1. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY RENUNCIA A DAR EXPLICACIONES POR LA GÜRTEL

2. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY PREFIERE A BÁRCENAS EN EL SENADO

3. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY INSTA AL PP A AIREAR CASOS DE CORRUPCIÓN QUE AFECTEN AL PSOE

4. ‘CASO GÜRTEL’. EL PP REFUERZA SU CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO A LA POLICÍA

5. ‘CASO GÜRTEL’. CASO GÜRTEL. LA CORRUPCIÓN PASA FACTURA AL PP

6. ‘CASO GÜRTEL’. PP DIO A LA TRAMA 48 MILLONES DE EUROS DE DINERO PÚBLICO

7. ‘CASO GÜRTEL’. EL PP OBSTACULIZÓ LA INVESTIGACIÓN DEL CASO GÜRTEL

8. ‘CASO GÜRTEL’. EL TRIBUNAL VALIDA EL RESTO DE LAS ESCUCHAS JUDICIALES

9. ‘CASO GÜRTEL’. ALEJANDRO AGAG MEDIÓ PARA QUE CORREA CONSIGUIESE CONTRATOS

10. RAJOY TILDA DE "ANTIDEMOCRÁTICO" EL ACTO DE APOYO A GARZÓN

11. COSPEDAL ARREMETE CONTRA LOS SINDICATOS POR APOYAR A GARZÓN

12. AZNAR RECOMIENDA A LA COMPLUTENSE QUE DEDIQUE MÁS TIEMPO A ELEVAR SU NIVEL DE ENSEÑANZA EN LUGAR DE APOYAR A GARZÓN

13. LA "ENCERRONA" DE AZNAR A RAJOY EN SEVILLA

14. DESAPARECE DE LA WEB DEL PP UN ARTÍCULO DE URIARTE DEFENDIENDO A BONO

15. PAÍS VASCO. ITURGAIZ ACUSA AL PP VASCO DE APOYAR AL PSOE EN CONTRA DE MAYOR OREJA

16. PAÍS VASCO. CONDENADA A SEIS AÑOS POR ESTAFA UNA EX CONCEJAL DEL PP DE VITORIA

17. CATALUÑA. EL PP PRESCINDE DE SUS DIPUTADOS PARA ELABORAR EL PROGRAMA ELECTORAL

18. GALICIA. EL SUPERIOR INVESTIGARÁ POR FALSEDAD DOCUMENTAL AL CONSELLEIRO HERNÁNDEZ

19. GALICIA. EL CONVENIO QUE LEGALIZA VIVIENDAS EN BARREIROS EXCLUYE LOS PAGOS PRIVADOS

20. GALICIA. LA XUNTA LLEVA CUATRO MESES SIN PAGAR A COMEDORES ESCOLARES

21. ANDALUCÍA. UN JUEZ CITA AL ALCALDE DE ALHAURÍN POR LA ANULACIÓN DE UNA LICENCIA

22. ANDALUCIA. EL ALCALDE DE GÁDOR RECHAZA ANTE EL SUPREMO QUE PREVARICASE

23. COMUNIDAD DE MADRID. EL MES EN QUE RAJOY INVITÓ A AGUIRRE A IRSE

24. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. AGUIRRE INSISTE EN QUE AYUDÓ A DESTAPAR LA TRAMA PERO ADMITE QUE SE EXPLICÓ MAL

25. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. AGUIRRE PIDE A LOS DIPUTADOS DEL GÜRTEL QUE DEJEN EL ESCAÑO

26. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. EL JUEZ INVESTIGA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

27. COMUNIDAD DE MADRID. LA PRESIDENTA MADRILEÑA EXIGE A LOS ALCALDES DEL SUR QUE SE IDENTIFIQUEN COMO "SOCIALISTAS" PARA QUE LES RECIBA

28. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE EN EL PP. SÍ HUBO UNA `GESTAPILLO’ EN EL PP

29. COMUNIDAD DE MADRID. EL GOBIERNO DE AGUIRRE EXIGE EXPULSAR AL RECTOR PRO-GARZÓN

30. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE GASTA DOS MILLONES EN VENDER SU BILINGÜISMO

31. COMUNIDAD VALENCIANA. ¿DÓNDE SE ESCONDE CAMPS?

32. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL. EL SUPREMO REABRE EL CASO DE LOS TRAJES DE CAMPS

33. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL. LA GENERALITAT OCULTÓ A PEDREIRA FACTURAS POR UN MILLÓN DE EUROS DE ORANGE MARKET

34. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL. LA TRAMA CORRUPTA OBTUVO HASTA UN 55% DE BENEFICIO EN FITUR

35. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL. ORANGE MARKET COBRÓ 150.000 EUROS POR 'DECORAR' UNA COMIDA

36. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL. LA TRAMA VALENCIANA FACTURÓ AL PP 758.00 EUROS EN LAS GENERALES DE 2008

37. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL. EL SUMARIO REVELA QUE CARLOS FABRA SÍ CONTRATÓ CON EMPRESAS DE CORREA CONTRA LO QUE DECLARÓ

38. COMUNIDAD VALENCIANA. LA MITAD DE LOS DEPENDIENTES RECONOCIDOS NO RECIBEN AYUDAS

39. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS PAGA 17 CRUCEROS A LAS GANADORAS DEL CONCURSO DE COCINA CON TOMATE

40. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ GASTARÁ EL DINERO DEL PLAN DE EL CABANYAL EN COMPRAR CASAS

41. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TRIBUNAL PARALIZA LOS DERRIBOS DE EL CABANYAL EN VALENCIA

42. CASTILLA Y LEÓN. LA JUNTA CAMBIA LEY PARA BLINDAR SUS MACROPROYECTOS

43. CASTILLA-LA MANCHA. EL ANTECESOR DE COSPEDAL LE ACUSA VELADAMENTE DE DIFAMAR A BONO

44. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL CANCELÓ EN SÓLO DOS AÑOS UNA DEUDA DE 753.214 EUROS

45. REGIÓN DE MURCIA. ALTOS CARGOS DE LA CARM COBRAN DIETAS POR IR A TRABAJAR DESDE MOLINA A MURCIA

46. ISLAS BALEARES. MATAS IMPLICÓ A CINCO CONSELLERS Y OTROS ALTOS CARGOS ANTE EL JUEZ

47. ISLAS BALEARES. NADAL Y GRIMALT ACUSAN AL PP DE UN ´PELOTAZO´ URBANÍSTICO MILLONARIO

48. ISLAS BALEARES. MASSOT ASEGURA QUE ADVIRTIÓ DE LA DUDOSA LEGALIDAD DE LAS ÁREAS DE RECONVERSIÓN

49. ISLAS BALEARES. DETENIDOS DOS EX ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO DE MATAS EN BALEARES

50. ISLAS BALEARES. EL PP BALEAR REHÚSA SANCIONAR A LOS ALTOS CARGOS DETENIDOS EN LA ÚLTIMA OPERACIÓN POLICIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

51. ISLAS BALEARES. ARRESTAN A OTRO EX DIRECTOR GENERAL DE MATAS POR CORRUPCIÓN

---

1. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY RENUNCIA A DAR EXPLICACIONES POR LA GÜRTEL

Tras una semana muy complicada para el PP, Mariano Rajoy sacó pecho en Santiago, presumiendo de la victoria de su partido en las elecciones gallegas de hace un año y recordando que su formación propició, también entonces, el cambio político en el País Vasco. Del caso Gürtel ni una palabra. Escoltado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y por el de los conservadores vascos, Antonio Basagoiti, Rajoy se centró en la crisis económica. La dirección da por cerrado el capítulo del ex tesorero Luis Bárcenas. Sobre todo después de que el pasado sábado este anunciara que asumía los costes de su defensa. Con ello el jefe de la oposición se liberaba de una pesada carga, pero no de todas porque aún permanece en el Grupo Popular. Fuentes del PP esperan que "poco a poco" se le convenza para irse al Mixto por voluntad propia.

El PP quiere echarle el candado a la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa bajo el argumento de que "no hay nada nuevo". Rajoy no ha ordenado que se ponga en marcha ninguna investigación interna, como la que su formación en Baleares ha activado a raíz de la imputación de Jaume Matas. Tampoco parece dispuesto a darle más vueltas a los datos que apuntan hacia una posible financiación ilegal en la Comunitat Valenciana o Madrid. Al líder conservador, por lo visto, no le parece necesario dar explicaciones.

El nuevo tesorero, José Manuel Romay Beccaría, presente en la celebración, echó balones fuera. Supone que las cuentas del partido "estarán bien". "No hay motivo para pensar en otra cosa", destacó pasando por alto las evidencias incluidas en el sumario. Además, se mostró "seguro" de que su antecesor ha hecho "una buena gestión". Beccaría no ha pensado ni por un instante en examinarla. Deja "la última palabra" en manos de la Justicia.

Feijóo habló de corrupción, pero sin referirse a la financiación irregular de su formación en la época de Pablo Crespo. El presidente gallego se mostró "orgulloso" de pertenecer al PP y de tener un líder que "no decide ni con ruido ni dejándose llevar por él, sino que lo hace con sentido común, tranquilidad y responsabilidad". "No dejemos que hagan juicios paralelos, confiemos en la democracia, el Estado de derecho y la Justicia. Los que lo hacen tienen miedo a la democracia y esta traerá el cambio en España de forma clara, nítida y libre", pronosticó. A su juicio, lo que hace falta en estos momentos son "líderes, políticas y gobiernos honestos". Basagoiti aseguró que los socialistas intentan "hacer creer que todo el PP es igual a corrupción" pero que con ello no iban a lograr destruirlo. "No hay pajines, ni pepiños que sean capaces de aguantar la mirada a unos concejales del PP vasco, que se juegan la vida, para decirles que el PP es corrupto", afirmó tajante.

Durante su discurso, Rajoy denunció que Zapatero tiene "dos grandes obsesiones: la foto y la oposición". Y cargó duramente contra el rescate a Grecia porque se les puede ayudar pero "no a costa de España". El presidente del PP, al que se le veía cansado, señaló que la situación está tan mal que solo cabe hacerse una pregunta: "¿Cuándo va a convocar las elecciones Zapatero?"

Paro, déficit, austeridad Son las palabras que más emplea Rajoy en sus mítines. Tanto el sociólogo, Pedro Arriola, como el líder del PP andaluz, Javier Arenas, sus dos grandes asesores estratégicos le han convencido de que él debe apostar por ese discurso porque, al final, ante las urnas, los bolsillos se impondrán al caso Gürtel . "Coste electoral cero", vaticinó un dirigente del PP tras conocerse el sumario.

(www.publico.es, 10/04/10)

2. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY PREFIERE A BÁRCENAS EN EL SENADO

Luis Bárcenas Gutiérrez ya no es tesorero ni militante del PP. Solo sigue siendo senador y continúa imputado en el caso Gürtel, en el que se le acusa de haber cometido un delito fiscal. Las dos condiciones van unidas y se explican una a la otra. Fuentes jurídicas han confirmado a interviú que ni a Bárcenas ni a la dirección del PP les interesa que deje el Senado hasta que termine la investigación de este caso de corrupción. "Si sigue como senador, está aforado y solo puede investigarlo el Tribunal Supremo –explican esta fuentes–. Allí le imputan, de momento, por un posible delito fiscal, que puede haber prescrito y, en el peor de los casos, implicaría una multa". Las mismas fuentes hacen constar que si Bárcenas dejara el Senado, perdería sus privilegios y sería investigado como un ciudadano más.

Y en ese caso, añaden, tanto Bárcenas como, sobre todo, el PP, ya saben de los indicios hallados por la policía y la Fiscalía Anticorrupción en la primera fase de las pesquisas de la Gürtel: "Si esto lo coge otro juez, otros fiscales, se retomará la idea de que hay que investigarlo por un posible delito de blanqueo de dinero, se pedirían comisiones rogatorias y se vería si tienen, él o su mujer, cuentas corrientes en Suiza u otros paraísos fiscales. Y esa investigación no le interesa a Bárcenas, pero tampoco a Rajoy ni al PP".

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, explicó el viernes 9 en la Cope que ella no ve "ningún obstáculo" para que Bárcenas siga en el Senado como independiente.

La investigación contra Bárcenas, ahora muy limitada y condicionada, podría ser mucho más amplia si deja el Senado. De hecho, algunos instructores de la investigación apuntan la conveniencia de investigar a Bárcenas por blanqueo de dinero (un delito que no prescribe y tiene penas mucho mayores, de cárcel).

¿Sobre qué base? El sumario da algunas pistas. Por ejemplo, se afirma que el ya ex tesorero del PP recibió un millón trescientos mil euros de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. También se afirma que Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, invirtieron entre 2006 y 2008 1.031.340,40 euros en comprar inmuebles, y que "no existe recurso a fondos ajenos para financiar dichas operaciones". Es decir, no se pidieron créditos ni hipotecas. No se sabe de dónde sale ese dinero. Bárcenas ha asegurado que proviene de las ganancias que obtuvieron con la venta de acciones de Endesa.

En 2007, el senador y su esposa recibieron 1,2 millones de euros por la venta de acciones de la eléctrica. La mayor parte de la cartera –un millón de euros– estaba a nombre de Rosalía Iglesias, que compró 400.000 euros en títulos el 10 de junio de 2004, según los documentos aportados por su defensa. La esposa de Bárcenas manejaba importantes cantidades de dinero (ver recuadro de la página 8) pese a no tener trabajo conocido y está imputada por delito fiscal. Su marido, Luis Bárcenas, invirtió una cantidad menor. Pero compró a mejor precio. Gastó 71.200 euros el 8 de noviembre de 2002 para obtener 260.000 euros por los títulos el 1 de marzo de 2007.

Cuando vendieron las acciones, ambos metieron el dinero en Obligaciones del Estado. Bárcenas destinó 300.000 euros y recuperó la inversión en 14 días, sacando una plusvalía de 450 euros. La operación se repitió en siete ocasiones consecutivas, con lo que el ex senador se embolsó 6.151 euros de rendimiento en cuatro meses. Su esposa realizó una operación similar hasta en 12 ocasiones, con un depósito inicial de 650.000 euros.

(www.interviu.es, 12/04/10)

3. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY INSTA AL PP A AIREAR CASOS DE CORRUPCIÓN QUE AFECTEN AL PSOE

Se han hartado de decir los conservadores que uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario y que, además, no se puede castigar a un político si, como mínimo, no ha sido imputado en un caso judicial. Pero visto que la filosofía predicada no les ha salvado del escarnio público por sus relaciones con la trama Gürtel y que se han visto obligados a sacar del partido a Luis Bárcenas, su extesorero, tras el levantamiento del secreto sumarial, el comité de dirección popular ha decidido pasar al contrataque. O lo que viene a ser lo mismo en política: intentar socializar el terror que causa la sospecha por corrupción, esa que tanto daño ha hecho en el PP cuando ha tomado forma en los tribunales.

Con esas directrices, la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, convocó a la prensa a la una y media de la tarde y comenzó a disparar munición contra buena parte de los miembros del Gobierno y contra el presidente del Congreso, José Bono. Existen dudas, dijo, de que los socialistas hayan actuado con la limpieza que reclaman a la oposición.

Con Bono fue con quien más se cebó Cospedal ante los micrófonos. No en vano el veterano político del PSOE es también expresidente de Castilla-La Mancha, por lo que la dirigente popular –que tiene la doble condición de secretaria general y candidata del PP al Ejecutivo manchego– puede sacar máxima rentabilidad mediática a su ataque. "El PP va a solicitar al presidente del Congreso que, en comparecencia pública, explique las informaciones que están apareciendo últimamente sobre el incremento de su patrimonio, así como sobre los posibles desajustes respecto a su declaración de bienes", enfatizó Cospedal.

Unas horas después el presidente del Parlamento difundió que ha remitido al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, un escrito en el que le detalla cuáles son sus ingresos y en qué consiste su patrimonio, al tiempo que denunció una "campaña para sembrar sospechas sobre su honestidad" por parte de algún grupo de comunicación. Según explicó Bono en el citado escrito, su renta se alimenta de su sueldo, el de su esposa, los beneficios de las tiendas de su cónyuge y los obtenidos por la sociedad familiar Hípica Almenara. Tiene además un contrato con una editorial para publicar sus memorias.

Pero hubo más. El equipo de Rajoy ha decidido cargar en el hemiciclo contra el titular de Fomento, José Blanco, por adjudicado obras por 30 millones de euros a Teconsa, empresa investigada en el caso Gürtel. "En en sumario constan conversaciones del presidente de esta empresa en las que alude a la posibilidad de que se le adjudiquen contratos, precisamente, por sus buenas relaciones con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero", dijo Cospedal. Pero lo que no comentó la secretaria general del PP es que a quien sí está investigando ya la justicia es a "aforados en Castilla y León", previsiblemente de su partido, por haber adjudicado obras a dicha empresa de forma poco transparente.

(www.elperiodico.com, 13/04/10)

4. ‘CASO GÜRTEL’. EL PP REFUERZA SU CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO A LA POLICÍA

Una semana después del levantamiento del secreto del sumario del caso Gürtel, el PP evita responder sobre las pruebas de financiación ilegal de la formación en Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia que han salido a la luz y busca culpables fuera del partido. Y lo ha hecho intensificando su campaña de desprestigio contra la policía. Resucitando la teoría de la conspiración. Así lo puso de manifiesto la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuando restó valor a los informes de la Brigada de Blanqueo que apuntan a que el PP se financió irregularmente.

Cospedal no quiso entrar a valorar estos informes policiales incluidos en el sumario. ¿Por qué? "Porque tienen el valor de ayudar a una investigación pero no suponen el soporte documental último en el que el juez se tiene que apoyar". Fue muy insistente en que el levantamiento del sumario no ha aportado "nada distinto" a lo ya conocido. No obstante, entre los 50.000 folios se incluyen informes policiales en los que los investigadores aportan pruebas de financiación ilegal en la Comunitat Valenciana, Madrid y Galicia. Sobre el partido presidido por Francisco Camps, los informes ponen de manifiesto que cinco empresarios de la Comunitat pagaban facturas de actos del PP. Y que era Orange Market, la filial valenciana de la trama, la que se encargaba de manipular las facturas.

En Madrid, fue la fundación Fundescam la que corrió con parte de los gastos electorales para las campañas de Aguirre de 2003. En este caso, Special Events, de la red de Francisco Correa, se encargaba de falsificar el concepto de las facturas. También en Madrid fue clave el apoyo de los empresarios que hicieron donaciones a Fundescam. Y en Galicia, el informe policial señala que, entre 1996 y 1999, el PP regional pagó en negro 3,2 millones.

Siguiendo con la estrategia de poner en cuarentena los informes policiales, Cospedal mantuvo que cuando Francisco Álvarez Cascos dijo la semana pasada que "una camarilla policial" había falsificado pruebas contra el PP, sus palabras estaban "amparadas" en una denuncia interpuesta por el ex ministro. Y fue más allá al anunciar que el PP pedirá al fiscal que sume la denuncia de Cascos a la presentada por el partido el pasado mes de junio en la que, según Cospedal, ponían de manifiesto las "actuaciones dudosas" de los funcionarios policiales "instigadas por los mandos políticos" del Ministerio del Interior.

El PP mantuvo acusaciones de este tipo a lo largo de todo el verano, con las supuestas escuchas ilegales a miembros del partido como eje vertebrador. Pese a que cada vez son más los dirigentes conservadores que reclaman que Luis Bárcenas sea apartado del Grupo Parlamentario Popular en el Senado tras haber sido suspendido de militancia, De Cospedal no quiso pronunciarse. "La imputación no es una condena", dijo, además de mantener que "lo importante" es que este no tiene cargo orgánico en el PP ni es militante. Esta línea de defensa contrasta con la actuación de Aguirre en la Asamblea de Madrid, donde expulsó del grupo parlamentario a sus tres diputados imputados.

Tampoco supo Cospedal explicar por qué Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo, sigue siendo "funcionario" del partido pese a estar imputado por cobrar sobornos (ver recuadro). En vez de eso, solicitó explicaciones al ministro de Fomento, José Blanco, por las adjudicaciones a Teconsa. Según fuentes de Fomento, la firma empezó a contratar con el ministerio en 2001, con Álvarez Cascos al frente. Las únicas adjudicaciones irregulares a Teconsa que figuran en el sumario las realizó la Junta de Castilla y León.

(www.publico.es, 13/04/10)

5. ‘CASO GÜRTEL’. CASO GÜRTEL. LA CORRUPCIÓN PASA FACTURA AL PP

Los efectos de la corrupción han caído como una losa sobre el PP. La primera encuesta realizada después de que se haya levantado el velo del secreto del sumario del caso Gürtel muestra que la corrupción pasa factura a ese partido, por los hechos conocidos y porque los ciudadanos consideran que no está siendo adecuada la respuesta de Mariano Rajoy al escándalo.

Según la encuesta mensual de Metroscopia, el PP sigue siendo el partido con mayor respaldo y está en condiciones de ganar unas elecciones generales, pero ha perdido dos puntos de estimación de voto en sólo un mes. En marzo la ventaja de los populares sobre el PSOE alcanzó un máximo por encima de los seis puntos; ahora, un mes después, se ha reducido a cuatro.

En ese periodo de tiempo se ha producido una nueva detonación del caso, amén de la virulenta explosión del proceso contra Jaume Matas. Ha coincidido además con la reacción política del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a la crisis, con la negociación del llamado Pacto de Zurbano.

La reacción tibia y tardía de Rajoy era explicada por sus colaboradores como fruto del convencimiento de que al final tiene más coste político el paro y la crisis que las acusaciones de corrupción. Pero el resultado de la encuesta desmiente esta tesis y penaliza la estrategia impuesta por el líder del PP, basada en evitar gestos rápidos y enérgicos.

Los errores y silencios de Rajoy vuelven a beneficiar al PSOE, que en un mes gana medio punto, mientras que el PP pierde 1,6 puntos. Los socialistas obtendrían el 37,8% de los votos, todavía más de seis puntos por debajo del resultado electoral de hace dos años. El PP lograría el 41,8%, es decir, 1,7 puntos más que su resultado de los últimos comicios generales. No es descartable que haya una bolsa de voto oculto al PP, avergonzado por el escándalo, aunque compensado por lo que podría movilizar de apoyo en el último momento el PSOE para evitar un triunfo de los populares.

La mejor noticia para los socialistas sería consolidar esta tendencia, de forma que el deterioro de su expectativa de voto por la crisis económica hubiera tocado fondo ya, coincidiendo con el ecuador de la legislatura y con tiempo suficiente para remontar antes de 2012. Para el PP, la lectura más negativa sería comprobar que cabalgar sólo a lomos de las cifras económicas negativas, apostando todo a esa carta, no garantiza el triunfo electoral.

De hecho, es significativa la conjunción de varios resultados que dan un cierto respiro al Gobierno después de meses de malas noticias encadenadas: ha bajado el porcentaje de españoles que creen que el PP ganará las próximas elecciones generales, y han mejorado las cifras de valoración de Zapatero. Y todo ello a pesar de que la opinión sobre la crisis económica y el final de la recesión se mantiene en los mismos niveles de pesimismo que en las últimas encuestas.

En los sondeos de febrero y de marzo, el 62% de los encuestados aseguraba que ganaría el PP, mientras que ahora ese porcentaje ha descendido al 56%. El PSOE ha conseguido, como mínimo, frenar la tendencia negativa y la creciente imagen de final de ciclo. Y los casos de corrupción han minado las posibilidades de los populares. Hace un mes, el 62% de los españoles desaprobaba la gestión de Zapatero; ahora ese porcentaje es del 58%. El Gobierno espera que esa tendencia se mantenga o incluso acelere a medida que se vaya percibiendo una mejora de la situación económica.

Para eso, además, ha lanzado una ofensiva política con la imagen del Pacto de Zurbano que, aunque no haya terminado en una foto por el rechazo del resto de partidos, al menos sí se ha concretado en un decreto con 30 medidas que apoyarán prácticamente todos, incluido el PP. No es exactamente lo que querían cuando arrancaron, pero algo es. El Gobierno pretende que esos acuerdos le blinden políticamente de las reiteradas acusaciones de inacción ante la crisis. Esa estrategia se completa con el paréntesis en la sucesión continua de traspiés y rectificaciones de los miembros del Gobierno, que tanto daño hicieron al PSOE en los dos primeros meses de este año.

La ligera mejora de Zapatero se refleja también en el aumento del nivel de confianza de los ciudadanos en él. El presidente del Gobierno sigue teniendo un balance negativo entre los que aprueban su actuación y los que le suspenden, pero ha ganado 10 puntos en un mes. Su consuelo es además que la valoración del líder de la oposición no sólo no remonta sino que cae en picado, hasta duplicar ya la nota negativa de Rodríguez Zapatero

(www.elpais.com, 11/04/10)

6. ‘CASO GÜRTEL’. PP DIO A LA TRAMA 48 MILLONES DE EUROS DE DINERO PÚBLICO

La red corrupta dirigida por Francisco Correa obtuvo gracias al Partido Popular (PP) directamente, o a través de las instituciones bajo su control al menos 48 millones de euros de dinero público entre 2000 y 2008. La cifra se desprende de las declaraciones presentadas por las distintas empresas de la trama a la Agencia Tributaria durante estos ejercicios. El listado forma parte del sumario, cuyo secreto levantó el pasado martes el juez Antonio Pedreira. Los 48 millones representan únicamente la facturación declarada a Hacienda procedente de dinero público de la decena de empresas que integran el núcleo duro de la trama, con lo que la cifra amasada por el grupo en este periodo es necesariamente superior. No incluye ni los eventuales pagos en negro ni las subcontrataciones que permitieron que empresas Gürtel hicieran trabajos que formalmente fueron adjudicados a otros.

El PP, que como todas las formaciones se financia en un 90% con dinero público, distribuyó directamente entre las empresas de Correa 23,44 millones de euros entre 2000 y 2008, el 48,7% del total. Le siguen la Comunidad de Madrid, donde se declararon contratos por valor de 9,5 millones entre el Gobierno autonómico y los ayuntamientos del PP; la Comunitat Valenciana, con 8,69 millones, y el Gobierno de José María Aznar, con otros 3,3.

En todos estos ejercicios, la trama en su conjunto se embolsó una cifra superior a los tres millones de euros anuales procedentes del dinero del contribuyente. Los años de mayor facturación fueron 2003 y 2004, años electorales. En 2003, con elecciones municipales y autonómicas, la trama logró 7,9 millones. El año siguiente, con la campaña de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno, rozó los 10 millones de euros, sobre todo vehiculados a través de Special Events.

El PP y Special Events son los elementos clave de la etapa que culmina en 2004. A partir de esta fecha, ya con Mariano Rajoy al frente del PP, el partido deja de ser el principal cliente de la trama y el peso de las adjudicaciones pasa a ser asumido por las instituciones públicas de la Comunidad de Madrid y de Valencia, las dos organizaciones territoriales más importantes del PP.

El vuelco es total en el periodo examinado por la Agencia Tributaria: en 2000, el 99% de los contratos de la trama procedentes del dinero público recaían en el PP y en sus fundaciones. En cambio, en 2008, el PP no aportaba ya ni un euro directamente a la trama, ni siquiera en Valencia. El 100% del dinero público que recibía el grupo Gürtel tenía su origen en instituciones públicas o con participación pública mayoritaria de Madrid y de Valencia.

Rajoy se jacta de haber expulsado la trama del PP nacional, pero a partir de 2005 las empresas de Correa ya no trabajarán tampoco para la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el think tank de Aznar, bajo cuyo mandato se hicieron fuertes en el PP. De hecho, las principales marcas iniciales de la trama van desapareciendo del mapa a partir de 2004. Special Events, Pasadena, Rialgreen y otras van dejando paso a siglas más especializadas territorialmente, como Easy Concept y Servimadrid en Madrid, y Orange Market en Valencia.

Los contratos públicos llegarán a partir de entonces casi exclusivamente de Madrid y Valencia. Pero del entramado institucional en su conjunto. No es sólo que los contratos se trocean a veces y se reparten por distintas consejerías para no superar el monto económico a partir del cual hay que convocar concurso público, sino que las adjudicaciones se van repartiendo también entre los organismos autónomos y con empresas distintas.

Por ejemplo, en 2008 los pagos directos de la Generalitat valenciana a Orange Market fueron sólo de 45.000 euros. Pero en realidad esta empresa controlada por Francisco Correa a través de El Bigotes recaudó ese año 3,174 millones procedentes del conjunto institucional de la Comunitat Valenciana a través de múltiples organismos controlados por el PP: 1,4 millones de la Fira, 1,06 de la Agencia Valencia de Turismo, 516.000 de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, 69.600 de la Sociedad y Promoción Industrial Valenciana (Sepive), 34.626 de La Luz de las Imágenes, fundación adscrita a Cultura y Deporte, y 11.978 del Consejo Valenciano del Deporte.

Esta externalización hacia el conjunto de la Administración se da también en Madrid, donde muchos organismos autónomos contratan a las mismas empresas sin que computen a la Comunidad (ver recuadro). Y lo mismo sucede en los ayuntamientos del PP implicados. Un ejemplo: en 2007, Arganda declaró pagos de 11.689 euros a Easy Concept. Una minucia comparado con los 464.135 que le abonó la empresa municipal Fomento y Desarrollo.

(www.publico.es, 11/04/10)

7. ‘CASO GÜRTEL’. EL PP OBSTACULIZÓ LA INVESTIGACIÓN DEL CASO GÜRTEL

El PP recurrió a todo tipo de artimañas para dilatar la entrega de la documentación requerida por el juez Pedreira, según el sumario. La Fiscalía llegó incluso a solicitar que se excluyera al Partido Popular de la causa porque su actuación "no era de acusación, sino de defensa".

El caso Gürtel ha puesto las cuentas del PP en entredicho. Por eso, el juez Pedreira reclamó a Génova la información contable de los últimos años. Los populares respondieron poniendo trabas porque el requerimiento judicial no estaba suficientemente motivado.

Esta falta de colaboración colmó la paciencia de la Fiscalía Anticorrupción que mandó un escrito al Tribunal de Cuentas solicitando la información contable del PP entre los años 2005 y 2008 y otro al juez pidiendo la exclusión del Partido Popular como acusación del caso Gürtel.

Anticorrupción entiende que no se puede descartar que la investigación termine implicando al principal partido de la oposición y, además, critica que su actuación procesal en ningún caso ha sido de acusación, sino de defensa. El Ministerio Público acusa en su escrito al PP de abuso de derecho o fraude de ley.

La policía investigó exhaustivamente la participación de las empresas de la órbita de Francisco Correa en la organización de la visita del Papa a Valencia pero también se tropezó con la falta de colaboración.

La UDEF solicitó al Gobierno de Francisco Camps toda la documentación que hubiera en el registro de fundaciones sobre este evento pero se negó a facilitarla, alegando que necesitaban el mandamiento judicial. La policía no salía de su asombro cuando remitió la respuesta de la Generalitat Valenciana al juez, ya que el registro de fundaciones es público.

(www.cadenaser.com, 12/04/10)

8. ‘CASO GÜRTEL’. EL TRIBUNAL VALIDA EL RESTO DE LAS ESCUCHAS JUDICIALES

Los tres magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordaron rechazar una veintena de recursos presentados por los abogados de los imputados en el caso Gürtel, según afirman fuentes de las partes conocedoras de esta decisión, acordada mismo por el tribunal que preside Francisco Vieira.

Los abogados exigían anular no sólo las grabaciones entre abogados y sus clientes en la cárcel de Soto del Real (que ya estaban eliminadas) sino la mayoría de las escuchas decretadas por Garzón para desmantelar esta trama a una decena de implicados. Los letrados justificaban su petición en la insuficiente motivación descrita por Garzón cuando dictaminó, a finales de 2008, que se pinchasen los teléfonos de los cabecillas de la trama y de otra decena de compinches.

Los tres jueces de este tribunal (Francisco Vieira, presidente; José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro, ponente) entienden que Garzón sí motivó suficientemente estas otras escuchas. Los jueces no entraron obviamente en las grabaciones interceptadas entre los abogados de la trama y sus clientes, puesto que ya las anularon el pasado 25 de marzo en una polémica votación que dividió al tribunal y en la que uno de los tres magistrados, Suárez Robledano, emitió un voto particular contrario a anularlas.

(www.elpais.com, 15/04/10)

9. ‘CASO GÜRTEL’. ALEJANDRO AGAG MEDIÓ PARA QUE CORREA CONSIGUIESE CONTRATOS EN EL EXTRANJERO

Según los documentos que obran en el sumario, el yerno de Aznar intercedió ante una empresa francesa para que contratase los servicios de Correa. En aquel momento Agag trabajaba en Moncloa como ayudante personal del entonces presidente José María Aznar

La parte del sumario sobre la que el juez Pedreira ha levantado el secreto, arroja luz definitivamente sobre el tipo de relación que mantenían Francisco Correa y Alejandro Agag. De acuerdo con la documentación incautada en los registros policiales, el líder de la trama tenía más "motivos", además de los ya conocidos, para asistir a la boda del Escorial. Su relación con el novio, Alejandro Agag, era lo suficientemente estrecha para justificar que el hoy encarcelado Correa firmase como testigo del enlace.

Y es que Alejandro Agag, hoy yerno de Aznar y poseedor de una reconocida habilidad para las relaciones públicas, puso también su particular don al servicio del cabecilla de la trama Gürtel. De acuerdo con la documentación que obra en el sumario del Caso, Agag utilizó sus contactos empresariales en el extranjero para lograr que Correa consiguiese un suculento negocio con una compañía francesa dedicada a la publicidad y las relaciones públicas. La mediación de Agag se produjo durante el tiempo en el que el joven popular trabajaba en Moncloa como ayudante del entonces presidente José María Aznar.

Gracias a Agag, Correa consiguió un importante contrato con la empresa "ByTheWay Productions" con sede en la parisina "Rue Galilée" y delegaciones en otras capitales internacionales. La empresa matriz de la trama, FCS, propiedad de Correa comenzó a prestar sus servicios como agencia de viajes para los clientes de la multinacional francesa, después de que Alejandro Agag recomendase personalmente a Correa a los responsables de la agencia en París.

"No se como agradecer a Alejandro Agag que nos haya permitido conocerle" dice textualmente la responsable de "ByTheWay porductions" en una carta dirigida a Correa y fechada en París en mayo de 1998. En la misiva, la empresa gala manifiesta su satisfacción por la calidad de los servicios prestados por Correa a la hora de organizar varios viajes a Bilbao para sus clientes y manifiesta su intención de seguir contratando sus servicios.

Años después, y en una actitud que quienes le conocen definen como "propia de Paco", Correa encargó un estudio legal para registrar un nombre similar al de la agencia francesa para una de sus sociedades. Cosa que finalmente hizo.

El nombre de Alejandro Agag figura en varias carpetas halladas por la Policía en el 'pen-drive' en el que la trama llevaba su contabilidad B. Según el contenido de los documentos informáticos, el yerno de Aznar adeudaba cerca de 10.000 euros a las empresas de Francisco Correa en concepto de facturas de billetes de avión y noches de hotel. Uno de los apuntes es una compilación de facturas pendientes de los años 98 y 99. Se llama " Extracto a.agag" y suma más de 6000 en facturas pendientes de abono.

El segundo de los ficheros tiene el encabezamiento de " facturas pendientes de Alejandro Agag". Suman un total de 4000 euros y se refieren igualmente a gastos de hoteles y billetes de avión facturados por la agencia Pasadena Viajes, propiedad de Correa.

(www.cadenaser.com, 13/04/10)

10. RAJOY TILDA DE "ANTIDEMOCRÁTICO" EL ACTO DE APOYO A GARZÓN

El acto de apoyo al juez Baltasar Garzón celebrado en la Universidad Complutense de Madrid levanta ampollas en el PP. El presidente del partido, Mariano Rajoy, ha tildado el homenaje de "claramente antidemocrático", palabra que ha repetido dos veces para remarcarla, y ha confiado en que nunca se vuelva a producir "un espectáculo" igual.

En el mismo sentido se ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha cargado hoy contra el rector de la Complutense, Carlos Berzosa, por presidir el acto celebrado en la Facultad de Medicina y en el que más de 1.000 personas denunciaron "la vergüenza histórica" del proceso contra el magistrado de la Audiencia Nacional, informa Soledad Alcaide.

Aguirre, en una rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno que preside, se ha mostrado disgustada con que un "acto que sirvió para coaccionar a los jueces del Tribunal Supremo", que mantiene tres casos abiertos contra el juez, y en el que "se les ha llamado torturadores y fascistas" se haya celebrado en una institución pública como es la universidad.

Mientras, los actos de apoyo al juez continúan. Representantes del mundo de la cultura como Pedro Almodóvar, José Sacristán, Pilar Bardem, Luis García Montero o Almudena Grandes anunciaron que desde hoy llevarán a cabo un encierro indefinido en la Facultad de Relaciones Laborales de la propia Complutense.

En el encierro se recogerán firmas de apoyo al juez, se proyectarán documentales y se podrá escuchar el testimonio de víctimas. "Ven y cuéntanos. Tu memoria es nuestra historia", les animó Carlos Agüero, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

(www.elpais.com, 14/04/10)

11. COSPEDAL ARREMETE CONTRA LOS SINDICATOS POR APOYAR A GARZÓN

El acto de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, imputado en tres causas por el Tribunal Supremo, que han convocado hoy los sindicatos UGT y CCOO ha sido tildado por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de "atentado contra la democracia".

El acto tendrá lugar a las 11.30 de hoy en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, y lo inaugurará el propio rector, Carlos Berzosa. Además, asistirán el ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, el coordinador general de IU, Cayo Lara, y su diputado, Gaspar Llamazares, así como el ex presidente de la Generalitar, Pasqual Maragall, que encabeza el manifiesto Una memoria sin fronteras en defensa del juez.

Con esta convocatoria, se inicia una serie de movimientos en apoyo de Garzón que encabezará la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que convertirá la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, en el número 29 de la madrileña calle de San Bernardo, en una especie de cuartel general desde el que defenderá al magistrado y su causa contra el franquismo.

Hasta que se reúna el Consejo General del Poder Judicial para estudiar la posible suspensión del juez, el recinto académico acogerá conferencias sobre la memoria histórica, testimonios de familiares de víctimas y la proyección de varios documentales sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura. Entre otras actividades, está previsto que familiares de desaparecidos y fusilados lean en voz alta el auto del 16 de octubre de 2008 por el que el juez Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. También se procederá a recoger firmas en apoyo del magistrado.

(www.elpais.com, 13/04/10)

12. AZNAR RECOMIENDA A LA COMPLUTENSE QUE DEDIQUE MÁS TIEMPO A ELEVAR SU NIVEL DE ENSEÑANZA EN LUGAR DE APOYAR A GARZÓN

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, criticó hoy el acto de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que se celebró el pasado martes en la Universidad Complutense de Madrid y recomendó a esta Universidad que dedique más tiempo a elevar su nivel de enseñanza en vez de hacer este tipo de actos. "Sería mejor que algunas universidades dedicaran más tiempo a elevar el nivel de enseñanza que otras cosas que hemos visto", declaró el también presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES).

Durante su intervención en el Economic Ideas Forum Pensando en la Economía, el ex jefe del Ejecutivo censuraba de esta forma el respaldo que el rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, ofreció esta semana al juez de la Audiencia Nacional.

En una vertiente económica, Aznar ha asegurado que "la izquierda se alegra cada vez que alguien cae en la red de seguridad de la protección social". Aznar subrayó que la mayoría de los Estados europeos necesitan un mercado laboral "más flexible" en el que se invierta en la empleabilidad de los trabajadores, y se mostró convencido de que se saldrá antes de la crisis "si trabajamos más, más personas y más tiempo, no si trabajamos menos, menos personas y menos tiempo.

El ex presidente cree que para crear empleo es necesario reformar el marco de relaciones laborales, para lo cual los gobiernos deben "asimilar que quienes crean empleo son las empresas", y deben ser incentivadas para contratar. "No se puede obligar a un empresario a contratar", sentenció. Insistió en que "las rigideces de los mercados de trabajo desincentivan al empresario" interesado en crear empleo, y en que "el alto coste fiscal del empleo reduce el número de trabajadores empleados".

Por ello, defendió que los gobiernos también deben asimilar que la mejor política social es la creación de empleo, y aunque "a algunos se les llena la boca haciendo bonitos discursos sobre derechos sociales, el resultado de sus políticas es un dramático aumento del paro". A diferencia de la izquierda, concluyó su argumentación, "nosotros nos alegramos cada vez que alguien es capaz de salir de esa red y aprovechar todas las oportunidades para construir su futuro".

(www.publico.es, 15/04/10)

13. LA "ENCERRONA" DE AZNAR A RAJOY EN SEVILLA

La crisis crónica que afecta al PP se está haciendo cada día más insalvable y el caso Gürtel ha sido el detonante que ha hecho más evidente la fracción entre la vieja guardia y el grupo de Rajoy. El pasado marzo, en Sevilla, en la celebración del aniversario de la carrera de Aznar hacia el Gobierno, al actual líder de los populares le hicieron "una encerrona", y así lo describe el periodista Francisco Quevedo, que cita fuentes del entorno de Rajoy, en El Confidencial.

"Frente a la Torre del Oro de Sevilla algo más de una treintena de antiguos y actuales altos cargos del Partido Popular se hacían una foto con pretensiones históricas y que la realidad demostró inconveniente. Tras las sonrisas desplegadas para las cámaras se escondía la realidad de una enorme tensión. Rajoy sigue soportando odiosas comparaciones y presiones injustas e injustificadas del entorno del ex presidente Aznar", escribe Quevedo.

Según se cuenta en ese artículo, Francisco Álvarez Cascos "se pasó casi toda la comida despotricando de su sucesora, María Dolores de Cospedal, en un gesto bravucón de esos de los que desde el primer momento quiso desprenderse Rajoy. Cascos, junto a Arenas, que no paró de hacerle la pelota a José María Aznar -padrino de uno de sus hijos-, tampoco ocultaron su desazón por la solución Bárcenas". Tanto Cascos como Arenas mantienen su estrecha relación de amistad con Bárcenas, imputado en el caso Gürtel.

Dos momentos significativos de la comida de Sevilla narrados en ese artículo: cuando Fraga hizo un brindis por el único de ‘los nuestros’ que ha ganado y "por su hijo político, Gallardón,el candidato de Aznar a sustituir a Rajoy". Ni una sola mención al arrinconado líder del PP. El otro momento, cuando el ex presidente exigió que se sea implacable contra la corrupción, como en sus tiempos, según dijo.

El articulista de El Confidencial cita a dirigentes cercanos a Rajoy que le mostraron su malestar por el encuentro de Sevilla. ‘Claro, por eso estaban Correa y El Bigotes en la boda de Ana Aznar’, dijo una de esas fuentes. ‘Es impresentable lo que ha hecho. Ha sido una encerrona’, afirmó otro. "Si hay corrupción enquistada en el PP, esa corrupción nació con Aznar, y Aznar miró para otro lado, y los que trabajaron con él, alguno de los cuales ahora destila veneno contra Rajoy en las páginas de El Mundo, también miraron para otro lado", resalta Quevedo.

(www.elplural.com, 11/04/10)

14. DESAPARECE DE LA WEB DEL PP UN ARTÍCULO DE URIARTE DEFENDIENDO A BONO

El artículo que ha escrito a lo largo del día el presidente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, en el que terciaba en la polémica sobre el patrimonio del presidente del Congreso defendiendo a José Bono, ha desaparecido del espacio personal que tiene en la página 'web' del partido. Uriarte publicó en la 'blogosfera' de los conservadores un apunte personal sobre la polémica generada en torno al patrimonio de Bono. Una hora y media después de su publicación, el artículo ya no estaba disponible en el 'blog' del líder juvenil.

El propio Uriarte ha publicado otro post explicándo las razones de la retirada del anterior artículo. Bajo el título 'Pues me equivoqué' defiende que "he decidido quitarlo, yo y sólo yo". En su texto original, Uriarte aseguraba de Bono que es "un hombre honrado que no tiene por qué estar pendiente de justificarse". Es más, llegaba a decir que, quien tenga pruebas contra él, lo que debe hacer es ir al juzgado. "Yo no pienso juzgarle, que lo hagan los jueces en su caso", proclamaba.

Después de tres días en los que el PP ha puesto en entredicho el patrimonio del presidente del Congreso, exigiéndole explicaciones por lo que considera un incremento "imposible" de justificar con su sueldo público, el líder juvenil del PP salió en favor de Bono, aún sabiendo que "alguno" le acusará de defender a un hombre de un partido "enemigo". "No hagáis caso a todos esos que quieren llevarnos a los extremos para construir esta sociedad", agrega en su artículo ahora 'invisible' en la 'blogosfera' del PP.

En su escrito, Uriarte denuncia que estos días se esté yendo "a por el presidente del Congreso" e incluso asegura que "algunos" estarán "contentos" con ver "el desgaste público al que le están sometiendo", pese a que a día de hoy "nadie" ha podido probar si su incremento de los bienes es "fruto de algo ilícito o de la buena gestión de unos negocios". "Pero da igual -lamenta el dirigente conservador-, ya se le está juzgando en las calles, y dará igual si al final no hay nada en esta teoría de corruptelas si con eso hemos conseguido destrozar la vida de alguien".

El presidente de NNGG considera que Bono "no tiene por qué justificarse" si no tiene una acusación legal de por medio. Y añade: "El que tenga pruebas de algún delito, seguro que sabrá bien dónde están los juzgados". En ese sentido, Uriarte pide no permitir que se "destrocen vidas" de forma gratuita como, según dice, se hace ahora con Bono y se viene haciendo con el PP por culpa de "un puñado de chorizos de medio pelo", en relación con los implicados en el 'caso Gürtel'. "Con mi partido se ha hecho hasta la saciedad, vinculando a gente honrada y de principios con chorizos que revoloteaban por nuestras sedes, pero se ha abierto la veda de la cacería al político sin más argumentos que la capacidad de relación, insinuación y mala intención del primero que tenga ganas", sostiene.

(www.publico.es, 15/04/10)

15. PAÍS VASCO. ITURGAIZ ACUSA AL PP VASCO DE APOYAR AL PSOE EN CONTRA DE MAYOR OREJA

Las acusaciones lanzadas por Jaime Mayor Oreja de que el Gobierno está negociando con ETA y de que Zapatero y la banda terrorista son "aliados potenciales" para debilitar a España siguen dando de sí, especialmente en el seno del PP. Si el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, se vio obligado a desvincularse de las acusaciones recordando que en ellos avalan el Gobierno socialista en el País Vasco, ahora Carlos Iturgaiz le replica: "ha errado posicionándose con el PSOE y el Gobierno". El que estuviera al frente de los populares vascos desea ahora a Antonio Basagoiti que "todas las actuaciones" de la formación mantengan "la línea que siempre" han seguido. Mientras, el GEES, un instituto de propaganda neocon próximo a Aznar , acusa a Rajoy de "creer" a los socialistas y le advierte de que compartirá "el agrio sabor de la claudicación ante una banda terrorista".

Iturgaiz, que en su día sucedió a Mayor Oreja al frente del PP vasco y ahora es su mano derecha en la Eurocámara, ha comparecido ante los micrófonos de Jiménez Losantos en Esradio para avalar las acusaciones de su compañero. Especial énfasis ha puesto contra Iñaki Oyarzábal, secretario general del PP vasco, quien se apresuró en desmarcarse de las palabras de Mayor Oreja al entender que comprometían su apoyo a Patxi López.

"Creo que se confunde, sobre todo lo que lamento es que Oyarzábal haya dicho que Mayor Oreja no conoce la realidad de lo que ocurre en el País Vasco (…) decir que no está al cabo de la calle, que no está en la realidad, es como venir a decir que la cúpula del PP no estaría en la realidad cada vez que hace unas declaraciones", declaró Iturgaiz. Así, tachó las palabras de Oyarzábal de "inoportunas" y "poco afortunadas".

"Lo que no entiendo es que haya personas que crean más a los que no dicen la verdad, a los que ocultan la negociación, a los que tienen un proceso blindado desde hace tiempo con el mundo de ETA", insistió. El eurodiputado también calificó a Antonio Basagoiti de un líder "sólido" y "fuerte", pero le dejó la siguiente recomendación: "Deseo que todas las actuaciones que haga el PP del País Vasco sean en la línea que siempre ha marcado el PP del País Vasco durante todos estos años, que es en defensa de la libertad, en defensa de la democracia y en defensa de la unidad de España".

Al relacionar las palabras de Mayor con la "cúpula" del PP nacional, Iturgaiz ponía el dedo en la llaga: la complicidad de Rajoy en todo este asunto. Incluso los medios más críticos con el presidente popular valoraron su postura en todo este asunto. Pero los intentos de Rajoy de complacer a los sectores más extremistas de su formación y los medios de su órbita no han sido suficientes y así se lo han hecho saber entre otros el GEES, un centro de propaganda neocon de la órbita de Aznar, desde donde han utilizado palabras similares a las de Iturgaiz contra Oyarzábal, aunque esta vez para señalar que es el líder del PP el que da crédito a los socialistas.  

Primero el GEES carga contra el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, al que definen como "el Bruto que asesinó a Nicolás Redondo Terreros" y "el hombre de confianza de Zapatero en la negociación con ETA durante la pasada legislatura". Lamentan que en una reciente entrevista en el Diario Vasco Eguiguren haya acusado a Mayor de mentir y de no tener "ni puñetera idea de lo que estaba hablando", y también cuestionan la advertencia del socialista de que los mediadores internacionales -exhibidos por la derecha como prueba de contactos- "no son mediadores, sino abogados de parte, asesores de Batasuna para ver de qué forma pueden iniciar otro proceso o volver a la legalidad".

Más tarde, el objetivo es Rajoy, ya que "cree" a Eguiguren y "dice ahora estar convencido de que el Gobierno no negocia con ETA". El artículo, escrito por Emilio Campmany y que también ha sido difundido en la web de Losantos, Libertad Digital, especula con que "a cambio de su discreción durante el proceso" le pueden haber prometido "compartir los laureles de la paz". "Y no se da cuenta de que no serán laureles lo que habrá para compartir, sino el agrio sabor de la claudicación ante una banda terrorista", concluye, no sin antes comparar al líder del PP con Daladier, jefe de Gobierno francés que cedió a las pretensiones iniciales de Hitler en su intento de aplacarlo.

(www.elplural.com, 13/04/10)

16. PAÍS VASCO. CONDENADA A SEIS AÑOS POR ESTAFA UNA EX CONCEJAL DEL PP DE VITORIA

La Audiencia alavesa ha condenado a una ex concejal del PP de Vitoria y a su pareja a seis años y un día de cárcel cada uno por estafa agravada. La ex edil, Raquel Martínez Duval, y su pareja, Bonifacio Covarrubias Santos, timaron a 14 personas un total de 207.000 euros asegurándoles que les gestionarían conseguir un piso protegido en la capital alavesa, lo que nunca pensaban hacer. Las cantidades que solicitaban oscilaron entre 6.000 y 38.000 euros.

Martínez Duval fue concejal popular en Vitoria de 1999 a 2003. Volvió a ir en la lista en las municipales de ese último año, pero no salió elegida. El PP la expulsó del partido en 2004 por hacer gestiones ante diversas empresas presumiendo de sus contactos para lograr contratos públicos. Desde entonces, no mantenía ninguna relación con el partido, recalcaban fuentes del PP alavés.

Martínez Duval y Covarrubias, quien fue su escolta mientras era concejal, se instalaron en 2005 en Madrid, donde constituyeron la gestora inmobiliaria Gesbora SL. Entre octubre de ese año y noviembre de 2007, cometieron las estafas. Ambos "daban apariencia de confianza a las operaciones aprovechando la condición de la acusada de ex concejal" y los contactos que decía tener en organismos públicos", indica el fallo. "Recibían el dinero a sabiendas de que no iban a realizar ninguna gestión para tales compraventas y de que no tenían ninguna capacidad para proporcionar los inmuebles", añade.

La Audiencia repasa las argucias que usaron para conseguir el dinero de sus víctimas y mantener el engaño. Finalmente, varios de los estafados denunciaron los hechos y la ex edil y su pareja fueron arrestados en Vitoria por la Ertzaintza en noviembre de 2007.

La sentencia añade que, aunque los acusados se presentaran a través de una inmobiliaria, "dicha empresa no era conocida en esta ciudad [por Vitoria], donde quien sí era conocida era la acusada, precisamente por haber sido concejal". Este hecho y los contactos de los que la ex edil presumía por ello ofrecían "la apariencia de confianza" de que podrían conseguir un piso a los perjudicados.

Ambos son condenados además a indemnizar a los estafados -salvo el único a quien le reintegraron sus 12.000 euros- devolviéndoles todo el dinero que les entregaron, más intereses. Y deberán pagar sendas multas de 5.410 euros. Contra la sentencia cabe recurso, por lo que, hasta que no sea firme, los dos seguirán en libertad provisional bajo fianza. Martínez ya fue condenada antes por la misma Audiencia por estafar a dos mujeres (12.000 euros a una y 18.000 a otra) prometiéndoles lo mismo: facilitarles un piso protegido, informa Efe. La ex edil recurrió al Supremo.

(www.elpais.com, 10/04/10)

17. CATALUÑA. EL PP PRESCINDE DE SUS DIPUTADOS PARA ELABORAR EL PROGRAMA ELECTORAL

La cúpula del Partido Popular (PP) ha decido renovar profundamente la composición de su grupo en el Parlament con vistas a las próximas elecciones autonómicas y ha empezado a dar los primeros pasos. Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, ha prescindido de sus diputados en la Cámara catalana para confeccionar el programa electoral y ha delegado esa misión en tres colaboradoras suyas. Son la diputada en el Congreso Dolors Montserrat, hija de la política del mismo nombre y portavoz popular en el Parlament; Maria Àngels Esteller, regidora del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, y María Llanos de Luna, que fue subdelegada del Gobierno en Cataluña.

Fuentes del partido relativizaron el hecho de que Sánchez-Camacho no haya incluido en este pequeño comité a ninguno de los 14 diputados del grupo creado en 2006 por el entonces presidente del PP catalán, Josep Piqué, que abandonó después la formación por discrepancias con la dirección. "No es habitual que los parlamentarios redacten los programas. Esteller, además, ya hizo esa labor con Piqué", subrayaron fuentes del partido. El nombramiento se realizó el pasado 8 de febrero en un comité ejecutivo que designó al secretario general, Jordi Cornet, director de campaña.

Sánchez-Camacho está en plena precampaña y hoy paseará por Girona acompañada del presidente Mariano Rajoy, que está cumpliendo su compromiso de desplazarse de forma periódica a Cataluña, donde el nuevo equipo electoral está enfrascado en la elaboración del programa. La idea es trazar un ideario más práctico y menos teórico, y organizar 35 reuniones sectoriales para que aporten conclusiones. Además están previstos tres foros en los que se discutirán temas como la inmigración, la crisis y la seguridad, tres de los ejes de campaña de la dirigente popular.

La confección definitiva de las listas electorales se concretará en los próximos meses, pero todo indica que la renovación será profunda. Tras la dura pugna abierta por la sucesión, ganada por la línea oficial, que encarna Sánchez-Camacho, el grupo parlamentario quedó fraccionado en tres partes: la próxima a la actual presidenta, la cercana a Daniel Sirera y la heredera de Piqué, encarnada en Montse Nebrera, que también dejó el partido. De momento, repetirán como cabezas de lista Rafael Luna por Tarragona y Enric Millo por Girona. Lleida tendrá un cambio de cara: Jordi Montanya apoyó a Nebreda y cederá su puesto a Dolors López. Fuentes del partido destacaron que el PP será el único que tendrá dos candidatas (Sánchez-Camacho y López).

(www.elpais.com, 16/04/10)

18. GALICIA. EL SUPERIOR INVESTIGARÁ POR FALSEDAD DOCUMENTAL AL CONSELLEIRO HERNÁNDEZ

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite la querella contra Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, por los presuntos delitos de falsedad documental, estafa y fraude a la Administración Pública derivados de la certificación en falso de una obra en Salvaterra de Miño cuando era director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra. En la causa también está imputado el ingeniero Baltasar Pujales, jefe de Vías y Obras de la Diputación.

La querella contra Hernández y Pujales fue presentada por el PSOE, tras comprobar que ambos habían certificado, en diciembre de 2008, la construcción de una carretera, la variante de Lira, cuando en esa fecha apenas se había iniciado el movimiento de tierras. Pese a ello, la empresa adjudicataria, Sercoysa, en la que Hernández había sido antes uno de sus directivos, llegó a cobrar la ejecución completa de la obra.

La demora por parte de la Confederación Hidrográfica del Miño en la concesión de permisos de tala y la necesidad de certificar la obra para no perder los fondos europeos que la subvencionaban fueron aducidas por la Diputación como causas del desfase.

El asunto fue inicialmente estudiado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra, que se inhibió a favor del TSXG por la condición de aforado de Hernández. Ahora el Tribunal Superior analizará "si los hechos pudieran ser constitutivos de los delitos" citados, por los que se abrirá sumario "sin perjuicio de [su] ulterior calificación". El PSdeG exigió al presidente de la Xunta que en esta tesitura "suspenda la capacidad de contratación" de Hernández y "se traspasen de inmediato a la conselleira de Facenda" sus competencias en ese sentido.

(www.elpais.com, 16/04/10)

19. GALICIA. EL CONVENIO QUE LEGALIZA VIVIENDAS EN BARREIROS EXCLUYE LOS PAGOS PRIVADOS

En el convenio para dotar de abastecimiento a más de 4.000 viviendas de Barreiros que estaban paralizadas por el bipartito no aparece por ningún lado la participación de los promotores. La responsabilidad del pago de los 14 millones de euros que hará posible desbloquear los pisos construidos irregularmente es sólo de las administraciones que suscriben el acuerdo: Diputación de Lugo, Ayuntamiento y Xunta.

A pesar de que tras el Consello de la Xunta del pasado jueves, el presidente Alberto Núñez Feijóo destacó que "la partida más importante es la que ponen los propios promotores con más de seis millones de euros", el borrador del acuerdo -que ya fue refrendado en pleno por el Ayuntamiento- no dice nada de eso. El texto recoge que tres millones proceden de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas; 2,6 de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos; 1,2 de la Diputación y 7,2 del Ayuntamiento. Los promotores ni suscriben el convenio ni tienen en él responsabilidad.

¿De dónde salen entonces esos más de seis millones de los empresarios? Aunque el Consistorio, con un presupuesto de unos tres millones de euros, es el responsable en última instancia de pagar 7,2 millones, teóricamente sacará 3,6 de otro convenio de 2006 con 25 promotores y 2,3 de avales de urbanización obligatorios para estas empresas. Sólo 1,2 corresponden a fondos propios.

Pero los números del Ayuntamiento no le cuadran a todo el mundo. Antonio Veiga, portavoz del BNG en el municipio de Barreiros, asegura que de esas 25 empresas, sólo siete hicieron efectivo su aval. "El resto desaparecieron", asegura. Según dice, el Ayuntamiento sólo pudo recaudar poco más de un millón de euros de estos 3,6. "Se hacen responsables de aportar un dinero que no tienen", asegura.

El alcalde de la localidad, Alfonso Fuente Parga (PP), denunciado por prevaricación por la fiscalía por permitir las construcciones, reconoce que "es posible que alguna empresa haya desaparecido". Sin embargo, se muestra seguro de que no habrá ningún problema para cumplir su parte del acuerdo y satisfecho por el trato entre las administraciones: "Todo ese dinero está avalado, lo tienen que poner, si hay problemas se verá sobre la marcha, pero no tememos que no haya fondos suficientes. No tenía lógica estar continuamente en contenciosos por si había o no servicios".

En cualquier caso será su Ayuntamiento el que tenga la tarea de aportar la mayor parte del montante total de convenio (7,2 millones), los consiga de los promotores o no. En el acuerdo, la única referencia que se hace a los empresarios es que el Consistorio está obligado a "suministrar toda la información relativa a la situación actual del convenio de colaboración Concello-empresarios suscrito el 4 de julio de 2006 para establecer las obligaciones de los empresarios intervinientes para el financiamiento de las obras de ampliación y mejora de las infraestructuras municipales de abastecimiento de agua y del estado actual de ejecución de estas".

(www.elpais.com, 10/04/10)

20. GALICIA. LA XUNTA LLEVA CUATRO MESES SIN PAGAR A COMEDORES ESCOLARES

El menú en el colegio Os Dices del ayuntamiento de Rois (A Coruña) consistió en bocadillos de jamón serrano y queso y plátanos de postre. Y el panorama amenaza con que los bocatas sean también la comida de los próximos días. Desde diciembre llevan en el centro sin recibir dinero de la Consellería de Educación para el comedor y ya no hay más presupuesto para los menús ni más margen para deber facturas a los proveedores.

La Xunta admite un retraso en los pagos del segundo trimestre del curso -los del primero llegaron cuando ya estaba acabando, a finales de diciembre- y lo achaca a un problema relacionado con el cambio de ejercicio económico. Ahora, dicen desde la Consellería de Educación, están intentando agilizar los trámites: "Hoy o mañana [por y hoy] esperamos ya liberar los pagos". El retraso afecta a todos los centros, ya que los cobros se autorizan por provincias. Educación admite que el dinero debería haberse abonado a finales de febrero o principios de marzo, a pesar de que el año pasado se hizo "el 7 de abril".

La central intersindical CIG Ensino denunció que los colegios que no tienen remanentes "comienza a sufrir problemas con los proveedores por la falta de pagos". "Los centros están buscando alternativas", explicó su portavoz, Anxo Louzao, como elaborar menús más baratos o negociar con los proveedores.

Harto de quejarse de la situación a la Xunta, el director del colegio Os Dices, Rodrigo Costoya, tomó la decisión de repartir bocadillos. Pero es consciente de que la situación no se puede mantener durante muchos días, por equilibrio en la alimentación de los niños, pero también por cuestiones monetarias. Costoya calcula que se podrán mantener "dos o tres días más" o, quizás, "hasta final de semana" porque los más pequeños no tienen clase por las tardes los jueves y viernes y no usan el comedor.

Si la consellería no ingresa el dinero antes, tendrán que cerrar el comedor, que ya cuenta con una cocinera menos de las que debería por número de comensales. De las intenciones de Educación de agilizar los cobros no saben nada: "No tenemos ningún tipo de comunicación oficial. Estamos a la espera".

La idea, sin embargo, no convence a algunos padres, que prefirieron que sus hijos coman estos días en su casa, aunque un comedor abarrotado testifica que fueron muy pocos. En el colegio, defiende el director, apuestan siempre por un menú variado y equilibrado e incluso reparten fruta a los niños en el recreo, pero, por ahora, 190 personas entre alumnos y personal se sientan en el comedor ante unos bocadillos y con una gran pancarta detrás: "Hoxe bocatas por impagos da Consellería de Educación".

(www.elpais.com, 13/04/10)

21. ANDALUCIA. UN JUEZ CITA AL ALCALDE DE ALHAURÍN POR LA ANULACIÓN DE UNA LICENCIA

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, tendrán que comparecer el próximo día 29 ante un juez de Coín que investiga si pudieron incurrir en prevaricación al declarar extinguido el derecho a edificar a un conocido empresario local que había obtenido licencia para construir un edificio de viviendas y un centro comercial cuando se encontraban en plenas obras.

El constructor, José Ortuño, puso una querella por prevaricación cuando, una vez levantado el secreto de sumario del caso Troya, se conocieron las grabaciones de unas conversaciones telefónicas entre el alcalde y su concejal de Urbanismo que, supuestamente, evidenciarían que hubo una actuación arbitraria y premeditada contra él.

En una de estas conversaciones, Martín Serón llegó a decir: "El tema yo creo que es, que ese tío hay que sacarle a subasta las dos obras". Y agregaba: "Hay que ir a por él, ¿me entiendes?".

El alcalde de Alhaurín y el concejal de Urbanismo están procesados en el caso Troya por el presunto cobro de comisiones a empresarios locales a cambio de trato de favor en decisiones urbanísticas. El fiscal pide una pena de cuatro años y medio de prisión para el alcalde por cohecho y prevaricación y de siete años y medio para Guerra por los mismos delitos y contra la ordenación del territorio.

El empresario ya recurrió en la vía de lo contencioso administrativo contra los dos decretos de extinción de las licencias de obras y en ambos ganó los pleitos al declarar los tribunales nula la decisión municipal. En uno de ellos, la sentencia del juzgado de lo contencioso ya ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), mientras que en el otro la resolución en primera instancia se encuentra recurrida por el Consistorio.

La defensa del alcalde solicitó la nulidad de la actuación penal abierta en el juzgado número 1 de Coín alegando, entre otras razones, que las conversaciones telefónicas en las que se basa la querella deben ser anuladas porque se han obtenido por una violación del secreto de sumario.

Pero el juez ha desestimado todas las alegaciones y continuará las actuaciones porque "entendiendo que existen razones para investigar los hechos que se imputan, y sin perjuicio de lo que pueda resultar de la necesaria y oportuna investigación, procede continuar con la tramitación de las presentes diligencias". En la providencia en la que cita a declarar al alcalde y al concejal de Urbanismo, el juez considera que la existencia de una sentencia de lo contencioso que anula la decisión municipal "obliga a investigar" la posible "creación ex post" del expediente administrativo.

(www.elpais.com, 14/04/10)

22. ANDALUCIA. EL ALCALDE DE GÁDOR RECHAZA ANTE EL SUPREMO QUE PREVARICASE

El alcalde de Gádor y senador del PP, Eugenio Gonzálvez, rechazó ante el Tribunal Supremo haber cometido el delito de prevaricación que se le imputa por burlar la normativa en la licitación y adjudicación de un contrato de obras para una nave municipal, si bien no negó las anomalías detectadas por la fiscalía en el procedimiento seguido por el Consistorio.

Gonzálvez, que podría ser inhabilitado hasta diez años, respondió durante cerca de dos horas al magistrado instructor de la causa, Miguel Colmenero, quien le interrogó sobre los motivos por los que, como sostiene el ministerio público, obvió las "más elementales normas de procedimiento" para la construcción de la nave entre 2001 y 2005.

Sobre la adjudicación de las obras por procedimiento negociado sin publicidad a tres empresas y por los pagos efectuados a las mismas por valor de 144.837 euros expresó sus reparos en junio de 2007 el interventor municipal en un informe desoído por el alcalde. Precisamente, hacia este funcionario y hacia el concejal de Urbanismo, Onofre Martínez, desvió Gonzálvez las responsabilidades.

(www.elpais.com, 13/04/10)

23. COMUNIDAD DE MADRID. EL MES EN QUE RAJOY INVITÓ A AGUIRRE A IRSE

Tras perder las elecciones del 9 de marzo de 2008, Mariano Rajoy inicia una renovación que enfurece a la vieja guardia y da alas al desafío de Esperanza Aguirre.

- 30 de marzo. Rajoy nombra a Soraya Sáez de Santamaría como portavoz parlamentaria. Decide que el congreso que refrende su liderazgo interno sea en Valencia.

- 2 de abril. Comida para limar asperezas -sin éxito- de Rajoy y Aguirre, que se desmarca de una web que apuesta por ella de candidata en las generales de 2012.

- 4 de abril. Nerviosismo en el PP ante el silencio de Aguirre. Rajoy avisa: "Tengo claros cuáles son mis apoyos, que son muchos".

- 6 de abril. Madrid reniega del reparto de delegados del congreso: 208 de 3.000. Necesita 600 avales para presentar su candidatura.

- 7 de abril. Discurso del "No me resigno" de Aguirre en el Casino de Madrid: "A fecha de hoy no entra en mis planes [competir con Rajoy]. Si hay cambio de planes, el primero en saberlo será el presidente".

- 8 de abril. Los fieles de Aguirre la animan a presentarse. Reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular en Génova.

- 9 de abril. Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, dice: "No entiendo que se monte el espectáculo que está montando Esperanza Aguirre".

- 10 de abril. Andalucía, Valencia y Murcia respaldan a Rajoy. "Todos, y cuando digo todos quiero decir todos, apoyamos la decisión de Rajoy de volver a presentarse", dice Francisco Camps. Gallardón carga contra la "indecisa" Aguirre.

- 11 de abril. Francisco Álvarez-Cascos expresa en público el malestar de la vieja guardia.

- 12 de abril. Rajoy reta a "cualquier militante" a "presentar una candidatura" en Valencia. "Quien lo haga no será un enemigo, sino un compañero que ve las cosas de otra manera".

- 14 de abril. Rajoy: "A mí me encanta debatir de ideas, entre otras cosas porque las tengo".

- 17 de abril. La presidenta madrileña dice: "Parece que la socialdemocracia está más cómoda con Rajoy que con Aguirre".

- 19 de abril. Rajoy en Elche: "Si alguien se quiere ir al partido liberal o al partido conservador, que se vaya. (...) Me voy a presentar al congreso. Doy la cara. Digo lo que pienso y no estoy en cálculo alguno". El vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, responde: "Si se van liberales y conservadores del PP, ¿quién queda?". Los barones regionales se conjuran contra Aguirre.

- 21 de abril. Aguirre: "No me puedo creer que el presidente del PP quiera echarme. Quizá sería bueno que lo aclarara". Rajoy la llama y le dice que no se refería a ella. Su portavoz lo repite en público. La presidenta regional dice que su decisión de no plantar cara en Valencia "no es inamovible, inquebrantable". El PP se desquicia. Manuel Fraga se desespera y le reprocha: "Que se calle de una vez".

- 26 de abril. El entorno de Aguirre pide primarias para 2012. Crece la idea de que el congreso sólo aplazará la crisis.

- 29 de abril. Rajoy vive uno de sus peores días. Sufre varios desplantes de figuras relevantes el día en que nombra a sus portavoces parlamentarios. El ex ministro Eduardo Zaplana anuncia sin avisarle de que deja la política. Manuel Pizarro rehúsa a ser portavoz económico. Rajoy rectifica su decisión de no ir a un acto de Aguirre "para evitar interpretaciones sin sentido".

(www.elpais.com, 14/04/10)

24. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. AGUIRRE INSISTE EN QUE AYUDÓ A DESTAPAR LA TRAMA PERO ADMITE QUE SE EXPLICÓ MAL

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, puntualizó sus palabras del día anterior en el Parlamento autonómico, cuando vociferó que se sentía "muy satisfecha" de haber "ayudado a destapar la trama Gürtel". Lejos de la vorágine parlamentaria, la dirigente madrileña reconoció que debe dar "una explicación un poquito más extensa" del asunto.

Según relató, cuando en el 2005 se negó a que el alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, vendiese una parcela por un precio menor al del mercado, en contra de la voluntad de la mayoría de los concejales populares de la localidad, lo hizo para zanjar una disputa interna en el partido, pero sin saber "nada de lo que había detrás". Pese a todo, insistió en que fue ella misma la que se opuso a que dicho terreno "se vendiera con beneficio para el señor Francisco Correa".

Aguirre recordó que esta disputa interna en el PP de Madrid acabó con la salida de Ortega y otros dos concejales de Majadahonda, que fueron, precisamente, quienes más tarde acudieron a la policía para destapar la trama corrupta.

(www.elperiodico.com, 10/04/10)

25. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. AGUIRRE PIDE A LOS DIPUTADOS DEL GÜRTEL QUE DEJEN EL ESCAÑO

Una semana después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se arrogara en el pleno de la Asamblea haber destapado el caso Gürtel (aunque luego matizó sus palabras), los diputados de la oposición, PSM e IU, quisieron elevar al Gobierno regional la responsabilidad política de haber contratado con la trama de empresas de Francisco Correa.

El resultado fue que arrancaron a la presidenta una petición pública, y en sede parlamentaria, a los diputados imputados en el Gürtel para que renuncien al acta parlamentaria. "Yo les pido a esos diputados ahora mismo que dejen su escaño. Ya se lo pedí públicamente y se lo pido ahora delante de todas sus señorías", afirmó Aguirre, que recibió el aplauso de los populares. Los tres diputados no ocupaban en ese momento su escaño.

Hasta ahora, el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch se han negado a renunciar a su escaño para continuar como aforados y, por tanto, que les juzgue el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Desde entonces -y tras la reforma del Reglamento de la Cámara regional- se han convertido en diputados no adscritos, con un sueldo de más de 3.000 euros mensuales y con la única obligación de asistir tres tardes al mes al pleno, pues no forman parte de ninguna comisión. Habitualmente sólo acuden al hemiciclo al final de la sesión, cuando se vota, y siempre apoyan al PP. no fue una excepción: no ocuparon sus bancos hasta pasadas las ocho de la tarde, cuando comenzaron las votaciones.

La petición de la presidenta madrileña se produjo en la sesión de control, en respuesta a una pregunta del portavoz de IU, Gregorio Gordo, que había pedido a Aguirre más contundencia con sus ex diputados. "Este Parlamento no puede convertirse cada jueves en el esperpento nacional", espetó. "Lo mejor para usted es que dejara de ejercer la presidencia", zanjó.

También la portavoz socialista, Maru Menéndez, fue muy dura con Aguirre. "¿Qué va a hacer para que sus tres diputados renuncien al acta, más que decir con la boca pequeña que les va a pedir que lo hagan?", le planteó.

Pero Aguirre echó balones fuera: "Siempre asumimos nuestras responsabilidades".A la portavoz socialista, Maru Menéndez, no le convenció que la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se limite a pedir ahora, más de un año después de que se destapara el caso Gürtel, la renuncia al escaño de los imputados. "Usted los trajo y usted los tiene que sacar de aquí", le espetó a Aguirre.

Pero no era el día de asumir responsabilidades. La presidenta se enrocó en que la apertura del sumario no ha desvelado nada nuevo, acusó al presidente Zapatero de haber contratado también con Correa y a la bancada de la oposición (PSM e IU) le reprochó que no echen de sus filas a los cargos imputados en otros casos, como hace ella.

"No es nada nuevo para usted, porque usted lo sabía todo", le reprochó la portavoz socialista, que recordó que los contratos con las empresas de Correa eran para actos presididos por la propia Aguirre y le acusó de haber impedido a la oposición la revisión de expedientes de contratación durante los dos últimos años.

Después de la presidenta le tocó el turno de dar explicaciones al vicepresidente, Ignacio González, sobre el "lodazal de la corrupción", como tachó el caso el portavoz adjunto de los socialistas, Adolfo Navarro, que pidió su dimisión. "¿Que se montó una trama para aprovecharse del PP de Madrid y usted no se enteró? Ni me lo creo yo, ni se lo cree nadie", zanjó.

Navarro acusó a González de haber cerrado los ojos y, como coordinador del Gobierno regional, no haber avisado a los consejeros de que debían observar las normas de contratación. "Se ha hecho corresponsable político de que toda la Administración haya estado contaminada con un virus de triple acción: corrupción, despilfarro y saqueo de fondos", dictaminó Navarro. "Y de que vayamos a pagar los desmanes de una banda de pijos y horteras".

Pero González no asumió tampoco culpas, sino que repitió la táctica de colocar el ventilador en la dirección de la bancada socialista, y recordó la petición del fiscal para inhabilitar a la ex alcaldesa de Torrejón, Trinidad Rollán, secretaria de Organización del PSM, por un delito de prevaricación. "Pensaban que con esta trama iban a conseguir lo que no han sido capaces en las urnas", dijo González. "No tienen proyecto, no tienen alternativa, ni líder".

La tensión había ido aumentando en el hemiciclo cuando llegó el turno al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, de hablar del caso Gürtel. Por eso ironizó con la "originalidad" de la pregunta. "Ahora resulta que el cerebro de la trama era Zapatero. ¡Manda huevos! Eso sí que es original", le contestó el portavoz adjunto de los socialistas, José Manuel Franco.

"Como demócrata, soy firme defensor de la presunción de inocencia en el ámbito penal, pero en política, viendo este escándalo sin precedentes en la democracia, más bien es presunción de indecencia de su Gobierno", aseveró este diputado, mirando a Aguirre.

"Ustedes no aceptan la democracia cuando no les interesa", contestó Granados, que aprovechó para arremeter contra el acto de homenaje al juez Baltasar Garzón en la Universidad Complutense y fue recibido entre gritos de "dimisión, dimisión" por la oposición. "Ustedes son capaces, con tal de mantenerse en el poder, de atacar al Estado de derecho", dijo Granados a la bancada socialista, por encima de los gritos de "¡Hala!" y los golpes sobre las mesas.

(www.elpais.com, 16/04/10)

26. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. EL JUEZ INVESTIGA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira ha pedido a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), una entidad que ha encargado actos electorales para el PP, información sobre los pagos sospechosos aparecidos en las anotaciones de la caja B de la trama corrupta de Francisco Correa, según han confirmado fuentes oficiales a este diario. Por su parte, la fiscalía sospecha que podría haberse producido falsificación de facturas por parte de las empresas de la red para financiar actos electorales del PP en Madrid.

El instructor del caso ha dictado una providencia requiriendo a Fundescam sus actas contables, los recibos y la justificación de los actos realizados en los periodos señalados en la documentación incautada como consecuencia de los registros del caso Gürtel. La documentación requerida, según fuentes oficiales, hace referencia al tiempo en el que Pío García Escudero era presidente del PP de Madrid y Ricardo Romero de Tejada ocupaba la secretaría general.

A la vista de las peticiones del Ministerio Público, el magistrado estaba obligado a abrir pieza separada por este asunto y tramitar la obtención de los documentos, que a día de hoy aún no han sido remitidos al TSJM. Según explicaron fuentes fiscales a Europa Press, el presunto delito a investigar en esta pieza separada sería el de falsedad de documento, puesto que un posible delito electoral habría prescrito, al tratarse de asuntos referidos a 2002, 2003 y 2004.

Esta investigación arrancó de la presentación por parte del PSM en mayo del año pasado de tres denuncias contra el PP de Madrid. La primera, ante la Fiscalía Anticorrupción, por un delito de cohecho que se habría cometido por la presunta financiación ilegal a través de Fundescam, al hacer recibido ésta, supuestamente, donaciones preelectorales a cargo del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de otros empresarios.

Asimismo, el PSM interpuso una denuncia ante la Junta Electoral por "utilización de fondos no declarados para actos de campaña a través de un delito electoral" y una tercera ante el Tribunal de Cuentas por falsificación de documento mercantil relacionado con la posible financiación irregular del PP en un proceso electoral. En este sentido, el PSM señala que pese a la interpretación de la Fiscalía de que podrían haber prescrito los delitos electorales, su opinión es que una parte de los mismos no lo estaría, ya que el tiempo comienza a contar cuando el PP presentó las cuentas ante la Junta Electoral.

El sumario del caso Gürtel, hecho público esta semana, incluye una carpeta bajo el nombre "PP de Madrid" donde se incluyen las facturas emitidas por la trama por actos del partido entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004. En este documento figuran los archivos "Cambios de facturación 2003-2004.bárcenas.xls" y "facturación PP Madrid", donde se detallan las facturas emitidas por la trama por actos del PP madrileño. Aparecen como clientes el PP de Madrid, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda, Fundescam y el PP nacional. En el apartado de concepto figura la descripción del acto realizado, como "la campaña autonómicas E. Aguirre", "campaña elecciones generales 2004 Madrid" o "congreso regional PP Madrid". En el archivo sobre "Cambios de facturación 2003-2004-bárcenas.xls" hay detalle de facturas con cambio de entidades. Los clientes eran el PP de Madrid, Fundescam y el PP nacional.

Además, en esta carpeta aparece en la parte inferior "unos datos relativos a una demanda de la sociedad Special Events contra el PP de Madrid", por suspensión de pagos a estas empresas.

(www.elpais.com, 10/04/10)

27. COMUNIDAD DE MADRID. LA PRESIDENTA MADRILEÑA EXIGE A LOS ALCALDES DEL SUR QUE SE IDENTIFIQUEN COMO "SOCIALISTAS" PARA QUE LES RECIBA

Siete alcaldes de localidades del sur de Madrid, entre las que se encuentran Getafe, Fuenlabrada o Leganés, han anunciado para este jueves una marcha de 16 kilómetros hasta la capital para lograr que Esperanza Aguirre les escuche en relación a su Plan Estratégico, con el que pretenden la creación de unos 150.000 empleos y que vio la luz hace más de once meses. La presidenta regional advirtió de que los recibiría pero siempre que acepten que acuden como regidores "socialistas". Ante esta exigencia, el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha recordado a Aguirre que el Plan está abierto a los municipios gobernados por el PP así como que Zapatero no le pregunta a la presidenta por su signo político cuando la recibe. Desde el PP de Madrid ya atacan en cualquier caso la la marcha y una concejal ha difundido a través de la web del partido un artículo en el que se burlan de los "peregrinos" o les aconsejan que lleven "un mapa, no sea que acaben en Santiago de Compostela".

Los alcaldes socialistas de la zona Sur de Madrid anunciaron para el próximo día 15 una marcha de 16 kilómetros desde la periferia hasta la sede del Gobierno regional en Sol, una medida con la que pretenden lograr que Aguirre les reciba para abordar su Plan Estratégico. El plan reivindica infraestructuras y servicios para la periferia de la Comunidad y apunta a la posibilidad de crear hasta 150.000 empleos.

Estos días, Aguirre ha declaro que estaría "encantada" de recibir este jueves a los alcaldes "entre el Consejo de Gobierno y la Asamblea", pero siempre y cuando "la soliciten como socialistas" y no como alcaldes del sur porque también los hay del PP.

Después de estas palabras, Pedro Castro, el alcalde de Getafe -localidad desde donde partirá la marcha- ha explicado que la presidenta le ha asegurado que les recibiría durante un acto en el que ambos coincidieron. Castro cree que el reproche de que sean socialistas a la hora de recibirlos "no tiene razón de ser" cuando se va a hablar de un Plan que puede crear hasta 150.000 empleos.

Por su parte, el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha recordado a Aguirre que el Plan está abierto a los municipios gobernados por el PP así como que Zapatero no le pregunta a la presidenta por su signo político cuando la recibe. La marcha se mantendrá en cualquier caso si el encuentro con la presidenta no tiene lugar antes del jueves.

La portavoz popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Susana Mozo, ha difundido desde la web del PP de Madrid un artículo en el que se burla de la marcha, llamando a los alcaldes "peregrinos" e ironizando con que "ahora resultan que tienen fe" por el "camino" que van a emprender. Asegura que "estos alcaldes socialistas tan andariegos" han excluido a los regidores populares de la región. Y aconseja a los caminantes "unas buenas zapatillas", "mucha agua del Canal de Isabel II", "que no fumen" o que lleven "un mapa, no sea que aparezcan en Santiago de Compostela".

(www.elplural.com, 13/04/10)

28. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE EN EL PP. SÍ HUBO UNA `GESTAPILLO’ EN EL PP

Las pesquisas ordenadas por CarmenValcarce, juez encargada de investigar el espionaje que sufrieron dos altos cargos del PP en Madrid críticos con el Gobierno de Esperanza Aguirre –o favorables al alcalde, Ruiz-Gallardón, que tanto monta–, no dejan lugar a dudas: Manuel Cobo, el vicealcalde de Madrid, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y enfrentado con el equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid, fue espiado en abril de 2008, según un informe sobre el asunto realizado por la policía.

Y las personas que cumplieron esa misión fueron José Oreja Sánchez, Antonio Coronado Martínez y José Luis Caro Vinagre, tres guardias civiles que fueron fichados para la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. Los tres expertos dedicados oficialmente a la vigilancia de edificios en la Comunidad de Madrid, según esos datos, habrían seguido a Cobo durante siete días, actividad que quedó reflejada en varios partes que fueron difundidos.

El extenso informe encargado por la juez analiza el contenido de los citados partes y, con los datos aportados por Telefónica, sitúa a los guardias civiles llamando con sus teléfonos móviles o recibiendo llamadas en ellos en las mismas zonas de influencia, de modo que, concluye, estaban en los lugares donde se vigilaba a Cobo a la misma hora y fecha en la que se refleja en los partes de seguimiento.

El propio Manuel Cobo había dado ya ante la juez credibilidad a los siete partes en los que constaban las vigilancias a las que fue sometido. El vicealcalde de Madrid aseguró que el día en que los espías aseguraban que no habían podido localizarlo ni en su trabajo ni en su domicilio particular estaba de viaje en Zaragoza. Respecto a otros partes del espionaje, los teléfonos no engañan y muestran a uno o a los tres guardias civiles a la hora y en la zona en la que alguien anota los movimientos de Cobo.

Así, el de 2 de abril de 2008 se indica: "Cobo sale del domicilio a las 8.25 horas de la mañana, tomando el itinerario habitual y llegando a su puesto de trabajo a las 9.02 horas. Se observa que durante los desplazamientos le acompañan una moto con dos ocupantes de avanzada y un vehículo turismo con un ocupante por detrás, realizando la contravigilancia.

Este mismo vehículo es el que realiza la contravigilancia en su domicilio. Una vez llega el objetivo a su puesto de trabajo, su vehículo lo deja dentro y abandona las instalaciones. Como quiera que la zona está dotada de fuertes medidas de vigilancia y control, después de un tiempo prudencial, abandonamos la zona y nos dirigimos a montar el dispositivo del otro objetivo".

Los tres guardias civiles ya están imputados por otro espionaje reflejado en otros partes: el realizado a Alfredo Prada, ex consejero de Interior en Madrid, cargo en el que lo sucedió Francisco Granados (actualmente es asesor de Mariano Rajoy en cuestiones internacionales). Igual que ahora, los teléfonos de los guardias reflejaron que ellos estaban en los lugares a los que se hacía referencia (Brea de Tajo, Chinchón) en el espionaje a Alfredo Prada, en mayo de 2008. En ambos casos, se trataría de un posible delito de malversación de fondos públicos (al dedicar parte de su jornada pagada por la Comunidad a actividades que no tienen que ver con ella). Junto a ellos también está imputado su jefe en la Comunidad de Madrid, el ex policía nacional Sergio Gamón.

El espionaje ocurrió en una etapa especialmente convulsa en el PP de Madrid. El 7 de abril de 2008, la semana en la que Cobo era espiado, Esperanza Aguirre no desmentía los rumores y dejaba la puerta abierta en el Foro Abc a la posibilidad de presentarse como candidata a liderar el PP nacional frente a la lista oficial de Mariano Rajoy.

Manuel Cobo denunció lo ocurrido y aseguró que temía por sus hijos. Luego, en una entrevista con El País, añadió el asunto de la "gestapillo" y que la batalla por Caja Madrid le producía "vómito". El PP lo sancionó con un año de suspensión de militancia. La pasada semana, Ruiz-Gallardón anunció que volverá a contar con él para las elecciones de 2011. Mientras, Francisco Granados pedía que se apartara a manuel Cobo de su puesto como portavoz municipal. La batalla, con espías y sin ellos, continúa.

(www.interviu.es, 12/04/10)

29. COMUNIDAD DE MADRID. EL GOBIERNO DE AGUIRRE EXIGE EXPULSAR AL RECTOR PRO-GARZÓN

el PP acentuó la presión sobre el eslabón más débil de los apoyos al juez Baltasar Garzón: el rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, advirtió de que "su incapacidad" y el uso que hizo de las instalaciones en el acto de respaldo al magistrado "no le hacen merecedor" del cargo y le "inhabilitan" para seguir ejerciendo de rector. Si el Ejecutivo de Esperanza Aguirre no le ha obligado a cesar es porque no entra dentro de sus facultades al ser elegido por el claustro universitario, según reconocieron fuentes del Gobierno regional.

Pero ello no fue obstáculo para que siguiera el acoso. González añadió que era "gravísimo" que Berzosa hubiera utilizado "recursos públicos" (dinero de los presupuestos de la comunidad autónoma) para "poner en cuestión la legitimidad del Tribunal Supremo (TS)". El expresidente José María Aznar se sumó a las críticas y le instó a "dedicar más tiempo a elevar el nivel de enseñanza" antes que a otros menesteres.

Los alcaldes del PP pidieron asimismo la dimisión del socialista Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por su participación en el acto. Otro de los hostigados por el PP, el secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, al que Mariano Rajoy exigió el miércoles su dimisión, explicó su presencia. "Fui como ciudadano y miembro del partido socialista. Y aunque no comparta al 100% todas las intervenciones, sí el fondo de la reunión: lo que se está haciendo con Garzón es una cacería absolutamente injusta", afirmó antes de recordar que su padre estuvo recluido 14 años en las cárceles franquistas y sus abuelos fueron fusilados.

El PSOE no va a dar ni un paso atrás en la defensa de Garzón. La prueba de ello es que los socialistas vascos registraron una iniciativa en el Parlamento autonómico en favor del magistrado "ante la campaña de acoso a la que está siendo sometido por grupos de la ultraderecha". El gesto quedará probablemente en eso, un gesto, dado que el PP vasco anunció que no apoyará "iniciativas insensatas sobre Garzón, aunque las patrocine Patxi López".

La dirigente socialista Elena Valenciano, sorprendida por la ferocidad del partido de Rajoy a la hora de atacar a los defensores de Garzón, dejó una pregunta en el aire: "¿Quiere el PP quitarse de en medio al juez para después pedir la nulidad de las pruebas del sumario del caso Gürtel?".

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, también terció en la polémica al pedir una reforma legal que ponga fin a la acciones populares como las que en este caso han ejercido Falange y el sindicato ultraderechista Manos Limpias porque defienden "intereses espurios" y acaban convertidas en "querellas mediáticas" que trasladan a la justicia problemas que "deben ser resueltos en otras instancias". El fiscal se distanció de las criticas de su excolega Carlos Jiménez Villarejo –"han excedido lo razonable", dijo–, pero se mostró esperanzado en que el TS admita los argumentos del ministerio público, que no ha apreciado delito en las tres causas contra Garzón.

Los periodistas extranjeros que habían pedido recibir información técnica sobre esas causas deberán contentarse con tenerla por escrito porque el TS suspendió la convocatoria a los medios en la que un magistrado debía responder a sus dudas. La excusa: más de cien profesionales ya se habían acreditado y no hay espacio para acogerlos. Lo más probable es que el motivo real sea el temor a que cualquier pronunciamiento fuera malinterpretado.

(www.elperiodico.com, 16/04/10)

30. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE GASTA DOS MILLONES EN VENDER SU BILINGÜISMO

"Es un Gobierno que vive de la propaganda; mucha foto y poca chicha". La frase, pronunciada por el secretario general de Enseñanza de CCOO en Madrid, Francisco García, bien podría resumir la indignación que ha generado entre padres, docentes y la oposición política el dinero que Esperanza Aguirre dedica a publicitar el programa de colegios bilingües. La Comunidad de Madrid destina 2 millones de euros (1,8 en la campañay 0,2 en la creatividad) de los presupuestos madrileños a promocionar el programa de colegios bilingües, en el que gasta diez millones por curso.

Los madrileños llevan ya cuatro días conviviendo con la campaña publicitaria Yes, we want (Sí, queremos, en inglés), parafraseando el lema de campaña de Barack Obama, Yes, we can (Sí, podemos). El despliegue informativo, encargado a la agencia Adsolut, que ha realizado la comunidad para dar a conocer su programa abarca tanto anuncios en radio como en televisión, además de cartelería para el mobiliario urbano.

Los anuncios muestran a niñosque exigen una educación bilingüe: "Papá, mamá, queremos estudiar en español y en inglés. Porque es la educación que queremos, apuntadnos ya". El lema de la campaña ha generado además numerosas críticas porque se trata de una incorrección gramatical en inglés. La federación de padres de alumnos de la Comunidad de Madrid Francisco Giner de los Ríos (FAPA), se burló en una nota de este "resbalón" al denunciar que a pesar de gastarse 1,8 millones en los anuncios no haya tenido "presupuesto para un corrector que evitara un inglés in-correcto" en un spot que vende bilingüismo.

Para el secretario de En-señanza del PSOE madrileño, Félix García Lausín, "escandaliza que se dediquen dos millones a publicitar un proyecto de diez". Y hace cuentas: "Si Fígar y Aguirre hubieran dedicado ese 20% más del presupuesto a contratar profesores bilingües, en lugar de sacar pecho, se habría podido escolarizar en este programa a 13.000 alumnos más". El año que viene, serán alrededor de 60.000 los escolares inmersos en el programa, uno de cada diez.

García Lausín vuelve a tirar de calculadora para aventurar que "a este ritmo, a Esperanza Aguirre le harían falta 40 años para escolarizarlos a todos".

El presidente de FAPA, José Luis Pazos, critica sobre todo que esta campaña de anuncios supone una inversión "innecesaria". Según Pazos, lleva ya los suficientes años en marcha para que los padres y madres madrileños hayan sido informados de su existencia y no hace falta publicitarla.

Este representante de los progenitores considera además que la campaña tiene una vertiente "peligrosa": el abandono de otros centros. "Con el asalto publicitario, los padres acudirán en mayor proporción a los centros bilingües en detrimento de los que no lo son. Así, Aguirre podrá asegurar, forzando la demanda, que se trata de un programa avalado por los padres", denuncia.

(www.publico.es, 16/04/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. ¿DÓNDE SE ESCONDE CAMPS?

¿Dónde está el president? Es la pregunta más repetida en los últimos meses, el acertijo en los mentideros valencianos. ¿Brasil, Estados Unidos, Bruselas? Y es que la agenda de Francisco Camps en el País Valenciano es cada día menos notoria y es difícil encontrarle en un acto público. Incluso sus repentinas huidas hacen cambiar el calendario parlamentario para cuadrar sus obligadas comparecencias en Les Corts.

mismo se cumplía un año de una de las apariciones que hicieron que Camps se lo pensara dos veces antes de presentarse en público. Fue en el acto de la Santa Faz en Alicante. Allí tuvo que escuchar como le ridiculizaban al grito de "trajes para todos". Y quizás en ese momento el president decidió enrocarse en sí mismo.

Su primera, y última aparición en la Comunitat tras el levantamiento del grueso del sumario del caso Gürtel fue este martes, en un acto pensado para vanagloriar al Molt Honorable. Tuvo lugar en el Palau de la Generalitat y estuvo arropado por todo su gobierno y más un centenar de alcaldes.

La convocatoria oficial hablaba de un balance de las inversiones de la Generalitat en los municipios. Pero consistió en una exaltación de Camps en sus horas más bajas desde que conquistó el poder. Allí, llegó, vio, y huyó de los medios de comunicación, algo usual.

Este mes Camps no ha participado en ningún acto público y en lo que va de año son más sonadas sus visitas al exterior que su asistencia a citas en la Comunitat. Desde finales de 2009 ha viajado en nueve ocasiones al extranjero, bien sea para visitar el parque Ferrari World en Abu Dhabi, o inaugurar una oficina del Instituto Valenciano de la Exportación en Brasil, abierta desde 1997. Incluso se ha trasladado dos veces a Nueva York a firmar un convenio con Microsoft.

Precisamente, acaba de pasar por Bruselas como un fantasma. Esquivando a la prensa, llegó a atrincherarse en una pequeña sala del Parlamento Europeo en la noche del miércoles durante varias horas. Todo ello, a pesar de que sus reuniones, con responsables de las instituciones y eurodiputados afines, habían concluido. Los periodistas tuvieron que conformarse en medio de una escalera con unas breves declaraciones contra el Tribunal Constitucional y el Gobierno por el recurso interpuesto por Cultura contra el derribo del barrio del Cabanyal. Sus responsables de prensa se aseguraron, llegando a agarrar por el brazo a algún periodista, de que asuntos como la trama Gürtel no fueran motivo de preguntas, informa Daniel Basteiro.

Cuando el Supremo reabrió su causa , desapareció sin dejar rastro. "Me dicen que ha pasado por aquí", aseguró un miembro de su Gabinete en la zona en la que los periodistas esperaban, sin éxito, que dejase de esconderse. Hoy tampoco podría estar en España. Al cierre de esta edición, se encontraba retenido en Bruselas, ante la imposibilidad tomar un avión por la nube de ceniza en Islandia.

(www.publico.es, 16/04/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL. EL SUPREMO REABRE EL CASO DE LOS TRAJES DE CAMPS

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por los socialistas valencianos (PSPV) contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de sobreseer la causa abierta al president de la Generalitat, Francisco Camps; el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos y el jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafel Betoret, en relación con la denominada 'trama valenciana' del caso Gürtel, según informaron fuentes socialistas.

De este modo, la sala segunda del Tribunal reabre formalmente la causa contra Camps, que había sido archivada el pasado día 3 de agosto por el TSJCV, por entender que no existía "relación directa entre el pago de prendas" y los "agasajos" que recibieron los imputados, entre ellos Camps, así como con la adjudicación de contratos públicos a la empresa Orange Market. 

De esta forma, estimaban los recursos de apelación planteados por los cuatro dirigentes del PP contra el auto del magistrado instructor de la causa en el TSJCV, José Flors, quien sí que entendió que había indicios de cohecho pasivo en su actuación por supuestamente haber aceptado regalos de la empresa del 'Bigotes'. 

La decisión fue adoptada entonces por el presidente de la sala del Tribunal valenciano, Juan Luis de la Rúa, que se declaró íntimo amigo de Francisco Camps, y que votó a favor del archivo junto al magistrado José Francisco Ceres, frente al rechazo del tercer magistrado que participó en la decisión, Juan Montero. En su momento, también desestimó los recursos de apelación de la Fiscalía y del PSPV. 

De modo que el Supremo se reunirá el próximo 12 de mayo para deliberar sobre el asunto y emitir un fallo sobre si vuelve a investigar al president de la Generalitat Valenciana por el caso Gürtel. En esa reunión participarán los magistrados Juan Saavedra, que actuará como ponente, Andrés Martínez Arrieta; Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez y Miguel Colmenero.

Francisco Camps

Presidente de la Generalitat

Garzón vio indicios que apuntaban a que recibió de las empresas de Correa más de 12.783 euros, principalmente en trajes.

Ricardo Costa

Secretario general del PP valenciano

El juez sostenía que adquirió trajes en tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros pagados por empresas de Correa.

José V. Campos Guino

Ex vicepresidente de la generalitat

Las investigaciones apuntaban a que habría recibido en especie de las empresas del supuesto cabecilla de la trama 4.850 euros.

Rafael Betoret Parreño

Ex jefe de gabinete de Turismo en Valencia

El auto de Garzón le imputaba, al igual que a Campos Guinot, por los delitos de cohecho, falsedad y tráfico de influencias.

(www.publico.es, 15/04/10)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL. LA GENERALITAT OCULTÓ A PEDREIRA FACTURAS POR UN MILLÓN DE EUROS DE ORANGE MARKET

La Generalitat ocultó en septiembre facturas al juez Antonio Pedreira, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) que investiga la red mafiosa tejida por Francisco Correa para blanquear dinero negro, conseguir contratos de administraciones gobernadas por el PP y cobrar comisiones ilegales de empresarios con vinculaciones políticas con los populares. Y no se trata de un fallo de unos pocos miles de euros. El Consell que dirige Francisco Camps no envió al juez las facturas correspondientes a Fitur 2006, abonadas a Orange Market, la empresa matriz de la trama Gürtel en Valencia, con un importe superior al millón de euros.

"La Generalitat ha aportado toda la documentación que nos han requerido; lo único que se desprende es que no somos parte y que no hay ningún imputado", declaró el vieres la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, tras asegurar con rotundidad: "Somos meros observadores". Pero la Generalitat no envió toda la documentación.

Así, al requerimiento del juez Pedreira emitido en agosto de 2009 en el que reclamaba al Consell todas las facturas emitidas por la Administración valenciana a las empresas de la trama Gürtel, la abogada general de la Generalitat, Isabel Villalonga, respondió el 8 de septiembre con un voluminoso documento, que se incorporó al sumario como una pieza separada de la documental bajo el epígrafe de "Generalitat Valenciana", en el que figuran casi un centenar de facturas.

Pero no están las de Fitur 2006.En la documentación enviada en septiembre por Villalonga a Pedreira se detallan "expedientes completos de contratación, facturas o cualquier otro tipo de contrato celebrado con la Generalitat Valenciana o alguna de las agencias u organismos pertenecientes a la Generalitat Valenciana desde 1998 o en su caso certificación negativa". Y allí se constatan los pagos efectuados a empresas como Down Town Consulting, Easy Concept, Servimadrid Integral, Diseño Asimétrico, Tecnology Consulting, Boomerang Drive, Rialgreen y Orange Market. Al igual que se certifica que en ningún momento se ha facturado pagos a otras firmas del imperio de Correa, como Orange Factory, Forever Travel Group o Pasadena Viajes.

En la documentación se constata que la empresa más beneficiada es Orange Market, que ganó, según las facturas aportadas por el Consell, 5.691.433 euros, es decir, el 93% de lo facturado por las empresas Gürtel a la administración de Camps, que se elevó entre 2005 y 2009 a 6,1 millones de euros. Una cifra a la que habría que sumar otro millón más, hasta 7,1, si se incluyen los pagos no remitidos.

Así, en el voluminoso expediente, que supone cinco tomos de los 200 que atesora el caso Gürtel, y que suma alrededor de 2.000 de las más de 50.000 páginas sumario, no se incluye lo que cobró Orange Market por organizar las ferias de turismo del año 2006. El documento incluye el expediente de contratación iniciado en verano de 2005 y que desembocó en la adjudicación el 27 de diciembre de 2005 de la organización del pabellón de la Comunidad Valenciana para Fitur-2006 y para otras ferias de turismo de aquel año. Un concursó que se adjudicó a Orange Market por 1.083.925 euros. Pero en el expediente no figuran las facturas pagadas por la Agencia Valenciana de Turismo a la firma de Álvaro Pérez, El Bigotes.

De hecho, en el documento que encabeza el expediente remitido por el Consell, y firmado por la abogada general de la Generalitat, se detallan una a una todas las facturas de cada una de las empresas de la trama. Y de las referidas a Orange Market en el año 2006 solo se citan expresamente, y se remiten en el expediente, 10 facturas, con una suma de apenas 90.842 euros.

Allí figuran cuatros pagos por 21.000 euros de la Consejería de Cultura a la firma de Pérez por el Open de Tenis de Valencia, por 1.000 carpetas portadocumentos o por unas jornadas interautonómicas de Educación. También varios pagos por 21.000 euros a Bienestar Social por una campaña contra la violencia machista y otras facturas por 16.000 euros de Sanidad por la gala Salud y Sociedad en L'Hemisfèric. O una de Presidencia por la presentación de los Proyectos Estratégicos de Comunicación de la Comunidad Valenciana, por 7.500 euros. Y, por último, una de la Fundación de la Comunidad Valenciana la Luz de las Imágenes para promocionar la exposición La Faz de la Eternidad en el VI Open de Tenis, que se elevó a 25.000 euros. Un pago que, por otra parte, no incluye ningún concurso público con transparencia, publicidad y concurrencia, necesario para todo gasto público superior a los 12.000 euros.

Pero esos 90.842 euros apenas suponen el 8% de lo que realmente cobró Orange Market. Así, la propia firma de El Bigotes presume en el informe de Solvencia Técnica que adjuntó en su oferta para concursar a Fitur 2008 que en el ejercicio de 2006 facturó por las ferias del sector hasta 1.021.848 euros a la Agencia Valenciana de Turismo, dirigida entonces por la ex consejera Milagrosa Martínez, ahora presidenta de las Cortes Valencianas.

Y cobró esa cantidad en cuatro pagos, todos referidos al concurso número 44/05 adjudicado por Turismo en diciembre de 2005 a Orange, siempre según los datos adjuntados por Orange Market en aquel concurso público, a falta de las auténticas minutas facturadas al Consell.

En enero facturó a la Agencia de Turismo 764.000 euros por el diseño, la fabricación, el montaje y el desmontaje del pabellón de Turismo en la feria de turismo de Madrid Fitur-2006. En abril, cobró otros 191.000 euros por el pabellón de la consejería en la Feria de Turismo de la Comunidad Valenciana celebrada en Valencia. En mayo, cobró otros 33.424 euros por la Feria STIC celebrada en Barcelona. Y en mayo facturó la misma cantidad, otros 33.424 euros, por la Feria BEC celebrada en Bilbao.

A tenor de todos estos datos, la Generalitat no aportó todos los datos al juez Pedreira, en contra de lo que aseguró el viernes Paula Sánchez de León. Al juez le faltaba en septiembre pasado un millón de euros.

(www.elpais.com, 11/04/10)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL. LA TRAMA CORRUPTA OBTUVO HASTA UN 55% DE BENEFICIO EN FITUR

Las empresas de la trama Gürtel, a cuyos dirigentes investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias con dirigentes del PP, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita, no eran las más baratas. Eso lo sabían los gestores del Consell y los del PP valenciano, aunque reincidieran en la contratación de esas firmas, en especial Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. Y el levantamiento del secreto del sumario del caso Gürtel da ahora la idea de cuán rentables eran las relaciones del jefe de la trama, Francisco Correa, y su lugarteniente en Valencia, Álvaro Pérez, con la cúpula popular. Unas operaciones que daban lugar a unos beneficios superiores al 55%.

En concreto, según revelan unos correos electrónicos intervenidos entre las distintas empresas de la trama, ahora se conoce que en la facturación a la Agencia Valenciana de Turismo por la construcción del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur-2006 y otras tres ferias más, Orange Market se gastó unas cantidades que sumaron 404.658 euros. Y siempre según esa contabilidad interna, la empresa facturó 905.603 euros. En sus cuadros de cifras, el beneficio se eleva a 500.945 euros, un rendimiento del 55,3%. Para comprender la fiabilidad de estos cálculos reconocidos en los correos internos de la trama, habría que comparar estas cifras con la auténtica facturación ejecutada a Turismo. Aunque en la documentación remitida en septiembre pasado por la abogada general de la Generalitat, Isabel Villalonga, al TSJM a petición del juez Antonio Pedreira, faltan todas las facturas de Turismo correspondientes precisamente al año 2006. Sin embargo, hay otro documento incorporado al sumario que ayuda a validar esas cifras.

Se trata del informe de Solvencia Técnica de Orange Market que aportó la firma bajo su "solvencia y honor personal", en el que se detallan 110 trabajos facturados por la firma de El Bigotes entre 2004 y 2007. Ese informe detalla que Orange Market facturó 764.000 euros a Turismo por el pabellón de la feria de Madrid; en abril facturó otros 191.000 euros por una feria de Valencia; en mayo ganó otros 33.424 por el expositor de la feria STIC de Barcelona y lo mismo en otra feria en Bilbao, un total de 888.000 euros.

Las tres primeras ediciones del concurso de Fitur que ganó Orange Market fueron adjudicadas por la consejera de Turismo, Milagrosa Martínez, ahora presidenta de las Cortes valencianas, a quien según el sumario Pérez regaló un reloj Hublot de 2.400 euros.

(www.elpais.com, 13/04/10)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL. ORANGE MARKET COBRÓ 150.000 EUROS POR 'DECORAR' UNA COMIDA

Orange Market cobró 150.000 euros en dos facturas por organizar una comida en enero de 2005 con ocasión de Fitur. La empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, no sirvió la comida, sólo vistió el decorado. La Agencia Valenciana de Turismo (AVT) invitó a 1.400 comensales pero no previó que no habría espacio en la sala multiusos del recinto ferial de Madrid. "A tal objeto se contactó con la empresa adjudicataria del contrato de diseño, construcción y montaje del stand de la Comunidad Valenciana en Fitur 2005 para que alquilase y adaptase algún local útil para el almuerzo", según las explicaciones que aportó Rafael Betoret, jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, para que la consejera Milagrosa Martínez autorizara el pago de dos facturas de 30.000 y 119.035 euros al margen de cualquier convocatoria pública de concurso.

El detalle de las facturas de Orange Market pone de relieve el amplio margen con el que trabajaba la empresa cuando suministraba a la Generalitat.

Álvaro Pérez cargó 23.311 euros en una factura por la "conceptualización, ideas de estrategia de posicionamiento de imagen para la proyección de la Comunidad Valenciana. Asesoramiento en imagen. Proyección de la imagen deseada y valor mediático".

En la otra, cargó otros 3.000 euros por "la creación, estudio, elaboración de perspectivas, elaboración de planos y alzados para la correcta comprensión del diseño" del decorado para el almuerzo.

El decorado incluyó 3.200 metros cuadrados de moqueta por los que Orange Market facturó 17.600 euros. Un profesional de los expositores considera que ese precio se ajusta a los valores de mercado con un margen de beneficio ligeramente superior al 50%. Pero expresa su sorpresa en torno al global de la factura.

Una factura que alude al alquiler del pabellón número 1 del recinto ferial pero no consigna cantidad alguna por ese concepto. Orange Market sí cargó 10.348 euros por "elementos de decoración"; otros 3.606 por la "construcción de jardineras, pódium mesa y palmeras"; y pasó una factura de luz de 1.727 euros por iluminar un decorado que no llegó a los tres días de vida.

En 2008, la factura del almuerzo de Fitur ya estaba incluida en la adjudicación del pabellón. Orange Market facturó 30.000 euros por los decorados del almuerzo de la feria de 2008.

(www.elpais.com, 13/04/10)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL. LA TRAMA VALENCIANA FACTURÓ AL PP 758.00 EUROS EN LAS GENERALES DE 2008

La trama valenciana del caso Gürtel facturó por actos en la Comunitat de la campaña de las elecciones generales de 2008 en los que el PP postulaba a Mariano Rajoy para la presidencia del Gobierno 758.359,28 euros, IVA incluido, según la documentación incautada a la organización liderada por Francisco Correa y cuyo hombre en Valencia era Álvaro Pérez, El Bigotes. No sólo eso, sino que mítines a los que asistió el presidente nacional del Partido Popular también contaron con la participación de la red Gürtel, que hizo caja.

En concreto, en la documentación citada -que figura en el sumario judicial del TSJ de Madrid que instruye Antonio Pedreira-, aparece un apunte como "Acto IFA Rajoy", fechado el 28 de febrero de 2008. Se trata del mitin central del PP en Alicante, celebrado en la Institución Ferial Alicantina a diez días de la cita con las urnas del 9 de marzo, y que estuvo protagonizado por el líder popular. La trama percibió 27.264 euros, IVA aparte.

No es el único caso de actos de Rajoy donde la red Correa participó en la intendencia. La documentación incluye la referencia "Plaza de Toros", con la fecha del 6 de marzo de 2008. Se trata del mitin central del PPCV en el coso de Valencia, que estuvo protagonizado por Mariano Rajoy. El PP reventó la plaza y Francisco Camps proclamó eufórico: "Es el mayor mitin de la historia".

Estos datos contradicen la versión de Génova de que, una vez llegó Mariano Rajoy a la presidencia del PP, ordenó no contratar con las firmas de trama de Francisco Correa. Cuatro años después del ascenso al poder en el partido, esa afirmación es cuestionable, al menos en tierras valencianas. Con todo, el dinero se facturó al PPCV por lo que queda la duda de hasta qué punto la organización nacional supo de la contratación de El Bigotes para un mitin de Rajoy y en qué momento se enteró.

En total, la documentación alude a 25 actos y mítines de las últimas generales en la Comunitat Valenciana. La factura más elevada se refiere a la misma jornada electoral del 9 de marzo. De un lado, en concepto de "sede PP/Alameda Palace" las firmas de el Bigotes se embolsaron 22.500 euros. Se trata de los gastos por la jornada de la votación en la sede de la calle Quart de Valencia y la concentración por la noche para esperar los resultados, con la posterior "fiesta" por los datos de la Comunitat. De otro, abajo, referido al mismo día, figura el apunte "Prensa/Radio", con 131.407 euros. El siguiente acto más oneroso fue, curiosamente, otro en Feria Alicante, cinco días antes del de Rajoy, el 23 de febrero. La factura se elevó a 109.928 euros.

(www.levante-emv.com, 16/04/10)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL. EL SUMARIO REVELA QUE CARLOS FABRA SÍ CONTRATÓ CON EMPRESAS DE CORREA CONTRA LO QUE DECLARÓ

"El PP de Castellón jamás ha contratado con Orange Market. Nunca en la vida, lo diga la policía judicial o el sursuncorda". Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y de la organización provincial del PP, fue así de tajante cuando se le preguntó si había tenido alguna relación con empresas de la trama cuando estalló el escándalo, el 8 de febrero de 2009.

Pero la contabilidad de las empresas de la trama desvela que el PP de Castellón aparece en las cuentas que incluye el sumario ya en 1999, cuando el cabecilla de la red, Francisco Correa, ni siquiera había creado Orange Market, la empresa a través de la que fraguó la relación entre el PP valenciano y la trama corrupta.

Según la documentación, 450.000 pesetas (2.710 euros) procedentes del "PP Castellón" fueron a parar a una cuenta del propio Francisco Correa, como una de las entradas reseñada en uno de los pendrive intervenidos por la policía.

El tomo del sumario referente a Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) también incluye documentos que certifican la relación entre Carlos Fabra y la trama corrupta. En este caso, Orange Market medió como agencia de publicidad para la Diputación de Castellón, con el fin de insertar espacios publicitarios en Canal 9 y Punt Dos.

Las órdenes de inserción de anuncios en ambos canales durante los meses de marzo y abril de ese año ascienden a más de 32.000 euros, tal como desvelan los documentos que remitió la propia dirección del ente público tras el requerimiento del juez Antonio Pedreira.

La relación entre la cabeza visible de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, y el entonces director general de Canal 9, Pedro García, pudo ser el origen de los cuantiosos descuentos que logró la empresa y que, según los mismos documentos, alcanzaron el 58%.

Se desconoce el contrato firmado entre la sociedad de la trama y la propia Diputación y a cuánto ascendió el beneficio que obtuvo El Bigotes por esta gestión de mediación.

(www.elpais.com, 13/04/10)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. LA MITAD DE LOS DEPENDIENTES RECONOCIDOS NO RECIBEN AYUDAS

Pasan los meses y la Comunidad Valenciana sigue a la cola de España en la aplicación de la ley de Dependencia, como muestran los datos oficiales del Ministerio de Política Social y denunció el Observatorio Valenciano de la Dependencia.

Hay varios indicadores que ilustran esta situación. Uno de los más relevantes muestra que de las personas a quienes se les ha reconocido el derecho a percibir ayudas (68.804), sólo la mitad (34.328) reciben alguna prestación. "Esto indica que la mitad de los dependientes reconocidos están desatendidos", apuntan desde el Observatorio, entidad que agrupa a trabajadores de servicios sociales, plataformas ciudadanas o miembros del departamento de Trabajo Social de la Universitat de València, entre otros. En el otro extremo, en Andalucía hay 237.880 beneficiarios reconocidos, de los que 223.832 ya obtienen ayudas.

Hay otros puntos negros. "En cuatro prestaciones clave" como son la prevención y promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio o asistente personal, la cobertura es mínima o inexistente. Y el porcentaje de beneficiarios atendidos respecto a la población total de la comunidad autónoma es del 0,6%, una de las tasas más bajas, sólo empeoradas por Madrid (5%), Canarias (0,3%), e igualada por Baleares.

Para el Observatorio, estos datos confirman "la persistencia de un modelo de gestión y un procedimiento diseñado a espaldas de las personas en situación de dependencia y sus familias". Esta entidad explicó que hace cuatro meses presentó a Bienestar Social alegaciones al borrador del procedimiento que proponía mejoras en el complejo proceso de obtención de ayudas, "que no han sido tenidas en cuenta". Entre los avances, está el esfuerzo en conceder resoluciones a las personas en peor estado que aún no las perciben.

(www.elpais.com, 16/04/10)

39. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS PAGA 17 CRUCEROS A LAS GANADORAS DEL CONCURSO DE COCINA CON TOMATE

El presidente de la Diputación, Alfonso Rus, parece no notar la crisis económica y, a pesar de que presidir la institución más endeudada de toda España con 254 millones de euros de deuda, volverá a gastar el dinero público en pagar un crucero como premio del concurso El Rebost de la Dipu. La segunda edición del certamen de cocina se basaba en realizar recetas con un ingrediente estrella: el tomate; y una vez elegidos los 17 mejores platos sus ganadoras disfrutarán, junto con sus parejas, de un crucero por el Mediterráneo. recibieron de manos de Rus las maletas y los billetes.

A preguntas de los socialistas en la comisión de Bienestar Social, el PP desveló que el crucero se realizaría este año por aguas mediterráneas y no en el Caribe, aunque desconocían el coste total del viaje. Ante esta falta de aclaraciones, el grupo socialista presentó una pregunta por escrito para saber "a cuánto asciende el coste, a qué partida se cargará y cuál ha sido el procedimiento de contratación de los viajes". En la anterior edición del concurso, que tenía como ingrediente principal la naranja, el coste del viaje ascendió a 55.707 euros para 36 cruceros, 1.547 euros por persona. En el viaje, además de las 17 ganadoras con sus acompañantes, viajaron la diputada de Bienestar Social, Amparo Mora, y la diputada de personal, Remedios Àvia.

(www.levante-emv.com, 16/04/10)

40. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ GASTARÁ EL DINERO DEL PLAN DE EL CABANYAL EN COMPRAR CASAS

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, anunció que gastará 60 millones de euros en comprar casas de las que prevé derribar en la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez. El dinero, del plan Confianza de la Generalitat, iba a servir en un principio para urbanizar la prolongación de la avenida hasta el mar por medio de El Cabanyal. Ante la decisión del Tribunal Constitucional, el miércoles, de paralizar el plan, Barberá anunció que el Ayuntamiento acata el mandato y que no se producirán más derribos en tanto el alto tribunal decide si el recurso del Gobierno contra la ley del Consell que permitía las demoliciones es o no válido. Pero no sólo se suspenden los derribos, la primera edil avisó de que tampoco podrán rehabilitarse edificios, ejecutar los equipamientos previstos en el barrio, los jardines o los aparcamientos. Mientras tanto, el Ayuntamiento adquirirá casas para avanzar trámites a la espera de que el Constitucional decida a favor o en contra del recurso del Gobierno, y por tanto de la ley de la Generalitat que permite los derribos.

El Constitucional admitió el miércoles a trámite el recurso del Gobierno contra la ley de la Generalitat. Ésta sorteaba una orden del ministerio de Cultura que paraliza el plan del Ayuntamiento de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez afectando a una zona protegida. La ley había sustituido un decreto ley de la Generalitat que ya recurrió el Ejecutivo y admitió el alto tribunal.

Cuando el Constitucional admitió a trámite el recurso contra el decreto ley en febrero pasado, Barberá aseguró que los derribos podrían continuar fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural, entre las calles de Escalante y del Doctor Lluch. El plan, por tanto, seguía su curso. , sin embargo, con la ley recurrida, la primera edil espetó: "Han paralizado el PEPRI [Plan Especial de Protección y Reforma Integral] y lo que no es el PEPRI, equipamientos, jardines, aparcamientos... El PSOE lo ha paralizado todo". Barberá incluye cualquier actuación derivada del plan, incluso las que quedan fuera del ámbito de prolongación de la avenida, como colegios, jardines, equipamientos socioculturales o rehabilitaciones de casas antiguas. La alcaldesa advirtió además de que los 60 millones que el plan Confianza iba a invertir en los Poblats Maritims los dedicará a comprar casas. "Si no puedo hacer nada compraré todo lo que pueda", dijo.

La intención de Barberá de congelar cualquier actuación en El Cabanyal supone que más de 30 equipamientos se queden sin hacer. El PEPRI, además de prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, comprende una serie de mejoras a lo largo y ancho del barrio y no sólo en la zona afectada por la supuesta futura avenida. Entre ellas, están la construcción de un colegio en la avenida de los Naranjos, varios equipamientos socioculturales en las calles del Arzobispo Company y de Vicente Guillot o en la plaza de la Iglesia de los Ángeles; la rehabilitación de edificios históricos como la antigua Casa dels Bous o el viejo cine Merp, nuevas zonas verdes en los alrededores del bulevar de Serrería o varios aparcamientos subterráneos.

La portavoz de la plataforma vecinal Salvem El Cabanyal, Maribel Domenech, criticó la forma de interpretar la decisión del Tribunal Constitucional que ha tenido la alcaldesa. "La orden del ministerio de Cultura permite perfectamente que se siga rehabilitando y actuando fuera de la zona de prolongación", afirmó. "La Casa dels Bous, por ejemplo, [con un reloj de sol antiquísmo en la fachada, muy deteriorado] podría rehabilitarse porque queda fuera del ámbito de la prolongación. Lo que impide la orden es el expolio, y rehabilitar no lo es. [La de Barberá] es una malinterpretación sesgada y malintencionada, una pataleta de una niña malcriada", concluyó.

Al margen de las obras del PEPRI, que la alcaldesa considera paralizadas, el dinero que el plan Confianza iba a invertir en el barrio, casi todo para urbanizar una futura Blasco Ibáñez prolongada, se destinará ahora a comprar casas. 60 millones de euros para comprar casas. En el acuerdo entre Ayuntamiento y Consell sobre las obras a ejecutar con la financiación del plan Confianza, había varias partidas previstas para rehabilitar algunas calles del barrio, entre ellas la avenida del Mediterráneo y las calles de la Barraca y de Pescadores. También estaba programado un aparcamiento subterráneo en el bulevar de San Pedro. El valor de estas obras superaba los siete millones de euros.

Otro de los inmuebles afectados por la paralización de las actuaciones en el barrio es el teatro El Casinet, de cuya rehabilitación se estaba encargando la empresa municipal Aumsa. Al igual que todo lo demás, las obras deberían parar. El teniente de alcalde, Alfonso Grau, explicó el miércoles que la orden del Ministerio de Cultura implica que no se pueden dar licencias de obras en todo el ámbito del PEPRI. Maribel Doménech, de Salvem, reiteró : "Eso es mentira, la orden no dice nada de actuar fuera de la ampliación de la avenida".

(www.elpais.com, 16/04/10)

41. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TRIBUNAL PARALIZA LOS DERRIBOS DE EL CABANYAL EN VALENCIA

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso que presentó el Gobierno contra la ley de la Generalitat en la que se amparó la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para ordenar la semana pasada el derribo de seis casas en el barrio de El Cabanyal. La ley sorteaba la orden del Ministerio de Cultura de diciembre que suspendió el plan municipal de prolongar hasta el mar la avenida de Blasco Ibáñez a costa de más de 450 edificios y una parte de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

La decisión del alto tribunal implica la paralización de la ley del Consell y, por tanto, de nuevos derribos. Esta es la segunda vez que el Constitucional acepta revisar una decisión del Gobierno valenciano, que preside Francisco Camps, en relación con esta polémica. Tras la orden ministerial, la Generalitat aprobó un decreto ley para amparar el proyecto de Barberá. El Gobierno lo recurrió al considerar que invade sus competencias sobre el patrimonio histórico. Con los votos del PP, las Cortes valencianas convirtieron el decreto en ley el pasado 31 de marzo. Barberá se acogió a esta nueva norma para demoler las viviendas la semana pasada, el mismo día en que se levantó el secreto de sumario del caso Gürtel. Los vecinos se movilizaron contra los derribos y la policía cargó con dureza contra ellos.

Las reacciones a la decisión del alto tribunal no se hicieron esperar. El presidente Camps, desde Bruselas -improvisó un viaje para entrevistarse con el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, y Aleix Vidal Quadras-, afirmo no entender por qué al Gobierno "no le apetece" que Valencia tenga comunicación directa con el mar. Desde el Ayuntamiento, el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, insistió en que les asiste "la razón", pero admitió: "Si toca parar los derribos, paramos, hasta que se resuelva el problema".

La plataforma Salvem El Cabanyal se mostró "satisfecha" con la decisión y reclamó que se rehabilite el barrio sin destruir edificios. En el mismo sentido se pronunciaron los socialistas, Compromís y Esquerra Unida. La asociación de vecinos subrayó que una actuación más "prudente" de la alcaldesa Barberá hubiera evitado los incidentes de la semana pasada.

(www.elpais.com, 15/04/10)

41. CASTILLA Y LEÓN. LA JUNTA CAMBIA LEY PARA BLINDAR SUS MACROPROYECTOS

La Junta de Castilla y León, dominada por el PP, ha elaborado un rodillo legal para que sus macroproyectos, muchos de ellos paralizados en los tribunales, eludan la Justicia. Gracias a un cambio por el procedimiento urgente en la legislación autonómica, las Cortes podrán aprobar como ley proyectos presentados por grupos parlamentarios. Merced a este ardid, no serán necesarios informes técnicos del Consejo Consultivo de Castilla y León, previsiblemente negativos, para aprobar, por ejemplo, una macroestación de esquí en un parque natural, y los ciudadanos no podrán recurrir a la Justicia ordinaria para parar su construcción. Sólo el Tribunal Constitucional, fuera del alcance de la sociedad civil, puede tumbar un proyecto con rango de ley.

Los diputados regionales del PP aprovecharon su mayoría en las Cortes autonómicas para aprobar esta modificación de la Ley de Ordenación del Territorio el pasado 26 de marzo, aunque el PSOE, única oposición en la comunidad, y las organizaciones ecologistas empiezan a reaccionar ahora. El grupo socialista estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad en los próximos tres meses y las ONG locales han denunciado la situación al Defensor del Pueblo.

Según fuentes socialistas, el Gobierno del conservador Juan Vicente Herrera ha impuesto este cambio para desbloquear la construcción de la estación de esquí de San Glorio, un proyecto de 100 millones de euros que pretende crear más de 50 kilómetros de pistas entre las provincias de Palencia y León, en una zona parcialmente protegida y en territorio de oso pardo. A comienzos de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbó el proyecto.

Ahora, según las fuentes socialistas, el PP podría presentar de nuevo el proyecto y aprobarlo como ley gracias a su mayoría en las Cortes. La consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, rechazó hoy hacer declaraciones a este periódico sobre la argucia legal aprobada hace dos semanas.

"En temas medioambientales, en Castilla y León ya no estamos del lado de la democracia. Los ciudadanos, las ONG y las empresas ya no tenemos ningún instrumento legal para recurrir las decisiones que tome la Junta", lamenta Fernando Jubete, miembro de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica. El ecologista cree que "la ley está diseñada para San Glorio", pero teme que "a partir de ahora todos los proyectos se aprueben de la misma manera", con el rodillo.

De momento, el pasado 5 de abril el PP presentó en el registro de las Cortes una proposición de ley para ejecutar de manera inmediata el proyecto Meseta Ski, un parque temático en un pueblo vallisoletano de 100 habitantes, Villavieja del Cerro, que ha sido paralizado por violar la Ley de Montes.

"Cuando la Junta presenta un proyecto de ley, tiene que incorporar informes técnicos del Consejo Consultivo de Castilla y León [equivalente al Consejo de Estado], pero con el cambio en la ley que ha hecho el PP se tiran a la basura estos informes, que hubieran dejado en una posición bochornosa a los proponentes, por los contenidos inadmisibles de sus proyectos", explica Francisco Ramos, procurador socialista en las Cortes. "Ya no gobierna el gobierno, sino el grupo parlamentario popular, para saltarse el poder judicial. Esto es matar a Montesquieu", critica el diputado autonómico.

El Gobierno de Herrera ya cambió la ley en 2006 para que la Junta, no los grupos parlamentarios como ahora, pudiera plantear la conversión de los proyectos urbanísticos en leyes. Así tramitaron en 2007 la llamada Ciudad del Medio Ambiente de Soria, un proyecto de 500 millones de euros para levantar una urbanización de 800 chalés y un parque empresarial en suelo protegido. El PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional tarda una media de seis años en pronunciarse. Las obras comienzan este mes.

El Supremo tumba la Ciudad del Golf de Herrera

El Tribunal Supremo ha desestimado, según se conoció hoy, un recurso de la Junta de Castilla y León contra la anulación de la urbanización Ciudad del Golf, dictada en septiembre de 2006 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El Gobierno de Herrera apoyaba la construcción de 1.600 viviendas, dos hoteles y un campo de golf en un pinar de Las Navas del Marqués (Ávila), una zona protegida por la legislación nacional y europea y considerada área crítica para la cigüeña negra, en peligro de extinción. Las organizaciones ecologistas temen ahora que el PP transforme la urbanización en ley para burlar el control de los tribunales de justicia ordinarios.

(www.publico.es, 14/04/10)

42. CASTILLA-LA MANCHA. EL ANTECESOR DE COSPEDAL LE ACUSA VELADAMENTE DE DIFAMAR A BONO

El ex alcalde de Toledo y presidente regional del Partido Popular en Castilla-La Mancha entre 1989 y 2006, José Manuel Molina, ha acusado veladamente a su sucesora en el cargo, María Dolores de Cospedal, de difamar a José Bono, "porque algo queda", al mismo tiempo que defendía en los micrófonos de la televisión castellano-manchega "la honradez" del presidente del Congreso de los Diputados.

A la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, le salen muy caras sus "meteduras de pata", como denuncian los socialistas, no por lo que dice, sino por a quién acusa en su "enfermizo" complejo de persecución. Hace unos días le tocó el turno al presidente del Congreso de los diputados, José Bono, a quien Cospedal exigió explicaciones públicas sobre su patrimonio.

Es curioso porque a Bono, que ha presentado y acreditado ante la Fiscalía la procedencia de su patrimonio, le ha salido un defensor que no esperaba el PP. Además de Nacho Uriarte (que al final le han obligado a rectificar), el que fuera máximo líder de los conservadores castellano-manchegos (de 1989 a 1996 y de 2002 a 2006) y ex alcalde de Toledo, José Manuel Molina, ha acusado veladamente a su sucesora, María Dolores de Cospedal, de practicar en exceso uno de sus deportes favoritos que pasa, lamentablemente, por el refrán que dice: "difama que algo queda", ha señalado Molina.

En declaraciones a Radio Televisión de Castilla-La Mancha recogidas por Efe, Molina ha subrayado también que las rentas y el patrimonio de Bono han sido públicas, a la vez que recordaba que él fue quien pactó con el ahora presidente del Congreso, cuando éste presidía el Gobierno castellano-manchego y era su rival electoral, que el listado de rentas y bienes de los diputados regionales se publicara en el boletín oficial de las Cortes.

El ex alcalde de Toledo y ex presidente del PP regional ha recordado que ha dedicado veinticuatro años de su vida al partido, para posteriormente defender la "honradez" de José Bono y pedir a los políticos que reflexionen sobre el hecho de que en una reciente encuesta del CIS ellos sean vistos como un problema "superior al terrorismo".

(www.elplural.com, 15/04/10)

43. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL CANCELÓ EN SÓLO DOS AÑOS UNA DEUDA DE 753.214 EUROS

La declaración de bienes de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que por su condición de diputada regional y senadora autonómica está obligada a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, recoge un extraordinario crecimiento de su patrimonio y una inusual cancelación, en sólo dos años, de una deuda hipotecaria que superaba los 753.000 euros. Por todo ello, los socialistas piden a Cospedal que "aclare por qué su patrimonio" se ha incrementado "casi por diez" en los últimos años.

"Donde las dan, las toman". Dicen en el PSOE de Castilla-La Mancha, que exigen a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que tome nota de la iniciativa secundada por el presidente del Congreso, José Bono, quien ha dejado claro ante la Fiscalía la legalidad de sus posesiones y la transparencia de su procedencia, así que le animan a que "aclare por qué su patrimonio ha experimentado un extraordinario incremento en los últimos años", que, según el portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Moreno, se "ha multiplicado por diez".

Los socialistas no llegan a entender cómo es posible cancelar una deuda hipotecaria de más de 753.000 euros (125 millones de pesetas) en sólo dos años. Cospedal mantenía en 2006 dos préstamos hipotecarios con Bankinter superiores a los 332.000 euros, una tercera hipoteca con la Caixa, como segundo deudor, por un montante de 420.708 euros, y dos años después, en 2008, la millonaria deuda había sido cancelada, o al menos no aparece en los documentos oficiales (ver fotocopia de declaraciones de bienes 2009)

El PSOE insiste en conocer los pormenores del patrimonio de Cospedal. Así las cosas, no se explican que en el mismo periodo de tiempo, comprendido entre los años 2006-2008, los saldos medios de las cuentas bancarias de la secretaria general pasaran de 42.681,26 a 417.069,86 euros. En este sentido, la también presidenta de los conservadores castellano-manchegos subraya que el incremento de sus cuentas se debe a la venta de un piso. Sin embargo, los ingresos de la venta del inmueble, que en ningún momento superaron los 374.388 euros, no son suficientes para cancelar las citadas deudas, que superaban los 753.000 euros.

Para atender a sus necesidades fiscales, no es de extrañar, entonces, que María Dolores de Cospedal se erigiera en una gran "negociadora" laboral, como lo prueba el notable incremento de sus nóminas y devengos. Mientras que en 2006, la senadora autonómica por Castilla-La Mancha ganaba "apenas" 90.343, 03 euros, en 2008 esa cantidad se ampliaba sensiblemente hasta alcanzar los 165.650 euros, ingresos, a todas luces, insuficientes también para cancelar unas deudas multimillonarias que sólo ricos y acaudalados pueden suscribir.

(www.elplural.com, 15/04/10)

44. REGIÓN DE MURCIA. ALTOS CARGOS DE LA CARM COBRAN DIETAS POR IR A TRABAJAR DESDE MOLINA A MURCIA

La viceportavoz del PSRM en la Asamblea Regional, la diputada Begoña García Retegui, considera en un comunicado que "en época de intensa crisis y, siendo la nuestra, la Región con el mayor incremento en el número de parados, con más destrucción de empresas, muchas de las cuales se han visto abocadas a cerrar como consecuencia de la demora en el pago de las deudas que con ellas mantiene la Administración regional, no parece razonable que se siga pagando a los altos cargos de la misma, cantidades elevadas como indemnización por acudir a su puesto de responsabilidad".

Retegui afirma que hay altos cargos, como directores generales o secretarios generales de Consejerías, que residen en Yecla, Cartagena, Cehegín y Ulea, que cobran diariamente una indemnización por acudir a su puesto de trabajo en Murcia capital.

Señaló que "también los que viven en Altorreal, ya que pertenece al municipio de Molina de Segura". Además, denuncia públicamente que algunos altos cargos viven realmente en Murcia, pero siguen empadronados en otros municipios, como por ejemplo Lorca, y cobran diariamente indemnización.

Por todo ello, la viceportavoz socialista ha presentado una moción en la Asamblea Regional para que se inste al Consejo de Gobierno "a derogar el Decreto 69/1997 sobre indemnizaciones por razón del servicio de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".

En la citada moción, la diputada socialista recuerda que "la conyuntura económica actual ha ocasionado una intensa caída de los ingresos presupuestarios estimados", y que "las medidas y planes de austeridad anunciados por el Gobierno regional no son suficientes para contener el incremento en el gasto público".

Finalmente, argumenta que "al igual que se está demandando un esfuerzo a los funcionarios públicos de la CARM para contribuir a la contención del déficit presupuestario regional, parece conveniente y ejemplarizante terminar con las elevadas cuantías que se vienen abonando diariamente en concepto de indemnización por razón del servicio, a los altos cargos que mantienen empadronamiento fuera del municipio de Murcia".

(www.vegamediapress.com, 11/04/10)

45. ISLAS BALEARES. MATAS IMPLICÓ A CINCO CONSELLERS Y OTROS ALTOS CARGOS ANTE EL JUEZ

Jaume Matas asegura que sólo tomaba las decisiones y ordenaba que se ejecutaran. De las irregularidades se encargaban en estratos inferiores. Y así se lo dijo al juez, ante el que el ex president del Govern se desmarca de todas las ilegalidades en la contratación de personas y servicios en el Palma Arena.

El ex presidente no tuvo ningún reparo en señalar a antiguas personas de confianza y compañeros de partido como responsables de los presuntos ilícitos administrativos. Hasta cinco consellers –su vicepresidenta Rosa Estarás, Francesc Fiol, Rosa Puig, Joan Flaquer y Lluís Ramis d´Ayreflor– sacó a relucir en el interrogatorio al que fue sometido entre el 24 y el 27 de marzo. Matas sólo ´salvó´ a Dulce Linares y Xesca Pascual, sus manos derechas en el Consolat. Al resto de los cargos y responsables de segunda fila acabó por recurrir para justificarse.

La consecuencia directa es que, tras escucharle, el juez manifestó su intención de revisar la situación de algunos políticos de la era Matas. Es el caso de Flaquer, al que el magistrado citó solo como testigo, pero ahora se plantea volver a llamar, "esta vez como imputado". Todo porque el ex president le atribuyó a Flaquer la responsabilidad en la entrega a la agencia Nimbus de 350.000 euros (antes siquiera de que se resolviese el expediente) y en la firma de un convenio de 1,2 millones del que no hay justificantes con el instituto que presidía Iñaki Urdangarín.

"Si se ha hecho algo mal [en las obras del velódromo], que se averigüe, yo soy el primer interesado", llegó a espetar Matas al magistrado Castro, que acabó el interrogatorio cansado de ver cómo el ex president se desvinculaba sistemáticamente de los presuntos delitos.

Al principio, Matas intentó con habilidad no referirse por su nombre a ninguno de los consellers. Usaba apara ello términos más generales –"la Conselleria afectada", "los órganos que autorizaron el gasto", "el responsable del proyecto"–. Tanto recurrió a la vaguedad que para no señalar a nadie en concreto trató de aferrarse a la fórmula "es que esto lo aprobaba el Consell de Govern" –integrado por él mismo y todos sus consellers–, recordando que sus deliberaciones son secretas. Así cargó al órgano de gobierno colegiado la decisión de construir el Palma Arena, o la autorización de destinar los 46 millones de su presupuesto inicial.

Pero el juez no se mostró dispuesto a aceptar evasivas como explicación:"No me diga el conseller de no sé qué, dígame su nombre", tuvieron que decirle Horrach y Castro. Y ante el enfado de su señoría, terminó por repartir el muerto por cuotas. A Puig le endosó la decisión, compartida con él, de haber designado a Pepote Ballester como máximo responsable del Palma Arena. También a quien fue siempre su protegida política le imputó Matas la contratación –supuestamente sin documento alguno de por medio ni concurso– al primer arquitecto del velódromo, Ralph Schürmann. Y a ella y a Flaquer aludió cuando le preguntaron por los 1,2 millones de euros entregados al instituto de Iñaki Urdangarín sin que se acreditara el gasto.

De Estarás dijo además que había tramitado el expediente de contratación del periodista que le escribía sus discursos, plagado, según el juez, de irregularidades. Y para acabar de enfangar a su vicepresidenta la responsabilizó del trasvase de crédito para financiar las controvertidas obras. Por activa y por pasiva, corrigió las declaraciones como testigos de Puig, Estarás y Flaquer, en los que, dijo, nunca delegó firma alguna cual "cheque en blanco". Cierto es también que, dentro de su doble juego, tras ponerlos en el punto de mira, el ex president alababa a sus cargos por su fiel "cumplimiento de la legalidad". Una de cal y otra de arena.

(www.diariodemallorca.es, 12/04/10)

46. ISLAS BALEARES. NADAL Y GRIMALT ACUSAN AL PP DE UN ´PELOTAZO´ URBANÍSTICO MILLONARIO

Nadal y Miquel Àngel Grimalt, que en 2003 eran, respectivamente, vicepresidente y director insular de Territorio en el Consell de Mallorca, atribuyeron ante el juez del caso Plan Territorial de Mallorca (PTM), una presunta trama de corrupción político-empresarial en la pasada legislatura, al Partido Popular (PP) la introducción en dicho instrumento de ordenación el área de reconversión territorial (ART) de Alcùdia a Es Secar, un presunto pelotazo urbanístico millonario.

La propuesta se habría hecho en una reunión celebrada en el Parlament a principios de noviembre del 2003, pero Jaume Font, conseller de Medio Ambiente del PP en 2003, declaró, en mayo del 2008 ante el mismo juez, que en la cumbre del Parlament "no se incluyó en ningún momento ninguna área de reconversión territorial".

El caso PTM nació en diciembre de 2007 cuando la fiscalía anticorrupción denunció un presunto entramado en torno a la aprobación de esa norma de planificación. La denuncia de la fiscalía versó sobre los cambios de calificación urbanística en varias fincas de los municipios de Sóller, Campos, Marratxí, Pollença y Alcúdia. Gracias a la elaboración del PTM alrededor de mil hectáreas (un millón de metros cuadrados) pasaron de ser suelo rústico, o no urbanizable, a suelo urbanizable.

La fiscalía anticorrupción cuantificó en su denuncia en 297 millones de euros (casi 50.000 millones de pesetas) el alcance de los pelotazos (plusvalías) obtenidos por los promotores que compraron fincas rústicas recalificadas como urbanas.

En el sumario están imputados Jaume Font, Bartolomé Vicens, ex conseller de Territorio en el Consell de Mallorca por UM en la pasada legislatura, los promotores Mateo Sastre (Ibercon) y Vicenç Grande (Grupo Drac), entre otros.

Vicens, defendido por Eduardo Valdivia, también atribuyó al PP la iniciativa para incluir en el Plan el área de Alcúdia. Según la fiscalía, esta operación consistía en traspasar a una finca de Es Secar los derechos urbanísticos de dos zonas de Alcúdia (una de ellas conocida como AS-16). Mateo Sastre compró la AS-16 y otros terrenos en Es Secar. Posteriormente, los derechos urbanísticos se trasmitieron al predio de Es Crevers, en Marratxí, que Grande adquirió a Sastre.

La fiscalía anticorrupción calcula que el pelotazo inmobiliario rondó los 100 millones de euros, la diferencia de valor de es Crevers como suelo rústico a suelo urbanizable.

(www.diariodemallorca, 13/04/10)

47. ISLAS BALEARES. MASSOT ASEGURA QUE ADVIRTIÓ DE LA DUDOSA LEGALIDAD DE LAS ÁREAS DE RECONVERSIÓN

Jaume Massot, director general de Ordenación del Territorio entre 2003 y su dimisión en noviembre del 2006 en el anterior Govern del PP, aseguró en el caso Plan Territorial (PTM) que advirtió a dirigentes de su partido y de UM, reunidos en noviembre del 2003 en el Parlament, sobre la "dudosa legalidad" de las áreas de reconversión territorial (ART), unos mecanismos urbanísticos que, según la fiscalía anticorrupción, propiciaron unos pelotazos de 300 millones de euros.

Massot, condenado por el caso Andratx, explicó al juez Miguel Florit y al fiscal anticorrupción Juan Carrau que en aquella cumbre sacó la impresión "de que todo (lo relativo a las ART) estaba arreglado en las alturas (políticas)".

Massot, defendido por Fernando Mateas, declaró no como imputado, su condición habitual en muchas de las piezas separadas de la trama de corrupción urbanística en Andratx, sino como testigo. El también ex funcionario de Andratx fue considerado durante años como uno de los mayores expertos en Urbanismo de Balears. A la pregunta de si en la cumbre del Parlament se introdujeron nuevas áreas de reconversión (ART) en el Plan Territorial, Massot respondió que no se acordaba.

A renglón seguido, el hoy preso por el caso Andratx, cargó contra el anterior Consell de Mallorca la responsabilidad de haber introducido en el instrumento de planificación insular las ART.

"Creo recordar que quien tenía autoridad para elaborar, redactar, y aprobar el PTM era el Consell, porque el Govern le había delegado, o transferido las competencias, para ello", sostuvo el declarante.

Massot expresó ante el juez su malestar por haber sido excluido del proceso de elaboración de la importante norma. "Ignoro si el pacto de gobernabilidad PP-UM incluía el consensuar el PTM, pero estoy seguro de que ese consenso no existió en absoluto por lo menos en lo que se refiere a mi departamento", aseveró.

Massot, que en otras declaraciones del caso Andratx, había cargado también contra los responsables de Territorio en el Consell de Mallorca respecto a sus interpretaciones de las leyes urbanísticas, afirmó haber sido boicoteado desde la institución insular. "Desde el Consell se torpedeó toda propuesta que elaboraba mi departamento", apostilló.

Massot concluyó su declaración apuntando a Vicens y Grimalt como los dirigentes del Consell que "llevaron a término el PTM". También testificó Joan Llull, que vendió los terrenos de Alcùdia (la finca AS-16) al promotor Mateo Sastre. Llull insistió en que cuando vendió la finca en noviembre del 2003 a Sastre ignoraba que iba a ser incluida en una ART.

(www.diariodemallorca, 13/04/10)

48. ISLAS BALEARES. DETENIDOS DOS EX ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO DE MATAS EN BALEARES

Un nuevo escándalo de supuesta corrupción por desvíos de fondos fue desentrañado en la gestión de una empresa pública del anterior Gobierno de Baleares, que encabezó el popular Jaume Matas (2003-2007). La policía detuvo, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al ex director general balear de Tributos Jorge Sáinz de Baranda, ex responsable de la compañía autonómica CAIB Patrimoni, y al ex director gerente de la misma Jaume Vidal Ladaria, por sus supuestas responsabilidades penales. Sáinz de Baranda es uno de los nuevos dirigentes del renovado PP posMatas.

En este caso se indagan posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y malversación de caudales. Sobre la última época de Matas están abiertas una decena de causas penales, con 25 políticos imputados.

El nuevo escándalo, bautizado Operación Bonsai, se centra en la supuesta malversación de diversas partidas de entre 800.000 y 900.000 euros en la licitación de dos obras públicas. Esa cantidad fue abonada a una empresa de brokers aparentemente ajena a la ejecución de los proyectos sufragados por CAIB Patrimoni: el parque de bomberos de Palma y la nueva sede de la Consejería de Sanidad en la capital. Ambos edificios, con un coste de 15 millones de euros y 6,5 millones, respectivamente, fueron diseñados por arquitectos vanguardistas.

(www.elpais.com, 14/04/10)

49. ISLAS BALEARES. EL PP BALEAR REHÚSA SANCIONAR A LOS ALTOS CARGOS DETENIDOS EN LA ÚLTIMA OPERACIÓN POLICIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

Los escándalo de corrupción parecen no tener fin en Baleares. Entre los detenidos en la operación Bonsai está Miguel Llabrés Feliu, presidente propietario del grupo familiar construcciones Llabrés Feliu, una de las primeras firmas contratistas y concesionarias de la Administración en Baleares. Su empresa encabezó la UTE que ejecutó en nuevo parque de bomberos de Palma, cuya realización a través de la empresa pública CAIB Patrimoni está bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, con un coste superior a los 15 millones.

Miguel Llabrés pasó la noche en comisaría, incomunicado, tiene 76 años y tuvo que recibir atención médica, según su entorno. Un ex ejecutivo de la firma, Miguel Toledo, fue interrogado por la fiscalía y la policía y anoche quedó en libertad. Llabrés ha sido puesto en libertad por el juez este mediodía. Desde hace años el constructor hace bandera del compromiso social, "la política de gestión ética" y mantiene una línea de patrocinio medioambiental y de enseñanza universitaria.

Además, la policía ha detenido hoy a Joan Pol, ex director general de Emergencias también con Matas, lo que eleva a seis el número de arrestados en esta operación. Pol, un inspector de la propia Policía en excedencia, es hombre de confianza de Carlos Delgado, alcalde del principal municipio de Mallorca tras la capital, Calviá, y miembro de la corriente crítica dentro del PP balear.

La operación Bonsai es el nuevo escándalo de corrupción que afecta al Gobierno que dirigió el ex presidente balear y ex ministro de Medio Ambiente con Aznar Jaume Matas, quien la pasada semana tuvo que hacer frente a una fianza de tres millones de euros para eludir la cárcel por sus responsabilidades en el caso Palma Arena.

fueron detenidos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el ex director general balear de Tributos, Jorge Sáinz de Baranda, que fue también responsable de la compañía autonómica CAIB Patrimoni, y el ex director gerente de la misma, Jaume Vidal Ladaria.

Sáinz de Baranda es uno de los nuevos dirigentes del renovado PP posMatas mientras Vidal Ladaria fue dirigente de Nuevas Generaciones del PP.

Además, se investiga si la empresa Atlas Capital Close Brothers cobró unos 900.000 euros de fondos públicos por la realización de los pliegos del concurso de adjudicación y financiación de las obras públicas de Caib Patrimonio.

En el plano político, el PP balear ha convocado una sesión urgente del comité de dirección para afrontar la nueva crisis, la primera que estalla con la nueva dirección encabezada por José Ramón Bauzá.

Tras la reunión, Bauzá ha asegurado que no conocen aún las imputaciones que se hacen contra sus militantes por lo que no han tomado ninguna medida. Sin embargo, ha prometido que cuando haya medidas cautelares exigirán la expulsión de los acusados.

(www.elpais.com, 14/04/10)

50. ISLAS BALEARES. ARRESTAN A OTRO EX DIRECTOR GENERAL DE MATAS POR CORRUPCIÓN

El Grupo de Delitos Económicos de la Policía arrestó por la mañana en Comisaría a Joan Pol, el ex director general de Emergencias del anterior Govern del PP y que fue consejero de la empresa Caib Patrimoni, investigada dentro del caso Bomsai por presuntos delitos de corrupción de elevada cuantía. La Policía, por el contrario, dejó en libertad a primeras horas de la tarde a Miguel Llabrés Feliu, el veterano promotor inmobiliario y que fue uno de los adjudicatarios de uno de los contratos otorgados por Caib Patrimoni objeto de investigación. El número de arrestados por este sumario ascendía a seis, de los que dos fueron después puestos en libertad. El martes fue detenido Jorge Sainz de Baranda, otro ex alto cargo del anterior Govern.

Los otros arrestados son: Miguel T.S., nacido en 1953 y que durante años fue uno de los principales gestores de Llabrés Feliu; Federico R.C., de 41 años; y Jaime Vidal Ladaria, director gerente de la empresa pública investigada.

Joan Pol, defendido por Gaspar Oliver y que en la pasada legislatura fue una persona muy próxima al entonces conseller de Interior José María Rodríguez. Los agentes de Delitos Económicos se personaron en la conselleria de Interior para tratar de localizar al ex alto cargo, que estaba en Madrid haciendo un curso para funcionarios. Desde Interior se pusieron en contacto con Pol y le informaron de que la Policía le buscaba.

El imputado, que es inspector de Policía en excedencia, decidió regresar urgentemente a Palma. por la mañana se presentó en la Jefatura Superior, acompañado por su abogado. Pol quedó detenido en Comisaría, en espera de ser interrogado. Sobre él pesan los cargos de malversación, prevaricación y posible cohecho.

La fiscalía anticorrupción y el juzgado de instrucción 1 de Palma investigan una serie de contratos adjudicados por Caib Patrimoni a finales de la pasada legislatura. Pol formaba parte del consejo de Caib Patrimoni y se sospecha que pudo cometer irregularidades en relación a esos concursos. La empresa pública adjudicó, a dos grupos de sociedades diferentes, los expedientes para la construcción de la central del parque de Bomberos de Palma y de la nueva sede de la conselleria de Sanidad. Precisamente, de la unión de ´Bom´ y ´Sai´ ha salido el nombre de la operación.

(www.diariodemallorca.es, 15/04/10)