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  BÁJATE EL RESUMEN DEL AÑO GURTELIANO  2010 

Del 12 al 18 de Febrero 2011 

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ÍNDICE

1) CASO GÜRTEL: "LA MULTA QUE PIDE LA FISCALÍA PARA CAMPS LE CONDENA AL HAMBRE"

2) CASO GÜRTEL: FABRA CRITICA LA "EXCESIVA PRUDENCIA" DE RAJOY EN SU RESPALDO A CAMPS

3) CASO GÜRTEL: RAJOY BARAJÓ RELEVAR A CAMPS Y AHORA LE HARÁ ESPERAR PARA DESIGNARLE

4) CASO GÜRTEL: UN DISCURSO HIPERBÓLICO

5) CASO GÜRTEL: LA DISCRECIÓN QUE PIDIÓ GÉNOVA ACABA EN ESTRÉPITO

6) CASO GÜRTEL: BLASCO SE AFERRA A QUE EL JUICIO POR COHECHO A CAMPS "ES UNA HIPÓTESIS, NO UN HECHO REAL"

7) CASO GÜRTEL: LOS TRAJES, SÓLO LA PUNTA DEL ICEBERG VALENCIANO

8) CASO GÜRTEL: GONZÁLEZ PONS PONDRÍA "LAS DOS MANOS EN EL FUEGO" POR CAMPS

9) CASO GÜRTEL: CAMPS SE AUTOPROCLAMA CANDIDATO PARA FORZAR QUE RAJOY LO CONFIRME

10) CASO GÜRTEL: HACIENDA PIDE INDAGAR UN TRÁFICO DE DIVISAS LIGADO AL PP DE MADRID

11) CASO GÜRTEL: JUECES PARA LA DEMOCRACIA PIDEN A BARBERÁ QUE RESPETE A LOS TRIBUNALES

12) CASO GÜRTEL: EL PP VALENCIANO RESPONDE AL FISCAL CON UN ACTO DE ACLAMACIÓN A CAMPS

13) CASO GÜRTEL: EL FISCAL ACUSA A CAMPS DE COHECHO POR RECIBIR 14.000 EUROS EN REGALOS

14) CASO GÜRTEL: LA FINANCIACIÓN ILEGAL, EN EL LIMBO

15) CASO GÜRTEL: LOS JUECES IMPIDEN EL NUEVO INTENTO DE DILATAR EL CASO DE LOS TRAJES

16) CASO GÜRTEL: EL PP TACHA DE "DESPROPORCIÓN" LA PENA QUE PIDE LA FISCALÍA

17) MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ, AL BANQUILLO POR LLAMAR "NAZI" AL DOCTOR MONTES

18) COTINO DICE QUE EL GOBIERNO FINANCIÓ A ETA EN LA TREGUA DE 2006

19) COSPEDAL PLANTEA COMO MODELO UN PLAN DE EMPLEO QUE NO EXISTE

20) EL JUZGADO ELEVA A 424,4 MILLONES EL EMBARGO PREVENTIVO A DÍAZ FERRÁN Y PASCUAL

21) GONZÁLEZ PONS ACUSA A LOS FISCALES DE "ESCONDERSE BAJO LA TOGA FRENTE A LOS FAISANES Y SOCIALISTAS"

22) COSPEDAL PIDE LA DIMISIÓN DE RUBALCABA Y SE NIEGA A CONTESTAR PREGUNTAS SOBRE CAMPS

23) EL PP LLAMA A LA REVUELTA POPULAR

24) C. A ANDALUCÍA: LA EX SECRETARIA DEL PP EN JAÉN DIMITE COMO CONCEJAL

25) C. A ANDALUCÍA: UN EMPRESARIO AJENO A LA ADJUDICATARIA GESTIONA LA PISCINA INVESTIGADA

26) C.A. ASTURIAS: UNO DE CADA CUATRO DIPUTADOS DEL PP ASTURIANO SE MARCHA CON CASCOS

27) C.A BALEARES: EL FISCAL CALIFICA DE "MONTAJE" EL CONTRATO DE MATAS CON CALATRAVA PARA LA ÓPERA DE PALMA

28) C.A BALEARES: CALATRAVA ADMITE QUE MATAS LE ENCARGÓ A DEDO UN PROYECTO

29) C.A EXTREMADURA: SALEN A FLOTE LOS DESMANES DEL CANDIDATO POPULAR POR MÉRIDA, ACEDO

30) C.A GALICIA: PACHI VÁZQUEZ AFIRMA QUE "FEIJÓO Y EL NARCOTRÁFICO ANDAN AHÍ, AHÍ"

31) C.A GALICIA: LA XUNTA AVALA AL JEFE DE URBANISMO QUE TRABAJÓ PARA 14 CONSTRUCTORAS

32) EL BNG PIDE UNA COMISIÓN PARA INVESTIGAR AL JEFE TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE EN PONTEVEDRA

33) C.A GALICIA: BALTAR DESTINÓ 600.000 EUROS A CONSTRUIR UN VERTEDERO SIN AUTORIZACIÓN AMBIENTAL

34) C.A GALICIA: FEIJÓO DICE QUE LA REDUCCIÓN DE SUELDOS ES PARA LOS BIPARTITOS

35) C.A GALICIA: LOUZÁN: "DEBERÍA HABER UN CONTROL MÁS ESTRICTO DE LO QUE SE PUEDE INFORMAR"

36) LA XUNTA PROMETIÓ A LOS SINDICATOS UN PLAN DE CHOQUE CONTRA EL PARO

37) C.A GALICIA: EL CANDIDATO DEL PP EN GONDOMAR PROMUEVE OBRAS EN EL MUNICIPIO

38) C.A GALICIA: EL PSOE CIFRA EN 12 MILLONES LOS SUELDOS DE BALTAR A AFINES AL PP

39) C.A GALICIA: UN GOBIERNO MANIATADO

40) C.A GALICIA: EL PP PROMETIÓ SIETE PLANES PARA CREAR EMPLEO EN SU PROGRAMA ELECTORAL

41) C.A MADRID: AGUIRRE IMPONE A SUS 'PARACAIDISTAS'

42) EL PP DE POZUELO CUESTIONA LA CANDIDATURA DE ADRADOS

43) C.A MADRID: UN DIRECTIVO DE SANIDAD, CESADO TRAS DENUNCIAR IRREGULARIDADES EN EL TRASLADO DE ENFERMOS

44) C.A MADRID: TELEMADRID, CONDENADA POR DIFAMACIÓN

45) C.A MADRID: UN EXEDIL DEL PP EN MADRID, CULPABLE DE UN DELITO DE MALVERSACIÓN

46) C. A MADRID: BRONCA DE LETRADOS Y POLICÍAS ANTE EL COLEGIO DE ABOGADOS

47) C.A MADRID: ¿DÓNDE ESTÁ ANA BOTELLA?

48) C. VALENCIANA: EMARSA PAGÓ CENAS Y COMIDAS FALLERAS CELEBRADAS EN MANISES

49) C. VALENCIANA: CUATRO DIMISIONES EN LA EJECUTIVA DEL PP DE POLOP

50) C. VALENCIANA: UN AMBULATORIO PÚBLICO DE ELCHE EXHIBE FOTOS DE CARMEN POLO, ESPOSA DE FRANCO

51) C. VALENCIANA: FABRA PRETENDE MANTENER EL CONTROL SOBRE EL PP DE CASTELLÓN

52) C. VALENCIANA: UN EDIL DEL PP Y ASESOR DEL CABECILLA DE BRUGAL SE NIEGA DECLARAR ANTE EL JUEZ

53) C. VALENCIANA: VETO EN FACEBOOK

54) C. VALENCIANA: EL CONSELL PIERDE SEIS MILLONES DEL ESTADO POR NO HACER GUARDERÍAS

55) C. VALENCIANA: LA CIUDAD DE LAS ARTES: 1.282 MILLONES DE FACTURA

56) C. VALENCIANA: FABRA RECTIFICA A CAMPS Y VALORA ENTRAR EN LA GESTIÓN DEL AEROPUERTO


1) CASO GÜRTEL: "LA MULTA QUE PIDE LA FISCALÍA PARA CAMPS LE CONDENA AL HAMBRE"

El ministerio público ha solicitado una sanción de 41.250 euros

Los populares valencianos parecen no salir de la confusión en la que los ha sumido la petición de la fiscalía de solicitar una pena de multa por importe de 41.250 euros para Francisco Camps por un supuesto delito continuado de cohecho pasivo impropio.

Los populares recurren al conflicto vasco para cuestionar la justicia

Las conclusiones de la fiscalía -y la decisión del juez que instruye el caso de los trajes, José Flors, de dar por finalizada la investigación- han empañado el proceso oficial de designación del presidente de la Generalitat como candidato del PP y han evidenciado la tensión que preside las relaciones entre Génova y los populares valencianos.

Ayer, los principales cargos del Consell y del PP intentaron desviar la atención del caso de los trajes y de la situación judicial del jefe del Consell, aunque en algunos casos rozaron el esperpento.

El portavoz de Economía del PP en las Cortes Valencianas, José Marí, compareció para hablar de la denuncia que tienen interpuesta contra el portavoz socialista, Ángel Luna, por exhibir en el pleno un informe del caso Gürtel. Sin embargo, al ser preguntado por las conclusiones de la fiscalía en el caso de los trajes, Marí tachó de "desproporcionada, elevadísima y disparatada" la pena de multa -250 euros diarios durante 15 meses y 15 días por haber por haber recibido, supuestamente 14.021 euros en ropa y calzado- solicitada a Camps. "Esta multa le condena al hambre, ya que supone prácticamente el doble de sus ingresos netos diarios [como presidente de la Generalitat], afirmó Marí.José Marí señaló que, en su opinión, con la citada petición de multa a Camps, "la fiscalía se salta la ley a la torera". "Entendería que esta multa la pidiese la acusación particular, pero no el ministerio fiscal", prosiguió el popular, "me da la impresión personal de que este escrito de la fiscalía ha sido redactado, no con la intención de convencer a los jueces, sino a los telediarios".

Las críticas del PP al proceso judicial fueron respondidas por la asociación Jueces para la Democracia, que tachó de "irresponsable" a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por reclamar un debate sobre la independencia judicial a raíz de la imputación de Camps.

"Sería exigible que la clase política asumiera la condena explícita de los abusos de poder que se hayan podido cometer, si es que se han cometido, y no dirigiera sus ataques a las personas que asumen funciones judiciales, menos aún con cuestionamientos generales del poder judicial", indicó la asociación de jueces progresistas.

El posicionamiento de Jueces para la Democracia obligó a replicar al portavoz de campaña del PP de Valencia ciudad, el edil Alfonso Novo, que salió en defensa de la alcaldesa. Novo insistió en la idea de que en el caso Gürtel "se han venido produciendo una serie de actuaciones que aconsejan abrir el debate sobre la situación de la justicia". Sin embargo, el concejal popular derivó el debate sobre la justicia hacia el conflicto vasco. "Algo falla cuando desde determinados procesos judiciales o político-judiciales, como el de Sortu [el partido de la izquierda radical vasca] se dice que la legalización de ese partido variará si los jueces que tengan que resolver esta causa son progresistas o no conservadores".

El vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, fue más allá al intentar colocar el foco sobre el Gobierno. Cotino insinuó que tras el caso Faisán puede esconderse la financiación del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero a ETA durante la tregua previa al atentado de la T-4 en Barajas. Cotino, en una entrevista a Ràdio 9, dejó entrever que gente vinculada al PSOE y el PNV llevaron dinero al citado bar donde la banda terrorista realizaba sus transacciones monetarias.

Sin embargo, el presidente de la Generalitat no pudo evitar ser interpelado por su nominación oficial como candidato del PP. Preguntado por si tiene prisa, el jefe del Consell replicó: "Aquí los ciudadanos de lo que tienen prisa es de que Zapatero convoque las elecciones generales y se vaya a su casa".

En Valencia, el presidente del PP provincial y de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, también trajo a colación el caso Faisán, pero no rehuyó hablar de la situación de Camps. "El PP nacional lo ratificará", dijo Rus, que insistió en que "todos los días no se puede decir que Paco es el mejor"

"Cuando a [Mariano] Rajoy le faltaba la peseta para el duro", dijo Rus en referencia al congreso de Valencia en el que Juan Costa amenazaba con presentar candidatura alternativa, "el primero que dio un paso adelante fue Paco", explicó el presidente provincial del PP. "Alguno [en el PP] no estará de acuerdo con la designación, traidores siempre hay, pero no he escuchado a nadie decir que Camps no será el candidato", manifestó Rus, que recalcó que el jefe del Consell no ha plantado cara a la dirección nacional del PP.

www.elpais.es 17.02.11

2) CASO GÜRTEL: FABRA CRITICA LA "EXCESIVA PRUDENCIA" DE RAJOY EN SU RESPALDO A CAMPS

El presidente valenciano dice que continuará pese a lo que decidan los tribunales

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, está dispuesto a aferrarse al cargo a pesar de lo que puedan decidir los tribunales sobre su implicación en el caso Gürtel. "Voy a continuar en el cargo y me voy a presentar a la reelección con el respaldo de todo mi grupo, del PP de la Comunidad Valenciana y del PP de España", aseguró.

Camps, en la primera sesión de control parlamentario de este año, evitó ayer responder con claridad a la pregunta del portavoz del grupo Compromís, Enric Morera, que le instó varias veces a aclarar si dimitirá como presidente de la Generalitat en caso de que le condenen o si él mismo dará su conformidad a la pena que solicita la Fiscalía Anticorrupción (41.250 euros de multa) por haber recibido regalos de la trama corrupta (ropa y zapatos valorados en 14.021 euros).

Camps dijo tener "la conciencia muy tranquila" y, finalmente, reconoció: "Tengo una inmensa ilusión por poder coincidir como presidente de la Generalitat con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno".

"Si Rajoy no le ha dicho que ya está bien, dado que hablamos de corrupción, es porque tiene una hipoteca enorme con usted", replicó Morera, que aseguró que fue la trama la que pagó el acto central en Valencia del presidente nacional del PP en la campaña electoral de 2008.

Camps sorteó el terreno resbaladizo planteado por Compromís, aunque se permitió ironizar con que "la peor oposición que hay en ningún Parlamento de España" también ha contribuido a afianzar su posición. En este contexto, Camps se encontró ayer con el apoyo del presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, quien criticó la "excesiva prudencia" de Génova al aplazar su nombramiento como candidato. "La dirección nacional del PP ha actuado con prudencia... pero no sé si bien", dijo.

Carlos Fabra se ha manifestado en numerosas ocasiones a favor de la forma de actuar de Camps, que parece seguir la senda marcada por el presidente de la Diputación de Castellón, imputado en una causa judicial desde hace siete años por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Fabra manifestó que no tiene "ninguna duda de que Camps será absuelto por las urnas", tal como se sintió él mismo tras las elecciones municipales y autonómicas de 2007, cuando el PP obtuvo la mayoría absoluta en Castellón.

Fabra minimizó también la imputación de Camps porque los regalos son "una tradición en la historia de España".

www.elpais.es 18.02.11

3) CASO GÜRTEL: RAJOY BARAJÓ RELEVAR A CAMPS Y AHORA LE HARÁ ESPERAR PARA DESIGNARLE

La cúpula evita confirmarle para mostrar distancia pero su salida está descartada

de Mariano Rajoy a la hora de resolver los problemas internos, que consiste en alargar al máximo la decisión y debilitar así políticamente a los afectados, cada vez más ansiosos, provocó ayer una nueva jornada de confusión sobre el futuro de Francisco Camps. Todos los portavoces del PP nacional (en particular Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas) y en Valencia (Rita Barberá) se pusieron de acuerdo para lanzar un mensaje: Camps será el candidato. Eso sí, desde Génova insistían en que no hay fecha para su confirmación, y no se va a adelantar, como él quería.

Pero detrás de la versión oficial en público hay mucha cocina política y una importante tensión interna. Es cierto que la reunión del comité electoral regional que, de forma apresurada, se convocó en la tarde del lunes para proponer a Camps, fue autorizada por Génova. Ana Mato, responsable de organización, habló con Camps y le dio el níhil óbstat. Pero no fue "a instancias" de la dirección nacional, como ayer decía Sáenz de Santamaría. Fue por presiones de Camps, que lleva semanas pidiendo que le confirmen -llama constante y casi obsesivamente a todos los dirigentes- y volvió a hacerlo el lunes. Sin éxito. Solo logró que le dejaran organizar su autoproclamación en Valencia, sin validez legal hasta que no la confirmen en Madrid. Y sigue sin haber fecha para eso, aunque Rajoy, presionado por Camps y por el interés de los medios, podría decidir hacerlo en la primera semana de marzo.¿Qué está pasando en realidad? Dado su estilo de gobierno, nadie sabe realmente qué está pensando Rajoy. Pero de diversas conversaciones en las últimas horas con dirigentes clave se puede concluir un análisis que coincide. La idea de que Camps no fuera el candidato ha estado encima de la mesa del líder mucho tiempo, explican. Frustrada la operación Barberá, porque ella no quiere ser la sustituta, se tenía preparado ya incluso el nombre de Alberto Fabra, alcalde de Castellón. Sin embargo, ese plan tenía una condición: que fuera el propio Camps el que dejara paso. Porque Rajoy no quería echarlo directamente.

Ahora todos están ya convencidos de que Camps no se irá. Él quiere, dicen, ganar las elecciones para decir que los votantes le han absuelto, y a partir de ahí poder pensar en una retirada digna.

Además, en la cúpula ya están casi completamente seguros de que el juicio por cohecho, su gran temor, no llegará hasta después de las elecciones. La señalización de juicio sí puede llegar antes, a finales de marzo o principios o mediados de abril. Pero mientras él no se siente en el banquillo, la foto más temida, y dada la escasa fuerza de la oposición en la Comunidad Valenciana, Rajoy y los suyos piensan que puede aguantar.

Así que el escenario ha cambiado, sostienen varios dirigentes. Ya no está encima de la mesa cambiar -salvo que Rajoy sorprenda a todos- y está asumido, aunque no le guste a casi nadie, que Camps será el candidato.

Eso sí, Rajoy sigue queriendo mantener las distancias. Tanto sus gestos públicos cuando se ven como su decisión de no ir a Valencia salvo en las insalvables Fallas lo evidencian. Para mostrar esa distancia, para mantenerle más controlado desde Génova, y de paso para ganar tiempo por si hay algún imprevisto, Rajoy está alargando todo lo posible la confirmación de su candidatura. Esto es, será candidato, pero tendrá que esperar. Y sufrir.

www.elpais.es 16.02.11

4) CASO GÜRTEL: UN DISCURSO HIPERBÓLICO

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, volvió a exhibir ayer su lado más hiperbólico, alimentado por las declaraciones de apoyo del PP nacional. "Soy el candidato más respaldado de todos los candidatos de la historia de las democracias occidentales en todo el mundo", aseguró.

Camps presumió de tener el respaldo mayoritario de los valencianos y "el cariño y el respaldo constantes" de sus compañeros del PP, "de Mariano Rajoy, de la secretaria general María Dolores de Cospedal, de portavoces parlamentarios, de presidentes regionales o de alcaldes". En un acto para hablar del corredor mediterráneo, Camps se avino a responder ayer a varias preguntas de los periodistas. Tras ser propuesto por el comité electoral del PP regional como candidato a la reelección, el presidente de la Generalitat vaticinó: "Tendré la oportunidad y la enorme suerte de presidir el Gobierno valenciano mientras que al frente del Ejecutivo central estará Rajoy, como un amigo y una persona de la que he sido leal y fiel colaborador".

El jefe del Gobierno valenciano aseguró no tener ninguna duda de que volverá a revalidar su mayoría electoral pese a los problemas judiciales.

www.elpais.es 16.02.11

5) CASO GÜRTEL: LA DISCRECIÓN QUE PIDIÓ GÉNOVA ACABA EN ESTRÉPITO

La nominación de Camps pone de relieve la tensión en el PP entre Madrid y Valencia

El procedimiento para designar candidato a Francisco Camps se planteó el pasado lunes con sumo cuidado. Casi como si se tratase del traslado de un valioso jarrón chino. Y acabó como si este hubiese rodado por los suelos, con gran estrépito, lo que obligó ayer a dirigentes populares de todo cargo y condición a intentar dar una explicación coherente que salvase la figura de Camps y la jerarquía de Génova sobre el partido en Valencia. Ello no evitó, sin embargo, el estupor y el malestar de muchos cuadros populares que consideran que el proceso de nominación de Camps se ha iniciado de manera "chapucera".

El lunes a primera hora de la tarde, la vicesecretaria de Organización del PP nacional, Ana Mato, telefoneó a Camps al Palau de la Generalitat y le pidió que pusiese en marcha el procedimiento para su nominación oficial como candidato, inicialmente previsto para el 5 de mayo en Mallorca. Mato reclamó de Camps discreción, consciente de la grave situación judicial en que se halla y de su ansiedad por ser proclamado oficialmente.

Dicho y hecho. Tras acabar la conversación con Mato, Camps llamó a las 16.30 al presidente del comité electoral del PP regional, el senador Pedro Agramunt, y le pidió que reuniese de urgencia a los otros ocho miembros que integran este órgano, para proponer oficialmente a Génova su nominación como candidato. El grado de secretismo acordado fue de tal intensidad, que se decidió no informar a la mayoría de altos cargos del PP valenciano, algunos de los cuales -como el consejero y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, entre otros- se enteraron por la prensa de que estaba convocado el comité electoral a las ocho de la tarde en la sede regional.

A esa hora, los integrantes del comité electoral del PP valenciano -a excepción del parlamentario Ignacio Gil Lázaro, que no pudo acudir- ya estaban listos para firmar el acta en la que figuraba Camps como único candidato posible. No hubo ni discusiones, ni debate, conscientes todos de que el futuro de Camps está en manos de Rajoy. Apenas 15 minutos después, la dirección valenciana del PP lanzó los comunicados preparados poco antes, tanto el de designación como candidato, como los escritos de apoyo por parte de cargos públicos afines a Camps. Mientras, Agramunt y el secretario del comité electoral, Vicente Rambla, verbalizaron el acuerdo ante las cámaras a la puerta de la sede del PP.

Sin embargo, el tono imperativo utilizado en la nota de designación del candidato, las reticencias de Génova a poner en marcha la claque, y el secretismo utilizado por Camps, contribuyeron a levantar una enorme polvareda política que ha puesto de relieve la enorme tensión existente en el PP entre Madrid y Valencia. Tanta que ayer, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y otros cargos valencianos tuvieron que asegurar en público que no hay "ningún desafío, ningún reto, ni ninguna presión" a la dirección nacional del PP.

www.elpais.es 16.02.11

6) CASO GÜRTEL: BLASCO SE AFERRA A QUE EL JUICIO POR COHECHO A CAMPS "ES UNA HIPÓTESIS, NO UN HECHO REAL"

Que el presidente de la Generalitat tenga que sentarse en el banquillo de los acusados es "una hipótesis; no un hecho real", dado que "no se ha planteado todavía", alegó ayer el portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, al término de la Junta de Portavoces en las Cortes Valencianas. Para restar trascendencia a la situación judicial de Francisco Camps, Blasco descalificó la actuación de la fiscalía y trató de reducir el supuesto cohecho continuado del que se acusa al jefe del Consell a una cuestión "tonta y banal".

"Estamos convencidos de que acabará en archivo en el momento correspondiente", llegó a decir el portavoz popular sobre la investigación que afecta a Camps, aseguró que la acusación de la fiscalía "no empaña la honradez del presidente" y añadió que su apoyo social y electoral tiene "mayor peso político y moral que cualquier iniciativa judicial que esté sin probar".

"Camps será el candidato en la Comunidad Valenciana", vaticinó Blasco, que descartó cualquier falta de sintonía con la dirección nacional del PP y con su presidente, Mariano Rajoy. A la pregunta de si el Grupo Popular en las Cortes mantiene lo que dijo Camps en el hemiciclo, es decir, que se pagó los trajes, o resta importancia al hecho de haber recibido regalos, Blasco respondió que la acusación es infundada -"se trata de una acusación más política que judicial", dijo textualmente-, pero también calificó de "insignificante" la imputación. "Yo no aceptaría de una trama de corrupción ningún tipo de regalo", exclamó Blasco al responder si le parece digno que un presidente acepte que le regalen 11 trajes, cinco americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas. "Pero no está demostrada esa acusación", puntualizó enseguida el portavoz popular, que insistió en reducir el caso a un problema sobre los recibos de "dos trajes" y tildó de "insustancial" la multa de 41.000 euros que solicita la fiscalía por cohecho pasivo impropio.

www.elpais.es 16.02.11

7) CASO GÜRTEL: LOS TRAJES, SÓLO LA PUNTA DEL ICEBERG VALENCIANO

La investigación ha destapado graves delitos de corrupción

Las airadas protestas del PP por el trato "injusto" a Francisco Camps tropiezan con un hecho: que los hallazgos de la investigación judicial indican que la red Gürtel no se tejió en Valencia con el hilo de los trajes regalados al president, sino con una madeja mucho más enmarañada. Y en ella había presunta financiación ilegal, presunta prevaricación por el amaño de contratos y el consiguiente y presunto saqueo de las arcas públicas. Tanto la Policía como Hacienda y, sobre todo, el juez que instruye la parte principal del caso, Antonio Pedreira, consideran involucrada a la plana mayor de Camps. Pedreira se inhibió de seguir investigando esa línea precisamente porque los indicios apuntan a aforados a quienes sólo puede investigar el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

01. La financiación: 2,5 millones ocultos

La primera alerta sobre financiación ilegal llegó a través de un informe de la Brigada de Blanqueo en julio de 2009, aunque el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) despreció su contenido. La segunda revelación, clave, fue hecha por Hacienda en mayo de 2010: el PP valenciano, constata un informe de esa fecha, ocultó al fisco 2,5 millones en las elecciones de 2007. Lo hizo, mantiene la Agencia Tributaria, gracias a la colaboración de Orange Market, capitaneada por Álvaro Pérez, el Bigotes, el "amiguito del alma" de Camps.

Además, una parte de la doble campaña autonómica y local de aquel año fue pagada por "terceros", advertía Hacienda. Un posterior informe policial, fechado en julio de 2010, reveló cómo el PP valenciano y tres de las empresas con más contratos públicos en Valencia Sedesa, Lubasa y Ortiz pagaron a Orange Market 846.000 euros en negro durante 2008. El reparto de costes fue paritario: una mitad la abonó el PP; otra, los empresarios, según la Policía. El objetivo, se lee en el informe, era minorar la deuda electoral contraída con Orange Market. Sedesa propiedad de la familia del vicepresidente Juan Cotino, Lubasa y Ortiz pagaron "siguiendo indicaciones" de los responsables del partido, conscientes de que ayudar al PP entrañaría "contrapartidas".

02. El amaño: 14 millones en contratos

En apenas cinco años, la trama obtuvo no menos de 14 millones en contratos públicos de la Generalitat y otros entes públicos dependientes gracias, según el juez Pedreira, a "reiteradas irregularidades". Entre esas anomalías, el magistrado destaca las adjudicaciones a Orange Market, consecutivas durante cinco años, del stand de la Generalitat en Fitur. Y las destaca "tanto por su precio como por la gravedad de las irregularidades cometidas". En 2009, la oferta de Fitur fue la más cara. Pero volvió a ganar. Además, Orange Market se benefició del fraccionamiento de contratos, lo que le garantizaba la adjudicación directa de servicios.

03. El saqueo: tres millones de Canal 9

En ese cómputo de 14 millones figuran los siete adjudicados por la Generalitat. Pero, también, el contrato adjudicado a Teconsa investigada en el caso por Canal 9 para organizar en 2006 la cobertura de la visita del Papa. El contrato se cifró en 6,4 millones, de los que la red se repartió casi tres millones en comisiones, según la Policía.

www.publico.es 15.02.11

8) CASO GÜRTEL: GONZÁLEZ PONS PONDRÍA "LAS DOS MANOS EN EL FUEGO" POR CAMPS

Mientras Génova elude nombrar a Francisco Camps candidato oficial del PP para las próximas elecciones autonómicas, las manifestaciones públicas en apoyo al presidente valenciano de dirigentes del PP crecen. Este martes, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, ha defendido la inocencia del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y ha asegurado que pondría "las dos manos en el fuego" por él.

En una entrevista de Catalunya Ràdio ha aclarado que su designación como candidato, al igual que el resto, está a la espera de que el Comité Electoral Nacional lo ratifique, eso sí, no hay fecha para ello. Pons ha afirmado que "Camps es el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat" valenciana, después de que ayer el comité electoral regional lo propusiera como candidato a la presidencia.

Convencidos de su inocencia


Preguntado por la imputación del presidente valenciano en el caso Gürtel, ha subrayado: "Estamos convencidos de su inocencia", y ha manifestado que el hecho de que se le esté investigando no influirá en su designación como candidato. "Tomar una decisión en contra de esta convicción (de que es inocente) es arriesgarnos mucho a ser injustos", ha dicho.

Total, por cuatro trajes...


Siguiendo la línea argumental marcada por el PP, Pons ha restado importancia al proceso judicial y ha recordado que "está imputado porque le han regalado cuatro trajes y cuatro corbatas", a lo que ha agregado: "No creo que nadie considere creíble que por cuatro trajes y cuatro corbatas se venda un presidente de la Generalitat valenciana".


Desafío de Camps


Sin embargo, pese a las continuas muestras de apoyo de dirigentes nacionales, Camps no parece estar muy convencido de que será finalmente el candidato y anoche, intentó forzar de nuevo su nominación convocando al comité electoral del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), que aprobó por unanimidad que sería la cabeza de lista para el 22-M.


¿Buena sintonía?


Las aclaraciones del presidente del comité electoral del PPCV, Pedro Agramunt, y su secretario, Vicente Rambla, de que todo se había hecho en "plena sintonía" con Génova no han convencido a nadie. Tampoco las de Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, quien ha explicado que la reunión en Valencia se convocó "a instancias" de la dirección nacional del PP. Esta coordinación y buena sintonía, sin embargo, no les lleva a incorporar en el orden del día del Comité Electoral Nacional la nominación de Camps y acabar así con las especulaciones.

www.elplural.com 15.02.11

9) CASO GÜRTEL: CAMPS SE AUTOPROCLAMA CANDIDATO PARA FORZAR QUE RAJOY LO CONFIRME

El valenciano desafía a la dirección del PP, pero Génova retrasa su proclamación

Francisco Camps lleva semanas pidiendo a la dirección nacional que le confirme como candidato. Solo puede hacerlo el Comité Electoral Nacional, presidido por Miguel Arias Cañete, que Génova retrasa una y otra vez. Y en Valencia la idea sobre la desconfianza de Mariano Rajoy en Camps se instala cada vez más.

Hasta ahora, el presidente valenciano presionaba discretamente, según confirman varias fuentes de la dirección. Y siempre recibía un no por respuesta. Pero ayer pasó de la presión discreta a un desafío público en toda regla. Camps se indignó después de que en la habitual rueda de prensa de los lunes Dolores de Cospedal, la secretaria general, muy distanciada del valenciano, insistiera en que "no hay fecha" para la proclamación de este y otros presidentes autonómicos, y explicara sin embargo que sí está previsto que se reúna el Comité Electoral Nacional esta semana solo para nombrarla precisamente a ella como candidata a Castilla-La Mancha. Cospedal tiene organizado un gran acto el sábado con Rajoy y quiere que el comité la confirme antes.

Camps estalló en cólera ante lo que entendía una injusticia. ¿Por qué se confirma a otros y a él no, que es uno de los pocos que lo está reclamando? Según diversas fuentes, llamó a Génova de nuevo para presionar y sobre todo decidió lanzar su desafío: convocó de urgencia para las ocho de la tarde de ayer un Comité Electoral de la Comunidad Valenciana para que le propusiese como candidato. Legalmente no sirve de nada, es un brindis al sol, pero es un claro gesto de presión.

Todos los dirigentes coinciden en que Rajoy no confirma aún a Camps porque está esperando a ver qué sucede en el proceso por cohecho impropio que el valenciano tiene pendiente. Y que puede estallar en plena campaña. Eso dispara los temores en el campismo: aunque Rajoy insista en que no contempla otra opción que su candidatura, lo cierto es que aún no es oficialmente candidato.

El desafío de Camps generó un enorme malestar en la calle Génova y la dirección contestó de forma tajante a través de sus portavoces oficiales: sigue sin haber fecha para confirmar a Camps y otros presidentes autonómicos, y esta semana -previsiblemente miércoles o jueves- se reunirá el Comité Electoral Nacional solo para nombrar a Cospedal. Camps no estará ahí, aunque se empeñe.

Rajoy ya no quiere a Camps pero tampoco va a echarlo. Le gustaría que dimitiera, insisten en su entorno. Pero él no se va a ir porque quiere que las urnas de alguna manera le absuelvan, siguiendo la doctrina de Carlos Fabra. Así que la situación está bloqueada. Aún así, fuentes de la dirección dan por hecho que Camps irá y que se confirmará su candidatura antes del 5 de marzo, fecha de la convención autonómica en Mallorca. No será esta semana, pero será, explican.

En cualquier caso el tono del comunicado del PPCV demuestra el nivel del desafío. "El Comité Electoral Nacional deberá ratificar la propuesta elevada por el PPCV. Camps encabezará por tercera vez la lista", señala.

Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat, vaticinó que Camps ganará con dos tercios de los votos valencianos, aseguró que todo se había hecho de acuerdo con la dirección nacional y que la candidatura será confirmada "cuando tenga a bien ratificar la propuesta el Comité Electoral Nacional". Pero no será tan pronto como Camps quería.

www.elpais.es 15.02.11

10) CASO GÜRTEL: HACIENDA PIDE INDAGAR UN TRÁFICO DE DIVISAS LIGADO AL PP DE MADRID

El dinero es de comisiones por contratas amañadas por Gürtel

La Agencia Tributaria ha pedido al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que ordene investigar movimientos bancarios de divisas por importe de casi 700.000 euros procedentes de cinco países relacionados con la sociedad Special Events, administrada por el número dos de Francisco Correa en la trama corrupta, Pablo Crespo.

Según un informe de Hacienda, tales divisas están ligadas con supuestos pagos de comisiones hechos por la firma Sufi a la red corrupta de Correa a cambio de contratas vinculadas al PP de Madrid y a Alberto López Viejo, exviceconsejero de Presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre.

Asimismo, Hacienda pide investigar "salidas y entradas de divisas" en España que suman casi otros dos millones de euros y que también estarían relacionadas con pagos "sin justificar" de Sufi a una extraña firma llamada Nige, sin apenas actividad y con un solo trabajador, Plácido Vázquez Diéguez. La policía sostiene que Vázquez entregó a la trama 1,7 millones a cambio de favores en la adjudicación de contratas de organismos gobernados por políticos del PP.

Hacienda destaca que Sufi "prestó fundamentalmente servicios a los Ayuntamientos de Madrid" -cuando López Viejo era edil del área de Limpieza, con José María Álvarez del Manzano en la alcaldía- y al de Majadahonda, en la época del alcalde Guillermo Ortega, otro de los principales imputados en Gürtel y a quien se le han descubierto cuentas en el extranjero.

Moratalaz

Las entradas y salidas de divisas de Special Events se produjeron, según Hacienda, entre 2002 y 2004. Fue precisamente en 2002 cuando se adjudicó la limpieza del distrito madrileño de Moratalaz a Sufi por 48 millones y por un periodo de 10 años. Según consta en el sumario de Gürtel, Sufi, entonces presidida por Rafael Naranjo, logró la adjudicación gracias a una comisión millonaria (un 3% de la operación, 1,2 millones) entregada a la red de Correa.

Otras contratas que recibió Sufi para tareas de limpieza salieron del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, entonces regido por Arturo González Panero, El Albondiguilla, imputado en Gürtel por haber recibido sobornos de la red a cambio de adjudicaciones. Hacienda destaca que hay "entregas de dinero" de Sufi "a la organización de Correa equivalentes al 3% del monto total de la adjudicación de los servicios de limpieza". Y añade que López Viejo, "que recibió dinero" de la red a través de Crespo, "obligaba a facturar por debajo de dos millones de pesetas [12.000 euros]

para así adjudicar los contratos directamente". También da por sentado la Agencia Tributaria, basándose en informes policiales, que las entregas de dinero de Sufi a la trama no están justificadas en trabajos reales. Hacienda explica al juez que, "teniendo en cuenta que el principal cliente" de Sufi "en los años 2002, 2003 y 2004 fue el Partido Popular, y en 2005 empresas vinculadas al Ayuntamiento de Madrid", es conveniente examinar el origen y destino de los fondos y divisas que se canalizan a través de las cuentas bancarias de Special Events.

www.elpais.es 14.02.11

11) CASO GÜRTEL: JUECES PARA LA DEMOCRACIA PIDEN A BARBERÁ QUE RESPETE A LOS TRIBUNALES

La alcaldesa insiste en pedir un debate sobre la justiciaJpD cree que las declaraciones de Barberá "evidencian su malestar partidista"

Jueces para la Democracia emitió ayer un duro comunicado sobre las manifestaciones realizadas por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en las que solicitaba un debate sobre la independencia de la Justicia. La alcaldesa hizo estas declaraciones el miércoles a la agencia Efe, antes de que se conociera que la Fiscalía fuera a solicitar la apertura de un juicio por cohecho al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Efe no dio a conocer esa parte del contenido de la entrevista hasta el pasado sábado, coincidiendo con un acto del PP, pero ayer Barberá se reafirmó en su petición.

En el PP se procuraba ayer distinguir su posición crítica con los fiscales de la que mantienen con los jueces. Pero la alcaldesa de Valencia volvió a insistir en la posibilidad de plantear "un debate sobre la independencia de la justicia, que es un poder del Estado de derecho como lo es el Poder Legislativo o el Ejecutivo". "¿Por qué no puede abrirse un debate sobre la realidad del Poder Judicial?". Rita Barberá fue ayer más comedida que en sus declaraciones iniciales, en las que se había mostrado "profundamente sorprendida por la evolución judicial" del caso Gürtel y también por el que pesa sobre su concejal de Urbanismo, Jorge Bellver. "Son una muestra", dijo entonces, para que se piense "en darle una vuelta a la independencia de la justicia", ya que aunque hay "jueces y fiscales profundamente independientes, a lo mejor no lo son todos".

Estas manifestaciones, reiteradas ayer con algo de sordina, fueron las que motivaron la nota de Jueces para la Democracia (JpD), "pues llega [Barberá] a sugerir que los magistrados instructores de los citados procedimientos (Gürtel y Bellver) no actúan con independencia de criterio y que podrían tener otros intereses".

JpD asegura que las resoluciones judiciales pueden ser cuestionadas, "pero las críticas deben expresarse con alegaciones jurídicas motivadas y no con descalificaciones hacia los jueces que solo evidencia el malestar partidista de quien las emite". Además, sigue la nota, "resulta sorprendente constatar que nos encontramos ante unas autoridades que aplauden la acción de la justicia cuando ésta les da la razón y luego califican de forma poco respetuosa sus actuaciones cuando creen que no resultan beneficiados".

Jueces para la Democracia opina que "determinados ataques a la actuación judicial no pueden enmarcarse en la aportación de argumentos constructivos, sino que más bien parecen intentar socavar la credibilidad social de nuestros tribunales". JpD finaliza su nota haciendo constar su preocupación por la falta de acatamiento de las resoluciones judiciales y reclamando una mayor responsabilidad por parte de "las autoridades valencianas" e instando a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y al Consejo General del Poder Judicial a intervenir "para recodar el respeto que se debe al principio de separación de poderes como elemento esencial de un Estado democrático".

Por su parte, los socialistas denunciaron que el único objetivo de las declaraciones de la alcaldesa era "distraer a la opinión pública para que no se hable de la petición de la Fiscalía Anticorrupción" contra Camps.

La portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, lamentó que "la alcaldesa, de nuevo, invoca el Estado de derecho cuando su actuación coincide con sus intereses, pero no cuando le perjudican".

Contundente, el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Enric Morera, tras mostrar su respaldo a la nota de JpD, aseguró que el "PP valenciano, con total seguridad, asumió gran parte del coste de la organización del congreso nacional o los actos de las elecciones generales de 2008. Aquí se pagaron los gastos y ni Rajoy ni Bárcenas pidieron las facturas ni nos las han enseñado. Por ese motivo Camps tiene cogido a Rajoy de la mano; si se lo lleva por delante se llevará también a Rajoy en su caída. El presunto delito por falsear la contabilidad de las elecciones generales prescribe a los tres años. Faltan unas pocas semanas. Ése es el principal problema para Rajoy: Que Camps tire de la manta y lo meta de lleno en Gürtel".

www.elpais.es 14.02.11

12) CASO GÜRTEL: EL PP VALENCIANO RESPONDE AL FISCAL CON UN ACTO DE ACLAMACIÓN A CAMPS

González Pons: "Le persiguen porque dicen que le han regalado cuatro corbatas"

ayer a Francisco Camps en un multitudinario acto de aclamación de candidatos municipales en Alzira, a 35 kilómetros de Valencia, como respuesta a la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio público pidió el viernes una multa de 41.250 euros para el presidente de la Generalitat valenciana por un supuesto delito continuado de cohecho impropio por aceptar regalos por valor de 14.021 euros de varias empresas de la trama Gürtel a cambio de decenas de contratos públicos.

El presidente del Gobierno valenciano augura una victoria electoral "épica"

Un millar largo de militantes populares aclamó al presidente valenciano cuando minutos después de las diez de la mañana entró en una sala de fiestas para compartir un almuerzo con sus compañeros de partido. Los periodistas que se acercaron al líder del PP en la Comunidad Valenciana cuando entraba en la sala para preguntarle sobre la solicitud del fiscal al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana solo obtuvieron una respuesta: "Todos somos conscientes de que estamos ante un éxito electoral sin precedentes, que demuestra que los valencianos quieren que el PP siga gobernando en la Comunidad Valenciana y en la inmensa mayoría de los ayuntamientos". A cada pregunta, la misma respuesta: "Estamos ante un éxito sin precedentes".

Los militantes de la organización provincial del PP de Valencia se tomaron una hora para almorzar. Ensalada, montaditos de lomo, agua y vino. No hubo café. Camps ocupó la mesa presidencial con cinco consejeros de su Gobierno, el presidente provincial del partido y su compañero Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación de la dirección nacional del PP.

Los primeros oradores insistieron en la honradez de Camps y solicitaron aplausos al presidente "por lo que está sufriendo". Nadie tuvo que hacer explícita la supuesta conspiración de todas las instituciones del Estado para derrocar al presidente valenciano. El auditorio ya la tenía asumida. Pero González Pons quiso aclarar algunos extremos: "Con los fiscales, los españoles no somos todos iguales ante la ley. No veréis a los fiscales impulsar actuaciones judiciales ante casos como los 10 millones de euros dados a la empresa donde trabaja la hija de Chaves ni sobre las obras adjudicadas por el tesorero del PSOE en el ministerio de José Blanco, ni los ERE de lujo de Andalucía. Aquí, total, por el regalo de cuatro corbatas te persiguen, pero si eres de Andalucía no lo hacen. Este no es el país que yo quiero".

En el arranque de su intervención, González Pons dio pie al discurso de Camps: "El PP es el único partido que puede decir que es de la Comunidad Valenciana".

El presidente de la Generalitat subió a la tribuna con tono exultante: "Valencia está orgullosa de ser Valencia y de ser del PP. Estamos convencidos de que hemos hecho la mejor gestión que nunca se ha hecho en la Comunidad Valenciana. Hemos hecho de esta tierra una tierra amable, abierta y potente". Camps auguró "una victoria épica el 22 de mayo" y evitó cualquier mención sobre sus problemas judiciales. Apenas deslizó: "Zapatero ha intentado ganar bajo todo tipo de artimañas esta tierra, porque sabe que si no gana en la Comunidad Valenciana no gana en España. Pero nosotros dijimos no, por aquí no pasarás. Y Rajoy ganará en la Comunidad Valenciana y en toda España".

El presidente valenciano insistió en presentar las próximas elecciones municipales y autonómicas como la antesala del relevo de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno: "Este partido ha contribuido a parar a Zapatero, le quedan pocos meses. Hoy, más que nunca, todos nuestros compatriotas saben que en Valencia comenzó el éxito de una nueva manera de entender España".

Camps recurrió a la identificación de su proyecto con los intereses de la Comunidad Valenciana en el resto de su discurso, una dimensión regionalista que es tónica habitual en sus intervenciones: "Yo sé qué queremos, cómo queréis que sea la Comunidad Valenciana, porque somos de aquí, de esta tierra. Somos las líneas que dicta el corazón de los valencianos. Por eso somos un proyecto indestructible. Por eso estamos más fuertes que nunca".

www.elpais.es 13.02.11

13) CASO GÜRTEL: EL FISCAL ACUSA A CAMPS DE COHECHO POR RECIBIR 14.000 EUROS EN REGALOS

Anticorrupción pide una multa y recuerda que hoy el delito implicaría cárcel

La posición del presidente de la Generalitat valenciana es cada vez más difícil de defender. Francisco Camps recibió ayer varias comunicaciones judiciales y todas resultaron contrarias a sus intereses. Camps había instado al ministerio público a pedir el archivo del caso de los trajes, y la Fiscalía Anticorrupción presentó ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano un severo escrito de conclusiones en el que pide sentarlo en el banquillo por un delito de cohecho continuado: haber recibido en consideración de su cargo "al menos" 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por valor de 14.021 euros de la trama Gürtel entre los años 2005 y 2008. Su abogado había intentado, paralelamente, dilatar el procedimiento planteando nuevas diligencias, y tanto el juez instructor, José Flors, como la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, las rechazaron.

Anticorrupción pide para Camps una pena de multa de cinco meses y 15 días con una cuota diaria de 250 euros. En total: 41.250 euros. La fiscalía recuerda que el castigo que reclama para el presidente valenciano es acorde con el Código Penal vigente cuando se cometieron los hechos. Con la nueva redacción del Código Penal, pactada el año pasado por PSOE y PP, el mismo comportamiento está castigado con pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.

La fiscalía solicita la misma pena para Ricardo Costa, que en el momento de los hechos era secretario general del PP valenciano y hoy es diputado regional; y Rafael Betoret, que era jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y es ahora jefe de protocolo de la Diputación. Para Víctor Campos, entonces vicepresidente de la Generalitat, pide una multa de 35.000 euros. Los cuatro habrían recibido regalos de la trama por valor de 40.374 euros en tres años.

El ministerio público considera acreditado que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, "con el fin de ganarse la amistad y el favor" de los imputados, "les hicieron llegar de forma continuada y en consideración a la naturaleza y rango de sus cargos determinados regalos para su uso personal, tales como trajes confeccionados a medida, calzado y otras prendas de vestir". Y que los acusados los recibieron siendo conscientes de que les eran entregados por su cargo, "desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre materias en relación con las cuales Correa, Pérez y Crespo mantenían importantes intereses económicos".

Entre 2004 y 2009, Orange Market, la empresa de El Bigotes (a quien Camps se refería como "amiguito del alma"), obtuvo contratos del Gobierno valenciano por unos 16 millones de euros.

Los regalos, señalan las fiscales, eran adquiridos en las tiendas Milano y Forever Young y eran abonados por seis empresas de la trama: Easy Concept, Diseño Asimétrico, Good & Better, Servimadrid y Orange Market. Los pagos a veces eran en efectivo y otras, a través de cheques y transferencias. Previamente, los empleados de las tiendas contactaban con los imputados para tomarles medidas. Camps y los otros tres acusados recibían las prendas en sus domicilios, en casa de El Bigotes, o en Orange Market.

Anticorrupción ofrece un anticipo del circo en el que se convertirá el TSJ valenciano si, como todo apunta, se abre juicio oral. La fiscalía solicita interrogar a los acusados y que comparezcan 22 testigos y peritos policiales, de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, ante un jurado popular.

El ministerio público insiste en suspender el procedimiento hasta que no se resuelvan las dos inhibiciones del juez del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso Gürtel, en favor del TSJ valenciano. Su aceptación implicaría el traslado a Valencia de nuevos delitos (cohecho, financiación ilegal, delito electoral, contra la Hacienda pública y otros) en los que estarían implicados 14 miembros del Gobierno y el PP valencianos.

www.elpais.es 12.02.11

14) CASO GÜRTEL: LA FINANCIACIÓN ILEGAL, EN EL LIMBO

El caso Gürtel no son solo los regalos de trajes a altos cargos del PP valenciano por parte de la trama que dirigía Francisco Correa. La policía tiene acreditados delitos de financiación ilegal del PP de Valencia a través de pagos que hacían a Correa potentes empresas de esa comunidad (adjudicatarias de jugosas contratas del Gobierno de Francisco Camps) para saldar deudas del partido con la red Gürtel que, a su vez, organizaban los actos electorales. Hacienda ya señaló que el PP de Valencia le ocultó gastos por importe de 2,5 millones. El juez Pedreira se inhibió a favor de Valencia de todo el asunto de la financiación ilegal, dado que entre los implicados estaría la cúpula del PP de esta comunidad (la mayoría, aforados). Pero el Tribunal Superior de Valencia aún no ha dicho si acepta investigar este asunto porque la inhibición está recurrida y no es firme. Fuentes jurídicas creen que Valencia se declarará incompetente y devolverá el asunto a Pedreira, quien, en ese caso, la elevaría al Tribunal Supremo para que dictamine quién debe investigarla. La causa, pues, sigue en el limbo.

www.elpais.es 12.02.11

15) CASO GÜRTEL: LOS JUECES IMPIDEN EL NUEVO INTENTO DE DILATAR EL CASO DE LOS TRAJES

La defensa del presidente pedía incorporar una grabación declarada ilegal

Los jueces frustraron ayer lo que a estas alturas parece el único objetivo de la defensa del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps: retrasar hasta donde sea posible la apertura de juicio oral por el caso de los trajes, el presunto delito por cohecho pasivo impropio en el que está imputado junto a tres altos cargos del Gobierno y el PP regionales. Tanto el juez instructor, José Flors, como la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, desestimaron las nuevas diligencias solicitadas por la defensa.

El entorno del presidente tenía puestas sus esperanzas en el recurso de apelación visto el martes por la Sala Civil y Penal. La misma que archivó la causa en 2009 con una interpretación que vaciaba de contenido el delito de cohecho pasivo impropio, lo que llevó al Tribunal Supremo a reabrir el caso en 2010.

El abogado de Camps solicitaba incorporar a la causa una conversación entre Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, y su abogado, grabada en prisión, porque consideraba que beneficiaba a la defensa. Pero esas grabaciones, recordó ayer la sala, fueron declaradas ilegales por el TSJ de Madrid y no es posible rescatarlas. Crespo, además, ha declarado en la causa lo mismo que decía en las grabaciones.

Es probable que la sala tenga que volver a pronunciarse. Flors también rechazó ayer dos peticiones de la defensa, y parece seguro que esta recurrirá.

www.elpais.es 12.02.11

16) CASO GÜRTEL: EL PP TACHA DE "DESPROPORCIÓN" LA PENA QUE PIDE LA FISCALÍA

El Partido Popular se movió ayer con extrema cautela tras conocer las conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de los trajes en el que se halla imputado Francisco Camps. El presidente de la Generalitat -de regreso a Valencia de un viaje oficial a Berlín con escala en Madrid- logró que Génova saliese en su defensa con una declaración en la que se volvió a descalificar la actuación de la fiscalía, se reiteró la confianza en la inocencia de Camps y se tachó de "desproporcionada" la pena de multa solicitada por el supuesto delito continuado de cohecho pasivo impropio.

En Valencia, la dirección regional del PP reforzó, poco después, el pronunciamiento de Génova al insistir en que "todo el partido" en la Comunidad Valenciana respalda a Camps como candidato a la reelección. Las mismas fuentes indicaron también que la fiscalía ha fracasado en su intento de vincular el caso de los trajes a la financiación irregular del partido.

www.elpais.es 12.02.11

17) MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ, AL BANQUILLO POR LLAMAR "NAZI" AL DOCTOR MONTES

Miguel Ángel Rodríguez, exportavoz del Gobierno de Aznar, se sentará en el banquillo por injurias y calumnias contra el doctor Luis Montes. La fecha fijada para el juicio oral es el 4 de abril. Ese día Rodríguez tendrá que declarar por haber llamado "nazi" a Luis Montes cuando comentaba el caso de las sedaciones en el hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid). Lo hizo repetidas veces en el programa 59 segundos, de Televisión Española y en La Noria, de Telecinco, en enero y febrero de 2008, cuando ya los tribunales había archivado el caso y concluido que no hubo mala praxis por parte de los médicos del hospital en la sedación de enfermos terminales.

La abogada de Montes, María Jesús Díaz Veiga, explicó ayer que se pide una multa de 30 euros diarios durante 35 meses y 60.000 euros por responsabilidad civil subsidiaria a cada una de las televisiones.

Rodríguez está acusado de injurias y calumnias. También por injurias continuadas, la fiscalía pidió 20.000 euros de multa. "Si alguna parte de la audiencia me ve, si alguna vez caigo en manos del doctor Montes o de sus secuaces, por favor llamen a la policía", dijo el exportavoz del Gobierno en la televisión. Después de eso, en tres ocasiones llamó "nazi" al médico y concluyó: "El que decide matar al alguien es un nazi".

Ahora Rodríguez, con quien este periódico intentó contactar sin conseguirlo, tendrá que explicarse. La fiscalía pide, además, que se dé publicidad a la sentencia en caso de condena, como parte de la "reparación del daño".

www.elpais.es 17.02.11

18) COTINO DICE QUE EL GOBIERNO FINANCIÓ A ETA EN LA TREGUA DE 2006

El ex director general de la Policía con el PP y actual vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino, apuntó ayer que tras el caso Faisán se esconde una posible financiación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a ETA durante la última tregua de la banda armada.

En una entrevista en Ràdio 9, la emisora pública de la Generalitat valenciana, Cotino sostuvo que lo importante del caso Faisán no es si hubo un chivatazo o no, sino que "allí se estaba negociando para pagar dinero a ETA, para que comprara las pistolas y los explosivos con los que volaron la T-4 y que los criminales viviesen refugiados en Francia". "Allí se estaba negociando con dinero para pagar durante la tregua", dijo Cotino, que insinuó que el dinero lo llevaba gente vinculada al "PSOE y PNV". El socialista Jorge Alarte dijo que Cotino debe "acabar ante un juez para aportar pruebas o para pagar por la basura que ha afirmado".

www.elpais.es 17.02.11

19) COSPEDAL PLANTEA COMO MODELO UN PLAN DE EMPLEO QUE NO EXISTE

La número dos del PP pasa en 48 horas de alabar las supuestas medidas de la Xunta contra el paro a evitar cualquier explicación sobre su contenido

Visto y no visto. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, evitó ayer concretar el contenido del Plan de Empleo de la Xunta de Galicia que ella misma puso el sábado como ejemplo de la política que "el PP de toda España" debe seguir para acabar con el desempleo. Un plan que la Xunta, presidida por Alberto Núñez Feijóo (PP), nunca ha presentado porque sencillamente no existe. Enfrentada a semejante desliz, la número dos de Mariano Rajoy trató ayer de evitar una respuesta cuando fue preguntada ante las cámaras de televisión durante una rueda de prensa. "En un aparte, si quiere usted, hacemos un especial del Plan de Empleo de Galicia y empezamos una por una porque, con todos los respetos, creo que es una pregunta más detallada y habría que ver muchos parámetros y muchas cuestiones. Si quiere lo hacemos luego", prometió.

Ya sin la presión de las cámaras, Cospedal no hizo ningún "aparte". La única explicación que ofreció, a través de fuentes de su entorno, fue que cuando habló este sábado en Galicia se refería a unas medidas específicas para autónomos que ha puesto en marcha la Xunta, informa María Jesús Güemes.

Galicia no sólo no tiene plan sino que Feijóo dice que no tiene competencias

Por dos veces

Nada más lejos de la realidad. Cospedal quiso poner "de manifiesto" el sábado en Santiago "el ejemplo que es para el PP de toda España el Plan de Empleo (...) que ha puesto en marcha el Gobierno de Galicia". Lo dijo dos veces, por si cabía alguna duda, subrayando, eso sí, que "sólo cuidando de los autónomos" y ayudando a las empresas "a comercializar en el exterior" será posible crear "puestos de trabajo".

Ni la Consellería de Traballo ni la de Economía de la Xunta quisieron ayer informar sobre la política del Gobierno gallego en relación con estos asuntos (en la actualidad sólo se tiene noticia de un plan de empleo autónomo 2010-2013 presentado como proyecto ante una mesa de diálogo y de la intención de la Xunta de abrir 14 oficinas en el extranjero para "abrir mercados"). La Xunta no sólo no ha presentado plan de empleo alguno sino que el presidente Feijóo negó la semana pasada tener "casi competencias para luchar contra el paro". Trató así de excusar el crecimiento del desempleo en Galicia durante su mandato, muy superior al del resto de España.

www.publico.es 15.02.11

20) EL JUZGADO ELEVA A 424,4 MILLONES EL EMBARGO PREVENTIVO A DÍAZ FERRÁN Y PASCUAL

Se ha desestimado que no se mantuviesen las medidas cautelares dictadas contra los ex dueños de Marsans

El Juzgado Mercantil nº12 de Madrid ha desestimado las medidas cautelares y ha elevado a 424,4 millones de euros el embargo preventivo de los bienes de Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, antiguos propietarios del Grupo Marsans.

En un auto firmado por la magistrada Ana María Gallego se desestima la petición por parte de los dos imputados de que no se mantuviesen las medidas cautelares dictadas contra ellos el 11 de noviembre de 2010.

Los administradores concursales solicitaron en la vista celebrada el pasado 2 de febrero que se elevasen hasta 430 millones de euros los bienes que podían ser embargados a los antiguos propietarios de Marsans y al nuevo dueño, la sociedad Posibilitumm.

En la vista se pidió por parte de los representantes de la administración concursal que se ajustase al alza el embargo cautelar, fijado inicialmente en 414,4 millones de euros, para adaptarlo al agujero patrimonial que acumulaba Viajes Marsans y el resto de sociedades del grupo turístico declaradas en concurso de acreedores.

Ellos colocaron en una situación de "iliquidez masiva y brutal" a Marsans

Los administradores concursales sostienen que tanto Díaz Ferrán como Pascual son "autores de la insolvencia" del grupo turístico y que fueron ellos los que colocaron en una situación de "iliquidez masiva y brutal" a la sociedad incluso antes de que se presentara el concurso de acreedores.

Por su parte, los dos empresarios, que no declararon ante la juez, calificaron de "rigurosamente falso" que sus actuaciones provocaran la insolvencia del grupo turístico, que a su juicio fue causada por la decisión de la asociación de aerolíneas IATA de retirarles la licencia para vender billetes de avión.

La titular del Juzgado considera que se debe mantener el embargo preventivo contra Gonzalo Pascual, Gerardo Dían Ferrán y Posibilitumm, que deben contribuir con sus bienes a cubrir la deuda contraída por el Grupo Marsans y por ello ha desestimado la petición de éstos contra las medidas cautelares, a la vez que los condena al pago de las costas.

www.publico.es 15.02.11

21) GONZÁLEZ PONS ACUSA A LOS FISCALES DE "ESCONDERSE BAJO LA TOGA FRENTE A LOS FAISANES Y SOCIALISTAS"

El sábado fue un día grandilocuente para el PP con un discurso frívolo y cargado de irresponsabilidad puesto en boca de su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, quien, además, de llamar a los españoles a la revuelta popular comparando la situación de España con la de Egipto, cargó contra los fiscales para intentar lavar la imagen del deteriorado Francisco Camps, a la espera de un posible juicio por la vertiente valenciana de la Gürtel y tras haber pedido la Fiscalía Anticorrupción una multa de 41.250 euros contra él por el delito de cohecho.

"No somos todos iguales ante la ley". Fue la sentencia usada por González Pons, desde Valencia, donde participaba en un acto electoral del PP regional. "No veréis a los fiscales impulsar actuaciones judiciales ante casos como los 10 millones de euros dados a la empresa donde trabaja la hija de Chaves ni sobre las obras adjudicadas" en el Ministerio de Fomento "ni en los EREs de lujo de Andalucía", agregó el dirigente .


Cuatro corbatas


"Aquí por el regalo de cuatro corbatas te persiguen, pero si eres de Andalucía no lo hacen. No es el país que yo quiero", ha dicho el González Pons, que unos minutos después, ante los medios, insistió en su argumento: "Si por cuatro corbatas te piden 40.000 euros de multa, a los que se han llevado 700 millones de euros en los EREs de Andalucía, qué tendría que pedirles la Fiscalía, por robar los millones de los EREs podridos, no pide nada".


La toga se esconde ante los faisanes


Según Pons, la Fiscalía no te trata igual si eres del PP o de otro partido político. "La Fiscalía solo acusa cuando es del PP y cuando son los faisanes y los socialistas, se esconde bajo la toga". El dirigente popular reiteró su apoyo al presidente valenciano y se mostró convencido de que no tendrá que sentarse en el banquillo por el caso de los trajes. Dirigiéndose a Camps, afirmó: "Estaré contigo hasta que dentro de mucho tiempo decidas dejar de ser presidente porque nosotros queremos que lo seas siempre".

www.elplural.com 13.02.11

22) COSPEDAL PIDE LA DIMISIÓN DE RUBALCABA Y SE NIEGA A CONTESTAR PREGUNTAS SOBRE CAMPS

La secretaria general del PP, María de los Dolores de Cospedal, ha pedido la dimisión del vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, por el caso Faisán y se ha negado a contestar a las preguntas de los medios de comunicación cuando ha sido interpelada por los periodistas sobre la situación judicial de Francisco Camps. La número dos de Mariano Rajoy, que inauguró en Santiago de Compostela la convención del PP gallego, habló de todo un poco, incluso elogió un plan de empleo de la Xunta que desconoce.

No sabe, no contesta; no contesta, no sabe. El caso es que cuando los periodistas preguntan a María de los Dolores de Cospedal por algún asunto que no le interesa, ésta dice: "Perdón, es que no entiendo lo que me está preguntando", o adopta una de sus mejores sonrisas y se niega a responder a los medios de comunicación.


Huyendo de Camps y de Valencia…


La segunda técnica, la del no sabe, no contesta y la sonrisa, es la que ha aplicado la secretaria general del PP en Santiago de Compostela, donde ha inaugurado una cumbre municipal de su partido. Cuando ha sido preguntada sobre la situación judicial del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, para quien el fiscal pide una multa de 41.250 euros por un "delito continuado de cohecho", Cospedal se ha hecho la sueca y cómo si no fuera con ella se ha negado a responder las preguntas que tenían a su compañero valenciano como protagonista.

…Arremetiendo contra Rubalcaba…


Eso sí, se ha mostrado encantada cuando en la ocasión pintaban bastos, mejor dicho, cuando ha llegado el momento de hablar de sus temas preferidos (ETA, ETA y luego ETA), y ha pedido la dimisión del vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, siguiendo fielmente los dictados que a diario le pone el periódico que dirige Pedrojota Ramírez por el caso Faisán. En este sentido, ha dicho que "o Rubalcaba no se enteraba de lo que hacían los mandos políticos del Ministerio, o lo sabía y no se lo contó a Zapatero, o Zapatero y Rubalcaba lo sabían y nos están engañando a todos. No hay más alternativas, dimisión".


…Y contra los medios de comunicación


Pero la polémica ha llegado cuando su jefe de prensa se ha enfrentado a todos los medios de comunicación tras elogiar Cospedal un plan de empleo de la Xunta de Feijóo que desconoce. "El plan que se ha puesto aquí en marcha es un ejemplo para toda España", dijo la secretaria general. Preguntado su equipo de comunicación sobre el plan al que se refería, la respuesta fue que "la Xunta ha puesto en marcha muchas medidas de empleo". Posteriormente, el gabinete de comunicación de la Consellería de Trabajo aclaró a duras penas que "se tiene que referir a los programas de autónomos" porque no sabían de que hablaba Cospedal.


En contra de la bicefalia


A María de los Dolores de Cospedal se le atragantó su discurso cuando habló del anterior gobierno bipartito gallego, al que calificó de "despilfarrador, oscurantista e intervencionista", añadió, "el de la bicefalia y el disparate", eludiendo que ella también es bicéfala, al compatibilizar a duras penas sus responsabilidades de secretaria general del PP, presidenta de esta formación en Castilla-La Mancha, diputada regional por Toledo y senadora autonómica. Pero eso no cuenta cuando te llamas María de los Dolores de Cospedal.

www.elplural.com 13.02.11

23) EL PP LLAMA A LA REVUELTA POPULAR

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, se ha referido este sábado, en Valencia, a las protestas sucedidas en Egipto, que han forzado el fin del régimen de Hosni Mubarak, y las ha comparado con la situación en España. "Españoles y españolas, valencianos y valencianas, ciudadanos hartos del paro y de la crisis económica, de la crisis de valores y de la crisis social, de la crisis política y de la depresión institucional. ¿Habéis visto a Egipto? El pueblo cuando quiere, puede, y el pueblo español quiere".

 

González Pons: "¿Habéis visto Egipto? El pueblo cuando quiere puede y el pueblo español quiere"

El acto donde González Pons ha comparado los regímenes políticos de Egipto y de España era una manifestación de adhesión a Camps, justo al día siguiente en el que el fiscal ha pedido que se encause al presidente valenciano por cohecho, ya que considera probado que éste aceptó regalos por valor de 14.000 euros. El vicesecretario general del Partido Popular, al tiempo que insinuaba que España es una dictadura similar a la egipcia, ha intentado minimizar las acusaciones de la justicia contra Camps diciendo que "total, (le acusan) porque dicen que le han regalado cuatro corbatas, por eso le persigue la fiscalía. Este no es el país que yo quiero".

En el mismo acto, Francisco Camps, que estaba rodeado por la plana mayor del gobierno valenciano, ha dicho que el gobierno intenta desprestigiarle para intentar "ganar bajo todo tipo de artimañas esta tierra. (Zapatero) sabe que si no gana la Comunidad Valenciana no gana España, pero nosotros le decimos que por aquí no pasarás". De la petición del fiscal, que podría llevarle a la cárcel, Camps no ha dicho nada.

www.elplural.com 12.02.11

24) C. A ANDALUCÍA: LA EX SECRETARIA DEL PP EN JAÉN DIMITE COMO CONCEJAL

La que fuera secretaria provincial del Partido Popular en Jaén, Inmaculada Solar, presentó ayer su renuncia como concejal en el Ayuntamiento de la capital por el enfrentamiento interno que mantiene desde hace tiempo con el presidente provincial del partido, José Enrique Fernández de Moya, que será el candidato popular en las próximas elecciones de mayo.

Fernández de Moya y Solar formaron el dúo que lideró la renovación en el PP jiennense en el año 2000. Pero tras el congreso de 2004 empezó un distanciamiento entre los dos, que se ha hecho especialmente visible en el último mandato municipal, donde Solar, que llegó a ser la portavoz del partido en el Consistorio, quedó relegada y sin ninguna responsabilidad en el grupo municipal.

Solar, que ha estado 12 años en el Ayuntamiento, admitió ayer las "diferencias importantes" con Fernández de Moya.

En cuanto a los motivos que la han llevado a tomar esta decisión, tienen que ver con la participación "prácticamente nula" que se le ha permitido en las labores de oposición. Por ello, y ante un momento en el que toca la elaboración de la lista electoral, ha preferido no "formar parte ni siquiera del cupo de las posibilidades, porque tenía muy claro que no iba a seguir". "No tengo buena sintonía con el presidente del partido y no era muy coherente querer formar parte de esa candidatura cuando no tienes sintonía con la persona", apostilló.

El siguiente en la lista de los populares es Luis Carlos Valero, gerente provincial de Asaja en Jaén. La de Solar no será la única ausencia destacable en las listas del PP. Fernández de Moya ha fulminado a la mayor parte del equipo de 12 concejales. Hasta ahora tan solo está asegurada la continuidad del secretario provincial, Miguel Ángel García Anguita.

www.elpais.es 18.02.11

25) C. A ANDALUCÍA: UN EMPRESARIO AJENO A LA ADJUDICATARIA GESTIONA LA PISCINA INVESTIGADA

A medida que pasan los días se siguen desgranando más datos reveladores de un caso que preocupa notablemente al PP de Málaga y que amenaza la imagen del Ayuntamiento de la capital, gobernado por el popular Francisco de la Torre. Lejos de calmarse el asunto, cada día ofrece nuevas vertientes de duda y de investigación. Y según fuentes consultadas por El Plural, lo conocido hasta ahora sería sólo la punta del iceberg de lo que podría conocerse en el futuro.

Según desvela hoy el diario "El País", la Unión Temporal de Empresas (UTE) que resultó concesionaria de la piscina municipal de El Puerto de la Torre de Málaga lo es solo en apariencia, y las decisiones sobre la gestión del centro las tomaría en realidad en la sombra Enrique Vega, empresario y directivo de una asociación cívica próxima al PP, Central Ciudadana.

Sin vinculación contractual pero de facto es el gestor

Aunque formalmente Vega no tiene vinculación societaria ni contractual con las dos sociedades que forman la UTE adjudicataria, la propia Fundación Deportiva Municipal lo reconoce de facto como gestor, al haberle enviado diversa comunicación sobre asuntos relacionados con la gestión del centro. Por ejemplo, en febrero de 2010 el Ayuntamiento le envió una carta en la que le instaba a saldar una deuda con Endesa por el suministro eléctrico a la instalación.

Vega recibe las comunicaciones oficiales

En julio del mismo año la Fundación Deportiva emplazó a Vega por escrito a solucionar una serie de deficiencias sobre las que se habían producido numerosas quejas de los usuarios sobre suciedad en las instalaciones, carencias, falta de agua caliente en las duchas y robos en los aparcamientos. Por qué estas comunicaciones se realizaron a Vega y no a los verdaderos titulares de la concesión es uno de los extremos que debe aclarar la investigación judicial sobre la concesión.

"Conseguidor"

Vega fue el mediador que el concejal de Urbanismo de Málaga, Manuel Díaz, presentó a su amigo Antonio López Belda, gestor de instalaciones deportivas, para que le buscara un socio con el que aliarse para concurrir al concurso de adjudicación de la piscina. López Belda, que finalmente resultó adjudicatario en alianza con el promotor Augusto Parody ha declarado a la fiscal que se subcontrataron servicios de la piscina con sociedades de Vega a precios abusivos que resultaron una asfixia económica para la adjudicataria.

Petición del PSOE de documentación

El grupo municipal del PSOE solicitó ayer al equipo de Gobierno del PP una relación de todas las subvenciones, convenios y contratos realizados con sociedades vinculadas con Vega en 2009 y 2010. Los socialistas dicen tener constancia de la existencia de al menos nueve concesiones por 300.000 euros en 2009. IU ha solicitado el rescate de la concesión.

www.elplural.com 12.02.11

26) C.A. ASTURIAS: UNO DE CADA CUATRO DIPUTADOS DEL PP ASTURIANO SE MARCHA CON CASCOS

Cinco de los 20 diputados del PP en el Parlamento asturiano se van al Foro Asturias. El último, Luis Peláez

Cinco de los veinte diputados del PP en el Parlamento asturiano han abandonado ya esta formación para sumarse al Foro Asturias, la nueva formación política creada en torno al ex vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos.

El parlamentario Luis Pelaéz se ha convertido este jueves en el quinto diputado que renuncia a su escaño tras la crisis abierta en el PP asturiano en torno a la designación de su cabeza de lista en las próximas elecciones autonómicas, que se saldó con la elección de la ex concejala ovetense Isabel Pérez-Espinosa.

Desde que Álvarez-Cascos, al que habían mostrado su respaldo siete mil militantes del PP asturiano a través de una campaña de recogida de firmas, abandonara la formación de la que había sido secretario general el pasado 1 de enero numerosos militantes y cargos locales del partido optaron por abandonar esta formación.

Tras presentar hoy su renuncia al escaño, Pélaez, diputado en las tres últimas legislaturas y afiliado al PP desde 1990, ha alertado de la "degradación" de la clase política asturiana que supone, a su juicio, el mayor problema de la región y ha señalado que, tras el último congreso regional celebrado en noviembre de 2008 había sufrido "la mayor decepción" de su carrera política.

A su juicio, en esa asamblea y en los meses posteriores y con el amparo de la dirección nacional, se inició una operación para "recortar las libertades" y la democracia interna en el seno del partido que se consumó con la designación "en un restaurante y sin soporte democrático" de Isabel Pérez-Espinosa como candidata.

A preguntas de los periodistas, Peláez ha asegurado también que la única semejanza entre la crisis actual del PP y la que acabó en 1998 con la expulsión del partido a instancias de Álvarez-Cascos del entonces presidente del Principado, Sergio Marqués, es que en ambos casos el responsable de la situación fue el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, "presidente 'de hecho' del PP de Asturias".

El ya ex diputado tuvo protagonismo en aquel periodo en el que ocupaba la Consejería de Medio Rural del Gobierno presidido por Marqués, al que apoyó inicialmente frente al entonces secretario general del PP, aunque finalmente optó por dimitir de su cargo junto al todavía parlamentario popular Ramón García Cañal.

De los seis diputados autonómicos del PP que mostraron su apoyo a Álvarez-Cascos únicamente se mantiene en su escaño Reinerio Álvarez-Saavedra, que ocupó durante doce años el cargo de secretario general de esta formación.

www.publico.es 17.02.11

27) C.A BALEARES: EL FISCAL CALIFICA DE "MONTAJE" EL CONTRATO DE MATAS CON CALATRAVA PARA LA ÓPERA DE PALMA

La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al ex presidente popular de Baleares Jaume Matas de actuar por "interés exclusivamente personal y partidista", para favorecer en 2007 su candidatura al Gobierno autónomo, al amañar la contratación por 1,2 millones de euros del arquitecto Santiago Calatrava para idear y presentar una maqueta de una Ópera en la bahía de Palma. Matas se halla imputado por nueve supuestos delitos de corrupción en el caso Palma Arena y evitó en marzo de 2010 ingresar en prisión al depositar una fianza de tres millones.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, en su escrito de acusación, en el que pide que se imponga a Matas una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones, ve "acreditados claramente" los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude, tras dos años de investigación. El juez José Castro decidirá en los próximos días si impone a Matas la fianza solicitada por la fiscalía.

"Absolutamente todo el expediente de contratación [de Calatrava] no es más que un montaje", asegura el fiscal en su escrito, firmado también por la letrada María Ángeles Berrocal, de la Abogacía de la Comunidad balear, que ejerce la acusación. Matas y su mano derecha, el ex consejero de Educación y diputado del PP Francisco Fiol, son acusados de maquinar una adjudicación directa, a través de la empresa pública Ibisec. Fiol, que es parlamentario autonómico y ve amenazada su carrera política, ha reprochado al Gobiermo balear, del PSOE, que "instrumentalice la justicia".

En el caso Palma Arena hay 25 piezas separadas desde que se inició en la Fiscalía Anticorrupción en 2008. Calatrava, imputado por un supuesto contrato ilícito, declaró ante el juez el pasado viernes.

El fiscal anticorrupción precisa en su escrito de acusación que Matas era "plenamente consciente de la práctica imposibilidad material y económica del proyecto" de construcción de la Ópera. Y añade que la contratación del arquitecto se efectuó para "beneficiar de forma arbitraria e injustificada a un particular". Calatrava sostuvo ante el juez que efectuó su trabajo de manera legal y transparente.

El fiscal Horrach señala que Calatrava no presentó ningún anteproyecto, tan solo un vídeo, dos maquetas y un power-point y se pregunta "¿qué se paga con un millón de euros? (...) No hay un solo documento, informe, estudio o análisis respecto a dicho proyecto que pruebe que se tuviera en cuenta mínimamente su viabilidad y financiación", detalla el fiscal. Y señala la "imposibilidad de realizar el encargo en el espacio temporal comprendido entre la firma del contrato (27 de abril de 2007) y la fecha de la pretendida presentación pública del proyecto", menos de una semana después.

www.elpais.es 13.02.11

28) C.A BALEARES: CALATRAVA ADMITE QUE MATAS LE ENCARGÓ A DEDO UN PROYECTO

El fiscal pide una fianza de 1,6 millones para el expresidente

El arquitecto e ingeniero valenciano Santiago Calatrava, imputado por un supuesto contrato ilícito de 1,2 millones de euros con el Gobierno balear de Jaume Matas (PP) en 2007, reconoció ayer ante el juez José Castro que el expresidente autonómico le encomendó el trabajo en septiembre de 2006, ocho meses antes de que se formalizara el contrato oficial, sin concurso público.

"No conocía a Matas", le contó Santiago Calatrava al juez, ante el que desplegó documentos, maquetas y planos para defender la legalidad de su contrato para alzar una ópera sobre el mar en la bahía de Palma -un asunto investigado en el escándalo de corrupción del caso Palma Arena-. El arquitecto afirmó que se había reunido por primera vez con el entonces presidente balear en Roma; se lo presentó Pedro Serra, editor, coleccionista y promotor del museo Es Baluard, donde Calatrava había levantado una escultura.

La Fiscalía Anticorrupción rechazó a última hora de ayer reclamar una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para el arquitecto valenciano, como habían dado por hecho algunos de los defensores y acusadores que siguieron sus dos horas de declaración.

El fiscal Pedro Horrach sí solicitó medidas cautelares para el exconsejero de Educación y diputado del PP Francisco Fiol. Si el juez las ratifica puede ver cercenada su carrera electoral inmediata, dado que el criterio del PP balear pasa ahora por vetar la presencia de imputados en sus listas. Fiol quiso ser alcalde de Palma, y es líder de su partido en la capital y portavoz adjunto en el Parlamento balear.

El fiscal ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para Matas -que ya soporta otra de tres millones de euros para evitar ingresar en prisión por el caso Palma Arena desde marzo de 2010-.

En el caso de Francisco Fiol, el juez deberá consultar antes con el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, puesto que, como diputado, está aforado.

www.elpais.es 12.02.11

29) C.A EXTREMADURA: SALEN A FLOTE LOS DESMANES DEL CANDIDATO POPULAR POR MÉRIDA, ACEDO

La candidatura del ex alcalde Pedro Acedo para las elecciones de mayo por Mérida ha provocado durante los últimos días un aluvión de informaciones en los periódicos locales, en los que se recuerdan los turbios negocios del clan Acedo [los hermanos Pedro y Ángel Acedo] a costa de adjudicaciones públicas, entre los años 1995 y 2007.

Las informaciones publicadas sobre todo en los diarios Hoy y El Periódico de Extremadura han revolucionado la capital extremeña, a pesar de que, según el actual alcalde, Angel Calle, "toda Mérida sabía esto", pues "se trata de algo que ya había denunciado el Grupo Socialista ante la indiferencia de mucha gente en su momento". ELPLURAL.COM reveló en 2009, en un amplio trabajo de investigación dividido en tres partes, las presuntas irregularidades del exalcalde popular.

Las adjudicaciones a Selex y la tapadera Brachtoon Enterprises


El abogado Ángel Acedo, hermano de Pedro Acedo, cobró más de 300.000 euros de dos entidades dependientes del Ayuntamiento: la Empresa Municipal de Transportes y la Gerencia de Urbanismo, entre los años 2003 y 2005 a través de la empresa Servicios Legales de Extremadura (Selex), de la que era socio, sin que mediara ningún contrato municipal. Selex era la sucesora de los despachos Ángel Acedo Penco y Bufete Acedo Abogados. Los datos provienen de una auditoría encargada por el Consistorio de Mérida en 2009. Tras Selex llegó Brachtoon Enterprises, un bufete tapadera que cobró otros 75.000 euros de la Empresa de Transportes en 2006 y parte de 2007.


Culturex y el proyecto europeo


Otra de las empresas relacionada con Ángel Acedo, Culturex, fue la encargada de la gestión de los más de 12 millones de euros llegados a Mérida procedentes de la iniciativa europea Interreg III, y facturó al Ayuntamiento 715.000 euros por asistencia técnica entre los años 2003 y 2006, coincidiendo con el último mandato como alcalde de su hermano, según El Periódico de Extremadura.


Cantidades mensuales fijas


Culturex pasaba las facturas al Ayuntamiento, con cantidades mensuales fijas -la mayoría de 51.000 euros- sin aportar justificación de las actividades realizadas, tal y como hacía el bufete Selex. Las facturas se emitían a pares, pues el programa europeo aprobó dos proyectos en Mérida, denominados Lusitania Cultural, dotado con 7.483.566 euros, y Lusitania Turística, con 4.626.634 euros.


"Gastos irregulares"


Una auditoría encargada posteriormente por la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda detectó "gastos irregulares" en el desarrollo del proyecto Lusitania Cultural y reclamó la devolución de 188.000 euros, porque, según alegó, no pudo tener acceso a la documentación que acreditó el concurso para la gestión del programa.


La comandancia: Santa Eulalia, 16


Los hermanos Acedo no pusieron demasiado empeño en disimular las conexiones entre las empresas favorecidas por el Ayuntamiento de Mérida durante los mandatos de Pedro Acedo. Los bufetes Ángel Acedo Penco, Acedo Abogados y Selex tenían igual dirección fiscal: calle Santa Eulalia, 16. La misma, por cierto, que la cadena de televisión TeleMérida y el diario La Capital, vinculados también al clan Acedo, y adjudicatarios de jugosos contratos por parte del Consistorio.

Tele Mérida y el diario La Capital, dos empresas favorecidas


Según datos oficiales de la contabilidad municipal, a las que ha tenido acceso el diario Hoy, entre enero de 2002 y junio de 2007 salieron de las arcas municipales 836.710 euros con destino a TeleMérida, S.A. y La Capital, S.L, que recibieron, además, de la Empresa Municipal de Transportes adjudicaciones por 234.494 euros, en el mismo período de tiempo. Esos importes, que suman 1.071.204 euros representaron el 95,5% de los ingresos de ambas compañías, de acuerdo con sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Badajoz

Ángel Acedo, rueda de prensa, para parar el escándalo


Este martes, Ángel Acedo, a quien muchos veían como el hombre fuerte de Mérida, a la sombra, durante los mandatos de su hermano, ha negado que haya cobrado dinero procedente del Ayuntamiento o de alguna de sus empresas. El abogado compareció en rueda de prensa para atajar las informaciones sobre él y el exalcalde que durante los últimos días son portada de la prensa local, y que hablan de adjudicaciones por casi dos millones de euros sólo durante el último de los gobiernos de Pedro Acedo.


Ángel Acedo dijo que comparecía ante los medios para "defender su honor", aunque las actuaciones que se le atribuyen no son constitutivas de delito, según él, puesto que no es incompatible que un alcalde contrate a su hermano. Reconoció, no obstante, que puede ser "poco ético".

www.elplural.com 17.02.11

30) C.A GALICIA: PACHI VÁZQUEZ AFIRMA QUE "FEIJÓO Y EL NARCOTRÁFICO ANDAN AHÍ, AHÍ"

El líder del PSdeG se declara víctima de un "chantaje" para silenciarle

El secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, elevó ayer el tono de sus ataques contra el presidente de la Xunta. "Feijóo y el narcotráfico andan ahí, ahí", acusó Vázquez, que evitó extenderse en explicaciones, más allá de advertir que "hay elementos que tendrá que explicar". El líder de los socialistas gallegos deslizó su acusación tras referirse a las actividades privadas del jefe territorial de Medio Ambiente en Pontevedra, José Luis Díez Yáñez, y de su antecesor, Evaristo Juncal, destituido tras conocerse que mantuvo negocios con testaferros de narcotraficantes. Minutos después, en otra conferencia de prensa, Feijóo zanjaba la polémica con una respuesta escueta: "Cada uno es responsable de lo que dice, allá cada cual".

El presidente replica: "Cada uno responde de sus palabras, allá cada cual"

El PP no contesta a la acusación de Vázquez para "no caer en la trampa"

El secretario general socialista critica "la ética" de Feijóo y Hernández

"Nombraron a pesonas claramente relacionadas con el narcotráfico", acusa

Sobre los jefes territoriales de la consellería que dirige Agustín Hernández, Vázquez apeló a las informaciones publicadas por este periódico, "donde aparecen al detalle los vínculos" de ambos delegados. En el caso de Juncal, apuntó que "lo destituyeron por algo", aunque el líder del PSdeG apuntó más alto. "Feijóo y Hernández nombraron" como representantes de la consellería en Pontevedra "a personas claramente relacionadas con el narcotráfico de este país", acusó. En el caso del conselleiro, Vázquez le invitó a explicar "qué tratos tenía con Pablo Crespo", número dos de la trama Gürtel y ex secretario de Organización del PP de Galicia.

Vázquez replicó al secretario general de Medio Ambiente, que la víspera en el Parlamento aseguró que la ética exigible a los delegados de la Xunta no debe ir "más allá de la ley de incompatibilidades". "La frase es para echarse a temblar", lamentó el líder del PSdeG, aunque consideró que esa doctrina "encaja mucho en lo que hace Feijóo". La "ética" del presidente de la Xunta la describió con referencias al transfuguismo, la corrupción, el nepotismo y el "uso del Gobierno" contra la oposición, en referencia al "asalto" de sedes de Unións Agrarias en busca de datos contra el PSdeG.

Aunque Vázquez respondía a preguntas sobre los delegados de Hernández en Pontevedra, el ambiente político y la propia rueda de prensa dl líder socialista venían previamente caldeados por la polémica sobre las obras de su casa en San Amaro (Ourense), investigadas por la Axencia da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente. Preguntado en reiteradas ocasiones por la presumible visita de inspectores de la APLU a su residencia, Vázquez insistió en que la justicia "pondrá a cada uno en su sitio". Eso sí, recordó que el ex jefe territorial Evaristo Juncal "tenía casas ilegales, pero esas no las va a visitar nadie".

"Todo este nivel de manipulación y mentira va a acabar en el juzgado y, una vez más, cada uno en su sitio", señaló el líder socialista. "Pasarán por el juzgado los que tengan que pasar para recuperar" la justicia, indicó, para agregar que cree en ella y que está "absolutamente tranquilo". "Es muy fácil mentir, calumniar y difamar, pero en un Estado de derecho es maravilloso tener el amparo de la justicia", se defendió Vázquez, que añadió que si alguien piensa que "con chantajes y amenazas va a silenciar al PSOE o a este portavoz, es que no entiende nada".

Si Feijóo optó por una respuesta tibia a las acusaciones de Vázquez sobre el narcotráfico, el Partido Popular hizo otro tanto. "En lugar de responder a los datos aparecidos en la prensa sobre sus presuntas irregularidades", aseguró el partido en un comunicado, el secretario general del PSdeG "demostró su categoría moral diciendo barbaridades". La nota añade: "El PP no va a caer en la trampa de valorar sus palabras para desviar la atención de una persona que acostumbra a escudarse en su acta de diputado para decir el primer exabrupto que se le ocurre". Los populares prefirieron centrarse en el caso de la vivienda de San Amaro, e instaron al líder socialista a aclarar si permitirá a los inspectores de la APLU visitar las obras.

www.elpais.es 18.02.1

31) C.A GALICIA: LA XUNTA AVALA AL JEFE DE URBANISMO QUE TRABAJÓ PARA 14 CONSTRUCTORAS

La ética no debe ir "más allá" de la ley de incompatibilidades, alega el Gobierno

Al día siguiente de poner fin a su primera etapa en la Xunta, en enero de 2004, el ahora jefe territorial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Pontevedra fichó para una empresa a la que adjudicó obras, en su calidad de delegado provincial de las consellerías de Medio Ambiente y de Agricultura. Antes de recorrer al menos 13 sociedades relacionadas con Sedesa, grupo que aparece implicado en el sumario del caso Gürtel por presunta financiación ilegal del Partido Popular, José Luis Díez Yáñez fichó por Ploder Uicesa, también tocada por las ramificaciones de la Gürtel. A ella adjudicó al menos dos contratos: el primero, en octubre de 1987, y el segundo, en septiembre de 2001 y en UTE con Audeca, por 64,92 y 25,38 millones de pesetas, respectivamente.

Díez Yáñez trabajó en Ploder, también con vínculos con el 'caso Gürtel'

Su reingreso en la Xunta se produjo sin reconocimiento de incompatibilidad

Díez Yáñez dejó la Administración autonómica el 14 de enero de 2004, después de haber pasado por dos delegaciones provinciales y por la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. El 15 de enero, fichó por Ploder Uicesa, a la que había adjudicado un concurso para el sellado del vertedero de O Saviñao y una red de caminos de servicios y obras en una zona de concentración parcelaria de Cerdedo. En Ploder permaneció hasta el 17 de febrero de 2005, cuando inició su periplo por las compañías de Sedesa. Como representante de este grupo, el ahora responsable de Urbanismo en Pontevedra presentó un contencioso contra el Ayuntamiento de Sanxenxo para reclamar 4,8 millones de euros, como consecuencia de un polémico acuerdo firmado dos semanas antes de que Telmo Martín dejara la alcaldía.

Ploder Uicesa, que acabó en quiebra, está relacionada de forma indirecta con la Gürtel, por la adjudicación de obras millonarias por Administraciones del PP. La más relevante, la construcción y explotación de un hospital de Vallecas que se adjudicó en unión con el imputado José Luis Ulibarri. Ploder estaba presidida por el suegro del entonces concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herráez. El sumario del caso Gürtel desvela que la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid, presidida por Herráez, amañó un contrato en 2004 de 153.000 euros a la empresa Special Events, de Francisco Correa. Herráez también mantuvo negocios con Francisco Bravo, un polémico constructor relacionado con el tamayazo.

El nombramiento de Díez Yáñez fue debatido ayer en el Parlamento, donde el secretario general de la consellería, José Antonio Fernández, apeló a la ley de incompatibilidades para avalar las actividades privadas del jefe territorial. "Presentó un escrito que demuestra que causó baja con anterioridad al ingreso", afirmó, para concluir: "Por tanto, no hubo incompatibilidad". Preguntado por el diputado socialista José Manuel Lage sobre la ética del nombramiento, el portavoz de la consellería replicó: "Las normas éticas ya están incluidas en las de incompatibilidades, y a ellas hay que remitirse, no yendo más allá".

La compatibilidad de Díez Yáñez con su reingreso en la Xunta está también plagada de incógnitas. El ahora jefe territorial regresó a la Administración gallega el 7 de junio de 2010, pero no firmó el acta de renuncia a sus poderes en las empresas de Sedesa hasta el 2 de agosto, ni consta que formulara solicitud de compatibilidad alguna, según confirmaron fuentes de la consellería que dirige Agustín Hernández. La ley de incompatibilidades exige a los funcionarios un reconocimiento previo de compatibilidad para ejercer cualquier actividad privada, que en ningún caso puede estar relacionada con su departamento. Antes de ser nombrado jefe territorial, entre junio y agosto pasado, Díez Yáñez permaneció como funcionario en la Consellería de Presidencia. Su nombre todavía figura en el registro mercantil como apoderado de Mirador de Zapateira, del grupo Sedesa.

El anterior delegado abandonó el cargo "ante las suspicacias"

El antecesor de Díez Yáñez en la jefatura provincial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Evaristo Juncal, mantuvo negocios con testaferros de narcotraficantes, levantó un chalé ilegal y permaneció 24 años sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles. Pero la consellería solo lo destituyó "para evitar suspicacias", según afirmó ayer en comisión parlamentaria el secretario general de la Consellería, José Antonio Fernández.

En su comparecencia para explicar los negocios privados de Juncal y Díez Yáñez, el representante de Medio Ambiente evitó hablar de cese. "Fue la no prórroga de una comisión de servicios para evitar suspicacias", manifestó, por la "existencia de vínculos entre su negocio y su actividad pública". Fernández rebajó al máximo las competencias del jefe territorial, al asegurar que "no tiene facultades resolutorias". El cargo de jefe territorial de la consellería de Agustín Hernández lleva aparejadas competencias en Urbanismo como la presidencia de la Comisión Provincial de Vivienda y del Instituto Galego de Vivenda e Solo. Díez Yáñez fue de hecho el instructor del recurso presentado por la empresa del exalcalde de Sanxenxo Telmo Martín, Construcuatro, contra la sanción por cobrar sobreprecios en viviendas protegidas de Navia, en Vigo.

El secretario general de Medio Ambiente negó "incompatibilidades" de Juncal, ya que se le aplica la ley que afecta a los funcionarios, no a los altos cargos. El socialista José Manuel Lage, autor de la pregunta parlamentaria, se preguntó si "la ética que pregona [el presidente de la Xunta] Feijóo es compatible" con las "suspicacias". Lage acusó a Hernández de "poner a los zorros a cuidar de las ovejas".

www.elpais.es 17.02.11

32) EL BNG PIDE UNA COMISIÓN PARA INVESTIGAR AL JEFE TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE EN PONTEVEDRA

El Grupo Parlamentario del BNG ha presentado una iniciativa en la Cámara gallega por la cual reclama que se constituya una comisión de investigación para indagar sobre el "conflicto urbanístico" de la localidad pontevedresa de Sanxenxo y, en concreto, acerca de las actuaciones del actual jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, José Luis Díez Yáñez, cuando trabajaba para la empresa privada.

   En concreto, los nacionalistas se refieren a la construcción de una urbanización de lujo por parte de una empresa de la que el alto cargo era apoderado en su momento, y que pertenecía al grupo Sedesa --"implicada en el Gürtel"--, y que renunció a hacer vivienda protegida en ese espacio.

   Debido a esa situación, pagó 4,7 millones por la monetarización correspondiente por el proyecto, pero, con la aprobación de la Ley de medidas urgentes --que elimina exenciones para evitar reservar el 20 por ciento a vivienda protegida--, la constructora interpuso un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Sanxenxo para reclamar la devolución de esa cuantía.

   En rueda de prensa, el diputado por la provincia de Pontevedra Bieito Lobeira y el portavoz del Bloque en Sanxenxo y candidato a la Alcaldía, David Otero, además de pedir esta comisión de investigación vía proposición no de ley (el BNG no tiene capacidad --se necesita un mínimo de 15 diputados-- para que se debata directamente la creación de este órgano parlamentario), también reclamaron el "cese" del jefe territorial en Pontevedra, tanto como jefe territorial, como de su cargo de presidente de la comisión provincial de vivienda del Instituto Galego de Vivenda e Solo.

SUCESIÓN DE HECHOS

   Los nacionalistas explicaron que el 22 de noviembre de 2006, cuando el actual candidato del PP a la Alcaldía de Pontevedra, Telmo Martín, era regidor de Sanxenxo (dos semanas después abandonó esta responsabilidad) y la actual secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo y gerente de urbanismo entonces en ese ayuntamiento Encarnación Rivas, firmaron un convenio para construir 1.330 viviendas de lujo en Monte Faro, cerca de un campo de golf, a la empresa Mirador Sanxenxo. A cambio de que la promotora no tuviese que construir vivienda protegida en ese complejo, el ayuntamiento ingresó 4.797.796 euros.

   Mirador Sanxenxo S.L. pertenece al grupo Sedesa, "implicada" en el caso Gürtel. El administrador único era "Vicente Cotino Escriba" y se nombró como "apoderado único" a José Luis Díez Yáñez, según explicó David Otero. Los nacionalistas recuerdan que el ahora jefe territorial, con anterioridad a ese apoderamiento había ejercido otros cargos de responsabilidad político como delegado provincial y director xeral de la Consellería de Medio Ambiente con el Gobierno de Manuel Fraga.

   Cuando se aprobó el proyecto, puesto que el plan de ordenación de Sanxenxo no estaba adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de 2002, los desarrollos urbanísticos no estaban sujetos a incluir viviendas de protección oficial, pero la ley de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo modificó la anterior normativa, lo que obligaba a esa reserva.

   En este contexto, según han relatado los nacionalistas, Mirador Sanxenxo S.L. presentó un recurso de reposición solicitando la devolución del dinero ingresado al ayuntamiento, firmado por José Luis Díez Yáñez", y con fecha del 11 de septiembre de 2009, cuando ya había asumido el PP las riendas de la Xunta. La constructora interpuso, finalmente, un contencioso-administrativo contra el ayuntamiento.

   Con posterioridad, en agosto de 2010, José Luis Díez Yáñez fue nombrado jefe territorial en Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas y presidente de la Comisión Provincial de Vivenda do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

"ÉTICAMENTE REPROBABLE"

   "Es éticamente reprobable, legalmente investigable y políticamente intolerable", ha manifestado el parlamentario nacionalista en su intervención, quien ha cuestionado que la misma persona que "combatió la existencia de vivienda pública" en Sanxenxo se encargue ahora de gestionar este mismo extremo en la comisión de IGVS. "Es evidente que existe una incompatibilidad clara", ha recalcado.

   Para Bieito Lobeira, es necesario "acabar de una vez con la impunidad del PP en materia urbanística" y llamó la atención sobre que en este punto siempre haya "los mismos nombres: Telmo Marín, Agustín Hernández --conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas--, y José Luis Díez Yáñez".

   En este línea se pronunció el portavoz del BNG en ese Ayuntamiento pontevedrés al denunciar la "colaboración necesaria del PP en Galicia y a nivel estatal en estos negocios y los cruces entre lo público y lo privado". Además, también advirtió de la "colaboración" en la situación "gravísima" que vive el ayuntamiento de la actual alcaldesa de Sanxenxo, Catalina González.

   David Otero ha reivindicado "una buena imagen" para el ayuntamiento de Sanxenxo frente a la situación de la que culpa a los populares y advierte de que la devolución de los 4,7 millones de euros dejaría las arcas municipales prácticamente "en quiebra".

http://www.europapress.es/galicia/noticia-bng-pide-comision-investigar-jefe-territorial-jose-luis-diez-conflicto-urbanistico-sanxenxo-20110217135144.html

33) C.A GALICIA: BALTAR DESTINÓ 600.000 EUROS A CONSTRUIR UN VERTEDERO SIN AUTORIZACIÓN AMBIENTAL

La Diputación ourensana pide el permiso casi un año después de acabar la obra

La Diputación de Ourense ha construido con fondos comunitarios un vertedero de residuos de construcción sin autorización medioambiental integrada y sin la evaluación de impacto ambiental que exige la ley. La institución provincial destinó a esta obra una subvención de la UE por importe de 600.000 euros procedentes de fondos Feder y la acometió en cuatro meses, entre marzo y junio de 2010. Casi un año después, la Diputación saca el proyecto de la obra a información pública para pedir autorización.

La Xunta eximió a la planta de la licencia municipal cuando estaba terminada

Grupos políticos, ecologistas y la asociación de recicladores de residuos de Galicia han cuestionado no solo la legalidad de la obra, sino la necesidad de este vertedero "sin interés público ni social" en una comarca en la que existen ya dos plantas similares de gestión privada que, en este momento de crisis, han visto reducida su actividad al 15% de su capacidad como consecuencia de la escasa actividad en este sector empresarial.

La primera denuncia sobre la supuesta ilegalidad de la obra la realizó la asociación ecologista Adega. Envió un escrito al Valedor do Pobo alertando de que la actuación carecía de licencia municipal. Pero el Valedor informó de que no era necesaria. El Consello de la Xunta había ordenado la supramunicipalidad de esta actuación. Lo hizo después de que se ejecutara la obra, el 1 de julio de 2010.

Según la denuncia de Adega, confirmada por la oposición de Xinzo, los vertidos ("fundamentalmente de neveras viejas, sofás y otros residuos domésticos") comenzaron a depositarse antes de que se construyera la planta. "Está todo ahí enterrado", sostiene la portavoz socialista en ese Ayuntamiento, Elvira Lama. En su contestación a Adega, el Valedor informaba el año pasado de que "en la actualidad, está en tramitación" la autorización ambiental integrada ante la Consellería de Medio Ambiente.

Un año después, el vertedero carece de ella según la denuncia de los empresarios de residuos de la construcción. El Ayuntamiento de Xinzo se desentiende. "Es una obra supramunicipal, nosotros no tenemos nada que ver, corresponde a la Diputación", explica el alcalde, Antonio Pérez (PP). El técnico responsable de la institución provincial, el jefe del servicio de ingeniería, Javier Bobe, está ilocalizable para este periódico.

La asociación de recicladores de residuos de la construcción, Arcodega, insiste ahora en la misma denuncia. El colectivo empresarial ha informado a la Xunta de que la planta para cuyo proyecto se pide autorización está finalizada "sin estar resueltas la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental" que exige la legislación vigente. Arcodega alega además que la instalación cuenta con un denominado vaso de rechazos, sometida a una orden reguladora de la propia Xunta sobre construcción y gestión de vertederos de residuos "sin que se considere esta disposición" en el informe público de la Diputación.

El colectivo empresarial reclama a la Xunta que reconsidere la ubicación de la planta, construida con el dinero de los fondos comunitarios, y se traslade a una comarca en la que su construcción se justifique con datos de interés público y social. Alega que en la zona existen ya dos vertederos privados que cubren sobradamente los servicios del sector, cuya viabilidad económica queda ahora afectada por la planta de titularidad pública. Según Arcodega, en el proyecto sometido ahora a información pública, la justificación del interés público se basa en "datos obsoletos" sobre la producción de residuos de la construcción y no tiene en cuenta la crisis del sector.

www.elpais.es 18.02.11

34) C.A GALICIA: FEIJÓO DICE QUE LA REDUCCIÓN DE SUELDOS ES PARA LOS BIPARTITOS

La promesa fundamental que el PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, contrajeron con sus militantes el pasado fin de semana ha durado exactamente tres días. Lo que tardaron sus candidatos de Lalín y Ribeira -y los de otros municipios pequeños que no han querido hacerlo con nombres y apellidos- en explicar que la propuesta de reducir un tercio las dedicaciones exclusivas en los ayuntamientos, explicitada por Feijóo, es irrealizable. Ayer, el presidente del partido dio marcha atrás en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

Y eso que en el estrado del Palacio de Congresos, el sábado, Feijóo había dicho al auditorio, repleto de candidatos, alcaldes y militantes populares : ""Permitidme, respetando la autonomía local, que os pida, que reduzcais el 30% de todos los gastos, en personal eventual, cargos de confianza, parque móvil y concejales de plena dedicación".

Ese fue el mensaje textual que trasladó a los suyos el fin de semana hasta en dos oscasiones. Ayer matizó esas palabras hasta concluir que se refería a aquellas instituciones donde hay gasto superfluo, es decir en los bipartitos de las ciudades y algunas diputaciones. Estas fueron sus palabras: "Es evidente que es para los ayuntamientos donde hay un gasto superfluo, ahí hay que hacerlo, y desde luego donde entendemos que hay un gasto superfluo es en los ayuntamientos bipartitos, en las ciudades y diputaciones. Es donde pensamos que hay más gasto superfluo, es evidente que donde no lo hay, no se puede actuar".

Por otra parte, Feijóo también se refirió tras la reunión de su Gobierno al caso Faisán para exigir que el Gobierno explique si hubo un chivatazo a ETA. Preguntado por si Camps debe ser candidato, rehuyó el tema alegando que no se había tratado en la reunión del Consello de la Xunta.

www.elpais.es 18.02.11

35) C.A GALICIA: LOUZÁN: "DEBERÍA HABER UN CONTROL MÁS ESTRICTO DE LO QUE SE PUEDE INFORMAR"

El líder del PP pontevedrés defiende a su "intachable" candidato en Gondomar

El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Louzán, se mostró ayer muy molesto con la información publicada el pasado domingo en este periódico que revelaba que el recién anunciado candidato a la alcaldía de Gondomar, Fernando Guitián, es administrador de una promotora inmobiliaria con intereses en el municipio.

Tras expresar su enojo, Louzán concluyó: "Debería haber un control más estricto de lo que se puede informar y de lo que no". En una conferencia de prensa celebrada en la Diputación, Louzán acusó a EL PAÍS de publicar informaciones "que no se ajustan a la realidad". No apoyó su acusación con datos.

"Hoy en día estar en la vida política es una profesión de riesgo", afirma

Sostiene que su partido actuó contra los escándalos urbanísticos

Louzán tampoco precisó con exactitud si como presidente provincial del partido estaba al tanto de la actividad promotora de Guitián, que pasó por alto cuando lo presentó como candidato y destacó su currículum, la semana pasada. "Si algo hace el PP es que primero averigua, trabaja, conoce a las personas y a partir de ahí las nombra como responsables políticos en diversos sitios", dijo de entrada, para añadir a renglón seguido: "Nadie, ningún partido político, está libre de cualquier otra circunstancia y de que pueda suceder algo que sea desconocido para nosotros". Guitián administra una sociedad que levantó una urbanización de seis chalés en Gondomar, gracias a una licencia dada en 2006 por el ex alcalde Carlos Silva, condenado por prevaricación. El permiso se basaba en un plan de ordenación anulado por el Tribunal Supremo.

Louzán calificó la trayectoria del candidato como "intachable" y lanzó una amenaza difusa a quienes publiquen informaciones como la de este diario. "Espero que no se vuelvan a producir cuestiones como esta porque llevará evidentemente consigo que se tengan que tomar algún tipo de actitudes en relación a comentarios que se hacen con el fin único y exclusivo de hacer daño".

Para el líder del PP pontevedrés no caben suspicacias respecto a la oportunidad de que una persona pueda ser a la vez alcalde en un municipio golpeado por la corrupción urbanística y tenga a la vez inversiones en el sector de la construcción. Todo lo contario. Lo conveniente, desde su punto de vista, es favorecerlo. "En la vida hay que premiar a las personas que saben arriesgar", opuso, en ese sentido. "Hay otros que evidentemente prefieren estar mirando a ver qué pasa, en todo caso, si les aparece una oportunidad. Pero hay personas que arriesgan, y este es el caso", insistió.

Louzán se quejó de la presión de los medios, que a su entender lleva a muchas personas con vocación de servicio público a echarse atrás a la hora de participar en política. "Es una profesión de riesgo hoy en día estar en la vida política", lamentó. Se mostró esquivo, sin embargo, a la hora de concretar con qué parte de la información publicada estaba en desacuerdo. "No puedo estar ahora aquí rebatiendo dato a dato", adujo en un primer momento. Después insinuó: "Ya lo aclararán donde tengan que aclararlo. Evidentemente no lo voy a aclarar yo aquí; ya lo harán en el sitio oportuno". Repitió, sin embargo, que la publicación era "sesgada" y que buscaba hacer daño al candidato y a sus familiares.

Louzán también aprovechó para efectuar un veloz repaso del último lustro de la vida municipal en Gondomar, que dejó un rastro de condenas judiciales a cargos del PP por su gestión delictiva del urbanismo durante la legislatura anterior. "Cada uno, en este caso, ya está donde está. Los que tuvieron en este caso sentencias o los que tuvieran en cualquier momento cada uno, ya está asumiendo su responsabilidad sin ningún problema. El PP actuó, las personas también actuaron con responsabilidad y están donde están, ¿cuál es el problema?", inquirió.

www.elpais.es 15.02.11

36) LA XUNTA PROMETIÓ A LOS SINDICATOS UN PLAN DE CHOQUE CONTRA EL PARO

Las medidas para jóvenes y parados de larga duración deberían estar este trimestre

La mayoría de las políticas activas de empleo ya se acordaron el pasado mes de julio entre Xunta y sindicatos. Sin embargo, el plan de empleo que el PP prometió en su programa electoral -junto a otros seis sobre colectivos específicos- llegó a finales del año pasado a la mesa del diálogo social en la que la Xunta negocia con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) las políticas en materia de empleo, por lo que están aún sin debatir parte de las acciones contra el desempleo del Gobierno. Entre ellas, la que afecta a los colectivos más perjudicados por el aumento del paro, que en Galicia creció un 20,9% durante el pasado año. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamentó la pasada semana no tener "prácticamente ninguna" competencia en materia de empleo cuando no ha puesto en marcha ninguno de los planes que prometió en campaña. Además de este proyecto general para estimular el empleo, la Xunta no ha presentado aún ni las intenciones de lo que deberían ser otros seis planes específicos si Feijóo siguiese sus promesas electorales.

Traballo presentó un plan a los agentes sociales que incluía medidas para jóvenes, mujeres, discapacitados o parados de larga duración, pero que los sindicatos no compartían y que ahora comenzarán a analizarse "teniendo en cuenta las especificidades" de cada caso, explica la responsable de empleo de Comisiones Obreras, Maica Bouza. Para los jóvenes y desempleados de larga duración, dos de los colectivos más afectados, la Xunta plantea un plan de choque con itinerarios personalizados de inserción que estén tutelados por personal del servicio de empleo. Aunque Traballo comprometió el plan para el primer trimestre de este año, según los sindicatos, está en una "fase muy inicial". "Aún estamos en fase de intercambio de ideas, viendo qué colectivos tienen más dificultades para salir del desempleo", puntualiza Bouza. Este plan de choque se complementaría con decisiones del Gobierno central, como los 400 euros a parados sin prestación por desempleo, a las que a su vez se unirían medidas de inserción laboral que debe concretar la Xunta.

Los participantes en la mesa del diálogo social que se refiere a estas políticas de empleo trabajan también en mejorar los incentivos a la creación de empleo que paga la Xunta. Sobre estas subvenciones, que tratan de fomentar la contratación indefinida por parte de las empresas de los grupos más afectados por el paro, se trabaja en "redefinir los colectivos" y "concretar las medidas que peor resultado tuvieron", explica Domingo Barros, responsable de empleo y formación de UGT en Galicia. El plan de incentivos deberá pasar por el Consello Galego de Relacións Laborais antes de que se publique en el Diario Oficial de Galicia.

La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, insistió ayer en que "la hoja de ruta [en referencia a los planes prometidos en el programa del PP] lleva el ritmo de trabajo del diálogo social". Mato recalcó que los agentes sociales tienen "mucho que decir y aportar" a esas ideas iniciales y destacó que, tras nueve meses de negociaciones, el pasado verano se firmaron a unos acuerdos de empleo "fruto del diálogo y del consenso". "Hay distintas iniciativas que ya se desarrollan y otras que se espera que se firmen en breve", dijo y destacó entre estas últimas las que atañen a mujeres y jóvenes. Además, la Xunta trabaja en planes de empleo vinculados con tres sectores estratégicos para Galicia como son el naval, la automoción y el textil, que presenta hoy la Consellería de Economía e Industria.

www.elpais.es 15.02.11

37) C.A GALICIA: EL CANDIDATO DEL PP EN GONDOMAR PROMUEVE OBRAS EN EL MUNICIPIO

Construyó en el municipio una urbanización que no ha tenido compradores

Erre que erre. El "desconocido" Fernando Guitián Guitián, al que Rafael Louzán ha promovido como cabeza de lista del PP en Gondomar, es administrador de una promotora inmobiliaria que mantiene empantanada una urbanización de seis chalets en el propio municipio que aspira a gobernar. La licencia para esa obra fue concedida por el exalcalde prevaricador Carlos Silva y su junta de gobierno en octubre de 2006, al amparo de un plan general anulado por el Tribunal Supremo, lo que la convierte, cuando menos, en alegal. Además, los datos de la licencia concedida no coinciden con los que señala la propia promotora en su oferta de ventas.

La licencia fue dada por el ex alcalde prevaricador Carlos Silva en 2006

Valsiluan oferta casas de tres plantas, que al inicio eran solo dos

La descomposición del actual Gobierno de tránsfugas de Gondomar difícilmente podrá encontrar ningún paliativo. De ahí que Rafael Louzán, presidente provincial del PP y muñidor primordial de la moción de censura que lo situó en el poder, acallara la propuesta local de elegir al cabeza de lista para las elecciones de mayo entre los dos candidatos que publicitaron sus intenciones: la portavoz municipal, Natalia Salgueiro, y el secretario local del partido, Manuel Dacosta. Louzán, aun considerando que sus concejales de Gondomar no podrían ser acusados a día de hoy de transfuguismo, tuvo que hacer uso de su autoridad para recordar que en el PP no cabían las primarias y que la elección de los candidatos es competencia exclusiva de la dirección provincial. Así apareció el otro día con Fernando Guitián como tercera vía.

Guitián no es militante formal del PP y aún no sabe -cosa rara- si encabezará la lista como independiente o se afiliará antes al partido. Tampoco era militante formal Martín Urgal, el actual alcalde (vespertino), quien ha evitado participar en los actos de presentación del nuevo candidato. Urgal era una persona popular en el vecindario y a Guitián apenas lo conoce nadie. Pero ambos comparten, además de su relativo distanciamiento de la militancia partidaria, una deriva urbanística análoga que contamina su dedicación a la política en un ayuntamiento definido en los últimos años por las corrupciones de ese signo, a las que tampoco se ve mayor voluntad del PP en poner coto y transparencia.

A Urgal y Alfonso de Lis, alcalde matutino y socio socialista en la operación de transfuguismo, se les destaparon edificaciones manifiestamente ilegales que aún esperan una solución. De Guitián se ha ocultado su condición de empresario inmobiliario y que una de sus promociones, en el propio municipio, permanece estancada. El actual candidato del PP es administrador de Valsiluan Inversiones SL, registrada en febrero de 2007 y con domicilio social en Vigo. Guitián comparte ese cargo con José Luis Candeira, administrador a su vez de otras empresas inmobiliarias de Vigo, Madrid y Cantabria. Valsiluan promovió, en la parroquia de Peitieiros, la construcción de seis chalés que forman la urbanización Solmiñor, la cual, prácticamente acabada, traslada ahora una impronta de abandono, con cerca caída y sin ningún morador.

La licencia para esa obra, según el cartel que aún figura en la entrada, fue otorgada el 3 de octubre de 2006 -tres meses antes de constituirse la empresa- por la junta de gobierno que presidía Carlos Silva y que desoyó la reiterada prohibición de tramitar tales licencias por haber anulado el Tribunal Supremo el plan general de urbanismo que las amparaba. En esta medida, Solmiñor sufre de alegalidad, ya que no ha sido legalizada por ninguna normativa posterior. Pero hay otros detalles que mosquean al vecindario. La licencia fue otorgada para construir en una parcela de 5.155 metros cuadrados seis viviendas unifamiliares "de planta baja y 1ª planta de unos 185 metros cuadrados de superficie total". La oferta de Solmiñor para la venta señala "viviendas completamente independientes de tres plantas con una superficie construida de 200 metros cuadrados sobre parcelas de 500 metros cuadrados". No es lo mismo.

A la urbanización le faltan las calles y los aparcamientos, pero la obra fue abandonada hace algo más de un año, según las fuentes consultadas por este periódico, por no encontrar compradores de las viviendas.

Una carrera en el entorno de Copasa

El currículo de Fernando Guitián facilitado por el PP enfatiza en su condición de ingeniero industrial, con numerosos cursos de actualización y especialización formativa. De 46 años de edad, el grueso de su carrera profesional lo ha desarrollado en la empresa Copasa, donde fue jefe de obra de diversos trechos de varias carreteras y, luego, supervisor de las depuradoras de San Cibrao das Viñas, Ponteareas y Vilalba. También fue jefe de obras de la depuradora de Vigo -una chapuza histórica de ejecución, como han acreditado media docena de auditorías, con consecuencias nefastas y que aún perduran- y del saneamiento integral de Gondomar. Entre 1999 y 2000 fue gerente de Geseco, también perteneciente al grupo Copasa y que es la concesionaria de la recogida de basuras en Gondomar.

Desde 2001 a 2006 fue director de producción de Construcciones Conde S.A. y, desde la última fecha, socio-director de Hacemos Dirección de Proyectos, empresa que el currículo oficial vincula con "diversas actividades relacionadas con la ingeniería y la arquitectura". Ninguna mención en ese currículo, sin embargo, a Valsiluan Inversiones S.L., la promotora inmobiliaria que creó con José Luis Candeira en 2007, con un capital de 20.000 euros que, a los tres meses de la creación, ampliaron a 220.000 euros, según datos registrales.

Guitián se presenta como "candidato de consenso", sin experiencia política, cosa que no le parece importante, y con la aspiración de poder formar un "gobierno fuerte".

www.elpais.es 13.02.11

38) C.A GALICIA: EL PSOE CIFRA EN 12 MILLONES LOS SUELDOS DE BALTAR A AFINES AL PP

El presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, dedica del presupuesto de la institución 12 millones de euros al año para pagar, "la estructura política del PP", según una denuncia de los socialistas gallegos. Esto es, a una plantilla integrada en su práctica totalidad por cargos públicos del partido, que preside su hijo en Ourense, o a familiares de estos. El capítulo de personal de la institución suma ya más gasto que el que reserva para este mismo cometido la Diputación de A Coruña mientras el sempiterno barón ourensano amenaza con seguir engordando esa nómina.

La tercera parte del presupuesto de la institución provincial se consume en "pagar favores políticos" del barón orensano del Partido Popular quien en los últimos 14 meses -desde la víspera del congreso provincial de su partido hasta ahora- "contrató a 542 personas", incluida una diputada.El secretario de organización del PSdeG, Pablo García y el responsable de política municipal del PSOE ourensano, José Arcos, denunciaron ayer no ya el clientelismo de Baltar, que lleva a cabo unos procesos selectivos "ilegales" siempre en vísperas de un proceso electoral interno o público, sino que la Justicia y la dirección del PP gallego "miren hacia otro lado".

Los socialistas responsabilizan a Alfonso Rueda, secretario general del PP y conselleiro de Presidencia, responsable de los procesos públicos de selección de personal, de mantener, "igual que Feijóo", un silencio clamoroso ante las oposiciones que realiza Baltar, presididas por cargos públicos del PP o familiares de estos, que examinan a otros cargos populares, o familiares de estos, a quienes aprueban masivamente.

García apuntó directamente al presidente nacional del partido. Recordó que no es solo que Rajoy proclamase en la campaña de las autonómicas, -cuando Feijóo necesitaba los votos de Ourense para gobernar- que "Baltar es el PP", sino que "ampara sus ilegalidades". "Que Rajoy y Cospedal expliquen este fin de semana que vienen a hablar de austeridad, por qué consienten que Baltar gaste 12 millones de euros en pagar favores políticos en una provincia con 28.000 parados".

Los socialistas han incorporado las últimas noticias publicadas sobre el nuevo proceso de selección de personal abierto estos meses por Baltar -creará 75 nuevos empleos y se presentan una vez más a estas oposiciones masivamente cargos vinculados al PP- a la denuncia que presentaron hace unos meses a la Fiscalía.

Familias enteras

El PSOE cifra en varios centenares el número de contratados en vísperas del congreso provinicial que entregó la presidencia del partido provincial a su hijo, el parlamentario José Manuel Baltar Blanco. Ahora, sostiene que "es absolutamente ilegal que el asesor jurídico de la Diputación y padre de una de las aspirantes a un empleo, José Eugenio Galindo, figure como miembro del tribunal".

La fábrica de contratación de cargos del PP en que se ha convertido la Diputación de Ourense llega al extremo de que haya familias enteras con plaza en la institución provincial. Los socialistas citaron el caso de Maceda. Baltar ha empleado a la mujer, cuatro cuñados y un sobrino de uno de uno de sus concejales en ese municipio. "No es más que un ejemplo", dicen.

www.elpais.es 13.02.11

39) C.A GALICIA: UN GOBIERNO MANIATADO

La mayor caída del presupuesto en la historia de la autonomía atenaza a la Xunta, que apenas es capaz de aprobar asuntos de trámite en los consellos

Todos los periodistas que siguen regularmente la actividad de la Xunta recuerdan el Consello de la filloa. Se celebró el 28 de enero de 2008. Aquel día, el bipartito llevó un único asunto a su reunión semanal de Gobierno: declaró el interés turístico y cultural de la Festa da Filloa de Lestedo. No hubo más acuerdo que ese y desde entonces se convirtió en un símbolo de la falta de ideas de la coalición. Dos años más tarde, la Xunta de Feijóo, que ha sufrido el mayor desplome presupuestario de la historia de la Autonomía, vive bajo el síndrome del Consello de la filloa.

En su peor semana, Feijóo alegó no tener competencias para luchar contra el paro

Facenda reclamará 563 millones más al Gobierno central en los tribunales

Desde que comenzó 2011, año en que las cuentas públicas deberán reducirse en 1.177 millones de euros hasta llegar a los niveles de inversión de 2006, el Gobierno gallego, sin fondos para financiar grandes proyectos, apenas aprueba asuntos de trámite y se limita a despachar el día a día de la gestión. En lo que va de año ha celebrado cinco consellos donde ha dado luz verde a 16 decretos, 31 acuerdos y repasado 21 informes. Excepción hecha de la aprobación definitiva del Plan de Ordenación do Litoral y las Directrices do Territorio, que salvaron su último trámite el pasado jueves, ningún asunto de calado. La Consellería de Industria renueva avales a empresas, la de Presidencia firma convenios en materia de emergencias e incendios, y la de Educación cambia nombres a los centros universitarios de Vigo, igual que la de Cultura declara algún monumento bien de interés cultural.

La prueba de que la falta de fondos atenaza a la Administración gallega estuvo en el Consello de la Xunta que el presidente desplazó a Coruña el pasado 3 de febrero. A falta de obras para vender en una de las ciudades que el PP pretende gobernar tras las municipales, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, pregonó los fondos que destina en la provincia a la conservación de las carreteras: 30 millones de euros. Es, con mucho, la mayor inversión de las aprobadas en este mes y medio. La siguiente son 13 millones de euros que se destinan a urbanizar el parque industrial de Tomiño, paralizado por este mismo Gobierno al poco de llegar al poder.

Y mientras, las cifras de la Encuesta de Población Activa colocan a Galicia como la comunidad donde más ha crecido el paro en 2010, un 20,9%, a pesar de los efectos turístico y los supuestos récords del Xacobeo. El pésimo dato económico ha pillado al presidente y al PP con el pie cambiado. En medio de esa cascada de cifras negativas, los populares programaron como primera comparecencia parlamentaria tras las vacaciones, la del titular de Medio Rural, Samuel Juárez, para informar de un tratamiento contra la plaga del pino.

Enzarzado en la batalla de las cajas y en mil guerras contra el Gobierno central, Feijóo vive sus peores días desde que accedió al poder. Esta semana llegó a alegar en el Parlamento que carece de competencias para luchar contra el desempleo, en un claro signo de impotencia, mientras la oposición, igual que hizo él la legislatura pasada, le reprocha cada nuevo parado. El presidente reconoció algo más: que por mucho que reciba más fondos del Gobierno central, los desempleados serán los mismos.

Lo que no impide que se parapete tras el Ejecutivo de Zapatero al que el propio Feijóo ha convertido en el payaso de las bofetadas. Sin apenas programas que aprobar, las ruedas de prensa posteriores al Consello se convierten en un pim pam pum contra el Gobierno socialista, "culpable" de que la Xunta no pueda ahorrar 100 millones anuales en medicamentos, del desmoronamiento de las cajas, pero sobre todo de no transferir a Galicia 243 millones de euros del Fondo de Cooperación firmado en el último acuerdo de financiación autonómica.

Ese dinero que el Ministerio de Economía pretende transferir en 2013 sirve a Feijóo y al PP para justificar la inacción de la Xunta en cualquier asunto imaginable. Atendiendo a las explicaciones del presidente y de algunos de sus diputados durante estas últimas semanas, la llegada de esa partida solucionaría a la vez la financiación de las universidades, el pago de las ayudas por dependencia, una mayor apuesta por las políticas activas de empleo y hasta la apertura de guarderías infantiles y residencias de ancianos.

Demasiados problemas que solucionar con solo 243 millones de euros. A esa cantidad sumó la Conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, una nueva deuda, otros 563 millones, en recaudación del IVA y otros conceptos, que la Xunta amenaza con reclamar en los tribunales.

La mano del presidente, en las notas de prensa

Que el actual Gobierno de la Xunta no es el que soñó Feijóo tras ganar las autonómicas es algo que sabe todo el partido y que ni siquiera los asesores del presidente se atreven a desmentir. En circulos financieros está corrido que Juan Ramón Quintas, ex presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, era el elegido por Feijóo para capitanear la economía gallega en medio de esta tormenta perfecta que resultó ser la crisis. Dijo que no.

Directivos de empresas importantes también desecharon otras ofertas del presidente para hacerse con una cartera en la Xunta y al final, pese a que gozó de plena libertad para configurar su gabinete, Feijóo tiene el Gobierno que puede, pero no el que le gustaría.

Cuenta entre sus personas de máxima confianza a Agustín Hernández, titular de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, la más inversora, y a Alfonso Rueda, titular de Presidencia y su alter ego en el partido, pero algunos alcaldes y cargos intermedios de la Xunta empiezan a echar en falta más peso político en otros departamentos, especialmente en el área económica.

Y así las cosas, es el propio Feijóo el que no solo coordina, también supervisa toda la labor del Gobierno, hasta el punto de que llega a revisar personalmente los comunicados de prensa que manda la Xunta a los medios de comunicación sobre sus discursos. El presidente cambia titulares e incluso dicta la redacción de las notas que se envían a los medios. Algunas fuentes señalan que ese afán por controlarlo todo, por estar en el más mínimo detalles, que siempre ha caracterizado a Feijóo, ralentiza la acción del Gobierno.

Su apretada y mediática agenda que suele requerir de su presencia en medios nacionales -al contrario de lo que hacen otros dirigentes, Feijóo no suele denegar entrevistas, por pequeño o crítico que sea con él el medio de comunicación- lastra también capacidad ejecutiva a la Xunta.

www.elpais.es 13.02.11

40) C.A GALICIA: EL PP PROMETIÓ SIETE PLANES PARA CREAR EMPLEO EN SU PROGRAMA ELECTORAL

Ninguno de esos programas se ha puesto en marcha tras dos años de Gobierno

El primer eje en el que el PP gallego basaba su programa de campaña en las pasadas elecciones autonómicas se refería a impulsar la competitividad y la apertura de la economía gallega. Uno de los puntos para conseguirlo era el fomento del empleo a través de políticas específicas y de la actividad emprendedora. De seis planes concretos destinados a emplear a mujeres, jóvenes, inmigrantes, personas con discapacidad, parados de larga duración y autónomos, así como un plan autonómico de empleo general, ninguno se ha puesto en marcha tras casi dos años de Gobierno. Los planes, que conllevan una dotación específica para sus años de duración y engloban todas las medidas sobre un ámbito, estaban pensados para el periodo 2009-2013.

Las últimas ayudas para fomentar el empleo de jóvenes se publicaron en 2009

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamentaba el pasado miércoles que Galicia no tenga competencias suficientes en materia de empleo para hacer frente al crecimiento del paro en la comunidad autónoma donde más creció el año pasado, un 20,9%. El programa con el que Feijóo llegó a la Xunta, sin embargo, recoge decenas de medidas en planes que aún no se han puesto en marcha. La Consellería de Traballo explica que esos planes se están debatiendo en las mesas de diálogo social, de donde quieren que salgan con el mayor consenso posible.

Aunque no hay programa director, Traballo asegura que ha adoptado medidas destinadas a los colectivos más vulnerables incluidas en diversas líneas de ayuda de la Consellería. Las acciones específicas para jóvenes -hay 22.000 parados menores de 25 años- desaparecieron de las convocatorias de ayudas y subvenciones durante el año pasado y las últimas puestas en marcha son de comienzos de 2009. Las actuaciones de empleo y formación para jóvenes desempleados se centran en escuelas taller y talleres de empleo. Traballo asegura que también el plan estratégico de juventud incluye medidas de fomento de empleo. Las mujeres no tienen tampoco nuevas medidas específicas a su alcance, aunque desde Traballo insisten en que recibe un trato diferenciado en todas las ayudas de la Consellería a este colectivo, como los incentivos a las empresas por contratos indefinidos de trabajadoras. Están en marchar varias medidas como el programa Executiva, que pretende impulsar el liderazgo de las mujeres a través de su formación en escuelas de negocio, y los incentivos a las pequeñas y medianas empresas para que ejecuten planes de igualdad. El colectivo de los inmigrantes no dispone de subvenciones para su integración laboral, mientras que los parados de larga duración cuentan con ayudas para la contratación indefinida a mayores de 45 años.

Otros ámbitos, como el de los autónomos, sí que disponen de una o dos líneas de ayuda como la financiación de proyectos que promocionan este tipo de empleo o el que ayuda a sufragar los gastos de sus entidades asociativas. Para potenciar el empleo de personas con discapacidad existen incentivos para financiar los costes laborales y de la Seguridad Social de estos trabajadores y para la creación y mantenimiento de centros especiales de empleo.

www.elpais.es 12.02.11

41) C.A MADRID: AGUIRRE IMPONE A SUS 'PARACAIDISTAS'

La presidenta elige como candidatos a alcalde a cargos sin casi vínculos con los municipios- Los aspirantes consideran que no es necesario conocer un municipio para concurrir allí - Ninguno se atreve a cuestionar las decisiones de Aguirre

La costumbre de los partidos políticos de enviar a sus grandes estrellas para conquistar territorios complicados es universal y es conocida como paracaidismo electoral. Rahm Emanuel, mano derecha de Barack Obama en la Casa Blanca, abandonó hace unos meses el Gabinete del presidente estadounidense en Washington para presentarse como alcalde de Chicago, donde los demócratas corrían el riesgo de perder la alcaldía. Pero un juez estadounidense ha abortado la aventura electoral de Emanuel porque no ha residido en esa ciudad durante los últimos 12 meses.

Los aspirantes del PP en Alcorcón y Getafe no han tenido actividad allí

En Madrid ningún juez haría eso. Es práctica común entre los partidos, sobre todo en el PP regional (seis casos entre los grandes municipios de la región, frente a uno del PSOE). "La política americana es distinta de la europea. La tradición es diferente por su origen colonial", señala el diputado regional Juan Soler (del PP), que competirá por la alcaldía de Getafe (167.000 habitantes) a pesar de no tener nada que ver con el municipio del sur de Madrid.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha abusado del paracaidismo electoral. Los buenos resultados que auguran las encuestas han desatado la euforia entre los populares, a los que les cuesta contener el excesivo optimismo. Ante esta situación, Aguirre no ha dudado en colocar a numerosos peones en municipios donde nunca han desarrollado actividad política.

Esa actitud de Aguirre es la misma que le llevó a provocar un desencuentro con el PP asturiano. La presidenta madrileña recomendó con excesiva insistencia la polémica y frustrada candidatura de Francisco Álvarez-Cascos en Asturias. "Él es afiliado en Madrid, si tanto le gusta podría meterlo de vicepresidente en su Gobierno o de consejero de Fomento", respondieron dirigentes asturianos tras la intromisión de Esperanza Aguirre.

En la Comunidad de Madrid no ha tenido esos problemas para colocar a sus peones donde ha considerado oportuno, independientemente de la vinculación de los aspirantes con el municipio. El primer caso en este sentido es el de David Pérez, portavoz parlamentario del PP, que hace unas semanas fue señalado por Aguirre para que encabezara la lista de candidatos del PP en Alcorcón (168.000 vecinos).Hasta hace unas semanas, David Pérez residía en Alcobendas. Antes de recibir la propuesta no había pensado nunca en desembarcar en Alcorcón para desarrollar allí su actividad política. "Un partido político tiene la obligación de poner a los equipos más adecuados, eligen a los mejores y estos son aquellos que han acumulado experiencia....", señala el actual portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, que precisa: "Alcorcón no es un municipio ajeno a mi trayectoria personal. Hasta hace unos años viví en Campamento muy vinculado con Alcorcón. Aquí tengo amigos de la infancia, y mucha familia; tíos, primos...". El de David Pérez es, junto con el de Juan Soler, el caso más paradigmático de esta práctica electoral. Ambos sostienen que "cuando uno es diputado, no le es ajeno ningún municipio de la Comunidad de Madrid. Se es diputado de toda la región". Lo cierto es que ambos se sorprendieron cuando Aguirre, sin apenas consultarles, les señaló para que defendieran al PP en los municipios del sur. El poder de la presidenta en su partido de Madrid es omnímodo. Nadie cuestiona lo que ella decide y así maneja a sus peones.

A diferencia de Pérez en Alcorcón, Soler no puede decir que tiene vínculos familiares con Getafe. Vive en Madrid, pero acaba de alquilar un pequeño apartamento en el centro de Getafe. Admite que aún no conoce en profundidad los temas de la ciudad. "Pero uno se pone al día enseguida". Comprende la costumbre de los fichajes estrella: "en ciudades importantes del sur los partidos tratan de crear equipos que puedan gestionar un posible Gobierno". El polémico diputado del PP resta importancia al hecho de no ser un cunero (nacido políticamente en el municipio): "Madrid está muy integrada. De la Puerta del Sol hasta la alcaldía de Getafe hay 13 kilómetros".

El caso del candidato del PP en Parla (115.000 habitantes) es más llamativo. Miguel Ángel López es el exalcalde de Torrejón de Velasco. Ha dimitido hace un par de semanas para zambullirse de lleno en la campaña.

También hay paracaidistas del PP en Fuenlabrada o Valdemoro. El actual director general de Inspección de la Sanidad, Manuel Molina, abandona su responsabilidad para competir por Fuenlabrada (197.000 vecinos), donde inició su carrera política como concejal entre 1995 y 1999. Aguirre ha enviado al primer teniente de alcalde de Ciempozuelos, Carlos Boza Lechuga, para lidiar en Valdemoro (62.000 habitantes). El alcalde, el popular José Miguel Moreno, expresó su intención de no continuar en el Consistorio. El candidato es de Valdemoro, donde tiene profundos lazos familiares, aunque lleva ocho años viviendo en Ciempozuelos. Aguirre también ha movido ficha en Boadilla, uno de los municipios salpicados por el Gürtel. Allí ha colocado a Antonio González Terol, director general de Asuntos Europeos de Madrid. Aunque reside en el municipio, nunca ha desarrollado actividad política allí.

www.elpais.es 14.02.11

42) EL PP DE POZUELO CUESTIONA LA CANDIDATURA DE ADRADOS

Algunos miembros del PP local de Pozuelo de Alarcón (85.500 habitantes) consideran que la propuesta para colocar a la consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados, como candidata en esa localidad podría vulnerar los estatutos del PP, al haberse constituido de forma irregular el comité electoral local.

El de Adrados es otro de los experimentos de Esperanza Aguirre, que la ha enviado allí con la misión de hacer olvidar los escándalos del caso Gürtel. A pesar de que lleva casi 30 años viviendo en el municipio, nunca ha participado en la vida política del pueblo. Es ajena a la actividad municipal. "Me lo ha pedido mi partido", señala. De sus palabras se desprende que la aventura no estaba entre sus planes. "El partido ha considerado que tenía que ir a Pozuelo". Y continúa: "no creo en fichajes estrella. He pasado por la Administración central, por la regional y ahora voy a la municipal". La consejera estaría vinculada a la corriente interna del PP que encabeza el vicepresidente Ignacio González, frente al consejero de Presidencia, Francisco Granados.

Fuentes del PP reconocen que su designación fue azarosa. Cuentan que la consejera opuso resistencia para pasar del ámbito regional al municipal, pero ella lo desmiente. "No me he resistido como se ha dicho por ahí. En épocas preelectorales hay muchos dimes y diretes de forma permanente. En cuando me lo ofrecieron, dije que sí". En realidad, según relatan fuentes del PP local, en Pozuelo se produjo cierto debate interno porque uno de los concejales aspiraba a dirigir el municipio del oeste de la Comunidad de Madrid. Pero Adrados lo descarta. "He tenido la máxima colaboración con los concejales que ahora están en el municipio. Estamos formando un buen equipo. Ninguno ha manifestado sus recelos o suspicacias por mi llegada. Nada más que colaboración".

www.elpais.es 14.02.11

 

43) C.A MADRID: UN DIRECTIVO DE SANIDAD, CESADO TRAS DENUNCIAR IRREGULARIDADES EN EL TRASLADO DE ENFERMOS

Un directivo del Summa 112, en la Consejería de Sanidad en Madrid, denunció irregularidades en la gestión y adjudicación del contrato de traslados urgentes de enfermos. Inmediatamente después fue cesado

Según ha podido saber la Cadena SER, un ex directivo del Summa de la consejería de Sanidad denunció en su momento irregularidades en la adjudicación y gestión del contrato millonario que afecta al transporte sanitario urgente de ambulancias en la Comunidad de Madrid. La consejería de Sanidad del Gobierno de Esperanza Aguirre, con Juan José Guemes al frente, adjudicó el contrato a Isolux Corsán por más 55 millones de euros. La empresa no cumplía los requisitos de licitación y acumula importantes desvíos de dinero. Tras las denuncias internas el directivo fue cesado.

El concurso público del Transporte Sanitario para el traslado urgente de pacientes en la Comunidad de Madrid se adjudicó en junio de 2006 por algo más de 55,4 millones de euros para desplazar a los enfermos en Madrid en servicios urgentes y han sido responsables del contrato hasta el pasado diciembre.

Según los documentos a los que ha tenido acceso la Cadena SER, la única empresa que se presentó fue Isolux Corsán Servicios, propiedad del constructor Luis Delso, sin experiencia en el sector sanitario e incumpliendo cláusulas fundamentales del contrato. Por ejemplo, compraron las ambulancias después de ganar el concurso, cuando la administración obliga a disponer de una flota matriculada, con permisos de circulación y certificación sanitaria para acceder al contrato. Isolux Corsán no presentó la documentación, ganó la convocatoria y adquirió las ambulancias a posteriori. Al frente de la consejería estaba Juan José Güemes.

Irregularidades en la gestión

La denuncia contiene graves irregularidades en la gestión por parte de la adjudicataria Isolux. La empresa estaba obligada por contrato a ofrecer 1.252 horas de disponibilidad diarias para el traslado de enfermos, Isolux ofrecía 92 horas menos al día. El incumplimiento se traduce en que, entre julio de 2006 y septiembre de 2007, dejaron de realizar más de 39.800 horas de traslados, lo que ha supuesto un agujero con cargo a la administración pública de al menos un millón doscientos mil euros.

Para cubrir estas horas, la consejería de Sanidad, a través del SUMMA 112, no solo pagó por estas horas de ambulancias que correspondían a Isolux, sino que subcontrató a ocho empresas externas, sin mediar concurso público, unos cinco mil traslados de pacientes, de los que unos 900 eran urgentes. Los traslados costaron unos 415.000 euros, así que en total pagaron 1,6 millones de euros.

Cesado por denunciar

Un directivo del Summa responsable del traslado sanitario en ese periodo, advirtió - hasta en cuatro ocasiones y por los canales internos - de las irregularidades en el servicio urgente de ambulancias. El directivo denunció por escrito al Summa 112 y al ex consejero de Sanidad, Juan José Güemes, tanto el incumplimiento de las horas de traslado como el doble pago a otras empresas y el consecuente agujero de 1,2 millones de euros con cargo a la administración pública. Poco tiempo después de las denuncias, el directivo fue cesado. Volvió a ponerse en contacto con Guemes para conocer los motivos de su cese y saber si corregirían las irregularidades. En ninguna de las dos ocasiones recibió respuesta. A día de hoy, el directivo mantiene que le apartaron como una represalia por sus denuncias.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad, aseguran que el directivo lo denunció y que la gestión de la Consejería está avalada por el archivo de la denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

www.cadeaser.com 14.02.11

44) C.A MADRID: TELEMADRID, CONDENADA POR DIFAMACIÓN

La cadena tendrá que rectificar por vincular a un imán con el terrorismo

Ni todos los musulmanes son terroristas ni todos los medios de comunicación difaman. Este podría ser el resumen de la histórica sentencia la primera en este sentido desde los atentados del 11 de marzo emitida por la juez de 1º Instancia de Pozuelo, que condena a Telemadrid a emitir una rectificación en la misma franja horaria, tras acusar falsamente en el programa Objetivo al imán de la mezquita de Fuenlabrada, Mohamed El Mirabet, de ser salafista, tener vínculos con Al Qaeda y reclutar muyahidines para la Yihad o guerra santa. El fallo condena a la cadena pública madrileña a emitir una rectificación y a pagar las costas del juicio.

Titulado La Yihad en España, el programa Objetivo, presentado por Manuel Cerdán, tachaba en octubre de 2010 al demandante de "terrorista y de adoctrinar y reclutar muyahidines", según apunta la sentencia, acusaciones que "son inciertas y no se ajustan a la realidad". Pese a que el propio El Mirabet aseguraba en el reportaje que "la corriente musulmana que practica y predica es la Maliki, que no predica ni el salafismo ni el wahabismo, que nunca ha tenido ni contacto ni conexión con Al Qaeda, que nunca ha reclutado muyahidines para la yihad ni ha lanzado mensajes incendiarios en contra de Occidente".

La sentencia, que aún no es firme, considera probado que el programa daba por hecho, sin aportar pruebas, "que el demandante es un imán fundamentalista de ideas salafistas y que es wahabista", además de considerar a El Mirabet "un fundamentalista directamente relacionado con el terrorismo de Al Qaeda".

Nada más emitirse el documental, que insistía en la existencia de una docena de "apóstoles" de la Yihad en España, la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), presidida por Riay Tatari, enviaba una carta a la directora general del ente en la que solicitaba una rectificación ante un ejercicio periodístico que "entra de lleno en el amarillismo y la creación de una alarma social injustificada, difamando y mancillando el honor de varios imames, sin ninguna prueba sustancial".

www.publico.es 18.02.11

45) C.A MADRID: UN EXEDIL DEL PP EN MADRID, CULPABLE DE UN DELITO DE MALVERSACIÓN

JORGE BARBADILLO ACEPTA UNA CONDENA DE UN AÑO Y MEDIO DE PRISIÓN

El exconcejal del Ayuntamiento de Madrid Jorge Barbadillo, del PP, es culpable de un delito de malversación de caudales públicos. Así lo aceptó el acusado durante el juicio celebrado ayer en la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal solicitaba para el imputado cinco años de cárcel por este delito, pero al final todas las partes acordaron rebajar la condena a un año y seis meses de cárcel, a lo que se suma dos años de inhabilitación absoluta. Esto supone que no entrará en prisión.

El caso comenzó con una querella presentada por el Grupo Socialista

Jorge Barbadillo estuvo al frente de la empresa municipal Campo de las Naciones de 1999 a 2003, durante el mandato de José María Álvarez del Manzano. Durante ese tiempo dispuso de dos tarjetas de crédito y estuvo utilizando dinero de la compañía para su propio beneficio. Los cálculos del Grupo Municipal Socialista llegaron a los 400.000 euros. Eso llevó al concejal del PSOE Óscar Iglesias a presentar en 2004 una querella por el delito de malversación de caudales públicos cometido por funcionarios. Tiempo después se sumó el Ayuntamiento de Madrid como acusación particular.

La fiscalía solicitaba para Barbadillo una condena de cinco años de prisión, 10 años de inhabilitación y el pago de 72.445 euros, cantidad que adeudaba a las arcas municipales, según los cálculos del ministerio publico. La acusación particular ejercida por el PSOE aumentaba la pena hasta los ocho años de cárcel y el pago de 129.000 euros por responsabilidad civil.

La defensa pidió la nulidad del procedimiento, ya que Barbadillo había sido fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Este le obligó a devolver unos 140.000 euros el pasado mes de noviembre. Como el exconcejal no había consignado el dinero, fue confiscado un mes después de una cuenta de la que era titular en el Banco Gallego.

El juicio comenzó con una hora de retraso. El abogado de la acusación particular, José Mariano Martínez de Lugo, planteó una cuestión previa, ya que el delito debía haber sido enjuiciado por un jurado popular. De hecho, la defensa de Barbadillo lo planteó durante la instrucción del caso, pero fue rechazado por el juzgado de plaza de Castilla y en un recurso posterior de la Sección 23ª de la Audiencia Provincial. Todas las partes se adhirieron ante el riesgo de que el Tribunal Supremo anulara después la sentencia y ordenara repetir la instrucción en plaza de Castilla.

Las tres magistradas de la Sección 7ª, encargadas de dictar sentencia, hicieron un receso para dilucidar si llevaban razón. No tuvieron que pronunciarse sobre la cuestión. Esa media hora de parón en la vista oral sirvió para que las partes llegaran a un acuerdo. Hubo bastante movimiento en los pasillos, incluidas varias consultas al Código Penal.

El fiscal se erigió en portavoz de todo el grupo de la acusación. Planteó varias modificaciones en su escrito de conclusiones de forma que reducía la condena de cinco años de prisión a otra de un año y medio. Para llegar a esa rebaja, apreció la atenuante de reparación del daño causado, ya que Barbadillo había devuelto las cantidades no justificadas durante su gestión al frente de Campo de las Naciones. El ministerio público también aplicó la atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la instrucción del procedimiento. Este ha tardado siete años en ser juzgado. El fiscal anuló el pago de la responsabilidad civil al haber devuelto el dinero. La abogada defensora aceptó la propuesta, por lo que el juicio terminó en ese momento.

El exconcejal afirmó a la salida de la Audiencia Provincial que se encontraba "muy contento" después de 11 años de procedimiento. "Me habría gustado la absolución porque no había responsabilidad penal, pero al final la condena queda a título de inventario. Han sido muchas esperas y me ha perjudicado", destacó Barbadillo. "Al haberse dado una situación de negociación por todas las partes, tenía que aceptarlo", añadió el culpable.

Mucho más satisfecho se mostró el concejal Óscar Iglesias, quien recordó que su grupo llevaba razón al querellarse contra el exconcejal. "Si no llegamos a acudir a la justicia, este señor se habría librado de todo. Una vez más queda en entredicho el Ayuntamiento de Madrid, que se negó a ir contra Barbadillo por la vía penal. Esperemos que si se vuelve a producir una situación similar apueste por la transparencia y la defensa del patrimonio de los ciudadanos", declaró Iglesias.

El abogado José Mariano Martínez de Lugo mantuvo la misma versión: "Estamos muy satisfechos porque se ha reconocido por parte del acusado la comisión del delito, que es de lo que se trataba".

www.elpais.es 16.02.11

46) C. A MADRID: BRONCA DE LETRADOS Y POLICÍAS ANTE EL COLEGIO DE ABOGADOS

200 afectados se quejan por el impago del turno de oficio

Gritos de "¡fuera, fuera!" y "¿quién ha llamado a la policía?" se oyeron al mediodía de ayer en la sede del Colegio Oficial de Abogados de Madrid, en la calle de Serrano. Unos 200 letrados afectados por el impago de las facturas del turno de oficio se manifestaron delante del inmueble, mientras agentes antidisturbios les impedían la entrada al inmueble. Al final tuvo que mediar el decano de los abogados, Antonio Hernández-Gil, y los representantes de los afectados para que la situación se calmara.

La Comunidad les adeuda 25 millones de euros por la justicia gratuita

Los abogados se concentraron alrededor de la una de la tarde delante del colegio. En ese momento, se reunía Hernández-Gil con representantes de tres asociaciones de letrados. El tema era el impago de las facturas del turno de oficio y las movilizaciones que van a realizar en los próximos días hasta conseguir que la Comunidad de Madrid les pague los 30 millones de euros que les adeuda.

Los manifestantes cortaron la calle de Serrano durante unos 10 minutos, con el consiguiente problema de tráfico. Después se marcharon hacia la acera e intentaron entrar en la sede colegial. Entonces se toparon con una fila de antidisturbios que les impedía el acceso. Los abogados empezaron a chillar "¡fuera, fuera!". Sacaron sus carnés profesionales y exigieron a los agentes que se quitaran de la puerta. Los policías se negaron y se mantuvieron en su sitio. Se produjeron empujones y abucheos, mientras los agentes se hacían fuertes delante del edificio. El rifirrafe duró varios minutos. "Esta es nuestra casa", gritaban los abogados. Poco a poco, los letrados consiguieron entrar. Un policía se dirigió hacia uno de los abogados con la intención de identificarlo, pero el resto comenzó a gritar en contra. Un trabajador del colegio avisó de lo que estaba sucediendo a los reunidos y estos bajaron de inmediato. Se dirigieron hacia el responsable de los policías y le exigieron que cesaran su actitud. Los abogados tenían perfecto derecho de entrar en su sede, ya que para ello son colegiados.

Los concentrados profirieron de nuevo gritos contra los agentes, que al final decidieron marcharse. Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid aseguró que no se había producido ninguna identificación y que no hubo incidentes destacados. Hernández-Gil se reunió instantes después con los afectados en el salón de actos del Colegio. "Hemos llegado a una situación lamentable en la que está en juego un derecho fundamental recogido en la Constitución, como es la tutela judicial efectiva. Con el impago por parte de la Comunidad de Madrid se está poniendo en riesgo su ejercicio", explicó el decano, quien aseguró que nadie había llamado a la policía por la manifestación.

Hernández-Gil criticó los retrasos de la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia y "la falta de consideración de algunos responsables políticos que han cuestionado la justicia gratuita". Los abogados del turno de oficio han convocado para el próximo 15 de marzo una huelga indefinida. Desde esa fecha solo atenderán a los detenidos en comisarías y juzgados, los casos de violencia de género y las causas con reo. El resto quedará paralizado. "Estamos en conversaciones y siempre se muestra buena disposición y voluntad. Habrá que ver qué sucede en los próximos días. Si no hay respuesta por parte del Gobierno regional, este servicio quebrará por algún lado", concluyó el decano.

www.elpais.es 15.02.11

47) C.A MADRID: ¿DÓNDE ESTÁ ANA BOTELLA?

La concejala desaparece la semana de la contaminación

"Más asfixia el paro". La frase, pronunciada el pasado miércoles en la cadena Cope, es la más sonada intervención de la responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid sobre un problema, la contaminación del aire en la capital, piedra angular del área que dirige, que ha copado el debate nacional en los últimos días.

"Está a otra cosa, a la política nacional", dice el edil socialista Pedro Santín

"Lleva una dinámica al margen de la oficial", según fuentes de su Gobierno

Madrid incumple la normativa europea en materia de contaminación. Los índices de dióxido de nitrógeno de la capital se hallan por encima de los límites establecidos por la Unión Europea que, desde 2010, son de obligado cumplimiento. Los responsables -nacionales, regionales y municipales- han tenido años para tratar de ajustar los niveles de contaminación a unas cifras que durante mucho tiempo han sido de recomendación, pero cuyo incumplimiento, a partir de 2010, puede acarrear sanciones.

Ana Botella, al frente de un departamento con un presupuesto público anual de 790 millones (la segunda concejalía con más recursos), prefiere hablar de "contaminación electoral". El debate sobre la calidad del aire de Madrid, opina, "a lo mejor esconde otras cosas".

La ciudad sobrepasa los límites incluso después de cambiar de emplazamiento, en enero de 2010, las estaciones de medición de la ciudad que ofrecían los peores datos de contaminación. Una medida por la que el fiscal de Medio Ambiente envió el 28 de enero un duro escrito al Ayuntamiento en el que le pedía que "identifique a la autoridad o funcionario que ordenó esa reubicación de las estaciones de medición". Un probable primer paso para actuar contra el responsable del cambio.

"El paro asfixia más". Lo ratificó el jueves, en la misma emisora radiofónica de la que la delegada es colaboradora habitual. Las mofas sobre la frase encendieron la red social Twitter, convirtiendo a la delegada en trending topic (tema del momento). Responder con el paro a una pregunta sobre la contaminación. Un claro ejemplo de la percepción que tienen muchos de sus compañeros y adversarios políticos de cómo se mueve Botella en la cartera municipal que ocupa desde 2007. "Ana Botella es delegada de Medio Ambiente a tiempo parcial", opina Pedro Santín, encargado de temas medioambientales en el PSM. "Ella está a otra cosa. Está a la batalla ideológica, a la política nacional".

"Es la que más opina de ámbitos que exceden de lo municipal", coincide un compañero de Gobierno de Botella. "En parte, todo hay que decirlo, es porque los periodistas le preguntan sobre esos temas. Pero ella tiene el defecto de entrar al trapo. El riesgo es que a veces abre líneas de opinión que no debería abrir, que corresponden al alcalde".

Compañeros de Gobierno achacan esa sensación de que va por libre a la peculiaridad de su propia incorporación a las listas municipales del PP en 2003. Al contrario que el resto de su equipo de Gobierno, Botella no era una persona de confianza de Gallardón. Era más bien una cuota, una especie de sello de paz entre el alcalde y el entonces presidente del Gobierno José María Aznar, esposo de Botella. "Ana, en política informativa, no está en los circuitos más institucionales del Ayuntamiento", explican fuentes de su Gobierno. "Ella y su equipo llevan una dinámica propia, al margen de la oficial".

Esa independencia le ha llevado a abordar el problema de la contaminación desde una línea que, si bien coincide con determinadas posturas que ha expresado el propio alcalde (él también ha hablado de "campaña política"), o ha gustado a algunos miembros de su Gobierno. "Ana estos días ha optado por una política de no salir, o de salir con un discurso negador de la evidencia", explica un compañero de Ejecutivo. "En lugar de reconocer un problema que existe, no podemos salir con el discurso de que el aire que se respira en Madrid es el mejor del mundo". No es la primera vez que las declaraciones de Botella disgustan en su entorno. Sus comentarios sobre las peras y las manzanas para ilustrar su opinión sobre el matrimonio homosexual (o sobre el polvo sahariano para explicar la contaminación) permanecen en la memoria colectiva de los madrileños.

A mediados del pasado enero, Botella reconoció por primera vez que Madrid incumple la normativa europea en materia de contaminación. Y anunció, en la Comisión de Medio Ambiente, que va a solicitar al Estado que pida una moratoria para el cumplimiento. Pero en estas semanas de intenso debate nadie ha contado qué medidas se van a tomar para corregir el problema aprovechando el tiempo extra que otorgue la moratoria, en el improbable caso de que se conceda (los requisitos para la concesión de la moratoria recogidos en la directiva europea exigen demostrar que se han tomado medidas relevantes).

La persistencia de un anticiclón ha favorecido que, ya en el primer mes y medio del año, cuatro estaciones de medición registren un número de superaciones del límite mayor que el que se permite para todo 2011. El Ayuntamiento, yendo más allá de lo que exige su propio protocolo, decidió colocar en los carteles luminosos de la M-30 mensajes invitando los conductores a que, ante la "previsión de alta contaminación", utilicen el transporte público. Una medida que tuvo una eficacia nula en el tráfico de la ciudad.

Pocos niegan que estos días, en el debate de la contaminación, Botella ha estado en un segundo plano. "La ha relevado Gallardón", opina el socialista Pedro Santín. "Cuando la cosa se pone fea, sale el alcalde. Hoy [por el jueves] me han llamado para ir a un debate sobre la contaminación en televisión, invitación que tuve que declinar por asuntos personales. Y me dicen que quien va del Ayuntamiento no es Ana Botella sino otro concejal. ¡Quien tiene que ir es la delegada de Medio Ambiente!".

La agenda de la delegada de esta semana, clave para su departamento, no incluía ningún acto abierto de encuentro con periodistas. Solo dos visitas a un espacio de la Cope, cadena de la que es colaboradora habitual, y una al programa de su amigo Miguel Ángel Rodríguez en VeoTV. EL PAÍS ha solicitado sin éxito en reiteradas ocasiones una entrevista con Botella. Desde su entorno reconocen que elige los espacios donde se siente cómoda. No se maneja bien en los medios, explican, tiene una gran facilidad para meter la pata. Y reconocen que lo normal habría sido que tuviera un encuentro con toda la prensa para hablar sobre el problema de la contaminación. "Supongo que es por no desgastar su imagen", opina Raquel López, la joven concejal de IU portavoz de temas medioambientales, que se las ve con Botella en los plenos y comisiones del Ayuntamiento. "Me consta que compañeros suyos no quieren que hable, porque sube el pan. Ella nunca habla de su libro. Habla de todo lo demás. Convierte las comisiones municipales en algo muy incómodo. No escucha, habla mientras tú hablas. Siempre le he reprochado, desde la evidente divergencia ideológica, que tiene un absoluto desprecio por cualquier propuesta que venga de la oposición. Nunca me llama por mi nombre. ¡Me llama 'señora representante de Izquierda Unida'!. No está para nada a la altura de lo que los ciudadanos de Madrid se merecen".

Desde Ecologistas en Acción, la ONG más activa en el tema de la calidad del aire de la capital, aseguran que su relación con la delegada de Medio Ambiente es mínima. "Nunca me he reunido con ella", confiesa Paco Segura, portavoz de la ONG. "Durante años, hasta que se ha visto superada por el problema, ha estado más preocupada por los grafitis que por la calidad del aire. Llevamos rebasando las recomendaciones europeas desde 2001, y sus esfuerzos se han puesto más en los grafitis. Sus intervenciones en materia de contaminación demuestran un desconocimiento supino, apabullante, de la gravedad del tema que tiene entre manos". "No es de recibo decir que la contaminación de Madrid no tiene consecuencias para la salud", añade su compañero ecologista Juan García Vicente, "cuando la comunidad científica dice lo contrario".

Tanto los ecologistas como la oposición municipal coinciden en que Botella cuenta con técnicos muy competentes trabajando en su área. Pero consideran que la delegada se sentía más cómoda en su anterior cometido, el área de Familia y Asuntos Sociales. "Dominaba más los temas, se identificaba con ellos y se sentía más cómoda", concede un compañero de Gobierno. Pero asegura que "siempre está en su despacho trabajando los temas, los controla". "Otra cosa", admite, "es que sepa comunicarlos. Su fallo es que no sabe trasladar el trabajo que hace previamente. Cuando tiene una entrevista, se pueden producir dos situaciones: si es un tema que controla ella, como persona, como mujer, se muestra relajada, bien. Pero si se entra en clave técnica o política, se pone tensa y falla".

En las conversaciones sobre Ana Botella es difícil eludir el escenario, bastante probable, de que la delegada se convierta a mitad de la próxima legislatura, sin haber ganado unas elecciones como cabeza de lista, en la próxima alcaldesa de Madrid. El escenario es conocido: Rajoy gana las elecciones generales, llama a Gallardón para su Gobierno, y Ana Botella, segunda en la lista del PP al Ayuntamiento de Madrid, se queda de alcaldesa. En el Ejecutivo municipal prefieren no entrar en el tema. "Todo eso", dicen, "es ciencia ficción".

En el terreno estricto de la ciencia, las previsiones meteorológicas anuncian que hoy puede despedirse el anticiclón. Pronto la lluvia se llevará consigo, hasta próximo aviso, la boina de contaminación que lleva días cubriendo el cielo de Madrid. Y, con ella, alejar a Ana Botella del incómodo primer plano de la política municipal.

www.elpais.es 13.02.11

48) C. VALENCIANA: EMARSA PAGÓ CENAS Y COMIDAS FALLERAS CELEBRADAS EN MANISES

La empresa pública, presidida por el alcalde, es investigada por estafa

Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, ahora liquidada, dio mucho de sí en gastos que no correspondían a trabajo alguno. De hecho, su gestión está inmersa en una investigación judicial como consecuencia de una querella presentada, cuando empezaron a hacerse públicas las irregularidades el verano pasado, por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), de la que dependía. En Emarsa, cuyo gerente, Esteban Cuesta, y director de Finanzas, Enrique Arnal, están imputados por estafa, malversación y administración desleal, se pagaron transportes de lodos inexistentes, equipos informáticos no suministrados y facturas de mantenimientos y de obras nunca realizados. La empresa también pagó viajes, azafatas, cursos de formación y voluminosas facturas en restaurantes.

"No se han inventado las facturas. Son gastos de Fallas". El propietario del restaurante de Manises que cobró 3.780 euros en siete facturas entre los días 10 y 13 de marzo de 2008 a la Empresa Metropolitana de Aguas de Valencia, SA (Emarsa) reconoció ayer a preguntas de este diario que sirvió comidas y cenas por encargo de la Junta Local Fallera, como ocurre desde hace años, y que la facturación de los gastos suele partirse a la hora de distribuir su pago entre "empresas que se supone que son colaboradoras".

Las facturas corresponden a servicios de comidas y cenas de 12 a 25 personas y están fechadas entre el 10 y el 13 de marzo, jornadas previas a los días oficiales de las celebraciones falleras. José María Maya, propietario del restaurante Pepe, señaló que hace tiempo que trabaja para la Junta Local Fallera en los días de las fiestas. "Don Pedro, su hija Paqui, que es la concejal de festejos, y el alcalde son los que se encargan", explicó.

El presidente ejecutivo de la Junta Local Fallera de Manises es Pedro Montoro y la concejal de Fiestas, Paqui Montoro. El alcalde de la localidad y presidente nato de la Junta Local Fallera es Enrique Crespo, del PP, presidente de la Emshi y también de Emarsa, la empresa investigada por un fraude que podría superar los 30 millones de euros. Crespo, en tanto que presidente de la Emshi, es el promotor de la querella contra los dos ex directivos de Emarsa. Una querella cuya ampliación frenó el pasado mes de enero porque el documento preparado por el equipo de abogados pedía prisión preventiva para el gerente y el director financiero. El director gerente, Esteban Cuesta, es miembro de la dirección local del PP en Valencia, que controla la alcaldesa Rita Barberá, y Arnal fue concejal en Moncada por Unión Valenciana. La ampliación de querella frenada por Crespo añadía entre los implicados a un concejal del PP de Albuixec, José Alcácer, cuya empresa aparece implicada en el supuesto falseamiento de transportes de lodos de la depuradora a campos de cultivo en Requena y otras localidades.

Los socialistas, que habían llevado el caso de Emarsa a la Fiscalía Anticorrupción antes de que la mayoría del PP en la entidad metropolitana optara en noviembre por presentar la querella, solicitaron personarse en la investigación judicial como acusación particular. El titular del juzgado número 15 de Valencia lo rechazó por cuestiones formales al admitir a trámite la querella el pasado día 14 de enero. Sin embargo, los socialistas tuvieron noticia ayer de que sí que ha sido admitida finalmente su personación, pero en calidad de acusación popular.

De acuerdo con lo manifestado por Crespo, la Emshi prepara otro documento de ampliación de querella, que ha sido encargado a un letrado distinto. La investigación interna de la gestión de Emarsa realizada por personal de la entidad metropolitana ha revelado una gran cantidad de irregularidades, sobrecostes y facturaciones de trabajos inexistentes.

La Generalitat ha dejado la gestión de la depuradora de Pinedo, que da servicio a los municipios del área metropolitana de Valencia, en manos de una empresa concesionaria por 13,5 millones de euros anuales, nueve millones menos de los que costaba con la empresa pública Emarsa.

www.elpais.es 12.02.11

49) C. VALENCIANA: CUATRO DIMISIONES EN LA EJECUTIVA DEL PP DE POLOP

La alcaldesa de Polop, María Dolores Zaragoza, se ha visto acorralada por una corriente de oposición a su gestión dentro del partido. Zaragoza fue proclamada en abril de 2010 presidenta del PP local sin oposición y con el apoyo de Antonio Clemente y José Ciscar, secretario y vicesecretario regional, respectivamente. Su ejecutiva estaba plagada de gente nueva. Pero las "discrepancias" con la presidenta y alcaldesa han provocado que esta semana presenten su dimisión cuatro miembros de la ejecutiva local, incluyendo al secretario general del PP de Polop, Antonio Pastor, que barajó disputarle a Zaragoza la candidatura a la alcaldía encabezando la lista del PP. Zaragoza llegó a la alcaldía el 19 de diciembre de 2009 tras la detención y posterior dimisión del cargo de Juan Cano.

www.elpais.es 12.02.11

50) C. VALENCIANA: UN AMBULTARIO PÚBLICO DE ELCHE EXHIBE FOTOS DE CARMEN POLO, ESPOSA DE FRANCO

La ley de Memoria Histórica no se aplica en todas partes, han pasado 36 años del final del franquismo, pero en la nueva Unidad Integral Ambulatoria de Elche, junto al Hospital, se exponen una serie de fotografías de Carmen Polo, esposa del general Francisco Franco. Las instantáneas recogen el acto de apertura del antiguo ambulatorio de San Fermín, hace medio siglo. El Hospital conmemoró hace unos meses el 50º aniversario de este primer ambulatorio con una exposición de utensilios médicos de la época y estas fotografías.La muestra acabó, y ahora tras la apertura de la Unidad Integral Ambulatoria han colgado en los pasillos las fotos. Los trabajadores han mostrado su estupefacción por estas instantáneas "sacadas del baúl de los recuerdos".

La portavoz de la dirección del PSPV-PSOE de Elche, Modesta Salazar, pidió ayer la retirada de estas fotos y mostró su apoyo a "los trabajadores". Según la portavoz socialista, "en el siglo XXI no procede exhibir muestras tan explícitas de la historia más negra de España, que podrían delatar un cierto tufillo nostálgico". Los socialistas piden a la Consejería de Sanidad la retirada inmediata de la muestra, al tiempo que piden que "se agilice el traslado de las consultas, normalizando la calidad asistencial de los ilicitanos". Salazar consideró que los protagonistas de este centro sanitario "son los profesionales y no la esposa de un caudillo que vino a Elche".

Fuentes de la Consejería Sanidad argumentaron ayer que son "documentos únicos" cedidos por la familia de un fotógrafo y "no son propiedad del hospital". La exposición, que no aclararon si es de carácter temporal, es sobre la "inauguración del primer centro de salud y no de Carmen Polo y el obispo", aseguraron los socialistas.

www.elpais.es 12.02.11

 

 

51) C. VALENCIANA: FABRA PRETENDE MANTENER EL CONTROL SOBRE EL PP DE CASTELLÓN

El presidente de la Diputación no tendrá cargo público, pero quiere mandar

Se va, pero no del todo. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, anunció hace tres años que no se volvería a presentar a las elecciones. Lo dijo al mismo tiempo que el PP provincial elegía, instruido por el propio Fabra, a Javier Moliner como adjunto a la presidencia, en el congreso celebrado en Peñíscola en 2008. En esa difuminada frontera entre el espacio institucional y el orgánico, nada dijo de abandonar la dirección del partido, aunque el escenario escogido para su anuncio así lo hiciera parecer.

El dirigente popular nunca ha dicho nada sobre dejar su cargo en el partido

Desde entonces, Carlos Fabra ha insistido en varias ocasiones en que no se volverá a presentar a ningún cargo público. La última fue esta semana, después de que desde su propio entorno se lanzara la posibilidad de que figurara, de nuevo, en la candidatura municipal de la capital de La Plana. Fue un globo sonda lanzado para ver qué pasaba; de hecho, la tensión interna apenas existió durante unos días, hasta que fue evidente que la sugerencia, más allá de sus incondicionales, no despertaba demasiadas ilusiones en el resto del partido.

Fabra, visto el escaso entusiasmo que despertaba su presunta candidatura, subrayó su ya conocida decisión de no presentarse. Más aún, atribuyó la existencia del globo sonda lanzado por sus conmilitones a una "paja mental" (sic) del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, quien se había limitado a comentar las informaciones recogidas en varios medios de comunicación.

Pero Carlos Fabra nunca ha dicho nada de dejar la dirección del partido. Algunos miembros del PP consideran que lo lógico sería que, dado que ya ha habido una etapa de protectorado con Javier Moliner, este se hiciera cargo del PP provincial tras las elecciones, en las que están convencidos de obtener la alcaldía de un centenar de los 135 municipios de la provincia y la presidencia de la Diputación. Sin embargo, otros, más numerosos que los anteriores, opinan que Fabra no solo no dejará la dirección del PP de Castellón sino que podría mantenerla incluso más allá de 2012, cuando, teóricamente, debería celebrarse el congreso ordinario de elección de los cargos orgánicos. "No, no, del congreso no se habla nada", indica un militante de rango que vaticina que el cónclave de los populares castellonenses no se celebrará hasta que Carlos Fabra quiera.

Y es que, tras el último intento, pocos son los que piensan que vaya a abandonar realmente la política, la institucional y la orgánica, y avalan su consideración en que, pese a reiterar que no formará parte de ninguna candidatura, sí ha planteado la posibilidad de ser nombrado concejal no electo o asesor. De esta manera, mantendría el control dentro del partido, en la elaboración de listas y en el contacto con las agrupaciones locales de la provincia, e incluso formaría parte de alguna institución, desde la que poder mantenerse cercano al poder.

www.elpais.es 14.02.11

52) C. VALENCIANA: UN EDIL DEL PP Y ASESOR DEL CABECILLA DE BRUGAL SE NIEGA DECLARAR ANTE EL JUEZ

Javier Bru, concejal del PP en Albatera y asesor financiero y contable del grupo empresarial de Ángel Fenoll, líder de la supuesta trama corrupta del caso Brugal, se negó ayer a declarar ante el juez. Tras su comparencia ante el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, Bru anunció que no optará a revalidar el acta de concejal.

Bru siguió el ejemplo del cabecilla de la trama y protagonizó en la mañana de ayer un fugaz paso por el juzgado de apenas 10 minutos. Al igual de Fenoll el pasado día 7, Bru no declaró: "Me he acogido al derecho constitucional de negarme a declarar", aseveró. La actitud de estos imputados responde a la estrategia de sus defensas de no declarar hasta que el juzgado resuelva el recurso sobre la nulidad de las escuchas telefónicas.

Por la tarde, el edil anunció que deja la política: "Ha sido una decisión personal", dijo. Bru confirmó que en este mandato en el que ha estado imputado el PP no le ha expedientado ni le ha pedido que dimita.

La comparencia de Bru ante el juez se enmarca en la nueva tanda de declaraciones a las que el instructor ha citado a los arrestados en la primera fase de la investigación policial del caso Brugal, en mayo de 2007. Entonces, la policía arrestó a seis personas, entre ellas Fenoll, Bru y el clan familiar del empresario. El juez les imputó los delitos de cohecho y tráfico de influencias vinculados con el amaño de la contrata de la basura del municipio de Orihuela.

Esta ronda de interrogatorios también incluye la declaración del primer imputado en este sumario, el ex concejal de Centro Liberal de Orihuela Jesús Ferrández.

www.elpais.es 15.02.11

53) C. VALENCIANA: VETO EN FACEBOOK

La Generalitat bloquea debates sobre RTVV o la transparencia de la Administración en la página que ha abierto en la red social

¿Cuánto ha gastado la Generalitat en la publicidad del nuevo hospital La Fe?

Govern Obert pide el derecho de acceso a la información

La entidad acusa al Consell de usar la red en beneficio propio

Esta pregunta fue formulada en la página de Facebook de la Generalitat valenciana el pasado 25 de enero a las 21.43. No duró mucho. El comentario fue borrado por la Administración valenciana y a las 0.15 apareció un mensaje privado en el perfil del usuario que la formuló. El escrito de respuesta explicaba que la pregunta se había eliminado "por no hacer referencia al tema del post planteado". Además, añadía: "Te recordamos que cualquier contrato público aparece en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Gracias por la sugerencia del debate. Lo comunicamos ya que nos parece una propuesta muy interesante".

Todo ello lo ha denunciado Govern Obert, una plataforma que aboga por "el derecho fundamental de acceso a la información, así como un sistema de gobierno basado en la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana". Fue esta entidad la que planteó la pregunta en la página que la Generalitat tiene abierta al público en esta red social. También solicitaron que se desbloqueara la opción de abrir foros de debate, a lo que accedió la Generalitat.

Govern Obert lanzó varios sobre la transparencia de la Administración pública, la participación ciudadana, el acceso a la información, ideas para un gobierno abierto o la gestión de Ràdio Televisió Valenciana. A las 72 horas de plantear el último, se cerraron todos. "Como institución pública [la Generalitat] no puede fomentar ni debe permitir, de ninguna forma, los tonos irrespetuosos y mucho menos los insultos de otros usuarios, colectivos, entidades y territorios como venía sucediendo últimamente", justificó.

El resultado final ha sido el "bloqueo total" de la posibilidad de participación ciudadana en esta página, precisamente lo que se pretendía con esta iniciativa. Govern Obert destaca que no existe permiso para escribir directamente en el muro. Solo la Generalitat puede hacerlo. Pero además, también está cercenada la posibilidad de plantear debates.

"Es decir, el ciudadano solo tiene la opción de opinar sobre los temas que los administradores de la página de la Generalitat consideren, pero no puede por sí mismo plantear temas de opinión ni adjuntar enlaces en el muro", destacan desde esta entidad.

La conclusión de Govern Obert es que la Generalitat "parece que no ha entrado en Facebook" para abrir un canal permanente de comunicación con la ciudadanía y escuchar sus inquietudes, sugerencias o preguntas con la intención de establecer un diálogo con ellos. "Parece más bien que ha entrado por una cuestión de marketing y difundir los temas que la Generalitat considera oportunos".

www.elpais.es 15.02.11

54) C. VALENCIANA: EL CONSELL PIERDE SEIS MILLONES DEL ESTADO POR NO HACER GUARDERÍAS

Los municipios que financiaron 'escoletes' siguen sin cobrar los fondos de 2008

El victimismo de Generalitat frente al Gobierno central, al que reclama más dinero para inversiones sociales, no siempre está justificado. La Consejería de Educación tendrá que devolver los 6,1 millones de euros procedentes de la partida finalista de 11,4 millones del Estado transferida en 2008 para cofinanciar la construcción de más guarderías públicas ya que solo autorizó obra en 2009 por valor de 5,3 millones, que sigue sin pagar.

Los alcaldes se quejan de los problemas de tesorería municipal

El volumen de la deuda de la Generalitat con los Ayuntamientos que decidieron participar en el llamado plan Educa 3 para tratar de paliar el déficit crónico de plazas públicas de educación infantil de cero a tres años en la Comunidad Valenciana asciende a 5,3 millones. Según el convenio inicial, firmado el 22 de diciembre de 2008 por el consejero valenciano de Educación, Alejandro Font de Mora, y la entonces ministra Mercedes Cabrera, y ratificado por el pleno del Consell un año más tarde, el 18 de diciembre de 2009, la Generalitat dispone de dos años máximo para pagar estas obras que, a diferencia del resto de autonomías, endosó a los Ayuntamientos. El plazo, pues, está a punto de vencer.

El origen del retraso en construir las 1.500 plazas de infantil, que finalmente 27 Ayuntamientos han financiado y puesto en marcha de su propia caja, está en el rechazo frontal de la Generalitat a cofinanciar al 50% las obras del plan Educa 3.

Tras muchas reuniones y dos ministros, el actual responsable de Educación, Ángel Gabilondo, se negó a "concertar" las plazas públicas, y firmó una adenda al convenio, que permitía al consejero Font de Mora trasladar a los Ayuntamientos el desarrollo del plan Educa 3. El Gobierno valenciano se ha ahorrado, además, los 11,4 millones que le corresponderían, según el convenio marco.

El Ministerio de Educación transfirió puntualmente los 11,4 millones del primer plan de 2008. Pero los alcaldes consultados siguen sin cobrar. Es más, la multitud de cartas dirigidas al consejero describen con detalle los problemas "financieros" que sufren los alcaldes de poblaciones pequeñas y medianas como L'Alcúdia. "No escapará a usted la difícil situación económica del momento, que afecta especialmente a los Ayuntamientos", explica el alcalde socialista, Roberto Martínez, en una de las cartas dirigidas al consejero valenciano que no han recibido respuesta. Martínez tacha de "dilación injustificada el no abono de unos fondos que esta Administración autonómica gestiona en representación conveniada de otra, el Ministerio de Educación, y que ha percibido desde hace tiempo".

La Generalitat debe, en concreto, a este Ayuntamiento 632.00 euros. "Esto genera un importante problema de desfase en la tesorería municipal", dado que la Corporación sí ha pagado al contratista en el plazo legal de 60 días. Otros alcaldes confirman los impagos y la falta de respuesta institucional desde finales de 2010.

Cronología

- 22 de diciembre de 2008: El consejero Alejandro Font de Mora firma el primer convenio Educa 3.

- 19 de diciembre de 2008: El Consell ratifica el acuerdo y la adenda para construir 1.500 plazas de infantil en 27 municipios.

- 16 de enero de 2009: se publica en el Boletín Oficial del Estado la transferencia de 11,4 millones de euros.

- 2 de julio de 2009: Orden de la Consejería de Educación que endosa la construcción de las escuelas a los Ayuntamientos. Tendrán dos años para cobrar y solo recuperarán el 50% de la inversión.

- 7 de diciembre de 2009: El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publica la relación de Ayuntamientos y proyectos aprobados por un importe conjunto de 5,3 millones. Se han dejado de invertir 6,1 millones del primer plan.

www.elpais.es 17.02.11

55) C. VALENCIANA: LA CIUDAD DE LAS ARTES: 1.282 MILLONES DE FACTURA

El portavoz socialista, Ángel Luna, reclamó ayer explicaciones por el sobrecoste de 625 millones de euros -104.000 millones de pesetas- que ha pagado la Generalitat por el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, proyectado por el arquitecto Santiago Calatrava. En el complejo, que tenía un presupuesto inicial de 308 millones de euros, se han gastado ya 1.282 millones. Luna pidió ver los expedientes de las modificaciones de la obra, de las que no hay proyecto, y preguntó si los pagos a Calatrava se efectuaron en Suiza. Camps no respondió, y se atribuyó el éxito: calculó su impacto en 2.000 millones y las visitas turísticas en 40 millones.

www.elpais.es 18.02.11

56) C. VALENCIANA: FABRA RECTIFICA A CAMPS Y VALORA ENTRAR EN LA GESTIÓN DEL AEROPUERTO

El presidente de Aerocas asegura que Globalvía quiere dejar la concesionaria

"El presidente de Aerocas no tiene nada que enmendar al vicepresidente de Aerocas". Con esta frase, Carlos Fabra, que ostenta el primer cargo de la sociedad pública promotora del aeropuerto, trató ayer de evitar un enfrentamiento directo con Gerardo Camps, que ocupa el otro puesto, aunque poco antes había rectificado las palabras del también consejero de Economía sobre los planes de la Administración valenciana respecto del futuro aeropuerto de Castellón. Mientras que Camps dijo en las Cortes que el Consell "no tiene previsto hacerse cargo de la gestión" de estas instalaciones, Fabra valora seriamente esta posibilidad.

El Consell debería comprar el 45% de la promotora o asumir diversos gastos

La promotora del aeropuerto, Aerocas (formada por la Generalitat y la Diputación de Castellón) está debatiendo el futuro de la gestión del aeropuerto después de que la concesionaria, Concesiones Aeroportuarias, solicitara el restablecimiento del equilibrio económico financiero, dados los cambios de la normativa aérea y la no ejecución de los proyectos urbanísticos y de ocio que iban a incrementar el potencial turístico de la provincia de Castellón.

Aunque hace apenas unas semanas Fabra negó rotundamente la viabilidad de que la Administración forme parte de la gestión del futuro aeropuerto, ayer afirmó que, tras estudiarlo, la creación de una empresa mixta (formada por la promotora y la concesionaria) que gestione la infraestructura "es viable desde un punto de vista fiscal y mercantil", aunque "no está tan claro desde el punto de vista del Derecho Público". El propio Fabra admitió que este cambio supondría una variación de las condiciones del pliego de adjudicación de la concesión, lo que podría acarrear más de un problema. En cualquier caso, quedó claro que el presidente de Aerocas valora la posibilidad de que la administración pública entre a formar parte de la gestión de unas instalaciones de las que, según sus propias palabras, Globalvía (formada por FCC y Caja Madrid, que concentran un 45% de la empresa concesionaria) "quiere marcharse" a "concesiones de otro tipo que puedan ser, a corto plazo, más rentables".

La posibilidad de que la Administración entre a formar parte de la gestión tiene dos vías. La primera de ellas sería a partir de la compra, por parte de la promotora, del 45% que posee Globalvía. La otra, en el caso de que la negociación del reequilibrio supusiera la entrada de la sociedad pública, haciéndose cargo, directamente, de los gastos que le adjudica la nueva normativa aérea, como son los de los controladores, la seguridad y los servicios de bomberos.

Ayer era también el día en el que se celebraba la "última reunión", según Carlos Fabra, de Aerocas con Globalvía, única porción de la concesionaria con la que la promotora se ha reunido, de momento. Según Fabra, la concesionaria no ha pedido el restablecimiento del equilibrio económico financiero, sino que ha sido únicamente Globalvía la que exige que se determine la cantidad que deberá pagar la administración para que la concesión siga siendo rentable. Sin embargo, esta afirmación choca con las propias palabras de Fabra, quien desveló la existencia de un acuerdo interno entre accionistas por el cual las decisiones en Concesiones Aeroportuarias se han de tomar, como mínimo, con el apoyo del 84% de la mercantil. Esto supondría que, en el caso de que sólo Globalvía hubiera pedido el reequilibrio, la Administración no tendría por qué negociar con ella, ya que no representa al concesionario.

En su primera reunión, Globalvía, según Carlos Fabra, exigió para el restablecimiento del equilibrio económico financiero el pago de ocho millones de euros anuales, durante los 50 años que dura la concesión, es decir, un total de 400. La promotora ya descartó esta cantidad.

www.elpais.es 18.02.11

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