ha considerado una "victoria" la prohibición de la marcha, acusa a los convocantes de un delito de "genocidio" y ha entregado hoy en la Delegación 100.423 firmas de ciudadanos "por la libertad religiosa".

www.elpais.es 14.04.11

19) EL MAGISTRADO MÁS AFÍN AL PP DIRIGE LA ESTOCADA DEL 'CASO FAISÁN'

Enrique López, el juez que compara los procedimientos con las corridas de toros, ha sido clave para mantener la instrucción en la Audiencia Nacional

Si a algún magistrado se le ocurriera alguna vez comparar la Justicia con las corridas de toros, todo el mundo coincidiría en quién sería el matador y quién el candidato al descabello.

En realidad, este magistrado ya existe: Enrique López, juez de la Audiencia Nacional muy próximo al PP, publicó el pasado junio en La Razón el artículo "La justicia de los toros", en el que trataba de demostrar que "las corridas de toros tienen unas fases muy similares a las de un procedimiento" y confesaba que en ocasiones se siente "ante la misma soledad que ese arrostrado torero frente a un enfurecido morlaco".

Según coinciden varias fuentes jurídicas, ha sido también López el elemento clave que ha situado a los tres imputados del caso Faisán ante lo que, según su particular metáfora, podría ser el equivalente al último tercio de la fiesta: nada menos que un ex director general de la Policía y dos agentes con lustros de la lucha antiterrorista a un paso del procesamiento por un delito de "colaboración con ETA".

El auto, fechado el 4 de abril, provocó un voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, un grito a medio camino entre el Yo acuso, de Émile Zola ,y el ¡Indignaos!, de Stephane Hessel, que denunciaba en términos descarnados la "instrumentalización política" del caso y lamentaba que sus compañeros "no hayan hecho el esfuerzo de deslindar lo político de lo jurídico o no hayan sabido hacerlo".

Objetivo: Rubalcaba

En el voto particular no hay nombres ni apellidos asociados a la "instrumentalización política". Pero son innecesarios: tras el nombramiento de Alfredo Pérez Rubalcaba como vicepresidente, el pasado octubre, el PP ha concentrado sus banderillas, varas y muletas sobre el supuesto delfín de José Luis Rodríguez Zapatero hasta el punto de que ha presentado 295 preguntas por escrito sobre el caso Faisán y ha interrogado 38 veces en pleno, 31 de ellas a Rubalcaba.

"No es colaboración con ETA, pero no es el momento de ir a Irún", sostuvo

En el manual de campaña del PP ante el 22-M, el caso Faisán ocupa un lugar muy destacado. Y lo que la semana pasada decidió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es que se mantenga en esta instancia tan mediática en lugar de trasladarse al más discreto juzgado de instrucción de Irún, el lugar donde se produjo el chivatazo que aplazó un mes la detención de 12 presuntos miembros de una red de extorsión de ETA. Pero para que siguiera en la Audiencia, había que mantener abierta la imputación por "colaboración con ETA" contra los dos agentes Enrique Pamiés y José María Ballesteros y el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, autor del recurso sobre el que acaba de pronunciarse la Audiencia.

"Por la calle de Génova circularon corrientes intensísimas", sostienen fuentes jurídicas que han seguido de cerca el caso, en referencia a la proximidad entre la sede nacional del PP y la Audiencia Nacional, separadas por apenas 150 metros. Varias fuentes consultadas coinciden en que el magistrado Enrique López, a quien el PP postula contra viento y marea desde hace más de dos años como candidato al Tribunal Constitucional pese a no cumplir, según la Mesa del Senado, los requisitos legales para ello, ha sido clave en conseguir que la próxima campaña electoral se abra con el caso Faisán en la Audiencia.

"Sin precedentes"

El juez ya fue determinante el año pasado en mantener vivo el caso en el tribunal al firmar él mismo como ponente un auto, de febrero de 2010, en el que introdujo dos frases muy polémicas: de un lado, sostuvo que los hechos investigados "adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España". Del otro, defendía una investigación "más allá de lo normal" y con un "especial celo".

El auto causó mucho revuelo porque estos polémicos añadidos superaban con mucho el terreno que, según fuentes jurídicas, habían consensuado los cinco magistrados de la Sala antes de que los tres miembros del tribunal iniciaran las deliberaciones. "De aquellos polvos, estos lodos", subraya un jurista muy bien conectado con la Audiencia.

Fuentes próximas al magistrado niegan cualquier influencia en el auto

En el último auto, López buscó un perfil más discreto y ni siquiera se integró formalmente en el tribunal. Pese a ello, fuentes jurídicas aseguran que en el inicio de las deliberaciones dejó clara su implicación en el caso hasta el punto de que trasladó a varias personas el siguiente razonamiento: "No es colaboración [con ETA], pero no es el momento de enviar a Irún el caso".

Su actividad en este sentido fue tan frenética que incluso recibió un toque de atención para que fuera más discreto, añaden las fuentes citadas. López ha declinado hablar con Público, pero fuentes de su entorno subrayan que no ha tenido ninguna participación con el auto conocido el martes.

Pese a que el tribunal lo integran únicamente tres magistrados en este caso, Fernando García Nicolás, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, los cinco miembros de la Sala participaron en las conversaciones informales que a veces se realizan para definir el terreno de juego antes de constituir el tribunal. Y en estas tomas de contacto informal, López también expresó lo mismo que dijo luego a otras personas: no es el momento de que la Audiencia Nacional traslade el caso al juzgado de Irún.

Deliberaciones

Este fue precisamente el mensaje que, cuando en la semana del 21 de marzo se iniciaron las deliberaciones, asumió el ponente, Julio de Diego, un magistrado considerado muy próximo a Enrique López y al que sectores de la Audiencia han colgado el mote de Torrente. En el otro polo se colocó José Ricardo de Prada: consideraba que había que retirar cuanto antes la imputación por colaboración con ETA de un ex director general de la Policía y dos agentes curtidos en la lucha antiterrorista.

López no estuvo en el tribunal, pero desplegó una actividad frenética

Fuentes jurídicas explican que el presidente del tribunal García Nicolás se decantó inicialmente por retirar dicha calificación y que incluso se había consensuado una solución técnica en la que todos lograban algo: se retiraba la imputación por colaboración con ETA y se mandaba el expediente a Irún, pero en el ínterin que podría espaciarse incluso hasta después del 22-M el juez Pablo Ruz podía seguir la instrucción.

Sin embargo, al final de la segunda semana de deliberaciones, García Nicolás viró hacia la posición final, que cumplió todos los objetivos que había explicitado López y que dejaba al borde del procesamiento por colaboración con ETA a los tres imputados. Fue este viraje abrupto en el último segundo lo que motivó el grito de José Ricardo de Prada en el voto particular, que según algunas fuentes fue suavizado en la versión final.

Varias fuentes jurídicas subrayan la extrema debilidad profesional en que se encuentra García Nicolás tras varios reveses encadenados desde 2009. El CGPJ, del que Enrique López fue portavoz hasta 2008, abrió sendos expedientes por falta grave al dictar una sentencia por un delito de enaltecimiento del terrorismo tres años y medio después del juicio y por haber tardado un año y medio en otra por terrorismo callejero.

El pasado septiembre, el CGPJ le impuso una multa de 500 euros por este último caso. También en 2010, en junio, el Supremo anuló otra sentencia con su firma, dictada igualmente con gran retraso (27 meses después del juicio) por su "desoladora" motivación y sus "graves defectos estructurales". El resultado fue la absolución de cinco jóvenes que habían sido condenados a cinco años de cárcel por un delito de colaboración con ETA.

El presidente del tribunal está en situación precaria tras varios reveses

Coincidiendo con las deliberaciones del tribunal, y con García Nicolás aún partidario del traslado a Irún, El Mundo arrancó el serial de las "actas" de ETA, justo antes de que el juez Ruz levantara el secreto de sumario .

El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, incluso alardeó en Twitter de haber influido en el giro del tribunal con la publicación del serial: "Las actas de ETA han sido clave. La Audiencia mantiene la colaboración con ETA a los imputados del Faisán", contó Ramírez.

Relación con Ulibarri

La conexión entre Ramírez, el director que publicó las informaciones "clave", y López, el magistrado clave del auto, va más allá de compartir palco en el Santiago Bernabéu. También de su amistad con el exministro de Justicia del PP José María Michavila y el portavoz de Justicia del partido, Federico Trillo.

Hay otro nudo: Miguel Hernán Manovel, cuñado de Enrique López, es el número dos del holding empresarial que encabeza José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, y como tal es consejero de Soriana de Ediciones y Burgos Publicaciones, las empresas con las que Ulibarri comparte con El Mundo la edición del Diario de Soria y el Correo de Burgos, respectivamente.

El cuñado de López es directivo de Ulibarri, imputado en la ‘Gürtel’

El pasado 9 de marzo, el Diario de Soria organizó una fiesta para celebrar el quinto aniversario de la unión. Acudió Ulibarri y se emitió un discurso ex profeso de Ramírez. Dos exconsejeros de Unidad Editorial también están imputados en el caso Gürtel: Manuel Delgado Solís y Plácido Vázquez Diéguez.

Es precisamente el abogado de Ulibarri en el caso Gürtel, Ignacio Peláez, el que presentó la querella contra Baltasar Garzón por las escuchas, en septiembre de 2009. Y es en febrero de 2010 cuando López, que se jacta de su amistad con Ulibarri desde los tiempos en que fue juez en León y Valladolid, firma el auto que considera de una gravedad sin precedentes el caso Faisán.

En aquel momento, el morlaco al que se enfrentan el PP y el juez que este partido insiste en sentar en el Constitucional cueste lo que cueste no era sólo Rubalcaba, sino también Garzón, que en febrero de 2009 había empezado a instruir el caso Gürtel y que en aquel momento asumía la investigación del caso Faisán.

Ascenso al CGPJ

La investigación de la Gürtel señaló desde el principio una pista en Castilla y León: con Ulibarri y otros empresarios, pero también con el supuesto pago de comisiones en la época presidida por Juan José Lucas, cuya influencia fue decisiva para que, en 2001, el PP propusiera a López como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Su padrino en el CGPJ fue Arnaldo, imputado en el ‘caso Palma Arena’

En 2001, Lucas era ministro de la Presidencia de José María Aznar, y López inició entonces la carrera como vocal del Consejo que le llevaría a convertirse en el aguerrido portavoz de la institución hasta 2008 con postulados calcados a los del PP. Había llegado a la casa en 1998, como letrado, y su otro mentor, además de Lucas, fue Enrique Arnaldo, vocal hasta 2001 muy próximo a Michavila y al PP, hoy imputado en el caso Palma Arena.

Fue con Michavila al frente de Justicia cuando López se convirtió en portavoz y hombre fuerte del CGPJ. Su peso era mayor del que sugiere su puesto: exvocales explican que ante cualquier petición, por nimia que fuera, el entonces presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, pedía consultar con López antes de responder.

Invitación a Marchena

López es también patrón muy activo de la Fundación Wolters Kluwer, que en febrero de 2010 invitó a unas jornadas en Quintanilla de Onésimo al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena, recién nombrado instructor del caso Santander contra Garzón.

López es también patrón muy activo de la Fundación Wolters Kluwer

En aquel momento, ya estaban en marcha las tres causas del Supremo que, a falta aún de juicio, forzaron la salida de Garzón de la Audiencia. Las jornadas de Quintanilla de Onésimo las codirigieron Michavila y el propio López, que sólo 15 días después firmó su auto del caso Faisán que afeaba a Garzón y hablaba de la gravedad "sin precedentes". Ni la fundación ni Marchena han querido desvelar los emolumentos del acto.

El patronato de la Fundación Wolters Kluwer, empresa que tiene varios acuerdos de colaboración permanente con la editora de El Mundo, incluía entonces al propio Michavila y a Jaume Matas, ya imputado en el Palma Arena. Enrique Arnaldo, el mentor de López en el CGPJ también imputado en el caso Palma Arena, llegó a presidir la fundación.

Cualquier taurino sabe que cuanto más difícil es la faena, más posibilidades hay de ganar las dos orejas. Pero hay que matar bien. Y en la metáfora taurino-judicial, ello sólo podría hacerse de una forma: sin ser visto.

www.publico.es 10.04.11

20) C.A ANDALUCÍA: EL SUEGRO DE ARENAS COBRÓ DEL FONDO DE LOS ERE POR ASESORAR EN SANTANA

El bufete de Olivencia facturó 120.000 euros por su trabajo en la empresa

La Junta de Andalucía abonó casi 120.000 euros al bufete Olivencia-Ballester, presidido por Manuel Olivencia, suegro del líder del PP andaluz Javier Arenas, procedente del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones. El bufete asesoró en 2001 a la empresa pública Santana Motor, participada al 100% por la Junta, para externalizar algunos componentes de los coches que fabricaba, y por ello facturó 119.828 euros. Pero la Consejería de Empleo pagó la minuta a través del mismo fondo con el que subvencionó los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que la juez Mercedes Alaya investiga ahora, según reflejan las diligencias abiertas.

"No nos preocupa la situación interna de Empleo", alega un abogado

"El dinero se destinó a pagar jubilaciones millonarias a los amiguetes del PSOE andaluz (...) Sabemos que todas las personas beneficiadas son cercanas al PSOE", censuró el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, sobre el escándalo hace dos meses. El bufete tramitó los aspectos mercantiles de la externalización del parque de proveedores de Santana, ya que fabricar ciertos componentes resultaba deficitario para la empresa pública.El despacho Olivencia-Ballester, fundado por Manuel Olivencia como socio principal, se encargó de los contratos mercantiles con empresas de todo el país, por lo que con cargo a la partida 31L emitió una factura de 104.400 euros en marzo de 2002 y otra de 15.428 euros cuatro meses después. "Se nos llamó para prestar un servicio y no nos preocupamos de la situación interna de Empleo, solo de que nos vuelvan a contratar", alegó su hijo y director actual del bufete, Luis Olivencia.

Manuel Olivencia fue comisario general de la Expo de Sevilla en 1992 (aunque dimitió antes de la inauguración) y catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad sevillana, profesor entre otros del expresidente Felipe González. En 2006 su firma se integró en el potente bufete Cuatrecasas.

Olivencia Ballester ya asesoró en 1999 a la Junta para recurrir una sentencia que cuestionó las ayudas públicas concedidas a la empresa Cárnicas Molina, un quebradero de cabeza que fue el detonante de la creación del fondo para empresas en crisis, denominado "fondo de reptiles" por el exdirector general Javier Guerrero, aunque luego se desdijo.

Al margen de las empresas, Ayuntamientos y asociaciones beneficiadas, la Junta abonó facturas a multitud de bufetes gracias a este fondo. Por ejemplo, Empleo subvencionó con 23 millones el ERE que afectó a 600 trabajadores de Santana Motor en 2001. El bufete Estudio Jurídico Villasís asesoró a la asociación de los empleados en la negociación del ERE, pero sin embargo la factura de 46.000 euros la pagó Empleo en 11 pagos a lo largo de 2002. Este despacho, donde trabajó el conseguidor detenido por la policía Juan Lanzas, percibió otro ingreso de 20.880 euros seis meses más tarde. "Pactamos con Guerrero y la asociación de trabajadores una asignación mensual por nuestros servicios", explicó el abogado Carlos Leal.

El bufete Garrigues asesoró a la empresa en el ERE de Santana, pero su factura también se pagó con este fondo a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), propietaria de las acciones en Santana. "Era imposible saber cómo iba a acabar un conflicto laboral. Nadie sabía dónde estaba el final. Contratabas con Garrigues un contrato menor por 10.000 euros, pero luego se multiplicaba por diez", alegó un ex alto cargo de Empleo. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 2/2000 establece que los contratos menores no pueden exceder los 30.050 euros ni ser fraccionados o prorrogados.

El pasado otoño la fiscalía denunció al Ayuntamiento de Sevilla por prevaricación, tras adquirir este materiales y equipamientos al Grupo Iturri por 644.485 euros. "La adquisición se efectuó sin atenerse en absoluto a los requisitos que exigía la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (...) No existió resolución previa del Ayuntamiento ni se realizaron pliegos de condiciones, ni se ofertaron públicamente", reza la denuncia del fiscal.

Garrigues cobró asimismo del ERE de Hytasal y 162.000 euros por el ERE de Cuerotex, pese a que la empresa contrató sus servicios. La Junta asumió el gasto del bufete en el ERE tramitado en 2005. Juan Pérez, cuñado del secretario general del PSOE de Sevilla y senador José Antonio Viera, negoció este expediente como presidente del comité de empresa y se acogió a él después de 42 años como empleado. "Los abonos se corresponden con servicios prestados a empresas o colectivos de trabajadores y la Junta ha asumido el pago", señalaron fuentes de Garrigues.

www.elpais.es 12.04.11

21) C.A ANDALUCÍA: MARBELLA REGULARIZARÁ UN EDIFICIO DEL CANDIDATO DEL PP DE ESTEPONA

García Urbano es socio en la operación de un imputado en el 'caso Malaya'

A los promotores que intentan regularizar sus construcciones en Marbella (Málaga) al amparo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no siempre les sale un saldo negativo. La empresa Nuevos Aires 2002 SL ha conseguido que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, le reconozca un remanente positivo de 206.485 euros tras examinar el convenio para construir un edificio que, según el anterior PGOU, ocupaba suelo de equipamiento y que todavía está precintado por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El Ayuntamiento reconoce que debe a los promotores 206.000 euros

Las obras del edificio fueron precintadas por orden del TSJA

Los socios de esta construcción son el abogado Juan Hoffman, considerado testaferro internacional del supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, y el candidato del PP a la alcaldía de Estepona, José María García Urbano, entre otros. El proyecto fue investigado en la causa contra la corrupción en Marbella, pero no forma parte del juicio.

Los dueños de Nuevos Aires 2002 han sido de los primeros en presentar una propuesta al Consistorio para regularizar su situación. En el primer año del proceso de normalización, el municipio ha recibido entre 20 y 30 solicitudes.

El edil de Urbanismo, Pablo Moro, precisa que "no se les entregará ni un duro" de los 206.485 euros, sino que esa cantidad es un "saldo positivo teórico" que se les tendrá en cuenta compensar en "futuros derechos", como otras promociones o actividades. Moro destaca que el acuerdo incluye otras "cesiones importantes" de los promotores, como la entrega de tres de las seis plantas del edificio al municipio y el pago de las obras de acondicionamiento, algo que costará 170.000 euros, según cálculos municipales. El Ayuntamiento quiere trasladar allí las dependencias de urbanismo, ya que el municipio entregará las instalaciones que ocupa actualmente a la Junta de Andalucía para saldar una deuda.

El nuevo PGOU prevé la regularización del bloque, cuyas obras ordenó paralizar el Tribunal Superior de Justicia Andaluza. Aun así, la oposición socialista ha criticado duramente este acuerdo, en el que ven un trato de favor al candidato del PP de Estepona, y han pedido que quede en suspenso. El secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, ha reclamado que García Urbano y la alcaldesa marbellí se expliquen. Los socios de Nuevos Aires han declinado hacer declaraciones alegando que se trata de un "asunto privado".

"Se le ha dado un tratamiento normal. La delegación no entra en quiénes son los titulares de las promociones. Aplicamos el Plan General coma por coma y punto por punto", señala Moro. "De los seis casos que llevamos, en la mayoría la cuenta ha salido negativa para el promotor, sólo en este ha sido positivo", añade.

El edificio se ha levantado en el solar que ocupaba la antigua sede de Correos. El convenio para construirlo se firmó en 2001, con Julián Muñoz de alcalde. "Me parece sorprendente que se hayan dado por buenos unos acuerdos firmados en una época de legalidad dudosa y que se hayan aceptado sin más las valoraciones", considera Javier de Luis, edil no adscrito y miembro de Ecologistas en Acción. Moro le puntualiza: "La legalidad de los convenios va por otra vía, es un hecho cierto que este promotor entregó una cantidad a cuenta, 420.708 euros, y en correlación con el edificio construido se ha estimado devolverle parte".

El acuerdo fue aprobado el 15 de marzo en una junta de gobierno local presidida por la teniente de alcalde María Francisca Caracuel. El acta precisa que esos 420.708 euros se pagaron como "exceso de aprovechamiento", aunque ese concepto

El comienzo de las obras de acondicionamiento está supeditado a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía levante el precinto sobre el edificio. En Urbanismo creen que no habrá inconveniente, ya que se ha llegado a un acuerdo entre las partes.

La Comisión Gestora, que gobernó Marbella tras la disolución de la Corporación, paralizó la construcción en 2006. El edificio todavía tiene un contencioso administrativo, de 2005, abierto por Francisco Reyes Gómez, propietario de un edificio cercano, que impugnó esta licencia.

www.elpais.es 11.04.11

22) C.A ASTURIAS: OTRO ALCALDE ABANDONA ENTRE REPROCHES EL PP PARA SUMARSE A CASCOS

Francisco Álvarez-Cascos lleva unos días bastante duros, y es que la semana pasada tuvo que acudir a declarar como imputado por presuntas injurias a la Policía, después de ser advertido por el juez de que si no lo hacía sería detenido. Sin embargo sigue reclutando fieles para su cruzada asturiana que abandonan el PP para incorporarse a su proyecto, como ha sido el caso del alcalde del municipio asturiano Tapia de Casariego. Gervasio Acevedo se va alertando tras 20 años como regidor popular de que en su hasta ahora partido "nunca ha tenido en cuenta a los alcaldes, sólo cuando le ha interesado".

El alcalde de Tapia de Casariego, Gervasio Acevedo, se ha dado de baja en el Partido Popular y se ha afiliado a Foro Asturias, insinuando que aspira ser diputado regional en la nueva formación, aunque de momento sólo se ha afiliado a la plataforma de Álvarez-Cascos.

Carta a Rajoy explicando su salida

Acevedo ha explicado en una carta a Mariano Rajoy las razones de su salida del PP, según cuenta la COPE, que está dando una amplia cobertura al caso. De hecho el alcalde ha explicado en la cadena episcopal que no está de acuerdo con el modo en el que se designó a Isabel Pérez-Espinosa como candidata al Gobierno de Asturias.

"El PP nunca ha tenido en cuenta a los alcaldes"

El regidor también criticó a su hasta ahora partido –con el que ha sido alcalde 20 años- para denunciar que "el PP nunca ha tenido en cuenta a los alcaldes salvo cuando le ha interesado". Cree además que "Cascos es la persona más adecuada para regir los destinos de Asturias".

Posibilidad de que tenga la llave

Mientras, medios de la órbita popular insinúan que los de Rajoy tendrán que contar con Cascos si pretenden gobernar Asturias. Elconfidencialdigital cita un sondeo del PSOE asturiano según el cual Cascos obtendría cerca del 10% del voto en las autonómicas, lo que podría impedir la mayoría absoluta al resto de las formaciones. Mariano Rajoy tiene previsto en los próximos días viajar a Asturias en un intento de minimizar el efecto Cascos.

www.elplural.com 12.04.11

23) C.A BALEARES: EL JUEZ RECHAZA REBAJAR A MATAS LA FIANZA DE TRES MILLONES DE EUROS

El juez instructor del "caso Palma Arena", José Castro, ha rechazado hoy rebajar de 3 millones a 750.000 euros la fianza penal fijada para el expresidente balear Jaume Matas (PP), y también le ha instado a designar un abogado en el plazo de diez días hábiles o, de lo contrario, se le asignará uno de oficio.

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El juez instructor del "caso Palma Arena", José Castro, ha rechazado hoy rebajar de 3 millones a 750.000 euros la fianza penal fijada para el expresidente balear Jaume Matas (PP), y también le ha instado a designar un abogado en el plazo de diez días hábiles o, de lo contrario, se le asignará uno de oficio.

Sobrecoste del velódromo

El juez ha comunicado estas decisiones en dos escritos notificados hoy a las partes.En el primero de ellos rechaza la rebaja de la fianza pedida por el hasta el pasado lunes abogado de Matas, Rafael Perera, en la fianza que le impuso el juez en marzo de 2010 para evitar su ingreso en prisión por este caso, en el que se investiga el sobrecoste del velódromo Palma Arena cuando Matas era presidente, así como el incremento patrimonial del exmandatario.

Fianza más alta junto a la de Roca

La fianza de 3 millones de euros fijada para Matas iguala la más alta impuesta en la última década en casos de corrupción vinculados con la política. Se trata de la de 3 millones que fue fijada el 23 de abril de 2008 para el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca, vinculado al Grupo Independiente Liberal (GIL) de Jesús Gil.

Diez días para designar abogado

Además, Castro ha dictado hoy otro escrito en el que insta al expresidente a designar un abogado, después de que en los últimos días sus dos letrados, Manuel Ollé y Rafael Perera, dejaran su defensa. El juez le avisa de que en caso de que no designe un abogado se le asignará uno de oficio y, en una primera providencia, le otorgaba tres días hábiles para hacerlo. Sin embargo, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Castro ha dictado luego otra providencia corrigiendo un error de la primera y ampliando el plazo a diez días, en vista de las vacaciones de Semana Santa. Este plazo empezará a contar a partir del viernes, ya que hoy se ha notificado el escrito vía procurador, hasta mañana no se da por recibido y al día siguiente comienza la cuenta.

www.elplural.com 13.04.11

24) C.A BALEARES: DOS ABOGADOS DE MATAS ABANDONAN SU DEFENSA

El penalista y exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares Rafael Perera -defensor habitual de los cargos del PP imputados- anunció ayer que deja la defensa de Jaume Matas. "Por motivos que forman parte del secreto profesional que debo guardar", dijo. Perera asistió durante años al expresidente balear y exministro, y es el representante del PP en numerosas causas abiertas en juzgados de Baleares. Días atrás, Matas (PP) se quedó también sin la asistencia de otro letrado, Manuel Ollé.

Matas, acusado de siete supuestos delitos en el caso Palma Arena, está en libertad bajo fianza de tres millones y tiene pendiente otra caución de responsabilidad civil de 1,6 millones. En las dos últimas semanas, el expresidente se ha lanzado a una larga ronda de entrevistas para defenderse, criticar a los fiscales anticorrupción y propagar que no tiene fondos para afrontar fianzas. Esta campaña de imagen se inició después de que el juez del caso Palma Arena archivase una de las 25 piezas abiertas que afectan a Matas.

www.elpais.es 12.04.11

25) C.A CASTILLA LA MANCHA: LOS TRES CABEZAS DE LISTA DEL PP TOLEDANO VIVEN EN MADRID O EN OTRAS LOCALIDADES

La candidatura que el Partido Popular presenta a las elecciones municipales por la capital de Toledo está encabezada por tres candidatos que no residen en la ciudad. Ni la número uno, Paloma Barredo, ni Arturo García-Tizón, que ocupa el segundo lugar en el cartel electoral, ni el ex atleta José Luis González, en tercera posición, viven en la ciudad a la que pretenden representar. Mientras que la cabeza de lista reside en un pueblo de la provincia, los otros dos candidatos trabajan y viven en Madrid o en otra localidad, lo que ha provocado la crítica del PSOE que pide a sus contrincantes que fijen su residencia en el municipio por el que se presentan.

La cultura "cunera" del Partido Popular en Castilla-La Mancha tiene en su haber sonados "paracaidistas", como Isabel Tocino y Ana Palacio, ex diputadas por Toledo; Gustavo Manuel de Arístegui, ex diputado por Ciudad Real o los actuales senadores por Cuenca Manuel Fraga (sobrino) y Francisco Utrera, representan solo un pequeño ejemplo de la consideración que tiene el PP por los castellano-manchegos.

Dependientes de Madrid

Pero una cosa son las elecciones generales y otra muy distinta las municipales, donde el arraigo es parte del ADN de todos los candidatos, salvo los del PP. Tanto es así, que la cabeza de lista que presenta la derecha toledana para el Ayuntamiento de Toledo, Paloma Barredo, vive fuera de la ciudad, si bien es cierto que trabaja en la capital. No así su número dos y tres, el diputado Arturo García-Tizón y el ex atleta José Luis González, respectivamente. Ambos viven, trabajan y residen en Madrid o en localidades lejanas a la Ciudad de las Tres Culturas, por lo que desconocen la realidad toledana y las necesidades de sus ciudadanos, dicen sus adversarios.

Un madrileño quiere ser presidente de la Diputación…

El desarraigo del subcampeón del mundo de atletismo en 1987 en la prueba de 1.500, que trabaja en la actualidad en el estadio madrileño de La Peineta, es claro y palmario. Sin embargo, llama más la atención lo del diputado "popular" Arturo García-Tizón, que no solo se ha negado a vivir en Toledo y abandonar su residencia madrileña, sino que su partido le ha propuesto para presidir la Diputación de Toledo en el supuesto caso de que el PP gane las elecciones municipales en esta provincia.

…Y una madrileña presidir la Comunidad

Pero el "paracaidismo" de la derecha no queda aquí. El más conocido es el representado por la candidata del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha, María de los Dolores de Cospedal, que trabaja, vive y reside en Madrid y que al igual que García-Tizón se niega a fijar su residencia en Castilla-La Mancha, región a la que, según sus propias declaraciones, dedica "dos días a la semana".

Indignación en el PP…

Este desarraigo y falta de consideración por los castellano-manchegos, y por los toledanos en particular, ha provocado la indignación de algunos destacados militantes del PP, entre los que se encuentra, José Manuel Molina, ex alcalde de la ciudad y ex rival de José Bono, y a quien Cospedal sucedió en la presidencia regional del PP. Molina, en declaraciones a la Ser, pidió a la candidata a la alcaldía que trasladara su domicilio a Toledo, porque "un alcalde o candidato debe vivir en la ciudad" por la que ha salido elegido.

…Y en el PSOE

En este sentido, el alcalde de Toledo y candidato socialista a la reelección, Emiliano García-Page, no ha dejado de ironizar con el reverso del DNI de sus adversarios "populares", recordando que ninguno de los tres primeros reside en la capital, por lo que espera que "al menos uno –de los candidatos—sea de aquí". Según la lista presentada por el PP, la mayoría de los que acompañan a Barredo residen en la capital, salvo los citados.

www.elplural.com 14.04.11

26) C.A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL ARROPA A UNA LISTA ELECTORAL CON UN IMPUTADO POR SUPUESTA CORRUPCIÓN

La secretaria general, María de los Dolores de Cospedal, ha dado el visto bueno a la candidatura de su partido al Ayuntamiento de Ciudad Real donde figura el actual concejal de Deportes, César Manrique, actualmente imputado por un caso de presunta corrupción. De esta forma, la también presidenta del PP en Castilla-La Mancha sigue los pasos de su compañero valenciano, Francisco Camps, al permitir que candidatos que se encuentran en el punto de mira de la Justicia puedan participar en unas elecciones democráticas. Es lo que ya se conoce como la moda de las "candidaturas de sospechos".

María de los Dolores de Cospedal, esa líder de la transparencia y de la honradez, no dudará el lunes, 11 de abril, en acudir al Teatro Quijano de Ciudad Real para bendecir y arropar la candidatura del PP al Ayuntamiento de esta capital castellano-manchega donde también figura en la lista un imputado por presunta corrupción. La secretaria general del Partido Popular estará acompañada en esta ocasión por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que no tiene a ningún "sospechoso" entre sus candidatos.

Siguiendo los pasos de Camps

De esta forma, la también presidenta del PP en Castilla-La Mancha se suma así a la "moda" que parece imperar en el partido de la gaviota, al menos en la derecha valenciana y madrileña, y permite que un concejal, imputado y acusado por un empresario de Ciudad Real de encabezar una supuesta trama de corrupción, forme parte de una candidatura encabezada por Rosa Romero, actual alcaldesa que también ha sido denunciada por ese empresario, que le acusa de participar y amparar la trama que en la actualidad se encuentra bajo la investigación de un juzgado ciudadrealeño.

Camuflado en el décimo segundo puesto

Cohecho, prevaricación y falsificación, estos son, entre otros, los cargos que pesan contra el actual concejal de Deportes, César Manrique, imputado por una jueza de Ciudad Real tras la denuncia presentada por el empresario local Jesús Rosado. Sin embargo, estos graves cargos, refrendados con innumerables facturas que forman parte de los 235 folios de la acusación, no han servido para disuadir a María de los Dolores de Cospedal, que avala, protege y justifica que el presunto prevaricador y falsificador ocupe el décimo segundo puesto en la lista que encabeza Rosa Romero, que en las elecciones de 2007 consiguió 15 concejales y la mayoría absoluta.

La alcaldesa, también investigada

La jueza que lleva el caso de la supuesta trama de corrupción municipal que denuncia el empresario ciudadrealeño Jesús Rosado, también investiga en la actualidad a la alcaldesa de Ciudad Real. El denunciante asegura que le hizo obras "gratis total" en su domicilio, algo que la primera edil y cabeza de cartel del PP niega desde el principio.

"El problema es Rosa Romero"

Por su parte, el PSOE, en boca de su secretario de Organización, José Manuel Caballero, tiene claro que el problema "no es la gente que acompaña a Rosa Romero" en las listas a la alcaldía de Ciudad Real, aunque "haya algún imputado por presunto delito de corrupción", sino que el problema "es la cabeza de lista, Rosa Romero, quien no se compromete con Ciudad Real". Eso sí, Caballero tiene claro que el PSOE lleva "muchos años gobernando Castilla-La Mancha y jamás ha habido un solo imputado por corrupción", sentencia.

www.elplural.com 10.04.11

27) C.A GALICIA. LA XUNTA EXIME A BALTAR DEL CONTROL DE LAS OPOSICIONES A FUNCIONARIOS

Rueda reprende a 147 alcaldes mientras apela a la "autonomía" de la Diputación

La Xunta no investigará las oposiciones de la Diputación de Ourense por respeto "a la autonomía municipal". Pero sí fiscaliza cada prueba de acceso a los ayuntamientos y ya ha enviado requerimientos a 147 alcaldes (de todos los colores) para que adapten las bases a los principios de mérito y capacidad, como exige la Constitución. Entre ellos, el de Allariz, gobernado por el BNG y donde el portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, concurre como candidato.

La sesión parlamentaria de ayer retrató un modo de entender el poder. Y las varas de medir que maneja el Gobierno de Feijóo. Si la mera denuncia de Alfonso Rueda y Miranda es suficiente para abrir una investigación a Unións Agrarias -en la que se implican tres consellerías, entre ellas la del propio Rueda, además de dos denuncias judiciales del PP-, las contrataciones masivas de militantes populares en la Diputación de Ourense no merecen reflexión alguna por parte de la Xunta. O sí. "Somos capaces de llegar a acuerdos con las diputaciones porque no las criminalizamos", aseveró el conselleiro de Presidencia. Luego hizo una defensa de la "autonomía municipal" y ante las denuncias del PSOE de que Baltar tiene a 113 concejales en nómina de la Diputación, Rueda respondió que seguro que las de Lugo y A Coruña emplean también a ediles socialistas. No ofreció más datos. Llegó entonces el turno de Miranda y este dejó bien claro que sabía de qué hablaba.

El portavoz del PP explicó que la Xunta envió un requerimiento a Allariz porque ese municipio incumplió en las bases de una convocatoria de empleo los principios de mérito y capacidad. Sobre Baltar, a quien se enfrentó por la presidencia del partido en Ourense, ni una sola palabra.

Tampoco Rueda osó cuestionar al barón provincial: lo más que deslizó fue que las diputaciones deben modernizarse.

Un somerísimo reproche, pero mucho más de lo que había admitido antes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el mismo pleno. Tras ser preguntado por el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, sobre cómo casa su publicitada regeneración con las prácticas de Baltar y Louzán o "la persecución a Unións Agrarias", el presidente acusó a Vázquez de adjudicar contratos a dedo en el bipartito e incluso citó las advertencias de la Junta Electoral Central a TVG entonces por vulnerar la neutralidad informativa. Justo antes de los aplausos con que su grupo le despide cada miércoles en el hemiciclo, Feijóo dejó un anuncio trascendente: "Quiero saber si usted también está a favor de investigar todo lo que huela a fraude de fondos públicos".

Sin turno de réplica, el guante lo recogió el viceportavoz socialista, José Luis Méndez Romeu. "Empiece por la Operación Orquesta" que investiga el juzgado de Corcubión, donde fueron detenidos los alcaldes populares de Fisterra y Mazaricos y un independiente que gobernaba con los socialistas en Cee por amañar contratos. Tampoco esa invitación tuvo respuesta del conselleiro Rueda. Cinco días después de que este diario publicase conversaciones grabadas por la policía que destapan una red de asociaciones juveniles para captar fondos de la actual Consellería de Cultura y favorecer al PP de Corcubión, que se sepa la Xunta tampoco ha indagado sobre este caso. Ni sobre el uso de las ayudas europeas que sentó ante el juez al superdelegado de la Xunta en Ourense por malversación de fondos públicos, como recordó un diputado desde su escaño.

Visto que la Xunta no prevé nuevas pesquisas sobre desvío de subvenciones, la oposición se centró en el caso de Unións Agrarias (UU AA), en el que el PP empezó denunciando una red de financiación ilegal del PSOE y ha acabado poniendo en duda las ayudas concedidas ya por la actual titular de Traballo, Beatriz Mato, a 13 asociaciones, cuya devolución se plantea exigir. Romeu arrancó con un recuerdo al secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, que siguió el debate en la tribuna de invitados. "Quiero comenzar saludando a la representación de UU AA, una víctima de la persecución de este Gobierno con el desprecio de la ley y del Derecho". El diputado llegó a citar El cementerio de Praga de Umberto Eco y comparó las prácticas de la Xunta con los trámites previos a la "solución final" del genocidio nazi. "Queremos saber por qué aquí hay dos altos cargos imputados [dos directores generales de Presidencia, que el sindicato denunció por abuso de poder] y no pasa nada", clamó.

El diputado del BNG Alfredo Suárez Canal tampoco escatimó metáforas. Habló del macartismo y de las investigaciones a presuntos comunistas perseguidos por la Administración republicana de EE UU a mediados del siglo pasado. "No contarán con el BNG para perseguir a sindicatos, con nosotros no habrá caza de brujas", avisó en un tono durísimo, por si el PP tenía dudas sobre la postura del Bloque acerca de otra investigación a UU AA, esta vez en el Parlamento.

Rueda, que en junio pasado dijo tener pruebas documentales de la financiación ilegal del PSOE, se limitó a citar supuestas irregularidades laborales -algunas de ellas descartadas ya por los directores generales que comparecieron en el juzgado- y argumentó que lo irresponsable hubiera sido no actuar. Pese a que no hay antecedentes en la historia de la autonomía de que su departamento investigase subvenciones, Rueda lo calificó como "un trámite habitual". El PP escondió en esta ocasión a Miranda, autor de las más graves acusaciones contra el sindicato. En su lugar, el portavoz parlamentario, Pedro Puy, citó los mismos indicios que Rueda y buscó refugio en una cita de Montesquieu para concluir que también los sindicatos deben ser investigados: "La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie". Por lo visto ayer en el hemiciclo, Baltar y algunos alcaldes del PP sí están a salvo de la cita.

www.elpais.es 14.04.11

28) C.A GALICIA: UNA DIPUTADA DEL PP ADEUDA SALARIOS A SU PLANTILLA

La diputada gallega Natalia Barros, propietaria de la empresa N.Barros Gestión Hotelera, S.L. adeuda parte de los salarios de diciembre y enero a los seis trabajadores del Pazo Libunca, el hotel de cuatro estrellas de Narón donde el PP acostumbra a contratar cenas y otros actos de partido. Así lo denunció ayer la CIG, que solicitó en el juzgado el embargo preventivo de todos los pagos que el PP de Narón, Ferrol o Santiago, además del ayuntamiento naronés, la Diputación Provincial o el Rotary Club, puedan tener pendientes con el establecimiento para garantizar el abono salarial.

La empresa se acogió el 18 de enero a un ERE temporal "hecho a medida" y aprobado por la Xunta pese al rechazo de la plantilla y del "informe negativo" de la Inspección de Trabajo, indicó Francisco Cartelle, responsable de Organización de la CIG en Ferrol. Los empleados han convocado tres días de huelga.

www.elpais.es 13.04.11

29) C.A GALICIA: EL BNG Y EL PSOE PIDEN CUENTAS A FEIJÓO POR LA FOTO DE RAJOY EN EL BARCO DE UN CLAN DE LA DROGA

El BNG y el PSOE gallego han pedido explicaciones en el Parlamento gallego al Partido Popular por la foto en la que su líder aparece en el barco Moropa, propiedad de un narcotraficante. "Alguien tiene que dar explicaciones sobre barcos, porque los gallegos aún esperan explicaciones por ese turbio asunto", afirmó el diputado socialista José Luis Méndez Romeu.

En un pleno, este martes, en el que se debatía el plan eólico puesto en marcha por el gobierno del popular Alberto Núñez Feijóo, tras una pregunta de la oposición, el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, se defendió mostrando una foto del exvicepresidente de la Xunta Anxo Quintana en un yate con el empresario Jacinto Rey, a quien en su momento el PP acusó de favorecerle. Fue entonces cuando el diputado del BNG Enrique Viéitez mostró la portada del diario Público, que reveló los hechos, donde aparece Rajoy en el yate de un narcotraficante.

Un turbio asunto

El parlamentario socialista José Luis Méndez Romeu también exigió al PP que se aclare por qué Mariano Rajoy estaba en ese yate. "Alguien tiene que dar explicaciones sobre barcos, porque los gallegos aún esperan explicaciones por ese turbio asunto", afirmó.

La presidenta del Parlamento recrimina al nacionalista

La presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo, reprochó al parlamentario gallego que mostrara la portada de Público mientras estuvo en el estrado. "Un recordatorio antes de abandonar la tribuna: puede usted mostrar cualquier tipo de papeles, pero en cualquier caso, que sepa, para otra vez, que la tribuna no está para colocar ningún tipo de pósters", precisó.

La visita de Rajoy a Cambados

El 19 de marzo de 2009, en vísperas de la campaña de las elecciones europeas, el PP gallego organizó un acto en el que participó Mariano Rajoy, que incluyó una visita a la lonja de Cambados (Pontevedra), donde fue invitado a subir a la embarcación Moropa, dispuesta para la ocasión.

www.elplural.com 13.04.11

30) C.A GALICIA: RUEDA RESCATA UN INFORME DE JULIO DE 2010 PARA REAVIVAR LA 'TRAMA AGRARIA'

La Xunta aplaza investigar a sus funcionarios implicados en el 'caso Orquesta'

Como cada vez que el espinoso asunto de la trama agraria se vuelve contra los acusadores, la Xunta ha vuelto a tirar de archivo para salir al contraataque. Lo hizo al conocerse la imputación de dos directores generales de Traballo y Presidencia por presunta prevaricación administrativa, el pasado 24 de febrero, cuando se aferró a un trámite fiscal que conocía desde principios de enero para insistir en su acusación. Y lo ha vuelto a hacer ahora, al desvelar datos de un informe del 26 de julio de 2010 que cifra las supuestas irregularidades en 228.000 euros.

El conselleiro de Presidencia y número dos del PP, Alfonso Rueda, indicó ayer que ese informe, aún provisional, "constata irregularidades", de modo que "existe esa posibilidad" de reclamar la devolución de 228.000 euros. La cifra supone apenas la tercera parte de la que todavía la semana pasada blandía el PP, al acusar al PSdeG de financiarse ilegalmente con 640.000 euros de subvenciones del bipartito a entidades afines a Unións Agrarias.

El informe de la Xunta ahora rescatado no habla de financiación del PSdeG ni de fraude, sino de supuestas irregularidades laborales. Pero su contenido es suficiente en todo caso para que la Xunta vuelva a cuestionar la actuación del anterior Gobierno cuando el juez investiga el presunto desvío de poder del de Feijóo, que inspeccionó simultáneamente y por sorpresa 13 asociaciones una semana después de que el PP denunciara el caso en una rueda de prensa. El contraataque con la supuesta trama llega además en vísperas de que el Parlamento debata hoy una interpelación socialista sobre la actuación de la Xunta al respecto.

Rueda admitió, en todo caso, que el informe ahora conocido, y que se remitió al juzgado un mes después de que el PP presentara una denuncia ante el juez, está inconcluso, ya que la investigación administrativa se paralizó "cuando el tema se judicializó". El conselleiro avaló la cifra de 228.000 euros, publicada el pasado domingo por La Voz de Galicia, aunque advirtió que avanza "un resultado que aún no se produjo".

El PP, mientras, continúa con su oferta de retirar la investigación parlamentaria de la trama agraria si el PSdeG cesa su "permanente acoso" a la Xunta. El portavoz del PP en la Cámara, Pedro Puy, afirmó ayer que su grupo tomará "la decisión que considere oportuna" en función de "la actitud" de los socialistas, un planteamiento del que dijo que no debe verse "ni mucho menos" como "una amenaza" a la oposición.

El líder del PSdeG, Pachi Vázquez, descartó esta posibilidad, que consideró un "cambalache". "No es un problema de cambiar cromos", advirtió Vázquez, sino de que es "la primera vez en la historia democrática de Galicia" que un Gobierno está "imputado por abuso de poder", informa María Pampín. El líder socialista también respondió con ironía a la acusación de "acoso" a la Xunta lanzada por Pedro Puy, preguntándose si acaso el que entró en las sedes de Unións Agrarias fue el PSdeG. "Verán como no tardan en decir que la orden de entrar la dio el PSOE", abundó, para advertir de que "lo grotesco tiene un límite".

La celeridad con que actuó la Xunta tras la denuncia del PP de la supuesta trama agraria contrasta con la calma con que el Gobierno gallego ha asumido la implicación de funcionarios autonómicos en la Operación Orquesta. Este sumario ha destapado una red para captar de forma fraudulenta subvenciones públicas, "con la connivencia de funcionarios" de la Consellería de Cultura, incluido su jefe territorial en A Coruña, según el juez. Rueda admitió la posibilidad de abrir una investigación, pero sólo si "las circunstancias así lo aconsejan", sin que de momento considere que eso ocurra.

www.elpais.es 12.04.11

31) C.A GALICIA: EL BNG EXIGE A FEIJÓO QUE ECHE AL CANDIDATO DEL PP DE ARZÚA

Los intentos del actual candidato del PP de Arzúa, y entonces director de la radio municipal de la localidad, de obtener 500 euros más de sueldo a cambio de informaciones favorables al alcalde ya ha cosechado un primer rechazo. El BNG, organización a la que pertenece el regidor, Xaquín García Couso, que rechazó el soborno, ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que desautorice a Armando Cascón, el aspirante a la alcaldía de Arzúa por el Partido Popular.

"El PP, con este tipo de candidatos, invalida totalmente su propuesta para el Ayuntamiento de Arzúa y para sus vecinos", consideró el secretario de Acción Municipal de los nacionalistas, Manuel Antelo, en un comunicado, "poniendo de manifiesto que no tiene ningún proyecto, sino que unicamente persigue satisfacer sus ambiciones personales, recurriendo presuntamente al chantaje y al soborno". Para Antelo, a los populares no les queda otro remedio que retirar la candidatura de Cascón, "totalmente descalificado como representante de los vecinos".

www.elpais.es 09.04.11

32) C.A GALICIA: PARIENTES DE CANDIDATOS DEL PP OURENSANO COPAN APROBADOS EN LA DIPUTACIÓN

José Luis Baltar blinda a su hijo para las municipales con una nueva remesa de aprobados en la Diputación. El mismo día en que el presidente provincial del partido, José Manuel Baltar Blanco, presentaba -en el edificio cultural de la institución provincial- la lista al Ayuntamiento de Ourense que encabeza el parlamentario Rosendo Fernández, su padre colgaba en la Diputación los nombres de 67 aprobados en el primer examen para siete plazas de auxiliar administrativo y de tres aprobados más para dos puestos de auxiliar de la Presidencia de la Diputación.

Entre los aprobados figuran el candidato número 8 de la lista, el ex árbitro de fútbol internacional Bernardino González; el hijo del candidato número 9, Odilo Masid; el hijo del número 13, Aurelio Gómez Villar; la cuñada del número 14, José Araújo Fernández, y la hija del número 25, el exalcalde Antonio Caride Tabarés. Este y el también exalcalde Jorge Bermello cierran la primera candidatura municipal de Ourense elaborada por el sucesor de José Luis Baltar.

La candidatura de la capital ourensana incluye una sorpresa en el quinto puesto, Guillermo Collarte, expresidente de Tragsa y ex director general de la Xunta, especialista en transportes y urbanismo que gestiona en la capital española el grupo Isolux-Corsán y al que en el sector antibaltarista daban por afín. Tras Rosendo Fernández y José Luis Baltar, ocupa el tercer puesto la economista Beatriz González-Tejada, y el cuarto, la actual concejal Mónica Mourelo. El independiente captado por Baltar Blanco hace unos meses para el PP provincial, funcionario municipal y presidente del comité de personal del Ayuntamiento por USO, José Luis Valcarce Baiget, va en el sexto puesto.

Pero José Luis Baltar no ha aprobado en la Diputación solo a personas vinculadas a esta candidatura. También han superado los primeros exámenes para las plazas mencionadas otros candidatos en listas de la provincia o parientes suyos. Es el caso de la compañera del tránsfuga socialista Eladio Fernández, el primer fichaje estrella de Baltar Blanco apenas alcanzó la presidencia provincial del partido.

Además han superado las pruebas la sobrina del alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto; el hijo del vicepresidente de la Diputación y alcalde de Muiños, Plácido Álvarez; la cuñada del exalcalde de Xinzo de Limia, Isaac Vila; la nuera del alcalde de Montederramo, Juan Francisco Rodríguez; la candidata a la alcaldía de Cenlle en 2007, Ana Jovita González Pérez; la nuera del exalcalde de Amoeiro, Manuel Fernández Rincón; la hija del concejal del PP en Castro Caldelas Camilo Cid Pérez; la hija del alcalde de Boborás, Cipriano Caamaño; la concejal de Cea María del Mar Conde Seco y la nieta del alcalde de Lobeira, Emilio Higuero Cardoso, entre otros

Junto a ellos, figuran entre los 67 aprobados de este primer examen para las siete plazas de auxiliares administrativos varios compromisarios que contribuyeron a la victoria de Baltar Blanco en el congreso provincial del año pasado. Es el caso de Inmaculada Fernández y Paula Plaza. Se suma a la lista otra sobrina -ya tiene a cuatro y a su cuñada trabajando en la institución- de Gerardo Martínez, uno de los secretarios de Baltar, y los hijos de varios presidentes de distritos del PP de la ciudad.

Los aspirantes del PP competirán por los escasos empleos en otro examen convocado para el 29 de abril. Nadie en el partido duda de que todos trabajarán con ahínco en estas municipales para darle una victoria a Baltar.

www.elpais.es 09.04.11

33) C.A GALICIA: FEIJÓO RESPALDA A LOS IMPUTADOS DEL 'CASO ORQUESTA'

El líder del PP descarta "prejuicios y precipitaciones" con sus alcaldes

A poco más de un mes de las elecciones, Feijóo pide justo lo que no tiene antes de tomar una decisión sobre los alcaldes del PP imputados en la Operación Orquesta: tiempo. "Tenemos que conocer ese sumario y conocerlo todo, absolutamente todo", contestó ayer el presidente de la Xunta y del PP, a la pregunta de si es partidario de que los regidores de Fisterra y Mazaricos, imputados por el juez, vuelvan a ser candidatos. El "todo" al que se refería son regidores de otros partidos que Feijóo considera "señalados" en el sumario, ya que aparecen citados en conversaciones intervenidas por la policía, pero sobre los que el juez no ha encontrado indicios para imputarlos.

El presidente deja en manos del grupo popular la comisión de la 'trama agraria'

Pide explicaciones al PP de A Coruña por el intento de soborno en Arzúa

El presidente gallego no descartó actuar contra sus dos alcaldes, pero las imputaciones judiciales -prevaricación, cohecho y tráfico de influencias- no le parecen material suficiente para que el PP los aparte ya de las candidaturas. Para explicarlo, apeló Feijóo a la necesidad de actuar de forma "contundente y consecuente", lo que en su opinión "está reñido con cualquier prejuicio o precipitación". De alguna manera, la decisión que tome el Partido Popular estará vinculada a lo que Feijóo espera que ocurra con otros cargos públicos, a pesar de que los dos alcaldes del PP y el de Cee, independiente, son los únicos regidores imputados por el juez. "Vamos a conocer la investigación sin límites, a cuántos alcaldes afecta, qué se les imputa, cuál es la graduación de las imputaciones y conocer con amplitud todo el sumario", añadió.

Preguntado sobre si lo conocido -las imputaciones y la totalidad del sumario- no es suficiente, Feijóo respondió: "No sé exactamente qué es lo que se conoce, porque el sumario, que nosotros sepamos, no lo conocen las partes ni sus abogados en su totalidad". El presidente añadió que, "por lo leído en los medios de comunicación", resulta "muy sorprendente" que solo estén imputados los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos.

Algo más contundente se mostró respecto a la posibilidad de investigar la implicación de funcionarios y cargos públicos de la Xunta en la presunta tramitación irregular de subvenciones, que también aparecen en los autos judiciales. Será, eso sí, cuando el Gobierno gallego tenga "ese sumario por capítulos" de la Operación Orquesta. En ese momento, y no antes, "será investigado en el ámbito de la Administración autonómica y será clarificado".

"Espero que nadie lo considere un abuso de poder", ironizó, en alusión a las acusaciones de la oposición sobre la investigación de la Xunta a Unións Agrarias, por la que el juez imputa a dos directores generales del Gobierno gallego por presunta desviación de poder. A diferencia de la demora de la investigación sobre el caso Orquesta, la Xunta tardó solo una semana en irrumpir en las sedes de las asociaciones vinculadas a Unións Agrarias desde que el PP denunció en una rueda de prensa las presuntas irregularidades.

Lo que no parece tan claro es que el PP vaya a impulsar en el Parlamento la comisión de investigación sobre lo que denomina "trama agraria", esto es, el supuesto desvío al PSdeG de fondos a través de subvenciones a asociaciones afines a Unións Agrarias. Tras el ofrecimiento de retirar la solicitud de investigación si los socialistas no insisten en su denuncia de "abuso de poder" de la Xunta, un trato ya rechazado por el PSdeG, Feijóo dejó en manos de "la autonomía" del grupo parlamentario el impulsar o no la comisión.

El presidente fue preguntado en tres ocasiones sobre sus intenciones de abrir la comisión, ya solicitada formalmente por el PP en el Parlamento. Prefirió criticar la actitud del PSdeG el miércoles en la Cámara. "No sé si le molesta que se investigue o por qué teme que un Gobierno ejerza sus funciones", afirmó, en referencia a la investigación de la Xunta, que consideró "un cumplimiento estricto de las normas", y no un "abuso de poder". No fue hasta la tercera pregunta cuando aclaró que la decisión queda en manos del grupo popular, que él preside.

Sobre Baltar: "Cada uno responde de lo que hace"

Alberto Núñez Feijóo arrojó ayer la toalla sobre la posibilidad de echarle el lazo a la política de personal del presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar. Preguntado por los últimos casos de enchufismo en la institución provincial, el titular de la Xunta decidió desentenderse. "Cada cual es responsable de lo que haga", respondió.

La frase vino precedida de un alegato en defensa de las competencias que le corresponden a cada Administración. La Xunta "ejecutará" las que le son propias en cuestiones que afecten a la Administración local, pero no consideró que competan a su Gobierno las de "personal y contratación" de ayuntamientos y diputaciones.

"Lo que hace el Gobierno gallego será el Gobierno gallego el que deba responder en todos los ámbitos, y cada administración pública deberá ser responsable de lo que hace en materia de personal y contratación", manifestó. Los periodistas insistieron. ¿Cree entonces que no hay mecanismos para controlar la situación? Feijóo no se salió del carril. "Cada uno es responsable de lo que hace, y la Xunta es responsable de lo que hace, de lo cual yo doy cuenta diariamente, y al resto de administraciones públicas le toca dar cuenta a sus órganos de gobierno".

Pese a esta declaración, la Consellería de Presidencia explicó ayer que dentro de los 147 requerimientos enviados a las administraciones locales contra las bases de oposiciones, 14 corresponden a las diputaciones provinciales. La intervención de la Xunta se limita a la fase previa, ya que que los representantes del Gobierno gallego no participan en los tribunales de las instituciones provinciales. Entre la última remesa de aprobados por al Diputación de Ourense no figura el hijo del número 13 de la lista del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Aurelio Gómez, en contra de lo que publicó este periódico. El resto de los citados en la misma noticia sí aprobaron.

Feijóo, por otra parte, pidió una aclaración al PP de A Coruña sobre el intento de soborno del candidato popular al alcalde de Arzúa, aunque advirtió que no lo considera probado. El caso le pareció "suficientemente grave" para que la dirección provincial del partido "lo analice en profundidad".

www.elpais.es 15.04.11

34) C.A MADRID: AGUIRRE SE BLINDA CON LA LISTA ELECTORAL DE LA ASAMBLEA

La presidenta premia en la candidatura a viceconsejeros del Gobierno regional

Esperanza Aguirre ha dado el visto bueno al sudoku que ha supuesto la lista electoral del PP para la Asamblea de Madrid y que ha elaborado bajo su atenta mirada el presidente del comité electoral, Ignacio González. La lista, que los populares han desgranado poco a poco en las últimas semanas, depara pocas sorpresas. Los que forman el Gobierno regional, su núcleo duro, ocupan los primeros puestos.

Destaca la entrada de una diputada nacional, exasesora de Acebes

La lista, retocada a última hora, no ha generado tantos roces con Génova, sede nacional del partido, como la candidatura del Ayuntamiento de Madrid. Aguirre es la presidenta del PP regional y decide la lista. En la actualidad el PP cuenta con 67 diputados en la Asamblea. Numerosos miembros de la candidatura renunciaron al ocupar un cargo en la Administración regional, por lo que la lista corrió hasta el número 85. Por eso, muchos diputados han maniobrado para asegurarse un puesto dentro de ese margen. Entre las novedades destaca la presencia de la diputada nacional María Eugenia Carballedo en el puesto 29. Fue responsable de Justicia en el PP y exasesora de Ángel Acebes. Entre los que no repiten están los exconsejeros Juan José Güemes y Alfredo Prada.

Fuentes del grupo parlamentario popular en la Asamblea califican la lista como "continuista". Durante las últimas semanas se barajó la posibilidad de que la presidenta regional introdujera alguna sorpresa en la candidatura al Parlamento regional, pero finalmente la lista cuenta con pocas novedades. Han entrado tres concejales del Ayuntamiento de Madrid: Íñigo Henríquez de Luna (37), Tomás Serrano (56) y Carmen González (55).

Aguirre también ha premiado a algunos de sus viceconsejeros con un destacado puesto. Así, Alicia Delibes, viceconsejera de Educación, sube hasta el puesto 21; Regina Plañiol, número dos de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, asciende al 24; y Eva Piera, viceconsejera de Economía, llega al 27. También van en la lista el viceconsejero de Deportes, Javier Hernández (69), o la de Sanidad, Belén Prado (63). Otros cargos del Gobierno regional como Borja Sarasol, mano derecha de Ignacio González, que trabaja en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, ocupará el puesto 22; y el secretario general del Consejo de Gobierno, Salvador Victoria, irá en el número 48.

A diferencia de sus compañeros de partido en Valencia, Aguirre ha limpiado la lista de imputados y procesados. Los tres parlamentarios del caso Gürtel -el exconsejero Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco-, expulsados del PP, obviamente no repiten.

La candidatura tiene un marcado acento municipalista. Está cuajada de alcaldes, exalcaldes o candidatos municipales. En esta relación sobresalen David Pérez (10), actual portavoz del grupo popular y candidato en Alcorcón; Juan Soler (12), aspirante en Getafe; Esteban Parro (17), alcalde de Móstoles; Bartolomé González (28), alcalde de Alcalá de Henares; Bonifacio de Santiago (31), exregidor de Las Rozas; José Miguel Moreno (31), exalcalde de Valdemoro; Carlos González (62), exportavoz del PP en Getafe; Antonio González Terol (71), candidato del PP en Boadilla, entre otros.

El que finalmente se queda fuera de los primeros 85 es el alcalde de Robledo de Chavela, Mario Anselmo de la Fuente, que se niega a empadronar a inmigrantes en su municipio si no tienen un contrato de trabajo.

www.elpais.es 10.04.11

35) C.A MADRID: LA ALCALDESA DE GUADARRAMA DEJA EL PP TRAS ENFRENTARSE CON SU ANTECESOR

Carmen Pérez acusa al exregidor popular de "irregularidades" urbanísticas

La alcaldesa de Guadarrama (14.318 habitantes), Carmen María Pérez del Molino, presentó ayer por la mañana su baja en el PP junto a otros seis integrantes del equipo de Gobierno, que hasta ese momento compuesto por 11 concejales. Y lo hizo tras asegurar que su partido ha prescindido de ella por oponerse a prorrogar el contrato de una permuta firmado de forma "irregular" por el entonces regidor y presidente del PP local, José Ignacio Fernández-Rubio. El contrato al que se refiere fue suscrito por el exalcalde y por el empresario Luis Álvarez García, que falleció el año pasado. Precisamente la alcaldesa de Guadarrama y sus 10 concejales fueron citados a declarar por el Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba después de que el juez admitiera a trámite una querella presentada por el empresario que acusó a los ediles de haber prevaricado al promover el desahucio de unas naves que ocupaba en el marco del acuerdo de permuta con el viceconsejero Fernández-Rubio.

En una rueda de prensa celebrada ayer en el salón de plenos del Consistorio, la regidora, que anunció su intención de encabezar la candidatura de una agrupación de electores del municipio, explicó que Fernández-Rubio fue el artífice del acuerdo: "Ese contrato está firmado por una sociedad municipal de la vivienda. Sin registrar. Y en ese contrato se venden dos parcelas del polígono industrial, que son patrimonio del Ayuntamiento de Guadarrama. Nunca fueron cedidas a la sociedad municipal de la vivienda". Y este era un requisito necesario para que después la sociedad pudiera venderlas: "Antes tendría que haberlo aprobado la mayoría absoluta del pleno, que tendría que haber autorizado la donación de las parcelas a la sociedad municipal". Para la alcaldesa este acuerdo también tendría otro punto negro, ya que en la permuta el vecino gana 1,2 millones.

Por su parte, el candidato del PP en Guadarrama, Miguel Rodríguez Bonilla, negó la existencia de irregularidades en el convenio: "Se trata de una cesión de usos que se hubiera convertido en una permuta si al final se hubiera aprobado el plan general. Y esto no ha ocurrido, por lo que al final no ha surtido efecto".

Sin embargo, la regidora anunció su intención de seguir criticando la actitud del PP de Guadarrama: "Ayer me dieron la razón con unas declaraciones del candidato del PP en las que dijo que va a retomar el contrato que de forma rotunda no se puede firmar". Según la alcaldesa, lo que el PP trata de hacer es "callar" a la familia: "Saben perfectamente que si se pierde el contencioso, por el que la familia pide una indemnización de 1,75 millones de euros, esa cantidad se la van a tener que pedir a José Ignacio Fernández-Rubio, único responsable de la firma del contrato".

Carmen María Pérez considera, por tanto, que su negativa a firmar la prórroga del contrato ha obligado a Fernández-Rubio a poner al frente a su mano derecha y solucionar un problema personal suyo. Fuentes municipales aseguraron que el contrato entre la sociedad municipal del suelo y el empresario fue finalmente suscrito, pese a que un informe del Interventor municipal de noviembre de 2005 resaltaba numerosos inconvenientes legales para llevarlo a cabo.

La regidora se refirió de forma sarcástica a los problemas judiciales que afronta el candidato del PP en Las Rozas: "Siento que con esa carrera política tan estupenda que tenía, la presidenta [Esperanza Aguirre] le haya bajado de categoría. Pero esto no me choca, ya que cuando alguien empieza a sonar por algunos problemas se le quita del núcleo o del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

La alcaldesa también negó que las siglas de la formación que encabezará, la Agrupación Popular por Guadarrama (APPG), traten de confundir a los simpatizantes de los populares en el municipio, al coincidir las letras PP: "No quiero confundir a nadie y todos en Guadarrama saben quién soy".

www.elpais.es 15.04.11

36) C.A VALENCIANA: GÉNOVA OBLIGA AL PP DE CAMPS A RETIRAR LA DENUNCIA CONTRA CUATRO TELEVISIONES

Los populares valencianos alegan que se les ha malinterpretado

La dirección nacional del PP obligó ayer al equipo de campaña del presidente valenciano, Francisco Camps, a retirar la reclamación electoral contra cuatro televisiones estatales (TVE, Telecinco, Cuatro y La Sexta) por informar el pasado sábado en sus noticieros sobre los cargos implicados en casos de corrupción que figuran en las listas autonómicas.

La Dirección de los populares había manifestado su rechazo a la decisión del PPV de impedir a cuatro televisiones informar de los imputados de la lista de Camps - AGENCIA ATLAS

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha desautorizado hoy a los populares valencianos al mostrar su desacuerdo con la propuesta del PPV para que las televisiones no puedan utilizar los términos "implicados" o "corrupción". "La libertad de prensa es sagrada", ha sentenciado - AGENCIA ATLAS

González Pons afirma que "la libertad de prensa es sagrada"

La información de que el PP valenciano -a través de su secretario regional, Antonio Clemente- había denunciado a cuatro televisiones ante la Junta Electoral sorprendió a primera hora de la mañana al vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, en una entrevista en Telecinco. Allí, González Pons intentó no entrar en contradicción con el PP valenciano, pero finalmente admitió: "La libertad de prensa es sagrada. Está al mismo nivel que el derecho de cualquier ciudadano a presentarse a las elecciones".

Pero a esas horas de la mañana las críticas del resto de partidos ya arreciaban y acusaban al PP de "intentar abrir una causa general" contra quienes informan sobre la corrupción. Es más, los socialistas exigían a Mariano Rajoy que desautorizase "de inmediato" al PP valenciano. La Federación de Asociaciones de la Prensa de España también rechazó la denuncia de los populares.

El malestar generado en Génova y el aluvión de críticas obligó al PP valenciano a convocar a su sanedrín, liderado por el secretario general, Antonio Clemente, y la directora de campaña y consejera, Paula Sánchez de León. Allí, los mismos que decidieron presentar la denuncia con ayuda de asesores jurídicos y responsables de prensa, decidieron retirarla para no poner en apuros a Rajoy.

Desde Valencia se intentó que la vicesecretaria de Organización del PP nacional, Ana Mato, retrasase su comparecencia ante los medios de comunicación en Madrid para pactar una salida a la situación generada. Como Mato ya estaba ante los micrófonos y repetía que "la libertad de expresión es lo más importante", el PP valenciano insistió para que le hiciesen llegar una nota en la que anunciaban que retiraban la denuncia.

En el escrito ante la Junta Electoral, el PP valenciano desiste de su reclamación porque considera que se ha malinterpretado su denuncia. Según Clemente, no se quería "plantear un debate sobre la libertad de información". Es más, el equipo de campaña de Camps solo pretendía plantear una cuestión estrictamente jurídica sobre "si el uso del concepto imputado y corrupción pueden considerarse extrajurídicos y, por ello, ajenos al principio de neutralidad informativa" que exige la Ley Electoral a los medios de comunicación. Fuentes del equipo de Camps, que se halla convaleciente de una operación quirúrgica, insistieron en que el propósito de la reclamación era defender la honorabilidad de las candidaturas que lidera el presidente valenciano. Las mismas fuentes se escudaron también en que los socialistas han presentado reclamaciones ante la Junta Electoral contra los programas informativos de Canal 9 sin que se haya producido ningún revuelo.

El PP valenciano ya intentó sin éxito, a finales de marzo, prohibir una manifestación contra la corrupción en Valencia. Entonces, Clemente presentó una denuncia en comisaría contra los organizadores del acto por entender que el lema de la convocatoria No queremos un ladrón de presidente era constitutivo de un supuesto delito de "manifestación ilícita e injurias graves con publicidad contra la autoridad en el ejercicio de su cargo".

www.elpais.es 15.04.11

37) C.A VALENCIANA: BLASCO DA UN MILLÓN DE EUROS A ENTIDADES QUE INVESTIGA EL FISCAL

La coordinadora de ONG critica el recorte de ayudas a la cooperación

Cuatro entidades investigadas por la Fiscalía Anticorrupción en relación con las denuncias que afectan a la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía sobre la gestión de ayudas a la cooperación han vuelto a recibir importantes subvenciones del departamento que dirige Rafael Blasco. Fundación Hemisferio -anteriormente conocida como Entrepueblos- ha obtenido 234.518 euros, Esperanza Sin Fronteras 274.205, Fudersa 270.761 y Asa de África 270.761. En total, las cuatro organizaciones han recibido 1.049.819,27 euros de los 7,6 millones otorgados en la convocatoria de ayudas a programas, proyectos y microproyectos de cooperación que ayer publicó el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Todas ellas se encuentran en el expediente entregado a la fiscalía por la diputada de Compromís Mireia Mollà relativo a una presunta trama organizada para obtener subvenciones. Los presupuestos de la consejería que dirige Rafael Blasco ya contemplaban ayudas de 1,01 millones de euros en total a Fudersa, Esperanza sin Fronteras y Ceiba -esta última también inmersa en la investigación- a través de distintas partidas.

La Fiscalía Anticorrupción trabaja en otra investigación que tiene su origen en la documentación entregada por la diputada Clara Tirado, del PSPV, relativa a las subvenciones concedidas por Solidaridad y Ciudadanía a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes). Sobre estas ayudas, la Sindicatura de Comptes ha detectado "incidencias significativas". En un informe especial reveló que 1,1 millones de euros pagados no están suficientemente acreditados después de que la fundación comprara dos pisos con el dinero de la subvención y la consejería le reclamara justificantes por otros conceptos. La Fundación Cyes, que obtuvo en 2008 dos subvenciones de 833.000 euros cada una, incumplía los requisitos para acceder a las ayudas al no tener la experiencia exigida ni concurrir junto a otra ONG, según la Sindicatura.

A esta cuestión, al reparto de las ayudas y al recorte de las subvenciones se refirió ayer la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (CVONGD), la entidad que agrupa a las ONG de más solera en la cooperación valenciana. La coordinadora considera que las "irregularidades" detectadas por la Sindicatura "abren interrogantes sobre los procesos seguidos por Solidaridad y Ciudadanía tanto en la adjudicación de las ayudas como en la justificación de las mismas". Por ello, reclaman "la realización de una evaluación externa e independiente que verifique las labores que se debían haber llevado a cabo".

La coordinadora se muestra "sorprendida" por la concesión de ayudas en la reciente convocatoria a entidades "que están siendo investigadas por su mala gestión de fondos de cooperación". Pero también a ONG "de reciente creación" o prácticamente desconocidas. El comunicado de la coordinadora no entra en detalle sobre estas ONG. Distintas fuentes del entorno de la cooperación citan los nombres de Cazadores Solidarios, Soñadores Despiertos, Fundación Chinguetti, Fundación Concordia o Consenso Estratégico para la Solidaridad con África.

Frente a éstas, otras ONG "de prestigio y trayectoria consolidada" se han quedado sin ayudas, lo que "interrumpe procesos de desarrollo y acciones ya iniciadas en los países del sur". Sería el caso, según las mismas fuentes, de Atelier, Ingeniería sin Fronteras, Fundació Pau i Solidaritat, Musol o Solidaritat Internacional.

La coordinadora también censura los "drásticos recortes" que está sufriendo la ayuda al desarrollo. La Ley de Cooperación, que impulsó el PP, recoge que el Consell debe destinar el 0,7% de los presupuestos a proyectos de cooperación. Según los datos de la coordinadora, este porcentaje no supera el 0,18% y el dinero destinado al programa de cooperación ha descendido desde 2008. Entonces, el total de convocatorias sumó 37,9 millones de euros. Las de este año alcanzan los 13,3 millones, de las que 7,6 corresponden a las subvenciones concedidas ayer. "Estas cifras confirman la tendencia a la baja de los últimos cuatro años y que representan un recorte del 56,29%".

www.elpais.es 15.04.11

38) C. VALENCIANA. EL CONSELL SE NIEGA A DECIR CUÁNTO PAGA CANAL 9 POR EL PROGRAMA 'DBT'

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, se ha amparado en el derecho a la intimidad que recoge la Constitución para no informar sobre las retribuciones económicas que obtienen los periodistas que participan en el programa de debate DBT de Canal 9. También se niega a informar del coste total del programa porque existen cláusulas de "confidencialidad" con las empresas contratadas.

Sánchez de León, en respuesta a una pregunta parlamentaria del portavoz de Compromís, Enric Morera, realizada el pasado 8 de febrero y hecha pública ayer, sostiene que proporcionar datos sobre los honorarios, si no hay autorización expresa del particular, "constituye una vulneración de la intimidad".

La portavoz alude a "numerosas sentencias" del Tribunal Constitucional en las que se declara que el derecho fundamental a la intimidad "tiene como objeto garantizar a las personas un ámbito reservado de su vida vinculado con el respeto de su dignidad, ante la acción y el conocimiento de otros".

"Proporcionar datos sobre los honorarios que cobran las personas, excepto si hay autorización expresa del particular, constituye una vulneración de la intimidad, del derecho a mantener reservados aspectos de su vida que se quieren proteger del conocimiento público", señala.

Morera también pedía a Sánchez de León conocer qué coste tiene para el ente público la realización de este programa, ante lo que la consejera afirma que son "semejantes a los que comportan este tipo de espacios emitidos por otras televisiones autonómicas" y explica que no se pueden revelar porque se incumplirían "las cláusulas de confidencialidad con las empresas contratadas".

www.elpais.es 15.04.11

39) C. VALENCIANA: EL FISCAL MANTIENE LA INVESTIGACIÓN DE LAS AYUDAS DE BLASCO

Profesionales e industriales de Castellón en la fundación, bajo sospecha

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta la investigación sobre las denuncias que afectan a la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía presentadas por las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de la Coalició Compromís. El ministerio público tiene, como norma general, seis meses para investigar antes de presentar denuncia ante un juez, archivar el caso o solicitar una prórroga. La Fiscalía Anticorrupción dispone, en cambio, de un año, dada la complejidad que normalmente tienen los asuntos que trata. En el caso de las denuncias relacionadas con las subvenciones de la consejería de Rafael Blasco, señalan fuentes jurídicas, es muy probable que la investigación continúe aún varios meses más debido a la gran cantidad de datos que las diputadas entregaron a la fiscalía en octubre sobre las supuestas irregularidades.

El presidente de la entidad beneficiaria está condenado por apropiación indebida

El Síndic señala que 1,1 millones de las subvenciones no están acreditados

Ayer, Blasco trató de quitar importancia a las "incidencias significativas" detectadas por la Sindicatura de Comptes en dos subvenciones que su consejería concedió a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) para sendos proyectos de cooperación en Nicaragua. Las irregularidades sobre estas ayudas son una de las cuestiones sobre las que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en la investigación en curso, unas irregularidades que fueron denunciadas por la socialista Clara Tirado.

Blasco indicó ayer que el informe de la Sindicatura no habla "ni de irregularidad ni de ilegalidad", a pesar de que admitió que todos los expedientes "son mejorables". El documento de la Sindicatura revela que la Fundación Cyes incumplió los requisitos establecidos para recibir ayudas a la cooperación internacional de la consejería. Ni tenía la experiencia exigida, ni concurrió junto a otra ONG.

La Fundación Cyes -que no tiene nada que ver con la constructora del mismo nombre- obtuvo en 2008 dos subvenciones del Consell de 833.000 euros cada una para proyectos de cooperación en Nicaragua. Con este dinero compró dos pisos en Valencia, situación que estaba prevista en los proyectos presentados y que decidió subvencionar la consejería. Cuando ya se había ingresado el dinero de las subvenciones a la fundación y esta había adquirido dos entresuelos con garaje en la avenida de Ausiàs March, en Valencia, como "oficina técnica", unos entresuelos a los que trasladó su sede, el departamento de Blasco pidió nuevas facturas que justificaran que el dinero se había destinado a un fin adecuado.

Sin embargo, la Sindicatura concluye que, tras rechazarse los justificantes de las compras de los pisos y aportarse los nuevos, la consejería no comprobó "si las facturas y justificantes que obran en el expediente corresponden a gastos necesarios para los fines de la subvención, ni si las obras, bienes o servicios que en ellos se reflejan han sido prestados efectivamente en el lugar que corresponde".

De todos estos reproches -"incidencias significativas" en la expresión de la Sindicatura- Blasco extrajo la conclusión de que "el informe avala toda la actuación de Solidaridad y Ciudadanía". Sin embargo, el informe es muy claro al indicar que considera que 1,1 millones de euros de los poco más de 1,6 millones que suponían las subvenciones, no están debidamente acreditados y los expedientes "deberían completarse para que consten acreditados los medios o formas de pago utilizados, por lo que la consejería debería dirigirse a la fundación beneficiaria con el fin de completar las justificaciones".

La Fundación Cyes está presidida por Marcial López López, que el pasado 21 de marzo fue condenado por apropiarse de 240.000 euros del Colegio de Enfermería de Castellón, en un episodio en el que estuvo involucrada también la fundación a finales de los años noventa. Junto a López, que posee una pequeña participación del 9,5% del capital, son socios de la Fundación Cyes, según los datos del registro, Vicente Francisco Gumbau Ortells, propietario de una empresa de artes gráficas, con el 38,1% del capital; José Vicente Martí Tarazona, ginecólogo, que dispone del 23,8%, Isabel Montesinos Escrig, con el 19%, y Vicente Garcés Barreda, dedicado a negocios de hostelería, con otro 9,52%.

La propia Sindicatura señala en su informe los límites de la revisión efectuada sobre las subvenciones a la Fundación Cyes, que no ha consistido en "una fiscalización de regularidad", más completa, y recuerda también que los dos expedientes revisados obran en poder la fiscalía.

Por otra parte, la diputada de Compromís Mònica Oltra criticó que la Mesa de las Cortes (ahora de la Diputación Permanente, al estar disuelta la Cámara) se negara a facilitar el informe de la Sindicatura de Comptes a su grupo.

www.elpais.es 14.04.11

40) C. VALENCIANA: LA COORDINADORA DE ONG PIDE UNA EVALUACIÓN EXTERNA SOBRE LAS AYUDAS DE BLASCO

El colectivo destaca las "irregularidades" detectadas por el Síndic de Comptes en las subvenciones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales

La Coordinadora Valenciana de ONG (CVONGD) ha exigido "una evaluación externa e independiente" que fiscalice las ayudas a la cooperación concedidas por la Consejería de Solidaridad y Ciudadanaza a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) para la realización de diversos proyectos en Nicaragua. A través de un comunicado, la organización más representativa de la cooperación valenciana, se refiere al informe de la Sindicatura de Comptes sobre la concesión de estas ayudas, que fueron utilizadas en un principio para adquirir inmuebles, e insiste en que en él se ponen de relieve la existencia de "irregularidades" en el proceso de adjudicación de las ayudas.

La Sindicatura, en su opinión, "cuestiona la propia adjudicación de los proyectos en su fase de concurso", ya que la Fundación Cyes no cumplió con el requisito de presentar una "candidatura en red", tal y como exigen las bases de la convocatoria de grandes proyectos a la que optó en la consejería, dirigida por Rafael Blasco.

"Otra de las irregularidades detectadas en esta primera fase hace referencia al porcentaje del total de las ayudas de las partidas dedicadas a adquisición, construcción y reforma de inmuebles, ya que el 64% de estos gastos se iban a realizar en la Comunidad Valenciana lo que de nuevo incumple las bases de la convocatoria", advierten. La consejería, ya pagada la subvención, no aceptó las facturas de los inmuebles, pero no comprobó si los servicios que constaban en los justificantes que envió después la Fundación por valor de 1,1 millones de euros correspondían a servicios "efectivamente" realizados en el marco del proyecto, según la Sindicatura.

Así, sobre la justificación de los gastos, el informe, según destaca la Coordinadora, apunta que no se realizó una comprobación "in situ" que verificara que tales gastos se produjeron y que el proyecto cumplió con los objetivos que tenía previstos en su formulación, por lo que "sería conveniente una evaluación externa independiente".

La Coordinadora también resalta, aunque no aparece en el informe de la Sindicatura, que no se presentaron los movimientos y transacciones bancarias que deben acompañar las facturas para evidenciar los gastos producidos en el terreno, y añaden que eso también hace necesario auditar la cuenta del proyecto.

"Consideramos de suma importancia la realización de una evaluación externa e independiente que verifique el desarrollo de las labores que se debían haber llevado a cabo en Nicaragua; tanto por respeto a la población beneficiaria del proyecto como por criterios de transparencia y veracidad de las acciones de cooperación", sostienen.

Para el colectivo de ONG, "en proyectos de una magnitud económica como los aquí citados, que superan el millón de euros, una evaluación externa independiente debería ser imprescindible, tal y como se recoge en las bases". Este caso "revela" que la crisis que se atraviesa "no es solo económica, sino también de valores", por lo que pone de relieve "el compromiso y la experiencia de la mayoría de las ONGD con trayectoria", y hace un llamamiento a las administraciones públicas y a determinadas organizaciones para que recuerden "para qué y para quién trabajan".

www.elpais.es 14.04.11

41) C. VALENCIANA: LA FUNDACIÓN CYES LOGRÓ AYUDAS DE BLASCO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS

La Sindicatura desvela que la ONG proyectó de inicio la compra de pisos

Las ayudas millonarias concedidas a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) por parte de la Consejería de Solidaridad, que dirige Rafael Blasco, estuvieron repletas de "incidencias significativas", según el informe especial realizado por la Sindicatura de Comptes a instancias del propio consejero afectado.

El análisis de la documentación realizado por la Sindicatura desvela que la fundación Cyes -no confundir con la constructora del mismo nombre- incumplió los requisitos fijados para obtener ayudas a la cooperación del departamento de Blasco. Cyes no solo carecía de la experiencia previa exigida, sino que tampoco concurrió en agrupación con otra o varias ONG.

Esta fundación logró en 2008 dos subvenciones del Consell, de 833.000 euros cada una, destinadas a sendos proyectos de cooperación en Nicaragua. Con este dinero la Fundación Cyes compró dos pisos con garaje en Valencia. A la hora de justificar con facturas las subvenciones, la consejería de Blasco detectó la grave irregularidad y pidió otros justificantes, que se entregaron casi año y medio más tarde. De esas facturas alternativas, 1,16 millones de euros no están adecuadamente acreditados, según el órgano auditor.

Sin embargo, Cyes no engañó a nadie. La Sindicatura de Comptes explica que, tanto en los proyectos presentados como en las facturas proforma, "consta expresamente que del total de la ayuda solicitada" más de la mitad iba destinada "a la adquisición de un inmueble sito en la ciudad de Valencia y destinado a servir de oficina técnica coordinadora de tareas relacionadas con ayudas solicitadas o a solicitar". En total, estaba previsto gastar en la compra de los pisos con garaje el 53,2% del presupuesto del primer proyecto presentado y el 52,5% del segundo.La fundación Cyes previó incluso destinar el 11% de la ayuda recibida de Blasco para su primer proyecto a la reforma de los pisos, según detalla la Sindicatura. Se trata de un ejemplo sangrante, ya que bajo el epígrafe Infraestructuras, construcción y reforma de inmuebles se presupuestaron 91.637 euros para reformar los pisos y 18.000 euros para la perforación de dos pozos de agua en Nicaragua. El órgano auditor también destaca la celeridad de la Consejería de Solidaridad para pagar la subvención "en su totalidad, de forma anticipada", antes incluso de que se reformulase el proyecto de Cyes ante el departamento que dirige Rafael Blasco.

La Sindicatura de Comptes advierte también de que, tras rechazarse los justificantes referidos a la compra de los inmuebles y presentarse otros distintos, no se ha podido comprobar "si las facturas y justificantes que obran en el expediente corresponden a gastos necesarios para los fines de la subvención, ni si las obras, bienes o servicios que en ellos se reflejan han sido prestados efectivamente en el lugar que corresponde".

El informe de la Sindicatura de Comptes relativo a la concesión de las ayudas del Consell a Cyes cuenta con un voto particular del síndico Antonio Mira-Perceval. Es la primera vez en toda su historia que en un informe de la Sindicatura se incluye un voto particular. En su razonamiento Mira-Perceval cree que el informe tendría que remarcar que "no existe constancia" de que la fundación Cyes haya pagado 1,16 millones cuyo gasto no se ha acreditado adecuadamente por lo que la consejería "debería haber iniciado el correspondiente expediente" para recuperar las subvenciones otorgadas a la ONG.

El voto particular también discrepa del alcance de la fiscalización -considera que hubiese sido necesario realizar trabajo de campo en Nicaragua para comprobar la veracidad de lo declarado- y alerta sobre el elevado gasto de asesoramiento (416.000) euros en comparación con el coste de los proyectos. En su escrito, el síndico discrepante advierte de que las facturas emitidas por servicios de asesoramiento se realizan con posterioridad al inicio de los proyectos, en unos casos. En otros son emitidas por una empresa en la que figuran personas que estuvieron en nómina de la fundación Cyes durante la fecha de emisión de la factura.

Ante la contundencia del informe de la Sindicatura, que deja entrever que una auditoría de mayor profundidad podría sacar nuevas conclusiones, el departamento que dirige el consejero Rafael Blasco insistió en mantener el discurso de la conspiración. La Consejería de Solidaridad acusó a los socialistas de orquestar una campaña contra la cooperación valenciana. Para el Consell, del informe de la Sindicatura "puede concluirse que los gastos subvencionados, además de estar válidamente acreditados, han cumplido con el objetivo de los proyectos para los que están destinados".

Lo que dice la Sindicatura y lo que arguye la consejería

- Compra de pisos. La Sindicatura indica que en los expedientes de Cyes constaba expresamente que más de la mitad de las ayudas se gastarían en comprar inmuebles en Valencia. 443.470 euros del primer proyecto (53,2%) y 437.658

(52,5%) del segundo. Otros 91.637 euros (11%) del primer proyecto se destinaban a reformar los pisos.

- Cambio de justificantes. En la fase de justificación la consejería rechazó los justificantes de los inmuebles y admitió otras facturas, aunque no comprobó si estas correspondían "a gastos necesarios para los fines de la subvención"

- Dinero a tocateja. El Consell pagó las subvenciones de manera anticipada el 11/9/2008 sin que Cyes hubiese reformulado sus proyectos hasta el 30/10/2008.

- Interpretación errónea. El consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, en octubre de 2010, afirmó: "Nadie podrá demostrar que las subvenciones han servido para comprar locales y garajes". La consejería insistió ayer en acusar al PSPV de interpretar de manera "errónea e interesada" el informe de la Sindicatura.

- Correcta gestión. La Sindicatura afirma que 1,1 millones de subvenciones a Cyes no están adecuadamente justificados. Pese a ello, la Consejería de Solidaridad interpreta que el informe "reconoce la correcta gestión" de las ayudas.

- Cobertura legal. La consejería que dirige Blasco solo arguye que tiene cobertura legal para pagar por anticipado las subvenciones a la cooperación.

www.elpais.es 13.04.11

42) C.A VALENCIANA: EL SÍNDIC DETECTA 1,1 MILLONES SIN ACREDITAR EN LAS AYUDAS DE BLASCO

El informe apunta que no se comprobó si los servicios se han prestado

Pocas veces un informe a petición de parte habrá resultado tan poco favorable a quien lo ha solicitado. El informe especial sobre dos polémicas subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) fue reclamado por las Cortes Valencianas a la Sindicatura de Comptes a iniciativa del portavoz popular y consejero del departamento afectado, Rafael Blasco. Ayer fue entregado a la Cámara, y revela numerosas deficiencias e irregularidades en los expedientes. Entre ellas, de acuerdo con la información difundida por Europa Press, destacan la falta de acreditación de 1.168.281 euros en justificantes aceptados por la consejería de Blasco, y el hecho de que no se ha comprobado si las facturas corresponden a servicios que se han prestado "efectivamente" en el lugar que corresponde.

Las ayudas otorgadas en 2008, de 833.000 euros cada una, iban destinadas a proyectos de cooperación en Nicaragua, pero con ellas la Fundación Cyes adquirió sendos entresuelos con garaje en Valencia al poco de cobrar el importe, como denunció la diputada socialista Clara Tirado ante la Fiscalía Anticorrupción, que mantiene abierta una investigación al respecto.

El departamento de Blasco, que no reclamó la devolución del dinero gastado indebidamente, asegura que exigió a la entidad otro tipo de justificantes entre finales de 2009 y marzo de 2010 y que esta los aportó. La Sindicatura, a la que Blasco propuso que fiscalizara los expedientes con la intención de ver refrendada su gestión, asegura en cambio que la adquisición y reforma de los inmuebles estaban incluidas en los proyectos aprobados y añade que, una vez los pisos ya se habían adquirido, la consejería "rechazó debidamente los justificantes", pero advierte que, tras la aceptación de nuevas facturas, no han quedado debidamente justificadas las subvenciones.Al analizar el expediente de las subvenciones, la Sindicatura de Comptes detalla que, aun después de haberse reclamado a la Fundación Cyes una reformulación de sus proyectos iniciales, con una reducción del importe subvencionable, estos incluían un apartado para adquisición de inmuebles. Este apartado representaba el 53% en un proyecto y el 52% en el otro de toda la subvención, a lo que hay que sumar otro 11% destinado a su reforma. Lo que quiere decir que hasta un 64% del importe era para los pisos.

"La consejería debería dirigirse a la fundación beneficiaria con el fin de completar la justificación de estas subvenciones", señala la Sindicatura. Y añade, según Europa Press, que no se ha realizado por parte del departamento que dirige Rafael Blasco una comprobación in situ de la realización de las obras, servicios y actividades subvencionadas.

Los proyectos se referían a la perforación de dos pozos, en un caso, y la mejora de cultivos, en el otro, ambos en el municipio nicaragüense de Totogalpa. Por no comprobar, como explica la Sindicatura, no se han revisado certificados ni informes de ejecución "que obran en el expediente" ni se han practicado comprobaciones en la contabilidad de las entidades beneficiarias, a fin de certificar que los gastos se correspondían con trabajos previstos en los proyectos de cooperación al desarrollo que habían sido subvencionados.

Un mejor control

El informe de la Sindicatura de Comptes, que ya advierte de irregularidades en la misma concesión de las ayudas cuando señala que en el expediente no existe documentación justificativa del cumplimiento por la Fundación Cyes de "los requisitos de experiencia previa exigidos", insiste en que, tras la aceptación de justificantes y facturas por conceptos diferentes a la adquisición de los dos pisos en Valencia, dada la cuantía de los gastos de asistencia técnica y seguimiento de los proyectos, "hubiera sido más adecuado para un control más eficaz que se ampliara el detalle y características de los trabajos técnicos realizados".

La Sindicatura recomienda en su informe una "mayor concreción" en los informes técnicos externos y en los expedientes y aconseja "para un mejor control", que en casos como el de la Fundación Cyes el pago de las subvenciones se realice posteriormente, y no como hizo la consejería, que anticipó todo el dinero a la entidad beneficiaria un mes antes de que presentara la primera reformulación del proyecto.

www.elpais.es 12.04.11

43) C. VALENCIANA: LUNA AFIRMA QUE BLASCO "COLABORÓ" CON LAS IRREGULARIDADES DE LAS SUBVENCIONES

Los socialistas destacan que el informe del Síndic de Comptes considera que la consejería no comprobó los servicios prestados con las ayudas

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Ángel Luna, considera que el informe de la Sindicatura de Comptes sobre dos expedientes de ayudas de la Consejería de Solidaridad y Ciudadana a la ONG Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), realizado a petición de las Cortes, pone de manifiesto que el titular de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, "ha mentido" y "ha colaborado de manera clara con las operaciones que hubo detrás de la Fundación Cyes".

Esa ONG recibió en 2008 dos subvenciones para proyectos en Nicaragua, de 833.000 euros cada una, con las que la fundación compró sendos entresuelos con garaje en Valencia, como denunciaron los socialistas a la Fiscalía Anticorrupción. La consejería, ya pagada la ayuda, rechazó "debidamente" la compra de los inmuebles, como afirma el informe del Síndic, pero no comprobó si las nuevas facturas por importe de 1,1 millones de euros correspondían a servicios "efectivamente" prestados al pueblo de Nicaragua objeto de las ayudas.

Luna ha comparecido acompañado de la portavoz adjunta del Comité Electoral Nacional del PSPV, Clara Tirado para analizar el informe. Blasco ha anunciado querellas contra ambos por denunciar las supuestas irregularidades. Según el portavoz socialista, el Síndic "confirma todas y cada una de las acusaciones que los socialistas, especialmente Clara Tirado", han hecho en las Cortes. Asimismo, ha recordado que Blasco "dijo que se iría a casa si hubiera habido irregularidades".

Al respecto, ha señalado que el escrito del Síndic pone de manifiesto que "las ha habido de todos los colores, desde el principio desde el procedimiento, hasta el final", por lo que le ha preguntado si "mantiene lo que dijo o no", es decir, "si se va o no se va". Luna también ha preguntado al consejero de Solidaridad "para quién eran los pisos que se compraron con dinero de las dos subvenciones". ¿Qué trama o que pseudopartido político iba a tener su sede en estos dos pisos?", le ha interrogado el portavoz socialista en relación con una anotación de la trama Gürtel que revela el supuesto interés del PP valenciano en crear una formación política que restara votos al PSPV-PSOE.

Sobre este asunto, ha manifestado: "estamos acostumbrados a las dos cosas viniendo de la consejería de Blasco: tramas en torno a las subvenciones públicas y partidos políticos para confundir al electorado". Del mismo modo, se ha preguntado: "¿Dónde están los de Cyes, que no salen a dar la cara y a decir éstas son mis cuentas?". Y se ha contestado: "Ni están ni se les espera". Asimismo, ha señalado que "a la vista de que no se han justificado 1.100.000 euros, habrá que declararlo". La consejería "no ha hecho "nada", solo "tratar de confundir como siempre".

En cuanto a los pisos, el "objeto del problema", el dirigente socialista ha indicado que, según el escrito del Síndic, "estaban contemplados desde el principio en la solicitud del proyecto y seguían contemplados en la reformulación del proyecto que se hizo el 30 de octubre de 2008". Asimismo, ha señalado que los justificantes admitidos por Blasco como sustitutivos del importe de los pisos "son en realidad, como dice el informe, aportaciones locales de los socios nicaraguenses del proyecto, nunca aportaciones o facturas que puedan justificar el dinero recibido de las subvenciones".

En este sentido, ha señalado que es "imposible que ese 1.100.000 euros que acreditaron con este tipo de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalentes sea dinero que han recibido de las fundaciones que han empleado en algo relativo a la operación". Por el contrario, Solidaridad y Ciudadanía defiende que el informe de la Sindicatura de Comptes "avala" su actuación y desmonta la campaña de "manipulación" desarrollada por el PSPV-PSOE.

Según la consejería, el informe no revela "irregularidad alguna en la concesión de ayudas a la cooperación". No obstante, se compromete a tomar nota de las recomendaciones de la Sindicatura para "fortalecer y garantizar" el control sobre los expedientes de las subvenciones y asegura que las incorporará a los procesos de concesión de ayudas.

www.elpais.es 12.04.11

44) C. VALENCIANA: EL PP FUERZA QUE BELLVER SEA JUZGADO EN EL TSJ

De los 10 acusados por corrupción que figuran en la lista del PP a las elecciones a la Generalitat ratificada por Génova, el que más cerca está de sentarse en el banquillo de los acusados es Jorge Bellver, concejal de Urbanismo de Valencia, por haber cometido supuestamente un delito de prevaricación.

Contra el regidor de la alcaldesa Rita Barberá ya se ha dictado apertura de juicio oral con el aval de cuatro jueces. Teóricamente, por tanto, el caso solo está pendiente de que se señale el día concreto del juicio. Fuentes jurídicas indican que la fecha no sería, sin embargo, anterior a junio por dos razones: Penal 4, el juzgado de Valencia que debería celebrarlo, se encuentra considerablemente saturado; y el juicio requerirá probablemente más de un día, lo que hace un poco más difícil encontrarle hueco en la agenda del tribunal.

Lo anterior cambió de forma radical, sin embargo, el viernes. Bellver fue incluido a última hora en la candidatura autonómica. Y la maniobra, una vez que su elección se da por descontada (el concejal de Urbanismo va en el puesto 16 y el PP tiene ahora 54 escaños), conducirá a su aforamiento. Una figura jurídica pensada para proteger a los parlamentarios de acusaciones malintencionadas que servirá en este caso para apartar a Bellver del órgano que debería juzgarlo.

Tras ser elegido, su causa será suspendida y trasladada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. El TSJ tomará la instrucción ya elaborada y celebrará directamente el juicio. Aunque últimamente se le acumula el trabajo, el tribunal superior está menos cargado de faena que los de la Audiencia Provincial, y por ello Bellver podría ser juzgado en el TSJ antes de lo que lo hubiese sido en Penal 4. Bellver está acusado de omitir deliberadamente un informe del servicio de Patrimonio de la Generalitat para las obras de un aparcamiento en el entorno protegido de los Jardines de Monforte (Valencia). Dicho informe, señala el fiscal, habría obstaculizado la obra, ejecutada por una empresa de Enrique Ortiz, constructor imputado en el caso Brugal e implicado también en Gürtel.

Y mientras el PP se enreda en el caso Monforte, el candidato socialista a la alcaldía de Valencia, Joan Calabuig, apostó por un programa para la ciudad basado en la transparencia y el saneamiento de las endeudadas arcas municipales.

www.elpais.es 12.04.11

45) C. VALENCIANA: LOS RIPOLLISTAS ATACAN AL CAMPISMO POR SU EXCLUSIÓN DE LAS AUTONÓMICAS

Ripoll se jacta de su influencia en Génova al salvar su bastión de la Diputación

Apenas 24 horas después del visto bueno de dirección nacional del PP a las listas autonómicas de los populares valencianos y de la municipal para la alcaldía de Alicante (que reúnen en conjunto a 11 implicados por corrupción), el bando ripollista, liderado por José Joaquín Ripoll, líder provincial y presidente de la Diputación, salió ayer a la palestra con un acto de doble cara: exhibición de poder y cabreo.

Ripoll afrontará su proceso judicial sin el parapeto del aforamiento

Ripoll, arropado por un centenar de alcaldes y candidatos a alcaldías de la provincia, dejó ayer clara su influencia en la dirección nacional de los populares, extremo que le ha permitido integrar la lista municipal de Alicante como número dos y de paso salvar su bastión, la Corporación provincial. Y a renglón seguido arremetió con el campismo, también en dos frentes: contra la dirección regional, que encabeza Francisco Camps, por excluir a los suyos de las listas autonómicas; y contra la candidata a la alcaldía, Sonia Castedo, por intentar dinamitar el pacto de la candidatura municipal.

El dirigente del PP (imputado por cinco delitos en el caso Brugal) convocó al mediodía de ayer a un centenar de alcaldes y candidatos afines a una reunión extraordinaria de la ejecutiva del partido. En el encuentro, espontáneo y por iniciativa de los presentes, según fuentes de la ejecutiva provincial, no se escatimaron críticas a la ejecutiva de Camps por excluirlos de las listas. "Estamos indignados", manifestaba uno de los asistentes.

Luego, Ripoll y su corte acólitos se trasladó al puerto, a escasos 200 metros del Ayuntamiento, para hacerse una foto de familia, con la que exhibir su cohesión. En la foto estaban casi todos, salvo los primeros espadas del campismo en la provincia: Sonia Castedo, por Alicante; Manuel Pérez Fenoll, por Benidorm; Mercedes Alonso, por Elche; y Pedro Ángel Hernández, por Torrevieja.

Ripoll abandonó el recinto sin abrir la boca. Delegó en su número dos en el partido, la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente. La regidora recalcó la "indignación" de la ejecutiva de Ripoll contra Camps por no aceptar ni uno de sus candidatos en la lista autonómica. "La dirección regional del PP no ha tenido en cuenta absolutamente para nada las propuestas del PP provincial", dijo. Acto seguido, la alcaldesa recordó la "legitimidad democrática" de la ejecutiva de Ripoll. "Ganamos un congreso provincial, y representamos al PP de toda la provincia de Alicante", resaltó.

Lorente centró después el punto de su crítica en Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante y candidata a la reelección. Castedo también está en el caso Brugal, aunque en calidad de acusada. Lorente echó en cara a Castedo las "dudas" que durante dos meses ha expresado en torno a la posibilidad de vetar a Ripoll como número dos. Ese supuesto boicoteo de Castedo, según Lorente, iba contra el pacto alcanzado por ambos sectores hace dos años y medio, cuando el exalcalde Luis Díaz Alperi cedió la alcaldía a Castedo. "Entonces se acordó de que Castedo sería la alcaldesa, y Ripoll de nuevo número dos para optar a la Diputación. Nosotros hemos cumplido, pero otros han dudado", señaló. Lorente enfatizó que "finalmente el pacto se ha cumplido merced a la mediación de la dirección nacional del PP".

Fuentes populares sostienen que la primera propuesta que Castedo planteó en la mañana del viernes a la dirección nacional del PP no incluía a Ripoll como número dos. La propuesta fue modificada horas después en Madrid e incluyó a Ripoll y al actual concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, también inicialmente excluido, en el puesto 16.

El cierre de la lista autonómica por Alicante y la municipal para la capital -ambas encabezadas por Castedo- arroja un saldo agridulce para el ripollismo, que en la primera ha sido laminado, mientras en la segunda ha logrado parte de sus objetivos.

Este sector del PP valenciano (heredero del zaplanismo) conservará (si las urnas no dicen lo contrario) su feudo de la Diputación y el control de la mayoría de medianas y pequeñas alcaldías de la provincia. Fuentes populares descartan que el campismo vaya a plantar cara a Ripoll para la elección de presidente de la Diputación. Pero el ripollismo ha sido expulsado del Parlamento regional. Ninguno de sus miembros, empezando por el líder, será aforado. Ripoll se ve abocado a defenderse de su quíntuple imputación en Brugal sin la vía de escape de llevar el sumario al Tribunal Superior de Justicia.

Los silencios de Castedo

El líder de los populares valencianos, Francisco Camps, ha vuelto a doblegar el pulso del líder nacional del PP, Mariano Rajoy, y ha impuesto sus listas autonómicas. También ha infligido un duro revés al ripollismo. Pero en la batalla el sector campista ha cosechado una sonora derrota, y en uno de sus buques insignia, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.

La regidora ha sucumbido al poder de Ripoll en Génova y no ha prosperado su iniciativa de excluirlo de su lista o, al menos, moverlo del número dos. Tampoco ha culminado su acoso contra el edil de Hacienda, Juan Zaragoza.

Durante proceso previo a la aprobación de la lista municipal, Castedo mantuvo una calculada ambigüedad. Nunca dijo en primera persona que no quería a Ripoll en su lista y sí que su candidatura estaría integrada por "personas de confianza", pero sin dar nombres. Pero su entorno, daba por hecho la salida de Ripoll. Ese mismo entorno transmitía ayer la sensación de derrota en ese objetivo.

Sonia Castedo tampoco habló ayer de su lista. En una nota oficial, se limitó a decir "que la lista autonómica por Alicante [encabezada por ella] es la mejor".

www.elpais.es 10.04.11

46) C. VALENCIANA: FABRA: "COSTA ES UN VALOR SEGURO Y YA HABLARÁN LOS TRIBUNALES"

"Yo no conozco ningún inconveniente por el que Ricardo Costa no pueda formar parte de la lista". Así se expresó ayer el presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, al ser preguntado por las reacciones a la inclusión de uno de los imputados en el caso Gürtel en la candidatura autonómica por Castellón. "Está supuestamente implicado y sobre eso ya hablarán los tribunales", sentenció Fabra, quien defendió a Costa como "un valor seguro".

El presidente provincial del PP castellonense aseguró que no se plantea la posibilidad de que el comité nacional modifique la lista, que fue ratificada ayer mismo por el regional, y en la que también figura Vicente Rambla, para el que la fiscalía pide que se le imputen dos delitos electorales. En cualquier caso, Fabra, que dijo ser "disciplinado", señaló que acatará las decisiones de los órganos superiores del partido. Aún así, mantuvo: "Quién mejor que nosotros para saber quiénes son los que mejor representan a la provincia". Las palabras de Fabra fueron avaladas por Carlos Floriano, que es miembro del comité electoral nacional y que dijo que "si el comité provincial y regional consideran que las listas deben ser así, ellos asumen su responsabilidad en un sentido u otro".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, manifestó que el aplazamiento en la aprobación de las listas del PP evidencia las "graves tensiones internas que se están produciendo en la confección de las mismas". Luna sostuvo que "el problema del PP de Camps es su intención de incluir a todos los imputados en las listas para que gocen de aforamiento y ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia".

www.elpais.es 09.04.11

47) C. VALENCIANA: LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL ANULA 53 ALTAS DEL PADRÓN DE FINESTRAT

Varios de los inscritos vivían en casas del PP, que ganó la alcaldía por 18 votos

La Oficina del Censo Electoral de Alicante (OCE) ha decidido anular 53 nuevos empadronamientos de Finestrat tras comprobar que los vecinos inscritos no residían en esta localidad, situada a 10 kilómetros de Benidorm, la única de la provincia de Alicante donde habían sido denunciadas irregularidades. La resolución se produce a raíz de una denuncia planteada por los socialistas de la localidad. En los comicios municipales de 2007 el PP ganó la alcaldía por 18 votos sobre la candidatura del PSPV.

El acuerdo de la OCE se produjo el pasado 9 de abril. El organismo electoral ha ordenado "retrotraer 25 inscripciones realizadas en el censo electoral" tras la denuncia del PSPV del municipio, aunque ya estaba en marcha la retroacción de otras 28 inscripciones impugnadas por los socialistas, lo que suma un total de 53 empadronamientos invalidados que deberán volver a los municipios donde lo estaban con anterioridad, la mayoría a Benidorm y La Vila Joiosa.

Los socialistas de Finestrat impugnaron el censo electoral después de comprobar que entre octubre y diciembre de 2010 se habían empadronado 76 nuevos vecinos de manera irregular. En su denuncia, los socialistas resaltaban algunos casos significativos. Tres personas habían sido empadronadas en una vivienda que ni siquiera tiene corriente eléctrica, otras cuatro en una casa claramente deshabitada de aspecto ruinoso y hasta tres más en la anterior sede del PP, que todavía conserva su placa en la puerta. Hasta 17 nuevos vecinos estaban afincados en cinco viviendas, separadas por apenas 100 metros, de tres familias de Finestrat vinculadas al PP local. Otro caso llamativo es el empadronamiento de 17 personas más en unos apartamentos del edificio Hannibal de La Cala, dados alta en el censo de apartamentos turísticos.

Ante la evidencia de las irregularidades cometidas y de los empadronamientos fraudulentos en casas de familiares del alcalde, Honorato Algado, del PP, y de miembros de la ejecutiva del PP local, el PSPV reclamó ayer su dimisión, porque los hechos "demuestran un intento de manipulación clara y evidente del censo de votantes". El PP declinó ayer hacer valoraciones porque no disponía del contenido de la resolución.

www.elpais.es 13.04.11

48) C. VALENCIANA: DETENIDO UN EDIL DEL PP IMPUTADO EN BRUGAL POR ENTERRAR BASURA

Bru dirigía una trama para verter residuos en una fosa ilegal de Abanilla

La corrupción vinculada al negocio de la basura suma otro episodio en la Comunidad Valenciana. La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres, vecinos de Albatera, Orihuela, Almoradí, Dolores y Callosa del Segura, acusados de enterrar miles de toneladas de basura procedentes de una zona de Elche en una fosa ilegal en un campo de limoneros de la vecina localidad de Abanilla (Murcia).

La investigación considera que el principal responsable de los hechos es el también detenido Francisco Javier Bru García, concejal del PP de Albatera y uno de los imputados de la pieza que investiga el caso Brugal en Orihuela, según fuentes próximas a las pesquisas. Bru es asesor financiero y contable del industrial de la basura Ángel Fenoll, considerado el cabecilla del caso Brugal y que tiene un vertedero autorizado en Abanilla, la misma localidad murciana en la que se enterraban los residuos incontrolados.

La basura procedía de la zona de Elche y su destino final era el vertedero autorizado que el empresario Ángel Fenoll, considerado el cabecilla de la trama Brugal, tiene en esta localidad murciana ubicada en el límite con Alicante, aunque esta no llegaba a su destino y se desviaba de forma ilegal finalmente a un gran foso en medio del campo de limoneros, según fuentes de la investigación. El negocio residía en cobrar por recoger la basura y tratarla, cuando en realidad la red corrupta ahora detenida se ahorraba este último proceso al enterrarla sin más y sin autorización, según apuntaron ayer otras fuentes próximas a la investigación.

El Ayuntamiento de Elche no pudo confirmar este extremo. La planta de tratamiento que hay en la localidad, que gestiona la basura del Plan Zonal XVIII, que corresponde a los municipios del Baix Vinalopó, está gestionada por la empresa Urbahormar, participada en un 65% por Urbaser y en el 35% restante por Hormigones Martínez.

Junto al concejal del PP de Albatera también han sido detenidos en la misma operación F. P. P, de 74 años, J. A. B. G., de 41 años, E. H. A., de 41 años y C. E., de 32 años, todos ellos vinculados al terreno donde se vertía basura ilegalmente, a la empresa de transportes y a la firma responsable del vertedero. A los cinco detenidos se les imputan delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, por la puesta en peligro de la integridad de las personas, de la calidad del aire, del suelo y de las aguas, de los animales y de las plantas. La investigación, además, en el caso de Bru, añade un supuesto delito de estafa y otro contra los derechos de los trabajadores, según detalló ayer la Delegación del Gobierno en Murcia.

Los cinco detenidos de esta operación y las diligencias realizadas para esclarecer los hechos han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción de Cieza.

La investigación arrancó el pasado mes de noviembre, cuando agentes de la Guardia Civil constataron graves irregularidades en uno de los vasos del vertedero de Abanilla y cuatro meses después descubrieron a varios camiones descargando ilegalmente toneladas de basura en un foso de unos 4.000 metros cuadrados de superficie y varios metros de profundidad de una finca, según detalló Efe.

Las diversas catas realizadas a raíz de este descubrimiento por los agentes en este vertedero clandestino evidenciaron la presencia de medicamentos, envases de metal, cartón y vidrio, pilas y materia orgánica de diferente procedencia, ampliaron las mismas fuentes.

Los residuos sólidos eran trasladados hasta esta localidad murciana desde la provincia de Alicante y sepultados inmediatamente por maquinaria pesada expresamente dedicada a esta labor. El foso de grandes dimensiones en el que vertían los residuos estaba prácticamente colmatado.

Cargo público en libertad con fianza

El empresario y político Javier Bru García se encuentra en la génesis de la investigación judicial del caso Brugal (supuesta trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en la provincia de Alicante).

Bru fue arrestado a finales de mayo de 2007 en el marco de la primera fase de la operación policial del caso Brugal. Junto a él, fueron detenidas otras seis personas, entre ellas, el industrial Ángel Fenoll, considerado por la investigación como el cabecilla de la trama.

La detención de Bru, por los supuestos delitos de cohecho, extorsión y tráfico de influencias, se produjo una semana después de que el empresario obtuviera el acta de concejal por el PP en la localidad de Albatera (La Vega Baja). El juez, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ordenó el ingreso en prisión sin fianza del político electo.

Bru logró la libertad provisional tras un mes largo en la prisión de Fontcalent a cambio del pago de una fianza de 60.000 euros. Su condición de presidiario no hizo mella en su voluntad de hacer valer su acta de concejal. El 20 de septiembre de 2007, en el transcurso de un pleno extraordinario, Bru tomó posesión de su acta de concejal. La sesión duró apenas unos minutos y no se produjo ninguna intervención por parte de ediles de la Corporación.

Tampoco el PP frenó su iniciativa. La dirección de los polares alicantinos, en manos de José Joaquín Ripoll, no adoptó ninguna medida contra su edil, no solo imputado, sino encarcelado por supuesta corrupción.

Con motivo de su última comparecencia ante el juez que dirige el caso Brugal, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, el pasado mes de febrero, el edil Bru anunció que no optaría a la reelección.

www.elpais.es 09.04.11

49) C.VALENCIANA: REGISTRAN EL DESPACHO DEL HERMANO DE SONIA CASTEDO

El juez investiga el supuesto tráfico de información privilegiada sobre el PGOU en una pieza separada de Brugal - La alcaldesa señala al fiscal Anticorrupción

Agentes de la Policía Judicial registraron ayer el despacho que comparten en Alicante el abogado y exconcejal socialista Javier Gutiérrez, y el también letrado José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante y número uno de las candidaturas del PP a la Alcaldía de la ciudad y a las Cortes Valencianas, Sonia Castedo.

El registro se llevó a cabo por orden del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular, Manrique Tejada, investiga la pieza separada del caso Brugal que tiene que ver con supuestas irregularidades en el del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, plan que empezó a elaborarse siendo alcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi y concejal de Urbanismo la actual alcaldesa.

Los agentes, que aseguraron proceder en el curso de una "inspección rutinaria" ordenada por el citado juzgado, se llevaron de las oficinas, situadas en la popular Casa Salvetti de Alicante, de la que toma su nombre la empresa constituida por Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, abundante documentación relacionada con el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, aunque toda ella es ya en estos momentos información de dominio público.

La Policía se incautó también durante el registro de dos ordenadores que se encontraban en las oficinas, aunque antes de su retirada permitieron que el personal de la empresa copiara los discos duros para no perder información contenida en los mismos y que, según ellos, es necesaria para el funcionamiento del bufete.

El magistrado Manrique Tejada investiga varios presuntos delitos en la confección del Plan General de Alicante que se habrían descubierto a raíz de la intervención de distintos teléfonos, entre ellos el del empresario Enrique Ortiz, como consecuencia del sumario abierto en Orihuela para determinar si hubo irregularidades en la concesión de una planta de basuras de la comarca al citado empresario y al también industrial oriolano Ángel Fenoll por parte de la Diputación Provincial que preside José Joaquín Ripoll, imputado en ese caso y número dos de la candidatura de Alicante del PP.

Como consecuencia de esas escuchas se apreciaron otros posibles delitos distintos al que originó el caso y que fueron remitidos por el juez de Orihuela Carlos Sanmartín, en piezas separadas, a distintos juzgados de la provincia, entre ellos el que preside el juez Tejada.

En este caso, entre otros se investiga un posible tráfico de información privilegiada para beneficiar supuestamente a Enrique Ortiz y la recepción de favores a cambio.

La Policía ha investigado el patrimonio del que era alcalde cuando el plan comenzó a gestarse, Luis Díaz Alperi, y también el de la que entonces era edil de Urbanismo y hoy alcaldesa, aunque en este último caso el primer informe de los agentes no aprecia enriquecimiento irregular en su patrimonio.

El despacho que comparten los letrados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo aparece, de acuerdo con las escuchas, en el centro de esta investigación al sospechar la Policía que desde él se manejó información privilegiada respecto al futuro ordenamiento urbano de Alicante.

El magistrado Manrique Tejada tiene que citar a declarar a Alperi y a la alcaldesauna vez concluya sus indagaciones.Pero Alperi tiene en estos momentos la condición de aforado por ser diputado de las Cortes Valencianas y figura en puesto de salida en la candidatura que ahora se presenta, con lo que una instrucción contra él sólo podría ser llevada a efecto por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, y Sonia Castedo adquirirá esa misma condición de aforada una vez tome posesión de su escaño en las Cortes tras las elecciones del próximo 22 de mayo.

De hecho, tal como publicó en su día este periódico, el juez tenía previsto llamar a declarar como imputada a la hoy alcaldesa en plena campaña electoral. Sin embargo, fuentes judiciales adelantaron ayer a este periódico que la citación ya no se producirá y que si la hoy alcaldesa es llamada a declarar lo hará después de que se celebren los comicios.

Castedo: "Preguntad al fiscal Anticorrupción"

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, ha remitido hoy a los medios de comunicación a hablar con el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, sobre el registro efectuado ayer en un bufete de abogados de la ciudad dentro de la investigación sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Castedo ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras el pleno ordinario de abril del Ayuntamiento de Alicante al ser preguntada por el mencionado registro, si bien ha eludido hacer más declaraciones al respecto.

Uno de los letrados del despacho investigado es José Luis Castedo, hermano de la regidora, quien, según Briones, debería ser imputada por beneficiar en el PGOU al constructor Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal.

Concretamente, el fiscal propone que se impute a la alcaldesa por la presunta revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

Agentes de la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Nacional de Alicante practicaron en la tarde de ayer un registro en el despacho de José Luis Castedo, bufete que comparte con el exconcejal socialista Javier Gutiérrez, del que se llevaron "diversas cajas con documentación y soportes informáticos", han informado a EFE fuentes próximas al caso.

Preguntada también por estos hechos, la portavoz del grupo socialista, Carmen Sánchez Brufal, ha subrayado el "respeto" sobre las indagaciones policiales sobre el PGOU.

La socialista ha indicado que "no es el momento de interferir en las investigaciones de la Policía", si bien ha confesado no estar extrañada de que continúen las labores de las fuerzas de seguridad en este asunto.

"La fiscalía y los juzgados siguen investigando, y la primera consecuencia de este hecho es que en Alicante no tenemos Plan General, que la ciudad está paralizada y que han tenido que prorrogarse la paralización de las licencias", ha subrayado.

Además, Sánchez Brufal ha aseverado que "la Generalitat Valenciana no se atreve a aprobar el PGOU validado en la ciudad porque no sabe en qué situación judicial puede estar y cuáles son las investigaciones de la Policía".

Igualmente, la portavoz socialista ha lamentado que, "al final, cualquier irregularidad que pueda haber habido, no sólo la pagan los ciudadanos de su bolsillo, sino que también se paga con el cierre del futuro, ya que está paralizada la ciudad".

Por último, ha subrayado que las investigaciones que rodean al PGOU lo que hacen, en su opinión, es "crear inseguridad jurídica a cualquiera que pueda venir a invertir en Alicante y manchar el nombre de la ciudad con lo que ha podido estar pasando".

"Es un grave daño no sólo para el presente sino para el futuro necesario para volver a crear empleo y volver a ser una ciudad rica y con calidad de vida", ha sentenciado.

www.levante-emv.com 15.04.11