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BÁJATE
EL RESUMEN DEL AÑO GURTELIANO 2010
ÍNDICE
1) EL TSJ OBLIGA AL CONSELL A INFORMAR A LA OPOSICIÓN DE CONTRATOS CON GÜRTEL
2) EL TRIBUNAL DE MADRID DEVUELVE EL 'CASO GÜRTEL' A LA AUDIENCIA
3) RAJOY ANIMA AL GOBIERNO A ACLARAR YA LAS CUENTAS Y APUNTA A MÁS RECORTES
4) RAJOY INSINÚA RECORTES: "TENDREMOS EL ESTADO DE BIENESTAR QUE PODAMOS"
5) LOS BARONES DEL PP MANTIENEN LA ALARMA SOBRE LAS CUENTAS PÚBLICAS
6) LAS AUTONOMÍAS DEL PP TIRAN DEL GASTO
7) LA DERECHA GENERA MÁS DEUDA MUNICIPAL
8) LOS IMPUTADOS VUELVEN A OCUPAR SUS ESCAÑOS
9) C. A CANARIAS: UNA IMPUTADA EN EL 'CASO FAYCÁN' SERÁ ALCALDESA DE TELDE POR EL PP
10) C.A CANTABRIA: EL PP GOBERNARÁ EN SANTOÑA EN COALICIÓN CON EL PRC Y EL MOVIMIENTO FALANGISTA
11) C.A CASTILLA LA MANCHA: EL PP ELUDE AHORA HABLAR DE QUIEBRA EN LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA
12) C.A CASTILLA LA MANCHA: MARCIAL MARÍN COORDINADOR DE ECONOMÍA DEL PP
13) C.A CASTILLA LA MANCHA: 2.400 de los 3.000 empleos públicos que el PP quiere suprimir son bomberos
14) C.A CASTILLA LA MANCHA: EL PP AFIRMA QUE CASTILLA-LA MANCHA NO TIENE DINERO PARA PAGAR SUS 76.000 NÓMINAS
15) C.A CATALUÑA: XAVIER GARCÍA ALBIOL, CON VÍA LIBRE PARA GOBERNAR EN BADALONA
16) C.A GALICIA: FEIJÓO ENSEÑA EL CAMINO AL PP
17) C.A GALICIA: CONTRATO A DEDO PARA EL HERMANO DE UN ALTO CARGO DE LA XUNTA
18) C.A MADRID: EL PACTO QUE DERROCÓ A PEDRO CASTRO
19) C. A MADRID: AGUIRRE ELIGE COMO PORTAVOZ EN LA ASAMBLEA AL ÚNICO IMPUTADO DE SU LISTA
20) C. A MADRID: GALLARDÓN: "LO PÚBLICO TIENE QUE SABER DAR UN PASO HACIA ATRÁS"
21) C. A MADRID: LOS ABOGADOS RESPONDEN A GRANADOS
22) C.A MURCIA: TEMOR A LA NUEVA OLA DE RECORTES DE VALCÁRCEL
23) C. VALENCIANA: EL CONSELL ARRASTRA UN DÉFICIT ´OCULTO´ DE 2.849 MILLONES ENTRE FACTURAS DE SANIDAD E INCOBRABLES
24) C. VALENCIANA: CAMPS GUARDA EN EL CAJÓN 1.300 MILLONES EN FACTURAS SIN PAGAR
25) C. VALENCIANA: UN CRUCIFIJO PRESIDE LAS CORTES VALENCIANAS
26) C. VALENCIANA: UN HOMBRE DE FE RELACIONADO CON SEDESA, AL FRENTE DE LAS CORTES
27) C. VALENCIANA: EL JUEZ IMPUTA A ORTIZ, A SU MUJER Y AL ARQUITECTO DEL PGOU DE ALICANTE
28) LAS SOSPECHAS EN TORNO A LA ALCALDESA DE ALICANTE CRECEN: RECIBIÓ UN MINI DEL PROMOTOR AL QUE HABRÍA BENEFICIADO
29) ORTIZ: "DE PARTE DE SONIA, DARLE UN TRABAJO EN LAS OBRAS DE ZAPATERO"
30) LA ALCALDESA DE ALICANTE AFIRMA QUE TIENE MIEDO DE RUBALCABA
31) RUBALCABA RESPONDE: "LA ALCALDESA DEBE EXPLICAR SUS CHANCHULLOS ANTE LOS JUECES"
32) C. VALENCIANA: RICARDO COSTA MEDIÓ PARA EL CONSTRUCTOR EN TORREVIEJA SALUD
33) C. VALENCIANA: EL SUMARIO BRUGAL DESVELA QUE ORTIZ REGALÓ A PÉREZ FENOLL UN RELOJ DE 24.000 EUROS
34) C. VALENCIANA: EL ADIÓS DE CARLOS FABRA
1) EL TSJ OBLIGA AL CONSELL A INFORMAR A LA OPOSICIÓN DE CONTRATOS CON GÜRTEL
Compromís vio rechazadas 1.508 peticiones de documentación
El Gobierno que preside Francisco Camps está obligado a entregar a la oposición la documentación que solicitó sobre los contratos de las diferentes consejerías con empresas de la trama Gürtel entre los años 2003 y 2008. Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en respuesta a un recurso contencioso-administrativo de la Coalició Compromís. Según la sentencia, la comunicación del vicepresidente segundo del Consell y consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, del 15 de septiembre de 2009, en la que rechazaba aportar la documentación requerida sobre contratos de la Generalitat con la trama Gürtel porque estaba afectada por el secreto del sumario, es "contraria a la Constitución, viniendo obligado a facilitar la información en los términos solicitados".
"Los que iban a morir te saludan", exclama Mireia Mollà en alusión al PP
La diputada de Compromís Mònica Oltra, que fue también la letrada que presentó el recurso, explicó ayer que la sentencia señala que fue inconstitucional la denegación por parte del vicepresidente Económico, Gerardo Camps, de la documentación solicitada por su formación. Compromís pretendía conocer los contratos menores establecidos por la Generalitat con una decena de empresas de la red de corrupción que dirigía Francisco Correa, entre ellas Orange Market, la sociedad que gestionaba Álvaro Pérez, pero también otras como Down Town Consulting, Easy Concept, Boomerang Drive, Special Events o Pasadena Viajes.
"Con esta sentencia, el Consell tiene que contestar", explicó la diputada electa Mònica Oltra, que añadió que la legislatura todavía está viva hasta el jueves, día de la constitución de las nuevas Cortes. Si el Consell no lo hace, Compromís, como anunció su portavoz, Enric Morera, volverá a presentar la solicitud de documentación, que ahora cuenta con el aval del Tribunal Superior de Justicia. "El PP no va a poder salirse por peteneras", comentó Oltra, que recordó las cinco sentencias del Tribunal Constitucional que ha acumulado la Mesa de las Cortes Valencianas, controlada por el PP, esta última legislatura por vulnerar los derechos de los diputados al impedir la tramitación de iniciativas en muchos casos relacionadas con el caso Gürtel.Según explicó Mònica Oltra, cuando empezaron a producirse las sentencias del Tribunal Constitucional por vulnerar derechos de los diputados por la inadmisión de propuestas molestas, lo que hizo el PP fue admitir a trámite las iniciativas pero contestar cosas distintas a las que la oposición solicitaba o rechazar las peticiones de documentación. En el caso de las 1.508 solicitudes de documentación recurridas por Compromís, el vicepresidente y consejero de Economía, Gerardo Camps, se escudó en que la investigación del caso Gürtel estaba bajo secreto de sumario. El TSJCV, sin embargo, considera que incurrió en una ilegalidad al denegar los documentos. "Siendo el fundamento de la información solicitada el control parlamentario del Gobierno y la causa invocada en la negativa carente de legitimidad, la conclusión ha de ser declarativa de la vulneración constitucional postulada", señala la sentencia del TSJCV.
"Tenemos la férrea voluntad de seguir defendiendo los derechos de los valencianos", señaló Oltra durante la rueda de prensa de presentación de los componentes del nuevo grupo parlamentario de Compromís en las Cortes Valencianas. La diputada señaló que la sentencia del TSJCV, en la que se recoge que el control del Gobierno es una función parlamentaria "básica" que está "garantizada por la Constitución", va a "marcar la legislatura", ya que a partir de ahora el Consell no podrá esquivar las peticiones de información que formule la oposición.
"No ha sido casual", advirtió Oltra sobre la sentencia, que recordó que es uno más de los frutos del trabajo desarrollado por el grupo de Compromís. Su portavoz, Enric Morera, expresó el sentir de los diputados de la coalición al afirmar. "El PP tendrá que soportarnos cuatro años más pero los ciudadanos estarán contentos de ver que podemos trabajar por una alternativa a las políticas de derecha y antivalencianas". La diputada Mireia Mollà fue más expresiva aún. "Los que iban a morir te saludan", exclamó al inicio de su intervención, en referencia a las numerosas veces que tanto el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como el portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, y otros diputados del PP, dieron a su grupo por amortizado tras las elecciones del 22 de mayo.
El grupo parlamentario de Compromís, que estuvo la pasada legislatura, tras la ruptura con Esquerra Unida, integrado por cuatro diputados, contará en el mandato que se abrirá mañana con seis diputados. A Enric Morera, Mònica Oltra, Josep Maria Pañella y Mireia Mollà, se unen Fran Ferri y Juan Ponce. Los temas de juventud en el caso de Ferri y los relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad, en el caso de Ponce, serán los asuntos que centrarán la atención de los dos nuevos parlamentarios de la coalición valencianista, de izquierdas y ecologista.
www.elpais.es 08.06.11
2) EL TRIBUNAL DE MADRID DEVUELVE EL 'CASO GÜRTEL' A LA AUDIENCIA
El caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que afecta al PP, volverá al Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, del que era titular Baltasar Garzón y que ahora dirige Pablo Ruz. Así lo acordó ayer la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que recordó que, al imputarse a algunos de los implicados un delito de blanqueo de capitales cometido en el extranjero, el caso corresponde a la Audiencia.
El tribunal madrileño había dejado de ser competente en el momento en que Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo renunciaron a su condición de diputados en la Asamblea de Madrid el pasado 3 de mayo, por lo que dejaron de estar aforados a esa Sala. La duda era ahora a qué tribunal correspondería el caso. Mientras que algunos imputados como Isabel Jordán o Ramón Blanco Balín, entre otros, preferían que la causa se remitiera a la Audiencia, otras partes del proceso (la Comunidad de Madrid o el exsenador Luis Bárcenas, por ejemplo) querían que se enviara a los juzgados de Madrid.
Los magistrados deciden ahora que debe ser competente Ruz, el sustituto de Garzón al dirigir el juzgado que inició la causa, pero la decisión es recurrible ante el Tribunal Supremo, lo que previsiblemente dilatará algunos meses más la investigación.
www.elpais.es 09.06.11
3) RAJOY ANIMA AL GOBIERNO A ACLARAR YA LAS CUENTAS Y APUNTA A MÁS RECORTES
Zapatero defiende la credibilidad de las finanzas públicas de España y su ejecutiva acusa al PP de "gamberrismo" por sembrar dudas en los mercados
Mariano Rajoy lleva varios días fijando la mira. Primero dejó caer que las cuentas autonómicas no eran correctas. Luego planteó auditorías. Después, que vendrían tiempos difíciles. En una comida con sus barones, analizó el supuesto déficit oculto de la sanidad. Más tarde dijo que tendremos el Estado de bienestar que podamos permitirnos. Y ayer, aún sin disparar del todo, afinó mucho más: apuntó claramente a que serán necesarios más recortes para cumplir el objetivo del déficit, pero citó a José Luis Rodríguez Zapatero y a su Gobierno para que sean ellos los que asuman la responsabilidad de plantearlos. A partir de ahí, vino a decir, el PP será leal y colaborará.
Zapatero se preocupa por cómo percibirán los mercados la denuncia del PP
Rajoy pide hablar "a calzón quitado", pero dice que el Gobierno debe asumir el coste
Rajoy exigió ayer en la junta directiva nacional del PP que el Ejecutivo convoque de forma inmediata un Consejo de Política Fiscal y Financiera -que ya estaba previsto para después de las elecciones y pactado entre Elena Salgado y las autonomías- para hablar "a calzón quitado" de cómo reducir el déficit hasta los límites planteados por Bruselas.
Rajoy no pronunció la palabra "recortes", tabú en el PP a pesar de que sus autonomías llevan tiempo en esa línea, en especial la murciana, pero la apuntó claramente. Explicó que la recaudación de impuestos ha caído en los primeros meses de 2011 mucho más de lo previsto. Y se mostró dispuesto a "aprobar unos planes actualizados de reducción del déficit público en todas las Administraciones con el propósito básico de cumplir los objetivos que nos ha marcado la Unión Europea".
La única manera de actualizar esos planes, si no se suben impuestos -otro tabú del PP- y cuando está cayendo la recaudación, es con más recortes. La mayoría de las autonomías, en especial las del PP, ya han gastado en los primeros meses más de lo previsto, lo que refuerza la idea de que lo que plantea Rajoy solo puede hacerse con más recortes.
Rajoy se mostró por tanto dispuesto a hablar, pero siempre que el Gobierno asuma el mayor coste político: "El PP va a contribuir en la parte que le toque a reducir el déficit público en nuestro país. Pero la responsabilidad más importante le compete al Gobierno de la nación".
Lo que en todo momento evitó Rajoy es hablar de ningún lugar en concreto, ni siquiera de las autonomías que gobierna el PP y tienen muchos problemas por exceso de gasto y caída de ingresos, sobre todo la Comunidad Valenciana, la más endeudada de España. El líder del PP tampoco habló de la polémica en Castilla-La Mancha, donde su partido ha llegado a hablar de "quiebra total" de las cuentas públicas. Ni lo desautorizó ni lo aprobó. Y como, de nuevo, volvió a lanzar un discurso sin posibilidad de preguntas y el PP suspendió otra vez la rueda de prensa de los lunes, no se le pudo preguntar. Ni siquiera habló del asunto Dolores de Cospedal, futura presidenta castellanomanchega, que ni mencionó la polémica que sus portavoces siguieron alentando. Tampoco se pudo preguntar al PP sobre la Comunidad Valenciana, la más endeudada de España.
Nadie pidió la palabra entre los casi 500 miembros de la junta directiva, centenares de ellos desplazados hasta Madrid solo para aplaudir al líder. Rajoy tiene ya tanto poder interno que incluso ha suspendido el congreso previsto para este año -será en 2012-, porque, según dijo, la cosa "no está para líos internos". Y nadie rechistó.
Mientras se celebraba la junta directiva del PP también estaba reunida la cúpula del PSOE, con su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, a la cabeza. La indignación con el PP fue el hilo conductor de la mayoría de los intervinientes de la comisión ejecutiva federal socialista a propósito de las deudas de las comunidades autónomas. No les contradijo Zapatero, pero su preocupación iba por otro lado: cómo percibirán los mercados, los acreedores y la propia Comisión Europea estas denuncias del PP.
Desde esta perspectiva se entiende la intervención que hizo el presidente del Gobierno en defensa cerrada de los mecanismos de control de España, singularmente de la Intervención General del Estado. Se recordó que las cuentas de las autonomías, así como las del Estado, se conocen porque se publican obligatoriamente cada trimestre.
Tan conocidas son las deudas que desde la propia Comisión Europea desde hace casi nueve meses se pone el foco en ese problema. Zapatero les aseguró a los suyos que no valen excusas y que la exigencia de reducción del déficit se mantiene intacta, para llegar al 6% en 2011 y al 3% en 2012. Eso sí, no ahorró el presidente ante la ejecutiva consideraciones sobre "la irresponsabilidad" del primer partido de la oposición, crítica que ya con micrófonos extendió el secretario de Organización, Marcelino Iglesias. "El PP incurre en una profunda deslealtad institucional, practica el gamberrismo político al poner en duda la credibilidad de las cuentas de España; le exigimos que deje de hacerlo, eso sí que sería patriotismo", pidió Iglesias.
Dentro de la reunión se pasó revista a la situación de las autonomías, en especial la Comunidad Valenciana y Murcia. Lo resumió el responsable de Política Autonómica del PSOE, Gaspar Zarrías: "Cuando Rajoy preguntó en una reunión si es verdad que se paga a los acreedores a 600 días, el presidente valenciano, Francisco Camps, debía haberle dicho que en el caso de Valencia pagan pasados 1.000 días", aseguran que dijo Zarrías. En esa reunión, el pasado miércoles, Camps no abrió la boca cuando Rajoy preguntó.
El PSOE cree que, con esta estrategia, el PP prepara el camino a nuevos ajustes, aunque también lo ve como un "punto y seguido" de la campaña electoral para las generales. En esta ejecutiva el presidente del Gobierno pidió a sus miembros que "respalden y defiendan" al candidato electoral, Alfredo Pérez Rubalcaba. Este tomó la palabra para dar cuenta a la cúpula socialista de las inquietudes y las impresiones que le trasladan los militantes socialistas que participan en las reuniones internas que ha empezado por distintas ciudades. Proseguirá el próximo fin de semana en Valencia y Barcelona.
El candidato considera esencial las aportaciones de los militantes, entre ellos muchos cuadros del partido, porque le servirán para nutrir el proyecto político que preparará para la conferencia política de septiembre, según dijo ayer a sus compañeros. Rubalcaba mantiene su voluntad de combinar "continuidad y cambio".
www.elpais.es 07.06.11
4) RAJOY INSINÚA RECORTES: "TENDREMOS EL ESTADO DE BIENESTAR QUE PODAMOS"
El PP admite preocupación por la deuda sanitaria en Valencia, Murcia y Galicia
Es ya una obsesión. Mariano Rajoy quiere eliminar la imagen del PP que dibuja el PSOE, esto es: que recortará mucho más el Estado de bienestar cuando llegue a La Moncloa. Por eso controla mucho su discurso y promete que no tocará sanidad ni educación. Pero los debates internos del PP, y la gran preocupación por la deuda oculta de la sanidad, sobre todo, indican lo contrario. Ayer en Sitges (Barcelona) Rajoy, no ya en su discurso, muy medido, sino en las preguntas de los empresarios catalanes, trasladas por Josep Piqué, presidente del Círculo de Economía, dejó intuir esa preocupación y apuntó a un posible futuro difícil para el gasto social.
Feijóo pide "un gran saneamiento" de la sanidad pública
"Un país africano puede querer unos grandes servicios, pero no tenerlos"
"Tendremos el Estado de bienestar que podamos permitirnos", dijo después de recordar que la recaudación de impuestos sigue cayendo en 2011, lo que complica las finanzas públicas. Incluso puso el ejemplo de países del tercer mundo. "Con todo el respeto, un país africano puede tener unos gobernantes con unas magníficas intenciones que quieran un gran Estado de bienestar, pero si no tiene ingresos no es posible".
"Si se reactiva la economía y se crea empleo, se pagarán más impuestos y podremos tener Estado de bienestar. Y tendremos el que se ajuste a nuestras posibilidades. Ya lo he dicho, me gustaría mantener sanidad pública y pensiones, es una línea roja. Pero hacer un paquete global con un plan de austeridad creo que será bueno", aseguró el líder del PP, al que le habían preguntado expresamente si, tal como había dicho el premio Nobel Joseph Stiglitz, que habló antes que él en las jornadas, no hay una clara incompatibilidad, al menos a corto plazo, entre las políticas de recorte y el estímulo de la economía, como se ha apreciado en la crisis griega.
En público, Rajoy insiste en que ninguno de sus barones, ni él cuando llegue a La Moncloa, tocarán sanidad o educación. Sin embargo, en privado dirigentes muy relevantes del PP admiten la preocupación con la situación de la deuda oculta de la sanidad. E incluso asumen que la situación es especialmente difícil en comunidades que el PP gobierna desde 1995, como la valenciana o la murciana, lo que contradice el discurso oficial de que el PP es el partido de la austeridad y la buena gestión. La dirección nacional está preocupada con la Comunidad Valenciana o Murcia -aunque aún lo está más con Baleares o Castilla-La Mancha, señalan-, pero cree que se podrá resolver la situación.
A Rajoy le preguntaron expresamente por estas dos autonomías, que pagan a sus proveedores de la sanidad con hasta 600 días de demora. El líder del PP evitó mencionarlas, aunque la pregunta iba sobre ellas, y se quedó en un genérico: "Muchos proveedores tienen muchísimos problemas. Más de uno ha tenido que cerrar. La sanidad es un tema importante, hay cifras que dicen que en EE UU se paga a 28 días. Es un tema que tendremos que corregir. Hay que pagar".
Fuentes de la dirección aclaran que este es un asunto prioritario para Rajoy, que ha recibido muchos mensajes de la patronal de los proveedores, de Farmaindustria y de los farmacéuticos, y que tratará de que sus barones cumplan los pagos. Eso sí, siempre sin subir impuestos de ningún tipo, anatema para el PP pese a la situación de las finanzas públicas.
Rajoy quiere evitar en cualquier caso que sus barones tomen decisiones sobre recortes importantes antes de las elecciones generales. Una mala imagen del PP como partido antisocial es la peor de las campañas para el jefe de la oposición, por lo que de momento solo plantea un plan de austeridad con medidas muy simbólicas, pero no drásticas. Quiere evitar que la gente salga a la calle contra los Gobiernos del PP.
Esta enorme preocupación que hay en el PP por las finanzas públicas, y en especial por la sanidad, la remató ayer otro presidente de este partido, el gallego Alberto Núñez Feijóo. Dijo que "la situación de la sanidad pública es delicada", rechazó en cualquier caso la vía de la privatización y pidió "un gran saneamiento", similar al que se hizo en los 90. "Hay que evitar el colapso", aseguró. Feijóo admitió que "cada vez son más las dificultades para pagar las facturas". De momento, y según los datos del secretario general del Servizo Galego de Saúde, 121 días de retraso.
Frente a los empresarios catalanes, un foro que le gusta y al que ha acudido ya siete años seguidos con gran éxito, Rajoy, que ya se ve presidente, planteó algunas de sus ideas, sobre todo la necesidad de recuperar la confianza con un cambio de Gobierno -dejó caer que podría llamar a Piqué para su Gabinete-. Pero con las preguntas llegaron algunas polémicas, esas de las que siempre huye.
Defendió, frente a las críticas de un empresario, la deducción por compra de vivienda. El Gobierno la ha eliminado porque cree que contribuye a la burbuja inmobiliaria, de la que el empresario responsabilizó al PP por su cambio de la ley del suelo cuando llegó a La Moncloa. Rajoy defendió la deducción, que ha prometido recuperar: "Es algo tradicional en nuestro país". Además, rechazó que el PP sea responsable de la burbuja: "Depende de mucha gente, también los bancos. Yo creo en el sector de la construcción para el futuro, es muy importante. El mundo va a ir a mejor y mucha gente en Europa quiere adquirir aquí vivienda para estar seis meses. Y el turismo también tiene futuro". Rajoy insiste mucho en esta idea, que los sectores tradicionales en España, construcción y turismo, tienen futuro, mientras el PSOE repite que quiere cambiar el modelo productivo.
www.elpais.es 04.06.11
5) LOS BARONES DEL PP MANTIENEN LA ALARMA SOBRE LAS CUENTAS PÚBLICAS
Nadie ha llegado tan lejos como el Partido Popular de Castilla-La Mancha con su denuncia de que la comunidad está en "quiebra total". De hecho, en privado algunos barones y dirigentes del PP critican la estrategia de Dolores de Cospedal, que aunque no ha intervenido en público sí ha dirigido el ataque de su partido contra las cuentas de José María Barreda. Nadie ha llegado a tanto, pero la tónica es general. Todos los presidenciables del PP, cada uno con su tono, mantienen la misma línea: un ataque frontal a las cuentas de sus predecesores socialistas, y la denuncia de que van a recibir una herencia envenenada.
"Hay proveedores que nos dicen que hay facturas no reconocidas"
Lo hicieron los primeros días, y lo siguen haciendo a pesar de que Mariano Rajoy, en una conversación con José Luis Rodríguez Zapatero, el domingo, y otra con Elena Salgado, el martes, comprometió la lealtad de su partido ante la petición del Gobierno para no inquietar de nuevo a los mercados. Algunos dirigentes regionales comentan que Rajoy no ha llamado a los suyos para pedirles que rebajen el tono, aunque él ha cuidado el suyo.
El más claro ejemplo está en José Ramón Bauzá, el líder del PP balear. Aunque en un tono muy diferente al de Vicente Tirado, mano derecha de Cospedal en Castilla-La Mancha -Bauzá es un dirigente que suele medir mucho sus palabras- el fondo es el mismo. Tanto que en una reciente entrevista en EL PAÍS llegó a decir: "Deseamos pagar las nóminas de los funcionarios. Lo sabremos al ver las auditorías". Esto es, mantuvo la línea de Tirado de plantear que las nóminas pueden estar en riesgo. Ayer, en Los Desayunos de TVE, Bauzá mantuvo sus dudas sobre las cuentas autonómicas. "Nosotros no somos alarmistas; somos transmisores de la alarma que nos llega de los que no pueden cobrar", aseguró.
Bauzá insistió en que harán auditorías para conocer el estado real de las cuentas. "No es que no nos fiemos del todo, sino que en las últimas semanas y días son numerosos los proveedores que se están poniendo en contacto con nosotros para decirnos que las facturas no se cobran, que hay facturas no reconocidas. Además, los funcionarios también se ponen en contacto con nosotros para darnos información que pone en entredicho la comunicación oficial que nos facilita el Gobierno". Esto es, una técnica similar a la de Castilla-La Mancha: denunciar antes de conocer las cifras reales. Bauzá se mostró a favor de reducir impuestos y anunció que hay que "empezar a ejercer el bisturí" en el gasto público, especialmente en las empresas públicas.
En una línea muy similar se ha expresado estos días el cántabro Ignacio Diego que, como Bauzá, ha ganado con mayoría absoluta. En Cantabria la situación es más complicada porque Diego y el presidente saliente, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ni siquiera han hablado todavía desde el 22-M. No hay aún movimientos de traspaso de poderes y sí muy malas relaciones. Diego ha anunciado que hará auditorías y ya ha planteado que se cerrarán empresas públicas, aunque su tono ha sido moderado. Ayer mismo, en cualquier caso, hizo un llamamiento a Revilla para que no tome decisiones sobre el club de fútbol Racing de Santander, cuyo futuro depende del Ejecutivo autonómico, y que espere a que él tome posesión. Diego, como otros presidenciables del PP, está centrado en preparar su Gobierno.
José Antonio Monago, el líder del PP de Extremadura, convencido de que gobernará si IU, como espera, se abstiene, también ha expresado muchas dudas sobre las cuentas públicas y ha dicho que hay facturas ocultas. Luisa Fernanda Rudi, que con toda probabilidad gobernará con el Par en Aragón, ha evitado crear alarmismo, mientras en el PP asturiano, que no gobernará, la diputada Pilar Fernández Pardo ha dicho que "existen muchos indicios de que puede haber ocurrido como en Castilla-La Mancha".
www.elpais.es 10.09.11
6) LAS AUTONOMÍAS DEL PP TIRAN DEL GASTO
Las comunidades autónomas gobernadas por el partido de Rajoy gastaron en el primer trimestre un 10,1% más, casi el cuádruple que el resto (2,6%)
Hay estadísticas que desmontan los clichés. El Partido Popular (PP) defiende que es austero allí donde gobiernan y critica al PSOE por ser propenso al gasto. Pero la trayectoria de las comunidades autónomas en el primer trimestre del año desmiente ese principio. Los Gobiernos del PP han gastado el 10,1% más que hace un año, un porcentaje que prácticamente duplica la media de Administraciones socialistas y casi cuadruplica el del resto de las comunidades. Con todas las cautelas -el primer trimestre puede ser algo errático-, los datos evidencian que las elecciones han condicionado muchas decisiones de gasto.
Los datos muestran que las elecciones han condicionado los presupuestos
En tres meses se llegó casi al 50% del déficit autonómico previsto para el año
El de 2011 es el año del gran ajuste autonómico. Tras un ejercicio en el que el Estado aportó las mayores medidas de austeridad (rebaja de salarios públicos, recorte drástico de la inversión, freno al gasto en medicamentos...), las comunidades deberán concentrar ahora el grueso de los sacrificios. El ritmo de gasto mostrado en el arranque del año permite albergar serias dudas sobre el cumplimiento de las metas finales: un déficit del 1,3% del PIB para las comunidades en todo el año. En solo tres meses, ya han consumido casi la mitad (el 0,46%) de ese margen.
La clasificación por colores políticos camufla muchos matices, pero permite cuestionar el programa de Gobierno autónomo que acaba de elaborar el líder del PP, Mariano Rajoy, basado en la austeridad de las cuentas públicas. Porque tomando como referencia la media (que Murcia reorienta mucho a la baja al aportar el segundo mayor recorte del gasto en ese periodo), las comunidades gobernadas por el PP elevaron un 10,1% el gasto, según los cálculos realizados por este periódico a partir de las cifras publicadas el martes por el Ministerio de Economía.
El resto de comunidades aceleró el gasto una media del 2,6% y si se incluyen solo las socialistas (que serán muchas menos cuando se formen los Gobiernos surgidos de las urnas el pasado 22 de mayo), el gasto creció un 5,9% (ver cuadro). Estos cálculos se refieren al gasto sin operaciones financieras, que es el que da la medida del ajuste. La subida global se produjo en un momento en que los ingresos no permiten sostenerla. Los recursos de las arcas autonómicas retrocedieron un 2,2% en ese periodo.
Aunque el primer trimestre no ofrece datos definitivos sobre el ejercicio, resulta inevitable recurrir a las elecciones para explicar la tendencia actual. La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, lo dejó entrever en la presentación que realizó de los datos esta semana.
"Las elecciones han podido introducir una cierta distorsión en este sentido", corrobora Ángel de la Fuente, investigador del CSIC experto en cuentas regionales. Facturas que se pagan antes de dejar el Gobierno por la incertidumbre de lo que vendrá, inversiones que se ponen en marcha e incluso algunas contrataciones (los últimos datos de la Seguridad Social muestran un inexplicable aumento del empleo público en mayo) inducen a pensar que este primer trimestre hubiera resultado distinto sin la cita electoral.
César Cantalapiedra, analista de cuentas autonómicas de AFI, aporta otro argumento: en el primer trimestre, cuando la disponibilidad de recursos es mayor, muchas comunidades aprovechan para anotarse porciones de déficits que se arrastran durante mucho tiempo, como el sanitario. Cantalapiedra cree que estos efectos se irán corrigiendo y que las comunidades "tendrán que hacer más esfuerzo en la segunda mitad del año".
El arranque del ejercicio resultó muy diferente en la Administración central, que redujo un 24% sus gastos no financieros. Pese a gestionar parcelas distintas (las comunidades se encargan de la sanidad, la educación y partidas sociales difíciles de recortar), las cifras dan idea de que el Ejecutivo reaccionó antes a la necesidad de reconducir los desequilibrios. A las diferencias de gasto hay que añadir las de recuento: las cifras autonómicas están expresadas en contabilidad presupuestaria, diferente de la de caja que se suele emplear para el Estado. "Las comunidades no están acostumbradas a reducir gastos. Como no han hecho los deberes antes, ahora las cosas son más difíciles. Tendrían que haber empezado hace mucho tiempo", reflexiona Ángel de la Fuente.
La partida que más claramente refleja la contracción del gasto es precisamente la de personal, fruto del recorte de salarios a los funcionarios y la magra sustitución de empleados públicos que ha impuesto el Gobierno central. Todas las comunidades se anotan caídas en esta partida. La excepción es Andalucía, pero obedece a diferencias de calendario en el pago de cotizaciones sociales, según explicó Salgado.
En cambio, la inversión evoluciona de forma muy dispar. Ocho comunidades han encontrado en esta partida una forma menos traumática de enderezar las cuentas, al igual que está haciendo el Estado. Otros territorios aún registran crecimientos exponenciales.
Por encima de todas las críticas, César Cantalapiedra insta a la responsabilidad en el análisis de las cuentas autonómicas. "El sobrecoste que pagan las comunidades por su deuda se debe en buena medida al cuestionamiento permanente de sus cifras. Hay que ayudar a que los inversores extranjeros se interesen por las comunidades", recomienda.
Madrid y Cataluña cambian de bando
El comportamiento de Madrid y Cataluña da idea de que los datos de marzo pueden no ser definitivos. Madrid, paradigma de las comunidades cumplidoras, y Cataluña, una de las que más dificultades muestran para cuadrar sus cuentas, se han intercambiado los papeles.
La comunidad presidida por Esperanza Aguirre ha elevado su gasto un espectacular 21%, hasta generar un déficit del 0,6% del PIB en marzo. Y la Generalitat lo ha contenido un 3,6%, con un saldo casi equilibrado. En ambos casos, se trata de cuentas condicionadas por circunstancias especiales. Madrid argumenta que esas distorsiones obedecen a que se han adelantado pagos a empresas y familias para aliviarles la crisis. Es la misma explicación que ha recibido el Ministerio de Economía, que no tiene motivos para dudar porque hasta ahora Madrid ha cumplido, explican fuentes de este departamento.
En Cataluña ocurre lo contrario. Pese al buen arranque del año, la Generalitat ha presentado esta semana unas cuentas que desafían los compromisos adquiridos ante el Gobierno central y el resto de comunidades.
El presupuesto autonómico para 2011 prevé, de entrada, un déficit del 2,6% del PIB, el doble de lo acordado. Coincidencia o no, el proyecto se anunció el mismo día en que la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, informaba del comportamiento autonómico hasta marzo. Con todos los cambios que se produzcan hasta final de año, lo más probable es que el saldo autonómico supere lo establecido, como ocurrió en 2010, a costa del margen del Estado, que previsiblemente no agotará lo previsto. Nada grave siempre que la suma no supere el santificado 6%.
www.elpais.es 05.06.11
7) LA DERECHA GENERA MÁS DEUDA MUNICIPAL
Las capitales gobernadas por el PP tienen un endeudamiento por habitante de 1.280 euros, el doble que las del PSOE
Si tuvieran que hacerse cargo de la deuda de su Ayuntamiento, cada uno de los 253 habitantes de Aguilar de Segarra tendrían que pagar más de 9.000 euros de su bolsillo. El de este diminuto municipio barcelonés es el caso más extremo de endeudamiento municipal. Pero a la hora de analizar los datos en función del color político de cada Ayuntamiento, el mayor responsable de los números rojos es el partido que tras las elecciones del 22-M se hizo con prácticamente todo el poder autonómico y municipal en España.
Porque la deuda media por habitante de las 24 capitales de provincia gobernadas hasta ahora por el PP es de 1.279 euros, el doble que los 648 euros de las 23 en las que mandaba el PSOE antes del cataclismo electoral. El caso más llamativo por su austeridad es el de Bilbao (PNV), que tiene una deuda global de tan solo tres millones, lo que equivale a nueve euros por cada bilbaíno.
Es cierto que gran parte de la diferencia entre el desajuste entre localidades del PP y del PSOE se explica por el caso extraordinario de Madrid, que arrastra un pasivo de 6.453 millones de euros, que es casi tanto como la deuda del resto de capitales de provincia sumadas. Solo supera a Madrid, la ciudad autónoma de Ceuta (PP), líder en endeudamiento per cápita, con 2.490 euros.
Si se excluyera la ciudad donde Alberto Ruiz-Gallardón acaba de renovar su tercera mayoría absoluta, la deuda media por habitante de las capitales del PP también sería mayor que la del PSOE: algo más de 800 euros frente a casi 650. Porque Madrid no es la única manirrota: de las ocho capitales con un endeudamiento per cápita superior a 1.100 euros, seis -Ceuta, Madrid, Melilla, Málaga, Teruel y Valencia- estaban regidas por el PP, y dos -Tarragona y Zaragoza-, por los socialistas. La única capital donde IU ostentaba el poder tampoco destaca por su austeridad: los 315 millones de deuda de Córdoba se reparten a razón de 959 entre sus ciudadanos.
La buena noticia de los datos publicados esta semana por el Ministerio de Economía esta semana es que los municipios congelaron durante el año pasado el nivel de endeudamiento. Y en la evolución del pasivo a lo largo del año el PP sale mejor parado, ya que las capitales donde manda lograron reducir sus números rojos un 2,5%; mientras que las del PSOE los incrementaron un 12%.
El principal responsable de este aumento vertiginoso es Barcelona, que en tan solo un año ha pasado de deber 750 millones a 1.200. Es decir, un salto del 60%, que se explica por la elevada inversión del Ayuntamiento y por el efecto llamada relacionado con el cierre del grifo del endeudamiento municipal, que se hizo efectivo el 1 de enero de 2011, según explica el catedrático de la Pompeu Fabra Guillem López-Casasnovas.
De los ocho millares de municipios existentes, más de 3.000 tienen una deuda igual a cero. Entre los que no arrastran ninguna carga hay algunos de tamaño medio como Colmenar Viejo o Tres Cantos, ambos en Madrid
www.elpais.es 05.06.11
8) LOS IMPUTADOS VUELVEN A OCUPAR SUS ESCAÑOS
Diputados y concejales inmersos en causas judiciales acceden a cargos públicos tras las elecciones del 22-M
Dado que el estar imputado o implicado en delitos relacionados con la corrupción, aun cuando hay indicios evidentes, apenas tiene coste político alguno y escaso daño electoral, hoy empezarán a tomar posesión los políticos que, pese a estar inmersos en causas judiciales, han sido elegidos en las últimas elecciones del 22-M. Comenzarán a sentarse en Parlamentos y Ayuntamientos como representantes de los ciudadanos, aunque pesen sobre ellos graves acusaciones de cohecho, malversación, tráfico de influencias, prevaricación o fraude y con su voto puedan decidir el Gobierno de sus autonomías y de sus Ayuntamientos.
"Está imputado por una tontería", dice Aguirre de su nuevo portavoz en Madrid
Algunos son "amiguitos del alma" de empresarios imputados por múltiples delitos; otros se comparan con Jesucristo; unos van de viaje en yate con constructores y adjudicatarios o incluso hay uno que ha sido condenado por acoso sexual y elegido por los vecinos concejal. Pero todos pasarán a cobrar un sueldo público, salido de los impuestos ciudadanos, y esperarán la acción de la justicia.
El primero en hacerlo será Íñigo Henríquez de Luna, imputado por "una tontería", tal como la calificó la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre. Hoy tomará posesión de su escaño en la Asamblea de Madrid y Aguirre le nombrará portavoz del grupo parlamentario, el principal cargo. Al igual que las Cortes valencianas y al contrario que la mayoría de Parlamentos autónomos, la Asamblea de Madrid ha convocado su constitución antes que la de los Ayuntamientos, que será el próximo 11. La "tontería" de Henríquez es una presunta concesión irregular de licencias, conocida como caso Bécara, una ramificación del caso Guateque.
El jueves serán otros 10 implicados en supuestas corruptelas quienes accederán a las Cortes valencianas. Sobre algunos de ellos ya no pesa solo la imputación de cohecho impropio, del que se responsabiliza, entre otros, a Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana. La cúpula del PP de esta comunidad ha sido encausada, además, por la comisión de otros presuntos graves delitos como son el electoral (en el que se incluye la financiación irregular) y la prevaricación. Y todo después de que la portavoz del comité electoral del PSOE, Elena Valenciano, pidiera a los populares que no tomaran posesión de su cargo.
Pero tomarán posesión de su cargo Camps, que se dirigió a El Bigotes, uno de los cabecillas de la trama corrupta Gürtel, como "amiguito del alma"; la futura alcaldesa de Alicante y desde el jueves diputada, Sonia Castedo, de la que ahora se ha sabido que le dijo a un constructor: "Te hemos apañado lo del Rico Pérez [estadio de fútbol]"; o su antecesor, Luis Díaz Alperi, que también ocupará un escaño pese a que en las mismas grabaciones policiales deja ver la cordial relación que mantenía con ese empresario, el promotor Enrique Ortiz.
Entre las conversaciones contenidas en el sumario del llamado caso Brugal -la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante- también se encuentra otro de los futuros ocupantes de un puesto de parlamentario en las Cortes valencianas, Ricardo Costa, Ric, imputado, además, en la causa judicial del caso Gürtel.
Entre los valencianos, José Joaquín Ripoll habrá de esperar al sábado, ya que su pugna interna con Camps no le ha permitido ocupar un puesto en el Parlamento autónomo y tendrá que aguardar a la constitución del Ayuntamiento y, posteriormente, de la Diputación que, posiblemente, presidirá. Ripoll, imputado en el caso Brugal, "no quiere que sepa nadie que va a ir en el barco con Enrique [Ortiz]", el mismo empresario al que Castedo le "apañó" lo del estadio de fútbol, tal como indica otra conversación.
El sábado será también el día en el que tomen posesión concejales electos como Rafael Gómez Sánchez, Sandokán, en Córdoba, procesado por cohecho en el caso Malaya de corrupción en Marbella (Málaga). Populista donde los haya, es un antiguo cabrero que se precia de no saber leer ni escribir, y cuyo partido, recién creado, ha obtenido el apoyo de casi 25.000 cordobeses y, por tanto, una representación de cinco ediles que, además, le servirán para decidir el Gobierno de la Diputación. "Muchos medios de comunicación habéis hecho que las cosas sean malignas. Habéis hecho con Rafael Gómez lo mismo que hicieron con Jesucristo, acabar con él. Porque, si los humanos fueron capaces de hacerle lo que le hicieron a Jesucristo, qué no serán capaces de hacer a Rafael Gómez", es una de las afirmaciones que se encuentran en su haber.
Quizá tarde unos días más en tomar posesión, por la impugnación de varias papeletas, Ismael Álvarez, en Ponferrada. El Tribunal Supremo ratificó en 2003 la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que le condenó como autor de un delito de acoso sexual en el conocido como caso Nevenka. El PP, de donde vino, no le acogió en su seno y así decidió formar un partido independiente.
Seguro que con puntualidad lo hará, aunque esté en libertad provisional, el también independiente Ramón Vigo, futuro concejal del municipio coruñés de Cee, en A Costa da Morte, que acumula tantos presuntos delitos relacionados con la corrupción como posibilidades hay en el Código Penal español: prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, fraude a la Hacienda pública, malversación y falsedad documental. "Después me tienes que hacer gratis todas las cosas esas de la campaña, ya lo sabes", se le oye decir en una de las conversaciones intervenidas judicialmente mientras está hablando con un arquitecto para encargarle un proyecto.
"Tenía que pagar a Francisco Gordillo una comisión de un 20% de lo facturado una vez cobrado y que iba dirigido a financiar al partido". Esta frase demuestra que no menos clarividente fue la confesión de uno de los empresarios implicados en el supuesto cobro de comisiones irregulares detectado en Telde (Gran Canaria), donde el PP y una de sus imputadas, María del Carmen Castellano, está negociando para auparse como alcaldesa.
La imputación por prevaricación sí puede costarle a Raúl López Vaquero la alcaldía de Coslada, ya que su causa judicial pendiente es obstáculo para llegar a un acuerdo de gobierno. El PP podría pedirle que "sacrificara" su acta de concejal, aunque ha salido en su defensa. López Vaquero eludió la cárcel con 22.000 euros de fianza después de que se supiera que no ejecutó una sentencia contra "el sheriff" de Coslada, Ginés Jiménez, aquel a quien, entre otras cosas, se le grabó el "todavía no has aprendido, tienes que ir a mi despacho como van todos", como protagonista del caso Bloque, de supuesta corrupción policial en el municipio.
Resulta también chocante que sea otro imputado, concejal electo, el que le vaya a dar la alcaldía de Badalona al candidato del PP Xavier García Albiol, que durante la campaña ha arrojado tintes xenófobos, tras el acuerdo alcanzado por los populares y CiU. El cabeza de lista de los nacionalistas, Ferrán Falcó, está imputado por presunta malversación de fondos públicos durante su etapa como presidente de una empresa pública. Un juzgado investiga el presunto cobro de comisiones por la adjudicación de obras en el que podría estar implicado quien decide el municipal de esta ciudad catalana.
Con más de 70 pleitos en su haber, Juan Carlos Benavides ocupará también un sillón desde el que representará a los ciudadanos de Almuñécar (Granada). Empezó en las filas del PSOE, como teniente de alcalde, pasó por el Partido Socialista del Pueblo Andaluz, también el Partido Andalucista lo acogió en sus listas y como Convergencia Andaluza obtuvo casi el 30% de los votos de sus vecinos. Solo es posible que la resolución de alguna de sus imputaciones, por alzamiento de bienes, prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio o malversación le impida terminar la legislatura.
www.elpais.es 07.06.11
9) C. A CANARIAS: UNA IMPUTADA EN EL 'CASO FAYCÁN' SERÁ ALCALDESA DE TELDE POR EL PP
CC aúpa al poder a concejales implicados en la trama
María del Carmen Castellano, del PP, será la próxima alcaldesa de la ciudad de Telde (100.000 habitantes), la segunda en población de la isla de Gran Canaria. Contará con el apoyo de Ciudadanos para el Cambio (CIUCA), un partido independiente local, y de Coalición Canaria (CC).
Hasta aquí todo parece normal, uno de tantos pactos que proliferan tras las últimas elecciones. Sin embargo, este acuerdo es diferente, porque la futura alcaldesa forma parte de la lista de 35 imputados que dejó el caso Faycán (una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento para beneficiar a ciertos constructores). Castellano tendrá que responder ante los juzgados por los presuntos delitos de cohecho y malversación de fondos públicos; según han apuntado fuentes judiciales a EL PAÍS, lo hará "antes de diciembre, seguro".
La próxima alcaldesa de Telde participó de lleno "en una trama para pergeñar un sistema de financiación ilícita del PP", según recoge el auto de apertura del juicio oral. La trama, según el documento, recogía de los empresarios beneficiados comisiones que oscilaban entre el 5% y el 20%. A priori, ese dinero debía ir a parar al PP. Sin embargo, no fue así y el dinero, según la investigación, comenzó a entrar en los bolsillos de los principales representantes del partido en la ciudad. Según el documento citado, en manos de la futura alcaldesa cayeron 38.806 euros.
Para llegar a gobernar el municipio, el PP ha pactado con CIUCA, cuyo líder, Guillermo Reyes, también está imputado en el caso Doramas (derivado del Faycán) y tiene varios pleitos pendientes con la justicia. Pero entre ambos no conseguían la mayoría absoluta. El socio necesario ha sido CC, que después de dar algunos bandazos en el proceso de negociación ha sumado sus dos votos a esta coalición, formando un tripartito: PP-CIUCA-CC.
Fuera de juego queda un exalcalde del municipio, Francisco Santiago, contra el que se ha urdido la coalición. A pesar de que ofreció su cabeza para que su partido, Nueva Canarias, pudiera entrar en un pacto junto al PSOE, Más por Telde y Coalición Canaria para apartar a los imputados del poder, las rencillas políticas han prevalecido y se ha consumado una de las vías que Coalición Canaria tenía para volver a tener presencia en Gran Canaria, isla de la que había sido prácticamente borrada por los electores.
www.elpais.es 09.06.11
10) C.A CANTABRIA: EL PP GOBERNARÁ EN SANTOÑA EN COALICIÓN CON EL PRC Y EL MOVIMIENTO FALANGISTA
El PP, el PRC y el Movimiento Falangista gobernarán los próximos cuatro años el Ayuntamiento de Santoña tras el pacto alcanzado por las tres formaciones políticas, que votarán este sábado, cuando se constituye la Corporación, a la popular Milagros Rozadilla como alcaldesa del municipio.
Los tres partidos que se ocuparán de la gestión municipal de Santoña contarán con 9 de los 17 concejales de este Ayuntamiento, ya que el PP logró en las pasadas elecciones siete representantes, el PRC uno y otro el Movimiento Falangista.
El PSOE, que gobierna con mayoría absoluta desde 2003 el Ayuntamiento de Santoña, obtuvo en los pasados comicios del 22 de mayo seis concejales, mientras que Unión Progreso y Democracia consiguió dos.
Ambos partidos estarán los próximos cuatro años en la oposición después de rechazar cualquier negociación con otra formación política para formar gobierno.
De hecho, la alcaldesa en funciones, la socialista Puerto Gallego, aseguraba ayer que el PSOE estará los próximos cuatros años en la oposición porque "ha aprendido" lo que los ciudadanos le han dicho en las urnas.
En un comunicado remitido hoy, el PRC asegura que el pacto con PP y el Movimiento Falangista permitirá "un gobierno estable que consiga unas bases consolidadas para poder desarrollar la actividad política en el municipio".
"La gestión y la relación del gobierno municipal con los ciudadanos estarán basadas en los principios de trabajo, transparencia, información recíproca y dedicación al servicio público desde la austeridad, velando en todo momento por los intereses generales del municipio", añade el PRC.
Esta será la segunda vez que el Ayuntamiento de Santoña está gobernado por un equipo de gobierno compuesto por el PP, el PRC y el Movimiento Falangista, tres formaciones políticas que acordaron también en 1999 unirse para gestionar el municipio.
Sin embargo, dos años después de ese pacto, que dio la Alcaldía a Pedro Luis García Cobo (PP), el PSOE presentó una moción de censura contra el regidor municipal y propuso a su concejala Puerto Gallego como alcaldesa.
Puerto Gallego salió elegida alcaldesa de Santoña en 2001 tras la aprobación de la moción de censura con el voto de los concejales del PSOE, un exedil del PRC y el representante del Movimiento Falangista, Leoncio Calle Pila.
http://www.elcorreo.com/agencias/20110609/mas-actualidad/politica/gobernara-santona-coalicion-movimiento-falangista_201106091103.html
11) C.A CASTILLA LA MANCHA: EL PP ELUDE AHORA HABLAR DE QUIEBRA EN LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA
Los populares apelan a los datos de Economía para justificar sus críticas
El PP de Castilla-La Mancha sigue enrocado en su cruzada por cuestionar la veracidad de las cuentas en aquella comunidad. Ayer por la tarde, el secretario regional de los populares y número dos de María Dolores de Cospedal, Vicente Tirado, volvió a exigir "transparencia" en la información que están recibiendo por parte del Gobierno de José María Barreda. Sin embargo, en esta ocasión eludió afirmar que la región estuviera "en quiebra" como declaró el viernes pasado.
Tirado prefirió ilustrar la situación económica con los datos económicos proporcionados por el Ministerio de Economía -tercera comunidad con mayor deuda, 7.000 millones de euros; la de mayor déficit, en este ejercicio es del 1,74%, por encima del límite de 1,3%- en lugar de aportar "datos basados en estimaciones" como los que tanto él como Marcial Marín Hellín, el coordinador económico del PP, airearon este fin de semana.
Esas afirmaciones, que llegaban a poner en duda que los 70.000 funcionarios de Castilla-La Mancha pudieran llegar a cobrar sus nóminas, hicieron peligrar el traspaso de poderes entre socialistas y populares. Ayer por la mañana, Santiago Moreno, consejero en funciones de Presidencia, disipó las dudas y aseguró que "el Gobierno mantendrá todos los trabajos para asegurar el traspaso de gobierno al nuevo Ejecutivo que nombre María Dolores de Cospedal". No obstante, las insinuaciones del PP sí hicieron mella en el proceso de transición y han motivado la ruptura de las negociaciones preparatorias entre responsables de distintas áreas de gobierno iniciadas el 24 de mayo a petición de los populares y que los socialistas aceptaron "siempre y cuando se cumplieran unos compromisos de lealtad y confianza mutuos". Esas premisas, según los socialistas, cayeron por tierra tras las acusaciones de los conservadores.
"La documentación que nos han solicitado en los encuentros previos ya está preparada y será el consejero saliente el que se la entregue al consejero entrante cuando de Cospedal lo designe", explicó Moreno en una rueda de prensa tras una reunión con todos los consejeros en funciones. Hasta que el nuevo Gobierno de la Junta no esté constituido, el Ejecutivo de Barreda no pondrá a disposición del de Cospedal la información pertinente. Mientras, será el consejero de Presidencia en funciones el único responsable del Gobierno de Barreda que siga a disposición de Tirado para tratar "cuantos asuntos de trámite y gestión" puedan surgir durante el tiempo que transcurra hasta que los nuevos consejeros del PP sean nombrados, "siempre y cuando los populares lo pidan", puntualizan desde Presidencia.
Ambos dirigentes van a reunirse hoy, aunque el talante con que encaran el encuentro es muy distinto. Tirado acude aparentemente ignorante de las explicaciones que dio ayer Moreno en las que refutó con cifras cada una de las acusaciones de los populares. Sobre el supuesto peligro en el cobro de nóminas de los funcionarios, dijo: "Su nómina mensual asciende a 275 millones de euros; solo por los ingresos por participación en impuestos el Estado central transfiere 350 millones de euros al mes por lo que su salario está asegurado para este mes y los que vengan". Respecto del número de recolocados del PSOE en empresas de la Junta, añadió que "durante el mandato de Barreda solo ha habido 243 personas en puestos de altos cargos (121) o personal eventual (122) no los 3.000 que alguno se inventa". Por último, negó la falta de transparencia en las cuentas. "Somos el único gobierno que ha cerrado la cuenta general de 2010 para que pueda ser sometida al escrutinio de las nuevas Cortes con mayoría del PP".
www.elpais.es 07.06.11
12) C.A CASTILLA LA MANCHA: MARCIAL MARÍN COORDINADOR DE ECONOMÍA DEL PP
"Cerraremos hasta el 75% de empresas públicas con 3.000 colocados del PSOE"
Marcial Marín Hellín (Fuente-Álamo, Albacete, 1968), coordinador de Economía del PP en Castilla-La Mancha, dice que es consciente de la gravedad de las acusaciones que su partido está haciendo sobre las cuentas públicas de la comunidad. Y admite también que la mayoría de los datos que difunde están basados en "estimaciones". Pero subraya que ha debido ser así porque el Gobierno no les ha dado "ni una cifra económica" desde el 22-M.
"Tenemos contactos en la Junta. Sabemos que se destruyen facturas"
Pregunta. El PP ha afirmado que la Junta debe 2.000 millones en facturas impagadas y que no tiene dinero para abonar las nóminas en julio. ¿De dónde sacan esos datos tan alarmantes?
Respuesta. El dato del déficit es oficial: en abril estamos en 640 millones, ya se ha superado el tope anual. El déficit está desbordado. Eso es lo oficial. Lo demás lo sabemos oficiosamente.
P. ¿Oficiosamente de dónde?
R. Desde la victoria electoral no han parado de llamarnos empresas de servicios, de limpieza de hospitales, de centros de la tercera edad, de ambulancias, y también Ayuntamientos denunciando que llevan meses sin cobrar.
P. ¿Y han extrapolado esos datos para dar una cifra global?
R. Sí, hacemos una estimación, que es que hay 1.400 millones de deuda a proveedores. Con los 640 millones de déficit reconocidos por el Gobierno, que también son facturas impagadas, serían 2.000 millones. También tenemos contactos dentro de la Junta, funcionarios, que nos pasan esa información; estimamos que hay 150.000 facturas impagadas.
P. ¿No estarán las facturas incluidas en los 600 millones?
R. No, porque algunas facturas están metidas en los cajones. Incluso sabemos que se están destruyendo facturas...
P. Esa es una acusación muy grave. ¿Tiene pruebas?
R. Nos lo están contando. ¡Es que hay muchas empresas que nos llaman! Sobre todo del ámbito sanitario. Le voy a dar algunos ejemplos: al Grupo Carpio le deben 60 millones; al Grupo TransAltozano, de ambulancias, 12 millones; a Corvan Isolux, 50 millones; a Dokesim, que hace limpieza de hospitales, 7,5 millones. Algunos de los que nos llaman llevan siete meses, un año, año y medio sin cobrar...
P. ¿Por qué no lo han denunciado antes?
R. Porque muchas son empresas que llevan 30 años contratando con la Junta. Supongo que se han callado por miedo a no renovar. Como ahora hay un cambio de Gobierno, lo primero que hacen es llamar. Nos dicen: "Estamos ahogados, si no nos pagan tendremos que cerrar".
P. ¿Qué datos tiene para afirmar que no habrá dinero para pagar las nóminas de los funcionarios a partir de julio?
R. Si no hay dinero para pagar a las empresas, tampoco lo habrá para pagar a los funcionarios, ¿no?
P. ¿Es una suposición?
R. Sí, es una suposición porque cada mes hay que pagar 250 millones en nóminas. ¡Y es que no hay dinero! ¡Si no se están pagando las facturas! Eso significa que peligran también las nóminas. Si eso falla, es que está fallando todo. Vamos a heredar la peor situación de comunidades autónomas en España: el mayor incremento de paro, de deuda, de déficit, de inflación... Y en todas las reuniones de traspaso de poderes que hemos tenido, los consejeros se limitan a hablarnos de temas políticos y logísticos. Cuando les pedimos datos económicos, nos dicen que eso solo lo sabe la consejera de Economía. Y la consejera no va. Es de una irresponsabilidad total.
P. El número dos del PP, Vicente Tirado, propuso privatizar la televisión pública para afrontar esta situación. En el corto plazo, si de verdad están en riesgo las nóminas, ¿cree que eso puede inyectar liquidez de aquí a julio?
R. No, eso no es para el corto plazo. A corto o medio plazo vamos a cerrar entre el 50% y el 75% de las 95 empresas públicas, ya hemos comprobado cuáles duplican funciones.
P. ¿Eso supone despedir al 75% de sus trabajadores?
R. Sí. En esas empresas trabajan 3.000 colocados, la mayoría de los cuales solo está ahí por tener carné del PSOE.
P. ¿Es una decisión tomada?
R. Sí, está anunciada.
P. ¿Y los funcionarios?
R. A los funcionarios no los vamos a tocar. Los necesitamos. Ellos sí están ahí por su mérito y esfuerzo. El problema es que se ha creado otra Administración solo por tener carné del PSOE.
P. ¿Qué otras medidas prevé?
R. Reducir un 50% los cargos de libre disposición y un 20% el gasto corriente, sin tocar educación, sanidad ni servicios sociales. En total podríamos ahorrar 1.100 millones a medio plazo.
P. ¿Sin tocar dependencia?
R. Sí, tampoco dependencia.
www.elpais.es 05.06.11
13) C.A CASTILLA LA MANCHA: 2.400 de los 3.000 empleos públicos que el PP quiere suprimir son bomberos
La Junta de Castilla-La Mancha dispone en la actualidad de 13 empresas públicas
Si el PP llevase hasta las últimas consecuencias su amenaza de suprimir 3.000 puestos de trabajo, supuestamente enchufados por el PSOE, de las empresas públicas que el Gobierno de Dolores de Cospedal quiere suprimir, la Comunidad de Castilla-La Mancha se podría quedar sin bomberos, ya que pertenecen a los servicios y retenes forestales que, sobre todo en verano, combaten los fuegos, bien en brigadas contraincendios o bien realizando trabajos de limpieza del monte, trazado de cortafuegos u otras tareas forestales. La relación oficial de empresas públicas de la Comunidad de Castilla-La Mancha, facilitada por el actual gobierno socialista, habla de 13 empresas públicas tras haber ejecutado desde principios de este año un ajuste a las 24 existentes hasta entonces. De las actuales, solo una de ellas, Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, agrupa a 2.419 trabajadores que pertenecen al servicio de prevención y extinción de incendios de la Junta.
Lo que sigue es la relación oficial de empresas públicas de Castilla-La Mancha con su personal y su presupuesto para 2011. En total suman 3.134 empleados y suponen un gasto de 1.126 millones de euros. El PP, que todavía no está en el Gobierno, mantiene que a ese grupo se debería añadir una serie de entes y consorcios públicos, que todavía no ha concretado.
1.Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM). Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
2.419 trabajadores
Presupuesto 118 millones de euros
2.Socialmancha. Limpieza, Jardinería y Lavandería. Con finalidad terapéutica
147 trabajadores, de los que 130 personas tienen capacidades distintas
Presupuesto 1’8 millones de euros
3.Sociedad de Conmemoraciones Culturales de CLM. Don Quijote. Promoción turística, cultural y artesana.
50 trabajadores
Presupuesto 9 millones de euros
4.Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman). Gestión y construcción de infraestructuras sanitarias, educativas, sociales e instalaciones deportivas.
38 trabajadores
Presupuesto 394 millones de euros
5.Sociedad de Carreteras de CLM. Gestión y construcción de infraestructuras de comunicación.
9 trabajadores
Presupuesto 294 millones de euros
6.Empresa Regional de Suelo y Vivienda de CLM (ERES). Promoción de viviendas y suelos (para vivienda y uso industrial).
13 trabajadores
Presupuesto135 millones de euros
7.Empresa de Gestión de Infraestructuras Aeroportuarias
3 trabajadores
Presupuesto 1’4 millones de euros
8. Agencia de Gestión de la Energía de CLM (Agecam)
17 trabajadores
Presupuesto 7 millones de euros
9. RTVCM (Radio y TV pública autonómica)
380 trabajadores
Presupuesto 42 millones de euros
10.Instituto de Finanzas. Promoción de líneas de crédito para pymes
20 trabajadores
10.1. Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (Isfoc)
27 trabajadores
10.2. Sociedad de Garantía Recíproca Aval CLM. Concesión de avales a pymes. Participada con entidades financieras y Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha (CECAM)
2 trabajadores
Presupuesto total: 94’5 millones de euros (Aunque son 3 empresas distintas a efectos de presupuesto, computan juntas)
Empresas participadas:
11. Sociedad Industrial para el Desarrollo de CLM (Sodicaman). Capital Riesgo (Participación en empresas de la Región) y préstamos a PYMES. Participada con Diputaciones y Entidades financieras
9 personas
Presupuesto 30 millones de euros
www.elpais.es 06.05.11
14) C.A CASTILLA LA MANCHA: EL PP AFIRMA QUE CASTILLA-LA MANCHA NO TIENE DINERO PARA PAGAR SUS 76.000 NÓMINAS
El consejero de Presidencia: "Es falso, lo inventan, no tienen ningún documento"
El PP subió ayer su tono de preocupación sobre la situación económica de las comunidades en las que ganó el pasado 22 de mayo y en las que gobernaba hasta ahora el PSOE. El nuevo mensaje lo formuló ayer, en Toledo, Vicente Tirado, el número dos de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, cuando aseguró que su partido tendrá que buscar fórmulas para pagar a partir del mes que viene las nóminas de los 76.000 empleados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque la situación es de "quiebra total", con una deuda a proveedores de 2.000 millones de euros. Tirado es el secretario regional del PP en esa comunidad. No dio más datos.
"Los salarios están asegurados y registrados", sostiene Moreno
El actual consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha, el socialista Santiago Moreno, negó en declaraciones a EL PAÍS todas esas acusaciones: "Es falso. Se lo inventan, todavía no les hemos entregado ningún documento y tampoco sobre la situación económica. Se lo dije el primer día que nos reunimos para ejecutar el traspaso el miércoles de la semana pasada. Las nóminas están aseguradas y registradas".
Tirado, sin embargo, ofreció ayer una rueda de prensa tras la reunión del Grupo Parlamentario Popular que dirigió la presidenta electa de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en la que se habló de este tema porque les llegan datos dramáticos. La cita sirvió para ir preparando el trabajo con vistas a la constitución de las Cortes el día 16 y la posterior sesión de investidura.
El dirigente del PP dijo, según recoge la agencia Efe, que los funcionarios sí cobrarán las nóminas este mes, pero que no hay dinero para los meses siguientes. Tirado añadió luego, para ofrecer algún mensaje de tranquilidad, que el PP buscará los mecanismos para pagar esas nóminas a partir de entonces, y citó, como ejemplo, la privatización de la televisión pública. Una medida que no se puede efectuar sin una modificación de la ley nacional y que, desde luego, no se puede producir en un mes.
Tirado acusó al Gobierno en funciones del socialista José María Barreda de hermetismo total porque, según él, no les da ninguna documentación de la situación económica real de la región. Y apuntilló: La Junta "no tiene ni un euro" y no paga ni "la luz ni el teléfono ni a los proveedores". También aseguró que el PP va a exigir "responsabilidades" a Barreda, y a la vicepresidenta de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, que irán "más allá de las responsabilidades políticas" si la situación es "tan grave" de haber "arruinado" a la región.
El secretario general del PP de Castilla-La Mancha ha criticado que Barreda tenga "paralizada la Administración" y que desde su "irresponsabilidad quiera montar un campo de minas" para que no se pueda pagar nada. Se le recordará, ha añadido, como el "peor" presidente. Para Tirado, con esta "herencia" es "intolerable" que la responsable de la Consejería de Economía no se haya reunido con el PP para facilitar el traspaso; y ha dicho que, pese a que las palabras desde el Gobierno eran que iban a hacer un traspaso modélico, "hechos, ninguno". Tirado ratificó que el Gobierno del PP pedirán auditorías y revisará absolutamente todo.
El actual consejero de Presidencia, Santiago Moreno, responsable de llevar a cabo el traspaso de poder, aclaró que él mismo ha mantenido ya dos reuniones con el propio Tirado, y que ha habido otras cuatro de las consejerías de Trabajo, Empleo y Juventud, de Educación, de Sanidad y de Agricultura.
Santiago Moreno negó las acusaciones sobre el agujero económico de Tirado y las interpretó como "una cortina de humo para ocultar las medidas drásticas que van a querer hacer y que no han contado durante la campaña". Moreno ha explicado que la petición de Tirado de datos sobre la situación económica le llegó en la tarde del jueves por correo electrónico y apuntó que aún están recabando la información por las consejerías, por lo que no han podido entregar ningún documento.
www.elpais.es 04.06.11
15) C.A CATALUÑA: XAVIER GARCÍA ALBIOL, CON VÍA LIBRE PARA GOBERNAR EN BADALONA
CiU respetará la lista más votada, aunque en El Vendrell aceptará los votos de PxC para gobernar, a pesar de que el PSC sea el más votado allí
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha dejado el camino libre a Xavier García Albiol para acceder a la alcaldía de Badalona, ya que su secretario general adjunto, Oriol Pujol, ha asegurado que abanderarán el respeto a la lista más votada.
Aunque desde que el PP se convirtió en la fuerza más votada en la ciudad, se especuló con la idea de que el resto de fuerzas pactarían para evitar el gobierno de los conservadores. Incluso el PSC ofreció a CiU la posibilidad de alternarse en la Alcaldía durante dos años, ahora todos esos intentos han caído en saco roto.
"Por norma general CiU está por respetar la lista más votada porque nadie como CiU puede entender la legitimidad de ser la lista más votada y después no poder articular gobierno", ha subrayado Pujol, tras recordar que sufrieron esta práctica en propia carne durante ocho años con la configuración de los dos tripartitos.
Pujol, no obstante, ha apuntado a posibles "excepciones y matices" de carácter local, excepto en el caso de Badalona, ya que el dirigente de la federación ha recordado los pocos frutos que, a su juicio, tuvo el pacto que firmaron con el PSC para gobernar la ciudad en el anterior mandato.
El candidato de CiU a la Alcaldía de Badalona, Ferran Falcó, ha afirmado tras la rueda de prensa de Pujol, en un apunte en su perfil de Twitter, que se votarán a si mismos en la investidura del sábado, lo que convertirá a Albiol en alcalde: "Yo diría que no damos nada a nadie. Nos votaremos a nosotros, y listos".
Desde las filas del PSC, el viceprimer secretario y portavoz, Miquel Iceta, ha mostrado su "tristeza" por el hecho de que CiU posibilite a Albiol gobernar en la tercera ciudad más poblada de Cataluña.
Asimismo, el coordinador general de EUiA, Jordi Miralles, ha considerado que CiU ha hecho "saltar por los aires el consenso de los últimos años" como el Pacto Nacional por la Inmigración.
Albiol gobernaría en un pleno hostil, en el que todos los partidos cargan contra él
Miralles ha resaltado la contradicción en la que, a su juicio, cae CiU por dar vía libre a la Alcaldía del conservador cuando al mismo tiempo el Gobierno autonómico quiere poner en marcha una campaña para superar los tópicos sobre los recién llegados que el director general de inmigración, Xavier Bosch, explicará este martes en la comisión de bienestar del Parlamento.
"Es una falta de coherencia, un contrasentido y una falta de responsabilidad", ha dicho Miralles, que ha asegurado que ICV-EUiA hará aflorar en la comisión lo que ha considerado una contradicción del Gobierno de Artur Mas.
De confirmarse que CiU facilita el acceso del PP a la Alcaldía de Badalona, Albiol se convertirá este sábado en el primer alcalde que el PP obtiene en una gran ciudad catalana. Resta por ver como se las ingeniará Albiol para gobernar en minoría con un pleno declaradamente hostil, en el que todos los partidos habían cargado contra él por su duro discurso con la inmigración y la imagen que proyecta de la ciudad.
Votos de Plataforma por Catalunya
Pujol también se ha referido así al caso de El Vendrell, donde el PSC es la lista más votada con 7 concejales, CiU obtuvo seis, cinco PxC, dos el PP y uno Junts pel Vendrell.
Después de que PxC haya ofrecido un cheque en blanco a CiU para cerrar el paso a los socialistas, Pujol ha dejado claro que quieren gobernar en el municipio para materializar los proyectos que Benet Jané inició, por lo que tendrán en cuenta sus intereses y evitando el "ir contra algo o alguien".
Así, como ya pasó en la anterior legislatura, Pujol no ha descartado contar los votos de PxC para investir a Jané alcalde de nuevo: "PxC hace cuatro años votó a CiU. Se les ha incorporado después en la gestión del día a día en El Vendrell? No. Lo importante no es lo que pase el día 11, sino qué apoyo uno imagina los cuatro años de legislatura".
www.publico.es 06.06.11
16) C.A GALICIA: FEIJÓO ENSEÑA EL CAMINO AL PP
El presidente gallego ya denunció en 2009 un agujero que haría peligrar las nóminas, pero nunca se dejaron de cobrar
La hecatombe de las cuentas públicas que augura ahora el PP en las comunidades que debe gobernar ya la pregonó hace más de dos años en Galicia Alberto Núñez Feijóo. Tampoco las alusiones de los dirigentes populares a los coches oficiales, el supuesto lujo y el dispendio con que viven las Administraciones socialistas tienen nada de originales. En vísperas de las autonómicas gallegas, en 2009, Núñez Feijóo desató una campaña para acusar de despilfarro al expresidente socialista Emilio Pérez Touriño, basada en la compra de un Audi A8 blindado, similar a los dos que tenía Fraga y a los que trasladaban por entonces a Gallardón, Camps y Rita Barberá.
Nada más llegar al poder, Feijóo se deshizo de la berlina de su antecesor por un tercio de lo que había costado y enajenó otros 17 audis comprados por Fraga. Al poco de tomar posesión, se subió a un Citroën sin blindar y un mes después ya ensayaba un discurso nuevo: el de los agujeros en el Presupuesto, la herencia envenenada que, según sus términos, le había legado el bipartito de PSOE y BNG. Feijóo tomó posesión el 18 de abril y el 8 de mayo de ese año ya había detectado una falla de 600 millones de euros en las cuentas. Según explicó ese día en una entrevista en Onda Cero, la falta de fondos hacía peligrar "la paga de trienios al personal facultativo, las guardias médicas, el gasto farmacéutico e, incluso, una campaña contraincendios razonable".
Nada de eso llegó a suceder, pese a que los cálculos del presidente pronto elevaron el presunto agujero hasta 1.200 millones de euros. Al cierre de 2009 Feijóo lo cifraba ya en 2.550 millones. Computaba así los fondos que la Xunta deberá devolver al Estado en los próximos cuatro años por el dinero que recibió entre 2008 y 2009 tras una previsión de impuestos que no contó con la crisis. De ese supuesto desfase de 2.500 milones, 1.950 corresponden al ejercicio de 2009 que el propio Feijóo gestionó entre abril y diciembre de ese año.
La última queja del presidente gallego tiene que ver con el fondo de cooperación, 243 millones que el Gobierno central incluyó en el nuevo modelo de financiación pero que no pagará a las comunidades hasta 2013. La nueva Xunta del PP hizo entonces lo que reprochaba a sus antecesores y, pese a todo, incluyó la partida en el Presupuesto para seguir cargando contra Zapatero y Touriño como culpables de los recortes. Entretanto, el cacareado plan de austeridad del PP ha suprimido 42 entes administrativos, la mayoría creados por Fraga, hasta ahorrar, según sus datos, 20 millones. Galicia es junto a Madrid la única comunidad que ha cumplido desde 2009 con los objetivos de déficit presupuestario e incluso cerró el último trimestre con superávit. Y a pesar de los agujeros, los médicos, los bomberos y las farmacias han seguido cobrando.
www.elpais.es 07.06.11
17) C.A GALICIA: CONTRATO A DEDO PARA EL HERMANO DE UN ALTO CARGO DE LA XUNTA
José Manuel Castro, hermano del director general de Relaciones Institucionales de la Xunta, Roberto Castro, ha percibido "irregularmente" 31.500 euros de la Consellería de Educación, que contrató a dedo a su empresa para un proyecto tecnológico. La diputada autonómica del BNG, Tereixa Paz, denunció ayer que el instituto ourensano 12 de Octubre recibió hace unos meses de Educación una partida de 40.000 euros para "gastos extraordinarios". Cuando la directora llamó a la Xunta para preguntar por la finalidad de la partida, el director de Educación, José Manuel Pinal, le respondió que el instituto había sido seleccionado para participar en un plan piloto de innovación.
"Pinal le informó de que los 40.000 euros eran para pagar a la empresa que acudiría al centro", precisó ayer Paz. El empresario que acudió resultó ser el hermano del destacado baltarista ourensano Roberto Castro. José Manuel Castro -condenado en 1995 por estafar 33 millones de pesetas de la Tesorería de la Seguridad Social cuando era funcionario del INSS- es el administrador único de la empresa Intellectia Bank, con actividad desde noviembre pasado y dedicada al diseño de I+D para empresas y al manejo de información en ESO y bachillerato. Castro se reunió con los docentes del 12 de Octubre para informarles de que "crearían un aula virtual con contenidos digitales y otras adaptadas a superdotados, pero no se hizo nada de eso", sostiene la diputada nacionalista.
El primer día que el empresario visitó el instituto "reclamó los 40.000 euros" a la directora quien, según el relato de Paz, llamó a Pinal. "El director general le dijo que podía pagarle", pero la responsable del instituto, que no quiso hacer declaraciones a este periódico, decidió entregarle 31.500 euros "porque aún no había hecho nada". El resto se congeló cuando los docentes del centro ourensano descubrieron que en la página web de Intellectia Bank aparecían como "colaboradores".
30.000 euros más
Educación confirmó después otra partida de 30.000 euros para la empresa. Alertado por los profesores, el BNG confirmó que en la plataforma de contratos de la Xunta no figura ninguno con Intellectia Bank. La dirección del centro se puso en contacto nuevamente con Educación, y la Xunta ofreció dos alternativas: "Continuar con el proyecto y pagarle los 70.000 euros a Intellectia Bank o entregarle solo 50.000 y dar por zanjada la experiencia".
"El claustro optó por no darle ni un euro más de lo que ya había cobrado" y exige ahora a Educación que depure responsabilidades por lo que cree "un fraude". La Xunta sostiene que Intellectia Bank presentó una propuesta singular que a la Consellería le pareció "de interés" por su "vinculación" con el proyecto Abalar, en el que está inscrito el instituto ourensano. Pese a que dio 70.000 euros al centro para pagar a la firma del hermano del director general, la primera fase del plan "era por importe inferior a 18.000 euros", lo que vendría a justificar la adjudicación como un contrato menor.
www.elpais.es 10.09.11
18) C.A MADRID: EL PACTO QUE DERROCÓ A PEDRO CASTRO
PP y UPyD acabaron en una comida con 28 años de gobierno del alcalde de Getafe
En Ponteareas, una marisquería del barrio de Salamanca, se entonó el réquiem político de Pedro Castro. PP y UPyD sellaron en una reunión secreta, celebrada el 1 de junio, un pacto de gobernabilidad para los próximos cuatro años en el Ayuntamiento de Getafe. José Luis Morato, el candidato de la formación de Rosa Díez en esa ciudad, dio su palabra de que se abstendrá en la investidura del próximo sábado y dejará el camino libre al popular Juan Soler. Así, entre lubinas y ensaladas de ahumados, se acordó poner fin a 28 años como alcalde del socialista Pedro Castro.
El almuerzo no fue casual. La ambigüedad del aspirante de UPyD en Getafe había encendido las alarmas en la calle Génova. Soler, con doce concejales, necesita para ser alcalde el apoyo de la formación de Rosa Díez (dos concejales). Así echará del Ayuntamiento a la izquierda (nueve del PSOE y cuatro de IU). Morato había dicho durante la campaña que dejaría mandar a la lista más votada, pero después de las elecciones le entró la duda. La izquierda, pensaba, suma más apoyos. Morato lanzó entonces mensajes contradictorios, se dejó querer por los socialistas. Habló incluso de que la renuncia de Castro podría llevarle a entablar conversaciones con un nuevo candidato. Un día se vio con Soler y le dijo que tenía dudas sobre varias propuestas de su programa electoral.
Eso llevó a Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, a tomar las riendas. Para el PP gobernar en Getafe supone acabar para siempre con el cinturón rojo, un mito del socialismo.El 22-M, los populares habían logrado el mejor resultado de su historia en esta plaza y aun así Castro no daba señales de darse por vencido. Granados no quería dejar pasar esta oportunidad de entrar en el Ayuntamiento.
A la comida que tuvo lugar en la calle Claudio Coello de la capital no asistió la número dos de UPyD en Getafe, Esperanza Fernández. No fue casual. Los populares dudaban de ella por dos motivos. Primero, porque perteneció en los años ochenta al Partido Comunista de los Pueblos de España y, además, Fidel Alonso, su marido, es un conocido gestor de cooperativas muy vinculado a la izquierda. En sus comienzos fue socio de Ángel Torres, el dueño del Getafe Club de Fútbol. Alonso fue también máximo dirigente de CC OO de Madrid en los setenta. Por todo esto, Soler y Granados tenían reticencias con Fernández. Pensaban que ella podría inclinarse por dar su apoyo a Castro, alguien más de su cuerda. Morato les dijo que estuviesen tranquilos. Se esforzó en disipar las dudas respecto a ella y dijo que los dos actuarían en la misma dirección y siempre con el visto bueno de la dirección nacional del partido.
Morato, un empresario logístico, es más del gusto de los populares. De hecho, se presentó por el PP a las elecciones de 1991 al Ayuntamiento de la ciudad. Después abandonó la formación por sentirse menospreciado. Ahora, 20 años después, Morato tiene en su mano auparlos al poder o mandarlos al banco de la oposición.
Durante la comida se abordaron dos temas fundamentales para el futuro de la ciudad: la situación de la ciudad deportiva del Getafe, las subvenciones que recibe y el designio de su cantera, y el desarrollo urbanístico de los terrenos donde se ubica la fábrica de John Deere. La empresa de maquinaria agrícola posee terreno industrial y parcelas sin construir en lo que antes eran las afueras pero ahora es el centro de la ciudad, junto a la estación de Cercanías. Los empresarios hablan de edificar en ese triángulo lo que sería la milla de oro de Getafe.
"Se habló de estos temas como muchos otros que atañen a esta ciudad", dice uno de los presentes. El PP, por su parte, confirma que se produjo la reunión pero niega que se hayan abordado temas urbanísticos en la misma. El caso es que en ese encuentro Morato confirmó que su formación apoyaría al Partido Popular. Tras un apretón de manos, Juan Soler se sentía por primera vez alcalde. Faltaba en la foto Esperanza Fernández, mano derecha de Morato: "Me he enterado por la prensa de esa reunión. No he hablado con mi compañero sobre en qué términos se habló ahí. Morato está fuera de la ciudad, le preguntaré cuando vuelva", sostiene
Fernández por teléfono.
Hora y media después, UPyD tenía cita con Pedro Castro en su despacho. Un encuentro sin interés, a la vista de lo que había ocurrido antes. Ahí sí estaba presente Esperanza Fernández. Morato vio a Castro derrotado, sin esa energía que le ha caracterizado durante años. UPyD solo cambiaría de opinión y apoyaría al histórico alcalde en el caso de que Ferraz se comprometiese a reformar la Ley Electoral y a devolver las competencias de Educación al Estado. Los presentes sabían que eso no va a pasar. Castro les enseñó después, a modo de despedida, su despacho y las fotos con personalidades que tiene colgadas por las paredes. A partir del sábado, ese será el lugar de trabajo de Juan Soler. Getafe amaneció ayer llenó de octavillas donde se decía que el partido de la exsocialista Rosa Díez regalaba el Ayuntamiento a la derecha.
En otro municipio del histórico cinturón rojo, Parla, el alcalde en funciones, José María Fraile, necesitado de un pacto con IU para seguir al frente del Ayuntamiento, dijo ayer que las negociaciones con la coalición se encuentran "en punto muerto". De todos modos, Fraile podría gobernar en soledad al ser la lista más votada. Le sacó tan solo 22 votos al PP. Donde ya no hay dudas de quién gobernará es en Leganés: lo hará el PP. PSOE e IU se habían planteado apoyar a un concejal independiente para que este fuese alcalde, aún en contra de su voluntad. Los socialistas han visto que esta maniobra anti-PP podría desgastarles mucho y ayer anunciaron que se votarán a sí mismos durante la investidura. Dejan el camino libre a los populares.
www.elpais.es 09.06.11
19) C. A MADRID: AGUIRRE ELIGE COMO PORTAVOZ EN LA ASAMBLEA AL ÚNICO IMPUTADO DE SU LISTA
Íñigo Henríquez de Luna, que se enfrentó a Rajoy en el congreso del PP en 2008, está acusado de tráfico de influencias, aunque el fiscal pide el cierre de la causa
Esperanza Aguirre, presidenta del PP regional, marca territorio en la Asamblea de Madrid. El resultado que ha cosechado en las pasadas elecciones le permite actuar a su antojo, sin maquillaje político. Sin medias tintas. La abultada victoria que ha cosechado le permite exhibir su poder ante Mariano Rajoy, presidente del PP, con el que se había distanciado desde que en 2008 amagara con arrebatarle el sillón. Ahora pretende recuperar la influencia en el partido.
La propuesta del PP para la portavocía sorprendió a varios diputados
Gregorio Gordo liderará a IU en el parlamento situado en Vallecas
Ayer hizo una demostración de fuerza. La víspera de la constitución de la Asamblea, eligió a Íñigo Henríquez de Luna como el próximo portavoz del Grupo Popular en el Parlamento madrileño. Este fue el político popular que reclamó primarias en el PP para elegir al presidente nacional del partido. Con esta propuesta pretendía abrir una vía que permitiría a Aguirre disputar la presidencia a Mariano Rajoy.
Henríquez de Luna es el único imputado que Aguirre llevaba en las listas autonómicas. Exconcejal del distrito de Salamanca, es además un leal valedor en sus batallas internas contra su compañero de partido Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de la capital. El nuevo portavoz está imputado por el caso Becara, en el que se le acusa de presunto tráfico de influencias al conceder una licencia a la conocida tienda de decoración en una entreplanta de la calle de Juan Bravo. Henríquez de Luna se mostró sorprendido por su nominación, y recordó que el caso por el que está imputado "lleva muerto tres años". Achacó su imputación a una venganza de la familia propietaria del inmueble a la que cerró un despacho profesional por carecer de licencia. "Llevo tres años esperando que se archive", dijo tras conocer su nuevo cargo. Henríquez de Luna resta importancia a su imputación. De hecho, el fiscal pidió hace año y medio el sobreseimiento del caso, aunque el juez aún no ha dado carpetazo. Fuentes del PP próximas al diputado aseguran que la causa será cerrada en breve.
Henríquez de Luna tendrá que medirse con Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, que será el portavoz del Grupo Socialista. Su nombramiento sorprendió en las filas populares porque el diputado ocupa el número 37 en la lista electoral y apenas tiene experiencia parlamentaria. Fuentes del PP aseguran que antes de proponer a Henríquez de Luna, Aguirre le ofreció el cargo de portavoz a Francisco Granados, secretario general del PP regional y número tres del Gobierno, pero este lo rechazó. Las quinielas se centraban estos días en quién sería el nuevo presidente del Parlamento, puesto para el que Aguirre propuso ayer al veterano consejero de Transportes en funciones José Ignacio Echeverría, que sustituirá, cuando hoy lo apruebe la Cámara, a Elvira Rodríguez.Aguirre acostumbra a otorgar prebendas a los más fieles. En los últimos años ha recompensado a los miembros del ala más dura del PP con relevantes puestos en la Administración. Así lo hace también con el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, a quien propone como presidente de la Asamblea de Madrid en sustitución de Elvira Rodríguez, próxima al presidente del PP. El nuevo presidente de la Cámara regional protagonizó una de las meteduras de pata más desafortunadas de los últimos meses. Durante un pleno parlamentario negó la existencia del metrobús, el abono de 10 viajes del suburbano. Echeverría es uno de los aguirristas más leales. "Ha sido una sorpresa. No me lo esperaba", aseguró ayer tras la reunión del grupo parlamentario popular donde de aprobó su nominación, que será refrendada hoy. "Llevo 30 años dedicado a la política y este cargo supone alcanzar una meta", agregó, tras reconocer que la metedura de pata del metrobús no le ha pasado factura. "Fue mi gran error en política", concluyó.
Como portavoces adjuntos, el PP ha nominado a Pedro Muñoz Abrines y a Álvaro González, que repetirán. El grupo popular también acordó proponer a Cristina Cifuentes como vicepresidenta de la Asamblea y a Jacobo Beltrán secretario primero de la Mesa. Ambos diputados repetirían cargo. Carlos González, ex portavoz del PP en Getafe, ocupará la secretaría tercera. Todos estos cargos serán refrendados hoy en el pleno de constitución de la Asamblea.
El PSM eligió ayer también a los miembros de la dirección de su grupo parlamentario. El máximo responsable de los socialistas en la región, Tomás Gómez, se estrena en la Asamblea después de haber pasado una legislatura en la sombra porque no era diputado. Ahora podrá medirse con Aguirre durante las sesiones de control al Gobierno. La presidencia del grupo socialista la ostentará la ex delegada del Gobierno Amparo Valcarce. Los socialistas han previsto, además, que Juan Barranco, que regresa a la política madrileña, ocupe la vicepresidencia segunda de la cámara y la ex ministra Matilde Fernández se quede con una de las secretarías de la Mesa de la Asamblea. Pero un acuerdo entre el PP, IU y UPyD para que todos los grupos parlamentarios tengan representación en la Mesa podría desbaratar los planes de los socialistas.
En Izquierda Unida no habrá muchas sorpresas: Gregorio Gordo, coordinador general de la coalición de izquierdas en Madrid será el portavoz en la Asamblea. Una de las incógnitas de la formación será ver quién ostentará la vicepresidencia tercera de la Asamblea, que el PP cederá a IU. Hasta ahora la ocupaba el diputado Antero Ruiz.
En el pleno de constitución, que se celebrará esta mañana, se formalizará la entrada en la Asamblea de UPyD. El diputado Luis de Velasco será probablemente el portavoz de la formación magenta. Además, tendrá que decidir quién completará la Mesa y será el secretario segundo de la Asamblea.
El próximo presidente de la Asamblea manifestó ayer que la entrada de UPyD en el Parlamento regional será uno de los puntos difíciles de la legislatura. "No por ese partido, sino porque habrá cuatro grupos en la Cámara", señaló.
JOSÉ IGNACIO ECHEVERRÍA. El consejero de las meteduras de pata
José Ignacio Echeverría (Tánger, 1946) es uno de los históricos dirigentes del PP regional. Inicia su quinta legislatura como diputado en la Asamblea de Madrid. Es recordado por sus descuidos y meteduras de pata.
Fue el consejero de Transportes que hace unos meses negó la existencia del metrobús durante un pleno de la Asamblea. Pidió disculpas cuatro días después tras reconocer que había sido su mayor error político. Unos meses antes, durante la parada militar con motivo de la fiesta de la Hispanidad, mientras esperaba en la tribuna de autoridades afirmó: "Cualquiera se hace famoso con una anchoa y un taxi", en referencia al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Echeverría pronunció la desafortunada frase delante de la esposa del político cántabro.
Este veterano dirigente popular ha sido vicepresidente de la Asamblea durante dos legislaturas. Como consejero de Transportes se enfrentó a la huelga total de trabajadores de metro que paralizó la ciudad en verano del pasado año. Abrió expediente a los impulsores de la huelga pero nunca llegó a resolverlo. Echeverría ha sido también concejal del Ayuntamiento de Madrid entre 1987 y 1999.
ÍÑIGO HENRÍQUEZ DE LUNA. El aguirrista que lanzó un órdago a Rajoy
Íñigo Henríquez de Luna (Madrid, 1964), abogado de profesión, ha saltado desde el Ayuntamiento de Madrid a la Asamblea regional. Hoy se convertirá por sorpresa en portavoz del PP en la Cámara. De exquisita educación, preside con soltura el PP del distrito de Salamanca. Hijo de la marquesa de Villablanca, es frecuente verlo vestido de forma impecable en la calle de Goya, donde está la sede local del partido.
Es conocido por reclamar primarias para elegir al presidente del PP tras la segunda derrota electoral de Mariano Rajoy, en las generales de 2008. Aquello le enemistó con el entorno del patrón popular en la época en que Esperanza Aguirre amagaba con disputar la presidencia del PP a Rajoy. Aguirrista confeso, ha liderado al grupo de ediles del PP opuestos al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón en sus litigios internos con la presidenta regional. Su maniobra fue premiada con el encargo de elaborar la ponencia de estatutos en el Congreso regional del PP de 2008.
Está imputado en el caso Becara, por presunto tráfico de influencias en la concesión de la licencia a una tienda de muebles. Fuentes de su entorno aseguran que el caso será sobreseído en los próximos días.
www.elpais.es 07.06.11
20) C. A MADRID: GALLARDÓN: "LO PÚBLICO TIENE QUE SABER DAR UN PASO HACIA ATRÁS"
El regidor madrileño pide más "espacio" para "lo privado" y presume de gestión sin mencionar el endeudamiento de la capital
El alcalde de Madrid en funciones, Alberto Ruiz-Gallardón, considera que "lo público tiene que saber dar un paso inteligente hacia atrás para que ese espacio lo ocupe lo privado". Así lo ha asegurado el regidor de la ciudad más endeudada de España, que ha presumido de gestión durante la presentación en el IE Bussines School, donde ha hablado de Madrid como "modelo de gestión pública orientado al futuro".
Gallardón considera aún así que los instrumentos de colaboración entre lo público y lo privado han sido uno de los factores del éxito de la capital. Un éxito que, según el alcalde, casi nadie creía posible cuando se constituyó el Estado de las autonomías en los años 80 porque se pensaba que la riqueza de Madrid era "fruto de decisiones políticas" y se suponía que cuando el poder político se dispersase como consecuencia de la reorganización administrativa la economía madrileña caería.
"Pasó todo lo contrario", ha afirmado Gallardón, quien ha valorado el aumento del PIB madrileño de los 4.000 millones de euros de 1970 a los 126.000 millones de hoy en día (el 12% del país). Sin embargo, el regidor madrileño no ha mencionado la situación que vive la capital, que lidera la lista de los consistorios más endeudados de España con 6.453 millones de euros.
Pese a todo, el alcalde ha defendido la disminución del peso del sector público al afirmar que en Madrid solo da empleo al 15,9% de la población ocupada, mientras que el sector servicios da trabajo al 84%. Gallardón ha comparado la capital con otros territorios del país al afirmar que el Estado de las autonomías ha llevado a la capital a "convocar a la sociedad civil" al desarrollo económico, social y cultural, mientras que en los demás se ha generado un sector público "protagónico".
www.publico.es 07.06.11
21) C. A MADRID: LOS ABOGADOS RESPONDEN A GRANADOS
Los letrados sostienen que desde 2006 la factura del turno de oficio ha aumentado en siete millones y no en 44, como afirma el consejero de Justicia
Se cumplen hoy cinco días desde que los 4.500 abogados que ejercen el turno de oficio en Madrid suspendieran en torno a la mitad de sus asistencias en protesta por una "degradación" del servicio de la que culpan a la Comunidad de Madrid, que les paga con retrasos de hasta 500 días y que no ha actualiza sus tarifas desde 2003.
El gasto en justicia gratuita ha subido menos que en otras Comunidades, dicen
Culpan del aumento al crecimiento de la población, a la crisis y a nuevas leyes
Esta semana la Comunidad ha movido ficha. En realidad han sido dos. Por un lado, el jueves desbloqueó cuatro millones de euros correspondientes a los servicios prestados por los abogados del turno en 2010. Les siguen debiendo, dicen estos, 13 millones de euros. La segunda ficha la ha movido el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, que hizo a EL PAÍS las siguientes declaraciones: "Desde que tenemos la competencia [del turno de oficio], hace cinco años, la progresión de la factura ha sido exponencial, ha pasado de seis millones de euros a más de 50". Asimismo, Granados daba un tirón de orejas al Colegio de Abogados de Madrid por no hacer una suficiente "racionalización" del servicio y por pretender una actualización de las tarifas de los letrados del "30%".
Estas declaraciones no han sentado nada bien en el Colegio de Abogados de Madrid, que para responder al consejero ha decidido exponer sus cuentas. Según sus propios datos, entre 2006 y 2010 (ambos inclusive), "las cantidades certificadas a la Comunidad de Madrid" han pasado de 36 millones de euros a 43 millones, lo que supone un incremento del 19%.
El Colegio recuerda además que mientras que entre 2006 y 2010 el incremento medio del gasto en justicia gratuita en las Comunidades Autónomas con competencia en la materia ha sido del 65%, en la Comunidad de Madrid el aumento ha sido del 44%.
En su opinión, este incremento está lejos de tener relación alguna con su gestión, sino con el impacto que en la asistencia jurídica gratuita ha tenido la combinación de factores "demográficos, normativos y económicos". En los últimos cinco años, aseguran, el número de potenciales demandantes de este servicio ha crecido más de un 9% por el aumento del censo de población, que ha pasado de 5.821.054 habitantes a 6.369.167. Por ahí las causas demográficas.
Los factores que atañen a la normativa son varios. A los juicios rápidos -cuya asistencia se presta en un 93,3% de los casos por abogados del turno de oficio, explican- hay que sumar "dos hitos normativos" recientes: la creación en 2005 de la Ley Integral de Violencia de Género y la reforma, dos años más tarde, de la Ley de Seguridad Vial. Estas dos materias, informan, suponen un 84% de los juicios rápidos, "y tienen como origen cambios legislativos", dicen, dolidos por la sugerencia de que el aumento del gasto se deba a su mala gestión.
Finalmente, los letrados aluden a la crisis económica, que según sus datos ha provocado un aumento del 29,2% en los asuntos que llegan a los tribunales, que han pasado de 1.133.715 en 2004 a 1.465.038 en 2009, con especial efecto en la jurisdicción social, "que incrementó la necesidad de asistencia jurídica gratuita en un 38,4% entre 2007 y 2010", añaden.
Respecto a la actualización de tarifas, el Colegio de Abogados insiste en que no persiguen "sino la justa reivindicación de que los abogados madrileños no cobren menos que los abogados vascos o catalanes".
www.elpais.es 05.06.11
22) C.A MURCIA: TEMOR A LA NUEVA OLA DE RECORTES DE VALCÁRCEL
Contratistas de obra pública y proveedores se quejan de que los impagos del Gobierno autónomo les asfixian
"Hicimos los recortes para que se nos autorizara más endeudamiento, se nos autorizó y no nos planteamos más". Estas fueron las palabras del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel (PP), cinco días después de ganar por amplia mayoría absoluta las elecciones del 22-M y al ser preguntado por los efectos que tendrá en Murcia el Plan de Reequilibrio Financiero. Lo tuvo que presentar ante el Ministerio de Hacienda días antes de los comicios para incrementar la deuda pública murciana en 700 millones. Mientras, la agencia de calificación Moody's insiste en que Murcia se ha desviado de los objetivos de déficit para 2010 y le augura "dificultades para cumplirlos en 2011 y 2012". La comunidad acumula una deuda pública de 1.441 euros por persona en una región con el 25% de paro.
El ahorro en gasto de personal puede suprimir 3.500 empleos
El nuevo endeudamiento lo necesitaba el Gobierno murciano para pagar a los proveedores y subcontratas, a los que debe más de 2.000 millones que no se pueden abonar a tiempo por la fortísima caída de ingresos que han provocado la crisis y el parón en el sector de la construcción, boyante en Murcia hace solo cuatro años. Aunque la región ha reducido un 16% su gasto en los últimos tres meses, según el Banco de España, los contratistas de obra pública, los proveedores y colectivos empresariales insisten en la queja: la deuda de la Administración regional les asfixia.
Pocos empresarios aceptan exponer sus críticas identificándose públicamente. Paco, uno de ellos, está a la espera de cobrar tres millones desde hace un año y medio. Ha tenido que vender algunas de sus propiedades. "Quiero cobrar pero no puedo darle más publicidad a este asunto si quiero seguir trabajando en la región", asegura.
Los farmacéuticos sí dieron un paso adelante, por ejemplo, y amenazaron a Sanidad con un cierre total si no pagaba los 30 millones que se les debía desde marzo. La consejería pagó días después de que se consiguiera el nuevo endeudamiento.
"Los murcianos han vuelto a confiar en nosotros para salir de la crisis", señaló Valcárcel la noche electoral, "porque llevamos tiempo trabajando para conseguirlo y lo estamos haciendo". Sin embargo, los próximos meses son una incógnita. Su nuevo Gabinete y los alcaldes populares, que gobiernan en casi todos los Consistorios, tendrán que lidiar con un déficit regional de 1.300 millones de euros y una deuda pública cercana a los 4.000 millones que adeudan a bancos y proveedores.
A pesar del anuncio de Valcárcel de que no habrá más recortes, algunos sindicatos y la oposición insisten en que "quedan por concretarse los efectos de los recortes anunciados". La clave está en saber cómo se desarrollarán en los próximos meses las medidas que contienen la ley de recortes y el Plan de Reequilibrio Financiero. Este último plan habla de la "aparición de nuevos impuestos ligados con la energía eléctrica, telefonía e Internet", nuevas tasas para la Ley de Dependencia, las autovías regionales como aval para nuevos préstamos, privatización de los puertos deportivos y la desaparición de un cuarto de punto de reducción del IRPF en el tramo autonómico de este impuesto.
Además, el plan incluye un capítulo de ahorro en gasto de personal por valor de 144 millones, que, según los cálculos de los sindicatos, puede suponer la eliminación de 3.500 puestos de trabajo públicos, extremo que el Gobierno autónomo ha negado. Desde CC OO de Murcia, Pedro Manuel Vicente afirma que "para ahorrar todo este dinero se aumentarán las horas lectivas de los profesores titulares, se eliminarán las sustituciones para profesores de baja y, por tanto, se contratarán menos interinos, en contradicción con las afirmaciones de que no se despediría a nadie".
El plan prevé la imposición de nuevas tasas en los servicios educativos para recaudar hasta 15 millones. Los sindicatos dicen que "introduce parcialmente el copago en la educación a través de cinco nuevas tasas, cuya cuantía no se especifica, por actuaciones que hasta ahora eran gratuitas".
Y mientras tanto, los trabajadores públicos murcianos ya han notado numerosos efectos de los recortes de la primera ola. Tras la decisión del Gobierno central que rebajó su sueldo una media de 3.000 euros al año, la ley Valcárcel les añadió recortes salariales de 37,5 euros mensuales, aumentó a 37 horas la jornada semanal, eliminó casi por completo el Plan de Acción Social de ayudas económicas para profesores y disminuyó un 25% el pago de las bajas para todos los funcionarios. CC OO, UGT y STERM, que han creado un "comité de resistencia contra los recortes", creen que los efectos del Plan de Reequilibrio Financiero se notarán tras el verano.
El diputado del PSOE Javier Mármol ha invitado al líder del PP, Mariano Rajoy, a que "haga la primera auditoría en Murcia para comprobar que los entes públicos de la comunidad han pasado de 89 en 2007 a 106 en 2011".
www.elpais.es 08.06.11
23) C. VALENCIANA: EL CONSELL ARRASTRA UN DÉFICIT ´OCULTO´ DE 2.849 MILLONES ENTRE FACTURAS DE SANIDAD E INCOBRABLES
La mayoría de los gastos hasta 2009 que no se han reflejado en el presupuesto, 2.215 millones, corresponden a deudas con los proveedores sanitarios - El Ejecutivo no ha cobrado un sólo euro desde 2006 de 633 millones en "derechos definidos"
La dirección nacional del PP ha abierto la veda de los agujeros económicos dejados por los gobiernos socialistas en las autonomías que va a pasar a dirigir tras las elecciones del 22-M, especialmente en Castilla-La Mancha, donde los populares denuncian facturas impagadas por 2.000 millones tras recordar el déficit oficial con que se cerró 2010, otros más de 2.000 millones.
Pero, con las arcas autonómicas esquilmadas, el debate puede convertirse en bumerán en las comunidades donde el PP lleva en el poder muchos trienios. Es el caso de la Generalitat, donde, con la última auditoría que la Sindicatura de Comptes realizó a las cuentas autonómicas —referida a 2009—, el Consell mantiene un déficit «oculto» de 2.849 millones de euros. Una cifra que supera al «agujero» de deuda a proveedores que el PP denuncia en Castilla-La Mancha.
La mayoría de este déficit «escondido» de 2.849 millones, 2.215,4 millones, son facturas de Sanidad de suministros y servicios consumidos y pendientes de aplicar a un presupuesto. Los restantes 633,9 millones son los llamados «derechos definidos», ingresos que se contabilizaron entre 1990 y 2004 sobre meras expectativas de cobro que el Síndic da prácticamente por incobrables.
De hecho, la última vez que se ingresó algo por este tipo de derechos —una figura erradicada cuando la Generalitat aprobó el nuevo Plan Contable en 2001— fue en 2006, 53,3 millones. Desde entonces, ni un solo euro. Invariablemente, cada año quedan 633,9 millones de derechos definidos pendientes de cobro.
Con todo, el principal problema es el gasto de Sanidad ya realizado y que todavía no se ha aplicado a ningún presupuesto. De este modo, no cuenta a efectos del déficit oficial del ejercicio reconocido por el Consell.
La mayoría permanece impagado, para desesperación de los proveedores de la Generalitat. Los últimos datos oficiales, al cierre de 2009, revelan que el Ejecutivo de Camps dejó gastos por reflejar en el presupuesto de 2.505,9 millones. De éstos, 962,9 son obligaciones no reconocidas, literalmente, facturas en los cajones de 2009. Los otros 1.543,3 millones son deudas con los proveedores reconocidas en la contabilidad financiera (balance) pero no en la presupuestaria.
Esta deuda el Consell la ha resuelto mediante acuerdos con los proveedores y los bancos para que éstos paguen a las empresas y el Ejecutivo irá abonando a las entidades financieras en cómodos plazos entre 2010 y 2017. Es ahí cuando un gasto de 2009 y años anteriores aflorará finalmente. Al cierre de 2009 quedó «oculto» a efectos de déficit.
En su informe, el Síndic matiza respecto a los citados 2.505,9 millones de lastre en gasto sanitario que durante los primeros meses de 2010 el Consell pagó facturas de farmacia por 290,5 millones. Este dato obvia las facturas en los cajones que con toda seguridad se generaron durante esos meses de 2010 pero, dando por buena la reducción, aún habría 2.215,4 millones de gasto sanitario sin reflejo en el presupuesto de 2009 que la Generalitat tendrá que aflorar y pagar hasta 2017.
Un déficit de 3.632 millones
Los datos oficiales del déficit tampoco son halagüeños. El último año liquidado, 2010, se saldó con un déficit de la Generalitat de 380 millones. Pero este dato se calcula con la cuenta de la Administración, que no incluye la mayoría de empresas públicas. En cambio, el Ministerio de Hacienda desveló unos «número rojos» del Consell en términos de contabilidad nacional —lo que incorpora las cifras de las mercantiles públicas— equivalente al 3,47 % del PIB valenciano, esto es, unos 3.632 millones.
Castilla-La Mancha liquidó 2010 con un déficit de 2.383 millones, por debajo de la C. Valenciana en cifras absolutas, si bien equivale al 6,47 % de la riqueza de esa comunidad. La media de las comunidad fue del 2,83 %, lo que supuso más de 30.000 millones de «números rojos». El objetivo de estabilidad fijado por el Gobierno se situó en el 2,4 %.
Valencia suma más deuda que Castilla-La Mancha, Baleares, Asturias y Aragón juntas
Los populares han cargado contra el lastre que los socialistas han dejado como herencia en Castilla-La Mancha, pero en otras autonomías, como la valenciana, la «mochila» de la deuda es todavía más pesada. El Ejecutivo de Camps, con 17.600 millones en préstamos a los bancos que habrá que devolver supera todo el endeudamiento sumado de las cuatro autonomías del PSOE hasta el 22-M, que ahora pasará a gobernar el PP: Castilla-La Mancha, Baleares, Asturias y Aragón.
Todas ellas juntas alcanzan los 14.418 millones, de los que 5.819 corresponden a la comunidad dirigida hasta ahora el socialista José Maria Barreda. Otros 2.901 son atribuibles al Ejecutivo aragonés; 1.634, al Principado de Asturias; y los restantes 4.064 millones al Gobierno de Francesc Antich.
A los 17.600 millones de deuda de la Generalitat, incluidas las empresas públicas que se consideran Administración pública, hay que añadir otros 3.068 millones de préstamos solicitados por las sociedad mercantiles que no computan a efectos del Banco de España. Eso sí, la deuda habrá que pagarla igual. En total, 20.668 millones de lastre financiero, sin contar intereses.
www.levante-emv.com 07.06.11
24) C. VALENCIANA: CAMPS GUARDA EN EL CAJÓN 1.300 MILLONES EN FACTURAS SIN PAGAR
El agujero de la sanidad sumará otros 1.100 millones este año
"Es muy crudo servir jeringuillas cuando sabes que no te van a pagar". Las palabras del gerente de una pequeña empresa proveedora del Servicio Valenciano de Salud son la mejor ilustración del ahogo financiero que sufre la Generalitat valenciana y que extiende a sus proveedores y clientes. Una cincuentena de pequeños proveedores de la Sanidad pública valenciana se agruparon espontáneamente en marzo para reclamar de forma conjunta las deudas acumuladas desde 2008. El propio consejero de Sanidad ha asumido que las facturas pendientes de pago acumuladas en 2009 y 2010 suman 1.300 millones de euros.
"Es muy crudo servir jeringuillas cuando no te van a pagar", se queja un gerente
Son facturas no contabilizadas por falta de crédito en hospitales, ambulatorios o centros de salud. Los pequeños proveedores de Sanidad suministran gasas, batas o jeringuillas, pero también sirven reactivos para farmacia o prótesis cardiacas. Y constituyen una red imprescindible para el normal funcionamiento del servicio público. Cuando se constituyeron en plataforma, apenas dos meses antes de las elecciones autonómicas, la Consejería de Sanidad cerró con ellos un acuerdo de urgencia. Todas aquellas empresas que tuvieran facturas pendientes de cobro que sumaran entre 50.000 y 225.000 euros serían resarcidas de inmediato. La Generalitat pretendía sacudirse las reclamaciones de un millar de proveedores con facturas pendientes de 2009 y otro tanto de 2010. Desde entonces, se han pagado 40 millones de euros con cargo al ejercicio corriente de 2011. Algunos han cobrado 60.000 euros. Otros, 1.000. Muchos, nada. Algunos han ingresado el 60% de lo que les debían. Otros, el 1%. Muchos, nada.
Lo peor del caso es que esos mismos proveedores apenas han cobrado nada de lo que han servido en 2011. Y lo que han recibido de años anteriores merma el presupuesto de gasto corriente de 2011. Es una historia que se repite.
La Generalitat valenciana llegó a un acuerdo con el BBVA en 2004, cuando las vacas todavía estaban gordas, para liquidar facturas acumuladas en el cajón desde 2000, facturas que nunca fueron contabilizadas, por un importe total de 800 millones de euros. Los proveedores renunciaron a cobrar intereses de demora y liquidaron sus deudas.
El año 2005 se salvó con el presupuesto corriente. Pero a finales de 2008, cuando las vacas ya habían adelgazado un poquito, se habían acumulado facturas en el cajón por 568 millones de euros. El BBVA se prestó a un segundo acuerdo para adelantar la factura y cobrarla a lo largo de los ocho años siguientes. El primer préstamo, con dos años de carencia, se paga a razón de 145 millones de euros al año. El segundo, con un año de carencia, cuesta 95 millones de euros anuales. En total, 240 millones cada año.
El problema es que en 2009 se dejaron de contabilizar facturas que sumaban 549 millones. En 2010 se ocultaron en los cajones facturas por un total de 780 millones. Ya van más de 1.300.
¿Y este año? "Estimamos un agujero de unos 1.100 millones de euros", comenta un técnico de Hacienda de forma no oficial.
El gasto en Sanidad representa un 40% del total del presupuesto de la Generalitat valenciana. Y los problemas de impago son más intensos que otras áreas por su propio volumen. Pero la estrategia de tirar la pelota hacia delante es generalizada y tiene un reflejo inmediato en las cuentas públicas.
Francisco Camps asumió la presidencia de la Generalitat valenciana en 2003. En diciembre de ese año, la deuda pública rozaba los 8.000 millones de euros y representaba el 10,5% de la riqueza que genera la Comunidad Valenciana, una proporción que desbordaba a cualquier otra comunidad autónoma.
A finales de 2010, Camps había logrado disparar la deuda de la Generalitat hasta 17.600 millones de euros, un 17,2% del PIB regional. La Comunidad Valenciana es, con diferencia, la más endeudada de España en términos relativos. El servicio de la deuda representa un gasto de 680 millones de euros en el presupuesto de 2011.
Camps no ha tenido problemas para pagar al arquitecto Santiago Calatrava millones de euros por proyectos que nunca se han ejecutado. Pero la Generalitat valenciana es la que menor número de dependientes atiende en relación con el número de habitantes. Tampoco ha podido culminar las obras en una treintena de centros educativos en marcha. No puede pagar.
Préstamo bancario
- El presupuesto de Sanidad de la Generalitat valenciana es de 5.515 millones de euros para 2011.
- El gasto sanitario representa más del 40%
del total del presupuesto.
- Pequeños proveedores de Sanidad se agruparon de forma espontánea en marzo para reclamar sus deudas.
- Sanidad admite que guarda en el cajón facturas de 2009 y 2010 que suman 1.300 millones de euros.
- El BBVA asumió el exceso de gasto en 2004 y a finales de 2008 con dos préstamos a ocho años. El primer préstamo, con dos años de carencia, se paga a razón de 145 millones de euros al año. El segundo, con un año de carencia, cuesta 95 millones de euros anuales. En total, 240 millones cada año.
www.elpais.es 07.06.11
25) C. VALENCIANA: UN CRUCIFIJO PRESIDE LAS CORTES VALENCIANAS
Juan Cotino se estrena hoy al frente del Parlamento autonómico haciendo gala de su confesión.- El Gobierno paralizó a finales de 2010 la reforma de la ley de libertad religiosa
El séptimo presidente de las Cortes Valencianas ha jurado su recién estrenado cargo frente a una Constitución Española, un Estatuto de Autonomía, una Biblia y un crucifijo. La actitud de Juan Cotino, conocido miembro del Opus Dei, ha soliviantado a la oposición de izquierdas. Desde Compromís y Esquerra Unida han lamentado que la sesión de constitución del Parlamento regional haya estado presidido por un símbolo religioso cuando España es "un Estado aconfesional", tal y como ha remarcado el diputado Enric Morera, por lo que, en su opinión, "no deben de estar en las instituciones". La también diputada Marga Sanz ha pedido que no se vuelva a repetir el hecho "por respeto a los valencianos, a nuestra Constitución y nuestro estatuto".
El portavoz de los socialistas, Jorge Alarte, ha sido más cauto y ha asegurado que "afortunadamente, el Estado de Derecho y el estatuto de autonomía garantiza la capacidad de cada uno de jurar, prometer o expresarse en base a sus ideas". Sin embargo, ha sido portavoz adjunta del PSPV, Carmen Ninet, quien ha tomado la primera fotografía del crucifijo, con su teléfono móvil, y la ha subido a su cuenta de Facebook para denunciar el hecho.
El crucifijio que hoy ha presidido la constitución del Parlamento valenciano tiene también una larga trayectoria pues ha estado presente desde hace años en los despachos que ha ocupado Juan Cotino a lo largo de su carrera política
Con su elección de hoy, Juan Cotino ha conseguido para el sector cristiano del PP su máxima representación institucional dentro de la Generalitat valenciana. Inició su carrera política en el Ayuntamiento de Valencia, fue después director general de la Policía durante los mandatos de José María Aznar, tras lo cual regresó a su tierra como delegado del Gobierno.
En 2004, entró a formar parte del Ejecutivo de Francisco Camps, con quien comparte credo, donde alcanzó la vicepresidencia tercera. A él se deben el impulso de las políticas antiabortistas del Consell de Camps, entre las que destaca la Ley de Protección de la Maternidad, dirigida a torpedear la reforma de la Ley del Aborto aprobada por el Gobierno de la nación. A esto hay que añadir el refuerzo a la presencia de las órdenes religiosas en ámbitos como la educación, la sanidad, la vivienda o la atención a ancianos y discapacitados (sector en el que su propia familia tiene intereses) y la preparación de cuadros cristianos en el seno de la Generalitat.
Cotino usa también las nuevas teconologías para su labor proselititsta. Desde su página web, el presidente de las Cortes valencianas extiende sus creencias, utiliza su cuenta de Twitter para rogar a sus seguidores que pidan "a Santo Tomás Moro Patrono de los Políticos" (sic) por él, o sube a su canal de YouTube vídeos en los que arremete contra el Gobierno mientras predica los valores del humanismo cristiano.
Ley de libertad religiosa
"Los actos y celebraciones oficiales organizados por los poderes públicos se llevarán a cabo de forma que no integren ceremonias de carácter religioso". La frase corresponde al borrador de la Ley Orgánica de Libertad de Conciencia y Religiosa que el Gobierno central tenía preparado en junio del año pasado para cumplir una de sus promesas electorales en 2008 y que corregía la anterior de 1980. Por primera vez, una norma establecía la "laicidad del Estado" e impedía hechos como los ocurridos hoy en el Parlamento valenciano.
Tras la investidura del segundo Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, advertía a la Iglesia católica de que el Gobierno iba a mantener su defensa de la laicidad. Ese mismo día, sin embargo, PSOE y PP tumbaban una iniciativa de Izquierda Unida e ICV que pedía los símbolos religiosos de las tomas de posesión con el argumento de que asunto de tanta relevancia no le podía ser impuesto por las minorías. Un año y medio después, en diciembre de 2009, el propio Parlamento exigía al Ejecutivo en comisión la retirada de los símbolos religiosos de los colegios, esta vez sí con el apoyo del PSOE.
2010 parecía el año en el que se iba a reformar la norma. En enero, De la Vega daba por seguro su aprobación para ese periodo de sesiones. En junio, Zapatero informaba al propio Benedicto XVI de los pormenores de una ley que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, avanzaba que también se limitaría el uso del burka en los espacios públicos.
En noviembre de 2010, sin embargo, fue el propio Zapatero el que anunció en el Congreso la paralización de la norma. La justificación: la falta de consenso que generaba. Entre medias el Gobierno sufrió una gran remodelación que sacó de escena a María Teresa Fernández de la Vega y situó como vicepresidente primero a Alfredo Pérez Rubalcaba, quien en su toma de posesión aseguró que los objetivos del Ejecutivo eran la recuperación económica y la creación de empleo.
España no es el único país de Europa en el que los símbolos religiosos resulta polémicos. En marzo de este mismo año la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos daba la razón al Estado italiano y al considerar que la presencia de cruces en los colegios públicos no viola los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. La sentencia no es vinculante para otros países pero sí marca jurisprudencia para casos similares que se puedan presentar ante el tribunal en el futuro.
www.elpais.es 09.06.11
26) C. VALENCIANA: UN HOMBRE DE FE RELACIONADO CON SEDESA, AL FRENTE DE LAS CORTES
Cuando hoy sea elegido presidente de las Cortes, Juan Cotino, habrá conseguido para el sector cristiano del PP su máxima representación institucional dentro de la Generalitat valenciana.
Cotino (Xirivella, 1950) siempre ha tenido claras sus raíces. Formó parte en los primeros años de la transición de Unió Democrática del País Valencià, un partido desde el que acabó en el seno del PP.
Sin embargo, el despegue político del ya ex vicepresidente tercero del Consell no llegó hasta 1991, en que fue elegido concejal con Rita Barberá. En 1996 se incorporó al Gobierno de José María Aznar como director general de la Policía y después como delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Tras la derrota de Mariano Rajoy en las generales de 2004, Francisco Camps le nombró consejero de Agricultura. Desde entonces, Cotino, que forma parte del círculo más íntimo de Camps -con quien comparte religiosidad-, ha ocupado también las carteras de Bienestar Social y de Medio Ambiente.
Es difícil encontrar en el seno del PP alguien que hable de Cotino como un buen gestor, aunque pocos dudan de su capacidad de influencia y de su instinto político para moverse entre bambalinas y trazar los trazos gruesos del argumentario.
Políticas confesionales
Miembro del Opus Dei, Cotino siempre ha estado pendiente de sus relaciones con la jerarquía de la Iglesia católica, con la que mantiene unas relaciones fluidas. A él se deben el impulso de las políticas antiabortistas del Consell de Camps, el refuerzo a la presencia de las órdenes religiosas en ámbitos como la educación, la sanidad o la atención a ancianos y discapacitados y la preparación de cuadros cristianos en el seno de la Generalitat.
Sin embargo, lo que ha marcado los últimos años del recorrido político de Cotino han sido los escándalos de Sedesa, el grupo de empresas que dirige su sobrino Vicente. Un grupo empresarial involucrado en la supuesta trama de financiación ilegal del PP destapada con el caso Gürtel y que ha recibido contratos millonarios de la Generalitat con el PP.
Con todo este bagaje, Cotino accede a la presidencia de las Cortes. En su partido, unos creen que se trata del destino final de Cotino. Otros especulan con la posibilidad de que sea un tránsito, mientras esperan que un futuro Gobierno de Mariano Rajoy lo llame a sus filas. Pero eso está por ver.
www.elpais.es 09.06.11
27) C. VALENCIANA: EL JUEZ IMPUTA A ORTIZ, A SU MUJER Y AL ARQUITECTO DEL PGOU DE ALICANTE
El redactor del proyecto, Jesús Quesada, será el primero en declarar el día 30
El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, ha acordado las primeras imputaciones por el supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El juez, que dirige la investigación de esta pieza separada del sumario general del caso Brugal, iniciará la ronda de interrogatorios a los imputados con el arquitecto Jesús Quesada, redactor del documento. El profesional ha sido citado para el próximo día 30. A continuación, el 4 de julio, el juez interrogará al empresario Ortiz, que tiene otra imputación en la pieza de Brugal que investiga la contrata de la planta de basura del plan zonal, y al día siguiente hará lo propio con la mujer del promotor, María Manuela Carratalá.
A lo largo del mes de julio, el magistrado tomará declaración al resto de 21 de acusados en esta causa por parte del fiscal Anticorrupción de Alicante, salvo a dos: la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi. El magistrado hace esta salvedad dada la condición de aforado del exregidor, categoría de la que también gozará en unos días la regidora, que encabezó lista autonómica del PP por Alicante.
El arquitecto Jesús Quesada preside la mercantil Laboratorios de Proyectos, SL, empresa a la que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante le adjudicó la redacción del nuevo PGOU de la ciudad. Quesada sustituyó en el cometido al arquitecto Lluís Cantallop, despedido por Alperi por discrepar del modelo de planeamiento.
En su escrito, el fiscal atribuye al redactor del PGOU los supuestos delitos de asesoramiento ilegal, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. El representante del ministerio público, sobre la base del informe policial, acusa a Quesada de siete supuestas infracciones penales. La primera, el 15 de mayo de 2008, cuando mantuvo una reunión "velada" en la Gerencia de Urbanismo de Ayuntamiento de Alicante con la alcaldesa (en esa fecha aún concejal de Urbanismo) y Ortiz. La segunda, prestar "auxilio" a Ortiz en el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez, con la anuencia de Castedo. Sobre este proyecto, según la policía, el arquitecto facilitó información en otras dos ocasiones. Las otras cuatro irregularidades son facilitar al promotor datos sobre las futuras áreas de suelo protegido para que el empresario comprara terrenos y luego trasvasar los aprovechamientos urbanísticos a las zonas urbanizables.
El promotor Enrique Ortiz está considerado por la policía y el fiscal como el líder de esta trama sobre el PGOU. El ministerio público le atribuye los delitos de tráfico de influencias, cohecho y uso de información privilegiada vinculados a los siguientes hechos: solicitar información privilegiada del PGOU, de manera repetida, a Castedo y Alperi; influenciar, diseñar y conseguir resolver a su medida aspectos fundamentales del documento; comprar terrenos para su futura recalificación según información privilegiada, y pactar veladamente con Sonia Castedo la remodelación del Rico Pérez. A cambio de estos favores, el promotor colmó de dádivas a Castedo y al exregidor Alperi, entre ellas, un viaje a Creta en un jet privado a Alperi.
La tercera imputada en la causa es María Manuela Carratalá, esposa de Ortiz. El fiscal le acusa de los delitos de uso privilegiado de información y participación en un delito de cohecho, por apoyar a su esposo en la gestión de obtención de dinero para presuntos pagos por favores recibidos en el PGOU. En este apartado, la policía investiga si la imputada entregó a Alperi 60.000 euros para su viaje de dos semanas a Creta.
www.elpais.es 08.06.11
28) LAS SOSPECHAS EN TORNO A LA ALCALDESA DE ALICANTE CRECEN: RECIBIÓ UN MINI DEL PROMOTOR AL QUE HABRÍA BENEFICIADO
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a quien el presuntos cabecilla de la 'trama Brugal', Enrique Ortiz, llamaba ‘la nena’, fue presumiblemente la dirigente del PP valenciano que más se benefició de los regalos del empresario y dueño del Hércules CF. La grabación de una conversación entre este y su mujer revelan que la primera edil llegó a recibir un coche Mini Cooper en contraprestación por adjudicaciones que le beneficiaron.
¿Regalos a cambio de contratos? El 'modus operandi' de Enrique Ortiz, guarda grandes similitudes con el de los capos de la 'Gürtel'
Según las últimas revelaciones de este caso, de las que se ha hecho eco ELPLURAL.COM, el modus operandi guarda un parecido más que razonable al del caso Gürtel, en el que, según se desprende del sumario, los capos de la trama agasajaron a altos cargos del PP con el fin de conseguir contratos públicos millonarios.
El Mini Cooper azul
La investigación de la Policía revela que en el verano de 2009, un año después de que Sonia Castedo llegara a la Alcaldía de Alicante, Enrique Ortiz le regaló un Mini Cooper de color azul que este tenía en propiedad y que la alcaldesa cedió a su niñera.
Los contratos que favorecieron al empresario
Ortiz habría regalado el coche en medio de las negociaciones del proyecto del primer Ikea de la Comunidad Valenciana sobre suelo del empresario y de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que le benefició, según el sumario de Brugal, citado por el diario El Mundo.
El coche, propiedad de Ortiz
Los investigadores comprobaron que el coche Mini Cooper aparece en las bases de datos de la Dirección General de Tráfico a nombre de la empresa Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, pero que estaría en posesión de Julia Castelló, la niñera de la alcaldesa de Alicante y persona de su máxima confianza.
Prendas de lujo, vieja en yate y vacaciones pagadas
No fue el único regalo que Ortiz hizo a la alcaldesa. La investigación recoge una larga lista que incluye múltiples prendas de lujo, el viaje en el yate del constructor a Ibiza o las vacaciones de Navidad en Andorra junto a su familia.
La conversación entre Ortiz y su mujer
La conversación mantenida entre Ortiz y su mujer, Maleles, el 15 de agosto de 2009, grabada por la Policía como parte de la investigación, no deja lugar a dudas sobre el regalo del coche:
Ortiz, a su mujer: "Le voy a regalar a Sonia el
Mini"
Maleles: "¿Se lo vas a regalar a Sonia?"
Ortiz: "Sí"
Maleles: "Hostia, qué regalo"
El empresario entonces le explica que la alcaldesa quiere cederlo a su niñera porque "le está muy agradecida" por sus servicios y la "quiere mucho", pues está "le está criando a su hija".
Castedo recogió personalmente el Mini
Un día después, mientras Ortiz se encontraba en Ibiza de vacaciones junto al exalcalde popular Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo y su marido recogen personalmente el Mini.
www.elplural.com 08.06.11
29) ORTIZ: "DE PARTE DE SONIA, DARLE UN TRABAJO EN LAS OBRAS DE ZAPATERO"
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, hizo valer en reiteradas ocasiones su relación con el empresario Enrique Ortiz, según consta el sumario el caso Brugal, de cara a pedir trabajo para conocidos o amigos. En una conversación grabada por la policía el 26 de noviembre de 2008, la edil Sonia Alegría llamó de parte de la alcaldesa a Ortiz para "buscarle a una chica y a un chico una ocupación". El empresario habla con el encargado de Inusa, al que le da instrucciones para colocar a dos personas "de parte de la alcaldesa". Primero hablan de que al sobrino de Antonio Solana, otro promotor, "ni tocármelo", dice Ortiz. Al final le recuerda que "hay dos personas que la alcaldesa quiere colocar que son del partido". La policía no acaba de confirmar la identidad de los agraciados.
El marido de la alcaldesa, Arturo Soto, llama en marzo de 2009 al empresario para proponer el ascenso de una de sus trabajadoras, Julia Castelló. Acto seguido Ortiz llama al encargado de la limpieza en el campus para exigir que la trabajadora "si tiene algo de capacidad, ascenderla a encargada o lo que sea", pero el encargado recuerda las dificultades para ascender "a dedo" en la Universidad. Al final la recomendada acabó como personal de confianza de la alcaldesa. El empresario recibe la llamada de otra concejal, María Otilia García Pertusa, para pedirle "un favor" y renovarle el contrato a una empleada. Ortiz pide a la edil que hable con su hijo, empleado de confianza del empresario investigado, para "que lo solucione". El tema se soluciona y la edil envía un mensaje de móvil a Ortiz "Gracias de parte de Sonia, por el tema de la chica de limpieza. Oti".
La propia alcaldesa envía un mensaje a Ortiz (02.04.2009) "Necesito trabajo temporal de seis meses en Inusa para un chico. ¿Es posible?", y el empresario le contesta "OK", y le pide que envíe el teléfono y nombre del interesado. Ortiz habla con uno de sus encargados, al que le da todos los datos del interesado y le dice: "Le preguntas qué sabe hacer, y qué no sabe hacer, y le das un contrato de seis meses en Inusa, llámale ahora, que está con la alcaldesa", dice el empresario. La policía deduce que las peticiones de Castedo al empresario "se cumplen de manera inmediata". Castedo tiene la intención de colocar a dos auxiliares de enfermería en un hospital. El empresario admite tener cierta influencia en Torrevieja y Elche, alegando ser socio del primero y constructor del segundo, aunque no esté acabada la obra.
El 3 de julio de 2009 la alcaldesa vuelve a solicitar trabajo para una amiga como controladora en una obra adjudicada dentro del Plan E. Ortiz habla con su encargado "de parte de Sonia, para darle trabajo en las obras de Zapatero". Castedo envía en septiembre de 2009 un mensaje de texto al empresario: "Hola bocazas. Necesito saber si sería posible poner a una chica de auxiliar en algún hospital". Ortiz le llama enseguida y explica: "El único sitio donde puedo mandarla es al hospital de Torrevieja". Por último, la alcaldesa, supuestamente, también se interesa por el despido de otra trabajadora de Ortiz a quien exige que le renueven el contrato y la hagan fija.
www.elpais.es 07.06.11
30) LA ALCALDESA DE ALICANTE AFIRMA QUE TIENE MIEDO DE RUBALCABA
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se quejó ayer de "vivir en un Estado policial", a raíz de las conversaciones telefónicas incluidas en el sumario del caso Brugal. "No tengo ningún miedo y sé incluso que me pueden imputar por decir eso, porque te imputan por todo", dijo la regidora, quien aseguró tener "miedo" de que el cabeza de lista del PSOE sea "un personaje siniestro", en referencia al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Castedo reveló "presiones" para que algunas partes del sumario salieran antes de las elecciones. La regidora detecta un "movimiento mediático" para que se influyera en el resultado electoral, "pero no lo consiguieron y lo intentan ahora".
El sumario desvela que la alcaldesa hizo valer su relación y amistad con el empresario Enrique Ortiz para pedir trabajo para amigos y conocidos. En una de estas conversaciones, el empresario habla con uno de sus encargados y le exige: "De parte de Sonia, darle trabajo en las obras de Zapatero", en referencia a uno de los proyectos del Plan E. Pero también medió para colocar a unas enfermeras o a "gente del partido" en alguna de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las adjudicaciones públicas en Alicante.
Esquerra Unida anunció que pedirá la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre el caso Brugal. El concejal electo Miguel Ángel Pavón afirmó que tanto Castedo como el exalcalde Luis Díaz Alperi diseñaron y resolvieron "a la medida" de Ortiz "aspectos relevantes" de la redacción del PGOU y recibieron "dádivas" o "pagos".
www.elpais.es 07.06.11
31) RUBALCABA RESPONDE: "LA ALCALDESA DEBE EXPLICAR SUS CHANCHULLOS ANTE LOS JUECES"
El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha respondido a la alcaldesa de Alicante, la 'popular' Sonia Castedo, que "no tiene un problema" con él, sino con la Justicia y la Policía, a los que tendrá que explicar "los chanchullos que tiene o que parece que tiene".
"No tiene un problema conmigo, lo tiene con la Policía"
El vicepresidente respondía así, tras visitar la sede de la Comisaría General de Policía Científica, a las acusaciones de Sonia Castedo, una de las personas investigadas en el caso Brugal y en cuyo sumario se recogen conversaciones telefónicas intervenidas. La alcaldesa de Alicante afirmó este lunes que "vivimos en un Estado policial" y calificó de "personaje siniestro" al también ministro del Interior.
El problema lo tiene con los jueces y la Policía
"La alcaldesa de Alicante ha dicho una serie de disparates. No tiene un problema con el ministro del Interior, tiene un problema con la Policía y con los jueces y es ante los jueces ante quien debe explicar los chanchullos que tiene o que parece que tiene, si es que puede hacerlo", ha destacado.
La estrecha relación con Enrique Ortiz
Según el contenido del sumario, cuyo secreto ha sido levantado el viernes pasado, la Fiscalía Anticorrupción considera que Castedo y el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi diseñaron y resolvieron "a la medida" del constructor Enrique Ortiz "aspectos relevantes" de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad y, además, recibieron presuntamente "dádivas" o "pagos".
www.elplural.com 07.06.11
32) C. VALENCIANA: RICARDO COSTA MEDIÓ PARA EL CONSTRUCTOR EN TORREVIEJA SALUD
El mismo Enrique Ortiz fijó el importe de los beneficios de la venta de su participación en Torrevieja Salud, la empresa que gestiona el hospital de esta localidad de La Vega Baja, que él mismo había construido y que está en funcionamiento desde noviembre de 2006.
"Al final son seis millones y medio, de los cuales yo le voy a tener que dar a este, Carlos Paz, un millón ochocientos mil euros", le dijo a un empleado suyo en otra de las conversaciones intervenidas por orden judicial. Y añadió que al final le quedarían cuatro millones más de lo que había puesto.
Pero Ortiz tuvo que resolver primero un litigio con Carlos Paz, otro de los pequeños accionistas de Torrevieja Salud, por un acuerdo privado entre ambos, para lo que buscó, y encontró, la mediación de Ricardo Costa y del consejero de Sanidad, Manuel Cervera.
El 27 de noviembre de 2008, Costa llamó a Ortiz para decirle que había estado hablando con el consejero y su problema con Paz se resolvería. El informe policial asegura que Costa dijo que la adjudicación del hospital fue un "apaño que se hizo porque el escenario en Torrevieja era muy complicado, viniendo el tema de Rambla [exconsejero de Sanidad]" y que "ahora la situación es mucho más favorable al haberse resuelto unos concursos, al parecer de resonancias, y que el tema se va a resolver".
En efecto, un par de meses antes, el Consell había adjudicado el nuevo concurso para la realización de las resonancias magnéticas de la sanidad pública valenciana por 497 millones de euros a una UTE participada por Carlos Paz, dueño de varias clínicas privadas, una de ellas en Benidorm.
Costa también pidió trabajo a Ortiz para un despacho de abogados que tiene con otro socio en Valencia. Para Alicante, estuvo buscando "una referencia donde no apareciera yo".
www.elpais.es 06.06.11
33) C. VALENCIANA: EL SUMARIO BRUGAL DESVELA QUE ORTIZ REGALÓ A PÉREZ FENOLL UN RELOJ DE 24.000 EUROS
El empresario agasajaba con joyas, bolsos, prendas de vestir y botellas de Don Periñón a cargos públicos de Alicante y consellers de la Generalitat
24.000 euros. Éste es el valor del reloj que, según la Policía, el empresario Enrique Ortiz pudo regalar en las navidades de 2008 al exalcalde de Benidorm, el popular Manuel Pérez Fenoll. En un principio, los agentes creían que el destinatario de este valioso reloj era el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, pero finalmente descartan esa hipótesis para establecer que el destinario fue el entonces primer edil de Benidorm.
La Policía ha dado cuenta al juzgado que investiga las supuestas irregularidades en el Plan General de los regalos con los que Ortiz agasajaba a cargos políticos de ayuntamientos de la provincia y de la Generalitat Valenciana, principalmente durante las fiestas navideñas. Joyas, bolsos de firma, botellas de Don Periñón figuran entre los obsequios a los políticos. Los agentes dan cuenta de ellos al juez por si éste considera que puedan exceder lo que podría considerarse un uso testimonial o de cortesía. Ortiz pide que se cuide especialmente el regalo de Marta García Romeu por ser la portavoz y de Laura Chorro, por su relación con Ricardo Costa.
En total se regalaron trece bolsos a distintos cargos, valorados entre 90 y los 150 euros. Las botellas de Don Perignón cuyo valor es de 200 euros dos botellas y que fueron al exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y al exedil Pablo Suárez.
Entre los beneficiarios de los obsequios hay varios
consellers de la Generalitat. El conseller de Infraestructuras, Mario
Flores, queda bastante impresionado por el reloj que le ha llegado y quiere
devolver los regalos porque entiende que ascienden a miles de euros. Además
del reloj hay un pañuelo y unos guantes que inicialmente eran para su
secretaria, pero que por error fueron enviados a su mujer. Sin embargo Ortiz
les convence para aceptarlo. También compró un regalo al presidente de la
Diputación pero no consta cuál y para el edil Andrés Llorens se le ofreció
elegir su regalo. A la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se le regaló
una gabardina de 600 euros pero que tuvo que cambiar por otras prendas por
que ya la tenía.
Pero aquí hay para todos. El empresario también contacta con los ediles del
grupo socialista para obsequiarles con tarjetas para usar el aparcamiento de
Alfonso el Sabio, que explota la mercantil de Ortiz.
www.elpais.es 04.06.11
34) C. VALENCIANA: EL ADIÓS DE CARLOS FABRA
El mandatario popular agota sus últimos días al frente de la diputación. Durante 16 años, el controvertido político ha imprimido su particular huella a una institución desde la que ha dirigido con puño de hierro los destinos de la provincia.
En una entrevista concedida a este diario, el que fue conseller y presidente de la diputación Joaquín Farnós recordó la conversación que mantuvo en 1995 con Carlos Fabra en el transcurso de una cena de celebración de la victoria electoral del PP. Farnós se dirigió al nuevo presidente de la diputación en los siguientes términos: «Nunca nadie en la provincia ha tenido el poder que tú vas a tener, ni siquiera en la dictadura con los gobernadores civiles, ni tampoco tu padre».
Fabra abandonará en unos días la diputación y, echando la mirada atrás, se puede concluir que aquella frase lapidaria pronunciada por Farnós hace 16 años fue certera. Presume en su despedida de los ininterrumpidos éxitos electorales y del inquebrantable apoyo que le ha brindado el partido desde que ganó la diputación. Sin embargo, no siempre fue así, ya que el político se forjó en el bando de los perdedores.
Antes de ocupar el sillón presidencial, pasó ocho años (de 1987 a 1995) en el banquillo de la oposición. Algo parecido le había pasado unos años antes con la presidencia del PP. Falló en sus dos primeros intentos contra José María Escuín y, en 1990, al tercer intento, consiguió un cetro que aún no ha soltado.
Con el mando del partido y la diputación, confundiendo continuamente los ámbitos orgánico e institucional, se convirtió en el hombre más poderoso de la provincia. Tal como había pronosticado Farnós aquella noche electoral de 1995.
Irrupción en la diputación
La entrada de Fabra en la diputación supuso una auténtica revolución. Se marcó como reto convertir una entidad anacrónica y anquilosada en motor de desarrollo de la provincia. Las limitaciones presupuestarias no fueron obstáculo y las superó a base de préstamos para financiar las inversiones. Su predecesor en el cargo, el socialista Francisco Solsona, dejó las arcas provinciales con una deuda de 19,2 millones de euros. En la primera etapa de Fabra, la cifra se disparó por encima de los 100 millones. A partir del segundo mandato se estancó la tendencia al alza, debido en buena medida a la entrada de un nuevo equipo de intervención que embridó la deuda.
Los ocho primeros años de Carlos Fabra en la diputación coincidieron con su etapa de esplendor político. Fue la época de los veraneos de José María Aznar en Platgetes, cuando la corte popular se trasladaba de vacaciones a Orpesa y Fabra ejercía de anfitrión, codeándose con la plana mayor del PP.
Uno de los principales méritos de Fabra fue reglar los
planes provinciales de obras y servicios, que se han convertido en la
principal herramienta inversora para los municipios castellonenses. A través
de estos planes se han impulsado en los últimos 16 años más de 3.000 obras
por un importe cercano a a los 200 millones de euros. Más arbitrario ha sido
en la firma de convenios singulares, en los que los municipios gobernados
por el PP han salido claramente beneficiados.
El aún presidente suele decir que el Hospital Provincial es el logro del que
se siente más orgulloso. Recuerda que cuando entró en la diputación, el
hospital estaba casi en ruinas y hoy en día es un moderno centro que cuenta
con dos importantes fundaciones: una de oncología y otra de oftalmología. Y
cómo no el aeropuerto, inaugurado hace un par de meses aunque sin aviones.
Nada más asumir la presidencia, Fabra se marcó el objetivo de conseguir que
Castelló dejara de ser la única provincia del arco mediterráneo sin conexión
aérea. Promovió el proyecto desde la diputación, una institución sin
competencias en la materia. No consiguió embarcar al Gobierno de Aznar
–reacio al proyecto– pero sí a la Generalitat con la creación de la empresa
Aerocas, que él mismo preside. Tras recorrer un camino tortuoso, el
aeropuerto es una realidad, a la espera de que lleguen los aviones. Su
viabilidad es una incógnita.
En cambio, Fabra no ha conseguido cumplir otro de sus sueños: Mundo Ilusión.
En 1999 presentó su propuesta de un parque de ocio dedicado al circo y la
magia que albergaría la sede europea del Circo del Sol. Como en el
aeropuerto, implicó a la Generalitat, que, sin embargo, acabó enterrando el
proyecto tras dilapidar cientos de miles de euros.
El clientelismo ha sido una de las características del mandato de Carlos Fabra. Llamativa es la amplia nómina de asesores (casi 40), en la que tienen cabida políticos semirretirados, cargos del PP e incluso familiares de miembros del partido. Lo proclamó él mismo en un pleno: «Cuando quiero colocar a alguien lo nombro asesor. Y punto». Esta plantilla de asesores, unida a los diputados liberados, conforman una red de políticos profesionales al servicio de Fabra y del PP. El socialista Francesc Colomer acuñó el término «colocódromo» para definir la política de contrataciones en la diputación.
La personalidad de Carlos Fabra –locuaz, temperamental, carismático– ha dado a la diputación una dimensión inusual. Todos coinciden en que su marcha y la entrada de Javier Moliner rebajarán la repercusión de una institución gris por naturaleza. Fabra ha utilizado la entidad provincial como plataforma reivindicativa y no se ha mordido la lengua a la hora de criticar al Consell de Francisco Camps por el maltrato a Castelló.
Pese a su actitud anárquica y políticamente incorrecta,
Fabra tiene muy interiorizada la disciplina del partido. Fue clave en el
ascenso de Zaplana y luego ha sido uno de los principales sustentos de
Camps. Sus aspiraciones políticas no han traspasado las fronteras de la
provincia, cuyo destino ha dirigido con puño de hierro en los últimos tres
lustros. En alguna ocasión ha bromeado con la idea de la segregación y la
constitución de la comunidad autónoma de Castelló. La cosas empezaron a
torcerse para el presidente a finales de 2003, cuando un empresario químico
de Artana, que había sido amigo suyo, se querelló contra él dando lugar al
conocido como «caso Fabra». La victoria del PSOE en las generales de 2004
supuso la personación en la causa de la Fiscalía Anticorrupción, que puso
contra las cuerdas a Fabra. Sin embargo, aguantó el chaparrón, atrincherado
en la diputación, rodeado de sus incondicionales.
Trasplante de hígado
Pero la prueba más dura la ha tenido que superar al final
de su mandato. En marzo de 2010, delegó de manera indefinida la presidencia
de la diputación y se marchó a Madrid para someterse a un trasplante de
hígado. La operación fue un éxito y, tras varios meses de baja, regresó
triunfante a la diputación para recorrer el tramo final de su reinado.
En estos 16 años, el presidente provincial ha visto pasar por la bancada de
la oposición a tres portavoces del PSOE: Ximo Puig, Enrique Navarro y
Francesc Colomer. La enemistad hacia el alcalde de Morella es manifiesta y
una de las frustraciones de Fabra es no haber podido desbancar a Puig de la
alcaldía. Y eso que puso todo el empeño, hasta el punto de arrebatar al
ayuntamiento la gestión del patrimonio.
Con Enrique Navarro coincidió durante ocho años y ambos mantuvieron (y mantienen) una relación cordial. El exalcalde de Onda hizo una oposición tibia y rehuyó en todo momento el «caso Fabra». La enemistad hacia Puig se eleva a la categoría de animadversión en el caso de Francesc Colomer. La crispación ha alcanzado niveles sin precedentes en el último mandato y Colomer ha conseguido que el presidente de la diputación perdiera los papeles en varias ocasiones, sobre todo con su insistencia en el «caso Fabra». En el pleno del pasado martes, el mandatario provincial se despidió del portavoz socialista con un «hasta nunca».
Despedida a medias
La marcha de la diputación no implica la retirada de Fabra de la política. Seguirá al frente del PP hasta las generales y presidirá el aeropuerto hasta que lleguen los aviones. Próximamente ingresará en la Cámara de Comercio hasta la jubilación.
www.levante-emv.com 05.06.11
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