ÍNDICE

1. RAJOY OFRECE ANTE LOS EMPRESARIOS UN AMPLIO PLAN DE REFORMAS SIN CONCRETAR

2. RAJOY CAMINA EN SENTIDO CONTRARIO A EUROPA

3. COSPEDAL NIEGA HABER FILTRADO INFORMACIÓN SOBRE BONO

4. COSPEDAL ENERVA A LA GENERALITAT AL TACHAR A MONTILLA DE "FASCISTA"

5. FRAGA: "ESTE ESTATUTO NO VALE. ¡VIVA ESPAÑA!"

6. EL SENADO DESMONTA LA MANIOBRA DEL PP PARA DEFENDER A ENRIQUE LÓPEZ

7. MANUEL PIZARRO ABANDONA LA POLÍTICA

8. GÉNOVA FUERZA A CAMPS A PARAR LA APLICACIÓN DE SU CLÁUSULA

9. AZNAR CULPA A ZAPATERO DEL "LÍO" DEL ESTATUTO CATALÁN

10. GALICIA. UN CONSELLEIRO DE FEIJÓO, IMPUTADO POR FALSEDAD

11. GALICIA. EL FISCAL APRECIA QUE EL DELEGADO EN OURENSE FALSIFICÓ UN DOCUMENTO

12. GALICIA. EL JEFE TERRITORIAL DE LA XUNTA LEVANTÓ UN CHALÉ EN CALDAS CON LICENCIA DE GALPÓN

13. ANDALUCÍA. EL FUTURO DE CAJAGRANADA ABRE UNA BRECHA EN EL SENO DEL PP

14. COMUNIDAD DE MADRID. EL BIENIO NEGRO DE UN GOBIERNO BAJO SOSPECHA

15. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP IMPIDE QUE AGUIRRE EXPLIQUE EL CASO DEL ESPIONAJE

16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE VE EN LA HUELGA UN PLAN PARA DERRIBARLA

17. COMUNIDAD DE MADRID. SEIS ALCALDES POPULARES DE MADRID COBRAN MÁS QUE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

18. COMUNIDAD DE MADRID. RAJOY INSTA A AGUIRRE Y GALLARDÓN A "IR JUNTOS A LAVAPIÉS", COMO CUANDO ERAN "JÓVENES Y AMIGOS"

19. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN RECURRE AL TS PARA LEVANTAR EL MINIVATICANO

20. COMUNIDAD DE MADRID. PANERO POSEE UN GRAN PATRIMONIO EN EL EXTRANJERO

21. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS RECTIFICA Y DICE AHORA QUE NO REFORMARÁ EL ESTATUTO VALENCIANO

22. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL SOBRE LA GESTIÓN DE MARTÍNEZ PREOCUPA AL PP

23. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL BIGOTES ENTREGÓ SOBRES CON DINERO A CARGOS PÚBLICOS DEL PP, SEGÚN EL FISCAL

24. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL TESTAFERRO DE CORREA EN COLOMBIA AYUDARÁ AL JUEZ

25. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LA JUEZA TUMBA EL CASO DE ESPIONAJE QUE DENUNCIÓ EL PP EN LA SEDE DEL PARTIDO

26. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. UNA DE LAS FIRMAS INVESTIGADAS EN LA TRAMA CORRUPTA DE MALLORCA TRABAJÓ PARA LA GENERALITAT

27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ RECHAZA LOS RECURSOS CONTRA EL JUICIO CON JURADO A CARLOS FABRA

28. COMUNIDAD VALENCIANA. CONDENA A BARBERÁ POR INCUMPLIR LA LEY URBANÍSTICA

29. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DE ORIHUELA RECHAZA RETIRAR LAS DISTINCIONES A FRANCO

30. CASTILLA Y LEÓN. CIGÜEÑAS CONTRA EXCAVADORAS

31. CASTILLA-LA MANCHA. DENUNCIAN QUE COSPEDAL LE PIDIÓ QUE COLOCARA A SU MARIDO EN LA CAJA

32. CASTILLA-LA MANCHA. EXIGEN A COSPEDAL QUE EXPLIQUE "OPERACIONES DUDOSAS" DE SU ESPOSO

33. REGIÓN DE MURCIA. ABIERTA UNA OPERACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN SAN JAVIER

34. REGIÓN DE MURCIA SOBERBIA Y ERROR DE LAS INSTITUCIONES EN EL AEROPUERTO DE CORVERA

35. REGIÓN DE MURCIA CÁMARA ENDEUDA MÁS A MURCIA, A PESAR DE HABER COBRADO LOS IMPUESTOS DE VEHÍCULOS Y EL CATASTRO

36. ISLAS BALEARES. ‘CASO GÜRTEL’. NUEVA OPERACIÓN DE ANTICORRUPCIÓN POR OTRO ESCÁNDALO EN EL GOBIERNO DE MATAS

37. ISLAS BALEARES. ‘CASO GÜRTEL’. TODOS LOS CASOS DE MATAS Y DEL PP BALEAR POR SUPUESTA CORRUPCIÓN

38. ISLAS BALEARES. ‘CASO GÜRTEL’. LA POLICÍA RASTREA LOS LAZOS DE LA 'GÜRTEL' CON MATAS

39. ISLAS BALEARES. ‘INVESTIGAN LA FINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA QUE LLEVÓ A MATAS AL GOVERN EN 2003

40. ISLAS BALEARES. INVESTIGAN SI ROSA ESTARÁS Y OTROS CARGOS DEL PP RECIBIERON REGALOS DE LA TRAMA

41. ISLAS BALEARES. DETENIDOS LOS TRES RESPONSABLES DEL IBATUR CON EL GOVERN MATAS

1. RAJOY OFRECE ANTE LOS EMPRESARIOS UN AMPLIO PLAN DE REFORMAS SIN CONCRETAR

Las expectativas que se habían generado en torno al discurso del viernes de Mariano Rajoy en el Foro Nueva Economía frente a 160 representantes de las principales empresas y bancos españoles eran demasiado altas, según admitían dirigentes del PP. Por eso cuando planteó ambiciosas reformas, pero apenas las concretó, cundió entre la prensa y algunos políticos la sensación de que la cosa se había quedado corta.

Sin embargo, Rajoy y su entorno estaban muy satisfechos. Insistían en que no se trataba de lanzar grandes novedades ahora -el PP cree que no habrá elecciones hasta 2012-, sino de sistematizar un proyecto, una alternativa económica. Y a eso se dedicó Rajoy en un discurso muy trabajado, centrado en la necesidad de un amplio plan de reformas y un diagnóstico: España tiene arreglo, pero la solución solo llegará con un cambio de Gobierno.

El líder del PP planteó sus ejes , que están basados en la visión liberal que domina en el equipo económico de la oposición y tienen como principal novedad la propuesta de cambiar la Constitución para incorporarle una limitación del déficit público. Rajoy también planteó una reforma del sistema financiero, sobre todo cambios de la normativa contable para que las entidades valoren adecuadamente sus activos.

También que las cajas de ahorro puedan captar capital privado, y hacer incompatible la condición de político con la de miembro de un órgano de las cajas. Lo dijo frente a Rodrigo Rato (Caja Madrid), ex vicepresidente del Gobierno con Rajoy, y José Luis Olivas (Bancaja), ex presidente de la Generalitat valenciana.

Hasta ahí la lectura de su discurso. Pero cuando llegó la hora de las preguntas, y de las concreciones, Rajoy evitó mojarse. Solo lo hizo para rechazar de plano una propuesta aprobada por la Unión Europea en el último consejo, como el nuevo impuesto a la banca, que se va a discutir en el G-20. "En España hay un fondo de garantía de depósitos, no me parece razonable plantear más impuestos, el problema es recapitalizar la banca, lo más importante es que vuelva el crédito".

Rajoy lanzó el discurso positivo sobre España que le suele pedir Zapatero en el Congreso. "La productividad ha mejorado 4,6 puntos los dos últimos años, el doble de la media de la Unión Europea, las familias han doblado su tasa de ahorro, las empresas han reducido su endeudamiento en 90.000 millones de euros. Nuestra economía, más allá de los problemas, es sólida. España tiene futuro y los españoles también. La cuestión no es si podemos hacerlo o no, la cuestión es cuándo lo vamos a hacer".

Al final del acto, el líder del PP recibió el espaldarazo de Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, que insistió en que le habían gustado mucho sus propuestas y que coincidían con las de la patronal. Pero antes, la acogida fue más tibia, y el principal aplauso se lo llevó cuando auguró el triunfo de la selección española en el mundial y dijo que si no, "igual que el PP no es culpable de lo que pasa en España, Sara Carbonero [periodista de Tele 5 y novia de Iker Casillas] no será la culpable".

(www.elpais.com, 26/06/10)

2. RAJOY CAMINA EN SENTIDO CONTRARIO A EUROPA

A contracorriente. Si se comparan las últimas actuaciones y opiniones vertidas por el PP en materia económica con las decisiones tomadas por el resto de países europeos, el partido de Mariano Rajoy parece ir conduciendo en sentido contrario. Incluso en sentido contrario al de líderes a cuya familia política siempre se jacta de pertenecer: "Somos el partido de Merkel y Sarkozy", presume. Hace sólo tres días, el líder del PP se opuso a la aplicación de una tasa bancaria, una decisión del Consejo Europeo que precisamente defienden sin fisuras Alemania y Francia. También está solo en su rechazo a la subida de impuestos, algo que está ocurriendo en nuestros países vecinos. Y su voto en contra del tijeretazo aprobado por Zapatero provocó asombro en Europa.

En el PP defienden estas actuaciones: "La posición de Rajoy es la posición tradicional del partido. Ni anómala ni extraordinaria", justifica un dirigente. Y sostienen que hay que entender su posición "en el contexto de España", no intentando establecer paralelismos con otros países. Si se trata de tomar la temperatura dentro del partido a la posición adoptada estos últimos meses por Rajoy, salvo matices, las fuentes consultadas coinciden en que es compartida "ampliamente".

A continuación, se analizan los tres principales frentes en los que los planteamientos del PP discrepan con los de los países de nuestro entorno.

Tasa bancaria. Respaldo del Consejo Europeo

Una de las principales revelaciones del líder del PP en el desayuno informativo en el que presentó su "alternativa" económica, el pasado viernes, fue su negativa a que España aplique una tasa bancaria. Con ello, volvía a desmarcarse del resto de líderes europeos. A juicio de Rajoy, "en estos momentos" sería "muy poco prudente" este impuesto. ¿Cómo lo justificó? "En España existe un fondo de garantía de depósitos. En esta situación no parece lo más razonable", explicó. Y, a sabiendas de que iba a ser criticado por oponerse a una decisión del Consejo de la UE, intentó curarse en salud: "La situación de los países es distinta. No es lo mismo Reino Unido o Alemania que la situación de España".

Es precisamente este argumento el que esgrimen las fuentes del PP consultadas para respaldar el rechazo de Rajoy a la tasa bancaria. "La situación en cada país es distinta. La posición respecto de la tasa bancaria depende de la posición que cada país ocupa en el sistema financiero internacional", apunta un diputado conservador.

Con este panorama como telón de fondo, la misma fuente considera "absurdo" que se "hagan inyecciones de capital en los bancos y a la vez se pretenda implantar una tasa". Hasta la fecha sólo las cajas han recurrido a las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Pese a estos argumentos, en países como Alemania, que se ha aliado con Francia y Reino Unido para defender la implantación de esta tasa, una decena de entidades bancarias ha solicitado ayudas directas para reforzar su capital. En una conversación informal con periodistas en el Congreso, el líder del PP volvió a insistir en su rechazo a la tasa bancaria. Horas antes, a su salida de la reunión del G-8, el presidente francés se había comprometido a luchar para conseguir un marco regulatorio para la implantación de esta tasa.

El planteamiento económico de Rajoy tiene el respaldo unánime del partido. Alza de impuestos

Cuando se trata de explicar el porqué del rechazo del PP a la subida de impuestos, los conservadores sostienen que trata de la posición "típica" de la formación. "Cuestión de principios", dicen. Además, las fuentes consultadas coinciden en que no se puede decir que en Europa haya una "voz única" a favor del alza de impuestos. "Lo que hay es una reconsideración de la figura impositiva", apunta un diputado conservador experto en temas económicos.

No obstante, la posición del PP choca con la del conservador británico David Cameron, que ha anunciado una subida del IVA. O la del Gobierno alemán, que no ha podido emprender sus planes de bajar impuestos. Frente a este panorama, el líder del PP se ha comprometido a que las comunidades autónomas en las que gobiernan no subirán los impuestos.

Tijeretazo. Pensiones, la línea roja

Mientras Alemania ha propuesto suprimir 10.000 puestos de funcionarios, Francia congelará el gasto público para los próximos tres años o Italia prepara la congelación de los sueldos de los trabajadores públicos, el PP se opuso en el Congreso al tijeretazo del gasto social aprobado por el Gobierno. Un miembro del equipo económico del PP explica el motivo: "La línea roja era que se tocaran las pensiones, porque suponía cargarse el Pacto de Toledo", argumenta.

Rajoy ha recibido críticas de sus socios en Europa. "En estos momentos, es importante que el PP apoye las reformas", señaló recientemente a este periódico Gunter Krichbaum, diputado de la CDU alemana. Incluso Angela Merkel ha apoyado ante Rajoy las medidas de Zapatero. Y tanto la canciller como Sarkozy han respaldado en público los planes de recorte del gasto de Zapatero.En el partido interpretan que la actitud del resto de los países europeos hacia España tiene mucho más que ver con el interés de que el país sea fuerte económicamente y pueda pagar sus deudas que con motivos puramente ideológicos.

(www.publico.es, 28/06/10)

3. COSPEDAL NIEGA HABER FILTRADO INFORMACIÓN SOBRE BONO

María Dolores de Cospedal aprovechó su presencia en el programa Los desayunos de TVE para repetir machaconamente las críticas al Gobierno: la reforma laboral es insuficiente, hay que comprobar el patrimonio de José Bono, no es el momento de un Gobierno de coalición y las medidas contra las crisis llegan tarde y mal. 

Lo más destacado de la secretaria general del PP es que se atribuyó el mérito de la congelación de las tarifas de la luz. "El pacto energético debe ser el comienzo de algo. Hace ocho o nueve meses se inciaron conversaciones entre el ministerio de Industria y el PP y entonces el Gobierno anunció la subida de la luz, así que no hubo acuerdo. En esta ocasión el PP propuso que no se subiera y el Gobierno aceptó", afirmó Cospedal bastante satisfecha.

Dijo la dirigente del PP que el pacto debía servir para hacer que "España no sea tan dependiente del exterior como hasta ahora", para hacer "una política en la que entren en correlación las energías renovables con la nuclear" y que sirva, en definitiva, para llevar a cabo una políca clara de inversiones y subvenciones.

A Cospedal le preguntaron si a su manos había llegado algún dossier sobre el patrimonio de José Bono y si, como ha insinuado el propio Bono, está filtrando infomacion al diario La Gaceta. Negó la mayor, pero aprovechó la ocasión para pedir explicaciones sobre el patrimonio del presidente del Congreso y para decir que sí, que por ahí dossieres, pero sobre ella: "Sé que hay cosas que se van repartiendo por ahí, ataques personales contra mí que ya se están produciendo. No me preocupa pero me molesta, sobre todo porque se refieren a mi familia". 

(www.publico.es, 28/06/10)

4. COSPEDAL ENERVA A LA GENERALITAT AL TACHAR A MONTILLA DE "FASCISTA"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, encendió la mecha que tan bien prende en el resto de España (ella se presenta como candidata en Castilla La Mancha), pero que en Catalunya sitúa a los populares en el extrarradio del centro político. A pesar de que Mariano Rajoy, tras la sentencia del Estatut, parecía dispuesto a pasar página, su número dos recuperó el discurso más agresivo al calificar de "muy fascista" al presidente de la Generalitat, José Montilla. Fue tal la que se montó que unas horas después el PP se vio obligado a emitir un comunicado en el que precisó que Cospedal no quería insultar al president, sino que pretendía criticar la actitud de Montilla por querer, en su opinión, reeditar el pacto del Tinell. Pero el jefe del Govern no se dio por satisfecho y contraatacó con otro comunicado en el que, tras negar cualquier intención de excluir al PP, subrayó el "reiterado recurso" de este partido a agitar el "anticatalanismo" y reclamó a Cospedal que se abstuviese de "tergiversar" las palabras del president.

Como en los mejores momentos de la tramitación del Estatut, los ataques del PP fueron recibidos por el tripartito con grandes muestras de indignación. Montilla encargó al conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, que abroncase a la dirigente popular con toda contundencia. Y Nadal no se cortó: "Cospedal ha traspasado una frontera intraspasable, seguramente por la excesiva familiaridad con la palabra [fascismo]".

Que los ataques del PP son también munición para el PSC está demostrado electoralmente. Por eso , por si la respuesta de Nadal no había sido suficiente, compareció la vicepresidenta socialista, Manuela de Madre, para reprochar a Cospedal que sea miembro del "partido de los ministros de Franco". Y ya puestos, el líder de Esquerra, Joan Puigcercós, directamente acusó a la dirgente popular de estar ejerciendo de "franquista".

Evidentemente, esta retahíla de reproches dialécticos dirigidos a los conservadores perjudican, fundamentalmente, a la candidata del PP en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, quien mantuvo una conversación telefónica con Cospedal para aclarar este asunto, según fuentes populares. La dirigente catalana había sellado hace días un pacto con el líder del partido, Mariano Rajoy, en torno a la estrategia a seguir frente a la sentencia del Estatut: el plan era subrayar que se acataba la decisión del TC; intentar no provocar ni aceptar provocaciones y cerrar página cuanto antes, a fin de devolver, "cuanto antes", el foco informativo a asuntos económicos. Pero Cospedal se saltó a la torera ese pacto. Y Sánchez-Camacho tuvo que pedirle una rectificación pública.

Cospedal rectificó; utilizó la manida técnica del "he sido malinterpretada" e, incluso, se excusó con Montilla. Pero eso no evitó que le llovieran las críticas. Como le ocurrió a su antecesor en el cargo, Ángel Acebes, cuando aprovechó una visita a Catalunya para advertir de que, con el Estatut, "se rompía España".

(www.elperiodico.com, 02/07/10)

5. FRAGA: "ESTE ESTATUTO NO VALE. ¡VIVA ESPAÑA!"

El ex presidente de la Xunta y actual senador por el PP, Manuel Fraga, ha manifestado este miércoles que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán ha dejado claro que el texto "no vale", tras lo cual exclamó: "¡Viva España!"

Tras asistir a la Comisión General de Comunidades Autónomas, Fraga ha opinado que el fallo del Constitucional ha tocado "bastantes artículos" del Estatuto que salió de las Cortes Generales y que, por lo tanto, la norma catalana "no se tenía en pie".

Aunque subrayó que la sentencia del alto tribunal podría haber sido "mejorable", el senador manifestó que lo que ha dejado claro "en definitiva" es que "ese Estatuto no vale".

(www.cadenaser.com, 30/06/10)

6. EL SENADO DESMONTA LA MANIOBRA DEL PP PARA DEFENDER A ENRIQUE LÓPEZ

El último recurso al que ha acudido el PP para defender a Enrique López, el hombre al que quiere nombrar a toda costa magistrado del Constitucional, está más cerca de fracasar. El PP recurrió la decisión de la Mesa del Senado de no admitir a este juez entre los más de 20 candidatos que serán examinados para cubrir cuatro puestos pendientes desde 2007. Los servicios jurídicos del Senado presentaron un informe en el que rebaten los argumentos del PP.

El informe califica de "incongruente" su petición de que se admita a López, por un lado, y que se reinicie todo el proceso de nombramiento de los magistrados, por otro. También acusa al PP de citar artículos a medias deliberadamente para sostener sus argumentos y se ratifica en que López no cumple los 15 años de ejercicio como juez en activo exigidos en la Constitución y las leyes para ser magistrado del Constitucional. El informe recuerda al PP que los políticos están sometidos a las leyes como todo el mundo.

(www.elpais.com, 30/06/10)

7. MANUEL PIZARRO ABANDONA LA POLÍTICA

El ex diputado del PP y ex presidente de Endesa, Manuel Pizarro, deja la política activa y se ha despedido este mismo miércoles del Comité Ejecutivo del PP de Madrid, al que todavía pertenecía después de dejar su escaño. Así lo informó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el Comité, al tiempo que destacó que su abandono se debe "a razones de trabajo".

En su momento, Pizarro aseguró renunciar al acta de diputado en el Congreso por razones "estrictamente personales", para volver al mundo de la empresa, de donde fue rescatado por el presidente del PP, Mariano Rajoy, cuando era presidente de Endesa para ir como 'número 2' en las listas al Parlamento. El ex diputado del PP y ex presidente de Endesa tomó en marzo posesión de su cargo como nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en sustitución de José María Fluxá.

"Manuel Pizarro, que ha sido una persona de extraordinaria relevancia en el PP de Madrid y lo sigue siendo, tiene, por razones de trabajo, que dejar la política activa", ha adelantado Aguirre ante los miembros del Comité Ejecutivo.

La dirigente regional, que ha apuntado que el ex diputado se ha ofrecido a "estar a disposición" del PP madrileño, ha agradecido a Pizarro que acudiera hoy al Comité Ejecutivo de la formación regional a despedirse.

A lo largo de su intervención, Aguirre ha recordado el debate que el que fuera número 2 en las listas del PP a las elecciones de 2008 mantuvo con Pedro Solbes, un encuentro en el que aquél "explicó con nitidez lo que estaba pasando y lo que iba a pasar" en la economía española, mientras el ex ministro decía "medias mentiras que el tiempo ha demostrado que eran mentiras enteras". "Todas las predicciones de Manolo Pizarro se han cumplido y todos los errores de (José Luis Rodríguez) Zapatero se han agudizado con el resultado catastrófico para la economía española que todos conocemos y sufrimos", ha concluido.

(www.publico.es, 01/07/10)

8. GÉNOVA FUERZA A CAMPS A PARAR LA APLICACIÓN DE SU CLÁUSULA

Una vez más, y ya van muchas, Francisco Camps trastocó el martes los planes de Mariano Rajoy. El líder del PP quiere olvidarse cuanto antes del Estatut, y ha ordenado a su partido mantener un perfil bajo con este asunto. Tanto, que cuando le intentaron preguntar los periodistas sobre el Estatut, en un acto con Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Manuel Cobo —estos últimos guardaron las formas pese a su enfrentamiento total—, Rajoy se negó y aseguró que solo contestaría preguntas de fútbol, que es lo que hizo.

Camps rompió esa estrategia de bajo perfil cuando su Ejecutivo, a través de Serafín Castellano, consejero de Gobernación, anunció el martes que pondría en marcha los mecanismos para aplicar la cláusula Camps, que está en el Estatuto valenciano y supone que esta comunidad reclamará cualquier competencia que se atribuya a otra autonomía y la Comunidad Valenciana no tenga.

El enfado en la dirección nacional del PP fue mayúsculo, y la presión logró que el Gobierno de Camps rectificara, al menos en parte. Paula Sánchez de León, la portavoz del Ejecutivo valenciano, aseguró que la Generalitat no se planteará una reforma del Estatuto valenciano hasta que el Constitucional no resuelva los recursos que han presentado contra el Estatuto catalán en materia de agua y financiación.

(www.elpais.com, 01/07/10)

9. AZNAR CULPA A ZAPATERO DEL "LÍO" DEL ESTATUTO CATALÁN

El ex presidente de Gobierno José María Aznar ha achacado este viernes al presidente del Gobierno PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y al "empeño" del PSOE de "mantenerse en el poder" toda la responsabilidad del "lío" que ha habido estos años en torno al Estatuto de Cataluña. El presidente de honor del PP ha asegurado que los nacionalistas no han tenido nada que ver en los posibles problemas que ha podido causar la tramitación de la norma estatutaria y ha alabado el recurso que presentó su partido ante el Tribunal Constitucional.

Aznar, que inaugura hoy en Navacerrada (Madrid) el campus de verano de FAES, la fundación de su partido que él mimos preside, cree, sin embargo, que la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque adolezca de exceso de "interpretación", marca los límites del Estado autonómico por lo que debe darse por concluida la "irresponsable deriva de inestabilidad y deterioro institucional".

El ex presidente ha remarcado que el proceso estatutario catalán fue una "obra más bien chapucera de albañilería política", de la que exculpa a los nacionalistas, que ha llevado al país a una "profunda sima jurídica y política".

mismo, el presidente del Gobierno hizo su primera valoración de la sentencia del Consticional. Zapatero dirigió un mensaje conciliador hacia la Generalitat y los partidos catalanes después de aclarar que el alto tribunal ha concluido que el Estatuto es "básicamente constitucional porque garantiza más del 90% del contenido del Estatuto", y de dejar sentado que se sentía "satisfecho" por el resultado.

Su intervención, destinada sobre todo a tranquilizar al PSC, provocó sin embargo la ira de los partidos nacionalistas. CiU, por ejemplo, ha lamentado el "cinismo" de Zapatero al dar por cerrada la etapa descentralizadora.

(www.elpais.com, 02/07/10)

10. GALICIA. UN CONSELLEIRO DE FEIJÓO, IMPUTADO POR FALSEDAD

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia, Agustín Hernández, deberá rendir cuentas a la Justicia. El alto cargo de Alberto Núñez Feijóo tendrá que declarar el viernes como imputado por haber certificado la conclusión de unas obras viarias que en realidad no habían sido acabadas. Se trata de trabajos pendientes, por valor de 800.000 euros, en Pontevedra, a los que dio el visto bueno durante su etapa como responsable de Infraestructuras de la Diputación provincial. Las obras fueron adjudicadas a una empresa constructora, a la que Hernández había estado vinculado laboralmente con anterioridad.

La citación judicial se produce a raíz de la denuncia presentada el año pasado por el PSdeG-PSOE ante la Audiencia de Pontevedra, que se inhibió a favor del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dada la condición de aforado del conselleiro. En abril, el alto tribunal gallego admitió a trámite la querella y acordó incoar un sumario ante los delitos denunciados de "falsedad en documento oficial, estafa y/o fraude a la Administración Pública" de los que ahora deberá dar cuenta.

"Respetamos la autonomía judicial", se limitó a manifestar un portavoz del departamento que dirige Agustín Hernández. "El juez no le imputa ningún delito. Simplemente ha abierto diligencias previas ante la denuncia presentada por el PSOE", insistieron las mismas fuentes.

Atrás quedan los tiempos en los que Feijóo pedía "perdón en nombre de la política" por los supuestos actos reprochables del Gobierno bipartito de socialistas y nacionalistas, en la pasada legislatura.

Aunque el presidente evitó referirse a la imputación de su máximo responsable deInfraestruturas, hace tan sólo unos meses, al saltar la noticia de la falsa certificación de las obras, el mandatario gallego se limitó a aseverar que no se trataba "de la actuación más brillante" de Hernández.

Ni una sola referencia al código ético del PP, que compromete a sus militantes a "no dedicarse a actividades de gestión, asesoramiento o mediación que puedan tener la más mínima relación con el objeto de las competencias que por su cargo le están encomendadas". Son las mismas normas que exigen "responsabilidades políticas cuando de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito".

En su descargo, Agustín Hernández justificó en su momento que constituye una "práctica habitual" la certificación de obras que todavía no han sido rematadas "para cumplir con el plazo para recibir una subvención". Es el mismo argumento empleado entonces por la Diputación de Pontevedra, feudo tradicional del PP. Según el organismo provincial, la obra se había complicado por "problemas burocráticos" y el proceso de certificación ahora en tela de juicio fue realizado para no perder los fondos de la UE con los que se sufragaba la carretera.

Desde las filas socialistas, el secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, exigió a Núñez Feijóo el cese del conselleiro imputado. "Es intolerable que siga al frente de la consellería", aseveró. "Los antecedentes de Hernández [que adjudicó las obras de la llamada autovía de la Costa de A Morte por un sobreprecio de casi 400 millones] deberían obligar al presidente de la Xunta a tomar una decisión lo más contundente posible", reclamó.

El líder del PP gallego reclamó al Ejecutivo bipartito de Emilio Pérez Touriño que cesase a la entonces responsable de Infraestruturas, la socialista María José Caride, porque un juez había aceptado a trámite una querella del PP. Con las elecciones, cambió el Gobierno y la actitud de Feijóo. Sólo en la provincia de Pontevedra, en Gondomar, Tui y Portas, hay al menos tres alcaldes implicados por diferentes delitos. Ni rastro de la "regeneración democrática" tan reiterada antes por Feijóo.

Carlos Silva, alcalde de Gondomar, está condenado por prevaricación a 18 meses de cárcel y 8 de inhabilitación. Feliciano Fernández, regidor de Tui, está imputado por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El de Portas, Roberto Vázquez, está inhabilitado por emplear empresas familiares como intermediarias para contratos públicos. Los tres continúan en sus puestos.  

(www.publico.es, 29/06/10)

11. GALICIA. EL FISCAL APRECIA QUE EL DELEGADO EN OURENSE FALSIFICÓ UN DOCUMENTO

El proceso judicial contra el superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, por cobrar subvenciones de fondos comunitarios para obras que no se ejecutaron, continúa abierto. La fiscalía, que desde que se abrieron las diligencias insistió en la prescripción del delito, reconoce ahora que Martínez pudo haber incurrido en una falsificación. Según el fiscal, siendo alcalde de Arnoia, y en calidad de presidente del grupo de acción local Ceivam, Martínez certificó ayudas europeas del plan Leader para la construcción de instalaciones que ya existían, lo que supone el reconocimiento de que el dinero percibido por Ceivam fue desviado.

El ministerio público secunda así la tesis de los demandantes, aunque pide de nuevo el sobreseimiento de la causa contra el superdelegado por considerar que el delito ha prescrito.

El BNG de Arnoia demandó a Martínez en septiembre de 2006. El proceso fue paralizado por el juzgado de Ribadavia en 2008, a petición del demandante. Al igual que ahora el fiscal, el abogado de Martínez no negaba la comisión del delito, sino que alegaba que desde 1999, fecha de la solicitud de la subvención, y hasta que se registró la denuncia se superaron los cinco años de plazo que marca la ley.

El proceso se abrió de nuevo cuando los demandantes recurrieron el sobreseimiento y argumentaron que el supuesto delito no se cometió al pedir la ayuda a la UE, sino al certificar, en septiembre de 2001, el fin de unas obras que no se realizaron pero sí se cobraron. Su denuncia judicial se inscribía, de esta forma, dentro del plazo legal.

La Audiencia de Ourense ordenó en mayo de 2009, pese a las peticiones de sobreseimiento de la fiscalía y la defensa, la reapertura de las diligencias "necesarias para determinar quienes participaron en los actos falsarios" imputados, en especial los miembros de Ceivam, la mayoría con cargos en el grupo de gobierno de Arnoia presidido por Rogelio Martínez.

Según la documentación aportada por el BNG en su demanda, en 1999 la sociedad Actuar, SL, de la que Martínez era socio mayoritario, pidió una ayuda para construir una planta de biomasa.

Dos meses después adquirió la cesión de uso de unos terrenos municipales por 1,2 millones de pesetas. En el documento firmado por el Ayuntamiento y los propietarios de la SAT (Sociedad Agraria de Transformación) O Carballo consta, como instalación existente en la finca, una edificación, la misma nave de biomasa para cuya construcción el superdelegado pidió después subvención a la UE .

El juzgado de Ribadavia ha citado a declarar hoy como imputados al secretario del Ayuntamiento de Arnoia, Pablo Fernández Loureiro, y al autor del proyecto de la planta de biomasa, Miguel Reza. Como testigos de la acusación acudirán dos representantes de la SAT O Carballo a quienes Martínez pagó supuestamente 1,2 millones de pesetas por realizar las obras para las que después pidió, y cobró, ayudas de la UE.

(www.publico.es, 01/07/10)

12. GALICIA. EL JEFE TERRITORIAL DE LA XUNTA LEVANTÓ UN CHALÉ EN CALDAS CON LICENCIA DE GALPÓN

El delegado en Pontevedra del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, que tiene entre sus competencias la gestión del urbanismo en la provincia, lleva 24 años sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por el chalé que posee en el municipio pontevedrés de Caldas de Reis. Evaristo Juncal Carreira, que es además presidente del PP en esta localidad, esquiva el abono del tributo desde 1986 porque construyó su vivienda con una licencia para bodega, garaje y almacén de aperos de labranza.

El galpón del dirigente popular es en realidad, según le recriminó ya en la década de los ochenta el ex aparejador del Ayuntamiento, una vivienda de dos plantas, que hoy en día está rodeada de un amplio jardín y una piscina. Según relatan fuentes cercanas entonces a la tramitación, Evaristo Juncal solicitó en 1984 un permiso al Ayuntamiento para construir un almacén en una parcela de la parroquia de Pazo, a la entrada de Caldas por la carretera de Pontevedra.

Este ingeniero de obras públicas ya era en aquel momento funcionario de la Xunta, adscrito al departamento pontevedrés de Estradas, aunque no había emprendido todavía esa agitada actividad empresarial que le ha llevado a poseer al menos una decena de sociedades, la mayoría beneficiarias de concesiones públicas, que en varios casos han acabado en manos de narcos o de condenados por comerciar con bienes obtenidos con el botín del tráfico de drogas.Dos años después, en 1986, el ex aparejador municipal mostró en un informe su sorpresa por las características del galpón donde Evaristo Juncal decía que iba a amontonar sus aparejos agrícolas. El técnico concluyó que aquella edificación no se trataba en ningún caso de un almacén, sino de una vivienda.

El ahora jefe territorial de la Xunta y presidente local del PP no dudó en responder al informe municipal con un escrito en el que recriminaba al aparejador que denunciase sus irregularidades urbanísticas y no las de otros vecinos que cometen infracciones no legalizables. Tras esta protesta, el dirigente del PP presentó efectivamente un proyecto de legalización: el galpón pasó a ser también oficialmente un garaje y una bodega. Aquella mínima modificación urbanística, que fue aceptada, fue la última que sufrió la edificación. En 2000 el Gobierno central, entonces en manos del PP, realizó una revisión catastral en Caldas que, sin embargo, no destapó las irregularidades de la vivienda de Evaristo Juncal.

Según el registro de la Diputación de Pontevedra, nadie abona en el Ayuntamiento el Impuesto de Bienes Inmuebles por este chalé. El alcalde de Caldas, el socialista Juan Manuel Rey, sin embargo, ha eludido aportar datos sobre la situación urbanística de la vivienda del jefe territorial de la Xunta.

El galpón del Evaristo Juncal se levanta en una finca rodeada de viñedos a la entrada de Caldas de Reis. El chalé no es sólo una casa de recreo para el presidente local del PP de Caldas sino también la sede social de su promotora inmobiliaria, Juncal-Froján, SL y de su sociedad vitivinícola, Lagar da Condesa, SL. Y fue también el domicilio de otras dos empresas que el dirigente popular liquidó tras ser nombrado jefe territorial de la Xunta en 2009: Villa Amalia, SL, dedicada a la promoción inmobiliaria, y Golfeiras de Barbafeita, SL, creada para explotar piscifactorías.

Los datos de la Diputación de Pontevedra revelan que la empresa Lagar da Condesa, fundada por Evaristo Juncal en 2003, tributa por su actividad y por dos vehículos pero no por "unidades urbanas", es decir, por bienes inmuebles.

(www.elpais.com, 28/06/10)

13. ANDALUCÍA. EL FUTURO DE CAJAGRANADA ABRE UNA BRECHA EN EL SENO DEL PP

La operación política liderada por José Antonio Griñán para involucrar a los partidos y agentes sociales en el impulso de una gran caja de ahorros de Andalucía ha tenido su primer tropiezo en la trastienda. , en la víspera de la reunión de hoy del presidente de la Junta y el líder de la oposición, Javier Arenas, para hablar de los pasos a seguir, el PP emergió con dos discursos distintos. El de la dirección de Granada, que defiende "a ultranza" la fusión fría -sistema de Protección Institucional (SIP)- que ha emprendido CajaGranada con otras entidades foráneas; y el de la dirección andaluza, que niega cualquier posición cerrada y se muestra dispuesta a negociarlo todo.

Y es que uno de los elementos clave de la estrategia de la gran caja que señaló Griñán el pasado jueves en el Parlamento (esta vez sin retórica ni circunloquios) es precisamente sacar a CajaGranada del proceso en el que está inmersa e integrarla en el proyecto unitario, que pasa por la unión de Cajasol y Unicaja. Mientras que el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, vino a decir en Sevilla que su partido está abierto al diálogo y con buena disposición, el presidente granadino, Santiago Pérez, aseguró que la postura de Arenas es la "defensa a ultranza" de la fusión en curso de CajaGranada. Un portavoz de la dirección andaluza precisó más tarde que la "única opinión que vale es la de Antonio Sanz".

Tales palabras son una desautorización en toda regla al líder del PP en Granada. "Quien habla en nombre del partido es Sanz, no hay ninguna posición a ultranza, todo habrá que negociarlo y no nos negamos a nada", añadió el portavoz del PP andaluz.

Santiago Pérez, sin embargo, fue muy tajante y se condujo sin un atisbo de duda. En una conferencia de prensa, señaló: "La postura del PP es una inequívoca defensa de la actuación que el presidente [de CajaGranada, Antonio Jara] y los órganos de gobierno de la caja han tomado, de apoyo al SIP". "Es interesantísima la opción de expansión de la caja por el arco mediterráneo por lo que puede suponer para el conjunto de Granada y para Andalucía", agregó. Preguntado por cuál iba a ser la postura de Javier Arenas en la reunión de hoy con Griñán, Pérez insistió: "Su postura es esa. Es que Granada ha iniciado un camino y que es bueno para Granada".

Según en el protocolo de la fusión fría con las cajas de fuera de Andalucía, la sociedad central se constituirá como un banco y estará en Madrid. La entidad líder será Caja Murcia, con un 39% de participación; seguida de Caixa Penedès, con un 27%; CajaGranada, con un 19,5%; y Sa Nostra, con un 14,5%.

El coordinador de IU, Diego Valderas, quien se reunió con Griñán en una primera ronda para hablar de la gran caja, dijo que la idea es que Unicaja y Cajasol planteen a CajaGranada un "atractiva fusión fría" que no pueda rechazar, y que se les explique a los ahorradores granadinos que no se le va a restar presencia ni protagonismo. "No queremos que Andalucía pierda una caja y que Madrid gane un banco; estoy convencido de que si se les preguntara a los ahorradores aceptarían mejor un SIP en Andalucía antes que uno de fuera", señaló.

Respecto a la puja conjunta que supuestamente prepararan Cajasol e Unicaja por la entidad cordobesa Cajasur (intervenida por el Banco de España) para evitar que salga de Andalucía, el izquierdista aseguró que el presidente de la Junta la da por hecha. Valderas se mostró completamente de acuerdo con Griñán en que Andalucía necesita más "músculo financiero", aunque le demandó que abandone la neutralidad y apueste por la acción. "Hay que mandar el mayor nivel de mensajes al Banco de España y al FROB [Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria] para que Cajasur se quede en Andalucía", enfatizó. El coordinador de IU dijo que la decisión de participar en la subasta de manera conjunta va a depender de los consejos de administración de Unicaja y Cajasol, pero que si su formación pudiera aconsejarles les diría que "ése es el buen camino", y apuntó que sería un "peligro" que la entidad cordobesa ca en manos privadas.

También se entrevistó con el jefe del Ejecutivo la secretaria general del PA, Pilar González, que coincidió prácticamente en todos los planteamientos, ya que el hecho de que Andalucía cuente con una entidad financiera fuerte forma parte de la esencia de su partido. González dijo que había encontrado a Griñán muy "decidido" a que Cajasur no salga de Andalucía, si bien con CajaGranada dejó traslucir mayor preocupación.

La gran caja única que promueve el presidente de la Junta se convertiría en la cuarta caja de ahorros española con 84.000 millones de euros en activos. El límite para que Unicaja y Cajasol presenten una oferta por Cajasur es el 8 de julio.

Tras la reunión con Valderas y González, Griñán se verá hoy con Javier Arenas, y con el vicesecretario del PSOE, Rafael Velasco. Está previsto que el presidente se reúna esta semana con los líderes sindicales Manuel Pastrana y Francisco Carbonero.

(www.elpais.com, 29/06/10)

14. COMUNIDAD DE MADRID. EL BIENIO NEGRO DE UN GOBIERNO BAJO SOSPECHA

El Gobierno de Esperanza Aguirre anda malherido por las andanzas de espías y corruptos que deambularon a sus anchas hasta hace dos años por la Comunidad de Madrid. La gestión de Aguirre y sus consejeros está bajo sospecha (1). Los tribunales de justicia investigan delitos relacionados con la prevaricación, el tráfico de influencias, la información privilegiada o la malversación de fondos públicos en la Comunidad de Madrid.

Pese a estos antecedentes, las expectativas electorales de Aguirre y los suyos no pueden ser más altas (2). Nadie hace sombra a la presidenta. Con un PSOE desdibujado y envuelto en terribles dudas, y una IU en estado de letargo, el PP se las promete muy felices en mayo de 2011, fecha de las próximas elecciones autonómicas, pese a que caen chuzos de punta sobre su honorabilidad.

Aguirre gobierna con su mayoría absoluta en Madrid sin admitir apenas el control de la oposición (3) y con un absoluto control sobre la televisión autonómica.

En su segundo mandato (2007-2011), con una mayoría absoluta muy holgada, con más poder que nunca y con la oposición casi de retirada buscando nuevos líderes, Aguirre va cuesta abajo y se mueve de escándalo en escándalo. En los últimos dos años, la presidenta se ha asomado al precipicio del descrédito social por las acciones de su Gobierno.

Tras arrasar en las elecciones autonómicas de 2007 y coquetear con la idea de liderar el PP tras la segunda derrota electoral de Rajoy en marzo de 2008, Aguirre asiste ahora al desmoronamiento de su Ejecutivo a base de mediocres conspiraciones -unos consejeros descalifican a otros por ambiciosos o corruptos e intentan ganar puntos para escalar posiciones en el Gobierno-, de espionajes infames para arruinar la vida de los adversarios de Aguirre -a Cobo y a Prada les siguieron agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid en las semanas previas al congreso del PP que ganó Rajoy- y corruptelas relacionadas con el amaño en la adjudicación de contratos a la trama empresarial que dirigía Francisco Correa.

Los males que sufre el Ejecutivo de Aguirre no son exclusivos del PP en la Administración autónoma, sino que afectan a municipios importantes de la Comunidad de Madrid donde gobernaban alcaldes aguirristas (4) también salpicados por la corrupción. Esos regidores facilitaron negocios de decenas de millones de euros en contratos adjudicados a la red de Francisco Correa y a sus empresas afines a cambio de comisiones ilegales, televisores de plasma, coches de lujo y viajes exóticos, según la investigación judicial. Desde adjudicaciones del servicio de recogida de basura hasta ventas de suelo público, los Ayuntamientos regidos por el PP llevaban años enriqueciendo a Correa y los suyos.

En algún caso, como ocurrió con el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, uno de los principales imputados en el caso Gürtel, Aguirre le quitó la alcaldía porque sospechaba de su conducta, pero le dio un puesto mejor remunerado en una de las numerosas empresas públicas de la Comunidad de Madrid.

Acorralado por los escándalos, el Gobierno de Esperanza Aguirre siempre buscó vías de escape sin importarle el precio. La presidenta despidió a los imputados del caso Gürtel antes que nadie, pero no hizo lo mismo con los del caso espías. Hay cinco imputados y, hasta el pasado miércoles, todos seguían trabajando a sueldo de la Comunidad de Madrid. Hoy, cuatro de ellos siguen en nómina.

Cuando se destapó el escándalo del espionaje a los adversarios de la presidenta dentro del partido, el Ejecutivo autónomo salió en tromba para desacreditar la información con insultos al periódico y mentiras que la investigación judicial puso al descubierto (5).

Cuando el que fue tesorero nacional del PP, Álvaro Lapuerta, denunció que a él también le espiaban desde la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional de Aguirre respondió con fiereza. A los pocos días, el Ejecutivo madrileño aireó supuestas presiones que había recibido de Lapuerta para adjudicar contratos públicos a empresarios afines al PP. Ignacio González, vicepresidente autonómico y mano derecha de Aguirre, diseñó la estrategia y facilitó la información, según cuentan sus compañeros.

Cuando el PP abrió una investigación sobre el espionaje a Cobo y a Prada, el equipo de Aguirre amenazó más con tirar de la manta y denunciar más maniobras de Lapuerta para beneficiar a determinados empresarios con contratos de la Comunidad de Madrid. El efecto fue inmediato. Rajoy renunció al pulso y acabó cerrando su investigación sin tomar ninguna medida.

Para desacreditar a Prada, al que Aguirre echó de su Gobierno, la Consejería de Interior llegó a facilitar facturas de gastos de comida del chófer del ex vicepresidente autonómico en un hotel de León. La Consejería de Interior entregó esa documentación a medios que intentaban tapar el escándalo demostrando que los partes del espionaje eran falsos. Pero la policía encargada de la investigación demostró la autenticidad de los partes y afirmó que los ex guardias civiles eran autores de los seguimientos al ex vicepresidente (6).

A Francisco Granados, consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, el descubrimiento de los teléfonos de los ex guardias civiles en los lugares del espionaje a Prada y Cobo le incomodó especialmente, pues le apuntaba directamente como jefe de los espías, al ser la persona que había contratado a esos agentes como asesores.

El día que se conoció el primer informe sobre los posicionamientos telefónicos de los agentes, Granados contestó y aseguró que, además de los ex guardias civiles que él fichó, también había ex policías nacionales en el equipo que seguía los pasos a Prada y que le extrañaba que no aparecieran en el informe. Granados desviaba así la responsabilidad de los seguimientos hacia quien había contratado a esos ex policías, que no era otro que Sergio Gamón, ex director general de Seguridad fichado expresamente por Esperanza Aguirre.

Como sostenía Granados, el informe tenía un olvido: además de los tres ex guardias civiles había un ex policía que siguió a Prada y que había sido fichado por Gamón. Ese agente aún no ha sido imputado por la juez.

¿Quién dio la orden de espiar a Cobo y a Prada? El consejero de Interior, responsable de los agentes que espiaron, es Francisco Granados. La persona que contrató al jefe de los espías es Esperanza Aguirre. A estos dos sospechosos se suma un tercero. Una testigo de excepción, Yolanda Laviana, casada con Gamón hasta 2008, escuchó las conversaciones de su ex marido con Ignacio González, vicepresidente autonómico, para darle cuenta de sus avances en distintas investigaciones, algunas relacionadas con el espionaje a Prada. Así lo ha declarado y está dispuesta a hacerlo a la juez. Laviana mantiene un litigio judicial con su ex marido a cuenta del divorcio. El Gobierno regional, pese a que alguno de sus miembros sostiene en privado la misma versión que Yolanda Laviana respecto a González, mantiene ahora que las declaraciones de la ex mujer de Gamón son falsas, pues solo intentan hacer daño a su ex marido en la disputa judicial que ambos mantienen. Por eso, Aguirre ha despedido a Laviana, a la que protegía cuando declaraba a favor del presidente de Telemadrid, acusado por su secretaria de acoso sexual. A la vez que despedía a Laviana, la presidenta aceptó o propició la dimisión de Gamón, al que pagaba desde hace meses por un cargo en el que no tenía función asignada a razón de 90.000 euros al año.

Entre varios espías y algún corrupto, el Gobierno de Aguirre, enfrentado durante un tiempo a la dirección nacional, enfrentado desde siempre al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y a su equipo, se deshilacha a la espera de que las elecciones le garanticen cuatro años más de poder absoluto.

(www.elpais.com, 27/06/10)

15. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP IMPIDE QUE AGUIRRE EXPLIQUE EL CASO DEL ESPIONAJE

La Asamblea de Madrid silencia el caso del espionaje. La Mesa, el órgano rector de la cámara regional controlada por el PP, ha impedido que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, explique el asunto. La portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, trató de presentar una pregunta pero la Mesa lo impidió. "¿Piensa asumir responsabilidades políticas una vez conocidos los nuevos datos sobre el caso del presunto espionaje político en la Comunidad de Madrid?", preguntó Menéndez. Pero nada. Fuentes de la Mesa aseguran que se rechazó por una cuestión formal. "¿A qué se refieren con los nuevos datos? Deben precisarlo y se calificará", desliza.

La semana pasada este diario publicó la declaración de Yolanda Laviana, ex esposa del supuesto jefe de los espías, Sergio Gamón. Laviana aseguró que este hacía labores de espionaje y que reportaba al vicepresidente regional, Ignacio González. Tras su declaración en EL PAÍS fue despedida de su cargo como secretaria de dirección en Telemadrid y su ex marido presentó la dimisión. La Mesa de la Asamblea también vetó la comparecencia del vicepresidente regional y la del consejero de Justicia, Presidencia e Interior, Francisco Granados. La portavoz socialista, Maru Menéndez, explicó que el argumento que recibió para ver tumbadas sus iniciativas era que el Gobierno regional "no es competente" en esos asuntos. "Nadie en la Comunidad es competente en espionaje, y nadie del Gobierno regional debería haber participado en estos espionajes, que suponen la degradación moral y política de un gobierno en descomposición". Por su parte, el PSM anunció que pedirá la declaración de tres nuevos testigos en el caso del espionaje. Entre ellos, el de Laviana.

(www.elpais.com, 30/06/10)

16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE VE EN LA HUELGA UN PLAN PARA DERRIBARLA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, disparó contra todos a cuenta de la huelgadesatada en el Metro. Un asunto que ocupó la mitad de su intervención ante el comité ejecutivo del PP madrileño, que ella preside. Tras dos días en los que el caos circulatorio se apoderó de la capital, Aguirre extrajo su propia conclusión: "Pocas veces una huelga, pese a disfrazarse de razones laborales, ha escondido menos su carácter de huelga política". Antes de centrarse en la huelga a la que se enfrenta su Ejecutivo, Aguirre recordó que el propio Zapatero había dicho en su día: "Hay que ganar Madrid como sea".

¿Qué razones llevan a Aguirre a afirmar que los sindicatos han montado una "huelga salvaje contra los ciudadanos de Madrid para ver si así desgastan a su legítimo Gobierno"? Ella misma lo relató.

Uno de los ejes argumentales de su discurso fue que la Comunidad de Madrid simplemente ha aplicado lo que exigía el real decreto ley aprobado por el Gobierno. "Si los sindicatos hubieran querido oponerse a esa medida, al real decreto ley convalidado por el Congreso, podrían haber convocado una huelga contra esa rebaja salarial, contra el Partido Socialista y contra su líder", sugirió. Tardó poco en responderse a sí misma: "Los sindicatos no hacen nada contra Zapatero". Y "actúan de correa de trasmisión de las maniobras políticas", remató asegurando que fue Lenin quien les asignó el papel de llevar al mundo laboral "los intereses que se marcan desde los partidos".

Lo que Aguirre pasaba por alto en su discurso, aunque más tarde lo matizó, es que el real decreto estatal no incluye la rebaja de sueldos de los trabajadores de las empresas públicas. De hecho, cuando el pasado lunes fue aprobado el proyecto de ley en la Asamblea regional, los socialistas ya alertaron de que Aguirre estaba yendo mucho más allá de lo que exigía el Gobierno.

No sólo los trabajadores de Metro verán reducidos sus ingresos: Telemadrid y el Canal de Isabel II se verán afectados por este tijeretazo. A la hora de justificar por qué la Comunidad mete en el mismo saco a los funcionarios que a los trabajadores de las empresas públicas, la presidenta mantuvo que "no parece lógico" que esa rebaja "no la acepten todos los trabajadores que tienen el puesto de trabajo asegurado".

La tensión vivida en la ciudad por el caos generado llegó a tal punto que en las primeras horas del día el Gobierno madrileño no descartaba pedir la ayuda del ejército para que los militares condujesen los convoyes de Metro, en caso de que continuase la huelga.

Así lo anunció el vicepresidente madrileño, Ignacio González, en una entrevista en Telemadrid, donde dijo desconocer "si es posible" que los militares condujesen los trenes de Metro durante la huelga, pero que la medida "no sería descartable" si se seguían incumpliendo los servicios mínimos.

El segundo eje argumental de la intervención de Esperanza Aguirre fue el de ubicar a Madrid como la única comunidad en la que han reaccionado los sindicatos. "En Catalunya también se ha aplicado [el decreto] a los empleados de las empresas públicas y no ha habido ninguna huelga ni mucho menos algo parecido a lo de Madrid", mantuvo.

Aguirre olvida que los trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya convocaron en los dos últimos días una huelga en la que inicialmente no se cumplieron los servicios mínimos. Y en Andalucía, donde también se ha extendido el recorte a las empresas públicas, los sindicatos han presentado un recurso ante los tribunales.

La presidenta madrileña se lamentó de que el PSOE e IU se negaran a condenar la actitud de los huelguistas. Y también tuvo para ellos: "Si creen que con esa actitud benévola van a tener rédito político, están muy desconectados". Una vez más, alertó a los suyos de que no deben confiarse porque el adversario político se lo va a poner muy difícil. Horas antes, María Dolores de Cospedal había respaldado esta teoría de Aguirre. En declaraciones a Cuatro, la número dos del PP sostuvo que tras los paros hay "una parte muy importante de trasfondo político".

(www.publico.es, 01/07/10)

17. COMUNIDAD DE MADRID. SEIS ALCALDES POPULARES DE MADRID COBRAN MÁS QUE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Los alcaldes de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, y Las Rozas, Bonifacio de Santiago, ambos del PP, son los que más cobran de la Comunidad de Madrid junto al primer edil de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón (101.196 euros brutos anuales), según un sondeo realizado por ELMUNDO.es entre los municipios de más de 20.000 habitantes.

Muchas de las localidades, que son autónomas para fijar las retribuciones de sus cargos, han aplicado ya la rebaja recomendada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de entre un 15 y un 5%, aunque hay otras que están esperando a los plenos de las próximas semanas para rebajárselo.

Ese es el caso de Las Rozas, donde el alcalde De Santiago cobra todavía 99.878 euros brutos anuales, un sueldo equiparable al de un consejero de la Comunidad de Madrid (antes de la rebaja aplicada), pero que se verá reducido en los próximos días entre un 10 y un 12% con efecto retroactivo al 1 de junio.

Desde el Ayuntamiento de Las Rozas, donde viven más de 80.000 personas, subrayan que el sueldo del alcalde se congeló en 2008 y 2009 y ya se bajó un 2% este año.

El primer edil de Alcobendas, por su parte, cobra 95.265 euros brutos anuales, un 9,26% menos de lo que cobraba su predecesor, José Caballero, del PSOE.

Según fuentes municipales, no se le volverá a rebajar (Alcobendas no forma parte de la Federación de Municipios desde que su presidente, Pedro Castro, llamara "tontos de los cojones" a los votantes del PP).

Vinuesa será, cuando se haga efectiva la bajada de De Santiago, el primer edil de la Comunidad que más cobra tras Gallardón. Ganará incluso más que su líder del partido en Madrid, Esperanza Aguirre, que se ha bajado su salario hasta 89.643 euros brutos anuales.

A continuación de Vinuesa y De Santiago se encuentran en el 'ránking' los alcaldes de los ayuntamientos populares de Alcalá de Henares, Bartolomé González (87.440 euros brutos anuales), y Pozuelo de Alarcón, Gonzalo Aguado (85.420 euros) -ambos han reducido ya su salario siguiendo la recomendación de la FEMP-.

Los alcaldes de estos cuatro municipios más el de la capital y el de Boadilla del Monte (Juan Siguero, 79.000) cobran más que el presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que percibe 78.810 euros brutos anuales.

(www.elmundo.es, 01/07/10)

18. COMUNIDAD DE MADRID. RAJOY INSTA A AGUIRRE Y GALLARDÓN A "IR JUNTOS A LAVAPIÉS", COMO CUANDO ERAN "JÓVENES Y AMIGOS"

Así se lo transmitió durante una conversación que mantuvieron los tres dirigentes ''populares'' en su visita al Matadero de Madrid que ha quedado plasmada en un nuevo videoblog de ''Rajoy en Acción''

El presidente del PP, Mariano Rajoy, instó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, a "recuperar" la costumbre de "ir juntos a Lavapiés" que mantenían cuando eran jóvenes y amigos.

En concreto, durante un momento de la visita y aunque no se escucha cómo comienza la conversación, Gallardón explica a su líder que cuando eran jóvenes, él y Aguirre iban a Lavapiés, mientras Aguirre sonríe pero interviene con escuetas contestaciones en la charla.

"Ahora estáis en la juventud", considera Rajoy, momento que el primer edil aprovecha para recordar a la presidenta que entonces iban "a Lavapiés". "¿Te acuerdas?", inquiere, a lo que Aguirre contesta con un escueto: "A Lavapiés, sí", que Gallardón completa con: "Cuando éramos amigos...".

"¿Eh?", continúa la líder madrileña. "¡A Lavapiés! Cuando éramos amigos nos íbamos juntos por Lavapiés", insiste el regidor, sonriendo aunque sin obtener mayor respuesta de Aguirre. "Oye, pues nada, eso hay que recuperarlo", tercia el presidente ''popular''; y Gallardón coincide: "Hay que recuperarlo".

Precisamente a la salida del mismo acto una periodista preguntó a Rajoy por el "idilio" que los dos dirigentes madrileños mantienen, sin ninguna disputa reciente, a lo que el presidente del PP replicó: "¿Alguna vez ha tenido noticia de que no fuera así?", despertando las sonrisas de todos los presentes, incluso de los aludidos.

Aguirre y Gallardón mantienen desde hace años una relación con altibajos, que llegó a sus momentos más tensos cuando Gallardón pidió ir en las listas al Congreso de los Diputados en las últimas elecciones generales, o durante la renovación de los órganos de dirección de Caja Madrid.

(www.cadenaser.com, 02/07/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN RECURRE AL TS PARA LEVANTAR EL MINIVATICANO

Entre satisfacer a la Iglesia o acatar una sentencia y escuchar a los vecinos de la Cornisa del Manzanares, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz- Gallardón (PP), decide pronto. Unos minutos después de que los vecinos celebraran la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que la semana pasada obligó al ayuntamiento a paralizar el proyecto de construir un minivaticano en el parque de Las Vistillas, el consistorio anunció que recurrirá al Supremo la decisión del tribunal. La razón esgrimida fue la misma que apuntó el gran beneficiado de la operación urbanística, el Arzobispado de Madrid: "La problemática no es jurídica. Es un mero defecto formal", apuntó el vicealcalde Manuel Cobo.

"Los servicios jurídicos [del ayuntamiento] consideran que no es adecuada ni correcta la interpretación de esos aspectos formales" en la sentencia, añadió Cobo, quien incidió en que el recurso se presentará la próxima semana. Aunque desde el arzobispado no hubo reacción oficial, fuentes de la diócesis mostraron su "satisfacción" por la "clara respuesta" del consistorio. La posibilidad de que Benedicto XVI bendiga la primera piedra de las obras, en agosto de 2011, sigue en pie.

Los vecinos y el PSOE municipal recuerdan que el TSJM anuló el acuerdo del Consejo de Gobierno, de octubre de 2007, que autorizó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid, con el que se pretendía acometer una remodelación en el entorno de la Basílica de San Francisco el Grande, al considerar que la intervención carece de un plan urbanístico "protector".

Antes del anuncio de Cobo, los vecinos habían comparecido ante los medios en el parque de Las Vistillas. Su portavoz, David Jiménez, pidió una reunión con el alcalde, "que hasta ahora se ha negado a recibir a los representantes vecinales". Tras conocer las intenciones del ayuntamiento, Jiménez criticó con dureza cómo "Gallardón ha vuelto a ponerse en manos de la Iglesia". Tanto los vecinos como el portavoz socialista en el ayuntamiento, David Lucas, manifestaron su preocupación poco después confirmada porque el consistorio buscara "alguna triquiñuela legal" para continuar con el proyecto, que pretende edificar 25.000 metros cuadrados en una zona de alto valor histórico y medioambiental.

Para Lucas, la sentencia del TSJM es "clara, precisa y concisa y declara la nulidad del acuerdo" que modifica el PGOU en el ámbito de la Cornisa de San Francisco-Seminario y que "lesiona los derechos de los ciudadanos y el patrimonio histórico". El Grupo Socialista pedirá ante el pleno del ayuntamiento que Gallardón "cumpla con la sentencia".

(www.elpais.com, 02/07/10)

20. COMUNIDAD DE MADRID. PANERO POSEE UN GRAN PATRIMONIO EN EL EXTRANJERO

El ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero posee "un importante patrimonio en el extranjero" que está "aún pendiente de bloqueo", según indica un informe de la Fiscalía Anticorrupción, en el que se indica también que la investigación ha producido ya "algún avance en su identificación" así como en las averiguaciones en torno a las "frecuentes salidas al extranjero" del antiguo regidor.

La Fiscalía considera que la existencia de estas propiedades justifica su negativa a la petición del abogado de Panero para que relajase las medidas cautelares decretadas contra el implicado en la trama corrupta que afecta a numerosos ex cargos del PP.

Las medidas impuestas contra Panero, conocido también por el resto de los implicados de la trama como El Albondiguilla, consisten en una fianza de 1,5 millones de euros, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Anticorrupción justifica su mantenimiento por los "numerosos indicios" de delitos contra la Hacienda pública, cohecho, prevaricación y malversación que apuntan contra el imputado.

Estos indicios, según Anticorrupción, aparecían desde el comienzo de la investigación del caso "y han ido confirmándose con el avance de la instrucción". El Ministerio Público subraya que el propio Panero "no discute en su escrito" la posible existencia de dichos delitos.

La investigación de las propiedades en el extranjero a la que alude el informe de la Fiscalía ha servido de base para que el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) e instructor del caso, Antonio Pedreira, haya desestimado en un auto las peticiones de la defensa de Panero.

El Ministerio Público rechaza así la petición del ex regidor de Boadilla para que se le permita la salida del país "bajo autorización expresa" y, también, para que se elimine la obligación que tiene de comparecer cada 15 días en el tribunal. El fiscal se muestra en desacuerdo con las peticiones del acusado y llega incluso a sugerir la posibilidad de solicitar medidas "más gravosas para la libertad de Panero".

El sustituto de Panero al frente de la alcaldía, Juan Siguero, también está siendo investigado por sus relaciones con las empresas de la trama Gürtel. En unas recientes declaraciones a EL PAÍS, Panero pidió que se investigara antes que a él, a Juan Siguero a quien considera el responsable de las adjudicaciones relacionadas con Francisco Correa (cabecilla del entramado corrupto) en el Ayuntamiento.

La investigación realizada por el juez Antonio Pedreira en el marco de la Operación Gürtel ha destapado el modus operandi de los miembros de la trama en el Consistorio de Boadilla del Monte, donde la investigación sitúa el epicentro de la corrupción. Por ello, tanto Panero como Tomás Martín Morales, otro de los principales responsables municipales durante el mandato del ex alcalde, hayan tenido que afrontar sendas fianzas de 1,5 millones de euros para no ingresar en prisión.

(www.elpais.com, 01/07/10)

21. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS RECTIFICA Y DICE AHORA QUE NO REFORMARÁ EL ESTATUTO VALENCIANO

No habrá reforma del Estatuto valenciano. Al menos de momento. Es lo que dejó entrever la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, quien aseguró que el texto catalán "se ajusta a la Constitución y no asume más competencias que las que tienen la Comunitat Valenciana u otras autonomías". Por lo tanto, si ambos estatutos están al mismo nivel no hace falta modificar el valenciano,tal y como había sugerido este martes Serafín Castellano, conseller de Gobernación.

El dirigente del PP abogó por reunir una comisión de expertos y aplicar la denominada cláusula Camps, una válvula de escape cuestionada jurídicamente y que, en teoría, permitiría a los valencianos incorporar mejoras competenciales de otros estatutos. Por ejemplo, en materia de financiación o agua, aspectos del articulado catalán que elConsell también recurrió al Tribunal Constitucional.

Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, consideró "inoportuno, imprudente y precipitado" insinuar una reforma del texto valenciano. "Es fruto del complejo de inferioridad del president Francisco Camps", explicó. Alarte validó el actual Estatuto "porque es fruto de un amplio pacto político en el que participamos los socialistas".

(www.publico.es, 01/07/10)

22. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL SOBRE LA GESTIÓN DE MARTÍNEZ PREOCUPA AL PP

El PP no oculta, en privado, su preocupación por las pesquisas que la policía está realizando sobre la relación de la cúpula de la Consejería y la Agencia Valenciana de Turismo, en la etapa en la que era consejera Milagrosa Martínez, con las empresas de la trama Gürtel.

La brigada de Blanqueo de Capitales de la policía, tal y como informó EL PAÍS, propone el interrogatorio de la cúpula de Turismo que adjudicó en 2005 el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur -la feria internacional de turismo- a la franquicia valenciana de la trama corrupta, Orange Market. Entre los cargos que la policía propone interrogar están la ex consejera y actual presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, su ex jefe de gabinete Rafael Betoret -imputado en el caso de los trajes que instruye el TSJ de la Comunidad Valenciana- y la entonces subsecretaria Isabel Villalonga, hoy responsable de la Abogacía de la Generalitat.

El consejero de Ciudadanía y portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Rafael Blasco, pidió "mucha prudencia y mucha cautela". Blasco insistió en el argumentario oficial de que "ningún responsable político [del PP] ha cometido algo, ni siquiera remotamente, que pudiera ser reprobable".

La propia presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, optó por no rehuir los micrófonos para transmitir sensación de normalidad. "Todas las actuaciones han estado marcadas por un único marco, que es el de la legalidad", dijo Martínez. La presidenta añadió que, si fuera llamada a prestar declaración, colaboraría con la justicia porque "es un deber y una obligación de cualquier ciudadano".

El portavoz socialista, Ángel Luna, dijo que la probable declaración de Martínez "era esperable", ya que era ella la consejera cuando Orange Market logró el primer contrato de Fitur. "Es evidente que, si se confirma lo que dice el informe de la oficina de auxilio judicial, ahí ha habido operaciones que rozan la prevaricación. Y la prevaricación tiene diez años de prescripción", dijo Luna. El portavoz socialista añadió: "No se trata de regalos que prescriben a los tres años". Una referencia al regalo de 2.400 euros que, supuestamente, le regaló la trama corrupta a Martínez en la Navidad de 2006. La Fiscalía Anticorrupción observó en este regalo un supuesto delito de cohecho que habría prescrito al cumplirse más de tres años desde que se hizo.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario Compromís, Enric Morera, exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a la presidenta del Parlamento que "asuman sus responsabilidades políticas en el caso Gürtel para evitar que se siga dañando el prestigio de las instituciones valencianas".

(www.elpais.com, 29/06/10)

23. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL BIGOTES ENTREGÓ SOBRES CON DINERO A CARGOS PÚBLICOS DEL PP, SEGÚN EL FISCAL

El juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, rechazó el pasado 28 de junio la petición de Álvaro Pérez, El Bigotes, para que se le retiraran las medidas cautelares de comparecencia periódica ante las autoridades, por entender que los indicios de delito que existen sobre su actuación así lo recomiendan. En el auto el juez recoge un durísimo informe de la Fiscalía Anticorrupción que señala que el avance de la investigación ha acreditado delitos incluso más graves de los que se le imputaban a El Bigotes al inicio de la causa.

Álvaro Pérez fundó en 2004 la empresa Orange Market, una de las que integraban la red corrupta de Francisco Correa, y desde entonces recibió decenas de contratos, la mayoría a dedo, del Gobierno de Francisco Camps, quien consideraba a Pérez un "amiguito del alma", según la conversación entre ambos grabada por orden judicial en las navidades de 2008. El Bigotes gastó decenas de miles de euros en decenas de regalos a la cúpula del PP valenciano y a sus familiares en forma de trajes y otras dádivas.

La Fiscalía Anticorrupción señala en el auto que notificó Pedreira a las partes: "El avance de la instrucción ha corroborado todos los indicios de delitos de blanqueo de capitales, contra la administración y contra la hacienda pública. Además, los indicios se han incrementado con nuevos delitos de falsedad de documento mercantil y delito electoral. Diversos apuntes de archivos informáticos hallados en los registros practicados el 6 de febrero de 2009 [en la sede de Orange Market] han acreditado la entrega de sobres con dinero a cargos públicos en distintos ejercicios".

Junto a ello, añade el fiscal, "el auto de 25 de mayo de 2010 expone los indicios de la participación del imputado en los delitos electorales referidos a la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 en la Comunidad Valenciana así como delitos contra la hacienda pública relativos a Orange Market, por el concepto de retenciones de trabajo personal de los años 2006 y 2007, cuantificados en 160.275 euros y 170.558 euros respectivamente".

El fiscal, que propone al juez que mantenga la medida cautelar contra El Bigotes, llega a sugerir la posibilidad de solicitar otras "medidas más gravosas para el imputado".

El juez Antonio Pedreira, que pretende enviar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia buena parte de la instrucción referida a actuaciones ilegales o delictivas que salpican a cargos del PP en Valencia, rechazó las pretensiones de la defensa de Álvaro Pérez y mantuvo las medidas cautelares.

El PP, personado en la causa como acusación popular, ha torpedeado la iniciativa de Pedreira para remitir parte del sumario al Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ha impugnado esta decisión.

(www.elpais.com, 01/07/10)

24. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL TESTAFERRO DE CORREA EN COLOMBIA AYUDARÁ AL JUEZ

El empresario colombiano Miguel Uriel Hernández Chavarro declaró por espacio de cuatro horas ante el juez del Tribunal Superior de Justicia Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel. Se comprometió a entregar documentos que esclarecerán las actividades económicas que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, desarrolló en Colombia y Venezuela.

Hernández Chavarro está considerado por los investigadores uno de los testaferros que Correa utilizaba en esos países para hacer negocios y adquirir propiedades en su nombre en Colombia, en concreto, en Cartagena de Indias. Se lo acusa de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Es una persona muy importante dentro de la estructura de Correa en el exterior, según la policía.

No es el único imputado que ha comparecido ante el juez Pedreira en los últimos meses por colaborar con los imputados en la trama a blanquear dinero. Recientemente también lo ha hecho Carmen Leonor Hallax, apodada La Bruja, que además ayudó presuntamente a Correa a obtener el permiso de residencia en un país suramericano.

La detención de Hernández Chavarro se produjo el miércoles en la calle Goya de Madrid. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) lo puso a disposición del juez, que decidió interrogarlo como imputado, pese a las reticencias de la Fiscalía Anticorrupción, más partidaria de que se le tomara declaración como testigo.

En informes policiales que constan en el sumario figura que Correa pidió ayuda a Hernández para tratar de conseguir un permiso que acreditara de alguna forma su residencia legal en un país de Suramérica. Según la policía, el último imputado en la causa "se habría desplazado a Venezuela, entre otras cosas, para tal gestión, habiéndose reunido dicha persona con Hugo, el comandante', como indica el propio Correa".

Hernández, de 48 años, es uno de los directores del Grupo Empresarial Energing, cuyo objeto principal es la comercialización de energía eléctrica y la promoción y desarrollo de productos asociados al sector eléctrico. La entidad tiene presencia en distintos países, como Colombia, Panamá, Estados Unidos y Venezuela. Ha sido socio del ex vicepresidente de Repsol también imputado en el caso José Ramón Blanco Balín, quien se lo presentó a Correa para que ambos hicieran negocios juntos.

La colaboración entre ambos era mutua. De hecho, la policía ha encontrado indicios de que Hernández pidió a Correa que, a través de los también imputados Pablo Collado y Carlos Clemente Aguado que fue viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, mediase con el Ayuntamiento de Bogotá para que se nombrara a una persona determinada como gerente de la Empresa de Energía de dicha ciudad. En concreto, Hernández quería que ese puesto reca en un tal Álvaro Villegas, pero su nombre no aparecía en la lista de candidatos con la que contaba el alcalde.

Este dato se lo dio Carlos Clemente Aguado a Correa el 19 de enero de 2009, 18 días antes de que estallara el escándalo con la detención del presunto cabecilla de la trama. Aguado, que era amigo de Yuri Chillán Reyes, secretario de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se disponía a ir a la Comunidad de Madrid para recoger una medalla por los servicios prestados.

Hernández también pidió a Correa que la trama intercediese para cubrir una vacante que se iba a producir en la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento de la Secretaría de Infraestructuras. El juez Antonio Pedreira tiene varias comisiones rogatorias cursadas a distintos países para tratar de recuperar el dinero del erario público presuntamente sustraído por la trama. La ayuda de Hernández puede ser crucial para lograrlo.

(www.publico.es, 02/07/10)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LA JUEZA TUMBA EL CASO DE ESPIONAJE QUE DENUNCIÓ EL PP EN LA SEDE DEL PARTIDO

La titular del juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha desestimado el recurso del PPCV contra la decisión de archivar su denuncia por posible caso de espionaje por parte de la Policía Nacional frente a su sede. La magistrada considera que el PPCV, con su recurso, no ha desvirtuado las conclusiones fácticas ni jurídicas que se expusieron en el auto recurrido y que justificaron "plenamente" el archivo acordado. Así, no cree "razón alguna" para practicar diligencias de investigación o instrucción.

En este punto, se remite a la postura adoptada por el ministerio fiscal, quien, en su informe, afirmó que en este caso hay una "simple coincidencia" en el tiempo y lugar, y una explicación "razonable" de que la furgoneta camuflada del Cuerpo Nacional de Policía "no se encontraba aparcada en las proximidades de la sede del PP con el fin de vigilar, grabar e interceptar las comunicaciones y conversaciones tanto realizadas en el interior de la sede del partido como en el exterior, en plena vía pública".

Por el contrario, sostiene que la Policía tenía el objetivo de "prevenir" la comisión de posibles actos delictivos por la presencia en el acto público que tenía lugar en el Auditorio Joan Plaça, próximo a la sede del PP de Valencia, de miembros de movimientos radicales que pudieran alterar el orden público, cometer hechos delictivos", así como investigar atentados ya perpetrados y actos de vandalismo realizados en cajeros automáticos de sucursales bancarias el 20 de mayo, y que motivaron la incoación de diligencias policiales y judiciales.

Ante ello, el PPCV ha mantenido en su recurso que estos extremos son una declaración "simplemente exculpatoria" de la Brigada de Información, que no le sirve para neutralizar los indicios de una "legítima sospecha". Además, alude a "antecedentes recientes" que le lleva a considerar que miembros de esta brigada "controlan movimientos e intervienen comunicaciones contra el PP".

Sin embargo, la jueza mantiene que estas afirmaciones son una "simple suposición o sospecha", pero "sin base objetiva ni soporte probatorio que confirme o, al menos, aporte un principio de prueba o de concreción de hechos, y no de alegaciones o meras afirmaciones que constituyan un delito concreto". Desestima el recurso al no aportar a la denuncia la grabación de la Policía frente a la sede del partido, ni la captación personal o telefónica o cualquier material que confirme la pretendida interceptación de las comunicaciones por la Policía, "por muchas sospechas o antecedentes recientes", sostiene.

Por su parte, la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, manifestó que "respeta" la decisión judicial de desestimar el recurso del PP y que el Consell "se da por satisfecho en la medida en que este tema esté esclarecido". "Lo único que en su momento se solicitó", dijo la portavoz, fue que se les esclareciera "una situación que efectivamente se había producido" y conocer "el motivo de las escuchas" que supuestamente habrían llevado a cabo agentes de la Policía Nacional junto a la sede del PP.

(www.levante-emv.com, 26/06/10)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. UNA DE LAS FIRMAS INVESTIGADAS EN LA TRAMA CORRUPTA DE MALLORCA TRABAJÓ PARA LA GENERALITAT

La empresa de publicidad, Over Marketing MCW, encargada de la estrategia electoral del PP en 2003 y 2007, que recibió suculentos contratos del Govern de Jaume Matas y que aparece ligada a la "operación Pasarela" que investiga el juez Ignacio López Sola, colaboró también con la Generalitat Valenciana.
La firma recibió del Govern Balear adjudicaciones por valor de 1,26 millones de euros, aunque la cantidad puede ser mayor vista su vinculación con empresas públicas autonómicas. Over Marketing pertenece al empresario Daniel Mercado y tiene su sede social en la madrileña calle Zurbano.
La policía registró su sede, además de cinco empresas y una fundación en Mallorca y Madrid, todas relacionadas con el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), organismo del que se investiga un supuesto desvío de fondos públicos en el marco de la denominada "operación Pasarela".

Una de las empresas investigadas, Match Golf Consulting, que participó en la organización del trofeo Mallorca Classic, que patrocinó Ibatur con 4,7 millones, gestionó torneos en Castelló, esta vez patrocinados por la Diputación que preside Carlos Fabra, investigado por diversos delitos.

Los investigadores han hallado una conexión entre Match Golf Consulting y otra empresa implicada en la trama Gürtel, el caso de corrupción que afecta al PP valenciano.

El patrocinio del Govern de Jaume Matas al torneo Mallorca Classic empezó en 2004 y, según desveló el primer conseller de Turismo, Francesc Buils (UM), el PP dejó comprometido el pago de 37.120.000 euros a razón de 4,64 millones de euros anuales hasta 2014.

La organización del campeonato Mallorca Classic de golf recayó en dos empresas, la madrileña ya citada -Match Golf Consulting- y la mallorquina Reial Pula Golf. Entre 2007 y 2009 las dos empresas se llevaron cerca de nueve millones del Govern Balear.

Match Golf Consulting, ubicada en Madrid, ha recibido ya la visita del fiscal anticorrupción Pedro Horrach. La organizadora del Mallorca Classic tiene como administradores a Javier Gervás y a los hermanos Pedro Luis y María José Marijuán Alonso. Han impulsado diversos torneos de golf, como el denominado Oki Castellón Open de España, pagado por la diputación que dirige Carlos Fabra.
El torneo Mallorca Classic se celebraba en el campo de Era de Pula, en el municipio de Son Servera. La Sindicatura puso de manifiesto que no quedaba acreditado que los costes del evento se ajustaran realmente a los precios del mercado.

Quien puso a la policía sobre la pista de los millonarios pagos del Govern del PP a las promotoras del Pula Golg fue Miquel Ángel Bonet, ex secretario y jefe de la asesoría jurídica dell Ibatur, que ha confesado que se apropió de 85.000 euros del organismo público con fines particulares.
El PSOE calificó el campeonato de Pula como un centro de reunión de la derecha "más recalcitrante" por la presencia de Eduardo Zaplana, Jaime Mayor Oreja o Javier Arenas y exigió a Jaume Matas que dejara de patrocinarlo.

Over Marketing MCW, salpicada por su colaboración con empresas de la trama Gürtel a través de Special Events, ha gozado en los últimos años de la confianza de las comunidades autónomas del PP y, especialmente, de Balears y Madrid. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre, sólo con sus consejerías de Hacienda, Asuntos Sociales y Trabajo ha endosado a esta sociedad más de cuatro millones de euros. Un hombre investigado en el caso Gürtel, el ex director de la Fundación Baleares Sostenible, Pau Collado, fichó a la agencia madrileña para posicionar la Tarjeta Verde durante la feria de Berlín de 2005. Su responsable,Daniel Mercado, conoció a Jaume Matas durante la etapa del mallorquín en el ministerio de Medio Ambiente.

(www.diariodemallorca.es, 01/07/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ RECHAZA LOS RECURSOS CONTRA EL JUICIO CON JURADO A CARLOS FABRA

El titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha decidido mantener las imputaciones contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). En el auto dictado el juez rechaza la solicitud de archivo de la causa planteada por el dirigente del PP y considera que el procedimiento debe continuar. La decisión acerca, así, a Fabra al banquillo de los acusados, aunque todavía queda un trámite por cumplir, que se cumplimentará cuando las partes califiquen los hechos y especifiquen las penas de cárcel que le corresponderían al dirigente del PP por cada uno de los delitos cometidos.

Después de que la Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular y las defensas presenten este escrito, el juez decretará el auto de conclusión del procedimiento en el que acordará el sobreseimiento o la apertura de juicio.

Al margen de la decisión adoptada por el juez respecto a Fabra, el titular del juzgado número 1 de Nules ha decidido seguir con la tesis de la fiscalía, que limitó a cuatro imputados el caso, excluyendo incluso de la acusación de los delitos contra la Administración pública a la esposa de Fabra, María Amparo Fernández. De esta manera, el juez solo mantiene la imputación sobre el presidente de la Diputación de Castellón, por los tres delitos mencionados, sobre su esposa, por fraude fiscal y sobre Vicente Vilar, el empresario que le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, y la esposa de este, Monserrat Vives, por tráfico de influencias y cohecho.

Por ello, en el auto declara el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa para ocho personas que mantenían la condición de imputadas, así como para el noveno imputado, que falleció durante la tramitación del procedimiento.

El fiscal no esgrimió, ni en la vistilla ni a la salida del juzgado, las razones por las que adoptó esta decisión, que ahora ampara el juez y que, en cualquier caso, tiene como base legal la ausencia de indicios para juzgar la participación de ningún funcionario o cargo público en la trama, pese a las decenas de escritos que, por ejemplo, remitía el ahora ex senador del PP Miguel Prim interesándose por los productos de Vilar.El titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha desestimado los recursos de reforma presentados contra el auto que transformaba las diligencias previas del caso Fabra en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Entre los recursos se encontraba el de la Fiscalía Anticorrupción, en el que reclamaba que la competencia para juzgar al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, correspondía a un tribunal de jueces y no a un tribunal popular, tal como había señalado el juez e igual que había solicitado la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores.

Pero, en la desestimación del recurso, el juez insiste en que, por los supuestos delitos cometidos, tráfico de influencias y cohecho, la competencia es de un jurado popular que, además, deberá resolver sobre los presuntos delitos fiscales (aunque no son competencia del tribunal del jurado), dada la conexión de estos con las principales acusaciones, que son las de haber intermediado ante la Administración para tratar de agilizar autorizaciones para fabricar fitosanitarios y, después, cobrar por ello. Otro de los recursos que el juez ha desestimado ha sido el del letrado de Fabra, que reclamó la nulidad del auto que daba fin a más de seis años de instrucción.

De igual modo, el titular del juzgado número 1 de Nules ha decidido no atender la solicitud de la acusación popular, que pretendía extender la imputación a los directores de los bancos en los que operaba Fabra, después de que los peritos detectaran ingresos millonarios que "no hubieran sido posibles sin la estrecha colaboración de los directores de las oficinas bancarias", tal como sostuvo la acusación. Tampoco ha aceptado la solicitud de la acusación popular de que se imputara al empresario Antonio Bonet, quien admitió haberse hecho cargo de un préstamo de 390.000 euros solicitado por Fabra y que el empresario firmó como avalista. La acusación entendía que éste fue un "mecanismo alternativo" para ingresar dinero "dándole de esta forma una cierta apariencia de legalidad, cuando en realidad no era más que el pago por algún favor o algún negocio del Señor Fabra". En cualquier caso, el juez no lo entiende así y Bonet no ha sido imputado.

Otra de las decisiones que ha adoptado el juez ha sido la de no admitir la práctica de pruebas solicitadas por el abogado de Fabra y de su esposa en la comparecencia celebrada el pasado viernes. Entre otras cosas, el letrado había solicitado que se requiriera a la Agencia Tributaria para que aportara las actas de conformidad o disconformidad del matrimonio Fabra sobre las inspecciones del impuesto de patrimonio realizadas entre 1999 y 2002. El presidente de la Diputación de Castellón quería también que se tomara declaración, en calidad de testigo, al inspector de Hacienda que realizó la inspección sobre las declaraciones del matrimonio tanto del IRPF como de patrimonio del ejercicio de 1999, que concluyó con una denuncia de la Agencia Tributaria por un presunto delito fiscal y que desencadenó el inicio de la investigación sobre el patrimonio y las cuentas de la familia Fabra. Las pesquisas destaparon la existencia de ingresos en las cuentas del matrimonio Fabra que no se corresponden con su patrimonio ni con su renta.

Según el informe, tras analizar más de ocho millones de euros ingresados en las cuentas de los Fabra entre 1999 y 2004, los peritos detectaron ganancias patrimoniales "no justificadas" que ascienden a 3,6 millones de euros. Además, el documento, que fue incluido en las diligencias, sostiene que el presidente de la Diputación de Castellón y su esposa defraudaron a la Hacienda pública 1,7 millones de euros durante esos años, una acusación que se concentra en la posible comisión de nueve presuntos delitos fiscales.

(www.elpais.com, 02/07/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. CONDENA A BARBERÁ POR INCUMPLIR LA LEY URBANÍSTICA

En 2008, el Ayuntamiento de Valencia tomó 7.835.000 euros del fondo del patrimonio municipal del suelo. El consistorio, dirigido por Rita Barberá, del PP, los empleó en la rehabilitación de la antigua Tabacalera, la plaza Redonda y el Mercado Central. Ahora un juez entiende que la acción del gobierno local fue incorrecta, por lo que el Ayuntamiento, que puede recurrir la sentencia, deberá reponer esa cantidad en el fondo, cuyo fin principal es promover la construcción de viviendas de protección pública, y no rehabilitar edificios.

No es la primera vez que el gobierno de Barberá actúa así ni tampoco que un juez la reprende por ello. En 2007, el Tribunal Supremo obligó al Consistorio valenciano a destinar 14 millones de euros a construir viviendas protegidas después de que este vendiera suelo por dicho valor y lo dedicase a un fin distinto. Al respecto, el concejal socialista, Juan Ferrer matizó que "es la cuarta sentencia sobre uso indebido del fondo del patrimonio municipal del suelo que los tribunales fallan en contra del Ayuntamiento".

(www.elpais.com, 30/06/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DE ORIHUELA RECHAZA RETIRAR LAS DISTINCIONES A FRANCO

El gobierno local de Orihuela, en manos del PP, ha rechazado hoy una moción de la oposición para retirar varias distinciones a Francisco Franco y cambiar el nombre de algunas calles. Los populares, con mayoría en el pleno, han dejado sin efecto la iniciativa presentada por la socialista Ana Mas, que ha contado con el respaldo de Los Verdes y el Centro Liberal Renovador (CLR).

La misma moción, dirigida a eliminar todo signo o símbolo franquista en el municipio, ha sido presentada y rechazada en otras dos ocasiones. La moción pide cambiar la nomenclatura de las calles que hacen referencia a la dictadura franquista, y retirar la medalla de la ciudad y el título de Caballero Cubierto de Orihuela a Francisco Franco.

La concejal de Cultura, Josefina Ferrando, ha tachado de "reiterativa" la moción de la edil socialista y ha afirmado que la mayoría popular evitará "usar dinero de los oriolanos para aplicar la Ley de Memoria Histórica". Según la concejal, no hace falta retirar la medalla de la ciudad al dictador porque está muerto. "Solo la tienen las personas en vida y todos sabemos dónde se encuentra Franco, por lo que no se la podemos quitar, porque no la tiene", ha alegado. Ferrando también ha esgrimido en contra de la moción el artículo 15.3 de la Ley de la Memoria Histórica, que expone que "será el Gobierno central quien colabore con las administraciones locales de forma económica para su aplicación". "Quien no cumple la ley es el Gobierno de España", ha afirmado Ferrando, quien ha insistido en que las distinciones a Franco son "simbólicas". El PP ha apuntado también que el título de Caballero Cubierto de Orihuela únicamente se ostenta durante el año de su nombramiento.

En cuanto a la nomenclatura de las calles, la titular de Cultura ha manifestado "no creer que a ningún oriolano le quite el sueño el que una calle se llame José Antonio" y ha pedido a la socialista Mas que ocupe su tiempo en algo "más productivo". Esta se ha preguntado en el pleno por qué Orihuela tiene un PP "tan reacio" a aprobar esta ley, mientras que sí lo han hecho otros municipios como Lugo, Girona, Lleida, Málaga, Sant Vicent del Raspeig y Alicante, entre otros. Valencia, en cambio, mantiene los títulos y medallas a Franco.

El portavoz de Centro Liberal Renovador (CLR), Pedro Mancebo, ha tachado al equipo de gobierno de "rancio y caduco", y los Los Verdes han defendido la moción por "por justicia y dignidad" y la necesidad de cambiar la nomenclatura de calles como División Azul o del Generalísimo.

(www.elpais.com, 29/06/10)

30. CASTILLA Y LEÓN. CIGÜEÑAS CONTRA EXCAVADORAS

Fue un gran sueño urbanístico justo donde viven las últimas cigüeñas negras y águilas imperiales. Viviendas, hoteles, campos de golf… El lujoso complejo que administraciones y constructores pretendían levantar en Las Navas del Marqués (Ávila) ha terminado en un largo proceso judicial que atraviesa sus horas claves. La Fiscalía cree que la trama, en la que participaron funcionarios y cargos del PP, se benefició de sus puestos para agilizar los expedientes.

Los amantes de las aves dicen que es un sitio para enamorarse. A menos de una hora de Madrid y con un entorno natural deslumbrante, Las Navas del Marqués –Ávila, 6.000 habitantes– es refugio para varias especies en peligro de extinción. El alcalde, Gerardo Pérez García (PP), le vio otro filón: la cercanía con la capital, sumado a su espectacular paisaje, podía atraer a constructores ávidos de levantar macrourbanizaciones. Sin embargo, la polémica Ciudad del Golf –la iniciativa empresarial que pretendía edificar 1.600 viviendas de lujo, un campo de golf y dos hoteles de alta gama– no solo no llegó a plasmarse, sino que terminó convertida en un voluminoso expediente judicial.

La investigación iniciada por la Fiscalía en 2008 parece que llega a su fin. El juez de primera instancia de Ávila ha concluido la mayoría de la instrucción y considera que hay indicios de que al menos 14 políticos y técnicos de Castilla y León cometieron prevaricación de manera continuada en la planificación de esta urbanización. En la misma causa también están acusados varios empresarios.

Hasta el momento, 19 personas están imputadas en este caso. Cargos públicos como el alcalde de Las Navas y su secretario municipal, Carlos de la Vega Bermejo; el ex delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila y ex presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo de esta provincia, Félix San Segundo Nieto, y Mariano Torre Antón, ex director general del Medio Natural.

También se imputa a ocho miembros de la Comisión Territorial de Urbanismo que votaron a favor de las recalificaciones, como la jefa del Servicio Territorial de Fomento, Yolanda Lorenzo, el Jefe del Servicio Territorial de Cultura, José Cubillo, y el vocal de la Cámara de Comercio e Industria de Ávila, Miguel Ángel Jiménez Herrero. La lista se completa con otros seis funcionarios de las consejerías de Medio Ambiente y Fomento y con Francisco Gómez Hernández, alias el Paloma, quien oficiaba como representante legal de Residencial Aguas Nuevas, la empresa de Murcia a la que se adjudicó la Ciudad del Golf.

(www.interviu.es, 28/06/10)

31. CASTILLA-LA MANCHA. DENUNCIAN QUE COSPEDAL LE PIDIÓ QUE COLOCARA A SU MARIDO EN LA CAJA

La guerra abierta en la que se ha convertido la política de Castilla- La Mancha desde que estalló el caso Bono se recrudece cada día. El presidente del Congreso aseguró que eran Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, quienes estaban detrás de las denuncias contra él. Ella respondió con una amenaza de querella. fue Juan Pedro Hernández Moltó, ex presidente de Caja Castilla-La Mancha, quien añadió leña al fuego al asegurar, en declaraciones a EL PAÍS, que fue la propia Cospedal quien exigió, en una reunión con él, que colocara en la caja a su marido. Fue en 2007, según Hernández Moltó, cuando la pareja aún no había contraído matrimonio.

"Me reuní con Cospedal, que ya se había hecho cargo del PP de Castilla-La Mancha. Y me exigió una sola cosa: que colocara en la caja a Ignacio López del Hierro. Apeló a la cuota del PP, y no me pidió que colocara a nadie más. Yo acepté porque entendí que era el precio para pacificar la caja. Tuvimos que ampliar el número de consejeros de la Corporación industrial para hacerle un hueco, porque en el consejo de la caja era imposible", asegura Hernández Moltó.

Cospedal contestó a esta denuncia a través de una nota del PP de Castilla-La Mancha: "Nadie puede creerse que en el año 2007 Cospedal pudiera imponer al entonces todopoderoso Hernández Moltó nada, y menos en una entidad controlada por el PSOE. López del Hierro fue elegido por designación directa del presidente de CCM".

La figura del marido de Cospedal, que fue director de Relaciones Externas y uno de los tres consejeros ejecutivos de Metrovacesa, ha generado polémica en los últimos días, y ya se ha introducido abiertamente como un elemento en la guerra sin cuartel de la política de esta comunidad, eje estratégico de ambos partidos para las elecciones autonómicas de 2011. El lunes, ella misma aseguró en Los desayunos de TVE que en Castilla-La Mancha circulan dossiers sobre la actividad profesional de su marido y su vinculación con los procesos de fusiones de cajas. Y más tarde, en una rueda de prensa en la sede central del PP, amenazó con querellarse contra Bono si metía a su marido en esta polémica.

Los socialistas, sin embargo, quieren introducir a toda costa al marido de Cospedal en la batalla política. Le acusan de haber tratado de usar su presencia en la Corporación industrial de CCM para operaciones oscuras, que el entorno de Cospedal niega categóricamente, y de desestabilizar la caja para presionar políticamente a favor de los intereses de su esposa.

En el trasfondo de esta nueva polémica está el caso Bono y la asamblea de CCM que hoy debe sancionar la absorción por parte de Cajastur. Cospedal insiste en que el caso Bono no tiene que ver con las elecciones, y que el presidente del Congreso trata de escudarse en eso para evitar explicar sus relaciones con constructores como El Pocero, que realizó grandes proyectos en Castilla-La Mancha con el apoyo de la Junta gobernada por Bono y después hizo también las obras de su hípica.

Mientras, en este ambiente político, la asamblea de hoy de CCM se espera polémica. Aún no está claro qué votarán los representantes del PP, aunque los socialistas confían en sacar adelante el plan de absorción, de cuyo éxito dependen los 3.000 puestos de trabajo de la caja, incluso sin los votos del PP.

(www.elpais.com, 30/06/10)

32. CASTILLA-LA MANCHA. EXIGEN A COSPEDAL QUE EXPLIQUE "OPERACIONES DUDOSAS" DE SU ESPOSO

El PSOE pidió, en un comunicado oficial, explicaciones a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, por las supuestas "operaciones dudosas" realizadas por su marido, Ignacio López del Hierro, en la Caja de Castilla-La Mancha (CCM).

Según la portavoz socialista en esa comunidad, Esther Padilla, la dirigente popular presionó a la entidad para incorporar al que entonces era su novio a la Corporación de la CCM tras las elecciones autonómicas de 2007. En opinión de Padilla, esa maniobra fue muy comentada en el seno del PP porque López del Hierro venía, como ella, de fuera de la comunidad, lo que explicaban por su desconfianza hacia los dirigentes regionales de su partido.

Cospedal fue derrotada en los comicios de 2007 por el socialista José María Barreda, que mantuvo la mayoría absoluta heredada del ahora presidente del Congreso, José Bono. En menos de un año volverán a enfrentarse en las urnas.

Bono ha sido objeto de una andanada informativa en medios de comunicación afines al PP, que denuncian desde hace meses presuntas corruptelas cuando estaba al frente del Gobierno autónomo. Sin embargo, la justicia no ha encontrado indicio alguno de delito. Bono respondió insinuando que Cospedal y López de Hierro podrían estar detrás de las filtraciones interesadas de información sobre sus finanzas. La dirigente popular calificó esa respuesta de "ataque personal" y, tras negarlo, amagó con defenderse en los tribunales.

El PSOE castellano-manchego cree que Cospedal ha utilizado la caja "para beneficiar a sus más cercanos" o para dañar al Gobierno regional, y por eso le exige que "piense en los trabajadores y no en sus intereses personales o de partido" de cara a la asamblea que se celebra hoy,en Cuenca, en la que se debe respaldar o rechazar su plan de rescate. CCM fue intervenida por el Banco de España en primavera de 2009 para evitar su quiebra. Su futuro pasa ahora por la integración con el Grupo Cajastur, que necesita de los votos del PP para ser aprobada.

El secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, considera que los populares podrían negarse a respaldar esa operación para achacar el desastre al Gobierno de Barreda, e incluso para beneficiar a Caja Madrid, presidida por el ex ministro popular Rodrigo Rato.

(www.elpais.com, 30/06/10)

33. REGIÓN DE MURCIA. ABIERTA UNA OPERACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN SAN JAVIER

La Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil ha detenido esta mañana a cuatro personas, entre las que se encuentra el ex alcalde de San Javier José Hernández (PP) y tres empresarios: el propietario de Urdemasa, Santiago Martínez Esparza, Jaime Navarro, de Grimanga y Antonio Javier Sanchez, de Ladera dos mares. Los tres tienen importantes negocios inmobiliarios en la zona de la Manga del Mar menor y San Javier y la fiscalía lleva varios años investigando sus relaciones con el ex alcalde, que es constructor.

La policía actúa por orden del juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de San Javier que mantiene desde 2008 un procedimiento abierto contra estas personas y seis más por delitos contra la Hacienda pública, cohecho, tráfico de influencias y malversación, entre otros. Se investiga un presunto trato de favor que Hernández, en su etapa como alcalde de San Javier, habría deparado a estas empresas con la adjudicación de obras públicas y contratos públicos y el beneficio que el primer edil habría obtenido de ello, ya que presuntamente estaba asociado en otros negocios con estas empresas.

Las detenciones se producíana, e igualmente se practicaban siete registros en domicilios particulares y profesionales de los detenidos en Murcia, Cartagena y San Javier.

El procedimiento se inició en 2008, tras una querella de la Fiscalía. José Hernández estaba siendo investigado por un presunto trato de favor a dos constructores. Entonces, la Cadena SER de Murcia desveló que eran socios suyos en al menos una empresa llamada Nueva Valencia al mar SL. Los empresarios investigados, que participaban con Hernández en la construcción de viviendas en Valencia, eran los responsables de las sociedades Urdemasa, Santiago Martínez Esparza, y Peinsa 97, Juan Gracia Jiménez.

Por sus relaciones con estas empresas y dentro de este procedimiento José Hernández ha declarado en varias ocasiones ante el juzgado de San Javier negando en todo momento que estuviera cometiendo ninguna ilegalidad y recordando que su trabajo es el de constructor. En una ocasión, a la salida del juzgado, les dijo a los periodistas presentes: "¿Es que creéis que soy La Pantoja?".

Sobre la relación societaria que mantiene con ambos promotores, el alcalde Hernández se ha limitado a reconocer que forma parte de esa sociedad y a recordar su condición de promotor, "que es la forma en que me gano la vida".

Urdemasa y Peinsa son dos empresas con importantes intereses en San Javier. La primera se ha adjudicado numerosas obras públicas (entre ellas, la construcción del nuevo edificio consistorial, un aparcamiento subterráneo, la biblioteca municipal y el centro de día de la tercera edad en el Mirador) y además es propietaria de una parte del Plan Parcial Roda Golf & Beach Resort (1.700 viviendas y campo de golf). La segunda ha promovido a su vez una importante urbanización, Señorío de Roda, que contempla la construcción de unas 300 viviendas en San Javier.

Son varios los casos de presunto trato de favor por parte de Hernández a esta empresa, investigados por la justicia:

En San Javier se investiga la compra venta de terrenos donde después se ha construido el nuevo hospital del mar menor. En Murcia, se investiga la urbanización denominada Señorío de Roda, de unas 350 viviendas, que, según la denuncia del Grupo Independiente de San Javier, se inició sin ningún tipo de permiso y con la presunta connivencia del alcalde, constructor de profesión. Según esta misma denuncia, el regidor ni siquiera había aprobado el plan parcial necesario para iniciar los trabajos y tampoco el proyecto de urbanización, por lo que no se había especificado ni dónde iban a ubicarse las calles ni las zonas verdes.

También se investiga si el alcalde aprobó el Plan Parcial de Roda Golf, que implicaba la reclasificación de un millón de metros cuadrados de terreno rústico de interés agrícola a Urdemasa para construir un hotel, un campo de golf y 1.800 viviendas. Este suelo tenía esa calificación por recibir el agua del trasvase Tajo-Segura desde hace 26 años. El PP de Murcia abrió -y luego cerró sin resultados- una investigación interna para aclarar un presunto caso de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de San Javier.

(www.elpais.com, 29/06/10)

34. REGIÓN DE MURCIA SOBERBIA Y ERROR DE LAS INSTITUCIONES EN EL AEROPUERTO DE CORVERA

Por muchos aspectos, la construcción del aeropuerto de Corvera era un acto de soberbia política, y lo que es peor, un grave error de cálculo. La tesis mantenida por infinidad de expertos, era muy simple pero llena de sólidas razones: teníamos un magnífico aeropuerto a 47 kilómetros de Murcia, el de Alicante, que sería profundamente modernizado como así ha sido. Segundo, que funcionaba ya el estupendo aeropuerto de San Javier en fase de ser ampliado, como ha sido así en los últimos meses. Es decir, que en un radio de acción de pocos kilómetros íbamos a tener tres con el de Corvera, que necesita miles de millones para construirlo, ponerlo a punto y abrirlo en competencia con los otros dos.

Y que esos miles de millones que se iban a emplear, que se están invirtiendo con enormes dificultades financiera, podían emplearse en solucionar duros problemas que actualmente tenemos planteados: como son la Sanidad, la Enseñanza y las vías de comunicación propias de la Comunidad Autónoma. Pero hay más problemas. La gestión privada, como el de Ciudad Real, que ha terminado en un conflicto de competencias sin soluciones inmediatas.

El aeropuerto de Corvera, que algunos desean que sea llamado PRESIDENTE VALCÁRCEL, nos va a traer una crisis de operatividad por su escaso movimiento, dada la potencia de El Altet y el de San Javier, perjudicando de forma considerable a la zona turística más potente y rica de nuestra Región, como es el Mar Menor y Mediterráneo, o los noventa kilómetros de costa situados entre Cartagena, Mazarrón y Águilas, perfectamente comunicados por la autovía inaugurada hace apenas un año. Más las comarcas turísticas de las playas adyacentes de Almería.

Poco más. Añadir que así se hace parte de la política regional. A golpe de testiculina, soberbia e irresponsabilidad. El ordeno y mando es un grave método de trabajar para el futuro murciano. Otro ejemplo ¿Entonces para qué se ha construido  la autopista que une San Javier con Sucina y Santomera?

(www.vegamediapress.com, 27/06/10)

35. REGIÓN DE MURCIA CÁMARA ENDEUDA MÁS A MURCIA, A PESAR DE HABER COBRADO LOS IMPUESTOS DE VEHÍCULOS Y EL CATASTRO

El número dos regional del Partido Popular (PP), Miguel Ángel Cámara, decidió el pasado ocho de junio pedir un préstamo de 45 millones de euros, que se sumarán a los 258 millones de deuda que a finales de 2009 ya tenía contraída el Ayuntamiento de Murcia del que es alcalde.

Esta decisión la ha adoptado Cámara y su gobierno local, incomprensiblemente, según ha explicado el concejal socialista Alfonso Navarro, después de que en mayo finalizara el cobro a los murcianos del impuesto de vehículos (26 millones de euros previstos) y del IBI (90 millones previstos), siendo el catastro murciano uno de los más elevados de España.

"Resulta sorprendente" que el PP en el Ayuntamiento de Murcia tenga que pedir tanto dinero prestado "para solventar gastos corrientes y cotidianos", indica el socialista Navarro, y añade que también resulta "preocupante" que el aumento de la deuda y el pago de los intereses reste "recursos a la inversión, al empleo, a las familias y a las empresas municipales, deteriorando aún más la situación del municipio murciano, con altos índices de paro (50.000 desempleados), donde el PP no hace nada para la puesta en marcha de nuevas empresas".

(ww.vegamediapress.com, 02/07/10)

36. ISLAS BALEARES. ‘CASO GÜRTEL’. NUEVA OPERACIÓN DE ANTICORRUPCIÓN POR OTRO ESCÁNDALO EN EL GOBIERNO DE MATAS

Empresas de la trama de corrupción del caso Gürtel, ligada al PP, extendieron su red de contrataciones millonarias al ámbito del Gobierno de Baleares que dirigía Jaume Matas, ex ministro de Medio Ambiente con Aznar. La Fiscalía Anticorrupción y el grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial en combinación con la Agencia Tributaria desarrolla hoy una operación de registros de sedes de empresas en Palma de Mallorca y Madrid tras haber detectado numerosas facturaciones y contratos supuestamente irregulares desde la administración autonómica balear con la empresa Easy Concept, entre otras.

Pau Collado, que era director gerente de la Fundación Balears Sostenible del Gobierno de Matas entre 2003 y 2007, pasó a trabajar en la trama de Francisco Correa al cesar en su cargo político y se situó al frente de la gestión de Easy Concept, una de las empresas que más ha facturado al Gobierno de la Comunidad de Madrid dirigido por Esperanza Aguirre. Precisamente, en algunos de los registros se han decomisado facturas con esta empresa de 2008, cuando Collado dirigía Easy Concept.

Las autoridades indagan también posibles ilegalidades en la gestión del PP del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), con 20 millones de facturación anual. Otra de las empresas ligadas a la red Gürtel bajo la lupa es Over, implicada en una posible financiación irregular de campañas electorales.

El caso Ibatur, nacido de la Operación Pasarela, es un nuevo escándalo de corrupción que salpica al Gobierno que dirigió Jaume Matas. Los agentes buscan pruebas que demuestren un supuesto desvío de fondos de manera irregular desde el Instituto Balear de Turismo, Ibatur, cuando era presidente balear el propio Matas, imputado por otro caso de corrupción, y se encontraba al frente de la Consejería de Turismo Juan Flaquer.

Los registros se efectúan en las sedes de la empresa de publicidad Over MCM y de la Fundación Balears Sostenible que creó la conocida como tarjeta verde, un sustituto de la ecotasa que impuso el primer Gobierno del socialista Francesc Antich y que funcionaba con fondos procedentes de entidades bancarias.

También se producen registros en las oficinas del grupo Clave y en la empresa que gestiona el campo de golf Pulagolf. A esta instalación, situado junto a la costa de los Pinos y dirigida por el empresario Romero Sala, el Gobierno de Matas destinó hasta cuatro millones de euros anuales para la celebración de un torneo internacional de golf.

El complejo turístico de Pula fue un ámbito de encuentro de políticos del PP de la época de José María Aznar que alternaron el coloquios sociales y torneos deportivos con periodistas de su entorno, como Pedro J. Ramírez -vecino de Pula y amigo de Romeo Sala- y Luís Herrero. Una empresa de Pula y Sala Match Golf facturó hasta 17 millones de euros al Gobierno de Baleares.

(www.elpais.com, 29/06/10)

37. ISLAS BALEARES. ‘CASO GÜRTEL’. TODOS LOS CASOS DE MATAS Y DEL PP BALEAR POR SUPUESTA CORRUPCIÓN

Caso Palma Arena: Por los delitos de malversación de 41 millones de euros, cohecho, prevaricación, electoral, blanqueo, fraude a la administración, delito fiscal y negociaciones prohibidas durante la construcción del velódromo. Divido en 25 piezas distintas para otros tantos juicios.

Caso Scala/Cola Cao: Por los delitos de malversación de cuatro millones, apropiación, cohecho, negociaciones prohibida y prevaricación en el Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares.

Caso Bomsai: Por los delitos de prevaricación, malversación de 600.000 euros y cohecho en la empresa pública de obras Caib Patrimoni a través del pago de comisiones en la adjudicación de edificios públicos.

Caso Turismo Joven: Por los delitos de apropiación indebida de 300.000 euros, cohecho y prevaricación en un consorcio público para la juventud.

Caso Bitel-2: Por los delitos de apropiación de 700.000 euros, cohecho, prevaricación y fraude falsedad en la empresa pública de tecnología Bitel.

Caso Funeraria: Por los delitos de apropiación de 300.000 euros, malversación, cohecho y falsedad en la empresa funeraria municipal de Palma.

Caso Andratx / Sant Elm: Investigación de la fundación de Gabriel Cañellas. Además, se investiga el aviso de su detención que recibió el alcalde de Andratx que alude al ex consejero José María Rodríguez y al propio Jaume Matas.

Caso Plan Territorial: Por los delitos de tráfico de influencias, información privilegiada y prevaricación.

Caso Ibatur: Delitos de falsedad, malversación y apropiación de caudales en el instituto de turismo.

CARGOS IMPUTADOS

José Juan Cardona, ex diputado, ex consejero de Industria y ex presidente del PP de Ibiza, está imputado por cinco delitos en el caso Scala-Cola Cao. Fianza civil de 2,9 millones. Ha causado baja del PP.

Antonio Serra, diputado, ex director general del Gobierno y del Consell de Mallorca, imputado en el caso Palma Arena por prevaricación y malversación.

Jaume Font, diputado y consejero de Mallorca, ex consejero de Medio Ambiente, imputado por supuesto tráfico de influencias en el caso Plan Territorial.

Jaume Matas, ex presidente de Baleares, ex ministro de Medio Ambiente, imputado por siete supuestos delitos. Bajo fianza de 3 millones de euros. (Su esposa Maite Areal también está imputada).

Fernando Areal cuñado de Matas, ex gerente del PP, caso Palma Arena.

Joan Martorell, ex jefe de Prensa del PP balear destituido; ex director de Comunicación del Gobierno, imputado en el caso Palma Arena.

María Umbert, ex directora general del Gobierno y del canal de televisión IB3, imputada en el caso Palma Arena.

Dulce Linares, ex directora general de Presidencia, caso Palma Arena.

Jane King, ex secretaria técnica de Presidencia ,caso Palma Arena.

Pepote Ballester, ex director general de Deportes, caso Palma Arena.

Rafel Durán, ex líder y ex concejal del PP de Palma, caso Palma Arena. Dimitió.

Jorge Moisés, ex gerente del velódromo, caso Palma Arena.

Raimundo Alabern, ex director gerente del Ibatur, caso Palma Arena.

Antonio Palerm, ex director de Deportes de Mallorca, caso Palma Arena.

Pedro Álvarez, consejero de Mallorca, ex concejal de Palma, caso Palma Arena.

Bartolomé Reus, ex consejero del Gobierno, caso Palma Arena.

Antònia Ordinas, ex gerente del Consorcio Cdeib, dos meses en prisión, expulsada del PP. Cinco delitos de corrupción en caso Scala-Cola Cao.

Kurt J. Viaene, ex director general de Industria, expulsado del PP, dos meses encarcelado por su implicación en el caso Scala-Cola Cao por cinco supuestos delitos.

José Manuel Alcaraz, presidente del PP de Formentera Ex jefe de Gabinete del consejero Cardona, caso Scala-Cola Cao.

Felipe Ferré, concejal del PP de Lloseta, caso Scala-Cola Cao.

Jaume Gil Cuenca, ex director general de Cultura. Caso Scala-Cola Cao.

Jaime Fernández, ex asesor de Calvià, caso Scala-Cola Cao.

Francisco Gálvez, ex director de Juventud, imputado por tres delitos en el caso Turismo Joven.

Damià Amengual, ex administrador de Turismo Joven y ex concejal.

Juanfrán Gosálvez, gestor, encarcelado bajo fianza por su implicación en el caso turismo joven.

Damián Vidal, ex gerente de la empresa implicada en el caso Bitel 2. Bajo fianza por cohecho, prevaricación, fraude, falsedad.

Ramón de la Iglesia, de Nuevas Generaciones del PP por el caso Bitel 2.

Miguel Ángel Bonet, asesor jurídico, imputado por falsedad, malversación y apropiación en el caso Ibatur.

Oscar Collado, ex gerente de la Funeraria de Palma. Encarcelado y bajo fianza por malversación, apropiación, cohecho, falsedad.

Marina Sans, concejal de Palma del PP, ex presidente de Funeraria, imputada por supuesta malversación.

Gabriel Cañellas, ex presidente balear, imputado por un contrato de su fundación Illes Balears y en el caso Bomsai.

Luís Ramis de Ayreflor. Ex consejero de Hacienda, imputado caso Bomsai por malversación, prevaricación y cohecho.

Jorge Sáinz de Baranda, ex director de Tributos, imputado y bajo fianza en el caso bomsai por malversación y prevaricación.

Joan Pol, ex director de Emergencias, imputado y bajo fianza por el caso Bomsai por cohecho, prevaricación y malversación.

(www.elpais.com, 29/06/10)

38. ISLAS BALEARES. ‘CASO GÜRTEL’. LA POLICÍA RASTREA LOS LAZOS DE LA 'GÜRTEL' CON MATAS

Suma y sigue. El agujero negro de la corrupción en Illes Balears se agiganta aún más. se tiró de la pista que conecta los tentáculos de la red Gürtel con el Govern del PP de Jaume Matas de la pasada legislatura (2003-2007).

Bajo las órdenes de Ignacio Lope Sola, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, la Policía Judicial y la Fiscalía Anticorrupción practicaron seis registros en la capital del archipiélago y en Madrid, dentro de la llamada operación Pasarela que investiga el presunto desvío irregular de fondos públicos desde el Institut Balear de Turisme (Ibatur), dependiente de la Conselleria de Turisme, que con Matas de presidente tuteló Joan Flaquer, hoy imputado y diputado autonómico. Al cierre de esta edición, no se había producido ninguna detención.

Los lazos con Gürtel emergieron al conocerse que uno de los inmuebles registrados es la sede de la Fundació Balears Sostenible, ubicada en el centro Costa Nord de Valldemossa. El organismo lo dirigió en la época de Matas Pau Collado. Este, una vez caído el Ejecutivo del PP en 2007, trabajó como consejero delegado de Easy Concept, una de las empresas claves de la red de Francisco Correa y de las que más facturó a Esperanza Aguirre. Collado, de hecho, está imputado en el caso.

Durante la era Matas y con Collado al frente, la Fundació Balears Sostenible lanzó la tarjeta verde que, con carácter voluntario, buscaba "obtener recursos para financiar iniciativas destinadas a la conservación del patrimonio natural y cultural, y a beneficiar a la imagen de Balears como destino turístico sostenible", según consta en la web. La tarjeta verde reemplazó la ecotasa, el impuesto creado por el anterior Govern socialista (1999-2003). Collado contrató a la empresa de Madrid Over Marketing y Comunicación presuntamente implicada en la Gürtel para que promocionase la tarjeta verde.

Además de en la Fundació Balears Sostenible y en Over, se efectuaron registros en el Real Pula Golf, en Son Servera. El club acogió sucesivos torneos de golf. Uno de ellos, el Mallorca Classic, al que Ibatur destinó más de cuatro millones de euros anuales entre 2004 y 2007 y que organizó Match Golf Consulting. Esta es una compañía con sede en Madrid, también rastreada por la Policía Judicial.

Durante más de tres horas el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán; policías y funcionarios judiciales rebuscaron documentación en la sede en Palma de la agencia de publicidad Clave, uno de los principales adjudicatarios de la conselleria de Flaquer.

Asimismo, se registraron las dependencias que Clave tiene en Llucmajor y en Santa Maria donde se sitúan las oficinas de La Moderna, la filial de organización de eventos, informa Efe. Clave es uno de los grandes grupos de comunicación y márketing de Balears. , la empresa afirmó en un comunicado que ha prestado "total colaboración" en el caso y expresó su "tranquilidad" con respecto a los contratos suscritos con Ibatur.

En febrero de 2009 fue detenido el ex secretario de Ibatur, Miquel Àngel Bonet. Fue puesto en libertad bajo fianza de 85.000 euros, acusado de malversación de caudales públicos y falsedad.

El imputado ya reconoció el año pasado los cargos. Dijo que había defraudado a las arcas públicas 20.000 euros en adjudicaciones irregulares a una familiar de 90 años. No sólo eso. Confesó haber hecho lo mismo con otros parientes: emitía facturas por trabajos nunca realizados, les ingresaba el dinero en el banco y, después, estos se lo reintegraban. En total, malversó unos 85.000 euros.

A partir de entonces, la fiscalía y el juez comenzaron a investigar las presuntas irregularidades cometidas por Ibatur, en su mayoría vinculadas a actos de promoción turística. Tal fue el caso de Honey Moon, un proyecto que la empresa pública presupuestó en 300.000 euros y al final alcanzó un coste de 800.000 euros.

Los registros de la operación Pasarela, derivada del caso Ibatur, desencadenaron enseguida las reacciones políticas. El presidente del Govern, el socialista Francesc Antich, pidió hoy "disculpas" a los ciudadanos. Reclamó que se aclaren los hechos, pero también "prudencia total y absoluta" en torno a la investigación, aún bajo secreto de sumario. Biel Barceló, líder del Partido Socialista de Mallorca, aliado de Antich, exigió responsabilidades políticas y calificó Pasarela como uno de los casos "más graves" descubiertos en las Illes.

(www.publico.es, 30/06/10)

39. ISLAS BALEARES. ‘INVESTIGAN LA FINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA QUE LLEVÓ A MATAS AL GOVERN EN 2003

La fiscalía anticorrupción de Balears registró en Madrid, y dentro de la llamada Operación Pasarela, la sede de la agencia de publicidad Over Marketing MCW (´Over´), diseñadora de la campaña electoral del PP insular en 2003, que llevó a la presidencia del Govern a Jaume Matas, y que también trabajó para ese partido en los comicios de 2007. Los jueces palmesanos José Castro y Juan Ignacio Lope Sola ordenaron siete registros, en ´Over´; la agencia de publicidad Clave; Amengual & Pino, la sede de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Balears (en Costa Nord); los domicilios de Match Golf Consulting S.L. y Reial Pula Golf, organizadoras del trofeo de golf Mallorca Classic y otra empresa en Santa María.

El juez José Castro, que instruye el sumario del caso Palma Arena, la presunta trama de corrupción en torno al velódromo del mismo nombre, dispuso la práctica de registros en dos inmuebles madrileños dentro de la primera fase de la Operación Pasarela. Ambos edificios figuran como sedes de ´Over´, aunque finalmente sólo se registró el actual domicilio, en la calle Zurbano 26 Bis.

La Operación Pasarela, que también investiga bajo secreto el juez Juan Ignacio Lope Sola, se centra fundamentalmente en la presunta trama de corrupción en torno al Instituto Balear de Turismo (Ibatur) en la etapa del Govern del PP. Anticorrupción presume que se desviaron importantes partidas de fondos públicos con ocasión de cientos de contratos, de poca y mucha cuantía, firmados por el Ibatur, que se dedicó al fomento de Balears como destino turístico a través de eventos deportivos y ferias.

El Ibatur patrocinó en 2007 con 350.000 euros el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, un contrato que investiga el juez Castro en el caso Palma Arena en una pieza separada. Castro también interrogó, el 31 de agosto de 2009, a Fernando Areal, cuñado del ex president del Govern del PP Jaume Matas y gerente del PP de Balears entre 2003 y 2008, por algunos gastos en la campaña electoral de las municipales y autonómicas del 2007.

En aquella declaración salió a relucir la agencia de publicidad ´Over´. Areal explicó que la empresa tan solo fue contratada por el PP para "el inicio de la campaña electoral". El ex tesorero de la fuerza conservadora añadió que "Over era una empresa de Madrid" y que prefirió "darle la campaña de 2007 a Nimbus porque la relación era más cercana y permitía una mejor comunicación". Areal no fue interrogado acerca de la campaña electoral del 2003, sobre la que ahora también se centran las sospechas. ´Over´ fue contratada después del 2003 por el Govern para distintas campañas y promociones.

Nimbus es sospechosa de haber cobrado en dinero negro gastos electorales del PP y de haber efectuado a ese partido importantes descuentos. Esas imputaciones se han extendido a la agencia madrileña.

El fiscal anticorrupción de Balears Pedro Horrach se desplazó a Madrid para coordinar los registros. Por la mañana, visitó la sede de Matc Golf Consulting, ubicada en el número 31 de la calle Doctor Fleming. Hacia las cuatro de la tarde agentes del Cuerpo Nacional de Policía, Pedro Horrach y una comisión judicial entraron en las oficinas de ´Over´ de la calle Zurbano.

Tanto en Mallorca, como en Madrid las comisiones judiciales se incautaron de documentos en soporte papel e informático. Los investigadores buscaron papeles muy concretos, sobre determinados expedientes, pero también intervinieron otros documentos llamativos.

En Palma se visitó la empresa de publicidad Clave, situada junto al primero de los molinos de la calle Industria. En Marratxí uno de los equipos movilizados registró la empresa Amengual & Pino, situada en la calle Teixidors, 12. Esta sociedad está vinculada al ex gerente del Ibatur Juan Carlos Alía Pino y Joan Antoni Ramonell, ex alcalde del PP en Montuïri.

La Policía también se personó en el complejo Pula Golf, situado en Son Servera y en Costa Nord, donde radica la Fundación para el Desarrollo Sostenible y situada en Valldemosa. También se inspeccionó otra empresa ubicada en un polígono de Santa María.

(www.diariodemallorca.es, 30/06/10)

40. ISLAS BALEARES. INVESTIGAN SI ROSA ESTARÁS Y OTROS CARGOS DEL PP RECIBIERON REGALOS DE LA TRAMA

La investigación sobre el caso Ibatur ha abierto un nuevo frente: los supuestos regalos y prebendas que algunos altos cargos del PP recibieron de la trama. Rosa Estarás y al menos otra media docena de importantes políticos populares del Govern de Matas aparecen en el punto de mira policial.

La pista se encontró casualmente el miércoles, durante el exhaustivo registro en las instalaciones de Pula Golf, en Son Servera. Los funcionarios localizaron algunas facturas que indicarían que Rosa Estarás habría pasado, supuestamente, muchas veladas y días invitada en el hotel de Romeo Sala o en las instalaciones.

El caso de Estarás no sería una excepción en la trama de prebendas y también se está investigando si por ejemplo Lluís Ramis de Ayreflor, por entonces conseller de Economía, recibió algún tipo de trato especial.

Los investigadores han averiguado que la presencia de altos cargos del PP de Matas en Pula Golf era continua y hay muchas sospechas de que no todos pagaban las facturas. El problema, para los políticos que recibían supuestamente esos regalos, estribaría en que podrían haber cometido un delito de cohecho, ya que concedían subvenciones millonarias y después tenían un trato "preferente" con esos empresarios, entre ellos Romeo Sala.

Además de las estancias gratis en Pula Golf, también se siguen varias pistas sobre viajes y estancias en otros hoteles, tanto de Mallorca como de Canarias o la Península.

(www.ultimahora.es, 01/07/10)

41. ISLAS BALEARES. DETENIDOS LOS TRES RESPONSABLES DEL IBATUR CON EL GOVERN MATAS

Los tres responsables del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) en la pasada legislatura fueron detenidos y durmieron en los calabozos de la Policía Nacional de Palma. Se trata de los altos cargos del PP Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern, ambos ex directores-gerentes del Ibatur, y de Miquel Àngel Bonet, ex secretario de dicho organismo de promoción turística de Balears.

Este último, representado por Gaspar Oliver, ya fue detenido en febrero del año pasado y confesó posteriormente haber falsificado facturas para desviar dinero público para sus fines particulares, dando origen al hoy llamado caso Ibatur.

Los arrestos se produjeron entre las nueve y media y las diez y media de la noche de , minutos después de que concluyera el interrogatorio a cinco empleados del Ibatur –cuatro mujeres y un hombre, todos ellos jefes de departamento– que habían sido detenidos por la mañana. Todos ellos admitieron ante los investigadores haber manipulado decenas de expedientes de contratación y fraccionado facturas, siguiendo las órdenes de su superiores Alía, Alabern y también de Bonet. Los empleados confesaron la existencia de un entramado en el Ibatur para dar trato de favor siempre a las mismas empresas, especialmente la agencia de publicidad Clave.

Alabern –defendido por José Zaforteza– sucedió a Alía al frente del Ibatur en 2004, tras destaparse el escándalo del club de alterne Rasputín, en Moscú. Los dos fueron la mano derecha del anterior conseller de Turismo, Joan Flaquer. Con todo, los empleados del Ibatur no implicaron en sus declaraciones al hoy diputado del PP, si bien los investigadores no descartan que estuviera al tanto de la trama.

Los detenidos llegaron en sendos coches policiales a la Jefatura Superior, y se prevé que hoy sean interrogados por los agentes; posteriormente se determinará si salen en libertad o por contra pasan a disposición judicial.

La Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con el Grupo de delitos económicos de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria de Balears investiga los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración, falsedad mercantil y oficial, y contra la Hacienda pública, en el seno del Ibatur durante la pasada legislatura.

Después de más de un año de pesquisas, el martes estalló la operación Pasarela, que se saldó con un total de 10 detenciones; además de las mencionadas, se arrestó a un empresario y un testaferro, quedando este último en libertad, al igual que los cinco trabajadores del Ibatur.

(www.diariodemallorca.es, 01/07/10)