ÍNDICE

1. RAJOY SE SIENTE ORGULLOSO DE HACERSE FOTOS EN LA COLA DEL PARO

2. RAJOY RESBALA CON LA INMIGRACIÓN

3. RAJOY ASEGURA QUE LLEVARÁ LA CADENA PERPETUA AL CONGRESO

4. COSPEDAL NIEGA QUE HAYA CONTRADICCIONES CON ARENAS SOBRE EL EXPEDIENTE AL ALCALDE DE YEBRA

5. RAJOY SE CEBA CON COBO Y COSTA

6. EL PP OBTUVO TRES MILLONES EN DONACIONES ANÓNIMAS EN 2006 Y EL PSOE, 558.000 EUROS

7. EL TIJERETAZO A LA INVESTIGACIÓN QUE EXIGE EL PP INDIGNA A LA JUSTICIA

8. PEDREIRA RECHAZA ANULAR EL 'CASO GÜRTEL' POR LAS GRABACIONES A LOS ABOGADOS DEFENSORES

9. AZNAR SE PONE DE EJEMPLO POR SU FORMA DE AFRONTAR EL FRANQUISMO

10. LA TRAMA GÜRTEL: PASIÓN POR EL LUJO

11. CATALUÑA. BADALONA VETA UN PLAN DEL PP PARA DENUNCIAR A ‘SIN PAPELES’

12. GALICIA. FEIJÓO SE GASTA SEIS MILLONES EN COCHES EN NUEVE MESES

13. FEIJÓO ADJUDICA A DEDO A SU AMIGO PIQUÉ UN CONTRATO MULTIMILLONARIO PARA QUE GESTIONE TRES NUEVAS RUTAS AÉREAS

14. GALICIA. LA TENSIÓN SE DISPARA EN EL PP DE OURENSE TRAS INTERVENIR MARIANO RAJOY

15. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE SELLA LA PAZ TEMPORAL CON RAJOY ANTE GALLARDÓN

16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE URGE A GALLARDÓN A PRESCINDIR DEL SANCIONADO COBO

17. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE PROPONE CAMBIOS EN LA LEY DEL MENOR QUE YA EXISTEN DESDE 2006

18. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE URGE A GALLARDÓN A PRESCINDIR DEL SANCIONADO COBO

19. COMUNIDAD DE MADRID. SANIDAD TAMBIÉN PRIVATIZA LAS CITAS MÉDICAS

20. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE EXTIENDE SU MODELO PRIVATIZADOR A LA DEPENDENCIA

21. COMUNIDAD DE MADRID. NUEVOS DATOS SOBRE MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN DE ALGUNOS POPULARES EN EL EPICENTRO DE LA GÜRTEL

22. COMUNIDAD DE MADRID. LA CORPORACIÓN RECTIFICA Y NO RESTRINGIRÁ EL PADRÓN PARA LOS 'SIN PAPELES'

23. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID INVESTIGA AL PP DE VALENCIA

24. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP NO ACTUARÁ CONTRA EL SECRETARIO GENERAL DEL PP DE VALENCIA QUE LOGRÓ UNA REBAJA EN UN JAGUAR GRACIAS A EL BIGOTES

25. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS VE NORMAL QUE CLEMENTE FUERA CON ´EL BIGOTES´ A COMPRARSE UN JAGUAR

26. COMUNIDAD VALENCIANA. TABACALERA COSTARÁ 16 MILLONES MÁS DE LO PREVISTO

27. COMUNIDAD VALENCIANA. UN AEROPUERTO CON ALAS DE PLOMO

28. COMUNIDAD VALENCIANA. EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO DEL CONSELL SE DISPARA UN 1.113% RESPECTO A 2008 Y ALCANZA LOS 1.274 MILLONES

29. COMUNIDAD VALENCIANA. VILLENA, UN DEBATE QUE EMPEZÓ EN LA POLÍTICA Y ACABÓ A BOFETADAS

30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TSJ MULTA A ALCOI POR NO ACATAR UNA SENTENCIA

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA JUEZ DEL 'CASO POLOP' ABRIRÁ OTRO SUMARIO CON LA TRAMA URBANÍSTICA

32. COMUNIDAD VALENCIANA. ORIHUELA PAGA FACTURAS POR 217.552 EUROS CON EL INFORME EN CONTRA DEL INTERVENTOR

33. COMUNIDAD VALENCIANA. LA EMPRESA DE UN EDIL DEL PP COPA LAS SUBCONTRATAS DE OBRAS DE XÀBIA

34. CASTILLA Y LÉON. ULIBARRI PODRÍA HABERSE BENEFICIADO DE UN PELOTAZO URBANÍSTICO EN ZAMORA

35. CASTILLA-LA MANCHA. OTRO PUEBLO POPULAR DE CASTILLA-LA MANCHA SE SUBLEVA Y PIDE EL CEMENTERIO NUCLEAR

36. REGIÓN DE MURCIA. PRESENTAN UNA DENUNCIA CONTRA EL CONSEJERO DE AGRICULTURA

37. REGIÓN DE MURCIA. 38. REGIÓN DE MURCIA. COSAS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: ALTOS CARGOS, VIAJES Y PROVEEDORES

38. ISLAS BALEARES. LAS OBRAS DEL PALACETE DE MATAS NO SE AJUSTARON A LA LICENCIA ORIGINAL CONCEDIDA POR EL AJUNTAMENT

39. ISLAS BALEARES. MATAS QUIERE QUE SE SEPARE EL CASO PALMA ARENA DEL DE SU PATRIMONIO

40. ISLAS BALEARES. DELGADO PROPONE ELEGIR AL CANDIDATO DEL PP AL GOVERN MEDIANTE UNA ENCUESTA TELEFÓNICA ENTRE 3.000 SIMPATIZANTES

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1. RAJOY SE SIENTE ORGULLOSO DE HACERSE FOTOS EN LA COLA DEL PARO

El presidente del PP, Mariano Rajoy, se mostró orgulloso de haberse hecho una foto frente a la cola del paro. No lo ve demagógico. Al contrario. Aseguró que no debió de ser tan "mala idea" a tenor "de la excitación" que produjo entre sus adversarios políticos. Es cierto que la imagen fue muy censurada por los socialistas. La secretaria de organización, Leire Pajín, tachó el gesto de "acto impúdico". Y la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega también expresó su desacuerdo: "No me parece de muy buen gusto, cuando hay tanta gente desempleada, utilizarlo de forma partidaria". Pero Rajoy obvió que en sus propias filas también había sentado muy mal. Más de un dirigente conservador lo consideró "un error" y hubo quien incluso se burló de la situación dándole vueltas a si eso era lo que le deparaba a él el futuro tras las elecciones de 2012.

, en un foro organizado por el PP de Madrid, Rajoy reivindicó su actuación. Y señaló que él, como líder de la oposición, tiene "la obligación de ir a la oficina del Inem" al igual que ha acudido en el último año "a fábricas, bancos y otros muchos sitios". Por eso anunció que seguirá yendo "a donde estime oportuno y conveniente" para hablar con la gente. "Le guste o no al PSOE", sentenció.

Rajoy pidió además una "rectificación clara y contundente" de la política económica. Más tras escuchar los pronósticos del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien admitió que el paro volverá a crecer en enero en más de 100.000 personas. El dirigente conservador consideró que estas cifras son "la continuación de un drama" que millones de españoles sufren a raíz de la crisis.

"No quiero aburrir", comentó a su auditorio. Aunque, según algunos de los asistentes, lo hizo. Al final, varios reconocían que su discurso había sido "bastante largo" y alguno se preguntaba cómo podía realizar "intervenciones tan poco articuladas" con la de años que lleva en política. Pero no era día para las críticas. Se respiraba paz y armonía. Era lo que trataba de trasladar el PP en su conjunto. Así los elogios se cruzaban de un lado a otro de la sala y hubo más de una declaración de buenas intenciones.

El primer paso lo dio el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, al agradecer a Rajoy su labor de oposición porque "no es tarea fácil". Afirmó que gracias a él su partido llegará a la Moncloa sin "ningún tipo de hipoteca". "No tengas ninguna duda, los militantes del PP y quienes tenemos responsabilidades de gobierno no te vamos a fallar", prometió.

Además, Gallardón pidió a los suyos "estar unidos" y definió al presidente del PP como la encarnación del "centro reformista liberal", en una especie de cóctel explosivo entre lo que él presume ser y cómo se califica su compañera de filas, Esperanza Aguirre. El alcalde la presentó como la persona que en mayo de 2011 se asomará al balcón de Génova para "deciros que será otros cuatro años vuestra presidenta". Aguirre no recogió el guante. Agradeció su presencia pero se dirigió hacia a Rajoy. "Sabemos, querido presidente, que estás en plena forma porque estás respondiendo con prontitud y firmeza a los disparates de Zapatero".

La misma persona que hace dos años lamentaba que el partido estuviera perdiendo sus principios y valores, la misma que amagó con disputar a Rajoy su liderazgo y la misma que hizo suya la frase de "no me resigno", puso al partido de Madrid a su disposición. "Puedes contar con nosotros", fue su recado. "Mariano, tenemos gran confianza en ti", su capitulación. Aguirre no dudó en presentar a Rajoy como "el futuro presidente de la nación española". Aparentemente, se enterró el hacha de guerra. Las tensiones internas de estos últimos meses a cuenta, entre otras cosas, de Caja Madrid, se mantienen aplacadas ante las llamadas al orden de Rajoy. Muchos apuestan que esta calma tensa durará hasta que se conozca la sanción al vicealcalde Manuel Cobo. Pero tocaba foto. Y el líder del PP los ensalzó. Cada uno se llevó su ración. Según Rajoy, Aguirre está haciendo "una gran labor" al frente del Gobierno regional y Gallardón es "un excelente alcalde". Además se mostró convencido de que, en el futuro, los dos seguirán en su puesto.

(www.publico.es, 27/01/10)

2. RAJOY RESBALA CON LA INMIGRACIÓN

Sólo una semana ha tardado Mariano Rajoy en cambiar el rumbo de su discurso sobre inmigración. El sábado pasado, en Mallorca, pidió endurecer la ley de inmigración. Este viernes, en Barcelona, sentenció que todos los inmigrantes, regulares e irregulares, empadronados o no, deben recibir educación y atención sanitaria "por el mero hecho de ser seres humanos". El líder del PP, según su entorno, se ha visto obligado a suavizar su discurso ante la constatación de una evidencia: los discursos extremos de algunos de sus dirigentes, espoleados por el mensaje confuso que lanzó él mismo la semana pasada, amenazaban con devolver al PP al lugar que más teme su líder: el de la soledad parlamentaria y la imagen extremista de la pasada legislatura.

Fue eso lo que, según un análisis extendido en el marianismo, les llevó a perder las elecciones de 2008. La imagen del PP en el Congreso el jueves, de nuevo solo, frente a las acusaciones de xenófobo y oportunista de todos los grupos hizo saltar todas las alarmas.

Rajoy, según explican los suyos, no tiene intenciones de abandonar el discurso duro contra la inmigración irregular. Eso, creen los estrategas, le dará muchos votos especialmente en barrios de tradición obrera, donde hay más conflictos. Los populares consideran que el PSOE se equivoca si les deja a ellos todo este espacio. Pero el líder del PP también quiere evitar los extremos y la posibilidad de que alcaldes del PP de toda España, espoleados por el ejemplo de Torrejón de Ardoz, se dediquen a promover medidas antiinmigrantes. De hecho, los primeros choques de dirigentes ya se han producido esta semana. Mientras Esperanza Aguirre y José María Aznar defendían la decisión de Torrejón, Alberto Ruiz-Gallardón la calificaba abiertamente de ilegal. Y mientras Alicia Sánchez-Camacho se apuntaba al discurso más duro del "no cabemos todos", Cristóbal Montoro defendía la aportación de los inmigrantes al crecimiento económico. Rajoy ha optado, como casi siempre, por dar una de cal y una de arena tratando de cuidar su imagen de dirigente moderado.

"Nuestro modelo es el de Sarkozy, el del contrato de integración, el de la dureza con la inmigración ilegal y la defensa de la inmigración legal. Pero tenemos algunos en el partido que apuestan más por mensajes tipo Berlusconi. Y eso es lo que Rajoy ha tratado de parar", señala un marianista. Mientras, la propuesta del líder del PP para dar asistencia sanitaria y social a los inmigrantes en situación irregular al margen del padrón ha hecho que el Gobierno levante las cejas con perplejidad. Un alto cargo del Ministerio de Trabajo e Inmigración considera "descabellada" la iniciativa. "Es grotesco", dice. "¿Qué estábamos poniendo en cuestión en toda esta polémica? ¿La existencia del padrón? ¿El padrón como instrumento para que los sin papeles accedan a determinados servicios? ¿La posibilidad de inscribirse en el padrón? ¿Lo que propone Rajoy es que les demos asistencia sanitaria sin saber cuántos son?". Para el Ejecutivo, Rajoy pretende convertir a los irregulares en invisibles. "El Estado y las comunidades autónomas deben saber cuántos inmigrantes sin papeles hay y dónde están", insiste la misma fuente.

Una fuente del PSOE analiza así la situación: "El PP trata de introducir la inmigración en la campaña. Parte de un argumento simplón: que dando duro en este asunto, puede obtener un buen eco en la calle. Pero tiene un problema: cuanto más duro es su discurso, más moviliza a nuestro electorado. En esta ocasión, a algunas personas de ese partido se les ha ido la mano. Por ejemplo, a Sánchez-Camacho con su "no cabemos todos". Mientras tanto, en el PSOE nadie ha chirriado. Tengo la impresión de que se les ha ido la mano, y Rajoy está intentando dar marcha atrás".

Un alto cargo del Ministerio de Sanidad asegura que "lo que pide Rajoy para los irregulares ya lo quisieran para sí todos los españoles, porque podrían tener asistencia primaria en las 17 comunidades. Les permitirían ser usuarios directos de los 17 sistemas actuales de sanidad". Mientras, CiU, la formación a la que pertenece el alcalde de Vic, actúa en la polémica como Jano el bifronte. La postura de su portavoz en inmigración en el Congreso, Carles Campuzano, que pactó con el Gobierno la reforma de la Ley de Extranjería aprobada hace poco más de un mes, no concuerda con el pensamiento de los líderes de la coalición, sobre todo con el del líder de Unió, Duran i Lleida. En Convergència, Artur Mas está en un discurso mucho más duro que su portavoz en Madrid. Es decir, CiU tiene dos discursos: uno en Barcelona y otro en Madrid.

La relación con CiU, ahora más estrecha porque sus posiciones duras sobre inmigración les han unido, es básica para el PP. Las catalanas son las primeras elecciones en el horizonte, pero además hay una cuestión de fondo. Los estrategas del entorno de Rajoy sostienen que una de las claves de la derrota de 2008 fue el voto anti-PP especialmente en Cataluña. Para evitar ese efecto de rechazo, que ahora según las encuestas es menor, el PP necesita normalizar su imagen en Cataluña. Y nada tendría más fuerza para lograrlo que gobernar, o al menos dar su apoyo a CiU para que gobierne. Es lo que está sucediendo en el País Vasco -donde también hubo mucho voto anti-PP en 2008- con el apoyo al PSE, que está teniendo muy buen efecto para la imagen de Antonio Basagoiti.

(www.elpais.com, 24/01/10)

3. RAJOY ASEGURA QUE LLEVARÁ LA CADENA PERPETUA AL CONGRESO

El PP insiste en su recién inaugurada línea de abrir debates al calor de noticias de gran impacto social, como el aniversario del asesinato de Marta del Castillo en Sevilla. El líder del PP se apuntó a la línea de Javier Arenas, que muchos han criticado incluso internamente, y en una entrevista en Tele 5 aseguró que el PP llevará al Congreso el debate sobre la cadena perpetua revisable en el marco de sus propuestas de reforma del Código Penal, que se tramitarán en las próximas semanas. Sin embargo, Rajoy no aclaró qué propondrá el PP y Federico Trillo, experto del partido en este asunto, ya dijo hace un año y medio que la cadena perpetua es inconstitucional. Rajoy señaló que también propondrán reformas de la ley del menor para que los que delincan sean enviados a prisión al cumplir los 18 años.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, contestó al líder del PP y pidió a Rajoy que lleve al Parlamento "sensatez" y no propuestas que, "o bien son inconstitucionales, o bien son incoherentes". "Que no sigan sacando temas como el de la inmigración y el empadronamiento, los menores, la cadena perpetua, que son cuestiones puramente demagógicas en muchos casos, que llaman al populismo y que sólo suele hacer la derecha más extrema en épocas de depresión", sentenció Caamaño tras asegurar que la cadena perpetua es inconstitucional. Incluso un dirigente del PP como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, se opuso. En su opinión, ya existe en la legislación española "un instrumento que garantiza una condena muy dura, que es el cumplimiento íntegro de las penas".

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, lamentó que el PP haya planteado el debate sobre la instauración de la cadena perpetua "al amparo del dolor y las desgracias humanas" y añadió que este tipo de penalidad tiene "muy mal encaje en nuestra Constitución". "No tenemos que postular Estados de derecho vengativos", sentenció.

Una plataforma de juristas, entre los que se encuentran la juez Manuela Carmena y el fiscal del Tribunal Supremo Félix Pantoja, sostiene que la "cadena perpetua" ya existe en España y se aplica más a otro tipo de delitos que al terrorismo. En este sentido, recuerdan que en las cárceles españolas hay 345 personas -sin contar los condenados por terrorismo- que cumplen condenas superiores a los 30 años.

(www.elpais.com, 29/01/10)

4. COSPEDAL NIEGA QUE HAYA CONTRADICCIONES CON ARENAS SOBRE EL EXPEDIENTE AL ALCALDE DE YEBRA

No hay "contradicción" sobre la apertura de un expediente al alcalde de Yebra (Guadalajara) entre el vicesecretario general del PP, Javier Arenas, y la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, según ha asegurado esta última en rueda de prensa. "Nunca he hablado de expulsar a un alcalde por pedir un expediente", ha afirmado la número dos del PP, para quien su formación en Guadalajara ha abierto dicho expediente informativo al regidor por actuar al margen de las recomendaciones de la dirección regional al solicitar la instalación de un almacén nuclear en esta localidad. Arenas afirmó la semana pasada que la posición del PP es "respetar la decisión del alcalde de Yebra, aunque no haya coincidido con el planteamiento general del partido en Castilla-La Mancha".

Cospedal considera que se han malinterpretado sus declaraciones de la semana pasada y que la posición de su partido siempre ha sido la misma. "Yo no he amenazado a nadie. El PP apoyó en el Congreso la creación del almacén de residuos que tiene que estar en el territorio nacional". En su opinión, su actitud es "meridianamente clara" y ha insistido en que el emplazamiento le corresponde al Gobierno a través del ministerio de Industria.

Cospedal ha indicado que su doble cargo como dirigente nacional del partido y presidenta del PP de Castilla-La Mancha "no afecta" a su "neutralidad" respecto al uso de la energía nuclear y la instalación de un cementerio de residuos nucleares en su comunidad autónoma.

Para la secretaria general del PP, el PSOE ha traicionado el Pacto por la energía al formular un concurso para que los ayuntamientos soliciten la instalación del almacén sin informar al PP.

Desde la filas socialistas, la secretaria de Organización, Leire Pajín, ha censurado las contradicciones en las que ha incurrido el PP en este debate por no mantener una posición única y ha asegurado que su formación sí que tiene un solo criterio, pese a que "escucha" las posiciones de los presidentes autonómicos de Cataluña y Castilla-La Mancha, contrarios a la instalación de un almacén en sus territorios.

(www.publico.es, 25/01/10)

5. RAJOY SE CEBA CON COBO Y COSTA

En política, las batallas se ganan o se pierden casi siempre por culpa de las expectativas. Y, a falta de datos objetivos, que sólo dan las elecciones y los congresos, la victoria o la derrota se mide normalmente por estados de ánimo. Basándose en ese criterio, tras consultar a un nutrido grupo de dirigentes, el marianismo perdió una batalla frente al aguirrismo.

Todos los afines a Rajoy trataban de quitarle hierro a la noticia del día: Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón y persona de confianza de Mariano Rajoy, será sancionado con un año de suspensión de militancia, bastante más de lo esperado -se habló de tres o, como mucho, seis meses-. Y, además, se lleva la misma sanción, por motivos bien diferentes, que Ricardo Costa, ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana.

"Era inevitable, los estatutos no dejan margen, es una falta grave, penada de uno a cuatro años. Era lo mínimo, tal vez pueda rebajarse si no hacen mucho ruido, ya que es revisable a los seis meses...", se defendían los marianistas. Mientras, los aguirristas estaban satisfechos, aunque aún no querían vender la piel del oso porque la sanción no es definitiva: se trata de una propuesta. Los dos afectados recurrirán porque no admiten los cargos que se les imputan ni la sanción. Tienen 15 días para hacerlo.

Cobo ha sido suspendido por criticar a Aguirre en una entrevista, donde dijo que era "de vómito" lo que estaban haciendo con la candidatura de Rodrigo Rato para presidir Caja Madrid. A Costa le sancionan por insistir en que era secretario general cuando Génova lo daba por cesado. "Los órganos del partido funcionan, pero aquí no se ha producido ninguna decisión. No se ha reunido el comité de conflictos", se limitó a decir la propia Esperanza Aguirre a los periodistas.

Una suspensión de militancia es algo muy grave para dos personas como Cobo y Costa, que acumulan entre ambos más de 40 años de pertenencia al PP. Ambos llevan ya tres meses suspendidos cautelarmente.

A pesar de que se han llevado la misma sanción, Cobo y Costa no se parecen en casi nada. El primero es un dirigente nacional, ariete histórico contra Aguirre, a la que responsabiliza por el espionaje que sufrió en 2008, un asunto investigado por los tribunales. Costa es un dirigente regional, crecido a la sombra de Francisco Camps, que en el último instante lo dejó caer. Por Camps recogió avales para Rajoy y en contra de su hermano Juan, el ex ministro. "Algunos pretenden convertirme en un chivo expiatorio o en un cabeza de turco, y no me parece razonable", llegó a decir Costa.

Políticamente, la suspensión a Cobo tiene mayor relevancia interna. Gallardón sigue confiando en él - mismo estaba en el pleno del Ayuntamiento ejerciendo de vicealcalde y portavoz del Grupo Popular, un puesto que no ha perdido pese a no ser ya militante del PP- y su papel es clave en la guerra que ha mantenido Aguirre contra el alcalde de Madrid y el propio Rajoy.

La suspensión de Cobo es un gesto de acercamiento más en una semana que ya tuvo uno muy relevante: el martes, Aguirre invitó a Rajoy como estrella de un acto del PP madrileño, y ambos se lanzaron múltiples elogios. Además, Rajoy confirmó que ella será de nuevo candidata a presidir la Comunidad de Madrid en 2011, algo políticamente clave después de que él mismo recordara en tono amenazante que, según los estatutos, el presidente del PP pone y quita todos los candidatos.

El acercamiento ya se había iniciado en la cena de Navidad del PP madrileño, según los aguirristas. Aunque el recelo y las diferencias políticas no se han disipado, ningún dirigente oculta que la relación es ahora distinta. La cercanía de las autonómicas y municipales, donde el PP se la juega, y la buena marcha en las encuestas han provocado una tregua, que no la paz definitiva.

Si Cobo cuenta con el apoyo de Gallardón y del marianismo, y piensa recurrir una sanción que no asume, Costa también tiene el apoyo de su partido en Valencia y recurrirá. De hecho, la sensación generalizada es que Rajoy y, sobre todo, Dolores de Cospedal, han utilizado a Costa para dar un golpe de autoridad contra Francisco Camps, que llegó a engañar al líder al decirle que el Comité Regional le había relevado como secretario general, algo que nunca sucedió, según coinciden todos los presentes en esa reunión del 13 de octubre. De hecho, aún no se ha aprobado oficialmente el acta de esa reunión, en la que se señala que Costa salió ratificado.

Ese engaño distanció a Rajoy de Camps, aunque el líder mantiene públicamente su defensa del valenciano y confía en que el Tribunal Supremo no acabe llevándolo al banquillo por cohecho y pueda llegar a las próximas elecciones.

La mayoría de los dirigentes valencianos consultados consideran que la sanción es demasiado severa. El sucesor de Costa, Antonio Clemente, dijo que un año era "excesivo". "En su momento, a lo mejor, pudo cometer un error más de formas que de otra cosa", indicó Clemente.

El propio Camps, copa de cava en mano, brindó con Ricardo Costa en la cena de Navidad del Grupo Popular en las Cortes Valencianas a finales del pasado mes de diciembre y tuvo palabras de aprecio hacia él. Camps llegó a barajar la posibilidad de nombrar consejero a Costa antes de que éste fuese defenestrado por la dirección nacional del PP.

(www.elpais.com, 28/01/10)

6. EL PP OBTUVO TRES MILLONES EN DONACIONES ANÓNIMAS EN 2006 Y EL PSOE, 558.000 EUROS

La Ley de Financiación de Partidos Políticos aprobada en julio de 2007 se llevó por delante las donaciones opacas que recibían anualmente todas las formaciones políticas. PP, CiU y PNV han copado año tras año más del 90% de ellas. El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, en fase de elaboración, sobre 2006, último año en que se permitieron esas donaciones, constata que el PP recibió donaciones anónimas por un total de 3.106.049 euros. Esta cifra representa cinco veces más de las que obtuvo el PSOE, que, según la documentación facilitada al Tribunal de Cuentas, ascendieron a 558.975 euros.

El PP logró en 2006 un total de 3.740.311 euros en donaciones, de los cuales sólo 634.262 euros son nominales, es decir, con identificación del donante. De éstas, 119.000 euros procedieron de empresas y 515.262 euros, de particulares. Pero el grueso de las donaciones que declara el PP son de carácter anónimo. "Dada la naturaleza de las aportaciones anónimas, no se ha podido comprobar el cumplimiento a nivel individual del límite legal establecido para las aportaciones privadas", se lee en el informe que el Tribunal de Cuentas ha entregado al PP, para que haga alegaciones.

El límite legal que cita el órgano fiscalizador estuvo hasta el cambio de la ley en diez millones de pesetas al año (60.000 euros) por una misma persona física o jurídica. Según la ley de Financiación que estuvo vigente desde 1987, los partidos podían recibir aportaciones anónimas por valor del 5% de la cantidad asignada en los Presupuestos del Estado.

En la fiscalización actual que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas, el PSOE recibió aportaciones privadas por un total de 560.439 euros. Casi todas (558.075) anónimas. En el apartado de aportaciones de personas físicas se consignan 1.464 euros, más 20 euros que figuran en el epígrafe de personas jurídicas o empresas.

La diferencia de las donaciones anónimas y públicas entre el PP y el PSOE siempre ha sido muy notable, aunque a la cabeza de las primeras siempre se situaron CiU y el PNV. Pero este apartado ya no tendrá que ser considerado nunca más por el Tribunal de Cuentas porque 2006 fue el último año en vigor de esa ley que permitió la total opacidad de las donaciones a los partidos.

"Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones anónimas", señala la ley de financiación de 2007. "Se prohíben las donaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a cien mil euros anuales", remacha. Hasta llegar a esta redacción de la ley hubo decenas de reuniones de los grupos políticos, hasta salvar las discrepancias y lograr fijar la citada cantidad de 100.000 euros como límite.

El impulsor del fin de ese tipo de regalos fue el PSOE, apoyado siempre por IU, y lo hizo diez años después de que los socialistas se vieran salpicados por el escándalo de la financiación ilegal del caso Filesa. En las negociaciones para la nueva ley, el PSOE, a través de Francisco Fernández Marugán, portavoz actual de Presupuestos, máximo impulsor del fin "de la opacidad" de las donaciones, no cejó hasta conseguir el objetivo buscado. IU denunciaba de forma permanente que esas donaciones eran "pago de favores".

Además de las donaciones, en este informe se estudia el nivel de deuda, que en el caso del PP ascendió en 2006 a 55.718.577 euros, en virtud de créditos con bancos. El grueso de la deuda corresponde a una hipoteca de 37 millones, "formalizado en 2006 para financiar la adquisición del edificio sede de la formación política". Ese dinero sirvió para comprar la sede nacional del PP, en la calle Génova de Madrid, que hasta entonces ocupaba como inquilino.

(www.elpais.com, 25/01/10)

7. EL TIJERETAZO A LA INVESTIGACIÓN QUE EXIGE EL PP INDIGNA A LA JUSTICIA

El caso Gürtel no existiría si, tal como propone el PP y promete llevar a efecto cuando gobierne, los fiscales sólo dispusieran de dos meses improrrogables y no de los 12 actuales para sus investigaciones previas a la instrucción judicial. Y no existiría judicialmente hablando porque transcurrieron ocho meses entre la fecha en que Anticorrupción comenzó a investigar la red y el momento en que tuvo elementos suficientes para acudir al juez, agosto de 2008. En dos meses, y en eso coinciden todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ningún fiscal puede reunir los indicios mínimos que permitan a un magistrado abrir un sumario sobre asuntos complicados.

Todas, salvo la APM, coinciden en que recortar las competencias de los fiscales perjudicará a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Desde las filas del PSOE, su portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarrubia, condensa el aviso que, en público o en privado, lanzan jueces y fiscales: "Van a aplaudir los delincuentes; sobre todo, los más poderosos".

Las tres asociaciones españolas de fiscales y tres de las cuatro de jueces todas, salvo la ya citada APM avisan de que imponer a los fiscales el estrecho margen de un mes susceptible de prórroga por otros 30 días equivale a abortar cualquier intento de destapar delitos "complejos". Una fuente próxima al ministerio público lo ilustra con un ejemplo: "Abrir la instrucción sobre un importante mafioso requirió que la fiscalía pidiese ayuda a la CIA, al FBI, a Alemania y a Austria. Si los fiscales sólo tienen dos meses para sus diligencias de investigación, ganarán los malos, que ni tienen plazos ni fronteras".

En las declaraciones recabadas en las distintas asociaciones priman la estupefacción y la sospecha de que el PP no auspicia ese cambio por razones jurídicas sino de estricta conveniencia partidaria. En la propuesta de reducción de plazos "subyace una intencionalidad política motivada por la situación que está viviendo el PP", diagnostica Marcelino Sexmero, portavoz de la segunda asociación judicial en afiliados, la Francisco de Vitoria, de talante moderado. Salvador Viada, de la Asociación Independiente de Fiscales, la más joven y minoritaria, da un paso más: "Lo que pretenden es que no se llegue a investigar". En su blog, Viada, que durante ocho años trabajó en Anticorrupción antes de pasar al Supremo, escribe que, tras leer la noticia sobre lo que propone el PP, pensó "en Berlusconi".

"En un mes opina Pilar Jiménez, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales es imposible realizar una investigación en condiciones". El portavoz de la segunda asociación del sector, la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Sánchez Ulled, también apunta la vertiente política: "Soy muy mal pensado, no sé por qué lo hacen pero lanzo la pregunta: ¿qué pretenden?".

Feroz detractor de la idea de encomendar la instrucción sumarial a los fiscales, pese a que así se hace ya en casi toda Europa, el PP sostiene que su propuesta busca evitar "atascos". Pero los atascos no están en las fiscalías, sino en los juzgados. Los fiscales trabajan en red, sin fronteras. Los jueces no pueden recabar o cruzar datos de otros magistrados sin antes enfrentarse a la burocracia.

"Si un juez quiere información de lo que está haciendo otro juez, porque puede estar conectado con su investigación, tiene que pedir una rogatoria. A un fiscal le basta con una llamada", cuentan en medios del ministerio público. Y, como añade un fiscal Anticorrupción, "ningún juez investiga nada de oficio, sin denuncia de la fiscalía ni de nadie". Investigan, básicamente, los fiscales. Y la investigación nunca dura un mes, "salvo que se pille in fraganti a uno sustrayendo una cartera", dice Emilio Sánchez Ulled, que a su cargo asociativo une el de fiscal Anticorrupción de Barcelona.

"Las cosas le han ido mal al PP con investigaciones de la fiscalía, como le ocurrió al PSOE con el GAL", responde tajante Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia. "Es una cuestión de mera oportunidad", agrega. Desde el Foro Judicial Independiente, su presidente, Conrado Gallardo, se declara desconcertado: "No entiendo bien a qué viene esa limitación. Es una solución chapucera".

Otros jueces y fiscales consultados por este diario y que, por desempeñar cargos de relevancia en distintos tribunales, pidieron expresa reserva de identidad, abundaron en la línea de sospecha: "A lo mejor es que el PP tiene mala conciencia", aventura el presidente de un Tribunal Superior de Justicia apuntando al golpe infligido al PP por el descubrimiento de la trama corrupta que operaba al calor de distintas administraciones conservadoras. "Es una barbaridad", concluye el fiscal jefe de otra comunidad, convencido de que, en contra de la tendencia internacional, el PP busca relegar a los fiscales en favor de los jueces.

"Reducir el plazo a dos meses improrrogables es tanto como pedir que desaparezcan las diligencias de investigación", opina otro fiscal destinado en una autonomía donde la lista de políticos imputados supera de largo la ratio estatal. Un tercer fiscal, que presta servicio en otra comunidad igualmente abundante en corrupción, cree que la meta del PP es una: "Que no investiguemos".

El punto discordante lo pone la conservadora APM, cuyo portavoz, Antonio García, declinó pronunciarse sobre el plazo exacto de dos meses, pero abogó con énfasis por reducir los tiempos tanto de la investigación del fiscal como de la instrucción judicial. "No podemos desplegar procesos inquisitoriales en los que la búsqueda de elementos incriminatorios alargue el proceso indefinidamente", expresó. En su opinión, la demora de las indagaciones del ministerio público es "perniciosa" y vulnera el derecho a la defensa y a un proceso sin dilaciones.

(www.publico.es, 25/01/10)

8. PEDREIRA RECHAZA ANULAR EL 'CASO GÜRTEL' POR LAS GRABACIONES A LOS ABOGADOS DEFENSORES

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha rechazado hoy sendos recursos presentados por las defensas de Francisco Correa y Pablo Crespo, los cabecillas de la trama corrupta, y que pedían la nulidad de las actuaciones por las grabaciones de conversaciones que mantuvieron con sus defendidos en las cárceles. Pedreira cree que las escuchas no han vulnerado sus derechos.

Estos dos no han sido los únicos letrados que han presentado recursos similares. Muchos otros lo hicieron ante la Sala de lo Penal del TSJ de Madrid, quien anunció que no los resolvería hasta que no se pronunciara el propio Pedreira.

Los abogados de Correa y Crespo argumentaron en sus recursos que intervenir las comunicaciones con sus clientes era "ilícito" y recibieron el amparo del Colegio de Abogados de Madrid, quien a su vez calificó la intervención de las comunicaciones como "intolerable para el derecho de defensa".

La intervención de las comunicaciones de las tres personas que hay encarceladas por la trama corrupta - Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez- revela los manejos de éstos para intentar controlar el procedimiento judicial que entonces instruía el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La investigación revela que, tras ingresar en prisión, una de las preocupaciones era conseguir el dinero que la trama tiene escondido en países extranjeros. Por ejemplo, según se desprende de la investigación, el número dos de Correa, Pablo Crespo, ordenó a un abogado que sacase el dinero escondido en Suiza antes de que el juez lo bloqueara. Otra de las conversaciones grabadas entre Crespo y su abogado apunta a una posible financiación ilegal del PP en Galicia.

En las diligencias de la trama Gürtel salen salpicados los abogados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, según el sumario. La policía asegura, a juzgar por las conversaciones interceptadas en la cárcel a los cabecillas, que estos abogados llevaban "de forma directa el control de las declaraciones de los imputados en sede judicial", y que la organización transmitía a los demás a través de ambos, la idea de que les iba a seguir ayudando para evitar disensiones entre los implicados y que las declaraciones debían estar concertadas.

(www.elpais.com, 27/01/10)

9. AZNAR SE PONE DE EJEMPLO POR SU FORMA DE AFRONTAR EL FRANQUISMO

El ex presidente del Gobierno español José María Aznar ha celebrado el triunfo del derechista Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales de Chile porque pone fin a la transición que desde 1990 condujo la Concertación por la Democracia, de centroizquierda.

Aznar, quien ha negado la influencia que podrían tener en el gobierno de Piñera personas vinculadas a la dictadura de Augusto Pinochet, se ha puesto a él como ejemplo por su forma de afrontar el franquismo, un régimen que no supone "ningún peso en mis espaldas".

En cuanto a la derrota del Partido Popular (PP) en 2004, tras recordar que no era candidato, la atribuyó a "unas circunstancias especiales" que se produjeron en España, pero insistió en que la alternancia política debe verse como algo normal, dentro de lo que significa una continuidad histórica.

"La alternancia democrática dentro de la normalidad" representa, dijo Aznar en una entrevista que publica el diario El Mercurio, "la culminación" de un proceso de maduración democrática.

Aznar comparó su propia llegada al poder en España, en 1996, con el triunfo de la derecha en Chile y aseguró que ambas victorias "son el resultado del deseo de los ciudadanos de nuevas políticas, de nuevas formas de gobierno".

Respecto de los problemas que podría tener el gobierno de Piñera, José María Aznar dijo esperar que la Concertación "haga una oposición coherente", aunque advirtió que la adaptación a ser oposición de una fuerza que ha estado largo tiempo en el gobierno "no suele ser corto, sino más bien largo".

"El éxito de la transición democrática en Chile, tal como lo fue en España, radica en saber mirar hacia el futuro", aseguró, tras considerar que el próximo presidente chileno, que asumirá el cargo el 11 de marzo, no tendrá problemas en ese sentido.

Afirmó que en España, la oposición del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) a su gobierno "fue irregular" y que en ocasiones, sobre todo en la parte final de su mandato, "no entendió correctamente cuáles eran sus obligaciones en la oposición y es un buen espejo para no repetirlo".

El verdadero desafío de Sebastián Piñera no fue ganar las elecciones presidenciales, sino hacer un buen gobierno durante los próximos cuatro años, dijo Aznar, y recordó su propia experiencia en España, donde "una victoria por una mayoría relativa en 1996 se transformó en una mayoría absoluta en 2000".

(www.publico.es, 25/01/10)

10. LA TRAMA GÜRTEL: PASIÓN POR EL LUJO

En contra de lo que podría parecer, no todas las joyas que Francisco Correa y sus principales socios en las empresas del caso Gürtel compraban era para doblegar voluntades. Según desvela la revista Interviú, el máximo imputado en la red de corrupción ligada al Partido Popular guardaba gran cantidad de ellas en la caja fuerte de su dormitorio.

De hecho, la policía encontró en la casa de Francisco Correa 16 anillos, 7 pares de gemelos, 12 relojes de alta gama y 6 colgantes con piedras preciosas. Es difícil calcular el importe total de todas estas joyas, aunque la revista editada por el Grupo Zeta asegura que algunas piezas superaban los 150.000 euros en el mercado.

En concreto, Francisco Correa guardaba su colección de joyas en la vivienda que tiene en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Allí acudió la policía el día que estalló la operación Gürtel, el pasado 6 de febrero. En el registro estuvo presente su mujer, Carmen Rodríguez, quien presenció como la policía también les requisaba 6.900 dólares en efectivo, más de 10.000 euros y 505 libras esterlinas.

En cuanto a las joyas, que se encuentran todavía a disposición judicial y no han sido autentificadas por los peritos, cabe resaltar que la mayoría de ellas estaban guardadas en cajas y envoltorios de terciopelo de Suárez Joyeros, una de las firmas españolas más elitistas que tiene su tienda principal en la calle Serrano de Madrid.

Es precisamente en esta zona de Madrid donde Correa adquirió la mayoría de los regalos con los que agasajaba a numerosos políticos del Partido Popular. Entre ellos destaca el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, quien tuvo que dar explicaciones a la Justicia por un juego de pulseras y colgantes que Álvaro Pérez, alias El Bigotes, regaló a su mujer y su hija una Navidad.

Pero la policía no sólo registro la casa de Francisco Correa. De hecho, los agentes también acudieron a la casa de su principal hombre de confianza, el ex secretario de organización del PP de Galicia, Pablo Crespo. Allí, la policía localizó una escopeta de cartuchos cargadas con munición de carga y una pistola Derringguer de fogueo del calibre 9.

El ex mandatario del PP también guardaba en su casa -una vivienda unifamiliar de cuatro plantas en la lujosa urbanización madrileña de Puerta de Hierro- 1.120 euros en efectivo, 244 reales brasileños, 2.520 pesos mexicanos, 85 libras esterlinas y 1.008 dólares americanos.

(www.elplural.com, 26/01/10)

11. CATALUÑA. BADALONA VETA UN PLAN DEL PP PARA DENUNCIAR A ‘SIN PAPELES’

El pleno municipal de Badalona tumbará hoy una propuesta del PP que pretende que el ayuntamiento denuncie a la Policía Nacional a los inmigrantes sin papeles residentes en la localidad para que sean expulsados del país. La medida planteada por los conservadores badaloneses es idéntica a una que anunció a finales de diciembre y retiró a primeros de enero el Ayuntamiento de Vic.

El gobierno municipal de Badalona, compuesto por el PSC, CiU y ERC (los mismos partidos que gobiernan en Vic, con la diferencia de que el alcalde badalonés es socialista y el vicense, democristiano), cerrará el paso a la propuesta del líder del PP en Badalona, Xavier García Albiol.

Igual que días atrás hizo el Ayuntamiento de Vic, el de Torrejón de Ardoz (Madrid), gobernado por el PP, acató el dictamen de la abogacía del Estado que obliga a empadronar a todos los inmigrantes, aunque dijo no compartirlo.

(www.elperiodico.com, 26/01/10)

12. GALICIA. FEIJÓO SE GASTA SEIS MILLONES EN COCHES EN NUEVE MESES

La austeridad de Alberto Núñez Feijóo no da para más. La Xunta que preside se ha gastado en nueve meses 6,3 millones de euros en la adquisición de 347 coches, varios de ellos de alta gama, mediante leasing (alquiler con derecho de compra) o renting (alquiler a largo plazo con todos los servicios incluidos), según el diputado socialista Xosé Manuel Lage. La lista confeccionada por el parlamentario del PSdeG incluye vehículos para el Servicio Galego de Saúde (Sergas) y la Consellería de Medio Rural.

Xosé Manuel Lage, que pedirá explicaciones en el Parlamento al conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, centró sus críticas en la adquisición de varios vehículos de alta gama para altos cargos cuando la Xunta sigue teniendo en sus cocheras 17 Audis parados desde que Feijóo llegó a la presidencia. Entre ellos, citó un todoterreno "de gran cilindrada" y dos berlinas de alta gama para Sogama, una sociedad participada por la Xunta que se dedica a gestionar los residuos de los ayuntamientos. Para uno de los coches, la convocatoria exigió 240 caballos de potencia y tapicería de piel.

Otras dos entidades dependientes del Gobierno han adquirido vehículos de lujo, según el PSOE. Se trata de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística y de Portos de Galicia. El coche contratado por esta última, que es el que ahora utiliza la conselleira de Mar, fue adquirido además mediante procedimiento negociado y sin publicidad. Lage aseguró que estos gastos ponen de manifiesto la "doble moral" de la Xunta. "Por un lado, compran berlinas de clase superior con tapicería de cuero y, por otro, tienen guardados 17 coches de alta gama sin utilizar", dijo.

La Xunta, a través de un comunicado, aseguró que se ha limitado a renovar el renting y leasing de los vehículos usados durante la legislatura anterior y confirmó su intención de adquirir nueve coches para altos cargos a lo largo de los próximos tres años.

Feijóo hizo del supuesto gasto del Gobierno de Emilio Pérez Touriño en coches de lujo el eje principal de la campaña electoral que le dio la victoria el año pasado por un margen de apenas 50.000 votos. Lo hizo a pesar de que, como se supo después, de los 32 Audi que integraban entonces el parque móvil de la Xunta, 29 habían sido adquiridos por el PP durante la época de Fraga (19 de ellos específicamente cuando el propio Feijóo era vicepresidente).

El jefe del Ejecutivo gallego insistió en deshacerse de ellos, pero la subasta que convocó en octubre sólo logró enajenar tres de los 20 vehículos sometidos a puja. Los otros 17 permanecen cubiertos de polvo en dependencias oficiales de la Xunta. Previamente, Feijóo se había desprendido de tres Audi A8 blindados (uno comprado por Touriño y dos por Fraga) a cambio de 12 vehículos que, según su Gobierno, se dedican a prestar servicios sociales.

El Gobierno de Feijóo ha hecho bandera de la transparencia, pero la Consellería de Facenda no quiso confirmar ni desmentir si el informe que encargó a la empresa KPMG para respaldar su propuesta de fusión de las cajas de ahorros de Galicia ha costado un millón de euros. Fuentes de Facenda aseguraron a ‘Público’ que el informe, que se realizó en tres semanas y que la Xunta presentó el 20 de enero, no está concluido y que su precio se corresponde al trabajo de "35 profesionales que realizaron una labor compleja con premura y en una fecha complicada" (durante la Navidad). El millón de euros, cifra citada por Cotizalia.com, corresponde, según la Xunta, a una estimación que se niega a confirmar. La auditoría, insiste, comprende varias fases y aún no está acabada, informa Mariola Moreno.

(www.publico.es, 28/01/10)

13. FEIJÓO ADJUDICA A DEDO A SU AMIGO PIQUÉ UN CONTRATO MULTIMILLONARIO PARA QUE GESTIONE TRES NUEVAS RUTAS AÉREAS

Galicia contará con tres nuevos destinos internacionales: Vigo- Bruselas, A Coruña- Amsterdam y Santiago-Zurich. La Xunta gastará 4,5 millones de euros este año en subvencionar esas líneas aéreas. El anuncio lo hizo personalmente el presidente Alberto Núñez Feijóo en una rueda de prensa celebrada en noviembre último. El lado bueno de esta noticia fue recogido por los medios de comunicación gallegos. El malo pasó desapercibido para la mayoría. La empresa que hará los vuelos y recibirá la subvención, sin que haya mediado un concurso público, es Vueling, la compañía que preside Josep Piqué, ex presidente del PP de Cataluña y amigo de Feijóo.

Les han visto juntos paseando por Santiago. Degustando exquisiteces gallegas en una pulpería en Casas Novas, la zona donde está ubicada la residencia oficial del presidente gallego, Monte Pío. Fuentes oficiales dijeron que se trató de una visita privada.

Entre Piqué y Feijóo existe una estrecha relación desde hace años. El presidente gallego respaldó al ex líder de los populares catalanes cuando este presentó su dimisión en julio de 2007, por sus diferencias con la cúpula del partido, y por su parte, Piqué apoyó a Feijóo en diversos actos políticos durante su campaña electoral en las autonómicas gallegas.

Josep Piqué fue nombrado presidente de la compañía aérea Vueling en 2007. Más que un presidente ejecutivo, se ocupa de las relaciones institucionales, de abrir negocio, un puesto que, para quien ha sido ministro de Industria, de Ciencia y Tecnología y de Exteriores, debe resultar relativamente más fácil que para otros, y que, como se ve, desempeña con éxito.

La Xunta destinará este año 4,5 millones de euros para potenciar los tres destinos internacionales, que en su totalidad realizará Vueling, y que tendrán una frecuencia de tres días por semana. Los nuevos servicios supondrán repartir la citada cantidad entre las tres terminales, de forma que el aeropuerto de Lavacolla (Santiago) recibirá 1.870.000 euros, el de Peinador (Vigo), 1.390.000 y el de Alvedro (A Coruña), 1.230.000 euros.

De la cifra destinada al aeropuerto de Santiago, se concederán 500.000 euros a subvencionar a la compañía irlandesa Ryanair en los vuelos que ya realiza con destino a Roma. Según fuentes del sector, la forma de operar de esta compañía, que tiene una política comercial muy agresiva, está "provocando una distorsión del mercado", y se quejan de que las relaciones de la Xunta de Galicia con esta empresa son poco transparentes. Ryanair recibe todos los años una subvención, que tramita el organismo de Turismo de Santiago, y en el que participa el Gobierno autonómico, el de A Coruña y Santiago, además de una entidad privada.

Fuentes del sector han trasmitido a El Plural su malestar por la adjudicación a Vueling de los tres nuevos destinos internacionales y afirman que no se ha respetado la normativa europea que regula las subvenciones al transporte aéreo a través de una serie de pasos administrativos, que tienen como requisito imprescindible la máxima transparencia a través de concursos públicos.

Air Europa, KLM y Air France son algunas de las compañías que operan en Galicia desde hace años y que han trasmitido ya su queja al Gobierno de Feijóo por su actuación en esta adjudicación a dedo a Vueling.

En la mencionada rueda de prensa, que se celebró en noviembre último, Feijóo y su consellero de Turismo, Roberto Varela, anunciaron, también, dos nuevos destinos nacionales: Valencia y Sevilla, aunque precisaron que en este caso sí se convocaría un concurso público. Algo que sin embargo, han recibido con suspicacia las mismas fuentes del sector consultadas por El plural, que expresaron su temor de que se trate de un concurso cuyas puntuaciones estén manipuladas para favorecer a una única empresa: Air Nostrum, del grupo Nesfinsa, cuyo propietario es la familia Serratosa, que mantiene estrechos lazos con administraciones donde gobierna el PP, como la Comunidad Valenciana.

Alberto Núñez Feijóo, un político joven, cuyo curriculum no está relacionado con la era Aznar, es considerado por los dirigentes populares como el nuevo delfín del PP. El preferido de Rajoy, después de que la imagen del presidente valenciano, Francisco Camps, resultara dañada, y además, su victoria en Galicia le dio al líder nacional el respiro que necesitaba. Por estas razones muchos ven en él a una promesa política dentro del partido. Aunque no lleva todavía un año como presidente de la Xunta y ya estamos hablando de falta de transparencia en adjudicaciones. Debería cuidarse Feijóo de este modo de hacer que puede comprometer su futuro político. Se comienza con este tipo de manejos turbios y se termina embarcado en un vuelo con destino a Gürtel.

(www.elplural.com, 27/01/10)

14. GALICIA. LA TENSIÓN SE DISPARA EN EL PP DE OURENSE TRAS INTERVENIR MARIANO RAJOY

A 48 horas del congreso provincial, la tensión alcanza máximas cotas en el PP orensano. José Manuel Baltar Blanco desató una espiral de descalificaciones contraviniendo todas las recomendaciones y evidenciando que, lejos de lograr su objetivo de achicar los titulares y rebajar la intensidad de la guerrilla interna, las llamadas a la paz realizadas por Mariano Rajoy y por la dirección del PP gallego surten el efecto contrario.

Baltar Blanco acudió a la sede provincial cargado de avales (805, frente a los 407 de su rival, Juan Manuel Jiménez Morán) y de duras críticas. Incluso amagó con echar a su oponente del congreso tras comprobar que el candidato oficialista había entregado sus avales al gerente del partido en lugar de al comité de organización del congreso, "lo que es antiestatutario", motivo por el que registró una reclamación que, tras subir el tono entre los funcionarios de la sede provincial, acabó retirando.

Entre las denuncias de Baltar Blanco a la gestión de su rival como presidente del PP de Verín incluyó una sobre un supuesto fraude al advertir de que los ingresos del partido en esa comarca se realizan "a una cuenta con el NIF de Morán". Los oficialistas pusieron el grito en el cielo. Jiménez sentenció que Baltar "sólo pretende manchar" y reconoció la práctica como algo "generalizado" en todas las juntas locales del PP orensano. "Después se hacen extractos detallados de todo", precisó. Además, aseguró que la cuenta también está a nombre de la secretaria, por lo que es "como un documento público".

Baltar Blanco entró a la sede del partido digiriendo que habrá observadores en el congreso provincial y blandiendo en una mano las carpetas con los 805 avales y, en la otra, una más con 175. Justo los que, según asegura, Jiménez "obligó" a sus compromisarios a firmar por duplicado y que él podría anular dejando al oficialista sin apoyos suficientes para presentarse al congreso. Sólo tenía que mostrarlos, pero no lo hizo. "Quiero debatir con él", justificó.

Entre sus 805 avales se incluyen los de 85 de los 92 responsables locales del partido. Baltar Blanco se siente satisfecho del respaldo de los firmantes del "histórico manifiesto" de Santa Cruz de Arrabaldo. "Sólo uno viró" de bando, señaló para evidenciar que la fluctuación de los apoyos no será decisiva en el congreso. Y citó al "desleal": "Andrés Montesisos, el alcalde de Viana do Bolo". A cambio, se felicitó de contar con el apoyo del regidor de Beade, Senén Pousa -popular por las misas que celebra en honor a Franco- quien no firmó el manifiesto de Santa Cruz "por problemas personales".

Cuando compareció ante la prensa, Baltar Blanco acababa de saber que Génova había decidido enviar observadores al congreso de Ourense -lo mismo que, en un nuevo giro, la dirección del PP gallego- y elevó el tono de sus críticas.

Tras advertir de que finalmente está dispuesto a someterse a vigilancia -"que pongan las cámaras que quieran; no me opongo a ningún tipo de desembarco"; la del sábado será "la fiesta de la democracia", señaló- arremetió primero contra las "irregularidades" de Jiménez Morán y después contra los "desleales", entre quienes incluye a Enrique Poly Nóvoa, el portavoz del partido en Ourense a quien reconoció que llegó a ofrecer la candidatura a la alcaldía en las próximas municipales. Ahora, las tornas han cambiado: "Es injustificable la decisión que tomó en estas semanas", advirtió.

La lucha encarnizada por el poder provincial ha hecho mella en José Manuel Baltar. "Me sentí engañado, desilusionado", reconoció sus heridas para destacar, acto seguido, que pese a ello "aprendimos todos mucho", en esta campaña que finaliza en un cuerpo a cuerpo sin precedentes.

Pese a todo se siente ganador y piensa en su ejecutiva para el PP de Ourense en la que, por si había alguna duda, aclara que no incluirá a los citados "desleales". "No quiero en mi comité a nadie que hable mal del partido y que empiece a salir de su boca de todo", justificó su respuesta negativa a la petición que le han hecho los máximos dirigentes del PP nacional y gallego para confeccionar una lista de integración.

A úlitma hora de , se resolvió otro de los motivos de disputa en los últimos días, a favor de los Baltar. El presidente de la Diputación intervendrá ante el Congreso antes de que se vote. Sus rivales trataban de impedirlo, persuadidos de que un discurso de despedida "emocionado" de Baltar Pumar puede "ablandar" a los compromisarios.

(www.elpais.com, 29/01/10)

15. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE SELLA LA PAZ TEMPORAL CON RAJOY ANTE GALLARDÓN

Las encuestas, el agotamiento y la cercanía de las elecciones obraron el milagro. Después de meses de guerra sin cuartel, Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre escenificaron la paz en presencia de Alberto Ruiz-Gallardón. Fue en un acto organizado en Madrid por los aguirristas, en los que el protagonista elegido era Rajoy, toda una declaración de armisticio. Pero, además, las palabras de todos fueron en esa misma línea de reencuentro.

"Debemos estar unidos. Esperanza volverá a salir al balcón de Génova en mayo de 2011 para agradeceros a todos que sería cuatro años más presidenta de Madrid", arrancó Gallardón después de que ella le obligara, entre bromas, a presentarla. "Sabemos, querido presidente, que estás en plena forma y con firmeza dando respuesta a los disparates de Zapatero. Eres una garantía para los españoles. Vamos a dar la cara con Rajoy al frente", siguió Aguirre. "Gracias a Esperanza Aguirre, Madrid está a la altura de las circunstancias. Gallardón es un excelente alcalde. Y ambos volverán a ser alcalde y presidenta en 2011", remató Rajoy.

En realidad, las diferencias siguen donde estaban. Hace sólo unos días, Aguirre defendía que era "completamente legal" la decisión de Torrejón de no empadronar a determinados inmigrantes, mientras Gallardón decía públicamente que era "ilegal" y Rajoy pedía que se empadronara a todos.

Y otros asuntos, como el del espionaje -donde hay funcionarios de Aguirre imputados por vigilar a Alfredo Prada, y ahora se investiga si también a Manuel Cobo, mano derecha del alcalde-, siguen calientes. La sanción a Cobo por criticar a Aguirre en una entrevista en EL PAÍS se resolverá en breve.

La propia presidenta dejó una pulla indirecta a la línea de Rajoy al criticar las "innecesarias reformas estatutarias", una referencia a las reformas de Andalucía, la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, apoyadas por los marianistas.

Sin embargo, las encuestas positivas han hecho que el PP arranque 2010 con otro espíritu. En el entorno de Rajoy se insiste en la idea de que Aguirre sabe que no tiene sentido intentar ganar las elecciones autonómicas sin el apoyo del PP nacional. Y el líder se encargó de recordar en la última reunión de crisis, en noviembre, a la que Aguirre no asistió, que es él, según los Estatutos, quien decide finalmente si ella es o no la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid.

Aguirre reivindicó que Madrid sigue siendo el granero de votos del PP, la comunidad que más aporta, una forma de recordar su gran valor, que son sus éxitos electorales. "Trabajaremos para que el PP de Madrid siga siendo y sea cada vez más el que más votos aporte al PP de España". Y Gallardón insistió en la idea de que la batalla de Madrid es clave para las generales. "No sabemos los candidatos de la izquierda ni a la Comunidad ni al Ayuntamiento de Madrid, pero sería ingenuo pensar que no van a dar la batalla en este campo electoral con la máxima intensidad, porque Madrid es la clave, porque gobernar Madrid es empezar a hacerlo en España. Los partidos de izquierdas van a tratar de detener en Madrid el avance del PP hacia La Moncloa", sentenció.

Las elecciones se acercan, 2010 es el año clave para prepararlas, y nadie tiene ganas de conflicto. Aunque tampoco nadie descarta que vuelva a surgir en cualquier momento.

(www.elpais.com, 27/01/10)

16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE URGE A GALLARDÓN A PRESCINDIR DEL SANCIONADO COBO

La sanción de un año de suspensión de militancia a Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, por sus críticas a Esperanza Aguirre en una entrevista supone un gesto de acercamiento de Mariano Rajoy a a la presidenta regional. Pero el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, Francisco Granados, ha sugerido que la mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón no debería seguir ocupando el cargo. "Si yo fuera alcalde de cualquier municipio no tendría como portavoz a una persona suspendida de militancia por mi partido", ha asegurado en una entrevista en RNE.

Pese a hacer estas declaraciones, Granados considera que el asunto ha quedado "zanjado" y que la sanción a Cobo se encuadra "dentro de los estatutos" del partido. "No me corresponde valorar si es mucho o poco y no lo voy a hacer porque, si no terminará pareciendo que yo estoy muy contento o muy poco contento con la sanción", ha indicado el consejero.

Tanto Cobo, como el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, tienen pensado recurrir la sanción, y en el caso del vicealcalde madrileño, los marianistas le han ofrecido siempre su respaldo, al igual que el alcalde Gallardón. Granados ha subrayado que la suspensión de militancia "no inhabilita a nadie para ir en una lista electoral", pero ha añadido que "habrá que ver cuál es el comportamiento de esta persona en el futuro, porque no creo que quede inhabilitado ni mucho menos".

Ricardo Costa ha asegurado que va a recurrir porque considera "injusta" la sanción y basada en "argumentos falsos". Tanto Cobo como él consideran excesiva la suspensión de un año y niegan los hechos que se les imputan. El ex secretario general del PP valenciano no quiso "retar" a la dirección, según fuentes cercanas a Costa, y de acuerdo con el acta y los presentes en la reunión con Francisco Camps nunca fue destituido. El argumento es similar en el caso de Cobo, quien cree que ya pidió perdón y no quiso denigrar a nadie, pero defiende que sus acusaciones están basadas en hechos, según han explicado fuentes próximas al vicealcalde.

Granados ha defendido la actuación del Comité de Derechos y Garantías."No creo que el objetivo haya sido poner paños calientes. Yo creo que han actuado correctamente en la aplicación de los estatutos, con lo difícil que es esta situación después de unas declaraciones que son de libro. Es una falta grave, se mire por donde se mire. Si el comité ha decidido o decide finalmente que sea un año a nosotros nos parecerá bien porque se habrán aplicado los estatutos".

La sanción supone un pequeño acercamiento de Rajoy hacia Aguirre, que ya se venía produciendo desde la pasada cena de Navidad y que tuvo su refrendo el pasado martes en un acto en el que el líder del partido aseguró ante la presidenta regional que repetiría como candidata en las próximas elecciones autonómicas en 2011.

Con sus manifestaciones, Granados ha ido más allá que el propio Rajoy, quien en una entrevista esta mañana en Telecinco ha esquivado pronunciarse sobre la sanción y se ha limitado a decir que la acata y la respeta. También, el portavoz popular, Esteban González Pons, ha rehusado pronunciarse y simplemente ha dicho que se trata de una propuesta de sanción y que aún está abierto el plazo de alegaciones.

(www.elpais.com, 28/01/10)

17. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE PROPONE CAMBIOS EN LA LEY DEL MENOR QUE YA EXISTEN DESDE 2006

Esperanza Aguirre sufrió un lapsus o un mal asesoramiento. La presidenta planteó endurecer la Ley del Menor a raíz del debate suscitado estos días por la nueva detención del Rafita, uno de los asesinos de Sandra Palo. Aguirre no quiso adelantar mucho de la propuesta que elabora su grupo, dijo a Europa Press, hasta que hablen con expertos y penalistas.

Sí propuso como uno de esos cambios que los menores que hayan cometido delitos muy graves ingresen en prisión al cumplir los 18 años, en lugar de pasar a libertad vigilada, como El Rafita. La única pega es que ese cambio ya se aprobó en la reforma de la Ley del Menor que realizó el Gobierno central en 2006.

Así pues, la iniciativa legislativa que Aguirre quiere presentar en la Asamblea de Madrid para instar al Gobierno a que modifique esta Ley no debería llevar esa propuesta entre las demás. La delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, ya dijo que esta reforma existía desde 2006.

Por otra parte, no hay más que echar un vistazo al Boletín Oficial del Estado del 5 de diciembre de 2006 en el que se publicó la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, que sustituía a la Ley del Menor del 2000. En el primero párrafo, en el apartado de Disposiciones Generales, se puede leer: "...el Gobierno impulsará las medidas orientadas a sancionar con más firmeza y eficacia los hechos delictivos cometidos por personas que, aun siendo menores, revistan especial gravedad [...] Se establecerá la posibilidad de prolongar el tiempo de internamiento, su cumplimiento en centros en los que se refuercen las medidas de seguridad impuestas y la posibilidad de su cumplimiento a partir de la mayoría de edad en centros penitenciarios". Es decir, lo mismo que propuso la presidenta regional.

¿Y por qué Rafita no está en prisión? Porque la reforma es posterior a su condena, y a él se le aplicó la Ley del Menor del año 2000, no la de 2006.

Aguirre dijo también que su reforma incluirá algún punto en el que se indique que los jueces puedan decidir en cada caso qué hacer con el delincuente, informa Europa Press. Esta opción también se contempla desde hace años en la Ley, al menos entre las reglas para casos de libertad vigilada.

Por otra parte, ya en verano el PP nacional anunció que su grupo llevaba trabajando meses en una reforma de la Ley del Menor, sobre todo a raíz de varios delitos muy graves cometidos por jóvenes. La más novedosa de las propuestas, como ya anunció Dolores de Cospedal, es la de poder imputar delitos a menores de 14 años, algo imposible en la actualidad.

Otras voces populares como Federico Trillo, Eduardo Zaplana o Soraya Sáez de Santamaría también se han mostrado partidarias últimamente de endurecer esta Ley, para castigar más en casos como el de Marta del Castillo.

(www.elmundo.es, 28/01/10)

18. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE URGE A GALLARDÓN A PRESCINDIR DEL SANCIONADO COBO

La sanción de un año de suspensión de militancia a Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, por sus críticas a Esperanza Aguirre en una entrevista supone un gesto de acercamiento de Mariano Rajoy a a la presidenta regional. Pero el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, Francisco Granados, ha sugerido que la mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón no debería seguir ocupando el cargo. "Si yo fuera alcalde de cualquier municipio no tendría como portavoz a una persona suspendida de militancia por mi partido", ha asegurado en una entrevista en RNE.

Pese a hacer estas declaraciones, Granados considera que el asunto ha quedado "zanjado" y que la sanción a Cobo se encuadra "dentro de los estatutos" del partido. "No me corresponde valorar si es mucho o poco y no lo voy a hacer porque, si no terminará pareciendo que yo estoy muy contento o muy poco contento con la sanción", ha indicado el consejero.

Tanto Cobo, como el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, tienen pensado recurrir la sanción, y en el caso del vicealcalde madrileño, los marianistas le han ofrecido siempre su respaldo, al igual que el alcalde Gallardón. Granados ha subrayado que la suspensión de militancia "no inhabilita a nadie para ir en una lista electoral", pero ha añadido que "habrá que ver cuál es el comportamiento de esta persona en el futuro, porque no creo que quede inhabilitado ni mucho menos".

Ricardo Costa ha asegurado que va a recurrir porque considera "injusta" la sanción y basada en "argumentos falsos". Tanto Cobo como él consideran excesiva la suspensión de un año y niegan los hechos que se les imputan. El ex secretario general del PP valenciano no quiso "retar" a la dirección, según fuentes cercanas a Costa, y de acuerdo con el acta y los presentes en la reunión con Francisco Camps nunca fue destituido

El argumento es similar en el caso de Cobo, quien cree que ya pidió perdón y no quiso denigrar a nadie, pero defiende que sus acusaciones están basadas en hechos, según han explicado fuentes próximas al vicealcalde.

Granados ha defendido la actuación del Comité de Derechos y Garantías."No creo que el objetivo haya sido poner paños calientes. Yo creo que han actuado correctamente en la aplicación de los estatutos, con lo difícil que es esta situación después de unas declaraciones que son de libro. Es una falta grave, se mire por donde se mire. Si el comité ha decidido o decide finalmente que sea un año a nosotros nos parecerá bien porque se habrán aplicado los estatutos".

La sanción supone un pequeño acercamiento de Rajoy hacia Aguirre, que ya se venía produciendo desde la pasada cena de Navidad y que tuvo su refrendo el pasado martes en un acto en el que el líder del partido aseguró ante la presidenta regional que repetiría como candidata en las próximas elecciones autonómicas en 2011.

Con sus manifestaciones, Granados ha ido más allá que el propio Rajoy, quien en una entrevista esta mañana en Telecinco ha esquivado pronunciarse sobre la sanción y se ha limitado a decir que la acata y la respeta. También, el portavoz popular, Esteban González Pons, ha rehusado pronunciarse y simplemente ha dicho que se trata de una propuesta de sanción y que aún está abierto el plazo de alegaciones.

(www.elpais.com, 28/01/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID. SANIDAD TAMBIÉN PRIVATIZA LAS CITAS MÉDICAS

Sanidad quiere unificar en un solo servicio, una especie de centralita o call center, todas las peticiones de cita con el médico de familia, pediatra y enfermera que se producen en la red de centros de salud de la región y que, en 2008, fueron más de 50 millones. Lo hará a través de una empresa, a la que pagará 40 millones de euros en cuatro años, según la convocatoria de licitación. La firma que gane el concurso contratará a sus propios operadores, que inicialmente serán unos 300, y se encargará de formarlos.

El servicio se llamará Centro de Atención Personalizada (CAP) y Sanidad prevé que empiece a funcionar antes del verano. Los operadores de la empresa darán hora con los profesionales sanitarios de atención primaria (médico, pediatra, enfermera), y también con atención especializada, de modo que gestionarán las primeras consultas en el hospital y las pruebas diagnósticas derivadas desde el centro de salud.

Hasta ahora, el usuario tenía varias formas de pedir cita con su médico: presencial, telefónica o por Internet. La presencial, en los mostradores de los centros de salud, es aún la mayoritaria. De cada 100 citas, 50 se gestionan así. Y sólo cinco por Internet, pese a que la cita online ya está implantada en el 98% de los ambulatorios. Las 45 citas restantes se gestionan por teléfono. De 25 se encargan directamente los administrativos de los centros de salud y de 20, un sistema automático que reconoce la voz (llamado IVR, por las siglas del inglés interactive voice response), y que sólo está disponible en algunos ambulatorios.

El objetivo de Sanidad es reducir al máximo el número de citas que dan los administrativos. Por eso piensa desplegar el sistema automático en toda la región durante el primer semestre del año y, además, iniciará una campaña para promocionar la cita online, según detalla el pliego de prescripciones técnicas del concurso.

Con la puesta en marcha del call center, se avanza en la automatización. Cuando el usuario llame a su centro de salud, en realidad estará llamando a un número unificado y le saltará el contestador del IVR. Ahora el sistema funciona así: "Bienvenido al sistema automático de petición de cita", dice la grabación. El usuario puede pulsar números o decir "médico" para que el sistema le dé cita con uno u otra. También tiene la opción de decir "otra consulta" o pulsar 9 para que le pasen con un administrativo de su ambulatorio. Pero no siempre funciona. Este periódico hizo la prueba en el centro de Justicia (Chueca). Tres llamadas a lo largo de la tarde dieron el mismo resultado: "Todos nuestros agentes están ocupados. Por favor, manténgase a la espera o inténtelo más tarde". Tras escuchar ese mensaje, con sus correspondientes interludios musicales, 10 veces, se oye: "En estos momentos no podemos atenderle. Disculpe las molestias". Y el sistema cuelga al usuario.

Las llamadas que no pueda resolver el IVR pasarán al centro de salud y si allí tampoco se atienden llegarán a la centralita. Según el pliego de condiciones, ya existe un centro de atención personalizada al que se derivan las llamadas no atendidas de 34 centros de salud. Un 40% de esas llamadas se "desbordan" al CAP porque los administrativos no pueden encargarse de ellas.

Cuando este call center esté funcionando al cien por cien, aún tendrá que haber administrativos en los centros de salud para atender los casos que los agentes del CAP no puedan solucionar, como citas complejas, agendas bloqueadas, planificación y reparto de huecos por ausencias de profesionales, etcétera. Pero lo más probable es que el personal se reduzca, según denunció el sindicato CSIT. "Si el nuevo sistema funciona bien, acabará absorbiendo casi todas las citas. ¿Por qué Sanidad no utiliza los recursos humanos que ya tiene y contrata una empresa para hacer lo mismo?", se pregunta la secretaria de Sanidad, Elena Moral. El sindicato teme que no se renueve el contrato a los eventuales, pero aún no tiene cifras de posibles afectados.

La Consejería de Sanidad aseguró que los trabajadores de citas médicas seguirán trabajando tras la centralización del servicio. "No habrá incidencia directa por pérdida de empleo", aseguró a Europa Press el director de Recursos Humanos de la consejería, Armando Resino. "Sólo se negociarán las condiciones dependiendo de la relación jurídica que mantenga cada trabajador", añadió. Sanidad no quiso especificar más.

Las primeras consultas con el especialista y las pruebas diag-nósticas también pasarán por el CAP. El sistema ofrecerá en primer lugar el hospital que le corresponda al ciudadano por domicilio. Los pliegos especifican que si el usuario quiere hacer uso de la libre elección, el operador le irá dando opciones.

(www.elpais.com, 26/01/10)

20. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE EXTIENDE SU MODELO PRIVATIZADOR A LA DEPENDENCIA

Ahí tiene el dinero, vaya donde quiera. Con ese objetivo, el Gobierno regional va a poner en marcha esta primavera un cheque social para que las personas dependientes "puedan ir a la residencia que deseen y que esté autorizada por la Comunidad de Madrid", detalla el director general de Dependencia, Miguel Ángel García. Pero esa libertad estará limitada por el bolsillo: el cheque, de 831 euros al mes como máximo, no cubre el coste total de la plaza. Y todo indica que será sobre todo privada (su precio ronda los 2.700 euros al mes, según la Asociación Madrileña de Residencias de la Tercera Edad). El beneficiario deberá aportar el resto: la Ley de Dependencia, en cuyo cumplimiento se establece esta medida, fija el copago del usuario. El sistema de otorgar una prestación vinculada a un servicio evita a la Administración regional construir plazas públicas. Además, prefiere concertarlas con el sector privado, admite García.

La puesta en marcha del cheque residencial (una tarjeta en la que se cargará la cuantía concedida al beneficiario en función de su nivel de dependencia y de su renta), anunciada por la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, en Abc el pasado lunes, será el primer paso. Habrá otros.

"En otoño se implantará también ese sistema para las personas que quieran ir a centros de día o recibir atención domiciliaria", anuncia el director general. Con estas medidas se busca desatascar la puesta en marcha de la Ley de Dependencia -Madrid es una de las regiones más retrasadas-. Y se hace recurriendo al mercado.

La medida va en línea con la doctrina liberal del Gobierno de Esperanza Aguirre y con su Ley de Servicios Sociales, que prevé este tipo de prestaciones económicas directas. Sin embargo, la Ley de Dependencia, aprobada por las Cortes en 2006, contempla ese tipo de ayudas "únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado" (artículo 17). Al apostar por ella, el Ejecutivo madrileño aparca la posibilidad de potenciar los servicios públicos de cuidado a dependientes."No hay compromiso de crear plazas públicas ni de sufragar el coste total", critica Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social (agrupa a los colegios de diplomados sociales). "El sistema del cheque abre la brecha de la dualidad social. Quien tenga dinero puede utilizar la ayuda para elegir una residencia mejor, y quien no lo tenga seguirá sin poder pagarla", añade. "Eso beneficiará a las empresas, que incluso podrán elegir a sus clientes, y no a los ciudadanos medios. Sería más justo concertar plazas", plantea Gustavo García, de la Asociación de Directores y Gerentes de Centros Sociales.

En cambio, para el director general de Dependencia, las ventajas son evidentes: "Este sistema da mayor libertad y capacidad de elección al usuario, que incluso puede cambiar de centro si lo desea. Además, se permite elegir si se quiere la prestación o si, por ejemplo, se prefiere una plaza en residencia concertada [cofinanciadas entre la Administración y los usuarios]". Este responsable ve más beneficios en el cheque: "Dará estabilidad al sector de las residencias privadas y permitirá el sostenimiento de las que están abiertas". Asegura que la cuantía de la ayuda oscilará entre los 400 y los 831 euros mensuales. Añade que se vigilará para evitar que la medida provoque una eventual subida de precios.

El anuncio ha caído como agua de mayo en el sector de la atención residencial privada. La Asociación Madrileña de Residencias de Tercera Edad y Centros de Día (AMRTE) venía demandando este "flexicheque" (así lo llaman) desde que se aprobó la Ley de Dependencia. Lo asegura, por correo electrónico, su presidente, José Luis Palacios: "Nos parece una buena iniciativa, porque da capacidad de elección al dependiente, que es quien va a recibir el servicio".

El representante de las residencias ve más ventajas en el cheque social: "Fomentará una competencia sana entre los operadores del sector" y servirá para "agilizar el acceso de los dependientes a la atención residencial". También podría empujar a nuevos clientes. El 20% de las plazas privadas están vacías. Entre las concertadas, el 15%, según AMRTE. Estos huecos se deben a la crisis, a las expectativas ante las ayudas previstas y al incremento de residencias en los últimos años, dice Palacios. La Administración regional sostiene 21.711 plazas en residencias de mayores públicas y concertadas.

Por la vía del cheque, la Comunidad busca dejar de ser el farolillo rojo a escala nacional en la aplicación de la Ley de Dependencia. Ahora, sólo 178 de las 26.287 personas que reciben alguna prestación cobran una ayuda económica vinculada al servicio (para lo que está previsto el cheque). Además, otras 28.228 tienen reconocida ayuda, pero aún no la reciben

(www.elpais.com, 27/01/10)

21. COMUNIDAD DE MADRID. NUEVOS DATOS SOBRE MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN DE ALGUNOS POPULARES EN EL EPICENTRO DE LA GÜRTEL

El Juzgado de Instrucción número uno de Móstoles ha apreciado indicios de malversación y prevaricación continuada sobre la gestión que José María de la Mata Arranz, Arturo González Panero y José Galeote realizaron en su etapa en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Así, el juez ha pedido a la acusación -Partido Socialista y Alternativa por Boadilla (ApB)- que soliciten la apertura de juicio oral.

La querella, que fue presentada por el PSOE en el año 2001, y a la que posteriormente se sumó ApB, fue presentada porque Panero abonó el trabajo del letrado Gustavo Galán -compañero sentimental de otra imputada en la trama Gürtel, Isabel Jordán-, como defensor del equipo municipal. Según la acusación, Galán cobró por defender e incluso presentar demandas a terceros a cargo del presupuesto municipal.

Por ejemplo, en un decreto del 12 de mayo de 2000, González Panero aprobó la contratación del abogado Galán para el ejercicio de acciones judiciales en la defensa del derecho al honor de José Galeote, según el fiscal. Como concejal de Hacienda, José María de la Mata Arranz, era el encargado de pagar las facturas a Gustavo Galán.

Pese a que el ex alcalde de Boadilla del Monte ya fue imputado por este caso en 2001, el PP permitió que fuera designado como candidato a las elecciones municipales de 2003 y 2007. En la actualidad, González Panero se enfrenta al embargo de sus bienes para afrontar el pago de la fianza de los 1,8 millones de euros por su presunta participación en el caso Gürtel.

Fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte desde 1995 a 2003. Luego trabajó como asesor del Alcalde y de Asuntos Institucionales –cargo que compaginó ilegalmente con el de Juez de Paz durante tres meses hasta que el TSJM de Madrid le hizo renunciar-. Fue una de las personas que acompañó a Arturo González Panero y Francisco Correa a Miami Beach, lugar donde el ex regidor de Boadilla pudo haber adquirido varias propiedades.

En el año 2004, los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón le nombraron gerente del Consorcio Deportivo y de Servicios de la zona noroeste de Madrid. El hecho no tendría ninguna relevancia de no ser porque José Galeote estaba jubilado, con lo que no podría percibir otras retribuciones por su trabajo. Además, está prohibido desempeñar un puesto de trabajo en el sector público a personas mayores de 70 años. El juez Antonio Pedreira le puso una fianza de un millón de euros por su implicación en la Gürtel.

Desde el jueves 19 de noviembre de 2009, José María de la Mata Arranz (un hombre de máxima confianza de Arturo González Panero), es secretario de Formación del PP de Boadilla. Con anterioridad, fue concejal de Hacienda del Partido Popular durante dos legislaturas.

Sin duda, la decisión del Juzgado de Instrucción número uno de Móstoles supone un nuevo varapalo al Partido Popular que controla Esperanza Aguirre.

(www.elplural.com, 29/01/10)

22. COMUNIDAD DE MADRID. LA CORPORACIÓN RECTIFICA Y NO RESTRINGIRÁ EL PADRÓN PARA LOS 'SIN PAPELES'

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) da marcha atrás en su normativa de empadronamiento de los sin papeles que impedía registrarse a quienes vivieran en pisos de menos de 20 metros cuadrados o con pasaporte en el que figurara el visado de turista. "Desde el Ayuntamiento se acata el informe de la Abogacía del Estado pero sí queremos dejar claro que Torrejón de Ardoz no es un municipio xenófobo", ha asegurado el alcalde, Pedro Rollán.

Tras conocerse la intención del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a los irregulares saltó a la luz el caso de Torrejón, gobernado por los populares, que desde octubre de 2008 aplica su propia normativa al margen de la ley, que exige registrar a todos los inmigrantes, lo que les permite acceder a los servicios sociales aunque no residan legalmente en España.

"El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, aunque no lo comparte, acata el dictamen del Gobierno de España de empadronar a todos los inmigrantes al margen del número de personas que puedan estar hacinadas en una vivienda", ha señalado el regidor. Torrejón seguirá trabajando para evitar los hacinamientos y los pisos patera en la ciudad, pero exige que se respete la normalidad y la convivencia en la ciudad sin dañar su imagen, según el comunicado que ha leído el regidor, quien ha subrayado que en sólo siete años la inmigración "se desbordó" en el municipio hasta ascender al 20% de su población.

Pese a rectificar la norma vigente, el Gobierno municipal de Torrejón ha pedido al Ejecutivo central que cambie las leyes para regular las "situaciones de hacinamiento" y aumente las ayudas económicas a los Ayuntamientos para integrar a los inmigrantes.

En las últimas semanas varios dirigentes del PP han entrado en una escalada de declaraciones en las que sugerían un endurecimiento de la legislación para evitar la entrada de sin papeles y justificaban, de forma más o menos clara, la actitud del Ayuntamiento de Vic y Torrejón. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha avalado en todo momento la normativa de Torrejón, mientras que la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, propuso cambios en la ley porque, según aseguró, "no cabemos todos".

Consciente de que el discurso duro en inmigración no fue rentable en las pasadas elecciones, Rajoy se ha encargado de suavizarlo en los últimos días. Así, la semana pasada desautorizó al Ayuntamiento de Torrejón al afirmar que este municipio también tiene que cumplir la ley como todos los demás. La norma que obliga al empadronamiento de todos los irregulares está vigente desde 1997 y fue aprobada por el Gobierno del PP cuando Rajoy era ministro de Administraciones Públicas.

(www.elpais.com, 25/01/10)

23. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID INVESTIGA AL PP DE VALENCIA

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira apeló al secreto del sumario para negarse a facilitar información a sus colegas valencianos. Este juez investiga, con el visto bueno de la fiscalía, la financiación ilegal del PP en la comunidad autónoma tras un informe de la policía que revelaba cómo la red que dirigía Francisco Correa costeó actos de este partido.

Fuentes judiciales han explicado que Pedreira ha asumido esta investigación porque considera que los hechos están íntimamente relacionados con Correa. También subrayan que, de momento, no ha aparecido en la causa ningún aforado, un hecho que obligaría a Pedreira a remitir la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Esta sede judicial archivó en julio la investigación abierta contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otras tres personas por haber recibido trajes de la trama corrupta. El Supremo aún tiene que pronunciarse sobre este archivo.

Fuentes jurídicas han confirmado que, en los próximos días, Pedreira rechazará la petición de nulidad planteada por los abogados del caso Gürtel por la grabación de las conversaciones que Correa mantuvo en la cárcel con sus abogados. Estos letrados se han querellado contra Baltasar Garzón por las grabaciones.

Mientras, el Tribunal Supremo continúa avanzando, aunque a paso lento, su investigación contra el senador y extesorero del PP Luis Bárcenas. Estas fuentes han explicado que el magistrado Francisco Monterde está a la espera de recibir información sobre las cuentas personales del parlamentario.

(www.elperiodico.com, 26/01/10)

24. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP NO ACTUARÁ CONTRA EL SECRETARIO GENERAL DEL PP DE VALENCIA QUE LOGRÓ UNA REBAJA EN UN JAGUAR GRACIAS A EL BIGOTES

La dirección del Partido Popular descarta tomar medidas con el secretario general del PP de Valencia (el sustituto de Ricardo Costa) por su relación con uno de los empresarios imputados en la trama Gürtel. Antonio Clemente consiguió una rebaja importante en la compra de un jaguar gracias a la mediación de Álvaro Pérez, El Bigotes.

Hace un mes y una semana que el PP dispone de un Código de Buenas Prácticas, pero no tiene "carácter retroactivo". No se va a aplicar a Clemente porque el jaguar se lo compró en verano y, además, porque conseguir un descuento por comprar un vehículo es algo frecuente. Fueron 3.200 euros de descuento en este caso, al tratarse de un coche de alta gama.

El PP no va a considerar siquiera el caso, al que no aplica matiz de anormalidad alguna. "No fue aprovecharse de nadie", aclaran desde la sede popular de la calle Génova. "Es simple amistad o contacto para conseguir una rebaja habitual", dicen.

El Código de Buenas prácticas del PP lo están firmando ya los cargos de responsabilidad en el aparato del partido y lo firmarán los cargos públicos que resulten de las próximas elecciones. Les obliga, por ejemplo, a abstenerse de cualquier conducta que, aún siendo legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad del PP.

(www.cadenaser.com, 29/01/10)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS VE NORMAL QUE CLEMENTE FUERA CON ´EL BIGOTES´ A COMPRARSE UN JAGUAR

El presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, salió en defensa del secretario general del PP de la Comunitat, Antonio Clemente, al considerar "normal" que en mayo de 2008 se comprara un Jaguar después de que el gerente de Orange Market, Alvaro Pérez, conocido como "El Bigotes", se ofreciera a intermediar para conseguirle un descuento. Rus criticó que se "criminalicen" las amistades que puedan tener los cargos públicos y mantuvo que uno no es "culpable" de que una persona que conoce resulte ser "un ladrón, o mate a alguien".

El presidente de la Diputación de Valencia, propietario de un Ferrari, se pronuncio sobre la información publicada sobre la adquisición del Jaguar y la existencia de una conversación grabada por la policía en el marco la investigación del caso Gürtel entre Clemente y El Bigotes, en el que este último se ofrecía a intermediar para conseguir un descuento.

Según la documentación aportada por la dirección regional del PP, el 20 de mayo de 2008, el entonces portavoz adjunto del grupo popular en las Corts, entregó al concesionario una señal de 3.000 euros por la compra del Jaguar, cuyo precio final ascendió a 57.628 euros tras un descuento de algo más de 3.400 euros. Clemente, farmacéutico de profesión, ha aportado las facturas y justificantes de pago, así como una copia del préstamo que formalizó ante notario para pagar la cantidad restante. El secretario general del PP, que no quiso hacer declaraciones, admite que Alvaro Pérez le acompañó un día al concesionario, aunque fuentes de su entorno mantienen que al final la compra la hizo por su cuenta y sin la mediación del ex gerente de Orange Market.

"Si fue con El Bigotes, 3.000 euros fueron pocos, yo si hubiera ido me hubieran hecho un diez por ciento de descuento", ironizó Rus, quien se mostró convencido de que Clemente "sería incapaz" de hacer algo incorrecto. "Seguro que estará preocupado, pero si fuera yo estaría preocupado porque en lugar de un diez me han hecho un cinco por ciento de descuento", insistió.

Pero ni siquiera el tono desenfadado empleado por Rus podía disimular la inquietud existente en el PP y en el Consell ante un nuevo capítulo del escándalo Gürtel que, si bien carece de trascendencia legal, salpica la imagen del actual secretario general, hasta el momento uno de los pocos dirigentes del PP no "contaminados" por la trama de Correa. De hecho, el presidente Francisco Camps lo eligió hace apenas tres meses para sustituir a Ricardo Costa, la única víctima política del caso. En su decisión, Camps no sólo tuvo en cuenta su fidelidad a prueba de bomba, sino el hecho de tratarse de una persona "inmaculada" en relación con el escándalo Gürtel.

Cabe recordar que las conversaciones del caso Gürtel en las que los cabecillas de la trama hablaban de las gestiones para comprar a Costa un Infiniti hicieron mucho daño a la imagen del ex número dos del PP. Costa defendió desde el principio que pagó el coche, pero tuvo que remitir la documentación a Génova e incluso pedir perdón en público por la imagen inadecuada que, confesó, podía trasladar a la sociedad al darse el capricho de comprarse un coche de lujo en plena crisis.

Clemente, sin embargo, cuenta con el respaldo de la dirección nacional del PP, algo que Costa perdió al poco de levantarse parte del sumario y trascender su íntima relación con El Bigotes . Según ha podido saber este diario, el presidente Mariano Rajoy y la secretaria general, Maria Dolores de Cospedal, han hablado personalmente con el secretario general y le han dicho que esté tranquilo. Es más, en Génova descartan aplicar el código ético por no tener carácter retroactivo y considerar que no existió ninguna irregularidad.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguró que la supuesta conversación entre Clemente y Álvaro Pérez en la que quedaban para ir al concesionario - a la que alude "El Mundo" aunque sin concretar su contenido-, de existir, se habría grabado antes del 6 agosto de 2008, fecha en la que el juez Garzón abrió las diligencias del caso Gürtel, y por lo tanto de manera ilegal. Por ello, Pons pidió explicaciones al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado.

(www.levante.emv.com, 29/01/10)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. TABACALERA COSTARÁ 16 MILLONES MÁS DE LO PREVISTO

Juan Ferrer, concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, lamentó en rueda de prensa que el presupuesto para rehabilitar el antiguo complejo industrial de Tabacalera se haya disparado a 51,8 millones de euros. Según el edil, la obra costará 15,8 millones más de lo previsto en el proyecto inicial, que el consistorio estimó, en 2007, en 36 millones.

El arquitecto encargado de restaurar el edificio de Tabacalera, Pedro Soler, se reunió la semana pasada con el Grupo Socialista municipal, según explicó el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, en un comunicado, para explicar el motivo del aumento del presupuesto. Una vez escuchadas sus razones, el concejal Ferrer criticó que "en el proyecto [de rehabilitación] inicial alguien ha dado por buenas cosas, sin ver lo que había en el edificio y sin haberlo tenido en cuenta previamente".

El edil socialista divide en tres grupos las modificaciones que el gobierno local ha efectuado en el proyecto de rehabilitación, y por las que justifica haber aumentado la cantidad de dinero destinada a este fin un 43% según los socialistas. En primer lugar, Ferrer asegura que el análisis del edificio, previo al inicio de las obras fue ineficaz. Es el caso de las vigas de hierro que soportan la techumbre, cuyo deterioro no se tuvo en cuenta hasta meses después. En segundo lugar, Ferrer señala las variaciones respecto al proyecto original, "lo que significa que no se estudiaron bien los usos [del edificio] y las necesidades que se desprenden de esos usos", caso de los tres servicios municipales que, pese a no estar previsto, se han trasladado al edificio de Tabacalera. Por último, Ferrer apunta al retraso en la construcción de un aparcamiento subterráneo.

Alfonso Grau contestó , tras la comparecencia de Ferrer ante los periodistas, que a lo largo de los trabajos realizados "se fueron encontrando defectos ocultos que afectaban muy seriamente la estructura del inmueble" y que "en ningún caso puede hablarse ni de errores de análisis ni de proyectos".

Fuentes consultadas por este periódico sostienen que, pese a que una obra de rehabilitación está expuesta a muchas más sorpresas que una de nueva planta, el desajuste habitual entre el presupuesto inicial y la cantidad finalmente gastada oscila entre el diez y el 20 por ciento. En este caso, la variación es del 43%, 15,8 millones de euros. Grau lo achaca a una "rehabilitación espléndida"

(www.elpais.com, 28/01/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. UN AEROPUERTO CON ALAS DE PLOMO

Trece años después de anunciarse el proyecto y cinco años después de la colocación de la primera piedra, el aeropuerto de Castellón sigue publicitándose como emblema de modernidad de la provincia sin fecha exacta de inauguración. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha vuelto a anunciar esta semana -como ya hizo en 2008 y 2009- que el aeropuerto de la provincia se inaugurará en "breves meses". La realidad es que 13 años después de que Fabra se marcara como objetivo "prioritario" el aeropuerto está construido, pero éste no tiene suministro ni de luz ni de agua y faltan las vías de acceso, así como saber qué compañías aéreas operarán desde Castellón.

La indefinición, las continuas demoras, los pleitos y la manera de formular su desarrollo ha hecho que otros aeropuertos, planteados con posterioridad, como el de Lleida, hayan tomado este mismo mes la delantera. La instalación aeroportuaria de Lleida, iniciada en 2007, empezará a operar este mes de febrero con Vueling y Ryanair a cuatro destinos europeos, tras haber invertido alrededor de 95 millones de euros en una infraestructura pensada para 400.000 pasajeros y 6.000 toneladas de mercancías anuales.

En Vilanova de Alcolea, el término municipal que acoge el aeropuerto de Castellón a unos 35 kilómetros de la capital, se puede comprobar el avanzado estado de una obra que aún está inacabada. La Generalitat y la Diputación, las administraciones que lo impulsan a través de la sociedad Aerocas, tardaron siete años en poseer los proyectos y autorizaciones necesarias, de 1997 a 2004, año en que se colocó la primera piedra. Y, tras varios aplazamientos, ahora se prevé inagurar este aeropuerto a lo largo del año 2010.

La obra está prácticamente concluida. No sólo se ha construido la pista, se ha levantado la terminal y la torre de control sino que, incluso, se ha decorado el interior, con bancos y papeleras diseñados especialmente. Y además ya se organizan visitas para ver el nuevo aeropuerto. Sin embargo, ni las obras de las vías de acceso, ni las de suministro de luz y agua han acabado.

El escenario socioeconómico al que se enfrenta ahora el aeropuerto de Castellón es bien distinto al que existía cuando se planteó.

La idea surgió en pleno boom urbanístico, con decenas de proyectos de campo de golf salpicando la provincia y la iniciativa de construir el parque temático de Mundo Ilusión. Ahora, las promociones están paradas, los constructores confían en prolongar los plazos para demorar el atractivo turismo de golf y Mundo Ilusión está en dique seco tras negarse la Generalitat a aportar financiación y admitir que ningún empresario apostaba por este tipo de reclamo. En el aeropuerto de Castellón se invertirán alrededor de 150 millones de euros, tal como apunta el director general de Aerocas, José María García Navas.

La Generalitat arrancó el proyecto con la expropiación del suelo y dejó, por la vía del contrato, la responsabilidad de la construcción y la explotación en manos del sector privado. Pese a sus buenas relaciones con el entonces presidente José María Aznar, Carlos Fabra no logró que el Gobierno asumiera la financiación de esta "indispensable" infraestructura, como tampoco lo hizo la Generalitat, que se convirtió en promotora. El Consell sí se comprometió con la concesionaria del aeropuerto a que, en caso de que no se alcanzasen los 600.000 pasajeros anuales, pagaría seis euros por cada viajero previsto que no utilizase finalmente el aeropuerto. Desde 2003, el Consell ya ha cambiado las condiciones del contrato en tres ocasiones para compensar los costes imprevistos de la concesionaria, pero no ha revisado la previsión de los 600.000 viajeros.

Carlos Fabra comparó la celeridad con la que el Gobierno catalán ha logrado los permisos de Fomento para el aeropuerto de Lleida con las supuestas trabas que tiene el de Castellón. Sin embargo, desde el principio, los promotores de Aerocas sabían que contaban con el inconveniente de que los terrenos elegidos para el aeropuerto era el hábitat del aguilucho cenizo, una especie protegida. Así, la declaración de impacto ambiental obligó a supender las obras cada año durante varios meses para no interferir en la nidificación del ave. Inconveniente al que se unió otra paralización por presunta comisión de delito ambiental y otra tercera de Fomento por carecer el aeropuerto del preceptivo plan director.

Pese a ello, la concesionaria -un consorcio liderado por la constructora FCC- ha ido ejecutando la obra. No ha ocurrido lo mismo con la parte pública. La Administración quedó encargada del acceso y de negociar los suministros de agua y luz y todavía está en obras la autovía CV-10 que ha de enlazar con autopista y carretera nacional.

(www.elpais.com, 24/01/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO DEL CONSELL SE DISPARA UN 1.113% RESPECTO A 2008 Y ALCANZA LOS 1.274 MILLONES

Las malas noticias económicas también afectan a las finanzas públicas. Sobre todo, las de la Generalitat, con la mayor deuda en relación a su riqueza (PIB regional) de España, la segunda en cifras absolutas. El informe sobre la situación de tesorería a 30 de noviembre de 2009, remitido a las Corts Valencianes, revela que la Administración que preside Francisco Camps disparó un 1.113%, hasta elevarse a 1.274 millones de euros, el déficit de caja presupuestaria (la diferencia entre los pagos y los cobros realizados contemplados en el presupuesto) con respecto al mismo mes de 2008.

Estos "números rojos" provocan tensiones de tesorería que la Generalitat sólo puede resolver echando mano de los fondos extrapresupuestarios (que abarcan desde los créditos a corto plazo a las retenciones por Seguridad Social e IRPF de las funcionarios), para obtener, sobre el papel, una caja global positiva.
Pero este recurso, el de las operaciones transitorias de tesorería, al final también tienen un coste para el erario. Es la pescadilla que se muerde la cola de las cuentas autonómicas deficitarias. A un mes de finalizar 2008, el déficit de caja presupuestaria era de 105 millones.

Un año después, con la crisis azotando las cuentas públicas (por el lado de los ingresos, debido a la caída de recursos, y de los gastos, por el incremento de las necesidades en gasto social), este déficit era de 1.274 millones, resultado de unos pagos del presupuesto del año y anteriores de 12.966 millones y unos cobros de 11.691 millones.. Sólo los fondos extrapresupuestarios permiten respirar: 9.592 millones en ingresos frente a 7.898 millones de pagos. A la vista de estas cifras, se aprecia bien cómo los 872 millones adicionales que el Gobierno transfirió a la Generalitat el 30 de diciembre -derivados de la nueva financiación autonómica- con, a pesar de las críticas, como un auténtico maná.

El efecto de la crisis se aprecia sobre todo en los ingresos. A un mes de cerrar el ejercicio, la Generalitat, que ha basado estos años en el ocio y el ladrillo el impulso a la economía valenciana, vio cómo había ingresado menos de la mitad de lo presupuestado por el impuesto de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que grava sobre todo la compraventa de vivienda. En concreto, el Consell previó cobrar 1.515 millones durante 2009 por este concepto; sin embargo, a 30 de noviembre, había 748 millones como derechos reconocidos, 655 ingresos propuestos. En 2008, el Consell sólo pudo recaudar el 57% de lo que presupuestó por este impuesto. Si en 2007 suponía el 22% del total de ingresos del Consell, en 2008 cayó a sólo el 14%.

Si se toma como referencia la globalidad de los impuestos indirectos, lo que incluye IVA e impuestos especiales (alcohol, gasolina o energía), el Consell lleva ingresado un 20% menos, 3.605 millones, frente a 4.506 en noviembre de 2008. Los impuestos indirectos, que crecen un 13,5%, y las transferencias alivian la situación.

En cuanto a los gastos, sorprende la subida del desembolso por funcionamiento, nada menos que 2.158 millones a un mes de acabar el año, un 18,5% más que en 2008. Las promesas de austeridad y control en el gasto, al menos a la vista de este informe, no se constatan. Antes al contrario.
De la misma manera, el coste de la nómina ha crecido un 8,6%, ya que se habían realizado pagos por 4.633 millones -el 35,7% del total de pagos hasta esa fecha, 12.966 millones-, frente a los 4.266 de noviembre de 2008. Con todo, paralelamente, el esfuerzo inversor también se incrementa: 701 millones en inversiones directas, frente a 588 en 2008, un aumento del 19,1%. El total de pagos, 12.966 millones, se encontraba por debajo de los 14.286 millones de gasto presupuestados para 2009.

(www.levante-emv.com, 26/01/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. VILLENA, UN DEBATE QUE EMPEZÓ EN LA POLÍTICA Y ACABÓ A BOFETADAS

Primero fue la discrepancia política, después el distanciamiento personal, luego llegaron las bofetadas y, al final, la escisión, con cinco concejales expulsados del PP y una alcaldesa -que había logrado una amplia mayoría absoluta- en minoría. El despropósito del PP en Villena arrancó en el congreso provincial que enfrentó en diciembre de 2008 a ripollistas y campistas. Más allá de ese hecho no hay nada en lo que coincidan la alcaldesa Celia Lledó y sus antiguos compañeros a la hora de explicar la crisis.

Al congreso de Orihuela los concejales del PP llegaron divididos: ocho apostaron por el candidato campista, el alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, y los cuatro restantes, entre los que se encontraba la alcaldesa, por José Joaquín Ripoll, que ganó el congreso justo por cuatro votos. Desde entonces ya nada fue igual. "A partir de ahí empezaron las represalias personales. O estabas con la alcaldesa o contra ella", denunció Juan Richart, líder de los ediles díscolos. "Todo arrancó en el congreso del PP", confirmó Lledó.

Discrepancias políticas, represalias personales y, para colmo, la agresión que Richart sufrió el pasado mes de septiembre en plena calle por parte de Isidro Gozálvez, asesor de Lledó y esposo de la concejal de Urbanismo, María José Hernández. Richart presentó entonces su renuncia como concejal de Obras y Servicios, y la alcaldesa la aceptó. Sin embargo, el asesor ha salido indemne. Y es que Gozálvez es intocable: fue jefe de campaña de Lledó, hombre de confianza de Ripoll y uno de los artífices de la victoria del PP en este feudo socialista.

La crisis estaba servida. La alcaldesa la reduce a mera "ambición política" de quienes "pretendían romper el PP desde dentro". , Lledó, visiblemente más tranquila porque el enemigo ya está fuera, instó a los concejales rebeldes a que "no roben el acta de concejal y se vayan a su casa". La alcaldesa pidió disculpas y admitió el "grave error" de incluir a estos concejales en la lista del PP. "Asumo la responsabilidad, y me siento frustrada", admitió. Los ediles Francisco Abellán y José Tomás Peralta, que apoyaron a Fenoll y ahora están con Ripoll, explicaron que tras el congreso provincial "la pugna se acabó y había que olvidar".

Los cinco concejales críticos (más un sexto que está de baja por enfermedad), que presentaron su baja del PP para evitar la expulsión el mismo día que abandonaron el gobierno municipal, improvisaron una rueda de prensa en casa de una de las ediles. Los díscolos denuncian la "prepotencia y falta de diálogo" de la alcaldesa. No les convocaba a las reuniones, ocultaba información e imponía el sentido del voto. Richart admitió "desavenencias personales y políticas".

Durante las últimas semanas se intentó alcanzar un pacto de no agresión. Por parte de Camps se empleó a fondo el vicepresidente Juan Cotino, además del delegado del Consell en Alicante, José Ciscar. Y Miguel Ortiz hizo lo propio en representación de Ripoll. Pero no hubo acuerdo.

Ahora el gobierno municipal ha saltado por los aires; la polémica sobre el depósito de basura de Castellón o Valencia en Villena ha sido un elemento más que sumar al conflicto. El resultado, una alcaldesa en minoría que cuenta con el apoyo de cinco concejales frente a 14 en la oposición. Los socialistas no piensan presentar moción de censura.

(www.elpais.com, 28/01/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TSJ MULTA A ALCOI POR NO ACATAR UNA SENTENCIA

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha condenado a la concejal de Urbanismo de Alcoi, Eugenia del Castillo, del PP, al pago de una multa de 1.500 euros por no acatar la sentencia que declaraba ilegal el aparcamiento de La Rosaleda y que obligaba a reponer una zona verde destruida a causa de las obras.

El tribunal recuerda al Ayuntamiento que desde 2005, cuando dictó una sentencia en la que declaraba ilegal el aparcamiento, no ha desarrollado "actividad alguna" para reconstruir la zona verde arrasada. El gobierno municipal anunció a través de su portavoz, Rafael Sanus, que presentaría recurso de súplica a la condena de la concejal. Sanus atribuyó a "un error administrativo" el hecho de no haber remitido al TSJ el decreto por el que el alcalde, Jorge Sedano, iniciaba los trámites el pasado 24 de octubre para la convocatoria de un concurso de ideas para reponer la zona verde. "No es cierto que haya habido inactividad", certificó Sanús. El tribunal advierte a la edil con abrirle un proceso por desobediencia a la justicia si no acata el fallo.

La sentencia del TSJ deriva de la denuncia presentada por la Colla Ecologista La Carrasca. El colectivo entiende que el consistorio ha ido planteando "incidentes procesales de escaso fundamento y que rozaban la temeridad procesal, para evitar acatar la sentencia", señaló la portavoz del colectivo, Júlia Moltó. El portavoz socialistata, Antonio Francés, instó al gobierno del PP a asumir "responsabilidades políticas" y tachó de "esperpéntica" la situación creada por el alcalde de eludir el cumplimiento de una sentencia del TSJ.

(www.elpais.com, 23/01/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. LA JUEZ DEL 'CASO POLOP' ABRIRÁ OTRO SUMARIO CON LA TRAMA URBANÍSTICA

La investigación judicial por el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP, acabará en dos sumarios. El primero, para investigar estrictamente el crimen, por el que ya hay siete encarcelados, entre ellos, el sucesor de Ponsoda en el cargo, Juan Cano, considerado como el autor intelectual del complot para controlar sin oposición el urbanismo del municipio. Y el segundo indagará la trama urbanística surgida en el pueblo y amparada por Cano, en su calidad de responsable del área de urbanística del consistorio.

La magistrada del caso, la titular del juzgado número 2 de La Vila Joiosa, ha decidido deducir testimonio de las actuaciones practicadas para remitirlas a otro juzgado con el fin de iniciar otro procedimiento judicial para depurar responsabilidades de las numerosas irregularidades urbanísticas detectadas por la Guardia Civil. Así que la juez María Antonia Raedo llevará todo lo relacionado con el crimen y otro juzgado de La Vila, la investigación urbanística.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya solicitó a la juez el 3 de julio de 2008 que ampliara el procedimiento a la investigación de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Para esclarecer que el móvil fue urbanístico, la investigación de la policía se centró en la actividad que desarrolló la concejalía que dirigía Juan Cano y en los sectores especialmente conflictivos. De todo ello se deriva la sospecha de que hubo un enriquecimiento ilícito del arquitecto técnico José Vicente Martí, íntimamente relacionado con Cano hasta el punto de que cuando dejó de ser concejal en 2003, Martí y otro técnico del consistorio continuaron reuniéndose con Cano en su domicilio.

Martí creó en 2002, estando en el Ayuntamiento, la empresa Urbanismo e Ingeniería (UEI) La Marina, con la que obligaron a trabajar a todos los agentes con intereses urbanísticos, ya que la misma aprobación de los proyectos dependía de sus informes. Sólo a los del sector llamado PRI Rotonda les llegaron a cobrar 82.576,92 euros.Las diligencias policiales sobre la trama urbanística que dirigía el ex alcalde de Polop Juan Cano y por la que éste acabó ordenando a dos sicarios la ejecución de su antecesor, Alejandro Ponsoda, copan el grueso del sumario. Las diligencias del caso, miles y miles de folios, ocupan ya un total de 30 tomos.

La documentación más destacada en el apartado urbanístico recae sobre dos sectores de suelo catalogado como no urbanizable en el llamado PAU Matet, en la falda de la montaña del término de Polop. En el registro del despacho de Cano en el consistorio que efectuó la Guardia Civil el día de su detención, el pasado 23 de noviembre, apareció un plano con el avance de la modificación del PGOU de Polop para la inclusión de un nuevo sector de suelo urbanizable residencial y un procedimiento de tramitación del sector para su ampliación.

El grupo Bahía de Benidorm compró 650.000 metros cuadrados en 2005 por 3.247.000 euros. Grupo Bahía, SL, y la familia Siscar de Polop presentaron un proyecto (en este caso de alrededor de 300.000 metros cuadrados) para urbanizar en Matet, que el pleno del consistorio rechazó, a pesar de las presiones que soportó Ponsoda. Ya en 2003, Román Zurutuza, abogado y presidente del Club Náutico de Altea, había presentado un convenio para urbanizar otros 700.000 metros cuadrados.

La Guardia Civil estuvo esperando una reunión que se produjo el 21 de julio de 2008 en el Ayuntamiento en la que habrían estado Cano y Montiel por el consistorio, Pedro Agulló en representación de Bahía y el propio Román Zurutuza. Algunas conversaciones grabadas a Cano dejan al descubierto que estaban buscando fórmulas para eludir la intervención de la Generalitat, ya que en Polop no se puede reclasificar terreno si no está desarrollado el 60% del suelo urbanizable existente. Y cuando empezaron a tramar esta operación para construir miles de viviendas, en 2003, ni siquiera se había urbanizado un 10% de los sectores.

Otro sector investigado en profundidad fue el que se adjudicó en agosto de 2004 a una Agrupación de Interés Urbanístico que animó a crear Ponsoda y que presentó su alternativa técnica contra Balcón de Ponoig, SL, la empresa a la que pretendía adjudicarle la condición de agente urbanizador Juan Cano, que luego ha retrasado la publicación del proyecto de reparcelación que presentaron los propietarios. Es más, le dijo a la presidenta de los propietarios que nunca se aprobaría. Sin embargo, la agrupación alquiló para sus reuniones un local propiedad de la mujer de Cano por el que pagaron casi 12.000 euros entre 2005, 2006 y 2007.

La justificación dada por la responsable fue que con ese gesto intentaron limar asperezas con Cano, que aunque durante esos años no era concejal, mantenía su capacidad de influencia política en el pueblo.

(www.elpais.com, 29/01/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. ORIHUELA PAGA FACTURAS POR 217.552 EUROS CON EL INFORME EN CONTRA DEL INTERVENTOR

El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP con mayoría absoluta, ha acordado el pago de facturas por 217.552 euros, pese al informe en contra del interventor de la corporación. El acuerdo se efectuó en un mismo día, el pasado 21 diciembre de 2009, a propuesta de la junta de gobierno.

El funcionario alega que estos pagos vulneran, entre otras, la Ley de Contratos y el texto refundido de la ley de haciendas locales. La ilegalidad más común en el apartado de la Ley de Contratos es que las facturas no tenían la correspondiente consignación presupuestaria previa, porque responden a trabajos adjudicados sin mediar concurso.

Pese a los reparos técnicos, el funcionario admite que el Ayuntamiento "no puede dejar de satisfacer el pago de estos gastos en los que ha incurrido por la razón de que los mismos hayan contraído de forma irregular", advierte el funcionario, según recogen las actas de las sesiones. El interventor advierte de que el impago "generaría lesiones que implicarían responsabilidad municipal, por lo que lo más prudente, garantizado que el servicio, obra o suministro se ha prestado de forma efectiva a satisfacción del Ayuntamiento, será ordenar el pago, previa autorización, disposición y reconocimiento de la obligación".

La portavoz del primer grupo de la oposición, la socialista Antonia Moreno, señala que estos pagos no son aislados: "En lo que va de legislatura, el gobierno del PP ha pagado de esta forma y con reparos de los técnicos más de 20 millones de euros", aseguró Moreno. La edil socialista subrayó que las juntas de gobierno del PP donde se aprueban esos pagos no cuentan con la totalidad de sus integrantes: "Hay tres concejales que evitan la asistencia porque se oponen a esos pagos ilegales", puntualizó.

(www.elpais.com, 29/01/10)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. LA EMPRESA DE UN EDIL DEL PP COPA LAS SUBCONTRATAS DE OBRAS DE XÀBIA

La gran mayoría de empresas adjudicatarias de obras públicas del Ayuntamiento de Xàbia contratan el suministro de hormigón a la mercantil Triturca, cuyo administrador único es Miguel Savall, concejal del PP en el Consistorio desde 1999. Los populares integran el actual gobierno local que preside, Eduardo Monfort, candidato de la coalición CDS-Bloc El edil no ve ilegalidad en los contratos y minimiza el volumen de negocio.

La empresa de Miguel Savall desplegó una frenética actividad con motivo del medio centenar de obras del plan Zapatero ejecutadas en el municipio. Triturca suministró hormigón para la rehabilitación de caminos y viales, la construcción de redes de pluviales, la renovación viaria de urbanizaciones, la instalación de una glorieta y de uno de los puntos verdes municipales, varios proyectos de reurbanización de calles y plazas o la mejora de equipamientos deportivos.

El Fondo de Inversión Estatal fue consensuado por el Ayuntamiento con la Asociación de Constructores de Xàbia y provocó cierto malestar entre algunos de los empresarios debido a lo ajustado de los precios, que en algunas ocasiones apenas dejó margen para beneficios.

La mercantil Triturca comenzó a operar en febrero de 1997 y tiene un capital social suscrito de 123.000 euros. En su último estado de cuentas, depositado en el Registro Mercantil correspondiente al ejercicio de 2007, hay otro dato llamativo: la firma incrementó de forma importante sus beneficios por actividades ordinarias al pasar de 353.000 euros frente a los 39.000 declarados en el ejercicio de 2006.

La posible controversia por las actividades profesionales del edil del PP se une así a las adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento de Xàbia para el Plan Confianza del Consell, que fueron a parar a un hijo de Moragues; a la cuñada de la edil de Urbanismo, la nacionalista Pepa Chorro; a un consejero del BNV, y a la empresa CAT, que podría haber manejado información privilegiada en una adjudicación anterior, la de dos aparcamientos muy polémicos.

Durante este mes, el portavoz municipal del PP, Juan Carlos Generoso, se desmarcó de estas contrataciones y pidió que el proceso se iniciara de nuevo apelando a la necesidad de que el Ayuntamiento aplique "filtros morales y no sólo legales" a la hora de realizar contrataciones.

Desde entonces la dirección del partido guarda un hermético silencio al respecto. Aunque su presidente, Juan Moragues, sí que aprovechó el año pasado un pleno para revelar que en 2004 influyó para que la empresa que estaba ejecutando los citados aparcamientos contratara al hermano de un edil del PSPV, con cuya familia, según matizó, mantiene lazos de amistad.

(www.elpais.com, 25/01/10)

34. CASTILLA Y LÉON. ULIBARRI PODRÍA HABERSE BENEFICIADO DE UN PELOTAZO URBANÍSTICO EN ZAMORA

El empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, podría haberse beneficiado de un pelotazo urbanístico en Zamora cifrado en más de 24 millones de euros, durante la etapa en la que Antonio Vázquez(a la derecha en la foto), hoy diputado popular en el Congreso, era alcalde de ese Ayuntamiento, según el expediente en poder de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que ha abierto una investigación.

Las supuestas irregularidades las habrían cometido el anterior alcalde y su teniente de alcalde, Antonio Vázquez y Ángel Macías, que ya no están en el Ayuntamiento zamorano. El fiscal acaba de notificar la apertura de diligencias informativas y el traslado del asunto a la Fiscalía Provincial de Zamora "para que proceda, en su caso, a la investigación procedente".

El presunto pelotazo se realizó mediante la sobrevaloración de un edificio todavía por construir que iba a alquilar, con opción de compra, el Consistorio de Zamora a UFC-Begar, una de las empresas de Ulibarri. Según un informe del secretario general del Ayuntamiento, fechado el pasado día 11, el consistorio contrató, a dedo y sin tasación previa, el alquiler del futuro edificio durante 25 años por 52,6 millones, pese a que el pliego técnico de condiciones cifraba el gasto total en 28 millones.

El contrato, suscrito en vísperas de los comicios locales de marzo de 2007 y sin intervención notarial, no llegó a ejecutarse. Después de las elecciones municipales, la nueva alcaldesa, también del PP, paró la operación. El jefe del servicio municipal de Hacienda había advertido antes de la firma de que el contrato con UFC era "nefasto" para los intereses municipales.

Ulibarri demandó al Ayuntamiento por no cumplir el contrato firmado y exigió una indemnización por daños y perjuicios, cuya resolución está todavía pendiente.

Según los documentos a los que ha tenido acceso el diario Público, en 2005, cuando se aprobó un procedimiento negociado sin publicidad para alquilar un edificio para ser destinado a oficinas municipales dos empresas se sucedieron en la negociación, la inmobiliaria Remesal y Salas, que según el secretario del consistorio actuaba como intermediara, y UFC. Cuando entró en escena la empresa de Ulibarri, que fue la que consiguió el contrato en 2007, los términos del pliego de condiciones quedaron alterados de manera "lesiva" para el municipio, y así lo subrayan el secretario general, que es el funcionario de mayor rango, y el jefe de servicio de Hacienda.

(www.elplural.com, 24/01/10)

35. CASTILLA-LA MANCHA. OTRO PUEBLO POPULAR DE CASTILLA-LA MANCHA SE SUBLEVA Y PIDE EL CEMENTERIO NUCLEAR

"Está por ver que Yebra" solicite el almacén de residiuos radiactivos. Fueron las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal cuando el alcalde de su partido advirtió de sus intenciones, hoy ya marterializadas. Pues bien, un nuevo pueblo de Castilla-La Mancha, gobernado también por el PP, ha desoído las advertencias de Cospedal y ha presentado su candidatura para albergar el Almacén Temporal Centralizado (STC), que junto a Ascó son ya tres localidades las interesadas en esta polémica instalación.

A María Dolores de Cospedal le "crecen los enanos"; nunca antes un secretario general del PP había sido tan contestado y ninguneado como la actual "número dos de Rajoy", que una vez más es desautorizada por sus alcaldes en Castilla-La Mancha. Primero fue Almonacid de Zorita, en Guadalajara, quien intentó convocar a los vecinos para albergar el cementerio nuclear, pero desistió ante la presión del PP, posteriormente se subió al "carro radiactivo" Yebra, también en La Alcarria, sancando adelante su candidatura a pesar de las amenazas de Cospedal, y el miércoles ha sido Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca, quien ha hecho caso omiso de las órdenes de la secretaria general.

La localidad de Villar de Cañas, de 505 habitantes, cuya corporación muncipal está integrada por siete concejales, cuatro del PP y tres independientes, aprobó el pasado viernes en sesión plenaria presentar su candidatura a albergar el Almacen Temporal Centralizado (ATC). La localidad, situada en La Mancha conquense, a 62 kilómetros de la capital de las Casas Colgadas ha dado a conocer su decisión este miércoles, con lo que ya son tres los pueblos (Yebra y Ascó) que pretenden albergar el citado almacen

El alcalde del PP de Villar de Cañas, José María Sáiz Lozano, ha hecho saber a los habitantes de su pueblo que con el cementerio nuclear se "abren nuevas expectativas laborales e inversiones millonarias para un pueblo que no atraviesa uno de sus mejores momentos". Fuentes cercanas al regidor aseguran que lo que diga "Cospedal no alterará la decisión de los cuatro concejales del PP".

(www.elplural.com, 27/01/10)

36. REGIÓN DE MURCIA. PRESENTAN UNA DENUNCIA CONTRA EL CONSEJERO DE AGRICULTURA

El abogado murciano José Luis Mazón, y el periodista José Juan Cano Vera, han presentado una denuncia en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, el ex consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal Roldán, y otros altos cargos del gobierno regional, por los posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, estafa y asociación ilícita, en el marco del caso conocido como "Balsa Jenny".

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso VMPress, los denunciados se confabularon desde sus altos cargos para costear la limpieza de desechos mineros de una empresa particular que competía solo a ella, con fondos públicos, 5,4 millones de euros. Y luego, siempre según el documento, enriquecieron aún más a la entidad particular, pagándole 2,7 millones a la antigua propietaria de la balsa por recibir esos mismos residuos en terreno próximo.

La balsa Jenny, un depósito de contaminantes mineros de 1.089.925 metros cúbicos, era una propiedad de Portman Golf S.A, que fue "cedida gratuitamente" por sus propietarios a la Comunidad Autónoma el 3 de octubre de 2001 para que con cargo al erario público se descontaminase con unos costos de limpieza que han resultado ser de 5.452.121, euros, unos 800 millones de pesetas aproximadamente. Costos que por ley debía soportar la entidad propietaria y no el erario público. Según la denuncia de Mazón y Cano, "no pareciéndoles suficiente el regalo de los 5,4 millones de euros a Portman Golf, se le adjudicó a los denunciados la subcontrata de la limpieza y además se le pagaron unas sumas importantes, 2,7 millones de euros, por permitir que los desechos mineros se alojasen en parcelas suyas".

Por Decreto del Consejo de Gobierno  84/2001, de 23 de noviembre, se aceptó la cesión gratuita "con destino a realización de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestal y mejoras de los recursos hidrológicos de la zona". El propio Decreto reconoce que la propiedad cedida contiene un pantano de residuos minerales. El expediente de la cesión fue gestionado y decidido en la Consejería de Economía y Hacienda que entonces dirigía el denunciado Juan Bernal Roldán.

La Consejería dirigida por el denunciado Antonio Cerdá, con fondos propios y de la UE, costeó las labores de limpieza de la parcela (ya en 2005) que correspondían a la entidad propietaria Portman Golf, desembolsando de las arcas públicas la suma de 5.452.121 de euros.  No quedó la cosa en el regalo del levantamiento de la carga de limpieza sino que además y como se ha dicho antes, posteriormente se le pagó por la Comunidad a Portman Golf 2.4 millones de euros por permitir el depósito de los desechos mineros en una parcela de su propiedad, próxima a la balsa, propósito de beneficiar a particulares que "es puro acto de locura o temerario desprecio de la legalidad"

El Ministerio de Medio Ambiente requirió en 10 de marzo de 2005 a la Comunidad Autónoma para que se exigiese a Portman Golf el pago de la limpieza, requerimiento que fue desatendido (presunta prevaricación).

Según la denuncia, los hechos no han prescrito porque para las penas que corresponderían a la malversación y prevaricación, el plazo sería de diez años desde que el dinero se malversó (2005) y se consumó la ostensible arbitrariedad. Los hechos relativos a la asociación ilícita tampoco han prescrito.

Además, ningún juzgado o tribunal ha conocido hasta la fecha de los presentes hechos. El Fiscal Jefe del TSJ de Murcia, López Bernal, ordenó en su tiempo una investigación sobre el "affaire Jenny" que remitió a la Fiscalía Anticorrupción; allí los fiscales apreciaron indicios de delito de malversación de fondos públicos y de prevaricación, se tomaron declaraciones a los Consejeros de Agricultura, Agua y Medio Ambiente y al de Economía y Hacienda y se archivó el caso porque "de instancias políticas se rechazó presentar querella contra miembros del Gobierno Regional para evitar un conflicto con el PP".

(www.vegamediapress.com, 27/01/10)

37. REGIÓN DE MURCIA. 38. REGIÓN DE MURCIA. COSAS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD: ALTOS CARGOS, VIAJES Y PROVEEDORES

Creta es la isla más grande del conjunto insular griego, está ubicada en el Mar Egeo. El turismo es su principal fuente de riqueza, es lógico: La belleza de sus playas, su historia, alguno de los más lujosos hoteles del Mediterráneo…en fin, es un lugar especialmente apetecible. ¿Saben ustedes?, allí nació Domenikos Theotokopoulos, ‘El Greco’. Creta, una de las maravillas de nuestro Mar Mediterráneo, lugar muy recomendable y al que muchos quisiéramos ir; seguro que muchos funcionarios y trabajadores del Servicio Murciano de Salud también querrían poder viajar a ese destino turístico y alojarse en el exclusivo, hotel Aldemar Knossos Royal Village. Se trata de una instalación cinco estrellas lujo. Los lectores pueden hacerse una idea viendo las imágenes que ilustran esta primera entrega de la Conexión Sanidad. En fin, una maravilla de viaje ¿verdad?, incluso para hacerlo por ‘motivos de trabajo’, ¿no creen?.

El lector puede estar pensando…"¿qué tiene que ver la Isla de Creta con la Sanidad Murciana?", pues aparentemente nada, pero poner negro sobre blanco una larga investigación sobre la Consejería de Sanidad implica hacerlo de alguna manera y, ciertamente, las referencias a la tierra de El Greco no es gratuita, pues hemos descubierto algunas relaciones entre aquel paraíso del Mediterráneo y el pozo en el que se está convirtiendo la Sanidad Murciana, especialmente ante comportamientos que ni parecen éticos, ni estéticos.

El Código Español de Buenas Prácticas para la Promoción de los Medicamentos y el Reglamento de la Comisión Deontológica de la Industria Farmacéutica proscriben ciertas relaciones de ‘Hospitalidad’ (así se denominan las invitaciones del sector farmacéutico al personal facultativo) que superen parámetros razonables y sólo reconoce o identifica estas relaciones entre las empresas del sector y los médicos que ejercen como tales.

Nada dice el referido código respecto de altos cargos de designación política, y menos de quienes de entre éstos tengan relación, vayan a tenerla previsiblemente o hayan tenido relación con adjudicaciones desde la Administración pública. En cualquier caso, lo que no parece de recibo es que una empresa del sector de la Sanidad -beneficiaria de adjudicaciones de centenares de miles de euros por parte de la Administración Pública- sea quien financie esos lujosos ‘¿viajes de trabajo?’.

Es nuestra opinión que tales conductas resultan absolutamente antiestéticas. Si, además, se descubriera que tal alto cargo ha participado, de manera directa o indirecta, en adjudicaciones a esa determinada empresa es razonable pensar en que –al margen de eventuales y posibles ilegalidades- en esas relaciones de ‘hospitalidad’ algo chirría éticamente.

Evidentemente si el alto cargo en cuestión lo es, no por oposición, sino por designación política, pone en riesgo la confianza de quienes le designaron pues, como es bien sabido, las responsabilidades políticas tienden a elevarse por encima del propio individuo y suele alcanzar a quien propició que ostentara tal responsabilidad.

Pues bien, hete aquí la relación entre la Isla de Creta y el lujoso hotel Aldemar Knossos Royal Village, pues una empresa del sector de Sanidad –según documentos que obran en poder de esta redacción- fue la encargada de abonar la reserva y estancia en el referido hotel a un alto cargo de la Consejería de Sanidad que viajó acompañado por, entre otros, una persona vinculada a la empresa en la primera quincena del mes de octubre del año 2006. Así pues, ser proveedor de la Sanidad Murciana es compatible –por lo visto- con pagar viajes a altos cargos de la Consejería…¿quién será?, de eso nos ocuparemos en la siguiente entrega de la Conexión de la Consejería de Sanidad.

(www.vegamediapress.com, 29/01/10)

38. ISLAS BALEARES. LAS OBRAS DEL PALACETE DE MATAS NO SE AJUSTARON A LA LICENCIA ORIGINAL CONCEDIDA POR EL AJUNTAMENT

"Las obras de reforma y rehabilitación interior del palacete del ex presidente del Govern Jaume Matas, situado en la calle Sant Feliu de Palma, se realizaron sin las preceptivas licencias municipales, y no debería haberse otorgado el final de obra municipal", según concluye un informe pericial encargado por el juez instructor del ‘caso Palma Arena’ y elaborado por el arquitecto Rafael Balaguer.

El informe cifra en 1'3 millones de euros, IVA incluido, el coste de los trabajos, cuya licencia de rehabilitación fue solicitada en septiembre de 2003 por Giuseppe Violante en representación de la entidad "Nova Llabritja S.L.". Tres meses después, y atendiendo a "los informes técnico y jurídico favorables", el Consell de Gerència d’Urbanisme otorgó los correspondientes permisos.

Sin embargo, según señala el perito en su informe, "la licencia está mal concedida, ya que los informes técnicos y jurídicos debían haber contemplado que el objeto definido en su memoria descriptiva del proyecto no se ajustaba a la documentación presentada".

Una de las irregularidades detectadas por el perito está localizada en el interior de las zonas nobles del piso primero, que "nada tienen que ver con la reforma y rehabilitación integral efectuado, estado actual que fue comprobado favorablemente en la inspección preceptiva previa realizada por el aparejador municipal el 22 de septiembre de 2003", según el informe.

Tres años después, el 2 de octubre de 2006, el mismo técnico municipal realiza la inspección final de obra, en sentido favorable, manifestando que las obras se han realizado "con sujeción al proyecto y modificaciones aprobadas". Pero, según el perito, "en realidad, todas las obras de rehabilitación y reforma efectuadas en el interior de las seis viviendas, los tres locales de aparcamientos no estaban autorizadas en la licencia concedida y presentaban diferencias muy notables". La vivienda de Matas tiene una superficie construida de 525 metros cuadrados, y el valor medio de los costes de ejecución material de la reforma y rehabilitación asciende a 1.375 euros el metro cuadrado

La Agencia Tributaria de Balears valoró el palacete de Sant Feliu en 2'47 millones de euros, y Matas pagó 990.000 euros en 2006, un "precio manifiestamente inferior al de mercado", por dicha mansión. El juez del ‘caso Palma Arena’ imputa nueve delitos al ex presidente del Govern.

(www.ultimahora.es, 29/01/10)

39. ISLAS BALEARES. MATAS QUIERE QUE SE SEPARE EL CASO PALMA ARENA DEL DE SU PATRIMONIO

Jaume Matas, a través de su abogado Rafael Perera, se suma a la petición planteada por otro letrado, que solicitó al juez que separe el caso Palma Arena de la investigación sobre su patrimonio. Esta propuesta, todavía no resuelta por el juez José Castro, la planteó el letrado Gregorio San José, que mantiene que no se ha descubierto ninguna conexión entre la investigación sobre el proceso de construcción del velódromo con las gestiones para averiguar el origen de la fortuna del ex president.

Rafael Perera, al pronunciarse sobre esta solicitud, reitera que su cliente tiene mucho interés en prestar declaración ante el juez para aclarar las cuestiones que justificaron el inicio de la investigación sobre su patrimonio. Señala el letrado que en su momento no se opuso a que se incorpora al juzgado las diligencias informativas que había iniciado la fiscalía, ya que su cliente tenía interés en declarar, pero que en estos momentos no existe ninguna vinculación que relacione ambos asuntos. Por ello, Perera se suma a la petición planteada por el abogado San José.

De momento, el juez Castro no se ha pronunciado sobre la propuesta de separar las causas, ya que antes de hacerlo pidió a los letrados que se pronunciaran sobre esta cuestión. Sin embargo, todo apunta a que esta petición será rechazada ya que la investigación todavía no está concluida.

Por otra parte, el diputado del Partido Popular, Antoni Serra, que también está imputado en el caso Palma Arena, ha solicitado al juez que archive las actuaciones que se siguen contra él. Si el juez no acepta esta petición, el ex responsable del Institut de Serveis Socials en la anterior legislatura recuerda al juez que, al ser diputado por el Partido Popular en el Parlament balear, disfruta de la condición de aforado. Por ello, le reclama al juez que eleve al caso, a través de una exposición razonada, al Tribunal Superior de Justicia para que se pronuncie sobre esta petición de sobreseimiento.

(www.diariodemallorca.es, 29/01/10)

40. ISLAS BALEARES. DELGADO PROPONE ELEGIR AL CANDIDATO DEL PP AL GOVERN MEDIANTE UNA ENCUESTA TELEFÓNICA ENTRE 3.000 SIMPATIZANTES

El alcalde de Calvià, Carlos Delgado, se ofreció a retirar su candidatura a la presidencia del PP balear en el congreso del próximo día 6 de marzo si el otro aspirante, el presidente provisional José Ramón Bauzà, acepta que el nombre del candidato a la presidencia del Govern se decida a través de una encuesta entre simpatizantes, a que el ‘número dos’ del partido (la secretaría general) corresponda a alguien de Palma y a que la futura dirección respete una serie de cuotas territoriales.

Carlos Delgado, que espera una respuesta de Bauzá "en 24 horas", afirmó que antes de hacer esta propuesta había conversado con influyentes cargos del PP y que anteponía sus ambiciones personales a la demanda general de la militancia, "que quiere unidad".

Delgado dijo que él se sentía cómodo en el PP y que no era verdad que estuviera próximo a formaciones como la UPyD, cuya líder nacional es Rosa Díez. "Yo soy de derechas y UPyD es un partido de izquierdas", afirmó en una rueda de prensa en que celebró en la sede del PP y en la que detalló su propuesta.

El primer edil de Calvià, que ya disputó la presidencia del PP a Rosa Estaràs, en el anterior congreso dijo que aunque su primera opción serían "las primarias", asumió que la dirección estatal pondría trabas y que, por ese motivo, estaba dispuesto a ceder la presidencia del PP balear a José Ramón Bauzá si éste separa esta elección de su designación como candidato.

"Aunque es cierto que hasta ahora han recaído en la misma persona, lo cierto es que los estatutos sólo prevén esta duplicidad para el caso del candidato a la presidencia del Gobierno español", dijo Delgado quien explicó que su propuesta pasaba por encargar varias encuestas a empresas especializadas para que "3.000 simpatizantes", habrá quienes militen en el partido y quienes no, señalen sus preferencias por teléfono ante una serie de nombres (entre ellos el suyo) y que luego el PP balear asuma el resultado, "sea quien sea" y lo eleve al comité nacional que es quien tiene la última palabra.

El alcalde de Calvià elogió a Jaume Font, que poco antes había reclamado a Bauzá y al propio Delgado que se pusieran de acuerdo, y afirmó que después de él, Font es "el mejor candidato". A continuación, citó a Antoni Pastor, que se autoexcluyó de la pugna por la presidencia, y "finalmente" a Bauzá.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Delgado también lanzó varios guiños a José María Rodríguez, presidente del PP-Palma elegido recientemente mediante el voto directo de la militancia de la capital balear. Primero, dejó claro que la secretaría general debe ser para Palma. Y luego, preguntado expresamente si pensaba en Rodríguez como secretario general, afirmó que no creía que siendo presidente del PP-Palma aceptara pero que "sin duda", él tendría un papel fundamental.

Delgado informó que también el presidente del PP conocía su propuesta. Desde la dirección ‘popular’ se informó a este diario que no sería hasta hoy, cuando trascendiera la respuesta de Bauzá.

Fuentes del partido, a la espera de la respuesta, sugirieron que, con toda probabilidad, no aceptará. Eso supondrá que Delgado no retire su candidatura.

(www.ultimahora.es, 28/01/10)