ÍNDICE

1. RAJOY SE NIEGA A DESAUTORIZAR EN PÚBLICO A MAYOR Y ENERVA AL PSOE

2. RAJOY, CON LA COMPLICIDAD DE AGUIRRE, DEJA DE NUEVO SOLA A COSPEDAL

3. AGUIRRE MARCA EL PASO

4. EL PP SE DISTANCIA DEL PACTO POR LA SANIDAD QUE FIRMAN SUS AUTONOMÍAS

5. COBO Y COSTA SERÁN PERDONADOS EN MAYO

6. CASO GÜRTEL. LA POLICÍA PEINA EL TRIBUNAL DEL 'CASO GÜRTEL' SIN ENCONTRAR MICRÓFONOS

7. CASO GÜRTEL. LA NULIDAD DE PARTE DE LA ‘TRAMA GÜRTEL’ ETERNIZARÁ SU RESOLUCIÓN

8. CASO GÜRTEL. DEL 'PEN DRIVE' CON LOS SOBORNOS AL "AMIGUITO DEL ALMA, TE QUIERO UN HUEVO"

9. CASO GÜRTEL. LAS PRUEBAS QUE IMPLICAN A LOS ALTOS CARGOS DEL PP

10. CASO GÜRTEL. EL SUPREMO AUTORIZA EL JUICIO A GARZÓN POR INVESTIGAR LOS CRÍMENES FRANQUISTAS

11. CASO GÜRTEL. EL TRIBUNAL ANULA LOS 'PINCHAZOS' EN LA CÁRCEL PERO MANTIENE PRESO A CORREA

12. CASO GÜRTEL. "LA INMUNIDAD ABSOLUTA IMPEDIRÍA LA PREVENCIÓN DE DELITOS"

13. CATALUÑA. EL PP REPRENDE A UN DIRIGENTE LOCAL QUE AVALA UNA CONSULTA INDEPENDENTISTA

14. GALICIA. FEIJÓO: "VOY A SER BREVE PORQUE HE QUEDADO CON MARÍA"

15. GALICIA. FEIJÓO FRENA LA BATALLA JUDICIAL POR LOS DESMANES URBANÍSTICOS EN BARREIROS

16. GALICIA. BALTAR EMPLEÓ A 400 SIMPATIZANTES DEL PP ANTES Y DESPUÉS DEL CONGRESO QUE GANÓ SU HIJO

17. GALICIA. EL ALCALDE DE TUI BURLA LA ORDEN DE PARAR LA ACTIVIDAD DE UNA PIROTECNIA

18. GALICIA. EL JUEZ ACUSA AL ALCALDE DE "DESPACHAR UN CÚMULO DE LICENCIAS" EN FINCAS SIN SERVICIOS

19. ANDALUCÍA. ARENAS SE ALINEA CON LAS "PITAS, PITAS, PITAS" DE AGUIRRE

20. ANDALUCÍA. CÁDIZ FICHA A REVERTE POR 150.000 EUROS

21. ANDALUCÍA. IMPUTADO EL ALCALDE DE ALHAURÍN POR VENDER A LA BAJA FINCAS PÚBLICAS

22. COMUNIDAD DE MADRID. TAMAYO ‘RESUCITA’ Y AMENAZA A AGUIRRE CON TIRAR DE LA MANTA

23. COMUNIDAD DE MADRID. EL AZNARISMO SE HACE FUERTE EN SOL

24. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RESUCITA EL DISCURSO CONTRA EL PER: "ZAPATERO DA PITAS, PITAS, PITAS"

25. COMUNIDAD DE MADRID. LOS CONSTRUCTORES VINCULADOS AL 'TAMAYAZO' ESPERAN LUZ VERDE DEL GOBIERNO DE AGUIRRE PARA UN NUEVO 'PELOTAZO' URBANÍSTICO

26. COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS DICE QUE LA OFERTA DE IGLESIAS ERA LA MÁS BARATA

27. COMUNIDAD DE MADRID. DOS EX ALCALDES DEL PP DEBEN DEVOLVER A BOADILLA 500.000 EUROS DE PAGOS ILEGALES

28. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE Y GALLARDÓN DISPUTAN TAMBIÉN POR EL DINERO DEL REALOJO DE EL SALOBRAL

29. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS SE PARAPETA TRAS SU SILENCIO

30. COMUNIDAD VALENCIANA. LA TRAMA TUVO INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DE LA VISITA PAPAL

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA POLICÍA SOSTIENE QUE LA TRAMA ACTUÓ DE ´CONSEGUIDORA DEL CONTRATO´ DE LA VISITA DEL PAPA

32. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS JUSTIFICA LA CENSURA Y ANUNCIA QUE VETARÁ A QUIENES OPINEN CONTRA EL PP

33. COMUNIDAD VALENCIANA. PODER, SEXO Y UN VÍDEO EN CANAL 9

34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL SÁTRAPA DE BURJASSOT

35. ISLAS CANARIAS. FALLECE LA PRINCIPAL ACUSADA DEL CASO FAYCÁN

36. CASTILLA-LA MANCHA. EL PP IMPIDE DESBLOQUEAR EL ESTATUTO MANCHEGO

37. CASTILLA-LA MANCHA. DENUNCIAN TRATO DE FAVOR DEL PP EN CUENCA

38. CASTILLA-LA MANCHA. BARREDA DENUNCIA LA ECLOSIÓN DE CAMPOS DE GOLF EN MURCIA

39. REGIÓN DE MURCIA. PARAMOUNT DESCARTA LA CONSTRUCCIÓN EN MURCIA DE UN PARQUE TEMÁTICO

40. REGIÓN DE MURCIA. PRIMER TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL DE AGRICULTURA DE MOLINA DECLARAN POR EL CASO "HEREDAMIENTO"

41. ISLAS BALEARES. ALTOS CARGOS DE IB3 CONFIRMAN AMAÑOS DE CONCURSOS A FAVOR DE JOSÉ LUIS MORENO

42. ISLAS BALEARES. RAJOY NIEGA EL APOYO A MATAS TRAS ANALIZAR SU CASO CON EL PP BALEAR

43. ISLAS BALEARES. EL JUEZ INTERROGA A JAUME MATAS SOBRE EL 'CASO PALMA ARENA'

44. ISLAS BALEARES. EL CUÑADO DE MATAS CONFIESA QUE ESTE LE DIO 132.000 EUROS EN SOBRES

45. ISLAS BALEARES. MATAS LLAMÓ AL FISCAL JEFE BARCELÓ PARA INTENTAR NEUTRALIZAR A ANTICORRUPCIÓN

46. ISLAS BALEARES. MATAS RECONOCE ANTE EL JUEZ QUE PAGÓ EN NEGRO OBRAS DEL PALACETE

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1. RAJOY SE NIEGA A DESAUTORIZAR EN PÚBLICO A MAYOR Y ENERVA AL PSOE

Mariano Rajoy prefiere que le lluevan las críticas desde fuera del PP a tener goteras en su partido. Por ello, evitó desautorizar en público a su portavoz en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, y su polémica tesis de que existe una nueva negociación del Gobierno con ETA, de la que dice tener "certeza". "Mayor Oreja tiene un profundo conocimiento de la política antiterrorista y hay que escucharle", afirmó Rajoy en un foro en Santander. La tibieza con la que abordó el asunto el jefe de los conservadores sacó de quicio a los socialistas, especialmente a los que trabajan en el Europarlamento, que anoche decidieron enviar a sus colegas de la Cámara una nota (redactada en todos los idiomas oficiales de la UE) en la que, entre otras cosas, se acusa a Mayor Oreja de mentir a sabiendas y de hacer daño a la lucha antiterrorista y a la unidad de los demócratas.

Además, en las últimas 48 horas varios ministros han salido a la palestra para exigir al presidente de los populares que rectifique a Mayor, una demanda a la que se unió ERC, después de que el exministro de Interior dijera que ERC es "socio" de ETA a raíz de las conversaciones de Perpinyà. Algún dirigente republicano telefoneó a un miembro destacado del PP para exigir un desmentido. Pero no lo hubo. De hecho, Mayor Oreja reiteró que "se gobierna en Cataluñ con el socio de ETA tras Perpinyà, como era ERC".

Lo máximo que lograron los ofendidos fue que la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, admitiera que no tienen "pruebas fehacientes" de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero negocie con ETA y que Mayor Oreja, con sus declaraciones, demostró una forma de expresión "que fue más allá de lo que hubiera pensado cualquier otro miembro de la dirección del partido, incluido Rajoy".

Esta frase de Cospedal, pronunciada en una entrevista, fue entendida por parte del partido como un correctivo a su portavoz en Europa. Sin embargo, el paso atrás que dio Rajoy en Santander, donde se limitó a reivindicar la experiencia de Mayor Oreja, sembró el desconcierto en el PP. Y en medio de la confusión, el protagonista del guirigay se reafirmó en sus teorías sobre la negociación con ETA en distintas radios. Y hasta se atrevió a replicar a Cospedal: "Tampoco había pruebas fehacientes cuando el PNV se abrazó a la banda en Estella con la tregua trampa o cuando en la pasada legislatura se hizo la primera parte de la negociación".

Mayor apuntó que, pese a mantenerse en sus trece, no pretendía en ningún caso hacer daño al PP. Y reconoció que había mantenido una conversación telefónica con Rajoy sobre este delicado asunto. No dijo más. Sin embargo, fuentes conocedoras de dicha charla aseguran que el jefe de los conservadores se vio obligado a recordar a su portavoz en Europa que su estrategia, coordinada con la del PP vasco que ahora lidera Antonio Basagoiti, pasa por apoyar al Ejecutivo socialista en materia antiterrorista, aunque "manteniendo presión" para que no haya "tentaciones" de permitir a la ilegalizada Batasuna estar en las elecciones municipales.

Los populares de Euskadi, mientras tanto, decidieron guardar silencio –Basagoiti ya marcó distancias con Mayor Oreja el martes pasado–, aunque han hecho llegar a Rajoy que les preocupa, y mucho, que el europarlamentario abone este tipo de teorías mientras sigue vivo el pacto en el País Vasco y la prioridad, a su entender, es evitar que Batasuna o "alguna de sus franquicias" encuentre el camino para presentarse a las municipales.

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, subrayó que la negociación está "absolutamente descartada", que el PP lo sabe y que "muy pronto" habrá noticias para "perfeccionar" la política antiterrorista, "que es de todos". Rubalcaba pretendía terminar con las dudas. Otros, lo contrario: el ex presidente José María Aznar defendió desde Washington a Mayor Oreja, "que hasta ahora ha tenido razón".

(www.elperiodico.com, 25/03/10)

2. RAJOY, CON LA COMPLICIDAD DE AGUIRRE, DEJA DE NUEVO SOLA A COSPEDAL

La enemistad manifiesta que mantienen en privado Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, contrasta con las posiciones paralelas que ambos encuentran cuando se trata de hacer electoralismo o demagogia. El caso es que tanto el presidente del PP como la lideresa madrileña no dudan en suscribir peregrinos planteamientos si con ello no se distancian uno del otro, aunque conlleve dejar en el campo de batalla político víctimas "inocentes". Y, una vez más, le ha tocado a María Dolores de Cospedal pagar los platos rotos de la sintonía envenenada que mantiene el "santo Job" y la "rebelde con causa". Rajoy y Aguirre no han condenado las esperpénticas declaraciones de Mayor Oreja, que acusó a Zapatero de ser "aliado potencial" de ETA, mientras que la despistada secretaria general desautorizaba en la cadena COPE los puntos de vista del ex ministro del Interior.

La secretaria general ha hecho llegar al presidente del PP su descontento por la falta de sintonía entre los líderes del PP a la hora de valorar las graves acusaciones lanzadas por Jaime Mayor Oreja sobre la alucinada "negociación entre el Gobierno y ETA", según reconocían a El Plural fuentes del entorno de Cospedal, que en la mañana del miércoles era desautorizada, por "enésima vez", por todos y cada uno de los dirigentes de su partido que a lo largo del día 23 y 24 fueron expresando sus posturas en distintos medios de comunicación.

La primera líder del PP en enrocarse y negarse a responder a las preguntas de los periodistas, hasta en siete ocasiones, sobre si apoyaba o no las declaraciones del polémico ex ministro del Interior, fue la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, que tiró balones fuera para no tener que desautorizar al ultraconservador eurodiputado del PP.

Por su parte, la presidenta rebelde de Madrid, Esperanza Aguirre, manifestaba a primeras horas del miércoles, mientras que Rajoy guardaba el día anterior clamoroso silencio y se escondía ante el acoso mediático, que su compañero de partido Jaime Mayor Oreja siempre "ha solido acertar en cuestiones de terrorismo" y "ojalá en esta ocasión se equivoque", concretó.

En este sentido, el presidente del Partido Popular, conocedor de las declaraciones de su enemiga confesa, destacó el "profundo conocimiento" de Jaime Mayor Oreja en política antiterrorista y dijo que "hay que escucharle" y advirtió que denunciará si Batasuna o alguna "franquicia" participa en las próximas elecciones municipales vascas.

Declaraciones todas ellas que contrastan, y de qué forma, con las realizadas por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que aprovechando los micrófonos amigos de la COPE fue la única que desautorizó las palabras del ex ministro, asegurando que su partido "no tiene pruebas fehacientes" de la existencia de conversaciones con los terroristas. La cuestionada número dos de Rajoy añadió que Mayor Oreja "fue más allá de lo que hubiera pensado cualquier miembro del PP".

(www.elplural.com, 25/03/10)

3. AGUIRRE MARCA EL PASO

Una semana antes de que el debate sobre la subida del IVA llegase al Congreso de los Diputados, ella ya lo había puesto en la calle. No era un secreto que el PP iba a hacer bandera de su negativa al alza de impuestos, pero una vez más, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, desplegó todo su desparpajo dejando en un segundo plano a Mariano Rajoy cuando anunció que el PP madrileño, que ella dirige, iba a iniciar "una campaña de rebelión" contra la subida del IVA. No sirvieron de nada los esfuerzos de la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, en insistir en que Rajoy es el que ha mostrado una "movilización mayor" contra la medida llevando la iniciativa al Congreso. Para entonces, Aguirre ya se había marcado un tanto. No existía dirigente de peso en el partido, y fuera del PP, que no hubiese sido preguntado por su anunciada "rebelión". Lo que hiciese Rajoy ya quedaría por detrás.

Pero no es la primera vez que Aguirre marca el paso eclipsando el mensaje político de su jefe de filas con un discurso más radical y condicionando la agenda del PP. En el partido muchos coinciden en que "anticiparse va en su carácter". "Ella misma lo ha ratificado. No quiere quitarle la silla a Rajoy, pero tampoco renuncia a su cuota de protagonismo", explica un diputado.

Otro sector del partido, que tampoco ve a la presidenta ahora interesada en debilitar a Rajoy, no oculta su malestar por esa impresión que da de "ir por libre". "Con algunas de sus iniciativas se debilita la posición del partido dando al PSOE un arma de ataque muy potente", añade un dirigente regional. Un sector del PP cree que con su discurso intenta frenar a UpyD

Ella misma es muy consciente de que su actitud es mirada con lupa. Para intentar acallar aquellas voces que la acusan de interponerse en el camino de su presidente, en los últimos días ha asegurado que lo que hace, lo hace "siempre" conforme a los principios del PP. Y que los que la quieren mostrar "como alguien que le mete el dedo en el ojo a Rajoy" se equivocan. A continuación se recopilan los últimos episodios en los que la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha anticipado a su jefe.

No al alza del IVA. La rebelión

El pasado 10 de marzo la presidenta ofrecía en la sede del PP madrileño una rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados por la formación en el Comité de Dirección. Su anuncio estrella, el de la puesta en marcha de una campaña de rebelión contra la subida del IVA anunciada por el Gobierno iba a dominar la actualidad informativa de lo que quedaba de semana. Y ha sido un argumento recurrente en las filas socialistas para atacar a Mariano Rajoy.

Aunque el anuncio sonó a improvisación [la propia Aguirre reconoció que la iniciativa estaba en pañales], la líder de los conservadores madrileños logró robar el protagonismo a Rajoy. Un día después, el líder del PP respaldaba la idea de la presidenta, pero rechazaba aplicarla al resto de España. Y el pasado lunes, el tema dominó la rueda de prensa de Cospedal, que sacó pecho por Rajoy defendiendo que él es "la primera persona" en el PP que manifestó su oposición al alza impositiva. También muy consciente de que el empleo de la palabra "rebelión" había sido confundido en algunos sectores con un llamamiento a la insumisión fiscal, Cospedal aclaró que Aguirre había recurrido al vocablo de forma "simbólica".

Si bien desde el día del anuncio la presidenta mantuvo que en ningún caso estaba llamando a los ciudadanos a no pagar, se ha mostrado reacia a renunciar a la palabra. De hecho, reconoció, en una conversación informal con el presidente del Gobierno con quien coincidió en el Congreso en los actos por el 11-M que pudo errar al emplear el término pero que "a veces, las cosas mediáticas son así".

Aguirre cree que gracias a su "rebelión" los españoles se han enterado de la subida del IVA de Zapatero. Pese a que haya en el partido quien considera que "se ha pasado de frenada". "Una presidenta de una institución que vive de los impuestos no debe hablar de rebelión fiscal", relata un veterano diputado. Pero el tema ha calado. Y algunas comunidades gobernadas por el PP, como Galicia y La Rioja, se han posicionado junto a la líder de los conservadores madrileños. Hasta la fecha, la que más lejos ha llegado ha sido Galicia, que ha rechazado el alza impositiva con una resolución en el Parlamento regional.

Hay en el PP quien ve tras esta actitud de Aguirre la intención de "retener" a parte del electorado. "Hay encuestas que dan un ascenso importante en Madrid a UPyD y ella intenta frenar esta tendencia con mensajes de este tipo", explica una antigua colaboradora de la presidenta. "No puede permitirse que los autónomos y los pequeños empresarios de la Comunidad de Madrid, de donde recoge gran parte de sus votos, se muden de formación política", completa.

Defensa de los toros. Bien de Interés Cultural

Aguirre también ha sabido lograr otro golpe de efecto iniciando los trámites para declarar las corridas de toros como Bien de Interés Cultural en la Comunidad. Todo, cuando el Parlament de Catalunya debate sobre la prohibición de este espectáculo. Con su iniciativa, Madrid se convertía en la primera comunidad autónoma en calificar de hecho cultural relevante las corridas de toros. Y, de paso, la presidenta, gran aficionada a este espectáculo, se reservaba un hueco preferente en todos los periódicos y telediarios.

Pero la cosa no se quedó ahí. Un día después del anuncio de la presidenta, el 5 de marzo, el efecto contagio llegó a la Comunidad Valenciana y Murcia, otros dos grandes feudos conservadores, que iniciaban los trámites para proteger las corridas de toros. Y el PP de Extremadura anunciaba su intención de llevar una iniciativa similar a la cámara regional.

Un importante número de dirigentes conservadores aplauden la "agilidad" de Aguirre en este campo. "Ha sido eficaz en satisfacer un sentimiento de su electorado", apunta un diputado, que destaca la batalla que la presidenta lidia en contra de las prohibiciones. En este sentido, recuerda que en más de una ocasión se ha mostrado partidaria de no aplicar una ley del tabaco más restrictiva. Pese a que la norma parta del Ministerio de Sanidad.

En el entorno de la presidenta madrileña señalan que actitudes como esta no roban protagonismo a Rajoy. "Esperanza hace su trabajo y su papel ante un determinado electorado, y Rajoy, como presidente, cumple un papel más moderado. No todo tiene que ser uniformado. A Aguirre no le van las medias tintas", justifican.

Elecciones anticipadas. La indefinición del líder

Trascendiendo también las fronteras de la Comunidad de Madrid, la presidenta madri-leña se coló de nuevo en la política nacional el pasado 3 de febrero. Tras la celebración del Comité Ejecutivo del PP madrileño, reclamó al presidente del Gobierno la convocatoria de elecciones anticipadas. Con el gesto, conseguía que los focos se dirigiesen a Mariano Rajoy que en todo momento había evitado pedir una convocatoria electoral consciente de que se trataba de una posibilidad que sólo tiene el presidente del Gobierno.

No obstante, la petición de la líder del PP de Madrid caló hondo en las filas conservadoras. Y destacados dirigentes, como Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local, se subieron al carro. Hasta que Rajoy decidió enfriar el debate. El pasado día 18 de febrero, y en presencia de Esperanza Aguirre, no quiso mojarse. "Sólo hay tres alternativas [para Zapatero]: rectificación, adelanto, y cambio en la presidencia. Pero ninguna de ellas me compete a mí sino al Gobierno", dijo Rajoy.

Imputados Gürtel. La doble vara de medir

Si hay algo que nadie en el PP niega a Aguirre es el haber sido más enérgica que Rajoy al exigir responsabilidades a sus imputados en el Caso Gürtel. Mientras el ex tesorero del PP Luis Bárcenas sigue ocupando su escaño en el Senado, lo mismo que ocurre con Jesús Merino en el Congreso, los diputados de la Cámara madrileña imputados ya no pertenecen al Grupo Parlamentario Popular. Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch Tejedor y Alberto López Viejo, que fueron suspendidos de militancia tras conocerse su relación con la trama de Correa, dejaron de formar parte del PP en la Asamblea regional el pasado mes de octubre, cuando se conoció parte del sumario. También los ex alcaldes de Boadilla y Pozuelo abandonaron sus respectivos grupos municipales. "No hay que negar que Esperanza Aguirre tiene a veces intuiciones políticas muy acertadas", apunta un diputado nada aguirrista.

jueves negro en el feudo de la presidenta. el regreso. la sombra del ‘tamayazo’

Pese al éxito de algunas de sus iniciativas puertas afuera de la Comunidad de Madrid, la semana que termina no ha sido fácil para la presidenta. Siete años después del ‘tamayazo’, el episodio de transfuguismo que hizo posible que Esperanza Aguirre llegase a la presidencia de la Comunidad en 2003, el ex diputado socialista Eduardo Tamayo, uno de los protagonistas de este escándalo político, reaparecía asegurando haber concertado una cita con la presidenta. El pasado jueves, al filo del mediodía, el tránsfuga se presentaba en la sede del Gobierno regional asegurando que tenía una reunión con Aguirre. A los pocos minutos abandonó la madrileña Puerta del Sol después de que los servicios de seguridad no le permitieran el acceso. A su salida, Tamayo amenazó con destapar algunos secretos de los episodios de 2003. E implicó en el caso a Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del PP de Madrid, y a la diputada regional Carmen Rodríguez Flores. Preguntada en rueda de prensa, Esperanza Aguirre negó haber concertado una cita con el ex diputado. "Jamás", dijo. Pero no negó haber recibido cartas suyas.

El adiós. La marcha de Güemes

El pasado jueves, Aguirre decía adiós a su consejero de Sanidad, Juan José Güemes. Después de 17 años en política, este ha decidido dar el salto a la actividad privada. Argumentando motivos "personales y profesionales", Güemes, que había mantenido alguna diferencia con su jefa en los últimos meses, ha obligado a la presidenta a afrontar una remodelación de Gobierno. El principal distanciamiento entre ambos llegó el pasado 3 de noviembre cuando, en ausencia de Aguirre, a Güemes le tocó en suerte defender la postura del PP madrileño en el Comité Ejecutivo Nacional del partido. Pocos días antes, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, había criticado duramente a Aguirre en una entrevista y la polémica consumió gran parte del tiempo de la reunión. A la líder del PP madrileño no le sentó nada bien que en el partido alabaran el tono moderado empleado por su entonces consejero. Esperaba más dureza. La ambición y vocación política de Güemes hace a más de uno en el partido pensar que su retirada es temporal y que dentro de unos años regresará a la política nacional sin vínculos con el ‘aguirrismo’.

(www.publico.es, 210/03/10)

4. EL PP SE DISTANCIA DEL PACTO POR LA SANIDAD QUE FIRMAN SUS AUTONOMÍAS

El Partido Popular alberga serias dudas de que el pacto sanitario suscrito el jueves, con la aquiescencia de los consejeros populares, suponga a las arcas públicas un ahorro de 1.500 millones de euros, como se encargó de proclamar la ministra del ramo, Trinidad Jiménez. Recelos que no han sentado demasiado bien en el ministerio. , el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, recordó que todas las medidas fueron acordadas en consenso por los consejeros de las 17 autonomías, independientemente de su color político. "Parece que a algunos no les ha gustado que hayamos llegado a un acuerdo. Por primera vez hay una propuesta sobre la mesa con medidas de cohesión y sostenibilidad", dijo.

Este fin de semana, la ex ministra de Sanidad Ana Pastor -secretaria ejecutiva de Política Social del PP- y sus ayudantes van a sumergirse en mil y una cuentas para verificar si los recortes en medicamentos, consumibles o pañales son suficientes para taponar la hemorragia económica que afecta a la sanidad pública española. Y con esas conclusiones se presentarán a las negociaciones del lunes y martes con una ministra que ansía aprobar el real decreto de medidas sanitarias en el Congreso con la misma unanimidad que cosechó en el Consejo Interterritorial de Salud.

El PP no se lo pondrá fácil a Jiménez porque considera que los males que afectan al sistema nacional de salud no se solucionarán con una aspirina sino que requieren un tratamiento intensivo. "Una reforma integral que garantice su sostenibilidad a 10 o 20 años vista", afirmó Pastor en declaraciones a este periódico.

Algunas de las medidas de la hoja de ruta sanitaria son, para el PP, simples parches. Por ejemplo, la reducción del precio de los medicamentos genéricos en un 25% que, en opinión de Pastor, "va a desincentivar su prescripción porque sus precios ya son de los más bajos del mercado". A cambio, los populares proponen volver a la fórmula que implantó el PP en el Gobierno para calcular los precios de referencia, es decir, que se aplique con carácter inmediato a la caducidad de la patente del principio activo del medicamento y no al cabo de dos años como se acordó en el Consejo. En la reunión se rebajó de tres a dos años este periodo de transición.

El PP también rechaza que el Ministerio de Sanidad pueda fijar los precios de los medicamentos de forma unilateral y para ello reclama la intervención de las comunidades autónomas que, a fin de cuentas, son las que tienen traspasadas las competencias exclusivas. La propia Jiménez habló de esta actuación el jueves tras el Consejo. "Podríamos haber adoptado algunas medidas unilateralmente, pero queríamos el consenso de todas las autonomías", dijo.

Pero para que los populares sumen sus votos en el Congreso al real decreto de Sanidad exigirán además que este documento incluya "una memoria económica del impacto real de las medidas". Además, exigirán al Ministerio que elabore un estudio para que los envases de los medicamentos se ajusten a las dosis que necesita el paciente. Es decir, que un enfermo no deba comprar un paquete de 20 o 30 antihistamínicos cuando el tratamiento sólo requiera seis tabletas. Pastor recordó que cuando estaba al frente de Sanidad se hizo una prueba piloto y esa medida representó un ahorro del 35% del gasto en antibióticos.

Pastor se quejó, además, de que los consejeros no hubieran podido examinar el jueves el contenido exacto del real decreto y que se les proporcionara sólo un documento sobre las medidas a tomar. En cualquier caso, la ex ministra señaló que el grupo del PP no apoyará ninguna propuesta que "suponga un recorte los derechos de los ciudadanos". Una limitación que Martínez Olmos negó categóricamente : "Las medidas en política farmacéutica pueden suponer un ahorro de 100 millones para los ciudadanos".

Las palabras de Pastor llegan un día después de que los consejeros de su partido suscribiesen las medidas propuestas por Jiménez y negociadas durante meses en secreto. La consejera canaria, Maria José Roldós, presumió tras el consejo del jueves de la postura de su partido en materia sanitaria. "El PP ha dado una lección de responsabilidad apartando la Sanidad de la política", dijo.

Sobre las críticas concretas de Pastor, Martínez Olmos dijo que las medidas han sido largamente tratadas con las comunidades para determinar su impacto y viabilidad. "Son actuaciones muy meditadas. Lo importante es que por primera vez hay un acuerdo sobre la mesa", dijo. Y añadió: "Todo es criticable, y nosotros, en aras del consenso, no estamos señalando nada, pero los presupuestos para Sanidad de cada comunidad dependen del presidente de esa autonomía. Estas son por ahora las medidas que podemos proponer".

(www.elpais.com, 20/03/10)

5. COBO Y COSTA SERÁN PERDONADOS EN MAYO

Completamente ya fuera de plazo, el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP se reunió para ratificar lo que ya se sabía desde el pasado mes de enero. El órgano disciplinario decidió mantener la sanción de un año de suspensión de militancia, revisable a los seis meses, para el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y para el ex secretario general del partido en Valencia, Ricardo Costa.

La noticia se conocía en medio de la presentación del libro La revolución imparable (Espasa) del ex ministro de Ciencia y Tecnología y actualmente diputado Juan Costa. Entre los asistentes se encontraba su hermano, Ricardo. El afectado se enteraba de la decisión por los medios de comunicación y prefería ser cauto y no hacer ningún tipo de valoración.

Fuentes de la dirección conservadora explicaban que la revisión tocará en mayo. Será entonces, tal y como insinuaron, cuando se les levantará el castigo a ambos dirigentes. Los dos no tendrán, de este modo, absolutamente ningún problema para formar parte de las futuras listas electorales.

En el partido no causó ninguna sorpresa especial. Pero a algunos de los presentes en el evento les pareció de "mal gusto" que se diera a conocer de ese modo. La intención del PP ha sido en todo momento la de minimizar los hechos y que el paso del tiempo contribuyera a enterrar las polémicas.

Ricardo Costa fue el primero en ser reprobado el pasado 29 de octubre por su "actitud indisciplinaria" al ratificarse en sus cargos cuando la cúpula nacional le daba por cesado.

Costa no quería robar el protagonismo a su hermano. Fue imposible. "No sabía nada, me acabo de enterar", repetía. Al final del acto recibía una llamada del presidente del Comité, Alfonso Fernández Mañueco. Ya era tarde. Costa no recurrirá la sanción.

Cobo fue suspendido el 4 de noviembre por una entrevista en El País en la que acusaba a Esperanza Aguirre de haber montado una "gestapillo" para espiarle y calificaba de "vómito" lo que la presidenta de la Comunidad y su equipo estaban haciendo en Caja Madrid para impedir que Rodrigo Rato fuera su presidente. Cada vez que ha podido, Cobo se ha ratificado en sus palabras. , al saber lo ocurrido, la mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón acató la sentencia, como ha hecho desde el primer día y, eso sí, volvió a incidir en que no le gustaba estar en esta situación "ni un solo día".

El número dos de Aguirre, Ignacio González, también en el acto, dijo que le parecía "bien" la multa: "Es la demostración de que los órganos del partido han hecho la función que les corresponde".

El PP madrileño, no obstante, dio muestras de no enterrar el hacha de guerra con Gallardón. El secretario general y número tres de Aguirre, Francisco Granados, propuso que la concejala Ana Botella sustituya a Cobo como portavoz en el Ayuntamiento, ya que este "no puede formar parte del Grupo Municipal", al dejar de ser afiliado.

(www.publico.es, 26/03/10)

6. CASO GÜRTEL. LA POLICÍA PEINA EL TRIBUNAL DEL 'CASO GÜRTEL' SIN ENCONTRAR MICRÓFONOS

La policía ha rastreado sin resultado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la caza de micrófonos ocultos. Los agentes buscaban algún dispositivo electrónico que justificara el conocimiento público de las deliberaciones secretas que tienen lugar en la Sala de lo Penal para dirimir el futuro del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada al PP en cuatro comunidades y media docena de ayuntamientos. Pero los policías, que concluyeron en la noche del pasado jueves su trabajo, no han hallado ni rastro de algo parecido a espionaje electrónico en las salas del Tribunal, según confirmaron fuentes conocedoras del resultado de la investigación.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Vieira, magistrado de tendencia conservadora, como los otros dos que deciden junto a él si anulan escuchas a los implicados del caso Gürtel, sospechaba que alguien pudiera estar espiándoles y llamó hace varios días al jefe superior de Policía de Madrid para que enviara a los agentes a rastrear las salas en busca de micrófonos ocultos.

Pero sus sospechas -la última extravagancia dentro de la accidentada instrucción del caso, con decenas de abogados empeñados en anular todo un proceso judicial cargado de cientos de pruebas que acreditan cómo desde hace más de diez años creció en España la más extensa trama de corrupción política conocida en democracia- se han disuelto como humo en el aire.

Vieira y sus dos compañeros de sala seguirán deliberando la próxima semana, aunque tras las tres reuniones previas las posiciones permanecen inamovibles y todo conduce a una votación final de dos votos, el del propio presidente del Tribunal y el del magistrado Fernández Castaño, favorables a la anulación de las grabaciones obtenidas en la cárcel; y uno en contra, el del ponente del caso, José Manuel Suárez Robledano.

Como en el caso de Valencia, donde dos magistrados (también conservadores, y entre ellos el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis de la Rúa) archivaron la causa contra el presidente autonómico Francisco Camps, mientras el instructor, que no intervenía en la resolución de los recursos, y otro magistrado conservador, que sí participaba de las deliberaciones, consideraron que el jefe del Ejecutivo valenciano debía sentarse en el banquillo.

(www.elpais.com, 20/03/10)

7. CASO GÜRTEL. LA NULIDAD DE PARTE DE LA ‘TRAMA GÜRTEL’ ETERNIZARÁ SU RESOLUCIÓN

La previsible nulidad de una parte de la investigación del caso Gürtel por parte de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desató una cascada de interpretaciones sobre el futuro de esta trama de corrupción vinculada al PP. La mayoría de los juristas consultados afirmaron que uno de los primeros efectos será la dilatación de la investigación, ya que las defensas podrán solicitar a los jueces que revisen todas y cada una de las pruebas para lograr nuevas declaraciones de ilegalidad.

El TSJM ha decidido por dos votos contra uno, según publicó el diario El País, anular las grabaciones de las conversaciones que los cabecillas de la red y sus abogados mantuvieron en la cárcel y que ordenó el juez Baltasar Garzón. Los magistrados solo respetarán la intervención, según ese mismo diario, de una charla entre el jefe de la trama, Francisco Correa, y un letrado imputado por blanqueo de capitales.

Dicha decisión, en el caso de confirmarse, dará alas al PP, que desde que salieron a la luz las pesquisas ha movido todos los hilos a su alcance con la intención de repetir el éxito que cosechó en el caso Naseiro, otra trama de corrupción que finalmente quedó en nada al anular la justicia las escuchas.
No obstante, fuentes conocedoras de la investigación apuntan que el efecto de la resolución del TSJM tendrá escaso recorrido, pues Garzón no consiguió ninguna prueba gracias a esos pinchazos. Solo le sirvieron para constatar que Correa seguía controlando desde la prisión los millones de euros que tenía escondidos en paraísos fiscales.

Las mismas fuentes subrayan que el grueso de las pruebas se obtuvieron gracias a los registros domiciliarios y a las grabaciones a las que fueron sometidos los imputados antes de ser encarcelados. Esa es también la opinión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien aseguró que hay "pruebas independientes y desvinculadas" de las grabaciones en prisión.

También hay quien sostiene que la posible anulación tendrá solo consecuencias para las pruebas que tengan relación "de proximidad". Como la causa está bajo secreto sumarial, se desconoce si el actual instructor, Antonio Pedreira, ha utilizado esas escuchas para ordenar, por ejemplo, comisiones rogatorias a paraísos fiscales. Otro de los efectos puede ser la revisión del resto de las pruebas para examinar si han sido contaminadas por las anuladas, lo que alargaría sine díe la instrucción.

De momento, los abogados no han logrado que se invalide toda la instrucción practicada por Garzón. El letrado de Correa, José Antonio Choclán, acusó al magistrado de no ser competente para instruir dicho proceso porque no cumplió con las normas de reparto de la Audiencia Nacional. Los jueces del TSJM opinan lo contrario.

(www.elperiodico.com, 25/03/10)

8. CASO GÜRTEL. DEL 'PEN DRIVE' CON LOS SOBORNOS AL "AMIGUITO DEL ALMA, TE QUIERO UN HUEVO"

La anulación de las escuchas en la cárcel decidida por el Tribunal Superior de Madrid supone retirar un puñado de arena de la montaña de pruebas levantada por la investigación judicial durante dos años para acreditar la existencia de una trama de corrupción masiva vinculada al PP. Seis meses antes de que ingresaran en la cárcel Francisco Correa, jefe de la red delictiva; y su lugarteniente Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, y de que sus conversaciones en prisión fueran grabadas, el juez Baltasar Garzón había iniciado la investigación de un caso en el que ya llevaba trabajando un año la Fiscalía Anticorrupción.

Garzón ordenó entonces escuchas telefónicas de los sospechosos, pidió informes a la Agencia Tributaria, encargó vigilancias policiales a las empresas y los directivos de la trama y citó a testigos para ir sumando indicios contra los corruptos. Esas pruebas, reunidas en decenas de tomos con miles de folios, acreditan los delitos que se imputan a los principales implicados: asociación ilícita, falsedad documental, cohecho, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales... Las principales pruebas, obtenidas antes de grabar a Correa y Crespo en la cárcel, son las que siguen:

- Sobornos a cargos del PP. El 10 de febrero (diez días antes de las grabaciones en la cárcel), el juez Garzón ordenó el registro de la oficina principal de la trama corrupta en la calle de Serrano. La documentación incautada en el principal centro de operación de la trama ponía de manifiesto una actividad vinculada a administraciones públicas del PP donde destacaba el pago de comisiones ilegales a políticos de este partido. Además de la documentación incautada, que reflejaba las contabilidades y amaños de muchas de las empresas de la red, la policía requisó el pen drive que el contable José Luis Izquierdo escondía en su mano. En ese pen drive se recogía la supuesta caja B que llevaba la trama para apuntar ingresos de fondos procedentes de actividades ilegales y el supuesto pago de comisiones a políticos del PP, entre ellos el ex tesorero Luis Bárcenas, tres diputados autonómicos madrileños, media docena de alcaldes del PP y otros cargos menores.

- Financiación ilegal. En los registros de las empresas y distintas cajas de seguridad que poseía la trama, se encontraron documentos que supuestamente apuntaban la financiación ilegal del PP. Además, las conversaciones grabadas en Valencia a los sospechosos en diciembre de 2008 y enero de 2009 por orden de Garzón, apuntaban la existencia de numerosos sobornos en forma de trajes o regalos de distinta índole a la cúpula del PP valenciano, con el presidente Francisco Camps a la cabeza.

- Los trajes de Camps. Entre el 24 de diciembre de 2008 y el 5 de enero de 2009, Álvaro Pérez habló por teléfono con Camps al menos en dos ocasiones que quedaron grabadas. El contenido de la conversación demostraba la estrecha vinculación de Camps con Pérez, contratista privilegiado por adjudicaciones a dedo en la Administración valenciana. En una de esas conversaciones, Camps se dirigía a Pérez así: "Amiguito del alma, te quiero un huevo". En la conversación, la mujer de Camps reprochaba a Pérez haberle hecho un regalo tan caro que pensaba devolverlo. Pérez deja claro su mensaje con los costosos regalos: "Fíjate si te debo", le dice a Camps. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre los regalos de trajes de la trama a Camps se aceleró entre diciembre de 2008 y enero de 2009. El sastre José Tomás, de la tienda Forever Young, acreditó en febrero con documentos de la tienda que hasta cinco cargos del PP valenciano, entre ellos Camps, recibieron trajes regalados. Todo ocurrió antes de las detenciones.

- Constructores y promotores implicados. Documentos incautados a primeros de febrero y conversaciones grabadas meses antes de que Correa y Crespo fueran encarcelados, demuestran el pago de fuertes sumas de dinero por parte de diversas constructoras a la trama corrupta a cambio de su intermediación para lograr obras y contratos públicos en administraciones gobernadas por el PP.

(www.elpais.com, 25/03/10)

9. CASO GÜRTEL. LAS PRUEBAS QUE IMPLICAN A LOS ALTOS CARGOS DEL PP

CORRUPCIÓN EN LOS ACTOS DE AGUIRRE

La trama organizó y cobró durante años los actos de Esperanza Aguirre. A cambio, pagaban comisiones ilegales a Alberto López Viejo, hombre de confianza de la presidenta. El pen drive localizado el 10 de febrero acredita los pagos. Testimonios de directivos de la trama lo avalan.

LOS COBROS DE BÁRCENAS

En la caja B de la trama corrupta, incautada el 10 de febrero de 2009, aparecen numerosos pagos a Luis Bárcenas.

CAMPS, COSTA, EL BIGOTES Y LOS TRAJES

La documentación incautada a las empresas de la trama corrupta, los testimonios de directivos de la red de Correa y conversaciones grabadas a Álvaro Pérez, el Bigotes, acreditan el pago de trajes por la trama corrupta a Camps y a parte de su equipo.

(www.elpais.com, 25/03/10)

10. CASO GÜRTEL. EL SUPREMO AUTORIZA EL JUICIO A GARZÓN POR INVESTIGAR LOS CRÍMENES FRANQUISTAS

El Tribunal Supremo rechazó el recurso de apelación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra la negativa del magistrado instructor de la Sala Penal, Luciano Varela, a sobreseer el proceso abierto por la investigación de los crímenes del franquismo, lo que en la práctica da luz verde a este último para sentar en el banquillo a Garzón y someterle a juicio. El auto del Supremo, redactado por el magistrado ultraconservador Adolfo Prego, rechaza entrar en el fondo del asunto para no "contaminarse", lo que apunta a que será la misma sala que admitió las querellas de Manos Limpias y Falange Española de las JONS la que juzgaría por prevaricación a Garzón.

Si el auto del juez Luciano Varela tenía ya los tintes de una sentencia anticipada, el dictado por la Sala Penal casi viene a anticipar la condena del juez por delito de prevaricación. Prego enaltece con entusiasmo "la muy técnica y bien construida motivación" del instructor, su "acertado" razonamiento, su "precisión" al recoger la jurisprudencia de la Sala, o la "razonable motivación" del auto de Varela contra Garzón.

Por el contrario, las alegaciones de Garzón son "prematuras" y sus resoluciones, según la valoración del instructor Luciano Varela, aparecen como "intencionadamente contrarias a las leyes e incompatibles con cualquier interpretación razonable de ellas".

El auto de la Sala dice que "no prejuzga la existencia o no del delito", pero aprecia que "no hay certeza sobre la inexistencia del delito, ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación".

La Sala que respalda el "control de legalidad" del juez Varela está integrada por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, el ponente Adolfo Prego y los magistrados Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. En uno de sus fundamentos señalan que si se ocuparan ellos de la función valorativa del instructor, incurrirían en un "prejuicio contaminante".

Fuentes del Supremo señalaron que este párrafo evidencia la intención de Prego y los otros magistrados de ser ellos mismos los que juzguen a Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Es decir, que sería la misma sala que admitió las querellas de Manos Limpias y Falange Española de las JONS la que juzgase al juez querellado, contrariamente a lo que sucede en las demás jurisdicciones y en lo que ha venido sucediendo hasta ahora en el Supremo.

Sin embargo, las fuentes consultadas señalaron que un reciente acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo, de 11 de enero de 2010 (BOE de 1 de marzo), cuando ya estaba admitida la querella contra Garzón, establece esa posibilidad, al especificar que "el Tribunal que habrá de conocer las causas especiales resolverá sobre su admisión a trámite y, en su caso, las enjuiciará". Eso no sucede con los recursos de casación ordinarios, en los que, según el mismo acuerdo, se reasigna a los ponentes, ni en los de revisión, de cuya tramitación se excluye expresamente a la sala de admisión.

En definitiva, parece que será la misma sala que ahora ha revisado y avalado la legalidad del auto de Luciano Varela la que se reserva para juzgar a Garzón, y el magistrado Adolfo Prego, patrono de honor de la fundación ultraderechista Defensa de la Nación Española (Denaes), el que redactará la sentencia sobre si Garzón prevaricó al investigar los crímenes del franquismo.

Fuentes judiciales significaron que el auto del Supremo podría haber incurrido en "incongruencia omisiva", al no resolver ninguna de las peticiones formuladas por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda. En efecto, el auto no contesta a la petición de pruebas de la defensa más allá de que los argumentos de impugnación que pudieran "cuestionar una hipotética condena por prevaricación" no desvirtúan los que bastan para justificar el proceso.

El auto, según las fuentes consultadas, serviría tanto para el proceso a Garzón como para cualquier otro. A partir de ahora, el instructor Luciano Varela tendrá que decidir si acepta o no las pruebas solicitadas por la defensa de Garzón o si, en su caso, transforma el procedimiento para abrir el juicio oral y sentar a Garzón en el banquillo.

(www.elpais.com, 26/03/10)

11. CASO GÜRTEL. EL TRIBUNAL ANULA LOS 'PINCHAZOS' EN LA CÁRCEL PERO MANTIENE PRESO A CORREA

La investigación del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción conocida en democracia vinculada a un partido, en este caso el PP, se ha topado con un obstáculo mayor: la anulación de dos meses de grabaciones de las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la red con distintos abogados. Este hecho complicará la instrucción, pues a partir de ahora pueden llover los recursos para anular nuevas pruebas supuestamente conectadas a las que han sido anuladas.

Por dos votos frente a uno, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid admitió los recursos de los abogados de 22 supuestos corruptos y anuló las escuchas. En las conversaciones invalidadas, Francisco Correa y Pablo Crespo, los cerebros de la trama, tratan con los abogados sobre la forma de ocultar y usar los fondos que guardaban en paraísos fiscales; reconocen la financiación ilegal del PP y se lamentan de que la policía haya requisado documentos que prueban los sobornos a cargos populares. La resolución rechaza la puesta en libertad de Correa y Crespo al considerar que se mantienen los indicios que motivaron su ingreso en prisión.

Los dos jueces que han anulado las escuchas sostienen que la intervención de las comunicaciones ordenada por Garzón vulnera el derecho de defensa al entender que el artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria, invocado para justificar la medida, sólo es válido para casos de terrorismo.

Los magistrados contrarios a las escuchas, Emilio Fernández Castro y el presidente del Tribunal, Francisco José Vieira, consideran "muy deficiente" el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, citado por el fiscal en su recurso a favor de las escuchas, que ampara la intervención judicial de las comunicaciones en la cárcel sin restricciones de ningún tipo en función del delito investigado.

El auto llega a comparar las escuchas en la cárcel con la tortura: "Desaparecida, afortunadamente, en nuestro Derecho la facultad de obtener la confesión forzada del culpable a través de la tortura, la generalización de la intervención de las comunicaciones de los imputados con sus abogados permitiría renacer, en cierto modo, ese método inquisitorial, sustituyéndolo por el aprovechamiento de situaciones en las que la apariencia de confianza en la comunicación con el abogado permitiría obtener datos incriminadores directamente del acusado, en contra de su voluntad".

Durante las deliberaciones, Vieira llegó a coincidir con José Manuel Suárez Robledano -el juez que ha hecho un voto particular a favor de validar todas las escuchas- respecto a la legalidad de la intervención de una de las comunicaciones, la del letrado José Antonio López Rubal, imputado por blanqueo. A última hora, Vieira cambió de opinión y se sumó a la tesis de la nulidad total de las escuchas, según fuentes conocedoras de las deliberaciones. En el auto, los magistrados citan una sentencia del Supremo que defiende las escuchas cuando "existe una constancia suficientemente contrastada de que el abogado ha podido integrarse en la actividad delictiva". Pues bien, según el auto, Garzón no cumplió con estas exigencias y sólo habló de conjeturas. El voto particular establece que se trataba de "indicios objetivados antes".

Los dos jueces explican que las pruebas derivadas de lo descubierto por las escuchas de la cárcel deberán ser anuladas siempre que se pruebe lo que denominan "conexión de antijuricidad", algo que deberá decidir el instructor.

(www.elpais.com, 26/03/10)

12. CASO GÜRTEL. "LA INMUNIDAD ABSOLUTA IMPEDIRÍA LA PREVENCIÓN DE DELITOS"

El magistrado José Manuel Suárez Robledano defendió, en contra del criterio mayoritario de los otros dos jueces que formaban sala con él, que las escuchas ordenadas por Garzón en el caso Gürtel son legales. El magistrado considera que el auto aprobado , al que se opuso, concede un margen muy elevado de "impunidad y privilegio" a los abogados. Hasta el punto de que considera que con ese criterio, que ha permitido anular las escuchas a los cabecillas de la red, "el proceso español sería un apartado islote en el mundo de las normativas de otros países democráticos que no mantienen, como regla, las consecuencias derivadas en general y para todo tipo de comunicaciones entre los clientes en prisión preventiva y sus abogados que cooperan o se involucran en la ejecución, la ocultación o la continuidad de actividades delictivas".

"Esa fue la finalidad de las intervenciones decretadas", señala Suárez Robledano en su voto particular, "ya que para su acuerdo existían previas imputaciones de tres abogados y de un asesor fiscal, imputaciones que no se han dejado sin efecto en la actualidad, siendo irrelevante, como ocurre en la generalidad de las intervenciones telefónicas que parten de indicios comprobados en la instrucción, que no se mencionen por el nombre determinado a los intervinientes en las conversaciones, siempre que éstas reúnan las precisas condiciones de prueba de cargo y no de estrategias de defensa, que deben excluirse como evidencias en todo caso". "Pensemos que un interno en prisión preventiva se concierta con su abogado para que transmita -y eso nunca es derecho de defensa sino otra cosa muy diferente- y para que dé instrucciones de matar a una persona o hacer desaparecer el cadáver de la persona asesinada o para facilitar el blanqueo de dinero sucio procedente del tráfico de drogas, de la prostitución ilegal o del tráfico de influencias. La inmunidad absoluta que se da en esos casos a la confidencialidad en el locutorio impediría la prevención e investigación y acaso hasta la comisión de delitos contra la vida o de otros considerados siempre con la categoría de graves en el Código Penal vigente".

Suárez Robledano considera la decisión de la sala "desmesurada y contraria a la interpretación restrictiva que debe tener todo privilegio en conflicto con otros derechos fundamentales". El juez cita legislación de Italia, Estados Unidos y otros países que amparan escuchas como las ordenadas por Garzón.

(www.elpais.com, 26/03/10)

13. CATALUÑA. EL PP REPRENDE A UN DIRIGENTE LOCAL QUE AVALA UNA CONSULTA INDEPENDENTISTA

El PP de Tarragona desautorizó a su líder en Riudoms (Baix Camp), Marc Junivart, quien asistió el 18 de marzo a la reunión de la plataforma Riudoms Decideix, que prepara la celebración de una consulta independentista. El dirigente popular no solo acudió a la cita: junto con los representantes de PSC, CiU y ERC –partidos que forman el pleno municipal–, se comprometió a hacer "campaña activa" a favor de la participación en dicho referendo.

Pese a confirmar la asistencia de Junivart al encuentro, fuentes del PP provincial y de la agrupación local de Riudoms desmintieron "categóricamente" que el partido "tenga ninguna intención de fomentar la participación en el referéndum ilegal". Por ello, la dirección de los populares "cree" la versión de su dirigente, según la cual participó en la reunión informativa de la plataforma, pero "en ningún caso apoya ni participa de sus objetivos".

(www.elperiodico.com, 25/03/10)

14. GALICIA. FEIJÓO: "VOY A SER BREVE PORQUE HE QUEDADO CON MARÍA"

"Si os calláis, sigo hablando". La voz del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, intenta hacerse eco entre la algarabía de un restaurante cercano a Santiago. Allí se han congregado jóvenes simpatizantes del Partido Popular de Boqueixón, Vedra, Arzúa, Melide y demás ayuntamientos limítrofes, aunque en la cita también están presentes miembros de Novas Xeracións (la franquicia gallega de las juventudes del PP) y cargos políticos venidos de otros rincones de la región.

El ambiente es festivo y algunos asistentes lo interrumpen con comentarios jocosos. "Calla la boca, que está emocionado, joder". El líder conservador cierra la Noche Solidaria con Haití, organizada por varias asociaciones juveniles el pasado 5 de marzo en un local de Montouto (Teo), justo antes de dar paso a la actuación de una orquesta. En el programa no se menciona al partido, pero sí constan las intervenciones del director xeral de Xuventude, Ovidio Rodeiro Tato, y del propio presidente.

El discurso de turno comienza de modo formal. "Os agradezco mucho que os sintáis orgullosos de participar en los intereses generales de Galicia", arranca Feijóo. Luego, critica a las juventudes del PSOE y del BNG, ensalza las virtudes de los suyos y suelta la primera machada: "Voy a ser breve porque he quedado con María Mera a partir de la una en ir a tomar una copa. De momento me dijo que no, pero lo voy a intentar". Un joven suelta: "Un sinvergüenza. Es un payaso".

La joven a la que se refiere Feijóo, presente en el comedor, es María Mera, una actriz nacida en 1986 en Boqueixón y natural de Vedra. Cuando tenía 16 años, ganó un concurso de belleza organizado por un centro comercial santiagués y, desde entonces, ha participado en programas y series de la TVG como Acompáñenos o Matalobos. El comentario, en el que insistiría más tarde, ha sido calificado de "machista" por la oposición política.

El BNG local ha censurado "el trato negligente con la chica, a quien trata como un objeto sexual", así como su "actitud machista, ya que delante de unos jóvenes Feijóo vende el rol de estar por encima de ellos, que tienen que plegarse a sus deseos". Fuentes nacionalistas también aseguran que, además, proyecta a los jóvenes "una imagen muy negativa" y "fomenta ir de fiesta hasta las seis de la madrugada", como se puede ver en las imágenes. Una "fiesta de verdad".

Fuentes del Partido Popular de Galicia han informado de que Feijóo tenía un compromiso al día siguiente, por lo que debía ausentarse del acto. Sin embargo, la excusa del presidente ha levantado sarpullidos en el BNG de Boqueixón, que no se explica como "se puede hablar de la generación ni-ni y, a la vez, plantear que se empalmen las copas con el desayuno", como propone Feijóo. "Y de aquí hasta que se organice la fiesta", prosigue el líder conservador en el vídeo, "yo voy a seguir hablando con María Mera para ver si tengo alguna posibilidad". Fin del discurso. "Muchas gracias".

Una mera "anécdota", según el partido. "En un acto informal, sin corsés ni discursos preparados, Feijóo comenta que no le parece pertinente insultar a ningún partido, no hace apología del PP y habla de libertad lingüística", subrayan fuentes conservadoras. La grabación también muestra a un Feijóo convencido de que, si en vez de jóvenes populares los invitados fuesen socialistas, "casi todos estarían empleados en algún chollo [trabajo] de algún Ministerio" y, si se tratase de nacionalistas, "sólo se podrían dirigir en un idioma, sólo se podría hablar una cosa y estarían toda la noche hablando mal del PP".

Respecto a la referencia a la actriz, las mismas fuentes —que no han confirmado si es militante de la formación conservadora— le restan importancia. "María, lejos de sentirse ofendida, se lo tomó a broma", aseguran tras hablar con ella. "Y le sorprende que se haya dramatizado de esa forma".

(www.publico.es, 25/03/10)

15. GALICIA. FEIJÓO FRENA LA BATALLA JUDICIAL POR LOS DESMANES URBANÍSTICOS EN BARREIROS

El pasado 11 de marzo el Gobierno de Feijóo se cobró la cabeza de Hipólito Pérez, hasta ese momento director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), un organismo adscrito a la Consellería de Medio Ambiente e Territorio, creado por el bipartito para corregir y sancionar los desmanes que la burbuja inmobiliaria empezaba a causar en la costa gallega.

Ese día, el Consello de la Xunta destituyó -sin informar a la prensa- al funcionario que había puesto en marcha la agencia y atendía así las constantes quejas de alcaldes populares y socialistas que criticaron la "excesiva rigurosidad" del citado organismo prácticamente desde su nacimiento.

El propio conselleiro de Medio Ambiente e Territorio, Agustín Hernández, explicó entonces que el relevo de Hipólito Pérez por María Martínez Allegue, ex secretaria de los ayuntamientos de Mos y Tui, al frente de la agencia, "pretende impulsar la colaboración activa con los ayuntamientos". Con el objetivo de propiciar ese cambio, la Xunta tuvo que modificar los estatutos del organismo público concebidos para que el mandato de su director no coincidiese con el del Gobierno gallego y preservar así su independencia respecto a hipotéticas presiones del poder político.

Pero mucho antes de cambiar la dirección de la APLU, el Ejecutivo de Feijóo ya había empezado a ignorar el trabajo de los inspectores urbanísticos. Así lo prueba la negativa del Consello de la Xunta a aprobar cuatro nuevas denuncias por la vía del contencioso administrativo contra otras tantas licencias concedidas por el Gobierno local de Barreiros y su alcalde Alfonso Fuente Parga, del PP, para levantar decenas de pisos en este municipio de A Mariña lucense que no ha adaptado su planeamiento y donde rigen unas normas subsidiarias del año 1994.

Los recursos contencioso administrativos partían de los informes técnicos de la APLU que subrayaban el dictamen contrario emitido en su día por la secretaria municipal de Barreiros y estaban avalados por la Asesoría Xurídica de la Xunta, que procedió a presentarlo en un juzgado de Lugo para cumplir con los plazos legales. Fuentes de la Asesoría Xurídica han confirmado a este diario que se trata de una práctica habitual para evitar que prescriba el plazo de reclamación ante los tribunales.

La última palabra la tenía, en todo caso, el poder político. Las denuncias competían al Gobierno gallego y debían ser ratificada por el Consello de la Xunta. Este órgano optó, sin embargo, por negarse y evitó así nuevas demandas contra el Gobierno local y el caótico urbanismo que reina en esta localidad de A Mariña Lucense.

Las deliberaciones del Consello de la Xunta son secretas y nadie del Gobierno gallego ha argumentado el porqué de su decisión. Este diario intentó sin éxito que la Consellería de Medio Ambiente explicase qué razón le llevó a ignorar las recomendaciones de los técnicos de la Axencia Galega da Legalidade Urbanística y de la propia Asesoría Xurídica de la Xunta.

Pese a todo, los tribunales deberán dirimir los más de 40 contenciosos presentados por el bipartito que piden la anulación de 44 licencias para edificar 3.174 viviendas. La primera de las sentencias dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Lugo ha anulado el permiso que el Gobierno de Barreiros concedió a una constructora para levantar 173 pisos en la zona de San Miguel de Reinante. El alcalde popular Alfonso Fuente Parga y la constructora Promociones Nordés han recurrido el fallo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Este es sólo uno de los dos frentes judiciales abiertos por el modo en que el regidor, otros tres ediles del PP, y la arquitecta municipal, Marta Geada, interpretaron el planeamiento urbanístico en el ayuntamiento lucense. El pasado diciembre, el fiscal jefe de Lugo denunció por lo penal al alcalde, a los tres concejales y a la técnico ante el juzgado de instrucción de Mondoñedo por dar luz verde en un año a más de 3.100 viviendas en un pueblo de 3.300 vecinos. El ministerio público les atribuye a los cinco un delito de prevaricación urbanística. La denuncia hace constar que buena parte de los 44 expedientes aprobados por el Gobierno local contaba con el informe contrario de la secretaria municipal.

(www.elpais.com, 23/03/10)

16. GALICIA. BALTAR EMPLEÓ A 400 SIMPATIZANTES DEL PP ANTES Y DESPUÉS DEL CONGRESO QUE GANÓ SU HIJO

El congreso del PP de Ourense lo decidieron los empleados de la Diputación. En los meses previos al cónclave que resolvió la sucesión de Baltar padre por Baltar hijo en el PP provincial, el presidente de la Diputación contrató a 200 militantes de su partido que además acudieron de compromisarios a la convención. No fueron los únicos. Desde el 13 de enero hasta el 15 de marzo, José Luis Baltar agasajó con empleos públicos en la institución que preside a otras 210 personas más vinculadas también al PP.

La mayoría son cargos electos o candidatos del PP. Algunos acudieron de compromisarios y otros son parientes de los delegados que debían elegir entre el candidato oficialista avalado por Rajoy y Feijóo y Baltar hijo. La lista de los 400 empleados se completa con la de los 300 simpatizantes del PP fichados en épocas anteriores, por lo que, hay más de 700 trabajadores de la Diputación vinculados al partido. Los mismos apoyos que recibió el hijo de Baltar en el congreso.

En el caso de los 400 trabajadores contratados en los meses previos y posteriores al cónclave, los empleos aportados por Baltar son precarios: la mayoría por un periodo de tres o seis meses.

La lista con las 210 nuevas contrataciones firmada por el presidente de Diputación fue entregada al grupo provincial del PSOE contestando a un requerimiento de los socialistas. Entre los contratados figuran concejales y candidatos de numerosos ayuntamientos; parientes de los Baltar; hijos de sus más estrechos colaboradores (entre ellos, de su abogado personal); el hijo del tránsfuga de Castro Caldelas; y parientes de algunos de los concejales de la ciudad que se alinearon en el bando de Baltar hijo y que ahora ocupan cargo en su nueva ejecutiva.

Baltar ha convocado estos días nuevas oposiciones y en la lista de admitidos a las pruebas vuelven a figurar cargos del PP y sus parientes. Feijóo afirmó que debe ser la Diputación la que explique estos contratos porque él "se ocupa" de la Xunta.

Los socialistas han colgado la nueva lista en la web (http://enchufadosppourense.blogspot.com) que crearon para denunciar el caciquismo de Baltar tras el paso del número dos del PSOE orensano a las filas del PP. Con los 210 nuevos nombres, los colocados del PP en la Diputación, que tiene una plantilla de unos 1.300 trabajadores (y cerca de 500 contratados), superan los 700.

(www.elpais.com, 19/03/10)

17. GALICIA. EL ALCALDE DE TUI BURLA LA ORDEN DE PARAR LA ACTIVIDAD DE UNA PIROTECNIA

Una sentencia firme de los tribunales, dos órdenes de la Xunta y las firmas de centenar y pico de vecinos no han conseguido erradicar la Pirotecnia La Gallega SL de la parroquia tudense de Baldráns. En el último accidente del polvorín, en 2005, la explosión causó daños en una veintena de casas y antes las hubo peores, con víctimas mortales y heridos. El titular de la empresa asegura que sólo realiza en ese taller tareas de mantenimiento, en espera de una licencia autonómica que, según él, está al caer y que le permitirá reanudar la actividad. Mientras, el alcalde de Tui, Antonio Feliciano Fernández Rocha, del PP, a quien corresponde vigilar el cumplimiento de la sentencia, marea la perdiz y declara cumplida la orden de inactividad, contra los testimonios vecinales.

Pirotecnia La Gallega sostuvo, hasta que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) lo desacreditó el año pasado, que la licencia de actividad del taller de Baldráns estaba implícita en una licencia municipal de obra que obtuvo en 1932 para construir una caseta, en la que instaló el taller. Ni de aquélla ni de la concedida en 2002 para reforzar el cerramiento de la finca puede deducirse la licencia de actividad.

El Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp) obliga desde 1966 a emplazar los talleres de pirotecnia a una distancia de 2.000 metros de los núcleos de población. La Gallega está en medio de Baldráns, con decenas de viviendas y un supermercado en un radio de 200 metros. Pasa muy cerquita la carretera de Tui a Salvaterra y, tangencial a la finca, la de Baldráns al barrio de A Malladoira, el campo de fútbol y el cementerio, es decir, con su tránsito. Los daños de 2005 los provocó una explosión de tres casetas; en otra, en 1981, murió una operaria y otros cinco empleados quedaron inválidos. Los vecinos viven con miedo en el cuerpo.

En el solar donde volaron las tres casetas, el empresario construyó siete. Pero "ni el transcurso del tiempo, ni el pago de los correspondientes tributos, ni la tolerancia municipal pueden implicar acto tácito de otorgamiento de licencia", sentenció en 2007 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra, en un fallo que ratificó el año pasado, en firme, el TSXG.

La Xunta, en la notificación de la orden de ejecución de la primera sentencia, dispuso la "suspensión inmediata" de la actividad industrial, la demolición de las casetas destinadas a esa actividad y la reposición de los terrenos afectados al estado anterior al inicio de las obras. Todo ello sigue intacto. El recurso ante el TSXG y otros, hasta agotar todas las vías judicial y administrativa, aplazó la ejecución de las medidas que reclamó la Xunta, pero que se hicieron imperiosas tras la sentencia del Superior, en abril de 2009.

El alcalde de Tui quedó emplazado entonces a verificar la paralización de obras y actividades en el recinto de la pirotecnia y a ordenar, como medidas cautelares, la retirada de materiales (de obras y actividad), el precintado de las instalaciones, la suspensión del suministro de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones, así como a proceder a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas al infractor si éste no actuaba en consecuencia.

Así lo decretó Fernández Rocha en junio del año pasado. Pero el 1 de septiembre, mediante otra resolución, autorizó el suministro de energía al recinto y ahora, ante el juzgado que lo dirime y contra los testimonios vecinales, sostiene que la sentencia se está cumpliendo. Pero con argumentos trampeados.

Un mes después de que el alcalde paralizara la actividad de La Gallega, la Guardia Civil le señaló que el corte de suministro eléctrico creaba "un problema de seguridad ciudadana" al anular las alarmas del recinto, cuyo material explosivo y pirotécnico corría así riesgo de ser utilizado ilícitamente. También desde la dependencia de industria de la Subdelegación del Gobierno se solicitó la reanudación del servicio eléctrico para garantizar la seguridad de los productos "y la seguridad ciudadana general". Pero este resultado paradójico, al que se supedita la seguridad de los vecinos de Aldráns, sólo se produce por las mañas del alcalde con los papeles que lo avalan.

(www.elpais.com, 20/03/10)

18. GALICIA. EL JUEZ ACUSA AL ALCALDE DE "DESPACHAR UN CÚMULO DE LICENCIAS" EN FINCAS SIN SERVICIOS

El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga (PP), restó importancia a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Lugo que anula la licencia que él mismo concedió para levantar cuatro edificios en la zona de San Miguel de Reinante. En un comunicado, el regidor subraya que el fallo alude a un modificado del proyecto pero no a la licencia inicial. Y añade que tanto su Gobierno como la constructora Promociones Nordés, SL, ya han recurrido la sentencia. De paso Fuente Parga tilda de "errónea" la información publicada por EL PAÍS, a quien acusó de "dañar la imagen" de su Ayuntamiento.

Pero el fallo va mucho más allá de anular los planos corregidos de una urbanización. Delimita qué es suelo urbano y subraya que el Gobierno de Fuentes Parga, a quien la fiscalía denunció por prevaricación urbanística, nunca debió otorgar permisos para edificar en superficies que no contaban con las infraestructuras básicas. Por eso, el juez procede a anular la licencia.

El fallo deja entrever que el resto de contenciosos contra otros 43 permisos concedidos por el Ayuntamiento podría correr la misma suerte. El juez -que todavía debe ver decenas de denuncias presentadas por la Xunta anterior- advierte de que la falta de dotación de servicios urbanísticos "es el mayor problema que presenta el cúmulo de licencias de construcción otorgadas por el Ayuntamiento de Barreiros en los últimos tiempos a diferentes promotores". El juez subraya que en Barreiros los permisos para construir "se despacharon sin tener habilitados los terrenos, en su totalidad, con las infraestructuras básicas y los servicios urbanísticos exigidos, lo que no quiere decir que en un futuro, las parcelas donde están proyectadas numerosas viviendas (algunas iniciadas) que obtuvieron las correspondientes licencias, cuenten con ellos".

Y añade el fallo que "la reflexión antedicha se ha efectuado con independencia de que las construcciones proyectadas se integren en una verdadera malla, lo que es discutible a la vista de los documentos fotográficos".

(www.elpais.com, 23/03/10)

19. ANDALUCÍA. ARENAS SE ALINEA CON LAS "PITAS, PITAS, PITAS" DE AGUIRRE

Cuando hay que elegir entre el partido o los andaluces, Arenas se queda con lo primero. Es lo que demostró el líder del PP andaluz cuando, preguntado por los comentarios despectivos de Esperanza Aguirre sobre la rebaja de peonadas para poder cobrar el subsidio agrario por los daños del temporal, fue incapaz de desautorizarla. "Son críticas al presidente del Gobierno; sus declaraciones no perjudican [al PP andaluz]", se limitó a decir.

Sobre si esas manifestaciones ofenden o perjudican a los andaluces no dijo nada. El dirigente conservador obvió que la expresión utilizada por Aguirre "dar pitas, pitas, pitas" está vinculada al tópico de la Andalucía subsidiada alimentado por la derecha más recalcitrante de Despeñaperros para arriba.

Aguirre, preguntada sobre si iba a pedir disculpas al presidente andaluz, José Antonio Griñán, insistió en que no tenía "nada que decir", informa Yolanda González. "Aguirre representa a la derecha carca y reaccionaria que nunca creyó en las posibilidades de nuestra tierra y Arenas nunca se ha opuesto a ello", denunció el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro.

No es la primera vez que Javier Arenas sacrifica a los andaluces por su partido. Siempre ha mantenido silencio cada que vez un dirigente del PP los ha llamado analfabetos, como hizo Ana Mato, o de indolentes, en palabras del ex ministro Juan Carlos Aparicio. Arenas tampoco salió en defensa de los andaluces cuando Vidal-Cuadras se refirió a Blas Infante como "cretino integral" o cuando Jaime Mayor Oreja afirmó que el Estatuto afianzaría el islamismo. Tampoco abrió la boca cuando María San Gil calificó la "realidad nacional" andaluza recogida en el texto como una "chirigota". Ni cuando el mismo Rajoy aseguró que le sonaba a "cachondeo".

Siempre ha arropado a los suyos, salvo cuando Montserrat Nebrera hoy fuera del PP se mofó del acento de la otrora ministra de Fomento Magdalena Álvarez. Fue la única vez que Arenas dio un puñetazo encima de la mesa y exigió a la catalana que se fuera del partido. ¿Lo hizo entonces por Andalucía o porque Nebrera se atrevió a disputar la candidatura impuesta por Génova?

Mientras defendía a Aguirre, Arenas volvió a retratarse junto a su preferencia partidista: presentó un recurso en el Constitucional por considerar que el pago en solares de la llamada deuda histórica es una ofensa y un fraude para los andaluces. Pero no movió un dedo en los ocho años que gobernó su partido en España. Cuando hay que elegir entre el partido o los andaluces, Javier Arenas se queda con lo primero.

(www.publico.es, 25/03/10)

20. ANDALUCÍA. CÁDIZ FICHA A REVERTE POR 150.000 EUROS

El Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por el PP, ha adjudicado provisionalmente al escritor Arturo Pérez Reverte un contrato como comisario de una exposición sobre el Cádiz de 1812 por valor de 150.000 euros, según el anuncio publicado en la página web del consistorio. La cifra, a la que hay que sumarle 24.000 euros de IVA, ha escandalizado a los socialistas, que consideran que los honorarios estipulados están muy por encima de lo que supone desempeñar esa labor. "No tenemos nada en contra de Pérez Reverte, es una cifra escandalosa sea quien sea el comisario, sobre todo, porque por el 10% de esa cantidad, cualquier historiador de primera línea haría ese trabajo", explica el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Rafael Román.

Al PP, sin embargo, ni le parece caro ni cree que haya alguien mejor que el escritorque acaba de presentar en Cádiz El Asedio, una novela ambientada en la ciudad de aquella época para ostentar ese cargo. El propio Pérez Reverte lo considera incluso barato. El escritor, en declaraciones a Efe, aseguró que la muestra le dará más trabajo que beneficios. "Organizar esa exposición supondría dos años de trabajo, de complicaciones y de responsabilidades; traducido en páginas para una editorial supondría bastante más dinero, pero lo haría por el cariño que le tengo a Cádiz", dijo a modo de favor.

El escritor recordó que esa cantidad es la mitad de lo que cobró por la exposición sobre el bicentenario de la Independencia organizada en Madrid también financiada por un gobierno del PP. No obstante, Pérez Reverte aclaró que rechazará la oferta si supone "malos rollos y zancadillas".

Según el Consejo de Críticos y Comisarios, la media que una institución importante paga por esta tarea asciende a 15.000 euros. "Lo máximo que cobra un comisario, en contadas ocasiones y en grandes centros de arte, son 30.000 euros brutos por dos años de trabajo", afirman fuentes del consejo. Es el mismo tiempo que dedicará Pérez Reverte a la muestra si finalmente acepta el trabajo. Yolanda Romero, directora de la Asociación de Directores de Museos, rebaja la cifra a los 6.000 euros: "Hay comisarios que parten de esa cantidad y, como máximo, se llega a cobrar 18.000 en instituciones españolas para comisarios españoles", que insiste en que dos años de investigación son los habituales para cualquier exposición.

Según Romero, en este caso se estaría pagando, por tanto, la marca: "Pero la culpa no es de él, sino de quien lo paga. Esto es como el fútbol. No es un honorario normal. Los comisarios estrellas llegan a cobrar 80.000 euros en las grandes bienales internacionales". Como en el caso del desaparecido Harald Szeemann, un "samurái del arte", como él mismo se definía. Otras fuentes del sector directamente califican la cantidad como "una pasada".

"Ser embajador de Cádiz no tiene precio. Si sólo el comisariado cuesta eso, ¿cuánto valdrá la exposición?", se pregunta el portavoz socialista. "Si hay alguien que le parezca que deba hacerse gratis, pues diría, olvídenme, busquen a otro y tan amigos, porque yo ni necesito ni he pedido hacerlo", insiste a Efe Pérez Reverte. El contrato incluye también un ajuste si el IVA variase. Y ya es casi una realidad la subida.

(www.publico.es, 24/03/10)

21. ANDALUCÍA. IMPUTADO EL ALCALDE DE ALHAURÍN POR VENDER A LA BAJA FINCAS PÚBLICAS

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP) tendrá que comparecer mañana lunes como imputado ante un juez de Málaga por un presunto caso de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la venta de unas parcelas municipales a unos promotores. Supuestamente, los terrenos -50 hectáreas en la zona de Tabico- se valoraron por el consistorio muy por debajo de su precio de mercado. Según la denuncia que ha dado origen a la investigación, el daño patrimonial a las arcas municipales se eleva a 2,4 millones de euros.

Además, en la demanda se relata un presunto pacto entre responsables municipales y los promotores, que permitió a éstos adquirir las parcelas antes de que se realizara el proyecto de reparcelación y la ordenación urbanística de la zona, lo que multiplicaría el valor de los terrenos.

Junto a Villanova, también están imputados en el caso el concejal de Urbanismo, Gerardo Velasco; el arquitecto municipal, Manuel Atienza; el asesor jurídico del consistorio Manuel González Lamothe; y los promotores beneficiados, Sergio Portales Ponce y Enrique Portales Sánchez.

Un portavoz del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha negado la existencia de irregularidades, y sostiene que toda la actuación municipal está avalada por informes jurídicos y técnicos, así como por tres tasaciones distintas de los suelos. Villanova insiste en que la denuncia forma parte de una campaña de desprestigio y una "vendetta" personal del denunciante, el ex portavoz del PSOE en el consistorio Roque Manchado, y del abogado de éste, que también lleva una causa contra el regidor por un caso de enchufismo en unas oposiciones.

(www.elpais.com, 21/03/10)

22. COMUNIDAD DE MADRID. TAMAYO ‘RESUCITA’ Y AMENAZA A AGUIRRE CON TIRAR DE LA MANTA

Esperanza Aguirre no tuvo un buen día. La presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo que lidiar en una misma jornada con la reaparición del tamayazo, el polémico caso de transfuguismo político que le permitió llegar a su actual cargo en el 2003; la dimisión de su número tres, el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y una ofensiva de la oposición regional contra su llamamiento a la rebelión fiscal.
La mañana se inició de forma esperpéntica, con la resurrección de Eduardo Tamayo en la Puerta del Sol, donde está la sede central del Gobierno autonómico, pidiendo entrar en el edificio. El exdiputado autonómico del PSOE, que impidió al socialista Rafael Simancas ser elegido presidente de la comunidad al ausentarse junto a una compañera de partido del pleno de investidura, montó un show mediático y aseguró al personal del control de entrada que tenía una cita con Aguirre. Tras recibir la esperada respuesta negativa, se dirigió a los periodistas allí presentes para decirles que dispone de información que "implica", presuntamente, a dos dirigentes del PP en los hechos que obligaron a repetir las elecciones madrileñas. Se trata del exalcalde de Majadahonda Ricardo Romero de Tejada, relacionado, para más inri, con el caso Gürtel, y de la diputada en la Asamblea de Madrid Carmen Rodríguez, una de las presuntas víctimas de la trama de espionaje en el PP madrileño.

Tamayo, más delgado que hace siete años, no aportó pruebas. Solo dijo que había visitado al consejero de Presidencia de Aguirre, Francisco Granados, para hablar de ese tema y que la presidenta había aceptado verle, pese al desaire final. La dirigente popular negó esa versión y vinculó la vuelta a escena de Tamayo a su interés en presentarse a las elecciones del 2011. La oposición especuló con un intento de extorsión del exparlamentario al PP ante su delicada situación económica.

La dimisión de Güemes, que también deja el escaño autonómico y la portavocía del partido en Madrid, fue menos teatral pero conmocionó la actualidad política de la capital. Aunque de puertas hacia afuera todo fueron agradecimientos mutuos, la relación entre el exconsejero y la presidenta estaba cada vez más deteriorada, según varias fuentes.

Güemes, de 40 años y formado a la vera de Rodrigo Rato, dijo que abandonaba por motivos "personales" la primera línea de la política. Sin embargo, seguirá en la dirección estatal del PP, lo que confirmaría la teoría de que solo es un adiós temporal amparado por Mariano Rajoy, que lo repescará en un futuro para su equipo. La próxima aparición de más revelaciones del caso Gürtel puede estar también detrás del caso.

(www.elpais.com, 19/03/10)

23. COMUNIDAD DE MADRID. EL AZNARISMO SE HACE FUERTE EN SOL

Tocar lo menos posible, que apenas quedan 14 meses para las elecciones autonómicas. Con esta consigna, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se vio obligada el pasado jueves a hacer una remodelación de su Ejecutivo en la que apenas ha habido movimientos por la marcha de Juan José Güemes. Pero la foto fija que ha dejado la última crisis de Gobierno muestra que el aznarismo queda muy bien situado en torno a la presidenta regional.

No ha sido algo premeditado. Aguirre no ha tirado de Javier Fernández-Lasquetty, nuevo responsable de Sanidad -un área con 7.000 millones de euros de presupuesto y 65.000 empleados a su cargo-, porque sea un hombre muy vinculado al ex presidente José María Aznar. Trabajó para él en el Gabinete de Presidencia y llegó a ser secretario general de la FAES, el vivero ideológico del PP.

Más bien pesó que es un hombre de su máxima confianza -está con ella desde sus comienzos en el Ayuntamiento de Madrid y la siguió al Ministerio de Educación y luego al Senado- y, sobre todo, porque relevarlo de la cartera que manejaba, Inmigración (con 80 millones de presupuesto y un equipo de 93 personas), no suponía hacer un gran agujero en su equipo de gobierno. Al fin y al cabo, la consejería era hasta hace cinco años sólo una dirección general.

Tampoco ha llevado a Lucía Figar a la Secretaría de Comunicación del PP regional sólo por su vinculación con el ex presidente. Pero el hecho es que la segunda consejería en peso (con 4.779 millones de presupuesto y 49.492 empleados, en su mayoría docentes) está en manos de una mujer muy vinculada a los Aznar. Es íntima de los hijos del ex presidente, hasta el punto de que fue la madrina del primer hijo de Ana Aznar y Alejandro Agag, sin contar con que está casada con Carlos Aragonés, tan estrecho colaborador del presidente que fue su jefe de Gabinete.

Fuentes del PP explican que no se puede desligar el aznarismo de la figura de Esperanza Aguirre, pues la presidenta regional fue ministra en los gobiernos del ex presidente popular, con quien mantiene fuertes lazos en lo personal y en lo político. Y que, en los dos casos mencionados, hay también vínculos personales y sentimentales. Lasquetty, como se ha dicho, es una de las personas de su máxima confianza que, con el vicepresidente Ignacio González, ha seguido a Aguirre en todos sus destinos políticos.

Con Figar tiene además una relación casi maternal. La consejera de Educación es sobrina de la íntima amiga de Aguirre desde la infancia. Y la presidenta regional la ha visto crecer. Por eso mantienen una relación que trasciende lo político. "Es la hija que nunca ha tenido", comentan dichas fuentes.

Al colocar a Figar en la Secretaría de Comunicación del PP lo que hace es rescatarla y sentarla en el Comité Ejecutivo, el órgano de dirección, donde era una de las pocas consejeras de perfil más político que no estaba. Porque como portavoz del partido tendrá escasa ocupación: la mayoría de las labores las hace la propia Aguirre y, cuando no, el secretario general, Francisco Granados. Su actividad será más interna y para ocuparse de la difusión del programa a través de las nuevas tecnologías.

Otras fuentes populares se temen que el hecho de que el aznarismo gane presencia abrirá la puerta de consejerías importantes a gente procedente de FAES, lo que permitirá apuntalar el radicalismo ideológico de Aguirre, pues lo más probable es que Lasquetty se lleve a su equipo a la nueva consejería.

La tercera consejera que gana peso es Paloma Adrados, que une Inmigración a sus tareas de Empleo y Mujer. Su ascenso se explica por el respaldo a su gestión, pero también para equiparar las tareas de todas las consejerías. La sucesiva reducción de las áreas de gobierno, que ahora quedan en nueve, ha cargado casi todas las carteras y la de Adrados era la que más contenido permitía.

Adrados llegó a la política de la mano del ex ministro Javier Arenas, de quien fue jefa de gabinete y con quien mantiene una buena relación personal. Pero, como la gran mayoría de los políticos que colaboran con la presidenta, ahora es de Esperanza Aguirre. "En la Comunidad de Madrid no hay aznaristas, marianistas o ratistas", dicen fuentes populares. "La gente que trabaja para Aguirre es de Aguirre. Y trabajar con ella también marca mucho políticamente".

(www.elpais.com, 20/03/10)

24. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RESUCITA EL DISCURSO CONTRA EL PER: "ZAPATERO DA PITAS, PITAS, PITAS"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, azuzó el viejo debate político sobre el Plan de Empleo Rural (PER) y el subsidio agrario. "Se han ido a Sevilla, han hecho un congreso y han hecho lo único que creen que debe hacer un Gobierno, que es utilizar el dinero de los contribuyentes para dar pitas, pitas, pitas. Esto la gente del campo sabe a lo que me refiero", declaró Aguirre a Telemadrid en relación con la reducción de 35 a 20 peonadas para optar al cobro del subsidio agrario, una medida excepcional para paliar la pérdida de más de cinco millones de jornales en el campo andaluz como consecuencia del temporal que aprobó el viernes el Consejo de Ministros y publicó el BOE.

Por la tarde, ante el revuelo que generaron sus palabras, la presidenta madrileña mostró su "máximo respeto" a los andaluces e intentó, sin conseguirlo, aclarar que sus declaraciones se referían al tratamiento que da el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a Andalucía.

Como ya hicieran en otras ocasiones otros dirigentes populares como Ana Mato, Juan Carlos Aparicio o Montserrat Nebrera, Aguirre ahondó en el discurso de los tópicos sobre Andalucía al calificar como una "vergüenza" la medida aprobada por el Ejecutivo central, a pesar de que ésta había sido demandada por todos los agentes sociales, desde la patronal agraria Asaja a los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO, con el fin de contrarrestar la pérdida de más de 1.200 millones de euros en la agricultura andaluza por el temporal. Aguirre censuró la decisión por llegar "en una época en la que hay que apretarse el cinturón" y la enmarcó en las encuestas electorales que, por primera vez, sitúan al PP como el favorito en la intención de voto de los andaluces.

El PP andaluz guardó silencio sobre las declaraciones de Aguirre ante un tema que les ha supuesto no pocos dolores de cabeza, muy especialmente a su líder, Javier Arenas. Y es que, mientras dirigentes de ese partido de otras comunidades han cuestionado la eficacia del PER y el subsidio agrario con reiteradas apelaciones al llamado voto cautivo, los populares andaluces siempre han intentado desmarcarse: "El PER ha permitido modernizar e impulsar el progreso de los municipios andaluces", dijo el presidente del PP de Jaén y parlamentario autonómico, José Enrique Fernández de Moya, en 2002, en pleno debate sobre el decretazo aprobado por el Gobierno de Aznar.

Las palabras de Aguirre levantaron un gran revuelo político. La nueva consejera de la Presidencia, Mar Moreno, calificó la declaraciones como "una falta de respeto injustificable". "Hay un asunto de fondo y es que el PP lleva muchos años que, por querer hacer oposición al PSOE, le hace la oposición a Andalucía", informa Europa Press. "Pido respeto para los trabajadores andaluces porque cotizan como cualquier trabajador de España, pagan impuestos como cualquier trabajador de España y tienen el mismo derecho a la protección social, como cualquier otro trabajador de España".

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Diego Valderas, que exigió a Arenas, que llamara "al orden" a la presidenta madrileña tras "pasarse 17 pueblos" con sus declaraciones sobre el PER.

También los líderes regionales de UGT y CC OO, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, respectivamente, reclamaron a Aguirre que pidiera perdón por considerar un "insulto a los andaluces" sus palabras. Los sindicatos han pedido al Gobierno que apruebe un PER especial por la falta de jornales en el campo. También critican que los trabajadores del Régimen Agrario no se beneficien de la ayuda extraordinaria de 426 euros mensuales para los parados que agoten su prestación por desempleo.

(www.elpais.com, 24/03/10)

25. COMUNIDAD DE MADRID. LOS CONSTRUCTORES VINCULADOS AL 'TAMAYAZO' ESPERAN LUZ VERDE DEL GOBIERNO DE AGUIRRE PARA UN NUEVO 'PELOTAZO' URBANÍSTICO

El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón ha aprobado una recalificación que permitirá a Francisco Bravo y Francisco Vázquez aumentar en un 80% el numero de viviendas proyectadas en el Monte de la Villa, a las puertas del Parque de Guadarrama. La Comunidad de Madrid tiene que dar su visto bueno definitivo

La finca, denominada 'Monte de la Villa', tiene una extensión de 1.400.000 metros cuadrados y linda con el parque regional del Guadarrama. El pasado 10 de febrero el Ayuntamiento autorizaba una modificación parcial de sus planes urbanísticos para permitir a los dos empresarios cambios en la tipología de las viviendas proyectadas.

No es la primera recalificación sobre ese terreno que ya fue revalorizado en su día por la anterior alcaldesa, Nieves García, que ya les permitió aumentar la edificabilidad. Ahora, los empresarios quieren más y, según la nueva modificación, donde antes se proyectaban 1.500 chalets ahora se autorizan cerca de 3.000 pisos; un 80% más de lo inicialmente previsto.

Bravo y Vázquez impulsan esa operación junto a un grupo de propietarios asociados en Junta de Compensación. Según las actas de esa junta, es Francisco Bravo quien toma las decisiones de la operación, quien propone los cambios o incluso el arquitecto designado para el proyecto, Leopoldo Arnaiz, vinculado con otros escándalos urbanísticos o la empresa a quien han encargado la urbanización, Virton, de la que fue apoderada la hija del exsecretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada.

(www.cadenaser.com, 23/03/10)

26. COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS DICE QUE LA OFERTA DE IGLESIAS ERA LA MÁS BARATA

Tanto PSOE como IU coincidieron en considerar escandalosa y sospechosa la adjudicación de un contrato para aportar traductores por parte de la Consejería de Justicia, que dirige Francisco Granados, a la misma asociación pericial que utilizó para negar la existencia del espionaje desde su departamento contra rivales de Esperanza Aguirre.

Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, avanzó que su partido pedirá el expediente completo para averiguar en qué circunstancias resultó ganadora la entidad que preside Castor Iglesias. Igualmente, la portavoz socialista anunció que exigirá la comparecencia parlamentaria de Granados para que explique tal adjudicación. El secretario general del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, afirmó que está muy cansado de que "los trapitos sucios del PP los acaben pagando los funcionarios"

Por parte de IU, su portavoz regional, Gregorio Gordo, tiró de ironía para analizar el contrato: "No se entiende tal adjudicación. Lejos de resolver el problema que ya existía con los traductores en los juzgados madrileños y que habían denunciado los propios jueces, se ha visto que no hay ninguna voluntad de resolver este asunto por el Gobierno regional. Y cuando se le da el contrato a Iglesias, se le da por lo único que se le puede dar: por los grandes servicios prestados en la comisión de investigación del espionaje. De otra manera no se puede entender, porque si tuviera alguna experiencia al respecto... tendría una lógica. Pero cuando no tiene ninguna lógica sólo se puede interpretar lo contrario. Granados, cuando necesita algo, le llama a él [Castor Iglesias]. Es una situación que define perfectamente al Gobierno de Madrid. La única experiencia que parece tener es en ayudar a Granados...".

El propio Granados puso el acento en un hecho que ya recogía este diario: que la asociación pericial de Iglesias ganó el concurso porque era la oferta más barata. El consejero especificó que se trataba de una subasta, concurso en el que por encima de la relación calidad-precio sólo se valora el coste para la Administración.

La asociación Jueces para la Democracia estima que un servicio tan sensible para los derechos procesales no puede ser adjudicado simplemente en función de su coste, sino que debe exigirse y garantizarse su calidad. Esta postura es respaldada por los sindicatos del sector judicial.

(www.elpais.com, 23/03/10)

27. COMUNIDAD DE MADRID. DOS EX ALCALDES DEL PP DEBEN DEVOLVER A BOADILLA 500.000 EUROS DE PAGOS ILEGALES

El Tribunal de Cuentas ha condenado a los ex alcaldes de Boadilla del Monte Arturo González Panero y Nieves Fernández Crespo, ambos del Partido Popular, a abonar 488.357 euros a ese Ayuntamiento madrileño. Les considera responsables del perjuicio causado a las arcas municipales por unos complementos a la paga extra de los funcionarios concedidos de forma irregular entre 1998 y 2000.

Fernández Crespo fue alcaldesa de Boadilla (43.400 habitantes) entre junio de 1995 y noviembre de 1999. González Panero era concejal de Hacienda en los dos últimos años de mandato de la regidora, y en 1999 le sucedió en el puesto.

Dimitió en 2009, contra su voluntad y por las fuertes presiones de la dirección nacional y regional de su partido, horas después de haber sido imputado en el caso Gürtel, la red de corrupción vinculada al PP. Según las pesquisas judiciales, González Panero favoreció de manera irregular la contratación por parte del Ayuntamiento de empresas vinculadas al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, ahora en prisión, que se refería a él con el apodo El Albondiguilla.

Esta sentencia no está vinculada en principio con el Gürtel. Fernández Crespo (como alcaldesa) y González Panero (como concejal de Hacienda) validaron el abono de un complemento de la paga extra de los funcionarios municipales de junio y diciembre de 1998 y de junio de 1999. Además, y ya como regidor, González Panero autorizó los correspondientes a diciembre de 1999 y junio y diciembre de 2000.

El Tribunal de Cuentas considera que estos pagos conllevaron una gestión indebida de fondos públicos, amparada además en una cláusula retributiva ilegal introducida en la normativa municipal bajo su responsabilidad.

Los abonos, sin justificación jurídica suficiente, dañaron las arcas municipales, según el tribunal, que imputa por ello responsabilidad contable a Fernández Crespo y González Panero.

Ambos deberán abonar (a medias) 220.657 euros por las pagas durante el mandato de Fernández Crespo. Además, González Panero tendrá que entregar 267.700 euros adicionales por las irregularidades cometidas cuando era alcalde. A estas cantidades hay que sumar intereses.

El tribunal ha admitido de forma parcial un recurso interpuesto por el ex concejal Antonio González Samos contra una sentencia de julio de 2006 que eximía de responsabilidad a los dos ex alcaldes. Es recurrible ante el Tribunal Supremo. La sentencia cuenta con el voto particular del consejero Rafael María Corona Martín, que se inclina por desestimar en su totalidad el recurso de González Samos, al no entender que se haya cometido infracción alguna.

El demandante, Antonio Samos González, fue elegido concejal de este Ayuntamiento madrileño en las elecciones de 2003. Su partido, Alternativa por Boadilla, logró entonces el 7,44% de los votos y dos asientos, frente al 51,96% del PP, que obtuvo 13. Los otros seis fueron al PSOE.

(www.elpais.com, 26/03/10)

28. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE Y GALLARDÓN DISPUTAN TAMBIÉN POR EL DINERO DEL REALOJO DE EL SALOBRAL

La Comunidad de Madrid reclama desde hace cuatro años 18 millones de euros al Ayuntamiento de la capital por el convenio de realojo de las familias del poblado de El Salobral (Villaverde), que fue uno de los mayores núcleos chabolistas de Europa. En diciembre de 2005 la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, suscribieron un convenio para el realojo de unas 350 familias, la mayoría de etnia gitana, que vivían en chabolas en "un entorno no urbanizado, sin alumbrado público, sin alcantarillado y sin recogida de basuras", según el convenio. La idea de ambas administraciones era acabar con esta situación. Para ello preveían desalojar a los residentes y demoler las construcciones ilegales.

El poblado de El Salobral estaba formado por construcciones improvisadas de cartones, uralita y planchas de metal, y en él vivían más de 1.200 personas. Se extendía por 22 hectáreas, junto al almacén de contenedores de Renfe ubicado entre la avenida de Andalucía y la M-40. Fue prácticamente engullido por excavadoras. Desde 2006, las máquinas han ido derribando una a una casi todas las construcciones. Los residentes fueron realojados en viviendas del Instituto Regional de Realojamiento e Integración Social (IRIS). En diciembre de 2007 Aguirre y Gallardón acudieron a la zona para dar por concluidos los trabajos de realojo, aunque aún quedaban una decena de chabolas.

Fuentes de la Comunidad aseguran que el coste del realojo y la demolición supuso una inversión de 37,7 millones. En el convenio de 2005 se precisaba que el Ayuntamiento y la Comunidad financiarían la operación al 50%. Se dejaba abierta la posibilidad para que el pago fuera en metálico o aportando al IRIS la mitad de las viviendas para el realojo o suelo por el mismo valor. El convenio estimaba un coste total de 160.000 euros por cada familia. El pago de la deuda estaba previsto que se hiciera en cinco anualidades, desde 2007 hasta el ejercicio de 2011. Pero, hasta la fecha, la Comunidad está a la espera de recibir el dinero del Ayuntamiento. "Son 15,1 millones más intereses", detallan desde el Gobierno regional.

La directora general de Urbanismo del Ayuntamiento, Beatriz Lobón, explicó que cuando se firmó el convenio se pactó que el pago del realojo se haría con suelo público. "Entonces a la Comunidad le interesaban parcelas para promover suelo público. Parece ser que ahora lo que le interesa es el dinero". La responsable municipal de Urbanismo asegura que hicieron la propuesta a finales de 2007 y que no han obtenido respuesta hasta finales de 2009. "Si no quieren ese suelo, buscamos otro. Es lo que estamos haciendo", agrega Lobón.

Un portavoz regional precisa que el suelo ofrecido por el Consistorio eran parcelas situadas en Los Cerros, en el sureste de la ciudad, que no estaban calificadas y sin urbanizar, por lo que su valoración era estimativa. El mismo portavoz detalla que desde 2007 se han mantenido varias reuniones entre ambas administraciones, donde se ha trasladado de forma verbal la negativa a aceptar estas parcelas como pago de los 18 millones de euros. Además, desde la Comunidad recuerdan que llevan cuatro años reclamando el pago. "Ya en 2007 el ex consejero Mariano Zabía reclamó la parte correspondiente a la primera anualidad, que aún no hemos recibido".

(www.elpais.com, 25/03/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS SE PARAPETA TRAS SU SILENCIO

Llegó un par de minutos antes de las 14.00, cuando la lluvia empezaba a caer. En su agenda no figuraba como previsión. Traje azul, piel morena, sonrisa oxidada, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, acompañado de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, detuvo sus pasos a dos metros del murete del balcón del Ayuntamiento. Prefirió no saludar al público de la mascletà, pasar inadvertido. Se colocó tras la alcaldesa, las falleras y bellees, y allí se quedó, callado. Nada que ver con los botes entusiasmados de otros años o los saludos inacabables a la multitud. Se plantó en segunda fila y no se arriesgó a que nadie le pitase como le ocurrió las Fallas pasadas.

Tampoco hizo declaraciones. Sólo después del estruendo y con las piernas ganando el vestíbulo, charló unos minutos con el líder de los populares vascos, Antonio Basagoiti, quien bromeó que "pese a ser de Bilbao había pasado un poco de miedo en la mascletà". El jefe del Consell, que únicamente ha asistido a dos mascletades estas Fallas, se reunió con la alcaldesa en su despacho antes del disparo. También acudieron el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, y la secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro. Camps y Alarte se han visto más en estos días que en todo el año pasado. Coincidieron el domingo en el balcón, igual que , y tropezaron de nuevo en la cena de la cremà que organizó el consistorio. Pese a los encuentros y el ambiente festivo, la relación entre ambos se limita a "hola" y "adiós".

La mascletà de fue la última de las Fallas 2010. El concejal de Fiestas, Felix Crespo, se descalzó del cansancio acumulado estos días fumándose un pitillo. Mientras, Barberá atendió a los medios de comunicación para hacer un balance del fin de fiesta, contar que ha ido a los toros y que el AVE, que llega en diciembre, lo cambiará todo. La alcaldesa, radiante, cogió de la mano a una niña y se despidió. Para entonces ya hacía rato que Camps se había ido.

(www.elpais.com, 20/03/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. LA TRAMA TUVO INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DE LA VISITA PAPAL

Desdén y silencio. Esta es la dieta que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, suministra a la oposición cada vez que le pregunta sobre la Gürtel. , en Les Corts, se vivió el último ejemplo. El portavoz del PSPV-PSOE, Ángel Luna, cuestionó a Camps sobre el coste de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 y el negocio que supuestamente realizaron las empresas de la trama a través de Canal 9, emisora que obtuvo la señal institucional del evento.

Luna enarboló en el hemiciclo un nuevo informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales donde, según desveló, se explica cómo el entramado Gürtel abonó minuciosamente el terreno siete meses antes de la llegada del Papa para obtener lucrativos contratos gracias a Radiotelevisión Valenciana (RTVV). El socialista apuntó que tres empresas de la trama quedaron bajo el paraguas de Teconsa, constructora que recibió el encargo de Canal 9 de sonorizar el acto principal. Por esta tarea percibió 6,5 millones. De esta cifra, 957.000 euros fueron a parar a los bolsillos de la Gürtel.

Camps siguió el relato de Luna con una sonrisa de desaire y sintetizó en un renglón su turno de réplica: "Esto es un esperpento". Luna aplaudió su "modelo de precisión" y continúo desgajando el informe para describir las relaciones entre el emisario de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pedro García, director general del ente público en aquel momento. De hecho, García, en febrero de 2009, sustituyó a Francisco Correa, en prisión, como padrino en el bautizo de la hija de Pérez. Seis meses después, dimitió como director de RTVV después que Garzón lo vinculara en su auto con el escándalo de los trajes.

Su sucesor, José López Jaraba, se ha negado sistemáticamente a mostrar a la oposición los contratos de Canal 9 con Teconsa. "Un paradigma de falta de transparencia y abuso de poder", manifestó Luna, quien recordó que no sólo la Justicia ha puesto en jaque esta concesión. El último informe de la Sindicatura de Cuentas destapa irregularidades en la adjudicación a Teconsa, que se realizó "por procedimiento negociado y sin publicidad".

Luna, que no quiso facilitar a la prensa copias del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, aseguró que se elaboró a partir de la información almacenada en un lápiz de memoria incautado durante un registro en Madrid. Según el portavoz socialista, el pen drive contenía una carpeta denominada "Visita Papa" con diversos documentos de contabilidad con partidas de gastos e ingresos que avalarían la tesis del reparto de contratos en beneficio de la trama.

En una rueda de prensa convocada por la tarde, el PP anunció que denunciarán a Luna "por revelar un informe policial que se encuentra bajo secreto de sumario". Así lo expresó el secretario general de los conservadores valencianos, Antonio Clemente, que pidió la dimisión del socialista por cometer "un delito importante e intentar destruir el estado de derecho". También exigió explicaciones a los ministros de Interior y de Justicia. Luna dijo tener la "conciencia tranquila" y que no había cometido "ningún delito".

Por su parte, Camps, tampoco ofreció una cifra global del coste de la visita del Papa, un asunto tabú para el PP. Se refirió a los números que su consejero de economía facilitó en octubre y que rondan 1.900.000 euros de aportación del Consell a la fundación V Encuentro Mundial de las Familias, integrada por la Generalitat, el ayuntamiento, la diputación y el Arzobispado. Camps reconoció que aún quedan algunas "partidas mínimas" por cuadrar. "Si son mínimas, ¿por qué destinaron en diciembre, sólo dos meses después, dos millones a esta fundación?", pregunto Luna. Esta vez no hubo respuesta.

(www.publico.es, 25/03/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA POLICÍA SOSTIENE QUE LA TRAMA ACTUÓ DE ´CONSEGUIDORA DEL CONTRATO´ DE LA VISITA DEL PAPA

"La organización [de Francisco Correa] ha actuado como intermediaria realizando una labor de conseguidor del contrato [con motivo de la visita del Papa a Valencia]." Esta es la demoledora conclusión de un informe elaborado por la Policía y al que ha tenido acceso Levante-EMV sobre la implicación de la trama Gürtel en la adjudicación de la sonorización, megafonía y montaje de pantallas de vídeo para la cobertura televisiva de la visita del Santo Padre a Valencia en julio de 2006. Canal 9 pagó 6.460.000 euros más IVA a una constructora vinculada la trama, Teconsa, que a su vez subcontrató con tres firmas que realizaron realmente el servicio. A través de éstas, la red de Correa ingresó en caja "al menos 957.300 euros en concepto de comisión por su intermediación en la adjudicación".

El portavoz del PSPV, Ángel Luna, exhibió este informe desde la tribuna de las Corts en la sesión de control al presidente Francisco Camps, para advertir al titular del Ejecutivo de que, por más que se anulen algunas grabaciones, hay documentos y pruebas para sostener la acusación contra los responsables del PP "que no van a ser anulados porque no son parte de unas escuchas".

Luna, quien declinó facilitar después el documento, explicó que el informe, de julio de 2009, se realizó con la información procedente de un "pen drive" requisado por la Policía Nacional "en un registro en una casa de seguridad de la trama Gürtel" en la calle Martínez Campos de Madrid, donde había documentos y plantillas "excel" con "contabilidad de la trama". El documento, de unas 80 páginas, revela la existencia en el "pen drive" de una carpeta, bajo el epígrafe "Visita del Papa", con archivos referidos a "presupuestos provisionales del coste-beneficio del evento (hoja de costes)", "distribución de los beneficios entre las personas participantes en la adjudicación" o "conversión del dinero para ocultarlo en facturas ficticias", según reza la investigación policial.

La conclusión, para la policía, es que "la organización de Correa tiene el control del presupuesto del evento", así como de "la distribución del beneficio generado por la realización del mismo". "La consecución del contrato de TVV con motivo de la visita del Papa obedece a la relación directa de la organización con el director general de dicha televisión, Pedro García [quien dejó el ente en agosto de 2009], y con personas vinculadas a la fundación que lo organiza". Se refiere a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familias, integrada por la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia y el Arzobispado, que cedió a RTVV la cobertura audiovisual del evento el 27 de febrero de 2006, con la firma de un convenio de colaboración.

La adjudicación posterior a Teconsa estaba presuntamente tan amañada que, tal como se evidencia en el informe, más de un mes antes de que se moviera nada, las empresas que resultaron beneficiarias de los contratos ya eran conocedoras y preparaban su participación en la contrata futura. El informe recoge cartas de las empresas subcontratistas (Apogee e Impacto) a Teconsa en enero y febrero de 2006, antes de la firma del citado convenio. La primera de las misivas es del 17 de enero. El responsable de Apogee, Carlos Fragio, pide a Teconsa una entrevista con algún responsable para trabajar en la visita del Papa. En otra carta, ésta de Impacto Producciones, del 1 de febrero de 2006, se pide a Teconsa colaboración porque "nos hace falta respaldo de una gran compañía que soporte financieramente" la actuación. "Desconocemos, porque aún no está definido, el tipo de concurso", añaden. En palabras de Luna, las firmas "prepararon el terreno" antes de saberse la contrata. RTVV dio esa contrata por procedimiento negociado sin publicidad el 10 de mayo de 2006, tras pedir 7 presupuestos, entre otros, a Teconsa. La colaboración entre Teconsa y Apogee se sella en un documento fechado el 28 de abril de 2006, en el que se especifica que los servicios que Apogee prestará a Teconsa están valorados en 1.050.000 euros. En los papeles se da fe de una reunión entre Fragio y los cabecillas de la trama Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, "El Bigotes", para hablar de los negocios que tenían.

El informe desnuda la estrategia mediante la que la trama, una vez conseguido el contrato, "ha captado" a empresas que actuaron como "socio técnico" -la firma de ingeniería alemana Sirius y las empresas audiovisuales españolas Apogee e Impacto-, "prestando a una sociedad interpuesta controlada por ellos y con calificaciones oportunas [Teconsa], que resulta la adjudicataria y luego subcontrata" con aquellas. De este modo, agrega, la trama "logra con ello desvincularse de la operación, al no aparecer entre ninguno de los agentes que intervienen". Teconsa, ligada a la red Gürtel a través de su apoderado Blanco Balín, asesor financiero de Correa, ejerció "de pantalla".

La comisión, sin embargo, la cobraron antes de que el Papa pisara España. Pablo Crespo, número dos de Correa, recogió el millón de euros de Apogee, tal como desvela un archivo intervenido al contable de la trama, referidos a los días 21, 22 y 30 de junio de 2006.

(www.levante-emv.com, 25/03/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS JUSTIFICA LA CENSURA Y ANUNCIA QUE VETARÁ A QUIENES OPINEN CONTRA EL PP

Los 20 días de silencio del alto mando de la Diputación de Valencia sobre la castración de la muestra de fotoperiodismo en el MuVIM estallaron en el pleno como una carcasa que rompió en una palmera de acusaciones para defenderse de las críticas que les han llovido hasta desde la BBC. El presidente, Alfonso Rus, y su vicepresidente Juan José Medina negaron la condición de verdugo y se proclamaron víctimas de un sinfín de espíritus malignos por enemigos del PP -según ellos- que fueron exorcizados con sendos discursos que encendieron el debate. Atacaron a la Unió de Periodistes Valencians, al columnista de Levante-EMV Alfons Cervera, al propio diario, al colectivo "Ja en tenim prou", que en 2007 pidió el voto contra el PP, a concejales socialistas de Alaquàs y Quart por denunciar Gürtel en las puertas de un acto de Camps, a Ferraz, a los que se manifestaron ante las sedes del PP en la jornada de reflexión del 14-M de 2004 y al dimitido director, Román de la Calle.

Rus no sólo defendió la censura sino que lamentó que no fuera previa ("la obligación de Enguix era haber visto la exposición antes de la copita inaugural", dijo) y, con toda naturalidad, confesó: "No entendería que a un ayuntamiento le hicieran una exposición en contra y dijera: ponedla". Acabó su alegato lanzando una advertencia que rozó la amenaza: "A la Unió de Periodistes le digo, después de ver los escritos contra el PP, que he tomado nota". El día anterior, en una entrevista en Popular Televisión anunció: "Miraré quien haya firmado un manifiesto contra el PP". Y será vetado, por ejemplo, para sustituir a De la Calle en el MuVIM, "aunque sea el mejor catedrático". "Mientras yo sea presidente", subrayó.

Medina y Rus achacaron toda la responsabilidad de la decisión censora al diputado de Cultura, Salvador Enguix, que no estuvo en el pleno porque se sometía a una intervención quirúrgica. El presidente "no" autorizó la decisión, dijo Medina por escrito al PSPV. "Había fotos que no me parecían bien. A Enguix tampoco y yo le dije, tú mandas", fue la explicación de Rus sobre los hechos. Pero el vicepresidente dejó claro que todo el grupo "respalda políticamente" a Enguix.

La retirada de fotos se produjo porque "herían sensibilidades", según Medina. ¿La de quién? La suya. "Cuando observas que las fotos seleccionadas lo han sido con la presunta intención de tachar a unos de buenos y a otros de malos", dijo. Rus, quien el día anterior dijo que le ponía "cachondo" la polémica, afirmó que la muestra era una "apología del caso Gürtel" -"que la hagan en su casa", espetó-y que había fotos en la exposición "que no me parecían bien" mientras "echamos de menos otras". Medina enseñó una a una las instantáneas que habrían salvado la muestra de la hoguera: colas del INEM, la de la madre de Leire Pajín celebrando la moción de censura de Benidorm, la plaza de toros llena aclamando a Rajoy y De la Vega compungida por la derrota de las europeas.

La Unió de Periodistes no eligió esos retratos porque es una entidad "que está en un extremo y debería ser un poco más abierta y centrada", acusó Medina. Para bordar el argumento, sentenció que varios "miembros" de esta asociación firmaron el manifiesto de Ja en tenim prou crítico con el PP. "La mayoría de esos señores", remató Rus.

Los 17 votos que tenía el PP tumbó las mociones del PSPV y EU (11 votos cada una), que pedían reponer la muestra y recuperar a Román de la Calle.

(www.levante-emv.com, 25/03/10)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. PODER, SEXO Y UN VÍDEO EN CANAL 9

El mismo año en que llegó a la presidencia de la Generalitat, Eduardo Zaplana nombró a Vicente Sanz número dos de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). El hombre que dijo tras la primera victoria electoral de los populares en la Comunidad Valenciana "ahora nos vamos a forrar", es probablemente la persona que durante más tiempo ha ocupado uno de los cargos de mayor rango en una empresa pública valenciana. Un rumor, nunca desmentido, atribuía la longevidad en su puesto al hecho de que es el poseedor de secretos lo suficientemente importantes como para acabar con la carrera de más de uno y más de una política relevantes en el PP. Quince años ha permanecido en su cargo viendo pasar a toda clase de directores generales del ente televisivo autonómico.

Sin embargo, bastó con que tres periodistas presentaran el viernes 19 de febrero una denuncia por acoso sexual para que todo el poder del que Sanz presumía, real o ficticio, se viniera abajo en muy pocos días. La denuncia en sí y las declaraciones ante la titular del Juzgado de Primera Instancia número uno de Paterna fueron tan contundentes que la magistrada, tras escuchar a Vicente Sanz, decretó de inmediato una orden de alejamiento de éste respecto de las denunciantes.

La juez explicó que las manifestaciones de las víctimas resultaban creíbles frente al alegato de Sanz de que las relaciones sexuales con las denunciantes habían sido consentidas. Su decisión se basa en los siguientes hechos: De la presentación de la denuncia no se puede deducir que las demandantes tengan ningún motivo espúreo o pretensión alguna de beneficiarse y, además, que se encuentren bajo tratamiento psicológico o psiquiátrico es contradictorio con la explicación del ex secretario general de que las relaciones eran buscadas. La magistrada afirma que "el temor revelado por [las denunciantes] se manifestó como real, aparentan sentir ansiedad y terror ante cualquier contacto con el imputado".

Durante 15 años, el ex secretario general de RTVV tuvo un poder absoluto que, en la práctica, estaba por encima, incluso, de los directores generales. Tras la denuncia de las tres periodistas han sido no pocos los profesionales que han dicho que estas prácticas eran conocidas; pese a ello, han estado callados. Para romper este silencio tres empleadas de la televisión pública valenciana han denunciado los abusos de poder, el acoso sexual, y se han armado con mensajes, correos y una grabación de vídeo para romper la paz de los cementerios.

(www.elpais.com, 21/03/10)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL SÁTRAPA DE BURJASSOT

Vicente Sanz ha controlado durante 15 años Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Desde su puesto de secretario general técnico, que llevaba aparejado el cargo de jefe de personal, se comportó como un auténtico sátrapa, un señor feudal que se creía con derecho de pernada, al que sólo le faltó pasearse a caballo por las instalaciones de Burjassot para que quedara claro, por si acaso no lo estaba, quién mandaba en realidad en Canal 9. Sanz fue una suerte de sheriff de Nottingham ante unos directores generales que, como el Juan sin Tierra de la leyenda de Robin Hood, se mostraron tolerantes, pusilánimes y acobardados ante el poder, real o ficticio, que emanaba de la figura de su teórico subalterno, reforzado por la leyenda de que era el custodio de inconfesables secretos del PP que podrían acabar con la carrera de más de uno y más de una política relevante del PP.

Toda la fachada se derrumbó el viernes 19 de febrero cuando tres periodistas, hartas de soportar las humillaciones, los abusos sexuales, la prepotencia, las amenazas y las sevicias del sátrapa de Burjassot decidieron denunciarle ante los juzgados de Paterna. La titular del número uno, encargada de la investigación, sólo con las declaraciones de las demandantes, tuvo motivos suficientes para dictar orden de alejamiento contra Vicente Sanz. Entendió que existían indicios suficientes para acreditar que las denunciantes "durante diferentes periodos, comprendidos entre octubre de 2007 y febrero de 2010, recibieron continuas llamadas y mensajes de Vicente Sanz Monlleó en que alardeando del poder que él tenía en RTVV y de las dificultades laborales en que podría poner a las perjudicadas y sus familias, las instó a enviarle fotos de sus partes íntimas y de su ropa interior, las obligó a subir en reiteradas ocasiones a su despacho y les hizo practicar en él actos de naturaleza sexual diversos, siempre bajo dicha amenaza de ejercer el poder que ostentaba en su contra".

La pregunta, obligada, es: ¿Cómo es posible que unas mujeres adultas, con formación universitaria y, en algún caso, con experiencia política se prestaran durante tanto tiempo a las indecencias de su superior sin denunciarle? ¿Cómo aguantaron tanto? ¿Por qué no presentaron una queja formal ante los superiores de Sanz? La respuesta a todas estas cuestiones aparece en el auto de la juez: El miedo derivado del omnímodo poder que de forma impúdica e insultante exhibía el propio Sanz. Un pavor que queda claramente reflejado en las declaraciones de las tres periodistas.

Lo que sigue es el relato de los hechos de acuerdo con las declaraciones realizadas en el juzgado el lunes y el martes pasado por parte de las denunciantes y de Vicente Sanz

(www.elpais.com, 21/03/10)

35. ISLAS CANARIAS. FALLECE LA PRINCIPAL ACUSADA DEL CASO FAYCÁN

La principal imputada por el caso Faycán, Toñi Torres (PP), falleció este jueves tras caer de un edificio en la capital grancanaria. El caso investigó la presunta corrupción del gobierno municipal del PP en Telde (Gran Canaria).

La operación estalló en julio de 2005, tras la denuncia de una empresaria, que afirmó que la Concejalía de Obras Públicas que dirigía Torres, le había exigido el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.

Torres fue detenida, y permaneció en prisión durante 62 días acusada de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y revelación de secreto.

En noviembre de 2006 fueron arrestados, además, el alcalde, Francisco Valido, y cinco concejales conservadores acusados de cohecho. Quedaron en libertad provisional con cargos, pero el PP les suspendió de militancia y los imputados renunciaron en sus respectivos cargos. Torres estaba a la espera de juicio.

(www.publico.es, 26/03/10)

36. CASTILLA-LA MANCHA. EL PP IMPIDE DESBLOQUEAR EL ESTATUTO MANCHEGO

El Partido Popular aguó las posibilidad de cerrar un acuerdo definitivo sobre la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, encallada en el Congreso desde hace un año y medio tras ser aprobada por unanimidad entre el PSOE y el PP en las Cortes regionales.

Los conservadores, que habían evitado hasta ahora pronunciarse sobre las referencias a la política hidráulica que recoge el texto, perseveraron en su indefinición hasta hacer inviable la luz verde final. La ponencia que prepara el trabajo de la Comisión Constitucional, encargada de redactar un dictamen sobre el texto recogiendo los puntos de acuerdo, volverá a reunirse el 8 de abril para tratar de desbloquear el texto.

"El PSOE nos ha señalado que estaba en condiciones de presentar otra propuesta, pero lo cierto es que no nos la han entregado", adujo el ponente del PP, Arturo García-Tizón. "Los socialistas han hecho esfuerzos de acercamiento, pero el PP no ha planteado una propuesta alternativa", explicó desde el PSOE Alejando Alonso.

Ambos se esforzaron en trasladar una imagen de avance "seguramente definitivo", según Alonso a la espera de que las dos semanas que restan hasta que su próxima reunión limen el gran escollo que impide el acuerdo, la inclusión en el texto de una reserva de agua de 4.000 hectómetros cúbicos que garantice las necesidades de Castilla-La Mancha.

Este punto cuenta con el rechazo de los Gobiernos conservadores de Murcia y la Comunitat Valenciana, que han hecho de la guerra del agua una rentable herramienta política, y de los socialistas en estos dos territorios, resignados ante el apoyo que el Ejecutivo y la dirección federal del PSOE han prestado a las tesis que recoge la reforma.

"Hacer de esta cuestión el sí o el no del Estatuto me parece un error", explicó García-Tizón. El ponente del PP evitó calificar la propuesta en los más estrictos términos de la ambigüedad al señalar que no le parece "ni bien, ni mal". El diputado conservador se dijo partidario de incluir una reserva hídrica en el texto como recoge el Estatuto de Aragón, que sí contó con el visto bueno de los conservadores, pero se negó a concretarla.

Ahogado en este punto, el Estatuto recibió , únicamente, una notable inyección de esperanza por parte de los partidos mayoritarios. "Se ha avanzado mucho en la búsqueda del consenso para que sea asumible por los grupos; ha habido muchas coincidencias, quedan pocas diferencias y se está muy cerca de un acuerdo", señaló García-Tizón. "Se ha hecho un avance importantísimo en el camino de la aprobación", resumió Alonso. "Si las diferencias son nimias, como admite literalmente el PP, es lógico el optimismo", concluyó el diputado socialista.

A pesar de esta escenificación del acercamiento, el texto navega aún por el cauce de la incertidumbre, como reconocen en privado todos los actores implicados en su negociación. En la próxima reunión de la ponencia, el PP estará obligado a pronunciarse. Si admite la última oferta del PSOE la tercera que lanza en aras del acuerdo el texto caminaría con rapidez y por unanimidad hacia su aprobación. En el caso contrario, la tramitación no quedará en vía muerta, sino que seguirá adelante, según advierten los socialistas, hasta ser aprobado con o sin el concurso de losconservadores.

En medio de este cruce de impresiones, el portavoz de IU, presente también en la reunión de la ponencia, hizo las veces de observador y de árbitro para resumir al término del encuentro una impresión menos contagiada de optimismo: "Estamos en tablas, tan cerca del acuerdo global como deldesacuerdo total".

(www.publico.es, 26/03/10)

37. CASTILLA-LA MANCHA. DENUNCIAN TRATO DE FAVOR DEL PP EN CUENCA

La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Cuenca, gobernado por el PP, se ha convertido en el nuevo quebradero de cabeza de los conservadores castellano-manchegos. El PSOE lleva denunciando desde hace días "irregularidades" en las concesiones de licencias de obras.

Los socialistas han alertado de que el concejal de Urbanismo, Pedro Vallejo Chanal, continúa ejerciendo su actividad como arquitecto en la empresa Vallejo y Sáiz Arquitectos, que comparte con su mujer, la también arquitecta Sonia Sáiz Herráiz. Según afirmaron, esta es, a su vez, la presidenta del Colegio de Arquitectos de Cuenca.

Este diario ha tenido acceso a un documento, con fecha de 11 de octubre de 2007 tres meses después de que Vallejo fuese nombrado concejal por el que el propio edil otorga una licencia urbanística municipal para la reforma integral de viviendas a un proyecto suscrito por su esposa.

En otro documento del 18 de octubre de ese mismo año, el propio alcalde, el conservador Francisco Javier Pulido Moreno, otorgó una licencia urbanística municipal para la ampliación de un local comercial a un proyecto suscrito por su concejal de Urbanismo.

"Desde el punto de vista ético, es completamente inmoral. Pero desde la perspectiva política, es inadecuado, porque el concejal de Urbanismo tiene intereses en los proyectos que presentan tanto él como su mujer", afirmó Inmaculada Cruz, portavoz del Grupo Socialista Municipal en el ayuntamiento conquense. Ante sus denuncias, los socialistas temen que comiencen a desaparecer los expedientes de licencias "comprometedores" para Vallejo.

Trabajadores del ayuntamiento explicaron que se vive en un "clima de desconfianza". mismo, el gerente del departamento, Héctor Álvarez Arias, requirió la presencia de la Policía Local porque, según explicaron desde el consistorio, no encontraba uno de los expedientes. La entrada de los agentes en las citadas instalaciones municipales agravó esa desconfianza.

Inmaculada Cruz indicó que "el expediente que buscaba el gerente era uno de los que había firmado Vallejo a favor de su mujer". "Dos agentes de policía entraron en las oficinas y supervisaron la búsqueda del documento, que finalmente se encontraba en la mesa de una de las arquitectos, que estaba revisándolo", explicó.

Cruz cree que la decisión del gerente de llamar a la policía se debe a que en el ayuntamiento "se están poniendo nerviosos" ante las denuncias del PSOE, "porque a nadie se le ocurre meter a agentes armados en un edificio civil sin preguntar antes a los funcionarios si conocían el paradero del expediente en cuestión".

Fuentes del ayuntamiento indicaron que el alcalde "ha solicitado informes de lo sucedido a la Gerencia de Urbanismo, a la Policía Local y a la Junta de Personal cuyos miembros fueron alertados del registro".

Según informó el miércoles El Día de Cuenca, varios arquitectos conquenses se han percatado, además, de que las licencias que pide la esposa del concejal se otorgan con "mayor celeridad" que las demás. El PSOE ya ha puesto el asunto en manos de sus servicios jurídicos" y no descarta ir a los tribunales.

(www.publico.es, 26/03/10)

38. CASTILLA-LA MANCHA. BARREDA DENUNCIA LA ECLOSIÓN DE CAMPOS DE GOLF EN MURCIA

La Junta de Castilla-La Mancha primero usó aviones para auditar el uso del agua en Murcia. Ahora ha encargado un nuevo informe a la Universidad de Castilla-La Mancha sobre cómo se riegan los campos de golf de aquella región. El informe concluye que en los últimos cuatro años han abierto 17 campos de golf en Murcia y que entre 15 y 22 hectómetros cúbicos al año en la cuenca del Segura se usan para regarlos. La Junta aviva así la guerra del agua a cuenta del Estatuto de Castilla-La Mancha.

El consejero de Ordenación del Territorio castellano-manchego, Julián Sánchez Pingarrón, explica: "Los nuevos campos de golf han coincidido con un periodo de intensa sequía y sospechamos que se han regado con agua del trasvase, un uso que no es prioritario". La Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente de Medio Ambiente, afirma que todos los campos se riegan con agua depurada. Sánchez Pingarrón lo duda: "Ha habido importantes trasvases estos años y eso redunda en el total de la cuenca y es lo que permite que abran esos campos de golf. Los propios regantes del Segura dicen que no se riegan con agua depurada".

La Junta se escuda en las alegaciones al plan de cuenca presentadas por regantes como La Unió de Llauradors, de Alicante. Daniel Martínez, responsable de las alegaciones, explica que hay campos de golf "que se riegan con la dotación de riego que tenía el terreno" cuando lo compró el promotor: "Son contratos privados que no quedan registrados".

La Comunidad de Murcia, gobernada por el PP, estima que este informe es un enredo demagógico del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda (PSOE), en plena negociación sobre el estatuto, y añade que en Andalucía hay muchos más campos de golf sin que nadie los critique. Aunque oficialmente el agua es depurada, a menudo los campos de golf están verdes antes de que las casas que lo rodean estén habitadas. El campo de golf consume la misma cantidad de agua que la alfalfa, pero la rentabilidad es hasta 20 veces mayor, lo que hace que el sector considere demagógica la crítica a los campos de golf y no a los regadíos.

(www.elpais.com, 24/03/10)

39. REGIÓN DE MURCIA. PARAMOUNT DESCARTA LA CONSTRUCCIÓN EN MURCIA DE UN PARQUE TEMÁTICO

La multinacional Paramount Pictures desmintió , a través de un portavoz, que en la Región de Murcia se vaya a construir un parque temático, argumentando que "no tiene planes ni compromiso alguno de desarrollar un parque de los estudios Paramount o estudios de servicios de producción en territorio español".

Hace tan solo unos días, el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, aseguró que el proyecto para construir un parque temático y unos estudios cinematográficos en Murcia por parte de Paramount Pictures "no son promesas en el aire, sino que tienen un fundamento bastante sólido". Por ello, el portavoz de Paramount Pictures quiso ser tajante: "No habrá parque temático en Murcia".

De esta forma, Paramount ha salido al paso de las informaciones que se han ido publicando en los medios de comunicación desde que se conociera la noticia de que la multinacional se habría interesado en construir en dicha Comunidad un parque temático y unos estudios cinematográficos.

Igualmente, desde la multinacional se desconoce con quienes exactamente se reunieron el presidente y el consejero murciano en Dubai, puesto que "nuestros estudios no tienen conocimiento". "No sé si mienten, pero el compromiso no es real, ni existe por escrito ni apalabrado sobre los estudios en España", incidió el representante de Paramount.

(www.levante-emv.com, 24/03/10)

40. REGIÓN DE MURCIA. PRIMER TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL DE AGRICULTURA DE MOLINA DECLARAN POR EL CASO "HEREDAMIENTO"

El Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Molina de Segura, José Angel Alfonso Hernández, y el Concejal de Agricultura, Vicente Fernández Oliva, declararán mañana miércoles, 24 de marzo, a las 11.30 de la mañana, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Molina de Segura, en calidad de testigos. Dicha comparecencia es consecuencia de los hechos acaecidos el pasado 25 de enero de 2009 durante el Juntamento Ordinario que cada año celebra el Heredamiento Regante de Molina de Segura en el mes de enero, y al que dichos políticos acudieron como invitados por parte del Sindicato de Riegos.

En el momento de proceder a las votaciones, el Presidente del Sindicato de Riegos, Joaquín Contreras García, prohibió el derecho al voto de los asistentes, invocando un artículo de las Ordenanzas que previamente "había sido manipulado con tal intención", aludiendo a la prohibición del derecho al voto bajo el pretexto de una suspuesta derrama de 300 euros/tahúlla aprobada por el Sindicato, y no por el Juntamento, "contraviniendo así lo dispuesto en las Ordenanzas", según la Asociación en defensa de los intereses de los Regantes del Heredamiento de Molina de Segura. Ante la imposibilidad de hacer valer su criterio, Contreras suspendió la celebración de la Asamblea, lo que motivó la interposición de una denuncia en los juzgados por parte de los asistentes, según informa este colectivo.

Suspendido el Juntamento del 2009, y no habiéndose celebrado hasta la fecha el correspondiente al 2010, "no puede existir decisión alguna por parte del mismo en materia de aprobación de derramas y solicitud de créditos bancarios, toda vez que éste es el único competente para adoptar tales acuerdos".

A pesar de estos hechos,  desde la Asociación se ha tenido conocimiento de la solicitud y concesión de un préstamo de 700.000 euros al Sindicato de Riegos, así como de la reciente emisión y puesta al cobro de una nueva derrama de 12,02 euros/tahúlla que en estos días está llegando a los agricultores. Desde la Asociación se insiste en la ilegalidad de la misma, por no cumplir las condiciones legalmente establecidas, y se recomienda a todos los agricultores afectados que se abstengan de pagarla hasta tanto no se aclare la situación.

(www.vegamediapress.com, 23/03/10)

41. ISLAS BALEARES. ALTOS CARGOS DE IB3 CONFIRMAN AMAÑOS DE CONCURSOS A FAVOR DE JOSÉ LUIS MORENO

Altos cargos de IB3 han confirmado a la Guardia Civil la falsificación de concursos para favorecer al empresario y artista José Luis Moreno, quien ha obtenido beneficios millonarios de la televisión pública balear. El primero en denunciar estas prácticas ante los fiscales anticorrupción fue Luis Velasco, empleado de Moreno que, además, relató cómo su jefe entregó un sobre marrón con 250.000 euros al ex presidente Jaume Matas en el vestíbulo del Casino de Mallorca en 2005.

El testimonio de Velasco perdió credibilidad cuando el pasado 5 de marzo no acudió a declarar ante el juez José Castro. Sin embargo, su versión no ha sido la única que ha recabado el Grupo de Delitos Contra el Patrimonio de la Guardia Civil. La jefa de producción en aquella época ha confirmado el "amaño" de varios concursos y las "presiones" para que firmara las propuestas que luego trasladaba al director de antena, Arturo Orrico.

Una de las presuntas manipulaciones detalladas se refiere a la construcción de los decorados. La propuesta de la sociedad Miramon Mendi, propiedad de Moreno, habría llegado cuando el plazo para la presentación de ofertas ya estaba cerrado. La jefa de Producción además da cuenta de su negativa a pagar facturas con "irregularidades": contenían "cantidades desproporcionadas" y "pagos duplicados" de un mismo servicio.

Esta revelación también está apuntalada por el que era jefe de contratación y por la agenda personal de la jefa de administración. En esta agenda aparece anotada una reunión ya relatada por Luis Velasco, a quien José Luis Moreno ha denunciado por amenazas e injurias. Dicho encuentro tuvo lugar el 15 de abril de 2005 y, según Velasco, Orrico propuso a Moreno la construcción de los decorados a pesar de que el concurso estaba cerrado.

Entre 2005 y 2007, Luis Velasco ejerció de representante en Balears de las sociedades del productor y conocido ventrílocuo de los muñecos Monchito, Macario y el cuervo Rockefeller. En los correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil, Velasco comunica a Moreno los pingües beneficios que logran de IB3. Cada mes facturaban al canal autonómico 189.000 euros pese a que los costes no superaban los 65.000. Por ejemplo, cada emisión de un magacín de actualidad le costó al ente público unos 9.000 euros, a pesar de que el precio real no llegaba a los 3.000. "El beneficio industrial para este tipo de programas está marcado entre un 10 y un 20% del presupuesto, y en este caso superaba el 60%", relata el ex empleado de Moreno.

Moreno ha tenido también un estrecha vinculación con Radio Televisión Valenciana (RTVV). Así, en los últimos tres años, ha mantenido en antena al menos cuatro espacios para la televisión pública valenciana: la serie Planta 25, y los programas Érase una vez la Navidad, los especiales Noche sensacional Fin de Año y el programa nocturno de los sábado Noche sensacional. Éste último puso el punto final a la relación de Moreno con el ente público valenciano, cuando en diciembre de 2009 RTVV anunciaba que no renovaría el espacio.

Entonces, también se hizo público el cese del programa El picú, de la productora valenciana Vértigo Consulting Audiovisual, administrada por Orrico, a quien en diversas informaciones periodísticas se le ha calificado de próximo a Moreno.

(www.levante-emv.com, 21/03/10)

42. ISLAS BALEARES. RAJOY NIEGA EL APOYO A MATAS TRAS ANALIZAR SU CASO CON EL PP BALEAR

Que nadie espere que Mariano Rajoy o alguno de los miembros de su equipo de confianza vaya a poner la mano en el fuego o a arriesgar su propia imagen por arropar al expresidente balear Jaume Matas, que está llamado a declarar hoy en un juzgado de Palma por su posible implicación en el caso Palma Arena, por financiación ilegal del PP y por un supuesto enriquecimiento personal ilícito, entre otras cosas. "Hemos hablado con los de allí [en referencia a los populares de las islas] y la cosa pinta mal", sostiene un relevante dirigente conservador para justificar las distancias marcadas.

La prueba de que la dirección del PP se está preparando para "lo peor" en este asunto es la lánguida respuesta que dio la vicesecretaria general de los populares, Ana Mato, cuando fue preguntada en una rueda de prensa por su excompañero de organización. "Estoy segura de que Matas dará todas las explicaciones ante la justicia que le pidan y me gustaría que pudiera demostrar su inocencia", afirmó.

Tampoco los conservadores baleares se mostraron más optimistas: Francesc Fiol, portavoz de los populares en el Parlamento autonómico, admitió estar "preocupado" por el devenir del caso que afecta a su expresidente. De hecho, el actual responsable del partido en el archipiélago, José Ramón Bauzá, ni siquiera estará en Palma el día en que debe declarar su antecesor en el PP: ha alargado su estancia en Argentina, pese a que la mayoría de los dirigentes conservadores que le acompañaban en la ronda por Latinoamérica ya regresaron a España.

Pero a Matas no parece afectarle lo más mínimo el verse repudiado por sus compañeros. Al menos, así se deduce de las declaraciones de uno de sus abogados, el mallorquín Rafael Parera, quien aseguró que su cliente se encuentra "entero" para declarar ante el juez.

Parera y Manuel Ollé son los letrados que han preparado la defensa de Matas y su mujer, Maite Areal, durante el fin de semana, después de que el matrimonio se desplazara desde Estados Unidos hasta Madrid. Junto a la pareja deben declarar el hermano de Maite, Fernando Areal, y el expresidente de Gesa-Endesa Bartomeu Reus .

(www.elperiodico.com, 23/03/10)

43. ISLAS BALEARES. EL JUEZ INTERROGA A JAUME MATAS SOBRE EL 'CASO PALMA ARENA'

El ex presidente del Govern balear Jaume Matas ha llegado a declarar en calidad de imputado ante el juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, quien interrogará al ex jefe del Ejecutivo sobre las decisiones que fueron adoptadas durante la construcción del velódromo palmesano y que derivaron en el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos, así como acerca de su incremento patrimonial supuestamente ilícito durante su segunda etapa como máximo mandatario de la Comunidad balear.

En torno a las 8.50, Matas ha sido recibido a las puertas de los Juzgados de Vía Alemania en medio de fuertes medidas de seguridad y ante una gran congregación de medios de comunicación y de miembros de la Policía Nacional, que trataban de impedir ningún tipo de incidencia. Aunque lo que no han podido evitar es que el ex presidente balear fuera recibido con abucheos y pitos por parte de los ciudadanos que se encontraban esperando su llegada.

Aún así Matas no ha entrado a declarar solo, ya que le acompañaban su mujer Maite Areal, su cuñado y ex tesorero del PP, Fernando Areal, y el ex conseller del primer Govern presidido por Matas y presunto testaferro de éste, Bartomeu Reus, también emplazados a declarar junto a él. "Buenos días", se ha limitado a decir el ex president balear, mientras caminaba a pie hacia la puerta trasera del edificio en compañía de su mujer y su letrado, Rafael Perera. 

Una jornada en la que también han sido emplazados a declarar la mujer del ex jefe del Ejecutivo balear, Maite Areal, su cuñado y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, y el conseller de Obras Públicas en el primer Govern de Matas y presunto testaferro de éste, Bartomeu Reus, todos ellos como encausados dentro de este procedimiento que suma más de cuarenta imputados. Entre ellos, ex altos cargos del PP, empresarios, constructores y proveedores que participaron en las obras de la considerada infraestructura estrella de los conservadores durante la pasada legislatura (2003-200).

La de Matas, sin embargo, está prevista como la comparecencia más esperada en el marco de la instrucción del caso por cuanto han arrojado ante el juez imputados y testigos en referencia a la vinculación del ex dirigente 'popular' con las presuntas irregulridades cometidas a lo largo de la construcción y con el tren de vida que llevó durante el pasado mandato, una forma de vivir que, de acuerdo a las investigaciones, no se corresponde con los ingresos que obtenía. Ahora, alejado de la vida política y social española (en la actualidad reside en Nueva York), Matas deberá explicarse ante la justicia.

A tenor de las pesquisas realizadas, el titular del Juzgado de Instrucción número 3, encargado de instruir el desfase económico en la ejecución del Palma Arena y su posible conexión con el incremento de bienes de Matas, atribuye al ex ministro de Medio Ambiente un total de nueve tipos penales: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, un delito fiscal y otro electoral, castigados con penas que pueden alcanzar los treinta años de prisión.

Es por todo ello que, después de que el ex presidente perdiera las elecciones en 2007 y con ello su condición de aforado, el magistrado podría solicitar medidas cautelares contra el inculpado en caso de que así lo soliciten la Fiscalía anticorrupción o la acusación particular tras la declaración que lleve a cabo el ex jefe del Ejecutivo, que prevé prolongarse durante dos o tres días.

(www.publico.es, 23/03/10)

44. ISLAS BALEARES. EL CUÑADO DE MATAS CONFIESA QUE ESTE LE DIO 132.000 EUROS EN SOBRES

El ex presidente balear y ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas acudió a los juzgados de Palma para declarar por nueve presuntos delitos de corrupción. Hoy comparecerá de nuevo, porque su defensa prefirió interrumpir la declaración de Fernando Areal, su cuñado y ex gerente del PP, cuando estaba siendo acosado a preguntas. Lo hizo tras desvelarse en la causa detalles sobre posibles maniobras financieras de la familia Matas. El pinchazo de las comunicaciones telefónicas del apoderado de Matas en el PP y en sus negocios aportó diálogos comprometedores para el ex líder que desbarataron su defensa.

El juez José Castro esgrimió la pieza secreta con las intervenciones telefónicas a mitad del interrogatorio a Areal, quien había reconocido pagos en efectivos, hechos en la sede del PP en nombre de su cuñado, para sufragar obras (32.000 euros) de su piso de Palma. Asumió haber dado la paga y señal (100.00 euros en metálico) del piso que la familia Matas usa en Madrid. Areal confesó que la familia Matas le dio ese dinero en sobres

Areal negó el dato por el que se le imputa: haber abonado "en dinero negro" 71.058 euros a la agencia de publicidad Nimbus, que efectuó la campaña electoral del PP y de Matas en 2007 y, al tiempo, habría recibido 2,4 millones de contratos oficiales.

El contenido de las grabaciones a Areal -que no fueron divulgadas- desvela la intención de los implicados (el matrimonio Matas y su familia) de efectuar aparentes maniobras financieras para justificar su alto nivel de gasto y las inversiones realizadas: más de cuatro millones en apenas cinco años. Así como el uso de varias partidas en efectivo, supuesto dinero negro de posibles comisiones ilegales.

Según fuentes judiciales presentes en el interrogatorio, tras su imputación, Matas y sus familiares pretendieron hallar datos para demostrar que poseían una capacidad económica superior a la declarada en su renta, o sea, más liquidez que sus nóminas.

La defensa del clan Matas adujo indefensión; solicitó primero parar la declaración, después improvisó una estrategia escapista y aplazó la comparecencia del ex presidente. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach y el juez José Castro intervinieron las comunicaciones privadas de Fernando Areal con Jaume Matas, con su hermana Maite Areal, con el abogado de los tres, Rafael Perera, y con el supuesto testaferro inmobiliario, el ex ejecutivo de Endesa Bartolomé Reus, que está imputado y debe declarar hoy. Reus, ex consejero con Matas, figura como propietario del piso de Madrid que la familia Matas reformó y habita. Un inmueble adquirido sobre planos por Maite Areal, que pagó 100.000 euros en arras y luego pasó la propiedad a Reus. El cuñado justificó ese cambio de propiedad para tapar un signo de ostentación y proteger la imagen del entonces presidente en campaña electoral. "Que no nos deje con el culo al aire", dice Areal a un interlocutor, presumiblemente Matas, en una de las grabaciones.

La causa nace de la investigación del sobrecoste de 40 millones en el polideportivo Palma Arena, que gestionó Matas. Y está relacionada con la supuesta financiación ilegal del PP y con la compra del palacete familiar.

(www.elpais.com, 24/03/10)

45. ISLAS BALEARES. MATAS LLAMÓ AL FISCAL JEFE BARCELÓ PARA INTENTAR NEUTRALIZAR A ANTICORRUPCIÓN

Jaume Matas quiso neutralizar la actuación de los fiscales Anticorrupción de Balears, Juan Carrau y Pedro Horrach. Y lo hizo llamando por teléfono desde Estados Unidos al móvil personal del fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló. El ex president del Govern le pidió a su interlocutor que estuviera presente en la declaración que tenía que realizar ante el juez José Castro, que investiga el origen de su amplio patrimonio inmobiliario. Barceló casi nunca ha estado presente, y mucho menos ha intervenido, en ninguno de los muchos interrogatorios que se han realizado a personajes imputados en casos de corrupción.

Jaume Matas desconocía que esta conversación estaba siendo grabada por la Guardia Civil por orden del juez Castro. Lógicamente se le informó de esta llamada. El juez ordenó intervenir los teléfonos porque existían sospechas de que el ex president, o personas de su entorno, estarían intentando una estrategia para influir en la declaración de los testigos que habían sido citados por el juez. Poco le sirvió esta jugada, entre otras cosas, porque varios de ellos declararon que cobraron en "negro" los trabajos que habían realizado durante el proceso de reforma del "palacete" de la calle San Felio.

Según pudo confirmar este periódico, el ex president le manifestó por teléfono al fiscal superior Barceló que estuviera presente en la declaración que tenía que realizar , lo que se ha interpretado como un intento de Matas para neutralizar la actuación de los fiscales Anticorrupción, Pedro Horrach y Joan Carrau. El fiscal jefe, que en ningún momento había hecho pública esta conversación, ya le anunció que no tenía intención de acudir al interrogatorio de . Lo que no sabía Matas es que en estos casos ni Carrau ni Horrach deben someterse a las órdenes de Bartomeu Barceló, sino que dependen jerárquicamente del fiscal jefe Anticorrupción, Fernando Salinas. Fuentes jurídicas indicaron que el ex president del Govern pretendía que la presencia del fiscal jefe Barceló en la declaración sirviera para demostrar que los dos fiscales Anticorrupción no son imparciales, y quién mejor que su jefe para que fuera testigo de cómo actuaban en los interrogatorios.

Cabe recordar que antes de que el juez Castro solicitara las diligencias informativas que se habían practicado para averiguar el origen del amplio patrimonio del ex ministro de Medio Ambiente, el fiscal superior de Balears tuvo que decidir si continuaba o no con la investigación. Antes, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, rechazó la petición que le plantearon los fiscales Horrach y Carrau para ampliar durante otros seis meses sus diligencias informativas, que incluían la investigación que desarrollaba la Guardia Civil. El fiscal general consideró que no existían pruebas concluyentes que demostraran que Jaume Matas había cometido delito alguno, ya que a su juicio la investigación de la fiscalía, que se inició por una denuncia anónima, se basaba sólo en indicios. Conde Pumpido no tuvo en cuenta que Matas se había comprado en poco tiempo un "palacete" en Palma, amén de otras propiedades, y que su ritmo de vida no cuadraba con sus ingresos.

(www.diariodemallorca.es, 24/03/10)

46. ISLAS BALEARES. MATAS RECONOCE ANTE EL JUEZ QUE PAGÓ EN NEGRO OBRAS DEL PALACETE

"Dinero en efectivo no declarado". El expresidente balear Jaume Matas admitió ante el juez que pagó con dinero negro parte de la reforma de su palacete en el centro de Palma, en la que invirtió 400.000 euros entre el 2003 y el 2007. Matas intentó salir indemne del largo interrogatorio de más de 14 horas al que le sometió el juez instructor José Castro, empeñado en aclarar el sorprendente enriquecimiento del expresidente balear y también si tras el escandaloso sobrecoste del velódromo Palma Arena, obra mayúscula de su último mandato, se esconde un posible caso de financiación ilegal del Partido Popular en las islas.

Matas y su cuñado, Fernando Areal, volverán a comparecer esta mañana a las diez ante el juez. La fiscalía pedirá para ambos la adopción de medidas cautelares, de las cuales la más leve, aunque muy significativa, sería la retirada del pasaporte. El juez dictará el correspondiente auto horas después o a más tardar el próximo lunes.

Según fuentes jurídicas, Matas se mostró especialmente titubeante cuando el juez abordó el tema de su casona en Palma. En el 2004, Matas acordó la compra de un palacete por un millón. El exdirigente balear admitió que el dinero procedía de la venta de su anterior casa en Calvià, un adosado, y de una hipoteca. La Agencia Tributaria valora el palacete en 2,47 millones y ve indicios de delito fiscal por un incremento patrimonial no declarado

Sobre la reforma del palacete, a la que dedicó 400.000 euros entre el 2003 y el 2007, Matas aseguró que presentará un informe económico en el que se justificará cada uno de los gastos. No obstante, admitió que algunos pagos se realizaron con dinero negro, procedente, especificó, del traspaso de una tienda de zapatos y el cobro del alquiler de un inmueble.

"No es competencia de un presidente". Esta fue en cambio la expresión que utilizó Matas para asegurar con mucha más firmeza que no estaba al tanto de los pormenores con los que se encargó y ejecutó la obra del velódromo Palma Arena, que se presupuestó en 48 millones de euros y al final costó 110 millones. El exdirigente conservador volvió a responsabilizar de la adjudicación de los contratos a José Luis Ballester, director general de Deportes de su Ejecutivo, y a Jorge Moisés, gerente del velódromo. Castro lo interrogó sobre los motivos para adjudicar los trabajos sin concurso público a los arquitectos que se encargaron de la construcción, Luis y Jaime García-Ruiz. Entre los dos cobraron nueve millones de euros. La fiscalía sospecha que parte del dinero fue a parar al expresidente y al PP balear.

En el caso Palma Arena, según fuentes jurídicas, podría estar la llave para desmantelar la presunta financiación irregular de los conservadores en las islas y el enriquecimiento del matrimonio Matas. "A través de las concesiones, recalificaciones y adjudicaciones de obras se monta un sistema para financiar ilegalmente el partido. El sistema también sirve para el propio interés personal. ¿Quién va a denunciarte si te quedas parte del dinero?", explican.

Pero Matas negó y negó. Y lo hizo con todo tipo de fórmulas. Por ejemplo, rechazó que hubiera estado tras el pago de sobornos. "I la Mare de Déu nom Joana!", llegó a replicar, usando una clásica expresión mallorquina equivalente a "de ningún modo".

El juez abordó también la cuestión de la agencia de comunicación Nimbus, propiedad de Miguel Romero. La empresa habría recibido 2,4 millones en contratos oficiales del Gobierno balear por las campañas del Mundial del Ciclismo en Pista (845.000 euros) y la gestión de la publicidad del acontecimiento (350.000 euros). Según las pesquisas, la compañía --que gestionaba también las campañas del partido, de Matas y del velódromo-- no facturó varios servicios de la campaña electoral del PP. El lunes, el cuñado de Matas negó haber abonado en dinero negro 71.058 euros a esa agencia.

El juez, por lo tanto, obtuvo negativas por parte de Matas, pero no solo eso. La primera sorpresa la tuvo nada más comenzar la jornada. La defensa pidió la suspensión de la declaración de su cliente porque dijo temer la existencia de micrófonos en la sala. La treta tuvo solo un resultado grotesco, pues la sesión se trasladó a otra estancia.

Esa estratagema falló. Pero otra, no. Matas, aconsejado por su letrado, Rafael Perera, se negó a responder a todas y cada unas de las preguntas que tuvieran relación con las conversaciones telefónicas intervenidas. Como si del caso Gürtel se tratara, reclamó su nulidad.

El fiscal anticorrupción Joan Carrau declaró a este diario que la estrategia de la defensa solo persigue "ganar tiempo" mientras aumentan las críticas al sistema de escuchas. En este punto, señaló que Perera aparece en las escuchas del caso Antratx: fue grabado mientras hablaba con el exalcalde de la localidad, Eugenio Hidalgo, ahora en prisión. Sin embargo, en esa ocasión nadie, ni el abogado, pidió la nulidad de las pruebas basadas en pinchazos.

(www.elperiodico.com, 26/03/10)