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Boletín nº 597. Del 15 al 22 Octubre 2011
BÁJATE
EL RESUMEN DEL AÑO GURTELIANO 2010
ÍNDICE
01. RAJOY IGNORA AL PP MÁS DURO: "ES UNA GRAN NOTICIA, NO HUBO CONCESIONES"
02. RAJOY PIDE UN "GOBIERNO FUERTE" MIENTRAS AGUIRRE LE RINDE PLEITESÍA
03. RAJOY EVITA HABLAR DE LOS ETARRAS HASTA QUE ANUNCIEN SU CESE DEFINITIVO
04. RAJOY REMATA SU PODER ABSOLUTO CON LISTAS RENOVADAS Y CRÍTICOS 'SALVADOS'
05. RAJOY EXIGE AL GOBIERNO QUE REÚNA YA AL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL
06. RAJOY: "NO QUEREMOS REVOLUCIONES, SINO REFORMAS"
07. LOS EMPRESARIOS PROPONEN EL COPAGO Y LIMITAR EL DERECHO DE HUELGA
08. AZNAR TILDA AL MOVIMIENTO DE "EXTREMA IZQUIERDA ANTISISTEMA"
09. UNA BANDERA FRANQUISTA EN LA FIESTA DEL 12 DE OCTUBRE EN NUEVA YORK
10. SÁNCHEZ DRAGÓ: "SI EL TONTO DE HESSEL HA PUBLICADO '¡INDIGNAOS!' YO HARÉ '¡RESIGNADOS!'"
11. CASO GURTEL: CAMPS SERÁ JUZGADO TRES SEMANAS DESPUÉS DE LAS ELECCIONES GENERALES
12. CASO GÜRTEL: "EL SUJETO PUEDE DESHACERSE DE LA PULSERA CORTÁNDOLA O APAGANDO EL GPS"
13. CASO GÜRTEL: ORANGE MARKET LOGRÓ BENEFICIOS DEL 88% CON LA GENERALITAT
14. CASO GÜRTEL: PEDREIRA RATIFICA EL ARCHIVO DE LA CAUSA CONTRA BÁRCENAS SIN DESCARTAR SU IMPLICACIÓN EN OTRAS
15. C. A ANDALUCÍA: EL EJE FERROVIARIO DESCOLOCA AL PP, QUE LO VE TAN POSITIVO COMO GRAVE
16. C. A ANDALUCÍA: EL PP DICE QUE LA SENTENCIA DE LA ZONA FRANCA ES "POLÍTICA"
17. C. A ANDALUCÍA: EL TRIBUNAL DE CUENTAS CONDENA LA GESTIÓN DEL PP EN LA ZONA FRANCA
18. C. A ANDALUCÍA: LA POLICÍA LIGA AL ALCALDE DE ALHAURÍN CON LOS COHECHOS DEL 'CASO TROYA'
19. C. A. CASTILLA Y LEÓN: EL ALCALDE DE VALLADOLID DEFIENDE EL COPAGO FARMACÉUTICO
20. C. A GALICIA: EL GASTO SOCIAL CAE EN 2012 CUATRO VECES MÁS QUE EL PRESUPUESTO DE LA XUNTA
21. C.A GALICIA: BRIGADISTAS DEJAN FUEGOS ACTIVOS POR ACABAR SU CONTRATO
22. C.A GALICIA: LOS PARTES DE LA XUNTA DESMIENTEN LA TESIS DE FEIJÓO SOBRE LA OLA DE FUEGOS
23. C. A GALICIA: EL 'SUPERDELEGADO' DE LA XUNTA SE FUE AL BERNABÉU MIENTRAS ARDÍA OURENSE
24. C. A GALICIA: FEIJÓO ACHACA LOS FUEGOS MASIVOS A UNA "INTENCIONALIDAD SIN PRECEDENTES"
25. C. A GALICIA: CONDE ROA GASTA 147.000 EUROS EN AUDITAR EL AYUNTAMIENTO
26. C. A GALICIA: LOS POPULARES PIDEN EL DNI PARA ASISTIR A UN ACTO DE FEIJÓO EN ARGENTINA
27. C. A GALICIA: ECOLOGISTAS PIDEN DEMOLER YA UN EDIFICIO DE TELMO MARTÍN
28. C. A MADRID: "PODÍA HABER SIDO PORTADA DEL 'NEW YORK TIMES' O UNA ENSALADA DE TIROS"
29. C.A MADRID: AGUIRRE UTILIZA UN SUPUESTO "ASALTO" PARA ATACAR A INTERIOR
30. C. A MADRID: EL ALCALDE POPULAR DE ARROYOMOLINOS, IMPUTADO POR MALVERSACIÓN
31. C. A MADRID: LA PROTESTA DE LOS PROFESORES RESISTE DESPUÉS DE SEIS JORNADAS DE HUELGA
32. C. A. MADRID: 'OPERACIÓN BOTELLA', UN GUIÑO A AZNAR Y UN FRENO A AGUIRRE
33. C. A. MADRID: QUÉ OPINA ANA BOTELLA DE...
34. C. A MURCIA: DETENIDO OTRO ALCALDE MURCIANO DEL PP POR CORRUPCIÓN
35. C. VALENCIANA: EL JUEZ IDENTIFICA LA PRIMERA TRAMA DEL SAQUEO DE EMARSA
36. C. VALENCIANA: EL PP MANTIENE SU SILENCIO SOBRE LOS IMPLICADOS EN EL 'CASO EMARSA'
37. C. VALENCIANA: LA FISCALÍA ACUSA AL ALCALDE DE MANISES DE MALVERSACIÓN Y ESTAFA CONTINUADA
38. C. VALENCIANA: LA EXSUBSECRETARIA DE COTINO CARGÓ AL CONSELL LA NOCHE DE AÑO NUEVO DE 2010
39. C. VALENCIANA: COTINO CARGÓ A LA CONSEJERÍA GASTOS POR IR A VER AL PAPA
40. C. VALENCIANA: EL JUEZ OBSERVA INDICIOS DE DELITO EN LA TRAMA DEL PLAN GENERAL DE ALICANTE
41. C. VALENCIANA: CASTEDO ANTE EL ESPEJO DE BRIONES
42. C. VALENCIANA: EL JUEZ VALIDA LAS ESCUCHAS POLICIALES DE LAS SUPUESTAS IRREGULARIDADES DEL PGOU DE ALICANTE
43. C. VALENCIANA: MARTÍN A CASTEDO: "¿POR QUÉ OCULTÓ SUS CITAS CON ORTIZ?"
44. C. VALENCIANA: EL JUEZ CITA OTRA VEZ A RIPOLL POR EL POSIBLE SOBORNO DE LA BASURA
45. C. VALENCIANA: DE CUANDO GONZÁLEZ PONS, TAN TEMEROSO DEL "INFIERNO", SE CODEABA DESPREOCUPADO CON "EL DIABLO"…
46. C. VALENCIANA: LA CONSELLERA ISABEL BONIG, IMPUTADA POR ACOSO LABORAL
47. C. VALENCIANA: VARIOS TESTIGOS DECLARAN QUE BELLVER AUTORIZÓ EL 'PARKING' SIN PERMISO
48. C. VALENCIANA: BELLVER ABRE EL MARATÓN DE JUICIOS A CARGOS DEL PP
49. C. VALENCIANA: MIGUEL HERNÁNDEZ, A LA CAJA FUERTE
50. C. VALENCIANA: DOS EMPLEADOS MUNICIPALES DENUNCIAN A BONIG POR ACOSO LABORAL
51. C. VALENCIANA: LA GENERALITAT ABRE MÁS VÍAS PARA PRIVATIZAR LA ENSEÑANZA PÚBLICA
52. C. VALENCIANA: EL AEROPUERTO DE CASTELLÓN, SIN AVIONES PERO CON HALCONES
53. El Gobierno valenciano y la Diputación de Castellón se gastan 3,5 millones en el torneo de golf de Carlos Fabra
01. RAJOY IGNORA AL PP MÁS DURO: "ES UNA GRAN NOTICIA, NO HUBO CONCESIONES"
El jefe de la oposición, tras hablar con Zapatero, lanza un discurso optimista
Hasta ocho manifestaciones protagonizó el PP de Mariano Rajoy contra la política antiterrorista del PSOE. "Usted ha traicionado a los muertos", llegó a decirle a José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso. Pero todo eso fue en la anterior legislatura. Desde hace mucho tiempo, Rajoy ha mantenido una enorme prudencia, sobre todo en los últimos días, con una estrategia de doble juego: mandaba a sus portavoces a ser duros y él se cuidaba. Sabía que este comunicado estaba muy próximo. Este lunes lo comentó con Zapatero en una conversación telefónica. Rajoy transmitía la sensación de que tenía mucha información y había pactado con el presidente la estrategia.
"La tranquilidad solo será completa cuando se produzca la disolución"
El líder popular evita mencionar a Bildu. Nada empaña la alegría del discurso
Y cuando llegó el comunicado, el líder del PP dio un giro radical a su discurso y utilizó un tono y un contenido opuesto al de algunos medios de comunicación próximos al PP y todos los dirigentes del sector duro que en los últimos días e incluso ayer seguían lanzando todo tipo de ataques contra el Gobierno.
Rajoy se mostró casi eufórico desde el principio, dejando claro que era el discurso de un día histórico, y no puso prácticamente ningún pero. Sobre todo lanzó un mensaje político de fondo que demuestra que hay dos PP: "Es una gran noticia. Este anuncio se ha producido sin ningún tipo de concesión política", remató Rajoy mientras buena parte de su partido y algunos medios de comunicación conservadores insisten en las supuestas concesiones a ETA por parte del Gobierno del PSOE. Rajoy asumía así que tampoco hubo concesiones durante la última tregua, algo que contradice el discurso de una parte de su partido.
Se esperaba su prudencia. Pero fue mucho más allá. Tal vez consciente de que este es un asunto que da por amortizado buena parte de la sociedad -se ha desplomado en el CIS a la hora de citar los principales problemas-, y sobre todo de que la dureza en este asunto no ha sido buena electoralmente para el PP, Rajoy habló en un tono presidencial y sin críticas a nadie. Evitaba así que el PSOE, y Rubalcaba, pudieran sacar algún tipo de rentabilidad política al anuncio y sobre todo a un discurso duro que sería difícil de entender en un día de alegría, especialmente en el País Vasco.
Rajoy solo puso una prevención, un guiño a quienes en su electorado aún tienen dudas sobre el comunicado: "Consideramos que este es un paso muy importante, pero la tranquilidad de los españoles solo será completa cuando se produzca la disolución irreversible de ETA y su completo desmantelamiento".
El líder del PP había hablado antes de comparecer con el presidente Zapatero, con quien mantiene en privado una clara sintonía en este asunto, y tuvo un reconocimiento para todos los Gobiernos e incluso dio por hecha la derrota de la banda: "A ETA la derrota la fortaleza del Estado de derecho y la fe en la democracia de todos los españoles, representada por el esfuerzo sucesivo de todos los Gobiernos que han actuado bajo el amparo de la ley. Y ese es el único camino de futuro". No hubo ni una mención a Bildu, ni a Amaiur, ni a nada que pudiera empañar la alegría que destilaba su discurso.
También tuvo un recuerdo emocionado para las víctimas, jueces, fiscales, policías y guardias civiles que han sufrido el zarpazo de ETA y han luchado contra la banda terrorista.
Mientras, Antonio Basagoiti, líder del PP vasco, dijo en la misma línea que el anuncio supone el triunfo del conjunto de la sociedad vasca y de los valores democráticos frente al terrorismo. Sobre el futuro, señaló lacónico: "El PP sabrá estar siempre a la altura". A los dirigentes se les veía muy satisfechos.
El PP vasco, que ha dado un giro desde que dimitió María San Gil, ha tenido mucha influencia en Rajoy y sigue teniéndola. Este comunicado supone además un aval a la estrategia de prudencia de Basagoiti y de no elevar el tono como hacían otros dirigentes, en una muestra más de los dos PP que coexisten y de un doble discurso cada vez más cómodo para Rajoy.
www.elpais.es 21.10.11
02. RAJOY PIDE UN "GOBIERNO FUERTE" MIENTRAS AGUIRRE LE RINDE PLEITESÍA
El PP aprobará su programa el 31 de octubre, 20 días antes de las elecciones
Llegó el momento. Tres años y medio después de la crisis del ascensor, en la que Esperanza Aguirre consiguió impedir que Alberto Ruiz-Gallardón fuera diputado, la presidenta de Madrid asistió a la consagración del alcalde en las listas. Y no solo eso. Mientras él mostraba su alegría en las fotos, ella hizo un discurso en el que rindió pleitesía a Mariano Rajoy e incluso citó al alcalde por su buen resultado cuando encabezó las listas al Senado en 1989. Toda una muestra de los nuevos tiempos del PP, en los que Rajoy tiene un poder ya sin sombra.
El líder, encantado con una lista dominada por sus próximos, en especial Soraya Sáenz de Santamaría como número dos, aprovechó la ocasión para reclamar ya sin ambages una mayoría absoluta que la cúpula del PP ya da por hecha. "Vamos a pedirle a los españoles un Gobierno fuerte", aseguró. Eso sí, también mantiene la estrategia de no dar miedo, y por eso insistió en que aunque tenga la mayoría absoluta buscará acuerdos con los demás partidos. El PP mantiene el perfil bajo. Ayer se supo que el programa no se aprobará hasta el 31 de octubre, solo 20 días antes de las elecciones. Una forma de evitar que se discuta de él. Rajoy tampoco cree que el único debate que habrá vaya a tener influencia. Su entorno señala que los de 2008 solo movieron un 1,5% del voto.
www.elpais.es 20.10.11
03. RAJOY EVITA HABLAR DE LOS ETARRAS HASTA QUE ANUNCIEN SU CESE DEFINITIVO
El presidente del PP permite un doble juego con los 'duros' de su partido
Mariano Rajoy considera que la crisis y los cinco millones de parados favorecen su camino a La Moncloa. Por eso, el presidente del PP quiere rebajar el diapasón en todo lo concerniente al final de ETA y ayer mostró en su visita al País Vasco uno de sus perfiles dialécticos más bajos de los últimos tiempos en esta materia. Y ello pese al intento de la derecha política y mediática más dura por reverdecer el ataque al PSE usando como arietes a la banda y, ahora, a la autodenominada conferencia internacional de paz de San Sebastián.
El líder evita criticar mientras Pons dice que el PSE "hace el caldo gordo a ETA"
Los populares están convencidos de que los españoles dan por hecho el final de ETA, a la que han apartado ya de sus preocupaciones, como demuestran las principales encuestas: apenas el 3,7% de los españoles citan el terrorismo como el principal problema de España, mientras que el paro es lo que más preocupa a casi el 80%. El diálogo con ETA no es citado como problema.
Rajoy pudo comprobarlo ayer en el propio País Vasco y entre un colectivo tan sensible en esta materia como el empresariado. El líder popular almorzó en Bilbao a puerta cerrada con parte de lo más granado del mundo económico, industrial y financiero vasco y ninguna de la veintena larga de preguntas que se le formularon versó sobre ETA, según varios asistentes.
La casualidad hizo que Rajoy, cuya visita estaba prevista hace semanas, viajase a Euskadi al día siguiente de la celebración de la conferencia, cuya declaración final exige a ETA el cese definitivo de la "actividad armada", al tiempo que apunta a la celebración de una mesa de partidos y una consulta popular. Nadie hubiese entendido que no se pronunciase al respecto estando en Euskadi, pero evitó hacerlo en su intervención matinal durante una visita a una planta del grupo Gestamp de automoción en Abadiño (Bizkaia), dando pie, eso sí, a que fuesen los periodistas quienes le preguntasen. Y, sin entrar en el resultado del foro donostiarra, se limitó a asegurar que no iba a "contribuir a la ceremonia de la confusión" de estos días, "porque no tiene sentido".
"Haré una valoración cuando exista, si existe, un comunicado de ETA diciendo que abandona de manera definitiva e incondicional su actividad criminal. Hasta entonces no tiene sentido entrar en esas cosas que hemos visto", añadió en alusión a la conferencia.
Y se remitió a las palabras del día anterior de Antonio Basagoiti, ratificando el peso cada vez mayor que tienen las opiniones del presidente del PP vasco sobre ETA y el final de la violencia. Basagoiti tildó la declaración final de la conferencia de "inaceptable para cualquier demócrata".
Rajoy dejó un aviso para navegantes a poco más de un mes de que pueda llegar a La Moncloa: "Desde la ley, desde el Estado de derecho y desde la fuerza de la democracia se puede derrotar también a una organización terrorista".
Mientras mantiene un perfil bajo en este asunto, el líder del PP permite un doble juego en su partido. Es una estrategia que a Rajoy le encanta: deja que algunos dirigentes muestren el lado más duro del PP, de manera que contenta a una parte de su electorado y, a la vez, refuerza su imagen de moderado. Por eso el líder no desautoriza los tonos más extremos de José María Aznar, deja que su portavoz, Esteban González Pons, diga que los mediadores "no tienen ni puñetera idea" o acuse al PSE de "hacer el caldo gordo a ETA" y permite que Jaime Mayor, recuperado ya de su accidente en bicicleta en agosto, insistiera ayer en que "todo esto es una hoja de ruta, todo está pactado entre ETA y el Gobierno".
www.elpais.es 19.10.11
04. RAJOY REMATA SU PODER ABSOLUTO CON LISTAS RENOVADAS Y CRÍTICOS 'SALVADOS'
El líder del PP coloca a sus fieles en los puestos clave pero permite la continuidad a los dirigentes que le cuestionaron tras su segunda derrota en 2008
Por si había alguna duda del enorme poder interno que ha ido acumulando Mariano Rajoy gracias a su resistencia y sobre todo a la expectativa de una inmediata llegada al poder, el líder hizo ayer una exhibición. Incluso con gestos. Mientras decenas de cuadros del PP sufrían la angustia de no saber si finalmente tendrían hueco en las listas, y la calle Génova era un hervidero para cerrar la de Madrid, la más difícil, él estaba tan tranquilo en Benavente, en la boda del presidente del PP de Zamora y de la Diputación, Fernando Martínez Maíllo, con Nereyda Blanco.
Elorriaga, Aragonés y Álvarez de Toledo entran, Arístegui se queda fuera
El PP coloca más de 20 alcaldes en listas y ficha a Abel Antón para el Senado
A falta de la última y más importante, la de las elecciones del 20-N, Rajoy ha ganado ya todas las batallas. A su manera, esperando que el tiempo y el deterioro o agotamiento de sus rivales le sirviera en bandeja la victoria. La designación de los cinco primeros nombres de la lista madrileña, en especial el de su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, ya probó que Rajoy ha derrotado definitivamente al sector crítico. Tanto que tiene las manos libres para colocar en el puesto clave a la persona de su máxima confianza, que hace solo ocho años fue de número 17 en esa misma lista. Y el cierre de las candidaturas de ayer demostró dos cosas.
Por un lado, que Rajoy hace y deshace a su antojo, con una importante renovación de candidaturas. Esto es, nadie tiene garantizado un puesto salvo que Rajoy lo quiera así. Siguen clásicos como Miguel Ángel Cortés en Valladolid o Jesús Posada en Soria, con buena relación con Rajoy, pero otros caen. Por otro, que tiene tanto poder que se puede permitir ser magnánimo. El líder del PP ha renovado a muchas personas sin gran relevancia pública que ya llevaban años en el Congreso, pero ha tratado de evitar en lo posible dar la imagen de que una venganza en toda regla contra dirigentes relevantes que decidieron enfrentarse abiertamente o al menos distanciarse mucho en las difíciles semanas después de la derrota electoral de 2008.
En puestos muy atrasados, demostrando que ya no tienen poder, pero Rajoy ha salvado a muchos de esos diputados que se distanciaron, sobre todo a Gabriel Elorriaga, que fue su jefe de campaña en 2004, y ahora irá de 16 por Madrid, o Carlos Aragonés, que estuvo en maitines en la primera legislatura y ahora irá de 14 en esa misma lista. También otros alejados de la dirección y poderosos en la anterior legislatura, como Ignacio Astarloa o Cayetana Álvarez de Toledo, han encontrado acomodo en la lista de Madrid. El único dirigente conocido que ha quedado fuera de las listas es Gustavo de Arístegui, que fue por Zamora hace cuatro años y era portavoz de Exteriores en el Congreso. Ahora, sin apoyo territorial, se ha quedado fuera de todo y el líder ha decidido no salvarlo.
Rajoy recupera, también en Madrid, y nada menos que de número 6, a Santiago Cervera, un hombre muy cercano al líder y a Sáenz de Santamaría que se sacrificó para liderar el PP de Navarra y ahora vuelve al corazón del marianismo, con un puesto que le coloca incluso como ministrable. El líder sitúa además en puestos de posible salida a miembros de su equipo más directo como Víctor Calvo Sotelo o Alfonso de Senillosa. Esto es, premia a todos sus fieles.
Rajoy ha tenido también varios gestos con el aznarismo. El principal de ellos es que coloca de número dos por Ávila a Pablo Casado, presidente de Nuevas Generaciones del PP madrileño y asistente personal de José María Aznar -le acompaña en sus viajes y lleva su agenda-. Casado, aguirrista de pro, se hizo muy conocido cuando dijo en un mitin que los jóvenes del PP "no idolatran a asesinos como el Che Guevara", como hacen según él los de izquierdas, "sino a mártires como Miguel Angel Blanco".
Por lo demás, y pese a la importante renovación, la lista depara pocas sorpresas y fichajes estrella del mundo de la empresa, similar al de hace cuatro años, cuando la incorporación de Manuel Pizarro, expresidente de Endesa, como número dos por Madrid revolucionó la campaña. Es probable que Rajoy incorpore a gente de ese tipo en su Gobierno, pero en las listas ha sido mucho más tradicional con gente del partido, aunque con renovación.
La excepción la ponen tres deportistas. Además de la campeona de 3.000 metros Marta Domínguez, que irá al Senado por Palencia, ayer se anunció que Abel Antón, doble campeón del mundo de maratón, irá en las listas al Senado por Soria. Antón, como Domínguez, ya fue concejal de Deportes entre 2003-2007 en el consistorio soriano. Los deportistas de élite se completan con la yudoca Miriam Blasco, que irá en las listas al Congreso por Alicante.
Rajoy también ha demostrado que no le preocupa nada la propuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba de dejar a todos los alcaldes fuera del Congreso, con la idea de que tanto primeros ediles como diputados puedan dedicarse en exclusiva a sus tareas. El PSOE no lleva ni uno -es cierto que ha perdido muchos-. Los populares -que tenían la tradición de no incluir a alcaldes con excepciones pero la rompieron totalmente en 2008- llevan nada menos que 20 primeros ediles al Congreso, entre ellos 10 andaluces, precisamente porque allí el PSOE quiere prohibir que sean diputados autonómicos. Además de Alberto Ruiz-Gallardón, irán alcaldes de peso como la de Cádiz -ya estaba- Ciudad Real, Guadalajara, Cartagena o Montilla (Córdoba), Almagro o Tarancón. Sin embargo, y pese a las especulaciones, finalmente Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y miembro del Comité Ejecutivo, no estará. Tampoco Juan José Cortés, padre de Mari Luz -la niña asesinada en Huelva-, que tenía previsto ir pero después del tiroteo en el que se vio envuelto ayer dijo que ha decidido "voluntariamente" renunciar para no perjudicar al PP.
www.elpais.es 15.10.11
05. RAJOY EXIGE AL GOBIERNO QUE REÚNA YA AL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL
Rajoy asegura que él hará una política "como Dios manda"
La presidenta aragonesa afirma que presentará cuentas, para cambiarlas luego
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha asumido esta mañana la portavocía de las comunidades autonómas gobernadas por el PP -son 12 de 17- y ha exigido al Gobierno que convoque ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esta ha sido la exigencia de autonomías como Castilla y León y Extremadura, que se han negado a presentar las cuentas regionales para 2012 con la excusa de que no cuentan con la previsión de ingresos, ya que el Gobierno no ha cuantificado qué cantidades recibirán a cuenta de los impuestos autonómicos. Por esta razón, Rajoy ha asegurado que si las comunidades no presentan sus cuentas es porque el Gobierno "lo impide".
El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne al Ministerio de Economía y Hacienda y a los consejeros autonómicos del ramo, debería, según la tesis que manejan los populares, detallar a los Gobiernos regionales las cantidades que van a recibir de la Administración central, ya que al haberse prorrogado los Presupuestos Generales del Estado no hay todavía una previsión.
Pero el Ministerio no tiene intención de convocar este cónclave de momento, aunque puede verse obligado si así lo piden un tercio de las comunidades. De momento, las autonomías del PP han mostrado su intención de pedirlo, pero no lo han hecho oficialmente.
Rajoy ha asegurado que la prórroga de los presupuestos es "una injusticia que se comete con España" que ha atribuido a "un interés partidista para no tomar decisiones difíciles". Por eso, ha asegurado que lo primero que hará cuando gobierne será "nombrar un Gobierno serio, de gente formal, competente y preparada" y ha señalado que presentará un plan económico para "poner orden en la política económica del Gobierno" y hacerla "como Dios manda".
La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha anunciado hoy que presentará las cuentas regionales, para no bloquear la comunidad autónoma, pero ha augurado que habrá que cambiarlos después. "Seguramente habrá que realizar un ajuste posterior, al igual que le pasará a otras Administraciones publicas, en el mes de febrero o de marzo cuando el nuevo Gobierno de la Nación apruebe los generales", ha puntualizado.
Aragón no es la única región que ha señalado dificultades para cerrar sus cuentas. También Castilla-La Mancha lo ha señalado y, pese a que debía haber presentado el anteproyecto antes del 1 de octubre, todavía no lo ha hecho. En Madrid, todavía hay plazo antes de final de mes. No existe intención de bloquear el proyecto de presupuestos como sí han hecho Extremadura y Castilla y León, pero sí señalaron lo difícil que está resultando: "El 90% de los ingresos procede del dinero que debe entregar el Estado", justificó un portavoz de la Consejería de Hacienda.
www.elpais.es 15.10.11
06. RAJOY: "NO QUEREMOS REVOLUCIONES, SINO REFORMAS"
El candidato del PP ha censurado al Gobierno por no defender a España en política agraria
Rajoy ha demostrado esta mañana que la impasibilidad se puede manifestar con un gesto
Las propuestas del líder del PP, Mariano Rajoy, siguen estando encabezadas por palabras omnicomprensivas como "cambio" o "esperanza" sin ofrecer muchos más detalles, da igual que esté hablando de justicia, política industrial o, como esta mañana, de desarrollo del medio rural y paridad de oportunidades en el sector agrícola. "No queremos revoluciones, sino reformas", ha afirmado el presidente del Partido Popular ante algunos centenares de mujeres en Ciudad Real sobre la Política Agraria Común (PAC) para expresar su rechazo a la reforma del sistema que se ha propuesto en este ámbito y censurar al Gobierno, "incapaz de defender los intereses de España" que, en su opinión, coinciden con la agricultura y la ganadería.
Entre los aplausos de las asistentes (convocadas por la asociación Afammer, cuya presidenta, Carmen Quintanilla, es la número dos en la lista del PP por Ciudad Real), Rajoy ha hilado una defensa de los emprendedores rurales y no ha escatimado elogios a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que le acompañaba en la mesa de oradores, y a la que se ha referido como ejemplo del "cambio" que él promete para el país. Pese a ello, o tal vez por eso, Cospedal "no hará las maletas" para irse al Congreso, ha asegurado hoy en Toledo el portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban.
Me comprometo a nombrar un responsable que defienda en la UE los intereses de España
En palabras de Rajoy, una reforma de la PAC pasaría por un replanteamiento de la representación del sector agrícola en España. Ya anunció hace un mes en Jaén que crearía un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y hoy lo ha reiterado, prometiendo además una Secretaría de Mujer Rural. "La habrá", ha insistido el presidente antes de añadir: "Me comprometo a nombrar un responsable que defienda en la UE los intereses de España como lo hicieron Loyola de Palacio y Miguel Arias Cañete", amigo de Rajoy y quinto en la candidatura de Madrid tras tras el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.
Otro compromiso que Rajoy ha querido reiterar esta mañana, sin ofrecer más detalles, ha sido el de fomentar la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, si llega a La Moncloa. El discurso de apoyo al medio rural del líder popular se ha ampliado, además, hasta una defensa de las Diputaciones como organismo defensores del campo.
Listas y mujeres
La palabra cambio, tan pronunciada a lo largo de la mañana, no hacía referencia solo a las expectativas del PP ante las elecciones del 20-N. Porque el cambio en el mundo rural significa también conciliación, paridad de oportunidades, igualdad.
Todos han hablado hoy de mujeres. Lo ha hecho Cospedal (la que hace de enfermera, de psicóloga, de ayudante, de todo en la familia). Y lo ha hecho Rajoy, que en una de sus escasas referencias a las listas ha aludido a las mujeres, "mis colaboradoras más próximas", esto es, Soraya Sáenz de Santamaría y Ana Mato, que encabezan la candidatura de Madrid. El presidente del PP ha dado muestra, por otro lado, de algo insólito: una manifestación de apoyo al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en las labores de gestión para la liberación de las dos cooperantes secuestradas en Kenia. "Dos mujeres", en sus palabras, "que esataban atendiendo a miles de personas y lo que quiero manifestar es que vuelvan pronto".
La sonrisa de Rajoy
El candidato del PP ha demostrado también esta mañana que la impasibilidad a veces se puede manifestar también con una sonrisa en los labios y con supuestas muestras de empatía y cariño. Así, durante casi media hora, el candidato a la presidencia del Gobierno se ha paseado por el centro de Ciudad Real antes de clausurar una jornadas sobre mujeres y desarrollo rural en la Universidad con la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
Entre besos, abrazos, apretones de mano y comentarios del tipo "Mariano presidente" o "Mariano campeón", el líder del principal partido de la oposición ha atendido a decenas de ciudadanos que pretendían trasladarle sus "inquietudes". Esas urgencias, en realidad, tenían que ver más con las ganas de sacarse una foto a su lado que con los recortes, el programa o las listas del Partido Popular. En cualqiuer caso, Rajoy se ha esforzado por mostrarse a gusto ante la insistencia de sus simpatizantes. "Esta visita es todo un acontecimiento", apuntaba una señora junto a la plaza Mayor, donde la mayoría de parroquianos han dejado el café o la caña en los bares para verle pasear. "Mírale, mírale, el 20-N ya está aquí", comentaban desde un corrillo.
Rajoy, escoltado por la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y por Vicente Tirado, secretario general del PP en Castilla-La Mancha, no se ha inmutado ni siquiera cuando una joven llamó la atención de todos al reclamar a voz en grito "menos recortes y más educación". Segundos después le esperaba el encuentro con Cospedal, que se ha incorporado al final del paseo, y un café en un bar del centro donde, ya en privado, tal vez ha podido relajar su sonrisa.
www.elpais.es 14.10.11
07. LOS EMPRESARIOS PROPONEN EL COPAGO Y LIMITAR EL DERECHO DE HUELGA
La patronal madrileña remite a la CEOE un documento de máximos ante el 20-N
La patronal madrileña ha colgado en su página web un documento de 27 páginas que contiene una batería de medidas de corte liberal para la recuperación económica. La Confederación empresarial de Madrid (CEIM), que preside Arturo Fernández, plantea avanzar en el copago en la sanidad y la dependencia, limitar el derecho a huelga, reducir la representación sindical en las empresas y se opone a la subida de impuestos, entre otras medidas.
El documento, con fecha del pasado martes, es la propuesta que los empresarios madrileños hacen a la patronal nacional, CEOE, ante las próximas elecciones. "Son propuestas que, con carácter prioritario, inexcusable e inmediato, debemos trasladar al próximo Gobierno", señala el documento titulado "Propuestas de los empresarios de la Comunidad de Madrid para la recuperación económica".
La propuesta incluye un decálogo de medidas que comienza con una iniciativa para "facilitar la financiación a las empresas y reducir la morosidad; establecer moratorias en el pago de impuestos y de las cuotas a la Seguridad Social". La organización empresarial también muestra su oposición "absoluta" a la subida de impuestos. "La organización entiende que el esfuerzo debe hacerse por la vía de la reducción del gasto público", señala el documento que propone un "nuevo marco de relaciones laborales". Plantean un contrato indefinido con indemnización de 20 días por año trabajado hasta un límite de 12 mensualidades como máximo, y una reducción de las cotizaciones sociales. En este punto, el documento incluye dos medidas que limitarían los derechos de los trabajadores: los empresarios proponen limitar la representación sindical en las empresas mediante la reducción de horas dedicadas a la labor sindical. Además, plantean "restringir el ejercicio del derecho de huelga".
En cuanto al sector sanitario recomiendan "avanzar en los modelos de copago en las prestaciones tanto sanitarias, como del Sistema de Atención a la Dependencia". Asimismo, pretenden impulsar la privatización de los servicios sanitarios.
El informe de la organización que preside Fernández, próximo a Esperanza Aguirre y vicepresidente de la CEOE, contiene un bloque de propuestas educativas que parecen un calco de las promesas electorales del PP en las pasadas elecciones: "Impulsar la libertad de enseñanza, la autonomía de los centros y fomentar la colaboración entre educación y empresa".
Los sindicatos mayoritarios, consultados ayer por este periódico, prefirieron posponer a hoy su valoración sobre el documento.
Informe de la CEIM
- No acometer absolutamente ninguna subida de impuestos.
- Contrato indefinido con indemnización de 20 días por año trabajado hasta un límite de 12 mensualidades como máximo.
- Disminución de la representación sindical en las empresas.
- Fomentar la colaboración público-privada (privatizaciones).
- Reducción de los costes del despido y de las cotizaciones sociales.
- Restricción del ejercicio del derecho de huelga.
www.elpais.es 19.10.11
08. AZNAR TILDA AL MOVIMIENTO DE "EXTREMA IZQUIERDA ANTISISTEMA"
El expresidente del Gobierno José María Aznar considera el Movimiento 15-M como "extrema izquierda marginal antisistema", según dijo en una entrevista publicada ayer por el diario ecuatoriano El Universo.
A la pregunta sobre "un movimiento ciudadano" cuyos líderes dicen no estar "contra un Gobierno, un partido, sino contra la forma como los políticos hacen uso de la democracia", Aznar replica: "La democracia española tiene cosas que mejorar y, sin duda, en la situación española, golpeada por una crisis muy dura, hay cosas que mejorar, pero es una democracia consolidada que tiene sus cauces. Lo que fue una cosa más o menos en la que hubo participaciones diversas, no es más que un movimiento marginal antisistema, vinculado a grupos de extrema izquierda; su representatividad no es importante en la vida española".
Preguntado si califica de "marginal" el movimiento de los indignados, Aznar afirma: "Es extrema izquierda marginal antisistema". El presidente de FAES, que ha visitado esta semana el país latinoamericano, hizo declaraciones similares en septiembre.
Cuestión marginal
Después de preguntarle por otros temas, el periódico vuelve a insistir: "¿Llamar marginal al movimiento de los indignados no es descalificarlos?". El expresidente responde: "¿Por qué le da tanta importancia a algo que no lo tiene (eleva el tono)?... Lo que es importante es que en España hay cinco millones de parados, el 45% de gente joven sin empleo, pero eso no se va a resolver ocupando plazas sino haciendo políticas diferentes. No es cuestión de descalificar a nadie, es cuestión de calificarlo como lo que es, una cuestión puramente marginal. España no es Egipto, es una sociedad desarrollada, una democracia consolidada que forma parte de la Unión Europea y que en este momento tiene problemas como consecuencia de malas políticas".
Interrogado por cómo será la relación con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de ganar el PP las elecciones, Aznar, al final de su respuesta, lo deja claro: "España no debe manifestar simpatías por dictaduras, ni por dictadores, ni por dictadorzuelos".
El encuentro concluye con otra cuestión: "Hablando de tolerancia, hace un tiempo en una Universidad de Oviedo usted mostró el dedo medio a unos estudiantes que le gritaron y criticaron. Ese gesto, ¿qué significó?". "Un saludo de cariño", responde Aznar.
www.elpais.es 17.10.11
09. UNA BANDERA FRANQUISTA EN LA FIESTA DEL 12 DE OCTUBRE EN NUEVA YORK
Víctimas de Franco lamentan que la Casa de Galicia en esa ciudad utilizase el emblema del águila en la conmemoración del día de la Hispanidad
Patricio Pedro Escobal, Perico, capitán del Real Madrid y militante de Izquierda Republicana fue condenado a muerte cuatro veces. Eludió la pena capital y se exilió a Nueva York, ciudad que como a él, acogió a un gran número de republicanos que encontraron en el destierro el único modo de salvar sus vidas tras el golpe militar de 1936.
En la ciudad de los rascacielos —donde también recalaron Castelao en 1938 y el cartelista catalán de la Guerra Civil Carles Fontserè— se creó la Casa de Galicia en los años 20, reflotada por el Frente Popular Antifascista Gallego tras la gran depresión económica. Ahora, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera una "falta de respeto" que este centro haya utilizado la bandera franquista durante la conmemoración del día de la Hispanidad, el pasado 12 de octubre.
El acto se celebró en un hotel en Nueva York y se expusieron banderas de diferentes países. España fue representada por el emblema preconstitucional, tal y como se puede observar en las fotos publicadas en una conocida red social. "Se trata de una falta de respeto a las víctimas de la dictadura y un uso incomprensible de una bandera que representó a una dictadura especialmente sangrienta", denuncian desde la ARMH.
La ARMH ha preguntado al consulado español en Nueva York si en el acto hubo representación del Gobierno
Por su parte, Victorio Blanco, miembro de la directiva del centro gallego, ha explicado a este diario que no tuvieron constancia de que se trataba del estandarte franquista y se ha excusado diciendo que alguien les ha podido jugar "una mala pasada". "Se trata de la bandera que había en ese hotel, nosotros no sabemos nada ni tenemos nada que ver con lo sucedido". Preguntado por su postura respecto al uso de símbolos de la dictadura, Blanco señala que de haber sabido que se trataba de esa bandera no la hubieran utilizado "no somos franquistas, somos demócratas", remacha.
La ARMH sostiene que aunque los responsables de la Casa de Galicia mantengan que se trata de un error, "es un insulto a las víctimas" que nadie la retirara y avanza que se ha dirigido al consulado español en Nueva York para saber si en el acto hubo representación del Gobierno de España. De ser así, la asociación de víctimas pedirá explicaciones para saber por qué no se retiró un símbolo que "enaltece una dictadura que ejerció una terrible violencia dentro de España y que obligó al exilio a decenas de miles de hombres y mujeres".
Blanco insiste en que el centro no tiene nada que ver ya que la Casa de Galicia es un "club social, para divertirse". "No somos políticos, nos mantenemos neutrales y creo que el pasado no hay que removerlo por respeto a los muertos. Hay que pasar página", dijo Victorio Blanco sobre el reproche de la ARMH.
www.publico.es 17.10.11
10. SÁNCHEZ DRAGÓ: "SI EL TONTO DE HESSEL HA PUBLICADO '¡INDIGNAOS!' YO HARÉ '¡RESIGNADOS!'"
Sánchez Dragó vuelve a cargar contra Stéphane Hessel durante la presentación de su nuevo libro
Fernando Sánchez Dragó ha vuelto a soltar algunas perlas sobre Stéphane Hessel, cuyo libro inspiró a los indignados, durante la presentación de su libro 'Esos días azules'.
"Ya que el tonto ese de Hessel ha publicado '¡Indignaos!', un insulto a la inteligencia donde no dice nada, y además el tío se está forrando, yo estoy a punto de escribir dos libros iguales de 28 páginas que se llamarán: '¡Resignados¡' y '¡Divertidos!'", ha señalado el escritor.
El pasado junio, Dragó ya comparó a los indignados con Hitler, Franco y Mussolini.
En las páginas de este libro confiesa: "Nací libertino y libertino moriré". Dragó no se cansa de afirmar lo "contentísimo" que se siente cuando sale a la calle y señala que se le van los ojos detrás de las chicas. "Cruzo la carretera aunque la carretera esté llena de coches y el semáforo esté en rojo", ha indicado.
Marihuana, whisky y viagra
Sin ser preguntado, no duda en hablar sobre su vida sexual. "Antes me corría aventuras siete días a la semana, ahora me corro una: me tomo una galletita de marihuana, me echo al bolsillo una petaca de whisky, me tomo diez gramos de cialis —viagra— y me voy".
En este sentido, reconoce que, "excepto en el sexo", no ha notado "ningún síntoma de decrepitud". Acto seguido, saca del bolsillo de su chaqueta un puñado de pastillas y sus últimos descubrimientos para apaciguar la longevidad. "No me entran en una caja", detalla.
La estrategia del calamar
Sorprendido de que el mundo piense que hace "lo posible por llamar la atención", desvela que en su vida ha tenido que llevar a cabo dos tácticas para mantener su intimidad a salvo. Por un lado, huir al extranjero y recuperar el anonimato. Por otro, lo que ha denominado "la estrategia del calamar", es decir, echar tinta y escribir para distraer miradas.
En cuanto a la política, revela que no le interesa "lo más mínimo" y afirma encontrarse "frente a la derecha y a la izquierda". Por ello, se siente asombrado después de que un partido, cuyo nombre no quiere desvelar, le haya ofrecido aparecer en sus listas. "Crearía un problema atroz", reconoce
www.publico.es 18.10.11
11. CASO GURTEL: CAMPS SERÁ JUZGADO TRES SEMANAS DESPUÉS DE LAS ELECCIONES GENERALES
Los socialistas creen que ha logrado dilatar el proceso para beneficiar a Rajoy
El juicio contra el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps por cohecho continuado empezará el 12 de diciembre, tres semanas después de las elecciones generales y casi tres años después del estallido del caso Gürtel. En el banquillo de los acusados le acompañará Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano y exportavoz del partido en el Parlamento autónomo, imputado al igual que Camps por aceptar supuestamente trajes y otras prendas de vestir regalados por la red mafiosa. Según la Fiscalía Anticorrupción, el valor de las dádivas aceptadas por el expresidente ascendió a 14.021 euros, y el de Costa a 7.325.
La vista será el 12 de diciembre, y la elección del jurado el 25 de octubre
Los otros dos acusados en la llamada causa de los trajes, el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, confesaron su culpabilidad en julio y ya han sido condenados. El abogado de Camps también presentó en el tribunal un escrito en el que admitía los hechos, pero en el último momento el expresidente se echó atrás y en vez de ratificarlo prefirió dimitir.
El magistrado Juan Climent, presidente del tribunal del jurado de la causa, dictó ayer el auto de hechos justiciables. Una resolución importante porque contiene la reconstrucción de lo que supuestamente ocurrió, limitando el ámbito de lo que el jurado debe considerar o no probado. Aunque Climent tenía la posibilidad de incluir algunos de los hechos alegados por las defensas, el relato final que recoge el auto se parece mucho al que han descrito las acusaciones.
Orange Market, empresa gestionada por Álvaro Pérez, El Bigotes, organizaba actos del PP valenciano y a partir de 2005 empezó a trabajar a la vez para la Generalitat. Entre 2005 y 2009 se embolsó 6,9 millones de euros solo por el montaje del pabellón valenciano en Fitur y otras ferias menores. La empresa de El Bigotes estaba vinculada a la red de sociedades gestionada por Pablo Crespo y dirigida por Francisco Correa desde su oficina ubicada en el número 40 de la calle Serrano de Madrid.
Pérez y Crespo frecuentaban, en esa ciudad, la tienda Milano en la que el sastre José Tomás trabajaba como director comercial. Acordaron con él un sistema por el que las compras que realizaran ellos o quienes fueran de su parte no se cobrarían en caja sino que se anotarían en una cuenta que Crespo saldaba periódicamente. Cuando el sastre se trasladó a Forever Young, el sistema continuó allí. Entre los beneficiados estuvieron Camps (con 25 prendas de vestir) y Costa (con 10). El objetivo, siempre según el auto, "era el de ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas". Y ambos acusados aceptaron los regalos "a sabiendas de quién asumiría el importe".
Crespo pagó con dinero de las empresas de la red mediante cheques y transferencias bancarias. José Tomás emitía a cambio "facturas por conceptos diferentes de los realmente adquiridos, pero por igual importe que el efectivamente satisfecho", como forma de encubrir los regalos.
El juez aceptó casi todas las pruebas solicitadas siguiendo el principio de que para garantizar los derechos de las partes deben admitirse todas aquellas "cuya impertinencia o inutilidad no conste o resulte manifiesta". El sorteo de los nueve jurados que integrarán el tribunal se celebrará en audiencia pública el 26 de octubre. Para ser declarados culpables serán necesarios los votos de siete de los nueve jurados.
La causa de los trajes llegará a su fin tras una trayectoria lastrada por las decenas de recursos interpuestos por los acusados. "Al final, las maniobras les han llevado a no sentarse en el banquillo antes de las elecciones para no perjudicar a Rajoy", declaró el diputado socialista Ángel Luna. Como para contradecirlo, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmó: "Me alegro de que se haya señalado la fecha del juicio. Si se pudiera celebrar antes, mejor. Estoy convencido de que serán declarados inocentes". Esquerra Unida consideró "absolutamente kafkiano" que Camps y Costa lleguen al juicio siendo diputados valencianos.
Un jurado de la provincia de Valencia
Francisco Camps y Ricardo Costa serán juzgados por nueve ciudadanos de la provincia de Valencia elegidos de una bolsa de cerca de 4.000 que se extrae bianualmente (los años pares) del censo electoral. La ley aprobada en 1995 establece que el tribunal del jurado tiene competencia para conocer una serie de delitos que van del homicidio al incendio forestal. Tienen especial peso los cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus cargos porque el legislador consideró que los ciudadanos serían especialmente sensibles a ellos.
La formación del jurado para el juicio del expresidente valenciano acusado de cohecho empezará el 25 de octubre con un sorteo público en el que se obtendrán 36 nombres del fondo de 4.000 potenciales jurados. Los candidatos serán citados para el día de la vista con la obligación de remitir previamente las posibles faltas de requisitos y excusas por las que consideren que no pueden integrar el tribunal. Están excluidos, por ejemplo, los condenados por delitos dolosos, los policías y los funcionarios de justicia.
Las defensas podrán recusar a cuatro candidatos y las acusaciones a otros cuatro tras interrogarles y sin necesidad de alegar motivos concretos.
El jurado se elige dentro de la misma provincia, según la exposición de motivos de la ley, porque se persigue la proximidad: que los vecinos sean quienes juzguen. El sistema se mantiene para el caso de Camps, aunque supuestamente cometió el delito como presidente de la Comunidad Valenciana y es juzgado por un tribunal cuya competencia se extiende a toda la autonomía. Los críticos del jurado consideran que los ciudadanos pueden verse influidos por la relevancia política de un expresidente. Los defensores responden que lo mismo podría decirse de muchos jueces.
www.elpais.es 19.10.11
12. CASO GÜRTEL: "EL SUJETO PUEDE DESHACERSE DE LA PULSERA CORTÁNDOLA O APAGANDO EL GPS"
Interior pone en duda el control telemático para garantizar que Correa no se fugue
El jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, podría fugarse aun llevando una pulsera telemática. Se puede manipular y cortar. Los informes oficiales que ha pedido el instructor de Gürtel, Antonio Pedreira, para conocer la fiabilidad de esas pulseras, ya están concluidos, salvo el pedido a la Guardia Civil, y no garantizan que Correa acuda al juicio si queda en libertad. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid, superior jerárquico de Pedreira, dictó un auto el 26 de septiembre en el que ordenó quitar al jefe de la red Gürtel la fianza de 15 millones de euros que le tenía puesta el instructor a cambio de la libertad provisional. Pero como opción, los tres jueces de la Sala sugirieron a Pedreira que pidiese informes sobre la fiabilidad de la pulsera y valorase colocar una a Francisco Correa y dejarle libre. Eso sí, con una condición, los informes debían evidenciar "con seguridad absoluta" que ese dispositivo electrónico evitara su fuga. Los informes ya están hechos y dicen que no hay total fiabilidad.
Instituciones Penitenciarias no ve total fiabilidad en el mecanismo
El jefe de Gürtel fue detenido cuando planeaba fugarse a Panamá o Colombia
La pulsera puede cortarse fácilmente o quedar inutilizada eliminando el fluido eléctrico o su sistema de seguimiento a través de GPS. Así se desprende del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía, que se nutre a su vez de otros dos emitidos por Instituciones Penitenciarias y la Subdirección General de Planificación y Coordinación Interinstitucional de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. "El sujeto puede deshacerse del sistema cortando la pulsera o apagando el dispositivo GPS", concluye el informe de Instituciones Penitenciarias, que añade: "Los medios telemáticos de que dispone Instituciones Penitenciarias están destinados esencialmente para el control de internos penados
[Correa sería un caso excepcional dado que es un preso preventivo], cuya clasificación les permite disfrutar legalmente de un régimen de semilibertad".
Este organismo subraya que estos sistemas "están afectados, como todos los que son conocidos por nuestros técnicos, de avatares tales como la pérdida de cobertura, afectación de inhibidores de frecuencia o cortes en el suministro eléctrico o telefónico". Según Instituciones Penitenciarias, estos sistemas son los que se utilizan para alejar a los maltratadores de sus víctimas y controlar a los presos que ya han cumplido casi toda la pena y acceden a un régimen de semilibertad. Pero se trata de reclusos de confianza que difícilmente huirán.
El otro informe, el de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, tampoco ve grandes garantías. Señala que estos dispositivos electrónicos están previstos "exclusivamente" para "verificar el cumplimiento de una medida cautelar de alejamiento o una pena de alejamiento
". Precisa, además, que este "sistema de seguimiento está compuesto técnicamente por dos terminales que interactúan entre sí y cuyo funcionamiento se basa en la tecnología de posicionamiento GPS, coadyuvado por un sistema GS; y otro de radiofrecuencia". Destaca que el dispositivo que se coloca a los maltratadores es similar al que usa Instituciones Penitenciarias para los presos, con el matiz de que el objetivo de este sistema es "poder vincular el equipo que porta la víctima con el que porta el agresor, y así verificar el cumplimiento de la mediad de alejamiento". Añade que este servicio se presta a través de un operativo de control gestionado en régimen de subcontratación por la compañía Securitas Direct. "En cuanto a la fiabilidad de los mecanismos y las medidas de seguridad que los mismos incorporan, señalar que, al igual que los dispositivos gestionados por el Ministerio del Interior, aquellos están dotados de diversos sensores antimanipulación, y su fiabilidad depende del nivel de cobertura que ofrecen los sistemas de localización GPS y, en su defecto, el derivado de los sistemas de localización GSM (celda de atenta de telefonía móvil)". Falta el informe de la Guardia Civil. No obstante, un mando de este departamento señala que el dispositivo no permitiría interceptar a un recluso con pulsera que usase un helicóptero para huir. "En una hora estaría en Francia", subraya.
Correa lleva dos años y ocho meses preso. El juez Garzón, primer instructor de Gürtel, precipitó su detención al saber por pinchazos telefónicos que pretendía huir a Panamá y Colombia. El jefe de la red tiene aun mucho dinero escondido en el extranjero.
La patata caliente cambia de tejado
El juez Antonio Pedreira ha negado la libertad provisional en al menos ocho ocasiones al cabecilla de Gürtel, Francisco Correa. Casi inmediatamente después de cada negativa, sobre su mesa aparecía un nuevo escrito del abogado José Antonio Choclán volviendo a pedirla. Y tras los sucesivos noes, los correspondientes recursos ante sus superiores de la Sala de lo Penal (integrada por el presidente Francisco Vieira y los jueces Emilio Fernández Castro y José Manuel Suárez Robledano). No sin tensos debates y a veces con el voto en contra de Fernández Castro, estos acababan ratificando las decisiones de Pedreira. En mayo pasado, el instructor cambio de criterio y dijo sí a la libertad provisional de Correa pero a cambio de una de las mayores fianzas fijadas en España, 15 millones de euros, consciente de que no podría abonarla y que seguiría entre rejas. De lo que se colige que no se fía de él y teme el escándalo que generaría en la sociedad la eventual fuga de uno de los presos más famosos de las cárceles españolas: por los muchos millones supuestamente robados y las abultadas implicaciones políticas de su red mafiosa.
Pero el giro más fuerte lo dio a finales de septiembre su tribunal de instancia, ya que ordenó a Pedreira que quitase la fianza a Correa y evaluase la opción de dejarle libre con una pulsera telemática. Cerró así la puerta a la posibilidad de una rebaja de la fianza y la abrió, si los informes sobre la eficacia de la pulsera eran favorables, a dejarle en libertad.
El tribunal no se atrevió a asumir en sus propias carnes, y eso que son tres jueces, la opción de liberar al líder de Gürtel y envió la pelota al tejado del instructor. Con unos informes negativos sobre la eficacia de la pulsera, Pedreira tendrá que decidir si lo deja libre o le mantiene preso y sin fianza, en cuyo caso devolverá a sus colegas de Sala la envenenada pelota que le han pasado a él.
www.elpais.es 17.10.11
13. CASO GÜRTEL: ORANGE MARKET LOGRÓ BENEFICIOS DEL 88% CON LA GENERALITAT
Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel que gestionaba Álvaro Pérez, El Bigotes, a quien el expresidente de la Generalitat Francisco Camps llamaba "amiguito del alma", lograba márgenes de beneficio muy poco comunes contratando con la Administración autonómica. Un informe de la Agencia Tributaria incorporado recientemente al sumario del caso Gürtel, basado en documentación intervenida a la red corrupta, desvela que por ejemplo Orange Market invirtió 9.626 euros para llevar a cabo la labor de relaciones públicas en el Open de Tenis celebrado en 2005, patrocinado por el Consell, y facturó 81.700. Es decir, ganó 72.074 euros, lo que representa un margen de beneficio del 88%.
No fue la única ganancia que la empresa de El Bigotes logró del torneo de tenis: el acto de presentación costó 27.000 euros mientras que los costes para la firma se quedaron en 13.000.
Por un acto de la Consejería de Territorio y Vivienda obtuvo 40.733 euros habiendo invertido 7.349. Y por otro de la Consejería de Infraestructura y Transporte logró 44.533 euros habiendo puesto 7.932. Llama igualmente la atención en el estadillo intervenido a la trama y adelantado hace unos días por Público, el hecho de que para elaborar unos vídeos para Vaersa, la empresa pública dedicada a proyectos ambientales, Orange Market se gastó 58.216 euros (9,6 millones de pesetas) y facturó 145.125 euros (21,1 millones de pesetas).
En la muy disgregada investigación del caso Gürtel, repartida entre varios tribunales debido a la presencia de políticos aforados, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano solo ha aceptado investigar la contratación de la trama con la Generalitat relativa a las ferias de turismo Fitur de cinco años. Y ello porque se han hallado indicios de que en dicha contratación habría intervenido la entonces consejera de Turismo, Milagrosa Martínez, hoy diputada de las Cortes valencianas y por tanto aforada. El resto de contratos que el Consell firmó con empresas de la red violando aparentemente la normativa de contratación de la Administración fueron reenviados en mayo al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. El juez no aceptó, sin embargo, ese reenvío y ha pedido al Tribunal Supremo que decida quién debe investigarlo.
La documentación incautada a la trama revela que por el expositor valenciano de Fitur del año 2005, Orange Market se embolsó 801.724 euros, cuando según sus propias cuentas había invertido 515.192 euros.
Es destacable, aunque las cantidades que representaron fueron mucho menores, que la firma de Álvaro Pérez cobró por otros dos conceptos relacionados con Fitur: por una parte, por lo que denomina sin más precisión "extras Fitur 2005" (7.960 euros habiendo invertido 5.857 euros); y por otra, por una celebración descrita como "Fitur 2005, Fiesta Posada de las Ánimas" (aparentemente un local de Madrid cercano a la calle Génova) que costó a las arcas públicas valencianas 4.414 euros y en la que Orange Market gastó 2.404 euros.
En el caso de otro acto, que aparece reseñado como "Feria Valencia CVT" en referencia probablemente al Consorcio Valenciano de Transporte, la empresa de El Bigotes multiplicó por más de tres lo que había invertido: se gastó 48.099 euros y facturó, en cambio, 215.517 euros.
www.elpais.es 17.10.11
14. CASO GÜRTEL: PEDREIRA RATIFICA EL ARCHIVO DE LA CAUSA CONTRA BÁRCENAS SIN DESCARTAR SU IMPLICACIÓN EN OTRAS
El juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha confirmado el sobreseimiento provisional de la causa contra el extesorero del PP Luis Bárcenas y el exdiputado popular por Segovia Jesús Merino. Pedreira desestima varios recursos contra el sobreseimiento e indica que no solo es "competente" para tomar esa decisión en la actual fase del proceso sino que carecen de suficiente solidez los indicios delictivos sobre Bárcenas y Merino. Pedreira da igual valor jurídico a la grabación en la que el jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, cuenta que entregó "1.000 millones de pesetas" a Bárcenas y al testimonio que Correa prestó y en el que matizó que lo que quiso decir es que, como adjudicatario de los actos del PP, había ahorrado al partido esa cantidad en comparación con otras ofertas.
Pedreira precisa que no entra a valorar los indicios contra Bárcenas en los procedimientos desgajados del caso Gürtel que él mismo instruyó y remitió a los tribunales superiores de Castilla y León y Valencia.
Al ratificar el sobreseimiento, Pedreira reitera que tampoco hay pruebas sólidas que revelen que las anotaciones "L", "LB" y "Luis el cabrón", que figuran en la caja B de la red como receptoras de comisones, se correspondan con Luis Bárcenas. El sobreseimiento sobre Bárcenas y Merino es provisional, dado que la Sala del Tribunal Superior de Madrid debe analizar la decisión de Pedreira en el sentido de confirmarla o revocarla. Además, el magistrado tiene que resolver también la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se reabra la causa contra la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Su caso estaba archivado, pero Anticorrupción ha aportado un informe de la Agencia Tributaria que revela un incremento patrimonial aparentemente no justificado: en 2006, Iglesias depositó 500.000 euros en una entidad bancaria de Madrid, en billetes de 500, procedentes supuestamente de la venta de unos cuadros. Hacienda no ve nada clara esa operación. Ella siempre ha manifestado que todas las cuentas familiares las llevaba su marido, lo que podría salpicar nuevamente a Bárcenas.
www.elpais.es 15.10-11
15. C. A ANDALUCÍA: EL EJE FERROVIARIO DESCOLOCA AL PP, QUE LO VE TAN POSITIVO COMO GRAVE
El presidente de la Diputación de Málaga alienta a la movilización popular
Para el PP de Andalucía no parecen existir imposibles, lo quiere todo, pese a la pared que levantan los ajustes económicos y las carencias financieras, con tal de no tener ni una sola voz disconforme. La reacción del partido al proyecto de corredor ferroviario europeo anunciado ayer por la Unión Europea es un claro ejemplo. El PP quería el elegido, pero también el descartado, así que en sus valoraciones caben lo mismo los términos "positivo" que "agravio".
La Junta se da por satisfecha salvo por la exclusión del puerto de Motril
En Algeciras se celebra el trazado porque colma todas sus reivindicaciones
Nada mejor que las palabras del presidente regional, Javier Arenas, para ilustrar la situación. Consideró "muy importante" que el eje central llegue hasta Algeciras, "positivo" que el corredor mediterráneo lo haga hasta Almería y pueda conectar por el interior con Granada y Sevilla, pero "gravísimo" que "queden excluidos" el litoral almeriense, granadino y "toda la provincia de Málaga". El dirigente popular olvidó que el eje recorre la provincia de Málaga de norte a sur con estaciones en Antequera y Ronda, ciudades ambas gobernadas por su partido.
El corredor considerado prioritario por Bruselas, y que por tanto podrá beneficiarse de ayudas europeas para su ejecución antes de 2020, atraviesa estas tres provincias, pero en vez de por la costa, por un trazado este-oeste que se prolonga hasta Sevilla y que en Antequera se cruza con el eje central que discurre entre Algeciras y Madrid.
Este trazado, que es el dibujado por el Gobierno y la Junta en el convenio suscrito por ambos hace siete años para construir el denominado eje transversal de Andalucía, permite la conexión de todos los grandes puertos andaluces por alta velocidad ferroviaria (solo quedaría excluido Motril) y repite en la modernidad de las altas prestaciones el mapa convencional de las comunicaciones ferroviarias andaluzas.
Antequera recupera su protagonismo como eje donde se cruzan las dos líneas de altas prestaciones, pero ahora reforzado además con la construcción del puerto seco junto a la estación de Santa Ana y del anillo ferroviario para experimentación de trenes de alta velocidad.
Pese a ello, la reacción más furibunda se produjo en el PP de Málaga, indignado porque el corredor no pase por la capital y la Costa del Sol, que tiene aún pendiente sin horizonte definido el tren litoral que mejore el transporte de viajeros en la zona, algo distinto al eje transeuropeo. El presidente provincial del PP, que también lo es de la Diputación, Elías Bendodo, consideró que se trata de un agravio de tal calibre que requiere una movilización de los ciudadanos. "Es un error histórico, la puntilla del socialismo a Málaga, a la que deja sin el tren del progreso".
El alcalde de la capital, Francisco de la Torre, lamentó que "una vez más se ha elegido la Andalucía del Guadalquivir para conectarla al Mediterráneo" y dijo que se trata de un "olvido más del Gobierno" hacia Málaga.
De la Torre se mostró confiado en que si el PP llega al Gobierno en las elecciones del 20-N se producirá una rectificación y anunció que el Ayuntamiento presentará alegaciones a la UE. El portavoz de Infraestructuras del PP en el Parlamento andaluz, Jaime Raynaud, consideró que el anuncio de la UE es "una mala noticia para las provincias costeras" y conminó a la Junta y al Gobierno a terminar el eje transversal, porque el proyecto elegido "les obliga y refuerza su responsabilidad".
Entre tanto, la Junta se mostró satisfecha al 95% con la decisión de Bruselas porque "articula muy bien" Andalucía y permite la conexión de todos los puertos por alta velocidad ferroviaria menos el de Motril, que es el motivo del 5% restante, según explicó la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz.
También el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, consideró en Algeciras que Andalucía "ve fortalecida su posición en el mapa de los transportes europeos", informa Cándido Romaguera.
En Algeciras, puerto origen y destino de todos los trazados en discusión, se celebró la decisión de la Unión Europea, porque según expresó el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Morón, "se han cumplido todas nuestras expectativas porque se han incluido todas las demandas que nuestros operadores han venido planteando".
www.elpais.es 20.10.11
16. C. A ANDALUCÍA: EL PP DICE QUE LA SENTENCIA DE LA ZONA FRANCA ES "POLÍTICA"
El PP no asume responsabilidad alguna tras la contundente sentencia del Tribunal de Cuentas que ha condenado a los dos exdelegados de este partido en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, por las irregularidades detectadas durante su gestión y por la puesta en marcha del portal informático Rilco.
Les obliga a devolver a ambos 4,3 millones de euros. El presidente provincial del PP, José Loaiza, asegura que la sentencia tiene carácter "político" por haberse resuelto a un mes de las elecciones y ataca a la Abogacía del Estado que denunció a ambos dirigentes. "Me extraña que los mismos que permitieron ciertas actuaciones, son los que luego informaron en contra", sostiene.
El argumento del PP es el mismo usado por la defensa de Miguel Osuna, el único exdelegado al que sigue apoyando la dirección popular. Osuna ha recurrido la sentencia en plazo. Rodríguez de Castro rompió ayer su silencio en Twitter. Comparó Rilco con el portal de Yahoo!
www.elpais.es 20.10.11
17. C. A ANDALUCÍA: EL TRIBUNAL DE CUENTAS CONDENA LA GESTIÓN DEL PP EN LA ZONA FRANCA
La sentencia ordena devolver 4,32 millones a dos exdelegados en Cádiz
El Tribunal de Cuentas cree que el agujero económico ocasionado en la Zona Franca de Cádiz durante la gestión del PP al frente de este organismo entre 2000 y 2004 tiene dos responsables contables directos: los dos exdelegados Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna. La sentencia del máximo órgano fiscalizador del Estado sobre la Zona Franca, conocida ayer, les obliga a pagar un total de 4,32 millones de euros. Esta investigación es paralela a la instrucción penal, cuya fecha de juicio sigue pendiente de fijarse. El Tribunal de Cuentas cree que Rodríguez de Castro actuó intencionadamente para su propio beneficio mientras que ve la actuación de Osuna como "una grave negligencia".
Fondos del proyecto Rilco acabaron en cuentas del delegado Rodríguez de Castro
El tribunal cree que Osuna cometió una negligencia grave en su gestión
El proyecto Rilco, un portal informático para el comercio electrónico con América Latina, es lo más cuestionado en el informe de fiscalización de la segunda etapa del PP en la Zona Franca, que dio pie a la sentencia. Abarca año y casi tres de meses de gestión de Rodríguez de Castro, hasta que dimitió el 19 de febrero de 2001, acuciado por los escándalos y las denuncias. Incluye todo el mandato de Miguel Osuna hasta el cambio de Gobierno en 2004, cuando fue relevado por el socialista José de Mier, quien continúa en el puesto.
Rilco fue el proyecto personal de Rodríguez de Castro. Ideó el portal informático y adjudicó el contrato a una empresa de Miami, que incumplía el pliego de condiciones y con la que mantenía relaciones directas. Algunos pagos los firmó días después de su cese.
La sentencia es muy dura contra Rodríguez de Castro. El tribunal da por bueno el informe de la Abogacía del Estado que demostró que dinero pagado por la Zona Franca a Rilco terminó ingresado en cuentas de Rodríguez de Castro. Además de por los fondos aprobados irregularmente para este proyecto, le condena a reintegrar a la Administración 5.670 euros por algunos pagos con tarjetas y contratos de asesoría en imagen no justificados. Es una práctica ya detectada en la fiscalización de su primera etapa hasta 2000, cuando fue condenado a pagar 208.000 euros. "Su afán fue menoscabar el patrimonio público. Su responsabilidad contable lo ha sido a título de dolo", se lee en la sentencia.
El tribunal no es tampoco benevolente con Miguel Osuna, aunque no ve intencionalidad en su actuación sino una "grave negligencia". Osuna siempre ha defendido su inocencia y durante su declaración argumentó que desconocía la verdadera naturaleza de los pagos que aprobó durante su mandato como herencia de lo dejado por su antecesor.
Osuna también acusó a la Abogacía del Estado de no haberle informado. La sentencia le desmiente en este punto. "La Abogacía tuvo una diligente intervención en defensa de la legalidad". Y arremete contra el exdelegado. "Todo gestor está obligado a velar por las irregularidades y no podrá alegar que los daños que se imputan son consecuencia de los gestores que les precedieron".
Osuna es quien más dinero tiene que pagar por haber aprobado cantidades de mayor valor para Rilco. En total, tendrá que abonar 2,67 millones de euros por el contrato del portal informático y la devolución de las ayudas públicas recibidas, sin contar los intereses. Rodríguez de Castro suma una condena de 1,64 millones de euros, a los que habrá que sumar también los intereses.
La sentencia, que es recurrible, es un duro varapalo al argumentario del PP de Cádiz que, aunque ha renegado de Rodríguez de Castro, sigue defendiendo a Osuna como un buen gestor. Ayer el PSOE pidió responsabilidades a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Aunque son investigaciones distintas, es un precedente de lo que puede pasar en la instrucción penal, que tiene pendiente fijar la fecha de juicio, y donde ambos exdelegados aparecen imputados por varios delitos como malversación de caudales públicos.
www.elpais.es 15.10-11
18. C. A ANDALUCÍA: LA POLICÍA LIGA AL ALCALDE DE ALHAURÍN CON LOS COHECHOS DEL 'CASO TROYA'
El juicio del caso Troya, sobre la trama de corrupción urbanística en Alhaurín el Grande (Málaga, 22.000 habitantes), vivió ayer uno de sus momentos clave con la declaración del inspector de policía al mando de la investigación. Este agente relató al tribunal todos los indicios que llevaron a la detención e imputación del alcalde alhaurino, Juan Martín Serón, del PP, en enero de 2007.
La investigación arrancó con la denuncia de promotor, que contó a la policía que el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, con la connivencia del alcalde, le estaba pidiendo 120.000 euros a cambio de una licencia de obra. Este dinero debía entregarse supuestamente en metálico en la empresa Conextran, de Alhaurín.
Tras la denuncia, el promotor se entrevistó con el edil Guerra, también procesado, y grabó la conversación en la que este le solicitaba el soborno.
El inspector aseguró ayer ante el tribunal que existen "tres elementos fundamentales por los que se involucra al alcalde". El primero es que en la conversación grabada se escucha cómo Guerra le dice al promotor "que Juan [presumiblemente Martín Serón] le dice que tire para adelante". Esta manifestación indica, a juicio del policía, que "hay un mandato de un superior jerárquico" para solicitar el dinero, y que el mismo promotor, testigo protegido en la causa, también entendió que se trataba del regidor.
El segundo indicio es que Martín Serón, pese a haber delegado las competencias urbanísticas en Guerra, "participa" en la concesión de licencias. Finalmente, los agentes se fijaron en las relaciones "indirectas" entre la empresa Conextran, donde debía depositarse el pago, y el regidor. El inspector recordó que la asesoría fiscal propiedad de Martín Serón y su esposa llevaba las cuentas de Conextran.
www.elpais.es 21.10.11
19. C. A. CASTILLA Y LEÓN: EL ALCALDE DE VALLADOLID DEFIENDE EL COPAGO FARMACÉUTICO
Javier León de la Riva cree que habría que primar en el pago de las medicinas al parado con hijos frente al jubilado con propiedades
El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha defendido el copago farmacéutico con el objetivo de discriminar positivamente a un parado con hijos frente a un pensionista con propiedades.
Así se ha pronunciado el regidor vallisoletano en una intervención en "Los Desayunos de Santa Cruz" de la Universidad de Valladolid (UVA), donde ha comentado que existe la necesidad de "explorar" la posibilidad de un copago de las prestaciones farmacéuticas en pro de una "equidad" que evite que pensionistas con recursos no paguen unos medicamentos que sí tienen que abonar un parado con hijos.
Según ha precisado De la Riva, cada vez que va a la farmacia suele ver a dos o tres "supuestos pensionistas" con "catorce o quince recetas rojas", algo que en ocasiones, ha dicho, puede suponer "un auténtico fraude a todos los demás". Por ello, ha insistido en su convencimiento de que habría que primar en el pago de las medicinas al parado con hijos frente al jubilado con sendas propiedades que no paga.
En declaraciones recogidas por la Cadena Ser, De la Riva ha concluido que es "injusto" que un parado con cuatro hijos tenga que pagar mientras todos los jubilados no. "Habría que analizar si todos los jubilados tienen derecho a las recetas gratuitas", ha precisado.
www.publico.es 18.10.11
20. C. A GALICIA: EL GASTO SOCIAL CAE EN 2012 CUATRO VECES MÁS QUE EL PRESUPUESTO DE LA XUNTA
Las consellerías de Educación, Sanidade y Benestar pierden 52 millones de euros, 40 millones más que el conjunto de las cuentas autonómicas
Los Presupuestos de la Xunta se mantienen estables en 2012, con apenas 12 millones de euros menos que en 2011, después del recorte aplicado el ejercicio anterior. Ello no impedirá que las tres consellerías que concentran el gasto social, Educación, Sanidade y Traballo e Benestar, pierdan conjuntamente 52,4 millones de euros, una cantidad que cuadruplica la caída total de los gastos de la comunidad autónoma. Traballo e Benestar se lleva la peor parte, 20,6 millones de euros menos, mientras que Sanidade cae 16,4 millones. Educación e Ordenación Universitaria tendrá a su disposición un presupuesto inferior en 15,4 millones al que ha gestionado este año.
El instituto de promoción económica pierde 168 millones
La conselleira dice que las tasas son más justas que los impuestos "coactivos"
Todos estos datos figuran en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2012, que la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, presentó ayer en la Cámara para iniciar su tramitación parlamentaria. Los más de 52 millones que cae el gasto social este año se suman a los 390,8 de recorte en las cuentas de 2011, por lo que Galicia habrá perdido 443 millones de euros anuales en dos años.
Excluido el gasto financiero, que se dispara, el de las consellerías crece en su conjunto un 1,1%. Tendencia distinta tienen las consellerías de rango social, que caen entre el 2,2% de Traballo e Benestar y el 0,5% de Sanidade. Educación lo hace un 0,7%. En términos absolutos, son las que más bajan después de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, aunque esta compensa la caída con el recurso a programas de colaboración público-privada.El tijeretazo en la consellería más inversora, la de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, asciende a 55,9 millones de euros, lo que supone un descenso del 9,8%. En la rueda de prensa posterior a la entrega del proyecto de ley en el Parlamento, Fernández Currás aseguró que con el recurso a vías extrapresupuestarias para garantizar las inversiones, en referencia a la colaboración público-privada, el saldo será un incremento del 8,8%. Pese a esta explicación, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, no tardó en reclamar ayer mismo una mayor inversión productiva, con el fin de "contrarrestar" la caída. Fontenla tachó de "mala noticia" el recorte de la inversión en el departamento que dirige Agustín Hernández.
El resto de consellerías sufren ajustes menores, no superiores a los 6,4 millones de euros de la de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e incluso aumentos, caso de la de Economía e Industria, que tendrá 4,6 millones de euros más a su disposición. La titular de Facenda aseguró que el gasto social "gana peso" en los Presupuestos de 2012, aunque lo cierto es que el valor relativo de Educación, Sanidade y Traballo e Benestar cae globalmente 1,3 puntos (0,4 Educación y Traballo, y 0,5 Sanidade).
Como es costumbre desde que Alberto Núñez Feijóo está al frente de la Xunta, la deuda de Galicia se dispara. En lo que va de legislatura, ha pasado de 3.900 millones a 6.900, a falta de cerrar el ejercicio de 2011. Los Presupuestos de 2012 añaden otros 826 millones de deuda bruta, aunque Currás resaltó que "no se agota el máximo permitido". En cualquier caso, la carga financiera se dispara. El año próximo, el Gobierno gallego tendrá que hacer frente a unos gastos financieros de 293,1 millones de euros, frente a los 195,5 que pagó en 2011. Esto significa un incremento de 97,6 millones, es decir, un 49,9% más que en los Presupuestos aún en vigor. Si en 2011 la Xunta destinó el 2,1% de sus Presupuestos a pagar la deuda, el próximo año deberá aumentar la partida al 3,1%.
La conselleira de Facenda destacó la apuesta por el empleo y la promoción económica que supone el incremento presupuestario de la Consellería de Economía e Industria. Pasa de 209,9 millones de euros a 214,5 millones. Este aumento se ve, sin embargo, compensado con la caída presupuestaria de su brazo de apoyo a las empresas, el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que si ya en 2011 perdió casi 40 millones de euros, ahora ve cómo su partida se reduce a menos de la mitad. Frente a los 304,1 millones de euros de que dispuso este ejercicio, pasa en 2012 a 136 millones de euros. En dos años habrá perdido 210 millones de euros disponibles. La partida más afectada del Igape, un organismo descabezado por la implicación de su director y un subdirector en la Operación Campeón, es la de préstamos a empresas. De los 175 millones de euros facilitados en 2011 pasará a 50 millones, una caída del 71,4%.
Después de la indefinición en que se debatió la Xunta cuando el Gobierno anunció la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, el Ejecutivo de Feijóo lo ha incluido en sus Presupuestos en los términos aprobados por el Ministerio de Economía e Facenda, es decir, con un mínimo exento de 700.000 euros. Las arcas de la comunidad autónoma ingresarán por este concepto 35 millones de euros. Otros cinco millones llegan por un impuesto de nueva creación, que gravará el juego. Frente a las críticas del Consello Económico e Social de Galicia al incremento de las tasas que contemplan los Presupuestos, Currás defendió que estas son "más justas" que los impuestos, ya que están "asociadas a un servicio", mientras que los impuestos son "coactivos".
FRACASO DEL MODELO DE FINANCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Cuando presentó los Presupuestos de 2011, hace justamente un año, Marta Fernández Currás logró tapar con lo que denominó "financiación específica" la caída de las inversiones de la Xunta. Pasaban de 1.250 millones a 804, pero a ellos les añadió 504 de inversión extrapresupuestaria para presumir del "mantenimiento del esfuerzo inversor". En realidad, una caída de más de 200 millones.
El recorte ha sido mucho mayor. De los 500 millones de inversión extrapresupuestaria, en su gran mayoría por el método de colaboración público-privada, la Xunta solo logró reunir 143. "Por distintas causas", se limitó a explicar la conselleira de Facenda. Según Currás, de esos 500 millones, 400 eran de colaboración con el sector privado, que adelanta la financiación y empieza a cobrar cuando entrega la obra, por lo que no computa como déficit. Han quedado sin adjudicar, por lo tanto, 257 millones de euros.
A la vista del fracaso de este modelo, contra el que advirtió el Consello de Contas por condicionar presupuestos futuros, la Xunta ha reducido sus previsiones en 2012 a 400 millones, en los que entran esos 257 que quedaron sin contratar. De esta manera, solo 143 serán para obras y proyectos nuevos.
Los Presupuestos incluyen un cuadro de contratos de colaboración con el sector público que reflejan claramente el impacto futuro de obras como el hospital de Vigo. Desde 2014, quien gobierne deberá pagar en torno a 46 millones de euros actualizables hasta 2033. Más de 1.000 millones, para un contrato de 325.
www.elpais.es 21.10.11
21. C.A GALICIA: BRIGADISTAS DEJAN FUEGOS ACTIVOS POR ACABAR SU CONTRATO
Los bomberos de Medio Ambiente abandonaron Ourense en plena faena
Tres brigadas (BRIF) del Ministerio de Medio Ambiente que estaban combatiendo los incendios forestales de Manzaneda y del Xurés, en Ourense, abandonaron a las 12 de la noche del pasado viernes sus tareas de extinción por acabar a esa hora su contrato y habérseles denegado la continuidad laboral. El ministerio prorrogó de modo extraordinario el martes la contratación parcial de algunas de estas BRIF, aunque la que tiene base en Laza (Ourense) es la única que sigue operativa en la provincia y con la mitad de efectivos. La intensidad del fuego remitió ayer en la provincia, mientras la policía detenía a un presunto incendiario en Ferrol (A Coruña).
Desde junio se sabía que los contratos de las BRIF finalizarían el 15 de octubre. Hasta esa fecha, durante la ola de incendios que ha asolado unas 6.000 hectáreas en Ourense, en la provincia estuvieron trabajando las BRIF de Tineo, La Iglesuela (Toledo) y Laza. Cada brigada está integrada por unos 60 bomberos forestales, con contratos de fijos discontinuos y un salario mensual de unos mil euros. Todos estaban prevenidos de que el día 15 pasarían a disfrutar las vacaciones que les corresponden por el tiempo trabajado y que a su término serían despedidos, sin ninguna garantía de contratación para el próximo año. Entre los brigadistas había cundido el malestar por estas condiciones.
La explicación que los brigadistas recibieron del ministerio remitía a la falta de dinero y a que tampoco había trabajo. Fuentes de Medio Ambiente han precisado a EL PAÍS que los coordinadores de la extinción -de la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia- eran conocedores de la situación, y que cuando por alguna circunstancia extraordinaria -como está siendo la de Ourense- se solicita la ampliación del dispositivo fuera del periodo marcado, el ministerio evalúa la situación y procede a realizar las contrataciones oportunas, siempre como refuerzo de los medios propios de la comunidad autónoma. Es lo que hizo el martes, tras solicitarlo la Xunta.
En ninguna otra campaña ha tenido la zona norte de la Península un dispositivo de refuerzo tan potente y capaz como ahora, según las mismas fuentes. Incluso durante los días que no trabajaron las BRIF, el operativo ha cuadriplicado sus medios de campaña -que en Galicia absorben el 33% del esfuerzo del ministerio en toda España- para responder a la multitud de incendios desatados.
Por otra parte, ayer mismo continuaban desplegados en Ourense 843 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), combatiendo los incendios de Vilariño de Conso, Manzaneda, Montederramo y Calvos de Randín. La Xunta daba cuenta de que la intensidad de días anteriores se había atenuado, con el control o extinción de la casi totalidad de los fuegos de días anteriores.
Desde la Xunta se ha enfatizado estos días en la "actividad criminal" de los incendiarios como causa primordial de la multiplicación de los fuegos. Ayer fue detenido el presunto autor del que se declaró el domingo en Marmacón-Ferrol, que afectó a casi dos hectáreas.
www.elpais.es 21.10.11
22. C.A GALICIA: LOS PARTES DE LA XUNTA DESMIENTEN LA TESIS DE FEIJÓO SOBRE LA OLA DE FUEGOS
Los incendios intencionados son el 51,6% y no el 90% como afirma Medio Rural - El 'superdelegado' de Ourense se fue al Bernabéu mientras ardía la provincia- En lo que va de año se ha detenido a 144 incendiarios, 24 más que en 2010
Son datos oficiales de la Xunta. Están en el registro de la Dirección Xeral de Montes de la Consellería de Medio Rural. Y contradicen la versión que pregona el Gobierno gallego, con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, a la cabeza y el equipo del departamento que lidera Samuel Juárez. Según las estadísticas internas que maneja Medio Rural y a las que ha tenido acceso EL PAÍS, el pasado fin de semana no se produjeron 400 incendios como ha repetido el Ejecutivo del PP en comunicados y declaraciones públicas, sino 219, que quemaron 5.342,66 hectáreas (3.851,06 de superficie rasa y 1.491,6 de arbolado).
Ayer mismo, tras participar en el Comité Integrado de Prevención de Incendios, junto al titular de Presidencia, Alfonso Rueda; la subsecretaria del Ministerio del Interior, Pilar Gallego, y el delegado del Gobierno, José Manuel Pose Mesura, el conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, aseguró que en lo que va de octubre se han declarado 1.400 incendios, y que "no hay precedentes de algo igual". No es lo que revelan los partes de su consellería, que computan entre el 1 y el 19 de este mes 670 fuegos, menos de la mitad de los que confirmó Juárez, y que se llevaron por delante 8.535,14 hectáréas, a falta de sumar la superficie de lo que ayer ardía en Ourense, un dato que el conselleiro y el director general de Montes, Tomás Fernández-Couto, se resisten a facilitar.
Durante las últimas horas, y a la vista de las dimensiones que ha cobrado la crisis, los responsables del dispositivo reiteran que es una intencionalidad criminal nunca vista la que está detrás de las llamas. Lo repitió Juárez ayer, junto a Rueda, quien advirtió "a los delicuentes que serán cazados". El propio Feijóo habló el martes, de una "intencionalidad sin precedentes" en la quema del bosque, a la que Fernández-Couto, responsable del dispositivo, puso cifras: "El 90% son provocados, se multiplican en horas nocturnas".
Lo que dicen los partes de la Xunta es que, de los 670 fuegos de este mes, fueron intencionados 346, el 51,6%, porcentaje que no difiere en nada de los de años anteriores.Las estadísticas con membrete de la Xunta -que parten del trabajo sobre el terreno realizado por agentes forestales, policía y Guardia Civil- prueban que, lejos de ser una ola de incendios excepcional, durante los primeros 18 días de octubre se desataron 670 fuegos, menos de la mitad que en los períodos punta (semanas con condiciones extremas de temperatura, viento y humedad) de los últimos años.
Desde 1998 hasta 2010 los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado registran series de 11 días en distintos ejercicios en los que se han producido hasta 3.080 fuegos en semana y media. Fue en 1998, un ejercicio excepcional, pero lo común es que estos períodos que se repiten cíclicamente cada año acumulen una media de 1.600 incendios en menos de dos semanas. Durante la crisis que tuvo lugar con el bipartito en agosto de 2006, se desataron 1.911 en 12 días y ardieron 77.000 hectáreas en una catástrofe medioambiental sin precedentes que arrasó montañas enteras de Pontevedra, A Coruña y, en menor medida, Ourense.
Otra cosa es que el dispositivo de Medio Rural en pleno octubre no estuviera a pleno rendimiento, con los todoterrenos aparcados desde el verano y buena parte de las cuadrillas ya despedidas. Que el operativo de la Xunta no estaba preparado para una alerta de este tipo en otoño lo admitió ayer el propio director general de Montes, Tomás Fernández-Couto. En una entrevista concedida a Radiovoz aseguró que "sería absolutamente absurdo tener medios sufientes paras atender una media de 150 incendios diarios" y reconoció que "es impensable e irracional pensar que estas cosas puedan ocurrir".
Pese a dichas informaciones, tanto Fernández-Couto como el conselleiro Juárez y el Partido Popular deslizan estos días que lo que falla es la vigilancia policial, algo que tampoco puede deducirse de los cuadros que maneja Medio Rural. Pese a haber ardido en lo que va de año, 24.283 hectáreas, tanto la Guardia Civil como la policía autonómica han detenido en estos 11 meses a 144 personas, 14 más que las que se arrestaron en todo 2010 y solo cuatro menos de las detenidas durante todo 2006, el peor año para el monte en la última década. Más del 80% lo fueron por imprudencias que acabaron ocasionando las llamas. La policía autonómica anunció ayer el arresto de un hombre al que acusa de provocar dos fuegos en A Peroxa (Ourense), a mediados de septiembre.
Otro día más, el PSdeG criticó la gestión de la crisis que está haciendo la Xunta y censuró que Feijóo visitase ayer "de tapadillo" zonas quemadas de Lobios y Piñor. El secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, calificó de "cobarde y vergonzante" el periplo de Feijóo "quien evitó las quejas de los vecinos", y comparó su trayecto clandestino con la foto de hace cinco años cuando se plantó en el bosque "provisto de manguera y medios de comunicación", una imagen que le obligó a pedir perdón.
También ayer, el Juzgado de Instrucción número 2 de Redondela archivó los dos procesos penales que instruía contra los responsables de las brigadas forestales y contra el supuesto autor de un incendio el verano pasado en Fornelos de Montes (Pontevedra) que causó la muerte a dos brigadistas de la Xunta. Las familias de los fallecidos ya han anunciado que recurrirán el auto de archivo.
www.elpais.es 20.10.11
23. C. A GALICIA: EL 'SUPERDELEGADO' DE LA XUNTA SE FUE AL BERNABÉU MIENTRAS ARDÍA OURENSE
Arde Ourense, pero el superdelegado de la Xunta en la provincia, Rogelio Martínez, merengue confeso, no quiso perderse el martes el partido del Real Madrid con el Olympique de Lyon, que presenció en el estadio Santiago Bernabéu. El episodio recuerda aquel otro histórico de Manuel Fraga y Francisco Álvarez-Cascos, a la sazón ministro de Fomento, importunados en sendas jornadas de caza por el naufragio errático del Prestige.
Rogelio Martínez, según ha precisado él mismo a este periódico, no abandonó el pasado martes la provincia en llamas para animar en vivo a su equipo contra los franceses, sino que el motivo primordial de su viaje a Madrid fue el de acompañar a su hijo y a su nieta, que vinieron a visitarle el fin de semana y a quienes, precisamente por culpa de los incendios, apenas había podido prestar atención. Salieron a las cuatro de la tarde y a las tres de la mañana el superdelegado asegura que ya estaba de vuelta. "No se puede estar coordinando [la lucha contra los incendios] las 24 horas del día", adujo ayer. Ya está todos los días en esa tarea desde las siete de la mañana y, además, el martes, en esas horas de ausencia, "ya no había nada que hacer" por su parte. Salvo comprobar -ya que nunca perdió el contacto con Ourense- la contumacia de los "agentes delictivos" que seguían quemando el monte mientras se sucedían los cuatro goles madridistas de "un partido más". "Mi vida no es el fútbol", explicó.
www.elpais.es 20.10.11
24. C. A GALICIA: FEIJÓO ACHACA LOS FUEGOS MASIVOS A UNA "INTENCIONALIDAD SIN PRECEDENTES"
Casi la mitad de los municipios de Ourense, a merced de las llamas
La "delincuencia forestal", cargada con "una intencionalidad sin precedentes", es la que ha provocado que en la provincia de Ourense -asediada desde el sábado por más de 100 fuegos al día, y donde ayer las llamas se ensañaban con los montes de casi la mitad de sus 92 municipios - las brigadas de extinción estén desbordadas y los vecinos tengan que plantar cara a las llamas con xestas y purines frescos para defender sus casas. Así explicó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la situación de emergencia que sufre Ourense. "Los 400 fuegos en tres días, la mayoría por la noche, la mayoría concentrados y la mayoría siguiendo los mapas de comunicación, acreditan que lamentablemente en Galicia hay un problema enorme con la delincuencia forestal", sentenció Feijóo.
Las palabras de ayer del actual presidente de la Xunta pretendían rebatir las críticas de PSOE y BNG, pero en realidad estaban rebatiendo al propio Feijóo. Fue hace cinco años, cuando él era el líder de la oposición y al bipartito le tocaba gestionar una ola de fuegos. Entonces el popular afirmaba que más de cien fuegos diarios es un número "normal en momentos de crisis de anteriores años" y que atribuir la catástrofe a que "ahora hay incendiarios y antes no, o a las condiciones climatológicas" es "desconocer la realidad". "Galicia recuerda a un país africano donde la gente tiene que proteger sus bienes con cubos y solventar personalmente sus problemas", proseguía Feijóo en agosto de 2006 sobre la gestión del bipartito. Y remachaba: "No podemos evitar decir que es el peor operativo de los últimos 20 años".
El Feijóo de 2011 opina que la oposición debe estar "a la altura" para combatir "a los verdaderos culpables" de los incendios que, subraya, "no son ni las brigadas ni el dispositivo, nunca lo fueron". "Éste es el momento de vigilancia, extinción y denuncia, no de hacer política ni partidismo", afirmó ayer Feijóo, quien se niega a reconocer ninguna relación entre la expansión de las llamas y la negativa de su Gobierno a prorrogar más allá de septiembre los contratos de los brigadistas que trabajan en verano pese al inusual calor de este mes de octubre. El dispositivo de extinción, según el presidente de la Xunta, "funciona" y la situación no tiene nada que ver con la que vivió Galicia en agosto de 2006. Entonces "el problema era que no se apagaban a tiempo".Mientras Feijóo defendía su gestión con los argumentos que tanto criticó desde la oposición, el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, recorría las zonas arrasadas en Ourense por las llamas y reclamaba, como también hizo Feijóo en 2006 cuando el socialista era conselleiro de Medio Ambiente, la creación "inmediata" de un gabinete de crisis formado por las consellerías de Presidencia, Medio Ambiente y Medio Rural y los Ayuntamientos y Diputaciones afectados por el "drama" de los incendios, informa Europa Press.
Desde lo alto del Monte Meda, divisando tres fuegos en Parada de Sil, Montederramo y Maceda (Ourense), afirmó que los ciudadanos están "abandonados" por la Xunta, que mantiene "una postura oscurantista y lo niega todo": "Es increíble ver que seamos noticia en España mientras existe un silencio cómplice de la Xunta y los medios de comunicación públicos de Galicia".
"Esto no es austeridad, sino temeridad, y está teniendo unas consecuencias gravísimas", alertó el líder socialista, en alusión a los "tres años" en los que "no se han aplicado políticas de prevención, no se ha financiado la protección de los núcleos rurales y se desmanteló todo el operativo de prevención de fuegos". Y como también hizo el PP durante la ola de incendios de 2006, el PSdeG ha anunciado que constituirá su propio gabinete de crisis con alcaldes y diputados del partido. Hace cinco años, dice Vázquez, Feijóo "enseñaba mapas de la NASA" para denunciar los estragos de las llamas en la comunidad. "Ahora ha pasado a ocultar los mapas de la consellería", lamentó.
"Señor de la manguerita"
Para el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, "el Gobierno gallego no está al frente de este problema, echa balones fuera, y el señor de la manguerita se fue con la manguerita a Buenos Aires", en alusión a la polémica imagen de Feijóo durante la ola de fuegos de agosto de 2006 intentando apagar un pequeño fuego y a su viaje de este fin de semana al cono sur para participar en mítines del Partido Popular.
Los nacionalistas, que controlaban la Consellería de Medio Rural en la crisis de hace cinco años donde ardieron 77.000 hectáreas en 12 días, sostienen que el PP "siempre utilizó los incendios como arma política, desde la época de Fraga, con Feijóo en la oposición". "Nosotros no vamos a hacer lo mismo que ellos hicieron, pero Galicia arde", apostilló Vázquez, quien denuncia que la Xunta "no tiene los efectivos adecuados para combatir la ola de incendios".
www.elpais.es 19.10.11
25. C. A GALICIA: CONDE ROA GASTA 147.000 EUROS EN AUDITAR EL AYUNTAMIENTO
El ejecutivo local de Santiago, que dirige el popular Gerardo Conde Roa, ha iniciado la contratación de una auditoría externa para revisar el estado de las cuentas de los cinco últimos años, en los que la ciudad estuvo dirigida por un bipartito que encabezaba el socialista Xosé Sánchez Bugallo. En total serán 147.000 euros los destinados al "diagnóstico económico-financiero" y al "análisis de la situación de gestión y operativa" del municipio y sus servicios. Un desembolso considerable, teniendo en cuenta que el alcalde compostelano advirtió hace solo cinco días que "los ingresos no cubren a día de hoy los gastos" de la corporación.
Fue en el Pleno del Ayuntamiento, donde la semana pasada se debatía precisamente la aprobación de la cuenta general de 2010. Los miembros del entonces gobierno bipartito votaron a favor de esta. Los populares se abstuvieron. Ahora habrá que esperar "un máximo" de 20 semanas para saber si los resultados de la costosa auditoría externa aportan alguna novedad. Los gastos municipales ya son auditados por organismos públicos como el Consello de Contas.
"Un despilfarro"
A la propuesta del gobierno local no tardaron en lloverle críticas. De "irrelevante" la tachan los socialistas. "Un despilfarro", censura el BNG. La oposición se ha levantado contra el encargo de una inspección que la concejal de Facenda, Cecilia Sierra, justifica asegurando que "se trata de ver si los resultados se corresponden o no con la realidad de los estados de cuentas". "Todo pasa por una modernización", alega.
El grupo municipal socialista denuncia que estas manifestaciones solo se explican por el "espíritu revanchista" y la intención de "culpabilizar al gobierno anterior de todos sus incumplimientos presentes y futuros". El PSdeG recuerda que en el caso de Santiago, todas estas cuentas hasta el 21 de diciembre de 2010 "están debidamente elaboradas y aprobadas por los órganos competentes".
El portavoz del BNG en el Ayuntamiento critica que no sea "el momento idóneo" para asumir "un gasto improductivo" que "no va a acercar nada nuevo". Rubén Cela exige a Conde Roa "priorizar gastos". Le acusa de estar "empeñado en el pasado" y seguir haciendo oposición. "Si pide una auditoría de las cuentas de hace cinco años", concluye Cela, "significa que no tiene nada que ofrecer para el futuro".
www.elpais.es 18.10.11
26. C. A GALICIA: LOS POPULARES PIDEN EL DNI PARA ASISTIR A UN ACTO DE FEIJÓO EN ARGENTINA
A Alberto Núñez Feijóo se le espera este fin de semana en Buenos Aires, donde participará en la campaña de Mariano Rajoy para las elecciones generales del 20 de noviembre. Viaja en calidad de presidente del Partido Popular de Galicia, pero ni así ha evitado las suspicacias. El motivo es la carta que el exalcalde de Cee José Antonio Domínguez García ha enviado en nombre del partido, en la que ofrece invitaciones para asistir a un acto en Buenos Aires, para lo que requiere a los interesados que se presenten con una copia del carné de identidad o del pasaporte.
En la carta, el exalcalde del municipio coruñés de Cee se autoproclama "encargado por el PP para las elecciones del 20 de noviembre en Argentina para los ayuntamientos de la Costa da Morte".
A diferencia de lo ocurrido en las últimas municipales, en las elecciones del 20-N sí podrán participar los emigrantes, pero deben hacerlo mediante el voto rogado. Para ello, han de solicitar el envío previo de las papeletas. El PSdeG presentará una reclamación ante la junta electoral, ya que considera que, al solicitar copia del DNI o del pasaporte, los populares pretenden gestionar el voto rogado de los emigrantes.
Aunque la comunicación no especifica la participación de Feijóo, las fechas coinciden con las del mitin que el presidente del PP gallego dará mañana en el Centro Galicia, recientemente reformado con 60.000 euros de la comunidad autónoma. En esas mismas instalaciones tiene alquiladas la Xunta las dependencias de su delegación en Buenos Aires.
Un portavoz de la dirección gallega del Partido Popular negó ayer que su partido haya encargado gestiones de la campaña en el exterior a José Antonio Domínguez y rechazó este tipo de prácticas.
www.elpais.es 15.10.11
27. C. A GALICIA: ECOLOGISTAS PIDEN DEMOLER YA UN EDIFICIO DE TELMO MARTÍN
La sentencia que el pasado verano confirmó que el edificio levantado por Construcuatro frente a la playa de Silgar en Sanxenxo invade la servidumbre de costas dejó en manos de la Xunta la decisión sobre su futuro. Ahora que la resolución es firme, la ONG Salvemos Pontevedra, promotora del pleito, reclama al Gobierno autónomo que resuelva el expediente como proponía antes de su archivo irregular en 2005: multa de 3,05 millones de euros y derribo del inmueble, en el que tiene una lujosa vivienda Telmo Martín, socio de la constructora, exalcalde de Sanxenxo y actual portavoz del PP en Pontevedra. La decisión compete al Consello da Xunta.
El edificio de Construcuatro rebasa en más de dos metros la servidumbre mínima de 20 que reserva para el dominio público la Ley de Costas, como atestiguaron en su día los técnicos de la Xunta, cuyo informe propuso el derribo y la sanción económica. Aceptarlo o rechazarlo era competencia del Consello da Xunta, pero Enrique López Veiga, a la sazón conselleiro de Pesca, decidió encargar por su cuenta otro informe al servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Dirigía entonces ese departamento Cristina de Paz, conocida también por poseer un dudoso chalé frente al mar y por varias decisiones controvertidas en materia de deslindes. Este segundo informe determinó que la invasión existía, pero que era menor, de en torno a un metro. Al conselleiro le pareció suficiente para parar el expediente, que solo siguió vivo por el empeño de Salvemos Pontevedra.
Aparejador infractor
Por otra parte, el Ayuntamiento de Sanxenxo, gobernado por el PP, reconoció ayer que el aparejador municipal realizó obras sin licencia en su vivienda, situada en la zona de Padriñán. Durante los trabajos "se colocaron conos y se cortó la calle", según advirtió la Policía Local. Desde el Ayuntamiento aseguran que el pasado viernes se requirió al implicado que parase las obras, relacionadas con la ampliación de un sótano en la casa, y que se le ha abierto un expediente de infracción urbanística.
El PSOE reclama el despido inmediato del arquitecto técnico, al tiempo que denuncian que la empresa que realiza los trabajos es una de las contratas habituales del Ayuntamiento. "Teniendo en cuenta que su función es emitir informes sobre las licencias de obra y comprobar si se ajustan a la ley, este incumplimiento no es ético ni un ejemplo para la sociedad", indican los socialistas.
www.elpais.es 15.10-11
28. C. A MADRID: "PODÍA HABER SIDO PORTADA DEL 'NEW YORK TIMES' O UNA ENSALADA DE TIROS"
La presidenta de Madrid continúa la polémica sobre el incidente en su casa y escribe a Camacho para exigir que se interrogue a los sospechosos.- Interior da por "perfectamente resuelto" el caso
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha seguido tirando hoy del hilo del incidente registrado la pasada madrugada en su casa, que la Policía califica de "gamberrada", para cuestionar al Ministerio del Interior. La presidenta se ha declarado "indignada" como ciudadana y como "máxima autoridad del Estado en Madrid" por la actuación de la policía y por ende, de Interior. "Aún no les han tomado declaración, no les han hecho prueba de alcoholemia y puedo suponer que venían a mi casa a ocuparla", ha comenzando diciendo la presidenta de Madrid, que ha enviado una carta al ministro, Antonio Camacho, en la que le expresa su "perplejidad" por lo ocurrido.
Los hechos ocurrieron a las cuadro de la madrugada del lunes al martes, cuando dos jóvenes, borrachos y con la bufanda del Real Madrid según la policía, la emprendieron a golpes con el portalón de acceso a lña finca de Aguirre, rompieron la cerradura y entraron. Los intrusos fueron interceptados en las zonas comunes del edificio de viviendas por los agentes que se encargan de la seguridad del edificio y trasladados a la comisaría de Centro. Allí, fueron puestos en libertad al considerar la policía que "no se apreciaba "indicio alguno de delito, sino tan sólo un hecho de menor entidad", según el atestado. Fuentes de la Jefatura Superior de Policía han indicado que los dos individuos no fueron puestos en libertad, dado que no habían sido detenidos formalmente, al no haber cometido delito, sino sólo una falta de daños por golpear la puerta de la finca.
Ni una "gamberrada ni estaban borrachos"
En la misiva a Camacho, Aguirre le considera "el máximo responsable" de casi 36 horas después, la policía "no les ha tomado declaración" para saber sus intenciones, ha criticado Aguirre en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. "Pudieran venir con la intención de ocupar, con k, mi casa. Está de moda y hubiera sido portada del New York Times, ha llegado a decir la presidenta. "Si en vez de dos vienen 25 y llaman por Twitter para ocupar mi casa como han hecho con el Hotel Madrid... o se organiza una ensalada de tiros, no pasa nada", ha continuado diciendo Aguirre, que ha considerado que se ha podido producir "un delito de allanamiento de morada y tentativa de atentado contra la autoridad".
La presidenta ha dicho que posee copia de la cinta de las cámaras de seguridad instaladas en la fachada de su casa -que está vigilada por dos agentes de la Guardia Civil- y que en ella se observa con claridad cómo uno de los dos asaltantes camina por la acera frente a su portal y, repentinamente, "da un giro de 180 grados para propinar una patada de karateka" al portal y romper la cerradura.
A su juicio, esos dos sujetos no estaban protagonizando una "gamberrada ni estaban borrachos" cuando entraron en el patio de su casa, como dice que pretende hacerse ver. "La calificación [de los hechos] la hace el juez pero yo lo que pido que se les interrogue", ha vuelto a exigir Aguirre, que ha añadido que "no han hecho la prueba de alcoholemia para demostrar si estaban borrachos, lo dice la policía". Fuentes policiales y judiciales explicaron ayer a este diario que se siguió el procedimiento establecido en estos casos y que, al ser una falta y no un delito, ni se detiene ni se interroga a los implicados, sino que se les toman los datos y se abren diligencias, que ya se han remitido al juez.
A juicio de Aguirre, los supuestos asaltantes han faltado a la inviolabilidad del domicilio. La presidenta ha señalado que también posee copia del atestado policial y que se reconoce "que lo más grave es que ni siquiera se les haya formulado (a los asaltantes) una sola pregunta" para saber qué intenciones tenían y que encima se califique de "hecho de menor entidad" lo sucedido en el domicilio de una autoridad pública tan relevante como la presidenta de la Comunidad de Madrid. "A diferencia del caso Bono, no han podido cambiar el atestado policial porque lo tengo yo", ha señalado la presidenta madrileña, que se ha preguntado: "¿Como es posible que el ministro de Interior aun no haya dado ordenes a estas horas para interrogarlos?".
Interior zanja la polémica
Desde Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Justo Zambrana, ha asegurado que su ministerio considera "perfectamente resuelto" el incidente. El número dos de Interior, que comparecía en rueda de prensa junto a su homólogo británico para hablar de la colaboración policial de ambos países, ha añadido que no entiende la "pequeña marejada" que se ha generado con este asunto. El secretario ha reiterado que "la Policía aplicó los protocolos" para estos casos y que son "para todos los españoles por igual".
Los agentes entendieron que los jóvenes habían cometido sólo una falta y fueron puestos a disposición judicial. Ahora será el juez quien interrogue a los jóvenes y "les pregunte sobre sus motivaciones". En referencia a las palabras de Aguirre en las que consideró este hecho como ejemplo del grave "estado de indefensión" que sufren los madrileños, Zambrana ha señalado que los índices de seguridad que hay en España "son mejores que en otras épocas, por ejemplo cuando Aguirre era ministra".
Cobo apoya a la presidenta regional
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha señalado hoy que a su juicio la policía debió interrogar a las dos personas que durante la madrugada de ayer entraron por la fuerza en el edificio donde vive la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.
Cobo ha respaldado así la opinión de la presidenta regional, durante la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. "Desde el máximo respeto a cualquier otra decisión y sin conocer, como conoce ella, el fondo del asunto [el interrogatorio] es un elemento absolutamente necesario".
El número dos del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha expresado que cualquier cuestión "y más afectando al propio domicilio, debe investigarse y realizarse todas las cuestiones tendentes a conocer la totalidad de lo que ocurrió".
www.elpais.es 20.10.11
29. C.A MADRID: AGUIRRE UTILIZA UN SUPUESTO "ASALTO" PARA ATACAR A INTERIOR
Dos jóvenes entraron de madrugada en el patio del edificio en el que vive
Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid, mantuvo ayer un rifirrafe con el Ministerio del Interior por el tratamiento que la policía dio a dos jóvenes que rompieron la puerta del edificio donde vive. Durante el acto de presentación de la lista del PP de Madrid, en el que Mariano Rajoy presentaba a su equipo, en el que está incluido Alberto Ruiz-Gallardón, la presidenta denunció que en la madrugada del miércoles dos individuos "asaltaron" su casa y la policía los dejó libres sin tomarles declaración. Aguirre cargó contra la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, y contra Interior.
Los hechos son los siguientes: Dos seguidores del Real Madrid, con algunas copas encima según fuentes policiales, dieron una patada en el patio del palacete en el que vive la presidenta sobre las cuatro de la madrugada y entraron en el patio del inmueble, en el que residen otros vecinos. Los agentes de la Guardia Civil encargados de la seguridad visionaron los hechos por el vídeo de vigilancia, llamaron a la policía y los hombres fueron conducidos a comisaría.
No sabían que vivía allí
Los agentes les preguntaron por los hechos, confirmaron que no llevaban armas ni instrumentos peligrosos, se levantó el correspondiente atestado por una falta de daños que se envió al juzgado y fueron puestos en libertad ante la falta de indicios de delito. Un agente de la Brigada de Información se personó también en comisaría. Los hombres aseguraron que no sabían que en el inmueble viviera Aguirre.
La presidenta, sin embargo, consideró un escándalo lo sucedido, cree que se ha producido un allanamiento de morada -delito que exige que se haya entrado en un domicilio- y denunció que los agentes no les tomaran declaración formalmente, algo que según Interior, la ley no prevé para las faltas. El equipo de Aguirre insiste en que los jóvenes estaban sobrios. "Si esto me pasa a mí, ¿qué será de la indefensión del resto de los ciudadanos?", dijo la presidenta.
El ministro del Interior, Antonio Camacho, la llamó poco después para explicarle en qué estado estaba el expediente y le pidió que no usara la labor de la policía "en la confrontación política" electoral. Fuentes cercanas a Aguirre aseguran que la presidenta había tratado sin éxito de hablar con Camacho. Desde el gabinete del ministro se afirma que no es cierto, que hablaron antes de las diez de la mañana y que Camacho le aseguró que pediría toda la información para transmitírsela, como hizo en cuanto la tuvo disponible.
#ATENTADOAGUIRRE BARRE EN LAS REDES SOCIALES
Para algunos expertos en publicidad Esperanza Aguirre es casi una marca. Todo lo que tiene que ver con la presidenta de la Comunidad resulta noticioso para una parte de la población. Eso explica que ayer tardara solo un instante en provocar todo tipo de bromas en Twitter. El hashtag, el tema con el que se cataloga un determinado asunto, #atentadoaguirre causó furor y ayer por la tarde se convirtió en trendig topic o tema del momento en Madrid, en España y durante un rato, en el mundo. Un usuario con el sobrenombre vallekurros se arrancó con un "Aguirre acusa a la delegada del Gobierno de Madrid de que le buzonean publicidad de un restaurante chino y nadie hace nada".
Otro usuario denominado Grupodeexpertos recuerda unas famosas declaraciones de la presidenta sobre su sueldo: "Se confirma que los integristas dejaron encendidas a mala fe dos bombillas para que la lideresa no llegue a fin de mes". "Integrantes de un grupo radical talibán llaman al telefonillo de Esperanza Aguirre y salen corriendo", firmó JRMora, a lo que Iristoxico añadió: "Aguirre pide la dimisión del Rey, por si acaso". MordorMirror reveló que las "cámaras de seguridad filmaron el ataque al Portalón" con enlace a una escena de El señor de los Anillos.
El usuario teleoperador hace bromas con la parrilla de Telemadrid, que "emite esta noche La puerta del cielo, La noventa puerta, Un loco a domicilio y un concierto de The Doors".
Charlie Torres tiró de ironía y escribió en la red social: "Dejad a Espe, que está pasando malos días desde que se enteró que Alberto va en las listas y ella no".
www.elpais.es 20.10.11
30. C. A MADRID: EL ALCALDE POPULAR DE ARROYOMOLINOS, IMPUTADO POR MALVERSACIÓN
El regidor presuntamente adjudicó "a dedo" la construcción y ejecución de edificios municipales
El alcalde de Arroyomolinos, Juan Velarde (PP), tendrá que declarar como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero, que investiga si el regidor pudo haber cometido los delitos de malversación y prevaricación, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. La decisión judicial, que también incluye entre los imputados a otros ediles y cargos del Ayuntamiento, fue adelantada ayer por la Cadena Ser que en su información asegura que el Equipo de Gobierno de Arroyomolinos pudo haber aprobado contratos "fraudulentos" por un valor superior a los 40 millones de euros.
El caso fue denunciado inicialmente por los concejales socialistas de la oposición ante la fiscalía en 2007 que posteriormente fue presentada en el Juzgado de Navalcarnero, que la admitió a trámite e inició sus pesquisas. En 2010 los ediles del PSM-PSOE ampliaron la denuncia, por la que deberán declarar el alcalde y su Equipo de Gobierno local.
Según la documentación aportada al juzgado por los socialistas el alcalde Juan Velarde adjudicó la construcción y ejecución de obras de edificios municipales a través de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (Emuvisa), eludiendo hacerlo desde una de las concejalías del Consistorio. De esta manera, según la Cadena SER que cita la denuncia, elegían a dedo a las sociedades que iban a ejecutar el contrato, "saltándose así el concurso público al que está obligado el Ayuntamiento". Entre los edificios que habría sido adjudicados de esta forma, presuntamente ilegal, sería la Casa Cuartel de la Guardia Civil; el Centro de Artes; un recinto ferial; un aparcamiento; un centro de mayores; el vivero municipal; las dependencias de la policía local; un garaje-aparcamiento; una plaza pública y el acondicionamiento de zonas verdes. Además, los informes de la secretaría del Consistorio eran desfavorables.
En la providencia del Juzgado en la que se informa de la citación del alcalde; del primer teniente de alcalde, Félix López Rodríguez; de la tercer teniente de alcalde, Ana Belén Millán; del exconcejal de Servicios Generales, Laureano Arrogante; y del exgerente de la empresa municipal del suelo, Carlos García Escribano, el juez envía al Tribunal de Cuentas la documentación del caso relacionada con la posible responsabilidad contable de los imputados. Por eso el Tribunal de Cuentas analizará también las adjudicaciones, debiendo elaborar unas conclusiones que devolverán al juzgado de Navalcarnero, que seguirá investigando si en la actuación del Equipo de Gobierno de Arroyomolinos se han podido dar los delitos de prevaricación y malversación de fondos, tal y como asegura la acusación.
www.elpais.es 19.10.11
31. C. A MADRID: LA PROTESTA DE LOS PROFESORES RESISTE DESPUÉS DE SEIS JORNADAS DE HUELGA
El 50% de los docentes de instituto secunda un paro ignorado por primaria
"Han faltado más alumnos que profesores". En el instituto Calderón de la Barca (Carabanchel) los pasillos están vacíos. El conserje atiende a un par de chicos desde la cabina. Solo 40 de 600 estudiantes asisten a clase durante la huelga. Madrid vivió ayer el sexto paro desde septiembre respaldado por más de la mitad de los docentes de secundaria. La convocatoria se amplió a los colegios, con menor respaldo, y a los alumnos que, como en el Calderón de la Barca, decidieron pasar de las clases. Más de 5.000 personas se concentraron por la tarde frente a la Consejería de Educación.
Los gritos de "Esperanza dimisión" volvieron a inundar la calle de Alcalá. La marea verde se volvió más coloreada que nunca por el reparto de centenares de globos del color emblema de las protestas. Los asistentes pasaron dos horas entonando lemas contra la presidenta regional, Esperanza Aguirre, animadas por la percusión de batucadas. "Mantendremos las protestas hasta que se sienten a negociar. Se nota el cansancio, pero merece la pena", aseguró Marta Nieto, profesora del instituto Humanejos (Parla). La comunidad educativa ocupó toda la calle entre Sevilla y Gran Vía. "Tengo seis años y no doy ni un duro por mi futuro", dijo una niña en el micrófono desde el que recogían las frases de la jornada antes de que todos los globos salieran volando por encima de la Consejería.
Los profesores de Madrid llevan siete semanas de movilizaciones y seis jornadas de huelga contra las medidas del Gobierno regional. Educación aprobó en julio unas instrucciones de inicio de curso que amplían la jornada lectiva de los profesores de secundaria de 18 a 20 horas y supone prescindir de parte de la plantilla de interinos (entre un millar y 3.000, según distintas estimaciones). La presidenta Aguirre arremetió ayer de nuevo contra sus protestas. "Se utiliza la huelga para que el señor Pérez Rubalcaba pare esa caída libre en la que está", dijo en el pleno de la Asamblea de Madrid.
El seguimiento se resiente con el paso de los días. Más de la mitad de los docentes de instituto faltaron ayer a clase, según las estimaciones de EL PAÍS tras recabar datos en 40 de los 340 institutos de la región. Pero el respaldo ha caído más de 15 puntos desde el primer paro del 20 de septiembre (con casi el 70% de seguimiento). Los sindicatos calcularon un 68% de seguimiento frente al 30% que ofreció la Comunidad.
La jornada contó también con menos apoyo en los colegios, que ayer se sumaban por primera vez a la protesta. El porcentaje ascendió a un 41%, según los sindicatos, frente al 12% que estimó el Gobierno regional. En el colegio Alberto Alcocer la pequeña Carla, de seis años, sonreía al salir de clase tras un día "guay" de juegos y películas. Su madre, Elena, respalda los paros: "No me supone un desarreglo, entiendo que tienen que luchar por sus derechos". A las puertas del colegio Nuestra Señora de la Paloma, un gran cartel advertía: "El jueves por la tarde no habrá actividades extraescolares".
www.elpais.es 21.10.11
32. C. A. MADRID: 'OPERACIÓN BOTELLA', UN GUIÑO A AZNAR Y UN FRENO A AGUIRRE
Gallardón situó a su sucesora en la alcaldía para frustrar el plan de su rival
Casi todos los movimientos políticos de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón en los últimos años tienen un hilo común: ambos maniobran para ganar al otro. La rivalidad, ahora suavizada en público pero siempre latente, les lleva a mirar siempre al otro. Sus carreras siempre se cruzan. Hace cuatro años ganó ella, que impidió que él fuera al Congreso; ahora, él ha recuperado terreno. Pero nadie se fía. Gallardón tiene una pesadilla: que Aguirre logre ser alcaldesa de Madrid. Es un sueño que ella no oculta, acabar su carrera política donde la empezó, en el Ayuntamiento de la capital, pero de alcaldesa.
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"Lo que le haría ilusión es ser ministro", dice la líder regional·
Rajoy remata su poder absoluto con listas renovadas y críticos 'salvados'Ese temor explica en parte una decisión tan arriesgada como la que tomó Gallardón, avalado por Mariano Rajoy, hace cinco meses, y que ahora está dando sus frutos: colocar de número dos en la lista a Ana Botella. Eso la convierte automáticamente en sucesora, ya que la ley local hace que sea ella la alcaldesa si él lo deja para irse al Gobierno. Tendría que renunciar expresamente ella para que no sucediera.
Gallardón -y Rajoy con su apoyo- lograron matar dos pájaros de un tiro con esa operación, pese a sus enormes riesgos electorales, ya que Botella es una política sin mucho recorrido y muy polémica. Por un lado, ambos, sobre todo el alcalde, se congraciaron con José María Aznar, que tras abandonar la política activa ha puesto su máximo interés en la carrera de su esposa. Aznar ya no es lo que fue, pero aún supone un importante factor desestabilizador en el PP.
Por otro lado, se cortó con la solución Botella la vía de Aguirre para acceder a la alcaldía. Podría haber aspirado en 2015 si hubiera un alcalde de transición sin mucho perfil, pero con Botella es casi imposible, salvo que se desplome en las encuestas. Siempre que se confirme que será ministro si al final gobierna Rajoy, Gallardón habría logrado así un gran éxito interno, aunque el riesgo es importante y asusta a mucha gente del PP: perder Madrid.
www.elpais.es 15.10.11
33. C. A. MADRID: QUÉ OPINA ANA BOTELLA DE...
Muchas de sus frases son ya aforismos populares, pero también apuntan cuál es la ideología de la edil que heredará la alcaldía si Gallardón decide irse
"No me considero una persona frívola, entrar en política es una decisión pensada", dijo Ana Botella al incorporarse a la lista de Alberto Ruiz-Gallardón. Siete años después, el regidor podría cambiar su cargo por otro en el Gobierno tras las elecciones. Botella heredaría entonces la alcaldía de Madrid sin pasar por las urnas. De su trayectoria como delegada municipal y, antes, como esposa del expresidente del Ejecutivo José María Aznar (1996-2004), queda un profuso rastro de declaraciones. Algunas son ya aforismos populares y motivo de escarnio para sus detractores. Muchas, la mayoría, ilustran la ideología de una política que oscila entre el ala más conservadora y la izquierda de la postura oficial del PP.
ABORTO / REPRODUCCIÓ N
"No soy abortista, pero comprendo la postura oficial del PP [de no cambiar la ley anterior]". (1993).
"[El embrión] es un niño. Reflexionemos si en el futuro no sentiremos vergüenza por haber vivido cuando se truncan muchas vidas de niños alegando que su vida es un derecho de la madre". (2009).
"La reproducción asistida me parece perfecta. Pero yo no acudiría a un banco de semen". (2001).
CAMBIO CLIMÁTICO
"El planeta está al servicio del hombre, no el hombre al servicio del planeta, porque el ser humano es el centro. No todas las noticias medioambientales tienen que llamar al pesimismo. No creo que haya que decrecer porque no vamos a ser capaces de generar recursos en cantidad". (2008).
CONTAMINACIÓN
"La calidad del aire es la mejor que hemos tenido en la historia. Estamos en un momento en el que la gente está deprimida por el paro. Eso asfixia más". (2011).
"Yo no veo la boina esa de la que ustedes hablan. [...] Hasta ahora no existe un estudio científico que relacione la salud con la contaminación en Madrid". (2011).
HOMOSEXUALIDAD
"Los matrimonios de homosexuales nunca serán igual que los de heterosexuales, de la misma manera que dos manzanas dan lugar a otra manzana y una manzana más una pera nunca darán lugar a otra manzana". (2004).
"La adopción por homosexuales no es una cuestión moral sino científica. Hay que proteger al menor, y de momento nadie ha dicho que los niños tengan las mismas condiciones dependiendo de quién los adopte". (2003).
IGUALDAD
"Me considero una española típica de mi generación. Nuestros maridos comprenden que trabajas, pero cuando te ven en la cocina te preguntan: '¿Por qué no hay tal cosa en la nevera?'. Chico, ve y cómpralo tú. O te dicen: 'Oye, te he ayudado'. Esa frase me ponía muy nerviosa. Lo dicen como si fuera responsabilidad nuestra. Las mujeres de 30 años ni se lo plantean. Un hombre que las tratara así no duraba un año". (1998).
"Los malos tratos son el ataque más real a la democracia". (1999).
"La mujer no es un producto lácteo sometido a cuotas". (1999).
"Reclamar ventajas [por ser mujer] es poner límites a las aspiraciones cuando se dispone de capacidad y competencia". (2002).
INMIGRACIÓN
"[El proceso que permite regularizar a sin papeles haciéndoles un contrato] es positivo para el conjunto de la convivencia". (2005).
"No se debe permitir el velo en la escuela porque supone aceptar la falta de igualdad. Si lo lleváramos al absurdo sería decir: hagamos la ablación porque para ellos es cultural. Admitir el velo sería como admitir la ablación". (2004).
MEMORIA HISTÓRICA
"No tengo problema en condenar el franquismo. [El debate] es estéril, destructivo, inútil". (2007).
PAREJAS DE HECHO
"Sinceramente creo que, con todos mis respetos, una pareja de hecho no es exactamente igual que una familia". (2002).
PENA DE MUERTE
"En una reunión informal con [George W.] Bush, no tengo la tentación de decirle: '¿Por qué no quita la pena de muerte?'. No soy partidaria. Pero hay que aprender a convivir con aquello que nos es diferente". (2001).
POLÍTICA
"Es una actividad noble y digna. Merece la pena". (2003).
"Tomar decisiones es un proceso doloroso". (2001).
"Si tienes una actividad cara al exterior debes contar con la crítica". (2001).
"He aprendido a desmitificar. La gente que encarna el poder es mucho más normal de lo que suponemos". (2001).
"No es bueno que las instituciones se inmiscuyan en la vida privada, pero tampoco pueden desentenderse cuando aprecien comportamientos incívicos". (2002).
"En política es muy frecuente la traición, pero hay muy pocas personas por las que yo me podría sentir traicionada. Tendría que ser alguien muy cercano". (1998).
PRESOS
"La sociedad tiene la obligación de reinsertarlos. Muchos responden a una segunda oportunidad y algunos no han tenido ni la primera". (2001).
PROSTITUCIÓN
"Estoy en contra de legalizarla. Solo tendría sentido para quien la ejerza como una decisión libre, quizá algunos casos de prostitución de lujo". (2003).
"Madrid debe ser incómodo para los clientes". (2005).
RELIGIÓN
"Soy tradicional. Creo que la base de la sociedad es la familia. Ahora bien, el componente religioso pertenece al ámbito privado. Cuando sale de ahí puede pasar como con los talibanes. Jamás he sido del Opus. Nunca he sido la defensora de la moral de los de enfrente. Ni siquiera de mi partido". (2002).
VOLUNTARIADO
"Cuanto más se mundializa la economía, más indispensable es la solidaridad a nivel mundial". (2000).
- "He ido conociéndome poco a poco, a partir del momento en el que me acepté tal como soy. Con mis defectos y virtudes. Yo tuve un acné juvenil muy fuerte. Me han quedado marcas. Antes me molestaba. Ahora ya no. Me dijeron que podían quitármelas. Pero ya no vale la pena. Me he acostumbrado a convivir con esas marcas. Y lo mismo sucede con otras muchas cosas" (1998).
- "Soy normal. Tengo una inteligencia media. Pero tengo fuerza de voluntad. Psicológicamente soy fuerte. Algo inestable. Pero soy más fuerte en los momentos difíciles" (1998).
- "Tengo una ideología sin nombre. Soy liberal en la conducta de la gente. Comprendo casi todo y soy cada vez más tolerante porque conozco mejor las debilidades" (2002).
- "Suelo saber lo que quiero. Hacerse mayor lleva a dejar de creer en ciertas cosas. Yo sigo creyendo en casi todo" (2003).
www.elpais.es 16.10-11
34. C.A MURCIA: DETENIDO OTRO ALCALDE MURCIANO DEL PP POR CORRUPCIÓN
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron ayer al alcalde de la localidad murciana de Aledo (1.055 habitantes), Simón Alcaraz (PP), como presunto integrante de una red corrupta compuesta por siete personas más. Alcaraz, el séptimo alcalde (cinco del PP y dos del PSOE) de la región de Murcia arrestado por delitos urbanísticos, pertenece a la Junta Directiva Regional de los populares.
El titular del Juzgado del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, imputa a los miembros de la presunta trama la autoría de los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios. Junto al regidor de Aledo, que gobierna desde hace 21 años, también fueron detenidos la secretaria municipal del Ayuntamiento, Rosario Hita, y el ingeniero Domingo Peñalver. Otros implicados son Francisco J. Redondo; Francisco J. Mena; la abogada Encarnación Martínez; José D. Buendía; el técnico de la Consejería de Sanidad de Murcia Gabriel Carrión; y el letrado Francisco Javier Conejo, que fue arrestado en su despacho de Alicante.
Las detenciones tienen su origen en la investigación iniciada en 2007 por los agentes de la Guardia Civil bajo la dirección del fiscal Juan Pablo Lozano y del juez Andrés Carrillo, que fue bautizada como Operación Biblioteca y en la que fueron arrestados, entre otros, el exalcalde de Librilla José Martínez García y el edil de Urbanismo de ese municipio, Pedro Martínez Muñoz.
Concursos simulados
Fuentes del caso confirmaron a EL PAÍS que la operación de ayer es continuación de la de Librilla, por lo que se puede constatar en ambos municipios el mismo modus operandi. Los arrestados adjudicaban contratos y parcelas en concursos simulados, ya que todas las empresas litigantes tenían un mismo propietario. En este sentido, la exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Aledo María Pallarés aseguró que el alcalde de municipio ha sido detenido por la adjudicación "irregular" de obras a las empresas Urbisan, Urdemasa y Urvitec Levante, que en el fondo son "una misma compañía".
En el Gobierno regional (PP) aseguraron ayer que esta actuación policial no tiene nada que ver con la gestión del Ejecutivo autonómico.
www.elpais.es 19.10.11
35. C. VALENCIANA: EL JUEZ IDENTIFICA LA PRIMERA TRAMA DEL SAQUEO DE EMARSA
Ríos imputa a otras cuatro personas en el caso de la depuradora de Valencia
El juez Vicente Ríos, instructor del caso Emarsa, identificó ayer una primera trama en el saqueo de la sociedad pública de depuración del agua de Valencia, disuelta el año pasado por el PP con un agujero de 17 millones de euros, e imputó a otras cuatro personas. La investigación ha puesto de manifiesto hasta ahora que Emarsa pagó cantidades millonarias por suministros y servicios inverosímiles en un variado ámbito de actividades: tratamiento de lodos, transporte, material de oficina, dispositivos electrónicos y obras. A cuenta de la empresa pública se pagaron, además, artículos de lujo, viajes privados y salarios de personas que no llegaron a poner un pie en sus instalaciones ni a realizar ningún trabajo.
Actuaron de forma coordinada para lograr un beneficio ilícito, según el auto
El titular del juzgado número 15 de Valencia delimitó ayer en un auto una primera red de empresas que supuestamente participó en el saqueo a través de contratos de mantenimiento y albañilería. Se trata de Construcciones Rocafort y Mantenimientos Valmarks, controladas por los hermanos García Martínez. El juez destaca que existen indicios racionales de que las personas vinculadas a ambas empresas actuaron "coordinadamente con el objetivo de obtener un beneficio ilícito mediante la facturación a Emarsa, de manera continuada, durante años, de múltiples trabajos no realizados en la Edar (planta) de Pinedo; mediante la inclusión en las facturas de suministros de material y medios que proporcionaba la propia Emarsa, y mediante la facturación de un número de horas de mano de obra incompatible a todas luces con el más que exiguo número de trabajadores de las empresas".
"Todo ello", prosigue Ríos, "sin que por la gerencia de la empresa se opusiera reparo alguno al pago de las numerosísimas facturas". El gerente al que se refiere el juez es Esteban Cuesta, imputado por malversación, estafa y delitos societarios, que sigue siendo dirigente del PP de Valencia y que en sus declaraciones ha señalado al alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, también del PP, como instigador de las irregularidades.
Entre los nuevos imputados figura Javier García Martínez, hermano de los ya acusados María Paz, Víctor Manuel y Sebastián, que trabaja, además, como jefe de informática en Emarsa. Los otros tres nuevos imputados están vinculados a las mismas dos empresas de construcción.
www.elpais.es 20.10.11
36. C. VALENCIANA: EL PP MANTIENE SU SILENCIO SOBRE LOS IMPLICADOS EN EL 'CASO EMARSA'
Pons: "Es un asunto que debe resolver el juez. Y el fiscal no lo es"
"El caso Emarsa es un asunto que deberá resolver el juez y la fiscalía no es el juez". El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, no pudo ser más lacónico ni mostrarse más distante cuando ayer, en Oliva, se le preguntó si el PP pensaba adoptar medidas contra dos militantes de su partido: Enrique Crespo, alcalde de Manises y vicepresidente segundo de la Diputación de Valencia, y Esteban Cuesta, exalcalde pedáneo con Rita Barberá y que preside el PP de Benimàmet.
Dos dirigentes del PSPV reclaman la expulsión de Cuesta y Crespo del partido
La fiscal del caso pidió el pasado viernes que se imputara a Crespo, presidente de Emarsa, empresa que gestionaba la depuradora de Valencia, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios.
Cuesta, exgerente de la empresa, acusó ante el juez a Enrique Crespo de ser el instigador para contratar con empresas ahora investigadas, de ordenarle el pago a proveedores investigados cuando se producían retrasos, y de elegir personalmente de los catálogos los artículos de lujo, relojes, joyas, aparatos eléctricos y accesorios de automóvil que se cargaban a las cuentas de la empresa. La justicia investiga el saqueo de Emarsa, presuntamente por parte de los directivos de la depuradora, lo que condujo a la empresa pública a la quiebra con un agujero de 17 millones.
Pese a la gravedad de las acusaciones, el PP ha optado por mirar a otro lado. Por el contrario, los socialistas no están dispuestos a retirar el foco de unos hechos graves que afectan a las arcas públicas. Ayer tanto el concejal por el PSPV del Ayuntamiento de Valencia Pedro Sánchez, como el secretario de Organización de la provincia, Rafael García, urgieron a la alcaldesa, Rita Barberá, y al presidente de la Diputación, Alfonso Rus, a que expulsaran del PP a Crespo y a Cuesta.
García se preguntó cómo "dos dirigentes del PP que han tenido y tienen todavía importantes responsabilidades orgánicas están protagonizando un espectáculo sin precedentes, acusándose sin rubor de ser los responsables del saqueo a una simple depuradora que el PP ha convertido en cloaca".
El concejal Sánchez acusó a la alcaldesa de Valencia de "escurrir el bulto "en el caso Emarsa, a pesar de que la investigación ha puesto en el disparadero nombres de dirigentes del PP de la ciudad y de su Gobierno". Sánchez citó a otros políticos del PP que no están siendo investigados, pero que tuvieron responsabilidades en la depuradora, como los concejales Silvestre Senent y Juan Vicente Jurado y los presidentes de las agrupaciones de Trànsits y de Patraix, Ignacio Martínez y Santos Peral, respectivamente.
Los dos cargos socialistas señalaron que el agujero de la empresa puede alcanzar los 40 millones y recordaron que los delitos de estafa y malversación a los que se enfrentan los implicados acarrean penas de cárcel.
Rafael García interpeló directamente a Alfonso Rus, presidente provincial del PP, reclamándole "una acción contundente". "Podría abrir expediente temporal a los dos militantes hasta que la justicia lo resuelva, no decantándose por ninguno de ellos", sugirió. El secretario de Organización del PSPV de Valencia emplazó a Rus a que ponga orden en su partido y expulse "a Esteban Cuesta o a Enrique Crespo".
www.elpais.es 16.10.11
37. C. VALENCIANA: LA FISCALÍA ACUSA AL ALCALDE DE MANISES DE MALVERSACIÓN Y ESTAFA CONTINUADA
El fiscal pide imputarlo por el saqueo de Emarsa, la depuradora de Valencia
El saqueo de Emarsa, la sociedad pública dedicada a la depuración del agua de Valencia, que pagó importes millonarios por falsos servicios y suministros mientras sus dirigentes cargaban a sus arcas la compra de artículos de lujo y viajes privados hasta conducirla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros, que tendrán que asumir los ciudadanos, podría dar un cualitativo salto político. La fiscal del caso pidió ayer la imputación del vicepresidente segundo de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises con el PP, Enrique Crespo por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios.
El ministerio público tomó la decisión a la luz de las declaraciones que desde hace una semana lleva realizando ante el juez Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, exalcalde pedáneo en el equipo de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que sigue siendo dirigente local del PP. Desde que estalló el escándalo el vicepresidente de la Diputación ha intentando alejarse del mismo afirmando que desconocía el día a día de Emarsa. Las declaraciones de Cuesta han ido minando, sin embargo, su posición.
El exgerente ha asegurado ante el juez que Crespo no solo estaba al tanto de todas las supuestas irregularidades (se reunían una media de seis veces al mes en despachos oficiales y cafeterías), sino que era él, en su calidad de presidente de Emarsa, quien le instaba a contratar con las empresas ahora investigadas por estafa; le ordenaba adelantar el pago a los proveedores investigados cuando se producían retrasos; elegía personalmente de los catálogos los artículos de lujo, relojes, joyas, aparatos electrónicos y accesorios de automóvil que se cargaban a Emarsa, y en ocasiones era el propio alcalde de Manises quien adquiría los productos y le daba las facturas con la orden de pasar a abonarlos por establecimientos como Loewe.
"Mi postura era de fidelidad y de acatar lo que me decía mi presidente", declaró el exgerente ante el juez, incluso cuando ello implicaba firmar facturas supuestamente irregulares. Esa lealtad hacia Crespo incluyó, según afirmó Cuesta, la contratación de cuatro personas en Emarsa. Según la investigación, dichos fichajes cobraban de la sociedad pública a pesar de no poner nunca un pie en sus instalaciones ni realizar ningún trabajo conocido para el ente de depuración.
Uno de esos enchufados fue, según afirmó Cuesta, Luis Botella, abogado y concejal de Urbanismo en Moncada con el PP, a quien se considera la mano derecha en el municipio de Juan José Medina, alcalde de Moncada y vicepresidente primero de la Diputación de Valencia.
Crespo se defiende
Desde que Cuesta empezó a hablar ante el juez, hace ocho días, Crespo ha ido negando el contenido de las declaraciones mediante comunicados en los que acusaba al exgerente de intentar salvarse a sí mismo implicando a otros con falsedades. El vicepresidente de la Diputación de Valencia (cargo en el que el presidente Alfonso Rus lo reafirmó en julio, a pesar del escándalo) volvió a defenderse ayer, aunque en otro tono: "Como así he venido haciendo, muestro mi voluntad de colaborar con la justicia cuanto sea preciso y, en caso que el juez instructor del caso estime conveniente que acuda a prestar declaración en calidad de imputado, esta será la mejor manera de defenderme ante la ley con todos los garantes que pone a disposición de los ciudadanos la justicia".
El también alcalde de Manises confió en "que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que han cometido las presuntas irregularidades y a diario lanzan injurias y calumnias hacia mi persona de forma tan grave". La oposición lo vio de forma muy distinta.El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, señaló que Emarsa era "la certificación de que donde gobierna o ha gobernado el PP siempre aflora la corrupción"; "[Alberto] Fabra no puede ser el presidente que protege a los presuntos corruptos de su partido", añadió. El secretario general del PSPV-PSOE reclamó al presidente de la Generalitat que "tome decisiones y actúe sobre la corrupción". El grupo municipal de Esquerra Unida en Manises reclamó la dimisión de Enrique Crespo como alcalde: "Crespo tiene el derecho de defenderse a título particular de los graves hechos que se le puedan imputar, pero debe hacerlo sin manchar el cargo que ocupa ni el nombre del pueblo de Manises".
Al juzgado que investiga el caso Emarsa, el número 15 de Valencia, se le acumula el trabajo. El primer imputado llamado a declarar lo ha hecho ya durante 18 horas y continuará el lunes. Las citaciones para el resto de imputados (por el momento, otros dos directivos de Emarsa y tres empresarios) y testigos se alargarán durante todo el mes. El titular del juzgado pidió un juez de refuerzo y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior Superior de Justicia (TSJ) valenciano acordó ayer trasladar la petición al Consejo General del Poder Judicial.
PP de Valencia
El exgerente de la sociedad de depuración señaló, durante su declaración del jueves ante el juez, los nombres de otras dos personas que intervenían de forma destacada en la marcha de Emarsa. Se trata de Santos Peral, que actuaba como jefe de contabilidad y es al mismo tiempo secretario general del PP en el barrio de Patraix, en Valencia. Y de Ignacio Martínez, jefe de compras de la empresa pública y a la vez secretario general del PP en el distrito de Trànsits, también en Valencia.
Víctor Manuel García Martínez, uno de los tres hermanos imputados por estafar de forma continuada a Emarsa cobrándole servicios y materiales inexistentes, afirmó ayer ante el juez que pese a figurar en el Registro Mercantil como administrador de una de las empresas investigadas, Sofitec, en realidad nunca actuó como tal. Víctor Manuel, albañil de profesión, afirmó que aceptó el cargo "por hacerle un favor" a su hermano Salvador García Martínez. Este compaginó el cargo de jefe de informática de Emarsa con el de proveedor informático de la sociedad pública. En siete años, le facturó 4,5 millones de euros.
www.elpais.es 15.10-11
38. C. VALENCIANA: LA EXSUBSECRETARIA DE COTINO CARGÓ AL CONSELL LA NOCHE DE AÑO NUEVO DE 2010
Otras facturas de la conselleria revelan gastos elevados de taxi, centros de flores o el arreglo de un bonsai Cristina Serrano achaca algunos de los abonos firmados por ella a errores de otros
La exsubsecretaria de la Conselleria de Medio Ambiente durante la etapa de Juan Cotino, Cristina Serrano, cargó algunos gastos "peculiares" a cuenta del departamento para el que ha trabajado ininterrumpidamente desde 2003, cuando fue fichada por Rafael Blasco como secretaria autonómica de Territorio y Vivienda. Serrano trabaja actualmente para el alcalde de Gandia, Arturó Torró, como asesora de Economía y Hacienda y en la dirección de la empresa municipal Iniciatives Públiques.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, Cristina Serrano pasó a las arcas públicas el coste de la estancia en el Hotel Amérigo de Alicante (de cinco estrellas) del 1 y el 2 de enero de 2010 (que en aquella ocasión cayeron en viernes y sábado). La misma Serrano es la persona que se autoriza el gasto (que asciende a 444,27 euros), sin que se aclare el motivo de por qué usó el hotel en fechas tan señaladas, aunque la factura también fue supervisada por la secretaria general administrativa de la conselleria, Maria José Ortolà. El mismo hotel volvió a alojar a Cristina Serrano un año antes, del 27 al 29 de diciembre (con un gasto de 1.322,37 euros) aunque en esta ocasión sí se puntualiza que la estancia se debe a "motivos de reuniones de trabajo con restauración".
También durante la época de subsecretaria (la máxima responsable de autorizar facturas, contratos menores adjudicaciones), el área que dirigía Cristina Serrano abonó en cuatro meses cuatro facturas para "suministros de flores para actos protocolarios", un obsequio de flores y "el arreglo y mantenimiento de un árbol bonsai del despacho de la subsecretaria", que ascienden a 569,65 euros. En este caso las facturas estaban autorizadas por la misma Serrano y un subordinado suyo del servicio de gestión económica y presupuestaria, Clementino García Llatas.
Una veintena de comidas de la entonces subsecretaria, con dos, tres y hasta cinco comensales, también corrieron a cargo de las arcas de la Generalitat. Destacan las cargadas a cuenta del restaurante Novecento (de junio a noviembre de 2011 por valor de 660,75 euros), en la calle Conde Salvatierra de Valencia y enfrente del gimnasio al que aún es asidua la exsubsecretaria de Medio Ambiente. Desde el Sushiclub del Paseo de la Alameda también sirvieron tres cenas (por la hora en la que se suministran), presumiblemente a la vivienda de la ex subsecretaria, por valor de 162,97 euros, que se justificaron como "comidas" o "restauración" de trabajo, aunque también sirven comidas en el mismo local.En otra cena de trabajo celebrada en el restaurante Aragón, 58 de Valencia entre tres comensales, el menú con gambas rayadas, quisquillas cocidas, canaillas y un Glenrothes de 12 años para el café, entre otros, acarreó a las arcas públicas un gasto de 213,45 euros.
Carreras de taxi de 100 eurosPor último, también resultan llamativos algunos gastos de taxi a cuenta de la tarjeta destinada a la subsecretaria de Medio Ambiente durante el año 2010. En 11 días se abonaron 595,10 euros en taxis. En un caso el desplazamiento desde la sede de la conselleria hasta la avenida donde reside Cristina Serrano se prolonga durante casi tres horas con un coste de 110,80 euros. De hecho, comparada con los gastos en taxis de la entonces secretaria autonómica (Maria Ángeles Ureña) que son los habituales (de 7 a 11 euros), algunas carreras con cargo a subsecretaria ascienden a cantidades desorbitadas : 72,10 euros por un viaje de la conselleria a la calle Caballeros. En 11 días de noviembre de 2010 el gasto sólo en taxis ascendió a 820 euros.
La exsubsecretaria de Medio Ambiente aseguró ayer a Levante-EMV sentirse "muy tranquila porque no tengo conciencia de haber malgastado". Sobre la factura del hotel del 1 de enero, achaca lo peculiar de esta fecha a "un error del hotel". "A principios de 2010 me reuní con González Varas por las alegaciones a la LUV pero el día 1 y 2 debe ser un error del hotel que voy a intentar que enmienden", asegura Cristina Serrano. Sobre los trayectos en taxi, explica: "la tarjeta la usaba todo mi departamento, no todos se me pueden achacar a mi". Y asegura que dispone de varias plazas de garaje "por lo que no tengo ninguna necesidad de usar un taxi desde el gimnasio a mi casa", aunque es el trayecto que desvelan los servicios ofrecidas por la compañía (al menos 5 de los 11 viajes prestados por la empresa de taxi en noviembre de 2010). "Será de unas reuniones que mantuvimos en la conselleria con organizaciones empresariales que se celebraron por la tarde y en las que me recogían en Conde Salvatierra", explica Serrano.
www.levante-emv.com.17.10.11
39. C. VALENCIANA: COTINO CARGÓ A LA CONSEJERÍA GASTOS POR IR A VER AL PAPA
El jefe de gabinete del exconsejero daba la conformidad a las facturas
El representante habitual del Consell ante la jerarquía católica, el entonces vicepresidente Juan Cotino, cargó a la caja fija de su departamento, la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, gastos de viajes, comidas y alojamiento correspondientes a la asistencia a actos del Papa en Roma, Santiago de Compostela y Barcelona en 2009 y 2010. Los justificantes que lo reflejan forman parte de la documentación en que se ha basado la portavoz adjunta de la Coalició Compromís, Mònica Oltra, para formular una pregunta oral al Consell en el pleno del próximo día 19 de octubre.
Oltra preguntará: "¿Cómo piensa el Consell garantizar la tan anunciada austeridad en la Administración pública en relación con los criterios aplicados por el anterior Gobierno para el pago por caja de determinados gastos como los relacionados, por ejemplo, con los desplazamientos y manutención pagados por la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda durante los años 2009 y 2010?".
Cotino explicó ayer a este periódico que los gastos cargados a la caja fija, que ascienden a 3.590 euros, se realizaron durante viajes oficiales que realizó en representación del Gobierno valenciano. Bien en sus viajes a Roma o acompañando las visitas del Papa a varias ciudades de España.En octubre de 2009, mediante un certificado que firmó su propio director de gabinete, Ignacio Calabuig, un cargo de confianza que no suele ser quien está capacitado para justificar gastos de la caja fija, Juan Cotino, actual presidente de las Cortes, pasó al cobro 394,90 euros por un viaje a Roma, donde el Papa canonizó a dos valencianos. Ese mismo mes, pero unos días más tarde, la caja de Medio Ambiente pagó 254,88 euros de billetes de avión de ida y vuelta entre Madrid y Valencia a alguien en principio ajeno al departamento, José Ramón Pin. En el certificado firmado por Calabuig se consignaba la cantidad como "gastos de transporte, José Ramón Pin, viaje a Roma".
No fue el único de los viajes a Roma ni de los gastos por asistencia a actos del Papa que se pagaron desde la Consejería de Medio Ambiente. Así, una "comida de trabajo en el ejercicio de las funciones propias del cargo", para ocho comensales, el 31 de agosto de 2010 en Italia, costó a Cotino, que lo cargó a su departamento, 445 euros. Entre los días 5 y 7 de noviembre del año pasado, el ahora presidente de las Cortes viajó a Santiago de Compostela y Barcelona, siguiendo la visita del Papa, en la que representó a la Generalitat. Medio Ambiente pagó 320 euros por una pensión con encanto en Santiago y una comida de 100,15 euros en la ciudad gallega, así como una habitación de hotel de 130 euros en Barcelona.
En Santiago de Compostela ya había estado Cotino unos meses antes porque la caja fija de su consejería registró 588,52 euros de viaje de avión desde Valencia el día 5 de agosto de 2010.
A Mònica Oltra, que ya ha presentado sin éxito iniciativas para controlar los pagos de caja fija, le ha llamado la atención el uso que se hace en la Generalitat de un instrumento cuyo objeto es atender gastos imprevistos y contingencias de poca cuantía, al margen de los procedimientos de pago habituales de la Generalitat. Un tipo de gastos entre los que probablemente puede justificarse el tíquet de un taxi o la compra de algún material necesario, pero no deja de sorprender una factura de 1.612,37 euros de una empresa de limusinas, vehículos profesionales y de lujo, por el alquiler de un coche con conductor en Bruselas los días 6 y 7 de mayo de 2010. Cotino había acudido esos días a la capital belga a reivindicar ante la Comisión Europea que se retomara la construcción del trasvase del Ebro. También aprovechó para inaugurar el puesto de la Comunidad Valenciana en una jornada de puertas abiertas organizada por el Comité de las Regiones y para participar en unas jornadas organizadas por la Fundació Vives per l'Humanisme i la Solidaritat, una entidad muy cercana al entonces vicepresidente de la Generalitat.
www.elpais.es 17.10.11
40. C. VALENCIANA: EL JUEZ OBSERVA INDICIOS DE DELITO EN LA TRAMA DEL PLAN GENERAL DE ALICANTE
Antepone el interés general al privado para validar las escuchas telefónicas
Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, instructor de la rama del caso Brugal sobre un presunto trato de favor del Ayuntamiento al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), considera que hay indicios de delito en los hechos investigados.
El magistrado hace este razonamiento en el auto, dictado el pasado viernes, mediante el que valida las escuchas telefónicas que dieron pie al inicio del caso. Aunque todavía no han sido calificados provisionalmente, los hechos investigados "revisten indicios de ser delictivos y han provocado una gran alarma social debido al quebranto que suponen en la confianza de la actuación de las Administraciones", razona el juez.
En el auto, Tejada rechaza los recursos de las partes a las escuchas, que comenzaron con el pinchazo del teléfono de Ortiz el pasado 9 de mayo de 2008. El magistrado valida las intervenciones porque, en su opinión, no es el momento procesal para dilucidar esos recursos. El juez cree que este tipo de cuestiones debe dirimirlas el magistrado que juzgue los hechos, si hubiera vista oral.
En este sumario el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, acusa a 21 personas, entre ellas, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi. Briones atribuye a ambos los delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información. Del total de acusados, el juez ya ha imputado a nueve. Los más destacados son Ortiz y su mujer y los abogados urbanistas José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa) y el exedil socialista Javier Gutiérrez.El magistrado Manrique Tejada esgrime la "alarma social" como uno de los argumentos a la hora de validar las escuchas telefónicas que propiciaron la investigación sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El juez considera que el delito de tráfico de influencias que se perseguía con la autorización de las intervenciones genera "alarma social" al cuestionar los procedimientos de licitación de las Administraciones públicas.
El juez también rechaza los argumentos de las defensas sobre una supuesta vulneración de los derechos fundamentales (privacidad de las comunicaciones) y considera que en este caso debe prevalecer el interés general, y máxime cuando también "se intuye la posibilidad de que algún cargo público pudiera estar informando a un empresario con carácter previo a que éste realice una compra de terreno". "Las intervenciones telefónicas decretadas y prorrogadas eran el medio idóneo para conseguir el fin investigador propuesto, eran necesarias por no existir otro medio más moderado para averiguar la posible influencia, ingerencia delictiva en la redacción de instrumentos de planeamiento territorial público [PGOU de Alicante], y era una medida que proporcionaba más ventajas para el interés general que perjuicios para el derecho a la intimidad en conflicto. También más beneficios para el Estado de derecho", argumenta Tejada en su auto.
La resolución del magistrado Manrique Tejada difiere de la dictada el pasado 14 de junio por el instructor general del sumario de caso Brugal, Carlos Sanmartín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, que anuló parcialmente las intervenciones telefónicas. El auto de San Martín ha sido apelado por todas las partes, incluido el fiscal Anticorrupción, a la Audiencia de Alicante, en concreto la sección 7ª con sede en Elche.
Las defensas de los imputados en el caso del PGOU declinaron ayer pronunciarse sobre el auto del Juzgado número 5 de Alicante. No obstante, el letrado que representa a los abogados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, propietarios del bufete Salvetti, señaló que con toda probabilidad presentará un recurso de apelación. De materializar el anuncio, este recurso tendría que ser visto, por motivos de territorialidad, por otra sección de la Audiencia con sede en la ciudad de Alicante. Ello conllevará que dos salas distintas del máximo órgano de la judicatura de Alicante tendrían que pronunciarse sobre las escuchas.
Las reacciones al auto del juez Tejada solo provinieron del bando de la oposición municipal, PSPV y EU, personados en el sumario. El juez igualmente ha desestimado sendos recursos de estas partes que cuestionaban la legitimidad de los recursos de las defensas.
Elena Martín portavoz, del grupo municipal del PSPV, señaló que "el presunto tráfico de influencias de Castedo queda más que patente en las escuchas que ahora son consideradas por el juez como medio idóneo, y necesarias". "Ya no le queda más salida [a la alcaldesa] que explicarse y confesar lo que pudieron hacer", añadió. Mientras, Miguel Ángel Pavón, portavoz del grupo de EU, destacó el hecho de que "el auto anteponga la defensa del interés general a los posibles perjuicios que las escuchas pudieran haber causado a los implicados".
La alcaldesa de Alicante declinó hacer comentarios, porque no le afecta la resolución al no ser todavía parte en el proceso. Ortiz dijo escuetamente: "No tengo nada que decir. Todo está en manos de mis abogados".
www.pais.es 18.10.11
41. C. VALENCIANA: CASTEDO ANTE EL ESPEJO DE BRIONES
La regidora de Alicante lanza un serial para desmarcarse de la trama del PGOU
Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, del PP, ha optado por el contraataque. Sin esperar al veredicto del juez sobre su imputación o no, ha lanzado un serial con dos objetivos: el primero, de carácter personal, es defender su inocencia en la supuesta trama corrupta que anidó en la recta final del trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); y el segundo, de índole corporativa, busca refutar que el Ayuntamiento (con su antecesor y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, y una oficina paralela, el bufete del hermano de Castedo) engordara con información privilegiada sobre el futuro PGOU el negocio urbanístico del promotor Enrique Ortiz.
El fiscal la acusa de favorecer al empresario a cambio de regalos
Los informes dicen que diseñó planes urbanísticos a gusto del promotor
La alcaldesa omite la acusación de dar a Ortiz información privilegiada
Considera que la investigación policial es "errónea e interpretativa"
Ni corta ni perezosa y, quizás, espoleada por la presión añadida del último aldabonazo de la investigación policial con nuevas revelaciones sobre la supuesta implicación del despacho de su hermano José Luis Castedo en la trama, la alcaldesa se ha puesto ante el espejo del fiscal Anticorrupción Felipe Briones y los informes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante.
Castedo ha aportado documentos que, en su opinión, dejan claro que Ortiz no sacó tajada del PGOU. Esta afirmación contradice otra del empresario recogida en las escuchas del sumario del caso Brugal, en la que Ortiz cifraba el monto del pelotazo en 120 millones de euros por el método de acaparar suelo protegido para trasvasar los aprovechamientos a los futuros sectores urbanizables en los que tiene el control hegemónico.
La alcaldesa ha pasado de puntillas sobre el supuesto trasvase de datos privilegiados al empresario Ortiz, recogido en decenas de conversaciones entre ambos. Las escuchas desvelan comentarios tales como "te he apañado lo del APA-9 y lo del Rico Pérez", "tú mandas", o mensajes al redactor del PGOU, Jesús Quesada, para reunirse con Ortiz.
La estrategia de la regidora para defender ante la opinión pública su inocencia -todavía no es parte de la causa, al estar únicamente acusada por Briones y no haber sido citada a declarar por el juez- ha sido simple. En cuatro entregas a la prensa ha confrontado la acusación del fiscal y de la Policía con documentos del trámite del PGOU, en las dos fases de alegaciones y el plan provisional de mayo de 2010.
Fue la propia Castedo quien el 25 de octubre de 2010 se encargó de difundir el escrito inicial de acusación de la rama del caso Brugal que investiga el PGOU, en el que el fiscal Briones distribuyó en cuatro grandes bloques las presuntas ilegalidades cometidas por Castedo.
Información Privilegiada. Briones acusa a Castedo de facilitar información privilegiada a Ortiz sobre el trámite del PGOU. Este apartado recoge una "reunión velada" entre el promotor y la alcaldesa en la gerencia de Urbanismo, otra para entregarle un plano y una tercera para darle el plan general.
Diseño a medida. En el segundo bloque, el fiscal acusa a Castedo de "diseñar y resolver a la medida de Ortiz" aspectos relevantes del PGOU. Entre estas actuaciones, Briones resalta el "apaño" de los planes de Lomas de Garbinet, APA-9, PAU-3, el Estadio Rico Pérez y la recalificación de tres parcelas propiedad del promotor.
"Pacto velado". El tercer capítulo de la acusación del ministerio público versa monográficamente sobre el "pacto velado" entre la alcaldesa y Ortiz para reformar el Rico Pérez en beneficio del empresario.
Regalos. Briones enumera las supuestas dádivas a Castedo por parte de Ortiz, entre las que destacan el regalo de un Mini a una persona de confianza de Castedo, vacaciones en Andorra en 2008 y 2009, y un viaje a Ibiza en el yate del promotor.
La alcaldesa comenzó el pasado día 7 a desplegar su contraataque. Cada informe facilitado presenta la misma estructura: escrito introductorio y documentos del trámite de las actuaciones urbanísticas bajo sospecha y su plasmación final en el PGOU provisional. El serial tiene un nexo en común, la descalificación de la investigación policial, que es "errónea, interpretativa y valorativa", según Castedo.
Edificabilidad del APA-9. La primera entrega de Castedo versó sobre el supuesto incremento de edificabilidad en el sector APA-9. La regidora aportó documentos que indican que el plan, aprobado en 1993, sufrió modificaciones en 2003, 2004 y 2008 "sin que en ningún caso se experimentara aumento de edificabilidad".
Menos viviendas. La segunda entrega de Castedo fue para rebatir otros supuestos traje a medida al promotor Ortiz, en este caso a cuenta de dar más edificabilidad al PAU-3. La regidora mantiene que lo que ocurrió fue algo diametralmente opuesto, es decir, que con las diferentes modificaciones hubo una reducción de la densidad en esa zona, de 50 a 30 viviendas por hectárea. La regidora aprovechó esta entrega para cuestionar el conocimiento de la norma urbanística por parte de los investigadores.
Actuación transparente. El tercer capítulo fue para desmontar el pacto velado con Ortiz para la reforma del estadio Rico Pérez. Para la regidora, hay un dato significativo: La calificación del estadio y sus aledaños es en el nuevo PGOU la misma que en el de 1987, es decir, deportiva. Negó ningún pacto con Ortiz y defendió la "transparencia" del intento frustrado por reformar el campo.
Apaño obligado. En la cuarta entrega, Castedo admitió por primera vez que había hablado con Ortiz de un "apaño". Según la alcaldesa, de nuevo se produjo una mala interpretación de la Policía. En su versión, el apaño era para comunicar a Ortiz que había solucionado la modificación propuesta por el Ministerio de Fomento en los planes de Lomas de Garbinet y APA-9.
En cuanto a los supuestos regalos recibidos de Ortiz, Castedo los ha negado todos, salvo el viaje en yate.
www.elpais.es 17.10.11
42. C. VALENCIANA: EL JUEZ VALIDA LAS ESCUCHAS POLICIALES DE LAS SUPUESTAS IRREGULARIDADES DEL PGOU DE ALICANTE
Un exdirectivo de Bancaja admite que se reunió con la alcaldesa y el bufete de su hermano durante el trámite del documento
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que instruye la rama del caso Brugal sobre un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al empresario Enrique Ortiz durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha emitido un auto en el que valida las escuchas telefónicas realizadas por la Policía en el caso.
El magistrado Manrique Tejada ha rechazado los recursos de las defensas que pedían la anulación de las escuchas por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los investigados. Según el auto, dictado el pasado 14 de octubre y comunicado a las partes ayer, el juez considera que no es el momento procesal oportuno para plantear este recurso. "El lógico e idóneo para declarar nulidades de diligencias de investigación acordadas por el juez instructor será cuando el hecho se está enjuiciando", afirma.
En esta sumario el fiscal acusa por las supuestas irregularidades en el plan general a 21 personas, entre ellas, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor en el cargo y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi. El juez ya ha imputado a nueve de los acusados, entre ellos el promotor Enrique Ortiz.
La resolución de Tejada difiere de la dictada el pasado 14 de junio por el instructor general del sumario del caso Brugal, Carlos Sanmartín, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que anuló parcialmente las intervenciones telefónicas. El auto de Sanmartín ha sido recurrido por la partes, incluido el fiscal anticorrupción, ante la Audiencia de Alicante.
Por otra parte, José Cortina, exdirector territorial de Bancaja, ha admitido esta mañana ante el juez Tejada que durante la tramitación del PGOU de Alicante mantuvo reuniones con la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP; su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, y el despacho de abogados del hermano de la regidora. Cortina ha declarado como imputado por los supuestos delitos de información privilegiada y tráfico de influencias.
www.elpais.es 17.10.11
43. C. VALENCIANA: MARTÍN A CASTEDO: "¿POR QUÉ OCULTÓ SUS CITAS CON ORTIZ?"
Elena Martín, portavoz del PSPV en Ayuntamiento de Alicante, ha optado por la vía de la prensa para plantear a la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, una batería de preguntas sobre su implicación en la trama del supuesto amaño el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a favor del promotor Enrique Ortiz.
La edil socialista asegura que la regidora favoreció al promotor
Las primeras cuestiones están relacionadas con la entrega de documentos del Plan General por parte de alcaldesa al empresario antes de la exposición pública del documento, según recoge el sumario de esta pieza separada del caso Brugal. Martín destacó el carácter secreto que Castedo otorgó a esas citas y trasladó esta pregunta a la regidora: "¿Cree usted que como concejal de Urbanismo se debía ocultar de los ciudadanos, o es que lo que iba darle al señor Ortiz [un plano] era secreto para el resto de los alicantinos?" Otras de las cuestiones que plantea Martín son estas: "¿Si el PGOU, en esta fase, no es público, cómo es posible que usted -como concejal de Urbanismo- le entregara un plano del mismo a Ortiz? ¿No es esto, señora Castedo, trabajar para los intereses particulares de un empresario en vez de trabajar para los intereses generales de la ciudad?" Martín señaló que ha acudido a esta vía ante la negativa de la regidora a crear una comisión de investigación sobre el PGOU, tanto en el Ayuntamiento como en las Cortes Valencianas.
Por otro lado, Mireia Mollà, diputada autonómica de Compromís, señaló ayer que si "Castedo no parte de la causa [sumario del PGOU] es porque el PP se encargó de convertirla en aforada".
www.elpais.es 20.10.11
44. C. VALENCIANA: EL JUEZ CITA OTRA VEZ A RIPOLL POR EL POSIBLE SOBORNO DE LA BASURA
El magistrado de Brugal imputa al líder del PP de Alicante cinco delitos
El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, declarará por segunda vez ante el juez del caso Brugal que indaga un supuesto soborno por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja, adjudicada en enero de 2008 por la Diputación. En esa fecha Ripoll ocupaba la presidencia de institución. El juez investiga un supuesto cohecho de dos pisos (o su equivalente en metálico, un millón de euros) a Ripoll por parte de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll a cambio de la contrata.
Ripoll, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, fue arrestado por esos supuestos hechos delictivos el 6 de julio de 2010. Un día después compareció ante el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, que acordó su libertad con cargos por cinco delitos (cohecho, tráfico de Influencias, revelación de secretos, fraude y negociaciones prohibidas a los funcionarios). San Martín ha citado a Ripoll para el próximo día 1 de diciembre.
Junto a Ripoll, la policía también arrestó a Fenoll, Ortiz, el empresario de la automoción Rafael Gregori, Ángel Luis Bracho Pacheco, gerente de la firma Sufi, José Candel Martínez, empleado de Ortiz, y Antonio Ángel Fenoll. Estos siete últimos también quedaron en libertad con cargos, al igual que el líder del PP e, igualmente, tendrán que comparecer por segunda vez ante el magistrado instructor a lo largo de las próximas semanas.
La nueva tanda de interrogatorios a detenidos e imputados en esta pieza del caso Brugal se produce a instancia del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, dado que cuando comparecieron por primera vez ante el juez el sumario era aún secreto.
Ripoll cerró la adjudicación de la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja a primeros de enero de 2008. El contrato lo ganó Enrique Ortiz, en una UTE con la firma Cespa. Pero incluía una cláusula: la planta tenía que levantarse en una finca previamente comprada por el empresario Ángel Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en La Vega Baja.
Un informe policial, realizado a instancias del instructor, concluye que entre enero de 2008 y junio de 2010 la familia Ripoll tuvo un incremento patrimonial sin justificar de 1.292.658 euros. "Podría considerarse que el origen de dicha cantidad, que constituye el incremento patrimonial no justificado, puede tener una relación directa con la adjudicación del plan zonal a la UTE Cespa-Ortiz y con la ubicación de la planta de gestión, que tienen como beneficiarios a Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, respectivamente, a tenor, como se ha apuntado en informes anteriores, de una posible compensación de un millón de euros a través de Rafael Gregori, en pago a los servicios prestados a Ángel Fenoll y Enrique Ortiz en relación al acuerdo de adjudicación", señala la policía.
San Martín ha citado a los imputados en el sumario del Plan Zonal cuando aún está pendiente un recurso sobre un auto suyo que anulaba parcialmente las escuchas telefónicas que dieron pie a la investigación. El magistrado consideró nulos parte de los pinchazos realizados a Ripoll, Fenoll, Ortiz y Gregori. La decisión sobre la legalidad o no de las intervenciones está en manos de la Audiencia de Alicante.
Escuchas validadas
En contra del criterio del juez oriolano, el magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, que dirige la instrucción de la rama del
caso Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, sí ha validado las escuchas. Tejada observa, además, "indicios de delito" de tráfico de influencias en los hechos investigados.
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo del PP, acusada por el fiscal en ese sumario, rechazó ayer que "esos posibles indicios de delito" que ve el juez recaigan sobre ella. "Claro que aprecia indicios de delito pero no especifica sobre quién", precisó. "El día que se acabe esto quiero que mi nombre quede limpio y no porque se anulen las escuchas, sino porque se demuestre que no ha habido nada", dijo.
www.elpais.es 19.10.11
45. C. VALENCIANA: DE CUANDO GONZÁLEZ PONS, TAN TEMEROSO DEL "INFIERNO", SE CODEABA DESPREOCUPADO CON "EL DIABLO"…
El cabeza de lista del PP por Valencia, Esteban González Pons, está promocionando estos días su autobiografía en el marco de la precampaña del 20-N. Un volumen en el que el 'popular' se pinta a sí mismo con tinte heroicos y no profundiza en aspectos polémicos como su relación con la Gürtel, la trama de presunta corrupción que le ha costado el puesto a su amigo y valedor Francisco Camps. Apenas alude a la Gürtel en relación a las informaciones que apuntaban que él sería también imputado, lo que atribuye a maniobras de Interior: "la tierra se abrió ante mis pies, me enseñó las fauces negras del infierno y volvió a cerrarse antes de que llegara a caerme en el caldero". Desde el PSOE ya le han recordado que "si sintió alguna vez que caía al infierno es porque había hecho tratos con el diablo" y han ironizado apuntando que "sólo los pecadores temen caer en ese 'caldero'". Por ejemplo contrató con Orange Market los servicios de diseño y maquetación de la Guia de la Comunicació de la Comunitat Valenciana del año 2005, cuando él era conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación.
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En su autobiografía Camisa blanca, González Pons no puede evitar abordar la Gürtel, la trama de presunta corrupción y sobornos a políticos que ha acabado políticamente con Francisco Camps. El expresidente fue su principal valedor y le condujo desde la política valenciana a la nacional junto a Mariano Rajoy. Pero el actual vicesecretario de comunicación del PP lo que recuerda es el día en que aparecieron informaciones de que podría ser él también imputado por la Gürtel, y aunque reconoce que temió verse salpicado y hundido por el escándalo, lo atribuye a maniobras de Interior. Incluso dice que fue el juez Garzón quien le salvó.
Culpa a Interior
Así, González Pons apunta en el libro que cuando su nombre apareció como posible imputado por la Gürtel "fueron las peores horas de mi carrera política" y lo atribuye a que "alguien muy importante en el Ministerio del Interior insistió confidencialmente ante los periodistas para que me presentaran como posible enredado en un conocido asunto judicial que no tenía nada que ver conmigo". El popular apunta que desde Interior intentaron "hacerme daño" y "ensuciarme", y sentencia que "sin tener por qué, me salvó Garzón". Se refiere al hecho de que el juez desmintiera públicamente que le fuera a imputar. El dirigente popular aparece citado en varias ocasiones por los cabecillas de la trama en las grabaciones del sumario judicial.
"El infierno se abrió y se cerró"
González Pons, según los extractos del libro que publica el diario Levante, se recrea en lo mal que lo pasó aquel día traumático: "Ocurrió el 25 de febrero de 2009. Aquel mediodía, la tierra se abrió ante mis pies, me enseñó las fauces negras del infierno y volvió a cerrarse antes de que llegara a caerme en el caldero". Al final del día, tras el desmentido de Garzón, "todo estaba en su sitio, el infierno en menos de una hora se abrió y se cerró". "El cuchillo de la deshonra inmerecida me rozó el corazón", insiste para enfatizar el miedo que sufrió.
Imágenes escaneadas de la Guía de la Comunicació de la Comunitat Valenciana 2005 en las que aparece la autoría de Orange Market y el conseller responsable de la misma, González Pons
PSPV: "Omite" explicar su relación con Orange Market
Estos pasajes han provocado la indignación del PSOE, que advierten de que el
dirigente popular "mezcla realidad y ficción" y "omite todos aquellos
detalles lamentables que justificaban su relación con los miembros de la
trama corrupta más importante que ha operado en la Comunitat Valenciana".
Así se ha expresado la portavoz del Comité Electoral de los Socialistas
Valencianos, Carmen Montón, quien ha declarado que González Pons "se
autoproclama mártir en su biografía sabiendo que es mentira" cuando hace
referencia al caso Gürtel.
"Sólo los pecadores temen caer en ese ‘caldero’"
La socialista Montón ha recordado por ejemplo que González Pons contrató con
Orange Market los servicios de diseño y maquetación de la Guia de la
Comunicació de la Comunitat Valenciana del año 2005, cuando él era conseller
de Relaciones Institucionales y Comunicación -pinchando aquí se puede
acceder a un escaneo de aquella guía en la que aparece la firma de la
empresa de El Bigotes como responsable-. Las relaciones del Gobierno
valenciano con Orange Market, la empresa de El Bigotes, han provocado
la imputación del expresidente Camps y su salida del Ejecutivo así como la
condena de dos altos cargos del Govern que reconocieron haber recibido
regalos. "El popular pensaba que podía ir al infierno, porque sabía
que no había obrado correctamente", dejó caer Montón, y es que "sólo los
pecadores temen caer en ese ‘caldero’".
www.elplural.com 18.10.11
46. C. VALENCIANA: LA CONSELLERA ISABEL BONIG, IMPUTADA POR ACOSO LABORAL
La titular de Infraestructuras declarará por una querella presentada por un funcionario de la Vall d'Uixòl, que la acusa de "trato inhumano y degradante y lesiones"
La consellera de Infraestructuras y ex alcaldesa de La Vall d'Uixò, Isabel Bonig, declarará el próximo día 28 de octubre como imputada por una querella presentada por un funcionario del consistorio por acoso laboral.
Así lo han confirmado fuentes del Ayuntamiento de La Vall d'Uixò, quienes han explicado que el 28 de octubre también declarará la concejala de Interior Elena Vicente Ruiz.
Las mismas fuentes han explicado que el oficial mayor del
consistorio denunció en mayo de 2011 una serie de "actuaciones o hechos
ocurridos en 2007, como que se le obligaba a fichar, a cumplir el horario o
que se eliminara el gabinete jurídico del Ayuntamiento, del que formaba
parte".
En la querella, el oficial acusa a la ex alcaldesa Isabel Bonig y a Elena
Vicente como presentas autoras de los delitos de "trato inhumano y
degradante, acoso laboral y lesiones". También acusa al actual alcalde,
Óscar Clavell -que entonces era concejal- como coautor y a otros
funcionarios.
Según fuentes municipales, la querella se presentó en abril de 2011 a raíz
de un expediente para el estudio de amortizaciones de algunas plazas en el
Ayuntamiento, entre ellas la del oficial mayor.
La Conselleria de Infraestructuras ha declinado hacer declaraciones, aunque desde el equipo de gobierno actual del Ayuntamiento han considerado "llamativo que cuatro años después se denuncien estos hechos, justo en el momento en el que se va a amortizar su plaza por cuestiones estrictamente económicas y no por rencillas personales".
Además del oficial mayor, la técnico de Medio Ambiente interpuso recurso -por la vía administrativa- contra el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó en marzo de 2011 por "una serie de conductas que consideraba constitutivas de acoso laboral".
Sin embargo, según han apuntado las mismas fuentes, "este recurso fue inadmitido por la juez de lo contencioso-administrativo número 1 de Castellón por considerar que la recurrente no había motivado porqué había tardado cuatro años en denunciar una conducta que según ella comenzó en 2007, sin entrar a valorar ninguna cuestión más".
El consistorio ha asegurado que, además, "al menos uno de los funcionarios pertenece a CCOO, sindicato que ha recurrido en los juzgados todas las iniciativas y acuerdos de personal que ha tomado este equipo de gobierno", en lo que las mismas fuentes consideran "una estrategia sostenida de impugnación general de todo tipo de resoluciones del Ayuntamiento" y una política de "acoso y derribo".
Por su parte, fuentes del sindicato CCOO han señalado que el Oficial Mayor ya ganó una sentencia en 2010 contra el Ayuntamiento por un asunto de acoso laboral.
No obstante, han precisado que ni esta querella, ni la que se ha presentado actualmente ha sido tramitada por los servicios jurídicos del sindicato.
Fuentes de CCOO han asegurado no tener voluntad de "acoso y derribo contra el consistorio", sino que se trata de defender una situación laboral correcta con los trabajadores.
Por su parte, el cabeza de lista del PP al Congreso de
los diputados por Castellón, Manuel Cervera, ha asegurado que Bonig es "una
persona 10", además de "inteligente, luchadora y brillante".
Igualmente, Manuel Cervera ha añadido que la persona que ha denunciado "se
merece un respeto si considera que no ha sido tratado correctamente".
Además, la secretaria general del PP en Castellón, Marisol Linares, ha afirmado que Bonig "no tiene sólo nuestro apoyo, sino el de la ciudadanía que le dio dos veces la mayoría absoluta como alcaldesa".
www.levante-emv.com 17.10.11
47. C. VALENCIANA: VARIOS TESTIGOS DECLARAN QUE BELLVER AUTORIZÓ EL 'PARKING' SIN PERMISO
Los estudios del Ayuntamiento no contemplaron posibles daños a los jardines
Varios testigos declararon ayer en el Tribunal Superior de Justicia que el concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, autorizó la construcción del aparcamiento junto a los Jardines de Monforte sin recabar el obligatorio permiso de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat. Esa omisión representa el núcleo de la acusación contra el concejal, que se enfrenta a ocho años y medio de inhabilitación como presunto autor de un delito de prevaricación urbanística.
Árboles y plantas sufrieron con las obras, según un jefe municipal
Los arquitectos de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Ricardo Sicluna y José Ignacio Casar (aunque este último ya desvinculado del departamento) señalaron que la calle de Severo Ochoa donde se excavó el aparcamiento está protegida desde el año 1992 por formar parte del entorno de los jardines. Casar fue más lejos y afirmó que dado que desde esa fecha están pendientes por parte del propio Ayuntamiento de Valencia tanto el desarrollo del plan especial de protección del entorno de Monforte como la declaración de Bien de Interés Cultural del propio jardín romántico, se debería haber sido "especialmente cauteloso" con la ejecución del proyecto.
Frente a la cordial relación entre el Ayuntamiento y Patrimonio que durante el juicio ha tratado de presentar la defensa, como indicio de que la omisión de la petición del informe no tuvo como objeto eludir posibles obstáculos al proyecto, el arquitecto ofreció otra versión. El servicio de Patrimonio y el Consistorio mantienen "una relación en la que se ventilan intereses distintos", declaró; "a veces las cosas van con facilidad y otras veces son muy complicadas".
María Petra Santisteban, también arquitecta de la dirección general y miembro de la comisión municipal de Patrimonio, explicó que en el caso de un aparcamiento proyectado junto a la antigua Tabacalera, se requirió informe sobre el posible impacto de la obra en "la masa arbórea del paseo de la Alameda".
El dato fue significativo porque dicho paseo tiene una protección inferior a la de los Jardines de Monforte y la obra planeada estaba a más de 500 metros de donde se levantan los árboles. En el caso del jardín, en cambio, el enorme agujero necesario para construir el parking de tres niveles se abrió a apenas 20 centímetros del muro que lo rodea.
María Petra Santisteban, jefa de sección administrativa del servicio de Circulación del Ayuntamiento, respondió al fiscal que la advertencia de que la obra requería un informe de Patrimonio debería haberla efectuado el servicio municipal de Planeamiento. Dos de los cuatro acusados que acompañan a Bellver en el banquillo forman parte de dicho departamento.
Resultó igualmente llamativo que los dos redactores del estudio geológico del proyecto que comparecieron ante el tribunal admitieran que su trabajo no contempló los posibles daños a los árboles del jardín. Antonio Marín, del colectivo Cercle Obert, afirmó por su parte que el jefe de servicio de Proyectos Singulares del Ayuntamiento, José María Herrera, le reconoció que el aparcamiento había provocado la aparición de humedades y enfermedades en las plantas del jardín.
www.elpais.es 20.10.11
48. C. VALENCIANA: BELLVER ABRE EL MARATÓN DE JUICIOS A CARGOS DEL PP
El concejal y diputado por Valencia está acusado de prevaricación
El Tribunal Superior de Justicia tiene previsto empezar a juzgar hoy a Jorge Bellver, diputado autonómico y concejal de Urbanismo en Valencia, por un supuesto delito de prevaricación urbanística. El de Bellver será el primero de una larga lista de previsibles procesos contra diputados valencianos en la presente legislatura: el número de parlamentarios del PP sometidos a juicio puede ascender a 10. Una anomalía derivada de la decisión del expresidente de la Generalitat Francisco Camps de llenar el grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas de políticos con cuentas pendientes con la justicia.
Si el archivo de las imputaciones no lo impide, el maratón judicial continuará con el juicio contra Camps y el ex secretario general del PP regional Ricardo Costa por aceptar dádivas de la trama Gürtel. Le seguirá el juicio al exalcalde de Torrevieja Pedro Ángel Hernández Mateo, imputado por prevaricación y falsedad documental en una de las tres causas que tiene abiertas. A continuación, aunque en este caso los plazos se presentan largos, le llegará el turno a la cúpula del PP valenciano imputada en el grueso de la vertiente valenciana del caso Gürtel por presunta financiación ilegal y falsificación en documento mercantil. Los implicados en este caso son los diputados Ricardo Costa, Yolanda García, tesorera del PP, y David Serra, vicesecretario de Organización del PP.
Por esos mismos supuestos delitos también está imputado Vicente Rambla, exvicepresidente primero de Camps. En el caso de Rambla se añaden, además, las acusaciones de cohecho y prevaricación por sus tratos con la red Gürtel, dos delitos que se le imputan igualmente a Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo y presidenta de las Cortes valencianas en la anterior legislatura. A estos ocho diputados es probable que, en el futuro, se sumen la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, implicados en el caso Brugal que investiga el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en beneficio del promotor Enrique Ortiz.
De todos ellos, el primero en sentarse en el banquillo hoy mismo será Jorge Bellver. El concejal de Urbanismo de Valencia autorizó en 2004 las obras de un aparcamiento junto a un espacio protegido de la ciudad de Valencia, los Jardines de Monforte, obviando el obligatorio informe del servicio de Patrimonio de la Generalitat. Anteriormente, Patrimonio ya había obligado al Consistorio a modificar profundamente otro proyecto urbanístico en el mismo entorno. El fiscal y el juez instructor consideraron que el concejal omitió el informe a propósito para eludir los previsibles obstáculos con los que se habría encontrado el aparcamiento.
Bellver, que se enfrenta a una pena de ocho años y medio de inhabilitación para cargo público, fue incluido en las listas del PP a las últimas elecciones autonómicas por deseo de Rita Barberá. El movimiento produjo la paralización del procedimiento que se seguía contra él (en enero el juez ya había dictado la apertura de juicio oral) porque desde el momento en que obtuvo el acta de diputado dejó de poder ser juzgado por un tribunal ordinario y su causa se elevó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Junto a Bellver se sentarán en el banquillo el secretario del Ayuntamiento de Valencia, Pedro García Rabasa, el jefe de servicio de Circulación y Transporte, el jefe de servicio de Planeamiento y una arquitecta técnica. Todos ellos se han declarado inocentes y han alegado que en caso de haber incumplido la normativa urbanística lo habrían hecho de forma involuntaria, por lo que su actuación no tendría trascendencia penal sino en todo caso administrativa.
www.elpais.es 17.10.11
49. C. VALENCIANA: MIGUEL HERNÁNDEZ, A LA CAJA FUERTE
El PP de Elche rompe el convenio que aseguraba el legado del poeta - La familia guarda en un banco los 5.000 documentos hasta que la justicia resuelva el conflicto
El legado del poeta Miguel Hernández, 250 cajas con más de 5.000 documentos (cartas, manuscritos, libros y algunas pinturas) anida en el ostracismo más absoluto. El nuevo Ayuntamiento de Elche (Alicante), gobernado ahora por el PP, rescinde el convenio suscrito el año pasado con los herederos argumentando motivos económicos, y desprotege el legado del paraguas de una institución pública. La familia del poeta empezó ayer a trasladar este legado a una caja fuerte de un banco para su custodia hasta que los tribunales se pronuncien.
Rovira: "No es un tema económico, es una decisión política lamentable"
"Es un día triste", admitió Lucía Izquierdo, nuera del poeta, que rebatió los argumentos del Ayuntamiento de falta de liquidez. "Nos obligan a llevárnoslo porque no han pagado lo acordado", se lamentó Izquierdo, que cifró en 84.000 euros anuales la cantidad que debería recibir la familia. Su abogado, Carlos Candela, recordó que esta cifra supone el sueldo de un asesor de alcaldía, y que las cantidades que maneja el Ayuntamiento "no son reales y no figuran por ninguna parte". En cambio, el Gobierno municipal eleva a tres millones de euros la cantidad que debería cobrar la familia en los próximos 20 años.
El concejal de Cultura de Elche, Pablo Ruz (PP), que lamentó ayer la retirada del legado, reiteró la "incapacidad" económica del consistorio para afrontar el pago de tres millones. El convenio, suscrito con el anterior alcalde, el socialista Alejandro Soler, comprometía unos ingresos mínimos (de unos 150.000 euros anuales) y el resto en función de las ganancias obtenidas con la puesta en marcha de una fundación y un museo del poeta. Para el Ayuntamiento, con un presupuesto que ronda los 250 millones de euros anuales, el cumplimiento del acuerdo con la familia del poeta supondría un 0,68% de esa cantidad. "No es un tema económico, es una decisión política", denunció el catedrático de Literatura y excomisario del Año Miguel Hernández, José Carlos Rovira, que acudió para apoyar a la familia. "Es un desprecio hacia el poeta, y es lamentable que el nuevo Ayuntamiento ni tan siquiera se haya reunido con los herederos para intentar negociar", se quejó Rovira.
Los familiares de Miguel Hernández empezaron ayer la ardua labor de supervisión de todos los documentos del legado para su posterior traslado a la caja fuerte de una entidad bancaria, que no quisieron revelar por cuestiones de seguridad, para su custodia hasta que se diriman las cuestiones judiciales. La familia presentará una demanda ante el juez contra el Ayuntamiento de Elche por incumplimiento del contrato y por daños morales por parte de algunos ediles del PP.
El legado ha estado en Elche los últimos 27 años desde que Josefina Manresa, viuda del poeta, lo entregara a sus legítimos herederos. El año pasado, con motivo de la conmemoración del centenario del nacimiento del poeta, el Ayuntamiento de esa localidad, gobernado entonces por los socialistas, el de Orihuela, en manos del PP, y la propia Diputación de Alicante, mantuvieron un pulso por su custodia, ya que en plena campaña electoral los políticos del PP pretendían erigirse como los guardianes de la memoria del autor, condenado a muerte por el franquismo. Ahora nadie lo quiere, y el PP le da la espalda. "Es un daño irreparable el que hacen al poeta, ahora se paralizan todas las actividades previstas y cualquier investigación", dijo Izquierdo.
El portavoz socialista en la Diputación y exalcalde Alejandro Soler tildó de "error histórico" la pérdida de este legado, consecuencia de "un Gobierno de bajo perfil intelectual, cultural y moral". La nueva alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, del PP, en sus pocos meses en el cargo, ya ha adoptado varias decisiones polémicas y en la misma dirección; le dedicó una calle al último alcalde franquista y le quitó el nombre de Pasionaria a un jardín público.
www.elpais.es 18.10.11
50. C. VALENCIANA: DOS EMPLEADOS MUNICIPALES DENUNCIAN A BONIG POR ACOSO LABORAL
Dos funcionarios del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó han presentado sendas denuncias contra la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, por supuesto acoso laboral durante su etapa como alcaldesa del municipio, cargo que desempeñó hasta el pasado mes de junio. Los denunciantes son el exoficial mayor del Ayuntamiento y una técnico de Medio Ambiente, hija de un exconcejal del PP en La Vall d'Uixó. Los dos presentaron sus demandas antes de que Bonig fuera nombrada consejera por Francisco Camps el pasado 21 de junio, aunque los hechos se han conocido ahora.
El primero presentó una querella en los juzgados de Nules por supuestos delitos de "trato inhumano y degradante, acoso laboral y lesiones" contra Isabel Bonig y otros responsables del Ayuntamiento, entre los que se encuentran la concejal de Interior, Elena Vicente Ruiz, y el actual alcalde del PP, Óscar Clavell.
El funcionario afirma que ha sido objeto de una "venganza" por su actuación durante la etapa de gobierno local socialista, entre 2003 y 2007. Según la denuncia del funcionario, tuvo que "soportar discusiones con la alcaldesa, gritos, insultos, humillaciones y vejaciones". Bonig declarará por estos hechos el 28 de octubre en los juzgados de Nules.
Chillidos e insultos
El segundo caso es el de la funcionaria del área de Medio Ambiente, que ha presentado una demanda ante el juzgado de lo social de Castellón, después de que en primera instancia no fuera admitido su recurso contencioso por un problema de plazos. La funcionaria relata que advirtió a Bonig de deficiencias en la gestión del servicio privado de basuras. Desde entonces, según la denunciante, Isabel Bonig y el actual alcalde iniciaron una campaña de acoso. Afirma que sufrió "episodios de enorme grado de violencia" por parte de Bonig, que incluyeron "chillidos, insultos" e incluso "lanzamiento de objetos". Asegura que la actual consejera de Infraestructuras se refería en su etapa de alcaldesa de La Vall d'Uixó a los trabajadores municipales como "los putos funcionarios".
Isabel Bonig no quiso responder ayer al contenido de las denuncias. Su gabinete remitió a la concejal de Interior, Elena Vicente, de La Vall d'Uixó, quien aseveró que el exoficial mayor denunció el caso al enterarse de que el Consistorio iba a amortizar su plaza. Vicente acusó a CC OO de acosar al Gobierno local.
www.elpais.es 18.10.11
51. C. VALENCIANA: LA GENERALITAT ABRE MÁS VÍAS PARA PRIVATIZAR LA ENSEÑANZA PÚBLICA
Educación apuesta por el 'leasing' o la opción de compra de aulas
En tiempos de crisis económicas globales, "soluciones globales". La Generalitat busca "fórmulas jurídicas" para ampliar la entrada de capital privado en el sistema educativo, con el objetivo de resolver "las necesidades educativas más urgentes" y "acabar con las aulas prefabricadas". La inyección de capital privado se hará por tres vías. La primera, a través de los denominados Centros de Iniciativa Social (CIS). Se utilizará para construir escuelas concertadas en suelo público. Mediante este sistema una empresa privada opta, a través de un concurso, a una concesión de explotación de 75 años. La gestión es privada; la plantilla docente, concertada.
Los CIS se extenderán, en segunda opción, "a los centros públicos que requieran de una reforma integral" y donde el municipio demuestre que tiene problemas "urgentes" de escolarización. Aunque la naturaleza pública de un centro educativo no se puede revertir tan fácilmente, con la normativa básica de la Ley de Contratos y de Patrimonio.
La tercera consiste en un plan integral de eliminación de los 900 barracones vía opción de compra o el leasing (un contrato de arrendamiento por un periodo que normalmente dura 30 años y ofrece ventajas fiscales y de capitalización). No está claro, al final del contrato, si la gestión y los docentes seguirán siendo de titularidad pública. "Hay que buscar el instrumento más fácil y que se adapte mejor a las necesidades. En cualquier caso, los CIS, el leasing, la opción de compra o cualquier otro instrumento jurídico tienen que dar respuesta al objetivo prioritario de resolver las necesidades educativas urgentes y eliminar las aulas provisionales", avanza un alto cargo que trabaja en el proyecto.La entrada de capital privado, tanto en la construcción y la gestión, como también en la supresión de las aulas provisionales o barracones se completa con un proyecto global denominado Plan de Previsión Educativa 2012-2015, del que los sindicatos de la enseñanza pública solo conocen dos páginas con la declaración de intenciones. El plan no ha pasado por el Consejo Escolar Valenciano ni por la Mesa Sectorial. Su única referencia indirecta se encuentra contenida en artículo 102 del Anteproyecto de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2012, que señala: "La Generalitat podrá colaborar con los particulares en la promoción de centros educativos de iniciativa social (CIS), con el fin de garantizar la libertad de enseñanza. A tal efecto, podrá otorgar concesiones sobre bienes demaniales de su titularidad, así como los que le hayan sido transmitidos por otras Administraciones, para la construcción de centros educativos de titularidad privada que reúnan los requisitos para ser sostenidos con fondos públicos". Es decir, concertados.
El citado artículo 102 abre la puerta, pues, a facilitar la cesión de cualquier infraestructura y equipamiento educativo público para su reforma y utilización por parte de empresas privadas. Ahí entra la privatización de la supresión de las 900 aulas prefabricadas instaladas en la red pública, cuyo coste de más de 7 millones de euros (1.100 millones de las antiguas pesetas) asume anualmente la empresa pública de construcciones escolares Ciegsa.
Ciegsa, que solo tiene un cliente y que no paga -la Generalitat valenciana- tiene una deuda acumulada de 2.200 millones por la reforma, la construcción y el equipamiento de 400 centros públicos en las últimas dos legislaturas. Pero, ni la Generalitat ni Ciegsa pueden endeudarse más.
El Consell estudia recurrir a fórmulas como el leasing o la tradicional opción de compra para poder cumplir con el compromiso público adquirido por el presidente Alberto Fabra y su consejero de Educación, José Ciscar, de "eliminar las aulas provisionales" en esta legislatura.
"Con los centros CIS se pueden eliminar las aulas provisionales. Aunque el plan tiene que ser plurianual", avanza el citado alto cargo que trabaja en el proyecto.
"Tenemos que tener un instrumento jurídico, pero tiene que ser plurianual. Es decir, que sirva para el año cero, para el segundo, para el tercero, para el cuarto...", puntualiza, para explicar que la Generalitat estudia con lupa toda la normativa básica y los vericuetos que le permitan adoptar una solución que, insiste, "está implantada en Madrid desde hace dos legislaturas". Por este sistema, la popular Esperanza Aguirre ha construido 80 centros educativos, de los cuales 50 son centros CIS. Aunque el proceso de privatización del colegio público de El Álamo ha sido tumbado dos veces por el Tribunal Superior de Justicia por no haber pasado por el consejo escolar del centro.
"Estudiamos soluciones globales. Se está haciendo un estudio jurídico que permita dar cobertura legal a las necesidades de escolarización, para hacer frente a esas actuaciones", concluye.
Los planes educativos del Consell
- Plan de Previsión Educativa 2012-2015. Parte de un "análisis detallado" de la realidad actual de la población, priorizando las necesidades en tres anexos que no han sido distribuidos a lo sindicatos.
- Fórmula Centros de Iniciativa Social (CIS). Se utilizará para garantizar la libertad de elección de las familias que solicitan plaza en un centro concertado. Se cederá el suelo público, mediante un concurso, a una empresa que construirá y explotará el centro escolar durante 75 años, por un canon. Educación estudia ampliar la fórmula a centros públicos que requieran de una reforma integral urgente en ese periodo.
- Sistema de opción de compra o leasing. Estudia el contrato para que la iniciativa privada elimine los 900 barracones.
www.pais.es 18.10.11
52. C. VALENCIANA: EL AEROPUERTO DE CASTELLÓN, SIN AVIONES PERO CON HALCONES
La administración valenciana licita el control de la fauna y el desalojo de aves
El choque de un ave con un avión se sitúa en el puesto 29, de los 33 principales riesgos que pueden causar un accidente aéreo. Para evitarlo, en muchos aeropuertos se utiliza la cetrería, el vuelo de grandes halcones adiestrados para espantar o cazar otras aves. En Castellón también se va a hacer aunque el riesgo, de momento, sea nulo, ya que puede haber aves pero lo que no hay son aviones.
La sociedad pública Aeropuerto de Castellón (formada por la Diputación provincial y la Generalitat Valenciana) ha sacado a licitación el servicio de "control de fauna, desalojo de aves y de fauna terrestre" por un coste total de más de 450.000 euros. La sociedad ya sabe que en 2012 se gastará 112.000 euros en este servicio, aunque aún no tiene ni un contrato firmado con aerolíneas para volar desde o hasta el aeropuerto de Castellón.
Por los cielos de las instalaciones volarán ocho halcones adiestrados. Y por los suelos, por los que tampoco se puede ya pasear, pese a que ese era el objetivo para inaugurar el aeropuerto antes de tener los permisos de vuelo, ocho hurones "perfectamente legalizados y registrados". Sin embargo, el paseo de estos 16 animales quizá se convierta en el nuevo atractivo del aeropuerto.
El control de la fauna que rodea los aeropuertos españoles comenzó a finales de los 60, cuando los norteamericanos de la base aérea de Torrejón de Ardoz dieron la voz de alarma ante las graves interferencias que provocaban las bandadas de sisones. Fue Félix Rodríguez de la Fuente quien propuso la solución de los halcones y, desde entonces, los aeropuertos los han utilizado como método para evitar el peligro del cruce entre estos y el vuelo de aeronaves.
La normativa internacional recomienda el uso de procedimientos acústicos, aunque contempla también el empleo de la cetrería.
Pese a que, según los expertos, las hembras, por su mayor anatomía, cumplen la tarea con más efectividad que los machos, el pliego de condiciones para el servicio del aeropuerto de Castellón no recoge ningún condicionante a este respecto. Como tampoco incluye ninguna cláusula que prevea qué pasará con el concurso si la puesta en marcha de las instalaciones, con aviones, se demora aún más.
De momento, el aeropuerto sigue sin tener los permisos de vuelo, aunque ya los ha solicitado. Y pese al anuncio de negociaciones con varias compañías, solo Air Nostrum ha mostrado un interés real por operar en Castellón. Aún así, su consejero delegado, Carlos Bertomeu, declaró hace unas semanas que "con la que está cayendo, no es época de sembrar y añadió que "operar en el aeropuerto de Castellón evidentemente es una siembra porque cualquier aeropuerto nuevo implica perder dinero y las siembras ahora son menos apetecibles que antes".
www.elpais.es 19.10.11
53. El Gobierno valenciano y la Diputación de Castellón se gastan 3,5 millones en el torneo de golf de Carlos Fabra
El Consell dobla el presupuesto del torneo mientras recorta en Sanidad y Educación
Hasta el próximo domingo se celebra en el campo de golf La Coma de Borriol (Castellón), que preside Carlos Fabra, la cuarta edición del Castellón Masters. Un torneo de élite, al que acuden como invitadas distintas personalidades y famosos.
Hasta ahora, la Generalitat gastaba cada año 1,7 millones de euros, según las respuestas parlamentarias escritas del Consell a la diputada de Iniciativa Mireia Mollà, mientras que la Diputación ponía 300.000.
Sin embargo, este año, según figura en la cuenta general del Consell Valencià d'Esport, que depende de la consellera Lola Johnson, el gasto previsto es de 3.136.028 euros, mientras que la Diputación aportará 364.000 En total, 3,5 millones de euros en el torneo que se juega en el campo presidido por Carlos Fabra.
La diputada autonómica de Esquerra Unida por Castellón, Marina Albiol, considera escandaloso el gasto. Critica que el Consell casi lo duplique, mientras recorta en "Sanidad, Educación, no paga lo comprometido por la Ley de Dependencia ni a los proveedores". Marina Albiol solicitará la comparecencia en Les Corts de la consellera de deportes, Lola Johnson, para que explique el asunto.
El Castellón Masters de golf fue aprobado por Francisco Camps desde la presidencia del Gobierno valenciano, para desagraviar a Carlos Fabra, después de que en Valencia organizasen la Fórmula 1 y la Copa del América, y en Alicante la Volvo Ocean Race.
www.cadenaser.com 21.10.11
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