ÍNDICE

1. RAJOY COMIENZA A TEMER UN COSTE ELECTORAL POR EL 'CASO GÜRTEL'

2. THE ECONOMIST ACUSA A RAJOY DE SER "DÉBIL" ANTE LA CORRUPCIÓN

3. RAJOY SE NIEGA A RENOVAR "A MITAD DEL PARTIDO" EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4. RAJOY INSISTE EN ATACAR LA ECONOMÍA ESPAÑOLA IDENTIFICÁNDOLA CON LA GRIEGA

5. EL LÍDER AVALA LA REBELIÓN DE AGUIRRE CONTRA EL IVA

6. ‘CASO GÜRTEL’. BÁRCENAS Y MERINO DEJAN SUS ESCAÑOS UNA SEMANA DESPUÉS DE ABANDONAR LA MILITANCIA

6. ‘CASO GÜRTEL’. LA MUJER DE BÁRCENAS NIEGA LOS DELITOS Y ASEGURA QUE SU MARIDO LLEVABA LA GESTIÓN ECONÓMICA FAMILIAR

7. ‘CASO GÜRTEL’. BÁRCENAS DOCUMENTA AL JUEZ CÓMO MULTIPLICÓ POR OCHO SU PATRIMONIO

8. ‘CASO GÜRTEL’. EL TSJ DE MADRID AVALA LAS ESCUCHAS DE GARZÓN

9. ‘CASO GÜRTEL’. CRESPO PODRÁ SALIR DE PRISIÓN CON UNA FIANZA DE 1,2 MILLONES

10. ‘CASO GÜRTEL’. CORREA ORGANIZÓ UN CÓNCLAVE DE LA GUARDIA CIVIL EN LA ETAPA DE RAJOY

11. FINANCIAL TIMES DENUNCIA EL INTENTO DE LA DERECHA DE "CALUMNIAR E INHABILITA" AL "VALIENTE" GARZÓN

12. AZNAR POSTULABA EN 2002 POR EL HOY VILLANO GARZÓN COMO ¡NOBEL DE LA PAZ!

13. GUERRA DEL AGUA EN EL PP. CAMPS Y VALCÁRCEL SE IMPONEN ANTE COSPEDAL EN EL CONGRESO

14. GALICIA. EMBARGO A UNA FIRMA DEL LÍDER DEL PP DE SANTIAGO POR DEUDAS CON HACIENDA

15. GALICIA. LA XUNTA PAGÓ A EX CARGOS DEL PP POR UNA FERIA ACUÍCOLA SIN APOYO DEL SECTOR

16. GALICIA. LOUZÁN APOYA AL ALCALDE DE PORTAS PESE A SU CONDENA

17. GALICIA. DE TRAMA POLÍTICA A JUERGA ACCIDENTADA

18. ANDALUCÍA. LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ SE ESTANCA EN LOS JUZGADOS

19. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. LA TAPADERA QUE LA PRESIDENTA NO LEVANTÓ

20. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. OTROS TRES ALTOS CARGOS DE AGUIRRE RECIBIERON REGALOS DE LA TRAMA GÜRTEL

21. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. MQM PAGÓ A LA GÜRTEL 409.000 EUROS TRAS LA CAMPAÑA FANTASMA

22. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. EL GOBIERNO DE AGUIRRE ADMITE EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

23. COMUNIDAD DE MADRID. ESPINAJE DEL PP. LOS AGENTES DE AGUIRRE ESPIARON A PRADA HASTA LA MADRUGADA EN UNA CENA PRIVADA

24. COMUNIDAD DE MADRID. EL PORTAVOZ DEL PP EN LA ASAMBLEA ARROPA A SU DIPUTADO FALTÓN APELANDO A LA "LIBERTAD DE EXPRESIÓN"

25. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ELUDE CONDENAR EL FRANQUISMO, PERO CARGA CONTRA LA II REPÚBLICA

26. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. GRANADOS: "LA JUSTICIA GRATUITA SÓLO SERÁ PARA LOS POBRES DE SOLEMNIDAD"

27. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CAMPS NIEGA HABER DADO CONSIGNA ALGUNA DE CONTRATAR CON LAS EMPRESAS DE LA TRAMA GÜRTEL

28. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. JUAN COSTA SUGIERE A CAMPS QUE ROMPA SU SILENCIO SOBRE GÜRTEL

29. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LAS TRES OFERTAS DEL CONCURSO DE VAERSA QUE GANÓ EL BIGOTES ERAN CALCADAS

30. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CORRUPTORES Y CORRUPTOS BAJO EL GOBIERNO DE CAMPS

31. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. 'EL BIGOTES' FACTURÓ EN 2008 A FERIA VALENCIA 1,43 MILLONES

32. COMUNIDAD VALENCIANA. COSPEDAL AVALA A CAMPS DE CANDIDATO PERO LUEGO LO SUPEDITA A LA DECISIÓN DELSUPREMO

33. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS INTENTA PROLONGAR LA GUERRA DEL AGUA CON CASTILLA-LA MANCHA

34. COMUNIDAD VALENCIANA. CONOCIDOS EMPRESARIOS AVALARON UN PRÉSTAMO DE MÁS DE 390.000 EUROS PARA FABRA

35. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ PROHÍBE TOCAR EL HIMNO DE RIEGO EN EL CEMENTERIO

36. COMUNIDAD VALENCIANA. LA INTERVENTORA DE MISLATA DENUNCIÓ UN LUCRO INJUSTO

37. COMUNIDAD VALENCIANA. LA TRAMA CORRUPTA DE LLÍBER AMASÓ UN INGENTE PATRIMONIO INMOBILIARIO

38. REGIÓN DE MURCIA. VALCÁRCEL: "MURCIA SE LEVANTARÁ EN ARMAS, CONMIGO A LA CABEZA"

39. ISLAS BALEARES. EL FBI INVESTIGA A MATAS

40. ISLAS BALEARES. MATAS RECONOCE QUE SU MUJER PAGABA EN NEGRO CON DINERO NO DECLARADO

41. ISLAS BALEARES. LOS INQUILINOS DE MATAS CONFIRMAN QUE PAGAN PARTE DE LA RENTA EN NEGRO

42. ISLAS BALEARES. LA JUEZ DECRETA PRISIÓN BAJO FIANZA POR COHECHO PARA EL EX CONSEJERO DE ECONOMÍA DE MATAS

43. ISLAS BALEARES. EL FISCAL PIDE CASI CINCO MILLONES DE EUROS DE FIANZA CIVIL PARA UN EX CONSEJERO DE MATAS

44. ISLAS BALEARES. LA JUEZ DECRETA PRISIÓN BAJO FIANZA POR COHECHO PARA EL EX CONSEJERO DE ECONOMÍA DE MATAS

45. LA RIOJA. UNA MONUMENTAL BRONCA EN EL PARLAMENTO RIOJANO SE SALDA CON LA SUSPENSIÓN DE 30 DÍAS PARA UNA DIPUTADA SOCIALISTA

---

1. RAJOY COMIENZA A TEMER UN COSTE ELECTORAL POR EL 'CASO GÜRTEL'

El presidente del PP, Mariano Rajoy, admitió hoy que los casos de corrupción penalizan electoralmente, y que el caso Gürtel, en el que se han visto implicados dirigentes de su partido, "no es algo que servirá para sumar más apoyos". En una entrevista aseguró que, "a diferencia de lo que piensan algunos", considera que la corrupción pasa factura en las urnas, aunque confió que los ciudadanos valoren la respuesta dada por su partido tras destaparse la trama Gürtel.

"Son hechos lamentables que están donde deben estar, en manos de la justicia. Hemos apartado a las personas implicadas de sus puestos políticos y ya no son militantes del partido", subrayó Rajoy, quien aseguró que luchará para evitar que estos casos se repitan.

Al preguntársele si opina que ha protegido más al senador Luís Bárcenas que al ex presidente balear, Jaume Matas, Rajoy lo negó, alegando que ninguno de los dos son ya militantes del PP. Defendió así que la reacción política de su partido ha sido de una "enorme exigencia" y que ahora es el momento de la justicia.

"Lo más curioso es que esta exigencia no se plantee a la resta de partidos, cuando, en Andalucía, el comité ejecutivo que ha elegido a Griñán hay personas imputadas que siguen en sus cargos", dijo.

Afirmó también que no conocía personalmente a la "mayoría" de las personas del PP involucradas en casos de corrupción. Sí conocía a Jaume Matas, del que se llevó una "sorpresa" y del que espera que pueda defenderse y demostrar "lo que quiera o pueda demostrar". "Estas cosas son muy duras y te sorprenden, pero no se pueden dejar sin respuesta política ni se pueden justificar de ninguna manera porque hacen un daño enorme a la imagen de la política", concluyó.

(www.publico.es, 18/04/10)

2. THE ECONOMIST ACUSA A RAJOY DE SER "DÉBIL" ANTE LA CORRUPCIÓN

"Rajoy no es tan popular" es el titular con el que el diario británico The Economist analiza la baja aceptación que tiene el presidente del PP entre los españoles. Su "debilidad" ante los casos de corrupción que afectan a su partido es la principal razón que apunta el periódico para que el líder de la oposición siga estando por debajo de José Luis Rodríguez Zapatero. Según el artículo de The Economist, recogido por ABC, dada la pobre gestión económica del Ejecutivo socialista, la popularidad del líder de la oposición en España debería estar rozando máximos históricos y, sin embargo, continúa por debajo de la del presidente español.

Las razones expuestas por el diario británico comienzan por los sonados casos de corrupción en Baleares y Gürtel, ante los que Rajoy ha mostrado  su carácter "agradable, pero suave". Sobre el proceso contra el ex presidente popular en Baleares, Jaume Matas, el periódico argumenta que los procedimientos en curso en los juzgados españoles "revela cierto gusto de cargos del PP por el lujo ostentoso, coches y relojes Cartier", que "quedan mal en época de recesión", apunta.

The Economist describe que el líder del PP es "afable", y su Gobierno, en caso de ganar el PP, sacaría partido de dos directrices políticas: recorte del déficit y reforma del mercado laboral. Pero, en contraposición, "dos tercios de los españoles lo ven débil en materia de lucha contra la corrupción y sólo uno de cada cinco aprueba la forma como conduce al Partido Popular". El diario británico concluye que predomina "el escepticismo de los españoles hacia el PP".

El enemigo de Rajoy está dentro de su propia casa, dice el semanario británico, que recuera que Rajoy ha sufrido ya dos derrotas electorales, aunque basándose en la opinión de un "consultor político español", The Economist asegura que "la gente en España cree que la derecha gestiona mejor la economía", por lo que el PP "debería ganar" en 2012. El periódico londidense apunta, no obstante, que Zapatero sigue siendo un "hábil operador político", que no le pondrá las cosas fáciles a los populares.

(www.elplural.com, 17/04/10)

3. RAJOY SE NIEGA A RENOVAR "A MITAD DEL PARTIDO" EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Mariano Rajoy, habitualmente discreto en los asuntos del Estatuto catalán, decidió ayer mojarse y zanjar el debate sobre la renovación del Tribunal Constitucional. No la habrá hasta que resuelva el recurso contra el nuevo Estatuto. Cualquier renovación requiere el consenso del PSOE y el PP, los dos partidos que ocupan casi el 90% del Congreso de los Diputados, y Rajoy lo descartó por completo de forma tajante.

"Este partido defiende la independencia de los tribunales, nos gusten o no sus sentencias. Cambiar ahora, en mitad del partido, cuando llevan tres años y medio debatiendo, a los miembros del Tribunal Constitucional, como piden algunos, sería poner un torpedo en la línea de flotación del tribunal, que dañaría para siempre el crédito, reputación de esa institución y liquidaría su futuro. No es de sentido común cambiar las reglas cuando a alguien no le gustan. No lo aceptamos", sentenció, leyendo un discurso preparado y por tanto muy medido, ante unos entusiastas militantes madrileños en Leganés.

El acto estaba organizado por el PP de Madrid, y fue su líder, Esperanza Aguirre, quien calentó los ánimos de su parroquia, al señalar que "por el poder y sólo por el poder, Zapatero nos metió en el lío del Estatuto catalán, y por el poder y sólo por el poder, hizo la Ley de Memoria Histórica que acaba con la voluntad de concordia de la Transición. Sólo trata de dividir a los españoles para sacar partido".

La afirmación de Rajoy tiene un clarísimo contenido político de fondo. El mensaje tanto al Gobierno catalán como a La Moncloa es muy claro: que no cuenten con él para resolver el problema que ha provocado en el Tribunal Constitucional el Estatuto catalán. Es este tribunal, con un miembro recusado, otro fallecido, cuatro que han cumplido mandato y otros dos que lo harán en noviembre, quien debe dilucidar esa cuestión, asegura Rajoy.

Los populares creen que la actual composición del tribunal, donde la corriente que pretende declarar inconstitucional buena parte del Estatuto es mayoritaria, es la mejor para fallar esa sentencia. El PP no ha hecho mucho ruido con este asunto, entre otras cosas porque así lo ha pedido Alicia Sánchez Camacho, líder de los populares catalanes, que se enfrenta a unas elecciones como muy tarde en noviembre y que podría acabar gobernando con CiU, defensora del Estatuto. Sin embargo, Rajoy quiso dejar muy claro ayer que él no entrará a ninguna componenda política para arreglar el problema. "Es responsabilidad de los actuales miembros del Tribunal Constitucional resolverlo", insistió.

(www.elpais.com, 19/04/10)

4. RAJOY INSISTE EN ATACAR LA ECONOMÍA ESPAÑOLA IDENTIFICÁNDOLA CON LA GRIEGA

Poco importa que organismos económicos internacionales como la OCDE o el FMI desmintieran a quienes trataban de comparar España con Grecia. Mariano Rajoy parece empeñado en transmitir esa imagen, a pesar de los nefastos efectos que ello podría tener para el país en los mercados internacionales. El líder del PP ha proclamado desde el Congreso que la economía española "recauda como la griega, gasta como la griega y ha llegado a un déficit público muy similar". Luego ha añadido que la situación no es "equiparable" porque mientras la UE "se puede plantear" el rescate de Grecia "sería inimaginable" hacerlo en el caso de España "en los mismos términos".

Aprovechando el debate monográfico en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre del último Consejo de la Unión Europea, celebrado en Bruselas los días 25 y 26 de marzo en el que se acordaron los mecanismos de ayuda de emergencia a la economía griega, el líder del PP ha lanzado duros ataques contra la política económica del Gobierno.

Rajoy ha criticado la subida del IVA –aprobada para sanear las cuentas públicas- y la falta de reformas estructurales, denunciando que en el Paco de Zurbano se desaprovechó la "oportunidad excelente" para afrontar "sin dilación" una contención del gasto público, según ha recogido EFE. "No le extrañe que en Europa no se tome en serio ni sus medidas ni sus intenciones", sentenció, no sin antes advertir a Zapatero de que " le queda muy poco tiempo para evitar problemas mayores". En cualquier caso, Rajoy ha expresado el apoyo del PP a la operación de rescate griego para defender el euro.

Previamente, el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó que las medidas adoptadas para ayudar a Grecia podían servir para devolver definitivamente la calma a los mercados financieros, y valoró la gestión que realiza en el caso griego la presidencia española en la UE

No es la primera vez que Rajoy insiste en los paralelismos entre la situación de España y de Grecia, incluso la FAES del PP lleva meses tratando de desprestigiar la imagen del país en los mercados internacionales. Y todo ello a pesar de que organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han avalado la solvencia financiera del Gobierno español y subrayaron las diferencias con los problemas de la economía del país heleno. También el Fondo Monetario Internacional (FMI) constató la credibilidad de las cuentas públicas españolas.

(www.elplural.com, 21/04/109

5. EL LÍDER AVALA LA REBELIÓN DE AGUIRRE CONTRA EL IVA

Cinco actos en cuatro meses, piropos cruzados, aplausos... La nueva relación entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre en 2010, después de un 2009 tormentoso, no está marcada por una reconciliación afectiva, sino por una necesidad, según coinciden fuentes de uno y otro sector: se acercan las elecciones autonómicas y municipales, casi tan importantes para uno y otro, las encuestas van bien, y no es momento de divisiones internas.

Y en ese nuevo clima, Rajoy acudió ayer a un multitudinario mitin con Aguirre y no sólo dijo compartir "al cien por cien" las palabras de la presidenta de Madrid, no sólo le agradeció su "empuje y buen hacer", sino que sancionó definitivamente, con su firma, la campaña de la rebelión contra el IVA que tanta polémica suscitó hace un mes. "Rebelión en el sentido de oponer resistencia, no en sentido militar", aclaró Aguirre.

Rajoy estampó su firma con la presidenta a la entrada del teatro al aire libre, y después recogió incluso el tono catastrofista que Aguirre utiliza en los mítines. Si ella dijo que "Zapatero está hundiendo la economía española", él remató que el presidente "lleva a España a la ruina" con la subida del IVA. Aunque ella fue más aplaudida -estaba entre su público, la militancia madrileña-, él también se dio un baño de masas. Y los dos salieron visiblemente satisfechos del nuevo clima.

(www.elpais.com, 19/04/10)

6. ‘CASO GÜRTEL’. BÁRCENAS Y MERINO DEJAN SUS ESCAÑOS UNA SEMANA DESPUÉS DE ABANDONAR LA MILITANCIA

El PP insistió en que el sumario del caso Gürtel no contenía ninguna novedad, pero las consecuencias políticas de la apertura del secreto han provocado un auténtico terremoto en la calle Génova. El ex tesorero y senador Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino han decidido abandonar sus escaños, según ha adelantado el primero en una entrevista concedida al diario ABC y ha podido confirmar EL PAÍS. A primera hora de la mañana, en cuanto han abierto los registros, ambos han formalizado la entrega de sus actas.

En el caso de Merino, el asunto no supone una sorpresa, ya que él había ofrecido esta salida y había puesto su cargo a disposición desde el primer momento, hace ya casi un año, para no perjudicar al partido. La dirección le aconsejó que esperara porque su salida habría dejado en muy mal lugar a Bárcenas, que hasta ayer mismo se negaba a abandonar su escaño.

El entorno del ex tesorero ha insistido estos días en que se encontraba sometido a una gran presión personal, especialmente porque su esposa está imputada -declarará el miércoles ante el juez Pedreira- y sufría cada vez con más intensidad la presencia diaria en los medios y la constante vigilancia de fotógrafos a la puerta de su casa.

Ese fue el motivo que alegó su entorno la semana pasada cuando, contra todo pronóstico, y después de hablar con Javier Arenas, uno de las personas más próximas en el partido, con Francisco Álvarez Cascos y Ana Mato, decidió visitar a Rajoy para anunciarle que dimitía definitivamente como tesorero y renunciaba a su militancia. Esta decisión arrastró a Merino.

Dos días después, Bárcenas se vio con Rajoy y Arenas en Génova, y pactó renunciar también al privilegio de que el partido le pague el abogado y abandonar la dirección del Grupo Popular en el Senado, donde nunca dejó de ser tesorero. Sin embargo, en esa reunión en Génova, Rajoy no le pidió en ningún momento que dejara el escaño, al contrario de lo que Esperanza Aguirre ha hecho reiteradamente con sus diputados imputados. Éstos se resisten para evitar que la causa deje el Tribunal Superior de Madrid y vuelva al juez Garzón, de la Audiencia Nacional.

La decisión de Bárcenas y Merino provocará que la parte de la causa que les afecta, que se había trasladado a Supremo, vuelva al juez Pedreira, del Superior de Madrid. Y allí seguirá siempre que los tres diputados madrileños no dejen sus escaños. La parte instruida por el Supremo sigue en este momento bajo secreto de sumario.

El destino de ambos parlamentarios ha estado siempre unido puesto que son los dos únicos aforados nacionales imputados. El ex tesorero está imputado por delito fiscal y cohecho. Los investigadores le atribuyen haber recibido supuestos sobornos por al menos 1,3 millones de euros, y las pruebas del aumento de su patrimonio y operaciones extrañas de entrada y salida de 330.000 euros en billetes de 500 han sido consideradas sospechosas en distintos informes de la policía, la fiscalía y la Agencia Tributaria. A Merino se le imputa cohecho por haber recibido presuntamente 50.000 euros de la red. Ambos han negado ante los jueces estas acusaciones.

La noticia supone un gran alivio y un exito interno para Rajoy, presionado no solo en los medios sino tambien internamente para que hiciera algo con Bárcenas y le forzara a dejar el escaño. Ayer mismo, Alberto Núñez Feijóo, presidente gallego y baron regional en alza muy cercano a Rajoy, pidio en la Cadena Ser al ex tesorero que dejara el senado. Los mensajes del marianismo a Bárcenas para que se apartara han sido constantes y la presion interna mas clara que nunca, pero nunca hubo una exigencia directa y formal del lider a quien el nombro como tesorero en 2008.

(www.elpais.com, 19/04/10)

6. ‘CASO GÜRTEL’. LA MUJER DE BÁRCENAS NIEGA LOS DELITOS Y ASEGURA QUE SU MARIDO LLEVABA LA GESTIÓN ECONÓMICA FAMILIAR

La mujer del ex tesorero del PP y ex senador Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar, negó este miércoles durante su declaración ante el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en Madrid, su participación en un delito de fraude fiscal y otro de blanqueo de capitales y aseguró que su marido llevaba la gestión económica familiar. Iglesias llegó a las dependencias judiciales a las 12.30 horas y entró con el coche que la llevaba por uno de los accesos reservados para los vehículos oficiales sin contar con el permiso para ello.

Su acción estaba dirigida a evitar ser captada por las cámaras y periodistas que se agolpaban en la puerta. De igual modo, logró sortear a los periodistas al salir de la sede judicial e introducirse en el coche que la esperaba. Al inicio de la comparecencia, las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura solicitaron al magistrado instructor la suspensión de la declaración al alegar "conexión" con la imputación de Bárcenas, según indicó el abogado de Francisco Correa, José Antonio Choclán, que estuvo presente en la declaración.

La Fiscalía Anticorrupción consideraba oportuno tomar antes declaración a Bárcenas que a su mujer, tras su renuncia del acta de su escaño como senador. Sin embargo, el juez Pedreira rechazó sus argumentos y decidió proseguir con el interrogatorio. Asimismo, el abogado Miguel Bajo, que representa a Iglesias, solicitó el archivo de la imputación de su clienta por el delito fiscal, correspondiente a los años 2002 y 2003, al considerar que la infracción penal ha prescrito, al igual que considera el propio abogado de Correa.

El juez instructor resolverá en el plazo de tres días sobre la situación procesal de la mujer de Bárcenas al haber nuevos elementos a valorar sobre su imputación en la red de corrupción que alcanza a varias administraciones gobernadas por el PP.

En la declaración estuvieron presentes varios de los abogados de los imputados, entre ellos Choclán, el abogado Ignacio Peláez, que defiende a José Luis Ulibarri, y el letrado de la esposa de Correa, Enrique Molina, entre otros. A la salida de la comparecencia, Choclán aseguró que la acusada estaba "muy tranquila", puesto que a su juicio es fácil defenderse cuando los argumentos que sustentan su imputación tienen una base débil.

"No se ha especificado la imputación con datos contundentes ni se han expuesto los hechos que le se imputan", criticó el letrado de Correa, quien apuntó que la declaración se centró en un informe de la Agencia Tributaria sobre el análisis de su patrimonio entre 2002 y 2003. El sumario recoge la imputación de la esposa de Bárcenas por una posible participación en un delito contra la Hacienda Pública de su marido y recuerda que ambos presentaron declaración conjunta del IRPF.

Las diligencias apuntan que la esposa de Bárcenas adquirió 5.891 acciones de empresas y entidades bancarias —por una valoración cercana en 45.438 euros— y transmitió otras 5.700 acciones entre los años 2000 y 2003. Además, se le atribuyó un patrimonio en cuatro bienes inmuebles por un valor declarado superior a los 323.000 euros, esta fue una de las cuestiones sobre las que se le preguntó en la declaración.

Así se desprende del informe de la Agencia Tributaria incorporado al caso en relación a las declaraciones del Impuesto de Patrimonio, fundamentalmente de los ejercicios 2002 y 2003. El informe apunta a que el régimen económico del matrimonio es el de separación de bienes.

La investigación patrimonial sobre Rosalía Iglesias señala que en el año 2002 contaba con depósitos de 76.073 euros en tres cuentas bancarias, aunque en 2003 era titular de cuatro cuentas por 1.051 euros.

(www.publico.es, 21/04/10)

7. ‘CASO GÜRTEL’. BÁRCENAS DOCUMENTA AL JUEZ CÓMO MULTIPLICÓ POR OCHO SU PATRIMONIO

El espectacular aumento del patrimonio de Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP, ha sido uno de los elementos que más han pesado para que perdiera poco a poco el apoyo de la mayoría de su partido. Casi ninguno de sus compañeros acababa de entender cómo es posible que un funcionario del partido, con un sueldo y nada más, y una esposa que había sido la secretaria de Jorge Verstrynge y no tiene ingresos conocidos, haya acumulado un patrimonio de no menos de tres millones de euros. La esposa del ex tesorero, Rosalía Iglesias, que compareció el miércoles ante el juez Antonio Pedreira, entregó al final del interrogatorio un documento de tres folios, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que detalla cómo ha ido aumentando el patrimonio del matrimonio desde 1984, cuando compraron su primera casa.

Bárcenas empezó como lo que era, un joven economista que trabajaba en la estructura financiera de un partido, Alianza Popular, entonces muy pequeño. Compró una casa de 35.000 euros, con una hipoteca. En 1986, compró una parcela en Pozuelo de 30.000 euros. Vendió las dos cosas con plusvalías, y en 1988 se pasó a una casa mejor, de 72.000 euros, también con hipoteca de 2/3 del valor. En los años noventa, Bárcenas dio otro salto. En 1992 compró un estudio de 78.000 euros, una casa en Marbella de 84.000 euros, el 90% con una hipoteca. El patrimonio inmobiliario de Bárcenas en ese momento, 1992, con varias hipotecas, era por tanto de 39 millones de pesetas (235.000 euros) en tres inmuebles y una plaza de garaje.

Ya era muy alto para la época. Sin embargo, el matrimonio, desde que el ex tesorero pasó a la gerencia del partido, lo que coincidió poco después con su estrecha relación con Francisco Correa, el cabecilla de la red Gürtel, empezó una serie de compras y ventas que le han llevado a pagar oficialmente 1,8 millones de euros en los últimos años por diversos inmuebles. Ese patrimonio, por tanto, se habría multiplicado por ocho, sin contar con la revalorización, sólo lo que le costaron las casas cuando las compró. La compra más llamativa fue la de una casa en Baqueira en 2008. Bárcenas pagó un millón de euros por una casa de fin de semana -de superlujo a decir de varios compañeros- y lo hizo sin hipotecas, con cheques.

(www.elpais.com, 23/04/10)

8. ‘CASO GÜRTEL’. EL TSJ DE MADRID AVALA LAS ESCUCHAS DE GARZÓN

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló ayer las cinco resoluciones -dictadas entre el 8 de agosto de 2009 y el 13 de enero de este año- por las que el juez Baltasar Garzón ordenó las escuchas telefónicas a los principales acusados del caso Gürtel durante varios meses.

El recurso había sido presentado por el imputado José Luis Izquierdo -el contable al que se incautó el pen drive con la contabilidad B de la trama corrupta- y al mismo se habían adherido hasta 14 implicados, entre ellos, el presunto jefe máximo, Francisco Correa.

La misma Sala Civil y Penal del TSJ que anuló las conversaciones entre los acusados y sus abogados en prisión, ha rechazado todos los recursos y ha confirmado la legalidad de las intervenciones telefónicas ordenadas por Garzón.

El tribunal precisa que el magistrado de la Audiencia Nacional no se limitó a una repetición rutinaria de las medidas adoptadas con anterioridad como pretenden los acusados, sino que el juez no hizo abandono del protagonismo que la ley le asigna, ni tuvo "olvido de sus deberes" como juez que supusiera un criterio de servil automatismo a la investigación judicial.

La resolución de la Sala de lo Civil y Penal destaca que no hubo falta del debido control judicial y ausencia de motivación por parte del juez Garzón. "Resulta esencial recordar cómo ya desde el auto inicial que dispuso la medida el instructor que la acordó interesaba de la fuerza policial que había de llevar a efecto una remisión de las transcripciones más significativas, junto con un informe sobre el resultado de las pesquisas concluidas, sobre las imputaciones que se iban corroborando y sobre las razones que aconsejaban su prolongación", concluye el auto.

(www.elpais.com, 21/04/10)

9. ‘CASO GÜRTEL’. CRESPO PODRÁ SALIR DE PRISIÓN CON UNA FIANZA DE 1,2 MILLONES

El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, permitirá al número dos de la trama corrupta, el ex secretario de organización del PP de Galicia Pablo Crespo, abandonar la prisión si abona una fianza de 1,2 millones de euros, tal y como había solicitado la fiscalía, al considerar que ya no tiene medios para obstaculizar la investigación.

En un auto fechado el 21 de abril y hecho público ayer, Pedreira resta importancia a la anulación de las escuchas ordenadas por su antecesor, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y afirma tener pruebas suficientes contra Crespo, acusado de delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. Según el juez, "los indicios racionales" de los delitos supuestamente cometidos por el lugarteniente del cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, "no sólo perviven en la actualidad, sino que a medida que avanza la instrucción se ven confirmados por nuevos datos, ninguno de ellos procedente de las diligencias derivadas de las comunicaciones cuya nulidad se ha declarado en auto el 25 de marzo".

Crespo fue detenido junto con Correa el 6 de febrero de 2009 y seis días después fue enviado a la prisión de Soto del Real (Madrid). Ahora tiene por primera vez la posibilidad de salir de la cárcel. Sin embargo, su situación económica es delicada, toda vez que la justicia ha inmovilizado todo su patrimonio conocido tanto en España como en el extranjero.

Quien ya ha reconocido no poder pagar su fianza es Antoine Sánchez, presunto testaferro de Correa. Ayer comunicó al juez Pedreira que no dispone de dinero suficiente para abonar su fianza, de 300.000 euros. El magistrado tiene ahora cuatro días para tomar una decisión al respecto.

(www.elpais.com, 23/04/10)

10. ‘CASO GÜRTEL’. CORREA ORGANIZÓ UN CÓNCLAVE DE LA GUARDIA CIVIL EN LA ETAPA DE RAJOY

Special Events, buque insignia de la trama Gürtel en su primera época, organizó en 2002 la convención del entonces recién aprobado y ya extinto Consejo Asesor de la Guardia Civil, un tímido intento del Gobierno de José María Aznar para dar a los agentes una participación pseudosindical que acabó en fracaso. La convención para la elección de los 43 vocales del Consejo Asesor se celebró en julio de ese año y fue inaugurada por el entonces vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy.

A preguntas de este diario, fuentes del PP adujeron que su líder "ni sabe ni sabía" quién organizó la convención. "Un ministro no se dedica a contratar a quien organiza actos", añadieron las citadas fuentes. Rajoy mantuvo la cartera de Interior desde el 28 de febrero de 2001 hasta el 9 de julio de 2002, cuando Aznar remodeló su Ejecutivo y le asignó el Ministerio de la Presidencia. Por el montaje de ese cónclave de la Guardia Civil, que se celebró en el parque ferial Juan Carlos I de Madrid a partir del 8 de julio de 2002, Special Events cobró al menos 34.829 euros. Pero la clave aquí no es la cuantía, sino que su elección para organizar un acto sensible desde el punto de vista de la seguridad denota su capacidad de penetración en las instituciones del PP. 2,2 millones a través del PP. Por la reunión del Instituto armado cobró 34.829 euros con dos facturas

A lo largo de 2002, y según los datos oficiales de la Agencia Tributaria, Special Events obtuvo más de 3,3 millones de euros por ingresos procedentes del PP y sus fundaciones, así como de administraciones donde gobernaba. Las adjudicaciones públicas le reportaron 1,1 millones de euros. Y el PP le pagó 2,2 millones a través del partido, el grupo parlamentario, la Fundación Popular Iberoamericana y la fundación madrileña Fundescam, investigada por presunta financiación ilegal del partido mediante el falseamiento de facturas en las elecciones autonómicas de 2003, el año del tamayazo, gracias al cual Esperanza Aguirre pudo alcanzar el Gobierno regional.

34.829 euros es la cifra que Special Events declaró a Hacienda como pagada por ese trabajo. Como en múltiples ocasiones, el pago se fraccionó paritariamente en dos facturas: una la pagó la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), adscrita al Ministerio de Economía; otra, la empresa Indra, una de las más prestigiosas compañías del sector tecnológico español.

Pagaron la FNMT e Indra porque la Guardia Civil les encomendó a ambas gestionar el proceso de votación electrónica para la elección de representantes en el nuevo Consejo Asesor del Instituto armado. Indra obtuvo el contrato mediante concurso.

Los documentos de Hacienda, que obran en el sumario Gürtel cuyos 50.000 folios últimos se desvelaron el pasado 5 de abril constatan que Special Events intentó aparentar que los 34.829 euros habían sido abonados por Indra. Es decir,la empresa de Francisco Correa, presunto líder de la trama, no hizo constar que la mitad procedía de un organismo gubernamental: la FNMT.

Se intentó averiguar a través de la FNMT y de Indra las razones de que se contratara a Special Events y cuál fue el procedimiento utilizado para su elección. Portavoces de la entidad pública y de la empresa privada subrayaron la dificultad de conocer tales extremos dado que los responsables de contratación de aquel momento ya fueron relevados. No es posible, por tanto, conocer si la decisión de adjudicar el evento a Special Events partió de la Guardia Civil dependiente en medios y servicios a Interior, o del Ministerio de Economía, que entonces dirigía el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato. Según Indra, el de la convención del Consejo Asesor de la Guardia Civil es el único pago a Special Events que consta en sus archivos.

La organización de la Convención del Consejo Asesor de la Guardia Civil fue incorporada por Special Events a los documentos remitidos para participar en un concurso de Majadahonda (Madrid). El concurso, como tantos otros, lo ganó. Lo convocaba Pammasa, la empresa municipal de suelo y vivienda que dirigía el hoy alcalde del municipio, el conservador Narciso de Foxá. La convocatoria de Pammasa, lanzada en la primavera del año 2002, tenía por objeto elegir a la empresa encargada de conmemorar el décimo aniversario de esa sociedad municipal. Pammasa sólo aceptó dos ofertas: la de Special Events y la de otra compañía ajena a la trama.

Los pliegos del concurso otorgaban al coste económico la misma puntuación que a la experiencia demostrable en el montaje previo de actos similares. La segunda empresa remitió un listado de servicios donde predominaban los clientes privados. Los documentos remitidos por Special Events certificaban, en cambio, que los organismos públicos (del PP) eran mayoría en su cartera de clientes.

(www.publico.es, 18/04/10)

11. FINANCIAL TIMES DENUNCIA EL INTENTO DE LA DERECHA DE "CALUMNIAR E INHABILITA" AL "VALIENTE" GARZÓN

El Financial Times carga hoy en su editorial contra la derecha española en defensa del juez Baltasar Garzón, a quien considera víctima de un "ataque no merecido" y apunta a que su papel en el caso Gürtel podría estar detrás de esta persecución. "El caso tiene las características de un intento con motivaciones políticas de calumniar e inhabilitar a un valiente funcionario público que combatió a terroristas y escuadrones de la muerte con autorización del Estado y la corrupción y la tiranía. Es un sin sentido y reflejo da una pobre imagen de un sistema judicial español cada día más politizado", asegura el diario británico.

FT defiende la necesidad de responder, "como es su deber", a las peticiones judiciales de las familias de los muertos, "algo que ha indignado a la derecha, que argumenta que contraviene la Ley de Amnistía de 1977". Tras recordar que en España los crímenes del franquismo se superaron a través de una "amnesia negociada de la transición pos-Franco", explica que se sigue negando un "entierro decente a los republicanos derrotados, cuyos restos son exhumados de cientos de fosas comunes en toda España en virtud de la controvertida ley 'memoria histórica de 2007".

Garzón, argumenta el diario, ha ido más lejos al prenteder enjuiciar el franquismo, lo que ha provocado la indignación de la derecha. "Puede que su verdadero delito sea que sí está persiguiendo casos de corrupción en los que están implicados barones regionales del Partido Popular de la oposición de derecha", sostiene con ironía y añade: "El verdadero problema es que, desde que los socialistas fuesen aupados al poder tras los atentados con bombas contra trenes en Madrid de 2004 y el posterior intento del PP de manipularlos, la política española se ha vuelto destructivamente sectaria. No obstante, no es justificación para hacer una víctima de uno de los más distinguidos servidores públicos de España".

(www.elplural.com, 19/04/10)

12. AZNAR POSTULABA EN 2002 POR EL HOY VILLANO GARZÓN COMO ¡NOBEL DE LA PAZ!

La relación entre el PP y el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, no siempre fue tan tensa. Ahora es el blanco de las críticas populares por su empeño en investigar los crímenes del franquismo, pero son muchos los que sitúan detrás de esta persecución al magistrado, la instrucción del caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción de la democracia. Pero otro gallo cantaba en 2002, cuando dos plataformas impulsaron la candidatura de Garzón a Premio Nobel de la Paz. El entonces presidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, secundó al magistrado como consta en la edición de 12 de abril de 2002 de ABC. Dicho ejemplar recoge una entrevista hecha por Luis del Olmo al entonces jefe del Ejecutivo en la que este último asegura que a Garzón no le faltarán apoyos para el galardón.

(www.elplural.com, 19/04/10)

13. GUERRA DEL AGUA EN EL PP. CAMPS Y VALCÁRCEL SE IMPONEN ANTE COSPEDAL EN EL CONGRESO

El Partido Popular ahogó finalmente la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha y enterró en Madrid lo que hizo nacer hace tres años en Toledo. El texto no saldrá adelante después de 24 meses y 20 días de trabajosa tramitación en el Congreso.

El intento quedó en nada, una vez que en el PP primaron los intereses de Murcia y la Comunitat Valenciana —contrarias a las referencias a la política hidráulica incluidas en el texto— por encima del Estatuto de Castilla-La Mancha que los conservadores, con María Dolores de Cospedal al frente, aprobaron en las Cortes regionales en enero de 2007.

Hoy votaron en contra tras intentar colocar in extremis una enmienda que adelgazaba sustancialmente el contenido ya rebajado que había ofertado el PSOE a lo largo de la negociación.

Esta última jugada parlamentaria —"inaceptable e insultante", según el PSOE— llegó por fax a la sede del Gobierno que preside el socialista José María Barreda apenas unos minutos antes de que la Comisión Constitucional del Congreso se reuniese en el momento culminante de la tramitación de la reforma. Los representantes socialistas la conocieron al mismo tiempo. Su redacción fue supervisada por el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, principal beneficiario político del borrón que el PP imprimió a la reforma, al lograr imponer sus tesis. Valcárcel tuteló desde el Congreso la última jornada de negociaciones reuniéndose con el líder del conservador, Mariano Rajoy y con su secretaria general, María Dolores de Cospedal, responsable del PP en Castilla-La Mancha.

Poco después se conocieron los frutos del encuentro, deslizados en la intervención del ponente del PP en la reforma del Estatuto: "Usamos las palabras que menos conflicto plantean", justificó Arturo García-Tizón, en el intento de que "otras comunidades no se sientan ofendidas". Esta prevención ante Murcia y la Comunitat Valenciana dio al traste con la reforma. Para no soliviantar a sus presidentes, el PP descafeinó la reforma eliminando un punto clave: el blindaje de una reserva hídrica para satisfacer las necesidades de abastecimiento de Castilla-La Mancha que el PSOE consideraba innegociable.

Constatada la imposibilidad de acuerdo, el ponente del PSOE cargó con dureza contra el partido de Cospedal: "Tienen que explicar por qué tratan peor a Castilla-La Mancha que a otras regiones. Por qué lo que votan en otras comunidades, no lo votan en ésta". El socialista Alejandro Alonso aludía así a la reserva de agua —idéntica a la planteada para el texto castellano-manchego— que el PP sí aceptó en la reforma del Estatuto de Aragón.

"Si no sale adelante [el Estatuto], quien lo impida, lo tendrá que explicar. Los ciudadanos le van a exigir responsabilidades; no van a olvidar quiénes se comprometieron y quiénes impidieron que prosperara", solemnizó Alonso dirigiéndose a los escaños del PP al certificar la muerte del texto. Así las cosas, las Cortes de Castilla-La Mancha celebrarán próximamente un pleno que culminará salvo sorpresas con la retirada del texto remitido al Congreso si el PP ratifica que mantiene su rechazo a sacar adelante la reforma en el Pleno de la Cámara. La portavoz del PP en el Parlamento regional, María Dolores de Cospedal, tendrá allí la última palabra para resucitar o enterrar definitivamente la reforma del Estatuto que llegó al Congreso con su voto a favor y lo abandonará con el voto en contra de su partido.

(www.publico.es, 22/04/10)

14. GALICIA. EMBARGO A UNA FIRMA DEL LÍDER DEL PP DE SANTIAGO POR DEUDAS CON HACIENDA

La promotora inmobiliaria de Gerardo Conde Roa, parlamentario en el Congreso de los Diputados, presidente del PP en Santiago y más que probable candidato a las elecciones en esta ciudad, dejó de pagar las tasas para edificar en el ayuntamiento de Daimiel, en Castilla- La Mancha, y por eso la Diputación de Ciudad Real ha iniciado un procedimiento de embargo contra esta sociedad. Según consta en el Boletín Oficial de Ciudad Real, Geslander Proyectos de Edificación, SL, en la que Conde Roa ejercía como administrador único con el 99,99% de las acciones de la sociedad, dejó de abonar más de 59.000 euros en concepto de impuestos por licencias de obra y ocupación de la vía pública pese a los repetidos requerimientos de aquel ayuntamiento.

Tras varios intentos infructuosos de cobrar las tasas municipales, el Ayuntamiento de Daimiel dejó el asunto en manos del servicio de Tesorería de la Diputación de Ciudad Real, que fechó la primera reclamación el 14 de abril de 2009. Transcurridos 15 días de plazo, la institución provincial ordenó el embargó a la sociedad, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 6 de mayo de 2009. Mes y medio después, el 30 de junio de 2009, el presidente del PP en Santiago decidió dar de baja la constructora en el registro de Actividades Económicas, y Conde Roa abandonó el censo de empresarios, según consta en la documentación que él mismo envió al Congreso de los Diputados.

Pero los problemas fiscales de su constructora no acaban ahí. Tal y como consta en el Registro Mercantil, la Agencia Tributaria ha abierto otros tres expedientes a Geslander Proyectos de Edificación SL. El último de ellos ordena el embargo de las cuentas de la sociedad en una resolución aprobada por el Ministerio de Economía y que publicó el Boletín Oficial del Estado el pasado 4 de febrero de 2010.

Tal y como admitió Conde Roa, en la declaración de bienes e intereses cuando tomó posesión de su acta de diputado en el Congreso, a finales de marzo de 2008, su constructora recibió adjudicaciones en concursos de distintas administraciones para promover viviendas de protección oficial. Además del proyecto de Daimiel, Geslander Proyectos de Edificación, SL construyó pisos de precio tasado en el municipio madrileño de Parla, en Lalín e incluso en Santiago de Compostela antes de concurrir como cabeza de lista del PP a las elecciones que lo convirtieron en jefe de la oposición en 2007.

El edificio de 47 viviendas que levantó en Santiago su empresa tampoco estuvo exento de polémica. Erigido en látigo del gobierno municipal que preside el socialista Xosé Sánchez Bugallo, Conde Roa vio como el alcalde, en respuesta a sus críticas por la gestión económica municipal, desveló que la constructora del líder de la oposición adeudaba a la tesorería del Ayuntamiento todos los recibos derivados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Conde Roa decidió entonces presentarse en una sesión plenaria con un talón por importe de 7.300 euros para saldar sus deudas con el consistorio. Los fotógrafos captaron la imagen del representante del PP con el cheque en la mano el 24 de abril de 2008. Pero, una semana después, se supo que Conde Roa no había ingresado el dinero en la ventanilla municipal. Así que el Ayuntamiento se vio obligado, cinco meses más tarde, a ejecutar el aval de la constructora para resarcirse de la deuda de 7.300 euros. El líder de la oposición prometió entonces ser un "forúnculo" para la coalición que gobierna Santiago. También avanzó que presentaría un recurso contencioso administrativo en el juzgado, del que nunca más se supo.

La sociedad Geslander Proyectos de Edificación SL, que según la información del Registro Mercantil, no ha sido liquidada, tiene el domicilio social en la calle Calzada de Sar, número 2, sede de otra constructora, Julio Rey Promociones Inmobiliarias, con intereses en Santiago. En el organigrama de Geslander figuran además como apoderados Amelia Trillo Pérez y Benito González Alonso, administradores a su vez de Millarcasa, SL, una empresa que ha promovido cientos de pisos de protección oficial en Santiago a través de cooperativas y que figuran con los mismos cargos en el organigrama de Suma 10, SA, una firma dedicada al alquiler de bienes inmuebles.

(www.elpais.com, 21/04/10)

15. GALICIA. LA XUNTA PAGÓ A EX CARGOS DEL PP POR UNA FERIA ACUÍCOLA SIN APOYO DEL SECTOR

Nació marcada por la polémica y subsiste sin pena ni gloria. La Feria Internacional de Acuicultura Acui ha recuperado, con el desembarco del PP en San Caetano, el respaldo económico e institucional que perdió con el bipartito. La Xunta de Feijóo concedió a la empresa Global Show Services, SL, al menos 153.505,15 euros para la celebración del evento en Vilagarcía a principios de marzo. La empresa promotora está vinculada a dos ex altos cargos del anterior Gobierno del PP a través de Witland Group, compañía matriz de la promotora de Acui. Francisco Gallegos Martínez, director general de Comercio e Consumo en la época de Fraga, es vicepresidente de Witland Group, mientras que José Jaime López Cossío, director general de Formación e Emprego en el mismo Gobierno del PP es apoderado de Laudantis, SL, la firma que hasta el pasado 5 de abril -justo un mes después de celebrarse la feria en Vilagarcía, presidía Witland Group. Ambos cesaron de sus puestos en la Xunta a finales de 1997.

Con menos expositores que en cualquier otra edición -entre ellos, la Generalitat Valenciana-, Acui 2010 cerró sus puertas sin apoyo del sector. La Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia (Aroga) pasó casi inadvertida con un stand de dimensiones mínimas y elocuente resultó la ausencia de Pescanova, Isidro de la Cal o Stolt Sea Farm, las grandes firmas de la cría de pescado, que no tuvieron un puesto propio. Pese a los desangelados pasillos del recinto, la organización ofreció un balance de 5.000 visitantes.

Las subvenciones de la Xunta llegaron a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y de la Consellería do Mar, aunque también el Xacobeo colaboró. El departamento que dirige Rosa Quintana firmó un convenio en septiembre de 2009 por el que destinaba 116.000 euros para "la potenciación y difusión de los productos gallegos en la Feria Internacional de Acuicultura" que promovieron los ex cargos del PP. El acuerdo recoge también unas jornadas de acuicultura y la creación de una red social para profesionales del sector.

No obstante y pese a la insistencia de este diario, la Consellería do Mar no ha aclarado si el alquiler de los 200 metros cuadrados del stand de la Xunta estaba incluido en el convenio o se pagó aparte. El precio del suelo en Acui oscila entre 150 y 200 euros el metro, suplementos al margen, lo que supondría un coste mínimo de 30.000 euros. A mayores, Mar desembolsó otros 86.466,40 euros para "el diseño, organización, montaje y desmontaje" del puesto, que se adjudicó a P. Manuales Villa 36, SL. Sin embargo, tampoco está claro cuántos stands ocupó Mar en la feria. El pliego de condiciones incluye un plano del recinto ferial donde la consellería señala dos espacios, ambos de 200 metros cuadrados: el primero significado como Xunta y el segundo, como Innovacui, un suelo "gratuito" para micropymes de innovación. El encabezado del mismo pliego se refiere también a los "espacios" de la Xunta en la feria.

El Igape abonó a la firma de Gallegos 37.505, 15 euros en concepto de disposición del espacio y servicios feriales (29.296,60 euros) y equipamiento, montaje y desmontaje del stand (8.208,55 euros). Fue la única oferta presentada a un procedimiento negociado sin publicidad. La resolución tiene fecha del 1 de marzo y ya antes, en diciembre de 2009, concedió otra ayuda de 1.973 euros a la misma firma en el marco del Programa InnoEmpresa, de innovación de pequeñas y medianas empresas.

La trayectoria de esta feria fue polémica desde sus inicios, en 2005, cuando la promotora recibió más de 400.000 euros -según los sindicatos- de un gobierno del mismo partido que nombró a Gallegos alto cargo en los noventa. La Consellería de Pesca, entonces dirigida por Enrique López Veiga, ofreció un respaldo económico que permitió registrar la marca Acui a nombre de una empresa privada, siendo la Xunta su principal inversor.

Con el bipartito, los promotores plantearon un acuerdo en términos similares al nuevo departamento de Pesca que éste rechazó, limitándose a ofrecer lo habitual en estos eventos: presencia institucional con un stand y promoción. Pero la entrada en escena de Aroga y el Consello Regulador do Mexillón, que adquieren el 66% del accionariado de la firma que explota la marca, arrastra de nuevo a la Xunta, que aporta 100.000 euros. Fue la edición de 2006, la más exitosa hasta el momento, con 150 expositores frente al medio centenar de este año.

Sin embargo, las disputas por la propiedad de la marca llevó a los representantes de los productores a desmarcarse. Con el sector otra vez fuera, Pesca se desvinculó de la feria. En 2008, la consellería, controlada por el PSOE, ni siquiera estuvo representada, una edición que sí fue inaugurada por el presidente del PP de Pontevedra, Rafael Louzán. Ahora, con los populares de nuevo en el Gobierno, los promotores han recuperado el apoyo de la Xunta, pero no el interés entre los empresarios del sector. Nadie de Global Show Services ha querido dar su versión sobre el evento.

(www.elpais.com, 20/04/10)

16. GALICIA. LOUZÁN APOYA AL ALCALDE DE PORTAS PESE A SU CONDENA

El presidente del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, respaldó al alcalde de Portas, Roberto Vázquez, condenado a un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, y rehusó que dimita, como pide el BNG, porque la sentencia "no es firme". Vázquez, según un juzgado de Pontevedra, utilizó dos de sus empresas familiares como intermediarias para realizar contratos públicos. "Es una sentencia provisional", afirmó Louzán frente a las críticas de los nacionalistas, que le acusan de "amparar la corrupción" por permitir que el alcalde siga en su cargo. "La dimisión es un acto personalísimo que nadie puede imponer", añadió, aduciendo que la de Vázquez "no fue una actuación interesada, sino que el alcalde trató de resolver un problema".

El portavoz nacionalista, Jorge García, había pedido la intervención del presidente provincial del PP si Vázquez no se va voluntariamente, recordándole que "con el caso Gürtel el PP no se cansa de decir todos los días que no ampara a los corruptos". Pero Roberto Vázquez, que lleva 18 años en la alcaldía de Portas, "se aprovechó de su cargo para ganar dinero a costa de los vecinos", contrapuso García, y "eso es corrupción". El alcalde está pendiente además de otro juicio por delito fiscal.

(www.elpais.com, 22/04/10)

17. GALICIA. DE TRAMA POLÍTICA A JUERGA ACCIDENTADA

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Brión (A Coruña) denunció el pasado febrero una trama de acoso a los miembros de su grupo, que está en la oposición. A uno de los concejales, Julio Bustelo, le habían roto de madrugada las lunas del coche y el portavoz del PP, Carlos Tomé, sospechaba que el acto vandálico estaba "íntimamente relacionado con una trama violenta para coaccionar el ejercicio político del PP". Ayer, pasados dos meses, el pleno municipal desveló un informe de la Guardia Civil que no sólo descarta el móvil político, sino que asegura que el propio Bustelo sabía que nada tenían que ver los destrozos con su labor pública. Cuando lo reventaron, de madrugada, el coche estaba aparcado frente al disco-pub La dama del lago, en Padrón, según fuentes municipales y registró la cámara de seguridad de un comercio. Poco antes, en medio de la noche de copas, había tenido un incidente de tráfico con otro vehículo.

El alcalde, Xosé Luís García (PSOE), tachó ayer a Bustelo y Tomé de "carallas, además de mentirosos" en un rapapolvo institucional de media hora en el que pidió la dimisión de ambos y comparó el caso con el del concejal de La Carolina (Jaén) -el célebre Bartolín- que fingió ser secuestrado por ETA. Tomé, al que las aseveraciones del informe de la Guardia Civil cogieron por sorpresa, empezó defendiendo a su compañero y terminó acusando al alcalde de "pluralizar" al llamarle mentiroso. Bustelo negó la versión de la Guardia Civil. "¡Miente usted!", espetó al alcalde mientras este recitaba el escrito de la Comandancia de Padrón. Algunos ediles de PSOE y BNG dejaron escapar alguna carcajada. "Los pillaron en la mentira", insistió García.

El alcalde, según relató, pidió información a la Guardia Civil y avisó a la Fiscalía tras el pleno en que Tomé llamó la atención sobre la supuesta trama por primera vez. E informe del instituto armado explica que Bustelo denunció los destrozos dos veces, con escasas horas de diferencia, según su propio relato. La primera vez no refirió ninguna sospecha de persecución política. La segunda, sí, y sobre ella señala el escrito: "Nada tiene que ver con los hechos que nos ocupan [los destrozos] y que no han hecho más que desviar la atención de unos hechos que se enmarcan dentro de la vida privada de don Julio Bustelo García y que el propio concelleiro sabe de propia mano". La tercera concejal del PP en la corporación, Miriam Piñeiro, se desmarcó "completamente" de la actuación de sus compañeros e indicó que no tenía ni idea de que se habían interpuesto dos denuncias seguidas. Pasó buena parte del resto del pleno mirando alternativamente al techo y al suelo.

Tomé y Bustelo habían llevado el caso ante los medios de comunicación, a los que enviaron imágenes de los desperfectos del coche. "Hoy es el día más triste de mi vida", llegó a declarar Tomé en el pleno que se celebró la mañana siguiente a la noche de los hechos. Bustelo no asistió a esa sesión.

Al terminar la reunión de ayer, Bustelo trató de explicar su proceder en la noche aciaga. "Es muy larga la noche... Yo llego al coche, lo veo totalmente destrozado y a primera hora de la mañana voy y denuncio". Luego veo una grabación [la del comercio], muy exagerada (...) tres individuos con un bate de béisbol, y lógicamente al día siguiente sí hacemos unas declaraciones a la prensa. Podía ser por la política, podía ser por una circunstancia... Yo esos días no le hice mal a nadie". Únicamente admite un encontronazo en la carretera con otro vehículo, horas antes. "Me adelantó, casi me echó fuera, y simplemente yo le pité, le hice luces y punto". Pero niega haber dicho a la Guardia Civil que el ataque no tenía motivación política.

Tomé se quejó de que no le hubiesen dado el informe antes del pleno y explicó que había visto un nexo entre los destrozos en el coche y el acoso al que dice estar sometido desde hace casi dos años. "Me han roto los buzones varias veces", señaló. Cuando denunció los hechos en febrero, declaró a la emisora Cope que también había recibido amenazas en el teléfono móvil y a través de notas. "Me tiraron una muñeca con la cabeza cortada; en la cabeza ponía PP", aseguró.

(www.elpais.com, 22/04/10)

18. ANDALUCÍA. LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ SE ESTANCA EN LOS JUZGADOS

La Zona Franca de Cádiz arrastra todavía una pesada carga. La gestión de Manuel Rodríguez de Castro, del PP, caracterizada por los suntuosos gastos y los extraños negocios, marcó la evolución de este organismo que pretende servir de motor económico de la ciudad y del resto de la provincia gaditana. Su sucesor, Miguel Osuna, también está bajo investigación por no haber cortado por lo sano y haber continuado algunas de aquellas relaciones comerciales.

El caso Zona Franca, la supuesta corrupción del PP al frente de esta importante institución, se ha topado con la lentitud de la justicia. Seis años después de destaparse las supuestas irregularidades cometidas por los dos ex delegados y algunos de sus colaboradores, las dos investigaciones abiertas siguen en fase de instrucción. Un retraso "injustificado", "inadmisible" e "injusto", según la fiscalía, los abogados de la acusación y los propios imputados.

A Rodríguez de Castro, delegado entre 1996 y 2001, se le conoció por su afición a los hoteles de lujo, sus viajes al extranjero y por la alegría con la que usaba la tarjeta de crédito del recinto fiscal sin justificar los gastos. Así, el Tribunal de Cuentas le llegó a condenar a devolver más de 200.000 euros a la Zona Franca. Hasta ahora es la única sentencia que ha tenido en su contra. Porque la investigación abierta en el Juzgado de lo Penal 1 de Cádiz para aclarar su gestión aún espera una resolución judicial que decidirá si habrá o no juicio. Es el conocido como caso Rilco.

A Rodríguez de Castro se le ocurrió montar un portal de comercio electrónico, Rilco, para promocionar la Zona Franca como un centro internacional de negocios. El delegado del PP siempre defendió que era una gran idea. No así la Abogacía del Estado, que interpuso una querella por las numerosas dudas que provocó esta inversión.

La Zona Franca entonces adjudicó este millonario contrato, de más de cuatro millones, a una empresa de Miami de dudosa solvencia, con cuyos dueños, según se demostró después, Rodríguez de Castro mantenía relaciones comerciales. La justicia debe demostrar si, como se le acusa, se apropió indebidamente de dinero público. La Abogacía del Estado cree que parte de la inversión del portal Rilco acabó en cuentas del ex delegado.

Todo lo debe resolver un juicio, pero éste no se pone en marcha. La culpa la tiene un informe pericial del que se han elaborado ya cuatro versiones. La última de ellas acaba de culminarse y valora el portal Rilco por encima de los cinco millones, por lo que justifica las altas cantidades pagadas por él, aunque duda de que la empresa de Miami fuera la idónea para adjudicarle el contrato. La fiscalía podría ahora modificar sus acusaciones.

En similares circunstancias está el caso Quality Food. La Zona Franca, durante la etapa del PP, apoyó a bombo y platillo el nacimiento de una empresa de alimentación que puso en marcha el ex militante popular Manuel García Gallardo. El PP reconoció después que el experimento le salió rana. García Gallardo está acusado de fraude, apropiación indebida y estafa. La investigación, atascada por falta de medios y la acumulación de pruebas, trata de aclarar si se quedó con dinero de subvenciones ocultadas en una caja B de la compañía. "Llevo más de cinco años sentado en un banquillo paralelo. Es hora de que se resuelva. Si creen que debe haber juicio, que lo haya. Pero que sea ya", reclama García Gallardo.

(www.elpais.com, 19/04/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. LA TAPADERA QUE LA PRESIDENTA NO LEVANTÓ

"Yo destapé la trama Gürtel". Pronunciadas dos veces, las cinco palabras que Esperanza Aguirre encadenó el jueves 8 de abril de 2010 en la Asamblea de Madrid tienen ya garantizado su ingreso en los anales de la historia. Y lo tienen por mucho que al día siguiente Aguirre retrocediera a marchas forzadas para afirmar esta vez que, en realidad, nunca supo que tenía ante sí una presunta red de corrupción. De la popularidad de su "yo destapé..." dan fe los 118.000 resultados que el viernes arrojaba el buscador Google. O los seis grupos creados en Facebook, ninguno de ellos amistoso con la presidenta de Madrid y líder regional del PP. Pero la frase de Aguirre no encierra una simple muestra de osadía o ingenio. Contiene un oxímoron. O, lo que es lo mismo, una contradicción en toda regla.

Porque, mucho antes de que Baltasar Garzón lanzara el 6 de febrero de 2009 su operación contra la red corrupta, Aguirretuvo cuatro ocasiones de levantar la tapadera. Cuatro fueron los avisos que recibió. Variopintos pero suficientes para alimentar la inquietud de que algo se cocía en las cloacas de la política de Madrid, la Comunidad cuyo Gobierno proporcionó a la trama de Francisco Correa más de tres millones de euros en contratos. El que sigue es el relato de esas cuatro advertencias, todas ellas desoídas por quien, varios años después, frente al pelotón de periodistas parlamentarios, terminaría arrogándose el mérito de haber descubierto el pastel.

1. Las dos facciones. La extraña parcela y la trama de las VPO. El concejal Ángel Galindo la alertó de la actuación del alcalde de Pozuelo

En 2004, el grupo de gobierno del PP en Majadahonda se rompió. A un lado, el entonces alcalde, Guillermo Ortega, José Luis Peñas y Juan José Moreno. Al otro, 12 ediles encabezados por el actual regidor, Narciso de Foxá, que en aquellosdías dirigía la empresa Pammasa, gestora municipal de suelo y vivienda. La chispa que prendió el cisma fue la proyectada venta de una parcela por un precio inferior a la mitad de lo tasado en un principio.

La facción de Foxá acusó a Ortega, Peñas y Moreno de buscar el beneficio de una empresa, y así se lo dijo a Aguirre. Justamente, a esa operación se refería la presidenta cuando aseguró que destapó la trama Gürtel al impedir la venta de suelo "con beneficio para el señor Correa y el resto de los miembros presuntos de esta trama". Obvió que su número dos, Ignacio González, había aprobado los pliegos de la subasta, donde figuraba no el precio original sino el inferior.

También Peñas, autor de ese pliego y luego denunciante del caso Gürtel, acudió a Aguirre: sostenía que, al torpedear la venta, era Foxá quien quería beneficiar a una sociedad propiedad de un íntimo amigo. El 17 de enero de 2005, Peñas entregó a Aguirre un dossier donde desvelaba una presunta trama que basaba su negocio en la conversión de viviendas protegidas (VPO) en viviendas libres. Anticorrupción investigó, pero el caso se cerró. Aguirre desbancó a Ortega de la alcaldía, lo cobijó en la presidencia de una empresa pública, Mercado Puerta de Toledo, y lo mantuvo en la ejecutiva regional del PP como secretario de Estudios y Estadísticas.

2. Interviú. Special Events, Good and Better, Down Town...

El 14 de marzo de 2005, la revista Interviú publicó un extenso reportaje titulado Las amistades peligrosas de Alejandro Agag. Sus autores ofrecieron información detallada sobre los múltiples contratos públicos obtenidos en Madrid por las empresas de Correa y su esposa, "amigos íntimos de Alejandro Agag". Y citaban expresamente a Special Events, Good and Better... y Down Town Consulting.

El mismo día que la edición de Interviú llegó a los kioscos, Down Town cambió su denominación por la de Easy Concept, aunque su CIF (el DNI de las sociedades mercantiles) era el mismo. Aguirre afirma que, a raíz de ese reportaje, ordenó al ahora imputado Alberto López Viejo, su director adjunto de campaña en 2003 y entonces viceconsejero de Presidencia, que dejase de contratar con Special Events. Pero Good and Better e Easy Concept siguieron recibiendo adjudicaciones de la Comunidad, aunque cedieron protagonismo a otras dos nuevas marcas limpias de la red: Diseño Asimétrico y Servimadrid, las grandes receptoras de contratos desde 2006.

3. El edil. Una carta sobre los desmanes de Panero

El 21 de septiembre de 2006, el abogado y concejal independiente de Boadilla Ángel Galindo envió a Aguirre una carta donde revelaba cómo el alcalde del municipio, el ahora imputado Arturo González Panero, había adjudicado una parcela municipal a una empresa que ni siquiera estaba inscrita en la Seguridad Social. Aquella empresa era UFC, del también imputado en la Gürtel José Luis Ulibarri. Galindo, que representa al ex edil de Majadahonda José Luis Peñas en el caso, asegura que Aguirre ni siquiera acusó recibo de la misiva.

4. Los funcionarios. Segunda misiva y nuevo silencio

El 2 de diciembre de 2007, un grupo de funcionarios de Boadilla envió otra carta a Aguirre. Aquella misiva alertaba a la presidenta sobre cómo el alcalde Panero sometía a "chantaje" al funcionariado para adjudicar los contratos a su conveniencia. De las empresas adjudicatarias, denunciaban los funcionarios, "obtiene cuantiosos beneficios económicos de carácter personal; para él y para su círculo, que cada vez se hace más extenso". Tampoco con este cuarto aviso Aguirre se dio por aludida. Panero se mantuvo como alcalde hasta que el juez Garzón lo imputó en el caso Gürtel en febrero de 2009. También él pertenecía a la ejecutiva regional del PP.

(www.publico.es, 19/04/10)

20. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. OTROS TRES ALTOS CARGOS DE AGUIRRE RECIBIERON REGALOS DE LA TRAMA GÜRTEL

Tres altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre recibieron regalos de la trama Gürtel en las navidades de 2008, según las grabaciones incluidas en el sumario, citadas este domingo por la Ser. El director general de Cooperación, Percival Manglano, el responsable de Inmigración, Pablo Gómez Tavira, y el asesor de esa Consejería Gustavo Galiani López, entonces bajo las órdenes de Javier Fernandez Lasquetty, actual responsable de Sanidad, pudieron beneficiar a las empresas de Francisco Correa con contratos, a cambio de obsequios.

Las intervenciones telefónicas incluidas en el sumario del caso Gürtel hablan del "control" que supuestamente tenía Correa sobre altos cargos de la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid, que entonces dirigía Javier Fernandez Lasquetty, actual consejero de Sanidad.

Según el sumario, Correa y sus empresas penetraron en la Consejería de Inmigración de la mano del que era entonces viceconsejero,Carlos Clemente (en la foto, a la derecha), actualmente imputado en el caso Gürtel. De acuerdo con los nuevos datos que aporta el sumario, la red corrupta, temerosa de perder sus negocios con la salida de Clemente del Departamento, a finales de 2008, tejió una nueva red de "contactos" a base de regalos de marca.

La trama corrupta manejaba una lista de contactos VIPS a los que regalaban maletines de marcas exclusivas como Loewe. "Los VIPS, según la Policía, eran personas con cargos en entidades publicas", que, como era el caso de la Consejería madrileña de Inmigración que dirigía Fernandez Lasquetty, le facilitaban contratos a la organización de Correa.

De acuerdo con el sumario, el asesor personal de Lasquetty, Gustavo Galiani llamó personalmente a uno de los empleados de Correa (Pau Collado) para darle las gracias por el regalo recibido . "Oye, te llamaba para darte las gracias por el detalle porque no tenías por qué (...) todos los actos que has hecho han salido fantásticos, prometo darle un buen uso a lo que me habéis regalado"-decía el alto cargo de Aguirre en las grabaciones que figuran en el sumario.

En otra de las grabaciones, el empleado de Correa, Pau Colado (que dirige una de las empresas de la trama , Easy Concept) , trasmitía a su compañera su preocupación por la salida de Carlos Clemente de la Consejería de Inmigración, ya que temía que el volumen de contratos se redujese. "Antes, con el de encima [Clemente] lo tenía muy bien y ahora no ....no... no lo tenemos tanto porque no lo conocemos, entonces ...pero bueno vamos a ver cómo lo manejamos" .

(www.elplural.com, 18/04/10)

21. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. MQM PAGÓ A LA GÜRTEL 409.000 EUROS TRAS LA CAMPAÑA FANTASMA

Marketing Quality Management (MQM), la empresa que obtuvo 1,25 millones del Gobierno de Esperanza Aguirre por una campaña de publicidad de la que no hay rastro a las puertas de las elecciones de 2007, pagó a la trama Gürtel 409.000 euros tras obtener la polémica adjudicación. El pago consta en la declaración ante la Agencia Tributaria de Diseño Asimétrico, una de las arterias de la trama en Madrid, según la documentación incorporada al sumario.

El 26 de agosto de 2006, el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, convocó un concurso urgente para una campaña publicitaria que transmitiera "la importancia del desarrollo económico equilibrado en el desarrollo de la Comunidad" a un precio muy superior al de mercado: 1,25 millones de euros sólo para la creatividad, cuando los concursos equivalentes en una región como Madrid rara vez superan los 300.000 euros.

La campaña se adjudicó en octubre del mismo año a MQM, que había presentado como propuesta el lema Made in Madrid. Pero el 6 de marzo de 2007, a las puertas de las elecciones autonómicas, el contrato fue modificado de forma que se exoneró por escrito a MQM de realizar el 80% de los compromisos adquiridos sin rebaja de precio. Simultáneamente, se le adjudicó otro contrato de 250.000 euros para organizar actos de la Comunidad de Madrid, también a las puertas de los comicios.

De la campaña Made in Madrid nunca más se supo hasta que la diputada de Izquierda Unida Reyes Montiel logró acceder al expediente completo y pudo comprobar que no existían evidencias de que la campaña se hubiera realizado. Y ello pese a que incluía el compromiso de bombardear Madrid con 50.000 chapas y 100.000 unidades de bolígrafo. Las únicas pruebas que constaban en el expediente oficial eran fotos de otra campaña, realizada por otra agencia en otra adjudicación.

MQM era una empresa proveedora de la trama, según consta en las grabaciones de la policía a los cabecillas de la Gürtel y admitió a Público Antonio Martín Sánchez, administrador de MQM:

"Es cierto que fuimos proveedores de Easy Concept y ellos de nosotros, pero esto no quiere decir nada. Tenemos muchísimos clientes que avalan nuestra profesionalidad", declaró.

Pero, según la documentación de Hacienda aportada al sumario, no existen pagos relevantes entre MQM y la trama antes de 2007. En cambio, este año, tras haber obtenido la adjudicación de publicidad fantasma y modificar las condiciones a las puertas de los comicios, consta el pago de 409.000 euros a Diseño Asimétrico.

Montiel tiene previsto acudir mañana a la fiscalía para poner en su conocimiento lo sucedido e instarla a investigar. El escrito denuncia, entre otros elementos, el "abusivo precio de la adjudicación", los cambios del contrato a las puertas de la campaña y que "las supuestas pruebas gráficas" que le fueron facilitadas junto al expediente "en realidad forman parte de la campaña de otra agencia que nada tienen que ver con la campaña adjudicada a MQM", recalca.

El documento muestra extrañeza de que fuera una empresa privada la que decidiera el ganador del concurso. Esta empresa se llama Swat y tenía una relación tan fluida con la trama de Francisco Correa que, según la documentación aportada al juez, organizó directamente el reparto de una adjudicación en Majadahonda para la Gürtel en 2001. Swat también eligió a Over Marketing para otra campaña fantasma de dos millones. Ayer, PSOE e IU exigieron que la Cámara de Cuentas fiscalice los contratos del Gobierno de Aguirre con la trama.

(www.publico.es, 21/04/10)

22. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. EL GOBIERNO DE AGUIRRE ADMITE EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, admitió ayer por vez primera que las campañas de publicidad fantasma que contrató el Gobierno de Esperanza Aguirre a las puertas de las elecciones de 2007 no se realizaron en los términos adjudicados, sino que se "integraron" en otras campañas. "Todo se llevó a cabo; se integró, se produjeron sinergias entre las campañas", aseguró Beteta en la Asamblea de Madrid.

Las campañas de publicidad fantasma que permitieron a tres empresas coordinadas con la trama Gürtel embolsarse 4,55 millones de euros en contratos publicitarios que no se materializaron, llegaron ayer a la Cámara madrileña por iniciativa del PSOE. Beteta defendió el éxito de las adjudicaciones del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), que en verano de 2006 sacó por la vía de urgencia concursos publicitarios por valor de casi 10 millones, y los consideró claves para conseguir que la región aumentara, dijo, el 5,8% de empresas innovadoras entre 2006 y 2007.

Pero Beteta no aportó una sola prueba de que la campaña Made in Madrid, adjudicada a MQM por 1,25 millones de euros, se realizara. Tampoco la de El motor de nuestro desarrollo, adjudicada a Over Marketing y Comunicación por dos millones. Ambas fueron seleccionadas por Swat SL, consultora que elaboró la propuesta de adjudicación -asumida luego al 100% por la mesa de contratación-, por lo que se embolsó 1,3 millones. Las tres empresas se han coordinado con el núcleo duro de la trama Gürtel para obtener contratos en Madrid, según refleja el sumario que instruye el juez Antonio Pedreira.

Beteta exhibió ante el pleno fotografías pertenecientes a otro proyecto, adjudicado y pagado a la agencia Ruiz Nicoli, como supuesta demostración de que las campañas polémicas se hicieron. Su explicación fue que esa campaña, adjudicada el mismo día con condiciones distintas a las de MQM y Over Marketing, acabó en un único paquete: se "integraron" con posterioridad, a la búsqueda de "sinergias".

La versión de Beteta implicaría la adjudicación más cara en creatividad de la historia de España: 4,5 millones. Los concursos equivalentes más caros de ámbito nacional, con actualización constante, sólo muy raramente superan los tres millones. Y los de ámbito regional en una zona como Madrid suelen rondar los 200.000 euros, el precio que costó, por ejemplo, la creatividad de Yes, we want.

Beteta ridiculizó los argumentos de Reyes Montiel, la diputada de IU que destapó el escándalo, y las del socialista Enrique Echegoyen. A Montiel le llamó "vaga" por no haber encontrado las pruebas que él no fue capaz de exhibir y reiteradamente le instó a "trabajar en lugar de decir mentiras".

(www.publico.es, 23/04/10)

23. COMUNIDAD DE MADRID. ESPINAJE DEL PP. LOS AGENTES DE AGUIRRE ESPIARON A PRADA HASTA LA MADRUGADA EN UNA CENA PRIVADA

El informe de la policía basado en datos facilitados por Telefónica sobre los movimientos de agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid acredita que el ex vicepresidente madrileño Alfredo Prada, defenestrado del Gobierno regional semanas después de sufrir los seguimientos, fue espiado también hasta la saciedad en abril de 2008.

Uno de los seguimientos más evidentes sufrido por Prada, ya que ni siquiera cabe la forzada coartada de que se vigilaba un acto público, es el marcaje a la cena privada y familiar que celebró el ex vicepresidente segundo el 14 de abril de 2008. El parte de los espías lo reflejaba así: "Sobre las 22.10 sale del domicilio y se dirige a un restaurante sito en la calle Comandante Zorita, en el cual entra en compañía de su mujer y de una chica muy joven, permanecemos por la zona hasta eso de las 0.50 horas en lo que salen. Al mismo tiempo de la salida observamos un grupo de personas, sin precisar si en tal evento participaron de la compañía de P. Se tomaron matrículas de vehículos con el fin de comprobar propietarios".

El parte del espionaje revela elementos clave: los agentes llevan tanto tiempo pegados al vicepresidente segundo madrileño que ya reconocen a su esposa, sin proyección pública; les inquieta tanto con quién cenaba Prada que no dudan en identificar las matrículas de cuantos coches aparcan junto al restaurante esa noche por si sus dueños compartieron mantel con el matrimonio Prada y "la joven" que les acompañaba, que resultó ser su hija.

Los ex guardias civiles, contratados como asesores de confianza por el consejero de Interior Francisco Granados, que conocía a uno de ellos por cuestiones familiares, dejaron un intenso rastro de su oscura labor. El parte señala que Prada abandona su despacho oficial a las 21.45 para ir a su domicilio. José Oreja, asesor de Granados ya imputado por el espionaje, hace un movimiento similar [véase gráfico]. Su teléfono hace una llamada a las 21.45 junto a la consejería de Justicia y otra a las 22.06 junto al domicilio de Prada, desde una antena situada en Núñez de Balboa, 38. Atado telefónicamente a igual antena, se encuentra otro asesor de Granados, José Luis Caro, desde las 21.22 a las 21.50.

Cuando después Prada y familia acuden al restaurante de la calle de Comandante Zorita, Oreja, a tenor de su móvil, los sigue hasta allí. Oreja está ubicado junto a la antena situada entre las calles comandante Zorita, Basílica, Hernani, y general Moscardó. Su vigilancia comienza a las 22.35 y continúa hasta las 0.49. "Permanecemos por la zona hasta eso de las 0.50 horas en la que salen", señala el parte de seguimiento con una enorme precisión respecto a lo que revela el uso de su teléfono.

En las dos horas que el agente, según el informe sobre la posición de su teléfono, espía la cena de Prada, hace una veintena de llamadas al móvil de dos personas -646 15 31 78 y 646 71 88 01-, que comparten su mismo radio de acción, y no se corresponden con los teléfonos de los ocho agentes investigados. Previamente, como siempre, el tercer ex guardia civil y asesor de Granados imputado, Antonio Coronado, también andaba a la zaga de Prada en los alrededores de la consejería de Justicia. Los tres asesores de Granados aseguraron en su declaración a la juez que nunca vigilaron actos privados de Prada ni le siguieron a restaurantes.

(www.elpais.com, 20/04/10)

24. COMUNIDAD DE MADRID. EL PORTAVOZ DEL PP EN LA ASAMBLEA ARROPA A SU DIPUTADO FALTÓN APELANDO A LA "LIBERTAD DE EXPRESIÓN"

La polémica suscitada por los insultos de un diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Juan Soler-Espiauba, alojados en su blog y desvelados por El Plural sigue creciendo. Su jefe en el grupo popular en la Asamblea, el portavoz David Pérez, le ha arropado y ha negado "paralelismos" entre este caso y el de Manuel Cobo, el vicealcalde de Gallardón expedientado por la dirección nacional por acusaciones contra Esperanza Aguirre en una entrevista. A este último asunto de Cobo se ha referido el secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Granados, apuntando que "me fío poco de quien sale a atacar a los compañeros del partido y ayudar a los compañeros de otros partidos".

El diputado Soler-Espiauba acusó a sus compañeros de partido Nacho Uriarte e Iñaki Oyarzábal de "haber trepado" en el PP a pesar de sus "deficiencias", y es que tachaba de "sorprendente" que hubieran defendido a Bono y a Garzón respectivamente. Posteriormente se disculpó con Oyarzábal, pero reiterándole algunas de sus descalificaciones, añadiendo nuevos reproches e incluyendo de paso a Manuel Cobo por su "inteligencia cerrada por el odio" a Aguirre.

Preguntada por todo este asunto, Dávid Pérez, portavoz del PP en la Asamblea, declaró que  "el paralelismo" entre el caso de Soler-Espiauba y el de Cobo "es absolutamente infundado, desproporcionado y exagerado"."Juan Soler ha expresado unas opiniones en el uso de su libertad de expresión. ¡Sólo faltaba que no pudiéramos tener libertad de expresión en este país!", defendió en declaraciones recogidas.

Pérez explicó que en la entrevista en la que Cobo denunciaba maniobras de "vómito" de Aguirre contra Rato se estaban vertiendo "una serie de acusaciones gravísimas", que ademñas a día de hoy "no han merecido una petición de disculpas por parte de quien las emitió". Mientras, en el caso de Soler, lo que ha leído, son "opiniones personales".

El portavoz popular aseguró que "si se quiere buscar una polémica a partir del comentario de un señor en un blog" estaríamos ante situación en la que "los políticos y el resto de personas vería a lo mejor limitada su capacidad de expresión". Tras afirmar que "el límite" entre la libertad de expresión y la crítica sancionable está en el "respeto y el respeto a la verdad", aseguró que Soler-Espiauba "acredita ambos".

Mientras, en una entrevista en El Círculo a primera hora de Telemadrid, el secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Granados. abordó la siutación de Cobo y sus denuncias de seguimiento desde el Gobierno regional. "Me sorprende y me fio poco de quien sale a atacar a los compañeros del partido y ayudar a los compañeros de otros partidos", aseguró.

Y en el mismo sentido, insistió en que "es muy lamentablemente que alguien haga buena una teoría que va en contra de sus compañeros de partidos y que haya dado lugar a declaraciones como temo por mis hijos o similares". "Es desmesurado y requiere una reflexión por su parte", subrayó.

Sobre las reticencias de Gallardón a sumarse a las movilizaciones del PP de Madrid a sumarse a la "rebelión" contra la subida del IVA, Granados alertó de que "el llamamiento es a todos los cargos del PP, incluido el alcalde de Madrid". "Todos los cargos del partido, como es su obligación, participarán en todas las campañas que ponga en marcha el PP regional", advirtió, insistiendo en que "en el caso del alcalde de Madrid, como al resto de alcaldes de la Comunidad, también le pediremos que presente una moción en el Pleno en el Ayuntamiento".

(www.elplural.com, 21/04/10)

25. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ELUDE CONDENAR EL FRANQUISMO, PERO CARGA CONTRA LA II REPÚBLICA

El pleno de la Asamblea de Madrid celebró un debate a cuenta de la historia de España a raíz de la petición lanzada por el portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, para que la jefa del Ejecutivo condenara el franquismo y se distancie de una supuesta colaboración con Falange en la "campaña" contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

Ante la petición del coordinador de Izquierda Unida, la presidenta entró de lleno en el fondo del asunto y aseguró que no iba a esquivar la cuestión. "Ustedes y muchos como ustedes aparentan tener una explicación muy simple sobre los problemas de nuestra historia. Para ustedes, en 1936 los españoles disfrutaban de una modélica república en la que se respetaban los derechos de todos los ciudadanos, y de repente, una coalición de militares fascistas y de clérigos carcas, dio un golpe, provocó una guerra civil de 3 años y se mantuvo 36 años en la dictadura. Y a partir de ahí, para ustedes solamente hay buenos y malos. Buenos, todos los de un bando, y malos, todos los del otro bando", manifestó.

"Idílica la II República, nada de nada", recalcó Aguirre, jaleada y aplaudida profusamente por la bancada popular. A continuación, pidió a Gordo que condenara él "el golpe del 34 en el que participó su partido". "¿Usted condena el golpe del 34 o condena que la escolta de Prieto asesinase al jefe de la oposición?", le espetó. "La cosa no es tan sencilla, de buenos y malos. En todas las familias los había de un bando y de otro, desde luego en la mía, en los dos bandos hubo hechos heroicos y hechos vergonzosos", lamentó.

Para respaldar sus palabras, la jefa del Ejecutivo recordó que "los tres intelectuales españoles que más defendieron la llegada de la República, Ortega y Gasset, Pérez Ayala, Marañón, huyeron de esa idílica República de usted y desde el extranjero mostraron su apoyo a Franco y en prueba de ello, enviaron a todos sus hijos al ejército que su señoría llama Ejército golpista", insistió.

En su intervención, el portavoz de IU en la Asamblea de Madrid había pedido a la presidenta minutos antes que condenara en la Cámara "el golpe del 36, el régimen de Franco y la brutal represión contra las víctimas" , al tiempo que le recriminó "el sectarismo" del PP "contra quienes no piensan como ellos. El también coordinador de IU-CM reprochó a Aguirre "no tener empacho para tergiversar la historia, si eso les permite recibir los votos de la extrema derecha" y añadió que, "como les vale todo, son capaces de aplaudir al juez Garzón cuando dimitió como diputado socialista y luego desprestigiarle cuando sus investigaciones, como el Gürtel, no les agrada".

Gordo subrayó que ahora el PP trata de ocultar la "siniestra" historia del franquismo "para tener atados y bien atados a sus deudos en torno a su partido" y le invitó a que condene el franquismo. "De la memoria de los que participaron en el golpe no se preocupe, porque todavía tienen nombres de calles y monumentos, y fosas comunes con sus víctimas", apuntó.

Asimismo, pidió a Aguirre que no colabore con Falange en la campaña contra Garzón y pida el sobreseimiento de la causa, al tiempo que recordó que IU ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para reformar la Ley de Amnistía y adaptar su contenido a las leyes internacionales que decretan que los delitos de genocidio y lesa humanidad no prescriben nunca.

"Señora presidenta, la Ley de Amnistía no puede convertirse nunca en una excusa para evitar la persecución de las más graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante el régimen franquista. No puede ser, de ninguna de las formas, que las víctimas tengan que pedir perdón a los culpables", aseveró el portavoz de IU.

(www.publico.es, 22/04/10)

26. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. GRANADOS: "LA JUSTICIA GRATUITA SÓLO SERÁ PARA LOS POBRES DE SOLEMNIDAD"

El Gobierno regional zanjó ayer con un nuevo decreto el enfrentamiento que mantiene con los abogados del turno de oficio desde hace meses por el pago de sus servicios. Esta norma, que entrará en vigor en aproximadamente un mes, va a limitar el acceso a la justicia gratuita con una serie de requisitos que implican un recorte en el gasto regional en el turno de oficio. Uno de ellos establece que, a partir de ahora, los beneficiarios del turno de oficio deberán acreditar que no disponen de medios para pagar un abogado. En palabras del propio consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, sólo podrán acceder a ella quienes puedan justificar que son "pobres de solemnidad".

"Acaba la presunción de insuficiencia de medios del cliente por parte del abogado. Ahora hay que demostrarlo", explicó Granados tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. El consejero justificó esta medida, que recortará el gasto en el turno de oficio, en su coste. "Cuando la Comunidad de Madrid recibió las transferencias en materia de justicia se valoró este servicio en nueve millones de euros", explicó Granados. "Ya vamos por 50 millones de euros", añadió el consejero.

Otro de los puntos que se va a modificar son los requisitos para que estos abogados puedan recurrir los fallos judiciales contra sus clientes. Requerirán de un mandato expreso de sus defendidos para poder acudir a instancias superiores. El consejero justificó esta medida en el "abuso" de algunos miembros del turno de oficio que, según dijo, recurrían aun sin tener mandato expreso de sus defendidos y, en ocasiones, cuando éstos ni siquiera están en territorio español. Granados argumentó también que esta medida servirá para quitarles trabajo a los jueces. Y recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tachado las situaciones anteriores de "abuso" porque colaboran al colapso de los juzgados.

La última reforma de la Ley de Extranjería, que entró en vigor a mediados del pasado mes de diciembre, recoge en su artículo 22 varios requisitos para poder acceder a la justicia gratuita. Entre ellos están que los inmigrantes deberán acreditar que tienen derecho a recibirla. También obliga a que, en los procedimientos contencioso-administrativos, el inmigrante deberá acreditar que quiere recurrir en instancias superiores.Esta ley recoge que debe dejar "constancia expresa" de que el inmigrante quiere recurrir. En caso de que esté en el extranjero, esta solicitud "podrá realizarse ante la misión diplomática u oficina consular correspondiente", puntualiza la última reforma de la Ley de Extranjería.

La tercera modificación que supondrá el decreto, según avanzó ayer el consejero, se refiere a los delitos de tráfico, cuya asistencia jurídica paga la Comunidad de Madrid. "A partir de ahora, sólo se prestará asistencia a quien no tenga seguro o quien de manera fehaciente certifique y pruebe que no tiene suficientes ingresos", afirmó. Sin embargo, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, puntualizó a su consejero, ya que todavía no saben cómo se plasmará este tercer supuesto en el texto definitivo del decreto. Aguirre aseguró que "si no tiene seguro, no se va a premiar" al conductor que haya delinquido.

El decreto aún debe pasar la tramitación de información en diversas instancias. Granados explicó además que está en conversaciones con el Ministerio de Justicia para que los requisitos de la justicia gratuita sean equivalentes en todas las comunidades y se puedan añadir otras condiciones sobre las que no tiene competencia la Comunidad de Madrid.

(www.elpais.com, 23/04/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CAMPS NIEGA HABER DADO CONSIGNA ALGUNA DE CONTRATAR CON LAS EMPRESAS DE LA TRAMA GÜRTEL

El presidente valenciano, Francisco Camps, negó ayer haber dado consigna alguna para contratar a las empresas de la trama corrupta del caso Gürtel.

Camps, que rehúye a los periodistas desde que el 6 de abril se levantó la mayor parte del secreto de sumario, se volvió a enfrentar ayer a las preguntas de la oposición sobre un escándalo que tiene paralizado a su Gobierno desde hace un año. En un debate a cara de perro, Camps insistió: "Nunca, jamás, he impartido consigna alguna en mis 20 años de responsable político". De ahí no se movió.

El presidente valenciano no se mostró dispuesto a facilitar a la oposición los contratos y las facturas de la Generalitat con las empresas de la red corrupta. Y tampoco quiso pronosticar cómo reaccionará si el Tribunal Supremo reabre la causa que archivó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por haber recibido trajes pagados por la red Gürtel.

El portavoz socialista, Ángel Luna, se mostró implacable. "Usted ha dado instrucciones para contratar con la trama corrupta. O hay una buena explicación o esto es lo que parece. Y es lo que parece", dijo Luna, que recalcó que, prácticamente, todos los departamentos de la Generalitat valenciana contrataron con Orange Market y el resto de empresas de la trama. Adornó sus argumentos con un chiste sobre el hombre que pilla a su mujer en la cama con otro y le asegura que no es lo que parece. Elemento que fue aprovechado por Camps para acusar a Luna de "soez y machista". Las diputadas del PP presentaron un escrito de reprobación por machismo, mientras que las socialistas respaldaron a su portavoz y recordaron que las populares no han dicho nada de las denuncias de acoso sexual de tres trabajadoras de Canal 9 contra un alto directivo.

(www.elpais.com, 23/04/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. JUAN COSTA SUGIERE A CAMPS QUE ROMPA SU SILENCIO SOBRE GÜRTEL

El diputado del Partido Popular por Castellón, Juan Costa, reconoció hoy que ha echado en falta en su partido "criterios más claros y objetivos" respecto a las responsabilidades disciplinarias a adoptar sobre el caso 'Gürtel' y reclamó un trato para "todos por igual". Admitió que su formación también debería haber ofrecido "más explicaciones" en la Comunitat Valenciana y puso de manifiesto que un político debe estar dispuesto a pronunciarse sobre su "vida personal, situación patrimonial o responsabilidades políticas".

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Costa puso en evidencia que el caso 'Gürtel' es motivo de preocupación para el conjunto de los españoles, por lo que "alguien que está en política" tiene que seguirlo con "mayor preocupación, interés y atención". Dicho esto, expuso que el partido debe agradecer al ex tesorero del PP que haya abandonado su escaño en el Senado y precisó que el PP podría haberse "ahorrado" el debate sobre las medidas disciplinarias si hubiera contado con "criterios más claros y objetivos".

"Este debate que hemos tenido a lo largo de los últimos meses sobre responsabilidades disciplinarias de un partido podríamos habérnoslo evitado todos su tuviéramos unos criterios más claros y objetivos a la hora de exigir responsabilidades a nivel interno", estimó, para sentenciar que se debe tratar "a todos por igual".

Para Costa, en su partido no han sido capaces de transmitir "al menos durante un periodo de tiempo" la imagen de que actuaba con "el mismo criterio" y de "manera homogénea" ante cualquier caso. De todos modos, matizó que la falta de criterios más homogéneos no sólo la padece el PP, sino también el resto de formaciones políticas, entre las que citó al PSOE, donde hay "personas imputadas que mantienen responsabilidades orgánicas".

El diputado de los populares por Castellón, también remarcó que en la Comunitat Valenciana debe "existir un criterio". Tras indicar que en Valencia "no hay nadie imputado" por esta causa, destacó que deberían haberse dado "más explicaciones" en este territorio. "Un político en relación con otro ciudadano tiene una obligación que es consustancial a su cargo, dar explicaciones por cualquier cosa", manifestó.

En esta línea, señaló que los responsables políticos tienen la obligación de dar explicaciones de "manera permanente" y añadió que en un caso que preocupa a "militantes del partido y a la opinión pública deberíamos dar más explicaciones" y transmitir que somos capaces de enfrentarnos exigiendo responsabilidades sin ningún tipo de discriminación o diferenciación". "Desde el último militante del partido a dirigentes del partido", agregó.

El diputado del PP expuso que una situación como ésta produce "vergüenza" a muchos militantes de la formación y temen que los ciudadanos les identifiquen con estas prácticas e hizo un llamamiento a garantizar que su partido es capaz de evitar que ocurran de nuevo en el futuro.

(www.levante-emv.com, 20/04/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LAS TRES OFERTAS DEL CONCURSO DE VAERSA QUE GANÓ EL BIGOTES ERAN CALCADAS

Casi como tres gotas de agua. Las tres empresas de la trama Gürtel que en 2004 optaron a la adjudicación de la campaña de sensibilización del uso de contenedores amarillos de la empresa pública Vaersa y que finalmente obtuvo Orange Market, la firma de El Bigotes, presentaron al concurso sendas ofertas prácticamente calcadas, según figura en el expediente de contratación incorporado al sumario del caso y que ayer hizo público el portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna. El trabajo de Vaersa, firma dependiente del entonces conseller de Territorio y hoy portavoz del PP y titular de Solidaridad, Rafael Blasco, co?mo recordó ayer Luna, fue el primero en la Comunitat de Orange Market, la franquicia valenciana de la trama, tras su constitución meses antes. La empresa acabó cobrando la mitad -69.310 euros- pese a que nunca llegó a realizar los vídeos contratados.

Aquel paripé de procedimiento negociado sin publicidad que reveló Levante-EMV en exclusiva, en el que Vaersa pidió presupuesto a tres firmas Gürtel -además de Orange Market, Down Town Consulting y Boomerangdrive-, todavía resulta más escandaloso al indagar en el expediente, algo que ha sido posible tras el levantamiento del sumario y que los populares han negado a la oposición en las Corts de forma pertinaz.

Dos de las tres ofertas tienen la misma fecha, el 25 de julio de 2004; la tercera es del 28. Los tres proyectos son casi literales. Hasta las erratas de aludir a la elaboración de sendos vídeos de 8 y 3 segundos, en lugar de 8 y 3 minutos, se calcan. La propuesta de contratación es del 9 de noviembre de 2004. El mismo día se hace el pedido a Orange Market, que había sido la oferta más barata, 138.684 euros, con IVA. Boomerang drive lo hacía por 186.180 euros y DTC, por 163.328. Una broma.

Curiosamente, subrayó Luna, el documento de la empresa acreditando su solvencia llegó dos días después, el 11. El 12 de noviembre se firmó el contrato, tres días después de cursar el pedido. Y, lo más sorprendente, Álvaro Pérez cobró el 50%, 69.310 euros, 19 días después. Sin empezar a hacer nada.

El trabajo debía acabarse en enero de 2005, pero en septiembre, constatado el nulo avance, se amplía la fecha. En 2007, Vaersa y Orange Market firman un documento dando por rescindido el contrato y renunciando a reclamar nada. "Cuando una empresa entra por la puerta grande y con alfombra, qué problemas va a tener para acceder al resto de los contratos del Consell", se preguntó Luna, quien avanzó que llegará al Tribunal Constitucional para exigir los expedientes de contratación.
El portavoz de Compromís, Enric Morera, indicó que Camps tiene mañana, en la sesión de control, "la última oportunidad para explicar qué ha hecho esta trama con el dinero de los valencianos".

Blasco replicó después que, mientras "no se demuestre lo contrario", el expediente de Vaersa es "impecable" y señaló que Luna "no tiene ninguna credibilidad". "Ese expediente no lo conozco, conozco que es un expediente que existe pero no he tenido ninguna responsabilidad en ese tipo de cosas", aseveró. Fuentes del entorno resaltaron que el conseller no podía estar encima de la gestión de Vaersa, responsabilidad entonces del ex director Juan Miguel Bellver, quien propuso la contratación.

Blasco recalcó que el TSJ examinó los expedientes y citó a una treintena de altos cargos, tras lo que "no vio ningún tipo de ilegalidad ni irregularidad". Y acusó a Luna de hacer "un uso fraudulento de un informe bajo secreto demostrando una catadura moral discutible".

(www.levante-emv.com, 21/04/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CORRUPTORES Y CORRUPTOS BAJO EL GOBIERNO DE CAMPS

El 12 de mayo decidirá el Tribunal Supremo si el hecho de haber aceptado trajes regalados por la trama de corrupción del caso Gürtel llevará al presidente del Consell, Francisco Camps, ante un jurado. Pero los regalos de trajes son sólo un elemento llamativo, tal vez el más llamativo, de un episodio de supuesta financiación ilegal del PP valenciano que, a su vez, forma parte de una vasta red de financiación irregular en otras administraciones de España gobernadas por los populares. El alcance de los regalos efectuados por Álvaro Pérez, representante en Valencia de la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, actualmente en prisión, se revela cada vez más amplio y más sistemático. El levantamiento del secreto del sumario por parte del juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), permite constatar cómo funcionaba el desvío de dinero público para pagar actos del PP y para enriquecer a miembros de la trama. Es el relato de cómo se movieron corruptores y corruptos bajo el gobierno de Camps.

Entre los implicados, hay cinco empresarios, de quienes las dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción en el caso, Myriam Segura y Concepción Sabadell, pidieron la imputación a finales de 2009. Su declaración está pendiente. Son los cinco empresarios incluidos por los socialistas en la querella que presentaron ante el Ttribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y que permanece en stand by a la espera de que Pedreira culmine una investigación que todavía debe dar más de sí, puesto que ha citado a declarar el miércoles a Álvaro Pérez para profundizar en la trama valenciana. En el momento en que la fiscalía amplíe su petición de imputación a Camps y otros aforados valencianos, también incluidos en la querella de los socialistas, esa parte del caso deberá volver al TSJCV o ser remitida con el conjunto de las actuaciones al Tribunal Supremo, como pretende el ministerio público. El sumario del caso Gürtel aporta muchos datos sobre la actuación de corruptores y corruptos en la política valenciana durante años.

- ¿Cuándo y por qué empezó a actuar la trama en Valencia?

Las empresas que dirigía Correa ya habían realizado trabajos para el PP valenciano en septiembre de 2002 con motivo del décimo congreso regional. Un cónclave, del que figuran pagos en dinero negro en la contabilidad de la trama, en el que Camps ya ejercía de secretario regional con el entonces todopoderoso presidente Eduardo Zaplana. Sin embargo, Correa no se decidió a abrir franquicia en Valencia hasta 2004, cuando el PP, con Mariano Rajoy de candidato, perdió las elecciones generales. Ese año Correa decide enviar a Álvaro Pérez a Valencia para ampliar el negocio. El Bigotes logra pronto la confianza de Camps -que lo convierte en su escenógrafo de cabecera y lo incluye en su círculo personal-, y sella su amistad con otros altos cargos del PP valenciano. En cuestión de meses, Orange Market empieza a trabajar tanto para el PP como para la Generalitat.

- ¿Cómo funcionaba la red de corrupción?

Según los datos que figuran en el sumario, Orange Market facturaba al PP por la celebración de actos. Una parte del dinero se pagaba en A y otra en B, que se ingresaba en la caja conjunta de la trama. La empresa que dirigía Álvaro Pérez también obtenía ingresos por los contratos con la Administración valenciana, tanto de las consejerías como de las empresas y organismos autónomos. Buena parte de los trabajos se trocearon en varias facturas para contratar directamente con Orange Market y otras firmas de la trama corrupta -la adjudicación directa sin concurso se puede realizar en la Administración si el total de lo contratado no excede 12.000 euros-. En otros casos se facilitó el paso a la trama corrupta, pese a utilizar empresas que carecían de experiencia y presentaban las ofertas más caras, como en el primer contrato de Fitur o en la instalación del montaje audiovisual de la visita del Papa. En algunos de esos trabajos se subcontrató con otras firmas de la trama, a las que se pagó en A y en B. El dinero negro se ingresaba en la caja común.

Por último, Orange Market ingresó por trabajos efectuados para cinco grandes constructoras -que obtienen sustanciosos contratos de la Generalitat- por trabajos reales y otros de los que no hay constancia que se hicieran. En este último caso, ese dinero habría servido para financiar eventos del PP. Cuando Álvaro Pérez necesitaba liquidez inmediata debía recurrir a la misma caja central donde se habían realizado los depósitos. En definitiva, Orange Market era el proveedor principal de eventos del PP, pero también recibía encargos de la Generalitat, de instituciones de carácter público como Feria Valencia y Canal 9 y de constructoras cuya actividad depende de la Administración valenciana.

- ¿Qué papel desempeñaban los regalos?

Álvaro Pérez le explica a su mujer en una de las conversaciones telefónicas grabadas por la policía que para hacer negocios tiene que llevarse bien con las esposas de los políticos. En efecto, las esposas de Francisco Camps, del vicepresidente Vicente Rambla y el ex vicepresidente Víctor Campos tenían una relación fluida con el jefe de Orange Market, que personalizaba los regalos que les hacía y que ellas llegaban a considerar "una pasada". Además de los trajes que recibieron el propio Camps, Campos, el ex secretario regional del PP, Ricardo Costa, el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret, y el ex director de RTVV Pedro García, el sumario revela que la trama de corrupción llegó a gastar 140.000 euros en relojes de lujo. Uno de ellos, valorado en 2.400 euros, fue regalado en 2006 a la entonces consejera de Turismo y hoy presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez. Álvaro Pérez registraba cuidadosamente los regalos, sus destinatarios y sus precios. Su contabilidad desglosa, por ejemplo, 8.800 euros en regalos de Navidad a cargos públicos y dirigentes del PP valenciano.

- ¿Cuáles fueron los principales contratos?

Si bien la empresa de Álvaro Pérez comenzó tímidamente en 2004 a trabajar para la Administración valenciana, con apenas un encargo de 138.678 euros para elaborar un documento de sensibilización ambiental para Vaersa, ya en diciembre de aquel año ganó, con Milagrosa Martínez de consejera, el encargo de la Agencia Valenciana de Turismo para instalar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur-2005. Un contrato de 930.000 euros por el que acabó facturando 1,57 millones.

Orange Market ganó otros cuatro años consecutivos los concursos de Fitur, por los que cobró un total de 5,4 millones de euros. Y giró cada año decenas de facturas menores para otras consejerías, fundaciones y empresas de la Generalitat. Lo que elevó su facturación a 6,7 millones de euros entre 2004 y 2009. Y a este sistema se unieron otras ocho empresas de la trama, que llegaron a facturar por separado y por los mismos conceptos al mismo organismo. La trama levantó finalmente en esos años 7,1 millones de euros solo de organismos de la Generalitat. No obstante, en 2008 el mejor cliente de Orange Market pasó a ser Feria Valencia, con 1.438.400 euros facturados. Además, fue un ejercicio en que ganaron peso los trabajos cobrados a constructores como Enrique Ortiz (231.000 euros), las empresas de Sedesa (151.000) o Lubasa (58.000). Firmas a las que se investiga por la posible financiación irregular del PP valenciano a través de pagos en negro a la trama. En conjunto, las empresas de la trama recibieron 11,7 millones en cinco ejercicios.

- ¿Qué hacían los cinco constructores implicados?

La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado octubre la imputación de cinco empresarios valencianos y una empleada de Orange Market. Concretamente, solicitó que declararan en condición de imputados Enrique Tomás Ortiz Selfa, de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA; Enrique Gimeno Escrig, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, Facsa; Vicente Cotino Escrivá, sobrino del vicepresidente Cotino, de la empresa familiar Sedesa; Luis Batalla Romero, administrador de Lubasa; Antonio Pons Dols, de la mercantil Piaf SL, y una empleada de Orange Market identificada como Merche, según el escrito del ministerio público. Los cinco están supuestamente implicados en la financiación irregular del PP (que es delito si coincide con campañas electorales, como es el caso). En parte, a través de pagos de actos organizados por Orange Market al PP y, también, por las aportaciones directas a ese partido. Para aclarar esos extremos la fiscalía pidió que la Agencia Tributaria examinara la documentación intervenida a Orange Market, datos bancarios e información aportada por el PP sobre gastos en las campañas electorales de 2005 a 2008.

- ¿Qué pasará con el proceso judicial?

Antonio Pedreira mantiene viva la instrucción. Esta próxima semana incorporará a sus actuaciones los testimonios de Álvaro Pérez y de la mujer del senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Como juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es competente para imputar a cualquier aforado de esa comunidad autónoma, pero no de cualquier otra. Por tanto, en el momento en el que lo hiciera, la causa, en todo o en parte, escapará de sus manos. La policía nacional y la fiscalía, hasta ahora, han hablado siempre de que el caso Gürtel es en realidad una trama organizada. Según juristas consultados, la lógica apunta a que Pedreira decida enviar el conjunto de la causa al Tribunal Supremo por tratarse de una trama. La fiscalía teme especialmente la fracturación entre el Supremo, el TSJM y el TSJCV porque podría darse el caso de que hechos idénticos tuvieran un resultado penal diferente. Sin embargo, por cuestiones de logística, el Tribunal Supremo ha evitado hasta ahora hacerse cargo de una causa tan voluminosa y compleja como el caso Gürtel. No obstante, tampoco es descartable que el juez instructor opte por enviar al TSJ valenciano el asunto.

(www.elpais.com, 18/04/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. 'EL BIGOTES' FACTURÓ EN 2008 A FERIA VALENCIA 1,43 MILLONES

Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, creada por la trama Gürtel para captar los negocios de la red corrupta en tierras valencianas, facturó en el ejercicio de 2008 a Feria Muestrario Internacional de Valencia 1.438.400 euros. De manera que esta institución se convirtió en el mejor cliente de la empresa investigada por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira por cohecho, tráfico de influencias con altos cargos del PP para conseguir contratos de la administración, blanqueo de capitales y cobro de comisiones ilegales.

El levantamiento del secreto de sumario del caso Gürtel ha permitido conocer que en la relación de clientes de Orange Market, según los datos que imputa la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) a la mercantil en 2008, figura en primer lugar Feria Valencia, que desplaza a la Agencia Valenciana de Turismo y al PP de los primeros puestos. En dicho ejercicio, Orange Market no facilitó al fisco su lista de operaciones con terceros, quizá porque fue intervenida por los jueces. Pero sí hay una relación de clientes que han imputado sus pagos a El Bigotes.

Hace ahora un año la prensa destapó que Orange Market había recibido el encargo de Feria Valencia para ejecutar una campaña de promoción de la feria Habitat, que reúne cada año a los sectores del mueble, el textil y la iluminación. Entonces se aseguró que El Bigotes cobró 800.000 euros por el encargo. Ahora se ha sabido que la cifra de facturación final de ese año casi duplica aquel dato, con 1,43 millones. Un salto sustancial para una empresa que en 2007 apenas cobró 83.288 euros a la institución ferial.

Feria Valencia, con Alberto Catalá de presidente del comité ejecutivo, y con la alcaldesa Rita Barberá de presidenta de su patronato, informó ayer de que en 2008 Orange Market fue "el gran proveedor de marketing" de la institución, "pero no el único". También confirmó que la cifra de facturación que figura en la Agencia Tributaria es correcta. Pero matizan que solo una parte, "en torno a 800.000 euros, como se dijo hace un año", corresponde al plan de marketing de Habitat: "Orange Market realizó diversos servicios para distintas ferias y para la propia institución ferial, es más, parte de los pagos que se ejecutaron en 2008 corresponden a servicios prestados en 2007". Y aseguran que tras conocer la intervención judicial dejaron de trabajar con ella.

Sus responsables explican que Feria, con un presupuesto de entre 80 y 85 millones, tiene 300 trabajadores pero organiza 50 ferias al año con "picos de trabajo muy altos; en Cevisama hay trabajando al tiempo hasta 20.000 personas", de ahí su necesidad de contratar con proveedores.

Feria Valencia, que en 2009 se negó reiteradamente a facilitar datos de cuánto ha pagado a las empresas de la trama Gürtel, se convirtió en 2008 en su mejor cliente, desbancando a la Agencia Valenciana de Turismo, a la que El Bigotes cobró 1.059.000 euros. Como la firma no facilitó la lista de sus clientes en 2008 y el PP tampoco lo ha hecho en los últimos años, se desconoce qué lugar ocuparon los populares en el ranking.

La actual consejera de Turismo, Belén Juste, se negó también hace un año, cuando era titular de Industria, a dar los datos de Feria Valencia con Gürtel. Hasta julio de 2006, Juste fue directora de la institución ferial. Y que su sucesor, Carlos de Vargas, con el que El Bigotes empezó a trabajar para Feria Valencia, aparece en conversaciones en las que él y Pérez hablan de traer a Valencia los premios Grammy Latinos.

(www.elpais.com, 17/04/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. COSPEDAL AVALA A CAMPS DE CANDIDATO PERO LUEGO LO SUPEDITA A LA DECISIÓN DELSUPREMO

En cuestión de unas pocas horas, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pasó ayer del apoyo inquebrantable a Francisco Camps al respaldo con posible fecha de caducidad. La número dos de los populares aseguró a primera hora que el "mejor candidato del PP en la Comunitat

alenciana es hoy por hoy, sin duda, Francisco Camps" y añadió que está convencida de que así lo piensa la mayoría de los valencianos. Fue su respuesta contundente en la Cadena Ser a la pregunta de si el PP ha decidido que Camps repita como candidato a la Presidencia de la Generalitat incluso si la justicia decide reabrir en mayo el caso de los trajes que supuestamente le regaló la trama de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes" a cambio de obtener la organización de los eventos del partido y numerosos contratos de la Generalitat. Pocas horas después, en rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del partido, Cospedal señaló, según un despacho de la Agencia Efe datado a las 15,08 horas, que el PP quiere esperar a que los magistrados tomen una decisión para dilucidar entonces si el PP también tomará otras.

La número dos nacional del PP aseguró que los estudios demoscópicos y las encuestas internas del partido aseguran que no sólo el partido, sino la mayoría de los valencianos, opina que Camps es el mejor candidato. En cualquier caso, la secretaria popular recordó que el presunto cohecho pasivo impropio cometido por Camps al aceptar regalos de Orange Market y otras dos empresas de la trama Gürtel se encuentra "en fase de tramitación" y "todavía no se puede hablar de ninguna situación procesal determinada". La secretaria general fue preguntada sobre la supuesta "erosión" que pueden provocar casos de presunta corrupción como Gürtel en las expectativas electorales del PP. "Puede hacer algo de daño" en las elecciones pero los ciudadanos saben apreciar "la forma de reaccionar" que tienen los partidos frente a estos casos, indicó.

A este respecto, subrayó que su partido sí "ha sabido reaccionar frente a casos que le han afectado de personas vinculadas con el partido". Defendió la gestión "justa y equitativa" de Mariano Rajoy sobre este asunto. "Si alguien ha mostrado en España, como líder de un partido político, capacidad para afrontar problemas de este tipo ha sido precisamente Mariano Rajoy", abundó. De este modo, señaló que el sumario del caso Gürtel no refleja "ninguna acusación judicial" ni ningún "reproche judicial" en la actuación del PP como institución. En su opinión, "los ciudadanos saben apreciar la forma de reaccionar" que tiene cada partido frente a estos casos. Es "terriblemente injusto" que se intente trasladar la idea de que la clase política es corrupta, porque "la inmensa mayoría de la clase política no es corrupta". Señaló, asimismo, que "los ciudadanos, como es lógico, castigan la corrupción".

De Cospedal rechazó equiparar la trama Gürtel con la situación del ex presidente balear, Jaume Matas y expresó su deseo de que en ambos se "haga justicia" pero también "se respete la presunción de inocencia y el derecho a la defensa". Aclaró que aunque dos personas estén en la misma situación procesal no "quiere decir nada".

El magistrado instructor del "caso Gürtel", Antonio Pedreira, ha pospuesto para el próximo 7 de mayo la declaración de Alvaro Pérez Alonso "El Bigotes", que estaba prevista para mañana 21 de abril, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El aplazamiento se produce después de que el juez haya aceptado la solicitud que ha presentado el letrado del imputado en la que alegaba que este miércoles iba a resultarle imposible asistir a su cliente al tener señalado con anterioridad para esa fecha otro asunto judicial.

"El Bigotes" era el responsable de Orange Market, filial valenciana de Special Events, la franquicia valenciana de la red de empresas de Francisco Correa. Orange Market, proveedora de servicios del PP valenciano y de la Generalitat (el 75% de su facturación era con el partido y la Administración autonómica), era la organizadora de cabecera de eventos y mítines, empezando por el montaje del pabellón valenciano en la feria Fitur durante cinco años consecutivos. En total, la empresa de El Bigotes ingresó 5,4 millones de euros por los contratos y otros 1,5 millones en concepto de servicios extras facturados a diversas consellerias.

(www.levante-emv.com, 20/04/10)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS INTENTA PROLONGAR LA GUERRA DEL AGUA CON CASTILLA-LA MANCHA

Los populares rechazan el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha pero no quieren que el presidente de esa comunidad, el socialista José María Barreda, lo retire mañana, en la Comisión Constitucional del Congreso, para no desairar del todo a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, dijo ayer tras la reunión que mantuvo con el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que el PP tendrá que votar en contra del proyecto si se mantiene como está. Con ello, desautoriza el voto favorable que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, líder de la oposición en el Parlamento castellano-manchego, otorgó al texto.

La inclusión en el preámbulo del proyecto de una reserva hídrica sobre el río Tajo de 4.000 hectómetros cúbicos anuales, última de las versiones de la reivindicación de los recursos hídricos frente al trasvase Tajo-Segura, no es aceptable para Camps y Valcárcel, en lo que coinciden con el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, muy activo en el rechazo de la iniciativa, en la medida en que pueda mermar o limitar los recursos hídricos del Tajo que llegan a tierras alicantinas. Camps dijo ayer en Murcia, en una rueda de prensa sin preguntas, que no cree en "una España de caducidades ni de reservas", en alusión a la pretensión inicial del texto estatutario de establecer una fecha de caducidad del trasvase y a la mención posterior de una reserva de agua sobre el río Tajo. Camps añadió que nadie le ha dado razón alguna para retirar el trasvase ni ha puesto en duda su eficiencia, su utilidad y buen uso, por lo que no entiende que en un Estatuto de Autonomía se busque regular "un recurso natural que es de todos los españoles".

Según Valcárcel, la abstención del PP en la reunión de la ponencia del Estatuto el pasado día 8 de abril respondía a la voluntad de buscar un acuerdo. El presidente murciano coincidía, así, con la posición expresada por la Generalitat valenciana, a través del vicepresidente Juan Cotino, que ha pedido que Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional, posponga la discusión del Estatuto para que se negocie un acuerdo. Una posición que adelantó el propio presidente del PP, Mariano Rajoy, el pasado fin de semana al propugnar un "consenso que satisfaga a las tres comunidades". Cospedal fue ayer todavía más explícita al pedir un "esfuerzo de negociación" y asegurar que sería una "irresponsabilidad" de Barreda retirar la reforma estatutaria para sacar "ventaja partidista".

Todo apunta, sin embargo, a que el presidente castellano-manchego, el socialista José María Barreda, optará por retirar el proyecto estatutario si el PP no lo apoya mañana en la Comisión Constitucional. Evitaría, de esa manera, ofrecer un balón de oxígeno a Cospedal, a la que atribuiría el fracaso del Estatuto. La secretaria de Organización del PSOE, la senadora valenciana Leire Pajín, abundó ayer en la idea al plantear que el PP "debe retratarse" mañana en la Comisión Constitucional. Pajín, que presumió de poder decir lo mismo en territorio valenciano, murciano o castellano-manchego, acusó a Cospedal de no atreverse a ir a Valencia "porque no puede responder lo mismo". Pajín, que volvió a garantizar el agua suficiente para las comaracas de Alicante, añadió que el trasvase no peligra.

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, hurgó también en la herida de los populares al señalar que no entiende por qué Camps no se reúne para hablar del tema con Cospedal, número dos de su partido.

(www.elpais.com, 20/04/10)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. CONOCIDOS EMPRESARIOS AVALARON UN PRÉSTAMO DE MÁS DE 390.000 EUROS PARA FABRA

Dos conocidos empresarios de Castellón avalaron un préstamo de 390.000 euros para el presidente del PP y de la Diputación en Castellón, Carlos Fabra. Los empresarios ingresaron después decenas de miles de euros en las cuentas del presidente y en una de sus empresas. La documentación forma parte del sumario del caso Fabra a la que ha tenido acceso la Cadena SER.

Se trata de los empresarios Fernando Roig y Antonio Bonet, presidente y ex presidente respectivamente, del Villarreal y del CD Castellón, que avalaron en 1996 un préstamo de 390.000 euros concedido por una entidad bancaria al presidente del PP y de la Diputación en Castellón.

No es la primera vez que los nombres de estos dos empresarios aparecen relacionados con el 'caso Fabra'. Antonio Bonet admitió en su declaración judicial del pasado mes de noviembre que años después ingresó 26.000 euros en las cuentas del presidente porque era avalista de este préstamo, que Carlos Fabra había dejado de pagar. En el caso de Fernando Roig, pagó en tres años más de 150.000 euros a la empresa Carmacas de Carlos Fabra, a través de su sociedad Cottocer, según los datos aportados por el propio Fabra al juzgado.

El presidente del PP y de la Diputación en Castellón está imputado desde 2004 por los supuestos delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, cohecho, y fraude fiscal. Un empresario acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de su mediación ante los ministerios de Agricultura y Sanidad en la época de Aznar, para aprobar licencias de fitosanitarios.

(www.cadenaser.com, 21/04/10)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ PROHÍBE TOCAR EL HIMNO DE RIEGO EN EL CEMENTERIO

El Ayuntamiento de Valencia ha prohibido interpretar La Muixeranga y el himno de la República, el de Riego, en el acto de homenaje a las víctimas del franquismo enterradas en fosas comunes del cementerio de Valencia que se celebra hoy.

Los convocantes, reunidos en el Fòrum per la Memòria del País Valencià, recibieron el viernes una comunicación del consistorio en la que se les anunciaba la autorización del acto, pero condicionado a que no se interprete la música para no "turbar a los demás visitantes", según alega el gobierno local en el escrito, ya que "el cementerio está abierto a personas de diferentes ideologías y confesiones".

Sin embargo, los convocantes destacan la contradicción que implica la decisión municipal porque "la capilla del cementerio, de culto católico, está dotada de altavoces exteriores de gran potencia que obligan a todas las personas que se encuentran en el cementerio a escuchar los rezos, misas y liturgias de la Iglesia católica, además de interpretarse música en todo tipo de actos y homenajes que se celebran dentro del cementerio".

Esta es la primera ocasión en que el Ayuntamiento de Valencia condiciona la celebración del homenaje anual a las víctimas del franquismo para el que, también en esta edición, ha exigido más información al colectivo que lo organiza que otras veces. Así, a juicio de los convocantes, la prohibición de tocar los himnos "no puede interpretarse más que como un acto de censura y de coartar la libertad de expresión".

(www.elpais.com, 18/04/10)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. LA INTERVENTORA DE MISLATA DENUNCIÓ UN LUCRO INJUSTO

El Ayuntamiento de Mislata, gobernado por el PP, decidió ayer de manera fulminante suspender de manera provisional a su interventora municipal, la funcionaria Herminia Llop, "por incumplimiento de las funciones esenciales en su puesto de trabajo". Los desencuentros de la funcionaria con el Ayuntamiento vienen de lejos.

En agosto de 2009 la interventora ya presentó un informe en el que expresaba que no se podía "pronunciar respecto a la proporcionalidad" de un convenio firmado con Lubasa para la construcción de unos aparcamientos y si se había producido "enriquecimiento injusto para alguna de las partes".

Todo empezó en septiembre de 2006 con la decisión del alcalde de Mislata, el popular Manuel Corredera, de construir cuatro aparcamientos. La empresa adjudicataria de las obras, por valor de 16,8 millones de euros, fue Lubasa, a la que también se le concedió la explotación administrativa de los aparcamientos. Pero un año más tarde, la empresa decidió paralizar la obra del último aparcamiento (lo que provocó un socavón de 10.000 metros cuadrados que todavía existe en el centro de la localidad) porque sólo se vendieron ocho plazas de las 1.064 construidas.

Tras dos años, el PP rescindió el contrato con Lubasa y decidió pagar 17,6 millones de euros por los tres aparcamientos terminados y el inconcluso, un precio superior al de la licitación inicial. Empezó entonces la guerra entre la intervención municipal, que no veía nada clara la operación, y la alcaldía. La funcionaria llegó a enfrentarse al PP y mientras tanto el PSPV exigía la revisión de la liquidación. A partir de ahí la situación se fue enquistando y llegó incluso a intervenir la Delegación del Gobierno solicitando a la interventora municipal diversos informes cuyo contenido no agradó a Corredera.

Los desencuentros arreciaron. Por una parte, en diversos plenos la funcionaria manifestó su disconformidad con lo que el PP pretendía pagar a Lubasa, un coste mucho mayor del establecido inicialmente y que el PSPV cifró en 24,5 millones de euros, fruto de sumar al coste de toda la operación los intereses generados por la misma. Pero además la interventora ha insistido en que Lubasa debería indemnizar al Ayuntamiento por la paralización del cuarto aparcamiento, cosa que el PP ha ignorado.

La sorpresa fue mayúscula ayer en el Ayuntamiento de Mislata porque Corredera, a través de un decreto, suspendía de manera provisional a la interventora, por un plazo máximo de seis meses.

La funcionaria, que estaba muy afectada por lo inesperado de la situación, no salió de su despacho hasta pasadas las siete de la tarde. Algunos funcionarios afirman que durante su encierro estuvo fotocopiando documentos para su defensa, un extremo que ella negó a este periódico. Custodiada todo el tiempo por siete policías locales para evitar, según diversas fuentes, que la interventora municipal saliera del Ayuntamiento con documentación, la acción de Herminia Llop provocó un tenso clima que acabó con la presencia de su abogado.

Corredera, que no quiso hacer declaraciones "porque es un tema meramente administrativo", justificó la presencia policial por "controlar a un trabajador en su despacho fuera de horario".

Los socialistas de Mislata, a través de su secretario general, Carlos Fernández Bielsa, advirtieron: "No van a callarnos por decreto a quienes estamos defendiendo el dinero de los ciudadanos, a quienes denunciamos el derroche y el despilfarro del PP y a quienes hemos denunciado, una y otra vez, el gran pelotazo del PP con los aparcamientos de Lubasa". Los socialistas tacharon la decisión del alcalde de "dictatorial porque castiga a quienes no hacen informes como él quiere, con claros síntomas de abuso de poder, simplemente por defender la legalidad" y le exigieron que "revoque la decisión de fulminar a la interventora municipal y paralice el decreto ya que no existe ninguna razón".

(www.elpais.com, 17/04/10)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. LA TRAMA CORRUPTA DE LLÍBER AMASÓ UN INGENTE PATRIMONIO INMOBILIARIO

Decenas de viviendas, chalés de lujo, locales comerciales, fincas rústicas, automóviles de alta cilindrada... Los cuatro principales imputados en el escándalo urbanístico de Llíber amasaron un impresionante patrimonio inmobiliario entre 1999 y 2003 gracias a la construcción y venta de unas 300 viviendas ilegales en suelo rústico. La juez de Dénia que instruye el caso ha ordenado a través de cuatro autos el embargo preventivo de esos bienes a nombre del alcalde en aquel periodo, el popular José Mas, del ex aparejador municipal Amadeo Signes, del principal cabecilla de la trama, el constructor de Xàbia Miguel Muntaner, y de otro destacado promotor, Trevor Bourne.

La Guardia Civil está convencida de que los acusados pudieron disfrutar de tan elevado tren de vida gracias a los beneficios que obtuvieron de la trama. La juez les ha prohibido disponer de sus propiedades para que, en el caso de que sean condenados, las mismas "no desaparezcan y puedan servir de compensación a los perjudicados".

Los promotores de la trama vendieron las casas ilegales, en la mayoría de los casos a clientes extranjeros, después de sobornar al ex alcalde del PP de Llíber y al ex aparejador municipal para que éstos avalaran los inmuebles con licencias que en realidad sólo autorizaban a restaurar ruinas o a alzar casas de aperos. La mayoría de las dádivas fueron en especie (fincas y coches) y en otros casos cantidades en metálico por cada permiso aprobado.

El cerebro de la trama, Miguel Muntaner, escrituró un patrimonio muy notable no sólo a su nombre sino también al de alguna de las 13 sociedades de las que era administrador único, como Comercial de Maquetas y Tapices, SL, o Complejo Comercial Montys. Según la Guardia Civil, hizo servir esas mercantiles como tapadera, ya que "las utilizaba para realizar trabajos y pagos relacionados con el presunto delito de estafa que se le imputa".

Muntaner acumuló 26 parcelas rurales, la mayoría en suelo urbanizable -también algunas en terreno agrícola- que suman casi 97.000 metros cuadrados. En cuatro de ellas, ubicadas en Xàbia, Llíber y Benidoleig, edificó chalés de gran tamaño. La Guardia Civil destaca un terreno urbanizable del acusado en Llíber, de 29.000 metros cuadrados, aún sin edificar. La mayoría de las parcelas rondaban no obstante entre los 2.000 y los 4.000 metros cuadrados. También compró algunas en Sagra, Gata, Beniarbeig y Alcalalí. Asimismo, la juez le ha embargado a Muntaner 14 viviendas (dos de ellas dúplex) y ocho locales comerciales situados en Xàbia, Calp y Calatayud (Zaragoza). Y un total de ocho vehículos, entre ellos un Ferrari.

La magistrada ha ordenado a José Mas que inscriba de forma inmediata sus bienes en el Registro de la Propiedad, toda vez que estos sólo constan en el catastro, lo que haría inviable su embargo. El ex alcalde, imputado por presunta estafa, cohecho y prevaricación, tiene a su nombre un total de nueve inmuebles rústicos que suman 27.000 metros cuadrados, así como un inmueble urbano.

La juez también ha decidido embargar el patrimonio a nombre del ex aparejador de Llíber, Amador Signes, y de su esposa e hijos: seis terrenos ubicados en Dénia que suman más de 22.000 metros cuadrados. Además, la magistrada ha dictado una comisión rogatoria internacional para averiguar si el ex funcionario tiene productos patrimoniales o bancarios en el principado de Andorra. Signes está imputado por los mismos delitos que el ex alcalde.

La juez no puede dejar de subrayar que a otro de los principales promotores de la trama, el empresario Trevor Bourne "únicamente se le ha encontrado a su nombre un vehículo y una finca en Xaló (de 2.700 metros cuadrados) de la que es titular la empresas Taibach, de la que el imputado es administrador único".

Los cuatro cabecillas de la red están en libertad bajo fianza. En el sumario hay otros 15 imputados más.

(www.elpais.com, 17/04/10)

38. REGIÓN DE MURCIA. VALCÁRCEL: "MURCIA SE LEVANTARÁ EN ARMAS, CONMIGO A LA CABEZA"

La guerra por el trasvase Tajo-Segura está alcanzando sus cotas máximas esta semana, cuando el Congreso acoge una votación definitiva al respecto. Francisco Camps y Ramón Luis Valcárel, presidentes populares de Valencia y Murcia, se reunieron ayer para escenificar, una vez más, su unidad frente al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, una norma que se vota mañana en la Comisión Constitucional del Congreso y que contempla una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos anuales sobre el río Tajo.

Precisamente, a dicha reserva se oponen tajantemente Camps y Valcárcel, quienes creen que la medida mermaría los recursos hídricos que llegan a sus tierras. El problema añadido es que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también es la presidenta del grupo en Castilla-La Mancha y ha avalado la norma. Las estrategias de los barones regionales van desde las advertencias –el PP tendrá que votar en contra del proyecto, aseguran- hasta las amenazas. "Murcia se levantará en armas, conmigo a la cabeza, si nos cierran el trasvase" dijo Valcárcel la semana pasada.Desde el año pasado, el presidente murciano ha sido la voz más beligerante contra la reserva hídrica por un motivo táctico: Camps se quedó debilitado en el partido tras su imputación en el caso Gürtel y la polémica levantada en torno a su ex número dos, Ricardo Costa.

Ayer, sin embargo, ambos mostraron los dientes ante lo que consideran una amenaza para la agricultura-economía de sus comunidades. En una rueda de prensa sin preguntas ofrecida tras reunirse con Valcárcel y con colectivos de regantes, exportadores y organizaciones agrarias en Murcia, Camps dijo que no cree en "una España de caducidades ni de reservas", refiriéndose a la pretensión inicial del Estatuto de poner fecha de caducidad al trasvase. El valenciano también opinó que no hay razones para retirar un trasvase útil y bien empelado, asegurando que no es comprensible que un Estatuto de Autonomía intente regular "un recurso natural que es de todos los españoles", recoge El País.

Como viene siendo habitual, quien más levantó la voz fue Valcárcel, que desautorizó a la propia Cospedal –que refrendó el texto en el Parlamento de Castilla-La Mancha- al advertir de que el voto del PP en el Congreso tendrá que ser negativo si el Estatuto se mantiene como está. Su tono, sin embargo, fue más sosegado que el empleado la semana pasada en la asamblea general de la Federación de Cooperativas Agrarias (FECOAM), cuando el presidente se descolgó con un "Murcia se levantará en armas, conmigo a la cabeza, si nos cierran el Trasvase". Según este medio, los últimos días han sido muy tensos tras la dimisión del presidente de la Confederación Hidrográfica y las convocatorias de manifestaciones.

La primera de estas movilizaciones se celebró, precisamente, ayer en Murcia y con Valcárcel a la cabeza. El acto, convocado por los regantes del Segura que dependen del acueducto, cortó el tráfico en la ciudad y contó con la asistencia de unas 10.000 personas, según la Policía, 15.000 según los organizadores. El presidente murciano volvió a acaparar la atención, además de por acudir con una copia de los planes del trasvase de Félix de los Ríos de principios del siglo pasado, por el relato que un tercero hizo de su reunión con Camps. Según el dirigente del Sindicato de Regantes, José Manuel Claver, en dicho encuentro Valcárcel dijo: "No hay cojones en España para quitarnos el trasvase". Cabe decir que hay otras dos grandes manifestaciones convocadas, a la espera de lo que se decida mañana en el Congreso.

Entre tanto, el diario El País difunde sus hipótesis de lo que ocurrirá: todo indica que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, retirará el proyecto estatutario si no obtiene el apoyo del PP mañana. Ello dejaría todavía más asfixiada a Cospedal, a quien se atribuiría el fracaso del texto. Leire Pajín, la secretaria de Organización del PSOE, ahondó en esta herida al pedir al PP que se "retrate" en la votación al tiempo que presumió de tener el mismo discurso en Valencia, Murcia o Castilla-La Mancha, algo ante lo que Cospedal "no puede responder lo mismo". Pajín insistió en que el trasvase no peligra en tanto el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, invitó a Camps a hablar el asunto con la número dos del partido.

(www.vegamediapress.com, 21/04/10)

39. ISLAS BALEARES. EL FBI INVESTIGA A MATAS

Las indagaciones sobre el patrimonio del ex president del Govern, Jaume Matas, se extenderán a Estados Unidos gracias a la colaboración del FBI. En el marco de la cooperación internacional, la Guardia Civil y el delegado de la policía federal estadounidense en España han mantenido contactos con el fin de rastrear en aquel país las cuentas bancarias y los bienes del matrimonio Matas-Areal y de sus allegados.

Los fiscales anticorrupción y el juez instructor del caso Palma Arena albergan la sospecha de que el ex político del Partido Popular dispone de una fortuna de origen supuestamente ilegal al otro lado del Atlántico. Por este motivo, el magistrado ha dado cobertura a la Guardia Civil para que se ponga en contacto con sus colegas estadounidenses.

La colaboración del FBI en las pesquisas sobre corrupción política europea y sus ramificaciones en Estados Unidos no es nueva. Uno de los ejemplos más recientes de cooperación lo constituye el caso de los sobornos multimillonarios pagados por el gigante tecnológico Siemens. Los fiscales alemanes y los agentes del FBI trabajaron codo con codo a fin de esclarecer el posible uso de un fondo de 1.300 millones de dólares para repartir dádivas en distintos países a cambio de contratos para la empresa. Los fiscales alemanes y los funcionarios de la Oficina Federal se reunieron varias veces en Múnich para analizar los movimientos de la sociedad financiera Clearstream, radicada en Luxemburgo.

En el asunto que atañe a Matas, los investigadores tratan de descifrar las razones que condujeron al ex president hasta Estados Unidos. El grupo hotelero Barceló facilitó su residencia allí a través de un contrato laboral firmado con su filial Crestline Corporation. Su relación duró poco, algo más de un año. La cadena mallorquina simplemente dio cobertura legal a su estancia en aquel país. El pasado 6 de julio, la consultora norteamericana PricewaterhouseCooper le fichó como experto en energías renovables y cambio climático. El ex president sostiene que fue él mismo quien se puso en contacto con la compañía para "ofrecer su experiencia" en materia de Medio Ambiente –entre los años 2000 y 2003 fue ministro de este área en el gobierno de José María Aznar–.

Precisamente, el certificado elaborado por Jaume Matas y entregado al Banco de Valencia para obtener el préstamo de tres millones para pagar la fianza incluye su nómina en PricewaterhouseCooper, lo que confirma que el ex político sigue a sueldo de la consultora, apuntan fuentes próximas al caso.

El ex político declara un salario de 29.000 dólares mensuales, unos 22.000 euros. Matas avaló la fianza de tres millones con estos ingresos y el palacete, la tiende de la calle Sant Miquel, un piso en La Rambla y una vivienda en la Colònia de Sant Jordi. En total, las propiedades presentadas han sido valoradas en 3,7 millones de euros. Habitualmente, las entidades bancarias reclaman la presentación de avales por el doble del valor de la fianza, un hecho que no se ha producido en este caso.

(www.diariodemallorca.es, 22/04/10)

40. ISLAS BALEARES. MATAS RECONOCE QUE SU MUJER PAGABA EN NEGRO CON DINERO NO DECLARADO

"...Y esos ingresos no declarados, efectivamente, provocan que mi mujer haga pagos no declarados también a proveedores y facturas, obteniendo buenísimas condiciones". Jaume Matas, en su declaración ante el juez del caso Palma Arena, José Castro, intentó explicar el origen de la masa de dinero negro que manejó su familia y señaló, reiteradamente, a su esposa, Maite Areal, como única gestora del patrimonio y de esos fondos opacos. "Porque yo, evidentemente, tenía que estar fuera de toda gestión patrimonial", reseñó.

Para rechazar las sospechas de cobros de sobornos en las concesiones otorgadas o el disfrute de dádivas, Matas atribuyó la fuente de su dinero en B al cobro opaco, durante 15 años, de la mitad del alquiler de un comercio de Palma y de su posterior traspaso. La renta clandestina la amparó bajo un contrato que, según confesó, tiene "una cláusula totalmente ilegal". El ex político del PP se contestó: "Da igual".

En un monólogo judicial de más de siete minutos narró de manera prolija y con reiteraciones cómo heredó "un inmueble importante" de Palma -la sede del comercio familiar Eléctrica Matas, que liquidó-, del que es usufructuaria su madre y que al alquilarlo generó, según el ex presidente balear, el dinero negro: 100.000 euros del traspaso y 1.100 euros cada mes. "Es una cantidad no declarada. Yo creo que es la prueba más irrefutable, que hay muchas", arguyó en su defensa.Los inquilinos reconocieron ayer en el juzgado pagos no declarados a Hacienda. La esposa de Matas, con su hermano, el apoderado de Matas y ex gerente del PP, Fernando Areal, controló la operación. "Tanto mi madre como yo hemos autorizado desde el primer momento esta fórmula", dijo el ex ministro de Medio Ambiente, que reconoce que manejó 400.000 euros opacos.

La fiscalía indica que la desproporción entre los ingresos oficiales de los Matas y sus gastos "es notable". Ante el uso de "dinero en efectivo, opaco para la Agencia Tributaria", la fiscalía anota: "La conclusión se hace evidente: Jaume Matas utiliza para estos gastos dinero cuya procedencia es ilegal". El juez reseña una imputación de un delito por blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, en el conjunto de supuestos delitos que pueden sumar una condena de hasta 24 años de cárcel.

El juez y la fiscalía señalan que se desconoce el volumen del capital sumergido que disfrutó o posee la familia Matas Areal y que el ex ministro de Aznar maquinó para "ocultar la verdadera procedencia de los fondos". Entre los casos se citan los 40.000 euros gastados en seis televisores de lujo Bang Olufsen para su piso palacete de Palma, en cuya reforma se gastó un millón. La esposa pagó más de 200.000 euros en líquido y sin factura para su mansión.Matas declaró al juez que su mujer obtuvo "buenísimas condiciones" de los contratistas de su obra aunque él no haya tenido "ningún contacto" con ellos."¡Nadie!", alzó la voz, "¡Nunca!", remachó, "puso ninguna pega a que se hiciera un pago en efectivo en metálico y sin factura". El abogado del ex presidente balear, Rafael Perera, lo ve como una "simple infracción tributaria" y considera que "nadie se horrorizaal pensar que en la vida diaria hay dinero negro".

El juez Castro sospecha que en EE UU o en otro país Matas "pueda guardar el grueso de los beneficios ilícitamente obtenidos", aspecto en el que se centra la actual línea de investigación.

(www.elpais.com, 20/04/10)

41. ISLAS BALEARES. LOS INQUILINOS DE MATAS CONFIRMAN QUE PAGAN PARTE DE LA RENTA EN NEGRO

Las declaraciones por el caso Palma Arena no cesan. El magistrado José Castro recibió ayer en calidad de testigos a los comerciantes de zapatos inquilinos de la madre de Jaume Matas. Ambos detallistas confirmaron que parte del alquiler del local lo abonan en negro, una circunstancia que ya había desvelado el propio Matas durante su declaración ante el juez el pasado mes de marzo.
Los vendedores de calzado se vieron involucrados en este asunto cuando el ex president del Govern, para justificar su patrimonio, enumeró una serie de ingresos opacos. Entre ellos citó la renta de un local de la calle Sant Miquel, en Palma. Según explicaron ayer Joan Guardiola y Jaume Colomar, parte del arriendo lo entregan en blanco y el resto lo hacen bajo cuerda. Comenzaron con 700 euros al mes y en la actualidad desembolsan 1.000 euros sin declarar.

Esta parte de su testimonio coincide con la versión ofrecida por Jaume Matas. La que no concuerda se refiere al importe del traspaso. Los comerciantes aseguran que pagaron un total de 60.000 euros en negro repartidos en dos tandas. Matas, por el contrario, dijo al juez que percibió 100.000 euros. Los tenderos firmaron un contrato, por el cual, el propietario del establecimiento se guarda el derecho a aumentar de manera unilateral el alquiler en un 50%.

Uno de los detalles más sorprendentes de la declaración de los comerciantes se refiere a la llamada telefónica que les hizo hace varios meses la esposa de Jaume Matas, Maite Areal. En esa conversación les habría pedido que no mencionaran a la Guardia Civil las entregas de dinero negro. Los vendedores de zapatos siguieron su consejo. Sin embargo, la estrategia de Matas varió en las últimas fechas y ante el juez admitió un presunto fraude fiscal, dejando desorientados a sus inquilinos.

También por el caso Palma Arena prestó ayer declaración la jefa de Producción de IB3 hasta 2006, fecha en que fue destituida por la entonces directora de la televisión autonómica, María Umbert. La que fuera jefa de Producción corroboró el testimonio que ya prestó ante la Guardia Civil, durante el cual admitió recibir "presiones" para pagar facturas "desproporcionadas" a empresas del productor José Luis Moreno. Asimismo, aseveró que algunos programas "estaban hinchados" en su precio. El juez investiga si se entregó una comisión a Matas en contrapartida por estos supuestos beneficios.

Tras esta profesional compareció ante el juez el ex director Económico Financiero de IB3, quien confirmó que la jefa de Producción había puesto objeciones al pago de facturas a una empresa de Moreno respecto a una serie de decorados defectuosos.

(www.diariodemallorca.es, 20/04/10)

42. ISLAS BALEARES. LA JUEZ DECRETA PRISIÓN BAJO FIANZA POR COHECHO PARA EL EX CONSEJERO DE ECONOMÍA DE MATAS

La juez de Palma Margarita Boch ha decretado prisión eludible con fianza de 50.000 euros para Luís Ramis d'Ayreflor, ex consejero de Economía, Hacienda e Innovación en el último Gobierno de Baleares de Jaume Matas (PP), entre 2003 y 2007, quien ha declarado esta mañana por el caso Bonsái. En esta causa se indaga el supuesto desvío de fondos públicos, malversación, fraude y prevaricación en la adjudicación de las obras de edificios públicos desde una sociedad autonómica balear. La juez, en su auto, acusa también a Ramis de cohecho, y, además de la fianza (fijada en la misma cuantía que la solicitada por el fiscal), le ha retirado el pasaporte y ha acordado la comparecencia en el juzgado cada 15 días.

Cuando era consejero, Ramis era el presidente de la empresa pública Caib Patrimoni que decidió el pago de 600.000 euros a la firma Atlas Capital para elaborar las bases de una adjudicación y tutelar su financiación de las obras del parque de Bomberos y de la sede de la consejería de Salud, que costaron más de 25 millones de euros. La Policía ha detectado pagos de supuestos sobornos a un ex cargo público.

Por este caso fueron detenidos y están imputados y en libertad bajo fianza de 30.000 y 50.000 euros, respectivamente, el ex director general de Emergencias, Joan Pol, y el ex director general de Tributos, Jorge Sáinz de Baranda, éste último primer administrador de Caib Patrimoni. Los dos ex altos cargos responsabilizaron al presidente de la empresa.

Ramis que se dice "fuera de la política" es un gestor y persona de la estricta confianza personal de Matas desde que colaboró con el ex ministro y ex presidente cuando éste poseía una tienda de electrodomésticos. Después Matas situó a Ramis de presidente la Autoridad Portuaria de Palma y finalmente en la Caixa Colonya de Pollença donde trabaja actualmente.

(www.elpais.com, 19/04/10)

43. ISLAS BALEARES. EL FISCAL PIDE CASI CINCO MILLONES DE EUROS DE FIANZA CIVIL PARA UN EX CONSEJERO DE MATAS

El ex consejero de Industria del Gobierno balear de Jaume Matas, el parlamentario José Juan Cardona, del PP, ha comparecido hoy, como imputado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por su supuesta relación con uno de los siete casos de corrupción que se han destapado en la gestión del anterior ejecutivo del Matas (2003-2007). La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que el juez dicte una fianza de responsabilidad civil de 4,875 millones de euros para asegurar el pago del presunto daño causado a la Administración.

Cardona está relacionado con un episodio de supuesta financiación ilegal de gastos electorales del PP con fondos públicos (13.000 euros), según el cual el publicista Juan Roselló recibía encargos públicos a cambio de dádivas para el partido. En el llamado caso Scala se indaga el desvío de hasta cinco millones de fondos en el Consorcio de Desarrollo Económico de las Islas Baleares. José Juan Cardona firmó las ampliaciones de crédito.

El Partido Popular de Ibiza, que lideró el imputado, no pagó la edición de las decenas de miles de folletos electorales de mayo 2007, revistas de lujo singularizadas para cada uno de los seis municipios de Ibiza y Formentera. En septiembre de 2008, fue detenido Roselló, que facturó más de cuatro millones al Gobierno balear de Jaume Matas. El empresario había sido invitado a regalar la edición.

Las seis toneladas del material publicitario electoral del PP -unos 40.000 ejemplares- fueron trasladadas desde Mallorca hasta Ibiza por vía aérea y urgente. La factura del transporte más de 13.000 euros -a precio del envío de las langostas vivas o de medicinas- fue endosada y pagada por el Consorcio de Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB), que presidía José Juan Cardona, ex consejero de Industria y Comercio. La remisión de propaganda del PP se camufló en la contabilidad como si fuera un envío de un producto gastronómico promocional de la consejería de la campaña "cinco estrellas".

José Juan Cardona, ex líder del PP de Ibiza y Formentera, es investigado desde septiembre de 2008 por su responsabilidad en el escándalo de supuesta malversación de caudales públicos y prevaricación en CDEIB en el marco del caso Scala. Este caso fue protagonizado por sus directos colaboradores Antònia Ordinas, gerente del Consorcio, la esposa de esta, la soprano Isabel Rosselló, y el director general de Promoción Industrial, Kurt J Viaene. Los tres permanecieron más de dos meses encarcelados en Palma de manera preventiva.

(www.elpais.com, 21/04/10)

44. ISLAS BALEARES. LA JUEZ DECRETA PRISIÓN BAJO FIANZA POR COHECHO PARA EL EX CONSEJERO DE ECONOMÍA DE MATAS

La juez de Palma Margarita Boch ha decretado prisión eludible con fianza de 50.000 euros para Luís Ramis d'Ayreflor, ex consejero de Economía, Hacienda e Innovación en el último Gobierno de Baleares de Jaume Matas (PP), entre 2003 y 2007, quien ha declarado esta mañana por el caso Bonsái. En esta causa se indaga el supuesto desvío de fondos públicos, malversación, fraude y prevaricación en la adjudicación de las obras de edificios públicos desde una sociedad autonómica balear. La juez, en su auto, acusa también a Ramis de cohecho, y, además de la fianza (fijada en la misma cuantía que la solicitada por el fiscal), le ha retirado el pasaporte y ha acordado la comparecencia en el juzgado cada 15 días.

Cuando era consejero, Ramis era el presidente de la empresa pública Caib Patrimoni que decidió el pago de 600.000 euros a la firma Atlas Capital para elaborar las bases de una adjudicación y tutelar su financiación de las obras del parque de Bomberos y de la sede de la consejería de Salud, que costaron más de 25 millones de euros. La Policía ha detectado pagos de supuestos sobornos a un ex cargo público.

Por este caso fueron detenidos y están imputados y en libertad bajo fianza de 30.000 y 50.000 euros, respectivamente, el ex director general de Emergencias, Joan Pol, y el ex director general de Tributos, Jorge Sáinz de Baranda, éste último primer administrador de Caib Patrimoni. Los dos ex altos cargos responsabilizaron al presidente de la empresa.

Ramis que se dice "fuera de la política" es un gestor y persona de la estricta confianza personal de Matas desde que colaboró con el ex ministro y ex presidente cuando éste poseía una tienda de electrodomésticos. Después Matas situó a Ramis de presidente la Autoridad Portuaria de Palma y finalmente en la Caixa Colonya de Pollença donde trabaja actualmente.

(www.elpais.com, 19/04/10)

45. LA RIOJA. UNA MONUMENTAL BRONCA EN EL PARLAMENTO RIOJANO SE SALDA CON LA SUSPENSIÓN DE 30 DÍAS PARA UNA DIPUTADA SOCIALISTA

Tiempos de tensión política en La Rioja. El Parlamento riojano ha sancionado con un mes de sanción a la socialista Inmaculada Ortega, azote del Gobierno de Pedrone, quien durante 30 días dejará de ser formalmente diputada, perdiendo todas las ventajas relacionadas. Y todo por una discusión subida de tono en la que pidió explicaciones al consejero de Presidencia, Emilio del Río.

El caso sobre el que se discutía, el pasado 15 de abril, en el Parlamento riojano, ya fue denunciado en su día por El Plural. En noviembre, la mano derecha de Pedro Sanz, Emilio del Río, obligó a su chófer a ocupar el puesto del copiloto del vehículo oficial, para poder tomar él mismo el volante y trasgredir los límites de velocidad, ya que el conductor se negaba y ello podía suponerle al consejero riojano perder un tren en Madrid.

A su llegada a La Rioja, el conductor presentó un escrito, ignorando las presiones del PP regional, en el que dejaba constancia de que él no había cometido ninguna infracción en el trayecto, ante el miedo a perder su licencia de vehículos oficiales. Por ello, la diputada socialista interrogó a Del Río sobre por qué cogió el coche y "cómo lo hizo para que [el chófer] le permitiera conducir".

"Conduje yo el coche… ¿y qué? Lo hice con toda seguridad y lo que están diciendo es una sarta de mentiras y de calumnias", respondió Del Río, según informa Rioja2. Así las cosas, la socialista le recordó que conducir un coche oficial sin la respectiva licencia es ilegal.

La respuesta del consejero terminó de encender la mecha al instar a Inmaculada Ortega a denunciarle, ya que "el Fiscal es su amigo". La negativa del presidente del Parlamento, José Ignacio Ceniceros, a permitir responder por alusiones a la diputada socialista, y el enfado de su bancada, llevaron a que Ortega le criticase que "es una pena que sea un presidente de partido".

Entonces Ceniceros decidió expulsar a la diputada socialista y suspender el pleno 30 minutos. Tras el receso, Ortega volvió a ocupar su puesto, negándose a salir de la sala. Ceniceros le recordó que había sido expulsada pero ante su negativa, decidió suspender el pleno una vez más, emplazándolo a un nuevo día.

Aunque todavía no se sabe qué día se retomará el Pleno, ya es público que Inmaculada Ortega no se sentará en él. Ni en ese, ni en los que se convoquen en el próximo mes, ya que ha sido suspendida como diputada durante 30 días, negándosele "los derechos y deberes" que acompañan a su cargo. Así lo ha decidido la Mesa de Portavoces por tres votos a uno. Una Mesa en la que ya no se sienta Ortega.

(www.elplural.com, 21/04/10)