ÍNDICE
 

1. RAJOY SIEMBRA DUDAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

2. RAJOY MANTIENE SU DISCURSO PESE A LOS RECORTES DEL GOBIERNO CONSERVADOR ALEMÁN

3. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY APOYA A CAMPS, PIDE RESPETO A LA JUSTICIA Y AVALA QUE EL PP LA ATAQUE

4. ‘CASO GÜRTEL’. LA DEFENSA DEL PP

5. EL PP CALIFICA A ESPAÑA DE PAÍS "INTERVENIDO" Y "DESPRESTIGIADO"

6. RAJOY CORTEJA A LOS ARTISTAS SIN CEJA

7. COSPEDAL: "QUE LOS TRABAJADORES ESTÉN TRANQUILOS, AQUÍ ESTÁ EL PP"

8. EL PP NO SUBIRÁ LOS IMPUESTOS A LAS RENTAS ALTAS

9. COSPEDAL NO SABE QUE CAMPS TIENE TRES VICEPRESIDENTES

10. ‘CASO GÜRTEL’. COSPEDAL: "EL PP ES MUY RESPETUOSO CON LA INVESTIGACIÓN DEL CASO GÜRTEL"

11. TRILLO EXIGIÓ AL PSOE QUE NO RECUSARA A HERNANDO Y LÓPEZ

12. EL TIJERETAZO DEL PP SE CENTRA EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN

13. EL PP, EN LA AMBIGÜEDAD: NO APOYA LA HUELGA PERO SÍ A LOS FUNCIONARIOS

14. AZNAR PIDE QUE "NO SE MALGASTE" SU "ESFUERZO" CONTRA ETA

15. AZNAR ANTE LA VIRGEN DE LAS HUERTAS: "ESPAÑA ES FINANCIERAMENTE INSOSTENIBLE"

16. CATALUÑA. EL PP CATALÁN LLEVARÁ LA REGULACIÓN DEL BURKA Y DEL NIQAB AL PARLAMENT

17. GALICIA. LA XUNTA DE FRAGA PAGÓ A LA GÜRTEL POR UN ESTUDIO DEL QUE NO HAY CONSTANCIA

18. GALICIA. DENUNCIA A BALTAR ANTE EL FISCAL POR "ENCHUFAR" A 200 PERSONAS

19. GALICIA. EL JURADO CULPA A DOS EX CONCEJALES DEL PP POR LA TRAMA DE GONDOMAR

20. ANDALUCÍA. EL JUEZ PEDREIRA ORDENA INVESTIGAR LOS CONTRATOS DE LA GÜRTEL EN ESTEPONA

21. ANDALUCÍA. DETENIDO POR VIOLENCIA MACHISTA UN EDIL DEL PP EN BENALMÁDENA

22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE INTENTA OCULTAR QUE EL JUEZ INVESTIGA LAS CUENTAS DE SU PARTIDO

23. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE MONTA SU PROPIA POLICÍA EN PLENA CRISIS

24. COMUNIDAD DE MADRID. UN ESTUDIO INTERNO AVISÓ A AGUIRRE DE QUE EL CAMPUS DE LA JUSTICIA ESTABA MAL PLANIFICADO Y PRESUPUESTADO

25. COMUNIDAD DE MADRID. LA ASAMBLEA VETA LA INVESTIGACIÓN DEL CASO DE LOS ESPÍAS

26. COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS, REFERENTE DEL DESPILFARRO ESPAÑOL, SEGÚN 'THE ECONOMIST'

27. COMUNIDAD DE MADRID. CUANDO EL DENUNCIANTE ES EL ACUSADO

28. COMUNIDAD DE MADRID. DE SANTIAGO RATIFICA QUE EL JEFE DE LA TRAMA GÜRTEL QUISO SOBORNARLE

29. COMUNIDAD DE MADRID. PEDREIRA INVESTIGA EL ÚLTIMO ACUERDO DE BOADILLA CON CORREA

30. COMUNIDAD DE MADRID. ROBLEDO, ACUSADO DE NEGAR EL PADRÓN A INMIGRANTES EN PARO

31. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS USARÁ A LOS ABOGADOS DE LA GENERALITAT PARA DENUNCIAR A LUNA

32. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TSJ CONGELA LA INVESTIGACIÓN DE LAS FINANZAS DEL PP HASTA QUE PEDREIRA CONTESTE AL PP

33. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ QUE ARCHIVÓ EL 'CASO CAMPS' CRITICA A LOS MEDIOS

34. COMUNIDAD VALENCIANA. DENUNCIAN UN SOBRECOSTE DE 600 MILLONES SIN JUSTIFICAR EN LA CIUDAD DE LAS ARTES

35. COMUNIDAD VALENCIANA. NUEVE FUNDACIONES Y CUATRO ENTIDADES DEL CONSELL DISPONEN DE 22 TARJETAS DE CRÉDITO

36. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ FRENÓ EL INTENTO DE FABRA DE EVITAR EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN

37. COMUNIDAD VALENCIANA. CRONOLOGÍA DEL 'CASO FABRA'

38. COMUNIDAD VALENCIANA. NUEVO REVÉS JUDICIAL PARA BARBERÁ EN EL CABANYAL

39. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TRIBUNAL DE CUENTAS ESTRECHA EL CERCO SOBRE CALP

40. CASTILLA Y LEÓN. "QUE BIBIANA AÍDO SE VAYA A ESTUDIAR EL MAPA DEL CLÍTORIS EN ANDALUCÍA"

41. CASTILLA-LA MANCHA. EL VICEPRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA AL PRESIDENTE: "¡SINVERGÜENZA, COBARDE!"

42. REGIÓN DE MURCIA. LA FUNDACIÓN QUE DIRIGIÓ EL EX CONCEJAL POPULAR DE ARCHENA BRÍGIDO PALAZÓN COBRÓ SIN TENER ACTIVIDAD ALGUNA

43. ISLAS BALEARES. EL JUEZ CASTRO CREE QUE JAUME MATAS ‘JUSTIFICA’ GASTOS ABONADOS EN NEGRO

44. ISLAS BALEARES. EL FBI INDAGA LA COMPRA DE BIENES DE MATAS EN ESTADOS UNIDOS

45. ISLAS BALEARES. LOS CONSELLERS DEL PP PAGARON 1,2 MILLONES A CALATRAVA SIN SABER SI EL DISEÑO ERA ORIGINAL

46. ISLAS BALEARES. EL JUEZ ABRE EL JUICIO DEL ‘CASO FUNERARIA’ CONTRA OSCAR COLLADO, SU MUJER Y MARINA SANS

47. PRINCIPADO DE ASTURIAS LOS ANTICASQUISTAS INSTAN A GÉNOVA A PRONUNCIARSE SOBRE LOS CAMBIOS EN ASTURIAS

 

 

1. RAJOY SIEMBRA DUDAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Hace tan sólo semanas el PP agitaba el fantasma de la crisis griega. Su presidente, Mariano Rajoy, incluyó la de Hungría en su discurso. El dirigente conservador puso el punto de mira en ambos países comunitarios con el fin de extraer una cuantas "lecciones" para España. Así, Rajoy, que se encontraba en un mitin en Almería, las fue enumerando una por una ante un público que, expectante, le exigía a gritos que diera "caña". "No se debe ocultar nunca la realidad; hay que decir la verdad por dura que sea; ser austero y no gastar por encima de las posibilidades del país; y hacer un plan nacional con reformas para que no nos ocurra lo que a otros. Esas son las lecciones que tenemos que aprender de Hungría y de Grecia", fueron sus recomendaciones. Pero sonaron a advertencias. Sobre todo después de la resaca de la noticia del día anterior, cuando el Gobierno húngaro de centro derecha, que acaba de tomar posesión, acusó al anterior Ejecutivo socialista de haber manipulado las cuentas, provocando el miedo de los mercados internacionales y una nueva caída del euro.

Poco antes de la intervención de Rajoy, desde Hungría trataban de calmar los ánimos afirmando que la situación económica del país estaba estabilizada y no existía peligro de bancarrota. Pero al jefe de la oposición ya nada podía desviarle de su objetivo. Llevaba preparado su titular para entrar en los informativos: "Hace unos años se hablaba en todo el mundo del milagro español y hoy somos un país en libertad vigilada" por la Unión Europea. Ese es, según él, uno de los "balances" que deja el Gobierno socialista. El otro son las cifras del paro. Rajoy recordó "unos datos escalofriantes", comparando 1996 con 2010, al tiempo que resaltaba que la tasa de desempleo es similar. Además, criticó la reforma laboral que "ya llega tarde". "Dos años mareando la perdiz", denunció.

"Hoy nos dan órdenes, nos dicen lo que tenemos que hacer. Esto no había ocurrido nunca en la historia de España y yo os aseguro que no volverá a ocurrir nunca porque el PP hará las cosas como hay que hacerlas", aseguró Dentro de su negatividad, Rajoy quiso destacar que "hay motivos para la esperanza y para saber que se pueden hacer políticas que sirvan para crear empleo". De la mano de su partido, por supuesto. Aunque no explicó en ningún momento cómo hacerlo.

"Desde el PP estamos preparados", repitió en varias ocasiones durante su intervención. Y como se encontraba en Andalucía, Rajoy quiso poner de ejemplo el trabajo que allí desarrolla su formación, liderada por Javier Arenas. "Están liderando un proceso de cambio. Cada vez (más) esto se ve y se palpa. Lo dicen las encuestas, pero lo ves cuando andas por la calle", señaló el líder conservador. Rajoy presumió de que su partido ya ha "demostrado" a la sociedad que sabe "crear empleo y generar confianza trasladando que al frente de la nave hay timoneles que saben lo que hay que hacer".

En el partido, sin embargo, hay muchos dirigentes a los que precisamente les preocupa este último tema. Consideran que una de sus asignaturas pendientes es que se visualice a su gabinete en la sombra. Aunque varias de las caras que acompañan a Rajoy en la actualidad podrían tener su silla en el Consejo de Ministros, algunos diputados apuntan que faltan figuras de peso para esa bancada y que, por ejemplo, el nombre del ministro de Economía es clave.

Todo estas cavilaciones demuestran que los conservadores ya se ven gobernando. Sin embargo, algunos dentro del comité de dirección piden cautela para no dar la partida por ganada antes de tiempo. Por si acaso, Rajoy volvió a cargar contra José Luis Rodríguez Zapatero. "Es difícil gobernar, pero es imposible hacerlo peor", le reprochó. El líder del PP volvió a señalar que es "injusto" que la gente pague los "descomunales errores" del Ejecutivo socialista.

(www.publico.es, 05/06/10)

2. RAJOY MANTIENE SU DISCURSO PESE A LOS RECORTES DEL GOBIERNO CONSERVADOR ALEMÁN

Desde la derrota de los laboristas en Reino Unido, solo Portugal, entre los países cercanos a España, sigue en manos de la izquierda. Allí, la oposición del partido conservador, hermano del Partido Popular español, ha apoyado unos recortes muy similares a los propuestos en España y ha subido el IVA hasta el 21% -España lo subirá al 18%-. Todos los demás Gobiernos de los grandes países europeos -en manos de conservadores socios del PP- están llevando a cabo recortes drásticos del gasto similares a los españoles con subidas de impuestos, que también rechaza el PP. Primero fue Italia, y le llegó el turno a Alemania -la CDU de Angela Merkel es un partido muy cercano al PP-, que anunció un recorte radical con bajadas de sueldos públicos y eliminación del cheque-bebé, como en España. También Reino Unido, gobernado por el conservador David Cameron.

Mariano Rajoy, sin embargo, ha decidido no cambiar su estrategia del no a los recortes de Zapatero, a pesar de que eso suponga contradecir lo que están haciendo sus socios del Partido Popular Europeo (PPE). Varios estrategas del entorno del líder señalan que en este momento, lo importante es conectar con su electorado, y que los socios europeos entienden las razones del PP porque saben que lo importante es lograr que haya un cambio de Gobierno en España.

El PP está además convencido de que el electorado español no les va a castigar por esta posición, al contrario. Creen que el debate político en España está centrado en la figura de Zapatero, y que las comparaciones con lo que están haciendo otros países europeos no calan en el debate español. Tras la reunión de maitines de los lunes, Dolores Cospedal, la secretaria general, evitó la posible comparación entre lo que ha hecho Zapatero y lo que anunció Merkel, a la que Rajoy siempre pone como ejemplo.

Cuando se le preguntó si el PP, dado que está en contra de bajar el sueldo a los funcionarios o de eliminar el cheque-bebé, votaría en contra del recorte alemán si pudiera, sentenció: "Alemania tiene una tasa de paro que es menos de la mitad de la española. No se pueden equiparar las situaciones. Cada Gobierno hace el plan que cree más conveniente. Nosotros tenemos que valorar el que ha hecho el Gobierno español, y creemos que no es el más conveniente para los intereses generales".

La posible contradicción con la línea de sus socios europeos no preocupa en la calle de Génova, aunque estos días tienen que dedicarle algo de tiempo. Rajoy no se prodiga mucho en la escena internacional. Viaja poco, aunque en los últimos meses no suele perderse el encuentro que con cada cumbre en Bruselas organiza el Partido Popular Europeo. El próximo día 16, Rajoy acudirá a la cena del PPE con Merkel y otros mandatarios conservadores, y está preparando un discurso para explicar a sus socios por qué la derecha española mantiene una línea tan diferente de la de sus socios.

Antes de esa explicación en persona de Rajoy, el PP ya ha enviado a sus socios una carta, en la que les explicaba por qué el PP había rechazado el plan de Zapatero, un voto negativo que puso en riesgo su aprobación, que al final se logró por un voto. El PP ha optado por la línea de estar lo más cerca posible de cualquiera que sufra un recorte del presidente Zapatero para que los ciudadanos responsabilicen al Gobierno, y en ningún caso hagan partícipe a la oposición de esa responsabilidad.

(www.elpais.com, 08/06/10)

3. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY APOYA A CAMPS, PIDE RESPETO A LA JUSTICIA Y AVALA QUE EL PP LA ATAQUE

Mariano Rajoy apenas contesta a preguntas de la prensa. Por eso, el líder del PP, que habla casi todos los días pero sin preguntas, no había dicho una palabra sobre el caso Gürtel desde que cinco jueces del Tribunal Supremo decidieron por unanimidad, el 12 de mayo, que se siga investigando el caso de los trajes de Francisco Camps, y otro del Superior de Madrid firmó un auto el 26 de mayo en el que se apuntan hasta siete delitos cometidos supuestamente por la cúpula del PP valenciano.

Rajoy rompió su silencio en Almería, y lo hizo para respaldar a Camps. Aunque esta vez, más preparado, no llegó tan lejos como el pasado 6 de mayo. Rajoy dijo entonces: "Camps será el candidato en las próximas elecciones autonómicas. Que diga la justicia lo que quiera". La metedura de pata fue tan grande que él mismo pidió perdón en privado -ante su cúpula- y prometió: "No se volverá a repetir".

El líder del PP cumplió y midió mucho más sus palabras, pero el mensaje de fondo es el mismo. "Yo esperaré a lo que digan los tribunales, pero vuelvo a decir que yo creo que Francisco Camps es inocente. Y mientras no se demuestre lo contrario, para mí, el señor Camps es inocente". Algunos dirigentes del PP quisieron ver un ligero cambio en las palabras de Rajoy, ya que pone fecha de alguna manera a esa confianza en Camps. Claro que ese "mientras no se demuestre lo contrario" puede suponer el momento en que haya un auto de imputación, cuando se siente en el banquillo, cuando haya condena o sentencia firme, en función de la interpretación de Rajoy.

Esto es, no queda claro si el líder del PP respaldará a Camps para que sea candidato, esté o no imputado, o le apartará como reclaman en privado una auténtica marea de dirigentes nacionales y regionales, que creen que después de la sentencia del Supremo y el auto de Pedreira, el valenciano debería dejar paso. Rajoy aprovechó para rectificar: "Respeto y acato lo que ha dicho el Tribunal Supremo, y respetaré y acataré lo que diga cualquier otro tribunal. Es bueno que lo hagamos todos porque ahí están las bases de las reglas de juego de nuestra democracia".

Sin embargo, este alegato a favor del respeto a la Justicia llega después de que Rajoy no haya desautorizado a Camps, que insiste en que todo es un "montaje" -incluida la sentencia del Supremo- y sobre todo haya avalado la estrategia de defensa de Federico Trillo, responsable de Justicia y hombre de confianza del líder, que insiste en atacar a jueces, fiscales, policías, funcionarios de Hacienda y casi cualquiera que haya tenido algo que ver con la investigación del caso Gürtel.

A esta estrategia contestaron tanto el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, como la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. "Es un intento descarado de salvar lo insalvable. Pediría menos alborotar intentando presionar, y más responsabilidad para dar ejemplo", dijo De la Vega. "El PP, cuando se ve acosado ante los tribunales, siempre tiende a cuestionar a los profesionales de la Justicia. El tiempo pone a cada uno en su sitio", auguró Caamaño.

Trillo, después de atacar a las fiscales por interpretar que el Supremo iba a investigarlas por su actuación en el caso Gürtel -algo que no ha sucedido-, evitó rectificar y recuperó un asunto de los 90 para responder al Gobierno: "Todavía estoy esperando una aclaración sobre el caso de los papeles de Laos", le dijo a la agencia Efe, en referencia a la detención del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, en 1995.

Trillo no quiso atender a este periódico, por lo que no se le pudo preguntar por qué se reunió con Eduardo Hinojosa, el dueño de Forever Young, precisamente días antes de que se iniciara una campaña de descrédito contra el sastre de Camps, José Tomás, que insiste en que el presidente valenciano nunca pagó sus trajes. El PP no ha desmentido esa reunión.

Mientras, los campistas siguen echando balones fuera. Según la portavoz y consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, lo importante es que hay unas conversaciones que fueron anuladas, en las que un cabecilla de la trama corrupta le dice a su abogado que cree que Camps se pagó los trajes. Sánchez de León restó importancia al hecho de que Camps hubiese proclamado su inocencia en base a una información errónea que apuntalaba la teoría de la conspiración. Y tampoco quiso opinar sobre las razones por las que Trillo se reunió con los propietarios de Forever Young tras las manifestaciones del sastre de Camps. "Son cuestiones que no hacen más que enredar", señaló, informa Joaquín Ferrandis.

4. ‘CASO GÜRTEL’. LA DEFENSA DEL PP

- Recusación de Garzón. El PP ha atacado prácticamente a todos los que han tenido algo que ver con el caso Gürtel. Primero al juez Garzón, a quien Rajoy, después de haberlo aplaudido en los 90 por su instrucción del caso GAL, acusó de ser filosocialista. El PP lo recusó, sin éxito.

- Dimisión del ministro. La presión del PP logró la dimisión del ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo por acudir a una cacería con Garzón.

- Ataques a la policía. Los populares se querellaron contra los agentes de la brigada contra el blanqueo que prepararon el informe más duro contra la cúpula de Camps. El PP dijo que contenía información falsa, pero la investigación sigue.

- La fiscalía, parcial. El centro de los ataques han sido los fiscales, que impulsan la investigación del caso.

- Desmentido a Flors. Cuando el juez Flors imputó y quiso sentar en el banquillo a Camps, Trillo se reunió con la prensa para tratar de desmentir su auto.

- Querella a Hacienda. Hasta el funcionario de la Agencia Tributaria que hizo un informe contra la cúpula de Camps ha sufrido una querella del PP, que aún no ha sido admitida a trámite.

(www.elpais.com, 05/06/10)

5. EL PP CALIFICA A ESPAÑA DE PAÍS "INTERVENIDO" Y "DESPRESTIGIADO"

En tan solo 24 horas, el estado del enfermo español, aquejado de una crisis económica, se ha agravado, según el PP. El diagnóstico conservador ha hecho que el país pase de la UVI al quirófano en un tiempo récord. Al menos es lo que se desprende de las declaraciones realizadas por los máximos responsables del partido durante el fin de semana. El sábado, el líder, Mariano Rajoy, afirmó que España se encontraba "en libertad vigilada". , su número dos, María Dolores de Cospedal, elevó la gravedad de la situación y habló de "país intervenido". Al calificativo le añadió el enésimo ataque al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusó de haber dilapidado "la reputación que tenía España" y haberla cambiado "por el desprestigio".

Rajoy y Cospedal tampoco coincidieron a la hora de enjuiciar si Zapatero ocultó la verdadera dimensión de la crisis. El líder del PP le emplazó el sábado a "extraer lecciones de los errores" cometidos por Grecia y Hungría. "No se puede ocultar nunca la realidad y hay que decir la verdad por dura que sea", reprochó Rajoy. En cambio, Cospedal aseguró que el problema es que el jefe del Ejecutivo "se ha enterado hace poco" del alcance de la crisis económica, y que, mientras tanto, ha llevado a cabo "una política irresponsable de derroche que ha hecho que la deuda pública se desate".

Durante su intervención en la clausura de la escuela de verano del PP catalán, en Coma-ruga (Baix Penedès), Cospedal erigió a los populares, no solo como alternativa al PSOE, sino también a los sindicatos. "Si no hay sindicatos que sepan defender el derecho de los trabajadores, que estos estén tranquilos, que aquí está el PP para defenderles", proclamó ante unos 250 militantes.

De manera específica, la secretaria general del PP se dirigió a los pensionistas, a quienes garantizó que su partido "no tocará" las pensiones en caso de regresar a la Moncloa. Y de nuevo evidenció la estrategia de los conservadores de cortejar a los votantes socialistas "traicionados" por Zapatero con el tijeretazo. "Desde el PP nunca vamos a engañarles", les dijo en lo que definió como un mensaje de "tranquilidad".

Paradójicamente, mientras en España el PP persigue al simpatizante desencantado del PSOE, en Catalunya explora el yacimiento de CiU, con la coartada del miedo al independentismo. En el mismo acto, la candidata popular a la Generalitat, Alicia Sánchez-Camacho, presentó a su partido como la única alternativa frente al secesionismo. A falta de que CiU responda a la mano tendida por ERC para colaborar tras las elecciones de otoño, Camacho tachó de "hipócrita" que los convergentes exhiban sentido de Estado en Madrid y flirteen con los republicanos en Catalunya.

(www.elperiodico.es, 07/06/10)

6. RAJOY CORTEJA A LOS ARTISTAS SIN CEJA

Mariano Rajoy, el presidente del PP, sigue con su estrategia de aproximación a los llamados artistas sin ceja, un colectivo más alejado de la órbita del presidente Zapatero que está construyendo una plataforma por la desideologización de la cultura… basada en una declaración del PP, recoge El Mundo. El pasado 17 de mayo, Rajoy hizo público un documento –la Declaración de Cartagena- reclamando un "pacto de estado" por la Cultura. Ese texto, que sintetiza el programa del PP en la materia, ha llamado la atención de creadores como Víctor Ullate y Blanca Marsillach. El grupo de artistas presentará su plataforma despolitizadora hoy en el Teatro Alcázar de Madrid. Paradójicamente, al acto acudirá gente tan desideologizada como el líder del PP y su portavoz en la comisión de Cultura, José María Lasalle. Así las cosas, medios como El Semanal Digital han empezado a llamar a estos artistas los de la barba.

Precisamente, el más conocido de estos artistas, el bailarín y coreógrafo Víctor Ullate, mantiene una relación fluida con Esperanza Aguirre y, de hecho, es el director del Ballet de la Comunidad de Madrid.

Ullate no ha sido tímido a la hora de elogiar a la lideresa y a otros ilustres del PP como el alcalde de Madrid. "Las preocupaciones me han producido dos infartos, pero en los últimos años la Comunidad de Madrid, primero con Alberto Ruiz Gallardón y ahora con Esperanza Aguirre, me han respaldado mucho" declaró en diciembre de 2008. Así las cosas, la plataforma para que la cultura no esté sujeta a la ideología nace de la mano de personalidades cercanas al PP. Los que vendrían a ser los artistas de la barba.

Además de Ullate, al acto de hoy acudirán la actriz y productora Blanca Marsillach, el director escénico Juan Carlos Pérez de la Fuente, el dramaturgo y periodista Ignacio Amestoy, las directoras Ainhoa Amestoy y Tamzin Townsend, el autor Eduardo Galán, el director escénico Mariano de Paco, los empresarios Enrique Salaberría y Luis Álvarez, el actor Juanjo Puigcorbé, las actrices Juncal Rivero, Arancha del Sol, Magüi Mira y el cineasta Antonio del Real, recoge El Mundo. También harán acto de presencia los empresarios Enrique Salaberrí y Luis Álvarez.

La plataforma que pide desideologizar la cultura ha querido destacar que "Mariano entra en escena" y "pisa las tablas". Han enfatizado, además, en que el líder del PP escucha a las gentes del teatro y cumple el compromiso del Congreso de Valencia de abrir el partido a la sociedad civil. Todo ello a pesar de que el mensaje que quieren transmitir es que hace falta despolitizar la cultura, buscar incentivos fiscales para este sector y apoyar la iniciativa privada.

Cabe mencionar que, con todo, las opiniones de los integrantes de la plataforma varían. Por ejemplo, la actriz Blanca Marsillach ha considerado la propuesta de Rajoy "una alternativa con la que contar en el futuro", cita El Mundo, en tanto Ignacio Amestoy se ha mostrado más crítico al evidenciar que "el PP manda en una serie de autonomías en las que podría desarrollar una actividad cultural que no está desarrollando".

La cita de hoy podría enmarcarse en la estrategia de acercamiento de Rajoy a las gentes de la cultura, una estratagema que comenzó hace seis meses, cuando el dirigente se dirigió con personalidades del cine como Álex de la Iglesia, director de la Academia de Cine. Las relaciones del PP con este sector fueron tensas durante el último tramo de la segunda legislatura de José María Aznar y que tampoco se suavizaron en la primera de José Luis Rodríguez Zapatero, recoge la agencia EFE.

(www.elplural.com, 10/06/10)

7. COSPEDAL: "QUE LOS TRABAJADORES ESTÉN TRANQUILOS, AQUÍ ESTÁ EL PP"

El PP quiere aprovechar a toda costa el desgaste político que genera la crisis económica. Y lo está haciendo a costa de todos, incluso de los sindicatos, que han recibido este domingo el codazo de la secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, quien se ha vanagloriado de formar parte de un partido preocupado por los trabajadores. "Si no hay sindicatos que sepan defender el derecho de los trabajadores, que éstos estén tranquilos, que aquí está el PP para defenderles", ha aseverado Cospedal en un acto en Catalunya, durante la clausura de la Escuela de Verano del PP catalán. Allí, en presencia de Alicia Sánchez-Camacho, presidenta de los conservadores catalanes, Cospedal ha asegurado que si su partido llega al Gobierno las pensiones "no se tocarán". 

"Con nosotros las pensiones no se tocan", ha reiterado la secretaria general del PP, que ha añadido que su partido siempre dice la verdad. "Desde el PP nunca vamos a engañarles", ha declarado dirigiéndose a los electores del PSOE, que según Cospedal se sienten "traicionados" con las medidas austeras del Ejecutivo. 

Cospedal ha aprovechado la ocasión para recrearse en la crisis y criticar al Gobierno por su gestión. "Hemos pasado del milagro español a ser un país intervenido", ha afirmado, en la línea del presidente de su partido, Mariano Rajoy, que también habló de intervención sobre España. La conservadora ha criticado la subida de impuestos propuesta por el Gobierno sobre el IVA y sobre las rentas más altas. "Se creen que los problemas se solucionan subiendo los impuestos". 

Por criticar, la secretaria de los conservadores ha cargado hasta contra el Plan E. "¿Cómo es posible que vayamos a tener las mejores aceras pero se vayan a congelar las pensiones?", se ha cuestionado. "Se han gastado 13.500 millones de euros en menos de dos años y ahora hay recortes sociales", ha añadido para concluir calificando la política del Ejecutivo de "irresponsable" y "de derroche".

(www.publico.es, 07/06/10)

8. EL PP NO SUBIRÁ LOS IMPUESTOS A LAS RENTAS ALTAS

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha criticado duramente la subida de impuestos a las rentas más altas y afirmó de forma solemne que "ninguna comunidad del Partido Popular va a subir los impuestos en los próximos tiempos" porque "es malo para el crecimiento económico y para la creación de empleo".

Rajoy ha marcado la posición de su partido tras la aprobación en varias comunidades socialistas de subidas fiscales en tramos del IRPF con el fin de gravar a las rentas más altas.

Ya antes, algunos presidentes regionales de la formación, como Esperanza Aguirre en la de la Comunidad de Madrid, habían despejado dudas al respecto al afirmar que no procederán a subir impuestos. En cualquier caso, Rajoy ha dejado claro que ninguna comunidad del PP seguirá la línea de "la lluvia de impuestos" que están provocando territorios gobernados por el Partido Socialista.

Para el líder de los conservadores, una política fiscal de esas características, además de las previstas subidas del IVA o de la tarifa de la luz, genera "una situación muy preocupante". A su juicio, subir los impuestos como han aprobado Andalucía , Extremadura o Catalunya es "un golpe de gracia a las clases medias".

Rajoy hizo estas declaraciones durante una convención del PP en Ciudad Real, en la que avanzó que pedirá explicaciones por la subida de la luz al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en la sesión de control de la próxima semana. "¿Por qué sube la luz? Para pagar los errores cometidos por el señor Rodríguez Zapatero, para pagar su política de primas, de subvenciones y sus prejuicios ideológicos", enfatizó.

El líder de la oposición se mostró abierto a pactar la reforma laboral, pero propuestas "concretas", puntualizó. Confió en que no ocurra como con el decreto ley de recortes sociales, donde, según dijo, no se contó con el PP. "Si quieren seguir con su prepotencia y arrogancia, pues el PP seguirá cumpliendo con su función, que es hacer oposición en la Cámara Baja", concluyó.

(www.publico.es, 11/06/10)

9. COSPEDAL NO SABE QUE CAMPS TIENE TRES VICEPRESIDENTES

"Yo no sé ahora mismo cuántas vicepresidencias tiene el Gobierno de Valencia, pero es conocido que ha presentado un plan de austeridad", señaló la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La dirigente conservadora se limitó a dar esta respuesta cuando se le preguntó por qué su partido lleva tiempo exigiendo la supresión de la vicepresidencia tercera del Gobierno, dirigida por Manuel Chaves, y no le pide al president de la Generalitat, Francisco Camps, que haga lo propio con alguna de las suyas.

El Consell cuenta con tres vicepresidentes: Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino. Pero la dirección nacional del PP sólo tiene ojos para el Gobierno socialista. La vicepresidencia tercera se dedica a coordinar la política territorial del Gobierno. Pero para la formación de Mariano Rajoy es "inútil". , Cospedal recordó una de las razones que mueven al PP. Al menos, la formal: "Esta vicepresidencia tiene hoy las funciones que antes tenía poco más o menos una dirección general".

De Camps, mejor no hablar. Todo el partido está esperando a ver si se abre juicio oral contra el president por la causa de los trajes regalados por la trama de corrupción o si le imputan por alguno de los delitos descritos por el juez Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Mientras tanto el PP va poniendo obstáculos a la investigación del caso Gürtel, como el recurso que presentó el viernes pasado contra el auto de inhibición de Pedreira a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Cospedal negó que su formación estuviera actuando como defensa en vez de como acusación popular. "No tenemos ninguna sensación de que nadie nos esté acusando de entorpecer la investigación. No estoy de acuerdo con esa apreciación", aseguró. Y justificó que el paso dado tenía por objetivo "velar por el cumplimiento de la legalidad".

"Creo que el PP está cumpliendo con su obligación y está siendo muy escrupuloso y respetuoso con la función del juez y con la función que se le atribuye a las partes en el proceso", insistió Cospedal. Todo ello después de que el responsable de justicia del PP, Federico Trillo, tergiversara unas providencias del magistrado del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, para cargar contra Baltasar Garzón y las fiscales.

Del duro plan de ajuste alemán, sus socios de partido en Europa, Cospedal mantuvo que "no se pueden equiparar situaciones". Aunque el PP lo hace continuamente cuando compara a España con las crisis de Grecia o Hungría. "Cada gobierno hace el plan de ajuste que le parece conveniente y entendemos que el de España no es el más conveniente para nuestros intereses", explicó sin querer poner en evidencia a la canciller Angela Merkel, a quien Rajoy siempre pone de ejemplo.

Por último, Cospedal insistió en que el PP es el "partido que mejor defiende a los trabajadores", tras señalar el domingo pasado que si los sindicatos no daban la cara por ello, lo haría su partido. "El partido que creó cinco millones de puestos de trabajo en ocho años y el que mejor defiende a aquellos que hoy tienen miedo de perder su empleo", comentó. Pero, intencionadamente, dejó en el tintero que su partido ha propuesto un recorte de más de 500 millones de euros en cursos de formación. El PP envió también a todos los partidos una propuesta para reducir en un 30% los gastos y subvenciones electorales. Entre las medidas, planteó agilizar la labor de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

(www.publico.es, 08/06/10)

10. ‘CASO GÜRTEL’. COSPEDAL: "EL PP ES MUY RESPETUOSO CON LA INVESTIGACIÓN DEL CASO GÜRTEL"

Sin entender muy bien por qué los periodistas le preguntaban lo que le preguntaban, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguraba que su partido había sido "muy respetuoso" con la investigación del caso Gürtel. Lo que los reporteros querían obtener era una respuesta a por qué el PP ha presentado un recurso de apelación al instructor del caso, Antonio Pedreira, para que no separe la causa y de marcha atrás en su decisión de enviar a Valencia todo lo referido a la imputación de Francisco Camps por su relación con la trama corrupta. 

"No tenemos la sensación de que nadie nos acuse de entorpecer la investigación", ha asegurado convencida la conservadora. Sin embargo, Cospedal olvida las últimas declaraciones de miembros de su partido que llegaron a relacionar la investigación del caso con un complot urdido desde el propio Gobierno.

Sin ir más lejos, el pasado día 2 de junio, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguraba que "el juicio contra Camps puede estar politizado", a la vez que pedía a De la Vega y a Conde Pumpido que asumieran "sus responsabilidades" y dimitieran. El propio Camps, ejerciendo su defensa antes de tiempo, llegó a afirmar que existen "pruebas que se ocultaron" y que demuestran su "absoluta inocencia". El presidente de la Generalitat considera que con estas supuestas pruebas ocultas "no habría comenzado nunca ningún tipo de proceso". 

Pero Cospedal no ve obstrucción de su partido en la resolución del caso e insiste en que "el PP está cumpliendo con su obligación y está siendo completamente escrupuloso y respetuoso con la función del juez". Incluso cuando el encargado de Justicia de su partido, Federico Trillo, dudara una vez más de la actuación de la Fiscalía tergiversando una providencia del magistrado Barreiro sobre Garzón. 

(www.publico.es, 07/06/10)

11. TRILLO EXIGIÓ AL PSOE QUE NO RECUSARA A HERNANDO Y LÓPEZ

El PP llegó a exigir al PSOE que se comprometiera a no recusar a Francisco José Hernando y Enrique López en caso de que llegaran a ingresar en el Tribunal Constitucional. Esa era una de las condiciones que el estratega jurídico conservador, Federico Trillo, puso sobre la mesa durante los escasos contactos entre ambos partidos para desbloquear la situación que mantiene, desde diciembre de 2007, a cuatro miembros del Constitucional en funciones a la espera de ser sustituidos por el Senado.

Según detallan fuentes socialistas cercanas a la negociación, las exigencias del PP para pactar la renovación de los magistrados fueron enquistando la situación hasta hacer evidente la nula voluntad de cambiar el Constitucional. La primera de ellas fue en septiembre de 2008, cuando el PSOE esperaba que el Senado recibiera múltiples candidaturas de juristas de prestigio propuestos por las comunidades autónomas. El PP sólo planteó dos: Francisco José Hernando y Enrique López. El PSOE lo consideró una provocación, por lo significados que están ambos contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero, además, en caso de que llegaran al Constitucional, su causa de recusación en la deliberación del Estatuto de Cataluña era evidente, merced a un precedente sentado por el propio Trillo. El progresista Pablo Pérez Tremps fue el primer magistrado recusado en la historia del tribunal. Trillo logró apartarlo de la deliberación del Estatuto porque Pérez Tremps hizo un informe para la Generalitat catalana, cuando no existía aún un proyecto de Estatuto, sobre la representación autonómica en el exterior. Hernando y López firmaron un informe cuando ambos estaban en el Consejo del Poder Judicial contra el Estatuto de Cataluña, y se manifestaron públicamente sobre el mismo.

Trillo no solo ha sido inflexible durante 20 meses con estos candidatos: además exigió que no fueran cuestionados una vez nombrados. Esta condición supone en sí misma un reconocimiento de que ambos candidatos no cumplen el requisito de idoneidad para formar parte del Constitucional, al menos en lo que se refiere a la deliberación del Estatuto.

La situación de bloqueo dio un vuelco el martes pasado cuando todos los grupos menos el PP pidieron que se retomara el proceso de nombramientos. Ese mismo día, la Mesa del Senado rechazó oficialmente la candidatura de Enrique López al Constitucional por no cumplir los requisitos legales. La decisión de retomar el proceso de elección de magistrados está encaminada a forzar nuevos contactos para que los cuatro nombres que eventualmente elija el Senado cuenten con los tres quintos necesarios en la votación final, es decir, con apoyo de PP y PSOE. Las fuentes socialistas consultadas aseguran que por el momento no se ha producido contacto alguno.

(www.elpais.com, 05/06/10)

12. EL TIJERETAZO DEL PP SE CENTRA EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN

El líder del PP, Mariano Rajoy, tiene su propio plan para evitar que se congelen las pensiones y que los funcionarios vean reducido su salario. La alternativa de los conservadores plantea un recorte de sólo 3.120 millones de euros, frente a los 8.250 que prevé ahorrar el Gobierno gracias a ambos colectivos. Es decir, que el ahorro del PP no llega ni al 40% de lo previsto en funcionarios y pensiones y representa menos del 21% del ajuste total de 15.250 millones. Lógicamente, el tijeretazo del PP también tiene sus damnificados: los cursos de formación que reciben al año tres millones de trabajadores y las ayudas que España destina al desarrollo del tercer mundo.

Hasta la fecha, el líder del PP no ha desgranado en público este plan de ahorro. Su intención era defenderlo el pasado 27 de mayo en el Congreso de los Diputados, durante el debate sobre el decreto ley de recorte del gasto. Pero finalmente no hubo turno de réplica y Rajoy no pudo exponer su alternativa. Se trata de un documento de cinco folios, elaborado por la asesoría del Grupo Parlamentario Popular.

Aunque el documento del PP cifra en 3.120 millones el recorte del gasto en la Administración General del Estado, en realidad sólo se concretan por capítulos presupuestarios 1.251 millones, es decir, el 40%. Público preguntó al PP de qué partidas concretas se ahorrarían los otros 1.869 millones y la respuesta del partido fue la siguiente: "Provienen de transferencias a sociedades estatales y convenios con comunidades autónomas y corporaciones locales". Eso sí, evitó aclarar de qué transferencias y convenios se trata.

¿Dónde apuesta el PP por meter la tijera? Las dos principales partidas afectan a los cursos de formación continua y a la ayuda al desarrollo. "En subvenciones, formación y otras partidas a sindicatos, aplicando el 50% de recorte, se ahorrarían 537.798.000 euros", se indica en el documento. Un portavoz oficial del PP explicó a este diario que se trataba de las partidas 443 y 452 de los Presupuestos. La primera corresponde a los gastos corrientes de la Fundación Tripartita integrada por el Gobierno, la patronal y los sindicatos y está dotada con 39 millones de euros. La segunda tiene un presupuesto de 1.097 millones de euros, dedicados a "la gestión por las comunidades autónomas de la formación profesional para el empleo". Es decir, la formación continua.

Fuentes sindicales consultadas por Público consideran que el PP quizá no es consciente de que este recorte en formación supondría dejar sin empleo a miles de personas que se encargan de impartir las clases. Además del perjuicio que supondría para los tres millones de trabajadores que se quedarían sin formación.

De todas las partidas mencionadas en el documento, la más cuantiosa es la de ayuda a países del tercer mundo. El PP está convencido de que es posible recortar estos fondos en un 36% para conseguir un ahorro de 624 millones de euros. Este tijeretazo se distribuiría de la siguiente forma: 500 millones menos para el Fondo de Ayuda al Desarrollo que tiene un presupuesto en 2010 de 1.355 millones, otros 50 millones restados al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento que en total tiene 300 millones y 74,6 millones eliminados en subvenciones al desarrollo.

(www.publico.es, 07/06/10)

13. EL PP, EN LA AMBIGÜEDAD: NO APOYA LA HUELGA PERO SÍ A LOS FUNCIONARIOS

El PP se movió de nuevo en el espacio que más le gusta: el de evitar las posiciones políticas polémicas y lanzar mensajes ambiguos. Los populares fueron interpelados por su posición sobre la huelga de los funcionarios. Esteban González Pons, el portavoz del partido, dijo que si él fuera funcionario, habría hecho huelga. Pero Soraya Sáenz de Santamaría, la portavoz parlamentaria, sin decir expresamente que el PP rechazaba la huelga, aclaró que ella, en la Junta de Portavoces, había votado en contra de la propuesta de Gaspar Llamazares y Joan Herrera (IU-ICV) para que se suspendieran los plenos de en solidaridad con los funcionarios del Congreso, una iniciativa que no prosperó.

Sáenz de Santamaría se movió en la ambigüedad. "El PP respeta el derecho a la huelga, pero creemos que no es la solución", sentenció, para aclarar enseguida: "Sin embargo, entendemos la indignación de los funcionarios, es injusto que pactaran un aumento de sueldos hace solo seis meses y ahora les recorten".

Además de mantener la estrategia de acercarse a cualquiera afectado por los recortes del Gobierno, el PP se esforzó por diferenciar los recortes en Alemania, promovidos por la CDU, un partido socio de los populares, de los que se han aprobado en España con la oposición del PP. "La principal diferencia es que a Angela Merkel no le han impuesto los recortes desde fuera, además ella no ha subido el IVA ni el IRPF", dijo Sáenz de Santamaría.

Cuando se le recordó que Merkel ya subió el IVA del 16% al 19% (un punto más que España) y se le preguntó si está de acuerdo con los nuevos impuestos a la banca y a la energía nuclear que impulsa Alemania, Sáenz de Santamaría evitó comprometerse. Dijo que cualquier debate sobre tasas a la banca o demás habría que plantearlo conjuntamente en toda Europa.

(www.elpais.com, 09/06/10)

14. AZNAR PIDE QUE "NO SE MALGASTE" SU "ESFUERZO" CONTRA ETA

José María Aznar considera que "nadie tiene derecho a malgastar" el "compromiso cívico" de la sociedad española en la lucha contra la organización terrorista ETA que, en su opinión, se gestó durante los Gobiernos del PP que presidió entre 1996 y 2004.

Aznar firma el prólogo de España, camino de libertad, escrito por el portavoz de Interior del PP, Ignacio Cosidó, y por el coordinador del Grupo de Estudios Estratégicos, Oscar Elía, y editado por FAES. El ex jefe del Ejecutivo cree necesario "hacer el esfuerzo de recordar y explicar bien" su política en aquellos ocho años porque "es la mejor manera de evitar errores y de vencer tentaciones que puedan apartarnos nuevamente del camino correcto". En su opinión, "la movilización social sin precedentes" de entonces "fortaleció" a las instituciones del Estado frente "a sus enemigos".

Cree Aznar que la política antiterrorista que heredó de los Gobiernos socialistas de Felipe González (1982-1996) estaba "deteriorada" de una forma "más que alarmante", "lastrada por una extendida frustración" y "condenada a oscilar de manera errática" entre la "lucha ilegal" contra ETA y la idea de que era inevitable negociar con la banda para eliminar su violencia. Aznar autorizó un proceso dialogado para el fin de la violencia en 1998 que terminó en fracaso.

El ex presidente se jacta de haber acabado con "el mito de la imbatibilidad" de ETA, de haber reconocido "el valor y dignidad" de las víctimas, y de haber movilizado a la sociedad contra el terrorismo.

Destaca en este sentido la aprobación de la Ley de Partidos, que desembocó en la ilegalización de la izquierda radical vasca, y las medidas que adoptó contra el terrorismo callejero y los medios de comunicación "bajo la disciplina" de ETA. También valora el pacto antiterrorista firmado con -y propuesto por- el PSOE, tras rechazar las posiciones de "mínimo común denominador" que dificultaban la unidadentre PP y PSOE.

"No hay nada de melancólico en la evocación de ese esfuerzo porque en modo alguno fue baldío", dice Aznar. "Un compromiso colectivo", agrega, "en el que los españoles dieron lo mejor y que nadie tiene derecho a malgastar" ahora. Para el ex presidente, la lucha contra el terrorismo fue su responsabilidad "más exigente", "dura" y "estimable" al frente del Gabinete.

(www.elpais.com, 05/06/10)

15. AZNAR ANTE LA VIRGEN DE LAS HUERTAS: "ESPAÑA ES FINANCIERAMENTE INSOSTENIBLE"

El ex presidente vuelve a cargar contra el Gobierno de Zapatero por su política económica y le culpa de "la situación crítica de miles de españoles" En un acto de nuevas generaciones en la localidad murciana de Lorca, Aznar ha dicho que el Gobierno es un "auténtico desastre" y ha vuelto a pedir elecciones anticipadas.

Aznar ha comentado durante la clausura del acto que el Gobierno de Zapatero es un "auténtico desastre y el auténtico culpable de la situación crítica de miles de españoles". Según Aznar, a estos ciudadanos "les ha condenado un gobierno que es lisa y llánamente un desastre en toda la extensión de la palabra".

"Se puede hablar de lo que se quiera, han terminado con todo y nos han llevado a la crisis más grave de España en los últimos 60 años. Es una responsabilidad a la que les va a ser muy difícil escapar. Si alguien se preguntó ¿Qué es socialismo? Y dijeron, es lo que hacen los socialistas. Pues los socialistas cada vez que tienen oportunidad llenan España de escombros, de parados y de miseria", ha señalado.

En su análisis de la situación española, el presidente de FAES se ha referido especialmente a la crisis económica, y ha denunciado, en este sentido, que "no basta con tomar medidas de disciplina y austeridad" que, además, "en unos casos son impuestas y en otros manifiestamente insuficientes", sino que hay que optar por llevar a cabo "un Estado de Bienestar posible que consiste en crear trabajo y no desempleados".

"Lo que merece la pena escribir es el futuro de nuestro país. Entregamos el país más próspero en la Historia de España y lo han dilapidado. Los socialistas, cuando tienen la oportunidad, llenan el país de escombros", ha lamentado.

Aznar ha hecho hincapié, por otra parte, en la capacidad de España para superar sus problemas, para lo que, a su juicio, "son necesarias políticas claras cuanto antes", unas políticas basadas en la "confianza en nosotros mismos y en recuperar la de otros".

En este capítulo de los deberes para salir de la crisis, Aznar ha destacado además la importancia de "recuperar el Estado y fortalecer a España como Nación" y no "hacer perder el tiempo al país". "El Estado actual no es ni políticamente viable ni financieramente sostenible. Tenemos que ir de un estado residual a un estado capaz y eficaz", ha manifestado.

Aznar, que ha tachado de "insignificante" la Presidencia española de la Unión Europea, ha afirmado que "el tiempo de este Gobierno se ha terminado". "Estoy convencido de que ahora viene el tiempo político del Partido Popular y del actual líder del PP y ahora nos toca estar a todos en la hora más crítica de España en decenios de nuestra historia.

(www.cadenaser.com, 05/06/10)

16. CATALUÑA. EL PP CATALÁN LLEVARÁ LA REGULACIÓN DEL BURKA Y DEL NIQAB AL PARLAMENT

La presidenta del Partido Popular de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, anunció hoy que tras llevar la propuesta de regulación del burka y del niqab al Senado, su partido prevé hacer lo mismo en el Parlament. Camacho, en declaraciones a Catalunya Ràdio, aseguró que "en función del resultado" que consiga en la Cámara Alta, planteará la estrategia en el parlamento autonómico, y pidió el apoyo de CiU y PSC. De la misma manera, afirmó que esta decisión no tiene nada que ver con la petición de trasladar el asunto al Senado por parte de la alcaldesa socialista de Cunit (Tarragona) y senadora, Judith Alberich.

Sánchez-Camacho recordó que fue la primera en reclamar la regulación del uso de esta prenda integral islámica a nivel estatal o autonómico. Así, declaró, se evitaría que cada ayuntamiento decidiera si vetar o no el burka en los lugares públicos.

El próximo 14 de junio, los grupos políticos de Tarragona debatirán en un pleno municipal dos mociones, una del PP y otra del PSC, para limitar el uso del velo integral. Alejandro Fernández, portavoz del PP, aseguró que su propósito es "limitar vestimentas o accesorios que cubran totalmente la cara en toda la vía pública".

(www.elpais.com, 05/06/10)

17. GALICIA. LA XUNTA DE FRAGA PAGÓ A LA GÜRTEL POR UN ESTUDIO DEL QUE NO HAY CONSTANCIA

Un estudio que no aparece por ningún lado, un encargo equívoco y una empresa en el centro de la trama Gürtel: Special Events. Los vínculos de la Xunta con la sociedad de Francisco Correa y Pablo Crespo no se ciñeron a la conocida campaña de imagen de la carne gallega tras la crisis de las vacas locas. Otro contrato llegó a mediados de 2001, a pocos meses de las elecciones autonómicas en las que Manuel Fraga revalidaría su mayoría absoluta. El objetivo: un "sistema de estudio de llamadas" de un centro de información de la Consellería de Agricultura. El importe ascendió a 25.984.000 pesetas (156.166 euros). El trabajo no aparece por ningún lado.

El concepto de la factura, reclamada judicialmente para la instrucción del caso Gürtel, no puede resultar más confuso: "Diseño, estudio e implantación de un sistema de estudio de llamadas del centro de información del sector agro-ganadero de la Xunta de Galicia, para la creación del centro de información agro-ganadero (CIAG)". El encargo lo realizó la Consellería de Agricultura, entonces dirigida por Juan Miguel Diz Guedes, amigo personal de Crespo, a través de la empresa Tragsa.

Pero no fue Special Events, una empresa especializada en la organización de eventos, la que puso en marcha el centro de información del CIAG, recientemente integrado en el 012. Fuentes de Tragsa, donde no hay rastro del estudio, sostienen que fue una empresa de Telefónica la que aplicó el servicio de información del centro, una línea para la solicitud de quemas controladas o de servicios relacionados con la sanidad de animales. El importe de la factura convertiría a Special Events en el cuarto proveedor del CIAG desde su puesta en marcha. Sin embargo, la empresa de Correa no aparece en el listado de colaboradores oficiales del centro a través de Tragsa, según una información remitida en 2004 por el Gobierno al diputado socialista Ceferino Díaz, en respuesta a una pregunta parlamentaria.

"No hay constancia de la existencia de ese estudio", reconocieron a este periódico fuentes de la Consellería de Medio Rural, de la que ahora depende el CIAG. De lo que sí hay pruebas es de que Special Events facturó el 5 de septiembre de 2001 el supuesto trabajo, valorado en 22,4 millones de pesetas, que ascendieron a 25,9 con la aplicación del IVA. Solo dos días después, el entonces secretario general de la consellería, José Antonio Álvarez Vidal, remitía a la dirección de Tragsa la factura de la empresa de Correa junto a otras seis, "con cargo a las obras que esta consellería tiene contratadas con su empresa". Tragsa efectuó la transferencia a través de una cuenta de Caixa Galicia, que hizo el ingreso en otra del Banco Santander el 31 de octubre de ese mismo año.

La amistad de Pablo Crespo y Diz Guedes se forjó en la ejecutiva del PP de Galicia, que ambos compartieron hasta 1999, y en la que formaban parte del círculo de confianza del entonces secretario general, el fallecido Xosé Cuiña. Durante esos años, casi todos los actos del partido los organizaba Special Events, empresa que ofreció un cargo directivo a Crespo cuando cayó en desgracia en el PP gallego. En esas fechas cesaron también los encargos del partido que presidía Fraga a la empresa de Francisco Correa.

Special Events había realizado las últimas campañas de los populares gallegos. Cuando se realizó el supuesto estudio para Tragsa faltaban sólo unos meses para las autonómicas de 2001, celebradas en octubre. Eran tiempos también en los que Special Events, ya con Pablo Crespo al frente, porfiaba para cobrar una deuda al Partido Popular de Galicia de 50 millones de pesetas (300.000 euros), reconocida en una declaración jurada en la que no figuraban ni el concepto ni los servicios facturados, pero sí la firma del propio Crespo como secretario de Organización del partido.

La ruptura del PP gallego con Special Events provocó reiteradas llamadas a la sede de Santiago del entonces tesorero del partido, Luis Bárcenas, imputado en el caso, para intentar recomponer las relaciones con la empresa de Correa. Según un ex trabajador del partido en Galicia, Bárcenas llegó a preguntar por la factura impagada que la empresa reclamaba. En el sumario del Gürtel figuran, bajo el epígrafe Cobro Elecciones Gallegas, varias entregas por un total de 131.570 euros a L. B., siglas que la policía y el juez asocian al ex tesorero. Las presuntas comisiones las habría percibido Bárcenas, según el auto, entre el 13 de enero de 1997 y el 13 de marzo de 2002.

(www.elpais.com, 06/06/10)

UN CONTRATO SINGULAR

- Special Events facturó 25.984.000 pesetas (156.166 euros) el 5 de septiembre de 2001 a Tragsa, que realizó el encargo a instancias de la Consellería de Agricultura. El concepto es el siguiente: "Diseño, estudio e implantación de un sistema de estudio de llamadas del centro de información del sector agro-ganadero de la Xunta de Galicia, para la creación del centro de información agro-ganadero (CIAG)".

- La empresa no aparece entre los 10 proveedores principales de Tragsa desde 2001 relacionados con el CIAG, según información remitida por el Gobierno al Parlamento. Son los siguientes: Telefónica Soluciones de Informática (418.680 euros), Diual-Spania (225.981,75), Diseño y Construcción (219.244,08), Ibal (91.155,50), Manuel Formoso Varela y otros (88.705,42), Manuel Formoso Varela (78.760,77), Eido Galicia 66.000,00, Topografía y Servicios (62.000,00), Telefónica Móviles España (41.340,20), Unión Fenosa Distribución (33.172,30)

- El pago de la factura se efectuó el 31 de octubre de 2001 en una cuenta del Banco Santander

(www.elpais.com, 06/06/10)

18. GALICIA. DENUNCIA A BALTAR ANTE EL FISCAL POR "ENCHUFAR" A 200 PERSONAS

La política de contrataciones de Baltar llega a la Fiscalía. Los socialistas registrarán la próxima semana ante el ministerio público una denuncia contra el presidente de la Diputación de Ourense a quien acusa de prevaricación y malversación. Todo ello relacionado con el "enchufe" en la institución que preside de más de 200 personas en los meses previos e inmediatamente posteriores al congreso provincial del PP en el que su hijo se convirtió en su heredero político.

El escrito del PSdeG atribuye a Baltar un delito de malversación basado en que los contratos de esos "enchufados" se realizaron sin informe de Intervención. De otra parte, fundamenta una de las denuncias de prevaricación en el destino de fondos públicos a fines partidistas toda vez que los contratados en esos meses "no sólo estaban vinculados al PP, sino que acudieron, ellos o sus parientes, a votar en el congreso" que le dio la victoria al hijo. La otra acusación de prevaricación se basa en la "negativa" de Baltar a entregar a la oposición la documentación relativa a esas contrataciones.

El presidente se jacta, sin embargo, de su talante generoso. En un escrito dirigido a los socialistas advierte que les ha enviado documentación pese a que "no está obligado" a dar cuenta a los diputados que la reclaman. "Les recuerdo que no existe obligación legal de emitir esos informes al no ser solicitados por un tercio de la corporación", informa. En sus escritos remite siempre a la oposición al negociado de Personal para que le entreguen ahí el resto de la documentación. Pero cuando los diputados acuden a demandarla, "los funcionarios nunca tienen orden de entregarla".

Mientras el PSOE acude a la Fiscalía, Baltar sigue creando empleos. El Boletín Oficial Provincial de informaba de la convocatoria de siete nuevas plazas. En este caso, para el pabellón Paco Paz. La convocatoria se produjo el mismo día en el que otra vez hijos de alcaldes del PP, entre ellos el del regidor de Celanova, Antonio Mouriño, realizaban exámenes para acceder a puestos de funcionarios en la Diputación.

(www.elpais.com, 10/06/10)

19. GALICIA. EL JURADO CULPA A DOS EX CONCEJALES DEL PP POR LA TRAMA DE GONDOMAR

El jurado popular declaró por unanimidad culpables de tres delitos de cohecho a los ex concejales del PP en Gondomar Alejandro Gómez (urbanismo) y José Luis Mosquera (cultura y portavoz del gobierno local), y, como cómplice suyo, al arquitecto Borja Ramilo por requerir 540.000 euros a tres promotores urbanísticos a cambio de garantizarles que sus proyectos, recogidos en respectivos convenios, alcanzarían el desarrollo previsto dentro del plan general que tramitaba el Ayuntamiento. El jurado, compuesto por nueve ciudadanos y basándose, además de las grabaciones realizadas durante la investigación, en los testimonios de testigos y de los propios acusados, estimó probado que los tres participaron en los hechos,

El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, que ejerció la acusación, afirmó, tras conocerse el veredicto, que el juicio celebrado durante esta semana en Vigo marcará "un antes y un después" para este tipo de pleitos al incorporar las técnicas policiales, concretamente las grabaciones telefónicas y de imagen que han sido la base de la acusación, a la fase probatoria, que hasta ahora se había desarrollado básicamente sobre documentación deductiva en papel. "Íbamos solo por la denuncia de [la promotora] A Pousa y nos encontramos otras dos empresas que estaban en lo mismo", dijo.

Aladro se declaró "muy satisfecho" con su trabajo, independientemente del veredicto del jurado. "No tengo interés en las condenas, sino en hacer correctamente mi tarea", precisó. Respecto a la culpabilidad de Alejandro Gómez, ex concejal de urbanismo y el único de los procesados que negó siempre su relación con los hechos delictivos, el fiscal señaló que "la situación pivotaba sobre él, que era el que daba las garantías". Mosquera "hacía caja porque se iba [de la política] y era utilizado por el otro, que se quedaba".

El abogado Gómez anunció su intención de recurrir la sentencia y pidió que la pena se imponga al tanto, es decir, por la misma cantidad de dinero que supuestamente requirió, 540.000 euros, que es la mitad de la petición fiscal. El letrado declaró a los medios que "había material para absolver" a su patrocinado y consideró "lógico" el veredicto del jurado, al tratarse de personas que "no saben cómo funciona la vida municipal". Basará su recurso en que, según su criterio, "se vulneraron derechos fundamentales" con las grabaciones realizadas por la Guardia Civil y llegará con el "hasta donde haga falta", dijo, porque cree en la "inocencia" del ex concejal de urbanismo.

El propio Gómez recibió el veredicto impasible. Sólo se permitió descomponer el gesto con un guiño a su mujer e hija en una rápida mirada hacia el banco que ocupaban en la sala, compungidas y con sus manos enlazadas. Después afirmó que seguirá intentado demostrar su inocencia "hasta el final". No respondió a los periodistas cuando le preguntaron cómo, siendo edil de urbanismo, no tenía conocimiento de que se estaba pidiendo dinero a promotores con los que trataba de sus convenios urbanísticos.

En un plazo máximo de diez días se conocerá la sentencia. El fiscal ratificó sus peticiones de la víspera: 135.000 euros (inicialmente pedía 1,9 millones) para José Luis Mosquera; 70.500 (desde los 720.000 iniciales) para el arquitecto Borja Ramilo, y 1.080.000 euros para Alejandro Gómez. La petición fiscal incluye la suspensión a los ex concejales para ejercer empleo o cargo público durante seis años y al arquitecto, durante 15 meses. En sus conclusiones de la víspera, el fiscal ya había retirado los cargos contra Belén Fernández, ex novia de José Luis Mosquera.

(www.elpais.com, 05/06/10)

20. ANDALUCÍA. EL JUEZ PEDREIRA ORDENA INVESTIGAR LOS CONTRATOS DE LA GÜRTEL EN ESTEPONA

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, ordenó el pasado martes investigar los contratos que el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), en los años de gobierno del PP, firmó con las compañías integradas en la trama corrupta que lideraba Francisco Correa. En un auto, Pedreira solicita a la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General de la Administración del Estado que informe sobre la regularidad de las contrataciones entre el ayuntamiento y sus sociedades municipales con las empresas investigadas.

La empresa municipal Turismo y Actividades Recreativas de Estepona pagó entre 2000 y 2003, cuando el ex edil del PP Ricardo Galeote la dirigía, 122.962,97 euros a Special Events y Viajes Pasadena,  dos empresas que utilizaba la trama para sus manejos, según consta en el sumario.

La fiscalía cree que Galeote cobró comisiones a cambio de la prestación de servicios de las empresas de Correa en Estepona. También considera que Correa pagó una deuda de Galeote en el tiempo en que ocupó cargos públicos. Un auto del juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso, fijó en 42.469 euros la cifra que, supuestamente, cobró el ex concejal conservador.

La fiscalía se opuso en mayo pasado a una solicitud de sobreseimiento de Galeote, quien reivindicaba que no existían indicios contra él. En ese escrito el ministerio público detallaba, por el contrario, los serios indicios que existen contra el ex edil del PP.  

Su nombre aparece en un pen drive intervenido al presunto contable de la trama, José Luis Izquierdo, y en otro incautado en un inmueble de Madrid. Los importes consignados, afirma la fiscalía, a favor de Galeote suponen un porcentaje de las facturas emitidas por el ayuntamiento, "por lo que resulta verosímil que se trate de comisiones recibidas en pago de la celebración de los contratos entre Special Events y la sociedad Turismo y Actividades Recreativas".

Además, en los pen drive figuran los siguientes apuntes por los "ilustrativos conceptos", describe la fiscalía, de "comisión fra. 00/0147 Moqueta"; "comisión fra. 01/0037 Moqueta"; "comisión Fra. 01/0096 Carpa" y "comisión Fra. 03/0041 Moqueta". Estos números coinciden en fecha y contenido con cuatro facturas que giró Special Events al Palacio de Congresos y a Turismo y Actividades Recreativas para la compra de 3.332 metros de moqueta y 15 carpas modelo cuatro aguas. La única excepción es la 01/0037, que la trama sitúa el 30 de marzo y el documento oficial el 27 de marzo. El importe total de esos recibos asciende a 56.000 euros.

Galeote reconoce en su declaración ante Garzón que Correa se encargó, a través de un intermediario, de que este pagara una deuda de 30.000 euros que tenía su ex pareja. La fiscalía afirma que ese pago fue "una dádiva" durante el tiempo que Galeote tuvo cargos públicos. En esa misma comparecencia ante Garzón, Galeote admite tener una relación estrecha con Correa, salpicada con desencuentros. Allí manifestó haber hecho un viaje a Tarifa (Cádiz) con Correa, pagado por este, y agregó que fue a Madrid en avión, abonado también por Correa, a recoger un Jeep de este para que pasara la ITV en Málaga.

La esposa de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, fue jefa de gabinete de la alcaldesa de Estepona de la época, Rosa Díaz (PP).

(www.publico.es 10/06/10)

21. ANDALUCÍA. DETENIDO POR VIOLENCIA MACHISTA UN EDIL DEL PP EN BENALMÁDENA

El concejal del PP en Benalmádena Manuel Crespo quedó en libertad con una orden cautelar de alejamiento de su esposa, que lo denunció la noche del domingo por agresiones. Crespo fue detenido por la policía en su propio domicilio durante la madrugada y quedó en libertad con cargos tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción 3 de Torremolinos, encargado de los asuntos de violencia de género.

Crespo ocupa las concejalías de Deportes, Personal y de Desarrollo Local, Sostenible y Tecnológico, de la que de momento no ha sido reemplazado. El equipo de gobierno, que preside Enrique Moya, del PP, anunció que esperará a tener más datos sobre el caso de presunto maltrato para tomar "la decisión más idónea".

Moya convocó en la mañana de a su equipo de gobierno con carácter de urgencia tras conocer el incidente, pero se optó por mantener cautela y no tomar ninguna decisión hasta tener más información sobre lo ocurrido y la situación procesal de Crespo. Eso sí, el equipo de gobierno quiso dejar claro su rechazo a "cualquier tipo de maltrato y violencia, venga de quien venga". Los concejales de Benalmádena se manifestaron en un comunicado en contra "claramente y sin duda alguna contra las agresiones producidas por violencia machista".

Manuel Crespo perteneció al Grupo Independiente de Benalmádena (GIB), fundado por el ex alcalde Enrique Bolín, de quien fue uno de sus hombres de confianza y con el que logró su acta de concejal en las pasadas elecciones municipales. Abandonó la formación tras la marcha de Bolín y hace un año participó en la moción de censura que aupó a Enrique Moya a la alcaldía y se integró en el PP.

(www.elpais.com, 08/06/10)

22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE INTENTA OCULTAR QUE EL JUEZ INVESTIGA LAS CUENTAS DE SU PARTIDO

El PP de Madrid redobló su contraataque en el caso Gürtel al negar ahora que el juez Antonio Pedreira esté investigando si el partido se financió a través de la fundación Fundescam, presidida por Esperanza Aguirre hasta finales de 2009 y cuyas campañas electorales de 2003, el año del tamayazo, sufragó parcialmente mediante pagos a empresas de la trama de Francisco Correa. "Eso de que Fundescam tiene una pieza separada en el caso Gürtel es absolutamente falso", proclamó David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

En realidad, el juez Pedreira sí está investigando el asunto. El instructor del caso Gürtel se encuentra a la espera de un informe encomendado a la Unidad de Auxilio Judicial. El encargo se produjo después de que la policía ratificase en un informe oficial de 31 de julio de 2009 que Special Events endosó a Fundescam facturas del PP por importe de 300.000 euros, tal como ya había informado Público.

Entre 2003 y 2004, Fundescam recibió un millón en donaciones de notables empresarios que ya entonces poseían contratos con la Comunidad de Madrid. El jefe de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, encabezaba la lista. Fuentes jurídicas subrayaron que la tardanza en el envío del nuevo informe encargado por Pedreira obedece a que la policía se centró primero en las averiguaciones sobre Valencia.

Si en el territorio de Camps la red corrupta camufló facturas endosadas a empresarios afines al PP, en Madrid falseó aquellas libradas contra Fundescam. En ambos casos, la maniobra logró ocultar la cifra real de gasto en que había incurrido el PP durante las campañas electorales. Y, como durante meses hizo el equipo de Camps, el de Aguirre también niega ahora que el juez investigue las cuentas del PP.

Pero los primeros indicios ya quedaron reflejados en el informe policial de julio de 2009. Sus páginas reproducían algunos documentos informáticos incautados a la trama. Archivado como "Facturación P.P. Madrid.xls", uno de esos documentos era una hoja de cálculo de seis columnas ordenadas bajo los siguientes epígrafes: fecha, factura, cliente, importe, concepto real y concepto factura.

Esas dos últimas columnas resultaron cruciales, al evidenciar que las facturas habían sido falseadas. Un ejemplo: bajo el epígrafe "concepto factura" aparece en una de las casillas la leyenda "Montaje Reuniones Comisiones Estudio".

La columna denominada "concepto real" constata que el verdadero trabajo estaba relacionado con las "Elecciones Autonómicas 2003". Ese año, PSOE e IU sumaron mayoría tras las autonómicas de mayo, pero la traición de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez les impidió gobernar. Los comicios se repitieron en octubre. Y Aguirre ganó entonces por mayoría absoluta.

Siete años después, los de Aguirre se aferran a que todo está en orden. "El PP tiene absolutamente clarificada, transparente, acreditada y justificada su financiación", dijo David Pérez. El portavoz amenazó al socialista Tomás Gómez, contra quien el PP ya anunció el lunes una querella por pedir la imputación de quienes firmaron pagos a la trama por contratos fraccionados. Uno de ellos es el número dos de Aguirre, Ignacio González.

(www.publico.es, 09/06/10)

23. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE MONTA SU PROPIA POLICÍA EN PLENA CRISIS

El Gobierno de la Comunidad de Madrid se esfuerza estos días en asumir competencias que el Estatuto de Autonomía le confiere en materia de seguridad desde 1983. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre ultima la formación de la Unidad Adscrita al Cuerpo Nacional de Policía, 80 agentes que dejarán de depender funcionalmente del Ministerio para hacerlo de la Consejería de Interior, con el consiguiente gasto para las arcas públicas de los madrileños, en plena campaña de la presidenta exigiendo al Gobierno central un plan de austeridad "real".

Una tensa negociación entre los representantes del Gobierno autonómico y los de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil ha concluido con acuerdo para que los policías de la unidad adscrita de Aguirre ganen 290 euros más como mínimo que el resto de agentes que dependen de la Jefatura Superior de Madrid. Eso supone 3.480 euros de complemento anuales para los integrantes de la Escala Básica, un plus más alto que cualquiera de las otras cinco unidades adscritas que existen ya en España.

Ese complemento corresponde abonarlo en su totalidad a la Comunidad de Madrid. Aún así, la cantidad establecida necesitaba del acuerdo de Interior, que se ha negado a que se produjera una diferencia retributiva tan grande entre agentes de un mismo cuerpo que trabajan en la misma región.

Los agentes de la unidad andaluza eran los que más cobraban hasta ahora en complemento, 3.308 euros anuales, y los que menos los integrantes de la asturiana, 1.320. Completan la lista de este tipo de unidades Galicia (2.604 euros), Comunitat Valenciana (2.604) y Aragón (2.448). Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que la pretensión del Gobierno de Aguirre era pagar un plus de 720 euros a los agentes, lo que hubiera disparado el gasto extra por policía a 8.640 euros anuales. En total, 691.200 euros de desembolso anual, siempre que los policías de mayor rango percibieran un extra igual que el de los agentes de base. Finalmente, el complemento acordado supondrá un gasto de 278.400 euros cada año para la comunidad.

A esta cifra hay que sumar los gastos relacionados con las instalaciones de la unidad adscrita, que según la resolución del 29 de agosto de 2009 corresponde abonar a la Comunidad, así como el 50% del sueldo, la uniformidad, el armamento, los vehículos y medios materiales, y el 100% de los gastos que se originen del servicio que realiza. Sólo ese 50% del sueldo de los agentes ascendería a 723.000 euros anuales, haciendo el cálculo con el mínimo que puede ganar un agente por escala. En total, algo más de un millón de euros de gasto anual sólo en conceptos de sueldo y complemento.

Los agentes de la Policía de Aguirre estarán dedicados al control de los juegos de azar en Madrid y la escolta de los cargos públicos de la comunidad, como establece el artículo 26º del Título II del Estatuto de Autonomía. El Cuerpo Nacional de Policía ya se encargaba de realizar estas labores en Madrid, pero ahora los policías rendirán cuentas a la Consejería de Interior, aunque orgánicamente sigan dependiendo del ministerio. La previsión del Gobierno de Madrid es que el concurso entre los policías nacionales que aspiren a integrar la unidad esté cerrado en julio y que comiencen a trabajar bajo la nueva denominación en septiembre. No se trata de una policía integral, del tipo de los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza, que tienen competencias en investigación y seguridad ciudadana, pero al igual que estas sus agentes dependerán funcionalmente del gobierno regional, con un comisario al frente elegido a dedo por el Gobierno de Aguirre.

(www.publico.es, 05/06/10)

24. COMUNIDAD DE MADRID. UN ESTUDIO INTERNO AVISÓ A AGUIRRE DE QUE EL CAMPUS DE LA JUSTICIA ESTABA MAL PLANIFICADO Y PRESUPUESTADO

Hace más de un año, el Gobierno regional ya fue informado por un estudio interno de que el Campus de la Justicia, el proyecto estrella de Esperanza Aguirre, estaba mal planificado, mal presupuestado y tenía evidentes riesgos de todo tipo, incluidos riesgos políticos por las promesas incumplidas.

El informe, elaborado por una prestigiosa consultora inmobiliaria, llega a decir que los 18 edificios previstos eran muy singulares pero no se ajustaban a las necesidades reales. Incluso asegura que se cometieron errores tan pueriles como que no se tuvo en cuenta que parte de los terrenos en los que se iba a levantar el Campus de la Justicia estaban en la zona de servidumbre del aeropuerto de Barajas y eso impedía poner grúas muy altas para construir los edificios, lo que suponía un millonario sobrecoste, en concreto, más de 26 millones de euros.

A pesar de la contundencia de este informe, que está en manos del Gobierno regional desde hace algo más de un año, Esperanza Aguirre ha dicho que el proyecto era bueno. Estos son algunos datos concretos de ese informe fechado el 25 de mayo de 2009:

1. Los edificios proyectados podían alojar 395 juzgados cuando se necesitaban al menos 416. Es decir, el proyecto nacía corto.

2. Para construir algunos de los edificios singulares no se podían utilizar grúas altas para no interferir con los vuelos de Barajas. Este hecho, no pensado en el proyecto inicial, supone un aumento de los costes de 26 millones de euros.

3. El Campus de la Justicia necesitaba, entonces, 1.500 millones de euros. Hasta 2008 se habían comprometido cerca de 230 millones.

4. Tan sólo en 2007, la sociedad había gastado algo más de 5 millones de euros.

5. El proyecto no tiene plan estratégico claro, serio, preciso y riguroso. No existe plan de financiación a medio o largo plazo. Tan sólo para acabar lo empezado y paralizar el proyecto se debería invertir entre 2009 y 2010 un importe de 61 millones de euros.

6. En cuanto a los riesgos políticos, el informe dice que es posible que el Gobierno regional no cumpla sus promesas y la existencia de dos contratos con empresas relacionadas con el caso Gürtel: una, la constructora Begar y otra, la de una compañía de seguridad Serygur, con la que aún trabaja Campus de la Justicia.

7. El informe redactado por la consultora inmobiliaria dice que es necesario redactar un plan estratégico, algo que no se ha hecho un año después. El plan debe implicar también al Ayuntamiento, Gobierno central y hasta a Aviación Civil.

(www.elpais.com, 09/06/10)

25. COMUNIDAD DE MADRID. LA ASAMBLEA VETA LA INVESTIGACIÓN DEL CASO DE LOS ESPÍAS

El espionaje a altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid es un tema tabú para la Asamblea de Madrid. El grupo popular en la Cámara regional ha rechazado ya siete iniciativas presentadas por el PSOE (tres comparecencias y cuatro preguntas parlamentarias) sobre el asunto. La última, . El grupo popular bloqueó una pregunta parlamentaria en la que cuestionaba al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, sobre un informe caligráfico encargado por la juez que investiga el caso que demuestra la autenticidad de los partes de seguimiento. El informe revela que la letra que aparece en los partes corresponde a un trabajador de la consejería que dirige Granados. Además, la policía concluye que este empleado intentó falsear su letra ante la juez para que no se pareciese a la que había escrito en los partes.

"El consejero debería ser el primer interesado en aclarar los últimos datos aparecidos que ponen de manifiesto la existencia de partes de seguimiento cuya existencia el Gobierno regional negó. Ahora las pruebas de peritaje han confirmado que las firmas de estos partes corresponden a personas vinculadas directamente con el señor Granados", señaló la portavoz socialista, Maru Menéndez.

Los populares, por su parte, justifican el veto porque el asunto ya fue suficientemente investigado en una comisión en la Asamblea. Pérez recordó, además, que la Asamblea ya ha tratado 34 comparecencias, una interpelación, una moción y 12 preguntas orales sobre el asunto. El portavoz popular evitó hacer más comentarios hasta conocer el informe policial. "Habrá que esperar la resolución judicial para ver quién tiene que rectificar", precisó tras la reunión de la junta de portavoces celebrada en la Asamblea de Madrid.

Por su parte, la socialista Maru Menéndez criticó la opacidad del PP. "En lo que va de legislatura nos han bloqueado 96 iniciativas parlamentarias", precisó un portavoz de los socialistas.

Una iniciativa que el PP no ha bloqueado obligará a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, a dar explicaciones sobre los excesivos gastos de publicidad y propaganda realizados para promocionar la Ciudad de la Justicia. El megaproyecto judicial de Aguirre que está congelado por falta de presupuesto. Aun así, el Gobierno regional autorizó un gasto de 1,4 millones de euros en la publicidad del acto de colocación de la primera piedra.

(www.elpais.com, 09/06/10)

26. COMUNIDAD DE MADRID. GRANADOS, REFERENTE DEL DESPILFARRO ESPAÑOL, SEGÚN 'THE ECONOMIST'

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, es el modelo que ha utilizado la revista The Economist en su último número como referente para describir el despilfarro del sistema español. En el reportaje se recogen todas las tesis manejadas por el Gobierno regional para criticar las políticas económicas del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y se cuestiona el sistema funcionarial.

El artículo comienza describiendo al "político conservador español" como modelo de la manera de ejercer el poder político a lo largo de Europa. "Trabaja en un palacio rehabilitado con gusto", explica el texto, que describe cómo hay vigilantes en la puerta de la Consejería de Presidencia, situada en la plaza de Pontejos, a espaldas de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, que visten de uniforme ("guardias civiles con tricornios") y un ejército de personal de confianza en las dependencias de la consejería. En la plaza contigua, agrega el texto, "espera su limusina", en referencia al coche oficial.

También asegura que "casi la mitad de los madrileños depende del Estado en alguna medida", ya que calcula que de los 6,5 millones de madrileños, medio millón son empleados públicos. El resto, continúa, son un millón de desempleados, un millón de niños y más de medio millón de parados.

El artículo destaca que "hombres poderosos como Granados pierden su poderío cuando se trata de cambiar el status quo". Ello se debe a que los funcionarios españoles tienen su puesto asegurado. Y pone como ejemplo el anuncio del Gobierno autónomo de recortar 48 de los 125 coches oficiales y rebajar la gama de los vehículos. "La paradoja es que no puedo deshacerme de los conductores oficiales", se queja el consejero. Y se recuerda que solo con su consentimiento se pueden modificar los puestos de los funcionarios. El artículo también recoge el absentismo entre los empleados públicos que manejó el Gobierno regional -una media del 18%-. Por último, se criminaliza a los sindicalistas, una constante entre los consejeros de Esperanza Aguirre, al asegurar que "un ejército de 3.242 representantes sindicales" vigila los convenios y los salarios de la Administración regional.

(www.elpais.com, 09/06/10)

27. COMUNIDAD DE MADRID. CUANDO EL DENUNCIANTE ES EL ACUSADO

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, se mete en todos los charcos. acudió a los juzgados de la plaza de Castilla para interponer una querella contra el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Le acusa de denuncia falsa porque el líder socialista ha pedido la imputación de 44 altos cargos de la Comunidad de Madrid que validaron facturas o dieron el visto bueno a contratos irregulares del Gobierno regional con la trama Gürtel.

Un informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria, incluido en el sumario del caso, revela que la Comunidad vulneró al menos 105 veces las normas de contratación para favorecer a empresas de la trama corrupta. Entre las irregularidades destacan el fraccionamiento de contratos, adjudicaciones a dedo sin convocar concurso o amañarlas haciendo concurrir a empresas del mismo grupo. Por eso, Gómez acusaba a los 44 altos cargos que intervinieron en esos contratos (entre los que figura el vicepresidente Ignacio González, 15 directores generales, dos jefes de gabinete, ocho secretarios generales, seis subdirectores generales y un funcionario fallecido sobre quien retiró la denuncia) de ser "colaboradores necesarios", y les atribuye un delito de "prevaricación y de negociaciones prohibidas a funcionarios".

Ante este panorama, a Granados, como responsable de la función pública, le tocó presentar la querella del Gobierno regional. El consejero defendió a los funcionarios: "Gómez ha hecho algo irreparable, que es denunciar de manera injusta y sin fundamento a 45 funcionarios de Madrid, y eso tiene que tener respuesta por parte del Gobierno regional. No pedimos indemnización, sino que aclare la cuestión, ya que no puede ser que este señor establezca un manto de sospechas contra 45 personas honorables".

Granados, el denunciante, acumula varias acusaciones a sus espaldas. Una juez investiga a cinco empleados de su consejería por el caso de espionaje a altos cargos del PP en Madrid, adversarios dentro del partido de Esperanza Aguirre. Mientras Granados se empeña en negar el espionaje, un informe policial ha constatado que la letra manuscrita de los partes de seguimiento se corresponde con la de un trabajador de su departamento.

El consejero también fue protagonista hace tres años cuando el coche de su esposa, un Mini Cooper, apareció calcinado en el aparcamiento de su casa. El vehículo estaba a nombre de una constructora. Poco después, Granados tuvo que aclarar los detalles de la venta de un chalé en Marbella a un constructor afín. El mismo al que poco después le vendió unas parcelas que había heredado. El consejero también tuvo que responder de las visitas de su esposa a las obras de una vivienda de 1.000 metros cuadrados que no adquirió. Granados colocó en 2008 a su mujer en el Consejo de Administración de Caja de Madrid de Pensiones, gestora de fondos de pensiones.

28. COMUNIDAD DE MADRID. DE SANTIAGO RATIFICA QUE EL JEFE DE LA TRAMA GÜRTEL QUISO SOBORNARLE

Vestido con un traje azul claro, con un talante serio y sin hablar con los periodistas. Así entró y salió por la mañana el alcalde de Las Rozas (83.600 habitantes), Bonifacio de Santiago, del PP, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Estaba citado como testigo en el caso Gürtel tras revelar en un encuentro digital con los lectores de EL PAÍS que el jefe de la trama, Francisco Correa, quiso sobornarle con 350 millones de pesetas (2,1 millones de euros). Le pidió, aseguró entonces el alcalde y volvió a ratificar , que le concediese a la red el contrato de limpiezas.

De Santiago estuvo algo más de una hora declarando ante el juez Antonio Pedreira durante cerca de una hora. A la salida del TSJM, el alcalde de Las Rozas no quiso hablar a los periodistas: "Lo que tenía que contar ya se lo he contado al juez. No voy a decir nada más porque hay secreto del sumario". Fuentes judiciales confirmaron que el alcalde ratificó la información que publicó este periódico el pasado 7 de mayo sobre el encuentro celebrado en la Redacción. Según el relato de Bonifacio de Santiago, Francisco Correa acudió a su despacho en febrero de 2003 y le ofreció el pago de 2,1 millones de euros si adjudicaba el contrato de la recogida de basuras y la limpieza viaria a la empresa Sufisa. El propio Correa se quedaría con 300.000 euros.

El alcalde roceño invitó amablemente a Correa a abandonar su despacho y dio órdenes a sus asesores para que no le concertaran más citas con él. Según fuentes judiciales, De Santiago reunió días después a la Corporación municipal e informó a sus miembros de lo ocurrido. Cuando se abrió el concurso para el contrato de limpieza, la mesa de contratación rechazó la oferta de Sufisa y lo adjudicó a otra empresa. "Salvo algunas puntualizaciones, como el hecho de que no dio el nombre de la empresa [Sufisa], se ha ratificado en todo lo publicado por el periódico", concluyeron fuentes judiciales.

El abogado de Correa, José Antonio Choclán, afirmó que el alcalde de Las Rozas negó la información publicada por EL PAÍS. Este extremo fue desmentido en cuestión de minutos por fuentes judiciales que estuvieron presentes en la toma de declaración al testigo. "No denunció el caso ante la policía porque no le dio ninguna importancia", destacó el letrado del supuesto jefe de la trama Gürtel.

Sufisa, la empresa para la que supuestamente intermedió Correa, logró contratos de limpieza en el distrito de Moratalaz, en la capital, Boadilla del Monte y Majadahonda, según el sumario del caso.

(www.pais.com, 11/06/10)

29. COMUNIDAD DE MADRID. PEDREIRA INVESTIGA EL ÚLTIMO ACUERDO DE BOADILLA CON CORREA

El instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha asumido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha decidido que la oficina judicial de la Intervención General del Estado investigue una reciente operación de 7,1 millones de euros entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y una de las empresas de Francisco Correa, presunto cerebro de la trama. Se trata de un acuerdo entre la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) de Boadilla y el responsable de la sociedad Artas Consultores, Ramón Blanco Balín, imputado por los delitos de fraude fiscal y evasión de capitales.

La iniciativa supone que la empresa renuncia a una adjudicación municipal del uso de una treintena de locales comerciales y más de 130 plazas de garaje en el residencial Siglo XXI de Boadilla del Monte. A cambio, el consistorio se hace cargo de la hipoteca de Artas Consultores que habían firmado los representantes legales de esta sociedad por un total de 7,1 millones de euros. Este acuerdo estaba pendiente de la decisión de Pedreira.

Esta operación fue rechazada en un informe de la interventora municipal, que anunció "disconformidad" en el pleno en el que los concejales del PP acordaron pedir un crédito para financiar el acuerdo. Este trato también fue criticado por los grupos de la oposición (PSOE y Alternativa por Boadilla), ya que la concejal de Empleo, Rosalía de Padura (PP), esposa del también imputado en el Gürtel Tomás Martín Morales, participó en la votación celebrada en la comisión municipal de Hacienda en la que el PP dio el visto bueno al acuerdo con el presunto testaferro de Correa. El portavoz socialista en Boadilla, Pablo Nieto, exigió la dimisión de la edil por haber votado a favor de una empresa de la que había sido accionista su marido, según un informe de la Agencia Tributaria.

Apenas unas horas después de haber hecho pública el PSOE esta crítica en nota de prensa, el equipo de Gobierno municipal difundió la reducción del 14% del presupuesto de personal. Entre los dos concejales despedidos como mecanismo de ahorro ante la crisis, estaba De Padura, que dejó de cobrar su sueldo de 67.000 euros anuales.

Esta no será la primera vez que la Intervención General del Estado haga un informe sobre Boadilla. El 29 de mayo de 2009 un funcionario de esta institución elaboró un documento en el que se sostenía que los expedientes relacionados con la trama Gürtel facilitados por el Ayuntamiento de Boadilla estaban "incompletos, y falta información que, teniendo en cuenta el carácter de la misma y su reiteración, inducen a considerar que no es que el expediente archivado esté incompleto sino que de forma expresa e intencionada no se han remitido". Este documento de la Intervención analiza la gestión de la treintena de locales comerciales y 130 plazas de garaje del Residencial Siglo XXI, que ahora volverá a estudiar tras la petición de Pedreira.

(www.pais.com, 11/06/10)

30. COMUNIDAD DE MADRID. ROBLEDO, ACUSADO DE NEGAR EL PADRÓN A INMIGRANTES EN PARO

El Ayuntamiento de Robledo de Chavela, gobernado por el PP, ha sido acusado por la oposición socialista de negar el empadronamiento a inmigrantes en paro. El PSM denuncia que el municipio exige un contrato de trabajo a los extranjeros que quieren registrarse allí. ATIME, la asociación de inmigrantes marroquíes mayoritaria en España, asegura que uno de sus socios pudo comprobar que existe este requisito.

El PSM considera que el alcalde de Robledo, un Ayuntamiento al este de Madrid con 3.800 habitantes (un 14% de extranjeros), "se está extralimitando y actuando fuera del marco jurídico", según ha declarado a Efe su portavoz, Adolfo Ventero.

El presidente de ATIME, Kamal Rhamouni, dijo que su asociación ha recibido "cinco quejas por escrito" de vecinos de Robledo perjudicados por este asunto. Según explicó, las protestas empezaron en enero, cuando se conocieron otros dos casos de discriminación: en Vic (Cataluña), el ayuntamiento se planteó no empadronar a los sin papeles; en Torrejón de Ardoz (Madrid) se exigía a los inmigrantes que viviesen en casas donde hubiese más de 20 metros cuadrados por inquilino. Vic reculó y Torrejón dejó de aplicar su norma ilegal.

La Ley de Bases del Régimen Local -que establece en todo el Estado las condiciones de empadronamiento- no impone el requisito que supuestamente se exige en Robledo. La ley obliga a los ayuntamientos a dar de alta a quien presente un documento de identidad y un contrato de alquiler, tengan o no permiso de residencia. El empadronamiento garantiza la atención sanitaria y la escolarización de los menores.

(www.elpais.com, 06/06/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS USARÁ A LOS ABOGADOS DE LA GENERALITAT PARA DENUNCIAR A LUNA

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, amenazó al síndic socialista Ángel Luna con llevarle a los tribunales si continúa acusándole de irregularidades en las sesiones de control de las Corts. Para parar los pies a quien se ha convertido en su azote político -jueves a jueves Luna pone al jefe del Consell frente al espejo del caso Gürtel- el presidente no dudó en afirmar desde su escaño que solicitará a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen la intervención del socialista por si pudieran ser constitutivas de delito.

, una vez más el escándalo de la trama de Correa se coló en el hemiciclo, aunque Luna puso el acentó en otro tipo de contratación: la realizada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias que se ha saldado con un sobrecoste de 587 millones de euros, según la Sindicatura de Comptes.

El portavoz socialista comparó el gasto "sin control" en el complejo de ocio c0n el caso del velódromo Palma Arena, el escándalo de corrupción que afecta al ex presidente de Baleares y embajador de la Comunitat Valenciana, Jaume Matas. Y se preguntó "cuántos gürtels caben en 600 millones de euros". Luna retó al presidente a ensañar a la oposición los expedientes de gestión de las obras dirigidas por el arquitecto Santiago Calatrava y recalcó que la diferencia de este asunto con Gürtel es que los expedientes de la trama "los hemos visto gracias a la intervención de los jueces". Ante el silencio del presidente y ya en los pasillos de las Corts, Luna insinuó que si la vía política falla el PSPV podría llegar a los tribunales para tener acceso a la documentación.

En su intervención, Camps defendió la fiscalización de las cuentas de la Generalitat y acusó a Luna de tratar de "ensombrecer" a la Comunitat Valencana con sus manifestaciones. "Yo sí que voy a pedir a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen hasta dónde ha vuelto a llegar usted y espero que, alguna vez, algún fiscal, sus palabras o sus hechos, intenten dictaminarlo, porque detrás de cada una de sus palabras y cada una de sus insidias, estoy completamente convencido de que hay algún tipo de irregularidad", declaró Camps.

(www.levante-emv.com, 11/06/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TSJ CONGELA LA INVESTIGACIÓN DE LAS FINANZAS DEL PP HASTA QUE PEDREIRA CONTESTE AL PP

La conocida como causa de los trajes -la rama valenciana del caso Gürtel- ya está otra vez en marcha, según informó la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV). Los magistrados valencianos, tras recibir la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 17 de mayo, trasladaron al juez instructor, José Flors, la documentación sobre la causa, junto con sus anexos y soportes informáticos para que continúe la tramitación del procedimiento tal como establece el fallo.

Cuestión aparte es la inhibición del magistrado del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, sobre los posibles delitos de cohecho propio, castigado con pena de prisión; contra la administración pública; de falsedad en documento mercantil; prevaricación; asociación ilícita y delito electoral cometidos por varios altos cargos del Partido Popular de la Comunitat Valenciana y del Consell, así como por varios empresarios valencianos.

Sobre esta cuestión, la Sala afirmó que, "en cuanto al auto de inhibición parcial del magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Sala de lo Civil y Penal acordó solicitar informe sobre la firmeza del mismo". En este sentido hay que tener en cuenta que la Sala sólo podrá valorarlo jurídicamente y adoptar un pronunciamiento en el momento en que esta resolución sea firme, según el comunicado remitido por el TSJ valenciano

Los magistrados han pedido a Pedreira que aclare si el auto de inhibición es firme porque está recurrida por el Partido Popular, un recurso sobre el que el magistrado del TSJ de Madrid todavía no se ha pronunciado.

Mientras la investigación sobre la financiación irregular del PP queda congelada, la sala ha cumplido con el trámite de remitir la sentencia del Supremo al instructor de la causa de los trajes. Sin embargo, es poco probable que Flors tome ninguna decisión de calado sobre esta causa que él mismo ya dejó a las puertas de la celebración de juicio oral. Dada la posible conexidad de delitos que podría darse entre la instrucción de Madrid y el proceso contra Camps por un presunto delito de cohecho impropio, todo apunta a que Flors esperará también a la contestación de Pedreira.

Cabe apuntar que uno de los escenarios posibles es que Flors decida abrir el abanico de supuestos delitos, con lo cual la instrucción empezará prácticamente de nuevo. Se abriría un plazo para tomar nuevas declaraciones y practicar otras diligencias. Algunas fuentes jurídicas apuntan que en este caso el proceso judicial podría demorarse meses incluso hasta después de las elecciones de 2011.

(www.levante-emv.com, 09/06/10)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ QUE ARCHIVÓ EL 'CASO CAMPS' CRITICA A LOS MEDIOS

Juan Luis de la Rúa, presidente en situación de prórroga del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y del que Francisco Camps, presidente valenciano, dice que la palabra amistad no es suficiente para definir la relación que mantiene con él, reprochó a los medios de comunicación la imagen que ofrecen de la Justicia. Lo hizo en el acto de jura de la 60ª promoción de jueces, en la sede del TSJCV.

De la Rúa, que archivó junto a otro magistrado la causa por cohecho impropio contra Camps y ahora ha visto cómo su criterio ha sido rectificado y vapuleado por el Tribunal Supremo, que ha ordenado reabrir el caso, afirmó que los medios proyectan a la sociedad una imagen de la Justicia que no se corresponde con la realidad porque convierten en noticia los errores.

De la Rúa no hizo referencia al caso Gürtel en su intervención, en la que definió los tiempos que corren como convulsos. Pero él, desde su presidencia, se enfrenta desde que estalló el caso Gürtel a la constante observación y crítica de los medios de comunicación por el papel que desempeña. El presidente Camps hizo una declaración pública donde le consideraba mucho más que un amigo poco antes de que fuera imputado por un delito de cohecho pasivo impropio.

De la Rúa no solo no se inhibió por iniciativa propia de cualquier participación en el procedimiento sino que defendió en público y en privado la legitimidad de su participación. Él firmó el auto de archivo que luego ha revocado el Tribunal Supremo, echando por tierra su insólita interpretación, apoyada por el magistrado José Francisco Ceres, del cohecho pasivo impropio. En ella consideraba necesaria la relación directa entre el regalo y la posibilidad de articular una contrapartida, aunque el Código Penal no establece esa relación.

De la Rúa, que acudió en calidad de presidente del TSJCV a un acto electoral del PP en las últimas elecciones autonómicas, ha querido controlar la evolución del proceso judicial que afecta al presidente Camps y a otros tres altos cargos del PP valenciano. La información ofrecida de su gestión por los medios de comunicación, como dijo en forma de reflexión general, le parece que no refleja la realidad de la Justicia valenciana.

(www.elpais.com, 10/06/10)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. DENUNCIAN UN SOBRECOSTE DE 600 MILLONES SIN JUSTIFICAR EN LA CIUDAD DE LAS ARTES

El portavoz socialista, Ángel Luna, ha exigido hoy sin éxito al presidente valenciano, Francisco Camps, explicaciones sobre el sobrecoste de 600 millones de euros, cerca de 100.000 millones de pesetas, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Luna ha explicado que la Sindicatura de Comptes (el órgano encargado de auditar las cuentas de la Generalitat) registró en su último informe correspondiente a 2008 un sobre coste de 587 millones de euros sin justificar en el complejo urbanístico diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, lo que supone un incremento superior al 188% sobre el presupuesto inicial, cifrado en 311 millones de euros.

"Los sobrecostes del Palma Arena han puesto en la picota a un amigo suyo, Jaume Matas, que por cierto ostenta todavía el título de Embajador de la Comunidad Valenciana, por 50 millones de euros y aquí había 600 millones de desfase a finales de 2008", ha argumentado Luna. Y ha añadido: "Gürtel es un problema de dos docenas de millones de euros, y aquí hablamos de 600. ¿Cuántos Gürtel caben en ese gasto sin control?".

El presidente de la Generalitat, lejos de contestar, ha amenazado al portavoz socialista con denunciarle por sus manifestaciones. "Pediré a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen hasta dónde ha llegado usted", ha proseguido Camps, "porque tras sus insidias estoy convencido de que hay algún tipo de delito". "Las cuentas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias están perfectamente fiscalizadas", ha insistido Camps, que ha acusado al socialista de querer destruir la imagen de la Comunidad Valenciana.

Una advertencia que no ha arredrado a Luna, que ha preguntado a Camps si está dispuesto a poner encima de las mesa los papeles de la Ciudad de las Artes y las Ciencias que justifiquen el sobrecoste de 100.000 millones de las antiguas pesetas.

Camps ha esquivado todas preguntas y ha vuelto a insistir en que el portavoz socialista desvele quién le facilitó un informe bajo secreto de sumario de la trama corrupta que exhibió en otra sesión de control de las Cortes. Le ha exigido a Luna que diga si los datos del sumario se los facilitó la policía, la fiscalía o un juez, y ha retomado la teoría de que su imputación por cohecho pasivo por aceptar regalos de la trama es un "montaje" de instituciones controladas por el gobierno.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, ha solicitado sin éxito a Camps que respondiera con claridad si dio orden a uno de sus consejeros y varios diputados de que intentaran personarse en la denuncia contra la diputada de su grupo Mònica Oltra por desobediencia a la Policía Local de Valencia en las protestas del pasado abril contra el derribo de varias casas en el barrio de El Cabanyal.

(www.elpais.com, 10/06/10)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. NUEVE FUNDACIONES Y CUATRO ENTIDADES DEL CONSELL DISPONEN DE 22 TARJETAS DE CRÉDITO

En pleno debate sobre la contención del gasto y la austeridad en las Administraciones, un dato incita a la inquietud: Nada menos que nueve fundaciones públicas -entidades que se nutren del presupuesto de la Generalitat pero que resultan opacas al control de la oposición- disfrutan de 14 tarjetas de crédito o débito mientras cuatro organismos del Consell cuentan con 8, según la información por escrito remitida a las Corts por el vicepresidente económico, Gerardo Camps, en respuesta a las solicitudes de documentación de Compromís. En total, directivos de entidades del Ejecutivo o fundaciones dependientes del erario manejan 22 medios de pago electrónico. La última vez que el Consell dio información, hace cinco años, reconoció 13 tarjetas, si bien entonces no habló de las fundaciones: O no disponían de este medio de pago o se escamoteó el dato.

Según la información de Gerardo Camps, ningún conseller o alto cargo en el ámbito de la Administración goza de tarjeta de crédito o débito. En cambio, en el sector público valenciano (que engloba a organismos y empresas públicas) sí se tiene ese privilegio. Los responsables del Instituto de Finanzas, que dirige Jorge Vela, disponen de nada menos que cinco. Es el organismo con más tarjetas. Un dato a tener en cuenta tras la escandalera que provocó en junio de 2005 la revelación de que el ex responsable del IVF, José Manuel Uncio, había pagado con una de ellas hasta productos de aseo personal. Además del "banco" del Consell, el Instituto de la Vivienda, el Centre Superior d'Investigació en Salut Pública y el Institut d'Investigacions Agràries cuentan con una tarjeta cada uno.

La sorpresa es que en ámbito de las fundaciones en las que el Consell tiene una participación superior al 50% es donde más abundan. Hasta 14 existen en nueve fundaciones. Entre ellas, la de la Universitat Internacional de València, que dirige el ex conseller y responsable del Centro Reina Sofía, José Sanmartín, con dos tarjetas; la fundación Tolerancia Cero, con una; el Institut Portuari d'Estudis i Cooperació (fundación Feports), con una; el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), dos; así como varias fundaciones investigadoras ligadas a hospitales y al Centro Príncipe Felipe (ver cuadro).
La oposición ha denunciado reiteradamente que las fundaciones escapan al control, tanto de la Sindicatura (que hace una revisión mínima de varias de ellas cada año), como de las Corts. El ejemplo más flagrante es la fundación para la visita del Papa. Cuatro años después todavía no se sabe exactamente el coste del evento ni los proveedores de la fundación. A diferencia de los pagos ordinarios, que previamente deben ser autorizados, en el caso de las tarjetas primero se realiza el desembolso y luego hay que aportar justificantes.

A raíz del caso Uncio, el conseller de Economía informó de que sólo un conseller, el ex titular de Empresa, Justo Nieto, disponía de tarjeta. Las otras doce eran de empresas y organismos. Sin embargo, en un tenso debate en las Corts, el actual eurodiputado Andrés Perelló puso en evidencia al Consell al revelar que otro miembro del Ejecutivo, la entonces titular de Turismo y ahora presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, contaba con Visa. Gerardo Camps explicó después que esa tarjeta era como presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo, que contaba con dos.

En la respuesta de la actual titular de Turismo, Belén Juste, se desliza que "las tarjetas" que tenía la AVT "fueron canceladas en 2009". No especifica la fecha, aunque el dato no deja de ser curioso porque es el año del escándalo Gürtel, que estalló en febrero de 2009, y que tuvo a la AVT en el epicentro. Las dos Visa que reconoció Camps en 2005 eran, una de Martínez, y la otra, de su entonces jefe de gabinete, Rafael Betoret, implicado junto con Francisco Camps, Ricardo Costa y Víctor Campos, en la causa de los trajes por aceptar supuestamente regalos de la trama Gürtel. Los cargos que pudieran hacerse con estas tarjetas podrían resultar jugosos.

La portavoz adjunta de Compromís Mònica Oltra hizo esta reflexión: "Las tarjetas de crédito se utilizan bien para aplazar pagos a final de mes, bien para hacer pagos urgentes si no se dispone de metálico. ¿Qué urgencias puede tener una fundación que exija disponer de este medio de pago?". "Este mecanismo de distracción de recursos públicos debería ser controlada por la Justicia, igual que reclamamos en su día los contratos menores y al final se vio que era a través de éstos como engordaba la trama Gürtel", aseveró Oltra.

(www.levante-emv.com, 07/06/10)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ FRENÓ EL INTENTO DE FABRA DE EVITAR EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN

El caso Fabra ha llegado, después de más de seis años, a la conclusión de la fase de instrucción, decretada el martes por el titular del juzgado número 1 de Nules. Sin embargo, el principal imputado en la causa, el presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, trató que las diligencias previas, el tiempo de investigación, se prolongara durante un tiempo impredecible. Pero el juez lo ha frenado y ha dado por concluida ya la instrucción al encontrar indicios de la posible comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública. Fue entonces cuando el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, que no debía conocer el intento de Fabra de dilatar el procedimiento, se alegró de que "por fin", con la celebración del juicio, el presidente del PP de Castellón pudiera demostrar su inocencia.

El juzgado esperaba, desde hace más de cuatro años, un informe pericial que "determinara la naturaleza y el origen del incremento patrimonial experimentado" por Fabra, su esposa, María Amparo Fernández, y sus hijos. El presidente de la Diputación recurrió la decisión judicial de realizar el informe y la habilitación general otorgada a los peritos, que son inspectores de Hacienda. Recurrió porque consideró que el acceso a la información de sus cuentas podía lesionar su intimidad. Pero, una vez desestimados todos estos recursos, no consideró la necesidad de realizar otro informe. Han "esperado a que el informe estuviese acabado para proponer otra pericial exactamente igual y con el mismo objeto", es parte de la respuesta otorgada por el juez de Nules, Jacobo Pin, en un auto en el que reprocha a Fabra la solicitud de prueba cuando "han transcurrido más de cuatro años" desde que la Audiencia Provincial ordenó el informe pericial, que finalmente ha destapado nueve presuntos delitos fiscales cometidos por el matrimonio Fabra que, según los peritos, defraudó 1,7 millones de euros a Hacienda.

"No se puede pretender que se practiquen diligencias de prueba indefinidas", responde el juez a la petición de que un experto, propuesto por los imputados, elabore un nuevo informe patrimonial. En cualquier caso, deja la puerta abierta a que encargue otro análisis de sus cuentas y lo aporte como prueba en el juicio.El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón, que preside Carlos Fabra, había evitado pronunciarse sobre la decisión judicial de concluir la investigación del caso y confirmar las imputaciones por tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública de las que se acusa al propio Fabra. Sin embargo, , reaccionó después de que el secretario de organización del PSPV-PSOE de Castellón y diputado provincial, Francisco Valverde, replicara al alarde de los resultados electorales obtenidos por el PP pese a las imputaciones. "A Al Capone también le iba muy bien", dijo Valverde, quien se preguntó "si el resultado electoral justifica que una persona pueda defraudar más de un millón de euros a Hacienda o delitos como el tráfico de influencias o el cohecho".

La defensa a Fabra llegó en boca de uno de los vicepresidentes de la Diputación de Castellón y vicesecretario de Organización del PP, Vicent Aparici, quien dijo que "la única referencia" que existe en España con "algún parecido a actuaciones realizadas por Al Capone es la que se llevó a cabo el Gobierno socialista con la creación del GAL".

Aparici quiso mostrar su "indignación" con el PSPV: "En este país, en esta Comunidad y en esta provincia, todas las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario". Y añadió: "No se puede injuriar, calumniar y faltar al respeto al líder provincial, en tanto en cuanto es un ciudadano contra el que no se ha emitido ninguna sentencia condenatoria". Aparici está imputado por un presunto delito ambiental por el que la fiscalía pide siete años de cárcel como responsable de permitir el vertido de residuos tóxicos y peligrosos en La Vall d'Uixó, de donde era alcalde.

La guerra abierta entre populares y socialistas no se queda en la oratoria y llega a los juzgados. Fabra ha presentado una querella criminal contra el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, al que acusa de un supuesto delito de calumnias e injurias por unas declaraciones efectuadas en un pleno. Ese día Calles dijo que el Ayuntamiento de Castellón "está bajo la sospecha indigna de la actuación de un concejal que ha defraudado a la Hacienda pública y del que penden graves imputaciones judiciales". Fabra ya presentó una demanda contra Calles, que archivó la Audiencia, por una campaña publicitaria sobre sus ingresos millonarios y sobre las donaciones de fincas al vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez.

(www.elpais.com, 05/06/10)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. CRONOLOGÍA DEL 'CASO FABRA'

- Diciembre de 2003: El empresario Vicente Vilar acusa al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Vilar ratifica su acusación con una querella ante el juzgado de Nules.

- Enero de 2004: El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules archiva la querella de Vicente Vilar por un defecto de forma pero abre una causa de oficio ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración Pública en la que imputa a Carlos Fabra, Vicente Vilar y a las esposas de ambos.

- Marzo de 2004: La Unión de Consumidores se persona, como acusación popular, en la causa abierta contra Carlos Fabra.

- Mayo de 2004: Vicente Vilar aporta facturas de supuestos informes realizados y pagados a Carlos Fabra por asesoramiento en prevención de riesgos laborales y facturas de joyerías por los supuestos regalos realizados tanto a Fabra como a otros miembros del PP.

- Junio de 2004: La Fiscalía Anticorrupción se hace cargo del 'caso Fabra' tras la cuestionada actuación del fiscal jefe de Castellón Javier Arias.

- Julio de 2004: Vicente Vilar aporta escritos de diputados, senadores, directores generales y ministros en los que se da respuesta al interés mostrado por algunos dirigentes del PP por los productos fitosanitarios que fabricaba el empresario y por los que, supuestamente, Fabra mediaba para tratar de conseguir que fueran autorizados con celeridad.

- Junio de 2005: La Agencia Tributaria presenta una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal cometido en el ejercicio de 1999. La denuncia también habla de ingresos detectados en las cuentas no justificados y de un incremento patrimonial que no se corresponde a sus ganancias declaradas.

- Enero de 2006: La Audiencia de Castellón declara que los presuntos delitos contra la Administración Pública (tráfico de influencias y cohecho) y el fraude fiscal han de investigarse de forma conjunta puesto que puede haber una conexión entre ambos.

- Abril de 2006: La Audiencia autoriza la realización de un informe que analice todas las cuentas y el patrimonio de la familia Fabra, dado que la complejidad de los delitos contra la Hacienda Pública "determina la necesidad de práctica de diligencias que pueden afectar a un amplio círculo de personas que se relacionan con aquellos a quienes se atribuye su comisión, y en especial si son próximas a estos".

- Mayo de 2010: Los peritos concluyen el informe del patrimonio de los Fabra y destapan la supuesta comisión de nueve delitos fiscales y un fraude del matrimonio de 1,7 millones de euros. Sostienen que las ganancias patrimoniales sobre las que no se ha justificado el origen ascienden a unos 3,6 millones de euros.

- Junio de 2010: El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules da por concluida la investigación, confirma la imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda pública. Cita a las partes para que el día 25 concreten sus imputaciones y expone que los presuntos delitos son competencia de un jurado popular.

(www.elpais.com, 06/06/10)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. NUEVO REVÉS JUDICIAL PARA BARBERÁ EN EL CABANYAL

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha vuelto a cosechar una negativa de los jueces a su pretensión de ejecutar el plan de El Cabanyal pese a la orden de paralización del Ministerio de Cultura. La Audiencia Nacional rechazó en abril la petición municipal de dejar en suspenso la orden ministerial -que impide demoliciones y obliga a revisar el plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a costa de más de 450 edificios-, pero el gobierno local insistió y presentó un recurso de súplica que también ha sido desestimado.

En este segundo intento, el Ayuntamiento plantea a los magistrados de la sección séptima de lo Contencioso-Administrativo que al menos retiren la orden de paralización cautelar sobre las zonas del plan que no están incluidas en el conjunto protegido, e insisten en que no habrá perjuicios al patrimonio histórico, como alegan el Gobierno, Salvem El Cabanyal y la asociación de vecinos. Los magistrados, en el auto notificado , rechazan esa posibilidad, entre otros motivos, porque implicaría "en cierto modo la estimación anticipada del recurso" contra la orden del ministerio.

La Audiencia Nacional mantiene su decisión de abril de dejar en vigor la orden de suspensión del plan, en la que destacó que era "evidente que, en otro caso, podrían producirse perjuicios irreparables" al patrimonio de El Cabanyal. De hecho, el Ayuntamiento aprovechó en abril la aprobación por el Consell de una ley autonómica en apoyo del proyecto para derribar varios inmuebles en El Cabanyal antes de que el Tribunal Constitucional admitiera un recurso del Gobierno y paralizara las actuaciones. Barberá puede recurrir en casación la denegación de su segundo recurso ante la Audiencia Nacional.

(www.elpais.com, 05/06/10)

39. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TRIBUNAL DE CUENTAS ESTRECHA EL CERCO SOBRE CALP

Obras públicas realizadas con sobrecostes desmesurados, adjudicaciones a empresas fantasma, terrenos que de la noche a la mañana aumentan por diez su valor urbanístico, contrataciones realizadas sin expediente previo, descontrol de los fondos públicos... El Tribunal de Cuentas estrecha su cerco sobre el Ayuntamiento de Calp, gobernado por el Bloc, el PP y PSD, al que ha abierto un amplio proceso judicial sobre la gestión en el pasado mandato del ejecutivo local del ex alcalde del PP Javier Morató.

Los populares continúan vinculados al gobierno municipal. Morató es el principal socio de gobierno del actual alcalde, el nacionalista Ximo Tur, y el PP aún controla las carteras más importantes. Pero será Tur el que deberá viajar pronto a Madrid como representante legal del Ayuntamiento para responder ante el Tribunal de Cuentas de los supuestos "daños para el erario público" provocados por la gestión de sus aliados políticos.

El Tribunal de Cuentas ha agilizado el proceso de instrucción, que fue iniciado tras una denuncia del PSPV en octubre de 2008, y se apoya en un informe del Ministerio Público que aprecia "irregularidades e indicios de responsabilidad contable" en varios proyectos y actuaciones del PP que sumarían un quebranto para las arcas municipales de cerca de ocho millones de euros. Así, en Aguas de Calpe se habrían acumulado a partir de 2004 con la renovación de la red de suministro potable sobrecostes de un millón por obras que no se hicieron y que se adjudicaron a una empresa fantasma del cuñado del edil popular Juan Roselló, quien está imputado por esta actuación en un juzgado de Dénia.

Roselló también alentó otra obra investigada, la de la adecuación de un local alquilado para la Radiotelevisión de Calp en la que gastó 800.000 euros y que se efectuó sin expediente de contratación. De tan alta inversión sólo existen las facturas. El PSPV también ha comunicado al tribunal sobrecostes en otras adjudicaciones por casi cinco millones en proyectos adjudicados a diversas mercantiles al margen del procedimiento de contratación.

Finalmente, la investigación fiscalizará una recalificación de suelo rústico a dotacional que Javier Morató realizó en 2005 "en contra de los criterios de los técnicos", tal y como el propio edil del PP reconoció en un pleno. El Ayuntamiento gastó en esa parcela 380.000 euros para instalar una carpa ferial donde celebrar eventos y luego tuvo que desmontarla cuando se demostró que los terrenos no eran públicos, sino de unos propietarios a los que tuvo que indemnizar tras una sentencia con 600.000 euros. Toda una crónica del derroche.

El Tribunal de Cuentas quiere ahora establecer la cantidad económica exacta que el Ayuntamiento perdió por culpa de esas actuaciones, que en muchos casos se realizaron sin el aval de los técnicos. El organismo también pretende saber qué concejales y funcionarios municipales fueron responsables de las presuntas irregularidades, con el objetivo de establecer una posible responsabilidad patrimonial individualizada que compense el gasto con las pérdidas de las arcas municipales por la mala gestión.

Los socialistas, que lanzaron el proceso al presentar una denuncia ante la Sindicatura de Cuentas -que la trasladó a Madrid-, acusan a Tur de "boicotear" la investigación del tribunal, que en abril de 2009 apercibió al alcalde nacionalista por no responder a un requerimiento en el que le exigía información. Tur contestó entonces que no había recibido ese primer requerimiento "por causas que se desconocen" y añadió que "los técnicos no habían detectado ninguna irregularidad".

Ahora, el alcalde del Bloc ha matizado su discurso y alega que "algunas irregularidades pueden tener fundamento, pero otras no tanto". Tur insiste en que el PSPV abrió el proceso por "la rabia, el resentimiento y el rencor" al perder el poder por una moción de censura.

(www.elpais.com, 07/06/10)

40. CASTILLA Y LEÓN. "QUE BIBIANA AÍDO SE VAYA A ESTUDIAR EL MAPA DEL CLÍTORIS EN ANDALUCÍA"

La presidenta de la Diputación de León (PP), Isabel Carrasco, ha dicho hoy que, para reducir gastos, ella enviaría a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, "a estudiar el mapa del clítoris en Andalucía". Isabel Carrasco ha respondido así al ministro de Fomento, José Blanco, quien se refirió al recorte estatal de gastos, en una entrevista publicada el pasado fin de semana por un grupo de prensa regional, y se preguntó: "¿Tiene sentido en una administración tan descentralizada que sigan existiendo las diputaciones provinciales?".

La presidenta de la Diputación de León ha precisado que eliminaría el Ministerio de Igualdad, dirigido por Bibiana Aído, "porque no sirve para nada más que cuestiones de ese calibre", al igual que el de Vivienda, "que no sabemos para qué sirve". "José Blanco ha perdido un poco el norte", ha manifestado Carrasco, quien además ha recordado al ministro que la iniciativa que plantea necesitaría de una reforma de la Constitución, por lo que le invitó a que "si tiene mayoría, lo ponga en marcha".

"Ahora sobramos todos porque ellos no han sabido gobernar y han llevado a España donde está, que puestos a hacer demagogia sabemos hacerlo todos, pero parece mentira que un ministro no sepa que acciones debe llevar a cabo", ha añadido Isabel Carrasco, quién ha invitado al Gobierno a "dedicarse a arreglar lo que han destrozado".

La presidenta de la Diputación de León también ha anunciado que va a vigilar las decisiones que se toman en algunas comunidades autónomas con gobiernos socialistas, como es el caso de Andalucía, "que va aprobar una partida de 2.500 millones de euros para dar clases de árabe, sin duda una materia importantísima en España".

(www.publico.es, 07/06/10)

41. CASTILLA-LA MANCHA. EL VICEPRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA AL PRESIDENTE: "¡SINVERGÜENZA, COBARDE!"

"Sinvergüenza, cobarde, no tienes categoría". Palabras pronunciadas por el vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha, el popular Vicente Tirado, contra el presidente de la Cámara regional, Francisco Pardo, que durante toda la sesión parlamentaria estuvo llamándole al orden. El PSOE responsabiliza de esta situación a la "estrategia de crispación" que ha instalado en esta comunidad la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que, una vez más, defiende intereses ajenos a la comunidad por la que es senadora autonómica.

El Partido Popular que lidera María Dolores de Cospedal estuvo durante toda la sesión parlamentaria increpando al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Pardo, que vio como los diputados del PP abandonaban el salón de plenos hasta en dos ocasiones, y todo porque en la Cámara castellano-manchega se debatía y votaba la creación de una empresa pública de gestión de infraestructuras aeroportuarias con la que los conservadores no están de acuerdo.

Pero una cosa es el derecho a la pataleta, el infantilismo y otra diferente insultar al representante de la casa donde emana la legitimidad de un pueblo, como es el presidente del Parlamento regional. El vicepresidente, Vicente Tirado, intentó en vano justificar sus exabruptos, resoplos y portazos, recogidos con luz y taquígrafos por los servicios audiovisuales de la Cámara. Sus insultos, "cobarde, no tienes categoría", se escuchan con nitidez en la grabación, que no recogió, sin embargo, cuando Tirado llamó también a Pardo "sinvergüenza".

Las injurias y ultrajes no le van a salir gratis al diputado díscolo del PP, puesto que el portavoz socialista, José Molina, ha anunciado que su grupo pedirá la inmediata reunión de la Comisión del Estatuto del Diputado para estudiar los "graves insultos" proferidos por Tirado, nunca antes recogidos en los 30 años de la historia parlamentaria de Castilla-La Mancha.

Y es que los socialistas quieren poner fin a los desmanes y salidas de tono del vicepresidente segundo de la Mesa de las Cortes y secretario general del PP en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, que, según los datos proporcionados por la Cámara a El Plural, puede que sea el diputado regional, nacional o senador que más veces ha sido llamado al orden por el presidente de la Mesa de las Cortes, como lo prueba que hasta en 20 ocasiones haya sido recriminada su actitud en lo que llevamos de legislatura, algo que no tiene parangón en otros parlamentos autonómicos ni nacionales.

El PSOE viene advirtiendo de la "estrategia de la crispación" instalada en Castilla-La Mancha por María Dolores de Cospedal, que busca ante todo la "confrontación, la provocación e ir alterando el funcionamiento de las instituciones", por lo que los socialistas piden que se recupere "el sosiego, la tranquilidad y el sentido común que parece haber perdido Cospedal".

(www.plural.com, 11/06/10)

42. REGIÓN DE MURCIA. LA FUNDACIÓN QUE DIRIGIÓ EL EX CONCEJAL POPULAR DE ARCHENA BRÍGIDO PALAZÓN COBRÓ SIN TENER ACTIVIDAD ALGUNA

La Fundación Institutos Económicos de la Región de Murcia, cuyo gerente era Brígido Palazón, ex primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Archena, llegó a cobrar cantidades millonarias sin tener actividad alguna. Esta fundación, constituida en Marzo de 2005 y ya inoperativa, estaba dirigida por el político popular de Archena. Como gerencia, Palazón recibió en 2008 la cantidad de 92.000 euros, a pesar de que desde la Comunidad Autónoma reconocen que "respecto a las actividades de 2008 la fundación no ha llevado a cabo ninguna actividad y de los ejercicios anteriores, ningún trabajo pendiente".

Poco había que haber pendiente cuando durante los escasos tres años de funcionamiento de esta extraña fundación, cuyo objetivo era la realización de estudios e informes de naturaleza económica general "y específicos", solo se realizaron tres informes en tres años, que, por supuesto también se pagaron. El resto del tiempo se desconoce a qué se dedicaban.

Estos informes son La población de la Región de Murcia: pasado reciente, presente y futuro, El comportamiento emprendedor en la Región de Murcia. Informe Ejecutivo 2006,  y Los patrones de utilización de los servicios sanitarios en la CARM. Y este es su historial, desde 2004. Para estos tres estudios, el gobierno regional montó la misteriosa Fundación, con un sueldo millonario para el gerente, el popular Brígido Palazón, además de los gastos de representación, teléfono móvil incluido.

Aunque ahora no está operativa, políticos socialistas mantienen que la creación y designación de Brígido Palazón de esta fundación era una estratagema para "mantener la boca callada al político popular", que tuvo discrepancias con el gobierno municipal de su localidad, Archena. El caso es que profesionales consultados por esta redacción, afirman desconocer la Fundación, incluso su ubicación. Y menos lo que hacían.

El Gobierno Regional todavía no ha explicado para que ha servido el dinero gastado por la Fundación, y cuáles eran los horarios que debían cumplir sus responsables, y si los cumplían, cuando iban al trabajo.

(www.vegamediapress.com, 11/06/10)

43. ISLAS BALEARES. EL JUEZ CASTRO CREE QUE JAUME MATAS ‘JUSTIFICA’ GASTOS ABONADOS EN NEGRO

"Se va disparando el montante de los dispendios imputables a la familia Matas-Areal y paralelamente se desarrolla una legítima actividad de ésta tendente a justificar los ingresos con los que se les hizo frente", asegura el juez instructor del ‘caso Palma Arena', José Castro, en el auto firmado por el que desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa del ex president del Govern sobre los informes de la Agencia Tributaria que figuran en el sumario.

El juez Castro considera que todavía es pronto para dar validez a la redacción íntegra del informe redactado por la Agencia Tributaria sobre la situación fiscal y patrimonial del matrimonio Matas-Areal, pero rechaza que se contraste con la aportaciones "opacas al fisco" reconocidas por Jaume Matas. Según la defensa, con el dinero ‘en negro' admitido por Matas quedaría justificado el incremento patrimonial que está siendo objeto de investigación en el ‘caso Palma Arena'.

En opinión del juez instructor, atendiendo a las versiones ofrecidas sobre el montante y distribución del importe del traspaso de un local en la calle de Sant Miquel de Palma, entre un millón de pesetas y 100.000 euros según las versiones que se han ido sucediendo en las diferente declaraciones, "las posibilidades de ofrecer a la Agencia Tributaria la revisión de su informe se adivinan no sólo infinitas sino también ridículas".

El auto detalla las diferentes peripecias, en función de los declarantes, que ha llegado a tener el importe ‘en b' del traspaso del citado local, hasta el punto de negar cualquier tipo de credibilidad. Por esta razón, el juez estima conveniente esperar que avance la investigación para que, llegado el momento -probablemente cuando se abra una pieza separada- se ahonde en la cuentía de esta operación.

(www.diariodemallorca.es, 11/06/10)

44. ISLAS BALEARES. EL FBI INDAGA LA COMPRA DE BIENES DE MATAS EN ESTADOS UNIDOS

El FBI sigue la huella americana de Jaume Matas. Los federales rastrean los movimientos económicos del ex presidente del Govern, Jaume Matas, a la búsqueda de bienes en Estados Unidos que se sospecha que adquirió durante su estancia en el país norteamericano, interrumpida a la fuerza por la Justicia española, que le acusa de varios delitos relacionados con la corrupción y por ello le retiró el pasaporte el pasado mes de abril.

La Fiscalía Anticorrupción de Balears cree que Matas y su esposa, Maite Areal –también imputada–, incrementaron notablemente su patrimonio estando en EEUU, cuyo origen sería supuestamente ilegal, y tratan de determinar los detalles y la procedencia del dinero.

La Agencia Federal norteamericana colabora estrechamente con la Guardia Civil en las pesquisas sobre la fortuna de Matas al otro lado del Atlántico. Como primera medida, los investigadores se propusieron indagar sobre las cuentas bancarias del ex presidente de Balears y del PP en las islas. Se sabe que Matas manejó al menos dos cuentas corrientes en Estados Unidos, con las que trasvasó dinero a otros depósitos en España.

Muchas de estas operaciones las hizo a través de la sociedad Aremas LLC, que el ex político del PP constituyó en EEUU cuando se marchó a trabajar para la consultora PricewaterhouseCooper.

Las dos cuentas corrientes detectadas fueron abiertas en Washington y Nueva York, respectivamente, según la investigación.

Con todo, Anticorrupción cree que Matas posee más depósitos en EEUU, por lo que ha puesto en marcha el protocolo. La Fiscalía balear y el juez que instruye en Palma la causa contra el ex presidente, José Castro, ha solicitado esta información, que le será entregada en virtud de los acuerdos vigentes entre Estados para colaboración de sus policías.

De todos modos, una vez se conozca el número exacto de cuentas bancarias de que dispuso Matas en Norteamérica, el magistrado Castro deberá solicitar una comisión rogatoria –petición de auxilio judicial internacional– para que la Justicia estadounidense dé las instrucciones pertinentes a las entidades financieras y éstas faciliten un informe detallado de todas las operaciones realizadas desde los bancos donde el ex presidente era titular de cuentas.

Los investigadores confían en que el análisis pormenorizado de estos movimientos les permitirá identificar la adquisición de propiedades y otros bienes en Estados Unidos por parte del matrimonio Matas Areal, en el supuesto de que realmente hubieran llevado a cabo los negocios que se les presuponen. A día de hoy, Matas reside en su piso en Madrid teóricamente alquilado al ex presidente de GesaEndesa, Bartomeu Reus –otro de los imputados en la causa–, y continúa presentándose los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado de guardia de la capital. De este modo se controla que el ex presidente balear responda ante la Justicia, a la espera de ser juzgado.

(www.diariodemallorca.es, 10/06/10)

45. ISLAS BALEARES. LOS CONSELLERS DEL PP PAGARON 1,2 MILLONES A CALATRAVA SIN SABER SI EL DISEÑO ERA ORIGINAL

En el Govern Matas no sabían que Calatrava les estaba endosando para la ópera del ex president un proyecto que había diseñado en 1989 por encargo de la ciudad de Zúrich. Eso es lo que afirman dos de los pesos pesados del Ejecutivo del PP entre los años 2003 y 2004, el conseller de Turismo y portavoz, Joan Flaquer, y el responsable de Cultura, Francesc Fiol. "Es la primera noticia que tengo" [de que el proyecto presentado por el arquitecto Santiago Calatrava era todo menos un original], se excusaba en conversación con este diario el propio Fiol, que dirigía el departamento que pagó por el diseño 1,2 millones de euros.

Nunca llegó a ejecutarse, pero aún así Calatrava se embolsó sus emolumentos, calificados de "extraordinarios" por el presidente del Colegio de Arquitectos de Balears, Luis Corral. "Aunque eso no es achacable al señor Calatrava –añade Corral– que tiene libertad para fijar el precio que crea conveniente, sino de quien acepta pagar algo así". Y ese fue el aludido Fiol, que ahora echa balones fuera: "Yo me limité a ejecutar el mandato del consejo de Gobierno. Lo digo con la conciencia bien tranquila. No he hecho nada ilegal. Estoy tranquilo al 100%. La primera noticia que tengo de que el proyecto no era original la he leído en su diario", afirmaba Fiol.

Más debía saber Flaquer. No en vano, en 2007 llegó a afirmar que el proyecto se le había encargado un año antes a Santiago Calatrava. no recordaba los detalles. "No tengo ni idea de todo eso", se limitaba a afirmar, antes de sugerir que se interpelase al responsable de Cultura y Educación en tiempos del poliimputado ex president: "¿Has hablado con Xisco Fiol? Igual él sabe algo de eso". Pero Fiol dice que tampoco sabe nada: ni de la antigüedad del proyecto, ni de que lo único que recibiese el Govern de Calatrava fuese una maqueta y un vídeo. Tampoco quedan claras las razones por las que los 1,2 millones que se le abonaron a un sociedad suiza a nombre de Calatrava salieran del Ibisec, una empresa pública cuya función exclusiva era construir centros educativos.

Todas esas dudas son las que llevan a Antonio Diéguez, diputado del PSOE, a afirmar que el Govern Matas se gastó 1,2 millones de euros de los ciudadanos de Balears para pagar una presentación electoral de su partido. "Calatrava no trajo plano. No existen. No entregó nada más que un vídeo de tres minutos y una maqueta en miniatura por la que se pagaron 80.000 euros. Por lo que los 1,2 millones tuvieron que ser para pagar la presentación de Calatrava del proyecto durante la campaña electoral de 2007, un acto que no llegó a celebrarse porque la junta electoral lo consideró un acto de partido. Y si era un acto de partido, esos 1,2 millones nunca deberían haber salido del Govern: tendría que haberlos pagado el PP. Desde luego la responsabilidad civil es suya", afirma Diéguez, un político que ha seguido de cerca el caso, hasta el punto de pedir explicaciones en el Parlament a principios de esta legislatura.

Diéguez explica además que, aunque el contrato es con la sociedad Santiago Calatrava S.L., el pago se abono a una empresa suiza. "Resolvieron los informes de adjudicación en 24 horas. En ellos se dice que el mejor candidato es Calatrava, porque el proyecto combina ingeniería y arquitectura, pero, ¿cómo lo saben si en teoría aún no había proyecto?"

Aunque lo había, pero no era para Palma: el prestigioso arquitecto lo había dibujado en 1989 para un concurso convocado por la ciudad de Zúrich con motivo del 700 aniversario de la Confederación Helvética. Calatrava entregó una maqueta que tenía por escenario el lago Lucerna (a 100 kilómetros de Zúrich), pero fracasó: ganó un laberinto de cristal de Agnes Barmettler y Rosemarie Schmid. 18 años después, Calatrava desempolvaba el dibujo de la carpeta de bocetos fallidos y se lo endosaba al equipo de Matas con un único añadido: una zona comercial y de ocio que se extendía por el Moll Vell, junto a la ópera flotante que Matas planeaba construir por 100 millones.

En el PSOE dudan que lo hubiese logrado. "El Palma Arena es la caseta del perro al lado de lo que querían hacer para la ópera", afirma Diéguez, convencido de que esos 100 millones previstos se iban a convertir en muchos más. "Basta ver lo que ocurrió con otros proyectos de Calatrava", justifica. Y razón no le falta. Tenerife tiene hoy un hermoso auditorio que costó 72,3 millones pese a que se proyectó en 30. Mayor aún fue el desfase en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, por la que otro Gobierno del PP pagó 760 millones después de que se triplicase el presupuesto de partida.

Claro que aquel sí era original. El de Palma, no, algo que, según el presidente de los arquitectos baleares, "dice poco en favor del autor": "No es habitual que un arquitecto presente lo mismo para distintos clientes. No debería ser así. Lo lógico es que adaptes el diseño al entorno. Y la bahía de Palma y el lago Lucerna son medios acuosos, pero no tienen más en común", asegura con sorna Corral, que en su día definió el diseño de Calatrava como "un florero iluminado en la bahía". Un florero frustrado que costó a los baleares 1,2 millones de euros.

(www.levante-emv.com, 07/06/10)

46. ISLAS BALEARES. EL JUEZ ABRE EL JUICIO DEL ‘CASO FUNERARIA’ CONTRA OSCAR COLLADO, SU MUJER Y MARINA SANS

El titular del Juzgado de Instrucción 11 de Palma, Manuel Penalva, ha iniciado los trámites para la apertura de juicio oral del ‘caso Funeraria', la supuesta trama de corrupción en esa empresa municipal en la pasada legislatura, en el que imputa a la concejal del PP Marina Sans y ex presidenta de la EFM por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. Los principales inculpados son el ex gerente de la EFM Óscar Collado y su mujer Francisca Moll, defendidos por el abogado José Ignacio Herrero, a quienes el juez atribuye la presunta comisión de más de diez delitos.

Collado está imputado por malversación de caudales públicos, cohecho, defraudación a la Administración, prevaricación, fraude y excención ilegal, amenazas, coacciones y blanqueo de capitales.
Francisca Moll, por su parte, está imputada por los delitos de receptación, encubrimiento, cómplice o coautora de los mismos ilícitos penales que su marido, incluido el blanqueo de capitales, según el auto de dieciséis folios dictado por el juez.

También se sentarán en el banquillo de los acusados Juan Perelló, Esteban Serret, Ramón Chao, Wenceslao Lamas, imputados por falsedad, cohecho y fraude ilegal.

El juez señala que Marina Sans utilizó los fondos de la EFM para realizar viajes privados junto con su familia, por importe de 6.800 euros, que "aunque posteriormente fueron abonados al publicarse la noticia en un periódico, no impide que el delito se hubiese consumado". Además, le recuerda que pese a que ha declarado que ya ha devuelto ese dinero a Collado, éste "no sólo ha negado rotundamente dicho extremo, sino que mantuvo en su declaración que jamás había recibido dinero alguno de la señora Sans". Añade que "no puede olvidarse que bajo su presidencia (de Marina Sans) se han realizado numerosos e injustificados gastos en comidas y viajes, que en unos nueve años suman 210.000 y 340.000 euros, respectivamente". El auto del juez ha sido recurrido por los abogados Gabriel Garcías y José María Alonso.

(www.ultimahora.es, 08/06/10)

47. PRINCIPADO DE ASTURIAS LOS ANTICASQUISTAS INSTAN A GÉNOVA A PRONUNCIARSE SOBRE LOS CAMBIOS EN ASTURIAS

La campaña en el seno del PP asturiano para que el ex vicepresidente Francisco Álvarez-Cascos sea el cabeza de cartel en las próximas autonómicas continúa a toda marcha ante la pasividad de la dirección nacional. A pesar de que el presidente del partido en Asturias ha traslado a Mariano Rajoy su intención de que el candidato sea Cascos, la secretaria general del partido, Mª Dolores de Cospedal, negó que exista ninguna "propuesta". El portavoz adjunto del grupo popular en la Junta General, Joaquín Aréstegui, que dentro del dividido PP asturiano no se ha mostrado contrario a Cascos pero sí algunos de los pesos pesados que le apoyan, ha recordado hay una propuesta "aunque sea oficiosa" que la dirección nacional debe "asumir". Aréstegui ya cuestionó el "clamor" para que regresara el ex vicepresidente.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, insistió tras la Ejecutiva de su partido que todavía no hay candidato "propuesto por la dirección regional de Asturias" a liderar la candidatura de las próximas autonómicas. Aunque reconoció conversaciones internas sobre la posibiilidad de que el candidato sea Cascos, apeló a la "discreción" para no dar más detalles.

A pesar de estas palabras, el secretario general del PP asturiano reconoció que su presidente, Ovidio Sánchez, le había propuesto a Rajoy el nombre de Cascos. Un hecho que le han recordado a la dirección nacional tras las declaraciones de Cospedal. Así, el portavoz adjunto del grupo popular en la Junta General, Joaquín Aréstegui, explicó que "no hay una propuesta formal, pero es obvio que Ovidio Sánchez se la ha trasladado a Mariano Rajoy, aunque sea de forma oficiosa". Por ello y según recoge El Comercio, el popular apremió a la dirección nacional a que actúe: "Habrá que seguir los trámites formales, pero si hay una propuesta, aunque sea oficiosa, habrá que asumirla".

Aréstegui fue una de las pocas voces que se levantó dentro del PP asturiano contra los sectores que estaban preparando el plácido desembarco de Cascos. Aunque se declara "admirador" del ex ministro, no lo es tanto de los casquistas: "Se definen así, no sé cómo se apunta uno a estas cosas (…) yo siempre he sido admirador suyo. Esa gente está generando preocupación. Primero, porque eligen procedimientos incorrectos para designar al candidato".

En una dura entrevista en El Comercio, Aréstegui criticó el manifiesto interno que reclamaba el regreso de Cascos que no firmaron ni la presidenta del PP de Gijón, Pilar Fernández Pardo, ni él mismo: "Es un grave error. […] Te ponen en una situación incómoda. Si te piden una firma en favor de que Cascos sea candidato, ¿quién dice que no? Si te niegas, se te coloca en una habitación aparte".

Algunas voces del partido hablaron incluso de "clamor" para que se produjera el advenimiento del ex ministro, y Aréstegui ironizó al respecto: "Escucho frases que me asombran. Hay un clamor... ¿Qué máquina mide eso? La opinión de los afiliados se escucha en los congresos, las que están basadas en el sentimiento no me parecen fiables. Yo salgo a la calle y no escucho ningún clamor de nada, salvo al ver un partido de fútbol en un bar". Incluso advirtió de que "parece que hay otros motivos que no son los de querer ganar unas elecciones" y que "da la sensación de que se quiere un ajuste de cuentas".

(www.elplural.com 07/06/10)