ÍNDICE

1) CASO GÜRTEL: TRES JUECES DEBATEN SI LIBERAN A CORREA COINCIDIENDO CON SU INGRESO HOSPITALARIO

2) CASO GÜRTEL: LA TRAMA ' COSTÓ 120 MILLONES AL ERARIO PÚBLICO

3) CASO GÜRTEL: EL CASO DE CAMPS SIGUE ADELANTE AL MARGEN DE LA FINANCIACIÓN DEL PP

4) CASO GÜRTEL: UNA PRUEBA APUNTA A QUE FOREVER YOUNG MANIPULÓ SUS CUENTAS PARA ENCUBRIR A CAMPS

5) CASO GÜRTEL: EL MAGISTRADO RECHAZA EL NUEVO INTENTO DE PARAR EL CASO DE LOS TRAJES

6) CASO GÜRTEL: LUNA APUNTA "DELITOS GRAVES" SI SE FALSIFICARON PRUEBAS A FAVOR DE CAMPS

7) CASO GÜRTEL: EL TSJ SIGUE LA CAUSA CONTRA LUNA, AHORA POR ENCUBRIR

8) CASO GÜRTEL: ANTICORRUPCIÓN PIDE JUZGAR A CAMPS POR LOS TRAJES Y LA FINANCIACIÓN DEL PP

9) CASO GÜRTEL: CAMPS: ´PARECE SER QUE YO CONTINUARÉ SIENDO PRESIDENTE´

10) CASO GÜRTEL: LA TRAMA PONE A PRUEBA EL NUEVO TSJ

11) CASO GÜRTEL: HERNÁNDEZ FICHA AL APODERADO DE UNA INMOBILIARIA VINCULADA A LA GÜRTEL

12) CASO GÜRTEL: FERIA CONTRATÓ POR 24.500 EUROS AL MES A UNA FIRMA ASESORA CONSTITUIDA 9 DÍAS ANTES

13) CASO GÜRTEL: LA OPOSICIÓN CREE QUE LAS PRUEBAS ESTRECHAN EL CERCO JUDICIAL A CAMPS

14) EL ALCALDE DE BOADILLA PRESENTA SU DIMISIÓN TRAS SER IMPUTADO EN EL 'CASO GÜRTEL'

15) CASO GÜRTEL : HACIENDA PIDE REACTIVAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE GALEOTE

16) RAJOY GANA EN TORNO A 200.000 EUROS

17) EL FMI CRITICA SU INCAPACIDAD PARA PREVENIR LA CRISIS EN LA ETAPA DE RATO

18) LA FISCALÍA CONSIDERA A DÍAZ FERRÁN CULPABLE DE LA QUIEBRA DE SEGUROS MERCURIO

19) C.A ANDALUCIA: "ARENAS, CHAQUETA REVERSIBLE, POR NO SER ATENDIDO EN LA CASA DE LOS SOCIALISTAS MIGRÓ AL PP"

20) C.A BALEARES: DOS EXCARGOS DEL PP INTENTAN REFLOTAR A UNIÓ MALLORQUINA

21) C.A BALEARES: FONT REGISTRA LA LLIGA REGIONALISTA TRAS DEJAR EL PP

22) C.A CASTILLA Y LEÓN: VARAPALO DE LA JUSTICIA AL ALCALDE DE VALLADOLID

23) C.A GALICIA: LOS BALTAR DISCREPAN SOBRE LA INCLUSIÓN DE TRÁNSFUGAS

24) C.A GALICIA: LA HIJA DE UN ASESOR DE BALTAR OPTA A UNA PLAZA CON SU PADRE EN EL TRIBUNAL

25) C.A GALICIA: LA XUNTA CONFIRMA LA SANCIÓN A LA CONSTRUCTORA DE TELMO MARTÍN

26) C.A GALICIA: EL CACIQUISMO NO SE ACABA EN UN DÍA

27) C.A GALICIA: EL PP RECHAZA HACER PÚBLICOS LOS BIENES DE LOS DIPUTADOS

28) C.A GALICIA: LA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA GASTA 670.000 EUROS EN SU SEGUNDA SEDE

29) C.A MADRID: AGUIRRE SE SUMA A UNA MARCHA CONTRA LA "TREGUA TRAMPA"

30) LAS 'PERLAS DIALÉCTICAS' DE ANA BOTELLA

31) C.A MADRID: DOS EDILES DE POZUELO SE CONTRADICEN ANTE EL JUEZ

32) C.A MADRID: LA UNIVERSIDAD PÚBLICA REY JUAN CARLOS I CONVIERTE UN CURSO EN UN MITIN DEL PP CARGADO DE MENTIRAS

33) C.A MURICIA: LOS DOCENTES SE REBELAN CONTRA LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS EN MURCIA

34) C.A VALENCIANA: CASTEDO QUIERE PRESCINDIR DE RIPOLL POR EL LASTRE DE LA CORRUPCIÓN

35) C.A VALENCIANA: FENOLL CALLA ANTE EL JUEZ

36) C.A VALENCIANA: EL JUEZ RETOMA LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA BRUGAL

37) C.A VALENCIANA: EL PP FRENA EL INTENTO DE FABRA DE PRESENTARSE A LAS ELECCIONES

38) C.A VALENCIANA: EL JUEZ RETOMA EL 'CASO TERRA MÍTICA' CON LA DECLARACIÓN DE 11 IMPUTADOS

39) C.A VALENCIANA: OTRO INFORME DE HACIENDA RATIFICA EL FRAUDE DE 4,4 MILLONES EN TERRA MÍTICA

40) C.A VALENCIANA: FINESTRAT SUMA EN EL PADRÓN 76 ALTAS EN CASAS DE MILITANTES DEL PP

41) C.A VALENCIANA: LA JUEZ PIDE AL ALCALDE DE TORREVIEJA QUE DOCUMENTE CÓMO PAGÓ SU FINCA

42) C.A VALENCIANA: RIPOLL SACRIFICA A GEMA AMOR EN BENIDORM PARA MANTENER EL PUESTO

43) C.A VALENCIANA: 'EL BIGOTES' PUSO EN FERIA A UN CARGO QUE SUBCONTRATA SU TAREA

44) C.A VALENCIANA: EL TSJ CONTESTA A BLASCO QUE NO ES COMPETENTE EN SU NUEVA DENUNCIA

45) C.A VALENCIANA: UN DIPUTADO DEL PP IMPUTADO EN EL 'CASO BRUGAL' NO DECLARA BIENES

46) C.A VALENCIANA: EL PSPV ENTREGA AL JUEZ LA AMPLIACIÓN DE LA QUERELLA DE EMARSA QUE FRENÓ EL PP

 

1) CASO GÜRTEL: TRES JUECES DEBATEN SI LIBERAN A CORREA COINCIDIENDO CON SU INGRESO HOSPITALARIO

El cabecilla de Gürtel asegura que los espacios cerrados le producen ansiedad

El jefe de la red ha pedido en cinco ocasiones, sin éxito, ser excarcelado

Los médicos le dieron el alta ayer por la tarde y el reo volvió a prisión

Los magistrados Francisco Vieira, presidente de la Sala; Emilio Fernández Castro, ponente del recurso de Correa, y José Manuel Suárez Robledano tendrá que decidir si estiman o no el recurso de Correa pidiendo su libertad. Estos jueces han desestimado en los dos últimos años varios recursos de Correa pidiendo su libertad provisional. La novedad en esta ocasión es que Correa ya ha pasado dos años en la cárcel como preso preventivo (sin haber sido juzgado) y el instructor ha tenido que dictar, como obliga la ley, otro auto justificando la necesidad de que permanezca en prisión otros dos años más.

A los otros dos dirigentes de la trama Gürtel el juez les ha impuesto fianzas. Antoine Sánchez, primo y testaferro de Correa, salió hace varias semanas de la cárcel tras abonar una fianza de 40.000 euros que empezó siendo de 600.000. En su última declaración ante el juez Pedreira, Antoine Sánchez rompió a llorar y se desmarcó de las actividades de Correa alegando que él fue un mero instrumento de la trama y que ignoraba que se estuviesen cometiendo delitos.

El número dos de Gürtel, Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia, sigue en prisión, aunque el juez acaba de rebajarle de 1.200.000 a 600.000 euros la fianza. Los tres estaban al principio en el mismo módulo de la prisión de Soto Real (Madrid), pero a medida que pasaron las semanas las rencillas surgieron entre ellos, hasta el punto de que Pablo Crespo pidió ser trasladado a otro módulo.

Por otro lado, el cerebro de la trama, Francisco Correa, fue ingresado el domingo en el hospital Gregorio Marañón, en Madrid, por un problema cardiaco. Los médicos le dieron el alta ayer por la tarde y regresó a la prisión. Su hospitalización se produjo después de que el pasado viernes Pedreira prorrogase otros años su estancia en prisión y dos días antes de que la Sala debata si debe seguir o no entre rejas hasta que se celebre el juicio. Fuentes de Instituciones Penitenciarias explicaron a Efe que Correa comenzó a encontrarse mal el domingo al mediodía y que, tras ser sometido a una revisión por parte de los médicos de la prisión, se decidió su traslado al Gregorio Marañón para que recibiera atención médica especializada.

Correa no acababa de adaptarse al régimen carcelario. Las últimas veces que ha comparecido ante el juez Pedreira ha tenido que ser trasladado al tribunal en ambulancia. Los furgones policiales y espacios cerrados de la cárcel le producen ansiedad. Precisamente este ha sido uno de los argumentos que ha empleado el cerebro de la trama en varias ocasiones para reclamar que se le excarcele provisionalmente. El juez Pedreira rechazó este argumento alegando que su ansiedad se debe a la lógica inadaptación al régimen penitenciario y subrayó que esa fobia no le atenaza, en cambio, en los viajes en avión, por lo que persiste el riesgo de fuga.

Correa está imputado por delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Permanece en la prisión madrileña de Soto del Real desde el mes de febrero de 2009.

El líder de la trama corrupta Gürtel ha pedido la libertad provisional en cinco ocasiones, pero el instructor y la Sala siempre la han denegado esgrimiendo riesgo de fuga. En los pinchazos telefónicos de la investigación, el empresario dice que sabe que la policía está detrás de él y planea fugarse a algún país de Sudamérica donde tiene dinero y bienes.

www.elpais.es 08.02.11

2) CASO GÜRTEL: LA TRAMA ' COSTÓ 120 MILLONES AL ERARIO PÚBLICO

La trama desarticulada hace hoy dos años amasó una fortuna a costa de presupuestos gestionados por el Partido Popular 

La gran fiesta de la Gürtel, la trama corrupta encabezada por Francisco Correa de cuya desarticulación se cumplen hoy dos años, dejó una costosísima factura a cuenta del contribuyente: el coste para el erario público asciende a un mínimo de 120 millones de euros, según se desprende del sumario, cuyo tronco central instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. Y ello sin contar la evasión fiscal: se trata sólo del dinero público que se evaporó de administraciones o entidades controladas por el PP en el mayor escándalo de corrupción de la democracia.

En dos años, el caso sobre la cuadrilla de Don Vito, que inició el juez Baltasar Garzón tras la denuncia de un exconcejal de Majadahonda, ha producido más de 100.000 folios que retratan la tupida red creada alrededor de los feudos del PP. Pero falta todavía un peritaje global que cuantifique el monto que manejó el grupo y qué efecto tuvo en las cuentas públicas.

Aún no hay peritaje global, pero el sumario permite ya una estimación

Sin embargo, en la vasta documentación incorporada al sumario existen ya los mimbres para hacer al menos una estimación mínima del coste para el erario público: al menos 120 millones de euros (casi 20.000 millones de pesetas) entre 2000 y 2008.

La cifra incluye las adjudicaciones públicas declaradas a Hacienda aunque no por ello necesariamente legales, los contratos conseguidos a través de firmas pantalla, el dinero negro para campañas electorales, los sobornos anotados en la caja B de la trama, comisiones vehiculadas directamente en el extranjero y perjuicios adicionales para los presupuestos públicos ocasionados por determinadas operaciones (ver gráfico en la página 3).

Cifra superior

La cifra final será necesariamente superior cuando se conozcan los detalles pormenorizados de cada operación con la que se lucró la trama y se cuantifique el impacto fiscal que dejó de pagarse en las operaciones en negro. Ya ahora, una estimación de los juristas del PSOE sitúa el monto global de adjudicaciones públicas relacionadas con la trama en un mínimo de 250 millones. Pero esta cantidad incluye los pagos legales efectuados por empresas adjudicatarias que habían contado con la intermediación de la trama y, por tanto, va más allá del dinero estrictamente manejado por la Gürtel.

La parte blanqueada de esa enorme tarta de 120 millones de euros suma 48,1 millones y procede de las adjudicaciones a empresas de la trama declaradas a Hacienda a través del modelo 347, que detalla pagos y cobros a terceros. El cliente fue directamente el PP cuyos presupuestos dependen en un 90% del dinero público o administraciones bajo su control: sobre todo, el Gobierno central hasta 2004, cuando el PP perdió el poder, sus feudos autonómicos del País Valencià y la Comunidad de Madrid, y municipios de esta comunidad.

Hasta 2004, el negocio se centraba en el PP, formación para la que la trama organizaba prácticamente todos los actos y campañas. Entre el partido y la FAES, la trama declaró a Hacienda una facturación de 23,4 millones de euros. El PP, en cambio, nunca declaró la relación en el modelo 347, pese a que así lo exige la ley. El partido se escuda en que ya informa al Tribunal de Cuentas, pero según todos los expertos consultados ello no le eximía de detallar también sus proveedores a la Agencia Tributaria.

Las empresas pantalla encarecían los contratos entre el 5% y el 15%

Madrid y País Valencià

Tras la derrota electoral de 2004, y con Mariano Rajoy ya al frente de Génova, la trama reorientó su negocio hacia los dos grandes feudos autonómicos del PP: el País Valencià, donde declaró contratos por valor de 8,69 millones, y la Comunidad de Madrid, donde amasó directamente 9,5 millones en adjudicaciones públicas, incluyendo los municipios alrededor de la capital.

El hecho de que estas entradas estuvieran declaradas a Hacienda no implica que los contratos fueran necesariamente legales. La práctica de trocear actos en contratos menores de 12.000 euros para evitar la convocatoria pública y repartirlos por varias consejerías es ilegal. Pero los ingresos de estos minicontratos sí constan en las declaraciones a la Agencia Tributaria.

El pelotazo de Arganda causó un perjuicio mínimo de 30 millones

Los informes incorporados al sumario muestran hasta qué punto la trama tenía entrada en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Sólo en 2007, las distintas empresas controladas por Correa lograron ingresos, que declararon a Hacienda, de al menos diez consejerías y nueve organismos dependientes del Gobierno regional. La mayoría eran teóricamente contratos menores que no exigían concurso público.

Otras adjudicaciones públicas gestionadas por la trama en Madrid ya no las declararon porque se otorgaron formalmente a otras empresas que la Gürtel utilizaba como pantalla para no llamar la atención. El sumario incluye informes específicos de al menos tres empresas que se prestaron a ello: Decoraciones CMR, el Grupo Rafael y Marketing Quality Management (MQM).

El mecanismo siempre era el mismo. Estas empresas conseguían la adjudicación y posteriormente firmaban un contrato privado con la trama en el que le cedían el encargo a cambio de una comisión, que oscilaba entre el 5% y el 15%. Estas tres pantallas obtuvieron un mínimo de 3,4 millones de euros en adjudicaciones de la Comunidad de Madrid, cifra que incluye 1,25 millones de la publicidad fantasma Made in Madrid que MQM ganó por sugerencia de Swat SL consultora coordinada con la trama y que nunca se llegó a realizar.

Este mecanismo aumentaba necesariamente el coste del servicio que pagaban los presupuestos públicos porque la comisión de la empresa pantalla se cargaba a la factura. Por ejemplo, MQM hinchó hasta un 400% determinadas facturas la Comunidad pagó en 2008 por un acto de cinco minutos en recuerdo del 11-M 118.000 euros, cuando dos años antes había costado 24.000 con idéntico formato o Decoraciones CMR llegó a cobrar el metro de moqueta a 200 euros.

Dinero opaco

La gran partida en dinero opaco fue sin embargo la de comisiones y sobornos, cuyo impacto conocido alcanza ya un mínimo de 63 millones de euros: 27 desvelados por un informe policial difundido el pasado diciembre que destripaba la caja B del documento Excel incautado al contable de la trama, y 36 en otras comisiones o perjuicios conocidos después y que, por su envergadura, no estaban incluidas en el documento anterior, como el pelotazo de Arganda (ver gráfico).

Al tratarse siempre de dinero negro, ninguno de estos fondos está incluido entre las adjudicaciones públicas citadas, que exigen declarar tanto los ingresos como los pagos. Y en el informe policial se apuntan a empresas privadas como origen de los fondos: Teconsa, Sufi, Hispánica, etc. De estos 27 millones, 14 se quedaron en la trama y los otros 13 se repartieron presuntamente entre políticos que ayudaron en las adjudicaciones.

Coste para el presupuesto

Pese a que esta enorme bolsa de dinero tiene un origen privado, acaba repercutiendo siempre en el contribuyente porque la comisión y el soborno se carga en el presupuesto. A través de dos vías posibles: o encareciendo el contrato que paga la Administración de forma que el plus equivale a la comisión o abaratando la adjudicación precisamente para justificar el pago del favor.

Un ejemplo del primer caso es el contrato ganado por Teconsa en Valencia por la visita del Papa, en 2006. Canal 9 le adjudicó la sonorización e instalación de pantallas por 6,3 millones. Como Teconsa es una constructora sin capacidad para cumplir el encargo, subcontrató a otra empresa, que cobró por el trabajo 3,1 millones. Las comisiones a repartir fueron 3,2 millones, pagadas, por tanto, por el contribuyente a través de Canal 9.

Un ejemplo del segundo caso es el pelotazo de Arganda. Una tasación municipal valoraba los terrenos en 96 millones, pero fueron adjudicados a Martinsa por sólo 77. De ellos, 11 debían abonarse en especie, pero el pago nunca se materializó. En cambio, la trama cobró en Suiza 12,8 millones por su "intermediación en un desarrollo inmobiliario en Arganda". El perjuicio para el erario público asciende a un mínimo de 30 millones: 19 por la adjudicación a la baja y 11 por los pagos en especie reconvertidos presuntamente en el grueso de la comisión en Suiza.

La última bolsa contabilizada es el dinero vehiculado ilegalmente en campañas electorales del PP. De los informes policiales se desprende un mínimo de 4,6 millones: 1,3 en el PP de Madrid en 2003 y 2004, y 3,3 en el PP valenciano en 2007 y 2008. El origen formal vuelve a ser privado al proceder de empresas. Pero el impacto final, de nuevo, es público: los informes policiales subrayan que los donantes acaparaban muchas adjudicaciones en las administraciones dirigidas por el partido cuya campaña presuntamente financiaron al margen de la ley.

www.publico.es 06.02.11

3) CASO GÜRTEL: EL CASO DE CAMPS SIGUE ADELANTE AL MARGEN DE LA FINANCIACIÓN DEL PP

El TSJ espera la remisión de la parte valenciana de Gürtel mientras estudia los recursos contra la instrucción del juez Flors

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano no acumulará, por ahora, los delitos de cohecho, financiación ilegal, delito electoral y contra la Hacienda pública al caso de los trajes que se sigue contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres miembros de la cúpula del Gobierno y el PP valencianos por un presunto delito de cohecho pasivo impropio: haber recibido por razón de sus cargos regalos por valor de miles de euros a lo largo de varios años. De haberse producido la acumulación, el caso de los trajes se habría retrasado meses.

El TSJ rechaza unir los delitos como le pidió la Fiscalía Anticorrupción, porque considera que existe un impedimento procesal insuperable: el envío de esos nuevos delitos desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se instruye el grueso del caso Gürtel, fue recurrido por el PP y por Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los imputados, y por lo tanto no es firme.

Paradójicamente, el PP forma parte de la causa de Madrid como acusación popular, a pesar de la petición de la fiscalía para que fuera expulsado por su implicación en el caso, al menos en la Comunidad Valenciana.

La inhibición (que es como se llama técnicamente a ese envío de delitos de Madrid a Valencia), señala el TSJ, "exige que la resolución que lo acuerde devenga el carácter de firme, así como que mientras ello no ocurra el órgano judicial que acuerde la inhibición debe seguir practicando las diligencias necesarias propias de la instrucción", señala la Sala Civil y Penal del TSJ valenciano en un auto en el que responde a la petición de fiscalía.

Cuando la Fiscalía Anticorrupción pidió la acumulación, indica el tribunal valenciano, el auto inicial de inhibición del juez instructor en Madrid, Antonio Pedreira, "no era firme, como debiera conocer el ministerio fiscal, y quizá por ello no ha insistido el instructor del TSJ de Madrid, porque el mismo había sido recurrido en reforma (es decir, ante el propio Pedreira), cuya resolución desestimatoria tuvo lugar el 14 de diciembre de 2010. Y además sigue sin devenir firme, porque por la misma parte (el PP) fue recurrido en apelación subsidiaria (ante la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid)". En consecuencia, afirma el TSJ valenciano, "la resolución de esta Sala no puede ser otra que la de no tener por planteada la inhibitoria al no ser firme la resolución en que se acuerda".El embrollo judicial, opinan fuentes del TSJ valenciano, tiene varias causas. La principal, porque habría resuelto los problemas actuales y los que están por llegar, fue la negativa del Tribunal Supremo a abrir un macrojuicio que englobara todo el caso Gürtel. No era una solución fácil, porque el Supremo no es un tribunal de instrucción, pero era lo único que hubiera evitado la fragmentación actual, derivada de la implicación de aforados de varias comunidades autónomas.

El apresurado archivo del caso de los trajes por parte del TSJ valenciano, presidido entonces por el juez Juan Luis de la Rúa (de quien Camps dijo que era más que un amigo), en verano de 2009, aumentó el enredo.

Coincidió casi exactamente con la primera inhibición de Pedreira. En aquella ocasión, cuando aún quedaban por abrir cajas con documentación intervenida a la trama, el juez se inhibió solamente de la implicación de los cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez), que serían la parte activa (sobornadores o regaladores) del cohecho pasivo impropio por el que están imputados Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.

Aquella inhibición se quedó en el limbo porque casi a la vez la sala presidida por De la Rúa cerró el caso (que más tarde reabriría el Tribunal Supremo). Si el procedimiento no existía, razona ahora en su auto el TSJ valenciano, "nada podía unirse ni resolverse en relación al mismo".

Mayor calibre

A la reapertura del caso, en mayo de 2010, le siguió una segunda inhibición de Pedreira, en este caso de un calibre mucho mayor. Pedreira hallaba indicios de hasta siete delitos que implicarían a 14 altos cargos, incluido Camps.

Con su último auto, el TSJ valenciano ha respondido a la petición de la fiscalía sobre la primera inhibición. Pero la respuesta de la sala vale igual para la solicitud de acumular los delitos derivados de la segunda inhibición que también ha realizado Anticorrupción: hasta que no sea firme no podrá pronunciarse.

El caso de los trajes siguió ayer adelante, entretanto, con la vista a puerta cerrada de uno de los recursos interpuestos por las defensas: la incorporación a la causa de unas grabaciones a Pablo Crespo realizadas en prisión y declaradas ilegales por el TSJ de Madrid. La decisión de la Sala Civil y Penal del tribunal valenciano se conocerá la semana que viene.

www.elpais.es 09.02.11

4) CASO GÜRTEL: UNA PRUEBA APUNTA A QUE FOREVER YOUNG MANIPULÓ SUS CUENTAS PARA ENCUBRIR A CAMPS

El cerco judicial se estrecha sobre Francisco Camps en el caso de los trajes, la causa por cohecho pasivo impropio abierta contra el presidente valenciano por haber recibido regalos por valor de miles de euros por parte de la trama Gürtel que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. La Fiscalía Anticorrupción ha aportado al tribunal un documento que probaría que la contabilidad de la tienda Forever Young fue manipulada en marzo de 2009, tras el estallido del escándalo, para sustituir el nombre del presidente de la Generalitat por el de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado de la trama en Valencia.

"La manipulación habría consistido en sustituir el nombre del adquirente de las prendas (394 que corresponde a Francisco Camps, por 571 que corresponde a Álvaro Pérez)", señala el escrito de fiscalía. Las ventas se efectuaron entre febrero y julio de 2008 y sumaron 2.680 euros. Un importe que coincide con el que figura en una nota manuscrita dirigida a Pablo Crespo, número dos de la trama, por la compra de varias prendas destinadas a Camps, que ya está incorporada a los autos.

La fiscalía recibió la información del abogado de José Tomás, el sastre de Forever Young, que ha explicado cómo tomó medidas al presidente valenciano y le encargó trajes que fueron abonados después por la trama. Los documentos entregados por el abogado incluyen archivos informáticos y correos electrónicos cruzados entre Raquel Vázquez (mano derecha del dueño de Forever Young, Eduardo Hinojosa) y Francisco Ferre, el informático de la tienda, en el que se detallaban las ventas que debían ser manipuladas.

Las fechas son importantes. El caso estalló en febrero de 2009. Los correos para encubrir a Camps se enviaron el 21 de marzo. Pocos días antes (tras la publicación en EL PAÍS de una entrevista con José Tomás), Federico Trillo, coordinador de Justicia del PP, se reunió con el dueño de Forever Young en sus oficinas. El contacto, además de con la supuesta manipulación de la contabilidad ahora aportada, coincidió con el inicio de una intensa campaña contra el sastre en la que se destacó Hinojosa.

www.elpais.es 08.02.11

5) CASO GÜRTEL: EL MAGISTRADO RECHAZA EL NUEVO INTENTO DE PARAR EL CASO DE LOS TRAJES

El juez José Flors rechazó ayer un nuevo intento de la defensa de intentar dilatar el caso de los trajes, en el que están imputados por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres altos cargos del Gobierno autonómico y el PP regional. La causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha entrado en la recta final, después de que el magistrado haya pedido a las partes que fijen su posición antes de decidir si abre juicio oral. Y los defensores de Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret han multiplicado la petición de diligencias y la presentación de recursos para frenarlo.

En el auto, Flors considera improcedente la solicitud de que se incorporen a la causa grabaciones de los principales cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez) por ser reiterativa de lo ya realizado durante la instrucción y por asentarse "en meras hipótesis tendentes, no a una concreta averiguación, sino a una prospección respecto de algo que tal vez pudiera ser de interés del solicitante". Es decir, en perder tiempo.

www.elpais.es 08.02.11

6) CASO GÜRTEL: LUNA APUNTA "DELITOS GRAVES" SI SE FALSIFICARON PRUEBAS A FAVOR DE CAMPS

Los socialistas pedirán diligencias sobre el papel de Trillo en el caso de los trajes

 "Si la estrategia del señor Trillo no queda limitada a analizar qué artículos del Código Penal o qué eximentes se pueden o no aplicar, sino que además está dirigida a la manipulación de pruebas, hablaríamos de cosas extraordinariamente serias". El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, advirtió ayer de la trascendencia de una prueba aportada por las Fiscalía Anticorrupción al caso de los trajes por el que está imputado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

"Si fuese fiscal, me preguntaría qué hacía Trillo en la tienda", dice Oltra

"Hay visitas que se pueden evitar", indica el portavoz socialista sobre De Rosa

El documento aportado por la fiscalía especial probaría que la contabilidad de la tienda Forever Young, donde Camps compró los trajes, fue manipulada en marzo de 2009, un mes después de estallar el escándalo, para sustituir la referencia al jefe del Consell por la de Álvaro Pérez, gerente de la empresa Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa. El documento procede del abogado de José Tomás, el sastre que hizo los trajes a Camps. Días antes de que se produjera la supuesta manipulación -apoyada con archivos informáticos y correos electrónicos entre un directivo de Forever Young y el informático de la tienda- el diputado y portavoz de Justicia del PP Federico Trillo se reunió con el dueño de la cadena en sus oficinas.

"Si es cierto que se ha producido, y parece que hay algún elemento documental que así lo indica, una manipulación informática para destruir pruebas que podrían resultar determinantes para concluir que el señor Camps, como poco, ha incurrido en un cohecho pasivo impropio, estaríamos hablando de palabras mayores y de delitos extraordinariamente graves", dio Luna, que indicó: "Vamos a pedir alguna diligencia al respecto".

"Si yo fuese fiscal", comentó por su parte la portavoz del grupo Compromís, Mònica Oltra, "me preguntaría qué hacía Trillo con los propietarios de esta tienda, del mismo modo que me preguntaría por qué le regalaron los trajes a Camps, y por qué el presidente tenía tan buena relación con esa gente".

Las ventas de los trajes supuestamente regalados a Camps por una trama de corrupción que obtuvo adjudicaciones millonarias de la Generalitat y a la que se investiga por su intervención en una presunta financiación irregular del PP valenciano, se produjeron entre febrero y julio de 2008 y ascendieron a 2.680 euros.

La evolución judicial del caso, que está en puertas de que el juez instructor, José Flors, decida si sienta en el banquillo al presidente de la Generalitat, ha vuelto a poner al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el centro de atención. La visita que la semana pasada hizo a la sede del tribunal el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y exconsejero de Camps, Fernando de Rosa, se ha interpretado como un elemento de presión. Ángel Luna dijo ayer al respecto que "hay visitas que se pueden evitar". El portavoz socialista señaló que alguien que como De Rosa ha tenido una relación tan cercana con Camps "debería ser extraordinariamente prudente", aunque añadió, en honor del vocal del poder Judicial por el PP, que ayer mismo por la mañana elogió en la radio la instrucción llevada a cabo por el juez Flors.

Una cuestión "banal" y una "auténtica tontería"

En opinión del portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, lo que se reclama judicialmente al presidente de la Generalitat, imputado en un supuesto caso de cohecho pasivo impropio por haber aceptado regalos de una trama de corrupción, "es una auténtica tontería" en comparación con sus responsabilidades públicas. Según Blasco, "lo único que se pretende es demostrar si Camps guarda el tiquet de un par de trajes", lo que resulta "absolutamente banal" y obedece a "una ceremonia encaminada a descalificarlo". Blasco, que eludió responder a una pregunta sobre la implicación de Federico Trillo en la supuesta manipulación de pruebas denunciada por la fiscalía, atribuyó todo el asunto al "nerviosismo" de los socialistas ante las próximas elecciones y reiteró que Camps "continúa teniendo el apoyo de la inmensa mayoría de ciudadanos de la Comunidad Valenciana". El portavoz popular llegó a asegurar que la acusación contra el jefe del Consell no pasará de una falta.

Unos minutos antes, en la propia sala de prensa de las Cortes Valencianas, la diputada de Compromís Mònica Oltra ya había advertido contra esa tergiversación. Se trata de un delito de cohecho impropio y no de una falta. Un delito que hasta hace poco se condenaba con multa de tres a seis meses pero que en la reforma del Código Penal del año pasado ya implica penas de seis meses a un año de prisión y de uno a tres años de inhabilitación. A Camps, llegado el caso, se le aplicaría la previsión más benévola.

El presidente del Consell, mientras tanto, eludió ayer, en una visita a la feria Cevisama junto al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el vicepresidente del Consell Vicente Rambla y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que los periodistas le preguntaran sobre el caso.

El PP se volcó en arremeter contra el socialista Ángel Luna por la investigación que el TSJ realiza sobre él, ahora por encubrimiento, tras una denuncia del PP. Blasco llegó a acusar a Luna de tener "una actitud reprobable e indigna" por mostrar en un pleno un documento del caso Gürtel que estaba bajo secreto de sumario. El propio Luna negó haber incurrido en encubrimiento, dijo que recibe mucha información anónima y que su obligación como portavoz de la oposición es denunciar casos como el desvío a la trama de corrupción de al menos tres de los 14 millones que gastó RTVV en la visita del Papa.

www.elpais.es 09.02.11

7) CASO GÜRTEL: EL TSJ SIGUE LA CAUSA CONTRA LUNA, AHORA POR ENCUBRIR

El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Juan Montero descartó ayer en un auto que el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, incurriera en un delito de revelación de secretos al exhibir en el hemiciclo un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que señalaba la relación entre el Gobierno valenciano y la trama Gürtel. No pudo incurrir en el delito porque en aquel momento (marzo de 2010) Luna no era aún parte de la causa y por tanto no estaba sometido a la obligación de custodia de un informe que se encontraba bajo secreto de sumario. Montero rechazó, sin embargo, archivar definitivamente la causa, que nació de una denuncia del PP, como le pedían la defensa y la fiscalía, y volvió a citar al diputado como imputado, en este caso, por un supuesto delito de encubrimiento.

"Lo único que se puede afirmar, y siempre con carácter indiciario propio de esta etapa del proceso penal, es que pudiera haberse cometido un delito por alguna de las personas a las que se refiere el artículo [466 del Código Penal, enmarcado en el capítulo relativo a la obstrucción a la justicia y deslealtad profesional] y que el señor Luna dispuso de un ejemplar de una actuación procesal declarada secreta". Descartada su participación inicial, el magistrado considera ahora que puede estar encubriendo a quien se lo entregó.

Luna declaró ante el juez que recibió el documento de forma anónima y que una vez que se levantó el secreto sobre las actuaciones se despreocupó de él, es decir, que no lo tiene.

Límite a la expresión

Montero dedica una parte del auto a responder a los argumentos de la defensa, que alegó la inviolabilidad que le corresponde como diputado en el ejercicio de sus funciones en el parlamento autonómico. "No todo lo que un diputado diga y especialmente haga en un acto parlamentario puede quedar cubierto por la inviolabilidad", subraya el juez. "Sería contrario a la misma esencia de la inviolabilidad, en tanto que garantía de la libertad de expresión, que dentro de la misma quedaran cubiertas todas las acciones de un diputado"; "se estaría declarando la irresponsabilidad completa y total de los parlamentarios".

El magistrado llamó a declarar en su resolución, además de a Luna, a su escolta. La fiscalía había solicitado el sobreseimiento libre por entender que los hechos no fueron constitutivos de delito.

www.elpais.es 08.02.11

 

 

8) CASO GÜRTEL: ANTICORRUPCIÓN PIDE JUZGAR A CAMPS POR LOS TRAJES Y LA FINANCIACIÓN DEL PP

La decisión sobre el futuro del presidente valenciano se retrasa varias semanas

La Fiscalía Anticorrupción, que ha impulsado el proceso contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, cree que un posible juicio contra este debería incluir, además del regalo de trajes y otras prendas de vestir, todo lo relacionado con la contratación irregular con Orange Market y la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas contratistas de la Generalitat vinculadas a la trama corrupta. Así, Camps sería juzgado no solo por el delito de cohecho impropio, sino también por los posibles delitos acumulados tras casi dos años de investigación.

El delito imputable al líder popular sería más grave si las causas se juntan

El juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Flors, ha emplazado a las partes para que se pronuncien respecto a si Camps debe sentarse en el banquillo de los acusados y ser juzgado por un jurado popular, tras considerar que se habían practicado todas las diligencias necesarias y era momento de concluir el procedimiento. El plazo inicial se retrasará varias semanas, posiblemente hasta mediados de marzo.

Flors ya encontró hace más de un año indicios suficientes para llevar a juicio al presidente valenciano por haber aceptado trajes pagados por la red Gürtel, pero este recurrió ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El caso fue archivado, hasta que el Tribunal Supremo estimó el recurso de Anticorrupción y apreció que los indicios apuntaban a que Camps recibió trajes "con opacidad y de forma repetida". El caso Camps fue reabierto y devuelto al juez Flors para que siguiera instruyendo.

Anticorrupción entiende que antes de que se decida sobre el juicio a Francisco Camps deberían resolverse dos cuestiones pendientes.

La primera se refiere a que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia quiere limitar el proceso a los dirigentes del PP que han recibido los trajes, pero no a los que los han regalado, es decir, a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Estos están imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero no por el de Valencia. De abrirse juicio oral contra Camps, los jefes de la trama corrupta tendrían que declarar en Valencia en calidad de testigos, pese a que ellos fueron los presuntos promotores de la corrupción, lo que aparentemente carece de sentido. Según fuentes de Anticorrupción, el tribunal valenciano debería pronunciarse sobre la imputación de los cabecillas antes de que la fiscalía formule su escrito de acusación.

También defiende la fiscalía que el asunto de los trajes se enjuicie conjuntamente con todo lo relativo a la contratación e incluso con la financiación irregular del PP. Hace más de un año que la investigación acreditó con numerosos documentos intervenidos y con múltiples conversaciones grabadas a miembros de la trama corrupta y cargos del Gobierno de Camps, que el PP valenciano se financió ilegalmente con empresas contratistas de la Comunidad Valenciana. Estas empresas pagaban los actos del PP a través de un intermediario, la firma Orange Market, propiedad de la trama corrupta. Y mientras los jefes de la red Gürtel regalaban trajes a los dirigentes del PP valenciano, Orange Market recibía múltiples contratos de la comunidad autónoma de manera ilegal, a dedo y sin concurso.

El instructor del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, ya se inhibió en favor de Valencia respecto de la contratación irregular y la financiación, pero el tribunal valenciano aún no ha decidido si acepta la inhibición de Pedreira. Anticorrupción entiende que el regalo de los trajes es solo una parte de los hechos, y que todo se vería de distinta manera si se enjuiciasen conjuntamente la contratación irregular y la presunta financiación ilegal del PP, presidido en Valencia por Camps.

Si se juntaran las causas, en el caso de Camps, que empezó a recibir trajes cuando Orange Market comenzó a recibir contratos de la Comunidad Valenciana, "se vería que el delito de cohecho impropio a lo mejor era un cohecho más propio", es decir, más grave desde el punto de vista penal, según las fuentes de Anticorrupción consultadas.

El Tribunal Superior de Valencia lleva más de un año sin decidirse a asumir esta causa pese a que afecta a las principales autoridades de la Comunidad Valenciana y es, por tanto, el único tribunal competente para investigar los hechos.

www.elpais.es 07.02.11

9) CASO GÜRTEL: CAMPS: ´PARECE SER QUE YO CONTINUARÉ SIENDO PRESIDENTE´

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado esta mañana que desconoce el auto del magistrado instructor de la 'causa de los trajes' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Flors, en el que rechaza practicar nuevas pruebas que su defensa había solicitado relacionadas con conversaciones telefónicas intervenidas a los presuntos cabecillas de la 'trama Gürtel'.

Camps, que ha realizado estas declaraciones en Alicante, donde ha asistido en la 'Ciudad de la Luz' al homenaje al director de cine valenciano Luis García Berlanga, ha asegurado en este sentido que tiene el "soporte de la mayoría inmensa de mis conciudadanos".

Al término del acto, el jefe del Consell ha considerado una "barbaridad hablar de una cuestión que, parece ser, acaba de salir en estos momentos", en referencia a la decisión del juez Flors. El jefe del Consell ha remarcado que tiene "el soporte de la mayoría inmensa de mis conciudadanos" y que "es el PP el que continuará gobernando en la Comunitat Valenciana, y, parece ser, que yo continuaré siendo su presidente", ha agregado.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/02/07/camps-parece-continuare-presidente/780717.html

10) CASO GÜRTEL: LA TRAMA PONE A PRUEBA EL NUEVO TSJ

El vicepresidente del CGPJ, Fernando De Rosa, exconsejero y amigo de Camps, visita el tribunal en vísperas de una decisión clave sobre el caso de los trajes

El caso de los trajes, una de las derivadas de la trama Gürtel, en la que están imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres altos cargos de las cúpulas del Consell y del PP regional, afronta semanas decisivas. El juez José Flors dio por concluida la instrucción el 27 de enero al considerar que ya se habían practicado todas las diligencias necesarias para determinar si Camps y el resto de acusados recibieron durante varios años trajes y otros regalos por valor de miles de euros de la trama corrupta, lo que supone un delito de cohecho pasivo impropio.

Aunque quisiera, la Sala tendría serios problemas para frenar a José Flors

En la judicatura no es ningún secreto que De la Rúa es amigo de Camps

Si la causa sigue su camino, a finales de marzo el juez puede dictar su auto

El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano dio por terminada la investigación y emplazó a las partes a fijar sus posiciones sobre la apertura de juicio oral. Si tras recibir los escritos, lo que se espera para mediados de marzo, el magistrado resuelve ir adelante (y los pasos que ha dado hasta ahora apuntan a que así lo hará), el presidente del Consell se sentará en el banquillo de los acusados y será juzgado por un jurado popular. La causa está sometida a fuerte presión política y mediática porque su evolución afectará a la designación de Camps como candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones de mayo. En la causa también están imputados Ricardo Costa (ex secretario general del PP), Víctor Campos (exvicepresidente del Consell), y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo).

Desde que se conoció la decisión de Flors, el Partido Popular se ha esforzado en transmitir que la Sala Civil y Penal del TSJ dilatará la decisión del juez basándose en los recursos presentados por las defensas contra la denegación por parte del magistrado de la práctica de más pruebas. Se trata de una seguridad similar a la que el PP exhibió en otros momentos del largo procedimiento (se abrió en marzo de 2009), que después se demostró infundada. Su principal objetivo parece ser apuntalar la muy delicada posición de Camps.

Frente a esa visión, fuentes conocedoras del caso recalcan que, aunque quisiera, la Sala tendría serios problemas para retrasar a Flors. La Ley del Jurado establece en su artículo 27 que el magistrado ordenará practicar solo las diligencias "que considere imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y no pudiesen practicarse directamente en la audiencia preliminar".

Flors ya consideraba que tenía suficientes argumentos para sentar a Camps en el banquillo en julio de 2009. La Sala, en aquel momento presidida por Juan Luis de la Rúa, optó, sin embargo, por archivar la causa con una argumentación que suponía vaciar de contenido el delito de cohecho pasivo impropio y que no discutía, en cambio, que el presidente valenciano hubiera recibido los regalos de la trama. La decisión recibió un sonado varapalo por parte del Tribunal Supremo, que desautorizó la decisión de la Sala y devolvió la causa a Flors en mayo de 2010.

Desde entonces y hasta el 27 de enero el juez ha sido más que generoso con la práctica de diligencias solicitadas por la defensa, a pesar de que muchas de ellas parecían tener como único objetivo demorar el procedimiento. Un ejemplo: la defensa de Camps solicitó que se incorporara a la causa una conversación grabada en prisión entre Pablo Crespo, número dos de la trama, y su abogado, porque consideran que beneficia a Camps. Flors lo rechazó porque las grabaciones habían sido declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero permitió que la defensa llamara a declarar a Crespo (lo hizo a través de un exhorto) y éste repitió lo mismo que en las escuchas anuladas. Pese a ello, la defensa ha seguido insistiendo y ese es uno de los recursos que la Sala tendrá que resolver el 8 de febrero y a los que se aferra el PP para adelantar que el caso volverá a retrasarse.

Las miradas vuelven a estar, sin embargo, fijas en la Sala, que ahora preside Pilar de la Oliva. En ese contexto, Fernando de Rosa, exconsejero de Justicia con de Camps y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acudió el viernes al TSJ. Oficialmente, para ser entrevistado en sus instalaciones dado que el consejo no dispone de sede en Valencia. De Rosa aprovechó, sin embargo, para charlar con algunos magistrados. De la Rúa lo recibió con un fuerte abrazo.

En la judicatura no es ningún secreto que De Rosa es amigo de Pilar de la Oliva, la nueva presidenta del TSJ, a quien conoce desde su época en el juzgado de instrucción. Y es también de sobra conocido que De Rosa mantiene una estrecha relación de amistad con el propio Camps, a quien conoce desde los tiempos de Alianza Popular. Fernando de Rosa mantiene una relación privilegiada con el jefe del Consell, de cuyos Gobiernos ha formado parte, siempre en la Consejería de Justicia. En septiembre de 2008, De Rosa renunció para ser nombrado miembro del órgano de gobierno de los jueces a instancias del jefe del Consell y de Federico Trillo.

La estrecha relación que une al presidente de la Generalitat con De Rosa se evidenció pronto. Tras estallar el caso Gürtel en febrero de 2009, De Rosa tardó solo dos semanas en posicionarse. En una entrevista en Canal 9, el vicepresidente del CGPJ elogió la honorabilidad de Camps y advirtió que el juez Baltasar Garzón podría estar cometiendo un delito de prevaricación si no se inhibía en la investigación de la trama de corrupción que afecta al PP. Manifestaciones que le obligaron a pedir disculpas ante las críticas recibidas.

Un escándalo que se agrandó tras conocerse que Camps y De Rosa habían mantenido, al menos, dos encuentros tras estallar el caso Gürtel. El primero, en el domicilio particular del vicepresidente del CGPJ, una semana después de la detención de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado en Valencia de la trama. La segunda, en el Palau de la Generalitat tras difundirse que la Fiscalía Anticorrupción implicaba a Camps en el caso.

Desde entonces, De Rosa ha actuado de manera más prudente, aunque las relaciones con De la Rúa han sido estrechas y la Generalitat no ha dudado en agasajar al vicepresidente del CGPJ cada vez que ha podido, como cuando el pasado mes de septiembre le entregó el premio Justicia.

Pilar de la Oliva, la nueva presidenta del TSJ, sustituyó a De la Rúa al frente del TSJ en diciembre con un mensaje crítico con la corrupción y de defensa de la justicia como un servicio público que debe volcarse en solucionar los problemas de los ciudadanos y no responder a ningún otro tipo de intereses. El ritmo que ha tomado el caso de los trajes pondrá a prueba esa declaración de principios y el rechazo manifestado hacia las influencias externas. El capital de imagen con el que cuenta el tribunal valenciano no es, por ahora, muy alto, a pesar de que la sustitución de De la Rúa por De la Oliva actuó como válvula de escape para rebajar la apariencia de politización con que se marchó el expresidente.

Las fuentes consultadas afirman que Flors ha completado una instrucción muy garantista y muy difícil de atacar. Las pruebas practicadas durante la instrucción señalan que los trajes que Camps compró en una tienda de Madrid fueron abonados con fondos de las cuentas de las empresas que de la trama corrupta. La versión ofrecida por el jefe del Consell de que él pagó los trajes en metálico no ha sido avalada por ningún empleado del comercio, más bien al contrario. Y los obsequios coincidieron en el tiempo con la adjudicación por parte de la Generalitat de numerosos contratos, que no respetaron la normativa, a Orange Market, la firma de la trama que dirigía El Bigotes.

Para paralizar nuevamente la causa y desautorizar otra vez el trabajo realizado por Flors, la Sala tendría que contar con sólidos argumentos jurídicos (que los observadores cercanos no aprecian). Lo contrario situaría en el ojo del huracán a un tribunal todavía afectado por el correctivo que le aplicó el Tribunal Supremo, con la revocación por unanimidad de los cinco magistrados del archivo anterior.

Si la causa sigue su camino con normalidad, hacia mediados de marzo concluirá el plazo de cinco días dado a cada una de las partes (fiscalía y PSPV como acusaciones, y las cuatro defensas) de forma sucesiva (es decir, 30 días hábiles alargados por breves demoras procesales). Es posible que se incorporen nuevos documentos (como el que el fiscal ha pedido que el juez del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, envíe al TSJ valenciano) en la audiencia preliminar con la que concluirán los plazos dados a las partes. En ese acto, o dentro de los tres siguientes, Flors dictará un auto en el que decidirá si Camps, Costa, Campos y Betoret deben sentarse en el banquillo.

www.elpais.es 06.02.11

11) CASO GÜRTEL: HERNÁNDEZ FICHA AL APODERADO DE UNA INMOBILIARIA VINCULADA A LA GÜRTEL

El representante de Sedesa releva al dimitido Juncal como delegado provincial- Díez firmó la demanda tras pactar con Telmo Martín la exención de vivienda pública

El conselleiro Agustín Hernández ha confiado en un promotor inmobiliario, José Luis Díez Yáñez, la representación en la provincia de Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, que aglutina todas las competencias autonómicas en urbanismo. Se trata del ex director de Relaciones Institucionales de Sedesa, grupo que aparece implicado en el sumario del caso Gürtel por presunta financiación ilegal del Partido Popular. Díez Yáñez trabajó en al menos 13 compañías relacionadas con Sedesa, el grupo empresarial que dirigió hasta hace unos meses Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino. El nombre de Díez aún aparece en el Registro Mercantil como apoderado de una de ellas, Mirador de Zapateira, SL, con sede en A Coruña, en la que figura como apoderado, según la consellería por error.

· La consellería archiva el expediente a Evaristo Juncal

El jefe territorial de la consellería -la figura que sustituyó a los delegados provinciales- relevó en el cargo el pasado agosto a Evaristo Juncal, destituido tras revelar este periódico sus negocios con testaferros de narcotraficantes y la situación de ilegalidad de un chalé de su propiedad. El cargo de jefe territorial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras lleva aparejadas otras competencias en Urbanismo, como la presidencia de la comisión provincial de Vivienda y del Instituto Galego de Vivenda e Solo. La consellería resta importancia a los intereses inmobiliarios de Díez y precisa que renunció a ellos en tiempo y forma.Agustín Hernández confía así, entre otras competencias, la construcción de vivienda protegida a quien rechazó, como apoderado de otra empresa de Sedesa, Mirador de Sanxenxo, SL, la construcción de ese tipo de viviendas en el suelo urbanizable de Monte Faro, una polémica promoción de 1.330 viviendas de lujo anexa a un campo de golf. El convenio, firmado con el entonces alcalde, Telmo Martín en 2006, preveía un ingreso de 4,8 millones de euros al Ayuntamiento a cambio de la exención de construir vivienda social.

Lo que entonces pareció un gran negocio para Sedesa cambió con las trabas medioambientales impuestas por el Gobierno bipartito y la posterior crisis y escasez financiera. El grupo empresarial con sede en Valencia denunció ante el Ayuntamiento de Sanxenxo al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), al que reclama la devolución del dinero ingresado. El TSXG ha admitido a trámite la denuncia. El recurso de reposición contra el Ayuntamiento lleva la firma de José Luis Díez Yáñez. El convenio con Telmo Martín se firmó el 22 de noviembre de 2006, dos semanas antes de que el ahora presidente local del PP de Pontevedra abandonara la alcaldía de Sanxenxo. La gerente municipal de Urbanismo era entonces Encarnación Rivas, en la actualidad secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

El jefe territorial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, nombrado en agosto de 2010, figura en el registro como apoderado de Mirador de Zapateira y como ex apoderado, ex consejero o ex administrador de otras 14 sociedades, 12 ellas relacionadas con el grupo de Vicente Cotino Escribá. Se trata de Mirador de Sanxenxo, Gerpe Contratas y Construcciones, Verterra, Verterra Galicia, Urbanizadora Ronda Norte Benisa, Senda Ambiental, Ecosenda Gestión Ambiental, Gran Hotel Xirivella, Sistemas Globales Inmobiliarios, Sistemas Globales del Medio Ambiente, Sedesa Urbana y Transporte de Residuos Industriales y Peligrosos. Un acta notarial del 2 de agosto revela que, ese día, Díez Yáñez, firmó por escrito su renuncia de poderes en diversas compañías, entre ellas Mirador de Zapateira. La consellería ha anunciado que el jefe territorial está haciendo "gestiones" para que su cese se refleje en el Registro Mercantil.

Las únicas dos empresas con las que estuvo vinculado Díez Yáñez que no con Sedesa son Sogama y Sogarisa, de las que fue consejero en su condición de director general de Calidad y Evaluación Ambiental de la Xunta de Fraga, entre 2001 y 2003. El ahora jefe territorial también fue delegado de la Consellería de Medio Ambiente hasta 2001. Tras su salida de la Xunta, comenzó a trabajar con empresas relacionadas precisamente con los sectores inmobiliario y medioambiental.

La irrupción de los negocios de la familia Cotino en Galicia se produjo a través de el empresario coruñés José Antonio Souto, suegro de Cotino Escribá. Souto es presidente del grupo Tecam y promotor, junto a Manuel Jove, de Inveravante, y José Collazo, de Comar, de Invest Cos, que promueve el centro comercial Marineda Plaza, en A Coruña, investigado por el Tribunal de Cuentas. Souto y Cotino fundaron Work Center, donde tienen su sede las sociedades de Sedesa en Galicia.

www.elpais.es 06.02.11

12) CASO GÜRTEL: FERIA CONTRATÓ POR 24.500 EUROS AL MES A UNA FIRMA ASESORA CONSTITUIDA 9 DÍAS ANTES

G&B llegó de la mano de la jefa de imagen de la institución a quien Gürtel pagaba el alquiler de la casa

Feria Valencia ha presentado un ERE tras reconocer perdidas de 2,7 millones de euros.  marga ferrer

La consultora madrileña Goldberry & Bombadil (G&B), encargada desde junio de 2009 de asesorar en marketingy comunicación a Feria Valencia, fue contratada por la institución sólo nueve días después de su constitución como empresa. El administrador único de esta firma asesora, D. C. G., es también administrador de otra empresa vinculada con Feria Valencia aunque, en este caso, su cometido no tiene nada que ver con la imagen de la entidad. Se trata de Sintec, fichada el 1 de junio de 2009 para realizar una auditoría de seguridad en las instalaciones feriales por un coste de 196.000 euros, sin incluir el IVA.

Fue también el 1 de junio de 2009 cuando D. C. G. y el presidente de Feria Valencia Alberto Catalá firmaron el contrato para que G&B asesorara a la institución con el fin de posicionarla en el mercado "identificando las debilidades de la empresa, amenazas, sus fortalezas y oportunidades", según recoge el acuerdo entre ambas partes.

D. C. G. se convirtió así en la mano derecha de la actual directora de imagen de Feria Valencia, a la que, según fuentes de la institución, el empresario madrileño ya conocía al haber coincidido ambos en otra compañía. Tal como recogía ayer Levante-EMV, C. O. -responsable del marketing, comunicación y relaciones institucionales de la entidad- aparece mencionada en los informes policiales remitidos por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales al TSJ de Madrid dentro del marco de la Operación Gürtel.

Según este inf0rme, a C. O. se le atribuyen pagos mensuales procedentes de la contabilidad "b" de Orange Market de 1.000 y 2.000 euros. Entre los conceptos que justifican las entregas de dinero está el de "alquiler de casa". Diversas fuentes señalan que C. O. habría llegado a Feria Valencia en febrero de 2008 de la mano de Álvaro Pérez, gerente de Orange Market.

Por su trabajo como asesor de la directora de imagen de Feria Valencia, D. C. G. -que figura como administrador único de la consultora madrileña-, cobró 18.000 euros al mes, más IVA, durante su primer año. Según recoge el contrato, a partir de junio de 2010 empezó a cobrar 24.500 euros, y recibirá 31.000 a partir de junio de 2011 si se prorroga el acuerdo.

Extrabajadores de la feria presentaron hace dos semanas ante la Inspección Provincial de Trabajo un escrito en el que critican los derroches de la institución, que ha iniciado un Expediente de Regulación de Empelo.

Contratos, incentivos y viajes

En este informe se recoge, entre otros, el caso de Goldberry, cuya actividad supone, según los antiguos empleados, "un coste mensual muy alto para realizar trabajos que podrían haberse asumido internamente sin coste".

Pero el de G&B no sería el único caso de relación laboral con empresas proveedoras que ha acabado dañando la economía de la entidad. Es lo que ha sucedido también, según este informe, con la empresa de ingeniería Áreas, que entre 2000 y 2006 cobró 120.000 euros al mes por el mantenimiento de las instalaciones que antes se hacía con servicios internos. O el caso de Capital Energy Read, con un contrato de 93.000 euros anuales por servicios de buzz research (repercusión en internet), y de Oerreeme, que cobraba 58.000 euros al año por servicios a certámenes.

El informe también denuncia los incentivos que se pagaron hasta junio de 2010 a pesar de las perdidas de 2,7 millones de euros o los numerosos viajes de Alberto Català por asuntos personales

Compromís exigió ayer a la alcaldesa Rita Barberá, que impulse por todo esto una "depuración a fondo" de Feria Valencia.

www.levante-emv.com 06.02.11

13) CASO GÜRTEL: LA OPOSICIÓN CREE QUE LAS PRUEBAS ESTRECHAN EL CERCO JUDICIAL A CAMPS

El Consell dice que el Gobierno utiliza la fiscalía para abrir la campaña electoral

"Cada día que pasa aparecen nuevos indicios documentales que le incriminan de manera irremediable", afirmó ayer el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ángel Luna. "Las nuevas pruebas estrechan todavía más el círculo judicial sobre Francisco Camps", dijo la portavoz adjunta de Compromís Mònica Oltra.

Luna pide al PP que cesen las presiones sobre la sala del TSJ

Costa está confiado en una solución positiva del caso de los trajes

La oposición se pronunció ayer de esta manera tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, la remisión al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia de un archivo informático que probaría que la trama corrupta abonó 30.000 euros a la tienda Forever Young para pagar trajes destinados al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El portavoz socialista advirtió ayer a los populares que "por mucho que pretendan condicionar a la opinión pública en relación con las supuestas pruebas que le absuelven, el sumario está lleno de pruebas que le incriminan [a Camps]". Luna recalcó que lo que hace falta en estos momentos es que los populares den "más explicaciones y menos presiones" sobre el TSJ de Valencia, que ha de pronunciarse sobre los recursos presentados.

Mònica Oltra, de Compromís, argumentó: "Las pruebas son tan claras que Camps ya ha renunciado a demostrar su inocencia y su estrategia se basa en dilatar el proceso para que no se celebre el juicio antes de las elecciones autonómicas de mayo".

"Todo el mundo tiene asumido", prosiguió Oltra, "que la corrupción en el PP y en el Gobierno valenciano fue generalizada en relación con la trama Gürtel y lo más grave es que nadie, dentro del partido, haya exigido todavía responsabilidades".

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, acusó al Gobierno central de haber iniciado la campaña electoral en la Comunidad Valenciana "a través de la fiscalía".

Sánchez de León calificó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de una nueva maniobra para perjudicar al presidente de la Generalitat en el caso de los trajes.

"Estamos viendo, una vez más, maniobras de la fiscalía y, frente a ello, lo único que puedo decir es que una falsedad, por mucho que se repita, que se recocine, o por muchos refritos que se hagan de ella nunca se convierte en una verdad", señaló la portavoz, que remachó: "Desde el Consell seguiremos defendiendo la única verdad posible".

En referencia al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la consejera sentenció: "Se le están agotando ya los recursos, y mientras tanto se le está engordando el faisán [en referencia a la investigación de un supuesto chivatazo policial al entorno de ETA] y deshinchando el globo de ataque a la Comunidad Valenciana".

En este clima de tensión política también se pronunció ayer el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, imputado también en el caso de los trajes que afecta a Camps.

Costa, que expresó su deseo de seguir de diputado autonómico del PP la próxima legislatura, se mostró convencido de que el caso de los trajes "terminará pronto y bien".

"Sobre temas judiciales y procesales son los abogados los que tienen que tomar las decisiones y ponen de manifiesto la estrategia de cada parte", prosiguió Costa, "pero están tranquilos y confiados en que habrá una solución positiva de este proceso". "Hemos colaborado con la justicia durante estos años y respetamos profundamente el proceso", insistió.

Con la instrucción concluida, José Flors, el magistrado que investiga el caso de los trajes, ha solicitado a las partes que realicen sus peticiones antes de decidir si fija juicio oral por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio. El próximo martes, la sala del TSJ tiene previsto reunirse para ver si acepta el recurso interpuesto por la defensa de Camps que podría retrasar los plazos.

www.elpais.es 05.02.11

14) EL ALCALDE DE BOADILLA PRESENTA SU DIMISIÓN TRAS SER IMPUTADO EN EL 'CASO GÜRTEL'

Pedreira cita a Siguero a declarar por prevaricación y tráfico de influencias.- También le considera presunto cooperador necesario de los delitos de su predecesor, que también dejó el cargo tras ser imputado

Antonio Pedreira, el magistrado que investiga el caso Gürtel, ha imputado al actual alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Juan Siguero Aguilar (PP), por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias y cooperación necesaria en los delitos que a su vez se le imputan al anterior regidor, Arturo González Panero, expulsado del PP y conocido como El Albondiguilla. Según la resolución, conocida esta mañana y contra la que cabe un recurso de reforma en un plazo de tres días o de apelación en cinco, Siguero Aguilar deberá comparecer el día 16 a las 12.00.

Juan Siguero Aguilar, imputado

DOCUMENTO (PDF - 74,06Kb) - 10-02-2011

Unas horas después de conocerse el audio, Esperanza Aguirre ha declarado esta tarde en la Asamblea de Madrid que Siguero Aguilar ha presentado su dimisión. "Como no quiere perjudicar al partido presenta la dimisión para defenderse, pero asegura que es inocente", ha explicado la presidenta regional, informa J. Sérvulo González. Tras "agradecerle en nombre del PP de Madrid" esa decisión al alcalde imputado, Aguirre ha sostenido que eso "es lo que hay que hacer", sin que ello signifique "faltar a la presunción de inocencia, que a todos nos tiene que afectar y que en este caso desde luego que se la concedo al alcalde de Boadilla como a todos los demás", ha subrayado.

Pedreira ha decidido llamarle a declarar después de que un informe policial solicitara su detención. La investigación realizada por la policía puso de manifiesto que el regidor de Boadilla, que era concejal de Hacienda con Arturo González Panero como primer edil, informó a las empresas de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa de las adjudicaciones. También llegó a recibir instrucciones de la trama acerca de los precios de las adjudicaciones, según los informes policiales. Con esta decisión ya son cuatro los alcaldes del PP de Madrid que han sido imputados en el caso Gúrtel. Los anteriores fueron el propio Arturo González Panero (Boadilla); Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón); y Ginés López (Arganda del Rey). Todos ellos dimitieron y fueron expulsados del PP.

A la oposición no le vale con la renuncia. El portavoz de IU en la Asamblea, Gregorio Gordo, ha dicho que "cada día que aparece una noticia nueva sobre la trama Gürtel hace más irrespirable la política en la Comunidad de Madrid" y que "es una situación que está acorralando al PP en Madrid y está acorralando a Esperanza Aguirre". Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez, ha vuelto hoy a pedir a la presidenta del PP de Madrid que "asuma la responsabilidad que tiene en el caso Gürtel".

El ex alcalde de Boadilla Arturo González, que está imputado en la misma causa como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, acusó el pasado junio a Siguero de haber intervenido en todas las adjudicaciones de ese Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama de corrupción. "Por eso tendrían que investigarle más a él que a mí", dijo el alcalde en declaraciones a EL PAÍS. Su sucesor en el cargo era el número cuatro en la lista encabezada por González Panero en 2007 y fue nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero del PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el Gürtel en febrero de 2009, el PP regional optó por dar la alcaldía a María Jesús Díaz Pérez. Pero Panero exigió -y logró- que la dirección popular aceptara a Siguero, su hombre de confianza.

Así, el ex alcalde asegura que Siguero participó activamente en las adjudicaciones al entramado que dirigía Francisco Correa: "Él firmó la adjudicación de una parcela a la constructora UFC [implicada en la trama Gürtel]. Y esta decisión de Siguero fue a la comisión informativa, que también presidía él mismo". Además, Panero relaciona a su sustituto con otras dos operaciones Gürtel. La primera es la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla a la empresa Easy Concept por 500.000 euros anuales. "Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de contratación. Todo lo presidió él. Además, toda la documentación la hizo personalmente, con su propio ordenador. Yo no intervine". La segunda es la cesión de terrenos municipales a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMSV) de Boadilla que acabaron en manos de la trama. "La EMSV adjudicó estos terrenos a una empresa de Ramón Blanco Balín [presunto testaferro de Correa]".

www.elpais.es 10.02.11

15) CASO GÜRTEL : HACIENDA PIDE REACTIVAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE GALEOTE

Destapa movimientos en paraísos fiscales del asesor de Rajoy para la UE

Un informe de Hacienda recién incorporado al sumario Gürtel pide al juez Pedreira que reactive la investigación sobre Gerardo Galeote, eurodiputado del PP entre 1994 y 2009, actual asesor de Mariano Rajoy para asuntos europeos y hasta ahora no imputado en el caso. Si en diciembre el sumario ya destapó que, entre 1996 y 2000, Galeote había estado literalmente a sueldo de la trama con cobros mensuales que comenzaron siendo de 1.500 euros y terminaron llegando a 3.000, ahora los inspectores adscritos al caso profundizan en los movimientos de las empresas radicadas en paraísos fiscales y ligadas al exeurodiputado.

Hacienda destapa que la empresa June Sun International Ltd, domiciliada en la isla de Nevis y cuya conexión con Galeote ya había sido desvelada por la Policía en febrero de 2010, transfirió 10.000 euros a la mercantil Actividades Eólicas. Los inspectores firmantes del informe creen que el nombre completo de la empresa destinataria de esos fondos es Actividades Eólicas Murcianas (AEM). Los registros policiales permitieron hallar en las oficinas del abogado Luis de Miguel, imputado y supuesto testaferro de Correa y su grupo, un documento en el que el letrado se declara fiduciario en nombre de June Sun y reconoce que el beneficiario del fideicomiso es Gerardo Galeote. Asimismo, "figura vinculado" en España a la sociedad Asesoramiento y Estudios La Rochelle, "con entrada de divisas procedentes de Italia" y cuyas cuentas pide investigar Hacienda.

Los fondos transferidos por June Sun a Actividades Eólicas, sostiene el informe, se ingresaron desde España el 7 de febrero de 2005. En los registros, la Policía encontró un cheque de 5.441 euros a favor de Consultoría y Gestión de Inversiones empresa también investigada con una anotación manuscrita: "Devolución préstamo AEM (Actividades Eólicas Murcianas) a Jun Sun". Los investigadores fiscales piden a Pedreira que averigüe la cuenta de procedencia y sus movimientos "para determinar las relaciones de June Sun con José Gerardo Galeote y de ambos con AEM".

June Sun también transfirió dinero a Vistacourt España 2005 SL, igualmente representada por Luis de Miguel. También aquí los técnicos solicitan analizar los movimientos de divisas de una cuenta abierta en Madrid a nombre de Vistacourt.

El informe recuerda cómo José Galeote, exconcejal del PP y padre de Gerardo Galeote, utilizó una sociedad portuguesa llamada Freetown Comercio para invertir 36.000 euros en Bolsa "a través de Renta 4". Hacienda reclama que se recabe de Renta 4 "la documentación correspondiente al ingreso de fondos procedente de esta sociedad [Freetown] para realizar la inversión.

El informe reseña que en 2007 se realizaron dos órdenes de pago por 60.000 y 126.666 euros con cargo a la misma cuenta bancaria, abierta por Luis de Miguel Pérez en Madrid. El primer abono fue para Hercesa Inmobiliaria. El segundo, para Willow Inversiones 2002 SL, una empresa con estructura de muñeca rusa y en cuya estructura aparece de nuevo Luis de Miguel Pérez.

www,publico.es 05.02.11

16) RAJOY GANA EN TORNO A 200.000 EUROS

El PP se niega a desvelar la cifra exacta, pero se puede calcular con los datos parciales ofrecidos por su líder

Mariano Rajoy, líder del PP, gana al año alrededor de 200.000 euros brutos, según los cálculos elaborados por expertos en recursos humanos a petición de este diario y que toman como referencia los datos públicos sus retribuciones en el Congreso y su última aunque confusa versión sobre lo que obtiene del PP, "unos 6.000 y bastantes euros netos más al mes".

Al situarse en el horizonte de los 200.000 euros, Rajoy supera en más del doble los ingresos del presidente del Gobierno (78.185 euros), pero se queda por detrás de los que en 2009 declaró su número dos en el PP, María Dolores de Cospedal (240.000 euros).

El partido le paga unos 150.000 euros y el Congreso otros 51.000

Público se dirigió ayer al PP para conocer el sueldo de Rajoy, pero los conservadores se negaron a ofrecer el dato. El 90% de los ingresos de los partidos proceden de fondos públicos.

La negativa cerrada del PP a desvelar los sueldos de sus dirigentes extiende un manto de incertidumbre sobre el asunto. Pero los dos elementos apuntados al comienzo permiten alcanzar una estimación certera. El primer elemento es que se conoce a ciencia cierta con cuánto lo remunerará el Congreso este año (51.582 euros); el segundo estriba en la ya mencionada respuesta de Rajoy cuando en octubre de 2010 fue preguntado al respecto durante una entrevista. "Pues yo debo ganar -fueron sus palabras literales- unos 6.000 y bastantes más euros netos al mes, más mi asignación de casi 3.000 euros por mi condición de diputado". Para calcular los ingresos totales del líder de la oposición y evitar distorsiones, los expertos han tomado como base el ejercicio 2011. Y ello porque, en 2010, los diputados ganaron en el primer semestre una cantidad más elevada que en el segundo, dado que en junio entraron en vigor los recortes aplicados por el Gobierno y las dos Cámaras parlamentarias.

Entre 198.000 y 209.000

Las retribuciones de Rajoy duplican de largo las de Zapatero

Lo neblinoso de la respuesta ofrecida por el líder conservador en octubre del año pasado obliga a contemplar, como mínimo, dos escenarios: que al hablar de "6.000 y bastantes más euros" esté aludiendo a un sueldo mensual aproximado de 6.500 euros netos. El segundo, que lo que le abona su partido ascienda a 7.000 euros netos.

Atendiendo a la primera hipótesis 6.500 euros netos mensuales, los expertos calculan que los ingresos anuales brutos de Rajoy procedentes del PP ascenderían a 146.675 euros. En el segundo supuesto 7.000 mensuales, se situarían en 157.700. En ambos casos, hay que sumar los 51.582 euros del Congreso, de los que sólo 39.394 están sujetos a tributación. Y, en ambos casos también, los expertos han considerado que la retención aplicable por IRPF se sitúa en el 37% y no en el 43% porque Rajoy tiene dos hijos menores a su cargo.

En la hipótesis más conservadora (6.500 euros netos al mes del PP más 2.945 líquidos del Congreso), las retribuciones brutas globales de Rajoy se cifrarían en 198.257 euros. En el caso de que sus ingresos del partido llegasen a 7.000 euros netos al mes, el bruto anual quedaría cuantificado en 209.282 euros. En cuanto a dinero neto, el político conservador recibe entre 9.500 y 10.000 euros al mes.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, declaró en 2009 remuneraciones del PP por 167.865 euros. Eso significa que o bien Cospedal gana por su cargo interno más que Rajoy o bien el partido ha aplicado una rebaja salarial el pasado año.

Cospedal es la única dirigente del PP que declara sus ingresos, obligada por la legislación de Castilla-La Mancha, donde es diputada autonómica.

www.publico.es 09.02.11

17) EL FMI CRITICA SU INCAPACIDAD PARA PREVENIR LA CRISIS EN LA ETAPA DE RATO

El Fondo puso como ejemplo a la banca de EE UU y a Islandia antes de la crisis - Batallas internas y presiones políticas acallaron las críticas a los países ricos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) vivió en una burbuja en la que reinaba el optimismo mientras se gestaba la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión. Un informe de su auditor hace una dura crítica a la actuación del organismo entre 2004 y 2007, un periodo que cubre toda la etapa en la que Rodrigo Rato estuvo al frente del organismo (del 7 de junio de 2004 al 1 de noviembre de 2007). La conclusión es demoledora: deficiencias internas impidieron prevenir la crisis.

EE UU impidió que el FMI analizase en profundidad su sector financiero

Empleados del organismo denuncian presiones y autocensura

El Fondo puso como ejemplo a seguir algunas de las prácticas más destructivas, desoyó las señales de alerta y se mostró complaciente con los países ricos, en especial Estados Unidos, que acabó siendo el foco de la crisis.

Entre las causas que impidieron al FMI alertar sobre los riesgos, el informe cita múltiples deficiencias organizativas, batallas internas, falta de comunicación, sesgos analíticos, presiones políticas, autocensura y falta de supervisión y control por parte de la dirección del Fondo. El informe, elaborado por la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, reconoce que muchos de esos problemas no aparecieron con Rato, sino que se fueron arrastrando más de una década. Rato, actual presidente de Caja Madrid, dejó el FMI año y medio antes de concluir su mandato por razones personales.

Los informes de evaluación del FMI no tratan de hacer un balance, sino de detectar los fallos, con lo que tienen un sesgo negativo. Ningún otro organismo internacional hace ejercicios de autocrítica con una dureza comparable. Fuentes próximas a Rato ven saludable la autocrítica, pero indican que el informe olvida que desde la crisis asiática las competencias sobre estabilidad financiera no correspondían al FMI, sino al G-7, y dentro de él al Foro de Estabilidad Financiera. Fue en otoño de 2006 cuando el FMI empezó a publicar informes de estabilidad financiera, un encargo que Rato hizo a Jaime Caruana. En esos informes se alertó de algunos de los riesgos financieros, aunque no se acertó a ver sus repercusiones macroeconómicas.

El informe que acaba de recibir el sucesor de Rato, Dominique Strauss-Kahn, pone ejemplos sangrantes al destacar que se calificara al luego quebrado sistema financiero de Islandia como "robusto" y "resistente". También recuerda una y otra vez cómo el FMI recomendaba a otros países que siguieran las prácticas de innovación financiera de EE UU y Reino Unido, que originaron la crisis. El FMI tampoco vio el riesgo que el sector inmobiliario suponía para la banca y toda la economía.

El informe se recrea en esos errores de diagnóstico: "El sistema financiero de EE UU es resistente y está bien regulado" (2005). "Los principales bancos comerciales y de inversión tienen una sólida posición financiera y el riesgo sistémico parece bajo" (2007). "Los mercados han mostrado que pueden autocorregirse y que de hecho lo hacen (2007)".

Las mismas fuentes, además, señalan que el Fondo tiene una capacidad limitada para analizar la salud financiera de los países, en especial si las autoridades supervisoras de los mismos no le dan la información necesaria. En ese sentido, el propio informe señala cómo el FMI intentó varias veces someter a un examen profundo al sistema financiero estadounidense y las autoridades nacionales lo impidieron.

Con respecto a Reino Unido se repitieron los mismos errores. "El sistema financiero de Reino Unido es uno de los más fuertes entre las economías avanzadas", decía el FMI en 2006. Y con la zona euro no acertó mucho más. En verano de 2007, justo cuando se avecinaba la crisis, el Fondo decía: "Las perspectivas son las mejores en años La economía está lista para un periodo de crecimiento sostenido".

Hubo voces de alarma en el departamento financiero, donde Rato tenía a Jaime Caruana como hombre de confianza. También Raghuram Rajan, uno de los economistas más valorados por Rato, alertó sobre los riesgos de la innovación financiera. Aunque esas alertas tuvieron reflejo en los informes de estabilidad financiera, la evaluación presentada ayer concluye que quedaron eclipsados y que el FMI no hizo un análisis profundo del problema ni le dio el seguimiento debido. El Fondo sí acertó al identificar la burbuja inmobiliaria en España, los problemas en algunos países pequeños y los desequilibrios globales.

El informe culpa de esa pobre actuación a fallos de análisis, deficiencias organizativas, falta de incentivos para trabajar en común y exponer ideas críticas, presiones políticas, autocensura y una supervisión inadecuada. El FMI funcionaba en silos, en compartimentos estancos que impedían a las divisiones compartir su información. Eso venía de atrás y Rato lo que hizo fue unificar las áreas de Mercados y Finanzas.

Empleados entrevistados denuncian que lo que se esperaba de ellos es que confirmasen las ideas dominantes -pues no se castigaban aunque fuesen equivocadas- y que expresar opiniones críticas podía arruinar a uno su carrera. Muchos empleados creían que no podían ser críticos con los principales accionistas del Fondo (de los que el mayor es EE UU). Las presiones políticas, abiertas o implícitas, acababan llevando a la autocensura y algunos empleados tenían la impresión de que si se enfrentaban a los grandes países serían desautorizados por la dirección. La alta rotación de personal y las batallas internas completaban el panorama.

Fuentes próximas a Rato indican que él no tuvo conocimiento de esas presiones, que nunca aparecieron en las encuestas internas y que Rato tuvo algunos enfrentamientos abiertos con varias autoridades nacionales. También consideran injusto que se eleven a categoría las declaraciones de algún empleado sin mayor comprobación.

Como indica Strauss-Kahn, el informe pone de manifiesto que el FMI no estuvo a la altura de las circunstancias. Y por eso espera que esta evaluación se tome como una aportación constructiva para mejorar la calidad de la supervisión. Aunque hay algunas reformas en curso, el FMI admite que aún queda mucho por hacer.

WWW.ELPAIS.ES 10.02.11

18) LA FISCALÍA CONSIDERA A DÍAZ FERRÁN CULPABLE DE LA QUIEBRA DE SEGUROS MERCURIO

o El Ministerio Fiscal ha pedido al Juzgado Mercantil número 9 de Madrid que declare a los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual "culpables" por su actuación en la quiebra de Seguros Mercurio y que les imponga "importantes "responsabilidades civiles" y les inhabilite.

o

Esta petición se recoge en un informe elaborado por la Fiscalía que se suma al realizado por el Ministerio de Economía sobre esta quiebra y en la que ha pedía al Juzgado que les considere culpables de la insolvencia de Seguros Mercurio y les condene a pagar 30,65 millones por los daños generados, según informaron fuentes jurídicas.

Intervenida en marzo de 2010

El Consorcio de Compensación de Seguros, el organismo dependiente del Ministerio de Economía que se encarga de liquidar a compañías aseguradoras, ha solicitado que ambos empresarios sean inhabilitados para administrar bienes ajenos durante 15 años y pierdan todos los posibles derechos de cobro que tuvieran en Seguros Mercurio, que fue intervenida en marzo de 2010 por la falta de liquidez existente.

El informe

Este informe fue solicitado por el juez Javier Yánez para la emisión del dictamen de calificación del concurso de acreedores de de Mercurio, en fase de liquidación. En el informe del CCS, todas las peticiones se dirigen asimismo contra el resto de antiguos miembros del consejo de administración de Seguros Mercurio, en el que figuran el ex consejero delegado, José Lorenzo Chacón, las dos hijas de Díaz Ferrán, uno de los hijos de Gonzalo Pascual (Ignacio) y una de sus hijas (Diana).  Tras recibir el informe del Consorcio de Compensación de Seguros, Javier Yáñez pidió al Ministerio Fiscal que se pronunciase sobre la culpabilidad de los máximos responsables de Seguros Mercurio.

Grupo Marsans

El informe del CCS revela la existencia de diferentes operaciones entre sociedades del grupo Marsans que perjudicaron a la aseguradora, pues supusieron salidas de dinero sin contraprestación efectiva. 

Teinver

Relata que Seguros Mercurio entregó efectivo a Air Comet sin justificación alguna y realizó varias operaciones inmobiliarias con la matriz de Marsans, Teinver, y con otras empresas del grupo, como Viajes Marsans y Hotetur, que resultaron un fiasco.  Así, vendió un inmueble a Viajes Marsans por un importe supuestamente por debajo del precio de tasación, que fue pagado parcialmente con pagarés nunca atendidos.

Inmuebles

También compró a Teinver un inmueble en Madrid y un 20,1% de un hotel en Lanzarote que se encontraban hipotecados y que fueron ejecutados por las entidades financieras al no pagar el vendedor el préstamo.  Además, adquirió un hotel en Mallorca a Hotetur, otra de las empresas del grupo, que finalmente devolvió al resolverse el contrato, sin que la sociedad le abonara el importe pagado.  A todo ello hay que unir la venta de acciones a Teinver que fueron abonadas con pagarés sin fondos o la compra de acciones de una sociedad editorial a un precio muy superior a su valor contable.

Consorcio de Compensación de Seguros

A la vista de todas estas operaciones, el Consorcio de Compensación de Seguros ha pedido también que se condene como cómplices de la insolvencia de Mercurio a los consejos de administración de Teinver, Viajes Marsans y Hotetur, así como a la tasadora que ha intervenido en la tasación de los inmuebles (Internacional de Transacciones y Servicios). El pasado 28 de octubre, el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid abrió la sección de calificación de Seguros Mercurio, después de haber recibido la comunicación de la intervención, disolución y liquidación de la aseguradora por parte del Consorcio de Compensación de Seguros.

Compromisos con clientes

Seguros Mercurio, disuelta el 15 de marzo de 2010 por falta de liquidez para hacer frente a sus compromisos con clientes, se convierte así en la primera compañía del grupo Marsans donde se analizará la potencial culpabilidad de Díaz Ferrán y Pascual.

www.elplural.com 05.02.11

19) C.A ANDALUCIA: "ARENAS, CHAQUETA REVERSIBLE, POR NO SER ATENDIDO EN LA CASA DE LOS SOCIALISTAS MIGRÓ AL PP"

Como dirigente de confianza de Manuel Fraga Iribarne, cofundador de AP y el hombre de esta formación en Cataluña, el ex diputado del PP Manuel Milián Mestre conoce bien los entresijos de la configuración de la derecha española tras el franquismo, desde el fin de UCD hasta cómo AP acabó por convertirse finalmente en la formación conservadora de referencia. En un artículo publicado este lunes en El Periódico, el ex diputado ajusta cuentas con el ahora líder del PP andaluz, Javier Arenas, a quien define como "maestro de demagogos" o "chaqueta reversible" porque al derrumbarse UCD "por no ser atendido en la casa de los socialistas, migró al PP". Insiste en que Arenas "le ha sacado una remarcable utilidad" al PP "habiendo llegado de otras dehesas políticas".

No es la primera vez que alguien habla del oportunismo político de Javier Arenas, pero pocas veces se habrá hecho con tanta rotundidad y desde sus propias filas. El ex diputado del PP carga contra el actual líder del PP en Andalucía por su "crítica sistemática a los catalanes".

"Chaqueta reversible"

Pero el artículo Arenas, el adversario, publicado por El Periódico, da pie a Milián Mestre a ajustar otras cuentas con el andaluz. Así, le define como "maestro de demagogos, chaqueta reversible, que, por no ser atendido en la casa de los socialistas, migró al PP, como tantos otros, al derrumbarse UCD".

Desde el "refugio del franquismo" a "las ubres de AP"

Insiste el ex diputado en el pasado de Arenas en las Juventudes de UCD, que define como "un movimiento telúrico (…) refugio de los pecadores del franquismo, de los hijos de las buenas familias, los becados de los privilegios del funcionariado del antiguo régimen". Cuando UCD se derrumbó, "los jóvenes turcos y sus parientes diezmaron su arquitectura supuestamente partidaria y en tropel acudieron a las ubres de AP".

Viejos conocidos

Aunque valenciano de origen, Milián Mestre desarrolló su carrera política en Cataluña y allí llegó a ser el hombre de confianza de Fraga. No sólo fue diputado nacional del PP, sino que también formó parte de la Ejecutiva del partido hasta el año 2000, cuando acabó distanciándose del equipo de Aznar. Se ha apuntado que la ruptura vino precedido del desaire de no ser nombrado delegado del Gobierno de Barcelona, y en aquellos años el secretario general del PP era Javier Arenas.

"Remarcable utilidad"

El ex diputado popular acusa a Arenas de "notable exceso de demagogia" para atacar reiteradamente a Cataluña. Y le vuelve a recordar su pasado: "Lo reiteré en múltiples ocasiones cuando militaba en el partido de acogida del señor Arenas (el PP), al que le ha sacado una remarcable utilidad habiendo llegado de otras dehesas políticas (…): Sin Cataluña se puede gobernar España, contra Cataluña difícilmente se logrará".

www.elplural.com 07.02.11

20) C.A BALEARES: DOS EXCARGOS DEL PP INTENTAN REFLOTAR A UNIÓ MALLORQUINA

A tres meses de la campaña electoral en Baleares, en los que el PP tiene serias expectativas de volver al poder, dos de sus políticos de peso -los hasta ahora diputados Jaume Font y Miquel Munar- se han embarcado en una operación regionalista de derechas que competirá con su ex partido. Font ha registrado la Lliga Regionalista Balear, que diseña una alianza política con Unió Mallorquina (UM) para intentar rescatar su espacio y votos. UM, que desde 1983 ha sido la bisagra en Baleares ayudando al PP o al PSOE a formar gobierno, está muy mermado por los escándalos.

"Ahora o nunca", opinó ayer Miquel Munar sobre la nueva opción, tras integrarse en la cúpula de UM: ya es su portavoz y será candidato. Font, con su grupo regionalista, trabaja en la sombra en relación con UM, que está dispuesta a renunciar a sus siglas y confiarle el número uno por Mallorca.

WWW.ELPAIS.ES 10.02.11

21) C.A BALEARES: FONT REGISTRA LA LLIGA REGIONALISTA TRAS DEJAR EL PP

El ex portavoz y ex presidente de los populares en Mallorca crea una nueva formación dos días después de abandonar el partido de Rajoy

Un nuevo partido, auspiciado desde el entorno del ex portavoz y ex presidente del PP en Mallorca, Jaume Font, se resgitró ayer oficialmente ante la delegación del Gobierno en Palma. Font abandonó anteayer el PP. En sus estatutos la posible nueva formación política se denomina Lliga Regionalista Balear y aspira a aglutinar candidaturas independientes y sectores de ex militantes de la derecha, formaciones locales e insulares. Una persona de confianza de Font, Martí Ballester, tramitó la inscripción.

La Lliga Regionalista encabezada por Font podría converger con Unió Mallorquina. El ex líder del PP dejó sus actas en el Consell y el Parlamento. A sus 50 años ha sido alcalde, senador, diputado balear, consejero autonómico y suscita simpatías más allá del ámbito conservador. La eventual coalición regionalista moderada podría ser una suma de divergentes e independientes. El ex presidente de Baleares en 1996, Cristófol Soler, en sintonía con Font, se manifestó marginado por la línea "españolista" del partido que olvida el "regionalismo de siempre del PP".

Por otra parte, ayer el juez del caso Palma Arena anunció la imputación del quinto miembro del Gobierno de Jaume Matas en un caso de corrupción. Francisco Fiol, diputado y abogado declarará como implicado en la pieza separada por la contratación directa y el pago de 1,2 millones al Santiago Calatrava, por la cesión de una miniatura y un pre proyecto de un video y una maqueta para un teatro de la ópera. Matas y Calatrava están también imputados. El PP advirtió que Fiol si no es desimputado no será candidato.

www.elpais.es 05.02.11

22) C.A CASTILLA Y LEÓN: VARAPALO DE LA JUSTICIA AL ALCALDE DE VALLADOLID

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha propinado un varapalo judicial al alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), al obligarle a revisar un plan general de urbanismo por haberlo alterado de forma ilegal.

En una sentencia notificada ayer, el tribunal asegura que las modificaciones, que fueron encubiertas como errores materiales, tienen "gravedad particularmente relevante por la índole, importancia y trascendencia económica que tienen las determinaciones urbanísticas alteradas".

El fallo es especialmente relevante porque remite las actuaciones para que sean investigadas en la vía penal a un juzgado que ya tramita una denuncia del portavoz del PSOE, Óscar Puente, contra el plan de urbanismo de 2003. El tribunal habla de "alteraciones conscientes que por su índole e importancia cambian el sentido de las determinaciones urbanísticas afectadas" y afirma que se "está encubriendo una auténtica revisión".

www.elpais.es 05.02.11

23) C.A GALICIA: LOS BALTAR DISCREPAN SOBRE LA INCLUSIÓN DE TRÁNSFUGAS

No hubo moción de censura en Calvos de Randín el jueves. Pero la presión política la tiene ahora el PP. Los Baltar (padre e hijo) han hecho públicas sus discrepancias. Al fracturado PP ourensano se suma otra discusión. En la decisión sobre la moción de Calvos, el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, tomó el mando.

El barón del PP despachó con los ediles de su partido y el tránsfuga del PSOE -"un grupo muy unido", según su propia definición- en la institución esa misma mañana; dejó en la sombra a su hijo, el presidente provincial, y cumplió el compromiso que había asumido días antes con Feijóo: retirar la moción. Haberla presentado suponía contravenir la nueva ley que entra en vigor. Otro escándalo en vísperas de la votación que el PP gallego prefiere evitar.

Pero Baltar se juega mucho en ese pequeño y olvidado municipio ourensano. Calvos de Randín está en el partido judicial de Bande, donde el veterano político puede perder uno de los dos diputados que le permiten ahora gobernar la institución provincial. El otro escaño se disputa en Trives, donde Baltar arrebató otra alcaldía también mediante moción de censura, con cuatro tránsfugas del PP y dos del PSOE, a un bipartito de independientes y socialistas.

Un dilema

El presidente de la Diputación cumplió con Feijóo el acuerdo sobre Calvos. Pero para ello -los ediles se resistían a acatar la decisión- tiene que cumplir ahora con el grupo de los populares y el tránsfuga, José Manuel Andrade. Baltar tiene intención de colocar de número uno en la lista de las municipales en Calvos al tránsfuga, según ha declarado a Faro de Vigo. Entretanto, su hijo y jefe provincial recibe las felicitaciones del portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, por su decisión de "de no llevar tránsfugas en Ourense". Una postura que la dirección del PP gallego "comparte".

Mientras cada uno tira para un lado, el "unido grupo" de Calvos enseña los dientes. En la rueda de prensa del jueves para justificar la retirada de una moción por la que habían peleado con crudeza durante tres años, apuntaron la posibilidad de presentarse como independientes.

Una decisión salomónica que liberaría a la familia Baltar de tensiones entre sí y con la dirección del PP gallego y que, al mismo tiempo, supondría un pequeño alivio para el presidente de la Diputación ya que, al menos, restaría votos al PSOE.

www.elpais.es 05.02.11

24) C.A GALICIA: LA HIJA DE UN ASESOR DE BALTAR OPTA A UNA PLAZA CON SU PADRE EN EL TRIBUNAL

Baltar no cesa. El presidente de la Diputación mantiene abierta hasta las elecciones de mayo una oferta de empleo por la que colocará a 53 personas más en el saturado organismo provincial. En esta ocasión, a la larga lista de aspirantes vinculados al PP admitidos se añade Ángela Galindo, hija del jefe de los servicios jurídicos de la Diputación, José Eugenio Galindo, quien desde hace más de dos años actúa como secretario de los tribunales opositores en sustitución del secretario, Francisco Cacharro Gosende, que delega siempre esta responsabilidad. En las oposiciones a las que se presenta la hija de Galindo, para una plaza de administrativo, su padre figura también como suplente de Cacharro.

Galindo rehusó ayer hablar con este periódico. El secretario de la Diputación asegura que en esta ocasión Galindo tendrá que abstenerse de participar en el tribunal opositor. "Sería ilegal", admite Cacharro Gosende. Pese a que Galindo asume desde hace años esa responsabilidad en los tribunales que aprueban masivamente personas vinculadas al PP, no está obligado a hacerlo. "Cualquier jefe de servicio puede cubrir esa función", dice Cacharro.

El hecho de que Galindo figure como suplente del secretario en el tribunal que decidirá si su hija se hace con la plaza ha alarmado incluso al personal de la Diputación. Aunque Galindo sea sustituido en el tribunal que calificará a su hija -quien competirá con 70 personas por una sola plaza- ella será examinada por los compañeros que habitualmente comparten con su padre esta tarea: José Luis Suárez (hijo del alcalde del PP de Monterrei), Manuel Valentín (hijo del ex alcalde del PP de San Amaro) y José Antonio Blanco (representante de CC OO en la Diputación y concejal del PP Esgos, donde gobierna el cuñado de Baltar padre y donde Baltar hijo es teniente de alcalde). En la lista de los suplentes, además del propio Galindo figura Montserrat Rodríguez (esposa del candidato del PP en O Carballiño).

La hija de Galindo no lo tiene fácil. Tendrá que competir con otros destacados militantes del PP. Entre ellos, Sandra Rodríguez, la portavoz del grupo popular en Calvos de Randín, quien, con el apoyo de un tránsfuga del PSOE, promovió durante tres años una moción de censura contra el alcalde socialista que el último día, y a regañadientes, Baltar les obligó a retirar.

Junto a la hija de Galindo, aspiran a la misma plaza David Pérez, hijo del ex alcalde de Coles; Margarita Pérez, candidata en Esgos; Emilio Formoso, candidato en Ourense; Iago González, hijo de un concejal de Piñor; Roberto Ameijeiras, concejal en O Carballiño; Rosa María Valladares, hija del alcalde de Cea y diputado provincial; Blanca Trapote, hija de un ex concejal del PP de Ourense; Francisco Javier Estévez, candidato del PP en Baltar; Corona Fernández, candidata en Petín; Carmen Salomé Caamaño, hija del alcalde de Boborás, y Silvia Carreño, concejal del PP en Parada do Sil.

Hay más. En la misma lista para esa única plaza figura Antonio Aydillo, cuñado del hijo de Baltar -pese a que aprobó recientemente una oposición y se hizo con la plaza de técnico superior en Recursos Humanos- y, por primera vez, aparece entre los candidatos vinculados al PP un pariente de cargo político de allende la provincia: Eugenia Tejero, casada con un concejal del PP de Crecente (Pontevedra).

Pero esta no es sino una más de las 53 plazas que hay convocadas estos días y que ha movilizado en las inscripciones para los exámenes a una multitud de militantes y parientes de cargos del PP.

Para uno de los empleos, de gestor en administración general, solo se han presentado dos personas. Una de ellas, Francisco Cougil, brazo derecho del ex socialista Antonio Troitiño y quien en los últimos años se ha presentado a las municipales por partidos independientes que, según los socialistas, solo les restaban votos a ellos. Cougil tiene ya una plaza, de menor categoría, en la Diputación y el PSOE sospecha que una promesa de ascenso podría estar vinculada a la inclusión de Troitiño en la candidatura del PP en la capital provincial.

WWW.ELPAIS.ES 10.02.11

25) C.A GALICIA: LA XUNTA CONFIRMA LA SANCIÓN A LA CONSTRUCTORA DE TELMO MARTÍN

Multa con 3,7 millones a Construcuatro por sobreprecios en pisos protegidos

El Instituto Galego de Vivenda en Solo (IGVS) ha confirmado la sanción de 3,7 millones de euros a la empresa Construcuatro por cobrar sobreprecios en viviendas protegidas en una promoción en Vigo durante 2006 y 2007. La resolución ratifica su propuesta de sanción de noviembre y rechaza todas las alegaciones de Construcuatro. El IGVS impone la multa mínima para la infracción, calificada como muy grave en la ley gallega de vivienda, y declara responsables solidarios a dos de los socios de la empresa, José Manuel Torres y Eugenio Sobral, hermano del alcalde de Poio. No menciona, en cambio, al tercer socio de la empresa, el ex regidor de Sanxenxo y actual candidato popular a la alcaldía de Pontevedra, Telmo Martín.

La resolución cita a sus dos socios pero no al candidato del PP en Pontevedra

El abogado de Construcuatro siguió la línea que ha defendido Martín desde el principio respecto a este caso, según la cual los sobrecostes no eran tales, sino "mejoras" pactadas con los compradores. La resolución no admite el matiz y aplica el artículo 54.1 de la Ley de Vivenda de Galicia, según el cual es una infracción muy grave "la percepción de sobreprecio, prima o cantidad en concepto de compraventa que sobrepase los precios máximos establecidos en la legislación". Todo ello en sintonía, además, con el Plan Estatal de Vivienda vigente en el momento de los cobros y el decreto autonómico que los complementaba.

En las alegaciones también intentaron los sancionados echar abajo el expediente por defectos de forma, como una supuesta dilación excesiva para resolver el caso o una pretendida indefensión de los investigados. La empresa trató de evitar que la responsabilidad se extendiese indistintamente a la sociedad y a los dos administradores, con el argumento de que el expediente iba dirigido exclusivamente a Construcuatro. Sin éxito, ya que el instructor rechaza todas sus pretensiones.

El abogado de los afectados, Antonio Salceda, señala la importancia de la sentencia judicial que precedió al actual expediente administrativo. Si bien aquella excluyó la responsabilidad penal de los administradores, declaró probados los sobreprecios. Así lo indica el informe pericial, aportado con posterioridad al expediente administrativo, que entonces constató que Torres firmó 42 de estos contratos y Sobral, cinco. Salceda pidió también que Martín fuese declarado responsable solidario, porque si bien su firma no figura en estos contratos, los administradores declararon en su momento en el juzgado que estaba al corriente de las prácticas ilegales. La resolución del IGVS, ente adscrito a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, no se pronuncia al respecto.

Fija una sanción de 3,7 millones de euros, resultado de la suma de la multa administrativa -2.470.000 euros- y el importe de los sobreprecios cobrados, que asciende a 1.235.000. La ley obliga también a la devolución de los intereses legales. Construcuatro cobró de más en 62 viviendas, en pagos a compradores que fueron desde 9.000 euros hasta algo más de 30.000, según el caso.

El instructor, José Luis Díez Yáñez, no menciona al dirigente del PP pontevedrés. Díez, nombrado por el conselleiro de Medio Ambiente y Territorio, Agustín Hernández, como jefe territorial de la Consellería en Pontevedra, es un viejo conocido de Martín. Con él tuvo trato en 2006 como apoderado de una inmobiliaria que firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Sanxenxo por el cual este recibiría 4,8 millones de euros y la empresa quedaba liberada de construir vivienda social en una promoción de más de 1.300 viviendas junto a un campo de golf. A las dos semanas de la firma, Martín dejó la alcaldía. El negocio no llegó finalmente a buen puerto y Yáñez exigió después judicialmente al Ayuntamiento que le devolviese el dinero a la sociedad.

La resolución del IGVS, fechada el 26 de enero de 2011, fija un plazo de un mes para su recurso, que de presentarse deberá resolver el conselleiro Hernández. Este aseguró el pasado diciembre en el Parlamento que el expediente, abierto inicialmente durante el bipartito por la Consellería de Vivenda dirigida por Teresa Táboas, respondió a un caso "político manipulado por los responsables políticos de la consellería" durante aquella época.

www.elpais.es 08.02.11

26) C.A GALICIA: EL CACIQUISMO NO SE ACABA EN UN DÍA

Feijóo prometió hace dos años regenerar la política y tumbar el clientelismo en 24 horas pero los incumplimientos del código ético se repiten sin que el PP actúe

Una mañana de febrero, hace ahora dos años, lanzado hacia la presidencia de la Xunta, el candidato Alberto Núñez Feijóo prometió que nada más llegar al poder acabaría "con el caciquismo y el clientelismo en un solo día". Un bus de excursionistas jubilados camino de Portugal había parado por sorpresa en Oia para completar el aforo de un mitin del BNG y el episodio le sirvió a Feijóo para "pedir perdón en nombre de la política" y exigir la dimisión de Anxo Quintana. Cuando vio que el entonces vicepresidente no estaba por la labor, elevó el tiro y reclamó al presidente, Emilio Pérez Touriño, la destitución "fulminante" de su socio cuando quedaban cinco días para las elecciones.

Alcaldes y cargos imputados esperan los juicios desde sus despachos

Para significar la nueva era que abriría su mandato, en aquellos mítines deslizaba incluso alguna crítica a los Ejecutivos de Fraga. Frente al bipartito y "sus escándalos", el nuevo PP no admitiría mácula en sus dirigentes. Eso fue antes de ganar las elecciones. Desde entonces, media docena de cargos institucionales y de partido han vulnerado el código ético del PP sin que su presidente haya movido un dedo. El último caso significativo es el de los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, a quienes el juez ha dejado en libertad provisional tras imputarle los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en la Operación Orquesta contra una presunta red de corrupción en la Cosa da Morte. Según los estatutos del partido, ambos regidores deberían ser apartados de sus cargos institucionales. De momento, compatibilizarán sus visitas al juzgado cada quincena con el bastón de mando, y el PP sigue considerando la idea de presentarlos como candidatos.

No son casos aislados. El ambicioso listón de la ética de Feijóo en campaña queda también muy alto para Evaristo Juncal. El ex delegado de Urbanismo de la Xunta en Pontevedra abandonó su puesto en el Gobierno cuando se supo de su chalé ilegal y de los negocios que mantenía con testaferros de narcotraficantes. Tras las informaciones publicadas por este diario, fue relevado en la consellería, pero sigue como presidente del PP de Caldas, donde nunca ha pagado impuestos por su segunda residencia.

La ansiada regeneración democrática de aquellos mítines está, sobre todo, en las antípodas del comportamiento de las diputaciones de Pontevedra y Ourense. Al frente de esta última, José Luis Baltar, simultanea el mensaje de austeridad del PP, que repiten Mariano Rajoy y Feijóo, con la contratación de familiares de los compromisarios que permitieron a su hijo hacerse con la presidencia provincial del partido. La institución gasta más en personal que la Diputación de A Coruña, mientras busca acomodo a familias populares para saldar favores. Y la dirección regional mira hacia otro lado. El barón de la provincia de al lado, Rafael Louzán, disfruta de manga ancha para fraguar mociones de censura y pactos con tránsfugas en los ayuntamientos que controla. Si alguna ha disgustado a la cúpula del PP gallego, sus dirigentes optaron por ver, oír y callar.

Igual que hizo hace mes y medio cuando el alcalde de A Merca -un municipio con 2.500 vecinos-, Manuel Jorge Velo, se adjudicó un sueldo de 3.600 euros en el Ayuntamiento hasta el día de las elecciones. Interrogado sobre si avalaba esa decisión, Feijóo respondió hace un mes que pediría explicaciones y actuaría en consecuencia. Nunca más se supo.

Tampoco hubo represalias contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, a quien el fiscal denunció en un juzgado por prevaricación urbanística, después de que permitiese aflorar mamotretos por todo el municipio que ni siquiera contaban con los servicios básicos. Las primeras sentencias han anulado los permisos que concedió su Junta de Gobierno, pero, lejos de castigar su conducta, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas lo ha premiado con un convenio para corregir todas esas deficiencias de los suelos con dinero público, 14 millones de la Xunta, el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo.

El regidor de Portas, Roberto Vázquez Souto, espera también un juicio por delito fiscal sentado en su despacho. Como lo ha hecho durante estos dos años el alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha, otro habitual de los juzgados por cuestiones urbanísticas y que es además promotor inmobiliario en su propio municipio.

La regeneración que obvia Feijóo

- Los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, imputados por cohecho y prevaricación siguen ostentando el bastón de mando, pese a que el código ético del PP obligaría a apartarlos de sus cargos.

- El presidente del PP de Caldas de Reis, Evaristo Juncal, continúa al frente del partido después de ser relevado en la Xunta cuando se conoció que tenía un chalé ilegal y sus negocios con testaferros de narcotraficantes.

- El alcalde de Barreiros se mantiene en el poder después de que el fiscal lo haya denunciado en el juzgado por prevariación urbanística. La Xunta y la Diputación de Lugo financian los servicios de los que carecen los suelos donde concedió licencias.

- El presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, continúa dando contratos a familiares de los compromisarios que ayudaron a su hijo a ganar el congreso provincial.

- Rafael Louzán pergeña mociones de censura con tránsfugas en Mos y Silleda con la aquiescencia de dirección regional.

www.elpais.es 08.02.11

27) C.A GALICIA: EL PP RECHAZA HACER PÚBLICOS LOS BIENES DE LOS DIPUTADOS

El portavoz parlamentario del PP gallego, Manuel Ruiz Rivas, se móstró ayer partidario de "profundizar en la mejora" de la transparencia en lo relativo al patrimonio de los diputados, pero puso en duda que la "solución" sea hacerlo público a todo el mundo". "Cuestiono que eso sea lo más conveniente", subrayó el parlamentario, que forma parte de la dirección regional del partido, según informa Europa Press.

"Creo que si el camino que se inicia es darlo a conocer a todo el mundo puede ser ampliamente mejorado sin llegar a esos extremos porque parece que al final lo que queremos es que a la política llegue Juan Sin Tierra y Juan Sin Trabajo", esgrimió el portavoz popular, tras ser preguntado por el debate abierto por los grupos parlamentarios y del BNG sobre la publicación de los bienes de los miembros de la Cámara autónoma.

La postura del PP gallego es coherente con la que mantiene ese partido en el Congreso de los Diputados, donde, según fuentes de la dirección, está a favor de incrementar la transparencia, pero siempre que publicitar el patrimonio no alimente el "cotilleo" sobre las propiedades de sus dirigentes más ricos.

Ruiz Rivas se mostró "absolutamente de acuerdo" con que se haga a los diputados "todos y cada uno" de los controles necesarios, pero pidió tener en cuenta la legislación a la que se ven sometidos para "hablar en conjunto y sin equivocarse en las cosas". Aludió a la norma de incompatibilidades que ya existe en el Parlamento y a la declaración de su patrimonio ante el registro de intereses.

Políticos con vocación

"Podemos profundizar en la mejora de la declaración; nosotros no tenemos inconveniente en que esa declaración que se hace a principios de legislatura y se actualiza con los cambios patrimoniales y al final de la legislatura, se haga de otra forma, con más asiduidad y que la pueda conocer más gente u organismos que tengan que velar por la transparencia o el buen hacer de los políticos", sugirió.

Así, insistió en la disponibilidad de su grupo a profundizar en la transparencia y en los controles, aunque también advirtió que "cuestión diferente" es "aquella serie de requisitos" que "lo que impide en muchos casos" es que pueda dedicarse a la actividad política "quien realmente tiene vocación".

www.elpais.es 08.02.11

28) C.A GALICIA: LA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA GASTA 670.000 EUROS EN SU SEGUNDA SEDE

La sede de la Diputación de Pontevedra estará dividida en dos edificios a partir del viernes, cuando se inaugure un nuevo inmueble a unos 30 metros del Palacio Provincial. Allí se trasladarán varios servicios como la centralita, los servicios de acción social y los de nuevas tecnologías, coincidiendo con el 175º aniversario de la institución. Las obras de rehabilitación costaron 670.000 euros.

El presidente provincial, Rafael Louzán (PP), visitó ayer las obras y anunció que colectivos y asociaciones podrán utilizar sus dependencias para reuniones. El edificio era propiedad del Ayuntamiento, que lo cedió a la Diputación a cambio de que se encargase de financiar la construcción de un puente sobre el río Lérez, a la altura del barrio de Monteporreiro. Antes que la Diputación, la Delegación de Educación de la Xunta ocupaba el inmueble, que quedó vació desde que entró en funcionamiento el nuevo edificio administrativo.

"Fue un convenio en el que toda la ciudad ganó, ya que se está construyendo una nueva infraestructura viaria que va a dar servicio a la ciudad y al barrio de Monteporreiro para descongestionar el tráfico, y se pone en funcionamiento un edificio que servirá para albergar varias dependencias de la Diputación", explicó Louzán. "En el Palacio Provincial estábamos muy apelotonados", razonó un portavoz sobre los motivos de la inversión. El presidente provincial avanzó que en sus planes está, cuando la economía lo permita, construir una pasarela entre ambas sedes, separadas por la alameda.

www.elpais.es 08.02.11

 

 

 

29) C.A MADRID: AGUIRRE SE SUMA A UNA MARCHA CONTRA LA "TREGUA TRAMPA"

Mayor Oreja: "Zapatero necesita a ETA y ETA necesita a Zapatero"

Miles de personas se manifestaron ayer por la tarde en Madrid, convocadas por la plataforma Voces contra el Terrorismo, para protestar contra lo que llaman la "tregua trampa" de ETA, en alusión al alto el fuego permanente anunciado por la banda el pasado 10 de enero.

Entre los asistentes figuraban cargos públicos del PP como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el portavoz del PP en el Parlamento Europeo y exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, y la exlíder del PP vasco María San Gil, así como víctimas de ETA cercanas a las filas populares, como José Antonio Ortega Lara.

"Zapatero dimisión", "Rubalcaba, papanatas, el Faisán te delata" o "Rubalcaba, el chollo se te acaba" fueron algunas de las consignas coreadas por los asistentes.

Aguirre, que no se dejó ver en la cabecera de la manifestación, y sin acusar directamente al Ejecutivo de negociar con ETA, reclamó "un Gobierno que no mienta" y mantenga su firmeza ante la izquierda abertzale. "Me parece que hay muchos motivos, no precisamente por el comunicado de ETA, sino por todo lo que se está viendo del caso Faisán y todo lo que se está preparando la semana que viene con la presentación del partido de Batasuna", dijo la presidenta para justificar su asistencia.

Mayor Oreja fue más lejos. "Zapatero necesitaba a ETA para hacer una segunda transición y ETA necesita a alguien como Zapatero que le ponga España patas arriba para avanzar en su proyecto rupturista. ETA nació para quebrar España", dijo. El popular se mostró convencido de que Batasuna estará en las próximas elecciones del 22 de mayo y añadió: "Hace tiempo que hay un proyecto pactado y negociado entre ETA y el Gobierno".

La reacción no se hizo esperar. El portavoz de Interior del Grupo Socialista, Antonio Hermanando calificó de "infamia impropia de quien ha ostentado altísimas responsabilidades en el Gobierno de España" las declaraciones de Mayor Oreja. "En el ocaso de su carrera política", dijo, "demuestra que no solo ha perdido el juicio sino también su ética política".

El dirigente socialista añadió que el Gobierno "está en acabar con ETA cuanto antes y para siempre".

La manifestación contaba con el apoyo de siete colectivos de víctimas, como Covite, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, la Asociación Española de Guardias Civiles, y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, entre otras. No obtuvo sin embargo, el respaldo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que el propio Alcaraz dirigió entre 2004 y 2008, ni el de la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo.

Durante la protesta, que se prolongó durante dos horas y media, Alcaraz, aseguró que el Gobierno intenta "vender mentiras como que ETA de alguna forma quiere un fin".

La alcaldesa de Lizartza, Regina Otaola, del PP, añadió: "El Gobierno nos quiere hacer creer que hay una ETA buena y una mala".

www.elpais.es 06.02.11

30) LAS 'PERLAS DIALÉCTICAS' DE ANA BOTELLA

La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid atesora una buena colección de declaraciones polémicas en los últimos años

Cuando este pasado miércoles los periodistas le preguntaron por la excesiva polución de la capital, Ana Botella, delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, respondió contundente: "El paro asfixia más".

En boca de cualquier otra persona esa respuesta sería como mínimo desconcertante, pero no en la mujer de Aznar: Botella atesora una buena colección de declaraciones polémicas cuando no sorprendentes o fuera de lugar.

Botella, a la que todos señalan como la natural sucesora de Gallardón en el sillón de la alcaldía, aparece de cuando en cuando en los principalea titulares de la prensa nacional pero no por sus méritos o aportaciones sino por sus declaraciones extemporáneas, siempre directas y sencillas.

Las de este miércoles, comparando la polución con el paro, son las últimas de una larga lista. Aquí recopilamos algunas de sus frases más polémicas y discutidas.

25 de enero de 2011

Tras reconocer la excesiva polución en Madrid, Botella aseguró: "No es nociva para la salud de los ciudadanos".

22 de septiembre de 2010

Ante las denuncias por la excesiva suciedad de las calles de Madrid, la delegada de Medio Ambiente se descolgó con un argumento muy polémico: afirmó que los mendigos eran "una dificultad añadida" a la limpieza de las calles. También citó al botellón y los grafitis como otros focos de suciedad.

13 de febrero de 2010

Suscribiendo las tesis de su marido, José María Aznar, contra el cambio climático, Botella dijo durante un congreso de Medio Ambiente algo que dejó estupefactos a cuantos la oyeron: "El planeta ha de estar al servicio del hombre".

19 de noviembre de 2009

La política conservadora  presentó un libro de cuentos escrito por ella misma en el que adoctrinaba sobre el aborto o la igualdad. En uno de los cuentos, El conejito burlón, aseguraba que las reivindicaciones a favor de la igualdad de la mujer hoy "ya son innecesarias". 

29 de mayo de 2008

Ocurrió en el distrito de Vicálvaro, en Madrid. La concejal de Medio Ambiente visitaba la zona para presumir del Plan de Limpieza Integral del distrito. Ante los reproches de una inmigrante a dicho plan por ser excesivamente caro e inútil, Botella se encendió y le dio a la mujer "una lección" de limpieza e higiene: "Yo no sé si ustedes tienen costumbre, nosotros sí. Se hace una cosa que nosotros llamamos limpiezas generales y se hace todo a la vez".

25 de enero de 2008

Botella, en una entrevista en la Cadena Ser, afirmó sobre la anterior ley del aborto, la misma que Mariano Rajoy pretende reinstaurar si llega a La Moncloa: "Todos los ciudadanos han visto esas escenas realmente espeluznantes de niños de siete meses de gestación en las trituradoras" . No aportó ninguna prueba.

2005

Es quizá su declaración más polémica y más conocida. Botella cargó con fiereza contra la ley del matrimonio homosexual, que en aquella época se estaba tramitando en el Congreso.  "Las manzanas no son peras. Si se suman una manzana y una pera nunca puede dar dos manzanas", dijo en una entrevista.

2003

En 2003, cuando aún era la primera dama del país, Botella se refirió a la violencia de género citando el ejemplo de la Cenicienta: "La Cenicienta es un ejemplo para nuestra vida por los valores que representa. Recibe los malos tratos sin rechistar, busca consuelo en el recuerdo de su madre".

2002

El Prestige, un barco cargado de miles de toneladas de fuel, acaba de hundirse frente a las costas gallegas provocando un desastre ecológico de grandes proporciones. Todos — políticos, ciudadanos, medios de comunicación— buscaban culpables; todos menos Botella: "En la catástrofe del Prestige sólo hay un culpable: el barco".

www.publico.es 09.02.11

31) C.A MADRID: DOS EDILES DE POZUELO SE CONTRADICEN ANTE EL JUEZ

Dos ediles de Pozuelo evitan asumir ante el juez el incremento del 110%

La declaración ayer como imputados del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, José María Mayo (PP), y de la edil expulsada del Grupo Municipal del PP, Yolanda Estrada, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo ha puesto de manifiesto numerosas contradicciones en relación con la adjudicación y posterior construcción del Parque de las Cárcavas. Esta obra fue modificada, encareciéndose el 110%. El próximo lunes será el turno de declarar del actual alcalde, Gonzalo Aguado (PP), también imputado en la causa.

La calidad del aire en varias estaciones fue "mala", según la web municipal

"Bonificar la compra de coches de gasolina no sirve", dice el Consistorio

El proyecto de construcción del parque de las Cárcavas de Pozuelo de Alarcón se adjudicó por 4,5 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cárcavas. El grupo que conforma esa UTE estaba encabezado por el empresario Alfonso García Pozuelo Asins, uno de los imputados en el caso Gürtel. Una posterior modificación del proyecto elevó el coste de la obra a 11 millones de euros (un 110% más). Pero esta empresa obtuvo más beneficios gracias a otra decisión del equipo de Gobierno del PP de Pozuelo, según un documento aportado por el funcionario ahora jubilado Leopoldo Gómez, también imputado en la causa.

En una reunión, en la que participaron varios miembros del equipo de gobierno, se acordó, según la acusación, aprobar un pago de más de 600.000 euros para el mantenimiento del parque, del que se encargaba la misma UTE que lo construyó. Esta decisión fue comunicada por Yolanda Estrada al funcionario, quien rechazó firmar la recepción de las obras al considerar "una burrada" el acuerdo promovido por el alcalde, Gonzalo Aguado. Según Leopoldo García, el coste del mantenimiento era inicialmente de 661.000 euros en tres años, pero con el nuevo acuerdo pasaba a ser de 661.000 euros en un año. "Mi contestación, ante una orden tan insólita y sin sentido es la siguiente: esto es una burrada, va en contra de la adjudicación. No tiene lógica ni nada que se parezca", explicó el funcionario por escrito al juez.

Precisamente, la existencia o no de esta reunión y las decisiones adoptadas es lo que ha puesto de manifiesto las contradicciones entre los imputados. Yolanda Estrada aseguró haber recibido tras la reunión la orden del alcalde de modificar al alza el precio del mantenimiento del parque, aunque detalló que participó en la misma en un periodo de tiempo en el que prácticamente no acudía al Ayuntamiento, ya que su padre estaba ingresado en un hospital, por lo que apenas conocía los términos del contrato con la empresa. Además, indicó que ella no era la responsable del acuerdo, ya que solo llevaba la cartera de Obras, mientras que los responsables de Contratación, y por tanto de la operación, eran la edil del PP Pilar Garrido Sánchez, y su superior jerárquico como concejal de Hacienda, José María Mayo, informan fuentes del caso.

Por su parte, las mismas fuentes explican que este edil negó haber participado en esa reunión, asegurando por el contrario que la concejalía responsable del acuerdo para aumentar el precio del mantenimiento del parque era la de Obras [encabezada por Estrada], por lo que ella era responsable.

El edil Mayo reconoció, además, la existencia de varios informes contrarios a esta operación, aunque dijo que no los tuvo en cuenta porque no consultó todo el expediente, que era muy voluminoso. En cambio, sí vio un documento en el que el interventor explicaba que había consignación presupuestaria. Por su parte, Estrada relató que los informes negativos del interventor municipal no constaban en el expediente, y que no les avisaron de las irregularidades.

www.elpais.es 05.02.11

32) C.A MADRID: LA UNIVERSIDAD PÚBLICA REY JUAN CARLOS I CONVIERTE UN CURSO EN UN MITIN DEL PP CARGADO DE MENTIRAS

No ha empezado la campaña electoral. Supuestamente, el evento no tenía un fin político. Sin embargo, David Pérez, portavoz popular en la Asamblea de Madrid y candidato del PP a la Alcaldía de Alcorcón, ha convertido en un mitin una mesa redonda titulada Gestión de la crisis a nivel nacional, autonómico y local, celebrada en la Universidad Rey Juan Carlos I, en el Campus de Alcorcón, con más de 200 alumnos a los que se les reconocerá un crédito de Libre Elección por asistir. En su intervención, Pérez ha reiterado en varias ocasiones que el actual Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha destruido "cinco millones" de puestos de trabajo. Ese dato lo ha inflado considerablemente, ya que la destrucción de empleo desde que Zapatero logró el poder no llega a los dos millones de empleos (de 2.500.000 de parados en 2004 a 4.200.000 en enero de 2011).

 

Lo primero que ha dicho Pérez a los alumnos que han asistido a una jornada docente –impartida previamente por dos profesoras de Derecho del Trabajo– sobre la crisis económica y sobre las reformas socio-laborales es que "no hay nada más rentable en política que la verdad". Pero, esa premisa ha sido incumplida por el propio candidato del PP a la Alcaldía de Alcorcón nada más empezar su alocución.

Círculo virtuoso-círculo vicioso

"Tenemos el recuerdo del Gobierno de José María Aznar, de lo que se llamó el círculo virtuoso de la economía. Algo totalmente opuesto a lo que ha puesto en marcha el PSOE, que es el círculo vicioso del paro", ha explicado Pérez rápidamente. Acto seguido, ha añadido que el círculo virtuoso de la economía encerraba la creación de empleo con contención del gasto y con bajada de impuestos. "Se crearon [con Aznar] cinco millones de puestos de trabajo, mientras que ahora, con el círculo vicioso, se han creado cinco millones de parados", ha subrayado. De esta forma, ha inflado las cifras actuales del paro, ya que ni llegan a los cinco millones, ni todo el mundo trabajaba cuando el PSOE llegó al poder, y ha obviado que donde más se creó empleo en tiempos de Aznar fue sobre todo en la construcción y en la hostelería, generando puestos de trabajo de baja calidad y de bajos salarios.

Más gasto y más impuestos

Pérez ha criticado el "disparatado" gasto del Gobierno "hasta el instante en el que Europa decidió adoptar medidas y mandar una contención del gasto". En la senda de los reproches a Zapatero, ha manifestado que "el aumento del IVA al 18% fue incomprensible". Con esto, ha resumido la gestión de los socialistas en "aumento del gasto" y "aumento de impuestos".

Lo fácil

El diputado y candidato local del PP ha proseguido con sus ataques: "Lo fácil para un Gobierno es gastar. Un responsable socialista decía que ‘ya lo pagarán otros’ y esos otros son los ciudadanos". Y ha vuelto a los datos del desempleo para destacar que "el paro juvenil estaba en el 42% cuando el PP llegó al Ejecutivo [en 1996]", que "estaba en el 20% cuando salió de La Moncloa [en 2004]" y que ahora "España aporta uno de cada cuatro parados jóvenes que hay en Europa".

Una rebelión

"Con muchas sonrisas, nos dijeron que iban a crear dos millones de empleo y han destruido cinco millones. Esto exige una rebelión", ha advertido Pérez. Después, ha elogiado sin tapujos a su jefa, Esperanza Aguirre, al frente de la Comunidad de Madrid. "Antes de que el Gobierno reconociera la crisis, la Comunidad de Madrid ya estaba adoptando medidas. Se empezaron a adoptar las primeras medidas de reducción del gasto. Por eso, la Comunidad de Madrid es la única comunidad que ha crecido económicamente y que ha creado empleo en lo tres últimos trimestres", ha comentado. Se ha olvidado citar que el paro registrado en los servicios públicos de empleo subió en 10.540 personas en enero, hasta alcanzar 472.468 personas en la Comunidad de Madrid, rompiendo desafortunadamente con la buena racha de las bajadas de meses anteriores en el número de desempleados en la región.

¿Sin personalizar en el PSOE?

Sobre su receta para salir de la crisis, Pérez ha aconsejado ingredientes liberales. "Una administración no puede ser un lastre para las empresas. Tiene que ser aliada de quien crea empleo. No quiero personalizar en el PSOE, pero a la vista de todo el mundo están los resultados", ha concluido.

Ingredientes liberales

En el turno de preguntas, los alumnos no se han andado con mediastintas. "¿Qué propone para crear empleo entre los jóvenes de Alcorcón?", le han cuestionado. Él ha respondido que no estaba en la universidad como candidato, ha instado al Gobierno a llevar a cabo una reforma laboral y ha asegurado que "el modelo de más gasto y más impuestos ha fracasado". A su juicio, es necesario "equilibrio presupuestario" en la administración junto a "confianza", "estabilidad institucional" y "actitud receptiva hacia las personas", entre otras condiciones.

El propósito de la izquierda

Pérez no ha escatimado en piropos a los empresarios. "Si en España en estos momentos no hay más paro es por el esfuerzo de los empresarios", ha aseverado. Cuando le han inquirido que la burbuja inmobiliaria se gestó en la época de Aznar, él ha sostenido que "existe un propósito de la izquierda de asociar PP con construcción, paro y crisis" y que "la Comunidad de Madrid ha tenido que parar planes municipales que cuadruplicaban localidades en grandes municipios gobernados por el PSOE". Un grupo de alumnos ha hecho de palmero y Pérez ha obtenido aplausos en bastantes puntos de su arenga. Eso sí, también han sido aplaudidas las preguntas más atrevidas del auditorio.

Más aséptico

El telonero de Pérez en el debate ha sido Pablo Casado, presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, quien se ha mostrado en sus declaraciones mucho más aséptico que su compañero de partido. En su opinión, hay que hacer más flexible el mercado laboral y hay que aumentar la competitividad, persiguiendo una educación global. Asimismo, ha recetado rebajas fiscales a los empresarios, una reforma tributaria y adoptar medidas para que baje el precio de la energía. "El empleo al final es la mejor política social", ha asegurado.

La Rey Juan Carlos I

La Universidad Rey Juan Carlos I, con sedes en Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y Aranjuez, se caracteriza por su cercanía con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero también por su afinidad con otros sectores conservadores. Míticos son sus cursos de verano en Aranjuez, pero también otros seminarios, donde tienen barra libre personajes tan dispares como José María Aznar, el cardenal Antonio Cañizares, el ex alcalde y condenado por corrupción Julián Muñoz o el arzobispo Antonio María Rouco Varela. Su rector, Pedro González Trevijano, ya tenía claro en 2006 que "el Estatut de Cataluña es incostitucional". Y fue el sello de esta universidad el que iba en el polémico informe elaborado por miembros del Insitituto Juan de Mariana, fuerza de choque ultraliberal en la órbita del PP, y que supusieron un duro golpe para los empresarios españoles de energías renovables en EEUU.

www.elplural.com 05.02.11

33) C.A MURICIA: LOS DOCENTES SE REBELAN CONTRA LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS EN MURCIA

Se intensifican las protestas con encierros en casi un centenar de colegios

Los profesores y maestros murcianos protagonizaron la semana pasada encierros simbólicos de cinco horas durante la tarde en casi 100 centros de la comunidad. En una de estas protestas, en el IES Saavedra Fajardo de Murcia, un profesor dice: "No pararemos hasta hacer entrar en razón al presidente Valcárcel. Ningún padre, madre, alumno, profesor o profesora puede consentir esto". Les han bajado el sueldo, les aumentan las horas a trabajar, les reducen los días de permisos, se ha cancelado la oferta de empleo público y les desaparecen las ayudas de acción social, entre otras medidas que contiene la norma que los profesores han llamado ley Varcárcel (por el presidente autonómico), y tiene como nombre oficial Ley para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas de la Comunidad Autónoma, aprobada el pasado 26 de diciembre.

Profesores y sanitarios encabezan las protestas contra los ajustes

La Consejería de Educación presenta mañana una propuesta de acuerdo

El presidente Ramón Luis Valcárcel (PP) nunca había tenido que soportar una presión social tan fuerte en sus 16 años de mandato, y esta vez, dice Daniel Bueno, secretario general de CC OO, "la agresión a los funcionarios es tan fuerte que la respuesta no es desmedida". Docentes y personal sanitario están siendo los colectivos más implicados en las movilizaciones, que han incluido seis grandes manifestaciones en las ciudades de Murcia y Cartagena. La última, el pasado 26 de enero, con 60.000 personas en la calle, según los sindicatos.

Un importante número de colegios e institutos murcianos aparecen todas las mañanas con pancartas. El lema es: "más recortes en educación, menos futuro para la región". El descontento en la comunidad educativa es enorme y, aunque el consejero de Educación, Constantino Sotoca, ha dicho que presentará el martes un documento a las organizaciones sindicales para calmar sus ánimos, el acuerdo parece lejano.

Profesores y maestros no se han limitado a participar en los encierros. Han suspendido su participación en actividades extraescolares, están haciendo un cumplimiento "a rajatabla" del horario laboral. Además, están participando muy activamente en las movilizaciones, realizando concentraciones en colegios e institutos y están manteniendo reuniones con las asociaciones de padres y madres de alumnos para explicarles "cómo se va a deteriorar la enseñanza si la ley no es derogada". Murcia es la tercera comunidad española con más abandono escolar temprano, un 37,3% en 2009, y está por debajo de la media española en los resultados de los alumnos de 15 años en el último informe PISA de la OCDE, presentado el pasado diciembre.

Los profesores han amenazado con dos medidas de presión más ante el curso que viene. La primera consistiría en comenzar el curso sin libros de texto. Los sindicatos aseguran que los docentes no están obligados a utilizarlos y que, aunque les supondría más trabajo, los profesores facilitarían a los alumnos sus propios apuntes. La segunda es el llamamiento masivo a todos los profesores y maestros, unos 22.000 actualmente, a que retiren todo el dinero que tengan en entidades de ahorro murcianas. Estas gestionan sus nóminas y su plan de pensiones, ahora en suspenso por el tijeretazo de la ley.

Según José López de FETE UGT, "el primer golpe de efecto de la ley para los profesores es la reducción de 75 euros mensuales en las nóminas". Dicen que repercute en una bajada de su poder adquisitivo que viene unida a un aumento de la jornada laboral en 2,5 horas semanales. Pedro Manuel Vicente, de CC OO, señala que "provocará una reducción del profesorado y, por tanto, de la calidad de la enseñanza y, además que se contrate a menos personal interino". Desde el sindicato Sterm, Toni Carrasco, añade que "la nueva ley congela la oferta de empleo público, de forma que los nuevos titulados tampoco podrán acceder a un puesto de trabajo". Otra de las medidas polémicas de la ley es la desaparición de las ayudas por hijo con discapacidad, ayudas al estudio y ayudas protésicas, entre otras.

Según los funcionarios, junto al recorte sufrido en junio por parte del Gobierno central, el profesorado de la Región de Murcia acumula un descenso del 10% de sus retribuciones, quedándose en los mismos valores que en 1996. Además, los sindicatos murcianos ya han trasladado a sus direcciones federales que "temen que las medidas de ajuste aprobadas por Valcárcel puedan extenderse en un futuro cercano a otras comunidades autónomas".

www.elpais.es 07.02.11

34) C.A VALENCIANA: CASTEDO QUIERE PRESCINDIR DE RIPOLL POR EL LASTRE DE LA CORRUPCIÓN

La victoria del campismo en Alicante acorrala al presidente de la Diputación

El ripollismo vive sus horas más bajas. A la pérdida de influencia, confirmada en la designación de candidatos a las alcaldías, se suman ahora los reparos y dudas que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, plantea para que el actual presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, repita de número dos en la lista del PP de la capital. "Sería un lastre por su implicación en casos de corrupción", admiten fuentes del PP próximas a la alcaldesa. Ripoll fue arrestado por su implicación en el caso Brugal y el juez le imputa cinco delitos. Sin embargo, Castedo también está acusada por el fiscal en la pieza de ese sumario que investiga presunto trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el planeamiento urbano de Alicante.

Con todo, fuentes del PP próximas a Ripoll, recordaron que "aunque no vaya por Alicante, podrá ir por cualquier pueblo de la comarca", aunque esta posibilidad sería una evidencia más de su declive. En la Diputación se respiraba ayer cierto nerviosismo entre el personal de confianza de Ripoll. "Ya lo ha negociado con Génova, y si quiere seguir, seguirá donde está", aseguraba una de sus colaboradoras, que circunscribe los planes de Castedo a "sus aspiraciones personales".

El futuro político de Ripoll está en el aire, aunque su entorno insista en que ya está cerrado con la dirección nacional del PP seguir al frente de la institución provincial. Otras fuentes consultadas en el PP prefieren que sea candidato a diputado en las Cortes Valencianas, con lo que lograría la condición de aforado, al igual que si opta por ser senador territorial. Esta última opción es contemplada con más reparos porque comportaría "trasladar a los juzgados de Madrid el caso Brugal, con la repercusión mediática nacional que tendría", admite un experimentado diputado del PP. Si al final Ripoll no aguanta, y no es candidato a presidir la Diputación, el mejor colocado es el actual delegado del Consell en Alicante, José Ciscar. El exalcalde de Teulada ha recorrido durante las últimas semanas todas las localidades, en compañía del secretario general, Antonio Clemente, o del vicesecretario, David Serra, ganando adeptos.

Pero lo que es evidente es que el campismo, sobre todo en Alicante, intenta "pasar factura" al líder del PP por tantos años de discrepancias y broncas. Fuentes de la ejecutiva regional restaron importancia a los planes de Castedo. "Ese melón no se ha abierto todavía, no estamos en esa guerra, por ahora", comentó un dirigente. Otras fuentes de la ejecutiva regional confiesan cierto temor a que "la defenestración de Ripoll pueda salpicar a Camps", ya que los dos están implicados en casos de corrupción pendientes de los tribunales. "Si prescindimos de uno, se puede plantear también pedir la cabeza del otro, y sería arriesgado", admite un dirigente del PP desde Valencia.

Ripoll, durante las últimas horas ha intensificado sus mensajes de colaboración y proximidad hacia Camps, admitiendo, incluso, que colaborará en la campaña del candidato de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll.

Lo cierto es que la designación de los candidatos a las alcaldías por parte del PP ha evidenciado la pérdida de poder y de influencia del presidente de la Diputación de Alicante: José Joaquín Ripoll ha conseguido mantener a sus candidatos principalmente en aquellas poblaciones en las que están gobernando (Orihuela, Alcoi, Villena, Aspe, Rojales), y mantener cierta hegemonía en La Vega Baja. Sin embargo, los afines al presidente Francisco Camps ganan terreno, mantienen lo que tenían y consiguen imponer sus candidatos en Calp o Sant Joan d'Alacant. Y siguen con su campaña interna. De hecho, hoy el vicepresidente Juan Cotino visita varios pueblos de Alicante.

www.elpais.es 09.02.11

35) C.A VALENCIANA: FENOLL CALLA ANTE EL JUEZ

El empresario de la trama Brugal se niega a declarar

Fugaz paso por el juzgado del industrial Ángel Fenoll, cabecilla de la trama del caso Brugal. El industrial afín al PP es la clave de la conexión corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante. Ayer, Fenoll compareció ante el titular del juzgado número 3 de Orihuela, instructor de la causa. Era la tercera vez que acudía desde su primer arresto por estos hechos, en mayo de 2007. La comparecencia apenas duró 10 minutos. Fenoll se acogió su derecho constitucional de negarse a declarar. A la salida del juzgado, Fenoll, paradójicamente, señaló que había acudido ante el magistrado "para colaborar con la justicia". Luego aprovechó la presencia de los periodistas para reclamar el pago de 24 millones que, según él, le deben los municipios en los que sus firmas controlan el servicio de la basura.

www.elpais.es 08.02.11

36) C.A VALENCIANA: EL JUEZ RETOMA LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA BRUGAL

El juez vuelve a interrogar a los detenidos en 2007 por la trama de la basura

El empresario Ángel Fenoll, cabecilla del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) vuelve está mañana a declarar ante el juez instructor por tercera vez desde el comienzo de la investigación, en marzo de 2007. El magistrado interrogará a Fenoll, industrial afín al PP, por el supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela.

El industrial y su clan fueron arrestados por cohecho y extorsión

El magistrado tomará declaración al gerente de Fenoll, un edil PP

En días sucesivos el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, interrogará a otros seis acusados más en el sumario general, entre ellos el gerente de las empresas de Fenoll, Javier Bru, que es concejal del PP en Albatera. Y tomará declaración por segunda vez a Jesús Ferrández, exconcejal del Centro Liberal de Orihuela, primer imputado en esta causa.

San Martín retoma de esta manera la instrucción de esta causa, cuando aún tiene pendiente el envío de parte de las diligencias a los jueces que han asumido piezas separadas del sumario. La causa de mayor relevancia en ese apartado es la que indaga el trato de favor al empresario Enrique Ortiz en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Esta nueva tanda de interrogatorios a los primeros implicados en el caso Brugal afecta a los seis arrestados a raíz de la primera operación policial que se desarrolló en mayo de 2007 y al exedil Ferrández. En esa fecha, la policía detuvo a Fenoll y su clan familiar (entre ellos su hijo y un hermano) al gerente de su grupo empresarial, recién electo edil del PP de Albatera, y a un detective privado, contratado por el empresario para grabar reuniones con otros colegas y cargos públicos de La Vega Baja.

El juez imputó a estos detenidos los supuestos delitos de cohecho, extorsión y tráfico de influencias. Tras interrogarles, envió a prisión a Fenoll, su hijo y el concejal Bru. Tras un mes en la cárcel, quedaron en libertad provisional previo pago de fianzas de entre 60.000 y 100.000 euros.

Bru ha sido citado para el día 14 de febrero. El primer imputado, el exedil Jesús Fernández, tendrá que comparecer el 28 de febrero. Una conversación entre Fenoll y Ferrández, grabada en DVD por iniciativa del primero, fue el detonante del caso Brugal. La entrevista se produjo en vísperas de la adjudicación de la contrata de la basura del Orihuela, en la primavera de 2006. El entonces concejal confesó al empresario que la firma Urbaser estaba dispuesta a ofrecer alrededor de medio millón de euros a ediles a cambio de la contrata de basura. Al concurso aspiraba Fenoll. Apenas tener conocimiento de que no iba a ser el adjudicatario, Fenoll puso la grabación en manos del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

En la operación policial de mayo de 2007, los agentes intervinieron abundante material audiovisual en las oficinas y el domicilio de Fenoll. Esas cintas, más las escuchas telefónicas practicadas durante tres años, desembocaron el 6 de julio de 2010 en la segunda operación policial del caso Brugal. Entonces la policía practicó 11 arrestos, entre ellos, los otros dos muñidores, según la investigación, de la trama, el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y el contratista Enrique Ortiz. El juez imputa al político cinco delitos, entre ellos, un supuesto cohecho de dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) por parte de Ortiz y Fenoll a cambio de la contrata de la basura del plan zonal de La Vega Baja.

Trato de favor en vía muerta

Fruto de las escuchas telefónicas, el sumario del caso Brugal engordó hasta los 20.000 folios, repartidos en 40 tomos. El juez ha desglosado la causa general en hasta una veintena de piezas y se ha inhibido de algunas de ellas por motivos de competencia territorial. La más destacada en ese capítulo es la que investiga irregularidades en el PGOU de Alicante. En esta causa, el fiscal acusa a 21 personas, entre otros, a los alcaldes del PP de la ciudad, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y al promotor Ortiz.

El ministerio público acusa a estos implicados de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso prohibido de información privilegiada.

No obstante, el juez en el que recayó esta pieza, Manrique Tejada, titular del número 5 de Alicante, no ha practicado ninguna diligencia siete meses después de asumir la competencia y mantiene secretas las diligencias.

El magistrado espera sin éxito desde julio pasado que el instructor general, el magistrado Carlos San Martín, le remita todas las diligencias que afectan a esa pieza. El juez asegura que no iniciará la instrucción hasta que no disponga de toda la documentación en su oficina judicial.

Junto a esta pieza que investiga el supuesto trato de favor a Ortiz en el trámite del PGOU de Alicante, otra causa de relevancia desgajada del sumario general es la que indaga irregularidades en adjudicaciones de contratos de la Diputación de Alicante a la Fundación Hércules CF. Esta causa la instruye el titular del juzgado número 4 de Alicante. Este magistrado ha optado por retomar las diligencias con la imputación formal de los inicialmente acusados por el fiscal y la policía.

El juez ha imputado a cuatro personas. Las dos más relevantes son el diputado provincial del PP Carlos Mazón y el empresario Rafael Gregori. Mazón es en la actualidad director general de la Cámara de Comercio de Alicante. Mientras, Gregori está considerado por la investigación como el intermediario clave entre los protagonistas de la trama corrupta, a saber: el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Ortiz y Fenoll.

www.elpais.es 07.02.11

37) C.A VALENCIANA: EL PP FRENA EL INTENTO DE FABRA DE PRESENTARSE A LAS ELECCIONES

El presidente provincial encuentra escaso apoyo y se le considera un lastre

"No me voy a presentar". Una semana después de que se comenzara a plantear la posibilidad, el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, fue ayer por fin claro respecto a su futuro ante las próximas elecciones municipales y autonómicas. "No me presento, lo he dicho por activa y por pasiva, y me voy porque quiero", añadió como justificación, aunque nadie se la había pedido.

Sin embargo, Fabra y su entorno han estado alimentando la posibilidad de que el presidente provincial repitiese en la lista municipal de la capital de La Plana, pese a que hace más de dos años anunció que no se volvería a presentar. Según fuentes del PP, su intención era tantear la reacción, sobre todo en la agrupación local, ante esa eventualidad. Finalmente, la trayectoria de ese globo sonda lanzado le ha llevado a descartar la opción. Fabra no ha encontrado esta vez en el PP la "satisfacción" de sus compañeros por que forme parte de una candidatura. Pensó que, bastante recuperado de su trasplante de hígado y cuando la justicia ha reducido, por ahora, de siete a tres los delitos que se le imputan, podría volver a formar parte de las listas, nutrido además por las consideraciones de sus más incondicionales de que debía mantenerse en primera línea política

Pero ni el presidente del PP local y alcalde de Castellón, Alberto Fabra, ni el adjunto a la presidencia del PP provincial, Javier Moliner, a quien el propio Fabra ha designado como su sucesor en la Diputación, han demostrado ningún interés por mantenerlo en una lista electoral. Otras fuentes aseguran que incluso le han expresado claramente que lo mejor es que no repita puesto que esta decisión que lastraría la imagen de renovación que pretende dar el PP de Castellón para los próximos comicios.Tras despejar su futuro, Carlos Fabra se centró en el presente y se despachó contra la justicia. "Según la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, los políticos no tenemos honor. Nos pueden pisotear sistemáticamente". De esta manera, arremetió ayer el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, tras conocer un auto que desestima su intención de que se condenara por calumnias al portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Juan María Calles.

Fabra no quiso criticar la decisión de la sección segunda de la Audiencia de Castellón, que es la misma que resuelve los recursos del caso Fabra, en el que está imputado por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, y atribuyó el sentido del auto a la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo (TS). "No hace nada más que seguir la línea del Constitucional y del Supremo, que dice que los políticos no tenemos honor" y que "en el ejercicio" de un cargo público "prevalece siempre el derecho a la libertad de expresión sobre el del honor a las personas", según dijo.

Sin embargo, la resolución del tribunal va más allá y sostiene que una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Castellón es el lugar en el que, a juicio de la Audiencia provincial, debe debatirse la responsabilidad política de Carlos Fabra. Así lo refleja en el auto en el que desestima el recurso planteado por el propio Fabra ante la decisión de descartar la comisión de los delitos de calumnias e injurias por parte de Calles. "Es el lugar y momento -y no otros-, en el que deben llevarse a cabo los debates públicos que afectan a intereses públicos y que, sin duda, revisten un elevado interés para la población del municipio".

Además, el tribunal entiende que la resolución estima que "las declaraciones fueron referidas a un concejal de otro partido político, y las declaraciones de Calles no van referidas al señor Fabra como ciudadano particular, sino a su condición como concejal y a la, en su opinión, incompatibilidad del ejercicio de cargo público con su situación de imputado por diversos delitos" y que, por lo tanto, se encuentran "dentro de la crítica política amparada por la libertad de expresión".

El socialista se dirigió al alcalde de la capital de La Plana, Alberto Fabra, en un pleno de 2009, al que, en un ruego, reclamó que no siguiera "encubriendo a un imputado por delito fiscal contra la Hacienda Pública" y al que preguntó si las acusaciones "no constituyen razones suficientes para que cese a Carlos Fabra del puesto de concejal". Tras conocerse la decisión de la Audiencia, el portavoz socialista manifestó que "la democracia gana" cada vez que el presidente de la Diputación de Castellón "pierde en los tribunales".

www.elpais.es 08.02.11

38) C.A VALENCIANA: EL JUEZ RETOMA EL 'CASO TERRA MÍTICA' CON LA DECLARACIÓN DE 11 IMPUTADOS

El caso Terra Mítica, en el que se investigan supuestos delitos fiscales, mercantiles y de falsificación cometidos durante la construcción del parque temático de Benidorm, uno de los emblemas del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y hasta la fecha una iniciativa económica ruinosa, recupera hoy el pulso judicial con la declaración de 11 imputados de los casi 40 que figuran en la causa.

La instrucción, que se inició a raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria en 2005, trata de desenmarañar la trama de facturación falsa por operaciones no realizadas o efectuadas a medias (se decía que se vendía un número de palmeras y en realidad se vendía la quinta parte, por ejemplo) que defraudó a Hacienda más de 4,4 millones de euros entre los años 2000 y 2001.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia imputó en noviembre a otras 11 personas, que son las que está previsto que declaren hoy. Y a principios de enero el perito designado por el juez presentó (tres años después de que lo solicitara la fiscalía) un exhaustivo informe en el que se acreditaba el funcionamiento, perfectamente organizado en escalones, de la trama de 19 empresas que la integraban, incluida Terra Mítica, que es la que finalmente pagaba por servicios inexistentes, hinchados de precio o que los supuestos proveedores ni siquiera se molestaban en detallar.

El informe del perito destaca el caso de las empresas Gribal y Traux, que facturaron 4,7 millones de euros por trabajos en Terra Mítica en 2000 y 2001 a pesar de que todo indica que estaban inactivas. Durante los escasos momentos en que no era así, Gribal solo tenía contratado a un empleado a tiempo parcial.

En la época en que supuestamente se cometieron los delitos, la Generalitat tenía una participación del 15% y una influencia superior en el parque. Uno de los principales imputados, el empresario Vicente Conesa, era amigo de Eduardo Zaplana.

WWW.ELPAIS.ES 10.02.11

39) C.A VALENCIANA: OTRO INFORME DE HACIENDA RATIFICA EL FRAUDE DE 4,4 MILLONES EN TERRA MÍTICA

Un nuevo informe elaborado de manera independiente por un inspector de la Agencia Tributaria, a petición del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, ratifica en líneas generales el primer escrito de Hacienda, en el que se denunciaba que una veintena de empresas, entre ellas el parque temático Terra Mítica de Benidorm, defraudó entre 2000 y 2001 un total de 4,4 millones de euros con facturas falsas.

El magistrado decidió solicitar este nuevo informe después de que algunas partes integradas en el procedimiento criticaran que el elaborado por la Agencia Tributaria podía ser parcial, puesto que esta también forma parte de la causa.

El magistrado consideró conveniente solicitar un informe objetivo a un inspector técnico de la Agencia Tributaria, para contrastar el primer escrito. En este nuevo texto, el inspector ha ratificado el contenido de las actuaciones originarias por las que la Agencia Tributaria tramitó un expediente que dio lugar a la denuncia interpuesta por la fiscalía contra una veintena de empresas, entre ellas Terra Mítica, por el presunto fraude fiscal.

El juzgado ha citado para esta semana a 11 empresarios imputados -aparte de los 24 que ya figuraban en la causa por estafa, malversación, blanqueo de capitales y delito fiscal- por su vinculación con la trama.

En concreto, estos empresarios prestarán declaración los próximos días 10 y 11 de febrero, tras ser imputados por el juez el pasado mes de noviembre de 2010, en una de las últimas diligencias que ha practicado, según han recordado las mismas fuentes. Los llamados a declarar son los responsables de las mercantiles Denia 2010 C-N-L, Waldrom, Gamaparc, Construcciones y Servicios Javier Ribes, Eurogrup Ailyng, Desarrollo Gran Vía, Ximo Duald y Trabajos Auxiliares del Siglo XXI.

Esta imputación se produjo después de que en septiembre el magistrado invalidase el acuerdo de nulidad de parte del procedimiento -únicamente en lo referente al delito tributario- en cumplimiento de dos resoluciones judiciales que sostenían que faltaba el trámite de audiencia previa de los interesados con la Agencia Estatal Tributaria. El juez acordó la nulidad de esta parte, tal y como solicitaron las defensas, que afectaba al delito tributario.

www.elpais.es 07.02.11

40) C.A VALENCIANA: FINESTRAT SUMA EN EL PADRÓN 76 ALTAS EN CASAS DE MILITANTES DEL PP

En 2007 los populares ganaron los comicios municipales por 18 votos- El PP defiende la legalidad de los nuevos registros en el padrón de Finestrat

Algunos municipios valencianos registran a finales de cada año preelectoral un inusitado crecimiento de su padrón. Este es caso de Finestrat, donde en 2007 el PP ganó los comicios por 18 votos (1.189 por 1.171 del PSPV), diferencia que le otorgó la mayoría absoluta. Entre septiembre y diciembre de 2010, la localidad ha registrado al menos 76 empadronamientos que el PSPV considera "que no se adecuan a los requisitos legales", es decir, "presuntamente fraudulentos". Los socialistas han denunciado los hechos a la Oficina del Censo Electoral de Alicante.

El listado que han elaborado está extractado del registro de entrada municipal. "Nos han negado tres veces el acceso al padrón de 2010", según Vicente Martínez, portavoz de los socialistas. Han ido casa por casa para comprobar que estos nuevos vecinos "en ningún caso viven en el municipio". "Algunos de estos inmuebles están en condiciones insalubres y cerrados a cal y canto desde hace muchos años", asegura Martínez. "La mayoría de las casas en las que se han empadronado estas personas son propiedad del alcalde [Honorato Algado, del PP], así como de militantes y miembros de la ejecutiva del PP de Finestrat", añade. El PP rechaza la denuncia y defiende la legalidad de las altas.En su denuncia sobre las supuestas irregularidades en el padrón de Finestrat, los socialistas resaltan algunos casos significativos. Tres personas han sido empadronadas en una vivienda que ni siquiera tiene corriente eléctrica, otras cuatro en una casa claramente deshabitada de aspecto ruinoso y hasta tres más en la anterior sede del PP, que todavía conserva su placa en la puerta. Hasta 17 nuevos votantes han sido ubicados en cinco viviendas separadas por apenas 100 metros de tres familias de Finestrat vinculadas al PP local.

Otro caso llamativo es el empadronamiento de 17 personas más en unos apartamentos del edificio Hannibal de La Cala. Estos apartamentos están incluso dados de alta en el censo de apartamentos turísticos y pueden ser alquilados aun cuando teóricamente ahora están ocupados por los nuevos finestratenses.

El portavoz del PP de Finestrat, Juan Francisco García, confirmó ayer que todos los empadronamientos se han hecho "cumpliendo estrictamente con la legalidad vigente". García apuntó que "el crecimiento de Finestrat es casi lineal en los dos últimos años y no hay ninguna sospecha de incremento poblacional en los últimos meses antes de cerrarse el padrón". Además, "algunos de los empadronados que relacionan llevan siete u ocho años votando en Finestrat y otros son funcionarios que entraron a trabajar en el Ayuntamiento gobernando el PSPV", apuntó.

"Hemos hecho el trabajo del Gobierno municipal, que no es más que comprobar la veracidad de los empadronamientos; pero claro, casualmente, todos se han hecho en viviendas de personas vinculadas al PP", dice el portavoz socialista. El PSPV considera que muchos de los empadronamientos tienen que ver con las oposiciones y contrataciones del Consistorio. En mayo de 2010, se registró ante notario el nombre de 14 personas antes de una oposición. Nueve militantes del PP obtuvieron su plaza y los otros cinco, que también aprobaron, se quedaron en la bolsa de reserva.

"Creemos que estos datos pueden ser tan solo la punta del iceberg de un censo manipulado", así que "si no rectifican, tendremos que tomar medidas judiciales", advierten los socialistas.

El PSPV ha solicitado al Consistorio que regularice la situación, para lo que "deben ser dados de baja, de oficio, del padrón municipal por parte del Ayuntamiento". En la denuncia a la Oficina del Censo Electoral, los socialistas piden que se notifique a estas 76 personas "la obligación de inscribirse en el padrón del municipio en el que residan habitualmente, advirtiéndoles de que la falsedad puede ser considerada infracción electoral".

WWW.ELPAIS.ES 10.02.11

41) C.A VALENCIANA: LA JUEZ PIDE AL ALCALDE DE TORREVIEJA QUE DOCUMENTE CÓMO PAGÓ SU FINCA

El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, tendrá finalmente que aclarar a la justicia cómo financió la operación de compraventa de una finca que le reportó una millonaria plusvalía de 5,4 millones de euros. El alcalde compró la finca, suelo rústico en la vecina localidad de Almoradí, por 180.000 euros y, dos años después, la vendió por 5,6 millones.

La titular del Juzgado número 4 de Torrevieja ha retomado el sumario abierto al regidor por un supuesto delito de tráfico de influencias e información privilegiada por la ventajosa operación inmobiliaria. La magistrada ha dado un plazo de cinco días al regidor para que documente el origen del dinero con el que pagó la finca y abonó el impuesto sobre incremento patrimonial.

La iniciativa de la juez se produce unos días después de aceptar en el sumario la personación de Los Verdes de Torrevieja. Esta formación política denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado, aunque su personación en el sumario se ha producido hace unas semanas.

La investigación judicial por estos hechos comenzó en 2005, con el interrogatorio al alcalde como imputado. En 2007, Hernández Mateo revalidó la alcaldía y, en paralelo, fue elegido diputado autonómico, extremo que le otorgó la condición de aforado. Ello motivó que la juez trasladara la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.En noviembre de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana emitió un auto mediante el cual devolvía el sumario de la compraventa de la finca del alcalde Torrevieja al juzgado instructor. A juicio del alto tribunal, el regidor denunciado realizó una "ventajosísima" operación, pero concluyó que de las actuaciones practicadas "no se desprende ningún dato objetivo" para sostener que la beneficiosa operación tuviera su origen en una información privilegiada, ni había datos sobre tráfico de influencias.

Las nuevas diligencias que ha decidido practicar ahora la juez instructora tienen por objeto probar la existencia o no de los delitos que se le imputan a Hernández Mateo.

La operación inmobiliaria de Hernández Mateo tiene otra particularidad. El alcalde compró el suelo en 1997 a unos particulares que, según Los Verdes, desarrollaban actuaciones urbanísticas en el término de Torrevieja. Dos años más tarde, Hernández Mateo revendió la finca a una de las mercantiles del grupo de empresas de Edén del Mar, "precisamente uno de los grupos empresariales que más actividad urbanística desarrolla en el término municipal de Torrevieja e íntimamente relacionado con los particulares que inicialmente le vendieron la finca", señala una nota de Los Verdes.

Los Verdes han expresado su satisfacción por las pruebas propuestas por la juez, para que "por fin pueda llegar a esclarecerse uno de los secretos mejor guardados por el munícipe salinero que, gracias a este negocio de compraventa de fincas, se ha hecho mundialmente famoso y archimillonario". Hernández Mateo no optará a la reelección en el cargo de alcalde, que ocupa desde 1897.

42) C.A VALENCIANA: RIPOLL SACRIFICA A GEMA AMOR EN BENIDORM PARA MANTENER EL PUESTO

El PP elegirá a Pérez Fenoll pese al respaldo local a la diputadaNavarro deja fuera al tránsfuga Bañuls y ficha a independientes para el PSPV

El ripollismo ha pactado con el campismo. El PP, con sus principales dirigentes agobiados por los casos de corrupción, es consciente del riesgo que supone la división interna. La negociación ha permitido al sector que lidera el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, mantener sus cuotas de poder en Orihuela, Alcoi o Villena, y, de paso, asegurarse su futuro para revalidar el cargo de presidente de la Diputación, según aseguraron fuentes próximas a la dirección provincial. "Al final se ha alcanzado un acuerdo razonable", agregaron.

Amor: "Pido respeto y que Valencia no cometa los errores del pasado"

Clemente exige "tensión" en el PP para sacar 30 puntos al PSPV

La batalla final se ha librado en Benidorm. La diputada de las Cortes Valencianas Gema Amor mantiene el pulso y consiguió anoche (tres votos en contra y seis a favor) el respaldo del comité electoral para ser candidata. "Pido respeto a esta decisión y que no se cometan los errores del pasado", dijo Amor. Sin embargo, el secretario general del PP, Antonio Clemente, dijo horas antes que, "por supuesto", Manuel Pérez Fenoll, el exalcalde, será el cabeza de cartel. El campismo se impone en Elche, Elda, Torrevieja y Dénia. Ripoll ha perdido cuota de poder, pero ha logrado sobrevivir y, sobre todo, ha conseguido el respaldo de Génova en toda esta operación.

En las últimas semanas los guiños hacia los dirigentes campistas han sido notables. Ripoll recibió en su despacho al alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, persona con la que ha mantenido serias discrepancias por su adscripción campista. Ayer mismo fue Ripoll el que acudió a Torrevieja a inaugurar con su alcalde el nuevo parque de bomberos. A mediodía el PP convocó en un hotel de Alicante a sus diputados, alcaldes y concejales a un acto para hacer balance del plan Confianza. El evento buscaba escenificar esa "unidad y fuerza" del PP, en palabras de Antonio Clemente, mientras el vicepresidente del Consell Gerardo Camps animó a los ediles a "sacar pecho porque somos el mejor Gobierno y el mejor partido". Pero había poco entusiasmo entre el público, en el que destacaba una mayoría de cargos afines al campismo, frente a una discreta presencia de ripollistas.El presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, se mostró ayer "feliz" por "la unidad" del PP, y en cuanto las listas valoró que "se han hecho las cosas bien, nos queda poco tiempo para las elecciones y hay que darse prisa". La foto era inédita, ripollistas y campistas juntos y en armonía. Al acto para hacer balance del Plan Cofianza acudieron más de 150 personas, entre ellos una nutrida representación de alcaldes, diputados y concejales de ambos sectores, los afines a Camps y a Ripoll.

La designación de los candidatos del PP para las próximas elecciones ha dado alas al campismo en Alicante, que recupera terreno en pequeñas y medianas ciudades, como son Xàbia, donde el cabeza de cartel será Juan José Castelló, hombre afín al vicepresidente Juan Cotino; en Calp, donde con toda probabilidad se impondrá el campista César Sánchez, o en Novelda a donde regresa la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez.

Ripoll, por su lado, amarra sus plazas fuertes donde sus candidatos gobiernan: Jorge Sedano en Alcoi, Mónica Lorente en Orihuela y Celia Lledó en Villena, entre otros.

Según fuentes del PP, el pacto alcanzado entre los dos sectores enfrentados comportaría la continuidad de Ripoll al frente de la presidencia de la Diputación, con lo que supone de poder orgánico para controlar la provincia y también presupuestario. Pero el actual presidente, imputado en el caso Brugal, podría, si se prolonga mucho este caso judicial, optar a otro cargo público, diputado autonómico o senador, que le permita ser aforado.

En el acto del PP de ayer no se palpaba entusiasmo, ni emoción. Y prueba de ello fue la irrupción del secretario general del PP, Antonio Clemente, que llegó con retraso y se sumó a la mesa presidencia, sin despertar ningún aplauso. La arenga que lanzaron los dirigentes regionales estaba prevista: "Estas elecciones autonómicas son las más generales de todas, el principio del fin de Zapatero", dijo Clemente, que exigió "tensión" y una buena campaña electoral para sacar 30 puntos de distancia al PSOE, tal y como pronostican algunas encuestas. "Debemos estar orgullosos como Partido Popular", instó antes Gerardo Camps, que desgranó las virtudes del Plan Cofianza para la provincia de Alicante, que ha supuesto 363 millones de euros en inversión para 560 proyectos.

Pero durante toda la mañana Manuel Pérez Fenoll acaparó todas las miradas en el acto del PP en Alicante. Estaba convencido de que, pese a la última denuncia judicial por un presunto delito de prevaricación administrativa, contaba con el respaldo del PP. "Espero con ansiedad las elecciones para volver a ganar y que los parásitos de la democracia desaparezcan", dijo Fenoll en referencia al tránsfuga José Bañuls, que le descabalgó de la alcaldía.

Por la noche, Gema Amor se convirtió en el último bastión del ripollismo al mantener hasta el último momento su pretensión de ser candidata a la alcaldía de Benidorm, y de hecho consiguió el respaldo de "una amplia mayoría" del comité electoral local, que trasladará hoy a Valencia su candidatura. "Estoy satisfecha", dijo Amor, quien pidió a la dirección regional del PP, que avala la candidatura de Pérez Fenoll, que "respete la decisión del PP de Benidorm, y no cometa los errores del pasado cuando Valencia modificó la lista por completo y metió a José Bañuls, el edil tránsfuga que nos apartó de la alcaldía", dijo la aspirante. Amor está convencida de su capacidad y su "trabajo y entrega a Benidorm". Sin embargo, fuentes de la dirección regional del PP aseguraron anoche que mantienen su respaldo a Manuel Pérez Fenoll, que obtuvo una mayoría absoluta para el PP en Benidorm, y anunciaron que este mediodía cambiarán la propuesta de Amor por la del ex alcalde. Fuentes próximas al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, admitieron que no pudieron convencer a Amor en la recta final de que desistiera en su pretensión de ser candidata.

Por otro lado, los socialistas en Benidorm aprobaron anoche también su lista para la alcaldía, encabezada por el tránsfuga Agustín Navarro, que ha dejado fuera al edil tránsfuga del PP, José Bañuls. El PSOE incorpora de número dos en Benidorm a un conocido médico, Juan Ángel Ferrer, y otros cuatro concejales del actual equipo de gobierno, que figuran como independientes, ya que se dieron de baja del PSPV-PSOE cuando prosperó la moción de censura. El actual secretario local del PSOE, Rubén Martínez se incorpora de número cuatro, y el vicesecretario local, Pepe Marcet, también se incorpora. La lista fue aprobada por unanimidad por parte de los 307 militantes socialistas de Benidorm.

www.elpais.es 05.02.11

43) C.A VALENCIANA: 'EL BIGOTES' PUSO EN FERIA A UN CARGO QUE SUBCONTRATA SU TAREA

Trabajadores despedidos cargan contra la gestión de Catalá y De Vargas

Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market, la antena valenciana de la trama de empresas corruptas destapada por la investigación del caso Gürtel, se movía con mucha naturalidad por Feria Valencia. En 2008, Orange Market asumió una campaña de promoción por 800.000 euros para Hábitat, certamen que reúne cada año a los sectores del mueble, el textil y la iluminación. En el conjunto del ejercicio, Orange Market facturó a Feria Valencia 1.438.400 euros, según se desprende de la investigación judicial de la trama de empresas corruptas.

Áreas cobra unos 120.000 euros mensuales por mantener la feria

Las buenas relaciones de Álvaro Pérez con Alberto Catalá y Carlos Vargas, presidente y director general de la institución, le llevaron a colocar a la directora y la jefa de mercadotecnia de la institución. La primera dejó Feria Valencia a principios de 2009. La segunda, Cristina Olmeda, asumió la dirección de marketing y, una vez asentada, contrató un servicio de apoyo y asesoría externa a la empresa madrileña Goldberry & Bombadil. Feria Valencia pagaba 24.500 euros al mes por la asesoría hasta junio pasado, cuando la factura subió a 31.000 euros mensuales.El contrato de asesoría externa para la dirección de mercadotecnia de Feria Valencia es solo uno más de una serie que han detallado un grupo de trabajadores, despedidos de Feria Valencia hace dos semanas, en un escrito presentado a la dirección de Empleo de la Consejería de Economía. Feria Valencia tenía 319 empleados a finales de 2010 y ha despedido a 106 de todos los departamentos y categorías.

Los despedidos cargan contra la gestión de Alberto Catalá, presidente de Feria Valencia desde 1999, y de Carlos Vargas, director general desde 2006.

El contrato más oneroso que paga Feria Valencia es con la empresa Áreas, la firma de ingeniería responsable de la ampliación del recinto ferial entre 2000 y 2006. Una vez culminadas las obras, Áreas "pasó a ocuparse del mantenimiento de las instalaciones feriales que se llevaba a cabo con servicios internos, recibiendo un porcentaje de todas las contrataciones que afectan a contratos, obras suministros...", detallan los despedidos, "se estima que su remuneración ha venido siendo de unos 120.000 euros mensuales". Vargas era director general de Áreas cuando fue nombrado director general de Feria Valencia.

La entidad dispone de un departamento propio de rotulación, pero mantiene un contrato externo. Contrata por 93.000 euros anuales servicios de investigación de mercados a través de la red de Internet a la empresa Capital Energy Read. Paga 58.000 euros anuales a la sociedad Oerreeme para que cuide la reputación online de la entidad. La misma sociedad factura a Feria Valencia por servicios a determinados certámenes.

La última edición de Habitat, en septiembre, rindió un homenaje a Isidoro Álvarez, presidente de El Corte Inglés, quien visitó brevemente el certamen. Feria Valencia gastó 78.000 euros para pegar unos vinilos que reproducían la marca de El Corte Inglés en la cúpula acristalada del Centro de Eventos.

El escrito entregado a la Consejería de Economía asegura que "hasta el pasado mes de julio se repartieron importantes incentivos a los directivos de Feria Valencia". Carga directamente contra Catalá, por sus "innumerables viajes a China, Italia, Alemania, Francia, Colombia y otros países para atender asuntos personales y participaciones de su empresa en diferentes ferias y negocios propios".

También cita viajes de Catalá, Vargas, el secretario general Enrique Calomarde y la directora de mercadotecnia Cristina Olmeda a Costa Rica y Uruguay "con el supuesto motivo de conseguir asesoramiento de unas instalaciones feriales con resultados nulos y unos costes desorbitados".

Los despedidos recuerdan que la plantilla de Feria Valencia era de 184 trabajadores en 1999, cuando entró Catalá, y llegó a 319 a finales de 2010 a pesar de las jubilaciones y salidas de decenas de empleados en el mismo plazo. Durante 2010 y hasta el mes de septiembre se contrataron 14 personas.

Feria Valencia evitó ayer cualquier comentario.

www.elpais.es 05.02.11

44) C.A VALENCIANA: EL TSJ CONTESTA A BLASCO QUE NO ES COMPETENTE EN SU NUEVA DENUNCIA

La ofensiva judicial lanzada por el consejero de Solidaridad y portavoz popular en las Cortes, Rafael Blasco, contra los diputados de la oposición que se han distinguido por denunciar los presuntos casos de corrupción que afectan a la Generalitat sufrió ayer un nuevo contratiempo. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano se declaró incompetente para conocer sobre el acto de conciliación previo a la querella por injurias y calumnias que Blasco anunció hace unos días contra las diputadas Clara Tirado (PSPV-PSOE) y Mireia Mollà (Compromís).

El motivo: las parlamentarias denunciaron la existencia de una trama que desviaba fondos destinados a la cooperación internacional, y que el dinero para financiar dos proyectos en Nicaragua terminó sirviendo para que una fundación adquiriera dos inmuebles en Valencia. Blasco ha negado la existencia de dicha trama y ha afirmado que los proyectos en Nicaragua se justificaron con facturas de otros conceptos.

El consejero de Solidaridad anunció también que se querellaría por los mismos motivos contra Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes, quien se ha significado por denunciar la implicación del Gobierno valenciano y la cúpula regional del PP en la trama Gürtel, y contra el que Blasco ya ha presentado otras dos querellas en el último año. Una fue archivada definitivamente el 28 de enero.

El tribunal indica que no es competente para realizar el acto de conciliación (previo a la presentación de la demanda) por no ser este "genuinamente una función jurisdiccional", e indica que el consejero puede plantearlo ante el juez de primera instancia.

www.elpais.es 05.02.11

45) C.A VALENCIANA: UN DIPUTADO DEL PP IMPUTADO EN EL 'CASO BRUGAL' NO DECLARA BIENES

Carlos Mazón, diputado provincial de Alicante, del PP, imputado en el sumario del caso Brugal, no ha presentado la obligatoria declaración de actividades y bienes de los miembros de las Corporaciones locales. Mazón fue elegido concejal del PP en el Ayuntamiento de Catral. Más adelante, el diputado provincial fue nombrado director general de la Cámara de Comercio de Alicante. La imputación de Mazón en la trama del caso Brugal está vinculada a adjudicaciones irregulares de la Diputación de Alicante a la fundación del Hércules Club de Fútbol.

La declaración de bienes de estos concejales de Catral fue publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. El epígrafe de Mazón recoge el siguiente comentario: "No presenta declaración".

www.elpais.es 05.02.11

46) C.A VALENCIANA: EL PSPV ENTREGA AL JUEZ LA AMPLIACIÓN DE LA QUERELLA DE EMARSA QUE FRENÓ EL PP

Los socialistas han puesto en manos del titular del juzgado número 15 de Valencia el documento redactado para la ampliación de la querella por el fraude en la empresa Emarsa, que gestionaba la depuradora de Pinedo, frenado por el PP. Ramón Marí, alcalde de Albal y portavoz del PSPV-PSOE en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), anunció ayer esa iniciativa y añadió que su grupo utilizará el documento cuando le sea admitida la personación como acusación particular en el caso: Marí hacía referencia a la información publicada ayer en la que Enrique Crespo, presidente de la Emshi y de la ahora liquidada Emarsa, justificaba haber aplazado la presentación de la ampliación de la querella.

En el documento redactado por un bufete de abogados del que Crespo ha decidido prescindir se solicitaba la prisión preventiva de dos directivos de Emarsa, el gerente, Esteban Cuesta, y el director financiero, Enrique Arnal. Se trata de dos cargos vinculados al PP. Cuesta, además, es miembro de la dirección de ese partido en Valencia, una organización controlada por la alcaldesa Rita Barberá.

A la alcaldesa Barberá hizo referencia el socialista Marí para que haga valer el peso de la capital en la composición de la Emshi, propietaria del 100% de las acciones de la liquidada Emarsa, para destituir a Crespo como presidente del organismo. Este último aseguró a EL PAÍS que el nuevo abogado que se ha hecho cargo de la redacción de la ampliación de la querella tendrá listo el documento a finales de febrero. Según Marí, la alcaldesa de Valencia mantiene como dirigente del PP en el distrito de Poblats de l'Oest a Cuesta, que "debería ingresar preventivamente en la cárcel dada la gravedad de los delitos de los que se le acusa".

La querella, presentada en noviembre por la Emshi, tras hacerse públicas informaciones sobre la facturación de trabajos no realizados a la depuradora de Pinedo, en un fraude millonario, fue admitida a trámite el pasado 14 de enero. La investigación interna desarrollada por la entidad metropolitana ha revelado un falseamiento masivo en el tratamiento y transporte de lodos, gastos de viajes y regalos no justificados y pagos de mantenimiento y suministros informáticos que no respondían a trabajos efectuados ni equipos suministrados.

www.elpais.es 05.02.11