ÍNDICE

1. RAJOY y EL CASO MATAS: "LE DESEAMOS LO MEJOR Y, SI PUEDE, QUE DEMUESTRE SU INOCENCIA"

2. RAJOY y EL CASO MATAS: RAJOY GUARDA SILENCIO

3. RAJOY y EL CASO MATAS: RAJOY PAGABA UNA 'PENSIÓN' A MATAS PESE A QUE COBRABA OTROS DOS SUELDOS

4. EL VOLUBLE RASERO DEL PP

5. TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA SI AZNAR DAÑÓ AL ESTADO PARA LOGRAR UNA MEDALLA

6. 100.000 EUROS AL MES POR REDACTAR CARTAS Y LLENAR ACTOS DE AZNAR

7. SÁENZ DE SANTAMARÍA APOYA A AZNAR PORQUE "DEFENDIÓ EL INTERÉS PÚBLICO Y NUNCA SU INTERÉS PERSONAL"

8. EL JUEZ CALCULA QUE LA ‘RED GÜRTEL’ DEFRAUDÓ MÁS DE 116 MILLONES

9. CORREA SE AFERRA A LA ANULACIÓN DE LAS ESCUCHAS PARA RECURRIR SU FIANZA

10. LOS IMPAGOS DE LOS CORRUPTOS

11. PAGOS A POLÍTICOS EN EL LUGAR QUE PIDAN

12. GALICIA. LA XUNTA RETRASA LA SANCIÓN A LA CONSTRUCTORA DE TELMO MARTÍN

13. GALICIA. BALTAR SE ESCUDA EN LA BIBLIA

14. ANDALUCÍA. EL EX ALCALDE DE LA LÍNEA USÓ DINERO PÚBLICO PARA UN MÁSTER

15. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE CORRIGE A LA CÚPULA DEL PP Y PIDE EL CESE DE COBO

16. COMUNIDAD DE MADRID. PUBLICIDAD FANTASMA EN MADRID

17. COMUNIDAD DE MADRID. LA PROVEEDORA DE LA TRAMA GÜRTEL LOGRÓ EN MADRID 2,2 MILLONES EN SIETE MESES

18. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE JUSTIFICA LOS ATAQUES DE NEIRA A LA CONSTITUCIÓN POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

19. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RESPALDA EL ATAQUE DEL PP AL RECTOR DE LA COMPLUTENSE

20. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS MANTIENE A MATAS COMO 'AMBAIXADOR' PESE A LAS CRÍTICAS

21. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS IDENTIFICA A LA COMUNIDAD CON LAS IDEAS DEL PP

22. COMUNIDAD VALENCIANA. DENUNCIAN AMENAZAS PARA NO INVESTIGAR A LA FAMILIA DE COTINO

23. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ DA LA NOTA POR LA AUSENCIA DE CAMPS

24. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ ACUSA A LA MINISTRA DE CULTURA DE SENTARSE CON LOS "VIOLENTOS DE SALVEM"

25. COMUNIDAD VALENCIANA. EL EX ALCALDE DE LA VILA CONDENADO DEJA LA DIRECCIÓN DEL PP TRES AÑOS DESPUÉS

26. CASTILLA Y LEÓN. EL FISCAL PIDE ENVIAR AL SUPREMO LOS INDICIOS DE CORRUPCIÓN CONTRA UN AFORADO DE CASTILLA Y LEÓN

27. REGIÓN DE MURCIA. AYUNTAMIENTOS DEL MAR MENOR Y TORRE PACHECHO PREPARAN OTRO DESPILFARRO PAGADO POR LOS VECINOS

28. ISLAS BALEARES. CASO MATAS. EL FISCAL IMPUTA A MATAS EL DESVÍO DE MÁS DE 41 MILLONES DE EUROS

29. ISLAS BALEARES. CASO MATAS. EL VELÓDROMO SUFRAGÓ UNA CAMPAÑA DEL PP

30. ISLAS BALEARES. CASO MATAS. EL FISCAL ATRIBUYE A DINERO "ILEGAL" EL PATRIMONIO INJUSTIFICADO DE MATAS

31. ISLAS BALEARES. CASO MATAS. UNA FUNDACIÓN HERMANADA CON LA DE AZNAR

32. ISLAS BALEARES. CASO MATAS. MATAS FRACCIONÓ CONTRATOS IGUAL QUE AGUIRRE Y CAMPS

33. ISLAS BALEARES. CASO MATAS. MATAS PIDE SU BAJA TEMPORAL COMO MILITANTE

34. ISLAS BALEARES. CASO MATAS. "EL SEÑOR MATAS HA VENIDO A BURLARSE DE LOS SIMPLES MORTALES"

35. ISLAS BALEARES. EL LÍDER DEL PP DE PALMA ESTÁ INVESTIGADO POR EL 'CASO ANDRATX'

36. PRINCIPADO DE ASTURIAS. RAJOY NO SE ATREVE A IMPEDIR LA CANDIDATURA DE CASCOS EN ASTURIAS

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1. RAJOY y EL CASO MATAS: "LE DESEAMOS LO MEJOR Y, SI PUEDE, QUE DEMUESTRE SU INOCENCIA"

A Mariano Rajoy le comunicaron ayer al mediodía en La Laguna, Tenerife, que su antiguo amigo y compañero de Gobierno Jaume Matas había pedido la baja temporal en el PP. "Nosotros la vamos a aceptar, como es natural", dijo el presidente del partido.

"Le deseamos lo mejor al señor Matas y que se defienda y... En fin, si puede, que demuestre su inocencia", dijo después. Ese "si puede" dio lugar a todo tipo de especulaciones sobre la confianza del presidente del PP en el futuro de Matas, que se enfrenta a una petición de fianza de tres millones de euros e imputaciones de delitos que suman décadas de cárcel. En su comparecencia de prensa, Rajoy no parece imprimir maldad alguna a sus palabras, aunque sí desinterés. Rajoy quiso añadir inmediatamente después de esta frase: "El PP será implacable en la lucha contra la corrupción".

La frase contrasta con su defensa a ultranza de imputados por graves delitos relacionados con la corrupción, como el ex tesorero Luis Bárcenas, a quien el partido le paga el abogado, y que mantiene su escaño y su despacho en Génova.

(www.elpais.com, 30/03/10)

2. RAJOY y EL CASO MATAS: RAJOY GUARDA SILENCIO

La dirección nacional del PP calla sobre Jaume Matas. Rajoy, que el lunes deslizó su distanciamiento con el ex presidente balear cuando afirmó "le deseamos lo mejor... y si puede que demuestre su inocencia", rehusó hacer ayer cualquier comentario después de que el juez impusiera a Matas una fianza de tres millones de euros. "No tengo nada que añadir", se limitó a decir el líder de los populares durante una visita a la isla de El Hierro.

Sí fueron algo más claros en el PP balear. Su presidente, José Ramón Bauzá, reconoció que el proceso contra Matas "no es agradable para el PP" y quiso apartarse de su predecesor: "Desde hace tres años estaba ya desvinculado del ejercicio político del PP balear", aseguró en la Cadena Cope. También el vicesecretario general del PP balear, Miquel Ramis, apuntó hacia Matas y afirmó que "son las personas" las que cometen "errores" y "no los partidos". Ramis insistió en que su formación había completado un proceso de renovación respecto a la etapa de Matas. "Al que tenga la mano larga se la cortaremos", zanjó.

Pero estas declaraciones no fueron suficientes. Mientras que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, pidió al PP "más contundencia a la hora de condenar la corrupción", la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, consideró que si Matas tiene que "responder ante la Justicia", Rajoy lo hará "ante los ciudadanos" por su silencio.

(www.elpais.com, 30/03/10)

3. RAJOY y EL CASO MATAS: RAJOY PAGABA UNA 'PENSIÓN' A MATAS PESE A QUE COBRABA OTROS DOS SUELDOS

Jaume Matas, ex presidente balear y ex ministro de José María Aznar, imputado por haber cometido supuestamente 12 delitos de corrupción política durante su actividad al frente del Gobierno de Baleares y sobre el que pesa un auto de prisión preventiva eludible bajo fianza de tres millones de euros, pidió a Mariano Rajoy en julio de 2007 un sueldo tras abandonar su escaño en el Parlamento y la política para poder afrontar su etapa de desempleo. Ese mes, Matas pidió la excedencia voluntaria de su plaza de funcionario del Cuerpo Superior de la Comunidad Autónoma a la que se puede reincorporar en cualquier momento.

Rajoy aceptó pagar con fondos del partido una pensión de 5.000 euros al mes a Matas, obviando que el ex presidente balear se estaba buscando otros ingresos para abandonar su situación de parado. De hecho, en agosto de 2007, sólo un mes después de dejar de cobrar del erario público y asegurarse la pensión de su partido, Matas ofreció sus servicios a una firma de abogados, Estudios Jurídicos Procesales, cuyo administrador, Enrique Arnaldo, ex vocal del Poder Judicial a propuesta del PP y contratista de la Administración balear durante la presidencia de Matas, le recibió con los brazos abiertos. "Me ofreció prestar los servicios que habitualmente prestan los que dejan la política y que, básicamente, consistía en ofrecer relaciones, identificación de proyectos para inversiones, captación de clientes y consultora económica-financiera", confesó Arnaldo al juez.

El caso es que desde agosto Jaume Matas empezó a ingresar dos sueldos, uno de su partido, el PP, y otro de la empresa Estudios Jurídicos Procesales, que le pagó hasta finalizar el año 31.320 euros, según declaró el ex presidente balear a la Agencia Tributaria.

Matas no se quedó ahí y siguió buscándose la vida para engordar sus ingresos. En diciembre de 2007 pasó a trabajar para el grupo hotelero Barceló y fijó su residencia en Washington gracias a un contrato como director de relaciones institucionales de Barceló Crestline y como ejecutivo de su fondo de inversiones Playa, para la expansión en México, Centroamérica y el Caribe.

Diez meses antes de entrar en esta empresa como ejecutivo, el ex presidente balear había resuelto un concurso público a favor del grupo Barceló para la construcción y explotación por 40 años del Palacio de Congresos de Palma, con un hotel, un centro comercial y aparcamiento. La decisión fue adoptada por el consorcio que formaban representantes del Gobierno de Jaume Matas y del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, ambas instituciones en manos del PP.

La Ley balear 2/1996 sobre incompatibilidades de altos cargos, votada por Jaume Matas, establece que "durante el año siguiente a la fecha de su cese" los cargos públicos "no podrán realizar actividades privadas relacionadas con procedimientos sobre los que hayan dictado resolución en los últimos dos años de ejercicio del cargo o función correspondiente".

El ex presidente balear soslayó este pequeño inconveniente legal con el argumento de que él no tomó parte directa en la adjudicación, ya que no se decidió en Consejo de Gobierno autonómico, sino en la sociedad anónima participada al 50% por el Ejecutivo balear y el Ayuntamiento de Palma. Los responsables del grupo hotelero negaron haber recibido trato de favor del presidente Matas en sus relaciones con el Gobierno balear.

Con el contrato de Barceló, el ex presidente Jaume Matas logró durante algunos meses del ejercicio de 2008 tres ingresos distintos: el del PP que le regaló Rajoy por su desempleo político; el de Estudios Jurídicos y Procesales, que le siguió pagando hasta enero de 2009 un total de 28.000 euros; y el del grupo hotelero Barceló.

Sus trabajos para Estudios Jurídicos y Procesales, sólo unos meses después de que su Gobierno hubiera adjudicado a esa empresa un contrato, han generado "un inevitable recelo" en el juez que investiga las actividades supuestamente delictivas de Matas.

En el auto de medidas cautelares dictado contra Matas, el juez sostiene que estos hechos alimentan la sospecha de que la empresa Estudios Jurídicos y Procesales "bien pudo recibir un trato de favor en las dos contrataciones" que le hizo el Gobierno de Jaume Matas. "En este sentido", remacha el juez, "conviene recordar la declaración prestada por María Rosa Estarás [vicepresidenta del Gobierno balear con Matas] cuando dice que el encargo de una consultoría y asistencia para la implantación de un ente público de radiotelevisión en las islas Baleares fue obra del presidente [Jaume Matas] y de la entonces jefa de su gabinete, María Umbert Cantalapiedra, que fue quien facilitó las tres empresas a las que se tenían que cursar las invitaciones". Dos de las tres empresas tenían los mismos socios -una de las dos ganó el contrato- y la otra fue eliminada por su falta de experiencia, según la investigación judicial

Los tres sueldos que el ex presidente balear logró en los meses que siguieron a su abandono de la política suponían al menos el doble de los ingresos que tenía como presidente balear.

El dirigente popular Javier Arenas, que fue durante muchos años secretario general del PP y que tenía conocimiento de algunos asuntos internos relacionados con ex altos cargos de su formación política, aseguró ayer que le parecía bien la pensión que su partido pagó a Matas. Y lo justificó así: "En alguna ocasión el PP, cuando algún dirigente ha cesado y está pendiente de incorporarse a otra actividad, se ha hecho. Me parece bien que se haga". El problema es que Matas no estuvo ni un mes sin actividad, pues se buscó un trabajo con la asesoría jurídica, aunque este hecho pareció pasar inadvertido al PP, que le pagó la pensión durante un año teniendo en cuenta que el ex presidente estaba pendiente de incorporarse a otra actividad.

Ahora Matas busca apoyo financiero para poder cumplir con la fianza de tres millones de euros que le impuso el juez para eludir la prisión preventiva.

(www.elpais.com, 01/04/10)

4. EL VOLUBLE RASERO DEL PP

El ex presidente del Gobierno de Baleares y del PP de las islas, Jaume Matas, reconoció el pasado jueves ante un juez haber cometido irregularidades fiscales. Ni sospechas, ni imputaciones. Lo dijo él mismo. El lunes siguiente, el PP todavía no había tomado ningún tipo de medida disciplinaria contra Matas. Fue él mismo, de nuevo, el que pidió al partido una suspensión "temporal" como militante. Cualquier decisión del PP, ya llega tarde. El lunes, Mariano Rajoy le deseó "lo mejor" a Matas y se limitó a anunciar que acepta su solicitud. Ayer, se negó a comentar el asunto.

Es el último episodio del desconcertante, como mínimo, criterio del Partido Popular a la hora de atajar con contundencia sus casos de corrupción. El PP tiene unos estatutos internos que, aplicados al pie de la letra, servirían para expulsar del partido prácticamente a cualquiera que salga en los periódicos implicado en casos de corrupción. Pero la doble, triple o cuádruple vara de medir demostrada en los casos destapados en el último año revela que la disciplina se aplica tarde y a medias, la mayoría de las veces, o nunca, dependiendo del rango del implicado.

Hoy día, si María Dolores de Cospedal puede decir en rueda de prensa que todos los imputados en la trama Gürtel están fuera del partido o relevados de sus cargos es gracias a Esperanza Aguirre, que empezó dando ejemplo al destituir a su consejero más querido, Alberto López Viejo, el 9 de febrero de 2009, tres días después de estallar el caso. Esa misma semana, mientras Mariano Rajoy denunciaba una conspiración contra el PP, Aguirre obligaba a dimitir a varios alcaldes. Después, con más dudas, vinieron los diputados Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.

Hasta que no fueron citados a declarar como imputados, a principios de mayo de 2009, el PP no suspendió la militancia de los tres diputados madrileños implicados en la red de comisiones del caso Gürtel. Formalmente, lo habían solicitado ellos dos meses antes. Cuando se le preguntaba a Cospedal por el asunto aseguraba que el Comité de Derechos y Garantías estudiaba "caso por caso" la petición.

Para entonces, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana citaba a declarar como imputados al presidente de la Comunidad Valenciana, al ex vicepresidente, al secretario general del PP valenciano y a un ex alto cargo, todos vestidos con dinero de la trama corrupta. Camps y Costa mantuvieron sus cargos, y nadie exigió suspensiones de militancia, dejando en evidencia a la dirección del PP en la comparación con la situación en Madrid. Génova no hizo la más mínima sugerencia sobre asumir responsabilidades, y Camps actuó como si no pasara nada. El 3 de agosto, el Tribunal valenciano archivó la causa en un controvertido auto en el que reconocía como probados los regalos a los implicados, pero no los consideraba delito. El fiscal recurrió al Supremo.

Mención aparte merece el caso de Ricardo Costa. El ex secretario general del PP valenciano fue defenestrado cuando el caso Gürtel afectaba más a otros implicados. De los cuatro imputados por el Tribunal valenciano, Costa fue el único exculpado por unanimidad del tribunal, sin votos discrepantes. Es decir, que sería el más limpio formalmente de la rama valenciana del caso en cuanto a los regalos. Pero sus bochornosas conversaciones con los corruptos, incluidas en un informe policial sobre la financiación ilegal del PP valenciano, hicieron que la dirección nacional de su partido alimentara la presión sobre él. Finalmente, en octubre, el PP nacional obligó a Camps a destituir a Costa como secretario general del PP y como portavoz del grupo parlamentario. La rebelión indignada de Costa sirvió para suspenderlo además de militancia por un año.

Sobre todas estas diferencias de actuaciones frente a la corrupción, resplandece el caso del senador Luis Bárcenas. Renunció "temporalmente" a su cargo de tesorero dos semanas después de que el Supremo le citara como imputado. Mantiene su estatus intacto en el partido y nadie ha querido o podido siquiera sugerir mayores consecuencias. El tesorero del partido está imputado por cohecho y delito fiscal, algo que compromete seriamente la imagen de rectitud de los órganos vitales del PP. El partido le paga la defensa y en casi un año no ha logrado armar un discurso coherente que justifique este apoyo.

El pasado mes de diciembre, después de un año como poco complicado, el PP presentó un Código de Buenas Prácticas. Se centraba en comprometer a todos los cargos del partido en desterrar aquellas prácticas que estaban en el centro del caso Gürtel, como recibir regalos o contratar a dedo y de forma opaca a los proveedores. Es decir, que el partido proclama por escrito que es reprochable exactamente aquello que hizo Camps, según ha considerado probado un tribunal. A la vista de las consecuencias, se deduce que el Código no tiene efecto retroactivo.

(www.elpais.com, 31/03/10)

 

5. TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA SI AZNAR DAÑÓ AL ESTADO PARA LOGRAR UNA MEDALLA

El Tribunal de Cuentas ha decidido nombrar un delegado instructor para investigar al ex presidente del Gobierno José María Aznar por presunta "responsabilidad contable" debido a la aprobación de un gasto de 2,3 millones destinados a promocionar la concesión de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos para él mismo. El gasto fue aprobado de urgencia, sin concurso y sin pedir ofertas por el Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003, cuando gobernaba el PP.

El Tribunal de Cuentas tratará de aclarar la cantidad que pagó el Gobierno de Aznar a un lobby de Washington, Piper Rudnick, para lograr ese objetivo, finalmente frustrado, y si la contratación se efectuó de acuerdo con la ley. En caso contrario, el Tribunal podría obligar a los responsables a devolver el dinero al Tesoro Público.

El auto del Tribunal de Cuentas precisa que la "responsabilidad contable" puede derivarse de "la adopción de decisiones de gasto y pago con presupuesto público, si la finalidad contractual hubiese sido privada y no pública y el gasto no hubiera sido debidamente justificado, aspecto que no ha quedado claro con la documentación remitida".

El Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003 aprobó un gasto de 2,3 millones de euros para los ejercicios 2004 y 2005 con el fin de contratar al despacho de abogados Piper Rudnick. El contrato fue gestionado por el procedimiento de urgencia porque, según el Ejecutivo de Aznar, hacía falta "asistir al Gobierno de España en las relaciones más próximas con EE UU".

La decisión del Consejo de Ministros no figuró en el BOE. El objetivo del acuerdo con el lobby era asesorarle "para reforzar sus relaciones con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado, con otros departamentos ejecutivos y agencias y con el Congreso de EE UU encargándose de las acciones y actividades adecuadas".

El acuerdo con el lobby se hizo efectivo el 30 de diciembre de 2003 y el Gobierno de Aznar aceptó pagar una retención de dos millones de dólares en 20 plazos mensuales de 100.000 dólares. Según el acuerdo, se efectuó un pago del 35% del total de la retención, 700.000 dólares, en el momento de ejecución del mismo.

El 2 de marzo de 2004, Piper Rudnick envió un informe al embajador de España en Washington, Javier Rupérez, en el que le relataba el plan de acción concertado en enero de ese año. Los asuntos tratados incluían la preparación del discurso de Aznar ante la sesión conjunta del Congreso de EE UU, la resolución autorizando la entrega de una Medalla de Oro del Congreso para Aznar y la evaluación de la reacción de ciertos departamentos del Gobierno ante la iniciativa económica del ex presidente. El informe añadía que los miembros de la firma asistieron a un almuerzo ofrecido por la Cámara de Comercio de EE UU en honor de Aznar.

El auto del Tribunal de Cuentas, firmado por el consejero Felipe García Ortiz, precisa que de la documentación conocida "podría deducirse, de forma indiciaria, unas supuestas irregularidades en el procedimiento de contratación, aceptadas tanto por el Ministerio Fiscal como por el Abogado del Estado en sus escritos respectivos de 9 y 16 de febrero de 2010, y una deficiente justificación del contrato".

El auto detalla el alcance de la investigación: "Sería conveniente analizar si la actividad a desarrollar por la empresa contratista era de naturaleza pública, en todo o en parte, así como la finalidad perseguida por el objeto del contrato. Es decir, resulta necesario verificar si los servicios se prestaron o no, y si se prestaron finalmente, si dichas actuaciones tenían por objeto una finalidad pública, debidamente justificada, todo ello, puesto en relación con aquellas normas presupuestarias de aplicación del gasto".

La denuncia que origina la investigación del Tribunal de Cuentas fue presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho y el letrado José Luis Mazón. Los tribunales ordinarios desestimaron en su día una denuncia similar de Mazón. El fiscal del juzgado número tres de Madrid recomendó a los denunciantes acudir al Tribunal de Cuentas, al que compete fiscalizar el uso de los fondos públicos y su posible restitución. En el Tribunal, ni el fiscal ni el Abogado del Estado apoyaron la admisión de la denuncia y pidieron, sin éxito, su archivo. Mazón es un abogado conocido. Entre sus acciones figura una querella contra el juez Baltasar Garzón por el patrocinio de unos cursos en la Universidad de Nueva York. Mazón consiguió que el Supremo condenara a 11 magistrados del Constitucional a indemnizarle con 500 euros por rechazar un recurso de amparo sin estudiarlo. También llevó la denuncia contra el juez Calamita, expulsado de la judicatura por impedir a un matrimonio de lesbianas adoptar a una niña.

El PP mostró ayer su "confianza y respaldo" a Aznar y a la labor desarrollada en su etapa de Gobierno. En un comunicado, los populares se mostraron convencidos de que "la actuación del Tribunal de Cuentas sólo puede conducir al archivo de la causa".

(www.elpais.com, 30/03/10)

6. 100.000 EUROS AL MES POR REDACTAR CARTAS Y LLENAR ACTOS DE AZNAR

- El Gobierno de Aznar aprobó en diciembre de 2003 de urgencia, sin concurso y sin invitar a tres empresas para adjudicar el contrato, un gasto de 2,3 millones a favor de la firma estadounidense de abogados Piper Rudnick. Bajo la apariencia de mejorar las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, el contrato pretendía asegurar la concesión de la medalla de oro del Congreso a Aznar.

- Piper Rudnick, a razón de 100.000 dólares al mes, desglosó así sus trabajos:

Enero de 2004. "La firma se reunió con personal de la Embajada para (...) desarrollar un plan de acción sobre cómo poner en práctica una estrategia de relaciones de la Embajada con el Gobierno". Los asuntos tratados incluyen la preparación del discurso del presidente Aznar ante la sesión conjunta del Congreso y la resolución autorizando la entrega de una medalla de oro del Congreso para Aznar.

Febrero de 2004. "Miembros de la firma acudieron a la Embajada para aumentar el número de asistentes al discurso ante la Sesión Conjunta del Congreso. Entre sus actividades estuvo la redacción de una carta del embajador Ruipérez a los miembros del Congreso y de una lista de hechos describiendo las consecuciones de Aznar durante sus ocho años en la presidencia (...). Miembros de la firma contactaron también con distintos departamentos del Congreso para solicitar su asistencia a la Sesión Conjunta (...) y apoyaron una resolución por la que se autoriza la entrega de una medalla de oro al presidente Aznar. Para este fin, fue necesario contactar con varias oficinas para solicitar que sus miembros copatrocinasen la resolución presentada por el republicano Jim Gibbons".

(www.elpais.com, 30/03/10)

7. SÁENZ DE SANTAMARÍA APOYA A AZNAR PORQUE "DEFENDIÓ EL INTERÉS PÚBLICO Y NUNCA SU INTERÉS PERSONAL"

La portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió esta noche que la investigación abierta al ex presidente del Gobierno José María Aznar por la concesión de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos será finalmente archivada.

"A mí me consta que siempre se ha defendido desde el Gobierno de Aznar el interés público general y nunca el interés personal de su presidente", explicó en declaraciones a TVE.

Además, la portavoz parlamentaria del PP recordó que "ha habido anteriores querellas en el ámbito penal y actuaciones judiciales contencioso-administrativas" sobre este mismo asunto y en todas ellas "los tribunales no han visto ninguna actuación reprochable ni desde un punto de vista penal ni siquiera desde un punto de vista administrativo".

"Me consta que el fiscal del Tribunal de Cuentas y la Abogacía del Estado tampoco ven reproches en ese punto y ahora en el Tribunal Constitucional se decide nombrar ese instructor. Yo respeto los procedimientos pero conociendo como se actuaba en ese Gobierno, mucho me temo que para todo quedará ahí", concluyó.

Además, Sáenz de Santamaría, recordó que la corrupción en los partidos políticos afecta a "todos" por igual y es un asunto contra el que todos deben luchar. "Lo que tenemos que hacer es luchar todos frente a esa corrupción y ser mucho más firmes en las normas que nos demos", incidió.

Sáenz de Santamaría se refirió así a la suspensión temporal como afiliado del PP solicitada hoy por el ex presidente del Govern balear Jaume Matas después de que el pasado viernes, la Fiscalía solicitara prisión eludible bajo fianza de 3 millones de euros, si bien el juez no ha adoptado ninguna decisión al respecto.

"Los hechos a día de hoy y con lo que nos tenemos que quedar es que el señor Matas ya no forma parte del PP y no creo que todos los partidos puedan decir lo mismo respecto de gente suya que está imputada, procesada, condena e incluso en ocasiones indultada con la firma del presidente del Gobierno", explicó.

En la misma línea, la portavoz parlamentaria popular puso en valor el hecho de que el que fuera ministro del Gobierno de José María Aznar haya tomado esta decisión voluntariamente para no perjudicar al partido y poder defenderse a sí mismo. "Hay una decisión promovida por el afectado y hay que ponerlo en justa evidencia", dijo.

En este sentido, recordó que el PP se rige por "las propias normas que" se ha dado y "con arreglo a esos estatutos" trata de reaccionar y reacciona "de forma decidida y justa, aplicando la norma y aplicando la ley frente a la corrupción". "Ojalá quienes desde el PSOE ahora se llevan las manos a la cabeza lo hicieran también en sus propios casos y en sus propios órganos", señaló.

Tras incidir en que "la corrupción es un problema para todos los partidos" y en que "todos" deben luchar frente a ello, Sáenz de Santamaría subrayó que este asuntos "no debería ser un tema de tirarse los trastos a la cabeza". "Lo que tenemos que hacer es luchar todos frente a esa corrupción y ser muycho nmás firmes en las normas que nos demos", destacó.

Por último, la portavoz parlamentaria popular destacó que no se pueden tomar determinadas decisiones "sin tener los suficientes fundamentos de hecho y de derecho".

(www.publico.es, 30/03/10)

8. EL JUEZ CALCULA QUE LA ‘RED GÜRTEL’ DEFRAUDÓ MÁS DE 116 MILLONES

Antonio Pedreira, el juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se ha puesto a hacer números en las horas previas al levantamiento del secreto sumarial, previsto para el próximo lunes: según los cálculos del magistrado, a los cabecillas de la trama corrupta les corresponde una fianza global que supera los 116 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil por la deuda tributaria contraída en los últimos años y por los beneficios obtenidos del blanqueo de capitales. El miércoles, Pedreira remitió a los abogados de los principales imputados un auto por el que hace saber cuál es la cantidad que debe entregar cada uno en el plazo de un día. O sea, el sábado, puesto que el jueves y el viernes son festivos en Madrid.

Así, el cerebro de la red, Francisco Correa, tendrá que abonar 85 millones de euros, dados los delitos que se le imputan en relación al IRPF. Si no los aporta, le serán embargados bienes por ese valor. Su escudero, Pablo Crespo, deberá responder solidariamente. Por su lado, Carmen Rodríguez Quijano (esposa de Correa) tendrá que hacer frente a una fianza de 800.000 euros, y Álvaro Pérez Alonso, alias el Bigotes, a una de 650.000. Finalmente, al abogado Ramón Blanco Balín, a quien se le achaca haber capitaneado toda una estrategia de blanqueo de capitales, se le demandan 30 millones de euros.

A la espera del levantamiento del secreto sumarial, en el auto se apuntan ya algunas claves del funcionamiento de la red. Sostiene Pedreira que Correa constituyó un conglomerado empresarial dedicado a la organización de eventos y cuyos principales clientes eran entes de la Administración pública. "Para la obtención de dichos contratos, utiliza las relaciones personales con quienes ocupan puestos de responsabilidad en dichos órganos, de tal forma que consigue los mismos sin que exista una libre concurrencia en las adjudicaciones", añade.

Además, el juez subraya que, a tenor de lo investigado, la contraprestación a la obtención de esos contratos por parte de las empresas de Correa conllevó supuestamente "compensaciones" para responsables políticos, bien "de naturaleza económica o de otro tipo, en la forma y lugar que le soliciten". De hecho, se estima que las cantidades entregadas a cargos públicos ascienden a casi tres millones.

En el auto se afirma igualmente que Correa captó proyectos inversores (adjudicación de suelo, construcción de inmuebles, obras públicas) negociando con las administraciones su concesión a compañías de su influencia, "para lo que presentaba a los concursos a empresarios afines a los que ofrecía dichos negocios, previa negociación de una compensación económica". Conseguido el dinero, las sociedades del caso Gürtel se dedicaron a impulsar operaciones financieras ficticias, prosigue Pedreira en el escrito, a fin de intentar acreditar "una actividad con la que enjugar los ingresos ilícitos".

Y para el diseño de la estructura de blanqueo de capitales requerida por Correa, el empresario dispuso de especialistas que le facilitaron el movimiento de grandes cantidades de dinero en paraísos fiscales. Al parecer, contó sobre todo con los despachos de abogados de Luis de Miguel Pérez y José Ramón Blanco Balín.

(www.publico.es, 30/03/10)

9. CORREA SE AFERRA A LA ANULACIÓN DE LAS ESCUCHAS PARA RECURRIR SU FIANZA

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, que instruye desde hace un año el caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción de la democracia vinculada a un partido, requirió el pasado miércoles a los cabecillas de la red delictiva que presten una fianza de más de 116 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en caso de que sean condenados, se les podría imponer por lo defraudado con sus actividades ilegales. Si no satisfacen esa cantidad, el juez les avisa de que embargará sus bienes.

Francisco Correa, cabecilla de la trama, no pagó las cuotas tributarias correspondientes al IRPF entre 2002 y 2007 por casi 36 millones de euros, ni tampoco liquidó el Impuesto de Patrimonio. Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, tampoco abonó sus cuotas de IRPF del año 2006 por 539.120 euros. Álvaro Pérez, el Bigotes, que abrió sucursal de la trama corrupta en Valencia con la empresa Orange Market, tampoco abonó las cuotas tributarias correspondientes a sus trabajadores durante los años 2006 y 2007 por 330.830 euros.

La Agencia Tributaria ha elaborado un informe, cuya base documental es todo lo investigado en relación con la trama corrupta, en el que pone de manifiesto estos impagos. Por esa razón, el juez Pedreira, que ya había fijado fianzas de responsabilidad civil a otros implicados, entre ellos varios altos cargos del PP, decidió imponer las nuevas garantías a los principales responsables de la trama, entre los que incluye a José Ramón Blanco Balín, asesor de Correa en la creación de sociedades con las que blanqueaba dinero, según el juez. A Blanco Balín, Pedreira le pide 30 millones de euros para atender las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran corresponderle como consecuencia de la investigación judicial.

Los implicados tienen un día para abonar la fianza, aunque el abogado de Correa, José Antonio Choclán, ya aclaró que presentará un recurso de reforma contra el auto de Pedreira al entender que, tras la anulación de las escuchas en la cárcel , su defendido podría beneficiarse de la anulación de otras pruebas que podrían llevar al magistrado a tomar una decisión distinta en relación con la fianza.

Choclán cree que no tiene sentido anticipar una resolución de ese tipo después de la anulación de las escuchas y sólo cinco días antes de que se levante el secreto de sumario, momento en el que podrían conocerse nuevos datos relevantes para la defensa de Correa. El abogado del jefe de la trama corrupta ha anunciado que volverá a pedir la libertad de su defendido, que ha sido rechazada en anteriores ocasiones por el instructor del caso y por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Correa lleva en la cárcel desde febrero de 2009. Su abogado entiende que se han vulnerado derechos fundamentales de su defendido por la intervención que ordenó Garzón de todas sus comunicaciones en la cárcel, incluidas las que mantenía con distintos letrados. La decisión de Choclán anticipa una avalancha de recursos de los abogados de los distintos imputados en la causa tras la resolución de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de anular las escuchas en prisión.

El auto que anulaba las escuchas, aprobado con el voto a favor de dos magistrados y en contra de un tercero, señalaba que a partir de ahora los abogados de los distintos imputados en la causa podrían solicitar la anulación de pruebas siempre y cuando se hubieran obtenido como consecuencia de las escuchas practicadas en la cárcel.

El juez Pedreira deberá resolver, una vez que se conozca todo el sumario, sobre las pruebas que deberían anularse en función del auto de las escuchas telefónicas en la cárcel y de los recursos que presenten los abogados de los implicados en la trama corrupta. Antes de la intervención de las comunicaciones en prisión, ahora anuladas, el juez Baltasar Garzón había acumulado durante seis meses pruebas que acreditan el pago de sobornos por parte de la trama corrupta, el blanqueo de capitales, el trato de favor de algunas administraciones públicas gobernadas por el PP y el fraude fiscal de los principales implicados.

(www.elpais.com, 04/02/10)

10. LOS IMPAGOS DE LOS CORRUPTOS

- La Agencia Tributaria, en su informe número 1.903, recoge las deudas tributarias que supuestamente afectan a Francisco Correa, jefe de la red Gürtel; a Pablo Crespo, número dos de la trama; y a Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de la filial valenciana del entramado delictivo.

- Para hacer su informe, la Agencia Tributaria se ha basado en la documentación que obra en el sumario del caso Gürtel, y concluye que Francisco Correa no ha pagado las cuotas tributarias del IRPF que le correspondían entre 2002 y 2007. El primer año fueron 2,2 millones; el segundo, 1,8 millones; el tercero, 7 millones; el cuarto 460.000 euros; el quinto, 1,07 milones; el sexto, 5,07 millones, y el séptimo, 18,7 millones.

- En el caso de Pablo Crespo, por el concepto de IRPF la Agencia Tributaria sólo le atribuye el impago de 539.120 euros en 2006.

- Álvaro Pérez no pagó el IRPF correspondiente a su empresa Orange Market, con la que obtuvo numerosos contratos a dedo del Gobierno valenciano de Francisco Camps, por un total de 330.000 euros entre los años 2006 y 2007. Durante aquellos ejercicios, Orange Market ganó los concursos para el pabellón valenciano en la feria de turismo FITUR.

(www.elpais.com, 04/02/10)

11. PAGOS A POLÍTICOS EN EL LUGAR QUE PIDAN

El último auto del juez Antonio Pedreira, instructor del caso de corrupción vinculado al PP, define así el negocio que dirigía Francisco Correa: "Para la obtención de los contratos públicos utiliza las relaciones personales con quienes ocupan puestos de responsabilidad en dichos órganos, de tal forma que consigue los mismos sin que exista una libre concurrencia en las adjudicaciones".

En la Comunidad de Madrid, las empresas de Francisco Correa se encargaban, sin concurso de por medio, de la inmensa mayoría de actos institucionales en los que estuviera presente Esperanza Aguirre, porque así lo amañaba el entonces consejero de Deportes, Alberto López Viejo. Si esos actos costaban más de 12.000 euros, se troceaban para evitar el concurso público. En la Comunidad Valenciana, el Gobierno de Francisco Camps adjudicó más de 40 contratos menores, sin concurso, a la empresa Orange Market, la filial de la trama en esa comunidad.

Pedreira continúa: "En contraprestación a la obtención de los contratos para sus empresas, [Correa] entregaría a los responsables políticos compensaciones, de naturaleza económica o de otro tipo, en la forma y en el lugar que lo soliciten".

La investigación judicial ha acreditado el pago de sobornos a políticos a cambio de contratos o pelotazos urbanísticos. El pago se efectuó en dinero (casi tres millones de euros a media docena de dirigentes del PP, según el último auto judicial) o en especie: vehículos de lujo, televisiones de plasma, viajes exóticos o trajes a medida.

(www.elpais.com, 04/02/10)

12. GALICIA. LA XUNTA RETRASA LA SANCIÓN A LA CONSTRUCTORA DE TELMO MARTÍN

La ley obligó al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, a reabrir el expediente a Construcuatro por el cobro de sobreprecios en viviendas protegidas en Vigo, pero la sanción está lejos de hacerse efectiva. Según los anteriores responsables de la Consellería de Vivenda, que abrió el proceso administrativo contra la promotora del líder del PP de Pontevedra, Telmo Martín, las diligencias se habían agotado y la sanción estaba lista para su ejecución. Construcuatro tendría que pagar una multa de un millón de euros, devolver las comisiones ilegales y quedar inhabilitada para edificar vivienda protegida durante seis años. Pero no será así de momento.

El Gobierno bipartito suspendió el expediente a Construcuatro en abril de 2008, tras la apertura por un juzgado de Vigo de actuaciones judiciales, incompatibles legalmente con las administrativas. Una vez archivada la causa penal -en la que se corroboró el pago de sobreprecios, aunque no se demostró la concurrencia de delitos-, la Xunta levantó la suspensión. Ahora bien, el departamento que dirige Agustín Hernández, amigo personal de Telmo Martín, ha decidido solicitar nuevas pruebas, que retrasarán e incluso podrían modificar los resultados del expediente.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo determinó antes del cambio de Gobierno en Galicia la existencia de infracción, consistente en la percepción de sobreprecios en un edificio de la urbanización viguesa de Navia, tipificada como muy grave en la Lei de Vivenda de Galicia. Según los anteriores responsables de la consellería, sólo restaba comunicárselo a los afectados y ejecutar la sanción.

La hoja de ruta de Medio Ambiente es otra. De momento, solicitará al juzgado el informe pericial emitido por el inspector de Hacienda, así como los documentos de contabilidad de la empresa, en los que se recogen los sobreprecios. Además, volverá a remitir el acuerdo de incoación del expediente, que se remonta a octubre de 2007, a 11 de los 87 propietarios compradores afectados, de los que no cuenta con acuse de recibo. Esta decisión supone la apertura de otro período de 15 días para la aportación de documentación, pero sobre todo abre la posibilidad de que se presenten nuevas pruebas, y por lo tanto se revise la existencia de la infracción.

Pero no se terminan ahí las pruebas adicionales que la Consellería de Medio Ambiente, de la que depende el IGVS, quiere estudiar, a pesar de que el cobro de "sobreprecio, prima o cantidad en concepto de compraventa o arrendamiento en las viviendas de protección oficial" está tipificada en la ley como la más grave de las posibles infracciones. Después de la aportación de documentos por los 11 afectados que restan por hacerlo, la Xunta "abrirá período de prueba", en el que incluirá las declaraciones realizadas por Construcuatro en el curso de las acciones judiciales. La consellería incorporará como prueba "todo el documento contenido en las actuaciones judiciales que, si es el caso, acredite el presunto pago de sobreprecios".

Sólo después de examinar toda esta documentación, procederá Medio Ambiente a redactar la propuesta de resolución. Según los anteriores responsables de la Consellería de Vivenda, se trata de diligencias innecesarias que demorarán e incluso modificarán la tipificación de la infracción, con el objetivo de evitar la sanción a Construcuatro. La empresa, de la que Telmo Martín posee el 33%, cobró sobreprecios al menos a 32 compradores, que pagaron hasta 33.000 euros más para no perder los pisos protegidos. Según el informe policial que encargó el juzgado, el dinero lo repartía la empresa con un intermediario.

Tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial, las dos sentencias sobre el caso Construcuatro dan por probada la existencia de sobreprecios. La resolución considera que no hubo "coacción de relevancia penal", por lo que absolvió a los imputados. Lo justificó así; "Todos los afectados accedieron a la entrega de las cantidades solicitadas en el breve período de tiempo que se les daba para ello, alegando que les interesaba adquirir las viviendas a ese precio, tal y como estaba el mercado". De no acceder a pagar el sobreprecio, los afectados se quedaban sin las viviendas protegidas, lo que no impide a la sala que juzgó el caso destacar la inexistencia de "cualquier tipo de fuerza o intimidación".

Telmo Martín se sintió reforzado por la sentencia. "Espero que aquellas personas que con un interés político intentaron difamarme, manchar mi nombre, ahora reconozcan que yo no cometí ningún delito: que lo digan", retó el dirigente del PP. Lejos de recibir disculpas, deberá afrontar el expediente administrativo, aunque demorado. La sentencia de la Audiencia Provincial constató que los sobreprecios, acordados como "mejoras" no efectuadas, no figuraban en la escritura pública ni en el contrato de compraventa, pero sí en los libros de contabilidad.

(www.elpais.com, 29/03/10)

13. GALICIA. BALTAR SE ESCUDA EN LA BIBLIA

El "fiel" ex socialista Eladio Fernández se vino abajo. Tras el amargo trago de soledad al que se enfrentó en San Cibrao, el fichaje estrella de los Baltar no asistió al pleno de la Diputación en el que se aprobó también su paso al grupo de los no adscritos, que votará en sintonía con el PP.

No habría estado solo en esta ocasión. Baltar padre llenó el salón de sesiones con más de medio centenar de cargos orgánicos e institucionales de su partido (todos, miembros de la nueva ejecutiva provincial de su hijo o concejales y alcaldes que lo apoyaron en el congreso provincial) e intentó impedir el acceso de un grupo de socialistas al acto público. Los ordenanzas les advirtieron ya en el vestíbulo de que, para esta ocasión, había una norma por la que tendrían que haberse inscrito días antes. Ante el revuelo, el propio Baltar salió a la puerta a explicar sus razones. Les aclaró que había impuesto esta medida, de la que no informó a la oposición, y de que ya no había espacio en la sala: se inscribieron todos los del PP. Tras una breve negociación con dirigentes del PSOE accedió: "Que pasen 15", dijo. Y él mismo los fue contando, uno por uno, hasta llegar al tope y mandar cerrar las puertas.

Eladio Fernández evitó su asistencia al pleno, pero no el protagonismo. El portavoz del PSOE, Alfredo García, lo mentó en la primera ocasión que tuvo, el debate de la moción presentada por el BNG para reclamar unas bases de contratación similares a las del Sergas o Educación, que el PP rechazó. "El sistema de contratación es tercermundista", dijo García. Y arremetió contra "los nuevos conversos" mediante cita de la Carta de San Pablo a los corintios: "San Pablo cayó del caballo y vio la luz, igual que nuestro ex compañero Eladio Fernández, quien el 16 de junio pasado presentó aquí una moción en la que, por higiene democrática y dignidad política, reclamaba una comisión de investigación de los contratos y ahora les presta apoyo inquebrantable".

La cita bíblica del socialista fue rebatida posteriormente por Baltar. El presidente de la Diputación tiró del Evangelio para defender el cambio de partido de Fernández y votar contra una moción del PSOE que reclamaba la devolución del acta de diputado del "traidor". Baltar apeló a su condición de "católico practicante" -"lo que no me amarga nada", matizó- para justificar el fichaje. "Hay más alegría en el cielo por un arrepentido que por 99 justos que no tienen necesidad de penitencia", recitó. Después preguntó a los socialistas: "¿Por qué Fernández está equivocado ahora y no durante los 20 años que estuvo en el PSOE?". "¿Y Leiceaga?", caldeó el ambiente. "El proceso mental es el mismo, aunque éste hubiera cambiado de partido al final de la legislatura", razonó. Tras la arenga, desveló sus razones para votar contra la moción del PSOE "La devolución del escaño pídansela ustedes, pero no pretendan que lo hagamos nosotros, que no nos perjudica".

Sin Eladio Fernández en la sala, el pleno alcanzó mayor tensión que el de San Cibrao. El puñado de socialistas que lograron el visto bueno de Baltar para asistir a la sesión, se pegaron en las solapas unas pegatinas con la leyenda Eladio Fernández, traidor. Avanzada la sesión, desplegaron en silencio unas pancartas con el mismo texto. Baltar ordenó el inmediato desalojo de los pancartistas y de los portadores de la pegatina y se produjo un pequeño forcejeo entre éstos y los guardias de seguridad de la institución. "Esta será la última vez que me fio de la palabra de los socialistas", clamó enojado el presidente.

La tensión se había fraguado ya antes. El debate de la moción del BNG sobre las contrataciones había calentado el ambiente. Los nacionalistas pidieron una lista baremada que el PP negó aduciendo, una vez más, que ya la está elaborando. Pero Baltar aprovechó para contraatacar a sus oponentes. "Me valen las bases de contratación del Ayuntamiento de Allariz (BNG), del de O Carballiño (PSOE) y del de O Barco (PSOE); me sirven las de Tragsa". Y abundó al respecto: "Las diputaciones de A Coruña y Lugo (PSOE) deberían explicar también cómo hacen sus contrataciones, pero nosotros no nos dedicamos a hacer listas; no estamos en eso".

(www.elpais.com, 27/03/10)

14. ANDALUCÍA. EL EX ALCALDE DE LA LÍNEA USÓ DINERO PÚBLICO PARA UN MÁSTER

Juan Carlos Juárez, ex alcalde del PP en La Línea de la Concepción (Cádiz), gastó 18.000 euros de los fondos del Ayuntamiento para pagarse un máster en Dirección Inmobiliaria. Así lo confirmó ayer su sucesor, el también popular Alejandro Sánchez.

Juárez, que permanece inhabilitado para el desempeño de cargo público a raíz de una sentencia de la Audiencia provincial de Cádiz, que le condenó por desacato y que le obligó a abandonar la alcaldía linense, utilizó el dinero, según señaló el actual alcalde, para costearse el máster al que supuestamente habría acudido en la Universidad de Comillas, en Madrid.

Alejandro Sánchez anunció ayer que "el Ayuntamiento va a emprender acciones legales contra Juan Carlos Juárez al haberse negado a devolver el dinero, que habría salido de las cuentas de Emusvil", la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de La Línea. "El dinero ya le ha sido reclamado mediante un escrito, pero Juárez, de momento, se ha negado a devolverlo", manifestó el alcalde linense.

Juan Carlos Juárez se matriculó en este máster el 25 de septiembre de 2009, apenas una semana antes de ser inhabilitado y dejar la alcaldía. Unos meses después, Alejandro Sánchez se percató de que el dinero de esa matrícula correspondía, presuntamente, a dinero público procedente de Emusvil.

Fue entonces cuando se dirigió a su antecesor, a través de una misiva, a la que Juárez respondió que había contratado dicho máster en función de su cargo de alcalde y que no estaba dispuesto a reingresar el dinero en las arcas municipales. Así lo explicó ayer el actual alcalde popular de la localidad.

El Ayuntamiento va a solicitar, también, a la Universidad de Comillas, sede del máster en cuestión, una notificación que confirme la presencia de Juárez a sus clases.

"Tan pronto he visto una situación de anomalía, hemos actuado conforme mandan los protocolos", manifestó Sánchez, quien agregó que "da igual como se llame quien supuestamente la haya cometido, porque aquí estamos para salvaguardar lo público".

(www.elpais.com, 30/03/10)

15. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE CORRIGE A LA CÚPULA DEL PP Y PIDE EL CESE DE COBO

Al PP de Madrid no le basta con que el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, haya sido suspendido de militancia durante un año después de criticar a Esperanza Aguirre en una entrevista. La segunda parte de la batalla pasa por conseguir que la mano derecha del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón deje de pertenecer al grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Madrid y que, por tanto, abandone la portavocía. Unos planes que no contempla la dirección nacional del partido. El miércoles, la propia Aguirre saltó al terreno y recordó a la cúpula conservadora lo que Francisco Granados, su consejero de Presidencia, lleva exigiendo hace ya una semana. Es decir: que el reglamento de los grupos municipales del PP "especifica que la pérdida de condición de militancia determina la salida del grupo".

Con estas palabras, la líder del PP de Madrid intentaba dar un toque de atención a la dirección nacional de su partido. Días antes, Ana Mato, vicesecretaria de organización, había asegurado que Cobo es un "magnífico portavoz municipal" y que seguirá en este cargo puesto que la sanción del comité de derechos y garantías no decía lo contrario. Y porque "el alcalde y el grupo municipal", a quienes, en última instancia les correspondería una decisión de este tipo, ya decidieron hace meses la continuidad de Cobo.

Consciente de que sus palabras podrían ser interpretadas como una desautorización a Mato, Aguirre reconoció que esta "no tiene por qué conocer este reglamento". Pero que "hay un reglamento y el reglamento, como los estatutos, tiene que cumplirse". Dijo, además, que hacía estas declaraciones "sin la menor animadversión".

No obstante, no pasa inadvertido que las fricciones entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid son algo a lo que Mariano Rajoy ya está acostumbrado. La última polémica es precisamente la de la entrevista en la que Cobo señalaba, entre otros asuntos, que lo que la gente de Aguirre estaba haciendo con Rodrigo Rato en Caja Madrid era "de vómito". La del miércoles fue la entrada en escena de Aguirre para reivindicar que Cobo no puede seguir siendo portavoz del grupo municipal conservador en el ayuntamiento. Pero ya el mismo día en el que se hacía pública la sanción para el vicealcalde, Granados, secretario general del PP de Madrid, propuso que Ana Botella, delegada de Medio Ambiente en el ayuntamiento, sustituyese a Cobo.

Para ello, durante toda esta semana, Granados ha sido muy insistente en la idea de que "los reglamentos del PP están para aplicarse y no al albur de lo que un grupo municipal decida". Incluso ha llegado a leer públicamente el artículo 28.4 del reglamento sobre los grupos municipales: "La pérdida de la condición de afiliados al PP producirá automáticamente su exclusión del grupo municipal".

Fue el pasado 29 de octubre cuando el grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid votó el posible cese de Cobo como portavoz. De los 32 miembros presentes, 13 votaron a favor, por lo que la propuesta fue rechazada. En este episodio se basa la dirección nacional del PP para dar el asunto por zanjado. Pese a que los equipos de Rajoy y Gallardón coinciden en que ante esta cuestión "no cabe más debate", los aguirristas no están dispuestos a dar su brazo a torcer.

En el entorno de la presidenta aseguran que la pelota está en el tejado del alcalde, que debe dar un paso al frente y cesar a Cobo. "Si no lo cesa, será el vicealcalde el que incumpla el reglamento", destaca un dirigente del PP madrileño. Algo que, según reconocen en el círculo de Gallardón, no pasa por la cabeza del alcalde ni ha exigido Mariano Rajoy.

De hecho, en más de una ocasión, el regidor madrileño ha respaldado a su mano derecha y ha destacado su "profunda lealtad al PP". En la dirección nacional del partido recuerdan que Mato "simplemente" aludió a que la sanción del comité de derechos y garantías no contempla la expulsión del grupo municipal y que la decisión, en todo caso, no corresponde al PP de Madrid. Manuel Cobo es uno de los cargos del PP que ha denunciado haber sido víctima de la supuesta trama de espionaje realizada por agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid.

(www.publico.es, 29/03/10)

16. COMUNIDAD DE MADRID. PUBLICIDAD FANTASMA EN MADRID

El Gobierno de la Comunidad de Madrid pagó 1.250.000 euros en 2007 a una empresa proveedora de la trama Gürtel por una campaña de publicidad de la que no existe constancia que llegara a realizarse nunca. El contrato, suscrito por el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, con la empresa Marketing Quality Management (MQM) fue reclamado por la diputada de Izquierda Unida (IU) Reyes Montiel poco después del estallido del caso Gürtel, pero esta ha tardado casi un año en poder acceder al material. El expediente muestra cómo la empresa ganó la adjudicación y cinco meses después se la exoneró de elaborar más del 80% de los compromisos adquiridos, pese a lo cual se le pagó la totalidad del contrato.

Del material que MQM supuestamente produjo, no quedó rastro ni siquiera en el almacén del Imade. Y de la campaña bautizada como Made in Madrid no han quedado referencias en ningún archivo, ni siquiera los especializados en publicidad, a pesar de que teóricamente se produjeron nada menos que 50.000 chapas y 100.000 unidades de bolígrafos. Todo ello a las puertas del arranque de la campaña electoral para las autonómicas de mayo de 2007, en las que Esperanza Aguirre revalidó la mayoría absoluta para el PP.

El Imade sacó a concurso en pleno agosto de 2006 una jugosa campaña publicitaria, cuya creatividad se valoró en 1,25 millones de euros, a pesar de que el enunciado parecía tan poco pensado que incluso repetía palabras en un texto cortísimo: "Transmitir la importancia del desarrollo económico equilibrado en el desarrollo de la Comunidad de Madrid".

La adjudicación se falló en octubre de 2006 y recayó en MQM, empresa proveedora de Easy Concept, una de las arterias de la trama Gürtel. "Es cierto que fuimos proveedores de Easy Concept y ellos de nosotros, pero esto no quiere decir nada. Tenemos muchísimos clientes que avalan nuestra profesionalidad", explica a Público Antonio Martín Sánchez, administrador de MQM.

El contrato que ganó MQM se convocó por el trámite de urgencia y la empresa fue elegida después de que el Imade encargara un informe de evaluación a Swat, una consultora privada. Los expertos consultados consideran extraño este gasto adicional teniendo en cuenta que el preceptivo informe técnico de valoración ya se mostraba partidario de la adjudicación a MQM de forma inequívoca, al otorgar a su proyecto 70 puntos por sólo 49 a su competidor, DEC Comunicación.

El 6 de marzo de 2007, Antonio Martín firmó con Álvaro de Arenzana, gerente adjunto del Imade, una modificación de las condiciones del contrato que exoneraban a MQM de más del 80% de sus compromisos, pese a que se mantenía intacto el dinero a percibir: 1,25 millones de euros.

El breve documento justificativo, de dos folios, supone un reconocimiento explícito de la falta de sentido de la campaña recién adjudicada: "Se han quitado conceptos por considerar que llevaban a la confusión publicitaria". O bien: "También se ha reducido el número de formatos publicitarios en radio y televisión porque no aportaban más de lo que aportaba un formato único". Incluso se eliminan los actos de presentación pública de la campaña, pese a lo cual se considera que, gracias a las modificaciones introducidas, tendrá "una entidad propia y perfectamente definida".

Para que el presupuesto se mantenga en 1,25 millones, se aportan nuevos compromisos con un supuesto coste que los expertos consultados consideran desorbitado: por ejemplo, se contempla una partida de 196.144 euros para "electricidad, climatización, montajes y grupos electrógenos" de una supuesta carpa que iba a montarse en la plaza Colón de Madrid durante dos semanas.

Pero esta carpa pertenece en realidad a otra campaña. La modificación del contrato con MQM se firmó el 6 de marzo de 2007, pese a lo cual el texto asegura que dicha carpa se montará "entre el 27 de febrero y el 8 de marzo de 2007". En esas fechas, ya había en Colón una carpa impulsada por el Imade, pero respondía a otra campaña sobre innovación tecnológica, adjudicada a la empresa Ruiz Nicoli.

Esta carpa recorrió varias localidades y, según la documentación facilitada en su momento por la propia Comunidad, nunca incluyó referencias a la campaña Made in Madrid supuestamente realizada por MQM. La modificación del contrato del Imade con MQM incluye costosísimas partidas presupuestarias relacionadas a posteriori con la carpa (300.000 euros) y con actos en la calle llamados rolling show (otros 330.000 euros) que en realidad ya estaban en marcha para fomentar la innovación tecnológica y que nada tienen que ver con Made in Madrid.

La documentación que el Imade finalmente entregó a Montiel tras casi un año de espera incluye fotografías que supuestamente demuestran que la campaña de MQM se realizó. Pero todo el material pertenece a esta otra campaña sobre innovación tecnológica.

Antes de entregar el expediente a la diputada de IU, el gerente del Imade, Aurelio García de Sola, compareció en la Asamblea de Madrid y se jactó del éxito de la campaña Made in Madrid. Pero en su exposición ni siquiera aludió a la modificación del contrato y fue desgranando como productos realmente elaborados por MQM todo lo que incluía el primer presupuesto, a pesar de que finalmente se le había exonerado por escrito de hacerlo.

De la supuesta campaña Made in Madrid no existen ni siquiera evidencias en publicaciones especializadas como Anuncios o Infoadex. Este periódico ha intentado ver algún indicio de su existencia. Pero todas las solicitudes telefónica a MQM, y por escrito al Imade, la Consejería de Economía y Hacienda y Presidencia de la Comunidad de Madrid fueron rechazadas.

La modificación del contrato, el 6 de marzo, incluyó una enorme partida en merchandising, 250.000 euros, una cifra que los expertos consultados consideran equivalente a lo que gasta por este concepto un gran partido en una campaña electoral. Dos meses después, el 11 de mayo, empezó la campaña autonómica. Las elecciones fueron el 27 de mayo. Y el 26 de junio, "habiéndose realizado el trabajo contratado a satisfacción", el Imade liquidó el contrato con MQM.

La multinacional Bassat Ogilvy se presentó también al concurso adjudicado a MQM, pero fue apartada sin posibilidad de competir porque presentó una oferta por debajo de los 1,25 millones fijados en la licitación. El desvío era mínimo: el presupuesto presentado ascendía a 1.249.832,95 euros. Pero al estar 167,05 euros por debajo quedó excluida sin derecho a que se evaluara su propuesta. Jesús Valderrábano recurrió la decisión alegando que el desvío representaba sólo el 0,02% y que además era por debajo del precio, pero no tuvo efecto porque en el pliego de condiciones se especificaba que toda oferta que no coincidiera exactamente sería excluida, un punto habitual en los concursos del Imade.

(www.publico.es, 29/03/10)

17. COMUNIDAD DE MADRID. LA PROVEEDORA DE LA TRAMA GÜRTEL LOGRÓ EN MADRID 2,2 MILLONES EN SIETE MESES

La campaña de publicidad fantasma no fue la única adjudicación de la Comunidad de Madrid a las puertas de las elecciones autonómicas de 2007 a la empresa Marketing Quality Management (MQM), proveedora de la trama Gürtel. El 25 de abril de ese año, tres semanas después de que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, convocara elecciones, la Consejería de Presidencia adjudicó a la misma empresa el servicio de "montaje escenográfico de los actos institucionales a celebrar por la Comunidad de Madrid", por un monto de 250.000 euros.

Esta adjudicación solía salir a concurso en verano y se adjudicaba en noviembre. Así fue en la convocatoria anterior, publicada el 29 de agosto de 2005 y adjudicada el 9 de noviembre del mismo año. Y también la posterior: el último concurso salió el 13 de julio de 2009, dividido en tres lotes, y se falló el pasado 5 de noviembre.

Pero en 2007, año electoral, tanto la convocatoria como la adjudicación se concentraron a principios de año, con muy poca diferencia temporal entre sí y a las puertas de los comicios: la convocatoria, el 16 de marzo y la adjudicación, el 25 de abril. Aguirre firmó el decreto convocando elecciones el 2 de abril y la campaña empezó el 11 de mayo.

El encargo recayó en MQM, que justo acababa de ser exonerada de más del 80% de sus compromisos para una campaña de publicidad Made in Madrid de la que no hay constancia que llegara a realizarse, pese a que costó al erario público 1,25 millones de euros.

Izquierda Unida (IU) anunció el lunes que entregará a la fiscalía este contrato de publicidad sobre la que no hay rastro, que fue un encargo del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), adscrito a la consejería de Economía y Hacienda. , el líder del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, dijo que también acudirá a la fiscalía.

Este contrato publicitario salió a concurso en agosto de 2006 y fue adjudicado a MQM el 11 de octubre de ese mismo año. No obstante, el 6 de marzo de 2007 se modificaron por completo las condiciones: se mantuvo el mismo precio, pero se exoneró a la empresa de cumplir con el 80% de los compromisos.

El nuevo presupuesto aceptado por el Imade incluía más de 600.000 euros en una carpa ya creada por otra empresa y 250.000 euros en merchandising, una cifra que según los expertos consultados equivale a lo que gasta un gran partido por este concepto en una campaña electoral. Del supuesto mechandising de Made in Madrid no ha quedado rastro, pese a que en teoría se produjeron 50.000 chapas y 100.000 bolígrafos.

Diez días después de esta modificación contractual, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicaba el nuevo concurso para el "montaje escenográfico de los actos institucionales a celebrar por la Comunidad de Madrid", licitado en 250.000 euros y que acabaría ganando también MQM ya con las elecciones convocadas.

Todos estos contratos se suman a otra adjudicación de Sanidad en octubre de 2006, también para montaje y desmontaje, por valor de 700.000 euros. Así, entre octubre de 2006 y abril de 2007, MQM, cuyo capital social se reduce a 5.000 euros, recibió sucesivos encargos de la Comunidad de Madrid por un total de 2,2 millones de euros.

La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, solicitó la comparecencia urgente de Aguirre para que aclare las adjudicaciones a MQM y la campaña fantasma de publicidad Made in Madrid. "Queremos saber todos los detalles y Aguirre tiene que dar una explicación exhaustiva e inmediata", añadió Menéndez.

La portavoz socialista quiere aclarar también el papel de Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel con una fianza de 750.000 euros, que en aquel momento organizaba los actos de la presidenta como viceconsejero de Presidencia.

En noviembre de 2008, siendo consejero de Deportes, López Viejo otorgó otra adjudicación a MQM para "montaje, desmontaje y preparación de actos" por valor de 236.640 euros. Tanto el PSOE como IU solicitarán el acceso al expediente completo de este contrato.

(www.publico.es, 30/03/10)

18. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE JUSTIFICA LOS ATAQUES DE NEIRA A LA CONSTITUCIÓN POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, afirmó que no ha leído el libro España sin democracia, del profesor de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Asesor del Observatorio regional contra la Violencia de Género, Jesús Neira. Con esta excusa pudo eludir las preguntas sobre su opinión acerca de algunas de las afirmaciones de Neira en el libro. Por ejemplo, que "la elaboración de la Constitución supuso una anormalidad antidemocrática", porque, agrega el autor, "se realizó en secreto" o que "el sustrato de violencia y terror" forma parte de las "entrañas mismas del socialismo".

"Algunas cosas no las comparto, como no comparto otras de otros libros", comenzó la presidenta, para después justificar que si el profesor Neira cuestiona algunos aspectos de la Carta Magna, no tiene por qué tratarse de un comportamiento "anticonstitucional", y lo argumentó en que le asisten los derechos de "libertad de expresión y de opinión". El día anterior, el Partido Socialista de Madrid (PSM) había reclamado su destitución en el Observatorio de la Violencia porque, según la portavoz de Igualdad, Carmen Toledano, "debe guardar lealtad constitucional" y no está capacitado para el cargo "ni ética ni moralmente".

Ese mismo día, el portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, tachó esa demanda de "campaña de agresión" contra "un valiente".Varias asociaciones de mujeres reclamaron a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que destituya a Jesús Neira de su cargo al frente del Consejo Asesor del Observatorio Regional de Violencia de Género por carecer de suficiente capacitación. "La culpa no la tiene él, sino Esperanza Aguirre, porque debería saber que la violencia de género es una especialidad muy compleja que no se aprende porque circunstancialmente te tropieces en tu vida con un acto de violencia en la vía pública", afirmó Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Divorciadas, según Europa Press. "Haber intervenido en un caso puntual [Neira salió en defensa de una mujer golpeada por su novio y fue agredido por el hombre] no parece suficiente", dijo la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro. "Hay que tener cierta capacitación".

La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, consideró que el puesto requiere "más nivel de especialización y una trayectoria en ese ámbito", según Efe. "Determinadas declaraciones de este señor ponen de manifiesto una forma de pensar, no ya de derechas o de izquierdas, sino bastante machista, como cuando llamó cucaracha a la señora a la que salvó la vida", dijo Altamira Gonzalo, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

(www.elpais.com, 02/04/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RESPALDA EL ATAQUE DEL PP AL RECTOR DE LA COMPLUTENSE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, respaldó el duro ataque que el día anterior había lanzado el portavoz adjunto del grupo popular en la Asamblea, Juan Soler, contra el rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, al que acusó de costear "apartamentos de lujo" para el profesorado, pisos que en realidad promovió un ex alto cargo popular cuando era rector, Gustavo Villapalos, y pagan los adjudicatarios.

Berzosa se queja de estar sufriendo una campaña en contra de los populares por ser de izquierdas y porque queda un año para elegir nuevo rector y la Comunidad de Madrid quiere desgastarlo para que no le sustituya ningún miembro de su equipo. Por eso, aseguró que, si continúan las "difamaciones" contra él, como las vertidas por Aguirre y Soler, se querellará contra quienes las pronuncien.

Tras los empujones e insultos que sufrió el rector el pasado 23 de marzo a manos de un grupo de estudiantes que pedían que los colegios sigan estando segregados por sexo y protestaban contra el mal estado de las instalaciones, el ataque desde las filas del PP contra la gestión de Berzosa había ido en aumento. Pero el rejón más grave lo protagonizó el pasado martes el diputado popular Soler, que cargó directamente contra él, acusándolo de "malgastar" el dinero de la universidad.

"Soler ha dicho que la universidad ha construido unas 300 y pico viviendas mientras ha dejado de realizar las obras que necesitan los colegios mayores", precisó la presidenta regional. "Y parece ser que es un hecho", apostilló. "No fueron idea de este rector, pero el sorteo y la adjudicación se han hecho ahora".

"Es dinero que sale de la Complutense, porque esos profesores no los pagan a precio de mercado", afirmó el martes Soler, sin presentar ninguna prueba. Pese a que la universidad insistió en negar que hubiera puesto dinero en dichas obras. "¿Por qué las inaugura él entonces?", planteó el diputado popular.

Sin embargo, los 384 pisos a los que se refería Soler, que están situados junto a la urbanización Somosaguas, en Pozuelo, aún están en construcción y, por tanto, no se han inaugurado. Un portavoz de la Complutense explicó que el proyecto se promovió durante el mandato como rector de Gustavo Villapalos -luego consejero de Educación con Ruiz-Gallardón-, y que hasta ahora no se habían desbloqueado los permisos urbanísticos para levantar las casas, que se adjudicaron por sorteo al personal universitario que hace años se inscribió en una lista. Ya con el rector Rafael Pujol, sucesor de Villapalos al frente de la universidad, la Fundación General de la Universidad Complutense, un órgano con personalidad jurídica distinta, adquirió el suelo donde están ubicados los edificios para el personal universitario mediante un crédito, según el mismo portavoz.

"Pero el coste del suelo, la gestión y la construcción de los pisos se ha repercutido después a los adjudicatarios, que son los que abonan el coste de los pisos", explicó el mismo portavoz, que insiste en que ni la universidad ni la fundación han puesto dinero en estas obras. "Ángel Martínez Tablas, presidente de la fundación, se ha limitado a gestionar el desbloqueo de los permisos urbanísticos", puntualizó. El portavoz añadió que como la compra del suelo y la gestión de los pisos se hizo hace más de 10 años han resultado más económicos para el profesorado que lo que supondrían hoy en el mercado. "Los sueldos de los profesores de la Complutense no dan para pisos de lujo", subrayó.

Por su parte, los socialistas salieron en defensa de Berzosa. El secretario general, Tomás Gómez, justificó la "campaña de descrédito" de Aguirre en que "las posiciones ideológicas personales del señor Berzosa no coinciden con su extremismo ideológico de derecha". La portavoz del PSM en la Asamblea, Maru Menéndez, exigió al PP que ponga fin a la "campaña de acoso" y reclamó una rectificación de Soler por sus acusaciones "falsas".

(www.elpais.com, 01/04/10)

20. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS MANTIENE A MATAS COMO 'AMBAIXADOR' PESE A LAS CRÍTICAS

El Consell mantendrá, al menos de momento, la distinción de ambaixador de la Comunidad Valenciana al ex presidente balear, Jaume Matas, a quien el juez ha exigido una fianza de tres millones de euros para poder eludir la cárcel. La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, no quiso ayer que de su boca se escuchara esta decisión y optó por aludir al decreto con el que se dictaron las normas sobre la concesión y revocación de esta distinción. "El Consell cumplirá estrictamente lo previsto en la normativa", dijo. "El decreto prevé las causas y los motivos que suspenden los títulos", añadió, pero no quiso ni nombrarlos. El hecho es que el Consell se acoge a una de las razones por las que el título puede ser revocado que hace referencia a "cuando la persona condecorada sea condenada por un hecho delictivo, en virtud de sentencia firme". Sin embargo, existe otra motivación, más subjetiva y discrecional, que permite la revocación "cuando la conducta pública de las personalidades distinguidas sea manifiestamente contraria a los intereses generales o peculiares de la Comunidad Valenciana".

Así, a juicio del Gobierno valenciano, que preside Francisco Camps, las imputaciones de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración, blanqueo y delito electoral de Jaume Matas no son motivo para retirarle una distinción que se creó para reconocer la labor de las personas que hayan contribuido "notablemente" a la difusión y defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana.

Al margen de la textualidad del decreto, la portavoz del Consell no quiso, ni siquiera, responder a si consideraba "conveniente o incluso digno" que Matas mantenga ese título. "Ya he dicho lo que tenía que decir", concluyó tras la cuarta pregunta sobre el mismo tema.

La inmovilidad del presidente de la Generalitat para retirar una condecoración honorífica -y honorable- a Matas tras su múltiple imputación, ratificó a los socialistas en su sospecha de que existen malas prácticas en el Consell.

El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, emplazó al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, a explicar si las actuaciones de Jaume Matas son "práctica habitual" allí donde gobiernan, ya que "se parecen mucho los sistemas del antiguo eje de la prosperidad" que conformaban Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana. Una afirmación que relaciona los escándalos de corrupción del caso Gürtel, que salpica a los populares valencianos y madrileños, con la situación del PP balear.

Alarte instó a Rajoy a "empezar a pensar quién asume las responsabilidades políticas más allá de Matas". "A Camps lo que le horroriza es una derrota electoral, pero no sólo por perder el poder, sino porque le da miedo que podamos ver todos los papeles que no quiere enseñar", recalcó el dirigente del PSPV.

En este contexto, el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, comparó el caso Palma Arena -el velódromo por cuyas obras se ha imputado a Jaume Matas y que tuvo un sobrecoste del 100%- con el proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia -que acumula ya un sobrecoste del 270%-. "Matas está donde está porque, al perder el poder, la Justicia ha accedido a contratos y operaciones a los que de otra manera no hubiera accedido", dijo.

(www.elpais.com, 31/03/10)

21. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS IDENTIFICA A LA COMUNIDAD CON LAS IDEAS DEL PP

Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, trasladó ayer a un grupo de cargos y militantes en un almuerzo en Moncada las esencias de su discurso populista: "La identificación entre el PP y la Comunidad Valenciana es total porque nuestro discurso, modelo de convivencia y lealtad con España se identifica con la Comunidad Valenciana". "Tenemos muy claro quienes somos y qué pretendemos, cual es nuestro proyecto económico, hemos encontrado nuestro camino en la historia de España que es hacer cada día más grande la Comunidad Valenciana a favor de una gran nación", añadió. Camps redondeó con un ataque al Gobierno central: "Zapatero no cree en España ni tiene un proyecto de futuro para la nación".

Rita Barberá, alcadesa de Valencia, hizo gala de su particular lealtad al Gobierno central cuando aprovechó la presencia en Valencia de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, para echarle por cara que hubiera rechazada su invitación a visitar juntas el barrio de El Cabanyal. Cultura paralizó el proyecto municipal de partir en dos el barrio marinero al considerar que suponía un expolio del patrimonio valenciano.

Lo mismo que los tres senadores del PP por Valencia que aprovecharon la presencia en Valencia de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, para registrar sendos escritos ante la Generalitat y la Delegación del Gobierno solicitando que se anule su empadronamiento en Beneixida.

(www.elpais.com, 28/03/10)

22. COMUNIDAD VALENCIANA. DENUNCIAN AMENAZAS PARA NO INVESTIGAR A LA FAMILIA DE COTINO

El diputado socialista en Les Corts Valencianes Francesc Signes ha denunciado hoy que ha recibido "recomendaciones o amenazas" de un cargo público y de una sociedad privada para que no investigue adjudicaciones del Gobierno valenciano a la empresa Sedesa, de la familia del vicepresidente Juan Cotino. Asimismo, el portavoz socialista, Ángel Luna, ha asegurado que va a buscar las pruebas "por todos los medios posibles" de que ha habido "tramitación irregular, tráfico de influencias y trato de favor" en esas adjudicaciones, y ha afirmado que estaría dispuesto a pagar de su bolsillo por algún documento "si el beneficio para la Comunitat" fuera "muy sustancial".

Los dos diputados han explicado en una rueda de prensa que la Generalitat les ha negado la documentación sobre los expedientes de adjudicación de la Generalitat a Sedesa -en solitario o en UTE- en la última década, que ascienden a 830 millones de euros, lo que a su juicio sitúa esos contratos "al mismo nivel de ocultismo y de oscurantismo" que los de "la trama Gürtel".

El PSPV pidió esa documentación tras conocerse el Informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía en el que se refería que Vicente Cotino, de Sedesa, habría entrado en negociaciones con Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Pablo Collado, vinculados a la trama Gürtel, para comprar la firma Easy Concept, proyecto en el que participaría el ex director de Radiotelevisión Valenciana Pedro García.

Luna ha concluido que si el Gobierno de Francisco Camps se opone a "despejar la sospecha" sobre esa empresa es porque despejarla puede llevar a la "certeza" de que no se ha actuado "con arreglo a la ley" en los expedientes de contratación de la Generalitat, por lo que van a buscar los documentos, y si eso les permite acudir de nuevo a los tribunales de Justicia, lo harán.

En su opinión, esta puede ser una de las cuestiones que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el "caso Gürtel", y ha resaltado que ante acusaciones de trato de favor en la Administración hay quien pone los papeles sobre la mesa, y quien, como la Generalitat, "bajo siete llaves".

Signes ha desvelado que se le han hecho llegar "determinados mensajes y recomendaciones" para no "insista" en los expedientes que "el PP esconde", aunque ha rehusado dar detalles más allá de que proceden de un cargo público -que no es el conseller- y de alguna sociedad privada, y Luna ha añadido que, además, "en algún momento ha habido amenaza de querella". Signes ha asegurado que no le van a intimidar y ha expresado su "presentimiento" de que muchos de los expedientes que "más preocupan" al Consell corresponden a las Consellerias de Medio Ambiente y de Sanidad, que han abocado al resto de Consellerias contratantes a una "estrategia de opacidad común y coordinada". Por su parte, Luna ha hecho un llamamiento a personas que conocen lo que ha pasado para que les faciliten información, algo que ha asegurado que "se está produciendo ya en muchos casos", pues tienen la "convicción" de que ha habido actuaciones irregulares en esa empresa, pero no "las pruebas para llevarlas a ningún sitio".

Preguntado sobre si pagaría para conseguir informes, Luna ha dicho que hasta ahora no ha tenido que hacerlo y que puede garantizar la legalidad de los mecanismos de obtención de información, y ha añadido: "si el beneficio para la Comunitat Valenciana de obtener un informe o algún documento pagando por él fuera muy sustancial, lo pagaría de mi bolsillo".

Luna ha señalado que el PP les ha cerrado la vía parlamentaria, ya que a la petición de esos expedientes de contratación sólo les han remitido los pliegos de condiciones que se publican en el Diari Oficial, por lo que luego no deben extrañarse de que acudan a los tribunales. Signes ha indicado que el pasado 6 de octubre formalizó su primera petición de esta documentación, y que fue unos días después, el 14 de octubre, cuando Cotino delegó las competencias de contratación.

(www.levante-emv.com, 29/03/10)

23. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ DA LA NOTA POR LA AUSENCIA DE CAMPS

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se saltó el protocolo durante su intervención en el V Encuentro España-África para lanzar una pulla a su paisana, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, impulsora del evento, que se celebra hoy y mañana en la capital valenciana. Tras un derroche de halagos a la reina Sofía, que inauguró el acto, Barberá dio la bienvenida a las asistentes, 300 líderes africanas y 150 representantes españolas . Y lo hizo "en nombre del presidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana, porque no ha sido convocado a este acto". Sus palabras fueron acogidas con abucheos por parte de algunas asistentes, las pocas que entendían que se trataba de una guerra local que poco tenía que ver con los temas que plantearon minutos después el resto de participantes. Entre éstas, destacan las presidentas de Finlandia y Liberia, la vicesecretaria general de la ONU, la premio Nobel de la Paz Wangari Maathai y políticas de alto nivel, como Margot Wallström, Mary Robinson y Graça Machel.

Con gesto serio, De la Vega intentó acallar con un gesto las señales de protesta y se mantuvo impávida y sin mirar a Barberá durante el tiempo que duró su discurso. Cuando llegó su turno, la vicepresidenta comenzó con las siguientes palabras: "Creo que hablo en nombre de todos los españoles y en nombre de todos los valencianos". Una afirmación que la alcaldesa negó con la cabeza.

Poco después, De la Vega saludó cariñosamente a sus compañeras de mesa, excepto a Barberá, a la que ignoró por completo. Algo desplazada y sentada en el extremo de la mesa, la alcaldesa despertó de su ensimismamiento cuando la presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, le dedicó por sorpresa una cariñosa frase: "Valencia es lo que es gracias a que usted ha liderado la ciudad durante 20 años". Quizá por eso, cuando Johnson-Sirleaf volvió a su silla, Barberá se levantó de un salto para darle las gracias y estrecharle con fuerza la mano. Fue su única sonrisa sobre el escenario. Durante el descanso, Barberá acudió a los periodistas para asegurar que se plantea "la presencia de las autoridades de la Comunitat en este acontecimiento por el desprecio" que, según ella, se ha hecho con Camps. 

(www.publico.es, 27/03/10)

24. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ ACUSA A LA MINISTRA DE CULTURA DE SENTARSE CON LOS "VIOLENTOS DE SALVEM"

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, dijo ayer que quería pasar página pero acabó cargando sin contemplaciones contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, por sentarse "con los violentos de Salvem el Cabanyal". La ministra aprovechó su asistencia el pasado fin de semana al V Encuentro de España-África de mujeres que se celebró en Valencia para verse unos minutos con integrantes de la plataforma y de las asociaciones de vecinos del barrio. Esta plataforma, que lleva 12 años esperando que la alcaldesa los reciba, ha frenado en los tribunales la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa de El Cabanyal, uno de los proyectos urbanísticos estrella del PP.

La oposición se mostró indignada con las declaraciones de Barberá. Carmen Alborch, portavoz socialista, explicó que la invitación "precipitada" de Barberá para que la ministra visitara El Cabanyal "se produjo cuando ésta tenía cerrada ya su agenda". La ministra, agregó Alborch, "sólo respondió a una petición hecha con antelación por Salvem el Cabanyal". El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, justificó la visita de la ministra en la necesidad de completar información sobre el barrio. La vehemencia con que Barberá invitó a González-Sinde a visitar El Cabanyal no hacía, como dijo la ministra, recomendable el encuentro. Barberá dijo ayer sentirse despreciada.

En un comunicado, la Asociación Cabanyal-Canyamelar invitaron a la alcaldesa y al presidente Francisco Camps a que los visiten y comprueben "con sus propios ojos" la realidad del barrio y lo urgente de su regeneración. "Desde esta asociación", indica el escrito, "conocemos bien esa vehemencia con la que la alcaldesa aborda todas las cuestiones relativas al Cabanyal, que le lleva a calificar como grupo de violentos, e incluso comparar con ETA, a los vecinos que no compartimos con ella su proyecto de destrucción".

(www.elpais.com, 30/03/10)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. EL EX ALCALDE DE LA VILA CONDENADO DEJA LA DIRECCIÓN DEL PP TRES AÑOS DESPUÉS

José Miguel Llorca Senabre, el ex alcalde popular de La Vila Joiosa condenado a pagar una multa de 6.000 euros por haber simulado durante más de una década ser médico sin tener la titulación, dejó ayer de presidir el PP local. Llorca tuvo que dimitir poco después de ser elegido en mayo del año 2007, cuando trascendió que sólo había superado un curso de la carrera de Medicina, pero se ha mantenido al frente de la organización porque el Partido Popular nunca tomó medidas contra él tras renunciar al cargo.

Más de un millar de los 1.660 militantes que tiene la agrupación popular vilera desfilaron ayer por la sede del partido para elegir la nueva ejecutiva local. La elección contó con la presentación de dos candidaturas, la que avalaban la dirección regional y Llorca Senabre, encabezada por el actual alcalde, Jaime Lloret, y una candidatura liderada por Pedro Alemany, un ex concejal que contaba con el plácet de la dirección provincial. La lista de Lloret incluía en el número tres a Isidro Cantó, otro ex concejal popular que fue condenado en el ejercicio del cargo por amenazar a un periodista.

La alta participación evidenciaba la importancia de la plaza que tiene La Vila para el partido popular: la capital de comarca de La Marina Baixa tiene 32.000 habitantes. Fuentes de la dirección provincial confirmaron que pese a las conversaciones mantenidas durante las semanas previas a la cita no hubo manera de alcanzar un acuerdo para integrar ambas candidaturas por las exigencias del alcalde vilero, quien reclamó para sí la presidencia, la secretaría general y el número tres del partido, además de imponer que Alemany no formara parte de la ejecutiva.

El sector oficial acusa a Alemany de haber apoyado en las anteriores elecciones municipales al candidato independiente Pedro Lloret y de haber perjudicado con esta postura los intereses del partido en la población. Sin embargo, su candidatura se ha forjado con el apoyo del sector zaplanista del PP, que en los últimos meses ha conseguido sumar más de 500 nuevas altas al partido. El recuento de los votos emitidos durante la jornada, que transcurrió con normalidad, otorgó la victoria, por más de 200 votos de diferencia, a los campistas encabezados por Lloret.

(www.elpais.com, 31/03/10)

26. CASTILLA Y LEÓN. EL FISCAL PIDE ENVIAR AL SUPREMO LOS INDICIOS DE CORRUPCIÓN CONTRA UN AFORADO DE CASTILLA Y LEÓN

La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado ya suficientes indicios de delito en la adjudicación de obras en la Junta de Castilla y León como para haber pedido en los últimos días al juez Antonio Pedreira, que instruye la investigación del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que remita al Supremo las últimas conclusiones policiales donde se dibuja la implicación de aforados en el caso. Las supuestas actividades irregulares que han motivado esta petición se recogen en varios informes de la policía, y tienen que ver con la adjudicación de obras públicas en esa comunidad, gobernada por el PP.

La policía llevaba más de seis meses intentando esclarecer la identidad de tres personas que habrían cobrado 40.000 euros en comisiones ilícitas y que aparecían en los apuntes de la contabilidad B de la trama corrupta. Los agentes requisaron en la sede principal de las empresas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, documentación suficiente para acreditar que la adjudicación de la construcción de la variante de Olleros de Alba por la Consejería de Fomento de Castilla y León habría sido amañada para beneficiar a una empresa concreta, Teconsa, que a su vez habría repartido comisiones ilegales entre cargos políticos. Correa sería el encargado de distribuir esas cantidades; además, se habría quedado con una parte.

Teconsa, la favorecida por esa adjudicación, es la misma empresa que, sin ninguna experiencia en trabajos de sonorización, se quedó con la organización de ese tipo de tareas durante la visita del Papa a Valencia. La televisión autonómica valenciana, Canal 9, dirigida por un amigo de la trama, Pedro García, adjudicó a Teconsa esas labores por seis millones de euros, de los que la mitad, según la investigación judicial, fueron a parar a la red corrupta en forma de comisiones ilegales. Teconsa no hizo nada: subcontrató los trabajos a empresas especializadas que cobraron menos de la mitad del dinero que adjudicó la televisión valenciana.

"T.O." Y "TOTI" eran algunas de las iniciales que aparecían en los apuntes de la organización corrupta en relación a la obra de Castilla y León. Hace más de un año, el juez Baltasar Garzón apuntó que Correa y algún político habían influido en la decisión de adjudicar la variante a una empresa determinada. Garzón se basaba en apuntes contables requisados al contable de la trama, José Luis Izquierdo, donde aparecía incluso un fax remitido el 5 de diciembre de 2002 desde la Consejería de Fomento castellano-leonesa que dirigía entonces el popular José Manuel Fernández Santiago, ahora presidente del Parlamento de Castilla y León. El 3% del importe de la adjudicación, 96.100 euros, aparecían en la contabilidad B de la trama, repartido entre distintas personas identificadas con iniciales que la policía atribuyó a Fernández Santiago (TOTI), a Luis Bárcenas (ex tesorero del PP) e incluso a Jesús Merino (diputado nacional popular).

Tras varios informes policiales, la Fiscalía Anticorrupción considera que los indicios que ya hay son suficientes para nuevas imputaciones, aunque se trata de aforados de otra comunidad autónoma, en este caso de Castilla y León, por lo que ha considerado que lo mejor es remitirlo al Supremo, donde ya se investigan supuestos delitos de Bárcenas y Merino.

En el Supremo está el informe de la Intervención General del Estado sobre la variante de Olleros. Anticorrupción ha pedido al juez que en lo referido a Fernández Santiago, que en principio debería ser competencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, vaya al Supremo, ya que la competencia de éste sobre Bárcenas y Merino arrastraría al presidente del parlamento castellano leonés al Supremo. Anticorrupción entiende que debe ser el Supremo el que se quede con la causa de Castilla y León, para no abrir un nuevo frente junto a los de los tribunales superiores de Madrid y Valencia, y el del Supremo.

Fuentes próximas a la Fiscalía del alto tribunal sostienen que no pueden pedir la asunción de la competencia sobre lo que afecta a Castilla y León porque ya lo hicieron para asumir toda la causa y el Supremo respondió que se quedaban sólo con los aforados nacionales (Bárcenas y Merino). Parece que los magistrados esperarán a que Pedreira levante el secreto del sumario y el instructor del caso en el alto tribunal le siga. A partir de ese momento, habrá que ver si el Supremo decide hacerse cargo o hay que remitirlo al tribunal superior de Castilla y León.

(www.elpais.com, 29/03/10)

27. REGIÓN DE MURCIA. AYUNTAMIENTOS DEL MAR MENOR Y TORRE PACHECHO PREPARAN OTRO DESPILFARRO PAGADO POR LOS VECINOS

Los ayuntamientos del Mar Menor, San Pedro del Pinatar (donde la deuda ahoga a proveedores y al propio consistorio que debe cientos de miles de euros, incluso a administraciones públicas, como resultado de la pésima gestión del alcalde); San Javier, que por no poder pagar ni puede, ni quiere (y con razón) hacerse cargo del puentecito faraónico de Hernández en El Estacio; el Ayuntamiento de Los Alcázares, donde la alcaldesa, que va por un lado y el PSOE por otro, está protagonizando una gestión de escándalo. Por ejemplo, está pagando extrañas productividades a policías y muy determinados funcionarios, cuando debe horas de trabajo, como las horas extras, y tanto las fuentes consultadas en los sindicatos como en fuentes jurídicas, no debe pagarse un concepto como el de la productividad antes que el concepto de salario por trabajo realizado, como son las horas extraordinarias.

Además, no ha sido capaz de gestionar nada en cuatro años, ha enfadado a los propios socialistas, y no digamos ya a los colectivos vecinales. Menos mal que el PSOE ha recuperado pulso. El líder del PP en Los Alcázares está a verlas venir, como si eso valiera en política, al tiempo que su partido va perdiendo todos los partidos judiciales reiterados contra su principal enemigo, Juan Escudero. Y por último está Torre Pacheco, donde basta preguntar a los trabajadores para saber cómo está la cosa de los cuartos, mientras se gastan partidas de dinero en pagarle al abogado del alcalde, que luego, casualmente se devuelven, en fin una gestión desastrosa que además está sometida a investigación judicial.

Pues como si no fuera bastante, ahora, El alcalde José María (San Pedro), las alcaldesa Pepa García (San Javier), su homóloga Encarna Gil y el de Torre Pacheco, Daniel García, han pensado que cuanto antes quieren tener una tele propia, para salir ellos, y eso sí, que los más de trescientos mil euros que cuesta la idiotez la paguen los ciudadanos de su bolsillo. Gastándose menos de esa cantidad harían que las televisiones regionales se ocuparan de nuestros municipios y potenciarían a medios locales, pero no, ellos los socialistas y los del PP quieren la tele comarcal. Es de Suponer que Pedro Saura será coherente y dirá que nó, pues a lo de la autonómica ya dijo que no.

Más le valdría a la Comunidad Autónoma exigir a todas las televisiones que cumplan con las condiciones de adjudicación de licencias y si no empezar a rescatarlas o podría haber quien denunciara, por ejemplo que La Opinión no tenga un centro para emitir en la comarca del Mar Menor, donde debería estar funcionando. ¿Por qué no se dedican a pedir ese cumplimiento los ayuntamientos?. Ya se están repartiendo los cromos de gerentes y hay vídeos grabados, incluso en plenos puede verse como los políticos tienen hasta sus preferencias, que de verse cumplidas sería motivo más que suficiente como para que entrara la Justicia a trabajar. Es lo mismo que si una casa de aperos se convierte en chalé, es hacer una cosa, cuando en realidad se hace otra.

Si quien resultara adjudicatario no tiene material digital, tiene cuatro cachibaches y en anteriores empresas, pues basta ver qué les pedía hacienda y otros entes públicos respecto los pagos. Se vuelven locos los políticos, quieren ser todos nuestras ‘Belenes Esteban’, nuestros ‘Jorge Javier Vazquez’, quieren ser la Noria, DEC. Ahora que lo pienso, con lo que hay circulando por los juzgados se podría hacer un ‘Salsa Rosa’ comarcal, donde al día siguiente todos se mirarían de reojo.

Si llegan a materializar lo de la tele de cualquiera de las maneras, me juego hasta el último vuelo de mi falda, que salimos en los telediarios y no será porque no lo advertimos a tiempo, pero que no disfracen como servicio público necesario, en esta época de crisis, lo que no es más que la una idiotizada idea colectiva. Que paguen a los proveedores, que pague lo que deben a los trabajadores y se pongan a trabajar y déjense, tanto PP como PSOE, de atracos a mano armada a los ciudadanos, porque esos trescientos mil euros al año se pueden destinar más al turismo que es de lo que vivimos, a la ayuda a las pequeñas y medianas empresas. Como diría mi tía la del Carril del Tio Juan El Cura, Engracia, "cuanto tonto pué caber en un pie de pava", pues eso.

Ah, que no se olviden que el experimento si se hace tiene que cumplir de pé a pá técnicamente, pues habrá demandas como no se haga bien y los tribunales en Canarias ya ha echado para atrás concursos que cerraban tanto las posibilidades de participación que tan sólo uno podía ser el adjudicatario…y aquí pintan en bastos.

(www.vegamediapress.com, 30/03/10)

28. ISLAS BALEARES. CASO MATAS. EL FISCAL IMPUTA A MATAS EL DESVÍO DE MÁS DE 41 MILLONES DE EUROS

El juicio del expresidente balear Jaume Matas por su presunta implicación en el llamado caso Palma Arena amenaza con superar todos los registros existentes en la prolífica historia de la corrupción política en el archipiélago. Después de que Matas declarara entre el miércoles y el jueves en los juzgados de Palma durante casi 15 horas, la fiscalía solicitó ayer al juez instructor que imponga al expresidente autonómico y exministro –fue titular de Medio Ambiente a las órdenes de José María Aznar– una fianza de tres millones de euros a fin de eludir la prisión. Se trata de la suma más alta jamás solicitada por un caso de corrupción en la historia de Baleares. El ministerio público atribuye a Matas una docena de delitos que, sumados, acarrean penas de hasta 24 años de cárcel. Entre ellos, haber ordenado el pago de desvíos presupuestarios de más de 41 millones de euros en las obras de construcción del controvertido velódromo de Palma.

En el curso de la vistilla de medidas cautelares celebrada ayer por la mañana, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau pidieron además que se le retire el pasaporte al expresidente y exministro –Matas reside en Estados Unidos, lo que, a juicio de la fiscalía, aumenta el riesgo de fuga del acusado–, que se le prohiba salir de España y que se le obligue a presentarse en comisaría cada 15 días. El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, se pronunciará sobre la solicitud de prisión eludible con fianza el lunes a las diez de la mañana, pero ayer ya mostró su buena sintonía con las tesis de los fiscales al decretar casi inmediatamente la retirada del pasaporte pese a las objeciones planteadas por el abogado defensor.

En un escrito de 60 folios, la fiscalía imputa a Matas delitos de malversación de caudales públicos –hasta en seis ocasiones–, falsedad documental, prevaricación administrativa, cohecho, fraude a la Administración y blanqueo de capitales, así como un delito electoral. La suma de todos los cargos llevaría aparejada una condena de más de 24 años de prisión, aunque con un límite máximo de cumplimiento de 18 años, precisaron fuentes jurídicas.

Según el relato del ministerio público, Matas y su director general de Deportes José Luis Ballester urdieron una "farsa" para aparentar que las decisiones sobre la construcción del velódromo Palma Arena eran tomadas por una junta de patronos. Para ello falsificaron las actas de unas reuniones que, en realidad, no tuvieron lugar jamás. De este modo quedaban exentos de responsabilidad en los aparatosos desvíos presupuestarios que se produjeron durante la obra. La fiscalía apunta que parte del dinero generado con el sobrecoste del velódromo sirvió para pagar gastos electorales del PP. También relaciona los desvíos de dinero con el "aumento injustificado del patrimonio" de Matas.

Además, entre los delitos que el escrito de los fiscales atribuye al expresidente balear figura uno de cohecho por haber recibido un presunto soborno de 250.000 euros de manos del empresario y presentador José Luis Moreno. El pago se produjo, según la fiscalía, en contraprestación "por las adjudicaciones de programas y decorados" que el órgano de contratación de IB3, la televisión pública de Baleares, hizo a empresas mercantiles vinculadas a Moreno. El empresario, que no ha sido citado a declarar por el fiscal, negó ayer esta acusación y la atribuyó a una "invención de mala fe" de un exempleado.

Los fiscales señalaron también que desde que se inició el proceso judicial contra Matas se ha producido una "acreditada alteración de las pruebas", acusación que, a su juicio, refuerza la necesidad de unas medidas cautelares contundentes. Como responsable de esta manipulación de las pruebas apuntaron directamente al abogado Rafael Perera, estrechamente vinculado al PP, y, de hecho, sugirieron que si no habían solicitado una fianza aún más elevada había sido gracias a la buena actuación profesional de otro letrado de Matas, Manuel Ollé.

El ministerio público requirió asimismo diversas medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país, para el cuñado de Matas, Fernando Areal, extesorero del PP balear, pero no estimó necesario solicitar para él la prisión provisional.

(www.elperiodico.com, 27/03/10)

29. ISLAS BALEARES. CASO MATAS. EL VELÓDROMO SUFRAGÓ UNA CAMPAÑA DEL PP

El escándalo de corrupción que cerca a Jaume Matas llevará hasta la sala de juicios una supuesta financiación ilegal del PP balear. Los fiscales cuentan con testimonios y datos contables que destapan la existencia de pagos en dinero negro del PP, así como facturas correspondientes a servicios particulares del partido realizados con fondos públicos.

"Si la venta va por B como al PP, no se pone". Así se anotó repetidamente en la contabilidad interna de la compañía publicitaria Nimbus. Esta empresa desarrolló una parte de la campaña de las últimas elecciones autonómicas de Matas por el PP y, a la vez, obtuvo 2,4 millones de euros en tres años de campañas oficiales del Gobierno balear. Sobre Matas (ministro de Medio Ambiente de 2001 a 2003 y presidente autonómico desde 1996 a 1999 y de 2003 hasta 2007) pesa una petición del fiscal de ingreso en la cárcel, eludible con una fianza de tres millones, por nueve delitos penados con hasta 24 años de cárcel. Esta solicitud será resuelta mañana por el juez.

Desde la presidencia balear y del PP de las islas, Jaume Matas desplegó en el año 2007 la mayor campaña electoral jamás vista en Baleares. El partido plantó vallas de hasta siete pisos de altura e incluso utilizó un helicóptero. El mitin más espectacular, de estreno del velódromo Palma Arena, lo protagonizó el presidente nacional, Mariano Rajoy, y el acto generó tres facturas por 4.802 euros por limpieza de la instalación deportiva y seguridad. Ese cargo no lo abonó el PP sino la fundación pública que administraba el complejo.

Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau sostienen que esas facturas falsas, como otras, encubren el pago de trabajos de propaganda electoral de la compañía publicitaria Nimbus para el PP que "se han abonado con fondos procedentes de las arcas públicas". La versión del Ministerio Público se basa en citas, correos electrónicos, apuntes contables y hasta tres testimonios distintos sobre los "servicios no facturados oficialmente, [que Nimbus] cobró del PP en negro".

La investigación judicial hace referencia a "un listado" de encargos publicitarios y cuñas radiofónicas del PP emitidas en Baleares que costaron 19.127 euros. Ese gasto se disfrazó bajo conceptos ficticios por supuestos trabajos y materiales en obras públicas. Así, "se encubre el pago de servicios particulares" del partido, según apunta Anticorrupción. En la construcción del velódromo -que costó 111 millones de euros, casi el triple de lo previsto- se dio un cúmulo de ilegalidades, la mayoría sobrecostes que a veces cuadruplicaban los precios reales.

La compañía Nimbus fue la agencia de cabecera de Matas y por ella han pasado hasta seis de sus responsables de comunicación. La empresa ingresó al menos 71.038 euros en dinero negro del PP que abonó Fernando Areal, el gerente del partido en la comunidad autónoma y cuñado del ex presidente balear. Matas y Fernando Areal podrían ser condenados a tres años de prisión por esta acusación como "ocultación de gastos electorales". Tanto ellos como la dirección del partido niegan esos pagos sin factura a Nimbus que, sin embargo, Miguel Romero, el dueño de la compañía, reconoció ante el juez.

La agencia del PP también trabajó para el Palma Arena pagando viajes, maquetas y producciones de vídeo, servicios de catering y hasta análisis de sangre de ciclistas. También abonó comisiones, como el del gerente del velódromo, Jorge Moisés, un ex locutor y ex responsable de prensa del PP balear que además, cobró 12.000 euros de dinero público por un estudio que nunca realizó. Por este supuesto delito, Matas y Moisés podrían ser condenados a seis años de cárcel, según los fiscales Horrach y Carrau.

Nimbus obtuvo decenas de contratos menores para gestiones de publicidad directa o simulada y patrocinio por gestiones "informativas" ante medios afines mientras Matas ocupó la presidencia del Gobierno balear. La lista de adjudicaciones sin concurso para campañas de autopromoción del presidente, su Gobierno y el PP, figura en el sumario y sobrepasa las 200. El propietario de la agencia, Miguel Romero, está imputado por malversación de caudales públicos junto a Matas y el redactor de sus discursos y columnista del diario El Mundo, Antonio Alemany, debido a los pagos a éste último. El contrato para elaborar las intervenciones del ex presidente era, en realidad, simulado, y generó supuestas facturas falsas por trabajos inexistentes, según los fiscales. Alemany, además, fue beneficiado con una subvención de 480.000 para su agencia de noticias y publicación digital.

Nimbus actuaba en ese caso como una sociedad pantalla que transfería los abonos a Alemany, quien rebate todas las imputaciones. Dos de los ex directores de prensa de Matas -Juan Martorell y Maria Umbert- descargaron en Romero, el propietario, la responsabilidad en el gasto de los 200.000 euros que Alemany percibió en mensualidades.

(www.elpais.com 28/03/10)

30. ISLAS BALEARES. CASO MATAS. EL FISCAL ATRIBUYE A DINERO "ILEGAL" EL PATRIMONIO INJUSTIFICADO DE MATAS

Los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach sostienen que Jaume Matas ha logrado un aumento injustificado y más que evidente de su patrimonio a base de compras y operaciones realizadas con dinero "de procedencia ilegal". El juez José Castro retiró ayer el pasaporte al ex presidente del PP, que gobernó en Baleares entre 2003 y 2007. Matas se enfrenta a una acusación por 12 figuras delictivas de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Palma Arena, por la ejecución de un macropolideportivo público, concebido como su proyecto estrella. Ahora, la trama urdida y los desvíos de fondos por más de 41 millones en la obra le pueden suponer a Matas una condena de hasta 24 años de cárcel.

Este lunes, el juez decidirá sobre la petición de los fiscales para que Matas ingrese en prisión preventiva o deposite una fianza de tres millones de euros por el riesgo de fuga e impedir que dificulte la investigación. Ésta es una de las fianzas más altas reclamadas en España a políticos supuestamente corruptos. El PP, ni en Baleares ni en Madrid, salió en defensa de su ex líder. Tampoco le censuró. Tras la decisión el lunes del juez se actuará.

Matas se fijó durante su gestión una divisa: actuar "rápido y sin miedo" para ejecutar grandes infraestructuras públicas y dejar con ellas una huella de su gestión. Una de sus iniciativas puede ser su tumba como figura pública.

El ex presidente balear y ex ministro de Medio Ambiente con José María Aznar (2000-2003), que ha vivido y trabajado en los últimos años en EE UU, deberá presentarse cada 15 días ante el juez, si éste acepta las tesis de la acusación. Al apoderado de Matas, su cuñado Fernando Areal, que era gerente del PP balear, se le solicita la retirada del pasaporte y la personación judicial.

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desgranado los movimientos inmobiliarios, obras y adquisiciones de bienes suntuarios, en especial, las tres casas que Matas disfruta en Palma, Madrid y Sa Colònia, valoradas en más de cuatro millones, y todo ello se relaciona un posible delito de blanqueo de capitales. La defensa de Matas rechaza de plano la acusación de los fiscales y solicita que ni se le impongan medidas cautelares pecuniarias ni se le retire el pasaporte porque se atentaría contra su medio de vida. Matas se incorporó a la consultora PwC en Nueva York.

La obra del velódromo del Palma Arena se ejecutó, para los fiscales, con tal cúmulo de ilegalidades y atropellos administrativos, favoritismos y conciertos con empresas que se alcanzó en su conjunto una malversación de fondos públicos por desvíos sin justificar de hasta 41 millones por los sobrecostes en un gasto de 110 millones. Algunos sobreprecios fueron de hasta el 400%.

La fiscalía documenta indicios de falsificaciones de actas de consorcios y fundaciones públicas, firmas ficticias, simulación de contratos, adjudicaciones amañadas, facturas falsas, cobro de comisiones y sobornos, pagos de facturas falsas de la campaña electoral del PP y cohechos directos. Matas y sus supuestos brazos ejecutores, el ex director general José Luis Pepote Ballester y el ex gerente Jorge Moisés, protagonizaron la gestión directa del Palma Arena -un velódromo sin pista homologada, repleto de deficiencias-, en cuyo proceso se ven indicios de presuntos delitos continuados de falsedad en documento oficial; dos delitos continuados de prevaricación; otro de fraude; tres figuras de malversación de caudales públicos; un delito electoral, y otro de blanqueo de capitales.

(www.elpais.com 27/03/10)

31. ISLAS BALEARES. CASO MATAS. UNA FUNDACIÓN HERMANADA CON LA DE AZNAR

"Donaciones: 213.900 euros". Éste es el único asiento de la partida de ingresos que figuraba en la memoria del presupuesto "orientativo" de la fundación Antonio Maura de Baleares para 2007. Presidida por Jaume Matas y hermanada con la del ex presidente del Gobierno José María Aznar (FAES), su tesorero era Fernando Areal, cuñado de Matas, ex gerente del PP balear, apoderado particular del ex presidente autonómico y, a la vez, gestor de sociedades de fondos de grandes inversores, entre ellos varios contratistas del Ejecutivo balear.

En el patronato de esa fundación coinciden hasta cuatro de los imputados en la causa del Palma Arena: Dulce Linares, ex jefa de Gabinete en Presidencia y posible testigo de cargo contra Matas; el propio ex presidente, Areal, y el abogado Enrique Arnaldo.

Un quinto patrono, Rodrigo de Santos, ya ha ingresado en prisión. Cumple condena por malversación de 50.000 euros pertenecientes al Ayuntamiento de Palma -donde trabajaba como número dos del PP- para gastarlo en clubes de alterne. También está procesado por supuestos abusos a menores.

Fernando Areal -hermano de Maite, la esposa del ex presidente balear- fue el hombre orquesta en el control de parte de los fondos de Matas. Está imputado en el caso Palma Arena por pagar gastos electorales del PP en dinero negro y por manejar fondos de dudosa procedencia en inversiones y reformas ligadas al patrimonio inmobiliario del ex dirigente.

Algunas de las entregas -en sobres, según asegura la fiscalía- se llevaron a cabo en su despacho de gerente de la sede del PP de Palma, según relató al juez el maestro albañil Juan Serra Cladera. Este constructor de Sa Pobla trabajó al mismo tiempo en la reforma del palacete de Matas y en las nuevas dependencias del partido. Los arquitectos que dirigieron el diseño y las obras de las oficinas del PP -los hermanos Luis y Jaime García-Ruiz- fueron los mismos que lograron el contrato de 8,5 millones de euros para acabar la construcción del Palma Arena.

El abogado Enrique Arnaldo, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial hasta 2001, y patrono de la fundación, según un acta de 20 diciembre de 2006, también está encausado en el caso Palma Arena. El Gabinete de Estudios Jurídicos y Procesales de Arnaldo recibió, entre 2004 y 2007, contratos del Gobierno de Matas por valor de unos 50.000 euros. Posteriormente, el ex presidente -que es economista, no jurista- fue remunerado por este gabinete. El fiscal ve por ello sendos delitos de malversación y cohecho. Matas y Arnaldo, sin embargo, justifican su relación por un contrato profesional. El ex político dice que buscó clientes internacionales para el bufete de Arnaldo y que medió en ventas de terrenos.

En un acto de la FAES y de la fundación Antonio Maura, celebrado en Palma en 2005, el ex presidente del Gobierno José María Aznar se jactó ante Matas y todos los presentes de que el PP era el paladín en "denunciar el abuso de poder y la corrupción sin doblegarse". Ese mismo día el jefe del Ejecutivo balear aseguró que su fundación sólo se nutriría de donaciones privadas y rechazaría las ayudas públicas. "No sólo tenemos la fuerza de las ideas, sino la fuerza que certifican los hechos", rubricó Matas ante Aznar.Cinco años después, la fundación permanece en estado de hibernación y se ignora el estado de su caja y sus depósitos.

(www.elpais.com 28/03/10)

32. ISLAS BALEARES. CASO MATAS. MATAS FRACCIONÓ CONTRATOS IGUAL QUE AGUIRRE Y CAMPS

El Gobierno de Jaume Matas utilizó la técnica del circuito cerrado -adjudicaciones a dedo- para la agencia Nimbus, que, a su vez, financiaba al PP, aplicando el mismo sistema que la Generalitat Valenciana y el Ejecutivo madrileño de Esperanza Aguirre emplearon con las empresas de la trama Gürtel. Las adjudicaciones se fraccionaban para que su importe unitario nunca excediera los 12.020 euros, el límite máximo que la ley marcaba hasta finales de 2007 para los llamados contratos menores, aquellos que se otorgan sin concurso ni expediente administrativo de ninguna clase.

En el segundo mandato de Matas (2003-2007), Nimbus recibió 2,4 millones de euros en contratos de todo tipo concedidos por el Ejecutivo balear, según los datos conocidos hasta la fecha. Fernando Areal, cuñado de Matas y en aquella época gerente del PP en el archipiélago, entregó a la agencia 71.000 euros en dinero negro para saldar deudas del partido. La empresa consignaba sus trabajos para los conservadores bajo el epígrafe "Producciones B". Los investigadores entienden que las anotaciones allí contenidas reflejan dinero opaco. Y subrayan que, tanto el representante legal de Nimbus, imputado en el caso Palma Arena, como otros dos empleados de la empresa ya han admitido ante el juez que se fraccionaban los contratos de manera fraudulenta.

Esto también consta en el escrito donde los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach pidieron el viernes una fianza de tres millones de euros para el ex president balear si quiere eludir la prisión. Hoy, a las 10 de la mañana, el juez José Castro comunicará a los abogados de Matas el importe de la fianza definitiva su imposición se da por segura, así como el resto de medidas cautelares.

Lo previsible es que el juez confirme la retirada de pasaporte. Convencidos de que el riesgo de fuga es elevado, los fiscales, que atribuyen al ex líder del PP balear delitos susceptibles de acarrear penas de cárcel superiores a 24 años, también demandan que se le prohíba abandonar el territorio nacional y se le obligue a comparecer ante el juez cada 15 días.

La defensa de Matas alega que privarlo del visado internacional vulneraría el derecho al trabajo de su cliente, que presta servicios profesionales para la consultora Pricewaterhouse en EEUU. El que fue ministro de Medio Ambiente en el segundo Gobierno de Aznar ya ha confesado en sede judicial que manejó dinero negro, pero niega que su saneado patrimonio tenga origen en el cobro de sobornos. La esposa de Matas, Maite Areal, se negó a declarar ante el juez. Las sospechas sobre Matas arrancaron tras una denuncia anónima sobre el piso palacete que la familia había comprado en 2004 en el centro de Palma, justo al lado de la sede de la Cámara de Cuentas balear.

Como informó Público el sábado, la agencia Nimbus sufragó al menos parte de la campaña electoral de Jaume Matas en 2007. Lo hizo endosando facturas falsas a varios departamentos del Gabinete de Matas, entre ellos, la Fundación Illesport. Illesport tenía encomendada la puesta en marcha del velódromo Palma Arena, cuyo coste se disparó desde los 48 millones presupuestados hasta 110.

La Fundación Illesport también abonó gastos del mitin protagonizado por Rajoy el 18 de mayo de 2007 en el Palma Arena. A sufragar cuñas radiofónicas de la campaña electoral de Matas, Illesport destinó, al menos, 19.127 euros. Y el mitin de Rajoy costó al ente público balear 4.802. La investigación no ha concluido, por lo que no puede descartarse el hallazgo de nuevas facturas falsas. Las facturas emitidas por Nimbus contra Illesport, la Dirección General de Deportes y la Conselleria de Vicepresidència eran falsas, concluye Anticorrupción. "La prestación de servicios contratada no se realizaba a pesar de ser abonada la misma por el órgano de administración correspondiente", se lee en el escrito de Carrau y Horrach.

Y, al igual que en Madrid con Special Events y otras tres empresas del caso Gürtel, y como en Valencia con Orange Market, el importe de los contratos "se fraccionaba en cuantías inferiores a 12.000 euros para evitar el preceptivo procedimiento de concurso o [procedimiento] negociado sin publicidad, y se adjudicaba directamente a la mercantil a la que se quiere beneficiar". En Madrid, el conglomerado empresarial de la red que dirigía Francisco Correa obtuvo más de tres millones de euros gracias a contratos menores otorgados por el Ejecutivo de Aguirre entre 2003 y 2008. En Valencia, el cálculo de la oposición apunta a que Orange Market, la filial local de la Gürtel, consiguió del Gobierno de Francisco Camps no menos de 574.000 euros mediante esa fórmula.

Entre los contratos simulados con Nimbus figura el suscrito para que la agencia preparase, supuestamente, los discursos de Matas. Como recuerdan los fiscales, el ex president disponía de empleados del Gobierno para ese tema. Pero, según Carrau y Horrach, el dirigente conservador quería beneficiar a Antonio Alemany, columnista de ‘El Mundo’ que, mediante el concurso amañado para Nimbus, fue el auténtico destinatario del dinero. En los cuatro años que hizo de ‘negro’ para él, Alemany cobró, según los fiscales, "aproximadamente 200.000 euros". Imputado en la causa, el periodista solía luego comentar en su columna los discursos, obviando que el verdadero autor era él, afirman fuentes cercanas del caso.

(www.publico.es, 29/03/10)

33. ISLAS BALEARES. CASO MATAS. MATAS PIDE SU BAJA TEMPORAL COMO MILITANTE

Jaume Matas, imputado en el caso Palma Arena por corrupción, se vio forzado ayer a hibernar su afiliación al PP y renunció temporalmente a su militancia en el partido, que presidió en Baleares entre 1996 y 2007. El ex presidente autonómico y ex ministro de Medio Ambiente del Gobierno de José María Aznar afronta una acusación fiscal por 13 delitos que podrían suponerle una condena de hasta 24 años de cárcel.

Con la intención de "no perjudicar políticamente" a su formación, Matas tramitó a través de su abogado una petición de "suspensión temporal de militante". La decisión se dio a conocer horas antes de que se hiciera efectiva su expulsión del PP. La dirección del PP había comunicado a Matas la decisión de que el partido en Baleares le suspendiera de militancia y él ayer se adelantó con su petición. El ex presidente se desvincula del PP el día antes de conocer, hoy, la decisión del juez José Castro sobre la petición de los fiscales. Según la previsión de las partes personadas en la causa, el juez confirmará la orden de prisión preventiva contra Matas, eludible con una fianza millonaria.

Los fiscales del caso solicitaron que Matas ingrese en prisión o deposite tres millones de euros después de argumentar en un escrito de 59 folios los indicios penales acumulados contra él a lo largo de 20 meses de investigación: malversación, prevaricación, cohecho, delito electoral, delito fiscal o falsedad documental.

El juez aplazó ayer 24 horas el anuncio de su resolución sobre las medidas cautelares requeridas con el fin de terminar de argumentar el esqueleto jurídico en el que sostiene la instrucción del escándalo sobre la supuesta malversación de 41 millones de euros. Los fiscales y la Guardia Civil han aportado referencias, facturas y listados de pagos para demostrar la presunta financiación ilegal del PP balear y el origen de la fortuna de Matas. El ex líder del PP balear tuvo que dejar el viernes pasado su pasaporte en manos del juez Castro, una decisión cautelar inmediata para evitar el riesgo de fuga.

Según el portavoz del PP balear, Miquel Ramis, con el gesto de pedir la baja Matas "liberó" a la dirección del partido de tener que decidir sobre una sanción. No se ha escuchado en el Partido Popular ninguna voz relevante de censura o crítica hacia Matas. Tampoco se han rebatido las acusaciones que aporta la fiscalía sobre pagos en dinero negro y facturas falsas de la campaña electoral del PP. "El partido está limpio", dijo Ramis. La cúpula de la formación en Baleares sigue copada en puestos relevantes por antiguos protegidos y colaboradores de Matas. El nuevo líder, José Ramon Bauzá -"un hombre limpio", le definió Rajoy-, fue un fichaje del ex presidente, quien le aupó hacia la alcaldía de Marratxí.

(www.elpais.com, 30/03/10)

34. ISLAS BALEARES. CASO MATAS. "EL SEÑOR MATAS HA VENIDO A BURLARSE DE LOS SIMPLES MORTALES"

No parece que el ex president Balear Jaume Matas vaya a tener fácil salir limpio del caso Palma Arena. En el auto del caso, el juez instructor José Castro, se muestra especialmente duro con el comportamiento de Matas durante su comparecencia y sus responsabilidades en los hechos. Después de escuchar sus explicaciones, el juez ha dejado escrito lo que piensa de su actitud: "Es claro que el señor Matas ha venido a burlarse de los pobres mortales", ha reflejado en el auto del caso, al que ha tenido acceso Público.

Y es que el juez ha considerado que el caso Palma Arena es una "farsa orquestada" por Matas para ocultar que era quien tomaba personalmente las decisiones relativas a la construcción del velódromo. El desvío fue de más de 50 millones de euros: según las investigaciones pudieron ir a engrosar su patrimonio.

El juez ha imputado al ex ministro de Medio Ambiente la presunta comisión de todo un ramillete de hechos delictivos: doce delitos de corrupción, en total, penados con hasta 64 años de cárcel, aunque sólo se cumplirían 24, a tenor de las graduaciones de condenas que establece el Código Penal.

En su escrito, en el que establece una fianza de 3 millones de euros para Matas, el juez acusa al ex ministro de Medio de Ambiente de siete delitos de malversación de caudales públicos, un delito de falsedad en documento oficial, otro de prevaricación administrativa, uno de fraude a la Administración, uno de blanqueo de capitales y un delito electoral.

El juez  subraya que la gestión de la construcción del velódromo respondió a una estrategia, "a los efectos de satisfacer sus intereses personales", con la que se pretendía situarse al margen "de cualquier mecanismo de control". Para conseguirlo se creó un organismo gestor, "carente de control administrativo". El juez se estaba refiriendo al Consorcio para la construcción del Palma Arena, que levantaba "falsas" actas para justificar sus actuaciones. Según el auto, existen actas de reuniones que no llegaron a celebrarse.

El auto apunta también a una posible financiación irregular del PP. Se refiere a la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2007, en las señala que pudieron pagarse gastos con "fondos públicos".

Señala dos puntos. Por una parte, alude a la declaracion de la empresa de Publicidad Nimbus, s.l, que reconoce haber cobrado al PP por cuñas publicitarias en "efectivo" y "sin factura", sin superar los límites que las subvenciones imponen a los gastos electorales, de tal manera que tales "gastos habían sido ocultados". El juez los cifra en casi 72.000 euros.

En el registro judicial realizado en dicha empresa se encontraron documentos contables que aludían a ventas en "B" (dinero negro) al Partido Popular en 2007. El juez entiende probado que un mitin de esa misma campaña fue pagado en parte con "fondos públicos". Casualmente llevado a cabo en el Palma Arena el 18 de mayo de 2007. El juez alude a casi 5.000 euros salidos de las arcas públicas para pagar servicios de limpieza y seguridad, "obviamente con cargos a los fondos públicos".

(www.publico.es, 30/03/10)

35. ISLAS BALEARES. EL LÍDER DEL PP DE PALMA ESTÁ INVESTIGADO POR EL 'CASO ANDRATX'

El líder del Partido Popular de Palma, José María Rodríguez, ex consejero de Interior del Gobierno balear de Jaume Matas, está bajo la lupa del juez del caso Andratx, Francisco José Pérez. En una pieza secreta, el juez indaga si Rodríguez -hoy parlamentario balear- interfirió en la Operación Voramar (el dispositivo policial que destapó el caso) y alertó sobre su futura detención al que era alcalde de Andratx, el popular Eugenio Hidalgo. El ex regidor, supuestamente gracias a ello, pudo destruir pruebas, vaciar sus archivos oficiales y ocultar pertenencias privadas un día antes de ser detenido. Hidalgo, que cumple condena en la cárcel de Palma a cuatro años de reclusión por delitos relacionados con la corrupción, fue interrogado ayer por el juez y el fiscal. Rodríguez tenía constancia previa de la actuación diseñada en 2006 y poseía "datos concretos" de quiénes serían los detenidos: Hidalgo y el que era director general balear del Territorio, Jaume Massot, éste con penas firmes que suman ocho años y medio de prisión.

A las ocho y diez de mañana del 27 de noviembre de 2006, instantes antes de ser detenido, Eugenio Hidalgo habló por teléfono con el entonces consejero José María Rodríguez. "Es lunes y estoy en mi despacho", explicó que le dijo el responsable del PP, durante una comparencia en el Parlamento balear. Dos días antes de su detención Hidalgo y Rodríguez -que era secretario general del PP- se reunieron a las nueve y media de la mañana en el hotel Palas Atenea de Palma. Allí, Rodríguez "le dijo que habría lío" y que "iba a pasar algo", explicó el alcalde, ya en comisaría.

También se reunió con Jaume Matas. El ex presidente, dos días antes de ejecutarse la Operación Voramar que destripó el escándalo por corrupción urbanística, recibió en la sede de la Presidencia del Gobierno balear al alcalde de Andratx y al consejero de Interior. Los tres prepararon la defensa con el letrado del PP, Rafael Perera. Rodríguez negó haber cometido ilegalidades. A raíz del estallido del caso Andratx, debido a este episodio de la alerta a Hidalgo y el de supuestas interferencias en la acción de la Guardia Civil que efectuaba registros en el Ayuntamiento de Andratx, el consejero Rodríguez fue sometido a escuchas judiciales. "He pasado la prueba del Sitel", afirmó semanas atrás, tras ufanarse de no haber sido imputado, ni citado como testigo.

(www.elpais.com, 01/04/10)

36. PRINCIPADO DE ASTURIAS. RAJOY NO SE ATREVE A IMPEDIR LA CANDIDATURA DE CASCOS EN ASTURIAS

Todo está listo ya para el regreso de Francisco Álvarez Cascos a la política, como candidato del PP en Asturias en las autonómicas de 2011. Sólo falta una conversación entre el que fuera mano derecha de José María Aznar en los 90 y el sucesor del ex presidente al frente del PP, Mariano Rajoy. El ex secretario general del PP, conocido con el apodo de general secretario por su dureza a la hora de imponer disciplina, ya ni siquiera oculta sus intenciones. Durante una entrevista, se dejó querer con un lenguaje muy evidente en boca de un político experimentado como él, y dejó claro que sólo está esperando que le llame Rajoy. "Efectivamente, yo leo los periódicos y escucho lo que se dice. Y es evidente que hay una marea creciente de personas que creen oportuno mi regreso", sentenció Cascos, que nunca se ha destacado ni por la ambigüedad ni por la falsa modestia.

Aún así, el ex secretario general dejó la puerta sólo entreabierta, esperando que esa "marea" a la que hizo alusión sea más grande y sobre todo incluya al líder. "Yo no he hecho nada, yo aún no he tomado ninguna iniciativa, no he hecho nada. En cualquier caso, lo único que puedo decir es que tengo mucha preocupación con el rumbo de Asturias, y de España". Eran unas palabras y un tono muy evidente: Cascos ya está en campaña.

Aunque él insiste, cuando sus compañeros le preguntan en privado, en que aún no ha decidido nada, en el PP la mayoría de los dirigentes dan por hecho que será el candidato. A nadie se le escapa que en las últimas semanas Cascos ha multiplicado su presencia en Asturias, sus visitas y sus reuniones con personas relevantes de la comunidad. Y sus fieles en Asturias, donde también tiene enemigos mortales dentro del partido, especialmente en Gijón, su tierra, se están moviendo para preparar su regreso.

A Rajoy, según diversos dirigentes que han comentado con él este asunto, la idea en un principio no le hacía mucha gracia. Cascos pertenece a la vieja guarda aznarista, ha sido muy crítico en público y sobre todo en privado con la gestión de Rajoy y con la nueva línea del partido. Está muy enfrentado al hombre fuerte del PP, Javier Arenas. mismo, en la entrevista, Cascos dejaba algunas perlas que evidencian una línea política muy alejada del marianismo: "En política no hay que medir los riesgos, lo que hay que hacer es adelantarse a los acontecimientos, no dejar que éstos te lleven", aseguró al rememorar la clave del éxito del PP en 1996. "En 1990 hicimos un partido de Gobierno. Por eso tienen especial responsabilidad los dirigentes actuales, que tienen que darle credibilidad al proyecto de este partido ganador", continuó. "Ninguna organización puede funcionar repartiendo pasteleos, favores y sonrisas", remató.

Sin embargo, pese a esas dudas, el líder del PP no se atreve, según diversos colaboradores, a decirle que no a un poder fáctico del partido como Cascos. Por eso ahora se inclina por hacer de la necesidad virtud. "No hay ningún candidato mejor que él en Asturias, donde hace mucho tiempo que no levantamos cabeza. Va a pasar algo parecido a lo de Jaime Mayor. Todo el mundo sabe que no es precisamente un marianista, pero Rajoy, después de hacerle sufrir hasta el último día, lo puso de candidato y le salió bien, porque arrastró mucho voto muy militante, que era el que se iba a movilizar en las europeas", explica un dirigente.

Aún así, en este momento la clave es más personal que otra cosa, ya que ninguno de los dos parece dispuesto a dar el primer paso y espera que el otro se mueva. Al menos hasta , Cascos y Rajoy no habían mantenido ninguna conversación sobre este asunto. La última vez que tuvieron una larga charla fue cuando Cascos habló con el líder para defender a Luis Bárcenas, el ex tesorero. La secretaria general, Dolores de Cospedal, era partidaria de una mayor dureza con el senador, imputado en el Tribunal Supremo por cohecho y delito fiscal, a pesar de lo cual Rajoy no sólo le mantiene el despacho, la militancia y el escaño, sino que ha decidido pagarle el abogado.

El ex secretario general, que era el máximo responsable del partido cuando éste empezó a trabajar con Francisco Correa, se ha convertido en el principal defensor interno de Bárcenas. En algunas conversaciones que constan en el sumario, Correa presume de su amistad con Cascos. El ex vicepresidente insiste en la inocencia del ex tesorero, y en que fue él quien rompió con Correa cuando comprobó que utilizaba el nombre del PP para hacer negocios.

A pesar de que el partido está ya descontando el regreso de Álvarez-Cascos a la política - confesó que sigue siendo su gran pasión, que abandonó formalmente en 2004 por motivos personales pero que nunca ha dejado del todo-, algunos marianistas admiten su preocupación por el hecho de que pueda convertirse, si gana en Asturias -algo que todos asumen como muy complicado, pero no imposible-, en un barón muy incómodo. "Sería como un Rodríguez Ibarra del PP, siempre corrigiendo a Rajoy, es incontrolable", se preocupa un marianista. "En el fondo, si ganamos en 2012, nada de eso importará. Rajoy estará en Moncloa y Asturias no es, al final, nada más que una comunidad muy pequeña y que depende mucho del Estado. Cascos no es un problema, el problema es ganar", sentencia otro.

(www.elpais.com, 01/04/10)