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  BÁJATE EL RESUMEN DEL AÑO GURTELIANO  2009 

Del 03 al 09 de Abril 2010

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ÍNDICE


1. RAJOY FULMINA A MATAS, GANA TIEMPO CON GÜRTEL Y EVITA HABLAR DE FABRA

2. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY ENCARA UN ENOJO CRECIENTE EN EL PP POR REHUIR EL ‘CASO BÁRCENAS’

3. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY SE DESHACE SÓLO A MEDIAS DE BÁRCENAS

4. ‘CASO GÜRTEL’. DE COSPEDAL NO VE "OBSTÁCULOS" PARA QUE BÁRCENAS SIGA EN EL SENADO CON EL PP

5. ‘CASO GÜRTEL’. JESÚS MERINO TAMBIÉN SE DA DE BAJA COMO MILITANTE DEL PP

6. ‘CASO GÜRTEL’. PREOCUPACIÓN EN EL PP POR LAS REVELACIONES SOBRE SU POSIBLE FINANCIACIÓN ILEGAL

7. ‘CASO GÜRTEL’. UN VOLUMINOSO SUMARIO DE 50.000 PÁGINAS EN 291 TOMOS

8. ‘CASO GÜRTEL’. LAS PRUEBAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL CUYA EXISTENCIA NIEGA EL PP

9. ‘CASO GÜRTEL’. ASÍ NACIÓ ESTE EMBROLLO ‘POPULAR’

10. ‘CASO GÜRTEL’. EL 'CASO GÜRTEL', PASO A PASO

11. ‘CASO GÜRTEL’. FIANZA DE 200 MILLONES DE EUROS PARA CORREA Y SUS COLABORADORES

12. ‘CASO GÜRTEL’. CASCOS RECUPERA LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN: "HAY UNA CAMARILLA POLICIAL DEDICADA A FABRICAR PRUEBAS CONTRA EL PP"

13. ‘CASO GÜRTEL’. AZNAR: "EL PP NO TOLERA LA CORRUPCIÓN"

14. ‘CASO GÜRTEL’. EL TRIBUNAL DE CUENTAS YA ALERTÓ DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN EN EL 2001

15. ‘CASO GÜRTEL’. JACOBO GORDON DIJO QUE AGAG LE PAGABA LA OFICINA

16. ‘CASO GÜRTEL’. DECENAS DE PRUEBAS APUNTAN A QUE EL EX TESORERO DEL PP SE LLEVÓ 1,3 MILLONES

17. ‘CASO GÜRTEL’. LA ESPOSA, SIN INGRESOS, VENDIÓ ACCIONES POR UN MILLÓN DE EUROS

18. ‘CASO GÜRTEL’. EL JUEZ APUNTA QUE BÁRCENAS ABRIÓ LAS PUERTAS DEL PP A LA ‘TRAMA GÜRTEL’

19. ‘CASO GÜRTEL’. BECCARÍA, NUEVO TESORERO DE GÉNOVA, FUE OTRO DE LOS HOMBRES FUERTES DEL PP GALLEGO CONTROLADO POR PABLO CRESPO

20. GALICIA. ‘CASO GÜRTEL’. 21. SWAT S.L. REALIZÓ LA CAMPAÑA FEIJÓ09 PARA LAS ELECCIONES GALLEGAS

21. GALICIA. LA FISCALÍA INVESTIGA LOS COBROS Y CONTRATOS DE BALTAR EN LA DIPUTACIÓN

22. GALICIA. LA FISCALÍA INVESTIGA LOS COBROS Y CONTRATOS DE BALTAR EN LA DIPUTACIÓN

23. ANDALUCÍA. LA PORTAVOZ DEL PP EN EL PARLAMENTO ANDALUZ: "EL CAMPO ANDALUZ ESTABA MEJOR CON FRANCO"

24. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. AGUIRRE PAGÓ DOS MILLONES POR OTRA CAMPAÑA FANTASMA

25. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. AGUIRRE VULNERÓ AL MENOS 105 VECES LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN

26. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. CLEMENTE: "EN LA COMUNIDAD HABÍA UN LISTADO DE EMPRESAS Y DE ESAS SE ESCOGÍA"

27. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. ASÍ FUNCIONABA FUNDESCAM

28. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. AGUIRRE: "YO DESTAPÉ EL GÜRTEL"

29. COMUNIDAD DE MADRID. LA JUEZ REHÚSA ARCHIVAR EL ESPIONAJE A COBO Y PRADA

30. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN QUIERE A COBO EN LA LISTA PARA LAS PRÓXIMAS MUNICIPALES

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS CUATRO MIL EUROS PROMETIDOS POR CAMPS POR EL NACIMIENTO DE UN HIJO SE LOS LLEVÓ EL VIENTO

32. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LA POLICÍA CONCLUYE QUE HUBO FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP EN VALENCIA

33. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA COSTÓ 11 MILLONES A CANAL 9

34. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. COTINO, A EL BIGOTES: "CONTAD CON MI FAMILIA PARA LO QUE SEA"

35. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. FABRA INGRESÓ 5,3 MILLONES SIN JUSTIFICAR EN SEIS AÑOS, SEGÚN EL INFORME PERICIAL

36. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ CITARÁ A FABRA PARA QUE JUSTIFIQUE 5 MILLONES DE EUROS EN INGRESOS Y CHEQUES

37. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS HA EJECUTADO SÓLO 6 PROYECTOS DEPORTIVOS DE LOS 214 QUE PROMETIÓ

38. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ DESATA OTRA BATALLA CAMPAL EN EL CABANYAL CON UN NUEVO DERRIBO

39. COMUNIDAD VALENCIANA. DUELO SICILIANO EN EL PP DE XÀBIA

40. COMUNIDAD VALENCIANA. DOS EMPRESAS GANAN 3,5 MILLONES CON TERRENOS PARA AMPLIAR COLEGIOS

41. CASTILLA Y LEÓN. ‘CASO GÜRTEL’. ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA SOBRECOSTES DEL 23% EN OBRAS DE CASTILLA Y LEÓN

42. CASTILLA Y LEÓN. ‘CASO GÜRTEL’. MERINO COBRÓ 8,44 MILLONES POR ASESORAR A EMPRESAS

43. CASTILLA Y LEÓN. ‘CASO GÜRTEL’. UNA PARTE AÚN SECRETA DEL SUMARIO SEÑALA A AFORADOS DE CASTILLA Y LEÓN

44. ISLAS BALEARES. ‘CASO MATAS’. EL EX PRESIDENT LEVANTA SOSPECHAS AL PAGAR LA FIANZA EN EFECTIVO Y SIN AVALES

45. ISLAS BALEARES. ‘CASO MATAS’. EL EX PRESIDENT ADMITIÓ ANTE EL JUEZ QUE PLANEÓ MANIPULAR PRUEBAS ´DE FORMA BLANDA´

46. ISLAS BALEARES. ‘CASO MATAS’. EL EX PRESIDENT PIDIÓ AL JUEZ QUE INVESTIGARA A SUS CARGOS QUE FALSIFICARON ACTAS DE REUNIONES

47. ISLAS BALEARES. ‘CASO MATAS’. UN TESTIGO DEL CASO MATAS ACUSA A J. L. MORENO DE SOBORNAR A POLÍTICOS Y DIRECTIVOS DE CANAL 9

48. ISLAS BALEARES. EL JUEZ CITA A JAUME MASSOT POR SU INTERVENCIÓN EN EL PLAN TERRITORIAL

49. REGIÓN DE MURCIA. CONEXIÓN SUCINA: SENTENCIA JUDICIAL CONTRA LAS EMPRESAS DEL POPULAR JUAN RAMÓN AVILÉS

50. PRINCIPADO DE ASTURIAS. A RAJOY SE LE LLEVAN LOS DEMONIOS. FRAGA AVALA A CASCOS COMO CANDIDATO DEL PP EN ASTURIAS


1. RAJOY FULMINA A MATAS, GANA TIEMPO CON GÜRTEL Y EVITA HABLAR DE FABRA

Si hay algo que molesta y genera decenas de comentarios dentro del PP es la diferencia de trato a distintos dirigentes cuando se enfrentan a escándalos de corrupción. Nadie acaba de entender por qué, por ejemplo, los ex alcaldes implicados en la trama Gürtel han dejado de ser militantes mientras Luis Bárcenas, ex tesorero, mantiene su carné. , Mariano Rajoy, el líder del partido, aprovechó la reunión interna de su cúpula, el Comité Ejecutivo, para ahondar aún más en esas diferencias de trato y dejar claro que está convencido de que es lo adecuado y de que no todos los implicados en casos de corrupción son iguales.

El presidente de la formación dedicó muy poco tiempo de su intervención a hablar de corrupción, pero sus palabras fueron muy significativas. Primero destrozó a Jaume Matas. En un tono de desprecio total, según varios dirigentes, aseguró: "El PP no consiente cosas que no son presentables. Jaime Matas no es ya militante de este partido. Y es todo lo que tengo que decir".

Sin embargo, Rajoy evitó mencionar entre esas "cosas no presentables" las atribuidas a Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón. El líder del PP dio por no leída la primera página de EL PAÍS, en la que se daba cuenta de un informe pericial según el cual Fabra ingresó 5,3 millones de euros sin justificar en seis años, 70 veces su salario oficial como político. El líder del PP ha llegado a calificar a Fabra de "ciudadano ejemplar", y ha dado mítines con él en Castellón pese a su imputación por graves delitos.

Rajoy sí habló, de pasada, del caso Gürtel. Pero lo hizo para ganar tiempo, porque durante la reunión todos miraban constantemente a sus móviles para ver si aparecía alguna noticia sobre el sumario.

El líder defendió lo que ha hecho su partido -"todos los imputados han abandonado sus cargos"- y aseguró que "si hay nuevas imputaciones, el PP actuará de la misma manera". También trató de esquivar responsabilidades: "Este partido no está a salvo, como otros, de ciertos comportamientos personales".

La reunión parecía así de trámite, a la espera de lo que deparara el sumario de Gürtel, pero fue Alberto Núñez Feijóo, el presidente gallego, quien la animó con un discurso en el que mostró la preocupación que tienen muchos dirigentes regionales por la imagen de partido corrupto que pueda trasladarse.

"Está muy bien defender la presunción de inocencia, es lo que tenemos que hacer, y apreciaciones desde el punto de vista personal sobre compañeros que lo están pasando mal. Pero no es lo que la gente quiere escuchar. La gente espera que actuemos con contundencia. No se puede permitir que unos pocos hagan tanto daño a tantos", sentenció, dándole la vuelta a la frase con que Winston Churchill alabó a los pilotos británicos durante la II Guerra Mundial.

Celia Villalobos tomó la palabra para insistir en que los fiscales no tratan igual al PP y al PSOE, y Antonio López Istúriz para criticar la falta de peso de la presidencia española de la UE. La reunión, muy poco concurrida, y de nuevo con la ausencia de Francisco Camps, uno los dirigentes implicados en el caso Gürtel, no dio para más. Todo el PP está, como estaban sus dirigentes durante la reunión, a la espera de noticias del juez.

(www.elpais.com, 06/04/10)

2. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY ENCARA UN ENOJO CRECIENTE EN EL PP POR REHUIR EL ‘CASO BÁRCENAS’

Hay una frase que Mariano Rajoy repite últimamente en conversaciones de carácter informal: "Si algo he aprendido en los últimos años es a hacer solo lo que yo creo que hay que hacer, digan lo que digan los otros". Esta aseveración ha sido usada ya en distintas ocasiones por el líder del PP para intentar explicar a sus interlocutores –ya sean políticos o periodistas– por qué tarda tanto tiempo en tomar medidas que podrían ahorrarle agonías innecesarias. La frasecita de marras vuelve a ser válida para explicar por qué Rajoy prefiere enfrentarse al enojo de algunos compañeros relevantes de su partido que, una vez levantado el secreto sobre el grueso del caso Gürtel, quieren dejar definitivamente a Luis Bárcenas, su extesorero, sin la militancia del partido.

Y es que, según los colaboradores de Rajoy, éste prefiere aguantar otro tsunami en su casa política que "precipitarse" con alguien a quien él mismo respaldó para guardar la hucha del PP. Además, añaden las mismas fuentes, no conviene alentar movimientos que hagan pensar en "una financiación ilegal que no existe".

Sin embargo, es ya vox pópuli que una parte importante de los conservadores, en la que se encuentra la secretaria general, María Dolores de Cospedal, preferiría haber extirpado, de cuajo, el tumor que supone un tesorero imputado por corrupción para una fuerza política que aspira a llegar al Gobierno.

Ese sector popular ha sentido una nueva sacudida al comprobar que la investigación instruida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) convierte a Bárcenas en pieza clave de la red de corrupción de Francisco Correa. Pero Rajoy, coincidiendo con la tesis de otros conservadores como Javier Arenas, no tiene pensado dar nuevos pasos hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su extesorero, que es aforado por ser senador.

Paradojas de la vida, fue Cospedal quien tuvo que encargarse de explicar a la prensa que la estrategia del PP pasa por esperar. Justamente, lo contrario de lo que ella preferiría. "Tenemos que ser respetuosos. Si hay cambios procesales, actuaremos, pero de momento no los hay", subrayó en Ciudad Real, en un acto en el que compartió protagonismo con Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Es que tienen miedo a Bárcenas?, se le preguntó. O sea, a ese señor que sabe todo de las cuentas del PP, que maneja desde los años 90. "No hay miedo a nada en el partido", respondió la también presidenta del PP en Castilla-La Mancha.

Precisamente ese tipo de interrogantes es el que quiso evitar Cospedal hace meses, cuando Bárcenas fue imputado por el Supremo y ella abogó por despojarlo entonces de su carné de militante, como se había hecho con otros implicados en la trama. Pero la resistencia del afectado y de hombres fuertes del partido como Arenas (amigo y defensor a ultranza del extesorero), impidieron que triunfara su tesis. Y es que Rajoy, después de semanas de presión, decidió coger por el camino de en medio y se conformó con que Bárcenas abandonara, "temporalmente", su puesto de vigilante de las finanzas populares. Ahora, casi un año después de la imputación por parte del Supremo, se han hecho públicos más de 50.000 folios del caso Gürtel. Cientos de ellos detallan en extremo las relaciones de Bárcenas con el entramado de Correa. En este contexto, son muchos los populares que no ocultan su indignación ante el hecho de que el extesorero siga formando parte del partido que, además, le paga gastos derivados de su defensa y le guarda su despacho.

En las últimas horas varios populares han apostado porque este estatus de privilegio cambie, pero sus plegarias no han sido escuchadas. Al menos de momento, puesto que Rajoy sigue empeñado en pagar al abogado de su extesorero, tal y como antaño hizo el PSOE con José Barrionuevo y Rafael Vera, cuyos letrados siguieron cobrando del partido socialista cada recurso que presentaban hasta que, ya en el año 2000, José Luis Rodríguez Zapatero ocupó la secretaría general.

El caso es que Rajoy sigue haciendo oídos sordos y callando en público, pese al ruido que le rodea. , la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, le advirtió de que su silencio podría interpretarse como "una justificación o amparo" a los implicados.

(www.elperiodico.com, 08/04/10)

3. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY SE DESHACE SÓLO A MEDIAS DE BÁRCENAS

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel por presunto cohecho y delito fiscal, abandonó definitivamente su cargo en el partido y renunció temporalmente a su militancia. Los conservadores dieron a conocer la noticia a través de un comunicado. En esta nota, el senador por Cantabria lamentaba el "daño irreparable" que se le había hecho tanto a él como a su familia. "Creo, sólo desde la convicción de mi inocencia, que este caso, dados los cargos que he desempeñado en el partido, está siendo el instrumento para dañar el PP y a su presidente. Ese el motivo por el que tomo esta dolorosa decisión". Este fue su mensaje de despedida. Su testamento político.

La dirección conservadora respondió inmediata y oficialmente por el mismo conducto entre loas y alabanzas: "El PP quiere hacer un reconocimiento público a la magnífica gestión que en estos años ha prestado" y "quiere agradecerle igualmente su lealtad". Caso cerrado.

Mariano Rajoy soltaba así lastre y sus filas respiraban, por fin, aliviadas. El jefe de la oposición se apuntaba el tanto. O al menos así lo vendía su equipo. "Él ha asumido personalmente la gestión de este asunto", comentaban. No querían que nadie más se colgara la medalla. Pero lo cierto es que el vicesecretario de política autonómica y local, Javier Arenas, ha sido una figura clave para convencer a Bárcenas de que diera el paso. El líder del PP andaluz es su amigo personal y uno de los dirigentes que más ha defendido su continuidad, frente a la oposición de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, que abogaba por echarle.

Tras conocerse el grueso de sumario y ver cómo Bárcenas se convertía en el epicentro de la trama, el miércoles Rajoy se reunió con él para evaluar el problema. El líder del PP le planteó que reconsiderara su situación. Arenas le presionó, hablando con él en repetidas ocasiones por teléfono. Y, de fondo, el clamor de todo el partido pidiendo su cabeza.

A muchos dirigentes conservadores les sorprendió enterarse de que la número dos de la formación no hubiese participado. La mala relación de Cospedal con Bárcenas es de sobra conocida. Hay quien cree que se ha puesto en evidencia "su falta de peso". Pero los que la rodean están satisfechos porque consideran que el tiempo les ha dado la razón y han ganado la partida.

En las filas conservadoras también se preguntan por qué ahora y no nada más levantarse el secreto de sumario. La explicación más sencilla para la mayoría es que a quienes han podido leer parte de sus 50.000 folios ya no les cabe la menor duda de que Bárcenas se enriqueció ilegalmente.

Después de que le reprocharan su silencio durante estos días, Rajoy reapareció con un discurso preparado en Sevilla. Y explicó, como siempre en estos casos, que el ex tesorero había abandonado no porque se lo hubiesen sugerido, sino para "defenderse mejor". "Lo hace después de que quede acreditado que no hay ninguna trama de financiación irregular", volvió a resaltar.

Rajoy anunció que en el próximo comité ejecutivo nacional de su partido tenía previsto proponer a José Manuel Romay Beccaría como nuevo tesorero. "Haré una reestructuración", comentó. En el PP se esperan cambios. Incluso, se apunta que el actual gerente, Cristóbal Páez, también podría salir del actual organigrama. Beccaría fue nombrado en diciembre pasado auditor de prácticas internas del PP cuando se presentó el nuevo código ético.

Con dar el nombre del sustituto, Rajoy pensó que estaba todo resuelto. Pero quedaban muchos interrogantes por resolver. Los periodistas le preguntaron si Bárcenas iba a seguir manteniendo despacho y si el PP iba a continuar pagándole la defensa. El líder conservador eludió responder. Sobre este tema, Arenas apuntó que será al nuevo equipo de tesorería a quien le corresponda decidirlo. Hasta entonces parece que todo se mantendrá igual.

Según varias fuentes jurídicas consultadas, el abogado de Bárcenas, Miguel Bajo, podría cobrar entre 350.000 y medio millón de euros sólo por la instrucción. Si luego fuera a juicio y el proceso se alargara durante años, la factura podría superar claramente el millón de euros.

También hubo curiosidad por saber si el senador permanecería o no en el Grupo Popular. "No lo sé. Lo tendrán que decidir en la Cámara Alta", reconoció. En el Senado decían que ya no era tampoco su tesorero y que se le había expulsado de la dirección. Pero dejaban en sus manos la decisión de irse al Grupo Mixto, tal y como han hecho los imputados de la Comunidad de Madrid.

Rajoy aseguró que creía en la inocencia de Bárcenas. Pero para hacerlo recurrió a un paralelismo que no venía al caso. "Como dice el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el juez Baltasar Garzón es inocente mientras la Justicia no diga lo contrario".

El líder conservador incurrió, además, en un error: "Todos los imputados del PP se han dado de baja del partido y han abandonado sus cargos". Se olvidaba en ese momento de uno: el diputado Jesús Merino, imputado por los mismos delitos que Bárcenas. Se le preguntó por él. Mutismo absoluto. De nuevo sin respuesta.

(www.publico.es, 09/04/10)

4. ‘CASO GÜRTEL’. DE COSPEDAL NO VE "OBSTÁCULOS" PARA QUE BÁRCENAS SIGA EN EL SENADO CON EL PP

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que no ve "ningún obstáculo" para que Luis Bárcenas pueda permanecer en el Grupo Popular en el Senado, donde estaría como independiente, y ha añadido que "tendrá que ser de acuerdo" con el Reglamento de la Cámara Alta.

En declaraciones a la Cadena COPE, De Cospedal ha añadido que Bárcenas, imputado en el caso Gürtel, mantiene su escaño en la Cámara Alta, donde es senador por Cantabria, y ha considerado que "es algo que está bien porque para eso sirve el fuero".

Ha explicado que, "como es lógico" y al haber dejado de ser militante del PP, pierde su condición de tesorero del grupo parlametario y, sobre si continuará o no adscrito al mismo como independiente o pasará al grupo Mixto, ha señalado que "tendrá que ser de acuerdo con el Reglamento de la Cámara".

Esa pérdida de la condición de militante, ha dicho De Cospedal, significará también que Bárcenas dejará de contar con un despacho en la sede nacional del PP, algo que -ha señalado- "parece bastante lógico".

Sobre si el PP seguirá costeándole la defensa, ha indicado que será el partido, junto con el nuevo tesorero nacional, José Manuel Romay Beccaría, el que "tomará la decisión más adecuada" en un tema que no es "de absoluta importancia".

Respecto al hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, haya asegurado que fue ella la que destapó el caso Gürtel, De Cospedal ha respondido que lo importante es la forma en que han actuado la dirección regional del partido en Madrid y la nacional.

"Se ha actuado de una manera conjunta y, siempre, siempre, con una absoluta idea conjunta de lo que había que hacer. siempre hemos contrastado lo que teníamos que hacer cuando se trataba, por ejemplo, de miembros del PP de Madrid, y siempre hemos estado de acuerdo, nunca ha habido ninguna pega por ninguna de las dos partes", ha concluido.

(www.publico.es, 09/04/10)

5. ‘CASO GÜRTEL’. JESÚS MERINO TAMBIÉN SE DA DE BAJA COMO MILITANTE DEL PP

El diputado del PP por Segovia, Jesús Merino, imputado en el caso Gürtel ha seguido los pasos de Luis Bárcenas y ha anunciado este jueves a través de un comunicado que ha solicitado su baja temporal como militante del PP.

Merino no aclara en un comunicado si renunciará al escaño que tiene en el Congreso o si abandonará el Grupo Popular para pasarse al Grupo Mixto. 

Según el sumario del caso Gürtel, cuyo secreto se levantó el pasado martes, Merino recibió más de 254.000 euros en comisiones del líder de la trama, Francisco Correa, en las mismas fechas que lo hizo el senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, quien también se ha dado de baja este jueves.

La dirección del Grupo Popular en el Congreso ha manifestado que entiende la decisión adoptada por Merino, a la vez que valora su "lealtad y colaboración" en el trabajo parlamentario y reafirma el convencimiento de su inocencia.

El PP ha hecho pública otra nota oficial en la que considera que esta decisión "servirá para ejercer mejor su derecho de defensa desde el convencimiento de que quedará demostrada su inocencia".

"La dirección del Grupo Popular quiere poner de manifiesto la colaboración y disposición que siempre ha recibido de Jesús Merino, y especialmente desde que se inició el procedimiento abierto ante el Tribunal Supremo", señala el comunicado. En el texto, los conservadores hablan de Merino como un hombre que "en todo momento, ha puesto por delante los intereses del Partido Popular y del Grupo Parlamentario, a los que ha servido con lealtad de manera permanente en su trabajo político y parlamentario".

(www.publico.es, 09/04/10)

6. ‘CASO GÜRTEL’. PREOCUPACIÓN EN EL PP POR LAS REVELACIONES SOBRE SU POSIBLE FINANCIACIÓN ILEGAL

Ya ha pasado más de un año, y por mucho que Mariano Rajoy ha intentado trabajar como si el caso Gürtel no existiera, siempre acaba por volver. La apertura del sumario, es sólo uno más de los pasos del vía crucis que el PP está pasando con el mayor escándalo de corrupción del partido desde el caso Naseiro, a principios de los años 90. Y en el PP se ha instalado una notable preocupación.

El líder siempre es el más tranquilo de todos los dirigentes. Muchos de ellos comentan que en las reuniones, cuando alguien se muestra preocupado por la evolución del caso, él siempre minimiza el asunto y asegura que lo importante es hacer una buena alternativa de Gobierno porque los escándalos acabarán dejando de ocupar los titulares de prensa.

Pero en su entorno hay muchos dirigentes preocupados. La posibilidad de que nuevas revelaciones apunten muy claramente, como detallaba EL PAÍS, hacia una financiación ilegal del PP, desmontaría la tesis principal de Rajoy: que Gürtel es una trama para aprovecharse del PP, de la que éste ha sido víctima.

Los dirigentes consultados confían en que el juez levante la imputación sobre varios acusados y creen que, judicialmente, lo más relevante ya ha pasado. Y respecto a la financiación ilegal, insisten en privado en que ni siquiera existe ese delito como tal.

También están preocupados por la imagen del partido. Después del escándalo del caso Matas, en el que además del posible lucro del ex presidente también hay un caso de financiación ilegal del PP balear, los populares temen que se instale la idea de que las finanzas de la organización en varias comunidades y en la sede central del partido estén contaminadas. Por eso el PP se prepara para responder a las revelaciones del sumario. La última vez que se abrió una parte, en Génova se improvisó un equipo de una decena de dirigentes que rebuscó en los 11.000 folios del sumario para adelantarse a los posibles escándalos. Ahora se hará algo parecido.

En el PP de la Comunidad Valenciana, la preocupación se centra en el impacto que pueda tener la aparición de nuevas revelaciones en el sumario del caso Gürtel sobre la figura del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Responsables del PP valenciano sostienen que hay tranquilidad y que el sumario no desvelará nada que no se haya dicho ya.

El Gobierno autónomo y la estructura regional del Partido Popular juegan, además, con la ventaja de que es festivo en la Comunidad Valenciana y la actividad política se mantiene bajo mínimos durante la semana de Pascua, a diferencia de lo que ocurre en Semana Santa. Situación que permitirá, si es necesario, que los populares valencianos ganen tiempo para articular su respuesta

(www.elpais.com, 05/04/03)

7. ‘CASO GÜRTEL’. UN VOLUMINOSO SUMARIO DE 50.000 PÁGINAS EN 291 TOMOS

El sumario del caso Gürtel, cuyo secreto fue levantado por el juez Antonio Pedreira, no es el más extenso de la historia judicial española -le superan de largo el caso del 11-M, el de la colza, el del entorno de ETA conocido como caso Ekin; la Operación Nécora y varios más- pero tampoco es pequeño. Tiene más de 50.000 folios en 291 tomos.

De entrada, están acumuladas las diligencias previas 275/2008 con las 1/2009, que tienen en total 85 tomos de piezas principales. Además, la causa contiene cuatro tomos de intervenciones de las comunicaciones, postales y telefónicas; siete de medidas cautelares, 19 de situaciones personales, seis de entradas y registros, dos de filtraciones, cuatro sobre los aforados de Madrid y dos sobre los aforados de Valencia, así como seis de administración judicial y otros 134 de documentación.

Uno de los tomos contiene íntegramente el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

(www.elpais.com, 07/04/10)

8. ‘CASO GÜRTEL’. LAS PRUEBAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL CUYA EXISTENCIA NIEGA EL PP

"Ha quedado acreditado que no había una trama de financiación irregular del PP". La frase la pronunció Mariano Rajoy, mientras anunciaba que el hombre que aupó a tesorero del partido dejaba de ser militante. Y la misma idea la han repetido una y otra vez los dirigentes del PP desde el pasado martes, cuando se conoció el contenido de los 50.000 folios del sumario del caso Gürtel que estaban bajo secreto. Pero la lectura de esos folios lo que demuestra es exactamente lo contrario: que la policía ha encontrado pruebas de financiación ilegal en la Comunitat Valenciana, en Madrid y en Galicia.

La forma fraudulenta de financiar las campañas electorales de Francisco Camps y Esperanza Aguirre muestra enormes similitudes: en ambos casos el dinero procedía de empresarios, en ambos casos fueron sociedades de la trama corrupta las que falsificaban las facturas para ocultar que se estaban pagando gastos del PP (Orange Market en Valencia y Special Events en Madrid) y en ambos casos los empresarios que entregaron fondos al partido recibieron después millonarias adjudicaciones de los Gobiernos autonómicos respectivos.

Sólo existe una diferencia entre ambas organizaciones del PP: en Madrid se utilizó una fundación como intermediaria para recibir el dinero de los empresarios, mientras que en Valencia pagaron directamente las facturas que les giraba Orange Market. Un detalle irrelevante que, en todo caso, lo único que demuestra es que el partido de Camps decidió tomarse menos molestias a la hora de ocultar el origen ilegal de los fondos.

El objetivo en ambos casos era saltarse la ley, que fija a cada partido un tope de gasto en cada campaña electoral. Al falsificar las facturas, los gastos no se imputaban al PP y así el partido no superaba el límite establecido. Esas cuentas oficiales trucadas son las que analizó el Tribunal de Cuentas, que lógicamente no detectó las irregularidades.

Este hecho se ha convertido en otro de los argumentos de defensa utilizado por los principales dirigentes del PP: que sus cuentas "están auditadas" y el Tribunal de Cuentas no "encontró irregularidades". Claro que lo mismo ocurrió con Filesa, un caso de financiación ilegal que afectó al PSOE a principios de los años noventa. El escándalo tampoco lo detectó el Tribunal de Cuentas, ya que este sólo examina los documentos que le envían los partidos, y parece lógico concluir que si un tesorero decide montar una trama de financiación ilegal, no informa de ello a ningún tribunal.

Los datos sobre la financiación ilegal del PP en Madrid y Valencia constan en un detallado informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía, incorporado en el tomo 25 del sumario instruido por el magistrado Antonio Pedreira. En el primer caso, los documentos aparecieron en un lápiz de memoria que la trama corrupta guardaba en un "piso de seguridad" en Madrid. En Valencia, las pruebas fueron halladas en ordenadores y documentos incautados a la empresa Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes y autodeclarado "amiguito del alma" de Francisco Camps (ver cuadro adjunto).

En cuanto a Galicia, en el informe policial se explica que, entre abril de 1996 y septiembre de 1999, el PP autonómico liderado por Manuel Fraga abonó en negro 3,2 millones de euros. Su secretario de Organización era Pablo Crespo, ahora encarcelado.

(www.publico.es, 09/04/10)

9. ‘CASO GÜRTEL’. ASÍ NACIÓ ESTE EMBROLLO ‘POPULAR’

Todas las historias tienen un principio, y los primeros pasos para destapar el mayor caso de corrupción visto hasta la fecha en España lo dieron los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) hace más de dos años y medio. El hombre que destapó el escándalo fue José Luis Peña Domingo, ex concejal del Ayuntamiento de Majadahonda.

El 4 de diciembre de 2007, los policías presentaron un informe en la Fiscalía Anticorrupción en el que se alertaba de que un hombre llamado Francisco Correa, junto a varios testaferros, había creado un entramado de empresas cuya finalidad principal era el blanqueo de capitales. Para conseguir ese objetivo, Correa no dudó en ampliar el número de delitos que cometía. Cohecho, tráfico de influencias, extorsión, prevaricación o malversación de caudales son sólo algunos de los ejemplos que cita esa primera documentación.

Aquel 4 de diciembre, la Fiscalía recibió el primero de varios informes sobre la trama Gürtel. Ese pequeño dossier sólo constaba de 30 páginas, pero en él los agentes fueron claros, concisos y, sobre todo contundentes.

Ya en la segunda página se hace la primera referencia a la vinculación entre la trama corrupta y los miembros del Partido Popular en el ámbito estatal. Según consta, "Francisco Correa actúa como máximo responsable de un entramado organizativo integrado por personas físicas y jurídicas. La actividad se estructura alrededor de las empresas del sector de las comunicaciones creadas por éste que comienzan a prestar 'servicios a un determinado partido político' -en referencia al PP- (...), lo que le permite establecer relaciones con personas que ocupan puestos de responsabilidad".

Aseguraban los agentes, incluso con un mínimo escuchas telefónicas, que para obtener las adjudicaciones, Correa daba "Regalos" y "contraprestaciones" a los empresarios y políticos. Todo ello quedó demostrado en posteriores informes, todos ellos avalados por miles de horas de escuchas telefónicas.

Ya en los inicios de la investigación se apuntaba que la finalidad principal era conseguir dinero "sucio" para después blanquearlo. Para conseguir sus objetivos utilizaban una gestoría que emitía facturas falsas, los pagos de dádivas mediante la compra de bienes o la apertura de cuentas bancarias, el envío de dinero negro a paraísos fiscales, el uso de cajas de seguridad para ingresar el dinero "B" o utilizar a personal de confianza que trabajaba en entidades financieras.

Esto último es lo que hizo en Miami, lugar en que Correa tenía "como uno de sus centros de negocio", y sobre el que pivotaban varios de los negocios "ilegales" que tenía Cartagena de Indias, Colombia, y Panamá. En Miami, Correa realizaba operaciones inmobiliarias a través de una conocida entidad financiera valenciana.

Los tentáculos de la trama eran extensos. La Udef lo sabía y para continuar con sus pesquisas necesitaba el apoyo de la Fiscalía. Tras la presentación de este demoledor informe quedó lugar para la duda. Había que actuar.

Ahora, dos años y medio después hay cerca de 70 personas imputadas en la causa de Madrid. Otra causa en Valencia y la cúpula del partido Popular ha recibido el mayor varapalo de su historia. Cómo acabará la historia que comenzaron hace más de dos años unos agentes de la Udef es algo que sólo el tiempo lo dirá.

El informe de la Udef no mencionaba al jefe del Consell, Francisco Camps, o al ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, pero dejaba muy clara la relación entre la trama y el partido al que ambos pertenecen. A partir de ese dossier "madre" se realizaron otros muchos que hasta el martes, todavía permanecían secretos.

Uno de esos informes asegura, a través de pruebas irrefutables, que los trajes que el presidente Camps y Costa se hicieron a medida en las tiendas Forever Young y Milano los pagaron las empresas de la trama Gürtel. Eso es lo que se desprende de un informe, realizado por Udef, que aporta copias de las facturas enviadas por varias de las empresas dirigidas por Correa pagando las prendas de vestir que adquirieron los dirigentes valencianos.

La rama valenciana del caso Gürtel espera en una vía muerta mientras el Tribunal Supremo decide si admite a trámite o no, los recursos presentados contra el auto de archivo definitivo emitido por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Mientras el Alto Tribunal decide, un nuevo informe ha visto la luz. Con el levantamiento del secreto de sumario de más de 50.000 folios del caso Gürtel en Madrid, miles de papeles que sólo eran conocidos a través de las filtraciones de las partes se han hecho públicos. Entre todo el material que contiene el sumario hay un informe sobre los trajes que podría ser crucial en la decisión de los magistrados del TS.

El citado dossier deja claro que las piezas de ropa adquiridas por los políticos valencianos que fueron imputados los abonaron empresas de la trama corrupta. Si bien en su auto de archivo el TSJ-CV decía que, pese a que los trajes los pagaron las empresas de Correa, eso no conllevaba un delito de cohecho.
En los diferentes recursos presentados por las partes se asegura que "sí que es cohecho impropio". Pero para que el TS falle a favor de la Fiscalía Anticorrupción y del PSPV tiene que tener "asegurado" que el pago de los trajes lo realizaron las personas de la red de Correa, y es ahí donde hace acto de presencia el informe de la Udef.

En él se asegura que "el importe de las compras achacables a cada una de las personas que figuran el informe -Camps, Betoret, Campos, García y Costa- no habrían sido abonadas directamente por ellos".
Los policías aseguran en las conclusiones que, "los pagos en Forever Young y Milano se efectuaron mediante el ingreso de talones bancarios de las compañías Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, junto con una transferencia de Orange Market.

(www.levante-emv.com, 08/04/109

10. ‘CASO GÜRTEL’. EL 'CASO GÜRTEL', PASO A PASO

Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y porqué del mayor caso de corrupción en democracia

El sumario

El juez de Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ya levantó el secreto de sumario el pasado 28 de septiembre sobre unos 17.000 folios que recogen las actuaciones emprendidas por el primer instructor del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Ahora se conocen unos 50.000 más. Quedan excluidas las diligencias relativas a 15 comisiones rogatorias enviadas a ocho países y paraísos fiscales donde la trama pudo ocultar millones de euros. Suiza ya ha contestado que dos de los cabecillas, Pablo Crespo y Francisco Correa, disponen allí de 21 millones en cuentas bancarias.

La red corrupta

La trama investigada por la justicia involucra a una decena de Administraciones en cuatro comunidades autónomas a lo largo de más de una década.

El método

Correa y sus compinches lograban, a cambio de favores o dinero, contratos de servicios a dedo de cargos públicos y ejercían de intermediarios entre políticos y empresarios en las adjudicaciones de obras o suelo.

Las administraciones afectadas

La Comunidad de Madrid, y los Ayuntamientos de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Boadilla del Monte; la Comunidad Valenciana; Castilla y León; Galicia; y el Gobierno central durante la etapa en la que fue ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos.

Políticos salpicados por el escándalo

Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Galicia.

Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP y senador por Cantabria.

Cargos públicos salpicados por el escándalo

MADRID

Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes autonómico y ex concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

Benjamín Martín Vasco, diputado autonómico en Madrid y ex alto cargo de la empresa municipal del suelo de Arganda del Rey.

Ginés López, ex alcalde de Arganda del Rey.

Clemente Aguado, ex viceconsejero de Inmigración.

Alfonso Bosch, diputado autonómico y ex alto cargo municipal de Boadilla.

Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla.

Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda.

Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo.

VALENCIA

Francisco Camps, presidente del Gobierno valenciano.

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia.

Ricardo Costa, diputado autonómico y ex secretario general del PP valenciano.

Víctor Campos, ex vicepresidente valenciano.

Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo.

Pedro García, ex director general de Canal 9.

CASTILLA Y LEÓN

José Manuel Fernández Santiago, presidente del Parlamento autonómico y ex consejero de Fomento.

El dinero defraudado al fisco

En total, 43,2 millones de euros, que se dividen así: Alfonso Bosch: 250.000 euros. Alberto López Viejo: 352.000 euros. Benjamín Martín Vasco: 340.000 euros. Arturo González Panero: 642.000 euros Ginés López: 534.000 euros Jesús Sepúlveda: 455.000 euros Tomás Martín Morales: 450.000 euros Gerardo Galeote y José Galeote: 800.000 euros Álvaro Pérez: 330.833 euros. Pablo Crespo: 539.120 euros. Francisco Correa: 38,5 millones de euros

Las fianzas

Pedreira ha impuesto una fianza de 116 millones de euros a los cabecillas de la trama, de los que 85 corresponden a Correa y Crespo. Se trata de una caución de responsabilidad, cuyo objeto no es eludir la cárcel sino respaldar las cantidades que presuntamente habrían obtenido ilícitamente. El resto de fianzas son 800.000 para su mujer, María del Carmen Rodríguez Quijano; 30 millones de euros para el abogado José Ramón Blanco Balín; y 650.000 para Álvaro Pérez, El Bigotes.

Los bienes embargados

A Correa sólo se le ha podido embargar una moto Suzuki que estaba a su nombre. A su esposa, María del Carmen Rodríguez Quijano, que también está imputada y sobre la que pesa una fianza de responsabilidad de 800.000 euros, se le ha embargado un piso y cinco vehículos de lujo (dos todoterrenos Chrysler, dos Land Rover y un Lincoln).

(www.elpais.com, 06/04/10)

11. ‘CASO GÜRTEL’. FIANZA DE 200 MILLONES DE EUROS PARA CORREA Y SUS COLABORADORES

El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, exige una fianza de 201.450.000 euros en concepto de responsabilidad civil al supuesto líder de la trama de corrupción ligada a cargos del PP, Francisco Correa, y a sus principales colaboradores.

En varios autos notificados en los últimos días, el magistrado impone a Correa y al ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, una fianza de 85 millones de euros a cada uno; a las que se suma la fianza de 30 millones exigida al abogado y ex vicepresidente de Repsol YPF, Ramón Blanco Balín.

El magistrado también ha fijado una fianza de 800.000 euros para la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; y de 650.000 euros para el supuesto responsable de la trama en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que para asegurar la responsabilidad pecuniaria que pueda declararse respecto de una persona se le impondrá una fianza que "no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable" del que se le considere responsable.

Si los imputados no satisfacen la fianza, el magistrado procederá al embargo de sus bienes.

(www.publico.es, 06/04/10)

12. ‘CASO GÜRTEL’. CASCOS RECUPERA LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN: "HAY UNA CAMARILLA POLICIAL DEDICADA A FABRICAR PRUEBAS CONTRA EL PP"

Francisco Álvarez Cascos, ex ministro de Fomento y ex secretario general del PP durante la etapa en la que germinó la trama de corrupción liderada por Francisco Correa juzgada en el caso Gürtel, ha restado toda credibilidad a los más de 50.000 folios del sumario que instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira y ha acusado a "los policías que investigan al PP" de ser una "camarilla" que "está falsificando papeles y preconstuituyendo pruebas" contra el partido. "Algunos se hicieron famosos por falsificar los papeles de Laos", ha subrayado en referencia al caso Luis Roldán. 

Entre esas supuestas pruebas preparadas ha aludido al viaje que realizó junto a su esposa a Lanzarote en 2003 y que, según refleja el sumario, fue sufragado por los cabecillas de la red corrupta. Cascos no ha ofrecido ni un solo dato que contradiga la acusación, aunque sí ha justificado la concesión de contratos a Francisco Correa en  que las ofertas que presentaba eran "más atractivas" económicamente que las de otras empresas y que "no había quejas de su servicio".

"Hasta ahí puedo dar fe de que eso es lo que conocimos los que en ese momento estábamos en el PP. Si luego Correa se metió en otras andanzas, en otros ámbitos de tipo institucional o municipal, yo lo ignoro", ha reconocido antes de recalcar que "en absoluto" los dirigentes del PP tuvieron "sombras de duda" sobre "la conducta", "los comportamientos" o "los métodos irregulares o delictivos de esa trama".

Cascos ha recuperado la teoría de la conspiración, que los propios conservadores despreciaron, contra el PP. El partido, asegura, "se enfrenta a una operación donde está clarísima la intencionalidad política de los promotores. Ni partidos, ni empresas, ni clubes, ni medios de comunicación tienen medios especiales de investigación, ni policía, ni agentes tributarios... Queremos confiar en la imparcialidad de instructores, policías, de fiscales. Eso no se da en estos momentos en el proceso instruido contra el PP". El ex ministro subraya que la instrucción del caso Gürtel "está viciada en su origen" por culpa de Garzón

Sin decirlo de forma explícita, Cascos ha situado en el centro de la conspiración al juez Baltasar Garzón —primer juez instructor del caso Gürtel—, quien tiene una "animadversión pública y proclamada" hacia el PP, lo que permite sospechar de su "imparcialidad y ecuanimidad". La instrucción del caso Gürtel "está viciada en su origen" por culpa del juez Garzón, al que el ex ministro ha definido de "anormalidad democrática de la que debería tomar nota el Consejo General del Poder Judicial". "Es el único personaje que, en un mismo año, ha formado parte de los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial", ha denunciado.

Por todo ello, tanto el PP como las personas del partido afectadas en la instrucción del caso Gürtel "tienen toda la razón para no considerarse juzgados con ecuanimidad". Entre ellos Luis Bárcenas, que dimitió de forma definitiva como tesorero del PP y presentó su "baja temporal" como militante del partido por las decenas de pruebas que le vinculan con la trama corrupta.

Al respecto, Cascos ha reconocido que es amigo de Bárcenas "desde hace más de diez años" y que, por eso, nunca hablará mal de él. ""Es mi amigo. A los amigos y a las personas que pueda ayudar las ayudaré siempre y, como estoy convencido de su inocencia, estoy seguro de que sabrá defenderse y que saldrá airoso del envite durísimo al que está siendo sometido", ha augurado para zanjar: "No me consta ni una sola de las irregularidades que se le imputan".

En una entrevista concedida a la cadena Onda Cero, Álvarez-Cascos ha reconocido que le hace "gracia" que "la estrategia de acoso" que sufren los conservadores esté liderada por el PSOE, "con lo que tiene encima como partido". "No a todos los políticos se les juzga con el mismo rasero", se ha lamentado. A Cascos le hace "gracia" que "la estrategia de acoso" al PP esté liderada por el PSOE, "con lo que tiene encima como partido"

Francisco Correa, presunto jefe de la trama corrupta, contó al juez Antonio Pedreira cómo en el primer tercio de los 90 las empresas del conglomerado Gürtel se instalaron en la órbita del PP, hasta trabajar casi en exclusiva para el partido, y cómo lo lograron gracias a Luis Bárcenas y a otros dirigentes de la formación conservadora, entre ellos Francisco Álvarez Cascos.

Cascos se ha negado a realizar una sola crítica a su formación: "Las criticas tienen que ser oportunas, ahora no creo que sea el momento ni yo estoy en una circunstancia que me permita lanzar críticas", ha señalado. Aun así, no ha desaprovechado la ocasión para recordar a los conservadores que "tenemos que ser más exigentes". "Hay algo que a veces se ignora o no se quiere reconocer, porque claro, le quita morbo y probablemente intensidad, y es que no hay ideologías redentoras ni estatutos redentores. La maldad o el vicio está en las personas y a partir de ahí tiene que ver actitudes o respuestas por parte de los partidos", ha insistido.

El vicepresidente del primer Gobierno de José María Aznar se jactó el pasado 31 de marzo en una entrevista en la Cope de que existe "una marea creciente de personas" que cree oportuno que regrese como candidato en Asturias.

(www.publico.es, 09/04/10)

13. ‘CASO GÜRTEL’. AZNAR: "EL PP NO TOLERA LA CORRUPCIÓN"

Teóricamente no era más que una comida de viejos compañeros, los miembros electos de la Ejecutiva de 1990, para compartir un poco de nostalgia, 20 años después del congreso que aupó a Aznar como sucesor de Fraga. Pero el discurso de Aznar se convirtió rápidamente en noticia. El ex presidente no había hablado de corrupción desde que estalló el caso Gürtel, hace un año, y eso que Francisco Correa organizó todas sus campañas, y se hizo rico con el PP en su época. "El Partido Popular era, y debe seguir siendo, incompatible con la corrupción. Debemos estar siempre alerta, no restar nunca valor a la honradez, y no tolerar nunca ni minimizar la corrupción. El PP que surgió de Sevilla fue implacable contra la corrupción, y creo que nuestros militantes nos exigen que así siga siendo", dijo. También reivindicó "la necesidad de ideas claras y fuerza de voluntad" para alcanzar el poder.

Por suerte para Rajoy, ese discurso, que estaba preparado y redactado mucho antes, se produjo después de que Bárcenas ya hubiera dimitido. Así que el líder del PP pudo contestar. Habló poco y anunció a sus compañeros que había decidido proponer como nuevo tesorero a José Manuel Romay Beccaria, presente en la comida, y lanzó un homenaje a su mentor, que le eligió para sucederle: "Quiero agradecer a Aznar lo que ha hecho por el partido y por España, y, a título personal, lo que ha hecho por mí".

También aprovechó para responder a la crítica más frecuente del ala dura, la de que ha abandonado los principios del PP: "Seguimos siendo continuadores del proyecto de Sevilla. Continuamos defendiendo los mismos principios y los mismos valores".

(www.elpais.com, 09/04/10)

14. ‘CASO GÜRTEL’. EL TRIBUNAL DE CUENTAS YA ALERTÓ DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN EN EL 2001

El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, subrayó que, de haberse llevado a cabo las reformas legales que propuso este organismo en el 2001, "muchas de las cosas que ocupan las páginas de los periódicos no ocurrirían o serían fáciles de detectar". Ese año, dicha institución trasladó a las Cortes una moción para modificar la ley entonces vigente, aprobada en 1987, y reforzar el sometimiento de los partidos a la transparencia y a la publicidad de sus cuentas.

La moción no fue atendida a la hora de reformar la ley de financiación de partidos y el resultado es el que se ha visto, añadió Núñez, quien recomendó una revisión tanto de esa norma como de la ley electoral para que la transparencia "sea lo natural" en las campañas y en el funcionamiento ordinario de todas las fuerzas políticas, "eliminando las actuales limitaciones".

Para el presidente del Tribunal de Cuentas, la opacidad y la falta de instrumentos de control permite que los "responsables" de corruptelas como las del caso Gürtel "se escuden en la confusión" para eludir sus responsabilidades.

"Soy partidario de un sistema de control externo que cuente con todas las garantías, elimine las limitaciones de la nueva ley de financiación de partidos aprobada en el 2007 y fije un estricto régimen sancionador de las conductas ilegales", precisó Núñez.

(www.elperiodico.com, 08/04/10)

15. ‘CASO GÜRTEL’. JACOBO GORDON DIJO QUE AGAG LE PAGABA LA OFICINA

Jacobo Gordon, a quien los investigadores del caso Gürtel consideran un testaferro clave en sociedades de inversión a través de las que la trama canalizaba el dinero ilegal, aseguró a Correa que era Alejandro Agag quien pagaba el alquiler de su despacho.

La afirmación de Gordon, unido al yerno de Aznar por una larga relación de amistad y viejos negocios comunes, se produjo en el transcurso de una conversación que mantuvo el 20 de enero de 2009 con el presunto jefe de la red corrupta. En esa charla, el presunto jefe de la red corrupta lanza a Gordon una pregunta: "¿Pagas alquiler de oficina?". Y su interlocutor responde así: "No, lo paga Alejandro". Padrino de boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, Correa aseguró en su declaración ante el juez que conoció a Jacobo Gordon a través del yerno del ex presidente del Gobierno. En enero de 2009, Gordon residía en Londres, al igual que Agag.

, fuentes del entorno del yerno de Aznar desmintieron lo asegurado por Gordon, pero ni cuestionaron que el Alejandro de la conversación sea Agag. De hecho, y según ha podido confirmar Público, Agag utilizaba para su escudería Barwa Addax de GP2, la segunda división del automovilismo mundial, un despacho contiguo al de Gordon. "Cada uno pagaba lo suyo", fue la explicación. Ahí, en el 128 de la madrileña calle de Príncipe de Vergara, Gordon domicilió varias empresas investigadas dentro del caso Gürtel.

Las fuentes consultadas en el entorno de Agag se negaron a pronunciarse sobre otras referencias al yerno de Aznar contenidas en el sumario. No hubo respuesta, por tanto, para la pregunta sobre qué tipo de viaje realizaron Francisco Correa y Alejandro Agag a Venezuela en 1998. Los gastos de ese viaje quedaron consignados en uno de los archivos del ya célebre pendrive que la policía intervino a José Luis Izquierdo, el contable madrileño de la trama. En su declaración ante la policía, Izquierdo corroboró que el archivo 66, denominado "Gastos Venezuela", reflejaba los "gastos generados ante la posibilidad de hacer determinados actos en Venezuela". "Asciende dice el sumario a 21.226.000 pesetas, siendo la mayor parte cargos de tarjetas de credito VISA y Dinners. Consta un apunte 26-05-98, Madrid-Caracas-Bogotá-Madrid, Paco CORREA-Alejandro AGAG, por importe de 1.012.000 pesetas facturado al PP y un reembolso estimado de 98.000".

Muy al contrario, se remitieron al comunicado lanzado por Agag en octubre de 2009, cuando el levantamiento del secreto sobre la primera parte del sumario Gürtel constató que su nombre aparecía citado. Entonces, Agag negó cualquier vínculo con la trama corrupta y profirió una amenaza: la de emprender acciones judidiciales contra "cualquiera que insinúe" su participación"en cualquier tipo de actividad irregular".

En el 128 de la calle Príncipe de Vergara de Madrid aparecen domiciliadas la empresa Real Equity Portfolio, con la que Gordon se embarcó en un macroproyecto inmobiliario en Panamá investigado en el caso Gürtel. Y tiene también su sede la compañía Proyecto Twain Jones, promotora de un complejo residencial de lujo en Majadahonda. Como informó este diario el pasado 22 de marzo, los padres de Agag se han mudado a una de las viviendas de esa urbanización, bautizada como Residencial Adriático. El matrimonio Agag Longo ocupa formalmente la vivienda en régimen de alquiler.

(www.publico.es, 08/04/10)

16. ‘CASO GÜRTEL’. DECENAS DE PRUEBAS APUNTAN A QUE EL EX TESORERO DEL PP SE LLEVÓ 1,3 MILLONES

Su nombre inunda el sumario. Luis Bárcenas, ex tesorero y todavía senador del PP , recibió, según la amplia documentación del caso Gürtel, 1.353.000 euros de la red corrupta. Su implicación es tal que el contable de la trama, José Luis Izquierdo, el que anotaba cada día las cantidades entregadas en concepto de soborno, le hizo su propia carpeta: "Detalles entregas L. B." En el sumario se analizan una y otra vez las decenas de pruebas aparecidas, las declaraciones del propio Izquierdo, en las que admite que se le hacían regalos, para concluir en varias ocasiones que, "sin género de dudas", LB es Luis Bárcenas. A pesar de ello, el PP insiste en mantener la presunción de inocencia de su ex tesorero y no se plantea de momento suspenderle de militancia ni echarle del Grupo Parlamentario en el Senado.

El sumario detalla no sólo los abultados cobros que el ex tesorero popular recibió de Francisco Correa -779.085 euros sólo en 2002-, sino también en qué se los gastó. Luis Bárcenas pudo comprarse una casa de un millón de euros sin solicitar un crédito, pagando hasta 805.581 euros en cheques. La vivienda, un chalé en el Valle de Arán (Lleida), la adquirió en julio de 2008 por 941.100 euros. Un año antes, Bárcenas había cancelado su hipoteca, de 240.404 euros. En total, según el sumario, el ex tesorero y su mujer son propietarios de viviendas y plazas de garaje en Madrid, Valle de Arán y Marbella, donde poseen, además, locales comerciales. El valor de mercado, sólo de los inmuebles, supera los tres millones de euros.

En un informe incluido en el sumario, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía llama la atención sobre la facilidad de Bárcenas para realizar múltiples y costosísimas operaciones inmobiliarias "sin recurrir a financiación externa, empleando recursos propios". El matrimonio Bárcenas gastó más de un millón de euros en comprar inmuebles y cancelar hipotecas entre 2006 y 2008, cuando sólo ingresó por venta de inmuebles 350.556 euros, según el informe.

El sumario también incluye un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude que analiza con detenimiento el ingreso en enero de 2003 de 330.000 euros en billetes de 500 en una sucursal del Banco Popular Español. Bárcenas alegó que pidió un crédito, recogió el dinero con la intención de comprar un cuadro y que, al no hacerlo finalmente, lo ingresó en el banco. Se trataba, según un escrito del abogado del ex tesorero, de una obra de arte del siglo XVI del pintor Van Der Hamen y el vendedor reclamaba el importe en efectivo.

Bárcenas mantuvo "en su bolsillo", según el informe, el dinero "desde el 10 de diciembre de 2002 hasta el 20 de enero de 2003". La Oficina de Investigación duda de que pensara alguna vez en comprar un cuadro. Primero, porque nadie hace operaciones con sumas tan elevadas pagando en metálico; segundo, porque la apertura del contrato de cuenta de crédito le suponía unos gastos extra de 2.321 euros. Y por último, porque Bárcenas "no es coleccionista de obras de arte".

(www.elpais.com, 07/04/10)

17. ‘CASO GÜRTEL’. LA ESPOSA, SIN INGRESOS, VENDIÓ ACCIONES POR UN MILLÓN DE EUROS

Rosalía Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas, no tiene empleo ni sueldo. Ambos hacen la declaración de la renta conjunta. Pero esto no ha impedido a Iglesias hacer multimillonarias operaciones en Bolsa, según constan en el sumario y en la propia justificación de Bárcenas sobre su patrimonio. Ella está imputada por su posible participación en un delito contra la Hacienda Pública.

En la declaración de la renta del matrimonio de 2007, Bárcenas obtuvo unos ingresos de 269.733 euros derivados de la venta de acciones de Endesa. Su esposa vendió acciones de la misma empresa por un importe de 1.067.652 euros. Iglesias vendió un primer paquete por 667.390 euros en marzo de 2007 y otros 401.583 en octubre de ese mismo año. El ex tesorero había adquirido sus acciones en noviembre de 2002 y su mujer, en junio de 2004. Así lo explica el abogado de la pareja, Miguel Bajo.

Con los ingresos obtenidos por esa venta, según la defensa, el matrimonio se lanzó a una frenética operación de compraventa. Cinco días después de vender sus acciones, Bárcenas suscribió 300.000 euros en obligaciones del Estado con vencimiento dos semanas después. Esta operación se repitió hasta siete veces más, siempre en periodos de entre 14 días y un mes como máximo.

Su esposa hizo otro tanto. Destinó 650.000 euros del primer paquete de 667.390 a suscribir Obligaciones del Estado y vendió y revendió hasta 14 veces. En su declaración de la renta todas estas reinversiones fueron agrupadas en una, por un valor de 9.556.000 euros.

Según la Oficina Virtual del Catastro, Rosalía Iglesias es propietaria al cien por cien de un inmueble de 277 metros cuadrados y dos locales en una urbanización marbellí y dos plazas de garaje en Madrid.

Documentos incautados a la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que fueron incautados por orden judicial en bufetes de abogados implican a Rosalía Iglesias como inversora en la sociedad inmobiliaria Proyecto Twain Jones para construir 16 viviendas de lujo en Majadahonda (Madrid).

Esta promoción inmobiliaria se alimentó supuestamente de fondos procedentes del blanqueo de dinero a través de sociedades mercantiles radicadas en el exterior y controladas por entidades en paraísos fiscales, según consta en varios informes incorporados al sumario.

(www.elpais.com, 07/04/10)

18. ‘CASO GÜRTEL’. EL JUEZ APUNTA QUE BÁRCENAS ABRIÓ LAS PUERTAS DEL PP A LA ‘TRAMA GÜRTEL’

El levantamiento del secreto sumarial del caso Gürtel tiene nombre propio: Luis Bárcenas. A lo largo de los 50.000 folios que vieron la luz se desvela que el extesorero y senador del PP fue una pieza clave en la trama de corrupción de Francisco Correa. "Era el dueño del dinero", afirmó de él el cabecilla de la red, la persona a "la que se le llevaban muchísimos billetes y muchísimos sobres" y la que invirtió un millón de euros en metálico en comprar inmuebles. Además, la documentación confirma que hubo financiación ilegal del partido en Madrid y Valencia. Pero la fuerza política que lidera Mariano Rajoy aseguró que no hay nada nuevo y que no tomará medidas contra el senador.

Los nuevos datos confirman también que Correa montó un entramado empresarial para blanquear el dinero que obtuvo de los contratos que logró de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana a cambio de hacer regalos a funcionarios públicos, obsequios que iban desde viajes de lujo hasta estancias en hoteles pasando por relojes, bolsos, coches y joyas. El cabecilla de la red, por ejemplo, declaró ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira que el exparlamentario de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo se llevaba "una pasta" de cada acto que se organizaba en dicha comunidad. En el sumario consta que cobró 1,2 millones en negro de la trama Gürtel.

Correa explicó a Pedreira que empezó a trabajar para el PP en 1993. "Un día me llama [Bárcenas] y me dice: ‘Oye, vosotros que organizáis viajes y congresos, ¿seréis capaces de organizar un mitin político?". En aquella época, Francisco Álvarez Cascos era el secretario general del PP y recibió el presupuesto que elaboró la red corrupta. En la secretaría de organización estaba Javier Arenas. A partir de ese momento, la red "comenzó a trabajar con mucha regularidad organizando mítines, campañas europeas, municipales, generales". "Un trabajo enorme", según Correa.

Este explicó al magistrado que para él Bárcenas "era el gerente, el dueño del dinero", aunque aclaró que el extesorero no era el único que tomaba las decisiones. "En el caso de las adjudicaciones, nunca estaba solo, eran cinco o seis personas" las que intervenían. Correa también comentó al juez que Bárcenas tiene "mal carácter" y que se enfadó muchas veces con los responsables del partido porque no le concedían la organización de actos.

Además, el responsable de la red aseguró que ahorró miles de euros al PP. Y matizó que no había entregado al extesorero 1.000 millones de euros, sino que era una "forma de hablar", aunque en otro momento de su declaración afirmó: "A Luis Bárcenas se le han llevado muchísimos billetes, y muchísimos sobres... Es que se llevaban sobres". Asimismo, negó que hubiera pagado algún viaje al senador del PP o alguna estancia en hoteles. Y es que, según Correa, "a José María Aznar no le gustaban que se hiciesen regalos". El entonces presidente de los populares lo había prohibido.

La policía ha acreditado que las siglas L. B. que figuran en la contabilidad secreta de la trama corresponden a Luis Bárcenas y que este recibió más de un millón de euros de la red corrupta. Además, la Agencia Tributaria vincula al senador conservador con la red por la construcción de 16 viviendas en Majahonda (Madrid) a través de la empresa Rustfield.

El extesorero y su mujer, Rosalía Iglesias, invirtieron más de un millón de euros en bienes patrimoniales entre el 2006 y el 2008, la mayor parte en una vivienda unifamiliar en el Vall d’Aran (Lleida) valorada en 899.000 euros y en dos plazas de garaje. La pareja también tiene casas en las millas de oro de Madrid y Marbella.

El sumario confirma asimismo la financiación ilegal del PP en Madrid y Valencia, pese a que Correa se presentó ante el juez como un simple director de un grupo de empresas que no han cometido ningún delito. "Son empresas normales que pueden haber tenido un problema fiscal, pero de eso a esto, es una locura", dijo.

El juez Pedreira levantó el secreto de 65 tomos del sumario que componen la pieza principal del caso Gürtel, así como de numerosos anexos. Los abogados accedieron al contenido a través de unas claves con ciertas dificultades, ya que el servidor se colapsó en algunos momentos. Además, la página web en la que se colgó el sumario ofrecía escasa información sobre el contenido de los 50.000 folios, lo que dificultó la localización de los documentos.

Aún permanece bajo secreto el resultado de las comisiones rogatorias que el magistrado ha cursado al extranjero. Cabe recordar que la trama de Correa tiene ramificaciones en Reino Unido, Suiza, EEUU, Colombia, Holanda y Panamá. Tampoco figuran las conversaciones que han sido anuladas por el TSJM y que fueron autorizadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Pedreira las ha retirado de oficio del proceso, pero las ha guardado en una pieza separada para que los abogados las consulten.
Las charlas fueron intervenidas en la cárcel, cuando Correa y sus secuaces se reunían con los abogados. Juan Ignacio Vergara, el letrado del primo de Correa, Antoine Sánchez, explicó al magistrado que sospechaba que estaba siendo grabado en el centro penitenciario. "Siempre tengo asignado el mismo locutorio, me metí a propósito en el 23 y por megafonía me dijeron que era el 22", explicó. Las defensas disponen ahora de un plazo de 10 días para solicitar nuevas pruebas o presentar alegaciones.

(www.elperiodico.com, 07/04/10)

19. ‘CASO GÜRTEL’. BECCARÍA, NUEVO TESORERO DE GÉNOVA, FUE OTRO DE LOS HOMBRES FUERTES DEL PP GALLEGO CONTROLADO POR PABLO CRESPO

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado que propondrá como sustituto de Luis Bárcenas al frente de la tesorería del partido a Romay Beccaría, aprovechando para anunciar una reestructuración en toda el área económica de Génova 13. Mientras las noticias destacan que el hombre elegido para esa reforma fue ministro con el Gobierno de Aznar, que ha participado activamente en la elaboración del código ético del partido o que, gallego como él y antiguos compañeros, cuenta con la plena confianza de Rajoy, otros aspectos de su biografía política no se están destacando tanto. Romay Beccaría fue el vicepresidente del PP gallego cuando al frente de su secretaría de organización estaba Pablo Crespo, mano derecha de Francisco Correa y secretario de organización del PP gallego entre 1996 y 1999.

Es en esa época cuando, según la contabilidad B de la trama recogida en el sumario de la Gürtel, los gastos de las campañas electorales de la formación se financiaron en negro hasta en un 50%. Ante este pasado, los socialistas gallegos alertan de que "la regeneración que pretende vender el PP nace lastrada" ya que Romay es "corresponsable" de aquellas irregularidades como uno de principales dirigentes del partido entonces.

Ante la baja como militante de Luis Bárcenas, imputado por la Gürtel, Rajoy ha anunciado que desea que su sustituto al frente de la tesorería nacional sea Romay Beccaría, nombramiento que propondrá en la próxima reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP. El lídel del PP ha aprovechado para anunciar también una restructuración de toda el área económica en la sede de Génova 13.

Desde el PP presentan a Beccaría como el hombre adecuado ya que cuenta con experiencia en los Gobiernos de Aznar como ministro de Sanidad, cuenta con la confianza de Rajoy, gallego como él, y ha participado activamente en la elaboración del código ético que pretende ser la brújula de la formación a partir de ahora a la hora de gestionar sus cuentas y sus contrataciones.

Otro aspecto de su biografía de Beccaría le sitúa como uno de los dirigentes claves del PP gallego de Manuel Fraga y de un Rajoy que entonces empezaba a despuntar en la política. Y una parte de ese período le muestra al lado de quien ahora se desmarcan todos marcándolo como la oveja negra del partido, Pablo Crespo, al que el sumario de la Gürtel presenta como mano derecha de Francisco Correa y secretario de organización del PP gallego entre 1996 y 1999. Es en esa época cuando, según la contabilidad B de la trama, los actos del partido de la formación se financiaron con dinero negro hasta en prácticamente la mitad de los gastos.

20. GALICIA. ‘CASO GÜRTEL’. 21. SWAT S.L. REALIZÓ LA CAMPAÑA FEIJÓ09 PARA LAS ELECCIONES GALLEGAS

Parece ser una constante en el caso Gürtel: primero, el nombre de una empresa sospechosa aparece relacionada puntualmente a la trama. Después, su nombre se repite como un eco a poco que se escarbe. Es lo que ha sucedido con Swat S.L., la consultora privada a la que Aguirre contrató por 1,3 millones y que se encargó de adjudicar 3,25 millones en campañas fantasma que nunca llegaron a realizarse. Ahora, el diario gallego Xornal ha desvelado que esta misma empresa fue quien llevó a cabo la campaña electoral de Alberto Núñez Feijóo el año pasado y que llevó a la presidencia de la Xunta.

Swat S.L. es la empresa responsable del lema jamesbondiano "Feijó09" que presidió la campaña de Alberto Núñez Feijóo para devolver el poder en Galicia al Partido Popular.

Según informa Xornal, la compañía Swat S.L. también trabajó para José María Aznar durante el año 2000 y para Manuel Fraga en las elecciones gallegas del año 2001. En cualquier caso, no hay constancia de que se haya producido ninguna irregularidad en las contrataciones de Swat S.L. por parte del PP gallego para llevar a cabo la campaña electoral de Feijóo en 2009.

El PP de Galicia ha confirmado que la empresa en cuestión fue contratada en los pasados comicios. "Sí que trabajó con nosotros en las autonómicas", aseguran fuentes populares, "pero nuestra relación con ella está perfectamente fiscalizada en el Consello de Contas". "Todas nuestras cuentas son claras y cristalinas", afirman en el PP gallego.

Swat S.L. se ha hecho famosa a raíz de que Público descubriera que unos meses antes de las elecciones autonómicas de 2007, Esperanza Aguirre pagara 3,25 millones a dos empresas desconocidas para realizar dos campañas publicitarias. En concreto, fue el IMADE quien convocó los concursos y pagó las cantidades, aunque no existe ni una sola prueba que demuestre que dichas campañas fueron llevadas a cabo.

Al menos una de las empresas beneficiadas, MQM, está vinculada con el caso Gürtel, ya que había sido proveedora habitual de las empresas de la trama corrupta liderada por Francisco Correa. El papel de Swat S.L. en el asunto se sale de lo normal. La compañía en cuestión se encargó de resolver el concurso a favor de dichas empresas, aunque esta suele ser tarea de los técnicos dependientes de cada organismo. No en vano, Aguirre se gastó 1,3 millones de euros para contratar los servicios privados de Swat S.L. .

Además, según la información obtenida por el magistrado del caso Gürtel, Antonio Pedreira, Swat S.L. ya partía el bacalao en 2001 allí donde estaba la trama de Correa. En concreto, existe una serie de e-mails en los que Óscar Bermejo, entonces director de cuentas de Swat SL, daba instrucciones al Ayuntamiento de Majadahonda sobre cómo trocear una campaña publicitaria para eludir su salida a concurso –a partir de 12.000 euros, el requisito es ineludible-.

Así las cosas y con la ayuda de Carmen Rodríguez, entonces mujer de Francisco Correa y jefa de gabinete del imputado ex alcalde Guillermo Ortega, la iniciativa publicitaria-informativa sobre la llegada del euro costó 132.000 euros, se distribuyó entre siete concejalías y se repartió a las empresas recomendadas por Bermejo. Las beneficiadas de las concesiones fueron, asimismo, siete entidades encabezadas por la propia Swat.

(www.elplural.com, 08/04/10)

21. GALICIA. LA FISCALÍA INVESTIGA LOS COBROS Y CONTRATOS DE BALTAR EN LA DIPUTACIÓN

Los 400 contratos que Baltar firmó a personas vinculadas al PP en las vísperas del congreso provincial que puso a su hijo al frente del partido, podrían sentarlo en el banquillo. La fiscalía ha abierto diligencias informativas para decidir si presenta una querella contra el presidente de la Diputación de Ourense por este motivo.

El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, ha abierto la investigación a raíz de la denuncia presentada el mes pasado por el ex senador y ex diputado provincial del PSOE ourensano Agustín Vega, que declaró como testigo. El fiscal requirió de Vega información que acreditara la vinculación con el PP de los contratados y le apercibió de que había algunos errores en la lista que le presentó: la misma que difundió el líder del PSdeG, Pachi Vázquez, cuando Baltar fichó a su hombre de confianza en Ourense, Eladio Fernández.

Vega no pudo ofrecer todas las pruebas -"denuncio para que se investigue", precisó- pero advirtió de que el cruce de los nombres de cada uno de los "enchufados" con su filiación política o con los tránsfugas que dieron alcaldías ourensanas al PP "hace saltar la evidencia". El ex representante del PSOE informó además al ministerio público de que las contrataciones habrían incumplido la ley que obliga a las instituciones a realizar una oferta pública de empleo a través del Inem. "Si los hubiera contratado por el Inem daría igual que fueran todos del PP, pero no si se saltó este trámite", explicó Vega.

La iniciativa del ex representante del PSOE de acudir al fiscal con la lista de los contratados de Baltar ha ralentizado la denuncia judicial que el PSdeG anunció. Los socialistas amplían de momento el número de los "enchufados" con las aportaciones de los ciudadanos que colaboran ofreciendo nuevos datos a través de la página web creada por el PSOE, enchufadosppourense.blogspot.com.

La de las contrataciones no es la única investigación a la que se enfrenta Baltar. El presidente de la Diputación podría también tener que responder judicialmente por otra denuncia presentada por Vega, relativa al dinero que percibió de la institución provincial durante los años que fue senador (legalmente sólo se puede cobrar un sueldo; el del Senado es irrenunciable). Baltar se ha escudado en un escrito de la Secretaría de la Diputación que le autorizaría a percibir dietas de esta institución. La denuncia de Agustín Vega por la duplicidad de ingresos de Baltar se extiende a los también senadores del PP Isaac Vila y Amador Vázquez, además de al predecesor de Baltar en la institución, Victorino Núñez.

En el caso de Vila, que ahora ha vuelto al Senado cumpliendo el pacto de turnarse el escaño con Amador Vázquez, su cobro duplicado fue en su día amonestado por la comisión de incompatibilidades del Senado. Fue obligado a devolver 3.000 euros cobrados por dietas del Inorde (el instituto de desarrollo económico, que entonces presidía, dependiente de la Diputación). Vega espera que al haber incurrido en faltas y no en delito, los hechos no hayan prescrito, aunque sostiene que el fin que persigue con su denuncia es que devuelvan lo cobrado o, cuando menos, "por el escarnio público".

Agustín Vega afirmó ante el fiscal que los cuatro senadores del PP cobraron "ingentes cantidades irregulares de dinero" el tiempor que ocuparon escaño en la Cámara Alta. Vega mantuvo que mientras otros miembros del Senado del mismo periodo que los denunciados percibían 50.000 euros al año, ellos superaban los 100.000. La diferencia procedía, según el denunciante, del cobro de dietas de la Diputación, del Inorde y de los ayuntamientos.

Vega no pudo contestar, en su comparecencia, a la pregunta que le formuló el fiscal sobre los motivos por los que el Senado abrió una investigación contra el cobro irregular del alcalde de Xinzo, Isaac Vila, y no del resto de los senadores ourensanos que supuestamente realizaron la misma práctica. "No lo sometieron a criterio pese a que yo denuncié en su día que cobraban de tres o cuatro instituciones", respondió.

(www.elpais.com, 07/04/10)

22. GALICIA. LA FISCALÍA INVESTIGA LOS COBROS Y CONTRATOS DE BALTAR EN LA DIPUTACIÓN

Los 400 contratos que Baltar firmó a personas vinculadas al PP en las vísperas del congreso provincial que puso a su hijo al frente del partido, podrían sentarlo en el banquillo. La fiscalía ha abierto diligencias informativas para decidir si presenta una querella contra el presidente de la Diputación de Ourense por este motivo.

El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, ha abierto la investigación a raíz de la denuncia presentada el mes pasado por el ex senador y ex diputado provincial del PSOE ourensano Agustín Vega, que declaró como testigo. El fiscal requirió de Vega información que acreditara la vinculación con el PP de los contratados y le apercibió de que había algunos errores en la lista que le presentó: la misma que difundió el líder del PSdeG, Pachi Vázquez, cuando Baltar fichó a su hombre de confianza en Ourense, Eladio Fernández.

Vega no pudo ofrecer todas las pruebas -"denuncio para que se investigue", precisó- pero advirtió de que el cruce de los nombres de cada uno de los "enchufados" con su filiación política o con los tránsfugas que dieron alcaldías ourensanas al PP "hace saltar la evidencia". El ex representante del PSOE informó además al ministerio público de que las contrataciones habrían incumplido la ley que obliga a las instituciones a realizar una oferta pública de empleo a través del Inem. "Si los hubiera contratado por el Inem daría igual que fueran todos del PP, pero no si se saltó este trámite", explicó Vega.

La iniciativa del ex representante del PSOE de acudir al fiscal con la lista de los contratados de Baltar ha ralentizado la denuncia judicial que el PSdeG anunció. Los socialistas amplían de momento el número de los "enchufados" con las aportaciones de los ciudadanos que colaboran ofreciendo nuevos datos a través de la página web creada por el PSOE, enchufadosppourense.blogspot.com.

La de las contrataciones no es la única investigación a la que se enfrenta Baltar. El presidente de la Diputación podría también tener que responder judicialmente por otra denuncia presentada por Vega, relativa al dinero que percibió de la institución provincial durante los años que fue senador (legalmente sólo se puede cobrar un sueldo; el del Senado es irrenunciable). Baltar se ha escudado en un escrito de la Secretaría de la Diputación que le autorizaría a percibir dietas de esta institución. La denuncia de Agustín Vega por la duplicidad de ingresos de Baltar se extiende a los también senadores del PP Isaac Vila y Amador Vázquez, además de al predecesor de Baltar en la institución, Victorino Núñez.

En el caso de Vila, que ahora ha vuelto al Senado cumpliendo el pacto de turnarse el escaño con Amador Vázquez, su cobro duplicado fue en su día amonestado por la comisión de incompatibilidades del Senado. Fue obligado a devolver 3.000 euros cobrados por dietas del Inorde (el instituto de desarrollo económico, que entonces presidía, dependiente de la Diputación). Vega espera que al haber incurrido en faltas y no en delito, los hechos no hayan prescrito, aunque sostiene que el fin que persigue con su denuncia es que devuelvan lo cobrado o, cuando menos, "por el escarnio público".

Agustín Vega afirmó ante el fiscal que los cuatro senadores del PP cobraron "ingentes cantidades irregulares de dinero" el tiempor que ocuparon escaño en la Cámara Alta. Vega mantuvo que mientras otros miembros del Senado del mismo periodo que los denunciados percibían 50.000 euros al año, ellos superaban los 100.000. La diferencia procedía, según el denunciante, del cobro de dietas de la Diputación, del Inorde y de los ayuntamientos.

Vega no pudo contestar, en su comparecencia, a la pregunta que le formuló el fiscal sobre los motivos por los que el Senado abrió una investigación contra el cobro irregular del alcalde de Xinzo, Isaac Vila, y no del resto de los senadores ourensanos que supuestamente realizaron la misma práctica. "No lo sometieron a criterio pese a que yo denuncié en su día que cobraban de tres o cuatro instituciones", respondió.

(www.elpais.com, 07/04/10)

23. ANDALUCÍA. LA PORTAVOZ DEL PP EN EL PARLAMENTO ANDALUZ: "EL CAMPO ANDALUZ ESTABA MEJOR CON FRANCO"

Los diputados del Parlamento andaluz protagonizaron un nuevo episodio de plante y vocinglería, esta vez a cuenta del dictador Franco. Cuando se discutía una iniciativa sobre la reducción de peonadas de los jornaleros por el temporal de este invierno, la portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, dijo que el campo andaluz "estaba mejor con Franco que ahora", a lo que el diputado socialista, Juan Antonio Cebrián, respondió que el "problema es que ustedes [por el PP] estaban mejor entonces que ahora, que están en la oposición".

La referencia del PP y el franquismo provocó un enfrentamiento dialéctico entre Javier Arenas y la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, y el abandono del hemiciclo de la bancada popular.

Al concluir su intervención, Oña pidió la palabra. "No se olvide que somos un partido democrático", dijo tras solicitar una rectificación al socialista, que no fue atendida. Los populares abandonaron el pleno al unísono. A su vuelta, minutos después, Javier Arenas pidió la palabra en medio de los incesantes aplausos de los socialistas a su diputado: "Me ampara el reglamento para pedir una cuestión de orden", a lo que la presidenta de la Cámara se negó al principio.

Finalmente, tras varios tiras y aflojas, Arenas intervino para indicar que los populares se sentían "gravemente ofendidos" por las alusiones. "Nuestra formación tiene 30 años de vida, está unida al compromiso democrático y bajo ningún concepto aceptamos que nadie cuestione ese compromiso con la democracia". Javier Arenas exigió la retirada de las "ofensas o que la Presidencia decida eliminar del diario de sesiones la frase".

(www.elpais.com, 09/04/10)

24. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. AGUIRRE PAGÓ DOS MILLONES POR OTRA CAMPAÑA FANTASMA

El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó en 2006 otra campaña de publicidad de la que no hay constancia que se haya realizado a pesar de que, según los expertos, es probablemente la más suculenta de la historia de la Comunidad de Madrid: dos millones de euros sólo en creatividad para "transmitir la importancia de las pymes y los autónomos". El concurso fue paralelo y gemelo al de la publicidad fantasma de la campaña Made in Madrid, que proporcionó otros 1,25 millones de euros a MQM, proveedora de la trama Gürtel. Ambos fueron convocados en pleno verano por el procedimiento de urgencia por el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), adscrito a Economía y Hacienda, y adjudicados el mismo día: 11 de octubre de 2006. En marzo de 2007, justo antes de que se convocaran las elecciones, ambos contratos fueron modificados en beneficio de la empresa. Y ninguna campaña dejó nunca rastro de su existencia.

Las similitudes son tan extraordinarias que incluso las respectivas propuestas que ganaron el mismo día en el Imade contratos distintos comparten muchos fragmentos clónicos, letra por letra. Parecen directamente fruto de una operación de cortar y pegar (ver página siguiente). La empresa que ganó el concurso de dos millones de euros es Over Marketing y Comunicación. El lema ganador: El motor de nuestro desarrollo.

Los expertos coinciden en subrayar que para una región como Madrid, un concurso de creatividad publicitaria como este, que no incluye inserción en los medios, rara vez supera los 300.000 euros. El plan de creatividad suele suponer en torno al 10% del coste de una campaña, con lo que el impacto de El motor de nuestro de-sarrollo, con un plan de creatividad de dos millones, debería haber sido espectacular en la Comunidad de Madrid.

Alertada por la cuantía del contrato, la diputada socialista Livia Castillo solicitó el expediente, en el que consta el plan de Over Marketing que resultó ganador. Además de las propuestas tradicionales como el material para anuncios en televisión, prensa o radio, incluía una batería de acciones en plena calle, que entre autobuses, azafatas y puntos móviles costaba 330.000 euros; la celebración de un congreso para pymes y autónomos presupuestado en 87.000 euros,un ciclo de cine centrado en pymes y autónomos 240.000 euros, un ciclo de teatro 140.000 euros y la edición de una revista personalizada para la campaña El motor de nuestro desarrollo 55.000 euros. Todo tenía que desarrollarse entre noviembre de 2006 y noviembre de 2007 las elecciones estaban exactamente en medio: en mayo, pero en el sector al que supuestamente se dirigía no existe constancia. Este periódico ha rastreado pistas de la campaña en varias organizaciones de pymes y autónomos como Upta y Cepyme y no existe rastro de ninguno de estos actos. Nada.

Una portavoz del Imade declaró a Público: "La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid fiscalizó la actuación de Imade y su grupo de empresas en el ejercicio 2006, fecha en la que se adjudicó dicho contrato. En este sentido, la Cámara de Cuentas fiscalizó toda la contratación del Instituto durante el referido ejercicio, sin hacer mención alguna a este expediente de contratación en su Informe de Fiscalización definitivo. Asimismo, la Consejería de Economía y Hacienda supervisa la ejecución de todos los contratos que firma y no realiza ningún pago de facturas que no adjunten los comprobantes pertinentes".

Y agregó: "La campaña se llevó a cabo entre noviembre de 2006 y noviembre 2007 y se organizaron numerosos actos a lo largo de la Comunidad de Madrid, jornadas sectoriales, foros, etcétera. Asimismo se puso en marcha un sistema de atención telefónico a autónomos". El servicio de atención telefónico sí existió, pero sin vinculación con la campaña El motor de nuestro desarrollo, sino dentro del Plan de Autónomos. En el presupuesto de Over Marketing había una partida para un call-center de 18.000 euros (el 0,9% del total del contrato). Y el 26 de marzo de 2007, una semana antes de que se convocaran las elecciones, el Imade y la empresa firmaron una ampliación que le reportó 47.000 euros adicionales para un call-center que, según consta en la documentación firmada, gestionaba en realidad el 012. En dicho documento no consta ninguna referencia sobre el destino de los dos millones adjudicados. Ni mención a El motor de nuestro desarrollo.

25. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. AGUIRRE VULNERÓ AL MENOS 105 VECES LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN

La Comunidad de Madrid adjudicó 367 contratos a las empresas de la trama Gürtel entre 2004 y 2008, según la información remitida al tribunal por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Los eventos contratados (galas, entregas de premios, visitas de la presidenta, casetas en ferias promocionales...) suman 3.189.565 euros. Así consta en un informe de la unidad de auxilio judicial remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid e incluido entre los tomos desclasificados .

El técnico judicial analiza todas las facturas para verificar si cumplen con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Según sus conclusiones, casi un tercio de los contratos (105) vulneran claramente los principios de publicidad, concurrencia y transparencia. Suman 1.154.612 euros.

El informe alerta sobre una práctica habitual de la relación entre la Comunidad de Madrid y parte del entramado de empresas de Francisco Correa (Diseño Asimétrico, Good & Better, Easy Concept y Servimadrid). El Gobierno regional troceaba los contratos en diferentes facturas casi siempre inferiores a 12.000 euros, cantidad límite para evitar sacar a concurso público la adjudicación. El informe acusa al Gobierno de Aguirre de utilizar "de forma intencionada" y reiteradamente ese fraccionamiento en las contrataciones.

Otra fórmula utilizada consistía en contratar un evento por el sistema de negociado sin publicidad, por el que una Administración puede invitar a determinadas empresas sin publicar la convocatoria en el boletín oficial. Para la Feria Integra Madrid 2008, por ejemplo, la Consejería de Inmigración y Cooperación solicitó ofertas a tres empresas. Todas pertenecían a un mismo grupo, al entramado de Correa, lo que también vulnera la legalidad.

(www.elpais.com, 07/04/10)

26. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. CLEMENTE: "EN LA COMUNIDAD HABÍA UN LISTADO DE EMPRESAS Y DE ESAS SE ESCOGÍA"

"En la Comunidad de Madrid había un listado de empresas con las que trabajaba el Gobierno regional y las consejerías. Cogíamos ese listado y lo que se iba haciendo era llamar a esas empresas y creo que por concurso habían ganado la posibilidad de hacer los eventos". Esa frase medianamente enrevesada pertenece a la declaración ante el juez Antonio Pedreira de Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de Inmigración hasta octubre de 2008.

Una afirmación que confirma el hecho de que Presidencia, regida entonces por el también imputado Alberto López Viejo, imponía una serie de compañías con las que se debía trabajar en los eventos. Sin embargo, el propio Clemente, en conversación telefónica desde Colombia, donde reside ahora, matiza el hecho de que en su testimonio él explica que creía que previamente habían ganado algún concurso para figurar en ese listado de privilegiados.

Entre esas empresas estaban todas las que manejaba Francisco Correa y su trama corrupta. El antiguo viceconsejero y actual trabajador de la Fundación ALAS, amadrinada por la cantante Shakira, se remite "a los 12 folios de declaración, en los que digo la verdad y todo lo que sé, que es nada". Además, subraya, al igual que ante el juez, que nunca recibió dinero ni regalos "más allá del sueldo". Su imputación, entre otros supuestos delitos, es por presuntamente haber recibido 10.000 euros en un sobre por parte de la trama.

Casi todos los eventos de Inmigración, la inauguración de sus Centros de Integración y Participación de Inmigrantes, stands en ferias, o presentaciones de iniciativas como Madrid Rumbo al Sur, se hicieron con un claro sobrecoste por parte de las empresas de la trama. Hasta un total de 46 actos. Pero Clemente, al ser preguntado por el magistrado, recuerda que él no tenía firma "ni manejaba un euro de presupuesto". Y carga toda la responsabilidad de las contrataciones en la Secretaría General Técnica de la consejería.

Eso, las que se hacían en lugares dependientes de Inmigración. "Las que se hacían en Sol las contrataban ellos y luego nos pasaban las facturas. También a las que asistía la presidenta eran cosa suya", explica el viceconsejero. En definitiva, que el encargado de muchos de esos eventos "era el viceconsejero Alberto López Viejo con el equipo que tenía de protocolo y de eventos".

Clemente resalta su falta de relevancia a la hora de hacer las contrataciones, que achaca casi en su totalidad a López Viejo: "Nosotros teníamos una serie de empresas que trabajaban con la Administración pública y yo no me metía en eso, yo lo que me metía era en el mensaje, en lo que fuera un poco la escenografía y eso tuviera un mensaje político de acuerdo con nuestras ideas".

(www.elpais.com, 07/04/10)

27. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. ASÍ FUNCIONABA FUNDESCAM

El sumario sobre el caso Gürtel incluye, en su tomo 60, las pruebas que permiten concluir que el PP de Madrid falsificó facturas para financiar las campañas electorales de 2003. Y que lo hizo a través de Fundescam, una fundación del propio partido. Los datos que demuestran el maquillaje de facturas a fin de burlar la Ley Electoral, que fija un límite de gastos a los partidos políticos, figuran en un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía incluido en el sumario.

Fue durante un registro policial en un piso de seguridad de Francisco Correa, ubicado en la madrileña calle General Martínez Campos, donde los investigadores hallaron una memoria portátil en la que figuraban hojas de cálculo de la empresa Special Events, firma clave de la trama. Los nombres de los archivos no dejaban indiferente: "Cambios facturación 2003-2004.xls", "Cambio facturación 2003-2004.barcenas.xls" y "Facturación P.P. Madrid.xls". Esta información ya fue adelantada por Público el pasado octubre.

El archivo "Facturación P.P. Madrid.xls", según figura en la página 136 del tomo 60, consta de "seis columnas con las denominaciones: fecha, factura, cliente, importe, concepto y una última sin denominar". Los datos abarcan el periodo comprendido entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004. Entre los clientes que figuran en esta hoja de cálculo, están el PP de Madrid, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Móstoles. el PP de Majadahonda, Fundescam y el PP nacional.

A la hora de citar el concepto, los investigadores destacan que, en ocasiones, consta una denominación genérica, como "campaña municipales y autonómicas Madrid", "campaña autonómicas E. Aguirre octubre", "campaña elecciones generales 2004 Madrid" y "congreso regional PP Madrid". Junto a estos conceptos, figura, según sostiene la policía, un número 1. Son los actos que después se facturarán falsamente. El apunte en el que se hace mención a octubre se refiere a las elecciones posteriores al tamayazo.

El archivo en el que aparece el nombre de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, junto a la expresión "cambios facturación", ofrece detalles de las facturas con modificaciones en lo referente a los clientes y los conceptos. Al igual que el archivo "Facturación P.P. Madrid.xls", este consta de seis columnas. Pero en este caso hay una ligera variación: "fecha, factura, cliente, importe, concepto real y concepto factura". Esto permite concluir que se facturaron cantidades por conceptos falsos. Las fechas siguen siendo las mismas, pero los clientes son ahora tres: PP de Madrid, Fundescam y PP Nacional. En cuanto al concepto real, se citan "las elecciones autonómicas 2003, elecciones europeas 2004" y el "congreso regional 2004". Y en el concepto factura, aparece, según el sumario "la descripción del acto atribuido".

Los investigadores concluyen que "existe una correlación entre ambos archivos, de tal forma que los apuntes genéricos que figuran en el archivo "Facturación P. P. Madrid xls" con el número 1 al lado se traspasan casi en su totalidad al archivo "Cambios facturación 2003-2004 barcenas.xls" asignando un concepto determinado a cada uno de ellos, si bien sigue siendo genérico sin aportar datos concretos sobre los mismos como: lugar de realización, fecha de celebración etc." El informe policial también incorpora una información publicada en mayo por Público, en la que se menciona que el PP de Madrid recaudó cerca de un millón de empresarios a través de Fundescam, con las se pagaron facturas de las campañas de 2003.

(www.publico.es, 07/04/10)

28. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. AGUIRRE: "YO DESTAPÉ EL GÜRTEL"

Esperanza Aguirre (PP) no para de lanzar mensajes exigiendo firmeza contra los corruptos. Clama que hay que hacer purgas ante cualquier atisbo de sospecha o irregularidad y exige responsabilidades. incluso se atribuyó el comienzo de las investigaciones de la mayor trama de corrupción en la Comunidad de Madrid.

A su llegada a la Asamblea, antes del pleno semanal, manifestó: "Me siento especialmente satisfecha de haber sido una parte muy importante, la causante, de que este caso [el Gürtel] se destapara". Se arrogó ese mérito por haberse opuesto "a que se vendiera, con beneficio para el señor Correa y el resto de los miembros presuntos de esta trama, por menos de la mitad de su precio, una parcela en Majadahonda". Y concluyó: "Ahí se destapó todo esto".

Se refería al caso Majadahonda, que estalló en 2004, por el cual el Ayuntamiento majariego pretendía subastar dos parcelas de forma supuestamente irregular. El asunto acabó con la salida del alcalde Guillermo Ortega, sustituido por Narcisó de Foxá, y la expulsión de dos ediles del PP. Uno de ellos, José Luis Peñas, fue el que denunció hace un par de años las operaciones del Gürtel ante el juez.

A pesar de que la causa del caso Majadahonda fue archivada por el Supremo, durante meses los dos concejales expulsados del PP acusaron a Aguirre de conocer la trama.

La presidenta regional colocó a Ortega como presidente del Mercado Puerta de Toledo. El sumario del Gürtel señala a Ortega como una de las personas que más se enriqueció gracias a la trama. Recibió dinero, varios relojes y disfrutó de caros viajes. Un informe de la policía sostiene que durante el mandato de Ortega en Majadahonda (entre 2001 y 2005) se produjo la entrada de las empresas de Correa en el municipio mediante la adjudicación de contratos a sus empresas. En el pleno de la Asamblea de , Aguirre hizo gala de "la celeridad con que el PP de Madrid" y ella misma han "reaccionado" ante el caso de corrupción, en el que "todas las personas implicadas han asumido su responsabilidad política".

La dirigente del PP destituyó a cuatro alcaldes imputados en la trama. También a Alberto López Viejo como consejero de Deportes, pero tardó ocho meses en expulsar a los diputados imputados del Grupo Popular en la Asamblea, el propio López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.

Además, pese a sus mensajes de firmeza, protege a otro alto cargo imputado. Sergio Gamón, ex director de Seguridad regional, implicado supuestamente en el caso del espionaje a políticos del PP en Madrid. , Manuel Cobo, uno de los espiados, aseguró que "el PP de Madrid se alinea con las tesis de los imputados".

Gamón, y tres asesores del consejero de Interior, Francisco Granados, siguen encausados (por malversación de fondos públicos) tras rechazar la jueza la pretensión de la defensa de cerrar el caso por falta de pruebas. El vicepresidente regional, Ignacio González, afirmó por la mañana que Gamón no debe dimitir porque "no está imputado". González mintió.

Además, el vicepresidente negó que se arrepienta por contratar con empresas de la red corrupta, lo que la Comunidad hizo en 367 ocasiones, según recoge el sumario, 105 de ellas juzgadas como irregulares por los investigadores. "Estaban capacitadas para ejercer sus actividades", justificó.Durante todo el día los dirigentes populares tuvieron que esquivar las preguntas sobre el caso Gürtel. La red de Correa estaba bien anclada en la Comunidad de Madrid. Entre 2004 y 2008, contrató en 367 ocasiones con la Administración autónoma. Casi un tercio de esas operaciones fueron irregulares.

Por la tarde, en el pleno de la Asamblea se vivió un duro cruce de acusaciones entre la oposición y el PP. Durante el turno de preguntas, Gregorio Gordo, portavoz de IU, pidió a la presidenta que "empiece a tomar medidas" contra los diputados imputados: "Todavía se sientan en el parlamento, votan a dos manos con el PP y ni siquiera se siente un mal rollo con el resto del grupo popular", recalcó. La portavoz socialista, Maru Menéndez, también preguntó a Aguirre por la vinculación del PP con la trama, a lo que la presidenta respondió: "Comprendo que le moleste que habiéndose hecho público el sumario yo no aparezca sino para ser insultada por los miembros de esa trama", se pavoneó.

Además, sugirió al PSM que "tomase ejemplo", por la "celeridad" con la que han reaccionado ante la corrupción. "Todas las personas implicadas han asumido su responsabilidad política, no tienen un solo cargo y han sido suspendidas de militancia", indicó y recordó que hace tiempo, recordó: "Hace tiempo que ya pedí que los diputados deberían dejar su escaño. Pero el acta no es propiedad de los partidos".

Aguirre se guardaba un duro golpe y recordó que la fiscalía ha imputado por prevaricación a dos miembros que tienen su butaca entre los socialistas, el ex alcalde de Leganés, José Luís Pérez Raez, y la diputada Esperanza Rojas, según desveló poco después el vicepresidente Ignacio González cuando se le preguntó a quién se refería.

(www.elpais.com, 09/04/10)

29. COMUNIDAD DE MADRID. LA JUEZ REHÚSA ARCHIVAR EL ESPIONAJE A COBO Y PRADA

La juez ha rechazado la pretensión de la defensa de los cuatro presuntos espías a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre de dar carpetazo a su investigación y sobreseer el caso por falta de pruebas. Tras esta decisión, siguen imputados por un presunto delito de malversación tres asesores del consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, y el ex director general de seguridad regional, Sergio Gamón. La juez ve improcedente exonerarles cuando espera "nuevas pruebas" que pueden "afectar directamente a los imputados".

Entre las diligencias pendientes se encuentra el informe sobre los posicionamientos de los móviles en abril de 2008 de los agentes de Aguirre sospechosos del espionaje que está rematando la policía y será clave para demostrar si, amén de seguir al ex vicepresidente segundo Alfredo Prada -probado por un informe similar referido a mayo de 2008-, también vigilaron al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, un mes antes.

La magistrada que investiga el caso, Carmen Valcarce, igualmente ha rechazado la solicitud del abogado, el ex fiscal Enrique Molina, de interrogar al periodista de este diario que destapó el caso para que revelase las fuentes de su información. La juez alude en su escrito a que sería una repetición de la declaración que ya prestó dicho informador sobre estos hechos ante la fiscalía en enero de 2009, tras estallar el escándalo.

El defensor de los agentes de Aguirre recibe un tercer revés jurídico: la juez rechaza su cuestionamiento del personamiento como acusación del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y de su defensa mediante letrado del Ayuntamiento. El escrito de la juez es tan sintético como contundente: "No ha lugar a la exigencia de nuevos requisitos procesales para la personación como acusación particular de don Manuel Cobo, que viene ejerciendo en su nombre el letrado del Ayuntamiento de Madrid".

Con todo ello, se derrumba como un castillo de naipes la estrategia de la defensa, que se resume así: que la juez archivara el caso por falta de pruebas contra los presuntos espías del Gobierno de Aguirre o que, de no acceder a tal petición, que el periodista identificara a las fuentes de su información. Las tres víctimas del espionaje personadas en este sumario -Cobo, Prada y la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores- y la propia fiscalía han rebatido tal pretensión por compartir el criterio de que ahora no toca archivar por falta de pruebas, sino de ejecutarlas y de finalizar la instrucción. Entre las pruebas pendientes, amén del informe policial sobre los posicionamientos telefónicos de abril de 2008 de los agentes sospechosos, falta la pericial caligráfica de José Manuel Pinto, empleado de Granados identificado por dos grafólogos contratados por este diario como el autor de las notas manuscritas de los partes del espionaje.

(www.elpais.com, 08/04/10)

30. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN QUIERE A COBO EN LA LISTA PARA LAS PRÓXIMAS MUNICIPALES

Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, ha asegurado que volverá a pedir a Manuel Cobo, vicealcalde de la capital actualmente suspendido de militancia en el PP por sus críticas públicas al equipo de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, que se presente en la lista del PP para las próximas elecciones municipales, que tendrán lugar en 2011.

Además, Gallardón ha dicho, en una entrevista en Telemadrid con motivo de la celebración del centenario de la Gran Vía, que él será el candidato a la Alcaldía por el PP: "ésa es la previsión", ha dicho, aunque ha recordado que todos los procesos de designación de candidatos en el PP se realizarán a lo largo de este año.

El alcalde ha dicho también que no volverá a pedir al presidente del partido, Mariano Rajoy, que le lleve en las listas para el Congreso en las próximas elecciones generales, y ha preferido no entrar en las especulaciones que le sitúan como número dos en la candidatura del PP para el Parlamento.

En las últimas elecciones esta petición generó una crisis en el partido por la oposición de Esperanza Aguirre, máxima rival de Gallardón en el PP. "Cada día tiene su afán y tenemos que estar a lo que nos han encargado los ciudadanos", ha dicho el alcalde, que ha garantizado que su prioridad es su trabajo actual al frente del Ayuntamiento.

A un día de que se levante el secreto de sumario sobre el Caso Gürtel (sumario que no se ha hecho público por problemas técnicos), Gallardón ha dicho que su partido lo que quiere "es que se sepa toda la verdad" y que respondan ante la justicia "los que se hayan enriquecido o aprovechado". "Este no es un caso de financiación del PP", ha dicho el alcalde, "es más, si alguien se ha enriquecido es quizás porque ha utilizado al Partido Popular".

(www.elpais.com, 05/04/03)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS CUATRO MIL EUROS PROMETIDOS POR CAMPS POR EL NACIMIENTO DE UN HIJO SE LOS LLEVÓ EL VIENTO

Los cuatro mil euros que el Gobierno de Francisco Camps prometió a las familias valencianas por tener un hijo y que fue una de sus promesas en las pasadas elecciones autonómicas nunca llegó a aplicarse, según denuncia la diputada socialista Carmen Ninet. Después de que el Gobierno de Zapatero creara las ayudas de 2.500 euros por el nacimiento o adopción de un hijo, el PP valenciano anunció con bombo y platillo su medida de los cuatro mil euros en su programa electoral de 2007.

Tres años después, los socialistas valencianos denuncian que esa promesa electoral nunca se ha cumplido, lo que en opinión de la diputada Carmen Ninet demuestra la hipocresía del Gobierno de Francisco Camps, que presume de defender a las familias, pero lo hace sólo de boquilla, ya que no se ha legislado al respecto ni se ha incluido partida alguna en los presupuestos autonómicos para pagar esos 4.000 euros a los nuevos padres.


El PSOE valenciano recuerda que el Gobierno de Camps tampoco ha cumplido otro compromiso social: el de poner en marcha una especie de salario para las amas de casa, en reconocimiento a su contribución a la economía.

Los socialistas han denunciado, además que la Comunidad Valenciana es una de las regiones que acumula más retrasos en el pago de las ayudas a la dependencia, según constató la Ser.  

www.elplural.com 04.04.10

32. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LA POLICÍA CONCLUYE QUE HUBO FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP EN VALENCIA

Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales concluye que ha habido "financiación irregular" en actos del PP de Valencia. En el documento se citan cinco empresarios que obtuvieron contratos con la Administración Pública como financiadoras de parte de esos acontecimientos. Los contratos, afirma el texto, se concedían "como contraprestación a los favores realizados para la fuerza política, concretados en el pago de actos políticos".

El documento de la brigada policial explica el sistema "de doble facturación y financiación irregular".Orange Market, la empresa de la trama corrupta que organizaba los actos, hacía una factura real (con IVA) a la que llamaba deuda Alicante y otra (sin IVA y que no aparecía en el reflejo contable) a la que denominaba deuda Barcelona ("en referencia a que se ingresa en la caja B").

Según el informe, es el propio PP, "en la persona de Ricardo Costa", exsecretario general de ese partido en la comunidad, el que actuó como "canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero".

Con el levantamiento de esta parte del sumario, se conocieron más detalles sobre los regalos que miembros y asesores del Gobierno presidido por Francisco Camps (foto) recibieron de Orange Market. Una de las más afortunadas fue la exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez: recibió un reloj de 2.400 euros. Casualmente, la empresa de la trama consiguió entre el 2005 y el 2009 el montaje del estand que la comunidad instalaba en Fitur. Pero eso no es todo: entre los destinatarios de los regalos también figuran los padres y los suegros de Camps.

(www.elperiodico.com, 07/04/10)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA COSTÓ 11 MILLONES A CANAL 9

Sólo una petición judicial ha dado luz a parte del gasto que la televisión autonómica valenciana (RTVV) hizo para retransmitir la visita del Papa en 2006 con motivo del V Encuentro Mundial de la Familia en Valencia. José López Jaraba, director general del ente, remitió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) más de 300 facturas y al menos una docena de contratos que suman más de 11 millones para cubrir la visita del Papa. Entre esos contratos está la adjudicación a Teconsa, constructora bajo sospecha por sobrecoste de una autovía adjudicada por la Junta de Castilla y León.

Teconsa se encargó de las pantallas y parte de la instalación técnica. Consiguió el contrato a pesar de no tener experiencia y de no acreditar la solvencia de las subcontratas con las que iba a contar, lo que la Sindicatura de Comptes señaló como incumplimiento del pliego de condiciones. Pero además, era la oferta más cara de las siete que se presentaron. Superó los siete millones de euros, dos más que la siguiente más elevada.

Hasta ahora, el ente público aceptó una cifra no oficial de cinco millones de coste por la visita del Papa. Nunca ofreció información en las Cortes valencianas, a pesar de las reiteradas peticiones de la oposición. Tampoco al consejo de administración. La oposición no da por buena la cifra de más de 11 millones de euros, porque López Jaraba sólo remitió al juez documentación sobre gastos técnicos, de personal contratado verbalmente y una parte residual por peluquería o maquillaje. Nada más.

Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes, afirmó que "estos datos ponen de manifiesto la coartada para proceder al saqueo de dinero en RTVV". Según Luna, "Francisco Camps, Juan Cotino y el Consell antepusieron los intereses de sus amigos de Gürtel a la imagen del Papa. Eso da una idea del nivel moral de algunas de las personas que hacen de su militancia católica una seña de identidad", añadió. "Hasta ahora sabemos que Camps no ha respondido en ningún ámbito político. Suponemos que, al menos, lo haya hecho ante su confesor". Entre esos gastos está la participación de Orange Market y Pasadena, firmas de la trama Gürtel, sobre las que López Jaraba envió sólo 11 facturas por 100.000 euros (viajes, mobiliario y publicidad institucional).

El otro escándalo está en la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia. Se constituyó en 2005 con un capital de 40.000 euros. Al año siguiente, el de la visita del Papa, llegó a declarar unas pérdidas superiores a los tres millones de euros. El patronato, en el que estaban, entre otros, Víctor Campos, entonces vicepresidente de la Generalitat valenciana, y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, aprobó las cuentas en 2007 sin observaciones. Sin embargo, la Consejería de Justicia advirtió, como consta en la información aportada al sumario por la policía, de la existencia de importantes vacíos en la certificación del dinero que entró, de su destino y de la ejecución del plan de actuación. Nunca se corrigió. La consejería invitó a la fundación a que lo hiciera en ejercicios posteriores. Luna se preguntó por el sentido de la fundación después de la visita papal.

(www.elpais.com, 09/04/10)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. COTINO, A EL BIGOTES: "CONTAD CON MI FAMILIA PARA LO QUE SEA"

Son las 20.34 del viernes 6 de febrero de 2009. La policía acaba de registrar en Valencia las oficinas de Orange Market y la Consejería de Turismo por orden del juez Baltasar Garzón. La trama Gürtel acaba de venirse abajo y Álvaro Pérez, El Bigotes, recibe un mensaje en el móvil: "Estamos un poco alarmados por las noticias. Esperamos que quede en nada. Contad con la familia Cotino para lo que sea. Un besazo".

Para esa hora Pérez ha recogido muestras de apoyo de Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; Pedro García, ex director general de Ràdio Televisió Valenciana; David Serra, número tres del PP regional, y Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat. La llamada de Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, llegará un día más tarde.

35. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. FABRA INGRESÓ 5,3 MILLONES SIN JUSTIFICAR EN SEIS AÑOS, SEGÚN EL INFORME PERICIAL

La investigación judicial abierta por presuntos delitos contra la Administración Pública (cohecho, tráfico de influencias y prevaricación) y fraude fiscal contra Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, encara la recta final. Los peritos judiciales están rematando su informe sobre el marasmo de ingresos y cuentas corrientes (cerca de un centenar) del dirigente político y sus familiares directos.

Según fuentes conocedoras de tales pesquisas, el resultado de las investigaciones, que ha contado con el apoyo de Hacienda, no puede ser más devastador para la imagen de este político del PP. Al contrario que en otros casos, el partido no ha sancionado ni obligado a dimitir de sus cargos institucionales a Fabra, a quien presta todo el apoyo desde hace años a pesar de su imputación judicial y las evidencias en su contra.

Durante los seis años auditados, Fabra obtuvo abultados ingresos sin aparente justificación. Ni guardaban relación con sus fuentes de ingresos conocidas -un salario como presidente de Castellón cifrado en 1999 en 73.000 euros-, ni tenían que ver con cuentas institucionales, ni su forma de entrega (en efectivo o con talones al portador) parecían responder a la economía de un cargo público.

En definitiva, "se ha repetido, año tras año, el modus operandi de 1999, año en el que Fabra ya fue acusado de delito fiscal", explican fuentes al corriente de esta investigación. Y en estos casos se invierte la carga de la prueba: es a él a quien le toca justificar esos ingresos que no declaró a Hacienda, y esto puede dar lugar a un delito fiscal por cada año investigado, aclaran las mismas fuentes.

Fabra, a través de sus cuentas personales o familiares, registró en el periodo auditado (1999-2004) más de 240 entregas de dinero en metálico por un monto de casi 1.800.000 euros, cuando su sueldo oficial acumulado como presidente en la Diputación en ese tiempo no superó los 500.000.

Es decir, por esta vía ya ingresó unas cantidades equivalentes a 24,6 veces su salario de todo un año. La técnica no era de mero goteo de cantidades discretas. En ocasiones, de una sola vez recibía fajos de billetes por valor de 65.000, 41.000, 39.500, 32.000 ó 31.000 euros... Con una semana de diferencia, en diciembre de 2002, ingresó sendas sumas de 26.000 euros. Sus dos chóferes ya han confesado que ingresaron por orden de Fabra dinero en metálico en sus cuentas.

Pero no acaban aquí los ingresos bajo sospecha que han sido analizados por los peritos a instancias de la juez del caso. A lo largo de los seis años investigados, Fabra ingresó en sus cuentas más de 130 cheques, muchos de ellos al portador, por un valor de más de 2.700.000 euros. Es tanto como decir que ingresó casi 37 veces su sueldo anual por esta vía.

Hay un tercer canal que nutre las cuentas del presidente de la Diputación y líder del PP de Castellón: las transferencias bancarias. En el periodo investigado, sumó cerca de 80 operaciones de ese tipo con un monto total de casi 800.000 euros. Es decir, 11 veces su salario anual.

Por último, registra una treintena de abonos que suman casi 30.000 euros. En total, las operaciones de ingreso sospechosas y supuestamente ajenas a sus retribuciones oficiales superan los 5,3 millones de euros. Suman tanto como 73 veces el salario oficial anual de Fabra.

El informe pericial pone fin a seis años de investigación de unas cuentas presuntamente vinculadas a Fabra que han supuesto el examen también de las de sus parientes más cercanos: su esposa, Amparo Fernández Blanes, y sus hijos Borja, Claudia y la diputada Andrea Fabra.

Pero no ha sido la lentitud de la Justicia ni de la Fiscalía Anticorrupción lo que ha eternizado esta causa sino la falta de respuesta de los bancos, que tardaron dos años en informar de las cuentas y movimientos del clan Fabra. Y tras requerirse mediante registro el soporte de cientos de operaciones sospechosas en 2008, hasta primeros de 2009 no se entregó lo fundamental de esos papeles, que luego hubo que cruzar con los datos de Hacienda. Por fin, el rastro aportado por dichos documentos ha permitido interrogar a los supuestos recaderos de los sobres de Fabra -por ejemplo, sus chóferes- y a los empleados bancarios que estaban al corriente de esta operativa. Esto ha cerrado el círculo: el dinero ingresado en las cuentas de Fabra no respondía a donativos anónimos sino que era ordenado y conocido por él, a tenor de las confesiones judiciales ya prestadas por los intervinientes en tales operaciones.

Con el informe pericial en la mano, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Luis Pastor, podrá empezar a perfilar sus conclusiones acusatorias sobre el presidente del PP castellonense. El bosque del centenar de cuentas de Fabra se ha despejado. Y la supuesta doble vida económica de este dirigente popular, también.

Un tren de vida que ya salió a la luz con el informe de Hacienda sobre 1999, que detectó un desfase patrimonial de 600.000 euros. Aún no se sabía que quienes le ingresaban el dinero eran sus chóferes. Los dos han confirmado que el dinero se lo daba el propio Fabra en sobres sin ningún distintivo ni membrete.

Las operaciones sospechosas acreditadas se refieren exclusivamente a ingresos de Fabra y su esposa. Por tanto, en principio, no ha salido ninguna irregularidad que salpique a las cuentas o el patrimonio de sus hijos. Las operaciones sospechosas analizadas son el resultado final de excluir todos los ingresos justificables de Fabra. Y, por supuesto, de dejar aparte las cuentas institucionales de las que era apoderado.

(www.elpais.com, 05/04/03)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ CITARÁ A FABRA PARA QUE JUSTIFIQUE 5 MILLONES DE EUROS EN INGRESOS Y CHEQUES

El juez de Nules llamará a declarar al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, después de que los peritos de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción hayan detectado en sus cuentas más de 5 millones de euros en ingresos bancarios y cheques sin justificar durante el periodo comprendido entre 1999 y 2004.

Tal como adelantó Levante-EMV en su edición del 23 de octubre de 2009, los inspectores han hallado indicios de un posible delito de fraude fiscal por la existencia de "operaciones raras desde el punto de vista tributario cuyo origen y procedencia no se ha podido acreditar".

Los peritos tienen prácticamente concluido su informe y lo pondrán en manos de Jacobo Pin, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, en los próximos días. A partir de ahí, el instructor del caso Fabra remitirá el documento a las partes, para que puedan hacer sus alegaciones, y citará al presidente de la Diputación, por cuarta vez desde el año 2003, para que aclare cómo obtuvo tal cantidad de ingresos millonarios. De esta manera, a partir de ahora se invierte la carga de la prueba, y ya no serán los inspectores de Hacienda quienes tengan que probar los hechos, sino que será el propio Fabra quien estará obligado a demostrar que obtuvo esos 5 millones de euros por "procedimientos lícitos".

Según fuentes próximas al caso, los abogados de Fabra tratarán previsiblemente de contrarrestar este nuevo vendaval judicial enviando al juez un certificado médico que acredite la grave enfermedad por la que atraviesa su cliente. Cabe recordar que en la actualidad Carlos Fabra se encuentra en Madrid para someterse a un tratamiento médico y que antes de darse de baja delegó todos sus poderes y las funciones de su cargo, por tiempo indefinido, en su vicepresidente primero y alcalde de la Vall d'Alba, Francisco Martínez.

El informe elaborado por los peritos de la Fiscalía Anticorrupción concluye que entre 1999 y 2004 Carlos Fabra se benefició de 240 entregas de dinero en metálico por valor de casi 1.800.000 euros, 130 cheques por 2.700.000 y cerca de 80 transferencias bancarias por un montante de 800.000 euros.
Sólo en el año 1999, el primer ejercicio por el que está siendo investigado, obtuvo ganancias no justificadas de patrimonio por un importe de al menos 600.000 euros.

El informe es fruto de la denuncia que la Agencia Tributaria puso en manos de la Justicia en junio del año 2005, cuando el fisco detectó graves irregularidades en la situación tributaria del líder provincial del PP.

Según consta en esa denuncia, Fabra canalizaba el dinero que le llegaba a través de ingresos en efectivo en sus casi 100 cuentas bancarias.

Seis años después de que estallara el caso Fabra, la Fiscalía Anticorrupción está tratando aún de determinar el "origen y procedencia" de tanto dinero negro en efectivo y en cheques.

(www.levante-emv.com, 06/04/10)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS HA EJECUTADO SÓLO 6 PROYECTOS DEPORTIVOS DE LOS 214 QUE PROMETIÓ

Igual que en Bienvenido Mr Marshall el entrañable alcalde de Villar del Río, encarnado por Pepe Isbert, tomaba nota del regalo que cada uno de sus paisanos pedía a los americanos, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, apuntó los sueños deportivos de sus alcaldes. Como el genio de la botella, Rus permitía tres deseos: hierba artificial para el campo de fútbol, pista de pádel y piscina.
Aterrizando como quien dice en su nuevo cargo, Rus, que veía cerca los Reyes Magos, se lanzó a pregonar su plan estrella. El también alcalde de Xàtiva congregó, primero en el Palau de la Batlia y luego en la Beneficiencia, a alcaldes y concejales para hacer una lista. De la primera convocatoria salieron 292 proyectos. Después, quedaron unos 214 ya madurados. Posteriormente se han sumado nuevos planes.

Transcurridos casi dos años y medio desde aquella fiebre deportiva y rebasado con creces el ecuador de la primera legislatura de Alfonso Rus en la diputación, sólo seis de aquellos proyectos deportivos han sido ya ejecutados. Burjassot, Montserrat, Moncada, Benirredrà, Benimodo y Miramar son los ayuntamientos que han tenido ocasión de cortar las cintas inaugurales, en todos los casos de campos de fútbol.

Las adjudicaciones de proyectos se planificaron por lotes. El primero, al que pertenecen todos los planes ya en marcha, comprendía un total de 33 obras de 21 municipios. Son nueve de fútbol, cinco de fútbol 7, catorce pistas de pádel y cinco piscinas. Se da la circunstancia de que más de un tercio de los proyectos de ese primer paquete (trece de los treinta y tres) pertenece a ayuntamientos de diputados del gobierno provincial, la práctica totalidad de ellos alcaldes. Moncada (Juan José Medina, vicepresidente primero), Beniarjó (Salvador Enguix), Riba-roja (Francisco Tarazona), Xàtiva (Alfonso Rus) o Genovés (Emilio Llopis, jefe de gabinete de Rus), son algunos de los municipios agraciados.


El segundo de los lotes de obras previsto por la diputación comprende un 40 proyectos deportivos promovidos por 25 ayuntamientos de las comarcas de la provincia de Valencia. Los trabajos han sido ya contratadas pero todavía no se ha puesto la primera piedra de unas obras que podría empezar en junio. El proceso de adjudicación de los 24 planes incluidos en el lote número tres, que afecta a 22 municipios, ni siquiera se sabe cuando arrancará.

Así las cosas, el diputado del PSPV responsable de deportes, Severino Yago, acusó a Rus de "vender humo y embarcar a los alcaldes en proyectos que cuestan un pico, para después dejarlos tirados y en la estacada". El plan estrella de Rus evidencia "un estilo irresponsable de hacer política, el del yo lo pago todo o busco financiación, pero después todo es una gran mentira".

(www.levante-emv.com, 06/04/10)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ DESATA OTRA BATALLA CAMPAL EN EL CABANYAL CON UN NUEVO DERRIBO

La excavadora ganaba la esquina de la calle Francesc Eiximenis, en el barrio de El Cabanyal, en Valencia, y alrededor de medio centenar de vecinos la esperaba sentado en el suelo, impidiéndole el paso. Su intención era evitar el derribo de la sexta casa de la semana, después de que el pasado martes la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ordenara cinco demoliciones. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que custodiaban la excavadora llegaron, miraron y como allí nadie se apartaba, aporrearon. Sin que los que estaban sentados tuviesen tiempo siquiera de levantarse.

La Policía Local, que vigilaba el perímetro preparado para la excavadora, cargó también contra los vecinos. Un chico se miraba la mano ensangrentada, incrédulo. Un par de miembros de la plataforma Salvem el Cabanyal -que nació hace 12 años para evitar que el Consistorio abriera una gran avenida hasta el mar a costa de partir en dos el barrio y demoler 450 edificios- se aupó a la excavadora mientras recibía los golpes de la autoridad. Bombalino el payaso, actor de títeres e histórico defensor del barrio, acabó detenido junto a su hijo y una ambulancia trasladó al hospital a dos vecinos, una señora de 49 años y un chico de 29, por las contusiones de los porrazos.

El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, arremetió contra Barberá por persistir en unos derribos sin urgencia. "Responden sólo a su voluntad contumaz de incumplir la orden del Ministerio de Cultura intentando proteger el barrio de El Cabanyal", dijo en un comunicado.

Los comentarios de los vecinos rebosaban incredulidad. No entendían que la Policía Nacional defendiese los derribos y actuase con tal contundencia. Criticaron que un cuerpo del que esperaban apoyo, por depender del Gobierno central, acabase custodiando los derribos. Fuentes de la Delegación del Gobierno insistieron en que el Cuerpo Nacional de Policía está obligada, por ser su competencia, a asistir a la local en cuestiones de orden público. A pesar de ello, varios partidos políticos pidieron la dimisión de Peralta.

El concejal de Seguridad del Consistorio valenciano, Miguel Domínguez, llamó a los concentrados "grupo de violentos" e insistió en que los derribos de estos días están amparados por una ley autonómica y varias resoluciones judiciales.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, pidió desde Córdoba tranquilidad a los vecinos. "Que tengan confianza, pues los tribunales están dándoles la razón", manifestó. Además, recordó que el Gobierno ha pedido al juez medidas cautelares ante estos derribos. El delegado del Gobierno requirió el miércoles a la alcaldesa de Valencia para que detuviera las demoliciones.

El conflicto por El Cabanyal es largo y se ha enquistado. Estalló hace más de una década cuando el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, redactó un plan urbanístico para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta la misma playa de la capital a costa de demoler 450 edificios y desvertebrar este singular barrio marinero. Salvem, una plataforma creada por vecinos y ciudadanos contrarios a la ampliación, se organizó y ha conseguido hasta ahora paralizar el plan.

En contestación a esta resistencia, las Administraciones públicas han abandonado a su suerte un barrio que se ha degradado por la falta de inversiones y una creciente marginalidad social.

En estos años, Salvem ha perdido en los tribunales la batalla urbanística contra el plan, hasta que abrió la vía del expolio contra el patrimonio histórico, sobre la que tiene competencias el Gobierno central.

El Consistorio que preside Rita Barberá no ha estado de brazos cruzados. Conforme la marginalidad crecía en el barrio, la sociedad municipal compraba las casas a los vecinos que tiraban la toalla o cambiaban de vecindario. Que la prolongación de la avenida estuviese lejos por la batalla judicial, no ha sido un obstáculo para que el gobierno local del PP haya derribado cada vez que ha podido las casas que adquiría.

En 2009, Salvem se apuntó su primera gran victoria en los tribunales. El Supremo instó al Ministerio de Cultura a decidir si el plan suponía un expolio para el barrio y el departamento de González-Sinde concluyó que sí. El pasado 29 de diciembre paralizó con una orden el plan de la prolongación, y la Generalitat respondió con un decreto ley que la sorteaba. El Ejecutivo recurrió el decreto ante el Tribunal Constitucional y la Generalitat valenciana convirtió el decreto en ley, que entró en vigor el pasado martes. La alcaldesa valenciana se acoge a esa ley para justificar los últimos derribos.

(www.elpais.com, 09/04/10)

39. COMUNIDAD VALENCIANA. DUELO SICILIANO EN EL PP DE XÀBIA

Amenazas de muerte, denuncias ante la Guardia Civil, detenidos... Con este telón de fondo de ribetes sicilianos, los militantes del PP de Xàbia eligen en asamblea a su líder de los próximos años entre el actual presidente, el campista Juan Moragues, y el ripollista Juan Crisóstomo. Y lo harán en un clima muy tenso después de que Moragues denunciara al sobrino del propio Crisóstomo, José Luis Cardona y a otro militante del PP, Antonio Llidó, por amenazarle de muerte para que desistiera de presentarse a la relección.

En la denuncia Moragues asegura que Cardona le dijo: "Eres un hijo de puta que llevas veinte años de concejal y ya te has hecho rico, así que déjanos a nosotros ahora ganar dinero, que ahora le toca a mi tío ser el presidente y a mi primo [refiriéndose a otro militante del PP] el alcalde". Por si fuera poco, el sector de Moragues denunció que la lista de Crisóstomo contiene cinco personas no afiliadas al PP. El comité electoral analiza si va a impugnar esta lista.

Los que más conocen a Moragues dicen que nació para ser alcalde de su pueblo. Y lo fue entre 1991 y 2005, durante 12 años en dos periodos diferentes, como líder del PP y también al frente de un nuevo partido, Ciudadanos por Xàbia, que fundó cuando se enfrentó al actual Síndic de Greuges, José Cholbi, su padrino en la sombra, con el que volvió a hacer las paces en 2003 regresando al PP. Moragues es astuto para hacer y deshacer alianzas: desde hace meses es el principal socio de gobierno del actual alcalde, el nacionalista Eduardo Monfort, su gran enemigo en las urnas durante dos décadas. Así que Moragues, como casi siempre, continúa en el poder.

Ha compaginado su cargo público con su actividad como promotor hasta el punto de que su mercantil, Moragues Pons, realizó PAIs mientras él era alcalde. Más "moraguista" que "campista", ha logrado ahora unir a varias familias de la derecha para hacer frente a la amenaza que supone el desembarco del ripollismo en Xàbia, con la promesa de que si es presidente no será alcalde.

Y Juan Crisóstomo, más conocido como Pachanca, desarrolló una polémica cartera de negocios sobre todo en el sector sanitario gracias al PP. Fue diez años presidente de la Cruz Roja, entidad que abandonó después de que una auditoría detectara irregularidades contables y desvíos de dinero. Después participó en la constitución de la asociación Amigos Europeos de Jávea, dedicada al transporte sanitario, y explotada por SOS Xàbia Ambulancias SL, pero que sólo vende y alquila automóviles y embarcaciones.

Amigos Europeos firmó suculentos acuerdos con el Ayuntamiento para prestar asistencia sanitaria como el de 2005, negociado con las ediles del PP Ana Vasbinder y Pepa Fuster y que supuso un negocio redondo para la empresa, que no sólo se embolsó los 72.000 euros anuales contemplados en el convenio sino otros 78.000 euros por horas extras.

La asociación imparte cursos de socorrismo a pesar de que no estar homologada para esta actividad por la Generalitat aunque no es obstáculo para gestionar la piscina municipal de Benitatxell. Crisóstomo es, además, administrador único de una firma de seguros con la misma sede social que Amigos Europeos. Sus buenas relaciones empresariales y familiares lo han convertido en el líder del sector del PP de Xàbia que aspira a acabar con la eterna hegemonía de Moragues. Y los ripollistas alicantinos quieren conquistar una plaza hasta ahora reservada a la gente de Camps. Algunos dirigentes del PP de Alicante han intentado paliar los catastróficos efectos de la participación de su sobrino en las amenazas a su rival campista asegurando que todo es un montaje de este último. El duelo está servido.

(www.elpais.com, 09/04/10)

40. COMUNIDAD VALENCIANA. DOS EMPRESAS GANAN 3,5 MILLONES CON TERRENOS PARA AMPLIAR COLEGIOS

Comprar para luego revender los terrenos colindantes con los centros educativos de La Vila Joiosa se ha convertido en uno de los negocios inmobiliarios más rentables en la capital de La Marina Baixa. En sendas parcelas contiguas al colegio Mare Nostrum y al instituto Marcos Zaragoza, las mercantiles Birmingham Inversiones y Alicantina de Mediaciones Inmobiliarias, SL obtuvieron 2,1 y 1,4 millones de euros respectivamente de plusvalías por las operaciones de reventa del suelo destinado posteriormente a la ampliación de ambos centros. Y en ambos casos la empresa Valdeprocasa aparece como la última compradora para luego recibir del consistorio aprovechamiento urbanístico en planes parciales del término municipal a cambio de la cesión de los solares.

Las parcelas objeto del pelotazo estaban calificadas como zona verde, en el caso del Mare Nostrum, y dotacional cultural docente de la red primaria en el Marcos Zaragoza, así que sólo se les puede reconocer edificabilidad a efectos valorativos. ¿Por qué querría alguien invertir en comprar suelo donde no se puede construir si no sabe de antemano que está prevista la ampliación de los centros escolares? "Son demasiadas casualidades como para no pensar que ha habido un uso indebido de información", responde la concejal socialista Pepa Llorca.

El Ayuntamiento de La Vila, gobernado por el PP, está ultimando el proceso de expropiación de 13.563 metros para cederlos a la Consejería de Educación, que pretende ampliar el IES Marcos Zaragoza. Alicantina de Mediaciones Inmobiliarias compró en ese ámbito dos parcelas que suman 3.529 metros en mayo de 2004 por 899.498 euros y las vendió a Valdeprocasa por 2.258.563 euros el 29 de diciembre de 2006. En año y medio, Alicantina obtuvo más de 1,4 millones de plusvalía sin desembolsar ni un euro, ya que hicieron la compra con una hipoteca de la CAM de 400.000 euros y el resto del importe se cuantificó en una obligación de obra futura. Luego, Valdeprocasa compró a Alicantina de Mediaciones Inmobiliarias las dos parcelas que ahora le han sido expropiadas subrogando la hipoteca y la obligación de entregar obra futura adquiridas por Alicantina, así como entregando un pagaré de 1,4 millones con vencimiento el 26 de diciembre de 2007.

El propietario del número 13 de esta calle protestó por el cambio de criterio municipal -él ya había levantado un edificio de cuatro pisos-, pero no sirvió de nada. El consistorio, que preside Rita Barberá, justificó la recalificación en alturas de estos edificios en la costosa operación prevista en el Parque Central, que asciende a 804 millones de euros. En total, la recalificación en la calle de Gibraltar le ha proporcionado al Ayuntamiento unos ingresos de 3,46 millones de euros, según fuentes municipales. Esta cantidad se ingresó en 2008 y no se ha dado parte a la Sociedad Parque Central.

Todos los propietarios afectados han pagado excepto dos: uno que adeuda alrededor de 340.000 euros y el del número 13, que construyó el bloque de cuatro alturas no hace muchos años. Como resultado, cuando se levanten todos los edficios se verán grandes medianeras que se proyectarán hacia el barrio de Russafa.

El consistorio concedió en julio de 2008 la primera licencia de construcción tras la recalificación de la calle de Gibraltar. Más tarde,sobre este solar se levantó la nueva sede del CSIF -en el número 11-. Fuentes municipales indican que esta organización consiguió en un tiempo record la licencia de edificación, en apenas tres meses. El 14 de diciembre de 2009 se pidió la licencia de primera utilización, así como un proyecto modificado que, de nuevo, se resolvió con celeridad. Apenas cinco días después de entregar la última documentación necesaria -el 14 de enero del año pasado-.

Precisamente esta recalificación fue objeto de controversia entre el gobierno local y la oposición. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia presentó alegaciones al planeamiento del Parque Central, pero todas fueron rechazadas por el PP, partido que gobierna la Corporación local. En primer lugar pidieron que se dejara sin efecto la actuación aislada por la que se variaron las alturas en la citada calle. En esas alegaciones, los socialistas reclamaron además que varias de las parcelas vacante de la vía de Gibraltar se destinasen a equipamientos públicos, dado que el barrio de Russafa aparece en el PGOU sin suelo para dotaciones comunes.

La operación de Parque Central se paga con 75 millones de euros que debe aportar la Generalitat -todavía no lo ha hecho-, los 419 que pone Fomento y los 310 millones que se ingresarán de las plusvalías derivadas de la construcción de edificios.

(www.elpais.com, 06/04/10)

41. CASTILLA Y LEÓN. ‘CASO GÜRTEL’. ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA SOBRECOSTES DEL 23% EN OBRAS DE CASTILLA Y LEÓN

Las obras de la variante de Olleros de Alba (León) que el ex consejero de Fomento y actual presidente del Parlamento de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago (PP), adjudicó a la empresa Teconsa, implicada en el caso Gürtel, tuvieron un sobrecoste del 23%. Por si fuera poco, se ejecutaron con más de un año de retraso y nadie protestó.

El presupuesto 2,8 millones se disparó a 3,5 millones a costa de las arcas de esa comunidad, gobernada por el PP. Así se desprende de un informe enviado por la Fiscalía Anticorrupción al Tribunal Supremo que investiga la parte de la trama que afecta al ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas, aforado por ser senador. La policía sospecha que Bárcenas y Fernández Santiago pudieron percibir parte de las comisiones que supuestamente abonó Teconsa al cabecilla de la red, Francisco Correa, por interceder en la adjudicación.

La comisión de Correa por su gestión habría sido del 3% del importe total, unos 96.000 euros. El informe deja entrever que el concurso pudo estar amañado a favor de Teconsa y destaca que la mayor parte de los requisitos del concurso eran subjetivos.

Además, a última hora se añadieron otros nuevos que ignoraban todas las empresas participantes... excepto Teconsa. Sólo tres pasaron a la final y, según el informe pericial, las otras reunían más méritos que Teconsa.

Los conceptos argumentados para ampliar la obra y su coste no se sostenían; además, había empresas que por mucho menos de dinero estaban dispuestas a asumir las modificaciones que a la postre llevó a cabo Teconsa. Esa firma, con la que Correa mantenía inmejorables relaciones, es la misma que, sin experiencia previa, fue encargada del sonido durante la visita del Papa a Valencia. La televisión autonómica, Canal 9, dirigida por Pedro García -amigo del jefe de la trama corrupta en Valencia, Álvaro Pérez-, le adjudicó esas labores a la empresa por seis millones de euros, de los que la mitad fueron a parar a la red corrupta en forma de comisiones ilegales. Teconsa no hizo nada: subcontrató los trabajos a firmas especializadas que cobraron menos de la mitad del dinero proporcionado por la televisión valenciana.

(www.elpais.com, 06/04/10)

42. CASTILLA Y LEÓN. ‘CASO GÜRTEL’. MERINO COBRÓ 8,44 MILLONES POR ASESORAR A EMPRESAS

El ex portavoz adjunto del PP en el Congreso y aún diputado adscrito al Grupo Popular Jesús Merino se embolsó 8,44 millones de euros procedentes de una docena de empresas entre 2002 y 2008, según un informe de la Agencia Tributaria fechado en junio de 2009 e incorporado al sumario. La mayoría de estas empresas de varios sectores: construcción, energía, servicios optaba a contratos públicos en Castilla y León.

Merino, que fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León hasta 1999, antes de dar el salto a la política nacional como diputado por Segovia desde 2000, declaró en su registro de actividades del Congreso que es "accionista de tres sociedades consultoras, sin relación con el sector público". Sin embargo, Hacienda le relaciona con cinco consultorías, además de la sociedad de inversión Astrolago, de la que es socio junto con Luis Bárcenas, senador y tesorero del PP, y Jesús Sepúlveda, ex hombre del aparato del partido y alcalde de Pozuelo hasta su imputación en el caso Gürtel.

El documento de la Agencia Tributaria obvia Astrolago y se centra sólo en las sociedades controladas por Merino y su esposa, Ana Isabel Gutiérrez: Serrano 50 Global Consulting, Merino es titular del 100% de las participaciones desde 2007; Algaba Consultores, de la que Merino controlaba el 99,96% de las acciones hasta su liquidación, tres semanas después de que estallara el caso Gürtel; Dolthins, administrada por Merino, que cuenta con el 99% de su capital social; Everland, administrada por su esposa, y Fuentelavanda, propiedad en un 99,57% de su esposa. Son estas cinco empresas las que recaudaron 8,44 millones de euros entre 2002 y 2008 por servicios deconsultoría a empresas.

Los clientes de estas firmas del matrimonio Merino-Gutiérrez se van repitiendo. Por ejemplo, el Grupo Ortiz abonó al entramado familiar casi 1,4 millones repartidos en 375.000 euros a Algaba, 202.000 a Dolthins y 900.000 en dos servicios a Everland. Y eso sin contar la compra de un inmueble a Algaba por 594.000 euros.

Otro ejemplo es Fomento Territorial, que repartió 1,2 millones entre Serrano 50 Global Consulting y Everland. O el grupo Ros Roca, que destinó 300.000 euros a contratar a Serrano 50 Global Consulting y Fuentelavanda.

Aunque ninguna de estas consultorías tiene como objeto el trato con la Administración, el informe de la Agencia Tributaria desvela que la mayoría de empresas que pagó por sus servicios optaba a contratos públicos. Y la mayoría en Castilla y León.

El documento señala que Fomento Territorial coordinó "un importante proyecto de construcción de un parque empresarial en Palazuelos del Eresma (Segovia)" promovido por la sociedad semipública Segovia 21.Prointec, controlado por el grupo Indra y que pagó 211.000 euros a Fuentelavanda, "intervino prestando servicios de control y vigilancia en las obras de la Autovía A-60 Valladolid-León".

Por su parte, Aralia Servicios Sociosanitarios desembolsó 52.374 euros a Fuentelavanda al tiempo que lograba la adjudicación, previo concurso público de la gestión de una residencia de ancianos propiedad de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, que iba a proporcionarle 13,1 millones en diez años. Del Grupo Ortiz, la agencia recalca que "tiene un importante volumen de negocios con Administraciones Públicas".

El informe avisa que Everland pagó 400.000 euros a empresas sin actividad real, una de las cuales es una "presunta emisora de facturas falsas", y apunta indicios de defraudación fiscal superior a 600.000 euros.

(www.publico.es, 07/04/10)

43. CASTILLA Y LEÓN. ‘CASO GÜRTEL’. UNA PARTE AÚN SECRETA DEL SUMARIO SEÑALA A AFORADOS DE CASTILLA Y LEÓN

Pese a que el pasado martes se hicieron públicos más de 50.000 folios del sumario Gürtel, aún queda mucha tela que cortar en uno de los casos de corrupción más graves y mediáticos de la democracia española. De hecho, el juez que dirige la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, mantiene aún bajo secreto una parte de su investigación en la que, entre otras cosas, se incluye una pieza separada que lleva por denominación Aforados Castilla y León y que va acompañada del dosier titulado Variante de Olleros de Alba (León), según confirman distintas providencias del magistrado incluidas en el citado sumario.

Se da la circunstancia de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía detectó hace unos meses indicios de actuación irregular en la adjudicación a la empresa Teconsa de la variante del municipio leonés de Olleros de Alba por 2.847.959 euros. De dicha adjudicación podría haber sacado rédito Francisco Correa, considerado el cabecilla de la trama corrupta, quien a su vez habría repartido sus oscuras ganancias con el extesorero del PP Luis Bárcenas, además de con otros sujetos pendientes de identificación oficial y que responden a las siglas "T. O.", "G", "L" y "J", según deja en evidencia la contabilidad B intervenida a la trama Gürtel.

Cuando se tomó la decisión de beneficiar a la citada constructora de León con la concesión de esa obra era consejero de Fomento el popular José Manuel Fernández Santiago, ahora presidente del Parlamento regional. Fernández Santiago responde al sobrenombre de Toti, por lo que planea sobre él la sospecha de que puede ser ese "T. O." al que la red hacía pagos a cambio de favores.

Mientras, el PP se queja en un argumentario de que la fiscalía no ordene investigar al PSOE por haber adjudicado a Teconsa obras por más de 52 millones "tras la visita del propietario de la empresa a la asesora personal de José Luis Rodríguez Zapatero, de la que fue jefe".

(www.elperiodico.com, 08/04/10)

44. ISLAS BALEARES. ‘CASO MATAS’. EL EX PRESIDENT LEVANTA SOSPECHAS AL PAGAR LA FIANZA EN EFECTIVO Y SIN AVALES

El expresidente del Gobierno balear Jaume Matas no pisará la cárcel de momento, pero el depósito que hizo de la fianza de tres millones de euros impuesta por el juez José Castro levantó una cadena de suspicacias en Mallorca. Mientras el exdirigente popular se dejaba ver paseando en los aledaños de su piso de Madrid –un inmueble cuya propiedad está bajo sospecha–, su abogado Rafael Perera hacía público en los juzgados de Palma que el depósito se había hecho en Banesto a través de dos transferencias bancarias de 1,5 millones de euros cada una.

Solo unos minutos después de la intervención del letrado, se levantaban las dudas sobre el origen del dinero con el que Matas eludirá la prisión. El juzgado constató que se había depositado en efectivo y sin avales bancarios. Fuentes judiciales aseguraban que Castro abrirá una investigación para determinar el origen de este dinero, ya que el incremento del patrimonio de Matas es uno de los asuntos que se investigan en el caso Palma Arena, que indaga la presunta trama de corrupción en torno a la construcción del velódromo de Palma.

Ante el juzgado de Palma, el abono de la fianza se realizó en efectivo y sin presentar avales para acreditar que dispone de propiedades por ese valor. Según su abogado, Matas ha conseguido los fondos para la fianza con créditos sustentados en su patrimonio y la ayuda de "terceras personas". El expresidente balear ordenó las transferencias el martes. Ambas procedían, a partes iguales, del Banco de Valencia y de la Caja de Arquitectos Sociedad Cooperativa de Crédito. Con la última entidad, Matas ya tenía contratada una hipoteca por la compra de Can Sales Menor, el palacete de Palma del que el juez Castro sospecha que fue adquirido de manera fraudulenta.

El Banco de Valencia confirmó a Europa Press que concedió "un crédito puente" a Matas "tanto por su antigüedad como cliente, como, sobre todo, por las garantías reales y personales que se le han ofrecido". Fuentes de entidades bancarias consultadas se mostraron sorprendidas porque las transferencias se hubieran hecho en efectivo. El presidente balear, Francesc Antich, echó leña al fuego y aseguró que ni él ni muchas familias de Baleares podrían pagar esa fianza.

Hasta Matas había mantenido silencio sobre su declaración y sobre las medidas cautelares que le impuso el juez. Anoche rompió el mutismo a través de una entrevista al canal autonómico IB3, investigado por Castro por presuntas irregularidades en la adjudicación de encargos.

En el transcurso de la entrevista, grabada en Madrid, el expresidente insistió en su inocencia y calificó la fianza de "desproporcionada". Se quejó de que se haya quedado sin su trabajo en la firma Pricewaterhouse, en la que tenía un "muy buen contrato", y recriminó al juez que dictara "una sentencia" (en lugar de un auto) sin probar ninguna acusación. Matas abundó en que la fianza y el resto de medidas cautelares –prohibición de salir de España y obligación de comparecer cada 15 días en un juzgado– han supuesto un "trastorno irreparable" en su vida.

(www.elpais.com, 08/04/10)

45. ISLAS BALEARES. ‘CASO MATAS’. EL EX PRESIDENT ADMITIÓ ANTE EL JUEZ QUE PLANEÓ MANIPULAR PRUEBAS ´DE FORMA BLANDA´

El ex president del Govern y del PP balear planeó falsear pruebas del caso Palma Arena. Y así lo reconoció ante el juez: "Quiero que quede bien claro que es verdad que se me pasó por la cabeza la idea de modificar la realidad de forma blanda, pero nos volvimos atrás porque no me dejaron mis abogados", llegó a admitir Matas durante las últimas horas del interrogatorio de tres días al que le sometió el juez José Castro.

El poliimputado ex president salía así al paso de una de las conversaciones telefónicas intervenidas por los investigadores del caso. La llamada se produjo el día 12 de marzo y tuvo como protagonistas al propio Jaume Matas y a su cuñado y también imputado Fernando Areal, que durante veinte minutos pactaron presionar a algunos testigos para que prestasen testimonios a la medida de los intereses de Matas.

La principal fuente de preocupación del ex president durante la conversación eran los arrendatarios del local comercial de los Matas en la calle Sant Miquel, a los que se pretendía convencer para que declarasen haber pagado la mitad del alquiler en negro durante quince años. "Habría que intentar acordarlos [los testimonios] para que evidentemente no se haga daño a nadie y no nos hagamos daño a nosotros mismos", le explicaba Jaume Matas a Areal.

El ex president instruía además a su cuñado sobre lo que debían conseguir que dijeran los usuarios del local, ocupado por una zapatería. "No estaría mal que dijeran que se los impusimos [los pagos en negro]", adoctrinaba el propio Jaume Matas, que según fuentes de la investigación habría urdido esta estrategia para engordar los ingresos logrados en los últimos años y justificar así los abultadísimos gastos efectuados por el ex president y su propia mujer.

Tan clara tenían los investigadores la manipulación de Matas del alquiler comercial y tan acreditada la consideraban que, según fuentes cercanas al caso, el juez Castro en persona se encargó de acusar durante el interrrogatorio a Matas de "amañar ingresos en negro," ofreciéndoles para ello a los arrendatarios la golosina de ampliar el contrato de alquiler. De ello hablaba Matas en su conversación telefónica con Fernando Areal, al que recalcaba la importancia de transmitirle a los dueños de la zapatería la gratitud de los Matas en caso de cooperación: "Hay que decirle que si esto sale bien tendrás toda nuestra ayuda porque te lo deberemos".

El planteamiento era sencillo: se asumía un delito fiscal reiterado, pero se obtenían fondos con los que justificar el "derroche y la ostentación" que criticaba el juez a los Matas en su auto de medidas cautelares. Y la estrategia de la que Matas habla durante la conversación interceptada con Areal se cumplió punto por punto en su comparecencia. En ella, el ex president detallaba de viva voz ante el tribunal que su familia recibió 50.292 euros en dinero negro cobrado a los dueños de la zapatería entre 2003 y 2007.

Ante esta explicación esperada (gracias a las escuchas telefónicas), el juez se afanó en preguntarle por los reiterados intentos de inventar pruebas que corroboraran su teoría. En las conversaciones intervenidas se llega a hablar incluso de grabar un vídeo falso en el que se representaría la entrega por parte del arrendatario de la zapatería de un sobre con dinero negro. Esa escena, considerada por Matas ante el juez "modificar la realidad de forma blanda", no llegó a producirse tras el veto de los abogados del ex presidente.

Si hubo en cambio llamadas del ex president a otros testigos e imputados, por los que le reprendió el juez durante el interrogatorio. "Es un delito", le llegó a decir Castro, después de que los proveedores del palacete reconociesen uno por uno ante el juez que habían sido aleccionados para que no hablasen de cobros en sobres con dinero negro. De hecho, la mayor parte de los proveedores negaron en el interrogatorio ante la Guardia Civil la existencia de sobres llenos de dinero negro, para después desdecirse ante el juez y confesar que los pagos se produjeron.

Matas se defendió de estas acusaciones alegando que en los contactos que mantuvo con algunos testigos e imputados se limitó a pedir que "se le facilitase al señor juez su labor y se descubriera la verdad". El ex president, más allá de esa manipulación "blanda" de la realidad, negaba haber fabricado pruebas y aseguraba tajante que nunca había tratado de condicionar a testigos.

(www.diariodemallorca.es, 08/04/10)

46. ISLAS BALEARES. ‘CASO MATAS’. EL EX PRESIDENT PIDIÓ AL JUEZ QUE INVESTIGARA A SUS CARGOS QUE FALSIFICARON ACTAS DE REUNIONES

El ex presidente Jaume Matas censuró durante su declaración en sede judicial que personas de su Govern hubieran falsificado actas de reuniones, e instó al juez a investigar su identidad, aparte de ofrecerle su colaboración para ello. Matas dijo ser "el primer interesado" en esclarecer si cargos de su partido nombrados por él se habían inventado resúmenes de reuniones fantasma, o sea, nunca celebradas, tal y como le puso de manifiesto el magistrado José Castro.

El juez, en su auto de medidas cautelares, imputa al ex presidente un supuesto delito continuado de falsedad documental por, nada menos, que 22 actas de reuniones de la Fundación Illesport que supuestamente no se produjeron. Dicha entidad dependía del Govern y gestionó inicialmente la construcción del polémico velódromo, hasta que ésta fue asumida por un consorcio.

A lo largo de la prolongadísima comparecencia de Matas entre el 24 y el 27 de marzo, el magistrado le inquirió para que explicara quién o quiénes tomaron las decisiones de calado en las obras del Palma Arena, para intentar dirimir la responsabilidad de sus más de 60 millones de euros en los que se cifra su sobrecoste.

Consellers del PP como Rosa Puig, Joan Flaquer o Rosa Estarás formaban parte oficialmente del patronato que regía dicha fundación, y cada vez que se reunía su junta para acordar algún aspecto del Palma Arena, se redactaba la correspondiente acta. Sin embargo, tanto el secretario de dicha fundación, Antoni Amengual, como la propia Estarás o Puig, declararon en su día al juez que "nunca" se celebraron dichas reuniones, por lo que ellos negaron haber asistido, y añadieron que en algunos casos incluso sus firmas en las actas estaban falsificadas.

El esperpento llegó al extremo de que, según explicó el juez, en una ocasión varias miembros del Govern pudieron desdoblarse y asistir a la vez a dos reuniones celebradas a la misma hora. De nuevo Matas dijo no saber nada de esto, y apostilló que también a él le "gustaría saber la explicación"."No estuve más que en la sesión constitutiva de la fundación", aseguró Matas al magistrado, en relación a Illesport. Preguntado sobre por qué entonces aparece su firma en la mayoría de las actas, Matas se defendió diciendo que su secretaria se las pasaba para que las rubricara "formalmente", insistiendo en que él jamás asistió a las supuestas reuniones y desconociendo qué se trató en las mismas.

Según fuentes asistentes a la declaración judicial, el magistrado preguntó entonces al ex presidente por los acuerdos más destacados, cómo quién decidió contratar a los arquitectos, quién decidía sobre las adjudicaciones de las obras o quién autorizaba los gastos millonarios, si nadie en teoría se reunió nunca para ello. Matas insistió en desconocer todos esos aspectos, a lo que el magistrado tuvo que llegar a plantearle a quién entonces tenía que imputar "esta falsedad documental", si al citado Amengual en solitario, o si por contra tenía que buscarse a "una pitonisa" para que le "echara las cartas" y se lo revelara.

"Lo desconozco, señoría, ¡por el amor de Dios, no podía saber nada de contrataciones! Sólo sé que el presidente no tiene nada que ver", fue aproximadamente la respuesta repetida de Matas, quien interrumpió al juez para ofrecerle "absolutamente" toda su colaboración "para averiguar quién lo hizo". A Matas le pareció "rotundamente mal que haya algún cargo que haya podido falsificar actas o inventárselas", por lo que animó al juez a "averiguarlo juntos".

Según las citadas fuentes, este ofrecimiento de Matas y sus constantes evasivas molestaron al magistrado, que le echó en cara que no se trataba de una nimiedad lo que estaba aconteciendo, y que le parecía muy grave, dada la relevancia de algunos puntos aprobados para las arcas autonómicas.

(www.diariodemallorca.es, 09/04/10)

47. ISLAS BALEARES. ‘CASO MATAS’. UN TESTIGO DEL CASO MATAS ACUSA A J. L. MORENO DE SOBORNAR A POLÍTICOS Y DIRECTIVOS DE CANAL 9

Uno de los principales testigos en el caso que se instruye en Mallorca contra el ex presidente balear Jaume Matas asegura que el productor José Luis Moreno también sobornó a políticos y dirigentes televisivos valencianos para que le adjudicaran programas. El testigo, Luis Velasco, es un ex director de programas televisivos que trabajó entre 2005 y 2007 en IB3, el canal autonómico balear.

Jaume Matas, que tenía una profunda amistad con Eduardo Zaplana, está acusado en el sumario del caso Palma Arena por la imputación formulada contra él por Luis Velasco. De acuerdo con el testigo, Moreno abonaba el 10 por ciento de la facturación a Matas y a otros dirigentes políticos y directivos de Canal 9 y televisiones de Castilla-La Mancha, Madrid y otras regiones. Velasco, en sus declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción y en escritos suyos incorporados al sumario del Palma Arena, afirma que Matas se reunió con Moreno y Eduardo Zaplana, mentor político del ex presidente balear.

En ese encuentro, siempre según la versión del testigo, Matas y Moreno hablaron del reparto de comisiones. Moreno y Jaume Matas han negado las imputaciones y han descalificado al denunciante. Zaplana también rechaza haber asistido a la comida. Matas declaró en el juzgado sentirse humillado por la credibilidad que se le está dando al testigo, pero el juez le replicó que investiga los supuestos sobornos porque hay más indicios.

(www.diariodemallorca.es, 09/04/10)

48. ISLAS BALEARES. EL JUEZ CITA A JAUME MASSOT POR SU INTERVENCIÓN EN EL PLAN TERRITORIAL

El juez Miquel Florit ha señalado para los próximos día 12 y 13 del presente mes las próximas declaraciones en la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas con el Plan Territorial de Mallorca.

Entre las próximas citaciones, destaca sobre todo la del ex director general de ordenación del territorio, Jaume Massot, quien se encuentra en prisión desde finales del pasado año.

El juez ha citado a Massot para conocer qué tipo de intervención tuvo durante el proceso de redacción de esta ley urbanística. Esta norma se tramitaba desde el Consell de Mallorca, en concreto desde el departamento que dirigía el ex parlamentario de UM, Bartomeu Vicens. Sin embargo, se ha averiguado también que el ex director general de ordenación del territorio del Govern del Partido Popular, Jaume Massot, asesoró en materia urbanística. Por ello, el juez le ha citado como testigo, y no como imputado, según aclararon fuentes judiciales.

Pero no será el único que la próxima semana tenga que declarar ante el magistrado Florit. También están citados para estos dos días la ex vicepresidenta del Govern, Rosa Estarás, la ex consellera Mabel Cabrer, ambas del Partido Popular, y los ex consellers de Unió Mallorquina, Miquel Nadal y Miquel Ángel Grimalt.

Estas cuatro personas participaron, según han afirmado algunos testigos, en las reuniones previas que mantuvieron representantes de ambos partidos, en las que supuestamente acordaron los terrenos que iban a resultar beneficiados con la aprobación del Plan Territorial de Mallorca. La fiscalía cree que esta ley no se realizó para ordenar la política urbanística de la isla, sino para beneficiar a determinadas personas con cambios urbanísticos en terrenos de su propiedad, lo que ocasionó unas plusvalías próximas a los 300 millones de euros.

Una de estas reuniones se habría celebrado en noviembre de 2003 y en ella uno de los partidos habría impuesto la finca de es Crevers, en Marratxí, que finalmente fue incluida en la ley. Tanto Rosa Estarás como Mabel Cabrer han intentado desacreditar a los testigos y han negado su asistencia a estas reuniones.

(www.diariodemallorca.es, 05/04/10)

49. REGIÓN DE MURCIA. CONEXIÓN SUCINA: SENTENCIA JUDICIAL CONTRA LAS EMPRESAS DEL POPULAR JUAN RAMÓN AVILÉS

Los juzgados siguen condenando a las empresas de Juan Ramón Avilés, miembro del PP y presidente de la Comisión de Control de la CAM y a sus familiares, vinculados a tales empresas. Si primero fue en una causa civil, donde se les condenaba a pagar unos 800.000 Euros, ahora ha sido el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia quien tras poner manifiesto mala fe ha condenado a uno de los responsables de las empresas de Avilés, su hijo, que es abogado, por apropiarse de las marcas comerciales de otro constructor, que es miembro del PP, fue alcalde en San Pedro del Pinatar, José Antonio Albajadejo, fue senador por Murcia y es miembro de la Comisión de exsenadores del Reino.

Esta es una de las varias causas –algunas penales- que se están iniciando en distintos juzgados de Murcia y de las que daremos cuenta en el futuro.

Basta seguir el íter de la sentencia para comprender el ‘fiasco’ de la  actuación de Ginés Avilés y como la mala fe es citada en varios momentos del fallo judicial. El caso es que el Grupo Proalpe, perteneciente durante varios lustros al exalcalde de San Pedro del Pinatar, José Antonio Albaladejo, sobradamente conocido en el sector, un buen día se encontró con que, inopinadamente, y tras unos negocios comunes con la familia Avilés, un miembro de ella, concretamente Ginés Avilés, que es abogado y está vinculado a las empresas de su padre, se apropió de las marcas comerciales del grupo Proalpe, que de inmediato presentó la correspondiente demanda reivindicatoria de sus derechos.

En la sentencia, el juzgado  pone de manifiesto que "En el caso en litigio es patente la mala fe del demandado (Ginés Avilés) que registra como marca la que constituye la denominación social de la actora (Proalpe) desde su constitución en el año 1995 y lo hace tan sólo dos meses después de ser demanda la empresa,-de la que su padre es administrador único-, por incumplimiento del contrato, sin que pueda justificarse tal hecho, como pretende el demandado, por la circunstancia de que durante el escaso tiempo en que Proalpe fue socia de aquella otra empresa permitiera su utilización para la promoción de la venta de viviendas.

Es indiferente para que la acción reivindicatoria fundada en el fraude en su registro por su titular registral pueda prosperar que la marca no registrada sea o no renombrada o notoria, y ello porque el riesgo de usar una marca sin registrar consiste en que si no es notoria, puede ser registrada por un tercero de buena fe, que adquiriría el derecho exclusivo sobre la misma, incluso en detrimento de quien venía usándola con anterioridad en el mercado.

Pero ese riesgo se desvanece en los casos como el presente en que el actuar de ese tercero no sea conforme con las exigencias de la buena fe. Por tanto, la acción reivindicatoria (de la empresa del exalcalde de San Pedro del Pinatar) merece ser acogida".

En otro punto de la sentencia el juzgado insiste en que "existe un dato que denota de una forma clara y sencilla la mala fe que preside la actuación del demandado (Ginés Avilés): antes de la interposición del presente pleito, el demandado sólo cuando conoce que la actora ha demandado por incumplimiento de contrato a la entidad de la que es apoderado y a la que defiende como letrado, procede al registro de la marca. Y tras la interposición de este pleito, tras conocer que se le ha demandado reivindicando la marca o interesando su nulidad, es cuando la trasmite a la mercantil de la que es apoderado y defensor".

El fallo de la sentencia no deja lugar a dudas, todos los derechos de la marca Proalpe vuelven a los que siempre han sido sus dueños: "Declaro la existencia de una actuación ilícita del demandado (GINÉS AVILÉS), al haber solicitado, con fraude de los derechos de la actora, y con mala fe, el registro de las marcas GRUPO PROALPE y PROALPE, debiendo procederse al cambio de titularidad de las marcas nº 2.727.243 y 2.726.487 a favor de la actora.

2.- Condeno al demandado (Ginés Avilés) a cesar en el uso de las marcas , como marca, nombre comercial o cualquier otra modalidad de uso conocida. Absteniéndose en lo sucesivo y en el futuro a usar dichas expresiones u otras que con las se confunda o genere riesgos de asociación en el consumidor.

- Condeno al demandado a retirar del tráfico económico los productos, embalajes envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que figuren las marcas de la actora".

Al ser abogado el condenado, muy probablemente que los hechos y la propia sentencia debería ser comunicada al Colegio de Abogados de Murcia, si es que perteneciera a él.

Lo curioso es que estas actuaciones y otras judiciales que están en marcha pueden dificultar la situación política en el PP de José Antonio Albaladejo, en contra de las promesas de Valcárcel y de su código ético, ya que Albaladejo podría optar por aclamación popular a la alcaldía liderando su partido, pero los líderes locales –el senador, ahora imputado por el tribunal Supremo, Pedro José Pérez Ruiz- y los factotuns de Murcia quieren frenar sus aspiraciones, lo que podría dar lugar a que Albaladejo Lucas con gente del propio Partido Popular y otros decidieran presentarse a las próximas elecciones municipales, algo que no ha sido confirmado por el político ya que, como ha puesto de manifiesto en multitud de ocasiones "yo soy fundador de Alianza Popular y del PP, ganaba elecciones para el PP cuando casi nadie las ganaba en la Región y creo que puedo seguir representando al PP en San Pedro del Pinatar, pues hace falta renovar una gestión, poner en marcha el municipio que lleva muchos años perdiendo posiciones con respecto a otros.

Estoy seguro que funcionará el sentido común, yo quiero al PP, son mis siglas, siempre lo han sido y todo el mundo en este pueblo sabe que si tuviera que ir por otra formación política es porque ciertos líderes populares son los que deciden, seguro que se impone la racionalidad y el sentido común, al fin y al cabo la política debiera ser eso, palabra, razones y acciones y punto y en San Pedro hacen falta muchas cosas por hacer y hay que hacerlas cuanto antes".

(www.vegamediapress.com, 08/04/10)

50. PRINCIPADO DE ASTURIAS. A RAJOY SE LE LLEVAN LOS DEMONIOS. FRAGA AVALA A CASCOS COMO CANDIDATO DEL PP EN ASTURIAS

La afirmación que hizo la semana pasada Francisco Álvarez Cascos en referencia a la existencia de una "marea creciente" de personas que reclaman su retorno a la política no era una bravuconada. El veterano dirigente del PP Manuel Fraga se unió a esa marea y rompió una lanza a favor de la candidatura del ex vicepresidente de José María Aznar para dirigir la comunidad de Asturias.

"Como es público y notorio, es un tipo de primera y le apoyaré siempre", aseguró el senador conservador al ser preguntado por el hipotético regreso de Cascos. Fraga consideró al exsecretario general del PP, implicado en la presunta financiación ilegal del partido a través de la trama Gürtel, un "activo importante" para el partido. También dijo que cree que puede "aportar mucho" en el caso de presentarse a las elecciones autonómicas del año que viene.

La actual secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, calificó esa posibilidad de "rumor". "Hoy por hoy, todavía no se ha planteado quién va a ser el candidato y no se ha hablado de ningún nombre", dijo.

Pese a ello, Cascos sigue postulándose y su comparación del sobrecoste del velódromo Palma Arena –por el que está acusado Jaume Matas– con el de la ampliación del puerto de El Musel de Gijón motivó la respuesta airada de los socialistas asturianos. La portavoz del Gobierno autonómico, Ana Rosa Migoya, lo acusó de tener una "tendencia insana a ensuciarlo todo". Según Migoya, el exministro de Fomento tuvo "paralizados" los estudios ambientales de la obra y ahora habla desde el "resquemor". "Intenta volver a la política y vemos que sigue fiel a su estilo, basado en el sectarismo, la descalificación y el insulto", indicó.

(www.elperiodico.com, 05/04/10)

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