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Del  23 al 31 de Julio 2011 

  BÁJATE EL RESUMEN DEL AÑO GURTELIANO  2010 

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ÍNDICE

1) CASO GÜRTEL: EL TSJM DEVUELVE EL 'CASO GÜRTEL' A LA AUDIENCIA NACIONAL

2) CASO GÜRTEL: BÁRCENAS EXIGE QUE EL SUPREMO DIGA QUIÉN DEBE LLEVAR GÜRTEL

3) CASO GÜRTEL: "DECLARARME CULPABLE NO SERVIRÁ DE NADA, ESTO NO VA A ACABAR, MEJOR LO DEJO"

4) CASO GÜRTEL: COSTA Y CAMPOS PRESENTAN EL AVAL PARA PAGAR LA FIANZA DE LOS TRAJES

5) CASO GÜRTEL: EL JUEZ INVESTIGA PELOTAZOS INMOBILIARIOS QUE FACILITÓ EL GOBIERNO DE AGUIRRE

6) RAJOY PROMETE QUE NO HARÁ RECORTES SOCIALES

7) ZAPATERO A RAJOY: "ME PIDE QUE NO CUMPLA LA LEY, ¿QUÉ PROYECTO TIENE?"

8) RAJOY PIDE AL GOBIERNO QUE SI TIENE QUE INTERVENIR OTRAS CAJAS, LO HAGA YA

9) RAJOY GUARDA CELOSAMENTE SUS ARMAS ELECTORALES

10) PARTIDOS REGIONALISTAS DE DERECHAS PREPARAN UNA ALIANZA PARA CREAR UN PARTIDO BISAGRA

11) LA RESPUESTA DIVIDIDA DE LOS BARONES A LA OFERTA DE SALGADO DESCONCIERTA AL PP

12) FEIJÓO LIDERA LA PRESIÓN DEL PP PARA PEDIR MÁS DINERO A SALGADO POR LA CRISIS

13) MAYOR OREJA: ZAPATERO CONDENA LOS CRÍMENES DE NORUEGA MIENTRAS "LEGITIMA" LOS DE ETA

14) AZNAR AJENO A LOS ESCÁNDALOS DE MURDOCH, SU GRAN FUENTE DE INGRESOS

15) "EN ESPAÑA NO CABE UN TONTO MÁS: ¡REGALAMOS 25 MILLONES PARA ÁFRICA!"

16) C. A ANDALUCÍA: EL PP RETIRA OTRA VEZ LA PLACA DEL PAREDÓN DE GRANADA

17) C. A CASTILLA LA MANCHA: NACHO VILLA HEREDA UNA TELEVISIÓN SIN DEUDAS QUE COSPEDAL YA SE ‘OLVIDA’ DE PRIVATIZAR

18) C. A CASTILLA LA MANCHA: LA JUNTA DE COSPEDAL IMPULSARÁ MÁS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS

19) C. A GALICIA: VÍA LIBRE A LAS 3.000 VIVIENDAS ILEGALES CONSTRUIDAS EN LA COSTA DE BARREIROS

20) C. A GALICIA: PONTEAREAS CONTRATA A AFILIADOS Y EXEDILES DEL PP EN UNA OFERTA DE 49 EMPLEOS QUE NO PUBLICITÓ

21) C. A GALICIA: NUEVE IMPUTADOS EN LA XUNTA DE FEIJÓO

22) C. A GALICIA: EL PP GALLEGO RECHAZA QUE LOS MÉDICOS SOLO RECETEN LOS FÁRMACOS MÁS BARATOS

23) C. A GALICIA: CONDE ROA SE NIEGA A REVELAR EL COSTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COPA DAVIS

24) C. A MADRID: EL FIASCO DE LA ULTRA CADENA IBÉRICA O EL 11M EN LA TVE DE AZNAR, ENTRE LOS ‘HITOS’ DEL DIRECTOR DE TELEMADRID

25) C. A MADRID: AGUIRRE NO VE COMPARABLE EL CASO CAMPS CON LA "ALTA TRAICIÓN" DE RUBALCABA EN EL FAISÁN

26) C. A MADRID: SUBE EL BILLETE DE METRO Y BUS

27) C. A MADRID: AGUIRRE EXIGE AL GOBIERNO QUE PROHÍBA LA MARCHA "ANTI-PAPA"

28) C. A MADRID: EL JUEZ LE DA 15 DÍAS A AGUIRRE PARA CUMPLIR LA SENTENCIA DE LA M-501

29) C. A MADRID: EL PP RECORTA EL TIEMPO DE LAS INTERVENCIONES DE LA OPOSICIÓN EN LOS PLENOS

30) C. A MADRID: GALLARDÓN REBAJA EL PRECIO DEL ALQUILER DE LA OFICINA PARA LA VISITA PAPAL

31) C. A MADRID: EL PP IMPIDE UNA AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE MINTRA

32) C. VALENCIANA: EL JUEZ RECLAMA A RAJOY UN INFORME DE LAS CUENTAS DEL PP VALENCIANO

33) C. VALENCIANA: ¿QUIÉNES SON EL PRÍNCIPE Y EL CANTANTE?

34) C. VALENCIANA: LA JUSTICIA VALENCIANA COMIENZA LA INVESTIGACIÓN POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

35) C. VALENCIANA: EL PRESIDENT, MOLESTO: PREGÚNTALE A COSPEDAL POR QUÉ NO HA VENIDO

36) C. VALENCIANA: EL DERRUMBE DE CAMPS PROVOCA UN TSUNAMI EN EL PP VALENCIANO

37) C. VALENCIANA: LAS DEBILIDADES DE UN PRESIDENTE

38) C. VALENCIANA: FABRA EXPRESA SU ADMIRACIÓN POR EL "VALIENTE, HONESTO Y HONRADO" CAMPS

39) C. VALENCIANA: FABRA INICIA RECORTES NADA MÁS LLEGAR A LA GENERALITAT

40) C. VALENCIANA: CAMPS DEJARÁ DE SER DIPUTADO Y TENDRÁ UN CARGO VITALICIO

41) C. VALENCIANA: CAM PRESTÓ EN SEIS AÑOS 121 MILLONES A SUS CONSEJEROS

42) C. VALENCIANA: LAS CAJAS DISPARARON SUS CRÉDITOS AL CONSELL EN AÑOS PREELECTORALES

43) C. VALENCIANA: GONZÁLEZ PONS DEJA SIN CONTESTAR TRES PREGUNTAS SOBRE CAMPS Y SU DIMISIÓN

44) C. VALENCIANA: FABRA DEJA CASTELLÓN SIN ALCANZAR RETOS QUE PROPONE PARA LA GENERALITAT

45) C. VALENCIANA: CASTEDO MANTENDRÁ EL PGOU PESE A SUS IRREGULARIDADES

46) C. VALENCIANA: UN DIPUTADO DEL PP, CITADO POR EL TSJ A DECLARAR COMO IMPUTADO

47) C. VALENCIANA: DOS IMPUTADOS EN EL 'CASO BRUGAL' SE NIEGAN A DECLARAR

48) C. VALENCIANA: EL JUEZ DEL 'CASO BRUGAL' SEGUIRÁ EN ORIHUELA

49) C. VALENCIANA: LA AUDIENCIA DE CANAL 9 SE HUNDE

50) C. VALENCIANA: VALENCIA CEDE SUELO PÚBLICO DE USO ESCOLAR A LA CATÓLICA

51) C. VALENCIANA: ALONSO CREE NECESARIA LA ESCOLTA PORQUE LA SIGUE ETA

52) C. VALENCIANA: LA OPOSICIÓN SE SUMA A LA PETICIÓN DE DESTITUCIÓN DE CISCAR EN EL IVAM


1) CASO GÜRTEL: EL TSJM DEVUELVE EL 'CASO GÜRTEL' A LA AUDIENCIA NACIONAL

Pedreira espera enviar el sumario al juez Pablo Ruz el próximo viernes

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó ayer considerar firme la inhibición presentada el pasado 8 de junio por el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira. Se devuelve así la investigación al Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el magistrado Pablo Ruz. Esta es la principal consecuencia del auto hecho público ayer por la sala, en la que acepta un recurso presentado por el abogado de Francisco Correa, principal acusado y cabecilla de la trama de corrupción. Fuentes del tribunal madrileño aseguran que Pedreira espera dejar el caso de forma definitiva en manos del juez Ruz, el próximo viernes.

Pedreira se inhibió del caso de corrupción más importante de la democracia ligado a un partido político, el PP, tras la dimisión, poco antes de las elecciones, de los tres diputados regionales imputados en el caso. La sala del TSJM decidió que el asunto volviera a la Audiencia Nacional, donde el entonces instructor del caso, Baltasar Garzón, había iniciado las pesquisas tras la denuncia del exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas, al comprobar que no había aforados imputados en el sumario.

Pero algunos de los implicados en el caso, entre ellos el empresario José Luis Ulibarri, no estaban de acuerdo con la inhibición en favor de la Audiencia Nacional. En total se registraron dos recursos, uno del propio Ulibarri, que era partidario de que la causa se mantuviera en manos del juez Pedreira y, por consiguiente, del TSJM. También recurrió Francisco Correa, cuyo abogado sostenía que frente a la medida no cabía recurso ante el Supremo, sino de súplica ante la misma sala.

La sala estimó ayer este recurso de Correa al entender que efectivamente no cabe recurso ante el Tribunal Supremo sino solo de súplica ante ellos mismos. La conclusión es que, en principio, las diligencias de la trama regresarán a la Audiencia Nacional, tal como pretendía Correa. No obstante, esta última decisión de la sala también es susceptible de recurso de queja ante el Tribunal Supremo. Los magistrados de la sala, compuesta por el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, y los jueces Emilio Fernández Castro y José Manuel Suárez Robledano, han dado tres días de plazo a las partes por si están interesadas en recurrir en queja ante el Supremo. Si pasados esos tres días ninguna de las partes lo hace, el juez Antonio Pedreira devolverá de forma inmediata todas las diligencias a la Audiencia Nacional. Si alguna de las partes presenta la queja, que fuentes del TSJM consideran poco probable que progrese, habrá que esperar a que el alto tribunal lo resuelva.

www.elpais.es 27.07.11

2) CASO GÜRTEL: BÁRCENAS EXIGE QUE EL SUPREMO DIGA QUIÉN DEBE LLEVAR GÜRTEL

La queja del extesorero del PP fuerza un nuevo fallo judicial

El recurso de queja presentado ayer por el extesorero nacional del PP Luis Bárcenas contra la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid de enviar el caso Gürtel al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha generado un problema jurídico complejo. Tras el recurso de queja de Bárcenas, la Sala de lo Penal tendrá que decidir nuevamente qué hace con las diligencias del caso en su variante de Madrid; es decir, si las envía ya a la Audiencia Nacional o espera a que el Tribunal Supremo resuelva la queja de Bárcenas y, paralelamente, dictamina qué órgano judicial (el juez Antonio Pedreira o el juez Ruz) es el competente para terminar de instruir el caso Gürtel.

"Es absurdo mover las diligencias antes de que el Supremo se pronuncie"

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior dictaminó hace una semana que el asunto de la competencia no tenía que resolverse en este momento ante el Supremo y dio un plazo de tres días a las partes para que, si lo estimaban oportuno, presentaran el preceptivo recurso de queja. La Sala también dejó entrever que, una vez las diligencias estuviesen en poder de la Audiencia Nacional, las partes que discrepasen de la competencia de este órgano podían plantear la intervención del Tribunal Supremo para que fijase definitivamente cuál es el órgano oportuno.

Fuentes jurídicas explicaron ayer que no tiene sentido enviar las diligencias a la Audiencia Nacional y dejarlas paradas allí hasta que el Supremo resuelva la queja de Bárcenas. "Dado que el recurso se interpone ante el Tribunal Superior, en todo caso deben seguir en este órgano hasta que el Supremo resuelva. Sería absurdo enviarlas ahora a la Audiencia Nacional y volver a reclamarlas si el Supremo dice dentro de dos o tres meses que el competente es el Tribunal Superior. Las diligencias debe conservarlas el órgano judicial ante el que se plantea la queja", señalan.

El recurso de queja de Bárcenas, al que previsiblemente se unirá hoy el también imputado José Luis Ulibarri, es porque entiende que el caso Gürtel debe seguir en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, este tribunal acordó recientemente remitir las actuaciones a la Audiencia Nacional por entender que ha perdido su competencia en el asunto tras haber renunciado a su fuero los tres exdiputados de la Asamblea de Madrid implicados en Gürtel: Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y Benjamín López Vasco.

Inicialmente, el Tribunal Superior de Madrid dijo que era competente la Audiencia Nacional, donde el juez Baltasar Garzón comenzó a investigar Gürtel, si bien señaló que frente a su decisión cabía un recurso de casación ante el Supremo. Pero el cabecilla de la trama, Francisco Correa, recurrió esa decisión y obligó al Superior de Madrid a rebobinar y decretar que no cabía ir al Supremo, pero dejó abierta la vía de la queja, lo que ahora ha reabierto la cuestión.

www.elpais.es 29.07.11

3) CASO GÜRTEL: "DECLARARME CULPABLE NO SERVIRÁ DE NADA, ESTO NO VA A ACABAR, MEJOR LO DEJO"

Camps se aferró al poder hasta que entendió que solo iba a prolongar su agonía

Fue un drama palaciego a la antigua, pero vivido entre las cuatro paredes de un salón de una casa valenciana. Las últimas horas de Francisco Camps al frente de la Generalitat transcurrieron lejos del boato del palacio presidencial, entre los sofás de su piso en el centro de la capital del Turia. Allí, cinco personas de una u otra manera muy vinculadas a él, contemplaron los últimos y frenéticos minutos en los que Camps se debatió entre aferrarse al poder, con la condición de declararse culpable de cohecho, o rendirse.

Llamó a Costa y se preparó para ir al juzgado, pero al final fue incapaz

"No tiene sentido, no puedo declararme culpable, va contra mi naturaleza"

Planteó a Rita Barberá que le sucediera, pero ella se negó

Camps llamó a Fabra, el candidato que había pactado con Rajoy

Miembros del PP valenciano piden al expresidente que deje su escaño

Estuvo a punto de optar por lo primero, quiso hacerlo, pero en el último momento entregó la cuchara. Y lo hizo con una frase: "Declararme culpable no va a servir de nada, esto no va a acabar, no va a parar, mejor lo dejo, no puedo más".

Esos hombres y mujeres del poder lo son casi todo en la historia política de Camps, que es como decir en la vida del aún presidente, un hombre que vive por y para la política desde la época de la universidad. Tienen en común algunas cosas. Sobre todo, grandes convicciones religiosas, algo básico para un hombre como Camps, que ha hecho de su fe un referente político, y de la visita del Papa a Valencia, que también cayó en la red Gürtel, el momento cumbre de su mandato.

En esa casa está Juan Cotino, que es casi como un confesor suyo; Rita Barberá, a la que él siempre vio como su sucesora natural; Federico Trillo, el amigo, asesor legal y enviado de Rajoy; Jorge Cabré, consejero de Justicia encargado de rematar la operación de aceptar la culpabilidad, y la mujer de Camps, Isabel Bas. Casi nadie ha dormido mucho esa noche. Como casi siempre, aunque Camps insista en público en que "no hay nada, todo es mentira", y finja que el caso Gürtel le resbala, el presidente vive obsesionado por la prensa. Y es esa la que empieza a rematarle definitivamente.

A última hora del martes ha hablado con Rajoy, una de las incontables llamadas entre dos adictos al móvil. Ambos coinciden en que la solución de declararse culpable no es buena, pero es la única posible para seguir de presidente. Rajoy acepta ese apaño, o más bien lo propone, y Camps se pliega. Todo se prepara para ejecutar el plan al día siguiente.

A las once de la noche, Dolores de Cospedal, que como Javier Arenas, amigo de Camps, ha estado muy activa en la sombra, llama a Ricardo Costa, el último escollo, y le convence: tiene que hacer un sacrificio por el partido, y declararse culpable, como Camps. A cambio, lo que quiera. Es Cospedal quien tiene que hacerlo, porque es ella quien le echó del partido y le vetó cuando Camps quiso hacerlo consejero.

Pero ya de madrugada, Camps ve en Internet las primeras páginas del día siguiente. Varios diarios denuncian el apaño. El valenciano empieza a comprender que la presión no va a bajar. A las nueve de la mañana, todo está listo. Víctor Campos, el que fue su vicepresidente, se declara culpable. Poco después lo hará Rafael Betoret.

El abogado de Camps, Javier Boix, presenta el escrito de conformidad del presidente. Solo falta que vaya a firmarlo él en persona. Ricardo Costa, que no se fía de su jefe, ha puesto una condición: acudir con él, no antes, como los demás. Le espera, según lo acordado, a las nueve de la mañana en la puerta de su casa, en el coche de Cabré. Pero Camps duda. No se anima a ir. Y Costa se marcha para el Parlamento. Comienza una mañana de locura.

Todo empezó cinco días antes. El viernes, un auto demoledor recordaba a Camps la cruda realidad: iba a tener que sentarse en el banquillo. Todas sus estrategias dilatorias habían servido para eso, para retrasar ese momento, para poder presentarse a las elecciones, para estar un día más en el poder porque Rajoy le dejaba, pero había llegado la hora. Y la fecha más probable era la peor posible: el otoño, en plena campaña electoral de Rajoy. En el PP, cuando leyeron el auto y sobre todo cuando empezaron a ver su silencio, algunos confiaron en que esta vez sí, Rajoy remataría a Camps. Cospedal empieza a moverse, Trillo también, pero solo el líder puede rematar la jugada. Solo él tiene fuerza para pedirle a Camps que se vaya. Y una vez más, decide no hacerlo.

Rajoy solo se anima a poner un límite: no puede llegar al juicio en plena campaña. Hay que resolverlo antes. Pero no le pide la dimisión. Así que todo el equipo del líder, que sueña con la caída del presidente, empieza a diseñar el plan B: declararse culpable, evitar el juicio. El valenciano empieza a pensar seriamente en la dimisión, porque no quiere someterse a ese apaño, pero el afán de poder parece vencer. Y empieza a aceptar el juego. Rajoy estaba dispuesto a defender en público ese apaño, y en Génova ya empezaban a fabricar el argumentario. No quedaba otra si no se animaba a empujar a Camps.

Lo que para los demás es un demérito, una demostración de falta de liderazgo, el hecho de no haberle empujado, para él es un mérito. Los marianistas recalcan eso: "Ojo, que Mariano no le pegó el empujón, se tiró solo", insisten. La trayectoria política de Rajoy cada vez tiene más cadáveres, como corresponde a una persona de su poder. Y sin embargo, él no reconoce ninguno de ellos. Todos fueron ejecutados por otros, o como mucho se suicidaron. Para él es básico poder negar su autoría. Es la compleja forma de Rajoy de entender el liderazgo.

La mañana en la casa de Camps es intensa. Tiene a su lado a dos que quieren que se quede, Barberá y Cotino, a Trillo, que como toda Génova sueña con que dimita pero no se anima a empujarle abiertamente, y en el teléfono a Rajoy, que no le empuja pero le hace sentir un gran vacío, y a Dolores de Cospedal, hiperactiva. Una de las claves es que por una vez Camps ha dejado fuera a toda la corte de aduladores habitual, que le anima siempre a resistir y le devuelve a ese mundo perfecto e irreal, donde Gürtel no existe, en el que ha intentado vivir dos años y cuatro meses. En su piso, en esa mañana clave, todo es real, muy real. Tanto que desde fuera le llegan informaciones muy reales: la prensa está escandalizada con la solución que está a punto de rematar, decenas de cámaras esperan bajo el sol a que Camps haga el paseíllo, la presión no para de crecer.

La personalidad imprevisible y fluctuante de Camps llega a su apogeo. No se decide. A ratos quiere dimitir, a ratos allanarse y seguir. Su abogado, Boix, llega a la casa para recordar que el papel ya está presentado, que hay que ir al juzgado. Después de horas de dudas, al fin se lanza. Llaman para pedir al juzgado que aguante un poco, que abra la puerta principal, que va el presidente en su coche. Llama a Costa para acudir juntos, según lo pactado. Es de verdad, lo van a hacer. Camps está vestido de traje, preparado para salir y enfrentarse a los focos. Está en su mano, si traga esa quina, puede seguir de presidente. Rajoy le autoriza. Pero entonces, en su casa, con su mujer como gran protagonista, con la última ronda de llamadas en la que percibe la frialdad que ya conoce, se da cuenta de que no tiene fuerzas para hacerlo. Él, que siempre ha presumido de ser un niño bueno al que nunca castigaron en el colegio, se ve incapaz de seguir adelante con antecedentes penales.

La vergüenza, el agotamiento, la sensación de soledad, pueden por primera vez más que su enorme pasión por el poder, ese para el que se preparó toda su vida, sobre todo en los años en que era el mayor adulador de Eduardo Zaplana, que lo designó como su sucesor y después vio cómo aniquilaba a sus huestes. Algunos incluso dicen que esa es otra clave de la dimisión. Con la fuerza de la última victoria electoral, Camps ha machacado a los zaplanistas, y le ha arrebatado la presidencia de la diputación de Alicante a Joaquín Ripoll. Por eso puede dimitir con más facilidad, explican algunos. Ha cumplido con una de sus obsesiones.

Sin apoyo de Génova, sin respaldo incondicional de Rajoy, que le deja hacer pero no le aplaude, solo ante los medios, Camps se da cuenta de que solo está retrasando la agonía. Se imagina dimitido en unos pocos meses, y ve que solo dejándolo ya puede descansar. Él y su familia. "No tiene sentido, no puedo declararme culpable, va contra mi naturaleza", aseguran en el PP que repetía. Un momento de lucidez después de dos años de huida hacia adelante. Él, que siempre dijo que solo quedaban un par de escalones para salir del entuerto, se da cuenta de que no va a poder subirlos nunca. De que al final de la escalera solo hay lo mismo que al principio: un gran escándalo de corrupción que en Valencia no ha hecho más que empezar su camino judicial.

Lo más sorprendente para todos los que han narrado esos momentos, que corren por los mentideros del PP, es la capacidad de Camps, una vez tomada la decisión, para convencerse de que es lo mejor. Lo cuentan sus consejeros, a los que explicó la dimisión minutos antes de anunciarla en público. Poco antes, Camps aún hace un último intento por convencer a Rita Barberá de que sea presidenta. Se sigue negando. La alcaldesa, como Cotino, que llora sin parar durante toda la tarde, según se ha ido contando de boca en boca en el PP, están convencidos de que Génova ha matado a Camps. Y están dolidos. Descartada Barberá, el sucesor es el que ya tenía hablado Camps con Rajoy en estos días de dudas: Alberto Fabra, alcalde de Castellón, no contaminado por Gürtel, bien visto por varios sectores. Después del alicantino Zaplana -aunque de origen cartagenero- y el valenciano Camps, le tocaba a la provincia de Castellón. Camps le llamó mientras éste estaba comiendo plácidamente en su casa, una prueba más del pequeño círculo en el que se movió todo.

Desde ese instante, Camps ya no es nadie en el PP valenciano. Todo su poder se viene abajo. Sus antiguos aliados, como Alfonso Rus, presidente provincial del PP valenciano, se indignan con él porque no les ha llamado para comunicar su dimisión. Se abre la guerra interna, lo que más temía Rajoy, uno de los motivos para mantener a Camps. Aún así, más parece una pequeña revuelta que una guerra.

Al líder del PP nunca le preocupó la imagen del partido, ni la ejemplaridad en política, solo había tres cosas importantes: su amistad y sus deudas políticas con el presidente, que le apoyó en los momentos difíciles; el control del partido en la zona, que Camps, ese hombre de aparato experto en fontanería de partido, garantizaba pese a todo, y su propia campaña electoral para las generales. Al final, la proximidad de esta última, y no el escándalo, que Rajoy ha sobrellevado sin problemas, ha sido el detonante de la caída de Camps. Una vez más, como siempre en el juego del poder, no hay nada personal. Son intereses. Y a los de Rajoy les llegó su hora.

La conformidad de Camps

El abogado de Camps, Javier Boix reig, llegó a entregar en el Tribunal Superior de Valencia un escrito aceptando la condena y la acusación. Faltaba la firma del presidente de la Generalitat para que hubiera supuesto la condena de este por cohecho impropio sin necesidad de celebrar el juicio, pero demuestra su disposición a aceptar el delito. La conformidad con la condena solo necesitaba para ser válida la firma de Camps, en cuyo nombre estaba redactado. Sí presentaron los suyos, con su forma, Campos y Betoret. Sin embargo, Camps reconsideró su decisión y no fue a firmar. Tampoco fue Ricardo Costa. De esa forma, la conformidad de Campos y Betoret resultó inútil al no existir unanimidad entre los acusados.

www.elpais.es 24.07.11

4) CASO GÜRTEL: COSTA Y CAMPOS PRESENTAN EL AVAL PARA PAGAR LA FIANZA DE LOS TRAJES

El ex secretario general del PP sigue los pasos de Camps y evita acudir personalmente al TSJ al presentar sus abogados el justificante de los 55.000 euros

Los representantes legales del ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa y del ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el aval con el que hacen frente voluntariamente a las fianzas solicitadas por el juez instructor de la llamada "causa de los trajes" del caso Gürtel.

En el caso de Costa,  la presentación del aval tuvo lugar a última hora de la mañana de ayer ante la secretaría de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV y al estar aún en período voluntario para hacerlo, no ha sido necesario que el propio Costa acuda al Palacio de Justicia, según han confirmado a EFE fuentes judiciales.

Costa y Campos son el segundo y tercer procesados en la citada causa que presentan voluntariamente el aval, después de que el pasado viernes lo hiciera el abogado del expresident de la Generalitat Francisco Camps, quien había dimitido dos días antes del cargo con el objetivo de poder defenderse en este caso, del que aseguró nuevamente que era inocente.

Un día más tarde, su abogado presentó ante el TSJCV un escrito de renuncia a la conformación de la condena por ese delito, algo que sí habían hecho el día anterior tanto Campos como Betoret y lo cual dejaba sin efecto ambas aceptaciones de culpabilidad.

En el auto de procesamiento del pasado día 15, el magistrado José Flors exigía que los cuatro imputados por un delito de cohecho pasivo impropio (Camps, Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret) presten una fianza equivalente a la multa solicitada por el fiscal más un tercio.

Esto supone, en el caso de Camps, Costa y Betoret, una suma de 55.000 euros y de 46.666 para Campos, para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pudieran declararse procedentes".

www.levante-emv.com 29.07.11

5) CASO GÜRTEL: EL JUEZ INVESTIGA PELOTAZOS INMOBILIARIOS QUE FACILITÓ EL GOBIERNO DE AGUIRRE

La mujer de un exdiputado del PP cobró comisiones por mediar, según el sumario

La mujer del exdiputado nacional del PP Jesús Merino, que renunció a su escaño tras ser imputado en el caso Gürtel, cobró mediante la empresa Everland más de 500.000 euros tras conseguir que la Consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid aprobara dos modificaciones puntuales de las normas subsidiarias urbanísticas del Ayuntamiento de Guadarrama, según las conclusiones de un informe de la Agencia Tributaria y un contrato privado incluido en el sumario.

El último informe de Hacienda, del 19 de julio, asegura que la percepción de estas cantidades -presuntamente por intermediar con el Gobierno regional en 2003- debe atribuirse a Jesús Merino: "Consideramos que los ingresos percibidos a través de las mismas y procedentes de este tipo de actuaciones de Merino le deben ser imputados directamente a él a efectos fiscales, con independencia de que contractualmente o en facturas intervenga una u otra sociedad o en la documentación aparezca su esposa como persona que presta los servicios".En su declaración ante el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, Merino negó cualquier relación con Everland: "No participo en ella y no tengo nada que ver con ella. Es una sociedad de mi mujer, que tiene la mayoría de las acciones, es administradora y yo nunca he formado parte de ella". No obstante, a preguntas de la fiscal, reconoció haber tenido relación con Everland: "He estado autorizado [en las cuentas bancarias] en algún momento por una enfermedad de mi mujer", dijo Merino.

El primero de los dos contratos de intermediación cobrado por la empresa Everland en Guadarrama se firmó el 6 de marzo de 2003. Y tenía como finalidad la aprobación por parte de la Comunidad de Madrid de la modificación puntual de la normas subsidiarias de Guadarrama, en el sector denominado Dehesa de los Panes. Ana Isabel Gutiérrez cobró 270.455 euros de las tres promotoras: Oramba, Grupo Parquesol y Cimaga, esta última propiedad de una hermana del exalcalde del PP de Torrelodones Carlos Galbeño. El contrato estipulaba que la dueña de Everland recibiría el dinero, "siempre y cuando la resolución del citado expediente sea favorable e implique por tanto la aprobación definitiva de la modificación puntual del contrato".

El 13 de febrero de 2004 el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó la aprobación definitiva del Plan de la Dehesa de los Panes. Dos meses después, según las fechas de las facturas que obran en el sumario, el 1 de abril de 2004, Cimaga y Parquesol pagaron 111.547 y 167.321 euros, respectivamente. De esta forma, un expediente que había sido aprobado el 23 de agosto de 2001 en el Ayuntamiento conseguía su aprobación definitiva.

Pero la aprobación de esta modificación de las normas urbanísticas de Guadarrama no estuvo exenta de polémica, tal y como consta en la resolución del boletín. La Comisión de Urbanismo decidió el 2 de octubre de 2003 aplazar la modificación urbanística para que se subsanaran las deficiencias detectadas, devolviendo el documento al Consistorio. Pero el 1 de diciembre, Urbanismo de la Comunidad de Madrid recibió un documento del Ayuntamiento en el que aseguraba que "en base a los informes técnicos y jurídicos que constan en el expediente, no han existido modificaciones sustanciales [...] y, por lo tanto, no es necesario un nuevo trámite de información pública y acuerda aprobar provisionalmente el citado texto de la modificación puntual". Tan solo un día después de recibir la comunicación del Ayuntamiento, el 2 de diciembre, la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio informó de forma favorable, considerando que se habían subsanado las deficiencias.

El segundo de los pagos que beneficiaron en Guadarrama a la mujer de Merino se produjo tras un acuerdo entre Everland y la firma Guadalmina. A cambio de 244.010 euros se comprometía a conseguir la reclasificación de 5,5 hectáreas de suelo no urbanizable. Las estipulaciones del contrato hacen evidente la finalidad del mismo: "Guadalmina encarga a Everland la realización de todos los trabajos y trámites precisos, administrativos, jurídicos y de todo tipo, en orden a la tramitación, ante la Consejería de Urbanismo de la Comunidad, del expediente relativo a la modificación puntual de sector 5 Las Laderas, hasta su completa y total resolución favorable a los intereses del encargante".

www.elpais.es 26.07.11

6) RAJOY PROMETE QUE NO HARÁ RECORTES SOCIALES

El líder del PP, satisfecho, trata de no dar miedo: "Gobernaré desde el centro"

Una vez más, Mariano Rajoy esperó y esperó hasta que los acontecimientos giraron a su favor, y el momento llegó. Ya están convocadas las elecciones, como pidió durante un año; la maquinaria del PP está en marcha y la sensación de euforia contenida es total en la calle de Génova. Los populares dan por hecha ya una mayoría absoluta muy cómoda, y creen que solo hay algo que puede estropearla: el miedo al PP.

El candidato popular se compromete a un cara a cara con Rubalcaba

El programa será muy genérico, sin medidas impopulares

Por eso Rajoy, en la segunda rueda de prensa en la calle de Génova en este año -tal vez la última antes de las elecciones, ya que nunca las realiza en campaña- se preocupó en todo momento de tranquilizar a los electores.

El líder del PP apartó las críticas a Zapatero e ignoró a Rubalcaba para concentrarse en dar una imagen moderada, que es la que ahora está buscando. El trabajo de desgaste del PSOE ya está hecho, creen los estrategas del PP. Ahora toca tranquilizar. "He venido a hablar de futuro. Hay que recuperar la concordia. Aspiro a gobernar desde el centro, la moderación y el diálogo. Haré un Gobierno creíble, previsible y solvente en el que el conjunto de los españoles puedan confiar", sentenció Rajoy.

Una de las protestas más claras del 15-M plantea que los gobernantes se presentan a las elecciones con un programa suave y hacen lo contrario al llegar al Gobierno. Es lo que hizo Zapatero. Pero le sucedió a otros gobernantes europeos. Acaba de pasar en Italia. Y en Portugal, donde pocas semanas después de ganar las elecciones, Pedro Passos Coelho, al que Rajoy visitará la primera semana de septiembre, anunció algo que durante la campaña había prometido que no haría: un impuesto equivalente al 50% de la paga de Navidad para todos los portugueses.

Mucha gente incluso dentro del PP asume que Rajoy tomará medidas drásticas que no irán en su programa, con la excusa de que se han encontrado unas cuentas peores de las esperadas. Rajoy contestó ayer para tratar, de nuevo, de no dar miedo.

-¿No sería más transparente y democrático que anunciara ya los recortes duros que puede tener pensados?, se le preguntó.

-Yo no tengo intención de hacer recortes sociales, otros sí lo han hecho. Yo no tengo ninguna intención de hacer recortes. Ahora no me pida que le presente un presupuesto porque sabe que eso es imposible. Aquí se habla mucho de recortes, de reducir gasto, creo que hay que reducirlo selectivamente. Pero creo que se habla poco de crecer y de crear ingresos con ese crecimiento, que es lo importante, respondió el líder del PP.

El compromiso fue muy claro en un día solemne en que se anunciaron las elecciones, por lo que esas palabras son válidas como una promesa electoral hecha en plena campaña.

Los populares creen que los recortes de Zapatero les han puesto la campaña muy fácil, porque han eliminado el argumento principal del PSOE: el de que el PP acabará con el Estado del bienestar. Rajoy está preparando un programa electoral muy genérico, sin propuestas impopulares; esas vendrán después de las elecciones si son necesarias, explican.

Aun así, Rajoy lanzó la idea de que la situación en la que se encontrará el país si gana es compleja. "Soy consciente de que el Gobierno que salga tendrá una tarea muy difícil, porque España tiene muchos problemas, pero tendrá un horizonte de tiempo y un mandato claro y renovado de los españoles".

El líder del PP no quiso contestar a la pregunta de qué hará si pierde por tercera vez. Es algo que ninguna encuesta contempla y que el PP descarta, pero es evidente que no podría seguir.

Sí contestó a la segunda, a la pregunta de si está dispuesto a debatir con Rubalcaba. No citó a su rival, y tampoco hizo un compromiso firme -eso depende de los directores de campaña, dijo, como si no fuera una decisión suya-, pero apuntó que sí habrá debate. "A mí me encanta debatir, yo lo haré encantado". En el PP dan por hecho que lo habrá. Rajoy no quiso debatir en 2004 con Zapatero, y él mismo lo consideró un error.

Pocas veces un hombre cauto como Rajoy deja que sus gestos demuestren su estado de ánimo. Ayer no pudo evitarlo. Estaba muy satisfecho y se le notó nada más arrancar la rueda de prensa. No solo porque ya ha llegado el momento esperado -aunque sus estrategas hablan ya de una campaña larguísima- sino porque acertó en sus previsiones, algo que le encanta. Suele hablar con orgullo de su olfato, que achaca a los 30 años que lleva en política. Y estaba muy seguro del adelanto.

Le sorprendió la fecha, el 20-N, que los populares ven como un juego para movilizar algo a la izquierda, aunque lo consideran inútil, porque la economía, explican, arrastra todo y hundirá al PSOE como sucedió el 22-M. En el PP están ahora más tranquilos con un horizonte claro y mucho trabajo por delante. Todo se precipitará. Rajoy se olía este final, aunque también tuvo información privilegiada: el jueves le llamó Zapatero para contárselo.

www.elpais.es 30.07.11

7) ZAPATERO A RAJOY: "ME PIDE QUE NO CUMPLA LA LEY, ¿QUÉ PROYECTO TIENE?"

El déficit se convierte en el eje del debate político previo al verano

Tanto el PSOE como el PP han puesto toda la carne en el asador para ver cómo se reparte el coste político de la difícil situación financiera de las comunidades autónomas. El PP tuvo un resultado tan espectacular en las últimas elecciones que ahora tiene que gobernar en 11 de ellas con una situación complicada y el Gobierno central está intentando que asuma su responsabilidad y el coste de hacer recortes. El déficit autonómico se ha convertido ya en el eje de la política española de las últimas semanas, y ayer incluso fue el protagonista del último pleno del Congreso antes del verano, dedicado en teoría a la crisis griega y la solución que le está dando la Unión Europea.

Los presidentes del PP solicitan al Ejecutivo que resuelva el problema

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, intentó en todo momento que Mariano Rajoy, como líder de un partido que domina 11 de las 17 autonomías, asuma una especie de cogobernanza de un país que, como España, es cuasifederal, según planteó varias veces. Mientras, Rajoy le contestaba que no, que la responsabilidad de la situación actual es del Gobierno, que fue quien permitió a las comunidades endeudarse, y quien hizo mal los cálculos de ingresos, lo que obliga ahora a las autonomías a devolver miles de millones de euros, 18.700 solo en 2009.

Aunque ayer la posición se suavizó, las autonomías del PP forman parte, y casi la más relevante, de la ofensiva que ha puesto en marcha la oposición hace meses con el objetivo de llevar al Gobierno a una situación política límite que le debilite y le fuerce a convocar elecciones. Aunque Rajoy no tiene prisa, insiste en todo momento en que esa es la única salida. Y actúa en consecuencia. Hace meses que no apoya ninguna gran reforma del Gobierno, ni siquiera se abstiene, como sucedió en la negociación colectiva o la reforma de pensiones, y ahora lanza a sus autonomías a reclamar al Estado que les dé más tiempo para pagar lo que deben.

Los presidentes autonómicos del PP, que se vieron con Rajoy el martes, coincidieron en una estrategia clara: exigir al Gobierno que resuelva el problema, tratar de evitar que sean los populares quienes asuman el coste político de la situación.

Rajoy fue muy claro en su intento por lanzar la pelota al tejado del Gobierno: "Quien hizo mal los cálculos de los ingresos porque equivocó las previsiones de crecimiento fue usted, señor Rodríguez Zapatero. Quien indujo a error a las comunidades autónomas y les dio más dinero del que luego les correspondía fue usted". Rajoy sacó incluso el caso de Grecia como ejemplo, porque Europa está siendo solidaria, y le pidió a Zapatero que lo sea también con las comunidades. "Lo único que le pido, no le pido lo de Grecia, es que autorice que se aplace el pago de lo que por su culpa tienen que devolver las comunidades autónomas al Estado porque además esto no afecta al déficit público".

Zapatero se indignó con la propuesta, y trató, entre aplausos de su grupo, de demostrar la insolvencia de Rajoy como candidato. "Todos esos millones adicionales que han recibido se lo han gastado las comunidades, no el Gobierno. Algunas han hecho los deberes, otras no. Ahora nos propone, como gobiernan en muchas comunidades autónomas -enhorabuena- que nos saltemos la regla. ¿Usted tiene un proyecto de país o un proyecto cada día, que cambia con la coyuntura? Ese es el problema. Saltarnos la ley sería muy mal precedente, una muy mala señal, usted lo sabe. No se deje llevar por la fácil corriente, tenga un criterio, que es lo que se le debe exigir a quien tiene las responsabilidades que tiene".

www.elpais.es 28.07.11

8) RAJOY PIDE AL GOBIERNO QUE SI TIENE QUE INTERVENIR OTRAS CAJAS, LO HAGA YA

El presidente del PP defiende que la reestructuración del sistema financiero emprendida por el Gobierno socialista "se ha hecho tarde, mal y a rastras"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha pedido hoy al Gobierno que intervenga cuanto antes cualquier otra entidad financiera que necesite inyección de dinero público, porque si más tarda en hacerlo, más dinero costará al ciudadano. Rajoy se ha expresado en estos términos durante la conferencia que ha impartido en uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial.

En un discurso muy orientado a lo que serán sus pilares de gestión si gana las próximas elecciones, ha dedicado unos minutos a la intervención, la semana pasada, de la alicantina Caja Mediterráneo, que recibirá unos 5.800 millones de euros de dinero público para, entre otros objetivos, recapitalizarse.

Rajoy ha denunciado que la reestructuración del sistema financiero emprendida por el Gobierno socialista "se ha hecho tarde, mal y a rastras", y ha insistido en la necesidad de "hacerla y ponerle fin ya", porque "es urgente" para que vuelva el crédito a España.

Rajoy ha lamentado que cuando comenzó la crisis económica el Gobierno decidió "no hacer nada" porque defendía que España tenía "el mejor sistema financiero del mundo", mientras "todos los países del mundo hacían sus deberes". Sin embargo, tres años después, cuando la "mayoría" de países del entorno ha superado sus dificultades, España sigue "en una situación muy complicada en estos momentos".

Desde que el proceso de reestructuración se puso en marcha se han intervenido tres entidades: Caja Castilla La Mancha, Cajasur y ahora la CAM.

El PP pide responsabilidades

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha dicho hoy que "hay que pedir responsabilidades al Banco de España y al Ministerio de Economía" en relación con el proceso de intervención de la Caja Mediterráneo (CAM), iniciado el pasado viernes. "La responsabilidad de lo que ha ocurrido con la CAM corresponde al organismo que tenía que haber supervisado la gestión de las cajas y que tenía que haber empezado la reforma del sistema financiero hace ya cuatro años", ha asegurado.

www.elpais.es 26.07.11

9) RAJOY GUARDA CELOSAMENTE SUS ARMAS ELECTORALES

El PP ha ido contando con cuentagotas sus propuestas que implican un plan de choque económico

La personal manera de hacer política de Mariano Rajoy -que prefiere esperar a que el tiempo ponga las cosas en su sitio a forzar los cambios- implica que se prodigue poco a la hora de hacer anuncios de futuro. El candidato popular a la presidencia ha ido contando con un cuenta gotas sus propuestas. Pero estas son algunas de las que ha avanzado él o sus colaboradores en la campaña, aunque aseguran que aún no están en disposición de avanzar medidas concretas, sino en fase de reflexión:

Plan de choque

Los populares planean un plan de choque para recuperar la confianza del mercado, crear empleo y propiciar inversiones, que les llevará a recortar los presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas, según explicó Rajoy a la agencia Reuters en una entrevista el pasado 19 de julio. El PP cuenta con que esas medidas provoquen el descontento social y están preparados para afrontar un primer año de Gobierno de protestas en la calle. 

Los populares pretenden profundizar en las reformas del mercado laboral que ya inició el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el fin de crear empleo: proponen establecer un contrato único flexible que facilite la contratación, así como bajar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas. 

La bajada de los impuestos es una de las señas de identidad del PP y Rajoy ya ha anunciado que recuperará la deducción por adquisición de vivienda, pese a que los expertos señalan que contribuyó a la burbuja inmobiliaria; también plantea bajar el Impuesto de Valor Añadido (IVA) a los servicios de hostelería y transporte de personas.

El PP espera evitar los recortes en la sanidad y educación públicas y en el sistema de pensiones, pero llevará la austeridad al extremo, con la reducción de altos cargos en la Administración. Eso sí, los populares han avanzado que no prevén recortes masivos de puestos en el sector público. 

En materia de servicios públicos, los populares han abogado por abaratar costes y una mayor participación de la gestión privada.

www.elpais.es 26.07.11

10) PARTIDOS REGIONALISTAS DE DERECHAS PREPARAN UNA ALIANZA PARA CREAR UN PARTIDO BISAGRA

La idea es simple. Una serie de partidos regionalistas, ideológicamente de derechas o de centro, están barajando crear una alianza que les permita hacerse con el voto de quienes, consideran ellos, están sufriendo los partidos políticos mayoritarios.

Su mayor inconveniente, la financiación, la resolvería en gran medida un amigo de uno de los grandes impulsores de la idea, Francisco Álvarez Cascos. Y ese amigo se llama Blas Herrero, conocido como el lechero, por el origen de su fortuna, pero que en realidad es un importante empresario de los medios de comunicación con un curioso historial.

Asturianos, cántabros, riojanos, canarios y aragoneses

El papel de Álvarez Cascos en este movimiento es crucial. Los datos obtenidos por su partido en las pasadas elecciones autonómicas y municipales le han dado el suficiente vuelo como para atreverse con retos de mayor ambición. Ya durante la campaña ELPLURAL.COM informó del enfado del exministro de Aznar con su antiguo partido, y la amenaza que había dado de "saltar a la política nacional".  Esta sería la forma de hacerlo.

Los partidos que están manteniendo estas conversaciones junto al Foro de Asturias de Álvarez Cascos, son el Partido Regionalista de Cantabria de Miguel Angel Revilla; el Partido Riojano, que lidera Miguel María González de Legarra y es la tercera fuerza en la Región; el Partido Aragonés Regionalista, que lidera José Angel Biel, y que es clave en la gobernación de la Comunidad; y dos partidos que controlan los gobiernos en sus respectivas Comunidades, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.

La idea, jugar en el Congreso un papel alternativo al de los nacionalistas

La intención de estos partidos es apoyarse, y coaligarse una vez en el Congreso, para, aprovechándose del sistema electoral actual, lo que ya hacen partidos nacionalistas como el PNV o CiU, intentar formar un grupo bisagra. Una coalición que tuviera suficiente fuerza como para jugar un papel alternativo al que actualmente juegan los nacionalistas a la hora de dar estabilidad parlamentaria a los grandes partidos.

Un apoyo al que, en especial al Partido Popular, le resultaría más fácil acudir. Eso sí, la aparición y ascenso de estos grupos, ideológicamente de centro-derecha, o directamente de derechas, podría suponer un cierto riesgo para el PSOE, pero aún mayor para el propio PP.

La financiación, clave

Naturalmente, como en toda empresa política, lo que estos partidos precisan ahora es financiación para poder dar el salto y buscar con alguna garantía algún escañoen el Congreso nacional. Y en ese punto es en el que Álvarez Cascos ha echado mano de un hombre muy peculiar, Blas Herrero, un empresario poco conocido, pero que mucha gente pondrá en el mapa cuando se apunta que es el dueño de muchas emisoras de radio y televisión: las más conocidas, KISS FM  y KISS TV.

Blas Herrero, asturiano como Álvarez Cascos, y gran amigo suyo –estuvo en la fiesta de celebración posterior al triunfo del Foro Asturias-, en su origen era sin embargo un empresario lechero cercano a las filas del PSOE. Gracias a estos contactos se hizo con un buen número de concesiones de radio en los años 80 que posteriormente unió a Onda Cero en un acuerdo que acabaría por convertirle en multimillonario. Un dinero que ahora servirá para financiar en parte esta nueva empresa política.

www.elplural.com 29.07.11

11) LA RESPUESTA DIVIDIDA DE LOS BARONES A LA OFERTA DE SALGADO DESCONCIERTA AL PP

Aguirre y Feijóo la critican, pero Valencia, Aragón y Baleares la estudiarán

Las autonomías del PP han intentado coordinar posiciones, pero no han sido casi nunca un bloque. No lo fueron con la aplicación de la ley de dependencia, ni con la educación para la ciudadanía, ni con la ley del tabaco. Cada barón tiene sus tonos, y su estrategia frente al Gobierno central. Algunos son más frentistas, otros más pactistas. Y estas diferencias quedaron ayer muy en evidencia cuando todos empezaron a analizar en serio la oferta de Elena Salgado de financiar a través de un crédito del ICO la mitad de los 5.000 millones que las comunidades deben entregar al Estado en 2012 por el dinero que les anticipó de más en 2008 y 2009.

La propuesta, que aún está por concretarse en los detalles, especialmente en las condiciones de ese crédito, desconcertó a las autonomías del PP. Y no solo hubo grandes diferencias entre estas, también se vio un discurso muy distinto entre los presidentes autonómicos, especialmente los más políticos, como Esperanza Aguirre o Alberto Núñez Feijóo, que se lanzaron a degüello contra el Gobierno, y los consejeros de Economía y Hacienda, ya que muchos de ellos han visto en ese crédito del ICO un posible alivio a su situación financiera.

Y mientras algunos consejeros la apoyaban, la dirección nacional del PP, a través de Cristóbal Montoro, rechazó de plano la propuesta del crédito del ICO. Montoro dijo en la Cope que esta solución puede complicar la situación de España en los mercados, precisamente un día como el de ayer en el que el diferencial con el bono alemán volvió a colocarse por encima de 350 puntos.

El más duro de los autonómicos fue Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Galicia, que era uno de los principales responsables de la estrategia del PP que consistía en pedir más dinero al Estado y más plazo para devolver lo que le deben. Feijóo criticó en la cadena SER al Ejecutivo por rechazar la moratoria y planteó un panorama dramático. "Lamentablemente una buena parte de las comunidades entrarán en una situación muy delicada de un posible colapso financiero a finales de este 2011". "Todo parece indicar que el Gobierno se desentiende de los problemas de los servicios públicos esenciales", llegó a decir. Aún así, el presidente gallego abrió la puerta a aceptar esa solución del crédito ICO, dijo que lo estudiará.

Otras comunidades del PP se pronunciaron de manera muy distinta. Lejos de este catastrofismo del gallego que después criticó en la misma emisora la vicepresidenta Elena Salgado, el consejero valenciano de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, del PP, apuntó que estaba muy satisfecho porque el consejo había aprobado su plan de reequilibrio financiero. Eso sí, se quejó de que Hacienda hubiera decidido no adelantar el dinero del fondo de convergencia, pero se mostró muy de acuerdo con la medida estrella del consejo, la línea de créditos ICO para devolver la mitad de lo que deben las autonomías al Gobierno. Señaló que es una medida "muy positiva" y admitió la "buena disposición" del Gobierno central en este sentido. "Veo la luz al final del túnel, no veo todavía muchos brotes verdes pero la lucecita está ahí, al final; está lejos pero creo que la veremos", remató.

También se mostró a favor de la propuesta el Gobierno de Aragón, otro en manos del PP. Desde la Consejería de Economía creen que todo lo que contribuya a rebajar la tensión en el déficit es bienvenido y su responsable, Francisco Bono, ya ha adelantado que se acogerán a los créditos ofrecidos por Salgado.

Mientras, la más tajante y en sentido contrario, como es habitual, fue Esperanza Aguirre, la presidenta de Madrid. De hecho, fuentes del PP señalan que el consejero de Economía de esta comunidad tenía la voluntad incluso de votar "no" en el consejo, aunque finalmente se abstuvo, como los demás del PP.

Aguirre calificó de "patético" que el Gobierno repartiese al final de la reunión sobres con la información sobre las cantidades que corresponden a cada autonomía "como si fuese el aguinaldo". La presidenta denunció que el cálculo "se hizo intencionadamente para perjudicar a Madrid". Su mano derecha, Ignacio González, llegó a decir que el Gobierno quiere "hacer negocio" con los créditos del ICO a costa de las autonomías.

Totalmente diferente fue el tono empleado por el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell. Señaló que las autonomías tienen "un sentimiento de insatisfacción" sobre todo porque no hubo acuerdo sobre el fondo de convergencia, pero sobre la oferta del ICO dijo que la Generalitat se acogerá a cualquier modelo de crédito si las condiciones, que todavía no se conocen, "son buenas". El PSC anunció que apoya las demandas "prudentes" del conseller ante Salgado, del PSOE.

En las autonomías del PP se nota cada vez más la diferencia clara entre dos tendencias, la de la colaboración para intentar ajustar las cuentas y la del enfrentamiento. La diferencia es muy clara por ejemplo entre Baleares y Castilla-La Mancha. En la primera, sin mucho ruido mediático ni mucho escándalo por la dura herencia recibida, José Ramón Bauzá logró el miércoles que Salgado le aprobara su plan de ajuste. Mientras, Dolores de Cospedal aún no ha presentado el suyo y Salgado no la ha citado. Ayer el consejero de Castilla-La Mancha, que durante la reunión del consejo pintó un panorama complejo y la imposibilidad de cumplir el objetivo de déficit, guardó silencio a la espera de conocer las condiciones del crédito. En la Junta de Extremadura también mantuvieron cierta cautela a la espera de más detalles. Cantabria, también del PP, aseguró que estudiará la oferta de Salgado. Castilla y León criticó por "improvisada" la propuesta pero la estudiará, como hará también La Rioja. Andalucía, la única autonomía socialista, no quiso aclarar su posición.

www.elpais.es 29.07.11

12) FEIJÓO LIDERA LA PRESIÓN DEL PP PARA PEDIR MÁS DINERO A SALGADO POR LA CRISIS

Rajoy suma fuerzas hoy con sus barones para un difícil Consejo de Política Fiscal

No es un asunto puramente económico el que se discute en el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para mañana. El eje de la política española pasa por ahí. Si la legislatura se agotara y las comunidades del PP se vieran obligadas a hacer drásticos recortes de gastos en otoño-invierno, con el consiguiente coste político, el asunto podría convertirse en el eje de la campaña. Por eso, conscientes de que todos se juegan mucho, no solo los barones autonómicos sino también Mariano Rajoy, los populares llegan a la cita con una estrategia.

En la única rueda de prensa en la sede nacional del PP que ha ofrecido Rajoy en todo el año, tres días después del gran éxito electoral del 22 de mayo, lo dejó muy claro: reclamó un Consejo de Política Fiscal y Financiera urgente para pactar con el Gobierno cómo cumplir el objetivo del déficit del 1,3% para todas las autonomías. Unos días después, prometió la "lealtad" del PP si el Gobierno hablaba "a calzón quitado" del déficit. Ese momento ha llegado, y el PP, que domina ya 11 de las 17 autonomías, aprovechará toda esa potencia para tratar de que sea el Gobierno, y no ellos,quien asuma el coste político de las medidas duras que se avecinan.

Rajoy ha convocado hoy en Génova a sus 11 presidentes autonómicos para unir fuerzas, y la línea empieza a verse ya muy clara. Alberto Núñez Feijóo y su consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, van a liderar la estrategia central del PP para este difícil consejo, que llega cuando autonomías populares como Castilla-La Mancha aseguran que su déficit real puede estar entre el 5% y el 6% a mitad de año.

El mensaje que está trasladando Feijóo y otros dirigentes del PP, y que se pactará hoy, no está centrado en la reducción del gasto, aunque sí hay una planteamiento genérico de austeridad. Su discurso se concentra en pedir al Gobierno más dinero, en reclamar una interpretación más flexible del modelo de financiación autonómico que aprobó el Ejecutivo con la abstención de las comunidades del PP. Las autonomías populares, lideradas por Galicia, que exige 800 millones de euros por distintos conceptos de interpretación del sistema de financiación, reclamarán una moratoria para devolver el dinero que, según el nuevo sistema, deberían entregar al Gobierno porque han cobrado de más. También exigirán que Salgado haga un planteamiento de fondo para resolver la deuda del sistema sanitario, gran caballo de batalla.

El trasfondo es evidente: el PP quiere que el Gobierno y el PSOE sigan asumiendo políticamente el principal coste de la crisis, como sucedió en las últimas elecciones autonómicas, donde autonomías del PP con muchos problemas de gestión, como Murcia o la Comunidad Valenciana, apenas sufrieron desgaste político. El propio Feijóo lo dejó ayer muy claro: si el Gobierno "incumple" el modelo de financiación, esto es si no acepta la interpretación del PP, tendrá que ir al consejo "con una guía sobre dónde deben recortarse las aportaciones y los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas". En esa interpretación de Feijoo, si el Gobierno plantea avances importantes en este tema de la financiación es señal también de que quiere agotar la legislatura y en caso contrario de que anticiparán.

Esto es algo que también ha planteado Dolores de Cospedal, la presidenta de Castilla-La Mancha: que Salgado le diga dónde tiene que recortar para alcanzar el objetivo de déficit. Es una forma de trasladar el coste político de las medidas duras al Gobierno.

Salgado rechaza esta idea. Insiste en que el Gobierno no tiene por qué decidir esos recortes. Pone el objetivo, del 1,3%, y son las comunidades, también los gobiernos recién llegados como el de Cospedal, los que tienen que decidir cómo cumplirlo. Feijóo promete que él cumplirá el objetivo, y Rajoy no puede admitir un incumplimiento que en Castilla-La Mancha ya se da por hecho, porque iría contra el eje de su discurso de reducción del déficit. Tal vez por eso se busca trasladar esa responsabilidad al Ejecutivo. En cualquier caso, el sistema de votación del consejo hace que el Gobierno pueda aprobar lo que quiera con el apoyo de una sola autonomía, y tiene para eso a varias del PSOE o de aliados. Los populares están ahí más cerca de la abstención.

www.elpais.es 26.07.11

13) MAYOR OREJA: ZAPATERO CONDENA LOS CRÍMENES DE NORUEGA MIENTRAS "LEGITIMA" LOS DE ETA

El exministro del Interior y eurodiputado 'popular' Jaime Mayor Oreja ha acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de aplicar una doble vara de medir frente al criminal de Noruega y a ETA. En su opinión, mientras condena el doble atentado ocurrido el viernes, por otra parte "legitima y legaliza 900 asesinatos cometidos a lo largo de estos años" por la banda terrorista.

El eurodiputado popular insiste en su tesis de que los intereses del presidente socialista y los terroristas confluyen: éstos le 'premiarán' con una "apariencia de final" para que lo rentabilice en la campaña de las generales

"El Gobierno le ha dado a ETA legitimación y legalidad después de sus asesinatos. Ya nos gustaría que Zapatero usara la misma vara de medir que usa con el asesino terrible de Noruega, que hay que condenar sin duda; con otra vara está legitimando a 900 asesinatos que se han producido a lo largo de estos años" por parte de la banda terrorista, ha afirmado Mayor Oreja en una entrevista en la COPE.

"ETA tratará de ayudar al Gobierno"

El exministro de Aznar cree que "ETA tratará de ayudar al Gobierno por haber impulsado su política de paz, la política penitenciaria y la legalización de Sortu" y plantea que esto lo puede llevar a cabo la banda terrorista "con un comunicado más esperanzador que el último que hizo".

Unión de intereses

El visionario Oreja lleva años insistiendo en que el Gobierno de Zapatero mantiene una unión de intereses con los terroristas para perpetuarse en el poder -ignorando los mensajes bien directos de que se ha puesto punto y final a cualquier posibilidad de fin dialogado de la violencia o los éxitos de la política antiterrorista, que ha conseguido desmantelar sucesivamente la cúpula etarra-. Así, en la emisora de los obispos ha argumentado que la banda premiará a Zapatero con "una apariencia de final" para hacer creer a todos que ha acabado con el terrorismo y convertir esta "mentira" en su principal baza electoral para afrontar las próximas generales.

Una apariencia de final

"Lo que vamos a vivir en los próximos meses y especialmente antes de las elecciones generales, y es la ayuda de ETA, es una apariencia de final sin disolución, pero suficiente para que se crea que se ha dado un salto histórico en el final de ETA. Una situación que acabará en una chapuza", ha sentenciado Mayor Oreja.

El PP no debe heredar esa situación

Mayor Oreja cree que el PP "no debe heredar y administrar esa situación". En su opinión, el Gobierno "va a intentar que al final el PP no tenga más remedio que administrar un proceso perverso". Al respecto, ha dicho que espera que su partido no lo haga.

Déficit de nación

El eurodiputado popular ha afirmado que "hemos sabido en qué acaba el déficit en la economía, la deuda excesiva, que te lleva a la tragedia o la chapuza", pero "en la política la chapuza tiene un mayor recorrido, el déficit de nación, de valores siempre será más grave que el económico".

No es posible un final de ETA

El político popular no ve posible un final de ETA. "El final de ETA, la disolución de ETA, no es posible hasta que no alcance su objetivo de dar un paso adelante en la autodeterminación".

www.elplural.com 26.07.11

14) AZNAR AJENO A LOS ESCÁNDALOS DE MURDOCH, SU GRAN FUENTE DE INGRESOS

Esta semana el expresidente José María Aznar y su esposa, la edil del Ayuntamiento de Madrid Ana Botella, han iniciado unas vacaciones por todo lo alto en un yate de lujo y con primera escala en las zonas más exclusivas de las Islas Baleares. El expresidente quizá se está recuperando de un mes aciago para una de las empresas que más dividendos le reporta, News Corp, y es que ha sido denunciado como consejero de la misma por una operación de dudosa rentabilidad para los accionistas minoritarios, mientras que el imperio de la comunicación ha sufrido un serio revés en sus negocios en Reino Unido tras el escándalo de las escuchas ilegales a las que recurría una de sus cabeceras para conseguir carnaza sensacionalista. El expresidente parece ajeno a estos disgustos, y es que una de sus últimas apariciones públicas se dedicó a disertar sobre la verdad y los medios de comunicación desde una universidad católica, eso sí, con críticas a Zapatero pero sin mención a los escándalos de una empresa en la que tiene 370.000 euros en 'stock options' de News Corp y de la que recibió una gratificación extra de 16.700 euros justo antes de que estallara el caso de las escuchas.

Ajeno al escándalo

La crisis no parece afectar así al matrimonio Aznar-Botella, y ello a pesar de los problemas que afectan a una de su principal fuentes de ingresos, News Corp, donde se sienta en el consejo de administración. El imperio de la comunicación se desplomó en bolsa tras el terremoto de las escuchas ilegales de una de sus cabeceras de referencia en Reino, News of the World, y el magnate que pilota el grupo, Rupert Murdoch, se vio obligado a cerrar el tabloide y a pedir disculpas reiteradamente mientras decía desconocer los hechos, básicamente que sus periodistas espiaban a políticos, actores o a padres en situaciones dramáticas para obtener carnaza sensacionalista.

Ligado a Murdoch

Si al expresidente no le interesan las repercusiones éticas de las políticas de su empresa si lo harán las económicas, y es que su fortuna está muy vinculada al grupo de Murdoch. El pasado día 3 de julio, como publicó Cinco Días, Aznar recibió 23.440 dólares (16.700 euros) al cumplir cinco años como consejero de la compañía y como parte de un programa de retribución diferida en acciones que puede ejecutarse en metálico al precio de mercado. Entonces las acciones de News Corp cotizaban por encima de los 18 dólares, pero tras el terremoto político del escándalo de las escuchas las acciones cayeron considerablemente hasta en un 17%. Aunque los últimos días ha moderado su caída, las acciones siguen lejos del nivel de principios de julio.

Hasta 370.000 euros en juego

En esas cotizaciones Aznar se juega mucho, porque en estos cinco años ha acumulado 31.910 opciones sobre acciones de News Corp, valoradas en 370.000 euros, según explicaba el diario económico de PRISA. Y seguirá recibiendo nuevas stock options en calidad de consejero y a un ritmo creciente. Además, el de las escuchas ilegales no es el único quebradero de cabeza del imperio Murdoch, y es que todos sus consejeros, incluido Aznar, han sido denunciados por el fondo Amalgmated Bank, que les acusa de incumplir sus deberes al aprobar la compra por un precio desorbitado de una productora de televisión para la hija de magnate.

Se permite disertar sobre ‘Verdad y medios de comunicación’

El mutismo de Aznar respecto a los escándalos de Murdoch es obstinado, y ello a pesar de que ha tenido buenas oportunidades de abordar la situación en foros especializados en los que aportar su conocimiento de primera mano. Así, en una de sus últimas apariciones en público, el pasado 11 de julio el expresidente inauguró la Escuela de Verano de la Universidad  Católica de Ávila con una ponencia sobre Verdad y medios de comunicación. Allí culpó al Gobierno de  Zapatero de una nueva crisis de valores y de raíces una nueva crisis de valores y reclamó a los medios "verdad" y aportación al "conocimiento", una filosofía que no parece aplicar el grupo de comunicación para el que trabaja tan estrechamente.

www.elplural.com 30.07.11

15) "EN ESPAÑA NO CABE UN TONTO MÁS: ¡REGALAMOS 25 MILLONES PARA ÁFRICA!"

La secretaria de Educación de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Asturias critica la ayuda de España a Somalia

La hambruna que azota a Somalia, que previsiblemente se prolongará más de seis meses provocando la muerte de miles de personas, ha sido comentada en Twitter por un miembro de las nuevas generaciones del Partido Popular.

Para Salomé P. Villaverde, secretaria de Educación de Nuevas Generaciones del PP de Asturias, las necesidades de los 3,7 millones de somalíes, casi la mitad de la población del país, no se puede comparar con las necesidades que acucian a los españoles, que, para colmo, dedican 25 millones de euros para mitigar el hambre en el país africano.

"En España no cabe un tonto más: Regalamos 25 millones de euros para África! A nosotros no nos regalan nada para paliar nuestras necesidades!", ha escrito la conservadora este viernes en su cuenta de Twitter.

Estas palabras han provocado la indignación en las redes sociales. En Twitter, varios usuarios han optado por la ironía como forma de combatir el enfado. "Me imagino que su mayor preocupación es que el Moët Chandon tenga la temperatura correcta", escribía un tuitero, mientras otros se sorprendían de que Salomé P. Villaverde esté estudiando una carrera universitaria. Otro añadía: "Es cierto que África no nos regala nada, ya les saqueamos nosotros sin permiso. PD. Tú si que sobras".

Para acallar la polémica, a las 16.00 horas la secretaria de Educación de Nuevas Generaciones del PP de Asturias ha decidido restringir el acceso a su cuenta. No en vano, los tuiteros que comparten su opinión no dejarán de apoyarla. "Muchos ánimos, no decaigas por las críticas. Comparto tus opiniones e ideales y por ello no se debe de tachar a una persona.", escribía uno de ellos.

El pasado miércoles, la ONU lanzó el primer puente aéreo para llevar alimentos terapéuticos a la población de la capital somalí, Mogadiscio. 

www.publico.es 30.07.11

16) C. A ANDALUCÍA: EL PP RETIRA OTRA VEZ LA PLACA DEL PAREDÓN DE GRANADA

Era cuestión de esperar y en esta ocasión, la cuarta, ha ocurrido al quinto día. El Ayuntamiento de Granada, gobernado en mayoría absoluta por el PP, retiró ayer de la tapia del cementerio la placa colocada por varias asociaciones el pasado 20 de julio para homenajear a los cerca de 4.000 fusilados en ese lugar durante la Guerra Civil. El portavoz de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Francisco Vigueras, expresó su "indignación" en nombre de los familiares de los fallecidos.

El gobierno municipal se opone año tras año al homenaje, que consiste en una ofrenda floral y en la colocación de una placa con el lema "A las víctimas del franquismo fusiladas en esta tapia por defender la legalidad democrática de la República". No asiste ningún concejal popular y pasados unos días desaparece la placa. Fuentes municipales confirmaron recordaron que ya existe en el cementerio un conjunto escultórico, denominado Piedad, que homenajea a todas las víctimas.

www.elpais.es 26.07.11

17) C. A CASTILLA LA MANCHA: NACHO VILLA HEREDA UNA TELEVISIÓN SIN DEUDAS QUE COSPEDAL YA SE ‘OLVIDA’ DE PRIVATIZAR

El periodista Ignacio Villa ha tomado posesión este miércoles como director de Radio Televisión de Castilla-La Mancha (RTVCM) en presencia de María Dolores Cospedal, quien le ha pedido que haga una televisión "imparcial y profesional", eludiendo en todo momento hablar de la privatización del ente manchego, como así se comprometió en su discurso de investidura. El hasta hace unos días jefe de los informativos de la Cope hereda una tele saneada, sin deudas (según la auditoria presentada a los sindicatos recientemente) y con el coste de mantenimiento más barato que sus homólogas valenciana, catalana o murciana.

A cada hogar castellano-manchego le cuesta la televisión regional, CMT, algo más de cien euros anuales, muy por debajo de los 110 euros de media que paga cada familia por mantener la señal autonómica, según los datos recogidos en el IV Informe Económico sobre la Televisión Pública en España, elaborado por Deloitte . Coste que, añadido a la inexistente deuda, convierte a la tele manchega en un "manjar mediático" que Villa hereda libre de cargas financieras y con una audiencia por encima de otros entes autonómicos, como es el caso de Telemadrid.

Otras televisiones autonómicas

Cantidad que contrasta sensiblemente con lo que tienen que pagar los valencianos (117 euros), o los vascos (191 coste por hogar), a quien les sigue Canal Sur (121) y los catalanes (114). Nada qué ver con los 219 euros que pagan los baleares por el mantenimiento de su televisión regional. Así las cosas, Villa puede presumir de dirigir un ente que Jordi García Candau, anterior director, consiguió que no supusiera un fuerte gravamen para los castellano-manchegos.

La ruina valencia

Ya lo dijo José Bono hace unas semanas: "Con lo que debe la televisión valenciana se paga toda la deuda de Castilla-La Mancha". Y es que Canal 9, contralado hasta hace unos días por Francisco Camps (PP), tiene la friolera de 1.800 trabajadores, una plantilla que supera con creces a la de Tele 5 y Antena 3 juntas. Pero no solo eso, la deuda de la televisión valenciana alcanza los 1.287 millones de euros, equivalente a la congelación de las pensiones, y cuenta con un presupuesto de 184 millones, con los que se podría mantener 552 camas hospitalarias, o lo que es lo mismo, evitar el brutal cierre de centros de salud y ambulatorios en la Comunidad Catalana, cuya televisión también tiene una deuda que sobrepasa los mil millones de euros.

76 millones y 380 empleados

Ante estos datos, que asustan al más pintado, el "periodista de los obispos" se encuentra en la televisión de Castilla-La Mancha con un presupuesto de 76 millones y una plantilla de 380 empleados, entre técnicos, administrativos y periodistas. Nada comparable con la situación de Telemadrid que controla el Gobierno del PP de Esperanza Aguirre, que con una caída en picado de la audiencia (6,2%, inferior a la CMT), cuenta, además, con una deuda de 230 millones, al margen de los 158 que recibe de la Puerta del Sol. El ente madrileño tiene una plantilla de 1.176 trabajadores.

"Imparcial y barata"…

Y como Cospedal conoce perfectamente la realidad de las televisiones autonómicas, evita ahora hablar de privatizar la castellano-manchega, y prefiere pedir a Nacho Villa que haga una tele "más certera, imparcial, profesional, entretenida y menos costosa para los castellano manchegos". Del mismo modo, ha eludido hablar de "despilfarro" sabiendo como sabe que el ente manchego es uno de los más saneados de España y que nunca "ha gastado más de lo que ha ingresado", señala a ELPLURAL un exdirectivo de CMT.

…"Y pluralidad"

La presidenta regional también ha indicado que "lo mejor" que pueden hacer los gobiernos que cuentan con medios de comunicación públicos es "ofrecer pluralidad informativa" en los contenidos "porque los pagamos entre todos y, además, tienen que rendir cuentas en las Cortes de Castilla-La Mancha". Ahora falta saber qué modelo elegirá Villa, ¿el madrileño, denunciado en varias ocasiones por sectario? ¿El valenciano, objeto de tesis doctorales sobre manipulación informativa? ¿O acuñará uno propio con la hora del ángelus de por medio?

www.elplural.com 28.07.11

18) C. A CASTILLA LA MANCHA: LA JUNTA DE COSPEDAL IMPULSARÁ MÁS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS

La voluntad de la Junta de Cospedal es construir más centros educativos privados porque, a juicio del consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, hay "desbarajustes". Este miércoles ha anunciado que el Gobierno regional, además de luchar por que haya una buena oferta pública, va a buscar el equilibrio entre los centros infantiles públicos y privados.

El consejero ha recordado durante la inauguración de la guardería Ana María Matute en Toledo que en la región hay 450 centros infantiles, de los cuales el 70 por ciento son públicos y el 30 por ciento privados, y que su deseo es que no existan estos "desbarajustes".

Marín ha explicado que la intención del Gobierno regional es ayudar a las empresas gestoras de estos centros que, en algunos municipios, están atravesando una mala situación debido a la crisis y ha destacado su apuesta por la colaboración pública y privada para estos centros.

El consejero ha destacado que está "estudiando las fórmulas para llegar a este equilibrio" y ha hecho referencia a la nueva guardería como un "ejemplo de modelo de inversión pública y gestión privada".

Marín ha anunciado que se reunirá con el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, para ver la manera de equilibrar la oferta pública y privada y sobre todo un "modelo de gestión que garantice el acuerdo de ambas partes".

Además, ha indicado que estos centros de educación de infancia ayudan a "la creación de empleo y a la igualdad de géneros" y ha añadido que la Junta va a hacer "todos los esfuerzos" para que, a pesar de la crisis económica, el inicio de curso sea "normal".

http://www.dclm.es/noticia.php?noticia=101144 27.07.11

19) C. A GALICIA: VÍA LIBRE A LAS 3.000 VIVIENDAS ILEGALES CONSTRUIDAS EN LA COSTA DE BARREIROS

Hernández retira los recursos judiciales del bipartito a raíz de un pacto con los promotores - Feijóo no informó del acuerdo tras la última reunión de gobierno

En la rueda de prensa del último Consello de la Xunta, Feijóo tuvo tiempo para detallar hasta un informe de actividades de la Fundación Illa de San Simón. Se le quedó en el tintero una de las decisiones más importantes que acababa de adoptar su Gobierno: la retirada de 21 recursos judiciales presentados por el anterior Ejecutivo gallego contra otras tantas promociones ilegales en el Ayuntamiento de Barreiros, gobernado por el PP, lo que supone el desbloqueo definitivo de 3.174 viviendas levantadas en zonas que carecían del menor servicio. El conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, completa así el tenaz camino emprendido para la legalización de unas viviendas de las que cientos de ellas ya han sido declaradas ilegales.

La legalización afecta a 3.174 casas en un municipio de 3.200 habitantes

La retirada de los 21 recursos, que se corresponden con otras tantas promociones inmobiliarias, confirma la existencia de un acuerdo de Agustín Hernández con la asociación de promotores de la localidad lucense, cuyo presidente aseguró contar con el compromiso del conselleiro para la retirada del recurso antes de agosto. Los responsables de las promociones tenían prisa para intentar vender los pisos en agosto, un mes clave en el negocio por la visita de turistas a A Mariña de Lugo.

La retirada de los recursos no fue mencionada en la rueda de prensa de Alberto Núñez Feijóo ni apareció en la reseña de los acuerdos que la Xunta cuelga después de cada Consello en Internet. Fuentes de la Consellería de Territorio negaron que esa omisión tuviese voluntad de silenciar la retirada de los recursos. "Son actos jurídicos rutinarios de los que no se acostumbra a informar", afirmó un portavoz del departamento.

Con intención o sin ella, lo cierto es que la retirada de los recursos culmina dos años de esfuerzos de la Xunta para desandar el camino que emprendió el Gobierno bipartito en 2006, cuando suspendió las normas urbanísticas de Barreiros ante la autorización municipal en menos de un año de 5.800 viviendas en un ayuntamiento de apenas 3.200 habitantes. Después de tomar esa decisión, la Xunta de Emilio Pérez Touriño emprendió a través de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) un contencioso contra la autorización de licencias en zonas sin servicios básicos, como abastecimiento y saneamiento de agua o infraestructuras viarias.

La Consellería de Territorio considera la retirada de los recursos parte del "proceso lógico" después de que se aprobara la memoria ambiental del proyecto sectorial urbanístico de la zona. Este documento se desarrolló después de que Xunta, Diputación y Ayuntamiento de Barreiros firmaran un convenio por 14 millones de euros para dotar a las zonas afectadas de los servicios que impiden su consideración de solar, por lo que los juzgados las consideran en sus primeras sentencias suelo no urbanizable. De acuerdo con la ley, esas obras deberían correr a cargo de los promotores inmobiliarios.

Dicha memoria ambiental da por buena la previsión, incluida en el plan sectorial, de que en plena crisis demográfica y del sector inmobiliario, el Ayuntamiento de Barreiros multiplique su población por siete, para pasar de sus 3.200 habitantes a 23.500. Para hacer ese cálculo, el plan tiene en cuenta las propias viviendas objeto de la polémica.

La actuación del conselleiro Agustín Hernández en el caso de Barreiros provocó su denuncia ante el fiscal por parte de la asociación Adega, que le acusa de prevaricación y de delito contra la hacienda pública. Con el plan sectorial aprobado por la Xunta de Feijóo, la Administración renuncia a la cesión obligatoria del 10% y asume costes de urbanización que deberían ser asumidos por los promotores. Adega calificó el plan de "recalificación encubierta" del suelo, lo que implicaría "un inaceptable trato de favor" a unos promotores a los que se les permite triplicar la edificabilidad de sus terrenos.

www.elpais.es 27.07.11

20) C. A GALICIA: PONTEAREAS CONTRATA A AFILIADOS Y EXEDILES DEL PP EN UNA OFERTA DE 49 EMPLEOS QUE NO PUBLICITÓ

El Gobierno local de Ponteareas (PP) soslayó el dar publicidad a la convocatoria abierta de 49 plazas municipales, dentro de un programa de cooperación con la Xunta, que han ido a parar a afiliados y simpatizantes del propio partido, entre ellos dos exconcejalas. El BNG, que acusa directamente al alcalde, Salvador González Solla, del "escándalo" que suponen estas contrataciones "a dedo", anuncia que pedirá la anulación del concurso por el que fueron adjudicadas las citadas plazas y la convocatoria de otro nuevo.

La primera convocatoria de plazas fue decidida por la Xunta de Goberno de Ponteareas el 30 de mayo, pese a la advertencia de nulidad de la misma que expuso la secretaria municipal precisamente por no darse publicidad a la convocatoria. Con ello, los vecinos fueron privados de optar a un puesto de trabajo en condiciones de igualdad y aunque reunieran preparación y capacidad para desempeñar las plazas convocadas.

"Solla ocultó deliberadamente la convocatoria", afirman los nacionalistas, "para colocar a las dos exconcejales y a otros candidatos, afiliados y apoderados del PP". El Gobierno local realizó en las últimas semanas la selección para esas plazas, con contratos por un periodo de siete meses.

Rosemary Rodríguez Ogando e Isabel González Lago dirigieron hasta el 22 de mayo las concejalías de Empleo y Personal, respectivamente. Ambas, "que destacaron por la ausencia total de gestión y dejación de responsabilidades durante su etapa en el Gobierno local", denuncia el BNG, "reciben ahora su premio por parte del alcalde".

El Gobierno local se limitó a solicitar en el INEM una oferta de empleo, sin la menor publicidad. "No es posible que habiendo en Ponteareas 2.700 parados, a las citadas plazas solo se presentaran cuatro o cinco personas por cada convocatoria", señalan los nacionalistas.

Rosemary Rodríguez e Isabel González fueron las últimas en anotarse en el INEM. La primera está contratada en la Escuela Infantil Municipal y la otra, en el Registro Municipal. Ambas, según subraya el BNG, incluso participaron en el Gobierno local que tramitó el programa de cooperación e intervinieron también en el comienzo del programa de contratación, con el Gobierno ya en funciones. Ponteareas ya es, desde hace décadas, uno de los municipios gallegos con más carga de personal en su plantilla.

www.elpais.es 27.07.11

21) C. A GALICIA: NUEVE IMPUTADOS EN LA XUNTA DE FEIJÓO

El cese del titular de Portos alivia solo parcialmente los problemas judiciales en el Gobierno gallego - El presidente mantiene a dos cargos ya condenados. Feijóo "apartó" al director del Igape, pero no lo destituyó

José Manuel Álvarez Campana fue destituido el jueves como presidente de Portos de Galicia "a petición propia". Nada que ver, aseguró Feijóo, con su implicación en el caso Rinlo, en el que el fiscal le acusa de supuesta prevaricación administrativa y ambiental al aprobar una piscifactoría en Ribadeo. El presidente de la Xunta, que esta misma semana consideró que a Francisco Camps "le honra" su dimisión, mantiene por lo tanto una máxima bien distinta en su Gobierno, en el que permanecían 10 cargos pese a estar imputados por la justicia, nueve tras el cese de Álvarez Campana.

Antes de las elecciones autonómicas, la filosofía era distinta. En febrero de 2009, Feijóo retiró de la candidatura del PP por Ourense a su cabeza de lista, Luis Carrera, tras saberse que cobró 240.000 euros en comisiones de una cuenta del paraíso fiscal de las Islas Caimán. Eran otros tiempos: faltaba apenas un mes para las elecciones. Ya al frente de la Xunta, la filosofía del "yo predico con el ejemplo", de la que presumió Feijóo al prescindir de Carrera, ha sido sustituida por la de "evitar prejuicios y precipitaciones". El presidente ha llevado hasta tal extremo la tolerancia con los imputados que no ha destituido a ninguno de los que se le acumulan en la Administración autonómica, que son unos cuantos. Además de los nueve cargos que hacen frente a acusaciones judiciales, otros dos permanecen pese a haber sido ya condenados.

La lista de imputados de la Xunta comenzó a hacerse demasiado larga este verano, cuando la juez que impulsó la Operación Campeón implicó a tres altos cargos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Los imputados de la Consellería de Medio Ambiente, que dirige Agustín Hernández, son la directora general de Infraestructuras, Ethel Vázquez, y los subdirectores de Planificación, Antonio López Blanco, y Estradas, Mateo Maigler. Con ellos hacen cinco los altos cargos de la Xunta imputados en la presunta trama de obtención fraudulenta de subvenciones y préstamos públicos a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

Feijóo y Hernández apostaron por la continuidad de los tres implicados de Medio Ambiente, y los llamamientos a la "regeneración democrática" que predicaba el primero en vísperas electorales se ha convertido en apelaciones al "máximo respeto a la presunción de inocencia", en palabras del conselleiro. Feijóo aún no ha dado explicaciones por la imputación de estos tres altos cargos.

A los dos responsables del Igape imputados -su director general, Joaquín Varela, y su subdirector de Información Especializada, Carlos Silva Liste-, el presidente de la Xunta decidió "apartarlos de sus funciones". Varela tiene, en efecto, "suspendidas" las funciones, pero no dimitió ni fue destituido, y puede reincorporarse en cualquier momento al Igape. Silva fue recompensado con un ascenso de categoría.

Tráfico de influencias

Parecida tolerancia mantiene Feijóo con los dos imputados por abuso de poder en la investigación a Unións Agrarias. Se trata del director general de Promoción do Emprego de la Consellería de Traballo, Andrés Hermida Trastoy, y del director general de Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia, Jaime Bouzada Romero. Ambos lideraron la investigación a una supuesta trama agraria que el PP atribuyó al PSOE "para sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros y pagar campañas electorales". Los dos siguen en sus cargos, mientras la titular del juzgado número 1 de Santiago, que les imputa prevaricación administrativa, en su modalidad de desvío de poder, continúa con su investigación.

Otros dos imputados son los dos jefes de servicio de la sociedad pública Sogama a los que el juez atribuye un supuesto delito de tráfico de influencias. El responsable del área técnica de la sociedad pública, Ramón Pérez Mariño, y el jefe de transferencia y transporte, Ángel Javier Costal Vázquez, intentaron influir presuntamente en varios procesos de contratación, de acuerdo con la investigación judicial. La reacción de la Xunta ha sido apartarlos de los procesos de adjudicación, manteniendo el resto de sus atribuciones y, por su puesto, su sueldo íntegro.

Hasta su destitución del ya expresidente de Portos de Galicia, que Feijóo atribuyó a su deseo de trabajar para la Diputación de A Coruña, completaba la nómina de los implicados de la Xunta José Manuel Álvarez-Campana, acusado por la fiscalía de prevaricación medioambiental y urbanística por aprobar una declaración ambiental irregular de la piscifactoría de Rinlo (Ribadeo), cuando era director general de Calidade e Avaliación Ambiental en el último Gobierno de Manuel Fraga.

Además de los 10 imputados, siguen en sus funciones los dos cargos de la Xunta ya condenados judicialmente. Se trata del superdelegado del Gobierno gallego en Ourense, Rogelio Martínez, y de la directora general de Formación y Colocación, Ana María Díez López. El primero fue condenado en firme 2009 por la Audiencia Nacional a devolver el importe de obras "inexistentes" realizadas con fondos comunitarios. También está imputado penalmente por este mismo hecho y denunciado por prevaricación en la adjudicación de un tanatorio en su pueblo de Arnoia. La directora de Formación fue condenada por un juzgado de Ferrol por despido improcedente.

www.elpais.es 24.07.11

22) C. A GALICIA: EL PP GALLEGO RECHAZA QUE LOS MÉDICOS SOLO RECETEN LOS FÁRMACOS MÁS BARATOS

Farjas argumenta que se sustrae a los médicos la elección del fármaco

No hay tregua. El enfrentamiento entre la Xunta y el Gobierno central sobre el catálogo de medicamentos sobrevive a todos los intentos de consenso. El último, el del jueves, en el Consejo Interterritorial de Sanidad presidido por la ministra Leire Pajín. En este caso, Galicia se desmarca no solo de la propuesta del ministerio, sino también de la de comunidades gobernadas por el PP, como Madrid o Valencia, que aceptan la medida.

El ministerio ve imposible "prescribir un genérico más barato"

El Gobierno gallego estará obligado a cumplir el nuevo decreto

La máxima responsable de Sanidad del Gobierno de España informó, en esa reunión del Consejo interterritorial, a los 17 consejeros autonómicos de su decisión de que los médicos comiencen a recetar por principio activo en lugar de hacerlo por marca. Esto es, que las farmacias deberán dispensar genéricos y tendrán que optar siempre por el más barato. "Ingresos, ahorro y eficiencia", resumió Pajín su objetivo a los consejeros autonómicos de Sanidad, la mayoría del PP. A la de Galicia, Pilar Farjas, "no le gustó nada". "La ministra no puede hablar de que hay acuerdo, porque nosotros no lo aceptamos", explicó ayer a este diario un portavoz de la consellería de Sanidade.

El argumento de la Xunta en contra de la decisión del ministerio se sustenta en que "quita al médico, que debería ser el actor principal, la facultad de elegir el medicamento, lo que ahora quedará en manos de las distribuidoras farmacéuticas". Junto a ello, Farjas entiende que el ahorro es mayor con la aplicación del catálogo gallego -un listado de genéricos al que los médicos deben ceñirse para recetar- que mediante la propuesta del Gobierno de España de no recetar marca, sino un principio activo que luego dispensa el farmacéutico, optando obligatoriamente por el más barato.

La Consellería de Sanidade apela, además, al rechazo del Parlamento gallego a la propuesta de recetar por principio activo, con lo que da por zanjada cualquier propuesta al respecto. "Portugal aprobó en su día esta obligatoriedad del principio activo y tuvo que paralizarlo", sostiene la Consellería.

La rotunda reacción del Gobierno gallego ha sorprendido en Madrid. "En la reunión del Consejo no se opuso ninguna comunidad autónoma", precisa un portavoz del Ministerio de Sanidad. Sostiene que la intención de Pajín es "aprobarlo cuanto antes, llevarlo al Consejo de Ministros de la próxima semana para buscar lo más rápidamente posible la fórmula legal", que comprometerá a toda España, con lo que Galicia no tendrá más remedio que cumplirlo".

El Ministerio reconoce que algunos consejeros de comunidades del PP criticaron la falta de concreción de la propuesta y que esta no se sometiera a votación, "pero ninguno de ellos se opuso". El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, destacó que la propuesta del ministerio recogía "exactamente" sus peticiones. En similares términos se expresó el representante de la Comunidad Valenciana, Luis Rosada, también gobernada por el PP.

En el Ministerio de Sanidad no entienden la postura de la Xunta. "Si lo que pretenden es ahorrar con su catálogo, de esta forma, se ahorra más: es imposible recetar un genérico más barato ya que las farmacias quedan obligadas a dispensar el más barato de todos", precisa el portavoz del ministerio. Al mismo tiempo, explica que con esta decisión, la ministra pretende "que no se rompa la cohesión nacional" en cuestión de recetas de la sanidad pública. "No puede ser que un señor de León vaya a veranear a Pontevedra y, ahí, el médico no pueda recetarle el mismo medicamento que está tomando porque no está en el vademécum de la Xunta".

Desde el ministerio insisten en que la decisión tiene como objetivo "beneficiar a las comunidades autónomas y contribuir a aliviar su carga financiera", motivo por el que no entienden el rechazo de Galicia. Pero la oposición de la Xunta es rotunda. El portavoz de la conselleira asegura que no se trata de una batalla política ni jurídica. "Defendemos el catálogo y nuestra única batalla es mantenerlo en pie", destacan en la Consellería.

La misma propuesta que Feijóo

Una de las propuestas del Ministerio de Sanidad que rechaza la conselleira Pilar Farjas es la misma que hace menos de diez días avalaba el presidente de la Xunta. En una entrevista publicada por este diario el pasado día 10, Feijóo explicaba que el catálogo "no es más que volver a la legislación anterior", la aprobada bajo la presidencia de Aznar y que reformó el Gobierno del PSOE.

El presidente gallego advertía de que si el PP ganaba las elecciones generales implantaría el sistema de la última legislatura de Aznar, cuando "automáticamente se hacían unos precios de referencia, es decir, el Estado solo financiaba los medicamentos que tuviesen un precio similar al genérico".

La ministra de Sanidad, Leire Pajín, anunció en la reunión del jueves que retomaría esa misma propuesta que supone la supresión de las patentes farmacéuticas a los diez años. Esto es, sin la prórroga de tres años más que ofreció la socialista Elena Salgado durante su etapa al frente de este Ministerio.

La modificación de los precios de referencia que propone Pajín prevé una reabaja del 15% del precio de los medicamentos que lleven más de 10 años en el mercado sin que haya aparecido un genérico.

Ayer, la Consellería de Sanidade -preguntada por esta posición del presidente gallego que Farjas acababa también de rechazar en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud- destacaba que "la obligatoriedad de la receta de principio activo no tiene nada que ver con el catálogo" de medicamentos aprobado por la Xunta.

La desintonía entre ambas instituciones es absoluta y afecta a todas las propuestas. Para la Consellería de Sanidade, la propuesta del Ministerio "va a remolque" de la suya. Y para el Ministerio, es el "reducido catálogo aprobado por el Gobierno gallego" el que queda superado por su medida "de mayor alcance".

Mientras la ministra de Sanidad intenta realizar "cuanto antes" la modificación legal que dé soporte a la nueva medida "de ahorro sanitario", la conselleira gallega alerta de que "no se sabe qué es lo que se va a aprobar" y alude a la "frivolidad del Ministerio" en su reunión del Consejo Interterritorial.

Farjas lamenta que "no se presentara una sola propuesta concreta, ni un documento que acredite cómo, dónde y de qué forma" se va a aplicar el sistema de receta por principio activo que acabará con el catálogo gallego.

www.elpais.es 23.07.11

23) C. A GALICIA: CONDE ROA SE NIEGA A REVELAR EL COSTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COPA DAVIS

El regidor solo informará del presupuesto si Santiago sale elegida como sede

El precio que supone albergar una semifinal de Copa Davis en Santiago es todavía un misterio. Aunque el proyecto ya está en la sede de la Federación Española de Tenis, el alcalde, el popular Gerardo Conde Roa, rechazó ayer cifrar el gasto que conllevará su organización en caso que la capital gallega resulte elegida. El día 1 de agosto la Federación española deberá comunicar a la internacional su decisión, y el presupuesto necesario no se conocerá hasta saber si Santiago es la seleccionada, explicó ayer Conde Roa, quien sí insistió en el retorno económico que puede tener el evento para la ciudad, así como la proyección internacional que supondría. "No puedo entrar en detalles económicos porque podrían perjudicar las negociaciones", indicó sin dar más explicaciones. Tampoco quiso expecificar si el ayuntamiento se ha marcado un techo de gasto, solo se limitó a afirmar que los dos millones de euros de coste que se estimaron en Gijón -ciudad que retiró su candidatura por el alto coste- "están muy alejadas de la realidad". "Conocerán los datos, pero no puedo adelantarlos", insistió.

La federación de tenis debe tomar la decisión antes del 1 de agosto

El ayuntamiento trabaja ya en buscar algún tipo de ayuda "o fórmula económica" para aligerar los gastos, cuenta también con obtener el apoyo de la Xunta y recibirá además el 40% de los ingresos de los partidos, explicó el alcalde, que lo definió como "un cuadro económico para salir honrosamente de este evento". Tanto PSdeG como BNG admitieron la relevancia que tendría acoger las semifinales, pero manifestaron sus dudas sobre cómo se va a financiar.

El lugar elegido para instalar la pista central con capacidad para 16.000 espectadores, dos pistas de entrenamientos, vestuarios y aparcamiento VIP es la explanada abierta junto a los edificios de la Cidade da Cultura. Aunque también se barajaron el pabellón del Sar y el estadio municipal, no cumplían los requisitos de aforo que marca la Federación. "La Cidade da Cultura es un icono cultural y podría ser de sus mejores proyecciones para el futuro", defendió el alcalde. Los 300 metros de altura, apuntaron desde la Federación gallega, "son asumibles" y el parte meteorológico para esas fechas de mediados de septiembre arroja unas condiciones de humedad y lluvia buenas para el tenis. En los tres días de competición se organizarán además actividades paralelas en la ciudad

www.elpais.es 23.07.11

24) C. A MADRID: EL FIASCO DE LA ULTRA CADENA IBÉRICA O EL 11M EN LA TVE DE AZNAR, ENTRE LOS ‘HITOS’ DEL DIRECTOR DE TELEMADRID

La sección sindical de UGT en Telemadrid, a pesar de conceder el "beneficio de la duda" al nuevo director del ente, José Antonio Sánchez, advierte de que "su trayectoria no augura nada bueno" y lo justifica con los precedentes de su currículum. Entre otras cosas Sánchez, un hombre que creció profesionalmente al calor de Luis María Anson, ya ha sido avalado por nombres como Miguel Ángel Rodríguez, y durante su paso por la dirección de RTVE se produjeron algunos momentos especialmente tristes para el periodismo como "el deletreo de Urdaci o la cobertura del 11-M". Su perfil es tan político y vinculado a los de Rajoy que hasta Jiménez Losantos presenta a su compañero como "comisario político del PP".

Artículos relacionados

A través del boletín interno de La Parabólica y de la plataforma Salvemos Telemadrid, UGT analiza al nuevo Director General de Radiotelevisión Madrid, José Antonio Sánchez, criticando en primer lugar el proceso de selección:

A diferencia de lo que ocurre en RTVE, TV3 o Canal Sur, este cargo se elige a dedo directamente desde la presidencia de la Comunidad. La comunicación del nombramiento al Consejo de Administración fue calificada por el PSOE de "esperpento y trágala", ya que "como si se tratara de un premio cinematográfico, se abrió un sobre y se leyó su currículo".

A continuación, el sindicato recuerda el currículum que precede a Sánchez y los nombres que le avalan, como MAR, el exportavoz del Gobierno de Aznar, recientemente condenado por injurias.

A pesar de que habrá que concederle el beneficio de la duda, su trayectoria no augura nada bueno. El inefable Miguel Ángel Rodríguez, que había jurado no volver a Telemadrid hasta que no hubiera aquí "alguien con cabeza", no ocultaba su entusiasmo después de conocer tan "buen fichaje".

Protegido y tutelado por Anson en EFE, ‘ABC’ y ‘La Razón’, Sánchez fue su hombre de paja en el fiasco de la Cadena Ibérica (intento de hacer una radio ultraderechista que compitiera con la COPE y cuya "estrella" era Antonio Jiménez, el presentador de "El gato al agua"). Tras arruinarla y vender a precio de saldo sus emisoras a Onda Cero (ya controlada por Aznar a través de Villalonga) fue acogido en Admira, otra filial de Telefónica, hasta que el Partido consiguió auparle hasta la mismísima Dirección de RTVE sustituyendo a Javier González Ferrari, que pasó a dirigir Onda Cero y así todos contentos.

UGT recuerda algunos momentos especialmente tristes para el periodismo dentro del período de Sánchez como director de RTVE:

Allí fue responsable Sánchez de una de las etapas más oscuras de la televisión pública nacional, dando lugar a momentos gloriosos como el deletreo de Urdaci o la cobertura del 11M. De alto perfil político, el mismísimo Jiménez Losantos le ha calificado de "comisario político del PP".

Además de estos precedentes, el sindicato subraya que la situación de la cadena que encontrará Sánchez no puede ser más desalentadora con "más de 300 puestos de trabajo destruidos mientras se contrataba a una plaga de directivos ociosos", continuados récord de mínimos históricos en audiencia y "unos informativos manipulados y sin credibilidad entre los madrileños". Lamentan la impunidad con la que se actúan los responsables de Telemadrid, cuando en otros países se paga cuando se saltan los límites:

Y mientras vemos con envidia cómo en Inglaterra se investigan las actuaciones irregulares de los grupos periodísticos de Murdoch (el actual modelo de storytelling de Telemadrid es una pálida copia de la ultraconservadora Fox News) acabará esta legislatura sin que se haya constituido el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) al que obliga esa misma Ley Audiovisual, un órgano regulador homólogo a los de Francia (Conseil Superieur de l’Audiovisuel), Estados Unidos (Federal Communications Comision) o Reino Unido (Office of Communications) que acabaría con las deleznables prácticas de nuestras televisiones.

www.elplural.com 27.07.11

25) C. A MADRID: AGUIRRE NO VE COMPARABLE EL CASO CAMPS CON LA "ALTA TRAICIÓN" DE RUBALCABA EN EL FAISÁN

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este martes que no es comparable la dimisión del expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el "cohecho impropio" que se le imputa, con la "alta traición" que, a su juicio, cometió el candidato socialista al Gobierno central, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando era ministro de Interior en el caso Faisán.

La presidenta se pregunta cómo se pueden hacer paralelismo entre un "cohecho impropio" y decir a los terroristas "que salgan corriendo"

Durante su intervención en la Junta directiva regional del PP de Madrid y según recoge Europa Press, Aguirre ha criticado que "algunos" incluso desde el propio partido del PP hayan "puesto en paralelo la admirable decisión de Camps con la de Rubalcaba y Camacho, que no se dan ni por aludidos a pesar de que un juez ha imputado a toda una cúpula de la policía en un delito de colaboración con la banda armada, con ETA".

Respuesta a su propio partido

La presidenta ha insistido en que no está "para nada de acuerdo en comparar estos dos casos" después de que algunos populares aprovecharan la semana pasada la dimisión del dirigente valenciano para pedir a Rubalcaba que tomara ejemplo y no se presentase como candidato a las próximas elecciones generales.

El cohecho impropio es "que me regalen pulseras"

"¿Cómo se puede comparar un llamado cohecho impropio, que es que me regalen a mí estas pulseras o que regalen lo que sea a cambio de nada simplemente por el cargo que se ocupa con la, a mi juicio, alta traición que supone que unos policías a las órdenes del ministro de Interior les diga a unos terroristas que salgan corriendo porque va a venir la policía a detenerles?", se ha preguntado.

Tenía que haber dimitido "todo el Gobierno"

En opinión de la presidenta del PP madrileño, lo del caso Faisán "no tiene posible comparación con lo de Camps, que ha actuado con dignidad dimitiendo" y, sin embargo, el "chivatazo a ETA tenía que haber provocado no sólo la dimisión del ministro de Interior sino la dimisión de todo el Gobierno". Aguirre ha concluido apuntando que este caso, "por supuesto", debería "invalidar", además, a Rubalcaba para presentarse como candidato" a las próximas elecciones generales por el PSOE.

www.elplural.com 26.07.11

26) C. A MADRID: SUBE EL BILLETE DE METRO Y BUS

Aguirre encarece todos los títulos sencillos de transporte

El Consorcio Regional de Transporte ha acordado subir el billete sencillo de metro y autobús un 50%. En una reunión celebrada ayer por la tarde, el organismo autonómico responsable del transporte en la región y que está controlado por la Comunidad de Madrid, encarece el billete simple de un euro a 1,5 euros.

El viaje simple en transporte público en Madrid será el más caro de España

Se trata de la primera subida de este tique desde 2004, cuando la presidenta regional decidió rebajar el precio de 1,15 a un euro. La Comunidad de Madrid también aprobó ayer la subida de los billetes de los autobuses interurbanos, de los metro ligeros (Pozuelo, Boadilla, Las Tablas y Sanchinarro) y del tranvía del Parla. El resto de abonos mensuales y el metrobús mantienen el mismo precio.

A la reunión del consejo de administración del Consorcio de Transportes acudieron miembros del Gobierno regional, del Ayuntamiento de Madrid, otros consistorios, consumidores, representantes del ministerio de Fomento y de empresas concesionarias. La revisión de tarifas fue aprobada por 10 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, de los representantes del Estado. El rechazo a la medida provino de CCOO, UGT y del representante del PSM en la federación de municipios de Madrid. Hace un año, cuando el Gobierno regional encareció el metrobús, la oposición y sindicatos plantearon la subida del billete sencillo en la misma proporción que ahora.

www.elpais.es 30.07.11

DEL 'TARIFAZO' EN EL METROBÚS AL SENCILLO

- El billete sencillo se ha mantenido con el mismo precio desde 2004. El Gobierno de Aguirre lo bajó de 1,15 a 1 euro al llegar a la Comunidad.

- La última gran subida del transporte público se produjo en 2010. El Consorcio Regional de Transportes aprobó un incremento del 21,6% en el billete que usaban un 25% de los usuarios: el Metrobús (10 viajes). Subió de 7,40 a 9 euros, lo que casi lo equiparaba con el sencillo.

- Frente a la congelación del billete de un solo viaje, el Metrobús ha subido más del 100% en siete años. En 2003 costaba 4,30 euros. Ahora, 9,30.

- La subida de tarifas que se aprobará previsiblemente esta tarde solo afecta a los billetes sencillos. El resto de títulos, que subieron el equivalente a la inflación a principios de 2011, se mantienen.

- La medida debe pasar por la Comisión de Precios antes de su aprobación, por lo que no comenzará a aplicarse desde el 1 de agosto.

www.elpais.es 29.07.11

27) C. A MADRID: AGUIRRE EXIGE AL GOBIERNO QUE PROHÍBA LA MARCHA "ANTI-PAPA"

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, volvió a pedir ayer a la delegada del Gobierno, Dolores Carrión, que no autorice la marcha que ella define como "anti-Papa" y que 140 asociaciones han convocado coincidiendo con la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se celebrará del 16 al 21 de agosto. Es la segunda vez que Aguirre exige que se prohíba la iniciativa, alegando la necesidad de evitar "problemas".

La marcha anti-Papa está convocada para el 17 de agosto, es decir, un día antes de la llegada a la capital de Benedicto XVI. Se calcula que entre un millón y 1.300.000 personas acudan a la capital para asistir a los actos del evento sumándose a los miles de turistas que habitualmente visitan Madrid en agosto.

Aguirre subrayó ayer que el Gobierno regional va a tomar "todas las medidas que sean necesarias para que esa maravillosa avalancha de público que va a venir a Madrid a partir del 13 de agosto" tenga la seguridad y los servicios garantizados, especialmente en lo que se refiere a transporte -Metro ha movilizado incluso a sus conductores jubilados- y sanidad.

Para ello, 275 institutos de la región estarán abiertos para acoger a peregrinos, lo que dejará sin vacaciones a los funcionarios públicos que los atienden. A este despliegue, se suma el anunciado ayer por el Ayuntamiento que, por ejemplo movilizará 4.100 agentes de la Policía Municipal y organizará más de 1.300 turnos de efectivos sanitarios junto a 2.874 turnos de voluntarios de SAMUR.

Evitar problemas

"Espero que no haya problemas y para eso le pediría a la delegada que no autorice la marcha anti-Papa", ha añadido, en la misma línea que ya lo hizo ayer, tras el Consejo de Gobierno, cuando subrayó que no "entendería" que la iniciativa se permitiera cuando no se dio permiso a la marcha que los ateos querían hacer el Jueves Santo.

Dos de las 140 plataformas convocantes de la marcha, la organización Europa Laica y la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, han replicado a la presidenta que su manifestación "no es anti-Papa", sino que trata de mostrar una "opinión diferente, pacífica y respetable" y que, con su actitud, Aguirre "muestra su lado más antidemocrático y arcaico" y una cierta "incultura general".

www.elpais.es 30.07.11

28) C. A MADRID: EL JUEZ LE DA 15 DÍAS A AGUIRRE PARA CUMPLIR LA SENTENCIA DE LA M-501

El Tribunal Superior obliga a la Comunidad a deshacer las obras realizadas y a dejar la carretera como estaba por considerar la zona de protección ambiental

Las máquinas podrían volver a la carretera de los pantanos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) concede 15 días a la Comunidad de Madrid para que cumpla una sentencia dictada por este mismo tribunal en 2008, que obligaba al Ejecutivo regional a paralizar las obras de desdoblamiento de la M-501 y contemplaba la restitución de la zona protegida a su estado original.

Hace cinco meses el Supremo declaró ilegal la ampliación realizada en la vía

El proyecto regional fue declarado como ilegal hace cinco meses por el Supremo, por incumplir los trámites administrativos. La ampliación de la carretera de los pantanos, M-501, acumula un largo historial de procesos judiciales. Fue un proyecto personal de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. En 2005 defendió el desdoblamiento entre Quijorna y Navas del Rey debido al "interés general, por razones imperiosas de seguridad vial".

La presidenta obvió los informes en contra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) -suscrito en 2006 por más de 150 científicos-. Aguirre emprendió las obras en medio de una zona de alta protección ambiental, el parque regional del río Guadarrama. Y desoyó las recomendaciones de los expertos que proponían medidas para reducir los accidentes menos agresivos para el entorno.

Enseguida las asociaciones ecologistas comenzaron la batalla para frenar el proyecto. En febrero de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la organización ecologista y ordenó la paralización de las obras, que costó unos 100 millones. La sentencia ordenaba "reiniciar el proceso administrativo y, en su caso, restituir a su estado anterior la zona afectada".

La Comunidad de Madrid se resistió a cumplir la sentencia y buscó todos los resquicios jurídicos para justificar su decisión. Recurrió la decisión del tribunal. Elaboró una declaración de impacto ambiental (DIA) sobre el proyecto. Este documento obligatorio, que el Gobierno regional evitó entregar hasta el final, recoge las afecciones ambientales en la zona y sus posibles soluciones.

Mientras tanto, la Consejería de Transportes terminó la obra de desdoblamiento de la veintena de kilómetros e inauguró el tramo por todo lo alto.

Al ver que la Comunidad de Madrid eludía el cumplimiento de la sentencia del TSJM, Ecologistas en Acción reclamó ante los tribunales la ejecución del mismo. La semana pasada, el TSJM dictó un auto en el que obligaba a la Comunidad de Madrid a cumplir la sentencia anterior. Desde Ecologistas en Acción, María Ángeles Nieto señala que la orden del TSJM "deja en evidencia la falsedad de los responsables regionales que han negado reiteradamente la obligación de cumplir con la sentencia". La Consejería de Transportes emitió una nota en la que aseguraban que presentarán las alegaciones pertinentes.

www.elpais.es 28.07.11

29) C. A MADRID: EL PP RECORTA EL TIEMPO DE LAS INTERVENCIONES DE LA OPOSICIÓN EN LOS PLENOS

La entrada de UPyD en la Asamblea de Madrid está sirviendo de excusa al grupo popular, que hace valer su amplía mayoría absoluta, para modificar algunos aspectos de la vida parlamentaria que afecta a los partidos minoritarios. La secretaría general del Parlamento regional propuso a los portavoces de los grupos una modificación de "las líneas generales de actuación de la Asamblea de Madrid". Traducido: propone limitar las intervenciones de los grupos minoritarios durante los plenos.

La secretaría general pretende reducir las mociones -el trámite que tiene la oposición para expresar su descontento con una interpelación de un miembro del Gobierno regional-. Pretende que las mociones computen como una iniciativa parlamentaria. Hasta ahora no eran excluyentes. Por eso, IU y PSM han expresado su malestar porque consideran que esta iniciativa recorta su labor de control al Gobierno. Tras la "reordenación del funcionamiento del pleno", el PP podrá hacer cinco preguntas y cinco iniciativas para cada sesión; el PSOE, cuatro preguntas y tres iniciativas; IU, una pregunta y una propuesta, y UPyD, una de cada una.

Dos plenos

"No hay ninguna reducción de iniciativas para la oposición. Es una redistribución del total de iniciativas que se pueden tramitar debido a que hay un grupo parlamentario más", señaló el portavoz adjunto del PP, Pedro Muñoz Abrines. La iniciativa aprobada por el PP podría alargar los plenos hasta más allá de la medianoche.

Por su parte, Tomás Gómez, portavoz socialista, criticó ayer el "recorte de iniciativas de la oposición. Cada vez tiene un trabajo parlamentario más limitado". Se lamentó de que "cada vez hay menos control al Gobierno y menos posibilidad de iniciativas de la oposición". Los socialistas han propuesto en varias ocasiones que se celebren dos plenos parlamentarios: uno de control al Gobierno y otro para presentar iniciativas parlamentarias. El PP alega que el trabajo parlamentario se hace, también, en las comisiones parlamentarias.

Desde IU, la diputada Eulalia Vaquero estima que la medida "reduce las posibilidades de iniciativas de la oposición". Vaquero se queja de que el PP ha bloqueado "cualquier posibilidad de debate. Ha sido cercenado, cortado de raíz", indicó. "La oposición no debe confundir cantidad y calidad a la hora de ejercer su labor", concluyó el portavoz adjunto del PP, Muñoz Abrines.

www.elpais.es 28.07.11

30) C. A MADRID: GALLARDÓN REBAJA EL PRECIO DEL ALQUILER DE LA OFICINA PARA LA VISITA PAPAL

De "chollo" calificó ayer Izquierda Unida el contrato firmado entre Madrid Espacios y Congresos -empresa municipal que gestiona, entre otros, el Palacio Municipal de Congresos y la Caja Mágica- y el Arzobispado de Madrid por el que el Ayuntamiento alquila la oficina que usa la organización de la Jornada Mundial de la Juventud. El Arzobispado está pagando 13.800 euros al mes por una oficina de 2.300 metros cuadrados en la cuarta planta del edificio APOT, en Campo de las Naciones. Un precio, seis euros por metro cuadrado, que es una tercera parte del precio de mercado.

"Alguien tendrá que explicar por qué se renuncia alegremente a ingresar 150.000 euros más mientras los proveedores siguen sin cobrar del Ayuntamiento", aseguró el portavoz del grupo municipal de IU, Ángel Pérez. Los cálculos de la organización se basan en el contrato de alquiler, firmado el 1 de abril pasado. Madrid Espacios y Congreso alquila la oficina al Arzobispado del 1 de abril al 15 de septiembre, lo que supone un pago de 76.100 euros. "Un particular tendría que haber pagado en torno a 230.000 euros por ese alquiler", asegura IU.

18 euros el metro

En el mismo edificio, la inmobiliaria Aguirre Newman alquila oficinas por 18 euros el metro cuadrado, es decir, el triple de lo que paga el Arzobispado. Un chequeo por el entorno de esta zona realizado por el grupo de IU muestra que los alquileres rondan esa tarifa. Pérez se preguntó ayer "quien va a restituir el dinero que pierde una empresa municipal, en unos tiempos que tanta falta hace, por esa generosa oferta al inquilino y qué razones hay para dar ese trato cuando ni siquiera se paga a los proveedores por falta de dinero mientras se renuncia alegremente a estos ingresos".

El Ayuntamiento de Madrid rehusó comentar la denuncia de IU. El Consistorio cede también para la visita de Benedicto XVI el uso de 206 colegios de Infantil y Primaria, de seis de Educación Especial y del albergue juvenil de Mejía Lecquerica para acoger algunas de las actividades de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). El gasto de agua y luz de estas instalaciones irá a cargo de las arcas municipales, según aseguró la coordinadora general de Apoyo a la Familia, Alicia Domínguez, en la comisión municipal de Servicios Sociales de junio pasado.

www.elpais.es 27.07.11

31) C. A MADRID: EL PP IMPIDE UNA AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE MINTRA

Mintra ya tiene certificado de defunción. La Asamblea de Madrid, con la mayoría del PP, ratificó ayer la supresión de la empresa pública responsable de la ampliación de metro, como había previsto el Gobierno regional. El grupo popular ha evitado una auditoría independiente de Mintra antes de que se cierre, como había reclamado socialistas y UPyD. Sin embargo, el PP ha accedido a que sea la la Intervención General de la Comunidad de Madrid quien revise las cuentas de la empresa pública.

El Gobierno regional, que dirige Esperanza Aguirre, decidió cerrar Mintra como parte de un plan de ajuste. El consejero de Transportes, Antonio Beteta, aseguró el jueves que la supresión del ente público supondría un ahorro de 1,4 millones, la mayor parte derivado del recorte de personal. Transportes absorberá las competencias y los trabajadores de Mintra.

La oposición defendió la idea de revisar las cuentas del ente público por auditores independientes. UPyD propuso que sea la Intervención General del Estado, quien fiscalice las cuentas.

El diputado del PSM, Antonio Fernández Gordillo, se refirió durante la comisión al caso de las retribuciones de Metro que salpica a Mintra. "Se quiere tirar no sólo el agua sucia, sino el agua sucia con el niño dentro", manifestó el parlamentario socialista.

El vicepresidente regional, Ignacio González, negó que exista relación entre la disolución de Mintra y las supuestas adjudicaciones de obras a cambio de comisiones. Transportes expedientó a, al menos, cuatro funcionarios después de presentar una denuncia ante los juzgados.

www.elpais.es 23.07.11

32) C. VALENCIANA: EL JUEZ RECLAMA A RAJOY UN INFORME DE LAS CUENTAS DEL PP VALENCIANO

El tribunal reactiva la investigación de dos campañas y los contratos con Gürtel

La investigación de la presunta financiación irregular del PP valenciano se acelera. El juez instructor del grueso de la rama valenciana del caso Gürtel, José Francisco Ceres, dictó ayer un auto que reactiva la causa al hacer firme la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de declararse competente. El magistrado reclama la remisión de documentación tanto al Tribunal de Cuentas como al PP y a la Generalitat valenciana.

La cúpula popular debe aclarar la autonomía contable del PP en Valencia

El magistrado pregunta quién autorizaba los ingresos y gastos

Así, la dirección nacional del PP, que preside Mariano Rajoy, recibirá un oficio judicial para que determine quién o quiénes han sido responsables o han intervenido en la contabilidad del partido en la Comunidad Valenciana. Pero además, solicita que se informe del "modo de funcionamiento", del grado de "autonomía económico-financiera y contable" y del modo en que Génova fiscaliza y controla al PP valenciano. El juez requiere especialmente cómo funciona la contabilidad electoral "y en concreto la derivada de las campañas de los años 2007 (autonómicas y locales) y 2008 (generales)".

Otros requerimientos van dirigidos al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Comptes valenciana, de los que solicita la certificación sobre "la regularidad de la contabilidad electoral" del PP en las elecciones de 2007.

Esta parte del caso Gürtel se inició tras el examen de la documentación requisada a las empresas de la trama que lideraba Francisco Correa. Su análisis desveló el posible endoso de facturas a empresarios, que habrían abonado los servicios realizados por la trama al PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008. La principal proveedora de estos servicios fue Orange Market que, además, resultó adjudicataria, durante cinco años, de los expositores con los que la Generalitat valenciana (a través de la Agencia Valenciana de Turismo) participó en la feria Fitur.

La investigación se ha desarrollado durante más de dos años en el TSJ de Madrid, hasta que decidió inhibirse a favor de Valencia. Dado que ha pasado más de un año hasta que se ha resuelto, de manera firme, esta decisión, el juez Ceres quiere saber si la policía ha hecho avances en la investigación. También solicita que la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) averigüe la identidad del titular y "persona/s autorizadas de la cuenta o cuentas corrientes que pudiera tener el PP" valenciano desde las que pudieran haberse abonado "las cantidades económicas para el pago de los actos encargados por dicha formación política a Orange Market".

El juez llamará a declarar a todos los imputados, entre los que se encuentra la cúpula del PP valenciano, que estaba bajo la responsabilidad del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Entre los imputados figuran Vicente Rambla (exvicepresidente); Ricardo Costa (ex secretario general del PP); David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV); Yolanda García (tesorera del PPCV; Cristina Ibáñez (administradora del PPCV), en lo que respecta a la financiación irregular. Y Rambla, Milagrosa Martínez (expresidenta de las Cortes valencianas y exconsejera de Turismo); y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de Turismo y hasta ayer jefe de protocolo de la Diputación de Valencia) por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación. En relación con los contratos de Orange Market, el juez pide a Presidencia de la Generalitat que certifique las funciones de Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional.

"Políticamente, lo más relevante es que supone bajar a la realidad a Alberto Fabra", recién nombrado presidente del PP valenciano y de la Generalitat tras la dimisión de Camps, señaló el diputado socialista Ángel Luna, que encabeza la acusación popular. "Se trata de un tema del que nadie ha dado explicación alguna", concluyó

www.elpais.es 28.07.11

33) C. VALENCIANA:¿QUIÉNES SON EL PRÍNCIPE Y EL CANTANTE?

Ya lo preguntaba el juez Antonio Pedreira hace un año. Ahora, el magistrado que instruye la causa por la que se investiga la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana insiste. Así, entre el requerimiento de documentación para el desarrollo de la investigación que dicta en el auto hecho público ayer, el juez pregunta a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía si ha adelantado algo en sus investigaciones y si de ellas "ha podido identificarse a las personas denominadas como "El príncipe" y "El Cantante" y, en su caso, quienes sean los mismos".

Pedreira ya apuntó la importancia de estos dos "personajes", ya que eran los encargados de cobrar a empresas valencianas los servicios que Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, supuestamente había prestado al PP durante la campaña electoral para las elecciones valencianas de 2007.

"El cantante" fue el encargado de "cobrar, o al menos entregar, el importe facturado al Grupo Vallalba, a Constructora Hormigones y Pavimentos del Suroeste por Orange Market". Y las facturas tenían como "única finalidad el pago de los servicios prestados por Orange Market al PP de la Comunidad Valenciana durante la campaña electoral de 2007", tal como sostenía el auto del juez Pedreira.

"El príncipe" es el apodo bajo el que se oculta la persona que figura en la contabilidad B o Barcelona de Orange Market y que habría pagado 200.000 euros que se restaron de la deuda de esta caja.

Además de las empresas mencionadas, Facsa y Piaf, dos de las principales adjudicatarias del Ayuntamiento de Castellón que hasta ayer presidía el recién nombrado presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, son también investigadas por su presunta colaboración en la comisión del delito electoral, en el que se incluye la financiación irregular. Pero las pesquisas van más allá y se dirigen también a averiguar si estas empresas cometieron además un delito de falsedad, por la elaboración de facturas que reflejarían servicios inexistentes durante la campaña electoral de 2007. En el caso de los actos celebrados en la campaña de 2008, la investigación se extiende a varias empresas del grupo Sedesa, Lubasa y a Enrique Ortiz Hermanos, también implicada en el caso Brugal

www.elpais.es 28.07.11

34) C. VALENCIANA: LA JUSTICIA VALENCIANA COMIENZA LA INVESTIGACIÓN POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

Además de la financiación ilegal, los delitos investigados son la prevaricación, el cohecho y la falsedad documental

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha emitido hoy un auto por el que abre la investigación sobre la financiación ilegal presuntamente cometida por el PP valenciano en las elecciones autonómicas de 2007. El tribunal aceptó instruir este asunto el pasado mes de mayo, después de que el juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, les hiciera llegar las irregularidades que había detectado en la conducta de varios diputados valencianos.

Además de la financiación ilegal, los delitos investigados son la prevaricación, el cohecho y la falsedad documental. La prevaricación se habría cometido en la adjudicación de contratos públicos a empresas de la trama Gürtel durante el mandato de Francisco Camps, que el miércoles pasado dimitió como presidente de la Generalitat por su imputación en el caso de los

trajes.

Entre los presuntos autores o coautores de estas infracciones están Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat, Ricardo Costa, exsecretario general del PP regional, David Serra, vicesecretario de Organización de la misma formación, Yolanda García, tesorera de la misma, y Milagrosa Martínez, expresidenta de las Cortes Valencianas y actual alcaldesa de Novelda. Todos ellos son actualmente diputados autonómicos. El auto también cita a Pedro García, el exdirector de la Radio Televisión pública valenciana.

Las cuentas del PP

A través del auto hecho público hoy, el juez ordena que todos los implicados sean informados del proceso y de sus derechos ante el mismo. También pide que se recabe numerosa documentación para iniciar la investigación.

El magistrado Ceres pide que el Tribunal de Cuentas certifique su examen de las cuentas del PP sobre las elecciones de 2007.

También acuerda que se pida a la Sindicatura de Comptes (el tribunal de cuentas valenciano) información sobre la fiscalización de contratos de la Agencia Valenciana de Turismo, dependiente de la Generalitat. Ceres solicita en el auto que la policía remita informe sobre todo lo investigado y que detalle en qué punto está. Además, solicita a Pedreira que remita los documentos y soportes informáticos de la causa

www.publico.es 27.07.11

35) C. VALENCIANA: EL PRESIDENT, MOLESTO: PREGÚNTALE A COSPEDAL POR QUÉ NO HA VENIDO

La dirección nacional del PP no envía ningún representante al acto y Fabra admite desconocer el motivo

La toma de posesión hoy de Alberto Fabra como president de la Generalitat ha puesto punto y final al segundo acto de una obra que se inició con la llegada del caso Gürtel a la Comunitat Valenciana, y que ha quedado un tanto deslucido por la ausencia de los primeros espadas de la dirección nacional del PP.

El anuncio hecho por el propio Fabra ayer por la noche en Castelló de que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, acudirían a su toma de posesión de hoy en Les Corts levantaba una expectación que finalmente se ha visto frustrada.

Fabra ha admitido no saber el motivo de la ausencia de Cospedal. En declaraciones a Europa Press Televisión, el president ha instado a los periodistas a que pregunten a la presidenta de Castilla la Mancha los motivos que le han impedido acudir al acto. "Yo no lo sé", ha destacado.

Fabra el miércoles por la tarde, antes de la reunión del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva Provincial del PP en Castelló, aseguró que tanto María Dolores de Cospedal, como el vicesecretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, asistirían al acto. Sin embargo, no ha acudido nadie de la dirección nacional del PP.

"Ni Cospedal ni González Pons han confirmado nunca su asistencia al acto", han reiterado tanto desde el Parlamento valenciano como desde el PP ante la insistencia matinal de los periodistas, que se han tenido que conformar con las autoridades locales y la presencia del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que se ha marchado tras el acto institucional sin querer hacer declaraciones.

Sin nadie de la dirección nacional del PP, la atención mediática se ha centrado en Fabra y en su antecesor en el cargo, Francisco Camps, que dimitía la semana pasada después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) lo procesara por su imputación en la llamada "causa de los trajes" del caso Gürtel.

Si Fabra entraba por la puerta principal del Palau dels Borja, escoltado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León, y recibido por el presidente de Les Corts, Juan Cotino, Camps optaba por hacerlo en solitario y por una puerta lateral.

La llegada al hemiciclo de ambos también ha sido por separado: mientras Camps llegaba por una de las puertas laterales junto con Barberá y ocupaba su nuevo escaño en la tercera fila, el nuevo jefe del Consell llegaba por una de las puertas principales y entre los aplausos de los diputados de su grupo, entre ellos los de su antecesor.

El momento de las felicitaciones tras el discurso de Fabra tampoco ha servido para lograr una foto de ambos juntos, ya que mientras el ya president de la Generalitat recibía la felicitación de consellers y diputados de distinto signo político, Camps hacía mutis por el foro.

En la recepción -con horchata y zumo de naranja- ofrecida después en el patio de Les Corts, el protagonista absoluto ha sido Fabra y su defensa de sus raíces castellonenses: "He tenido el inmenso orgullo de detentar" la Alcaldía de Castellón durante estos últimos seis años y "ese orgullo y esas raíces son irrenunciables".

"Raíces que nacen, como los del gigante Tomba-Tossals, del encuentro entre la Penyeta Roja y el Tossal Gros", afirmaba el desde ayer exalcalde de Castellón, en alusión a unos símbolos que han hecho las delicias de las decenas de alcaldes de la provincia que no han querido perderse la toma de posesión del primer president de Castellón.

Las corbatas verdes, color de la capital de La Plana, también han tenido una presencia importante en la recepción, en la que mientras unos comentaban con curiosidad la insistencia de Fabra en la defensa de sus orígenes, otros estaban encantados con que el "poder castellonense" haya llegado a la Presidencia de la Generalitat.

Con el pleno de hoy, la obra de teatro que parece ser el caso Gürtel llega al final de su segundo acto, pero todavía queda por saber el desenlace de un tercer acto de final incierto, una vez más en el escenario del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

www.levante-emv.com 28.07.11

36) C. VALENCIANA: EL DERRUMBE DE CAMPS PROVOCA UN TSUNAMI EN EL PP VALENCIANO

Fabra asume un partido deshecho por la corrupción y un Gobierno hipotecado

La clave que sustentaba el campismo se desplomó el pasado miércoles. La dimisión de Francisco Camps como presidente de la Generalitat y del PP valenciano, forzada por Génova, supone también el derrumbe de un sistema hecho a medida del expresidente, que había formado el Gobierno, el partido y el grupo parlamentario sin ninguna concesión a cuotas territoriales, barones provinciales o sugerencias provenientes de la dirección nacional del PP. Camps se va -mañana cederá el Gobierno al diputado y alcalde de Castellón, Alberto Fabra- sin haber dado ninguna explicación coherente de sus relaciones con la trama Gürtel casi dos años y medio después de estallar el escándalo. Pero, a cambio, deja al partido y a su sucesor una herencia compleja de gestionar y una Comunidad Valenciana sumida en una grave crisis institucional.

El expresidente tiene que decidir si mantiene su escaño en las Cortes

"Nos ha pasado un tsunami", reconoció el pasado viernes la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que ha sufrido un enorme desgaste por haber sustentado a Camps desde que estalló el caso Gürtel y negarse en repetidas ocasiones a sustituir a su patrocinado. Probablemente, Barberá es la persona más consciente de la grave crisis que se abre en su partido dos meses después de las elecciones.

La dimisión de Camps acaba con un concepto muy personal de entender la política, que había llevado al hartazgo a muchos de los suyos, pero no resuelve los principales problemas de los populares valencianos. La dimisión, aunque balsámica, no acaba ni con los escándalos de corrupción del PP, ni da paso a un liderazgo sólido en el Gobierno y en la estructura regional del partido.

El expresidente tendrá que enfrentarse en otoño, previsiblemente en plena campaña electoral para las generales, al tribunal con jurado, acusado de recibir sobornos de la trama corrupta. Un escenario que Génova quería evitar a toda costa y que no se ha detenido. A principios de septiembre, a más tardar, Camps tendrá que desfilar, como los otros tres imputados, por el Tribunal Superior de Justicia para depositar personalmente un aval que garantice la fianza de 55.000 euros impuesta por el tribunal -la multa que solicita la fiscalía, 41.250 euros, más un tercio de esa cantidad-. Pero en esta ocasión, el expresidente afrontará el proceso con una estrategia de defensa conjunta rota. Sus compañeros de banquillo ya han dejado claro que actuarán en función de sus intereses personales. El exvicepresidente del Gobierno Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret están muy enfadados por haberse declarado culpables ante el TSJ para facilitar a Génova el acuerdo con Camps y que este último haya roto el pacto y se haya declarado inocente para ir a juicio.

El cuarto imputado, el diputado autonómico y ex secretario general Ricardo Costa, nunca se fio del expresidente y buscará una sentencia exculpatoria que no lastre su posición en la causa por la financiación irregular del PP valenciano. Camps tiene que decidir, en medio de mensajes contradictorios, si mantiene o renuncia a su escaño en las Cortes Valencianas. El propio Mariano Rajoy -y otros dirigentes de Génova- le han prometido a Camps que podrá retomar su carrera política en el futuro si así lo desea, aunque un sector del PP valenciano ya le ha hecho saber que lo mejor es que deje el acta de diputado y se vaya a su casa. El expresidente de la Generalitat tiene garantizado, si así lo reclama en función del cargo que ha ocupado durante los últimos ocho años, sueldo, coche oficial y dos personas con despacho a su servicio.

Para un sector importante de los populares valencianos ya es suficiente con que Camps haya dejado Gobierno, partido y grupo parlamentario hechos a su medida como para que ahora su presencia condicione la manera de gestionar de Alberto Fabra.

De hecho, apenas unas horas después de la renuncia de Camps las placas tectónicas del PP valenciano se empezaron a mover. Con la dimisión aún caliente, el presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, el único barón provincial ajeno a la corrupción, conversó con Fabra y le hizo saber que confía en que sustituirá el modelo presidencialista de Camps por otro más colegiado en la toma de grandes decisiones.

Desde Alicante, los últimos restos del zaplanismo también le hicieron llegar al nuevo presidente del PP que confían en él para coser las heridas internas del partido. Mientras, los campistas no ocultan su recelo ante un escenario nuevo.

www.elpais.es 25.07.11

37) C. VALENCIANA: LAS DEBILIDADES DE UN PRESIDENTE

Alberto Fabra, que será investido mañana, tiene poca experiencia parlamentaria y no controla ni el partido ni el Grupo Popular de las Cortes

La vida de Alberto Fabra cambiará de forma radical mañana, martes, cuando sea investido en las Cortes Valencianas como nuevo presidente de la Generalitat, en sustitución del dimitido Francisco Camps. De entrada, el hasta ahora alcalde de Castellón tendrá que viajar cada día a Valencia -ya que ha mostrado su intención de mantener su residencia en Castellón- para atender a diario, tras su toma de posesión, que tendrá lugar el jueves, sus nuevas responsabilidades en el palacio de la calle de Caballeros. Pero esa será la menor de las dificultades que deberá afrontar Fabra en su nueva etapa política.

La corrupción es uno de los lastres para el nuevo jefe del Consell

La cuenta atrás de la bomba ha sido desactivada, pero la dinamita sigue ahí

Inmersa como muchas otras Administraciones en la grave crisis económica -en el caso valenciano agravada por la enorme deuda pública, el elevado índice de paro y la práctica paralización de la acción de gobierno desde que en febrero de 2009 saliera a la luz el caso Gürtel- la Generalitat no es precisamente un caramelo. Fabra tendrá que lidiar con todo ello, con el problema añadido de unas arcas públicas agotadas y la presión de unos proveedores que claman cada día por los retrasos de los pagos. En el plano interno, el nuevo presidente hereda un Consell integrado por tecnócratas y cargos intermedios del partido. Un Consell que, en principio, Fabra no tiene intención de modificar. Lo normal es que de entrada se limite a colocar a su gente en los cargos de designación directa del presidente -jefe de gabinete, responsable de prensa...-. También podría cambiar de portavoz del Consell.

Una modificación de mayor alcance del Gobierno valenciano para hacerlo más suyo podría llegar pasados unos meses, en especial tras las elecciones generales. En este sentido, Fabra cuenta con la ventaja de que no tiene compromiso directo con ninguno de los integrantes de su Gobierno. Pero deberá tomar decisiones mucho antes, en especial las necesarias para adelgazar la Administración y para paliar en lo posible los efectos de la crisis económica. También otras imprescindibles para marcar distancias con la etapa de Camps, caracterizada por su progresivo alejamiento de la calle. Y en este sentido, una de las más significativas que ya ha anunciado Fabra es la de recibir a la asociación de víctimas del accidente del metro de 2006 tras cinco años de olvido y ninguneo por parte de Camps.

Pero el nuevo presidente de la Generalitat se va a encontrar con otros problemas. Nombrado -con el apoyo expreso de Génova- nuevo presidente regional del PP en sustitución de Camps, Alberto Fabra tendrá que lidiar con un partido que no controla. Y las primeras señales al respecto no se han hecho esperar. El presidente provincial de Valencia y titular de la Diputación, Alfonso Rus, ya ha tratado de marcarle el terreno. Tras mostrar su malestar por haberse enterado "por la radio" de la dimisión de Camps y de haber conocido "por la prensa" el nombramiento de Fabra, Rus ya ha lanzado varios mensajes al nuevo presidente regional del PP. Uno de ellos iba dirigido a restar protagonismo al sector cristiano del partido, personificado en la figura del presidente de las Cortes, Juan Cotino, destacado miembro del Opus Dei, que ha desempeñado un papel clave en los cinco días que mediaron entre la decisión del juez José Flors de sentar en el banquillo a Camps por el caso de los trajes y la decisión del ya exjefe del Consell de abandonar finalmente el barco.

El tercer frente del nuevo presidente de la Generalitat está en las Cortes Valencianas. Con escasa experiencia parlamentaria -es diputado desde 2007, pero apenas ha intervenido y tampoco se ha dejado ver mucho en los pasillos del hemiciclo- tendrá que lidiar con un Grupo Popular que no controla -lo hace el exconsejero Rafael Blasco, actual portavoz, que ve ante sí un escenario ideal para su proverbial capacidad de resurgimiento-, en una Cámara presidida por Cotino, que tampoco parece dispuesto a perder protagonismo.

Unas circunstancias que dificultarán el cumplimiento de los primeros anuncios que ha hecho Fabra tras su designación. El más significativo de ellos, el de facilitar por fin a los grupos de la oposición los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel. Y la oposición ya se ha apresurado a reclamarlos de nuevo, junto con los de Santiago Calatrava. La pregunta es si desde dentro le dejarán cumplir su compromiso de dar a conocer los contratos con la Gürtel. No hay que olvidar que en las bancadas populares de las Cortes se sientan varios imputados en los casos relacionados con la trama de corrupción. Y que también ocupa su escaño, al menos de momento, el dimitido Francisco Camps, igualmente imputado. No parece probable que ninguno de ellos aplauda la decisión de Fabra de dar a conocer los detalles de la contratación de la Generalitat con las empresas de la trama corrupta.

Y la corrupción será precisamente uno de los más pesados lastres para el nuevo presidente. Porque la dimisión de Camps no ha despejado el camino al respecto, ni mucho menos: es una bomba de relojería que Fabra y el PP tienen en su propia casa. La cuenta atrás quizá haya sido desactivada, pero la dinamita sigue ahí.

www.elpais.es 25.07.11

38) C. VALENCIANA: FABRA EXPRESA SU ADMIRACIÓN POR EL "VALIENTE, HONESTO Y HONRADO" CAMPS

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana pronuncia su discurso de investidura en presencia de Camps, aún sentado en su escaño de president

La transición en la Generalitat Valenciana tras la dimisión del imputado Francisco Camps ya es una realidad. Todo comenzó con el discurso de investidura de su sucesor en el cargo, Alberto Fabra, en Les Corts Valencianas. Con Camps aún en su escaño como president en funciones, Fabra ha querido elogiar al dimitido dirigente valenciano calificándole de "valiente, honesto y honrado", así como "un emprendedor de las ilusiones colectivas" del pueblo valenciano.

No se ha quedado ahí el nuevo president de la Generalitat, que ha hecho hincapié en el "esfuerzo, tenacidad y vocación de servicio" del procesado Camps, que dimitió a raíz de la 'causa de los trajes' derivada de la trama Gürtel.

Pons dice que "en ningún caso" el PP forzará a Camps a dejar su escaño

Camps se ha quedado en su escaño hasta que Fabra ha concluido su discurso, momento en el que se ha levantado y ha abandonado Les Corts, sin escuchar al resto de grupos. Ya por la tarde se ha investido a Alberto Fabra como president de la Generalitat, tras un debate en el que ha presentado un programa que asume los compromisos de gobierno adoptados por su antecesor. Es decir, más de lo mismo

 Fabra, que ha sido investido (ver vídeo) con los únicos votos a favor del PP, ha compartido protagonismo en la sesión de investidura con Camps, quien ha hecho su primera aparición pública después de que el pasado miércoles dimitiera de su cargo, y que ha ocupado por última vez un escaño en el banco del Consell como president en funciones.

Junto a Camps, también han asistido a la investidura de Fabra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la de Alicante, Sonia Castedo, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, el portavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco, y el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. 

Tampoco se lo ha querido perder el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, quien ha asegurado que el PP "en ningún caso" forzará a Camps a dejar su escaño, dado que esta es una decisión "personalísima". 

El PSOE pide a Fabra que tenga "coraje" y "valor" para apartar a los imputados

El candidato conservador, quien ha sido interrumpido en varias ocasiones por aplausos de los diputados del PP, ha anunciado un plan de ajuste para reducir el gasto público y mejorar la eficiencia en la gestión de la administración autonómica, que, según ha dicho, supondrá un ahorro cercano a los 700 millones de euros.

Por otro lado, Alberto Fabra ha propuesto a los grupos de la oposición "un debate constructivo" y espera que alcancen acuerdos a la hora de defender una financiación autonómica "justa", la llegada del AVE a Alicante y Castellón, la ejecución del Corredor Mediterráneo y "el agua que necesitan nuestros agricultores y regantes", a través del trasvase del Ebro, la continuidad del Tajo-Segura y del trazado original del Júcar-Vinalopó.

Críticas de la oposición

Con su marcha de la Cámara, Camps se ha ahorrado escuchar las críticas de la oposición, que ha exigido a Fabra "coraje, determinación y valor" para apartar de la vida pública a los cargos "que estén formalmente acusados por un juez en casos de corrupción". Así se lo ha pedido Jorge Alarte, portavoz del PSOE valenciano en Les Corts. 

Alarte ha pedido a Fabra que levante "alfombras" y abra "ventanas", así como que se libre "de la tutoría de Camps". 

Por su parte, la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha anunciado que su grupo presentará, durante su intervención en el debate de investidura, una modificación de la Ley de Estatuto de los expresidentes de la Comunitat Valenciana para que los exjefes del Consell condenados por corrupción no tengan atenciones, privilegios, ni honores

www.publico.es 26.07.11

39) C. VALENCIANA: FABRA INICIA RECORTES NADA MÁS LLEGAR A LA GENERALITAT

La amortización de 704 plazas de funcionarios, la reducción de un 22% de liberados sindicales, la reordenación de plantillas docentes en centros públicos, el aplazamiento de inversiones en las universidades y el ahorro en gasto farmacéutico, así como en algunos aspectos de la sanidad, son las principales medidas del plan de ajuste que ayer aprobó el pleno del Gobierno valenciano, presidido por su nuevo titular, Alberto Fabra (PP). El plan, que explicó el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, prevé un recorte de 680 millones de euros y obedece a la necesidad de "sacar la tijera" para hacer frente a la crisis.

Vela achacó el ajuste al Ejecutivo central por no haber aceptado anticipar el pago de 633 millones correspondientes al Fondo de Competitividad. El consejero, sin embargo, reconoció que aquí no acaban los recortes, ya que "la austeridad va a marcar esta legislatura, al menos los primeros años".

El titular de Hacienda, de todas maneras, se mostró satisfecho de que el Gobierno, en la reciente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, haya dado el visto bueno al plan de reequilibrio de la Generalitat. Vela evaluó en más de 1.800 millones de euros el conjunto de recortes que se han puesto en marcha en la Administración valenciana, si se suma a este nuevo plan el ya anunciado anteriormente plan de austeridad.

El Gobierno de Fabra preparará este verano la reestructuración del sector público de la Generalitat, es decir, del centenar largo de empresas, fundaciones y entidades, entre ellas la televisión valenciana Canal 9, y no descarta que haya que recurrir a expedientes de regulación de empleo.

www.elpais.es 30.07.11

40) C. VALENCIANA: CAMPS DEJARÁ DE SER DIPUTADO Y TENDRÁ UN CARGO VITALICIO

El expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, solicitó ayer el ingreso en el Consejo Jurídico Consultivo (CJC) de la Comunidad Valenciana, una opción que le ofrece el estatuto de los expresidentes del Consell y que no ha utilizado ninguno de sus antecesores.

Desde el momento en que se produjo su cese, Camps puede ostentar la condición de miembro permanente del CJC sin límite temporal y ejercer sus funciones con carácter vitalicio, con voz pero sin voto, y sin que se compute su asistencia a efectos del quórum de la institución. Al alcanzar esta condición debe renunciar al acta de diputado en las Cortes Valencianas y, por ello, perder el aforamiento.

Esta situación no afectaría al proceso judicial en el que está inmerso Camps, el conocido caso de los trajes -en el que está imputado por cohecho pasivo impropio-, ya que otro de los acusados, Ricardo Costa, quien ayer hizo efectivo un aval bancario para la fianza del juicio, sigue siendo diputado.

Camps ocupó el banco azul de las Cortes Valencianas por última vez este martes y el jueves se sentó en su nuevo escaño, en la tercera fila, entre las alcaldesas de Valencia y Alicante. Un sector del PP valenciano no era partidario de que permaneciera como diputado, ya que su presencia en medio de un proceso judicial era munición para la oposición. Ahora, según fuentes jurídicas, el CJC le prepara un despacho. Como expresidente tiene derecho a que la Generalitat ponga a su disposición una oficina de apoyo con dos empleados eventuales con funciones de asesoramiento y un coche oficial con conductor.

www.elpais.es 30.07.11

41) C. VALENCIANA: CAM PRESTÓ EN SEIS AÑOS 121 MILLONES A SUS CONSEJEROS

Los miembros de la comisión de control pidieron 40 millones más.-En 2010 el convenio financiero con el Consell alcanzó los 505 millones

La CAM ha sido en los últimos años una financiera barata para sus consejeros. Entre 2004 y 2010, la caja alicantina concedió préstamos blandos (en condiciones favorables) a los miembros de su consejo de administración y de la comisión de control por un importe total de 161 millones de euros, que en algunos casos se usaron para lucrativos negocios de sus receptores.

Los tres administradores impuestos por el Banco de España para poner orden en la caja tras haber sido intervenida el pasado viernes por la tarde fueron ratificados ayer por la comisión rectora del Fondo Ordenado de Restructuración Bancaria (FROB). Y José Antonio Iturriaga, Tomás González Peña y Benicio Herranz han decidido llamar a capítulo a los anteriores miembros del consejo, que deberán desfilar individualmente ante sus sustitutos para justificar su actuación.

El anterior presidente de la caja, Modesto Crespo, tendrá que dar explicaciones de algunas decisiones que tomó con la aquiescencia y los informes favorables de sus excompañeros. El caso más flagrante es la obtención nada más acceder a la presidencia de cinco millones de euros con los que Crespo pudo obtener importantes plusvalías. El ya expresidente del consejo, que fue nombrado el 8 de junio de 2009, consiguió ese mismo ejercicio un préstamo blando de cinco millones al 2,5% de interés y por un plazo de 12 meses. Pero no fue el único.

Otro empresario de Benidorm amigo suyo, Ginés Pérez Ripoll, que también se dedica a vender coches de la misma marca que Crespo y que entró con él de consejero, fue incluido en la comisión ejecutiva y en solo seis meses tuvo tiempo de que le informaran favorablemente la concesión de hasta 11 préstamos por un importe global de 11.441.000 euros. Por supuesto, a tipos de interés muy por debajo de los del mercado. Tres millones de euros los consiguió a 12 meses y al 2,93%, aunque de otros 2,8 millones solo pagó el 2,5 y de 1,3 millones más, el 1,89% de interés anual.La mayoría de los miembros del consejo de administración de la Caja del Mediterráneo o de su comisión de control obtuvieron operaciones de crédito, avales o garantías personalmente, a través de empresas que controlaban e incluso de familiares de primer grado.

El consejero que más dinero consiguió en condiciones preferentes aprovechando su presencia en el consejo de administración de la entidad fue el empresario y expresidente del Hércules Aniceto Benito. En cuatro años, le fueron concedidos créditos por un importe conjunto de 47,5 millones de euros en 19 operaciones de préstamo, destacando los 25 millones que solicitó a la entidad en 2006.

El caso más sorprendente es el de José Ramón Avilés, presidente de la comisión de control. En los últimos seis años realizó 23 operaciones de crédito por 38,5 millones de euros. El actual presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós, consiguió 3,9 millones entre 2007 y 2008 como miembro de la misma comisión y otros 450.000 euros, ya como consejero, en un préstamo a un año al 3%. También es llamativo el importe del notario de Benidorm Antonio Magraner, a quien que entre 2004 y 2006, en solo tres años, le concedieron 22 préstamos por casi 30 millones de euros.

Y mientras todo esto sucedía, la CAM inició una carrera de desinversiones para poder afrontar sus obligaciones. En los últimos cuatro ejercicios vendió participaciones por valor de 1.770 millones de euros, pero aprobó informes favorables para hacer compras en 97 empresas de diferentes sectores económicos que le supusieron una inversión final de algo más de 770 millones de euros.

Junto con Bancaja, la CAM también ha sido en los últimos años la entidad financiera de referencia para resolver los problemas de liquidez del Consell. En seis años el volumen de préstamos, créditos o avales de la caja a la Administración autonómica ascendió a más de 650 millones de euros, aunque las anualidades más relevantes fueron 2006 y 2010, los dos últimos ejercicios preelectorales. En el primero de ellos, la Generalitat recibió de la CAM 181 millones de euros, mientras el año pasado la cifra subió hasta los 280 millones. La misma caja reconoce en su informe anual de gobierno corporativo que "el convenio de prestación de servicios financieros con la Generalitat Valenciana en el presente ejercicio [2010] se eleva a 505 millones de euros. En el importe indicado se registra el incremento de riesgo respecto al ejercicio anterior, que supone 252,7 millones de euros y los 25.486.000 restantes pertenecen a operaciones de empresas vinculadas".

Pero no solo los consejeros y la Generalitat se aprovecharon de la laxitud de la CAM en la concesión de créditos. El volumen prestatario con instituciones públicas también es muy relevante. La Diputación de Alicante obtuvo entre 2004 y 2010 préstamos por un importe de 130 millones de euros y la de Valencia sobrepasó los 72. La relación más sorprendente es la que mantenía el Ayuntamiento de Elche con la caja alicantina, que le facilitó préstamos en esos seis años por un volumen de casi 94 millones de euros. El Consistorio de Alicante obtuvo tres créditos por valor de 32,6 millones y el de Valencia, 14 millones más.

En condiciones preferentes

- Modesto Crespo. El presidente de la CAM obtuvo un préstamo nada más llegar a la presidencia de la entidad, en 2009, de cinco millones de euros al 2,5% a 12 meses.

- Aniceto Benito. El empresario y expresidente del Hércules es el consejero que más dinero consiguió en condiciones preferentes: en cuatro años, 47,5 millones

- José Ramón Avilés. El presidente de la comisión de control de la entidad ha realizado 23 operaciones de crédito en los últimos seis años por 38,5 millones.

- Antonio Magraner. El notario de Benidorm y exconsejero de la entidad, a la que llegó de la mano de Eduardo Zaplana, obtuvo 22 préstamos en tres años por 30 millones de euros.

www.elpais.es 26.07.11

42) C. VALENCIANA: LAS CAJAS DISPARARON SUS CRÉDITOS AL CONSELL EN AÑOS PREELECTORALES

Bancaja y CAM le concedieron 1.261 millones en 2006 y 2010- Toledo pide que comparezca el consejero y se "depuren responsabilidades"

El control que ha ejercido el Gobierno valenciano sobre las cajas valencianas en los últimos años le sirvió para convertirlas en la principal fuente de financiación de sus necesidades presupuestarias. El deterioro de las cuentas públicas tiene una justificación más en la pasión crediticia que manifestó con ambas entidades de ahorro el Consell que presidió Francisco Camps justo los dos años previos a las elecciones que ganó por mayoría absoluta en 2007 y 20011.

Esquerra Unida solicita la creación de una comisión de investigación

En los seis últimos años, entre 2004 y 2010, Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM) prestaron al Gobierno valenciano 2.304 millones de euros. La caja de Valencia le inyectó liquidez por un importe de 1.654 millones y la CAM aportó el resto, otros 650. Pero de esta trayectoria de endeudamiento llama poderosamente la atención que ambas entidades financieras coincidan en haber prestado mucho más dinero que en otros ejercicios los años anteriores a las citas electorales municipales y autonómicas de 2007 y 2011.

Así, Bancaja llegó a facilitarle al Consell en 2006 mediante cinco operaciones de factoring (un anticipo financiero para satisfacer necesidades de capital circulante) hasta 1.080 millones de euros, mientas el año anterior le había prestado solo 62 millones y 150 el posterior. En 2010, cuatro años más tarde, el Ejecutivo pidió a Bancaja 335 millones el ejercicio anterior a los últimos comicios, una cifra que contrasta con los 170 millones de 2009 o los 150 de 2008 y 2007.

Por su parte, la CAM inyectó 181 milones a las cuentas públicas en 2006, repartidos en 786.000 euros en forma de avales y más de 180 millones como préstamo. Ya en 2010, la caja prestó al Consell 280 millones entre préstamos, créditos o avales, cuando un año antes le había dado 44. Mientras tanto, la caja estaba inmersa en una desastrosa trayectoria que impediría alianzas con otras entidades y la abocaría a la intervención del Banco de España.

La instrumentalización de la CAM por parte del Consell, así como su complicidad en los 161 millones créditos blandos recibidos por sus consejeros en los últimos años (algunos al 0%) motivó ayer la reacción de los partidos de la oposición.

El Consell, en una nota, aseguró que "ha actuado en todo momento conforme marca la legislación autonómica en materia de cajas de ahorros". "Que se depuren todas las responsabilidades", dijo ayer el diputado socialista Francisco Toledo, cuyo grupo pidió la convocatoria de la Diputación Permanente, órgano que sustituye al pleno de las Cortes en periodos de vacaciones parlamentarias, para abordar el escándalo que se ha desencadenado alrededor de la Caja del Mediterráneo tras su intervención por el Banco de España.

"El señor Fabra", señaló Toledo, "tiene hoy [en su toma de posesión como presidente de la Generalitat] la oportunidad de demostrar que de verdad quiere iniciar el tiempo de transparencia del que habló ayer". El parlamentario justificó la convocatoria de la Diputación Permanente y la comparecencia del consejero de Economía e Industria, Enrique Verdeguer, "para que aclaren las implicaciones de la Generalitat Valenciana con todo lo que estamos conociendo acerca de la CAM".

"¿Sabía el Consell que la Generalitat autorizó créditos al 0% al Consejo de la CAM?", se preguntó Toledo. "¿Sabía el Consell que [Modesto] Crespo cobraba 16.000 euros al mes como consejero de Tinser por asistir a unas reuniones que nunca se produjeron? ¿Sabía el Consell que la CAM compraba solares a sabiendas de que los promotores pagarían dinero para después recalificarlos, en un claro caso de especulación urbanística?".

El diputado recordó que el órgano supervisor de las cajas es el Instituto Valenciano de Finanzas y que la Ley Valenciana de Cajas de Ahorros establece que los miembros de los consejos no pueden obtener créditos y avales sin autorización y que son cargos "honorarios y gratuitos". Toledo explicó también que el PSPV-PSOE se adhiere a la iniciativa parlamentaria planteada por Esquerra Unida del País Valencià para que se cree una comisión de investigación que "esclarezca todo lo ocurrido en la CAM".

El diputado de Esquerra Unida Lluís Torró dijo ayer que "todo lo que está pasando en la CAM justifica la apertura urgente de una comisión de investigación". Torró expresó la indignación de su grupo por lo sucedido en la entidad y añadió que la concesión de pagarés de 200 millones de euros por parte del Instituto Valenciano de Finanzas a la CAM "es la gota que colma el vaso".

Por su parte, la Coalició Compromís presentó una serie de preguntas, solicitudes de información y peticiones de comparecencia en las Cortes Valencianas. La diputada de Compromís Mireia Mollà registró una petición de comparecencia de los actuales administradores de la CAM, nombrados por el Banco de España, José Antonio Iturriaga, Tomás González Peña y Benicio Herranz Hermosa "para que expliquen cuál es la situación de la CAM y las soluciones que pueden adoptar".

La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, presentó diversas preguntas, peticiones de documentación y de comparecencia de miembros del Consell "para que se aclaren las razones por las cuales el Gobierno valenciano aprobó créditos blandos, hasta de interés cero, a consejeros de la CAM cuando el tipo medio estaba en el 4%".

Oltra coincidió con la opinión expresada por el socialista Francisco Toledo al declarar que "se han de depurar responsabilidades políticas porque es un escándalo ese trato de favor a los consejeros de la CAM que ha necesitado la complicidad del Gobierno del PP".

www.elpais.es 28.07.11

43) C. VALENCIANA: GONZÁLEZ PONS DEJA SIN CONTESTAR TRES PREGUNTAS SOBRE CAMPS Y SU DIMISIÓN

El PP se esfuerza en dar imagen de normalidad ante un episodio como el que protagoniza en la política valenciana, con un presidente de la Generalitat que se ha visto obligado a dimitir dos meses después de las elecciones por asuntos de corrupción y un candidato de perfil bajo, que hoy protagonizará un debate de investidura en las Cortes Valencianas cuando todavía resuenan en el hemiciclo los ecos de la sesión que protagonizó su predecesor, Francisco Camps.

"El único partido que tiene soluciones para los valencianos es el PP", pregonó ayer el secretario general de los populares valencianos, Antonio Clemente, después de entrevistarse con el también valenciano Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP nacional. Ambos insistieron en la inocencia de Camps y en que contará con el apoyo de su partido. "Siempre nos va a tener a su lado, nos ha tenido en los buenos y en los malos momentos", comentó González Pons tras elogiar "el gran gesto" que ha supuesto su dimisión.

Sin embargo, hay cosas que resultan difíciles de encajar todavía en el discurso del PP. Una dificultad que llevó a González Pons a dejar sin responder hasta tres preguntas durante la conferencia de prensa que ofreció en la sede de los populares, en la calle de Quart de Valencia.

La primera se refería a la disposición expresada por Alberto Fabra, en sus primeras declaraciones, a facilitar a la oposición los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel. "Es un asunto sobre el que no debo pronunciarme", respondió el portavoz del PP. "Compartimos todo lo que propongan los presidentes del PP, como no puede ser de otra manera". La segunda inquiría si es compatible con el código ético del PP declararse culpable de cohecho, como estuvo a punto de hacer Camps e hicieron otros dos imputados en el caso de los trajes. "En este momento no voy a contestar esa pregunta", dijo González Pons, que no fue más explícito cuando le preguntaron si, como habían apuntado "fuentes de Génova", en la dirección del PP produjo "alivio" la dimisión de Camps. "Esa pregunta es para las fuentes de Génova, no para mí", contestó.La diputada socialista Carmen Ninet no dejó pasar la oportunidad, cuando las agencias dieron cuenta de la conferencia de prensa, y recordó que González Pons encargó una guía de la comunicación en 2005 a Orange Market, la terminal valenciana de la red Gürtel, cuando era consejero del Gobierno de Camps. "No le ha parecido buena idea la promesa de Fabra de facilitar todos los contratos públicos del Consell a los partidos de la oposición", señaló Ninet. "¿Acaso tiene miedo a que conozcamos más acerca de su etapa como conseller?". La diputada socialista se refirió también a que la dirección del PP "ni siquiera tenga ya criterio para poder valorar si Camps debe continuar o no como diputado autonómico".

En el Grupo Popular en las Cortes Valencianas, donde la continuidad de Camps como diputado solo supondrá incomodidades, el mensaje era, en cambio, de cierre de filas con el futuro presidente de la Generalitat. El portavoz parlamentario popular, Rafael Blasco, animó a sus diputados a apoyar al nuevo candidato y se comprometió a garantizar "una unidad sin fisuras y sin condiciones" al nuevo presidente para continuar con la defensa del programa electoral del PP. Blasco consideró que Fabra "ya conoce" las grandes líneas que ha venido defendiendo el Grupo Popular, del que forma parte. El portavoz popular apostó por dar un amplio apoyo al nuevo presidente de la Generalitat "a lo largo de toda la legislatura".

Las llamadas al cierre de filas en torno a Alberto Fabra tienen su importancia, ya que la dimisión de Camps y su relevo han levantado ampollas en algunos sectores del PP valenciano. Ayer mismo, el secretario general, Antonio Clemente, tuvo que garantizar que el malestar expresado por el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, que se vio marginado del episodio de la dimisión y el nombramiento de un nuevo líder regional, "ya está zanjado". Se trataba, según Clemente, de "pequeñas diferencias por cuestiones de forma, que no de fondo". Y añadió: "El partido está más fuerte y más unido que nunca".

"La economía y la creación de empleo van a ser la prioridad de Alberto Fabra", afirmó Clemente, quien desveló que el discurso del candidato se centrará en el empleo, la política social y la austeridad, y aseguró que el que hoy será investido quinto presidente de la Generalitat Valenciana "cuenta con un gran equipo y un gran partido que le respalda".

Para González Pons, Fabra será "otro de la saga de grandes presidentes, como Zaplana o Camps". Un presidente con cuatro grandes virtudes: "Es una persona joven, es nuevo en la política regional, tiene experiencia de gobierno y es de Castellón".

www.elpais.es 26.07.11

44) C. VALENCIANA: FABRA DEJA CASTELLÓN SIN ALCANZAR RETOS QUE PROPONE PARA LA GENERALITAT

Muestra "respaldo absoluto" al nuevo líder regional pero marca su territorio

El ya presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, presentó ayer su renuncia formal a la alcaldía de Castellón, que ocupaba desde 2005. "Me voy con la conciencia tranquila", dijo tras 20 años como concejal del Ayuntamiento castellonense durante los que ha intentado "lo mejor posible". "Aunque sé que he podido cometer errores", señaló.

El salón de plenos en el que se celebró el acto de renuncia estuvo abarrotado de vecinos y funcionarios que acudieron a despedir a Alberto Fabra. Quien no lo hizo fue el presidente provincial del PP y el durante años compañero de Corporación del ahora presidente de la Generalitat, Carlos Fabra.

Alberto Fabra no hizo repaso alguno por su gestión, revisión que sí efectuó la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Amparo Marco, quien calificó de "gris" los mandatos como alcalde del nuevo presidente del Consell. Marco resaltó que el gobierno de Fabra "ha duplicado el endeudamiento municipal".

De hecho, Fabra prometió el martes un plan de austeridad para la Administración autonómica que él mismo no ha podido cumplir en el Ayuntamiento de Castellón. El Consistorio tiene vigente, desde 2008, un plan económico financiero para cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria. El plan señalaba la necesidad de rebajar su deuda y de adoptar medidas internas de ahorro de gasto que el equipo de gobierno no logró, durante dos años, lo que le valió las advertencias de la intervención municipal.

Fabra también prometió no subir impuestos, mientras que en el Ayuntamiento de Castellón lo hizo de una manera encubierta. Vistió de actualización el IBI aplicando el índice local y en un mes estival, escogiendo el que presentaba un mayor porcentaje. Aún así, el Ayuntamiento de Castellón dejó de cobrar en 2010 casi el 20% de tasas e impuestos por mala gestión en la recaudación.

Fabra tampoco fue ejemplar cuando, hace apenas un mes y pese al acuerdo de congelar los sueldos municipales, decidió subirse su retribución. Días después rectificó.El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, del PP, no ha tardado en deshacerse de su jefe de protocolo, Rafael Betoret, después de que este aceptara que cometió un delito de cohecho pasivo impropio al aceptar regalos de la trama Gürtel. Justo una semana después de su declaración de culpabilidad, Betoret se reunió ayer con Rus para hablar de su salida. Según el comunicado oficial de la Diputación, Betoret dejará el organismo y se reincorporará como funcionario a la Agencia Valenciana de Turismo. Rus declaró su "respeto" por la marcha de Betoret y le despidió con las clásicas alabanzas a su "eficacia, solvencia y profesionalidad".

En una estrategia marcada por el PP para evitar un juicio por corrupción con el expresidente Francisco Camps de protagonista, el ya exjefe de protocolo de la Diputación acudió la semana pasada al Tribunal Superior de Justicia valenciano para firmar su conformidad con los escritos de acusación por aceptar regalos de la red Gürtel cuando era jefe de gabinete de la Consejería de Turismo. Al admitir los hechos, Betoret aceptó también pagar la multa más alta de las propuestas por las acusaciones, es decir, un total de 49.500 euros.

Pero Betoret, pese a asumir la condena, como también hizo el exvicepresidente del Consell Víctor Campos, no podrá evitar el juicio. La decisión de Camps de dimitir le llevará a acompañarle en el banquillo en otoño, junto a Campos y el diputado Ricardo Costa.

Rus, en cambio, escogió a otro Betoret, en este caso de nombre Vicente, diputado autonómico y alcalde de Vilamarxant, como responsable del comité de campaña provincial para las elecciones generales. También designó, en una reunión de su equipo de dirección, un comité electoral presidido por Rafael Soler. Ejerció, de esta manera, su poder como presidente provincial del PP sin esperar siquiera a que Alberto Fabra, nuevo presidente regional de los populares, pueda tomar posesión de su cargo de presidente de la Generalitat, hoy en un pleno de las Cortes Valencianas.

Rus mostró su "respaldo absoluto y apoyo incondicional" al nuevo presidente de la Generalitat, a quien reconoció su labor al frente del Ayuntamiento de Castellón y también agradeció al expresidente Francisco Camps haber hecho de la Comunidad Valenciana "un referente internacional de modernidad y progreso", pero se deshizo de un imputado del caso Gürtel, que acompaña a Camps entre los procesados por la causa de los trajes, y marcó su territorio tanto a la dirección regional como a la dirección nacional del PP, que preside Mariano Rajoy.

La marginación de Rus en la resolución de la crisis institucional que ha llevado a la sustitución de Camps por Fabra tanto al frente del PP valenciano como del Consell ha alertado a Rus, que emplazó a la militancia a "seguir trabajando en la misma línea para que Rajoy sea presidente del Gobierno", pero también dejó muy claro que el PP de la provincia de Valencia "está más fuerte que nunca".

En el PP valenciano es general la sensación de que Rus hará valer su poder orgánico para entrar en el Consell cuando Alberto Fabra remodele el equipo de Gobierno que hereda de Francisco Camps.

www.elpais.es 28.07.11

45) C. VALENCIANA: CASTEDO MANTENDRÁ EL PGOU PESE A SUS IRREGULARIDADES

Ni las sospechas que se ciernen sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, un asunto que se investiga en el juzgado como ramificación del caso Brugal y que de momento tiene siete imputados, ni el contundente informe de Fomento sobre el PGOU, preceptivo y vinculante, que no admite la implantación de Ikea en el Plan Rabassa y obliga a modificar hasta una docena de planes parciales lindantes con carreteras nacionales, han conseguido allanar al Gobierno de la ciudad, que ayer rechazó una propuesta del Grupo Socialista para retrotraerlo hasta la fase anterior a la exposición pública y volverlo a redactar a través de la creación de una comisión municipal específica.

El PP también evitó que un edil diera explicaciones de las obras del Plan E

Todo lo contrario. El PP se opuso y su portavoz municipal y edil de Urbanismo, Marta García Romeu, adelantó: "Vamos a impulsarlo y continuar con el proceso por interés general". El documento ha sido informado por las diferentes Administraciones implicadas y está a expensas de su aprobación definitiva por la Consejería de Urbanismo, que lo devolverá al Consistorio para que le subsane las deficiencias que son de obligada observación.

Para Romeu, "recibir informes desfavorables es normal y habitual y ahora lo que toca es contestarlos" antes de que vuelva a ser expuesto al público por tercera vez.

El proponente de la comisión, el concejal socialista Pablo Rosser, la justificó en que "o se modifica y rectifica o [el PGOU] no se podrá aprobar". Además, "esperar la resolución judicial

es dejar años sin plan general a la ciudad". Por eso pide "revisarlo de oficio" y que la consecuencia sea la aprobación final de "un documento limpio y transparente, de todos y para todos". Rosser también apeló a que la investigación judicial abierta "crea inseguridad jurídica en los particulares", puesto que "no saben qué va a ocurrir" con el plan en el futuro.

Esquerra Unida quiere empezar desde cero, porque han pasado más de 12 años desde que se inició la tramitación del plan y lo considera "un documento fallido y muerto". Además, su portavoz, Miguel Ángel Pavón, solicita la paralización del procedimiento en marcha porque "hay sospechas de beneficiarios particulares y lo lógico sería suspender la tramitación hasta que finalice la investigación".

Romeu contestó que "el PGOU no va a dejarse llevar por intereses políticos y partidistas". Y recordó que ya "ha tenido dos exposiciones públicas", tiempo suficiente para "conocerlo y realizar alegaciones, planteamientos y enmiendas". La conclusión de la portavoz popular fue que el documento ha sido "fruto de un proceso transparente y abierto al público".

El PP también rechazó otra petición del PSPV para que el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, compareciera a explicar las supuestas irregularidades que está investigando el juzgado en relación con las adjudicaciones del segundo Plan E del Gobierno. Este caso motivó la detención y posterior puesta en libertad de dos empresarios y un funcionario del Consistorio alicantino, aunque el asunto continúa bajo secreto de sumario.

El concejal socialista Gabriel Moreno acusó a Llorens de ser el responsable, aunque sea por omisión, porque "todos los expedientes llevan su firma". Pero el gobernante del PP se defendió con el argumento de que el proceso es político, dado que tiene su origen en una denuncia de la exedil socialista Carmen Sánchez Brufal a la Fiscalía Anticorrupción.

Llorens añadió que la documentación solicitada por el juez se remitió "inmediatamente" y que fue revisada por la concejalía "sin que se encontraran irregularidades". Pavón asertó que "no es normal que la policía nacional detenga a un funcionario y dos responsables de empresas con los que podría haber llegado a acuerdos prohibidos" y anunció la petición de que se cree una comisión de investigación sobre la materia.

www.elpais.es 23.07.11

46) C. VALENCIANA: UN DIPUTADO DEL PP, CITADO POR EL TSJ A DECLARAR COMO IMPUTADO

El expresidente de la Diputación y exalcalde de Vallada, acusado de coacciones

Está citado media hora antes de que comience en las Cortes Valencianas el pleno de investidura de Alberto Fabra como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Por eso ayer solicitó que se aplace su declaración a otro momento. El diputado del PP Fernando Giner, expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Vallada hasta las pasadas elecciones locales del 22 de mayo, debía declarar el próximo martes 26 de julio en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana como imputado por un supuesto delito de coacciones. El juez instructor del caso, Juan Montero, ha citado media hora antes como testigo al actual alcalde de Vallada, Vicente Perales Calabuig, que es quien le denunció en mayo de 2010 cuando Giner, junto a tres concejales del PP, cambió las cerraduras del local municipal que ocupaba la Asociación Democrática y de Progreso de Jubilados y Pensionistas de Vallada, que presidía Perales, y se llevó los ficheros personales, las actas y la documentación de la entidad.

La denuncia contra Fernando Giner la formuló el actual alcalde de Vallada

Aunque una parte de la documentación fue devuelta a la asociación dos días después, Perales, que entonces era concejal, incluyó en su denuncia, además de un posible delito de coacciones, otro de descubrimiento y revelación de secretos. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Xàtiva se inhibió el pasado mes de febrero a favor del TSJ al afectar la denuncia a un aforado. Y la Sala de lo Civil y Penal del tribunal se declaró competente el pasado 15 de julio y designó a Montero instructor del caso. Este, a su vez, en un auto fechado el 19 de julio, ordenó citar a Perales y a Giner, uno como testigo de la parte acusadora y el otro como imputado, a las 10 y 10.30 del día 26 de julio. Ahora tendrá que decidir si aplaza la declaración de Giner y la convoca otro día.

El denunciante, hoy alcalde de Vallada, y el diputado del PP, exalcalde de esa localidad de 3.500 habitantes de la comarca de La Costera, mantienen fuertes diferencias desde que Vicente Perales, que era teniente de alcalde en el equipo de Fernando Giner, decidiera abandonar el PP y crear una candidatura propia, la Alternativa d'Independents per Vallada (AIPV), para las elecciones municipales de 2007, con la que obtuvo dos concejales y estuvo en la oposición durante el mandato municipal que concluyó en mayo. En las últimas elecciones, AIPV revalidó sus dos ediles, pero los socialistas aumentaron su representación de tres a cuatro concejales, frente a los cinco del PP. Perales y la cabeza de lista socialista María José Tortosa llegaron a un pacto de gobierno por el que el candidato de AIPV será alcalde dos años y la otra mitad del mandato asumirá la alcaldía la candidata del PSPV-PSOE. Ante esa situación, Fernando Giner, que era alcalde de Vallada desde 1987, dejó su acta de concejal.

En estos momentos, Fernando Giner, que después de incorporarse en 1995 al PP desde Unión Valenciana, su formación política de procedencia, fue presidente de la Diputación de Valencia entre 1999 y 2007, solo conserva su acta de diputado autonómico

www.elpais.es 23.07.11

47) C. VALENCIANA: DOS IMPUTADOS EN EL 'CASO BRUGAL' SE NIEGAN A DECLARAR

El fiscal los acusa en relación con el PGOU de Alicante

Bernardo Campos, empresario del sector inmobiliario y amigo del exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi, admitió ayer ante el juez que intentó hacer negocios [compra de suelo] durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, pero que descartó la operación "porque no era viable". En el mismo sentido se expresó el abogado Jorge Yacobi, supuesto representante de un grupo de inversores armenios interesados en comprar terreno en la ciudad de Alicante. Campos y Yacobi comparecieron ayer, en calidad de imputados, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que dirige la investigación de la pieza del caso Brugal sobre un presunto trato de favor al promotor Enrique Ortiz durante la tramitación del plan general urbano de Alicante.

Ni el letrado ni el empresario accedieron a responder a las preguntas de las partes, incluido el fiscal anticorrupción. Ambos imputados se limitaron a hacer un alegato ante el magistrado en el que únicamente admitieron el intento de realizar operaciones de compra de terreno en la zona de la Condomina, donde el PGOU prevé la mayor concentración de suelo urbanizable. Los dos rechazaron tener información privilegiada sobre el desarrollo del planeamiento. En concreto, el abogado Yacobi señaló que en su "vida" había visto "a un armenio".

El fiscal anticorrupción acusa a ambos de un supuesto delito de aprovechamiento de información privilegiada. Según el ministerio público y de acuerdo con las escuchas telefónicas, Campos intentó comprar suelo en el área de La Condomina porque tenía información privilegiada sobre la futura recalificación del terreno. Sobre el letrado Yacobi, el fiscal mantiene que representaba los intereses de un grupo inversor armenio para comprar suelo en esa zona, en función de la información que el exalcalde Luis Díaz Alperi proporcionaba al empresario Enrique Ortiz.

En este sumario hay ya siete imputados, entre ellos Ortiz, su mujer y el redactor del PGOU. Alperi y la alcaldesa, Sonia Castedo, están acusados por el fiscal.

www.elpais.es 29.07.11

48) C. VALENCIANA: EL JUEZ DEL 'CASO BRUGAL' SEGUIRÁ EN ORIHUELA

Fenoll se niega a declarar por la financiación del PP

El juez del caso Brugal en Orihuela, Carlos San Martín, tendrá que continuar con la instrucción del sumario de una causa que lleva cuatro años siendo investigada y que ha dado lugar a diversas ramificaciones. San Martín había solicitado el traslado del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, del que es titular desde hace poco más de un año y medio, en el concurso para cubrir cinco vacantes de la provincia de Alicante que convocó el Consejo General del Poder Judicial la pasada primavera. Finalmente, no ha conseguido la plaza a la que optaba para vincularse al juzgado de lo penal número 6 de la capital alicantina y deberá seguir en su puesto.

San Martín llegó al juzgado cuando el caso estaba a punto de estallar definitivamente en diferentes piezas separadas que afectaban a otras demarcaciones territoriales. Tras haber derivado la investigación de la referida a la tramitación del Plan General de Alicante al juzgado de instrucción número 5 de la capital y el que afecta a la planta de basura de Calp al número 1 de Dénia, San Martín instruye en estos momentos la parte del caso que investiga las supuestas irregularidades en la concesión del vertedero del plan zonal de residuos de La Vega Baja, en la que se encuentran imputados, entre otros, el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

Precisamente por la investigación de otra de las ramificaciones del caso que lleva el mismo magistrado, Fenoll estaba citado a declara ayer. Sobre él recae la acusación de haber financiado la campaña electoral del PP para los comicios municipales de 2007 en cinco localidades de La Vega Baja, a saber, Rafal, Jacarilla, Algorfa, Bigastro y Pilar de la Horadada. Entonces, las tres primeras estaban gobernadas por los populares y Fenoll tenía la concesión de la recogida de basura y las otras dos por el PSPV, donde otra empresa era tenedora de la misma contrata.

Según el informe policial que sirvió de acusación, Fenoll pagó a alcaldes y concejales del PP entre 3.000 y 9.000 en los días previos a la cita electoral. Pero en su comparecencia de ayer, el empresario se acogió a su derecho a no declarar.

www.elpais.es 26.07.11

49) C. VALENCIANA: LA AUDIENCIA DE CANAL 9 SE HUNDE

La televisión autonómica, con un 5,4%, cede más de la mitad de su audiencia en dos años, y se aleja de las cadenas andaluzas (11,8%) y catalanas (15,3%)

La audiencia de Canal 9 sigue en caída libre. Según las cifras del pasado mes de junio, la audiencia de la primera cadena de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) se situó en un exiguo 5,4%, dos décimas menos que en mayo, lo que supone rebasar un nuevo mínimo histórico para la cadena desde su nacimiento. Y lo peor es que, aunque todas las televisiones autonómicas pierden audiencia desde la entrada de las cadenas de televisión digital terrestre (TDT), la merma en la fidelidad de los televidentes valencianos no tiene comparación con la de otras teles regionales. Así, la audiencia media de las autonómicas españolas, que en junio de 2009 estaba en el 13,6%, ha caído hasta el 9,9%, es decir, 3,7 puntos en dos años. Pero en el mismo periodo Canal 9 ha reducido su audiencia desde el 11,8% hasta el 5,4%, es decir, 6,4 puntos menos, una reducción que duplica la media.

Moreno: "Johnson y Jaraba son un caso incompresible de ineptitud"

"El modelo instaurado a lo largo de los últimos años por los gestores de TVV, la televisión pública de los valencianos, es un modelo sin ningún futuro", denunció ayer el sindicado CC OO en un estudio sobre la programación de Canal 9, "sus potenciales espectadores huyen de una programación indiferenciada de otras cadenas generalistas, con información parcial, partidista y poco creíble, con un uso abusivo de series y películas de tercera categoría y de programas viejos, ya emitidos en otras ocasiones: una programación que no les interesa".

El hundimiento de la audiencia de Canal 9 también ha desatado las críticas de la oposición. El diputado socialista Josep Moreno criticó ayer el récord negativo de la televisión. Y echó la culpa a la consejera de Cultura y portavoz del Consell, Lola Johnson, anterior directora de Canal 9, y a otros responsables del ente público, como el director general de RTVV, José López Jaraba, o el ex secretario general de Canal 9 Vicente Sanz, destituido tras ser denunciado por abusos sexuales. "Johnson y Jaraba han convertido Canal 9 en una guarida de saqueadores y presuntos abusadores", aseguró Moreno, "los últimos datos de Canal 9 los convierten a ambos no solo en el hazmerreír de la profesión periodística, sino en un caso incompresible de ineptitud profesional y falta de pudor, por no presentar su dimisión".

Y es que, según los datos de junio, la audiencia de la televisión andaluza es, con el 11,8%, más del doble que las cadenas valencianas (6% si se suman Nou 2 y Nou 24), y la televisión catalana, con el 15,3, casi triplica los datos de RTVV.

CC OO también denuncia que el uso del castellano en la cadena pública supera (57%) el del valenciano (43%) o que la producción propia solo supone el 29,6% de la programación. Asimismo, asegura que entre películas (38,5%) y series (17%) se completa más de la mitad de la parrilla de programación. Más del 70% si se suman los informativos.

La crisis de la tele

- Datos de junio. Canal 9 cerró el mes con un 5,4 de audiencia, 6% si se suman Nou 2 y Nou 24.

- Caída en dos años. La audiencia de TVV se hunde en dos años, del 11,8% al 5,4%. Una pérdida de 6,8 puntos, casi el doble que la media de las autonómicas (-3,7 puntos).

- Otros modelos. La fidelidad de los valencianos se aleja respecto a otras televisiones autonómicas: en Andalucía la audiencia es el doble (11,8%) y en Cataluña casi el triple (15,3%).

- Lengua propia. Nacida para potenciar el uso de la lengua propia, en Canal 9 el valenciano (con un 43%) se usa menos que el castellano (con casi un 57%).

- Producción propia. Según CC OO, solo el 29,6 de los programas de Canal 9 son de producción propia. Entre películas (38,5%) y series (17%) se completa más de la mitad de la parrilla.

www.elpais.es 26.07.11

50) C. VALENCIANA: VALENCIA CEDE SUELO PÚBLICO DE USO ESCOLAR A LA CATÓLICA

El Ayuntamiento de Valencia aprobará, finalmente, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que implica la cesión a la Universidad Católica de una parcela pública en el distrito de Campanar destinada a uso escolar.

El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, explicó la decisión de aprobar provisionalmente esta medida tras la primera reunión de la comisión en este mandato.

El solar, de 13.000 metros cuadrados, albergará un hospital universitario y una facultad privados en un distrito en el que la Consejería de Educación reconoció, a través de un informe, la necesidad de 4.300 plazas de Infantil y Primaria y 1.900 para Secundaria. A pesar de las carencias, la consejería emitió un informe favorable a la recalificación del suelo.

Bellver calificó la futura construcción de "una instalación educativa de interés general" y añadió que los socialistas aprueban estas iniciativas donde gobiernan pero no donde ejercen como oposición en referencia al exalcalde de Gandia que, según el edil, estaba "dispuesto a ceder suelo gratuitamente a la Universidad Católica". Bellver sostiene que el Ayuntamiento de Valencia lo hará a través de un concurso que supondrá "una concesión con connotaciones económicas favorables para el Consistorio". Por su parte, el concejal socialista Vicent Sarrià lamentó la recalificación del solar en un distrito "con graves carencias educativas" y añadió que el Ayuntamiento facilita "en tiempo express" todas las peticiones que provienen de la Iglesia Católica.

Carencia

EUPV también votó en contra de la modificación del PGOU al considerar que esta concesión impide el uso y disfrute de un bien público como garantiza la ley.

Los problemas por el solar de Campanar vienen desde el pasado mes de febrero, cuando el pleno del Ayuntamiento aprobó el cambio de uso del suelo en un distrito cuyas necesidades escolares se han puesto de manifiesto por el significativo crecimiento poblacional. La carencia ha llegado a tal punto que el colegio público Giner de los Ríos ha tenido que construir tres barracones para solventar la saturación de alumnos que padece.

La consejería ha admitido en varios informes la necesidad de construir dos centros de Infantil y Primaria y uno de Secundaria, pero los solares disponibles son pequeños y alejados de las zonas residenciales, a excepción del que se cederá a la Universidad Católica.

www.elpais.es 26.07.11

51) C. VALENCIANA: ALONSO CREE NECESARIA LA ESCOLTA PORQUE LA SIGUE ETA

La alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, del PP, aseguró en el pleno del martes que, aunque ha renunciado al coche oficial, sigue llevando escolta por la supuesta presencia de etarras en la ciudad. En un primer momento, la regidora señaló que, según le había comunicado la policía, en las inmediaciones de la plaza de Baix (frente al Consistorio y donde el Movimiento 15-M ha mantenido su acampada) podría haber gente "vinculada a los etarras".

Las manifestaciones de Alonso se produjeron a raíz de una interpelación del Grupo Municipal Socialista. Al término de la sesión, Alonso puntualizó sus declaraciones: "No he pretendido asociar el 15-M con ETA, sino que, de acuerdo con las indicaciones de la brigada de seguridad, no podía prescindir de la escolta porque habían detectado la presencia de algún etarra en la ciudad que nos hacía seguimiento".

El colectivo 15-M ha rechazado las manifestaciones de Alonso: "Nos parece indignante que nos utilice como excusa para justificar la contratación de seguridad privada".

www.elpais.es 28.07.11

52) C. VALENCIANA: LA OPOSICIÓN SE SUMA A LA PETICIÓN DE DESTITUCIÓN DE CISCAR EN EL IVAM

La directora se escuda en el consejo rector y habla de transparencia contable

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) envió ayer un comunicado para defender a su directora, Consuelo Ciscar, de las críticas de diversos colectivos de artistas y críticos de arte, que pidieron el miércoles al nuevo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la dimisión de la dirigente del principal museo de arte moderno de la Comunidad Valenciana. Una petición a la que ayer se unieron dos partidos de la oposición, PSPV y Compromís. En su misiva, Ciscar defiende "la transparencia en las cuentas del museo, adquisiciones en las obras de arte y contratación de servicios externos". Y asegura que en la institución se cumple escrupulosamente la ley de forma que las cuentas son auditadas y pasan por la supervisión del consejo rector del museo, que usó como escudo.

La responsable tilda a los críticos de "grupo de escasa representación"

El Consejo de Críticos y Comisarios de Artes Visuales, la asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV), la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV), la Associació Catalana de Crítics d'Art (ACCA), Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC), y la Associació Valenciana de Crítics d'Art (AVCA) firmaban el comunicado del miércoles en el que solicitaban la convocatoria de un concurso público para seleccionar un gestor para el IVAM con un perfil profesional. Ante esta petición, Ciscar explicó que el procedimiento para nombrar al director del museo está regulado por la Ley de Creación del IVAM y que es "totalmente democrático".

En cuanto a las acusaciones del sector del arte de que la directora del museo usa la institución de trampolín para "artistas allegados a su persona", o que se sirve de sus contactos para "promocionar la carrera de su hijo", en referencia a Rablaci, la directora explicó que el consejo rector de la institución "no aceptaría" una programación expositiva de esa índole. Es más, añade que muchos miembros de ese órgano del museo -menciona a "Tomás Llorens, Francisco Calvo Serraller, Felipe Garín, José María Lozano, Ángel Kalenberg..."- proponen muchas exposiciones a la institución.

Pese a estas declaraciones, la oposición se sumó a las críticas de los colectivos que pidieron a Fabra la dimisión de Ciscar. "Que Fabra destituya a Consuelo Ciscar ya", fue la frase del portavoz de Cultura del Grupo Socialista en las Cortes, Juan Soto. "El ya president tiene la ocasión de demostrar que está libre de ataduras y que escucha a la ciudadanía y a expertos del sector", añadió, para después criticar que "la falta de transparencia en la gestión y dirección del centro valenciano es motivo más que suficiente para poner fin, de una vez por todas, a una etapa negra y oscura que se ha extendido también, lamentablemente, al panorama cultural valenciano en general".

El portavoz socialista en materia cultural también se adhirió a la petición de los críticos y los artistas de nombrar a un nuevo director a partir de un concurso público en el que participen profesionales expertos en arte, un método que se emplea en grandes instituciones de autonomías de todo color político, también gobernadas por el PP. "Es el momento de que el código de buenas prácticas, la profesionalización, la formación, la transparencia, la experiencia y la igualdad de oportunidades destierren para siempre la arbitrariedad, la opacidad y la mediocridad en la gestión de la cultura de nuestra Comunidad".

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís en las Cortes, Mònica Oltra, calificó ayer de "justas y acertadas" las críticas del sector y reiteró a Fabra la petición de destitución. "Desde Compromís compartimos este posicionamiento sobre la utilización del museo para sus intereses privados que ha caracterizado a la dirección de Ciscar", aseguró Oltra, que registró una pregunta parlamentaria para preguntar a Fabra por su posición.

Durante la inauguración de una exposición de arte chino en el IVAM, Ciscar manifestó que "las denuncias se hacen en los juzgados" y defendió su gestión, basada, según dijo, en "la transparencia". Sin embargo, no quiso hacer ninguna declaración más cuando se le preguntó por otras de las críticas de los firmantes del comunicado del sector del arte, a los que calificó "de grupo de escasa representación". Así, Ciscar no contestó a por qué ella figura, sin ser experta en arte, como comisaria de decenas de exposiciones, o firma, siempre según los críticos, multitud de artículos "de expertos" que escriben otros.

www.elpais.es 29.07.11

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