ÍNDICE

1. RAJOY VUELVE A EROSIONAR LA SOLVENCIA DE ESPAÑA

2. RAJOY NO ACEPTARÍA UNA COALICIÓN PRESIDIDA POR ZAPATERO

3. LA ‘MUSA DE LA IZQUIERDA’ GANA AL DÍA CASI LO QUE UNA VIUDA AL MES, IGUAL QUE UN HUÉRFANO Y MÁS QUE UN PARADO

4. LOS MARIANISTAS ESCENIFICAN UN MINI-DISTANCIAMIENTO ENTRE AZNAR Y RAJOY

5. PONS CITA AHORA A CAMPS COMO "EJEMPLO DE LAS POLÍTICAS DEL PP"

6. ‘CASO GÜRTEL’. EL PP PROCLAMARÁ A CAMPS CANDIDATO EN SEPTIEMBRE SIN ESPERAR LA RESOLUCIÓN DE GÜRTEL

7. ‘CASO GÜRTEL’. MAGISTRADOS AFINES AL PP QUIEREN ANULAR 70 PRECEPTOS DEL ESTATUTO

8. ‘CASO GÜRTEL’. LA FISCALÍA CONSIDERA GRAVES LOS ATAQUES DEL PP CONTRA LOS FUNCIONARIOS DEL CASO

9. EL PP ESTUDIA LLEVAR TAMBIÉN AL CONGRESO SU PROPUESTA SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL BURKA

10. GALICIA. FEIJÓO, ACUSADO DE HINCHAR EL COSTE DE UNA AUTOVÍA

11. GALICIA. FEIJÓO GASTARÁ EN PLENA CRISIS 191.000 EUROS EN SILLAS

12. GALICIA. LA XUNTA LEGALIZA 11 CHALÉS DE VIVEIRO CON ORDEN DE DEMOLICIÓN

13. GALICIA. EL PP SEGUIRÁ CONTANDO CON EL EDIL CONDENADO EN GONDOMAR

14. ANDALUCÍA. EL PP Y COLEGAS SE ALÍAN CONTRA EL ORGULLO DEL SUR

15. ANDALUCÍA. EL ALCALDE PEPERO DE HUELVA SE RETRATA: "CADA DÍA LOS POLÍTICOS DICEN UNA COSA"

16. COMUNIDAD DE MADRID. 91 ALTOS CARGOS DE LA AUSTERA AGUIRRE GANAN MÁS QUE ZAPATERO

17. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. LA POLICÍA IMPLICA A OTRAS 20 PERSONAS EN LA TRAMA GÜRTEL EN MADRID

18. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. AGUIRRE PAGÓ A MQM FACTURAS HINCHADAS HASTA EL 400%

19. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP. "GAMÓN YA INVESTIGABA DESDE 2006 A PRADA PARA IGNACIO GONZÁLEZ"

20. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP. AGUIRRE: "IGNACIO GONZÁLEZ NO ORDENÓ ESPIAR A ALFREDO PRADA"

21. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP. AGUIRRE DEJA CAER AL JEFE DE LOS ESPÍAS TRAS SER ACUSADO POR SU EX ESPOSA

22. COMUNIDAD DE MADRID. GONZÁLEZ CALLA ANTE LA ACUSACIÓN DE QUE ORDENÓ ESPIAR A PRADA

23. COMUNIDAD DE MADRID. AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR. IMPUTADOS EL EDIL DE SEGURIDAD Y EL JEFE DE POLICÍA

24. COMUNIDAD DE MADRID. EL CONSISTORIO DEL PP PAGA 1,55 MILLONES MÁS A UNA EMPRESA DEL 'CASO GÜRTEL'

25. COMUNIDAD DE MADRID. ROBLEDO INSISTE EN NEGAR EL PADRÓN A LOS INMIGRANTES EN PARO

26. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CAMPS REMITE A LAS CUENTAS DE LA FUNDACIÓN PARA CONOCER EL DONATIVO AL PAPA

27. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. UN MES DE PENAS Y FATALIDADES

28. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. COSTA: "SI MI HERMANO TIENE RESPONSABILIDAD EN GÜRTEL, MÁS TIENE CAMPS"

29. COMUNIDAD VALENCIANA. LA GENERALITAT LLEVA GASTADOS MÁS DE 211 MILLONES EN LA CARRERA DE FÓRMULA 1

30. COMUNIDAD VALENCIANA. COTINO VENDE SEDESA PARA LIBRARSE DEL LASTRE DE GÜRTEL Y FRENAR LAS CRÍTICAS AL VICEPRESIDENTE

31. COMUNIDAD VALENCIANA. CARLOS FABRA: ´SERÉ INOCENTE HASTA EL DÍA QUE HAYA UNA SENTENCIA QUE ME CONDENE´

32. COMUNIDAD VALENCIANA. LA JUEZ REPRUEBA A RUS

33. CASTILLA Y LEÓN. EL MENÚ ANTICRISIS DE HERRERA

34. REGIÓN DE MURCIA. PRESENTAN QUERELLA EN EL TSJ CONTRA EL PRESIDENTE VALCÁRCEL POR EL CASO DE LA BALSA JENNY

35. REGIÓN DE MURCIA. LA FISCALÍA DENUNCIA UN POSIBLE DELITO DE PREVARICACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

36. ISLAS BALEARES. MATAS AMENAZA A BASAGOITI CON QUERELLARSE SI LE ACUSA DE ALGÚN DELITO

37. ISLAS BALEARES. MATAS ESTÁ IMPUTADO EN CASI TODAS LAS 22 CAUSAS SEPARADAS DEL CASO PALMA ARENA

38. ISLAS BALEARES. EL EX PRESIDENT DEL GOVERN JAUME MATAS PONE A LA VENTA SU CASA DE LA RAMBLA POR 650.000 EUROS

39. ISLAS BALEARES. EL FISCAL AFIRMA QUE JAUME MATAS AÚN TIENE MEDIOS ECONÓMICOS PARA FUGARSE

40. ISLAS BALEARES. LA FUNDACIÓN DE CAÑELLAS RECLAMA AL AYUNTAMIENTO DE ANDRATX 65.000 EUROS

41. ISLAS BALEARES. EL JUEZ ADVIRTIÓ TRES VECES A RODRÍGUEZ DE QUE PODÍA IMPUTARLO POR FALSO TESTIMONIO

42. ISLAS BALEARES. EL IMPUTADO CARDONA RENUNCIA A SU ESCAÑO Y ABANDONA LA POLÍTICA

43. ISLAS BALEARES. EL JUEZ REANUDA LOS INTERROGATORIOS DEL CASO BOMSAI TRAS ALZARSE EL SECRETO DE SUMARIO

44. ISLAS BALEARES. IMPUTADO JOAN FLAQUER EN EL ‘CASO CASTELL DE SANT ELM’

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1. RAJOY VUELVE A EROSIONAR LA SOLVENCIA DE ESPAÑA

Remando contra corriente. Da igual que el Fondo Monetario Internacional y la UE apoyen las medidas de José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del PP, Mariano Rajoy, insistió en que "hay dudas sobre nuestra solvencia a la hora de pagar la deuda pública, desconfianza e incertidumbre". El jefe de la oposición señaló de nuevo al culpable: el Gobierno socialista. "Llevamos años sin reformas, gastando lo que no teníamos y con medidas improvisadas, ininteligibles y contradictorias", denunció. Para reforzar su idea, Rajoy quiso diferenciar bien entre el Ejecutivo y los españoles. Mantuvo que "España es un gran país y los emprendedores y trabajadores han demostrado que cuando hay un gobierno que les da confianza, están a la altura". "Este país va a salir adelante una vez más ya que la sociedad española sí que hace sus deberes", proclamó.

Rajoy hizo este discurso en Barcelona durante el mitin de presentación de los cuatro cabeza de lista provinciales a las elecciones autonómicas catalanas. En el acto aprovechó también para criticar la subida de impuestos del Gobierno y señalar que "el decretazo fue un error, una injusticia y una gran oportunidad perdida". También cargó contra la reforma del mercado laboral que ha llegado, según él, "en tiempo de descuento". El dirigente conservador dijo que la reforma prevista "está sujeta a interpretaciones diversas" y advirtió que si no se modifica en el trámite parlamentario, será "un germen de conflictos y de discusiones ante los tribunales". Rajoy no presentó ninguna alternativa firme y se limitó a reclamar un texto "global" y "claro" que sirva "para crear empleo y no para evitar que se destruya".

Entre sus propuestas ante la situación actual de crisis, Rajoy habló de bajar los impuestos para fomentar el consumo y de ayudar a los empresarios: "Hay que apoyar a los emprendedores para apoyar a los trabajadores, pero parece que algunos no se enteran".

Finalmente, mientras alguien del público le pedía que hablara de "los valores", Rajoy se refirió a la reforma de la Ley de Cajas de ahorros. A su juicio, el cambio es necesario y "urgente" para permitir que las cajas "puedan ir al mercado a conseguir recursos para ser más solventes". Según prometió, si no lo propone el presidente del Gobierno próximamente, él mismo lo hará. Durante su discurso ante los casi 2.000 simpatizantes del PP que llegaron en autocar de ciudades y pueblos de toda Catalunya, Rajoy aseguró que su formación es "previsible" por que, según dijo, cumple siempre su palabra y anunció que ya ha llegado el momento "de hacer las cosas bien".

Con la visita de , el líder conservador ya ha acudido a Catalunya en ocho ocasiones en lo que va de año para participar en sardinadas o pasear por la avenida Diagonal. Esta insistencia en Catalunya demuestra, según fuentes conservadoras, la voluntad del partido para conseguir más peso en una plaza que siempre se les ha resistido. En el partido están estudiando, además, la posibilidad de que Rajoy se desplace a realizar buena parte la campaña catalana junto a su candidata Alicia Sánchez-Camacho.

Precisamente el tono de Rajoy contrastó mucho con el de la presidenta del PP catalán y con el aire festivo y moderno que los conservadores quieren conseguir en Catalunya, un sello que funcionó en el País Vasco y que fue bautizado como "política pop".

En el escenario había tres pantallas gigantes y gente joven sentada en originales cubos de madera. Los vídeos de presentación de los candidatos se mezclaban con sombras de jóvenes bailando. Camacho formuló su discurso como si le estuviera describiendo a Rajoy cómo es Catalunya y empezó diciendo: "Presidente, somos un partido moderno".

Antes del mitin, que además del transporte en autocar ofrecía salchichas, refrescos y palomitas gratis a todos los asistentes, una banda de música tocaba versiones encima del escenario para amenizar el acto.

(www.publico.es, 20/06/10)

2. RAJOY NO ACEPTARÍA UNA COALICIÓN PRESIDIDA POR ZAPATERO

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha presentado en Madrid sus propuestas económicas ante empresarios y banqueros. Preguntado por las palabras de Javier Arenas sobre una posible gran coalición PSOE-PP, Rajoy ha dicho que "no aceptaría un Gobierno de coalición presidido por Zapatero". "No creo en él", ha aclarado el líder popular. El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha avanzado que su formación propondrá que en la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros las entidades que lo deseen puedan separar la actividad bancaria de la fundacional, crear cuotas participativas con derechos de voto y "una definición más precisa de la normativa de los sistemas institucionales de protección". Según explicó, el objetivo es facilitar la captación de capital en los mercados.

Además, el líder de la oposición afirmó que es preciso hacer alguna reforma en el ámbito institucional de las cajas de ahorros, como hacer "incompatible" la condición de cargos políticos con la de miembro de algún órgano de gobierno de las cajas.

Rajoy hizo estas declaraciones en un encuentro informativo organizado por el Foro Nueva Economía, al que acudieron la secretaria general, María Dolores de Cospedal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, la portavoz parlamentaria en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, la vicesecretaria de organización, Ana Mato y el presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato. Todos ello posaron conjuntamente antes del inicio del acto.

(www.cadenaser.com, 25/06/10)

3. LA ‘MUSA DE LA IZQUIERDA’ GANA AL DÍA CASI LO QUE UNA VIUDA AL MES, IGUAL QUE UN HUÉRFANO Y MÁS QUE UN PARADO

Ni Mariano Rajoy, ni sus compañeros de la calle Génova, ni las Cortes de Castilla-La Mancha, ni el PSOE, ni las medidas de austeridad y ahorro de comunidades y ayuntamientos; ni siquiera el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, el regidor mejor pagado de España (100.000 euros), que finalmente ha decidido rebajarse el salario, han conseguido que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, renuncie a uno de sus dos millonarios sueldos (por el Senado gana 78.940,49 euros y cerca de 130.000 en el PP), a los que se aferra como a un clavo ardiendo, mientras que se erige en "líder obrera" y repite que el PP es el "partido de los trabajadores", con la aquiescencia de los secretarios generales de UGT y CC OO, a los que, además, cuestiona, insulta y les niega representatividad laboral.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ni pestañeó cuando hace quince días aseguró en Guadalajara que el "PP es el partido de los trabajadores, de los pensionistas y de los parados". No contenta con esto, siete días después volvió a aparecer en Castilla-La Mancha (comunidad a la que dedica dos días a la semana), y con pañuelo palestino en ristre (de marca, claro), se presentó ante los medios como la "lideresa obrera", defensora de todas las causas justas y "Quijote" de los oprimidos. Pero, eso sí, sin renunciar a sus cerca de 230.000 euros que le proporcionan sus dos sueldos públicos y otros ingresos atípicos procedentes también de las arcas públicas del Estado.

La decisión de Cospedal de erigirse en defensora de los trabajadores ha provocado el cachondeo nacional y generalizado de los columnistas de la prensa diaria en España. Desde El Mundo, pasando por ABC y La Razón, periódicos todos ellos de clara "tendencia izquierdista", han analizado el "ramalazo currela" que le ha salido a la secretaria general del PP, que lejos de rectificar sus ambiciones sindicalistas corrobora una y otra vez su condición de "secretaria general del partido de los trabajadores".

Una "trabajadora", eso sí, que gana todos los días, cada 24 horas, la nada desdeñable cantidad de 630 euros. O lo que es lo mismo, María Dolores de Cospedal se lleva diariamente a su casa madrileña el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (633,30), la mensualidad de un jubilado sin cónyuge (587,80), la paga de 30 días de un trabajador jubilado por incapacidad permanente (557,50), la mensualidad de un huérfano (624,30), lo que cobra una trabajador por la prestación contributiva por desempleo (492), la ayuda que reciben los parados sin protección (420) o lo que casi una viuda ingresa al mes (679,70). Sin embargo, Cospedal se siente próxima a los trabajadores, a los que dice representar y defender.

La provocación de Cospedal, la falta de respeto de la secretaria general del PP con los más necesitados, ha incitado la indignación de los socialistas castellano-manchegos, que a través de su secretaria de Comunicación, Esther Padilla, han criticado que la "líder obrera" se alce como "defensora de los trabajadores y no explique a nadie que esté cobrando más de 220.000 euros al año", añade Padilla, "cuando una, con pañuelo palestino enrollado en el cuello, se pone a decir que va a defender a los trabajadores y resulta que cobra un salario interprofesional al día, hay que tener cara dura para decir que defiende a los trabajadores y pensionistas".

La indignación socialista contrasta con la indiferencia de las dos principales centrales sindicales del país. Tanto el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, como su homólogo de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, han eludido defenderse de los ataques diarios de Cospedal ni exigirle la renuncia moral a uno de sus dos sueldos públicos, máxime cuando la secretaria general del PP ningunea a ambos líderes obreros y se erige como la auténtica defensora de los trabajadores.

(www.elplural.com, 23/06/10)

4. LOS MARIANISTAS ESCENIFICAN UN MINI-DISTANCIAMIENTO ENTRE AZNAR Y RAJOY

Más allá de sus diferencias y recelos personales, Mariano Rajoy se ha encomendado a la estrategia de oposición de línea dura que marca la FAES para llegar a la Moncloa, lo que pasa por cargar las tintas en la crisis económica y mantener una actitud obstruccionista respecto a las medidas económicas del Gobierno o por recuperar ETA como elemento de oposición. Es una apuesta arriesgada porque además de dificultar su acceso al voto moderado ofrece una imagen de entreguismo del líder actual a su antecesor, lo que ya en anteriores ocasiones ha suscitado alarmas en Génova. Pero ya hay movimientos para recuperar una imagen de distanciamiento. Un medio marianista que ya dio cuenta del malestar de Rajoy después de que Aznar le ridiculizara en Sevilla apunta ahora a una fractura entre nueva y vieja guardia de cara a la inminente celebración del campus FAES este verano. Pero otros medios de la órbita del PP no tienen inconveniente en celebrar que Rajoy siga reclutando altos cargos aznaristas.

Rajoy no ha tenido inconveniente en, a pesar de los numerosos desplantes públicos que le ha dedicado su antecesor, cortejar el apoyo de la FAES con hombres puente entre la dirección nacional y la fundación de Aznar, de ahí el fichaje de Baudilio Tomé o la rehabilitación pública de Carlos Aragonés.

La estrategia ha dado como resultado un considerable aumento de influencia de la fundación ideológica a la hora de marcar la agenda de la oposición, lo que ha supuesto aceptar sus postulados de que no había que colaborar con el Gobierno en la recuperación económica o rescatar ETA como elemento de confrontación, así como multiplicar la presencia mediática de Mayor Oreja o de Aznar. Pero el reverso de ese apoyo es que Rajoy ha tenido que aparecer como telonero de Aznar, Mayor o Acebes en actos de FAES, lo que ha provocado desde burlas de los medios más aznaristas hasta editoriales en El País sobre el daño que le podían hacer esas imágenes.

¿Preocupa en Génova la imagen de un líder del PP tutelado? Un medio en sintonía con Génova como elconfidencial.com, al cual se filtró en su día el malestar de Rajoy con Aznar después de que éste le ridiculizara en un acto de FAES en Sevilla, apunta ahora a una fractura entre nueva y vieja guardia de cara a la inminente celebración del campus FAES de verano. Este miércoles el digital de Federico Quevedo, portavoz oficioso del marianismo en la red, alertaba de un ninguneo al equipo de Rajoy porque en los cursos no estarían presentes ni Cospedal, ni Sáenz de Santamaría, ni Montoro ni nadie de su equipo económico.

En realidad fue Rajoy –que sí clausurará como cada año el campus- quien vendió a Montoro hace meses al respaldar un acto de FAES en el que se reivindicaban las políticas económicas de Aznar y donde además de la presencia de éste último junto a Rodrigo Rato o Luis de Guindos destacó la ausencia del actual portavoz económico del PP. Además Montoro se ha visto obligado a marcar en momentos puntuales algunas distancias respecto al discurso obstruccionista en economía de Aznar y sus satélites de propaganda, como cuando apoyó el FROB o reconoció que el rescate de Grecia y la aportación de España al mismo eran necesarias. Ahora a vuelto a ser el encargado de ofrecer la imagen pactista al rubricar con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, el pacto para que no suba la tarifa de luz a partir de julio.

Versión muy diferente a ese presunto distanciamiento que dejan caer los marianistas es la que están ofreciendo otros medios de la órbita del PP.

(www.elplural.com, 25/06/10)

5. PONS CITA AHORA A CAMPS COMO "EJEMPLO DE LAS POLÍTICAS DEL PP"

Primero fueron Esperanza Aguirre y Alberto Núñez Feijóo y ahora le toca el turno a Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, no tiene ninguna duda: Camps es "un ejemplo de políticas del PP", después de que el lunes dijera lo mismo de Alberto Núñez Feijóo y de Esperanza Aguirre, a los que citó como "ejemplo de austeridad para otras comunidades autónomas".

Pons fue preguntado si la defensa que hizo sobre las políticas de austeridad aplicadas en Galicia y Madrid, la extiende también a otros barones como Francisco Camps. Argumentó que puso de ejemplo al presidente de la Xunta y la jefa de la Comunidad de Madrid porque fue por los que se le preguntó en rueda de prensa pero aseguró que Camps es "un ejemplo de políticas del PP exactamente igual que lo son Feijóo y Esperanza Aguirre".

Además, el portavoz del Partido Popular tildó de "impensable" presentarse como candidato a las elecciones autonómicas de la Comunitat Valenciana y aseguró que cuando cogió "el billete de ida hacia la política nacional" no llevó "billete de vuelta".

Pons enfatizó que su partido esperará a la conclusión final del Tribunal de Cuentas antes de denunciar por qué los bancos han perdonado la deuda al PSOE. "Lo gordo del asunto es que se lo han perdonado cuando han llegado al Gobierno. A ningún español le han perdonado jamás una deuda los bancos", remarcó.

Por último, al ser preguntado sobre la posibilidad de que los diputados reciban el nuevo iPhone 4, respondió no haber recibido noticias sobre este asunto aunque destacó que el material de trabajo no se debe "despreciar nunca". "Nosotros tenemos que tener recursos para poder trabajar, no tenemos que tener lujos superfluos y menos en ésta época", concluyó.

(www.publico.es, 22/06/10)

6. ‘CASO GÜRTEL’. EL PP PROCLAMARÁ A CAMPS CANDIDATO EN SEPTIEMBRE SIN ESPERAR LA RESOLUCIÓN DE GÜRTEL

La dirección nacional del PP tiene previsto abrir el curso político en septiembre con un gran acto de proclamación de todos sus candidatos a las elecciones autonómicas del 22 de mayo de 2011, sin esperar a que haya una resolución judicial sobre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, presuntamente implicado en el caso Gürtel, informaron fuentes populares.

Las mismas fuentes expusieron que los procesos judiciales no van a condicionar la actividad del partido porque estos son muy lentos y pueden pasar meses hasta que se adopte una decisión. Por ello, insistieron en que la previsión es realizar un acto en septiembre en el que se proclamen todos los candidatos.

Antes de esa puesta de largo, el Comité Electoral Nacional que preside el ex ministro Cañete, órgano que se da por hecho que no se reunirá hasta septiembre, aunque lo previsto era que lo hiciera a finales de julio. Tras la presentación conjunta de los candidatos, el líder del PP, Mariano Rajoy, se desplazará a cada comunidad autónoma para celebrar actos individuales de proclamación con cada uno de sus cabezas de cartel. Hasta ahora, sólo ha sido designada formalmente candidata la aragonesa Luisa Fernanda Rudi.

En este caso, la dirección nacional se ajustará a los intereses de cada autonomía, pero lo cierto es que no hay prisa en fijar una fecha para que Rajoy viaje a Valencia para hacerse una foto con Francisco Camps, según admiten varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Así, estas fuentes creen que hay que dejar en stand-by esa fecha, a la espera de ver cómo evoluciona en los tribunales la ramificación valenciana del caso Gürtel, ante la posibilidad de que el jefe del Consell pueda sentarse en el banquillo por la causa de los trajes.

El PPCV sostiene que ya ha confirmado a Camps, pero recuerda que en la proclamación oficial es Madrid quien "marca el tiempo". "Eso lo hacen desde Madrid, si eso fuera un tema nuestro ya estaría", dijo hace poco Alfonso Rus, líder del PP de Valencia.

(www.levante-emv.com, 21/06/10)

7. ‘CASO GÜRTEL’. MAGISTRADOS AFINES AL PP QUIEREN ANULAR 70 PRECEPTOS DEL ESTATUTO

Los magistrados del Tribunal Constitucional afines al Partido Popular son partidarios de declarar inconstitucionales alrededor de 70 preceptos del Estatuto de Cataluña, y no menos de 35 en el mejor de los supuestos, según se desprende de los documentos que manejarán en el Pleno para deliberar sobre la sentencia señalado para el próximo lunes y los siguientes días de la semana.

El Pleno comenzará a deliberar y votar previsiblemente esa misma semana la ponencia elaborada por la presidenta del alto tribunal, la progresista María Emilia Casas, que, de no conseguir los apoyos suficientes, se votará por bloques, por artículos y por preceptos.

La ponencia presentada por la presidenta ha rehecho gran parte de la presentada por la magistrada Elisa Pérez Vera, pero el resultado es similar: 13 declaraciones de inconstitucionalidad, una menos que Pérez Vera, y 24 preceptos sometidos a interpretación de conformidad.

La propuesta del vicepresidente, el conservador Guillermo Jiménez, elevó a 22 el número de preceptos inconstitucionales, pero tampoco obtuvo apoyos.

El magistrado conservador Ramón Rodríguez Arribas no ha elaborado una ponencia como tal, pero de las sucesivas propuestas que ha ido formulando se desprende que considera inconstitucionales un total de 35 preceptos, y sometería otros 65 a interpretaciones de conformidad.

La de Rodríguez Arribas sería la postura menos beligerante hacia el Estatuto catalán dentro de los magistrados afines al PP, y aún así triplica en dureza la ponencia de Casas. Rodríguez Arribas, uno de los tres magistrados del pacto de La Maestranza, patrocinó un intento de acercamiento a la posición progresista mayoritaria junto con el vicepresidente Jiménez y el magistrado Manuel Aragón, pero al final parece que han acabado cada uno por su lado.

La ponencia elaborada por el conservador Jorge Rodríguez Zapata para el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra el Estatuto contiene 53 declaraciones de inconstitucionalidad y 46 reinterpretaciones de preceptos, según fuentes jurídicas. Rodríguez Zapata se sitúa en el sector de magistrados que han demostrado una mayor animosidad contra la norma, en el que también se encuentran Javier Delgado y Vicente Conde. Dado que el recurso del PP y el del Defensor coinciden en gran medida -este último no impugnó el Preámbulo, y apenas tres artículos del Título Preliminar y dos del Título Primero-, el resultado final de preceptos que este sector declararía inconstitucionales se sitúa en torno a los 70, según las citadas fuentes.

Los cinco magistrados conservadores están dispuestos a concluir la sentencia cuanto antes, a fin de proceder a la renovación y allanar el acceso al tribunal de los candidatos Enrique López y Francisco José Hernando, según las mismas fuentes.

(www.elpais.com, 19/06/10)

8. ‘CASO GÜRTEL’. LA FISCALÍA CONSIDERA GRAVES LOS ATAQUES DEL PP CONTRA LOS FUNCIONARIOS DEL CASO

La Fiscalía ha impugnado el recurso del PP contra la decisión del instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, de remitir parte de la causa a Valencia y ha denunciado la gravedad de las acusaciones de ese partido contra funcionarios públicos. En el escrito remitido al juez el viernes, la Fiscalía Anticorrupción expresa "la gravedad" que comporta la actuación procesal del PP, que -dice- para oponerse a una decisión judicial "vierte sobre distintos funcionarios públicos" acusaciones de parcialidad, falta de rigor y objetividad y ligereza.

Anticorrupción enumera las descalificaciones que, en su recurso contra la inhibición de Pedreira, el PP dirige a la Fiscalía, a la que acusa de perder la imparcialidad, presentar una visión tendenciosa y "rayar incluso en el fraude procesal". Indica que todas estas imputaciones "deben entenderse extensivas" al juez instructor, ya que éste acogió íntegramente la argumentación del Ministerio Público, y recuerda que el PP también tildó de "peritos parciales" del fiscal a los inspectores de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía (UDEF), los de la Agencia Tributaria y los interventores del Estado.

Anticorrupción defiende la imparcialidad de todas las unidades de auxilio judicial cuyos informes han determinado la inhibición de Pedreira y resalta que ninguna de ellas depende de la Fiscalía "en modo alguno", sino del juez instructor. Para la Fiscalía, la "corrección formal" es si cabe más exigible cuando se trata de una acusación popular, como la que ejerce el PP en el caso, "toda vez que ni siquiera puede ampararse en la vehemencia de la defensa".

En este sentido, añade que "hay que partir de la presunción de que (el PP), en tanto continúa personado como acusación popular continúa comprometido en el ejercicio de la función constitucional" que a esta acusación corresponde, "absolutamente alejada de la posición procesal de defensa". Además, las fiscales Concepción Sabadell y Miriam Segura insisten en que la inhibición del magistrado del TSJM al TSJCV es totalmente procedente debido al aforamiento de las personas investigadas y la "conexidad" de los delitos.

Así, reitera que el último informe de la Intervención General del Estado ha revelado irregularidades en la contratación entre la Generalitat y Orange Market, dirigida por El Bigotes, considerado el cerebro de la trama en Valencia.

Recuerda que en varios de esos expedientes intervinieron algunos de los imputados -como Rafael Betoret- y que, por ello, el delito de cohecho que se investigaba en Valencia podría no ser "en algunos casos" impropio.

Otro informe al que alude es el de la Agencia Tributaria del 6 de mayo, que destapó posibles delitos electorales en la contratación y facturación entre Orange Market y el PP de Valencia en 2007, año delos comicios autonómicos.

(www.levante-emv.com, 23/06/10)

9. EL PP ESTUDIA LLEVAR TAMBIÉN AL CONGRESO SU PROPUESTA SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL BURKA

El PP obtuvo una victoria en el Senado a raíz de la polémica surgida en torno a la prohibición del uso del burka, y ahora se plantea la posibilidad de conseguir un resultado parecido en el Congreso de los Diputados. El cambio de postura de CiU y su voto a favor de la moción presentada por Alicia Sánchez Camacho en la que se instaba al Gobierno a prohibir el uso del velo integral en todos los espacios públicos, incluida la calle, permitió a los populares salir airosos con su propuesta. Sin embargo, CiU no parece partidario de crear una nueva ley específica para regular el uso de la polémica prenda, por lo que la victoria en el Congreso no estaría garantizada.

Parece que a los populares les ha gustado la sensación de anotarse una victoria en Senado, más aún a raíz de un tema tan polémico como la utilización de los velos islámicos integrales como el burka y el niqab. Por ello, según recoge El Periódico de Catalunya, los conservadores están estudiando llevar ahora al Congreso una moción similar a la que se votó en el Senado. En cualquier caso, el grupo parlamentario ha reconocido que la discusión no sería inmediata, puesto que el calendario está actualmente muy ajustado.

Además, el PP tampoco las tiene todas consigo para volver a contar con el apoyo de CiU en este nuevo cometido. La formación catalana no se posicionó a favor de los populares en el Senado en un primer momento, y apoyó la enmienda firmada por el resto de los grupos políticos en la que se condenaba el uso del velo integral pero no se proponía su prohibición. Sólo a última hora CiU cambió el sentido de su voto para apoyar la propuesta del PP, que sumó 131 votos a favor frente a 129 en contra.

En cualquier caso, CiU ya ha movido sus fichas para elevar el tema al Congreso, aunque en una vía distinta a la que se plantea el PP: registrando una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a que pida al Consejo de Estado un estudio sobre la utilización del velo integral, pero dentro del marco del ordenamiento jurídico vigente. La portavoz de la formación catalanista en la Comisión de Igualdad, Mercè Pigem, señaló que la posibilidad o no de llevar el burka "está generando un intenso debate social por los posibles aspectos discriminatorios que conlleva para las mujeres que lo visten", e insistió en que el Consejo de Estado, como "el supremo órgano consultivo del Gobierno", debe estudiar el tema, dado que "su función principal es la de emitir dictámenes a petición de la autoridad consultante".

(www.elplural.com, 24/06/10)

10. GALICIA. FEIJÓO, ACUSADO DE HINCHAR EL COSTE DE UNA AUTOVÍA

El líder del PSdeG-PSOE, Manuel Pachi Vázquez, acusó al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo de adjudicar por 352 euros más que el bipartito el proyecto de construcción de la autovía de la Costa da Morte.

En la sesión de control del Parlamento gallego, Vázquez se lamentó de que el presidente de la Xunta no haya explicado por qué "rescindió" la primera adjudicación, de 584,5 millones de euros, realizada por el anterior ejecutivo. Y por qué ha vuelto a adjudicar nuevamente, esta vez por 937,5 millones, esta autovía Carballo-Berdoias.

Además, se da la circunstancia de que, según sostienen los socialistas, la adjudicación ha sido realizada a la oferta más cara, a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por FCC. "Supera en 263 millones de euros la oferta más económica, la de Dragados", explican fuentes del partido.

En su turno, el presidente de la Xunta rechazó las críticas de los socialistas argumentando que en los concursos "lo primero es la puntuación técnica". E invitó a los socialistas a denunciar el caso si observan irregularidades.

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas aseguraron que, pese a las palabras de los socialistas, la adjudicación no ha sido todavía realizada. No obstante, aseguraron que se hará de "modo inminente" y no ocultaron que la oferta de FCC es la mejor posicionada. "La diferencia entre el proyecto del bipartito y el de la actual Xunta es la diferencia existente entre un fiasco y una autovía viable", insistieron en el entorno del conselleiro Agustín Hernández.

Tras la denuncia de los socialistas, Hernández ofreció una rueda de prensa en la que acusó al anterior Gobierno de haber estado dispuesto a negociar con la concesionaria un incremento del 30% respecto a la tarifa inicial y a rebajar la calidad de la infraestructura.

Respecto a la polémica sobre el gasto previsto por Feijóo para 376 sillas de la biblioteca de la Cidade da Cultura (191.600 euros), el presidente de la Xunta de Galicia intentó defenderse al asegurar que pretende invertir "como máximo la mitad" de lo que gastó el anterior Gobierno autonómico en mobiliario. .

(www.publico.es, 24/06/10)

11. GALICIA. FEIJÓO GASTARÁ EN PLENA CRISIS 191.000 EUROS EN SILLAS

Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, se ha convertido en todo un ejemplo dentro de su partido, el PP. Primero, por haber hecho posible el cambio en su comunidad en las gallegas de marzo de 2009. Y, también, por erigirse en adalid de la austeridad.

Su propio jefe de filas, Mariano Rajoy, se lo ha reconocido. "Galicia funciona, el cambio es bueno, Alberto Núñez ha sabido demostrar que es posible gobernar de otra manera [...] Me gusta por su labor, su austeridad", aseguraba el pasado 11 de abril en un acto en Santiago. Pero hay gestos que ponen en evidencia estas afirmaciones.

El más escandaloso y reciente, la pretensión de gastar 191.600 euros en 376 sillas para la biblioteca de la Cidade da Cultura, un macroproyecto ideado por Manuel Fraga cuyo presupuesto se ha disparado hasta los 500 millones de euros (casi cuatro veces más que el Palma Arena, que en Baleares ha supuesto la imputación del ex presidente Jaume Matas).

Sobre todo, si se tiene en cuenta que Feijóo hizo precisamente de otras sillas, en este caso las del despacho de Emilio Pérez Touriño, su antecesor en el cargo valoradas en 2.000 euros uno de los ejes de su campaña electoral.

No había mitin en el que no pusiese sobre la mesa el despilfarro del entonces presidente de la Xunta. También sirvió de munición para el líder del PP: "¿Hay alguien aquí que se haya sentado en una silla que vale 2.300 euros, como la de Touriño?", llegó a preguntar Rajoy a los asistentes a un acto en plena campaña.

El del mobiliario para la Cidade da Cultura no es el único ejemplo con el que la oposición denuncia el "despilfarro" de Feijóo. Hay otros casos, como el del decreto del gallego y cómo ha afectado a los libros de texto, el de los gastos en viajes de integrantes de su Gobierno o el de los coches oficiales.

La Xunta busca proveedor que dote a la biblioteca de la Cidade da Cultura de sillas. En concreto, 376 con un presupuesto de 191.600 euros. El concurso de licitación, según la web de este complejo de edificios ubicados en el monte Gaiás, está todavía abierto. ¿Es posible que en tiempos de crisis un gobierno autonómico se muestre dispuesto a pagar más de 500 euros por una silla? Para el PP de Galicia, parece que sí.

La primera reacción de los conservadores fue la de defender el gasto. Roberto Varela, conselleiro de Cultura, lo justificó con el argumento de que el mobiliario debe estar a la altura del proyecto de la Cidade da Cultura, obra del arquitecto Peter Eisenman.

Su compañero Pedro Puy, portavoz de Economía del PP en la Cámara gallega, aporta más argumentos. Primero, parte de la base de que, a diferencia de la sillas de Touriño, las de la citada biblioteca no son para uso de los políticos. Y después, asegura que en el cálculo proyectado se ha tenido en cuenta que estos muebles sean "ergonómicos y perdurables". Se trata, a su juicio, de que "tengan bajo coste de mantenimiento y tarden más en ser sustituidas".

Además, destaca que, pese al precio de la licitación, el concurso está todavía sin resolver. "Se cree que la cuantía bajará de un 15 a un 20%", dice. En el mercado existe una amplia gama de sillas de oficina a partir de los 120 euros.

Para el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Ayme-rich, las razones que el PP esgrime son "peregrinas". Máxime cuando denuncia "la improvisación permanente de Feijóo" en sus actuaciones relacionadas con este complejo de edificios, todavía en obras, que el ex presidente de la Xunta Manuel Fraga pretendía haber inaugurado en 2004. Ahora, los conservadores pretenden abrir al público la biblioteca y el archivo antes de fin de año.

También los socialistas califican de "curiosa" la explicación del PP a este derroche en plena crisis. "Es un poco obsceno que se diga que son sillas para el público y no para los políticos. No se trata de fustigar a los políticos, sino de hacer las cosas bien", sostiene el portavoz parlamentario del PSdeG-PSOE, Xaquín Fernández Leiceaga.

La plataforma Queremos Galego cifra en cinco millones de euros el coste que va a suponer a las arcas públicas gallegas la puesta en marcha del nuevo decreto sobre la lengua. La asociación llega a esta cifra después de sumar el coste de la consulta a los padres (160.000 euros), el cambio de cartelería de las galescolas (40.000), la próxima campaña de publicidad del nuevo decreto (1.000.000) y los 3.800.000 que, según la Asociación Galega de Editores, supondrá prescindir de 190.000 libros de texto escritos en gallego que aún están en vigor. Precisamente, en esta última cuestión ponen el énfasis los partidos.

Fernández Leiceaga sostiene que este es "un ejemplo más de que en la Xunta no hay un trabajo serio en pro de la austeridad". Mientras, Anxo Lorenzo, secretario general de Política Lingüística, ha justificado el gasto con el argumento de que es necesario poner el "contador a cero" para adaptar el idioma de los libros al nuevo decreto. Y Puy matiza que la campaña de promoción del decreto "está relacionada con un servicio de información al ciudadano".

Es la cantidad que ha costado a la Xunta estar presente en la Expo de Shanghai, una cifra que PSOE y BNG ven escandalosa y ante la que el PP se defiende argumentando que el bipartito tenía previsto un gasto de tres millones de euros. De este capítulo, lo más llamativo han sido los más de 14.000 euros que el conselleiro Varela y dos miembros de su equipo gastaron en billetes de avión, según denunciaron los socialistas. El propio Feijóo ha reconocido que "pudo ser excesivo", pero no admite "lecciones" de los socialistas.

Además de las sillas, el Audi A-8 de Touriño, "más caro que el coche de Obama", según decía Feijóo, fue otra de las denuncias de campaña. Una denuncia que también se le ha vuelto en contra. Aymerich recuerda que Feijóo nunca ha explicado por qué ha disfrutado de un coche cedido por Citroën. Mientras, el PSdeG denuncia que "después de malvender los Audi del anterior gobierno, desde marzo de 2009 lleva ya gastados más de 10 millones de euros en adquirir por leasing o renting unos 500 vehículos. Puy defiende, sin embargo, que los gastos que generaban los desplazamientos de los altos cargos se han reducido a la mitad.

(www.publico.es, 21/06/10)

12. GALICIA. LA XUNTA LEGALIZA 11 CHALÉS DE VIVEIRO CON ORDEN DE DEMOLICIÓN

Fue uno de esos acuerdos que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anuncia -sin detenerse mucho- en la rueda de prensa posterior a sus reuniones de Gobierno y por los que los periodistas no puede preguntar, porque -a diferencia de lo que sucedía con Emilio Pérez Touriño y con Manuel Fraga- los medios solo reciben por escrito los acuerdos del Consello cuando ya ha concluido la comparecencia del presidente. Esa fórmula permite a Feijóo obviar preguntas incómodas sobre cualquier medida impopular que avale su Ejecutivo.

Como el pasado 3 de junio, cuando él mismo pasó de puntillas sobre el decreto que la Xunta aprobó ese día para modificar la ordenación urbanística del Ayuntamiento de Viveiro. Feijóo despachó el asunto en medio minuto, alegó que el acuerdo busca profundizar en la "colaboración institucional" y anunció siete "matizaciones" al decreto del bipartito para adaptar las normas urbanísticas de este municipio de A Mariña a la legislación actual.

Pero el documento aprobado por la Xunta a propuesta del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, corrige algo más que matices a la norma que el bipartito dictó para suspender las vetustas normas subsidiarias que guiaban el urbanismo en la localidad lucense. Según figura en la norma publicada el pasado 10 de junio en el Diario Oficial de Galicia, uno de los artículos del decreto servirá para legalizar 11 chalés unifamiliares construidos sobre un suelo que la anterior conselleira de Política Territorial, María José Caride, calificó como rústico y por tanto vedado a las viviendas unifamiliares.

El bipartito determinó que, como las fincas tenían la calificación de urbanizables en las normas subsidiarias que quedaron suspendidas, desde ese momento pasaban a ser consideradas suelo rústico. Y siguiendo ese criterio, meses después dictó órdenes de demolición contra esas 11 edificaciones, seis de las cuales son propiedad de particulares, además de una urbanización de cinco chalés promovida por la constructora Cathering Viveiro en el lugar de Aguadoce.

La decisión del bipartito chocó ya entonces con el criterio del alcalde Viveiro, el socialista Melchor Roel, que había concedido siete licencias para edificar los chalés en esa zona del municipio. Las diferencias entre el departamento que dirigía María José Caride y el regidor socialista acabaron en el juzgado de lo contencioso, que ahora debe fallar sobre la legalidad de aquellos permisos municipales. Son los tribunales los que deberán dirimir después de que los propietarios de las casas recurrieran las órdenes de demolición.

La consellería de Hernández, que apoya su decisión sobre un acuerdo previo de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, rectifica ahora a sus antecesores, para colocarse del lado del alcalde de Viveiro. El artículo octavo de su decreto, que sustituye al que el bipartito aprobó en junio de 2006, otorga la calificación de núcleos rurales a esos suelos antes delimitados como rústicos y que desde el pasado 11 de junio pasan a incluirse dentro de la ordenanza.

El cambio es sustancial, puesto que la Xunta sigue siendo parte en el conflicto que debe dirimir el juez. De hecho, hasta ahora defendía la legalidad de las órdenes de demolición dictadas durante la legislatura anterior. Una posición incompatible con la decisión política de legalizar las construcciones. La exposición de motivos de la norma publicada en el DOG la pasada semana argumenta que el nuevo texto pretende "enmendar una serie de anomalías, defectos y dificultades detectadas a la hora de aplicar el decreto hasta la entrada en vigor del futuro plan general", para el que todavía no hay fecha.

(www.elpais.com, 20/06/10)

13. GALICIA. EL PP SEGUIRÁ CONTANDO CON EL EDIL CONDENADO EN GONDOMAR

El PP de Gondomar afirmó que acata la sentencia que condena por prevaricación al ex alcalde Carlos Silva -quien renunció a su cargo de concejal y a su escaño en la Diputación de Pontevedra, además de darse de baja en la formación política-, si bien le ha pedido a éste que continúe aportando "su experiencia".

En un comunicado, los populares gondomareños explicaron que la ejecutiva local "acata" la sentencia de la Audiencia de Pontevedra que le condena a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por delito de prevaricación relacionado con una licencia de construcción. Sin embargo, el PP "no comparte en absoluto el único y exclusivo motivo de la condena".

El partido explicó que la agrupación local ha solicitado a Carlos Silva que "con independencia de su baja en el partido, siga aportando su conocimiento y experiencia a la actividad del PP, enriqueciendo así su actividad con propuestas para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Gondomar".

(www.elpais.com, 19/06/10)

14. ANDALUCÍA. EL PP Y COLEGAS SE ALÍAN CONTRA EL ORGULLO DEL SUR

La próxima manifestación del Orgullo LGTB de Sevilla, conocida como Orgullo del Sur, no le gusta ni al PPr ni al colectivo gay Colegas. El pasado lunes, el presidente de este colectivo, Jhonatan Girón, y concejales del mismo partido que tiene recurrida la ley de matrimonios homosexual en el Constitucional, dieron una rueda de prensa conjunta para criticar el gasto de 30.000 euros que el Ayuntamiento de Sevilla destina este año para pagar el concierto que cerrará la manifestación.

"Igual que estamos encantados de aportar 70.000 euros para el Corpus Christi, lo estamos también de colaborar con el Orgullo", explicó la concejal de Presidencia y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Maribel Montaño (PSOE). "Las críticas del PP agregó son una muestra más de la hipocresía y el cinismo al que nos tienen acostumbrados, criticando lo mismo que ellos hacen en otras ciudades". Montaño apostilló que el Ayuntamiento de Madrid, del PP, "destina a la manifestación del orgullo 300.000 euros". Además calificó de "preocupante" el distanciamiento de Colegas del resto de colectivos LGTB.

"El día del Orgullo no puede ser ni una fiesta ni un carnaval", justificó a Público Girón, que opina: "La manifestación echa por tierra el trabajo que realizamos durante todo el año por la integración". Su colectivo y el PP repiten exactamente las mismas críticas del año pasado, como preámbulo a la manifestación, que este año prevé congregar a 150.000 personas.

Las organizaciones convocantes del Orgullo del Sur, la coordinadora Girasol y la Asociación de Transexules de Andalucía (ATA), esperaban desde hace días las críticas: "A ver si empiezan y así nos dan publicidad", señaló con sorna Mar Cambrollé, presidenta de ATA, quien hoy, en la presentación del Orgullo, criticó que Colegas "se haya vendido a estos señores (el PP)", partido al que acusó de querer meter al colectivo LGTB "en la caverna y no en las calles".

"Ni yo ni mi colectivo somos de derechas", matizó con énfasis Girón, que lleva en el cargo de presidente de Colegas Andalucía desde hace un mes, y que defiende la "independencia política" de su colectivo. Sin embargo, su sintonía con el PP es creciente. Colegas nació en Córdoba en la década de los 90 y pronto se implantó por todo el territorio andaluz, situándose como un referente para parte del colectivo LGTB. Desde hace unos años se ha ido implantando en comunidades como Murcia, Valencia y Madrid, todas gobernadas por los conservadores. La última ciudad en la que han desembarcado es en Santiago de Compostela, hace poco más de un año, después de que el PP recuperara la Xunta.

(www.publico.es, 23/06/10)

15. ANDALUCÍA. EL ALCALDE PEPERO DE HUELVA SE RETRATA: "CADA DÍA LOS POLÍTICOS DICEN UNA COSA"

El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez (PP) -el regidor de Andalucía con el sueldo más alto (sobre los 100.000 euros al año)- prefirió escabullirse ante la pregunta de si nivelará su sueldo con el de los consejeros de la Junta de Andalucía, como pactaron el jueves el PP y PSOE, si sale elegido en 2011. "Cada día los políticos dicen una cosa... Hay que hablarlo todo con calma", respondió Rodríguez, como si él no fuera político ni hubiera tomado decisiones en este sentido en sus 15 años de gobierno.

En principio, la medida será aprobada en la ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que se celebrará el próximo septiembre y entraría en vigor en el próximo mandato, es decir, a partir de 2011. Pero en este lapso de tiempo, según Pedro Rodríguez, pueden pasar muchas cosas. Rodríguez ya aceptó la reducción de su sueldo municipal en un 15% aunque la reducción no se ha llevado a cabo todavía. Se hará en el próximo pleno, a principios de julio.

Fuentes de su entorno, indican que "aunque el sueldo es considerable", todos atacan al alcalde de Huelva cuando hay muchos otros que ganan más "y no lo confiesan". "Pedro Rodríguez no se lleva otras comisiones por presidir empresas municipales como Emtusa (línea de autobuses locales), Aguas de Huelva, patronato de desarrollo local, de cultura... y, sin embargo, el alcalde de Sevilla, como muchos otros, cobra por todo esto y más". Alfredo Sánchez Monteseirín renunció hace unos días a estos suplemento.

Los 12.300 euros en concepto de dietas y complementos que se le achacan al regidor son partidas de alcaldía, "que no se ingresan en su nómina porque son gastos de protocolo", añade su círculo más cercano. En cualquier caso, el alcalde de Huelva deberá apretarse el cinturón con mucha más virulencia que otros ediles. "De este tema [igualar el sueldo con consejeros], de verdad, prefiero no hablar", se disculpó Rodríguez cariacontecido.

(www.elpais.com, 19/06/10)

16. COMUNIDAD DE MADRID. 91 ALTOS CARGOS DE LA AUSTERA AGUIRRE GANAN MÁS QUE ZAPATERO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que se ha erigido como abanderada de la austeridad y ha llegado incluso a considerarse "pobre de pedir" ante el anuncio de una subida del IRPF para las rentas más altas, mantiene en su Gobierno regional a 91 altos cargos cuyos sueldos son superiores al del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y lo seguirán estando una vez se les aplique el recorte previsto para julio por el Ejecutivo regional. La propia Aguirre supera en sueldo a Zapatero y lo seguirá haciendo tras la rebaja. Pese a ello, la lideresa sigue presumiendo de austeridad y subraya que su rebaja del sueldo llegará al 17 por ciento (puesto que al 15 establecido ahora se suma una bajada del 2 por ciento que se aprobó el pasado año).

A Esperanza Aguirre le gusta ponerse como ejemplo de austeridad y no ha dudado en pregonar a los cuatro vientos que se ha rebajado el sueldo en un 15 por ciento pese a que sus emolumentos, homologados con lo que gana un secretario de Estado, deberían bajarse sólo un 10 por ciento. Pese a ello, la lideresa podrá probablemente llegar de manera holgada a fin de mes: gana 89.967 euros anuales, frente a los 78.184 euros que recibe José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, según recoge Público, no es la única dirigente de la Comunidad de Madrid que supera en sueldo al líder del Ejecutivo nacional: la región cuenta con al menos 91 altos cargos que superan con creces estos abultados emolumentos. El que mejor parado sale es el vicepresidente regional, con un salario incluso mayor que el de Aguirre (91.449 euros anuales, un 17 por ciento más que Zapatero). Junto a él se encuentran los 8 consejeros, 17 viceconsejeros, 9 secretarios generales técnicos y 56 directores generales.

Secretarios generales técnicos y directores generales son de ellos los que menos ganan, y su sueldo se rebajará en un 8 por ciento. Aún así, cobrarán alrededor de 82.600 euros anuales, bastante por encima del sueldo del presidente. Según la Comunidad, estos sueldos no guardan una correlación con los de los altos cargos del Estado, y aseguran que están homologados con los de la Administración Central: Aguirre cobra como los secretarios de Estado, y el resto de los miembros de su equipo recibe un porcentaje menor de ese salario.

Durante una entrevista en TVE, la propia Aguirre insistió en que su sueldo no debe compararse con el de Zapatero, puesto que el presidente del Gobierno tiene un sobresueldo "en especie", ya que no tiene que pagar gastos de vivienda, comida, luz, etc., al residir en el Palacio de La Moncloa. Además, insistió en que mientras Zapatero se rebajará el sueldo un 15 por ciento, ella lo hará en un 17, puesto que en 2009 ya se acordó una rebaja del 2 por ciento en la región.

Sus palabras las ha apoyado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, que aseguró que la presidenta fue "pionera en políticas de austeridad y marcó camino a las demás administraciones con las medidas de ahorro, cuando el presidente del Gobierno estaba aún negando la crisis". Su propio grupo en la Asamblea bloqueó este mes la posibilidad de que los viceconsejeros que a la vez son diputados regionales dejen de cobrar su sueldo en la Cámara y reciban solo la compensación por su cargo en la administración madrileña.

(www.elplural.com, 21/06/10)

17. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. LA POLICÍA IMPLICA A OTRAS 20 PERSONAS EN LA TRAMA GÜRTEL EN MADRID

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía (UDEF) ha elaborado un informe en el que atribuye una decena de delitos a 20 personas que trabajan u operan con la Comunidad de Madrid. Entre la veintena de nuevos implicados en el caso Gürtel se halla el actual alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Juan Jesús Siguero Aguilar, al que el PP respaldó para sustituir a Arturo González Panero, imputado por diversos delitos en esta causa.

Según fuentes cercanas a las pesquisas, el informe de la UDEF, que ha sido entregado a la Fiscalía Anticorrupción, es demoledor y supone un nuevo vuelco al caso Gürtel, ya que implica a otras 20 personas (aparte de los más de 65 imputados que hay ya), entre las que se hallan directivos de empresas privadas y altos funcionarios del Gobierno de Esperanza Aguirre.

Los empleados públicos en los que ha fijado sus ojos la policía formarían parte del personal de confianza del ex consejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo y habrían ayudado a este en toda la operativa supuestamente delictiva destinada a lograr, como así sucedió, que casi todos los actos institucionales que presidió Aguirre entre los años 2004 y 2009 fueran adjudicados a empresas de la red.

El entramado tenía más de 20 empresas. Pero para disimular, y en connivencia con López Viejo y su personal de confianza, iba cambiando las firmas que facturaban los actos de Aguirre en Madrid. Pero todas ellas tenían un mismo tronco común: el cabecilla de la red, Francisco Correa. La policía ha descubierto que la trama corrupta, de acuerdo con López Viejo y con su asesor Pedro Rodríguez Pendas, llegó a utilizar empresas ajenas a su entramado para colocarlas como pantalla en muchas contratas a cambio de comisiones.

Había dinero para todos, para Correa, para López Viejo y para las firmas pantalla, ya que se inflaban sobremanera (hasta un 40%) los costes de los actos que López Viejo, a través de la red Gürtel, preparaba para Aguirre. Una de las empresas utilizadas por la red como pantalla fue Marketing Quality Management.

Con estos 20 nuevos implicados, el caso Gürtel salpica ya a unas 130 personas en las comunidades autónomas de Madrid, Valencia y Castilla y León, según fuentes de la investigación. En las pesquisas intervienen desde hace casi dos años un centenar de agentes policiales.

El más destacado de los nuevos implicados, en lo que respecta a Madrid, es el actual alcalde de Boadilla del Monte, Juan Jesús Siguero. Se trata del regidor que sustituyó al frente de la alcaldía de Boadilla a Arturo González Panero, al que la trama corrupta apodaba El Albondiguilla. Panero fue forzado por el PP a dimitir en febrero de 2009 junto a otros cuatro alcaldes de grandes municipios de la Comunidad de Madrid imputados en la trama (además de Boadilla, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey).

El Albondiguilla está imputado por haber recibido supuestas comisiones superiores a 600.000 euros de las empresas de la red a cambio de contratas de obras públicas municipales amañadas. El Albondiguilla dimitió como regidor y mantuvo su acta de concejal, pero antes de quedar en la situación de edil no adscrito forzó al PP a que eligiese a Siguero como su sucesor.

Siguero pudo incurrir, entre otros, en un delito de prevaricación por haber facilitado a la trama corrupta datos cruciales de contratas del Ayuntamiento de Boadilla adjudicadas finalmente a empresas de la red. La policía indaga si el actual alcalde de Boadilla (43.414 habitantes) recibió dinero a cambio de ayudas en las licitaciones de obras y de facilitar información de contratas a Correa, quien se halla preso en la cárcel de Soto del Real junto a su número dos, Pablo Crespo; y su primo y testaferro en empresas corruptas, Antoine Sánchez.

Antes de implicar en el caso Gürtel a Siguero, la UDEF ha analizado multitud de documentos que acreditan que el regidor también intervino, cuando era concejal, en adjudicaciones de obras a la trama sobre las que recaen sólidos indicios de corrupción.

La información en poder de la policía avala las imputaciones del ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, quien el pasado viernes, en declaraciones a El PAÍS, arremetió contra su sucesor y le acusó de haber intervenido en todas las adjudicaciones de este Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama. "Tendrían que investigarle [a él] más a él que a mí", dijo.

Siguero ocupaba el puesto número cuatro en la lista encabezada por Panero en las elecciones municipales de 2007. Fue nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero del PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el caso Gürtel, el PP regional quiso que accediese a la alcaldía la edil María Jesús Díaz Pérez. Panero se opuso y logró que el PP aceptase finalmente a Siguero. Entonces era su hombre de confianza. Ya no.

González Panero explicó que Siguero participó activamente en las adjudicaciones al entramado de Correa: "Él firmó la adjudicación de una parcela a la constructora UFC [implicada en la trama]. Y esta decisión de Siguero fue a la comisión informativa, que también presidía él mismo". Panero también relaciona a su sustituto con otras dos operaciones Gürtel.

La primera es la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla del Monte a la empresa Easy Concept por 500.000 euros anuales. "Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de contratación. Todo lo presidió él. Además, toda la documentación la hizo personalmente, con su propio ordenador. Yo no intervine".

Las acusaciones de Panero contra su sustituto se producen después de que él, que se halla ahora como concejal no adscrito, pidiese a Siguero que le pagase la dedicación exclusiva como concejal desde que dejó la alcaldía. En total, 50.499 euros. Siguero se negó. Las acusaciones de Panero han sido constatadas por la policía.

(www.elpais.com, 21/06/10)

18. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. AGUIRRE PAGÓ A MQM FACTURAS HINCHADAS HASTA EL 400%

El Gobierno de la Comunidad de Madrid pagaba a Marketing Quality Management (MQM), empresa que se coordinaba con la trama Gürtel y que está siendo investigada por el juez, facturas hinchadas para los actos en los que participaba Esperanza Aguirre. Así se desprende de las facturas incorporadas al expendiente del contrato con la comunidad suscrito el 25 de abril de 2007, a las puertas de las elecciones autonómicas, al que ha tenido acceso la diputada de IU Reyes Montiel.

En algún caso, el sobrecoste llegó al 400%, como en el homenaje de 2008 a las víctimas del 11-M, que como cada año y siguiendo el mismo formato se celebró en la Puerta del Sol.

Por la escenografía de este acto, que apenas dura cinco minutos, MQM cobró 118.595 euros. En 2009, ya con la trama desarticulada, la Comunidad sacó a concurso el mismo acto para 2010, que fue adjudicado a Publycom por sólo 24.099 euros.

Los que asistieron al acto de 2010 apenas notaron diferencias con respecto a las ediciones anteriores. Pero costó cinco veces menos.

En 2008, MQM había presentado a la Consejería de Presidencia dos facturas el mismo 11 de marzo, que se conmemoró dos días después de las elecciones generales. Ambas por el mismo concepto: "Acto conmemorativo 11 M que se celebró en la Puerta del Sol, exterior entrada del edificio".

La primera, por un total de 52.963 euros, IVA incluido, obtuvo el visto bueno para el pago el 15 de junio de 2008. Y la segunda, de 65.631 euros, el 8 de octubre. Ambos plácets tienen la firma de Camino Arroyo, directora general de Relaciones Externas.

Este periódico preguntó el pasado jueves a la comunidad las causas de la diferencia de precio para el montaje del mismo acto entre 2008 y 2010, pero no ha recibido respuesta.

Ante otras facturas también hinchadas cobradas por MQM en 2007 y 2008, un portavoz de la Consejería de Economía contestó por escrito: "La Comunidad ha facilitado toda la información que se le ha requerido por parte del juez. Asimismo, el Gobierno regional ha comparecido en la Asamblea para dar cumplida cuenta de la información de la que dispone el Ejecutivo regional, que siempre ha cumplido con la Ley de Contratos".

Entre estas otras facturas hinchadas destaca la del acto institucional de la noche electoral de 2007, que costó 128.000 euros. Público ha cotejado el presupuesto presentado con expertos del sector, que han detectado partidas que en ocasiones superan el 1.000% del precio de mercado. Una portavoz de MQM declinó responder a Público porque el administrador, Antonio Martín Sánchez, se encontraba fuera de España.

El juez investiga a MQM a raíz de la denuncia de Reyes Montiel, diputada de IU. Montiel llevó a la fiscalía una adjudicación del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), que pagó 1,25 millones por la campaña fantasma Made in Madrid, que no llegó a realizarse. Anticorrupción remitió el dossier a la causa Gürtel.

La adjudicación del IMADE fue en octubre de 2006, pero en marzo de 2007, a las puertas de los comicios regionales, MQM se vio exonerada del 80% de sus compromisos. Inmediatamente después, el 25 de abril de 2007, firmó un contrato para el montaje de los actos de Presidencia, bajo la batuta del hoy imputado Alberto López Viejo, que incluía el acto de homenaje a las víctimas del 11-M.

El concurso tomó como base de licitación uno de los actos institucionales más caros de 2006, que cifró en 62.000 euros. En este concurso general participó también Easy Concept, cuya administradora, Isabel Jordán, imputada en el caso Gürtel, declaró al juez que se coordinaba con MQM para acceder a contratos en Madrid.

(www.publico.es, 23/06/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP. "GAMÓN YA INVESTIGABA DESDE 2006 A PRADA PARA IGNACIO GONZÁLEZ"

Yolanda Laviana ha sido persona de confianza de varios altos cargos del PP en los últimos 11 años. Hoy trabaja como secretaria del presidente de Telemadrid, Manuel Soriano, pero ya ocupó idéntico puesto con Esperanza Aguirre y Juan José Lucas cuando estos presidieron el Senado, entre 1999 y 2004. Laviana estuvo casada hasta 2009 con Sergio Gamón, ex director general de Seguridad del Gobierno de Aguirre, e imputado por el espionaje al ex vicepresidente regional Alfredo Prada y al vicealcalde madrileño, Manuel Cobo.

Gamón fue destituido de su cargo en agosto de 2008 por el supuesto robo de un ordenador, y contratado solo una semana después como director del Área de Seguridad de la Comunidad de Madrid, puesto en el que continúa. Laviana mantiene con Gamón un litigio en los tribunales que incluye graves acusaciones contra el director de Seguridad. "Atrévete a contarlo y verás lo que te pasa", asegura que le ha dicho Gamón.

Y ella, en presencia de un abogado al que ha aportado un minucioso relato escrito y pruebas de cuantas actuaciones irregulares conoce del presunto jefe del espionaje, se lo ha relatado a EL PAÍS. Laviana cree que contar la verdad la blindará ante nuevas extorsiones de su ex marido.

Igual que testificó en favor de Soriano por una acusación de acoso sexual que fue archivada, Laviana está dispuesta a ratificar su relato ante la juez del caso del espionaje. "Es la verdad. Es lo que he vivido. Lo que me han obligado a vivir", asegura.

"Sergio", explica Laviana, "empezó a investigar a Prada casi desde su nombramiento, en 2006. No tenía la infraestructura, pero estaba espiando desde el principio. Ignacio González [vicepresidente de la Comunidad y mano derecha de Aguirre] recibía anónimos, y como había enfrentamiento entre González y Prada... desde el principio empezó a investigar a Prada.

En diciembre de 2006 cesaron a Belén Carratolá como directora de las Bescam [Brigadas de Seguridad de Madrid]; en esas fechas hay muchas conversaciones entre Sergio y Belén con relación a que Prada la había destituido por un tema de facturas; Gamón le decía a ella que a Prada se lo iban a cargar porque lo estaban investigando y acabaría dejando de ser consejero". En 2006, según relata la ex mujer de Gamón, hacía ese trabajo solo con Miguel Castaño, al que fichó como subdirector: "Siempre han estado trabajando en paralelo él y Castaño".

Laviana presenció, asegura, cómo el principal receptor de sus informes sobre Prada fue González: "Ignacio González era con quien hablaba mi ex marido de sus averiguaciones sobre Prada. Y le decía que [él y su grupo] tenían que cambiar de tarjeta [de móvil] cada 15 días, que necesitaban un segundo teléfono porque podían escuchar sus conversaciones. También le decía que tenía que infiltrarlo en el PP para conseguir más información".

El nombramiento de Francisco Granados en 2007 como consejero de Interior, en sustitución de Prada, supuso un respiro para Gamón. "Cuando nombran a Granados, él está muy contento porque lo había pasado muy mal para adquirir información para González cuando estaba Prada. Cuando lo nombraron me dijo que para él era tener carta blanca.

Que no iba a tener ningún problema con Granados. No iba a ser ningún impedimento para su trabajo". Y le exigió crear un equipo (tres ex policías y tres ex guardias). "Le dijo a Granados: ya le podéis explicar a la jefa [Aguirre] que este trabajo no lo hago si no es con los hombres de mi confianza. Y si no, dimito".

(www.elpais.com, 21/06/10)

20. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP. AGUIRRE: "IGNACIO GONZÁLEZ NO ORDENÓ ESPIAR A ALFREDO PRADA"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a desligar a su vicepresidente del caso de los espionajes políticos en el seno del Gobierno regional y del Ayuntamiento: "Ignacio González no ordenó los seguimientos a Alfredo Prada".

La presidenta regional ha respondido así a la información que publica hoy EL PAÍS en la que la ex mujer del supuesto jefe de los espías, Sergio Gamón, asegura que los espionajes comenzaron en 2006 y que el destinatario de los informes era el vicepresidente González.

Además, Aguirre ha insinuado que el proceso de divorcio en el que Gamón y su ex compañera, Yolanda Laviana, están inmersos podría invalidar el testimonio de la mujer: "En los divorcios se dicen cosas", ha asegurado en una entrevista en TVE. Sin embargo, la propia presidenta madrileña ha recordado otros casos en los que una separación sirvió para que vieran la luz informaciones importantes, como por ejemplo en "el caso Juan Guerra".

Por otro lado, uno de los agentes responsables de los seguimientos y quien supuestamente anotaba información adicional a mano en los partes que redactaban los espías, José Manuel Pinto, declara hoy ante la juez de Madrid que lleva el caso en calidad de imputado con la autoría de dichos partes como punto fuerte de su comparecencia

(www.elpais.com, 21/06/10)

21. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP. AGUIRRE DEJA CAER AL JEFE DE LOS ESPÍAS TRAS SER ACUSADO POR SU EX ESPOSA

Esperanza Aguirre aceptó la dimisión del jefe de la trama de espionaje político de Madrid, Sergio Gamón, ya imputado en esta causa por la juez. La presidenta regional ha tomado esta decisión 16 meses después de que se destapara el escándalo del espionaje por parte de agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid a los adversarios de Aguirre dentro del PP, el ex vicepresidente regional Alfredo Prada y el vicealcalde de Madrid Manuel Cobo.

La dimisión se produce sólo 48 horas despúes de que Yolanda Laviana -ex esposa de Gamón y ex secretaria de Aguirre cuando presidió el Senado- detallara que su ex marido había espiado a Alfredo Prada, ex vicepresidente autonómico, desde que fue nombrado director general de Seguridad, en mayo de 2006. Laviana precisó que el receptor de los informes de Gamón sobre Prada era Ignacio González, vicepresidente y mano derecha de Aguirre.

El pasado lunes, Aguirre no quiso entrar en el fondo de las declaraciones de Laviana porque aseguró que ella -hasta secretaria del presidente de Telemadrid- vivía un "divorcio difícil". Y aunque aseguró que daba fe de que Laviana era una "persona muy respetable", matizó que eso no le daba presunción de credibilidad en lo que denunciaba. Pese a ello, tras ironizar que a veces de los divorcios salen escándalos como el de Juan Guerra -hermano del ex vicepresidente socialista implicado en presuntos tratos de favor-, afirmó que lo investigaría y que se producirían ceses si hallaba irregularidades.

No consta si Aguirre ha hecho una investigación interna. Pero el pasado martes por la tarde recibió a Gamón en su despacho durante una hora. No trascendió el diálogo. Gamón salió con cara de pocos amigos. Al día siguiente, miércoles, Gamón comunicaba su dimisión, horas después de que la Presidencia de Telemadrid despidiera a su ex esposa tras haberlo acusado de espiar al ex vicepresidente segundo Alfredo Prada en favor del vicepresidente primero.

Aguirre no había reaccionado hasta ahora, a pesar de la acumulación de pruebas que señalaban la existencia de la trama de espionaje. Entre ellas, dos informes telefónicos delatando la presencia continua de varios agentes de Granados siguiendo a Prada o al vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, en abril y mayo de 2008. O la confesión de los ex guardias, que admitieron haber seguido a Prada por orden de Gamón noche y día durante semanas. O los partes del espionaje difundidos por este diario, que detallaban datos reservados de imposible obtención sin mediar los seguimientos, y que coincidían al milímetro con los informes telefónicos y las agendas de Cobo y Prada. O la prueba pericial caligráfica que concluyó que un empleado de la consejería de Interior, José Manuel Pinto, era el autor de las anotaciones manuscritas en los partes, lo mismo que aseveró una doble pericial contratada por este diario.

Ninguna de esas pruebas movió a la presidenta a actuar. Pero ahora, tras las declaraciones de la ex mujer de Gamón, Aguirre ha admitido el cese del presunto jefe del equipo de espías anclado en su Gobierno. Aunque no ha explicado las razones que la han llevado a dar ese paso.

Sergio Gamón es el hombre al que ella confió su seguridad cuando era ministra de Cultura, presidenta del Senado y luego presidenta del Gobierno de Madrid. Aguirre sabe desde hace años lo difícil que era el divorcio de Laviana, pero sólo ha despedido a ambos cuando su ex secretaria ha denunciando las actividades ilegales de Gamón que ella presenció durante años.

(www.elpais.com, 24/06/10)

22. COMUNIDAD DE MADRID. GONZÁLEZ CALLA ANTE LA ACUSACIÓN DE QUE ORDENÓ ESPIAR A PRADA

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no quiso entrar a valorar las acusaciones que le ubican como la persona que ordenó el espionaje al ex consejero de Justicia madrileño, Alfredo Prada. Su comparecencia de fue la primera intervención pública de un miembro del Ejecutivo madrileño después de que Sergio Gamón, presunto jefe de los espías, renunciara a su cargo como director de Seguridad y Yolanda Laviana, su ex mujer, fuera despedida como secretaria del presidente de Telemadrid. El lunes, esta había concedido una entrevista en la que apuntaba a González como la persona a la que su ex marido reportaba los espionajes sobre Prada.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González rechazó en dos ocasiones pronunciarse sobre las acusaciones de Laviana a El País. Declaraciones como: "Ignacio González era con quien hablaba mi ex marido de sus averiguaciones sobre Prada".

González enmarcó las palabras de Laviana, secretaria de Aguirre en su etapa de presidenta en el Senado, en el contexto de "una situación familiar compleja" un proceso de divorcio. "Yo sobre las declaraciones de esta señora no tengo nada que añadir", respondió la primera vez que fue preguntado. Más tarde, aclaró que no la conocía de nada. Todo lo contrario que la presidenta madrileña, que el pasado lunes calificó a su ex secretaria de persona "muy respetable", a la vez que recordó que de declaraciones "de divorcio" han salido otros escándalos como "el caso de Juan Guerra".

A tenor de las declaraciones de González, ni él, ni la Comunidad de Madrid tienen previsto emprender medidas legales contra Laviana, vinculada a altos cargos del PP en los últimos diez años. En todo caso, sostuvo, será su ex marido "el que tendrá que actuar si lo considera".

González confirmó que, tal y como estaba previsto, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid había aceptado el cese de Gamón. Y que, de momento, no se le ha buscado sustituto. En este sentido, no precisó si, en base a los recortes de personal puestos en marcha por el ejecutivo regional, se prescindirá del puesto.

En su comparecencia, González no supo aclarar las funciones exactas que desempeñaba Gamón. Para ello, remitió a la comparencia del supuesto jefe de los espías en la Asamblea. Además, subrayó que la comunidad "no tenía conocimiento" de que se hubieran producido seguimientos desde 2008 y afirmó que se han hecho "todo tipo de actuaciones judiciales sobre llamadas y posicionamientos", un tema que "está en trámite judicial".

La confianza de Aguirre en Laviana se puso de manifiesto en el proceso judicial por acoso sexual al que se enfrentó el presidente de Telemadrid, Manuel Soriano. En este caso, la ex secretaria, que trabajaba junto a la denunciante, declaró a favor de quien el miércoles dejó de ser su jefe.

(www.publico.es, 25/06/10)

23. COMUNIDAD DE MADRID. AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR. IMPUTADOS EL EDIL DE SEGURIDAD Y EL JEFE DE POLICÍA

El concejal de Seguridad y Protección Civil de Galapagar (31.800 habitantes), Pedro Hernández Ramos (PP), y el jefe de la Policía Local de este municipio, Jesús Sánchez Gómez, tendrán que declarar en los próximos 15 días en los juzgados de Collado Villalba. Dos mandos policiales, una sargento y una cabo, les han denunciado por cinco delitos y la juez ha abierto diligencias previas, ya que ha visto indicios razonables de que los hayan podido cometer. Las dos mujeres, que se encuentran de baja y en tratamiento psicológico por acoso laboral, les acusan de un delito continuado de prevaricación, falsificación de certificado, un delito continuado contra la integridad moral, amenazas y coacciones.

Según consta en la denuncia, el concejal de Seguridad retiró de forma unilateral a la sargento María Dolores Aznar López de su puesto de máxima responsable del cuerpo y contrató en comisión de servicios a un suboficial de San Sebastián de los Reyes, Jesús Sánchez Gómez. También quitó de su puesto en la dirección a la cabo Nuria Fernández Barquilla, que es la que tiene más antigüedad. El edil, según las denunciantes, empezó a asignar el turno de noche y a favorecer a determinados agentes, a los que liberó de patrullar y hacer determinados servicios.

La sargento y la cabo le acusan también de quitar denuncias de tráfico a sus amigos, entre los que se encuentran personas de gran influencia dentro del municipio y con gran poder en el partido. "El denunciante [Pedro Hernández] comenzó a dirigirse a mí como la tía pegas. He sufrido toda una serie de acciones encaminadas a minar mi autoestima como profesional y a apartarme del servicio, dado que soy una pieza molesta para el señor concejal y no me rindo a sus ilícitos profesionales", afirma Dolores Aznar en la denuncia. La mujer se queja de que el concejal no despachaba con ella, desautorizaba sus órdenes directas y pagaba cantidades desiguales a compañeros en la misma situación.

El jefe de policía tampoco se libra de las acusaciones. Ambas mandos aseguran que ordenaba a los policías que no hicieran inspecciones de aforo y de control de ruido a determinados locales. De hecho, puso una nota en el tablón de anuncios de la sede policial para que fuera leído en las reuniones previas al servicio. También le acusan, junto al concejal, de no tramitar expedientes a cinco bares de copas de la localidad. Algunos de ellos están supuestamente vinculados a personas del PP. "Una de las denuncias a un local la tramitó el jefe de policía junto con un informe suyo en el que desautoriza a los agentes y solicita el archivo de la denuncia, conducta del todo prevaricadora y reprobable", recoge el escrito.

Uno de los funcionarios que ha sido favorecido por los dos imputados, el cabo C. M. E, tan solo fue sancionado con dos días de suspensión de empleo -lo que corresponde a una falta leve- pese a haber cometido una falta grave al haber perdido el arma reglamentaria, tras dejarla encima de la taquilla. El arma todavía no ha sido recuperada.

El propio Jesús Sánchez también ha redactado las bases para la plaza de oficial jefe y las ha presentado en la academia de Policía, según la denuncia, pese a que todavía no ha sido aprobada la relación de puestos de trabajo de 2010 y que esa redacción le corresponde al área de Personal. También acusó a las denunciantes de estar detrás, junto a la administrativa M. Y. P., de unos anónimos redactados contra él. La denuncia fue archivada al día siguiente en el Juzgado número 1 de Collado Villalba.

Una de las agentes también sufre el acoso, según ambas mandos, de los responsables policiales. Se trata de M. C. M. J., a la que un día quitaron el coche patrulla, la obligan a hacer vigilancias en un parque sin apenas tránsito, la critican en público, la ridiculizan y reparten el trabajo en las reuniones sin tenerla en cuenta. "La persiguen y la controlan en todas las intervenciones que realiza, anulando y ridiculizando sus actuaciones", afirman las dos mandos.

Ambas denunciantes pidieron la semana pasada la suspensión cautelar del jefe de la Policía Local ante los graves hechos de los que se le acusa.

El Ayuntamiento no ha querido entrar al detalle de la denuncia.

(www.elpais.com, 24/06/10)

24. COMUNIDAD DE MADRID. EL CONSISTORIO DEL PP PAGA 1,55 MILLONES MÁS A UNA EMPRESA DEL 'CASO GÜRTEL'

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) ha pagado desde febrero fuera de contrato 1,55 millones de euros a una de las empresas investigadas en la trama Gürtel, cuyos responsables en Boadilla y en Majadahonda están imputados por el presunto pago de comisiones ilegales. Se trata de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Boadilla, conformada por las sociedades Sufi, SA, y Aqualia (FCC), y que desde febrero de 2004 se encarga de los servicios de limpieza.

Pero desde el 3 de febrero de este año esta sociedad presta sus servicios de "manera excepcional", tal y como acordó la junta de gobierno de Boadilla, presidida por su alcalde, el popular Juan Siguero. Precisamente la policía considera que el regidor de este municipio pudo haber cometido un delito de prevaricación por facilitar información a las empresas de Francisco Correa. El juez instructor del caso, Antonio Pedreira, investiga también otro acuerdo reciente del Consistorio encabezado por Siguero con otra de las empresas relacionadas con el caso, por el cual Boadilla pagará 7,1 millones a uno de los testaferros del cerebro de la trama.

Desde que se extinguió el contrato de la recogida de basuras en febrero, el Consistorio viene pagando todos los meses 387.935,8 euros a la UTE investigada. Esto ha provocado que la interventora municipal firmara varios informes negativos resaltando que esta decisión del actual alcalde "no tiene amparo contractual" y que "se han realizado gastos sin cumplir el procedimiento de gasto".

Los servicios de limpieza de Boadilla se adjudicaron el 4 de febrero de 2004. Este contrato finalizaba en el mismo mes de 2010, pero el 26 de noviembre de 2009 el propio Juan Siguero decretó que el contrato no se iba a prorrogar. Pero tal y como constata la interventora municipal, desde la finalización del mismo la UTE ha prestado el servicio con el respaldo de un acuerdo de la junta de gobierno local del 14 de diciembre en el que se notificaba a la empresa "la continuidad excepcional en la prestación del servicio hasta la adjudicación del nuevo procedimiento de contratación".

El Ayuntamiento justificó esta decisión porque los pliegos de la nueva contratación estaban en fase de elaboración, y mientras se elaboraban no se podía dejar de prestar este servicio. Desde entonces han pasado cinco meses y la empresa sigue cobrando los casi 400.000 euros que le corresponden por realizar los trabajos de limpieza.

Pero para la interventora municipal este acuerdo "no constituye una prórroga formal del contrato", por lo que insta a que el servicio de la limpieza de Boadilla se saque a concurso lo antes posible. "Esta intervención recomienda que la junta de gobierno y la Comisión de Hacienda establezcan un sistema de control y seguimiento para que la incoación de estos expedientes no se retrase mucho, teniendo en cuenta además que en algunos casos llevan bastante tiempo en situación irregular".

La adjudicación a esta UTE está en el punto de mira del juez Pedreira, que ordenó registrar los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y de Majadahonda en busca de la documentación de ambas operaciones. Estos expedientes ponen de manifiesto que tan solo siete meses después de adjudicarse el servicio por un precio anual de 2,2 millones el contrato de la recogida de las basuras se modificó al alza, encareciéndose 617.906 euros. En marzo de 2007, tres años después, volvió a encarecerse el servicio en 468.715,53 euros y en 2008 se elevó otra vez en 707.523,2 euros.

Estas sucesivas ampliaciones sirvieron de base para que la interventora municipal elaborara un informe en el que destacaba que el total de las modificaciones suponía un aumento del coste anual de la gestión de las basuras para el Ayuntamiento de Boadilla, pasando de 2,2 millones a 3,97 millones.

(www.elpais.com, 25/06/10)

25. COMUNIDAD DE MADRID. ROBLEDO INSISTE EN NEGAR EL PADRÓN A LOS INMIGRANTES EN PARO

El alcalde de Robledo de Chavela, Mario Anselmo de la Fuente (PP), ha decidido desafiar a la ley y a la autoridad. En su municipio de 3.800 habitantes, donde un 14% de ellos son extranjeros, no se permite el empadronamiento a los inmigrantes si no tienen un contrato de trabajo en vigor. Una condición que, además de ser contraria a lo que exige la Ley de Bases de Régimen Local (la que regula el modo en el que se debe registrar una persona en cualquier municipio del Estado), no se exige a los españoles que solicitan empadronarse allí.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, su responsable político desde la Comunidad y secretario general de su partido, asegura que ha pedido personalmente al alcalde que retire sus normas ilegales, pero a los inmigrantes se les seguía solicitando un contrato laboral para acceder al registro de Robledo. ¿Por qué? "No responderemos a ninguna pregunta", contestaban desde el Consistorio.

Granados no es el único frente en contra que tiene el alcalde. También la oposición en el municipio ha pasado por registro una moción para debatir en el pleno (que se celebrará en los próximos días) la retirada de estas reglas, y la asociación de inmigrantes marroquíes mayoritaria en España, ATIME, envió la semana pasada una denuncia al Defensor del Pueblo, suscrita al menos por 14 afectados, solicitando su intervención ante la actitud del regidor. A De la Fuente, que lleva 15 años al frente del municipio, le da igual todo eso. "Solo daré explicaciones de lo que hago en mi municipio si me lo exigen los tribunales", dijo a este diario el pasado 7 de junio al ser cuestionado sobre este tema.

La mayoría de la inmigración en Robledo es de origen marroquí. Algunos de ellos aseguran que, desde 2008, se les niega el acceso al padrón si están en paro aunque presenten su documentación en regla y un contrato de alquiler o un título de propiedad de un piso (la única documentación que efectivamente exige la Ley de Bases). "Como he hecho en los cinco municipios donde me he empadronado desde que llegué a España en 1993", se queja Mimount el Jafoufi, una marroquí que reside en Robledo desde hace unos meses "Pero aquí siempre me dicen que no". A ella y a sus compatriotas les preocupa que les nieguen servicios básicos gratuitos como la enseñanza y la sanidad, para los cuales es preceptivo estar registrado.

A De la Fuente se le agotan las posibilidades para seguir imponiendo su ley. Todo apunta a que al final, efectivamente, tendrá que responder ante un juez.

(www.elpais.com, 22/06/10)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CAMPS REMITE A LAS CUENTAS DE LA FUNDACIÓN PARA CONOCER EL DONATIVO AL PAPA

"¿Ha hecho la Generalitat valenciana, mediante alguna fundación pública, la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, RTVV o cualquier otra empresa pública valenciana un donativo al Vaticano para que viniera Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006?". La pregunta formulada por el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Enric Morera, que incluía también la petición de conocer "cuál fue la cantidad de ese donativo", ha sido respondida por el consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, apuntando que el dato puede constar en las cuentas de la Fundación V Encuentro correspondientes a 2009, que se depositarán en breve.

"En breve, y dentro del plazo señalado por la ley, constarán las cuentas correspondientes al ejercicio 2009", explica Gerardo Camps en su respuesta parlamentaria, "en ellos constan los extremos sobre los cuales el ilustre diputado solicita información en la pregunta realizada".

El coste real de la visita del Papa a las arcas públicas sigue sin conocerse en toda su magnitud, aunque se hayan hecho públicos datos parciales, siempre arrancados contra la voluntad del Consell. El interés de la oposición se basa en que la visita, así como las adjudicaciones de Ràdio Televisió Valenciana relacionadas con ella, son objeto de investigación dentro del caso Gürtel.

(www.elpais.com, 22/06/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. UN MES DE PENAS Y FATALIDADES

Desde que el pasado 12 de mayo, el Tribunal Supremo reabriera el caso de los trajes, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se esfuerza diariamente por combatir la sensación de que no está al frente de un Gobierno agotado. Sin embargo, los autos judiciales relacionados con el caso Gürtel y las graves consecuencias de la crisis económica han condicionado como nunca la agenda pública del Consell, especialmente de su presidente y los tres vicepresidentes.

El Consell ya era consciente de su imagen de parálisis tras más de un año de caso Gürtel, con Camps pendiente de si volvía, o no, a la condición de imputado por un delito de cohecho pasivo impropio. Así lo confirma, una orden del delegado del Consell en Alicante y vicesecretario general del PP regional, José Císcar, remitida a primeros de mayo a todos los ayuntamientos populares.

"Te ruego nos remitas a la mayor brevedad posible las obras terminadas y no inauguradas que hayan sido financiadas, subvencionadas o participadas de cualquier modo por la Generalitat", señala la orden, "A tales efectos, resulta indiferente que sean obras incluidas en el plan Confianza de la Generalitat o que formen parte de cualquier otro programa del Consell".

El resultado, por ahora, ha sido bastante magro. Las resoluciones judiciales contrarias a sus intereses y los duros ajustes económicos a los que se ha visto obligado el Consell han hecho que Camps sea incapaz de controlar la agenda política.

En términos cuantitativos, el Consell ha mantenido un número superior de convocatorias públicas al de otros gobiernos regionales como el de Madrid, Andalucía y Aragón. Así, el Ejecutivo de Camps ha contabilizado 312 actos en el último mes y medio, frente a los 232 del Gobierno andaluz, los 203 del aragonés o los 103 del madrileño. El Gobierno catalán, a las puertas de los próximos comicios autonómicos que celebrará en otoño, acumula 518 actos en el mismo periodo.

Un análisis cualitativo de estos actos, revela que el presidente de la Generalitat mantiene una actividad muy superior a la de sus tres vicepresidentes, Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino. Un hecho coherente con la nueva estrategia adoptada por Camps tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que reabría la causa de los trajes.

El jefe del Consell, hasta entonces esquivo con los medios de comunicación, anunció el pasado 12 de mayo que se defendería, personalmente, de las informaciones relacionadas con Gürtel para rehabilitar su imagen. La promesa se ha cumplido, aunque a medias. Camps ha intentado mostrarse más accesible, pero siempre en escenarios controlados, lo que le ha hecho concentrar los actos en el Palau de la Generalitat.

Una de las razones es que los acontecimientos apenas han dado tregua a un Camps cada vez más dependiente de sus propias fuerzas. Si el pasado día 12, Camps supo que el Supremo le devolvía la condición de imputado, cinco días después el alto tribunal desvelaba que la decisión había sido adoptada por unanimidad de todos los magistrados.

Sin apenas respiro, el 24 de mayo, la CAM anunció el acuerdo de fusión con Cajastur mediante un pacto que permite a la caja alicantina mantener su presencia, pero no controlar la entidad resultante.

El presidente intentó amortiguar el varapalo dando el acuerdo por bueno, mientras mantenía una reunión con los alcaldes de las tres capitales y la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para analizar las duras repercusiones del decreto de ajuste del Gobierno central. Al día siguiente, los tres vicepresidentes, cuyas figuras se han difuminado a medida que avanzaba el caso Gürtel, alardearon de los logros realizados en esta legislatura. Y el azar les volvió a jugar una mala pasada.

Ese 26 de mayo, el juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, anunciaba su decisión de inhibirse parcialmente en favor del TSJ de Valencia al hallar indicios de que cargos aforados del PP valenciano -entre ellos Vicente Rambla- podían ser imputados de supuestos delitos como financiación irregular, cohecho y delito electoral. Con esta caída en picado, Camps intentó remontar de nuevo publicitando uno de sus proyectos estrella: el nuevo hospital La Fe. Y acudió a "la presentación de la finalización de las obras". Un acto con el que se dio un pequeño respiro. En los días siguientes Camps inauguró la rehabilitación del palacio de La Asegurada en Alicante, visitó las obras del TRAM y pidió que se mostrasen, con balances, sus logros en esta legislatura y la anterior.

La realidad, en cambio, no le ha dado respiro. Si el paro baja, lo hace menos que en España. Bancaja se fusiona, como socio minoritario, con Caja Madrid y acaba con el sueño de contar con una gran caja valenciana. En medio de este panorama, Camps decidió marcharse de viaje oficial a Moscú para tomar aire, mientras su vicepresidente económico asumía en Valencia otro recorte del presupuesto de 1.000 millones de euros y a su consejero de Educación le daban calabazas en la última evaluación del Gobierno. Ahora, Camps solo confía en que los tribunales le den un poco de tregua para intentar recomponer la figura.

(www.elpais.com, 20/06/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. COSTA: "SI MI HERMANO TIENE RESPONSABILIDAD EN GÜRTEL, MÁS TIENE CAMPS"

El ex ministro en el Gobierno de José María Aznar y diputado del PP por Castellón, Juan Costa, lanza en una reciente entrevista publicada en Vogue varias cargas de profundidad dirigidas a las cúpulas regional y nacional del partido. "Si mi hermano [Ricardo Costa] tiene alguna responsabilidad en este caso", afirma en referencia al escándalo Gürtel, "más la tiene Camps o muchas otras personas". "Me preocupa", añade, "que en un partido, en un caso concreto, puede actuar de manera arbitraria. Y creo que mi partido, a nivel nacional, no ha actuado de una manera ecuánime".

Ricardo Costa fue destituido fulminantemente como secretario general del PP de la Comunidad Valenciana y como portavoz del Grupo Popular en las Cortes en octubre, tras desafiar públicamente la versión de Génova, que aseguró que había dimitido. Juan Costa da su punto de vista sobre la reunión que precedió al cese de su hermano: "Alguien mintió y no fue él [en referencia a Ricardo]"; "él salió como secretario general del partido. Si hubo una distorsión entre lo que se aprobó en el Comité Ejecutivo y lo que la dirección nacional del partido pensó que se había aprobado, pues es porque alguien no trasladó la realidad".

El ex ministro deja caer un matiz cargado de intención. Su hermano era número dos del partido en Valencia "desde el verano de 2008". "No ha dirigido las campañas electorales de 2007 ni como secretario general ni como coordinador", precisa. Cabe recordar que los tribunales investigan, en el marco del caso Gürtel, una supuesta trama de financiación ilegal del partido, que afectaría a campañas electorales.

El diputado por Castellón cuestiona también el liderazgo nacional del partido. "Él es Mariano Rajoy y tiene una forma de actuar. Yo en muchas ocasiones no podría actuar de esa manera, pero es que él es él. Yo, desde luego, si no tuviera una buena valoración por parte de la opinión pública española lo consideraría un toque de atención personal, por supuesto".

Por su lado, la consejera portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, no quiso valorar estas declaraciones al no conocerlas, pero dijo que el caso Gürtel se está "disipando y ordenando" y que el tiempo "pondrá a cada uno en su lugar". Y añadió que el presidente Camps actuó con "moralidad, ética y legalidad", y lamentó que este escándalo "haya impedido este último año el debate de los temas importantes".

(www.elpais.com, 19/06/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. LA GENERALITAT LLEVA GASTADOS MÁS DE 211 MILLONES EN LA CARRERA DE FÓRMULA 1

"Coste neutro". El espectáculo automovilístico no iba a costarle nada al erario público. Así lo prometió el presidente del Consell, Francisco Camps, al principio, pero en seguida se vio que no sería así. Tras las dos primeras ediciones del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, la pregunta es cuánto cuesta el evento. El pasado día 3, el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, aseguró, ante una comisión parlamentaria, que la Generalitat sólo ha asumido 85 millones por la construcción del circuito urbano en Valencia y el pago del canon de la prueba hasta 2015. También aseguró que Valmor Sport, la empresa privada que organiza la carrera, ha renunciado a tener "ni un euro de beneficio".

A la semana siguiente, el día 9, en el pleno de las Cortes, el socialista Francesc Signes defendía una proposición no de ley para "recuperar la inversión realizada". Los populares tumbaron la propuesta pero Signes dejó sobre la mesa una cifra del coste de las obras del denominado Valencia Street Circuit, de 110,4 millones de euros. Esa cifra engloba la construcción del circuito por parte del Ente Gestor de Transportes y Puertos de la Generalitat en 2008, más los trabajos posteriores de repavimentación y reforma en 2009 y este mismo año 2010.

Qué ha costado la fórmula 1 a las arcas públicas es una pregunta difícil de responder porque la Generalitat ha negado reiteradamente a la oposición el acceso a los contratos de Valmor Sport con Formula One Administration, la empresa de Bernie Ecclestone propietaria de los derechos de la competición, así como a cualquier otro documento relacionado con el acontecimiento automovilístico. Sin embargo, con lo que se sabe hasta ahora, ya puede afirmarse que supera los 211 millones de euros.

A los 110,4 millones de coste del circuito hay que añadir 90 millones que la Generalitat ha asumido pagar como canon de la competición hasta 2015, pero además, pese a las afirmaciones del consejero de Economía y Hacienda, hay otras aportaciones realizadas desde la Administración autonómica para la fórmula 1.Una de las aportaciones es un préstamo de ocho millones de euros que el Instituto Valenciano de Finanzas concedió a Valmor Sport en diciembre de 2008.

El crédito, por siete años, fue concedido pese a un informe técnico del área de inversiones que advertía de la situación de quiebra de la sociedad, formada por el empresario Fernando Roig, Bancaja y una empresa en la que son socios Jorge Martínez Aspar y el presidente de Sedesa, Vicente Cotino. También señalaba las previsiones de pérdidas y la falta de garantías adicionales. "Los ingresos futuros de la sociedad se estima que son del todo inciertos y no hacen previsible el retorno del préstamo solicitado", concluía el informe.

Por otra parte, la Generalitat ha destinado a la fórmula 1 un millón de euros de la Agencia Valenciana de Turismo en 2008 y se ha hecho cargo de trabajos de montaje y desmontaje de la prueba. A través de la empresa pública que gestiona el Circuito de Motociclismo de Cheste, Circuito del Motor y Promoción Deportiva, adjudicó el material de señales permanentes, los altavoces y las pantallas gigantes, tanto en 2009 como para la prueba de este año, que se celebra el próximo 27 de junio. En conjunto, esas adjudicaciones alcanzaron el millón de euros en 2009 y una cantidad próxima al millón en 2010.

La diputada socialista Maisa Lloret, a quien Gerardo Camps aseguró en las Cortes que "Circuito del Motor adelanta los pagos que le son reembolsados por Valmor" ha solicitado por escrito información sobre este extremo. Señala Lloret: "Hemos pedido explicaciones y esperamos que la Generalitat no deje otra vez de lado la información". Según la diputada, el Consell, con un sistema de adjudicaciones opaco, "está manipulando la libre competencia". "¿Cómo es posible que no sea abierto?", se pregunta Lloret, que arremete contra el préstamo de 8 millones a Valmor: "El Instituto Valenciano de Finanzas no está para pagar guateques y circos del PP sino para impulsar a las empresas productivas de la Comunidad Valenciana, que es lo que ha dejado de hacer estos años".

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, pues, está subvencionando también la fórmula 1 desde el Circuito de Cheste. Se trata de una empresa pública que el Consell ha utilizado para subvencionar diferentes acontecimientos y actividades deportivas y que, según la información recopilada por Maisa Lloret, ha recibido de la Generalitat, en cinco ampliaciones de capital desde el año 2005, cerca de 42 millones

(www.elpais.com, 21/06/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. COTINO VENDE SEDESA PARA LIBRARSE DEL LASTRE DE GÜRTEL Y FRENAR LAS CRÍTICAS AL VICEPRESIDENTE

Deshacerse de Sedesa, desligarse de su marca, montar una nueva empresa y desarrollar el grueso de la actividad fuera de la Comunitat Valenciana. Estos son los objetivos que se ha marcado Vicente Cotino, presidente de Sedesa para tratar de reinventarse y quitarse de encima el lastre que supone verse salpicado por el caso Gürtel por presunta financiación ilegal del PP valenciano. La operación busca también reducir la presión sobre el Consell de Francisco Camps, y especialmente sobre su vicepresidente tercero y principal asesor del presidente de la Generalitat, Juan Cotino, tío de Vicente.

Ezentis, antigua Avánzit, confirmó oficialmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que está "manteniendo negociaciones" para la compra de Sedesa, "sin que hasta el momento se haya alcanzado ningún acuerdo vinculante entre las partes". La negociación se produce tras la llegada de Mario Armero a la presidencia de Ezentis y la posible adquisición, que algunas fuentes dan casi por cerrada, se enmarca dentro del plan estratégico de la antigua Avánzit para los años 2010-2102. La intención de Ezentis es concentrar su actividad en las infraestructuras y la energía pese al fuerte descenso de la licitación de obras públicas por parte de las administraciones.

Por contra, según conocidos de Vicente Sedesa, éste planea iniciar nuevos proyectos tras desprenderse de la marca Sedesa. Algunas fuentes lo sitúan en Brasil, donde puede aprovechar su cerrada amistad con el empresario valenciano Enrique Bañuelos, que ha desplegado en el país sudamericano una intensa actividad inmobiliaria. Vicente Cotino también tiene la vista puesta en Galicia, de donde es originario su suegro, el empresario José Antonio Souto, con intereses en el sector inmobiliario. No obstante Souto también ha tenido problemas con la justicia. El fiscal le pide tres años de cárcel por un presunto delito de fraude a algunos de sus socios en la compraventa de terrenos en Almería.

Según algunas fuentes, Vicente Cotino había establecido contacto con el el PSOE para sondear las opciones de Sedesa en el sector de la obra pública tras el estallido del caso Gürtel. La respuesta socialista fue que Sedesa ya estaba estigmatizada y manchada por el caso Gürtel y que sería muy complicado que recibiese nuevas adjudicaciones. Con la Generalitat, Sedesa ha disfrutado de jugosos contratos, que se elevan al menos 830 millones de euros de facturación en los últimos diez años, optando a concursos de obra pública en solitario o en UTE con otras firmas. El PSPV ha reclamado sin éxito en las Corts los expedientes de contratación, que el Partido Popular de Camps se niega a hacer públicos.

Sedesa ha sufrido en los últimos años los embates de la crisis económica y ha desplegado un proceso de reestructuración que le llevó a vender a ACS su filial medioambiental. Además los negocios de Sedesa en Europa del este tampoco están siendo tan exitosos.

(www.levante-emv.com, 19/06/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. CARLOS FABRA: ´SERÉ INOCENTE HASTA EL DÍA QUE HAYA UNA SENTENCIA QUE ME CONDENE´

El presidente de la Diputación de Castelló y del PP provincial, Carlos Fabra, convaleciente de un reciente trasplante de hígado, ha vuelto a salir a la opinión pública tras la operación en una entrevista en la que, al margen de valorar la actualidad política, denuncia la presunta aparición de una "mano negra" detrás de todos los procesos judiciales que tiene abiertos en los juzgados de Nules.

Fabra señala, que "hay una mano, no negra, negrísima" en los informes de Hacienda, de la Agencia Tributaria o de los peritos judiciales". El presidente provincial del PP, que se recupera ya en su casa de Platgetes de Bellver de Orpesa, critica que se le disfrace de presidiario, que digan que ha obtenido seis millones de euros de empresarios o que le llamen corrupto "y aquí no pase nada", lamentando que "todas las demandas que he presentado en defensa de mi honor prácticamente no han sido estimadas", lo que le lleva a valorar que "aquí calumniar e insultar sale gratis".

Sobre su proceso judicial, pendiente de si se abre juicio oral el próximo 25 de junio, Carlos Fabra, en la entrevista concedida al citado diario, subraya que "todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y yo seré inocente hasta el día que tenga una sentencia firme que me condene, y como soy inocente voy a seguir hasta el final liderando con mi partido una nueva victoria electoral". Fabra se muestra irónico al apuntar que "la Fiscalía Anticorrupción a mí siempre me tiene presente, parece que me quiere sacar el hígado que me han puesto, y sin embargo no veo que con Bono -en alusión al presidente del Congreso- tenga el más mínimo interés en investigarlo".

Sobre Francisco Camps, asegura no tener "ninguna duda" de que debe ser el candidato del PP a la Generalitat en 2011 y, frente a las críticas vertidas contra el presidente del ejecutivo valenciano desde las propias filas populares, asevera que "sólo me interesa lo que piense Rajoy, y estoy seguro de que le va a apoyar". En relación al caso Gürtel, se pregunta si cualquier político, del presente y del pasado, "no ha recibido alguna vez un regalo con motivo de su santo o de Navidad", apuntando que "si eso es cohecho impropio y es un delito, nos deberían procesar a todos".

Sobre su futuro, asegura que volverá a primera línea en septiembre para organizar las candidaturas municipales y autonómicas y descarta ser candidato "salvo circunstancias muy especiales", en clara alusión al futuro político de Camps.

(www.levante-emv.com, 21/06/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. LA JUEZ REPRUEBA A RUS

La juez del juzgado número 2 de Xàtiva, Marta Navas, ha absuelto de los delitos de injurias y amenazas al presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, como avanzó el jueves el PP antes de que se facilitase la sentencia a los interesados. , finalmente, se conocieron los detalles de una sentencia no exenta de reproches contra la actuación del también alcalde de Xàtiva. En el caso de las injurias, se considera que los improperios de Rus, quien llamó "gilipollas" a "esos que dicen aleshores y gairebé" en un acto político, no iban dirigidos al colectivo docente, sino a tres profesores presentes en una protesta contra el proceso de Bolonia, como sostenía la defensa.

La juez cree que la expresión "es apta para colmar el tipo penal de la falta de injurias pues la intención del denunciado no era otra que la de vejar la imagen y la dignidad de sus destinatarios de una forma innecesaria y absolutamente gratuita", pero no considera "sujetos ofendidos" a los denunciantes, los secretarios comarcales de Escola Valenciana y el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (STEPV). La sentencia señala que el dirigente popular citó la manifestación contra Bolonia antes de los insultos y se apoya en la cronología: el acto en el que Rus soltó su desabrido discurso fue el 25 de abril por la mañana, de forma casi simultánea al protagonizado en la capital de la Costera por Escola Valenciana, de lo que induce que las alusiones no eran a los denunciantes.

La juez también absuelve a Rus del delito por amenazas por la frase "vamos a rematarlos", por haberse producido en un mitin ante militantes y simpatizantes, "en el marco de una campaña electoral cuyo contenido básicamente consistió en ensalzar las virtudes de la política del PP y la crítica al oponente". Si bien tilda la expresión de "exceso verbal", la magistrada apela a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ampara "una mayor amplitud" de la libertad de expresión en contextos de participación política.

Aunque la sentencia es recurrible, fuentes de Escola Valenciana señalaron que la decisión no se tomará hasta dentro de unos días. Con todo, el abogado de la entidad, Miquel Badia, avanzó que estudiarían pedir "responsabilidades" por la filtración irregular al acusado desde los juzgados de Xàtiva. Badia, además, mostró su extrañeza por la redacción de la sentencia "en un tiempo récord de ocho días".

(www.elpais.com, 19/06/10)

33. CASTILLA Y LEÓN. EL MENÚ ANTICRISIS DE HERRERA

Cuando durante su primera intervención en el debate de política general de las Cortes de Castilla y León, el presidente de la Junta sostuvo que la crisis obliga a hacer "sacrificios", seguramente no se refería a los gastronómicos. O eso es, al menos, lo que se deduce del menú que el conservador Juan Vicente Herrera y sus colaboradores degustaron a mediodía en su despacho de la Cámara regional.

Empezando por el pulpo a la gallega y pasando a platos más sofisticados como los chipirones angulados con gambas, la tosta de foie con reducción de verdejo, las lascas de rape con piquillos caramelizados o el carpaccio de solomillo de ternera relleno de foie, Herrera y su equipo perfilaron la jornada de tarde de un debate que concluye hoy. En total, nueve variedades más postre a un precio más común que lo que sugiere el menú: 18,50 euros por comensal, según confirmaron en el entorno del presidente.

Como testigo, quedó la impresión del menú que acompaña a estas líneas y que fue puesto a disposición de los comensales. Fuentes de la Junta de Castilla y León destacaron lo "nada extraordinario" del almuerzo, pese a lo poco común de algunas de las variedades.

"Fue servido a modo de pinchos, se tomó de pie, no contó con personal de servicio y no se trajo ninguna comida especial por el hecho de que se tratara del presidente". Sobre el precio, fueron muy insistentes en que, por persona aproximadamente una decena, se pagó lo mismo que pagaron los procuradores que comieron en las Cortes. Menos de 20 euros, pese a que entre las viandas se incluían ibéricos, cocochas o foie. También circunscribieron en la "normalidad" el hecho de que los asistentes contaran con el menú impreso y las variedades servidas. "No fue más que un almuerzo de trabajo", destacaron.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, el conservador José Manuel Fernández Santiago, no acompañó a Herrera y a su gabinete en esta cita. Según aseguraron en la Cámara autonómica, salió fuera a comer.El almuerzo fue el colofón a una mañana en la que uno de los barones con más peso electoral de Mariano Rajoy había anunciado un recorte del 10% en los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma para 2011. Para lo que resta de este año, Herrera anunció 11 medidas para ahorrar 80 millones.

(www.publico.es, 24/06/10)

34. REGIÓN DE MURCIA. PRESENTAN QUERELLA EN EL TSJ CONTRA EL PRESIDENTE VALCÁRCEL POR EL CASO DE LA BALSA JENNY

El abogado José Luis Mazón y el periodista José Juan Cano Vera han presentado querella en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel Siso, como presidente del Consejo de Gobierno, que aceptó la donación de los terrenos de la balsa Jenny y por su posición jerárquica en la estructura administrativo-política de la institución donde se gestaron los hechos, de la cual se infiere jurídicamente que, salvo prueba en contrario, es principal autor, según la querella. Se trata de una ampliación de la querella presentada hace cinco meses por la misma causa contra el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y el ex consejero de Economía, Juan Bernal, y que se encuentra en una situación extraña en la actualidad, dada algunas contradicciones de la Fiscalía Anticorrupción.

En el texto de la querella, los denunciantes argumentan que el querellado era el Presidente del Consejo de Gobierno que el 23 de noviembre de 2001 aprobó la aceptación de la donación de los terrenos donde se ubicaban los residuos tóxicos de la balsa Jenny a sabiendas de dicha condición o carga a cargo de los fondos públicos que iban a ser malversados.Por tanto el querellado era, a título indiciario, presunto autor y no debe ir la querella solo contra los que van a la zaga, dejándonos fuera del proceso de responsabilidad,  al máximo responsable".

Advierten en el texto jurídico que "el ahora nuevo querellado o tal vez personas de su grupo político ubicadas en altos niveles, están desplegando las máximas cautelas para que no se reconozca la realidad y se decidan las actuaciones en forma contraria al principio de legalidad aunque sea causando un escándalo. Indicio de ello es la incomprensible postura de la Fiscalía Anticorrupción emitiendo un informe donde se desfiguraba y tergiversaba tanto la realidad como el marco jurídico para hacer exentos los hechos de la debida responsabilidad jurídico penal, por lo que nos vemos obligados reservarnos, llegado el caso, las acciones contra tan arbitraria posición de la citada Fiscalía.

Si los Fiscales del caso Gürtel han sido imputados por la Sala II del TS, por no oponerse a la decisión del juez Garzón de espiar los locutorios de los abogados, los intervinientes en este proceso pueden llegar a contraer gravosas responsabilidades. Según fuentes periodísticas de toda solvencia, la Fiscalía Anticorrupción, los fiscales entonces al cargo, vieron materia para ir contra Valcárcel y otros Consejeros pero "la superioridad"  decidió dar el carpetazo por criterios políticos  que a posteriori ha intentado justificar jurídicamente de forma injustificable". Además, añaden, "en las actuaciones del Tribunal de Cuentas podemos decir tres cuarto de lo mismo, que el querellado o sus protectores de partido han logrado que el TCU haga lo insignificante importante y lo importante insignificante, con pérdida de credibilidad para el citado órgano institucional, controlado en sus nombramientos, no lo olvidemos, por los partidos políticos PP y PSOE ya que se trata de nombramientos políticos temporales para habituales simpatizantes y servidores de sus respectivas filas".

Según el documento presentado en el TSJ, a última hora del pasado viernes, " los Consejeros querellados no podían tomar ellos solos la decisión de implicarse en tan burda e irracional operación "Jenny". Parece que, según nuestras informaciones, los dos máximos ejecutores de la presunta malversación y prevaricación, fueron el jefe, Valcárcel, y su hombre de confianza, Cerdá, y que el Consejero Economía fue empujado por su superior. La investigación que se abra debe de aclarar este punto".

La denuncia de Mazón y Cano Vera se presentó hace cinco meses en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y la autoridad judicial todavía no había tomado una decisión al respecto. Desde el despacho del letrado mantienen serias dudas acerca de la actuación de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid y se preguntan por el auto de archivo que debiera estar en alguna parte desde hace tres años. Asimismo, fuentes del bufete afirman que llevarán las actuaciones del caso Jenny a todos los niveles que sean necesarios para que se depuren responsabilidades.

(www.vegamediapress.com, 21/06/10)

35. REGIÓN DE MURCIA. LA FISCALÍA DENUNCIA UN POSIBLE DELITO DE PREVARICACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha acordado tras diligencias preliminares de investigación penal remitir documentación al juzgado para que se incoe el procedimiento penal oportuno, al considerar que la Consejería de Educación podría haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de las obras realizadas en el Instituto Ingeniero de la Cierva de Murcia a la empresa Trimtor, propiedad del presidente de la Croem Miguel del Toro.

Con fecha del 16 de junio, el Fiscal Superior ha trasladado al Magistrado Juez Decano de Murcia toda la documentación para que se asigne juzgado para el proceso, según la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción.

El abogado Diego de Ramón presentó querella ante la fiscalía Anticorrupción de Madrid, el pasado 19 de enero, previa denuncia presentada anteriormente el día 15 de enero, contra el antiguo consejero de Educación, Juan Ramón Medina Precioso, la Directora General de Centros, María José Jiménez Pérez Manzanera, y otros colaboradores como la jefa del Servicio de Contratación Herminia Yañez Sánchez, todos ellos denunciados por presunta prevaricación de los funcionarios y comportamientos injustos.

En la denuncia se presentaban las presuntas irregularidades de la Dirección General de Centros de la Consejería, que incluían seis centros educativos que antes de disponer del acta de recepción de obras, realizaron modificaciones por valor de casi 700.000 euros, a favor de la empresa Trimtor, cuyo propietario es el presidente de la patronal murciana Miguel del Toro. Además, de forma verbal, también se adjudicaron obras por importe de millones de euros para obras en la autovía A7, según consta en el escrito.

La Fiscalía abrió diligencias preliminares de investigación penal con número 60/2010, y ahora, tras el estudio de las pruebas, ha acordado abrir diligencias penales por considerar que puede existir un delito de prevaricación en la adjudicación de obras por parte de los responsables de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma.

(www.vegamediapress.com, 22/06/10)

36. ISLAS BALEARES. MATAS AMENAZA A BASAGOITI CON QUERELLARSE SI LE ACUSA DE ALGÚN DELITO

El ex president del Govern y del PP balear, Jaume Matas, reaccionó de inmediato a las declaraciones que, según la revista Vanity Fair, efectuó el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, en las que le calificaba de "jeta" y "chorizo". Matas, imputado en el caso Palma Arena, advirtió que se querellará contra Basagoiti si le acusa de haber cometido algún delito y aseguró que el político vasco "no tiene ni idea ni de lejos de lo que está hablando".

El vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, aseguró en Palma que el líder del PP vasco se había puesto en contacto con la dirección del partido con el fin de "explicar que no utilizó esas expresiones" contra Matas y que disponía de la grabación en cinta de la entrevista que concedió a Vanity Fair para poder demostrarlo. Al parecer estas explicaciones de Basagoiti no llegaron a Matas, quien retó a su ex compañero de partido a concretar sus acusaciones. "Si Basagoiti tiene alguna acusación concreta contra mí, que la haga pública y yo le garantizo que nos veremos en los tribunales", declaró el ex president. Matas abandonó las filas del PP ante su imputación en el caso Palma Arena por el que ha tenido que abonar una fianza de 3 millones de euros para eludir la prisión.

El también ex ministro de Medio Ambiente del Gobierno de Aznar puntualizó que una cosa es que esté obligado a "guardar cierto silencio" por su "sujeción" al procedimiento judicial y otra es que tenga que consentir este tipo de "insultos o vejaciones por parte de un ex compañero de partido".

A su juicio, Basagoiti "no tiene ni idea ni de lejos de lo que está hablando" y, en el caso de que tenga "algún interés en conocerlo", Matas se mostró "dispuesto" a explicárselo y a darle toda la información que requiera.

Según Vanity Fair, en la entrevista que le realizó al presidente del PP vasco, éste aseguró que Matas era "un jeta y un chorizo" que "debería pedir perdón público", no sólo como miembro del PP "sino como representante de los ciudadanos a los que ha engañado".

(www.diariodemallorca.es, 19/06/10)

37. ISLAS BALEARES. MATAS ESTÁ IMPUTADO EN CASI TODAS LAS 22 CAUSAS SEPARADAS DEL CASO PALMA ARENA

El ex president del Govern del Partido Popular (PP) Jaume Matas aparece imputado en la mayoría de las causas separadas en que se va a dividir el sumario del caso Palma Arena, la presunta trama de corrupción en torno al velódromo del mismo nombre. El juez Castro dictará un auto para comunicar la nueva estructura de la causa, que podría dividirse en unas 22 piezas separadas.

El sumario ocupa en la actualidad más de 28 tomos y miles de folios, además de declaraciones en soporte audiovisual y otras numerosas carpetas anexas con documentación muy variada.

El magistrado ya ha abierto dos piezas separadas, una referente a las asesorías externas que el periodista Antonio Alemany prestó al entonces president del Govern Jaume Matas por mediación de la agencia de publicidad Nimbus y otra relativa a presuntas contrataciones irregulares en la primera etapa de IB3 y supuestos sobornos cobrados por el president Matas.

Otra de las piezas separadas es la referente a los fondos pagados por un organismo del anterior Govern dedicado a infraestructuras escolares para la redacción de un anteproyecto y dos maquetas de un futuro Palacio de la Ópera en Palma.

El entonces president del Govern del PP anunció a bombo y platillo el 27 de abril del 2007 que el arquitecto Santiago Calatrava iba a construir en el Moll Vell una ópera por cien millones de euros.

Matas explicó que el proyecto se ejecutaría en la siguiente legislatura, que pensaba presidir puesto que era el candidato del PP. El president del Govern pretendía exprimir el anuncio del proyecto varios días en plena pre campaña electoral, puesto que programó para cinco días después la presentación oficial del proyecto, con una impactante maqueta del Teatro, así como con un sofisticado vídeo.

La Junta Electoral atendió una queja de la oposición y prohibió el 1 de mayo a Matas que presentara la maqueta y el proyecto, aunque no decidió abrir un expediente sancionador al candidato.

Tal y como reveló este diario, la maqueta del Teatro de la Ópera ya fue presentada por Calatrava en un concurso en Suiza a finales de los 80.

Una de las futuras subcausas cuya instrucción está prácticamente conclusa es la relativa a un contrato menor de unos 12.000 euros cobrado por el antiguo gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, a cambio de un informe sobre la accesibilidad al recinto. La fiscalía presume que ese pago fue un sobresueldo y que podría ser constitutivo de los delitos de prevaricación y malversación. Probablemente Matas no estará encausado en esa pieza.

Otro de los grandes capítulos del sumario es el de los presuntos descuadres patrimoniales de Jaume Matas, especialmente en sus propiedades inmobiliarias en Palma y Madrid. La parte más complicada, no obstante, es la referente a todo el proceso de diseño y construcción del velódromo, donde los fiscales anticorrupción ven indicios de graves delitos. En las futuras piezas podrían aparecer muchos de los otros 40 imputados.

Aparte quedan otros flecos de la supuesta trama de corrupción, como el posible delito electoral atribuido a gestores de la agencia de publicidad Nimbus y responsables del Partido Popular de Balears o el pago de comisiones por captación de contratos públicos.

(www.diariodemallorca.es, 24/06/10)

38. ISLAS BALEARES. EL EX PRESIDENT DEL GOVERN JAUME MATAS PONE A LA VENTA SU CASA DE LA RAMBLA POR 650.000 EUROS

El ex president del Govern del PP Jaume Matas, imputado en la presunta trama de corrupción en torno al velódromo Palma Arena, ha puesto a la venta su piso en la finca número 4 de la Rambla dels Ducs de Palma. La vivienda se oferta, según explicaron unos intermediarios, por 650.000 euros. Matas posee en propiedad ese piso como herencia tras la muerte de su padre. La casa tiene una superficie de unos 150 m² y durante unos meses estuvo alquilada por Aina Castillo, ex consellera de Sanidad con Matas.

Joan Serra, el constructor de sa Pobla que hizo la reforma de la vivienda de Matas bautizada coloquialmente como el "palacete" y situada en la calle San Felio, explicó hace pocos días al juez José Castro que también hizo obras en el piso de La Rambla. Según ese testigo, los trabajos no fueron muy caros y consistieron en la reforma de los baños y la modernización del solado y tabiques.

Matas ha aportado como garantía para el préstamo que le concedió, en abril, el Banco de Valencia para poder pagar la fianza de 3 millones de euros y eludir su ingreso en prisión, los inmuebles de La Rambla, San Felio, unos apartamentos en la Colònia de Sant Jordi y otras propiedades de su madre. Todos estos bienes están afectados por el millonario préstamo y el Banco de Valencia ha firmado con la familia Matas acuerdos para defender sus intereses en caso de no devolución del dinero.

En el piso de Matas en La Rambla aparecía un cartel anunciando su venta. Una persona que llamó al teléfono de contacto fue informada de que el precio de la casa era de 650.000 euros.

Matas dejó de trabajar en la sede de Nueva York de una importante consultora tras verse privado del pasaporte por orden del juez Castro, quien también le ha prohibido salir de España sin autorización judicial.

El ex president del Govern, defendido por Rafael Perera y Manuel Ollé, reside en Madrid con permiso judicial. De momento, no ha trascendido que haya encontrado otro trabajo. Matas vive de alquiler en un piso del barrio de Salamanca de Madrid, que el juez sospecha que es de su propiedad, y sigue pagando los plazos de la hipoteca del "palacete"

(www.diariodemallorca.es, 25/06/10)

39. ISLAS BALEARES. EL FISCAL AFIRMA QUE JAUME MATAS AÚN TIENE MEDIOS ECONÓMICOS PARA FUGARSE

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, presidido por el magistrado Juan Pedro Yllanes, deberá decidir si la fianza de tres millones de euros impuesta al ex president Jaume Matas, que evitó su ingreso en prisión, es o no proporcionada a la gravedad de los delitos que le imputan. El tribunal convocó al abogado defensor Rafael Perera para que expusiera los argumentos que planteó en el recurso contra la fianza decretada por el juez Castro. Tanto el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, como la abogada de la acusación particular en nombre de la comunidad autónoma, María Ángeles Berrocal, se oponen a que se modifique la fianza. Ambas acusaciones consideran que la cantidad económica que decretó el juez se ajusta a la gravedad de los hechos y a la capacidad económica de Matas.

En su exposición ante el tribunal el letrado de la defensa consideró que era absurdo que se pudiera plantear la posibilidad de que Jaume Matas intente evadirse de la acción de la justicia. El letrado entiende que los tres millones de euros (la fianza más elevada impuesta jamás en Balears) es una cifra desproporciona, incluso para Jaume Matas.

Rafael Perera mantuvo que no existe el riesgo de fuga porque Jaume Matas ha sido el primer interesado en comparecer ante el juez y poder explicarle todas las dudas sobre su patrimonio personal. Recordó el letrado que pese a que su cliente tenía la residencia fijada en Estados Unidos, regresó a España y se presentó el día y hora que le citó el juez para declarar.

En su recurso, el abogado defensor pidió también que se le devuelva el pasaporte a su cliente, para que pueda regresar a su trabajo, y si es necesario que se le obligue a comparecer a diario ante el consulado español en Estados Unidos. Perera recordó que la retirada del pasaporte le ha supuesto un daño irreparable a su cliente, incluso antes de ser juzgado, ya que ha perdido el puesto de trabajo que estaba desarrollando en el extranjero.

Otro de los argumentos que planteó la defensa, según señaló a su salida de la sala el propio Perera, es que Jaume Matas es una persona con arraigo en Mallorca, donde tiene su patrimonio personal. "No se le ha ocurrido en ningún momento, ni ha pasado por su mente, ni siquiera en pensamiento, fugarse y eludir la acción de la justicia. Sería una torpeza impensable e imperdonable", manifestó el abogado. También sostiene el letrado, que, pese a que su cliente ha sido acusado de promover pruebas falsas, en estos momentos no existe la posibilidad de que Jaume Matas pueda intervenir en la investigación judicial. El letrado se quejó también de que el ex president debe afrontar el pago de elevados intereses por el aval que le ha prestado la entidad bancaria.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, que fue quien inicialmente solicitó al juez Castro que fijara esta elevada fianza, mantuvo que Jaume Matas ha demostrado que sigue teniendo una gran capacidad económica que le posibilita a huir al extranjero, donde mantiene contactos con muchas personas.

El fiscal recordó al tribunal que los tres millones de euros no fueron una dificultad para que el ex president del Govern consiguiera esta cantidad en unos días y pagara la fianza sin ningún problema, lo que demuestra, el gran nivel económico del que está disfrutando en estos momentos. Anticorrupción sostiene que la instrucción del denominado caso Palma Arena aún no ha concluido y que todavía se están investigando muchos flecos pendientes sobre el patrimonio personal del ex president Matas. El fiscal considera que Matas podría influir en la investigación y que en estos momentos no se ha producido ningún motivo para modificar la cifra de la fianza.

Parecidos argumentos defendió la letrada María Ángeles Berrocal, que pidió al tribunal que ratifique la fianza que en su momento fijó el juez Castro. La abogada de la comunidad autónoma citó los gastos fijos que debe afrontar cada mes Jaume Matas, como son la hipoteca y el alquiler del piso de Madrid, que superan con creces los 6.000 euros.

Para la abogada de la acusación, no existe ninguna duda de que Jaume Matas, pese a que no trabaja en estos momentos, sigue disfrutando de una gran capacidad económica.

(www.diariodemallorca.es, 22/06/10)

40. ISLAS BALEARES. LA FUNDACIÓN DE CAÑELLAS RECLAMA AL AYUNTAMIENTO DE ANDRATX 65.000 EUROS

La Fundació Illes Balears, creada y dirigida por el ex president del Govern del PP Gabriel Cañellas, reclamó en un juzgado civil al Ayuntamiento de Andratx el pago de unos 65.000 euros por los convenios firmados en la anterior legislatura para usar la Torre de Sant Elm. Cañellas testificó en la vista oral y en los pasillos de los juzgados de primera instancia acusó al consistorio de Andratx de interponer contra la fundación una denuncia penal para tapar esa deuda.

El juicio tuvo lugar en el juzgado de primera instancia número 1 de Palma. La fundación, defendida por Francisco Gilet, ex conseller con Cañellas, postula que el actual consistorio de Andratx, regido por el PSOE y UM, ha incumplido un convenio de 10 de mayo de 2006. Según aquel acuerdo, la Fundació Illes Balears, titular del antiguo castillo de Sant Elm, cedía dicho recinto para actividades ciudadanas organizadas por el consistorio, gobernado entonces por el PP, y a cambio de unas aportaciones de 18.000 euros trimestrales.

El Ayuntamiento, representado por Francisco José Alonso de Caso, se opone a la demanda alegando que el anterior consistorio cometió graves delitos mediante aquel convenio, dado que los fondos públicos fueron entregados a la fundación sin ningún tipo de contraprestación y control.

La parte demandada pidió en la vista oral que se deje en suspenso la sentencia por esta reclamación en vía civil, en tanto el juzgado de instrucción 7 de Palma, que investiga los mismos hechos, no se pronuncia sobre el alcance penal del caso.

El Ayuntamiento postula que el anterior consistorio, y el Inestur (Instituto de Estudios Turísticos) pagaron a la fundación de Cañellas importantes sumas de dinero a cambio de poder usar la Torre de Sant Elm, cuando antes la empleaban igual sin necesidad de desembolso alguno.

Cañellas y la secretaria de la Fundació Illes Balears fueron interrogados sobre la verdadera naturaleza de los pagos y si éstos eran realmente aportaciones directas para el funcionamiento de dicha entidad.

(www.diariodemallorca.es, 23/06/10)

41. ISLAS BALEARES. EL JUEZ ADVIRTIÓ TRES VECES A RODRÍGUEZ DE QUE PODÍA IMPUTARLO POR FALSO TESTIMONIO

El juez Francisco Pérez, instructor del caso Andratx, advirtió en tres ocasiones a José María Rodríguez, ex conseller de Interior del Govern del PP, durante su declaración como testigo por el chivatazo a los principales implicados en la presunta trama de corrupción urbanística de que podía acabar imputado por falso testimonio. Pérez está estudiando si llama también a declarar por estos hechos al ex president del Govern Jaume Matas.

El magistrado sustituto Francisco Pérez ha interrogado ya, en calidad de testigos y en una pieza separada del caso Andratx, a Eugenio Hidalgo, alcalde de esa localidad en noviembre de 2006 y a Rodríguez, actual diputado del PP en el Parlament. Hidalgo, que está preso por una condena por delito urbanístico, ha explicado que se enteró de la operación policial prevista para el lunes 27 de noviembre de 2006 el sábado 25 anterior. Eugenio Hidalgo se reunió por la tarde con Jaume Matas, José María Rodríguez y Rafael Perera en la sede del Govern, en el Consolat de la Mar.

Rodríguez habló por teléfono con Hidalgo el lunes 27 pocos minutos antes del inicio de la operación Voramar. El hoy diputado negó ante el juez Pérez estar al tanto de la inminente actuación policial y aseguró que su charla versó sobre su situación y futuro político de Hidalgo. La declaración de Rodríguez se prolongó varias horas, durante las cuales se oyeron los discos donde aparecen grabadas las conversaciones entre el conseller de Interior y el alcalde de Andratx, especialmente la del 27 de noviembre.

El testigo aseguró no recordar el sentido de algunas frases de aquella charla y el juez le advirtió de que podía acabar siendo imputado por falso testimonio si mentía.

Finalmente, el fiscal anticorrupción Juan Carrau, presente en la declaración, no pidió la imputación de Rodríguez. El juez decidirá en breve si llama a declarar a Matas en esta pieza separada.

(www.diariodemallorca.es, 25/06/10)

42. ISLAS BALEARES. EL IMPUTADO CARDONA RENUNCIA A SU ESCAÑO Y ABANDONA LA POLÍTICA

Josep Juan Cardona, ex conseller de Comercio del Govern popular de Jaume Matas e imputado en el caso Scala, renunció a su escaño de diputado en el Parlament y anunció su abandono de la vida política, casi dos meses después de que dejara las filas del PP balear tras la fianza civil de 2,9 millones de euros que le impuso el juez. Desde entonces, Cardona pertenecía al grupo mixto, a pesar de la petición del PP balear de que dejara también su escaño.

El hasta diputado formalizó sobre las 12,15 horas su renuncia en el registro del Parlament, aunque no lo hizo personalmente sino a través de un secretario del grupo mixto. Cardona continuó en el edificio parlamentario, en donde se reunió con el secretario general del PP, Miquel Ramis, y el portavoz del grupo popular, Francesc Fiol. Acompañado por este último, compareció una hora más tarde ante los medios de comunicación sonriente y relajado.

El ex conseller afirmó que había decidido presentar la renuncia porque la figura de "aforado" se "considera como un privilegio" y él no desea "privilegios" ante la Justicia. Al ser Cardona aforado por su condición de diputado, el caso Scala había pasado al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). A este argumento, sumó el que era el momento de dejar el Parlament ya que, una vez que ha finalizado el período ordinario de sesiones, a partir de ahora se entrará "en un año preelectoral" y, dado que él ha decidido "no seguir en política", sería "un contrasentido" continuar en la Cámara el último año de la legislatura.

Cardona sostuvo en todo momento que estas habían sido sus razones y, a preguntas de los periodistas, volvió a sonreír asegurando que no se había sentido "presionado" ni "perseguido" para que dejara el escaño. "Sonrío porque me hacen gracia estas preguntas", dijo respecto a su relajada actitud que sólo estuvo a punto de perder cuando se le planteó que sus argumentos para dejar el Parlament también hubieran sido válidos hace dos meses. "Cada uno pensará lo que quiera, pero mis motivos (para dejar el escaño) son los que he dicho y no voy a entrar en debates sobre eso", declaró abandonando por un momento una actitud afable que recuperó de inmediato.

Cardona se dio de baja del PP el 30 de abril, tras las medidas cautelares dictadas contra él por el juez del caso Scala, en el que se investiga la presunta corrupción que se llevó a cabo en la pasada legislatura a través del Consorcio para el Desarrollo Económico de Balears (CDEIB), dependiente de la conselleria de Comercio, con transferencias de fondos que habrían sido empleados en beneficio de particulares. Cuando Cardona fue imputado, el caso pasó al TSJB desde el juzgado de instrucción número 4 de Palma. Ahora, una vez que el Parlament notifique al TSJB que el ex conseller ya no es diputado, lo que supone la pérdida de la condición de aforado, el caso regresará previsiblemente al mismo juzgado de instrucción.

Cardona se mostró convencido de que esto "no supondrá ningún retraso" en el proceso y aseguró que él desearía que el asunto se resolviera "cuanto antes". Además, aseguró que "no se ha producido" ninguna novedad en la investigación. "Hasta donde yo sé, no hay nada nuevo", precisó.

(www.diariodemallorca.es, 25/06/10)

43. ISLAS BALEARES. EL JUEZ REANUDA LOS INTERROGATORIOS DEL CASO BOMSAI TRAS ALZARSE EL SECRETO DE SUMARIO

El titular del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Catany, reanudará hoy los interrogatorios dentro del caso Bomsai, cuyo secreto fue alzado la pasada semana y en el marco del cual tomará declaración a los imputados Federico Rodríguez y Juan José Sedano, quienes ya comparecieron el pasado mes de abril ante la Policía Nacional tras estallar este caso de presunta corrupción, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos a través de la empresa CAIB Patrimoni durante la construcción de la nueva sede de la Conselleria de Salud en Palma y del parque de Bomberos.

Así consta en dos providencias emitidas por el magistrado, a las que tuvo acceso Europa Press, en las que fija a las 10.00 horas la declaración de Sedano y a las 12.00 la de Rodríguez, en ambos casos por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Cabe recordar que Rodríguez, dueño del grupo Gestión de Proyectos Balear (GPB), admitió durante su interrogatorio tras ser detenido por la Policía que antes de que fuese adjudicado a su empresa -junto a Llabrés Feliu y otras- el proyecto de construcción del parque de bomberos ya había manejado información sobre éste y que se había reunido en alguna ocasión con el ex gerente de CAIB Patrimoni, Jaume Vidal -también imputado- para hablar sobre el pliego de condiciones del concurso.

Por su parte, Sedano, comercial de Sa Nostra Renting, explicó en dependencias de la Jefatura Superior que el ex consejero de CAIB Patrimoni y ex director general de Emergencias, Joan Pol, pidió a Sa Nostra cómo podría ser el proyecto de un parque de bomberos «como un 'renting' en vez de como una inversión» mientras que desde GBP le solicitaron cómo sería viable una operación de financiación. «Me llamó la atención el hecho de que las empresas que se ponían en contacto conmigo manejaban información teóricamente privilegiada», llegó a aseverar el encausado.

Las investigaciones sobre la adjudicación de la Conselleria y el parque de bomberos llevaron a denominar Bomsai (por separado, Bomberos-Salud-Islas) esta operación, en la que se indaga si se cometieron los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otras posibles infracciones penales.

Un total de ocho personas han sido detenidas en el marco de este procedimiento. Entre ellas se encuentran el ex director general de Tributos, Jorge Sainz de Baranda; Joan Pol (ambos en libertad bajo fianza de 50.000 y 30.000 euros, respectivamente) y Jaume Vidal, mientras que también está imputado el ex conseller de Economía, Lluís Ramis de Ayreflor, para quien la magistrada sustituta Margarita Bosch decretó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.

(www.ultimahora.es, 23/06/10)

44. ISLAS BALEARES. IMPUTADO JOAN FLAQUER EN EL ‘CASO CASTELL DE SANT ELM’

El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, a instancias del fiscal Juan Carrau, ha imputado al ex conseller de Turisme Joan Flaquer en el denominado ‘caso Castell de Sant Elm', en el que se investiga presuntas irregularidades que vinculan a la Fundació Illes Balears, presidida por el ex presidente del Govern Gabriel Cañellas, como receptora de dinero público a través de Inestur y el Ajuntament de Andratx.

Según han confirmado a este diario fuentes vinculadas a la causa, los delitos que le imputan a Flaquer son malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación. También, y por los mismos delitos, el juez ha imputado al ex director gerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) en la pasada legislatura Carlos Pizá Alabern.

En el ‘caso Castell de Sant Elm' también están inculpados Cañellas, y los ex alcaldes de Andratx Eugenio Hidalgo y Jaume Porsell por delitos de malversación de caudales públicos, fraude y falsedad documental.

La Fiscalía Anticorrupción interpuso una querella penal contra Hidalgo y Cañellas a raíz de las irregularidades detectadas por el actual Ajuntament andritxol. En una declaración ante el juez, el ex alcalde Eugenio Hidalgo apuntó a que obtuvo un convenio con Inestur para obtener financiación para el Castell, «por indicaciones del señor Cañellas».

Las sospechas de la Fiscalía apuntan a posibles indicios incriminatorios de que pudo existir una trama para desviar dinero del Govern a la Fundació Illes Balears, empleando al Ajuntament de Andratx como una pantalla. Hidalgo declaró ante el juez que Cañellas le envió a la Conselleria de Turisme para que pidiera una subvención y financiase el convenio, que suponía el pago de 90.000 euros anuales por parte del Ajuntament a la Fundación Illes Balears.

(www.ultimahora.es, 23/06/10)