ÍNDICE

1. RAJOY VA A LA COLA DEL PARO PARA HACERSE UNA FOTO

2. RAJOY DICE QUE NO DIMITIRÁ AUNQUE SE CONFIRME LA FINANCIACIÓN ILEGAL EN EL PP

3. LA CORRUPCIÓN AUGURA AL PP UN AÑO DE CALVARIO JUDICIAL

4. RAJOY HABLA, POR FIN, CLARO: UN DESPIDO MÁS BARATO Y MENOS GASTO PÚBLICO

5. EL JUEZ DE GÜRTEL INVESTIGA SEIS AÑOS DE VIAJES PRIVADOS DE CARGOS DEL PP

6. SÁENZ DE SANTAMARÍA EVITA EXPLICAR LOS VIAJES PRIVADOS DEL PP FINANCIADOS POR LA TRAMA

7. LOS "DIEZ GRANDES ÉXITOS MEDIÁTICOS" DE MARÍA DOLORES DE COSPEDAL

8. EL PP NO ENCAJA EL ARCHIVO DE LA CAUSA CONTRA EL LEHENDAKARI

9. EL PP ANUNCIA SU ‘NO’ AL USO DE LAS LENGUAS AUTONÓMICAS EN EL SENADO

10. GALICIA. PRESIDENCIA ANUNCIA AHORA LA COMPRA DE 67 COCHES

11. GALICIA. BALTAR OFRECE EMPLEOS POR ESCRITO A DELEGADOS AL CONGRESO DEL PP

12. GALICIA. EL HIJO DE BALTAR PIERDE EN LA CAPITAL OURENSANA EN LAS ELECCIONES DEL PP

13. GALICIA. EL ALCALDE PROMOTOR DE TUI NEGOCIA CON LA XUNTA SU PLAN DE URBANISMO

14. ANDALUCÍA. RATIFICADA LA MULTA A DOS CARGOS DEL PP POR FRAUDE ELECTORAL

15. ANDALUCÍA. DESPILFARRO EN EL 'MASTER' DE TENIS DE MÁLAGA

16. COMUNIDAD DE MADRID. CORRUPCIÓN, PALABRA TABÚ EN EL EPICENTRO DE LA GÜRTEL

17. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ATIZA LA TENSIÓN CONTRA COSPEDAL POR EL TAJO-SEGURA

18. COMUNIDAD DE MADRID. LA FEDERACIÓN DE MÉDICOS DENUNCIA LAS 'LISTAS NEGRAS' DE GÜEMES Y EL CESE DE PROFESIONALES 'DÍSCOLOS'

19. COMUNIDAD DE MADRID. LA CONCEJAL DE POZUELO IMPUTADA EN EL 'CASO GÜRTEL' PRESENTA SU DIMISIÓN

20. COMUNIDAD DE MADRID. EL FISCAL PIDE 3.000 EUROS AL EX ALCALDE DE BOADILLA POR CONTRATAR A UN CONSERJE A DEDO

21. COMUNIDAD DE MADRID. TORREJÓN TAMBIÉN VETA EL PADRÓN A LOS IRREGULARES

22. COMUNIDAD VALENCIANA. RAJOY RECLAMA UNIDAD AL PP VALENCIANO, DIVIDIDO ENTRE CAMPSISTAS Y ZAPLANISTAS

23. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS BENEFICIÓ EN EL CABANYAL A FIRMAS IMPLICADAS EN GÜRTEL

24. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TRASVASE REABRE LA DIVISIÓN INTERNA DEL PP

25. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL ADMITE QUE HA GASTADO MÁS DE 90 MILLONES EN EL CIRCUITO DE F-1

26. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA SEXTUPLICA LA DEUDA EN LOS 15 AÑOS DE GOBIERNO

27. CAMPS EXCLUYE DE BANCAJA AL PSPV POR EL 'CASO GÜRTEL'

28. COMUNIDAD VALENCIANA. RIPOLL RELEGA A LA CAMPISTA ALONSO A DIPUTADA RASA

29. COMUNIDAD VALENCIANA. ALBERTO FABRA GASTA AL AÑO 520.000 EUROS EN ASESORES

30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL EX ALCALDE DE LLÍBER COBRÓ CASI UN MILLÓN POR LICENCIAS ILEGALES

31. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DE XÀBIA PIDE A SU PORTAVOZ QUE DIMITA POR CRITICAR LAS CONTRATAS

32. COMUNIDAD VALENCIANA Y REGIÓN DE MURCIA. VALCÁRCEL Y BARBERÁ AGITAN LA 'GUERRA DEL AGUA' CONTRA COSPEDAL

33. COMUNIDAD VALENCIANA Y REGIÓN DE MURCIA. COSPEDAL PLANTA CARA A CAMPS Y VALCÁRCEL

34. REGIÓN DE MURCIA. LA JUSTICIA INVESTIGA LA PROCEDENCIA DEL PATRIMONIO DEL ALCALDE "POPULAR" DE TOTANA

35. REGIÓN DE MURCIA. EL ALCALDE DE MAZARRÓN PRETENDE SUPRIMIR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS CARNAVALES

36. ISLAS BALEARES. EL PP PIERDE LA MAYORÍA ABSOLUTA EN CUENCA TRAS EXPULSAR A UN CONCEJAL DÍSCOLO

37. ISLAS BALEARES. MATAS COBRÓ DE UN BUFETE AL QUE SU GOVERN HABÍA CONTRATADO

38. ISLAS BALEARES. EL JUEZ PEDIRÁ A LA JUSTICIA DE EE UU AYUDA PARA INVESTIGAR A MATAS

39. ISLAS BALEARES. EL TSJB ASUME EL ´CASO SCALA´ AL HALLAR INDICIOS DE DELITOS CONTRA CARDONA

40. ISLAS BALEARES. LA AUDIENCIA DESESTIMA EL RECURSO DE DE SANTOS EN EL QUE PEDÍA SU EXCARCELACIÓN

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1. RAJOY VA A LA COLA DEL PARO PARA HACERSE UNA FOTO

Primero blandió unos tomates en un mitin para valorar la resolución del caso Haidar y sus supuestas consecuencias para los agricultores. Luego se vistió de cocinero en un comedor social para felicitar el año de la crisis a quienes menos motivos tienen para celebrarlo. Mariano Rajoy se apuntó a la cola del paro para hacerse una foto y prometer un despido barato desde las páginas del diario El Mundo.

Su gusto por la localización de exteriores para ambientar su mensaje político llevó al presidente del PP a servirse de una oficina del Inem cerrada para hacer gestión ficción y prometer que "cuando gobierne bajará el paro". Este anuncio encabeza una entrevista ambientada en la calle que recoge la inusual imagen de un líder político dejándose fotografiar frente a la veintena de personas que esperan a que abra la oficina del paro. En el making of de la entrevista, que El Mundo colgó en su web, Rajoy despide un entrecortado diálogo con uno de los parados que esperan su turno con un circunstancial "mucho ánimo" y un gesto que cualquier técnico en comunicación no verbal calificaría de distante.

Con esa puesta en escena, Rajoy apunta en la entrevista su fórmula para recuperar la economía y el empleo: "Soy partidario de un nuevo contrato que contemple una menor indemnización por despido". La receta del PP contra la crisis se completa con su disposición a "congelar el sueldo de los funcionarios". Es urgente una reforma laboral", advierte el líder conservador sin concretar detalles porque "no me corresponde como líder de la oposición", aunque apunta maneras de corte ultraliberal: "Terminar con el monopolio del Inem" y flexibilizar la negociación colectiva.

Analizando la coyuntura económica frente a una cola del paro, Rajoy achaca a Zapatero una "demagogia barata" por desmarcarse de las propuestas del PP aduciendo "problemas ideológicos". Su repaso de cuatro páginas al día a día político busca ambientación en otros dos escenarios, el Congreso, donde se muestra confiando en que aumente la ventaja que conceden al PP las encuestas, y la fachada de la sede de su partido, lugar en el que la corrupción ligada a las siglas conservadoras se convierte en protagonista: "Maldita la gracia que me ha hecho" el caso Gürtel, reconoce Rajoy.

"¿Pondría la mano en el fuego porque el PP no se ha financiado a través de esa trama?", pregunta El Mundo. "En lo que yo conozco, sí", responde Rajoy. "¿Tampoco a nivel regional?", replica el entrevistador. "Yo creo que no, pero claro, yo no sé lo que puede hacer un Ayuntamiento en un sitio o en otro. Eso es muy complicado, pero yo creo que no", se limita a sortear el líder del PP que admite tener "algunos defectos muy chungos", aunque apunta uno publicable: "Mi mayor defecto no es, desde luego, mi falta de autoridad", apunta sin que nadie previamente le haya preguntado por ella.

(www.publico.es, 11/01/10)

2. RAJOY DICE QUE NO DIMITIRÁ AUNQUE SE CONFIRME LA FINANCIACIÓN ILEGAL EN EL PP

Mariano Rajoy ya tiene decidido que no dimitirá si se llega a demostrar que existió financiación ilegal del PP en la trama Gürtel. El presidente del Partido Popular confía en que no haya sido así, pero a menos de dos años para las elecciones generales, con las encuestas a su favor y cuando por fin ha conseguido sujetar la silla de mando que le movían desde dentro y fuera de su partido, prefiere ponerse la venda antes de la herida. "Hasta dónde yo sé no ha habido financiación ilegal. Yo he hablado con el tesorero del partido y me han asegurado que el PP no ha recibido ni un solo euro de estas personas", ha dicho en una entrevista. Pero advierte: "Si la hubiera habido, yo no dimitiré porque no he hecho nada".

Después de que la trama de corrupción de Francisco Correa y sus secuaces le hayan puesto contra las cuerdas y tenga a varios miembros del PP -entre ellos, al presidente Valenciano, Francisco Camps- a la espera de que se reactiven varios procesos judiciales, el líder del PP defiende a su partido: "Esa gente se ha enriquecido aprovechándose del PP. Y eso ha involucrado a algunas personas", ha dicho Rajoy, quien ha querido extender la disculpa no a su propia organización sino a toda la clase política. Un discurso bien distinto al que tenía el PP en tiempos de José María Aznar cuando la corrupción asolaba al PSOE. Y es que la corrupción es el principal problema que tiene Rajoy, una lluvia de barro que lleva esquivando muchos meses y que espera que no le manche el traje en 2010.  

En la trama Gürtel hasta 16 cargos relacionados con el PP están imputados, pero no es el único cenagal en el que tendrán que bracear los conservadores: también se espera que en los próximos meses el presidente de la Diputación de Castellón, el popular Carlos Fabra, responda de delitos por los que lleva imputado desde hace 6 años sin que haya existido ley ni código ético que lo separen de su cargo. Pero hay más, el caso Palma Arena y la supuesta compra de un palacete del ex ministro Jaume Matas a un precio muy inferior a su valor en Illes Balears, será otro frente judicial abierto en el PP.

También ha hablado de economía el líder de los populares y ha atacado duramente al Gobierno, al que acusa de "no hacer nada, de vivir en la más absoluta inacción". Rajoy ha resumido las recetas que aporta el PP para la salida de la crisis en tres grandes líneas: Reformar el mercado laboral, reducir el gasto público y reestructurar el sistema financiero.

Sin embargo, no ha precisado cómo conseguirá esos objetivos. En cuanto a la reforma laboral, Mariano Rajoy ha anunciado que el PP propone un nuevo contrato, pero no sabe si será para abaratar el despido o no. El dirigente de los conservadores no lo tiene claro o no quiere mojarse. "El drama de España es que el Gobierno no hace nada. Alrededor del 30% de los españoles tiene un contrato temporal, ya que entre pagar 45 días por despido, ocho, o en muchos casos ninguno, los empresarios contratan por ninguno de indemnización, y eso hay que remediarlo con un nuevo contrato […]. Un contrato que abaratara el despido… o no", ha dudado Rajoy.

Tampoco ha afinado mucho en sus propuestas de reducir el gasto público o reestructurar el sistema financiero. En cuanto al gasto público, ha declarado que "España no puede permitirse seguir gastando más de lo que ingresa". ¿De dónde reducir el gasto? Rajoy sólo ha acertado a precisar que "adelgazando la Administración donde se puede –nunca en los cuerpos de Seguridad-" y "congelando la oferta de empleo público y el sueldo de los funcionarios". Sin embargo, ha reconocido que esto último ya se está haciendo.

Para Rajoy, la "alta deuda del Estado" está provocando que los bancos no presten dinero a los ciudadanos y sí al Estado, "que es una negocio más fiable".

También ha divagado con la reestructuración financiera. Cree que es "urgente" definir el modelo de las cajas de ahorro que se quiere, pero a falta de una propuesta concreta tanto del Gobierno como de la oposición, apuesta por "abrir el debate de cómo hacerlo".

(www.publico.es, 11/01/10)

3. LA CORRUPCIÓN AUGURA AL PP UN AÑO DE CALVARIO JUDICIAL

El año horrible vivido en 2009 por el PP con el estallido de la operación Gürtel y de otros casos de corrupción, como el que ha puesto contra las cuerdas al ex ministro y ex presidente balear Jaume Matas, amenaza con verse superado por el recién iniciado 2010. El reguero de investigaciones pendientes, la posibilidad de nuevas imputaciones de alcance en la Gürtel y el laberinto en que, por ese mismo caso, permanece atrapado el presidente valenciano, Francisco Camps, auguran un verdadero calvario judicial para los conservadores. Dividido ahora en tres partes, el caso Gürtel puede acabar en el Supremo si surgieran indicios contra nuevos aforados de otras comunidades o de ámbito estatal.

El año ha arrancado con la previsión de nuevos sobresaltos para el partido de Mariano Rajoy. Será en el último tramo de este mes cuando, según fuentes de su entorno, el magistrado Francisco Monterde, que instruye la parte investigada por el Tribunal Supremo, levante, parcial o totalmente, el secreto de lo investigado respecto a los dos aforados nacionales en el caso: el senador Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y que mantiene su acta de senador, y el diputado al Congreso por Segovia Jesús Merino, que igualmente se mantiene en su escaño.

También el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) alzará el secreto respecto a otra parte del sumario que instruye. De momento, el juez del TSJM Antonio Pedreira, encargado de toda la investigación salvo la que concierne al Supremo y al Tribunal Superior de Valencia, ha imputado a un nuevo cargo público del PP: la ex concejal de Obras de Pozuelo, Yolanda Estrada, con lo que el número de imputados asciende ya a 65. De ellos, 16 son o fueron cargos orgánicos o públicos ligados directamente al PP. El ex eurodiputado Gerardo Galeote, recolocado por Rajoy como asesor de asuntos europeos, se librará, salvo viraje de última hora, porque los delitos que se le atribuían han prescrito.

No ha trascendido si los indicios de que la trama pagó sobornos en Castilla y León se traducirán en imputaciones de representantes públicos del PP en esa comunidad, donde los conservadores ejercen un control absoluto gracias a su demoledora mayoría electoral. Pero los datos sobre presunto pago de comisiones por parte de Teconsa, ya plasmados por Baltasar Garzón en su auto de marzo de 2009, son sólidos. El foco apunta hacia el presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, que ha negado cualquier vínculo con la trama. Queda igualmente por desvelar si el análisis de la contabilidad de la red y de los documentos hallados en la sede de las empresas de Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, han abierto nuevos caminos para la investigación.

Pero ambas posibilidades, la de que la investigación salte a Castilla y León y que haya nuevos imputados en Madrid, están sobre la mesa. Como lo sigue estando un enigma: el significado de la frase pronunciada por el presunto cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, en la ya célebre grabación sobre sobre seis millones de euros que, supuestamente, había entregado a Bárcenas. "Le llevé 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de la época de Cascos", dice Correa citando por su nombre al ex ministro de Fomento de Aznar y ex secretario general del PP.

El año arranca con la incógnita de qué nuevos datos saldrán a la luz en un caso que, de momento, ya se ha cobrado la imputación de una docena de cargos del partido. La Gürtel ha convertido además a Camps en rehén de los plazos. Primero, los del Supremo, que debe resolver sobre los recursos de la Fiscalía y el PSOE contra el archivo del caso de los trajes. Y después por los del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), que igualmente debe decidir si admite a trámite la querella por financiación ilegal del PP, interpuesta también por los socialistas.

Ahora, la Fiscalía ha pedido al juez Pedreira que investigue las cuentas del PP valenciano. El magistrado se muestra reticente a hacerlo, dado que esa investigación podría afectar a aforados valencianos. Camps logró en agosto que el TSJCV lo exonerase del presunto delito de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno, en el caso de los trajes. Con el juez amigo Juan Luis de la Rúa al frente de las deliberaciones, el tribunal concluyó que aceptar ropa confeccionada a medida y valorada en 12.783 euros no entrañó delito, pese a que la figura del cohecho impropio castiga la simple recepción del soborno, sin necesidad de que exista contrapartida.

El PSOE valenciano da por seguro que el Supremo obligará a reabrir el caso. Cree que lo presagia la nítida redacción del artículo 426 del Código Penal, el referido al cohecho impropio. En ese punto, el Código establece un castigo de multa de tres a seis meses para "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función".

Los conservadores se aferran a la esperanza de que la querella no se admitirá porque el informe policial ya fue desechado por el tribunal valenciano, que aún preside De la Rúa. Éste sigue a la espera de que el TSJM responda si está investigando las pistas contenidas en el citado dossier de la Brigada de Blanqueo.

Frente a quienes auguran nuevas imputaciones de alcance, en el entorno del juez Pedreira se asegura que no habrá grandes novedades en la parte sobre la que se levantará el secreto a final de mes. La instrucción, apuntan fuentes del tribunal madrileño, no puede eternizarse ni abrir nuevas vías indefinidamente. Y, además, lo relativo a las 24 comisiones rogatorias cursadas por el magistrado para seguir el rastro del dinero sigue aún pendiente de cierre.

Procesalmente, la gran duda estriba en si el caso permanecerá en manos de los tribunales superiores de Madrid y Valencia o si acabará bajo la tutela del Tribunal Supremo. "Si se concretan imputaciones en Castilla y León o si se reabre el caso de los trajes o se admite la querella del PSOE contra Camps, tendrá que pasar al Alto Tribunal", opina una fuente conocedora del caso.

El icono: El año en que Fabra irá al banquillo (o no)

En Valencia, Camps no es el único con problemas. 2010 puede ser el año en que Carlos Fabra, imputado por corrupción desde hace seis años, se siente en el banquillo. No puede darse por seguro, dada la capacidad de maniobra mostrada por el presidente de la Diputación de Castellón y dirigente histórico del PP valenciano. Pero si finalmente no surgen nuevos tropiezos, Fabra deberá responder ante la justicia por un presunto delito de falsedad documental por el que el fiscal pide dos años de cárcel. Las acusaciones de soborno y tráfico de influencias tendrán que esperar.

La derivada balear: Jaume Matas, el blanqueo y el palacete

La cascada de casos de corrupción en Illes Balears ha bloqueado al Partido Popular, cuyo ex líder y también ex ministro Jaume Matas se ha visto atrapado en el caso Palma Arena. El ex presidente del Govern deberá comparecer el 23 de marzo y en calidad de imputado ante José Castro, el juez que investiga los incrementos de precio en la construcción del velódromo palmesano, que terminó costando el doble de lo presupuestado. Castro acusa al ex presidente balear de nueve delitos cuyas penas suman hasta 30 años de cárcel. Cohecho (soborno), malversación y blanqueo de capitales figuran en la lista.

En el ojo del huracán desde que un constructor le acusó de haber pagado en dinero negro la reforma de su palacete en el centro de Palma de Mallorca, Matas no ha recibido ningún reproche público de su partido.

La compra del palacete, adquirido supuestamente a un precio muy inferior al de su valor de mercado, se encuentra bajo sospecha. Pero eso no es todo. A comienzos de año trascendió un informe de la Guardia Civil según el cual la promotora que compró, reformó y comercializó los apartamentos del palacete es, en realidad, una sociedad instrumental propiedad de Jaume Matas.

Su escándalo no es el único que zarandea a los conservadores en las islas. Casos como el Scala o el de Andratx, cuyo ex alcalde Eugenio Hidalgo ingresó en prisión el pasado 28 de diciembre, se han encadenado en los últimos años.

(www.publico.es, 11/01/10)

4. RAJOY HABLA, POR FIN, CLARO: UN DESPIDO MÁS BARATO Y MENOS GASTO PÚBLICO

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, insiste en responsabilizar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de la actual crisis económica en nuestro país. "La situación internacional es el detonante, pero, aunque no hubiera habido una crisis financiera internacional, en España tendríamos problemas graves por nuestro déficit exterior, por nuestro endeudamiento y por no haberse hecho reformas", opina.

En una entrevista con Casimiro García-Abadillo en el diario El Mundo, Rajoy manifiesta que está seguro de ganar las próximas elecciones y reitera sus recetas para salir de la actual situación: "Control del gasto público, porque con un déficit del 10% y unas emisiones de deuda pública que, en los últimos dos años, se han incrementado en 200.000 millones de euros no vamos a ninguna parte". En segundo lugar, el líder del PP afirma que hay que "resolver el problema del crédito. Es urgente una reestructuración del sistema financiero español, que va muy lenta". En tercer lugar, asegura que "es urgente una reforma laboral".

A la pregunta de si comparte disminuir la indemnización por despido a 20 días por año trabajado, como propone la CEOE, Rajoy ha eludido contestar con claridad. "¿Por qué no hace una propuesta concreta sobre el despido?", le ha insistido Casimiro García-Abadillo. "A mí no me corresponde en este momento como líder de la oposición hacer una propuesta concreta y más sobre un asunto que debe ser objeto de negociación en el marco del diálogo social. Sin embargo, no hemos dejado de proponer iniciativas en materia laboral. Por ejemplo, creemos que sería muy positivo rebajar las cotizaciones sociales y lo vamos a proponer inmediatamente", ha respondido Rajoy.

Como el subdirector de El Mundo no se ha dado por vencido y ha vuelto a insistir, Mariano Rajoy se ha visto obligado a precisar que propondría "una indemnización menor, aunque ha apuntalado que siempre que "esté vinculado a una mayor estabilidad".

Sobre el Plan E, Rajoy opina que se trata sólo de una medida paliativa: "pan para hoy y hambre para mañana, eso es el Plan E, que no ha resuelto el problema de la financiación de los ayuntamientos ni el paro". Según Rajoy, "en 2010 solamente hay dos medidas que se sepa que va a aplicar el Gobierno: una subida de impuestos que afecta al IRPF, a los impuestos del ahorro y al IVA".

El líder de la oposición dice que si llega al Gobierno "bajará el IVA de todas las pequeñas obras, reparaciones, fontanería... que generan actividad económica. Bajaría el IVA del turismo; bajaría el Impuesto de Sociedades cinco puntos a las pequeñas y medianas empresas sin imponerles los requisitos que les ha impuesto el Gobierno. Como le he dicho también reduciría en dos puntos las cotizaciones sociales con carácter general".

A la pregunta "¿Dónde recortaría su Gobierno el gasto público? Rajoy ha contestado que "salvo en la parte de gasto social donde están incluidas la sanidad y la educación y en las partidas productivas, en absolutamente todas las demás". Y ha agregado que "recortar gasto requiere coraje, valentía, determinación y no preguntarle a la oposición".

(www.publico.es, 11/01/10)

5. EL JUEZ DE GÜRTEL INVESTIGA SEIS AÑOS DE VIAJES PRIVADOS DE CARGOS DEL PP

El caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción ligado al PP desde 1989, cuando estalló el caso Naseiro, sigue extendiendo sus tentáculos. La minuciosidad con la que la red dirigida por Francisco Correa llevaba la cuenta de todos los regalos con los que, supuestamente, agradecía los contratos que le facilitaban los dirigentes del PP, el partido para el que hacía prácticamente todos los actos y viajes, está dando mucho trabajo a la policía pero a la vez ofrece muchísimos datos de cómo operaba la red.

El juez principal del caso, Antonio Pedreira, está analizando a través de los investigadores policiales una ingente documentación sobre viajes privados de diversos dirigentes del PP. Cuando inspeccionaron las empresas de Correa, los investigadores dieron con las señas de una nave industrial en Alcorcón (Madrid), concretamente en la calle de Arganda del polígono Ventorro del Cano. Allí estaba prácticamente toda la documentación de la actividad de Pasadena viajes, la agencia de Correa que se convirtió en la proveedora oficial del PP durante años. Pasadena organizaba todos los viajes del partido y del presidente, José María Aznar, e incluso las campañas electorales con los periodistas.

Lo más relevante de esa documentación son los viajes privados de dirigentes del PP, que aprovechaban esta agencia para contratarlos. Algunos de ellos aparecen como no pagados, esto es, como regalos de Pasadena al partido para ganarse su confianza.

Entre la documentación incautada hay una fotocopia del carné de identidad de Mariano Rajoy, el líder del PP. Uno de los últimos encargos que Pasadena tuvo con el PP, antes de que rompieran relaciones porque Correa utilizó el nombre del partido para obtener ventajas en distintas adjudicaciones en la sierra de Madrid, fue el de un viaje a Canarias que, según la versión oficial, el partido le regaló a Rajoy para que descansara después de la campaña electoral de 2004, en la que perdió frente a José Luis Rodríguez Zapatero. Ese viaje aparece como no pagado. El PP sostiene que sí se pagó, pero no aporta ninguna documentación que acredite ese hecho. En cualquier caso, portavoces oficiales del PP señalan que si Pasadena no cobró ese viaje cuando liquidó deudas con el PP, al romper la relación, es su responsabilidad, y creen que el asunto es, en cualquier caso, menor.

De las personas que, en la época en que Correa lo era todo en el PP, se encargaban de labores de organización, algunas siguen en la cúpula del partido. Además de la estructura del aparato, que apenas ha cambiado, se mantienen el propio Rajoy, que fue vicesecretario de Organización; Javier Arenas, que fue secretario general, y Ana Mato, entonces su mano derecha.

El asunto de los diversos regalos de la red a políticos del PP ha marcado el caso Gürtel. Uno de los que más regalos habría recibido sería Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y el hombre encargado por Aznar de organizar sus actos. Y otro, Luis Bárcenas, entonces gerente y ahora ex tesorero. Ambos están imputados por recibir supuestamente sobornos de la red.

En una de las conversaciones que grabó a Correa el principal testigo, José Luis Peñas, ex concejal del PP, el jefe de la red señala: "Le dije a Bárcenas: 'Por cierto, dile a tu amigo Sepúlveda que me debe el Range Rover, que eran 14 millones, me iba a pagar una obrita o algo, y no ha pagado los 14 millones, así como todos los viajes de los últimos dos años".

En el auto del Tribunal Supremo que imputa a Bárcenas, los jueces detallan que hay pruebas de un posible regalo de viajes al ex tesorero. El más significativo es un safari de lujo a Suráfrica y Zimbabue, cuyos datos han aparecido en la contabilidad B de la red, con un coste mínimo de 15.000 euros por persona.

Entre la documentación encontrada también se detalla un viaje a Venezuela de Alejandro Agag, yerno de Aznar, en compañía de Francisco Correa. El viaje, que Agag asegura haber pagado, figura consignado en la contabilidad que guardaba José Luis Izquierdo, el hombre que apuntaba en la caja B de la trama empresarial los pagos e ingresos que le decía Correa y su lugarteniente, Pablo Crespo.

En la parte del sumario que se ha hecho pública también figuran pruebas que, supuestamente, acreditarían con documentos y testimonios el pago de regalos en forma de viajes a los ex alcaldes de Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, todos ellos del PP.

(www.elpais.com, 12/01/10)

6. SÁENZ DE SANTAMARÍA EVITA EXPLICAR LOS VIAJES PRIVADOS DEL PP FINANCIADOS POR LA TRAMA

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, esquiva la información publicada sobre la investigación del caso Gürtel que analiza seis años de viajes privados de cargos del PP a partir de la documentación incautada a la trama corrupta. "Me suena a otras informaciones idénticas que han salido otras veces. El partido ha explicado cosas que se han apuntado antes y que no han sido así", ha indicado en una entrevista en Telecinco. "La corrupción es muy preocupante pero la mayoría de la gente que está en política es honesta. Nosotros hemos aprobado un código ético", ha añadido Sáenz de Santamaría.

Preguntada por las palabras de del presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que negaba que fuera a dimitir en caso de que se comprobara que se ha producido financiación irregular en su formación, la portavoz popular ha indicado que se está hablando de "hipótesis que no están demostradas y no pasan de una elucubración". En su opinión. Rajoy ha dejado claro que no acepta la corrupción. "Cada uno es responsable de sus actos. La corrupción afecta a todos como el caso Pretoria al PSOE", ha argumentado.

Sobre el hecho de que Rajoy aparezca entre los nombres de las facturas intervenidas en la empresa de la trama que financió viajes, Sáenz de Santamaría ha pedido prudencia y ha vuelto a la carga con el discurso de la persecución."Que se produzcan filtraciones es un desastre. Hay que manejar estas cosas con más prudencia porque hemos visto a gente esposada en telediarios y luego se ha demostrado que no han hecho nada", según la portavoz del PP. "Esa información ha salido un montón de veces y ha sido explicada con anterioridad, no es novedad, son elucubraciones. No se pueden atribuir cosas si no están probadas", ha subrayado.

Sáenz de Santamaría ha respondido a las críticas del PSOE a Rajoy por fotografiarse en los medios en un comedor social y en la cola de las oficinas del INEM. "No me imagino a Zapatero en una lista del paro porque no quiere verla. Esa cola del paro es la realidad de muchos españoles", ha asegurado la portavoz del PP, quien ha pedido al PSOE "que no encubra la realidad".

(www.elpais.com, 12/01/10)

7. LOS "DIEZ GRANDES ÉXITOS MEDIÁTICOS" DE MARÍA DOLORES DE COSPEDAL

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, es por méritos propios autora de las declaraciones más altisonantes y polémicas pronunciadas por la clase política española, que ya la sitúa como número uno del "hit parade" de las joyas verbales que a diario protagoniza La bien pagá en su frenética participación en prensa, radio y televisión, lo que le ha valido, entre otros disgustos, la citación judicial a un acto de conciliación para que aporte pruebas sobre una de las acusaciones más graves realizadas por un político español en los últimos 31 años. Y es que por la boca muere el pez, de ahí que todos los lunes el servicio de prensa de la sede genovesa se eche a temblar cuando la también presidenta del PP castellano-manchego da cuenta de lo tratado por la dirección nacional de su partido.

Aunque a decir verdad, las intervenciones de María Dolores Cospedal (su apellido originario carecía de la partícula "DE") han sufrido un importante recorte, siendo sustituida últimamente por el responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons. Además, los genoveses conocen y aceptan a regañadientes las carencias oratorias de la número dos de Mariano Rajoy, pero de ahí a tener que escuchar sus continuas salidas de tono va un abismo al que muchos en el PP no quieren asomarse.

En este sentido, hemos confeccionado lo que podrían ser los "diez grandes éxitos mediáticos" de La bien pagá, aunque tenemos que reconocer que ante tanta variedad de joyas verbales ha sido complicado seleccionar las más brutales. Este es el "hit parade" de las declaraciones de Cospedal:

Con el Nº 1: Escuchas ilegales

No cabe duda, su primer "gran éxito" lo protagonizó el pasado agosto desde el hoyo doce del exclusivo club de golf de Guadalmina, en Marbella, al acusar al Gobierno de escuchas ilegales y de culpar a jueces, fiscales y policías de perseguir al PP en vez de acabar con ETA. Declaración que le ha valido, además del sobrenombre de Lola de Conspirar, una citación judicial para un acto de conciliación promovido por seis ciudadanos que le exigen que aporte las pruebas de su acusación, o que en su defecto se retracte.

Número 2: Gürtel y el lino

Lola de Conspirar ya apuntaba maneras a principios de 2009 cuando comparó la trama de corrupción del caso Gürtel con el caso del lino que en 1999 investigó también el juez Baltasar Garzón y que al final fue una "falsa trama que no existió nunca". En la actualidad, el trapicheo destapado por Garzón se encuentra en manos del TSJ de Madrid y del Tribunal Supremo, que tienen imputados a numerosos concejales, alcaldes, diputados regionales, a un senador-tesorero y a un diputado nacional, todos del PP, a los que señalan como presuntos receptores de millonarias comisiones ilegales.

En tercer lugar: Sueldo de Barreda

Cospedal, asistida por el PP castellano-manchego, cargaba contra la subida de sueldo del presidente socialista de esta comunidad, José María Barreda, considerando su incremento salarial "desproporcionado, abusivo e inmoral". Meses después se sabía que Cospedal recibía a través de sus tres retribuciones casi el triple que lo ingresado por Barreda. La bien pagá, sobrenombre por el que es conocida en círculos políticos, gana en un año 220.000 euros, el doble que el presidente del Gobierno y los presidentes del Tribunal Supremo, Constitucional, Senado y Congreso. El saldo medio en sus cuentas corrientes está cercano al medio millón de euros.

Número 4: Blindaje del Concierto vasco

La bien pagá afianzaba también en agosto (su particular mes horribilis) su incontinencia verbal al mismo tiempo que irritaba a propios y extraños con sus lapidarios exabruptos. Así, el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, pidió a Cospedal que se presentara como candidata por Euskadi cuando la secretaria general anunciaba que su partido votaría en contra del blindaje del Concierto Vasco. Una vez más, desautorizada.

Número 5: Secuestros de cooperantes

Sin pensárselo dos veces, María Dolores de Cospedal criticaba el "espectáculo lamentable" que estaba dando Zapatero en política exterior por "la falta de posición fuerte y firme, lo que induce a pensar a algunas organizaciones terroristas que podemos ser presa fácil". Declaraciones realizadas tras el secuestro de los cooperantes catalanes. Líderes del PP, con Rajoy a la cabeza, salieron al paso de este derrape verbal mostrando su apoyo al Gobierno. Alguien dijo: "Por qué no te callas".

En sexto lugar: Vacunas para todos

En el "top ten" de las meteduras de pata ocupa un meritorio sexto lugar su insistencia en vacunar contra la gripe A a los 10 millones de personas que forman parte de la comunidad educativa, cuando los gobiernos autonómicos, incluidos los del PP, habían decidido horas antes seguir las pautas marcadas por Europa y no vacunar a ningún niño que no perteneciera a grupos de riesgo. Cospedal acusó al Gobierno de no comprar vacunas, cuando en realidad se han devuelto millones de dosis. No está claro que vacunara a su hijo Ricardo.

Número 7: Diego López Garrido

La polémica lideresa volvió a cubrirse de gloria cuando, sin digerir todavía su anterior metedura de pata, pidió al secretario de Estado de la UE, Diego López Garrido, que "renuncie a su puesto" tras la imputación judicial por un presunto caso de prevaricación y malversación. El juez de instrucción número 4 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Marcelino Sexmero, decidía sobreseer la querella presentada por el ultraconservador Centro Jurídico Tomás Moro que tanta credibilidad ofrecía a Cospedal. Y van siete.

Número 8: SITEL

El octavo ridículo vino a cuenta del sistema utilizado por la policía, y avalado por los tribunales, conocido por las siglas SITEL. Cospedal ponía en duda la constitucionalidad del método y pedía explicaciones al Gobierno porque un "instrumento para perseguir a delincuentes no se puede utilizar para perseguir a la oposición". El mismo día se dio a conocer que el SITEL fue adquirido por orden de Rajoy, pagado por la propia Cospedal y utilizado por primera vez por Acebes cuando el PP gobernaba la nación. Sin comentarios.

Número 9: Los tomates marroquíes

La metedora de pata oficial del PP, asesorada por su gabinete toledano, consolidó la teoría de que Zapatero había canjeado la vida de Aminetu Haidar por unos tomates marroquíes que el pobre de Rajoy se tragó y exhibió para su ridículo en un mitin. La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, protestaba enérgicamente ante el PP por lo que consideraba una "nueva mentira" y "manipulación" de Lola de Conspirar. El Gabinete de prensa de Rajoy pidió disculpas y dio marcha atrás al comprobar que el "acuerdo de los tomates" había sido firmado en 2003, cuando Aznar era presidente del Gobierno. Nunca más supimos qué fue de los tomates de La Cospe.

Cierra la lista el 10º despropósito: Cenas de Navidad

Para mantener su preponderancia en el particular libro de los récords Guinnes de los despropósitos, María Dolores de Cospedal cerraba el año con un nuevo desliz que le costó la crítica generalizada de hosteleros, empresarios, PSOE y ciudadanos de a pie, que no entendían por qué anulaba las cenas de Navidad en Castilla-La Mancha por "respeto a los afectados por la crisis económica" y, sin embargo, no tenía reparos en acudir a los fastos navideños de Madrid, ni remordimientos a la hora de reconocer en ABC que "me paso comprando regalos en Navidad". Por la boca muere el pez.

Segunda y tercera Parte

Pero esto sólo representa una mínima parte de las barbaridades que la secretaria general del PP dice a diario. No hemos incluido las declaraciones sobre los estatutos de Cataluña y Castilla-La Mancha, ni la intervención de CCM y "despolitización" de Caja Madrid, actos de la Constitución, aeropuerto de Ciudad Real, incendio de Guadalajara, PP valenciano, confesiones a Telva y Vanity Fair, Eurocopter, hijas de Zapatero, insultos a Barreda, absentismo en el Senado, 11-M, ni su dilatada recopilación de asonadas en Europa Press, agencia preferida por Cospedal para lanzar sus panfletarias proclamas.

(www.elplural.com, 12/01/10)

8. EL PP NO ENCAJA EL ARCHIVO DE LA CAUSA CONTRA EL LEHENDAKARI

El PP no ha digerido bien la sentencia que archiva la causa contra el lehendakari, Patxi López, y su predecesor en el cargo Juan José Ibarretxe por sus encuentros  con la ilegalizada Batasuna. El portavoz de los conservadores en el País Vasco, Leopoldo Barreda, ha considerado que dicha sentencia "no legitima las reuniones" que tuvieron con la formación abertzale.

Fue el PP en primera instancia quien denunció ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la reunión que mantuvieron los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares con Arnaldo Otegi y otros miembros de Batasuna. Barreda manifestó que reunirse con un partido ilegalizado por pertenecer al entramado político de la banda terrorista ETA sigue siendo "un tremendo error" en términos políticos, aunque los jueces no lo consideren un delito. A su juicio, el Supremo sólo les ha "quitado la razón" a quienes pensaban que había un posible delito en las citas de Ibarretxe y López con Arnaldo Otegi, pero no por ello deja de ser un "tremendo y profundo error".

El portavoz popular confió en que al PSE y al PNV no se les vuelva a ocurrir reunirse con Batasuna ni con ningún partido sucesor, como Acción Nacionalista Vasca, ya que, en su opinión, entonces significó "legitimar" a los proetarras en plena tregua de la banda terrorista ETA y ahora supondría "volver a cometer el mismo error".

(www.publico.es, 14/01/10)

9. EL PP ANUNCIA SU ‘NO’ AL USO DE LAS LENGUAS AUTONÓMICAS EN EL SENADO

El PP no es partidario del uso de las lenguas cooficiales en los plenos y comisiones del Senado, por lo que votará en contra de la iniciativa que, el lunes, presentaron 34 senadores con ese fin. Su portavoz en la Cámara alta, Pío García Escudero, consideró un "sinsentido" que se utilicen en las Cortes otras lenguas distintas al castellano, "la única lengua oficial de todo el Estado, según la Constitución". "El catalán, el gallego y el vasco solo son oficiales en sus comunidades. No tendría sentido que se usasen para debatir en un lugar oficial en el que no son entendidas por la mayoría", dijo.

(www.elperiodico.com, 14/01/10)

10. GALICIA. PRESIDENCIA ANUNCIA AHORA LA COMPRA DE 67 COCHES

A la Xunta del PP le está costando más de lo previsto gestionar el parque móvil de la Administración autonómica, del que tanto rédito electoral obtuvo. Amortizadas las críticas al despilfarro del bipartito, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, lidia ahora con unas promesas electorales difíciles de cumplir, como la venta de los automóviles que usaban los anteriores conselleiros y altos cargos. En medio de esa fiebre contra Audi, Rueda anunció la compra por la Xunta de 67 vehículos, 9 de ellos para los miembros del Gobierno, en la que se darán a cambio como parte del pago 82 coches de titularidad autonómica.

La adquisición de los nuevos coches se realizará a lo largo de esta legislatura por el sistema de leasing, es decir, de alquiler con opción de compra. Para ello, la Xunta convocará un concurso en cuyo precio integrará 82 coches que no utiliza. En ese lote van incluidos los 17 audis que Presidencia sacó a subasta y que no logró vender. Para justificar la operación, Alfonso Rueda apeló al "alto coste de mantenimiento" de los vehículos que permanecen inactivos en los garajes de la Xunta.

No será el primer negocio dudoso al que se ve abocada la Xunta en su gestión del parque móvil. La Administración autonómica perdió más de 200.000 euros con la venta del coche blindado en el que viajaba el ex presidente Touriño, traspasado con dos años y 157.305 kilómetros. En el mismo lote se vendieron otros dos blindados, ambos comprados por la Xunta de Fraga. En conjunto, costaron 1,1 millones de euros. Salieron al mercado por 330.650 euros. Se los llevó un proveedor habitual del Gobierno gallego. A cambio, el concesionario entregó nueve furgonetas Citroën Berlingo adaptadas para minusválidos y tres monovolúmenes C4 Picasso, que presentó Rueda.

Además de anunciar la compra de los 67 nuevos coches, que se integrarán en un parque móvil que cuenta ahora con 366 unidades, en la presentación el conselleiro tuvo que explicar la compra para la conselleira do Mar, Rosa Quintana, de un Citroën C5 a través del ente Portos de Galicia. Rueda recordó que Portos forma parte de Mar y negó haber recurrido a "subterfugios" para ocultar la adquisición, que atribuyó a "motivos de seguridad". "Para que los diez miembros del Gobierno tengan un coche adecuado", añadió.

(www.elpais.com, 14/01/10)

11. GALICIA. BALTAR OFRECE EMPLEOS POR ESCRITO A DELEGADOS AL CONGRESO DEL PP

En la decisiva jornada electoral para el futuro de su hijo y del PP orensano -la elección de los compromisarios de los municipios de más de 5.000 habitantes celebrada - José Luis Baltar recibió por la mañana en la Diputación a una treintena de personas, entre ellos compromisarios y militantes con derecho a elegirlos, a quienes prometió empleos en el organismo público. Había quedado en llamarlos en febrero para contratarlos por seis meses (después van al paro, hasta que les vuelve a renovar el contrato si lo ve oportuno) pero adelantó la oferta a la jornada electoral y a la víspera, según ratificaron algunos de ellos, que aseguraron haber firmado el compromiso por escrito.

Ya por la tarde, se fue a la sede provincial del partido. Allí, mientras su hijo y candidato a sustituirlo se sentaba como interventor de la mesa en la que votaban en urna los afiliados, Baltar, con la foto del hijo-aspirante en la solapa y las papeletas con su candidatura en la mano, recibía a los que llegaban. El candidato alternativo, Juan Manuel Jiménez Morán, votaba en Verín, pero los suyos pusieron el grito en el cielo, tildaron de "espectáculo antidemocrático inaudito" la actitud de los Baltar y reclamaron al vástago del presidente saliente que abandonara su posición "antirreglamentaria". Como éste se negó, empezaron a buscar un notario para levantar acta de la "nueva irregularidad".

Pero medió el comité electoral y conminó a los Baltar, padre e hijo, a que abandonaran sus discutidos puestos.La guerra entre las dos facciones del PP igualó en tensión la jornada del día anterior, en la que se produjo un sonado altercado verbal entre Plácido Álvarez, presidente del comité electoral, alcalde de Muíños y baltarista, y el gerente del partido, Emilio Pascual, quien expresó su malestar por el proceso. por la mañana, tras la oferta de empleo en la Diputación, Baltar padre tuvo tiempo para acudir a la cadena Cope, en donde asiduamente hace declaraciones. Esta vez le dio la vuelta a las reiteradas acusaciones de "juego sucio" que recibe de sus oponentes y aseguró que los de Juan Manuel Jiménez, el otro candidato, "amenazan y hacen chantajes".

Tras advertir de que los apoyos con que cuentan los oficialistas "son muy presionados", dio por ganador del congreso a su hijo, aún a expensas del reparto de compromisarios de . Después arremetió contra el número tres del PP gallego, Rodríguez Miranda, por insinuar el apoyo de Feijóo a Jiménez. "Lo que era Miranda ya lo sabía yo desde hace mucho tiempo", dijo de su antiguo colaborador, de quien también cuestionó la "honestidad" de sus manifestaciones.

En medio de la tensión, el centro cultural Simeón, dependiente de la Diputación, informaba del respaldo que hoy ofrecerá el ex presidente de la Real Academia Galega (RAG) Xosé Ramón Barreiro al hijo de Baltar. Barreiro será el primer ponente del Instituto Orensano de Estudios Sociales y Políticos Atlántida, creado en esta campaña por Baltar Blanco como referente de los postulados "galleguistas".

Baltar Blanco cuenta entre sus compromisarios de la capital, además de su madre, Alicia Blanco, con varios ex alcaldes y ex responsables de urbanismo, como Ricardo Campo Labrador, autor del planeamiento declarado ilegal siete veces. En pequeños ayuntamientos tienen a familias enteras de compromisarios, como Cartelle: irán de delegados la alcaldesa y secretaria provincial del partido, Carmen Leyte; su marido, teniente de alcalde, su hijo y una sobrina contratada en la Diputación. Con todo, Jiménez se daba anoche por ganador del congreso.

(www.elpais.com, 14/01/10)

12. GALICIA. EL HIJO DE BALTAR PIERDE EN LA CAPITAL OURENSANA EN LAS ELECCIONES DEL PP

La primera fase del complejo proceso para la elección de un sucesor de José Luis Baltar como presidente del PP ourensano finalizó la medianoche del miércoles con el recuento de los votos para elegir a los compromisarios que representarán a los diez municipios más poblados de la provincia en el congreso del próximo día 30. A juzgar por la sonrisa de Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín, cuando asistió por la mañana a la reunión de candidatos convocada para validar los resultados, la votación le ha sido satisfactoria.

No en vano, incluso su adversario, José Manuel Baltar -que no asistió al citado encuentro-, reconocía que Jiménez conseguiría el mínimo de avales necesario para competir con él por la presidencia del partido en Ourense. De hecho, en la capital, Jiménez obtuvo 174 compromisarios frente a los 27 que logró el hijo de Baltar, con lo que se hizo con cuatro de los cinco distritos.

La reunión celebrada entre representantes de ambas candidaturas tenía como objetivo, además de comprobar el recuento, la elaboración del documento donde se recogerán esos avales. Solo esos apoyos por escrito serán válidos, aunque ambos aspirantes hacían una estimación del respaldo que pueden obtener en este momento del proceso.

Los balances de Jiménez y de Baltar, sin embargo, son muy coincidentes. El hijo del actual presidente del PP ourensano calcula que tendrá el apoyo de 900 de los 1.212 compromisarios, es decir, un 75%. Muchos provienen de los seis ayuntamientos donde se impuso este miércoles: Barbadás, O Barco, O Carballiño, Celanova, Xinzo de Limia y Pereiro de Aguiar.

Jiménez Morán, por su parte, calcula que obtuvo en torno a 350. Entre ellos estarían los de Verín, Allariz y Ribadavia, más la capital. Su victoria se habría repetido también entre los militantes de Nuevas Generaciones, las juventudes del PP.

Durante los próximos días ambos aspirantes deberán recoger como mínimo 244 avales para confirmarse como candidatos a la presidencia del partido. Vistos los cálculos realizados por sus respectivos equipos, ni Baltar Blanco ni Jiménez Morán tendrán problemas para reunir esos apoyos. Esta circunstancia ha sido considerada ya de por sí como un éxito por el alcalde de Verín, que había denunciado los intentos de su contrincante de copar los compromisarios para evitar un enfrentamiento en las urnas el próximo día 30.

Si los 900 compromisarios que dice tener de su lado el hijo del actual presidente votan por él, su victoria ese día en el congreso ya estaría asegurada. No obstante, Jiménez Morán relaciona esos apoyos con las presiones de la familia Baltar y cree que no se reproducirán en el cónclave gracias al voto secreto. Para asegurarse de que en ese momento no hay interferencias ni irregularidades pedirá a la dirección regional que vigile el proceso.

(www.lavozdegalicia.es, 15/01/10)

13. GALICIA. EL ALCALDE PROMOTOR DE TUI NEGOCIA CON LA XUNTA SU PLAN DE URBANISMO

Antonio Feliciano Fernández Rocha, alcalde de Tui imputado desde hace dos años por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y sobre el patrimonio histórico, se entrevista hoy con el conselleiro de Medio Ambiente, Transportes e Infraestructuras, Agustín Hernández, para buscar una solución al plan general de urbanismo de la localidad, sucesivamente rechazado en la última década por los conselleiros Xosé Cuiña, Alberto Núñez Feijóo y María José Caride por no atender las modificaciones requeridas por la Xunta para su aprobación.

La falta de plan general está impidiendo el desarrollo urbanístico de la localidad, sembrado por eso mismo de irregularidades y de procedimientos judiciales contra el alcalde y sus adláteres. Fernández Rocha es apoderado de la principal promotora local, el Grupo Protuyvi, que engloba varias empresas con esa dedicación y del que es administrador único José Antonio Fernández Estévez, hijo del alcalde.

Ambos, el aparejador municipal, José María Melero, el ex arquitecto y dos ex secretarias municipales así como un agente forestal, comparten la imputación -recurrida ante la Audiencia Provincial, que aún no se pronunció al respecto- de los delitos que se citan al principio, según el auto judicial, por modificar la corporación local "determinados aspectos de la normativa municipal, favoreciendo con ello, de forma deliberada, los proyectos de la empresa Promociones Tuyvi".

Esta propensión a mezclar los negocios privados -de la familia y amigos- con la gestión pública es la causa principal de que Tui siga sin disponer de un plan general de urbanismo, según las fuentes consultadas por este periódico. Fernández Rocha, y por extensión el grupo popular que encabeza, se han limitado en la tramitación municipal a simular que seguían las indicaciones requeridas por la Xunta en lo relativo, fundamentalmente y sin ánimo exhaustivo, a edificabilidades (que incrementan caprichosamente), a zonas verdes (sin correspondencia con la edificabilidad y computando al efecto calles peatonales, la superficie de fuentes o el mismo monte Aloia), o a suelo industrial, que se quiere extender como un anillo en torno a la parroquia de Ribadelouro.

Mientras se ha tramitado de esa manera el plan general, el casco histórico ha quedado fuera de ordenación y, como consecuencia, sin acceso a las ayudas que, como ámbito de tal condición, le corresponden. El efecto más impactante de esa política se resume en el edificio Beira Miño, un bloque de unas 40 viviendas que se construyó con licencia municipal en "zona de respeto histórico-monumental" pese a las cinco órdenes de paralización de la Dirección Xeral de Patrimonio Histórico que, obviamente, no fueron atendidas. En 2005 el Tribunal Supremo eximió al alcalde de responsabilidad penal por no encontrarle "ánimo de delinquir", pero el asunto sigue pesarosamente vivo.

Al margen del procedimiento penal, en el administrativo el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmó hace un mes otra sentencia de tres años antes que incluye una sanción al Ayuntamiento de 105.100 euros por su actuación en ese caso, "así como la obligación de reparar y restituir las cosas a su estado anterior", esto es, la demolición del edificio. Curiosamente, el Ayuntamiento sólo recurrió contra la multa. Ahora Fernández Rocha acude a la Xunta en busca de ayuda y orientación.

(www.elpais.com, 12/01/10)

14. ANDALUCÍA. RATIFICADA LA MULTA A DOS CARGOS DEL PP POR FRAUDE ELECTORAL

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia contra dos miembros del Partido Popular de Baeza (Jaén) por manipular el voto por correo durante los días previos a las pasadas elecciones municipales de 2007. José María Pérez Bonilla y José Perales Rentero, los dos coordinadores de la campaña del voto por correo del PP baezano, fueron condenados en diciembre de 2008 por la Audiencia Provincial de Jaén a una multa de 2.400 euros y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (imposibilidad de presentarse como candidatos en unas elecciones) durante ocho años por un delito de vulneración dolosa del voto por correo. La sentencia considera que en los comicios de 2007 urdieron una trama para lograr, de forma fraudulenta, el voto de 19 ancianos de la residencia municipal de Baeza.

El Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por los dos condenados alegando vulneración de la presunción de inocencia y al entender que la prueba practicada para dar por probados los hechos carecía "de toda base razonable". Sin embargo, según informa Europa Press, el Supremo considera probado que fueron los dos condenados los que procedieron a introducir las papeletas en el sobre correspondiente al voto por correo. Según se indica en la sentencia, tras conseguir la colaboración de otras personas para que aceptaran actuar como apoderados, los dos condenados obtuvieron de varios ancianos de la residencia el poder suficiente para el ejercicio del voto por correo, obteniendo también los certificados médicos oportunos, exigidos por la legislación electoral. El Supremo concluye que el hecho delictivo se concreta en que, tras recibir la documentación correspondiente a cada anciano, "procedieron a introducir en el sobre de votación la papeleta que ellos decidieron, sin permitir al votante hacerlo por sí mismo".

En el juicio celebrado en la Audiencia de Jaén fueron absueltos los otros 22 acusados, la mayoría de ellos miembros del PP que actuaron como apoderados de los ancianos, así como al médico que firmó los certificados, hermano del ex alcalde baezano del PP, Javier Calvente.

(www.elpais.com, 13/01/10)

15. ANDALUCÍA. DESPILFARRO EN EL 'MASTER' DE TENIS DE MÁLAGA

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga puso bajo sospecha la gestión del área de Deportes en la organización del master de tenis, en la que ha encontrado indicios de "despilfarro" y "descontrol". La situación ofrece episodios paradójicos como que el consistorio indemizara con 17.400 euros a la empresa que contrató para organizar el evento y que días antes de la edición de 2007 reconoció que no podía organizarlo y renunció. "En vez de penalizar el incumplimiento de contrato, lo indemniza", se quejó el portavoz socialista, Rafael Fuentes.

El Ayuntamiento de Málaga contrató a Deporevents Consultores en agosto de 2007 la organización conjunta de tres ediciones del master, hasta 2009. La sociedad debía contratar a los jugadores, con la obligatoriedad de incluir a Rafael Nadal, y recibía del consistorio 350.000 euros, cantidad que se reduciría en un 35% si el actual número dos del mundo no podía participar.

Días antes de la celebración del torneo de 2008, con Nadal lesionado, Deporevents comunicó al Ayuntamiento que "no cuenta actualmente con los medios materiales y humanos necesarios para continuar con su condición de coorganizador" del torneo. Entonces se produjo la resolución del contrato con la indemnización citada. El Ayuntamiento contrató entonces un nuevo organizador por 540.000 euros y apenas 11 días antes del inicio del torneo. En 2009 ya no se celebró el master, y el Ayuntamiento lo justificó por la crisis económica.

(www.elpais.com, 15/01/10)

16. COMUNIDAD DE MADRID. CORRUPCIÓN, PALABRA TABÚ EN EL EPICENTRO DE LA GÜRTEL

Pasaron diez minutos antes de que Esperanza Aguirre mencionara la palabra Gürtel en Boadilla del Monte, el municipio madrileño donde en febrero estalló el caso de corrupción que mantiene cercado a los conservadores y donde, anoche, alrededor de 200 militantes del PP renovaron su voto de fidelidad a la lideresa.

Si el acto con que el PP de Boadilla arrancaba el año, celebrado en un hotel que antes fue convento, hubiese congregado al club de amigos del juego Tabú, el resultado no habría sido muy diferente: ni Aguirre ni su precedesor ante el micrófono y actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero, mencionaron una sola vez la palabra prohibida: corrupción. No hubo palabras de contrición, sino elogios a la organización local del PP, aquella que capitaneaba Arturo González Panero, El Albondiguilla, hasta que sus manejos con la trama Gürtel quedaron interrumpidos por la policía y el juez Garzón. Muy al contrario, la jefa del Ejecutivo madrileño regresó a la teoría conspirativa esgrimida por su partido en los primeros momentos del terremoto causado por la operación contra la red dirigida por Francisco Correa en connivencia con cargos públicos del PP. "En el año 2009 dijo ya hemos visto las enormes dificultades que hemos tenido. Primero, los espías, luego el Gürtel. En fin, enormes dificultades que han querido crearnos nuestros adversarios políticos".

Repitiendo el eufemismo "enormes dificultades", Aguirre pronosticó que las de 2009 no serán nada comparadas con las que "van a crear en 2010". ¿Las que van a crear los presuntos nuevos corruptos que, como la todavía concejala de Pozuelo Yolanda Estrada, puedan ser imputados en el caso Gürtel? No. Los socialistas, fue su mensaje. Aquellos, ironizó la máxima responsable regional del PP, que se quejan del modelo urbanístico conservador "¿Cómo lo llaman? Especulación salvaje" pero luego "todos quieren vivir en los municipios donde gobernamos".

"Vamos a dejar atrás 2009, que tantos problemas nos ha dado en Boadilla y bastantes dolores de cabeza", fue la consigna de Aguirre. Porque 2010, argumentó, será el año crucial para preparar las elecciones autonómicas y municipales de 2011. "2010 dijo será un año diez".

Con Miguel Ángel Rodríguez, MAR, el antiguo jefe de comunicación de Aznar, entre el público -milita en el PP de Boadilla-, lo exiguo del tiempo dedicado por Aguirre a las "dificultades" de la corrupción contrastó con el espacio que dedicó al terrorismo y a José María Aznar. Mientras que a Rajoy lo mencionó una sola vez, cuando recordó su salida al balcón tras la derrota electoral de 2004, Aznar fue el protagonista estelar de la alocución de Aguirre. Los misiles con que ETA planeaba asesinarlo le dieron pie para los elogios. Y para contar que el ex presidente, de viaje en Jerusalén, había recibido su mensaje de solidaridad.

El servicio de prensa municipal asegura que, entre quienes siguieron el discurso de la presidenta madrileña, se encontraba Rosalía Padura, edil del gobierno municipal, vocal en la nueva gestora del PP local y esposa de Tomás Martín Morales, ex gerente de la empresa de suelo de Boadilla y a quien el juez ha impuesto una fianza de 1,5 millones. Del ex alcalde Arturo González Panero y del ex concejal José Galeote, igualmente implicado, no había ni rastro.

(www.publico.es, 14/01/10)

17. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ATIZA LA TENSIÓN CONTRA COSPEDAL POR EL TAJO-SEGURA

Mariano Rajoy tenía claro que la guerra desatada en sus filas por la batalla del agua enfrentaba a dos bloques: los conservadores castellanomanchegos, liderados por su número dos, María Dolores de Cospedal, frente a los murcianos y valencianos. , la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, se incorporó a este último bloque defendiendo que "nadie puede apropiarse del agua que es patrimonio de todos los españoles", tal y como figura "en algunos estatutos de autonomía".

Con estas declaraciones, la presidenta madrileña se sumaba a las tesis de sus compañeros en Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. Ambos presionan para que el Estatuto de Castilla-La Mancha, que tiene que llegar al Congreso de los Diputados, no incluya ninguna alusión ni a la caducidad del trasvase Tajo-Segura, establecida inicialmente para 2015, ni a la posibilidad de que el texto incluya una reserva estratégica de 6.000 hectómetros cúbicos para los castellanomanchegos. Esta última es la opción que están barajando socialistas y conservadores de Castilla-La Mancha para desbloquear la reforma del Estatuto autonómico en el Congreso.

En la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP de Madrid, Aguirre hizo un llamamiento a que en el tema del agua "todas las decisiones se tomen por principios". ¿Cuáles son, a su juicio, estos principios? "La legislación vigente". A saber: "Nadie puede apropiarse del agua que es patrimonio de todos los españoles. Ni un territorio, ni una comunidad autónoma, ni un municipio".

Aguirre fue más allá cuando sostuvo que "se han aprobado apropiaciones de agua en estatutos de autonomía", algo que, a su entender, se ha hecho "equivocadamente". "Como siempre que se actúa contra los principios, lo lamentaremos", vaticinó. Pese a que se cuidó mucho de referirse a alguna comunidad en concreto, sus palabras fueron interpretadas como un dardo contra la secretaria general de su partido, que trabajó como consejera de Transportes en su etapa en la Comunidad. La presidenta rechazó precisar a qué estatutos se refería en concreto cuando realizó estas acusaciones. Pero sobraban las referencias.

Reivindicando los derechos de los madrileños, dijo que su Comunidad está enormemente afectada por esta cuestión: "Madrid está en la cuenca del Tajo. Castilla-La Mancha tiene dos millones y pico de habitantes y Madrid, 6.400.000 en la misma cuenca hidrográfica. No puede haber apropiaciones", volvió a insistir.

Mientras, la estrategia del PP nacional está siendo la de echar balones fuera. Sin querer ahondar en las divisiones internas del partido prefieren culpar al presidente del Gobierno de los problemas derivados de este trasvase. La propia de Cospedal aseguró que el problema se resolvería "si tuviéramos una planificación hidrológica nacional". Además, avanzó que "en los próximos días" celebrarán una reunión los grupos parlamentarios socialista y popular en el Congreso para intentar desbloquear el Estatuto.

También desde Murcia y Valencia, pese a que no han modificado su postura en contra del fin del trasvase, prefirieron cargar contra el Gobierno. Todo, dos días después de manifestar, conjuntamente, que defenderán el trasvase de modo "inquebrantable". En el PP mantienen que el presidente murciano está dispuesto a llegar hasta el final en su defensa del Tajo-Segura .

(www.publico.es, 14/01/10)

18. COMUNIDAD DE MADRID. LA FEDERACIÓN DE MÉDICOS DENUNCIA LAS 'LISTAS NEGRAS' DE GÜEMES Y EL CESE DE PROFESIONALES 'DÍSCOLOS'

La Federación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (FEMYTS) ha denunciado el "amiguismo y política" practicado por el consejero del ramo y protegido de Esperanza Aguirre, Juan José Güemes, en la designación de puestos asistenciales" de "carácter clínico o relacionados directamente con el desarrollo de la asistencia sanitaria". El colectivo ha dado cuenta de la caza de brujas acometida por el popular, quien ha cesado, "acusado públicamente de ‘díscolos’", y "abierto un expediente informativo" a reputados cirujanos vasculares "por cuestiones de disciplina política". Al mismo tiempo, la Comunidad ha mantenido a directores médicos rechazados por el 77% de la plantilla, y designado a odontólogos cuya única experiencia es política. Así están las cosas en la Comunidad de Madrid.

"En los últimos meses de 2009, la Consejería de Sanidad ha utilizado sólo criterios de amiguismo y política a la hora de promover o cesar a un aserie de personas" cuyos cargos requieren "extremar la prudencia e imparcialidad". Es la denuncia hecha por FEMYTS, colectivo adscrito a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.

En una nota de prensa, la citada formación expone varios "ejemplos de esta oleada de politización de puestos asistenciales", diferenciando estos de los "cargos estrictamente políticos, ligados al mandato, también discrecional, de quien los designa (viceconsejeros, directores generales o gerentes)". "A título enunciativo, se pueden citar la designación directa por parte del consejero Güemes de un jefe de Servicio de Traumatología en el Hospital Ramón y Cajal, que esta siendo fuertemente contestada por los médicos del mismo o un caso similar en el Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital La Paz".

Destacan, además, la designación como odontólogo en el Área 5 de una persona con titulación pero sin ninguna experiencia por estar dedicado previamente la política, o el mantenimiento en el Hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares, de una directora médica rechaza por el 77% de su plantilla por prácticas "arbitrarias y despóticas". Finalmente, en cuanto a los nombramientos, FEMYTS hace hincapié en que se está ascendiendo a personal de enfermería a puestos de dirección asistencial que requieren titulación médica. Esto último ocurre en Atención Priamria del Área 5, pero está paralizado tras ser recurrido por la Federación.

"Pero no sólo hay nombramientos políticos sino también algunos ceses sonados; en concreto, a dos cirujanos vasculares, con excelentes ratios de productividad y eficiencia en el Hospital de La Princesa, a 1 de enero de 2010 no se les ha renovado el contrato eventual tras 6 años con prórrogas cada 6 meses, por cuestiones de disciplina política. El propio consejero los ha acusado públicamente de ‘díscolos’, y les ha abierto un expediente informativo, lo que de hecho implica para ellos formar parte de una ‘lista negra’ que cercena sus posibilidades de trabajo en la Sanidad pública madrileña mientras permanezca en el poder el actual Gobierno". Este caso evidencia, además, "otra irregularidad de la política de recursos humanos de la Consejería": que desde hace tres años no saca plazas de interinidad sino que hace contratos eventuales. Este hecho contradice la legislación vigente.

La Consejería de Sanidad ha defendido la legalidad de sus nombramientos, asegurando que están sustentados por distintas sentencias del Supremo y el Constitucional. "Se viene confundiendo lo que es la libre designación con la politización de la Administración, con los puestos denominados ´de confianza´. No debemos confundir una cosa con la otra", señalaron, aunque esta diferencia ya está contemplada en la denuncia de FEMYTS. En Sanidad apuntaron, además, que existen otros procedimientos como el concurso abierto a través de una memoria, pero también en este caso se trata de un puesto de libre designación donde "lo que se busca es al mejor candidato". A tenor de las denuncias aquí descritas, no parece que para Güemes "lo mejor" tenga connotaciones médicas.

(www.elplural.com, 13/01/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID. LA CONCEJAL DE POZUELO IMPUTADA EN EL 'CASO GÜRTEL' PRESENTA SU DIMISIÓN

El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, decidió mantener la imputación a la concejal de Presidencia y Mujer del Ayuntamiento de Pozuelo, Yolanda Estrada, a la que achaca los delitos de tráfico de influencias y cohecho por su supuesta participación en la trama. Tras prestar declaración ante el juez, la edil presentó la dimisión en el Consistorio madrileño. Estrada dejará de ejercer todos los cargos que desempeñaba, entre ellos la Secretaría de la Junta de Gobierno y las concejalías de Presidencia, Mujer, Cultura, Relaciones Institucionales y Protocolo, aunque seguirá siendo miembro del grupo popular en el Ayuntamiento de Pozuelo.

La edil acudió a declarar para defender su inocencia y aclarar algunos de los asuntos que se le imputan. Un auto del magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sostiene que ella era el enlace entre el Ayuntamiento de Pozuelo y la trama liderada por Francisco Correa. Estrada es una de las personas de confianza del actual alcalde, Gonzalo Aguado, quien tomó el poder tras la renuncia del anterior regidor, Jesús Sepúlveda, también imputado en el caso Gürtel.

Fuentes del PP en la sede de Génova aseguran que "se seguirá el mismo criterio que con todos los imputados". Las mismas fuentes aseguran que se baraja la suspensión temporal de militancia de Estrada, al igual que ha ocurrido con los otros implicados en el caso Gürtel.

Hoy se celebra una reunión de la dirección del PP madrileño, presidido por Esperanza Aguirre, donde se decidirá qué medidas se le impondrán.El juez instructor del caso Gürtel en Madrid interrogó durante unos 90 minutos a la ex edil del área de la Mujer y Presidencia del Ayuntamiento de Pozuelo. El Tribunal Superior de Madrid (TSJM) decidió no imponer ninguna fianza ni medida cautelar a Estrada, que ocupaba la Concejalía de Obras Públicas cuando ocurrieron los hechos que se investigan en relación con la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. Tras prestar declaración, Estrada señaló que era "completamente inocente" y negó su "participación" en la trama corrupta.

En el auto de Garzón se indica: "Una vez que Jesús Sepúlve-da ganó las elecciones en Pozuelo, el grupo empresarial investigado [el de Correa] empezó a hacer eventos para este municipio y les compró el proyecto de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC)". Al ex alcalde de este municipio, Jesús Sepúlveda, Garzón le atribuye el cobró dinero de la contabilidad B de Correa por importe de 422.000 euros. Según la investigación, además Correa habría regalado supuestamente un Jaguar a Sepúlveda cuando éste era senador del PP.

La ex edil indicó que sus abogados van a presentar un escrito ante el juez Pedreira solicitando que archive las actuaciones. Añadió que se había limitado a hacer su trabajo y pidió la presunción de inocencia para ella. "Los políticos tienen la desgracia de vivir las imputaciones como condenas, y sobre todo como condenas mediáticas", dijo. Y añadió: "Para mí esto puede suponer la suspensión de mi sueldo, de vivir de mi sueldo. Tengo la conciencia muy tranquila, soy inocente, no he hecho absolutamente nada más que mi trabajo".

La ex concejal imputada entró en el Consistorio de Pozuelo de la mano de Sepúlveda en 2003, quien la puso al frente de la Concejalía de Obras hasta el verano de 2008, cuando pasó a ocuparse de la Secretaría de la Junta de Gobierno municipal. Tras conocerse la destitución de Sepúlveda como alcalde, pasó a ocupar la Concejalía de Presidencia.

Además de Estrada, el juez Pedreira interrogó como testigos a Rafael de Valle Iturriaga, Miguel Ángel Vara, Raúl Heras y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard Remón. Todos ellos, según informó el Tribunal Superior, "han aportado datos probatorios que servirán para la averiguación de la verdad del procedimiento".

(www.elpais.com, 13/01/10)

20. COMUNIDAD DE MADRID. EL FISCAL PIDE 3.000 EUROS AL EX ALCALDE DE BOADILLA POR CONTRATAR A UN CONSERJE A DEDO

Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del PP y uno de los principales imputados por el caso Gürtel, pasó por el Juzgado de lo Penal número 1 de Móstoles. Le tocaba responder por un presunto delito de prevaricación sin relación con la trama de corrupción liderada por Francisco Correa. Panero está acusado de contratar en octubre de 2001 al hermano de una militante local del PP como funcionario del Patronato Municipal de Cultura de Boadilla sin concurso público previo, algo que para ese puesto era obligatorio.

Al final del juicio oral, que quedó visto para sentencia, el fiscal mantuvo su petición de ocho meses de suspensión para ejercer de cargo público para los dos acusados, Arturo González Panero y el ex concejal del PP José Francisco Pastor de Luz, así como una multa de casi 3.000 euros. La acusación particular, ejercida por el letrado Francisco Fernández-Castán en nombre del PSOE, mantuvo la petición de inhabilitación de dos años para González Panero y rebajó la de Pastor de Luz a una simple multa.

La defensa de Panero, que testificó durante algo más de dos horas ante la titular del juzgado, Elsa Martín, fue que no sabía nada de lo que se decidía en el Patronato de Cultura y que el documento que firmó para "fichar" al familiar como conserje de una escuela de música del Ayuntamiento nunca llegó a tener efecto.

Pero en opinión del fiscal, estas declaraciones tienen importantes lagunas. Especialmente si se toma en consideración la versión del otro acusado. José Francisco Pastor de Luz, gerente del Patronato de Cultura cuando el funcionario fue contratado de manera presuntamente irregular, aseguró que contrató como conserje de la escuela municipal de música a la persona que le indicaron: "El alcalde [Arturo González Panero] me dijo que me pusiera en contacto con Manuel Ángel Jiménez, entonces el jefe de despacho de Personal, porque había una persona que había pedido trabajo en varias ocasiones en el Ayuntamiento", reconoció el acusado, que posteriormente ejerció el cargo de presidente del Patronato de Cultura y concejal del ramo.

En su testimonio, Pastor de Luz afirmó haber contratado al hombre cuando él no era competente: "Yo firmo y no tengo competencias. Pero no había nadie en el Patronato. Lo hice por la necesidad urgente de un conserje en la escuela de música que se había instalado en un colegio".

Estos términos no fueron refrendados ni por la directora del centro, que no recordaba haber pedido de urgencia el funcionario, ni por el que fuera presidente del Patronato y concejal, José Francisco Gorrón Ceballos, que declaró como testigo, y de quien dependía la propuesta de contratación de los trabajadores de la empresa municipal: "Todo lo hicieron a mis espaldas. Yo me enteré de que le habían contratado cuando le vi en las dependencias municipales".

Gorrón Ceballos también negó haber sido el autor de la propuesta de contratación, tal y como asegura Panero. Este papel, según González Panero, no puede considerarse un decreto municipal que tuviera efectos jurídicos, ya que no fue refrendado por el secretario. Este texto fue posteriormente destruido por el ex primer edil, tal y como reiteró en su declaración.

Fue el secretario municipal, Manuel Acosta Bautista, quien en octubre de 2001 se negó a refrendar el decreto, que ya venía firmado por González Panero. Un mes después, en una reunión del Patronato de Cultura, volvió a calificar el nombramiento nulo de pleno derecho e incluso ilegal. "Era manifiestamente ilegal", reiteró , en su declaración como testigo, en la que ahondó: "Algo olía mal".

(www.elpais.com, 09/01/10)

21. COMUNIDAD DE MADRID. TORREJÓN TAMBIÉN VETA EL PADRÓN A LOS IRREGULARES

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), gobernado por el PP, también prohíbe el empadronamiento a los irregulares como pretende hacer el de Vic. Su negativa es aún más sangrante que la del municipio barcelonés, ya que impide el empadronamiento a aquellos inmigrantes en cuyo pasaporte figure el visado de turista. También, para evitar los llamados pisos patera, les exige que acrediten que disponen de un mínimo de 20 metros cuadrados útiles por persona para compartir piso, siempre que no sean parientes cercanos del inquilino principal.

Una de las promesas de Pedro Rollán, alcalde de Torrejón (117.000 habitantes), fue la de limitar la inmigración en el municipio, que roza el 20%. Para ello modificó en octubre de 2008 las normas de empadronamiento, y las endureció con todos estos requisitos. El colegio de Abogados de Madrid los considera "ilegales".

Izquierda Unida lleva denunciando el caso más de un año, ha presentado contra él dos mociones e incluso lo ha llevado al Defensor del Pueblo y al Defensor del Menor por todos los problemas de escolarización que generan estas limitaciones, tanto a inmigrantes como a españoles. Valentín Gómez, concejal del PSOE en Torrejón, afirma que estas medidas "vulneran los derechos del inmigrante".

El Ayuntamiento de Torrejón negó que sus normas de empadronamiento tengan alguna similitud con las de Vic, e insistió en que "son casos absolutamente diferentes", además de ser aplicables no sólo a los extranjeros, "sino a todas las personas que quieran empadronarse en el municipio".

Según un comunicado distribuido por la corporación de Torrejón, la normativa se basa en "un informe jurídico" y "está encaminada a lograr una mejor convivencia" y "una inmigración regulada en la ciudad". Dulce García, dominicana de 37 años y vecina de la localidad desde hace 11, cree todo lo contrario. "No quieren que nos integremos [los inmigrantes]. Mi hermana intentó empadronarse, pero no nos dejaron porque su visado era de turista. Esto no había pasado hasta que llegó el PP".

(www.elpais.com, 15/01/10)

22. COMUNIDAD VALENCIANA. RAJOY RECLAMA UNIDAD AL PP VALENCIANO, DIVIDIDO ENTRE CAMPSISTAS Y ZAPLANISTAS

El presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, lanzó un mensaje a la gallega a los dirigentes del PP valenciano que, a pesar de la nieve, pudieron asistir a la junta directiva nacional del PP celebrada en Madrid, la primera del año, en la que desgranó la estrategia de la formación de cara a los próximos meses. Una vez concluida la reunión y todavía en la sala donde se celebró ésta, Rajoy mantuvo una charla de unos veinte minutos con varios miembros de la delegación valenciana, en la que abogó por mantener la unidad en el partido y aunar esfuerzos, en lugar de sembrar divisiones, de cara a las elecciones municipales. Unas palabras que desde la dirección regional se interpretaron como un aviso en relación a enconada disputa en Alicante entre campsistas y zaplanistas fieles al barón provincial alicantino, Joaquín Ripoll.

El líder nacional no mencionó en ningún momento el conficto alicantino pero para muchos no hizo falta. "Es gallego hasta en estas cosas", indicaron fuentes del PP. Ripoll, miembro de la junta directiva, no estaba presente, ya que su vuelo a Madrid fue cancelado debido al mal tiempo. En el corrillo participaron el secretario general del PPCV, Antonio Clemente; el presidente provincial de Valencia, Alfonso Rus; y el portavoz en las Corts y conseller, Rafael Blasco, acompaños por el vicesecretario de Comunicación, el también valenciano Esteban González Pons.

La Comunitat se ha convertido en un quebradero de cabeza para Rajoy por el caso Gürtel, del que no habló en la reunión, pero también por los múltiples focos de conflicto local en Alicante. En un caso, Villena, la bronca incluso ha acabado en juicio de faltas. La pelea interna puede acabar pasando factura en las municipales al partido de Rajoy, quien se muestra ufano con las encuestas. El líder nacional del PP defendió ante los dirigentes valencianos la necesidad de lograr la unidad de todo el partido en todos los municipios sin excepción de cara a las locales de mayo de 2011, que se celebrarán conjuntamente con las autonómicas y que servirán de primarias de las generales de 2012. Rajoy puso ejemplos de Galicia -concurrencia de un candidato del PP, otro independiente y ex alcalde popular y un tercero que bien podría estar en el partido- como muestra de lo que no debe ocurrir, ya que, advirtió, si los ciudadanos perciben división pasarán factura electoral.

Precisamente, en Alicante los populares libran una guerra sin cuartel. Los principales "incendios" se sitúan en las plazas donde los congresos locales están pendientes de realizar: Alicante, donde optarán a la presidencia local la actual alcaldesa, la campsista Sonia Castedo, y la ripollista Macarena Montesinos; Elx, con la campsista Mercedes Alonso enfrentada al zaplanista Emigdio Torno, suspendido cautelarmente de militancia; y Benidorm, entre la ex consellera zaplanista Gema Amor y el ex alcalde Manuel Pérez Fenoll, con la posibilidad de que los Barceló presenten su propio candidato.

El contraste es la provincia de Valencia, donde Rus podría ventilar los procesos sin apenas problemas y, en caso de haber más de un candidato, la disputa no alcanzaría la virulencia de Alicante. La dirección regional, no obstante, ha intentado tender puentes con la provincial de Ripoll, un trabajo callado que no ha trascendido. Mañana mismo, al acto sobre agua en Alicante se ha invitado a Ripoll.

Así las cosas, la situación de ex secretario regional del PPCV, Ricardo Costa, suspendido de militancia por la dirección nacional a raíz de trascender sus conversaciones con responsables de la trama Gürtel, no se abordó en Génova. Ni en la junta, ni en los despachos o los pasillos. Clemente, según algunas fuentes, tenía la preocupación de poder tratar este asunto con la secretarial general, María Dolores de Cospedal. Sin embargo, ésta se encontraba mal al terminar la junta y se marchó de la sede.

A la junta directiva tampoco asistió el presidente del PPCV, Francisco Camps, quien volvió a perderse un acto importante con su partido al optar por presidir una reunión en el Palau de la Generalitat con varios consellers para fijar la posición valenciana ante la presentación hoy del nuevo modelo aeroportuario a cargo del ministerio.

(www.levante-emv.com, 12/01/10)

23. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS BENEFICIÓ EN EL CABANYAL A FIRMAS IMPLICADAS EN GÜRTEL

Las constructoras Sedesa y Lubasa, dos de las empresas que, según un informe policial sobre el caso Gürtel, financiaron ilegalmente al PP valenciano, obtuvieron plusvalías procedentes del erario público superiores al 10% y sin arriesgar un solo euro. Lo lograron gracias a la controvertida operación urbanística de El Cabanyal, auspiciada por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Según el citado informe policial, pendiente desde julio de que algún juez se decida a investigar su contenido, tanto Sedesa como Lubasa pagaron en dinero B actos del PP valenciano.

La Brigada contra el Blanqueo calcula en 539 millones de euros los contratos públicos de la Generalitat adjudicados entre 2007 y 2009 a Sedesa, propiedad de la familia del consejero valenciano Vicente Cotino. Y en más de 77 los obtenidos por Lubasa entre finales de 2006 y comienzos de 2009. Ambas niegan haber financiado al PP.

El origen de las plusvalías captadas por Sedesa y Lubasa (a través de su filial Calviga) se remonta a 2005. Ese año, la Generalitat y el consistorio valenciano incorporaron a 11 constructoras privadas como socios constituyentes y sin concurso previo a Cabanyal 2010 SA. Participada por la Generalitat y el Ayuntamiento en un 55%, la empresa nacía así como sociedad mixta encargada de desarrollar más de 1.500 nuevas viviendas en el histórico barrio marítimo, cuya destrucción acaba de paralizar el Ministerio de Cultura.

En junio de 2008, con la crisis inmobiliaria ya desatada y la UE preparada para denunciar ante el Tribunal Europeo la entrada a dedo de capital privado en Cabanyal 2010 SA, las 11 constructoras abandonaron el barco. Pero lo hicieron no sólo recuperando todo lo invertido -7,8 millones de euros- pese a que Cabanyal 2010 SA estaba ya en pérdidas, sino obteniendo una jugosísima "compensación indemnización" cifrada en 870.000 euros: es decir, superior al 10% de la inversión inicial.

El entrecomillado anterior relativo a la compensación figura en un recién conocido informe de la Sindicatura de Comptes valenciana la Cámara de Cuentas autonómica que censura la actuación de la Generalitat y el Ayuntamiento en Cabanyal 2010 SA.

Para la indemnización, explica la Sindicatura en su informe, se tomó como referencia el IPC "más un punto". Y añade que, para justificar su decisión, la Generalitat y el Ayuntamiento aplicaron de manera indebida un precepto de los estatutos de Cabanyal 2010 SA. Esa cláusula estipula cómo recomprar las acciones en manos privadas... pero una vez transcurridos 10 años como mínimo desde la creación de la sociedad, y no tres.

El gabinete de prensa de la Generalitat rehusó dar una explicación y remitió a los servicios de comunicación del Ayuntamiento de Valencia. Fuentes del consistorio valenciano aseguraron a Público que la operación se hizo "de acuerdo a ley". En relación con la amenaza de la UE de interponer demanda por la vulneración del principio de igualdad de trato en la elección de socios para Cabanyal 2010 SA, las fuentes sugirieron que la amenaza de demanda "quedó en nada". El 8 de octubre de 2009, la Comisión Europea anunció su decisión de demandar a España (las autonomías no tienen personalidad jurídica propia en la UE) por el sistema de contratación seguido por el Instituto Valenciano de Vivienda SA (IVVSA), a través del cual está representada la Generalitat en Cabanyal 2010 SA.

Según el Ayuntamiento valenciano, el informe de la Sindicatura es "opinable". No lo es, en cambio, que las constructoras dejaron el negocio como quien liquida un depósito a plazo fijo: sin riesgos y con beneficios.

Conjugando los datos del informe de la Sindicatura con los del reparto accionarial en Cabanyal 2010 SA y el precio pagado por cada acción, se alcanza una conclusión respecto a Lubasa y Sedesa: la primera se hizo con 1.856 acciones desembolsando 928.000 euros y, en 2008, se marchó con el compromiso público de reintegrarle 1.030.520 euros. En lo que concierne a Sedesa, las cuentas son estas: en 2005 se hizo con 500 acciones por 250.000 euros y, tres años más tarde, consiguió que la Generalitat y el Ayuntamiento le garantizasen 277.619 euros.

Las acciones, advierte además el informe, debieron adquirirse no a su valor nominal, que aquí era el pagado en 2005 por las constructoras, sino por su valor teórico. La Sindicatura subraya que el valor teórico de las acciones, expresión que equivale al valor real de mercado, "se encontraba por debajo del nominal en el momento de la venta, dado que la empresa había obtenido pérdidas en los ejercicios anteriores".

Este jueves, Les Corts validarán el decreto ley del Consell que permite los derribos en El Cabanyal pese a la prohibición del Ministerio de Cultura, que los considera "expolio". La Junta de Portavoces, con mayoría del PP, se reunió antes de que se reanuden las sesiones. Tras la junta, el portavoz del PSPV-PSOE, Ángel Luna, denunció que el Gobierno valenciano aplica "el estilo Berlusconi, cambiando la ley para que desaparezca la fechoría". Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Blasco, aseguró que Cultura pretende "humillar" a las instituciones autonómicas. Algo con lo que no está de acuerdo la portavoz adjunta de Compromís pel país valencià, Mónica Oltra, que defendió que los derribos son "un crimen" y que no dudará en ponerse "delante de las excavadoras". El president, Francisco Camps, y la alcaldesa, Rita Barberá, se reunieron en el Palau de la Generalitat junto a buena parte de sus equipos para tratar proyectos urbanísticos en Valencia durante el 2010. Alfonso Grau, teniente de alcalde, afirmó que en El Cabanyal "continúan los derribos", aunque no supo concretar en qué calle. Por contra, los vecinos de Salvem el Cabanyal precisaron que desde septiembre no se han producido demoliciones

(www.publico.es, 13/01/10)

24. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TRASVASE REABRE LA DIVISIÓN INTERNA DEL PP

El debate sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura abre grietas el PP. el presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, no acudió "por motivos de agenda" a una reunión de la Comisión Sectorial del Agua con el secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, en Alicante, y delegó en el vicesecretario general, Miguel Ortiz. Mientras, el consejero del ramo, Juan Cotino, también presente en el acto, evitó las declaraciones y las fotos.

En la rueda de prensa afloraron las discrepancias entre los dirigentes del PP. Clemente ve lejos alcanzar un consenso y está convencido de que la reserva hídrica que quiere Castilla-La Mancha "no se va a plantear por excesiva". Además, anunció que trasladarán a todos los Ayuntamientos una moción para que el presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, convoque una conferencia de presidentes autonómicos sobre el agua. La moción garantiza el trasvase del Tajo-Segura en los términos actuales y reclama que se haga el trasvase del Ebro para consolidar "los usos implantados en las cuencas del Segura y Júcar". Clemente no garantizó el éxito de su propuesta aunque mostró su "confianza" en que "en principio" la dirección nacional del PP esté de acuerdo "sin problemas". Por su lado, Miguel Ortiz, hombre de confianza del presidente provincial, se limitó a excusar la presencia de Ripoll, "que está realizando esfuerzos para alcanzar una propuesta consensuada". Y en la conferencia de prensa, a María Dolores De Cospedal sólo la citaron como líder del PP manchego, y no como secretaria general del PP.

Y ante este panorama, la secretaria provincial del PSOE en Alicante, Ana Barceló, lamentó que tanto Camps como De Cospedal utilicen el debate sobre el futuro del trasvase para "ajustar cuentas" y analizar el tema "en clave electoral y de enfrentamiento interno". En paralelo, el secretario de Política Municipal del PSPV-PSOE, Josep Maria Àngel, anunció que los socialistas presentarán mociones en todos los ayuntamientos para que el PP "defina, por fin, si está a favor o no del trasvase Tajo-Segura". Para el dirigente socialista la "irresponsabilidad" del PP en el futuro del trasvase "roza ya lo absurdo". Àngel se preguntó por los motivos por los que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no acudió a Elche a la manifestación en defensa del trasvase.

(www.elpais.com, 14/01/10)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL ADMITE QUE HA GASTADO MÁS DE 90 MILLONES EN EL CIRCUITO DE F-1

El Consell lleva gastados hasta la fecha más de 90 millones de euros en el acondicionamiento del circuito urbano de fórmula 1 de Valencia. Una cantidad a la que sumó, al menos, los 17 millones de euros abonados de canon a la empresa del magnate Bernie Ecclestone y otros 30.000 euros para señalizar los accesos al circuito.

Las cifras figuran en las respuestas de los consejeros de Infraestructuras, Mario Flores, y de Economía, Gerardo Camps, a sendas interpelaciones del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas. Aunque las respuestas están firmadas con fecha 30 de octubre de 2009, no fue hasta cuando se publicaron en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas.

Probablemente, como el Consell se cansó de repetir que el gran premio de fórmula 1 de Valencia iba a tener un coste cero, el consejero de Infraestructuras argumenta que la intención es recuperar la millonaria inversión. Mario Flores aduce que una parte de las obras se prevé recuperar con el canon de urbanización del nuevo barrio que está previsto que se ubicará en los alrededores del circuito. Otra parte, la que hace referencia a la adecuación de los tinglados que se utilizan de boxes y la marina interior del puerto se prevé compensar con "cargo a futuras concesiones del acceso norte del puerto de Valencia y la explotación comercial de los tinglados". Ninguna de estas vías de compensación expuestas por el consejero de Infraestructuras son a corto plazo, y no están fijadas ni las cantidades ni las fechas de cobro.

Todas las inversiones necesarias para acondicionar el circuito fueron sufragadas a través del Ente Gestor de Transportes y Puertos, un organismo dependiente de la Consejería de Infraestructuras, que acometió los trabajos de los tinglados 4 y 5 del puerto, la conexión de las avenidas de la Alameda y de Francia con el puerto, las obras del paddock, el aparcamiento y las instalaciones complementarias del circuito, así como el acondicionamiento de la marina, la construcción de una pasarela peatonal, el reasfaltado de la pista, las obras de rebaje del pit lane y determinadas asistencias técnicas.

En el mismo boletín se publica otra respuesta de Gerardo Camps que explica que la empresa de la Generalitat, Proyectos Temáticos, asumió el pago del canon de la carrera, que ascendió a 17 millones de euros y que se abonaron a la empresa Formula One Administration Limited. Además, esta empresa pública gastó casi 31.000 euros en "una acción informativa" sobre los accesos al circuito.

(www.elpais.com, 14/01/10)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA SEXTUPLICA LA DEUDA EN LOS 15 AÑOS DE GOBIERNO

Si la diputación de Castelló fuera una empresa privada estaría al borde del concurso de acreedores, tan común en estos tiempos de crisis. Los tres lustros de gobierno de Carlos Fabra han supuesto que la deuda se dispare de manera vertical. Cuando tomó las riendas de la institución, se debía a los bancos menos de 20 millones de euros y acabará este año 2010 con 113,7 millones pendientes de devolución. En 15 años, habrá sextuplicado la deuda e hipotecará a las futuras corporaciones.

Fabra, que se encuentra en su cuarto mandato, llegó en 1995 a la plaza de les Aules y relevó en el cargo al socialista Francisco Solsona, quien dejó las arcas provinciales con una deuda de 19,2 millones de euros. Especialmente significativo fue la primera etapa del líder del PP, en la que elevó la deuda por encima de los 100 millones de euros. A partir de su segunda legislatura se estancó la tendencia al alza, en buena medida debido a la entrada de un nuevo equipo de intervención, que empezó a ejercer un control sobre la cuantía de los préstamos contraídos con los bancos.

En el tercer cuatrienio de la "era Fabra" la diputación disminuyó ligeramente la carga de deuda, aunque siempre rondando los 90 millones de euros. El presente mandato 2007-2011 arrancó con un pasivo de 86 millones de euros, que se convirtieron en 95 millones en el ejercicio 2009. Al cierre de este año, la cifra habrá aumentado hasta los 113,7 millones. La justificación del equipo de gobierno es que el descenso de las aportaciones del Estado obliga a recurrir a los bancos para garantizar las inversiones. Para este año 2010, ha solicitado un préstamo de 28,7 millones euros -6 millones más que en 2009- y sólo devolverá diez.

El resultado de pedir más dinero del que se devuelve es que la deuda se dispara: los 113,7 millones equivalen al 75% del global del presupuesto de la diputación. En lo que llevamos de legislatura, se ha triplicado la cuantía del préstamo anual a través del cual se costean las inversiones: en 2008 solicitaron 12 millones; en 2009, 22,7 millones; y en 2010 la cifra se situará en 28,7 millones. El crecimiento de la carga negativa supera con creces al del presupuesto global de la diputación, que ha pasado de los 100 millones en 1996 a los 151 millones en 2010. Y eso que este año se ha recortado en 19 millones.

El debate reside en cómo se justifican los 113,7 millones de deuda. El PP defiende su gestión en la diputación y argumenta que las cuentas cumplen las directrices del plan de estabilidad presupuestaria. Además, señala que desde que gobierna ha multiplicado la actividad de la institución, se han alcanzado unas cotas de inversión históricas, ha extendido a todos los municipios los planes provinciales de obras y servicios y ha impulsado infraestructuras como el aeropuerto de Castelló.

(www.levante-emv.com, 11/01/10)

27. CAMPS EXCLUYE DE BANCAJA AL PSPV POR EL 'CASO GÜRTEL'

El secretario general del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), Jorge Alarte, acusó ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de excluir de la dirección ejecutiva de Bancaja, la tercera caja de ahorros española, a los candidatos socialistas en represalia por el caso Gürtel.

"La angustia de Camps por buscar la impunidad en el caso Gürtel se ha convertido en una amenaza para Bancaja", dijo Alarte, que argumentó que se les ha sometido a chantaje desde que decidieron presentar una querella por supuesta financiación ilegal contra el PP de Camps . "Se reclama impunidad a cambio de normalidad democrática y, como no cedemos, la orden de Camps es excluir a todos los que no piensan como él", manifestó. Alarte advirtió que la decisión no afecta sólo al PSPV-PSOE, sino que se ha dado orden de dejar fuera a la UGT y a las organizaciones de impositores y consumidores que no comulgan con su manera de hacer política.

Los socialistas, que hasta la fecha tenían dos vicepresidentes en la comisión ejecutiva de Bancaja, se quedan sin representación en el órgano que gestiona el día a día de la entidad de ahorro y se quedan con sólo dos de los 21 miembros del consejo de administración y ninguno en la dirección ejecutiva, que estará integrada únicamente por candidatos afines al PP, algo que causó un profundo malestar en Bancaja.

Su reelegido presidente, José Luis Olivas, confiaba en poder mantener la pluralidad de la comisión ejecutiva. Olivas accedió a la presidencia de Bancaja desde la presidencia de la Generalitat, cargo que ocupó algo más de un año, durante el interín entre Eduardo Zaplana y Camps.

El PP acusó a Alarte de intentar coaccionar las votaciones del consejo de administración de Bancaja para colocar a un ex diputado de vicepresidente. El proceso de renovación Bancaja contrasta con el de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). En esta última, el presidente de la Diputación de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, ha optado por hacer caso omiso de las presiones de Camps.

(www.elpais.com, 15/01/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. RIPOLL RELEGA A LA CAMPISTA ALONSO A DIPUTADA RASA

La confianza en política es vital y, cuando se pierde, los mandatarios cortan de raíz. Eso ha hecho el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, que aprovechó una "reestructuración" de su gobierno para dejar a la campista Mercedes Alonso de diputada rasa al quitarle la vicepresidencia tercera y la portavocía adjunta. El también presidente provincial del PP, exponente del zaplanismo, no quiso echar más leña al fuego y se limitó, al final del pleno ordinario de la Diputación, a anunciar los cambios y justificarlos por "criterios de confianza".

El pulso entre los dos era evidente, y en los últimos meses la tensión subió de tono por la delicada situación del PP en Elche, donde Alonso pretende expulsar al edil ripollista Emigdio Tormo. El detonante fue cuando en octubre Alonso retiró a Tormo de la comisión de Hacienda. Al día siguiente, Ripoll apartó a Alonso de las comisiones de la Diputación y del Gil-Albert. Las críticas de la portavoz del PP en Elche a que Suma gestionara los tributos en su población irritaron a Ripoll.

Tras los cambios, la alcaldesa de Sant Vicent del Raspeig, Luisa Pastor, será ahora la nueva vicepresidenta tercera, y la portavocía adjunta recae en María Asunción Prieto. El hasta ahora vicepresidente cuarto, Carlos Mazón, pasará también a diputado a secas tras su reciente nombramiento como director general de la Cámara de Comercio de Alicante, y su vicepresidencia será para Juan Molina. Ripoll explicó que los "ajustes" se producen "aprovechando" los cambios obligados por el nuevo destino de Mazón. Además, Juan Espinar será gerente económico, Judith Roda asumirá el área de Comunicación, y Luis Castillo, adjunto a Deportes.

El portavoz socialista, Antonio Amorós, habló de "defenestración política que se veía venir por las malas relaciones entre Camps y Ripoll".

(www.elpais.com, 15/01/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. ALBERTO FABRA GASTA AL AÑO 520.000 EUROS EN ASESORES

Los cargos de libre designación con los cuenta el equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento de Castellón, compuesto por 14 concejales y presidido por Alberto Fabra, cobran un total de 520.000 euros al año. Por su parte, los ediles de la oposición, que suman un total de 13, cuentan con poco más de 109.000 para repartir entre aquellas personas elegidas para los puestos de libre designación, tal como dio a conocer el portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu. A pocos días de que se debata el proyecto de presupuestos para 2010, Nomdedéu hizo una propuesta por la que sugiere al PP que prescinda de tres de sus cargos de libre designación y que, entre éstos, se determine una rebaja del sueldo.

(www.elpais.com, 14/01/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL EX ALCALDE DE LLÍBER COBRÓ CASI UN MILLÓN POR LICENCIAS ILEGALES

El principal cerebro del caso Llíber, el constructor Miguel Muntaner, declaró ante la juez de Dénia que pagaba al ex alcalde del municipio, José Mas, del PP, 3.000 euros por cada licencia "que informaba favorablemente" y que acababa por concederse para la construcción de viviendas ilegales en suelo rústico. Durante su gestión al frente del Ayuntamiento entre 1999 y 2003, Mas concedió permisos para edificar 300 de esas casas (por las que percibió 900.000 euros) en una trama por la que permanece en prisión desde diciembre en compañía del ex aparejador municipal, Amadeo Signes, quien también cobraba hasta 25.000 euros por los informes técnicos para estas construcciones. Muntaner está ahora en libertad provisional tras pagar una fianza de 100.000 euros.

Por el momento están imputadas 16 personas en el caso, entre ellas varios constructores más que de igual modo habrían realizado sobornos al alcalde y a su técnico municipal, según Muntaner. El constructor añadió en su declaración que en una ocasión pagó otros 10.000 euros al ex alcalde por el permiso concedido para un tendido eléctrico en una casa ubicada en suelo no urbanizable. Y que junto a otros promotores financió otro inmueble para el hijo de Mas, en este caso en terreno urbanizable.

La colaboración de Muntaner para la flamante vivienda habría ascendido a 20.000 euros que sirvieron para costear las ventanas y el suelo.

Según el sumario de la causa, Muntaner no sólo pagó al ex edil en metálico sino que también le regaló un vehículo. El constructor atestiguó ante la Guardia Civil que "de regreso de un viaje de la Consejería [José Mas] me dijo que siempre le habría gustado tener un Mercedes y un mes más tarde tenía uno diésel de color blanco". El automóvil habría sido adquirido en un concesionario alemán al precio de 8.000 euros y se le entregó al ex alcalde en Benidorm.

En la trama, según Muntaner, también habría desempeñado un papel fundamental el ex aparejador municipal, Amadeo Signes. El constructor señaló que, según le dijo al alcalde, "todo había que hacerlo con él, si no, ya no emitía ningún informe favorable". Muntaner relató que Signes fue elevando la cuantía de dádivas que exigía hasta los 25.000 euros.El constructor explicó que si en los inicios de la trama, sobre el año 2000, el ex funcionario cobraba entre "200.000 y 300.000 pesetas" (entre 1.200 y 1.800 euros) a cada uno de los constructores implicados, después percibió 25.000 euros por los últimos informes técnicos favorables que realizó para las casas ilegales.

El constructor declaró que para sus promociones en Llíber abonó a Signes un total de 100.000 euros por 15 licencias. Los pagos se realizaban sin recibo y en efectivo y, según Muntaner, contaban también con el beneplácito de la secretaria municipal, imputada en el caso. En sus declaraciones, Muntaner admite haber actuado en connivencia con el notario imputado para falsificar escrituras, en una de las cuales se llegó a incluir el nombre de una fallecida para evitar el pago de un impuesto.

El ex alcalde y el ex aparejador han presentado dos recursos para poder salir de la cárcel en libertad provisional, arguyendo su elevada edad, que son personas conocidas en la comarca y que no hay riesgo de fuga, pero la juez de Dénia ha rechazado estas peticiones sobre las que ahora deberá decidir la Audiencia de Alicante, a la que han apelado los imputados.

(www.elpais.com, 09/01/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DE XÀBIA PIDE A SU PORTAVOZ QUE DIMITA POR CRITICAR LAS CONTRATAS

El nepotismo político y funcionarial aflorado en las adjudicaciones del plan Confianza en los ayuntamientos de Xàbia y Santa Pola, respectivamente, ya ha provocado ya sus primeras consecuencias. En el primer municipio, las críticas del portavoz del PP, en el gobierno local, a las adjudicaciones han abierto una crisis interna entre los populares. En cuanto al segundo, también gobernado por el PP, un grupo de arquitectos de Alicante pedirá la dimisión del presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Alicante, Antonio Ortega, beneficiado con uno de los contratos.

En Xàbia, la decisión del portavoz del PP, Juan Carlos Generoso, de desmarcarse de su partido -y del BNV, con el que comparte gobierno- de los contratos dados a familiares y amigos para proyectos del plan Confianza sentó como un jarro de agua fría en el ejecutivo local. Sobre todo, porque se hizo pública sólo 48 horas después de que el ejecutivo del nacionalista Eduardo Monfort ratificara las adjudicaciones.

Concejales del grupo municipal del PP piden la destitución de Generoso como su portavoz, le han hecho saber que su futuro en el seno del partido peligra y le han acusado de "desleal", máxime cuando una de las adjudicaciones, la de una biblioteca y centro sociocultural con un coste de 65.830 euros, ha ido a parar al hijo del presidente local de los populares y actual primer teniente de alcalde, Juan Moragues. Esta situación ha avivado la división interna del partido, en el que se han presentado ya dos candidatos a liderar la lista de las próximas elecciones. Generoso no tiene intención de dejar sus cargos.

Por su parte, un grupo de arquitectos del Colegio Oficial de Alicante ha expresado su decisión de solicitar la dimisión del presidente del ente, Antonio Ortega, por su vinculación con las adjudicaciones de siete contratos del plan confianza a familiares de tres altas empleadas del Ayuntamiento. A Ortega, marido de María José Mogica, arquitecto municipal de Santa Pola, se le adjudicó un proyecto por 16.000 euros. El consistorio ya ha anulado las adjudicaciones.

Un portavoz del colectivo que censura la actitud de Ortega señaló que "ese contrato es la gota que colma el vaso de su negativa gestión". "El colectivo de arquitectos ha sido el primero y más castigado por la caída de la construcción, pero el colegio no hace por remediarlo". Este arquitecto subrayó que el pasado 25 de noviembre la dirección del colegio hizo suya una propuesta para crear una bolsa de trabajo para proyectos menores. "A la fecha de hoy, desconocemos qué ha sido de esa bolsa de trabajo, pero sí sabemos que él [el presidente] se ha arreglado lo suyo", añadió. Este periódico intentó sin éxito conocer la opinión de Ortega.

(www.elpais.com, 15/01/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA Y REGIÓN DE MURCIA. VALCÁRCEL Y BARBERÁ AGITAN LA 'GUERRA DEL AGUA' CONTRA COSPEDAL

La batalla del agua divide al PSOE y al PP. Pero en este último partido la principal protagonista es Dolores de Cospedal, secretaria general de los populares y presidenta del PP de Castilla-La Mancha, una comunidad que en su estatuto, apoyado por ella, quiere acabar con el trasvase Tajo-Segura. Rajoy lo ha intentado todo para encontrar un punto de encuentro entre ella y los presidentes de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. Pero ha sido imposible.

Valcárcel, ahora más fuerte internamente que Camps, afectado por el caso Gürtel, ha movilizado al parlamento regional para presionar a Cospedal para que no acepte la última oferta socialista, que implica eliminar la caducidad del trasvase en 2015 pero fijar una reserva de agua de 6.000 hectómetros cúbicos, ya que considera que tendría un efecto similar. Valcárcel defendió que la proposición de ley que se debatirá la próxima semana es una "verdadera ley murciana que une a la sociedad murciana en defensa del trasvase Tajo-Segura y no hace daño como la reserva de 6.000 hectómetros".

Camps, que también habló del asunto tras una reunión con regantes, fue más cauto. Se limitó a reclamar "solidaridad" al resto de "compatriotas", en clara referencia a Castilla-La Mancha. Sin embargo, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, posible sucesora del presidente valenciano, fue mucho más lejos y también lanzó un aviso a Cospedal para que no acepte la oferta del PSOE: "Está en riesgo el agua para beber, ya que la ciudad de Valencia bebe en un 80% de los recursos del Júcar. Si se hace esa reserva hídrica que se pretende se nos expropia de hecho [el pantano de Alarcón]. Hasta aquí hemos llegado, estamos todos juntos", dijo.

(www.elpais.com, 13/01/10)

33. COMUNIDAD VALENCIANA Y REGIÓN DE MURCIA. COSPEDAL PLANTA CARA A CAMPS Y VALCÁRCEL

Con diplomacia pero con mano firme, María Dolores de Cospedal volvió este jueves a marcar terreno. "Los madrileños tienen derecho a disfrutar del agua. Por supuesto. Igual que los valencianos, los murcianos, los andaluces...", señaló la secretaria general del PP y presidenta de los conservadores en Castilla-La Mancha.

Era su respuesta a Esperanza Aguirre, quien el miércoles pasado, apoyó a sus compañeros Francisco Camps y Ramón Luis Válcarcel en la "guerra del agua" del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que "nadie puede apropiarse del agua porque es patrimonio de todos los españoles".

Cospedal no le quitó razón pero hizo un apunte. "Todo el mundo tiene derecho a enriquecerse con el agua. También los territorios por dónde discurren las cuencas naturales, como es el de Castilla- La Mancha", dijo en dos ocasiones.

La negociación por el Estatuto de Castilla-La Mancha sigue bloqueada porque la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia se niegan a que en el texto se incluya una reserva estratégica de 6.000 hectómetros de agua. Para ellas sería similar a poner fin al trasvase Tajo-Segura.

El jueves, Cospedal en Toledo volvió a echarle la culpa de todos los enfrentamientos entre Comunidades a Zapatero. "El presidente nos ha metido a todos en un problema muy serio", denunció recordando que fue él quien derogó el Plan Hidrológico Nacional (PHN).

La mano derecha de Rajoy reconoció que "las discrepancias en materia de agua entre autonomías nunca son buenas para nadie" y apeló a que todo el mundo "ponga de su parte la mejor voluntad" para dar con una solución. "Aunque muchos tengan ganas e interés en incendiar todo este asunto, yo creo que lo mejor es hablar con prudencia y discreción", recomendó.

Cospedal no quiso contestar si todo lo que está ocurriendo le puede costar una derrota electoral en 2011 en Castilla-La Mancha. Tampoco se pronunció sobre la constitucionalidad o no de establecer una reserva hídrica en el Estatuto, afirmando que eso le corresponde al Tribunal Constitucional.

(www.publico, 15/01/10)

34. REGIÓN DE MURCIA. LA JUSTICIA INVESTIGA LA PROCEDENCIA DEL PATRIMONIO DEL ALCALDE "POPULAR" DE TOTANA

El Juzgado de Instrucción número 1 de Totana ha ordenado la apertura de diligencias previas para determinar el origen del patrimonio del alcalde de esta localidad, José Martínez Andreo, del Partido Popular. En el auto judicial se dispone también que se cite a declarar en el presunto caso de corrupción urbanística conocido como "caso Tótem" a cuatro testigos y a tres imputados.

El Juzgado atiende así la solicitud cursada por la Guardia Civil, que había pedido investigar los bienes que constituyen el patrimonio del primer edil de Totana, por lo que se ha acordado la incoación de una causa aparte de la que ya se sigue contra Martínez Andreo.

Entre las personas que prestarán declaración como imputados dentro de este mismo mes de enero por la operación Tótem se encuentra el letrado Javier Cegarra, ex asesor del anterior alcalde Juan Morales, por lo que se ha puesto el hecho en conocimiento del decano del Colegio de Abogados.

El patrimonio del actual alcalde ya fue investigado por agentes de la Guardia Civil en diciembre de 2007, cuando fue ingresado en prisión en la cárcel de Sangonera, pero entonces no pudo determinarse la posible procedencia ilícita del mismo.

(www.vegamediapress.com, 10/01/10)

35. REGIÓN DE MURCIA. EL ALCALDE DE MAZARRÓN PRETENDE SUPRIMIR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS CARNAVALES

El alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, del Partido Popular, ha puesto todas las trabas administrativas posibles para evitar ser objeto de crítica y sátira en el desfile de carnaval de 2010. Por primera vez, y en un documento oficial al que ha tenido acceso esta redacción, el ayuntamiento ha exigido a los que quieran participar de dicho desfile que deben estar al corriente de sus pagos… con la Seguridad Social y con Hacienda.

Según el punto D del documento de  inscripción en el desfile de carnaval, las asociaciones deberán acreditar, entre otras cosas, copia del DNI del representante legal de la asociación, así como los certificados de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y con Hacienda.

Pero además, y en estas medidas se pretende desautorizar cualquier comparsa o chirigota que no sea del agrado de la autoridad, exige conocer de antemano "temática, personajes que representan, color, composición y fabricación", y por supuesto "descripción técnica del mismo (En caso de plataformas, vehículos o carrozas, suscripción del seguro correspondiente del Vehículo y detalles relativos a su construcción, medidas, características, materiales, etc." .

Según fuentes del colectivo  No al traslado de la plaza de Abastos de Mazarrón, "solo le falta que nos pida una muestra de ADN o un certificado de estar vacunado contra la Gripe A".

Los afectados por el traslado de la Plaza de Abastos afirman que "no tenemos nada que ver con Herri Batasuna ni con ninguna otra asociación de malhechores, ni con Al Qaeda, que somos sencillos y honrados comerciantes de la Plaza de Abastos de Mazarrón y de su entorno, y que lo único que pretendemos es participar en el carnaval de nuestro pueblo como se participa en todos los carnavales, como una comparsa de amigos que van a divertirse y como es tradicional en toda España y posiblemente fuera de ella, con un vestuario, con unas chirigotas, con una coreografía, con todo lo que haga falta", y además, recuerdan, "siempre con la libertad de dar una sorpresa al pueblo y hacer la crítica de situaciones y personajes de relevancia pública que se nos pueda pasar por la cabeza. Que hay libertad de expresión. Que Franco ha muerto".

Igualmente critican a la concejala de Festejos, "que debería irse de pregonera a Cádiz", y a los letrados municipales que hayan asesorado a las autoridades para impedir una fiesta de libertad como son los carnavales: "Lástima de jornal que le estamos pagando", sostienen.

(www.vegamediapress.com, 14/01/10)

36. CASTILLA-LA MANCHA. EL PP PIERDE LA MAYORÍA ABSOLUTA EN CUENCA TRAS EXPULSAR A UN CONCEJAL DÍSCOLO

El PP ha perdido la mayoría absoluta de la que gozaba en el Ayuntamiento de Cuenca después de que el Comité Nacional de Derechos y Garantías haya decidido expulsar del partido al concejal Miguel Ortiz Moya por haber apoyado el 12 de mayo del año pasado dos mociones de la oposición. El PP se queda así con 12 concejales, frente a 11 del PSOE, uno de IU y el expulsado.

Ortiz impidió con su voto la privatización del Servicio Municipal de Aguas que había iniciado el gobierno municipal presidido por Francisco Javier Pulido. Por ello, el PP de Castilla-La Mancha le abrió un expediente por desobedecer las directrices del partido y las decisiones de sus órganos de gobierno. La decisión fue la expulsión del partido por romper la disciplina de voto en el pleno del Ayuntamiento.

Ortiz, que en todo momento mostró su discrepancia con el plan de privatización, recurrió la medida y ahora el PP nacional ha confirmado su expulsión, contra la que no cabe recurso, salvo que el expulsado quiera acudir a la justicia.

El PP, con 12 concejales, queda ahora empatado con la oposición municipal y tendrá que estar a la expectativa de lo que decida en cada caso el concejal expulsado.

(www.elpais.com, 15/01/10)

37. ISLAS BALEARES. MATAS COBRÓ DE UN BUFETE AL QUE SU GOVERN HABÍA CONTRATADO

La Guardia Civil está investigando el origen del dinero que Jaume Matas percibió en su cuenta bancaria y que fue abonado por un bufete de abogados de Madrid que había realizado colaboraciones con el Govern y con IB3 durante su etapa de gobierno. Se trata del despacho profesional que utilizaba la denominación mercantil de Estudios Jurídicos y Procesales, una asesoría de abogados de Madrid que entre sus socios cuenta con varios prestigiosos juristas muy próximos al Partido Popular.

En los movimientos bancarios de la libreta que utiliza el ex president Matas en la entidad Bancaja, y que forma parte de las pruebas documentales que se están recopilando ante la próxima declaración judicial del ex president, aparecen dos ingresos que suman la cantidad de 31.320 euros. Este dinero lo declara el propio despacho de abogados como abonado a Jaume Matas.

Los ingresos datan del 25 de septiembre de 2007 y del 31 de octubre del mismo año cuando ya Matas había abandonado el poder político, pero todavía no se había trasladado a Estados Unidos. En el extracto bancario, lógicamente, no se especifica en concepto de qué se paga este dinero, aunque a los investigadores les llamó la atención porque no se conoce que el ex president del Govern tenga ningún conocimiento en materia jurídica que justifique tan altos dispendios.

A pesar de que la comunidad autónoma de Balears dispone de su propio servicio jurídico, el ex president Matas ordenó la contratación de este gabinete externo, cuya sede se encuentra ubicada en la céntrica calle Padre Damián de Madrid.

Según se detalla en la documentación que ha ido recopilando la Guardia Civil, y que ha sido entregada al juez Castro, la relación entre el Govern y el gabinete jurídico se inicia en el año 2004. El bufete colabora con la comunidad autónoma y después también lo hace para el Ente Público de Radiotelevisión de Balears (IB3), cuando todavía no había realizado sus primeras emisiones. Esta primera colaboración supone un gasto a la administración de 41.096 euros.

En los dos años siguientes el bufete ya no trabaja para la comunidad autónoma, pero sí continúa facturando para IB3. En el 2005 percibe 28.174 euros y al año siguiente cobra un total de 30.956 euros. Durante estos dos años la televisión autonómica de Balears ya contaba con su propio gabinete jurídico.Ya en el año 2007, según la relación de ingresos que declara el propio gabinete jurídico ante Hacienda, factura 33.833 euros al ente de televisión y otros 23.600 a la comunidad autónoma.

Esta relación de colaboración se mantuvo incluso con el actual Govern. El despacho legal presenta su última factura en el año 2008 a IB3 y asciende a la cantidad de 7.816 euros. En estos cuatro años de colaboración, el despacho jurídico factura al ejecutivo balear la cantidad total de 165.475 euros.

El juez Castro, que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de la familia de Jaume Matas en el caso Palma Arena, ha ordenado a la Guardia Civil que pida la colaboración del Govern y de IB3 para que entreguen los expedientes administrativos que se tramitaron para justificar la contratación de este gabinete jurídico externo. Lo que se sabe es que se trató de una contratación directa, es decir, sin ningún tipo de concurso público.

El juez también quiere comprobar si Matas ha podido incumplir la ley de incompatibilidades al colaborar con el despacho de letrados tras apartarse de la política activa. Esta ley prohibe a un ex president mantener ningún tipo de colaboración profesional con empresas que se han visto beneficiadas durante su mandato presidencial. El cobro de más de 30.000 euros demostraría, según fuentes próximas a la investigación, que Jaume Matas habría infringido presuntamente esta ley de incompatibilidades. El juez ha autorizado a la Guardia Civil que solicite al actual Govern y a la televisión autonómica los expedientes de contratación, así como los informes que han podido realizar estos abogados para valorar si era necesaria su contratación y si se justifican sus elevadas minutas.

El dinero que recibe Matas de este gabinete jurídico coincide en el tiempo con los ingresos que también percibe del Partido Popular de Madrid. El ex president fue cobrando durante un año una media de unos seis mil euros mensuales que le ingresaban directamente desde la sede de la calle Génova, si bien hasta el momento se desconoce a cambio de qué recibía estos emolumentos porque en esa época Matas había anunciado que quedaba desvinculado de la política.

(www.diariodemallorca.es, 15/01/10)

38. ISLAS BALEARES. EL JUEZ PEDIRÁ A LA JUSTICIA DE EE UU AYUDA PARA INVESTIGAR A MATAS

La investigación sobre el patrimonio del ex president Jaume Matas podría traspasar las fronteras y llegar a Estados Unidos. El juez, con el apoyo de los investigadores, pedirá probablemente solicitar auxilio a la justicia norteamericana para que se investigue si el ex president del Govern ha podido, presuntamente, blanquear dinero a través de la compra de bienes inmobiliarios en Estados Unidos, según han confirmado fuentes próximas a la investigación.

Ni el juez Castro, ni la fiscalía ni la Guardia Civil tienen competencias para realizar investigaciones en el extranjero. Sin embargo, existen tratados internacionales que contemplan la colaboración de jueces de distintos países para la persecución de determinados delitos.

Matas supuestamente está utilizando en estos momentos una sociedad, llamada "Aremas LL.C.". A través de ella gestiona sus movimientos económicos desde Estados Unidos. La empresa está domiciliada en una determinada dirección de Washington, que coincide con el primer domicilio donde se estableció el ex president en su aventura americana. Esta sociedad la comparte con su esposa Maite Areal, y de hecho el nombre de la empresa se forma con las primeras letras de ambos apellidos. Al poco tiempo de trasladar su residencia a Estados Unidos el matrimonio abrió una cuenta bancaria en la entidad Banco de Valencia.

En concreto, lo hizo en la oficina de Madrid y se corresponde a una cuenta de una persona no residente en España. El juez Castro ordenó a la Guardia Civil que investigara los movimientos económicos de esta cuenta y por ello se indicó al banco que facilitara la información de todas las gestiones relacionadas con Matas. A través de la documentación entregada por la entidad se han apreciado que en los últimos meses el ex president habría ingresado diversas cantidades, supuestamente en efectivo, que habrían alcanzado la suma de unos 100.000 euros.

Se conoce el ingreso, pero se desconoce de dónde procedía el dinero. Sin embargo, los investigadores se topan en estos momentos con un muro, al no poder acceder a las cuentas que el president maneja en Estados Unidos. Y por ello se está planteando la posibilidad de que se pida auxilio a algún juez norteamericano para que ordene la investigación de estas cuentas en el extranjero.

Los investigadores sospechan que los ingresos que percibe en estos momentos Matas por su gestión profesional en Estados Unidos no alcanzarían la cifra que él ingresó en la cuenta del Banco de Valencia, fondos que se habrían utilizado para hacer frente a la multitud de gastos que aún tiene pendientes en España, como podría ser el mantenimiento del "palacete" de la calle San Felio o la manutención de sus tres hijos que viven ahora en un lujoso piso en uno de los barrios más caros de Madrid. Pero las sospechas irían mucho más lejos, ya que se teme que Matas habría comprado, presuntamente, varias propiedades en Estados Unidos consciente de la dificultad que tendría un juez español para dar con el paradero de estas compras. De momento, se ha pedido al Banco de Valencia que sea mucho más concreto sobre los ingresos que ha realizado el ex president a través de la cuenta que contrató en esta entidad.

(www.diariodemallorca.es, 09/01/10)

39. ISLAS BALEARES. EL TSJB ASUME EL ´CASO SCALA´ AL HALLAR INDICIOS DE DELITOS CONTRA CARDONA

El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha asumido la instrucción del denominado "caso Scala" al encontrar indicios de delitos que salpican directamente al ex conseller de Industria del Govern y hoy diputado autonómico del Partido Popular, Josep Joan Cardona. La Sala, con esta decisión, se suma al escrito de inhibición que dictó la jueza Piedad Marín, del juzgado de instrucción número 4, que encontró claros indicios de delitos contra el ex conseller del Govern Matas por su gestión política al frente del Consorci per el Desenvolupament Económic de les Illes Balears, dirigido por Antònia Ordinas.

La aceptación de esta causa se debe a que Cardona sigue siendo diputado autonómico y, por tanto, disfruta de la condición de aforado. De hecho, la última vez que la jueza le citó a declarar no quiso contestar a sus preguntas y anunció que lo haría ante el magistrado del TSJB.

La jueza que investigó el caso estableció en su auto de inhibición sus sospechas de que Cardona habría colaborado en el desvió de dinero público, en forma de comisiones, a bolsillos privados y estableció la posibilidad de que se utilizara este empresa pública como instrumento de financiación electoral del Partido Popular.

El Tribunal Superior ha establecido que sea el magistrado Antoni Capó el nuevo instructor del caso. Inicialmente se había designado a la recién elegida jueza del TSJB, Felisa Vidal, quien por iniciativa propia pidió apartarse del caso por su relación con esta empresa pública del Govern Matas. El tribunal ha designado también al juez Javier Muñoz como ponente de la causa y, por tanto, será este magistrado quien redacte la sentencia si el caso finalmente se juzga ante el TSJB. Si Cardona perdiera la condición de aforado, el asunto pasaría de nuevo a un tribunal ordinario.

Cardona, representado por el abogado Josep Zaforteza, ha negado que hubiera conocido en algún momento que sus subordinados, en concreto Antònia Ordinas, hubiera establecido una red de captación de comisiones a cambio de contrataciones para la administración autonómica.

Durante la anterior etapa del Govern, el CDEIB manejó entre 20 y 25 millones euros que teóricamente debía dedicar a la promoción de productos baleares en el extranjero a través de la organización de ferias en distintos países. Una parte de este dinero se lo embolsó directamente Ordinas, que exigía comisiones a los empresarios a cambio de una contratación. También está implicado el ex director general, Kurt Viane.

(www.diariodemallorca.es, 09/01/10)

40. ISLAS BALEARES. LA AUDIENCIA DESESTIMA EL RECURSO DE DE SANTOS EN EL QUE PEDÍA SU EXCARCELACIÓN

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma desestimó el recurso interpuesto por la defensa del ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Javier Rodrigo de Santos, contra el ingreso en prisión preventiva del ex edil. De Santos ingresó en el Centro Penitenciario de Palma desde el pasado 12 de noviembre al apreciar el tribunal "riesgo de fuga" después de haber sido condenado a 13 años y medio de cárcel por abusos sexuales a menores.

El tribunal respondió así al recurso que presentó el letrado de De Santos, José Ignacio Herrero, al defender que su patrocinado no tiene "ninguna" intención de huir, carece de pasaporte para poder salir del país y está sometido a un tratamiento contra la drogadicción, además de pesar sobre él una fianza de 100.000 euros que ya abonó para salir de prisión el 30 de marzo de 2009, en la que ya ingresó de forma preventiva antes de ser juzgado por este caso. Contra este nuevo auto, que desestima por tanto la excarcelación de De Santos, el abogado explicó que cabe ahora interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque manifestó que antes de adoptar esa decisión deberá estudiar la resolución del tribunal una vez le sea notificada.

El tribunal dictó el pasado 12 de noviembre prisión comunicada y sin fianza para el ex concejal al determinar la existencia de un "elevado, real y patente peligro de fuga" ante la elevada pena de prisión que recae sobre él por abusos sexuales a menores. Esta sentencia aún no es firme y cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. A esta resolución judicial, se le suman los dos años de privación de libertad que el juez le impuso por un delito continuado de malversación de caudales públicos.

En este sentido, la decisión de decretar el ingreso de De Santos en prisión, adoptada después de que la Fiscalía así lo solicitase ante el riesgo de fuga de De Santos, incidía en el alto grado de "desconfianza e incertidumbre" ante la posibilidad de que el inculpado hubiera valorado "seriamente" la opción de eludir la acción de la justicia y huir, atendiendo así a los argumentos expuestos por el fiscal José Díaz Cappa.

(www.diariodemallorca.es, 12/01/10)