ÍNDICE
 

1. RAJOY SE ENROCA Y CIERRA LA PUERTA A LA RENOVACIÓN DEL TC  

2. EL LÍDER DEL PP APROVECHA LA CITA PARA HACER CAMPAÑA

3. EL PP SE MOVILIZA PARA AGITAR EL FANTASMA DE LA CRISIS GRIEGA

4. EL PP TUMBA EL PACTO EDUCATIVO ENROCADO EN SUS EXIGENCIAS INICIALES

5. RAJOY VUELVE A CASTILLA-LA MANCHA AL RESCATE DE COSPEDAL

6. RAJOY GARANTIZA QUE CAMPS SERÁ CANDIDATO DIGA LO QUE DIGA LA JUSTICIA

7. ‘CASO GÜRTEL’. HACIENDA INVESTIGA TRES CUENTAS DEL PP VINCULADAS A LA TRAMA

8. EL PP COMETE UN "FRAUDE LEGAL" EN LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA

9. AZNAR LANZA SU PÁGINA WEB

10. CATALUÑA. EL PP LLEVARÁ LAS DELACIONES DE 'SIN PAPELES' AL PARLAMENT

11. CATALUÑA. EL PSC DE BADALONA QUIERE SABER SI GARCÍA ALBIOL ESTÁ EMPADRONADO IRREGULARMENTE

12. CATALUÑA. EL PRESIDENTE DEL PP DE BADALONA NO VE PRIORITARIO PEDIR PERDÓN AL COLECTIVO DE GITANOS RUMANOS

13. GALICIA. BALTAR CONTRATÓ ILEGALMENTE A EMPLEADOS DE LA OPOSICIÓN

14. GALICIA. LOUZÁN RATIFICA EN SU CARGO A UN CONDENADO POR PREVARICACIÓN

15. GALICIA. EL ENTE COMARCAL DE CELANOVA EMPLEA A 16 FAMILIARES DE CARGOS DEL PP

16. ANDALUCÍA. UNA CONCEJAL QUE ABANDONA EL PP POR EL VELO

17. ANDALUCÍA. OÑA 'CASTIGA' SIN COBRAR A LOS CONCEJALES QUE ABANDONAN EL PLENO DE FUENGIROLA

18. COMUNIDAD DE MADRID. ESPERANZA AGUIRRE: "LA CORRUPCIÓN ES CONSUSTANCIAL A LAS INSTITUCIONES"

19. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE NIEGA QUE EL PP LA HAYA DEJADO "SOLA" EN EL DÍA DE LA COMUNIDAD

20. COMUNIDAD DE MADRID. EL FISCAL ENVÍA A ANTICORRUPCIÓN LA PUBLICIDAD FANTASMA DE AGUIRRE

21. COMUNIDAD DE MADRID. EL GRUPO POPULAR PROTEGE CON SU VOTO A LOS TRES DIPUTADOS DEL GÜRTEL

22. COMUNIDAD DE MADRID. LA COMUNIDAD IMPIDE A DOS DIPUTADOS DEL PSM EJERCER SU LABOR

23. COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS: "CUANDO UNO SE EQUIVOCA, PIDE PERDÓN"

24. COMUNIDAD DE MADRID. COBO RETA A GRANADOS PARA QUE HABLE DEL ESPIONAJE

25. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL JUEZ PIDE IDENTIFICAR A 17 CARGOS DEL CONSELL QUE CONTRATARON CON LA TRAMA GÜRTEL

26. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL PP CIERRA FILAS EN TORNO A CAMPS Y LE DA "TODO EL APOYO

27. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LAS CAUSAS CONTRA CAMPS Y SU GOBIERNO

28. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. 19 MILLONES SIN CONTRATO PARA UNA FIRMA SOSPECHOSA DE FINANCIAR AL PP

29. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL PP RECURRE EL AUTO DE PEDREIRA PARA PROTEGER A CAMPS

30. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LA SINDICATURA REVELA LAS IRREGULARIDADES DE CAMPS

31. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LA TRAMA GÜRTEL SE LLEVÓ LA MITAD DE LO QUE GASTÓ CANAL 9 EN LA VISITA DEL PAPA

32. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP RECHAZA PARA EL CONSELL LA REDUCCIÓN DEL 25% DE CARGOS Y ASESORES QUE RAJOY EXIGIÓ A ZAPATERO

33. COMUNIDAD VALENCIANA. VALENCIA GASTA 16 MILLONES EN COMPRAR CASAS PARA DERRIBAR EN EL CABANYAL

34. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FAMILIA DE COTINO COBRARÁ CERCA DE TRES MILLONES DE EUROS GRACIAS A UN EXTRAÑO ERROR DEL AYUNTAMIENTO

35. COMUNIDAD VALENCIANA. LA DIRECTORA DE CANAL 9 DECLARA COMO TESTIGO EN EL 'CASO SANZ'

36. COMUNIDAD VALENCIANA. UN EDIL DEL PP DE XÀBIA PASA AL COBRO UN VIAJE CON SU FAMILIA

37. COMUNIDAD VALENCIANA. MISLATA CONOCIÓ LOS DEFECTOS EN APARCAMIENTOS ANTES DE PAGAR

38. COMUNIDAD VALENCIANA. EL LÍDER DEL PP DE TEULADA NO DETIENE UNA OBRA PARALIZADA

39. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL PIDE UNIDAD AL PP DE CASTILLA- LA MANCHA EN PLENA GUERRA DEL AGUA

40. REGIÓN DE MURCIA. EL CONSEJERO ALLEGUE SALE DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD, MIENTRAS LA FISCALÍA INVESTIGA SUS ACTUACIONES

41. REGIÓN DE MURCIA. LA 7, UN CHIRINGUITO DE CUATRO SIN ESCRÚPULOS QUE COBRAN A PRECIO DE ORO DE TODOS LOS MURCIANOS

42. REGIÓN DE MURCIA. LA REGALADA VIDA DEL SIBARITA CONCEJAL POPULAR DE CARTAGENA CON DINERO PÚBLICO

43. ISLAS BALEARES. EL JUEZ DESESTIMA EL RECURSO DE MATAS CONTRA LA FIANZA DE TRES MILLONES

44. ISLAS BALEARES. "SE PIENSA QUE USTED HA AYUDADO AL SEÑOR MATAS A OCULTAR DINERO"

45. ISLAS BALEARES. MATAS NO PUEDE JUSTIFICAR 322.000 EUROS QUE HA PAGADO EN METÁLICO

46. ISLAS BALEARES. CARDONA FORMALIZA SU BAJA EN EL GRUPO POPULAR MIENTRAS EL TSJB INICIA EL EMBARGO DE SUS BIENES

47. ISLAS BALEARES. LA ´OPACIDAD´ EMPRESARIAL DEL CONSELLER DE COMERCIO

48. PRINCIPADO DE ASTURIAS. "ESTAMOS UN PARTIDO POLÍTICO Y NUESTRO FIN NO ES EL BIEN DE GIJÓN SINO GANAR LAS ELECCIONES"

49. PRINCIPADO DE ASTURIAS. PROTECCIÓN DE DATOS ARCHIVA LA DENUNCIA DE CASCOS CONTRA EL PP DE GIJÓN, QUE RESPONDE CON UNA BOFETADA

 

 

 

 

1. RAJOY SE ENROCA Y CIERRA LA PUERTA A LA RENOVACIÓN DEL TC  

El líder del PP, Mariano Rajoy, y el presidente catalán, José Montilla, se han enrocado en sus posiciones tras la reunión que han mantenido hoy: Rajoy se ha negado a retirar el recurso del PP contra el Estatut y no accederá a renovar el Tribunal Constitucional (TC) antes  de la sentencia, y Montilla ha vuelto a advertir de la "fractura social" entre España y Cataluña si se restringe el texto que salió del Parlament. Rajoy ha tildado el encuentro de "agradable" y cordial, pero en el fondo del asunto las espadas están en alto. Ha tildado de "muy peligrosa" la petición de Montilla de renovar el TC antes de un fallo del Estatut que ve "urgente".

El jefe de la oposición ha asegurado que está de acuerdo con la posición de José Luis Rodríguez Zapatero: El TC tiene "legitimidad" para decidir sobre el Estatut. Rajoy se ha preguntado "qué credibilidad y confianza" podría transmitir a la ciudadanía si retirase ahora, "por un problema político", el recurso al Estatut. Rajoy ha echado la culpa al PSOE y a Zapatero de que el TC no se haya renovado ya y ha recordado que, tras su conversación con el presidente del Gobierno el 14 de octubre de 2008, no se logró desbloquear la renovación del TC porque los socialistas no aceptaron en el Senado los dos nombres propuestos por las Comunidades Autónomas del PP.

A petición de Montilla, el presidente del PP y el líder de los socialistas catalanes se han reunido en la sede del gobierno catalán durante cerca de dos horas, un encuentro inédito al que también han acudido, por parte del PP, la líder en Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, y el coordinador de Presidencia, Jorge Moragas, y, por parte del ejecutivo catalán, el secretario general de Presidncia, Isaías Taboas, y la secretaria del Govern, Laia Bonet.

Montilla se ha mantenido igualmente en sus premisas: "El Estatut es perfectamente constitucional". El president de la Generalitat se ha mostrado amenazante ante la posibilidad de que sufra una "revisión restrictiva". Si eso ocurre "nada seguiría igual" entre España y Catalunya, ha indicado.

A su juicio, Catalunya no puede aceptar una sentencia dictada por un tribunal con una legitimidad "más que cuestionable". El presidente catalán ha trasladado esta reflexión al líder de la oposición después de pedirle, sin éxito, que el PP retire el recurso contra el Estatut y que desbloquee la renovación del TC. A preguntas de los periodistas, el presidente catalán ha dicho tener la sensación de que "cada vez" se le hace "más difícil" al PP defender el recurso que presentó contra el Estatut, y ha añadido: "No sé si hoy lo harían".

El presidente catalán ha comentado también que no descarta una reunión con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para hablar sobre la renovación del Tribunal Constitucional, pero ha comentado que habla "asiduamente" con el jefe del Ejecutivo y que sólo Rajoy puede retirar el recurso del PP. A pesar de la falta de acuerdos con la que se ha saldado la entrevista, Montilla supone que Rajoy "va tomando conciencia de la gravedad de la situación que puede crear una sentencia restrictiva".

(www.publico.es, 06/05/10)

2. EL LÍDER DEL PP APROVECHA LA CITA PARA HACER CAMPAÑA

"¿A que le queda bien el fondo?", resaltó una persona del equipo de Mariano Rajoy al abandonar la Moncloa. Se refería a la sala de prensa donde todos los viernes da cuenta del Consejo de Ministros la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de La Vega. Desde esa tribuna, el líder del PP se ha dirigido en más de una ocasión a los ciudadanos. Fue durante su etapa en el Gobierno de José María Aznar. volvió a ella, después de mucho tiempo sin utilizarla como forma de protesta, para explicar su reunión con José Luis Rodríguez Zapatero. Y, de paso, hacer campaña.

El dirigente conservador aprovechó la ocasión para colar su mensaje: "Siendo como es la situación, difícil, aquí hay una alternativa dispuesta a asumir el reto cuando los españoles lo decidan". También se sirvió del marco para vender la idea de que su partido tiene "un programa claro y entendible" para afrontar las dificultades económicas. En el ambiente, teñido por la crisis, flotaba ya el aroma de los comicios de 2011 y los del año siguiente, cuando él se presente como candidato.

Tras más de dos horas de reunión, Rajoy quiso enfundarse el traje de hombre de Estado dando el visto bueno al plan de rescate a Grecia y con dos acuerdos bajo el brazo. Pero volvió rápidamente a su papel de líder de la oposición al reducir a la nada el consenso alcanzado. Rajoy se enfangó en el lodo electoral tachando el conjunto de "insuficiente". "La política económica es un todo y las medidas aisladas no sirven", señaló.

Para el dirigente conservador, lo que se ha ido presentando durante todo este tiempo son iniciativas "parciales, inconexas o contradictorias". Lo que salió del palacio de Zurbano tampoco fue la panacea porque no logró centrarse "en lo fundamental".

Su frase más repetida: "Se ha acabado el tiempo. Toca actuar, gobernar y ejecutar ya". "Ya llevamos mucho retraso", insistió. Cada vez que lo hacía, ahondaba más en la grieta que separa a ambos líderes, demostrando que es imposible que entre ellos se llegue a un pacto de Estado y logrando con ello mermar la confianza de los mercados internacionales.

Para recuperarla, y con el objetivo prioritario de crear empleo, Rajoy defendió que para él es clave reducir el gasto y el déficit público. "Es capital", mantuvo mientras ponía el énfasis en que ese había sido "el principal problema de Grecia". No fue su única demanda. También exigió a Zapatero que impulse de una vez por todas la reforma del mercado laboral. "Llevan dos años perdiendo el tiempo los agentes sociales y el Gobierno", destacó.

En definitiva, la reunión se saldó con mal sabor de boca para el PP. En el marcador, más diferencias que coincidencias. Rajoy pidió al presidente del Gobierno "un plan coherente" para salir de esta situación, que tachó de "crítica". Y le lanzó una retahíla de reproches. Entre ellos, volver a comparar las circunstancias de España con Grecia: "Esperar a que escampe no conduce a nada y también demuestra que si tú no actúas, otros lo harán por ti".

El presidente del PP repitió el guión que un día antes había expuesto en un almuerzo con afiliados en Puertollano. En la sede de Gobierno, lo único que hizo fue rebajar el tono de mitin.

Rajoy puso el punto final. "La política de esperar y ver ya no puede continuar", sentenció. Y trató de combatir la etiqueta del dirigente que siempre acude a las citas con el único ánimo de poner la zancadilla. Para ello consideró "positivo" que se fusionen las cajas antes del 30 de junio y su reforma legal. Además, dijo que esperaba que resultara "útil" para generar certidumbre. "Si el Gobierno hace lo que tiene que hacer, el PP lo apoyará", prometió. "Pero también le he dicho a Zapatero que la responsabilidad de gobernar es de él". "Por sus obras los conoceréis", concluyó de forma bíblica.

Desde la sede nacional hicieron después balance. Sus colaboradores creen que lo logrado es sólo "una pata" que se queda "corta" para resolver el "drama" general. Dicen que Rajoy vio a Rodríguez Zapatero "poco receptivo" y "fuera de la realidad". Por eso temen que no haga "nada más".

(www.publico.es, 06/05/10)

3. EL PP SE MOVILIZA PARA AGITAR EL FANTASMA DE LA CRISIS GRIEGA

El PP sigue intentando sembrar el miedo entre la ciudadanía con sus malos augurios sobre el futuro de la economía española. El acuerdo mínimo que resultó de la reunión del miércoles entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, no impidió que varios dirigentes conservadores insistieran en afirmar que, si el Ejecutivo no cambia su política económica, podría ocurrir en España lo mismo que en Grecia. El propio Rajoy citó al país heleno en varias ocasiones durante una entrevista dedicada en gran parte a analizar los resultados de su encuentro del miércoles con Zapatero. Tras recalcar que las medidas del Gobierno en materia económica "son insuficientes", afirmó que lo que España necesita "es austeridad". "No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades", dijo. "Algunos esfuerzos tendremos que hacer y si no los hacemos nos puede pasar lo mismo que a Grecia", vaticinó Mariano Rajoy.

El líder del PP repitió esa misma idea pocos minutos después cuando volvió a referirse a la necesidad de moderar el gasto público para hacer frente a la crisis. "Adelantémonos a los acontecimientos porque sería demoledor para España que nos obligaran a hacer lo que están haciendo en Grecia", dijo. En un estratégico cierre de filas, otros dirigentes conservadores defendieron las mismas tesis que su líder. Por la mañana, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, acusó al Gobierno de faltar a la verdad sobre la situación económica. En su opinión, eso es "justamente lo que genera desconfianza e incertidumbre" en los mercados internacionales, y "eso es lo que ha pasado en Grecia".

El secretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, empleó ese mismo discurso para justificar, una vez más, el paralelismo entre Grecia y España. Según él, una de las situaciones que han provocado que "Grecia esté como está, sucede también en España". Se refería a que cuando Zapatero afirma que "no haciendo nada el enfermo sanará está mintiendo, y el Gobierno, si sigue la senda de la mentira, sigue el camino griego".

Para el secretario general de los conservadores en el Congreso de los Diputados, José Luis Ayllón, Zapatero "sigue metido en una burbuja" con la única idea de "esperar" a que la crisis pase. Por eso, en la misma línea de sus compañeros, declaró que "España no es Grecia", pero advirtió: "o hacemos algo ya, o podemos llegar a serlo".

Desde las filas socialistas describieron los vaticinios de los conservadores como una nueva estrategia del partido de Rajoy orientada a conseguir apoyos de cara a las elecciones. El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, arremetió contra el líder del PP por no ser capaz "de dejar de comparar la situación de España con la de Grecia", porque tampoco "fue capaz de desprenderse de sus intereses particulares y subordinarlos a los intereses generales". Y es que el objetivo de Rajoy es, a juicio de Chaves, satisfacer sus "obsesiones electoralistas".

Las valoraciones sobre la reunión del miércoles también llegaron a la red. La número tres del PSOE, Leire Pajín, apeló en su blog a la responsabilidad del propio presidente del PP y exigió a Rajoy que despeje las dudas sobre la solvencia de la economía española. El diputado socialista José Antonio Pérez Tapias acusó en su propia página personal al líder de los conservadores de "mentir a destajo, pues no es cierto que lo que se hace en España sea lo mismo que hizo el Gobierno derechista griego, que fue engañar a la UE con los datos de su economía, descuidar absolutamente la política fiscal y nadar en la corrupción".

(www.publico.es, 07/05/10)

4. EL PP TUMBA EL PACTO EDUCATIVO ENROCADO EN SUS EXIGENCIAS INICIALES

El esperado pacto de Estado por la educación ha fracasado. El PP confirmó que no lo suscribirá. Y el ministro Ángel Gabilondo dio por liquidado el intento -"Ya no puede ser un pacto de Estado", ya que, sin el PP, es imposible su principal fin: "dotar de estabilidad al sistema educativo"-, pero aseguró que intentará poner en marcha los 12 objetivos y 148 medidas consensuadas en el documento final. Aunque sin pacto, dijo, será más complicado y lento alcanzarlos. Lo hará recabando los apoyos que necesite cada medida o grupo de medidas.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se esforzó en señalar al Gobierno como el responsable de que los populares rechacen el pacto. Rodeada de los seis consejeros de Educación de las autonomías gobernadas por el PP, aseguró que no pueden firmarlo porque el Ejecutivo "no ha querido cambiar un modelo educativo fracasado".

Pero el hecho es que al desgranar las carencias del pacto (porque sus quejas son por omisión, no por ninguna de las medidas que contiene el texto final para el acuerdo), Cospedal volvió a destacar las mismas ideas que el PP lleva esgrimiendo, invariablemente, desde el principio de la negociación: garantizar la enseñanza del castellano en las comunidades bilingües, las enseñanzas comunes o la concesión de subvenciones a centros privados, entre otras, como garantizar los cuerpos nacionales de profesores o una evaluación de diagnóstico para todos los alumnos de España.

El propio presidente del PP, Mariano Rajoy, admitió que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha propuesto "cosas sensatas", pero "insuficientes". Y lo cierto es que, preguntada por los acercamientos o cesiones que ha hecho o estaba dispuesto a hacer el PP en favor del pacto, Cospedal no contestó a los periodistas.

A la pregunta de que si el Partido Popular tuvo alguna vez voluntad de alcanzar el pacto, el ministro Gabilondo aseguró sin dudas que sí, pero añadió que la "voluntad 'política es voluble", y depende de la "coyuntura política".

Pero, al final, el hecho es que la mayoría de los intentos de acercamiento han sido del ministerio. El mejor ejemplo es la medida de hacer que 4º de la ESO se bifurque en dos vías, una orientada al bachillerato y otra a la FP. Aunque las vías no son excluyentes, la idea se parece tanto a los itinerarios planteados en la ley educativa que redactó el PP -que no llegó a entrar en vigor- que al ministro le costó mucho que algunos sectores del PSOE tragaran con ello.

La prueba más clara de esos intentos de acercamiento son que los grupos más a la izquierda, como el sindicato Stes (uno de los mayoritarios), IU y el Sindicato de Estudiantes, han rechazado el pacto porque no apuesta suficientemente, en su opinión, por la escuela pública. La confederación laica de padres Ceapa, aunque no ha decidido aún su postura, también se ha mostrado muy crítica en este sentido.

Así, con muchas organizaciones discutiendo todavía su posición, ya han rechazado el pacto, además del PP, UPyD, IU, BNG y PNV. Es decir, que ha tenido menos apoyos que la reforma educativa aprobada en 2006 (que sólo rechazó el PP, aunque se abstuvieron CiU, BNG y Cha).

En cualquier caso, Gabilondo, que dijo contar con suficiente apoyo, sobre todo en la parte social -aunque no concretó de quién-, aseguró que no piensa dilapidar el esfuerzo hecho en los últimos meses y anunció que se empezará a reunir este mes con todos los agentes políticos y sociales, con las comunidades autónomas y representantes de las instituciones educativas para "seguir trabajando".

Esa intención incluye el compromiso de 1.570 millones de euros los próximos tres años que el Gobierno había puesto sobre la mesa para alcanzar los objetivos del acuerdo. Las medidas requieren hacer 21 modificaciones de la actual ley educativa, entre otros, para introducir la medida de 4º de ESO o para flexibilizar el bachillerato de tal manera que haya un curso puente entre 1º y 2º. Otras medidas, sin embargo, ya están funcionando o a punto de ponerse en marcha.

(www.elpais.com, 07/05/10)

5. RAJOY VUELVE A CASTILLA-LA MANCHA AL RESCATE DE COSPEDAL

El presidente del PP, Mariano Rajoy, acudió a Puertollano (Castilla-La Mancha) para defender a su secretaria general y líder de la formación regional, María Dolores de Cospedal, de las críticas que ha recibido tras el naufragio de la reforma del Estatuto. "Es una magnífica dirigente política. Mejor preparada y más capaz que el presidente castellano manchego, José María Barreda. Tiene energía, conocimientos, la fuerza suficiente para decirle a la gente que tras 30 años con los socialistas hay que cambiar", señaló Rajoy. Cospedal recibió un aluvión de piropos de su jefe de filas. Justo lo que necesita ahora que se analiza si su actuación le pasará factura electoral.

El jefe de la oposición mantuvo que Barreda ha orquestado una campaña contra el PP. En su opinión, este trata "de manipular y engañar a los ciudadanos" y dijo que cada vez que vaya a Castilla- La Mancha preguntará por qué el PSOE ha retirado el Estatuto cuando tenía mayoría en el Congreso para sacarlo adelante sin su partido. Cree que es porque a Barreda "no le interesa" su aprobación para tener así "un arma con la que meterse con el PP". O bien porque "Zapatero y los diputados socialistas no quisieron votar lo que dijo Barreda". A su juicio, en este asunto, el PSOE "está ocultando algo".

Rajoy prefiere obviar que en la Comisión Constitucional los socialistas votaron a favor del Estatuto y que ellos se abstuvieron, como recordó Barreda. Si, pese al rechazo conservador, los socialistas hubieran enviado el texto para su votación en Pleno, el fracaso habría estado asegurado porque al ser una ley orgánica necesitaba de mayoría absoluta para salir adelante. Ninguna otra formación quería convertirse en árbitro de un enfrentamiento en el que no está representando. Sólo PP y PSOE tienen presencia en las Cortes castellano manchegas.

Rajoy y Cospedal dieron un paseo por el recinto ferial de Puertollano y fueron increpados por unos jóvenes al grito de "¡Iros a Murcia!".

(www.publico.es, 05/05/10)

6. RAJOY GARANTIZA QUE CAMPS SERÁ CANDIDATO DIGA LO QUE DIGA LA JUSTICIA

Francisco Camps era el lunes "el mejor candidato para la Generalitat valenciana", según la consigna dada por la ejecutiva del PP. , su líder, Mariano Rajoy, dio un paso más, el paso arriesgado de garantizar que el dirigente valenciano repetirá como cabeza de cartel en las autonómicas del 2011.

Arriesgado porque el futuro político de Camps puede ponerse en juego el próximo miércoles, cuando el Tribunal Supremo debe decidir si archiva o reabre la causa de los trajes que pesa sobre el presidente de la Comunidad Valenciana, en el marco del caso Gürtel. Rajoy acabó así con la cautela que su número dos, María Dolores de Cospedal, mostró el lunes cuando le hicieron la misma pregunta: si Camps volvería a ser el candidato. "El 12 de mayo hablaremos", respondió entonces.

Después de su reunión con Montilla y una sardinada en el puerto de Barcelona, Rajoy anunció en Onda Cero que respaldará a Camps. "Voy a apoyarle y va a ser el candidato del PP a las próximas elecciones en Valencia porque eso de los tres trajes no me lo creo. Hay gente a la que le gusta y gente a la que no le gusta, pero le he dicho lo que pienso", aseveró el presidente de los conservadores.

Preguntado por lo que podría suceder si el Tribunal Supremo reabre la causa de los trajes presuntamente regalados por la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa, Rajoy dejó claro que su apoyo a Camps es inmune a las decisiones judiciales. "Diga la justicia lo que quiera, es decir, la justicia allí no va a condenar al señor Camps el día 12", agregó. El PP ha querido zanjar en las últimas horas los rumores crecientes que apuntaban que el partido estaba preparando el relevo del presidente valenciano y moviendo hilos en busca de un sustituto. Rajoy negó tales movimientos, entre ellos los que situaban a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como posible recambio de Camps.

Mientras tanto, el líder valenciano tuvo que defenderse una vez más de los ataques de la oposición en el Parlamento autonómico. Empleó la estrategia de negar la mayor, pero midiendo muy bien sus palabras para no pillarse los dedos. Rechazó todas y cada una de las supuestas vinculaciones de su Gobierno con la trama, aunque sin descartar que el futuro le pueda deparar algún susto. "De momento, hoy por hoy, todas las denuncias y todos los informes son infundados", proclamó en las Cortes valencianas.

Lejos quedan ya las contundentes afirmaciones del líder de los populares valencianos de que nada de cierto había en su implicación con los cerebros de la trama corrupta. Camps fue bastante más comedido, aunque sin salirse de la proclama general, a la hora de responder a la oposición sobre la relación del Ejecutivo autonómico con empresas de la trama del caso Gürtel y sobre la presencia de las mismas en la organización de la visita del Papa a Valencia en julio del 2006, con motivo del Encuentro Mundial de las Familias. "¿Cuántos chanchullos hay detrás de la visita del Papa?", le inquirió el portavoz parlamentario del PSPV, Ángel Luna. No hubo datos en la réplica. Camps se limitó a acusar a los socialistas de vivir "en un mundo de denuncias anónimas e informes que no saben de dónde vienen".

Buscando una brizna de esperanza, el PP valenciano blande estos días una encuesta interna según la cual obtendría una nueva mayoría absoluta si se celebrasen ahora las elecciones autonómicas. Una "victoria espectacular", en palabras de los populares, que se aferran a la experiencia, contrastada en las urnas, del escaso desgaste que acusan por los escándalos de corrupción.

(www.elperiodico.com, 07/05/10)

7. ‘CASO GÜRTEL’. HACIENDA INVESTIGA TRES CUENTAS DEL PP VINCULADAS A LA TRAMA

Tres de las 262 cuentas bancarias investigadas por la unidad antifraude (ONIF) de la Agencia Tributaria en el marco del caso Gürtel pertenecen al PP. Una de las tres pertenece a la dirección nacional del partido y está domiciliada en la misma sucursal que aquella otra donde Luis Bárcenas, ex tesorero del partido e imputado en el caso, hizo un ingreso en metálico de 330.000 euros en enero de 2003. La segunda cuenta estaba asociada al PP gallego, y en ella tuvo firma Pablo Crespo, considerado número dos de la trama, hasta su cancelación en octubre de 2005. La tercera, abierta en Banesto, pertenece al grupo municipal del PP de Arganda (Madrid), cuyo ex alcalde, Ginés López, está imputado y se le atribuye el cobro de más de medio millón en comisiones.

El propio Bárcenas, así como su predecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, y la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, tenían firma en la cuenta de la dirección nacional del partido. "Es la cuenta donde se ingresan las nóminas y en la que se lleva la gestión diaria del PP", subrayaron fuentes cercanas al equipo de Mariano Rajoy.

Los movimientos bancarios de empresas vinculadas a la Gürtel muestran que, a través de cheques librados contra esa cuenta, el PP pagó a tres sociedades de la red 3.159.515 euros entre 2003 y 2005, según la documentación obrante en el sumario. "Es normal, eran nuestros proveedores", aducen en el partido.

La primera por volumen de cobros fue Special Events SL, buque insignia del conglomerado de Correa hasta que, tras las primeras informaciones sobre el privilegiado grupo, se vio relegada en favor de otras sociedades fuera de sospecha. Previo ingreso de 12 cheques, Special recibió 2,4 millones de euros a través de la cuenta del PP domiciliada en la sucursal que el Banco Popular posee en la calle Cedaceros, a escasos metros del Congreso.

Pasadena Viajes, que organizaba los desplazamientos de líderes y funcionarios del partido y trabajó para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la etapa de Rita Barberá, percibió 529.193 euros. Ese monto sólo representa los ingresos efectuados mediante 11 cheques por importe unitario superior a 10.000 euros.

La tercera empresa remunerada a través de la cuenta de la calle Cedaceros fue Rialgreen. La pertenencia de esta sociedad a la trama corrupta no fue detectada hasta bien avanzada la investigación. De hecho, la reclamación de contratos formulada a la Comunidad de Madrid por el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, no incluía a Rialgreen. Ahora bien, su participación en el holding de proveedores del PP resulta evidente a tenor de los movimientos bancarios: cobró dos cheques que sumaban 193.293 euros.

La existencia de las tres cuentas del PP ya figuraba en el sumario. Pero la identidad de sus propietarios sólo ha trascendido después de que la ONIF enviase el 30 de marzo al juez Pedreira un dossier de 73 páginas que identifica a los titulares de los 262 depósitos bancarios. Ahora, el magistrado está a la espera de que Hacienda le informe de los movimientos registrados en ellas.

La segunda cuenta fue abierta en noviembre de 1998 por el PP de Galicia bajo el epígrafe "Axuda a Iberoamérica". Se localiza en una sucursal de Caixa Galicia en Santiago muy próxima a La Nécora, como era conocida la sede principal de los conservadores. Hasta su cancelación en octubre de 2005, figuraba como autorizado Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que el Tribunal de Cuentas ha revisado "todas" las cuentas de su formación. Además, De Cospedal mantuvo que el PP "ha hecho lo que no ha hecho ningún otro partido político en España" porque quienes "han tenido algo que ver, de forma más directa o indirecta" con el caso Gürtel no ocupan ahora "ningún cargo orgánico ni están en el PP". "Eso no lo puede decir ningún partido de este país", presumió. Cospedal obvió que Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo e imputado en el caso, sigue en nómina del PP, informa Yolanda González.

(www.publico.es, 05/05/10)

8. EL PP COMETE UN "FRAUDE LEGAL" EN LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA

El PP no puede ejercer la acusación popular en el caso Gurtel y, al mismo tiempo, impedir que se investigue la trama corrupta que implica a varios miembros de su partido, porque incurre en un "fraude legal". Varios expertos en derecho penal y procesal consultados por Público han llegado a esta conclusión después de observar que las actuaciones de los conservadores tras personarse en la Gürtel han ido encaminadas "a la defensa de los acusados", muchos de ellos de su propio partido, "y no a la resolución del caso".

El mismo lunes, el PP recurría la petición realizada por el juez Antonio Pedreira a la Generalitat valenciana presidida por Francisco Camps, para que notificara la identidad de los consejeros que autorizaron adjudicaciones a la trama corrupta.

"El PP se está oponiendo a diligencias de instrucción. En un procedimiento son las acusaciones las que deben instar a investigar, pero en este caso no sólo no lo proponen, sino que se oponen a las investigaciones que plantea el juez", lamenta al respecto el abogado Gonzalo Boyé.

Otro letrado, José Mariano Benítez de Lugo, denuncia que los conservadores incurren en un "fraude legal" porque, según explica, "utilizan una norma de cobertura, como su derecho a acusar, para conseguir un objetivo que es justo lo contrario a esa norma", es decir, "que no se pueda acusar". Boyé cree que esta es una "vieja estrategia de la derecha, que ya utilizó el PP en el proceso que investigó los atentados del 11-M, en Madrid".

No es de la misma opinión el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Castellón, Juan Luis Gómez Colomer, que advierte de que, "en la historia reciente, la acusación popular ha sido utilizada con determinados intereses por PP, PSOE e incluso el PCE".

Como no ha podido seguir de cerca todas las actuaciones de los conservadores desde que se personaron en el proceso, Gómez Colomer no se atreve a calificar lo sucedido como fraude legal. Sí advierte que políticos y otros poderes económicos o empresariales han hecho uso de su posibilidad de ejercer la acusación popular en casos en los que estaban implicados "para obtener información sobre el proceso, y acabar con su enemigo". Pero ejercer la acusación popular no significa que el PP pueda instituirse en la figura del "codefensor procesal", insiste en sus tesis Benítez de Lugo.

"Indignado" y "sorprendido" por la presentación del recurso al requerimiento de Pedreira por parte de los conservadores, Boyé se atreve a proponer al magistrado que sancione al PP "expulsándolo del proceso". Gómez Colomer se limita a apelar a la responsabilidad de quienes ejercen esa acción popular, "en este y en otros casos". "Es una opción legal", recuerda, "que ampara la propia Constitución".

(www.publico.es, 05/05/10)

9. AZNAR LANZA SU PÁGINA WEB

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha lanzado hoy su página web personal, www.jmaznar.es, a la que se suma un canal de vídeos en YouTube, con el fin de dar a conocer su figura, difundir todas sus intervenciones públicas, entrevistas, discursos y promocionar sus libros. Sin lema o titular alguno, está encabezada por una gran foto del político conservador, que varía cada vez que se accede. La página es similar en su diseño limpio y correcto a la del PP y, como en ésta, predominan los colores blanco y azul del partido. La web ofrece versiones en español e inglés.

"Tuve el honor de presidir el Gobierno de España durante ocho años y debo decir que ése ha sido el trabajo más importante y más gratificante al que podía aspirar", dice en la presentación

La página recopila todas las actividades del presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que cuenta con un equipo de tres personas para dar a conocer las actividades de la organización y que habitualmente ya difunde cada paso que da Aznar por el mundo. Contiene seis grandes bloques: biografía -con su currículo y los reconocimientos y premios que ha recibido-, libros publicados -los más antiguos se pueden descargar de forma completa, mientras que de los más recientes se permite el acceso al primer capítulo-, prensa -comunicados de FAES y la agenda de su presidente-, actividades de este año, discursos y multimedia, con una amplia selección de imágenes y vídeos (más de 1.100) tanto de su etapa en La Moncloa como de su andadura previa y posterior.

A diferencia de la mayoría de los blogs y páginas personales, ninguno de los contenidos de la web es comentable y la única interacción con el lector que permite es la posibilidad de enviar un correo (en contacto) a la dirección info@jmaznar.es. En el canal de Youtube, en el que se puede ver por ejemplo a un joven Aznar durante el debate de su investidura, se ha desactivado la opción de comentar los vídeos. A primera hora de la tarde, la página, que ofrece una guía de navegación al usuario, sufría una velocidad de navegación muy lenta.

Según confiesa en el mensaje de bienvenida, firmado de su puño y letra, su intención es poner a disposición del público un "exhaustivo archivo" de sus intervenciones y actividades con el fin de "dar a conocer" sus opiniones y actuación política de forma directa, transparente y accesible a cuantos se interesen por la política española". "He querido que exista un testimonio directo de mis ocho años en la presidencia del Gobierno de España para que, como ocurre en otros países con los que nos gusta compararnos, ese archivo sea público y esté al alcance de los investigadores y de cualquier persona interesada en la historia", subraya.

En su nueva web, Aznar se presenta a sí mismo como alguien que intentó servir a su país "con responsabilidad, seriedad, voluntad, vocación y compromiso". "Tuve el honor de presidir el Gobierno de España durante ocho años y debo decir que ése ha sido el trabajo más importante y más gratificante al que podía aspirar", subraya. Presume de que durante las dos legislaturas que dirigió el país hizo todo lo que estuvo en su mano "por dejar una España mejor que la que había encontrado" y sostiene que la comparativa de las cifras económicas de 1996 -cuando llegó- y 2004 -cuando se fue- muestran que cumplió "con ese deber".

(www.elpais.com, 04/05/10)

10. CATALUÑA. EL PP LLEVARÁ LAS DELACIONES DE 'SIN PAPELES' AL PARLAMENT

El PP ha dado por zanjada la polémica de la difusión de dípticos en Badalona que asociaban delincuencia e inmigración, pero ha dado un paso adelante para llevar al Parlament la delación de los inmigrantes sin papeles. El PP asume como propia la idea de Unió (UDC), en Vic (Osona), y la ha incorporado a una moción a favor de una "inmigración legal y ordenada", que incluye los contratos de integración, y que se discutirá en el próximo pleno de la Cámara.

La Agencia Catalana de Datos cree que ceder información del padrón no es "necesario ni está justificado" y sólo la defiende si hay una petición de la policía.

Al margen de Vic, Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), gobernado en minoría por CiU, ha aprobado la moción del PP a favor de la delación. La oposición (PSC, ERC e independientes) se concentró ante el ayuntamiento para exigir la retirada de la moción. Felip Puig, número dos de Convergència, respetó la autonomía municipal, pero no compartió la postura "instigadora" del PP. CiU y PP han anunciado que firmarán el pacto promovido por el tripartito para que la inmigración no forme parte de la campaña electoral.

(www.elpais.com, 04/05/10)

11. CATALUÑA. EL PSC DE BADALONA QUIERE SABER SI GARCÍA ALBIOL ESTÁ EMPADRONADO IRREGULARMENTE

El secretario de Organización del PSC de Badalona, Justo Alarcón, ha pedido en un comunicado que el presidente del grupo municipal del PP de Badalona, Xavier García Albiol, explique si está empadronado irregularmente en la ciudad. Tras unas declaraciones en Catalunya Ràdio en las que García Albiol explicaba que actualmente no reside en Badalona, el grupo socialista de la ciudad considera que esto es algo "que un máximo responsable político que aspira a ser alcalde de Badalona no se puede permitir".

El PSC de Badalona también se pregunta en el comunicado por qué el presidente del PP de Badalona "continúa ejerciendo su voto en la ciudad tal y como los interventores del PSC y los medios de comunicación han podido constatar". "En las últimas elecciones europeas del día 7 de junio de 2009, sin ir más lejos, el señor García Albiol votó en el colegio electoral del barrio de La Morera", asegura el PSC en el comunicado.

En declaraciones, Xavier García Albiol asegura que vive en Barcelona de forma temporal y califica de "baja categoría moral" las acusaciones de un PSC "dispuesto a todo con su obsesión de matarme políticamente". Según García Albiol, el alcalde de Badalona, Jordi Serra (PSC), está informado de que el mes de setiembre volverá a residir en la ciudad y considera "de poca talla política y humana utilizar las circunstancias familiares con finalidades electorales".

(www.lavanguardia.es, 04/05/10)

12. CATALUÑA. EL PRESIDENTE DEL PP DE BADALONA NO VE PRIORITARIO PEDIR PERDÓN AL COLECTIVO DE GITANOS RUMANOS

El presidente del PP de Badalona, Xavier García Albiol, afirmó : "No he atacado a nadie por su nacionalidad y por lo tanto, no creo que sea prioritario pedir disculpas". El edil repartió personalmente un folleto en el que se relaciona a los gitanos rumanos con la delincuencia.

En una entrevista en Televisión de Badalona, aseguró que le preocupa "la hipocresía de una parte de la sociedad que discute si el díptico es acertado o no", cuando para él lo más importante es "que no se hable del motivo por el que unos vecinos se vieron obligados a colgar un cartel con el lema No queremos rumanos".

Añadió que "este folleto no es la Biblia ni la Constitución; podríamos haber puesto otras fotografías, lo podemos discutir". Lo que no es discutible, precisó, es que "unos individuos que representan el 0,5% de la población de Badalona son responsables del 25% de los delitos que se producen en la ciudad".

(www.elpais.com, 06/05/10)

13. GALICIA. BALTAR CONTRATÓ ILEGALMENTE A EMPLEADOS DE LA OPOSICIÓN

Baltar tiene contratados en fraude de Ley a los administrativos y auxiliares que prestan servicio a los grupos de oposición en la Diputación de Ourense. Frente a las contrataciones masivas de personal vinculado al PP, los cuatro empleados (dos por cada grupo) de la oposición en la institución llevan 15 años en situación ilegal, según reconoce una sentencia del juzgado de lo social número 3 de Ourense contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La resolución se produce tras la denuncia de una trabajadora que presta servicio al grupo socialista desde 1995. Hasta ahora, la empleada tuvo tres contratos, firmados por la institución provincial, en calidad de personal temporal. El último de ellos corresponde a 1997 y fue ilegal, según detalla la sentencia en la que se obliga a la Diputación a convertirla en personal laboral indefinido y a retribuirle los trienios, con carácter retroactivo desde el año pasado. La demandante ha dejado de cobrar los 1.500 euros anuales por ese concepto.

El delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, compareció en el juicio en representación de la Diputación para acusar de la contratación ilegal al grupo socialista, que finalmente ha sido absuelto. Los otros tres trabajadores de PSOE y BNG que prestan sus servicios en las oficinas de estos grupos podrán reclamar ahora por vía judicial sus derechos laborales ya que se encuentran en la misma situación.

(www.elpais.com, 07/05/10)

14. GALICIA. LOUZÁN RATIFICA EN SU CARGO A UN CONDENADO POR PREVARICACIÓN

Es la segunda vez que Rafael Louzán, presidente del PP en Pontevedra y máximo responsable de la Diputación, salva los trastos al ex alcalde de Gondomar Carlos Silva. Fue su voto de calidad el que tumbó en el pleno del organismo una moción del BNG para retirarle la dedicación exclusiva y las competencias que ejerce Silva en el gobierno provincial, con una remuneración de 65.000 euros anuales. La propuesta del BNG aludía a la condena, recurrida por Silva, a año y medio de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público por prevaricación continuada, a la que se acaba de unir la apertura de un nuevo proceso en el que está imputado por falsedad documental. Los nacionalistas denunciaron que Silva tiene detrás "una trayectoria salpicada de actos reprobables" y su condena no fue "una acción puntual". La ausencia de un diputado del PP propició un empate entre gobierno y oposición que obligó a repetir la votación. El voto de calidad de Louzán como presidente terminó de inclinar la balanza ante un Silva que optó por el silencio.

El diputado nacionalista Pauliño del Río insistió en que "independientemente de lo que diga la justicia, [Silva] no puede estar aquí ejerciendo un cargo público". "En vez de tolerancia cero hubo ascensos", recordó. Lejos de desautorizar a Silva, Louzán llegó incluso a destacar que "está desarrollando una magnífica labor en esta institución". Del Río aludió "al tan pregonado código ético" de Feijóo y preguntó "si no funciona en esta Diputación". "Sé que le gusta embarrar", le contestó el presidente. "Más bien es cuestión de limpiar", rebatió el nacionalista.

El BNG también preguntó a Louzán sobre la presencia de maquinaria de la Diputación en una parcela en Tui de la promotora Provitui, propiedad del hijo del alcalde, Antonio Feliciano Fernández Rocha (PP) y de la que el propio regidor es apoderado. Louzán explicó que la cesión de maquinaria se hizo a través de un convenio con la Mancomunidade do Baixo Miño, que preside el alcalde socialista de A Guarda, después de que la comisión de fiestas de San Telmo pidiese al Ayuntamiento una parcela para aparcamiento provisional durante los días festivos. "¿Está diciendo que cualquier asociación o vecino puede solicitar a la Diputación o a la Mancomunidad que le preparen su finca?", recalcó el diputado nacionalista Gabriel Martínez, que también quiso dejar constancia de las dificultades de la oposición para acceder a documentos tales como relación de personal, procesos judiciales o deudas municipales. Según el representante del BNG, esa información está solicitada desde 2008 y hasta hoy no se le ha enviado. Martínez denunció el "oscurantismo" del equipo de Louzán sobre la contratación de la esposa del alcalde de Mondariz, que tampoco facilita el ente provincial. "No se olvide de que le estamos dando bastante documentación sobre depuradoras", le espetó Louzán, que aseguró que se entregarán los informes reclamados, aunque sin precisar cuándo.

Tras el pleno, el presidente de la Diputación aseguró a los periodistas que la incidencia del voto de los emigrantes en los comicios municipales es "escasa" y pidió una reforma "amplia" de la ley electoral.

(www.elpais.com, 01/05/10)

15. GALICIA. EL ENTE COMARCAL DE CELANOVA EMPLEA A 16 FAMILIARES DE CARGOS DEL PP

El modelo de contrataciones familiares de la Diputación de Ourense comienza a extenderse a las mancomunidades de la provincia. El fichaje de personas cercanas al PP encuentra ahora su máxima expresión en la mancomunidad de Terras de Celanova, un ente supramunicipal que preside el alcalde de Quintela de Leirado, el popular Antonio Pérez Cortés.

Todos los ayuntamientos integrados en Terras de Celanova están gobernados por el PP. La mancomunidad se ha convertido en una isla intocable para la oposición que, según denuncia, no tiene acceso a la más mínima información sobre su funcionamiento. No puede ejercer labor de oposición porque el PP lo copa todo, incluidos los empleos.La única evidencia que tienen PSOE y BNG sobre el funcionamiento de este organismo es que el regidor que preside la mancomunidad ha contratado a siete de sus parientes: su hijo, Pablo Pérez; la pareja de éste; su hijo José Manuel; la prima de su mujer; la mujer de su primo y la hija de la prima.

Al árbol genealógico de los contratados por Pérez Cortés se suman otros parientes de cargos del PP de la misma comarca, como Juan Carlos García, hijo de un ex concejal; Manuel Álvarez, hermano de una ex concejala e hijo de un ex concejal; Rosa Fondevila, nuera de un ex concejal y cuñada de una ex concejala; Benigno Lloves, hijo político de un ex concejal casado con una ex concejala; María do Carme Barcia, nuera de un ex concejal y nieta de otro; José Fernández, sobrino político de otro ex concejal; Jonathan Vergara, candidato en la lista del PP de Quintela de Leirado; Alfonso Rodríguez, primo del alcalde de A Merca; y Marina Fernández, cuñada del alcalde de A Merca.

En total son al menos 16 los parientes de cargos institucionales u orgánicos del PP de Ourense que han sido contratados por el presidente de la mancomunidad.

El reparto de empleos entre personas cercanas al PP no es el único aspecto en el que Pérez Cortés emula al presidente de la Diputación orensana, José Luis Baltar. El alcalde de Quintela de Leirado promociona también a su hijo Pablo Pérez, contratado en la mancomunidad, con vistas a la sucesión. En las pasadas municipales desplazó ya al número dos del PP en el municipio para situar al vástago en ese puesto.

A lo largo de sus más de 30 años al frente de la alcaldía, Pérez Cortés no sólo ha dado empleo a los suyos, sino que ha participado en diversas empresas del municipio (farmacia, bar, fábrica de camisas o supermercado, entre otras). El más singular de sus negocios fue el Hotel Miradoiro, que mantuvo sin actividad y sin crear empleo, pese a que invirtió en él durante años fondos comunitarios del plan Leader aprobados por el grupo de acción local Baixa Limia-Celanova que él mismo presidía. Las subvenciones de Europa, gestionadas por esta misma agrupación, sufragaron también la empresa Confecciones Leirado, SL, en la que él mismo figura como accionista.

(www.elpais.com, 07/05/10)

16. ANDALUCÍA. UNA CONCEJAL QUE ABANDONA EL PP POR EL VELO

"No me cierro a otros partidos, lo estoy dejando ahí". Fátima Mohamed Kaddur, que ha dimitido hoy como militante y concejal del Grupo Popular en Gines (Sevilla, 12.568 habitantes) porque dice que el PP no respeta que lleve velo, ha advertido que la política le gusta y que continuará en el Grupo Mixto del Ayuntamiento. Ha justificado que desde hace dos años está "vetada y apartada" en el PP por su hijab. "Pero bien que me han querido para la foto". Ha reprochado al secretario regional Javier Arenas, y al provincial, Antonio Sanz, que no le hayan recibido en ese tiempo. "Me ha dolido que no hayan querido sentarse conmigo".

La edil también dice sentirse "discriminada" en el seno de su partido al haber apoyado el empeño de la alumna del IES Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Najwa Malha por usar el velo islámico en dicho centro educativo. Aunque ella lleva dos años defiendo el uso del hiyab, hasta ahora no se había producido un caso que llevara a las voces más destacadas de su partido a tacharlo de "inaceptable".

Mohamed, que lleva 25 años en Gines y 15 en el PP, ha criticado ante los medios la "falta de tolerancia" de los populares. "Me han demostrado que no me quieren". No obstante, su discurso, inicialmente centrado en el conflicto del velo, ha desembocado en los problemas internos que ha mantenido con el presidente local del PP, Manuel Ferrero. Mohamed ha matizado que son cuestiones personales: "No tienen que ver con el resto de compañeros ni con el velo, yo voy a mi bola". En lo que sí ha insistido en reiteradas ocasiones es en su disponibilidad a incorporarse a otros partidos. "Me gusta mucho la política, no me cierro a nada, mientras respeten mi dignidad, mi cultura y mis ideales". De momento, ha añadido, no ha recibido ninguna propuesta. "Quiero que el PP me vea la cara", ha subrayado.

Desde el grupo popular se ha asegurado que "nunca" ha tenido conflictos por la decisión de Mohamed de llevar hijab. En las dos legislaturas que ha sido concejal (primero en el gobierno local, ahora en la oposición), "el PP siempre ha respetado el velo". Sin embargo, Manuel Cabrera, concejal popular, sí ha admitido que "se esperaba" la dimisión.

El teniente de alcalde, Jorge Manuel (PSOE) ha desechado entrar en el conflicto del PP, pero ha dicho que "sería muy raro" incorporar a Fatima Mohamed a las filas socialistas. Eso sí, ha reiterado que su partido cree en la libertad religiosa. "Velo, sí", ha zanjado. Su decisión no afectará a la corporación municipal del Ayuntamiento de la localidad aljarafeña, gobernada gracias a un pacto PSOE e IULV-CA.

(www.elpais.com, 03/05/10)

17. ANDALUCÍA. OÑA 'CASTIGA' SIN COBRAR A LOS CONCEJALES QUE ABANDONAN EL PLENO DE FUENGIROLA

Lo que Esperanza Oña hace en el Parlamento, donde es portavoz del grupo Popular, no lo permite en el Ayuntamiento de Fuengirola, donde es alcaldesa y donde existe una norma para impedir los abandonos de las sesiones plenarias. Ningún concejal puede irse del pleno sin el permiso explícito de Oña y sin una causa que no sea de fuerza mayor. Y quien lo haga es castigado sin cobrar la dieta correspondiente.

En julio de 2009, la mayoría absoluta del PP en Fuengirola aprobó una modificación al régimen de percepción de dietas de los miembros de la corporación que quitó el derecho a cobrarla a todo aquel que abandone el pleno antes de que concluya sin motivo justificado. Los concejales que no tienen dedicación exclusiva, normalmente, los de la oposición, cobran una asignación por asistencia a plenos y comisiones. En este caso se encuentra la propia alcaldesa, que cobra su sueldo del Parlamento.

La norma establece que para no perder la dieta, el edil que se ausente de la sesión una vez iniciada "obtenga el oportuno permiso o autorización previa de la presidencia por razones motivadas de salud, familiares, profesionales o de fuerza mayor que impidan la permanencia en la sesión o la misma resulte gravosa o perjudicial para el concejal".

Curiosamente, en el debate del asunto en el pleno en el que se aprobó, Oña recriminó a los concejales de la oposición sus continuas protestas, les pidió que fueran respetuosos y acepten en silencio oír cosas que no les gustan e incluso consideró que abandonar un pleno significa que "descaradamente" no se quiere cumplir con el trabajo.

Oña recriminó así a la portavoz del PSOE: "No se trata de ofenderse, me pongo el bolso y me voy, se trata de aguantar porque nos han elegido ya sea en la oposición o en el gobierno para estar en los plenos, para debatir, para aguantar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, para hacer ruegos y preguntas en silencio la oposición y en silencio el gobierno, cosa que no se cumple aquí nunca y yo no les puedo contestar, porque ustedes arman el alboroto sistemático. Todo el mundo sabe que a ustedes no les gusta lo que yo digo y entonces se levantan, y si se expulsa a uno, los demás se levantan por solidaridad cristiana, pues miren resulta que si se expulsa a uno, se tendrá que ir el que se va, los demás se van muy ofendidos es que descaradamente no quieren hacer su trabajo porque no se les expulsa, ustedes se cansan y se van como el que se va de una heladería".

(www.elpais.com, 03/05/10)

18. COMUNIDAD DE MADRID. ESPERANZA AGUIRRE: "LA CORRUPCIÓN ES CONSUSTANCIAL A LAS INSTITUCIONES"

En su esfuerzo por destacar su propia contundencia contra los implicados en el caso Gürtel, la presidenta Esperanza Aguirre llegó a decir que "la corrupción es algo consustancial a todas las instituciones" y añadió: "Lo importante es qué se hace con los corruptos". La presidenta es consciente de que ésta es una cuestión que la distingue para bien de todo su partido. "Sin quitar un ápice a la presunción de inocencia penal, la responsabilidad política ha sido asumida desde el primer momento". Aguirre aprovechó una entrevista en la Cadena SER por las celebraciones del 2 de mayo, la fiesta de la región, para hacer alarde de su resolución política en este caso de corrupción ligada al PP.

La afirmación de la presidenta sobre las instituciones tuvo una respuesta inmediata por parte del secretario general de IU en Madrid, Gregorio Gordo: "La corrupción es consustancial al modelo político de Esperanza Aguirre, no a las instituciones".

Preguntada por las razones de la gran valoración ciudadana que le otorga una encuesta publicada por EL PAÍS, Aguirre recordó los hospitales construidos, las líneas de metro y los colegios bilingües y añadió a los méritos su respuesta al caso Gürtel: "Yo he cortado todas las cabezas de los que presuntamente pudieran estar implicados en esto y por esa razón, creo, los ciudadanos madrileños me valoran incluso mejor este año que el año pasado".

Aguirre estableció además una sutil comparación: "El escándalo Gürtel son 67.000 folios de sumario. Bueno, pues a pesar de que se han puesto a buscar en él todos los militantes del Partido Socialista de Madrid, la mención de mi nombre sólo es para decir que yo soy una tal, insultos, y [para decir] cómo yo les estropeo sus negocios. Eso es lo que pasa, que la gente lo sabe perfectamente". El nombre de Esperanza Aguirre, apenas aparece en el sumario del caso Gürtel, especialmente en los cientos de horas de grabaciones transcritas entre los cabecillas de la trama, sus trabajadores y algunos políticos. "Para disgusto de mis adversarios", dijo. A continuación, tuvo que aclarar que se refería al PSOE, no a su propio partido. El presidente valenciano, Francisco Camps, aparece mencionado constantemente en las grabaciones a los corruptos. Incluso él mismo habla con uno de los cabecillas de la trama.

Las empresas corruptas nunca dejaron de trabajar con la Comunidad de Madrid y varios ayuntamientos del PP, a través de cargos muy cercanos a ella, como su consejero de Deportes y organizador de los actos institucionales, Alberto López Viejo.

Sin embargo, Francisco Correa, el líder de la trama, sólo se refiere a ella en las grabaciones para insultarla gravemente. La intervención de Esperanza Aguirre hizo fracasar un intento de pelotazo urbanístico en Majadahonda, urdido entre Francisco Correa y el entonces alcalde de Majadahonda, que consistía en vender unas parcelas municipales muy por debajo de su valor real a una empresa participada por Correa y otros. Recientemente, Aguirre llegó a decir que ella "destapó" el caso con aquella decisión. Correa llegó a pensar en montar un partido político en Majadahonda para hundir al PP local.

La comparación es obvia con la situación de Francisco Camps. El presidente valenciano sale citado constantemente por los investigados como un gran benefactor de la trama corrupta. Además, aparece él mismo en las grabaciones, ya que llamaba directamente al móvil al líder de la trama en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, a quien llamaba "amiguito del alma" y de quien recibía costosos regalos. Desde febrero de 2009, Camps jamás ha dado explicaciones públicas ante la prensa sobre este asunto.

En el nivel nacional, el partido tardó varios meses en tomar alguna medida, como apartar a un eurodiputado de las listas. En el caso del tesorero, Luis Bárcenas, no se apartó definitivamente de su cargo y de su escaño hasta que no se hizo pública la mayor parte del sumario Gürtel, a principios de abril, y tras asegurar que no había "nada nuevo" en el mismo.

(www.elpais.com, 03/05/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE NIEGA QUE EL PP LA HAYA DEJADO "SOLA" EN EL DÍA DE LA COMUNIDAD

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado sentirse "en todo momento respaldada" por su partido en la recepción celebrada hoy en la sede del Gobierno regional con motivo del Día de la Comunidad, a la que han faltado algunas primeras figuras del PP cuya asistencia estaba confirmada.

El presidente de Honor de los "populares", Manuel Fraga, o el presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, han sido dos de las ausencias del PP más comentadas hoy en el Patio de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, donde sí ha estado presente en los actos oficiales la portavoz Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, que se ausentó antes de comenzar la recepción.

El líder del PSM, Tomás Gómez, ha criticado estas ausencias de políticos del PP en un acto donde, en su opinión, "la soledad de Esperanza Aguirre" ha sido característica de esta jornada. "Cree el ladrón que todos son de su condición", ha respondido Aguirre a su adversario político a la vez que confesaba haberse sentido "en todo momento respaldada" por los diputados, senadores, miembros del grupo parlamentario popular que han asistido hoy a la recepción de Sol y, sobre todo, por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y por Soraya Saénz de Santamaría, que si le han acompañado en este día.

En cuanto a la ausencia del presidente del PP, Mariano Rajoy, que acudió el año pasado a estos festejos oficiales, Aguirre ha informado de que se encontraba en una boda en Bilbao y que hace tres días le informó de que le era imposible acudir hoy a la recepción. Sin embargo, ha destacado que Rajoy haya "mandado a la persona más relevante en Madrid", la portavoz del grupo parlamentario del PP y ha añadido que "a lo mejor el que se siente solo es Tomás Gómez", para dar por zanjada esta cuestión.

(www.elperiodico.com, 03/05/10)

20. COMUNIDAD DE MADRID. EL FISCAL ENVÍA A ANTICORRUPCIÓN LA PUBLICIDAD FANTASMA DE AGUIRRE

La fiscalía ha remitido a Anticorrupción el expediente sobre la publicidad fantasma pagada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid que le entregó el pasado 22 de abril Reyes Montiel, diputada de IU en la Asamblea.

Montiel se personó en la fiscalía instando a investigar varios contratos del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), adscrita a Economía y Hacienda, que en 2006 pagó 4,55 millones de euros a empresas coordinadas con la trama Gürtel por campañas publicitarias de las que no existe rastro.

La diputada entregó el contrato suscrito por el Imade con la empresa MQM para la campaña Made in Madrid, incluyendo la modificación pactada a las puertas de las elecciones de 2007 que exoneró a la empresa de más del 80% de los compromisos adquiridos sin rebaja en el precio.

La fiscalía ha remitido una carta a Montiel en la que le informa de que "su denuncia y la documentación que la acompaña han sido remitidas a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, por cuanto el contenido de la misma pudiera tener conexión con otro procedimiento, competencia de dicha Fiscalía".

Según el sumario del caso Gürtel, que instruye el juez Antonio Pedreira, las tres empresas se coordinaban con la trama: MQM recibió 1,25 millones por Made in Madrid y el año siguiente abonó 409.000 euros a la Gürtel. Over Marketing y Comunicación, que obtuvo dos millones por El Motor de nuestro desarrollo, ejercía presuntamente de intermediario para que la trama pudiera acceder a concursos. Y Swat SL, que obtuvo 1,3 millones por consultoría decidió las adjudicaciones de la publicidad fantasma dirigió una adjudicación troceada en el Ayuntamiento de Majadahonda.

(www.publico.es, 05/05/10)

21. COMUNIDAD DE MADRID. EL GRUPO POPULAR PROTEGE CON SU VOTO A LOS TRES DIPUTADOS DEL GÜRTEL

El texto no los menciona, pero el objeto de la proposición de ley que presentó el grupo socialista en la Asamblea de Madrid estaba destinado a restar beneficios como diputados a los tres imputados en el Gürtel: el ex consejero Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosch. El objeto era reformar el Reglamento de la Cámara, de forma que, entre otras novedades, se pudiera perder el escaño por vulnerar el mandato recibido en las urnas.

Pero con su voto en contra el grupo popular, una vez más, demostró que está más interesado en proteger a los imputados del Gürtel -dos de ellos votaron siguiendo la disciplina marcada por el PP- que en facilitar que dejen de beneficiarse de su escaño, con un sueldo que ronda los 4.000 euros mensuales, pese a que su única obligación es asistir a tres plenos al mes (y acuden una media de 10 minutos cada día).

Tanto el portavoz adjunto socialista, José Manuel Franco, como el diputado de IU Antero Ruiz, defendieron dar luz verde a la tramitación de esta ley. "La sociedad no va a permitir más hipocresía de este tipo, algo habrá que hacer para que no vuelva a suceder", afirmó el primero, que vaticinó ya en su intervención el voto en contra del PP. "Van a impedirlo porque tienen oscuros intereses que ocultar", espetó al grupo popular.

Ruiz recalcó que mantener "el affaire de tres diputados que ni oyen, ni ven, ni hablan, pero cobran de todos nosotros" supondrá el "estruendoso fracaso de esta Cámara en esta legislatura". Pero sobre todo la votación, que sólo suponía aceptar debatir el texto legal, ponía de manifiesto, como dijo Franco, si la presidenta, Esperanza Aguirre -que a esa hora ya no estaba en el hemiciclo-, "tiene la voluntad de expulsar o suspender de derechos a estos diputados o sus palabras son un brindis al sol". Y se demostró que no hay tal voluntad.

El voto en contra lo anunció el portavoz popular adjunto, Pedro Muñoz Abrines, que reprochó a los diputados socialistas que presentaran la ley "como arma arrojadiza al PP". Se materializó en 63 noes frente a 48 síes. En los primeros estaba el voto de los imputados. Dos de ellos, Bosch y Martín, siguieron la sesión sin el menor signo de vergüenza en sus rostros.

(www.elpais.com, 07/05/10)

22. COMUNIDAD DE MADRID. LA COMUNIDAD IMPIDE A DOS DIPUTADOS DEL PSM EJERCER SU LABOR

Más de un año lleva el diputado socialista José Cepeda intentando consultar los expedientes por los que se adjudicaron en 2009 las concesiones de la televisión digital terrestre local y de 21 emisoras de radio en FM, que fueron polémicas porque pusieron la mayoría de los nuevos medios regionales en manos de empresas afines al Gobierno de Esperanza Aguirre.

Después de un largo proceso de peticiones oficiales, Cepeda tenía cita en la Real Casa de Correos, la sede del Ejecutivo autonómico, para poder examinarlos. Pero se le impidió la entrada porque acudió acompañado de otra compañera de escaño, Livia Castillo. El personal que recibió a Cepeda argumentó que podía acceder junto a otra persona, pero no una parlamentaria. El lunes volverán a intentarlo.

El calvario burocrático comenzó en abril de 2009. Entonces, la Asamblea de Madrid dio luz verde a la petición para acceder a los expedientes. El Gobierno regional está obligado, según el Reglamento de la Cámara (artículo 18), a facilitar a los diputados de la oposición toda la documentación que requieran para ejercer su labor en un plazo no superior a 30 días. Pero el tiempo pasó.

En la Asamblea continuó un baile de documentos: peticiones de amparo a la presidenta de la Asamblea, Elvira Rodríguez; acuerdos de la Mesa de la Cámara insistiendo al Gobierno regional en que debía presentar la documentación... Hasta que, por fin, el pasado 1 de marzo, la Asamblea permitió al Ejecutivo acogerse al artículo 18.3 del Reglamento, que permite que sea el diputado el que se desplace hasta el edificio de la Administración regional donde se guarda la documentación. Se hace por el volumen del expediente, que impide supuestamente que se le envíe al parlamentario. Entre otras cosas, porque en pleno 2010 la Administración regional funciona en soporte de papel.

Cepeda creyó ver la luz el 4 de marzo. Ese día recibió una comunicación que le indicaba que se pusiera en contacto con Vicepresidencia -el área del que dependen los expedientes solicitados- y le facilitaba un número de contacto. Pero en él, la asesora parlamentaria de dicha consejería se limitó a solicitarle que esperara a que le comunicaran día y hora.

Pasó más tiempo. Cumplido un año de su petición, el diputado decidió plantar batalla. Y comenzó a enviar un fax diario a la asesora, solicitándole una fecha. Pasaron dos semanas. Recibió incluso una llamada de la consejería en la que se le pedía que no utilizara más ese número, porque "bloqueaba el fax", recuerda Cepeda. Le dieron otro. Insistió. Hasta que, por fin, la semana pasada, logró una cita. Y se presentó a la hora establecida: el mediodía. Iba acompañado de otra diputada. Les impidieron el paso.

Cepeda esgrimió el Reglamento, que indica que el diputado que acude a consultar un expediente "podrá actuar a tales efectos acompañado de personas que le asistan". Por tanto, tiene derecho a elegirlas. No hubo manera. "Por lo visto, no es una persona, es diputada", ironizaba el parlamentario, que explica que, según los propios funcionarios, los expedientes que debe consultar ocupan medio millón de folios. "Me han dicho que están en treinta y tantas cajas", asegura. Como los parlamentarios no estaban dispuestos a marcharse sin una justificación por escrito lograron, tras esperar dos horas, que los recibieran. "Ya eran las dos de la tarde, los funcionarios se iban... y, al final, nos han dicho que volvamos el lunes", explica Cepeda. "Nos parece intolerable que, después de estar más de un año solicitando este expediente, se nos impida por una interpretación ridícula del artículo 18.3".

El diputado sostiene que las trabas se deben a la intención de ocultar cómo se adjudicaron las concesiones. "Esperanza Aguirre ha establecido un modelo de control estricto de los medios, que ha generalizado en ellos el viejo estilo Alcázar", asegura.

Una portavoz de la Comunidad de Madrid explicó que cada diputado que pide consultar el expediente debe pedir el permiso de la Mesa de la Asamblea. "No es una decisión del grupo parlamentario", justificó. "Se entiende que cuando el Reglamento de la Asamblea habla de personas se refiere al personal de apoyo al diputado". Por tanto, agregó, Livia Castillo debía iniciar el proceso de nuevo para poder ver el expediente.

Preguntada sobre la base jurídica de esta interpretación, la portavoz admitió que se trata de la manera de actuar del Gobierno regional, pero que no se basa en una resolución de la Mesa de la Asamblea o similar. También recordó que el lunes los diputados podrán acceder a los documentos. La misma promesa que estos esperan desde abril de 2009.

(www.elpais.com, 01/05/10)

23. COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS: "CUANDO UNO SE EQUIVOCA, PIDE PERDÓN"

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, aseguró que "cuando uno se equivoca, pide perdón", ya que "enriquece a la gente", unas palabras que pronunció a raíz del último enfrentamiento mantenido con el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, con motivo del cruce de acusaciones por el supuesto espionaje de miembros del Partido Popular en Madrid. Cobo señaló el jueves que "no hacen falta más pruebas" de que se produjo un espionaje y se preguntó por qué desde la Comunidad de Madrid se "quiere negar la evidencia".

El consejero se reafirmó en sus palabras del jueves, en las que advirtió a Cobo de que le llevaría a los tribunales. "En el ejercicio de sus necesidades y competencias [el vicealcalde] tiene que dedicarse a trabajar y no realizar manifestaciones que perjudican a la buena imagen del partido, que le resten opciones y le aparten de su objetivo de ganar las próximas elecciones", sostuvo.

Granados recordó que hace más de un año pidió perdón públicamente a Cobo por haberle llamado en tono despectivo "afiliado de base". "Cometí un error, le pedí perdón y ahora tengo la conciencia tranquila", aseguró el consejero, quien insistió en que él se disculpó públicamente. Indicó que siempre ha mantenido "una buena relación" con Cobo y lamentó que ya no sea así.

A preguntas sobre si llevará al vicealcalde ante el Comité de Derechos y Garantías por sus palabras del jueves, el consejero respondió que no y que su intención es dedicarse a que "el Partido Popular gane las próximas elecciones", algo que, a su juicio, debería hacer el resto de miembros del partido.

(www.elpais.com, 01/05/10)

24. COMUNIDAD DE MADRID. COBO RETA A GRANADOS PARA QUE HABLE DEL ESPIONAJE

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, se dirigió a través de los medios a Francisco Granados, consejero de Presidencia, Interior y Justicia, para pedirle que sea coherente en sus declaraciones públicas y privadas sobre el espionaje del que fue objeto y que realizaron presuntamente tres ex guardias civiles a cargo del Ejecutivo regional.

"Me gustaría que todos dijéramos lo mismo sobre este asunto en público y en privado. Y aquellos que dicen cosa distinta querría que rectificaran y que autorizaran a quienes han sido receptores de información a que las hagan públicas", afirmó Cobo en clara alusión a Granados, que ante los micrófonos niega taxativamente los seguimientos.

El vicealcalde respondió también a Esperanza Aguirre, que el pasado domingo comentó que aún no había recibido las disculpas de Cobo por la entrevista que concedió a este periódico y por la que está suspendido de militancia. "No sé concretamente por qué parte de las declaraciones hay algún motivo para pedir perdón. Si es por donde manifesté que existió un espionaje [que Cobo calificó de "gestapillo"], de momento ya hay varios imputados. Si hablamos de cuál era mi consideración a lo que se hacía con Rodrigo Rato [consideró la gestión para elegir al presidente de Caja Madrid de "vómito"] tampoco hay motivo para pedir perdón. Bastante hago que no he comentado qué se preguntó sobre Rodrigo Rato con un micrófono abierto", dijo Cobo para referirse al día en que Esperanza Aguirre además de alegrarse de haberle dado un puesto a Izquierda Unida en lugar de al "hijoputa", le preguntó a su vicepresidente, Ignacio González: "¿Qué armas tenemos contra él?", refiriéndose supuestamente a Rato.

(www.elpais.com, 07/05/10)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL JUEZ PIDE IDENTIFICAR A 17 CARGOS DEL CONSELL QUE CONTRATARON CON LA TRAMA GÜRTEL

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, requerirá a la Generalitat para que le informe sobre la identidad de los responsables de 17 departamentos de esta Administración que contrataron con empresas de la trama. Así lo informaron fuentes jurídicas, que señalaron que Pedreira dirigirá su requerimiento a la Abogada General de la Generalitat a instancias de la Fiscalía tras recibir un informe pericial que concluye que el Gobierno valenciano vulneró en repetidas ocasiones "la normativa reguladora de la contratación pública" mediante el fraccionamiento de contratos.

El instructor del caso quiere saber quiénes eran los máximos responsables -consejero, presidente, director, etc.- de los "centros de gestión" de un total de 17 departamentos entre los años 2004 y 2009, así como cuál es el cargo que desempeñan actualmente.

Entre los organismos afectados por el requerimiento figuran Presidencia de la Generalitat, Vicepresidencia y las Consellerias de Justicia, Territorio y Vivienda, Infraestructuras y Transporte, Turismo, Cultura, Educación y Deportes, Bienestar Social, y Sanidad. También deberán ser identificados los gestores de la Agencia Valenciana de Turismo, del Instituto Valenciano de Evaluación, de la Agencia Valenciana de Salud, de Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), de la Fundación La Luz de las Imágenes, del Proyecto Cultural de Castellón y de Seguridad y Promoción Industrial Valencia (Sepiva).

La última de las entidades por cuyo responsable se interesa el juez es la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana.

Según el informe de la Unidad de Auxilio Judicial y que ha dado origen a la petición de la Fiscalía y al requerimiento del juez, estos organismos tramitaron con las sociedades de la red Gürtel 85 expedientes -de los que 76 correspondieron a contratos menores por razón de cuantía, por lo que se adjudicaron directamente- por un total de 7.25.062,46 euros.

Orange Market, la sociedad dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, considerado el responsable en Valencia de la trama de corrupción ligada a cargos del PP presuntamente dirigida por Francisco Correa, fue la empresa proveedora de servicios en 45 de esos expedientes, por un montante de 6.829.079,16 euros. Otras ocho empresas presuntamente vinculadas con la trama resultaron adjudicatarias del resto de los expedientes: Special Events (13 expedientes, por importe de 145.980,70 euros), Diseño Asimétrico (8 expedientes, 85.970 euros), Down Town Consulting, Good & Better, Servimadrid, Technology Consulting Management, Boomerangdrive y Rialgreen.

Según el informe, muchos expedientes se tramitaron como contratos menores por razón de cuantía a pesar de que en la mayoría de los casos el objeto del contrato "consistía en la realización de un único acto", lo que supone una vulneración "de los principios de publicidad y concurrencia recogidos en la normativa reguladora de la contratación pública".

(www.levante-emv.com, 01/05/10)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL PP CIERRA FILAS EN TORNO A CAMPS Y LE DA "TODO EL APOYO

El Partido Popular mantiene "todo su apoyo" a Francisco Camps pese a toda la corrupción que rodea al president de la Generalitat valenciana en torno al caso Gürtel. Por esta razón, María Dolores de Cospedal, secretaria general de los conservadores, ha querido dejar claro que para el PP, Camps sigue siendo "el mejor candidato" para gobernar la Comunidad Valenciana.

Pero no ha sido la única declaración a su favor. También han defendido al president Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, y el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas. Además, para evitar posibles suspicacias -por el hecho insólito de que esta mañana haya habido un bombardeo de declaraciones en defensa de Camps- Barberá se ha apresurado a explicar. La alcaldesa insistió en que no se ha reunido con ningún dirigente de su partido "ni personal ni presencial ni telefónicamente porque en mi partido el tema que se refiere a relevar al señor Camps no existe, no está planteado". "No hay nada", añadió.Desde Génova, el apoyo ha sido manifiesto. Cospedal ha recordado que Camps "no está imputado por nada" en la trama Gürtel, pese a aparecer varias veces en el sumario relacionado con los cabecillas de la misma. La secretaria general ha pedido que se le respete el derecho a la presunción de inocencia, negando también la posible financiación ilegal del PP valenciano. 

La conservadora asegura que su partido ha dado "muchas y cumplidas explicaciones" sobre la trama Gürtel y su relación con el PP, aparecida en los medios "sin cotejo ni documento oficial" en palabras de Cospedal. Para la secretaria general del PP, estas posibles implicaciones "luego no se han demostrado".

"El mejor candidato"

El cerco judicial a Camps y su Gobierno y su posible imputación el próximo 12 de mayo ha puesto nervioso a los conservadores. La alcaldesa de Valencia ha querido rechazar de plano el posible relevo de Camps como presidente de la Generalitat si finalmente resulta imputado. Se limitó a aseverar que Camps "va a ser el mejor candidato".

Por su parte, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, también ha querido dejar claro que Camps cuenta con "todo el respaldo del Partido Popular y de toda la dirección nacional sin ningún tipo de excepción". "Nunca se han planteado análisis que condujeran a hipótesis distintas de la candidatura de Camps en las próximas elecciones autonómicas".

(www.publico.es, 03/05/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LAS CAUSAS CONTRA CAMPS Y SU GOBIERNO

- Los trajes regalados. El próximo 12 de mayo, el Tribunal Supremo decidirá si el presidente valenciano Francisco Camps tiene que ser juzgado por un supuesto delito de cohecho impropio junto a otros cargos y ex altos cargos del Gobierno valenciano. Álvaro Pérez, El Bigotes, máximo responsable de Orange Market, regaló trajes por casi 30.000 euros a Camps y otros tres miembros del Gobierno valenciano durante distintas épocas del año. Orange Market recibió decenas de contratos a dedo de distintos departamentos del Gobierno valenciano. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por dos votos a uno, decidió que los regalos no estaban vinculados con la adjudicación de contratos, por lo que descartó que se tratase de cohecho impropio. El fiscal recurrió la decisión ante el Supremo.

- Financiación ilegal. Un informe policial basado en la documentación oficial incautada en la sede de Orange Market y en la intervención de las comunicaciones telefónicas de Álvaro Pérez apunta a la existencia de una trama organizada para la financiación ilegal del PP valenciano. Durante años, diversas empresas adjudicatarias de contratos en la administración regional valenciana financiaron actos electorales del PP valenciano haciéndolos pasar por servicios contratados a Orange Market. El juez Antonio Pedreira, del TSJ de Madrid, ha pedido informes sobre esta supuesta irregularidad.

- Contratos amañados. El análisis de los contratos adjudicados por el Gobierno de Francisco Camps a nueve empresas de la trama corrupta acredita numerosas irregularidades, hasta el punto de que el juez Antonio Pedreira ha solicitado los nombres de los máximos responsables de los departamentos que, sin concurso, adjudicaron contratos a dedo a las empresas de la trama corrupta. Las distintas consejerías llegaron a invitar a tres empresas para un determinado servicio. Y las tres invitadas resultaron pertenecer al mismo grupo empresarial, el de Francisco Correa. Los peritos judiciales sostienen que se vulneraron los principios de libre concurrencia que deben presidir todos los contratos públicos.

- El negocio de la visita del Papa. Un patronato formado por la Iglesia, la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación Provincial adjudicó la exclusiva de la retransmisión de la visita del Papa a Valencia a Canal Nou, la cadena autonómica de televisión. A su vez, la televisión pública valenciana decidió adjudicar los trabajos de sonorización e instalación de pantallas de televisión por el recorrido a una empresa constructora leonesa, Teconsa, sin ninguna experiencia en ese tipo de tareas. La investigación judicial descubrió en uno de los pisos que utilizaba la trama corrupta las tripas de esta operación que dejaron a Teconsa un beneficio de tres millones de euros y a la red de Francisco Correa unas comisiones de al menos un millón de euros.

(www.elpais.com, 03/05/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. 19 MILLONES SIN CONTRATO PARA UNA FIRMA SOSPECHOSA DE FINANCIAR AL PP

Una de las empresas a las que la policía ha atribuido la financiación ilegal del PP, durante la investigación del caso Gürtel, ha facturado al Ayuntamiento de Castellón más de 19 millones de euros en reconocimientos extrajudiciales durante los últimos siete años.

La empresa Piaf, que tiene suscrito un contrato por un total de 820.000 euros con el Ayuntamiento de Castellón para el mantenimiento de los edificios municipales, facturó el montante por servicios y obras realizados al margen de los contratos, sin que hubiera una consignación presupuestaria para ello, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado. La figura del reconocimiento extrajudicial de deuda está incluida en la ley pero se reserva a casos excepcionales y urgentes. Sin embargo, en el caso del Ayuntamiento de Castellón, gobernado por el PP, el procedimiento se ha convertido en usual y, de hecho, Piaf ha facturado servicios al margen de sus contratos a lo largo de más de una década.

Las facturas remitidas por Piaf -empresa de construcción, inmobiliaria y de mantenimiento- al consistorio son parte de la documentación analizada en la comisión de investigación creada a raíz del caso Gürtel y después de saberse que tres de las cinco empresas que aparecían como supuestas financiadoras del PP (Lubasa, Facsa, Piaf, Sedesa y Ortiz) son concesionarias y/o adjudicatarias del Ayuntamiento de la capital de La Plana.

La documentación analizada refleja cómo Piaf ha presentado facturas, al margen de los contratos, por más de 19 millones de euros. Sólo en 2009, los servicios facturados bordean los siete millones de euros, mientras que en 2008 reclamó al Ayuntamiento 4,3 millones por trabajos realizados más allá de lo estipulado.

La oposición en el Ayuntamiento, formada por el PSPV y el Bloc, ha pedido al PP, en innumerables ocasiones, que revise los contratos para ajustarlos a los gastos que posteriormente se producen. Sin embargo, no sólo no se han modificado sino que, en algunos casos, se han prorrogado.

En el sumario del caso Gürtel Piaf aparece como una de las empresas que, según la policía, "prestan servicios y realizan obras para las administraciones públicas obtenidos como contraprestación a los favores realizados a la formación política, concretados en el pago de actos políticos". Además, es una de las mercantiles sobre las que se realiza un cambio en el destinatario de una factura emitida por Orange Market que "pasa del PPCV a Piaf".La comisión de investigación abierta hace seis meses en el Ayuntamiento de Castellón se dio por concluida una vez aportados los contratos y las facturas remitidas por las tres empresas castellonenses, Lubasa, Facsa y Piaf, que aparecen en la documentación de la trama Gürtel como supuestas financiadoras del PP.

Entre las comparecencias solicitadas figuraban las de los representantes de las tres empresas investigadas que, finalmente, respondieron por escrito a las cuestiones planteadas por el PP. En éstas se pedía que respondieran si, entre 2003 y 2009, recibieron indicaciones de aportar dinero al PP "a cambio" de obras o servicios, si durante este tiempo dieron alguna instrucción para realizar dichas aportaciones al PP y, en cualquier caso, si se llegaron a hacer.

Los responsables de las tres empresas contestaron negativamente a las tres cuestiones pero, tras el levantamiento del secreto del sumario instruido por el juez Antonio Pedreira, en el que se incluyen los documentos de la contabilidad de la trama de empresas de Correa en las que aparecen las tres empresas, el Grupo Socialista municipal consideró conveniente insistir en la pregunta y en incidir en si, tras las revelaciones, se mantenían en su negativa.

Las tres mercantiles, al igual que las otras dos empresas a las que se les atribuyen las mismas prácticas, Ortiz y Sedesa, están pendientes de la solicitud formulada por la Fiscalía Anticorrupción que, tras la investigación realizada por la brigada policial especializada en delitos económicos y blanqueo de capitales, ha instado al juez instructor a que cite a declarar, en calidad de imputados, a los representantes de las cinco sociedades.

(www.levante-emv.com, 03/05/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL PP RECURRE EL AUTO DE PEDREIRA PARA PROTEGER A CAMPS

El PP va a intentarlo todo para evitar la quema de Francisco Camps. La posibilidad de que un presidente autonómico de una región clave caiga por corrupción es una pesadilla para Mariano Rajoy. Por eso, además de presionar al Tribunal Supremo con todos los medios a su alcance para evitar que el día 12 de mayo mande a Camps a juicio, el PP lanzó una nueva estrategia que es incluso dudosa desde el punto de vista procesal. Federico Trillo, responsable de la estrategia judicial del PP, aprovechó que su partido está personado en el caso Gürtel como acusación particular para presentar un recurso que pide "suspender cautelarmente" la providencia del juez Pedreira del pasado 29 de abril. En ella pedía a la Generalitat que le informe de los nombres de los altos cargos del Gobierno de Camps que ordenaron contratar con la red mafiosa que dirigían Francisco Correa en Madrid y Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia.

El PP busca así proteger a toda costa a Camps, que apoyó a Rajoy en los momentos de mayor dificultad, tras la derrota de 2008. Pero se supone que el PP está en el caso como afectado porque los corruptos se aprovecharon del partido -de ahí la figura de la acusación popular- y no como defensor de nadie.

Según fuentes jurídicas, el escrito del PP se corresponde con un "escrito de defensa", no de acusación, lo que viene a dar la razón al ministerio fiscal cuando en su día dijo que el PP no podía personarse en el caso Gürtel. "En derecho procesal no existe esa figura de dejar en suspenso una diligencia acordada por un juez, salvo por imposibilidad de comparecencia de un imputado o un testigo. Y menos pedir que no se practique una diligencia de prueba, cuando a la acusación lo que le interesa es que se practique. Esa posición del PP es un fraude procesal y, por tanto, el fiscal debería pedir que no se admita ese escrito y se devuelva".

Mientras, el juez Pedreira comunicó a través de una nota de prensa que "resolverá en breve" este recurso. La providencia, instada por la Fiscalía Anticorrupción, tiene relación con un reciente informe pericial que ve graves irregularidades y amaños en contratas que adjudicó el Gobierno de Camps con la red Gürtel. El informe revela que se troceaban contratas que recaían en las sociedades de la trama para evitar sacarlas a concurso y eludir así la Ley de Contratos del Estado.

En esa providencia, el instructor pregunta quiénes eran los máximos responsables de los "centros de gestión" de un total de 17 departamentos de la Generalitat entre los años 2004 y 2009. Respecto a esta providencia, tan criticada por el PP y recurrida por este partido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quiso hacer la siguiente matización: "El requerimiento de información efectuado a la Abogacía General de la Generalitat valenciana, solicitado por el Ministerio Fiscal, tiene, como ya se refirió en su momento, carácter informativo, y no significa prejuzgar sobre responsabilidad penal alguna" de los afectados.

El PP insiste así en proteger a Francisco Camps, aunque sólo hasta ver qué sucede el 12 de mayo en el Tribunal Supremo. Si los jueces deciden mandar a juicio a Camps por el caso de los trajes, como pide la fiscalía, reclamó el juez instructor José Flors y apoyó el juez Montero con un voto particular, el Partido Popular asume que habrá que tomar decisiones.

(www.elpais.com, 04/05/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LA SINDICATURA REVELA LAS IRREGULARIDADES DE CAMPS

La Sindicatura de Comptes es el último muro de contención que utilizó Francisco Camps para defender su política de contrataciones de la marea negra de la Gürtel. se desmoronó. El portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, Ángel Luna, esgrimió en una rueda de prensa varios informes de esta entidad en los que reprende a la Generalitat por contratar de manera irregular a empresas de la trama.

En 2008, la Sindicatura reconoció 1.702 contratos, de los que estudió 45 y detectó incidencias en 43, de las cuales 30 las calificó como "relevantes". Además, advirtió que el Gobierno de Camps le había ocultado al menos 27 expedientes. Unas cifras que, expuestas en su conjunto, "son graves" y representan "una banalización de las irregularidades", señaló Luna, quien comparó los informes de la Sindicatura con el del la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dio a conocer el pasado jueves y que desvela 7,2 millones en 85 adjudicaciones de la Generalitat a nueve empresas de Correa, entre ellas Orange Market, la mayor beneficiada y sucursal de la Gürtel en Valencia.

Orange Market, en el 2005, cobró 119.500 euros por un documental sobre los contenedores de reciclaje que nunca editó. El contrato lo firmó con Vaersa, dependiente de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Fue la primera adjudicación a la Gürtel y, al igual que la Unidad de Auxilio Judicial, la Sindicatura señala que nunca debería haberse contratado a esta empresa.

"Se produce insuficiencia en la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia" y otras irregularidades, indica. Lo mismo sucede con Fitur 2005, cuyo stand la Generalitat encargó a Orange Market. "La fórmula para ponderar la proposición económica no se adecúa a los principios constitucionales de eficiencia y economía", le reprocha la Sindicatura. Luna también recordó que la Generalitat, entre 2004 y 2008, troceó 76 contratos para poder adjudicar a dedo a empresas de la trama "y burlar a la Sindicatura", que no puede fiscalizar expedientes por debajo de los 12.000 euros.

Por ello, y "ante la negativa del Consell a mostrar los contratos públicos, ¿cuántos Gürtel podrían estar durmiendo en los cajones de las consejerías desde que llegó Camps?", se preguntó Luna, que avanzó que pedirán al juez Pedreira que solicite a la Generalitat "los contratos analizados por la Sindicatura relacionados con la trama".

Camps recibió el espaldarazo de nuevos dirigentes de su partido, movilizado desde que se especuló con su salida si el Supremo lo imputa. Su sustituta sería la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Un asunto que el vicepresidente del Consell, Vicent Rambla, calificó como "debate artificial porque Camps es el mejor candidato".

(www.publico.es, 05/05/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LA TRAMA GÜRTEL SE LLEVÓ LA MITAD DE LO QUE GASTÓ CANAL 9 EN LA VISITA DEL PAPA

La empresa pública Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) gastó 414.887 euros en pagar servicios extra que ya había contratado con la trama de corrupción del caso Gürtel a través de la empresa Teconsa para los actos de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Canal 9 adjudicó más de 14,5 millones de euros para cubrir ese acontecimiento sin que mediara concurso, bien por el procedimiento negociado sin publicidad, bien directamente a dedo. Más de la mitad fueron para la sonorización e instalación de pantallas gigantes, que se llevó Teconsa, en funciones de empresa tapadera, por 7,5 millones, un contrato del que la trama que dirigía Francisco Correa sacó más de un millón en comisiones ilegales.

El sumario que instruye el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, permite reconstruir las irregularidades cometidas por la cadena pública, que dirigía Pedro García, íntimo amigo de Álvaro Pérez, a su vez cabeza visible de la trama en Valencia. Unas irregularidades que esgrimió en las Cortes, en la sesión de control al presidente valenciano, Francisco Camps, el portavoz de los socialistas, Ángel Luna. "¿Cuántos chanchullos hay debajo de estas contrataciones?", se preguntó Luna, que insinuó que la trama de Correa no fue la única que se aprovechó del acontecimiento. "Gürtel no tenía el monopolio".

Para apoyar esta sospecha, el diputado socialista reveló que, entre las 289 facturas de proveedores aportadas por RTVV al sumario, hay 50 de una misma empresa, encargada de la instalación de andamios. De esas facturas, 38 son por el mismo importe, 1.392 euros, y dos superan los 40.000 euros. Según Luna, eso abunda en la práctica del fraccionamiento de contratos para no convocar concursos.

El contrato más suculento, el de la sonorización y pantallas, del que se benefició la trama, supuso un gasto extra para Canal 9 de 414.887 euros. El pliego de condiciones incluía contratar un seguro, pero la seguridad de las pantallas costó a RTVV 241.884 euros. Una empresa fue contratada para poner en marcha las pantallas por 98.775 euros. Canal 9 tuvo que destinar 20.416 euros a instalar transmisores en la zona para poder recibir la señal y colocó grupos electrógenos para alimentar las pantallas por otros 53.812 euros.

(www.elpais.com, 07/05/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP RECHAZA PARA EL CONSELL LA REDUCCIÓN DEL 25% DE CARGOS Y ASESORES QUE RAJOY EXIGIÓ A ZAPATERO

El PP hizo bueno el dicho de que una cosa es predicar y la otra dar trigo. El grupo mayoritario tumbó en el pleno de las Corts una propuesta de Compromís que reclamaba al Consell, para dar "ejemplo" a los ciudadanos en momentos de crisis, la reducción de al menos un 25% de los altos cargos y asesores. La iniciativa es copia literal de una presentada en el Congreso por la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría. Hasta la exposición de motivos sigue el guión de la receta de austeridad que exigió Rajoy a Zapatero, incluso mucho más dulcificada, ya que se han evitado los juicios de valor que en las Corts llevan al PP a vetar la tramitación de propuestas y que, sin embargo, en las Cortes Generales pueden debatirse, pese a incluir frases del tipo "el Gobierno más caro de la democracia" o "la vicepresidencia 'honoris causa' para dar una salida" a Chaves.

Los populares endosaron la iniciativa a la ex consellera zaplanista Alicia de Miguel, quien lo tenía difícil, sobre todo cuando en la réplica el diputado de Compromís, Enric Morera, la sorprendió advirtiéndole de que iban a votar contra una iniciativa del PP. De Miguel había ironizado antes sobre la pretensión de Morera de "quitar y poner conselleries", una prerrogativa del presidente, y Morera se la devolvió: "Como el PP pone ministerios, yo pongo conselleries".

De Miguel alegó que los altos cargos y asesores "suponen el 0,20% del gasto de personal del Gobierno", frente al "0,14% de la Generalitat", y que los asesores de Moncloa son "cerca de mil". Y remató aseverando que el problema de la izquierda "no hay Gürtel que lo remedie". El líder del Bloc no perdió ocasión de recordar que la propuesta se aprobó en el Congreso con el voto de la izquierda y el no del PSOE, "que aquí lo ha apoyado". "Me parece bien", apostilló, para admitir que al menos en Madrid han hecho una "pequeña reducción de cargos que ha supuesto 16 millones". El socialista Manuel Mata destacó que Lerma se fue dejando 50 altos cargos, cifra que Zaplana elevó a 90 y que con Camps se ha disparado a 300. "Camps ha triplicado altos cargos, deuda y paro", dijo. Lluís Torró (EU) enfatizó que la austeridad "es una cuestión de principios".

(www.levante-emv.com, 06/05/10)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. VALENCIA GASTA 16 MILLONES EN COMPRAR CASAS PARA DERRIBAR EN EL CABANYAL

Fue una declaración pública pero sonó a amenaza. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acusa al Gobierno de echar por tierra con su orden las inversiones hechas por el Ayuntamiento desde la aprobación del PEPRI de El Cabanyal en 2001 y amenaza con desviar los 60 millones de euros de inversión previstos en el barrio para dotaciones públicas, a la compra de casas -para su posterior derribo- en las manzanas donde está prevista la prolongación de Blasco Ibáñez.

Los detractores de la política de Barberá -vecinos contrarios a la prolongación y el partido de los socialistas valencianos- ponen en solfa este celo por el barrio al que alude la alcaldesa cada dos por tres. ¿Qué ha invertido el consistorio en El Cabanyal desde que se aprobó el PEPRI? Y más importante ¿En qué?

El consistorio asegura que lleva invertido en el barrio un tercio del plan -presupuestado en 300 millones de euros-. Es decir, unos 52 millones ya gastados y 60 millones por ejecutar, los del Plan Confianza de la Generalitat. La alcaldesa mete en este saco el nuevo aparcamiento de Martí Grajales, la biblioteca de la Casa de la Reina, el Teatro del Musical o la urbanización de varias calles del Cabanyal-Canyamelar. Incluso la inversión en el Casinet, todavía pendiente. La oposición objeta que muchas de estas inversiones son anteriores a la aprobación del PEPRI en 2001 y no deben contabilizarse como tal.

Un cálculo elaborado por el Grupo Socialista municipal sobre la inversión per cápita destinada por el consistorio durante el periodo de 2002 -primer año de vigencia del PEPRI- a 2010 a los barrios de Valencia, colocan al Cabanyal como octavo barrio en recepción de inversiones municipales per cápita, por detrás de El Mercat, Pla del Remei, La Seu, Mestalla, El Saler, El Grao o Campanar. El gasto aproximado es de 1.224 euros por habitante en ocho años frente a los 6.714 euros empleados en El Mercat.

"Barberá ha dedicado más esfuerzo económico a comprar casas y derribarlas que a la rehabilitación", denuncia la plataforma Salvem El Cabanyal. Según un documento de Cabanyal 2010, sociedad de capital público encargada de ejecutar el PEPRI, ésta ha adquirido más de 400 viviendas en las zonas afectadas por la prolongación.

Este diario intentó sin éxito obtener del consistorio una cifra sobre el dinero gastado en compra de casas y derribos. "No lo sabemos", comentan los socialistas, "pero sólo en 2009, la sociedad municipal AUMSA dedicó casi cuatro millones de euros a la compra de inmuebles [en el barrio]". Cabanyal 2010 contó además ese mismo año con un presupuesto de 12,5 millones de euros para la adquisición de inmuebles en las zonas afectadas por la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez. Sólo en un año se destinaron a compras de casas para derribar alrededor de 16 millones de euros. Los vecinos se quejan de los bajos precios satisfechos por Cabanyal 2010. Estiman una media de 480 ó 500 euros por metro cuadrado. Precios que están por debajo de lo razonable; no lo dicen sólo los vecinos sino también el Jurado Provincial de Expropiación, que multiplicó por cuatro el precio que ofreció el consistorio por dos naves expropiadas en El Cabanyal.

Y si las compras de casas en la prolongación se han acelerado en los últimos tiempos, la rehabilitación de viviendas apenas se ha incentivado. Del convenio suscrito en 2007 entre el Ministerio de Vivienda, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, con 350 viviendas para restaurar y 4 millones de euros de presupuesto, al final sólo se han rehabilitado 147 del total por un importe de apenas 1,2 millones de euros, un 27% de los fondos previstos hasta 2010. "Apenas se promocionó el programa", asegura Vicent Gallart, vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar.

Desde la plataforma Salvem El Cabanyal han hecho también sus cálculos. Si los 165.016 metros cuadrados que se necesitan expropiar para hacer efectiva la prolongación se multiplicasen por los 1.250 euros el metro cuadrado construido -de acuerdo con tasaciones privadas en el barrio hechas en 2008-, con esos 200 millones de euros que salen, "se podría rehabilitar todo el barrio".

(www.elpais.com, 02/05/10)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FAMILIA DE COTINO COBRARÁ CERCA DE TRES MILLONES DE EUROS GRACIAS A UN EXTRAÑO ERROR DEL AYUNTAMIENTO

Un error administrativo del Ayuntamiento de Valencia saldrá muy caro a sus ciudadanos. La demora a la hora de pagar unos terrenos expropiados puede llevar a la familia de Juan Cotino, el vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana, a cobrar cerca de tres millones de euros en lugar de los 687.000 que le correspondían inicialmente. El edil socialista Juan Ferrer desea que no se trate de un error "deliberado, pues supondría la imputación de un delito", aunque añade que "los técnicos municipales siempre advierten de las demoras", por lo que en cualquier caso estaríamos ante "una negligencia inaceptable". Mientras, la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, se manifestaba recientemente en el Congreso reclamando más dinero para los municipios.

A la hora de reclamar una mejor financiación para los municipios, Barberá acusó al Gobierno de "desprecio" a los ciudadanos por no aprobar una nueva ley y de dar "un tremendo zarpazo a los ingresos municipales, sin importarles las graves consecuencias que esto conlleva para los servicios sociales y asistenciales que presta la administración local".

Ahora se ha sabido que errores de gestión en el consistorio de Barberá abultan absurdamente sus cuentas. Como ha informado Nueva Tribuna, el Ayuntamiento de Valencia se olvidó de pagar a tres familias cuyas parcelas habían sido expropiadas para levantar el Parque de la Cabecera, por lo que ahora los intereses de la deuda se han disparado.

La Justicia ha sentenciado a favor de una de las familias afectadas que cobrarán 1.401.599 euros en lugar de los 273.692 que les correspondían inicialmente. Otra de las parcelas expropiadas pertenece a la familia del vicepresidente Cotino, y al ser su tamaño el doble que la anterior, el digital calcula que en lugar de los 687.000 euros estipulados podrán reclamar por el mismo baremo una cantidad próxima a los tres millones.

El concejal socialista, Juan Ferrer, apunta que no quiere pensar "que el retraso ha sido deliberado, pues supondría la imputación de un delito". En cualquier caso, explica que "los técnicos municipales siempre advierten de las demoras", y que, en cualquier caso, se trata de "una negligencia inaceptable" que costará a los valencianos 1,13 millones. Esas tres familias a las que se les retrasaron los pagos, entre ellas las de Cotino, son las únicas que no cobraron de todos los expropiados.

Un caso similar de dejadez obligó al Ayuntamiento de Burgos a desembolsar cinco millones de euros por la demora a la hora de cerrar una gasolinera vinculada a su alcalde, el popular Juan Carlos Aparicio. Precisamente Aparicio aparecía este jueves en la contraportada de La Gaceta asegurando que "el nivel de endeudamiento" de los Ayuntamientos "es insoportable" y "nos tomas el pelo" desde el Gobierno ante la tardanza de una nueva ley de financiación.

(www.elplural.com, 07/05/10)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. LA DIRECTORA DE CANAL 9 DECLARA COMO TESTIGO EN EL 'CASO SANZ'

La directora de Canal 9, Lola Johnson, ha declarado esta mañana ante la juez que investiga el supuesto acoso sexual del ex secretario general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Vicente Sanz a tres periodistas que le han denunciado por ello. Johnson ha sido citada por la juez, como otras cinco personas del canal autonómico, entre ellas José López Jaraba, director general de RTVV. Sin embargo, por cuestiones de operatividad del juzgado, la magistrada ha aplazado para otro día la declaración de Jaraba.

Johnson ha comparecido durante algo más de una hora para aclarar si conocía o no el acoso sexual a las tres denunciantes y explicar cómo era el comportamiento habitual de Vicente Sanz.

Por su parte, López Jaraba tendrá que aclarar, entre otras cosas, cuándo supo de los hechos que ahora se investigan. Existe una clara contradicción. Las denunciantes han asegurado, amparándose en llamadas telefónicas y mensajes, que fue a finales de octubre cuando contactaron con él para solicitarle una reunión por "un tema de acoso de Vicente Sanz". Esa reunión nunca se produjo y ellas han relatado una sucesión de excusas por parte del director general del ente público. El tiempo fue pasando sin que recibieran una respuesta, por lo que el pasado19 febrero las tres víctimas finalmente interpusieron la denuncia, en la que acusan a Sanz de acosarlas desde 2007.

Jaraba reconoció inicialmente que supo del caso tres días antes de la denuncia. Después, en una comparecencia en las Cortes valencianas, admitió que conoció los hechos el 12 de febrero, no antes. Ante la juez será preguntado por el relato de las denunciantes, a las que comentó, como consta en la denuncia y posterior declaración ante la magistrada de las víctimas, que cuando se iba a presentar la denuncia no hizo caso porque creyó que las periodistas eran "espías de Sanz".

El ex secretario general del ente Vicente Sanz está imputado por un supuesto delito de acoso sexual. Declaró el mes pasado por este caso y la juez le impuso una orden de alejamiento de las víctimas. Jaraba le ha apartado provisionalmente de su cargo mientras se instruye la causa.

(www.elpais.com, 05/05/10)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. UN EDIL DEL PP DE XÀBIA PASA AL COBRO UN VIAJE CON SU FAMILIA

Los numerosos gastos del Ayuntamiento de Xàbia, además de superfluos en muchos casos, están rodeados de misterio. Una factura expedida a nombre de este consistorio demostraría que el concejal de Turismo, el popular Juan Moragues, viajó a una feria de Milán acompañado de su mujer, de su hijo, de una asesora y de una quinta persona, llamada Vicenta García, que en Xàbia nadie sabe quién es. Todo a cargo del Ayuntamiento. O al menos así lo asegura la factura. Porque en el último pleno, en el que debía aprobarse ese gasto, que ascendía a un total de 770 euros, Moragues puso cara de póker y, a pesar de lo que demostraban los papeles, aseguró que ni él ni sus familiares habían viajado a la capital lombarda.

Con sorpresa, el portavoz del PSPV, José Chulvi, le preguntó al edil del PP cómo era posible que pudiera negar su estancia en Milán cuando toda la documentación estaba a su nombre. Pero Moragues continuó insistiendo en que él no era el responsable de ese gasto, que a la ciudad italiana sólo habían viajado técnicos y que abriría una investigación en el departamento de Turismo para aclarar lo sucedido. Eso sí, el regidor popular anunció que si finalmente el Ayuntamiento debe hacer frente a esa deuda, la pagará de su bolsillo. Finalmente, la factura fue retirada del pleno.

En cambio, Moragues sí reconoció que había viajado a la feria de Utrecht acompañado de su mujer, cuyo desplazamiento también fue cargado a las arcas municipales. Moragues aseguró que esa práctica "es habitual en el Ayuntamiento de Xàbia".

(www.elpais.com, 03/05/10)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. MISLATA CONOCIÓ LOS DEFECTOS EN APARCAMIENTOS ANTES DE PAGAR

Los socialistas de Mislata distribuyeron un nuevo informe del arquitecto municipal, con fecha de julio del año pasado y diferente al que divulgaron el miércoles, que prueba que las deficiencias en los aparcamientos que construyó Lubasa en la localidad se detectaron antes de que la empresa y el consistorio liquidasen el contrato. El informe del miércoles, redactado hace pocos días, ya enseñaba los defectos en la construcción de los tres aparcamientos, pero no que se conocían desde antes de pagar a Lubasa. El PSOE critica por ello al gobierno local y asegura que "podría existir un pelotazo sin precedentes".

El consistorio, del PP, pagó a Lubasa sin quedar claro si las obras estaban bien ejecutadas, asunto que cuestionó la interventora municipal, Herminia Llop, a quien el alcalde suspendió y abrió un expediente hace dos semanas por "actuar mal". Ahora, con los informes del técnico, la versión de la interventora, que además de dudar de la definición de las obras apuntó un posible "enriquecimiento ilícito" de Lubasa, cobra fuerza y acorrala la argumentación del alcalde.

(www.elpais.com, 07/05/10)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. EL LÍDER DEL PP DE TEULADA NO DETIENE UNA OBRA PARALIZADA

Una promotora administrada por el presidente del PP de Teulada, Juan Vicente Oller, quien es a su vez cuñado del actual alcalde del municipio, el popular Antoni Joan Bertomeu, está construyendo una nave comercial de importantes dimensiones a pesar de que el Ayuntamiento alzó el pasado 23 de febrero un acta de paralización de las obras debido a sus múltiples deficiencias. Según denunciaron en enero el PSPV y un grupo independiente, el desmonte de tierra supera con mucho el volumen autorizado y además los escombros se están vertiendo en suelo no urbanizable protegido.

La nave se encuentra en un entorno medioambiental muy sensible, entre la carretera que une Teulada con el litoral de Moraira y el paraje de la Font Santa, y el impacto provocado por su notable envergadura. La oposición asegura que la construcción ha superado la volumetría permitida y ha denunciado los vertidos de tierra al Seprona y la invasión de dominio hidráulico del barranco a la Confederación Hidrográfica del Júcar.

(www.elpais.com, 07/05/10)

39. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL PIDE UNIDAD AL PP DE CASTILLA- LA MANCHA EN PLENA GUERRA DEL AGUA

La guerra del agua ha sido un quebradero de cabeza para Dolores de Cospedal desde que dejó la consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid para ocuparse del PP de Castilla-La Mancha, en abril de 2006. Pero la presión nunca había llegado tan lejos como esta semana, cuando la secretaria general del PP ha sufrido varios abucheos a la entrada de sus actos y constantes críticas en los medios locales.

Aunque Cospedal y su entorno insisten en transmitir una imagen de calma - mismo evitó el asunto en un acto y se concentró en hablar sólo de economía- en el PP de Castilla-La Mancha hay preocupación. Los dirigentes temen que cale la campaña del presidente, el socialista José María Barreda, que ataca a Cospedal por no haber sido capaz de votar en el Congreso un Estatuto mucho más suave del que ella misma pactó y aprobó como diputada autonómica en las cortes regionales.

Cospedal se multiplica. Organiza actos por doquier -se ha llevado incluso a Mariano Rajoy-, ofrece entrevistas en todas las radios... Pero no basta. Así que, consciente de la inquietud que se vive en su partido, ha decidido enviar una carta a todos los militantes en un tono claramente defensivo frente a la "campaña de difamación contra el PP", y que llega incluso a pedir unidad interna, una clara evidencia de la preocupación con el asunto.

"En primer lugar trasladarte tranquilidad", arranca el texto. "El PP ha defendido, defiende y defenderá, por encima de todo, el bienestar de todos los castellano-manchegos. El PP defiende Castilla-La Mancha y España, el PSOE sólo sus intereses electorales".

La carta explica la enmienda que presentó el PP a última hora y que el PSOE rechazó. Ese texto fue pactado en el último momento en un despacho del Congreso de los Diputados. Allí estaban Cospedal y Ramón Luis Valcárcel, el presidente murciano, que quiso demostrar públicamente su fuerza en el PP. La tercera persona en ese despacho era Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz en el Congreso, que logró arrancarles un pacto.

"Te pido que me ayudes a contar la verdad de lo que está pasando y me pongo a tu disposición. Estamos muy cerca de que se produzca el cambio. Las elecciones de 2011 están cada día más cerca y en este momento tenemos que estar más unidos que nunca. Quiero transmitirse ánimos y mi más entera confianza de que vamos a cambiar esta región", concluye la carta.

En el PP regional no hay ningún sector crítico contra Cospedal, y menos ahora que las encuestas la dan ganadora. Pero sí hay muchos dirigentes preocupados, y así lo expresan en privado, por el hecho de que la estrategia de Barreda dé resultado y el PP se haya dejado colar un gol. "No es tanto el agua, que no afecta a toda Castilla-La Mancha ni a una provincia clave como Ciudad Real, es el mensaje de que el PP no defiende los intereses de la región, que se pliega a Murcia o la Comunidad Valenciana, donde gobernamos. Si cala, eso sí es demoledor", explica uno de ellos.

Castilla-La Mancha no es una región cualquiera. Buena parte del éxito o el fracaso del PP en las municipales y autonómicas de 2011 se juega en esta comunidad. Si gana, Cospedal dejará con toda probabilidad la secretaría general -la sustituta más probable es Ana Mato- y la victoria en un feudo del PSOE despejará el camino a La Moncloa de Mariano Rajoy. Si pierde, será una enorme frustración.

La victoria o derrota está en un puñado de votos, especialmente en Ciudad Real. IU es muy pequeña en esta región y no tiene diputados autonómicos, así que todo se juega a cara o cruz entre el PSOE y el PP.

Los estrategas del PP, aún confiados en la victoria de Cospedal, recuerdan que el PSOE regional, antes con José Bono y ahora con Barreda, siempre ha sido muy hábil para distanciarse del PSOE nacional. Todos recuerdan las peleas de Bono con las Hoces del Cabriel y ahora de Barreda con el almacén nuclear. Así ha conseguido que el voto fuera muy superior al que los socialistas obtienen en la región en elecciones generales (hasta 20 puntos más).

Es algo que Cospedal, como secretaria general del PP, no puede permitirse. Aún así, su entorno está convencido de que con un discurso centrado en la crisis económica, la gran preocupación ciudadana, ella podrá ganar en 2011. En cualquier caso, todos admiten que un año en política es una eternidad y es difícil hacer pronósticos.

(www.elpais.com, 02/05/10)

40. REGIÓN DE MURCIA. EL CONSEJERO ALLEGUE SALE DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD, MIENTRAS LA FISCALÍA INVESTIGA SUS ACTUACIONES

Las investigaciones de determinadas actuaciones de Allegue Gallego fueron puestas al descubierto en exclusiva por Vegamediapress, después, ciudadanos perfectamente identificados pusieron en conocimiento de la Fiscalía las distintas publicaciones por lo que la Fiscalía demandó de nuestro colaborador Chema Gil que remitiera los documentos que avalaban tales informaciones, por lo que en estos momentos tales hechos deberían estar siendo objeto de investigación por parte del Ministerio  Público. Quizá el hecho más destacable, sea que casi una treintena de respiradores mecánicos de una determinada empresa, llegaron a los almacenes del Servicio Murciano de Salud, antes de que su adquisición saliera a concurso público. Tras estar empaquetados en los almacenes unos cuantos meses, se produjo la adjudicación a la empresa fabricante de dicho material.

Estas fueron las investigaciones publicadas por el periodista Chema Gil en los últimos meses y que han precedido a la salida de Allegue Gallego de la gerencia del Servicio Murciano de Salud:

Investigar la Gerencia del Servicio Murciano de Salud es, a cada momento, más atractivo. Desde que abrimos la ‘Caja de Pandora’ hemos tenido una comunicación fluida con médicos, enfermeros, auxiliares de la Sanidad Murciana, y servicios administrativos de la Consejería de Sanidad: Desde centros de salud, a hospitales (como el Rosell, Morales Meseguer y La Arrixaca) que se han convertido en magníficas fuentes de información. Este trabajo, especialmente en las últimas semanas, nos ha servido para tomar la temperatura a la Sanidad Murciana y la nota predominante es el enfado, por parte de los profesionales, algo que se incrementará cuando expliquemos detalles económicos de la nueva PLATAFORMA LOGISTICA, de la que nos vamos a ocupar en detalle en el futuro (¡¡espectacular!!).

Es cierto que siendo como es un departamento de la administración pública, causa estupor la falta de transparencia en determinadas historias en las que –por cierto- aparecen con frecuencia ciertos personajes, en especial el gerente, José Manuel Allegue Gallego, el mismo al que la empresa proveedora ‘Medtronic’ abonó un viaje profesional a un lujoso hotel de la Isla de Creta (la perla del Mar Egeo).

Esto de los viajes profesionales será objeto de análisis pero hoy vamos a hablar del ‘misterioso caso de los ventiladores mecánicos Dräger’, un caso que bien podría ocupar un capítulo en el programa de Iker Jiménez, ‘Cuarto Milenio’. "…Entremos en la nave del misterio":

Es el día 23 de Junio de 2008, en el centro logístico valenciano de la empresa de transporte Azkar reciben la orden de trasladar hasta la ‘plaza distribuidora del 061 de Murcia’ tres bultos (palets), a portes pagados (pagaba el remitente), con un peso de 462 kilos, según fuentes de dicha empresa. El remitente era la empresa "Dräeguer Medical B.V." y el consignatario del envío era la ‘Gerencia de Atención Primaria’, del Servicio Murciano de Salud.

Las observaciones del reparto de Azkar, según documentos de la empresa que obran en poder de esta redacción, están escritas en inglés: "order arranged for manager service murciano de salud" (traducción: Orden pedido para el gerente del Servicio Murciano de Salud; a la sazón José Manuel Allegue Gallego, la mano derecha de la consejera Mari Angeles Palacios).

(www.vegamediapress.com, 06/05/10)

41. REGIÓN DE MURCIA. LA 7, UN CHIRINGUITO DE CUATRO SIN ESCRÚPULOS QUE COBRAN A PRECIO DE ORO DE TODOS LOS MURCIANOS

Las fuerzas políticas en la oposición en Murcia -PSOE e IU + Los Verdes- denuncian la manipulación de la televisión autonómica -La 7-, a la que califican de "chiringuito de cuatro amigos que se subordinan sin ningún tipo de escrúpulos a los intereses" de Ramón Luis Valcárcel y el PP.

El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, pide que se "garantice la pluralidad informativa" de una televisión que cuesta miles de millones de euros a los murcianos, y denuncia la "explotación" laboral de los 300 trabajadores de la empresa privada GTM a la que Valcárcel le tiene concedida le gestión del servicio público de la televisión autonómica. Una empresa en la que se mezclan intereses del "ladrillo" y foráneos.

Pujante señala que La 7 emite programas en los que aparecen "personajes que hacen la gracia de turno a precio de oro", y critica el tratamiento de la emisión del partido de fútbol de la Champion League del pasado miércoles, al emitir minutos antes y durante el descanso una larga entrevista de carácter político con Valcárcel.

Por su parte, el portavoz del PSRM-PSOE, Joaquín López, ha calificado este hecho de "panfletario" y denuncia la manipulación "descarada y vergonzante" de una televisión que hace propaganda del PP y que supera al NO-DO de la dictadura franquista. El PSRM va a solicitar la convocatoria de una reunión extraordinaria del consejo de administración de RTM, al tiempo que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo las acciones legales que procedan. Desde el Grupo Parlamentario Socialista se va a exigir también la comparecencia del director general de RTM, Juan Máiquez, un indocumentado amigo del 'popular' Valcárcel, para que dé explicaciones sobre la manifiesta manipulación informativa de una televisión que cuesta a los murcianos miles de millones de euros procedentes de los impuestos con los que tributan al erario regional.

(www.vegamediapress.com, 02/05/10)

42. REGIÓN DE MURCIA. LA REGALADA VIDA DEL SIBARITA CONCEJAL POPULAR DE CARTAGENA CON DINERO PÚBLICO

"La irresponsabilidad del concejal del PP en el ayuntamiento de Cartagena, Nicolás López Bernal, no tiene límites a la hora de despilfarrar el dinero público en sus supuestas comidas de trabajo", ha denunciado el partido Socialistas por Cartagena. Comidas repletas de alcohol y ricos manjares, vino de 65 euros, ensaladas de bogavante de 35€, puros de 16€, copas especiales de 12€, chuletones de buey de 35€, langostinos de 47 €, "todo por cuenta de los ciudadanos de Cartagena", aseguran desde SpT.

Esta formación política considera una inmoralidad el comportamiento del concejal del PP, "mientras los ciudadanos de Cartagena en plena crisis, atraviesan situaciones económicas muy difíciles, él,  bajo la denominación de comidas de trabajo y con cargo al Ayuntamiento, es decir al dinero de todos los cartageneros, se permite el lujo de comer en restaurantes caros dándose caprichosas comilonas donde el alcohol y suculentos manjares corren por la mesa". 

Añaden que "esta actitud irresponsable del concejal de descentralización, Nicolás Angel Bernal es impropia de un servidor público y contrasta con la reciente  puesta en marcha del comedor solidario "Los panes y los peces" para paliar las dificultades que están sufriendo algunas personas de Cartagena".

A modo de ejemplo señalan que "El pasado 1 de Octubre de 2.009 tuvo lugar en el Restaurante Pincho de Castilla una comida donde el Sr Angel Bernal, junto a un representante de la Junta Vecinal de Molinos Marfagones (se supone que el presidente) y con el de la Aljorra, es decir 3 comensales, bajo la denominación "Reunión con Junta Vecinal de Molinos Marfagones y la Aljorra, degustaron langostinos (46,80 euros), jamón ibérico (19,50 €), anchoas de Santoña (15 €) y una buena botella de vino (23 €) e incluso cargaron a los vecinos de Cartagena 1 puro  y un paquete de tabaco, en total 187,72€ para una reunión de 3 personas, es decir, 63€ por cabeza".

Otro ejemplo, siguen desde SPT, es la comida que tuvo lugar el 27 de julio de 2009 en el mismo restaurante, donde compartió mesa con un ingeniero de la C.H.S. y entre ambos degustaron, jamón ibérico, paletillas de cordero, anchoas de Santoña, ponche, un puro, y una botellita de Capellanes Cosecha, todo por el módico precio de 148,58€, 74€ por comensal.

Pero este buen comer, encuentra su máxima expresión en otra comida celebrada el 24 de Julio de 2.009  con un representante del Instituto y servicios del litoral y otro del Consorcio de la Manga, dónde los 3 comensales comieron por 253,30€, es decir a 84,43 euros por comensal. Los 3 comensales, con cargo al presupuesto municipal empezaron con una botella de vino de 65 euros, unas vieiras, arroz y bogavante a 22€ la ración y después de un postre delicioso, 3 copas especiales a razón de 12 euros por unidad.

En esa reunión seguro que solucionaron toda la problemática de las playas del Mar Menor, porque después de ese festival, se ve el litoral cartagenero mucho más bonito", detallaron ambos ediles.

Según SPT "así se podría seguir con una larga lista de comidas, donde queda claro que este señor, cuando come a costa de los demás, no le vale un modesto menú de 10€ como a la mayoría de trabajadores,  sino que no se priva de nada".

También ponen de manifiesto que en el BOE nº 289 de sábado de 3 de diciembre de 2005, "se publicaron las dietas que deben cumplir los altos cargos del Estado y tal y como se puede comprobar son mucho mas modestas que las que este concejal ha cargado a los bolsillos de los cartageneros".

"Ante este despilfarro inmoral, es necesario que se establezcan desde el Ayuntamiento controles rigurosos que impidan este despilfarro del dinero público y este tipo de excesos innecesarios e indignos de un representante público", sostienen.

(www.vegamediapress.com, 07/05/10)

43. ISLAS BALEARES. EL JUEZ DESESTIMA EL RECURSO DE MATAS CONTRA LA FIANZA DE TRES MILLONES

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José  Castro, ha desestimado el recurso que presentó el ex presidente del  Govern balear, Jaume Matas, contra el auto en el que el magistrado  decretó, el pasado 30 de marzo, prisión bajo fianza de tres millones  de euros para el ex jefe del Ejecutivo autonómico "dada la gravedad"  de los hechos que se le imputan dentro del caso Palma Arena y su  "elevado" riesgo de fuga.

En su auto, el magistrado defiende que continúa existiendo la  posibilidad de que el imputado, sobre quien pesa un total de doce  delitos, se sustraiga de la acción de la justicia, y mantiene además  que la caución impuesta es la "adecuada" a la capacidad económica del  ex presidente, según señalaron fuentes jurídicas

Por su parte, el letrado de Matas, Rafael Perera, manifestó que se  encuentra estudiando la posibilidad de interponer recurso contra la  decisión de Castro, en este caso de apelación ante la Audiencia  Provincial, y aseveró que lo más probable es que así lo haga al  mostrar su disconformidad con la resolución del juez y negar que  exista riesgo de huída por parte de su patrocinado.

En concreto, sobre el ex ministro de Medio Ambiente bajo la  presidencia de José María Aznar pesan un presunto delito continuado  de falsedad en documento oficial, uno de prevaricación  administrativa, uno de fraude a la administración, siete de  malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un  último electoral, castigados con hasta 64 años de prisión.

En la extensa resolución que Castro emitió el día 30, el  magistrado aludió a la existencia de un "margen de gravedad más que  sobrado" como para que Matas pueda sustraerse de la acción de la  justicia, "máxime" cuando reside en Estados Unidos y "se sospecha"  que en este país o en otro vecino pueda guardar "el grueso de los  beneficios ilícitamente obtenidos" a raíz de su presunta implicación  en los hechos investigados en el marco del caso Palma Arena. 

Asimismo, Castro basó su petición de prisión -que eludió tras  abonar los tres millones de euros- así como la retirada de su  pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional, en la  intención de "evitar la ocultación, alteración o destrucción de  pruebas". 

En su opinión, existe un peligro "más que fundado y concreto al  respecto como lo evidencia el hecho de que el encausado no se recata  en mediatizar a testigos, imponer el silencio a quienes fueron sus  subordinados, preconstituir pruebas falsas e incluso acude, aunque  sea infructuosamente, a una de las más altas instituciones del Estado  buscando un cobijo al que no tiene derecho".

(www.ultimahora.es, 04/05/10)

44. ISLAS BALEARES. "SE PIENSA QUE USTED HA AYUDADO AL SEÑOR MATAS A OCULTAR DINERO"

Maite Areal Montesinos, la esposa de Jaume Matas, apenas estuvo cuatro minutos ante el juez de Palma de Mallorca, José Castro, que investiga el posible enriquecimiento ilícito del ex presidente Balear en relación con el caso Palma Arena.

En realidad, Areal sólo dijo una cosa en su comparecencia del 24 marzo: "Vine dispuesta a declarar, pero después de que mis abogados me informaron de lo que sucedió siento divulgada [sic] mi derecho a la defensa y me acojo al derecho de no, de no, contestar". Pero para entonces, el juez ya se había encargado de explicarle la "responsabilidad criminal" en la que podría haber incurrido Maite Areal.

El juez le explica que "se piensa" que Areal podría haber "colaborado" e incluso "favorecido" la "actividad ilícita de su esposo". En concreto le cuenta que quizás ella "se ha aprovechado del dinero que el señor Matas ha obtenido a través de unas actividades que de momento existen sospechas de que son ilícitas" y que incluso "le ha ayudado a ocultar el dinero obtenido y ha disfrutado de ese dinero".

Castro le aclara que ella no tiene nada que ver con las actividades ilícitas que Matas hubiera podido cometer en el ejercicio de su cargo público. Pero a renglón seguido le recuerda qué se investiga exactamente sobre ella: "Usted ha contratado con personas que bajo la apariencia de un contrato de trabajo lo que se estaba haciendo, a mi modesto entender, porque mi palabra no es ley, es blanqueando dinero; me refiero a Martorell Asociados, a Valparaíso, y todo esto como derivación de una serie de gastos suntuarios que son impropios de unos rendimientos que se hayan obtenido lícitamente".

Martorell Asociados es una asesoría contable y fiscal que contrató y pagó los servicios de Areal como captadora de clientes y Valparaíso es un hotel de lujo de un empresario amigo de Matas, que también la contrató como supuesta relaciones públicos.

(www.elpais.com, 03/05/10)

45. ISLAS BALEARES. MATAS NO PUEDE JUSTIFICAR 322.000 EUROS QUE HA PAGADO EN METÁLICO

La agencia tributaria de Balears ha emitido un informe, incorporado en el sumario del caso Palma Arena, en el que se analiza la actividad económica personal del ex president del Govern, Jaume Matas, y de su esposa Maite Areal. El inspector tributario que suscribe el informe llega a la conclusión de que el matrimonio Matas no puede justificar el origen de 322.000 euros que abonó en metálico, tanto en compras de joyas, como en el pago de los profesionales que trabajaron en la reforma de su "palacete" de la calle San Felio. Este dinero, según el informe, no sólo no se ha declarado como ingreso anual, sino que se desconoce de dónde ha podido cobrar estas cantidades el ex ministro de Medio Ambiente. Parte de estas cantidades se ingresaron en metálico en las cuentas bancarias a nombre de Matas y su mujer, pero no se sabe quién lo hizo.

Este informe ha sido elaborado por la agencia tributaria a petición del juez Castro, y se entregó el día antes de que Matas fuera a declarar en el juzgado para justificar el incremento de su fortuna personal y por su actuación en el proceso de construcción del velódromo de Palma. Por tanto, cuando se firmó este estudio aún el ex president no había reconocido que estaba percibiendo "dinero negro", no declarado a Hacienda, por el alquiler de un local comercial. Aún así, entre las cantidades que afirma que ha recibido en metálico por este alquiler, la cifra no encaja con el dinero que su mujer ha abonado en efectivo por la compra de productos de lujo y por el pago de facturas durante el proceso de reforma de su lujosa casa.

La inspección tributaria se limita al análisis de la actividad económica del matrimonio Matas-Areal del periodo fiscal entre 2004 y 2008. Un posible fraude tributario cometido con anterioridad habría prescrito. Matas presentó su declaración anual en Hacienda durante los años 2004 a 2007. Pero al año siguiente, cuando ya había abandonado la política, ya no tributa en España. Alega el ex president que era residente fiscal en Estados Unidos, lo que ha impedido a los inspectores tributarios determinar cuánto dinero percibió por su trabajo en el extranjero. Sólo figura el ingreso de más de 20.000 euros que le abonó un despacho de abogados de Madrid que realizó trabajos para el Govern Matas.

Analizado año por año, en el 2004 Matas declara ingresos oficiales que alcanzan los 100.111 euros, pero a través de su cuenta bancaria se gestionan gastos que alcanzan la cifra de 121.487 euros. El inspector tributario señala que en esta cuenta han entrado 23.000 euros en efectivo, que no se corresponden con ingresos declarados. Más o menos lo mismo ocurre el año siguiente, en el que Matas percibe 80.632 euros de su cargo como president del Govern, pero durante los doce meses abona a través de su cuenta 91.301 euros. Existe por tanto una diferencia entre ingresos y gastos de 9.669 euros. Este año en su cuenta entran 11.000 euros en metálico que no se corresponden con ningún ingreso declarado.
En el año 2006 la situación cambia, entre otros motivos porque fue cuando vendió su casa de Cas Català y solicitó el préstamo de 600.000 euros por la compra del "palacete" de la calle San Felio. Durante este periodo fiscal coincidirían los ingresos con los gastos.

En el año 2007 la inspección tributaria refiere que Matas ingresó en su cuenta corriente unos pagos mensuales que le estaba pagando la ex consellera de su Govern, Aina Castillo, que le había alquilado un piso en las Ramblas de Palma. Castillo pagó a su jefe político 15.600 euros en un solo año, pero Matas no menciona estos ingresos en su declaración de Hacienda.

Una situación parecida se produce en Maite Areal. Por ejemplo, en el año 2004 la mujer recibe 44.377 euros, pero a través de su cuenta abona 70.531 euros. Le ingresan en metálico 15.000 euros. Al siguiente ocurre lo mismo, pero en esta ocasión Areal declara menos dinero como rendimientos del trabajo, pero gasta más de lo que gana. Ese año su marido le ingresa por transferencia varias cantidades importantes en su cartilla.

Al margen de estos ingresos oficiales, existen una serie de pagos en metálicos que el inspector tributario señala que ni Matas ni su esposa pueden justificar su procedencia. Se trata de los abonos en metálico que se realizaron durante el periodo investigado y que alcanzaron la cifra de 322.748 euros. El informe concluye que esta cifra de pagos es muy superior a los ingresos que ha percibido la pareja.

(www.diariodemallorca.es, 05/05/10)

46. ISLAS BALEARES. CARDONA FORMALIZA SU BAJA EN EL GRUPO POPULAR MIENTRAS EL TSJB INICIA EL EMBARGO DE SUS BIENES

El diputado ibicenco y ex conseller de Comercio del Govern de Jaume Matas, Josep Juan Cardona, presentó en el Parlament su petición de baja del grupo parlamentario popular, lo que supondrá su pase al grupo mixto dado que ha decidido no abandonar su escaño, en contra de lo que le exigió la dirección del PP. Cardona no acudió al pleno del Parlament y efectuó su petición de baja en el edificio en el que se ubican los grupos parlamentarios.

Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Balears inició el proceso de embargo de sus bienes, al no haber abonado los 2,9 millones de euros de fianza civil que le impuso el juez Antonio Capó por el caso Scala, para lo cual disponía hasta el lunes. Al no hacerlo, se ha iniciado el proceso de embargo con la localización de bienes del diputado que cubran los 2,9 millones de euros, si bien el ex conseller aún podría parar este proceso en los próximos días si acredita esta cantidad.

La ausencia de Cardona durante la sesión plenaria fue una de las protagonistas en las conversaciones en los pasillos del Parlament. El más crítico fue el Bloc, que rechazó la situación que se da con la integración al grupo mixto de Cardona, al que considera un "tránsfuga". El Bloc reiteró su propuesta de modificar el Reglamento del Parlament, de tal modo que los diputados que abandonan su grupo o son expulsados del mismo pasen a ser considerados como no adscritos, limitando así su capacidad de iniciativa parlamentaria.

Antoni Alorda, del Bloc, afirmó que a Cardona le corresponderá 3.000 euros de la financiación del grupo mixto, además de su sueldo de diputado, lo que no ocurriría si fuera no adscrito y se evitaría, por ejemplo, "que pudiera pagar su fianza con estos fondos del mixto".

El portavoz popular, Francesc Fiol, acusó el Bloc de "cinismo insufrible" por presentar esta propuesta ahora y no cuando el Pacto necesitaba al ex uemita Bartomeu Vicens. No obstante, el Bloc precisó que el 11 de noviembre del pasado año ya habían hecho llegar su propuesta a los otros partidos.
Fiol, por otro lado, aseguró que no estaba decepcionado porque Cardona no abandonara su escaño, ya que entiende sus "circunstancias" judiciales. "No lo justifico, pero lo comprendo", declaró.

(www.diariodemallorca.es, 05/05/10)

47. ISLAS BALEARES. LA ´OPACIDAD´ EMPRESARIAL DEL CONSELLER DE COMERCIO

El auto del magistrado Antoni Capó analiza si, en la fase de instrucción en la que se halla el caso Scala, existen indicios de que el ex conseller de Comercio Josep Juan Cardona era socio en la sombra de varias empresas que facturaron cientos de miles de euros al consorcio público CDEIB, que el propio Cardona presidía. El juez destaca las sospechas existentes sobre "la técnica de la opacidad" usada por Cardona para camuflar su participación en las sociedades. En este punto el instructor recuerda que "es interesante destacar que las declaraciones de los imputados Antònia Ordinas y Felipe Ferré, implican directamente al señor Juan Cardona en los hechos investigados".

Ordinas, y Ferré pactaron con la fiscalía rebajas en sus condenas a cambio de colaborar en las pesquisas. Capó apunta a que otro de los imputados, Kurt Viaene, defendido por Gaspar Oliver, podría haber actuado de testaferro de Cardona en algunas de estas sociedades.

(www.diariodemallorca.es, 01/05/10)

PRINCIPADO DE ASTURIAS. "ESTAMOS UN PARTIDO POLÍTICO Y NUESTRO FIN NO ES EL BIEN DE GIJÓN SINO GANAR LAS ELECCIONES"

El ex concejal y militante del PP Emilio Noval afronta un juicio por grabar y difundir el contenido de una reunión de su partido celebrada a mediados del 2005, por lo que la Fiscalía ha solicitado dos años y medio de cárcel y 25.000 euros de indemnización. Durante el juicio, Noval aseguró que "volvería a hacerlo" y que difundió la grabación a los medios después de que lo denunciara sin ninguna consecuencia a los órganos de control del partido. En la reunión grabada se podía escuchar a sus compañeros instando a "poner arena en los engranajes para que el equipo de gobierno [socialista] no le salgan las cosas bien, porque si no nosotros no gobernamos" o que "estamos en un partido político y nuestro fin no es el bien de Gijón sino ganar las elecciones".

Noval fue denunciado tras la difusión de la grabación por sus ex compañeros en el PP municipal, Luis Crego, Eduardo Junquera y Pedro Muñiz, que aparecen en la misma. Le acusan, al igual que la fiscalía, de cometer un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

La Nueva España ha informado del inicio del juicio y de cómo Noval declaró ante el juez que "volvería a hacerlo". El ex concejal declaró: "No quise hacer daño personal. Buscaba denunciar esas barbaridades políticas que se decían y que, a mi entender, podían ser delictivas. No podía consentir que compañeros míos hicieran ese tipo de declaraciones antidemocráticas cuando se deben a los ciudadanos y a los idearios del Partido Popular". También aseguró que no estaba prohibido grabar estas reuniones.

En la grabación se podía oír a Crego instando a "poner arena en los engranajes para que al equipo de gobierno no le salgan las cosas bien, porque si no nosotros no gobernamos", a Muñiz argumentando que "estamos en un partido político y nuestro fin no es el bien de Gijón, sino ganar las elecciones", y a Junquera establecer que "yo no puedo salir a decir que estoy en contra de la radioterapia, aunque esté en contra".

Mientras, los denunciantes insisten en el contenido confidencial de las reuniones y alegan que las grabaciones estaban manipuladas ya que sólo incluían fragmentos de minutos de conversaciones que excedían las dos horas y en las que también se les puede escuchar proclamando su amor a la ciudad.

(www.elplural.com, 01/05/10)

48. PRINCIPADO DE ASTURIAS. PROTECCIÓN DE DATOS ARCHIVA LA DENUNCIA DE CASCOS CONTRA EL PP DE GIJÓN, QUE RESPONDE CON UNA BOFETADA

Quien ríe último, ríe mejor. Es lo que deben estar pensando los populares de Gijón ahora que dos instancias, el Comité Nacional de Garantías del PP y la Agencia Española de Protección de Datos, les han dado la razón ante el mismísimo ex vicepresidente Francisco Álvarez-Cascos, quien les denunció por tirar a la basura un archivo con documentación personal. La polémica empezó en abril de 2009, cuando un "ciudadano anónimo" halló la documentación de Cascos "en la acera donde se encuentra la sede del PP de Gijón, en la Plaza del Parchís".

Esta información le bastó para denunciar el caso ante Protección de Datos y para pedir a Génova un expediente. En una durísima carta dirigida a la cúpula del partido, Cascos acusó a sus compañeros de partido de comportamiento "zafio, vandálico e inaudito". Seis meses y dos fallos después, éste le ha devuelto la bofetada. La Junta Directiva del PP de Gijón ha emitido un comunicado mostrando su "satisfacción" porque ambos órganos les han dado la razón y "reprobando y lamentando profundamente" la actuación del ex dirigente. Curiosamente, todo apunta a que Álvarez Cascos va a ser el próximo candidato del PP para desalojar del poder en el Principado de Asturias a los socialistas.

En el comunicado acordado , el grupo expresa "su satisfacción porque ambos órganos, uno perteneciente a la estructura de nuestro partido, el Comité Nacional de Derechos y Garantías, y otro que forma parte de la administración pública, la Agencia Española de Protección de Datos, han llegado a la misma conclusión: el Partido Popular de Gijón cumple con su obligación de custodiar la documentación, cualquiera que sea su soporte, de la que es responsable conforme a la Ley".

Además de recalcar que las denuncias de Cascos "carecen de fundamentos" y son "inciertas" porque "jamás el PP de Gijón abandonó ni se deshizo de documentación alguna", la Junta Directiva "reprueba y lamenta profundamente la actuación y manifestaciones realizadas por Francisco Álvarez-Cascos, que por prudencia y respeto a nuestro partido no va a calificar". Tal y como reuerda El Mundo, la presidenta de los populares gijoneses, Pilar Fernández Pardo, siiempre ha sido enemiga del ex vicepresidente y de hecho encabezaría la corriente interna que se opone a su vuelta a los ruedos políticos. La elección de Fernández Pardo en noviembre de 2003 llevó a Cascos, quien inició su carrera política en Gijón, a darse de baja en aquella localidad para registrarse en Madrid.

La lucha entre Cascos y el PP de Gijón comenzó en abril de 2009, cuando La Nueva España publicó el testimonio de un "ciudadano anónimo" que supuestamente se encontró la documentación del ex vicepresidente junto a la sede de ese partido. Aparentemente, el grupo se había deshecho del material aprovechando que hacía obras. La respuesta del ex dirigente fue airada: "Sólo los responsables del PP de Gijón reúnen la doble condición de irresponsabilidad" y "de indignidad para enviar al contenedor de basura el patrimonio que ni siquiera les pertenece". El partido envió una nota al diario en cuestión negando que hubiera obras, documentación o "correspondencia" del ex número dos del Gobierno en su sede. Además, precisó se tiene contratada a "una empresa especializada para la destrucción de documentos".

En octubre de 2009 Cascos denunció a sus correligionarios ante el Comité de Garantías y Protección de Datos. En una carta remitida por aquella fecha a la sede nacional del partido, tachó de "zafio, vandálico e inaudito" el comportamiento del PP de Gijón solicitando un expediente y una auditoria. Pero en abril de 2010 el Comité exculpó a los acusados y confirmó que "la documentación custodiada se mantiene en buen estado de conservación" y que la destrucción está contratada a una empresa. Ese mismo mes también se pronunció Protección de Datos, que constató que no hay obras en la sede del PP de Gijón desde 2003, que hay contradicciones en el testimonio del ciudadano que halló la documentación y que si Cascos dejó correspondencia en custodia del partido debió firmar un contrato. La Agencia, por tanto, ha procedido a archivar las actuaciones.

(www.elplural.com, 06/05/10)