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  BÁJATE EL RESUMEN DEL AÑO GURTELIANO  2010 

Del 29 de Enero  al 04 de Febrero 2011 

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ÍNDICE

 

1) RAJOY, EL CANDIDATO DESPISTADO

2) RAJOY: "¿MEDIDAS PARA CREAR EMPLEO? LO HE ESCRITO AQUÍ Y NO ENTIENDO MI LETRA"

3) RAJOY QUIERE ACABAR CON LOS CONVENIOS SECTORIALES

4) CASO GÜRTEL: CORREA TIENE 25 FINCAS, 30 CASAS, 22 COCHES, 18 GARAJES Y 2 BARCOS

5) CASO GÜRTEL: EL JUEZ PRORROGA DOS AÑOS LA PRISIÓN A CORREA Y REDUCE LA FIANZA DE CRESPO A LA MITAD

6) CASO GÜRTEL: LA COMUNIDAD OCULTA CONTRATOS DE GÜRTEL

7) CASO GÜRTEL: EN CANAL 9 COMPARAN EL COHECHO DE CAMPS CON "FUMARSE UN CIGARRO EN UN BAR O HACER UN GRAFITTI"

8) CASO GÜRTEL: LA FISCALÍA APORTA NUEVAS PRUEBAS CONTRA CAMPS EN EL CASO DE LOS TRAJES

La Fiscalía aporta nuevas pruebas contra Camps en el caso de los trajes

9) CASO GÜRTEL: CORREA COBRÓ DE UNA EMPRESA 12 MILLONES EN EL EXTRANJERO

10) CASO GÜRTEL: UN INFORME POLICIAL SOBRE CORREA Y SU MUJER HALLA VÍNCULOS CON CAMPS Y AGAG

11) CASO GÜRTEL: AGUIRRE PAGÓ 200 EUROS POR METRO DE MOQUETA A UNA FIRMA LIGADA A GÜRTEL

12) CASO GÜRTEL: RAJOY DICE QUE CAMPS ´NO ES UN CORRUPTO´

13) CASO GÜRTEL: EL FIN DE LA INSTRUCCIÓN DEL CASO DE LOS TRAJES COMPLICA LA CAMPAÑA DEL PP

14) AZNAR TEME QUE ESPAÑA SALGA DEL EURO SI CADA AUTONOMÍA ASPIRA A MINIESTADO

15) EL PP INTENTA SUAVIZAR EN EL SENADO LAS SANCIONES A LOS CONTROLADORES AÉREOS

16) UN SENADOR DEL PP RESPONSABILIZA A LA POLICÍA DE LA MUERTE DE LOS TERRORISTAS DE LEGANÉS

17) C.A DE ASTURIAS: Cascos desvela por fin su afiliación al nuevo partido Foro Asturias y se postula para presidirlo

18) C.A BALEARES: FONT, OTRO HISTÓRICO DEL PP BALEAR QUE DEJA SUS CARGOS

19) C.A CASTILLA MANCHA: IMPUTADOS DOS CARGOS MUNICIPALES DE CIUDAD REAL

20) C.A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL DEBERÁ RETRACTARSE O DEMOSTRAR QUE FUE ESPIADA

21) C.A CASTILLA LA MANCHA: EL PP REDUCE A "INDICIOS" LAS "PRUEBAS" DE ESPIONAJE

22) C.A DE CASTILLA LA MANCHA: EL PSOE VE PROBADO QUE COSPEDAL MINTIÓ Y LE EXIGE DISCULPAS

23) C.A DE CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL DICE AHORA QUE NO TIENE QUE PRESENTAR PRUEBAS

24) EL PP EXPULSA A TRES EX CONSEJEROS DE CCM QUE SE NEGARON A OBEDECER A COSPEDAL

25) C. A DE GALICIA: ASÍ SE MAQUILLAN LAS LISTAS DE ESPERA

26) C.A GALICIA: LA SUPRESIÓN DEL VOTO EMIGRANTE PONE EN JAQUE A BALTAR Y LOUZÁN

27) C.A GALICIA: HERNÁNDEZ APRUEBA UN PLAN EN TUI QUE BENEFICIA A LA PROMOTORA DEL ALCALDE

28) C.A DE MADRID: EL PP TRATA DE BORRAR EL PASADO INSULTANTE DE SU CANDIDATO EN GETAFE

29) C.A DE MADRID: EL FISCAL TUMBA EL ARDID DE GALLARDÓN PARA ENMASCARAR LA CONTAMINACIÓN

30) C. VALENCIANA: UN DIRIGENTE DE IU, EN EL BANQUILLO POR LLAMAR "CORRUPTO" A FABRA

31) C. VALENCIANA: DEVUELVEN AL JUZGADO LA PARTE DE BRUGAL QUE AFECTA A G. CAMPS

32) C. VALENCIANA: RAJOY ELUDE CONFIRMAR A CAMPS COMO CANDIDATO HASTA SABER SI IRÁ A JUICIO

33) C. VALENCIANA: DOS AÑOS DE PRUEBAS CONTRA EL PRESIDENTE VALENCIANO

34) C. VALENCIANA: EL CONSELL GASTA MÁS EN UNIFORMES QUE EN COMBATIR EL FRACASO ESCOLAR

35) C. VALENCIANA: LORENTE PAGÓ A SU MODISTA 20.000 EUROS POR UN TALLER PÚBLICO INACTIVO

36) C. VALENCIANA: LA CÚPULA DEL PP ARROPA A LA ALCALDESA TRÁNSFUGA DE DÉNIA

37) C. VALENCIANA: EL FISCAL GENERAL RECHAZA APARTAR A CABEDO DEL 'CASO LUNA'

38) C. VALENCIANA: FENOLL: "¿CUÁNDO ME VA A PAGAR LOS DOS MILLONES?" IRRUMPE EN EL PLENO Y FRENA LA CONTRATA DE LA BASURA

39) C.VALENCIANA: LA AUDIENCIA DEVUELVE AL JUEZ LA PIEZA DEL 'CASO BRUGAL' QUE AFECTA A GERARDO CAMPS

40) C. VALENCIANA: EL TSJ DICTA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LA QUERELLA DEL PP CONTRA LUNA

41) C. VALENCIANA: RTVV DOBLÓ SU PLANTILLA Y MULTIPLICÓ LA DEUDA POR 40 CON LA GESTIÓN DEL PP

42) C. VALENCIANA: BARBERÁ NO RINDE CUENTAS SOBRE LA AYUDA AL FALSO CURA

43) C. VALENCIANA: LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS DE FABRA SE RESOLVERÁ ANTES DE OCHO MESES

44) C.VALENCIANA: EL SUPREMO REVISARÁ LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS DE FABRA

45) C. VALENCIANA: ALTERNATIVA POPULAR, UN NUEVO PARTIDO NACIDO DE LA ESCISIÓN EN EL PP

46) EL LIDERAZGO DE RIPOLL EN EL PP SE DEBILITA AL SER SUS AFINES LOS CABECILLAS DE LAS RUPTURAS


1) RAJOY, EL CANDIDATO DESPISTADO

Durante la entrevista que Mariano Rajoy concedió a Veo7 el pasado martes, el presidente del PP cometió su enésimo despiste ante las cámaras cuando fue incapaz de desvelar sus propuestas para salir de la crisis aduciendo que no lograba comprender su propia letra. "Es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable", comentó Rajoy con cara de pasmo, "que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra". Sin embargo, este no es el único despiste de Rajoy.

El día 31 de julio, el presidente del PP se despedía antes de irse de vacaciones a través de un mensaje grabado en un coche. El conservador volvía de un acto en Toledo y lo hacía sin abrocharse el cinturón. El despiste de Rajoy obligó a Jorge Moragas, su jefe de gabinete, a emitir un comunicado reconociendo "el error cometido". "Normalmente [Rajoy] es muy cuidadoso con el cumplimiento de las medidas de seguridad", afirmaba el texto. 

Lo de Rajoy, definitivamente, no son los coches. De viaje en Barcelona, Rajoy acudió a una entrevista en TV3. Al salir de los estudios, se sentó en el asiento trasero de un coche... que no era el suyo, sino de un socialista. "¡Señor Rajoy, este no es un coche!", le espetó el chófer de Jorge Alarte, secretario general de los socialistas valencianos.  

El pasado 3 de diciembre, Rajoy sufrió las consecuencias de la huelga encubierta de los controladores aéreos y se quedó atrapado en Lanzarote. Al ser abordado por los periodistas, el aspirante a presidir el país aseguraba desconocer si el conflicto era "de los controladores, del Gobierno, del Gobierno y los controladores, de AENA o de quién". 

La equivocación más dolorosa para el presidente del PP llegó el pasado 12 de enero en Bruselas, durante un homenaje a la ex ministra Loyola de Palacio. "Estamos muy orgullosos y muy contentos de nuestra candidata... eh... por el Partido Popular de Asturias, Isabel Fernández Espinosa", dijo Rajoy. Error, dado que la candidata elegida por el PP en lugar de Francisco Álvarez-Cascos se llama Isabel Pérez Espinosa y no como dijo el despistado presidente del PP. 

Por no recordar, Rajoy no recuerda ni qué votó en el Congreso durante la votación de la Ley Antitabaco. "Nosotros no hemos votado la Ley Antitabaco. Creo que nuestra posición fue de abstención", dijo en una entrevista en RNE. Mala memoria la suya, dado que su partido votó a favor tanto de admitir a trámite la iniciativa en junio como del dictamen de la ley en la Comisión de Sanidad en octubre.

www.publico.es 03.02.11

2) RAJOY: "¿MEDIDAS PARA CREAR EMPLEO? LO HE ESCRITO AQUÍ Y NO ENTIENDO MI LETRA"

Mariano Rajoy protagoniza otro de sus habituales despistes durante una entrevista con Pedro J. Ramírez en Veo7

Mariano Rajoy no conoce ni sus propias propuestas para salir de la crisis. La persona que, según apuntan todas las encuestas, será presidente del Gobierno el año próximo, se topó ayer con un problema doble: aparte de tener que recurrir a un papel para recordar sus soluciones, fue incapaz de interpretar su propia letra en la 'chuleta' que se preparó.

Una espectadora del programa La vuelta al Mundo, de Veo7, le preguntó a Rajoy por el paro juvenil y por las medidas que pensaba adoptar para ayudar a los jóvenes emprendedores. A medida que le iban preguntando, el presidente del PP iba haciendo anotaciones en un papel.

Cuando llegó el momento de responder, Rajoy se quedó mudo y empezó a balbucear: "Vamos a ver, eeeh, uuum..." mientras escrutaba cada vez con mayor interés el papel. Tras siete segundos y viendo que el líder del PP no lograba reaccionar,  intervino Pedro J. Ramírez: "Vamos a ver si es capaz de responder en un minuto".

Rajoy no tuvo más remedio que reconocer lo evidente: "¿Medidas para crear empleo? Bueno, la verdad es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra".

Otros despistes llamativos

No es la primera vez que el jefe del PP protagoniza sonoros despistes en lo últimos meses. A principios de noviembre, en Barcelona, se subió al coche oficial del dirigente socialista Jorge Alarte pensando que era el suyo. En verano rodó un vídeo en un coche en marcha y se olvidó ponerse el cinturón, lo que también generó cierta polémica.

El último lo protagonizó en Bruselas cuando confundió el nombre de la candidata del PP en Asturias: la llamó Isabel Fernández-Espinosa cuando en realidad se llama Isabel Pérez-Espinosa.

www.publico.es 02.02.11

3) RAJOY QUIERE ACABAR CON LOS CONVENIOS SECTORIALES

Critica los "festejos" por la reforma de las pensiones que Merkel aplaude

Dolores de Cospedal insiste en que el PP es el verdadero partido de los trabajadores. Mariano Rajoy remata que "la solidaridad y la justicia social no son patrimonio de ninguna fuerza política". El PP no disimula su intención de suavizar su imagen, de evitar el miedo que aún genera entre una parte de la clase trabajadora. Por eso el líder del PP insistió ayer en colocarse del lado de los trabajadores y criticar los "festejos" por una reforma que "recorta las pensiones a todos los trabajadores".

Sin embargo, Rajoy también quiere ir lanzando alguna propuesta en esta nueva etapa de imagen más constructiva que está desarrollando. Y la que planteó ayer implicaría una guerra abierta con los sindicatos. El líder del PP, que siempre había hablado de fomentar que los convenios se hagan más en cada empresa, planteó ayer indirectamente la eliminación de todos los convenios sectoriales y provinciales, los que regulan los mínimos y sirven sobre todo para evitar abusos en las empresas más pequeñas.

"Nuestra legislación laboral es antigua, viene de la época de Franco", aseguró Rajoy en un mitin en Toledo con Dolores de Cospedal. "Tiene que haber un convenio nacional que fije las bases de los intereses generales y luego las empresas deben fijar sus propios convenios, porque no es lo mismo una empresa en Toledo que otra en La Gomera. Tenemos que ser más flexibles, si lo fuéramos no estaríamos como estamos", remató. El sistema de negociación colectiva está en pleno proceso de reforma, y ni siquiera toda la patronal está convencida de plantear una posición tan dura como la de Rajoy.

El líder del PP fue especialmente duro con la reforma de las pensiones precisamente el mismo día en que Angela Merkel, que estaba en Madrid, y Nicolas Sarkozy, en París, socios del PP, alaban a Zapatero por sus reformas. Fuentes del entorno de Rajoy insistían en que es lógico que Merkel aplauda a Zapatero en público y que si tiene que darle "algún tirón de orejas" por su política económica lo hará en privado. Rajoy no ha intentado siquiera reunirse con Merkel porque, según su entorno, era una visita relámpago y ya se ven en Bruselas.

La cúpula del PP insiste en privado en que tiene una "predisposición positiva" con la reforma, esto es, que votará sí, pero Rajoy en público no ahorró críticas. "Están celebrando el recorte de las pensiones el mismo día en que conocemos los datos del paro. Es una falta de respeto a pensionistas y parados. Zapatero, en vez de celebrar, debería estar escondiendo la cara por vergüenza".

www,elpais.es 04.02.11

4) CASO GÜRTEL: CORREA TIENE 25 FINCAS, 30 CASAS, 22 COCHES, 18 GARAJES Y 2 BARCOS

El juez quiere subastarlos para recuperar dinero robado

El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, prepara un total de 99 embargos (algunos ya están en marcha) contra bienes que atesoró la trama que dirigían Francisco Correa y el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo. Pedreira pidió en noviembre pasado a la policía que detallase los bienes muebles e inmuebles vinculados a la red Gürtel con la finalidad de tasarlos y posteriormente subastarlos para reintegrar a las arcas públicas los muchos millones de euros que la trama amasó sobornando a politicos del PP a cambio de contratas. La policía ha entregado al juez una relación de 102 bienes situados en diferentes partes de España. Prácticamente todos ellos pertenecen a Correa, aunque los tiene a nombre de sociedades interpuestas, Kintamani, Artas, Caroki, Osiris Patrimonial... Otros están a nombre de Crespo, lugarteniente de Correa, o de Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market en Valencia.

Los agentes le han descubierto 25 fincas o parcelas en Cádiz, Madrid y Baleares; 18 plazas de aparcamiento en diferentes ciudades y una treintena de casas y apartamentos, muchos de ellos de lujo, en Marbella, Cádiz, Madrid y Barcelona, así como 22 vehículos (muchos de ellos de gama alta) y dos barcos radicados en Alicante.

En registros hechos por la policía en viviendas de Correa los agentes también han decomisado todo un arsenal de joyas, que también serán tasadas y subastadas. El juez Pedreira quiere que todo sea subastado y se convierta en dinero que vuelva a las arcas del Estado. En la citada relación de bienes no figuran otros apartamentos que Correa tiene en Colombia, Panamá y Estados Unidos.

Aparte de estos pisos, coches, fincas y plazas de garaje, la trama Gürtel esconde muchos millones en el extranjero procedentes de las comisiones que obtenía Correa merced a los pelotazos inmobiliarios que le permitían sus contactos políticos, a los que sobornaba. Los agentes han descubierto ya 33 millones en Suiza y Mónaco, y se le buscan otros 30 en EE UU.

www,elpais.es 04.02.11

5) CASO GÜRTEL: EL JUEZ PRORROGA DOS AÑOS LA PRISIÓN A CORREA Y REDUCE LA FIANZA DE CRESPO A LA MITAD

Pedreira justifica su decisión sobre el 'número uno' de la trama corrupta en la gravedad de los delitos que se le imputan y en el riesgo de fuga

El magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha prolongado dos años la prisión provisional para Francisco Correa, el presunto cabecilla de la mayor trama corrupta de la democracia y ha reducido a la mitad, de 1.200.000 euros a 600.000 euros, la fianza del número dos, Pablo Crespo, que podrá salir de prisión si abona esta cantidad.

En un auto hecho público hoy, Pedreira justifica la decisión de mantener a Correa en prisión en la gravedad de los múltiples delitos que se le imputan y en el riesgo de fuga que, en su opinión, existe "desde el primer día y continua manteniéndose en la actualidad".

Correa, a quien el juez imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental, permanece en la prisión de Soto del Real desde que en febrero de 2009 fue detenido por orden del juez de Baltasar Garzón.

Además, Pedraz acuerda, en un segundo auto hecho público hoy, prorrogar la situación de prisión provisional de Pablo Crespo salvo que "se abone la fianza de 600.000 euros", lo que supone una reducción a la mitad de la fianza, con lo que accede así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción del pasado 24 de enero. Además, el magistrado le impone como requisito comparecer "todos los lunes y viernes" ante el tribunal, le retira el pasaporte y le prohíbe abandonar España.

Los informes confirman los hechos imputados

El juez añade en el auto que a lo largo de estos años de instrucción "las distintas unidades de auxilio judicial" han emitido informes que confirman los hechos imputados a Correa y Crespo. En concreto, Pedraz alude a informes referidos a deudas tributarias, a las entregas de dinero y a irregularidades en contratos públicos que acreditarían los delitos de prevaricación, imputados a los número uno y dos de la trama corrupta.

Además Pedraz explica en el auto que "los indicios se han confirmado respecto de la existencia de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad, blanqueo de capitales y diversos delitos contra la Administración Pública, entre ellos, tráfico de influencias y cohecho".

www,elpais.es 04.02.11

6) CASO GÜRTEL: LA COMUNIDAD OCULTA CONTRATOS DE GÜRTEL

La Comunidad adjudicó a una firma implicada en Gürtel por 39 millones

El Servicio Madrileño de Salud adjudicó entre 2005 y 2009 ocho contratos por un importe de 11,5 millones a Constructora Hispánica, una empresa vinculada al caso Gürtel, la trama de corrupción que afectó a administraciones gobernadas por el Partido Popular. Este partido ha evitado desde entonces la fiscalización de los ocho contratos. Entre ellos se encuentra la construcción del centro polivalente de Vallecas (4,3 millones) en 2005, la del centro de salud de la Casa de Campo (3 millones) en 2006 o las obras de reforma del Hospital de la Princesa (2,6 millones) en 2006. El Gobierno del PP impide el acceso a los contratos.

La diputada socialista Livia Castillo detectó que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) había adjudicado hasta ocho grandes contratos a Hispánica para la realización de obras de reforma, mantenimiento de diferentes instalaciones e incluso climatizaciones por un importe total de 11,5 millones (en total, las adjudicaciones de la Comunidad a Hispánica superan los 39 millones). En marzo de 2009, la parlamentaria reclamó por primera vez, una copia íntegra de todos los documentos que conformaban los expedientes. Pero el Gobierno regional esquivó el requerimiento alegando que no era posible identificar los contratos solicitados, a pesar de que se aportaba la fecha, la identificación de la empresa y el importe del mismo. El Sermas es una de las entidades regionales que, según la Cámara de Cuentas, ha dilatado más la presentación de su contabilidad. La oposición ha criticado en repetidas ocasiones la opacidad del Sermas. Esta entidad que gestiona un tercio del presupuesto de la Comunidad de Madrid (unos 7.000 millones de euros) no está obligada a fiscalizar sus cuentas en la Asamblea.

Pocos meses más tarde de la primera negativa, en noviembre del mismo año la diputada socialista Livia Castillo volvió a reclamar información sobre los contratos. En esta ocasión precisó el número del expediente de contratación, desde entonces no se ha producido ninguna comunicación formal por parte del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, explica la parlamentaria. En diciembre, Castillo remitió un burofax al consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, reclamándole una "cita para examinar los expedientes" que afectan a los contratos con Hispánica después de ver como ignoraba sus peticiones. Hoy está previsto que el consejero intervenga en la cámara y aporte luz sobre estos contratos después de que los socialistas lo exigieran.

Los socialistas se cuestionan si realmente se ejecutaron las obras y los suministros acordados. La supervisión de los contratos es relevante porque Hispánica es una de las principales empresas salpicadas por el caso Gürtel. El que fuera su propietario, Alfonso García Pozuelo, figura en el sumario como uno de los empresarios que hacía negocios con la red corrupta. Supuestamente entregaba dinero a cambio de contratos públicos. En la documentación intervenida por la investigación figuran pagos de 4,1 millones de euros a Francisco Correa. Este empresario decidió en 2009 entregar 19,7 millones de euros a Hacienda para hacer frente a los delitos fiscales. Hispánica, que ahora se llama Assignia, ya no pertenece a García Pozuelo sino a la constructora Essentium. Un portavoz de la firma dice que la cifra de 11,5 millones "no es sustancial" ya que esta licita al año por un valor de 15.000 millones. Además, apunta que en 2008 una de las empresas de Andalucía, gobernada por el PSOE, les adjudicó una obra de 15 millones.

Fuentes del Gobierno regional niegan que sea verdad que no se haya permitido el control de los expedientes a los diputados de la oposición, y sostienen que en éstos se han seguido todos los trámites previstos por la ley. El mismo portavoz del Ejecutivo autonómico justifica su retraso de más de un año intentando endosar la culpa a la oposición: "La última petición coincidió con un cambio en Sanidad, pero hace dos semanas nos pusimos en contacto con la diputada Castillo para contestarle, pero no fue posible", dijo.

www.elpais.es 03.02.11

7) CASO GÜRTEL: EN CANAL 9 COMPARAN EL COHECHO DE CAMPS CON "FUMARSE UN CIGARRO EN UN BAR O HACER UN GRAFITTI"

Entre los dos siguientes vídeos hay mucho más que casi dos años de diferencia. De una grabación a la otra se aprecia el cambio radical que está sufriendo Canal 9 en relación al caso de los trajes por el que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, está imputado por cohecho pasivo y a punto de tener que sentarse en el banquillo. ¿Ahora se informa amplia y objetivamente del tema? No, pero ya se habla del tema en lugar de hacer piruetas orales para evitar decir la palabra "imputado". Eso sí, en lugar de hacerlo desde los informativos y atendiendo a la obligación de servicio público de la cadena, ahora se hace desde el programa de opinión DBT, que presenta Isabel Durán, y que parece haberse convertido en el gabinete de abogados de Camps, según denuncian los sindicatos.

"Canal 9 paga las tres nuevas abogadas de Campos. La desvergüenza continúa". Con este mensaje, los sindicatos de Radio Televisión Valenciana alertaban ayer de la escena vivida en el último programa de DBT y remitían a su página web, donde han colgado un vídeo en el que se observa la encendida defensa que hace la presentadora, Durán, del presidente Camps y de su presunto delito, cuya sanción "es menor que fumarse un cigarro en un bar y le pillan o quien hace un grafitti". Carmen Gurruchaga y Charo Zarzalejos son las otras dos abogadas que se suman a la presentadora, aunque Alfonso Rojo no parece quedarse a la zaga.

www.elplural.com 03.02.11

8) CASO GÜRTEL: LA FISCALÍA APORTA NUEVAS PRUEBAS CONTRA CAMPS EN EL CASO DE LOS TRAJES

La Fiscalía aporta nuevas pruebas contra Camps en el caso de los trajes

Un CD con un archivo de excel apuntaría que la trama Gürtel abonó 30.000 euros de prendas de vestir para el presidente y otros altos cargos de la Generalitat y del PP de Valencia.

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La Fiscalía ha pedido al juez del tronco central del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que remita de inmediato al Tribunal Superior de Justicia de Valencia pruebas adicionales que, siempre según Anticorrupción, implicarían a Francisco Camps y a otros cargos de la comunidad en la recepción de nuevos sobornos por parte de la empresa de Francisco Correa en Valencia, Orange Market. En concreto, el Ministerio Público reclama al magistrado que envíe al instructor valenciano del «caso de los trajes», José Flors, un CD con un archivo de 'excel' que apuntaría que la trama Gürtel abonó 30.000 euros de prendas de vestir para el presidente y otros altos cargos de la Generalitat y del PP de esa comunidad. Ese archivo, desvela un documento de la Fiscalía al que ha tenido acceso este periódico, ha sido aportado dentro de un disco duro y ante notario en Madrid por Isabel Jordán, ex administradora de Easy Concept, una de las firmas que pagaron con cohechos los supuestos favores de los responsables políticos.

De ese archivo, denominado «orange isabel.xls -alicia/ALICIA/ORANGE MARKET», se infiere, según Anticorrupción, que una de las empleadas de Correa, Alicia Mínguez, dio orden de abonar esos 30.000 euros a la tienda Forever Young, donde los políticos valencianos se confeccionaban los trajes. En la causa de los trajes, que la justicia valenciana consideraba hasta ahora concluida y que sólo está pendiente de los informes finales de las partes, además de Camps figuran como imputados el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de la consellería de Turismo, Rafael Betoret, y el ex secretario general del partido en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa.

http://www.lavozdegalicia.es/espana/2011/02/03/00031296762185676651741.htm

9) CASO GÜRTEL: CORREA COBRÓ DE UNA EMPRESA 12 MILLONES EN EL EXTRANJERO

Hacienda destapa otra comisión multimillonaria tras la de Arganda

Francisco Correa, considerado el jefe de la trama Gürtel, cobró, en diciembre de 2004 y sin explicación conocida, 12 millones de euros de Manuel Salinas, dueño del grupo empresarial aragonés Salgar, que ahora participa en el holding Ros Roca Internacional. El pago, y así lo detalla un informe de Hacienda incorporado al sumario, se hizo mediante una transferencia a una cuenta abierta en Mónaco por Awberry License, una de las sociedades utilizadas por Correa para canalizar el dinero negro que le proporcionaban sus enjuagues con administraciones controladas por el PP. El envío de fondos se realizó desde Fairway International, compañía panameña donde el empresario Manuel Salinas consta como mandatario y beneficiario, explica Hacienda.

Este es el segundo pago multimillonario en el extranjero que destapan las pesquisas ordenadas por el juez Antonio Pedreira. Hace 20 días, el magistrado reveló en un escrito la existencia de otra comisión de 13 millones abonada a Correa en 2006 por sus labores de conseguidor en un pelotazo urbanístico de Arganda (Madrid) que reportó no menos de 73 millones de euros a la inmobiliaria Martinsa. Tanto el ex alcalde de Arganda como el ex consejero delegado de la sociedad municipal de suelo, ambos elegidos por el PP, permanecen imputados en el caso.

Salgar vendió suelopara un proyecto en Bárboles, donde gobierna el PSOE

Golf y viviendas

Ayer, Público intentó recabar la versión del propietario del grupo Salgar. Salinas, de 89 años, confirmó que Salgar participa en Ros Roca Internacional, cuyas adjudicaciones públicas en la etapa del PP investiga Pedreira. El empresario adujo asimismo que ignora el porqué de ese pago de 12 millones. Y dijo que ni siquiera conoce a Correa. En una conversación posterior, su abogado rehusó hacer declaraciones.

El informe de la Agencia Tributaria sobre este nuevo pago detectado en Mónaco, donde Correa tiene ya bloqueados 4,3 millones de euros, se muestra cauto sobre el origen de la comisión. Pero señala cómo Agrícola Ganadera La Corona, una de las empresas de la constelación Salgar, participó en la gestación de un macroproyecto urbanístico en Bárboles, municipio aragonés de 300 habitantes situado muy cerca de la capital zaragozana. Ese macroproyecto, que preveía originalmente hasta 7.000 viviendas y dos campos de golf, no existe aún.

Hacienda sospecha que el pago buscara saldar la deuda de "un tercero"

Fuentes del Gobierno de Aragón subrayaron ayer que tanto la Diputación de Zaragoza como el Ejecutivo regional vetaron el plan "por descabellado". Sin embargo, el actual alcalde de Bárboles aseguró en noviembre de 2009 a Heraldo de Aragón que el proyecto, para 1.500 viviendas, seguía en marcha, aunque sus promotores, impulsores de un convenio urbanístico presentado en 2006, ya no tenían "tanta prisa como antes".

Cuando, en octubre de 2004, Agrícola Ganadera La Corona vendió los terrenos de Bárboles a una sociedad en teoría ajena a Salgar Davalu, del grupo Proconsol, la localidad estaba gobernada por la socialista Tomasa Joven. Este diario no logró anoche contactar con la ex regidora, a quien en 2007 relevó el también socialista José Ángel Subías.

Pero la operación urbanística de Bárboles no es la única hipótesis para el origen del pago. Hacienda sugiere que, dado que no hay "ninguna causa aparente" para el traspaso de 12 millones a Don Vito, cabe la opción de que Salinas fuera una especie de pagador vicario. Es decir, que hubiera satisfecho "una deuda que un tercero tuviera con Francisco Correa". Respecto a quién podría ser ese tercero y en concepto de qué se habría generado la deuda, Hacienda no se aventura.

El traspaso de 12 millones no fue el único efectuado por Fairway a Correa o su entorno. El pasado verano, Mónaco comunicó al juez Pedreira que, el 27 de junio de 2006, la sociedad panameña de Manuel Salinas hizo llegar cuatro millones de euros a una cuenta suiza de Cedargrove Inv., una de las que manejaba Arturo Fasana, gestor de Correa imputado en el caso.

www.publico.es 02.02.11

10) CASO GÜRTEL: UN INFORME POLICIAL SOBRE CORREA Y SU MUJER HALLA VÍNCULOS CON CAMPS Y AGAG

Los agentes detectan contactos del yerno de Aznar con una firma de la red Gürtel dedicada a compraventa de inmuebles

María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa, no es ajena al entramado de corrupción de su marido, sino una pieza importante, a juzgar por la documentación hallada en la casa que compartían ambos en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

  • La esposa de Correa extrajo 345.456 euros de la 'caja b' del entramado

  • Rodríguez actuó de nexo entre su marido y el regidor de Majadahonda

  • El líder de la trama fue testigo de la boda de la hija de Aznar en El Escorial

  • Hay "numerosas" llamadas desde una firma de la red al teléfono de Agag

  • Un informe remitido por la policía al juez con la petición de que se mantuviera secreto y no se entregara a las partes recoge lo hallado en las agendas particulares de la entonces esposa del cabecilla de la trama Gürtel. Se citan, entre otros, los nombres de Francisco Camps, presidente de la Comunidad de Valencia; y de Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar.

    "El grado de implicación de María del Carmen", escribe la policía, "dentro de las relaciones sociales establecidas entre los distintos individuos que forman parte de todo el entramado diseñado por Correa, es mayor de lo que manifiesta en sus declaraciones ante la sede judicial, cuando niega cualquier tipo de conocimiento o relación con estas personas, la mayoría imputadas en la presente causa. En sus agendas personales aparecen los nombres y apellidos junto a sus números de teléfono de Pablo Crespo, Jesús Sepúlveda, Rosalía Iglesias o Francisco Camps".

    Alejandro Agag, que también aparece en la agenda particular de la mujer de Correa y no está imputado en el caso, siempre se ha mostrado ajeno a los negocios de la trama corrupta. Correa fue uno de los testigos de la boda de Agag con la hija de José María Aznar.

    La policía destaca en su informe que el nombre de Agag "figura en repetidas ocasiones" no solo en la agenda particular de María del Carmen Rodríguez Quijano sino en numerosas llamadas desde Inversiones Kintamani "en las fechas 7/6/1997 y 7/10/1996".

    Esta firma, propiedad de la trama, se dedicaba a la compraventa de bienes inmuebles. Fue creada en 1996 por el abogado Luis de Miguel (que montó para Correa el entramado societario en el extranjero). Las sociedades mercantiles holandesas Bellavista Holding BV y Jubilate Holding BV fueron socios constituyentes de Inversiones Kintamani. Tras dejar esas firmas Luis De Miguel, el abogado José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol, fue nombrado administrador único de Kintamani en 2005.

    La policía sostiene que Kintamani, propietaria de fincas en Madrid, Marbella (Málaga) y Tarifa (Cádiz), entre otras ciudades, es una de las firmas de las que se sirvió Correa para blanquear dinero. El juez Antonio Pedreira ha enviado comisiones rogatorias a Holanda ante la convicción de que la trama oculta parte de su patrimonio ilícito en paraísos fiscales de las Antillas Holandesas. Holanda, de momento, no está colaborando con el juez.

    Agag, al que cita la policía en el informe, fue socio de Jacobo Gordon, quien también fue testigo del enlace matrimonial y que es otro de los imputados en la trama.

    En el sumario se incluye documentación que acredita que Pablo Crespo, número dos de la red, le entregó 600.000 euros para que adquiriese una finca en la población alicantina de La Nucia. Gordon también está relacionado con la firma Real Estate Equity Portfolio, que controla la mayor parte del accionariado de otras seis firmas dedicadas al negocio inmobiliario, entre ellas Proyecto Twain Jones.

    En la agenda de la mujer de Correa también figuraba el nombre de "Rosa Bárcenas", en relación con la mujer del ex tesorero nacional del PP, que en realidad se llama Rosalía Iglesias Villar. La policía tiene documentos con un nombre parecido, aunque no exacto, al de la mujer de Luis Bárcenas, lo que la vincularía como una de las inversoras del Proyecto Twain Jones para construir 16 viviendas de lujo en la localidad de Majadahonda (Madrid). Supuestamente, la cantidad invertida por la mujer de Bárcenas en el citado proyecto es de 150.000 euros. En documentación intervenida en el despacho del abogado Blanco Balín, aparece esa cifra manuscrita, que la policía atribuye a su marido, Luis Bárcenas. El juez archivó hace meses la causa contra Iglesias Villar

    En otra agenda intervenida a la ex esposa de Correa y que, según la policía, acredita que su papel en la red no era meramente testimonial, también aparece varias veces el teléfono de Gordon, junto a anotaciones referidas al presidente valenciano, Francisco Camps, y a su entonces jefa de gabinete ,Ana Michavila, hermana del ex ministro de Justicia José María Michavila. Alude en concreto a "una cena con afiliados" a la que asistirían "Paco Camps, Ana Michavila".

    Los agentes concluyen en su informe que la ex esposa de Correa no es ajena "a la estructura empresarial ideada" por su marido, puesto que perteneció a los órganos de gobierno de algunas de las principales empresas. Señalan los responsables de la investigación que, desde su puesto de jefa de gabinete del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, otro de los imputados en el caso, urdió adjudicaciones en connivencia con el regidor a favor de distintas sociedades de la red.

    La mujer de Correa fue el nexo de unión entre este y el alcalde, señalan los agentes. Uno de los más importantes ingresos que ha tenido el entramado de Correa en Majadahonda, que le reportó un contrato de 1,5 millones de euros por la Oficina de Atención al Ciudadano de esa localidad, se produjo tras la llegada de Ortega al Ayuntamiento.

    La policía dispone de documentación que revela que ella misma coadyuvó a la adjudicación de contratas a su marido. Ella recibía correos electrónicos dirigidos a su marido y a empresas de la red, de lo que se infiere que "era consciente" e incluso participó en el entramado de corrupción, del que además se lucró.

    Ella conocía, además, la existencia de la caja B de las empresas de su marido, de las que extrajo a lo largo del tiempo al menos 345.456 euros.

    En el informe hay abundante documentación que acredita la retirada de grandes cantidades de dinero en efectivo, algunas en billetes de 500 euros.

    "No sería erróneo pensar que también habría participado como una pieza más en las funciones de reinversión del dinero ilícitamente obtenido por las adjudicaciones fraudulentas a las empresas" de su marido, se explica en el informe.

    También conocía el extenso patrimonio que su marido ocultaba a través de testaferros y sociedades como dos barcos y numerosas fincas.

    Trajes para alcaldes

    Informe secreto La policía apunta en un informe -que solicita que se mantenga secreto- nuevos indicios de cohecho en la actuación contra la trama corrupta. Entre ellos, destaca el pago de trajes a políticos a cambio de adjudicaciones a empresas de la red Gürtel. Hasta ahora, la investigación judicial había destapado regalos de trajes en la Comunidad Valenciana, donde Álvaro Pérez, uno de los jefes de la trama, abonó decenas de miles de euros por prendas para el presidente del Gobierno autonómico, Francisco Camps, y miembros de su cúpula. El nuevo informe policial destapa que en la Comunidad de Madrid se hizo lo mismo con Guillermo Ortega, que fue alcalde de Majadahonda y tuvo durante un tiempo como jefa de su Gabinete a María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Francisco Correa. "La organización", señala el informe tras aportar una serie de facturas del sastre Rafael Caballero, "se estaría haciendo cargo del pago de prendas de vestir (trajes y abrigos) confeccionados para Guillermo Ortega. Para ello se elaboran facturas ad hoc en las que se alteran los conceptos (de trajes a trabajos de decoración o telas) y se desglosan las facturas".

    El sastre de Correa Rafael Caballero, el sastre del cabecilla de la trama corrupta, declaró a la policía: "En todas las facturas que he confeccionado de prendas para el señor Correa se recogen conceptos que no tienen nada que ver con el producto servido, ya que el señor Correa me indicó que si quería trabajar con ellos lo tenía que hacer allí". Lo que cuenta el sastre es parecido a lo ocurrido con la tienda Forever Young, que sirvió la mayoría de los trajes regalados por la trama corrupta a cinco cargos y ex altos cargos de la Comunidad Valenciana, entre ellos el presidente regional, Francisco Camps.

    www.elpais.es 31.01.11

    11) CASO GÜRTEL: AGUIRRE PAGÓ 200 EUROS POR METRO DE MOQUETA A UNA FIRMA LIGADA A GÜRTEL

    La policía envía al juez un informe del contrato de los actos institucionales de 2006

    La red Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, logró beneficios de hasta el 50% en el contrato principal de los actos institucionales de la presidenta Esperanza Aguirre durante 2006 aunque su nombre no apareció por ningún lado.

    La adjudicación por 317.000 euros de ese contrato recayó en Decoraciones CMR, una firma aparentemente nada sospechosa. La investigación judicial del caso Gürtel ha puesto al descubierto cómo esta empresa trabajaba al dictado de la trama corrupta que lideraba Francisco Correa.

    Hasta el punto de que, según el último informe aportado por la policía al juez Antonio Pedreira, la proposición económica que presentó CMR al concurso para montar todos los actos institucionales de la presidenta Esperanza Aguirre fue redactada por empresas de la red Gürtel con los siguientes precios:

    - Fondo de escenario: 224 euros por metro cuadrado.

    - Escenario: 194 euros por metro cuadrado.

    - Laterales de escenario: 306 euros por unidad.

    Así se recoge en uno de los numerosos correos electrónicos que forman parte de la documentación incautada a la trama que dirigía Francisco Correa.

    En la documentación recabada por el juez y analizada ahora por la policía, se registran unos beneficios por cada acto montado para alguna de los actos donde interviniera la presidenta autonómica de casi el 50%.

    También presenta la policía en su informe un contrato privado por el que Decoraciones CMR, la adjudicataria del concurso convocado por la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, subcontrata el servicio a Servimadrid Integral, una de las empresas de la trama corrupta.

    Este contrato privado demostraría, según la investigación, como la red Gürtel siguió recibiendo contratos de la Comunidad de Madrid a través de sociedades pantalla que utilizaba para que se presentaran a los concursos públicos.

    No es la primera vez que, tras dos años de investigación judicial, aparece documentación que acredita como la trama corrupta logró contratos de la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, para el que trabajó casi en exclusiva, a través de empresas pantalla, como Decoraciones CMR.

    El informe señala que esta pauta de actuación era dirigida desde la viceconsejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, que ocupaba aquel año Alberto López Viejo, que fue la mano derecha de Aguirre en sus actos institucionales. "La viceconsejería de Presidencia determinaba con quién contratar, si se solicitaba presupuesto previo o no, a qué consejería había que facturar y por qué importes".

    La policía concluye que la trama corrupta pagaba a las empresas pantalla una comisión de la factura a la Comunidad de Madrid. "Esto", según la policía, "atenta contra uno de los principios de la contratación administrativa seguida por la Comunidad de Madrid, como es el principio de transparencia".Las empresas del grupo Correa que utilizaban como pantalla a la firma Decoraciones CMR, SL, para realizar los actos en los que intervenía la presidenta regional Esperanza Aguirre, tenían una contabilidad opaca al fisco. Una doble contabilidad. Aunque Correa tenía todo un abanico de empresas para conseguir actos o contratas de la Comunidad de Madrid sin que la competencia se diera cuenta de que siempre resultaba él beneficiado, a veces pedía a empresas amigas que se presentaran ellas: les garantizaba la adjudicación y, en contraprestación, les daba una comisión del 5% del abultado beneficio.

    En realidad, tales empresas ni siquiera hacían ellas los trabajos. Formalmente se los adjudicaban, pero los obreros eran los de Correa; en concreto los de Servimadrid Integral, SL. Había tajada para todos. En registros a las empresas de la trama Gürtel, los investigadores se incautaron, por ejemplo, de un archivo consistente en una hoja de cálculo bajo el título Actos CMR 2005-2006. En esa hoja, la trama calcula el beneficio antes incluso de realizar el trabajo. Por un acto relativo a la celebración de los dos primeros años de Gobierno de Aguirre, en 2006, la trama factura a la Comunidad "12.607 euros", cuando el coste real del evento era, según la citada hoja de cálculo, 9.237. Obtuvo un beneficio de 3.370 euros, con un 27%.

    El Grupo Rafael

    Por el montaje de los actos del 2 de mayo del año 2005, la trama facturó a las arcas públicas de la Comunidad 26.816,71 euros, cuando el coste real era de 11.468,06. Es decir, Correa se llevó 15.348,65 euros de beneficio (un 50,16% de margen). De esa cantidad, entregaba una comisión del 5% a la empresa pantalla, Decoraciones CMR, SL. De ahí también salía dinero para comisiones que supuestamente acababan en manos del responsable político que autorizaba los pagos: en este caso, el ex viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo.

    Correa no se sirvió solo de esta empresa para simular. Tenía otras dos: el Grupo Rafael y la firma MQM. Con ellas hizo los mismos chanchullos. El saqueo de la red Gürtel en todas las consejerías de la Comunidad de Madrid le llevó a facturar en solo cuatro años más de cinco millones de euros. Cuatro millones directamente y otro millón a través de las citadas sociedades pantalla. Muchas de las adjudicaciones eran a dedo (menos de 12.020 euros).

    www.elpais.es 31.01.11

    12) CASO GÜRTEL: RAJOY DICE QUE CAMPS ´NO ES UN CORRUPTO´

    González Pons subraya que "ya es el candidato" y que la ratificación del Comité Electoral Nacional es un "trámite"

    El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha expresado hoy su absoluta convicción de que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, "no es un corrupto" y ha garantizado que no va a "liquidar" su carrera política por la acusación de no haber pagado tres trajes.

    Rajoy ha expresado ese respaldo a Camps en una entrevista en "Veo7", recogida por Efe, en la que ha dicho que él no ve un escenario en el que el presidente de la Generalitat tenga que sentarse en el banquillo.

    Respecto a la posibilidad de que eso pueda ocurrir finalmente, ha recalcado que el juez aún no ha tomado una decisión de esas características.

    "Camps no es un corrupto y tengo la absoluta convicción; no voy a liquidar la carrera política de nadie por acusarle de no haber pagado tres trajes. No lo voy a hacer", ha remachado el dirigente del PP.

    Ante la pregunta de si no ser candidato del PP a la presidencia de la Generalitat supone liquidar la vida política de Camps, ha señalado: "en la práctica, sí".

    El líder del Partido Popular ha defendido la necesidad de adoptar en todo momento decisiones buenas en vez de tomar decisiones rápidas que, al final, puede ser malas.

    Y ha puesto como ejemplo de ello el respaldo que dio en todo momento al presidente de su partido en Canarias, José Manuel Soria, cuando, tras ser imputado, no atendió las críticas socialistas en las que le acusaban de mantenerle en su puesto y, finalmente, fue exonerado de toda responsabilidad.

    "Si lo hubiera echado, se habría dicho que fui resolutivo, pero habría cometido un error monumental y un daño injusto a una persona", ha añadido.

    Rajoy ha dicho que la percepción que se tenía con Soria es similar a la que ahora existe en el caso de Camps, aunque ha reconocido la repercusión mayor que hay en este último caso porque se trata del presidente de una Comunidad.

    DEFENSA DE PONS

    El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "ya es el candidato" a la Comunitat Valenciana y ha subrayado que la ratificación de su candidatura por parte del Comité Electoral Nacional es sólo un trámite. Además, ha dicho que la dirección nacional no cree que se vaya a sentar en el banquillo por el llamado 'caso de los trajes' de la trama Gürtel.

    "Creemos en la inocencia de Camps, creemos que un presidente de Comunidad Autónoma no se vende por cuatro trajes y nos parecería extraordinariamente injusto que esto llevara a algún sitio. Por lo tanto, en la medida en que apostamos por su inocencia apostamos por su candidatura", ha declarado Pons en una entrevista en Punto Radio, recogida por Europa Press.

    Al ser preguntado cuándo van a confirmar a Francisco Camps como cabeza de cartel para las próximas elecciones, el responsable de Comunicación ha reiterado que "ya es candidato". "Queda ser ratificado por el Comité Electoral pero es un trámite", ha añadido.

    "CREEMOS EN SU INOCENCIA"

    En cuanto a si el PP se puede permitir el lujo de llevar en sus listas a un candidato que se va a sentar en el banquillo, el responsable de Comunicación de los 'populares' ha señalado que consideran que eso no se va a producir. "Pensamos que eso no va a ocurrir porque creemos en su inocencia", ha reiterado.

    Preguntado si 'Génova' no creía en la inocencia del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, imputado en el 'caso Gürtel', Pons ha explicado que el Partido Popular "no apartó" a Bárcenas sino que él mismo "se apartó voluntariamente". Además, ha aprovechado para recalcar que el ex tesorero "no está imputado de ningun delito que tenga que ver con la gestión del PP".

    www.elplural.com 01.02.11

    13) CASO GÜRTEL: EL FIN DE LA INSTRUCCIÓN DEL CASO DE LOS TRAJES COMPLICA LA CAMPAÑA DEL PP

    La portavoz del Consell atribuye las decisiones judiciales a una conspiración

    El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, confiaba en llegar a disolver las Cortes Valencianas y convocar elecciones sin que el juez José Flors, que instruye el caso de los trajes regalados por la trama Gürtel, hubiese cerrado la instrucción del sumario. La decisión de Flors de dar por concluida la instrucción de la causa abierta hace casi dos años por un supuesto delito de cohecho impropio -en la que está imputado Camps junto a Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret- ha añadido nuevas dosis de incertidumbre a su nominación como candidato y complica la campaña electoral del PP. Este es el único partido con representación parlamentaria que tiene pendiente de confirmar a todos sus candidatos, tanto autonómicos como municipales, así como la aprobación de la confección de las listas electorales.

    Fuentes del PP reconocieron ayer el malestar existente en el entorno del presidente por la providencia dictada por Flors el pasado jueves, que da cinco días a la fiscalía y a la acusación particular para que se pronuncien sobre la celebración de un juicio oral por el caso de los trajes. Cargos del PP creen que si Flors fija fecha para celebrar el juicio oral con Camps como imputado, la campaña electoral se pondrá muy cuesta arriba.

    La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, aseguró ayer: "Ante esta judicialización y el intento de hacer daño injusto, les digo que quien crea que Camps va a desfallecer en su defensa y en sacar adelante la Comunidad Valenciana es que lo conoce bien poco". Sánchez de León recuperó ayer, otra vez, la teoría de la conspiración para justificar los escándalos que afectan a los cargos populares: "Empezaron con Camps y están terminando con el concejal [de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge] Bellver", dijo la portavoz en referencia a la decisión de otro juez de abrir juicio oral contra el edil por un supuesto delito de prevaricación en los permisos para la construcción de un aparcamiento subterráneo.

    En el mismo sentido se pronunció ayer el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que en una entrevista a Canal 9 calificó de "patraña de acusaciones orquestada" las actuaciones judiciales en las que el presidente de la Generalitat está imputado.

    Los populares arreciaron ayer las críticas contra los fiscales, la policía y los socialistas sin que se hayan planteado adoptar ninguna medida para atajar los casos de corrupción que asolan sus filas. "Estamos presenciando una campaña orquestada y con tintes electorales en una Comunidad donde el PSOE no puede ganar las elecciones y pretende coger el camino de en medio", remachó Castellano.

    Al coro se sumaron voces como las del vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, que aseguró sin explicación alguna que "las diligencias policiales del caso Camps están viciadas por una visión política".

    La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tampoco se quedó atrás y, junto a sus ediles, exhibió en el pleno municipal celebrado ayer su apoyo al concejal de Urbanismo imputado. Barberá indicó que ella hubiese firmado el mismo expediente que Bellver "con los ojos cerrados", ya que llevaba la firma del secretario general del área y del técnico. La alcaldesa no sólo achacó a los técnicos la situación del concejal popular, sino que acusó a los socialistas de someter a los funcionarios "a un temor continuado que les lleva a no querer firmar ni un papel". Junto a Bellver están imputados cuatro técnicos municipales por la concesión ilegal de la licencia para construir un aparcamiento subterráneo.

    En medio de este clima, que ha obligado a la dirección nacional del PP a retrasar hasta finales de febrero la proclamación de candidatos, la tensión ha provocado las primeras escisiones locales en las filas populares. En Torrevieja, el hasta ahora vicepresidente quinto de la Diputación de Alicante Domingo Soler ha decidido abandonar el PP para presentar una candidatura independiente. El PP también tendrá que confrontar sus listas con las de otros ex populares en ciudades importantes como Elche, La Vila, Villena o Calp.

    En Elche, uno de los impulsores del Foro Popular, José Manuel Olmedilla, busca apoyos entre los partidarios del defenestrado Francisco Álvarez Cascos para presentar candidatura propia. En La Vila, el ex edil del PP Pedro Alemany presentará en breve su formación Gent per la Vila. Villena Centro Democrático es la denominación elegida por el ex edil popular Juan Carlos Pedrosa para enfrentarse al partido del que fue expulsado por votar en contra del criterio de la alcaldesa Celia Lledó. En Calp, Pedro Fernández decidió dejar el PP tras los escándalos relacionados con la contrata de basuras al estallar el caso Brugal y se ha lanzado a recoger el apoyo de los descontentos para lograr representación municipal.

    En Orihuela, un grupo de ex alcaldes pedáneos y de barrio han solicitado que no se vuelva a presentar a la reelección la actual alcaldesa Mónica Lorente y apuestan por el diputado autonómico Andrés Ballester, que aspira a ser cabeza de cartel. En Benidorm, las tensiones entre la presidenta local, Gema Amor, y el ex alcalde Manuel Pérez Fenoll también siguen sin cerrarse a la espera de que se confirme quién será el cartel electoral.

    La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, reconoció ayer que, probablemente, los candidatos autonómicos y los municipales de las principales ciudades serán proclamados al mismo tiempo por la dirección del PP.

    www.elpais.es 29.01.11

    14) AZNAR TEME QUE ESPAÑA SALGA DEL EURO SI CADA AUTONOMÍA ASPIRA A MINIESTADO

    Elorriaga prepara para FAES un proyecto de reforma en el que se basará Rajoy

    Cada vez está más claro que la reforma del Estado autonómico será uno de los asuntos centrales de los próximos meses, al menos hasta las elecciones de mayo. Y el gran protagonista de este debate es José María Aznar. Fue él quien lo abrió hace 15 días al decir que el Estado autonómico actual es "inviable". Y ayer presentó un extenso y completo documento sobre su viabilidad elaborado por la Fundación FAES y en especial por el diputado Gabriel Elorriaga.

    El texto (en realidad un libro de casi 200 páginas lleno de datos y análisis que está disponible en la página de la Fundación FAES), se ha convertido en la base sobre la que Mariano Rajoy está trabajando su discurso sobre este asunto, más moderado que el de Aznar. No es que ambos digan cosas contradictorias, pero el tono es distinto, y con ello el PP logra cubrir dos electorados: Rajoy el moderado, Aznar el más españolista.

    El ex presidente midió ayer mucho sus palabras, después de la polémica causada por esa idea de modelo inviable, e incluso recordó que fue él quien puso las bases del modelo. "Me precio de que bajo mi Gobierno, y con pleno consenso, se completaron las transferencias de sanidad y educación a todas las comunidades autónomas". Es una de las críticas que más le hacen: si él puso las bases del modelo, ¿por qué lo ve inviable?

    Ante un público entusiasta y con algunos ex miembros de su Gobierno en las primeras filas, Aznar trató de resolver esa contradicción suavizando su discurso. "Me gustaría subrayarlo, las comunidades autónomas no son un problema. Lo que ocurre es que las comunidades tienen problemas". Y tienen tantos, llegó a decir, que están poniendo en riesgo la pertenencia de España al modelo del euro. "Si queremos seguir formando parte del proyecto europeo debemos resolver, entre otros, los problemas de nuestro Estado autonómico, porque de lo contrario tendremos dificultades crecientes para seguir anclados en el euro. Y eso supondría pasar a ser socio europeo de segunda".

    A pesar de que todos los presidentes autonómicos del PP insisten en que el problema es Zapatero, y tanto la deuda como el déficit del Estado son mayores que los de las autonomías, Aznar coincidió en un punto con el discurso del Gobierno, que insiste en que el problema principal para la credibilidad de España en los mercados en este momento es el de las autonomías: "Buena parte de la atención de nuestros socios europeos y de las instituciones económicas de todo el mundo está puesta en cómo pensamos resolver los españoles los problemas que se manifiestan en nuestro modelo de organización territorial".

    En cualquier caso, Aznar criticó con dureza a Zapatero y a los nacionalistas por el nuevo Estatuto catalán, eje para él de algunos problemas del modelo, y aunque insistió en defender el modelo autonómico, logró un gran aplauso cuando le lanzó una carga de profundidad: "España no puede competir ni en Europa ni en el mundo con unas comunidades autónomas aspirando a convertirse en miniestados".

    El PP tiene mucho miedo de que se confunda su discurso con un planteamiento de recentralización de España, que tiene muy mala venta frente a unas elecciones autonómicas y especialmente genera mucha enemistad en las comunidades históricas. No es eso, insisten. Rajoy reitera que él no pretende recuperar competencias. Sin embargo, el texto de FAES, que el PP asume en parte y que presentó su propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, destila en todas sus páginas una filosofía: se ha ido demasiado lejos en la descentralización y el mundo no va por ahí.

    Aznar puso el ejemplo alemán. "Hace algunos años, Alemania llegó a la conclusión de que el funcionamiento defectuoso de su modelo federal bloqueaba la adopción de las reformas necesarias para el país y frenaba su modernización".

    Pero fue Elorriaga quien más claramente lanzó el discurso crítico con la descentralización, al menos desde el punto de vista teórico. "Trabajos recientes evidencian que, en contra de lo que se pensaba, a mayor descentralización hay un menor crecimiento económico. El otro dato es que a mayor descentralización mayores dificultades para reaccionar con agilidad ante situaciones de crisis económica".

    15) EL PP INTENTA SUAVIZAR EN EL SENADO LAS SANCIONES A LOS CONTROLADORES AÉREOS

    El partido de Rajoy quiere limitar las causas por las que se puede retirar la licencia

    El PP quiere suavizar las sanciones a los controladores aéreos introducidas en la tramitación en el Congreso de la reforma de la Ley de Seguridad Aérea. En el texto aprobado en la Cámara baja con el respaldo popular se introducía una lista de infracciones muy graves que llevaban aparejada la pérdida de la licencia y multas de hasta 4,5 millones. Pero el Grupo Popular en el Senado ha presentado una enmienda en la que limita las razones por las que se puede retirar la licencia a los controladores.

    El texto del Congreso considera faltas muy graves el simular enfermedad o disminución de la capacidad psicofísica (lo que adujeron los controladores para abandonar el servicio masivamente el 3 de diciembre); dificultar, retrasar o negarse a dar o recibir la formación necesaria; o a someterse a los exámenes médicos o de competencia lingüística. También la ausencia injustificada al puesto de trabajo (el convenio del resto de trabajadores de AENA considera falta leve faltar dos veces en un mes) y no colaborar en el caso de cambio de proveedor de servicio. El PP quiere que estas conductas se consideren faltas muy graves solo "cuando afecten negativamente a la seguridad o menoscaben de forma grave o reiterada la eficacia o la continuidad de la prestación de los servicios".

    El texto del Congreso establece que cualquiera de esas conductas "lleva aparejada en todo caso" la pérdida de la licencia de controlador para el responsable de la infracción. Ahora el PP vincula esa posibilidad a los casos que establece la ley de seguridad aérea, que dicta que "podrá imponerse" la revocación de la licencia y que la comisión de dos o más infracciones muy graves en un año conlleva tres años de inhabilitación.

    Pero los cambios no se quedan ahí. La oposición también elimina el párrafo que permitía usar las grabaciones de las comunicaciones profesionales para "controlar, supervisar, auditar e inspeccionar la prestación del servicio". Los populares arguyen que contraviene el reglamento europeo 996/2010 que establece que solo pueden usarse para la investigación de accidentes o mejorar la seguridad. El portavoz socialista en la comisión de Fomento del Congreso, Rafael Simancas, se mostró indignado con la propuesta y acusó a los populares de "enmendarse a sí mismos". El PP sostiene que solo pretende "mejorar" la ley y eliminar la arbitrariedad.

    Por otro lado, el sindicato de controladores aéreos USCA señaló ayer que no se ha llegado a acuerdos en la negociación del convenio, cuyo plazo termina hoy a las doce de la noche. USCA recuerda que no se discuten las remuneraciones salariales, sino las condiciones de trabajo colectivo.

    www.elpais.es 31.01.11

    16) UN SENADOR DEL PP RESPONSABILIZA A LA POLICÍA DE LA MUERTE DE LOS TERRORISTAS DE LEGANÉS

    El PP se ve gobernante [lo dijo este viernes Mariano Rajoy: ‘no soy comentarista, sino gobernante’] y ha apostado por resucitar la conspiración del 11-M para volver al punto inicial de su derrota en 2004. El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, reabrió el tema del atentado de Atocha el martes pasado, señalando a la coautoría de ETA; con la complicidad de Génova, que no le rectificó. Pero no ha sido el único. En Canarias, el senador Antonio Alarcó lanzó una acusación especialmente grave contra la Policía y las fuerzas de Seguridad del Estado, al negar que los terroristas de Leganés, implicados en la matanza, se hayan suicidado. "No existe el suicidio colectivo. Hay sospechas fundadas de que fue al revés, ¡está claro! Los refugian a todos allí, y ¡dale que te pego!", afirmó el parlamentario popular.

    · Una Carta del Director de Pedro J., la prueba de cargo de Arenas para situar a ETA como copartícipe...

    · Arenas resucita en la tele de Pedro J. la conspiración del 11-M implicando a ETA

    · Rajoy ya fijó "con meridiana claridad" su postura sobre el 11-M y la mantiene

    · Libertad Digital cuestiona que el PP "tenga un compromiso sincero" por esclarecer el 11-M

    · Esperanza Aguirre ofrece "todo su apoyo y respaldo" a los medios que investiguen sobre el 11-M

    En una entrevista concedida el jueves a Radio Ranilla, en Tenerife, el senador del PP (a la derecha, en la foto) culpó a la Policía de ejecutar a los terroristas que se refugiaron tras el atentado en un piso de la localidad madrileña de Leganés.

    El senador recula

    Posteriormente a su denuncia en la radio de Tenerife, Antonio Alarcó, dijo al diario Público que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto y que no había lanzado ninguna acusación velada "ni contra la Policía, ni contra nadie".

    Acusaciones basadas en la prensa

    Alarcó alegó que su postura ante los atentados del 11-M no es diferente de la de su partido y que sus palabras en Radio Ranilla se basaron en informaciones a las que ha tenido acceso por los medios de comunicación.

    La fuente de Arenas

    Es curioso que también Javier Arenas reconoció el jueves que sus acusaciones en las que apuntaba a la coautoría de ETA estaban basadas en una Carta al director escrita por Pedro J. Ramírez en El Mundo.

    www.elplural.com 29.01.11

    17) C.A DE ASTURIAS: Cascos desvela por fin su afiliación al nuevo partido Foro Asturias y se postula para presidirlo

    El ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PP asegura que Foro Asturias aspira a que sus integrantes sean "mejores que los demás"

    El ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos ha confirmado lo que ya todo el mundo sabía: se afiliará al partido Foro Asturias, que él mismo impulsa y ha promovido a través de personas de su confianza, y optará a presidir la nueva formación en su congreso constituyente, que se celebrará el 5 de marzo.

    En ese cónclave se formalizará también casi con toda seguridad su proclamación como candidato electoral a la presidencia de Asturias, que es el objetivo para el cual ha fundado la nueva organización política, una vez que el pasado 1 de enero se dio de baja del PP tras 34 años de militancia. Su marcha del PP, del que durante una década fue secretario general, se produjo sólo 48 horas después de que el PP lo hubiese descartado como candidato a la presidencia del Principado y hubiese designado a la concejal de Oviedo Isabel Pérez-Espinosa.

    Francisco Álvarez-Cascos, que se ha reunido en Siero con un grupo de seguidores, ha desvelado que este domingo formalizará su afiliación a Foro Asturias en la localidad asturiana de Luarca, en la que está censado y de la que es originaria la dinastía Álvarez-Cascos, y confirmó también que en el congreso de constitución del partido (ahora regido por una comisión gestora) se postulará como candidato a presidir la organización.

    De esta forma Álvarez-Cascos sigue cumpliendo, de forma calculadamente dosificada, el plan que él mismo diseñó para retornar a la política activa y optar a la presidencia de Asturias tras casi siete años alejado de la primera línea de la actividad pública.

    Desde el 1 de enero, en que se dio de baja del PP, ha ido consumiendo etapas pero tratando siempre de mantener la indefinición y la ambigüedad sobre sus proyectos políticos inmediatos, por más que desde ese día ya tenía decidido materializar los pasos que ahora está ejecutando.

    "La gran marea"

    Foro Asturias -que ya tiene 1.257 afiliados, según han dicho sus promotores, y que en su mayor parte proceden del PP tras la escisión encabezada por Cascos- se creó el 19 de enero y se define como fuerza reformista, centrista y de progreso, europeísta, municipalista y autonomista. Aunque sus promotores han mantenido la apariencia de que se trata de un movimiento espontáneo de la sociedad civil para ofrecerle una plataforma política a Álvarez-Cascos sin haberle consultado previamente, todo el diseño de la operación es obra del ex ministro, por más que él no figure oficialmente entre sus 14 promotores. Varias de sus personas de más extrema confianza están en el equipo promotor y han seguido sus indicaciones para la puesta en marcha de esta iniciativa.

    Con ello Cascos alimenta la estrategia de la "gran marea" que reclama su vuelta -la tesis que ha preconizado desde junio de 2009- y dosifica de forma gradual su progresiva implicación en una iniciativa política hecha a su medida, lo que le permite mantener el interés informativo sobre los pasos que vaya dando para retornar a la política activa. El pasado día 22 en Mieres adelantó que formalizará su compromiso (una referencia implícita a su candidatura a la presidencia del partido y a la del Principado) en el congreso constituyente del nuevo partido.

    Hoy en Siero ha dicho que Foro Asturias aspira a que sus integrantes sean "mejores que los demás" y practiquen "una forma diferente de entender la gestión pública al servicio de los ciudadanos". Entre otras singularidades, Foro asegura que pretende practicar el compromiso cívico de respeto y de convivencia, la proximidad a la ciudadanía y el ejercicio de la democracia interna.

    www.elpais.es 29.01.11

    18) C.A BALEARES: FONT, OTRO HISTÓRICO DEL PP BALEAR QUE DEJA SUS CARGOS

    El ex portavoz y ex presidente del PP en Mallorca Jaume Font abandonó ayer sus cargos como consejero insular y diputado en el Parlamento balear, después de tres décadas dedicadas al partido, en el que ha sido casi todo.

    Aunque no todo. Su deseo frustrado de convertirse en el cabeza de lista para el Consell Insular de Mallorca en las elecciones de 2011 ha forzado su marcha. El presidente del PP balear y candidato al Gobierno regional, José Ramón Bauzà, lo sacrificó y Font se siente humillado. Será el propio Bauzà quien lo sustituya en el Parlamento.

    Font (Sa Pobla, 1961) aseguró ayer que rompía con el PP porque entiende que su partido ha tomado una deriva que se aleja del programa de la pasada campaña. "Creo que no está en el espacio que a mí me corresponde", aseguró. Ahora medita articular una operación política local e insular de perfil moderado y regionalista, una posible unión de diferentes opciones hoy minoritarias, aunque descartó su adhesión a Unió Mallorquina (UM).

    www,elpais.es 04.02.11

    19) C.A CASTILLA MANCHA: IMPUTADOS DOS CARGOS MUNICIPALES DE CIUDAD REAL

    La juez cita por cohecho a un edil del PP y al jefe de compras

    La juez ha decretado la imputación del concejal de Deportes de Ciudad Real, César Manrique, y del jefe de compras municipal, Juan Carlos Mascuñana, tras la denuncia del empresario Jesús Manuel Rosado por corrupción contra el equipo de gobierno de Ciudad Real, con su alcaldesa Rosa Romero (PP) a la cabeza. Al concejal, la magistrada le atribuye los delitos de cohecho y falsedad documental y, al jefe de compras, idéntica conducta y tráfico de influencias.

    Tras presentarse la denuncia en noviembre pasado, la regidora popular, a la que el denunciante asegura haberle realizado obras en su domicilio que nunca le pagó, intentó desbaratar todo este escándalo como una acusación sin base que se había orquestado para desacreditarla. Pero en los primeros escarceos de la investigación judicial ya se han podido comprobar algunas de las acusaciones de este empresario manchego, habitual contratista del Ayuntamiento de Ciudad Real hasta su denuncia.

    Rosado, por ejemplo, aseguró ante la juez que costeó viajes a cargos municipales por orden de Mascuñana. Y aportó facturas. La agencia Barceló ha identificado ya a algunos de los cargos o funcionarios municipales beneficiarios de los viajes pagados por este constructor y, entre ellos, figura Mascuñana, que presuntamente disfrutó de billetes de tren y habitaciones de hotel gratis por un importe superior a los 1.400 euros. La juez ha acordado citar a ambos cargos municipales. Su investigación incluye, además, las presuntas obras gratis a la alcaldesa, la supuesta adjudicación ilegal de contratos, el pago por inexistentes servicios y un presunto donativo ilegal al PP.

    Donativos ilegales

    Un juzgado de Valdepeñas ha destapado otro presunto donativo ilegal al PP en esta provincia, con el que se abonó en 2007 una fianza judicial en una querella por corrupción contra el alcalde de Valdepeñas, el socialista Jesús Martín Rodríguez Caro. La juez, tras imponer una fianza de 24.000 euros que depositó en menos de 48 horas el PP, archivó el caso. Pero el alcalde socialista llevó por injurias a los tribunales a su denunciante, el portavoz del PP de Valdepeñas, Antonio de la Torre Camacho. Y este ha reconocido en sede judicial que tal suma la obtuvo de un joyero local, habitual contratista cuando gobernaba el PP, y "no entró ni salió de la contabilidad del partido". La ley prohíbe donativos finalistas y exige contabilizarlos.

    www.elpais.es 03.02.11

    20) C.A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL DEBERÁ RETRACTARSE O DEMOSTRAR QUE FUE ESPIADA

    El PSOE cita a la secretaria general del PP a un acto de conciliación y amenaza con demandarla

    La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, deberá rectificar la declaración pública en la que aseguró que el PSOE de Castilla-La Mancha espía a miembros de su partido. En caso contrario, los socialistas demandarán a la también candidata popular en las próximas elecciones autonómicas castellanomanchegas.

    María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular y presidenta de la formación en Castilla-La Mancha, Maria, ha asegurado en Cuenca que el PSOE de la región ha contratado detectives privados para seguir a miembros del Partido Popular. - CADENA SER

    Consulta íntegra la petición del acto de conciliación del PSOE contra Cospedal

    El pasado 27 de enero, Cospedal aseguró en el Comité Ejecutivo Regional de su partido que "ya hay muchos de nosotros, con algunos ejemplos muy significativos, a los que el PSOE les ha puesto detectives privados". La número dos de Mariano Rajoy no aportó, ni entonces ni después, prueba alguna de sus palabras, pese a que el PSOE se lo solicitó y pese a que la agencia de detectives señalada con posterioridad ha negado los hechos.

    Ahora, el PSOE ha pedido un acto de conciliación para que Cospedal reconozca que las acusaciones son "totalmente falsas y que se han efectuado con temerario desprecio a la verdad", que no tiene pruebas que demuestren lo declarado. Además, el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, insta a la secretaria general del PP a "retractarse públicamente de dichas falsas acusaciones, que han vulnerado gravemente el honor y crédito personal y profesional del PSOE, sus militantes y dirigentes".

    En caso de que Cospedal no acceda a la petición del PSOE, este avisa de que "iniciará cuantas acciones legales le correspondan frente a la demandada para la defensa de su derecho al honor y su crédito social y profesional".

    No es la primera vez que Cospedal acusa a alguien de espionaje sin aportar la más mínima prueba. Ni siquiera ha sido la más grave. Durante el verano de 2009 la número dos del PP aseguró en una entrevista que le constaba "que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios [de la trama de corrupción que afecta al PP] y a destacados dirigentes nacionales".

    Aquellas declaraciones ya supusieron para la secretaria general del PP una petición de conciliación por parte de un grupo de ciudadanos que se organizó en Facebook, aunque finalmente Cospedal no acudió a la cita al considerar que los denunciantes no tenían legitimidad y el juez desestimó la petición.

    21) C.A CASTILLA LA MANCHA: EL PP REDUCE A "INDICIOS" LAS "PRUEBAS" DE ESPIONAJE

    La investigación a la alcaldesa de Ciudad Real denunciada por Cospedal la pidió un arquitecto municipal ajeno al PSOE

    El supuesto caso de espionaje al PP denunciado por la secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, se va desinflando cada día que pasa. Hasta el domingo, la número dos del PP sostenía que existían "pruebas" que fundamentaban su acusación de que el PSOE de Castilla-LaMancha organizó tareas de espionaje a miembros de su partido a través de la agencia de detectives Almirante . Ayer, fuentes conservadoras redujeron esas "pruebas" a meros "indicios".

    La citada agencia ha explicado que, en uno de sus trabajos, solicitó una nota simple en el registro de la propiedad sobre un inmueble perteneciente a la alcaldesa del PP de Ciudad Real, Rosa Romero, pero negó "rotundamente" la versión de Cospedal respecto a que el PSOE fuera su cliente.

    Siguiendo con las tesis de la número dos de su partido, el portavoz del consistorio, el conservador Francisco Cañizares, añadió ayer más leña al fuego y aseguró que los detectives han espiado a diez personas en total entre concejales del PP ciudadrealeño y sus familiares, y que quien está detrás es "una persona íntimamente relacionada con el PSOE".

    Pero según indicaron a este diario fuentes conocedoras de la investigación, quien contrató a la agencia de detectives es un arquitecto, alto funcionario del consistorio, que tiene "problemas laborales serios" con el equipo de Gobierno de la ciudad, pero del que se desconoce cualquier vínculo político o familiar con el PSOE.

    Corrupción en Ciudad Real

    Se da la circunstancia, además, de que el pasado mes de noviembre un empresario de la provincia denunció a varios miembros del equipo de Gobierno por el supuesto cobro de cohechos, amaño de contratos y emisión de facturas falsas, entre otros delitos.

    Por todo ello, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pilar Zamora, destacó que "es una pena que Ciudad Real se esté dando a conocer por asuntos como el del espionaje, las denuncias anteriores por corrupción o por procesos de selección de personal que no estaban del todo en regla".

    "No se puede acusar sin ningún tipo de pruebas, y menos ella"Zamora, en declaraciones a Público, recalcó que "el PSOE no tiene nada que ver" con la investigación a la que alude el PP para realizar sus acusaciones de espionaje y añadió que espera que las palabras de Cospedal "no le salgan gratis". "No se puede acusar sin ningún tipo de pruebas, y menos ella, que es la número dos del principal partido de la oposición. Tenía que haber medido sus palabras", recalcó.

    "Que nos pida perdón a los socialistas y al resto de ciudadanos, a quienes Cospedal ha tratado como tontos", añadió Esther Padilla, secretaria de Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha. En su opinión, la número dos del PP "se tiene que dar cuenta de que sus palabras tienen consecuencias". Además, Padilla consideró que si Cospedal "no aporta pruebas, es porque no las tiene".

    www.publico.es 02.02.11

    22) C.A DE CASTILLA LA MANCHA: EL PSOE VE PROBADO QUE COSPEDAL MINTIÓ Y LE EXIGE DISCULPAS

    La secretaria de Comunicación del PSOE manchego afirma que la conservadora va a tener que asumir en público que lo que dijo fue "una barbaridad y una mentira"

    La secretaria de Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, menifestó este lunes que durante el fin de semana ha quedado probado que su partido no ha espiado a ningún miembro del PP, por lo que ha pedido a María Dolores de Cospedal que se retracte de sus acusaciones y pida disculpas.

    Padilla, en una rueda de prensa, reiteró que será esta semana cuando "con toda probabilidad" su partido presentará la demanda civil que ha anunciado contra Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de este partido en Castilla-La Mancha, por sus acusaciones "tan graves como falsas" de que el PSOE espía a miembros del PP regional.

    La dirigente socialista recordó que la empresa "Detectives Almirante", señalada por dos diarios como la que habría llevado a cabo el espionaje, "ha dejado por mentirosa" a Cospedal, pues ha dicho no tener ninguna relación con el PSOE.

    A su juicio, eso prueba "que el PSOE no ha espiado a nadie", por lo que preguntó a Cospedal si va a pedir disculpas a los miles de militantes socialistas y a los ciudadanos por una acusación que, a su juicio, demuestra "su poca decencia".

    Esther Padilla urgió a la dirigente del PP a que pida esas disculpas y a que se retracte públicamente, y advirtió de que, o lo hace "por decencia política", o lo hará por mandato judicial.

    Para el PSOE castellanomanchego, Cospedal cree que tiene "patente de corso" y que puede verter acusaciones sin prueba o calumniar y luego "irse de rositas", pero en esta ocasión va a tener que asumir en público que lo que dijo fue "una barbaridad y una mentira".

    www.publico.es 31.01.11

    23) C.A DE CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL DICE AHORA QUE NO TIENE QUE PRESENTAR PRUEBAS

    Emplaza al PSOE a acudir al juez para que se sepa "la verdad" sobre el 'espionaje'

    María Dolores de Cospedal se ha empeñado en mantener viva una historia que se desinfla a medida que ella misma va sumando declaraciones contradictorias. La líder del PP de Castilla-La Mancha mantuvo ayer por cuarto día consecutivo sus acusaciones de que el PSOE regional ha organizado tareas de espionaje a cargos de la formación que preside. Y también, por cuarto día consecutivo, se aferró a la idea de que existen pruebas de su denuncia sin aportar una sola de ellas. Es más, no mostró reparos a la hora de asegurar que no tiene en mente probar su acusación.

    En una entrevista concedida a Onda Cero María Dolores de Cospedal fue preguntada sobre la posibilidad de que su formación denuncie y aporte pruebas en un juzgado sobre el supuesto espionaje del que han sido víctimas, según su propio testimonio, cargos del PP de Castilla-La Mancha. La negativa fue rotunda. "Yo no tengo que llevar ninguna prueba a ningún juzgado", espetó la mano derecha de Mariano Rajoy.

    Los socialistas pusieron ayer el énfasis en la forma en la que Cospedal ha manejado este asunto y recordaron que no es la primera vez que lanza acusaciones sin pruebas, como ya hizo en verano de 2009 contra la Policía, la Guardia Civil, los jueces y los fiscales. "De lo que sí ha presentado pruebas más que determinantes es de no ser una dirigente política a la que se pueda tomar en serio. Su afición a la calumnia la retrata absolutamente ante los castellano manchegos y ante todos los españoles", denunció Elena Valenciano, portavoz del comité electoral del PSOE en declaraciones a este periódico.

    Débil defensa

    A la hora de justificar su rechazo a que este caso acabe en los tribunales por iniciativa de su partido, Cospedal recurrió a un argumento que ya había puesto sobre la mesa el viernes, 24 horas después de acusar al PSOE regional de contratar a "detectives privados" para perseguir a miembros del PP. "Yo no estoy acusando de nada ilícito, ni de ninguna actuación ilegal", sostuvo.

    No obstante, mantuvo el órdago e instó a los socialistas, aunque sin citarlos, a que sean ellos los que pongan este caso en manos del juez. "Si alguien se ha sentido ofendido en este tema, que acuda a los tribunales. Esto no es susceptible de ser un delito. El que se sienta ofendido debe ir a los tribunales y que se sepa toda la verdad", repitió insistentemente

    Pese a que desde las filas socialistas y desde detectives Almirante -agencia que según el PP de Castilla-La Mancha investiga a cargos de su partido por orden del PSOE- han rechazado "rotundamente" la versión de los conservadores, Cospedal insistió en su denuncia.

    "Lo que ha dicho la agencia no es que no realice una investigación, sino que no se lo ha encargado alguien. Tampoco esperábamos otra cosa", intentó defenderse. Tras los desmentidos de Isidro García, gerente de detectives Almirante, y del PSOE de Castilla-La Mancha, que ha anunciado una demanda civil por calumnias, el PP regional se aferra a que la citada agencia de investigación ha reconocido que en uno de sus trabajos solicitó una nota simple en el registro de la propiedad sobre un inmueble perteneciente a Rosa Romero, alcaldesa de Ciudad Real.

    En este sentido, los conservadores entienden el "celo" de la empresa por no desvelar datos de sus clientes. Y la agencia responde que ese encargo no fue realizado por los socialistas. El PP ha llegado incluso a señalar como responsable del supuesto espionaje a José Manuel Caballero, secretario de Organización de los socialistas castellano manchegos.

    En las filas conservadoras no ha sentado bien que Caballero señalara que tendrá que ser Rosa Romero "la que dé explicaciones de en qué chanchullos está metida". Según ha podido saber este diario, en la misma consulta en el registro en la que se solicitaba una nota simple sobre el inmueble relacionado con la regidora conservadora se demandó información sobre una constructora con sede en Ciudad Real. En el PP rechazan la posibilidad de que quienes recurrieron a la agencia de detectives sean miembros del partido.

    www.publico.es 31.01.11

    24) EL PP EXPULSA A TRES EX CONSEJEROS DE CCM QUE SE NEGARON A OBEDECER A COSPEDAL

    Los tres ex consejeros del PP en la desaparecida Caja Castilla-La Mancha, que se negaron a obedecer las órdenes de María de los Dolores de Cospedal para que abandonaran el consejo de la entidad, han sido expulsados del partido por deseo expreso de la secretaria general, a la que acusan de "pisotear" sus derechos fundamentales, al mismo tiempo que lamentan la actitud de "prepotencia, chulería y abuso de poder" que impera en las filas populares desde la llegada de la madrileña a la planta noble de Génova.

    No obedecer los deseos, caprichos, órdenes o decisiones de María de los Dolores de Cospedal tiene sus consecuencias dependiendo quién sea el rebelde o infractor del "abuso de poder" esgrimido por la secretaria general, según denuncian los tres ex consejeros del PP en Caja Castilla-La Mancha, expulsados del partido por negarse a abandonar el consejo de CCM. Tomás Martín-Peñato, Germán Chamón y Francisco Galán, los afectados por las disposiciones de Cospedal, subrayan que defendieron su dignidad en todo momento y denuncian que se están "pisoteando" sus derechos fundamentales.

    Otros tres que van a los tribunales

    Sin embargo, los afectados por el "síndrome del ordeno y mando" no están dispuestos a dejar pasar esta "vulneración de nuestros derechos" y han anunciado que los tres defenderán sus intereses ante la justicia ordinaria, ya sea por la vía administrativa, penal o civil. En este sentido, Galán ha asegurado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que van a tramitar las demandas que "quepan en derecho" para defender su situación y ha avisado de que están dispuestos a "llegar hasta el final".

    Nada que ver con los estatutos

    Por su parte, Germán Chamón recuerda que desde el principio los tres ex consejeros anunciaron que iban a defender su "dignidad" porque entendían que su expulsión no venía ocasionada conforme a los estatutos, sino "por una decisión que nosotros tomamos libremente", añade, "algunas personas del PP –en clara alusión a Cospedal- entendieron que era un agravio para ellos".

    "Se creen que somos unos paletillos"

    Los expulsados, que hasta ahora habían guardado un prudente silencio, dicen que el proceso seguido por Cospedal "ha dejado mucho que desear, ya que se han saltado a la torera todo y han hecho lo que les han dicho que hicieran". Para Chamón "alguien (Cospedal) ha pensado que éramos unos paletillos de pueblo, no digo que no lo seamos, pero también sabemos defender nuestra dignidad".

    Distintas varas de medir

    La expulsión de estos tres históricos del PP ha provocado el malestar entre la "vieja guardia" del PP, que no entienden por qué no son apartados del partido los alcaldes de Villar de Cañas (Cuenca) y Yebra (Guadalajara), José María Saiz y Juan Pedro Sánchez, respectivamente, que al igual que los anteriores desobedecieron a Cospedal cuando ésta comprometió el apoyo del PP para que Castilla-La Mancha no albergar el ATC. Los ediles citados, no solo hicieron caso omiso y solicitaron la instalación del cementerio de residuos radioactivos en sus correspondientes pueblos, sino que han sido confirmados como candidatos populares a las elecciones municipales del 22 de mayo. Distintas varas de medir.

    www.elplural.com 04.02.11

    25) C. A DE GALICIA: ASÍ SE MAQUILLAN LAS LISTAS DE ESPERA

    La "no estructural" es un opaco cajón sin fondo donde van a parar, entre otros, los enfermos que rechazan ser intervenidos en la sanidad privada

    Jaime López, un coruñés de 71 años, pierde los nervios cuando ve a la conselleira de Sanidade -Pilar Farjas- asegurando que la espera para una operación en Galicia es de poco más de dos meses. Lleva un año esperando una intervención para curar su hernia inguinal y todavía no tiene fecha. ¿Es una simple desviación de la media? No, simplemente, la consellería competente no tiene en cuenta su caso en los balances de las listas que hace públicos. Su expediente está metido en un opaco cajón sin fondo llamado "listas de espera no estructurales", que hace que los datos que las comunidades autónomas presentan cada trimestre sobre las demoras quirúrgicas tengan poco que ver con la espera media real de los pacientes para entrar a un quirófano público.

  • Una asociación calcula que el 50% de los pacientes no están contabilizados

  • El PP pedía datos al bipartito que ahora el Sergas sigue sin ofrecer

  • La media es de 76 días, pero Jaime López lleva un año aguardando

  • Tiene un hijo dependiente y una hernia inguinal que le complica la vida

  • Jaime acabó en ese cajón por un motivo: le ofrecieron una intervención en un hospital privado y se negó en redondo. "Todos los españoles somos iguales. Yo he pagado durante muchos años mi cuota de la Seguridad Social y tengo derecho a que me operen en un centro público", justifica. Es uno de los supuestos que establece el Real Decreto 605/2003, aprobado en el Congreso de los Diputados para homogeneizar las listas de espera en toda España. También van a parar al ostracismo contable quienes por algún motivo (laboral, personal, incluso de salud), tienen que rechazar la operación el día que les fue programada. Las comunidades autónomas tienen que rendir cuentas públicas cada tres meses de los datos de las listas de espera estructurales. Las otras no tienen por qué darlas a conocer, lo que las puede convertir en una herramienta propicia para maquillar las cifras publicadas.

    La oposición acusó la semana pasada al Servizo Galego de Saúde (Sergas) de utilizar ese truco para que las cuentas le cuadrasen perfectamente en el último trimestre del año pasado. La demora para los pacientes cuya intervención apremia pero que no debe de ser inminente (denominados de prioridad 2) sufrió la mayor bajada en al menos cinco años y la situó justamente en el reto que se había marcado la Consellería de Sanidade para estas fechas: 60 días.

    Los datos publicados reflejan los pacientes en espera de una intervención en un momento concreto. Los últimos, a 31 de diciembre de 2010. Varios profesionales del Sergas aseguran que maquillarlas es tan sencillo como ofrecer a tantos pacientes como convenga una intervención en un centro privado cuando se acercan las fechas. Si lo aceptan, salen de la lista estructural. Si no lo hacen, algo por lo que opta buena parte de los afectados, que suelen confiar más en los médicos de la pública, también.

    Y es eso lo que le sucede a Jaime. Cada día que pasa sin ser operado se le hace más cuesta arriba. Su caso es particularmente dramático. Vive solo con un hijo de 39 años que es dependiente severo. Tiene una enfermedad degenerativa que le impide hacer prácticamente nada por sí mismo: desde comer, hasta ir al cuarto de baño. "Como no se puede mover, pesa bastante y yo tengo que levantarlo a peso", lamenta. Una de las contraindicaciones de la hernia inguinal que padece es precisamente hacer este tipo de esfuerzos.

    La lista de espera no estructural en la que está no es nueva, no la inventó el Sergas y si sirve para maquillar las cifras hoy, también podía servir con los Gobierno anteriores. Precisamente por eso, el diputado del PP Miguel Santalices se pasó buena parte de la pasada legislatura reclamando al bipartito que la hiciese pública y acusándolo de "maquillaje contable", justo lo que hacen ahora los socialistas.

    El ahora presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lo calificaba de "agujero negro" cuando todavía era candidato. Pero con la llegada del PP al Gobierno autónomo ese cajón sigue siendo igual de opaco. En los más de dos años que lleva en el poder, no ha facilitado ni un solo dato de las listas de espera no estructurales. Al inicio de la legislatura se hizo una auditoría para conocer cuántas personas esperaban una operación fuera de la lista oficial y se cifró en 25.000, alrededor del 35% de espera total. Ahora la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública calcula que puede llegar al 50%.

    Un portavoz del Sergas explicó a este periódico hace un año que la no estructural no se puede facilitar periódicamente porque no está recogida en los sistemas informáticos de la misma manera que la de la lista de espera oficial. Sanidade estudiaba, en todo caso, publicar estas cifras en las memorias anuales de la consellería. Pero de eso nada se ha vuelto a saber. EL PAÍS ha vuelto a interesarse por las listas de espera no estructurales y por los sistemas que llevan allí a los pacientes. La respuesta del Sergas no ha llegado.

    Tampoco recibe contestación Jaime López, que medita hacer alguna protesta simbólica para hacerse oír. Porque, por mucho tiempo que se demore su operación, esta tardanza ya nunca podrá emborronar las cuentas del Sergas.

    www.elpais.es 31.01.11

    26) C.A GALICIA: LA SUPRESIÓN DEL VOTO EMIGRANTE PONE EN JAQUE A BALTAR Y LOUZÁN

    Las papeletas del exterior fueron determinantes en Bande, Cerdedo o Silleda

    Rafael Louzán y José Luis Baltar repiten estos días jaculatorias contra la reforma de la Ley Electoral que suprimirá en mayo el voto de los españoles residentes en el exterior. No es para menos. Los presidentes de las Diputaciones de Ourense y Pontevedra se enfrentan a sus sombras. La recompensa por el duro esfuerzo de años de trabajo del voto de la emigración se desploma. Baltar puede perder el omnímodo poder en el que se ampara y Louzán, no solo su Diputación sino la presidencia provincial del partido que ahora ostenta.

    Acato pero no comparto", protesta el barón del PP ourensano

    Dos centenares de votos en Cerdedo dieron a Louzán la presidencia

    "Acato, pero no comparto que los emigrantes no puedan votar en las municipales", protestó Baltar hace unos días, defendiendo la vinculación que, a través de "las vacaciones del verano", tienen los residentes en el exterior con sus pueblos. Arremetió contra la ley que "sí les permite votar en las generales y autonómicas", pero no explicó que en estos casos la nueva Ley Electoral restringe también ese derecho a los emigrantes, que deben solicitarlo previamente.

    El presidente ourensano se juega en las municipales de mayo un diputado en Trives y otro en Bande con la supresión del sufragio exterior. No porque estos Ayuntamientos, gobernados por el PP, vayan a perder concejales, lo cual no entra en sus cálculos, sino porque Baltar se quedará sin la riada de votos de los emigrantes cuya suma lo aúpa a presidir la Diputación cada cuatro años, desde hace 20. Es la suma de los votos de cada provincia, y no la de los ediles, la que decide su composición. Y ahí es donde está la fuga.

    Sólo en el partido judicial de Bande, el PP podría perder medio centenar de papeletas. El Censo de Residentes Ausentes (CERA) supone el 50% del global de 4.000 personas con derecho a voto, aunque apenas lo ejerza "un número insignificante", según destaca el alcalde de este Ayuntamiento, José Antonio Armada.

    Armada sabe que conservará "sin problema alguno la mayoría absoluta". No tendrá esta vez el colchón del voto de la emigración, pero su holgada hegemonía (nueve escaños frente a uno del PSOE y otro del BNG) le permitiría incluso pasar de la campaña. No lo hará. Su mujer y antecesora en la alcaldía, la diputada en Cortes Ana Belén Vázquez, acaba de aprobar unas oposiciones en la Diputación para una plaza de técnico bien remunerada. Y Baltar necesita compensar los votos del exterior que ahora se le esfumarán.

    En los comicios de 2007, PSOE y BNG quedaron a dos escaños de la mayoría absoluta en la Diputación. En esta ocasión, la nueva Ley Electoral pone a Baltar contra las cuerdas, cuando tiene más demonios a los que enfrentarse: los de la fractura que él mismo provocó en el PP de Ourense al designar a su hijo candidato al congreso fratricida -según el propio PP, ofreciendo empleos en la Diputación a cambio de apoyos- que lo puso al frente del partido.

    En Pontevedra, Louzán consiguió la presidencia de la Diputación en 2007 por dos centenares de papeletas que los emigrantes depositaron en Cerdedo, con un padrón de 2.300 habitantes pero uno de los seis municipios de Pontevedra con más votantes en el extranjero (un tercio del censo).

    Y en Silleda, del censo de 9.200 votantes, 2.255 corresponden a la emigración. Aquí el PP no va tan holgado como en Bande. El recuento de las municipales de 2003 se dirimió en un juzgado. Un puñado de votos de una mesa de la emigración le dio la alcaldía a los populares. En 2007, la urna de la emigración volvió a dar el triunfo al PP. Estaba en juego el octavo concejal y el voto del exterior se escoró hacia los populares, con 150 papeletas frente a las 50 de los socialistas. Finalmente, PSOE y PP empataron a seis concejales y el BNG obtuvo uno.

    La ex alcaldesa socialista de Silleda Paula Fernández Pena, desbancada en una moción de censura por el PP con el respaldo de dos tránsfugas socialistas, cree que en esta ocasión, sin voto del exterior, volverá a gobernar y contribuirá a "echar a Louzán de la Diputación".

    Bande y Avión, casos paradigmáticos

    Aunque la ausencia del voto emigrante en los comicios municipales pone en peligro para el PP las diputaciones provinciales de Ourense y Pontevedra -las dos que mantiene en Galicia, frente a Lugo y A Coruña, gobernadas por coaliciones entre socialistas y nacionalistas- la mayor parte de los gallegos registrados en el Censo de Residentes Ausentes corresponden a la provincia de A Coruña, con 127.580 censados. Pontevedra tiene 105.798, Ourense, 81.803 y Lugo, 49.991.

    En total, los residentes ausentes suponen más de la cuarta parte de los censos de los 315 ayuntamientos gallegos y, en los municipios ourensanos de Bande y Avión, la cifra se dispara: los emigrantes que hasta ahora podían votar igualaban, en el caso de Bande, o superaban, en el de Avión, al de los residentes habituales en cada uno de estos pueblos.

    Los regidores de estos dos municipios insisten en restarle importancia a estos datos objetivos. "Aquí solo suelen votar 20 ó 30 emigrantes", asegura el popular Antonio Montero, alcalde de la localidad de Avión. Exactamente el mismo argumento -con el mismo número exactamente de votantes del exterior: "20 ó 30"- que esgrime su compañero de partido y regidor en Bande, José Antonio Armada, restando trascendencia a la novedad electoral aprobada por el Congreso de los Diputados en Madrid.

    PSdeG y BNG barajan otras cifras y ven, pese a los no del todo halagüeños sondeos demoscópicos, más cerca que nunca el poder en los últimos bastiones provinciales que le quedan al PP: los que dirigen Rafael Louzán en Pontevedra y José Luis Baltar en Ourense.

    La reforma electoral lleva también aparejado un antivirus contra el transfuguismo, ya que inutiliza el papel de los tránsfugas en las mociones de censura en los consistorios. El senador socialista Miguel Fidalgo ya alertó en Ourense a Baltar de la "gran pérdida" de poder municipal que la nueva normativa le iba a suponer.

    Mientras tanto, Louzán y el propio Baltar hacen cruces, al tiempo que intentan sumar votos a los votos locales que les garanticen su futuro político. Y, en el caso del barón ourensano, también el futuro de su hijo.

    www.elpais.es 31.01.11

    27) C.A GALICIA: HERNÁNDEZ APRUEBA UN PLAN EN TUI QUE BENEFICIA A LA PROMOTORA DEL ALCALDE

    Las empresas de Fernández Rocha podrán construir cinco alturas en el centro

    La cuarta versión del plan general de urbanismo de Tui, que desde ayer cuenta con la "aprobación definitiva parcial" del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, permite a las empresas del alcalde, Antonio Feliciano Fernández Rocha, desarrollar el polémico ámbito de la finca Patazumba y otra colindante en los términos de edificabilidad que el alcalde-promotor viene reclamando sin empacho desde hace años. Tras comprar esas parcelas, Fernández Rocha, del PP, recalificó su edificabilidad, que pasó de bajo más tres alturas a bajo más cinco.

    La oposición lo interpreta como una salida política ante las elecciones

    Este beneficio directo para la actividad privada del alcalde, como promotor y constructor, se ampara en el mantenimiento del citado régimen de alturas -bajo más cinco plantas- en todo el caso urbano, aunque las edificaciones colindantes a sus propiedades se construyeron con los límites de bajo y tres alturas.

    En anteriores versiones del plan, las propuestas de edificabilidad de Fernández Rocha habían sido rechazadas en función de las propias expectativas de crecimiento de la población que se fijaban para justificarlas. El horizonte de 60.000 habitantes se ha rebajado ahora a 35.000, el doble de la población actual de la villa, pero la reducción de edificabilidad -unas 4.000 viviendas- opera a costa de las zonas rurales y singularmente de cinco peris (planes especiales) en Pazos de Reis, que se reconvierten a suelo rústico.

    La oposición (PSdeG y BNG) atribuye la aprobación del plan a "la búsqueda de una salida política" para que Fernández Rocha pueda presentarse de nuevo como candidato del PP en las próximas elecciones municipales. "No podría hacerlo si seguían sin aprobar el plan", aseguran socialistas y nacionalistas. El propio Rocha anunció hace unos meses que no pensaba repetir como candidato. Ahora, probablemente sí, aunque no ha confirmado nada ni en un sentido ni en el otro.

    La aprobación del plan fue publicada ayer por el Diario Oficial de Galicia y el conselleiro Hernández acudió al mismo tiempo a Tui para comunicárselo personalmente al alcalde, al presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, y a otros acólitos. Hernández también firmó en el Libro de Oro de la localidad, un reconocimiento al que no pudieron acceder sus predecesores en el cargo, Xosé Cuiña, Alberto Núñez Feijóo y la socialista María José Caride, quienes desde 2003 rechazaron las sucesivas propuestas municipales de planeamiento.

    Algunos de aquellos motivos de rechazo han sido superados ahora y, sobre otros polémicos, Hernández emplaza al Ayuntamiento a "enmendar las deficiencias documentales y de clasificación de suelo señaladas [...] y elaborar un nuevo documento con las correcciones indicadas, y después de su aprobación por el pleno de la corporación, elevarlo ante esta consellería para su aprobación definitiva". El plan, según Hernández, no debe ser visto unicamente como el documento rector de la construcción, sino que "define el Tui que quieren los vecinos para el futuro" y fija "una política de conservación de los valores de especial interés patrimonial, ecológico y paisajístico", con especial atencion a la ribera del Miño y "evitando el deterioro territorial histórico provocado por la dispersión". El casco urbano de Tui es Bien de Interés Cultural.

    Tras "estudiar en detalle cada una de las casi 7.000 hectáreas del municipio", el 65% de su término se califica como suelo rústico de especial protección y se dispondrá de un 35% más de espacios libres y zonas verdes. El plan, gracias a la modificación de la ley del suelo introducida en la ley de acompañamiento de los presupuestos, permitirá construir un complejo deportivo en 75.000 metros cuadrados en la ribera del Miño, antes de especial protección, y recalifica un millón de metros de suelo rústico para construir un polígono industrial en Ribadelouro. La única decisión acertada, según el PSOE, es la exigencia de un plan especial para la "zona de notoria exposición visual" frente al edificio Beira Miño, cuya urbanización Rocha ya había aprobado con un mero estudio de detalle.

    Patazumba sigue en los juzgados

    El Juzgado de Instrucción número 1 de Tui archivó el pasado mes de septiembre el denominado caso Patazumba, después de cinco años de espera y tras las investigaciones iniciadas por la denuncia de la Asociación Arzobispo Lago, que asumió la Fiscalía de Pontevedra. Al alcalde, Antonio Feliciano Fernández Rocha, y a otros imputados -su hijo, un concejal y tres técnicos municipales- se les acusaba de delitos contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Todos esos delitos habría concitado la recalificación de los terrenos de la finca Patazumba y otra colindante, después de ser compradas por Tuyvi, la promotora de la que el hijo del alcalde es administrador único y su padre apoderado. El "evidente incremento patrimonial" de la citada promotora, adujo la juez Belén Vázquez, "también favorece a otras dos entidades", lo que despejaría, con otras circunstancias, la prevaricación.

    La juez tampoco apreció "indicios racionales" de cohecho y tráfico de influencias y, sobre el delito contra el patrimonio histórico, relacionado con un hórreo catalogado y 14 castaños que fueron talados por la empresa, tampoco consta "que se haya causado daño alguno al bien de interés cultural" (el hórreo).

    Las normas de Patrimonio requieren un área de protección de 50 metros desde el bien a preservar. La propia Dirección Xeral emitió al respecto un confuso informe que supeditó su pronunciamiento administrativo a la causa penal que se seguía con el asunto. Y ahí sigue, porque el citado archivo fue recurrido por la misma asociación que lo denunción y ahora está pendiente del fallo del Tribunal Superior de Xustiza. Por este motivo Tuyvi no podrá construir en Patazumba, aunque ya puede empezar al lado.

    www.elpais.es 29.01.11

    28) C.A DE MADRID: EL PP TRATA DE BORRAR EL PASADO INSULTANTE DE SU CANDIDATO EN GETAFE

    El portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Juan Soler Espiauba, logró suscitar la atención de los medios insultando desde su blog a propios extraños con pocos miramientos y lenguaje soez. Lo mismo acusaba a los actores de practicar una "felación política" a Zapatero o se burlaba del acento de Trinidad Jiménez que acusaba de trepas a sus compañeros Iñaki Oyarzábal o Nacho Uriarte o de "hortera" y "comportamiento histérico" a la también popular Celia Villalobos. Ahora ese pasado parece que no hace tanta gracia y ya no se encuentran rastros de su blog en el PP de Madrid, donde estaban alojados hasta ahora.

    Soler, que ahora es el candidato del PP a la alcaldía de Getafe, consiguió la atención de varios medios como Público o El País después de que ELPLURAL.COM se hiciera eco de algunas de las barbaridades que escribía en su blog, especialmente cuando arremetió contra sus propios compañeros de partido Iñaki Oyarzábal y Nacho Uriarte, de los que aseguró que "han trepado" en el PP a pesar de sus "deficiencias".

    Insultos para todos

    De hecho se ganó el sobrenombre de diputado faltón por el gusto que le cogió a seguir insultando desde su blog, que utilizó para acusar a los cineastas españoles de "perpetrar una felación política" a Zapatero, para tachar de "histérica" y de comportamiento "histérico" a Celia Villalobos, para insinuar que a Joan Herrera (ICV) le faltaban faltaban "dos duchas" para parecer "aseado", o para burlarse del acento de Trinidad Jiménez.

    Borrando el pasado

    Ahora que Soler ha sido designado por el PP como candidato a la alcaldía de Getafe (Madrid), parece que esas gracias que le permitieron durante meses ya no hace tanta gracia sino que preocupan. El blog de Soler, que hasta ahora se alojaba en la web del PP de Madrid, ha desaparecido de la red y aunque el títular de su último artículo y su foto siguen apareciendo en el sitio oficial del partido, al pinchar ya no remiten a ningún texto. Lo único que aparece es un mensaje sobre la inexistencia del blog. En cualquier caso la memoria caché de los buscadores o los artículos de Elplural siguen dando fe del pasado de Soler.

    www.elplural.com 01.02.11

    29) C.A DE MADRID: EL FISCAL TUMBA EL ARDID DE GALLARDÓN PARA ENMASCARAR LA CONTAMINACIÓN

    La Guardia Civil midió en las estaciones que retiró el Ayuntamiento de Madrid y la polución apenas había mejorado - Vercher ordena identificar a los responsables

    El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, cargó ayer contra el ardid del Ayuntamiento de Madrid para enmascarar la contaminación, consistente en retirar estaciones de las zonas más contaminadas para rebajar artificialmente los niveles de polución. Vercher mandó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) a que instalara sus propias estaciones en algunos de los lugares ignorados por el consistorio. El resultado, según Vercher, es que apenas se ha dado "una mejora de la calidad del aire", en contra de lo que dice su alcalde, el popular Alberto Ruiz-Gallardón, y la concejal de Medio Ambiente, Ana Botella.

    En 2009, Ana Botella movió estaciones y cerró zonas con mucho tráfico

    El escrito ironiza: "Sin estaciones, Madrid estaría oficialmente limpia"

    El texto abre la puerta a que vecinos afectados pidan una indemnización

    Un decreto aprobado ayer favorece al Consistorio en la medición del polvo

    Vercher envió ayer un duro escrito de 34 páginas al Ayuntamiento en el que le pide que "identifique a la autoridad o funcionario que ordenó esa reubicación de las estaciones de medición", con qué informes se decidió y qué técnicos informaron a favor. Ese parece el primer paso para actuar contra el responsable del cambio.

    En mayo de 2009, Gallardón encontró una forma novedosa para reducir la contaminación: no medirla en algunas zonas del centro de Madrid con muchos tráfico. El Consistorio cambió estaciones de medición de sitio y redujo el número. Como ejemplo, desplazó unos 200 metros la estación de Gregorio Marañón, una de las zonas con más tráfico. El medidor acabó en los jardines del Museo de Ciencias, lo que disminuyó la contaminación registrada. Al eliminar las series históricas, el Ayuntamiento dificultó los estudios científicos sobre el aire que respiran más de tres millones de personas, pero logró su objetivo: la contaminación bajó en el papel un 20%. Aun así, Madrid incumple el umbral europeo de dióxido de nitrógeno (NO2), producto del tráfico, por lo que quiere una moratoria de la UE. Sí cumple el de partículas en suspensión.

    El fiscal destaca que "ni siquiera la reubicación de algunas estaciones de medición ha servido para maquillar un resultado que a todas luces cabe calificar de grave". En 2010, el límite máximo durante una hora de NO2 se superó en 336 ocasiones, según la fiscalía, pese a que no se puede sobrepasar más de 18 veces. Aunque la superación es "notable", el fiscal destaca que ha bajado respecto a años anteriores, algo que achaca a que "tratamos con nuevas estaciones y se han eliminado las que tradicionalmente presentaban mayor concentración de NO2". El texto señala que las estaciones que habían superado los umbrales de alerta a la población fueron suprimidas.

    Vercher recuerda al Ayuntamiento que la directiva europea sobre contaminación "no tiene prevista la eliminación de estaciones antiguas". "Si ahora se toman registros de nuevas estaciones, eliminando las antiguas que se encontraban en los lugares en los que más contaminación se venía produciendo, lo único que se obtiene es un valor muy diferente [...] dando como resultado que la ciudad de Madrid de pronto presenta menos contaminación, pero la realidad de los niveles de contaminantes en el núcleo de la ciudad sigue sin resolverse", dice.

    El fiscal sostiene que Madrid no tiene norma sobre contaminación, solo una "estrategia", que es "una declaración de intenciones". Sobre la calidad del aire, "nada ha realizado el Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias, de las que no puede abdicar, abandonando así la posición de garante del ordenamiento jurídico".

    En 2006, Gallardón anunció que a partir de 2008 vetaría la entrada al centro de los coches más sucios. La medida nunca ha sido aplicada. En 2010 el alcalde insistió en su promesa: "En el próximo mandato restringiré el uso del coche en el centro". Botella declaró el martes que la polución en Madrid "no es nociva para la salud de los ciudadanos". Los científicos han relacionado episodios de intensa polución en la capital con un aumento de infartos y de la mortalidad infantil.

    El escrito advierte al Ayuntamiento que puede afrontar reclamaciones por su dejación: "Como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que en esta materia atribuyen las leyes al Ayuntamiento de Madrid pueden ocasionarse lesiones antijurídicas susceptibles de sustentar reclamaciones y posteriores demandas de responsabilidad patrimonial, sean presentadas por particulares o por grupos de afectados". E incluso que la fiscalía no descarta actuar "en representación de personas incapaces".

    El escrito va dirigido al director general de Calidad Ambiental del Consistorio, Manuel Tuero, al que le pide que identifique al responsable de recolocar las estaciones -o que asuma la decisión-. También le reclama que "inexcusablemente" señale a los "técnicos que hayan informado a favor de esas nuevas ubicaciones" así como "los informes técnicos que han aconsejado esa decisión". Con este reparto, "se miden partículas en 11 de las 23 estaciones, y entre estas 11 no están las que tradicionalmente reflejaban [...] en valor superior al límite legal".

    La fiscalía "efectuó mediciones de partículas [no de NO2] en el entorno de algunas estaciones que han dejado de funcionar, lo que permite ver que el nivel de contaminación es similar antes del cambio de ubicación de algunas estaciones". La Guardia Civil midió durante seis meses en tres puntos cerca del Paseo de la Castellana, próximos a las antiguas estaciones: en la Fiscalía, en el Ministerio de Sanidad y en el jardín del cuartel general del Ejército.

    El resultado es, según el fiscal, que hay "ligerísimas mejoras que no parecen atribuirse a una mejor gestión, ya que la misma no ha existido". El fiscal usa el umbral de 20 microgramos de partículas por metro cúbico para 2010 que fijó un decreto de 2002. Sin embargo, ayer el Gobierno aprobó otro decreto que, de acuerdo con la directiva de 2008, suaviza el límite a 40 microgramos. Estas estaciones sí cumplirían esa norma la mayoría de los meses. El fiscal concluye que "los ciudadanos de los lugares con mayor contaminación siguen sufriendo el mismo nivel aunque no tenga reflejo en las estadísticas municipales". Vercher ironiza: "Si se eliminaran todas las estaciones de control, Madrid sería una ciudad oficialmente no contaminada".

    www.elpais.es 29.01.11

    30) C. VALENCIANA: UN DIRIGENTE DE IU, EN EL BANQUILLO POR LLAMAR "CORRUPTO" A FABRA

    Su escolta policial denunció a Víctor Tormo por criticarle en una calle de Castellón

    Cuidado con llamar "corrupto" a Carlos Fabra, porque puedes acabar en el banquillo. Eso es, al menos, lo que le ha sucedido a Víctor Tormo, número dos de IU en Castellón, que ayer fue juzgado por una falta de injurias. Se le acusa de haber dañado el honor de Fabra, presidente de la Diputación Provincial e imputado por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, en una instrucción que dura ya siete años, ha sufrido ocho cambios de juez y cuatro de fiscal y ha generado sólidos indicios de culpabilidad ampliamente aireados.

    Fabra se presentó ayer en el juzgado para acusar a Tormo de haberle ofendido. "Pasó el denunciado a mi lado y me llamó corrupto", narró el presidente ante la juez. Los hechos se remontan al 25 de octubre. En medio de una visita a un hospital y rodeado por la cúpula directiva del centro, el líder conservador se cruzó con Tormo. Este, sin pararse pero sin dejar de mirarlo, le soltó un "corrupto" alto y claro. La situación se repitió el 3 de noviembre, esta vez en la calle Mayor de Castellón, una vía céntrica y siempre concurrida.

    La denuncia no partió, sin embargo, del propio presidente. Fueron sus escoltas, policías locales asignados por el Ayuntamiento de Castellón, los que actuaron de oficio. Su celo en el cuidado del presidente les llevó a dar traslado a sus superiores de la imprecación de un ciudadano. Y fue la propia Policía Local la que puso la denuncia. Así las cosas, ayer Fabra sólo tuvo que ratificar la denuncia de sus escoltas.

    El abogado de Fabra defendió que los cargos públicos también tienen derecho al honor. "Hemos caído en la cultura del todo vale", se lamentó. La abogada de Tormo argumentó que la libertad de expresión es un bien superior cuando se trata de criticar a un político. "Yo soy un ciudadano comprometido con el lugar en el que vivo y, cuando lo vi, sentí que tenía que hacer algo", explicó el acusado en su alegato final.

    "Lo único que lamento es no haber añadido la palabra supuesto, nada más", concluyó Tormo. La jueza contuvo un fugaz atisbo de sonrisa.

    www.publico.es 02.02.11

    31) C. VALENCIANA: DEVUELVEN AL JUZGADO LA PARTE DE BRUGAL QUE AFECTA A G. CAMPS

    La Audiencia toma esta decisión para que las partes afectadas puedan realizar "alguna alegación", puesto que las actuaciones han estado secretas

    La sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha acordado devolver al juzgado las actuaciones que le fueron remitidas de una de las piezas del 'caso Brugal', --que afectaba al consejero de Economía, Gerardo Camps--, para que las partes puedan alegar en relación con la decisión de la Fiscalía de recurrir en apelación el archivo acordado por el juzgado de instrucción número 2.

    La Audiencia toma esta decisión para que las partes afectadas puedan realizar "alguna alegación", puesto que las actuaciones han estado secretas, según han informado fuentes judiciales y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en una nota.

    El juzgado de Instrucción número 2 de Alicante archivó en noviembre esta parte de la causa que investigaba un presunto tráfico de influencias en los procesos de adjudicación del Palacio de Congresos de Alicante, el Parque Cultural de San Vicente del Raspeig (Alicante), los servicios de mantenimiento de la Ciudad de la Luz y la concesión de un aval de 16 millones de euros al Hércules por parte del Instituto Valenciano de Finanzas.
    La Fiscalía Anticorrupción presentó un recurso contra esta decisión ante la Audiencia Provincial, que ha devuelto las actuaciones al Juzgado número 2 para que dé traslado a las partes del auto de archivo y del contenido del recurso de la Fiscalía, a fin de que, una vez cumplimentado, se vuelvan a remitir a la Audiencia Provincial para la resolución del recurso.

    La sala ha tomado esta decisión al entender que "al haber estado secretas las actuaciones, las partes afectadas no han podido realizar alegación alguna frente al recurso deducido por la Fiscalía en relación al auto de archivo".

    www.levante-emv.com 31.01.10

    32) C. VALENCIANA: RAJOY ELUDE CONFIRMAR A CAMPS COMO CANDIDATO HASTA SABER SI IRÁ A JUICIO

    El líder del PP dijo que el presidente valenciano encabezaría la lista pero no quiso designarlo - La mayoría del partido cree que llegará a las elecciones debilitado

    Francisco Camps tiene claro qué es lo que le permite, a pesar del enorme deterioro de su figura política dentro del PP, confiar en seguir al frente de la Generalitat valenciana: las encuestas. El PP no parece perder votos por el caso Gürtel, con lo que Mariano Rajoy no tiene prisa por relevarlo. "El 22 de mayo vamos a ganarlo todo, vamos a lograr la mayor distancia que jamás nadie sacó [al segundo partido en la Comunidad Valenciana]", dijo ayer Camps.

    Si hubiera que relevarlo, el alcalde de Castellón es el mejor colocado

    Varios dirigentes creen que Rajoy no empujará a Camps pero sí lo dejará caer

    El presidente de la Generalitat reclama que le nombren ya cabeza de lista

    González Pons volvió a respaldar ayer en público al presidente imputado

    Sin embargo, la inquietud no para de crecer dentro del partido, tanto en Valencia como en Madrid. El juez José Flors parece decidido a llevar a juicio por cohecho al presidente valenciano antes incluso de las elecciones. El entorno de Camps no se esperaba el último paso del juez, harto de la estrategia dilatoria de los abogados del líder valenciano. Y vuelven los rumores y la gran pregunta: ¿Llegará hasta las elecciones?

    Las dudas parten de una decisión de Rajoy. El líder del PP, que ha dejado claro a quienes le conocen que está muy distanciado de Camps, aunque no tanto como para forzarle a dimitir, se niega a confirmarle oficialmente como candidato. Oficiosamente lo es -y el propio Rajoy afirmó el pasado septiembre que Camps "debe ser el candidato del PP en las próximas elecciones"-, pero formalmente no ha sido confirmado por el Comité Electoral, presidido por Miguel Arias Cañete.

    Sí lo han sido, por el contrario, otros cabeza de lista como la asturiana Isabel Pérez Espinosa, el navarro Santiago Cervera o José Ramón Bauzá en Baleares. Rajoy ha decidido que no confirmará a Camps y los demás presidentes autonómicos hasta que se convoquen oficialmente las elecciones, a finales de marzo.

    El líder del PP gana tiempo para ver qué pasa con el juicio de Camps por cohecho, pero ese retraso tiene muy inquieto al presidente valenciano, según varios dirigentes. Fuentes de la dirección aseguran que Camps ya ha pedido varias veces, la última después del auto de Flors del miércoles, que le confirmen como candidato. Rajoy se niega. Sería un paso definitivo y prefiere esperar.

    La idea más instalada en la calle Génova, sede del PP en Madrid, es que el líder no empujará a Camps -su gran aliado en los momentos difíciles de la derrota de 2008- pero le dejará caer a la mínima oportunidad porque la Comunidad Valenciana, con varios dirigentes imputados, se ha convertido en un problema de imagen precisamente ahora que Rajoy va camino hacia La Moncloa espoleado por las encuestas y habla de "política ejemplar".

    Muchos dirigentes creen que Camps podría llegar a las elecciones como candidato, y ganar, con lo que podría reivindicarse, y después dimitir por sus problemas judiciales. Como sustituto, visto que Rita Barberá sigue rechazando el puesto, en Génova se maneja el nombre de Alberto Fabra, alcalde de Castellón, bien visto por todas las facciones del partido.

    La versión oficial es que Camps será candidato. El portavoz del partido, Esteban González Pons, lo repitió ayer en un acto con el presidente valenciano. Hay quien mantiene que la dirección nacional no ha apoyado a Camps en los últimos días, explicó González Pons al auditorio, pero remató: "Va a seguir siendo el presidente de la Generalitat los próximos cuatro años". "La verdad, Paco Camps, que lo que están haciendo, lo que está pasando contigo, será de justicia, a la que yo respeto porque es seguramente de justicia, pero no es justo", añadió.

    De hecho, en la dirección del PP se maneja la hipótesis de que Flors incluso archive el caso. Y, si no es así, se cuenta con la posibilidad de que la sala le salve, como sucedió hace un año, lo que provocó un varapalo del Tribunal Supremo a esa sala. Aun así, algunos dirigentes reconocen en privado que el equipo jurídico del partido, dirigido por Federico Trillo, ha planteado siempre la hipótesis más optimista con el caso Camps y se ha equivocado muchas veces.

    Lo que ha llegado claramente a su fin es la estrategia dilatoria de la defensa de Camps, empeñado en alargar el proceso para intentar llegar a las elecciones antes del juicio y ser absuelto en las urnas, según la doctrina instalada en el PP valenciano por Carlos Fabra, presidente de la diputación de Castellón. Desde que el juez Flors decidió, en 2009, que había suficientes indicios de un delito de cohecho impropio por haber recibido trajes gratis de la trama Gürtel, Camps no ha hecho más que recurrirlo todo. El propio juez hizo una advertencia el 22 de enero a la defensa, que seguía solicitando pruebas y más pruebas. Los recursos han logrado retrasar más de un año la solución judicial, pero ahora parece inminente. Lo que parece menos claro es la solución política al caso Camps.

    www.elpais.es 31.01.11

    33)C. VALENCIANA: DOS AÑOS DE PRUEBAS CONTRA EL PRESIDENTE VALENCIANO

    Cuando el juez Baltasar Garzón destapó el caso Gürtel, a principios de febrero de 2009, la sospecha de que la trama corrupta podría haber echado raíces en la Comunidad Valenciana era muy leve. Las primeras órdenes que firmó Garzón se referían a contratos supuestamente amañados en Ayuntamientos gobernados por el PP en la zona rica de la Comunidad de Madrid.

    En la documentación que acumulaba la instrucción judicial había cientos de folios con la transcripción de conversaciones grabadas por un ex concejal del PP en Majadahonda con el jefe de la trama, Francisco Correa, y algunos directivos de las distintas empresas de la red. En una de esas conversaciones, Isabel Jordán, responsable de la empresa que montaba los actos para el Gobierno de Madrid, reconocía haber pagado 30.000 euros de trajes de la tienda Milano para Francisco Camps, presidente valenciano.

    A partir de este hilo, la Fiscalía Anticorrupción investigó a conciencia hasta destapar una trama de corrupción en la Comunidad Valenciana que alcanza a Camps, a algunos altos cargos de su Gobierno y a la financiación del PP en esa autonomía.

    Regalos de Gürtel

    Desde aquel mes de febrero de 2009 hasta hoy han pasado dos años de investigación judicial llena de sobresaltos. En otoño de 2009, Camps respiraba tranquilo porque el Tribunal Superior de Justicia de Valencia -cuando el juez que instruía su caso había decidido sentarlo en el banquillo- archivó la causa. Pero el Supremo volvió a reabrirla.

    Desde entonces, el sumario acumula decenas de pruebas sobre el supuesto cohecho impropio en que incurrió Camps.

    Durante varios ejercicios y en distintas épocas de los años 2005, 2006 y 2007, las empresas de la trama Gürtel pagaron varias decenas de miles de euros en prendas de vestir regaladas a cinco cargos del PP en Valencia, entre ellos el presidente Camps; el entonces secretario general del PP, Ricardo Costa; y el entonces director general de la televisión autonómica, Pedro García. Estos dos últimos dejaron sus cargos tras el escándalo.

    Los regalos coincidieron con la adjudicación de contratos sin concurso en la Comunidad Valenciana a Orange Market, la empresa de la red Gürtel que operaba en Valencia. Camps aseguró al juez que pagó los trajes en metálico y en la tienda pero ningún empleado lo confirmó, más bien al contrario.

    www.elpais.es 31.01.11

    34) C. VALENCIANA: EL CONSELL GASTA MÁS EN UNIFORMES QUE EN COMBATIR EL FRACASO ESCOLAR

    Destina 350.000 euros a vestir escolares y 315.000 a planes educativos específicos

    La Generalitat ha apretado el acelerador para equiparar la educación pública a la enseñanza privado, en todos los sentidos. No solo en ayudas y subvenciones, sino también con la implantación en las escuelas públicas de la marca distintiva de los centros religiosos o privados: el uniforme escolar. Esta apuesta polémica, que comenzó en 2008 en 13 colegios, se ha extendido a 83 centros y viste ya a 25.000 escolares. En paralelo, la Consejería de Educación destina a los dos programas autonómicos creados para combatir el fracaso escolar 315.000 euros. Se trata del programa Integra -para alumnos de 14 y 16 años con dificultades- que recibe 160.000; y el Plan Previ -para combatir el absentismo y el abandono escolar prematuro-, con otros 155.000 euros.

    Educación justifica su prioridad por el uniforme en que "ayuda a mejorar el clima escolar" y "minora el absentismo". No hay, sin embargo, ningún estudio de su aplicación que avale los resultados empíricos. Lo único consolidado en todas las estadísticas nacionales es el alto fracaso escolar en la Comunidad Valenciana entre los escolares de 16 a 18 años, desde el 2000. En una década, esta tasa se ha disparado en 4º de ESO hasta el 38,5% del alumnado.

    La Confederación de Padres Gonzalo Anaya censuró ayer la "distribución" de recursos y la falta de "resultados" sobre la batería de programas experimentales en marcha, a los que destinan 632.000 euros, y pidió un plan "global" en todos los centros para mejorar el rendimiento de los alumnos.La Confederación de Padres Gonzalo Anaya -que ha elaborado un estudio exhaustivo sobre los diferentes programas, su alcance y los recursos destinados-, criticó, además, el "desequilibrio en la distribución de las ayudas económicas para la realización de proyectos de innovación educativa". Mientras la red pública, con 1.903 centros, recibe 87.500 euros; la privada-concertada, con 746 centros, obtiene 64.000 euros.

    El desequilibrio se consuma en el apartado de Premios 2011 a las iniciativas y buenas prácticas educativas sobre la convivencia, que destina 30.000 euros para los centros privados y otros 30.000 euros para los públicos.

    La confederación exige que se corrijan todas las partidas económicas en la proporción real. "La distribución de recursos de algunos programas está desequilibrada respecto de los centros docentes públicos y los privados concertados", denunció la presidenta de la confederación, María José Navarro.

    Con todo, el apartado que más críticas obtuvo de la confederación fue el programa experimental para extender el uniforme escolar en los colegios, al que se destinan 350.000 euros. "Mucho más que para prevenir o paliar el absentismo y el abandono temprano, con solo 315.000 euros", censuró Navarro. Esto se produce, además, en un curso en el que se ha consolidado el recorte de 400 profesores de los programas de educación compensatoria y de refuerzo cofinanciados por el Ministerio de Educación, que están orientados específicamente hacia los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje.

    La Confederación de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya -que representa a más de 900 asociaciones de centros escolares públicos- exigió ayer "un programa global para mejorar el rendimiento académico extensivo a todos los centros públicos". Este asunto está en el debate central del Consejo Escolar del Estado (entre todos los consejeros autonómicos, todos los agentes educativos y las patronales de enseñanza), debido al alto fracaso escolar en España, con una media del 34%, que supera las tasas europeas. Una lacra que en la Comunidad Valenciana afecta al 38,4% de alumnos.

    En la mesa de padres, celebrada ayer en la Consejería de Educación, se discutieron un total de 13 borradores de programas experimentales y de innovación para el curso 2011-2012, entre los que figuran premios a proyectos innovadores, programas para detectar superdotados, un aula didáctica en todos los colegios de Sagunto, programas de inteligencia emocional o para emprendedores.

    Se trata, en su mayoría, de programas puntuales que "afectan a cinco tutorías" o a "un máximo de 120 alumnos". Pero, en opinión de los representantes de la Confederación Gonzalo Anaya falta un plan estratégico para combatir los malos resultados académicos del sistema educativo valenciano. "Un tema que preocupa a los representantes de las AMPA de la escuela pública debido a la elevada tasa de fracaso escolar", subrayó al término la presidenta de la confederación de padres.

    "Este programa debería abordar desde la detección temprana de alumnos con dificultades para el aprendizaje en primaria hasta clases de refuerzo en todos los niveles educativos, mejora de la acción tutorial en la ESO y de la comunicación con las familias, etcétera", avanzó.

    La Gonzalo Anaya exige también que "los programas se hagan extensivos a todos los centros educativos públicos para que lleguen a todos los alumnos y no dependan de la buena voluntad de los equipos directivos y docentes".

    En esa dirección camina la propuesta de la confederación sobre el programa experimental de ampliación de horario. "Se debe hacer una oferta generalizada e implantarse a partir de los resultados académicos de la primera evaluación y con un refuerzo de plantillas docentes que permita su desarrollo óptimo", destaca Navarro.

    Aunque la confederación advierte de que sin una evaluación de los programas experimentales de los años anteriores poco o nada se podrá avanzar para combatir el fracaso escolar. "Sin los resultados de los años anteriores no podemos evaluar el programa o decidir si hay que eliminarlos o dotarlos de más o menos recursos", objetó Navarro.

    No obstante, la presidenta de la confederación denunció la nula voluntad de la consejería por hacer transparentes la aplicación y las conclusiones de los programas que crea. "Hemos pedido conocer los resultados de todos los programas y no se han hecho públicos".

    Relación de planes experimentales y ayudas a centros públicos y privados

    - Programa experimental Integra: 160.000 euros destinados a alumnos entre 14 y 16 años con serias dificultades de adaptación al medio escolar. Hay 58 institutos y secciones, de 400, con estos programas.

    - Plan PREVI de intervención contra el absentismo: 155.30 euros, destinados a Ayuntamientos con institutos que participan en el programa para prevenir el absentismo y el abandono escolar prematuro. En 2010 se subvencionaron más de 100 proyectos, solicitados por Ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro.

    - Programa experimental de uniformes escolares: 350.000 euros. El programa comenzó en 2008 con 13 centros y se ha extendido a 83 centros y 25.000 escolares. Según la consejería, el uniforme tiene ventajas psicoeducativas como mejorar el clima de trabajo y minora el absentismo escolar.

    - Ampliación de horario para materias instrumentales: Cero euros. No se realiza en todos los centros. Solo en los autorizados para un programa de enriquecimiento curricular. Al profesorado se le computan las horas extra de repaso con un plus de reconocimiento de 60 horas de trabajo.

    - Proyectos de innovación educativa: La consejería reparte 87.500 euros entre proyectos destinados a mejorar el rendimiento en centros públicos. En los privados inyecta otros 64.000 euros. Muchos de ellos, han sido polémicos por mezclar los Evangelios, la religión y la educación física y subvencionarlos como proyectos de innovación.

    - Programas varios y premios: En buenas prácticas (30.000 euros), en sistemas de gestión (200.900), en aprender a emprender (60.000 euros para 120 alumnos), en acción tutorial para 5 centros (30.000) y premios (110.000).

    www.elpais.es 03.02.11

    35) C. VALENCIANA: LORENTE PAGÓ A SU MODISTA 20.000 EUROS POR UN TALLER PÚBLICO INACTIVO

    El PSPV oriolano lleva el caso a fiscalía y el PP solo admite un retraso en el proyecto

    La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP, dio a su modista, Julio Díaz Reina, una subvención de 20.000 euros para poner en marcha un taller de moda, inactivo dos años después de la firma del convenio. La portavoz del Grupo Socialista en el Consistorio, Antonia Moreno, denunció que el expediente presenta "otras ilegalidades" que trasladará a la Fiscalía Anticorrupción. "Hemos dado 20.000 euros al modista de la alcaldesa a cambio de nada. Esto es de golfas", aseveró. La regidora eludió replicar a la líder socialista. El equipo de gobierno, a través del concejal de Comercio, Manuel Abadía, defendió a legalidad del proyecto, y solo admitió "un retraso" en su puesta en marcha.

    "La alcaldesa tiene cada día más cara de Alí Babá", dice la portavoz del PSPV

    La dirigente del PSPV oriolano sacó a la palestra las supuestas ilegalidades en el hasta ahora frustrado proyecto, tras tener acceso al expediente municipal del convenio que la alcaldesa y el modista firmaron el 18 de noviembre de 2008. El contrato incluía cursos de formación para los alumnos y realización de desfiles de moda. El Ayuntamiento invertía en la iniciativa 20.000 euros. "Tras esperar un año, para ver los resultados del convenio, el 22 de diciembre de 2009 denuncié que era falso. Hoy [ayer para el lector] y tras ver el expediente, me reafirmo".

    "Dos años después, no se ha realizado ningún taller, ni desfile y el local tiene colgado el cartel de se alquila", añadió. En cambio, Moreno señaló que, de acuerdo con los documentos que obran en el expediente, el Ayuntamiento ha abonado íntegramente la subvención, "y en algunos casos antes de la firma del convenio". La justificación de pagos del expediente incluye una factura de 9.220 euros por la reforma del local de fecha de 14 de octubre de 2008, antes de rubricarse el pacto. La factura la presentó la firma Tesiber, empresa de Roberto Pertegaz, cuñado de la concejal de Cultura del PP, Pepa Ferrando. El expediente también recoge otra factura de compra material informático por 868 euros, realizada en julio de 2008, es decir, antes de la firma del contrato. Un tercer pago, por 10.045 euros, corresponde al equipamiento de material de la sala de corte a la empresa Servycon Sureste, SL. La fecha de la factura es del 18 de diciembre de 2008 y, según el Registro Mercantil, el administrador único de la firma es Diego Reina Díaz, hermano del modista.

    Según Moreno, un año después del pago de esa factura, el modista aseguró que el taller no funcionaba porque estaba esperando "unas máquinas de corte, y hace un año que teóricamente las ha comprado". Moreno concluyó su exposición resaltando que seis meses después de que el edil del PP Manuel Abadía "la insultara por denunciar estos hechos, fue arrestado por el caso Brugal". "La alcaldesa sigue sin dar explicaciones y cada día tiene más cara de Alí Babá", concluyó.

    Abadía rechazó las acusaciones de Moreno y defendió la "legalidad y transparencia del convenio". "Todo lo que se ha abonado se ha realizado, incluido el equipamiento técnico, el proyecto se llevará a la práctica. El único inconveniente en este asunto por parte del Ayuntamiento es el retraso en impartir cursos, algo que depende de la cesión, cuanto antes, de la maquinaria solicitada y que hace más de un año tendría que haber llegado". Esa maquinaria, según Abadía, no estaba incluida en el convenio y la tiene que aportar la Generalitat.

    Lorente ni su entorno quisieron valorar el nivel de la relación (cliente/vendedor) con el modista. "Firmamos un convenio con la Asociación de Diseñadores, que preside el prestigioso modista Díaz Reina", subrayó Abadía. La relación entre Lorente y Díaz Reina la ha reconocido el costurero, quien admitió que en alguna ocasión ha vestido a la alcaldesa. El PSPV va más allá y asegura que Lorente es una cliente habitual de ese modista, desde que en 2007 trasladó su tienda de Bigastro a Orihuela.

    Una 'número dos' atrapada en la trama Brugal

    Mónica Lorente, alcaldesa de Orihuela, completó su arrolladora victoria en las municipales de 2007 con una fulgurante carrera en el seno interno del PP que la aupó, en diciembre de 2008, hasta el número dos de la jerarquía de los conservadores alicantinos, que lidera José Joaquín Ripoll. La joven regidora se presentaba ante la ciudadanía como el reverso de su antecesor en la alcaldía, José Manuel Medina, que dejó el cargo por una amplía lista de sumarios por supuestos casos de corrupción vinculados con adjudicaciones urbanísticas.

    Sin embargo, la suerte de la alcaldesa rampante se dio de bruces con el mismo obstáculo que su predecesor, los tentáculos del vasto sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo). Una de las piezas clave de esa investigación judicial es el supuesto amaño de la contrata de la basura de Orihuela. La multimillonaria contrata se adjudicó en octubre de 2008, con Lorente ya de alcaldesa. Y en el epicentro de esas supuestas irregularidades, el industrial Ángel Fenoll, empresario que recaló en Orihuela de la mano del padre de la actual regidora.

    Por esos hechos, la policía arrestó el 6 de julio de 2010 a tres concejales del Gobierno local de Lorente. La alcaldesa no fue detenida, pero días más tarde el instructor del sumario cursó una notificación, mediante orden policial, a Lorente y 38 personas más para que comunicaran sus domicilios por su implicación en el sumario. Fuentes judiciales mantienen que esa resolución judicial equivale a una imputación. El magistrado, casi medio año después, emitió un auto en el que comentaba su anterior resolución. En ese escrito venía a decir que los notificados no estaban formalmente imputados, aunque, en paralelo, reconocía que su iniciativa generó confusión.

    La implicación de Lorente en el caso Brugal acentuó el efecto de la investigación en el seno interno del PP alicantino. Su líder, Ripoll, es el imputado de mayor calado en el sumario. El juez le acusa de cohecho a cambio de la contrata de la basura del plan zonal de La Vega Baja. El ripollismo sufría así un duro varapalo en su cúpula.

    Mónica Lorente será con toda probabilidad la candidata del PP a la alcaldía de Orihuela, pero su anhelo por suceder a su líder en los otros altos cargos, ha entrado en punto muerto.

    www.elpais.es 03.02.11

    36) C. VALENCIANA: LA CÚPULA DEL PP ARROPA A LA ALCALDESA TRÁNSFUGA DE DÉNIA

    La cúpula regional del PP arropó ayer a la alcaldesa tránsfuga de Dénia, Ana Kringe, durante la presentación de su nueva página web. El secretario general de los populares valencianos, Antonio Clemente, insistió en que Kringe "cuenta con todo el apoyo del partido".

    Ana Kringe llegó a la alcaldía tras arrebatar la vara de mando a la socialista Paqui Viciano con ayuda de tránsfugas, pese a lo cual ha contado siempre con el apoyo del PP, que la ha mantenido en los órganos de gobierno del partido.

    Ayer, el duro lenguaje que utilizan habitualmente los populares contra el alcalde tránsfuga de Benidorm, Agustín Navarro -que repetirá de cabeza de lista con las siglas del PSPV- se transformó en un discurso almibarado al hablar de Kringe. Así, Clemente atribuyó a "la gestión municipal y al esfuerzo de la Generalitat" el nuevo hospital comarcal de La Marina Alta.

    "Para los alcaldes del PP lo más importante son los ciudadanos y lo que representan y eso es lo que está demostrando Ana [Kringe] por lo que en las próximas elecciones obtendrá mejores resultados que hace cuatro años", indicó Clemente.

    Censura justificada

    El secretario general justificó, incluso, la moción de censura con tránsfugas impulsada por Kringe. "Si hubiera seguido otra alcaldesa aún no tendríamos el nuevo hospital porque Viciano apostaba por remodelar el antiguo de La Pedrera", prosiguió Clemente, "no hacía nada importante para Dénia y solo se dedicaba a alimentar una especie de victimismo con la Generalitat que era absolutamente irreal".

    Clemente -que estuvo acompañado del vicesecretario general y delegado del Consell en Alicante, José Ciscar, y del responsable de Organización del PP, David Serra- criticó también que los socialistas hayan pensado en presentar de nuevo a Paqui Viciano como candidata a la alcaldía de Dénia.

    El dirigente popular argumentó que si se vuelve a presentar Paqui Viciano se evidenciará otra contradicción del candidato socialista a la Generalitat, Jorge Alarte, que dijo que no presentaría ningún imputado en sus candidaturas. Viciano está imputada, tras una denuncia de la popular Ana Kringe, por la expropiación de un camino rural que supuestamente habría beneficiado a un constructor.

    www.elpais.es 03.02.11

    37) C. VALENCIANA: EL FISCAL GENERAL RECHAZA APARTAR A CABEDO DEL 'CASO LUNA'

    El PP no ofrece "ni un dato" que cuestione su imparcialidad

    El fiscal general del Estado rechazó ayer el intento del PP de apartar a Ricard Cabedo, fiscal jefe de la Comunidad Valenciana, de la causa que se sigue contra el portavoz socialista Ángel Luna por haber exhibido un informe policial declarado secreto en el que se vincula al Gobierno valenciano con la trama Gürtel. El PP, señala el decreto del fiscal general, no ha aportado "ni un dato" que cuestione la imparcialidad de Cabedo.

    El Partido Popular, representado en la causa por su portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad, Rafael Blasco, basaba su pretensión de que Cabedo y su número dos, Gonzalo López Ebri, no intervinieran en unos hechos poco consistentes que publicó hace dos semanas ABC. Los fiscales coincidieron a la puerta de un restaurante del centro de Valencia con tres policías de la Brigada de Blanqueo de Capitales que habían declarado esa mañana en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano en la causa contra Luna. Fiscales y policías se saludaron, intercambiaron unas palabras ("de mínima cortesía", según Cabedo), y cada grupo entró a comer por su lado en el restaurante, en mesas separadas.

    ¿Fin de la historia? Según el PP, no. Porque ese encuentro era "susceptible de alterar el proceso ya que los fiscales pueden haber perdido la imparcialidad", indicó el partido en la solicitud de abstención que dirigió al superior jerárquico de Cabedo.

    El fiscal general del Estado responde con dureza a la petición. La recusación de un juez (extrapolable a la petición de que un fiscal se abstenga) requiere según doctrina del Tribunal Constitucional que existan "sospechas objetivamente justificadas": "exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos". Se exige también que el juez (o fiscal) "pueda obtener para sí o para una persona cercana a él una ventaja objetivamente demostrable y causalmente ligada a una determinada resolución del pleito".

    "No hay el menor dato"

    En el escrito del PP "no solo no se aporta el menor dato objetivo que pueda indicar una ventaja para los fiscales aludidos como consecuencia de la resolución que finalmente dicte el tribunal, sino que tampoco hay dato alguno que pueda poner en cuestión la imparcialidad de ambos fiscales", indica Conde-Pumpido.

    Si se entendiera que fiscales y policías no pueden tener contacto alguno, prosigue, sería tanto como "imposibilitar absolutamente el ejercicio de sus funciones profesionales", dada la identidad que existe en su misión: "evitar y perseguir la delincuencia".

    El encuentro concertado solo sería ilícito si se acreditara "que tenía una finalidad espuria y contraria a los intereses de la justicia", señala el fiscal general. Pero es que en este caso, además, tal encuentro concertado "ni tan siquiera llegó a producirse"; se trató, hasta donde existen datos verificables, de la "concurrencia de dos personas o grupos en un mismo lugar".

    38) C. VALENCIANA: FENOLL: "¿CUÁNDO ME VA A PAGAR LOS DOS MILLONES?" IRRUMPE EN EL PLENO Y FRENA LA CONTRATA DE LA BASURA

    El empresario Ángel Fenoll, cabecilla del caso Brugal, dio ayer una nueva muestra su arrollador ímpetu a la hora de defender su hegemonía en el negocio de la basura en La Vega Baja. El empresario, imputado por cohecho, tráfico de influencias y extorsión, no dudó en irrumpir en pleno del Ayuntamiento de Almoradí para reclamar, a viva voz y rodeado de cámaras y focos amigos (TV Vega Baja, de su propiedad), una deuda del Consistorio de dos millones de euros por la contrata de la basura. Fenoll está a punto de perder ese contrato tras 25 años de adjudicación. "Señor alcalde, dígame cuándo me va a pagar los dos millones que me debe por la basura. Entre todos los del PP me vais a llevar a la ruina", espetó al regidor, Antonio Ángel Hurtado, del PP.

    "Ha montado el numerito, porque pierde la contrata", dice el alcalde

    La puesta en escena de Fenoll surtió efecto. El alcalde aparcó la renovación de la contrata de la basura que estaba previsto adjudicar en la sesión plenaria. El nuevo adjudicatario era, de acuerdo con la puntuación de la mesa técnica, la firma la Generala. La firma de Fenoll, que aspiraba a renovar el contrato, obtuvo dos puntos menos.

    Fenoll aprovechó su intervención en el pleno para echar en cara al regidor las, según él, falsas promesas de pago. "Lleva más de un año engañándome, y los bancos ya no me dan respiro. Le he dicho que esto es una injusticia. Entre él, y el resto de Ayuntamientos donde tengo la concesión de la basura me deben 24 millones de euros", explicó. "No puede ser que se vayan y me dejen en la estacada. Me van a llevar a la ruina, a mí a y a mis trabajadores", abundó.

    Fenoll tampoco desaprovechó la ocasión para arremeter con otros líderes del PP valenciano, entre ellos el regional, Francisco Camps, y el provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll. "He dicho que Camps y Ripoll tienen que tomar cartas en el asunto para que no haya desvío de las partidas. Lo que se consigna para servicios que no se desvíe. Porque mucho hablar de Zapatero, pero aquí los del PP me llevan a la ruina", reiteró.

    El alcalde de Almoradí valoró así la insólita iniciativa del empresario: "Ha venido a montar el numerito porque no será el nuevo adjudicatario del servicio de la basura. Pero la decisión se ha hecho sobre la base de los informes técnicos", explicó. Hurtado admitió que el Consistorio tiene una deuda pendiente con este adjudicatario, "pero no de dos millones, sino de 1,5", precisó. "Hasta 2009, estábamos al corriente de los pagos, pero a partir de ahí y con la crisis han venido los problemas", añadió.

    El regidor aseguró que le ha presentado un plan de pago al empresario, pero se mostró inflexible en cuanto a su exclusión del nuevo contrato, y no por su presión en el pleno. "Lo hemos dejado sobre la mesa para aclarar unas dudas planteadas por el PSPV, pero en 15 días lo retomamos", dijo el alcalde. "He invitado a Fenoll a que se entreviste con los técnicos para ver cómo ha sido el proceso de adjudicación, y si no queda contento que acuda a los tribunales", razonó.

    El portavoz del Grupo Socialista municipal, Javier Cañizares, señaló que las dudas sobre la "falta de transparencia del proceso" (adjudicación de la contrata a la General a cambio de supuestamente retirar una demanda al Ayuntamiento por otras obras) fue aprovechada por el alcalde para intentar salir airoso del trance.

    www.elpais.es 02.02.11

    39) C.VALENCIANA: LA AUDIENCIA DEVUELVE AL JUEZ LA PIEZA DEL 'CASO BRUGAL' QUE AFECTA A GERARDO CAMPS

    La sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha acordado devolver al juzgado de instrucción las actuaciones que le fueron remitidas de una de las piezas del caso Brugal que afecta al consejero de Economía, Gerardo Camps. El tribunal deja en suspensión el recurso de la fiscalía contra el archivo de la investigación contra Camps porque otras partes afectadas en el proceso no han tenido oportunidad de alegar, ya que las actuaciones eran secretas.

    Esta pieza del complejo caso Brugal, centrado en la corrupción relacionada con el negocio de la basura en la comarca alicantina de La Vega Baja y el urbanismo en Alicante, regresa al Juzgado de Instrucción número 2. La Audiencia esperará a resolver el recurso de la fiscalía para que las partes afectadas puedan presentar alegaciones sobre el auto de archivo de la pieza y el recurso de la fiscalía, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en una nota.

    El Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante archivó en noviembre esta parte de la causa que investigaba un presunto tráfico de influencias en los procesos de adjudicación del Palacio de Congresos de Alicante, el Parque Cultural de Sant Vicent del Raspeig, el mantenimiento de la Ciudad de la Luz y la concesión de un aval de 16 millones de euros al Hércules por parte del Instituto Valenciano de Finanzas, que depende de la consejería que dirige Camps. La fiscalía de Alicante presentó un recurso parcial al archivo e insistió en indagar sobre dos de las cuatro actuaciones bajo sospecha: la adjudicación del Palacio de Congresos de Alicante y el parque cultural de Sant Vicent del Raspeig. El juez archivó la causa por un posible delito de tráfico de influencias al no observar trato de favor de Camps hacia el empresario Enrique Ortiz.

    El PP paga a la secretaria de Rudi con dinero del Ayuntamiento de Zaragoza

    Cuanto más habla el Partido Popular de austeridad, más evidentes se hacen los casos en que la formación conservadora es excesivamente generosa con el dinero público. En Zaragoza, el Ayuntamiento está pagando un sueldo del erario a una administrativa que, en realidad, trabaja como secretaría de Luisa Fernanda Rudi, presidenta del PP en la ciudad y candidata a presidenta de Aragón. Por si esto fuera poco, otra asesora del Grupo Municipal Popular pasa más tiempo empleada en la sede del PP en labores internas.

    Según informa El Periódico de Catalunya, la funcionaria que actúa en realidad de secretaria de la candidata popular está contratada en el Ayuntamiento por 36.617 euros anuales por el cumplimiento "íntegra y exclusivamente de su actividad profesional" en el Grupo Municipal que conforman los concejales del PP.

    La secretaria…

    Pese al decreto que la contrataba para estas labores municipales, firmado en 2007 por la concejala socialista Carmen Dueso, hay constancia de que en la actualidad no cumple "íntegra y exclusivamente" con ellas. El hecho de que su presencia en el Ayuntamiento sea nula ya ha creado un profundo malestar interno tanto en el grupo popular como en la casa consistorial.

    … y la asesora

    Un caso muy similar es el que sucede con una asesora nombrada por otro decreto, esta vez del área de Hacienda, Economía y Régimen Interior y firmado en 2009 por la concejala socialista Lola Ranera. La orden se dio el mismo día que cesaba su labor el anterior asesor del PP en el Ayuntamiento y que hasta ahora había trabajado con el portavoz popular, Domingo Buesa.

    Sin embargo, cuando Buesa fue sustituido por Dolores Serrat, éste pasó a ejercer más trabajo en la sede que el Ayuntamiento. En este caso, el coste de su asesora es más elevado que en el caso anterior, ya que la cifra anual asciende a casi 48.000 euros.

    www.elplural.com 01.02.11

    40) C. VALENCIANA: EL TSJ DICTA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LA QUERELLA DEL PP CONTRA LUNA

    Blasco mantiene su táctica y presenta una nueva denuncia contra el socialista

    El Tribunal Superior de Justicia valenciano archivó ayer definitivamente la causa abierta contra Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes, tras la querella presentada en septiembre por el PP. En ella se acusaba a Luna de un delito de cohecho porque supuestamente Enrique Ortiz, empresario de la construcción relacionado con los casos Gürtel y Brugal, habría pagado en 1997 unas obras en casa del diputado a cambio de las adjudicaciones recibidas en Alicante durante el periodo en el que el portavoz parlamentario del PSPV fue alcalde de la ciudad (1991-1995). La querella también afirmaba que Luna, abogado y empleado de Ortiz entre 1999 y 2002, recibió del constructor un automóvil cuando abandonó su empresa.

    El Consell dirige los pleitos al portavoz que más ha aireado la trama Gürtel

    El auto de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respondía a un recurso del PP contra el archivo dictado previamente por el magistrado Juan Climent. En aquel fallo, el juez consideró prescrito el supuesto cohecho pero fue más lejos, señalando que ni siquiera había indicios de conductas delictivas y calificando de "inexactas" parte de las acusaciones. El tribunal archiva ahora definitivamente la causa, recuerda que contra su decisión no cabe recurso y condena al PP a pagar las costas.

    La noticia fue recibida con satisfacción en la sede de los socialistas valencianos. Su secretario general, Jorge Alarte, afirmó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana había "puesto fin definitivo a la persecución y las maniobras torticeras y antidemocráticas del PP para intentar callar a Luna". Alarte reclamó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que el jueves presionó públicamente al fiscal para que pida el archivo de la causa de los trajes que se sigue contra él en el TSJ, "que esté a la altura de las circunstancias y se abstenga, en su condición de president, de atacar a los jueces, los tribunales y los fiscales y sea respetuoso con las instituciones y la justicia".

    El auto conocido ayer, del que ha sido ponente el magistrado Juan Montero, respalda el archivo, aclara cuestiones procesales y no entra en el fondo del asunto. Señala, sin embargo, que "existen indicios, ya advertidos en la admisión de la querella y concretados en la limitada actividad investigadora, para admitir que los hechos pudieran llegar a calificarse de delictivos, no ya en abstracto sino con referencia a alguno de los tipos del cohecho en el Código Penal". Y, poco antes: "No existen elementos de juicio suficientes para concluir que los mismos no sean constitutivos de delito".

    Tampoco, en sentido contrario, de que sí fueran constitutivos de delito. Pero el Partido Popular se aferró a esos dos párrafos para calificar de "verdadera pena que el justiciero Ángel Luna haya conseguido eludir la acción de la justicia". Y para ir mucho más allá de lo que señalaba la resolución judicial: el auto "es muy claro y evidencia que Luna mintió, ya que existen indicios de que pudo cometer un grave delito de cohecho, con el único pero de que ya ha prescrito", sostuvo el diputado popular José Marí Olano.

    La querella contra Luna se presentó en plena polémica sobre las tramas de corrupción que afectan al Partido Popular. En especial Gürtel. Un caso que el portavoz socialista ha denunciado reiteradamente en las Cortes y también en el juzgado. Muchos, empezando por los socialistas, vieron en la querella del PP un intento de silenciar a la oposición o, al menos, de mantener a su portavoz entrando y saliendo del tribunal.

    La teoría se vio reforzada ayer: el TSJ acababa de dar carpetazo a la querella contra Luna cuando Blasco anunció otra. En este caso, por las supuestas injurias y calumnias en que habría incurrido al denunciar la presunta trama de corrupción vinculada a la consejería que dirige Blasco, una trama que habría desviado fondos destinados a cooperación. Sobre este asunto la fiscalía anticorrupción ha abierto dos investigaciones.

    "Si la admiten a trámite, que ya veremos, nos va a permitir poner sobre la mesa los hechos que motivaron nuestras afirmaciones", declaró el socialista. La nueva querella de Blasco se dirigirá también contra las diputadas Clara Tirado (PSPV) y Mireia Mollà (Compromís). "He cumplido con mi obligación como diputada. Los tribunales decidirán. No tengo miedo", afirmó Mollà.

    La campaña judicial desplegada por el PP contra Luna tiene abierta, además, otra causa en el TSJ. Se trata de la acusación por revelación de secretos, motivada porque el portavoz socialista exhibió en las Cortes el año pasado un informe policial que vincula al Consell con la trama Gürtel, y que estaba sometido al secreto de sumario.

    www.elpais.es 29.01.11

    41) C. VALENCIANA: RTVV DOBLÓ SU PLANTILLA Y MULTIPLICÓ LA DEUDA POR 40 CON LA GESTIÓN DEL PP

    El déficit se ha disparado pese a la caída de la producción propia

    La situación de Canal 9 es insostenible desde hace años. Así lo asegura la oposición y hasta de vez en cuando lo reconocen algunos dirigentes populares aunque luego lo maticen, mientras el ente prepara ajustes para tratar de paliar su abultado déficit. El análisis sobre los problemas que aplastan a Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) pasa por la exhaustiva revisión de los números. Y parecen claros, pues revelan que en apenas década y media se ha duplicado la plantilla y se han disparado las pérdidas y las deudas, sin que ello, a diferencia de lo ocurrido en el desarrollo de otros canales autonómicos, haya supuesto un incremento de la producción propia de RTVV, sino más bien lo contrario.

    Según los informes de la Sindicatura de Comptes, la entidad, nacida en 1989 bajo el Gobierno del socialista Joan Lerma, pasó a ser responsabilidad del Partido Popular en 1995 con una deuda de 32 millones de euros (5.358 millones de pesetas) y 653 trabajadores de plantilla. Varias legislaturas de Gobierno popular después, la plantilla en 2009 estaba formada por 1.027 trabajadores, hasta 1.800 si se suman los que no han pasado por una oposición. El ente acumula en este momento más operarios que Antena 3 y Tele 5 juntas.

    En ese período, las deudas se elevaron a 1.287,5 millones de euros, es decir, 40 veces más. A falta de los datos de 2010, ya se sabe que la cifra de trabajadores de plantilla se aumentó el ejercicio pasado en otras 300 personas al regularizarse a empleados que acumulaban contratos temporales.

    Unas cifras que alimentan años tras año las declaraciones sobre los planes para hacer un expediente de regulación de empleo (ERE), para privatizar la cadena, e incluso para cerrarla. Se trata de una situación ante la que los trabajadores, los principales perjudicados, se sienten impotentes. Los sindicatos estiman que la solución no pasa por los despidos sino por el cambio en el modelo de gestión."No podemos consentir el discurso de que allí sobra gente", explica Ignasi Ángel, miembro del comité de empresa por el sindicato CC OO, "la solución o parte de la solución pasa por defender el servicio público de una televisión que sirva a los ciudadanos y no a un determinado partido en el Gobierno". Ángel esgrime que la plantilla "está infrautilizada por una dirección que ha decidido hacer muy pocos contenidos propios" y asegura que a diario se emiten "cuatro, cinco y hasta seis películas". Desde UGT, exigen el mantenimiento de la plantilla y "una profunda rectificación del modelo de gestión del ente público", con "el incremento de la producción propia, la producción de una programación de calidad y de unos informativos no manipulados".

    Para encontrar los primeros síntomas de una televisión en crecimiento incontrolado hay que remontarse a 1995. Cuando Eduardo Zaplana llegó a la presidencia de la Generalitat aseguró en una entrevista a ABC: "Quiero privatizarla en cuanto se apruebe la ley correspondiente". Su argumento era que "la televisión es el último bastión en el que están resistiendo los socialistas". Un marchamo, el de sectarismo, que no ha perdido Canal 9 en estos años.

    Como Zaplana no pudo privatizar la cadena acometió otra vía, "contrató una nueva plantilla", según resume José Ignacio Pastor, vicepresidente del consejo de administración a propuesta del PSPV. "A los periodistas que consideraron rojillos los pasaron a Punt 2 y empezaron a contratar personas afines al PP, trabajadores a los que luego se regularizó con oposiciones a medida".

    Aún así, Canal 9 no quedó al gusto de todos los populares. Cuando el actual presidente de la Generalitat, Francisco Camps, llegó al poder la cadena debió parecerle un aparato al servicio de Zaplana, entonces ministro de Trabajo. Y RTVV asumió una nueva reorganización, con más incorporaciones. A finales de 2003, las deudas de la cadena eran de 501 millones de euros (en ocho años se habían multiplicado por 15) y los trabajadores, que aquel mismo año aumentaron en 82 empleados, se elevaban a 1.581 (993 de plantilla y el resto con contratos temporales). Como ejemplo, la plantilla en Alicante se multiplicó por cuatro (llegó a los 180) cuando Pedro García entró como director general de RTVV. Según el PSPV, como un reparto de poder entre campistas y zaplanistas, que mantenían su hegemonía al sur de la Comunidad Valenciana.

    Periodistas de la propia cadena han denunciado desde entonces que los informativos se han convertido en un aparato de propaganda de la gestión del Consell de Camps, en la que consejeros y presidente disponen de minutos a discreción mientras la oposición aparece con cuentagotas. Unos informativos en los que el Gobierno central socialista siempre sale mal parado y en los que los problemas con la justicia del PP nunca han existido.

    Y eso, según la oposición, a base de incorporar a personal afín y laminar a los sospechosos. Pastor incluso apunta que en las últimas incorporaciones de trabajadores fijos se regularizó a personas afines, puesto que al que no interesa simplemente no se le renovaban los contratos. En los últimos días festivos un comentario recorrió los pasillos en Canal 9 en forma de chiste: "Las navidades se pueden pasar en familia en la tele sin problemas porque todos los miembros están dentro". Frase que resume con mayor o menor fortuna la impresión que tiene la plantilla sobre la forma, para los más críticos en una línea que roza el nepotismo, en la que ha crecido el número de empleados. Por supuesto, no sería licito calificar a todos los antiguos trabajadores de afines a la izquierda, ni a todos los que entraron después de adscritos a los postulados conservadores. Pero a falta de cotejar nombres y apellidos coincidentes con responsables políticos del PP, sí es cierto que en las últimas elecciones al comité de empresa venció Unión Sindical Obrera (USO), sindicato impulsado por el anterior secretario general de Canal 9, Vicente Sanz, que tuvo que dejar el puesto hace un año por unas acusaciones de abusos sexuales a periodistas que todavía han de juzgarse.

    El modelo impuesto por el PP en estas cuatro legislaturas parece ya para muchos insostenible. En 14 años los costes salariales (de una plantilla que supera a la de varias cadenas nacionales) se han multiplicado y ya conllevan unos gastos de personal que se elevaron en 2009 a 81,3 millones de euros (en 1995 fueron de 24,6 millones de euros, 4.089 millones de pesetas de la época). Gastos de personal que se disparan muy por encima de la cifra de negocio de la cadena: Así en 2009 los ingresos por publicidad y por la venta de derechos de emisión se quedaron en 45,3 millones de euros: 22 en el primer concepto y 23 en el segundo, fundamentalmente por los partidos de fútbol de los equipos valencianos. Derechos deportivos que por otra parte costaron 52,9, y eso que se desconoce lo que se paga por eventos como los de la Fórmula 1. Unas cuentas, en definitiva, que solo en 2009 supusieron unas pérdidas de 278 millones de euros (en 2008 perdió 211 millones y otros 206 en 2007).

    Unos años por tanto en los que la tele de todos los valencianos ha bordeado la liquidación. Desde 1995 los fondos propios han sido inferiores al 50% del capital social al cierre de cada ejercicio y solo las sucesivas ampliaciones de capital que ha practicado la Generalitat han paliado el problema aunque a costa de disparar la deuda de RTVV. Y mientras, siempre a la espera de que se firme un contrato programa entre el ente y la Generalitat que garantice la pervivencia de la cadena a la vez que la obligue a ceñirse a unos presupuestos.

    Y por el camino, se han perdido numerosos espectadores: En 1995, la cuota de pantalla era del 18,5%. En 2003, todavía se mantenía, con un 18,2% para Canal 9 y un 2% para Punt 2. Pero en 2010 Canal 9 ha cerrado el año con audiencias en torno al 6%. Es decir, se trata de una televisión que cada vez ven menos valencianos, y que por el contrario resulta año tras año más cara.

    El pasado miércoles, en la reunión del consejo de administración de RTVV, el director general, José López Jaraba, aseguró que el futuro de la cadena es el de "una televisión pública potente, estable y saneada". Aseguró que le costará en 2011 a cada valenciano solo 24,6 euros, frente a los 27,6 de 2010 o los 30 de 2008. Y esgrimió que es más barata que otras, si se compara con los 43,9 de la catalana o los 44,3 de Galicia o los 65,6 del País Vasco. El cálculo de López Jaraba sería verdadero si a los cinco millones de valencianos RTVV solo les costara este año 123 millones de euros. O si en 2009 el mantenimiento de la tele fuera inferior a 150 millones de euros. Pero las cifras son tercas, y aparte del dinero que la Generalitat asigna en los presupuestos cada año, solo en pérdidas la cadena le costó en 2009 a cada valenciano 55,6 euros, otros 42,2 en 2008 y otros 41,2 el año anterior. Y eso sin contar con que gracias a esos 1.287,5 millones de euros de deuda, al acabar 2009 cada valenciano debía 257 euros a los bancos. Por una tele que apenas ven.

    www.elpais.es 31.01.11

    42) C. VALENCIANA: BARBERÁ NO RINDE CUENTAS SOBRE LA AYUDA AL FALSO CURA

    El gobierno local de Valencia, que preside la popular Rita Barberá, asegura que no abonará este año los 143.000 euros consignados en el presupuesto a Misioneros Apostólicos de María Inmaculada (MAMI), congregación dirigida por el falso cura Vicente Almale que regentaba un albergue para inmigrantes, pero no explicó cómo esta congregación se ha embolsado más de 600.000 euros desde el 2008 pese a las denuncias sobre irregularidades que pesaban sobre ella desde 2007.

    El Grupo Municipal Socialista denunció el jueves que desde el año 2008 el Consistorio ha subvencionado con "al menos 611.387 euros a MAMI. Una congregación no reconocida por la Iglesia Católica encabezada por el padre Vicente, recientemente detenido por su supuesta vinculación con el narcotráfico". Ferrer se quedó esperando una explicación sobre el reiterado pago a esta congregación.

    Ayer, durante el pleno, el edil socialista Juan Ferrer preguntó por la relación entre el Consistorio y MAMI. La edil de Bienestar Social, Marta Torrado, dijo que la entidad ya no colabora con el Consistorio y echó la culpa de que el gobierno local financiase la congregación al Gobierno socialista, pues "la llegada masiva de inmigrantes a Valencia" obligó al Ayuntamiento a contactar con diferentes entidades para aumentar el número de plazas de acogida.

    www.elpais.es 29.01.11

    43) C. VALENCIANA: LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS DE FABRA SE RESOLVERÁ ANTES DE OCHO MESES

    El caso Fabra estará a punto de cumplir sus ocho años de instrucción cuando el Tribunal Supremo decida si finalmente cuatro de los cinco delitos que se le imputan al presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, han prescrito o no. Fabra está acusado, además, de la comisión de un presunto delito de tráfico de influencias, otro de cohecho y un fraude fiscal que fue denunciado por la Agencia Tributaria por el ejercicio fiscal de 1999.

    La Audiencia de Castellón ha admitido la posibilidad de que su decisión de declarar prescritos los delitos fiscales detectados por los peritos entre 2000 y 2004 sea recurrida, por lo que la fiscalía y la acusación popular trasladarán sus argumentos al Tribunal Supremo en un plazo de 15 días. A partir de entonces, los tiempos que baraja el alto tribunal sitúan entre seis y ocho meses el tiempo para dirimir el tema, que podía prolongarse hasta un año.

    Cinco magistrados de los 15 que componen la sala segunda, la de lo penal, serán los encargados de ver los recursos de estas acusaciones.

    La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón decidió hace poco más de un mes declarar prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales de los que estaba acusado Carlos Fabra. Los magistrados entendieron que aunque hubo una investigación abierta a lo largo de cinco años, durante los que los peritos estuvieron cotejando las cuentas y el patrimonio de Carlos Fabra y su familia, esta actuación no se puede considerar como el acto jurídico necesario para paralizar los plazos de prescripción de dichos delitos.

    www.elpais.es 04.02.11

    44) C.VALENCIANA: EL SUPREMO REVISARÁ LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS DE FABRA

    La Audiencia de Castellón admite ahora que su auto sea recurrido

    La Sección Segunda de la Audiencia de Castellón declaró prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales por los que estaba imputado el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. En el mismo auto, dictado hace poco más de un mes, la Audiencia Provincial señaló que su decisión no era susceptible de recurso y, por tanto, la acusación quedaba archivada. Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular anunciaron su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo esta decisión. Ahora, la Audiencia de Castellón ha corregido su criterio y, ante los argumentos de ambas acusaciones, ha admitido la posibilidad de que sea el Tribunal Supremo el que decida sobre la prescripción de los presuntos delitos fiscales cometidos por el dirigente del PP. Así, será el alto tribunal el que revisará la prescripción de dichos delitos y decidirá sobre la misma, solicitada por el propio Fabra.

    El auto sostiene que existen "dudas que no deben cercenar la posibilidad del recurso, cuando el propio Tribunal Supremo podrá verificar previamente la susceptibilidad de la casación", ya que este mismo tribunal deberá ahora decidir si admite ambos recursos o no. La clave para el cambio de criterio de la Audiencia de Castellón ha sido el que haya tomado en consideración el hecho de que el caso Fabra se instruyó con el procedimiento del tribunal de jurado y, pese a que la propia Audiencia descartó esta posibilidad y señaló que debía ser un tribunal de magistrados quienes lo juzgaran, de momento, el caso no se ha transformado.

    La imputación por estos cuatro delitos surgió del informe elaborado, durante cinco años, por dos inspectores de Hacienda que trabajan como peritos judiciales. El documento destapó que en las cuentas del presidente de la Diputación y de su familia se ingresaron, entre 2000 y 2004, 3,6 millones de euros de procedencia no justificada. Por ello, los peritos detectaron un fraude a la Hacienda pública de 1,7 millones de euros y la presunta comisión de nueve presuntos delitos cometidos por Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández.

    Lo que desvela el nuevo auto del caso Fabra es además que la Agencia Tributaria, que está representada por la Abogacía del Estado, no presentó recurso a la decisión de la prescripción cuando es esta parte la que ha de velar por los intereses del Estado.

    www.elpais.es 03.02.11

    45) C. VALENCIANA: ALTERNATIVA POPULAR, UN NUEVO PARTIDO NACIDO DE LA ESCISIÓN EN EL PP

    El pasado 22 de enero, en Sevilla, en la Convención popular, Mariano Rajoy resaltó que por fin el PP "está absolutamente unido". Lo dijo una semana antes de que el ex secretario general del partido Francisco Álvarez-Cascos anunciara que se enfrentará a sus antiguos compañeros en Asturias con su Foro Ciudadano y mientras en Torrevieja, otro dirigente, el diputado y ex concejal Domingo Soler daba vida a otro partido nacido de la escisión en el PP, Alternativa Popular de Torrevieja.

    Domingo Soler ha explicado a ELPLURAL.COM las razones que le llevaron a darse de baja del PP después de 28 años y que le hacen sentirse "identificado" con Francisco Álvarez-Cascos. "Me han tratado mal, hay compañeros que me han insultado y el partido me ha dejado en total indefensión. No se han respetado los estatutos del partido", afirma el diputado.

    El actual alcalde de Torrevieja

    Domingo Soler aspiraba a ser candidato a la Alcaldía de Torrevieja en las próximas elecciones de mayo y propuso que los militantes decidieran con su voto entre él y el actual alcalde, el diputado Pedro Hernández Mateo, "protegido de Francisco Camps", e imputado por tráfico de influencias, tras una operación urbanística que supuestamente le dio ingentes beneficios, según explica Soler, afín al presidente de Alicante, Joaquín Ripoll.

    La pugna entre Ripoll y Camps

    El caso de Soler no es una excepción en el PP valenciano. Varias batallas se dirimen en estos momentos dentro del partido regional, resultado de las pugnas ya históricas entre el presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, y el presidente del Consell, Francisco Camps. Cinco concejales en Villena, afines a Camps, han dejado sola a la alcaldesa Celia Lledó y han creado un nuevo partido, Centro Democrático. En el Ayuntamiento de Orihuela, la alcaldesa Mónica Lorente, persona de confianza de Ripoll, mantiene una guerra sin cuartel con los fieles campistas, según datos de La Verdad.es.

    ¿Sumarse a Cascos?

    Ante la posibilidad de integrarse en el Foro Ciudadano de Francisco Álvarez-Cascos, Domingo Soler considera que lo importante ahora es que el ex ministro gane en Asturias y él, en Torrevieja, y "luego veremos qué se puede hacer".

    500 militantes se darán de baja del PP

    Como Cascos, Soler se lleva consigo a un número nada desdeñable de militantes, que se darán de baja este mes del PP, "500 de un total de 1.500 que hay en Torrevieja". Según ha asegurado Domingo Soler a ELPLURAL.COM, su jugada política hará que "el PP pierda la mayoría absoluta en ese municipio y, por ende, la Alcaldía". ELPLURAL.COM ha intentado conocer  la valoración del Partido Popular regional al respecto, pero no ha recibo contestación alguna.

    La carta a Rajoy

    Soler, como Cascos, también envió al líder del PP una carta en la que explicaba las razones para su baja del partido, en el que milita desde 1983. No obtuvo respuesta, tampoco le recibió nadie en la sede central de Génova, en Madrid, cuando fue a exponer sus razones. Pero no le sorprendió: "Viven en otro mundo, no se preocupan de la militancia, se olvidan de los que hemos trabajado durante años para que ellos estén ahora donde están".

    "Sabía quién era Trillo"

    Domingo Soler llamó a Federico Trillo, con quien había sido "subdirector general de su equipo", en su etapa como ministro del Interior. Pero el ahora responsable de Justicia de los populares le colgó el teléfono. "No me esperaba su actitud, pero ya sabía quién era", explica el líder de Alternativa Popular de Torrevieja.

    www.elplural.com 04.02.11

    46) EL LIDERAZGO DE RIPOLL EN EL PP SE DEBILITA AL SER SUS AFINES LOS CABECILLAS DE LAS RUPTURAS

    Joaquín Ripoll se comprometió ante Génova a mantener el partido unido y sin enfrentamientos

    Las aguas en las filas afines a la dirección del Partido Popular de la provincia de Alicante no bajan tranquilas, sobre todo, tras las decisiones rupturistas de los hombres fuertes del presidente provincial, José Joaquín Ripoll, en los municipios de Torrevieja, La Vila Joiosa y Xàbia, entre otros, al no aceptar su situación minoritaria en sus respectivas agrupaciones locales y organizar candidaturas independientes con otras siglas políticas para las elecciones municipales del 22 de mayo.

    En esas tres localidades, a las que habría que sumar también el caso de Calpe, así como algunas más que pueden saltar a escena en los próximos días, los populares alicantinos se van a encontrar con candidaturas alternativas en los respectivos ayuntamientos, encabezadas por quienes a lo largo de esta legislatura han plantado cara a las estructuras orgánicas locales, afines a la dirección regional, sostenidos en los cuatro casos por la ejecutiva provincial popular.

    Es el ejemplo de Domingo Soler en Torrevieja, a quien aupó Ripoll a la vicepresidencia cuarta de la Diputación Provincial de Alicante con la intención de mantener un pulso con el alcalde de la localidad, Pedro Ángel Hernández Mateo, uno de los pilares del campsismo en la provincia desde que el jefe del Consell fue designado candidato a la Generalitat en el año 2002.

    En una situación parecida hay que situar a quienes encabezaron en las asambleas locales del PP de La Vila Joiosa, Calpe y Xàbia, listas alternativas, sin éxito, a las direcciones locales de esas tres agrupaciones, por el hecho de ser afines a la dirección regional y cuestionar actitudes de la provincial.

    En concreto, el vilero Pedro Alemany y el javiense Juan Luis Cardona, tras perder los congresos locales con listas auspiciadas desde la cúpula provincial, han optado finalmente por salirse del partido, y organizar dos partidos locales para concurrir a los comicios, Gent de la Vila y Xàbia Democràtica, respectivamente.

    Esas tres candidaturas independientes, según fuentes populares, son una seria amenaza para la dirección provincial, y especialmente, para su presidente, José Joaquín Ripoll, puesto que debilita aún más su situación ya complicada a consecuencia del 'caso Brugal'. Según revelan fuentes populares, en un encuentro celebrado hace unos meses en la sede madrileña de Génova, Ripoll se comprometió a mantener el partido en Alicante totalmente unido, sin crispaciones, enfrentamientos internos, ni escisiones, por lo que, según las mismas fuentes, «estas candidaturas complican aún más el futuro de Ripoll».

    A ello, achacan desde la dirección regional del PP, la decisión del dirigente provincial alicantino de realizar una aproximación al alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, como referente campsista, ante la escisión producida en la ciudad salinera, con el objetivo de buscar aliados de cara a su continuidad y para hacer un guiño ante Madrid que esconda su posible debilidad.

    Además, está por ver qué ocurrirá en otra serie de pueblos, en lo que también se están produciendo movimientos alternativos, como son los casos de Castalla, donde el ex alcalde Juan Rico, muy cercano a Ripoll, pretende volver a encabezar la lista en lugar del actual alcalde, José Luis Prats, a quien apoyan claramente desde el PPCV. Tampoco se descartan terremotos en otros núcleos como Cocentaina, Sant Joan y San Fulgencio, donde también se han disparado las tesiones internas.

    Conflictos de los campsistas

    Pero la responsabilidad sobre las batallas que se dirimen en estos momentos en el Partido Popular no son solo obra de un bando. De hecho, los fieles a Camps en la provincia también han provocado algunos conflictos de poder. Ahí están las situaciones creadas en Villena, donde los cinco ediles campsistas que dejaron a la alcaldesa, Celia Lledó, han registrado las siglas del Centro Democrático.

    De igual forma que Mónica Lorente, la alcaldesa de Orihuela, secretaria general provincial y persona de confianza del presidente Ripoll, sufre la oposición interna y las amenazas de los seguidores del campsista Andrés Ballester y de los expedáneos de Medina.

    http://www.laverdad.es/alicante/v/20110131/provincia/liderazgo-ripoll-debilita-afines-20110131.html

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