ÍNDICE

1. RAJOY DEDICA 35 MINUTOS A CRITICAR SIN OFRECER UNA SOLA ALTERNATIVA

2. QUE NADIE BUSQUE A RAJOY EN EL CONGRESO

3. LA PROPUESTA DE RAJOY DE ADELANTAR ELECCIONES ES RECHAZADA POR LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS

4. RAJOY LLAMA AHORA A LA UNIDAD TRAS ALIMENTAR LA DISCORDIA CON SU RECURSO AL ESTATUT

5. RAJOY SE PREPARA PARA UN "VERANO CALIENTE" EN SUS SEDES VALENCIANAS

6. EL PP NO MOVERÁ FICHA CONTRA EL LÍDER PROVINCIAL MIENTRAS EL SUMARIO SEA SECRETO

7. RAJOY OBVIA LA CORRUPCIÓN TRAS DENUNCIAR UNA CRISIS DE VALORES

8. RAJOY Y AZNAR SE UNEN EN DEFENSA DE LA "ÚNICA NACIÓN"

9. RAJOY TIENE LA ÚLTIMA PALABRA SOBRE LA CANDIDATURA DE CASCOS

10. COSPEDAL LE ROBA EL ESCAÑO A SÁENZ DE SANTAMARÍA CUANDO VA AL CONGRESO

11. PAÍS VASCO. UNA CONCEJAL DEL PP PIDE PERDÓN POR VESTIR DE ROJO Y GUALDA A LA ESTATUA DEL PRIMER LEHENDAKARI VASCO

12. GALICIA. FEIJÓO EVITA COMPROMETERSE A NO INCLUIR A TRÁNSFUGAS EN LAS LISTAS ELECTORALES DEL PP

13. GALICIA. EL NEGOCIO DE LA VISITA DEL PAPA

14. GALICIA. EL CONSELLEIRO HERNÁNDEZ RECIBE AL PP CORUÑÉS EN SAN CAETANO

15. GALICIA. LA DIPUTACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE OURENSE LIDERAN EL GASTO EN PERSONAL

16. ANDALUCÍA. DE LA TORRE FRENA EL CAMBIO QUE ANUNCIÓ AL PLAN DEL PUERTO

17. COMUNIDAD DE MADRID CASI LA MITAD DE LOS MADRILEÑOS SUSPENDE A ESPERANZA AGUIRRE

18. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP DE LA COMUNIDAD. LA JUEZ ARCHIVA 'EL CASO ESPÍAS' PESE A LAS PRUEBAS DE LOS SEGUIMIENTOS

19. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP DE LA COMUNIDAD. GRANADOS PIDE QUE DIMITA EL EX CONSEJERO DE AGUIRRE ESPIADO

20. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. EL JUEZ EMBARGA LOS BIENES DEL DIPUTADO DEL GÜRTEL ALFONSO BOSCH

21. COMUNIDAD DE MADRID. LA CÁMARA DE CUENTAS CRITICA EL DESCONTROL SOBRE HOSPITALES PRIVADOS

22. COMUNIDAD DE MADRID. EL ALCALDE DE ARROYOMOLINOS DESPIDE A LA DIRECTORA FINANCIERA POR DENUNCIAR IRREGULARIDADES

23. COMUNIDAD VALENCIANA. EL 62% DE LOS VALENCIANOS NO CONFÍA EN CAMPS, SEGÚN EL CIS

24. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. PEDREIRA AFEA AL PP SU ATAQUE AL FISCAL Y VE RIESGO DE ´BATALLA CAMPAL´ EN GÜRTEL

25. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL NÚMERO 2 DE LA GÜRTEL DECLARARÁ POR LOS TRAJES

26. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ IMPUTA A TRES EDILES DEL PP EN LA TRAMA CORRUPTA DE ALICANTE

27. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS IMPUTADOS DEL 'CASO BRUGAL' A LOS QUE SE EXIGIÓ FIANZA DEPOSITAN EL DINERO PARA ELUDIR LA CÁRCEL

28. COMUNIDAD VALENCIANA. LA ACUSACIÓN POPULAR PIDE MÁS DE 20 AÑOS DE CÁRCEL PARA FABRA

29. COMUNIDAD VALENCIANA. EL DIRECTOR DE RTVV COBRA UN 25% MÁS QUE CAMPS Y SUPERA EN UN 15% A ZAPATERO

30. COMUNIDAD VALENCIANA. UN PARTIDO DE JUZGADO DE GUARDIA

31. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ HA GASTADO DESDE QUE GOBIERNA 160,1 MILL. EN FAROLAS

32. COMUNIDAD VALENCIANA. VALENCIA DESAFÍA LA LEY PARA PROTEGER "A LAS EMBARAZADAS"

33. CASTILLA-LA MANCHA. ¿QUIÉN ES LÓPEZ DEL HIERRO, EL SEÑOR DEL LADRILLO QUE ENAMORÓ A LA SECRETARIA GENERAL DEL PP?

34. CASTILLA-LA MANCHA. EL PARTIDO POPULAR INTENTÓ BOICOTEAR LA INTEGRACIÓN DE CAJA CASILLA-LA MANCHA CON CAJA-ASTUR

35. ISLAS BALEARES. MATAS UTILIZA A SU MADRE Y SU HIJA PARA PAGAR LA HIPOTECA DEL ´PALACETE´

36. ISLAS BALEARES. ANTICORRUPCIÓN INDAGA FONDOS PÚBLICOS EN LA CAMPAÑA DEL PP DE MATAS

37. ISLAS BALEARES. CRECE LA SOSPECHA SOBRE LAS CUENTAS DEL PP BALEAR

38. ISLAS BALEARES. FERRÉ DICE QUE ENTREGÓ A CARDONA EL 40% DE LO QUE COBRABA DEL IBATUR

39. ISLAS BALEARES. EL GOVERN PAGABA 7.000 EUROS AL MES PARA INFORMAR DE LOS ACTOS DE ESTARÁS

40. ISLAS BALEARES. HACIENDA CONSTATA LAS FACTURAS FALSAS

41. ISLAS BALEARES. EL PP SE PERSONA EN EL CASO PALMA ARENA POR LAS SOSPECHAS DE FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PARTIDO

42. ISLAS BALEARES. POLÍTICOS CONDENADOS EN LA ´SUITE´ DE LA CÁRCEL

43. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL PP DE ASTURIAS RECHAZA LA VUELTA DE CASCOS

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1. RAJOY DEDICA 35 MINUTOS A CRITICAR SIN OFRECER UNA SOLA ALTERNATIVA

16:36 hrs: "Su tiempo se ha acabado", le ha dicho Rajoy para concluir su discurso. Los diputados del PP vuelven a ponerse en pie para recibirle. 

16:32 hrs: Rajoy se viene arriba y da el titular de la tarde: "Disuelva el Parlamento y convoque elecciones generales". La algarabía entre los diputados conservadores es total. Todos en pie aplauden la petición de su presidente. 

16:30 hrs: "¿De qué sirve cambiar la peana y conservar el santo?", sigue Rajoy. "A estas alturas ni siquiera convencen a nadie las alegorías de remar juntos", asegura el conservador, que no sabe "a qué dirección rema el Gobierno". 

16:28 hrs: El presidente del PP sigue alegrando los oídos de los suyos y dando titulares. "A mí me conviene que usted agote la legislatura, pero no hablamos de lo que me conviene a mí, sino a los españoles", afirma Rajoy entre los aplausos de la bancada del PP. 

16:26 hrs: Rajoy continúa pidiéndole a Zapatero que no le reproche su falta de propuestas y su negativa a todo, justificándose en que ha ido a todas las reuniones con él a Moncloa o que le ha apoyado en la lucha contra ETA. 

16:23 hrs: Se calienta el debate, los parlamentarios comienzan a protestar entre ellos mientras Bono trata de poner orden. "Hay momentos y debates que requieren un respeto especial". Es inútil. Los diputados siguen su cruce de reproches. Algunos hasta se levantan y señalan con el dedo a otros. "Siéntense", dice Bono. "Hagan el favor de calmarse y permitir que use la palabra el orador".

16:22 hrs: "No puede decir que el Constitucional ha respaldado globalmente la constitucionalidad del Estatut mientras el president de la Generalitat encabeza una marcha contra el fallo. Una cosa aquí y otra allí". 

16:20 hrs: Rajoy cambia de tercio para referirse al Estatut. "Engañó a la sociedad catalana", le reprocha, mientras afirma que también engañó a los grupos políticos catalanes y a los ciudadanos.

16:18 hrs: "Quien encarna y suscita la desconfianza es usted, señor presidente", mantiene Rajoy, que considera que Zapatero "ha negado la realidad", rechazando "recomendaciones". "Es usted el único gobernante de todo el mundo civilizado que ha acumulado un déficit de 13 puntos en dos años". "Es difícil que la desconfianza suya se traslade a las empresas". "Hay empresas y bancos que no reciben crédito porque son españolas y llevan el marchamo del Gobierno, cuyo crédito está bajo mínimos". 

16:16 hrs: El conservador se mantiene en la trinchera disparando con bala hacia las medidas del Gobierno. "Lo que ha hecho es una arbitriariedad, deja al descubierto su escasa lealtad a los compromisos que firma". 

16:15 hrs: Rajoy consume la mitad de su tiempo sin aportar nada más que críticas. Ni una sola propuesta de parte del presidente del PP.

16:14 hrs: "Ha sido injusto, no le ha temblado la mano para congelar las pensiones", dice Rajoy, quien critica de nuevo la congelación de las pensiones porque "hablamos de las viudas, los huérfanos y las personas con discapacidad". 

16:12 hrs: "Zapatero condena la actitud de Zapatero y se dispone a salvarnos de la actitud de Zapatero", continúa Rajoy, que tiene que parar su intervención cada poco tiempo por las interrupciones de sus diputados, que no dejan de aplaudir. "Pretende aplicar y defender lo contrario de lo que ha hecho. Lo contrario de lo que se comprometió en debate investidura". 

16:11 hrs:  El presidente del PP le pide a Zapatero que "visite un comedor de asistencia social y hable con la gente que allí acude". "Yo lo hice, ustedes no", asegura Rajoy entre los aplausos de los conservadores y las protestas de los socialistas. Rajoy se presenta como el defensor de los más necesitados ante la Cámara.

16:10 hrs: Bono tiene que pedir silencio ante las protestas de los diputados socialistas. "Les ruego que tengan la voluntad de escuchar al orador con respeto".  

16:09 hrs: Rajoy le pide a Zapatero "más justicia y menos dolor" en sus medidas, al tiempo que le reprocha los datos del paro, la deuda y el déficit, recibiendo las protestas de los diputados socialistas. 

16:07 hrs: "No iba a congelar las pensiones y las ha congelado, no iba a bajar los sueldos a los funcionarios y los ha bajado", le espeta. ¿Para qué nos ha hecho perder un año? Si nos hubiera hecho caso entonces, si hubiera cumplido con su deber....

16:06 hrs: Le reprocha a Zapatero que dijo que no iba a aceptar medidas que conllevaran recortes sociales. Que dijo que "no hay que hacer reforma del mercado laboral". Le reprocha que lo repitió hasta tres veces. 

16:04 hrs: Le recuerda a Zapatero que hace un año habló de no hacer demagogia "sobre si se gasta más o se gasta menos". "Una frase que pide mármol". Las necesidades son las mismas, pero más graves. Zapatero ha pasado del negro al blanco. Todo lo que afirmaba entonces lo niega ahora. Dice que le advirtió sobre el déficit.  

16:03 hrs: "¿En qué se diferencia este debate con el de hace un año?", comienza Rajoy. "Por su parte en todo, por mi parte en nada, yo no he cambiado", añade.

16:02 hrs: Rajoy sube al estrado. Los diputados del PP, de pie, aplauden a su presidente. Rajoy sonríe mientras Bono pide silencio. 

16:01 hrs: Bono dice que se pretende que todos los grupos, salvo el mixto y el socialista, intervengan en la jornada de hoy.

16:00 hrs: Los diputados vuelven al hemiciclo para reanudar el debate.

(www.publico.es, 14/07/10)

2. QUE NADIE BUSQUE A RAJOY EN EL CONGRESO

A Mariano Rajoy no le interesa demasiado el debate sobre el estado de la nación si no habla él. El presidente del PP se ha ausentado de la segunda jornada en el Congreso porque tenía trabajo en su despacho de la calle Génova, sede nacional de los conservadores. Las fuentes del PP han restado importancia a la ausencia y han recordado que portavoces de otros grupos tampoco han estado presentes en el edificio de la Carrera de San Jerónimo.

Preguntada por este asunto, la portavoz del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido al PSOE que aclare qué es lo que tenía que decir hoy el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a los españoles. A su juicio, su intervención de hoy ha sido "tan prescindible" como la de .

"No ha dicho nada, no ha dado propuestas ni alternativas; Zapatero está apalancado en el sillón a ver si pasa el tiempo y tiene un golpe de suerte", ha añadido. De forma muy diferente piensan las ministras de Defensa, Carme Chacón, y de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quienes han atribuido la ausencia al "mal perder" del líder del PP.

"El señor Mariano Rajoy no presentó ni una sola idea y hoy ni se presenta, eso es lo que hay", ha resumido Jiménez refrendada por Chacón, quien se ha limitado a señalar que "sólo hay que ver la cara" del líder de la oposición para conocer cuál ha sido el resultado del debate.

(www.publico.es, 15/07/10)

3. LA PROPUESTA DE RAJOY DE ADELANTAR ELECCIONES ES RECHAZADA POR LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS

El 53% de los ciudadanos no considera oportuno adelantar las elecciones, como ha pedido el líder de la oposición, Mariano Rajoy, , en el Debate del Estado de la Nación. La mayoría cree que en un momento de crisis como éste lo que conviene es ir adelante con las reformas anunciadas por el Gobierno.

Frente a estos, un 42% se ha mostrado a favor de adelantar los comicios, según una encuesta de El País, realizada tras el Debate, que refleja, además, que Mariano Rajoy ganó al presidente por la mínima, con un 32% frente al 29% obtenido por Zapatero.

De acuerdo con este sondeo, el 29% piensa que el líder del PP conoce mejor la situación actual y lo que se debe hacer para salir de la crisis, frente a un 27% que ve mejor preparado a Zapatero.

 

Ninguno de los dos líderes pasa la prueba de la credibilidad. El presidente del Gobierno inspira poca o ninguna confianza en el 75% de los encuestados, mientras que Rajoy no cree un 69%.

Eso sí, la mayoría de los ciudadanos, tiene la idea, como acusó Zapatero en su discurso del Debate, de que Rajoy pone sus intereses por delante de los de España, y por el contrario piensan que el presidente del Gobierno antepone los intereses del Estado por encima de los suyos.

(www.elplural.com, 16/07/10)

4. RAJOY LLAMA AHORA A LA UNIDAD TRAS ALIMENTAR LA DISCORDIA CON SU RECURSO AL ESTATUT

Después de cuatro años de echar leña al fuego sobre el Estatut, el líder del PP, Mariano Rajoy, llama ahora a la unidad de todos los españoles, tras la sentencia del Tribunal Constitucional y declara al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como único responsable de las consecuencias del fallo judicial.

Rajoy se ha referido a la sentencia del TC en la clausura del campus de verano FAES, en un acto en el que ha estado acompañado por el ex presidente del Gobierno José María Aznar y donde ha censurado a Zapatero y al PSOE por la forma en que han actuado en relación con el Estatut. El líder popular ha dicho que Zapatero "ha demostrado una frivolidad sin límites" y una "absoluta falta de sentido de Estado", además de engañar a los ciudadanos de Cataluña y a todos los españoles. "Tras actuar como aprendiz de brujo", está escondido viendo las consecuencias de la "frivolidad de sus actuaciones", ha afirmado.

Rajoy ha dicho que ahora sólo le importa el futuro, y que su partido va a actuar con sentido de Estado y va a convocar a un proyecto común para toda España, que rechace la división y el enfrentamiento, "que sume y multiplique voluntades y que abrigue la fuerza de la unidad", porque "cuando esto ha ocurrido en España es cuando mejor nos han ido las cosas a los españoles", ha destacado. A juicio de Rajoy, que el Tribunal Constitucional haya dictado sentencia sobre el Estatut significa que se cumplen las reglas de juego que se dieron los españoles al aprobar el texto constitucional, y eso, ha considerado, es una buena noticia para un país.

(www.elplural.com, 11/07/10)

5. RAJOY SE PREPARA PARA UN "VERANO CALIENTE" EN SUS SEDES VALENCIANAS

Mariano Rajoy sabe que le espera otro verano complicado. O "caliente" en lo que a la corrupción y las decisiones judiciales concierne, según admiten en su entorno. Desde la dirección del PP se teme que a lo largo de las próximas semanas puedan conocerse datos de la investigación del caso Brugal –una nueva trama de corrupción ligada a la adjudicación de servicios de basura en la Vega Baja alicantina– y que se publiquen en la prensa conversaciones telefónicas que la policía puede haber grabado al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado en esta operación (todavía bajo secreto de sumario) por fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios.

Tampoco descartan los conservadores que a su particular "verano caliente" contribuya José Flors, el juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) encargado de volver a poner en marcha el caso Camps tras la inmediata reapertura ordenada por el Supremo.

Ningún dirigente del PP ha olvidado la tensión vivida el año pasado, allá por julio, cuando el Supremo llamó a declarar en Madrid a su ahora extesorero, Jesús Bárcenas, y al diputado Jesús Merino mientras el juez Flors, desde Valencia, decía ver "indicios de delito" en el proceder del presidente autonómico, Francisco Camps, y su mano derecha, Ricardo Costa, por haber admitido, supuestamente, regalos de la trama Gürtel. Por suerte para el PP, el caso Camps pasó al TSJCV (dirigido por un amigo del líder valenciano), que, en los primeros días de agosto, decretó el archivo del sumario. Pero los socialistas de Valencia y la fiscalía recurrieron ante el Supremo. Y ganaron.

Tras este periplo, el polémico asunto de los trajes está de nuevo en el juzgado de Flors. Entre otras cosas, el magistrado ha de decidir en breve si se limita a investigar el tema de los regalos o si, como le aconseja el juez de Madrid que instruye el caso Gürtel, rastrea también pistas de financiación ilegal. De los frentes judiciales abiertos, este preocupa especialmente a Rajoy. Hasta el punto de que la designación de Camps como candidato del partido para las próximas autonómicas depende del mismo. Y es "poco probable" que el PP tome medidas disciplinarias contra Ripoll u otros populares imputados en distintos casos (léase Carlos Fabra, por ejemplo) antes de que se aclare el futuro de Camps.

Tanto en Gürtel como en Brugal, la respuesta política del PP se ha centrado en la siembra de dudas sobre la investigación, bien por las escuchas a los imputados, en el primer caso, bien por la reciente y breve detención de Ripoll, que el juez instructor, pese a haberla autorizado, quiso hacer pasar por una decisión autónoma de la policía. "Es irresponsable y llueve sobre mojado –dijo la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega–. La actitud del PP en estas situaciones pasa siempre por echarle la culpa a otros. No es admisible en democracia. Todas las actuaciones están ajustadas a la realidad".

(www.elperiodico.com, 10/07/10)

6. EL PP NO MOVERÁ FICHA CONTRA EL LÍDER PROVINCIAL MIENTRAS EL SUMARIO SEA SECRETO

La detención del presidente de la Diputación de Alicante, José ?Joaquín Ripoll, sigue generando reacciones políticas también en Madrid. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, evitó concretar sobre el futuro de Ripoll dentro del partido y afirmó que la formación va a esperar a que se levante el secreto de sumario para conocer "algún dato más". La "número dos" se refirió como "imputación con carácter genérico y sin concretar" la realizada a Ripoll.

La secretaria general del PP ?realizó estas declaraciones en Ciudad Real durante las jornadas de trabajo que el grupo popular en las Cortes de Castilla-La Mancha. Cospedal, apelando a la teoría de la conspiración. "Lo que sabemos es lo que se produjo antes de esa imputación, un montaje", dijo, organizado por el Ministerio de Interior, sobre el que ya han pedido explicaciones a Alfredo Pérez Rubalcaba, añadió.

A juicio de la dirigente, "no hacía falta" que se desplazaran 80 policías a la Comunitat Valenciana, "una de las regiones con el ratio de policías por habitante más bajo de España", para acompañar a unas personas a "declarar voluntariamente". Y criticó igualmente que se diera aviso a las televisiones para que "tomaran buena nota".Tampoco faltaron las reacciones desde el PSOE. El vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, acusó al presidente del PP, Mariano Rajoy, de "agachar la cabeza cada vez que hay un problema" y aseguró que "hasta al pulpo "Paul" le cuesta menos tomar decisiones que al líder de los populares". En este sentido, Blanco volvió a pedir explicaciones al presidente del PP respecto a la situación del presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, tras la actuación policial y judicial de esta semana.

En su intervención durante la Fiesta de la Rosa de los socialistas de Oviedo, Blanco manifestó que se trata de un "nueva capítulo del PP" y añadió que Rajoy, "que tiene principios de quita y pon", debe explicar a la ciudadanía si sigue creyendo que el modelo de la Comunitat Valenciana o Baleares siguen siendo el modelo para su gobierno.

"Debe dar una explicación de lo que está ocurriendo estos días, no puede ser que pida explicaciones a la policía en lugar de pedirlas a los imputados", dijo el ministro, quien insistió en que "es hora de que explique a toda España por qué cuando detienen a un presunto delincuente siempre pide explicaciones a la policía y no a quien presuntamente comete el delito".

Y desde Alicante, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, también ironizó sobre la situación del PP y manifestó que, "al ritmo que va, el PP hará su próximo congreso en Alcalá-Meco, y el de Alicante, en Fontcalent", refiriéndose a las dos prisiones de Madrid y Alicante.
El secretario de Estado consideró que el líder del PP, Mariano Rajoy, "no puede mirar hacia otro lado" porque el de Alicante "no es un caso aislado ni singular". En este sentido, recordó que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, está "pendiente de sentarse en el banquillo por una de sus innumerables causas"; que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, también "está pendiente de estar en el banquillo por delitos gravísimos en la red de corrupción más importante del país", y que cada vez son más los responsables políticos en Alicante que están siendo "investigados y detenidos por orden judicial".

En la misma línea, subrayó que el "deterioro" del PP es "muy grave" y en toda España, ya que no ocurre sólo en la Comunitat Valenciana, dijo, al tiempo que recordó los casos de Baleares, "con el Gobierno de Jaume Matas", Madrid y Castilla y León. "Estamos hablando de una corrupción generalizada que llega hasta la médula", sentenció. "Y cada día que pase, las miradas irán dirigiéndose a un lugar, que no se toque Génova, que no se toque Rajoy", concluyó.

(www.levante-emv.com, 11/07/10)

7. RAJOY OBVIA LA CORRUPCIÓN TRAS DENUNCIAR UNA CRISIS DE VALORES

Mariano Rajoy acudió a Navacerrada, en la sierra madrileña, a clausurar el campus de verano de FAES, la fundación que dirige el ex presidente José María Aznar. A sabiendas del público entre el que se encontraba, el líder del PP buscó la complicidad de su auditorio haciendo un discurso vertebrado en los principios y valores del partido. Esos que el sector más duro de su formación le reclaman que defienda sin complejos. Junto a valores como las libertades individuales, el derecho a la vida o el mérito y el esfuerzo, el líder del PP coló el respeto a la presunción de inocencia. Una alusión velada al último escándalo de corrupción que ha salpicado a su partido.

El pasado martes, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, fue detenido por su implicación en el caso Brugal. Hasta la fecha, el PP no ha tomado ninguna medida contra este dirigente a la espera de novedades judiciales en el caso. La línea de defensa de los conservadores es que la detención es una muestra más de la campaña de acoso y derribo que el Ministerio del Interior ha puesto en marcha contra el PP. Por ello, al igual que hizo Rajoy, en los últimos días, destacados dirigentes del partido han insistido en público en la necesidad de que se respete la presunción de inocencia.

"No sé si otros pueden decir lo mismo, pero nosotros tenemos unas convicciones, unos principios y unas ideas que no necesitamos improvisar que constituyen la esencia de lo que somos", defendió Rajoy. Después, recalcó, que al PP no le gusta "que se le quite importancia o incluso se pretendan destruir los valores en los que se fundamentan las sociedades buenas y justas". Y pasó a detallar: "No nos gusta que se divida a la gente, que se engañe a los ciudadanos, que se discutan las reglas del juego y se desprecien. Que se rompan los consensos básicos de la nación, que no se respete la presunción de inocencia...". Pero de su postura ante la corrupción, ni una sola palabra.

El líder del PP se marcó como objetivo para el futuro "el rescate de esos valores". Porque, a su juicio, "son el fundamento de todo, lo que está detrás de todo". Además, consideró que el presidente del Gobierno "se ha liquidado a sí mismo" con la gestión que ha llevado a cabo en los últimos años.

Para el líder de los conservadores, entre todas las reformas estructurales que el país debe acometer para hacer frente a su situación, "la más urgente si queremos generar confianza y seguridad en España y fuera de España, es un cambio de gobernantes".

(www.publico.es, 12/07/10)

8. RAJOY Y AZNAR SE UNEN EN DEFENSA DE LA "ÚNICA NACIÓN"

El líder del PP, Mariano Rajoy, había sido muy cauto tras la sentencia del Estatuto. Apenas había pedido prudencia y mirar al futuro. Ese hueco político lo cubrió su mentor, José María Aznar, que habló más claro. Pero , en la cita anual que es prácticamente el único acto en el que ambos compiten con dos discursos, la clausura del Campus FAES, Rajoy no quiso dejar que su mentor le arrebatara el protagonismo y lanzó su mensaje más claro sobre el Estatuto, coincidente con el de Aznar.

El presidente del PP y su mentor se aferraron a una frase de la sentencia: la idea de que "la Constitución no conoce otra nación que la española" para reivindicar que es el PP, con su recurso, quien ha logrado defender ese concepto básico. "Hay una afirmación importante en la sentencia. Afirma la soberanía nacional y la nación española, y de ahí sale todo", sentenció Rajoy.

"La sentencia avala que la nación española existe. El Constitucional ha sentenciado que en España hay una única nación, la nación española, y un único sujeto de soberanía, el conjunto de todos los españoles. Debemos felicitarnos por ello y debemos felicitar al PP", remató Aznar, que sin embargo animó a Rajoy a analizar también las "consecuencias" de todo el proceso del Estatuto, mientras Rajoy, en un tono mucho más presidencialista, se limitaba a pedir "mirar al futuro" para convocar a todos los españoles a un "proyecto que abrigue la fuerza de la unidad".

En lo que sí coincidieron es en responsabilizar a Zapatero de todo el proceso. "Zapatero ha actuado con frivolidad sin límites, con falta de sentido del Estado. Ha engañado a todos, a los catalanes y al resto. Después de actuar como aprendiz de brujo está escondido al ver las consecuencias. Da instrucciones de arremeter contra el PP, pero esto ya no cuela", sentenció Rajoy.

Pese a que el líder del PP no quiere volver a la tensión de la legislatura anterior, y quiere evitar cualquier discurso polémico en Cataluña, el mensaje de la única nación española recordaba a la polémica de casi dos años contra Zapatero por decir en el Senado que "el concepto de nación es discutido y discutible"

Aún así, tanto Rajoy como Aznar se cuidaron de no hacer ninguna referencia expresa contra los manifestantes del día anterior en Barcelona. Es un problema del PSOE, insisten en el PP. De hecho, en el entorno de Rajoy no quieren siquiera analizar si detectan una deriva hacia el independentismo en Cataluña, y se limitan a aclarar que están muy contentos con la sentencia porque al final, con los fundamentos jurídicos, cambia casi 100 artículos.

(www.elpais.com, 12/07/10)

9. RAJOY TIENE LA ÚLTIMA PALABRA SOBRE LA CANDIDATURA DE CASCOS

El PP de Asturias dio un nuevo paso. Tras el rechazo de las juntas locales del partido en Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres a la hipotética candidatura de Francisco Alvárez-Cascos, el comité electoral de la formación regional lo rechazó también formalmente.

Fuentes cercanas a Mariano Rajoy reconocieron en medio del debate sobre el estado de la nación su sorpresa por la oposición que mostraban ahora sus compañeros y recordaron que en cualquier caso la última palabra corresponde al órgano nacional que preside Miguel Arias Cañete. Este, por supuesto, actuará de acuerdo a la decisión del líder conservador. Es decir, que la dirección nacional, si quiere, se puede imponer en el último minuto.

Pero es precisamente toda esta situación la que ha llevado, en parte, a los dirigentes del PP asturiano a mover ficha y rechazar a Cascos. Cuentan en el partido regional que ellos se lo pidieron al ex ministro y él no respondió. Y tampoco Rajoy hizo nada por confirmarlo. Ahora están molestos porque los partidarios de Cascos están recogiendo firmas y convocando reuniones secretas. En el partido no quieren que sus filas se revolucionen y, por eso, han decidido paralizar el proceso.

Precisamente esto último es lo que denunciaron los conservadores asturianos a través de otro comunicado. En este texto, sostienen que desde que se comenzó a hablar del aterrizaje del ex secretario general, "se ha desarrollado toda una actividad por parte de personas de su entorno orientada a poner en cuestión a los órganos de gobierno del PP tanto a nivel local como regional". "Todo ello con un riesgo evidente de ruptura interna que debilita las posibilidades electorales del partido", añade el documento. Y, por eso mismo, concluye que su cabeza de lista a las elecciones al Principado en 2011 deberá ser alguien que "una al conjunto" y "no que lo divida".

A su actual presidente, Ovidio Sánchez, le preocupa mucho que eso ocurra. Por eso explican que algunos cargos del PP asturiano, tanto él como otros compañeros, han cambiado de parecer en los últimos meses, porque la situación se iba "emponzoñando". El problema, y así lo reconocen, es que el comité electoral regional no tiene ningún otro nombre que elevar al nacional.

El PP insistió en que este debate "no toca" en estos momentos sino a la vuelta del verano. No quieren más líos internos. Y desde el área de organización lo achacan a que se está organizando un acto de homenaje a Cascos el próximo día 23 que a muchos ha alarmado porque piensan que es su proclamación. Fuentes del PP aseguran que el ex ministro de José María Aznar cuenta con muchos enemigos que no quieren su regreso político.

Pero Cascos también tiene grandes apoyos. Para el líder del PP de Andalucía y responsable precisamente de política territorial, Javier Arenas, se trata de "un político extraordinario". Además, señaló que el su partido, a nivel nacional, no había recibido ninguna propuesta formal de Asturias.

(www.publico.es, 16/07/10)

10. COSPEDAL LE ROBA EL ESCAÑO A SÁENZ DE SANTAMARÍA CUANDO VA AL CONGRESO

Una foto de la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Nación no ha pasado desapercibida: la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sentada junto a su jefe, Mariano Rajoy, en la que aparece una desplazada portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, apoyada sobre la mesa en una postura que parece incomodarle. Una vez más, De Cospedal le robó el escaño a Sáez de Santamaría, lo que se convirtió en la comidilla de los corrillos de la Cámara Baja.

ABC certifica que hay "pique" y que puede acabar "a codazo limpio". Cada vez que se da un debate de relieve en el Congreso, De Cospedal, que es senadora, acude y le quita el puesto, el que está pegado a Rajoy, a Sáenz de Santamaría.

Volvió a suceder el pasado miércoles, en el Debate sobre el Estado de la Nación. La empollona de la clase –que había preparado concienzudamente el combate entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero– de nuevo fue desplazada por la listilla de otro curso y no escuchó bien las explicaciones del profesor. De esto, los socialistas no pierden detalle. Los gestos de De Cospedal y de Sáenz de Santamaría son comentados, con cierta burla, entre ellos.

Ellas sufren este pique en silencio. No obstante, a veces, la tensión es más palpable; como cuando se produjo una sesión solemne de homenaje a las víctimas del terrorismo, el pasado 27 de junio. En esa ocasión, De Cospedal anunció que acudiría al Congreso y su equipo aviso al de Sáenz de Santamaría que ocuparía el sillón de siempre. Pero no pudo ser, ya que el protocolo exigía que cada portavoz se sentara en el escaño que tiene asignado. Aquélla fue una batalla perdida para la número dos del PP.

(www.elplural.com, 16/07/10)

11. PAÍS VASCO. UNA CONCEJAL DEL PP PIDE PERDÓN POR VESTIR DE ROJO Y GUALDA A LA ESTATUA DEL PRIMER LEHENDAKARI VASCO

La noche del domingo varios cargos públicos del PP vasco salieron a celebrar por las calles de Bilbao el triunfo de la selección española, cuenta el diario Deia. Iban con camisetas de la roja, bufandas y banderas de España. Al grupo se le ocurrió fotografiarse en la calle Ercilla junto a la estatua del primer lehendakari vasco, José Antonio Aguirre, a la que colocaron delante una bandera roja y gualda.

Esa imagen, publicada por el diario Deia, ha escocido entre varios sectores del nacionalismo. Tanto lo ha hecho, que la portavoz del PP de Getxo pidió este jueves "mil excusas" si alguien se ha podido sentir "ofendido" por esa fotografía.

En declaraciones a los medios, Arrúe afirmó que en "esa noche sacaron muchas fotografías por Bilbao y Getxo, y creo que es una fotografía más". En todo caso, dijo, "si algunas personas se han sentido ofendidas por este tipo de fotografías, yo personalmente pido mil excusas, y desde luego nunca ha habido ninguna intención, al revés". Arrúe aseguró sentir un "gran respeto" por el Lehendakari Aguirre, que fue alcalde de Getxo. "Lo siento en el alma por la gente que se ha sentido ofendida le pido excusas", cocnluyó.

(www.publico.es, 15/07/10)

12. GALICIA. FEIJÓO EVITA COMPROMETERSE A NO INCLUIR A TRÁNSFUGAS EN LAS LISTAS ELECTORALES DEL PP

La pregunta fue muy directa. ¿Pueda garantizar usted, como presidente del PP, que su partido no va a incluir a tránsfugas en las listas para las municipales de 2011? Alberto Núñez Feijóo hizo amago de no responder. Después de haber utilizado cinco minutos de su rueda de prensa tras presidir la reunión semanal de su Gobierno para opinar sobre el Debate del Estado de la Nación y el papel que en él jugaron el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, comenzó su intervención alegando que no le gusta hablar de los temas de partido en la sede del Gobierno. Consciente de que en el mismo foro son habituales sus disertaciones ya no sobre el PP, sino también sobre política interna del PSdeG o del Bloque, acabó por contestar.

Ante esa cuestión concreta, si puede garantizar que personas declaradas tránsfugas no vayan en las listas del PP, o lo que es lo mismo, si está dispuesto a cumplir el Pacto Antitransfuguismo que Partido Popular y PSOE firmaron en pos de la regeneración democrática, no hubo un pronunciamiento rotundo, ni siquiera claro. Esta fue la respuesta de Feijóo: "Hay muchas cuestiones de mociones de censura a lo largo y ancho de nuestro país tanto en Galicia como en España y veremos y estudiaremos cada una de ellas".

Feijóo evitó comprometerse, igual que han hecho durante los últimas semanas otros dirigentes de su partido. Cuando se le preguntó al presidente del PP y de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, principal muñidor de las mociones de censura y de la negociación misma con los tránsfugas en municipios como Mos o Silleda, éste aludió a que la ley permite incluir a tránsfugas en las candidaturas. Dejó entrever que para él no rigen más normas que la ley, independientemente de que su formación haya firmado un pacto antitransfugismo. Y pasó la pelota al partido socialista para ver qué hace con los concejales de Benidorm -incluida la madre de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín- oficialmente expulsados del partido por pactar con un tránsfuga del PP.

El secretario general del PP gallego y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, tampoco ha querido garantizar el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo. Después de que el comité de expertos de este organismo dictaminase en un informe provisional que el Gobierno del ayuntamiento de Gondomar, donde seis ediles del PP, cuatro socialistas que cambiaron de siglas y un independiente, arrebataron el poder al alcalde nacionalista Antón Araúxo, estaba integrado por tránsfugas, Rueda no quiso pronunciarse sobre el regreso de los concejales populares en las municipales del año que viene.

De hecho, el número dos del PP gallego, comparó el domingo pasado en una entrevista en Faro de Vigo, la participación de los tránsfugas en la vida política con las coaliciones postelectorales. Rueda aseguró que le gustaría obtener el compromiso del PSOE para respetar que gobierne la lista más votada. O lo que es lo mismo, equiparó el cambio de chaqueta de un concejal que se presenta en las elecciones bajo unas siglas que luego cambia en virtud de sus intereses personales, con las coaliciones entre partidos que están en el germen del sistema parlamentario que rige la Constitución española.

Desde hace meses, el PP de Pontevedra, capitaneado por Louzán, ha emprendido negociaciones con tránsfugas y grupos independientes para tratar de evitar una sangría de votos que haga peligrar la Diputación de Pontevedra, que los populares mantuvieron en 2008 por un puñado de papeletas y en el tiempo de descuento. Pese a que la dirección regional formalmente nunca amparó las mociones de censura -en el caso de Mos, llegó a desautorizarla públicamente, una advertencia que Louzán se saltó tan pronto como vio salir el avión de Feijóo rumbo a Buenos Aires-, pocos en la cúpula del PP parecen dispuestos a llevar la contraria al barón provincial, conscientes de que de su decisión podría depender la Diputación de Pontevedra.

La oposición de PSOE y Bloque han cargado durante los últimos meses contra las prácticas de Louzán y han responsabilizado a Feijóo de las mociones de censura con tránsfugas que se repiten en Pontevedra.

(www.elpais.com, 16/07/10)

13. GALICIA. EL NEGOCIO DE LA VISITA DEL PAPA

Medio millón de euros por hora. Eso es lo que le cuesta a la Xunta la visita del Papa a Santiago. La mitad del pastel se lo lleva la Televisión de Galicia, que se encargará de la cobertura informativa de este evento para el deleite de la comunidad católica. Esta retransmisión exige una infraestructura inusual para un canal autonómico, que se utilizará durante apenas ocho horas y que escapa a la capacidad de la TVG, tal y como reconoce Fernando Ojea, director de comunicación del ente: "La cadena se está movilizando, pero todavía ni siquiera sabemos qué medios están a nuestro alcance. Habrá que hacer un concurso".

Ojea se muestra cauteloso y no concreta en qué se emplearán los dos millones de euros que el Gobierno autónomo ha puesto a su disposición. "Es pronto para hablar de cifras. La comisión está estudiando los presupuestos, pero aún están pendientes de confirmación", manifiesta escuetamente. Esta falta de concreción se mantendrá hasta septiembre, cuando TVG hará públicos los primeros detalles sobre esta cobertura mediática que anunció la Xunta como "un dispositivo informativo sin precedentes, con más de 70 cámaras y un equipo humano de 600 profesionales". Por ahora el ente no "confirma ni desmiente" los datos y el comité de los trabajadores pone las espadas en alto.

La retransmisión de la visita se enmarca en una batalla campal entre la empresa y los representantes de los trabajadores que denuncian un proceso de externalización constante que pone en peligro el trabajo de la plantilla. "La dirección está dejando la programación en manos de subcontratas que buscan exclusivamente un beneficio económico, sin contribuir a la creación de un tejido industrial del audiovisual gallego", recoge el comité de empresa de TVG en un comunicado que entregó el viernes a la directora, Rosa Vilas, tras irrumpir en un pleno del consejo de administración. Los representantes de los trabajadores sostienen que esta estrategia productiva "amenaza la sostenibilidad" del canal, que atraviesa un bache financiero que podría agravarse.

Los números que se esbozan son imponentes si se toma como referencia el antecedente del Encuentro Mundial de la Familia en Valencia, que le costó 11 millones a Canal 9 y una decepción: la televisión valenciana contrató a una empresa externa y la operación resulto deficitaria porque la venta de las imágenes al resto de cadenas no pudo materializarse. Este revés complicó las cosas para pagar los equipos de imagen y sonido, los helicópteros, las unidades móviles y las cámaras robotizadas de alquiler.

Ojea afirma que TVG no venderá la señal porque el suyo es un servicio social y ha despejado las dudas sobre la financiación del operativo basándose en la premisa de que la Xunta se hará cargo a fondo perdido. El Gobierno autónomo se une al silencio y el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, no aclaró en la reunión de la comisión creada para este caso qué concesiones puede haber a empresas privadas.

Pero al margen de lo que ocurra con la televisión, los más beneficiados con la visita de Benedicto XVI, los hosteleros, se frotan las manos y consideran que el dispendio del erario público, en tiempos de crisis, no es relevante. José Antonio Liñares, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Santiago y Comarca, colectivo de hospederos y restauradores con 1.500 asociados, todavía no maneja cálculos del dinero que va a reportar al sector la estancia de ocho horas de Ratzinger, pero da por hecho que el gasto se va a compensar. "No entendemos a qué viene que ahora la prensa hable del coste, ya todos sabemos que siempre que hay una cumbre de jefes de Estado o cosas por el estilo sólo el gasto en seguridad es altísimo", comenta el hostelero. "Nos parece una perversión que ahora se esté dando la cifra [de gasto reconocido por la Xunta] de cuatro millones, porque la visita del Papa, un personaje único, no se puede valorar económicamente. Cualquier ciudad pagaría eso y más por la visita".

"Nos hubiera gustado más que el Papa durmiese aquí [lo hará en el Arzobispado de Barcelona], pero su visita, precisamente en noviembre, no va a poder tener un efecto más positivo", sigue el representante del sector. Los hosteleros calculan que la pernoctación media de las personas que vengan a ver al Papa será de dos jornadas. Los hoteles de la ciudad están prácticamente al completo (el Hostal de los Reyes Católicos, con vistas a la misa papal del Obradoiro, lo está desde el día en que el arzobispo anunció que Ratzinger vendría el 6 de noviembre), y las escasas habitaciones libres, según Liñares, podrán estar sujetas a "determinadas condiciones", como "una tarifa más alta y la exigencia, por parte del hospedero, de que los clientes contraten más de una noche".

Pero para Liñares lo más importante es el "efecto colateral", la repercusión en todo el mundo que va a tener la visita, "algo que superará con mucho los cuatro millones". De hecho, los hosteleros dicen que la propia noticia de que el Papa va a visitar Santiago ya ha "resituado el Xacobeo". "A nivel de comunicación será algo potentísimo", un márqueting que alargará la temporada hasta noviembre y los buenos resultados "hasta el 31 de diciembre".

Aunque la Xunta anunció que la fugaz presencia de Benedicto XVI va a atraer a unas 200.000 personas, desde el Ayuntamiento de Santiago se rebaja la cifra a 100.000. En Valencia, que contó con la blanca estampa de Ratzinger durante 48 horas, se juntaron 250.000 católicos. El Gobierno de Camps, escudado en que el dato formaba parte del sumario Gürtel, nunca llegó a revelar lo que gastó en la visita del Papa. El PSOE denunció que fueron 60 millones, 11 de ellos entregados a la televisión autonómica y 12 a la organizadora de los actos, la Fundación V Encuentro de la Familia. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cifró por su parte en 2,36 millones el gasto del consistorio.

(www.elpais.com, 12/07/10)

14. GALICIA. EL CONSELLEIRO HERNÁNDEZ RECIBE AL PP CORUÑÉS EN SAN CAETANO

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, tranquilizó al PP de la provincia de A Coruña: la polémica autovía Carballo-Berdoias (en la que el PSdeG ha denunciado un sobrecoste de 400 millones de euros) sigue su trámite. En la sede del Gobierno gallego, el titular de esta cartera recibió al presidente del PP de A Coruña, Carlos Negreira, y a su número dos, Diego Calvo, así como a varios alcaldes y portavoces municipales de este partido en la Costa da Morte.

El encuentro se produjo a petición del PP coruñés -la consellería explicó que no tendrían problema en recibir a representantes de los otros partidos si así se le solicitaba- y sirvió a Hernández para anunciar el desbloqueo del tramo Berdoias-Cee de esta vía de alta capacidad por la que la Xunta va a pagar casi 1.000 millones de euros. El nuevo trecho se somete a estudio informativo con un coste de construcción de 26 millones de euros.

Tras la reunión, fue el presidente del PP coruñés, Carlos Negreira, quien tomó la palabra ante los periodistas para explicar el contenido de la misma. Contó que el proceso de adjudicación de la infraestructura -contra el que una de las empresas aspirante al contrato ha presentado un recurso que debe fallar la mesa de contratación- "va con absoluta normalidad" y que espera que las obras empiecen en septiembre. "Los enredos empresariales del PSOE", dijo, en alusión a la denuncia del sobrecoste, "no influirán en su puesta en marcha que se hará lo antes posible". "La mejor noticia que nos puede dar la Xunta es que la obra se adjudique y que las máquinas estén trabajando en septiembre por la riqueza y el progreso de la comarca", remachó el propio Negreira, consciente de que su partido se juega en las próximas municipales en la Costa da Morte, la presidencia de la Diputación Provincial ahora gobernada por socialistas y nacionalistas.

El presidente del PP de A Coruña comparó el rechazo de los socialistas a que esta infraestructura acabe costando a la Xunta 1.000 millones de euros con la oposición que este mismo partido protagonizó la pasada legislatura contra la piscifactoría de Touriñán. Negreira subrayó que entonces "por culpa de algunos, los rodaballos acabaron hablando portugués", en referencia a la planta que Pescanova acabó abriendo en la localidad lusa de Mira.

(www.elpais.com, 13/07/10)

15. GALICIA. LA DIPUTACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE OURENSE LIDERAN EL GASTO EN PERSONAL

Pocos organismos públicos hacen tanto por reducir las listas del paro como la Diputación y el Ayuntamiento de Ourense. No importa que sus abultadas plantillas superen con creces las necesidades reales, el caso es que ambos han conseguido el dudoso mérito de gastarse en nóminas más que ningún otro gran consistorio o ente provincial de Galicia.

Según los últimos datos de la Secretaría de Estado de Presupuestos, la liquidación de las cuentas del año pasado atribuye a la Diputación presidida por el popular José Luis Baltar un desembolso de 28 millones de euros en personal. Sus ingresos totales se elevaron a 74 millones, lo que significa que necesita casi cuatro de cada diez euros disponibles para soportar un plantel de un millar de efectivos. No sorprende a nadie. La política de contratación de José Luis Baltar, denunciada por el PSOE hace unos días ante la Fiscalía Anticorrupción y ante el Fiscal General del Estado, es conocida.

No se trata solo de que la plantilla esté integrada fundamentalmente por militantes o hijos de cargos del PP, sino que el elevado número de empleados provoca situaciones extrañas, como la existencia de 33 porteros para atender las tres puertas del edificio cultural. Tiene más personas a su cargo que el resto de las diputaciones, y casi duplica la plantilla del organismo pontevedrés, también gobernado por el PP.La Diputación de Ourense tiene unos 1.000 trabajadores, de los que poco más de la mitad, 663, corresponden al cuadro laboral, y el resto son contratados por periodos de entre tres y seis meses, renovables. El número exacto en plantilla es un misterio, porque la eventualidad de los contratos que el presidente hace a dedo imposibilita los cálculos.

Baltar no sólo ha llenado las dependencias de la institución provincial de empleados. El gobierno municipal (PSOE y BNG) achaca a la "mancha del modelo baltariano" el elevado gasto en personal de la institución local.Porque, tras la Diputación, la segunda posición en el ránking del gasto continúa por el ayuntamiento de esa misma provincia. Según los datos comunicados al ministerio de Economía, el 29% de sus ingresos, 36 millones de euros, se dedicaron en 2009 a mantener a sus 1.055 funcionarios.

Cuando PSOE y BNG accedieron al gobierno municipal se encontraron con personal que se turnaba las sillas y con unas oposiciones convocadas por el PP en plena campaña electoral. Unos días después de que el socialista Francisco Rodríguez se hiciera con el bastón de mando, se conocieron los resultados. El bipartito heredaba así 117 nuevos trabajadores afines al PP.

El Ayuntamiento de Ourense, con una tasa de reposición del 15% (por cada cien bajas, convoca 15 nuevas), tiene ahora 755 funcionarios y 300 laborales. Pese a que el PP dejó las dependencias llenas, los recién llegados hicieron nuevos contratos. "No hubo más remedio, nos dejaron la institución llena de empleados, pero mal distribuidos", sostienen fuentes municipales que se quejan, además, de que muchos recurrieron judicialmente cuando les finalizó el contrato y la Justicia sentenció que se habían realizado en fraude de Ley, con lo que obligó a la institución a hacerlos fijos.

Los ayuntamientos de las siete grandes ciudades gallegas y las cuatro diputaciones provinciales tienen una plantilla conjunta de más de 9.000 personas. Pagar las nóminas costó el año pasado 410 millones de euros. Las diputaciones dedicaron el 24% de sus recursos a mantener una plantilla conjunta de 3.254 personas. En proporción, la de A Coruña y el Ayuntamiento de Vigo son los más comedidos en su capítulo de personal. La primera tiene 840 trabajadores a quienes dedica el 16% del presupuesto.

La ciudad que gobierna Abel Caballero, con sus 1.400 trabajadores, se gastó el año pasado 66 millones de euros, el 22% de lo que recibió. Con respecto a 2008, casi todas las administraciones se vieron forzadas a ajustarse el cinturón. Consiguieron rebajar su factura todos, excepto los organismos de Pontevedra capital.

(www.elpais.com, 10/07/10)

16. ANDALUCÍA. DE LA TORRE FRENA EL CAMBIO QUE ANUNCIÓ AL PLAN DEL PUERTO

El rompecabaezas en el que se ha convertido el desarrollo del plan especial del puerto de Málaga requiere una nueva vuelta de tuerca. La Junta de Gobierno Local no aprobará en su reunión de esta semana, como en principio estaba previsto, las modificaciones al plan para permitir la construcción de un edificio de 13 metros de altura en la esquina de los muelles 1 y 2 y reordenar el espacio de explotación comercial.

El alcalde, Francisco de la Torre, anunció que ha aparcado el asunto momentáneamente y que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) tiene en estudio otras alternativas. Según explicó el alcalde, se trata de hacer una "reflexión". "Siempre es bueno tener estas reflexiones antes de que se emprenda un camino, no hay ninguno irreversible hasta que no se acometen las obras", explicó.

El alcalde explicó también que antes de aprobar las modificaciones pactadas ya con la Autoridad Portuaria y con la empresa concesionaria de la explotación comercial del muelle 1, quiere tener una reunión con los firmantes de un manifiesto en contra de los cambios anunciados y que propugna desarrollar el plan tal y como fue aprobado en 2004. Lo que no está claro es que los firmantes del manifiesto quieran mantener dicha reunión.

El documento fue dado a conocer el pasado viernes con 40 firmas, entre las que hay conocidos arquitectos y profesionales de distintos ámbitos; y ya acumula más de 200 adhesiones sólo por correo electrónico. Varios firmantes consultados dijeron que el manifiesto expresa con claridad una posición y que no busca abrir ninguna negociación ni conversaciones con el Ayuntamiento.

La modificación anunciada al plan del puerto contempla la construcción de un edificio de uso cultural de 13 metros de altura en la esquina de los muelles 1 y 2, cuando estaba planteado bajo rasante para dejar diáfana la unión del Paseo de la farola y de Los Curas. Pero, además, el cambio supone una redistribución de los espacios, de forma que en el muelle 2, entre al Palmeral de las Sorpresas y la esquina, se localizaría el supermercado de 2.000 metros cuadrados que instalará Carrefour. Aunque la concesionaria lo presenta como un comercio de alta gama, la ubicación de un supermercado en un espacio tan emblemático ha sido el detonante de la contestación social, tras años de reivindicación del espacio del puerto para uso ciudano.

(www.elpais.com, 14/07/10)

17. COMUNIDAD DE MADRID CASI LA MITAD DE LOS MADRILEÑOS SUSPENDE A ESPERANZA AGUIRRE

El 49,5% de los madrileños "desaprueba la actuación" de Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid mientras que el 38,2% la aprueba, según un barómetro del Centro de Investigaciones Sociolgicas (CIS) en el periodo incluido entre enero y marzo de 2010. No obstante, los datos de los 808 entrevistados también hablan de la gestión del Gobierno central, que un 37,5% califican de 'regular', un 25% de 'mala' y un 25,1% de 'muy mala', mientras que 'muy buena' sólo la tildan el 0,2% y 'buena' el 9,3%. Sin embargo, la labor de oposición del Partido Popular de Mariano Rajoy tampoco cosecha datos positivos: 'regular' la considera el 32,1%, 'mala' el 29,8% y 'muy mala' el 24,3%. Sólo el 10% opina que su trabajo es "bueno" y un 1% es "muy bueno".

En probabilidad de voto en unas elecciones autonómicas, el 36,5% asegura que no daría nunca su voto al PSOE, el 40,6% nunca votaría al PP, el 52% a IU y el 46,7% jamás votaría a UPyD. En cuanto a los que están seguros del color de la papeleta que meterán en la urna, destaca que el 11,8% se decanta por el PSOE, el 11,4% al PP, el 3% a IU y el 1,7% a UPyD.

Así, se revela que la mayoría de los ciudadanos están indecisos, pues en una escala de 0 a 10, la franja que valora su decisión, entre el 4 y el 6, suma el 26,1% para el PSOE y el 22,8% para el PP. El informe del CIS indica además que el 21,3% de los madrileños se define como socialista, el 15,7% liberal, el 9,5% conservador, el 7,7% democratacristiano, y el 7,3 socialdemócrata. Un 2,5% dice ser comunista, el 0,6% nacionalista, el 0,5% feminista y el 2,4% ecologista. Sin embargo, la mayoría, el 42%, se considera de centro.

La valoración que los madrileños realizan acerca de la gestión de la Comunidad pone de manifiesto que lo más valorado son las políticas en infraestructuras y seguridad ciudadana, con una aprobación del 43,4% y 33%. Las opciones que colectan más suspensos son aquellas relacionadas con la economía, como la gestión del desempleo, considerada mala por un 40% y muy mala por un 20,5%. Destaca la desaprobación mayoritaria de la gestión de la inmigración (48,6%), la vivienda (47,7%), la sanidad (45,5%) y la educación (42,8%).

La encuesta también señala la poca confianza de los madrileños en que la situación sea mejor con otro ejecutivo, pues según los datos recogidos, la respuesta más escogida ante la pregunta de cómo lo habría hecho la oposición, la opción 'igual' es la más escogida.

La opinión de los madrileños sobre la corrupción no podía faltar en un año protagonizado por los escándalos de la trama Gürtel, entre otros. Hasta un 45,4% de los encuestados sostiene que la corrupción está muy extendida en la política autonómica, mientras que un 40,8% opinó lo mismo sobre las administraciones locales y un 50,9% señaló a la política nacional. La mayoría, un 54,1%, cree que en Madrid se dan 'más o menos' los mismos casos de corrupción que en otras comunidades.

El CIS también preguntó a los madrileños sobre la opinión que les merece la gestión de Aguirre desde las elecciones de 2007. Para un 23,8% de encuestados ha sido buena, un 3,7% muy buena y un 34,2%, regular. Para un 24% la gestión ha sido mala mientras que para un 11,5%, muy mala.

El principal problema para los ciudadanos que residen en la Comunidad de Madrid es el paro, en un 68%, seguido de los problemas de índole económico, en un 23,3%, y un poco más alejado, la sanidad, para el 15,8% de los encuestados. Otros problemas que destacan, pero en menor porcentaje, es la seguridad ciudadana (14,6%), la inmigración (11,8%), la clase política y los partidos políticos (10,8%) o la educación (9,3%). Bastante menos interesados están en la corrupción o el fraude (3,1%) o el medio ambiente (1,9%).

(www.publico.es, 16/07/10)

18. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP DE LA COMUNIDAD. LA JUEZ ARCHIVA 'EL CASO ESPÍAS' PESE A LAS PRUEBAS DE LOS SEGUIMIENTOS

La juez Carmen Valcarce ha archivado provisionalmente su investigación sobre el presunto espionaje cometido por agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre contra dirigentes de su partido desafectos a ella, como el vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, y el ex vicepresidente segundo de su Gobierno Alfredo Prada. Todos ellos del PP. La razón principal de dicho sobreseimiento es que la magistrada se declara incapaz de cuantificar la cuantía del dinero público que costaron tales seguimientos, cuya existencia ni confirma ni desmiente. El auto de la juez, que sigue el mismo hilo argumental del escrito del abogado de los acusados, puede resumirse así: aunque hayan existido seguimientos por agentes públicos a cargos del PP no habría delito porque no se puede concretar lo malversado.

Y, además, la juez teoriza que "el hecho de seguir a una persona no constituye infracción penal alguna, salvo que la información obtenida por este medio se utilice con otros fines que en si constituyen delitos: coaccionar, chantajear, amenazar, secuestrar, etcétera".

La magistrada pone así fin a sus pesquisas antes de que pudiera comparecer como testigo Yolanda Laviana -prueba requerida días atrás por el PSOE-, la ex esposa del presunto jefe de los espías de Aguirre, Sergio Gamón. Esta mujer, ex secretaria en el Senado de Aguirre, aseguró que su ex marido siempre informaba al vicepresidente primero Ignacio González sobre el espionaje a Prada. "La prueba propuesta por un lado solo amplía el campo de investigación, intentando efectuar una causa general que afecta sin base a derechos fundamentales de numerosas personas", afirma la juez. Hay muchas más pruebas que no ha atendido antes de dar carpetazo al sumario.

La juez da por supuesto, en varios pasajes de su auto, que los seguimientos pudieron haberse producido, pero rebaja su categoría: "Se produjeron coincidencias de lugar de determinados teléfonos de los señores Oreja, Caro Vinagre y Coronado Martínez [tres ex guardias civiles asesores del consejero de Interior, Francisco Granados] con el contenido de los citados partes [del espionaje]; sin embargo, la generalidad de los contenidos de estos, unido a la no fiabilidad absoluta de los posicionamientos, sobre todo aquellos que se producen en el centro de la ciudad, hace difícil determinar con claridad suficiente la realidad de esos seguimientos".

La policía, sin embargo, solo reflejó los posicionamientos de los móviles de los agentes que juzgó indudables -tan fiables que la juez les imputó por tales informes- y desechó los discutibles. Por tanto, los restantes posicionamientos, incluidos los seguimientos de Cobo y Prada cuando acudían a la sede del PP o a sus despachos, fueron considerados precisos y válidos. Y los propios tres ex guardias civiles asesores de Granados confesaron a la juez que siguieron semanas a Prada incluso a localidades ajenas a la ciudad de Madrid, como Chinchón o Brea de Tajo, y corroboraron su marcaje en puntos del centro madrileño. Ahí no había confusión alguna.

Y la juez proclama que un empleado de Granados, José Manuel Pinto, es nada menos que el autor de las notas manuscritas en los partes del espionaje, algo que este le negó reiteradamente. Pero la juez considera que ese dato no conduce a ningún lugar porque no puede establecer una relación de su trabajo con el resto de los imputados.

Casualmente, tanto los tres ex guardias imputados como Pinto estaban a las órdenes de Gamón como liberados, así como los cuatro ex policías (José María Rodríguez, Belén Espartero, Roberto Casielles y Miguel Castaño) a los que no ha llegado siquiera a tomar declaración, al igual que José Palomo. Los tres ex guardias confesaron a la juez que recibían órdenes de Gamón para hacer sus seguimientos; y Gamón fichó a sus ex compañeros de su época en La Moncloa como asesores.

(www.elpais.com, 16/07/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP DE LA COMUNIDAD. GRANADOS PIDE QUE DIMITA EL EX CONSEJERO DE AGUIRRE ESPIADO

El consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, del PP, pidió la dimisión del diputado del PP de Madrid Alfredo Prada, al que espiaron empleados dependientes de Granados, según admitieron ante la juez del caso, Carmen Valcarce, cuando fueron a declarar como imputados. Prada, que denunció el hecho en los juzgados, precedió en su cargo al actual responsable de Interior y fue vicepresidente regional del Gobierno de Esperanza Aguirre.

Granados afirmó que el objetivo de Prada y de otra diputada popular que denunció el caso, Carmen Rodríguez Flores, fue "perjudicar al Gobierno" de Aguirre. "Si les queda dignidad, deben dimitir y vivir de otra cosa", afirmó Granados. El consejero, que reiteró que nunca ha habido espionaje en la Comunidad, no pidió la dimisión del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo -el otro objetivo prioritario de seguimiento-, que también fue parte de la acusación. "Los juzgados no le han dado la razón", se limitó a decir.

Alfredo Prada, hoy miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, recurrirá el auto, según fuentes próximas al compañero de escaño de Granados en la Asamblea. Cobo anunció que sus abogados también están sopesando si recurren.

Cobo, mano derecha del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró en unas declaraciones difundidas por su departamento que el auto de la juez que investigaba el presunto espionaje a políticos madrileños demuestra que "hubo seguimientos" por parte de personal de la Consejería de Interior.

"Está probado, no se discute y la juez tampoco lo niega", defiende el vicealcalde, que entiende que los hechos "son absolutamente reprochables" y consisten en el seguimiento a políticos por parte de personas que "no tenían ni competencia ni legitimidad" para hacerlo.

"Ahora bien, la calificación jurídica corresponde a la justicia", apuntó el vicealcalde de Madrid, "y la juez, con las dificultades del procedimiento, no ha podido determinar la cuantía que habría sido destinada indebidamente a esos seguimientos".

(www.elpais.com, 16/07/10)

20. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. EL JUEZ EMBARGA LOS BIENES DEL DIPUTADO DEL GÜRTEL ALFONSO BOSCH

Alfonso Bosch Tejedor, elegido diputado regional por las listas del PP pero que ahora figura en la Asamblea como no adscrito tras conocerse su vinculación con la trama Gürtel, no podrá disfrutar este verano de su casa de Calpe (Alicante) ni de la parte que le corresponde de su domicilio conyugal, cuya propiedad posee al 50% junto con su ex esposa.

El magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha decidido embargarle todas sus propiedades con la intención de cubrir la fianza que le fue impuesta, que es de 750.000 euros, y que todavía no ha abonado. El juez ha tomado esta determinación tras varios meses de litigios judiciales del parlamentario. Bosch tampoco podrá disfrutar de un todoterreno y una motocicleta de su propiedad.

Con estos bienes, el juez considera que el imputado puede afrontar las responsabilidades económicas que pudieran derivarse si resulta condenado por participar en la trama Gürtel. No obstante, aunque Alfonso Bosch Tejedor se queda sin poder disfrutar de su casa de Calpe, aún sigue cobrando 4.000 euros al mes por ocupar su escaño en el grupo de no adscritos de la Asamblea regional. Según dos autos del sumario del Gürtel, Bosch Tejedor percibió supuestamente de las empresas de la trama liderada por el empresario Francisco Correa unos 255.562 euros.

Por otra parte, los servicios jurídicos del Partido Socialista de Madrid, personado como acusación popular en el caso Gürtel, han solicitado finalmente al juez Pedreira la imputación de 40 altos cargos de la Comunidad, entre ellos el ex consejero de Cultura y Deportes Santiago Fisas, por un delito de prevaricación de funcionarios.

(www.elpais.com, 10/07/10)

21. COMUNIDAD DE MADRID. LA CÁMARA DE CUENTAS CRITICA EL DESCONTROL SOBRE HOSPITALES PRIVADOS

El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) no controla la calidad de los servicios que prestan las entidades privadas o fundaciones a las que deriva a los pacientes mediante convenios o conciertos. Es una de las conclusiones a las que llega el informe de fiscalización que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha elaborado sobre el programa presupuestario 750 (Atención Especializada del Servicio Madrileño de Salud) del año 2007, recientemente aprobado.

La calidad, asegura el informe, se entiende como una actuación continua "dirigida a mejorar la prestación de los servicios", pero en la que el Sermas "no ejerce una función de control, ya que no verifica si los datos que le remiten los centros referentes a los objetivos de calidad son acordes con la actividad efectivamente desarrollada por el hospital". El hecho de no verificar la información "genera una incertidumbre en relación con estos valores", resume el informe en sus conclusiones.

El órgano de fiscalización y control del sector público también se ocupa de la modalidad de gestión elegida por la Consejería de Sanidad para prestar atención sanitaria. Sobre la colaboración con entidades privadas o públicas (fundaciones), afirma: "No se han aportado informes, memorias, dictámenes o cualquier otra documentación en los que se justifique la procedencia del sistema elegido".

Tampoco en las que se acredite la "forma de financiación", añade, "por la actividad realizada o capitativa [número de tarjetas sanitarias del área a cubrir]". De hecho, el informe recomienda que, antes de elegir una modalidad de atención u otra, "la Consejería de Sanidad debería estudiar, en términos de economía, eficiencia y eficacia, las distintas formas de gestión", comparándolas entre sí y con las que resultarían si diera el servicio directamente con sus hospitales. El informe únicamente fiscaliza el año 2007, el de la puesta en marcha del primer hospital de gestión enteramente privada en Madrid, Valdemoro. Al año siguiente entraron en funcionamiento otros seis nuevos hospitales de gestión mixta, es decir, con personal sanitario público y no sanitario aportado por las concesionarias que ganaron el concurso para construir y gestionar los centros.

Entre sus recomendaciones el informe señala que, con la puesta en funcionamiento de los nuevos hospitales y otros que están en fase de licitación, "en ejercicios futuros será necesario que Sanidad refuerce sus unidades de control" para garantizar que la asistencia sanitaria "sea prestada en condiciones de equidad e igualdad a todos los ciudadanos". Y le señala también que "debería evitar el envío repetido" de pacientes a realizar pruebas diagnósticas a centros privados con los que no tiene convenio o contrato.

La Cámara de Cuentas se ocupa del Programa 750 de los presupuestos, el que financia la atención especializada que presta el Sermas, ente de derecho público adscrito a la Consejería de Sanidad. Los hospitales tradicionales (La Paz, 12 de Octubre...) quedan fuera porque tienen sus propios programas. Los centros de asistencia especializada concertados que analiza el informe son la Fundación Jiménez Díaz y el hospital de Valdemoro (privados) y Alcorcón, Fuenlabrada y Gómez Ulla (públicos), además de las decenas de clínicas privadas con las que tiene suscritos convenios y contratos. El informe constata, analiza y hace recomendaciones:

- Carencias. El informe destaca algunas "carencias" en los convenios, conciertos y contratos que mantiene el Sermas con entidades privadas. "No todos incluyen el presupuesto", asegura. "Los más antiguos se prorrogan de forma tácita y únicamente establecen las tarifas a aplicar por cada prestación".

- Penalizaciones. En algunos casos el Sermas no penaliza si los centros no cumplen: "Solo en 6 de los 10 convenios o conciertos analizados se prevé un sistema de penalizaciones y/o minoraciones en la contraprestación de los servicios como consecuencia de demoras en la prestación de asistencia sanitaria o deficiencias de calidad y servicios".

- Objetivos difusos. Los objetivos que se marca el Sermas tienen que servir para mejorar la eficiencia, dice el informe. Sin embargo, esos objetivos "no reflejan los resultados específicos que se espera obtener con los recursos financieros asignados, lo que no es conforme con la técnica de planificación a la que, en teoría, responden". Los indicadores que se usan "no sirven para medir la eficiencia de las actuaciones", añade. El análisis "se limita a cuantificar la actividad realizada".

- Reclamaciones. No se sabe cuántas recibió el Sermas porque, dice el informe, "no ha aportado la memoria anual". Su falta "limita el análisis del número total de sugerencias, quejas y reclamaciones presentadas, su distribución por clases y centros y los tiempos de respuesta".

(www.elpais.com, 16/07/10)

22. COMUNIDAD DE MADRID. EL ALCALDE DE ARROYOMOLINOS DESPIDE A LA DIRECTORA FINANCIERA POR DENUNCIAR IRREGULARIDADES

Según ha podido saber la Cadena SER, el Ayuntamiento madrileño de de Arroyomolinos ha despedido a su directora financiera de la empresa municipal de la vivienda por denunciar posibles irregularidades en las cuentas y negarse a firmar el último ejercicio. El alcalde popular, Juan Velarde, ha aprobado las cuentas de 2009 con el informe de la Intervención General en contra y tras el despido de la directora. Las pérdidas, sin justificar, rondan el millón de euros.

El despido se ha producido cuando la directora financiera de la Empresa Municipal de la Vivienda de este ayuntamiento madrileño se negó a firmar las cuentas del ejercicio 2009. En un escrito, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, asegura que es la primera vez en ocho años que le obligan a firmar una auditoria. Critica el sistema de control interno, la sospecha de que le ocultan información y de que existen incumplimientos legales.

El alcalde del PP, Juan Velarde, le abrió expediente, aprobó las cuentas, y procedió al despido. El informe de intervención del ayuntamiento, también en contra, denunciaba unas pérdidas de 923.000 euros sin justificar.

Critica el sistema de control interno y la sospecha de que ocultan información y asegura desconocer si existen incumplimientos de normas legales. Pone como ejemplo, el hecho de que "desconoce si las operaciones de la empresa municipal con terceros se han llevado a cabo de forma independiente y en libre competencia".

La directora financiera, "concluye que se ve en la obligación de solicitar de manera periódica y por escrito a la gerencia que se le facilite la información que considera absolutamente necesaria para realizar su trabajo".

Un día después a la emisión de su informe, le abrieron un expediente. El PP aprobó las cuentas el pasado mes de junio, y obvió el informe de intervención del propio consistorio.

El informe de intervención municipal del ayuntamiento también era contrario a que se aprobaran las cuentas y coincide en las denuncias de la directora despedida. Alerta de unas pérdidas de 923.000 euros sin justificar. Según los técnicos, no están los extractos bancarios, faltan desgloses y tarifas por especificar y hay incrementos significativos respecto del año anterior sin explicación. Por ejemplo, un gasto 3.671.000 euros bajo el epígrafe 'materias primas y consumibles'.

Según Juan Carlos García, portavoz municipal socialista de Arroyomolinos, "sorprende que hayan despedido a una trabajadora después de nueve años puesto que hasta la fecha de emisión de este informe nunca se había observado ningún mal comportamiento. Sin embargo, si responde a la táctica llevada a cabo por Juan Velarde en el equipo de gobierno. En septiembre de 2008 echó a dos concejales del PP, les quitó las competencias, por ser también críticos con su gestión política al frente del Ayuntamiento de Arroyomolinos".

(www.cadenaser.com, 15/07/10)

23. COMUNIDAD VALENCIANA. EL 62% DE LOS VALENCIANOS NO CONFÍA EN CAMPS, SEGÚN EL CIS

El 61,9% de los valencianos desconfía del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, según los resultados del último barómetro autonómico difundido por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). A la pregunta: "¿El presidente Francisco Camps le inspira mucha confianza, bastante, poca o ninguna confianza?", un mayoritario 32,6% de los encuestados responde "poca confianza" y, en segundo lugar, un 29,3% replica: "Ninguna confianza". Apenas el 8,6% de los encuestados opta por la opción "mucha confianza".

El barómetro autonómico difundido es fruto de un muestreo de 748 entrevistas elaborado entre los meses de enero y marzo pasados en la Comunidad Valenciana.

Entre las cualidades del presidente de la Generalitat un 52% de los encuestados le atribuye "bastante experiencia"; un 45% "poca eficacia"; un 37,6% "poca honradez" y un 23,3%, "nada de honradez".

Los valencianos consideran que la corrupción es un fenómeno generalizado en todas las administraciones y en dirección ascendente. Un 71,2% considera que "la corrupción está muy o bastante extendida" en la política nacional; un 70,3% responde que está muy extendida o bastante extendida en la política autonómica; mientras que un 62,9% cree que está muy o bastante extendida en la política.

Respecto a la corrupción en otras comunidades autónomas, un 25% responde que en la Comunidad Valenciana se dan "más casos de corrupción" que en otras, pero un 60,2% responde que la corrupción afecta "más o menos igual" a todos los gobiernos autonómicos.

La situación política de la Comunidad Valenciana es "peor que hace dos años" para un 43,4% de los encuestados. Mientras que un 7,1% sostiene que es "mucho peor". Interrogados sobre si la situación política es mejor o peor en la Comunidad Valenciana que en el resto de España, un 34,2% responde que es igual y un 27,1%, en segundo lugar, cree que es mejor en el ámbito autonómico.

La situación económica es "peor que hace dos años" para el 59,5% de los encuestados, mientras que otro 14% la considera "mucho peor". Cuando se compara la situación económica de la Comunidad Valenciana con la del conjunto de España un 47,2% cree que es igual pero un 26,9% responde que es "peor" o "mucho peor".

La inmensa mayoría, un 73,4% de los encuestados, considera que "las relaciones actuales entre el Gobierno central y el Gobierno de la Comunidad Valenciana son de enfrentamiento". Un porcentaje todavía mayor, un 76,2%, considera que cuando los Gobiernos central y autonómico tienen puntos de vista distintos deberían "negociar entre ambas partes hasta llegar a un acuerdo".

Una mayoría de los encuestados suspenden la gestión del Gobierno autonómico en las asignaturas económicas. Un 45,1% considera mala "la política que el Gobierno de la Comunidad Valenciana ha seguido en relación a la economía". Un 19,7% responde "muy mala" a la misma pregunta. Sobre la economía en general, el 42,4% considera mala la política del Consell y un 13,4%, muy mala.

A la pregunta, "¿aprueba o desaprueba la actuación de Francisco Camps como presidente de la Comunidad Valenciana?", el empate es total: 40,1%, "aprueba" y 40%, desaprueba.

(www.elpais.com, 16/07/10)

24. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. PEDREIRA AFEA AL PP SU ATAQUE AL FISCAL Y VE RIESGO DE ´BATALLA CAMPAL´ EN GÜRTEL

El PP sumó un nuevo varapalo a su estrategia judicial ante el caso Gürtel, al tiempo que tuvo que encajar los reproches del juez por sus "desmedidas" críticas al fiscal y la advertencia de que, con su proceder, se corre el riesgo de convertir la causa en una "batalla campal". El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, Antonio Pedreira, rechazó el recurso de los populares contra el auto del pasado 25 de mayo en el que amplia a siete la lista de presuntos delitos cometidos por destacados miembros del PP valenciano y el Consell y se inhibe a favor del TSJ de Valencia para que los investigue.

La resolución de Pedreira, ratificada en su integridad, abre la puerta a que el juez Flors que instruye en Valencia la causa de los trajes contra el presidente Francisco Camps cambie la imputación que pesa contra él por un presunto delito de cohecho pasivo impropio a cohecho activo al entender que existe relación casual entre los regalos recibidos de la trama y los contratos que llovieron desde la Generalitat. Con todo, el auto no es firme ya que el escrito del PP incluía de forma subsidiaria la apelación ante la sala de lo civil y penal.

Aunque la decisión de Pedreira era previsible, el auto de 30 páginas no se limita a incidir en los fundamentos jurídicos que le llevó a inhibirse en favor de Valencia, una decisión basada en la existencia de aforados sobre los que pesan indicios de nuevos delitos y que buscaba evitar la prescripción de los electorales que también podrían salpicar a Camps. El escrito del juez está trufado de reproches al PP, personado en la causa de Madrid como acusación particular, pero que, en opinión del PSPV está actuando como defensa de Camps. Pedreira insta al PP a "atemperar" el debate procesal que "ha alcanzado un tono excesivamente crítico" y le afea el uso de un lenguaje "desmesurado y rayano con la descalificación". Tras "declarar la correcta actuación del ministerio fiscal", califica de "inusual" la defensa que hace el PP de "algún encausado" y le recomienda "prudencia y ponderación", si bien rechaza, como pedía el PSPV, expulsarlo del procedimiento.

Eso sí, con la advertencia de que si sigue por el camino de las "descalificaciones" lanzadas tanto al ministerio fiscal como a los funcionarios públicos que han intervenido en el proceso se adoptarán medidas previstas por el ordenamiento jurídico". Pedreira admite "la gravedad del caso y las agudísimas tensiones sufridas, de las que ninguna culpa tienen el fiscal, ni los funcionarios intervinientes".

El instructor evidencia también su rechazo a la lluvia de informes y contrainformes remitidos al tribunal y cita, entre otros, el informe sobre contratación de la Abogacía de la Generalitat y el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) encargados por Presidencia de la Generalitat para tratar de contrarrestar el de la unidad de auxilio judicial sobre los contratos de Orange Markek que desvelaba numerosas irregularidades en la contratación del Consell . "La hipótesis de la ruptura de la continencia de la causa -dice Pedreira- sí resulta sumamente probable si se permite que el proceso penal se convierta en una batalla campal o campo de Agramante, llena de informes y contrainformes escritos y en la que se trata de desprestigiar unos informes en beneficio de otros y de originar una indefensión derivada de la utilización de aforados".

Pedreira rehusa pronunciarse sobre el contenido de estos informes para "impedir la utilización de fuego graneado jurídico entre las partes" y traslada a Flors el análisis de los mismos y la decisión sobre si existe responsabilidad penal en la contratación del Consell que él, a priori, no observa.

(www.levante-emv.com, 16/07/10)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL NÚMERO 2 DE LA GÜRTEL DECLARARÁ POR LOS TRAJES

El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Flors, ha decidido interrogar por exhorto a Pablo Crespo, considerado lugarteniente de Francisco Correa, en relación con los trajes supuestamente recibidos por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos valencianos. El interrogatorio se realizará en el juzgado al que corresponde la cárcel madrileña de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra internado junto al propio Correa y su primo Antoine Sánchez. En ese centro fue donde se intervinieron las conversaciones que los imputados presos mantuvieron con sus abogados y que se anularon. En una de ellas, Crespo negó a su letrado que se hubieran regalado trajes a Camps.

Esa conversación dio pie al ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo a querellarse contra las fiscales del caso en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el primer instructor de la Gürtel, Baltasar Garzón. El abogado del constructor José Luis Ulibarri consideró que las representantes del ministerio público ocultaron "maliciosamente" esta conversación en el procedimiento seguido en Valencia contra la red corrupta.

El de Crespo no será el único interrogatorio por exhorto que realizará Flors. Felisa Isabel Jordán, que fue administradora de empresas de la trama, también declarará en el procedimiento por este sistema, pero ella lo hará ante el instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. Jordán fue grabada cuando admitía que habían pagado facturas de trajes del presidente, Francisco Camps.

El juez Flors también ha pedido a la Agencia Tributaria un informe sobre el supuesto pago de trajes por parte de las empresas de la trama. El objetivo es "cruzar los datos" de los que dispone Hacienda sobre el pago de los trajes con los de las tiendas Milano y Forever Young para concretar si las prendas fueron efectivamente abonadas por la trama. La Agencia Tributaria dispone de 20 días hábiles desde que designe a los peritos que se encargarán del trabajo.

El Tribunal Supremo reabrió el 12 de mayo el caso contra el presidente de la Generalitat, el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret. Por otra parte, la portavoz socialista en las Cortes valencianas, Carmen Ninet, afirmó que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "ha echado en falta" al ex presidente balear Jaume Matas, "el más ilustre embajador de la corrupción del PPCV", en el encuentro que tuvo con cónsules acreditados en la Comunitat Valenciana.

"Es vergonzante y una indignidad que el Gobierno de la Generalitat todavía no haya retirado la condición de Ambaixador del Regne de València al imputado por el caso Palma Arena", indicó Ninet. La portavoz socialista lamentó que Camps esté "atado de pies y manos" porque, "de producirse el cese de Matas, puestos a cesar, habría que prescindir de media cúpula del PPCV, empezando por el propio presidente del Consell". Según Ninet, "Matas es Camps, Camps es Matas y no hay distinciones en el PPCV", porque ya nadie se libra.

(www.publico.es, 13/07/10)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ IMPUTA A TRES EDILES DEL PP EN LA TRAMA CORRUPTA DE ALICANTE

La trama de corrupción político-empresarial vinculada al negocio de la basura en la Vega Baja (sur de Alicante) engordó con cinco nuevos imputados: tres ediles populares del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios, Ángel Fenoll, considerado por la investigación como la punta de lanza de la red, y su hijo Antonio Ángel. El imputado más destacado por estos hechos, denominados operación Brugal, es el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP. El magistrado le acusa de cinco delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. Tras su paso por el juzgado, el jueves, Ripoll completó una agenda rutinaria, intramuros de la Diputación.

Ángel Fenoll y su hijo ya fueron imputados al inicio de la investigación, en mayo de 2007, y salieron de la cárcel tras pagar sendas fianzas de 100.000 euros. El juez, , les amplió las imputaciones y les impuso dos nuevas, de 300.000 euros para el padre del clan y de 100.000 al defín. Fenoll estaba ya acusado de los delitos de cohecho y extorsión y tráfico de influencias, y el magistrado añadió los de fraude, amenazas y contra el medio ambiente.

Tras la resolución del juez, Ángel Fenoll montó en cólera y a grito pelado amenazó con tirar de la manta: "Se van a enterar todos [en alusión a los políticos] a los que les he dado dinero", clamaba por los pasillos del juzgado. El industrial salió de estampida en su coche, en contraste con la cordialidad con la que había llegado, a pie y atendiendo a los periodistas.

Antes del interrogatorio a Fenoll y su hijo, el magistrado instructor, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, tomó declaración a tres ediles del PP del consistorio oriolano: Manuel Abadía, de Infraestructuras, Ginés Sánchez, de medioambiente, y Antonio Serrano, de pedanías. El juez les imputó los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. El magistrado rechazó la petición de fianza de 50.000 euros que solicitó el fiscal anticorrupción. Tras la declaración, los tres insistieron en que "oficialmente" desconocen de qué se les acusa.

Fuentes de la investigación relacionan el arresto de los tres ediles, de Fenoll y su hijo y del gerente de la empresa Sufi, Luis Bracho, con la contrata de la basura de Orihuela. El contrato fue adjudicado en octubre de 2008 a una UTE integrada por Sufi y las firmas Liasur y Gobancast. La contrata esta valorada en 190 millones por 20 años. Esta adjudicación se produjo tras un primer intento fallido a raíz de una denuncia de Ángel Fenoll a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, en 2006 sobre un supuesto soborno a los concejales de una de las firmas aspirantes.

El PSPV de Orihuela sostiene que las firmas Liasur y Gobancanst son una tapadera de Ángel Fenoll: "Este es quien verdaderamente controla el contrato", señalan fuentes socialistas municipales. La contrata incluye una flota de vehículos de 70 camiones. Según fuentes del caso, las empresas de Fenoll se nutren habitualmente de camiones del grupo Autisa, que preside el empresario Rafael Gregory. Este ha sido imputado en el sumario y el juez le impuso el jueves una fianza de 100.000 euros.

Fenoll también aspiró en este caso en unión con Sufi a la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de la Vega Baja. Esta contrata ha sido la espoleta de la segunda fase de la operación Brugal. El contrato fue adjudicado por la Diputación de Alicante en enero de 2008 a una UTE integrada por Cespa y una empresa del contratista Enrique Ortiz, igualmente imputado. La construcción de la planta estaba prevista en la finca Lo Cartagena, pero a las semanas de adjudicarse, el ganador cambió la ubicación por la finca La Pistola, propiedad de Fenoll.

(www.elpais.com, 10/07/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS IMPUTADOS DEL 'CASO BRUGAL' A LOS QUE SE EXIGIÓ FIANZA DEPOSITAN EL DINERO PARA ELUDIR LA CÁRCEL

Los tres imputados del caso Brugal para los que el juez fijó fianzas para eludir la prisión han depositado las cantidades exigidas, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Se trata del industrial afín al PP Ángel Fenoll, queha tenido que ingresar 300.000 euros; su hijo Antonio Ángel Fenoll, conotros 100.000 euros de fianza, yel empresario de la automoción Rafael Gregory, con la misma cantidad.

Fenoll, considerado por la investigación como el supuesto cabecilla de la trama en torno al negocio de la basura en la comarca alicantina de la Vega Baja, ya tuvo que abonar otra fianza de 100.000 euros para salir de la cárcel con motivo de su arresto por este sumario en mayo de 2007, cuando se iniciaron las pesquisas. Igual cifra tuvo que aportar su hijo Antonio Ángel. En aquella fecha, junto a Fenoll y su hijo fueron arrestados otras cuatro personas, entre ellas el concejal del PP de Albatera Javier Bru.

El magistrado instructor del caso Brugal, Carlos San Martín, no ha develado si prorroga o levanta el secreto del sumario, abierto en marzo de 2007 por los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias. En la causa hay ya 15 imputados. Los últimos 11 a consecuencia de los arrestos de la segunda fase de la operación, desarrolla el pasado 5 de julio. Entre estos imputados figura, además de los imputados con fianza, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP.

El juez imputa a Ripoll los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a los funcionarios. La imputación de Ripoll está relacionada con la adjudicación de las infraestructuras previstas en el plan zonal de basura de la Vega Baja. Este contrato lo adjudicó en enero de 2008 el consorcio zonal, órgano que preside Ripoll, a la UTE Cespa-Ortiz e Hijos. El empresario Enrique Ortiz es otro de los imputados de la causa.

Desde el comienzo de la investigación, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela ha prorrogado el 14 de cada mes el secreto del sumario. En caso de que el magistrado haya adoptado hoy alguna resolución al respecto, no informará de ella hasta que sea comunicada a las partes, según informa el TSJ.

(www.elpais.com, 14/07/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. LA ACUSACIÓN POPULAR PIDE MÁS DE 20 AÑOS DE CÁRCEL PARA FABRA

La acusación popular, representada por la Unión de Consumidores, pedirá 20 años y nueve meses de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, fraude fiscal y blanqueo de dinero. El escrito de calificación, que se ha de formalizar ante el juzgado nº 1 de Nules, calcula así las penas correspondientes a las imputaciones por las que, a juicio de esta parte de la acusación, ha de ser juzgado el también presidente del PP de Castellón, al que el juez le ha imputado por los mismos presuntos delitos, salvo el blanqueo de dinero.

Tal como adelantó en la concreción de las imputaciones, la acusación popular considera que Fabra debe ser condenado por cinco delitos fiscales, cometidos entre 1999 y 2003, por los que pide dos años y seis meses de prisión por cada uno de ellos, así como una indemnización del dinero defraudado a Hacienda multiplicado por seis. Según el informe pericial, Fabra dejó de ingresar en estos años un total de 980.000 euros, conclusión a la que llegaron después de que en sus cuentas hallaran ingresos por un valor superior a los dos millones, que no se correspondían ni con la renta ni con el patrimonio declarados.

Además, la acusación considera que Fabra ha sido autor de un delito de tráfico de influencias por el que reclama una pena de un año de cárcel y seis de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. En cuanto al cohecho, apunta que habría de ser condenado por los delitos de cohecho activo continuado y cohecho pasivo continuado, por los que pide un total de cuatro años. A ellos se une la petición por blanqueo, de tres años, lo que eleva a más de 20 años las penas de cárcel que solicita.

Respecto al resto de imputados, la acusación popular pide 13 años para la ex esposa de Fabra, por cuatro delitos de fraude fiscal y blanqueo, y cuatro de prisión tanto para el empresario que acusó a Fabra, Vicente Vilar, como para su ex esposa, Monserrat Vives.La Fiscalía Anticorrupción ha retrasado la presentación de su escrito de calificación porque tenía pendiente de notificación una parte del procedimiento, según indicaron fuentes de la fiscalía. Las mismas fuentes manifestaron que Luis Pastor, el fiscal que interviene en el llamado caso Fabra, por el que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, está imputado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, no disponía del total de las amplias diligencias que se han instruido a lo largo de los más de seis años que han pasado desde que se abrió la causa.

Por ello, la fiscalía requirió al juzgado número 1 de Nules para que completara la documentación y entendió que, de esta manera, el plazo de cinco días marcado por el juez no contaba para esta parte de la acusación. Según fuentes fiscales, el juzgado ha remitido ya a la fiscalía la documentación que faltaba, por lo que a partir de ahora empieza a correr el plazo para presentar las solicitudes de pena. El ministerio público ha de concretar también las solicitudes de penas para el resto de imputados, Vicente Vilar, el empresario que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, su ex esposa, Monserrat Vives, y la ex esposa de Fabra, María Amparo Fernández.

Pese a que la causa contaba con otros nueve imputados, en la vistilla que prevé la Ley del Jurado, la fiscalía solicitó el sobreseimiento respecto a todos los imputados excepto los cuatro citados. El fiscal se basó en la ausencia de indicios suficientes para juzgar la participación de ningún funcionario o cargo público en la trama. Por el contrario, la acusación popular sí que ha formulado una solicitud de pena para cinco de ellos, para los que reclama un año de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer cargo público y una multa de dos millones de euros como autores de un delito de tráfico de influencias.

La acusación insiste además en que debería imputarse a los directores de los bancos en los que Fabra realizó los ingresos, así como al empresario Antonio Bonet, que pagó un préstamo del presidente de la Diputación de Castellón en el que aparecía como avalista. Para todos ellos, a los que considera autores de un delito de blanqueo de dinero, pide tres años y tres meses de prisión.

(www.elpais.com, 13/07/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. EL DIRECTOR DE RTVV COBRA UN 25% MÁS QUE CAMPS Y SUPERA EN UN 15% A ZAPATERO

La auditoria de la consultora Ernst & Young a las cuentas de RTVV y sus sociedades —Canal 9 y Ràdio 9— correspondientes a 2009 confirman, en la lectura general, la quiebra técnica del grupo ya retratada en informes anteriores. Y corroboran la moraleja, demostrada en otras empresas públicas como Ferrocarrils de la Generalitat, de que sale mucho más a cuenta ser director general de un organismo como RTVV que presidente de la Generalitat o del Gobierno de España. El máximo responsable del ente público, José López Jaraba, cobra un 25% más que Francisco Camps y un 15% más que José Luis Rodríguez Zapatero.

La distancia seguirá manteniéndose cuando esta tarde el consejo de administración de RTVV apruebe rebajar un 15% el salario de López Jaraba, de la directora de Canal 9, Lola Johnson, y del máximo responsable de Ràdio 9, Lluís Motes. Seguirán por encima de Camps porque el presidente y los consellers ya se redujeron hace mes y medio sus retribuciones en ese mismo porcentaje, siguiendo las directrices de Zapatero y sus ministros, quienes, lógicamente, fueron el primer Ejecutivo en aplicarse el decreto de reducción de salarios de los empleados públicos.

El sueldo del director general pasará de 83.302 a 70.807, según un comunicado difundido por la cadena. No se incluyen, sin embargo, los más de 1.800 euros mensuales que percibe López Jaraba por asistencia a los consejos de administración.

En total, 21.600 euros anuales de dietas por su condición de miembro del órgano de gobierno. Esa cantidad no se verá afectada por la rebaja, por lo que pasará a cobrar de 104.902 a 92.407, frente a los 67.615 euros que percibe Camps tras el recorte o los 78.185 de Zapatero. La directora de Canal 9, Lola Johnson, no percibe el complemento de consejera, porque no lo es, pero su sueldo (pasa de 80.417 a 68.354 euros) también seguirá estando por encima de cualquier conseller.

El hermano pobre del trío de directivos de lujo de RTVV es Lluís Motes, pero sus 64.404 euros de sueldo son objeto de deseo para un vicepresidente del Gobierno autonómico, que ha de conformarse con 57.599. La masa salarial que perciben conjuntamente los tres máximos directivos del grupo audiovisual coincide prácticamente con lo que cobra el jefe del Consell y sus tres vicepresidentes juntos.

El informe de auditoria a las cuentas de RTVV, Canal 9 y Ràdio 9 recogen una "retribución salarial devengada" a los administradores únicos de cada una de las sociedades durante 2009 que no coincide con los sueldos reales de los respectivos directores.

Tanto en la cifra de la televisión pública (118.522 euros) como en la de la radio autonómica (97.694 euros) se incluyen, además de los sueldos, las indemnizaciones por despido a los antecesores de Johnson y Motes, Antxo Quintanilla y Javier Gomar, que cobraron 38.000 euros y 23.000 euros, respectivamente, como indemnización. Se trata de la compensación de 45 días por año a los altos directivos de la casa, un premio que fue suprimido por López Jaraba cuando accedió al cargo.

Precisamente a él no le afectará porque el director general es el único puesto que no disfrutaba de ese premio. Por eso en el informe de Ernst & Young de 2009 no se refleja como pagos realizados al cargo de director general una cantidad superior a la de 2008, pese a que en la casilla más alta del organigrama también hubo relevo, al ser destituido Pedro García por su implicación en el caso Gürtel.

Los sueldos de los directivos de la casa en ruinas que es RTVV serán debatidos hoy en el consejo al hilo de la propuesta de López Jaraba, que incluye, además de la citada reducción del 15% a los tres responsables del ente y sus sociedades, un 5% de rebaja para otros directivos como el secretario general del ente (donde Juan Prefaci ha sustituido a Vicente Sanz, imputado por acoso sexual), a los subdirectores de Ràdio 9 y Canal 9, jefes de gabinete de los directores o delegados territoriales, entre otros.

Para el consejero por el PSPV Miguel Mazón, es una rebaja "absolutamente insuficiente" porque cree a todos se les debería aplicar el 15%. Con todo, para los socialistas, lo principal es "que nos expliquen cómo y quien ha puesto los salarios de los directivos". En opinión de Mazón, podrían ser "ilegales", porque "en este consejo no se ha decidido nada y yo entiendo que cuando la Ley de Creación de RTVV establece como una de las competencias del consejo aprobar el régimen de retribuciones del personal, ahí se incluyen sus directivos". La auditoría externa revela que en 2009 este grupo de comunicación tuvo 1.793 empleados, de los que 1.336 trabajaron en Canal 9, 183 en la radio y 274 en el ente público. Las tres sociedades están gobernadas por 33 directivos.

En causa técnica de disolución si se tratara de una empresa privada cualquiera. "Al cierre del ejercicio de 2009, Televisión Autonómica Valenciana a consecuencia de los resultados negativos de los últimos años, presenta fondos propios negativos", sentencia la auditoría.

La Generalitat aportó 46,3 millones como "provisión para responsabilidades" porque el valor patrimonial de Canal 9 no cubre las pérdidas. Es el coma económico de TVV. La televisión autonómica presentó en el anterior ejercicio un déficit de 175,26 millones de euros, según la cuenta de pérdidas y ganancias.

En total, el grupo RTVV acumuló nada menos que 278,8 millones en pérdidas. Una cantidad bastante menor que los 398 millones del año anterior. La reducción se explica a partir de las cuentas del ente público, que pasan de 211,55 millones de pérdida en 2008 a 93,57 millones el año pasado. No es totalmente lo que parece.

La Ley de Presupuestos establecía en su artículo 39 que la Generalitat asumía la carga de la deuda del ente público correspondiente a 2009. E incluso que podría asumir el importe de la deuda acumulada. El importe que asumió el Consell ascendió, según la auditoría, a 49,8 millones. Exactamente 37,9 correspondían a intereses de los créditos y otros 11,8 a amortización parcial de un préstamo que vencía en ese ejercicio.

Por eso, esas cantidades deberían sumarse en realidad a los citados 278,8 millones de déficit. La deuda sigue lastrando al ente, la televisión y la radio públicas. RTVV pagó el año pasado casi 25 millones de euros por gastos financieros generados por los créditos que se van acumulando. Al cierre del ejercicio, la deuda se había incrementado exactamente en 48,13 millones de euros, por lo que la carga financiera total quedó, a 31 de diciembre de 2009, en 1.099 millones, incluidos los 20 millones prestados por el Instituto Valenciano de Finanzas. f. a. valencia

La drástica situación económica de Canal 9 y Ràdio 9 responde a una anemia estructural que se va repitiendo cada ejercicio: una limitada capacidad de generar ingresos publicitarios, la reventa de los derechos del fútbol muy por debajo del precio de coste (en realidad el Consell utiliza Canal 9 para financiar de forma encubierta a los clubes de élite) y una carga de nóminas excesiva para la capacidad que tiene la empresa pública para digerirla.

Ese esquema se va agravando cada año conforme va retrocediendo la audiencia. La auditoría de Ernst & Young sitúa la cuota de pantalla de Canal 9 en el 11,8%, la de Punt 2 en el 0,6% y apenas un 0,5% de los espectadores que ven televisión optan por 24.9, el canal todo noticias. Con ese panorama, Televisió Valenciana registró el año pasado unos ingresos por publicidad de 20,7 millones de euros.

¿Es poco o mucho? Basta con decir que la carga salarial que soporta Televisió Valenciana se situó en 59,7 millones de euros. Los ingresos por anuncios comerciales dieron, así pues, para pagar la tercera parte de lo que cobran los 1.336 trabajadores de la televisión autonómica y sus 16 directivos.

La cifra de negocios total de la cadena alcanzó los 44,5 millones porque, además de la publicidad, se registraron 22,2 millones de ingresos en caja por la venta de los derechos deportivos, un muy mal negocio para el canal que dirige Lola Johnson.

Más raquítica es la capacidad de Ràdio 9 para ser autosuficiente desde el punto de vista económico. Las nóminas de los 5 directivos y 183 empleados de la radio de la Avenida Blasco Ibáñez ascienden en total a 8,1 millones. Los ingresos que registró en 2009 la emisora que hoy dirige Lluís Motes se situaron en los 842.085 euros. Eso da para pagar la décima parte de lo que cobran los empleados de la emisora. Euro arriba, euro abajo. f. a. valencia

(www.levante-emv.com, 15/07/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. UN PARTIDO DE JUZGADO DE GUARDIA

El PP de la Comunidad Valenciana, que dirige Francisco Camps, se enfrenta a una crisis sin precedentes. La reciente imputación del presidente del PP de Alicante y de la Diputación, José Joaquín Ripoll, por los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a los funcionarios ha terminado por convertir los problemas con la justicia en el elemento que unifica al PP de la Comunidad Valenciana.

Todo un quebradero de cabeza para el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que tiene a los principales dirigentes del partido en esta autonomía implicados en distintos sumarios judiciales por corrupción. Algunos de ellos tan adelantados, que es muy probable que el próximo otoño varios altos cargos del PP valenciano se sienten en el banquillo de los acusados en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas.

La lista de notables con problemas judiciales la encabeza el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por un delito de cohecho pasivo impropio por haber recibido trajes regalados -y valorados en varios miles de euros- de la trama corrupta Gürtel. Camps está imputado en la misma causa junto al ex secretario general del PP regional Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Todos ellos por haber recibido ropa regalada por Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market y representante de la trama corrupta en Valencia.

Una lista a la que, presumiblemente, se añadirán otros nombres de cargos aforados del entorno de Camps tras la decisión del magistrado Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia Madrid, de inhibirse en la mayor parte de las cuestiones del caso Gürtel que afectan a la Comunidad Valenciana. Pedreira observa indicios de hasta siete delitos, incluida la financiación irregular y el delito electoral, en el auto de inhibición a favor del TSJ de Valencia, donde menciona los nombres del vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla; del vicesecretario de Organización del PP regional, David Serra, y de la tesorera del partido, Yolanda García, entre otros.

La lista de imputados la completa el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, que lleva en esa situación desde diciembre de 2003 y que está a punto de sentarse en el banquillo como autor de varios supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Un Carlos Fabra que tiene entre su gente de confianza a otro imputado, el vicepresidente segundo, Vicent Aparici, pendiente de que se fije la fecha para ser juzgado por un presunto delito de prevaricación medioambiental por el que la fiscalía solicita siete años de prisión.

Este elevado número de altos cargos imputados en casos de corrupción, en un partido que gobierna con amplias mayorías absolutas las principales instituciones valencianas desde hace 15 años, es lo que ha llevado a Camps a convencerse de que existe "una causa general" contra el PP en la Comunidad Valenciana orquestada por el Gobierno socialista.

Sin embargo, las causas judiciales que han derivado en las distintas imputaciones a políticos del PP tienen su origen en hechos y momentos diferentes. La imputación de Fabra parte de una denuncia en 2003 del empresario Vicente Vilar, que era amigo personal del presidente del PP de Castellón. La detención de Ripoll tiene su origen en las grabaciones incautadas, tras las elecciones de 2007, a Ángel Fenoll, un empresario vinculado al PP y dedicado a la recogida y tratamiento de las basuras en la comarca de la Vega Baja.

Mientras que la imputación a Camps y a su círculo de confianza en el Gobierno valenciano y en la dirección regional parte de la abundante documentación incautada durante las pesquisas del caso Gürtel, que se inician a partir de la denuncia de un concejal popular de Madrid y que ponen al descubierto los numerosos negocios que realizó Orange Market y otras empresas de la trama, a partir de 2005, con la Generalitat y el PP valenciano.

(www.elpais.com, 12/07/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. BARBERÁ HA GASTADO DESDE QUE GOBIERNA 160,1 MILL. EN FAROLAS

Ser la ciudad mejor iluminada de Europa no sale gratis. El Ayuntamiento de Valencia ha presupuestado, y gastado, desde 1992 hasta 2010 la friolera de 160,1 millones de euros para instalar farolas, mantenerlas y conservarlas (unos 26.640 millones de pesetas). El cómputo se inicia en 1992 porque es el primer año con un presupuesto municipal aprobado por el PP, entonces en coalición con UV. Aparte habría que añadir la factura eléctrica, que en 1994 (primer año del que ofrece datos el anuario estadístico) ascendía a 2,5 millones de euros y en 2008 (último año con datos) supuso 8,3 millones de euros para las arcas públicas. 70,5 millones de euros más que añadir al coste del alumbrado. A excepción de esta última cifra, que aparece en el Anuario Estadístico de Valencia, el resto de cantidades son inéditas. Nunca hasta ahora se había realizado la suma del gasto en farolas, extraída del presupuesto municipal.

Como el bosque de farolas que se plantó en la avenida del Cid en 2000, con 133 báculos (a 863.000 pesetas la unidad) con cuatro luminarias cada uno y una treintena de faroles de pared. En total, 744 puntos de luz en 900 metros lineales y 63.000 cuadrados que generan tanta luz que cuesta ver hasta los semáforos. O el tercer brazo añadido a las 288 farolas de la avenida del Puerto que disparó un 50% la potencia lumínica de esta calle cuando se remodeló con motivo de la Copa del América. O las 450 farolas del Jardín del Turia, de Campanar a Montolivet, que ya costaron 800.000 euros en 2003.

La tarea para calcular el gasto global en farolas es ardua. Las cifras salen de sumar el capítulo 6 de inversiones de las cuentas municipales más el capítulo 2 de gasto corriente. La iluminación se adjudica en dos zonas, la norte y la sur que divide el viejo cauce del río Túria. Además hay que añadir un "vicio" adquirido desde 1997 -cuando las contratas actuales resultaron adjudicatarias por primera vez de la contrata del alumbrado público de Valencia- por el que el gasto final en instalar nuevas farolas, mantenerlas y conservarlas sufre desviaciones que en algún año ha llegado al 87% de lo presupuestado inicialmente (ver el gráfico resumen que encabeza esta información).

Desde 1992 hasta ahora, el año que más inversión se ha destinado a farolas es, curiosamente, 2009, con 8,2 millones de euros, con la crisis ya desatada y agobiando las arcas públicas. En 2003, año electoral, la inversión en báculos ascendió a 7,7 millones. Entre 1992 y 1994 el capítulo seis del presupuesto destinado a farolas fue el mismo durante las tres anualidades (601.012 euros cada año), a los que habría que añadir otros dos millones anuales en conservación.

Aunque lo más sorprendente es comprobar las desviaciones de presupuesto desde 2001 y la abultada diferencia entre lo que se presupuesta y lo que finalmente se gasta. El año 2008 batió todos los récords. La partida en conservación y reparación del alumbrado público se presupuestó en 5,2 millones de euros pero el gasto final fue de 9,8 millones de euros, una desviación del 82%. En la última década la desviación media en conservación y reparación del alumbrado público ha sido del 51,22%. Sólo la crisis y la necesidad de reducir el gasto público ha frenado esta sobredosis lumínica. El Plan de Austeridad, que pretende reducir un 15% el consumo en electricidad, ya se deja notar en la ciudad porque se encienden farolas de forma alterna y ha provocado un primer efecto: el apagón permite avistar astros antes ocultos.

Desde 1997, dos empresas se encargan del alumbrado de Valencia: Etralux, SA, para la zona norte y IMES, SA (después Imesapi), para la sur, delimitadas por el antiguo cauce del río Túria. La Intervención General del Ayuntamiento de Valencia ya advertía, en la auditoría elaborada en 2003, del "total automatismo en el encargo a las contratas de las obras de inversión en el alumbrado público de la ciudad", una posibilidad prevista en el pliego de condiciones pero que no plantea "obligación ni exclusividad". De hecho, los interventores detectaron que para iluminar avenidas como la de Ausiàs March (seis proyectos por 1,3 millones), el tramo Ronda Sur-Gaspar Aguilar (nueve proyectos por 1,4 millones que ejecutaron las dos contratas), el Jardín del Turia (seis proyectos por 800.059 euros) o la avenida del Cid, "se aprobaron proyectos contiguos y de realización casi simultánea que no sobrepasaba en ningún caso los 300.000 euros", es decir, que se trocearon para evitar salir a concurso pese a que si hubieran unido "podría haber reportado economías de escala u otro tipo de ventajas".

Además, la auditoría lamenta que el aumento del gasto no ha ido acompañado de un crecimiento de las previsiones presupuestarias lo que ha provocado "desde el año 2000" que se traslade porcentajes de gasto del año anterior a los nuevos presupuestos, lo que lastra las cuentas.

(www.levante-emv.com, 11/07/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. VALENCIA DESAFÍA LA LEY PARA PROTEGER "A LAS EMBARAZADAS"

La Generalitat valenciana (PP) insistió en que incluirá imágenes en 3D de fetos en los sobres informativos que se entregan a todas aquellas mujeres que se plantean abortar. La consejera de Bienestar Social, Angélica Such, considera que esta medida supone "una protección a la mujer embarazada y a la vida en formación". Para Such, esta iniciativa es idónea para ser aplicada "ante situaciones de vulnerabilidad". Estas imágenes tridimensionales reflejarán cómo evoluciona el feto en cada semana de gestación. El objetivo, según la Generalitat, es ayudar a que las mujeres comprendan la "trascendencia ética" que supone abortar.

En ese sentido, la consejera insistió en que el Gobierno autonómico "pone a disposición de la mujer embarazada todo un abanico de posibilidades para que tome su decisión". De esta manera, las mujeres reciben "unos planteamientos" para abordar una cuestión "complicada". Y criticó que la Ley del Aborto únicamente "regula un cauce y un único camino ante una situación conflictiva". Such afirmó que el Ejecutivo de Francisco Camps "ha demostrado con creces esta legislatura su planteamiento de protección de derechos a la vida y a la mujer embarazada, con la Ley de Protección y el programa Más Vida".

Hace sólo tres días, otros dos consejeros del Gobierno valenciano defendieron la inclusión de imágenes de fetos en los sobres de reflexión. El responsable de Sanitad, Manuel Cervera, reconoció públicamente que las fotografías y ecografías "se añadirán a cada uno de los sobres entregados". Y el titular de Medio Ambiente, Juan Cotino, miembro declarado del Opus Dei, argumentó que esta información adicional ayudará a las mujeres a "tomar una decisión con libertad". "Desde que un médico certifica que existe una vida, hay que tener en cuenta que existen dos seres humanos, la madre y el hijo que lleva en su vientre", remachó Cotino.

Este boicot del Gobierno valenciano a la Ley del Aborto ya ha encontrado la respuesta del Ejecutivo central. El secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, advirtió el viernes que el Ministerio impugnaría la inclusión de las imágenes en los sobres. La ley establece que sólo se debe informar a las mujeres sobre las diferentes formas de interrumpir un embarazo, sobre las ayudas públicas a la maternidad y sobre programas de fomento de la salud sexual y reproductiva.

Martínez Olmos recordó que el material informativo que debe ofrecerse a las mujeres para que reflexionen durante tres días antes de someterse a la intervención, ha de ser objetivo. "La ley no permite que se presione a la mujer a favor ni en contra del aborto", recordó el secretario general de Sanidad. La idea de incluir imágenes de fetos en los sobres pretende influir en la decisión de las mujeres "desde una posición preconcebida". Algo que no está dispuesto a tolerar el ministerio, que velará por "el cumplimiento de la ley".

(www.publico.es, 13/07/10)

33. CASTILLA-LA MANCHA. ¿QUIÉN ES LÓPEZ DEL HIERRO, EL SEÑOR DEL LADRILLO QUE ENAMORÓ A LA SECRETARIA GENERAL DEL PP?

Fue sancionado con 36.000 euros por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por una infracción grave; imputado en la Audiencia Nacional por supuesta estafa. Amigo del conseguidor Alejandro Agag, yernísimo de José María Aznar, a quien recurrió en varias ocasiones. Fue durante muchos años uno de los señores del ladrillo, cuya filosofía impuso en la Corporación Industrial de CCM, donde su actual esposa, la secretaria general del PP, Mª Dolores Cospedal, lo "colocó" en detrimento de otros empresarios castellano-manchegos. Ha sido la mano derecha de Joaquín Rivero en las inmobiliarias Metrovacesa, Bami y Gecina.

Él es Ignacio López del Hierro, el que fuera gobernador civil más joven de España (Toledo-1977) y posteriormente de Sevilla; está casado en segundas nupcias y su actual mujer le defiende con uñas y dientes, mientras niega que esté en política o que sea el artífice de la campaña contra Bono, afirmaciones que no son compartidas por el PSOE, que ve en este hábil publicista a uno de los instigadores de la convulsa situación política que vive Castilla-La Mancha.

Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior en 1977, decide nombrar ese año a un joven desconocido gobernador civil de Toledo. Ignacio López del Hierro llega a la ciudad con un triple cometido: apaciguar los ánimos de los toledanos contrarios al trasvase Tajo-Segura, poner orden entre las dos familias centristas que pugnan por el poder local y hacerse de paso con las riendas de UCD. Ni lo uno ni lo otro ni lo de más allá. A pesar de que la prensa le recibe con los brazos abiertos por su "buen talante" le pierde su boca y es destituido un año después.

López del Hierro ha mantenido durante toda su vida una estrecha relación con el mundo inmobiliario de Murcia y Valencia. No en vano se casó en 1975 en la finca murciana "Cañavera", un amplio latifundio propiedad de la familia de su primera esposa, Inés D’Aubarède Payá, destacada jugadora de bridge con la que tiene tres hijos, Helena, Ignacio y Rodrigo. Y fue aquí, en la huerta murciana, en Cabo de Palos (agosto de 1979), donde el entonces gobernador concede una entrevista a la Hoja del Lunes, rotativo que titula en portada con una de sus declaraciones: "Hay agua para todos", dice Ignacio López del Hierro, que un mes después abandona la sede gubernamental de la Plaza de Zocodover por la puerta de atrás.

Tras su efímero paso por el Gobierno Civil de Sevilla, inicia una carrera empresarial pública en Andalucía a las órdenes de Julio Rodríguez López, ex consejero de Economía de la Junta presidida por el socialista Rafael Escuredo, y asesor en la actualidad del Banco de España sobre Mercados y política de vivienda y que por sus responsabilidades conocía todos los datos de Caja Castilla-la Mancha, intervenida finalmente por orden de Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Ignacio López del Hierro pasa por numerosas empresas públicas y privadas hasta aterrizar en la sociedad Celso García, donde permanece hasta su adquisición por el financiero Jacques Hachuel. A partir de aquí (finales de los 80), López del Hierro ocupa distintas responsabilidades en sociedades propiedad del magnate judío, como H.Capital, Celso García, Inmobiliaria Egenova, Alfajet Chárter y Adiobser, esta última encargada de liquidar el diario El Independiente. Los turbios negocios y la visita a los oscuros fondos financieros llevan a Jacques Hachuel a la cárcel al ser imputado y condenado a cuatro años de prisión por apropiación indebida y falsedad documental en el conocido como caso Banesto, con Mario Conde como principal delincuente.

El sevillano desaparece de la órbita de Hachuel y aterriza en el entorno de Joaquín Rivero, un destacado empresario gaditano con quien permanecerá a su lado a través de Bami, Metrovacesa y Gecina, tres inmobiliarias de ineludible consulta para conocer el apogeo y la decadencia de los señores del ladrillo, del que López del Hierro es un aventajado militante y un destacado líder, con importantes responsabilidades en los consejos de administración donde el hormigón, las recalificaciones y las plusvalías eran la moneda de cambio de sus integrantes.

Joaquín Rivero y su fiel "escudero", Ignacio López del Hierro, tras su intento fallido de quedarse con Vallehermoso, apuntan más alto y se lanzan a por Metrovacesa, adquiriendo el 23.9% de las acciones que el BBVA les vende por 545,4 millones de euros. La mediación de Alejandro Agag es fundamental en la operación. Según el libro Élite o escoria (editorial Alfio), el ahora yernísimo del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, utilizó sus influencias para filtrar a los interesados que la oferta de Fadesa por Metrovacesa era superior a la suya. Bami lo tuvo fácil: la superó en 1 euro y, según los autores del libro, Agag se embolsó el 1% de la operación (5,4 millones de euros), algo que no ha sido confirmado por Agag ni por el propio Rivero. La operación financiera para absorber a Metrovacesa debilita a Bami por lo que Rivero confía a su fiel "escudero" la búsqueda de liquidez a través de un accionista inversor. Ignacio López del Hierro, conocedor del ambiente "Ppijo" madrileño, vuelve a confiar en el lobby formado por Alejandro Agag y el ahora imputado en el caso Gürtel, Jacobo Gordon. El yernísimo echa mano de su amistad con Silvio Berlusconi y el dueño Fininvest les manda a los patriarcas empresariales Francesco Gaetano Caltagirone y Alfio Marchini como grandes salvadores.

Pero lo que se iba a convertir en la salvación de Bami fue, en realidad, una auténtica pesadilla al comprobar Rivero que los italianos amigos de Agag lo que pretendían en realidad era hacerse con el control de Metrovacesa, sobre la que lanzaron una OPA hostil, pero gracias a las maniobras de López del Hierro la operación se frustra, y el yernísimo de Aznar pierde su comisión que le hubiera correspondido si llega a prosperar la oferta de 1.230 millones de euros que los empresarios de Il Cavaliere ofrecieron por el 75% de Metrovacesa. En círculos "ladrilleros" se habló en su momento de que Agag había engañado y traicionado a Nacho, nombre por el que era conocido López del Hierro entre la "Ppijería" madrileña.

A Ignacio López del Hierro no le salieron gratis todas sus argucias y maquinaciones. En junio de 2005 es multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con 36.000 euros por operaciones irregulares en Metrovacesa. Un mes después, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le imputa por varios delitos relacionados con la compra de la citada inmobiliaria.

Cuando todo se fue al traste y Metrovacesa se partió en dos (Sanahuja-Rivero), Nacho López del Hierro abandonó su consejo de administración no sin antes repartirse con Joaquín Rivero y Manuel González un "botín" de 5,25 millones de euros en concepto de indemnización por la escisión de la inmobiliaria. Había llegado el momento de saltar al ruedo financiero de Castilla-La Mancha.

Ignacio López del Hierro llega el 20 de septiembre de 2007 al consejo de administración de la Corporación Industrial de CCM, donde le "coloca" su entonces novia y presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, según el ex director de la entidad. Dos meses después, CCM Corporación venderá todas sus acciones de Metrovacesa para invertir en Gecina, la filial francesa controlada por Rivero y López del Hierro, además de comprar más de 102.000 acciones, por valor de más de 1 millón de euros, de Bami New Co.

El final de la historia ya es conocida por todos: Nacho López del Hierro abandona en febrero de 2009 CCM por orden de la secretaria general del PP, el Banco de España interviene en marzo de ese mismo año la Caja manchega, entre otras cosas, por la millonaria salida de depósitos motivada, en parte, por el acoso y derribo de Cospedal, quien finalmente contrae matrimonio con este señor del ladrillo que niega estar detrás de la campaña de desprestigio que sufre José Bono. Sin embargo, el PSOE lo tiene claro: desde que llegó el matrimonio a Castilla-La Mancha la política regional pasa por los peores momentos de su reciente historia.

(www.elplural.com, 13/07/10)

34. CASTILLA-LA MANCHA. EL PARTIDO POPULAR INTENTÓ BOICOTEAR LA INTEGRACIÓN DE CAJA CASILLA-LA MANCHA CON CAJA-ASTUR

Así lo ha afirmado uno de los consejeros del Partido Popular en Caja Castilla-La Mancha (CCM), Constantino Berruga. Berruga ha desvelado que esta fue la táctica de la dirección regional del partido que decidió que tres de los consejeros votaran en contra y el resto se abstuvieran.

"Consiguieron que tres consejeros, los que considerábamos más adecuados, votáramos en contra por si en un momento determinado hubiera que iniciar acciones legales contra los acuerdos que se estaban tomando", ha explicado Constantino Berruga. Cabe recordar que la Asamblea General de CCM acordó su integración con Caja-Astur con 110 votos a favor, tres votos en contra y 23 abstenciones de los consejeros del Partido Popular.

(www.cadenaser.com, 15/07/10)

35. ISLAS BALEARES. MATAS UTILIZA A SU MADRE Y SU HIJA PARA PAGAR LA HIPOTECA DEL ´PALACETE´

Jaume Matas cuenta con el respaldo familiar para afrontar la elevada hipoteca que debe pagar por el préstamo que pesa sobre el palacete de la calle San Felio de Palma. Esta vivienda, al margen de los gastos de mantenimiento y de servicios, le cuesta al ex president en estos momentos casi 2.800 euros al mes.

Según la documentación que está en poder del juez José Castro, las últimas cuotas de la hipoteca las han pagado la madre de Matas y su hija menor. Su octogenaria progenitora, quien también tiene que hacer frente a la hipoteca mensual por el apartamento en primera línea de mar de la Colònia de Sant Jordi, realizó el pasado mes de octubre un ingreso bancario en metálico de 11.000 euros, dinero que fue suficiente para hacer frente a tres cuotas de la hipoteca.

También ha colaborado en la economía familiar la hija menor de Jaume Matas. La joven tiene 19 años y en estos momentos estudia y vive con sus padres en el piso de Madrid. No se le conoce, al menos oficialmente, ninguna ocupación laboral. Sin embargo, pese a esta falta de ingresos conocidos, la hija ha aportado en tres meses 8.500 euros en metálico al banco. El ingreso se realizó en la Caja de Arquitectos, que concedió un préstamo de 600.000 euros al ex president para hacer frente a la compra de esta lujosa vivienda en el centro de Palma. Según el extracto bancario, estos 8.500 euros los ingresó la hija de Matas en cuatro pagos. El más elevado es de 3.000 euros, que abonó el pasado día 16 de marzo.

Este extracto bancario lo solicitó la Guardia Civil, a instancias del juez Castro, para determinar las condiciones del préstamo de tres millones de euros que le concedió el Banco de Valencia al ex president Matas para que pudiera pagar la fianza, y así evitar su ingreso en prisión. El ex ministro tuvo que aportar como garantía del préstamo el palacete y sobre él pesa una hipoteca a cargo de la Caja de Arquitectos.

En el extracto bancario se aprecia que el pasado día 30 de marzo Jaume Matas ingresó un talón de un millón y medio de euros en la misma cuenta donde le cargan el préstamo hipotecario. El dinero no se lo prestaba la Caja de Arquitectos, sino el Banco de Valencia, y permaneció en la cuenta durante seis días. No sólo este ingreso no le aportó ningún interés, sino que le generó un gasto de 60 euros en comisiones y gastos, ya que el millón y medio de euros lo transfirió después a la cuenta bancaria del juzgado para hacer frente a la fianza fijada por el juez Castro.

Otro de los documentos que figuran en la mesa del magistrado es el testamento del padre de Matas, donde se determina el reparto de bienes de la familia. En el documento de última voluntad, el padre nombra a su esposa usufructuaria de los bienes, pero declara a su hijo Jaume heredero del negocio de electrodomésticos de la calle San Miguel y del correspondiente local.

Es éste el inmueble del que Jaume Matas declaró ante el juez que está cobrando 1.000 euros mensuales ´en negro´ del inquilino que tiene alquilado el céntrico comercio, y que ha utilizado este dinero para realizar los pagos en metálico que hizo para pagar la reforma del palacete.

El inquilino, que inicialmente negó estos pagos a la Guardia Civil, confesó que, efectivamente, realizaba un pago mensual en dinero no declarado.

(www.diariodemallorca. 11/07/10)

36. ISLAS BALEARES. ANTICORRUPCIÓN INDAGA FONDOS PÚBLICOS EN LA CAMPAÑA DEL PP DE MATAS

La Fiscalía Anticorrupción indaga posibles desvíos de fondos públicos para la financiación de la campaña electoral del PP balear de Jaume Matas en 2007. A las tres empresas de publicidad que fueron proveedoras del partido y de la Administración (Nimbus, Over y Clave) que estaban implicadas en distintos casos judiciales, se han sumado dos nuevas compañías del ramo cuyos propietarios están detenidos. La nueva trama deriva del último escándalo de supuesta corrupción destapado en el Instituto Balear de Turismo (Ibatur). Los últimos imputados son Guillem Deyá, de Espiral Producciones, y Tolo Morey, de Comunicación Creativa.

Las declaraciones de varios implicados, el testimonio de arrepentidos y el hallazgo de facturas falsas abundan en los indicios delictivos. Los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán indagan las contratas del Gobierno de Baleares entre 2003 y 2007 con empresas de publicidad, audiovisuales y de servicios gráficos que, al tiempo que lograron cuantiosos contratos públicos, asumieron la producción de las espectaculares y costosas campañas electorales de Matas y del PP.

La veta que rastrea la Fiscalía ha aflorado mientras se investigaban supuestas ilegalidades de malversación de fondos en las Administraciones. Las pistas que aluden al PP aparecen en diferentes consejerías y empresas del anterior Gobierno de Baleares de Matas.

El productor audiovisual Guillem Deyá, de Espiral, realizó los vídeos y presentaciones de los actos electorales y congresos de Matas y del PP. Fue, a la vez, el principal adjudicatario de contratos audiovisuales, de diseño y páginas web del Gobierno balear. Matas le tramitó más de dos millones de euros en diferentes partidas. Uno de los ocho contratos detectados ascendió a un millón de euros. Anticorrupción sospecha que parte de los gastos del partido se afrontaban en paralelo a las facturaciones públicas.

Deyá se cuidó de la imagen y difusión de la actual eurodiputada Rosa Estarás, ex vicepresidenta y efímera sucesora de Matas en el PP Balear, cuya consejería pagó hasta 75.000 euros en un contrato mayor en 2004 para "servicios audiovisuales", según consta en el sumario del caso Palma Arena. Otro contrato fue de 198.000 euros. Para abordar la cooperación internacional, Espiral logró 712.000 euros.

(www.elpais.com, 15/07/10)

37. ISLAS BALEARES. CRECE LA SOSPECHA SOBRE LAS CUENTAS DEL PP BALEAR

La investigación contra la corrupción en el PP balear sigue avanzando. Hoy declararán ante el juez los dos últimos detenidos, los responsables de Espiral Producciones Televisión y Centro de Comunicación Creativa, ambas empresas proveedoras del Institut Balear de Turisme (Ibatur). Se los acusa del presunto pago de comisiones al Partido Popular a través de la realización de actos electorales que después no constan como cobrados, lo que podría servir para encubrir una forma de financiación irregular del partido presidido por Mariano Rajoy.

Los investigadores examinan la documentación intervenida en ambas empresas y en la también registrada Fotos Deià, en Soller, para concretar si el cobro por los servicios prestados al PP se camufló bajo otros conceptos, un dato clave para determinar si fueron facturados o no, lo que determinará si hubo financiación irregular o no. La operación Pasarela, en la que se produjeron los arrestos, se inició el pasado 29 de junio con las detenciones de los ex gerentes del Ibatur Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern y el secretario y asesor jurídico de la entidad, Miquel Àngel Bonet.

En esta causa, el juez de Instrucción número 2 de Palma de Mallorca, Juan Ignacio Lope Sola, investiga los delitos de malversación, prevaricación, falsedad de documentos oficiales, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y contra la Hacienda Pública, a través del desvío de fondos del Ibatur mediante contratos irregulares en la legislatura 2003-2007, cuando gobernaba el PP en las Illes Balears.

Según las fuentes consultadas, el modo de actuar de Espiral y el Centro de Comunicación Creativa podría ser similar al descrito en relación con Nimbus en el auto en el que se fijó una fianza de tres millones de euros para el ex presidente balear Jaume Matas. En esa resolución se afirma que en las facturas presentadas por Nimbus se comprueba que hay facturas "por conceptos inexistentes, que no responden a prestación de servicio alguno" o con importes triplicados.

El ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, contratado por el PP de Illes Balears, aseguró que cuando cualquier afiliado o simpatizante del PP "ha cometido la más mínima irregularidad, es inmediatamente expulsado del partido".

Pero los conservadores no han sido hasta ahora tan contundentes con sus compañeros de partido implicados en casos de corrupción. El ex presidente balear Jaume Matas, imputado en el caso Palma Arena por delitos cometidos presuntamente durante su etapa al frente del Govern, no fue cesado por la dirección nacional del PP, sino que fue él mismo quien abandonó la formación.

(www.publico.es, 15/07/10)

38. ISLAS BALEARES. FERRÉ DICE QUE ENTREGÓ A CARDONA EL 40% DE LO QUE COBRABA DEL IBATUR

Felip Ferré, el ex concejal del PP en Lloseta, ha reconocido que el 40 por ciento del dinero que a través de su empresa facturó a Ibatur lo entregó después, en concepto de comisión, al ex conseller Josep Juan Cardona. También ha afirmado que este dinero se repartió más tarde con el ex director general de promoción, Kurt Viane, y con la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas.

Felip Ferré figura como socio mayoritario y administrador de la empresa Gourmet And Boutique Consulting. Esta empresa, constituida en el año 2005, ha trabajado casi exclusivamente para empresas públicas del anterior Govern del PP.

Por requerimiento del juez del TSJB, Antoni Capó, la Agencia Tributaria de Balears ha realizado una inspección de las cuentas de esta empresa, que sólo al año de su constitución llegó a facturar casi 900.000 euros por trabajos, muchos de ellos falsos, para el Govern balear.

El inspector, en su informe, aprecia un elevado número de infracciones, aunque no ha podido revisar toda la documentación de la sociedad, entre otras cosas, porque está en poder de la Policía. El funcionario señala que Ferré ha podido incurrir en un delito fiscal.

La empresa de Ferré tenía como principal cliente al CDEIB, aunque también ha trabajado para otras empresas del Govern. Por ejemplo, Gourmet and Boutique fue el encargado de desarrollar el proyecto Honey Moon, que fue financiado por Ibatur. Consistía en promocionar enlaces matrimoniales en China e invitar después a las parejas que se casaban con un viaje de boda a Balears.

Estaba previsto promocionar este proyecto a través de un programa de televisión que nunca llegó a realizarse. Sin embargo, a pesar de que este proyecto fue un fracaso, porque ni una sola pareja de China viajó a Mallorca, la empresa Ibatur lo patrocinó con 300.000 euros. Ferré ha reconocido que infló esta factura que pagó la conselleria de Turismo y que lo hizo para pagar las comisiones que le exigían Cardona, Viane y Ordinas.

Ferré, que es sobrino político de Jaume Matas, también ha confesado que con fondos de la conselleria de Comerç se pagó un viaje particular a China donde fueron él, su socia Antonia Ordinas y Kurt Viane. Para justificar estos gastos se inventaron el siguiente concepto: "Preparación evento Rafa Nadal". Se utilizó el nombre del tenista de Manacor para justificar los gastos particulares de un viaje que se pagó con dinero público.

(www.diariodemallorca.es, 13/07/10)

39. ISLAS BALEARES. EL GOVERN PAGABA 7.000 EUROS AL MES PARA INFORMAR DE LOS ACTOS DE ESTARÁS

El propietario de la empresa audiovisual Espiral, que fue detenido el pasado martes por su implicación en la llamada operación Pasarela, que se desarrolla para determinar las presuntas irregularidades en la gestión de la empresa Ibatur durante la pasada legislatura, salió en libertad bajo fianza. El juez Juan Ignacio Lope Sola tomó declaración al empresario Guillem Deyà, quien facturó más de dos millones de euros a Ibatur para realizar, entre otros muchos proyectos, los vídeos de promoción de la conselleria de Turismo.

El empresario, que estuvo defendido por los abogados Gregorio San José y Alberto García, reconoció la estrecha relación que mantuvo con la anterior administración del Partido Popular, que al margen de los proyectos que realizó para la empresa Ibatur, también le encargó la cobertura informativa de la última campaña electoral, sobre todo de la candidata Rosa Estarás.

Guillem Deyà, que tiene un plazo de 72 horas para presentar la fianza de 100.000 euros que le impuso el juez para continuar en libertad, fue preguntado por el contrato que firmó a mitad de la legislatura pasada con la conselleria de Vicepresidencia. El Govern del PP suscribió un contrato con la productora Espiral para que se realizara un seguimiento durante dos años de cada una de las actuaciones públicas que realizara la ex vicepresidenta Rosa Estarás. A cambio de este trabajo, que consistía sobre todo en tomar imágenes de los actos, la productora presentaba y cobraba una factura mensual de siete mil euros. El empresario tenía a cuatro personas contratadas que se dedicaban a cubrir toda la información que surgía alrededor de Rosa Estarás. Este seguimiento se realizaba al margen del gabinete de prensa que tenía la propia Conselleria. La información que elaboraba la productora se facilitaba después a otros medios de comunicación, a pesar de que muchos de los actos que realizaba Estarás no tenían el más mínimo interés informativo. Los investigadores creen que el Govern destinó dinero público para ensalzar mediáticamente la labor de la vicepresidenta y utilizar después este trabajo para ensalzar la figura de Rosa Estarás como candidata del PP a la presidencia del Consell Insular, cargo que no consiguió. El empresario reconoció que sólo por este trabajo para la vicepresidenta facturó unos 400.000 euros.

Al margen de que Guillem Deyà quedara en libertad, el juez le imputa inicialmente los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y falsedad. El fiscal le acusa de haber pagado comisiones a personas próximas al PP a cambio de recibir directamente estos encargos de Ibatur con la manipulación de concursos. Durante el interrogatorio policial al detenido se le preguntó si en algún momento había pagado una comisión a Raimundo Alabern, ex responsable máximo de Ibatur, acusación que él rechazó. Sin embargo, los investigadores tienen sospechas que apuntan a todo lo contrario, es decir, que Deyà pagó comisiones.

(www.diariodemallorca.es, 16/07/10)

40. ISLAS BALEARES. HACIENDA CONSTATA LAS FACTURAS FALSAS

Además de la empresa Gourmet and Boutique Islands, Felip Ferré también controlaba la sociedad Comarca Global Consulting. Estas empresas han facturado miles de euros a la conselleria de Comerç. Los inspectores que han realizado el análisis de la contabilidad de estas sociedades, basándose en el análisis de los documentos y de las declaraciones del empresario, han constatado que Ferré ha cobrado dinero por proyectos que no ha hecho y que ha justificado su cobro presentando facturas falsas.

Uno de los ejemplos más claros es la factura de casi 30.000 euros que le abonó la conselleria de Comercio al ex concejal del PP en Lloseta por elaborar un estudio sobre la situación actual de la industria balear. Ferré, que no tiene ninguna titulación que justifique su contratación como experto analista, ha confesado que elaboró el estudio con datos que obtuvo de internet. Pero no todo el dinero se lo quedó él. Una parte importante la tuvo que entregar a Antònia Ordinas en concepto de comisión. Así lo ha reconocido Ferré en su confesión ante el juez.

(www.diariodemallorca.es, 13/07/10)

41. ISLAS BALEARES. EL PP SE PERSONA EN EL CASO PALMA ARENA POR LAS SOSPECHAS DE FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PARTIDO

El Partido Popular se personó formalmente como acusación particular en la causa del caso Palma Arena, que incluye la investigación sobre el sospechoso origen del patrimonio de su ex líder Jaume Matas. El escrito de personación lo presentó el nuevo letrado del PP, Ignacio Gordillo, ex fiscal de la Audiencia Nacional, que explicó que el partido ha presentado esta iniciativa al existir una línea de investigación en la que se intenta averiguar si la formación política se ha financiado irregularmente.

Gordillo, que anunció que el partido no aceptará ningún caso de corrupción, aprovechó la ocasión para denunciar el modo en que se han realizado hasta ahora las detenciones de afiliados del PP.

El abogado calificó algunas de estas detenciones de actuaciones "televisadas" y señaló, que a su juicio, se han realizado en contra de las órdenes de la Fiscalía General del Estado. En este sentido, Gordillo criticó que en muchas de estas detenciones se prolongue indebidamente el plazo de 72 horas de arresto policial, "todo ello con un gran alarde mediático y perjudicando la fama de estas personas cuando podrían ser citadas al juzgado, un día y a una hora, para que acudieran con un abogado", indicó

El ex fiscal insistió en que el Partido Popular siempre se ha posicionado en contra de los casos de corrupción que hayan podido cometer sus afiliados. Sin embargo, existe que siempre se aplique la "misma vara de medir" con el Partido Popular que para otras formaciones políticas de Balears que también se han visto salpicadas con otros casos de corrupción.

Ignacio Gordillo, que acudió al juzgado junto al secretario general del PP, Miquel Ramis, rechazó que la personación en la causa del Palma Arena se haya producido con retraso, si bien insistió en que el partido es el primero que se siente perjudicado por las sospechas sobre financiación irregular.

También anunció Gordillo que la personación del PP no se limitará sólo al caso Palma Arena. También se presentará como acusación en el caso Bomsai, donde se produjeron detenciones de antiguos altos cargos del PP, así como en el accidente del tren de Sineu. También se estudia personarse en el caso Ibatur.

(www.diariodemallorca.es, 13/07/10)

42. ISLAS BALEARES. POLÍTICOS CONDENADOS EN LA ´SUITE´ DE LA CÁRCEL

Terminantemente prohibida cualquier agresión física, psicológica, verbal o gestual a otro interno. Terminantemente prohibido tirar colillas y papeles al suelo. Terminantemente prohibido apoyar los pies en la pared. Obligatorio realizar algún curso para mejorar la formación. Estas son algunas de las condiciones que rigen en los dos Módulos de Educación y Respeto (MER) de la cárcel de Palma, los más deseados por los condenados durante su permanencia en prisión por el buen ambiente de convivencia existente, entre otras ventajas. Y allí es donde están cumpliendo su condena los políticos condenados de Balears: Javier Rodrigo de Santos, Jaume Massot y Eugenio Hidalgo, según destacan los sindicatos con representación en el centro isleño. La excepción es Bartomeu Vicens, al que sitúan todavía en el módulo de ingreso ante lo reciente de su entrada en prisión.

Desde estas organizaciones se indica que De Santos y Massot comparten vivencias en el módulo 12, el que tiene este sistema de funcionamiento más implantado. A Hidalgo lo ubican en el 11, el segundo MER de Palma aunque con un pequeño retraso respecto al anterior a la hora de experimentar esta fórmula.

El director de la prisión, Manuel Avilés, evita pronunciarse "por una cuestión de respeto a la intimidad" sobre el destino de estos internos, pero no oculta su entusiasmo ante la forma en que se trabaja en estos módulos de educación y respeto, hasta el punto de asegurar que su objetivo es que todas las dependencias carcelarias terminen rigiéndose por ese mismo sistema. Sobre la forma de vida de los políticos antes señalados, se limita a valorar la "sensibilidad" de algún representante sindical cuando reconoce que es difícil llevar a este tipo de reclusos a un módulo común porque su notoriedad les convertiría en un blanco fácil ante los abusos de otros condenados.

Para entrar en un MER es necesario suscribir un "contrato de conducta", con un compromiso explícito de buen comportamiento, que en el caso de no cumplirse puede suponer la expulsión a un módulo común. Pero el objetivo va más allá. Manuel Avilés señala que la actitud del interno respecto a la convivencia es importante, pero que no es el único factor que se valora. "No quiero gente que se limite a carcelear (término que se utiliza para los condenados que mantienen un buen comportamiento en el interior de la prisión para salir cuanto antes y volver a delinquir), sino que lo importante es que se tenga un proyecto de futuro", destaca el director de la cárcel isleña, de ahí que la formación sea una prioridad, y además con premio.

La primera ventaja de estar en un MER es que las celdas son individuales y en el interior del módulo "las puertas están abiertas", lo que conlleva una cierta libertad de movimientos, y además se puede ir al comedor y dejar en una percha sin vigilancia las bolsas donde los internos guardan sus cubiertos o alguna bebida, sin miedo a que haya sustracciones.

Pero como se ha indicado, hay recompensas adicionales si un preso demuestra una especial actitud para mejorar su formación. Así, si uno de los reclusos consigue aprobar las pruebas de acceso a la universidad, "en lugar de tener ese mes un solo vis a vis con la pareja, puede que tenga tres", según pone como ejemplo Avilés.

El director de la prisión no oculta que si él fuera un interno, "también querría estar en uno de estos módulos, porque son los que tienen un ambiente de convivencia más parecido a no estar en centro penitenciario". Un factor clave, como se ha indicado, es el compromiso de ausencia de el menor gesto de violencia, bajo riesgo de expulsión.

Pero las ventajas también deben ir acompañadas de contrapartidas. Cada mañana se celebran asambleas entre los habitantes de esos módulos –suele haber unas 70 personas en cada uno– para abordar los problemas de convivencia que se hayan podido registrar y para plantear los trabajos a desarrollar. Porque los reclusos que viven en estas condiciones tienen un alto nivel de autogestión por lo que se refiere a turnos de limpieza y otras labores a desempeñar dentro de la cárcel, y se puntúan unos a otros. Un suspenso puede suponer la salida. "Si un recluso tira una colilla al suelo, la advertencia de que la recoja no vendrá de un funcionario, sino de otro interno", destaca el director.

El nombre del módulo "de educación y respeto" se justifica precisamente por esas normas. Respeto en la convivencia pero también formación. En este aspecto, los cursos más demandados son los de idiomas –inglés en el caso de los españoles, y español, para los extranjeros–, mientras que existe un elevado interés por las carreras universitarias de Derecho y Psicología. Pero también se imparten clases de alfabetización y de estudios primarios, ante el evidente déficit formativo de muchos reclusos. Eso explica que el contacto con los equipos de educadores y psicólogos sea constante. Antonio Aviles asegura que su deseo de que todos los módulos de la cárcel terminen siendo de educación y respeto no es una utopía, y subraya que en una cárcel con 1.600 reclusos, la jornada de se saldó sin que se hubiera abierto ni un solo expediente disciplinario.

Por lo que respecta a Bartomeu Vicens, desde los sindicatos se considera que también será destinado a una de estas dependencias, pero de momento se le sitúa en el módulo de ingreso, donde se evita el contacto directo con los presos comunes y donde hay un mayor control médico y psicológico.

(www.diariodemallorca.es, 16/07/10)

43. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL PP DE ASTURIAS RECHAZA LA VUELTA DE CASCOS

Después de meses de conjeturas sobre el regreso de Francisco Álvarez-Cascos a la política encabezando la candidatura del PP a la presidencia de Asturias, los conservadores asturianos han rechazado esta posibilidad. Además han acompañado ese rechazo de una dura crítica a la actitud de Cascos que, aseguran, "ha perjudicado al partido".

Los responsables de las principales juntas locales del PP en Asturias -Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres- de acuerdo con la dirección regional y de Nuevas Generaciones han tomado la decisión de "rechazar una hipotética candidatura" de Cascos.

La posibilidad de que el ex ministro de Fomento y ex secretario general del PP encabezase en Asturias la lista de esta formación en las próximas elecciones autonómicas de 2011 se ha estado barajando desde hace meses y ha sido objeto de distintos comunicados de apoyo por algunos de sus partidarios. La misma presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, manifestó que le gustaría "muchísimo" la vuelta de Cascos a la política, "por el PP y por España".

24 ex concejales en el Ayuntamiento de Gijón, del que Álvarez-Cascos fue edil en la primera etapa de la democracia, trasladaron una carta al presidente del PP, Mariano Rajoy, en la que pedían que fuese el candidato por Asturias.

En un comunicado remitido hoy, la dirección regional del PP incide en que estos apoyos públicos a Álvarez-Cascos lo son a una "hipotética candidatura" porque después de "largos meses" el ex ministro "no se ha pronunciado" si quiere encabezar la lista.

El comunicado critica que Álvarez-Cascos, al no aclarar su posición, esté amparando y promoviendo intrigas que "sólo tratan de dividir al PP de Asturias" y asegura que con este mensaje quieren "poner fin a este culebrón", que, "desgraciadamente, sólo ha contribuido a perjudicar la imagen" del partido en la región.

De hecho, inciden en que los órganos y las juntas locales que respaldan este acuerdo -que agrupan al 75% de sus militantes- "componen el PP de Asturias, con las legítimas discrepacias", por lo que la decisión de rechazar a Álvarez-Cascos como candidato "representa el sentir" del partido.

En su opinión, antes que a Francisco Álvarez-Cascos, lo que necesita el PP es a un candidato "que sume, no que reste", que "respete los estatutos" del partido y los resultados de sus congresos "y no al contrario".

"Lamentablemente, todo este asunto de la vuelta de Cascos a la política de Asturias sólo ha servido para desgastar a nuestro partido, que, en estos momentos, es una fuerza política unida y con capacidad para triunfar", añaden en el comunicado.

También en alusión a Cascos, afirman que no necesitan a quienes vienen a hostigar a los dirigentes populares asturianos que desde hace "muchos años" se encargan de confrontar con la política socialsta, "ganando o no elecciones", pero "sufriendo las consecuencias personales de estar en primera línea de fuego mientras otros están cómodamente contemplándolo".

"Hasta ahora solamente hemos oído expresarse a sus 'fuentes' y siempre en tono despreciativo hacia quienes han celebrado su posible vuelta a la política ", señalan en el comunicado en el que critican que "un grupo de amigos personales" de Álvarez-Cascos "que en el PP apenas se representan a sí mismos", se haya "envalentnado".

Según la dirección del PP, esos amigos del ex ministro han iniciado "una dinámica de 'autohomenajes'" que recuerda al proceso que acabó con la creación de Unión Renovadora Asturiana (Uras) y la ruptura del PP de Asturias hace doce años.

"En definitiva, la hipotética candidatura de Cascos está sirviendo exclusivamente para intentar dividir al PP de Asturias, otra vez con riesgo de ruptura interna", afirman la dirección y las principales juntas locales.

(www.publico.es, 14/07/10)