ÍNDICE

1. RAJOY BAJA AL NIVEL DE HERNÁNDEZ MANCHA

2. RAJOY DESOYE A SUS BARONES Y SOLO SUGIERE UNA MOCIÓN DE CONFIANZA

3. EL CÓDIGO ÉTICO DE RAJOY SE QUEDA EN PAPEL MOJADO

4. LO QUE MARCA EL DOCUMENTO... Y LO QUE HACE EL PP

5. MANIFESTACIONES EN BARCELONA Y MADRID Y GRITOS DE "¡GÜRTEL!" ANTE LA SEDE DEL PP

6. EL PP VE "NEGRO" EL FUTURO DEL LÍDER VALENCIANO Y RAJOY GUARDA SILENCIO

7. EL SUPREMO ENVÍA AL TSJM LA CAUSA CONTRA BÁRCENAS Y MERINO

8. EL PP, DISPUESTO A ROMPER CON TODO, INCLUIDA LA UNIDAD FRENTE AL TERRORISMO

9. EL GOBIERNO DE AZNAR, ROTA LA TREGUA, SIGUIÓ HACIENDO GESTOS A ETA PARA RETOMAR EL DIÁLOGO

10. AZNAR DESGLOSA SU RECETA 'NEOCON' PARA ESPAÑA EN EL FINANCIAL TIMES

11. AZNAR ENCUENTRA EN LA CRISIS FISCAL, ESENCIALMENTE "MORAL", UNA PÉRDIDA DE LAS RAÍCES CRISTIANAS

12. PAÍS VASCO. BASAGOITI RECLAMA "HECHOS" PARA CONFIAR EN EL PSE Y SU NÚMERO DOS DUDA DE LAS INFORMACIONES POR VENIR DE ETA

13. CATALUÑA. EL PP CATALÁN NO QUIERE QUE SUS ELECCIONES Y LAS DE CAMPS COINCIDAN

14. CATALUÑA. GARCÍA ALBIOL. DE LAS VÍSCERAS A LAS URNAS

15. GALICIA. LA XUNTA ENVÍA UN CORREO A EMIGRANTES CON CRÍTICAS AL PSOE

16. GALICIA. LA XUNTA DA 120.000 EUROS A UNA FUNDACIÓN DEL LÍDER DEL PP VENEZOLANO

17. ANDALUCÍA. MÁLAGA CONTRATÓ AL BUFETE DE UNA EX EDIL A LOS 11 DÍAS DE CESAR

18. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE SE VE MAYOR PARA SUCEDER A RAJOY

19. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE, PARTIDARIA DE PRIVATIZAR TELEMADRID MEDIANTE SUBASTA

20. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP VETA EL ACCESO A LAS DECLARACIONES COMO ALTO CARGO DE LÓPEZ VIEJO

21. COMUNIDAD DE MADRID. LA JUEZ OBTIENE LA PRUEBA CLAVE DEL ESPIONAJE A PRADA Y COBO POR AGENTES DE AGUIRRE

22. COMUNIDAD DE MADRID. COBO VUELVE A LA CARGA: "CONFÍO EN LA JUSTICIA, LA JUEZ Y LA FISCAL. DE OTRAS PERSONAS NI CONFÍO NI ESPERO NADA"

23. COMUNIDAD DE MADRID. POZUELO ECHA A LA EDIL IMPUTADA EN EL 'CASO GÜRTEL'

24. COMUNIDAD DE MADRID. BOADILLA PACTA EL RESCATE POR 5,9 MILLONES DE UNA ADJUDICACIÓN INMOBILIARIA A CORREA

25. COMUNIDAD DE MADRID. EL ALCALDE DE EL ÁLAMO DIMITE Y CONTRADICE A GRANADOS

26. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL CONSELL TAMPOCO INFORMA DE CUÁNTO HA GASTADO EN LOS CONTRATOS ´TIPO GÜRTEL´

27. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL BIGOTES SE NIEGA A DECLARAR ANTE EL JUEZ ANTONIO PEDREIRA

28. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. "ZAPATERO Y DE LA VEGA HAN MONTADO ESTE LÍO QUE ES UNA AUTÉNTICA MENTIRA"

29. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS CINCO FAVORES DE DE LA RÚA A SU AMIGO CAMPS

30. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CAMPS REPRUEBA A LA OPOSICIÓN POR PEDIR DATOS DE LA 'GÜRTEL'

31. COMUNIDAD VALENCIANA. RIPOLL SOPESA SU PRESENCIA EN EL ACTO DE ACLAMACIÓN A CAMPS

32. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘AL MATRIMONIO FABRA LE TOCÓ CUATRO VECES LA LOTERÍA EN CINCO AÑOS, SEGÚN LOS PERITOS

33. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘LOS BANCOS CONCEDIERON A FABRA 33 PRÉSTAMOS POR VALOR DE 5 MILLONES EN NUEVE AÑOS

34. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘EL PP DE CASTELLÓN EVITA DEFENDER A FABRA TRAS EL INFORME SOBRE DELITOS FISCALES

35. COMUNIDAD VALENCIANA. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS GASTA 8.000 EUROS EN ´GOGÓS´

36. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL VE DELITO EN UN CONTRATO DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

37. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL VE COHECHO EN LA COMPRA DEL PISO DEL ALCALDE DE LA NUCIA

38. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CONDENAN AL EX ALCALDE DEL PP DE GUARDAMAR POR DELITO ECOLÓGICO

39. REGIÓN DE MURCIA VALCÁRCEL SE NIEGA A REDUCIR ENTES EN LOS QUE GENTE DE SU PARTIDO COBRA 60.000 EUROS

40. REGIÓN DE MURCIA. EL SOBRINO DE VALCÁRCEL DESPILFARRA 9 MILLONES DE EUROS PARA RUEDAS DE PRENSA EN YATES DE LUJO

41. REGIÓN DE MURCIA. EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA GASTÓ 305 MILLONES DE EUROS EN PERSONAL, PUBLICIDAD Y FIESTAS EN 2009

42. PRINCIPADO DE ASTURIAS. LA DIRECCIÓN DEL PP ASUME CON RETICENCIAS LA VUELTA DE CASCOS

43. ISLAS BALEARES. JAIME FLUXÀ ADMITE QUE PRESENTÓ ATLAS AL EX CONSELLER RAMIS DE AYREFLOR

44. ISLAS BALEARES. LA SINDICATURA CUESTIONA UN CONTRATO DEL PP QUE BLINDA LA ADQUISICIÓN DEL TREN ELÉCTRICO

45. ISLAS BALEARES. ROTGER SUBRAYA QUE "NO TIENE NADA QUE VER" CON EL CASO GÜRTEL, AUNQUE RECONOCE HABER CONTRATADO A DEDO A OVER MARKETING

46. ISLAS BALEARES. DELGADO NO ACLARA QUÉ TRABAJOS CONCRETOS HIZO SÁINZ DE BARANDA PARA EL AJUNTAMENT

 

---

1. RAJOY BAJA AL NIVEL DE HERNÁNDEZ MANCHA

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado, desde julio de 1978, 163 encuestas preguntando a los ciudadanos por su valoración de los líderes políticos. En el último sondeo, difundido el pasado lunes, Mariano Rajoy obtuvo su mínimo histórico, con una nota de 3,09. Sólo una vez en la historia del CIS, un político consiguió peor nota: el entonces líder de AP, Antonio Hernández Mancha, tuvo un 2,79 en 1988. Desde su designación por José María Aznar como presidente del PP en 2003, Rajoy sólo alcanzó el aprobado en una ocasión, antes de convertirse en jefe de la oposición. Desde 2004, siempre ha sido suspendido por los ciudadanos.

En esta segunda legislatura, la popularidad de José Luis Rodríguez Zapatero también se ha resentido: del 5,58 que le otorgaron los ciudadanos tras la segunda victoria electoral ha pasado a un 3,71 en abril de 2010. Esta erosión, apuntan los expertos, está relacionada con la crisis económica. Y aunque el líder conservador ha reducido su distancia con el presidente, llama la atención la incapacidad de Rajoy para mejorar su imagen ante los ciudadanos y adelantar a Zapatero, incluso en las horas más bajas del presidente socialista.

El factor principal que explica la baja valoración del líder de la oposición, según el catedrático de Ciencia Política Julián Santamaría, es la "falta de credibilidad. Rajoy nunca ha generado confianza ni ha conseguido que se valoren positivamente sus aptitudes como dirigente. Nadie lo percibe como líder". Santamaría recuerda su elección a dedo, las peleas internas y la valoración de otras personalidades del PP, que están muy por encima de Rajoy.

El PP siempre justifica la impopularidad de su líder por la valoración pésima que los nacionalistas dan a Rajoy en los sondeos. Un argumento que comparte el catedrático José Luis Dader, quien cuestiona la metodología de esta valoración empleada por el CIS, en la que se hace el promedio entre la valoración que le dan sus simpatizantes y sus adversarios. "Es poco rigurosa. Desde Aznar en adelante, los líderes del PP han recibido una valoración muy negativa, sobre todo de los nacionalistas por la posición beligerante del PP con ellos" afirma. Este argumento, sin embargo, es matizable a la vista de los datos del CIS cruzados con el recuerdo del voto. En el sondeo de abril, los votantes del PP dieron un 5,07 a Rajoy, mientras que el resto otorgó al líder de su formación preferida entre un 5,5 y un 6,9. Es más, un 54,6% de los simpatizantes del PP admite que Rajoy les inspira "poca" o "ninguna" confianza. José Pablo Ferrándiz de Metroscopia, apuntan en esta dirección: "Rajoy tiene una masa crítica dentro de su partido que lo valora muy mal".

Tras analizar la valoración de los líderes políticos desde 1978, el doctor en Ciencias Políticas Guillem Rico ha observado que el relevo en la dirección de un partido "se traduce normalmente en un incremento" de la popularidad. Como excepción señala a Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida. Y aunque prefiere no hablar de Rajoy, las series del CIS muestran que tras ser elegido presidente del PP sólo mejoró en dos décimas la última valoración de Aznar.

Cuando se les pregunta si se puede llegar a presidente del Gobierno con una valoración ciudadana tan baja, los expertos sostienen que es posible, aunque no está exento de dificultades. Dader aclara que la popularidad "no sirve para calibrar la intención de voto". En su opinión, la personalidad del líder es un factor importante para decantar al electorado, pero no el único. "Al final es una suma de factores. El de personalidad ha beneficiado a Zapatero, pero actualmente se ha reducido la diferencia con Rajoy. La percepción general es más negativa para Zapatero respecto a la crisis económica". Un tema que, según Dader, es más relevante para la gente que los casos de corrupción relacionados con el PP. "Puede provocar una percepción negativa sobre el PP, pero menos de lo que ocurrió en los noventa, porque en aquellos años no había ningún otro tema que compitiera en la valoración de los electores".

(www.publico.es, 1505/10)

2. RAJOY DESOYE A SUS BARONES Y SOLO SUGIERE UNA MOCIÓN DE CONFIANZA

La gran mayoría de los barones autonómicos del PP, reunidos en la sede de Génova con la cúpula del partido, pidieron a su presidente que, ante la gravedad de la situación, exija ya la dimisión de José Luis Rodríguez Zapatero y la convocatoria de elecciones anticipadas. Pero la respuesta de Mariano Rajoy debió de dejarles fríos. Se limitó a pedir al presidente del Gobierno que acuda al Congreso para "explicar a los españoles cuál es su plan para los próximos dos años", con qué apoyos parlamentarios cuenta y qué decisiones tomará para conseguir la recuperación económica. Es decir, instó a Zapatero a presentar una moción de confianza sin llegar siquiera a citar literalmente esta expresión.

La reunión había sido convocada de urgencia para dar respuesta al tijeretazo del Gobierno y a ella acudieron todos los presidente regionales y autonómicos del PP a excepción de Esperanza Aguirre y Ramon Luis Valcárcel. Los presidentes de Madrid y Murcia se excusaron por "motivos personales". Casi todos coincideron en que es necesario redoblar la ofensiva política para desalojar a Zapatero del poder, pero su presidente parece haber optado por no asumir personalmente este papel, al menos de momento.

"Parecería que está buscando su rédito personal y político en vez de mirar por el país en un momento tan delicado. Tiene que salvaguardar su imagen de hombre de Estado", justificaron sus colaboradores. Lo que permitirá e incluso alentará Rajoy es que el resto sus dirigentes, incluidos los barones territoriales, clamen por ese adelanto electoral.

En su discurso final, Rajoy tiró de diccionario para descalificar sin paliativos el tijeretazo por improvisado ("se hizo en 48 horas"), impuesto ("no se ha escuchado a nadie, aún no han llamado al PP"), injusto ("el peso del ajuste recae en los débiles") e insuficiente ("no sirve para recuperación económica y del empleo"). Pero a la hora de fijar posición fue mucho más moderado. Su partido solo se opondrá frontalmente a la congelación de las pensiones y movilizará para ello a las administraciones donde gobierna, exigiendo, a través de mociones, el cumplimiento del Pacto de Toledo. También pedirá en el Congreso que se reúna el pacto para proponer la retirada de la congelación.

Rajoy dijo disponer de una alternativa para no tener que tocar la pensión a nadie y espera que el Gobierno la escuche y estudie. Propone ahorrar los 1.500 millones de euros que supondrá la congelación con las siguientes medidas: otro recorte de 470 millones de la cooperación al desarrollo; 470 millones más suprimiendo las "enmiendas de campanario" aceptadas por el Gobierno para poder aprobar los presupuestos; la reducción del gasto de las televisiones públicas, empezando por TVE; y las ya conocidas supresiones de ministerios, así como los recortes de las subvenciones a sindicatos y partidos.

No parece, en cambio, que el PP vaya a oponerse a la supresión del cheque-bebé o a la marcha atrás en la dependencia. Rajoy ni lo mencionó. Respecto a los funcionarios, solo pidió al Gobierno "hablar" para "intentar" que el recorte no fuera tan drástico, pero asumió al 100% la rebaja para los altos cargos. En la reunión de se acordó reducir en sus autonomías y ayuntamientos "los sueldos de los políticos en la misma cuantía en la que lo reduzcan el Gobierno y el Parlamento".

Para Rajoy era importante la reunión de porque está empeñado en que el PP tenga el mismo mensaje en todos los sitios. Cada autonomía o ayuntamiento conservadores podían tener la tentación de responder con medidas propias al plan del Gobierno. La unidad de criterio es un arma que le permite, además, a Rajoy dejar en evidencia las discrepancias entre el PSOE y el Gobierno que ya han empezado a aparecer con la subida de impuestos.

(www.elperiodico.com, 1605/10)

3. EL CÓDIGO ÉTICO DE RAJOY SE QUEDA EN PAPEL MOJADO

El 21 de diciembre de 2009, el Comité Ejecutivo Nacional del PP aprobaba a bombo y platillo su denominado código de buenas prácticas. Lo hizo con el objetivo de "establecer con precisión unas pautas de conducta, a las que deben ajustarse los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización", según recoge el primero de sus párrafos. Una forma de transmitir a la opinión pública que el partido no estaba dispuesto a tolerar más escándalos de corrupción como el caso Gürtel o el Palma Arena. Pero que no acaba de arrancar.

Ahora, a punto de cumplirse cinco meses desde que el comité ejecutivo nacional del partido diera luz verde a este nuevo código ético, que sustituía al aprobado por José María Aznar en 1993, su puesta en práctica está estancada. En la formación presidida por Mariano Rajoy justifican que el engranaje no será perfecto hasta que no se celebren nuevas elecciones, dado que algunas de las medidas por las que apuestan estos mandamientos éticos, como la realización de concursos públicos para los actos o la de la firma de la carta de compromisos por parte de los cargos públicos, tienen un vínculo más directo con los procesos electorales.

Pero lo cierto es que en ninguna de las 12 páginas de este documento se circunscribe la aplicación de su articulado a un momento determinado. El incumplimiento más reciente de este código de buenas prácticas se está produciendo desde que el pasado miércoles el Tribunal Supremo decidiera reabrir la causa de los trajes contra el presidente valenciano, Francisco Camps.

Destacados dirigentes conservadores han empezado ya a restar importancia al hecho de que Camps esté imputado por cohecho, ya que presuntamente aceptó que los cabecillas de la trama Gürtel le regalasen trajes por valor de más de 12.000 euros. Y Rajoy mantiene inquebrantable su apoyo. Todo pese a que Camps pone en entredicho el punto del articulado que recoge "la prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no correspondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". En su día, cuando el PP anunció este código, Ana Mato, vicesecretaria de Organización, insistió en que el texto "va más allá de los requisitos que marca la ley".

Según admiten en la dirección nacional del partido y en diferentes direcciones regionales, la parte más avanzada, en lo que a su aplicación se refiere, es la de la carta de compromisos, el documento que contiene "obligaciones de carácter ético y deontológico" para los integrantes de las filas conservadoras. A día de hoy, ya descansan en el número 13 de la madrileña calle de Génova, sede nacional del partido, las cartas de compromisos de los cargos orgánicos. Las de los cargos electos no han sido exigidas hasta la fecha. Y tampoco se prevé. Será a partir de las próximas citas electorales cuando el PP demande a sus candidatos que rellenen este formulario en el que figura, entre otros aspectos, una declaración de bienes y actividades, la prohibición de aceptar regalos o el compromiso de comunicar a la dirección del partido la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional.

El formato de este documento que los cargos del PP deben remitir firmado a la sede nacional es el mismo para todos y recoge, según las fuentes consultadas, "cosas obvias, de sentido común para la gente que se dedica a la política". Pero el partido se vio obligado a recurrir a esta fórmula para vender un lavado de cara ante las presiones mediáticas y políticas en plena ebullición del caso Gürtel", explica un dirigente regional.

El incumplimiento de las normas y observaciones incluidas en esa carta lleva, según el documento, "la imposición de las sanciones previstas en los estatutos y en el reglamento del régimen disciplinario". Hasta la fecha, el partido no ha hecho pública ninguna sanción a sus cargos en base a la no observancia de los principios de este nuevo código ético. Tampoco hay rastro de ese documento en la página web del partido, una de las promesas con las que nació.

Otro de los puntos fuertes del nuevo código ético es el referido al procedimiento de contratación, gestado en un momento en el que la forma en la que las empresas de la trama Gürtel habían conseguido organizar actos de partido en Madrid y en la Comunidad Valenciana estaba bajo sospecha. Tanto en la sede nacional del PP como en diferentes direcciones regionales aseguran que "algunos" de los actos celebrados en los últimos meses se han adjudicado mediante concursos, pero no precisan cuáles. Y recalcan que, cada vez con más frecuencia, el PP está dejando de recurrir a empresas externas para realizar este tipo de eventos.

De hecho, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró el día de la presentación de este código que para la convención del partido que había tenido semanas antes en Barcelona no se había recurrido a ninguna firma ajena a la formación. Pero no se han dado más detalles. Además de concretar las instrucciones internas de contratación, los conservadores tienen como tarea pendiente la constitución de las denominadas mesas de contratación del Partido Popular en los distintos ámbitos territoriales. Son estas las que deben velar para que estos procesos cumplan el código de buenas prácticas. También se echa en falta en la web del partido el apartado denominado Perfil del contratante, en el que deberían figurar las instrucciones a la hora de contratar publicidad, viajes y actos.

Fuentes de la formación explicaron que próximamente se producirá un impulso en estos cumplimientos, una vez que José Manuel Romay Beccaría tomó ya el pasado lunes de manera oficial las riendas de la tesorería del partido en sustitución de Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel. Al ex ministro también le ha correspondido la función de ejercer de auditor de prácticas internas velando por el cumplimiento de este código ético. Asimismo, está previsto que elija un nuevo gerente de su confianza en sustitución de Cristóbal Páez, algo que en Génova consideran que contribuirá también a avanzar en el cumplimiento de estas normas internas. En menos de un año, el partido se ha comprometido a hacer pública una auditoría externa.

El código de buenas prácticas que el PP aprobó hace casi cinco meses es la herencia del denominado código ético presentado por el ex presidente José María Aznar el 24 de abril de 2003, a raíz de los escándalos de corrupción que salpicaban a la Administración de Felipe González. En el citado documento de 1993 figuraba que "más allá de las normas jurídicas, subyace en toda democracia un compromiso ético entre gobernantes y gobernados" que exige a los políticos "especial dedicación a las tareas públicas que se le han encomendado en defensa de los intereses públicos". Además, establecía la "expulsión inmediata del partido" para quienes utilizasen "el propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros". 

(www.publico.es, 1705/10)

4. LO QUE MARCA EL DOCUMENTO... Y LO QUE HACE EL PP

1- Abstenerse de cualquier conducta que "pueda dañar la imagen u honorabilidad" del PP (Incumplido)

En estos cinco meses se han conocido conductas que dañan la imagen del PP. El Supremo ordenó reabrir la ‘causa de los trajes' contra Camps, a quien Rajoy garantizó su apoyo "diga lo que diga la Justicia". También se supo que Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, ocultó a Hacienda 1,7 millones de euros entre 1999 y 2004, sin que el partido haya adoptado medidas contra él. Y en Baleares, la nueva ejecutiva del PP coló a tres imputados entre sus miembros.

2- Los cargos públicos y responsables políticos deberán suscribir una carta de compromisos (Cumplido)

Es el epígrafe del código de buenas prácticas' que más avanzado lleva el Partido Popular en lo que se refiere a su cumplimiento. Según confirman en la sede nacional del partido, los cargos orgánicos ya la han firmado, al igual que las cúpulas de las direcciones regionales. Los cargos públicos electos empezarán a firmarlas en cuando se celebren nuevas elecciones. Las primeras cartas empezaron a llegar al partido a finales de enero.

3- La carta de compromisos se publicará en la página web del partido (Incumplido)

En ninguno de los apartados de www.pp.es figura esta documentación con la que ya cuenta el partido. Tampoco está disponible un formulario con el modelo que los cargos del partido deben remitir a la dirección nacional. En la formación reconocen que se trata de una tarea pendiente que se agilizará ahora que José Manuel Romay Beccaría, tesorero del partido y auditor de prácticas internas de este código, ha asumido ya completamente sus funciones.

4- Prohibición de aceptar regalos que no respondan "a los usos sociales" (Incumplido)

Es el punto siete de la carta de compromisos, un artículo encaminado a evitar que, como figura en el sumario de la ‘Gürtel', cargos del partido acepten regalos a cambio de tratos de favor. La pasada semana, el Supremo ordenó reabrir la causa de los trajes contra Camps. El PP ha restado importancia a la posibilidad de que el president aceptara unas prendas valoradas en más de 12.000 euros.

5- El PP difundirá a través de su web un acceso al 'Perfil del contratante'  (Incumplido)

La página web del partido carece de este acceso en el que deberían figurar, según el documento, "las instrucciones de contratación, así como aquellos procesos que, por razón de cuantía o de otra naturaleza, se decida que deben ser objeto de obligado cumplimiento". En el partido aseguran que ya se han iniciado los trabajos para hacer realidad esta obligación reflejada en el código.

6- El PP aplicará unas instrucciones internas de contratación (Incumplido)

El PP se propuso aplicar unas instrucciones que garantizasen que la selección del contratista se hacía conforme a "los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad, y no discriminación". El partido ha insistido a las direcciones regionales que sean escrupulosas en ello. Pero no ha precisado más. Aseguran que se han empezado a producir concursos para actos, pero no saben precisar cuántos ni dónde.

7- Se constituirán las mesas de contratación del PP  (Incumplido)

Es otra de las tareas pendientes. El partido asegura que se está trabajando para agilizar esta exigencia, que será una realidad cuando Beccaría nombre al nuevo gerente, que ejercerá como presidente del órgano a nivel nacional. Compuestas por cinco miembros, las Mesas deberán vigilar que el proceso de contratación de actos, viajes y publicidad se atenga a los principios y procedimientos establecidos.

(www.publico.es, 1705/10)

5. MANIFESTACIONES EN BARCELONA Y MADRID Y GRITOS DE "¡GÜRTEL!" ANTE LA SEDE DEL PP

La suspensión del juez Baltasar Garzón suscitó la celebración de varias manifestaciones significativas aunque no multitudinarias. En Barcelona, medio centenar de personas mostraron su disconformidad. Algunos de los asistentes enseñaron fotografías de familiares represaliados por el franquismo. Las protestas fueron más rotundas en Madrid, donde centenares de manifestantes se concentraron ante la sede de la Audiencia Nacional en apoyo de Garzón, y le saludaron cuando la abandonó, a las 21.00. Entre ellos se encontraba el líder de IU, Cayo Lara. De esta concentración, cerca de medio millar de personas se trasladaron hasta la sede del PP, en la calle de Génova, donde gritaron: "¡Gürtel, Gürtel!", en alusión a la trama de presunta corrupción ligada a los populares, así como: "Vosotros, fascistas, sois los terroristas". Antes habían cortado el tráfico de la calle de Génova. También hubo manifestaciones en Valencia y Ávila.

Los actos de repulsa seguirán. La plataforma contra la impunidad del franquismo, que componen varios colectivos sociales así como representantes del mundo del arte y la cultura, anunció que convocará semanalmente una concentración en la Puerta del Sol en memoria de los desapariciones causadas por la dictadura. La campaña contará con anuncios en televisión e internet en los que aparecerán escritores como Luis García Montero y Almudena Grandes y actores como Juan Diego Botto y Pilar Bardem.

(www.elperiodico.com, 1505/10)

6. EL PP VE "NEGRO" EL FUTURO DEL LÍDER VALENCIANO Y RAJOY GUARDA SILENCIO

Hace casi una semana que Francisco Camps ha vuelto a ser oficialmente imputado por cohecho impropio, nada menos que tras una decisión del Tribunal Supremo. Pero Mariano Rajoy aún no ha dicho una sola palabra del asunto. El líder del PP, que ha tenido varias intervenciones públicas sin preguntas, como es habitual, ha obviado la cuestión. El sábado, Camps acudió a Madrid con los demás barones autonómicos, que también evitaron públicamente el asunto como si no existiera. Sin embargo, de fondo en el PP se extiende un temor, que es casi certeza, desde que algunos dirigentes leyeron la sentencia del Supremo: Camps acabará sentado en el banquillo.

Rajoy, insisten en su entorno, mantiene el apoyo cerrado pese a su silencio público. Y ordena a su equipo que trabaje en argumentarios y operaciones políticas -especialmente llamadas a dirigentes provinciales- para seguir respaldándole.

Lejos de la cúpula, donde también se percibe ya la sensación de que el apoyo no podrá ser infinito, la certeza de que la sentencia augura un futuro judicial "muy negro" para Camps, en palabras de varios diputados, lleva a una conclusión: no tiene sentido estirar la agonía, como sucedió con Luis Bárcenas. Todos se quedan impactados con cada respuesta suya, como la de -"hoy estoy más feliz"- y confían en que Camps se acabe rindiendo como Bárcenas. Aunque no es seguro. La presión, explica un dirigente, está siendo poca porque el anuncio de recortes del Gobierno tapó el caso Camps y lo ha sacado de las portadas.

(www.elpais.com, 19/05/10)

7. EL SUPREMO ENVÍA AL TSJM LA CAUSA CONTRA BÁRCENAS Y MERINO

El Tribunal Supremo se ha declarado incompetente para instruir la causa contra el ex senador Luis Bárcenas y el ex diputado Jesús Merino, en el marco del caso Gürtel, dado que los dos antiguos parlamentarios del PP renunciaron a sus cargos y perdieron así su aforamiento.

Por ello, traslada las actuaciones a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde se investiga el grueso del entramado delictivo, que afecta a miembros del principal partido de la oposición.

En un auto con fecha el 11 de mayo y hecho público este martes, el Supremo explica que una vez ha sido "acreditada la renuncia a su condición de parlamentarios", la Sala de lo Penal del Supremo "deja de ser el órgano jurisdiccional competente para la instrucción y el enjuiciamiento de esta causa", por lo que ordena remitir las actuaciones "al órgano que se estime incompetente", en este caso el TSJM.

Bárcenas y Merino presentaron sendos escritos en el Senado y el Congreso de los Diputados, respectivamente, el pasado 20 de abril para renunciar a sus cargos, días después de que el juez instructor de la causa en el TSJM, Antonio Pedreira, levantara el secreto del sumario.

Una vez el secretario de gobierno del Supremo acreditó estas renuncias, el magistrado instructor en el alto tribunal, Franciso Monterde, acordó dejar en suspenso las actuaciones y dar traslado a la Fiscalía para que informara sobre las renuncias presentadas.

El representante del Ministerio Público solicitó entonces que se remitieran las actuaciones al TSJM, dado que la competencia del Supremo para el conocimiento de la causa contra Bárcenas y Merino venía "determinada en exclusiva por su condición de aforados", derivada de los cargos que ostentaban.

De esta manera, una vez extinguida la razón de atribuir competencia al Supremo, procedía remitir las actuaciones al órgano competente.

Esta medida ha sido acordada por todos los miembros de la Sala, que recuerdan en el auto que la condición de aforados sólo se reconoce para los cargos electos "durante el periodo de su mandato", con el objetivo de "evitar que por medio de la vía penal pueda perturbarse el funcionamiento de las Cámaras legislativa".

"De ahí que pierda su razón de ser cuando las personas aforadas pierden la condición de diputados y senadores, figurando entre las causas de pérdida de tal condición la 'renuncia' de los interesados", explica.

En definitiva, "una vez extinguida la razón de atribuir competencia a la Sala Segunda para la instrucción de los hechos denunciados, procede remitir las actuaciones a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para su unión a las diligencias previas 1/09 que allí se sigue para la investigación de los mismos hechos".

(www.publico.es, 18/05/10)

8. EL PP, DISPUESTO A ROMPER CON TODO, INCLUIDA LA UNIDAD FRENTE AL TERRORISMO

La quiebra entre Gobierno y PP se extiende también al consenso en pólítica antiterrorista. Así, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, alertó este lunes de que si el Gobierno "no desmiente de forma taxativa que esté negociando con ETA" sacarán las "conclusiones" oportunas respecto al pacto por el que apoyaron a Patxi López en el País Vasco. La popular explicó que si no se produce tal desmentido serían los socialistas los que estarían rompiendo el acuerdo de gobernabilidad "público y escrito" en el que se prohíben negociaciones con la banda terrorista. Todo ello viene justo después de que Jaime Mayor Oreja insistiera, sin pruebas -la última que ha aportado es una carta de ocho presos históricos de ETA que piden un fin dialogado de la violencia-, de que estamos en la segunda fase de la negociación con ETA. En términos similares se ha pronunciado el líder del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti.

A las palabras de Mayor Oreja se suman medios como El Mundo y La Gaceta, que aseguran tener la prueba del nueve de la negociación y así lo llevan en sus portadas. El diario de Pedro J. utiliza a la propia ETA para certificar que hay diálogo y el derechista diario de Intereconomía habla de la "serpiente" que ha logrado encandilar de nuevo a Zapatero. Para este diario, "los signos del diálogo entre el Ejecutivo y los terroristas son múltiples. Además, el rotativo señala que "casi la mitad de los presos de ETA apoya a Otegi para avanzar en el nuevo 'proceso'", y que el Ejecutivo de un "trato de favor" a los presos que se han posicionado a favor de la negociación.

El PP no ha tardado en hacer suyos estos argumentos tan firmes. A la salida de la reunión del Comité de dirección del PP de cada lunes, Cospedal declaró que habían visto en la prensa cómo se habla de "conversaciones del Partido Socialista de Euskadi con el entorno de ETA", advirtiendo de que el acuerdo de gobernabilidad por el que apoyaron a López prohíbe esos contactos y "si este requisito se incumple se estará dando por roto el pacto".

"Queremos pedir al Gobierno que de forma taxativa desmienta que esté negociando", insistió Cospedal, ya que de lo contrario "tendremos que adoptar las correspondientes conclusiones". En cualquier caso insistió en que "no sería el PP el que rompería el pacto" sino los socialistas si han incumplido "uno de los requisitos" del acuerdo "escrito y público" entre PSE y PP vasco, que "no se volvería a negociar con ETA". También aseguró que "el PP estará vigilante para que en las próximas municipales ningún partido filoterrorista" pueda presentarse.

En la misma línea, Basagoiti, ha advertido al lehendakari de que si el PSE-EE dialoga con ETA le dejará en minoría por incumplir los puntos básicos de su acuerdo de estabilidad.

Se refiere con este incumplimiento a la información que publica un diario según la cual hay documentos incautados a dirigentes de ETA en los que éstos sostienen que se mantiene "abierta" la "vía Txusito", en referencia a un presunto "cauce de comunicación" con el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren. Entrevistado en Punto Radio, ha asegurado que los socialistas deben ser "conscientes" de que dialogar con ETA "es un incumplimiento expreso del acuerdo (con el PP) y se quedarían en minoría, con López incapacitado para ser lehendakari". "Espero que el Gobierno Vasco nos dé una explicación porque, si no, esas informaciones serán más veraces", ha añadido.

Tras la reunión de la Ejecutiva del PP, Cospedal también se ha referido al plan de recorte del déficit del Gobierno. En este sentido, denunció que si bien el PP congeló sueldos de funcionarios en el pasado, "nunca" practicó recortes, aunque evitó pronunciarse sobre si apoyan esta medida en concreto apuntando que "a día de hoy" no conocen los detalles. En cuanto a la congelación de pensiones, explicó que el PP presentará mociones en ayuntamientos y parlamentos regionales para mostrar su oposición a la medida.

"Hay otras formas de recortar que no tienen que pasar siempre por hacer pagar a los más débiles los despilfarros del Gobierno", insistió. La popular propuso recortar de partidas como la cooperación internacional, partidas en los presupuestos para "conseguir apoyos de grupos minoritarios" y "eliminar ministerios como el de Vivienda e Igualdad". También reconoció que las Comunidades Autónomas deben recortar sus gastos, aunque apeló asimismo a gran acuerdo PSOE-PP para evitar que diferentes administraciones, central, autonómica y local, se solapen y presten los mismos servicios con el consiguiente derroche "de energía y de dinero".

(www.elplural.com, 1705/10)

9. EL GOBIERNO DE AZNAR, ROTA LA TREGUA, SIGUIÓ HACIENDO GESTOS A ETA PARA RETOMAR EL DIÁLOGO

Aunque el Pacto Antiterrorista prohíbe utilizar el terrorismo con fines partidista, el PP ha dado un paso más en su estrategia de utilizar a ETA para desestabilizar al Gobierno y ya amenaza con retirar el apoyo de su partido a la gobernabilidad en el País Vasco. Ahora se rasgan las vestiduras y reivindican sus políticas antiterroristas contraponiéndolas con la situación actual, pero el Gobierno de Aznar no sólo negoció con la banda sino que, una vez rota la tregua, siguieron tendiéndoles la mano reiteradamente, como demuestra un vídeo recopilatorio de lo sucedido durante aquella negociación y después de ella. Todos los pesos pesados de aquel Ejecutivo tendieron puentes concluida la tregua, desde Aznar -"el Gobierno ha hecho, hace y hará todo cuanto esté en su mano por buscar los caminos de una paz definitiva"- hasta un contundente vicepresidente Álvarez-Cascos: "Estamos dispuestos a hablar". El entonces ministro de Cultura, Mariano Rajoy, también intentó tender puentes incluso después del primer asesinato tras el fin de aquella tregua y lanzó el "mensaje claro a la ETA" de que "no se va a negociar con ellos mientras maten". El ex ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, también participó activamente en aquellos guiños

(www.elplural.com, 18/05/10)

10. AZNAR DESGLOSA SU RECETA 'NEOCON' PARA ESPAÑA EN EL FINANCIAL TIMES

El tijeretazo impuesto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al gasto social no parece ser suficiente para el presidente de FAES, José María Aznar, quien ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo por no aplicar más medidas neoliberales, esta vez desde las páginas del Financial Times.  Por esa razón, Aznar desglosa su receta 'neocon' para sacar de la crisis a España, cuya sociedad es "dinámica" y "con empresas capaces de crear millones de empleos". Sin embargo, el ex presidente del Gobierno mete el palo en las ruedas de su propio país al asegurar que es uno de los que corre mayor riesgo de convertirse en Grecia por la indisciplina fiscal que, según asegura, existe en España desde hace más de un lustro. 

La culpa de este descontrol es de Francia y Alemania, dice Aznar en el artículo, por incumplir entre los años 2002 y 2004 el Pacto de Estabilidad (que impide que los estados se endeuden por encima del 3% del PIB) al aumentar su inversión pública para estimular sus economías, estancadas en aquel momento. Un pacto que España "necesita volver a cumplir". 

Pero Aznar no sólo carga contra los vecinos Europeos. Los dardos también alcanzan a Zapatero, al que ve "incapaz de resolver los problemas de España" y acusa de falta de aptitud para "dar los pasos necesarios". Unos pasos que para Aznar son "llevar a cabo fuertes recortes del gasto público para volver a la disciplina presupuestaria, así como aplicar una serie de medidas de carácter estructural que permitan a la economía española recobrar la flexibilidad y competitividad perdidas". Estas medidas deberían de ser siete puntos neoliberales que impondrían desregularizaciones y recortes aún mayores de los impuestos por Zapatero, cuya subida de impuestos es "un error que empeorará la crisis".

Aznar propone en primer lugar "una reforma a gran escala" de los convenios colectivos, de modo que se produzca una desregularización de las contrataciones, una bajada de impuestos a los trabajadores y se aliente a los parados a ingresar en el mercado de trabajo.  

El segundo ingrediente de la receta del presidente de honor del PP es dejar de subvencionar fuentes de energías renovables, poco eficientes para Aznar, que también aboga por apostar por la energía nuclear y desregularizar el mercado energético. 

Una reforma del sistema bancario que autorice la inversión del capital privado en las cajas de ahorro es la tercera medida que propone Aznar, quien pide reducir el tamaño de las administraciones regionales, reformando la arquitectura del Estado, como cuarta idea. 

En quinto lugar, Aznar aboga por una reforma del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad a medio y largo plazo, mientras que en sexto lugar pide volver a las privatizaciones masivas, desregularizando ciertos mercados para aumentar la competencia. A su vez, insiste en reformar ciertos aspectos del sistema de bienestar, aunque sin especificar cuáles. 

Todas estas medidas van acompañadas de un ataque a los gobiernos de izquierdas que para Aznar nunca han logrado sacar a España de una crisis en los últimos 160 años. Por eso, el que fuera presidente del Gobierno pide entre líneas un adelanto electoral al asegurar que los problemas económicos del país se solucionarían con un cambio de Ejecutivo, "cuanto antes, mejor".

(www.publico.es, 1705/10)

11. AZNAR ENCUENTRA EN LA CRISIS FISCAL, ESENCIALMENTE "MORAL", UNA PÉRDIDA DE LAS RAÍCES CRISTIANAS

Sobre sí mismo, José María Aznar dijo que no es un filósofo, que ha sido durante muchos años un político y que ahora se dedica al estudio de la política. Pero, lo cierto es que aprovechó que presentaba el libro del senador italiano Marcello Pera, ¿Por qué debemos considerarnos cristianos? Un alegato liberal (Ediciones Encuentro), para filosofar y para hacer política activa. Su receta para salir de la crisis fiscal, que señaló que "en esencia" es realmente una crisis moral, es apoyarse en "un liberalismo de raíz ética cristiana". El presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales FAES y ex presidente del Gobierno, José María Aznar, apenas sonrió mientras presentaba el libro de Pera. Al igual que el senador italiano, consideró que el proyecto europeo sufre "la pérdida del legado cristiano". De la misma forma, comentó que "carece de sentido negar que el centro de la historia europea lo ocupa el cristianismo".

Después, Aznar afirmó que "el matrimonio, la paternidad o la vida sacramental" no pueden regirse por lo que el poder político quiera. También indicó que el Estado debe ser sólo Estado, que no puede hacer "las veces de la escuela, de la familia o de la Iglesia". Para Aznar, primero están las leyes naturales. "Necesitamos escapar de la trampa del estatalismo, que pretende que todo lo que es importante en nuestra vida debe proceder del Estado", añadió.

Aznar no citó en ningún momento a José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, se respiró en el ambiente una actitud crítica hacia él. Sus ataques, aunque velados, iban en la misma línea que han hecho en los últimos seis años sus compañeros más conservadores del PP: "El poder ha traspasado todos los límites razonables. No es asunto suyo iluminar verdades sino generar y gestionar consensos como instrumento de la paz social".

En opinión de Aznar, "hay que restaurar el verdadero sentido de los límites de la democracia". Y para hacerlo, la persona que no escuchó a la sociedad española cuando ésta le reclamaba que España no se metiera en la guerra de Irak recetó que la vida pública debe apoyarse en "un liberalismo auténtico, un liberalismo de raíz ética cristiana". "No hay duda de que la crisis fiscal que vivimos es en esencia una crisis moral", sentenció Aznar. El presidente de FAES basó su argumentación en que "el gasto desmesurado" y "el déficit desmesurado", "la costumbre de gastar sin pagar", se han generalizado, a su entender, en Europa.

(www.elplural.com, 21/05/10)

12. PAÍS VASCO. BASAGOITI RECLAMA "HECHOS" PARA CONFIAR EN EL PSE Y SU NÚMERO DOS DUDA DE LAS INFORMACIONES POR VENIR DE ETA

El presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, ha reclamado "hechos" a los socialistas vascos que certifiquen que no hay diálogo con los terroristas. En declaraciones a los medios tras intervenir en una jornada sobre corrupción política celebrada en Bilbao, Basagoiti ha afirmado que el PSE le ha negado que haya negociación con ETA, pero "a estas alturas de la vida y de la política, lo que quiero es que los hechos confirmen esas declaraciones y comunicados".

Mientras tanto, su número dos, Iñaki Oyarzábal, ha lanzado un mensaje bien diferente. En este sentido, ha dudado de las informaciones publicadas sobre la supuesta negociación porque vienen del Entorno de ETA. Oyarzabal parece estar ejerciendo de poli bueno después de que el propio Basagoiti, exigiera "explicaciones" de las supuestas conversaciones con la banda terrorista al Gobierno vasco, so pena de ruptura del pacto de gobernabilidad en Euskadi. También la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, exigía un desmentido "público y escrito" para garantiza el acuerdo.

¿Está dividido el PP vasco sobre la supuesta negociación del Gobierno con los terroristas que denuncia Mayor Oreja y alientan ciertos medios de comunicación? A pesar de que Basagoiti ha suavizado su postura con respecto a lo dicho -cuando apuntaba a una ruptura del pacto con los socialistas en Euskadi si Patxi López no aclaraba con contundencia que no estaban negociando-, sigue teniendo dudas sobre la actitud de los socialistas. El PP "quiere ver que no existen canales de comunicación que puedan animar, rearmar o dar oxígeno a ETA" y que "la línea de trabajo del Gobierno Vasco sigue siendo" la iniciada hace un año, orientada a que "con su actividad terrorista no consigan nada", según ha expuesto.  Si todo esto es así, ha dicho, "Patxi López tiene el apoyo del PP".

Mientras tanto, su secretario general parece mucho más convencido de las explicaciones del lehendakari y cuestiona las informaciones por venir del entorno de ETA, tal y como les ha trasmitido con "contundencia" Patxi López. "Quizás haciendo un análisis pormenorizado de lo que trasladaba o quería trasladar ETA a través de esas informaciones, si efectivamente están ahora buscando a la desesperada vías de contacto con los socialistas eso confirma que no hay una negociación como la que conocimos años atrás".

En su opinión, cuando la organización terrorista está "débil" busca reabrir procesos de diálogo, "seguramente" para buscar oxígeno, y en ese momento hay que combatirla en todos los frentes. Oyarzábal, eso sí, ha dejado caer algún comentario sobre los "errores" del pasado. Según ha dicho, quienes "cometieron tonterías" en el pasado "tienen claro que no se pueden cometer los mismos errores". "Me refiero a Eguiguren", ha precisado, refiriéndose al presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren.

(www.elplural.com, 18/05/10)

13. CATALUÑA. EL PP CATALÁN NO QUIERE QUE SUS ELECCIONES Y LAS DE CAMPS COINCIDAN

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, se mostró contraria a que las elecciones valencianas coincidan con las catalanas. A su juicio, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, estaría sopesando esta posibilidad. Sánchez-Camacho dijo, sin embargo, que "coincide" plenamente con el presidente de su formación, Mariano Rajoy, al rechazar un adelanto electoral en la Comunitad Valenciana. Camps mantuvo el pasado jueves no descartaba adelantar los comicios, si bien sus colaboradores creen que este escenario es poco probable.

"No desearía que coincidiesen", declaró la líder de los populares catalanes, quien, sin embargo, admitió que no tiene "ninguna constancia" de que Camps tenga en mente avanzar los comicios en su comunidad y convocarlos el mismo día que en Cataluña. Sánchez-Camacho argumentó que "queremos hacer nuestras elecciones autonómicas" sin la interferencia de comicios de otros territorios. A pesar de ello, la presidenta del PPC defendió a Camps, al que describió como un "extraordinario presidente de la Generalitat valenciana" y del que recordó que "puede presentarse perfectamente" a las elecciones porque no se encuentra procesado en ningún caso, en referencia a su implicación en la trama Gürtel.

Las declaraciones de Camacho coincidieron con la aprobación por el Consell de la Comisión Interdepartamental para la Coordinación, Apoyo y Seguimiento del Proceso Electoral para preparar de la manera más eficaz y eficiente los comicios autonómicos. Para los comicios autonómicos de 2007, el Consell aprobó este decreto el 23 de febrero, tres meses antes de las elecciones. La activación del órgano electoral de manera tan temprana alimentó las especulaciones sobre un posible adelanto electoral en Valencia para hacerlo coincidir con las catalanas de octubre. No obstante, fuentes del Conselldescartaron que el acuerdo tuviera este sentido y lo atribuyeron a un mero trámite administrativo.

(www.levante-emv.com, 1505/10)

14. CATALUÑA. GARCÍA ALBIOL. DE LAS VÍSCERAS A LAS URNAS

Dicen que tras lograr el acta de concejal, en 1991, Xavier García Albiol (Badalona, 1967), el jefe de filas del PP en la tercera ciudad de Catalunya, dedicó sus primeros sueldos a comprar un cochazo y un rolex. Pero él matiza y niega: "Me compré un BMW 316 de segunda mano, con 70.000 kilómetros. ¿El rolex? No. El rolex lo compré en 1993".

García Albiol, dos décadas como edil, se ha labrado una fama inusual en un político de ayuntamiento, a base de mezclar una estudiada contundencia con un escasísimo temor al efecto que causen sus proclamas viscerales. Por el escándalo hacia el telediario. "Es el único concejal que ha logrado ser más conocido que el alcalde", subraya un badalonés. En cuanto a cómo se juzga él mismo, aquí está la síntesis que expone a este diario: "Soy el único político de Catalunya que desde 1991, y durante 19 años, siempre ha mejorado el resultado electoral anterior". Pasó de un concejal en 1991 a cuatro (1995), cinco (1999 y 2003) y siete (en el 2007), a solo dos del PSC, el más votado.

Albiol es famoso por tres cosas. Porque en octubre del 2006 le pegó un manotazo a un manifestante que protestaba contra el PP en Martorell y después afirmó: "No me arrepiento y lo volvería a hacer". Porque en la campaña electoral de las municipales del 2007 empleó un vídeo sobre Badalona en el que vinculó inmigración con inseguridad. Una película que parecía trucada, aunque él lo niega. Y en tercer lugar, por la virulenta campaña que ha emprendido contra el colectivo de gitanos rumanos, del que afirma que, en su integridad, ha venido a Badalona a delinquir.

Ya salió en los medios en 1994, cuando advirtió de que abrir un registro de parejas de hecho equivalía a convertir el consistorio en "un nido para fomentar la homosexualidad", que definió como "un comportamiento anormal". Ahora se avergüenza de ello: "He evolucionado mucho. Creo que las personas tienen los mismos derechos al margen de su orientación sexual".

"No es un intelectual y no quiere serlo", dice de Albiol uno de sus detractores políticos, que asegura que no es mal tipo: "Es más buena persona de lo que aparenta. Pero es prisionero del personaje que se ha creado". Este azote de la inmigración, con pinta de tener detrás una familia pija que le compra las camisas rosas, es en realidad hijo único de inmigrante, y nació en una familia humilde del barrio de Morera. Su madre, de Badalona, fue peluquera. Su padre, de Vélez Rubio (Almería), conducía un camión de la brigada municipal badalonesa.

Albiol jugó a básquet, cuatro años en los juveniles y el júnior del Joventut. Dice que no iba para estrella pero no era malo: "Tuve ofertas de Galicia, Mallorca y Andalucía". Comenzó Derecho, le faltan "ocho o nueve asignaturas": "Un día acabaré".

No tiene problemas de dinero. Navega en un velero de nueve metros, "de segunda mano", y gana más de 120.000 euros al año. 113.000 como presidente del PP en la Diputación de Barcelona (él dice que son 108.000) y dietas por asistencia a los plenos, que cifra en 11.000 euros anuales. Nada excepcional, la diputación es fuente de riqueza para no pocos concejales.

En 1990, tenía 23 años y toda la convicción del mundo. Y dice la leyenda que fue a la sede del PP en Barcelona y le dijo a Jorge Fernández Díaz que quería afiliarse y hacer política en su ciudad. Albiol precisa que la historia no es exacta: en 1987, aunque no era militante, ya figuró en la lista municipal de AP, en el número 10. En 1989 se hizo militante y se le encomendó dirigir Nuevas Generaciones de Badalona. Y entonces se presentó ante Fernández Díaz para ofrecerse como presidente local. "Supongo que no tenían nada mejor que yo".

No vive en la ciudad, pese a estar empadronado en ella. Explica que dejó su piso de soltero, en el que vivía con su esposa tras casarse, porque tuvo gemelos, Sandro y Nadia, y les faltaba espacio. Hace un mes que lo ocupa un inquilino. "Apalabré otro piso pero pararon las obras por la crisis. Y compré otro, en el barrio del Gorg. En septiembre volveré a Badalona". Ahora vive en Barcelona, en Les Corts, en un piso de la familia de su mujer.

Dice un dirigente del PPC que Albiol no tendría recorrido fuera de Badalona. Que sus excesos crean resquemor. Que Cristóbal Montoro se lamentó recientemente: "!Con lo que nos había costado lograr el apoyo de los rumanos!". El aludido no lo ve así: "Si hubiera querido, no hubiera tenido problemas para estar en la lista al Congreso o al Parlament. Pero quiero ser alcalde. Ganaré. Lo dicen hasta las encuestas que tiene el PSC".

(www.elperiodico.com, 1605/10)

15. GALICIA. LA XUNTA ENVÍA UN CORREO A EMIGRANTES CON CRÍTICAS AL PSOE

El debate sobre el derecho a voto de los emigrantes se calentaba, la colectividad gallega en Buenos Aires preparaba una manifestación y la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta pasó al ataque. Su responsable, Santiago Camba, se encargó de matizar las posturas de los partidos políticos, y para ello encargó a su jefe de gabinete que remitiera un correo electrónico a agentes del Partido Popular con duras críticas a los postulados del PSOE en ese debate, en el que además se oculta el apoyo del PP a la reforma.

El jefe de gabinete del secretario general, Ildefonso de la Campa, envió el 11 de mayo el e-mail, que arranca así: "Siguiendo instrucciones de Santiago Camba Bouzas, os hago llegar un documento que puede servir como base de argumentación y como texto genérico de posición, ante la posibilidad de participar en las movilizaciones convocadas en diferentes países como muestra de rechazo a la limitación de los derechos electorales de los españoles residentes en el exterior".

El texto que se les remite como archivo adjunto está firmado por un grupo que se hace llamar "autoconvocados en defensa de los derechos de los españoles en el exterior", y encabezado con la frase: "En defensa de nuestros derechos: un ciudadano, un voto". En él, se acusa al vicesecretario general del PSOE, José Blanco, de "traicionar las promesas electorales". Al PP, mientras, se le pide que "frene cualquier iniciativa que supongan una merma" de derechos en los comicios municipales, sin incidir en que apoya las reformas de la ley electoral.

El e-mail recuerda a los remitentes que el texto adjunto "no es un documento del Partido Popular", pero el jefe de gabinete de Emigración habla en nombre del PP cuando dice: "Como tal, no debe estar señalado por los símbolos de nuestro partido". Su finalidad, añade, es la de ser distribuido en las concentraciones en defensa del voto emigrante que estos días se celebran en países como Argentina. "En caso de que generéis grupos de opinión y movilización propios, podéis utilizar este texto o aprovechar sus argumentos", añade el correo, difundido por el blog +Galicia Diáspora.

Camba reconoció que autorizó a su jefe de gabinete a remitir el e-mail, aunque "no como Xunta". Camba aseguró que se envió no sólo a agentes del PP. "Se le mandó a personas del exterior y nada más", sostuvo el alto cargo.

(www.elpais.com, 19/05/10)

16. GALICIA. LA XUNTA DA 120.000 EUROS A UNA FUNDACIÓN DEL LÍDER DEL PP VENEZOLANO

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo premió con 120.000 euros de ayudas públicas a la Fundación de Apoyo a la Ciudadanía (Facev) en Venezuela que preside el líder del Partido Popular en aquel país, Felisindo López Lorenzo. En apenas 24 horas -que coincidieron con el viaje del conselleiro de Presidencia y secretario general del PP, Alfonso Rueda, a Caracas a finales de abril- el organismo que encabeza López recibió primero la subvención de la Secretaría Xeral de Emigración y luego fue ratificado como presidente de los populares en el congreso del partido en Venezuela.

El pasado 23 de abril, en Caracas, el secretario general de Emigración, Santiago Camba, y el presidente de Facev, López Lorenzo, dieron solemnidad con su firma al acuerdo. La Xunta destina 120.000 euros a la fundación para que sea este organismo el que "garantice una atención sanitaria y asistencial a los gallegos residentes en Venezuela que se encuentren en una situación de falta de cobertura real de asistencia sanitaria y de prestación farmacológica".

La fundación, se explicó aquel día en la presentación del acto, sería la encargada de llevar a cabo este programa "a través de convenios, acuerdos y protocolos de actuación con centros, clínicas y médicos". Junto al líder del PP venezolano y al secretario general de Emigración, comparecieron Víctor Castor Cachafeiro, de la Hermandad Gallega de Caracas, y el conselleiro de Presidencia, que tomó la palabra al final del acto para agradecer la labor desempeñada durante décadas por la emigración y ratificar el compromiso de la Xunta con los más necesitados.

Un día más tarde, el propio Rueda, esta vez como secretario general del partido, volvió a citarse con López Lorenzo, en las instalaciones de la Hermandad para investirlo presidente del PP de Venezuela. En el Teatro Rosalía de Castro, junto a otros dirigentes populares, Ruedo arropó a López Lorenzo al nuevo líder del PP venezolano, quien accedió por fin al cargo después de casi cuatro años al frente de la gestora que dirigía el partido en Venezuela.

2A la proclamación de Felisindo López como presidente del PP venezolano acudieron, además de Rueda, la coordinadora de Participación Social del PP, Ana Pastor; el director de este partido para el Exterior, Alfredo Prada; la presidenta del PP en Tenerife, Cristina Tabío, y el propio secretario general de Emigración, Santiago Camba.

El viceportavoz parlamentaria del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, recriminó a la Xunta estas prácticas en el transcurso de una comisión parlamentaria. El diputado socialista preguntó al director general de Relacións Institucionais, Roberto Castro, si todo se debió a "meras coincidencias". "Financian una nueva fundación que comenzó hace nada su andadura y lo hacen aprovechando un viaje del conselleiro de Presidencia en el que el presidente de la fundación también es elegido presidente del PP. Igual me equivoco, ¿no es verdad que quien preside la fundación y el PP venezolano es la misma persona?", inquirió Lage Tuñas. No obtuvo respuesta. El cargo de la Xunta se limitó a comparar el gasto del viaje de Rueda, 1.541,18 euros -según consta en las facturas del viaje esgrimidas por Presidencia y el PP- y los 19.000 "que se gastó Anxo Quintana para abrazar a Chavez [Hugo]".

El caso de Felisindo López es similar al que obligó a dimitir a la ex directora de la Fundación Galicia Emigración, Pilar Pin, con el Gobierno bipartito. Después de que este diario publicase, hace ahora tres años, que la fundación había dejado en manos del secretario general del PSOE en Uruguay, José Antonio Fernández, el reparto de cheques asistenciales a emigrantes, el ex presidente Touriño forzó el cese de Pin. La crítica del PP entonces se volvió feroz contra el Ejecutivo. La plana mayor del partido exigió la dimisión del ex secretario general de Emigración Manuel Luis Rodríguez. El propio Feijóo dijo entonces que se trataba de un "caso extraordinariamente relevante de un uso partidista de los fondos públicos". Tanto Feijóo, como su Gobierno y el PP guardaron silencio sobre este caso.

El episodio fue sólo una de las muchas denuncias repetidas por Lage sobre la acción exterior de la Xunta, que llevó al parlamentario socialista a exigir la dimisión del actual secretario general de Emigración, Santiago Camba. Lage puso como ejemplo el correo electrónico enviado por el jefe de gabinete del propio Camba "alentando a la revuelta" de la emigración contra el recorte del derecho al voto de los residentes ausentes que pactaron PSOE y PP para incluir en la futura reforma de la ley electoral. Tampoco en este caso hubo una explicación clara del representante del Gobierno gallego, que prefirió pasar de puntillas sobre este asunto.

(www.elpais.com, 20/05/10)

17. ANDALUCÍA. MÁLAGA CONTRATÓ AL BUFETE DE UNA EX EDIL A LOS 11 DÍAS DE CESAR

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) contrató los servicios del bufete de abogados de la ex concejal del PP Rosa Agüera y su marido en junio de 2007, solo 11 días después de que cesara como miembro de la Corporación. El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Pedro Moreno Brenes, ha solicitado la comparecencia del alcalde, Francisco de la Torre, en el próximo pleno para que dé explicaciones sobre los criterios por los que se eligió este despacho.

IU ya solicitó explicaciones en la comisión de Medio Ambiente, pero no compareció el gerente de Emasa, José Luis Rodríguez, que fue quien contrató. La concejal del área, Araceli González, que estaba recién nombrada, se limitó a confirmar que el contrato se produjo el 27 de junio de 2007 y que aún se mantiene, junto a otros cuatro despachos de abogados de la ciudad a los que se les encarga distintos asuntos relacionados con la empresa, pero no aclaró por qué se les eligió ni la cuantía que cobran. IU sí ha encontrado constancia del pago de 1.300 euros al bufete de Rosa Agüera en algunos meses de 2007, pero desconoce si es todo lo contratado y si esa cantidad se mantiene ahora.

Rosa Agüera fue concejal hasta 11 días antes, el 16 de junio de 2007, cuando se constituyó la actual corporación. La edil mantuvo además una singular situación en los dos últimos años de legislatura, ya que en mayo de 2005 el alcalde le retiró sus delegaciones después de que se conociera en público un informe policial sobre la vida privada de la edil elaborado con información facilitada por su escolta. Agüera llevó el caso a los tribunales y criticó en un pleno la actuación del equipo de Gobierno, pero mantuvo su acta hasta el final del mandato.

Moreno Brenes quiere saber el motivo de la elección de Agüera justo en aquel momento. "¿Por qué este despacho y no otro entre los miles de abogados colegiados que hay en Málaga?", se pregunta el edil.

(www.elpais.com, 19/05/10)

18. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE SE VE MAYOR PARA SUCEDER A RAJOY

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ve mayor para suceder a Mariano Rajoy al frente del PP. "Yo soy mayor que Rajoy, por lo que es difícil que le suceda. Le sucederá un chico o chica que a ahora tenga 30 años. Tengo bastantes años más que Rajoy, tres o cuatro por lo menos", afirmó en una entrevista concedida a Punto Radio.

Sólo dos años después de que amagara con presentarse a la presidencia de su partido, Aguirre se descarta de forma casi definitiva. Asume el liderazgo de Rajoy, pero eso no impide que siga opinando sobre la actualidad nacional y sobre el PP.

Así, la presidenta tuvo la oportunidad de hablar sobre algunos de los miembros de su partido, entre ellos el ex ministro de Fomento Francisco Alvarez Cascos, a quien se sitúa como candidato por Asturias para las próximas elecciones regionales. "Creo que sería fantástico para Asturias, para el PP y para España. Es uno de esos políticos que realmente tienen muchísimas virtudes y que las ha demostrado", aseveró.

Al ser preguntada por si considera que el ex presidente del Gobierno José María Aznar habla demasiado y que, frente a ello, Rajoy calla, la presidenta madrileña negó que esto fuera así y puso como ejemplo las declaraciones de Aznar en el Financial Times en las que pide al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que emprenda las reformas estructurales que, a su juicio, necesita la economía española.

"Es exactamente lo mismo que en el Parlamento dijo Mariano Rajoy el miércoles pasado la última vez, pero lo viene diciendo desde hace mucho tiempo", agregó.

Finalmente, sobre la posibilidad de adelantar las elecciones para cambiar el Gobierno, la jefa del Ejecutivo autonómico dijo que en el PP han pedido convocar los comicios antes de la cita oficial personas como Rajoy, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, o los presidentes del PP andaluz, Javier Arenas, y vasco, Antonio Basagoiti.

"Creo que no es ningún secreto que cuando alguien fracasa en su gestión en cualquier cosa, en este caso en la gestión de la crisis como es el caso de Zapatero, lo que tienen que hacer es lo que llaman los anglosajones 'go to the country', ir al pueblo, que el pueblo decida quién tiene que gestionar esta crisis", concluó.

(www.publico.es, 18/05/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE, PARTIDARIA DE PRIVATIZAR TELEMADRID MEDIANTE SUBASTA

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, es "absolutamente" partidaria de privatizar Telemadrid mediante "subasta", tal y como defendió el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallrdón. "En esto estoy de acuerdo con Ruiz-Gallardón: privatizaría Telemadrid y lo haría por subasta", ha manifestado Aguirre en Alcobendas, al final del Comité de Dirección del PP de Madrid, donde ha lamentado que ni el hoy alcalde de la capital ni ella misma hayan podido cumplir hasta ahora su deseo de privatizar la televisión autonómica.

 

La presidenta ha explicado que este objetivo figuraba ya en el programa electoral del PP cuando Ruiz-Gallardón se presentó -y ganó- por primera vez a las elecciones en la Comunidad de Madrid. "Si ni él (Ruiz-Gallardón) ni yo hemos podido privatizar Telemadrid es porque lo prohíbe la ley de terceros canales que hizo el PSOE y que prohíbe la gestión indirecta de las televisiones públicas", ha lamentado la presidenta.

(www.publico.es, 1705/10)

20. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP VETA EL ACCESO A LAS DECLARACIONES COMO ALTO CARGO DE LÓPEZ VIEJO

La mayoría del PP en la Mesa de la Asamblea -el órgano que dirige el funcionamiento del Parlamento regional- impidió con sus votos (cuatro de siete miembros) que se hagan públicas las declaraciones de bienes que hizo el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel, como alto cargo. La información, que incluye las declaraciones del impuesto de la renta y del de patrimonio desde que el ex consejero entró en el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2003, había sido solicitada por el grupo socialista a mediados de abril.

El PP apeló a la mayoría que tiene en este órgano y alegó que eran "suficientes" las declaraciones notariales que han recibido los socialistas. Los populares ya habían impedido la semana anterior que sean públicas las declaraciones notariales de López Viejo que forman parte del registro de bienes de los diputados. Lo que ha recibido hasta ahora el grupo socialista son los escritos que el propio ex consejero presentó la semana pasada en el Registro de la Asamblea y que no responden a lo solicitado.

Y, , el PP volvió a dejar en manos de la Comisión del Estatuto del Diputado la petición que los socialistas habían hecho sobre las declaraciones que presentó otro diputado imputado en el caso Gürtel, Benjamín Martín Vasco, que fue portavoz adjunto del grupo popular hasta que estalló el caso. Dicha comisión no tiene previsto reunirse hasta junio.

El PP tenía escaso margen para negarse a la petición sobre López Viejo, pero se acogió a su mayoría. La Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid otorga a la Asamblea la potestad de pedir el acceso al Registro. Una resolución de 4 de junio de 2001 establece las condiciones para solicitar esa información, entre las que no figuran ni la necesidad de motivar la petición, ni que se proceda a votación. Todo lo más permite a la Mesa de la Asamblea decidir si la información recabada es secreta.

Pero el PP se escudó en que los socialistas debían motivar su petición, para aplazar el asunto (en una resolución de la Mesa del pasado 26 de abril), y , cuando ya no había forma de demorarlo porque los socialistas habían presentado una justificación, la echó para atrás con sus votos. Una portavoz del PP rechazó comentar el asunto. Tampoco hizo declaraciones la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, al no estar localizable, según otra portavoz.

"Hay una connivencia evidente con López Viejo", se quejó la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez. "Si no nos dejan acceder a las declaraciones del que era el muñidor de la trama Gürtel, según el sumario, ¿a qué alto cargo nos van a dejar controlar por esta vía? A ninguno". Menéndez lamentó la "falta de voluntad y de transparencia" demostrada por el PP. "Solo nos van a permitir ver la documentación que quiera López Viejo", apostilló. "Esta decisión blinda la opacidad de todos los altos cargos de Aguirre".

(www.elpais.com, 18/05/10)

21. COMUNIDAD DE MADRID. LA JUEZ OBTIENE LA PRUEBA CLAVE DEL ESPIONAJE A PRADA Y COBO POR AGENTES DE AGUIRRE

La letra de los partes del espionaje político realizado por agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre contra Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, y Alfredo Prada, ex vicepresidente regional, era del agente autonómico José Manuel Pinto. Así al menos lo establece la prueba pericial caligráfica que la juez del caso encargó hace semanas a la policía, según han confirmado a este periódico diversas fuentes de la investigación.

El agente autonómico José Manuel Pinto, a tenor de la pericial caligráfica encargada por la juez, anotó las matrículas de los coches relacionados con Prada, al que Aguirre echó de su Gobierno tras ficharlo Rajoy para su dirección. Los espías le siguieron a restaurantes o despachos e intentaron identificar a sus acompañantes. Ejemplo de ello es la matrícula de un coche anotada en el parte de espionaje del 27 de mayo en el que luego se identifica a su propietaria: la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores, una de las víctimas del supuesto espionaje que está personada en la causa contra los agentes al servicio del consejero de Interior Francisco Granados.

La anotación manuscrita de Pinto, según el informe pericial, no sólo acertó en la propietaria del vehículo sino también en el día en que dicha parlamentaria se encontró con Prada.

La huella dejada por Pinto en los partes confirma no sólo que los escritos que prueban el seguimiento político pagado con dinero público proceden de la Consejería de Interior, sino que la labor prestada por los agentes era de puro espionaje, ya que en los informes se detalla un auténtico marcaje al hombre, día y noche, en lo público y en lo privado, y no una mera descripción de control de algún acto político, en contra de la tesis que han mantenido ante el juez los sospechosos de hacer los seguimientos.

Pinto negó a la juez que hubiera escrito en los partes al menos en seis ocasiones. "No es mi letra, no he visto esos partes en mi vida", repitió. Con el informe pericial deberá dar nuevas explicaciones sobre el origen de los escritos mecanografiados sobre los que él escribía.

Dos informes policiales basados en posicionamientos telefónicos habían acreditado que los agentes del consejero de Interior, Francisco Granados, singularmente sus tres asesores procedentes de la Guardia Civil, siempre se hallaban en los mismos puntos y horas que registraban los partes de seguimiento a Prada o Cobo. Como última coartada, tras haber negado primero los seguimientos a uno y otro dirigente popular, alegaban que se trataban de meras coincidencias con sus vigilancias a consejerías cercanas al Ayuntamiento de Madrid o que el control de Prada se enmarcaba en la normal vigilancia a que sometían a cualquier consejero, algo que desmiente la mera visualización de sus posicionamientos telefónicos (el marcaje duró dos meses y se producía repetidamente en torno a actos íntimos o al domicilio), la normativa legal (las contravigilancias y escoltas son competencias ajenas a la Comunidad de Madrid) y el hecho de que nunca fueron alertados de tan pertinaces vigilantes ni Cobo ni Prada. La grafía de Pinto despeja las últimas dudas: este empleado de Granados deja su marca en varios folios donde se relata una actividad de claro espionaje.

Pinto, el único de los imputados que no fue fichado a dedo por el Gobierno del PP y que tiene plaza de empleado público, es un testigo privilegiado para explicar qué significaba "montado el dispositivo a la hora habitual" y "desmontamos el dispositivo ya que creemos que no va a haber movimientos", y cómo supo que un C-4 aparcado el 14 de abril junto a un restaurante donde estaba Prada pertenecía a una Secretaría de Estado. La anotación que hizo no se refería a ningún acto público. Era un coche que fue identificado por los espías cuando controlaban una cena de Prada en un restaurante de comandante Zorita con su mujer y "una chica muy joven" que resultó ser su hija. Pinto también puede ilustrar sobre la comida de Prada en la calle Fernando el Santo en la que los espías anotan que dejan su labor para una reunión en la dirección general. Y él anota tres matrículas de tres sospechosos de comer con Prada, quien compartió mantel ese día con dos altos cargos del Poder Judicial.

Las acusaciones temían que llegada esta prueba caligráfica casi año y medio después de estallar el escándalo, Pinto pudiera modificar artificialmente su letra para desvincularse del rastro dejado en los documentos. El Gobierno de Aguirre, que llegó a declarar que EL PAÍS se inventó los partes del espionaje, ya conoce a uno de sus presuntos autores. Y es empleado suyo.

22. COMUNIDAD DE MADRID. COBO VUELVE A LA CARGA: "CONFÍO EN LA JUSTICIA, LA JUEZ Y LA FISCAL. DE OTRAS PERSONAS NI CONFÍO NI ESPERO NADA"

Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y hombre de confianza de Alberto Ruiz Gallardón, ha dejado claro que ni perdona ni olvida el supuesto seguimiento que padeció a manos de agentes de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid entre abril y mayo de 2008. Sin mencionar nombres, Cobo ha asegurado que "hay personas que están haciendo mucho daño" al partido "cometiendo estos actos ilegales y protegiendo y amparando esta situación". Además, ha precisado que no se disculpará por buscar justicia –el caso está en manos de la jueza Carmen Valcarce-, algo a lo que "tienen derecho todos los ciudadanos". Las declaraciones de Cobo llegan el mismo día en que el diario El País ha desvelado que el agente autonómico José Manuel Pinto es el autor de los partes de seguimiento según los informes caligráficos requeridos por la magistrado.

Cobo ha enfatizado en que seguirá reclamando justicia en los tribunales y ha pedido a los ex guardias civiles imputados que digan la verdad.

La mano derecha de Gallardón exigirá la comparecencia inmediata" de Pinto por demostrarse que "mintió" en el juzgado, pero no, por el momento, las de la presidenta Esperanza Aguirre y el consejero Francisco Granados. Cobo ha opinado que la instrucción de este caso "ha dado suficientes elementos de juicio para condenar a los culpables", el último de los cuales, ha dicho, es la prueba pericial de la que informa hoy El País."Hoy hemos comprobado que aquellas letras, números y matrículas manuscritas son de asesores o funcionarios de la Comunidad de Madrid", ha opinado, felicitando a la titular y a la fiscal del Juzgado número 5 de Madrid que lleva el caso.

El número dos del Ayuntamiento ha asegurado que "todos los pasos que han ido dando han ido probando lo que tanto Prada como yo hemos denunciado: que se produjo una situación absolutamente ilegal y vergonzosa de espiarnos". Al ser preguntado sobre si echaba en falta alguna explicación pública de los responsables autonómicos, el vicealcalde ha contestado: "No echo de menos ni espero nada de algunas personas, no espero absolutamente nada. Confío en la justicia, la juez y la fiscal y en aquellos letrados que nos asesoran en el procedimiento. De otras personas ni confío ni espero nada". "No le voy a decir que pida perdón a nadie, no es mi papel. Exijo responsabilidades judiciales a aquellas personas que han cometido un delito, tengo todo el derecho y lo voy a seguir haciendo diga lo que diga quien lo diga", ha agregado.

Del otro lado, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha dicho hoy que las informaciones de El País "sorprenden mucho", sobre todo "porque el señor Pinto se ha presentado voluntariamente a hacer la prueba y lleva meses pidiendo a la juez que le permitiera hacerla". Granados ha dicho tras un acto en Alpedrete que ni ha leído ni sabe si el informe pericial en cuestión ha llegado al juzgado por lo que no puede opinar. Aún así, ha insistido en que "lo que ha quedado comprobado en las últimas informaciones aportadas por la Policía al Juzgado es que en el caso del señor Cobo no se ha producido ningún seguimiento y que esto del espionaje es una absoluta broma". Granados ha dicho asimismo que la Comunidad de Madrid hizo informes periciales a todas las personas señaladas en el caso de espionaje a políticos y todos dieron negativo. Esos estudios los elaboró un perito que recibió un millón de euros en adjudicaciones del Ejecutivo regional.

En sentido radicalmente opuesto, el Partido Socialista de Madrid ha dado credibilidad a las últimas informaciones sobre el espionaje y ha exigido el "cese" de Granados. "Es absolutamente grave lo que está ocurriendo, pues la información de El País consolida las denuncias que venimos haciendo, en el sentido de que ha habido espionaje en la Comunidad de Madrid" ha puntualizado el secretario general de este partido, Tomás Gómez.

(www.elplural.com, 18/05/10)

23. COMUNIDAD DE MADRID. POZUELO ECHA A LA EDIL IMPUTADA EN EL 'CASO GÜRTEL'

El grupo municipal del PP de Pozuelo de Alarcón expulsó a la ex concejal de Obras Yolanda Estrada, imputada en el caso Gürtel por el juez Antonio Pedreira por los delitos de prevaricación y cohecho. La edil había renunciado el 8 de enero pasado, fecha en la que se conoció su presunta relación con la trama, a todas sus atribuciones municipales, y según relató a su partido esperaba que se le archivara la imputación. Por eso calificó de "injusta" la decisión, que ya había anunciado el martes el secretario general del PP madrileño, Francisco Granados.

Esta expulsión se incluyó de urgencia en el pleno celebrado . No obstante, permanecerá con el acta de concejal, al que no ha renunciado, pese a exigírsela su partido, según explicó el portavoz del Ayuntamiento, Pablo Rivas. La portavoz de la oposición del PSM-PSOE en el Ayuntamiento, Eva Izquierdo, considera este hecho "una situación vergonzosa".

Estrada aparece en el sumario de la operación Gürtel en una de las conversaciones de la ex contable de las empresas del cabecilla de la trama, Felisa Isabel Jordán, que se refiere a ella como una de las personas con las que hay que contactar en Pozuelo.La concejal Yolanda Estrada aseguró a este periódico que si el magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, mantiene su imputación de los delitos de prevaricación y cohecho renunciará al acta. "Lo he dicho en el Pleno, si el juez me contesta manteniendo la acusación dejaré de ser concejal".

Por su parte, la portavoz del PSM-PSOE en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Eva Izquierdo, exigió a la edil expulsada del PP local, Yolanda Estrada, que renuncie ya a su acta, pues considera que no debe permanecer ni en el grupo municipal del PP ni en el Ayuntamiento. "Si ella no renuncia, el alcalde se lo debe exigir. Nos parece hipócrita que no pueda estar en el PP y sí en el Consistorio", subrayó.

En este sentido, el portavoz del Ayuntamiento, Pablo Rivas, resaltó que la decisión se ha adoptado tras esperar cuatro meses. "Estrada nos dijo que iban a sobreseer los delitos que se le imputan. La Justicia es lenta, pero no podemos esperar más. Le hemos pedido el acta, pero si lo devuelve o no es una cuestión personal". Pese a su expulsión, la página web del Consistorio incluía por la noche a Estrada dentro del grupo de concejales del PP.

La portavoz de la oposición criticó la actuación de Pablo Rivas al asegurar que al alcalde "no le ha quedado más remedio" que tolerar la permanencia de Estrada."Sin ir más allá, en el Pleno de hubo un punto en el que hemos presentado unos votos particulares en los que se equivocó votando que sí. Rápidamente el alcalde le ha hecho un gesto y ha corregido su voto. Nos parece un paripé nada respetuoso con los vecinos de Pozuelo". Estrada mostró en el Pleno su agradecimiento al actual alcalde. "Lo último que deseo en mi vida es perjudicarte", dijo.

En la carta, la concejal apartada del PP, que fue concejal de Obras durante el mandato de Jesús Sepúlveda, imputado en la trama y que sí renunció a su cargo de primer edil, dijo que siempre había sido leal al PP y a la institución municipal. "Es posible que haya sido leal al PP, ya que del sumario del caso Gürtel se desprende una presunta financiación ilegal de ese partido, pero en determinados comportamientos ha sido absolutamente desleal", concluyó Izquierdo.

(www.elpais.com, 21/05/10)

24. COMUNIDAD DE MADRID. BOADILLA PACTA EL RESCATE POR 5,9 MILLONES DE UNA ADJUDICACIÓN INMOBILIARIA A CORREA

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha pactado el rescate de una adjudicación inmobiliaria a empresas de la trama Gürtel de corrupción que afecta al PP. Se hará cargo de la hipoteca de 5,9 millones de euros de una de las empresas del entramado de Francisco Correa. A cambio, esta sociedad renunciará al derecho al uso y explotación de 33 locales comerciales y 138 plazas de garaje situados en el Residencial Siglo XXI del municipio.

Estas superficies le fueron adjudicadas por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) a Rústicas MBS, S.L., de Ramón Blanco Balín, en 2005 (considerado en el sumario Gürtel presunto testaferro de Correa), y posteriormente cedidas a la sociedad Artas Consultores, del mismo empresario.

El Ayuntamiento justifica esta decisión porque la empresa Artas Consultores jamás ha llegado a pagar el canon anual al que se comprometió, pese a que el entonces gerente de la EMSV y diputado en la Asamblea, Francisco Bosch Tejedor, llegó a reducir el mismo desde los 244.750 euros iniciales a 81.344 euros, y pese a que la concesión se elevó de 75 a 99 años.

Para que se realice el rescate, es preceptiva la autorización del juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira. Esto se debe a que la empresa Artas Consultores está intervenida judicialmente, y por tanto estos locales comerciales de Boadilla no pueden modificar su estatus legal sin el permiso del juez.La empresa Artas Consultores, que ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que el Consistorio le va a pagar los 5,9 millones de euros que esta sociedad adeuda a Caja Madrid, aparece en el registro como propiedad de Ramón Blanco Balín, imputado en la trama. Pero en realidad, según un informe de la Agencia Tributaria, pertenece mayoritariamente a Francisco Correa, aunque también ha sido propiedad del diputado en la Asamblea Alfonso Bosch Tejedor y del ex consejero de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte Tomás Martín Morales.

Artas Consultores se constituyó el 22 de septiembre de 2005 con un capital social de 60.120 euros en 120 acciones, repartidas entre sociedades de Ramón Blanco Balín, considerado por la investigación como un presunto testaferro de Correa. Un día después, las acciones cambiaron de manos mediante contratos privados. Así, Blanco Balín vende al diputado en la Asamblea Francisco Bosch Tejedor y Tomás Martín Morales el 25% y el 20%, respectivamente, de las acciones de esta empresa. Estos dos ex altos cargos del PP mantienen la propiedad de estas acciones hasta el 13 de julio de 2007, fecha en la que Correa se hace con el 75% de la empresa.

En octubre de 2005 la empresa municipal del suelo de Boadilla (EMSV), con Bosch Tejedor como gerente, adjudica el uso de los 33 locales comerciales y las plazas de garaje del Residencial Siglo XXI a la empresa Rústicas MBS, propiedad también de Blanco Balín y socio de Bosch Tejedor en Artas Consultores. En enero de 2008 Rústicas MBS cede el uso de los locales a la empresa Artas Consultores, de la que había sido accionista Bosch Tejedor, imputado por recibir más de 250.000 euros de las empresas de la trama.

Además, entre los documentos interceptados los agentes encontraron un archivo que apunta al diputado, que es la "Autorización expresa de cesión de derecho de superficie sobre las parcelas del Residencial Siglo XXI dirigida a Rústicas MBS, y pie de firma don Alfonso Bosch Tejedor en su condición de gerente".

De este archivo se deduce, según los investigadores, que Blanco Balín pudo solicitar a la EMSV la cesión del uso a la sociedad en la que era accionista Bosch Tejedor, que habría sido quien la autorizó.

Esta tesis de la investigación tomaría mayor peso tras descubrir los agentes un correo electrónico en el que se puede leer cómo Bosch da órdenes a Blanco Balín, con Martín Morales de intermediario: "Ramón, me dice Alfonso que le tienes que enviar un documento por el que declares que la entidad adquirente Artas dispone de la solvencia económica y financiera necesaria y suficiente para ser titular del contrato. Es una simple declaración". Los investigadores de la Agencia Tributaria sostienen que Ramón se refiere a Blanco Balín; y Alfonso a Bosch Tejedor.

Al aprobar este cambio, la empresa Artas pasó a gestionar propiedades por las que recibía unos 514.205 euros al año en concepto de alquiler, según la Agencia Tributaria, ya que el propio Bosch alquiló para la EMSV varios locales. El Ayuntamiento instaló ahí la sede de la Policía Local.

(www.elpais.com, 19/05/10)

25. COMUNIDAD DE MADRID. EL ALCALDE DE EL ÁLAMO DIMITE Y CONTRADICE A GRANADOS

La dimisión del alcalde de El Álamo (7.800 habitantes), Jesús Arribas, ha puesto de manifiesto importantes contradicciones en el seno del Partido Popular. Mientras que Arribas asegura que su salida se producía a requerimiento de su partido, el secretario general de los populares en la región, Francisco Granados, explicó que la renuncia se debe a la propia petición del todavía regidor.

"El partido en el que milito me ha llamado para llevar otro tipo de obligaciones y responsabilidades que ahora no puedo desvelar", explicó Arribas en el pleno en el que hizo oficial su renuncia, que no se hará efectiva hasta que se celebre el pleno extraordinario en el que le sucederá en funciones la teniente de alcalde, Natalia Quintana.

La versión de Granados no concuerda con la del alcalde. El consejero de Presidencia aseguró además que no hay "ningún asunto turbio" en esta dimisión, al tiempo que señaló que la marcha de Arribas se debe a "motivos personales" y a la "no adaptación a la función que realiza en el Ayuntamiento". Granados relató que el todavía alcalde se dirigió al partido hace "15 o 20 días" para comunicar su intención de abandonar el puesto, aludiendo a motivos personales, al cansancio y a la falta de adaptación a su función en el Consistorio, además de a su deseo de tener una labor dentro de la Comunidad. "Hemos aceptado su renuncia. En los próximos días se elegirá al próximo alcalde o alcaldesa y [a Jesús Arribas] se le dará una ubicación que vaya con su perfil y que sea útil en la Comunidad. La dimisión es a petición propia", insistió Granados.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de El Álamo, Francisco Gaitán, anunció que su grupo pedirá al alcalde que explique detalladamente los motivos de la renuncia. "Algo tiene que haber. Una dimisión al final de una legislatura es complicada. Pueden ser quizás desavenencias en el PP o igual es cierto que su partido le ha encomendado otra función, pero yo creo que no".

Asimismo, el coordinador de IU del municipio, José Castro, exigió al regidor que explique de "forma clara y rigurosa" los motivos que le han llevado a tomar la decisión de dimitir.

(www.elpais.com, 1505/10)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL CONSELL TAMPOCO INFORMA DE CUÁNTO HA GASTADO EN LOS CONTRATOS ´TIPO GÜRTEL´

El Consell no sólo se niega a informar a las Corts de la relación detallada de contratos menores y sus beneficiarios, muchos de los cuales fueron empresas de la trama Gürtel, sino que tampoco está dispuesto a dar cuenta del volumen económico adjudicado mediante esta modalidad. El conseller de Economía, Gerardo Camps, ha dejado agotar los dos plazos que solicitó para aplazar la respuesta por escrito a las preguntas de Compromís sobre el número de contratos menores y el importe que han supuesto desde 2006. La iniciativa decaería por inanición pero el reglamento de la Cámara permite a los diputados, por el conducto de la presidenta, Milagrosa Martínez, que se cite al conseller a la primera reunión de la comisión de Economía que se convoque para que responda oralmente. Algo así como cogerlo parlamentariamente de las orejas y obligarlo a contestar personalmente.

Y eso es lo que ha hecho Compromís, cuya diputada Mireia Mollà manifestó su enfado por la actitud del conseller de "eludir constantemente" las respuestas en las Corts y recurrir a "estrategias dilatorias para acabar no contestando". Los contratos menores, aquellos que por no superar los 12.000 euros podían adjudicarse a dedo y sin fiscalización previa, alimentaron la cuenta de resultados de las firmas de El Bigotes durante estos años. Además, no están a disposición de la Sindicatura de Comptes, por lo que, en la práctica, salvo que un auditor, en el curso de una fiscalización, se encuentre con una adjudicación de este tipo, tampoco son revisados. El informe de la Oficina de Auxilio Judicial ha revelado cómo se troceron los contratos precisamente para no superar la cuantía y eludir toda concurrencia y publicidad, así como el control del Síndic.

El pasado 11 de enero, Compromís registró las preguntas para que el Ejecutivo contestara sobre el número de contratos menores y el dinero desembosado cada ejercicio desde 2006. Un dato que el informe anual del Síndic no da. El juez del caso Gürtel ha obligado al Consell a enviarle los contratos, incluidos los menores, de la red de Correa con la Generalitat, pero se sigue sin saber cuánto dinero ha repartido el Ejecutivo utilizando este tipo de contratos, amparados por la ley pero que permiten una gran opacidad. Una vez publicadas las preguntas en el boletín de las Corts, Gerardo Camps dejó expirar el plazo de 15 días y pidió el aplazamiento de la respuesta, se suponía que para recabar la información. Nuevamente solicitó una segunda prórroga, que expiró también. De ahí que Compromís haya tenido que recurrir a la vía especial prevista en el reglamento.

Mireia Mollà defendió que el mejor antídoto contra la corrupción es la transparencia, algo que echa en falta en el Ejecutivo de Camps, y advirtió que los contratos menores fueron el "caldo de cultivo" para engordar los negocios de la trama. "Tenemos información de que el volumen de contratos menores se ha disparado", criticó, para acusar al Consell de haber "relizado una gestión que abrió la puerta de la corrupción generalizada en la Administración".

(www.levante-emv.com, 15/05/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL BIGOTES SE NIEGA A DECLARAR ANTE EL JUEZ ANTONIO PEDREIRA

Álvaro Pérez, El Bigotes, se ha negado a declarar ante el magistrado instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, por los delitos que le se impuntan en relación a la trama corrupta. El Bigotes ha asegurado a su llegada al tribunal, a las 9.30, estar "muy tranquilo" y ha abandonado el tribunal apenas una hora después.

Al término de la comparecencia, las fiscales de caso, Miriam Segura y Concha Sabadell, han acordado no solicitar ninguna nueva medida cautelar sobre el imputado, que afronta una fianza de 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Álvaro Pérez se encuentra en libertad como el resto de los imputados a excepción de Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. La declaración ha tenido lugar después de que el Tribunal Supremo decidiera hace una semana reabrir la causa contra Francisco Camps por un presunto delito de cohecho pasivo al haber recibido regalos supuestamente de la trama liderada por Francisco Correa, con El Bigotes como mano derecha en Valencia.

El imputado era el responsable de Orange Market, filial valenciana de Special Events en Valencia. Esta empresa era la proveedora de servicios de la dirección regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, organizando mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares.

Según el sumario, Alvaro Pérez pagó trajes al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, por importe de 12.783 euros y que éste pudo facilitar a cambio la concesión de adjudicaciones a esta empresa. No fue el único dirigente valenciano que recibió regalos. De hecho, desde que Pérez comenzó con las dádivas los contratos públicos de la trama se multiplicaron.

Las diligencias recogen que Camps acudía a Madrid a instancias de Alvaro Pérez con el fin de adquirir ropa en las tiendas de Milano y Forever Young, en las que trabajaba el testigo José Tomás.

El jefe de la rama valenciana de la trama de Correa afronta una fianza de 650.000 euros con el resto de gestores de Orange Market por la deuda procedente de las retenciones de trabajo de esta entidad. El sumario revela que Correa y Pérez tenían una relación muy cercana con el secretario general del PPCV, Ricardo Costa y que éste incluso recurrió a El Bigotes para intentar entrar en el Gobierno de Francisco Camps, en diciembre de 2008.

Según las conversaciones contenidas en el sumario, El Bigotes se refiere a Costa como "un amigo de verdad", al que querría aunque fuera "un pobre de pedir".

(www.elpais.com, 18/05/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. "ZAPATERO Y DE LA VEGA HAN MONTADO ESTE LÍO QUE ES UNA AUTÉNTICA MENTIRA"

La insistencia del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en negar la realidad judicial en la que está envuelto empieza a traducirse en síntomas de fatiga en su entorno más próximo. Camps recurrió al círculo familiar -su esposa Isabel Bas y uno de sus hijos- y al vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, para acudir acompañado a la presentación de una conferencia del eurodiputado popular Carlos Iturgaiz.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que ha sido el báculo de Camps en las últimas semanas y que el miércoles le acompañó en coche a la junta directiva regional del PP, apareció cuando el presidente valenciano ya había atendido a los periodistas para dar su versión de la sentencia del Tribunal Supremo, que reabre el caso por haber recibido trajes regalados de la trama corrupta del caso Gürtel.

Camps optó por negar el contenido de la sentencia del Supremo y refugiarse en la teoría de la conspiración. El presidente valenciano responsabilizó a los socialistas, en especial al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, de montar "este lío que es una auténtica mentira" para ganar lo que no consiguen en las urnas.

"El Tribunal Supremo ha dicho que no hay adjudicaciones irregulares [de la Generalitat], que no hay financiación irregular del PP y que la causa puede ser sobreseída. Es todo un montaje", aseguró Camps.

El presidente valenciano explicó que se va a poner en marcha "la defensa del inocente". "Al instructor [el magistrado José Flors] le dicen que hay que seguir haciendo pruebas", prosiguió Camps, "Hay conversaciones exculpatorias ilegales en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid [las de Francisco Correa y Pablo Crespo con sus abogados en la cárcel] que alguien decidió que no llegasen a Valencia y esto es muy importante porque el montaje se venía abajo".

El presidente valenciano también aseguró que "hay otros documentos que llegaron cuando se cerró el caso en los que queda claramente certificado, tique de compra por tique de compra, que todo es un montaje".

Camps insistió en que él no se ha enriquecido, mientras que otros sí. Y añadió: "No es ningún mérito, pero aquí hay doble vara de medir. Me gustaría saber la diferencia entre la presidenta del Tribunal Constitucional y yo, porque a ella se le archiva [una querella por haber recibido un premio] y a mí no, si es por su función o por su ideología". La propia sentencia del Tribunal Supremo afirma que no hay "similitud alguna" entre ambos casos.

Camps realizó estas declaraciones antes de presentar a Iturgaiz -que atribuyó la conspiración contra su anfitrión a "las hienas bolcheviques"- ante un auditorio integrado por casi 500 cargos y militantes del PP. Un público que le aplaudió dos veces antes de intervenir, aunque sin la euforia de anteriores ocasiones, y en cuyo ánimo pesó no sólo el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, sino las declaraciones matinales de Camps, tras la entrega de unos premios. Allí dijo: "Solo puedo decir que hoy soy más feliz que y que esto acaba antes de lo esperado".

(www.elpais.com, 19/05/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS CINCO FAVORES DE DE LA RÚA A SU AMIGO CAMPS

La sentencia del Tribunal Supremo que ordena la reapertura del caso de los trajes ha anulado el cerrojazo en falso con que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tendió no las tablas de la ley sino la tabla de salvación al presidente de la Generalitat. El archivo fue posible gracias al voto del presidente del tribunal, Juan Luis de la Rúa, el juez más que amigo de Francisco Camps. En los meses precedentes, el tribunal que dirige De la Rúa ya había pergeñado un marco jurídico favorable al líder valenciano. Los pasos fueron estos.

1. Sólo los trajes. Admisión del caso

El 21 de abril de 2009, la Sala de lo Penal del TSJCV, ante quien el primer instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón, se había inhibido en lo relativo a Camps, se declaró de manera unánime competente para investigar. Pero sólo para investigar si Orange Market había regalado trajes al presidente valenciano y a otros tres altos cargos del PP.

Garzón había alertado al TSJCV de que ya había indicios de financiación ilegal del PP, y reseñó datos concretos sobre el uso de dinero negro para pagar el congreso regional del partido celebrado en septiembre de 2002.

El tribunal valenciano hizo caso omiso y encorsetó la investigación: sólo indagaría si Francisco Camps había cometido cohecho impropio, la modalidad más leve del delito de soborno y castigada sólo con multa.

2. No se abstiene. Oídos sordos

Aquel primer auto del 21 de abril ya contó con el voto de Juan Luis de la Rúa. Los demás de la Sala, también. El juez a quien Camps había definido como más que amigo, el que en la campaña para las autonómicas de 2007 había sido el invitado estrella en la presentación del programa de justicia del PP, ni se planteó la opción de abstenerse. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el PSOE, personado en la causa como acusación popular, recusaron a De la Rúa: no se le recusó, razonan personas cercanas al caso, podía imaginar que De la Rúa utilizaría su posición para sobreseer la imputación contra Camps el primer día de agosto de 2009.

3. El parapeto. Ni un recurso aceptado

A medida que la investigación del caso Gürtel avanzaba en Madrid y trascendían nuevos datos sobre la contabilidad secreta de Orange Market, la marca levantina de la red corrupta, la fiscalía y el PSOE redoblaron su presión sobre el TSJCV.

Pretendían que el tribunal escrutara los contratos de Orange Market (14 millones de euros). Bajo la presidencia de De la Rúa, la Sala de lo Penal rechazó todos los recursos. El cénit llegó el 21 de julio de 2009, cuando el TSJCV dictó un auto en el que acusaba al PSOE de promover un proceso inquisitorial contra el PP: "Lo pretendido por la acusación popular es realizar una especie de batida de montería". El ponente fue Juan Montero, quien luego se opuso al sobreseimiento del caso.

4. ¿Policía para qué? El informe despreciado

El 31 de julio, cuando el TSJCV aún no había archivado el caso, la policía remitió al tribunal valenciano un informe que afianzaba las sospechas de financiación ilegal del PP al detallar los presuntos pagos opacos y cómo empresas que tradicionalmente habían recibido adjudicaciones de la Generalitat habían abonado supuestamente gastos del partido.

El TSJCV despreció el informe y ni siquiera lo tuvo en cuenta para archivar el caso. Despreció igualmente la petición del juez madrileño Antonio Pedreira para que imputase a tres jefes de la trama corrupta: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Con cajas destempladas, el tribunal de De la Rúa denegó la petición. Y devolvió el informe alegando que nadie lo había solicitado.

5. Cerrojazo al caso. Varapalo del Supremo

El 1 de agosto, el TSJCV exoneró a Camps con un sobreseimiento definitivo que ahora le ha costado una ácida desautorización del Tribunal Supremo. Cuando el TSJCV dictó el auto, el mandato de De la Rúa ya había expirado. El juez no opta a la reelección.

(www.publico.es, 20/05/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CAMPS REPRUEBA A LA OPOSICIÓN POR PEDIR DATOS DE LA 'GÜRTEL'

Al PP valenciano le estorba Ángel Luna, el portavoz parlamentario socialista que se ha convertido en una de las voces más incisivas contra un Francisco Camps arrinconado por el caso Gürtel. , los conservadores hicieron valer su mayoría absoluta para reprobarlo. ¿El motivo? El 24 de marzo, Luna mostró en Les Corts un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que demuestra que Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama, se enriqueció con la visita del Papa a Valencia. El documento estaba bajo secreto de sumario y el portavoz del PP, Rafael Blasco, se agarró a ello para tildar de "delictiva" la actitud de Luna y anunciar su "reprobación parlamentaria".

Una censura que el PP preparó minuciosamente. A media mañana, Blasco se encaramó a la tribuna y, cuando se disponía a hilvanar las primeras frases, la oposición en pleno se levantó y abandonó silenciosamente el hemiciclo.

La comitiva continuó por los pasillos hasta la sala noble del Parlamento. A la cabeza, los portavoces de todos los grupos escudaron a Luna. "Quien debería ser objeto de censura es Camps, que ha mentido de forma continuada y sistemática", clamó Joaquim Puig, portavoz adjunto del PSPV-PSOE.

Por su parte, Mònica Oltra, de Compromís, definió el plantón al PP como "un acto de dignidad democrática; hoy es el señor Luna, mañana puede ser cualquiera de nosotros", alertó. De hecho, Oltra también ha sufrido los rigores de PP por preguntar por la Gürtel. El vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, le espetó que "no conocía a su padre" tras criticar la relación de sus empresas familiares con la trama.

Según Oltra, los conservadores han convertido Les Corts en una "trinchera para perseguir y callar a la oposición". Igual se expresó la portavoz de IU, Marga Sanz, que describió a Luna como el símbolo de "una institución que debe luchar por la transparencia".

Mientras, el portavoz del PP leía íntegramente su reprobación a los escaños vacíos de la oposición. Blasco, irritado por el desplante, enfatizó su palabras contra Luna: "Ha traspasado la libertad de expresión" con su "conducta indigna" de trazar "un maquiavélico plan que persigue el descrédito del PP". El aludido se dirigió con posterioridad a los periodistas: "Han querido amedrentarnos con su mala manera de entender la democracia. No está escrito en ninguna Constitución que la labor de la oposición deba contar con el visto bueno del que manda".

No es la primera vez que Luna se enfrenta a las iras del PP. Su obstinación por recomponer todos los agujeros que dejó la Gürtel en las cuentas públicas valencianas ha violentado hasta el extremo al Grupo Popular. Algunos de sus parlamentarios le han retirado el saludo y el president Camps ha convertido sus sesiones de control en un ejercicio de desdén contra el síndico socialista, a quien ha llegado a acusar de querer asesinarle.

(www.publico.es, 20/05/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. RIPOLL SOPESA SU PRESENCIA EN EL ACTO DE ACLAMACIÓN A CAMPS

José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP de Alicante, volverá a dejar solo al líder regional del PP, Francisco Camps, en apenas una semana, justo desde que el Tribunal Supremo decidió reabrir el caso de los trajes del jefe del Consell. Primero fue su ausencia "consciente" al comité regional del pasado jueves y dejó prácticamente cerrada la puerta a su asistencia al acto de apoyo a Camps convocado para el próximo sábado. "Las agendas son difíciles de cuadrar, se ha convocado hace poco, intento ajustar la agenda pero será difícil que vaya", dijo el líder de los populares alicantinos al término de una reunión de su comité ejecutivo provincial. El distanciamiento de Ripoll con Camps contrasta con su acercamiento hacia la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo: "Nadie cuestiona su candidatura", dijo.

Según Ripoll, anoche en la reunión del comité ejecutivo provincial no se abordó oficialmente la implicación de Francisco Camps en el caso Gürtel. Pero el asunto planea y preocupa a los dirigentes del PP en Alicante. "Es lógico que preocupe, eso no agrada a nadie", admitió escuetamente Ripoll a preguntas de los periodistas. El presidente provincial se ajustó al guión oficial: "Cuando haya decisiones judiciales firmes el PP actuará como debe".

Y sobre un posible adelanto electoral respondió: "Eso es política ficción, que además no depende de mí. Ahora el objetivo son las elecciones catalanas y el próximo año las municipales y autonómicas". Por eso en julio se proclamarán los candidatos de las capitales y en octubre los de las ciudades de más de 50.000 habitantes. En el caso de Alicante tildó de "debate raro" que se cuestione a la actual alcaldesa, Sonia Castedo, puesto que "lo razonable es que sea ella, nadie la cuestiona", dijo.

En clave de organización interna el comité tramitó 949 nuevas afiliaciones, y otras 777 de Nuevas Generaciones con las que el PP de Alicante se convierte en la provincia con mayor número de militantes, por encima de Madrid, al alcanzar los 70.614. Tampoco se fijó fecha para las 28 asambleas locales pendientes, entre ellas, las de Alicante, Elche, Torrevieja, Benidorm y Calp.

Por la mañana, el presidente Ripoll y Camps se vieron en Sant Vicent del Raspeig, en la inauguración del nuevo Ayuntamiento. Incluso Camps quiso destacar la presencia de Ripoll en este acto institucional, que a última hora fue adelantado, de las 12 a las 10 de la mañana. Curiosamente, Presidencia de la Generalitat informó a los medios de comunicación del cambio de agenda a las nueve de la mañana, y la Diputación lo hizo antes: a las 8.15.

(www.elpais.com, 20/05/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘AL MATRIMONIO FABRA LE TOCÓ CUATRO VECES LA LOTERÍA EN CINCO AÑOS, SEGÚN LOS PERITOS

El informe pericial elaborado por los inspectores de Hacienda para el juzgado de Nules que investiga al presidente del PP y de la Diputación de Castellón revela que la fortuna sonrió hasta en cuatro ocasiones al matrimonio formado por Carlos Fabra y María Amparo Fernández entre los años 2000 y 2004.

En concreto, los peritos dicen que el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado ingresó en las cuentas del matrimonio Fabra en 2000 casi 113.000 euros. Al año siguiente, en 2001, les volvió a tocar la lotería, ya que figura otro ingreso del ONLAE de 103.000. La suerte volvió a agraciar en 2002 a Carlos Fabra y María Amparo Fernández porque ingresaron 29.000 euros más.

En 2003 no les tocó nada, pero un año después lograron 23.000 euros. En total, entre los años 2000 y 2004, el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado ingresó en las cuentas del matrimonio más de 268.000 euros.

Los cuatro premios logrados en cinco años no son los únicos conseguidos por el presidente del PP y de la Diputación en Castellón. En 2008 Carlos Fabra ganó dos millones de euros con el Gordo de la Lotería del Niño.

Como avanzó la Cadena SER, los peritos aseguran en su informe que Carlos Fabra y María Amparo Fernández habrían cometido nueve delitos fiscales entre 1999 y 2004. Según el mismo informe, Carlos Fabra habría defraudado a Hacienda en ese periodo una cuota de 980.000 euros. Durante todos los años de la investigación, a Fabra la declaración de la renta le salió a devolver.

(www.cadenaser.com, 1505/10)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘LOS BANCOS CONCEDIERON A FABRA 33 PRÉSTAMOS POR VALOR DE 5 MILLONES EN NUEVE AÑOS

El informe pericial elaborado por dos inspectores de Hacienda para el juzgado número 1 de Nules, revela que desde 1995, fecha en la que Carlos Fabra logró la presidencia de la Diputación de Castellón, y hasta 2004, cuando concluye la investigación de los peritos, los bancos y cajas de ahorro concedieron a la familia Fabra un total de 33 préstamos.

Carlos Fabra y Amparo Fernández pidieron todos estos préstamos, a pesar de que durante los 6 años investigados por los peritos, ingresaron 8,3 millones de euros en sus cuentas en efectivo, en cheques o por medio de transferencias bancarias.

El matrimonio Fabra acumuló los pagos de muchos de estos préstamos a la vez, como los créditos por 2.3 millones obtenidos entre 2002 y 2004, y hacían frente al abono de las cuotas con un salario declarado de unos 10.000 euros brutos al mes entre ambos cónyuges, según el informe pericial.

Los peritos de Hacienda sostienen que Carlos Fabra defraudó a Hacienda entre 1999 y 2004 una cuota de 980.000 euros. María Amparo Fernández habría defraudado una cuota de 750.000 euros en el mismo periodo. Según el informe pericial, el matrimonio Fabra habría cometido nueve delitos fiscales en el periodo investigado. También les tocó la lotería cuatro veces en cinco años según el mismo informe

(www.cadenaser.com, 18/05/10)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘EL PP DE CASTELLÓN EVITA DEFENDER A FABRA TRAS EL INFORME SOBRE DELITOS FISCALES

"No es motivo de esta rueda de prensa". Bajo esa excusa, los dirigentes del PP de Castellón han evitado defender al presidente provincial y presidente de la Diputación, Carlos Fabra, tras el informe pericial que le apunta como presunto autor de nueve delitos fiscales cometidos junto a su esposa, María Amparo Fernández, entre 1999 y 2004. fueron el presidente en funciones de la Diputación, Francisco Martínez, que ocupa la presidencia mientras Fabra se recupera de un trasplante de hígado, y el vicepresidente Vicent Aparici. Ninguno de los dos quiso hacer valoración alguna de los datos que se conocen sobre el informe que señala que el matrimonio dejó de ingresar a la Hacienda pública 1,7 millones de euros durante el período investigado por el juzgado número 1 de Nules, donde se instruyen las diligencias ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal.

Tampoco la secretaria general del PP de Castellón, Marisol Linares, quiso referirse esta semana al tema. Ni siquiera manifestó la confianza del partido en la actuación de su presidente. El silencio también fue la respuesta escogida por el diputado por Castellón Juan Costa, que pese a sostener que él nunca evita pronunciarse sobre cualquier tema, por peliagudos que sean, optó por no valorar los nuevos datos.

El coordinador general del PP y alcalde de Castellón, Alberto Fabra, fue el único que no encontró escapatoria a las preguntas, aunque remitió a sus abogados: "Tendrán que ser sus abogados los que den las aclaraciones oportunas, y estoy convencido de que lo harán".

Fabra está llamado a declarar el viernes, precisamente, para ser interrogado sobre los ingresos detectados en sus cuentas. Sin embargo, su convalecencia hace prever que no acudirá al juzgado.

El informe pericial ha analizado los más de ocho millones de euros ingresados (en efectivo, con cheques o transferencias) en las cuentas de los Fabra y sostiene que las ganancias patrimoniales "no justificadas" ascienden a 3,6 millones. Además, el documento refleja cómo el matrimonio solicitó más de una treintena de préstamos y que el montante de la cantidad aportada por los bancos supera los 3,7 millones de euros.

(www.elpais.com, 19/05/10)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS GASTA 8.000 EUROS EN ´GOGÓS´

"Nosotros los del Partido Popular queremos que vengan las gogós y al que no le gusten, que vengan los 'men', pero no nos avergonzamos de eso. Dice que en momentos de crisis no se puede hacer todo esto, pues si quiere nos vamos a casa y a las siete a dormir (...). Creo que es demagogia decir que en tiempos de crisis no se pueden hacer espectáculos. ¡Se morirían todos! Se morirían los de las infraestructuras, los del transporte, los de la bebida y las gogós, esas pobres chicas estarían més flaques que un pallot". Dicho por Alfonso Rus Terol, presidente de la Diputación de Valencia, un 19 de mayo de 2010. De esta forma respondió al portavoz socialista, Rafael Rubio, quien aireó en el pleno fotos y un pago de 7.922,80 euros a Grupo Altereven SL, con cargo al departamento de Cultura, por la actuación de catorce animadoras/es y seis azafatas/os y la "confección del vestuario" que usaron en la primera sesión del Concurso de DJ Sona la Dipu, celebrado en la plaza de toros el 4 de marzo. Esa cantidad no está comprendida en los 200.000 euros que costó montar un acto en el que se pagaron 7.000 euros por la barra libre. Rubio criticó esos gastos cuando la diputación está despidiendo forestales de la empresa pública Imelsa. Dijo que 45 ya han ido a la calle. Al hilo de ese debate, el vicepresidente Juan José Medina se comprometió a que durante esta campaña se van a mantener los puestos de trabajo en esa empresa.

36. EL FISCAL VE DELITO EN UN CONTRATO DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

La fiscalía encuentra indicios de un supuesto delito de falsedad documental en la adjudicación de un contrato para realizar obras en la plaza de Magallanes del barrio La Florida de Alicante. Contrato que se adjudicó después de que las obras ya estuvieran finalizadas, en 2009, y que el Grupo Socialista llevó en noviembre ante el fiscal. Medio año después la fiscalía remite el caso al juzgado.

El contrato fue el segundo que se hizo para acondicionar la citada plaza. Ambos se adjudicaron a Coinger Empresa Constructora, SL. El segundo contrato, ahora en el juzgado, se otorgó mediante procedimiento negociado sin publicidad, para "obras complementarias para acondicionamiento de la plaza de Magallanes", por 92.926,18 euros.

Los socialistas creen que las irregularidades pueden ser constitutivas de los supuestos delitos de prevaricación y falsedad en documento público. La edil socialista, Carmen Sánchez Brufal, anunció en rueda de prensa la decisión de la fiscalía y explicó los pasos del grupo municipal antes de acudir a la vía judicial. Brufal aseguró que el 3 de junio de 2009 presentó un escrito al secretario del Ayuntamiento advirtiendo de la irregularidad. El 19 de ese mes se solicitó la comparecencia del edil de Atención Urbana, Andrés Llorens, del PP, y fue rechazada. Llorens aseguró entonces que el procedimiento garantizó los principios de equidad y concurrencia. Y el 16 de julio presentó un recurso de reposición que fue desestimado.

Llorens expresó su sorpresa y malestar por conocer la noticia a través de una rueda de prensa. "Estoy muy tranquilo", aseguró el edil, que reiteró lo dicho en su momento en el pleno, es decir, que todo el procedimiento fue correcto y que solo pudo haber habido un "error administrativo" debido al elevado volumen de trabajo derivado del Plan E. Y criticó que el PSPV y Brufal pretendan "de nuevo convertir un tema administrativo en penal".

(www.elpais.com, 21/05/10)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL VE COHECHO EN LA COMPRA DEL PISO DEL ALCALDE DE LA NUCIA

El fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, ha incoado un expediente gubernativo para esclarecer operaciones inmobiliarias y actuaciones urbanísticas del alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP. Cabedo considera que los hechos denunciados por la asociación de vecinos de esta localidad pueden ser constitutivos de delitos de cohecho, contra la ordenación del territorio y prevaricación.

Esta asociación puso en conocimiento de la fiscalía que Cano había comprado dos viviendas en Altea -una de ellas un ático dúplex de 247 metros- por 823.000 euros sin justificar el origen de 215.302 euros entregados al promotor, que además tenía intereses urbanísticos en la localidad. En el mismo edificio también compró otra vivienda la madre de Cano por importe de 303.502 euros, de los que no fueron justificados otros 87.396.

En este edificio, frente al Club Náutico de Altea, tienen en propiedad cinco pisos más Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme. Ambos desempeñan cargos de administración en las sociedades que actúan como agente urbanizador de los PAI de la Serreta y Pie de Monte, donde la trama corrupta del caso Gürtel intentó hacer negocio comprando un tercio de la mercantil urbanizadora. En la Serreta está prevista la construcción de 3.884 viviendas, mientras que Pie de Monte libera 400.000 metros cuadrados de techo en menos de un millón de metros de suelo.

Las viviendas fueron compradas entre marzo de 2004 y finales de 2005, aunque no fueron escrituradas hasta el año pasado por los problemas legales del bloque de apartamentos con el Ayuntamiento de Altea. La promotora a la que Cano y su madre compraron las casas en Altea es la sociedad Rotja 2000 Promociones, SA, cuyos administradores son Gerardo Martínez Riquelme y a José Ignacio de la Serna, ambos con fuertes intereses urbanísticos en el municipio.

Los vecinos también denunciaron a fiscalía otras posibles irregularidades de la gestión de Bernabé Cano, entre ellas, la licencia para una gasolinera en suelo no apto urbanísticamente para proyectos industriales y la construcción de un edificio particular en suelo municipal de La Nucia. Cabedo ha remitido el expediente al fiscal jefe de Alicante para que continúe con el procedimiento.

(www.elpais.com, 21/05/10)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CONDENAN AL EX ALCALDE DEL PP DE GUARDAMAR POR DELITO ECOLÓGICO

El ex alcalde del PP de Guardamar del Segura Francisco García Gómez ha sido condenado como autor criminalmente responsable de un delito contra el medio ambiente con una pena de 18 fines de semana de arresto, multa de 18 meses con una cuota diaria de 6 euros y el pago de la mitad de las costas procesales. La sentencia del Juzgado de lo penal número 1 del pasado mes de marzo se refiere a unos hechos denunciados por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y el PSOE de Guardamar en 1999 y 2000, cuando el Ayuntamiento permitió en el vertedero del Pallaret el vertido, mediante cientos de camiones cisterna, de aguas fecales procedentes de fosas sépticas de la comarca cuya acumulación originó "una especie de embalse" que contenía unos lodos de aspecto viscoso, en un estado líquido pastoso, de color oscuro, de olor nauseabundo y en estado permanente de fermentación, según la sentencia.

En el proceso también estaba imputado el concejal del PP Luis Domingo Hernández, que en el momento de los hechos denunciados era edil de Medio Ambiente y Servicios, aunque finalmente ha sido absuelto. Inicialmente el ministerio fiscal solicitó tanto a García como a Hernández seis meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público y 12 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros y costas.

Una de las razones que esgrime la sentencia para rebajar las penas solicitadas por la Fiscalía para los dos imputados radica en que está contrastado que los acusados intentaron resolver la situación al acordar el Ayuntamiento en Pleno aprobar un protocolo de intenciones con la Conselleria de Medio Ambiente para la implantación de un vertedero de residuos inertes. Según la sentencia, el lugar del vertido no había sido sometido a un plan de impermeabilidad y el vertido, por la elevada temperatura, emitía vapores y burbujas a la superficie ardiendo continuamente.

(www.levante-emv.com, 1505/10)

39. REGIÓN DE MURCIA VALCÁRCEL SE NIEGA A REDUCIR ENTES EN LOS QUE GENTE DE SU PARTIDO COBRA 60.000 EUROS

El Partido Popular (PPRM) presidido por Ramón Luis Valcárcel se ha negado hoy en el pleno de la Asamblea Regional reducir el número de entes publicos de la Comunidad Autónoma de Murcia, que durante los últimos cuatro años y en la época de crisis que está viviendo España y Europa se han duplicado, pasado de 50 al centenar entre fundaciones y consorcios, originando un crecimiento en un 600 por ciento del gasto.

Murcia es la comunidad autónoma en donde más han crecido estos entes, que han servido para recolocar a los altos cargos que el Partido Popular ha ido cesando en las diversas reestructuraciones del gobierno que preside Ramón Luis Valcárcel, con sueldos en torno a los 60.000 euros anuales.

Este empecinamiento del partido de Rajoy, Valcárcel y Cámara en los actuales tiempos en los que españoles y europeos tienen que llevar a cabo sacrificios duros es lamentable, según ha indicado la viceportavoz del grupo parlamentario socialista, Begoña García Retegui.

Retegui ha añadido que las últimas auditorías señalan además que estas fundaciones y consorcios regionales vulneran las normas de contratación.

(www.vegamediapress.com, 20/05/10)

40. REGIÓN DE MURCIA. EL SOBRINO DE VALCÁRCEL DESPILFARRA 9 MILLONES DE EUROS PARA RUEDAS DE PRENSA EN YATES DE LUJO

La viceportavoz del PSRM-PSOE, Begoña García Retegui, ha puesto hoy como ejemplo del desilfarro y el derroche del consejero de Cultura y Deportes de Murcia, Pedro Alberto Cruz, sobrino político Ramón Luis Valcárcel, los "nueve millones para una campaña publicitaria en la Fórmula 1 para que veamos al dueño de Hispania Racing [Carabantes] haciendo ruedas de prensa en yates de lujo desde la Costa Azul", mientras el deporte en la región murciana vive una situación complicada.

Otro ejemplo de política contraria a la austeridad que en estos tiempos se le exige a los españoles son los 11.000 euros gastados por el sobrino del presidente murciano del PP en su visita de cinco días a Cuba, un viaje de vacaciones de Cruz y sus colaboradores "sin que la región haya ganado nada con el".

Lo único que se sabe, es que los eventos que organiza el sobrino de Valcárcel sólo benefician a sus amigos, ha asegurado García Retegui con motivo del encuentro del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, hoy en Cartagena, con los consejeros de Cultura de las comunidades autonomas en manos de la derecha española.

(www.vegameidapress.com, 18/05/10)

41. REGIÓN DE MURCIA. EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA GASTÓ 305 MILLONES DE EUROS EN PERSONAL, PUBLICIDAD Y FIESTAS EN 2009

El PP en el Ayuntamiento de Murcia está profundizando la crisis económica y la destrucción de empleo al recortar las inversiones en un 25 por ciento y sólo disminuir el gasto corriente en 1%, según pone en evidencia el concejal del PSOE, Alfonso Navarro.

La Glorieta en manos de Miguel Ángel Cámara, número dos del PP murciano, gastó en 2009 más de 305 millones de euros en personal, publicidad, protocolo y fiestas, mientras que las inversiones públicas no alcanzaron los 33 millones de euros.

"Una cantidad irrisoria e insuficiente que confirma la alegría inconsciente y despilfarradora en el gasto municipal, así como la ausencia de compromisos con los intereses de los ciudadanos", asegura el edil del PSOE.

El PP de Murcia actúa al revés de como aconseja el sentido común en una situación como la actual, indica también Navarro.

(www.vegamediapress.com, 19/05/10)

42. PRINCIPADO DE ASTURIAS. LA DIRECCIÓN DEL PP ASUME CON RETICENCIAS LA VUELTA DE CASCOS

El PP de Asturias quiere que Francisco Álvarez Cascos sea su candidato en el 2011 y así se lo ha comunicado ya a Mariano Rajoy. O eso es al menos lo que dijo a los periodistas, el viernes pasado, el secretario general de los conservadores asturianos, Fernando Goñi. Sin embargo, la propuesta no se ha remitido oficialmente a la sede del partido en Madrid ni se le ha hecho llegar al máximo aludido, según confirmó a este diario el propio Álvarez Cascos, que no quiere analizar públicamente un asunto en el que él no ha tomado, dice, "ninguna iniciativa". El caso es que, al margen de las ambigüedades y de las medias verdades que rodean a este asunto, la dirección popular se prepara para dar vía libre (no sin ciertas reticencias) al regreso de Cascos a la política española.

Y es que mientras algunos pesos pesados de la organización como Manuel Fraga y Esperanza Aguirre defienden la posible candidatura de Cascos en Asturias, otros temen que convertirlo en un barón territorial e incluirlo en la Ejecutiva del PP dé, en los próximos meses, más de un disgusto a Rajoy. No en vano el exministro de Fomento se ha mostrado crítico, en alguna ocasión, con la línea de oposición del actual presidente del partido y, cuando tuvo lugar el congreso de Valencia, incluso se alineó con las tesis de Aguirre.

Precisamente, Aguirre salió a la palestra para dar otro empujón a esa candidatura que todavía no es oficial, a pesar de que todo el mundo habla ya de ella. "Creo que [la candidatura de Cascos] sería fantástica para Asturias, para el PP y para España. Es uno de esos políticos que realmente tiene muchísimas virtudes y que las ha demostrado", afirmó la presidenta madrileña en la emisora Punto Radio. Aguirre y Álvarez Cascos mantienen una excelente relación personal, hasta el punto de que cuando, hace meses, el que fue vicepresidente con José María Aznar se apartó definitivamente del PP de Gijón (donde siempre había militado y a cuyos dirigentes denunció ante Protección de Datos por tirar a la basura algunas de sus pertenencias, según su propia versión), se afilió en el PP de Madrid. Ahora, cuenta con el apoyo de su amiga y responsable del Gobierno autonómico para emprender, de nuevo, la senda de la política.

Pero Aguirre no es la única que se ha mostrado partidaria de la vuelta de Cascos: Fraga, el fundador del PP, subrayó que el exministro sería "muy bueno para Asturias". "Yo tengo gran simpatía por el señor Cascos y creo que es un gran militante del partido", remachó el veterano político gallego. En este contexto, el equipo de Rajoy mantiene una postura discreta a la espera de que los populares asturianos (si no cambian de idea) presenten formalmente la candidatura.

El lunes, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, despachó el asunto con un "si el PP de Asturias piensa que Cascos es el mejor candidato, desde luego va a tener todo el apoyo de la dirección nacional", aunque inmediatamente agregó: "Y si entienden que deba ser otra persona, pues también tendrá todo el apoyo". O sea, que no se niegan, pero tampoco tocan las palmas.

43. ISLAS BALEARES. JAIME FLUXÀ ADMITE QUE PRESENTÓ ATLAS AL EX CONSELLER RAMIS DE AYREFLOR

El empresario Jaime Fluxà admitió , en declaraciones a los agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y ante los fiscales anticorrupción, que presentó la empresa Atlas Capital Close Brothers al ex conseller de Economía Lluís Ramis de Ayreflor. No obstante, Fluxà, detenido en el transcurso de la operación Bomsai, negó en todo momento haber cobrado dinero público. En cambio, sí reconoció haber recibido un porcentaje de dinero de Atlas, en virtud de su contrato de mediación.

Durante cuatro horas, el empresario Jaime Fluxà, asistido por su sobrina la abogada Isabel Fluxà, prestó declaración en la Jefatura Superior de Policía. Los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán centraron su interrogatorio en sus presuntas vinculaciones con las empresas públicas. A continuación, Fluxà fue puesto en libertad con cargos después de haber pasado una noche en los calabozos de la Policía Nacional.

El empresario Jaime Fluxà está acusado de malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental y fraude a la Administración. Fue detenido el pasado viernes después de registrar las oficinas de su empresa Domus, situada en el Polígono de Son Fuster.

Los fiscales Horrach y Subirán le interrogaron sobre los descuadres detectados en su contabilidad y las supuestas facturas falsas extendidas a partir de noviembre de 2004 hasta ahora. Jaime Fluxà, por su parte, se remitió a los contratos de mediación que tenía suscritos con Atlas y se desvinculó por completo de la empresa pública del Govern Caib Patrimoni. De hecho, el empresario Jaime Fluxà asemejó el papel que jugaba su empresa al de una inmobiliaria.

La operación Bomsai investiga si el ex conseller de Economía incurrió en prevaricación al redactar las bases de la adjudicación del nuevo parque de Bomberos y la sede de la Conselleria de Sanidad. Ramis de Ayreflor, Jaime Sanz de Baranda, Joan Pol y Jaime Ladaria están imputados.

(www.diariodemallorca.es 1605/10)

44. ISLAS BALEARES. LA SINDICATURA CUESTIONA UN CONTRATO DEL PP QUE BLINDA LA ADQUISICIÓN DEL TREN ELÉCTRICO

La Sindicatura de Cuentas de Balears cuestiona que un contrato adjudicado por el Govern del PP en 2005 obligue a comprar a un mismo proveedor los vagones del tren eléctrico que cubrirá la línea Palma-Inca cuando se sustituya el actual ferrocarril de gasoil.

El problema radica en que los vagones en cuestión no son compatibles con los de otros proveedores, por lo que el Govern no tiene alternativa. Según los síndicos, las particularidades de dicha contratación podrían vulnerar la concurrencia de otras empresas a optar al suministro de nuevos trenes.

En 2005, y tras ganar un concurso abierto, el Govern adjudicó a la empresa Caf la adquisición de seis locomotoras eléctricas por un importe de 13,16 millones de euros, que se destinaron a la línea de metro de Palma a la Universidad de las Illes Balears (UIB). En 2008, ya con el actual Govern del Pacto, se adjudicó a dedo al mismo proveedor el suministro de 11 locomotoras y otros 11 vagones, todos ellos eléctricos, para cuando la línea Palma-Inca esté electrificada. Estos convoyes no serán entregados hasta principios de 2011, pues aún se están fabricando, y su coste asciende a 54,2 millones de euros.

En su informe sobre la gestión del Govern en 2008, la Sindicatura de Cuentas advierte de que el contrato inicial, de 2005, "ha condicionado la selección del contratista" y lo hará "en futuras adquisiciones", por lo que, concluye, "se podría limitar la aplicación del principio de concurrencia" que debe regir en las contrataciones de la Administración.

El director general de Movilidad del Govern, Antoni Verger (Bloc), explica que esa última compra se hizo por procedimiento negociado a Caf debido a "los informes técnicos que certificaron la dependencia técnica de las nuevas unidades móviles a las que ya se habían comprado en 2005. No había más remedio que hacerlo así". La incompatibilidad de otro tipo de vagón eléctrico al comprado por el Govern del PP obliga ahora a seguir adquiriendo trenes a la misma empresa, "y así lo avalaron los servicios jurídicos".

Verger explica en cambio que, con los vagones eléctricos del tren-tram (que se utilizarán para la línea Manacor-Artà tras su reapertura), "al ser una nueva explotación, se convocó un concurso público, al que también se presentó Caf, pero lo ganó otra empresa". Se trata de la firma Vossloh, que abastece de trenes a la Generalitat Valenciana.

En el año 2003, el Ejecutivo del PP también tuvo que adquirir nuevos trenes de gasoil al mismo proveedor que 1994, ya que también existía una dependencia técnica creada por él mismo.

(www.diariodemallorca.es 1605/10)

45. ISLAS BALEARES. ROTGER SUBRAYA QUE "NO TIENE NADA QUE VER" CON EL CASO GÜRTEL, AUNQUE RECONOCE HABER CONTRATADO A DEDO A OVER MARKETING

El alcalde de Inca, Pere Rotger, subrayó hoy que "no tiene nada que ver" con el caso Gürtel, aunque reconoció que en el 2008, contrató a dedo y sin concurso público por un importe de 17.500 euros sin IVA a la agencia publicitaria Over Marketing, investigada con esta supuesta trama de corrupción, con el fin de que realizase una encuesta a los ciudadanos del municipio para conocer su valoración de los servicios municipales.

En los pasillos del Parlament, Rotger informó de que el pasado viernes, dos agentes de la Guardia Civil acudieron al Consistorio de Inca, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, para solicitar el contrato con la citada empresa y, en esta línea, dijo que "fuimos los primeros sorprendidos de que Over Marketing pudiera tener cualquier relación con el caso Gürtel".

"Estamos muy tranquilos, porque hemos hecho las cosas bien y cuando en 2008 contratamos a esta empresa, ni caso Gürtel, ni otras historias y, simplemente, ha coincidido", manifestó el alcalde 'popular', quien consideró "muy correcto" que si a nivel de toda España se está intentando averiguar si hay una trama de corrupción en la que pudiera estar implicada Over Marketing, "quieran recabar toda la información si ven que ha trabajado con el Ayuntamiento de Inca".

Rotger insistió en que la relación entre la empresa investigada y el Ayuntamiento de Inca fue únicamente un "contrato menor" para elaborar el citado estudio sobre la calidad de vida en esta localidad mallorquina.

No obstante, indicó que, pese a que no era obligatorio, la Secretaría del Consistorio pidió tres presupuestos a diferentes empresas, de los cuales fue elegido el de Over Marketing y, posteriormente, "derivé el tema al jefe de prensa y al primer teniente de alcalde y son ellos los que después siguieron el día a día hasta que llegaron a esa contratación".

En este sentido, Rotger remarcó que "se han cumplido todos los requisitos legales" y añadió que hace un par de meses, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento remitió las conclusiones del citado estudio a los grupos de la oposición para que "pudieran participar de las opiniones que había recabado esta empresa".

Así, aclaró que lo que ha llamado la atención de la Fiscalía Anticorrupción es que Over Marketing "haya podido trabajar con cualquier administración involucrada en el caso Gürtel" y no el hecho de que se le adjudicara a dedo el estudio, ya que esto es "algo que hace no sólo el Ayuntamiento de Inca, sino todas las administraciones cada día con los contratos menores".

(www.ultimahora.es, 18/05/10)

46. ISLAS BALEARES. DELGADO NO ACLARA QUÉ TRABAJOS CONCRETOS HIZO SÁINZ DE BARANDA PARA EL AJUNTAMENT

El Ajuntament de Calvià sigue sin aclarar con concreción qué trabajos específicos realizó Jorge Sáinz de Baranda en calidad de asesor económico del gobierno municipal que preside Carlos Delgado (PP), quien le otorgó ‘a dedo' tres contratos por valor de 48.720 euros por sus servicios.

Sáinz de Baranda fue detenido en abril en el marco de la ‘operación Bomsai' por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza de 50.000 euros.

El grupo municipal socialista registró el pasado 7 de mayo una solicitud en la que demanda conocer el nombre de las personas que requirieron informes de Sainz de Baranda, así como la fecha, temática y contenido de estos reportes.

Los socialistas también exigieron detalles sobre las reuniones -con actas si se levantaron- a las que asistió el asesor de Delgado y qué personas asistieron a las mismas. Además, pidieron los días y duración, temática, contenido de estos encuentros y copia de las convocatorias si fueron por escrito.

Ahora, la teniente de alcalde de Economía, Teresa Martorell (PP), ha emitido un informe en el que no se informa del nombre y apellidos de las personas que requirieron el asesoramiento de Sáinz de Baranda, ni la fecha, ni la temática, ni el contenido del mismo.

Sólo especifica que asistía los viernes al consejo de coordinación municipal. Según Martorell, las funciones de Sáinz de Baranda en dichas reuniones eran "dar cuenta e informar en materia económica, presentación de borradores de presupuestos, seguimiento del gasto y toma de decisiones estratégicas municipales". La edil señala también que se habilitó un despacho para que Sáinz de Baranda desempeñara las tareas encomendadas y añade que mantenía "numerosas reuniones con el alcalde, los concejales, técnicos municipales y agentes externos para la elaboración, seguimiento y gestión del presupuesto municipal".

(www.ultimahora.es, 19/05/10)