ÍNDICE

1. RAJOY APOYA A UN URIARTE ALICAÍDO POR SU DESLIZ ALCOHÓLICO

2. RAJOY DICE QUE LA CENSURA DE FOTOS NO ES "COMPETENCIA" SUYA

3. RAJOY EVITA OBLIGARSE A DEROGAR LA LEY DEL ABORTO

4. EL COMITÉ DE DERECHOS Y GARANTÍAS DEL PP DECIDE QUÉ HACER CON COBO Y COSTA

5. BRONCA DEL PP EN EL SENADO PARA ARROPAR A COSPEDAL

6. GARZÓN DENUNCIA UNA CAMPAÑA DEL PP CONTRA ÉL PARA ACABAR CON EL 'CASO GÜRTEL'

7. GONZÁLEZ PONS ALARDEA DE DEFENDER A GARZÓN "EL DOBLE QUE ZAPATERO"

8.TRILLO ACUSA A LA PORTAVOZ DEL CGPJ DE "INJERENCIA INTOLERABLE" POR CRITICAR SU PROPUESTA DE CADENA PERPETUA

9. AZNAR: DIEZ CITAS CON CHÁVEZ Y TRES CON CASTRO

10. AZNAR JUSTIFICA SU GESTO: "CON LOS DESCARADOS HAY QUE SER DESCARADO"

11. FAES "SUGIRIÓ" UNA SUBIDA DEL IVA EN FEBRERO DE 2009

12. GALICIA. LA NOVIA DE FEIJÓO VIAJÓ A ROMA COMO SU "COLABORADORA"

13. GALICIA. ADJUDICA A DEDO SUBVENCIONES Y CONTRATOS MILLONARIOS A SUS AMIGOS, GASTA 6 MILLONES DE EUROS EN COCHES…

14. GALICIA. BALTAR DICE QUE QUIERE SEGUIR HASTA EL 2015 EN LA DIPUTACIÓN PARA PACIFICAR EL PARTIDO

15. GALICIA. CRÍTICAS AL CONSEJERO DE ECONOMÍA DE LA XUNTA DE GALICIA POR FRIVOLIZAR EL DÍA DE LA MUJER

16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE AVIVA LA GUERRA FISCAL MIENTRAS RECLAMA 5.680 MILLONES AL ESTADO

17. COMUNIDAD DE MADRID. LOS TOROS SE VUELVEN CONTRA EL PP

18. COMUNIDAD DE MADRID. ESPÍAS DE AGUIRRE EXIGEN QUE EL PAÍS SEÑALE AL FUNCIONARIO QUE LES DENUNCIÓ

19. COMUNIDAD DE MADRID. UNA NUEVA DISPUTA ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN DEJA ESCAPAR 17 MILLONES

20. COMUNIDAD DE MADRID. LA JUEZ IMPUTA POR COHECHO A LA ALCALDESA DE EL BOALO, DEL PP

21. COMUNIDAD DE MADRID. NUEVAS REVELACIONES SOBRE LOS VÍNCULOS ENTRE EL PP Y EL TAMAYAZO

22. COMUNIDAD VALENCIANA. LA SAMBA DE CAMPS

23. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS IMITA LA POLÍTICA DE AGUIRRE Y DECLARA LOS TOROS BIEN CULTURAL

24. COMUNIDAD VALENCIANA. EL DIRECTOR DE RTVV RECHAZA DESPEDIR A SANZ Y EL PP PIDE SILENCIAR EL CASO

25. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS LÍOS TRIBUTARIOS DEL DIRECTOR GENERAL

26. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ ARCHIVA EL 'CASO IVEX', PESE A LAS IRREGULARIDADES

27. COMUNIDAD VALENCIANA. VALENCIA INCUMPLE SU PLAN DE AUSTERIDAD Y GASTA 7,6 MILLONES MÁS

28. COMUNIDAD VALENCIANA. LA NUCIA RESUCITA TRES GRANDES PROYECTOS URBANÍSTICOS PARALIZADOS

29. COMUNIDAD VALENCIANA. TORREVIEJA CONTRATA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS AL FAMILIAR DE DOS EDILES

30. CASTILLA Y LEÓN. INVESTIGAN EL AYUNTAMIENTO POPULAR DE CARRACEDELO (LEÓN) POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS

31. CASTILLA-LA MANCHA. EL ALCALDE DE CUENCA, IMPUTADO POR PREVARICACIÓN

32. CASTILLA-LA MANCHA. EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL EMBARGA A LA SS Y BLOQUEA EL DINERO DE LA CAJA DE PENSIONES

33. REGIÓN DE MURCIA. CONEXION SANIDAD VIII. LA REGIÓN AL LÍMITE DE LA POBREZA Y LOS DIRECTIVOS COBRANDO "PRIMAS"

34. REGIÓN DE MURCIA. EL AYUNTAMIENTO DEL PP IMPONE A LOS MURCIANOS IMPUESTOS POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL

35. REGIÓN DE MURCIA. Y EN MAZARRÓN CONTINUAN PERSIGUIENDO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

36. REGIÓN DE MURCIA. LA ONU CONDENA, EN UN INFORME PIONERO, AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA POR OPACIDAD AMBIENTAL

37. ISLAS BALEARES. KING: ´MATAS DIJO QUE EL VELÓDROMO HABÍA QUE TERMINARLO COMO FUERA´

38. ISLAS BALEARES. MATAS AVALABA TODAS LAS DECISIONES DE BALLESTER Y MOISÉS EN EL PALMA ARENA

39. ISLAS BALEARES. LA AUDIENCIA REVISARÁ LA RELACIÓN DEL PALMA ARENA CON EL PATRIMONIO DE MATAS

40. ISLAS BALEARES. EL YATE DE MATUTES ENCALLA EN UN PLEITO

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1. RAJOY APOYA A UN URIARTE ALICAÍDO POR SU DESLIZ ALCOHÓLICO

Con la barba cuidadosamente recortada y los pelos del flequillo en su lugar, Nacho Uriarte abandonó este fin de semana su habitual aspecto intencionadamente desaliñado y se presentó en Toledo ante las Nuevas Generaciones del PP que preside con el prestigio tocado y la moral alicaída tras dar positivo en un control de alcoholemia. Con seis puntos menos en el carnet y a la espera de que un juez instruya la investigación del accidente que precedió a su paso por el alcoholímetro, ni el respaldo unánime de la cúpula popular, desde Manuel Fraga hasta Mariano Rajoy, logró alterar el semblante triste del diputado y dirigente de los cachorros conservadores.

Uriarte agradeció las palabras de Rajoy y los aplausos de sus compañeros asintiendo con la cabeza con timidez. «El partido está con él, igual que lo estuvo y lo estará mañana», dijo el presidente de los populares. Antes que él, Uriarte ocupó el escenario y se despachó con el Gobierno. También se enorgulleció de la formación que dirige, pero no quiso hacer referencia alguna a su desliz.

Cuántas veces se le habrá pasado a Uriarte por la cabeza una escena que a punto ha estado de arruinarle su prometedora carrera política y que le costó su cese de la comisión de seguridad vial del Congreso. Esa noche había celebrado su despedida de soltero. Para él no ha sido fácil la convención en la que se ha conmemorado el 30° aniversario de Nuevas Generaciones. Uriarte sabía que sería el foco de atención, pero quiso dar la cara. La procesión iba por dentro.

Dos días antes, quiso finiquitar el asunto aconsejando a los jóvenes «que tomen ejemplo» de lo que él no hizo, que es «pensar las cosas dos veces y coger un taxi», en vez de conducir borracho. Sus 0,55 miligramos de alcohol por litro de aire espirado no son un delito, pero sí una infracción, porque cualquier aliento que supere los 0,25 es incompatible con el volante. Se multa y se restan puntos. En este caso, al haber una colisión, el tema se complica, aunque es probable que el juez archive el caso porque no hubo heridos. Algunos se han acordado estos días de José María Aznar y su desafortunada: «¿Quién te ha dicho a ti las copas que yo tengo o no tengo que beber?». A Uriarte le ha quedado claro.

(www.elperiodico.com, 08/03/10)

2. RAJOY DICE QUE LA CENSURA DE FOTOS NO ES "COMPETENCIA" SUYA

Mariano Rajoy no apagó el fuego levantado en la Comunitat Valenciana en los últimos días, después de que la Diputación de Valencia expurgase las fotos de contenido político que formaban parte de la exposición Fragments dun any, la mayoría relacionadas con el caso Gürtel. En un acto en Fuenlabrada (Madrid), se preguntó al líder del PP si apoyaba la censura de las imágenes ordenada por sus compañeros de partido en Valencia. También se le inquirió si le parecía razonable que Franciso Correa, el presunto cabecilla de la Gürtel, pueda acusar al juez que le investigó, Baltasar Garzón: "No tengo nada que decir sobre esos asuntos porque no son competencia mía", comentó lacónico.

Rajoy fue preguntado por la prensa cuando ya se conocía la primera consecuencia grave de la purga de fotos. , a primera hora de la mañana, dimitió Román de la Calle, director del Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM), la institución que alojaba la exposición Fragments dun any, que contenía las imágenes censuradas.

El ex director del MuVIM envió una carta de siete folios al responsable de Cultura de la Diputación de Valencia, Salvador Enguix, renunciando al cargo "por no querer ser partícipe de ninguna mengua de libertad de expresión". La misiva iba dirigida sin reproches al diputado al que le achaca haber recibido la orden de retirar la muestra "bajo una presión ingente".

En el escrito, De la Calle nombra a Máximo Caturla, vicepresidente tercero de la Diputación, como uno de los responsables de la censura, señalando que era "la primera vez que acudía a las inauguraciones del museo". "¿Azar o cálculo?", se pregunta.

Caturla fue secretario autonómico de Educación en la época que Consuelo Císcar, hoy directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), dirigía la política cultural. En los últimos meses el MuVIM había recibido numerosos premios y se acercaba en visitantes, exposiciones y relevancia artística al IVAM, buque insignia de la ciudad. La Diputación se limitó a señalar en un comunicado su agradecimiento a De la Calle "por su trayectoria profesional".

Desde el PP valenciano, su secretario general, Antonio Clemente, eludió comprometerse y subrayó que su partido "defiende la libertad de expresión" y que este caso es "una cuestión de la Diputación".

La voz disonante en el PP fue la de la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá. "Quien se compromete con una exposición tiene que mantenerla", indicó. Además añadió que "cuando uno se cree que con el uso de la libertad de expresión se ha podido lesionar algún derecho o alguna libertad, se va a los tribunales". Este, matizó, "no es el caso".

(www.publico.es, 09/03/10)

3. RAJOY EVITA OBLIGARSE A DEROGAR LA LEY DEL ABORTO

Desde que el Gobierno anunció que planeaba cambiar la ley del aborto, el PP insistió en que era un asunto que sólo dividía a la sociedad y que los ciudadanos no reclamaban una modificación. Pasado el tiempo, y aprobada la ley, el asunto está suponiendo un motivo de división en el electorado del PP. Los grupos antiabortistas presionan a los populares para que prometan que derogarán la ley si ganan las elecciones en 2012. Pero Mariano Rajoy evitó comprometerse a ese escenario, muy improbable según todas las fuentes del PP consultadas.

En 1983, AP, antecesora del PP, recurrió la ley del aborto al Tribunal Constitucional, que despenalizó el aborto en tres supuestos en 1985. Cuando llegó al Gobierno, en 1996, el PP no tocó la ley, pese a tener en el Gobierno ministros democristianos como Jaime Mayor, o miembros del Opus Dei, como Federico Trillo. Durante los ocho años de Gobierno del PP se produjeron más de 500.000 abortos legales en España, sin que hubiera protestas significativas.

El PP pretende ahora repetir el esquema.Tiene tres meses para presentar un recurso al Constitucional, que ya está preparando un equipo dirigido por Trillo. Prefiere así dejar la patata caliente en manos del tribunal y evitar comprometerse a derogar la ley, como ya hizo con el matrimonio gay.

Eso es exactamente lo que hizo Rajoy . Se le preguntó si derogará la ley del aborto si, como señalan las encuestas, gana las elecciones en 2012. "No será necesario", explicó. En su opinión la nueva norma "es contraria a la Constitución" y por tanto el tribunal la rechazará. Rajoy recordó que en la sentencia de 1985, el Constitucional defendió el derecho a la vida del nasciturus.

Sin embargo, este intento de Rajoy por pasar la pelota dejó muy insatisfecho al mundo antiabortista. El presidente de la plataforma HazteOír, Ignacio Arsuaga, acusó a Rajoy, de "no querer escuchar" a los manifestantes que el domingo reclamaron la abolición de la ley del aborto, informa Europa Press.

"El presidente del PP no puede delegar su responsabilidad como principal partido de la oposición en el Constitucional. El PP debe presentarse a las próximas elecciones generales con un compromiso claro para derogar esta ley", señaló Arsuaga.

A esa manifestación acudieron muy pocos dirigentes del Partido Popular. El único miembro de la cúpula fue Jaime Mayor, que precisamente confió durante la marcha en que el PP derogaría la ley, algo que desmintió su líder.

(www.elpais.com, 09/03/10)

4. EL COMITÉ DE DERECHOS Y GARANTÍAS DEL PP DECIDE QUÉ HACER CON COBO Y COSTA

El Comité de Derechos y Garantías del PP se reúne esta tarde para tomar una decisión sobre la sanción de un año de suspensión de militancia impuesta el pasado 27 de enero a Manuel Cobo y a Ricardo Costa, más de lo que se había especulado en un primer momento. Cobo recurrió y Costa no lo hizo, y el comité, ya completamente fuera de plazo, debe decidir qué hacer. Está previsto que el comité, compuesto por una docena de personas y presidido por Alfonso Fernández Mañueco, número dos del PP de Castilla y León, reduzca la sanción de ambos, probablemente a seis meses que ya casi han cumplido, aunque no está claro si los dos se llevarán el mismo castigo. La decisión final se tomará en la reunión de esta tarde, aunque en realidad este tipo de cuestiones son resueltas directamente por el presidente, Mariano Rajoy, y la secretaria general, Dolores de Cospedal, que son quienes orientan la decisión que después sanciona el Comité de Garantías.

Los motivos por los que se suspendió a Cobo y a Costa son completamente diferentes, tanto como su relación con la dirección nacional. Cobo fue suspendido de militancia por una entrevista en EL PAÍS en la que calificó "de vómito" lo que el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hacía para dificultar la candidatura de Rodrigo Rato para presidir Caja Madrid. Cobo es, además, una persona de confianza de Rajoy y la mano derecha del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, quien le mantuvo en su cargo de vicealcalde pese a la suspensión.

Ricardo Costa, que cuenta oficialmente con el apoyo de su partido en Valencia, fue la cabeza de turco de la rama valencia del caso Gürtel. Fue sancionado por insinuar que seguía siendo secretario general del PP de Valencia, cuando Génova lo daba por destituido. En realidad, el presidente valenciano, Francisco Camps, contó a Rajoy que Costa había sido relevado en una reunión interna en Valencia, lo que nunca sucedió porque no se votó tal decisión. Después de varios meses suspendido, el ex número dos de Camps se negó, contra todo pronóstico, a recurrir la sanción para lograr su rehabilitación, lo que la dirección nacional del PP interpretó como un gesto de buena voluntad y pidió al Comité de Derechos y Garantías que lo tuviese en cuenta.

El PP valenciano ya ha comenzado a rehabilitar a Costa, al ofrecerle la presidencia de una comisión en el parlamento autonómico pese a estar suspendido. Sin embargo, la rehabilitación definitiva, que incluiría colocarle como consejero, algo que Camps intentó en plena crisis pero Génova lo vetó, no se produciría hasta que se aclaren los problemas judiciales del propio Camps, que espera a saber si el Tribunal Supremo le sienta en el banquillo por el asunto de los trajes.

(www.elpais.com, 08/03/10)

5. BRONCA DEL PP EN EL SENADO PARA ARROPAR A COSPEDAL

El Senado ha encontrado un bidón de gasolina pura: María Dolores de Cospedal. Sólo ha intervenido dos veces en el pleno de la Cámara alta en estos dos años de legislatura, y en las dos veces ha habido tangana. Cuando la sesión de control al Gobierno había caído en un tono más o menos monocorde, más o menos apacible, intervino la secretaria general del PP. Inquirió al titular de Trabajo por la tasa de empleo femenino. Buenas formas en la pregunta y la primera respuesta del ministro. Pero, a partir de ahí, la crispación se desbocó.

Y sucedió porque Celestino Corbacho tocó la fibra sensible de la número dos de los conservadores. Le sacó a relucir su baja actividad en el Senado y lamentó que no se hubiera preparado "mejor" sus intervenciones en el pleno. El ministro prendió la mecha y la bancada del PP se le echó encima con abucheos y gritos de "¡fuera, fuera!". La Cámara se travistió en un auténtico gallinero.

Lo de menos era el contenido de la pregunta de Cospedal: "La valoración del Gobierno en relación con que, según el índice de ocupabilidad de los parados registrados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el 42,8% de los más de dos millones de mujeres sin empleo tendrán en el futuro pocas o muy pocas posibilidades de encontrar un empleo".

Así había formulado su cuestión por escrito. Ella misma lo tradujo a términos más sencillos en el pleno. Primero, denunció unas palabras de Corbacho. El ministro había afirmado, según la senadora, que la crisis había "mejorado la igualdad entre hombres y mujeres". Cospedal señaló que "lo que está ocurriendo" es que más hombres están sin trabajo porque se ha destruido más empleo masculino. Tras criticar las "vergonzantes" cifras de paro femenino, atacó la política social del Ejecutivo: "Sabíamos que el Ministerio de Igualdad era prescindible. Lo que no sabíamos es que para ustedes la igualdad real es que todos estemos igual de mal".

Corbacho rescató el consejo que hace 15 días le dio la ministra de Defensa a la número dos del PP, cuando esta se estrenó en el pleno del Senado en esta legislatura. Le pidió que se leyera "mejor los documentos" la próxima vez, en su "tercera pregunta en dos años", y que no "inventara" palabras que él no había dicho.

Con Chacón hubo bronca, y con Corbacho, más aún. "¡Fuera, fuera, dimisión!", vociferaban los senadores conservadores. "Pido respeto para el ministro", clamaba el presidente de la Cámara, Javier Rojo. De poco sirvió. Cuando el titular de Trabajo acusó al PP de preocuparse por la igualdad"sólo cuando está en la oposición", la bancada popular se coloreó más de rojo. Más chillidos. "No creen en la igualdad", siguió el ministro. Más gritos. "Ustedes, en el fondo, lo único que hacen es aprovecharse después y disfrutar de las libertades que han otorgado los socialistas", remachó.

Los senadores del PP palmearon en sus escaños. "¡Es imposible escuchar absolutamente nada!", repetía Rojo. El furor escaló otro peldaño con la siguiente intervención, la de Patricia Hernández, portavoz de Igualdad del PSOE. Le tocaba preguntar a la ministra de su área, Bibiana Aído. Antes de hacerlo, llamó "hooligans de fútbol" a los representantes del PP y les recordó que su "única" labor por la paridad se limitó a recurrir la Ley de Igualdad.

El rugido de los conservadores, respondido por los socialistas, creció. Rojo gesticulaba desesperado, consciente de los costes de la bronca: "Estamos en la televisión. No digo ni más ni menos". Aído mostró la misma inquietud: "Es comprensible el desapego de la ciudadanía cuando ve un espectáculo así".

El portavoz del PP, Pío García-Escudero, exigió a Rojo que exigiera a los senadores que se ciñeran a las preguntas. Eso iba por Hernández. El presidente aceptó la reprimenda (y cosechó el aplauso de los conservadores), aunque le espetó que el cuento se lo aplicase también el PP. Entonces la calma retornó.

(www.publico.es, 10/03/10)

6. GARZÓN DENUNCIA UNA CAMPAÑA DEL PP CONTRA ÉL PARA ACABAR CON EL 'CASO GÜRTEL'

Las tres querellas ante la Sala Penal del Tribunal Supremo que pueden acabar con la carrera judicial de Baltasar Garzón responden a una estrategia del PP para acabar con el caso Gürtel, la trama de corrupción que afecta a los Gobiernos autónomos de Francisco Camps y Esperanza Aguirre y que mantiene imputado al ex tesorero del partido Luis Bárcenas. Lo dice el propio Garzón en las alegaciones que presentó ante el Consejo General del Poder Judicial contra su suspensión. El magistrado, que pide a ese órgano que lo mantenga en su puesto, recusa a los tres vocales que más animadversión han mostrado contra él: los conservadores Fernando de Rosa y Gema Gallego y la progresista Margarita Robles.

En el escrito, dirigido a la Comisión Permanente del Consejo, Garzón señala por primera vez con nombres y apellidos a los que considera sus enemigos. El juez explica que desde que inició su investigación sobre la supuesta corrupción en el PP, "las declaraciones públicas de responsables de dicho partido se suceden en una clara estrategia de desprestigio, acoso y desautorización" de su labor "sin precedentes en la historia judicial española".

Esa campaña, continúa Garzón, fue "alentada por personas a quienes yo imputé, y jaleada por medios de comunicación interesados, por motivos ideológicos y personales, en terminar con mi carrera y con mi prestigio profesional".

El juez recuerda cómo poco después de encarcelar a los cabecillas de la trama Gürtel comenzaron a sucederse desde el PP declaraciones en su contra. Así, el responsable de Justicia, Federico Trillo, aseguró el 16 de febrero de 2009 que el juez actuaba "con manifiesta injusticia, con manifiesta ilegalidad" y "en contra de la ley y la jurisprudencia". Por su parte, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre -uno de sus consejeros y dos diputados de la Asamblea de Madrid se encuentran entre los imputados-, señalaba: "Garzón, si puede, me hace un traje a mí; vamos a procurar evitar que ocurra".

Pero la invectiva más relevante, por el cargo de su autor, fue la del vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia de la Generalitat valenciana a las órdenes de Francisco Camps, al manifestar que Garzón "dañaba la imagen de la justicia" y estaba a punto de "pasar una línea roja que es muy importante, que es la prevaricación".

"El objetivo de todo este acoso", mantiene Garzón, es intentar poner en tela de juicio la regularidad de su trabajo. Se trata "de forzar la impunidad de las conductas delictivas que el juzgado osó investigar", como los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo, el caso Gürtel o la instrucción sobre el caso Faisán por supuestas filtraciones de una operación policial contra ETA.

El magistrado advierte de que su suspensión "perturbaría de una forma extremadamente grave a los magistrados que en la actualidad están tramitando aquellas mismas causas por cuya tramitación me veo imputado". Más de 20 imputados del caso Gürtel han recurrido la decisión del actual instructor del caso, Antonio Pedreira, de avalar las escuchas ordenadas por Garzón a los principales imputados en la trama y sus abogados en prisión.

La admisión a trámite de una querella por esta decisión en el Supremo puede afectar a los magistrados del Tribunal Superior de Madrid, que juzgarán "bajo el riesgo latente de recibir la misma sanción y castigo" que el juez de la Audiencia. En esa querella, el Supremo ha admitido que el líder de la trama corrupta, Francisco Correa, pueda acusar a Garzón. También lo ha solicitado el lugarteniente de Correa, Pablo Crespo.

La recusación de De Rosa se basa en su relación de amistad con el presidente valenciano, Francisco Camps. La de Gema Gallego responde a su actuación en el caso ácido bórico, con el que trató de relacionar a ETA con el 11-M, dando la vuelta a la investigación realizada previamente por Garzón. Robles debería abstenerse, según el juez, por sus desencuentros durante su etapa como viceministra de Interior, cuando Garzón instruyó causas que afectaban a su departamento, como los fondos reservados o los GAL.

Según fuentes del Consejo, las recusaciones las decide el Pleno sin estar presentes los recusados, antes de que la Permanente decida si suspende a Garzón. El próximo Pleno se celebrará el día 24.

(www.elpais.com, 06/03/10)

7. GONZÁLEZ PONS ALARDEA DE DEFENDER A GARZÓN "EL DOBLE QUE ZAPATERO"

Esteban González Pons defiende al juez Baltasar Garzón "el doble" que el presidente del Gobierno. ¿Por qué? "Yo admiro su valentía frente a ETA y también su valentía contra el terrorismo de Estado del GAL".

También ha defendido el derecho de Francisco Correa, supuesto cabecilla del caso Gürtel, a personarse contra el magistrado. Considera que tiene derecho a hacerlo porque todos el mundo es igual ante la ley y ha definido las acusaciones que pesan sobre él de meras sospechas.  "Todo el mundo tiene derecho a defenderse, las sospechas que pesan sobre él no le quitan sus derechos".

El vicesecretario de Comunicación del PP ha recuperado hoy en una entrevista a informativos Telecinco un discurso que parecía olvidado entre los conservadores desde que Garzón destapó la trama Gürtel: las alabanzas a la figura que, durante los gobiernos de Felipe González, llamaban El juez campeador.

Pese a los ataques que su partido ha proferido contra el juez durante estos meses, donde Federico Trillo lo ha llegado a acusar de prevaricación, hoy Pons ha querido señalar que "merece una defensa ecuánime y que se resuelva lo antes posible".

El mero recuerdo del GAL ha hecho que el dirigente conservador se deshaga en elogios hacia él. Sin embargo, y pese a estimar a Garzón el "doble" que Zapatero, considera que "el Gobierno se excede en su defensa".

El presidente del Gobierno volvió a defender el papel del magistrado en la entrevista que le hicieron en TVE, y también al juez Velasco y a José María Aznar por las acusaciones de "mafia" del Gobierno venezolano. Esa entrevista le parece a Pons un "publirreportaje".

Respecto a Venezuela, ha considerado que el Gobierno tiene que tener una "posición más española" que defienda a Aznar: "Porque defender a Aznar, el mejor presidente de la historia, es defender a España".

Esperaba más de Zapatero y de la entrevista. "No sabía que admitiera publicidad todavía la televisión pública, se ve que para el Gobierno sí". El conservador ha considerado que la entrevista "deja en cuestión la pluralidad de la que la cadena debería hacer gala", ha subrayado en Punto Radio.

Pons señaló que su partido no tiene la sensación de que TVE haya mejorado respecto a otros tiempos. En la época de Aznar, las entrevistas al entonces presidente no se hacían con tres periodistas como , sino en un cara a cara con el director de informativos de la época, Alfredo Urdaci. Así, Pons ha recorado que el PP hizo una nota "dura" en la que advertían de que "el consenso respecto a TVE está a punto de romperse". 

(www.publico.es, 09/03/10)

8.TRILLO ACUSA A LA PORTAVOZ DEL CGPJ DE "INJERENCIA INTOLERABLE" POR CRITICAR SU PROPUESTA DE CADENA PERPETUA

Continúa el cruce de acusaciones entre los poderes del Estado. Si el otro día era la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, quien criticaba las opiniones sobre el proceso contra el juez Garzón, ahora le ha tocado a ella aguantar las acusaciones de "injerencia intolerable". Lo curioso es que el autor de dichas palabras haya sido Federico Trillo – señalado por Garzón como autor de una "campaña feroz" contra él-, quien ha reprochado a Bravo que haya visto "cierta demagogia" en su propuesta estrella: la cadena perpetua. El responsable de Justicia del Partido Popular, Federico Trillo, ha considerado una "injerencia intolerable" en las labores del Poder Legislativo las declaraciones de hoy de Gabriela Bravo, quien ha mostrado su total oposición a la propuesta de los populares de instaurar la cadena perpetua revisable.

Según la portavoz del CGPJ, dicha propuesta raya en una "cierta demagogia". Bravo ha aclarado que su opinión viene desde un punto de vista personal como jurista y ha considerado que este planteamiento busca otros fines "no estrictamente jurídicos".

Trillo, abanderado de la cadena perpetua y responsable de Justicia del PP, le ha acusado de realizar una "injerencia intolerable" en el Poder Legislativo, "máxime cuando mañana mismo se debate el proyecto en el pleno del Congreso". Y ha exigido a Bravo "que permanezca callada y respete la independencia de cada uno de los Poderes, es decir, la separación de poderes. Y si de verdad persigue la consecución de un pacto de Estado en materia de Justicia, como ha dicho, que empiece por respetar los principios básicos del Estado de Derecho".

La acusación de "injerencia intolerable" es muy similar a la que la propia Gabriela Bravo utilizó para criticar los posicionamientos políticos sobre los procesos contra el juez Garzón. Una declaración que el CGPJ usó tras las palabras de apoyo de Zapatero, aunque hoy ha desmentido que fueran dirigidas contra él. Igualmente sorprende que sea Federico Trillo el que hable de injerencias entre poderes cuando el propio Garzón le ha acusado a él, y a Esperanza Aguirre, de estar al frente de una "cruel campaña" contra él a raíz de la investigación del caso Gürtel.

(www.elplural.com, 10/03/10)

9. AZNAR: DIEZ CITAS CON CHÁVEZ Y TRES CON CASTRO

Desde que se hiciera público el auto judicial de Eloy Velasco en el que se apunta la cooperación de Venezuela con la presunta colaboración entre ETA y las FARC, el PP ha desplegado toda su artillería para desacreditar las relaciones entre el Gobierno español y el presidido por Hugo Chávez. Todo, sin tener en cuenta que en la etapa de José María Aznar en La Moncloa se cuentan más de una decena de encuentros con Chávez. El mismo olvido inunda las críticas a la política exterior con Cuba, país con cuyo máximo dirigente Aznar mantuvo tres reuniones.

El presidente venezolano, que, para Rajoy, "dista mucho de ser un ejemplo para nadie", tuvo su primer contacto con el hoy ex presidente del Gobierno en diciembre de 1998. Aznar llamó a Chávez para darle la enhorabuena por su victoria en las elecciones presidenciales.

En su mensaje, el entonces líder del Ejecutivo manifestaba su deseo de que las relaciones de España con Venezuela «se incrementen y fortalezcan» con la llegada de Hugo Chávez al poder.

Además de este primer acercamiento, entre 1999 y 2002, Chávez, a juicio del PP "un compañero de viaje muy poco recomendable", visitó España en cuatro ocasiones. Y Aznar devolvió el gesto estando presente en el país latinoamericano en dos ocasiones. La primera, en noviembre de 1997 en la VII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Isla Margarita. Y la segunda casi dos años después, en julio de 1999. En esta última cita, el actual presidente de FAES dio un voto de confianza al líder venezolano, pero mostró su deseo de que "la democracia sea una realidad viva en Venezuela".

También Aznar recibió el respaldo del Gobierno venezolano cuando consiguió su segundo triunfo electoral, en 2000. El vicepresidente, Isaías Rodríguez, llegó a decir que para su país era "reconfortante" el triunfo del líder conservador. "De alguna manera también es el triunfo de una democracia moderna ante una socialdemocracia que está perdiendo toda la capacidad de combate social que en alguna oportunidad tuvo", añadió.

Mientras, en el periodo comprendido entre 1996 y 2004, Fidel Castro visitó España en dos ocasiones y Aznar estuvo en la isla en noviembre de 2009 junto a los reyes, para participar en la Cumbre Iberoamericana de La Habana.

Por su parte, Eduardo Zaplana, recibió a Raúl Reyes, número dos de las FARC ya fallecido, en 2000, en calidad de presidente de la Generalitat. El juez Eloy Velasco era director de Justicia de la Comunitat.

(www.publico.es, 10/03/10)

10. AZNAR JUSTIFICA SU GESTO: "CON LOS DESCARADOS HAY QUE SER DESCARADO"

El ex presidente José María Aznar considera que la actual política económica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "es suicida. Ha incrementado el gasto y la deuda. Ahora son los españoles los que deben de pagar todo esto". En una entrevista al diario milanés Il Giornale, y a la pregunta de si está arrepentido del corte de mangas a estudiantes de Oviedo, responde: "No. Me río de ellos, con las personas descaradas la respuesta debe de ser descarada".

Aznar dice que el error de Zapatero "ha sido frenar las reformas económicas que habían convertido a España en el país más dinámico de Europa". "Existió el milagro económico", "y fue fruto de un trabajo transformado en éxito".

Aznar compara ahora al presidente socialista con un boxeador, "está contra las cuerdas y espera el gong". Sin embargo, el ex líder del PP opina que la recuperación de España es posible. "Creo que mi país tiene todavía los papeles en regla para superar la crisis. España puede volver a volar, pero primero se necesitan reformas que el Gobierno está obstinadamente evitando aplicar". Y subraya que "la política de este Gobierno se basa en ganar tiempo. Zapatero espera, está convencido de que tarde o temprano la tempestad pasará".

(www.elpais.com, 10/03/10)

11. FAES "SUGIRIÓ" UNA SUBIDA DEL IVA EN FEBRERO DE 2009

Desempolvar las hemerotecas siempre puede ser un ejercicio peligroso. A veces salen a relucir 'pecadillos' del pasado. O cosas que uno se arrepentiría de ver escritas. Uno podría pensar, por ejemplo, que la fundación del PP a veces hace jugarretas al PP. El caso es que el ejemplo existe. Es de febrero de 2009, en el momento más duro de la crisis económica. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) convocó en Sevilla la XVI edición de su Observatorio Económico, presentada por el líder del PP andaluz, Javier Arenas, y en la que participaron los expertos Juan Velarde, Camilo Lebón, Juan Iranzo, Federico Durán y Manuel Lagares. Allí se sugirió una subida del IVA mucho antes de que la propusiera el Gobierno.

El debate se centró en las propuestas para salir del "desempleo masivo". Las conclusiones se volcaron en 'Papeles FAES'. Y allí quedó escrito esto: "Se recomendó una reducción de las cotizaciones sociales como vía para dinamizar el mercado de trabajo". Hasta ahí, todo bien. Y sigue el texto: "El problema es que de esta fuente procede una parte muy importante de los ingresos del sector público español, por lo que sería necesario compensar esta pérdida de ingresos. Se sugirió una subida del IVA para esta compensación". Se razona por qué: "El IVA no sólo grava los bienes producidos en España, sino también las importaciones. Es decir, esta medida beneficiaría a los exportadores y nos haría ganar competitividad simplemente gracias a una modificación en la composición de los impuestos".

¿Subida del IVA? Así es. FAES hasta lo subrayó con letras más grandes en otra página del texto. Fuentes de la fundación precisaron a ‘Público' qué pasó: la recomendación la formuló Lagares. FAES, presidida por José María Aznar, subraya que es la opinión de un experto, y "en ningún caso la doctrina oficial de FAES", que no se ha movido ni un ápice. FAES y el PP defienden la bajada de impuestos. Pese a quien pese. Hasta a las hemerotecas.

(www.publico.es, 12/03/10)

12. GALICIA. LA NOVIA DE FEIJÓO VIAJÓ A ROMA COMO SU "COLABORADORA"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tendrá que explicar en el Parlamento la naturaleza de su visita al Papa Benedicto XVI, el pasado 22 de febrero, después de que el arzobispo de Santiago confirmase que el responsable del Gobierno gallego acudió a Roma como parte de su propio séquito diocesano y no como invitado papal.

El grupo parlamentario socialista ha registrado dos iniciativas en torno a esta cuestión que obligarán a Feijóo a aclarar no sólo por qué presentó la visita como una "audiencia" al presidente sino también por qué incluyó en el grupo, en calidad de "colaboradora", a su novia Carmen Gámir, Chiny.

Ambos extremos fueron confirmados esta semana por el arzobispo compostelano, Julián Barrio. Según su relato, el Papa saludó a Feijóo y al resto del séquito arzobispal una vez concluida la audiencia, en la que, por parte gallega, sólo estuvo presente el propio Barrio.

Sobre la presencia de la novia de Feijóo, el arzobispo precisó que es el presidente el que "elige a sus colaboradores" y se negó a explicar por qué permitió que formase parte de la delegación una pareja de hecho. "En esto no voy a entrar", zanjó Barrio.

La oposición socialista, sin embargo, no parece dispuesta a dejarlo pasar. Además de preguntar cuánto costó la visita al Papa, con detalle específico para cada uno de "los miembros de su comitiva", el PSdeG interpelará a Feijóo para saber si considera que "su posición en el séquito" se corresponde "con la necesaria prevalencia del poder civil".

(www.publico.es, 10/03/10)

13. GALICIA. ADJUDICA A DEDO SUBVENCIONES Y CONTRATOS MILLONARIOS A SUS AMIGOS, GASTA 6 MILLONES DE EUROS EN COCHES…

Alberto Núñez Feijóo se las ha ingeniado para sólo en unos meses al frente de la Xunta de Galicia, echar por tierra la promesa de austeridad frente al supuesto despilfarro de Touriño, lo que convirtió en su caballo de batalla electoral. En este poco tiempo ha acumulado reproches sobre su afición por recortar gasto social mientras que no tiene inconveniente en adjudicar subvenciones millonarias a empresas de sus ex compañeros en el PP -como el caso de Vueling con Josep Piqué con 4,5 millones de euros anuales- en gastar en vehículos para la Xunta hasta 6 millones o en abusar de los contratos a dedo que acaban recayendo en empresas de su órbita. Sin embargo, se presenta en la prensa como ejemplo de austeridad y acusar a Zapatero de actuar "como un nuevo rico en época de vacas flacas".

El presidente de la Xunta aparece en una entrevista dando consejos de austeridad a Zapatero, aunque acaba suscribiendo el mensaje del Gobierno de que la contención del gasto no puede venir sólo de la Administración central y atañe a las autonomías y ayuntamientos. "Es necesario un plan de austeridad y de ajuste en la Administración del Estado, porque el 75% de las competencias son de las comunidades autónomas", alerta Feijóo, para quien "Zapatero sigue actuando como un nuevo rico en épocas de vacas flacas".

Feijóo asegura que ha cumplido "los objetivos de austeridad" con la reducción tanto de altos cargos, como de asesores y de gasto en el parque móvil. También pone el gasto social en su punto de mira y señala al Gobierno: "en las prestaciones de los servicios públicos, más del 80% del gasto de las comunidades autónomas viene de leyes o decretos del Parlamento o del Gobierno central". El popular no ha tenido inconveniente en recortar ya ayudas sociales que dependían de su Gobierno, por ejemplo suprimiendo una ayuda de 200 euros para las pensiones más bajas.

En Galicia no todos parecen convencidos de que el presidente haya cumplido su promesa de austeridad. El blog Feijoomiente denunció cómo la Xunta aplica la "austeridad para los gastos sociales" mientras dedica "ríos de dinero para los amigos". Así, ponían el ejemplo de cómo "el consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas adjudicó un contrato, sin publicidad, por valor de 1,5 millones de euros, a una compañía para la cual trabajó hace unos meses" mientras la Xunta suprimía un servicio público de canguros implantado por el gobierno bipartito.

Sobre esta afición a beneficiar a los amigos con dinero público, El Plural ya informó de como la Xunta subvenciona con 4,5 millones de euros anuales a Vueling, la aerolínea presidida por el Josep Piqué, que fuera ministro con Aznar y hombre fuerte del PP en Cataluña. La subvención se adjudicó a dedo, ya que no medió concurso público para las rutas que cubrirá Vueling.

Los socialistas gallegos también denunciaron la "doble moral" de Feijóo ya que después de meses denunciado el presunto despilfarro de Touriño en coches oficiales, una de las primeras medidas emprendidas por la Xunta popular fue gastar 6 millones de euros en renovar el parque móvil regional, con especial carencia por los todoterrenos de alta gama y vehículos de hasta 40.000 euros. Todos los contratos se han hecho por el método negociado y sin publicidad, fuera de la "ley de transparencia", y si hay compra es "siempre" al mismo operador, según alertó el PSdeG. Los populares se mofaron de las críticas y sin valorar si el gasto era mucho o poco en estos momentos de crisis se defendieron diciendo que el personal de la Xunta no iba "a desplazarse andando".

Precisamente el asunto de los Audi ofreció otra muestra del peculiar modo en el que Feijóo entiende la austeridad. La Xunta subastó el Audi blindado oficial de Touriño y otros dos vehículos del mismo modelo utilizados por Fraga. Los tres coches, que habían costado 1.100.000 euros de dinero público, fueron adjudicados por apenas 330.650 euros precisamente a la misma empresa que los había vendido.

(www.elplural.com, 08/03/10)

14. GALICIA. BALTAR DICE QUE QUIERE SEGUIR HASTA EL 2015 EN LA DIPUTACIÓN PARA PACIFICAR EL PARTIDO

José Luis Baltar no se rinde. El veterano político ourensano anunció a bombo y platillo que se retiraba de la primera línea de batalla, no sin antes hacerse de rogar para tomar una decisión, pedir sucesivas prórrogas y confirmar su intención a no optar a la presidencia del PP en Ourense horas antes de que su hijo abriese al público su oficina electoral e iniciase el reparto de su propaganda y cartelería electoral para acceder al cargo que ocupaba su padre en el partido. Muchos vieron la puerta abierta para culminar la definitiva renovación del PP de Galicia y la erradicación de las baronías. Baltar incluso amagó con cumplir la aplazada promesa de recuperar el tiempo perdido y dedicar más horas a su familia renunciando también a la presidencia de la Diputación de Ourense si era menester.

Pero el ex alcalde de Nogueira de Ramuín maneja los tiempos y los hechos, y su olfato político le advierte de que el 38% de votos de Jiménez Morán en el último congreso para elegir al presidente del PP en la provincia de Ourense y el enconamiento de las posturas enfrentadas de los partidarios de José Manuel Baltar y de Jiménez Morán (o lo que es lo mismo, de José Luis Baltar y José Manuel Baltar y sus afines, por un lado, y el sector oficial en la línea de Núñez Feijoo y Compostela, por otro) no presagia nada bueno.

Y Baltar ha recurrido a sus mejores argumentos, clásicos por otra parte, para abrir la puerta a la sucesión de sí mismo. Las luchas internas en el seno del PP y su deseo de no fallarle a los «alcaldes e militantes que me están pedindo que continúe» son sus puntos de apoyo para esta «meditada» decisión.

En su discurso triunfal del 30 de enero, cuando resultó elegido presidente provincial del PP de Ourense, José Manuel Baltar Blanco aseguró que su padre seguiría al frente de la Diputación si ese era su deseo. Y su padre, José Luis Baltar, fue dosificando sus mensajes al respecto en las últimas semanas: si cabía la posibilidad de continuar otros cuatro años, si será él quien reflote la economía de la Diputación de Ourense -como le espetó al portavoz del BNG, Xosé Manoel Fírvida, en el último pleno provincial- y que todavía sigue siendo «un activo importante no PP».

La Diputación presentaba un encuentro internacional sobre la castaña y, al ser preguntado sobre su futuro, Baltar decidió que había llegado el momento de abrir el «ourizo» de su futuro político: confirmó que su intención es optar a seguir al frente de la Diputación de Ourense y que ha decidido mantenerse en primera línea de la política provincial «despois de ver as actuacións que houbo nas semanas previas á celebración do congreso provincial». Esta circunstancia, la cita congresual particularmente dura y crispada, ha hecho recapacitar a Baltar Pumar, que se ve «na obriga de estar aí para ver se son capaz de ir moderando a situación dalgunha maneira e rematar cos enfrontamentos que poida haber». El presidente de la Diputación ourensana explicó que rectificaba su intención inicial de retirarse para tratar de apaciguar los ánimos y reconducir la situación «porque temos que olvidarnos dos problemas e traballar xuntos de cara ás próximas eleccións municipais» y para atender la demanda de la mayoría de los alcaldes y militantes del PP «que mo están pedindo».

Baltar matizó que no es su intención restar protagonismo a su hijo y que las declaraciones fueron autorizadas «polo presidente provincial -su hijo-, porque cando un fai unhas declaracións deste tipo haille que pedir permiso ao presidente provincial». A pesar de las reiteradas llamadas realizadas, fue imposible conocer la valoración de José Manuel Baltar sobre la decisión de su progenitor.

(www.lavozdegalicia.es, 09/03/10)

15. GALICIA. CRÍTICAS AL CONSEJERO DE ECONOMÍA DE LA XUNTA DE GALICIA POR FRIVOLIZAR EL DÍA DE LA MUJER

Calarse un disfraz de señora de la limpieza hecho de globos de colores en el Día de la Mujer es para el conselleiro de Industria de la Xunta, Javier Guerra, "mostrar el compromiso de la igualdad con un punto de ironía". Guerra apareció de tal guisa en Santiago para celebrar la efeméride, tras un acto institucional que PSOE y BNG han tachado esta mañana de "deplorable" y "frívolo" y en el que estuvo acompañado de la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, caracterizada a su vez como un hombre de negocios, con chistera y corbata, en una peculiar interpretación de la inversión de roles entre hombres y mujeres.

El conselleiro ha apuntado esta mañana que estaría orgulloso de su acción "si sirve para dar un paso adelante hacia la igualdad de hombres y mujeres; si consigo ayudar en una pequeña parte y eso significa que yo tenga que vestirme así, bienvenido sea", aseguró.

El PSOE ha llevado al Senado la crítica a Guerra a través de Carmela Silva, su portavoz en la cámara, que ha tachadp la imagen de "deplorable y bochornosa" y ha acusado al PP de tomarse el Día de la Mujer 2como un chiste". También exigió a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que pida disculpas por el proceder del conselleiro.

Desde el BNG, la portavoz de Igualdad, Ana Pontón, ha acusado a la Xunta de practicar una "frivolidad sin precedentes" con el acto de , en una representación "más propia de un programa friki". Según Pontón, "no es de recibo" que la conselleira de Traballo "se dedique a disfrazarse, reproduciendo los peores estereotipos de género", pese a que las mujeres "sufren en sus propias carnes las consecuencias de la crisis económica".

Los diputados de BNG y PSOE en el Parlamento gallego se han referido a la cuestión en sus intervenciones en el pleno que se celebraba esta mañana, con duros reproches al conselleiro que no obtuvieron respuesta de los parlamentarios del PP.

(www.elpais.com, 09/03/10)

16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE AVIVA LA GUERRA FISCAL MIENTRAS RECLAMA 5.680 MILLONES AL ESTADO

El PP gira de nuevo en torno a Esperanza Aguirre. Los populares, y en especial su líder, Mariano Rajoy, se vieron obligados a reaccionar ante la entrada en tromba de la presidenta de Madrid y su campaña de "rebelión" contra la subida del IVA. Aguirre reavivó la guerra fiscal a través de su número dos, Ignacio González, a la vez que, para salvar sus maltrechas cuentas autonómicas, decidía acudir a los tribunales para reclamar al Estado 5.680 millones de euros en concepto de deuda histórica. Esto es, por un lado exige menos impuestos, por otro reclama más dinero para Madrid.

Todas las fuentes del PP consultadas insisten en que la presidenta va por libre y que ninguna otra comunidad gobernada por este partido está pensando de momento en seguirla. Algunos dirigentes incluso están molestos con el constante protagonismo de la presidenta madrileña.

Sin embargo, Rajoy, que últimamente se ha acercado mucho a su gran rival política, optó, en los pasillos del Congreso por evitar cualquier polémica y apoyar la campaña de Aguirre. Lo hizo, eso sí, después de aclarar, con gran enfado, que rebelión no es lo mismo que insumisión, que se trata de una campaña política de recogida de firmas y mesas explicativas y que el PP "es un partido serio" que no anima a nadie a no pagar impuestos.

Rajoy dejó clarísimo su respaldo a Aguirre e incluso anunció que él, como diputado por Madrid, firmará en esa campaña de rebelión. El PP de Rajoy, sin embargo, ha optado por una estrategia más suave que la de la presidenta madrileña: la de forzar una votación el martes en el Congreso contra la subida del IVA a la que confían en incorporar los nacionalistas.

Mientras, Aguirre, que ha convertido la Comunidad de Madrid en el principal foco de oposición a Zapatero, echó leña al fuego de la guerra fiscal. Su mano derecha, González, mostró un cálculo estadístico de lo que le supondrá a las familias madrileñas la subida del impuesto: 350 euros más al año. "Va a suponer un sobrecoste de 2.400 euros de media en la adquisición de una nueva vivienda", continuó González, que ofreció todo un listado de bienes de primera necesidad que subirán en julio, calculados aplicando los porcentajes de subida del tributo a los datos de la encuesta de Presupuestos Familiares de los hogares españoles, que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Y, como siempre, la comparación territorial: "Los hogares madrileños van a pagar 12 euros más que la media nacional".

Fue González el encargado de anunciar que la Comunidad de Madrid reclamará ante los tribunales por la vía contencioso-administrativa 5.680 millones de euros que forman parte de lo que considera "deuda histórica". La comunidad de Madrid, al igual que sucede con el Estado, ha sufrido la caída de recaudación por la crisis. Pero además tiene menos dinero para financiar sus servicios porque ha reducido al máximo los impuestos que le corresponden -este año la Comunidad de Madrid ha aprobado los presupuestos más restrictivos de su historia-. Por eso le exige al presidente del Gobierno que le devuelva al menos un tercio del total del dinero que calcula que se le debe.

En medio de esta situación, el vicepresidente regional se permitió una bravata, en respuesta a unas declaraciones del día anterior del líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Éste había conminado a la Comunidad de Madrid a renunciar al 50% de la recaudación del tributo que le corresponde a las autonomías.

"El Gobierno renuncia al 100%", dijo González en tono irónico, para añadir que las comunidades autónomas no recibirán participación de la subida del IVA y que por lo tanto no renuncia a nada. El vicepresidente aseguró que Zapatero "se ha cuidado de decir a las comunidades que no va a aplicar el modelo de financiación". Y remachó: "Aunque lo tuviéramos [la recaudación del impuesto], renunciaríamos, porque queremos minorar la presión fiscal".

(www.elpais.com, 12/03/10)

17. COMUNIDAD DE MADRID. LOS TOROS SE VUELVEN CONTRA EL PP

El repentino ataque de amor por las corridas de toros que le ha entrado al PP como reacción al debate en el Parlament catalán se ha vuelto como un boomerang en su contra. El jueves, mientras se debatía en el Parlament catalán la posibilidad de prohibir las corridas de toros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, declaraba la Fiesta Nacional como Bien de Interés Cultural (BIC) y este viernes se sumaban a la misma causa otras dos comunidades gobernadas por los populares:  Murcia y Valencia.

El que la lideresa aparezca en una fotografía con un capote de brega en las manos es para el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, una actitud "populista" y no hace más que confirmar el "oportunismo político de algunas comunidades autónomas" tras el debate abierto en Catalunya. Sin embargo, se ha declarado no partidario de las prohibiciones: "No me gustan los toros, pero menos me gustan las prohibiciones".

El ministro ha defendido que "todos" puedan expresar "sus opiniones", dada la madurez democrática de las instituciones, y ha insistido en que el debate debe respetar cada uno de los puntos de vista evitando los radicalismos. Como portavoz del Gobierno, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ha reconocido que el Ejecutivo "siempre es más partidario de la libre elección que de la imposición". Sobre las corridas ha opinado que "se trata de una fiesta que cuenta con detractores, pero también con un gran apoyo social".

Sin embargo, De la Vega ha dado un toque a Aguirre y el PP asegurando que "no es razonable que un asunto de esa naturaleza sea objeto de una polémica institucional".

En el caso de la Comunidad Valenciana, que sigue a Madrid en la decisión de declarar los toros Bien de Interés Cultural, ha asegurado que a muchos ciudadanos de la región les gustaría que el Ejecutivo local (del PP) protegiera del mismo modo "la sanidad pública y la educación".

También "esos ordenadores que no van a tener los niños de la Comunidad por la falta de visión política y la miopía de los miembros del gobierno del señor (Francisco) Camps".

Aunque desde IU todavía no se tiene una "posición definida", el coordinador general de la formación, Cayo Lara, ha señalado a nivel personal que los dirigentes del PP que han realizado esta propuesta "forman parte de la España cañí". Una España que, a su juicio, parecía haber desaparecido pues es el momento para evolucionar y avanzar. Asimismo, ha querido aclarar que él no puede designar con el nombre "fiesta" el sufrimiento de un animal: "La fiesta no es ninguna gracia para ellos". Lara ha querido recordar que el formó parte de la primera corporación municipal de un ayuntamiento donde se decidió sustituir la plaza de toros por un auditorio "para que la gente fuese a cultivarse y a hacer fiestas".

(www.publico.es, 06/03/10)

18. COMUNIDAD DE MADRID. ESPÍAS DE AGUIRRE EXIGEN QUE EL PAÍS SEÑALE AL FUNCIONARIO QUE LES DENUNCIÓ

Enrique Molina, abogado de los cuatro presuntos espías a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre imputados por los seguimientos ilegales en 2008 a Alfredo Prada y Manuel Cobo (cargos del PP a los que la presidenta autonómica no apreciaba mucho por entonces), ha pedido a la juez que instruye al caso que cite al periodista de EL PAÍS que destapó el escándalo para que identifique al funcionario de la Consejería de Interior que le entregó los partes del espionaje y que, además, revele el nombre del alto cargo regional -al menos un consejero del Ejecutivo autónomo- que confirmó al periódico la veracidad de los hechos denunciados.

El letrado de los agentes imputados -un ex guardia civil y un ex policía nacional- sostiene que si el periodista no revela sus fuentes, deberían anularse todas las evidencias del delito y el asunto debería ser cerrado por falta de pruebas, a pesar de que sus clientes han admitido que hicieron los seguimientos y éstos fueron confirmados por la compañía Movistar en un informe sobre los posicionamientos telefónicos.

La petición del letrado Molina, prestigioso ex fiscal de la Audiencia Nacional, para que se exonere a los cuatro imputados que aún mantiene en nómina el Gobierno de Aguirre, elude algunos puntos ya irreversibles de la investigación judicial, que se demora desde hace un año. Tres de sus clientes, ex guardias civiles fichados con el doble de sueldo como asesores personales del consejero de Interior, Francisco Granados, ya han confesado ante la juez que siguieron a Prada durante semanas por orden del entonces director general de seguridad, Sergio Gamón, en mayo de 2008. En su declaración aseguraron que eran contravigilancias, para justificar que su trabajo era supuestamente legal.

Los ex guardias civiles confesaron los seguimientos ante la juez después de que en su primera declaración policial negaran haber seguido a Prada. Su confesión en el juzgado no fue fruto de ninguna reflexión o arrepentimiento. Tuvieron que reconocer el marcaje a Prada porque para entonces ya sabían que sus teléfonos móviles habían delatado sus pasos y se sabía que ellos habían estado justo allí donde los partes de espionaje decían que se encontraba Prada, día a día, minuto a minuto.

Los tres ex guardias civiles aseguraron que ese marcaje lo ordenó Gamón, entonces director de Seguridad de la Comunidad, fichado personalmente por Aguirre. Pero Gamón, que compareció unas semanas después ante la juez, les desmintió, declaró que nunca ordenó los seguimientos a Prada y que entre las tareas asignadas a los agentes no podía estar la contravigilancia pues no era competencia de la Comunidad.

Molina, letrado de Gamón y de los tres ex guardias civiles, no ha planteado un careo para aclarar de quién fue la idea de seguir a Prada de esa manera tan especial, pues durante el mes de mayo esos agentes de confianza no hicieron prácticamente otra cosa. En el escrito remitido a la juez, el abogado de los presuntos espías prefiere arremeter contra el informe de la policía, por arrogarse "funciones valorativas" al interpretar que los tres ex guardias civiles fueron los autores de las vigilancias.

El escrito de Molina considera que el informe policial se basa en unos datos telefónicos que contienen un enorme margen de error ("si fuera preciso se aportaría el informe de telecomunicaciones acreditativo este extremo"). Esta afirmación choca con los datos que arroja el informe sobre los posicionamientos telefónicos y no sólo por la cantidad de coincidencias geográficas y temporales hasta márgenes muy estrechos (cuando espían a Prada en Esade, casualmente salta el repetidor de Esade, y esto vale para el hotel Hesperia, Chinchón o Brea de Tajo). Además, los tres asesores de Granados han confesado punto por punto que estuvieron allí. ¿Fallan las antenas y la memoria de los tres ex guardias civiles?

Todo para llegar a un punto sencillo: aunque los posicionamientos fueran deficientes, que según la Policía y Movistar, no lo son; aunque los partes fueran deficientes, que según ha demostrado la instrucción judicial, no lo son, bastaría con la confesión de los guardias para demostrar que estaban haciendo lo que no debían, según el testimonio del propio jefe, Sergio Gamón.

Pero, según explican fuentes de la propia Comunidad de Madrid, la defensa de los cuatro presuntos espías, de acuerdo con la estrategia diseñada por el equipo del consejero Francisco Granados, en lugar de reconocer los hechosy buscar atenuantes para sus imputados, intenta lanzar acusaciones parecidas a las que en su día aireó el portavoz del PP en Madrid y consejero de Aguirre, Juan José Güemes.

Los partes, señala el escrito de Molina sin aportar una sola prueba, "podrían haber sido creados específicamente para emprender una campaña político-mediática". "Lo que se ha buscando desde un principio con la investigación periodística es la foto de Mariano Rajoy o de Esperanza Aguirre para mantener en entredicho la gestión política de ambos", añade.

El abogado intenta convencer a la juez de que la investigación está viciada, ya que este diario contrastó con Cobo y Prada lo que ponía en los partes de espionaje, pero las denuncias de estos dos cargos del PP se produjeron semanas después. Molina incluso ve irregular que Cobo haya acudido a testificar con un letrado del Ayuntamiento, en tanto él no aclara si en un caso de malversación, sus honorarios los pagará la Comunidad de Madrid o sus defendidos.

Mientras Molina intenta que se anule todo el proceso, la policía afina un informe que acumula nuevos datos, ya que a los ocho teléfonos pertenecientes a agentes de Aguirre a los que ya se investigaba en relación con los seguimientos de Cobo y Prada en abril de 2008, se han unido dos números de teléfono más presuntamente vinculados con la red de seguimiento ilegal.

Y todo ello a falta de la comparecencia de José Manuel Pinto, empleado de la consejería de Interior cuyo interrogatorio y análisis grafológico han solicitado ya en siete ocasiones a la juez las víctimas -Cobo, Prada, y la diputada Carmen Rodríguez Flores-, la policía y la fiscalía. La baja laboral de Pinto, confirmada por la Comunidad de Madrid, dura tanto como su espera para ser citado. Más de un año para confirmar lo que este diario ya apuntó: que dos peritos que trabajan en la Audiencia Nacional, a los que contrató EL PAÍS, le identifican como el autor de las anotaciones a mano en los partes del seguimiento a Cobo y Prada, donde aparecían nombres de personas y números de matrículas de vehículos que, efectivamente, estuvieron donde el parte señaló que estuvieron. El Gobierno regional encargó otro informe a otro perito donde desmentía que la letra fuera de Pinto.

Pinto podría aclarar sin margen de error quién creó tales partes en la Consejería de Interior. El abogado de los supuestos espías considera que este proceso se alarga en demasía. Pero Molina no aclara quién dilata el proceso, si la juez, la policía, la fiscalía o las partes. El último salto del letrado es llamativo: concluye que aunque todas las pruebas resultaran ciertas, seguiría sin poder sostenerse que hubo malversación. La fiscalía, por el contrario, considera que un agente que actúa en funciones ilegales está malversando el dinero que se le paga para una labor muy distinta. Y, obviamente, también quien se lo ordenó. (06/03/10)

(www.elpais.com, 08/03/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID. UNA NUEVA DISPUTA ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN DEJA ESCAPAR 17 MILLONES

La cita era por la mañana en el Ministerio de Vivienda. Debían asistir la ministra, la consejera madrileña y los responsables de los nueve municipios de la región que iban a recibir dinero para la rehabilitación de viviendas. Pero el Ayuntamiento de la capital dio la campanada a última hora al anunciar que no se presentaba. La concejal Pilar Martínez explica su ausencia con el argumento de que la Comunidad de Madrid cambió en el último minuto el modelo de gestión de las ayudas, que ahora quedan en manos regionales.

El director general de Vivienda, Juan van Halen, niega la acusación. "No ha habido ningún cambio. Otra cosa es que a la señora Martínez no le gustara lo que iba a firmar", responde tajante. Se trata de la última pelea política entre las Administraciones que dirigen Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. Y en medio de las tortas están los ciudadanos de la capital, que ven peligrar los 17,2 millones de euros que el Gobierno central pensaba destinar a la rehabilitación de 3.441 pisos y que ahora penden de un hilo. Como en las otras disputas entre las dos Administraciones por temas como las obras en la Puerta del Sol o las del eje Prado-Recoletos.

Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid aseguran que los fondos que pensaban invertir para la rehabilitación no peligran, que ellos los van a gastar haya acuerdo o no. Pero el ministerio dice otra cosa. El Gobierno central, socialista, se agarra a la ley para explicar que es necesario el acuerdo del Consistorio para aprobar las ayudas. Y que si la edil u otro responsable municipal no estampa su firma, tendrá que destinar los 17 millones a otros fines distintos de mejorar las casas de los madrileños. De hecho, según los portavoces del Ministerio de Vivienda, esto es lo que ocurrió el año pasado. "La Comunidad firmó los convenios, pero el Ayuntamiento hizo lo mismo que hoy: no presentarse el día de la firma. Desde entonces, la rehabilitación de casi 2.000 viviendas está paralizada y los vecinos madrileños han perdido más de 8,5 millones en ayudas", dicen fuentes del ministerio.

La pelea entre dos administraciones gobernadas -aunque no lo parezca- por el mismo partido se extiende hasta el más mínimo detalle. La concejal Pilar Martínez acusa al Gobierno regional de no contar con el Ayuntamiento, a pesar de que éste pone el 39% de los fondos en dos proyectos. "Quieren un modelo en el que la Comunidad propone, decide con el ministerio qué planes se aprueban y la Comunidad los gestiona por su cuenta. Los excluidos somos los vecinos y el Ayuntamiento", protesta.

Ni siquiera se ponen de acuerdo en las competencias de cada uno. "El convenio que iban a firmar es exactamente igual al que estamos aplicando. El Ayuntamiento no pone dinero para la rehabilitación de viviendas, sino que se limita a las infraestructuras", dice Van Halen. "La que invierte cero euros en infraestructura es la Comunidad, que no cree en un modelo de rehabilitación integral. Están faltando a la verdad", dispara la concejal. De las 55 oficinas de rehabilitación, la Comunidad gestiona 46 y el Ayuntamiento, 9.

El ministerio calcula en 8,5 millones lo que perdió Madrid el año pasado por el desacuerdo entre sus administraciones. Ni la Comunidad ni el Ayuntamiento desmintieron este dato. Tras la reunión en la que se escenificó la enemistad entre dos gobiernos del PP, la ministra Beatriz Corredor, socialista, anunció que destinaría 26 millones para rehabilitar o construir 5.763 viviendas en la región. Todas, excepto las de la capital. "La colaboración institucional entre las tres administraciones es necesaria y debe ser garantía de que nuestras ayudas llegarán lo antes posible", dijo Corredor en un acto de humor, quizás involuntario.

(www.elpais.com, 11/03/10)

20. COMUNIDAD DE MADRID. LA JUEZ IMPUTA POR COHECHO A LA ALCALDESA DE EL BOALO, DEL PP

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Colmenar Viejo, Alicia Barba de la Torre, ha decidido imputar a la alcaldesa de El Boalo-Cerceda-Mataelpino (6.400 habitantes), Carmen Díaz Carralón (PP), por un delito de cohecho, según se desprende de un auto del 20 de julio de 2009. La magistrada considera que existen "indicios suficientes de criminalidad" en la conducta de la regidora, que presuntamente solicitó a un empresario 120.000 euros y la realización de forma gratuita de unos trabajos de urbanización en una parcela de su propiedad. A cambio, Carmen Díaz Carralón se comprometía, según la denuncia del empresario Antonio Gata, a no paralizar la construcción de dos decenas de viviendas en la calle del Potro de Cerceda. En el auto, la juez, que destaca que la regidora posee un patrimonio "más que considerable" de 18 viviendas con un valor catastral de 465.164 euros, desestima el recurso de la defensa contra la finalización de la instrucción del caso y decide que un jurado deberá juzgarlo. La defensa asegura que podría recurrir esta decisión.

La alcaldesa de El Boalo, Carmen Díaz Carralón, asegura que la denuncia se debe a una revancha política: "Todo es mentira. La denuncia del empresario se presentó cinco días antes de las pasadas elecciones de 2007, cuando supuestamente los hechos se habían producido tres años antes. Yo misma acudí a la Guardia Civil para denunciar esta campaña. Tengo el mismo patrimonio que cuando entré en política en 2001".

El caso se inició con la denuncia presentada el 22 de mayo de 2007 por el empresario de la construcción Antonio Gata Morales, en la que acusaba a la regidora de El Boalo de los delitos de cohecho y prevaricación. A lo largo de la instrucción, la juez ha mantenido el primero, el de cohecho, archivando el de prevaricación, al considerar que no se tiene conocimiento de que por parte de la alcaldesa se haya dictado una resolución arbitraria.

Por su parte, el recurso presentado ante la juez por la defensa de la alcaldesa sostiene que la denuncia del empresario no tiene sentido, pues resalta que el Ayuntamiento ha tramitado todas las peticiones del empresario "sin que existan retrasos en su tramitación, ni situaciones de paralización, ni nada que se le parezca, y que justifiquen que el denunciante haya tenido que pagar para provocar la agilización de los expedientes", explica Javier Iglesias, abogado de la alcaldesa, que pone un ejemplo: "El estudio de detalle se aprobó definitivamente en cuatro meses desde su inicio, con lo que no se puede argumentar que hubiera retraso".

Gata, que también está imputado en la causa por cohecho al haber supuestamente pagado, aseguraba en la denuncia que desde el momento en el que compró un solar en el municipio, la alcaldesa de El Boalo inició una labor de "entorpecimiento" para evitar que dicha compraventa llegara a buen fin, retrasando la tramitación de las solicitudes realizadas por él al Ayuntamiento. El empresario sostenía en la denuncia que para seguir avanzando en el expediente la alcaldesa le exigió la entrega de un piso de la futura promoción, si bien finalmente se valoró dicho piso en 120.000 euros.

Según la denuncia de Gata, éste decidió hablar con la alcaldesa grabando varias de las conversaciones mantenidas. Fue en esos contactos cuando supuestamente la regidora le solicitó dinero y el promotor inmobiliario le entregó en metálico la cantidad solicitada de 120.000 euros en tres entregas. Antonio Gata aportó las grabaciones al juzgado, en las que se registraron tres conversaciones entre este empresario y la alcaldesa Díaz Carralón. Según la versión del denunciante, la primera de las reuniones se realizó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en diciembre de 2003. Ahí fue donde las partes habrían llegado a un acuerdo económico fijando el modo de entrega. Hubo otras tres reuniones, dos en 2004 y otra en enero de 2005, en las que el empresario habría dado 120.000 euros a la alcaldesa. La defensa de la alcaldesa sostiene, en este sentido, que las fechas en las que se sitúan los pretendidos pagos "no dan verosimilitud a su versión. Antes bien responden al montaje contra mi defendida". En concreto, y según el letrado de Carmen Díaz Carralón, no coinciden cronológicamente los distintos actos administrativos con las fechas de los supuestos pagos.

A lo largo de la instrucción la juez trató de someter a la alcaldesa a una prueba pericial de reconocimiento de voces, a la que ésta se negó. "Su silencio se corresponde con un elemental criterio de prudencia, dada la manipulación que se estaba dando en la campaña electoral de 2007", asegura el abogado de Díaz Carralón.

(www.elpais.com, 11/03/10)

21. COMUNIDAD DE MADRID. NUEVAS REVELACIONES SOBRE LOS VÍNCULOS ENTRE EL PP Y EL TAMAYAZO

Se han destapado nuevos datos sobre los vínculos entre el PP y el tamayazo, el tristemente célebre golpe de dos tránsfugas del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que allanó a Esperanza Aguirre el camino a la Presidencia de Madrid en 2003. Esta vez, la información proviene de una de las víctimas del conocido como guardaespaldas del tamayazo, José Antonio Expósito actualmente procesado por simular ser agente del CNI. Un técnico de TVE -engañado por Expósito para "prestar servicios a España"-, ha confesado al semanario citado que vio cómo el falso agente y los dos tránsfugas se citaban en el despacho del abogado Esteban Verdes, esposo de una concejala de Madrid relacionado con el entonces secretario regional del PP, Ricardo Romero de Tejada. El tamayazo nunca fue suficientemente investigado. El ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, denunció las cortapisas que se le impusieron para hacerlo siendo entonces fiscal de Madrid.

José Antonio Expósito, guardaespaldas encargado de proteger a Eduardo Tamayo en la primavera de 2003, cuando éste perpetró el asalto de Esperanza Aguirre a la Asamblea de Madrid, se sienta en el banquillo por simular ser agente del CNI.

Bajo el seudónimo de Tango OO, el acusado formó una especie de célula de contra vigilancia de agentes amateurs que colaboraban con él engañados. Seis policías, un informático de Telefónica, un técnico de TVE y un realizador de Telecinco fueron algunos de sus fichajes, que creyeron su versión de que participaban en un comando especial para "prestar servicios a España". Precisamente, un miembro de este cuerpo de élite, el técnico de TVE, ha contado a Interviú un dato relevante: que presenció un encuentro entre los tránsfugas, su guardaespaldas y un abogado del entorno de Romero de Tejada, entonces máximo responsable del PP de Madrid.

Según el profesional de la comunicación citado, Expósito le "dijo que el CNI había ordenado protegerlos (a los tránsfugas). Los saludamos (con Tamayo estaba también la diputada tránsfuga María Teresa Sáez) y los acompañamos hasta el despacho del abogado Esteban Verdes", entonces esposo de una concejala popular de Madrid relacionado con Romero de Tejada. El mismo técnico aseguró al semanario en cuestión que grabó con una cámara instalada en un casco de moto las imágenes de Expósito en su misión con los tránsfugas, según creyó, por órdenes del CNI.

Las conexiones entre el PP y el tamayazo nunca fueron suficientemente investigadas. El ex ministro de usticia, Mariano Fernández Bermejo, llegó a denunciar los obstáculos que se le pusieron siendo Fiscal de Madrid para impedirle ahondar en el asunto, que también se abordó en una acotada comisión en la Asamblea de Madrid. Por su parte Expósito, una de las piezas claves para dilucidar el misterio, ha ofrecido diversas versiones sobre su contratante. Así, en principio lo identificó como un constructor de Alcorcón, luego como dirigentes de la Universidad Complutense y finalmente como el mismo CNI.

Eso sí, en la versión más oficial, la ratificada ante el juez, el escolta dijo estar "casi totalmente convencido de que el sobre" para pagarle vino del despacho de los constructores Francisco Vázquez y Francisco Bravo –tío y sobrino-. Ambos serían empresarios cercanos a Esperanza Aguirre, según contaron en su día la misma Interviú y la cadena Ser. ¿Por órdenes de quién? Según la Ser, fue Julio Ariza, ex diputado del PP y propietario del grupo Intereconomía (en el que trabaja el escolta actualmente) quien orquestó la protección de los traidores.

Paralelamente, los dos medios citados han informado de las extrañas relaciones entre el guardaespaldas y la banca. Expósito fue durante diez años "el hombre para todo" de Rodrigo Echenique, consejero del Banco Santander e íntimo amigo del presidente Emilio Botín. El oscuro personaje cobraba unos 4.500 euro mensuales, más del doble que trabajadores más veteranos por los mismos servicios, y recibió varios créditos del Santander por un valor de 350 mil euros. En total, se calcula que Expósito movió más de un millón de euros en sus cuentas corrientes, sólo en el año 2004.

La Fiscalía ha pedido nueve años de prisión para Expósito, aunque no por sus vínculos con el tamayazo sino por su intento de CNI. Se le acusa de revelación de secretos, usurpación de funciones y falsedad en documento. La Guardia Civil desmontó su chiringuito el 21 de diciembre de 2004, cuando uno de sus hombres, un aspirante a policía llamado Daniel, se coló a una zona reservada del aeropuerto de Barajas con un falso carné del CNI. Hasta entonces, el mortadelo logró que 14 agentes de una comisaría del Centro de Madrid le dieran sus datos personales para prepararlos como espías, y mantuvo el engaño con mentiras tan burdas como una foto en el agua, según él de una misión en el Caribe, o casquillos de balas de una supuesta detención a etarras a los que había puesto un microlocalizador en la cabeza. Los peritos han comprobado que era munición de una escopeta de caza.

Un completo perfil que ninguna persona querría a su alrededor. O casi ninguna. Desde hace unos años, Expósito trabaja para el grupo Intereconomía, del ex diputado del PP Julio Ariza -y supuesto ordenante de su protección a Tamayo-. Ahí ha continuado su carrera de transformista y lo mismo ha hecho de reportero para boicotear un programa de Caiga quien caiga en el que se criticaba al multi imputado presidente de Castellón, Carlos Fabra. Expósito también intentó tender una trampa con cámara oculta al abogado que ejerce la acusación contra Fabra. La Policía, avisada por el letrado, frustró este empeño.

(www.elplural.com, 08/03/10)

22. COMUNIDAD VALENCIANA. LA SAMBA DE CAMPS

Se dice, con razón, como estamos observando en los últimos años aquí, allá y acullá, que a los políticos de fuste hay que verlos actuar cuando pintan bastos. Con el viento de cola, cualquiera puede aspirar a que le vean como un Roosevelt o un Churchill de nuevo cuño, pero cuando sopla la tramontana la fuerza del viento desnuda al rey, si no es buen marino, y lo que queda a la vista no suele despertar el ánimo contemplativo. Tal podría decirse del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cuya travesía en este cargo ha discurrido tan plácidamente como si fuera el Oracle de la última edición de la Copa del América hasta que la galerna que se oteaba allá lejos en el horizonte y que parecía que no iba a cruzarse en su camino, dio un giro brusco y se abatió con toda su violencia sobre la nave del Molt Honorable.

Desde entonces, más que navegar, bracea, aunque no se sabe si para adelante o para atrás. Eso sí, coherente consigo mismo, sigue la hoja de ruta de siempre, consistente en edulcorar -o falsear- la realidad, malgastar el dinero público en onerosas fruslerías y quejarse de lo malos que son los demás.

El viaje a Brasil que ha encabezado Camps esta semana es la expresión perfecta de un político, herido por el escándalo de supuesta corrupción del caso Gürtel, que parece no comprender tampoco que estamos en una crisis económica sin parangón y que su territorio, la Comunitat Valenciana, es uno de los más damnificados en esta tesitura, entre otros motivos por la política que él y sus antecesores del PP han puesto en práctica en los más de quince años que llevan en el poder. El informe publicado esta semana por The Financial Times retrata con bastante precisión la deriva de una economía, la valenciana, que vive un "tiempo de resaca" a causa del "colapso" de la burbuja inmobiliaria.

La Comunitat ha superado en febrero el medio millón de parados, casi el 22% de la población activa. Da vértigo escribir la cifra. Los últimos datos revelan que el PIB valenciano decreció el año pasado un 3,95%. Y la deuda autonómica, capitaneada por la de la Generalitat, sí que ocupa posiciones de liderazgo en España.

Estos resultados son la consecuencia de una larga década en la que la industria ha perdido peso en el Producto Interior Bruto -de un 25,5% en 2000 a sólo un 17,4% en 2009- y en la que se ha permitido que la construcción se convirtiera en el gran motor del crecimiento (del 8,7% al 12,3%). Se han levantado tantas viviendas -para turismo y para segundas residencias de europeos y españoles que vendrían porque nuestro sol es el que más calienta- que, cuando se consiga venderlas, muchas de ellas precisarán de una rehabilitación. Digámoslo de otra manera: hemos levantado los pisos que tocaba para diez años pero no hemos creado la riqueza suficiente para que trabajadores y empresarios del ramo se pasen esa década tumbados a la bartola.

Pero lo peor ha sido la sistemática desatención a la política industrial, que es el sector clave para la innovación y la competitividad de una economía. Un detalle al respecto lo encontramos en las exportaciones que, aún manteniéndose Ford, han perdido en los últimos años su posición en el ránking nacional, ya superadas también por Madrid. La participación valenciana ha caído del 14,4% de 1995 al 10,3% de 2009.

Es evidente que las administraciones públicas no pueden sustituir el papel de los emprendedores, pero sí estimularlos y crear las condiciones para que florezcan. Aquí prácticamente no se ha hecho nada de eso. Produce asombro constatar la escasa inversión pública en I+D+i, un intangible que es el fundamento de la modernización económica y que la Generalitat debería haber mimado en lugar de ejercer de capataz de obras.

Tomemos también como ejemplo los institutos tecnológicos, ahora que el Consell gimotea porque han sido presupuestariamente ninguneados por el Gobierno central, a diferencia de los de Cataluña y País Vasco. Estos centros surgieron en los ochenta con el entonces Gobierno socialista. Fueron una iniciativa verdaderamente pionera en España. Y muy imitada.

Se trataba de destinar fondos públicos para generar en esos centros tecnológicos innovaciones particulares o generales que permitieran mejorar un tejido industrial muy atomizado. Nada más llegar el PP al Consell introdujo el término rentabilidad en unos institutos nacidos para tenerla de otra manera, como una aportación social, no como si fueran empresas con necesidad de obtener beneficios.

No se trata de minusvalorar el papel que están ejerciendo ahora mismo esos centros, sino ejemplificar una forma de acción política. Una actuación que no ha tenido el menor miramiento en incurrir en asombrosos endeudamientos públicos para poner en pie infraestructuras totalmente inútiles, como el Ágora -afortunadamente, la crisis ha derrumbado los rascacielos de Calatrava a tiempo de que se convirtieran en edificios fantasma- o para atraer a Valencia los más variopintos eventos, en su mayoría con escasa rentabilidad más allá de relativas cuestiones de imagen: ¿cuántos de ustedes han viajado a Hungría atraídos por la carrera de Fórmula 1 en Hungaroring?

Ésa ha sido la política que se ha seguido en los últimos años: un brindis al sol, todo para el escaparate. Nada, prácticamente nada, dirigido a sustentar el tejido productivo, ése que, con un trabajo constante y paciente, nos habría acercado, ahora que llueve a cántaros, a las regiones alemanas más avanzadas, en lugar de alejarnos. Ahí sí que hubiéramos sido la envidia de todos. No era necesario, como Camps y su antecesor Eduardo Zaplana han dicho sin recato, irse tan lejos como a California o Florida.

El pasado ya no se puede remediar, pero lo peor es que en el presente, en medio del huracán, nuestros capitanes sigan gobernando la nave como si tuvieran brisa en popa. Lamentablemente, así parece. Fíjense en el viaje de siete días a Brasil en una semana en la que Camps tenía sobre sí otra dolorosa comparecencia en las Corts con el caso Gürtel en la palestra. Este tipo de misiones comerciales destinadas a mejorar la presencia empresarial en otras zonas requieren de una minuciosa preparación. Se trata de, con el ariete que introducen los políticos, poner en contacto a empresarios de diferentes áreas geográficas y, en ocasiones, distintos sectores para que comercien o colaboren. Hay que hacer una labor de campo previa importante.

Lo que no es de recibo, como parece el caso, es que se organice con cierta precipitación y que la delegación la integren, exceptuando tres empresas -sólo tres-, los mismos que desde hace años se ven las caras día sí, día también aquí en Valencia, a saber, Camps, sus vicepresidentes Vicente Rambla y Gerardo Camps, el conseller de Infraestructuras Mario Flores y los presidentes o vicepresidentes -alguno fue a regañadientes- de las Cámaras, el puerto, Feria Valencia, las tres patronales provinciales, la autonómica Cierval...

Y todo ello para firmar varios convenios de una vacuidad presumible -¡qué socorridos son el puerto y la feria de Valencia para estos menesteres!-, mantener algunas reuniones protocolarias y una comida con un grupo de empresarios de Sao Paulo en la que Camps, el líder de la misión, intentó atraer la atención de sus interlocutores afirmando que la Comunitat Valenciana "es la parte más moderna y feliz de España". Para completar el panorama, Gerardo Camps, en otro momento de la visita, aseguró que la valenciana es un ejemplo de economía "equilibrada". Demasiado a menudo dan la impresión de que el Financial Times, desde luego, no lo leen, y que su única vía de información es Canal 9.

(www.levante-emv.com 07/03/10)

23. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS IMITA LA POLÍTICA DE AGUIRRE Y DECLARA LOS TOROS BIEN CULTURAL

El Gobierno valenciano, que preside Francisco Camps, decidió ayer seguir la estela de la presidenta madrileña Esperanza Aguirre y acordó iniciar los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) las corridas de toros y los festejos de bous al carrer. El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, no quiso reconocer el seguidismo hecho a la presidenta madrileña, que el pasado jueves decidió irrumpir en el debate que abolicionistas y protaurinos celebran en el Parlamento catalán. Sin embargo, el Gobierno valenciano utilizó los mismos argumentos que el madrileño, que ha decidido convertir el mundo del toro en argumento político y electoral. Y el Gobierno de Murcia también hizo lo mismo ayer.

Castellano intentó, pese a todo, valencianizar la medida con la decisión de ampliar la protección de interés cultural a los bous al carrer. "No debemos caer en un debate simplista y utilizar los toros como un motivo más para rechazar todo lo español, y por ese motivo, desde el Consell vamos a seguir defendiendo las tradiciones artísticas y culturales valencianas. Y también las nacionales, como sucede en el caso de los toros", indicó Castellano.

El consejero argumentó que la decisión de proteger los toros está en la línea de la política seguida desde hace años y que en el segundo congreso de bous al carrer, celebrado hace varias semanas en Castellón, se planteó la posibilidad de declararlos bien cultural. Esta decisión del Consell implica que ahora se iniciará el expediente, según la ley de Patrimonio Cultural, que requiere de informes y dictámenes preceptivos. Documentación que requiere un periodo de tiempo dilatado.

La decisión del Ejecutivo valenciano, que ayer presidió accidentalmente el vicepresidente Juan Cotino, contrasta con la decisión del Consell Valencià de Cultura (CVC) que el pasado mes de noviembre aprobó un informe en el que recomienda suprimir la modalidad del bou embolat y limitar los bous al carrer a los municipios que tengan "una tradición probada y continuada". "Las tradiciones, que pueden ser parte del patrimonio inmaterial, no pueden estar al margen de los valores de la modernidad, y tienen que acomodarse a las pautas de las sociedades avanzadas", indicaba el CVC.

La decisión del Consell de declarar bien de interés cultural las corridas de toros -en coordinación con los gobiernos populares de Madrid y Murcia- fue toreada por el resto de partidos políticos. La secretaria de Organización del PSOE y senadora territorial, Leire Pajín, aseguró que a los valencianos les gustaría que el Gobierno de la Generalitat protegiera de igual modo la sanidad y la educación pública.

La dirigente socialista instó al Consell a proteger también "esos ordenadores que no van a tener los niños de la Comunidad Valenciana por falta de visión política y la miopía de los miembros del gobierno del señor Camps".

"Los debates sobre nuestras tradiciones y culturas, en un país tolerante, deben ser sosegados, democráticos y no tender a la demagogia y a la división entre españoles", recalcó la senadora valenciana. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, también se pronunció y recalcó que el Ejecutivo "siempre es más partidario de la libre elección que de la imposición" y que "respeta absolutamente" tanto la tramitación de la iniciativa planteada en el Parlamento de Cataluña para prohibir las corridas como las de los gobiernos autonómicos de declarar a los toros BIC.

(www.elpais.com, 06/03/10)

24. COMUNIDAD VALENCIANA. EL DIRECTOR DE RTVV RECHAZA DESPEDIR A SANZ Y EL PP PIDE SILENCIAR EL CASO

"Discreta, modélica y prudente". El director de RTVV, José López Jaraba, calificó en las Corts con estas palabras la actuación del ente público tras la denuncia por acoso sexual de tres periodistas contra el ex secretario general y ex responsable de personal del ente, Vicente Sanz. El titular de la cadena destacó que el pasado 23 de febrero, al trascender la citada denuncia, fue el propio Sanz el que pidió ser suspendido cautelarmente de sus funciones "para poder defenderse fuera de RTVV y evitar la erosión de la cadena, dado que se trata de un asunto personal", y criticó que si la oposición "quiere hacer política con las miserias y las desgracias personales, allá ustedes, yo no lo voy a hacer". Jaraba se limitó a reconocer el gesto de Sanz al irse (la fórmula pactada con el ex jefe de personal) pero la portavoz del PP en la comisión, Sagrario Sánchez, tras calificar de "impecable" la actuación de RTVV, fue más allá y alabar la "diligencia, tanto por parte del denunciado al solicitar su suspensión como al aceptársela".

Sánchez señaló también que despedirlo -como exigió la oposición-, "sin escuchar a las partes, sería condenar a una persona, que sobre todo lo es, cargándose la presunción de inocencia". Agregó que, como mujer, le preocupa que estos hechos ocurran pero, como política, "todavía más me importa que este asunto pueda ser objeto de contienda en un pleno" y la oposición haga "carroñerismo". "Dejen de hablar de este caso", conminó a la oposición, y apuntó que al PP no le "interesan los motivos y las circunstancias [de lo denunciado] porque son personales".

Jaraba, cuya comparecencia se produjo a instancias suya (el PP lo había impedido la semana pasada), defendió que, con la suspensión cautelar, ha llegado "hasta donde la ley nos permite", ya que, según jurisprudencia del Supremo que citó, si no hay sentencia firme no se puede aplicar el despido disciplinario. De esta forma, el puesto seguirá vacante "en tanto se resuelva judicialmente la denuncia". La suspensión es "temporal y voluntaria", se recoge en el argumentario que se repartió a la prensa. El director enfatizó que con su decisión Sanz está fuera de la televisión "sin empleo, sueldo, finiquito e indemnización". En cambio, de mediar despido tendría que haberle abonado un finiquito. Y ello, pese a que la denuncia "no ha sido remitida" a RTVV "ni ratificada por el momento en el juzgado". "Los tiempos los marcará el juzgado", confesó, para rechazar el despido porque no quiere hace "un juicio paralelo" a Sanz, ya que no es "un McCarthy", el senador estadounidense famoso por la caza de brujas.

La socialista Nuria Espí, Mònica Oltra (Compromís) y Marga Sanz (EU) lo acusaron de ser "corresponsable" y "cómplice" de Sanz al no echarlo definitivamente ni abrirle un expediente disciplinario y lo emplazaron a dimitir al enfatizar que el ex director del MuVIM, Román de la Calle, le ha "enseñado el camino". Jaraba, que exigió que se rectifica la acusación de complicidad, apuntó que, para abrir expediente, tiene doce meses. Oltra resaltó que Sanz era un cargo de confianza que puede ser destituido sin más.

Espí preguntó por dos veces a Jaraba si ha visto una grabación de Sanz "jugando con sus genitales en su despacho ante las trabajadoras denunciantes", pero el director no lo contestó después. También lo inquirió sobre si recibió un SMS ya en noviembre de 2009 denunciando la situación y pidiendo un encuentro o si trató el caso con Presidencia. El titular del ente (que indicó que la primera noticia la tuvo el 12 de febrero y enseguida se puso en contacto con las afectadas) negó haber sabido el asunto antes. "La duda ofende", aseveró. Dijo que no le consta que haya más afectadas y que con la Generalitat sólo habló para "informar de la decisión tomada; el chapapote me lo como yo, no lo llevo a ningún sitio".

Jaume Muñoz (Intersindical) y Nacho Ángel (CC OO), del comité de empresa, denunciaron que el poder que se otorgó a Sanz en TVV fue el "caldo de cultivo" de los supuestos abusos denunciados y acusaron a Jaraba de dar "amparo político" al ex jefe de personal.

Por otro lado, el titular de RTVV volvió a negarse a dar los contratos con firmas del caso Gürtel por la visita del Papa alegando que los papeles están "sub iudice". Igualmente, rechazó informar del coste del contrato para retransmitir la Fórmula 1 con el fin de preservar la "confidencialidad" y dijo que difundirlos "podría constituir un delito contra la privacidad".

El director general de RTVV defendió el tratamiento "puramente informativo" de Canal 9 sobre el Plan del Cabanyal, mientras la socialista Carmen Ninet consideró una "bazofia" una cobertura en la que, denunció, se ha silenciado a la oposición y a las entidades que rechazan el proyecto de ampliación de Blasco Ibáñez. López Jaraba acusó al dirigente de Salvem El Cabanyal Faustino Villora de "descalificar" a una periodista de Canal 9 que quiso recabar su opinión, y lamentó la "amenaza y advertencia" de éste de que TVV "no sería bien recibida" en una asamblea de la plataforma. Ninet censuró la "deleznable manipulación" de Canal 9. Como ejemplo, recordó que tras la manifestación contra el Plan del Cabanyal, el ente público sólo reflejó la opinión de la portavoz de Salvem, un diputado de Esquerra Republicana de Catalunya y el conseller Cotino. También citó el "escándalo" del tratamiento de la dimisión del director del MuVIM. "Lo de Chávez, a su lado, es una tontería", espetó la socialista.

(www.levante-emv.com, 11/03/10)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS LÍOS TRIBUTARIOS DEL DIRECTOR GENERAL

La comparecencia del director general de RTVV tenía un orden del día repleto de asuntos, como la explicación, y la aportación de documentación, sobre el contrato de sonorización y pantallas para la visita del Papa a Valencia en 2006 del que se aprovechó la trama corrupta del caso Gürtel. José López Jaraba se limitó a señalar que no había novedad alguna en relación con su anterior explicación del asunto y reiteró que, como el caso está sometido al secreto del sumario, no puede ofrecer información.

La socialista Nuria Espí, en su respuesta, aludió a la necesaria "ejemplaridad" de los cargos públicos y reveló que López Jaraba apareció a lo largo del año 2009 hasta 24 veces en el Boletín Oficial del Estado como protagonista de requerimientos por impago de la Agencia Tributaria y por haber dejado de cumplimentar su declaración de la renta en 2005 y 2006. "En la gestión pública", dijo Espí, "hay que poder responder".

López Jaraba dijo sentirse "sumamente decepcionado" por que le sacaran a relucir "un asunto de carácter personal" anterior a su etapa como director general, pero no dio explicaciones. Preguntado más tarde por este periódico, reconoció que, "de forma voluntaria" y debido a unos problemas familiares, no hizo la declaración de la renta en 2005 y 2006 y asumió que pagaría las multas correspondientes. "Solventé los problemas familiares, pedí un rastreo a Hacienda de todo lo que debía y pagué entre los meses de julio y septiembre de 2009", señaló López Jaraba. Multas de tráfico y algún cobro del IVA por colaboraciones en la radio estarían en el origen de otros de los requerimientos. El director general reconoció que no sabe a qué corresponde una notificación de embargo de sus cuentas publicada el 6 de noviembre pasado. "Puede ser algún fleco", apuntó, para asegurar: "Yo sólo tengo una nómina, con retención del IRPF, y una hipoteca. Estoy a cero con Hacienda al 99%".

(www.elpais.com, 11/03/10)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ ARCHIVA EL 'CASO IVEX', PESE A LAS IRREGULARIDADES

Algunos de los pagos que el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) hizo por los conciertos que el cantante Julio Iglesias celebró en Orlando (EE UU) y México no están claros. El juez considera que las posibles irregularidades no son delictivas, sino administrativas en todo caso, y que quien puede despejar las dudas aún pendientes, el que fuera director del Ivex, José María Tabares, se fugó a Japón y no hay posibilidad de que comparezca ante la justicia española, ya que no hay tratado de extradición. Por tanto, ha dictado auto archivo provisional de las diligencias abiertas por una denuncia presentada en 2001.

A lo largo de las seis páginas del auto firmado por el titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, queda claro que no hubo un contrato B y que el Ivex no veló suficientemente para que cada pago quedara perfecta y transparentemente acreditado en la forma y en el fondo. De hecho, el perito que durante más de un año practicó la última diligencia importante de la causa precisó en su informe que la contabilidad del Ivex estaba bien recogida y los apuntes contables cumplían aparentemente con la normativa mercantil. Pero expresó sus dudas sobre el escaso detalle en muchas de las operaciones.

Tabares se encargó de ejecutar desde el Ivex el contrato que Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat, firmó con el cantante Julio Iglesias, por algo más de seis millones de euros, en diciembre de 1997. El objetivo era la promoción de la imagen de la Comunidad Valenciana. El compromiso se recogió en dos documentos. Uno, de cesión de derechos de imagen, por 2.253.795,39 euros. Y otro, "de carta de intenciones", por 3.696.224,44 euros. El Consell de Zaplana ocultó este segundo a las Cortes Valencianas. Algunos pagos, de 325.000 dólares en Orlando, y de la actuación en México, no han quedado claros. Sólo Tabares sabe si se pagó dos veces un mismo servicio y quién se pudo beneficiar.

5"Quien ha venido constituyéndose como eje central de las operaciones de ejecución del contrato con Julio Iglesias era el señor Tabares, que era personalmente quien daba las órdenes y las ejecutaba, a través de diverso personal que compone o componía la red directiva y administrativa del Ivex". Así lo dice el juez. Tabares hacía y deshacía. Los demás, se desprende, obedecían. Sin él, por tanto, es difícil arrojar luz sobre las operaciones más oscuras. Queda claro, eso sí, que han sido dos los eventos que han monopolizado la investigación judicial: los conciertos de Orlando y México.

José Marquina fue delegado del Ivex en Orlando. Declaró ante en el Juzgado de Instrucción 19. Y dijo al juez, respecto del concierto de Julio Iglesias en esa ciudad, que "los gastos que se habían contabilizado por el Ivex eran desmesurados y no respondían a la realidad de la promoción realizada". Dio más detalles. Según consta en el auto de archivo provisional, Marquina aseguró que "se le reclamó por parte de responsables del Ivex que se le confeccionara una factura por importe de 325.000 dólares, como si tal importe obedeciese a actos efectivamente realizados como desarrollo del programa de promoción del Ivex".

La factura que debía justificar tal pago del Ivex no fue aportada. Pero resultó después que aparecieron dos facturas con importes aproximados que podían coincidir, con reservas y dudas por las fechas y la vaguedad de los conceptos así como su numeración y asiento contable.

Con México pasó que la empresa RAC, que tuvo la explotación del concierto, se hizo cargo de todos los gastos a cambio de la recaudación por entrada en el Auditorio Nacional. El RAC presentó un contrato con Julio Iglesias, por el que el cantante recibiría 64.000 dólares. Sin embargo, el Ivex realizó varios pagos por ese evento. Y el juez añade que el contrato del RAC e Iglesias "no permite afirmar la no existencia de obligaciones por parte del Ivex a favor del señor Iglesias". El problema es la insuficiente claridad en el tráfico de facturas y dinero.

El magistrado es claro y contundente, y afirma que "se ha de desechar de forma expresa la existencia de un delito fiscal". Según él, "de tal forma de actuar no pueden predicarse sino irregularidades fiscales que deben tener su propio contexto de acusación, fuera de los procedimientos penales". Sobre una posible defraudación, precisa que "no se ha producido ocultación de disponibilidad de cantidad alguna".

Y, respecto de la posible falsificación, recoge que "sólo en la medida que efectivamente se llegase a la convicción de que las facturas emitidas y pagadas a las sociedades International Concerts y Midway no respondiera efectivamente a la realidad, es decir, a pagos que realmente debieran producirse, es cuando podría incorporarse una imputación de tal consideración". Las respuestas las tiene Tabares, en Japón desde 2006, un país sin convenio de extradición.

(www.elpais.com, 12/03/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. VALENCIA INCUMPLE SU PLAN DE AUSTERIDAD Y GASTA 7,6 MILLONES MÁS

El Ayuntamiento de Valencia incumplió en 2009 su plan de austeridad, denunció la oposición. El equipo de gobierno local no sólo no ahorró los 310.000 euros que se propuso al comienzo del ejercicio sino que gastó cerca de 8 millones más.

La portavoz municipal socialista, Carmen Alborch, aseguró que el plan ha fracasado y pidió a la alcaldesa Rita Barberá que explique las razones del fracaso y qué medidas va a adoptar para controlar el gasto.

El único ahorro previsto, según explicó el concejal socialista Juan Ferrer, en las partidas "supuestamente" afectadas "era de 310.595 euros, pues el presupuesto inicial era de 25.556.093 euros, mientras que el de 2008 ascendió a 25.866.689 euros".

"Ni siquiera se ha cumplido el exiguo objetivo de reducir el gasto en 310.000 euros", criticó Ferrer, quien añadió que, tras las sucesivas modificaciones de crédito aprobadas en 2009 por valor de 10 millones, "el presupuesto contemplado para esos conceptos fue de 7,6 millones de euros más que en 2008".

El objetivo de austeridad en las partidas de gasto no se consiguió por la factura de alumbrado público, que superó los siete millones de euros, cuando el objetivo originario era adelgazar la factura en 350.000 euros. También creció el gasto en teléfono, personal eventual y suministros postales. El consistorio no replicó a la oposición.

(www.elpais.com, 12/03/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. LA NUCIA RESUCITA TRES GRANDES PROYECTOS URBANÍSTICOS PARALIZADOS

El objetivo de Bernabé Cano, alcalde del PP de La Nucia, desde que accedió al cargo en 2001 ha sido su desarrollo urbanístico. Y como no podía reclasificar suelo no urbanizable por la falta de recursos hídricos, ha optado por la vía de la revisión del Plan General para poder sacar adelante la aprobación de los sectores de La Serreta, Pie de Monte y Algar, que suman casi 7 millones de metros cuadrados y prevén la construcción de 11.461 viviendas.

La semana pasada el pleno de La Nucia aprobó, con los votos del PP, el concierto previo de revisión y adaptación del PGOU, que ha redactado Salvador Muñoz Ramón, un ingeniero de Caminos del despacho de arquitectura Vetges Tu Mediterrània, de Valencia.

En el documento queda al descubierto que el consistorio también ha iniciado un procedimiento ante la CHJ para la concesión unificada de los recursos hídricos del municipio y la justificación ante el organismo de cuenca de la disponibilidad del agua suficiente que posibilite los desarrollos previstos, para lo que cursó dos solicitudes el 31 de julio de 2008 y el 15 de abril de 2009.

El anterior Plan General está agotado desde el año 2000, dado que ya se habían desarrollado 22 sectores residenciales y uno industrial hasta consumir el 27% del término municipal. Sin embargo, Cano optó entre 2002 y 2003 por reclasificar suelo, opción que favoreció a los adjudicatarios de la condición de agente urbanizador, quienes tras haber comprado varios millones de metros a precio de suelo rústico podrán conseguir, cuando se apruebe definitivamente la modificación del PGOU, más de 1,26 millones de metros de edificabilidad.

Los tres sectores presentan diferentes particularidades. El primero en aprobarse, a mediados de 2004, fue la Serreta, que estuvo paralizado cautelarmente entre mayo y noviembre de 2007 por el anuncio de Iniciativa Independiente de La Nucia de una demanda que después, sin mediar explicaciones, no formalizó. Actualmente está a expensas de la publicación del proyecto de reparcelación que necesita una financiación de más de 100 millones de euros.

En septiembre de 2004, se aprobó el PAI Pie de Monte, un proyecto en el punto de mira del caso Gürtel. Francisco Correa, todavía en la cárcel, envió a negociar su entrada en el reparto de 12.000 millones de pesetas a Jacobo Gordon, otro de los imputados, aunque finalmente la Consejería de Medio Ambiente impuso una condición insólita para otorgarle la declaración de impacto ambiental: que obtuviera un informe favorable de la CHJ que nunca llegó. Finalmente, en marzo de 2005 el Ayuntamiento aprobó el PAI del Algar, que con una rapidez inusitada fue validado por la Comisión Territorial de Urbanismo en noviembre de 2006, aunque ese acuerdo de la consejería fue anulado por el TSJ en mayo del año pasado por carecer de los recursos hídricos necesarios. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de La Nucia han presentado un recurso de casación.

La propuesta de revisión del PGOU aprobada este mes eleva el consumo de suelo urbanizado a casi el 50% del total. Otro 10% es paisaje protegido de la falda del Puig Campana o de especial protección de cauces. Si se suman el suelo de protección ambiental paisajística, las cinco vías pecuarias, los seis yacimientos arqueológicos, el patrimonio etnológico y las zonas con riesgo de erosión o contaminación de acuíferos, apenas quedará un 16% del término de La Nucia sin urbanizar.

La memoria justificativa de la propuesta de revisión aprobada parece un documento a la carta, con apuntes laudatorios a la gestión de Bernabé Cano. Aboga por el "modelo extensivo de crecimiento" para "consolidar La Nucia como destino turístico que no dependa de otros municipios del entorno". Entre 2001 y 2009 La Nucia multiplicó por tres su población (de 6.587 a 17.874 habitantes), operación que con el nuevo PGOU en marcha volverá a repetirse.

(www.elpais.com, 11/03/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. TORREVIEJA CONTRATA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS AL FAMILIAR DE DOS EDILES

El Ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por el PP con mayoría absoluta, adjudica la mayoría de los contratos de redacción de los proyectos municipales al ingeniero técnico de obras públicas Francisco Sánchez Sánchez. Este técnico es sobrino del concejal de Contratación, José Antonio Sánchez García, y primo del concejal de Cultura, Eduardo Dolón Sánchez. El caso de nepotismo fue denunciado por el portavoz del Grupo Municipal de Los Verdes, José Manuel Dolón.

Dolón señaló que las adjudicaciones al familiar de los dos ediles populares comenzaron el pasado mes de junio. El portavoz de Los Verdes indicó que el volumen de los contratos dados a ese ingeniero supera los 200.000 euros. "No obstante, para conocer con mayor exactitud las cifras hemos solicitado, por escrito, que se nos facilite copia de la documentación correspondiente a todas las adjudicaciones de proyectos y el importe de las mismas que el Ayuntamiento ha tramitado con Fernando Sánchez Sánchez", explicó el edil de Los Verdes.

El concejal de Los Verdes resaltó que los dos concejales del PP familiares del ingeniero beneficiado con los contratos se ausentan de las sesiones de la junta de gobierno o mesa de contratación donde se ratifican las adjudicaciones. "Pero esto no es suficiente. Es demasiada coincidencia que el Ayuntamiento siempre opte por dirigirse a este ingeniero para hacer las propuestas de adjudicación mediante el procedimiento negociado sin publicidad o por contratación directa", puntualiza.

Según Dolón, el procedimiento que habitualmente sigue el equipo de gobierno del PP para adjudicar estos contratos siempre es el mismo: "Si el contrato es menor a 18.000 euros, se le adjudica directamente y punto. Y si supera esa cuantía, el Ayuntamiento se dirige a tres profesionales para encargar el proyecto, siempre los mismos, y dos de ellos socios y titulares de un mismo despacho profesional. Pero estos no presentan oferta alguna, y sólo concurre como plica única la propuesta del sobrino y primo de los concejales del PP".

Para Dolón, este caso de nepotismo se suma a la "falta de transparencia" que caracteriza la gestión del PP en el Ayuntamiento. "Aquí, la igualdad de oportunidades no tiene nada que ver con el mérito y la capacidad, sino que las gana uno en la tómbola o presentando el libro de familia", razonó Dolón.

El equipo de gobierno local, que preside Pedro Ángel Hernández Mateo, no respondió a la denuncia de Los Verdes. Este periódico intentó sin éxito conocer su opinión.

(www.elpais.com, 09/03/10)

30. CASTILLA Y LEÓN. INVESTIGAN EL AYUNTAMIENTO POPULAR DE CARRACEDELO (LEÓN) POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS

La Guardia Civil se personó el pasado viernes en el Ayuntamiento de Carracedelo (León) a raíz de una denuncia particular en la que se acusa al consistorio de haber recalificado un terreno de manera irregular.

El alcalde del municipio, el diputado provincial del PP Raúl Valcarce, que ya está imputado en varios procesos judiciales de diversa índole, es socio e íntimo amigo del empresario imputado en la trama Gürtel José Luis Ulibarri, podría enfrentarse ahora a un nuevo proceso por haber dado licencia para construir una urbanización en la que luego no quiso hacer las pertinentes instalaciones eléctricas. Valcarce es uno de los hombres fuertes del PP y ya está imputado por un posible caso de tráfico de inmigrantes, tal y como se reveló hace un año.

En colaboración con una mujer afincada en la República Dominicana que se hacía pasar por "Coronela del Ejército Español", habría estafado a inmigrantes con la promesa de un trabajo en su empresa.

Dos agentes de la Guardia Civil de la Delegación de Delitos Urbanísticos se personaron el pasado viernes 5 de marzo en el Ayuntamiento leonés de Carracedelo para intervenir en el consistorio en respuesta a una denuncia particular que acusa al equipo municipal del popular Raúl Valcarce de haber incurrido en una presunta "flagrante irregularidad" en la construcción de la urbanización Bello Santos.

Según publica el diario digital El Soplón, el caso data de 2003, cuando el Ayuntamiento dio licencia a una constructora para edificar viviendas en la citada urbanización. Los inmuebles fueron vendidos pero, cuando la constructora se disponía a entregarlas a los compradores, el consistorio de Valcarce se negó a hacer llegar el suministro eléctrico hasta la zona. El departamento de Industria de la Junta de Castilla y León dio la razón al Ayuntamiento y determinó que era el constructor quien debía asumir los gastos para dar suministro eléctrico a las parcelas.

Aunque la mayoría de los propietarios llegaron a un acuerdo para financiar la parte correspondiente, uno de ellos decidió llevar el caso ante la justicia y acusó al Ayuntamiento de "recalificación ilegal de terrenos". Según su denuncia, cuando un terreno rústico se transforma en urbano, es el Ayuntamiento el que debe asumir los gastos por llevar hasta él los suministros de agua, luz, alcantarillado y otros servicios municipales, por lo que los compradores de estas viviendas no deberían pagar por servicios por los que no se cobra al resto de los ciudadanos.

Valcarce, uno de los hombres fuertes del PP leonés, y muy cercano a la presidenta de la Diputación Provincial, Isabel Carrasco, se ha visto en los últimos tiempos involucrado en numerosos escándalos políticos y judiciales, tanto desde el Ayuntamiento de Carracedelo como desde su cargo al frente del área de Recursos Humanos de la Diputación. Uno de los más sonados, como desveló El Plural el pasado 28 de enero de 2009, es una presunta estafa relacionada con la contratación ilegal de inmigrantes a los que engañaban en sus países de origen.

Para organizar esta red ilegal, según investiga el juzgado de instrucción número 6 de Ponferrada, contó con la ayuda de una estrafalaria mujer residente en República Dominicana que se hacía pasar por "Coronel Médico y Cirujana Pediatra". Entre ambos habrían conseguido traer a unos 500 ciudadanos dominicanos de forma irregular a la zona de El Bierzo a cambio de dinero.

Este asunto, que está siendo actualmente investigado por los tribunales, involucraba no solo a Valcarce, sino también a su mujer, María Antonia Sernández, y al empresario leonés José Luis Ulibarri, actualmente imputado en la trama de corrupción de la Operación Gürtel. El empresario es amigo personal del alcalde, y socio de éste en la empresa Bodegas del Abad, que habría facilitado la entrada irregular de los mencionados inmigrantes.

Además, el edil es propietario de otra empresa, El Artesano, que también ha quedado puesta en entredicho puesto que, aunque es de titularidad totalmente privada, ha sido promocionada y comercializada con dinero público a través de la Diputación de León, según recoge El Sopón.

Valcarce aparece también en una querella de varios opositores que consideran que la Diputación provincial cometió varias irregularidades en la adjudicación de 40 plazas de auxiliar administrativo. En aquellas oposiciones lograron aprobar varios familiares de cargos del PP en la institución y miembros del partido. El dirigente popular está imputado en este proceso, que actualmente se esta investigando.

(www.elplural.com, 09/03/10)

31. CASTILLA-LA MANCHA. EL ALCALDE DE CUENCA, IMPUTADO POR PREVARICACIÓN

El alcalde de Cuenca, Francisco Javier Pulido (PP), ha sido citado a declarar como imputado ante un Juzgado de la capital conquense por un delito de prevaricación administrativa que supuestamente cometió al aprobar una modificación de una operación de crédito concertada por el Ayuntamiento.

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cuenca, Inmaculada Cruz, ha explicado en rueda de prensa que el regidor deberá declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 el próximo 24 de marzo en condición de imputado.

Cruz ha calificado el asunto como "muy grave y muy serio", sobre todo para el propio Pulido, ya que en caso de que sea considerado culpable se enfrentaría a una pena de entre siete y diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Pulido ha sido citado a declarar después de que el Grupo Socialista presentara una denuncia ante el Juzgado de Guardia por una modificación de un crédito que había concertado el Ayuntamiento conquense con Caja Madrid, que fue aprobada con el voto de calidad del regidor, ha indicado Cruz.

La operación de crédito fue adjudicada a Caja Madrid por la mesa de contratación del Ayuntamiento por un importe de 5 millones de euros a pagar en dos años y fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento en junio de 2008, en esa ocasión con el voto a favor del Grupo Socialista, ha puntualizado su portavoz.

Sin embargo, posteriormente el pleno aprobó una modificación de las condiciones del crédito ampliándolo a 20 años, con el voto de calidad del alcalde y con el voto en contra de los ediles del PSOE, que entendieron que era preciso convocar un nuevo concurso público.

Según Cruz, los concejales socialistas advirtieron de que se había hecho la modificación de una condición esencial del contrato, "sin que hubiera informes ni jurídicos, ni de la Intervención Municipal de Fondos del Ayuntamiento, que avalaran la legalidad del cambio".

En este sentido, ha señalado que la Intervención Municipal de Fondos formuló un reparo al acuerdo plenario, que fue levantado por el alcalde mediante un decreto.

En este contexto, Cruz ha pedido a Pulido que cumpla lo establecido en el Código de Buenas Prácticas del PP, que determina que los cargos orgánicos y políticos tienen que comunicar a la dirección del partido y poner a disposición su cargo, ante "la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios razonables de la comisión de un delito".

También ha solicitado que se pronuncien sobre este asunto la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y la presidenta provincial de Cuenca, María Ángeles García.

(www.publico.es, 10/03/10)

32. CASTILLA-LA MANCHA. EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL EMBARGA A LA SS Y BLOQUEA EL DINERO DE LA CAJA DE PENSIONES

Nunca antes un ayuntamiento había ido tan lejos, máxime si como el de Ciudad Real es uno de los más morosos de Castilla-La Mancha, lo que no le ha impedido embargar las cuentas de la Seguridad Social por un supuesto impago del Impuesto de Bienes Inmuebles cuantificado en algo más de 2,4 millones de euros. La reacción de la Tesorería General no se ha hecho esperar y anuncia una querella contra el consistorio manchego, gobernado por el PP, ya que los bienes y las cuentas de este organismo son "inembargables por ley".

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ciudad Real, Miguel Ángel Rodríguez, aseguraba a Efe que el Ayuntamiento ha tomado la decisión del embargo "para salvaguardar los intereses de los ciudadrealeños" tras múltiples intentos de negociación y de que los recibos hayan sido notificados "de todas las formas posibles", sin que la Dirección Provincial de la Seguridad Social haya recurrido ningún recibo, requerimiento de bienes o providencia de apremio.

El Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por el PP, reclama a la Tesorería General de la Seguridad Social, titular catastral del inmueble en el que se emplaza el Hospital, 565.284 euros por el IBI de 2006, 588.624 por el de 2007, 617.732 por el de 2008 y 640.171 por el de 2009. El citado edil lo tiene claro, o la Seguridad Social está "tan mal como dicen y no tiene dinero" o es que quieren "causar daño" al consistorio.

Fuentes consultadas por El Plural señalan al Ayuntamiento de Ciudad Real como uno de los más morosos de Castilla-La Mancha, por lo que llama la atención esta estrambótica decisión de embargar algunas cuentas a la Seguridad Social que superan los 240.000 euros. "Que se lo pregunten a las compañías eléctricas, que en varias ocasiones han amenazado con cortarles la luz", o a los proveedores "que ya no saben qué hacer para cobrar".

Sin embargo, fuentes de la Seguridad Social aclararon a Efe que "no se puede embargar al organismo que paga las pensiones" y que, una vez traspasadas las competencias de Sanidad a las diferentes comunidades autónomas, su gestión, así como de los hospitales y pagos de impuestos corresponde a esta administración autonómica.

La Tesorería de la Seguridad Social alega que la legislación establece la "inembargabilidad de los bienes y derechos del Patrimonio de la Seguridad Social", por lo que ha anunciado una querella contra el Ayuntamiento de Ciudad Real, a quien acusa de bloquear dinero de la caja de pensiones.

(www.elplural.com, 12/03/10)

33. REGIÓN DE MURCIA. CONEXION SANIDAD VIII. LA REGIÓN AL LÍMITE DE LA POBREZA Y LOS DIRECTIVOS COBRANDO "PRIMAS"

Una veintena de directivos del Servicio Murciano de Salud se repartieron decenas de miles de euros en productividad mientras el Gobierno Regional incumple sus compromisos con los trabajadores de la Sanidad

LISTADO PROVISIONAL DE LOS AFORTUNADOS
Que los políticos regionales y municipales estén pidiendo austeridad a diestro y siniestro y ellos no se bajen sus altísimos sueldos, aunque dicen que se los han congelado como si eso fuera un mérito, es algo que en esta Región, es algo que la sociedad murciana se lo traga. Igual que la gran  falacia de hace unos meses cuando dijeron que reducían altos cargos y se inventaron media docena de puestecillos para colocar a los cesados, con sueldazos y cuyos resultados todavía están por verse.

Que los trabajadores del Servicio Murciano de Salud han visto congelados sus sueldos, frenada su carrera profesional por parte del Gobierno Regional, el mismo que ya había firmado un acuerdo con los representantes sindicales, es otra realidad sangrante, escandalosa y que en cualquier sitio tendría en la picota a los políticos responsables…en Murcia no, las tragaldabas son grandes, los medios de comunicación cómplices y eso lo saben los conniventes de Valcárcel en el desaguisado.

Pero vayamos al asunto, porque es sangrante:

El Servicio Murciano de Salud puede presumir de tener una gestión absolutamente desastrosa, basta preguntar a los proveedores, especialmente a aquellos que no entran en enjuagues ni pagan viajes de lujo. Listas de espera, camas en los pasillos, una situación crítica económica…un panorama así debiera dar vergüenza personal a los responsables políticos y a esos puestos directivos nombrados a dedo, especialmente en Cartagena donde está a punto de traicionarse a la ciudadanía con el tema de El Rosell. Si estuvieran en una empresa privada, desde luego, no cobrarían un complemento de productividad. La productividad es un concepto económico que está vinculado a ‘premiar’ la gestión pública que es brillante, eficaz; pero no es un concepto que haya de pagarse por el simple hecho de ocupar un puesto que, para más INRI, se da a dedo, discrecionalmente.

Pues bien, mientras el Gobierno Regional ha fastidiado a todos los funcionarios regionales y, en particular, a los del Servicio Murciano de Salud, nos encontramos con que en este servicio que dirige Allegue Gallego poco más de una veintena de puestos directivos se han  repartido decenas de miles de euros en productividad. Lo que viene a ser, de hecho, que la gestión de la sanidad murciana, que se salva exclusivamente por la calidad de sus profesionales, merece que se paguen premios, pero no a los trabajadores, sino a los que debieran ser abucheados públicamente, además de sus altos sueldos y pagas extras, a los designados por el poderoso dedo de los políticos se les premia por buena gestión…no es un chiste, es la verdad.

(…)

Así que, amigos usuarios del Sistema Murciano de Salud, cuando vean que los médicos, enfermeros, auxiliares y personal del Servicio Murciano de Salud se vuelcan en atenderles, en poner la máxima atención en su cuidado, incluso el cariño, que sepan que lo hacen porque son unos verdaderos profesionales, comprometidos con los ciudadanos a los que sirven, pero no motivados por cómo se portan sus jefecillos políticos y los designados a dedo, que además de tener buenos sueldos cobran un complemento por hacer la gestión que están haciendo, como si esta no fuera manifiestamente mejorable.

(www.vegamediapress.com, 09/03/10)

34. REGIÓN DE MURCIA. EL AYUNTAMIENTO DEL PP IMPONE A LOS MURCIANOS IMPUESTOS POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL

El concejal socialista Alfonso Navarro denuncia la actitud cicatera del gobierno municipal de Murcia en manos del PP a la hora de machacar los bolsillos de los murcianos con el cobro de impuestos inexorables y directos. Este año los ciudadanos van a pagar 26 millones de euros, a través de un total de 327.000 recibos, por el impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM ), un millón más que en 2009.

"Mientras que el PP convierte el cobro de este tributo en la segunda mayor recaudación vía impuestos sigue sin apoyar, por un lado, al sector del automóvil y, por otro, al usuario a través de la aprobación de ciertas bonificaciones y exenciones", manifiesta el edil del PSRM-PSOE.

Lo fácil -continúa señalando- es seguir machacando a los murcianos con el cobro de impuestos que cada año se sitúa por encima de la media nacional y negar de forma sistemática cualquier tipo de medida que ayude a aliviar el bolsillo de los ciudadanos o incentivar la compra o venta de vehículos.

Por citar un ejemplo -informa el edil socialista- las bonificaciones y exenciones que existen son las mismas que el gobierno municipal ofreció en 2008 y 2007. "No se ha producido ninguna nueva ayuda en este sentido encaminada a favorecer el consumo ni las ventas por parte del ayuntamiento".

En concreto, el PP se negó en el pleno del pasado mes de octubre, cuando se aprobaron las ordenanzas fiscales, a apoyar la propuesta planteada por el grupo Socialista de aplicar una bonificación del 95% del impuesto para vehículos híbridos, eléctricos y a gas el primer año, y del 50% en los dos años siguientes; así como una bonificación del 50% para aquellos vehículos de carácter industrial y comercial.

Igualmente -agrega Navarro-, el PP negó la posibilidad de que las exenciones y bonificaciones tengan carácter directo y automático, siendo efectivo con la sola comprobación del cumplimiento de las condiciones. En estos momentos estas ayudas sólo se aplican si son solicitadas previamente por los contribuyentes.

(www.vegamediapress.com, 12/03/10)

35. REGIÓN DE MURCIA. Y EN MAZARRÓN CONTINUAN PERSIGUIENDO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

En Mazarrón, discrepar o criticar a la máxima autoridad, tiene un precio. Informar de las actuaciones disuasivas de la policía local, también. Este fin de semana, una vez más, agentes de la policía local identificaron y fotografiaron a vecinos que ejercían su derecho a la libertad de expresión.

Los hechos ocurrieron en pleno mercado semanal. Miembros de la Asociación de vecinos contra el traslado del mercado de abastos desplegaron una gran pancarta junto al lema "Alcalde dimisión". Al menos tras patrullas de agentes pasaron ante la pancarta, para finalmente requerirles la documentación. Pero no solo eso, además de ser identificados, la policía les exigió que se "colocasen" para hacerles una fotografía.

En ese momento, cuando nuestro compañero Jesús Pons documentó y fotografío como los policías tomaban instantáneas de los vecinos, también fue "identificado" y sentenciado con una sugerente frase de una agente: "Aténgase a las consecuencias".  La policía insistió en que ella hablaba en nombre del cabo que estaba de guardia. "Me lo ha dicho el cabo, aténgase a las consecuencias".

Expresar libremente cualquier opinión es un derecho de cualquier ciudadano. Informar libremente para que la sociedad pueda valorar a nuestra clase política, es también un derecho. Excepto en Mazarrón.

Los agentes de policía, siguiendo órdenes inconstitucionales de sus superiores, cercenan la libertad en Mazarrón, y presionan e intimidan con su presencia y requerimientos a los ciudadanos. Sí, a esos mismos que le pagan el sueldo todos los meses.

(www.vegamediapress.com, 09/03/10)

36. REGIÓN DE MURCIA. LA ONU CONDENA, EN UN INFORME PIONERO, AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA POR OPACIDAD AMBIENTAL

La ONU condena al ayuntamiento de Murcia, por el incumplimiento del Convenio de Aarhus, que regula la transparencia ambiental.

En un informe pionero, aunque no vinculante, da la razón a la Asociación para la Justicia Ambiental que denunció al gobierno local murciano, en manos del Partido Popular (PP), por obligar a pagar dos euros por cada fotocopia para acceder a un plan -de 600 páginas- para construir una urbanización.

Según la condena del alto organismo internacional, los periodos de alegaciones contra dicho plan urbano con en verano y navidad. Así que los vecinos que se oponían al mismo sufrieron trabas para alegar contra la citada urbanización.

La ONU considera que se incumplen así las normas internacionales de acceso a los expedientes ambientales. Las trabas denunciadas son frecuentes en expedientes ambientales en España pese a que, por ley, son públicos. "No es sólo un problema local de urbanismo poco transparente sino de democracia ambiental", dice Eduardo Salazar el abogado que ha llevado el caso, según publica hoy el diario El País.

(www.vegamediapress.com, 09/03/10)

37. ISLAS BALEARES. KING: ´MATAS DIJO QUE EL VELÓDROMO HABÍA QUE TERMINARLO COMO FUERA´

El principal responsable de todo lo que ocurrió durante la construcción del velódromo Palma Arena fue el ex president del Govern Jaume Matas. Esta es la conclusión que se extrae de la declaración de Jane King, secretaria técnica de Rosa Estarás en la conselleria de Vicepresidencia y Relaciones Institucionales en la pasada legislatura.

King compareció durante tres horas ante el juez José Castro, quien investiga la presunta corrupción en torno al recinto deportivo. La número dos de Rosa Estarás dibujó una pirámide de mando en cuya cúspide colocó a Jaume Matas. Por debajo se situaba el ex director general de Deportes y medallista olímpico, José Luis Ballester, y, en un escalón inferior, el gerente del velódromo, Jorge Moisés. Según su testimonio, alertó al president "en persona" de que el coste del velódromo "se estaba disparando". Ante esa advertencia, Matas le contestó que había que terminarlo "como fuera para el Mundial" de ciclismo en pista que se celebró entre marzo y abril de 2007.

Jane King, defendida por el letrado Laureano Arquero, se ha convertido en la primera ´arrepentida´ del sumario, dado que ha pactado con la fiscalía anticorrupción una condena leve a cambio de confesar todo lo que conoce del supuesto entramado. King, en agosto del año pasado, no admitió ningún tipo de irregularidad en el proceso de diseño y construcción del Palma Arena.

De haber rechazado un acuerdo con los fiscales, se habría enfrentado a una condena de cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y malversación de fondos públicos por el supuesto "sobresueldo" a Jorge Moisés, camuflado en forma de pago por un estudio sobre accesibilidad.

Jane King afirmó que llegó a la secretaría técnica de la conselleria gracias a la jefa del gabinete de Matas, Dulce Linares, que fue quien la contrató "en nombre del presidente". Jane King fue ubicada en la conselleria de Vicepresidencia porque era en ese departamento "donde estaba el dinero" necesario para engrasar la maquinaria del Palma Arena. "Matas me dijo que pusiera a disposición de ellos [Ballester y Moisés] todos los recursos administrativos de la Vicepresidencia y Relaciones Institucionales", repitió Jane King hasta tres veces ante el juez.

El papel protagonista del ex president, que está citado para declarar como imputado el próximo día 23, también fue ratificado por los arquitectos García-Ruiz el pasado agosto, cuando reconocieron que su participación en el velódromo se debió a una petición personal de Matas.

(www.diariodemallorca.es, 10/03/10)

38. ISLAS BALEARES. MATAS AVALABA TODAS LAS DECISIONES DE BALLESTER Y MOISÉS EN EL PALMA ARENA

La secretaria general técnica de la Conselleria de Vicepresidencia y Relaciones Institucional durante la pasada legislatura, Jane King, admitió ante el juez que pagó un informe falso al gerente del consorcio del Palma Arena, Jorge Moisés porque consideraba que la orden de hacerlo provenía de Jaume Matas.

La ex alto cargo no dudó en reconocer que el entonces president del Govern, Jaume Matas, daba instrucciones sobre los procedimientos a seguir en la construcción del velódromo a través de ‘Pepote' Ballester'y Jorge Moisés, director general de Deportes y gerente del consorcio, respectivamente. De hecho, afirmó al juez que el ex president le ordenó que pusiera a disposición de ambos todos los recursos disponibles. Preguntada por el fiscal Pedro Horrach si identificaba las instrucciones de Moisés y Ballester como si fueran de Matas, la imputada declaró que sí.

King atribuyó a Matas la responsabilidad en la contratación de la agencia de publicidad Nimbus -de la que se sospecha que podría haber participado en la financiación ilegal del Partido Popular-.
Otro de los aspectos más relevantes de la declaración de Jane King fue en la que aludió a su advertencia ante el mismo Matas de los sobrecostes que estaba acumulando el velódromo, cuestión que se justificó, al parecer, en la exigencia de cumplir unos plazos comprometidos ante la Unión ciclista Internacional (UCI) para la organización del mundial de ciclismo en pista.
La declaración de Jane King fue especialmente dura en contra del gerente del consorcio que construyó el velódromo, Jorge Moisés, del que admitió que había cobrado 12.000 euros en concepto de un informe inexistente sobre barreras arquitectónicas en la instalación deportiva.

Al parecer, la contratación de Moisés -que ya era gerente del Palma Arena- se habría producido por indicación de Ballester y para gratificar un sobresueldo. Este extremo lo habría corroborado el propio Moisés a King, que puso especial énfasis en denunciar que éste no había asumido su responsabilidad en el caso, una actitud que también hace extensiva a ‘Pepote' Ballester.

Otro de los puntos que se abordó en la declaración de Jane King, que orgánicamente se encontraba en el departamento del que era responsable Rosa Estaràs, fue el de la cesión de unos terrenos para la construcción de un aparcamiento en el Palma Arena, los cuales eran propiedad del Consell de Mallorca. Para King las negociaciones se esta cuestión las llevó a término ‘Pepote' Ballester -al que le atribuye la máxima responsabilidad operativa del proyecto- con el entonces vicepresidente del Consell de Mallorca, Miquel Nadal.

(www.ultimahora.es, 10/03/10)

39. ISLAS BALEARES. LA AUDIENCIA REVISARÁ LA RELACIÓN DEL PALMA ARENA CON EL PATRIMONIO DE MATAS

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma revisará durante una vista el próximo 7 de abril el recurso de apelación que interpuso el letrado Gregorio San José contra el auto dictado por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, en el que determinaba la conexión existente entre las investigaciones sobre el incremento patrimonial del ex presidente del Govern, Jaume Matas, y el presunto desvío de fondos públicos producido durante la construcción del velódromo palmesano.

Así lo informaron hoy fuentes jurídicas, que explicaron que será varios días después de la vista cuando el tribunal resuelva sobre la impugnación del auto. De este modo, la resolución se emitirá después del 23 de marzo, día en la que el también ex ministro de Medio Ambiente está citado a declarar en calidad de imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, encargado de las investigaciones.

Cabe recordar que San José, defensor de una de las comerciantes que proveyó de televisores de lujo el palacete de Matas, ya solicitó el pasado mes de diciembre la nulidad de las investigaciones sobre el patrimonio del ex jefe del Ejecutivo en el marco del caso Palma Arena, una petición que fue desestimada a principios de febrero mediante un auto, contra el cual el letrado interpuso el recurso que hoy llegó a la Audiencia.

40. ISLAS BALEARES. EL YATE DE MATUTES ENCALLA EN UN PLEITO

El yate Aiglon, propiedad del ex ministro Abel Matutes, de 45 metros de eslora y que desplaza 250 toneladas, lleva un año y medio surcando un temporal de pleitos que le impide hacerse a la mar y le mantiene retenido en el puerto de Sagunto (Valencia) por los enfrentamientos surgidos entre su propietario y la empresa a la que confió unos trabajos de reforma y reparación. Ahora mismo, el velero está amarrado en un muelle de la dársena del propio astillero, expuesto al oleaje y sin protección frente a los fuertes vientos que lo azotan, agravando así su deterioro.

Todo comenzó cuando Abel Matutes entregó el yate a la empresa valenciana Vulkan Shipyard para realizar en él unas reformas (como aumentar el número de camarotes), por un valor aproximado de 2,4 millones de euros. En nueve meses la embarcación debía estar lista para salir a navegar, pero el plazo expiró y el Aiglon seguía en el astillero.

Según las explicaciones ofrecidas a este periódico por la abogada Inmaculada Escobar, que representa a Matutes, y según las informaciones publicadas por la prensa valenciana, los problemas surgieron cuando el dueño del velero comprobó que los trabajos realizados en él eran manifiestamente defectuosos y exigió que se rehicieran adecuadamente. Escobar atribuye esta situación al estado de crisis en que se halla el astillero y su incapacidad para hacer frente a la reforma encargada.

En cambio, Vulkan Shipyard mantiene que la obra se prolongó "a causa de una ampliación del trabajo, que supuso un aumento del 25 por ciento del presupuesto" original. Al no ser abonadas algunas de las facturas de la reparación, esta empresa decidió no continuar los trabajos e incluso podría denunciar a Matutes por impago, cosa que la abogada Escobar da prácticamente por seguro. Sin embargo, afirma: "No podemos pagar hasta que no acaben bien el trabajo". La compañía naútica valenciana reclama el pago de 540.000 euros.

A modo de ejemplo, la abogada explica que "la carpintería se ha hecho tan mal que está para tirarla y se ha pintado de forma tan deficiente que le ha salido textura de piel de naranja; hay que volver a pintarlo". Además, la actual situación en el interior del barco es de "abandono total", con cables sueltos, inicios de corrosión y agua entrando en la cubierta. Asimismo, "a simple vista se aprecian desniveles en las uniones de la madera", indican otras fuentes del Grupo Matutes, que resaltan que, como consecuencia de su precario amarre actual, expuesto al temporal, "la tapa de regala [contorno exterior del casco a la altura de la cubierta] está ya destrozada".

La situación llegó a un estado de bloqueo total, sin que las obras en el barco avanzaran y sin que Matutes pudiera disfrutar de su goleta de dos palos, que en el pasado acogió como huésped al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, y a otras personalidades políticas.

En consecuencia, y dado que el astillero se niega a entregar el buque pese al requerimiento efectuado por el propietario y la presentación de un aval de 800.000 euros, su abogada interpuso una demanda judicial en la que reclama recuperar el barco para poder entregarlo a otra empresa y finalizar las obras cuanto antes.

(www.diariodemallorca.es, 08/03/10)