ÍNDICE

1. LOS EMPRESARIOS REPROCHAN AL PP SU OPOSICIÓN AL AJUSTE

2. ‘CASO GÜRTEL’. EL DILEMA DE RAJOY: ¿QUIÉN SUCEDE A CAMPS?

3.’CASO GÜRTEL’. EL PP DEFIENDE QUE CAMPS ES UNO DE SUS "GRANDES LÍDERES"

4.’CASO GÜRTEL’. BÁRCENAS PIDE AL PP QUE PAGUE 200.000 EUROS DE SU ABOGADO EN EL 'CASO GÜRTEL'

5.’CASO GÜRTEL’. LA SOMBRA DEL DELITO ELECTORAL APUNTA A LA CÚPULA DEL PP

6.’CASO GÜRTEL’. EL PP MANIOBRA PARA QUE NINGÚN JUEZ HURGUE EN SU FINANCIACIÓN

7.’CASO GÜRTEL’.UN TESTIGO REVELA AL JUEZ QUE TRILLO SE REUNIÓ CON EL JEFE DEL SASTRE DE CAMPS

8. ’CASO GÜRTEL’. QUERELLA CONTRA ÁLVAREZ CASCOS POR PRESUNTAS CALUMNIAS A LOS POLICÍAS QUE INVESTIGAN LA GÜRTEL

9. EL PP MANTIENE ABIERTAS 64 'EMBAJADAS AUTONÓMICAS'

10. LOS FUNCIONARIOS SE MOVILIZAN CONTRA EL MUNDO Y EL ARTICULISTA QUE LES LLAMÓ "GANDULES" Y "CÁNCER"

11. PORTAZO DEFINITIVO DEL SENADO A LA CANDIDATURA DEL ULTRACONSERVADOR LÓPEZ PARA EL CONSTITUCIONAL

12. EL CRITERIO PARA TUMBAR A LÓPEZ LO DISEÑÓ EL PP HACE 18 AÑOS

13. AZNAR APLAZA UN ACTO DE "AMISTAD" CON ISRAEL

14. AZNAR INSTA A RECORTAR EL ESTADO DE BIENESTAR POR "SOBREDIMENSIONADO"

15. AZNAR: "AL FÚTBOL JUGABA DE CEREBRO, COMO SIEMPRE..."

16. ARTURO MORENO, EL EX NÚMERO TRES DEL PP EXPULSADO POR EL CASO NASEIRO, DA LECCIONES DE "ÉTICA PÚBLICA" EN LA GACETA

14. CATALUÑA. CAMACHO FULMINA A LA DIRECCIÓN LOCAL DEL PP EN SANT CUGAT

18. GALICIA. FEIJÓO ADMITE QUE LA XUNTA GASTÓ EN EXCESO PARA IR A LA EXPO

19. GALICIA. UN JEFE TERRITORIAL DE LA XUNTA VENDIÓ EMPRESAS A TESTAFERROS DE 'NARCOS'

20. GALICIA. OTROS DOS PROMOTORES RECONOCEN EXTORSIONES DE EX CONCEJALES DEL PP

21. GALICIA. LA ALCALDESA DE PORQUEIRA DESPIDIÓ A UN FIJO PARA COLOCAR A UNA CONTRATADA POR BALTAR

22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ADMITE QUE DICE "BARBARIDADES" AL HABLAR SOBRE LA REFORMA LABORAL

23. COMUNIDAD DE MADRID. EL PATRIMONIO DE AGUIRRE ES SECRETO

24. COMUNIDAD DE MADRID. UNA PRIMERA PIEDRA DE 1,4 MILLONES

25. COMUNIDAD DE MADRID. PELOTAZO URBANÍSTICO PARA UN AMIGO DEL NÚMERO TRES DE AGUIRRE

26. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE EN EL PP. EL GOBIERNO DE AGUIRRE CUESTIONA AL EX VICEPRESIDENTE AL QUE ESPIÓ

27. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE EN EL PP. EL PP BLOQUEA EN LA ASAMBLEA LA INVESTIGACIÓN DE LOS ESPÍAS

29. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CAMPS, EN LA HUIDA HACIA NINGUNA PARTE

30. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CAMPS CLAMA POR SU INOCENCIA PERO EVITA DAR EXPLICACIONES

31. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL PP USA INFORMACIÓN FALSA PARA ATACAR A LAS FISCALES DEL 'CASO GÜRTEL'

32. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. TRILLO SE PONE AL LADO DE CAMPS

33. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. PEDREIRA REITERA AL PP SU INHIBICIÓN DE GÜRTEL A FAVOR DE VALENCIA

34. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LA CAJERA: "CAMPS NUNCA PAGÓ EN EFECTIVO"

35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL OCULTA LOS PAGOS A LA FIRMA DE RESIDENCIAS DE LA FAMILIA COTINO

36. COMUNIDAD VALENCIANA. VALENCIA PAGARÁ 2,8 MILLONES MÁS A LA FAMILIA COTINO POR UNA NEGLIGENCIA

37. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ CONFIRMA LA IMPUTACIÓN A FABRA POR COHECHO, DELITO FISCAL Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

38. COMUNIDAD VALENCIANA. LA GENERALITAT VUELVE A PAGAR GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE LA FÓRMULA 1

39. COMUNIDAD VALENCIANA. RTVV DESPIDE A SANZ A LOS TRES MESES DE LA DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL Y EVITA INDEMNIZARLO

40. CASTILLA-LA MANCHA. EL PP HACE CAMPAÑA EN EL CORPUS

41. REGIÓN DE MURCIA. VALCÁRCEL RECORTA 1,1 MILLONES A LA UNIVERSIDAD, MIENTRAS SU SOBRINO SE GASTA 17 EN FIESTAS

42. REGIÓN DE MURCIA. EL EX JEFE DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA SE ENRIQUECIÓ RECLASIFICANDO FINCAS

43. ISLAS BALEARES. LA PIEZA DEL ‘CASO IBATUR’ QUE INVESTIGA DESVÍOS MILLONARIOS ACUMULA UN CENTENAR DE IMPUTADOS

44. ISLAS BALEARES. LA MUJER DE MATAS MANDABA

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1. LOS EMPRESARIOS REPROCHAN AL PP SU OPOSICIÓN AL AJUSTE

La cita del presidente de los populares, Mariano Rajoy, con la 26ª Reunió del Cercle d’Economia fue mucho menos plácida que en anteriores ocasiones. El líder del PP tuvo que aguantar preguntas referidas a su oposición "poco constructiva". Y la primera, del presidente de la entidad, Salvador Alemany, que incluso emuló a un periodista: "¿Tenía el PP un plan alternativo en el supuesto de que el decreto del tijeretazo no hubiera sido aprobado por el Congreso?".

Rajoy, visiblemente contrariado por algunas cuestiones y por la actitud de CiU en el Congreso el día anterior, puso en duda que se pudiera hablar de sentido de Estado por abstenerse y "prolongar la agonía" del Gobierno, como, a su entender hizo la federación nacionalista. Y añadió que, si no hubiera prosperado el texto legal, el Gobierno tenía todavía dos opciones: "Presentar un plan de reformas para el resto de la legislatura y buscar apoyos para el mismo o bien convocar elecciones".

Esta actitud originó muchas críticas por parte de los empresarios asistentes, que le reprocharon que, en todo caso, él podía haber promovido una moción de censura contra Ejecutivo. Muchos alabaron, en cambio, la decisión de CiU, y la contrapusieron al "cuanto peor, mejor" del PP. También se mostraron escépticos ante la posibilidad de que los conservadores rectifiquen su estilo de oposición.

Alemany le preguntó asimismo a Rajoy si es cierto que la cancillera Angela Merkel lo llamó antes de la votación en el Congreso. Rajoy, incómodo ante la cuestión, ni lo confirmó ni lo negó y se limitó a decir que "nadie" le había llamado para confirmar esa información.

El presidente del PP insistió en que su partido no podía votar un ajuste como el planteado por el Ejecutivo, que volvió a tachar de "injusto, improvisado, insuficiente e ineficaz", los mismos términos que ya empleó en el Parlamento. En su opinión, "quien no ha tenido sentido de Estado es el Gobierno", al que criticó por no haber querido presentar un paquete de medidas pactado. "El PP no ha recibido ni una llamada para negociar un acuerdo", sentenció con contundencia.

Durante su discurso ante los socios del Cercle, en su mayoría empresarios y académicos, defendió la necesidad de un "cambio global" para que la economía vuelva a funcionar. Y ese cambio, agregó, no solo debe ser de Gobierno, sino también de "diagnóstico, de objetivos, de comportamientos, de formas y de maneras de manejar la cosa pública". En este marco incluye una necesaria recuperación de la estabilidad en las cuentas públicas, así como una "reforma integral del sector público".

Rajoy afirmó que España ha superado retos como la entrada en el euro y que sabe sacrificarse cuando es consciente de que "vale la pena". Se trata, afirmó el presidente del PP, de "movilizar toda esa energía positiva" para cambiar el rumbo "hacia el destino de la recuperación", así como para "poner los cimientos de la nueva etapa de la economía española". A su entender, si se sigue esta estrategia para la recuperación y para superar la recesión, "incluso podemos salir reforzados de la crisis".

El jefe del principal partido de la oposición está convencido de que el incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria ha sido "tan sistemático y tan amplio que al final ha ocurrido lo que parecía impensable: los mercados financieros dudan de la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas".

Todo ello, aseguró convencido, ha forzado al Gobierno a improvisar y a pasar "de la política de gasto a la de recortes, pero aún no se ha emprendido la política de reformas". Para marcar su diferente manera de actuar respecto a la del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuya decisión de no asistir a las jornadas ha sido muy criticada por los empresarios, Rajoy aseguró que él "siempre encuentra un hueco en su agenda para asistir a un acontecimiento" como ese".

(www.elperiodico.com , 29/05/10)

2. ‘CASO GÜRTEL’. EL DILEMA DE RAJOY: ¿QUIÉN SUCEDE A CAMPS?

El tiempo político de Francisco Camps se ha agotado. Su dimisión podrá producirse en una semana o en un mes, cuando él lo asuma o lo ordene Mariano Rajoy, pero el consenso en torno a su salida es tan amplio que ahora sí la dirección nacional y los barones provinciales del PP valenciano han comenzado a preparar su relevo. Una compleja operación, que en una primera fase debe vencer el empeño de Camps en continuar, y, en la segunda, definir quién se hará cargo ya de la Generalitat Valenciana y quién será el cabeza de cartel en las elecciones autonómicas.

Los movimientos se han iniciado ante la falta de respaldo público de Mariano Rajoy y el ostracismo al que Génova ha condenado al presidente valenciano. La condición de partida es que en cualquiera de los dos escenarios posibles, un recambio provisional ya o uno definitivo, el principal objetivo es frenar el actual proceso de descomposición interna -Gürtel va a llevarse por delante a una generación de políticos valencianos- y sentar las bases para alumbrar un nuevo proyecto. Valencia y Madrid han empezado a trazar una carta de navegación con todas las rutas. Los movimientos iniciales se centran en escoger un sustituto ante la previsible dimisión de Camps, ya que Génova mantiene que forzará su salida en cuanto haya fecha o se deba sentar en el banquillo. En cambio, el entorno del presidente sostiene que el límite para irse es que fuera condenado.

Hasta ahora sólo se habían barajado dos nombres: la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el alcalde de Castellón, Alberto Fabra. Los dos son diputados en las Cortes Valencianas. Pero en estos momentos Barberá no está dispuesta y ha trasladado su negativa a Rajoy. Aún así Génova la sigue considerando como uno de los recambios para liderar la candidatura en 2011.

Alberto Fabra es un aspirante más débil ya que es un desconocido para la dirección del PP. En Valencia se le está reprochando su ambigüedad en el debate de la sucesión al rehuir a dar un paso adelante. Si supera estos recelos, podría ser la única persona capaz de dirigir ya la Generalitat y ser después candidato. Pero, los condicionantes de ambos conducen a pensar, según fuentes del PP, que el relevo interino de Camps debe salir del propio Gobierno. En las últimas horas el partido ha comenzado a valorar tres opciones: el vicepresidente segundo y conseller de Economía y Hacienda, Gerardo Camps; el portavoz parlamentario y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, y el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora.

Gerardo Camps es, sin ninguna duda, un sucesor de consenso. Su solvencia política está reconocida por todo el partido y las tres provincias podrían respaldarse sin fisuras, incluida Alicante, cuya influencia en la sucesión de Camps puede resultar definitiva. Se están produciendo contactos entre las cúpulas provinciales de Ripoll y Rus ya que un acuerdo entre ambos bendecido por Génova será concluyente. El problema de Gerardo Camps es que un dolor crónico en la espalda ha hecho de él un político muy poco constante. Es un misterio cuánto pesará está circunstancia en la decisión final. Rus no le pone ningún reparo aunque su candidato en el Consell es Blasco, cuya valía también está totalmente acreditada. Sin embargo su pasado socialista puede pesar en contra suya en la elección.

Por último en el partido se maneja el nombre del Alejandro Font de Mora, de la confianza de Camps, para hacerse cargo del Consell hasta las elecciones autonómicas de 2011. Significaría apostar por un político ordenado, sin enemigos ni filiación territorial, para gobernar lo que resta de legislatura. A diferencia de Font de Mora, la promoción inminente de Gerardo Camps o de Rafael Blasco comportaría un riesgo: que quisieran optar después a revalidar el cargo en las urnas. Algunas fuentes sostienen que si el vicepresidente económico arriba a la Presidencia de la Generalitat sería después el cabeza de cartel. O

Si la decisión es designar únicamente a un suplente, será necesario elegir un nuevo liderazgo para 2011, aunque para ello se dispone de algo más de tiempo. Dos nombres se repiten para este cometido: Rita Barberá y Alberto Fabra. Y dos se añaden al rompecabezas: Esteban González Pons y Juan Costa. El último, con una trayectoria de lujo, sorprendió esta semana en Valencia en la presentación de su libro al sugerir, en un curioso diálogo con Gerardo Camps, que podría dedicarse a la política autonómica.

Pero la hoja de ruta que ya diseña el PP valenciano incluye una última sorpresa concebida en el despacho de Alfonso Rus. Valencia estaría dispuesta a apostar por Vicente Betoret un diputado joven, alcalde del pequeño municipio de Vilamarxant y que está al frente de la secretaría general del partido en la provincia. Fuentes populares han confirmado que Rus ha trasladado ya su nombre a Génova. Por su juventud (37 años) es un político que estará en el nuevo PP pero es complicado que cuaje como futuro candidato. .

(www.elmundo.es, 30/05/10)

3.’CASO GÜRTEL’. EL PP DEFIENDE QUE CAMPS ES UNO DE SUS "GRANDES LÍDERES"

A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana mueva ficha, el PP volvió a salir en defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, afirmó que su compañero de filas es uno los "grandes líderes" de los que dispone su formación. Da igual que Camps esté imputado por cohecho impropio (soborno) por el caso de los trajes y que pueda ser encausado por varios delitos más, entre ellos prevaricación, fraude fiscal, falsedad documental o financiación ilegal, cuya condena acarrea varios años de cárcel y de inhabilitación para cargo público.

La defensa de Pons sonó parecida a la que, en julio de 2008, realizó Mariano Rajoy al referirse al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Entonces, el líder del PP mantuvo que Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración y la Hacienda pública, era "un ciudadano y un político ejemplar". Pons aseguró que la posición del PP respecto al barón valenciano "no ha cambiado". "Es el candidato a las próximas elecciones y no hay ninguna novedad", comentó reconociendo con ello que el aval de Rajoy sigue vigente. González Pons no quiso reconocer en público lo que muchos dirigentes sostienen en privado: que "ha perdido los papeles" y se está "extralimitando".

Al contrario, se mantuvo fiel al discurso oficial. "Sus declaraciones, lejos de perjudicar, benefician al PP", explicó Pons. Y comentó que el PP piensa que Camps tiene "derecho a defenderse política y jurídicamente". El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció en los mismos términos. Dijo que creía en su homólogo y que, sin respeto a la presunción de inocencia, "no hay Estado de Derecho". Con ello, el PP avaló en cuestión de segundos todo lo que ha venido proclamando Camps en estas dos últimas semanas tras el varapalo del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De hecho, entre sus perlas, el president dijo que era "de risa" la sentencia emitida por el primer órgano jurisdiccional y calificó de auto de "corta y pega" la decisión del segundo.

El equipo de Rajoy se tragó, además, otro sapo. Nadie olvida como Camps se atribuyó, hace tan sólo unos días, en un acto de homenaje en Valencia, el liderazgo del PP nacional desde 2004 y afirmó que, por ese motivo, estaba siendo objeto de una persecución.

Pons también tuvo que salir al paso de los datos que apuntan hacia una supuesta financiación ilegal de su partido. Para el dirigente conservador la investigación está "sólo en sus inicios". "Esta conducirá a demostrar que el PP de la Comunitat Valenciana nunca se ha financiado de manera ilegal", dijo puntualizando. De acuerdo con el auto del juez Pedreira, el PP de Valencia ocultó a Hacienda pagos por importe de 2,5 millones de euros en dinero negro y aceptó que la trama Gürtel endosara a empresarios afines facturas electorales por 376.000 euros. De esta forma, el PP de Camps superó claramente los gastos legales establecidos.

Pero, a pesar de ello, los conservadores no tienen previsto activar ninguna comisión de investigación ni dar explicaciones. Tampoco sobre lareaparición del nombre del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, en la resolución judicial. Esta le señala como el administrador general del PP en las locales de 2007 y, con ello, se traslada al equipo de Rajoy la responsabilidad.

Pons afirmó que las cuentas están "suficientemente avaladas por los organismos reguladores". Y barrió para fuera insistiendo en que Bárcenas aparece porque, "como tesorero nacional, él firma en última instancia la contabilidad de todo el partido". "Pero no significa nada más", resaltó. Dicho esto, el PP emplazó al PSOE a exigir explicaciones a los socialistas catalanes por el caso Pretoria en el que están implicados cargos del PSC y de CiU para que "todos" sean iguales: "Nosotros hemos sido muy exigentes con nosotros mismos. Ahora esperamos que lo sean ellos".

Además reconoció que el PP pagará parte de los honorarios del abogado de Bárcenas. Señaló que ahora la minuta está "en negociación" para que su cuantía sea "justa y acorde" con la tarea realizada. Según El País, el ex senador habría reclamado a su partido el pago de 200.000 euros a Miguel Bajo, uno de los penalistas más prestigiosos de España. 

(www.publico.es, 01/06/10)

4.’CASO GÜRTEL’. BÁRCENAS PIDE AL PP QUE PAGUE 200.000 EUROS DE SU ABOGADO EN EL 'CASO GÜRTEL'

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas sigue suponiendo un importante quebradero de cabeza para la dirección de Mariano Rajoy. El hombre que ha controlado las finanzas del partido durante los últimos 20 años, primero como gerente y en los últimos 20 meses como tesorero, mantiene una importante fuerza en la sede central de la calle Génova, donde no solo conserva amigos e incluso familiares entre los trabajadores más destacados de la casa -no en vano muchos de los contratos fueron firmados por él mismo- sino un notable poder de presión frente al líder de la formación conservadora, Mariano Rajoy.

Su último intento de forzar la máquina ha llegado de nuevo por un asunto muy polémico: el pago del abogado de Bárcenas en el caso Gürtel, Miguel Bajo, uno de los penalistas más conocidos de Madrid, que cobra una minuta superior a los 300 euros la hora.

El ex tesorero exigió a Rajoy que el partido le pagara el abogado y el líder del PP aceptó. Pero después de que se conociera esta decisión, cuando Bárcenas decidió dejar definitivamente la tesorería del PP y pedir la suspensión temporal de militancia en el partido, anunció públicamente, con un comunicado, que a partir de ese momento -hace un mes- se pagaría él mismo su abogado. Bárcenas era el único imputado del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a Gobiernos populares, al que el PP sufragaba los gastos de defensa, un privilegio que en su día sentó muy mal en el partido.

La mayoría de los dirigentes pensaba que el asunto del abogado, que incomodaba a todos, estaba felizmente resuelto. Pero ha vuelto. Bárcenas ha intentado que el partido le pague una minuta de casi 200.000 euros, según confirman fuentes de Génova. Esa fue la factura que pasó para que el partido la asumiera.

Ante la extrañeza de los responsables de las cuentas del PP, el actual gerente, Cristóbal Páez, y la secretaria general, María Dolores de Cospedal, el ex tesorero explicó que se trata del coste de su abogado hasta el día en que él anunció que pasaba a pagarlo de su bolsillo. Páez, muy enfrentado con Bárcenas, será sustituido en breve por Carmen Navarro, que ha trabajado con el ex consejero de Sanidad de Madrid Juan José Güemes, y antes con el actual tesorero del PP.

Las mismas fuentes entienden que se trata de una minuta que incluiría toda la previsión de gastos del caso. Según fuentes jurídicas, es habitual que los abogados cobren a sus clientes en función de los gastos que prevén abordar en un proceso que, como el caso Gürtel, puede durar varios años. Sería una especie de adelanto. Cospedal, según las mismas fuentes, se negó a asumir la minuta al menos hasta que estuviera claro que ese precio obedece a lo que pactó Bárcenas con Rajoy: el PP asume el coste hasta el pasado 10 de abril, y a partir de ahí, el ex tesorero paga de su bolsillo. Por tanto, según estas fuentes, la factura no se ha pagado porque no ha habido acuerdo, aunque es presumible que Bárcenas siga intentándolo porque, según su interpretación, ese coste debe asumirlo el PP.

El 90% del dinero que maneja el partido proviene de subvenciones públicas, aunque a la hora de gastar, los partidos funcionan como una empresa: contratan con quien quieren al precio que quieren sin necesidad de hacer concursos, y pagan a sus empleados los sueldos que deciden sin darlos a conocer a nadie.

Bárcenas, dicen los que le conocen, no es una persona que haya aceptado retirarse sin más del PP. De hecho, una vez que ha perdido su despacho de tesorero en la sexta planta, ocupado ahora por su sucesor, el ex ministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaria, ha exigido y logrado que el partido le facilite una sala para conservar allí sus documentos. Le ofrecieron la Sala Andalucía, según adelantó el diario Público, pero incluso eso supuso un enfrentamiento con Cospedal, ya que él decidió tapar con vinilo todo el cristal que permite ver desde el exterior todo lo que sucede en las salas de reuniones del partido, como lo es la Andalucía. Cospedal ordenó retirar ese vinilo y la tensión creció de nuevo entre los fieles a la secretaria general y los que aún mantienen la amistad y la fidelidad a Bárcenas.

Cospedal fue la dirigente que con más claridad empujó desde el principio para que Rajoy echara al ex tesorero, pero finalmente no lo logró y la cuestión solo se resolvió cuando fue el propio Bárcenas quien, empujado por la decisión del ex diputado Jesús Merino de abandonar la política, vencido por la presión mediática y convencido de que un tribunal inferior podría ser mejor para sus intereses, decidió dejar el escaño.

(www.elpais.com, 31/05/10)

5.’CASO GÜRTEL’. LA SOMBRA DEL DELITO ELECTORAL APUNTA A LA CÚPULA DEL PP

La previsible imputación del ex tesorero del PP Luis Bárcenas por un presunto delito electoral cometido en Valencia durante las elecciones municipales de 2007 ha infligido a la cúpula nacional del PP un golpe inédito hasta ahora en el caso Gürtel. Porque de todos los delitos que se atribuyen a Bárcenas, que ya era sospechoso de blanqueo y fraude a Hacienda, sólo el electoral pudo cometerlo no a título particular sino precisamente por su condición de administrador general del partido.

En un país cuyo Código Penal sigue sin tipificar la financiación ilegal, el delito electoral aparece aquí como uno de los de mayor calado político: porque su comisión no perseguía engrosar las cuentas privadas de nadie sino las del partido cuyos dirigentes supuestamente lo perpetraron.

Es ese delito electoral el que compromete de modo drástico al conjunto del equipo de Mariano Rajoy, bajo cuyo mandato Luis Bárcenas presentó ante el Tribunal de Cuentas la contabilidad de los comicios locales de 2007. A diferencia de lo que sucede con las elecciones autonómicas, donde los partidos presentan sus cuentas propias en cada comunidad, en las municipales hay una sola cuenta estatal por cada formación política. Y eso significa que la responsabilidad recaerá sobre Bárcenas en lo penal y la ejecutiva nacional del PP en lo político si, tal como sostienen Anticorrupción y el juez Pedreira, el partido pagó en Valencia gastos de la campaña municipal con dinero negro y permitió que la red corrupta endosara facturas electorales a empresarios afines a los conservadores.

El artículo 149 de la Ley Electoral (Loreg) no ofrece dudas: se arriesgan a penas de hasta tres años de cárcel los administradores generales "que falseen las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables". Justamente, lo que, según los investigadores del caso Gürtel, ocurrió en Valencia.

Según el PP, la dirección nacional está libre de polvo y paja dado que resulta imposible "vigilar cada acto de unas elecciones municipales", aducen fuentes del partido. "Si te acreditan con facturas que han gastado cinco pero en realidad han gastado ocho, no hay manera de saberlo", añaden los portavoces oficiales de los conservadores.

Ese argumento desbarata el estribillo repetido estos días por la derecha mediática: que el Tribunal de Cuentas consagró la limpieza de las cuentas del PP y que, por tanto, el auto de Pedreira no se sostiene. Pero el Tribunal de Cuentas, como ocurrió con la Sindicatura de Comptes en Valencia en lo concerniente a las elecciones autonómicas, sólo verificó si los documentos presentados se ajustaban a la ley. Y resulta obvio que el Partido Popular no comunicó al tribunal ni los pagos en negro ni las facturas falsas endosadas a terceros.

Aquella doble campaña municipal y autonómica evidenció un despliegue de medios sin parangón: aluvión de actos, aluvión publicitario y aluvión de merchandising electoral en la carrera por el voto.

Pero, a tenor de la versión oficial del PP, a nadie en la sede central del partido llamó la atención aquella demostración de poder económico en una comunidad donde el límite legal de gasto para ambas campañas se había fijado en 1.634.348 euros, según se desprende de los informes del Tribunal de Cuentas y corroboran los técnicos en contabilidad consultados por Público. El gasto real, y así lo acreditan los informes policiales y de Hacienda , fue muy superior: en las dos campañas simultáneas, el PP habría ocultado a Hacienda 2,5 millones de pagos en dinero negro. Y habría aceptado que la red corrupta endosara a empresarios afines facturas electorales por 376.000 euros. En otras palabras, se nutrió de fondos que duplicaban lo permitido por la legislación electoral.

Tras constatar los indicios de ilegalidad referentes a 2007, el juez investiga ahora si el PP cometió otro delito electoral en las elecciones generales de 2008. Cuando el auto de Pedreira se conoció el miércoles, fuentes oficiales del PP aseguraron que Bárcenas continuaba siendo el administrador general del partido en esa campaña.

Portavoces del partido corrigieron esa información para precisar que el cargo de administrador correspondió en aquella campaña a Cristóbal Páez, quien sustituyó de manera interina a Bárcenas como tesorero del PP mientras el ex senador permaneció temporalmente apartado de su responsabilidad interna. Bárcenas cesó definitivamente como tesorero en abril. Lo relevó el ex ministro José Manuel Romay Beccaría. 

(www.publico.es, 31/05/10)

6.’CASO GÜRTEL’. EL PP MANIOBRA PARA QUE NINGÚN JUEZ HURGUE EN SU FINANCIACIÓN

Los dirigentes del PP están convencidos de que el partido puede asumir el coste que supone el caso Camps siempre y cuando el asunto se limite a la investigación sobre un posible cohecho impropio del presidente valenciano y algunos de sus colaboradores por haber aceptado, supuestamente, el regalo de algunas prendas de vestir por parte de la trama Gürtel. Pero el tema se complicaría en exceso, según el análisis que hace la cúpula conservadora, si a la causa de los trajes se añadiera una investigación sobre financiación ilegal. Por eso, el responsable de la estrategia judicial de los populares en este caso de corrupción, Federico Trillo, anunció que va a presentar un recurso de apelación contra la decisión de Antonio Pedreira, juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que instruye el caso Gürtel, de inhibirse para que sea un magistrado de Valencia quien estudie las cuentas del PP valenciano.

No es la primera vez que Trillo trata de frenar a Pedreira, que el martes emitió un auto en el que reafirmó su intención de pasar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) documentación de la Fiscalía Anticorrupción y Hacienda sobre la contabilidad de Camps.

En este contexto, Trillo considera necesario, además, desacreditar públicamente a los encargados de investigar a la red Gürtel, como demostró en Onda Cero. "Eso no es más que una acusación de los inspectores de la Agencia Tributaria desplazados a la unidad de apoyo de anticorrupción; para entendernos, del Gobierno", sentenció. Y, a continuación, adelantó que su intención ahora es interponer otro recurso contra el escrito del fiscal sobre el que está basada, en buena parte, la investigación de Pedreira en torno a la financiación de los populares.

En lo que concierne al futuro de Camps, el responsable de justicia del PP subrayó que no vería "justo" que el presidente valenciano fuera sustituido como candidato de su partido para las elecciones del 2011. "Ningún juez ha podido probar que no haya pagado trajes valorados en 2.880 euros, cantidad que no da ni para pagar la decoración de una habitación", agregó. En esta línea, quiso incidir en que tampoco se ha demostrado que, en los últimos años, Camps se haya enriquecido ilícita. "Camps quiere probar a toda costa que no se ha enriquecido", concluyó.

(www.elperiodico.com, 03/06/10)

7.’CASO GÜRTEL’. UN TESTIGO REVELA AL JUEZ QUE TRILLO SE REUNIÓ CON EL JEFE DEL SASTRE DE CAMPS

Miguel Marqués, director de compras hasta su despido en agosto de 2009 de las empresas de Eduardo Hinojosa, propietario de Forever Young, manifestó ante el juez del caso Gürtel , Antonio Pedreira, que el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo-Figueroa, apareció en escena al día siguiente de publicarse en EL PAÍS la entrevista en la que el sastre José Tomás explicaba cómo tomaba medidas al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Según la declaración de Marqués, Trillo apareció por las oficinas de Hinojosa justo antes de que comenzara una campaña de prensa contra José Tomás y de que Hinojosa ampliara una querella contra el sastre por unas supuestas facturas falsas .

En conversación con EL PAÍS, Marqués relató que trabajaba en las oficinas que Eduardo Hinojosa tiene en Serrano 51, 1º D. El diputado del PP Trillo-Figueroa no había ido nunca por allí, pero nada más publicarse la entrevista del sastre (el 15 de marzo de 2009), despedido tras haber declarado ante el juez Baltasar Garzón sobre el caso Gürtel, mantuvo al menos dos encuentros con Hinojosa en esas oficinas.

"Me enteré porque Eduardo Hinojosa estaba en su despacho y uno de sus hijos vino al mío a pedirme un mechero y un cenicero. Ante mi sorpresa, porque Hinojosa no fuma, pasé por el despacho de Eduardo y vi allí a Trillo-Figueroa despachando con él. Era Trillo al que había que darle fuego. Días después, Trillo también estuvo allí. En ambos casos era sobre la una de la tarde, más o menos", relató Marqués a este periódico.

"Tras marcharse Trillo, Hinojosa me comentó que José Tomás se había metido en un buen lío. También hizo referencia a que iba a recibir a una periodista de una cadena de radio, creo que la Cope. Hinojosa daba síntomas de alegría y se mostraba amistoso porque Tomás estaba en un buen lío 'del que se va a arrepentir'. Cuando Trillo estuvo en las oficinas se encontraban allí, además de Eduardo Hinojosa, su hijo y sus hijas Sandra y Silvia. Todos eran consejeros de la firma y supongo que se vieron con Trillo", prosiguió Marqués.

Marqués manifestó en su declaración ante el juez que no sabía para qué ni por qué Trillo se entrevistó con Hinojosa, ni de qué hablaron entre ambos.

Sin embargo, coincidiendo con aquella reunión, Trillo-Figueroa hizo unas durísimas declaraciones contra el sastre José Tomás en Onda Cero, en las que sostuvo que el sastre había sido denunciado por su empresa por falsificación de facturas, mientras que la empresa tenía una contabilidad "absolutamente férrea". Tales asertos de Trillo quedaron desmentidos después en el juicio por despido de Tomás, en el que se desechó que el sastre falsificase facturas, y en el que se condenó a Hinojosa a indemnizarle con 232.500 euros. La misma acusación tampoco fue aceptada por el juez valenciano José Flors.

Tras el primer encuentro con Trillo, Hinojosa reunió a todos los directivos en presencia de su abogado para que firmasen una carta bajo amenaza de despido, según Marqués. Firmaron Miguel Marqués, Ana Fernández, directora de la tienda de Forever Young en Concha Espina; Alfonso, un directivo que firmó sin su apellido y con su carné de identidad; Javier García Fernández, director de Forever Young en paseo de La Habana, y Mariano Estebaranz, director de The Taylor Outlet, en Serrano 25, así como Raquel Vázquez, auditora externa. "Firmamos todos, simplemente porque el que no firmase podía considerarse despedido", dijo Marqués.

"Con dicho documento se trataba de probar que José Tomás había mentido. Tras las firmas, el papel lo cogió el abogado, Jesús Maldonado, que estaba presente. Días después, Abc publicó una ampliación de la denuncia de Eduardo Hinojosa contra Tomás, avalada por las firmas de los directivos. Un par de días más tarde, el 17 o el 18, Trillo estuvo un par de horas en la sala de juntas al lado del despacho de Hinojosa", precisó Marqués.Según el ex director de compras, Hinojosa incluso le obligó a ir al programa El Gato al agua. "Tenía que decir que nosotros no vendíamos a crédito y que, en consecuencia, si Camps sacaba una prenda de la tienda, tenía que estar ya abonada. En la entrevista estuve yo con Ana Fernández, asintiendo con lo que yo digo, pero ella no participó en la conversación. Se hizo una grabación en Concha Espina número 8. El hijo de Eduardo Hinojosa era amigo del presentador. Después, hasta mi salida de la empresa, siguieron los comentarios despectivos hacia Tomás. Fue el tema único de conversación durante meses".

(www.elpais.com, 03/06/10)

8. ’CASO GÜRTEL’. QUERELLA CONTRA ÁLVAREZ CASCOS POR PRESUNTAS CALUMNIAS A LOS POLICÍAS QUE INVESTIGAN LA GÜRTEL

Tras la querella contra María Dolores de Cospedal por acusar al Gobierno de espiar a su partido, una nueva denuncia intenta que las acusaciones de miembros del Partido Popular no salgan gratis. En esta ocasión el turno le ha tocado a Francisco Álvarez Cascos, ex secretario general de la formación, a quien una asociación ha denunciado por un presunto delito de calumnias contra funcionarios públicos, al calificar de "camarilla de la policía judicial" a quienes investigan el caso Gürtel y acusarles de "preconstituir pruebas".

La asociación Preeminencia del Derecho ha presentado ante el Juzgado de Guardia de Madrid una denuncia contra Álvarez Cascos por un presunto delito de calumnias contra funcionarios públicos, que habría cometido al calificar de "camarilla de la policía judicial" a los funcionarios de la Comisaría General de Policía por su actuación durante la investigación de la trama de corrupción Gürtel.

La denuncia incluye una reseña periodística en la que se da cuenta del intento de la propia Policía de actuar contra Álvarez Cascos y añade que las palabras que éste dirigió el pasado 4 de abril a los funcionarios de la unidad de blanqueo y delincuencia económica por su trabajo en la operación Gürtel pueden ser constitutivos de delito porque el mandatario les atribuyó un acto de falsificación de documentos". "Hecho gravísimo que, de no ser cierto y resultar probado, es calumnia", añade el escrito.

En concreto, Álvarez Cascos señaló durante una entrevista radiofónica que "hay una camarilla de la policía judicial, instalada en Canillas, dedicada a preconstituir pruebas". "En mi caso -añadió-, claramente dedicada a preconstituir una prueba falsa. De eso doy testimonio en primera persona. Y como eso hay más. Y puede haber mucho más". La denuncia añade que las declaraciones, al estar referidas a funcionarios públicos, son perseguibles de oficio, a diferencia de cuando se dirigen contra particulares en que son los agraviados los únicos legitimados para denunciar.

Por otro lado, Preeminencia del Derecho, que preside el letrado murciano José Luis Mazón, ha pedido a la Fiscalía General del Estado que abra una investigación sobre los fiscales de Madrid que, según una información periodística publicada hoy, se negaron a poner querella contra Álvarez Cascos tras recibir una comunicación de los policías afectados, "ya que la denuncia de los delitos por los fiscales no está sometida al principio de oportunidad o voluntarismo sino que resulta reglada y habiendo indicios de delito deben de proceder".

(www.elplural.com , 29/05/10)

9. EL PP MANTIENE ABIERTAS 64 'EMBAJADAS AUTONÓMICAS'

El PP exige al Ejecutivo lo que no cumple allí donde gobierna. La última de estas peticiones lleva unos meses en boca de los principales líderes conservadores y fue recuperada por la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, en un acto en Segurilla (Toledo). Se trata de la supresión de las denominadas embajadas autonómicas, uno de los recortes que los conservadores sugieren para evitar la congelación de las pensiones. "No se pueden tener miles y miles de millones de euros en algunas medio embajadas de comunidades autónomas a lo largo y ancho de todo el mundo", se lamentó.

Lo que obvió Cospedal en su discurso es que 64 de estas oficinas representan a comunidades autónomas en las que gobierna su partido. Y que la formación en la que ejerce como secretaria general no tiene previsto suprimirlas. Sólo la oficina de la que dispone la Comunitat Valenciana desde 1989 en Bruselas cuesta a la Generalitat de Francisco Camps más de un millón de euros al año.

El propio Rajoy ya insinuó al Ejecutivo socialista en septiembre del pasado año que la eliminación de las embajadas debía ser una de las medidas para recortar el gasto público. "Sobran ministerios, se solapan competencias, se multiplica la burocracia, se dedica dinero público a hacer favores y a publicitar las labores del Gobierno, las comunidades abren embajadas en el exterior o se encargan informes innecesarios o falsos", afirmó entonces el líder del PP.

El asunto llegó hace unas semanas hasta el Congreso de la mano de Eugenio Nasarre, diputado conservador por Jaén que pidió por escrito al Ministerio de Política Territorial la relación de las oficinas autonómicas en el extranjero, cuya existencia tildó de "despilfarro". Según el documento que le remitió el departamento que dirige el también vicepresidente del Gobierno Manuel Chaves, existen 188 oficinas, de las cuales 184 corresponden a las distintas autonomías y cuatro a entidades provinciales o locales.

"Ha habido una creación desbocada de este tipo de organismos y no podemos permitirnos ese lujo", explicó el propio Nasarre a Público esta semana. "En los países en los que existan oficinas diplomáticas del Estado, las comunidades autónomas deben defender sus intereses a través de esos cauces. Y se debe priorizar la marca España", sugirió el diputado del PP. Él mismo dio traslado de la lista de embajadas al propio Rajoy, que según explicó el parlamentario, "propuso la necesidad de reformar los planteamientos" de las autonomías sobre el tema.

Esa iniciativa del líder del PP sigue sin ponerse negro sobre blanco. Fuentes del partido especificaron que la supresión de los organismos territoriales no se ha establecido como una doctrina a seguir en las comunidades lideradas por los conservadores, y afirmaron desconocer si se lo han planteado los gobiernos autonómicos de sus comunidades.

Los datos facilitados por el Ejecutivo ponen de manifiesto esa doble vara de medir del PP en este asunto. Por ejemplo, la Comunitat Valenciana de Camps es la autonomía liderada por los conservadores que más embajadas mantiene desplegadas por el mundo 23 y la segunda de todo el Estado. Únicamente le supera Catalunya, que tiene 47.

De todas esas oficinas valencianas, 21 son institutos de exportación cuya finalidad es facilitar las transacciones comerciales. Se ubican en países europeos, principalmente, pero también en África, EEUU o Latinoamérica. Llama la atención la existencia de una de estas embajadas en Cuba, cuyo régimen es duramente criticado desde las filas del PP. Fuentes del Ejecutivo autonómico afirmaron en su día que ninguna de estas representaciones va a desaparecer por el momento.

La mayor parte del presupuesto de las embajadas de las comunidades autónomas se la llevan las oficinas ubicadas en Bruselas. Todas las autonomías del PP tienen delegaciones en la ciudad belga, para asegurarse unas buenas relaciones con los demás países de la UE, al margen de las que mantiene el Gobierno central.

La promoción del turismo es otro de los objetivos primordiales que persiguen este tipo de organismos oficiales. Es el caso de muchas de las oficinas que Murcia, gobernada también por el PP, mantiene y financia en el extranjero. Son un total de 12 que se reparten entre Europa, América y Asia. Al igual que en el caso de la Comunitat Valenciana, no hay noticias de que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel vaya a proceder a suprimir esas delegaciones.

"Madrid abre hospitales, otros abren embajadas", afirmó en tono crítico la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en julio de 2009. La dirigente olvidó que la comunidad que ella preside es una de las que más embajadas territoriales tiene repartidas por el mundo. Hay once, en total. En 2008, Aguirre anunció la creación de una red de "oficinas comerciales" en el exterior. "Las primeras abrirán en México, Miami, Shanghai y Sao Paulo, y les seguirán las de Nueva York y Tokio", apuntó entonces una nota oficial. Han sido inauguradas todas menos las dos últimas, según el documento del Gobierno, y el Ejecutivo de Aguirre no se ha planteado suprimirlas.

Otro tanto ocurre en Galicia, cuyo Gobierno está en manos del conservador Alberto Núñez Feijóo desde hace un año. La comunidad dispone de institutos para la promoción económica en países como China, Japón o México. También tiene repartidas por el mundo varias oficinas dedicadas a promocionar el turismo en Galicia y otras encargadas de gestionar los trámites de los numerosos emigrantes gallegos desplazados por los cinco continentes.

En menor medida, La Rioja y Castilla y León también han diseñado una red de embajadas. La primera dispone de delegaciones en Bélgica y México y la comunidad presidida por el Juan Vicente Herrera (PP) tiene oficinas en Brasil, Chile o Hungría, entre otros lugares.

El pasado día 19, el PP volvió a dar muestras de la ambigüedad con la que está afrontando la reducción de las embajadas autonómicas. UPN solicitó en el Congreso poner fecha a dicha supresión de oficinas territoriales. Pero los conservadores se negaron alegando que previamente es necesario "un informe sobre la situación de las oficinas y un diálogo para definir claramente las necesidades de las comunidades en cuanto a su representación".

Además de proponer esta iniciativa, Cospedal se preguntó en su acto con pensionistas en Toledo para qué sirven los ministerios de Vivienda, Igualdad y las tres vicepresidencias. Y se lamentó de que el Gobierno, que se ha gastado, según dijo, 13.500 millones en las obras del Plan E, quiera "castigar" ahora a los pensionistas

Las ocho comunidades autónomas gobernadas por el PSOE tienen en total 105 ‘embajadas' autonómicas en el exterior. Catalunya, en el punto de mira de los conservadores por impulsar la existencia de estas oficinas, tiene 47 delegaciones repartidas por el mundo, según el informe del Ministerio de Política Territorial al que tuvo acceso este diario. Le sigue Andalucía, con veinte ‘embajadas' desplegadas por los cinco continentes; Asturias, con trece, y Euskadi, con 12. Con un número inferior figuran Aragón, que tiene cinco oficinas, y Extremadura, que dispone de cuatro.

Por último, Balears y Castilla -La Mancha cuentan con dos delegaciones territoriales en el extranjero. Canarias, presidida por CC, ha consolidado una red de ocho delegaciones, Navarra (UPN) tiene cinco y Cantabria (PRC) dispone de dos. Además de las comunidades autónomas, las provincias andaluzas de Huelva y Almería y la Diputación de Barcelona están representadas en Bruselas con oficinas propias. 

(www.publico.es, 31/05/10)

10. LOS FUNCIONARIOS SE MOVILIZAN CONTRA EL MUNDO Y EL ARTICULISTA QUE LES LLAMÓ "GANDULES" Y "CÁNCER"

Estos días circula por la red un pásalo en el que los funcionarios muestran su indignación contra un artículo de El Mundo que instó a la eliminación del sector público y se refería a los funcionarios en términos de "gandules" o "cáncer". Antes de que se publicara aquel artículo, el eurodiputado popular Alejo Vidal Cuadras ya había recurrido a su blog para instar a "aplicar drásticamente la tijera al tamaño descabellado de la Administración", del que culpa a las CCAA, equiparó las empresas públicas con "sanguijuelas insaciables" y advirtió de que "o acabamos con este parásito descomunal o él acabará con nosotros".

Mientras el Gobierno insiste en que en el contexto la crisis y como una medida extraordinaria para controlar el déficit derivado de la misma ha tomado medidas de recorte como el recorte en el sueldo de los funcionarios. La vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega aseguró que están actuando como "toca" por las circunstancias y no como gusta a su Gobierno. Sin embargo, medios de la órbita del PP y desde el propio partido de Rajoy instan a ir mucho más allá de los recortes, los señalan como un proyecto de fondo y no como algo circunstancial y cuestionan la propia existencia del sistema público.

Por Internet circula desde hace un par de semanas un e-mail pásalo con el que los funcionarios están mostrando su indignación contra un articulista de El Mundo, Salvador Sostres, por un texto en el que no sólo celebraba el recorte a los funcionarios, sino que defendía que había que ir mucho más allá. La indignación también se está expresando a través de foros y blogs en la red. Entre otras cosas, Sostres mantenía que "el aparato del Estado" era "siniestro", "lo más opuesto a la libertad", "un cáncer para la economía" o "plaga". "Que el colegio público deje paso a la escuela concertada y no hace falta que los maestros sean funcionarios", apunta, sentenciando que "queridos funcionarios, vuestra hora ha llegado" y que "no inspiráis ninguna lástima".

Sostres, que recientemente difundió también en El Mundo otro artículo elogiando el movimiento estadounidense ultraconservador y antiestatal Tea Party, deja ver en el texto contra los funcionarios su inspiración: "Los americanos, pese a todas sus limitaciones y a todos sus matices, y pese a que Obama es un pobre socialdemócrata, lo entienden mejor que nadie". La cadena de e-mail que se están pasando los funcionarios para protestar por estos insultos va acompañada de descalificativos para el articulista y de un llamamiento a dejar de comprar el diario de Pedro J.

Dirigentes del PP están exhibiendo un discurso similar, y es que apenas un día antes del de Sostres, el eurodiputado Alejo Vidal-Quadras había utilizado su blog para tachar de "incompleta" la ofensiva de Zapatero contra el déficit, llamando la atención sobre "el gigante aquejado de obesidad mórbida y debilidad muscular en que se ha transformado nuestro Estado de las Autonomías".

El texto del eurodiputado venía precedido por otro aún más duro en el que instó a "aplicar drásticamente la tijera al tamaño descabellado de la Administración", una sobredimensión de la que culpa a las CCAA. También equiparaba a las empresas públicas con "sanguijuelas insaciables" y advirtía de que "o acabamos con este parásito descomunal o él acabará con nosotros".

(www.elplural.com, 01/06/10)

11. PORTAZO DEFINITIVO DEL SENADO A LA CANDIDATURA DEL ULTRACONSERVADOR LÓPEZ PARA EL CONSTITUCIONAL

La Mesa del Senado ha rechazado hoy definitivamente al candidato del PP para formar parte del Tribunal Constitucional, Enrique López, después de que los representantes socialistas y los de CiU votaran en contra de la propuesta. Como advirtió El Plural, López no cumplía con los 15 años de ejercicio judicial que se exigen para ingresar en el TC, lo que ha llevado a su rechazo. Un criterio que también deja fuera al candidato propuesto por el PSOE, Juan Carlos Campo.

El máximo órgano del Senado ha reconocido en una votación esta mañana que López no cumple con el requisito de tener 15 años de experiencia en la judicatura tal y como exige la Constitución, aunque el PP ha votado en contra. Los tres socialistas en la Mesa, que han contado también con el voto del representante de CiU, han adoptado esta postura aún conscientes de que el criterio de los 15 años de experiencia exigibles deja también fuera a su candidato, Juan Carlos Campo, actual secretario de Estado de Justicia.

(www.elplural.com, 01/06/10)

12. EL CRITERIO PARA TUMBAR A LÓPEZ LO DISEÑÓ EL PP HACE 18 AÑOS

El coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, hizo público un comunicado en el que calificaba de "inaceptable" el criterio del Senado para descartar a Enrique López como posible magistrado del Tribunal Constitucional. "Enrique López no solo lleva 15 años de servicios sino 21 años para 22 desde su ingreso en la carrera judicial", escribió Trillo. Enrique López obtuvo el título de juez en 1989, hace 21 años. El Senado considera que no suma 15 años de ejercicio profesional porque no cuenta los casi siete años que pasó como vocal del Consejo del Poder Judicial.

La decisión se basa en una sentencia del Tribunal Supremo de 1994 que consideró ilegal el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general del Estado. El Supremo dio la razón a la impugnación del nombramiento de Hernández, que realizaron las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Unión Judicial Independiente y Asociación de Fiscales, una campaña contra el alto cargo socialista orquestada por el PP, con Federico Trillo a la cabeza. Aquel recurso supuso una gran victoria del ex ministro y de la derecha judicial, que se cobraron la cabeza del fiscal general del Estado. El recurso se basaba en que los años que Hernández había estado en situación de servicios especiales y no como juez en activo no contaban para el cómputo de 15 años. Lo único que hizo el Senado fue dar por bueno este precedente.

El portavoz de la APM, Antonio García, dijo que esta forma de computar los años en ejercicio, defendida por su asociación en 1992, es "totalmente desafortunada e incomprensible en términos jurídicos". López pertenece a la APM.

(www.elpais.com, 02/06/10)

13. AZNAR APLAZA UN ACTO DE "AMISTAD" CON ISRAEL

Hasta José María Aznar ha tenido que rehacer su agenda para no aparecer demasiado cerca del Estado que había atacado a sangre y fuego a la flotilla pacifista. El ex presidente del Gobierno aplazó el lanzamiento público en París de su nueva Friends of Israel Initiative (Iniciativa de Amigos de Israel), un lobby montado recientemente. El acto previsto que ha sido pospuesto por razones de imagen. Los correos de invitación estaban enviados y la lista de participantes, cerrada. Uno de los miembros de este nuevo grupo de influencia, el ex diplomático neocon norteamericano John Bolton, ya había aterrizado en París.

Pero no pudo ser. El acto tuvo que ser anulado in extremis. La oficina de Aznar reconoció que "no se daban las circunstancias". Cierto es que era mal día para proclamar que "Israel está en nuestro campo" de la "democracia occidental" y de los "valores judeocristianos", como figura en la página web de este lobby judío. Es la web de la iniciativa de Aznar, a la que se pensaba dar publicidad desde París.

(www.publico.es, 01/06/10)

14. AZNAR INSTA A RECORTAR EL ESTADO DE BIENESTAR POR "SOBREDIMENSIONADO"

El ex presidente José María Aznar ha instado a avanzar la reforma no sólo del mercado laboral, sino también en la del "sobredimensionado Estado de Bienestar". Además, ha cuestionado la "estabilidad fiscal" de la UE criticando a la UE por la "incapacidad para hacer cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento original" y proclamando que "el euro necesita menos discrecionalidad por parte de los Estados y más reglas claras, firmes y que se hagan cumplir". El ex presidente realizó estas declaraciones secundando por Brian Carney, periodista del Wall Street Journal (en la imagen). Este diario del reconocido antieropeísta Rupert Murdoch -para quien trabaja el propio Aznar- ha difundido duras informaciones contra el euro y la UE en plenos ataques especulativos contra la moneda europea. Además, el ex presidente ha aparecido este miércoles en el suplemento económico del New York Times exigiendo elecciones anticipadas en España: "Vivir seis meses más con este Gobierno es asumir un riesgo enorme para este país".

En su intervención en un foro organizado en París por el Center of Political and Foreign Affairs, el presidente de la FAES ha instado a Europa a "volver a la senda de la estabilidad fiscal" en el marco de la actual crisis del euro así como "poner en marcha las reformas que ha ido dejando aplazadas". En este sentido marcó como los sectores marcados por la necesidad de reformas tanto el mercado de trabajo como el sector energético y el "sobredimensionado Estado de Bienestar". "Sólo así conseguirá Europa volver a ser competitiva en la era de la economía global", ha asegurado. 

El presidente de la fundación ideológica del PP lamentó que ante la crisis se han adoptado "decisiones basadas en la urgencia" y  "soluciones puramente tecnócratas, alejadas de la realidad y de lo políticamente posible". Aquí aprovechó para criticar a la Eurozona, asegurando que "el euro necesita menos discrecionalidad por parte de los Estados y más reglas claras, firmes y que se hagan cumplir". En la misma línea, Aznar acusó a los europeos de caer en "la complacencia y el gasto público en lugar del mercado y la iniciativa privada" y acusó a la UE de "incapacidad para hacer cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento original, un pilar clave para el éxito de la moneda común que presuponía un compromiso fuerte, creíble y duradero de todos sus miembros con la estabilidad fiscal". "Europa se ve ante la tesitura de que 20 de los 27 países miembros incumplen unas normas fiscales que todos se habían comprometido a cumplir", insistió.

También tuvo el presidente de FAES palabras para cuestionar el rescate griego y es que "quizá hubiese sido pertinente dejar a Grecia reestructurar su deuda con ayuda del Fondo Monetario Internacional y utilizar los miles de millones prometidos por la UE para recapitalizar bancos". "El mensaje que se ha querido lanzar [con la creación de este fondo] es que no se va a dejar caer a ninguna economía de la eurozona. Pero el problema radica en que hay algunas economías que, por su tamaño, son insalvables. ¿Qué ocurriría si España o Italia llegaran a la situación de Grecia?", se ha preguntado.  

Además, Aznar aparece en la primera página del cuadernillo de Economía y Finanzas del diario The New York Times. donde en una crónica sobre la situación económica de España el ex presidente aparece diciendo que las elecciones anticipadas son ahora "absolutamente" necesarias, según recoge en un resumen de prensa la web Capital Madrid.

(www.elplural.com, 02/06/10)

15. AZNAR: "AL FÚTBOL JUGABA DE CEREBRO, COMO SIEMPRE..."

Bajo el título "He ido mucho al palco del Bernabéu y nadie me propuso nada raro" se muestra a un Aznar sonriente que desvela los deportes que practicaba en su infancia, sus grandes proezas deportivas en el pádel e incluso el número de abdominales que hace diariamente. Por si alguien lo dudaba, el ex presidente del Gobierno jugaba al fútbol "de cerebro, como siempre".

José María Aznar se sincera en la habitual entrevista que realiza Tomás Guasch los domingos. Todo comienza con un "No, no hago 2000 abdominales, sólo 600". El truco para conseguir la forma física del ex presidente es alternar series de velocidad con series de 100 abdominales con resistencias en los tobillos. Eso sí, y siempre viajar siempre acompañado de la bolsa de deporte.

Aznar reconoce que ganó a Arantxa Sánchez Vicario al pádel, también a la pareja Santan-Corretja, pero con los hermanos Sánchez Vicario hubo que hincar la rodilla. También confiesa sentir pasión por los deportes en general, el tenis en particular. ¿Y de pequeño? En su infancia jugaba al fútbol en la posición "de cerebro, como siempre...".

El ex presidente alaba el modelo deportivo americano sobre el europeo así como la competitividad que hay en la sociedad estadounidense en la que "los padres deben realizar un gran esfuerzo para conseguir que sus hijos lleguen a la universidad, que es privada". Por el contrario en España "encontramos un fracaso escolar del 30% y la fuga de cerebros".

(www.cadenaser.com, 30/05/10)

16. ARTURO MORENO, EL EX NÚMERO TRES DEL PP EXPULSADO POR EL CASO NASEIRO, DA LECCIONES DE "ÉTICA PÚBLICA" EN LA GACETA

El pasado mes de abril, José María Aznar repescó en un autohomenaje en Sevilla a Arturo Moreno, el que fuera vicesecretario general del PP y obligado a dimitir por su implicación en el famoso caso Naseiro. Pero Aznar no es el único a quien no le duelen prendas y La Gaceta, el periódico ultramontano de Intereconomía, también ha vuelto a darle una oportunidad al abogado, cediéndole sus páginas para ejercer de articulista. Ni más ni menos que la sección Sala VIP.

En el artículo Cláusulas previas, publicado el pasado 31 en la cuarta página de La Gaceta, el que fuera destituido por su implicación en la búsqueda de fondos ilegales para financiar al PP se extiende en criticar "la mala utilización del dinero público" y en dar lecciones de "ética pública". Ironías de la vida.

En la década de los 90, con Aznar recién llegado a la presidencia del Partido Popular, la formación se vio inmersa en un caso de financiación ilegal. El asunto se descubrió a raíz de unas grabaciones sobre narcotráfico a un hermano de Salvador Palop, concejal del PP en Valencia. Las escuchas acabaron llevando de rebote hasta la cúpula de la formación conservadora. El escándalo recibió el nombre de Caso Naseiro, en honor al tesorero de la formación, Rosendo Naseiro. Sin embargo, el caso acabó archivándose al declararse ilegales las escuchas probatorias, ya que habían sido ordenadas para un delito de narcotráfico y no de financiación ilícita.

De entre los miembros del PP que fueron expulsados de la formación destaca la figura de Arturo Moreno, que en aquellos momentos era vicesecretario general del partido. Él era una de las personas que aparecían en las grabaciones, hablando con Palop sobre cómo recaudar fondos. En ellas, Moreno daba orden a Palop de "que nadie tenga información de nada" sobre las gestiones que estaban llevando a cabo. "Es un tema muy delicado, o sea, que los grandes escándalos en los partidos ha sido por cosa de financiación", le insiste Moreno al concejal valenciano.

En la conversación entre Moreno y Palop no faltan menciones a José María Aznar y a Luis Bárcenas, que por entonces ya se movía por las finanzas del PP, aunque como gerente:

Arturo.- Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Entonces me dijo que nada, que fenomenal. 0 sea.... se fue a Alicante, ¿eh? Iba a ver al alcalde de Torrevieja y se iba a mover por allí unos días, ¿eh?, y vendría a principios de semana. Que yo mañana me voy a Sevilla, macho, a ver allí seguramente el congreso nacional, lo haremos en Sevilla.

Arturo.- Y entonces me ha dicho José María que fuese y tal y no sé qué a ver que fuese. Y voy con el gerente, con Luis Bárcenas y tal, o sea, que actualmente, bueno, pues he estado bastante, bastante bien en el partido, ¿no? Veremos a ver cuánto dura esto.

Salvador.- Tenemos que copar la tesorería, ¿eh? Tenemos que coparla de verdad.

Arturo. - Sí.

Salvador.- Tenemos que coparla. Es fundamental. Para el grupo y para... Se tiene que dar con un canto en los dientes.

Arturo.- Al menos se queda muy contento, porque Aznar lo dice; oye, pues Arturo y sus amigos me están ayudando mucho y todo esto, ¿me entiendes? De que eso...

Salvador.- Pero tú eso también coméntaselo a José María para que sepa que es 0 que estamos...

El congreso de Sevilla sobre el que hablan es el X Congreso Nacional del Partido Popular, celebrado en 1990, en el que José María Aznar se alzó con la presidencia de la formación. 20 años después, el pasado mes de abril, Aznar volvió a invitar a su guardia pretoriana de aquellos años para conmemorar el vigésimo aniversario. Fraga, Gallardón, Rajoy, Trillo… no faltaba nadie, como tampoco faltó Arturo Moreno, aunque su presencia causó sorpresa: estando como está el PP inmerso en el caso Gürtel, muchos no vieron adecuado recordar el caso Naseiro.

Quien tampoco tiene problemas en dar relevancia al ex dirigente popular es La Gaceta. Según ha confirmado el periódico de Intereconomía a El Plural, el Arturo Moreno que firma el artículo Cláusulas previas del pasado 31 de mayo, y que se identifica como "abogado" no es otro que Arturo Moreno Garcerán, el defenestrado vicesecretario general del PP.

En su artículo, Moreno se permite el lujo de escribir párrafos como éste: "La verdad es que el Estado del bienestar se ha cimentado sobre el Estado del malgastar, desde la desmesura, la mala utilización del dinero público, la mentalidad clientelista". O incluso dar lecciones sobre "la ejemplaridad social y su reflejo en la vida pública".

Aunque de entre todo lo escrito, quizás merezca la pena quedarse con este pasaje: "Valores como el sentido del deber, la superación personal, el sacrificio o el esfuerzo recompensado parecen hoy el cuento de la abuelita". Valores, por lo visto, inventados ahora, y no en los 90, cuando estalló el caso de supuesta financiación ilegal y enriquecimiento ilícito de miembros del PP.

(www.elplural.com, 03/06/10)

17. CATALUÑA. CAMACHO FULMINA A LA DIRECCIÓN LOCAL DEL PP EN SANT CUGAT

La junta directiva del Partido Popular de Sant Cugat del Vallès arremetió contra la dirección del PP de Cataluña por la creación de una gestora que dirigirá la agrupación municipal. Esta decisión supone la destitución de las personas que hasta ahora gestionaban el partido a nivel local. El motivo oficial son las dificultades económicas que atraviesa el grupo popular en Sant Cugat. La hasta ahora presidenta del PP de la ciudad, Ana María Torrijos, denunció que la decisión de nombrar una gestora la ha tomado de forma "unilateral" y "dictatorial" la dirección del PP catalán, encabezada por Alicia Sánchez-Camacho. "Este sorprendente hecho nos trae a la memoria tiempos de oscurantismo, del ordeno y mando", sentenció la junta local a través de un comunicado.

Torrijos aseguró que la dirección del partido les comunicó el 12 de mayo la decisión de crear una gestora y que iría "un grupo de personas a sanear la economía del partido". La ex presidenta comentó que el grupo municipal atraviesa una mala "situación económica heredada" de la anterior junta local, presidida por Berta Rodríguez, que fue relevada el año pasado.

Por su parte, fuentes de la dirección aseguraron que el objetivo de la gestora es dar un impulso al partido en la ciudad vallesana en las próximas elecciones municipales.

(www.elpais.com, 03/06/10)

18. GALICIA. FEIJÓO ADMITE QUE LA XUNTA GASTÓ EN EXCESO PARA IR A LA EXPO

En medio de las acusaciones de la oposición por los gastos de los viajes de Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta ha llamado la atención al departamento de Cultura por gastarse más de 14.000 euros en los pasajes del conselleiro, su jefa de gabinete y el director del Xacobeo de dos acompañantes para ir a la Expo de Shanghai (China). Feijóo admitió que el coste de los billetes "pudo ser excesivo", por lo que instó a los departamentos de su Gobierno a vigilar las agencias con las que contratan y la anterioridad con la que cierran sus viajes, informa Europa Press.

Sin embargo, el presidente de la Xunta se negó a aceptar "lecciones de austeridad" por parte del PSdeG. Así, mostró su sorpresa por que los socialistas hagan ese tipo de denuncias cuando el actual Gobierno ahorró "un 90%" de los 3,5 millones de euros de presupuesto inicial previsto por el bipartito para la presencia gallega en China.

Cultura acostumbra a hacer en clase preferente todos los viajes de más de seis horas para llegar al destino "con unas pocas fuerzas". El responsable de la consellería, Roberto Varela, aseguró que en su departamento está así regulado para "viajar en unas mínimas condiciones que puedan garantizar la realización" de su trabajo, que calificó de "muy duro". Así, explicó que tuvo un acto en Shanghai a las nueve y media de la mañana tras doce horas de viaje. "Si cuento con la confianza de mi presidente tengo pensado seguir haciéndolo", sentenció.

El Gobierno deberá dar explicaciones también por estos viajes en el Parlamento. Los socialistas presentarán una moción para regular los viajes institucionales, mientras que el BNG defenderá otra iniciativa sobre la "hiperactividad viajera" de Feijóo. Además, "la confusión entre lo institucional y lo partidario", dicen, les está costando dinero público a los gallegos. El portavoz nacionalista, Carlos Aymerich, criticó las frecuentes ausencias de Galicia del presidente de la Xunta y se preguntó: "¿Estamos pagándole los viajes y gastos para que haga campaña por España?", se preguntó. El portavoz socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, acusó a Feijóo de "estar de bolos por España". "Tiene una pierna aquí y otra en Madrid".

Para el PP, estas críticas se deben a que la oposición "está rabiosa porque Feijóo, como Fraga, fueron admirados y queridos en el Estado español".

(www.elpais.com, 02/06/10)

19. GALICIA. UN JEFE TERRITORIAL DE LA XUNTA VENDIÓ EMPRESAS A TESTAFERROS DE 'NARCOS'

Evaristo Juncal Carreira, jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra y presidente local del PP de Caldas de Reis, ha tenido desde mediados de los noventa una agitada, aunque silenciosa, vida empresarial. Este ingeniero técnico de obras públicas, funcionario de la Xunta desde 1983, ha sido socio al menos de una decena de compañías para explotar gasolineras, minicentrales, piscifactorías, viñedos y negocios inmobiliarios.

Tres de esas sociedades están actualmente en manos de personas vinculadas a contrabandistas y capos históricos del narcotráfico como Marcial Dorado, Sito Miñanco y el fallecido Pablo Vioque.

El representante territorial en Pontevedra del conselleiro de Medio Ambiente, Transportes e Infraestructuras, Agustín Hernández, vendió directamente estas tres empresas a procesados o condenados por blanquear dinero de la droga y a socios de narcos. Preguntado por este diario, Evaristo Juncal asegura que no conocía a ninguna de las personas que le compraron sus sociedades, pero tampoco se sorprende de que estén relacionadas con el dinero sucio del narcotráfico: "Tal y como estuvo la situación aquí en cierto momento, no me extraña. Las empresas van de mano en mano y caen donde uno no quiere".

El primer negocio con un presunto testaferro de los capos de la droga y el contrabando lo entabló Juncal Carreira en 1996. El dirigente del PP había creado tres años antes con su esposa, Mercedes Froján Fontán, la sociedad JF Oil, bautizada con las siglas del matrimonio (JF de Juncal-Froján) y dedicada a la construcción y gestión de estaciones de servicio, al suministro de gasóleos a domicilio y a "proyectos y dirección de obra civil en general".En 1996, la pareja le vendió esta firma a Manuel Cruz López, un vecino de Ferrol, chófer de la Xunta y presunto testaferro de Marcial Dorado Baúlde, el histórico contrabandista de tabaco condenado el año pasado por narcotráfico.

Evaristo Juncal asegura que no conocía de nada al comprador de su empresa -"se puso en contacto conmigo y dijo que quería comprármela con una sociedad de inversión"- y que lo único que supo luego de él es que fue chófer de la Xunta. Según las inscripciones del Registro Mercantil, Cruz López, un amigo personal de Marcial Dorado que nunca pudo ser juzgado porque falleció en un accidente de tráfico, llegó a ser socio en esta empresa de Juncal y su esposa entre 1995 y 1996, un dato que el jefe territorial de la Xunta niega tajantemente y achaca a un "error". La sociedad gestiona dos gasolineras a la entrada de Caldas de Reis, el municipio en el que Juncal Carreira es presidente del PP y donde optó a la alcaldía por este partido en las elecciones de 2003. "A Manuel Cruz lo vi durante un montón de tiempo por la gasolinera [de Caldas] y no me extrañó", recuerda.

En 1998, Manuel Cruz le traspasa JF Oil, con las siglas del matrimonio del jefe territorial de la Xunta incluidas, al clan de Marcial Dorado Baúlde. Y lo hace vendiéndole la empresa a José Miguel Trias Rovira, un conocido testaferro de Dorado, que inmediatamente después nombra apoderado de la sociedad al hijo de su jefe, Marcial Dorado Fariña. No ha sido ésta la única incursión de los agentes de Dorado en el negocio de las estaciones de servicio. Trias Rovira también gestionó hace años otra empresa de gasolineras que, según el Registro Mercantil, todavía preside el veterano contrabandista de A Illa de Arousa bajo el nombre de Petrogalicia.

A partir de esta fecha, por la empresa que creó el dirigente del PP han desfilado no sólo personas vinculadas a Marcial Dorado, sino también a otro capo del narcotráfico: Pablo Vioque. Administradores y apoderados de JF Oil han sido hasta la actualidad el cuñado de Vioque, David Lages Abuín, y la novia de éste, Cristina García Rodríguez. En 2005 la empresa pasó a llamarse Gasóleos Caldas y actualmente pertenece a Abuín Izquierdo, SL, una sociedad que está en manos de la madre y suegra de Pablo Vioque.

El siguiente contacto del actual delegado de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra con el entramado empresarial que canaliza el multimillonario botín del narcotráfico en Galicia se produjo siete años después. José Alberto Aguín Magdalena, alias O Rubio de Aios, procesado a principios de los noventa en el marco de la Operación Nécora como número dos de la organización de Sito Miñanco, le compró directamente a Evaristo Juncal la empresa Enxeñería dos Recursos Enerxéticos, con la que el funcionario de la Xunta gestionaba una gasolinera en la ciudad de Pontevedra, en las inmediaciones de la iglesia de Lérez. "Lo de Aguín Magdalena me suena pero no lo de O Rubio de Aios. Cuando vendo, no conozco a la gente que viene. A él creo que nunca lo vi delante", se justifica Juncal.

El negocio entre el dirigente del PP y O Rubio de Aios se firmó en septiembre de 2002. Aguín Magdalena le compró a Evaristo Juncal la sociedad Enxeñería dos Recursos Enerxéticos a través de su promotora Alxopar Promociones. O Rubio de Aios ya había pasado entonces por la cárcel, condenado durante el sumario de la Operación Nécora por comerciar con bienes obtenidos gracias al tráfico de drogas.

Aguín Magdalena es hoy en día el administrador único de la empresa fundada por el presidente local del PP en Caldas de Reis y compatibiliza la gestión de la gasolinera de la parroquia pontevedresa de Lérez con la administración de Estación de Servicio Xesteira, en Cambados, y diversos negocios inmobiliarios. Los grupos municipales de PSOE y BNG en Sanxenxo llegaron a acusar en 2007 a la alcaldesa del PP, Catalina González, de favorecer la tramitación de una de las urbanizaciones promovidas por Aguín Magdalena, ubicada en la zona de Montalvo y que no contaba con estudio de impacto ambiental, por las buenas relaciones de este con su partido.

El negocio con Aguín Magdalena no fue el único que cerró Evaristo Juncal en septiembre de 2002 con personas vinculadas a clanes del narcotráfico. El dirigente del PP vendió en aquella fecha la empresa Tracidi, que había comprado para la construcción y gestión de minicentrales, a otra firma llamada Minicentrales 2000 cuyo administrador único era José Ramón Lores Sueiro - "no me suena de nada", asegura Evaristo Juncal-, que en 2007 fue sustituido en el cargo por tres personas muy cercanas al difunto capo Manuel Abal Feijóo, O Patoco, un discípulo de Sito Miñanco condenado por narcotráfico en 1998 y fallecido en accidente de tráfico en diciembre de 2008.

Los administradores de Tracidi son, desde 2007 y hasta la actualidad, según la documentación del Registro Mercantil, la viuda de O Patoco, María Luisa Vila Fabeiro, también condenada por narcotráfico, su tía Ramona Fabeiro Besada, y Gregorio García Tuñón, alias Yoyo, un constructor, marido de esta última, llamado a sustituir a O Patoco en el negocio cuando este murió, pero que fue detenido en abril de 2009. La viuda de Patoco era socia de Lores Sueiro al menos desde 2006 en la empresa Grupo Inmobiliario Eira, según consta en el Registro Mercantil.

Cinco meses después de vender estas dos empresas, Evaristo Juncal Carreira es designado candidato por el PP a la Alcaldía de Caldas de Reis para las municipales de mayo de 2003. Fue, explica el delegado de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra, una incursión "inesperada" en política porque, aunque es afiliado al PP desde la década de los ochenta, nunca "ha seguido" ese mundo.

(www.elpais.com, 30/05/10)

20. GALICIA. OTROS DOS PROMOTORES RECONOCEN EXTORSIONES DE EX CONCEJALES DEL PP

Los promotores de otros dos convenios urbanísticos de Gondomar, además de los que denuncian la extorsión de que eran objeto, acabaron reconociendo , pese a sus reticencias iniciales y ante la perseverancia del fiscal, que también a ellos se les había exigido dinero como garantía de que sus proyectos inmobiliarios llegarían a culminarse. Los detalles estelares de la tercera jornada del juicio que se celebra en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en Vigo, fueron, sin embargo, los que recrearon la caza de los extorsionadores con la colaboración de Manuel Rodríguez, el promotor de A Pousa que hizo de cebo o gancho. "Mosquera y Alejandro funcionaban como una pareja de hecho en términos administrativos", afirmó de los dos ex concejales y principales imputados.

Vicente Alborch, un promotor que buscaba suelos para Mercadona y que ya había programado un área comercial en Gondomar, inauguró la jornada declarando por videoconferencia que un día, a mediados de 2006, el arquitecto Borja Ramilo le había comentado por teléfono que alguien le estaba pidiendo dinero por asegurar los fines de ese proyecto. "Le dije que eso tendría que hablarlo yo con el alcalde [Carlos Silva] y el concejal [de Urbanismo, Alejandro Gómez]".

Tanto en su caso como en la media docena de testimonios de promotores que desfilaron por la sala, quedó patente que la gestión de sus operaciones precisaba de dos patas: la propiamente urbanística, que negociaban con el concejal Alejandro Gómez en el ámbito municipal y cuyo condicionamiento común era una edificabilidad más bien escasa, y la que asomaba José Luis Mosquera, a la sazón portavoz del gobierno local, con la ayuda del arquitecto Ramilo, y que se concretaba en la exigencia de 180.000 euros a cada uno.

A su vez, las garantías de que los convenios urbanísticos iban a alcanzar su objetivos estaban condicionadas por otros dos aspectos que se glosan en las conversaciones grabadas por la Guardia Civil y que también fueron motivo de alusión constante.

Por una parte, la aprobación inicial del plan general que incorpora los convenios (fecha fijada para librar una primera entrega de la extorsión pactada), a partir de la cual podrían presentar alegaciones para incrementar la magra edificabilidad, con la seguridad de que serían aprobadas (segunda entrega) ya que, por otra parte, pero ligado a lo anterior, la operación implicaba al grupo socialista local, según insisten en comunicar los extorsionadores a sus víctimas.

Los tres concejales escindidos del grupo socialista, que habían formado el partido Move Gondomar, estaban comprometidos con los extorsionadores a no impugnar nada que pudiera afectar al desarrollo previsto de los convenios, ya que su financiación dependía de ello y tampoco habría problema con "el PSOE oficial, gracias al cambio de cromos que hemos pactado", dice Mosquera en una grabación, aunque el arquitecto Ramilo, al comentar esas noticias en otras grabaciones, le parece "un poco arriesgado quizás".

Tampoco se entienden estas resistencias del arquitecto. Tras la escisión de Move Gondomar, el "PSOE oficial", es decir, el grupo socialista local, había quedado reducido a una dimensión unipersonal, la del concejal Alfonso de Lis, que en el actual mandato se sumó en bloque con su grupo renovado a la moción de censura que instaló el actual gobierno de tránsfugas en el Ayuntamiento. Ramilo había construido entonces la casa del concejal y ambos trabajan con especial intensidad para José Fojo, constructor local al que De Lis, sobrino suyo, suministra los mobiliarios de aluminio que fabrica el edil en su nave ilegal de Oia. Por eso no se entienden los reparos del arquitecto con el actual concejal de Urbanismo de Gondomar, aunque sea una derivación meramente circunstancial, al margen del juicio.

"No nos negamos a nada, siempre y cuando tengamos una garantía", respondía Alborch a Ramilo. "¿Cuál?, ¿para qué?, ¿no tenían ustedes ya cubiertos todos los trámites pertinentes?, ¿no eran el ámbito urbanístico y la obra legales?", ensartó el fiscal. Vicente Alborch lo derivó a la tangente de la propiedad de los terrenos, sobre los que tenía una opción de compra, para que su titular afrontara la mitad del gasto que se les presentaba.

Otro promotor, Antonio Luis Pérez, Tucho, en su caso del denominado Polígono 10 de otro convenio, respondía al interrogatorio del fiscal de modo coriáceo y sinuoso. "Borja me dijo que había que pagar", afirmaba, para precisar que se refería al proyecto y que Alejandro Gómez, que era con quien trataba, nunca le conminó a pagar nada. Hasta que, atrapado y emplazado por el fiscal a aclarar en firme lo que decía, Tucho reventó: "Yo nunca dije que fuera a pagar. Pero fueron dos veces: Mosquera me pidió dinero directamente y a través de Borja".

Manuel Rodríguez contó que se prestó a hacer de gancho por su amistad con los socios de A Pousa. Grabó un encuentro con Mosquera con una cámara que camuflaron en su indumentaria los agentes del Seprona encargados del caso, que también dieron cuenta del rigor de sus actuaciones y de un par de tentativas fracasadas por su inexperiencia en usar esas tecnologías.

(www.elpais.com, 03/06/10)

21. GALICIA. LA ALCALDESA DE PORQUEIRA DESPIDIÓ A UN FIJO PARA COLOCAR A UNA CONTRATADA POR BALTAR

La alcaldesa de Porqueira, Susana Vázquez Dorado, tiene en su currículo el mérito de haber sido la primera política declarada oficialmente tránsfuga en España. Salió elegida en 2004 por las listas del PSOE y se pasó al PP, que a cambio le ofreció la alcaldía, arrebatada así a un gobierno bipartito. En esta ocasión, la regidora del sector baltarista del PP despidió a un trabajador fijo de la plantilla municipal, sin alegación de motivos, para poner en su lugar a una contratada por la Diputación que (como otro medio centenar de empleados por Baltar repartidos por ayuntamientos) no cabe en las dependencias de la institución provincial, por lo que ha sido "trasladada".

La nueva empleada de este municipio es hija de un ex concejal popular del mismo pueblo que "según él mismo ha reconocido en ocasiones, ha financiado actos electorales del PP en Porqueira", advirtió el senador nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza. La expulsión "injustificada" del trabajador de la plantilla municipal para colocar en su puesto a la "enchufada" de Baltar le ha costado a la alcaldesa una sentencia firme por despido improcedente. Deberá indemnizarlo con 24.000 euros de las arcas municipales.

No es la única sentencia firme contraria a la regidora. Vázquez Dorado debe indemnizar también, en este caso con 9.000 euros, a un vecino que le advirtió de la ilegalidad de una obra que se realizaba en la localidad de A Forxa. Como la regidora hizo caso omiso, el particular acudió a la vía judicial y la acusó de haber hecho "dejación de sus funciones" al mirar hacia otro lado mientras se consumaba la ilegalidad.

A la vista de las dos sentencias, los nacionalistas sostienen que la alcaldesa pudo haber incurrido en los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, y se plantean si denunciarla por ambos hechos ante la Fiscalía o el juez. El BNG cree que hubo prevaricación por omisión, en uno de los casos, al permitir la obra, "a sabiendas de que era ilegal y de que su decisión costaría dinero al Ayuntamiento". Y "prevaricación directa", en el otro, al despedir a un trabajador fijo "siendo consciente también de que era ilegal y costaría dinero público para beneficiar a otra persona por la relación partidista que mantiene con ella".

El delito de malversación de fondos públicos vendría dado, según el BNG, por el montante económico. Los 30.000 euros procedentes del dinero municipal evidencian para los nacionalistas que se han utilizado recursos del Ayuntamiento "que no benefician a los vecinos".

El BNG pide a los presidentes populares de Ourense y de Galicia, de cuyas ejecutivas es miembro la alcaldesa tránsfuga, que expliquen si su actuación cumple los preceptos de "buena gestión, eficacia y austeridad" que el PP gallego predica en estos momentos "de extrema dificultad".

(www.elpais.com, 01/06/10)

22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ADMITE QUE DICE "BARBARIDADES" AL HABLAR SOBRE LA REFORMA LABORAL

Cazada in fraganti. De nuevo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, confesó durante una charla privada con Mariano Rajoy que había dicho "barbaridades" sobre la reforma del mercado laboral. Los micrófonos volvieron a jugarle una mala pasada y el comentario quedó registrado para la posteridad.

A la dirigente conservadora, que actuó como anfitriona del Congreso de la Empresa Familiar de Madrid 2010, le correspondió realizar el discurso de inauguración. Fue entonces cuando aseguró que una reforma laboral "light" no hará de España un país "creíble". Además, instó al Gobierno y a los sindicatos a trabajar para llegar a un acuerdo "inmediato". "Ahora hemos dado otro mes. ¡Pero si llevamos ya dos años en los que no se ha hecho nada!", exclamó la líder del PP de Madrid a pesar de que el Ejecutivo socialista se ha dado de plazo una semana más.

La presidenta autonómica dijo que era la "primera y principal reforma" que había que abordar porque "no podemos seguir siendo el único país del mundo donde la crisis se traduce en desempleo" y porque "los 4,6 millones de parados españoles están clamando más fuerte que los que tienen los derechos adquiridos".

También consideró imprescindible aprobar medidas que permitan "contratar con facilidad" y que en su opinión son incluso mas prioritarias en este momento que "bajar la indemnización por despido" o incluso que "rebajar las cotizaciones" a la Seguridad Social.Desde la Comunidad de Madrid prefirieron no comentar lo sucedido. Para algunos aguirristas, no había nada que añadir y lo tachaban de anécdota. "Lo que quería decir es que le había cantado las cuarenta a José Luis Rodríguez Zapatero", fue la interpretación de un diputado regional.

No fue lo único que ocurrió durante la jornada. Cuando Rajoy llegó a la Real Casa de Correos, Antonio Garrigues Walker se encontraba hablando y, precisamente, sobre corrupción. Para advertirle de que debía ir finalizando, le pasaron una nota y él agilizó su intervención, dejando a alguno de los asistentes insatisfecho por conocer su análisis. Por eso cuando Rajoy tomó la palabra, le pidió disculpas. "La gente se ha alegrado muchísimo, de verdad, de que acabara", dijo Garrigues llevándose un aplauso.

En su turno, el líder del PP aprovechó la ocasión para pedir una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que "prohíba por ley el déficit como lo están haciendo algunos países de la Unión Europea y fije los techos de gasto y de endeudamiento para las administraciones públicas".

Rajoy repitió hasta en tres ocasiones que el objetivo prioritario de España es ahora mismo "recuperar la confianza dentro y fuera". Para ello reclamó "un plan ordenado" ante los "bandazos del Gobierno".

El jefe de la oposición también abordó la reforma del mercado laboral y lamentó que no haya habido "fruto alguno" en este tiempo. "No es de recibo ni justo con la sociedad española que llevemos dos años pendientes de este asunto", indicó. Y a continuación planteó algunas de las medidas que se deberían incluir: luchar contra la dualidad en el mercado de trabajo con el objetivo de potenciar la contratación indefinida; permitir la colaboración público-privada de los servicios de empleo en tareas como la colocación, la búsqueda de empleo o la formación; mejorar la negociación colectiva y el sistema de formación profesional y luchar contra el absentismo laboral, posibilitando que las mutuas tenga la facultad de dar altas a efectos económicos contando con la correspondiente participación sindical.

Rajoy, ante más de 200 empresarios, quiso romper una lanza a su favor. A su juicio, los emprendedores han demostrado "con creces que estaban a la altura de la circunstancias", pero otros, según él, "a la vista de sus antecedentes, no están en condiciones de hacer" las reformas que necesita España. Además, reivindicó ante Aguirre que su partido tiene "ideas, voluntad y determinación" para hacer salir a España de la crisis y destacó que la clase empresarial es "un factor sin el que es imposible hacer nada". Con sus palabras parecía que estaba tratando de reconciliarse con los empresarios. , estaba en un foro amigo. Pero, el viernes pasado, salió escaldado del Círculo de Economía en Sitges. Allí sólo recibió reproches por su voto en contra del decreto del Gobierno para reducir el gasto público.

(www.publico.es, 02/06/10)

23. COMUNIDAD DE MADRID. EL PATRIMONIO DE AGUIRRE ES SECRETO

El patrimonio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es un secreto. Ella no quiere hacerlo público porque considera que entra en el terreno de la intimidad.

El PSM presentó una propuesta en la mesa de la Asamblea para conocer el patrimonio de la jefa del Ejecutivo autonómico. Pero la Mesa de la Asamblea, el órgano que fiscaliza los asuntos a tratar en el pleno regional, ha rechazado la iniciativa argumentando que no está justificada. La Mesa de la Asamblea ha requerido a los socialistas que presenten un escrito de motivación.

La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, consideró que la Mesa incumple el reglamento de la Asamblea, ya que "este no contempla que haya que presentar ese escrito".

Menéndez señaló: "Resulta insólito que Aguirre, que se considera a sí misma pobre de pedir, no ponga a disposición de los diputados sus declaraciones de bienes y de actividades. Nos parecen muy bien sus chascarrillos ante los medios de comunicación, pero nosotros queremos datos".

(www.elpais.com, 02/06/10)

24. COMUNIDAD DE MADRID. UNA PRIMERA PIEDRA DE 1,4 MILLONES

Un montante de 1,4 millones de euros. Eso es lo que se gastaron en la ceremonia de la colocación de la primera piedra del Campus de la Justicia las dos empresas que formaban la unión temporal de empresas (UTE) encargada de la urbanización de esta enorme parcela de 30 hectáreas. Una de ellas (Begar) era la constructora dirigida por José Luis Ulibarri Cormenzana, que está imputado en el caso Gürtel. La otra era Aldesa. Entre las facturas más llamativas está la cobrada por una empresa de servicios audiovisuales, que cobró 902.000 euros, según informó la cadena SER.

La ceremonia de la colocación de la primera piedra del megaproyecto de la Comunidad de Madrid para centralizar todas las sedes judiciales de la capital en la zona de Valdebebas (Hortaleza) se produjo la tarde del miércoles 31 de enero de 2007. A la misma acudieron además de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada; el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido; el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Javier Hernando, y el de la Audiencia Nacional, Carlos Divar, entre otras autoridades. La presidenta aseguró que la Ciudad de la Justicia era "el reto más ambicioso" de su Gobierno. "Situará a los tribunales de Madrid a la altura de una región abierta y moderna", añadió.

Solo la empresa de audiovisuales cobró seis días antes de la celebración de la ceremonia una factura de 902.049 euros. El pago lo hizo Begar, que fue una de las ganadoras de las dos fases de urbanización del Campus de la Justicia. La primera ascendía a 55 millones de euros, mientras que la segunda suponía otros 57. Ésta, sin embargo, no se ha llegado a ejecutar dado el parón que sufre este proyecto estrella de Aguirre. Hasta la fecha solo se ha construido el primer edificio, el Instituto de Medicina Legal, que está prácticamente terminado y que, de momento, se quedará vacío. El Gobierno regional paralizó el proyecto de Campus de la Justicia hace seis meses por falta de recursos.

El desglose de las facturas abonadas en estas fechas previas a la ceremonia resulta en cifras a primera vista desorbitadas: 180.000 euros para la preparación de la infraestructura (el terreno era irregular); 116.666 para la decoración; 103.000 más para el pago del personal de producción y otros 145.000 para los sistemas de proyección. A todo ello se sumaron otras cantidades más bajas como 9.000 euros para la convocatoria de prensa; 4.615 euros para un vino español para los asistentes y otros 4.538 para 50 pendrives (memorias electrónicas) y paraguas corporativos que se iban a dar como regalo a las autoridades. Algunos todavía no han sido entregados a nadie.

El entonces consejero de Justicia Alfredo Prada recordó, que la Comunidad de Madrid no tuvo que desembolsar "ni un solo euro" en la ceremonia de la primera piedra. Recordó que los contratos del Gobierno regional obligan a reservar un porcentaje del montante global para publicidad y comunicación de los proyectos. En el caso de las obras de urbanización del campus, era de un 1,5%. El gasto más importante lo supuso, según recordó Prada, un audiovisual en tres dimensiones de una hora de duración. Este montaje, realizado por la empresa, no se utilizó únicamente para la ceremonia de aquel 31 de enero de 2007. Como el Campus de la Justicia concentraba a los mejores arquitectos de todo el mundo, como Norman Foster o Zaha Hadid, fue presentado en numerosas ferias y congresos de todo el mundo.

"El campus era un proyecto de referencia a nivel judicial y también por su valor arquitectónico y por eso se hizo para varias presentaciones. Ese audiovisual en 3D lo han visto en Alemania, en Cannes, en Barcelona, en Nueva York y en Argentina, entre otros muchos lugares", recordó Prada. "La forma en que lo hicieron es magnífica y lo bueno no suele ser barato. Si se hacen bien las cosas, hay que pagarlas", añadió el ex consejero. Prada también afirmó que, cuando el proyecto se adjudicó a la UTE formada por Begar, no había nada que hiciera suponer que era irregular: "Era el mejor proyecto y el más barato. Por eso lo valoraron así los técnicos y se le adjudicó a ambas empresas. Lo que no podías hacer era prevaricar, cuando aún no estaba vinculada para nada [al Gürtel].

El actual consejero, Francisco Granados, tildó de "excesivo y difícil" que se pudieran gastar 1,4 millones en la primera piedra del campus. Aseguró que no tenía las facturas, pero que estudiaría el caso. El PSOE e IU pedirán en la Asamblea de Madrid que el Gobierno regional explique en qué se gastaron tanto dinero para la celebración de enero de 2007.

(www.elpais.com, 02/06/10)

25. COMUNIDAD DE MADRID. PELOTAZO URBANÍSTICO PARA UN AMIGO DEL NÚMERO TRES DE AGUIRRE

El Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid), gobernado por el PP, ha puesto en bandeja un pelotazo urbanístico a un promotor inmobiliario cercano al número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre y secretario general del partido en la comunidad, Francisco Granados.

El pelotazo, que los socialistas cifran en más de 15 millones de euros, tendrá una consecuencia directa para los habitantes de este municipio de 62.000 habitantes: las 693 viviendas que, en una nueva zona de expansión, habían sido calificadas como de protección pública básica, es decir, las más baratas, han pasado a tener la categoría de viviendas de precio limitado, lo que encarece su precio y dispara el beneficio, dado que los costes, según los socialistas, apenas varían. La modificación, acusa el PSOE, se hizo vulnerando la legislación urbanística y provocará que cada piso cueste en torno a 40.000 euros más.

El principal beneficiario del cambio introducido por el Gobierno local del PP en esa zona, conocida como Las Zanjas Norte, es el promotor David Marjaliza. El consejero Francisco Granados y alcalde de Valdemoro hasta 2003 le vendió en 2006 un chalet en Marbella y, en 2007, un terreno heredado de su familia. Ese mismo año, una empresa en la que participan socios de Marjaliza entregó al Ayuntamiento de Valdemoro un local de 4.000 metros. A cambio, y en concepto de permuta, el consistorio compensó a la empresa con suelo para construir 129 viviendas de venta libre.

Marjaliza fue presidente local de NNGG y concejal del PP en Valdemoro hasta 1995. Granados, Marjaliza y el actual alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, son amigos de juventud. En una de las conversaciones intervenidas en el caso Gürtel, el ejecutivo de un grupo inmobiliario asegura a un ex concejal del PP que Marjaliza es "el tapado de Granados".

La modificación del plan parcial de Las Zanjas Norte se hizo sin informe previo de la Comisión regional de Urbanismo pese a que la ley así lo exige si la modificación altera la llamada ordenación de usos pormenorizados, por ejemplo, el tipo exacto de vivienda que su puede construir. El PP vetó hace tres semanas en la Asamblea de Madrid una pregunta sobre este asunto formulada por el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo.

Un portavoz de la Consejería de Ordenación del Territorio subrayó que la comunidad no conoce el nuevo plan parcial dado que la ley otorga la potestad para su aprobación a los municipios cuando su población supera los 15.000 habitantes. Y añadió que, si se produce alguna denuncia ante el departamento de disciplina urbanística, la consejería "estudiará" el referido plan parcial para comprobar si se ajusta al plan general de Valdemoro. Si hay alguna irregularidad, "se actuará", dijo el citado portavoz.

La modificación del plan parcial fue aprobada definitivamente por el Gobierno local del PP el pasado 16 de marzo. La iniciativa de cambio partió de la junta de compensación de la zona, que agrupa a los propietarios de suelo y está presidida por Marjaliza como titular mayoritario. Los dueños de los terrenos argumentaron que, si se les obligaba a construir sólo viviendas con protección pública básica, ganarían menos dinero.

Este diario preguntó al Ayuntamiento de Valdemoro por qué, en un momento de crisis lacerante, accedió a encarecer el precio de la vivienda protegida. No hubo respuesta. "Están desvirtuando la defensa del interés general y primando el beneficio de los promotores", acusa el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo. La portavoz del PSOE en Valdemoro, la edil Margarita Peña, ya recurrió hace dos meses la nueva redacción del plan parcial de Las Zanjas Norte.

Carlos de Santiago, portavoz de David Marjaliza, precisó que el promotor posee el 60% de los suelos de Las Zanjas Norte. Admitió que las viviendas de precio limitado son más caras pero aseguró que no ha habido ningún cambio sustancial en el plan. Y negó que el beneficio adicional se cuantifique en 15 millones, pero no dio cifras.

La Ley del Suelo de Madrid establece que cualquier cambio que altere la llamada ordenación pormenorizada de una zona (el tipo exacto de viviendas, por ejemplo) requiere el dictamen previo de la Comisión de Urbanismo de la comunidad. En este caso, no existió tal dictamen. Esa misma ley establece que, en cada área de suelo urbanizable, el 45% de las viviendas proyectadas deben gozar de algún tipo de protección pública. Y que sólo una de cada cuatro viviendas protegidas puede ser de "precio tasado", figura ahora equivalente a la de precio limitado. Tras el cambio aprobado en Valdemoro, el 100% de las viviendas protegidas de Las Zanjas Norte se venderá en la categoría de precio limitado. Una portavoz del consejero Francisco Granados aseguró que el número tres de Aguirre nada tiene que opinar al respecto.

(www.publico.es, 30/05/10)

26. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE EN EL PP. EL GOBIERNO DE AGUIRRE CUESTIONA AL EX VICEPRESIDENTE AL QUE ESPIÓ

El Gobierno de Esperanza Aguirre se ha lanzado en tromba a poner bajo sospecha al ex vicepresidente Alfredo Prada, destituido en julio de 2007 por su apoyo a Mariano Rajoy en el congreso nacional del PP y que fue objeto de seguimientos en el caso de espionaje en la Comunidad de Madrid, que está llegando a su fase final en los tribunales.

En los últimos días, diferentes consejeros de Aguirre han eludido respaldar la gestión de Prada al frente de la sociedad anónima Campus de la Justicia, encargada de levantar un complejo en Valdebebas destinado a albergar los edificios judiciales dispersos por la capital, paralizado ahora por falta de presupuesto.

Primero fue el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que sucedió a Prada en su área de gobierno y que fichó a los supuestos espías del ex vicepresidente. Pese a que se ha negado por tres veces a comparecer en la Asamblea de Madrid para explicar el caso de espionaje, el consejero se ofreció el pasado martes a dar cuenta en la Cámara autónoma de la gestión en el Campus de la Justicia tras informar la cadena SER de que la empresa adjudicataria de las obras (una unión temporal de las compañías Aldesa y Begar) invirtió 1,4 millones de euros en el acto de colocación de la primera piedra, celebrado el 31 de enero de 2007, al que asistió Aguirre.

Un gasto que Granados considera ahora "excesivo y difícil". Sin embargo, la Comunidad de Madrid ejecutó ese mismo año 90 millones de euros en "publicidad, promoción, divulgación y anuncios", según una respuesta del Gobierno regional al grupo socialista. Equivale a un tercio de todo el gasto del Gobierno central para ese año (268 millones). Y es tres veces más de lo que gastó la Generalitat (30 millones), pese a que Cataluña tiene un millón de habitantes menos.

Al día siguiente, el vicepresidente regional, Ignacio González, subrayó que la Comunidad no había pagado nada del evento, pero en lugar de descartar la responsabilidad de Prada, sugirió que debe ser él quien dé explicaciones y recalcó que el Gobierno regional está revisando esos gastos por si hubiera irregularidades."La responsabilidad es del vicepresidente, que será el que tenga todos los datos de esa gestión", afirmó Ignacio González. Como si Prada no hubiera formado parte del Ejecutivo de Aguirre, ni fuera del mismo partido. También recordó que Prada reunía los cargos de consejero delegado de la empresa, presidente y director ejecutivo de la sociedad Campus de la Justicia.

En el Registro Mercantil consta que el ex vicepresidente Alfredo Prada ocupó los cargos de presidente y consejero delegado de la sociedad anónima Campus de la Justicia hasta el verano de 2008. Entonces Francisco Granados le sustituyó al frente de la consejería, y por tanto, se convirtió en presidente de la sociedad. Miguel Giménez de Córdoba, que era director general de Modernización de las Infraestructuras de la Administración de Justicia con Prada, y ya ocupaba un asiento en el Consejo de Administración, sustituyó como consejero delegado a Prada.

La paralización de las obras de la Ciudad de la Justicia ha llevado recientemente a la consejería a prescindir de Giménez de Córdoba. Según una portavoz, no será sustituido en el cargo dada la estrategia de recorte de gastos del plan de austeridad de la Comunidad de Madrid.

Frente a las dudas que sembradas sobre la gestión de Prada, algunos colaboradores suyos en su etapa de consejero recuerdan que Esperanza Aguirre preside la Junta General de Campus de la Justicia, SA, que es la que tiene la última palabra sobre la sociedad. Así lo establece la Ley de Administración Institucional para todas las sociedades públicas en las que el 100% del capital pertenece a la Comunidad. El viceconsejero de Vicepresidencia, Salvador Victoria, reconoció que esto es así, pero también recalcó que la junta general solo se reúne una vez al año y que su único cometido es dar el visto bueno "a la presentación de las cuentas y a los informes de auditoría".

Victoria dejó claro que Prada sí presentó el 28 de diciembre de 2006 un informe al Consejo de Gobierno con el que daba cuenta de que la sociedad Campus de la Justicia había adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Begar -implicada en el caso Gürtel- y Aldesa las obras de urbanización de la primera fase del proyecto. El coste, que había salido a concurso público por 93 millones de euros, se adjudicó por 55,4 millones. Este es un mero trámite para que el Gobierno regional esté informado de cómo evoluciona el proyecto. De hecho, fue el propio Prada el que rubricó ese informe. Al ser el presidente de la sociedad anónima y consejero del área (en este caso, Justicia), solo él era competente para hacerlo, recordaron fuentes regionales.

(www.elpais.com, 04/06/10)

27. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE EN EL PP. EL PP BLOQUEA EN LA ASAMBLEA LA INVESTIGACIÓN DE LOS ESPÍAS

El PP ha levantado un muro infranqueable para frenar las iniciativas de la oposición (PSOE e IU) en la Asamblea de Madrid. El grupo popular en la cámara regional bloquea de forma sistemática la mayoría de las preguntas o comparencias incómodas para el Gobierno regional en la junta de portavoces, el órgano donde se deciden qué temas se debatirán en el pleno de la Asamblea.

El grupo socialista en la cámara madrileña presentó una propuesta para pedir la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Ejecutivo autonómico, Francisco Granados. El PSOE quiere que explique por qué un empleado de su departamento falsificó su letra en una prueba caligráfica encargada por la juez que investiga el caso del espionaje a altos cargos en la Comunidad de Madrid.

Con esta prueba pericial, la juez pretendía para probar la autoría de los partes de seguimiento publicados por este periódico. Los agentes que la realizaron concluyeron que José Manuel Pinto, contratado por la consejería que dirige Granados, cambió su letra para tratar de ocultar que era la misma que la que aparecía en las anotaciones manuscritas de los partes de seguimiento al ex consejero Alfredo Prada.

Pero el PP se ha opuesto a la comparecencia de Granados pese a que la Mesa de la Asamblea ha dado luz verde a la iniciativa. El portavoz del grupo popular, David Pérez, justifica la negativa de su grupo porque "el asunto está en los juzgados y habrá que esperar a que el juez finalice su investigación y esclarezca el asunto". Pérez también alega a favor del bloqueo que el caso ya fue suficientemente analizado en una comisión de investigación. Sin embargo, tras esta comisión, la juez que instruye el caso ha imputado a cinco trabajadores del Gobierno regional por esta cuestión. Además, a pesar de quedar probada la autenticidad de los partes de seguimiento, Pérez ha evitado hacer declaraciones sobre el asunto a pesar de que acusó a este diario de falsificar los partes.

La portavoz socialista, Maru Menéndez, cargó contra los populares por vetar iniciativas calificadas por la mesa y acusó al Ejecutivo regional de falta de transparencia.

El PP ha bloqueado tres de las seis peticiones para que comparezca Granados en la Asamblea que han efectuado los socialistas.

(www.elpais.com, 02/06/10)

28. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. IMPUTADO UN EX ALTO CARGO POR FAVORECER UN LOCAL DE LÓPEZ VIEJO

El juez de Madrid Santiago Torres reactivó el caso Guateque (la trama de tráfico ilegal de licencias municipales para locales públicos de Madrid) y citó como imputado a otro ex alto cargo del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de Ramón Sánchez López de Luzuriaga, director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ayuntamiento entre el 14 de marzo y el 6 de junio de 2006. Tendrá que comparecer ante el juez el próximo 4 de junio.

La llamada Operación Guateque, que ya tiene casi un centenar de imputados, estalló el 14 de noviembre de 2007 con la detención en Madrid de 16 personas; entre ellos, funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y varias juntas municipales. También hay implicados varios concejales de distrito.

En un auto hecho público , el juez Torres imputa a Sánchez López de Luzuriaga un supuesto delito de tráfico de influencias. Le atribuye "haber otorgado prioridad a la concesión de un informe favorable en materia medioambiental en favor del restaurante La Hacienda Argentina, situado en la calle de Ibiza, 41". Según Torres, este restaurante era "propiedad de Teresa Gabarra Ballsels y de la sociedad patrimonial que tal señora mantiene con su marido, el señor Alberto López Viejo, a través de la compañía La Pampa Hostelera, SL".

Del auto se deduce que Gabarra y López Viejo, ex consejero de Deportes del Gobierno de Esperanza Aguirre, dispusieron de un trato de favor para conseguir la licencia medioambiental que el Ayuntamiento otorgó en 2006 al lujoso restaurante que tiene dos plantas, un aforo para 100 personas y que está situado junto al parque del Retiro. López Viejo es diputado en la Asamblea de Madrid desde 2003 y uno de los principales implicados en el caso Gürtel. El juez Pedreira le atribuye haber recibido supuestos sobornos millonarios de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. Tras verse implicado, dimitió como consejero de Aguirre y, junto a otros dos diputados también implicados fue forzado a dejar el grupo del PP en la Asamblea de Madrid.

Los tres forman permanecen como diputados no adscritos, aunque votan siempre igual que el PP.Detrás de la imputación en el caso Guateque del ex alto cargo del Ayuntamiento de Madrid Ramón Sánchez López de Luzuriaga se hallan las grabaciones telefónicas que el juez Torres realizó a los principales implicados de la trama durante los meses previos al inicio de las primeras 16 detenciones. En concreto, hay una conversación entre un funcionario del Ayuntamiento madrileño y Victoriano Ceballos (jefe de División en la Concejalía de Medio Ambiente de Madrid y uno de los principales conseguidores de licencias para particulares a cambio de comisiones). En esa grabación, según fuentes de las partes, Ceballos deja entrever un supuesto chanchullo sobre el restaurante de la esposa de López Viejo. El juez pidió la documentación sobre este local al Consistorio y ahora ha decidido citar al entonces responsable de Calidad y Evaluación Ambiental.

Asimismo, el instructor del caso Guateque ha decidido citar, también para el próximo día 4 de junio e igualmente en calidad de imputado, a Óscar Acero Fernández. El magistrado no detalla el cargo de Acero en el Ayuntamiento, si bien señala que lo va a interrogar en relación con una licencia otorgada "por la Gerencia Municipal de Urbanismo a un edificio situado en la calle de Trafalgar, número 17".

Hacía meses que el juez Torres no citaba a nuevos implicados. En la última época, el magistrado ha seguido recabando decenas de expedientes sobre los que hay sospechas de que pudieron resultar beneficiados con licencias tramitadas por miembros de la trama Guateque. El juez también indaga en la actualidad decenas de denuncias anónimas sobre locales públicos que supuestamente fueron beneficiados por algunos miembros de la trama a cambio de dinero.

Las nuevas citaciones de implicados se producen después de que la Audiencia de Madrid rechazase la intención del juez Torres de que el caso Guateque fuera enjuiciado por un jurado popular. De entre la maraña de delitos descubiertos, Torres entendió que prevalecía el de cohecho, que es una de las infracciones que el Código Penal deja en manos de un jurado popular para su enjuicimiento. El juez sostuvo que el delito de cohecho prevalecía sobre los delitos urbanísticos y los de falsedad documental hallados en la investigación.

Sin embargo, la Audiencia de Madrid no lo ha visto así al estimar un recurso de la fiscalía contrario al criterio del juez. La fiscalía alega que se trata de una causa extraordinariamente compleja y que la proliferación de imputados e imputaciones hace prácticamente imposible la vinculación de todos esos delitos con las infracciones penales asignadas al jurado popular.

La Audiencia Provincial de Madrid se ha unido finalmente al criterio de la fiscalía y ha ordenado al juez que continúe el proceso penal pero por el cauce del procedimiento abreviado, sin jurado.

(www.elpais.com, 29/05/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CAMPS, EN LA HUIDA HACIA NINGUNA PARTE

En el PP son cada vez más las voces que tienen claro el lugar al que conduce la estrategia de defensa y de desprestigio de las resoluciones judiciales puesta en marcha por el presidente valenciano, imputado por cohecho impropio y con un partido amenazado por la sombra de la financiación ilegal. "Más que estar en una huida hacia delante, Francisco Camps está en una huida hacia ninguna parte", sentencia un dirigente conservador.

La historia viene de lejos. El president de la Generalitat valenciana empezó a ensayar este papel hace más de un año. En febrero de 2009, Camps, el barón clave a la hora de aupar a Rajoy a la presidencia del PP en el congreso nacional de los conservadores de 2008, aparecía como sospechoso de haber recibido trajes de manos de los cabecillas de la Gürtel. Y en marzo, arropado por Rajoy en un multitudinario almuerzo en Madrid, proclamaba eso de "yo me pago mis trajes". Una frase que pocos se atreven a secundar ahora en el partido.

Es en aquel momento en el que destacados miembros de la formación ubican el origen de este viaje a ninguna parte de president. "Lo de que haya pagado los trajes parece una broma. No es muy inteligente pasar a la historia como el presidente autonómico que aceptó regalos de una panda de corruptos. Pero menos inteligente es negarlo sin tener argumentos para ello. Está tocado. Le queda poco recorrido", añade un diputado.

Tras unos meses de calvario y cruzando los dedos para que los tribunales dieran el caso por cerrado, Camps se iba de vacaciones con buen sabor de boca. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) daba carpetazo a la denominada causa de los trajes a comienzos de agosto. Y el partido lo aupaba a la categoría de héroe. El president era aún más intocable y los apoyos en público, lo cotidiano.

Pero la luna de miel duró poco. La fiscalía y los socialistas valencianos presentaban un recurso al archivo que ha acabado por devolver al president su condición de imputado. Fue justo hace un par de semanas cuando el Supremo ordenaba reabrir la causa de los trajes. Ahora, el PP ha dosificado los apoyos en público a uno de sus barones regionales con más peso electoral. Y huye de las fotos. "Ningún miembro de la cúpula se arriesga ahora a aparecer de la mano de Camps. Quizá es porque dan por hecho que es un cadáver político", analiza una parlamentaria conservadora.

La reapertura de la causa de los trajes, sumada al auto que el juez Antonio Pedreira ha remitido al TSJCV en el que involucra al PP de Camps en siete delitos, entre ellos la financiación ilegal del partido, han vuelto a disparar las alarmas. No sólo por el futuro desenlace en los tribunales, sino por la reacción del principal protagonista, que ha desacreditado casi a diario a la Justicia y se ha erigido en víctima de una conspiración del "aparato del Estado".

"Está en caída libre", sugiere un dirigente regional que considera que, "sin restar un ápice de valor a la presunción de inocencia", el líder de los conservadores valencianos "ha acabado de perder las formas y se ha visto superado por sus propias palabras". "Primero dijo que pagó los trajes y no hay rastro de facturas; luego que todo iba a quedar en nada, y nos queda Gürtel para rato; y ahora se bautiza como Juan Sin Miedo y se erige en máximo defensor de los valores de la Comunidad Valenciana", resume el mismo dirigente.

Un veterano diputado se suma a esta tesis y mantiene que no es "defendible" que haya llegado a calificar como "de risa" el proceso del Supremo que condujo a la reapertura de la causa de los trajes. O su reacción cuando concluyó que el auto del juez Pedreira era resultado de un "corta y pega". "Está en una actitud histriónica que sólo le perjudica. Cada vez está generando más rechazo y eso le debilita", considera.

En este sentido, un miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido recuerda que "en política, a veces, la forma en la que se manejan los escándalos cobra más importancia que estos en sí mismos porque todo se basa en una relación de confianza". Y no exhibe ninguna duda a la hora de concluir que "Camps no está conduciendo bien su problema, ni el problema que afecta a su partido". En definitiva, que "no ha sabido ganarse la confianza".

Quizá por ello, un importante número de diputados del PP coinciden a la hora de sostener que Camps se ha equivocado de estrategia. "Él cree que está cumpliendo una misión histórica, espiritual y regional y que la situación que atraviesa es el peaje que los socialistas le quieren hacer pagar por erigirse en defensor de España. Pero su mensaje ya no cuela", relata un parlamentario. Otro, apunta hacia dónde más le duele al partido: los votos. "La Comunitat Valenciana tiene casi seis millones de habitantes. Y la gente no es tonta y ve lo que pasa día a día. Es muy arriesgado dilatar una decisión sobre Camps con el argumento de que ganamos de calle porque, tarde o temprano, vamos a tener que tomarla".

En este contexto, si hace un año era impensable imaginar el futuro de la Comunidad Valenciana sin Francisco Camps, hoy el partido se prepara para lo que pueda pasar. "Los campistas están compungidos. Ven cerca el final del ciclo y cada vez menos gente se imagina otra legislatura con Camps", precisa un diputado regional.

Que lo mejor para el partido es que el president se quitara del medio es la tesis más extendida. Pero la percepción más común es que, a día de hoy, Camps "no se mueve ni con agua caliente". Es en este momento en el que todas las miradas se dirigen a Rajoy. ¿Por qué no actúa? La respuesta que dan sus colaboradores es que, pese a que "la cosa pinta regular, nadie le perdonaría haber sido cómplice de romper la carrera política de un dirigente que acabase siendo inocente". Además, señalan que en el "manual de estilo" de su jefe de filas no encajaría un golpe sobre la mesa sin conocer previamente una resolución judicial.

De momento, lo que se están produciendo son gestos que, sumados, pueden llevar a concluir que para Rajoy Camps ya no es un político tan "honrado", tal y como declaró cuando saltó el caso de los trajes. Los últimos actos del PP de la Comunitad han estado huérfanos de cargos de la dirección nacional del partido. Y la proclamación del candidato a la Generalitat para las autonómicas de 2011 ha sido puesta en cuarentena a la espera de novedades en el caso.

Los que en el PP defienden a Camps se abrazan a reducir a "meros trámites procesales" los últimos avances judiciales del caso. Y señalan que la partida no se ha terminado porque "hay Camps para rato". Los que le conocen dicen que mucho de su actitud se debe al "batacazo" que le ha supuesto dejar de ser "el niño bonito del partido". Como el diría, por haber dejado de ser un "líder nacional".

(www.publico.es, 30/05/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CAMPS CLAMA POR SU INOCENCIA PERO EVITA DAR EXPLICACIONES

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se agarró a un clavo ardiendo para proclamar su "absoluta inocencia" en el proceso judicial abierto por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio a raíz de haber recibido trajes regalados por la trama Gürtel.

Camps apenas tardó unos minutos más que el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, en valorar una decisión inexistente del Tribunal Supremo que supuestamente apuntalaba su teoría de la conspiración. Tras concluir un acto sobre educación en el Palau de la Generalitat, Camps, para sorpresa de muchos periodistas, buscó sin dilación los micrófonos. En medio de un tupido círculo de cámaras y grabadoras, el presidente valenciano clamó por su inocencia a partir de una información falsa.

"Confío en la justicia y en su prontitud, y las informaciones y las noticias que van apareciendo van encaminadas hacia ese objetivo", afirmó. "Hay pruebas que se ocultaron que demuestran lo dicho desde el primer minuto, mi absoluta inocencia", prosiguió Camps, "y lo que es una pena es que esas pruebas se ocultasen porque seguro que no habría comenzado nunca ningún tipo de proceso".

En su declaración, el presidente de la Generalitat volvió a esgrimir la teoría de la conspiración, según la cual el Gobierno socialista, la policía, los fiscales y los jueces son los autores de un montaje para acabar con su carrera política. "Alguien tendrá que explicar por qué ocultó pruebas exculpatorias tan evidentes y que nos habrían ahorrado este año y medio a todos, a ustedes, a mí y a la Justicia en general", dijo Camps.

En ese punto terminó su disposición para hablar ante los periodistas. Cuando se le preguntó si tenía conocimiento de los encuentros de Trillo con el propietario de Forever Young tras las denuncias del sastre José Tomás, Camps guardó silencio y tomó las de Villadiego.

El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, acusó a Mariano Rajoy de "no actuar como un hombre honesto cuando, por acción u omisión, permite que los abogados del PP respalden con sus actuaciones maniobras para defender a los miembros de la trama Gürtel".

Además, la tensión política se volvió a trasladar a la calle en la tarde del miércoles, cuando un grupo de vecinos abucheó a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante su visita a un barrio. Barberá, irritada por las alusiones a Camps y El Bigotes, acabó discutiendo con un joven antes de retirarse con su comitiva.

(www.elpais.com, 04/06/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL PP USA INFORMACIÓN FALSA PARA ATACAR A LAS FISCALES DEL 'CASO GÜRTEL'

El PP arrojó ayer tinta de calamar sobre el caso Gürtel, extendiendo la falsedad de que el Tribunal Supremo había demostrado la actuación irregular y al margen de la ley de las dos fiscales que investigan el caso desde el principio. El presidente valenciano, Francisco Camps, implicado en la trama corrupta, y los diputados Federico Trillo, estratega jurídico del PP, y Esteban González Pons, portavoz de esa formación política, salieron ayer en tromba contra las dos fiscales y llegaron a sugerir que el proceso judicial abierto hace 15 meses, y que ha costado el cargo a una decena de dirigentes populares, entre ellos el tesorero nacional, Luis Bárcenas, podría ser anulado por la actuación supuestamente ilegal de las dos fiscales.

La interpretación de Trillo, Camps y González Pons, según indicaron ayer desde el PP, se basa en la noticia publicada ayer mismo en diversos medios sobre una providencia del juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que supuestamente demostraría la actuación irregular de las dos fiscales. Esas informaciones llevaron a Trillo, que no tenía ni había leído la providencia del juez, a asegurar que el caso Gürtel iba a dar un "giro copernicano". En una nota oficial remitida por el PP, Trillo declaraba: "Ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien demuestre a las dos fiscales que habían violentado la presunción de inocencia y que habían actuado de manera sectaria, al margen de la ley, al ocultar la prueba que exculparía al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps".

El Supremo aclaró que no tiene abierta ninguna diligencia contra las fiscales del caso Gürtel y, por tanto, no habría podido demostrar nada.

La información en la que Trillo basa sus acusaciones sostiene que el juez Barreiro, que instruye la querella contra Garzón por supuestos pinchazos ilegales en la cárcel a implicados en la trama, ha pedido documentación para investigar si las fiscales ocultaron pruebas a favor de Camps, y si pusieron el caso en manos de Garzón pese a que correspondía someterlo a reparto. Esta decisión de Barreiro supondría, según esta información falsa, que se habría admitido a trámite la querella presentada contra las dos fiscales por Ignacio Peláez, el abogado de uno de los miembros de la red corrupta. Sin embargo, esa querella no se ha admitido a trámite por el momento, y tampoco corresponde al magistrado Barreiro resolver sobre esa cuestión, según el Supremo.

Las dos providencias, firmadas efectivamente por Barreiro los días 27 y 28 de mayo, no pretenden investigar la actuación de las fiscales, ni la ocultación de pruebas ni el reparto del caso. Pretenden indagar, en general, sobre la orden de Garzón de intervenir comunicaciones en la cárcel. Saber si fue legal.

En las dos providencias, Barreiro solicita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid diversa documentación para dirimir el caso de las escuchas en la cárcel. De hecho, en una de las providencias, en la que el juez admite recabar documentación que solicitan las partes, deniega precisamente que se tome declaración a las dos fiscales de Anticorrupción que investigan el caso, algo que había pedido el abogado Ignacio Peláez.

Este letrado, que solicitó la declaración de las fiscales como testigos en la causa, cambió de idea el pasado 24 de mayo y decidió querellarse contra ellas porque supuestamente ocultaron una prueba que favorece a Camps. Se refiere a una conversación de Pablo Crespo, número dos de la trama, en la que este señala que el presidente valenciano sí se pagó sus famosos y polémicos trajes.

Sin embargo, documentos oficiales de las tiendas de ropa, testimonios de los empleados del establecimiento y otras conversaciones y pruebas incluidas en el sumario, como el pen drive del contable de la trama, demuestran todo lo contrario: que la trama corrupta fue la que pagó los trajes a Francisco Camps.

(www.elpais.com, 04/06/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. TRILLO SE PONE AL LADO DE CAMPS

Federico Trillo es diputado por Alicante desde hace varias legislaturas. Sin embargo, en la actual, no había participado en ningún acto público en su circunscripción. Hasta . El responsable del área de justicia en la dirección nacional del PP asistió a la inauguración del edificio del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante protagonizada por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El gesto no pasó desapercibido después de que ningún miembro de la ejecutiva de Mariano Rajoy asistiera al acto de autohomenaje que Camps organizó el pasado 22 de mayo con la excusa de celebrar el tercer aniversario de la victoria en las elecciones autonómicas de 2007, o de la suspensión de la conferencia de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, para no coincidir con el jefe del Consell. Fuentes del PP aseguraron que realizaron "una visita privada" a las obras del TRAM, y que su presencia no obedecía a nada en concreto. "Tenía un acto oficial por la mañana en Alicante, venía de los Moros y Cristianos de Elda, y al ser diputado quiso estar", señalaron esas fuentes. Pero a nadie escapa que Trillo es el estratega judicial del PP y que Camps está agobiado por el caso Gürtel. El titular del Conbsell y Federico Trillo se marcharon juntos en el coche oficial del presidente de la Generalitat. A la inauguración también acudió el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.

(www.elpais.com, 01/06/10)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. PEDREIRA REITERA AL PP SU INHIBICIÓN DE GÜRTEL A FAVOR DE VALENCIA

El juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, reitera en un auto su decisión de inhibirse de parte de la causa a favor del Tribunal Superior de Valencia. Esta nueva resolución es en respuesta a un recurso del PP en el que pedía al juez que aclarase qué quería decir cuando en el auto en el que se inhibía a favor de Valencia, el 25 de mayo, señaló que hacía "suya" la argumentación jurídica del fiscal sobre este asunto. A lo largo de 18 folios, la fiscalía instaba al juez a inhibirse a favor de Valencia al entender que había indicios de varios delitos (financiación ilegal, cohecho, contra la Hacienda pública...) contra aforados de esa comunidad. Entre ellos, el presidente, Francisco Camps.

El PP consideró "oscura" esa frase y pidió al juez que la aclarase. Y el juez lo hizo . "El magistrado instructor no considera oscura la expresión (...), como sostiene la parte solicitante, por cuanto implica una remisión a los fundamentos de derecho que invoca el ministerio fiscal y que hacen referencia (...) a la cuestión esencial debatida y que conduce al acuerdo de inhibición parcial", dice Pedreira. El juez destaca que el PP "no es representante de personas individuales imputadas o no imputadas en la presente causa, sino del PP, en calidad de acusación popular, contra el que, institucionalmente, no se ha acreditado ningún reproche punitivo". La intervención del PP como acusación en el caso Gürtel ha sido muy polémica. Inicialmente, el juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso, le impidió personarse en el proceso.

Cuando la causa fue remitida al Tribunal de Madrid, el PP volvió a insistir en que quería ser parte en las diligencias como acusación particular, teóricamente porque se sentía víctima de la trama Gürtel. La fiscalía se opuso, habida cuenta de que no estaba clara la intervención del PP en el proceso, y ante el resquemor de que quisiera estar en él, más que para acusar a los cargos del partido implicados, para defenderlos utilizando torticeramente una figura jurídica cuya finalidad es distinta. Pedreira aceptó como parte al PP.

(www.elpais.com, 02/06/10)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LA CAJERA: "CAMPS NUNCA PAGÓ EN EFECTIVO"

María Calero, cajera del establecimiento de Castellana 140, aseguró ante el juez Antonio Pedreira que los principales implicados en la trama Gürtel "jamás pagaban en caja", sino que hacían los abonos por transferencia. La cajera ratificó que, en particular, ni el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ni los demás altos cargos relacionados con la trama Gürtel, como Rafael Betoret, Ricardo Costa, Víctor Campos y Pedro García, de Canal 9, pagaron en caja alguna vez.

Su testimonio contradice el de Camps, quien siempre ha mantenido ante el juez que pagó sus trajes en efectivo y no guarda los recibos.

Los artículos que reservaban Pablo Crespo, Álvaro Pérez y sus amigos eran pagados mediante transferencia y, según el testimonio de Calero, era Javier García, el encargado de la contabilidad en Castellana 140, "el que ordenaba cancelar los pagos a cuenta con cargo a las facturas que él mismo realizaba".

Los tres testigos interrogados por el juez instructor del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira declararon que el sastre José Tomás nunca hizo facturas y no ordenó introducir conceptos falsos.

Antonio del Fresno, ex director de Castellana 140, también despedido por Hinojosa, reconoció que él hizo dos facturas, en concepto de "metros de telas", siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo, el lugarteniente de Correa. Según dijo, el sastre José Tomás no intervino en esas facturas y si él introdujo esos conceptos fue porque Crespo o Álvaro Pérez eran clientes importantes. El resto de la facturación la hizo siempre el contable Javier García. Del Fresno aseguró que es falso que Tomás ordenara hacer ninguna factura.

(www.elpais.com, 03/06/10)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL OCULTA LOS PAGOS A LA FIRMA DE RESIDENCIAS DE LA FAMILIA COTINO

Saber cuánto ingresa la empresa Gerocentros del Mediterráneo, que opera con el nombre comercial Centros Residenciales Savia, de la Generalitat por las plazas concertadas con Bienestar Social es un enigma. Los pagos a esa firma, controlada en un 38,7% de sus acciones por Sedesa Concesiones, en el año 2009 están incluidos en un capítulo de gastos que comprende nada menos que 177,6 millones de euros. Todos y cada uno de los abonos por "trabajos realizados por empresas y profesionales" para el departamento de Angélica Such, comprendidos en esa cantidad, siguen siendo casi secreto de Estado.

Cuatro meses después de que el diputado socialista Antonio Torres solicitó, el 25 de enero, una copia de todo el "listado del mayor, por centro de gasto y concepto" de los distintos programas del capítulo II del presupuesto de Bienestar Social, el Consell sigue negando la información. El 3 de marzo, Such respondió al parlamentario del PSPV que los datos solicitados "forman parte de los sucesivos resúmenes de información contable cuya ejecución es objeto de la información que periódicamente se remite desde la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo a las Corts".

Torres recurrió en amparo a la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, para indicar que la documentación que él solicita "no es objeto de información periódica". Porque Gerardo Camps remite simplemente número de programas e importes, pero no el listado de los beneficiarios.

La última noticia que el diputado socialista ha recibido en su particular cruzada es un escrito de Angélica Such en la que se reitera en su posición de remitirse a los números de euros, pero no revelar ningún nombre beneficiario de los mismos. Centros Residenciales Savia ingresó en 2007 casi 16 millones de la Generalitat, cifra que se elevó a 30 millones en 2008, según el diputado socialista. Se da la circunstancia de que en el accionariado de Gerocentros del Mediterráneo también figura la empresa Enrique Ortiz e Hijos, con la misma participación del 38,7% que Sedesa Concesiones. Hormigones Martínez controla el 10% del capital social y Lubasa otro tanto.

Las cuatro principales accionistas de Gerocentros del Mediterráneo están acusadas por el juez Pedreira y la Brigada de Blanqueo de financiar ilegalmente al PP al abonar facturas a Orange Market por servicios que nunca les prestó y con el fin de reducir la deuda del PP valenciano con la firma Gürtel por actos que le montó.

(www.levante-emv.com , 29/05/10)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. VALENCIA PAGARÁ 2,8 MILLONES MÁS A LA FAMILIA COTINO POR UNA NEGLIGENCIA

El Ayuntamiento de Valencia, que dirige Rita Barberá, del PP, deberá pagar 2,8 millones de euros de más por un terreno que expropió a una empresa de la familia del vicepresidente del Consell Juan Cotino. Así lo explicó el concejal socialista Juan Ferrer, quien comentó que "está claro que se trata de una negligencia" del gobierno local y que estudiará llevar el caso a la fiscalía.

El consistorio inició un proceso de expropiación en 1998 para hacerse con el suelo necesario para construir el Parque de Cabecera. Precisaba de 30 hectáreas de huerta del entorno del barrio de Campanar, que estaban divididas en 140 parcelas y preparó 7,3 millones de euros (1.200 millones de las antiguas pesetas) para pagarlas. Una de ellas pertenecía a Alquería Dolores, SL, firma administrada por Vicente Cotino Ferrer, hermano del también consejero de Medio Ambiente. El Ayuntamiento, en la expropiación, valoró el suelo de los Cotino, clasificado como rural, en 148.000 euros. El Jurado Provincial de Expropiaciones elevó esta estimación, en 2005, hasta los 687.000. El tiempo pasaba y así como los otros propietarios recibían su dinero, los Cotino no. Solo otros dos, las familias Trénor y Benlloch, quedaron en la misma situación que la del vicepresidente del Consell: no cobraban.

En mayo del año pasado, Alquería Dolores, SL, se acogió a la Ley de Expropiación Forzosa y pidió la retasación de su parcela, de unos 13.600 metros cuadrados de extensión. El Jurado de Expropiaciones, tras valorarlo, estimó que el suelo ya no era rural sino urbanizado y tasó el terreno en 3.517.723 euros, 2,8 millones más de la cantidad dada en 2005. Las otras dos familias, Trénor y Benlloch, que también pidieron la retasación, han conseguido que el Jurado eleve sus valoraciones hasta 1,5 millones de euros, 1,3 millones más de la estimación inicial. En total, el Ayuntamiento de Valencia, que va a recurrir las sentencias del Jurado, deberá enfrentar un sobrecoste de más de cuatro millones de euros. Todo por retrasarse.

El concejal Juan Ferrer, que ha criticado al gobierno local por negarse a investigar los hechos, ve poco probable que la impugnación del consistorio cambie las cosas. José Luis Martínez Morales, letrado experto en temas de urbanismo, concreta que "si el suelo está urbanizado en el momento de la retasación, la valoración debe atender esta tipología y no otra", como suelo rural.

Ferrer advirtió además de que "si no se paga a los propietarios antes de seis meses, [estas cantidades de dinero] empezarán a devengar intereses" por lo que el sobrecoste continuará creciendo.

El caso de las expropiaciones del Parque de Cabecera ha demostrado también que el Ayuntamiento es consciente de su nivel de endeudamiento desde hace meses pese a obviarlo. El pasado marzo, el concejal de Hacienda, Silvestre Senent, aseguró que el consistorio no estaba tan endeudado como para tener que pedir permiso a la Generalitat para pedir más préstamos. En cambio, el interventor municipal, en el expediente de expropiación de la familia Cotino, explicaba que si se les quería pagar haría falta pedir un crédito, operación "supeditada a la autorización previa de la Consejería de Economía".

(www.elpais.com, 03/06/10)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ CONFIRMA LA IMPUTACIÓN A FABRA POR COHECHO, DELITO FISCAL Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El juez de primera instancia e instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha decidido dar por concluidas las diligencias de investigación de caso Fabra, después de más de seis años, al transformarlas en procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado. El instructor entiende que los hechos cometidos son constitutivos de los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, propios de la competencia del Tribunal del Jurado. Según el juez instructor, a los delitos mencionados hay que sumar otros contra la Hacienda Pública.

La causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, abarca a un total de 13 imputados, después de que un empresario, Vicente Vilar, le acusara de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Éstos se centraban en la mediación del dirigente del PP para tratar de agilizar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el próximo 25 de junio se celebrará la comparecencia prevista en la Ley del Jurado para concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir que se practiquen nuevas diligencias de investigación.

(www.elpais.com, 01/06/10)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. LA GENERALITAT VUELVE A PAGAR GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE LA FÓRMULA 1

La Generalitat valenciana vuelve a pagar este año gastos de organización del Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia, pese a que una empresa privada, Valmor Sports, tiene la exclusiva de la organización por siete años. Como ya ocurrió en 2009, la sociedad pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, que gestiona el Circuito de Cheste, licitó el pasado mes de abril por el procedimiento negociado un contrato de 448.000 euros (más 116.000 euros de IVA) para la instalación de señales en el trazado urbano de Valencia.

Un contrato similar, en 2009, por una cuantía de 600.000 euros, fue adjudicado a la empresa Molca Comunicación Visual, SL, de Vilamarxant. También se contrataron por 275.000 y 150.000 euros, respectivamente, micrófonos y altavoces y pantallas gigantes. Las adjudicaciones, licitadas también entonces en abril, se cerraron a finales de agosto, una semana después de haberse celebrado el Gran Premio de Fórmula 1. Este año la carrera será el 27 de junio en busca de más público.

La diputada socialista en las Cortes Valencianas Maisa Lloret recordó que estas aportaciones públicas a la organización de la prueba de automovilismo se suman al coste inicial de las obras del circuito urbano, sufragadas por la Generalitat, y al pago de 90 millones para hacer frente al canon que Valmor Sports debe pagar a Formula One Administration, la empresa de Bernie Ecclestone propietaria de los derechos de la competición. "En vísperas de las elecciones de 2007, el propio presidente Francisco Camps presentó el gran premio como un evento importantísimo que no iba a costar ni un euro a las arcas públicas porque lo haría una empresa privada", señaló Maisa Lloret. "Por activa o por pasiva, se han trasladado los gastos a la Generalitat, bien a través del Circuito de Cheste, bien a través de la Agencia Valenciana de Turismo, bien a través de la Sociedad Proyectos Temáticos. El negocio es curioso: los gastos los paga la Generalitat y los ingresos me los quedo yo. Se trata de un abuso", añadió.

"A todos los empresarios les encantaría un trato como ese", prosiguió la diputada. "¿Qué tiene de especial Valmor que no tengan otras empresas? ¿Tal vez que el sobrino del vicepresidente Juan Cotino tiene intereses en el tema?" Vicente Cotino Escrivà, responsable del grupo Sedesa, es socio de Jorge Martínez Aspar en Worldwide Circuit Management, SL, empresa que forma parte del consejo de Valmor junto a Bancaja y al empresario Fernando Roig.

El próximo jueves, el consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, ha de comparecer ante una comisión de las Cortes Valencianas, a petición del grupo Compromís, para informar precisamente sobre el pago del canon de la fórmula 1 por parte de la Sociedad Proyectos Temáticos.

(www.elpais.com, 01/06/10)

39. COMUNIDAD VALENCIANA. RTVV DESPIDE A SANZ A LOS TRES MESES DE LA DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL Y EVITA INDEMNIZARLO

Vicente Sanz Monlleó es, desde , un ex. Historia de RTVV. El director general del ente público, José López Jaraba, decidió incoarle un expediente disciplinario por "falta muy grave" a raíz de la denuncia que tres trabajadoras presentaron contra Sanz por acoso sexual, causa que está instruyendo una jueza de Paterna. Y después de abrir el expediente, el máximo responsable de la cadena decidió que el encausado cesaba "en sus responsabilidades directivas".

El despido se produce tres meses después de que las periodistas acudieron a los tribunales, lo que motivó una "suspensión cautelar" del directivo bajo sospecha que se vendió como si fuera a petición del propio afectado. El escándalo provocado por ese asunto, aliñado con detalles escabrosos sobre los episodios sexuales presuntamente forzados que han ido trascendiendo tras cada declaración; el hecho de que hasta Jaraba haya tenido que pasar por el juzgado y le haya salpicado políticamente el asunto; las críticas sindicales o de la oposición, entre otras, o se haya agravado la acusación al hablarse de "abuso sexual" son razones que han hecho insostenible alargar la cuarentena de esa relación laboral.

Ordenadas las decisiones de la forma apuntada -primero el expediente y, como consecuencia, el despido- RTVV se ahorra pagarle 120.000 euros de indemnización a quien, ironías de la vida, ha decidido todas y cada una de las contrataciones, renovaciones y despidos laborales en la televisión en los últimos 15 años. A quien ha controlado buena parte de las adjudicaciones con empresas desde su puesto de número dos del ente público, que a menudo parecía el uno. Canal 9 evita por ahora pagar la citada cantidad y la congela hasta que se cierre el expediente sancionador y se resuelva si el despido es procedente o improcedente. Esto no sucederá hasta que los tribunales dictaminen la culpabilidad o inocencia de Sanz.

El ex directivo ha reclamado, según fuentes del Consell, el dinero que le correspondería si el despido se hubiese producido en circunstancias normales, simplemente por una pérdida de confianza fruto del relevo en la dirección general. Los 120.000 euros en disputa corresponden a la indemnización de 45 días por año a la que tenían derecho los contratos de alta dirección. Una prebenda que fue suprimida precisamente tras el acceso de López Jaraba a la dirección general, a finales de agosto de 2009. Pero los derechos adquiridos hasta esa fecha no se pierden. Sanz, al que le queda justo un año para jubilarse, tiene ahora la posibilidad de pedir la incorporación a la plaza que ganó en RTVV, en la sede del consejo de administración, por oposición hace veinte años. Si se reincorpora podría encontrarse con una suspensión cautelar de empleo y sueldo en esa plaza, en aplicación del expediente disciplinario por "falta muy grave" que pesa sobre él.

Consenso general. Esquerra Unida y los sindicatos CC OO e Intersindical Valenciana coinciden en que la destitución de Sanz llega "tarde y mal". El consejero de EU Amadeu Sanchis considera que esa decisión es "fruto de la presión política y social que desde las Corts hasta los sindicatos se ha producido desde que en febrero se dio a conocer este lamentable caso". "A pesar de tratarse de una buena noticia, esta debería haberse producido el viernes 5 de marzo cuando el consejo de administración se reunió de forma extraordinaria para tratar este tema", agregó el consejero.

Desde Intersindical, se valoró como una "noticia positiva" la defenestración de Sanz pero lamentan que la decisión no se tomara antes, así como que responda a las presiones recibidas y no a las "convicciones personales" de Jaraba. Recuerda esta sindicato que Sanz era un hombre de confianza y como tal ha seguido hasta la fecha.

Comisiones Obreras también habló de actuación "tarde y mal" del director general de RTVV, quien, según el citado sindicato, "perdió una oportunidad inmejorable de marcar distancias con las prácticas indecentes de su número dos cuando decidió no destituirlo a pesar de las graves denuncias que pesaban contra él" por presunto acoso sexual.

(www.levante-emv.com , 29/05/10)

40. CASTILLA-LA MANCHA. EL PP HACE CAMPAÑA EN EL CORPUS

Unos 1.500 militares asistieron a la procesión del Corpus Christi en Toledo, el primero desde que se aprobó el nuevo Reglamento de Honores Militares, que permitió que todos los que acudieron lo hicieran voluntariamente. La otra novedad fue que el himno nacional fue interpretado por la banda municipal en lugar de por una banda militar, como era habitual.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda (PSOE), encabezó el recorrido de la procesión, que se prolongó durante más de tres horas. El líder del PP, Mariano Rajoy, y su número dos y candidata a la presidencia de la comunidad, María Dolores de Cospedal, siguieron la procesión desde un balcón de la plaza de Zocodover. Tras alabar la fiesta - "que mezcla la cultura con lo religioso y con nuestras tradiciones", dijo Cospedal-, ambos se lanzaron a hacer campaña y atacar al Gobierno. Rajoy afirmó que en el Corpus del año que viene "ya se habrá producido el cambio político, aunque todavía María Dolores [de Cospedal] no habrá llegado a la presidencia de la comunidad, porque siempre pasa un periodo de tiempo [entre las votaciones y la toma de posesión del Ejecutivo]". El líder del PP también recordó a los desempleados y a los pensionistas, "que se han visto agredidos por el Gobierno". Cospedal declaró que "hay muchas personas que hoy están celebrando el Corpus y no tienen un puesto de trabajo".

También el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, hizo referencia a la crisis económica y animó a los fieles a unirse "en la defensa de la vida, la reconciliación y atención a las personas heridas por el drama del aborto, del desempleo y del abandono por el desamor de un consumismo indigno".

(www.elpais.com, 04/06/10)

41. REGIÓN DE MURCIA. VALCÁRCEL RECORTA 1,1 MILLONES A LA UNIVERSIDAD, MIENTRAS SU SOBRINO SE GASTA 17 EN FIESTAS

De "aberrante" es calificado el hecho de que el gobierno autonómico murciano en manos del PP siga gastando más de 17 millones de euros en fiestas nocturnas, propaganda y promoción del equipo de Fórmula 1 del empresario José Ramón Carabante, mientras recorta 1,1 millones de euros a la Universidad de Murcia.

Mientras Ramón Luis Valcárcel recorta inversiones para la universidad pública murciana, a través de la consejería de Cultura, que regenta su sobrino político, Pedro Alberto Cruz, invierte una cantidad casi similar (900 mil euros) en un concierto MTV Murcia Night para el próximo diez de julio en Caravaca, de los que 500 mil están destinados a publicidad, según denuncia el responsable de Educación de Izquierda Unida, Diego Reina.

A esta cantidad millonaria se unen los 1,6 millones de euros gastados en el festival SOS 4.8.; a los 9 millones para el patrocinio de Hispania Racing Fórmula 1 Team de Carabante, y a los 5,5 de la Bienal Itinerante Manifiesta, mientras desaparece el presupuesto regional dirigido a la compra de libros de las bibliotecas públicas, subraya Reina.

EL dirigente rojiverde pregunta "si es justificable no comprar libros para las bibliotecas públicas de la Región de Murcia, suspender proyectos culturales y acuerdos salariales, al tiempo que se despilfarra el dinero de todos los murcianos de esta manera. Es un hecho aberrante que se siga manteniendo este despilfarro en la consejería de Cultura, justo en este momento de crisis económica", afirma, además de denunciar la indecente "doble moral" del PP.

(www.vegamediapress.com, 30/05/10)

42. REGIÓN DE MURCIA. EL EX JEFE DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA SE ENRIQUECIÓ RECLASIFICANDO FINCAS

La investigación sobre la operación Barraca avanza con pasos lentos pero firmes. En un informe elaborado por la Policía Nacional durante más de un año, los agentes desvelan el complejo entramado que, supuestamente, creó el ex jefe de Planeamiento en torno a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia para enriquecerse, según publica hoy David Canellada en el diario La Opinión.

El informe, en concreto, acusa al que fuera número tres de Urbanismo de cobrar 783.666 euros por la venta de varias fincas sobre las que él mismo había informado. , Peñalver tuvo que responder a estas acusaciones ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia y ante el fiscal anticorrupción, responsables del caso. Junto a él estaban citados su esposa, Sandra de la Puente, que finalmente no pudo declarar , y los empresarios Eufemio Rocamora y Manuel Giménez, todos ellos imputados en esta presunta trama.

En su escrito, los agentes de la Unidad Central de Delitos Económicos analizan todo el proceso de compra-venta de una serie de fincas que se incluyeron en la Modificación Puntual número 32 del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia. En primer lugar, los agentes concluyen que la mercantil Urbasa Mediterránea –de la que formaba parte Sandra de la Puente junto a los también imputados Antonio José Sánchez Marín, Renato del Noce y Jesús Zafra Serrano– "es la sociedad que más fincas ha comprado de las que posteriormente se vieron afectadas por la Modificación Puntual".

La teoría de los investigadores es que Peñalver y el resto de imputados compraban estas fincas rústicas, que carecían de valor, a través de las múltiples sociedades de las que formaban parte. Después, simplemente, multiplicaban el valor de esos terrenos gracias a las decisiones que tomaba Peñalver en la Gerencia de Urbanismo y las vendían, obteniendo de esta forma importantes beneficios económicos.

(www.vegamediapress.com, 01/06/10)

43. ISLAS BALEARES. LA PIEZA DEL ‘CASO IBATUR’ QUE INVESTIGA DESVÍOS MILLONARIOS ACUMULA UN CENTENAR DE IMPUTADOS

Fuentes judiciales consideran inminente el inicio de las actuaciones en la pieza del ‘caso Ibatur' que investiga desvíos millonarios, en una trama de múltiples ramificaciones, y que ya acumula cerca de un centenar de imputados tras un año de pesquisas realizadas bajo el más estricto secreto.

La Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional han investigado a fondo una causa que apunta a un amplio abanico de actividades subvencionadas por el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) y que están bajo sospecha desde que el anterior asesor jurídico de esa entidad, Miguel Ángel Bonet, confesara que se lucró con facturas falsas. La detención de Bonet, en febrero de 2009, imputado por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, fue el inicio del ‘caso Ibatur'. Bonet está en libertad bajo fianza de 85.000 euros.

Anticorrupción y la Policía, asimismo, han analizado diversas partidas económicas empleadas en algunas de las promociones turísticas más importantes de las desarrolladas en la anterior legislatura, entre ellas, una exhibición en Regent's Street (Londres) y el torneo Mallorca Classic-Pula Golf. Otro ‘fleco' que se ha investigado son las conexiones del ‘caso Ibatur' con la Fundación Desarrollo Sostenible de Balears en la etapa de Pau Collado, imputado en el ‘caso Gürtel'.

También, ha sido analizados con lupa todos los contratos inferiores a 15.000 euros firmados por los responsables del Ibatur en la anterior legislatura, después de que la Agencia Tributaria hallara indicios de irregularidades en las cuentas.

(www.ultimahora.es, 29/05/10)

44. ISLAS BALEARES. LA MUJER DE MATAS MANDABA

El constructor Juan Serra, quien prestó declaración como testigo ante el juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, afirmó que realizó una pequeña reforma en la vivienda que la madre del ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas posee en la Rambla de Palma y que recibió por ello tres millones de pesetas en metálico (18.070 euros) pero con facturas.

Durante su comparecencia, el titular del juzgado de instrucción número 3 le interrogó únicamente sobre esta remodelación respecto a la cual el testigo señaló que todo lo cobró en efectivo pero negó que se tratara de dinero negro u opaco al fisco, según informaron fuentes judiciales. Además, afirmó que "todo lo ordenó" la mujer de Matas, Maite Areal.

En esta ocasión, Serra no fue preguntado sobre la reforma que efectuó en la vivienda que Matas posee en el casco antiguo, conocida como Palacete, por la que ya declaró haber percibido 32.000 euros en negro de parte del cuñado de Matas, Fernando Areal.

(www.lasexta.es, 04/06/10)