ÍNDICE

1. RAJOY ARROPA AL PP VALENCIANO PERO SE MUESTRA DISTANTE CON CAMPS

2. COSPEDAL PIERDE LOS FAVORES DEL JEFE, QUE SE DECANTA

3. AGUIRRE Y RAJOY COMPITEN POR "MOVILIZAR" CONTRA EL NUEVO IMPUESTO

4. COSPEDAL MATIZA A AGUIRRE: "LO DE LA REBELIÓN ERA ALGO SIMBÓLICO"

5. EL PP NO ENCUENTRA ALIADOS PARA SU MOTÍN CONTRA EL IVA

6. EL PP FICHA AL PADRE DE MARI LUZ COMO ASESOR PARA ASUNTOS PENALES

7. AZNAR OLVIDA SUS CONCESIONES A ETA, INCLUSO ANTES DEL CESE DE LA VIOLENCIA, MIENTRAS ATACA A ZP POR "PROMOVER" TREGUAS

8. TRAMA GÜRTEL. CORREA Y SU 'NÚMERO DOS' GUARDABAN EN SUIZA 21 MILLONES DE LOS NEGOCIOS ILEGALES

9. UN INVERSOR QUE HUÍA DEL RIESGO

10. TRAMA GÜRTEL. COMISIONES ILEGALES A CONCEJALES Y ALCALDES

11. TRAMA GÜRTEL. LA JUSTICIA DELIBERA SOBRE LOS RECURSOS CONTRA LAS ESCUCHAS DE GÜRTEL

12. TRAMA GÜRTEL. EL CASO NO PELIGRA SI SE APLICA LA JURISPRUDENCIA DEL CONSTITUCIONAL

13. TRAMA GÜRTEL. LOS PINCHAZOS, EN MANOS DE UN JUEZ QUE SE NEGÓ A INVESTIGAR A ULIBARRI

14. GALICIA. TRAMA GÜRTEL. FINANCIACIÓN ILEGAL EN EL PP GALLEGO

15. GALICIA. LA XUNTA EXCLUYE DE LA PROTECCIÓN DE COSTA UN CAMPO DE GOLF VINCULADO AL PP

16. GALICIA. EL FISCAL DENUNCIA A BARREIROS POR LAS URBANIZACIONES QUE LEGALIZA LA XUNTA

17. GALICIA. BALTAR EMPLEA A 300 CARGOS DEL PP OURENSANO

18. GALICIA. UN CONTRATADO DE BALTAR PADRE TRABAJA PARA BALTAR HIJO EN SU HORARIO LABORAL

19. ANDALUCÍA. EL FISCAL PIDE CÁRCEL PARA EL ALCALDE DE ALHAURÍN POR COBRAR SOBORNOS

20. ANDALUCÍA. ASÍ FUNCIONABA LA TRAMA DEL 'CASO TROYA'

21. COMUNIDAD DE MADRID. TRAMA GÜRTEL. AGUIRRE DEFIENDE AHORA LA INOCENCIA DE LOS DIPUTADOS IMPUTADOS EN EL GÜRTEL

22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE DICE QUE AVIVÓ LA POLÉMICA DE LA "REBELIÓN" CONTRA EL IVA PARA INFORMAR A LOS CIUDADANOS

23. COMUNIDAD DE MADRID. GÜEMES DEJA LA PRIMERA LINEA DE LA POLÍTICA POR MOTIVOS PERSONALES

24. COMUNIDAD DE MADRID. TAMAYO INTENTA REUNIRSE CON AGUIRRE PARA HABLAR SOBRE EL GOLPE POLÍTICO DE 2003 EN MADRID

25. COMUNIDAD DE MADRID. ANTES DE ARRUINARSE, LA EMPRESA DE DÍAZ FERRÁN DONÓ A ESPERANZA AGUIRRE 246.000 EUROS

26. COMUNIDAD DE MADRID. SANIDAD ANUNCIA MÁS PRIVATIZACIONES EN HOSPITALES

27. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE GASTÓ EN 2009 SÓLO UNO DE CADA CINCO EUROS PREVISTOS PARA ASFALTO

28. COMUNIDAD DE MADRID. LA AUDIENCIA CONFIRMA LA IMPUTACIÓN DE UN VICECONSEJERO EN EL 'GUATEQUE'

29. COMUNIDAD VALENCIANA. LA JUEZ PROHÍBE A SANZ ACERCARSE A LAS PERIODISTAS DE CANAL 9 QUE LE DENUNCIARON POR ACOSO

30. COMUNIDAD VALENCIANA. EMPRESARIOS DE TELEVISIONES LOCALES SE QUERELLAN CONTRA PONS POR DAR 13 LICENCIAS DE TDT A UN IMPUTADO EN GÜRTEL

31. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA ASIGNA 34.800 EUROS A INTERECONOMÍA PESE A QUE INCUMPLIÓ SU CONTRATO ANTERIOR

32. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS NOMBRA DOS NUEVOS ASESORES MIENTRAS RAJOY PIDE AHORRO EN CARGOS DE CONFIANZA

33. COMUNIDAD VALENCIANA. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, EN JAQUE

34. COMUNIDAD VALENCIANA. UN INFORME PERICIAL DEMUESTRA QUE SE DESVIARON FONDOS DE AGUAS DE CALPE

35. COMUNIDAD VALENCIANA. UN PLENO MUNICIPAL DE IBI (ALICANTE) ACABA CON LA INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA

36. COMUNIDAD VALENCIANA. EL ALCALDE DE CALP LE SUBE EL SUELDO 10.000 EUROS A UN ASESOR DEL PP EMPLEADOS QUE RECIBIERON GRATIFICACIONES EN ENERO

37. COMUNIDAD VALENCIANA. EL ALCALDE DEL PP QUE VETÓ A BOSÉ POR SUS CRÍTICAS A LA CENSURA LO LLAMA ´ARTISTAZA´

38. COMUNIDAD VALENCIANA. LA ALCALDÍA DE TORRENT, CONDENADA POR PERSECUCIÓN POLÍTICA

39. REGIÓN DE MURCIA. FRANCISCO BLAYA. EL ALCALDE DE MAZARRÓN ES EL REY MIDAS DE LOS POLÍTICOS MURCIANOS

40. REGIÓN DE MURCIA. IU CRITICA A CRUZ POR GASTAR 3 MILLONES DE EUROS ANUALES EN EL PATROCINIO DE LA FÓRMULA 1

41. ISLAS BALEARES. LA EX JEFA DEL GABINET DE JAUME MATAS AFIRMA QUE ÉSTE TOMÓ LAS DECISIONES CLAVE DEL PALMA ARENA

42. ISLAS BALEARES. EL GOVERN DE MATAS PAGÓ 12.000 EUROS A UNA SOCIEDAD DE ANTONIO ALEMANY POR "REPORTAJES DEPORTIVOS"

43. ISLAS BALEARES. LA EX MUJER DE REUS SUPO POR LA PRENSA QUE SU MARIDO COMPRÓ EL PISO DE MADRID

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1. RAJOY ARROPA AL PP VALENCIANO PERO SE MUESTRA DISTANTE CON CAMPS

Atrás quedaron esos tiempos en que Mariano Rajoy y Francisco Camps intercambiaban vistosos abrazos y se prometían apoyo incondicional sin fecha de caducidad. El caso Gürtel y, especialmente, el ahinco con que Camps ha defendido públicamente a su exsecretario general, Ricardo Costa, en contra del criterio de Madrid, han tenido mucho que ver en el distanciamiento entre ambos políticos. De hecho, Rajoy llevaba esquivando la Comunidad Valenciana en su agenda de actos desde septiembre. Pero hubo un punto de inflexión y volvió a Valencia: el presidente popular hizo notables esfuerzos por acercarse a su militancia en esta autonomía, pero no tanto a Camps.

"Siempre que vengo aquí me sube la moral. Me siento muy bien tratado y os digo que, cuando llegue al Gobierno, sabré estar a la altura con esta comunidad", apuntó Rajoy, que agradeció "la inyección de gasolina" que le habían regalado esa mañana los miles de asistentes a la convención por el empleo que clausuró. Seguramente, Camps no sintió esa misma "inyección" de carburante anímico por parte de su jefe, quien le dedicó un par de protocolarios abrazos ante los fotógrafos y ningún mensaje de respaldo explícito. Algo impensable hace un año.

Eran cerca de las 11.30 de la mañana cuando Rajoy llegó a la Feria de Valencia. Los más de 3.000 simpatizantes reunidos en el acto del partido llevaban una hora esperándolo y, dada la fecha, no ocultaban su nerviosismo por el retraso sobre el horario previsto un domingo fallero de mascletá, previo a la semana grande de las fiestas de la ciudad. En este contexto, fue la alcaldesa, Rita Barberá, quien se encargó de abrir fuego con su discurso. "¡Zapatero ni siquiera tiene vergüenza para dimitir!". "¡Este presidente ha llevado a España a la ruina!". "España no volverá a levantar cabeza hasta que el PP gane". Estos fueron algunas de las perlas que la vitalista Barberá dedicó a su público.

Llegó el turno de Camps.Y su partido se esforzó en demostrar a Rajoy que, pese a la que ha caído, siguen confiando en su líder valenciano. "¡Paco te queremos, Paco te queremos!", gritaron los populares en pie y dando palmas. Desde el escenario, Camps les desvolvió el gesto: les dijo que él también los quería, que iguamente quería a todos los valencianos y a sus compatriotas españoles. También tenía preparado un mensaje de amor político para Rajoy. "Con tu permiso, presidente, quiero pedir desde aquí a Zapatero que, una vez termine el semestre de la presidencia europea, convoque elecciones generales". Sin apartarse de este sendero argumental, aún lanzó otro cebo a su distante jefe. "Mariano, te vamos a aupar entre todos al lugar que te corresponde (a la Moncloa, según él), Sabemos que eres el mejor. Nos tienes a tu lado como siempre. Porque es un lujo estar a tu lado".

Como estaba previsto, Rajoy cerró el evento popular y dedicó varios mensajes de ánimo y compromiso a la militancia valenciana. A diferencia de mítines anteriores, sus referencias a los dirigentes del PP valenciano –incluido Camps– fueron mínimas. Cabe recordar que la dirección nacional del partido ha de tomar, en las próximas horas, una decisión en firme sobre la suspensión de militancia de Costa (que prefirió no estar presente en este acto).

Por eso, el jefe de los conservadores prefirió hablar de empleo (o de la falta del mismo), de sus recetas de austeridad para reactivar la economía y, sobre todas las cosas, de su rechazo a la subida del IVA. "Ese es el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus ciudadanos, ya castigados por la crisis", espetó. "Tras fracasar en sus planes, ahora Zapatero pretende que lo paguemos todos los españoles", continuó el jefe de la oposición en su crítica al presidente del Gobierno.

Finalizados los discursos, fríos saludos y carreras hacia el ayuntamiento de Valencia: Rajoy contempló la mascletá desde el mítico balcón del consistorio valenciano. Y hasta terminó dando botes, a petición del pueblo.

(www.elperiodico.com, 15/03/10)

2. COSPEDAL PIERDE LOS FAVORES DEL JEFE, QUE SE DECANTA

"María Dolores de Cospedal dejará su cargo como secretaria general del PP en 2011, una vez que se celebren las elecciones municipales y autonómicas y será sustituida por Ana Mato". Noticia publicada por El Confidencial.com, periódico digital más próximo al Partido Popular, que ratifica y se suma así a las informaciones publicadas. La cabecera que dirige Jesús Cacho pone también en duda la supuesta victoria de la hipotética número dos de Rajoy en Castilla-La Mancha y asegura que Génova "no echa las campanas al vuelo", atendiendo a las encuesta que predicen todo lo contrario, como también adelantó en su momento nuestro periódico.

No lo decimos nosotros (que también). No. Lo dice el periódico digital más próximo al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, con quien mantienen hilo directo a través de su director, Jesús Cacho, y de su corresponsal político, Federico Quevedo, tal vez, el periodista mejor informado de todo lo que sucede en la calle Génova, sede nacional de los conservadores. El caso es que María Dolores de Cospedal tiene los meses contados como secretaria general, así, al menos, lo considera elconfidencial.com.

"Gane o pierda las elecciones autonómicas del próximo año en Castilla-La Mancha, en las que volverá a encabezar la candidatura del PP, María Dolores de Cospedal dejará en 2011 su cargo de secretaria general y número dos de Mariano Rajoy (…), según han asegurado a El Confidencial fuentes de toda solvencia de la dirección de Génova". Párrafo textual de la información firmada por el también corresponsal político, José Luis Lobo, que viene a "oficializar" los rumores que a diario, sobre todo los lunes, corren por los pasillos de la sede madrileña del PP.

"Su puesto será ocupado, muy probablemente, por la actual vicesecretaria de Organización del partido, Ana Mato", volviendo a parafrasear al autor de la noticia. En la misma información se dice que, aunque es pronto para abrir "el melón de la sucesión, Ana conoce el partido como nadie, no tiene ningún enemigo conocido y, sobre todo, cuenta con todo el apoyo de Rajoy, que está cada vez más satisfecho con su labor". Sólo una sorpresa en el sumario del caso Gürtel, matiza el autor de la información, podría apear a la ex mujer de Sepúlveda, imputado en la causa por aquello de Jaguar gratis.

Pero no sólo Cospedal pierde los favores del jefe, tampoco las encuestas le sonríen y no hay estudio demoscópico que avale su supuesto triunfo. Uno tras otro, los sondeos, incluídos los que maneja el PP de Génova, no dan la confianza a la hipotética número dos de Rajoy, mientras que su oponente en Castilla-La Mancha, José María Barreda, quién ya le ganó en 2007 con una diferencia de 100.000 votos, se asienta cada día más como el candidato preferido por los castellano-manchegos.

Lo ha dicho El Plural en varias ocasiones, consultando fuentes de la sede conservadora, a María Dolores de Cospedal tampoco le quieren los barones territoriales, ni algunos miembros de su partido en Castilla-La Mancha, que dicen estar "hartos de su autoritarismo". Ni que decir tiene su enemistad manifiesta con Javier Arenas, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, entre otros destacados líderes "populares", que no ocultan su desapego con la todavía secretaria general.

(www.elplural.com, 13/03/10)

3. AGUIRRE Y RAJOY COMPITEN POR "MOVILIZAR" CONTRA EL NUEVO IMPUESTO

La número dos del PP, Dolores de Cospedal, cree "simbólico" el controvertido llamamiento a la "rebelión" contra la subida del IVA impulsado por la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. Según Cospedal, ha sido Mariano Rajoy quien ha escenificado una "movilización mayor" contra la reforma fiscal, gracias a sus iniciativas en el Congreso.

Aguirre, en TVE, defendió su campaña de "rebelión" y se quejó de que haya interés en mostrarla "como alguien que le mete el dedo en el ojo a Rajoy". "No es así", remató la presidenta madrileña.

(www.elperiodico.com, 16/03/10)

4. COSPEDAL MATIZA A AGUIRRE: "LO DE LA REBELIÓN ERA ALGO SIMBÓLICO"

El PP está encantado con el ambiente político que está encontrando contra la subida del IVA. Y aunque haya una derrota más que previsible en el Congreso, los populares creen que lo importante es que todos los partidos, especialmente el PNV y CC, que apoyarán al Gobierno, se habrán "retratado" frente a los españoles. Sin embargo, el PP empieza a acusar el golpe de las críticas generalizadas que ha recibido por la llamada a la "rebelión" contra el IVA realizada por Esperanza Aguirre, un asunto sensible porque fue interpretado como una llamada a la insumisión fiscal, algo impensable en un partido de gobierno, como el PP.

Los populares mantienen su oposición a la subida del IVA, y de hecho la han convertido en el eje de su estrategia, pero empiezan a ajustar el tiro. Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, matizó a la presidenta madrileña, de quien fue consejera: "Cuando utilizó el término rebelión, y así lo ha explicado ella, fue de manera simbólica. Trataba de explicar que el PP se va a oponer a la subida. Si nos quedamos en los términos sería un error".

Era una clara matización, en lenguaje político casi un toque de atención, pero sobre todo Cospedal quiso despejar la idea, muy extendida en los círculos políticos, de que Aguirre siempre adelanta al PP y marca la estrategia con su olfato mediático que después Mariano Rajoy y los suyos se ven obligados a seguir.

"Quiero recordar que el primero que habló en contra de la subida del IVA fue Mariano Rajoy. Además, no hay mejor movilización que intentar en el Congreso que esa iniciativa no se apruebe", sentenció. Con ello también dejaba clara una idea: la dirección del PP prefiere la vía parlamentaria a la lucha en la calle. En Génova están convencidos de que en la legislatura anterior, las constantes manifestaciones protagonizadas por Rajoy perjudicaron al partido porque movilizaron el voto de la izquierda.

La propia Aguirre matizó sus palabras aunque sin dar un paso atrás. Contó en Los Desayunos de TVE que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le pidió -durante una charla en el Congreso el pasado jueves- "que hablara de movilización y no de rebelión". La convenció a medias. "Tenía razón", explicó Aguirre, para matizar enseguida que gracias a la polémica montada, "toda España se ha enterado de que el Gobierno va a subir el IVA". "Las cosas mediáticas a veces son así", se justificó.

(www.elpais.com, 16/03/10)

5. EL PP NO ENCUENTRA ALIADOS PARA SU MOTÍN CONTRA EL IVA

La rebelión del PP contra el IVA se quedará en el Congreso en una simple escaramuza. El motín prometido no pasará de la asonada en la Cámara cuando se vote la moción presentada por los conservadores para pedir al Gobierno que deje sin efecto la subida del IVA recogida en los Presupuestos Generales del Estado y que se aplicará a partir de julio. El partido de Rajoy no ha encontrado suficientes aliados para sostener su estrategia.

El PSOE y las dos formaciones que lo apoyaron en diciembre pasa sacar adelante las cuentas públicas de 2010, PNV y Coalición Canaria, tumbarán la moción del PP, que contaba con el respaldo inicial de CiU y UPyD.

PSOE, PNV y CC suman 177 votos, suficientes para rebasar la frontera de la mayoría absoluta en el Congreso, situada en 176 escaños. De esta manera, aunque cada partido negocia en el Parlamento hasta el último momento, la aritmética permitió al portavoz socialista adelantar por una vez el resultado del encuentro. José Antonio Alonso admitió que el PSOE tiene "buenas perspectivas" para rechazar la iniciativa del PP. Habida cuenta de la habitual cautela con la que defiende la portería socialista, el pronóstico de Alonso es revelador, ya que no acostumbra a hacerlo.

Semana a semana, el PSOE negocia hasta los penaltis. buscaba aún reforzar su defensa frente al PP con las formaciones minoritarias: ERC, IU-ICV, BNG, NaBai y UPN. Todas, salvo UPyD, se decantaban entre la abstención y el apoyo a los conservadores. En cualquier caso, su posición no será esta vez determinante para permitir al PP salvar una iniciativa que su portavoz anunció ante el Pleno de la Cámara como un reto y que ha acabado desinflada por falta de apoyos.

La victoria conservadora, ahora improbable, habría tenido consecuencias más simbólicas que prácticas, ya que la moción insta al Ejecutivo, pero no lo obliga. Lo que se anunciaba como un órdago, tiene todas las trazas de terminar convertido en un pinchazo.

En su moción, el PP pide al Gobierno dejar sin efecto la subida del IVA prevista para julio un punto en el tipo reducido y dos en el general. El pasado jueves, el secretario de economía del PP, Álvaro Nadal, defendió con habilidad en el Congreso los argumentos que regresarán al debate. "Nunca se ha recaudado más IVA subiendo el impuesto, sino cuando se ha creado empleo y ha habido más dinamismo", explicó.

Estos argumentos encontrarán el eco de CiU, que reclama desde hace semanas que el Ejecutivo aplace la subida hasta que la economía muestre síntomas de reactivación, y de UPyD. "No nos oponemos a que, en una reforma de la fiscalidad, se afronte una subida de los impuestos, pero nunca empezaríamos por el IVA, pues supondría la aplicación de una fiscalidad regresiva, injusta e ineficaz", argumentó Rosa Díez.

Frente a estas tesis, el PSOE defiende la necesidad de mantener la subida aprobada en diciembre para "financiar la sanidad, la educación, las prestaciones por desempleo y los servicios sociales", partidas que, según denunció Alonso, al PP "no le importan, razón por la que quieren bajar los impuestos."

Los socialistas cuentan de antemano con el respaldo del PNV, que calificó de "imposible" apoyar la iniciativa del PP "por coherencia", ya que firmó con el PSOE unos Presupuestos que contemplan la subida del IVA. El mismo argumento trasladó la portavoz de CC, Ana María Oramas, para confirmar su posición contraria a la propuesta del PP.

De forma paralela, el resto de grupos minoritarios formaban un magma de indefinición. Ninguno adelanta su postura final, aunque todos anuncian que no respaldarán los argumentos del PSOE.

Navegando entre el apoyo al PP y la abstención, se encuentran ERC y el BNG, que tacharon de "oportunista" el planteamiento conservador y también IU-ICV, que presentará una batería de enmiendas "para ir más allá de las propuestas troceadas y abrir el debate sobre un sistema fiscal "más justo y progresivo". Su contenido hace difícil que el PSOE y el PP apoyen estas medidas.

(www.publico.es, 16/03/10)

6. EL PP FICHA AL PADRE DE MARI LUZ COMO ASESOR PARA ASUNTOS PENALES

El PP no cesa en su carrera por atraerse el voto de los que piden mano dura contra los delincuentes, lo que les acarrea constantes acusaciones de populismo. Primero apostaron por la cadena perpetua. , Mariano Rajoy convirtió a Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la niña asesinada en Huelva en 2008, en asesor del PP para la reforma del Código Penal.

Rajoy y Javier Arenas se reunieron con Cortés en la sede de Génova. Éste pide penas más duras, pero no tiene ninguna experiencia legal. La semana pasada se dio de baja en el PSOE y anunció que no militaría en otro partido. En 2009, Rosa Díez le ofreció ser candidato de UPyD en Huelva. El Gobierno insiste en que el Código Penal español, con penas de hasta 40 años de cumplimiento íntegro, es uno de los más duros de Europa. El PSOE tachó de "demagógico y electoralista" el fichaje y acusó al PP de utilizar políticamente el dolor de Cortés.

(www.elpais.com, 16/03/10)

7. AZNAR OLVIDA SUS CONCESIONES A ETA, INCLUSO ANTES DEL CESE DE LA VIOLENCIA, MIENTRAS ATACA A ZP POR "PROMOVER" TREGUAS

El ex presidente José María Aznar aprovechó una entrevista este domingo en Veo 7, el canal de televisión del grupo que edita El Mundo, para vender su etapa triunfal en el Gobierno, definiéndolos como "ocho años de estabilidad y prosperidad, los más importantes de la historia económica". Incluso volvió a negar que negociara "nunca" con ETA, insistiendo en que se limitó a intentar constatar si la tregua "iba en serio", acusando asimismo a los Gobiernos socialistas de "promover" treguas a diferencia de lo que le ocurrió a él. Obvió así una vez más los gestos a la banda para que esa tregua pudiera tener lugar, como el acercamiento de presos protagonizado por Mayor Oreja, así como la concesión a los terroristas del título de Movimiento de Liberación Nacional Vasco y la promesa de "generosidad" realizadas por Aznar una vez que la banda anunció la tregua.

El presidente de FAES fue entrevistado en el programa Veo la democracia desde donde atacó al Gobierno recurriendo a ETA y justificó sus contactos con la banda de su Gobierno, asegurando que "nuca" hubo negociación. Así, aseguró que su Ejecutivo "no alimenta una negociación, simplemente nosotros decimos vamos a enterarnos de qué va esto para que nadie nos pueda decir que no hemos hecho ni el esfuerzo de enterarnos aunque no creamos en ello".

"Una cosa diferente es decir que el Gobierno promueve una negociación con ETA que es lo que pasó en el 2004 y en otras épocas en los años ochenta, donde el Gobierno promueve una negociación", expuso Aznar. "No lo hubiese hecho [negociar] ni aunque ETA hubiese dicho que iba en serio", añadió.

Aznar incluso aseguró que las personas de su entorno "tuvieron que trabajar mucho" para convencerle de que autorizase con los contactos con ETA porque su primera "reacción" y su "convicción" eran de "rechazo absoluto". Así, justificó que finalmente autorizara los contactos en que "la inmensa mayoría del país no hubiese entendido que nosotros no hiciésemos el esfuerzo de enterarnos de si la cosa iba en serio o no iba en serio".

En realidad, el ministro de Interior de Aznar, Jaime Mayor Oreja, contempló un plan para abonar el camino de los contactos con ETA que se sustentaba principalmente el acercamiento de presos al País Vasco. A través de un centro de mediación, Gernika Gogoratuz, y de un documento difundido por el diario El Mundo, se supo que Mayor Oreja prometía que "en el supuesto de que el ruido de las armas hubiera callado" el PP alentaría "un proyecto de paz y no habrá ni vencedores ni vencidos".

Estos guiños de Mayor Oreja hacia el entorno de HB se produjeron cuando no se había cumplido ni un mes desde el asesinato a sangre fría de Miguel Ángel Blanco por parte de la banda, un crimen que conmocionó a toda España. "El proceso no es simplemente de paz, es también de maduración democrática y construcción nacional", aseguraba entonces el ex ministro sobre el hipotético camino para acabar con la violencia, concediendo que era "relativamente fácil hacer grandes movimientos" de presos de la banda para acercarlos al País Vasco.

De hecho esos gestos hacia ETA se produjeron, por ejemplo con el acercamiento del etarra Iñaki Bilbao en diciembre de 1997 desde Tenerife a Almería. El 16 de septiembre de 1998 la banda decretó una tregua y Aznar les concedió el estatus de "Movimiento Vasco de Liberación Nacional", prometiendo "generosidad" y asegurando que "ahora lo que toca es la paz". Bilbao fue de nuevo premiado con un traslado a Ocaña (Toledo). Rota aquella tregua, Mayor Oreja mostró su disposición a volverse a sentar con la banda en otro gesto de distensión hacia los etarras.

Durante la entrevista de este domingo en Veo7, Aznar también volvió sobre el 11-S, apuntando que en ese momento España "no podía fallar". "Es un momento culminante en nuestra historia para estar en primera línea con todas sus consecuencias", aseguró.

El ex presidente acusó a la izquierda de haberle "injuriado y difamado hasta límites extremos" antes de llegar al Gobierno, asegurando además que su imagen ha sido "absolutamente deformada y distorsionada". "Yo he sido transformado en un dóberman, la propaganda electoral del PSOE sacaba imágenes de la Guerra Civil continuamente... Eso es lo que hay, esa es la izquierda que se mueve en este país, una parte de la izquierda que se mueve en este país y que se sigue moviendo", expuso. Según él, su vitoria en 2000 por mayoría absoluta supuso que "la Guerra Civil se terminara" aunque después hubo quienes "ahondaron en lo peor de la historia para volver al Gobierno", con lo que pusieron en cuestión "los pilares y el espíritu de la transición

(www.elplural.com, 15/03/10)

8. TRAMA GÜRTEL. CORREA Y SU 'NÚMERO DOS' GUARDABAN EN SUIZA 21 MILLONES DE LOS NEGOCIOS ILEGALES

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye una parte de la trama de corrupción vinculada al PP, tiene ya en su poder los resultados definitivos de la comisión rogatoria para investigar los fondos que supuestamente el cabecilla de la red, Francisco Correa, había sacado ilegalmente de España. La comisión rogatoria ha permitido localizar en Suiza 21 millones de euros que reunían Francisco Correa (17 millones) y su principal colaborador, Pablo Crespo (cuatro), que fue durante un tiempo secretario de Organización del PP gallego.

Correa y Crespo permanecen en prisión desde el mes de febrero del año pasado y son considerados por los jueces que han instruido el caso y por los responsables de la Fiscalía Anticorrupción los dos cerebros de la trama que extendió la corrupción por cuatro comunidades autónomas gobernadas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León).

Los 21 millones de euros localizados por la investigación judicial en Suiza habrían sido amasados por la trama de Correa como consecuencia de negocios basados en el tráfico de influencias, el cohecho o la prevaricación con la connivencia de dirigentes políticos del PP, a juzgar por todas las pruebas que atesora la causa sobre las actividades de la red de corrupción.

Correa contrató a lo largo de su aventura empresarial a dos asesores fiscales, que le crearon sociedades en paraísos fiscales donde ingresaba el dinero logrado con sus negocios en España, basados en muchas ocasiones en la adjudicación de contratos, la recalificación de terrenos o la concesión de obras o servicios a empresas para las que intermediaba.

Además, fichó al suizo Arturo Gianfranco Fasana para gestionar sus fondos en paraísos fiscales, por lo que le cobraba un 0,3% de su cartera anual. Fasana, identificado como FAFA en los documentos incautados a la trama corrupta, ha confesado ante el juez de Madrid que investiga esta trama, Antonio Pedreira, que conoció a Correa hace ocho años y que el jefe de la red corrupta se mostró interesado en traspasar unos fondos de Mónaco a Suiza. Fasana explicó en su declaración judicial que su cliente, Francisco Correa, era muy conservador a la hora de invertir su dinero y sólo quería obligaciones de categoría AAA, que garantizan un beneficio razonable con mínimo riesgo.

En medio de la crisis económica y a sólo unos meses de ser detenido, Correa pidió consejo a Fasana para invertir cuatro millones de euros y su gestor le aconsejó el Banco Europeo de Inversiones. Además, Fasana reconoció al juez que gestionó alguna operación inmobiliaria de la red corrupta en el extranjero, como la compra de dos viviendas en Cartagena de Indias (Colombia).

Además, Fasana declaró al juez que había creado la sociedad Rutsfield, domiciliada en la Isla de Man, para que Correa pudiera hacer inversiones inmobiliarias en España a través de esta empresa. En una de esas inversiones en Majadahonda para construir viviendas de lujo participó supuestamente Luis Bárcenas, según investiga el Tribunal Supremo. La mujer de Bárcenas aparece entre las personas que participan de la sociedad inmobiliaria creada para levantar la promoción de lujo en Majadahonda. Un informe policial que ha sido remitido por el juez Garzón al Tribunal Superior de Madrid así lo acredita. Tanto la mujer de Bárcenas como el ex tesorero nacional del PP están imputados en el caso Gürtel.

El instructor del caso Gürtel en Madrid ha remitido más de una decena de comisiones rogatorias al extranjero en busca del dinero que ilícitamente acaparó la trama que dirigía Correa. Países receptores de estas comisiones rogatorias son, entre otros, Estados Unidos, Portugal, Colombia, Panamá y Reino Unido. La parte del sumario abierta revela sospechas de que Correa (como ya se ha demostrado con Suiza) ocultó en ellos fuertes sumas de dinero.

9. UN INVERSOR QUE HUÍA DEL RIESGO

- Deuda pública o privada. Francisco Correa, jefe de la trama corrupta, prefería inversiones seguras para el dinero que sacaba de España. Y elegía obligaciones AAA. Estas obligaciones son títulos de deuda pública o privada, que emite el Tesoro de un país o una determinada empresa o banco para financiarse.

- Máxima nota. La triple A es la máxima nota que otorgan las agencias de calificación (Moody's, S&P y Fitch): significa que la probabilidad de impago es cero, e imprime un marchamo de máxima seguridad a la deuda. Pero tiene sólo un valor indicativo: las subprime tenían esa nota, así como varios productos de Lehman Brothers, que quebró a finales de 2008.

- Obligaciones 'AAA'. Las obligaciones de deuda de EE UU, británicas y alemanas, por ejemplo, son triple A. Las españolas también, pese a que una de las tres grandes agencias le rebajó el rating en 2009. Y hay obligaciones subordinadas de algunos bancos y unas pocas empresas con la misma nota.

- Rentabilidad. Mínimo riesgo suele suponer mínima rentabilidad, pero ésta depende del emisor y del plazo. Por ejemplo, en las obligaciones a 10 años alemanas está en torno al 3%, y en las españolas es del 4%. Grecia, en plena crisis fiscal, las paga al 7%, pero no son triple A.

(www.elpais.com, 16/03/10)

10. TRAMA GÜRTEL. COMISIONES ILEGALES A CONCEJALES Y ALCALDES

Francisco Correa, principal imputado en el caso Gürtel, reconoce a su abogado pagos a políticos populares madrileños.

Abogado. Esa asociación todavía no se ha establecido [...]. Ése es el debate que tenemos que dar. [...] Lo único que tenemos es la aplicación a un pen drive.

Correa. El famoso pen drive es el lío famoso, si no existiera... [...] Sin este pen drive todo esto no hubiera ocurrido (...) En un momento determinado se puede decir que ese pen drive es un montaje que ha hecho [José Luis] Izquierdo [contable de la red de sociedades corruptas] con Pepe Peñas, ahí en el pen drive tienen que aparecer los pagos a Peñas cuando era concejal de Majadahonda. Él cobraba, todos los meses le pagábamos [Peñas, ex colaborador de Correa, acabó traicionándole y presentó en 2007 la denuncia que dio origen a la investigación].

Abogado. Nosotros en ningún caso vamos a reconocer que los pagos que aquí se documentan estén asociados a una decisión administrativa.

Correa. Si me preguntan "¿Usted le ha dado el dinero a estos señores?", ¿yo qué les digo?

Abogado. Yo negaría la realidad. Que lo acrediten.

Correa. Habrá que ver qué contestan el día 18 Sepúlveda, Ginés... [ex alcaldes madrileños imputados en el caso].

Abogado. Más o menos tenemos controlados a todos. Excepto a Izquierdo.

(www.elpais.com, 15/03/10)

11. TRAMA GÜRTEL. LA JUSTICIA DELIBERA SOBRE LOS RECURSOS CONTRA LAS ESCUCHAS DE GÜRTEL

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid retomará las deliberaciones de los 23 recursos interpuestos contra las escuchas ordenadas por le juez Baltasar Garzón. Si sus recursos prosperan, podrían desarticular la trama Gürtel.

La posibilidad de que se declare ilegal parte o todas las escuchas telefónicas practicadas por Garzón entre los cabecillas de la Red Gürtel y sus abogados en prisión podría poner en peligro la totalidad del proceso en el que se investiga la trama de corrupción ligada a administraciones del PP al producirse la denominada Teoría de los frutos del árbol envenenado.

Esta teoría se fundamenta en que todos aquellos medios de prueba que, aún siendo lícitos, tienen su origen en los resultados que se obtienen a partir de una actuación ilegal, son ineficaces y, por tanto, no gozan de ninguna virtualidad en el proceso judicial. Es la misma estrategia que utilizó el PP para desactivar el Caso Naseiro , que lo implicaba presuntamente en una red de financiación ilegal en la primera época de José María Aznar, en 1990.

El pasado miércoles, Francisco Javier Vieira, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández iniciaron las deliberaciones para llegar a un acuerdo sobre los recursos que podría provocar la nulidad parcial o total de las escuchas telefónicas.

Fuentes del TSJM indicaron que, una vez que la Sala llegue a un acuerdo, el ponente redactará un auto en el que se motivará la decisión alcanzada por los magistrados.

En el caso de que se decrete la nulidad de las conversaciones, los abogados defensores podrían solicitar la nulidad de otras pruebas como declaraciones solicitadas a raíz de las intervenciones realizadas en la cárcel, en base a la citada Teoría de los frutos del árbol envenenado.

El abogado Ignacio Peláez, que defiende a José Luis Ulibarri, explicó que, en el caso de su cliente, su imputación se basa precisamente en la conversación que mantuvo en Soto del Real con Correa, Pablo Crespo y sus letrados cuando acudió en condición de abogado expresamente llamado.

"Fui a preparar mi estrategia de defensa porque se relacionaba a mi cliente con Correa y Crespo. Nunca sospechamos que se nos podía estar grabando. El contenido de la charla se utilizó para imputar a mi cliente, tal y como aparece en el atestado policial", indicó Peláez, quien adelantó que si se anulan las conversaciones, solicitará que se levanta la imputación sobre su patrocinado.

"Me da rabia que algunos medios nos critiquen por querer anular el proceso, pero la culpa es de Garzón y de las fiscales por permitir la ilegalidad de estas escuchas. La Fiscalía debe velar por la legalidad de las actuaciones, más aún cuando los abogados no podemos acceder a la causa. Si se anula, es por culpa del juez y las fiscales", aseveró.

Este mismo asunto está también en manos del Tribunal Supremo después de que haya admitido a trámite una querella interpuesta por este mismo letrado. A este querella se sumó el letrado de Francisco Correa, que participará en la causa como acusación particular.

El instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, tiene previsto levantar el secreto del sumario de las actuaciones cuando la Sala Civil y Penal tome una decisión sobre los recursos contra las comunicaciones. No obstante, no se descarta que haya una prórroga más de las diligencias.

El pasado enero, el juez Pedreira ya avaló las escuchas al desestimar los recursos interpuestos por José Luis Izquierdo y Javier Nombela Olmos en el que solicitaban la nulidad de las resoluiones dictadas por el juez Garzón referidas a la intervención de las comunicaciones telefónicas.

Los letrados alegaron en sus recursos que las intervenciones violaban lo dispuesto en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), que reserva exclusivamente a los supuestos de terrorismo toda intervención de las comunicaciones entre un interno y sus abogados.

En el auto, la Sala de lo Civil y Penal criticó que "la estrategia de los recurrentes consiste en confundir la intervención de las comunicaciones a un interno como medida de régimen penitenciaria, con la intervención de esas comunicaciones como medida de investigación adoptada en un procedimiento penal, de manera que las limitaciones de una se trasmitan a la otra".

(www.publico.es, 16/03/10)

12. TRAMA GÜRTEL. EL CASO NO PELIGRA SI SE APLICA LA JURISPRUDENCIA DEL CONSTITUCIONAL

El caso Gürtel no está en peligro de nulidad, como ocurrió con el caso Naseiro si se aplica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional avalada por su entonces vicepresidente, el magistrado valenciano Tomás Vives Antón, el primero en aplicar la teoría de la desconexión de antijuridicidad. Así, aunque las escuchas realizadas en prisión a los imputados en este caso fueran declaradas ilegales, las mismas u otras pruebas conseguidas de forma independiente y legítima serían válidas.

Las primeras sentencias del Constitucional que aplican la desconexión de antijuridicidad son la 81/1998 y la 49/99, ambas con Tomás Vives como ponente. Las dos se oponen a la doctrina de los frutos del árbol envenenado, por la que una prueba nula, anula el proceso. Por el contrario, la teoría del Constitucional establece la independencia de las pruebas y su validez por sí mismas, sin contaminarse ni contaminar el proceso. En este sentido, explica un experto jurista, "en oposición a la teoría de los frutos del árbol envenenado, estas sentencias avalan las pruebas que tengan virtualidad en sí misma considerada y halladas de forma independiente a la que deriven directamente del contenido de las conversaciones" anuladas o declaradas ilegales.

Desde el pasado miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Madrid delibera si debe aplicar la doctrina medieval del árbol envenenado, tras las 23 peticiones de nulidad de las actuaciones iniciadas por el juez Garzón hace un año y encabezadas por el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa. Sus abogados han pedido que se anulen todas las actuaciones en general o bien a partir del 19 de febrero, cuando ingresaron en la prisión de Soto del Real (Madrid) y el juez Garzón ordenó las escuchas de las conversaciones con sus abogados en el locutorio. Nula la prueba, nula la causa, defienden los imputados. El Tribunal Supremo así lo hizo cuando declaró nulas las escuchas obtenidas en el caso Naseiro, en el que también se investigaba una supuesta financiación ilegal del PP.

No obstante, la jurisprudencia posterior del Tribunal Constitucional habría avalado estas escuchas con la teoría de la desconexión de antijuridicidad. De esta forma, si se llega a la misma prueba por otro medio legítimo, anterior o posterior, la prueba será válida, aunque se anulen los hechos derivados de las escuchas declaradas ilegales, es decir, los frutos del árbol envenenado.

Un ejemplo sería la conversación de 24 de febrero de 2009 entre José Antonio López Rubal, Pablo Crespo y Francisco Correa. En su recurso, el abogado pretende que se anule la conversación en la que se habla de "la sociedad de los locales de Boadilla". Aplicando la teoría del Constitucional, si en un registro legal de estos locales se hallara una prueba, ésta sería legítima y perfectamente válida al tratarse de una prueba independiente de las conversaciones, incluso si éstas se anularan del proceso.

(www.levante-emv.com, 16/03/10)

13. TRAMA GÜRTEL. LOS PINCHAZOS, EN MANOS DE UN JUEZ QUE SE NEGÓ A INVESTIGAR A ULIBARRI

Emilio Fernández Castro, uno de los tres jueces que deben decidir si se anulan o no las escuchas en prisión a imputados del caso Gürtel, se negó en 2007 a admitir una querella sobre los manejos de dos de los principales personajes de la que terminaría siendo conocida como trama Gürtel: el entonces alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero apodado en la trama como el Albondiguilla y el empresario José Luis Ulibarri. Fuentes próximas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) creen que el magistrado no está contaminado para decidir sobre las escuchas.

Sin estudiar el fondo del asunto la oscura adjudicación de una parcela municipal a una empresa de Ulibarri, Fernández Castro dio carpetazo a la querella. No había indicios de delito, sostuvo el magistrado. La empresa adjudicataria, UFC, ni siquiera estaba inscrita en la Seguridad Social.

Dos años más tarde, el juez Baltasar Garzón citaba en dos de sus autos sobre el caso Gürtel la adjudicación de esa parcela como una de las operaciones urdidas por la red corrupta. La parcela, subrayaba el juez en un auto, se adjudicó de forma "directa" a UFC "tras la intervención de Francisco Correa", jefe del clan Gürtel.

La querella por prevaricación que Fernández de Castro se negó a admitir llevaba el sello de Ángel Galindo, concejal de oposición en el Ayuntamiento de Boadilla y abogado de José Peñas, el ex edil del PP cuya denuncia permitió a Garzón tirar del hilo de la red corrupta.

En su denuncia, Galindo desgranaba el cúmulo de irregularidades que habían rodeado la adjudicación de la parcela, destinada a albergar 139 viviendas libres: la oferta económica de UFC 35 millones era cuatro millones inferior a la más alta. Y, sobre todo, UFC era en aquel momento una empresa fantasma o infractora, como demostró su ausencia de registro en la Seguridad Social.

Tras el carpetazo dado a la querella por Fernández Castro, el querellante recurrió a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ. La inadmisión de la querella fue confirmada. Pero lo fue con el voto particular de uno de los tres miembros de la Sala: Antonio Pedreira, quien como instructor de la pieza principal del caso Gürtel revalidó en febrero las escuchas ordenadas por Garzón.

Los imputados en el caso Gürtel han convertido en prioridad lograr la nulidad de las escuchas en prisión. Sobre esos pinchazos deben pronunciarse dos tribunales: el TSJ de Madrid, que debe revalidar o revocar el auto de Pedreira por el que confirmaba la legalidad de tales escuchas; y el Tribunal Supremo, que investiga la querella interpuesta contra Garzón precisamente por José Luis Ulibarri, a quien el sumario presenta como uno de los pesos pesados de la trama.

La decisión del Tribunal Superior de Madrid está en manos de tres magistrados: José Manuel Suárez Robledano, ponente; Francisco Javier Vieira, presidente del TSJ; y Fernández de Castro.

(www.publico.es, 17/03/10)

14. GALICIA. TRAMA GÜRTEL. FINANCIACIÓN ILEGAL EN EL PP GALLEGO

El ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, admite que hubo financiación irregular ante su letrado.

Pablo Crespo. Mira una cosa, hay un dato que tengo que darte. Cuando viniste la última vez, que estaba en unas diligencias, esas diligencias pertenecían a la apertura de una caja de seguridad que tenía yo en Pontevedra, donde yo tenía la información económica de toda mi gestión como secretario de Organización del PP de Galicia durante cuatro años, cuatro ejercicios completos, entonces ahí hay una documentación ordenada por mí en su día, porque cuando yo me marché quería dejar las cosas claras.

Abogado. Seguramente.

Pablo Crespo. Pero no creo que sea un problema jurídico muy grave, salvo lo del ejercicio de 1999. ¿Cuándo prescriben ese tipo de cosas?

Abogado. Depende de lo que estemos hablando, si es un problema de financiación irregular que puede conducir a un delito electoral, como mucho 10 años, pero yo creo que es menos.

Pablo Crespo. (...) Yo te hablo de 1999, pero nada más. Pero bueno, les va a dar alas para...

Abogado. Seguro, seguro. Aunque hiciese 20 años de esto, EL PAÍS lo sacaría igual.

Pablo Crespo. Lo que me sorprende es que no lo saquen esta semana. (...) El lío que se puede montar es morrocotudo.

(www.elpais.com, 15/03/10)

15. GALICIA. LA XUNTA EXCLUYE DE LA PROTECCIÓN DE COSTA UN CAMPO DE GOLF VINCULADO AL PP

De un plumazo, el Plan de Ordenación del Litoral (POL) que promueve la Xunta elimina la posibilidad de construir en 535 hectáreas de suelo urbanizable en Sanxenxo. El 42% del veto al ladrillo del proyecto de la Consellería de Medio Ambiente en la provincia de Pontevedra se concentra en este municipio gobernado por el PP, expuesto por el resto de partidos como ejemplo de la marbellización de Galicia.

Pero la protección aplicada en Sanxenxo tiene una significativa excepción, al dejar fuera de su amparo el macroproyecto de campo de golf en Montefaro promovido por una empresa vinculada al PP de Valencia. El proyecto de Montefaro lleva asociado la construcción de 2.700 viviendas.

A pesar de su impacto ambiental, denunciado por los vecinos y recogido en un informe de la Xunta, su entorno y un pequeño perímetro a su alrededor son prácticamente las únicas zonas en las que el Plan del Litoral no establece criterio alguno de protección. Los colores grises que se le aplican en los planos al entorno afectado dan vía libre a "nuevos asentamientos" y "nuevas agrupaciones", lo que elimina cualquier protección especial.

La previsión del campo de golf se incluyó en el Plan General de Ordenación Municipal de Sanxenxo, aprobado en tiempo récord en 2003 por el entonces alcalde, Telmo Martín, que eludió así el exhaustivo control ambiental previsto en la reforma de la Lei do Solo que entró en vigor ese año. Sí se sometió a informe el proyecto de Montefaro cuando se materializó su plan parcial.

Las conclusiones de la Consellería de Medio Ambiente revelaron que "no satisface las significativas exigencias" de sostenibilidad, al carecer de integración en una zona alta con gran pendiente, muy visible desde el litoral.

Tres meses después, ya con el Partido Popular en la Xunta, un nuevo informe de la consellería rectificó al anterior. El campo de golf está previsto en dos suelos clasificados en el Plan General como urbanizables. El mayor de ellos lo promueve Mirador de Sanxenxo, S.L., propiedad de Sedesa, fundada por el padre de Juan Cotino, ex director general de la Policía y actual vicepresidente del Gobierno valenciano, y administrada por sus familiares. Sedesa aparece en el sumario del caso Gürtel como una de las compañías que presuntamente financiaban ilegalmente al PP de Valencia.

La desclasificación de Montefaro en el Plan de Ordenación del Litoral probablemente no desbloqueará a corto plazo la ejecución del proyecto, pero supone un balón de oxígeno para Sedesa, al mantener intacto el valor del suelo de una empresa que atraviesa una delicada situación económica. Tanto es así, que Mirador de Sanxenxo ha descartado iniciar las obras de momento por falta de financiación.

La filial de Sedesa y las promotoras responsables de la otra parte del proyecto están en litigio con el ayuntamiento, al que reclaman la devolución de 8,6 millones de euros, que ingresaron en las arcas municipales para que les liberara de la obligación de construir vivienda de protección oficial en el selecto club de golf.

Pero cambiaron los tiempos, llegó la crisis y Mirador de Sanxenxo, encargada de la promoción de 1.300 viviendas, apeló a las nuevas exigencias de vivienda protegida incluidas en la legislación autonómica para reclamar el reembolso de 4,7 millones de euros. La ordenación prevista en el POL ha provocado las protestas de la oposición, pero la alcaldesa, Catalina González, del PP, lo apoya. El portavoz municipal del BNG, David Otero, denuncia el "agravio clarísimo" que supone la desprotección de Montefaro, que contrasta con las cautelas que se imponen en otras zonas donde, según los nacionalistas, no están justificadas.

(www.elpais.com, 15/03/10)

16. GALICIA. EL FISCAL DENUNCIA A BARREIROS POR LAS URBANIZACIONES QUE LEGALIZA LA XUNTA

Mucho antes de que la Xunta actual descabezase el pasado jueves la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística -en una decisión colegiada que el presidente Alberto Núñez Feijóo evitó contar a la prensa- el organismo adscrito a la Consellería de Territorio había trazado un prolijo informe sobre el caos inmobiliario en el Ayuntamiento de Barreiros.

La precisión y contundencia de ese dictamen, repaso del rosario de irregularidades -cuando no ilegalidades- en el urbanismo del municipio lucense, sirvió de base a la fiscalía para denunciar en el juzgado de Mondoñedo a la Junta de Gobierno del PP que autorizó dichas licencias. El ministerio público acusa al alcalde, Alfonso Puente Parga, y a los tres concejales que integran la Junta de Gobierno, así como a la arquitecta municipal, Marta Geada, de prevaricación urbanística.

La denuncia se refiere a 44 expedientes que permitírían a otros tantos promotores inmobiliarios levantar 3.174 viviendas en un municipio de 3.300 habitantes, donde ya empiezan a emerger los primeros mamotretos alineados a pie de costa. Son precisamente esas construcciones las que el Gobierno de Feijóo se propone legalizar mediante un convenio con el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo, por el que las tres administraciones aportarán fondos para dotar de servicios a las urbanizaciones.

La denuncia que el fiscal presentó contra el gobierno de Barreiros adjunta el informe de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, tres carpetas de ortofotos del ayuntamiento y los 44 expedientes, incluidos otros tantos informes contrarios de la secretaria municipal.

En la demanda, de 26 folios, el ministerio público acusa al gobierno de Barreiros y a la arquitecta municipal de prevaricacion urbanística y recuerda que la Junta Local de Gobierno, que integran el alcalde José Alfonso Puente Parga, y los ediles José Manuel Gómez Puente, Eulogio Menéndez y María Alina Rodríguez, todos del PP, ignoró las directrices de la anterior Consellería de Política Territorial. El fiscal cita una comunicación que, con fecha 14 de marzo de 2006, envió al Ayuntamiento el ex director general de Urbanismo Ramón Lueje. Esta instrucción recordaba al alcalde que desde enero de 2006 "debía aplicar el régimen de suelo urbano no consolidado a la ejecución de la ordenación establecida en suelo urbano", puesto que el municipio no había adaptado su planeamiento a la ley del suelo de 1997.

"Pese a ello", continúa la denuncia, "el equipo de gobierno de Barreiros concedió durante ese año 44 licencias pese a estas deficiencias insalvables recogidas en los informes jurídicos de la secretaria municipal". Subraya el escrito que el alcalde y los tres ediles "prescindieron" de este informe técnico "pese a ser preceptivo" para autorizar los edificios.

La querella acusa al gobierno local de aplicar la normativa que rige en suelo urbano consolidado a una superficie que no lo era. Y detalla las carencias de los núcleos sobre los que se asentaron los edificios: "Deficiencias en abastecimiento eléctrico, de agua, saneamiento, carencia de acceso rodado" [...] "una realidad residencial que distaba en términos irreconciliables de lo que sería una malla urbana".

Como consecuencia de tanto caos, la Xunta anterior suspendió las normas subsidiarias de Barreiros. El equipo de Feijóo y la Diputación de Lugo avalan ahora una amnistía si los promotores retiran los recursos judiciales que presentaron contra el anterior Gobierno gallego. El presidente explicó el jueves que la inversión de siete millones de euros de su Gobierno será similar a la que hubiera gastado allí para saneamiento. Horas antes, había firmado el cese de Hipólito Pérez, el director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística que realizó el informe sobre Barreiros.

(www.elpais.com, 13/03/10)

17. GALICIA. BALTAR EMPLEA A 300 CARGOS DEL PP OURENSANO

Al menos cuatro alcaldes y 58 concejales del PP de distintos municipios de Ourense trabajan en la Diputación de Ourense que preside el conservador José Luis Baltar. No son los únicos. Según la lista hecha pública por el PSdeG-PSOE, al menos 298 personas vinculadas con la formación que preside Alberto Núñez Feijóo, entre cargos electos del partido y familiares directos de estos (hijos, cónyuges, parejas, progenitores) "trabajan o han trabajado" en los últimos meses en el ente provincial que capitanea Baltar, padre y mentor del actual presidente del PP de Ourense, José Manuel Baltar Blanco.

De este modo, los regidores de Bande, Trasmiras, San Amaro y Rubiá comparten pagador, lo mismo que varios ediles de esos mismos municipios. Incluso el presidente de Novas Xeneracións, Roberto Ameijeiras, también concejal en O Carballiño, cobra un sueldo del organismo provincial.

El importe de los salarios de la Diputación de Ourense supera en varios millones a la partida destinada a inversiones y, según han denunciado los socialistas en reiteradas ocasiones, en el edificio del ente provincial ya no hay espacio físico para albergar a todo el personal con que cuenta en plantilla. Tanto es así que algunos los empleados están cedidos a ayuntamientos de la provincia en manos del PP. A modo de ejemplo, la Diputación, segundo empleador provincial, tras la empresa Coren, dispone de una biblioteca para investigadores, con 12 sillas y 10 bibliotecarios en plantilla y sólo el edificio de dos puertas que alberga el centro cultural de la ciudad, anexo a la Diputación, cuenta con 35 porteros.

Las ventajas de los asalariados de la Diputación no quedan ahí. Preocupado por la situación de crisis económica, Baltar habilitó una línea de ayudas destinadas a sufragar "hasta el 80% del valor de los seguros de los préstamos contratados para la adquisición de la primera vivienda de los trabajadores fijos".

Anticipos de hasta 3.500 euros con un plazo de devolución de hasta en 36 meses sin intereses, ayuda escolar por cada hijo en edad escolar, un seguro de asistencia sanitaria integral, un plan de pensiones, 1.600 euros a la familia en caso de defunción, 1.500 de "premio a la constancia" por jubilarse a los 65 años o ayudas por familiares discapacitados, son sólo algunos ejemplos de los múltiples beneficios sociales de que disfrutan los trabajadores de Baltar.

(www.publico.es, 14/03/10)

18. GALICIA. UN CONTRATADO DE BALTAR PADRE TRABAJA PARA BALTAR HIJO EN SU HORARIO LABORAL

El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense y responsable del planeamiento anulado por ocho sentencias judiciales, Ricardo Campo Labrador, acude diariamente en horario de mañana a trabajar a la sede provincial del PP, pese a que tiene un puesto de trabajo en la Diputación en jornada matinal.

Campo, abogado de profesión y responsable, con otros, de los planos del PXOM que se expusieron al público ocultando el volumen de edificabilidad que tenían los documentos aprobados en el pleno del Ayuntamiento, fue premiado el año pasado por José Luis Baltar con un puesto de trabajo. Lo contrató como auxiliar administrativo en la Diputación.

En enero, el ex edil fue elegido, además, miembro de la ejecutiva del nuevo presidente provincial, José Manuel Baltar Blanco, y ahora compatibiliza en la jornada de mañana ambos puestos, según aseguran fuentes del PP, que sostienen que acude a las 10.15 horas a la sede del partido en Ourense y la abandona en torno a la una de la tarde. Este diario ha podido contrastar los testimonios llamando a la sede provincial. Ricardo Campo matiza los hechos. Reconoce que acude por las mañanas a las dependencias del PP, aunque sostiene que lo hace "puntualmente" para "llevar algún papel" durante "sus horas libres" de la jornada que debe cumplir en la institución provincial, de ocho y media de la mañana a dos y media de la tarde.

El empleado de Baltar padre asegura dedicar "la jornada de la tarde" al partido, para ocuparse de los asuntos jurídicos y del proyecto para la dependencia que elabora la ejecutiva del nuevo PP de Ourense. Sostiene que no tiene tiempo libre entre su jornada en la Diputación, su labor como abogado y la dedicación al PP.

El PSOE denunció una vez más el uso por Baltar de fondos públicos para contratar a cargos del PP, y destacó que han sido admitidos a las nuevas oposiciones de la Diputación la hija del alcalde de Celanova; el hijo del alcalde de Xinzo; el hermano de la alcaldesa de Vilamartín de Valdeorras y la ex alcaldesa de Bande y diputada en Cortes Ana Belén Vázquez.

(www.elpais.com, 18/03/10)

19. ANDALUCÍA. EL FISCAL PIDE CÁRCEL PARA EL ALCALDE DE ALHAURÍN POR COBRAR SOBORNOS

"Hemos recibido la noticia con alegría, ya que es una batalla más que hemos ganado". De esta sorprendente forma reaccionaba el equipo de gobierno local de Alhaurín el Grande (Málaga, 23.000 habitantes) al enterarse de que la Fiscalía pide cárcel para el alcalde, Juan Martín Serón, y para el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP. El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha solicitado cuatro años y medio de prisión, 19 de inhabilitación y multa de 500.000 euros para Martín Serón, al que acusa de haber cobrado 238.000 euros de promotores con intereses en Alhaurín a cambio de concederles licencias ilegales de obra. Martín Serón está imputado de un delito continuado de cohecho y de prevaricación.

Para Guerra, hombre de confianza del alcalde y presunto cerebro de la trama, el ministerio público pide siete años y medio de cárcel por cohecho y por un delito continuado contra la ordenación del territorio, consistente en conceder 14 licencias contrarias al planeamiento urbanístico de Alhaurín. A cambio de estos permisos ilegales, Guerra exigió a los promotores 782.445 euros, de los cuales recibió al menos 304.545 euros, según las anotaciones manuscritas y los archivos informáticos encontrados en el despacho del edil en el Ayuntamiento. Además de la pena de prisión, el fiscal pide para este concejal 21 años de inhabilitación para cargo público y una multa de 1,6 millones.

El fiscal afirma en su escrito acusatorio que el edil de Urbanismo "había tasado el precio a pagar por el incremento en los metros cuadrados de edificabilidad de las parcelas y en el número de viviendas respecto a lo legalmente establecido". Cada metro cuadrado de más se cobraba supuestamente a 80 euros, y cada vivienda a 6.000 euros.

Además de los dos políticos, en la trama están imputados dos funcionarios municipales -los asesores jurídicos de Urbanismo Juan Burgos e Ildefonso Domínguez- que, según el fiscal, informaron a favor de otorgar las licencias pese a conocer su ilegalidad; y los 16 empresarios que supuestamente efectuaron los pagos. El fiscal reclama para cada uno de los promotores tres años de prisión por cohecho y delitos contra la ordenación del territorio. Estos empresarios se enfrentan a multas que suman 1,3 millones.

No obstante, Martín Serón y Guerra sí tienen argumentos para ver el vaso medio lleno. En el caso del alcalde, el fiscal ha sobreseído la imputación por blanqueo de capitales, que también afectaba a su esposa, la economista Teresa Santos, que queda fuera de la acusación. Y Gregorio Guerra deja de estar imputado por prevaricación. Además, se archiva provisionalmente la causa contra cuatro empresarios, entre ellos Manuel Márquez, dueño de la compañía Conextran.

(www.elpais.com, 18/03/10)

20. ANDALUCÍA. ASÍ FUNCIONABA LA TRAMA DEL 'CASO TROYA'

- Según el fiscal, al menos desde 2002 funcionaba una trama en el Ayuntamiento que consistía en ofrecer a los promotores "obtener una mayor edificabilidad respecto a la legalmente establecida (...) a cambio de la oportuna retribución económica" a las autoridades municipales.

- El pago mayor, de 168.545 euros, lo realizó supuestamente el promotor Gumersindo Martín, quien pudo construir 47 viviendas en una parcela en la que sólo estaban autorizadas 22.

- Los administradores de la promotora Marcoreva acordaron con Gregorio Guerra dos pagos, uno de 100.000 y otro de 18.000 euros. A cambio del primero, una parcela en la que se permitía levantar seis viviendas obtuvo licencia para 21 apartamentos.

- El fiscal dice que la "tarifa" del cohecho era de 80 euros por metro cuadrado de más y 6.000 euros por vivienda adicional.

(www.elpais.com, 18/03/10)

21. COMUNIDAD DE MADRID. TRAMA GÜRTEL. AGUIRRE DEFIENDE AHORA LA INOCENCIA DE LOS DIPUTADOS IMPUTADOS EN EL GÜRTEL

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, defendió la inocencia de los tres diputados madrileños imputados por el caso Gürtel, Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco y el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, a pesar de que la parte publicada del sumario contiene numerosas evidencias en su contra. Durante una entrevista en TVE, la dirigente popular aseguró: "Estoy convencida de que son inocentes".

Hasta ahora Aguirre había recurrido a la presunción de inocencia para defenderlos, pero nunca había sido tan tajante al proteger a los parlamentarios que ella misma apartó del grupo popular. La presidenta olvida algunas de las pruebas que contiene la parte pública del sumario. Entre otras evidencias, en el pen drive intervenido al contable de la trama se detallan pagos de elevadas cantidades de dinero a los tres ex parlamentarios populares.

- Alberto López Viejo. El juez le impuso una fianza de 750.000 euros. "Es el muñidor de toda la operativa", comentaba uno de los capos de la red corrupta en una de las grabaciones. En la contabilidad B del entramado de empresas de la trama aparecen apuntes que revelan entregas de dinero al ex consejero de 286.000 euros, según recoge el sumario. López Viejo era el responsable de montar los actos públicos de la Comunidad de Madrid. Troceaba los contratos públicos en cantidades inferiores a 12.000 euros para evitar los concursos públicos, según se desprende del sumario. Realizó más de 350 contratos con empresas de la trama, a las que facturó más de tres millones de euros.

- Alfonso Bosch. Tiene impuesta una fianza de 750.000 euros. Fue gerente de una empresa pública de suelo en Boadilla del Monte, desde donde intermedió para asignar varios contratos a la red corrupta. Entre ellos, el proyecto de construcción de la ciudad deportiva de Boadilla a la empresa Hispanica, según un auto judicial. También adjudicó, según el sumario, varios locales a Rústicas MBS, la empresa de José Ramón Blanco Balín, imputado en la trama. Aparece como perceptor de 250.562 euros en la contabilidad de las empresas de la trama.

- Benjamín Martín Vasco. Tiene una fianza de 955.000 euros. Según las grabaciones de la fiscalía, intermedió para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en Arganda del Rey. La contabilidad de las sociedades de la red tenía un archivo personal para reflejar las entregas de dinero a Martín Vasco. En total, recibió 437.166 euros, según el sumario, además de cuantiosos regalos, como un televisor de plasma, el viaje de bodas...

Durante la entrevista en la televisión pública, Aguirre descartó que los imputados entren en las listas electorales para los comicios del próximo año. "No formarán parte de las listas porque para dentro de un año no se habrá resuelto este asunto... La responsabilidad política tenemos que asumirla y como tal responsabilidad (sic) les he agradecido mucho que aceptaran pedir la suspensión de militancia y dejar el Gobierno". Cuestionada también sobre si incluirá en las listas electorales al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, expedientado por su formación por cargar contra ella en una entrevista en EL PAÍS, Aguirre apuntó: "Ahora hay una suspensión cautelar. El comité electoral es el que decide. Y no me va a pedir opinión".

(www.elpais.com, 16/03/10)

22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE DICE QUE AVIVÓ LA POLÉMICA DE LA "REBELIÓN" CONTRA EL IVA PARA INFORMAR A LOS CIUDADANOS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se alegra de haber llamado a la "rebelión" contra la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de subir el IVA hasta dos puntos a partir del próximo julio. La polémica generada por las declaraciones de la dirigente del PP en Madrid ha servido de altavoz para denunciar la medida, según la propia Aguirre: "La utilización de esa expresión es lo que ha determinado que toda España se entere de que el Gobierno va a subir el IVA", ha dicho durante una entrevista en TVE. "A veces las cosas mediáticas son así", ha apostillado.

La presidenta ha explicado que no hizo otra cosa que anunciar una campaña popular en la Comunidad, y que lo hizo como líder del partido, no como presidenta de la región. Llamar a la rebelión, ha asegurado, es promover la "movilización ciudadana en contra de una medida nefasta". En el segundo trimestre del año, meses antes de que el aumento del IVA entre en vigor, el PP madrileño sacará las mesas a la calle para pedir las firmas de los ciudadanos en contra de la medida.

"Se han hecho hasta huelgas generales contra las decisiones del Parlamento", ha esgrimido Aguirre para defenderse de quienes califican la llamada a la rebelión como antidemocrática. "Se quiere hablar de insumisión interesadamente", ha zanjado. Ha reconocido, por otra parte, que dió la razón a Rodríguez Zapatero cuando éste le comentó en el Congreso, según ha contado, que debería haber empleado la palabra "movilización". No ha claudicado, sin embargo, ni mucho menos se arrepiente, "todo lo contrario", ha dicho, y ha culpado a la izquierda de echar leña al fuego: "La izquierda quiere la palabra rebelión para ellos solos".

(www.elpais.com, 15/03/10)

23. COMUNIDAD DE MADRID. GÜEMES DEJA LA PRIMERA LINEA DE LA POLÍTICA POR MOTIVOS PERSONALES

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, acaba de anunciar que deja la primera línea de la política por motivos personales. "Es una decisión absolutamente irrevocable" ha dicho Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, tras anunciar la noticia de la renuncia del consejero. "En esta legislatura ha sido un extraordinario consejero de Sanidad, que como saben ustedes es la consejería que gestiona el presupuesto más alto de la Comunidad". Güemes, que en la anterior legislatura también desempeñó el cargo de consejero de Empleo y Mujer, era además portavoz del PP regional. Ahora pasará a trabajar en el IE Business School, como presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora. A pesar de abandonar la portavocía y la consejería, Güemes seguirá en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, en el Regional y seguirá asistiendo a las reuniones del partido que preside Esperanza Aguirre en Madrid

Le sustituye al frente de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty, que hasta ahora era el consejero de Inmigración, cartera que se une a Empleo y Mujer y que queda al cargo de Paloma Adrados. La nueva portavoz del PP regional será Lucía Figar, que es además consejera de Educación. Con esta nueva crisis de Gobierno, Aguirre suprime seis consejerías en los últimos tres años. En este caso es una la que desaparece, que se une a las suprimidas en crisis anteriores.

"Este nuevo proyecto me permitirá trabajar sobre el terreno en la creación de nuevas empresas, algo básico para la recuperación económica". Son palabras del propio Güemes recogidas en una nota de prensa del Instituto. "Nuestro reto ahora es reforzar la relación con instituciones financieras e inversores de todo el mundo. Trabajaremos para estrechar la relación con las grandes compañías y potenciaremos el papel de la mujer en el entorno empresarial".

Juan José Güemes Barrios (Madrid, 1969), alumno de colegio del Opus, padre de dos hijas, deportista obsesivo y casado con Andrea Fabra, hija del polémico presidente de la diputación de Castellón, es especialista en meterse al personal en el bolsillo. "Soy un seductor. Tengo un don natural para agradar a la gente", admite. Lo hizo desde joven, cuando logró la protección de Rodrigo Rato. "Ese clan es muy cerrado. Si el patriarca [Rato] toca la corneta, todavía se ponen todos firmes", dice un miembro de la dirección madrileña.

Cuando terminó la carrera de Económicas fue becario del Banco Central Hispano en el área de mercado de capitales. Pero eso no satisfacía al joven y ambicioso Güemes. En 1993 recibió la llamada de la gaviota. Aburrido de comprar y vender derivados y futuros, aceptó sin dudarlo. "Pensé que era temporal, pero fíjate. Aunque no estaba afiliado, me sentí ideológicamente próximo al PP". Fue un ascenso meteórico. Felipe González se tambaleaba y el PP rozaba el poder. Estalló la crisis de Banesto. Mario Conde, referencia para jóvenes de su generación, acabó entre rejas. La gomina pasó de moda y la melena ondulada de Güemes estuvo en la comisión que el PP constituyó para el caso.

Y luego le descubrió Aguirre. "Llegó tiesa a la campaña de 2003. No tenía equipo. Su gente, Lasquetty e Ignacio González, estaban en Moncloa. Desde Génova le montaron uno y llegó Güemes", explica un compañero de la época. Y llegó también el Tamayazo. "Me sorprendió el ruido de la Asamblea, el tono agresivo. Nunca había vivido cosas como las de esos días. Merece olvidarlo. Fue muy duro", recuerda quien ahora se encuentra envuelto entre los gritos de los sindicatos.

(www.elpais.com, 18/03/10)

24. COMUNIDAD DE MADRID. TAMAYO INTENTA REUNIRSE CON AGUIRRE PARA HABLAR SOBRE EL GOLPE POLÍTICO DE 2003 EN MADRID

¿Recuerdan a Eduardo Tamayo? Viajemos al 10 de junio de 2003, cuando este ex diputado regional del partido socialista en Madrid hizo temblar los cimientos de la política española. Junto con su compañera Teresa Sáez, se ausentó de la votación de la presidencia de la Cámara autonómica, dejando a su partido en minoría.

Ese día, el socialista Francisco Cavaco no pudo ser elegido para un cargo que daba por hecho, puesto que su partido e Izquierda Unida tenían mayoría. Fue elegida Concepción Dancausa (del Partido Popular), pero el terremoto terminó por apartar a Rafael Simancas de la presidencia autonómica que ya acariciaba y forzó a repetir las elecciones. En noviembre, ganó Esperanza Aguirre, que revalidó su mandato cuatro años después.

Bien, volvamos al presente. Faltaban 25 minutos para que el reloj de la Puerta del Sol diera las campanadas cuando Tamayo se plantó bajo su sombra, en la sede del Gobierno regional. Tenía la intención de hablar con Aguirre, pero no llegó muy lejos. Fue despachado por la jefa de protocolo de la presidenta, aduciendo que no tenía cita y además en esos momentos estaba reunido el Consejo de Gobierno.

El diario Público había publicado sus planes, de forma que no faltaban periodistas que le escucharan cuando volvió a salir, "vilipendiado", según sus palabras. Había ido a contarle a Aguirre algunas cosas que sucedieron en 2003, dijo, y de las que en los próximos días "nos enteraremos".

Tras esta velada amenaza, ha señalado algunos nombres: Ricardo Romero de Tejada (entonces responsable de política autonómica del PP, ahora consejero de Caja Madrid), Carmen Rodríguez Flores (entonces y ahora diputada autonómica, y una de las víctimas de la red de espionaje presuntamente auspiciada por el Gobierno de Aguirre) y el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Tamayo ha asegurado que ya estuvo en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, hablando con su titular, Francisco Granados; ha asegurado ser una persona "absolutamente limpia" y ha calificado lo sucedido en 2003 como "una farsa". "Lo volvería a hacer", ha apostillado.

(www.elpais.com, 18/03/10)

25. COMUNIDAD DE MADRID. ANTES DE ARRUINARSE, LA EMPRESA DE DÍAZ FERRÁN DONÓ A ESPERANZA AGUIRRE 246.000 EUROS

Este lunes, el Ministerio de Economía disolvió con carácter inmediato la aseguradora del Grupo Marsans, Seguros Mercurio, de la que es copropietario el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, junto con Gonzalo Pascual. La medida, que pone de relieve los problemas económicos por los que atraviesa Ferrán, se tomó porque el jefe de la patronal no había aportado "soluciones viables" a su "grave situación patrimonial y de liquidez", por lo que no iba a poder hacer frente a sus compromisos de pago "en las próximas semanas".

No es la primera ocasión que Seguros Mercurio se convierte en noticia por motivos ajenos a su actividad empresarial. Tal y como recuerda el periodista Ignacio Escolar, Díaz Ferrán utilizó esta empresa para donar 246.000 euros a Fundescam, una fundación del Partido Popular de Madrid que pagó gastos electorales de Esperanza Aguirre.

En concreto, el presidente de todos los empresarios donó 192.200 euros al PP de Madrid durante 2003, el año del tamayazo, y otros 54.000 en marzo de 2004. Los 192.200 euros de 2003 se entregaron en tres transferencias a Fundescam, la desconocida fundación sin apenas actividad pública que depende orgánicamente del PP de Madrid y que pagó a la empresa Special Events, de Francisco Correa, parte de las facturas de las dos campañas electorales de Esperanza Aguirre de ese mismo año.  

Casualmente, el dinero proveniente de Seguros Mercurio siempre llegaba a la ópaca fundación en plena campaña electoral.120.000 euros fueron pagados el 19 y 20 de mayo, cinco días antes de las primeras elecciones de Madrid. Otros 72.000 euros el 25 de octubre, sólo un día antes de la segunda votación tas el tamayazo. Por último, 54.000 euros en marzo de 2004, el mes en que Zapatero se convirtió en presidente del Gobierno.

Cuando Díaz Ferrán donó este dinero ya disfrutaba de contratos públicos, algo que prohíbe la Ley de Financiación de Partidos. Concretamente, son los partidos políticos los que no pueden aceptar las donaciones. En 2001, el jefe de la patronal había conseguido con Trapsa la gestión de autobuses turísticos de Madrid. Pero la más conocida y polémica fue la adquisición de Aerolíneas Argentinas por un dólar, para la que luego recibió dinero público y por cuya gestión ha acabado imputado.

Sin duda, Díaz Ferrán es un admirador incondicional de Esperanza Aguirre. De hecho, en un acto de mayo de 2009 en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid repetía sus recetas económicas para salir de la crisis, el jefe de la patronal no pudo contenerse y creyendo que el micrófono estaba cerrado exclamó un rotundo "Aguirre es cojonuda". La grabación fue publicada por la Cadena SER.

Por su interes informativo, reproducimos los documentos -extraídos de escolar.net- que acreditan la donación que Fundescam recibió por parte de Seguros Mercurio.

(www.elplural.com, 16/03/10)

26. COMUNIDAD DE MADRID. SANIDAD ANUNCIA MÁS PRIVATIZACIONES EN HOSPITALES

Sanidad quiere aprovechar las remodelaciones que ya están en marcha o que se avecinan en los hospitales tradicionales para seguir externalizando los servicios no sanitarios. Eso fue lo que la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Sánchez, aseguró a los sindicatos que, el miércoles pasado, acudieron a la última reunión de la mesa sectorial de Sanidad. El primero de estos servicios es la lavandería del hospital Clínico. Se cerrará el 22 de marzo. Sánchez anunció la intención de la consejería de privatizar los servicios no sanitarios (lavandería, cocina, limpieza, jardinería...) de todos los hospitales con planes funcionales en marcha: Clínico, Gregorio Marañón, Móstoles, Ramón y Cajal, La Paz y 12 de Octubre. Sanidad no piensa incluir en sus planes de externalización ni a administrativos ni a celadores, según fuentes de UGT.

CC OO, UGT y CSIT redactaron un comunicado conjunto en el que aseguran que "las repercusiones de esta privatización supondrían la mayor agresión a la estructura hospitalaria pública conocida en nuestro país, ya que tendrá unas consecuencias imprevisibles para la sanidad pública madrileña y, sobre todo, para el personal eventual". Los tres sindicatos prevén "movilizaciones" de protesta y recordaron que Sanidad se comprometió justamente a lo contrario. "También se han tratado los planes funcionales para las futuras reformas de los hospitales, comprometiéndose la consejería a la no externalización de servicios que no lo están en la actualidad", se lee en el acta de la reunión de la mesa sectorial del 17 de octubre de 2008.

Sanidad emitió un comunicado el miércoles en el que aseguraba que "reubicará" a la plantilla de la lavandería del Clínico y que la actividad se traslada a la lavandería central (en Mejorada del Campo). El cierre se debe, según Sanidad, a la necesidad de "ampliar servicios asistenciales". En el comunicado, Sanidad no desmentía el anuncio que hizo a los sindicatos, pero , a preguntas de este periódico, una portavoz aseguró que "no se va a externalizar ningún servicio".

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) criticó en un comunicado que la externalización de servicios en el sistema sanitario "encarece" su coste, ya que "se dejan de utilizar recursos ya disponibles" y "no garantiza la mejora de los servicios" por falta de control.

(www.elpais.es 13.03.10)

27. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE GASTÓ EN 2009 SÓLO UNO DE CADA CINCO EUROS PREVISTOS PARA ASFALTO

Hace tiempo que la curva de la carretera M-607 en la que se han producido varios accidentes debería estar en obras. La curva y todo el tramo de Colmenar Viejo a Tres Cantos en el que está previsto un tercer carril. El presupuesto del año pasado destinaba 20 millones de euros para ese proyecto que la Consejería de Transportes e Infraestructuras no utilizó. Y no es un caso aislado. La Comunidad de Madrid solamente gastó en 2009 el 22% del dinero previsto para la construcción y mantenimiento de las carreteras regionales, es decir, uno de cada cinco euros. Ésos son los datos que la propia consejería envió a la Asamblea de Madrid en el informe del estado de ejecución del presupuesto de gastos de noviembre de 2009, los últimos disponibles hasta que se conozca la liquidación definitiva del presupuesto que prepara la Consejería de Economía y Hacienda.

La Comunidad reservó casi 333 millones a las carreteras el año pasado. La mayoría, para construir nuevas vías que no se han hecho, ya que de esa partida sólo gastaron el 17%. En mantenimiento de la red de carreteras regionales (con 2.600 kilómetros) gastaron la mitad de lo que habían previsto hace un año. El dinero para reparar y mantener carreteras como la M-607, en la que acaban de empezar unas obras de mejora, se mantiene en los últimos tres años hasta en los decimales. La Comunidad de Madrid reserva 62,2 millones desde 2008. Igual en 2009. Y también en los Presupuestos de este año. Las inversiones han caído más del 40% para la construcción de nuevas carreteras.

Hay 45 actuaciones previstas en las carreteras para esta legislatura, desde nuevas vías a obras para sacar otras que pasan por mitad de los municipios o la eliminación de rotondas y cruces peligrosos por los que circulan los ciudadanos. Muchos de esos proyectos prometidos aún no están en marcha, como ocurre en la carretera de Colmenar Viejo.

Las actuaciones de la Comunidad de Madrid en la autovía M-607, que acumula 723 accidentes desde 2008, pasarán un examen en la Asamblea de Madrid. Se ha gastado mucho menos presupuesto del previsto por la crisis. Esa es la explicación que facilita un portavoz de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Esa y que los datos remitidos en noviembre a la Asamblea de Madrid no son exactos ni definitivos, aunque no facilita otros posteriores.

Tampoco aclara un cambio en el presupuesto que el director general de Carreteras, Borja Carabante, explicó la semana pasada a EL PAÍS. Preguntado por el destino definitivo de los 20 millones que no se gastaron en las obras del tercer carril de la M-607, Carabante aseguró que los dedicaron a mejora y mantenimiento de otras carreteras. Un cambio así -trasladar dinero de la partida de construcción a la de reparación- debería quedar reflejado en la liquidación del presupuesto. Pero no aparece.

El citado portavoz señala ahora que la explicación que dio Carabante "no se puede tomar literalmente" sin aclarar por qué. Tampoco especifica dónde ha ido a parar el resto del dinero que la consejería no gastó el año pasado.

Y mientras, el parón en las cuentas detiene también los compromisos. El plan de carreteras 2007-2011 de la Comunidad de Madrid incluye 45 proyectos concretos para las vías regionales entre nuevas carreteras, duplicación de calzadas y eliminación de cruces peligrosos. Tres años después de las elecciones regionales de 2007 y a un año de las próximas, más de la mitad de esos proyectos (62%) ni siquiera están en obras. Aún no han sido adjudicados a ninguna empresa, según los datos facilitados por la Consejería de Transportes e Infraestructuras, que admite que no terminarán las obras del tercer carril de la M-607 a tiempo para cumplir su promesa electoral, pero no entra en plazos en el resto de las obras. El director general de Carreteras tuvo que dar explicaciones sobre sus cuentas y sus proyectos en febrero en la Asamblea de Madrid a petición del PSOE.

(www.elpais.com, 18/03/10)

28. COMUNIDAD DE MADRID. LA AUDIENCIA CONFIRMA LA IMPUTACIÓN DE UN VICECONSEJERO EN EL 'GUATEQUE'

La imputación del viceconsejero de Transportes, Luis Armada, en el caso Guateque, la trama de corrupción municipal que otorgaba licencias a cambio de dinero, sigue adelante, según un auto de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado 26 de noviembre y que hasta ahora no habían recibido todas las partes.

El fallo desestima el recurso que en su día presentó el viceconsejero contra la decisión del juez de instrucción Santiago Torres, por la que denegó el sobreseimiento de la causa. Ahora, la Audiencia de Madrid confirma esta decisión, aunque sólo en uno de los tres delitos por los que se acusaba a Armada. Por eso, el tribunal ordena "continuar la instrucción de la causa, no por los delitos de negociaciones prohibidas [a los funcionarios] y de tráfico de influencias, sino para esclarecer si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación", afirma el auto.

El viceconsejero fue imputado por el juez Santiago Torres en el caso Guateque por haber firmado en 2001 una licencia de obras para un edificio protegido, situado en la calle de la Bola (Centro), en el que tenía un piso en propiedad, cuando era gerente de Urbanismo con José María Álvarez del Manzano (PP) de alcalde. El instructor destacó que el auto se tramitó con "singular agilidad". La licencia fue solicitada el 30 de abril de 2001 y se concedió el 1 de junio, 31 días después. La investigación está ligada a la denuncia particular de Margarita Botija, portavoz de una asociación de vecinos de Chamartín. Armada explicó en su día que se hicieron unas obras en el semisótano del inmueble por unas goteras. "Aprobó la obra la comisión de Patrimonio y se concedió la licencia", se defendió.El auto de la Audiencia de Madrid ha descartado dos de los tres delitos atribuidos por el juez instructor Santiago Torres al viceconsejero Luis Armada. Se trata de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y de tráfico de influencias. En el primer caso, porque considera que como el viceconsejero no intervino para informar de la licencia, "sino exclusivamente para resolver al respecto", no se cumplen los requisitos que exige el delito de negociaciones prohibidas.

Tampoco reuniría las condiciones del delito de tráfico de influencias, donde, según el auto, se castiga "la mera interferencia de situaciones derivadas de relaciones personales, profesionales o de jerarquía en el proceso de decisión", porque eso "pone en riesgo la imparcialidad de la función pública".

En este caso, continúa el auto, Armada es quien firma la resolución conflictiva, pero considera que "no habría influido en nadie y no habría realizado frente a nadie un comportamiento de prevalencia para la obtención de un beneficio económico". Por tanto, la Audiencia también descarta este delito y sólo aprecia el delito de prevaricación, que consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas.

El viceconsejero de Transportes ha recibido todo este tiempo el apoyo del Gobierno que preside Esperanza Aguirre. El secretario general del PP regional, Francisco Granados, acompañó a Armada en sus declaraciones ante el juez y llegó a "poner la mano en el fuego" por su actuación como gerente.

No es el único político imputado en el caso Guateque y sus ramas derivadas. También el concejal Íñigo Henríquez de Luna está imputado del delito de tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la concesión de una licencia de una tienda Becara, ya cerrada.

"Nosotros siempre hemos dicho que todo lo que tiene que ver con el caso Guateque tiene una responsabilidad política", consideró el portavoz socialista en el Ayuntamiento, David Lucas. "El caso continúa y esperamos que en la sentencia se puedan fijar responsabilidades políticas, porque la concesión de licencias se hizo mal". Además, Lucas cuestionó el apoyo de Granados al viceconsejero de Transportes y se preguntó si seguirá manteniéndolo al final del proceso.

(www.elpais.com, 13/03/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. LA JUEZ PROHÍBE A SANZ ACERCARSE A LAS PERIODISTAS DE CANAL 9 QUE LE DENUNCIARON POR ACOSO

Vicente Sanz no podrá acercarse a las periodistas de Canal 9 que le han denunciado por acoso sexual. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Paterna ha decretado como medida cautelar una orden de alejamiento tras tomar declaración durante varias horas esta mañana al ex secretario general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), en calidad de imputado.

Sanz ha llegado al juzgado sobre las 9.00 y ha declarado ante la juez, la fiscalía, los abogados de las denunciantes y su propio letrado, hasta las 13.00. A la salida, Sanz ha afirmado que tiene "la conciencia tranquila" y preguntado por el interrogatorio, ha señalado que ha sido "lo normal". Ante los periodistas, el ex secretario general de RTVV ha contestado con gestos que es inocente y ha emplazado a que su abogado diera más detalles, aunque éste no los ha ofrecido.

Horas antes de que la juez adoptara la medida cautelar, delegados de la sección de la Intersindical en RTVV recibieron con una protesta ante el juzgado a Vicente Sanz. Ante las puertas del Juzgado de Instrucción número 1 de Paterna, sobre las 9.00, los sindicalistas han exhibido una pancarta contra el acoso y la manipulación en el ente público. Los manifestantes se han colocado caretas blancas como símbolo de las víctimas aún anónimas que pueden haber sufrido supuestamente el mismo acoso o cualquier abuso de poder por parte de Vicente Sanz.

Jaume Muñoz, portavoz de la Intersindical, ha exigido a la dirección de RTVV una investigación a fondo sobre lo ocurrido y ha considerado "inaceptable e intolerable" cualquier tipo de complicidad con los hechos que investiga el juzgado. "Hay una serie de personas que han sido cómplices de lo que está pasando; por eso reclamamos una investigación seria, ya que mientras estas cosas no se aclaren ni el director general (José López Jaraba) ni RTVV pueden sentirse satisfechos", ha añadido Muñoz.

Vicente Sanz ha llegado al juzgado acompañado de sus abogados y de su esposa, la diputada autonómica del PP Esther Franco. El ex jefe de personal de RTVV no ha querido hacer declaraciones a la entrada. , las tres víctimas que le han denunciado ratificaron su denuncia ante la juez durante una declaración que duró más de siete horas.

El pasado 23 de febrero, López Jaraba decidió suspender cautelarmente de sus funciones a Sanz después de conocerse la denuncia de las periodistas.

(www.elpais.com, 16/03/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. EMPRESARIOS DE TELEVISIONES LOCALES SE QUERELLAN CONTRA PONS POR DAR 13 LICENCIAS DE TDT A UN IMPUTADO EN GÜRTEL

La Federación Valenciana de Televisión -que agrupa a 82 canales locales- ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el portavoz del PP Esteban González Pons por presuntas irregularidades en la adjudicación de licencias de TDT en la Comunitat Valenciana cuando Pons era conseller de Presidencia y responsable de la materia. La querella se extiende también al empresario leonés José Luis Ulibarri, imputado en la trama Gürtel por presuntos pagos de comisiones de su constructora UFC en una operación urbanística en Boadilla del Monte y a quien, en 2005, el Consell concedió 13 de las 14 licencias de TDT a las que optaba.

Esta querella de la asociación televisiva contra González Pons -por la vía penal- se fundamenta en nuevos datos y revelaciones que ha podido conocer la Federación Valenciana de Televisión (FVT) al estar personada en la investigación del caso Gürtel, según afirmó a Levante-EMV el presidente de la FVT, Alejandro Rodríguez. Este empresario rechazó concretar las supuestas informaciones que constatarían la irregularidad del proceso de adjudicación de las licencias de TDT porque "todavía está vigente el secreto de sumario".

Lo que sí afirma Alejandro Rodríguez es que a raíz de la investigación judicial sobre la trama Gürtel "todas las piezas van encajando", "han salido cosas que avalan nuestra tesis" de trato de favor a Ulibarri y se hace más comprensible aquella frase que le oyó al empresario leonés antes del concurso: "Él ya sabía que le iban a adjudicar las 13 licencias de TDT e iba diciendo que quien no le vendiera a él la emisora de televisión se iba a quedar sin concesión y se iba a comer los equipos con patatas".
Hasta ahora, los recursos administrativos de la Federación Valenciana de Televisión han sido tumbados

or el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y están recurridos ante el Supremo. "Nosotros no tenemos tanta amistad con De la Rúa [presidente del TSJ] como aquellos que obtienen beneficios por detrás y a quienes les regalan trajes y después sólo tienen 900 euros en el banco", agrega, en referencia al presidente Camps, el presidente de los empresarios de televisión que se consideran perjudicados en el concurso público que favoreció a Ulibarri. Hace unos meses, el Supremo archivó una querella de Pons contra Rodríguez. Ahora, la FVT espera hallar en el Supremo "un foro no tan contaminado y con menos amiguismo" que el TSJ.

(www.levante-emv.com, 18/03/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA ASIGNA 34.800 EUROS A INTERECONOMÍA PESE A QUE INCUMPLIÓ SU CONTRATO ANTERIOR

La diputación insiste en patrocinar a la cadena ultraconservadora Intereconomía. A pesar de que la emisora incumplió el año pasado su compromiso contractual de realizar un programa desde Castelló, la institución provincial ha vuelto a consignar una partida de casi 35.000 euros para que la cadena emita el 25 de marzo desde la capital de la Plana su espacio televisivo "El gato al agua".

La diputación aprobó el año pasado por decreto el patrocinio de "El gato al agua", en una edición especial que debía haberse emitido desde el Teatro Principal de Castelló el 16 de octubre. Finalmente la cadena no realizó su espacio, así que hubo que resolver el contrato. Lejos de desistir tras el plante de Intereconomía, la diputación ha consignado, a través de un nuevo decreto, 34.800 euros para el grupo mediático.

La relación entre la diputación e Intereconomía es estrecha. Dos de sus reporteros tendieron una emboscada al abogado José Luis Vera, que ejerce de acusación en el caso Fabra. Se hicieron pasar por empresarios y le invitaron a participar en un negocio millonario. La encerrona se resolvió con la intervención de la Policía. También fueron los autores de la polémica con una reportera del "Caiga Quien Caiga". Intereconomía envió al pleno de la diputación a pseudoperiodistas ataviados con gorras y gafas de sol e impidieron a la reportera la Sexta preguntar a Carlos Fabra. Poco tiempo después se descubrió que uno de estos reporteros había sido guardaespaldas de Tamayo y Saez después del "tamayazo", cuando dos diputados socialistas desbancaron al PSOE e IU del Gobierno de la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre en unas elecciones posteriores. Aguirre ha sido una de las máximas defensoras de esta televisión que recibió varias licencias de TDT del Gobierno valenciano.

También hay una relación por vía familiar. El yerno de Fabra, Juan José Güemes, ha acudido varias veces de invitado al plató de Intereconomía y, en concreto, del programa "El gato al agua". De hecho, el grupo mediático entronca ideológicamente con el ala más dura del Partido Popular.

La diputación castellonense ha inyectado en los últimos años a Intereconomía decenas de miles de euros en concepto de suscripciones a sus publicaciones y publirreportajes, como ha relatado este diario. La presencia en los despachos de cabeceras como Trámite parlamentario y municipal o Época ha sido habitual. Ahora aporta 34.800 euros para un programa televisivo de audiencia limitada.

(www.levante-emv.com, 15/03/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS NOMBRA DOS NUEVOS ASESORES MIENTRAS RAJOY PIDE AHORRO EN CARGOS DE CONFIANZA

La superreducción del IVA de la hostelería y la reducción del número de altos cargos y personal de confianza en las administraciones públicas son dos de los ingredientes de la amplia receta que Mariano Rajoy, líder nacional del Partido Popular, va pregonando por España. El pasado fin de semana la desgranó durante su visita a Valencia con motivo de la convención de empleo del partido en la Feria de Muestras. Pero no todos sus discípulos le hacen caso. El presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, justo acaba de firmar tres decretos de nombramiento de otros tantos cargos de libre designación en su corporación. Con estas designaciones, se cubren, en plena campaña de venta política de las medidas anticrisis del PP, dos de las plazas que han estado vacantes desde el principio de la legislatura y que se corresponden con puestos de asesores en el grupo popular de la diputación.

Una de las plazas ha sido ocupada ya por Ramón Vila, quien fue jefe de gabinete del anterior presidente de la diputación, Fernando Giner. Vila es teniente de alcalde de Vallada y presidente local del partido en el municipio de la Costera, del que es alcalde Giner. Fuentes del PP explicaron que Vila, persona de confianza del diputado en las Corts, es, al mismo tiempo, amigo del presidente provincial y alcalde de Xàtiva desde hace años.

Ramón Vila era hasta ahora asesor en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), pero se ha visto afectado por la reducción de la carga de nóminas, que, según explicaron desde esta entidad, se está produciendo por necesidades económicas de una institución que también sufre los problemas de financiación de las corporaciones locales. La segunda persona que se incorpora al grupo popular es Silvana Síscar, que deja su cargo de jefa de gabinete del vicepresidente tercero y responsabe de Economía, Máximo Caturla.

El vicepresidente acusado de haber instigado la censura de la exposición fotoperiodística "Fragments 2009" tiene ya de jefe de gabinete a Borja Aleix Pérez, cuyo decreto de nombramiento fue firmado también por Rus. De esta forma, descontado el relevo en el gabinete de Caturla, serán dos nuevos sueldos los que tendrá que soportar la diputación. Son plazas dotadas con más de 40.000 euros de salario al año, según consta en la relación de puestos de trabajo de la corporación provincial que preside Alfonso Rus.

(www.levante-emv.com, 17/03/10)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, EN JAQUE

Por supuesto, los partidos de la oposición, el Consell Valencià de Cultura, colectivos profesionales relacionados con la cultura, directores de 31 museos y todo tipo de instituciones han calificado los hechos de atentado a la libertad de expresión. Pero nadie dentro del PP ha salido en defensa de ese derecho constitucional. No lo ha hecho el máximo responsable del partido, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que además es el cargo de más rango salpicado por la trama Gürtel. Tampoco desde la dirección nacional del PP, se ha oído una voz que reconvierta por poco democrático el golpe de Rus.

Sólo dos altos cargos se han salido ligeramente del guión: Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, se mostró más astuto que Rus, quizás calculador, al afirmar que hubiera mantenido la exposición pero que, después, ya en frío, hubiera destituido a la De la Calle. Y Rita Barberá, que afirmó que "cuando alguien se compromete con una exposición, mantiene la exposición", aunque después no aceptó el reto de la oposición de ceder una sala a Fragments.

Es más, se le recordó que ella ya fue condenada hace más de una década por censurar otra exposición porque las fotos exhibidas podían "herir sensibilidades", en referencia a las imágenes de Teresa Arcos que en 1996 plasmaban las relaciones afectivas de miembros de familias retratados desnudos, entre las que había mujeres embarazadas y madres con sus bebés.

Manuel Mata, diputado socialista en las Cortes Valencianas, además de abogado, relaciona aquel caso con el de la muestra de los periodistas. "Las instituciones pueden autorizar la exposición o rechazarla por motivos más o menos justificables, eso es legal, pero, una vez aceptada, si se prohíbe o se censura se les puede denunciar por el trámite especial de vulneración de los derechos fundamentales, en este caso por impedir la libertad de expresión, del artículo 18 de la Constitución". Así fue en el caso de Teresa Arcos y el Tribunal Superior de Justicia condenó a la institución que preside Barberá al pago de las costas.

Pero al final, el PP hace oídos sordos a toda queja referida a la libertad de expresión o al derecho a la información. De hecho, las noticias de la censura en el Muvim, que han copado las portadas de los periódicos nacionales y llenado los informativos de las televisiones, no han existido para el telespectador de Canal 9. Una cadena que lleva años ejerciendo la manipulación periodística pero que en 2009 ha llegado a límites inconcebibles para omitir todo tipo de noticias que afecten al PP.

"Ha llegado el punto que ya hasta es noticia ver qué noticia no da Canal 9", exclama Yolanda Verdú, licenciada en Derecho, en Filología y doctora en Periodismo, que en 2008 elaboró la tesis doctoral Sesgo y encuadre en las noticias de televisión. Un trabajo que detallaba las estrategias aplicadas en Canal 9 a lo largo de seis meses para hablar de corrupción urbanística sólo cuando afectaba a municipios o comunidades autónomas gobernados por otros partidos. O para justificar la necesidad del trasvase del Ebro, infraestructura derogada varios años antes pero que se ha convertido en dogma electoral del PP. Es decir, "la negación de cualquier punto de vista discrepante con la línea argumental del PP", dice Verdú. Y la experta pone como último ejemplo de manipulación la página web: "Mientras todas las televisiones cuelgan íntegros sus informativos, Canal 9 hace una selección de noticias, en la que eliminan lo que no les gusta".

La censura del PP viene de lejos. La Universidad de Alicante nombró a Mario Benedetti doctor honoris causa en el año 1999, y aprovechando su presencia en la ciudad la Universidad solicitó el Aula de Cultura de la CAM para presentar un libro y las actas académicas del congreso sobre el escritor del año anterior. "Lo pedí como mucha antelación, y cuando informé de que el entonces rector, Andrés Pedreño, presidiría el acto empezaron los problemas", recuerda ahora el catedrático de Literatura Hispanoamericana, José Carlos Rovira. "Al final me insinuaron que si el rector intervenía sería mejor hacerlo en otro lugar, como el campus", se lamenta Rovira.

Rovira recuerda que esta censura llegó en el momento de máxima confrontación entre el rector y el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, debido a la segregación forzosa de centros y facultades impuesta por la Generalitat para crear una nueva universidad. "Fue un acto de censura inadmisible", resume, y cita las palabras de Mario Benedetti pidiendo "respeto a sus canas".

En 2001, el fotógrafo Toni Sanchis retiró obras de una exposición colectiva en el Museu de la Ciutat de Valencia porque se vetaron retratos de políticos como Joan Lerma o Antoni Asunción. En 2003, el propio González Pons, entonces consejero de Cultura, vetó en una muestra la simulación de un disparo en la sien de un hombre. En 2005 el veto, por motivos religiosos, supuso la retirada del cartel del festival Observatori, que mezclaba la iconografía de varias religiones con otros dioses paganos, como Michael Jackson o la rana Gustavo. En otoño pasado, el Palau de la Música sustituyó referencias al pueblo catalán y a los catalanes, que al PP le producen sarpullidos, por las palabras valenciano o aragonés en el libreto de Roger de Flor, de Ruperto Chapí, en el centenario del compositor.

Los casos son numerosos. Y a veces la censura también es recurrente. El actor Xavi Castillo ha sido vetado en múltiples ocasiones por los dirigentes del PP. La esencia de sus actuaciones es la crítica descomunal a los políticos valencianos, pero algunos no le perdonan.

En el Teatro Arniches de Alicante, en febrero de 2006, representó L'estrany viatge, cuyo cartel fue censurado porque aparecía una caricatura del ex presidente Eduardo Zaplana como "el malo" de la historia. La excusa: "No podemos permitir la burla de nuestros políticos". El teatro se llenó hasta la bandera. "Son burros, la polémica provoca que venga mucha gente a mis espectáculos y que tengan más difusión", admite el actor.

(www.elpais.com, 15/03/10)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. UN INFORME PERICIAL DEMUESTRA QUE SE DESVIARON FONDOS DE AGUAS DE CALPE

Después de casi seis años de investigación judicial, la trama de Aguas de Calpe ha revelado cómo el dinero de la adjudicación de una obra pública puede ir a parar a las cuentas bancarias de particulares o empresas que en realidad no tuvieron nada que ver con esos trabajos.

La cuestión ya no es sólo que en 2004 el Ayuntamiento de Calp adjudicara los trabajos de saneamiento de la red a una empresa, Obras Hidráulicas de Levante, que hasta ese momento sólo había realizado una actividad tan peregrina como la de repartir propaganda, que pertenecía a Francisco Artacho, cuñado del concejal de Aguas, el diputado del PP Juan Roselló, y que nunca realizó ninguna de las actuaciones para la que fue contratada. Un informe pericial solicitado por el juzgado de Dénia sobre los movimientos bancarios de Obras Hidráulicas ha constatado que de los 3,146 millones que la firma del buzoneo recibió de Aguas de Calp sólo le pagó 1,5 millones a la subcontrata Montubo, que fue la que ejecutó los trabajos.

¿Adónde fue a parar el resto del dinero? Al analizar los movimientos bancarios de la firma de buzoneo en 2004 y 2005 constata que pagó en primer lugar más de un millón a tres particulares que según el Registro Mercantil no tienen ninguna empresa ni aparentemente estaban relacionados con las obras. Se trata de Antonio Ramón Céspedes López, que recibió 435.600 euros; Javier Rojo García, al que se abonaron 350.312 euros, y Raimundo Lozano Hernández, que ingresó 273.984 euros.

Según el informe pericial también ingresó 187.700 euros el administrador de Obras Hidráulicas, Jesús Lara Santamaría, mientras su jefe, Artacho, se habría reservado 59.120 euros. Hay otros asientos bancarios de Obras Hidráulicas de Levante que también llaman la atención. La empresa La Sagra, que recibió varias adjudicaciones de obra pública bajo el gobierno del PP, ingresó 70.667 euros. Otros 50.000 euros fueron a parar a Montaje de Tubos, otra empresa del propietario de Montubo, Salvador Ibarra, que en 2004 sólo tenía un empleado.

(www.elpais.com, 15/03/10)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. UN PLENO MUNICIPAL DE IBI (ALICANTE) ACABA CON LA INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA

El pleno en el que Ayuntamiento popular de Ibi (Alicante) aprobó los presupuestos municipales para 2010 acabó con la intervención de la Policía. La alcaldesa de la localidad, Mayte Parra, pidió a los agentes que desalojaran del pleno a la edil socialista Susana Hidalgo, que la había llamado "caradura" durante su intervención. Parra aseguró que las faltas de respeto de los socialistas han sido una constante a lo largo de toda la legislatura, sin que la oposición se haya disculpado nunca por su comportamiento.

Tras cuatro horas de debate sobre los presupuestos municipales para 2010 en el Ayuntamiento de Ibi (Alicante), la acaldesa popular, Mayte Parra, aprovechó su intervención final para contestar al portavoz municipal de EU, José Vicente Verdú, sobre unos actos en la localidad. Fue entonces cuando se desató la verdadera polémica del día: la concejala socialista Susana Hidalgo "contestó interrumpiendo y llamando 'caradura' a la alcaldesa", según la versión relatada por ésta.

Parra pidió a la edil que abandonase el salón de plenos, algo que Hidalgo se negó a hacer, pidiendo un turno extraordinario de palabra. Durante su intervención, la socialista reiteró que la alcaldesa tenía "la cara muy dura", lo que provocó la indignación de Parra, que pidió a uno de los funcionarios municipales que llamase a la Policía.

El tenso pleno finalizó con la entrada en escena de tres agentes que acompañaron a la concejala fuera de la sala. Junto a ella, dejaron el Ayuntamiento sus compañeros del Grupo Socialista, así como el portavoz de EU. Para el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Martos, la culpa de la tensión la tuvo la alcaldesa, que "aprovecha sus intervenciones en los plenos para dar mítines en los que realiza ofensas y descalificaciones contra la oposición.

(www.elplural.com, 17/03/10)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. EL ALCALDE DE CALP LE SUBE EL SUELDO 10.000 EUROS A UN ASESOR DEL PP EMPLEADOS QUE RECIBIERON GRATIFICACIONES EN ENERO

el alcalde, Ximo Tur, del Bloc, y los concejales del PP y PSD decidieran aumentar el sueldo al gerente del Patronato de Turismo en 10.000 euros. Alberto Urbiola cobrará ahora 30.000 euros al año. Su cargo depende del edil del PP Juan Roselló, imputado en el caso Aguas de Calpe, del que es uno de sus hombres de confianza. Urbiola administró la promotora Explaiin Inmuebles que, desde febrero, controla su esposa. También dirigió la Radio Televisión de Calp.

El portavoz socialista, Luis Serna, denunció en el pleno de este incremento salarial, que Tur justificó por el incremento de la carga de trabajo de Urbiola. Serna volvió a la carga afirmando que el pasado mes de enero el equipo de gobierno pagó gratificaciones a 88 trabajadores municipales. Tur replicó afirmando que Serna, cuando ocupó la alcaldía, mejoró los complementos de productividad a 500 trabajadores. La trifulca entre ambos concluyó cuando Tur ordenó a la Policía Local que desalojara al portavoz del PSPV amenazándole con llevarle a la fiscalía por resistencia a la autoridad.

El debate sobre gratificaciones se produjo después de que el gobierno local aprobara, tras dos intentos fracasados, la redacción de un plan de saneamiento para hacer frente a una deuda cercana a los 60 millones de euros. Hasta el concejal de Hacienda, Fernando Penella, advirtió que, a este ritmo, Calp está abocada a la catástrofe económica. Trabajar en el Ayuntamiento de Calp no tiene la misma rentabilidad para todos los funcionarios municipales. Sólo en el mes de enero, el gobierno local gastó más de 26.000 euros en complementos salariales extraordinarios que recibieron 88 trabajadores del personal laboral de las aproximadamente 600 personas de la plantilla. Aunque se trata de una práctica legal, es también discrecional: depende del criterio del ejecutivo local que preside el nacionalista Ximo Tur, también concejal de Personal. Si se extrapola la cantidad invertida en enero, al cabo del año este sobresueldo le cuesta a las arcas municipales unos 318.000 euros.

De estos complementos se beneficiaron durante aquel mes familiares de dos concejales del PP, funcionarios que realizan labores como secretarios de los concejales del gobierno local o que están vinculados a alguno de los tres partidos que lo componen -Bloc, PP y PSD- y trabajadores del personal laboral que ocupan un lugar destacado en el escalafón jerárquico del consistorio. Estos últimos reciben esta remuneración en algunos casos sólo por realizar el trabajo para el que han sido designados, pero en otras por horas extraordinarias. Hay casos en los que también tienen asignados otros complementos salariales.

El alcalde esgrimió un informe del interventor municipal que asegura que desde que accedió al poder en 2008, tras una moción de censura en la que derrocó al PSPV, no ha abonado ninguna gratificación a asesores circunscritos al personal eventual del Ayuntamiento ni a cargos de confianza. Sin embargo, los sobresueldos sí afectan al personal laboral -fijos o indefinidos no fijos-. Sobre estos últimos, Tur señaló que se están pagando desde hace años, incluida la etapa del alcalde socialista Luis Serna, y que están justificados ya que reconocen el trabajo extraordinario que realizan algunos funcionarios -el edil se refirió a la jefa de personal, quien ejerció como secretaria municipal accidental-, a trabajadores que han asumido una responsabilidad mayor de la que les correspondería -como el técnico que gestiona la Casa de Cultura- o a secretarios de concejales o del propio alcalde que soportan una notable carga de trabajo.

De cualquier forma, esta política de personal no agrada a todos los componentes del tripartito que gobierna Calp. El edil de Hacienda, el popular Fernando Penella, muy crítico con sus socios de gobierno, pidió en diciembre en el transcurso de una junta de gobierno que se anularan los complementos salariales para conseguir aplicar un plan de austeridad, pero su petición fue rechazada.

(www.elpais.com, 13/03/10)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. EL ALCALDE DEL PP QUE VETÓ A BOSÉ POR SUS CRÍTICAS A LA CENSURA LO LLAMA ´ARTISTAZA´

La sesión plenaria tenía carácter extraordinario, con un único punto en el orden del día, y en él saltó la polémica. El portavoz del PSOE, Manolo Vera Quiles, pidió explicaciones al alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, por el veto del PP al cantante Miguel Bosé y éste, restándole importancia al asunto, afirmó: "Si queremos contratar a Miguel Bosé tendremos dos artistas: un artista y una artistaza". La polémica se suscitó después de que el PP anunciara el viernes que iba a romper las negociaciones con Bosé para que actuara en Torrevieja porque había comparado la Comunitat Valenciana con Cuba por su supuesta falta de democracia. Ante esta manifestaciones el portavoz de Izquierda Unida (IU), José Manuel Martínez Andreu, acusó al alcalde de "impresentable", respondiéndole el regidor que "lo lamentable es que usted esté sentado donde está".

Horas más tarde, el primer edil hizo público un comunicado pidiendo perdón. "El alcalde desea manifestar que en ningún momento ha sido su intención desprestigiar la imagen del artista Miguel Bosé. Asimismo, si sus palabras han podido ofender a alguien pide disculpas públicas". Ahora bien, el alcalde vino a culpar de la polémica, "una vez más, a IU que pretende sacar rédito político a unas declaraciones realizadas en el debate político de una sesión plenaria" y añadió que "desea aclarar que en sus declaraciones pretendía comparar al artista Miguel Bosé con la "artistaza" Norma Duval, siendo "malinterpretadas" por la formación política de izquierdas.

(www.levante-emv.com, 16/03/10)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. LA ALCALDÍA DE TORRENT, CONDENADA POR PERSECUCIÓN POLÍTICA

El Ayuntamiento de Torrent ha sido condenado por suprimir el puesto de trabajo de un funcionario para designar a dedo a otra persona que ocupó su puesto "con ánimo de alejar al personal de ideología política distinta de la del actual equipo de gobierno". El juzgado de lo Social número 7 de Valencia considera probado que se han "vulnerado los derechos" del trabajador municipal que en 2009 denunció al equipo de gobierno, que dirige María José Catalá, por "discriminación política". También condena a indemnizar al afectado 10.008,74 euros y ordena "reponer inmediatamente" al empleado público en el puesto que ocupaba antes de que el PP ganara las elecciones municipales.

El trabajador está afiliado a UGT, fue miembro del comité de empresa y candidato de Esquerra Unida en unas elecciones. Es militante del PSPV-PSOE desde 2007. La sentencia señala que el 11 de enero de 2008 el funcionario fue "desalojado del edificio", que el Ayuntamiento "no lo reubicó, ni le dió ocupación efectiva, sin justificación alguna" y que se le "asignó una retribución inferior a la que percibía". Además de que se le sustituyó por una persona ajena a la plantilla, con "aumento de costes de personal".

(www.elpais.com, 14/03/10)

39. REGIÓN DE MURCIA. FRANCISCO BLAYA. EL ALCALDE DE MAZARRÓN ES EL REY MIDAS DE LOS POLÍTICOS MURCIANOS

El equipo de gobierno del ayuntamiento de Mazarrón, (PP) cuesta al año 765.010,06 euros a los vecinos de la localidad costera. Con una crisis galopante, con cientos de familias bajo la espada de Damocles, al borde de la pobreza, el alcalde, Paco Blaya, gobierna con mano dura y sueldo de rajá, 84.000 euros al año. Legal, sí. Inmoral, también. Pero es que el regidor gasta además 270.558,90 euros en personal de confianza al año, incluido un fotógrafo al que le paga tres millones de las antiguas pesetas.

El indecoroso sueldo y derroche del edil mazarronero, además de una falta de respeto a los ciudadanos, es una muestra inexcusable de la ausencia de vocación política y el apresuramiento de engordar la cuenta corriente, siempre con la excusa de que el pueblo votó. Jamás pensó este ex agente de seguros, de discurso vacío, prolongado, rimbombante, y de una calidad política menor que la media, que terminaría siendo primo hermano del Rey Midas.

A su galopante sueldo, el regidor municipal suma casi 80.000 euros para gastos de protocolo, según datos del año 2008. Blaya ha blindado su entorno con un equipo de confianza innecesario para el funcionamiento de un pueblo, y menos en los tiempos que corren.

El regidor municipal paga a un jefe de gabinete 43.400 euros al año. Este, a su vez, cuenta con un secretario de gabinete , que suma otros 22.394 euros. Existe un "subencargado", que percibe 17.500 euros, y un equipo de comunicación que cuesta al erario público más de 33.000 euros.

Entre los diversos conceptos a los que ha tenido acceso VMPress, en relación al ostentoso gasto del ayuntamiento de Mazarrón, llama la atención una nueva figura, la del fotógrafo, con un sueldo de  17.500 euros, unos tres millones de pesetas. Al parecer, esta persona cobra por inmortalizar las inauguraciones, primeras piedras, y otros actos adonde acude el alcalde.  Todos estos puestos de confianza cuestan además, 70.1444,90 euros en pagos a la Seguridad Social.

Por supuesto, a los ingresos millonarios, viajes, comidas, y otras prebendas, no podía faltar la "barra libre" para hablar por teléfono móvil . El ayuntamiento de Mazarrón pagó en 2008 casi 200.000 euros en llamadas a móviles y fijos.

Para evitar lo que podría ser inevitable, se destinan otros 105.000 euros para el pago de abogados, además de casi 400.000 euros en la contratación de profesionales independientes.

Todo este dispendio se les debe antojar poca cosa, ya que el ayuntamiento se ha permitido el lujo de pagar 958.630,40 euros en gratificaciones y productividad.

Una persona de confianza del alcalde de Mazarrón, confió hace semanas a VMPress la explicación del sueldo del alcalde: "Tiene que comprarse trajes porque va a muchos actos y su mujer también, que es como la primera dama, además  tiene que ir a la peluquería, porque representan a nuestro pueblo". Sin palabras. En las próximas semanas iremos examinando uno a uno los progresos económicos de nuestros políticos.

(www.vegamediapress.com, 14/03/10)

40. REGIÓN DE MURCIA. IU CRITICA A CRUZ POR GASTAR 3 MILLONES DE EUROS ANUALES EN EL PATROCINIO DE LA FÓRMULA 1

El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, ha criticado al consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, por destinar 3 millones de euros anuales al patrocinio de la escudería 'Hispania Racing' mientras "la lista del paro aumenta y cada vez son más las personas que sufren la crisis". Pujante ha indicado que mientras el Gobierno regional apuesta por proyectos "confusos" como la Fórmula 1, otros que afectan a la situación laboral de cientos de trabajadores, entre los que ha citado Zinsa y Conservas Fernández, "no se han mantenido o están en peligro".

Ha opinado que "el éxito que los coches de 'Hispania Racing' han cosechado en la carrera -uno de ellos se retiró en la vuelta 17 y el otro sólo se mantuvo unos pocos minutos en la pista- sirve como metáfora para definir el fracaso de la política económica del Ejecutivo autonómico".

Así mismo, se ha preguntado cuánto ha costado el viaje de Pedro Alberto Cruz a Bahrein en caso de que fuera pagado con dinero público, y "qué servidumbres se han generado a José Ramón Carabante", propietario de la citada escudería, si fue éste quien sufragó los gastos.

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, manifestó  su rechazo al proyecto de escudería de la Fórmula 1 Hispania Racing Team con fondos de la Comunidad Autónoma "si se limita al patrocinio, del que se ha pagado ya 1,5 millones de euros y no incluye un proyecto industrial viable y de futuro".

García Retegui indicó que, a la vista de que "la primera participación en la carrera de Bahrein no ha ido bien, como era de esperar" no entiende "como se ha gastado ya 1,5 millones de euros desde la Consejería de Cultura y Deportes".

Todo ello "mientras la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación rechazaba el proyecto industrial de esa escudería, y mientras escasea el dinero para ayuda a otros sectores productivos y ayudas sociales".

Para la diputada regional, "es necesario controlar esas alegrías con las que se gasta el dinero público, máxime en esta situación de crisis económica".

(www.vegamediapress.com, 17/03/10)

41. ISLAS BALEARES. LA EX JEFA DEL GABINET DE JAUME MATAS AFIRMA QUE ÉSTE TOMÓ LAS DECISIONES CLAVE DEL PALMA ARENA

Dulce Linares, jefa de gabinete de la conselleria de Presidencia en el anterior Ejecutivo del Partido Popular (PP), afirmó ante el juez Castro que el entonces president del Govern Jaume Matas tomó las principales decisiones respecto a la construcción y primeros eventos del velódromo público Palma Arena. Linares rechazó, a preguntas de la fiscalía anticorrupción que Matas, cuya declaración del próximo 23 será finalmente grabada, le hubiera ordenado no controlar la justificación de los gastos del Instituto Nóos, vinculado entonces al duque de Palma Iñaki Urdangarín.

Linares, defendida por Eduardo Valdivia, y que también está imputada en la pieza secreta del Palma Arena donde se investiga una presunta financiación ilegal del PP, no aportó en su declaración ningún dato relevante de cara a una posible atenuación de sus responsabilidades. La ex jefa de Gabinete de Matas fue interrogada por segunda vez en la pieza principal del sumario y, nuevamente, tuvo que responder a preguntas respecto a la toma de decisiones en el proceso de diseño, construcción y primeros eventos del Palma Arena.

La declarante reconoció, al igual que otros muchos ex altos cargos del Govern y del Consell, que la mayoría de las reuniones de la fundación Illesport y del Consorcio para la Construcción del Velódromo no se hicieron, a pesar de las actas donde se da fe de su celebración.

Linares en algunos momentos de su comparecencia llegó a atribuir a la entonces consellera de Deportes Rosa Puig la responsabildad sobre algunas de esas actuaciones. Sin embargo, la declarante acabó señalando que la persona que tomó las decisiones más importantes fue Jaume Matas, mientras que los también imputados José Ballester y Jorge Moisés, director general de Deportes y gerente del Consorcio, respectivamente, se habrían ocupado de temas de menor calado.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach preguntó a Linares si Matas, u otra persona, le ordenó que no controlara los gastos del convenio entre el Instituto Nóos-Ibatur e Illesport para fomentar la armonización del deporte y el turismo. Según Pedro Horrach, en el expediente de ese convenio no hay justificantes del destino de los fondos aportados por el Govern a Nóos.

Linares respondió que nadie le dio tal orden y apostilló que elevento organizado por Nóos se celebró.
La antigua jefa de gabinete de Matas también declaró sobre dos informes redactados por el bufete madrileño Estudios Jurídicos y Procesales, dos de cuyos principales socios están encausados en el sumario.

Esta asesoría madrileña contrató a Matas cuando abandonó la política y como asesor externo en negocios turísticos. El bufete hizo varios pagos a Matas que se están investigando. El ex president, defendido por Rafael Perera y Manuel Ollé, ha sido citado a declarar el martes que viene. Esa jornada están citados, además de Matas, su esposa y cuñado, Maite y Fernando Areal, así como su amigo Bartolomé Reus. testificó ante la Guardia Civil la ex mujer de Reus, que aseguró no saber nada del piso de la calle de Don Ramón de la Cruz de Madrid que formalmente compró su marido en 2003 y cuya propiedad se atribuye a Matas.

(www.diariodemallorca.es, 16/03/10)

42. ISLAS BALEARES. EL GOVERN DE MATAS PAGÓ 12.000 EUROS A UNA SOCIEDAD DE ANTONIO ALEMANY POR "REPORTAJES DEPORTIVOS"

El Govern de Jaume Matas, a través de la Conselleria de Presidència, pagó doce mil euros a una empresa relacionada con Antonio Alemany. Así lo han confirmado a este periódico fuentes del Govern, que han tenido acceso a la documentación del caso. El concepto era porque el periodista habría hecho reportajes para una revista deportiva, al parecer de ámbito nacional.

Éste y otros datos se han obtenido a raíz de que los investigadores intervinieron numerosa documentación, la semana pasada, en la Conselleria de Presidència. El citado pago es el que, hasta el momento, más ha llamado la atención, entre otras cosas porque no ha aparecido factura alguna, ni se habrían encontrado la copias de los supuestos reportajes. Pero sorprende el hecho de que, aún en el caso de que sea cierto que el columnista Antonio Alemany -que entre otras cosas también es autor de los discursos de Jaume Matas, a través de una de las tres sociedades con las que está relacionado- hubiera escrito las crónicas deportivas, fuera el Govern el que las pagara.

También llama la atención el hecho de que la cantidad que se abonó fue de doce mil euros, la cifra máxima para no tener que efectuar un concurso público. Este dato se incluye dentro de la pieza secreta del ‘caso Palma Arena', en la que Alemany está imputado por los delitos de malversación, prevaricación y falsedad.

El columnista fue citado ante el juez Castro a declarar el pasado 18 de febrero, y tras su declaración el magistrado tomó contra él las medidas cautelares de la retirada del pasaporte y una fianza civil de 250.000 euros. Alemany dijo al juez que no tiene pasaporte y que no puede hacer frente a la fianza. Debido a ello se ordenó que se abriera una investigación al objeto de concretar si el imputado tiene algún bien y, de ser afirmativo, proceder a su embargo.

También se ha informado de que, desde la Consellería d'Immigració en el Govern de Matas se dieron 29.000 euros a una de las sociedades de Alemany a finales de 2006, sin que figure el concepto del pago.

(www.ultimahora.es, 16/03/10)

43. ISLAS BALEARES. LA EX MUJER DE REUS SUPO POR LA PRENSA QUE SU MARIDO COMPRÓ EL PISO DE MADRID

Bárbara Barceló, que estuvo casada con Bartolomé Reus hasta poco antes de 2004, declaró ante la Policía Judicial de la Guardia Civil dentro del ‘caso Palma Arena' y, en concreto, sobre el piso de Madrid del cual Reus dice que es de su propiedad, y la Guardia Civil piensa que es sólo un testaferro de Jaume Matas.

La mujer dijo que "me he enterado por la prensa" de que el que entonces era su esposo, en abril de 2003, pagó cien mil euros como opción de compra del inmueble de la calle Don Ramón de la Cruz, en el exclusivo barrio de Salamanca, en la capital del Estado. Unos seis meses después, el matrimonio se separó legalmente. Bárbara Barceló no tuvo nunca noticias del citado piso de Bartolomé Reus, ni cuando eran matrimonio ni una vez separados.

De las investigaciones que se han efectuado se sabe que Fernando Areal, cuñado de Jaume Matas, fue la persona que, a principios de 2003, pagó cien mil euros por la opción de compra. Curiosamente, meses después, y el mismo día en que Fernando Areal retiraba los cien mil euros, Bartolomé Reus aportaba la misma cantidad pra asegurarse el inmueble una vez construido.

Oficialmente fue adquirido por Bartolomé Reus Beltrán a la empresa mercantil ‘Vallehermoso División Promoción SA', en virtud de un contrato de compraventa, en escritura otorgada por el notario José Aristónico García, el 28 de abril de 2005.

La vivienda comprende una superficie construída de 186 metros, y tiene anexionada el inexistente piso 4ºB, por lo que se trata de la mayor vivienda de todo el edificio. El piso fue adquirido por un millón de euros y vinculados al mismo se encuentran dos plazas de garaje en el mismo edificio.

A principios de 2009, al ser preguntado, Bartolomé Reus aseguró que el inmueble es de su propiedad y, al señalarle que los vecinos y empleados de la finca han declarado que nunca le han visto en el lugar, Reus dijo que "con Maite (Areal) tengo mucha confianza, igual que con Jaume Matas. Nos conocemos desde hace más de 20 años y nunca ha habido problemas con el piso".

Otro dato que ha llamado la atención a los investigadores es el de que nada más entrar en la vivienda la familia Matas-Areal encargó reformas que duraron unos seis meses. En los trabajos participó la empresa ‘Denario', de Toni Obrador, que también lo ha hecho en el ‘palacete' de Palma

(www.ultimahora.es, 16/03/10)