ÍNDICE

1. RAJOY DICE QUE SÓLO APOYARÁ AL GOBIERNO SI ACEPTA SUS IDEAS

2. EL AJUSTE DE RAJOY SE QUEDA EN 111 MILLONES

3. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY AGUANTARÁ A CAMPS LO QUE HAGA FALTA

4. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY MATIZA SUS PALABRAS SOBRE CAMPS Y LA JUSTICIA

5. ‘CASO GÜRTEL’. TRILLO PLANTEA A MAGISTRADOS DEL SUPREMO SALVAR A CAMPS Y EL PP INDULTARÍA A GARZÓN

6. ‘CASO GÜRTEL’. FRAGA CRITICA A RAJOY POR SU APOYO A CAMPS

7. ‘CASO GÜRTEL’. COSPEDAL FIGURA JUNTO A BÁRCENAS COMO APODERADA EN UN CUENTA BANCARIA DE LA GÜRTEL

8. ‘CASO GÜRTEL’. COSPEDAL FRENA EL "DESPACHO CLANDESTINO" DE BÁRCENAS

9. UN SENADOR DEL PP SE BURLA DE GARZÓN: "TENDRÁ TIEMPO PARA CAZAR"

10. PONS: "ZAPATERO ES EL PRESIDENTE ROJO QUE REPRESENTA A LOS NO CREYENTES"

11. MAYOR-OREJA SIGUE CONVENCIDO DE QUE EXISTE UNA NEGOCIACIÓN GOBIERNO-ETA

12. AZNAR DICE QUE ZAPATERO "DEBERÍA APARTARSE" PORQUE "QUIEN CAUSA UN PROBLEMA NO PUEDE TENER SU SOLUCIÓN"

13. AGAG DEJÓ LA POLÍTICA PORQUE "TAL Y COMO ESTABA EL PATIO, LO IDEAL ERA ENCONTRAR UN SECTOR LO MÁS ALEJADO POSIBLE"

14. EL FISCAL PIDE PRISIÓN PARA MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ POR INJURIAS

15. NECESITAMOS MUCHOS AMIGOS COMO USTED, TENEMOS QUE HACER MUCHAS COSAS JUNTOS"

16. GALICIA. LA XUNTA BATALLA PARA DEFENDER EL REPARTO DE FARMACIAS ILEGAL DE FRAGA

17. GALICIA. DENUNCIA EN SANXENXO CONTRA UNA PROMOTORA VINCULADA AL PP

18. GALICIA. EL ALCALDE DE BARBADÁS TIENE EN SU GARAJE UN BUS MUNICIPAL

19. GALICIA. ACUSAN AL EX ALCALDE DE GONDOMAR DE FIRMAR ESCRITOS QUE SE VENDÍAN POR 500 EUROS PARA LEGALIZAR CASAS

20. ANDALUCÍA. ARENAS SE APOYARÁ EN UN SONDEO PARA APOSTAR POR MORENO EN SAN FERNANDO

21. ANDALUCÍA. ‘CASO GÜRTEL’. UN EDIL DE ESTEPONA IMPUTADO EN GÜRTEL EXIGE SU READMISIÓN

22. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. FACTURAS DE LA TRAMA MUESTRAN EL DESPILFARRO DEL GOBIERNO REGIONAL

23. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP MANIOBRA PARA OCULTAR EL PATRIMONIO DE LÓPEZ VIEJO

24. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD. UN CONSEJERO DE ESPERANZA AGUIRRE TAMBIÉN FUE ESPIADO

25. COMUNIDAD DE MADRID. MADRID ES LA TERCERA AUTONOMÍA CON MÁS DEUDA

26. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE CEDE SUELO PARA UN COLEGIO DEL OPUS QUE SEPARA A NIÑOS Y NIÑAS

27. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL SUPREMO REABRE EL CERCO A FRANCISCO CAMPS Y PONE EN PELIGRO SU FUTURO EN EL PP

28. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LA IMPUTACIÓN DE CAMPS ABRE FISURAS EN EL PP VALENCIANO

29. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL ESTADO DEL 'PRESIDENT' PREOCUPA EN GÉNOVA, PERO EL APOYO SIGUE

30. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CAMPS SE ENFRENTA A RAJOY PARA ADELANTAR LAS ELECCIONES A OTOÑO

31. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL PP DE CAMPS OCULTÓ 2,5 MILLONES AL FISCO

32. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL BIGOTES EMPEZÓ A REGALAR TRAJES CUANDO MULTIPLICÓ POR 10 SUS CONTRATOS EN VALENCIA

33. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. GÜRTEL GANABA COMISIONES DEL 500% AL SUBCONTRATAR ENCARGOS DEL CONSELL

34. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL EX MINISTRO COSTA SE DESMARCA DE NUEVO DE GÉNOVA Y EXIGE A CAMPS "EXPLICACIONES", AUNQUE SEA "INCÓMODO"

35. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS PERITOS HALLAN NUEVE SUPUESTOS DELITOS FISCALES AL MATRIMONIO FABRA

36. COMUNIDAD VALENCIANA. RTVV QUIERE PREJUBILAR A SANZ SIN EXPEDIENTARLO, SEGÚN EL PSPV

37. COMUNIDAD VALENCIANA. BLASCO PRESENTA LA CONFERENCIA DEL PERIODISTA QUE TRABAJÓ EN CANAL 9 Y LLAMÓ ´ABRECULOS´ A BORIS IZAGUIRRE

38. COMUNIDAD VALENCIANA. MISLATA PAGA MÁS DE 800.000 EUROS POR AMPLIAR EN 200 M2 UN APARCAMIENTO PÚBLICO

39. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ ADMITE LA DENUNCIA POR PREVARICACIÓN CONTRA BELLVER

40. CASTILLA Y LEÓN. EL PP IMPULSA UNA PISTA DE ESQUÍ EN UN BOSQUE QUEMADO

41. CASTILLA Y LEÓN. LOS PROVEEDORES DE ULIBARRI PIDEN QUE SE EXTIENDA EL CONCURSO DE ACREEDORES A TODAS SUS EMPRESAS

42. REGIÓN DE MURCIA. "LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA SOY YO"

43. REGIÓN DE MURCIA. RELEVO EN UNA SANIDAD A LA DERIVA

44. ISLAS BALEARES. EX CONSELLERS DE MATAS ASEGURAN QUE ´MINTIÓ MUCHÍSIMO´ AL JUEZ

45. ISLAS BALEARES. FISCAL: ´MATAS TRATABA DE OBSTRUIR LAS PESQUISAS Y DE AHÍ LAS INTERVENCIONES´

46. ISLAS BALEARES. CARDONA NO RECURRIRÁ EL AUTO DONDE SE LE EXIGEN CASI TRES MILLONES DE FIANZA CIVIL

47. ISLAS BALEARES. EL TSJIB CONFIRMA LA CONDENA DE DOS AÑOS A DE SANTOS POR MALVERSACIÓN

48. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL SILENCIO DE RAJOY DIVIDE AL PP DE ASTURIAS ANTE LA CANDIDATURA DE CASCOS

49. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL EX MINISTRO REAPARECE EN UNA CONVENCIÓN DEL PP: "ES IRRELEVANTE SI SERÉ EL CANDIDATO"

---

1. RAJOY DICE QUE SÓLO APOYARÁ AL GOBIERNO SI ACEPTA SUS IDEAS

Mariano Rajoy sigue "dispuesto" a ayudar al Gobierno a combatir la crisis económica, siempre y cuando acepte sus propuestas y actúe "en serio". El pasado miércoles, en su reunión en La Moncloa, logró "no sin dificultad" que José Luis Rodríguez Zapatero aceptase discutir algo más que la situación de las cajas de ahorro. "[El presidente del Gobierno] me planteó dos cosas, y a las dos dije que sí. Yo le planteé tres cosas, y a las tres me dijo que no. Luego dicen que nosotros no queremos pactar". Aun así, el líder popular dijo que "probablemente" votaría a favor de las medidas económicas propuestas por el Ejecutivo.

Rajoy clausuró en Burgos la convención nacional del Partido Popular de Castilla y León. Un día antes, su mano derecha, María Dolores de Cospedal, había criticado y bromeado con la supuesta inactividad de Zapatero. , el líder popular cargó en cambio contra la "hiperactividad" del Gobierno, que aprueba una medida "cada media hora", "a tontas y a locas", "a la chapuza". Cree Rajoy que Zapatero "se conforma con que España no sea Grecia, se resigna a la actual tasa de paro y es muy feliz cuando crecemos el 0,1%", como anunció el Banco de España.

El presidente del PP apuesta por reducir el déficit público ya y por aprobar una reforma laboral y otra energética. Quiere medidas "a largo plazo", y "hará todo lo que esté en su mano para que no se vuelva a producir" una crisis como esta. "Si él se resigna, el PP no se va a resignar" a que se lleve el país "a la catástrofe". También comentó Rajoy su encuentro el con José Montilla en la sede del Gobierno catalán, una reunión que le "gustó". Ocho años llevaba sin pisar el Palacio de la Generalitat, y dijo sentirse "cómodo" allí, pese a que ambos líderes fueron incapaces de hallar puntos de encuentro, no digamos ya cerrar acuerdos.

(www.elpais.com, 09/05/10)

2. EL AJUSTE DE RAJOY SE QUEDA EN 111 MILLONES

"Estoy dispuesto a hablar con usted de sus propuestas para la reducción del déficit, pero debería usted hacer antes otras cosas y se las voy a decir". Fue el momento del debate de en el que el líder del PP, Mariano Rajoy, defendió su alternativa al ajuste del gasto planteado por el presidente del Gobierno.

Básicamente, su planteamiento es la eliminación de varios ministerios, que desaparecerían sin más (la vicepresidencia de Política Territorial, el Ministerio de Vivienda y el de Igualdad) o que se integrarían en otros (los de Cultura y Sanidad, que se juntarían, respectivamente, con Educación y con Trabajo), y una revisión en profundidad de las subvenciones públicas. En este punto, su propuesta concreta fue la reducción de las ayudas que reciben del Presupuesto del Estado los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones sociales empresariales.

¿En qué se quedaría el ajuste alternativo expuesto por el líder conservador? En poco más de 110,9 millones de euros; esto es, el 0,06% del gasto no financiero del Estado de este año.

Por un lado, esta cantidad incluye no la reducción, sino la eliminación completa de las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales. Son unos 107,8 millones, frente a los 103.024 millones del capítulo presupuestario de transferencias corrientes. Aquí se recogen, entre otras partidas, las subvenciones; pero el grueso de este capítulo son el dinero de la financiación autonómica, la aportación al presupuesto de la Unión Europea, el de-sempleo, los complementos para las pensiones mínimas de la Seguridad Social o aportaciones diversas a organismos públicos.

El PP, en su alternativa, propone revisar todas las partidas de subvenciones y eliminar las que no estén debidamente justificadas. Tal revisión, según los expertos consultados, afectaría especialmente a las transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro, donde se localizarían lo que se entiende por subvenciones. Es una partida de 2.950 millones, donde, entre otras cosas, están las becas, las ayudas a los inmigrantes, las prestaciones para ancianos y enfermos incapacitados, el pago del turno de oficio, las subvenciones al transporte con Canarias y Baleares y, también, el dinero para partidos, sindicatos y patronales.

Los expertos apuntan que tampoco hay mucho que rascar con la eliminación de algunos departamentos ministeriales. El ahorro que se puede lograr se centra en los altos cargos, pues el resto de los funcionarios seguiría empleado y los programas de gasto los asumirían otros ministerios. En el caso de los cinco departamentos que Rajoy propuso eliminar, la partida de altos cargos suma apenas 3,1 millones, el 0,01% del total del capítulo de gasto de personal del Presupuesto vigente.

En su intervención en el debate, el líder del PP anunció que votaría en contra del ajuste presentado por el Gobierno, fundamentalmente por la congelación de las pensiones, si bien abogó por una mayor austeridad en el gasto público. El presidente del Gobierno y el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, utilizaron el mismo argumento: aunque el PP proclama austeridad, todas las propuestas que ha presentado en el Parlamento suponen más déficit.

(www.publico.es, 13/05/10)

3. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY AGUANTARÁ A CAMPS LO QUE HAGA FALTA

Algo ha cambiado en las últimas horas en la calle Génova, la sede central del PP. El lunes, en la reunión de maitines, donde en las últimas semanas siempre hay un apartado para tratar el caso Camps, los dirigentes lo veían muy negro. Las informaciones que les llegaban decían que el Tribunal Supremo, que el miércoles debe decidir si archiva definitivamente el caso de los trajes o fuerza la imputación del presidente valenciano, iba a fallar en contra de Camps.

La sala que debe tomar esta decisión está compuesta por cinco jueces. Dos conservadores, dos progresistas y uno, el ponente, de la asociación moderada Francisco de Vitoria. El PP temía un 3-2 en contra de Camps. El PP asume que los dos conservadores exculparán al presidente. De hecho, dentro del partido varias fuentes coinciden en que Federico Trillo, portavoz de Justicia y contacto del PP en el mundo judicial, ha transmitido esa idea con una seguridad prácticamente total. Más miedo le tienen al moderado, que haría el desempate en contra de Camps.

El auto del juez Flors, que pidió mandar a juicio a Camps, y el voto particular del juez Montero, también del Superior de Valencia, pesarían en esta decisión. Y sobre todo la idea de que un archivo implicaría dejar sin efecto un artículo del Código Penal, el 426, el del cohecho impropio. Sin embargo, a mitad de la semana pasada llegó una información nueva, según varios dirigentes de la cúpula consultados. Parece que la presión que está ejerciendo el PP, que nadie niega en privado, habría hecho efecto y podría haber una resolución positiva para ellos. Fue esa información, que llegó directamente a Rajoy, la que le hizo mojarse en una entrevista. "Camps será el candidato. Diga la justicia lo que quiera". Esta frase, que hasta los más marianistas consideran desafortunada, e incluso temen que influya negativamente en la decisión ya que puede enfadar a los jueces, tenía un significado, según portavoces de Rajoy: Camps será el candidato aunque lo imputen.

El asunto, con la tranquilidad de saber que la derrota en la Comunidad Valenciana en 2011 es imposible y hay muchos sustitutos para Camps, insisten en Génova, ha sido tratado tanto en maitines como en reuniones de estrategia del líder con su equipo más cercano. Y la conclusión a la que llegan todos los que han escuchado a Rajoy es la misma: el líder del PP aguantará a Camps todo el tiempo que haga falta. En ningún caso le pedirá que se vaya. Eso sí, le dejaría marchar si él decidiera dimitir, algo que Rajoy considera probable si hay fallo negativo, según personas de su entorno.

El líder del PP ha hecho lo mismo con todos los imputados de Gürtel, incluso con Luis Bárcenas, el tesorero. Rajoy no le pidió en ningún momento el escaño. Le apoyó públicamente, confió en que la presión pudiera con él, y al final, un año después de que apareciera implicado, Bárcenas se rindió y dejó la política.

El caso de Camps, sin embargo, es muy diferente. Rajoy tiene un compromiso personal con él muy fuerte. Fue uno de sus grandes apoyos en los momentos difíciles, y con ninguno de los implicados en Gürtel se ha mojado tanto. Llegó incluso a abrir la temporada política con él en la plaza de toros de Valencia. Ahora, explican los marianistas, la situación es diferente. Rajoy, dicen, habla de Camps con preocupación por su estado anímico. Todos ironizan con los mensajes privados que manda el valenciano, siempre cargados de pasajes líricos o épicos, tanto que en Génova ya se le apoda "el poeta".

Aun así, Rajoy está firmemente decidido a apoyar a Camps contra viento y marea, y esperar a que sea él quien decida qué hacer con su futuro. Todos los dirigentes asumen que Camps es lo que se define como un muerto político, pero aun así, si Rajoy y él quieren, podría llegar a las elecciones y ganar. "Sería como el Cid Campeador, que ganaba las batallas después de muerto", explica gráficamente uno de los miembros de la cúpula consultados.

Para Rajoy, la decisión del miércoles es clave. Aunque se archiven los trajes, quedan escándalos mucho mayores, como el de la financiación ilegal, los contratos troceados o la visita del Papa. Pero los marianistas creen que si el Supremo archiva, la causa en Valencia irá disolviéndose como un azucarillo y Camps no será en ningún caso imputado de nuevo. Así podrá presentarse a las elecciones, ganarlas, y tal vez luego buscar alguna salida, confían en Génova.

Los apoyos de rajoy a camps

- 19 de febrero de 2009. Acto en A Coruña. "Camps es un dirigente ejemplar, que cuenta con el pleno apoyo del PP".

- 2 de julio de 2009. Plaza de Toros de Valencia. "Estoy a tu lado, detrás de ti, delante de ti o donde haga falta".

- 15 de julio de 2009. Foro Abc de Málaga. "Yo creo que Camps ha pagado sus trajes. Es absurdo que un presidente de una comunidad autónoma pueda venderse por unos trajes".

- 3 de agosto de 2009. Tras el archivo del caso Camps en Valencia. "¿Y ahora, qué digo yo? En realidad quien debería hablar es la Inquisición que hemos vivido aquí".

- 6 de mayo de 2010. "Camps va a ser el candidato del PP en Valencia. Diga la justicia lo que quiera".

(www.elpais.com, 10/05/10)

4. ‘CASO GÜRTEL’. RAJOY MATIZA SUS PALABRAS SOBRE CAMPS Y LA JUSTICIA

El líder del PP, Mariano Rajoy, aclaró s ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP las palabras que él mismo pronunció de apoyo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, alegando que se habían malinterpretado, informaron fuentes conservadoras. Además, quiso dejar claro que respeta y acata las decisiones judiciales. Rajoy indicó que apoya a Camps y que será el candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas y a renglón seguido, añadió que lo será aunque la Justicia "diga lo que quiera" el próximo día 12. Estas palabras provocaron una oleada de críticas, sobre todo en las filas del PSOE, que acusaron al presidente del PP de no respetar las decisiones judiciales.

Este mismo lunes por la mañana, el presidente fundador, Manuel Fraga, señaló que, aunque fue una respuesta "improvisada" pero que se podía "mejorar". A puerta cerrada, ante la plana mayor del PP, Rajoy aseguró que quería tomar la palabra para aclarar este extremo porque no quería que se hiciera una interpretación incorrecta de sus declaraciones. Además, quiso dejar claro que se refería a la reunión que tendrá el Supremo el día 12 de mayo —si archiva o reabre el caso de los trajes presuntamente regalados por la trama— y no se refería a la decisión final que tomará la Justicia.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no acudieron a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional porque a esta misma hora asisten en Valencia a la presentación de un modelo del coche Ford, que se fabricará en esta comunidad.

(www.publico.es, 10/05/10)

5. ‘CASO GÜRTEL’. TRILLO PLANTEA A MAGISTRADOS DEL SUPREMO SALVAR A CAMPS Y EL PP INDULTARÍA A GARZÓN

En la recta final de las consideraciones y reflexiones de los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acerca de la suerte judicial que correrá el presidente Francisco Camps —cuyo futuro en los tribunales se decide mañana—, en el PP han hecho algo más que cábalas y especulaciones sobre los escenarios que se plantearán en función de si se decide archivar o reabrir la causa de los trajes. El ex ministro de Defensa y actual portavoz popular de Justicia, Federico Trillo, no ha dejado de moverse por todos los terrenos en los que directa o indirectamente hay quien tiene voz y voto para dilucidar si los 12.783 euros en trajes que le regalaron tres empresas de la trama Gürtel suponen un delito de cohecho impropio pasivo, tipificado en el artículo 426 del Código Penal.

Trillo ha llegado a plantear a magistrados del Supremo la posición política de un PP que pretende que se exonere a Francisco Camps de un presunto delito que políticamente supone una losa —dado que afecta a la línea de flotación de la honorabilidad del presidente— que bien podría sepultar la carrera política del jefe del Consell. A cambio, el hombre que lleva la batuta del PP en los asuntos judiciales y cuya influencia en todos los sectores conservadores de la justicia es más que evidente, ha trasladado la disposición de su partido a aflojar la presión política en las causas que afectan al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que es quien arrancó la instrucción del caso Gürtel y ordenó a la policía judicial entrar en las sedes de las empresas el 6 de febrero de 2009.

Además de haber estado en el centro de la polémica y de habérsele anulado algunas de las escuchas que ordenó en este caso, Garzón tiene otros dos asuntos pendientes que se están instruyendo en el Supremo: los cursos que el juez estrella dio en Estados Unidos, subvencionados por el Banco Santander (su presidente Emilio Botín declarará el día 19), y la causa que abrió el magistrado para investigar los crímenes del franquismo, un asunto que instruye el magistrado Luciano Varela.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidirá mañana si archiva definitivamente el presunto cohecho impropio, que pesa también contra el ex vicepresidente Víctor Campos o Rafael Betoret, que fue jefe de gabinete de la entonces consellera de Turismo, Milagrosa Martínez. Estos dos, Ricardo Costa —ex secretario general del PP— y el presidente Camps fueron obsequiados con trajes por 34.900 euros pagados por Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, tres firmas del entramado de Francisco Correa.

Federico Trillo-Figueroa no es un compañero más de partido para el presidente Francisco Camps. La relación entre ambos políticos es de una complicidad absoluta. El diputado por Alicante le debe al presidente precisamente eso: ser diputado por Alicante. Una plaza muy solicitada, que viene siendo ocupada por un cunero —es de Cartagena— que apenas tiene actividad política en esa provincia. El jefe del Consell, por su parte, nunca le estará suficiente agradecido a Trillo por la rapidez con la que siempre acude al auxilio cuando Camps está en apuros. Ya sea por los pulsos que mantuvo con Eduardo Zaplana o por las contingencias judiciales que acechan al presidente. Ambos comparten, además de partido, familia política. Uno y otro son destacados dirigentes del sector cristiano, cuyo peso en el PP es más que evidente.

(www.levante-emv.com, 11/05/10)

6. ‘CASO GÜRTEL’. FRAGA CRITICA A RAJOY POR SU APOYO A CAMPS

La pretendida imagen de apoyo total a Camps promulgada por el PP en relación a una posible imputación por el caso Gürtel se resquebraja. Y lo hace por la punta de la pirámide del partido, su fundador Manuel Fraga, quien ha criticado severamente las palabras del presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que dijo que apoyaría a Camps "diga la Justicia lo que quiera". Para Fraga, esta declaración fue "claramente improvisada" y "se podía mejorar". Así lo ha reconocido a los periodistas el ex ministro de Franco y fundador del PP a la entrada de la reunión mensual del Comité Ejecutivo Nacional del partido. 

Rajoy apuntó en declaraciones que "lo de los trajes", que relacionan al actual president de la Generalitat con la trama Gürtel, no se lo creía y que le apoyaría a pesar de la decisión que tomaran los jueces.

El ruido provocado por Fraga contrasta con el silencio del resto de dirigentes políticos que han acudido al Comité, al que no han asistido ni el propio Francisco Camps ni la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. 

(www.elpais.com, 10/05/10)

7. ‘CASO GÜRTEL’. COSPEDAL FIGURA JUNTO A BÁRCENAS COMO APODERADA EN UN CUENTA BANCARIA DE LA GÜRTEL

Los socialistas de Castilla-La Mancha exigen a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que explique por qué su firma aparece como apoderada de una cuenta bancaria del Partido Popular que investiga la Unidad Antifraude (ONIF) de la Agencia Tributaria en relación con el caso Gürtel. Firma facultada que comparte también con el ex tesorero de su partido, Luis Bárcenas, imputado en la supuesta trama de corrupción y financiación ilegal de la formación que lidera Mariano Rajoy.

La Dirección General de Policía y Guardia Civil, a través de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Blanqueo de Capitales, remitió a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el número de una cuenta bancaria (0075-0446 0600062947), procedente de la sucursal que el Banco Popular tiene en la madrileña calle de Velázquez 34, en la que aparece como apoderada la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el ex tesorero del mismo partido e imputado en el caso Gürtel, Luis Bárcenas, y Álvaro Lapuerta, predecesor de este último en el cargo.

De la citada cuenta, de la que Cospedal tiene firma autorizada, salieron en su día cheques por valor de 3.159.515 euros destinados a pagar los servicios de tres sociedades relacionadas con la trama corrupta Gürtel que lidera el empresario cercano al PP, Francisco Correa, encarcelado en la actualidad y sobre el que pesa la acusación de numerosos delitos.

Desde esa cuenta también se realizaron determinados pagos al grupo 'Pasadena viajes', agencia que Correa utilizaba para agasajar a sus supuestos socios, muchos del PP. Del mismo modo, esta empresa organizaba los desplazamientos de líderes y funcionarios del partido, así como para la Federación Española de Municipios y Provincias cuando la FEMP era presidida por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Rialgreen, sociedad mercantil relacionada con el entramado corrupto, corresponde al nombre de la tercera empresa que también recibió dinero de la cuenta de la que es apoderada Cospedal.

Desde el Partido Popular se resta importancia a que su secretaria comparta firma con el ex tesorero, asegurando que se trata de una cuenta donde ingresan el importe de las nóminas y pago a proveedores, entre otros. Sin embargo, los socialistas piden explicaciones a través de su portavoz en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Moreno, a quien "no parece razonable que haya compartido firma y responsabilidad con Luis Bárcenas, que lleva siendo investigado durante un año por corrupción y que finalmente ha dimitido, y aún así no haya dado ningún tipo de explicaciones".

(www.elplural.com, 13/05/10)

8. ‘CASO GÜRTEL’. COSPEDAL FRENA EL "DESPACHO CLANDESTINO" DE BÁRCENAS

El fantasma de Luis Bárcenas recorre aún el PP. , el ex tesorero del partido volvió a ser la comidilla de sus dirigentes. Todo porque, según cuentan fuentes del PP, se estaba instalando "un despacho clandestino" unas cuantas plantas más abajo del que ocupaba.

Hace unas semanas hubo orden de limpiar la dependencia que venía utilizando desde hace años, en el sexto piso, y dejarla habilitada para que su nuevo dueño tomara posesión de ella. Todo tenía que estar listo para este próximo lunes, fecha en la que se celebra la reunión del comité ejecutivo nacional en el que se ratificará a José Manuel Romay Beccaría como nuevo responsable de cuentas.

Pero, en vez de enviarle sus cajas, papeles y hasta cuadros a casa, la gente de Bárcenas prefirió dejarlo todo instalado en una estancia que habitualmente se utiliza para celebrar reuniones. En concreto, en una sala con capacidad para unas 20 personas que se llama Andalucía y se encuentra situada en la tercera planta de la sede nacional.

Tal vez a nadie le habría llamado la atención si no fuera porque, de pronto, "taparon" su interior. Desde la última reforma en Génova 13, los muros de muchas instancias son de cristal y cuentan con un vinilo azul, corporativo, en el centro. Pero en este caso lo habían empapelado todo para que no se pudiera ver lo que había dentro.

Cuando algunos conservadores supieron lo que se estaba organizando, pensaron que acarrearía "problemas". No iban desencaminados. , por lo visto, estalló la tormenta. Fue cuando la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, una vez ya enterada de lo que estaba sucediendo, mandó que se desmantelara la habitación y se quitaran los adhesivos de inmediato. Eso desencadenó una guerra a gritos entre los colaboradores de De Cospedal, que pedían el desalojo, y las personas de absoluta confianza que Bárcenas aún mantiene en la formación porque trabajó con ellos cerca de 30 años.

La noticia corrió como la pólvora. Fuentes del PP explican que la mano derecha de Rajoy no estaba dispuesta a tolerar esa situación. "No iba a permitir que la chulearan a ella ni al partido. No está dispuesta a soportar un nuevo pulso como el que mantuvo con Francisco Camps por Ricardo Costa", recordaban desde la sede. Para muchos lo de fue "un golpe sobre la mesa decisivo".

Bárcenas solicitó la baja temporal como militante y abandonó definitivamente sus funciones el pasado 8 de abril. Dos días antes se había levantado el grueso del sumario sobre la trama de corrupción. Pero siguió manteniendo una serie de privilegios. El partido continuó pagándole el abogado y él mantenía su escaño como senador. Pero, al final, entre la presión y la necesidad de defenderse mejor, tal y como él dijo, renunció a todo.

Era lo que De Cospedal llevaba esperando. Ella fue la primera que abogó por la salida de Bárcenas desde que su nombre apareció implicado en el caso Gürtel. Y, para ello, hasta se enfrentó a los vicesecretarios Javier Arenas y Ana Mato, que lo defendían porque son amigos suyos.

Y es que en el PP Bárcenas sigue manteniendo amigos y grandes apoyos. Personas que lo consideran inocente y que lamentan el trato que reciben por parte de la secretaria general. El equipo de De Cospedal negó todo lo ocurrido y afirmó que se "exageran mucho las cosas" siempre que se habla de Bárcenas.

Otras personas del partido trataron de explicar la situación. Insistían en que no se trataba de ninguna nueva concesión. Sólo se le había "autorizado" a que dejara sus papeles en algún sitio y apuntaban que la sala en la que los había depositado ni siquiera estaba habilitada para convertirse en despacho. "No tiene ni conexión telefónica", decían. Además aseguran que Bárcenas no ha vuelto a pasar por allí. 

(www.elpais.com, 08/05/10)

9. UN SENADOR DEL PP SE BURLA DE GARZÓN: "TENDRÁ TIEMPO PARA CAZAR"

"Va a tener tiempo para cazar abundantemente, si es que está en la calle". El portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado, Agustín Conde, pronunció estas palabras sobre el juez Baltasar Garzón después de opinar que su situación procesal era "mala". Conde aseguró en una rueda de prensa en Toledo que su partido no presiona al Tribunal Supremo para influir en sus decisiones ni le "jalea" cuando las adopta, pero que el rechazo del alto tribunal a la recusación de Garzón contra Luciano Varela, el magistrado instructor de la causa abierta en su contra por investigar los crímenes del franquismo, implicaba que la recusación era "infundada".

Conde dijo que Garzón tiene "el récord" de sumarios instruidos que "no sirven para nada" y de narcotraficantes que han de ser excarcelados porque olvida prorrogar la prisión preventiva, algo que ha relacionado con la dedicación que le exige dar conferencias por "200.000 euros".

(www.elpais.com, 08/05/10)

10. PONS: "ZAPATERO ES EL PRESIDENTE ROJO QUE REPRESENTA A LOS NO CREYENTES"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, no se contuvo en sus críticas al presidente del Gobierno en el programa de Telemadrid El círculo a primera hora. "Nunca ha querido ser el presidente de todos", dijo Pons, para luego añadir: "Ha sido el presidente rojo frente a los que no eran de izquierda, el presidente de los no creyentes frente a la Iglesia Católica, de los trabajadores frente a los empresarios, de las minorías o mayorías frente a otras minorías u otras mayorías".

A su juicio, Zapatero "divide" para obtener "una parte" a la que representar, pero "nunca suma" y ahora los ciudadanos pagan el resultado de "esa falta de ambición" para representar al conjunto de la sociedad. Frente al presidente que sólo quiso representar a "una mitad de España", Pons llamó de manera "urgente" a recuperar los valores de la transición y advirtió de que instituciones neutrales, como el Tribunal Constitucional o el CIS, han sido "sometidas a una separación partidista".

Siguiendo por esa línea de la crítica feroz, Pons se fijó en el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que anunciaba que el PP veía recortada su ventaja sobre el PSOE a sólo 1,5 puntos, más de la mitad que tenía a principios de año. Según Pons, la encuesta del CIS ha sido "cocinada" con datos "manipulados, rebozados, fritos y refritos" y lanzado por el Gobierno en plena "semana negra" para la política económica.

"El CIS está sesgado, han entrevistado a un 14% más de socialistas que el resto de partidos y cualquier cálculo hecho a partir de ese error en la muestra, es erróneo", dijo. Como ejemplo, indicó que, según la encuesta, "hay más ciudadanos que ven TVE que el resto de televisiones sumadas" y afirmó que es "obvio" que ese dato "no es real". "Si tuviéramos que atenernos al CIS llegaríamos a la conclusión de que los ciudadanos castigan la emisión de publicidad en la televisión", remachó.

Sin embargo, Pons no fue tan crítico con el CIS cuando esa misma encuesta otorgaba al PP casi cuatro puntos de ventaja sobre el PSOE en enero.

Para González Pons, la muestra de los entrevistados "no está bien hecha", por lo que es "normal" la baja valoración que obtiene el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy. No obstante, precisó que llama la atención que José Luis Rodríguez Zapatero "siga siendo el presidente —del Gobierno— peor valorado de la historia de la democracia española" teniendo en cuenta la "muestra tan sesgada hacia el PSOE".

Añadió que desde que se tomaron las muestras se han publicado tres encuestas que "contradicen" a la del CIS y apuntan una distancia del PP, dijo, "en torno a 5 o 6 puntos".

"El Gobierno sabe muy bien lo que hace cuando lanza una encuesta manipulada, mejor dicho cocinada como la de , con la intención de que se abra, durante esta semana negra de nuevo para la política económica de Zapatero, el debate de si el PP puede o no", señaló, para destacar que el Partido Popular puede afrontar el cambio que se pide en la calle y que "ni el CIS va a poder evitarlo".

(www.publico.es, 11/05/10)

11. MAYOR-OREJA SIGUE CONVENCIDO DE QUE EXISTE UNA NEGOCIACIÓN GOBIERNO-ETA

El eurodiputado del PP y ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha insistido en una conferencia en el CEU en que hay gestos que evidencian la segunda parte de una negociación del Gobierno de Rodríguez Zapatero con ETA y ha asegurado que la pelota está en el tejado de la organización terrorista que dará el siguiente paso.

En una conferencia organizado por la fundación de la San Pablo CEU, la universidad depediente de la Asociación de Propagandísticos Católicos, Mayor Oreja se ha reafirmado en el diagnóstico que hizo el pasado 23 de marzo sobre la continuidad de las negociaciones entre Gobierno y ETA. Así, insistió en que "hay gestos" que evidencian la negociación, aunque no ha querido entrar en los mismos ni en debatir lo que hacen miembros de ETA como Díez Usabiaga o Iñaki de Rentería, puestos en libertad recientemente.

A juicio de Mayor Oreja, lo que hay que diagnosticar es el proyecto de ETA, el proyecto de Zapatero y lo que es un proyecto de resolución de conflictos, "entenderlo, comprenderlo y saber que estamos viviendo la segunda parte", ya que eso "es mucho más significativo y más determinante que el analizar los detalles que se van produciendo". Ha añadido que el siguiente gesto va a estar en el mundo de ETA y de la izquierda abertzale y, aunque ha reconocido que no sabe cómo lo van a dar, ha reiterado que está convencido de que estamos viviendo una segunda parte de un proceso de resolución de conflictos, y todos los gestos forman parte del mismo.

Tras señalar que tiene la obligación de hacer este diagnóstico porque para él es "un imperativo ético y moral hacerlo", ha dicho que respeta la opinión de sus compañeros en el País Vasco e incluso sobre lo que opinan de él en un momento determinado. Mayor Oreja ha asegurado que en estos momentos España atraviesa cuatro crisis: "territorial, moral, de resolución del conflicto con ETA y la crisis económica en su conjunto". El popular denunció asimismo que "el relativismo busca y necesita la mentira para abrirse camino" y que decir una vez la verdad es "muy fácil" pero decirla muchas veces "es agotador" y decirla siempre "es un calvario".

Las anteriores declaraciones de Mayor Oreja sobre su "certeza" de que había una negociación Gobierno-ETA y el carácter de "aliados potenciales" de Zapatero y la banda para debilitar España, ya provocaron un gran revuelo, y más después de que Mariano Rajoy avalara sus palabras. Precisamente estos días la FAES, la fundación ideológica del PP, ha recurrido al terrorismo como baza electoral con el lanzamiento de un libro en el que se reivindicaba la política antiterrorista de Aznar frente al "olvido" a las víctimas. El volumen está firmado por Ignacio Cosidó -portavoz de Interior del PP en el Congreso- y Óscar Elía -responsable de opinión del GEES-, dos neocon que han avalado públicamente las teorías de Mayor Oreja y suelen utilizar a ETA como baza electoral -algo que rechaza el Pacto Antiterrorista-.

(www.elplural.com, 13/05/10)

12. AZNAR DICE QUE ZAPATERO "DEBERÍA APARTARSE" PORQUE "QUIEN CAUSA UN PROBLEMA NO PUEDE TENER SU SOLUCIÓN"

El ex presidente del Gobierno José María Aznar criticó duramente las medidas de recorte en el gasto social anunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero y afirmó que "quien ha causado un problema no puede tener su solución, sino que debería apartarse para que otros lo solucionen". "El Ejecutivo socialista ha tenido que hacer recetas sociales muy importantes, medidas especialmente dolorosas que todos los españoles vamos a pagar por las malas políticas anteriores", declaró Aznar en Panamá, tras pronunciar una conferencia sobre la crisis económica ante ex alumnos de la Universidad de Georgetown.

El presidente de FAES señaló que las medidas que plantea el Gobierno socialista son la "expresión de un gran fracaso" y añadió que "una cosa son las medidas de control presupuestario y otra las reformas que un país tiene que hacer para volver a ser competitivo".

Además, Aznar se mostró "muy preocupado" por la evolución de la economía española, "no dentro de diez años, sino pasado mañana", e hizo hincapié en la importancia que tiene España en la Europa de los veintisiete. "Es verdad que España no es Grecia, de hecho Grecia es un 2 por ciento de la economía europea y España un 12 por ciento, y eso no es lo mismo -enfatiz--. Ahora hay unos países que deciden y otros que obedecen".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acusó al presidente del Gobierno de presentar con su paquete de medidas de recorte del gasto público "una moción de censura" contra su propio gobierno, contra sus los dos años y medio que lleva "tomando medidas en la mala dirección y hundiendo a España en lo que es una tragedia absoluta el 20,5 por ciento de desempleo".

(www.lavanguardia.es, 14/05/10)

13. AGAG DEJÓ LA POLÍTICA PORQUE "TAL Y COMO ESTABA EL PATIO, LO IDEAL ERA ENCONTRAR UN SECTOR LO MÁS ALEJADO POSIBLE"

Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar, abandonó España y la política en 2002, y desde 2008 vive en Londres y regenta una escudería de coches de GP2 y GP3 (las categorías inferiores a la Fórmula 1). Un año después de comenzar su andadura en el mundo de las carreras, en febrero de 2009, comenzaban a salir a la luz las primeras informaciones sobre la trama de corrupción de la Operación Gürtel, en la que se han visto envueltos varios de sus amigos y socios, como Jacobo Gordon. El yernísimo no quiere ahora entrar en valoraciones políticas, y mucho menos hacer comentario alguno sobre la trama.

En una entrevista, Agag aseguró que dejó "la política hace ocho años porque, tal y como estaba el patio en España en general, y respecto a mí en particular, lo ideal era encontrar un sector lo más alejado posible de las susceptibilidades políticas". ¿Sabía ya el marido de Ana Aznar Botella la que se le venía encima al PP por sus vínculos con la trama de Francisco Correa?

El yernísimo no aclaró ese particular, y se limitó a reírse y hacer gestos de desaprobación al ser preguntado por la trama. "Briatore sobre todo es un gran amigo", contestó cambiando radicalmente de tema. Además, insistió en que no entra a hacer valoraciones sobre la situación política actual: "Hace ocho años decidí quedarme fuera de la política (…). Ahora me ciño al mundo de las carreras, y lo demás son cosas para que opine la gente que sabe", insistió.

Además, reconoció que cuando entró a formar parte del equipo Barwa Addax de la mano de Briatore, también amigo de su suegro, como propietario único de la escudería, la compañía perdió un patrocinador: la Comunidad Valenciana, que "llevaba años" apoyando a este deporte. "Evidentemente lo entiendo y lo asumo, pero no creo que fuera justo, porque además yo creo empleo en la Comunidad Valenciana", señaló, aunque matizó que "al final" le "ha venido bien porque, si no, habría habido muchas críticas".

(www.elplural.com, 14/05/10)

14. EL FISCAL PIDE PRISIÓN PARA MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ POR INJURIAS

El fiscal ha pedido dos años de cárcel y 20.000 euros de multa para Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del Gobierno de Aznar, por llamar "nazi" al doctor Luis Montes, que en 2008 fue exonerado por la justicia de la acusación de que practicó sedaciones ilegales masivamente en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. La fiscalía considera que Rodríguez incurrió en un delito de injurias días después en el programa de TVE 59 segundos al llamarle "nazi" .

"Si alguna parte de la audiencia me ve, si alguna vez caigo en manos del doctor Montes o de sus secuaces, por favor llamen a la policía", lanzó Rodríguez en la televisión pública sólo nueve días después de que la Audiencia de Madrid archivara el caso. Los periodistas Enric Sopena e Isaías Lafuente le pidieron que retirara sus palabras, pero Rodríguez inistió y llamó "nazi" a Montes en tres ocasiones. Y concluyó: "El que decide matar a alguien es un nazi". Días después, en La Noria (Telecinco), Rodríguez insistió en la idea de que los familiares de los pacientes sedados por Montes nunca fueron consultados: "Nunca pidieron permiso, nunca pidieron permiso a los familiares". Cuando Sopena le preguntó si mantenía que Montes era un nazi, Rodríguez replicó: "Yo lo he dicho, si quieres lo repito otra vez, en otra tertulia (...) porque aquel que mata a otro sin permiso es un nazi (...) esta definición ha sido así toda la vida".

La fiscalía considera que Rodríguez incurrió en un delito de calumnias y pide que, si llega a ser condenado, dé publicidad a la sentencia como parte de la "reparación del daño". Además, reclama una indemnización de "20.000 euros por las lesiones sufridas en su honor". La abogada de Montes, María Jesús Díaz Veiga, consideró que "ante la gravedad de los insultos contra Luis Montes era previsible que la fiscalía acusara".

(www.elpais.com, 08/05/10)

15. NECESITAMOS MUCHOS AMIGOS COMO USTED, TENEMOS QUE HACER MUCHAS COSAS JUNTOS"

Los problemas sobre la credibilidad de la solvencia griega que han lastrado a la zona euro en los últimos meses se multiplicaron a raíz de que se conociera que el Gobierno conservador de Kostas Karamanlis había falseado sus datos sobre déficit público con la ayuda de la gran banca estadounidense.

A Karamanlis le costó llegar al poder, pero en su empeño siempre contó con el aliento del PP español y de José María Aznar, que veían en él un aliado fundamental, junto a Silvio Berlusconi, para reforzar la influencia de los países del sur en la zona euro. Antes de unas de sus citas electorales, en 1999, Aznar recibió en Madrid al entonces líder de la oposición griega para constatar que compartían "los mismos puntos de vista sobre los fondos de la UE y los problemas presupuestarios de la UE", como se hicieron eco las agencias helenas. "Necesitamos buenos amigos como usted porque somos la nueva generación en la Europa del siglo XXI y tenemos que hacer muchas cosas juntos", proclamó el español. Poco antes de su caída en las elecciones de 2009, Karamanlis era de nuevo recibido en Madrid por el líder del PP, esta vez Mariano Rajoy, quien curiosamente aleccionó a su compañero griego sobre la importancia de la responsabilidad política ante la crisis económica.

El conservador Karamanlis (Nueva Democracia) hablaba de despilfarro de la izquierda y presumía de datos de déficit con su gobierno, hasta que el colapso del país en plena crisis le obligaron a convocar elecciones anticipadas en octubre de 2009. Dejó la papeleta de la gestión de los problemas económicos y de los ajustes necesarios en Grecia a los socialistas de Yorgas Papandreus.

La UE ha tenido que salir en ayuda de la solvencia de Grecia y de la zona euro en general después de que los mercados llevaran semanas castigando a la moneda europea y a la deuda helena. Uno de los factores que disparó los intereses de los bonos de deuda pública griega –lastrando su futura recuperación- y desestabilizó a toda la zona euro fue conocer a través del New York Times y del alemán Der Spiegel que el Ejecutivo heleno de Karamanlis había falseado los datos sobre déficit que suministraba a la UE, para ajustarse así a las exigencias del Pacto de Estabilidad. En las tareas de ingeniería contable les habría ayudado Goldman Sachs, uno de los grandes bancos de Wall Street en el origen de la crisis financiera internacional.

A Karamanlis le costó llegar al poder, pero en su empeño siempre contó con el aliento del PP español y de José María Aznar, que veían en él un aliado fundamental, junto a Silvio Berlusconi, para reforzar el prestigio y la influencia de los países del sur en la zona euro.

En diciembre de 1999, a las puertas de unas elecciones generales en Italia y en Grecia, el entonces secretario general del Partido Popular Europeo estaba entusiasmado: "En los próximos 14 meses habrá tres elecciones generales: en España, donde volverá a ganar Aznar, en Italia, donde todas las encuestas aseguran el triunfo de Berlusconi, y en Grecia, donde Karamanlis tiene también bastante posibilidad de ganar".

El interés de Aznar y los suyos no era inocente. Como explicaba el propio Agag y recogía ABC , aspiraban a formar con Berlusconi y Karamanlis "un frente sur" que serviría para "defender a esa zona de la UE que siempre ha sido más discriminada por el Norte cuando se deciden las líneas políticas de actuación".

El propio ex presidente español intentó dar un empujón final a su compañero griego antes de la cita de 2000 recibiéndolo en Madrid, un encuentro del que se hicieron eco las agencias griegas en los siguientes términos: "Ambos comparten los mismos puntos de vista sobre los fondos de la UE y los problemas presupuestarios de la UE". Durante el encuentro, Aznar arropó a Karamanlis en los siguientes términos: "Necesitamos buenos amigos como usted porque somos la nueva generación en la Europa del siglo XXI y tenemos que hacer muchas cosas juntos". Karamanlis no ganó las elecciones de 2000 como ansiaban Agag y Aznar, pero sí las de 2004, con los resultados que ahora pueden verse.

El actual líder del PP, Mariano Rajoy, también se reunió con Karamanlis el año pasado, apenas unos meses de que perdiera las elecciones. Entonces el primer ministro heleno ya estaba marcado por los problemas de su país y se preveía que perdiera las próximas elecciones. Rajoy aprovechó el encuentro para aleccionar a su compañero griego sobre la importancia de la responsabilidad política ante la crisis económica y mostró como ejemplo de ello el apoyo del PP al FROB, un fondo contra el que no ha dudado en cargar Aznar, el ahora presidente de la fundación ideológica del PP (FAES).

(www.elpais.com, 11/05/10)

16. GALICIA. LA XUNTA BATALLA PARA DEFENDER EL REPARTO DE FARMACIAS ILEGAL DE FRAGA

Los servicios jurídicos de la Xunta perfilan estos días los argumentos que presentarán ante el Tribunal Supremo (TS) para defender el concurso público que adjudicó la explotación de 87 nuevas oficinas de farmacia en Galicia y que el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) anuló por los vicios de su baremación. El asunto viene de la Xunta de Fraga, que aprobó estando en funciones el polémico concurso, al que concurrieron más de 1.000 candidatos.

El negocio es millonario, como millonarias serán las indemnizaciones que tendrá que afrontar la Administración gallega si el Supremo confirma la sentencia, de noviembre pasado, del TSXG. La propia jurisprudencia del Supremo -con el caso análogo de Canarias- refuerza el pronóstico de que la Xunta tendrá que indemnizar mucho más de lo que le hubiera correspondido aceptando el fallo del alto tribunal gallego.

Las oficinas de farmacia son buen negocio, entre otros motivos por la exclusividad territorial o poblacional que les reconoce la ley. Galicia arrastra un déficit importante y ostensible desde hace décadas por la propia resistencia del sector, que naturalmente prefiere alejar de las farmacias existentes la implantación de otras que le hagan competencia, aun a costa de las dificultades de parte de población para acceder al servicio.

La titularidad de una oficina, que su propietario puede vender a los tres años desde su apertura, según fuentes del sector no se cotiza por menos de 600.000 euros y el promedio se sitúa en un millón (aunque curiosamente una de las 87 que se incorporaron al mapa del concurso, la de Negueira de Muñiz, en Lugo, sigue sin tener candidato a adjudicársela). De las demás, ya han abierto unas cuantas y otras están en proceso de hacerlo. Podrían tener que cerrar todas.

El Diario Oficial de Galicia publicó el 12 de julio de 2005, cuando el PP había perdido las elecciones y preparaba la transición al bipartito, las bases del concurso sobre "planificación, apertura, traslado, cierre y transmisión de oficinas de farmacia". La Federación de Empresarios Farmacéuticos de Galicia (FEFG) lo recurrió porque primaba ostentosamente los méritos de los farmacéuticos hospitalarios y de los profesores universitarios sobre los de quienes llevan toda la vida trabajando sus oficinas. También lo recurrieron otros colectivos por el mismo motivo, como los inspectores farmacéuticos.

El equipo de la Consellería de Sanidade que, en el último gobierno de Manuel Fraga, fijó la baremación del concurso, pertenecía enteramente al colectivo más beneficiado, el de farmacéuticos de hospital, e incluso la subdirectora general de Farmacia, María Teresa Chuclá Cuevas, gracias al reparto aprobado por la Xunta del PP en funciones, obtuvo una oficina en Oleiros que vendió por 1,2 millones de euros.

El bipartito aceptó el baremo y adjudicó el concurso en 2008 "por seguridad jurídica" y "para no perder tiempo" en la urgencia demandada por la cobertura del mapa. Pero el TSXG anuló en noviembre pasado las puntuaciones que recibieron los solicitantes, en función de las cuales eligieron el emplazamiento en el que abrirían la farmacia. El concurso, pues, fue invalidado y resolverlo de nuevo, según la Federación de Empresarios de Farmacia de Galicia, no hubiera requerido más allá de seis meses. La Xunta, sin embargo, optó por recurrir al Tribunal Supremo, lo que abre unos años de incertidumbre pero con dos referentes amenazantes para las tesis que ahora han de argumentar sus juristas.

Por una parte, el Supremo no suele contradecir las sentencias de los tribunales superiores que se fundamentan en normativas autonómicas, como es el caso, y recientemente ha confirmado la anulación de un concurso análogo en Canarias. Y por otra parte, hasta que emita sentencia, los adjudicatarios podrán abrir las 87 oficinas. Si se confirma luego la anulación del concurso, tendrán que cerrar todas y habrá que resarcir a los titulares por sus gastos de implantación, más el lucro cesante con el cierre, que también podrían reclamar los excluidos de ese concurso y admitidos en otro que habría que convocar con distinta baremación: una millonada, según la FEFG, para las arcas autonómicas. Dado el alcance de la melé, el asunto también podría acabar en la liberalización del sector, eximiéndolo de la planificación pública.

(www.elpais.com, 10/05/10)

17. GALICIA. DENUNCIA EN SANXENXO CONTRA UNA PROMOTORA VINCULADA AL PP

La polémica urbanización prevista en Monte Faro (Sanxenxo) es un suma y sigue de denuncias ante los tribunales. La última, del Colectivo Ecoloxistas do Salnés que ha presentado un contencioso administrativo en el Juzgado nº 3 de Pontevedra solicitando la nulidad del acuerdo plenario por el que el Ayuntamiento aprobó el plan parcial en Monte Faro. El trámite, con fecha 28 de julio de 2009, califica como urbanizables la cima y laderas forestales donde se prevé edificar 1.302 viviendas unifamiliares, en la cota más alta de la fachada oeste de la villa.

Este grupo ecologista ya alegó con anterioridad contra este plan sin que fueran contempladas ninguna de sus sugerencias, así como contra el informe de sostenibilidad ambiental. Datos sobre el consumo de agua, el sistema de depuración o el impacto paisajístico constituyen algunas de sus preocupaciones. Su demanda recuerda que el anterior Gobierno de la Xunta informó negativamente sobre este proyecto, no obstante, con la llegada de Feijóo al Ejecutivo se modificó la orientación del documento.

Una maniobra "sospechosa", argumentan, porque no ha sido justificada. El proyecto está promovido por Mirador de Sanxenxo SL, firma integrada en Sedesa -propiedad de la familia Cotino, hermano y sobrino del vicepresidente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino- y que figura en el sumario de la trama Gürtel. El proyecto de Plan de Ordenación del Litoral de Feijóo que fija una amplísima franja de protección en Sanxenxo esquiva la parcela de la controvertida urbanización.

Los ecologistas cargan contra la clasificación de la totalidad del SU-14 como suelo urbanizable y recuerda que en las Normas Subsidiarias anteriores al actual PXOM (aprobado por Telmo Martín con Encarnación Rivas, directora xeral de Urbanismo, como su mano derecha), este terreno aparecía "en un 58% como suelo no urbanizable y un 33% como forestal". El cambio de uso, entienden, "no ha sido debidamente justificado".

El recurso insiste en que "se incumple el límite de densidad de vivienda prevista en el PXOM", donde establece no más de 10 unidades por hectárea, lo que supondría "una cuarta parte de lo previsto". Y añade que "no se integra debidamente en el paisaje" así como la inexistencia de servicios básicos en la zona que carece de alcantarillado y abastecimiento de agua.

(www.elpais.com, 09/05/10)

18. GALICIA. EL ALCALDE DE BARBADÁS TIENE EN SU GARAJE UN BUS MUNICIPAL

Los vecinos de Barbadás han pagado 26.000 euros por un transporte eléctrico que el alcalde de ese municipio, el popular Jose Manuel Freire Couto, adquirió en China hace varios meses y que ahora guarda en su garaje privado, que antes era una farmacia.

Freire y sus más fieles militantes se pasearon, el día en el que el transporte llegó al municipio, por las zonas llanas de A Valenzá (el microbús es eléctrico y no tiene potencia para subir cuestas) tocando el claxon y saludando al vecindario, según denunció en su momento el grupo municipal del BNG.

Pero el transporte público no presta servicio al vecindario. El alcalde ha reconocido ante la oposición que lo compró en China y que no puede circular en España porque resulta imposible obtener aquí la correspondiente licencia de transporte de viajeros.

El microbús fue adquirido en "malas condiciones", según sostiene la oposición a la vista de que el propio regidor "tuvo que carrozarlo aquí y ponerle unas ventanas de aluminio". Después, optó por guardarlo y nunca más se supo.

En la sesión plenaria celebrada por la corporación local de Barbadás, el portavoz socialista Xosé Carlos Valcárcel acusó al alcalde de gastar el dinero público en ese "juguete" y de tenerlo ahora guardado en su garaje. Valcárcel vinculó la compra del microbús eléctrico con la "nefasta" gestión del regidor en materia de transporte público. Freire Couto no rebatió la acusación sobre el destino de este peculiar transporte. Se limitó a instar al socialista a que se ciñera al orden del día de la sesión plenaria. Tras ello, le retiró la palabra en el debate en el que se abordaba el futuro del transporte metropolitano que socialistas y nacionalistas tildaron de "precario".

El garaje en que se guarda el microbús, al que los vecinos llaman "papamóvil del alcalde", no será el único. Según el PSOE, el regidor ha incluido ya en los presupuestos de este año una partida para la compra de un segundo bus eléctrico pese a la "evidente inutilidad" del primero.

Freire Couto todavía no acreditó la petición que le realizó el BNG para que pruebe si tiene licencia para conducir, como hizo en su día, vehículos destinados al transporte de viajeros. La oposición tilda de "chirigotada" y de "falta de respeto al vecindario" la gestión en transporte del alcalde.

(www.elpais.com, 11/05/10)

19. GALICIA. ACUSAN AL EX ALCALDE DE GONDOMAR DE FIRMAR ESCRITOS QUE SE VENDÍAN POR 500 EUROS PARA LEGALIZAR CASAS

El ex alcalde de Gondomar y concejal del PP José Carlos Silva Mariño alegó desconocimiento de los hechos en un juicio por un delito continuado de falsedad documental. El fiscal lo acusa de expedir tres certificados de antigüedad falsos de sendas casas del municipio en el 2005 y el 2006 para los que no tenía competencia y pide para él una pena de dos años de cárcel. Los beneficiados pagaron 500 euros por cada escrito, que usaron para legalizar sus viviendas.

El ex regidor popular, que ocupó ocho años el cargo, reconoció el papel y los sellos de la alcaldía, y su rúbrica en dos de los tres escritos que le mostró la jueza sustituta del Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo. Sin embargo, aclaró que pudo haber firmado los papeles que le pasaron los funcionarios en su despacho pero sin leerlos. «No me puedo parar a leer todos los expedientes, me pasan incluso certificados de empadronamiento. Doy por supuesto que vienen revisados por los departamentos», alegó. Rubricaba a toda prisa, incluso de pie, declaró.

La secretaria del Concello aclaró que era difícil que alguien le diese dichos certificados a firmar al alcalde porque, por ley, carece de competencias para rubricarlos. Los empleados que le presentaban la documentación tampoco recuerdan dichos modelos. Y los papeles no iban acompañados de la carpeta con el expediente.

Por ello, el fiscal acusa a Silva de un delito de expedición de certificados falsos, no de cobrar dinero por ellos, pues sería cohecho, ni de legalizar las viviendas. «Emitió un certificado pese a no tener derecho a ello sobre algo que no era acorde con la realidad». Sospecha que la única finalidad de dichos documentos, que otorgaban entre seis y diez años de antigüedad a tres construcciones, era darles apariencia de legalidad. Los papeles eran usados para formalizar una escritura notarial de obra nueva. El objetivo final era que prescribiese una irregularidad y el Concello «legalizase lo ilegalizable».

La defensa quiso demostrar que las tres viviendas afectadas ya existían en las cartografías y planes urbanísticos de hace 15 años, lo que probaría que realmente eran antiguas y que no hubo delito en los certificados.

Todo empezó en abril del 2005. El propietario de una casa y su esposa tenían problemas urbanísticos con dos viviendas situadas en la zona de Prado. Este declaró que compró una finca en el 2005 que el vendedor no quiso escriturar. La casa tenía un porche como elemento moderno. El vecino contactó con una persona que conoció en un bar, que le presentó a un experto que se dedicaba a arreglar herencias y que podría resolverle a buen precio el problema de su casa y la de su mujer. «Le pagué 500 euros por cada certificado», dijo.

Agentes de la Guardia Civil interrogaron al alcalde, quien reconoció su rúbrica, pero no se acordaba de los papeles. La defensa planteó que alguien pudiese haber entrado en la alcaldía y usar los sellos, guardados bajo llave, pues las puertas seguían abiertas por la limpieza. En el juicio declaró como testigo el ex concejal de Urbanismo Alejandro Gómez, quien será juzgado el día 31 por cohecho.

Por otra parte, Silva ha recurrido una condena de 18 meses de prisión por conceder decenas de licencias con un Plan Xeral anulado.

(www.lavozdegalicia.es, 12/05/10)

20. ANDALUCÍA. ARENAS SE APOYARÁ EN UN SONDEO PARA APOSTAR POR MORENO EN SAN FERNANDO

Les guste o no a los militantes del PP de San Fernando (Cádiz), Javier Arenas apostará por el ex alcalde isleño y dirigente andalucista Antonio Moreno como candidato para esta localidad si el sondeo que ha encargado, y así lo cree, avala esta decisión, según aseguraron fuentes del PP.

Que los militantes califiquen el fichaje de Moreno por Arenas como una operación "de camaleonismo electoralista nacionalista", tal como escribió en una carta el secretario local de este partido, Alfonso González Nantes, dirigida a Arenas, no va a influir en la decisión del líder popular. A Arenas le va a importar poco que Moreno sea o no bienvenido en sus filas en la provincia de Cádiz, que algunos lo consideren un "camaleón", porque lo que persigue es ganar en cuanto mayor número de municipios de Andalucía mejor. ¿Con quién? Con quienes le den mayor garantía de triunfo, aunque no tengan trienios, bienios o una anualidad de militancia. Su aspiración en los comicios municipales de mayo de 2011 es lograr, por primera vez en la historia, mayor numero de votos que el PSOE en el conjunto de la comunidad en unas elecciones, una posibilidad que en la cúpula socialista no se contempla en ninguno de los escenarios que baraja.

En una reunión de la junta directiva regional, celebrada en Sevilla, Arenas se dirigió expresamente al presidente del PP de Cádiz, José Loaiza, para marcar las directrices en San Fernando: "Vamos a cooperar en la gobernabilidad de San Fernando desde la oposición. Este partido no está para crecer un 5%, sino para intentar gobernar con equipos y candidatos de gobierno".

El fichaje del ex alcalde andalucista para presidir un llamado Foro Nuevo Andalucismo se anunció dos meses antes de que PA y PP rompieran, la semana pasada, la coalición de gobierno que mantenían en San Fernando. Los concejales el PP pidieron la dimisión del alcalde del PA, Manuel María de Bernardo, por el turbio desfalco de 7,8 millones de euros de la caja municipal. Estos hechos se conocieron hace un año y entonces el PP no planteó la salida del alcalde. El acuerdo entre la derecha y los andalucistas impidió que gobernase la lista más votada, que encabezó el socialista Fernando López Gil.

(www.elpais.com, 12/05/10)

21. ANDALUCÍA. ‘CASO GÜRTEL’. UN EDIL DE ESTEPONA IMPUTADO EN GÜRTEL EXIGE SU READMISIÓN

Ricardo Galeote, ex concejal del PP en Estepona (Málaga), que dimitió tras resultar imputado en el caso Gürtel, exige al Ayuntamiento que lo readmita como alto directivo en la sociedad municipal Turismo y Actividades Recreativas Estepona SL, sociedad desde la que supuestamente cometió los delitos de fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias por los que está encausado.

El ex edil fue despedido por el equipo de gobierno de David Valadez (PSOE) el pasado 3 de marzo, al considerar que no había solicitado la readmisión cuando terminó la excedencia forzosa que disfrutó para ocupar el cargo de concejal. Galeote ha demandado al Ayuntamiento esteponero por despido improcedente.

Galeote fue nombrado gerente de la sociedad en febrero de 2000, cuando un equipo de gobierno cuatripartito expulsó al Grupo Independiente Liberal (GIL) de la alcaldía, y ocupó el cargo hasta junio de 2003, cuando fue elegido concejal por el PP.

El 15 de abril de 2009, tras amagar en varias ocasiones, Galeote renunció definitivamente al cargo tras ser imputado en el caso Gürtel, la trama de corrupción surgida en los aledaños del PP. Al mismo tiempo, solicitó un año de excedencia voluntaria en la empresa municipal, con la que tenía un contrato indefinido.

En la demanda judicial de readmisión, Galeote sostiene que el 1 de febrero de este año, antes de que venciera el plazo de la supuesta excedencia voluntaria, reclamó la reincorporación al puesto, con un salario de 5.798 euros mensuales, pagas extraordinarias incluidas. Sin embargo, el 3 de marzo pasado, la nueva consejera delegada de la empresa municipal, la edil socialista Cristina Rodríguez, le comunicó que "en ningún momento" se le había concedido la excedencia voluntaria, y que, además, había perdido el derecho al cargo porque no reclamó el reingreso tras cesar como concejal. Además, le comunicó a Galeote que en julio de 2003, tras el pacto PSOE-PES (posgilistas), el edil Manuel Reina, consejero delegado de todas las sociedades municipales, le destituyó.

Fuentes municipales sostienen, además, que Galeote "cobró un finiquito" tras ser elegido concejal. El ex edil está imputado por haber cobrado supuestamente 42.469 euros de la trama Gürtel entre 2001 y 2003 cuando era gerente de la empresa municipal a la que ahora pretende volver. Según el sumario, las empresas de Correa facturaron a la sociedad municipal un total de 123.000 euros en esos años.

Por otra parte, el PP presentó como cabeza de lista en las elecciones municipales de 2011 a José María García Urbano, el notario en cuyo despacho se firmó la moción de censura que derrocó al ex alcalde marbellí Julián Muñoz en agosto de 2003.

(www.elpais.com, 11/05/10)

22. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. FACTURAS DE LA TRAMA MUESTRAN EL DESPILFARRO DEL GOBIERNO REGIONAL

Una parte del sumario del caso Gürtel recoge casi 400 facturas de uso interno con las que las empresas de Francisco Correa registraron los beneficios obtenidos de los actos que contrataron con el Gobierno de Esperanza Aguirre, durante tres años, entre 2005 y 2007. Con ellas, la trama llevaba una contabilidad paralela, en la que detallaba el coste real de cada montaje realizado para el Ejecutivo regional -en su mayoría actos de la propia presidenta, Esperanza Aguirre-, la cantidad repercutida a la Comunidad de Madrid y el beneficio que suponía la operación. Estas facturas señalan que el entramado empresarial del cabecilla Correa obtuvo una media del 50% de beneficio por ocuparse de los actos regionales, para los que el Ejecutivo de Aguirre no reparó en gastos.

En los 17.000 folios de la parte del sumario desclasificada figura que la trama Gürtel contrató al menos en 358 ocasiones con el Gobierno regional, por 3.084.558 euros. La realidad es que, si se hubiera controlado mejor en qué se gastaba el dinero, esa cifra se habría reducido considerablemente.Hay más, pero los siguientes son ejemplos de los sobrecostes que las empresas de Correa cobraron al Gobierno regional, en connivencia supuestamente con el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, imputado en el caso:

- Gastos de producción multiplicados por ocho. El entrenador de baloncesto Pepu Hernández, el jugador Jorge Garbajosa o, a título póstumo, Paquito Fernández Ordoñez, son tres de los siete deportistas que el 13 de marzo de 2007 recibieron el galardón de Estrella del Deporte de manos de Esperanza Aguirre. Pese a que el acto fue en la sede del Gobierno regional, le costó 42.818,40 euros. A la trama Correa, que hizo el montaje, bastante menos: 22.926 euros, pero tuvo un beneficio de 19.892. El 46,46%, según una factura de la contabilidad paralela. Lo logró a base de repercutir gastos inflados, como la moqueta, que costó 280 euros y se cobró a 420. O los gastos de producción: de 200 euros a 1.700 euros.

- Tarima, 2.440 euros de sobrecoste. La presidenta, junto a los entonces líderes de la oposición, Rafael Simancas (PSM) y Fernando Marín (IU), depositó el 11 de marzo de 2007 una corona de laurel junto a la placa en recuerdo a las víctimas de los atentados en la Puerta del Sol. La tarima de los invitados se facturó a 8.540 euros: valía 2.440 menos.

- Una Constitución inflada. Tras las elecciones de 2007, la recepción por el Día de la Constitución se celebra de día. Pero el 4 de diciembre de 2006 aún era una fiesta nocturna. Ese día la trama Gürtel se ganó 29.714 euros en sobrecostes: 2.300 euros de más por escenario o el plus de 2.183 por el sonido.

- 83,97% de beneficio por presentar un cuadro. El retrato de Alberto Ruiz-Gallardón, antecesor de Aguirre en la presidencia, se colgó en el salón de Canalejas de la Real Casa de Correos el 28 de abril de 2006. La tela roja que tapaba el cuadro la cobró la trama a 24,33 euros, pero costó 17,38 euros. Poco dinero. Sólo que por todo el acto se llevó un 83,97% de beneficio, según sus cuentas.

También era baja la facturación por el viaje de Aguirre a Rumania en enero de 2006, donde la trama se encargó de colocar la trasera que acompañó dos días a la presidenta. Apenas 1.577 euros, pero el margen fue del 86,34%.

- Sonido por 6.000 euros más. La propia Comunidad de Madrid lo anunciaba como "el mayor nacimiento que la Asociación de belenistas monta", con 400 figuritas. Un negocio redondo para la trama Gürtel, que cobró 6.000 euros de más por el bastidor y otro tanto por el sonido. Hasta a los CD de los villancicos se les infló el precio en 10 euros.

- La carpa encarecida en 3.000 euros. La mayoría de los nuevos hospitales tuvieron años antes de la inauguración ceremonias de colocación de la primera piedra. Dos ejemplos: el hospital del Sur, en 2005, y el de Valdemoro, en 2006. En ambos casos se instaló una carpa, que cada vez se cobró a las arcas públicas a 3.000 euros más de lo que costaba.

- Mordida en el 2 de mayo. Ni a los héroes del Dos de Mayo respetó la trama Gürtel, que se ganó 25.723 euros con esta celebración en 2005. Los sobrecostes, en los servicios habituales: la moqueta (1.476 euros de más) o la iluminación (2.701 euros de beneficio).

(www.elpais.com, 10/05/10)

23. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP MANIOBRA PARA OCULTAR EL PATRIMONIO DE LÓPEZ VIEJO

El grupo popular en la Asamblea volvió a poner obstáculos a los socialistas para que puedan fiscalizar un posible incremento del patrimonio del ex consejero de Deportes imputado en el caso Gürtel, Alberto López Viejo, desde que tomó posesión del acta de diputado en julio de 2003. Los socialistas reclamaban las declaraciones que estaba obligado a presentar López Viejo, según el Reglamento de la Cámara al comienzo de las tres legislaturas en las que ha ocupado un escaño: en julio de 2003, en octubre de ese año (después de que se repitieran las elecciones por el tamayazo) y en julio de 2007.

El portavoz adjunto del PP, Pedro Muñoz Abrines, que representa a su grupo en la Comisión del Estatuto del Diputado, defendió que a los socialistas les basta con la declaración de bienes que el propio López Viejo registró en la Cámara regional el pasado lunes, pese a que no es la documentación requerida. Este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, es una declaración ante notario realizada el pasado 30 de abril donde él dice que refleja la declaración de bienes que hizo el 3 de junio de 2004 al ser nombrado viceconsejero de Presidencia y la que presentó el 9 de marzo de 2009, al dimitir como consejero de Deportes, cuando estalló el caso Gürtel. Pero, al no ser la documentación entregada a la Cámara, que hace de custodio de las declaraciones de los diputados, no puede conocerse si efectivamente se corresponden con las que tuvo que entregar López Viejo en su día a la Asamblea.

"La Cámara tiene información más que suficiente para ver cuál es el patrimonio", declaró Muñoz Abrines a Efe. Y agregó que es "innecesaria" otra información, porque la entregada "es muy superior" a la solicitada por los socialistas. Sin embargo, el propio López Viejo desvirtuó esta afirmación esa misma tarde, cuando se presentó en el Registro de la Asamblea para entregar una nueva declaración notarial, en la que esta vez recoge la que hizo en 2007, al inicio del segundo mandato de Aguirre.

"López Viejo se va al notario después de que nosotros registráramos la petición de sus bienes", había afirmado antes la portavoz socialista, Maru Menéndez, que defendió que la declaración notarial "no sirve para nada".

El ex consejero presentó por la tarde un nuevo escrito notarial en la Asamblea. Al igual que con el que presentó el lunes, hasta que no se comprueben las declaraciones oficiales que registró en su día en la Cámara no se podrá comprobar si se trata de las mismas. En el documento incluye supuestamente su declaración de bienes de 2007. Ese año López Viejo dejó de ser viceconsejero de Presidencia y fue nombrado consejero.

López Viejo entregó oficialmente al Registro de la Asamblea seis declaraciones patrimoniales entre 2003 y 2008. Tres corresponden a la toma de posesión del escaño al inicio de las legislaturas en julio de 2003, en octubre de ese año y en julio de 2007. Además, hizo otras tres -a las que no estaba obligado- el 10 de abril de 2006, el 5 de julio de 2007 y el 14 de abril de 2008. El grupo socialista considera que, para obtener la transparencia de la Cámara, el PP debería permitirle acceder a todas ellas, porque demuestran que López Viejo modificó su patrimonio en esos años.

Otra queja que planteó el grupo socialista en la Mesa de la Asamblea es que ésta se ponga al servicio de un diputado no adscrito, López Viejo, y boicotee a un grupo de 45 diputados. Los socialistas se quejaron oficialmente de que la presidenta Elvira Rodríguez convocara una reunión extraordinaria de la Mesa por la mañana para calificar el escrito de López Viejo, pero dejara fuera otros presentados antes por los socialistas.

"Es la demostración de la connivencia del PP con los diputados no adscritos, a los que está encubriendo", afirmó la portavoz socialista, Maru Menéndez. "No sé si ellos obedecen a Aguirre o Aguirre los obedece a ellos", zanjó.

(www.elpais.com, 14/05/10)

24. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD. UN CONSEJERO DE ESPERANZA AGUIRRE TAMBIÉN FUE ESPIADO

La Cadena SER ha tenido acceso al último informe de espionaje conocido sobre Ignacio González depositado en sede judicial. El cobro de comisiones que motivó el encargo del dossier, según declaró el autor confeso del dossier en sede judicial, fue por una operación de fusión y compra de capital de la Triple A, el entramado del Canal de Isabel II en Latinoamérica.

Los espiados fueron Ignacio González, el entonces gerente Ildefonso de Miguel y aparece un nombre nuevo, Mariano Zabia, ex consejero de Esperanza Aguirre de Medio Ambiente y Urbanismo, actualmente dirige el consejo consultivo de la Comunidad de Madrid.

El informe, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, depositado en sede judicial, incluye un índice de dos páginas redactado en inglés. El encabezamiento dice textualmente que el despacho de República Dominicana fue 'requerido por una compañía para investigar a la Triple A, el entramado público del Canal de Isabel II en Latinoamérica, debido a una operación de fusión y compra'.

Por este motivo la compañía extranjera, cuyo nombre no figura pero si el despacho de abogados en Republica Dominicana, piden investigar a Ignacio González, presidente del Canal, el ex gerente Ildefonso de Miguel, y Mariano Zabia, entonces consejero de Esperanza Aguirre de Medio Ambiente y ordenación territorial. Actualmente Zabia está en activo en el Gobierno de Esperanza Aguirre, actualmente dirige el consejo consultivo de la Comunidad.

El índice del informe incluye investigar la situación económica de los tres cargos, las vinculaciones de negocios que tengan ellos y sus familias con la Triple A o el Canal, su aparición en los medios, y la situación económica del grupo.

Según el testimonio ante el juez del autor confeso del dossier, "una compañía en República dominicana iba a llevar a cabo una operación conjunta con las empresas del Canal, les pidieron comisiones en la operación, y decidieron investigarles".

El despacho de abogados de República Dominicana envío hace semanas vía fax, el consentimiento de levantamiento de secreto profesional al Juzgado Número 47 de Plaza Castilla, donde se instruye el caso. Con el permiso del despacho, una agencia de seguridad española aportó el informe al juzgado el pasado mes de octubre.

(www.elpais.com, 11/05/10)

25. COMUNIDAD DE MADRID. MADRID ES LA TERCERA AUTONOMÍA CON MÁS DEUDA

La deuda de Madrid ascendía a 11.576 millones de euros a finales del año pasado, lo que suponía el 6,2% del PIB regional. Es el último dato recogido por el boletín estadístico del Banco de España. Sólo hay dos autonomías en peor situación: Cataluña (22.605 millones) y Valencia (14.330 millones).

En relación al conjunto de las comunidades, la situación financiera de Madrid no supone un mal dato, porque se ha endeudado a una velocidad menor que la media y mantiene una ratio de deuda en relación al PIB también por debajo de la media. Es además la única comunidad que no ha tenido que presentar un plan de reequilibrio de las cuentas regionales, al no haber superado el límite de deuda impuesto por el Gobierno central en los objetivos de estabilidad presupuestaria de las comunidades. En los presupuestos de 2010 sólo utilizará el tope del 0,75% del PIB regional, lo que supone que, en teoría, sólo sumará 1.415 millones a la deuda existente. Además, dedicará 679 millones a amortizar deuda.

Pero el Gobierno regional ha recurrido en los últimos años a la inversión privada para cubrir buena parte de las inversiones. Y eso le ha supuesto agregar a su deuda oficial un endeudamiento adicional, que se paga cada año en forma de canon, que no figura en las cuentas regionales, pero con un coste mayor. Son unos 3.500 millones, según el cálculo del diputado socialista Adolfo Piñedo, por los hospitales o por peajes en la sombra de las carreteras, entre otras obras.

(www.elpais.com, 13/05/10)

26. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE CEDE SUELO PARA UN COLEGIO DEL OPUS QUE SEPARA A NIÑOS Y NIÑAS

El municipio de Arroyomolinos (13.835 habitantes) tendrá un nuevo colegio concertado el próximo curso en el que niños y niñas estudiarán por separado. La Comunidad de Madrid ha cedido una parcela pública de 15.000 metros cuadrados para el colegio Arenales, gestionado por una fundación del Opus Dei, que cobrará 170 euros al mes a sus alumnos. El colegio da en su web las razones para segregar al alumnado: "Las chicas maduran biológica y psíquicamente antes que los varones, que resultan perjudicados en las aulas coeducativas". Y añaden: "En centros mixtos, se incrementa el índice de fracaso académico entre los chicos y suelen presentarse mayores problemas de falta de motivación, frustración, ansiedad e incluso agresividad".

El Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre cedió hace un año otra parcela en Alcalá de Henares para un centro que separa por sexos y que contó con el beneplácito del Gobierno municipal. En este caso, la idea no convence en el seno del Ayuntamiento. "No me parece bien que separe niños y niñas", admitió el concejal de Educación de Arroyomolinos, Francisco Ferrero (PP).

La Ley Orgánica de Educación (LOE) señala que los colegios concertados, como los públicos, deben ofertar educación gratuita. Pero hay centros que disfrazan los cobros de "cuotas voluntarias". El colegio Arenales cobrará 170 euros mensuales por "servicios complementarios", como el bilingüismo, la tutoría o el gabinete de orientación, que los públicos ofrecen de forma gratuita. Alfonso Aguiló, promotor del proyecto, explica que son servicios voluntarios que se prestan "fuera del horario lectivo", como más horas de inglés o más tiempo para las tutorías. "Es un plus de calidad que las familias a veces pagan con gusto", añade. El centro cobra una matrícula de 140 euros y 130 de comedor, 40 euros más que en los públicos. Aguiló justifica que, en este caso, la diferencia de precio sirve para afrontar gastos corrientes como luz, agua o calefacción que la administración sólo cubre a los centros públicos.

La oposición municipal es contraria a la segregación y además denuncia que lo que de verdad necesitan es otro instituto. "El actual está masificado", según el edil Juan Carlos García (PSOE). Arroyomolinos tiene un único centro de secundaria frente a cuatro colegios públicos.

El instituto tendrá cuatro aulas más el curso que viene que "solucionarán el problema de espacio de momento", según el edil de Educación. Esas aulas reducirán las instalaciones de recreo. "Lo ganaremos de una zona de jardín que ahora los chicos no usan mucho", según el edil popular, que asegura que la Comunidad de Madrid reclamó que la parcela "se destinara a un centro concertado" y es también el Gobierno regional el que debe decidir "cuándo empezamos un segundo instituto".

El PSM ha llevado la cesión de la parcela a la Asamblea de Madrid. La portavoz socialista Maru Menéndez rechaza "este tipo de escuelas segregadoras" y acusa al Gobierno regional de buscar "una escuela pública subsidiaria". El diputado socialista Mario Salvatierra intervino en el pleno del jueves contra "este modelo de educación asocial" y aseguró que el PSOE "no va a concertar con centros que discriminen a sus alumnos por sexo, religión, orientación sexual o de etnia".

La consejera de Educación, Lucía Figar, aseguró que los más de 700 alumnos que salen cada día del municipio para estudiar en otros lo hacen "porque no tienen opción de concertado" en Arroyomolinos, informa Europa Press. Figar indicó que hay 200 familias matriculadas en el nuevo centro "que tienen derecho a estudiar donde quieran".

(www.elpais.com, 08/05/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL SUPREMO REABRE EL CERCO A FRANCISCO CAMPS Y PONE EN PELIGRO SU FUTURO EN EL PP

trajes de marras, resucita de la mano del Tribunal Supremo (TS), nueve meses después de haber sido enterrado por la justicia valenciana. Sin embargo, aquel sepelio judicial (formalmente llamado archivo de la causa) que tanto alivió a un PP asfixiado por el escándalo Gürtel no es válido.

Al menos eso es lo que sostienen ahora los magistrados del alto tribunal, quienes opinan que sus colegas de Valencia hicieron en su día una interpretación errónea de la figura penal del cohecho impropio, ya que entendieron que solo había delito si un cargo público recibía un regalo y, a cambio, hacía un favor al sujeto que lo había agasajado. Pues se equivocaron. Según afirma el Supremo, ese tipo de cohecho es achacable a las autoridades que, por el simple hecho de tener poder, reciban dádivas costeadas por terceros.

O sea, que según esta doctrina el delito sería imputable a Camps y a algunos de sus colaboradores por aceptar, supuestamente, trajes pagados por Orange Market, empresa de la red corrupta que se benefició de importantes contratos con la Generalitat. Esa interpretación ha llevado al TS a dar por buenos los recursos contra el archivo de la causa que presentaron, hace meses, la fiscalía y los socialistas y, por ende, instar al juez José Flors, que fue instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), a retomar su investigación.

Cabe recordar que Flors llegó a emitir un auto, el año pasado, en el que se mostraba partidario de seguir adelante con el caso de los trajes, dejando a un lado los indicios de financiación ilegal. Propuso entonces que la tramitación se llevase a cabo por el procedimiento del jurado. Pero Camps y el resto de los políticos conservadores afectados (Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret) recurrieron, logrando así que la sala penal y civil del tribunal valenciano –presidida por Juan Luis de la Rúa, un «más que amigo» del presidente valenciano– archivara este asunto. Camps venció la batalla. Pero el TS estimó que la guerra judicial debe continuar, con Flors como árbitro de la contienda.

En el terreno de la justicia, queda por ver qué hace ahora Antonio Pedreira, el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que, entre otros temas, estudia la posible financiación ilegal del PP valenciano. El pasado verano, Pedreira ya quiso desviar esta parte de su sumario al tribunal competente de Valencia, pero fracasó en su intento por el precipitado archivo de la causa contra Camps.

Y con este panorama por delante, ¿qué hará Mariano Rajoy? Pues, por el momento, mantener públicamente su apoyo a Camps y, a tenor de cómo se desarrollen los acontecimientos y del eco mediático que alcance, tomar una decisión definitiva. «Hoy hay respaldo y punto. En un futuro, nada está descartado», subrayan desde el entorno del líder popular, rememorando el esquema de actuación que se siguió con el ya extesorero del PP Luis Bárcenas, a quien se respaldó durante meses y, sin embargo, se terminó invitando a abandonar la organización.

El jueves pasado, Rajoy dijo en Barcelona que Camps sigue siendo su candidato para las autonómicas de 2011, más allá de lo que diga la justicia. Cuatro días después, tuvo que rectificar y matizar ante su ejecutiva que su apoyo no se vería afectado, en ningún caso, por la decisión del Supremo de reabrir o no la causa de los trajes. Otra cosa sería, especificó, si resultase culpable.

Más allá de los mensajes que los conservadores pretendan hacer llegar a la opinión pública en estas horas cruciales, es obvio que su líder se va a encontrar con un primer problema: el de decidir si trata a Camps como al resto de los miembros del partido cuando resulte formalmente imputado o si, por el contrario, le ofrece un trato de privilegio y no le exige que devuelva, temporalmente, su carnet de militante.

Además, hay un sector nada desdeñable de la dirección nacional que confiesa (quizá con el beneplácito de Rajoy para crear presión), que Camps haría un favor al PP y a su presidente si se marchase voluntariamente antes de que se reanude su calvario en los tribunales.

(www.elperiodico.com, 13/05/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. LA IMPUTACIÓN DE CAMPS ABRE FISURAS EN EL PP VALENCIANO

La decisión del Tribunal Supremo de reabrir la causa por cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, -por haber recibido trajes regalados por las empresas del caso Gürtel- abrió las primeras fisuras en el PP de la Comunidad Valenciana.

Con el partido convertido en un hervidero, en el que numerosos cargos expresaron en privado su inquietud por la situación creada, el presidente provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, reconoció que tanto él como el comité ejecutivo provincial del PP decidieron, "conscientemente", no acudir a la Junta Directiva Regional convocada el miércoles para apoyar al presidente valenciano. "No fui porque tuviera una excusa. No fuimos porque, conscientemente, los representantes del PP de esta provincia decidimos no ir", aseguró Ripoll, que añadió: "La dirección nacional conoce nuestras razones y esperamos que haya un tiempo para seguir ampliando las conversaciones y la posibilidad de diálogo".

Ripoll, cuyas discrepancias con Camps son públicas, se atrevió a decir ante los micrófonos lo que otros cargos de Valencia y Castellón admitieron en privado.

La situación creada por la decisión de Camps de seguir adelante y presentarse a la reelección, pese a su condición de imputado, obligó al vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, a intervenir para apaciguar los ánimos de los populares valencianos. González Pons argumentó que los militantes "no se merecen que sus dirigentes se enreden en complejas batallas internas". "Estoy convencido de que vamos a ser conscientes en la Comunidad Valenciana y nos vamos a entender para no avergonzar a nuestros militantes", sentenció.

En Valencia, los principales apoyos de Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino, intervinieron para reforzar la posición de su jefe de filas. Barberá intentó frenar, de nuevo, las especulaciones que la sitúan como el relevo natural del presidente de la Generalitat si, finalmente, se tiene que sentar ante un jurado para explicar cómo consiguió los trajes. "No voy a alimentar la bola. He dicho por activa y por pasiva que no he hablado con Rajoy de este tema", recalcó. Cotino insistió en la teoría de la conspiración, supuestamente organizada por los socialistas, de la que Camps sería la víctima principal. Mientras, varios consejeros y alcaldes se afanaban en intentar minimizar las ausencias registradas en la Junta Directiva Regional celebrada para apoyar a Camps.

Por su parte, el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, arremetió con suma contundencia contra Camps, al que exigió la convocatoria anticipada de elecciones. Alarte aseguró: "Camps no se vendió por cuatro trajes. Es cierto, nadie se lo cree. Fue por más de 30 millones en contratos públicos con la trama Gürtel, con Álvaro Pérez y Francisco Correa".

(www.elpais.com, 14/05/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL ESTADO DEL 'PRESIDENT' PREOCUPA EN GÉNOVA, PERO EL APOYO SIGUE

Paradójicamente, la principal ayuda en el peor día para Francisco Camps vino de José Luis Rodríguez Zapatero. Varios miembros de la dirección nacional coincidían en que el PP logró superar el primer día del nuevo ciclo de crisis del caso Camps porque la decisión del Tribunal Supremo coincidió con los anuncios de recortes sociales. Y eso robó las portadas a Camps, algo que influye mucho en las decisiones del PP.

Mariano Rajoy resistió así el primer día, y la decisión de respaldar a Camps se mantiene firme. Sin embargo, mientras crecen las voces internas que creen que debe irse cuanto antes para evitar el deterioro de imagen de Rajoy, la cúpula, que obedece sin matices las órdenes del líder y trabaja para respaldar a Camps, está cada vez más preocupada por su estado anímico. Que el president se compare con Juan Sin Miedo y diga que su proceso, avalado por cinco jueces del Supremo, "es de risa", ha dejado atónitos a muchos dirigentes. Su discurso ante la ejecutiva regional, donde se ofreció como un mártir, también.

El apoyo seguirá, pero la mayoría de los dirigentes empieza a pensar que Camps dimitirá si finalmente se sienta en el banquillo. Aun así, la dirección nacional trabaja ya para impedirlo. Y eso incluye volver a confiar en un nuevo recurso ante la sala presidida por Juan Luis de la Rúa, el "más que amigo" de Camps.

(www.elpais.com, 14/05/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CAMPS SE ENFRENTA A RAJOY PARA ADELANTAR LAS ELECCIONES A OTOÑO

Una cosa es apoyar su candidatura para las próximas elecciones, y otra adelantar esos comicios para hacerlos coincidir con las elecciones catalanas, previstas para otoño. Mariano Rajoy, según fuentes de la dirección popular, no quiere ni oír hablar de ese escenario, porque aparte de considerar un error político adelantar las elecciones como respuesta a una actuación judicial, le distorsiona todos los planes políticos que tenía diseñados, y que consisten en volcarse en su apoyo a Alicia Sánchez-Camacho en Catalunya, pensando ya en el apoyo que necesita de cara a las elecciones generales. Tener que dedicar tiempo y esfuerzos a Valencia podría ser contraproducente para los intereses de Rajoy en Catalunya, cuyo resultado, consideran en la dirección popular, podría estar condicionado por la situación del PP valenciano, aunque no dudan de que Camps conseguiría la reelección como presidente.

El líder del PP de Alicante y presidente de la Diputación provincial, el zaplanista José Joaquín Ripoll, no sólo no acudió el pasado miércoles a la reunión del comité del partido para apoyar a Camps, sino que manifestó que lo hizo "de manera consciente". Era su forma de escenificar su distanciamiento con el president, con quien mantiene una guerra interna abierta desde hace años. El caso Gürtel ha servido para profundizar en la fractura del PP valenciano. De nada sirvió que el vicesecretario de comunicación, el valenciano Esteban González Pons, rogara que el partido "no se enrede en cuestiones internas".

La dirección del PP cree que el adelanto no tendría justificación y podría hacer que Rajoy no se implicara. De hecho, al líder del PP ni se le ha pasado por la cabeza acudir al acto anunciado por Camps, con la excusa del tercer aniversario de su victoria. Un acto del que en Génova se enteraron por la comparecencia de Camps tras recibir el apoyo de su partido, como también asistió con perplejidad al anuncio de la creación del comité electoral.

Pese a todo, Rajoy, mantiene su apoyo a Camps, dado que su situación legal es la misma que hace un año, y entonces apoyó su continuidad. Lo que no hará esta vez Rajoy, según fuentes del PP, será pasearse por la Comunidad Valenciana del brazo de Camps, como sí hizo entonces. El caso está de nuevo en el Tribunal Superior de Justicia, que deberá decidir si abre o no juicio oral, como pasaba hace un año hasta que en agosto decidió archivar el caso. En el PP recuerdan que entonces el plazo para tomar una decisión sobre el futuro de Camps era el archivo o la apertura de juicio oral, y ahora se aplicará el mismo criterio. Lo que sí valoran en la calle Génova es la reacción del presidente valenciano, que "dio la cara" y compareció ante los medios de comunicación para responder a sus preguntas, no como ocurrió hace un año. En la dirección del PP preocupa, no obstante, la falta de unidad interna que se vio el miércoles entre los populares valencianos, ya que el presidente del PP en Alicante decidió no acudir a la reunión de la junta directiva convocada cuando desde Madrid se indicó a su presidente, José Joaquín Ripoll, que no era momento de mostrar discrepancias.

Sin embargo, el entorno de Camps defiende que la única salida que tiene el president en estos momentos es "presentar acciones políticas contundentes". Lo contrario, permanecer enrocado, ausente ante los medios y reacio a la actividad pública, "sólo agravará el problema". Dos son de nuevo las posibilidades que se plantean: adelantar las elecciones o una profunda remodelación de un ejecutivo autonómico paralizado. El president, según estas fuentes, rechaza tocar a su gobierno; que le ha mostrado absoluta fidelidad en los peoresmomentos. Por ello, se centra en el adelanto de los comicios.

Estas fuentes añaden que se defendió esta posibilidad en una reunión del equipo del president para "tener la iniciativa política, buscar la salvación en las urnas y machacar a una oposición socialista que volvería a perder las elecciones". Camps, añaden, acepta el reto, pero "es consciente de que es lo que menos le interesa a Rajoy y al PP nacional". "Lo que se ha hablado claro es que no podemos mantener la misma actitud del último año".

En el entorno de Camps nadie quiere oír hablar de una dimisión del president; pero es una hipótesis que sigue abierta en amplios círculos del PP valenciano. El president dejó claro el miércoles que piensa seguir en el cargo, en la Generalitat y en el partido. Pero son muchos los que dudan de que pueda soportar durante semanas la presión de una instrucción que se vuelve a abrir por el tema de los trajes –y que puede llevar al instructor a solicitar nuevas pruebas– o la apertura de un juicio con jurado. "Sería un caso inaudito en España que un presidente autonómico se sentara en un banquillo", añaden estas fuentes. "Es el peor escenario, tanto procesal como político".

A esto se suma el temor a que surjan nuevos datos comprometedores para Camps y el PP en la instrucción del caso Gürtel en Madrid. La presunta financiación ilegal del PP valenciano y las sospechas sobre las irregularidades detectadas en la visita del Papa a Valencia en el 2006 amenazan la tranquilidad de un partido y de un líder que puede sufrir la acción de la justicia durante meses, e incluso años. Por eso, añaden, la posibilidad de adelantar las elecciones se valora como una opción para oxigenar a Camps. "Camps depende más que nunca de sí mismo", añaden en referencia a que es el president el que debe tomar en los próximos días decisiones claves para su futuro.

(www.lavanguardia.es, 14/05/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL PP DE CAMPS OCULTÓ 2,5 MILLONES AL FISCO

La Sala Penal del Tribunal Supremo decidirá, en un ambiente de gran incertidumbre y presiones políticas, si reabre el caso de los regalos de trajes a Francisco Camps y otros cargos de la Generalitat valenciana por la trama Gürtel.

Un informe de la Agencia Tributaria sobre la empresa Orange Market, filial valenciana de la trama corrupta, confirma la presunta financiación ilegal del PP valenciano que destapó en julio de 2009 la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía. La Agencia Tributaria, en un informe fechado el 6 de mayo y remitido al juez del caso Gürtel, analiza las cuentas de Orange Market relacionadas con las elecciones autonómicas y locales de 2007 en Valencia. Y llega a la conclusión de que el PP ocultó en esa campaña gastos por importe de 2,5 millones. Y que, además, hay "terceras personas" (empresas privadas beneficiarias de contratas del Gobierno de Valencia) que habrían pagado, a través de Orange Market, actos electorales del PP. La dirección nacional del PP reaccionó con nerviosismo al informe y presentó una denuncia contra el funcionario de Hacienda que lo firma.

Para sus conclusiones, Hacienda se ha basado en la documentación intervenida a las empresas corruptas de Gürtel. Según este informe, por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en B y fueron incluidos en una cuenta que la trama llamaba Barcelona. Otros 872.208 euros de ingresos de ese año Orange Market los contabilizó en otra cuenta que llamó Alicante y que sí fue declarada al fisco. Y es que Orange Market, la empresa cabecera del PP de Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, tenía una doble contabilidad. Al PP le cobraba muchas veces en B y otras en A. Según Hacienda, la empresa de El Bigotes recibió en 2007, también en dinero negro, de alguien a quien se identifica como El Príncipe, 200.000 euros. Y en A otros 199.000 de alguien llamado El Cantante, cuya identidad ignora.

Hacienda destaca: "La conclusión que se extrae (...) es que una parte de la campaña de 2007 fue pagada [a Orange Market] por el PP y otra por parte de terceros. Como no sabemos a quién se refieren con el nombre de El Príncipe, hemos separado [los ingresos] de los cobros procedentes del PP, si bien es lo cierto que en la hoja cobros la cantidad de 200.000 euros está junto con los que supuestamente se reciben del PP". El informe insta a que se investigue el asunto: "La ulterior investigación debe determinar si efectivamente esas entregas fueron realizadas por el PP o por un tercero que actuaba por cuenta y beneficio del PP. Pero lo importante es que tienen por finalidad realizar pagos de servicios realizados por el PP relacionados con las elecciones autonómicas y locales de 2007". Recibir dinero de terceros para sufragar actos electorales está tipificado en el Código Penal como un delito electoral. El informe de Hacienda revela que, en 2007, Orange Market facturó con el PP de Valencia y con el Gobierno de Camps muchos más servicios de los "declarados contable y fiscalmente", y que "hay dudas razonables de que algunos de los servicios prestados" a supuestas empresas de Valencia "sean reales". Estas conclusiones han sido extraídas del análisis de la contabilidad intervenida en la sede de Orange Market y a los contables de la trama en Madrid y Valencia.

(www.elpais.com, 12/05/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL BIGOTES EMPEZÓ A REGALAR TRAJES CUANDO MULTIPLICÓ POR 10 SUS CONTRATOS EN VALENCIA

Orange Market comenzó su actividad en la Comunidad Valenciana a finales de 2003. Ese año, apenas facturó 88.000 euros. Su responsable, Álvaro Pérez, El Bigotes, sólo consiguió tres clientes y uno de ellos era otra empresa de la trama corrupta, Special Events. El Bigotes no regaló trajes. En 2004, las cosas no fueron mucho mejor: ingresó 237.000 euros y logró sólo un pequeño contrato de la Comunidad Valenciana a través de Vaersa, un organismo dependiente de la Consejería de Territorio y Vivienda. El Bigotes tampoco regaló trajes.

2005 fue el año del despegue. Orange Market multiplicó por 10 su facturación hasta llegar a 2,8 millones, de los que más de la mitad correspondían al contrato adjudicado por la Agencia Valenciana de Turismo para el montaje de un pabellón en la feria de turismo de Madrid por 1,57 millones. Logró el contrato en enero de 2005 y ese mismo mes comenzó a regalar trajes. El jefe de gabinete de la Consejera de Turismo y vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de Turismo, Rafael Betoret, recibió en el primer ejercicio exitoso de Orange Market seis trajes a medida, un abrigo, un pantalón y tres americanas. Ese año, Orange Market hizo caja también en el PP valenciano (712.000 euros) y a quien era vicesecretario general entonces, Ricardo Costa, le regaló tres trajes entre enero y diciembre. Al vicepresidente autonómico, Víctor Campos, le tocaron tres trajes, dos americanas y cinco pantalones. Los regalos siguieron en 2006 e incluyeron al presidente valenciano, Francisco Camps, que entre enero de 2006 y la primavera de 2007, recibió cinco trajes, cinco americanas y dos pares de zapatos.

El juez José Flors, que investigó el caso en Valencia, halló suficientes indicios para imputar a estos cargos por cohecho impropio y proponer que se abriera juicio oral contra ellos. Pero la Sala de lo Penal del Tribunal de Valencia, por dos votos a uno, archivó el caso al entender que los cuatro altos cargos no tenían relación con la adjudicación de contratos a Orange Market y no les constaba que El Bigotes les hubiera regalado 30.000 euros en trajes en agradecimiento. El Supremo resuelve, entre fuertes presiones del PP, si devuelve el caso a Valencia para juzgar a Camps y al resto de cargos implicados.

(www.elpais.com, 12/05/10)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. GÜRTEL GANABA COMISIONES DEL 500% AL SUBCONTRATAR ENCARGOS DEL CONSELL

La trama de corrupción del caso Gürtel no sólo obtuvo a dedo adjudicaciones amañadas por diferentes organismos de la Generalitat para fraccionar los contratos, sino que la red que dirigía en Valencia el gerente de Orange Market, Álvaro Pérez, subcontrataba esos encargos a otras empresas por precios hasta diez veces inferiores. Con ello, obtenía, sólo por hacer de intermediario, beneficios que superaban el 500%. Así lo reveló el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, que puso como ejemplo una contratación de la Consejería de Cultura y Educación, dirigida por Alejandro Font de Mora.

Luna rebatió con ella el informe remitido por la abogada de la Generalitat, Isabel Villalonga -que es un alto cargo nombrado por Camps, como recordó el diputado socialista-, al juez Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, instructor del caso Gürtel. Según la abogada de la Generalitat, el informe de la Unidad de Auxilio Judicial que reveló cómo el Gobierno valenciano amañó contratos con la trama que encabezaba Francisco Correa, parte de "premisas erróneas" e incurre en "falta de rigor" al atribuir ilegalidades en la contratación. Así, pese a que, en relación con la organización del Congreso Familia y Escuela, celebrado en noviembre de 2006 en el Museo de las Ciencias de Valencia, se adjudicaron cuatro encargos a tres empresas de la trama corrupta por menos de 12.000 euros cada uno, Villalonga sostiene que no se trata de la práctica ilegal de un fraccionamiento de un mismo contrato, "no sólo porque las empresas contratadas son diferentes y la cuantía es correcta, sino porque el órgano contratante es diferente en cada uno de los casos y la contratación se produce para labores diferenciadas".

Luna explicó que, aunque Diseño Asimétrico, una de las empresas de la red, recibió un contrato para traductores, por 8.940 euros, y otro para acreditaciones, por 3.045 euros, en ese congreso. En realidad, los traductores los puso la empresa Dixon Servicios Lingüísticos por encargo de Orange Market, a la que cobró 1.804 euros, y las acreditaciones las hizo Gráficas Izquierdo, también para Orange Market, a quien le costaron 1.235 euros. Con ello, la trama Gürtel ganó comisiones de más de 7.000 y de 1.800 euros, respectivamente.

Por otra parte, Down Town Consulting, otra empresa de la trama, recibió el encargo de las sillas y la tarima del Congreso Familia y Escuela, por lo que cobró 11.716 euros, cuando, en realidad, la misma Orange Market pagó a la empresa Apq Stage Ibérica 1.234 euros por ellas. Con ello, Álvaro Pérez El Bigotes, ganó, sólo haciendo de intermediario, más de 10.000 euros. Finalmente, la propia Orange Market fue encargada de poner 1.000 receptores de radio y contratar azafatas para el evento.

"Todo es un auténtico chanchullo, del principio al final", comentó el diputado socialista, a quien el portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha planteado una proposición no de ley para reprobarlo que se debatirá en el pleno de la semana que viene. "Pase lo que pase, vamos a seguir denunciando estos casos", señaló Luna.

(www.elpais.com, 12/05/10)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL EX MINISTRO COSTA SE DESMARCA DE NUEVO DE GÉNOVA Y EXIGE A CAMPS "EXPLICACIONES", AUNQUE SEA "INCÓMODO"

Juan Costa, ex ministro de Ciencia y Tecnología y diputado por Castellón, ha vuelto a romper la aparente unidad del Partido Popular para convertirse en la piedra en el zapato de Francisco Camps, presidente de la Comunidad de Valencia que estuvo imputado en el caso de los trajes hasta el verano pasado. A la espera de que el Tribunal Supremo decida si reabre el trajegate, un fallo que llegará mañana, Costa ha recordado a Camps que un político tiene "la responsabilidad de dar explicaciones" aunque "a veces resulte incómodo". "A veces no es lo que más te apetece" pero es ésta la "responsabilidad más clara que distingue a un responsable político de los ciudadanos", ha enfatizado Costa, quien se ha pronunciado en términos similares en los últimos meses. El ex ministro, una vez más, se ha desmarcado de Génova, que ha cerrado filas con su barón valenciano "diga lo que diga la Justicia" según la posteriormente matizada versión de Mariano Rajoy.

Juan Costa, ex ministro de José María Aznar y hermano de Ricardo Costa, ex secretario General del PP Valenciano purgado por el caso Gürtel a finales de octubre pasado, ha roto la aparente unidad en torno a Francisco Camps para exigirle "explicaciones" aunque ello pueda resultar "incómodo".

El diputado ha explicado que no tiene "ninguna duda" sobre "la honradez personal y política de nadie hasta que se demuestre lo contrario", aunque también ha advertido de que "nunca pone la mano en el fuego por nadie". Costa ha mostrado su deseo de que Camps "tenga la posibilidad de mostrar o de validar sus responsabilidades políticas en la Comunidad Valenciana", recoge Europa Press.

A pesar de ello, ha matizado el respaldo incondicional de Mariano Rajoy al presidente valenciano, algo que ya hizo el propio Rajoy. Si el pasado 6 de mayo, el líder popular sostuvo que "Camps va a ser el candidato del PP en las próximas elecciones, diga lo que diga la justicia", Costa ha sostenido que esas palabras "no se interpretaron de manera correcta".

Cabe mencionar que el ex ministro, que hace tres semanas exigió a la cúpula del partido reclamar responsabilidades por la Gürtel sin "discriminación", también se ha desmarcado de la postura oficial respecto a la última encuesta del CIS.

(www.elpais.com, 11/05/10)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS PERITOS HALLAN NUEVE SUPUESTOS DELITOS FISCALES AL MATRIMONIO FABRA

El informe pericial encargado para investigar el patrimonio del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, señala al dirigente del PP como presunto autor de cinco delitos fiscales entre 1999 y 2003. Según los peritos, que son inspectores de Hacienda, Carlos Fabra dejó de ingresar cerca de 900.000 euros por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). A éstos habría que añadir los 94.000 que, a juicio de los peritos, defraudó en 2004 y que no pueden considerarse delito porque no superan el umbral de los 120.000, que marca la diferencia entre falta y delito.

En el caso de su esposa, María Amparo Fernández, el supuesto delito fiscal se ha detectado en cuatro ejercicios tributarios, 1999, 2000, 2001 y 2003. Así, entre los dos, las arcas públicas dejaron de contar con los 1,7 millones de euros que debía haber ingresado el matrimonio Fabra, según el informe.

Sin embargo, todas las declaraciones de renta presentadas por Carlos Fabra en esos años le salieron negativas. Las declaraciones de su esposa fueron positivas, a excepción de las de 1999 y 2000.

Los peritos han analizado los más de ocho millones ingresados (en efectivo, con cheques o transferencias) en las cuentas de los Fabra y sostienen que las ganancias patrimoniales "no justificadas" ascienden a 3,6 millones. Del análisis se han suprimido, tal como indica el informe, las cuentas que corresponden a Fabra como representante público en instituciones.

El informe de los peritos responde a la decisión judicial de investigar los ingresos, gastos y patrimonio de la familia Fabra entre 1999 y 2004, con el fin de determinar si existió un enriquecimiento injustificado. La decisión se adoptó como parte de las diligencias abiertas por el juzgado número 1 de Nules (Castellón) contra Fabra, que está siendo investigado por presuntos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal. La Agencia Tributaria ya presentó una denuncia por el ejercicio de 1999. Ese mismo año, 2005, el juzgado acordó investigar el patrimonio de Fabra y su familia por lo que se paralizó el plazo de prescripción de los delitos, que es de cinco años.

Para llevar a cabo el informe, los peritos han analizado los ingresos y movimientos en las cuentas hasta obtener un montante al que se han restado los traspasos entre sus propias cuentas, los procedentes de ventas de inmuebles, los sueldos y el pago de préstamos.

También se han restado otras cantidades "con imputación específica" entre las que se encuentran ocho premios de lotería de Carlos Fabra. En 2000 percibió 112.909 euros del Organismo Nacional de Loterías. Al año siguiente, los premios también sobrepasaron los 100.000 euros. El total de los ocho premios asciende a más de 266.000 euros.

(www.elpais.com, 14/05/10)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. RTVV QUIERE PREJUBILAR A SANZ SIN EXPEDIENTARLO, SEGÚN EL PSPV

La dirección general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) está esperando a que Vicente Sanz, acusado de acoso sexual por tres trabajadoras de la cadena autonómica, opte por la prejubilación. De esa manera, tendría derecho a una indemnización por haber ocupado el cargo de secretario general y jefe de recursos, del que está suspendido de empleo y sueldo a petición propia tras hacerse público el escándalo. Así lo denunció la diputada socialista en las Cortes Valencianas Nuria Espí, que ha reclamado reiteradamente que Sanz sea despedido por la empresa pública.

El próximo 24 de mayo, Sanz cumplirá 64 años. Dado que supera la edad de 60 años y cuenta al menos con 30 de cotización, puede pedir el retorno a su puesto para acogerse inmediatamente a la prejubilación. Eso explicaría que el director general de RTVV, José López Jaraba, todavía no le haya abierto un expediente disciplinario, que haría imposible que se beneficiase de esa posibilidad mientras no se aclarase lo sucedido.

"Queremos lanzar una advertencia a López Jaraba", señaló Nuria Espí. "Tenemos información de que se quiere hacer esa maniobra y no nos vamos a quedar quietos. Sería inaceptable, en pleno proceso judicial y con la gravedad de los hechos que se han denunciado".

Los socialistas calculan que la indemnización que Sanz -actualmente sometido a una orden de alejamiento de las tres trabajadoras que lo denunciaron- podría llegar a cobrar como ex alto cargo, en el caso de que se prejubilara, superaría los 120.000 euros. "Como nos enteremos de que antes de que acabe el proceso judicial se le da de alta, para que pida la prejubilación y pueda recibir la indemnización, actuaremos con todas las consecuencias. Iremos hasta el final, desde luego más allá de la exigencia de dimisión de López Jaraba, porque esto clama al cielo", añadió la diputada, que se preguntó: "¿Qué miedo le tienen al señor Sanz los directivos de RTVV y el mismo Consell que puede llevarles a hacer que no se cumplan las normas?".

Los grupos de la oposición reclamaron en la comisión de control de RTVV, en las Cortes Valencianas, la apertura de un expediente disciplinario para aclarar lo ocurrido o el despido de Sanz.

(www.elpais.com, 11/05/10)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. BLASCO PRESENTA LA CONFERENCIA DEL PERIODISTA QUE TRABAJÓ EN CANAL 9 Y LLAMÓ ´ABRECULOS´ A BORIS IZAGUIRRE

El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, será el encargado de presentar esta tarde la conferencia del periodista que llamó "abreculos" y "personaje abyecto que en cualquier otro país del mundo estaría en la clandestinidad" al escritor venezolano Boris Izaguirre.

Carlos Dávila vuelve a Valencia después de su paso por Canal 9, donde dirigió y presentó el programa "En exclusiva" en 2008 por el que percibía de la cadena pública de todos los valencianos la nada desdeñable paga de 6.000 euros al mes. El programa era de corte similar al que presentó durante seis años en TVE "El tercer grado" cuando José María Aznar gobernaba España.

El acto comenzará a las ocho en el Hotel Astoria de Valencia y el título elegido para la conferencia no puede ser más enigmático: "Dos años después, dos años antes". Dávila es médico de profesión y periodista, además de director del nuevo periódico "La Gaceta" del Grupo Intereconomía. La charla está organizada por el "Foro de Opinión. Cultura, Información y Libertad".

De Dávila eran conocidas sus amistades con el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, además de con José María Aznar. De hecho ganó el premio que concede el Club Liberal 1812 de Cádiz, entidad que también galardonó a Zaplana. El día que el político de Benidorm recibió el premio estuvo acompañado por el propio Carlos Dávila.

En su día la presencia de este polémico periodista en Canal 9 fue interpretada por la oposición socialista como una estrategia de Eduardo Zaplana para ganar influencia personal en Madrid, a través de determinados medios de comunicación y periodistas. Una maniobra que también secundó Francisco Camps con posterioridad.

Además de la presencia del conseller Rafael Blasco está prevista la asistencia a la conferencia de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

(www.levante-emv.com, 10/05/10)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. MISLATA PAGA MÁS DE 800.000 EUROS POR AMPLIAR EN 200 M2 UN APARCAMIENTO PÚBLICO

La ampliación en 200 metros cuadrados del aparcamiento de la calle Lepanto le cuesta a Mislata más de 800.000 euros. Así lo ha asegurado el PSPV de la localidad que argumentó que, en la liquidación a la empresa, en lugar de valorar la obra por metro cuadrado los técnicos municipales lo hicieron en función de las plazas de aparcamiento que salieron de más, tras ampliar la superficie ocupada (un total de 58 plazas, según el informe técnico).

Sin embargo, los socialistas -tras revisar el libro de edificación, que muestra la superficie real construida- afirman que "las 58 plazas nuevas no están en el aparcamiento de Lepanto, sino distribuidas entre los tres garajes, de manera que lo que se ha hecho es una redistribución del espacio, aunque se ha realizado una valoración bien diferente que asciende a 810.731 euros. Según nuestras cifras el coste por el incremento de la obra debería ser de 76.816 euros". Por ello, el PSPV volvió a exigir, una vez más, que se revise la liquidación a la empresa constructora.

El secretario general del PSPV de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, aseguró que la clave reside en que, cuando una persona compra un piso, la tasación se hace valorando los metros cuadrados "y no el número de habitaciones que compra uno". Es más, aseguró que así lo especifica el artículo 266 de la Ley de Contratos que dice que "se abonará al concesionario el importe de las inversiones realizadas por la ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la concesión".

El portavoz de Urbanismo, Vicente García, afirmó, por su parte, que "mantengo la confianza con la oficina técnica, tanto en su calidad profesional como en su honestidad personal, no obstante, esta manifestación se verá plasmada en los informes que voy a solicitar de una manera detallada para ratificar que el PSPV, una vez más, vuelve a mentir".

Entre el proyecto que realizó Lubasa para los tres aparcamientos de Mislata y las superficies reales que ocupan los garajes existe un desfase de 202,37 metros cuadrados de más. Así consta en el libro de edificación que especifica que el garaje de la calle Lepanto tiene, finalmente, 290,10 metros cuadrados de más, y que el de Príncipe de Asturias, 87,76 de menos.

Debido a esta ampliación de la superficie, la empresa constructora modificó el proyecto (que implica los tres aparcamientos construidos). Así consta en el informe del arquitecto municipal para la liquidación a Lubasa que valora, además, en 698.906 euros (sin IVA) el presupuesto de ejecución de la obra "teniendo en cuenta que se han ejecutado 58 unidades de plazas más, habida cuenta de que dicha ampliación se produce a consecuencia de una mayor ocupación del subsuelo en la calle Lepanto". Además, el técnico municipal afirma en el expediente que el "coste del valor unitario de cada plaza es de 12.701 euros". Tras la multiplicación pertinente, el arquitecto valora las 58 plazas de más en 736.678 euros , aunque deduce varias cantidades hasta fijar el coste de la obra realizada en 698.904,04 euros.

(www.levante-emv.com, 09/05/10)

39. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ ADMITE LA DENUNCIA POR PREVARICACIÓN CONTRA BELLVER

Jorge Bellver, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, está citado para declarar ante el juzgado en calidad de imputado el próximo 8 de junio por un supuesto delito de prevaricación contra el patrimonio por autorizar la construcción de un aparcamiento y afectar con ello los Jardines de Monforte, que gozan de protección especial desde 1941. El juzgado ha admitido a trámite la denuncia presentada por la fiscalía, después de concluir las diligencias previas abiertas tras la denuncia presentada por el colectivo Cercle Obert.

La denuncia de la fiscalía deja claro, después de la investigación realizada, que Bellver autorizó en 2004 las obras de un aparcamiento subterráneo entre las calles de Severo Ochoa y de Monforte de Valencia. Esas obras afectaron al subsuelo de los jardines, que también está bajo protección. Como consecuencia de esas obras, se han detectado humedades y enfermedades en la flora. Las obras se adjudicaron sin el preceptivo y determinante informe de la Consejería de Cultura de la Generalitat.

(www.elpais.com, 12/05/10)

40. CASTILLA Y LEÓN. EL PP IMPULSA UNA PISTA DE ESQUÍ EN UN BOSQUE QUEMADO

Cuando las autoridades de Castilla y León deciden llevar a cabo un proyecto urbanístico no hay quien les detenga. Las Cortes autonómicas están a punto de aprobar una ley impulsada por el PP para levantar una pista artificial de esquí -Meseta Ski- paralizada por la justicia en un monte quemado en Valladolid. La norma contraviene la Ley de Montes, que impide recalificar una zona quemada en al menos 30 años, pero dará amparo a la obra que promueve la Diputación de Valladolid (PP), y que estará terminada mucho antes de que el Constitucional, si llega el caso, examine un posible recurso.

La creación de leyes para eludir el control judicial en materia de medio ambiente es un recurso cada vez más frecuente, especialmente en Castilla y León. Las Cortes autonómicas tramitan otra reforma para autorizar la estación de esquí de San Glorio (en un parque natural entre Palencia y León) y con un veto judicial. Si la urbanización tiene una ley que lo ampara, sólo el Constitucional puede tumbarla. Los ciudadanos no pueden acudir a los tribunales ordinarios y sólo el Defensor del Pueblo, el Gobierno o 50 diputados pueden recurrirla.

La Junta debía estar harta de los reveses judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la recalificación para talar un pinar protegido en Las Navas del Marqués (Ávila) para construir hoteles y campos de golf y vetó la estación de esquí de San Glorio. Eran dos de los mayores proyectos urbanísticos y en ellos está involucrada la vicepresidenta María Jesús Ruiz. Pero no volverá a pasar. La Ciudad del Medio Ambiente, un controvertido proyecto en Soria, fue aprobado por ley, así que el Tribunal Superior no puede decir nada. Lo mismo ocurrirá con San Glorio.

La estrategia ha recibido críticas pero es efectiva. En 2001, Murcia (gobernada por el PP) modificó una enmienda que desprotegía un parque natural en la costa virgen y permitía construir miles de viviendas. El PSOE recurrió al Constitucional pero, nueve años después, no ha resuelto.

Con la ley para construir Meseta Ski, las Cortes van más allá. "Da un salto cualitativo porque no sólo elude el control judicial y que los ciudadanos podamos recurrir las decisiones políticas, sino que intenta pasar por encima de leyes básicas del Estado", en palabras de Miguel Ángel Ceballos, de Ecologistas en Acción. La organización recurrió Meseta Ski -una pista sintética en la que uno puede hacer como que esquía durante todo el año cerca de Tordesillas (Valladolid)- y un juzgado paralizó las obras. Consideró, como después ratificó el tribunal, que no se podía recalificar el terreno porque el pinar que lo cubría se incendió en 1999. Y una reforma de la Ley de Montes de 2006 impide estos cambios de uso para proteger los bosques de los tiburones inmobiliarios. Ceballos recuerda a los diputados que "a pesar de que han sido elegidos democráticamente están sujetos a las leyes". "Lo lógico sería que buscaran otro sitio para la pista de esquí", agrega.

(www.elpais.com, 10/05/10)

41. CASTILLA Y LEÓN. LOS PROVEEDORES DE ULIBARRI PIDEN QUE SE EXTIENDA EL CONCURSO DE ACREEDORES A TODAS SUS EMPRESAS

Al empresario leonés imputado en la trama Gürtel José Luis Ulibarri se le continúan complicando las cosas en torno a una de sus constructoras, Begar Construcciones, que se encuentra en concurso de acreedores desde junio de 2009. A finales del pasado mes de abril, la compañía -que forma parte del Grupo Begar- propuso a los acreedores un plan de viabilidad que pasaba por una quita del 55 por ciento y plazo de cinco años para hacer frente al pago de las deudas. Ahora, algunos de los proveedores de la compañía se han dirigido al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valladolid para solicitar que se extienda el concurso de acreedores ordinario a todas las empresas participadas por Ulibarri, más de medio centenar.

La imputación de José Luis Ulibarri en la trama Gürtel fue uno de los principales detonantes de la caída de su imperio empresarial. En junio de 2009, una de sus principales empresas, Begar Construcciones, entró en concurso de acreedores (anteriormente suspensión de pagos) complicando aún más la delicada situación del magnate. A finales del pasado mes de abril, la constructora presentó a sus acreedores una propuesta de convenio anticipado, es decir, un plan para la viabilidad de los cobros, que contemplaba una quita del 55 por ciento sobre el importe de los créditos concursales, según recogió el diario económico Cinco días.

Begar reconocía el "importante esfuerzo" que estas condiciones supondrían para los acreedores, pero apuntaba que la liquidación de la constructora "no alcanzaría ni de lejos el porcentaje de recuperación de créditos que la solución convencional permite". Además, aunque ese 55 por ciento supera el umbral marcado por la Ley Concursal (que fija un 50 por ciento como tope), Ulibarri apelaba a la "trascendencia social" de su empresa en la economía castellano-leonesa para justificar el plan.

Sin embargo, según publica este jueves el digital Bierzodiario.com, el plan de viabilidad para hacer frente a las deudas ha generado un profundo malestar entre los acreedores, lo que ha motivado que varios de los proveedores de la compañía acudan a los tribunales. Un grupo de ellos ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil de Valladolid que extienda el concurso de acreedores al resto de las empresas en las que Ulibarri es accionista mayoritario.

Los acreedores argumentan que Begar "formaba parte de un grupo de empresas, utilizando empresas instrumentales para la consecución de sus fines". Junto a su petición, adjuntan un listado con medio centenar de empresas en las que Ulibarri o la propia Begar figuran como accionistas mayoritarios. En ocasiones, la participación del empresario alcanza valores del 100 por cien o aproximados a éste, como los casos de UFC, Seralia SL, Desat SA, Producciones Audiovisuales Digitales, Athena Educational Consulting, Texmix Import, Intermedia Press o Asturigia SA entre otras muchas.

Los denunciantes apuntan que de la documentación que se maneja en el concurso de Begar Construcciones se deduce que no se ha incluido en el activo de la sociedad todos los bienes que posee la misma. Por ello, consideran que el concurso de acreedores debería extenderse a todo el grupo empresarial ante la evidencia de que la sociedad actuaba "con confusión de patrimonios, dirección única y estructura empresarial única".

(www.elplural.com, 14/05/10)

42. REGIÓN DE MURCIA. "LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA SOY YO"

Los espectadores murcianos que el pasado 28 de abril se disponían a presenciar el encuentro de fútbol Barça-Inter por la televisión autonómica tuvieron que tragarse la correspondiente ración de entrevista a Valcárcel antes del partido. Y por si esto fuera poco, durante todo el descanso del encuentro el líder del PP volvió a monopolizar la pantalla televisiva con la continuación de este NODO renovado. Huelga decir que si algo parecido hubiera ocurrido en la televisión pública nacional, aún estaríamos oyendo los ecos de un coro de voces furibundas del PP denunciando la manipulación informativa en TVE y pidiendo a gritos dimisiones, de ministros para arriba. En cuestión de doble vara de medir, está claro que al PP no hay quien le gane.

Pero no nos engañemos, la entrevista al presidente regional del PP antes y durante el partido de la Champions no es más que la punta del iceberg de una política informativa que antepone los intereses políticos de Valcárcel y de su partido al derecho a la información de los murcianos. No hay más que ver cómo se las gastan en los boletines informativos o en los supuestos programas de debate, en que la manipulación es tan burda que llega a constituir un verdadero insulto a la inteligencia.

Conviene no olvidar que ya en la etapa de Aznar al frente del gobierno de la nación tuvimos un botón de muestra de lo que el PP entiende por libertad informativa. En Murcia no iba a ser menos. Y siguiendo los pasos de su anterior jefe de filas, Valcárcel aplica aquí la misma política de control férreo de la televisión autonómica, haciendo coincidir sus prioridades informativas con las del Partido Popular.

Llevan razón José Antonio Pujante y los consejeros socialistas de 7RM cuando afirman que esta práctica resulta inaceptable y demuestra el poco aprecio democrático de quien nos gobierna. En su calidad de servicio público perteneciente a todos los ciudadanos sin distinción de ideología, la televisión autonómica debería ser un ejemplo de independencia y pluralismo informativo. De ahí que, en vísperas de citas electorales importantes, se haga más necesario que nunca exigir una televisión regional de calidad, que garantice la pluralidad informativa. Una televisión que a diferencia de la actual no se convierta en el chiringuito de cuatro amigos que se subordinan sin ningún tipo de escrúpulos a los intereses informativos del Partido Popular.

No habría que echar tampoco en saco roto las denuncias que desde distintas instancias se vienen realizando sobre la "explotación laboral" de los 300 trabajadores de GTM, sociedad que gestiona la producción audiovisual de 7RM. Como tampoco el despilfarro a que nos tiene acostumbrados esta cadena pública, a la que en estos tiempos de crisis no le duelen prendas a la hora de pagar a precio de oro la actuación de unos personajes televisivos mediocres que vienen aquí a hacer la gracia que ya no venden en otros sitios.

No estaría de más, asimismo, que después del espectáculo vergonzoso de su entrevista, Valcárcel se desplazara a la Asamblea a dar explicaciones sobre la manifiesta manipulación informativa de una televisión que cuesta a los murcianos miles de millones de euros procedentes de sus impuestos. Es lo menos que se le puede exigir a quien empieza a tener una concepción patrimonialista de los bienes del Estado. De alguien que está a un paso de decir, si no lo ha dicho ya: "la televisión autonómica soy yo".

(www.vegamediapress.com, 10/05/10)

43. REGIÓN DE MURCIA. RELEVO EN UNA SANIDAD A LA DERIVA

Esta semana que concluye hemos tenido la noticia del cese del Gerente del Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue, que se nos ha presentado –como suele ser habitual en estos casos- como una dimisión para retomar su actividad clínica.

La noticia, no por esperada, ha dejado de sorprender en los ámbitos sanitarios y periodísticos de la Región, ya que Allegue hace meses que lleva como sombra tras de sí, la de ser un cesante. Razones no le faltaban –más allá de las que ha dejado traslucir-, pues las malas relaciones con el "sindicato amigo" (sindicato médico), la mala gestión del Servicio Murciano de Salud, con una deuda astronómica que le lleva al retraso en el pago a acreedores entorno a los 500 días, que ha tenido que soportar un corte de fluido eléctrico en algunos de sus servicios centrales –por impago de la factura-, y que puede llegar a colapsar el funcionamiento del Servicio; unido a la sospecha de una gestión que en algún caso está siendo investigada por la propia Fiscalía del TSJ, parecen deméritos más que suficientes para que no hubiera comenzado el presente ejercicio presupuestario 2010 al frente de un Servicio Público que de su mano ha ido a la deriva. Si bien en honor a la verdad, en esto no ha sido el único responsable, aunque sí el máximo –junto con la Consejera-, por lo que el relevo debería de llegar a otros altos niveles del Servicio Murciano de Salud (especialmente a las Direcciones Generales de Régimen Económico –por razones obvias-, y también a la de Recursos Humanos –que pactó mejoras salariales y ajustes horarios, sin haber calculado previamente los costos que iban a representar, por lo que parte de esas medidas no se han pagado, después de haberlas firmado, con la natural protesta sindical y cabreo del personal).

El factor sorpresivo ha sido el momento tardío (ya que esto lo debería conocer la Consejera antes de final del 2009), pues ya ha negociado el contrato programa con los diversos Gerentes de Centros Sanitarios, y ha aprobado el presupuesto para el año en curso, según sus planteamientos –que hasta ahora se han mostrado erróneos o ineficaces en el control de la gestión de la sanidad pública regional-. Por lo que al nuevo Gerente, José Alarcón –hombre de gran talante negociador y humano-, al que le cabe el mérito de haber gestionado el tránsito del Hospital de los Arcos a sus nuevas instalaciones, sin embargo va a tener escasa capacidad de maniobra en este año, de forma que casi podemos afirmar que se ha perdido un año crucial. Algo de lo que no puede exonerarse a la responsabilidad de la Consejera.

Por otra parte, a título de rumor se está comentando en los círculos sanitarios, la muy posible marcha de la Consejera en una más que previsible renovación gubernamental propiciada por las transferencias de Justicia y la creación de su Consejería, con lo que incluso se habla de la posibilidad de que la Consejería de Sanidad vuelva a refundirse con la de Servicios Sociales, en aras a la necesaria austeridad de tiempos de crisis, con lo cual, saldría reforzado Joaquín Bascuñana, que siendo un hombre fuerte del PP impondría la disciplina interna y el necesario liderazgo de crisis en la sanidad regional, para evitar su zozobra en la actual deriva que mantiene. Que por cierto, ¡no es culpa de Zapatero..!, ya que es competencia regional desde el 2002, en que se transfirió y se saldaron las cuentas, según los cálculos que aceptó el entonces Consejero del PP Francisco Marqués, y que en 8 años ha ido creciendo en burocracia, cargos político-directivos, y compadreo, generando una deuda que, en estos momentos de crisis, dificulta la viabilidad del modelo sanitario público gratuito, por pura ineficacia de gestión de sus máximos responsables.

(www.vegamediapress.com, 10/05/10)

44. ISLAS BALEARES. EX CONSELLERS DE MATAS ASEGURAN QUE ´MINTIÓ MUCHÍSIMO´ AL JUEZ

La mayoría de ex consellers en el anterior Govern de Jaume Matas admiten haber visto con sumo interés vídeos de su declaración ante el juez, y aparte de mostrarse indignados tras escuchar los argumentos del ex presidente para su defensa, especialmente porque implicó a varios de ellos en las presuntas tramas de corrupción, concluyen sin rodeos: "Contó muchísimas mentiras". Es más, varios de ellos temen ahora ser víctimas colaterales y que la Fiscalía Anticorrupción les incluya en la causa abierta por el Palma Arena, o bien estallen nuevos escándalos relacionados con sus consellerias.

"Dijo muchas mentiras, se desmarcó de un montón de asuntos que él mismo ordenó que se hicieran y los siguió de cerca, y todos los que estábamos en el Govern lo vivimos, ¿cómo puede decir ahora que no sabe nada y echar la culpa a otros?", resume su enfado un ex conseller de Matas, que abunda en la tesis de que el ex presidente fue quien dirigió por completo el polémico proyecto del Palma Arena.

El visionado de los vídeos ha desatado el malestar de la mayor parte de los que fueron compañeros de gabinete de Matas entre 2003 y 2007. ¿El motivo? Que el ex presidente responsabilizara a varios de sus propios consellers y otros altos cargos de los delitos que el magistrado y los fiscales Anticorrupción le imputaban a él.

La mayor preocupación en estos momentos de algunos de los ex consellers es que sean citados a declarar como imputados en la causa que afecta a Matas, e incluso que se abran nuevas investigaciones que les salpiquen de lleno.

"Jaume no resultó creíble, eso está claro; no pudo justificar el volumen de dinero que manejaba, y esto puede repercutir ahora en los demás", explica otro ex conseller del PP. En el partido crece el temor de que Anticorrupción ampliará ahora sus pesquisas para determinar si los fondos ilícitos de Matas procedían de comisiones por otros proyectos de magnitud que no fueran el velódromo palmesano.
En este sentido, existe el convencimiento interno de que estallarán nuevos casos, empezando por el Instituto Balear del Turismo (Ibatur), o la construcción del metro de Palma, y no serán los únicos. Los perjudicados directos serían el ex conseller de Turismo, Joan Flaquer, y la ex consellera de Obras públicas, Mabel Cabrer, quienes gestionaron gran parte de los presupuestos de la Comunidad Autónoma en la pasada legislatura.

A día de hoy son bastantes los ex consellers del PP que han dejado de confiar en la persona del ex jefe del Ejecutivo. En distintos contactos que han mantenido entre ellos, afirman tener dudas más que razonables sobre si Matas cobró dádivas de empresarios para incrementar su fortuna –que no se explican por sus propios medios–, aunque en cualquier caso, aseguran al periodista que lo desconocen. Añaden la coletilla "Jaume era muy opaco, hay cosas que sólo las llevaba y sabía él".

Durante las quince horas que duró la comparecencia de Matas ante el juez, entre el 24 y el 27 de marzo pasados, su desvío de responsabilidades repercutió sobre varios ex compañeros como el citado Flaquer, Rosa Estarás, Maria Rosa Puig, Lluís Ramis d´Ayreflor o Francesc Fiol, por hablar de consellers. De hecho, ante alguna de las afirmaciones del ex presidente, el magistrado instructor, José Castro, ya anunció que podría volver a citar a Flaquer, "pero esta vez como imputado", remachó.

En el PP ya hay quien ve una relación de causa-efecto entre el señalamiento que Matas hizo de Ramis d´Ayreflor ante los investigadores, y su repentina imputación al cabo de pocos días en la operación Bomsai. Fuentes del partido aseveran que el ex conseller ha sido el primer cabeza de turco que "paga el pato" de la táctica de Matas de "´enmarronar´ a los demás".

Otro alto cargo que salió mal parado en la declaración judicial fue Joan Martorell, ex director general de Comunicación del Govern, al que Matas apuntó como autor del expediente de contratación del periodista Antonio Alemany para que escribiera los discursos del ex presidente, y que según el juez estuvo plagado de irregularidades. Dos ex consellers coinciden en afirmar que "hay que tener mucho morro para cargar el muerto al pobre Joan", que sólo "cumplía órdenes directas" del propio Matas, aseguran ambos.

Antes de su venida a Mallorca desde Estados Unidos, forzado por la Justicia, Matas todavía cosechaba bastantes apoyos entre su equipo de gobierno, que confiaban en que saldría bien parado de su declaración, pero estos se desvanecieron tras la misma. "Para decir esto, no hacía falta que viniera", sentenció muy enojada una ex consellera a sus compañeros tras oír cómo se defendió el ex presidente.

(www.diariodemallorca.es, 10/05/10)

45. ISLAS BALEARES. FISCAL: ´MATAS TRATABA DE OBSTRUIR LAS PESQUISAS Y DE AHÍ LAS INTERVENCIONES´

Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau argumentaron que las intervenciones telefónicas practicadas en una pieza secreta del caso Palma Arena, la presunta trama de corrupción en torno al velódromo público del mismo nombre, estaban justificadas porque Jaume Matas "trataba de obstruir la investigación", como se habría demostrado a posteriori. Por el contrario, los letrados de Matas, Rafael Perera y Manuel Ollé, alegaron que las escuchas autorizadas por el juez Castro vulneraron el derecho de defensa del ex president y su también derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.

José Castro en el auto donde desestima el recurso de las defensas de Matas pidiendo la nulidad de los pinchazos telefónicos y de otras pesquisas derivadas de éstos, alaba la calidad de los razonamientos de las defensas, fiscalía anticorrupción y acusación particular en nombre del Govern, ejercida por María Ángeles Berrocal y María Ángeles González.

Las abogadas del Govern, al igual que los fiscales, rechazaron que la Ley prohíba, o excluya, en España los pinchazos telefónicos a los abogados. Ambas acusaciones recuerdan que Castro intervino los teléfonos de 4 imputados y ninguno de los abogados defensores.

Las partes mencionan abundante jurisprudencia sobre los límites y garantías de las escuchas telefónicas, un asunto de rabiosa actualidad por el caso Gürtell. Según las letradas del Govern, "en la intervención de las comunicaciones del imputado el juez no tiene por qué excluir a limine (al comienzo) las que éste mantenga con su abogado, sin perjuicio de que después, el juez deba desechar las de esa clase que no interesen al objeto de la investigación". Esta selección habría ocurrido en el sumario.

El instructor señala en su resolución que el objeto de las escuchas no era bocoitear las estrategias defensivas de Matas y sus allegados, puesto que si esas iniciativas son legítimas se plantean en el proceso normalmente y tienen que ser admitidas. Cosa distinta es cuando los acusados intentan fabricar pruebas falsas o manipular a testigos, líneas de defensa que el juez califica de "ilegítimas" y susceptibles de constituir otros delitos. El auto dictado por el juez del caso Palma Arena ha sido ya recurrido por la defensa de Matas ante la Audiencia, que decidirá sobre la validez de las escuchas.

Castro abre otro plazo para que los abogados del ex president del Govern del PP y las acusaciones hagan nuevas alegaciones a su resolución, de cara a la apelación ante la Audiencia.

La fiscalía anticorrupción cargó en su escrito de alegaciones contra determinadas actuaciones de uno de los letrados de Matas al que no nombra. Según los fiscales, algunas gestiones en relación a testigos y documentos del caso Palma Arena, descubiertas con ocasión de los pinchazos, "no están amparadas en el derecho de defensa, ni en el secreto profesional". Las abogadas del actual Govern postularon que los autos autorizando los pinchazos telefónicos de Matas y sus allegados fueron ajustados a derecho y estaban correctamente fundamentados. La acusación particular rechaza que se hubieran vulnerado derechos fundamentales y destaca que se pincharon únicamente los teléfonos de cuatro imputados y no de sus abogados.

La defensa de Jaume Matas y sus allegados argumentó que las escuchas telefónicas se habrían hecho sin el preceptivo control judicial. El juez Castro niega esa acusación y explica que ha pasado muchas tardes en dependencias de la Guardia Civil oyendo las cintas de las escuchas en compañía del fiscal y seleccionando las válidas y las inútiles para la investigación.

(www.diariodemallorca.es, 09/05/10)

46. ISLAS BALEARES. CARDONA NO RECURRIRÁ EL AUTO DONDE SE LE EXIGEN CASI TRES MILLONES DE FIANZA CIVIL

Josep Juan Cardona, ex presidente del PP de Eivissa y actual diputado en el grupo mixto del Parlament, no recurrirá el auto del Tribunal Superior de Justicia de Balears donde se le obliga a cubrir una fianza de casi 3 millones de euros, para asegurar las posibles penas económicas de los delitos del caso Scala.
Cardona, defendido por el abogado Josep Zaforteza, no ha depositado la fianza y ha explicado al TSJB que carece de patrimonio suficiente para cubrirla. El imputado fue en la pasada legislatura conseller de Comercio e Industria y está acusado de participar, en su calidad de presidente del Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB) en delitos económicos de alcance millonario.

Entre los delitos que se le imputan a Cardona destacan los presuntos desvíos de cientos de miles de euros de fondos públicos a empresas controladas por él y otros cargos del anterior Govern y el cobro sistemático de comisiones pagadas por proveedores del CDEIB. El ex diputado del PP siempre ha rechazado todos los cargos. Josep Juan Cardona en su escrito de alegaciones ante el juez Antoni Capó, que dictó un auto señalando para él la fianza millonaria, se quejó de que no se hubiera practicado una auditoría para aclarar la utilidad y coste de elaboración de las decenas de informes encargados por el CDEIB y que anticorrupción estima fueron plagios inútiles para los intereses públicos. Estos estudios fueron pagados por el consorcio público a un grupo de empresarios y asesores presuntamente integrados en la trama de corrupción.

(www.diariodemallorca.es, 13/05/10)

47. ISLAS BALEARES. EL TSJIB CONFIRMA LA CONDENA DE DOS AÑOS A DE SANTOS POR MALVERSACIÓN

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha confirmado  la condena de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación impuesta  contra el ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, por un delito continuado de malversación de  caudales públicos en clubes de alterne y casas de masaje, debido a  que el recurso de apelación que en un principio anunció su defensa  contra la sentencia finalmente no fue sustanciado, según señaló su letrado, José Ignacio Herrero.

De este modo, el TSJIB ha declarado desierto el trámite para la impugnación de la condena y por tanto ha devenido firme la sentencia dictada el pasado 24 de septiembre por parte del magistrado Carlos Izquierdo, presidente del tribunal del jurado que juzgó al ex edil, quien en la actualidad se encuentra en prisión a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre los trece años y medio de cárcel que la Audiencia Provincial le impuso por abusos sexuales a menores.

No obstante, Herrero explicó que en próximos días pedirá la  suspensión de la pena al tratarse de una condena menor a dos años de  prisión, lo que se encuentra establecido en los artículos 80 y siguientes del Código Penal, que determinan como condiciones necesarias para suspender la ejecución que el condenado haya delinquido por primera vez; que la pena impuesta no sea superior a  los dos años de cárcel, y que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles derivadas del proceso. 

Tal y como relata la sentencia, De Santos, aprovechando su cargo como presidente de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos (EMOP), utilizó la tarjeta municipal de esta compañía «en su propio  beneficio y sin intención de devolver las cantidades» defraudadas.  Entre los locales donde se produjeron los dispendios se encuentra el  local de masajes Casa Alfredo, donde De Santos gastó en su propio  beneficio más de 48.800 euros.

Sin embargo, la resolución emitida por el juez, en la que se  tienen en cuenta las atenuantes de reparación del daño y de  drogadicción solicitadas -junto a la de confesión- por la defensa,  considera probado que el 13 de marzo de 2008, antes de que fuese  iniciado el proceso judicial contra el ex regidor, reintegró a las  arcas municipales 50.804 euros como cantidad total que había desviado  y que en el momento de los hechos el ex edil era adicto a la  cocaína.

Cabe recordar que el proceso judicial contra De Santos se inició  el 13 de marzo de 2008 a de una querella interpuesta por la Fiscalía. Durante el juicio, celebrado del 14 al 16 de septiembre del pasado año en la Audiencia Provincial de Palma, el acusado alegó que el dinero que desvió era «por desgracia para pagar droga» ya que su adicción «lo es a la droga, no al sexo».

Sin embargo, ésta no es la única causa por la que ha sido juzgado y condenado el ex concejal, ya que el pasado mes de octubre el  presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial le impuso trece años y medio de privación de libertad por abusos sexuales a  menores, tras lo cual el tribunal decretó su ingreso en prisión sin  fianza ante un «elevado y patente riesgo de fuga». Su letrado  recurrió en casación ante el Supremo la sentencia de la Audiencia.

Mientras tanto, en diciembre el titular del Juzgado de Instrucción  número 7 de Palma, Antonio Garcías, archivó la causa en la que se  encontraba imputado el ex edil por la adjudicación del castillo de juegos infantiles del Parc de Sa Riera, al no aparecer «debidamente  justificada» la perpetración de los delitos que habían dado lugar a  la apertura del procedimiento.

(www.ultimahora.es, 12/05/10)

48. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL SILENCIO DE RAJOY DIVIDE AL PP DE ASTURIAS ANTE LA CANDIDATURA DE CASCOS

Ni la "marea creciente" casquista ni el "clamor" en Asturias a favor de la candidatura de Francisco Álvarez Cascos para las elecciones autonómicas de dentro de un año han ablandado todavía la decisión del líder nacional del PP, Mariano Rajoy. Ni tampoco la de la actual dirección regional de ese partido. Los movimientos y presiones en Asturias dentro del PP a favor de Cascos son ya descarados, pero no logran el resultado esperado. Esta semana los partidarios de la carta Cascos, el manifiesto refrendado por los 12 alcaldes del PP en el Principado y por dirigentes de 63 de las 78 juntas (80%), han enviado esas firmas a la sede nacional, en la calle Génova. Pese a ello, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, explicitó el lunes, tras la ejecutiva, que no tenía conocimiento de ese movimiento. Algo que también hizo evidente Rajoy este jueves, en una entrevista con Julia Otero. No darse por aludido.

Sí lo ha hecho la actual dirección del PP en Asturias, molesta con cómo se ha fraguado esta estrategia ajena a la estructura del partido, y que ha reclamado a Madrid ese manifiesto con las firmas de los partidarios de Cascos. Ya lo han recibido y han constatado que, teóricamente, los seguidores de Cascos, muy activos también en las redes sociales, han recabado al menos rúbricas de los responsables de muchas juntas. Pero también se constata, desde de la dirección del PP en Asturias, que no todas en las mejores condiciones. Fuentes próximas a la cúpula del PP de Asturias han denunciado que los promotores han recogido muchas de esas firmas llegando hasta las casas de los interesados y planteándoles el dilema de lo que podría suceder en el futuro si Cascos era elegido candidato y ganaba las elecciones. Los casquistas niegan esa versión y sostienen que todos los firmantes son mayores de edad.

Aún en esas condiciones, muchos dirigentes se han negado a firmar e incluso a pronunciarse claramente. El actual presidente del PP asturiano y candidato perdedor en dos ocasiones, Ovidio Sánchez, ha mantenido un perfil lo más ambiguo posible. Sin decantarse por ninguno de los dos bandos. Otros sí lo han hecho. Por ejemplo, los responsables de juntas del PP tan importantes como las de Gijón y Avilés, o las de Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Aller, Navia, El Franco, Vegadeo, Tineo, Pravia, Parres y Colunga. Este sector del partido, que se autodenomina "renovador", está trabajando ya para encontrar una alternativa a la de Cascos. Y sostienen que el ex ministro de Fomento con Aznar no lo va a tener tan fácil como aparenta. Han hecho recuento y defienden que con los militantes de las juntas contrarias a esa candidatura sumarían 1.030 de los compromisarios del anterior congreso regional, entre el 40% y el 45% del total. Una cifra que creen podría ser mayor con "voto secreto".

Cascos y el "Manifiesto a favor de un Partido Popular ganador en Asturias" han hecho su trabajo de zapa. Han cosechado importantes adeptos, como el alcalde de Oviedo, el histórico Gabino de Lorenzo. Pero también han generado un ambiente de división y confusión, como en la crisis de 1998, con la escisión de Sergio Marqués y el URAS. Cascos no quería ahora para él una proclamación normal, ni siquiera una aclamación de las bases, que muchos habrían suscrito para sellar la paz. Quería que Rajoy se lo pidiese por favor y, eso, aún no ha sucedido.

(www.elpais.com, 08/05/10)

49. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL EX MINISTRO REAPARECE EN UNA CONVENCIÓN DEL PP: "ES IRRELEVANTE SI SERÉ EL CANDIDATO"

Francisco Álvarez-Cascos es una leyenda, pero él no se conforma con eso, él desea algo más: ser presente. Y cuanto antes, mejor. "Hay una marea creciente que cree oportuno mi regreso", dice. "Hay muchísima gente, entre ellos él mismo, que están ilusionados en tener un candidato de un magnífico perfil", añade el presidente del PP en Asturias, Ovidio Sánchez. , el ex ministro de Fomento dejó claro una vez más que está "a las órdenes del PP". Ya había dicho hace un año: "Si me sacan a bailar, acepto". Pero su presidente, Mariano Rajoy, se muestra reticente, asegura que "algo ha leído por ahí en los periódicos", pero que a él no le ha dicho nada. Así que Cascos parece dispuesto a lanzarse a una campaña de primarias ante la opinión pública para ganarse su candidatura por aclamación, y dio otro paso más en una plaza de mucho valor estratégico.

Se celebra en Burgos la Convención Nacional del PP de Castilla y León, la última antes de las elecciones autonómicas de 2011, que precisamente clausurará Rajoy. Los organizadores invitaron a participar a Cascos, y éste aceptó de forma "rauda, inmediata". Y entre el alcalde de la ciudad, el también ex ministro Juan Carlos Aparicio; entre dirigentes regionales y nacionales, como la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal; entre todos ellos, las fotos con militantes, los fogonazos de los periodistas, los abrazos emocionados y los aplausos se los llevó Cascos.

Incendió a un público entre el que ya alguno dormitaba, recitando su discurso apenas sin papeles, de pie, gesticulando, bromeando, haciendo reír e incluso llorando él mismo, al recordar a la fallecida ex vicepresidenta de la Comisión Europea Loyola de Palacio.

Quitándose casi ya el micrófono de estrella del rock para marcharse, aún le dio tiempo a contestar a Pedro Martín Iglesias, ex senador burgalés de 72 años, que tomó el micrófono para resumir la impresión general: "Hoy se abren nuevas perspectivas para el PP. Quiero hablar de futuro. España necesita gente como usted, los asturianos se lo merecen". Y Cascos, que aspira a aspirar a la presidencia de esa comunidad, respondió: "Estoy siempre a las órdenes del PP". Eso sí, casi una hora se ha pasado perorando, y no ha mencionado ni en una sola ocasión a Mariano Rajoy.

Ha repartido palos a diestro y siniestro contra el PSOE, contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, contra el actual ministro de Fomento, José Blanco. "Su estilo de hacer política es nocivo, pernicioso", "les gusta la España hemipléjica, de dos velocidades", "tras su deplorable ejercicio de memoria histórica lejana sólo hay manipulación para apropiarse de la gestión del PP entre 1996 y 2004"... Cascos embaraza sus argumentos con alusiones de largo recorrido que trascienden los arduos conceptos y gráficos sobre aeropuertos, líneas ferroviarias. Alude a debates de actualidad que en principio no tocarían, como la Ley de Memoria Histórico, "las dos Españas", el déficit desbocado o la falta de crecimiento económico.

Y, como broche final, una llamada perentoria a "abrir urgentemente una mesa de debate titulada Las elecciones como oportunidad, para que los ciudadanos decidan". Porque "la política no puede ser sólo denunciar y advertir, hay que adelantarse". ¿Eso significa que quiere ser candidato autonómico en 2011? "Permítanme que no me distraiga con cosas muy poco importantes, por no decir irrelevantes". Y entre flashes, abrazos y felicitaciones, se volvió a subir al coche. Y los cientos de asistentes a la convención quedaron divididos en dos: los que habían escuchado al "futuro" en una sala abarrotada a la que hubo que cerrar el acceso para que no reventara, y los que no. Hoy, otro futuro, tal vez compatible: Mariano Rajoy.

(www.elpais.com, 08/05/10)