Las otras noticias + PPOPULARES de los Genoveses, SA
Del 01 al 08 de Enero 2010
| Ir a informes anteriores |
ÍNDICE
1. RAJOY DICE HABER "APRENDIDO" DE LA GÜRTEL AL TIEMPO QUE TIENE "LA MEJOR DE LAS OPINIONES" DE BÁRCENAS Y COSTA
2. EL PP CREE QUE LO PEOR DEL 'CASO GÜRTEL' HA PASADO
3. UN JUEZ CITA A COSPEDAL POR SUS ACUSACIONES DE ESPIONAJE
4. EL PP SE MOFA DE LA CITACIÓN A COSPEDAL
5. GÉNOVA RETRASA TOMAR UNA DECISIÓN SOBRE COSTA Y COBO Y NO PONE FECHA A LA REUNIÓN DEL COMITÉ DISCIPLINARIO
6. GALICIA. LOS CRÍTICOS A BALTAR EXIGEN QUE SE ANULEN LOS AVALES RECOGIDOS POR LA LISTA DE SU HIJO
7. GALICIA. DOS EXPULSADOS POR TRÁNSFUGAS SON DELEGADOS AL CONGRESO DEL PP ORENSANO
8. GALICIA. EL PSOE PIDE A LA UE QUE INVESTIGUE AL DELEGADO DE LA XUNTA EN OURENSE
9. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE REDUCIRÁ LA JUSTICIA GRATUITA PARA EXTRANJEROS Y JUICIOS RÁPIDOS
10. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE HACE LAS PACES CON LOS SINDICATOS POR LA MAÑANA… ¡Y VUELVE A ATACARLES POR LA TARDE!
11. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE DESVINCULA AHORA A WYOMING DE LA AGRESIÓN A TERTSCH
12. COMUNIDAD DE MADRID. GÜEMES ACUSA A LOS SINDICATOS DE ANTEPONER SU INTERÉS AL DE LOS PACIENTES
13. COMUNIDAD DE MADRID. INDEMNIZACIÓN DE 20 MIL EUROS PARA ALFONSO BOSCH, IMPUTADO EN EL CASO GÜRTEL
14. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ IMPUTA POR LA GÜRTEL A OTRA EDIL POPULAR DE POZUELO
15. COMUNIDAD DE MADRID. MADRID PIERDE 11 MILLONES PARA PORTÁTILES EN LAS AULAS
16. EL RELOJ DE LA PRESIDENTA ATRASA
17. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FISCALÍA PIDE AL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' QUE RECLAME LAS CUENTAS DEL PP DE VALENCIA
18. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TRIBUNAL DE CUENTAS VALENCIANO TAMPOCO FISCALIZARÁ EN 2009 LOS CONTRATOS DE LA GENERALITAT CON LA GÜRTEL
19. COMUNIDAD VALENCIANA. LA GENERALITAT VALENCIANA DESAFÍA AL GOBIERNO Y AUTORIZA LOS DERRIBOS EN EL CABANYAL
20. COMUNIDAD VALENCIANA. PONS: "COSTA ES UN POLÍTICO CON MUCHA VALÍA Y GRAN FUTURO"
21. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS CARGOS DEL PP ESCURREN EL BULTO PARA OCULTAR SU DECLARACIÓN DE BIENES
22. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA APELA A SU "MAGNANIMIDAD" PARA DEJAR HABLAR A LA OPOSICIÓN
23. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL DESAFÍA AL GOBIERNO Y 'LEGALIZA' EL DERRIBO DE EL CABANYAL
24. COMUNIDAD VALENCIANA. LA ALCALDESA DE VILLENA PARALIZA UN PLENO POR LA AUSENCIA DE LOS CAMPISTAS
25. COMUNIDAD VALENCIANA. NEPOTISMO FUNCIONARIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
26. COMUNIDAD VALENCIANA. POR LA DIGNIDAD DE UN POETA
27. COMUNIDAD VALENCIANA. LAS VENTAJOSAS CONDICIONES DEL MODISTO DE LA ALCALDESA DE ORIHUELA
28. COMUNIDAD VALENCIANA. LA DISPUTA POR DE LA RÚA BLOQUEA LA ELECCIÓN DE ALTOS CARGOS JUDICIALES
29. CASTILLA Y LEÓN: LA JUNTA APRUEBA POR TERCERA VEZ EL ESQUÍ EN UNA ZONA PROTEGIDA
30. CASTILLA-LA MANCHA. LA RESERVA ESTRATÉGICA DE AGUA DEFENDIDA POR COSPEDAL PARA CASTILLA-LA MANCHA DIVIDE AL PP
31. REGIÓN DE MURCIA. LA CONSEJERA DE SANIDAD SE CONSTRUYÓ EN LAS LOMAS UNA PISCINA CUBIERTA CON JACUZZI Y UNA EDIFICACIÓN
32. REGIÓN DE MURCIA. EL JUEZ INSTRUCTOR DEL CASO LA ZERRICHERA, TRASLADADO AL JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO 6 DE MURCIA
33. ISLAS BALEARES. MATAS LAMENTA VER AFECTADA DE NUEVO SU IMAGEN EN REGISTRO PROPIO DE UN "CAPO"
34. ISLAS BALEARES. REGISTRADO EL PALACETE DE JAUME MATAS EN BUSCA DE UNA CAJA FUERTE
35. ISLAS BALEARES. LA MUJER DE MATAS PAGÓ 31.000 EUROS EN METÁLICO EN LUJOS
36. ISLAS BALEARES. EL EX ALCALDE DE ANDRATX Y UN EX DIRECTOR GENERAL ENTRAN EN PRISIÓN
37. ISLAS BALEARES. EL TSJIB ASUME LAS INVESTIGACIONES DEL ´CASO SCALA´
1. RAJOY DICE HABER "APRENDIDO" DE LA GÜRTEL AL TIEMPO QUE TIENE "LA MEJOR DE LAS OPINIONES" DE BÁRCENAS Y COSTA
El presidente del Partido Popular ha evaluado el año que concluye y lo ha hecho mostrándose satisfecho con su gestión de la Gürtel, la trama de corrupción que ha sacudido a su formación. Asegura que "ha aprendido" de este asunto y se compromete personalmente a evitar "cualquier situación de corrupción". En cualquier caso, dijo tener "la mejor de las opiniones" sobre dos de los dirigentes salpicados por la trama, el tesorero -que dimitió "temporalmente" del cargo- Luis Bárcenas, y el ex secretario general del partido en Valencia, Ricardo Costa. Menos condescendiente se ha mostrado con la gestión del Gobierno, al que ha acusado de "engañar" en economía instándole a cambiar "de la A a la Z" en esta materia, advirtiendo de la posibilidad de plantear una moción de censura "en el tiempo que estimemos conveniente, que no es hoy". También olvidó la negociación del Gobierno de Aznar –del que Rajoy formaba parte- para asegurar, a la hora de abordar el secuestro de los cooperantes españoles en Mauritania, que "siempre diré que no se negocie ni con secuestradores ni con terroristas".
En su balance del año, Rajoy ha puesto como ejemplo de su compromiso contra la corrupción el nuevo Código de Buenas Prácticas aprobado por la Ejecutiva de su partido hace pocas semanas, asegurando que va más allá incluso "de lo que marcan las leyes" y que "ningún partido tiene un código ético como el que tiene el Partido Popular". El líder del PP ha asegurado que tiene "la mejor de las opiniones" tanto de Bárcenas, como de Costa y del vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, también suspendido de militancia cautelarmente. Insistió en que las decisiones internas sobre Costa y Cobo recaen en el Comité de Derechos y Garantías del partido, evitando así profundizar en estos casos.
Además de hacer un balance muy positivo de la situación de su partido, Rajoy arremetió contra la gestión del Gobierno en este 2009, que calificó de "año perdido" en economía. Acusó a Zapatero de "engañar y edulcorar" la realidad económica e insistió en que las medidas del Gobierno "son equivocadas y hay que cambiarlas de la A a la Z". Apuntó que con el PP en el poder "no estaríamos en esta situación porque habríamos hecho otra política económica y no estaría el señor Rodríguez Zapatero diciendo cosas diferentes que no se han cumplido".
La receta del PP para atajar la crisis económica es una reforma del mercado laboral "seria" que resuelva los problemas de los jóvenes para tener un empleo estable y, sobre todo, resolver el problema del déficit y de la deuda pública porque "se está hipotecando el futuro de los españoles". Advirtió asimismo de que su partido puede presentar una moción de censura contra el Gobierno y "lo haremos si lo estimamos conveniente y en el tiempo que estimemos conveniente, que no es hoy".
En el turno de preguntas, el líder del PP volvió a lanzar reproches al Gobierno por el terrorismo. Preguntado por si mantiene respecto a los cooperantes secuestrados por Al Qaeda en Mauritania su oposición al pago de rescate como con el Alakrana, Rajoy aludió al Ejecutivo. "¿Hay algún dirigente en el mundo que sea favorable a negociar con terroristas o secuestradores? No lo hay y yo desde luego siempre diré que no se negocie ni con secuestradores ni con terroristas", respondió. Rajoy formaba parte del Gobierno de Aznar que negoció con ETA en 1998.
En cuanto a terrorismo, Rajoy también regañó al ministro de Interior por alertar de la posibilidad de que ETA atente o secuestre: "Sería bueno que los responsables de Interior hicieran una reflexión porque algunas decisiones se acaban convirtiendo en polémicas que no ayudan en nada a la lucha antiterrorista". También reclamó "prudencia" a Rubalcaba, recordando así la acusación del responsable de comunicación del PP, Esteban González Pons, al ministro de Interior, al que tachó de "imprudente". Rajoy también ha confirmado que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva legislación sobre el aborto, que acaba de ser aprobada por el Congreso y que en febrero pasará a discutirse en el Senado. Cree que este asunto, como la retirada de los crucifijos de las escuelas, responde al "empeño" del Gobierno socialista de poner sobre la mesa "asuntos que nadie demanda, que no figuraban en su programa electoral y que dividen a los españoles".
(www.elplural, 31/12/09)
2. EL PP CREE QUE LO PEOR DEL 'CASO GÜRTEL' HA PASADO
El caso Gürtel y sus múltiples derivadas políticas entran en la fase clave para el PP, afectado por el mayor escándalo de corrupción desde 1989, cuando estalló el caso Naseiro. El mes de enero estará con seguridad plagado de noticias judiciales y políticas sobre el asunto. Los populares se preparan para las noticias con preocupación, puesto que el asunto es delicado, pero también optimistas. La dirección cree que ha pasado lo peor. Además asegura en privado que las encuestas favorables prueban que el asunto no tiene un coste político real.
Lo que más preocupa es la situación de Francisco Camps. Los estrategas populares que siguen más de cerca el caso están convencidos de que el Supremo admitirá a trámite el recurso de la fiscalía para que Camps se siente en el banquillo por recibir 12.000 euros en trajes, pero creen firmemente ?y tienen fuentes en el Supremo que lo avalan? que el tribunal rechazará finalmente el recurso y el presidente valenciano se salvará de ser enjuiciado.
También preocupa, desde el punto de vista mediático, el levantamiento del secreto del sumario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en el Supremo. En el PP se apuesta a que ambas cosas sucederán este mes. La última apertura parcial del sumario generó un enorme revuelo por las polémicas conversaciones transcritas. Para enfrentarse a esta oleada, el PP ha aprobado un nuevo código ético que el lunes será aprobado por la Junta Directiva Nacional.
También en este mes debe resolverse una derivada de Gürtel: la suspensión de militancia de Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano. La dirección tiene dos semanas para explicar a Costa por escrito de qué se le acusa.
(www.elpais.com, 08/01/10)
3. UN JUEZ CITA A COSPEDAL POR SUS ACUSACIONES DE ESPIONAJE
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha sido citada por un juzgado de Madrid el próximo 17 de febrero a una vista de conciliación para que ratifique o se retracte de las acusaciones que lanzó el pasado verano contra al Gobierno al que acusó de espiar a dirigentes populares. La demanda responde a una iniciativa de un colectivo de internautas que formó el grupo «De Cospedal debe ser demandada por injurias» en una red social.
La dirigente popular tiene derecho a negarse a asistir a la vista de conciliación. En este caso, continuará adelante la demanda civil presentada por seis ciudadanos, afines al PSOE, que a través de Facebook decidieron responder a De Cospedal en los tribunales.
Alejandra Flores, una de las promotoras de la demanda, explicó que el colectivo se indignó porque De Cospedal con sus críticas no atacaba a un político sino «a todas las instituciones del Estado». Los demandantes mantenían relación en la red social y tomaron una decisión conjunta: «Nos dijimos que no nos quedaríamos con la pataleta, que había que denunciar, denunciar y denunciar», agregó Flores.
Por ello, presentaron una demanda civil después de que el Defensor del Pueblo, la Presidencia del Gobierno y la Fiscalía General del Estado les explicasen que no iban a actuar contra la secretaria general del PP. Flores aclaró que se decantaron por la demanda civil porque como ciudadanos particulares no podían interponer una querella.El PP restó importancia a esta iniciativa judicial. Por su parte, el PSOE insistió en exigir a la dirigente popular que aporte pruebas de sus acusaciones de escuchas ilegales. Pero Cospedal, lejos de retractarse de sus acusaciones, insiste en ellas. Hace tan solo dos semanas, denunció al Gobierno por no querer regular por ley orgánica el sistema de intervenciones SITEL. La secretaria del PP acusó al Gobierno de espiar a sus dirigentes antes de atacar el sistema de SITEL.
(www.elperiodico.com, 08/01/10)
4. EL PP SE MOFA DE LA CITACIÓN A COSPEDAL
Si el PP restaba importancia a la citación de María Dolores de Cospedal, hoy directamente se mofa y cuestiona la validez de la demanda.
El portavoz del PP en el Consejo de Administración del Ente Público Radio Televisión Castilla-La Mancha, Fernando Jou, duda de la "seriedad" de la demanda civil interpuesta por los creadores de un grupo en Facebook contra la secretaria general del PP y presidente de la formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, por su denuncia sobre supuestas escuchas ilegales a su partido por parte del Gobierno. Según informan fuentes del partido, la conservadora estudiará si acude o no al acto de conciliación al que le ha citado el juez
Preguntado por si Cospedal acudirá a la citación que le ha hecho el titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid el próximo 17 de febrero, Jou afirmó que "nosotros no sabemos quién va a comparecer a ese juicio, no sabemos si comparecerá Lola Flores, El Fary, o Franco, porque no sé si saben ustedes que estos tres personajes que acabo de citarles firman la denuncia también".
"Nos parece que esto es una estrategia cuanto menos chusca, que no es serio, y no sabemos quién comparecerá a esa citación", agregó Jou, quien manifestó que "a día de hoy ella no ha recibido la citación". Además, dijo que él no está "en condiciones de responder si ella va a comparecer o no. Sé que estos tres personajes, entre otros muchísimos que no son serios, firman la denuncia. Con esos avales, ya me dirá usted la seriedad que puede tener esa denuncia".
El grupo de denunciantes lo forman seis personas. Cinco son afiliados y otro es simpatizante del PSOE. Carlos Rodríguez, cabeza visible de la plataforma y creador del grupo del facebook, no cree que la denuncia carezca de seriedad. Consideran que las declaraciones de Cospedal son indignantes, "porque es indignante que cualquier político pueda salir en televisión acusando de un delito a alguien sin necesidad de demostrarlo", explica.
Para Rodríguez, acudir a la Justicia era un derecho y una necesidad al ver que "ninguna institución movía ficha".
(www.publico.es, 08/01/10)
5. GÉNOVA RETRASA TOMAR UNA DECISIÓN SOBRE COSTA Y COBO Y NO PONE FECHA A LA REUNIÓN DEL COMITÉ DISCIPLINARIO
Estaba previsto que la semana pasada el Comité de Derechos y Garantías del PP se reuniera para tomar una determinación sobre las posibles sanciones contra el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa. Sin embargo, el encuentro no se celebró y desde Génova dicen desconocer si hay o no una fecha prevista para que se dicten sus posibles castigos. Fuentes del entorno del vicealcalde corroboraron esta falta de información y aseguraron de Cobo no ha sido avisado de la fecha en que se emitirá el veredicto ni de su sentido.
Manuel Cobo y Ricardo Costa, suspendidos cautelarmente de militancia, debían haber recibido la pasada semana el pliego de cargos que se les atribuyen consensuado por el Comité de Derechos y Garantías del PP, sin embargo, la reunión para determinar si son sancionados o castigados no se ha celebrado, sin que la dirección nacional haya dado ningún tipo de explicación. Preguntados por El Plural, desde Génova aseguraron no conocer si la reunión se celebrará esta misma semana, o si habrá que seguir esperando para saber las medidas que la formación tomará contra ambos díscolos.
Fuentes próximas a Manuel Cobo también aseguraron que, pese a los rumores de que pronto se conocerá la decisión del Comité de Garantías, no se conoce la fecha en la que tendrá lugar la reunión. Además, afirmaron que el vicealcalde no ha recibido ningún tipo de notificación al respecto, y tampoco ha tenido noticias sobre cuál puede ser el signo de la posible sanción.
El órgano disciplinario del partido, presidido por el secretario general del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tendrá que reunirse con los instructores de los expedientes de ambos dirigentes, que serán lo que expongan las faltas que han cometido en relación con los estatutos del partido. Una vez que el encuentro se celebre, el partido enviará a Costa y a Cobo los pliegos de cargos, y ambos tendrán un plazo de 15 días para presentar sus alegaciones. Tras ellas, el Comité realizará su propuesta definitiva, que no podrá recurrirse dentro del partido (para hacerlo, los dirigentes tendrían que acudir a los tribunales).
En el caso de Ricardo Costa, su suspensión de militancia llegó a raíz de su implicación en la trama de corrupción de la Operación Gürtel. Después de varios mensajes contradictorios sobre su posible destitución como secretario general del PP regional, Génova ordenó su retirada del cargo. Sin embargo, el propio Costa siguió presentándose a sí mismo como secretario general, lo que provocó su suspensión de militancia.
Pese a todo, nadie, ni en la Comunidad Valenciana ni en la dirección nacional, ha pedido su cabeza, y tanto Francisco Camps como Mariano Rajoy han reiterado que confían en su inocencia, y Esteban González Pons le auguró recientemente un prometedor futuro en el partido. Por ello, no parece probable que su caso se vaya a saldar con una sanción demasiado significativa: según La Gaceta, el tema se zanjaría con una "breve" suspensión de militancia.
Más complicado lo tiene el vicealcalde Manuel Cobo, suspendido por sus declaraciones en una entrevista en la que criticaba la actitud de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en la lucha por el poder en la dirección de Caja Madrid. Cobo calificó como "de vómito" su actuación, y Aguirre ya advirtió de que no pararía hasta que se castigase de manera "ejemplar" al dirigente del equipo de Alberto Ruiz Gallardón.
www.elplural.com
, 07.01.106. GALICIA. LOS CRÍTICOS A BALTAR EXIGEN QUE SE ANULEN LOS AVALES RECOGIDOS POR LA LISTA DE SU HIJO
En la campaña a cara de perro que mantiene el PP de Ourense, el candidato José Manuel Baltar Blanco lleva la delantera. Y su oponente, Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín, cree que Baltar y su padre "cometen infracciones" con el objetivo de echarlo del congreso. "Les interesa llegar al día 30 con un solo candidato porque no podrán controlar los votos en urna, por muchas fotos y firmas que hayan forzado", asegura el contrincante de Baltar Blanco.
Jiménez sostiene que en los primeros días de campaña el otro aspirante y su padre, José Luis Baltar, presidente de la Diputación y saliente del PP orensano, han incurrido en varias vulneraciones estatutarias. La primera, el reparto de compromisarios, ya impugnado, hecho por Baltar padre y que beneficiaba a su hijo. Tras ello, la "injerencia" del aún presidente provincial reclamando apoyos para su vástago.
Jiménez alertó al comité organizador del congreso de nuevas faltas. Sostiene que los Baltar han incumplido el pacto sellado por los dos candidatos ante el secretario de la comisión de organización del cónclave, Plácido Álvarez, sobre el reglamento. Se comprometieron a consensuar con él el día 13 de enero el texto del documento en el que se recogerán los avales para el congreso "y Baltar ya empezó a distribuirlos".
Los candidatos -que ya tuvieron que ser avalados para poder ser aspirantes- deben obtener ahora cada uno de ellos la firma de al menos 244 de los compromisarios al congreso, el 20% del total. Tras la queja presentada , Juan Manuel Jiménez Morán da por hecho que no valdrán los que ha recogido "antes de tiempo" Baltar Blanco.
La cuestión temporal es importante porque no se acepta la duplicidad de firmas, con lo que el hijo de Baltar llevaría una considerable ventaja en la carrera electoral. El candidato oficialista propondrá que los documentos vayan numerados para "evitar anulaciones" de última hora. "No vaya a ser que alguno firme dos veces y tengamos que repetirlo todo".En esta batalla por el poder del PP orensano, el alcalde de Verín y candidato a presidente se enfrenta a la estructura tejida durante dos décadas por el padre de su oponente, José Luis Baltar. La batalla es de tal calibre que asegura que, "pese a las vulneraciones", no tiene intención de recurrir el proceso electoral, sino que lo quiere es "acabar cuanto antes". "Esto es horroroso, no tendría fuerzas para repetirlo", señala.
El candidato oficialista se sorprendió el pasado domingo con la foto del Manifiesto de Santa Cruz de Arrabaldo. Baltar Blanco posaba arropado por la práctica totalidad de los miembros del comité organizador del congreso encargado de velar por su neutralidad. El mismo comité que deberá sancionar las posibles infracciones del aspirante al que apoya.
El secretario de ese órgano mediador es también firmante del manifiesto. Jiménez Morán acudió a él con la protesta por el incumplimiento de Baltar Blanco. "No tengo quejas del comité de organización; Plácido Álvarez me dio la razón en cuanto le comenté la infracción" de los avales, declaró el contrincante de Baltar.
Mientras Jiménez Morán se enfrenta a los problemas de intendencia derivados de los "incumplimientos" de su oponente y se entrevista con alcaldes y militantes en busca de apoyos que garanticen su presencia en el congreso, Baltar Blanco anuncia, en populosos actos públicos, iniciativas para el "nuevo PP de Ourense".
Primero presentó el Instituto Orensano de Estudios Sociales y Políticos Atlántida, presidido por él mismo y dedicado a la defensa de los "intereses sociales" de Ourense y al impulso del "pensamiento galeguista", que pretende retomar el espíritu de la Xeración Nós para crear una "Xeración Vós" adaptada al siglo XXI.
, mientras el candidato oficialista negociaba la invalidez de los avales conseguidos "sin juego limpio" por Baltar Blanco, éste presentaba en un acto en O Carballiño una Escuela de Verano del PP de Ourense sobre Derechos y Libertades.
www.elpais.es
05.01.107. GALICIA. DOS EXPULSADOS POR TRÁNSFUGAS SON DELEGADOS AL CONGRESO DEL PP ORENSANO
El PP orensano se servirá de los tránsfugas teóricamente expulsados del partido para elegir a su próximo presidente provincial. El alcalde de Trives y el portavoz del grupo popular de Calvos de Randín, declarados tránsfugas oficialmente, participarán en el cónclave convocado para el día 30 pese a que José Luis Baltar anunció en su día que acataría la decisión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo y los expulsaría del partido.
El alcalde de Trives, Luis Álvarez, que accedió a la alcaldía a finales de 2008 mediante moción de censura pactada con dos disidentes del PSdeG, acudirá como "compromisario nato" al congreso orensano, según él mismo reconoció a este diario. Baltar padre, que ejercerá la presidencia provincial hasta que sea relevado el próximo día 30, anunció en diciembre de 2008 que Luis Álvarez y los tres concejales del PP que firmaron la moción que desbancó de la alcaldía al independiente Francisco José Fernández, serían "expedientados", a no ser, especificó entonces el barón del PP, "que ellos pidan directamente la baja antes de la expulsión". Cuando Baltar se comprometió a expulsar del partido a los concejales de Trives que le devolvieron una de las numerosas alcaldías perdidas en las municipales de 2007, lo hizo a regañadientes.
En el Ayuntamiento de Calvos de Randín, donde los ediles del PP se aliaron también a finales de 2008 con un tránsfuga del PSOE para echar de la alcaldía al socialista Aquilino Valencia, la moción no prosperó porque una multitud lo impidió al bloquear la entrada al salón de sesiones. Sin embargo, el PP también anunció la expulsión de sus ediles en cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo. Contrariamente a lo que declaró, el número uno de los populares en este municipio, Antonio Rodríguez Alonso, también se ha apuntado para acudir como compromisario al congreso.El PP anunció que había expulsado a sus tránsfugas, pero estos continúan participando en el partido. Rodríguez Alonso "hizo campaña como si nada" para el PP en las pasadas autonómicas, sostienen representantes de PSOE y BNG, quienes aseguran que, además, el edil participó como interventor para este partido el día en que se celebraron los comicios.
El edil no confirma ni desmiente. "No sé nada", responde tanto a la pregunta de si continua militando en el PP como a la de si acudirá como compromisario al congreso provincial. Fuentes del PP dan por hecha su asistencia ya que los dos candidatos pactaron que asistan como miembros natos los alcaldes y presidentes de las juntas locales.
La elección de los compromisarios al congreso es la pieza clave para los dos aspirantes a hacerse con la presidencia del partido. Esta tarde se elegirán los delegados de los municipios de menos de 5.000 habitantes (la representación recaerá en alcaldes y presidentes de las juntas locales) mientras que los del resto se decidirán el día 13.
Los dos candidatos, mientras, continuaban su campaña. El hijo de Baltar acusó a sus adversarios de "embarrar el campo" con "descalificaciones" hacia él. "Allá cada quién", señaló acusando a su rival, el alcalde de Verín, Jiménez Morán, de incurrir en "catastrofismos" en lugar "hablar de propuestas".
La suya sobre el galleguismo, recogida en una entrevista en este diario en la que tildaba de "insultantes" los argumentos de una parte del PP sobre el idioma, es considerada por el PSdeG como la evidencia de la "traición" de Feijóo a la lengua de Galicia así como de su "falta de autoridad" en su propio partido. Los socialistas gallegos señalan que, a la vista de las declaraciones de Baltar Blanco, hay un sector en el PP "incómodo con el Gobierno de Feijóo y con sus ataques a la lengua y cultura gallegas", motivo por el que piden al presidente de la Xunta que "recapacite".
8. GALICIA. EL PSOE PIDE A LA UE QUE INVESTIGUE AL DELEGADO DE LA XUNTA EN OURENSE
El Ayuntamiento de Arnoia (Ourense) recibió en 2007 una subvención de los fondos europeos incluidos en el plan Leader Plus por 64.908 euros para "obras de mejora" en la zona recreativa de A Queixeira presupuestadas en 98.454 euros. La ayuda comunitaria fue solicitada en 2006 por la asociación Ceivam-Valmiño, que presidía el actual superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, entonces alcalde de Arnoia. Pero el PSOE sostiene que no se ha invertido ese dinero, cuyo destino el Ayuntamiento no logra justificar. El juez que investiga el caso tiene además en su poder facturas por pagos con fondos europeos a empresas vinculadas a Martínez.
"En los dos últimos años sólo trabajó en A Queixeira una niveladora de la Diputación y una excavadora de la Mancomunidad", asegura el portavoz socialista en Arnoia, Jorge Rodríguez, quien pidió en el pleno la factura de las obras con cargo al Leader Plus y le fue negada por el actual alcalde, José Camilo Fariñas. El regidor fue teniente de alcalde durante los mandatos de Martínez y socio suyo en varias empresas vinculadas a la trama de Ceivam, el centro de iniciativas para el desarrollo del Val do Miño que gestionó las subvenciones del Leader II y certificó obras inexistentes por 50.000 euros, según sentencia de la Audiencia Nacional. Por estos hechos el superdelegado está siendo investigado por la justicia.
Martínez sostiene que las obras están ejecutadas. "Consisten en muros, accesos y puestos para la Festa do Pemento", asegura. El delegado de la Xunta se escuda en que si el actual alcalde no muestra la factura "es cosa suya". La oposición sostiene que todas las inversiones en esa zona se realizaron años antes, con cargo a fondos del Leader II. El PSOE advierte que pedirá al juez que instruye el caso el ingreso en prisión de Martínez si se demuestra que "cometió también fraude" con los últimos fondos europeos y hubo, por tanto, "un supuesto delito continuado de estafa".
No es sólo el Ayuntamiento de Arnoia el que no aporta datos sobre Ceivam. Los socialistas tampoco tienen respuesta en la Xunta a sus preguntas sobre la gestión del superdelegado con los fondos comunitarios. "Hay ocultación de pruebas y obstaculización a la investigación", señala la secretaria de organización del PSOE orensano, la parlamentaria María Quintas. "No nos contestan a las preguntas que planteamos en el Parlamento" y además el PP "aplazó para febrero, después de su congreso orensano, una pregunta sobre esta misma cuestión en un hecho sin precedentes" que evidencia una "utilización partidista del Parlamento" y "connivencia de la Xunta" con un imputado.
Por su parte, el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo presentará en Bruselas, en la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude, la documentación de la gestión de Martínez con los fondos de los LeaderI, II y Plus para que "el Parlamento europeo investigue los hechos y le exija la devolución del dinero percibido irregularmente".
La gestión de los fondos comunitarios realizada por el grupo de gobierno de Arnoia durante la presidencia de Martínez -con el actual alcalde como número dos de su equipo- incluyen, según facturas que el PSOE ha incorporado al proceso judicial, pagos de Ceivam a empresas vinculadas al delegado de la Xunta.
El Balneario de Arnoia -propiedad de la Fundación San Rosendo que preside el cura Benigno Moure, condenado a cinco años de cárcel por estafar a una anciana con Alzheimer- facturó 1,5 millones de pesetas a Ceivam en 1998 por la organización de la Festa do Pemento de Arnoia que celebra el ayuntamiento. El Balneario era socio, con la institución local, de Actuar SL, la empresa creada para ejecutar las obras financiadas con los fondos europeos. Para esa fiesta gastronómica, la Diputación, en la que Martínez ejercía la vicepresidencia, aportó 400.000 pesetas, y el Ayuntamiento de Arnoia que él mismo presidía, 500.000. Salvo en la inauguración, en que hubo degustación gratuita de los pimientos, los comensales pagaron sus respectivos menús.
Entre 2000 y 2001, Ceivam pagó más de 300.000 pesetas al Mesón Lareira, creado por la propia agrupación y con el mismo domicilio social y teléfono que Cultivos Ribeiro, empresa de la que es socio Martínez. El 29 de junio de 2001, A Lareira le facturó a Ceivam 51.985 pesetas por "11 menús especiales por encargo"; el 1 de agosto del mismo año, le remitió otra factura, por 169.060 pesetas, en concepto de "comida servida con motivo de Festa do Pemento" y el 10 de septiembre facturó 113.848 pesetas por "50 menús servidos para Ceivam".
Los fondos europeos pagaron también, el 19 de septiembre de 2001, el "transporte por Arnoia-Castrelo do Miño-Cortegada y comida, durante tres días, de 35 personas" que asistieron a las "jornadas de finalización del Leader II". La empresa, que facturó por este servicio 2.313 euros, fue Viajes Compostela, de la que es socio el hermano de Rogelio Martínez. Ambos comparten sociedad en Cultivos Ribeiro. Viajes Compostela facturó además a Ceivam, el 24 de julio de ese mismo año, 1.101 euros por la "estancia y habitación en el Hotel Balneario" de Arnoia. La factura no especifica cuántas personas se alojaron en la villa termal ni el motivo de la estancia.
(
www.elpais.com, 06/01/10)9. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE REDUCIRÁ LA JUSTICIA GRATUITA PARA EXTRANJEROS Y JUICIOS RÁPIDOS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aprovechó un acto de presentación de los nuevos juzgados con que contará la Comunidad de Madrid desde el 1 de enero para abrir la caja de los truenos. Aseguró que no seguirá pagando la justicia gratuita para los extranjeros y para los detenidos, un sistema que llegó a calificar de "abuso" por parte de algunos letrados que presentan recursos y recursos para continuar con los procesos.
Eso, pese a que contar con un abogado defensor es un derecho fundamental reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución. El Colegio de Abogados de Madrid y alguna asociación de inmigrantes protestaron por la medida, que calificaron de discriminatoria. Pidieron a la presidenta que rectifique para no causar graves problemas a los extranjeros.
Aguirre acudió a inaugurar las nuevas instalaciones de los tribunales de lo contencioso-administrativo. Y aprovechó para anunciar que restringirá el acceso a la justicia gratuita a los extranjeros y en los juicios rápidos. "No podemos seguir sufragando estos 50 millones de euros cuando no estaba previsto en las transferencias. La Comunidad no va a seguir alimentando un fraude y esta desnaturalización de la justicia gratuita", aseguró la presidenta regional.
Aguirre puso como ejemplo la entrada de inmigrantes por el aeropuerto de Madrid-Barajas y recordó que en su día ya se quejó por tener que pagar un recurso jurídico planteado por Omar Bin Laden, hijo del jefe de Al Qaeda, cuando solicitó asiló en Barajas.
La presidenta madrileña va a pedir la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias para que se acabe con el abuso de este servicio. Según sus palabras, la justicia gratuita se confunde con el turno de oficio y no es una materia que estuviera prevista entre las competencias transferidas a las comunidades autónomas.
El Gobierno madrileño acaba de aprobar un gasto de 24 millones de euros para pagar parte de la factura que adeuda al Colegio de Abogados por la asistencia letrada de 2009.
El consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, matizó las declaraciones de Aguirre y explicó que se está dando una perversión de la justicia gratuita: "Lo que la presidenta ha querido decir es que este abuso se va a acabar". Por ello, el Ejecutivo regional pretende frenar tres tipos de asistencia.
La primera consistirá en no pagar el abogado a los extranjeros que no puedan justificar que no tienen dinero para pagarlo. La segunda será que los letrados no puedan recurrir "de manera permanente", aunque sus clientes ya no estén en España. Según Granados, los letrados asisten a los extranjeros rechazados, pero luego mantienen los recursos hasta llegar a veces al Constitucional, pese a que el cliente haya sido expulsado.
La tercera medida afecta a los juicios de lo Social y a los rápidos. Ambos cuentan con asistencia letrada gratuita, pese a que muchas veces los clientes pueden pagarlos, según Granados.
(
www.elpais.com, 31/12/09)10. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE HACE LAS PACES CON LOS SINDICATOS POR LA MAÑANA… ¡Y VUELVE A ATACARLES POR LA TARDE!
La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, sigue siendo una maestra de la ambigüedad y del manejo de titulares. por la mañana, la lideresa finiquitó, de cara a la galería, un año de desencuentros con los sindicatos. También liquidó los casi doce meses que llevaba sin reunirse con ellos con un golpe maestro: la dirigente puso 4.000 millones encima de la mesa, arrastró al presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, y precipitó la anhelada foto del pacto social, un extremo que ni siquiera el presidente Zapatero consiguió ante la falta de disposición de la patronal.
Si hace solo dos semanas Telemadrid, que escribe al dictado presidencial, equiparaba la marcha sindical del 12 de diciembre a las manifestaciones franquistas, hace 24 horas todo era un idilio. Pero los elogios al diálogo social duraron hasta que la presidenta compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "Sigo manteniendo que los liberados sindicales son un anacronismo en tiempos de crisis", espetó. La armonía ya estaba completamente rota cuando la popular se dedicó a poner –malas- notas al Gobierno socialista: nada más y nada menos que un suspenso bajo, un dos. De su criba, eso sí, se salvó el ministro de Fomento, José Blanco, cuya actuación es de "notable".
Cuando estaba a punto de cumplir un año sin entrevistarse con los sindicatos, Esperanza Aguirre ha dado un golpe maestro: ha precipitado la foto del pacto social sellando un acuerdo con los representantes de UGT, José Ricardo Martínez, CC OO, Javier López, y la patronal CEIM, Arturo Fernández.
En Madrid hay 500.000 desempleados, y la Comunidad ha puesto encima de la mesa 3.800 millones que inyectará hasta 2012 para generar 30.000 empleos directos y 50.000 indirectos. Para la oposición, el acuerdo llega "tarde y con limitaciones" y no encaja, como ha dicho la lideresa, en la partida de innovación de los presupuestos regionales, que sólo han dedicado 170 millones a este aspecto –de acuerdo al pacto de , sólo en 2010 esta cifra debería ascender a 904 millones- según cálculos de la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, quien ha advertido de que vigilará el cumplimiento del acuerdo.
Tanto Menéndez como Gregorio Gordo, portavoz de IU, han recordado que Aguirre ha cuestionado con insistencia a los sindicatos. "Espero que el pacto sirva para frenar las descalificaciones permanentes a las organizaciones sindicales y suponga el cese de la agresión", remarcó la socialista. La lideresa despejó sus dudas poco después, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Preguntada sobre sus declaraciones calificando a los liberados de "anacronismo y escándalo". "Sigo manteniendo esa teoría. Es un anacronismo en tiempos de crisis. Pero lo importante son los 3.800 millones de euros que vamos a destinar", espetó.
En la misma comparecencia, la política se metió en el papel de profesora y se dedicó a poner notas al Ejecutivo central: "Un dos al Gobierno y un notable a José Blanco". Esta distinción entre el titular de Fomento y el resto se debe a que los ministros tienen distintas calificaciones dependiendo de sus carteras. "Seguro que suspendería a la ministra Aído", aseguró, dando por válida de forma escandalosa una inocentada de Intereconomía, que el día 28 de diciembre anunció la unificación de los aseos sin distinción de sexo como la última idea de Igualdad.
Para Maru Menéndez, es un "cinismo total" diferenciar el "compromiso" de Blanco del de Zapatero. "Lo único que trata de hacer es ocultar que Zapatero invierte en Madrid, que ha venido invirtiendo y sigue haciéndolo, en una puesta decidida por las infraestructuras y el transporte", aseguró. En su opinión, es una "falta de respeto" al medio millón de madrileños desempleados –en la Comunidad el paro crece 6 puntos por encima de la media- decir que el marco es "mucho más favorable".
(
www.elplural.com, 30/12/09)11. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE DESVINCULA AHORA A WYOMING DE LA AGRESIÓN A TERTSCH
Esperanza Aguirre ha desvinculado a regañadientes la agresión que sufrió Herman Tertsch con las parodias de El Gran Wyoming, después de la
detención del presunto agresor del periodista de Telemadrid."Nunca he dicho que su agresión tuviera que ver nada con otras cosas", ha matizado la presidenta de la Comunidad de Madrid esta vez.Sin embargo, se niega a reconocer que esto suponga una rectificación: "Siempre he dicho lo mismo y lo mantengo", ha dicho. "Hermann Tertsch sufrió una agresión física" pero también "terribles agresiones morales" por parte de un conocido programa, ha apostillado Aguirre.
Sin embargo, cuando Tertsch fue agredido el pasado día 7 de diciembre de 2009, la lideresa
unió en sus declaraciones la condena a la "agresión física" y las "agresiones morales que en forma de presuntas bromas, manipulando su manera de expresarse [...] le han hecho pasar por un asesino".Esta vez, pese a sus reticencias a asumirlo como una rectificación, Aguirre se ha preocupado de separar los hechos y de aclarar que no había una relación de causa-efecto entre los gags de el humorista de La Sexta y el ataque a Tertsch.
La presidenta no fue la única en referirse por aquel entonces a ambas cuestiones de forma conjunta. La COPE y Telemadrid hicieron lo propio. En la web de la radio de la Iglesia se escribió que "la agresión" llegaba pocos días después de que Tertsch fuera llamado "asesino" en un programa de La Sexta, "una sospecha que pesa demasiado como para no tenerla en cuenta", sentenció La COPE.
Por su parte, en Telemadrid, la presentadora Curri Valenzuela informó del suceso explicando que "Herman" fue "objeto de alguna broma muy pesada de esas que algunas cadenas de telebasura se dedican a difundir", en referencia al programa El Intermedio.
(
www.publico.es, 08/01/10)12. COMUNIDAD DE MADRID. GÜEMES ACUSA A LOS SINDICATOS DE ANTEPONER SU INTERÉS AL DE LOS PACIENTES
La ofensiva del Gobierno de Esperanza Aguirre contra los sindicatos no se ha suavizado tras las fiestas navideñas. Ni siquiera tras la firma de un pacto por el empleo el día 29, después de un año sin reunirse con ellos. El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, volvió a cargar contra los sindicatos, a los que acusó de anteponer sus "privilegios" a la atención de los pacientes. Güemes respondía así a la queja presentada por UGT y CC OO ante el defensor del pueblo, Enrique Múgica, en la que le piden que impugne una parte de la flamante Ley de Libre Elección. La norma, que debe entrar en vigor antes de marzo, suprime las 11 áreas sanitarias en que se divide la región para crear una sola para más de seis millones de habitantes. Según los sindicatos, el área única contradice la Ley General de Sanidad, que establece un máximo de 250.000 personas por área.
Güemes volvió a enumerar , al salir de visitar en el hospital Infanta Cristina de Parla a Saúl, el primer niño nacido en Madrid en 2010, las 1.400.000 horas de liberación sindical en la sanidad. "Soy consciente de que los sindicatos están preocupados por sus horas, pero cuestan 30 millones de euros a los madrileños todos los años". Y añadió: "Entiendo que quieran mantener ese privilegio, pero ellos deben entender que la calidad de la atención a los madrileños en la sanidad no puede estar supeditada a sus privilegios". Güemes llegó a acusar a los sindicatos de chantajearle: "El Gobierno regional tiene la mejor disposición a negociar con las organizaciones sindicales, pero no podemos ser objeto de chantaje de los sindicatos".
El consejero afirmó que ya se ha reunido con el defensor y que "está aclarado todo". El defensor admitió a trámite la queja y, en su respuesta a los sindicatos, dejó entrever su inquietud por lo que denunciaban y la coincidencia con sus argumentos: el objetivo de las áreas sanitarias debe ser "la proximidad de los servicios a los usuarios".
El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, anunció que "sí se van a cubrir" los puestos de los dos cirujanos vasculares (de los cinco que hay en total) a los que no se ha renovado el contrato en el hospital de la Princesa. Los médicos, que llevaban tres y seis años respectivamente con contratos eventuales, recibieron el aviso de que no renovarían. Pese a que un portavoz de Sanidad aseguró a este diario que "el servicio puede absorber la demanda", Güemes afirmó en Parla que se contratará a otros dos profesionales para sustituirles.
Los puestos, dijo, "se van a cubrir, pero no con estos dos médicos, que están siendo investigados". Según explicó, se les ha abierto "una información previa a un expediente por el trato dispensado a sus pacientes y a sus propios compañeros de trabajo". El sindicato médico FEMYTS ha denunciado que este proceso es posterior al anuncio de la no renovación, y que trata de justificar un recorte de personal encubierto porque los puestos no podrán ser legalmente cubiertos por nadie más.
(
www.elpais.com, 04/01/10)13. COMUNIDAD DE MADRID. INDEMNIZACIÓN DE 20 MIL EUROS PARA ALFONSO BOSCH, IMPUTADO EN EL CASO GÜRTEL
El ex diputado madrileño Alfonso Bosch Tejedor, imputado en el caso Gürtel, se llevará 20.000 euros de por su despido de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla del Monte, de la que fue expulsado precisamente por su vinculación con la trama de corrupción que afecta a altos cargos del PP.
El ex diputado popular denunció en los juzgados su destitución como un despido improcedente. La sentencia concluye ahora que el Ayuntamiento de Boadilla cometió un fraude de ley, porque Bosch firmó por un contrato de obra y servicio, cuando era el máximo directivo con amplios poderes y no podía tener un contrato temporal.
La sentencia ha establecido una indemnización de 20 mil euros, frente a los 43 mil que el ex diputado de la Comunidad de Madrid, acusado de cohecho y tráfico de influencias, había pedido, según la Ser.
Según uno de los autos del juez de la Audiencia Nacional BaltasarGarzón, durante su etapa como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, desde 2003 a 2009, Bosch Tejedor se llevó al menos 250.000 euros de la red de la trama Gürtel por intermediar en la adjudicación de contratos a constructoras.A Alfonso Bosch Tejedor le fue impuesta una fianza de 750.000 euros por sus actuaciones en el caso Gürtel. Bosch es ahora diputado no adscrito a ningún partido en la Asamblea de Madrid, aunque tanto él como los otros dos expulsados del Grupo Popular, López Viejo y Martín Vasco, acuden puntualmente a las votaciones parlamentarias para votar con el PP.
Alfonso Bosch Tejedor está acusado de haber concedido a dedo el contrato de la Oficina de atención al ciudadano de Boadilla durante 14 años a la trama corrupta. Además, presuntamente intercedió para dar a la constructora Hispánica (presente en todo el sumario) la construcción de la ciudad deportiva municipal y adjudicó unos locales a la empresa Rústicas MBS, administrada por el también imputado José Ramón Blanco Balín, vicepresidente de Repsol durante la etapa de Aznar.
(
www.elpais.com, 30/12/09)14. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ IMPUTA POR LA GÜRTEL A OTRA EDIL POPULAR DE POZUELO
El juez instructor del caso Gürtel en el en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar como imputada el próximo martes 12 de enero a la concejala de Mujer y Presidencia del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Yolanda Estrada, que fuera la responsable de Obras Públicas con el ex alcalde Jesús Sepúlveda, también imputado por esta trama de corrupción. El PSOE de la localidad cree que se trata de "una imputación anunciada" y reclaman la dimisión inmediata de Estrada, la "mano derecha" del actual regidor.
Estrada, ex concejal de Obras Públicas en la citada localidad, era la persona que, según el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibió en favor del TSJ de Madrid, hacía de enlace entre la presunta trama de corrupción dirigida por Francisco Correa y el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, también imputado en la causa.
El TSJM ha informado en una nota difundida por EFE de que el juez Pedreira ha citado el próximo martes como imputada a Estrada y como testigos a Rafael De Valle Iturriaga Miranda, Miguel Ángel Vara, Raúl Heras Planel y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard Remón.
El PSOE de Pozuelo ha emitido un comunicado en el que definen a la ex edil de Obras Públicas como la "mano derecha" del actual alcalde, y reclaman que dimisión inmediata y de no ser así su cese "de modo fulminante". Además, los socialistas explican que cuando Estrada dirigía la concejalía de Obras Públicas estaba subordinada a la "supervisión directa del actual alcalde, Gonzalo Aguado, quien era el concejal de urbanismo y primer teniente de alcalde de la ciudad".
"Esto ya lo esperábamos, pues la actuación de la concejala imputada era de dominio público", ha declarado la portavoz socialista en Pozuelo de Alarcón, Eva Izquierdo. "Por eso nos sorprendió cuando en la reciente renovación de su equipo de gobierno el alcalde la ascendió", ha explicado Izquierdo, que cree que fue una "temeridad" y que el regidor tendrá ahora "que empezar a responder a muchas preguntas".
(
www.elplural.com, 07/01/10)15. COMUNIDAD DE MADRID. MADRID PIERDE 11 MILLONES PARA PORTÁTILES EN LAS AULAS
Los ordenadores portátiles tendrán que esperar. La Comunidad de Madrid ha perdido 11 millones de la primera convocatoria del programa Aula 2.0, con el que el Gobierno central quiere dotar de un ordenador a cada alumno de 5º de Primaria este curso. Ambas administraciones debían firmar para ello un convenio antes de que acabara 2009. No lo han hecho.
El convenio establecía la financiación conjunta entre ambas administraciones. Tanto el Ministerio de Educación como la consejería debían aportar 11.162.504 millones para costear las llamadas aulas digitales, que incluyen ordenadores para los alumnos, conexión wifi, pizarras digitales, proyectores y ordenadores para los docentes, que recibirán cursos de formación.
Sólo tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia, todas gobernadas por el Partido Popular) han dejado el convenio sin firmar y han perdido los fondos de 2009, según indicó una portavoz del Ministerio de Educación.La Comunidad ha criticado los miniportátiles previstos por el Gobierno para los alumnos al considerar que no garantizan una postura ergonómica ni tienen un tamaño adecuado. Tampoco les convence el modelo de implantación del programa.
Valencia fue la primera que se opuso a los ordenadores previstos por el Gobierno. El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, adujo que el modelo con las prestaciones mínimas que marcó el Gobierno (pantalla de 10 pulgadas y resolución de 1024 - 600 píxeles, de kilo a kilo y medio de peso, según las características recogidas en el convenio firmado por Andalucía) podía "provocar la miopización de muchos niños".
La consejera de Madrid, Lucía Figar, también ha puesto pegas al modelo de portátiles. Figar ha reclamado equipos "que garanticen una adecuada postura del alumno y con una pantalla más amplia", en declaraciones recogidas por la cadena SER. Desde el ministerio responden que fijan unas características mínimas que pueden ser mejoradas por las comunidades al comprar los ordenadores, aunque la partida económica fijada no se aumentará en caso de que decidan adquirir máquinas más costosas.
Madrid sí ha recibido 689.861 euros de una partida de seis millones que el Gobierno ha repartido para adecuar los centros y mejorar sus conexiones. El Ministerio de Educación ha previsto una partida de 200 millones entre 2009 y 2010 para repartirla en toda España.
Unos 50.000 alumnos madrileños de 5º de Primaria tenían que recibir un ordenador este curso tras la promesa que hizo el presidente del Gobierno el pasado mayo en el Congreso. El dinero que rechazaron Madrid, Valencia y Murcia se repartirá entre otras comunidades autónomas que han pedido ampliar sus propuestas, como ocurre con Andalucía. La citada portavoz del Ministerio de Educación aseguró que las tres comunidades que han quedado fuera podrán sumarse al proyecto en el momento que quieran, aunque ya tendrán que esperar a futuras partidas. El ministerio prevé que el programa llegue en cuatro años a todos los alumnos de 5º de Primaria a 2º de ESO.
Madrid, que en noviembre envió una carta conjunta con la Comunidad Valenciana al ministerio, exige una implantación progresiva del programa, cambiar los escolares de Primaria por alumnos de Secundaria y recabar la opinión de los profesores antes de empezar a trabajar.
Además, Madrid pide más flexibilidad en la implantación, según explicó un portavoz de la consejería, para instalar aulas piloto en las que se pueda evaluar el plan y comprobar si tener un ordenador por alumno mejora los resultados de los estudiantes. En la negociación también reclamaba que el presupuesto previsto garantice el mantenimiento de los equipos.
(
www.elpais.com, 08/01/10)16. EL RELOJ DE LA PRESIDENTA ATRASA
Esperanza Aguirre, presidenta regional, compareció ante los medios por primera vez en 2010. Lo hizo con un reloj nuevo al que incluso le quitó el plástico que protegía la esfera. No lo miró, pero lo manoseó durante buena parte de su intervención. A tenor de sus palabras, parece que el reloj de la presidenta atrasa. Aguirre ha comenzado el año de la misma forma que terminó el anterior: arremetiendo con dureza contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y exhibiendo las bondades de su ideología liberal.
La dirigente popular reunió por la mañana a todos sus consejeros para celebrar un Consejo de Gobierno "deliberante". No hubo ningún acuerdo, ni se tomó alguna decisión. Los responsables regionales repasaron las medidas que aprobaron durante el curso pasado para enfrentar la crisis y buscaron nuevas soluciones. Aunque hubo pocas novedades.
La presidenta no desperdició la oportunidad para calificar la situación económica española como "catastrófica". Y contrapuso su modelo económico liberal de rebajas de impuestos con el del presidente Zapatero. La Comunidad de Madrid tiene poco margen para retocar impuestos. Por eso, aunque aprueben deducciones fiscales, éstas afectan poco al bolsillo de los madrileños.
La intención de Aguirre consiste en comparar su gestión al frente del Gobierno autónomo con la de los socialistas en el Ejecutivo nacional. Aunque la gestión de ambos sea difícilmente comparable por las competencias atribuidas a unos y otros.
En una de las cosas en las que ha cambiado Aguirre ha sido en cortar tajantemente los insistentes rumores sobre un nuevo cambio de Gobierno. "No. No pienso remodelarlo en 2010", sentenció. Habrá que estar atentos al reloj.
(
www.elpais.com, 08/01/10)17. COMUNIDAD VALENCIANA. LA FISCALÍA PIDE AL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' QUE RECLAME LAS CUENTAS DEL PP DE VALENCIA
La Fiscalía Anticorrupción intenta reactivar la investigación judicial sobre la posible financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana. Los fiscales han pedido por escrito al juez de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que reclame la contabilidad del PP de Valencia para tratar de comprobar los indicios que avalarían la supuesta financiación ilegal del partido y que fueron destapados por la Unidad policial contra el Blanqueo del Capitales.
La investigación policial apuntaba que la cúpula del partido en Valencia había amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación durante los últimos años. En concreto, señalaba al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, y al destituido secretario regional del PP, Ricardo Costa, entre otros, como supuestos partícipes de una trama que habría permitido que empresas adjudicatarias de contratos del Gobierno regional entregaran dinero a la red Gürtel para financiar actos del partido.
Las dos fiscales de Anticorrupción han acudido al juez Pedreira para que, ante el parón de la investigación en Valencia, sea él quien ordene al PP la entrega de todos los extractos de su contabilidad relativos a los últimos años. El instructor del caso Gürtel en Madrid tiene pendiente responder a esa petición, según fuentes de la investigación, que sostienen que Pedreira no debería acceder a esa solicitud, que supondría que el Tribunal Superior de Madrid investigue un caso en el que pueden resultar implicados aforados de Valencia, por lo que sería competencia del Tribual Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Precisamente, la Sala del TSJCV recibió en noviembre una querella del Partido Socialista del País Valenciano sustentada en el exhaustivo informe de la Brigada de Blanqueo que este verano recibió el tribunal pero que no consideró oportuno investigarlo. En sus 89 folios y cinco anexos se mencionan a seis empresas valencianas que supuestamente financiaron actos del PP a través de firmas de la red de Francisco Correa, Special Events y Orange Market, esta última dirigida en Valencia por Álvaro Pérez, El Bigotes, quien además mantenía una doble contabilidad sobre el PP.
En concreto, el PSPV se querelló contra Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP valenciano, cinco altos cargos del Gobierno y del PP valenciano; cinco de los cabecillas de la trama Gürtel, con Francisco Correa al frente, y cinco empresarios locales: Enrique Gimeno, presidente de FACSA (Fomento Agrícola Castellonense); Enrique Tomás Ortiz, de Ortiz e Hijos; Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Luis Batalla, del grupo LUBASA; y Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, del grupo SEDESA. Los socialistas les acusan de los posibles delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad documental, delito tributario, alteración contable y financiación irregular.
La querella también se dirige contra el ex director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García por propiciar un pelotazo millonario a Correa con motivo de las adjudicaciones para retransmitir los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. La cadena adjudicó por 6,4 millones de euros la sonorización del acto a Teconsa, una empresa pantalla de la trama. Correa recibió una comisión de 957.300 euros, según la investigación policial en la que se basa la querella.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV será la encargada de decidir si esa querella se convierte en una investigación judicial. La sala que debe determinarlo está presidida por Juan Luis de la Rúa, magistrado a quien públicamente Francisco Camps señaló como un "más que amigo". El tribunal de De la Rúa archivó la causa abierta contra Camps por el escándalo de los trajes y rechazó investigar el informe policial que recoge indicios de supuesta financiación irregular del PP valenciano. De la Rúa sigue de presidente del TSJV a pesar de que su mandato terminó en julio. Y el Consejo General del Poder Judicial no logra llegar a un acuerdo sobre su sucesión.
Por eso, las fiscales han recurrido al tribunal madrileño, para que no se demoren más las necesarias pesquisas que permitan apuntalar el informe de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales. El objetivo de Anticorrupción es cotejar las cuentas del PP con la contabilidad b intervenida en Orange Market, que incluye una doble caja y la recepción de dinero de empresas como pagos por la organización de actos del PP.
Aparte de la supuesta financiación ilegal de su partido, Camps tiene otro frente judicial abierto, los regalos de trajes y dádivas que recibieron él y su familia de la trama Gürtel. Su futuro político está en manos de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que tiene previsto resolver en los primeros meses de este año el recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra el archivo de las diligencias por cohecho impropio (el regalo de trajes) decretado el pasado tres de agosto por el TSJCV.
Si el Supremo revoca el archivo del cohecho impropio y decide que prosiga la investigación, casi inevitablemente Camps acabaría en el banquillo de los acusados. Ante un jurado popular tendría que aclarar en concepto de qué aceptó trajes por importe cercano a los 12.000 euros de manos de El Bigotes, cuyas empresas han recibido, a dedo, casi ocho millones de euros durante los mismos años en que Camps viene presidiendo el Gobierno valenciano.
(
www.elpais.com, 08/01/10)18. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TRIBUNAL DE CUENTAS VALENCIANO TAMPOCO FISCALIZARÁ EN 2009 LOS CONTRATOS DE LA GENERALITAT CON LA GÜRTEL
El Sìndic de Comptes (el equivalente al Tribunal de Cuentas de la Comunidad Valenciana) no revisó las cuentas de las empresas públicas regionales que dieron contratos a la trama Gürtel en 2008, y tampoco lo harán en 2009, a la luz del Plan Anunal de Actuación entregado esta semana en Les Corts por el órgano fiscalizador. El Síndic redoblará sus esfuerzos para fiscalizar las cuentas de los diferentes ayuntamientos de la comunidad, pero pasará de puntillas por la Generalitat. No habrá tampoco una auditoría especial sobre la Agencia Valenciana de Turismo, la organización que dio quizás los contratos más cuantiosos a las empresas de Francisco Correa, a las que encargó en sucesivos años la organización de la feria turística Fitur.
En los informes entregados por el Sìndic de Comptes sobre las contrataciones de la Generalitat valenciana en 2008 no se recogía la fiscalización de las empresas que contrataron con Francisco Correa, y todo apunta a que tampoco habrá estos datos referidos a 2009: el Tribunal de Cuentas valenciano ha entregado esta semana en Les Corts sus planes de actuación, de los que se deduce que se reforzará el control de los ayuntamientos de la región, pero no el de la Generalitat.
Aunque las empresas de la trama facturaron de las arcas autonómicas más de 8,5 millones de euros, la Sindicatura ha desechado la posibilidad de llevar a cabo una fiscalización especial para controlar los contratos que hizo el pasado año la Administración regional. De hecho, el control sobre los contratos públicos que haga la Generalitat, se limitará a comprobar si existe información de dichos concursos en las diferentes páginas web interesadas. Con ello, el organismo asegura que verlará por la publicidad y transparencia en los contratos regionales.
Más interés pondrá en fiscalizar la actividad de los diferentes ayuntamientos, para los que se prepararán cuestionarios adaptados a cada caso. Además, el Síndic apunta en su informo que "cuando las circunstancias lo aconsejen, podrán revisarse expedientes de contratación tramitados en 2008", pero solo en el caso de los entes municipales, no a nivel regional.
Este refuerzo de las investigaciones en torno a los ayuntamientos pretende disipar las numerosas dudas que se han levantado después de saltar a la luz el escándalo de la trama Gürtel. Sin embargo, probablemente dejará insatisfechos a partidos políticos y ciudadanos, ya que es la Generalitat, la institución que más superficialmente será investigada, la que aglutina el grueso de los contratos cedidos a Correa.
(
www.elplural.com, 02/01/10)19. COMUNIDAD VALENCIANA. LA GENERALITAT VALENCIANA DESAFÍA AL GOBIERNO Y AUTORIZA LOS DERRIBOS EN EL CABANYAL
El Gobierno valenciano ha aprobado esta mañana un decreto ley urgente para sortear la suspensión de derribos ordenada el pasado lunes por el Ministerio de Cultura para evitar que se parta en dos el barrio marinero de El Cabanyal de Valencia. La norma deroga expresamente el decreto 57/1993 de la Generalitat que declaró Bien de Interés Cultural (BIC) el conjunto histórico del barrio marítimo de la ciudad de Valencia, que perderá más de un centenar de edificios protegidos si entran las excavadoras. En conferencia de prensa, la portavoz de la Generalitat, Paula Sánchez de León, ha calificado de "nueva agresión" y "ataque brutal" por parte del Gobierno la decisión del Ministerio de Cultura de ordenar la paralización de los derribos de casas en el barrio a pesar, ha afirmado, de estar avaladas por 12 sentencias judiciales y por el refrendo de los votos.
El consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Cotino, ha situado el dictamen del Ministerio de Cultura en el mismo nivel que la política de Franco hacia los valencianos o la abolición de los Fueros por parte de Felipe V. "No vamos a tolerar la intromisión del Gobierno central en nuestras competencias", ha añadido Cotino. El consejero apuntó a la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de estar detrás de la "maniobra".
La norma aprobada por vía de urgencia por el Consell "autoriza la ejecución" del plan especial de El Cabanyal, que prevé el derribo de 450 edificios, muchos de ellos construidos a finales del siglo XIX con influencias modernistas y en la zona declarada BIC. Y establece que, dado que la declaración de BIC fue realizada por la Generalitat en 1993 (cuando los socialistas gobernaban la Comunidad Valenciana) corresponde al mismo Ejecutivo decidir qué elementos lo determinan y se protegen.
Según la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, la protección del patrimonio de El Cabanyal no variará "sustancialmente" porque, en su opinión, se compatibilizó con el plan del Ayuntamiento aprobado en 2001. Sin embargo, la destrucción que prevé el plan de una parte importante del entramado urbano de El Cabanyal con la prolongación de una gran avenida es precisamente uno de los aspectos clave del debate social y judicial de la última década. El Tribunal Superior de Justicia valenciano, y después el Supremo, aceptaron el derribo de viviendas en el BIC porque consideraron que implicaba una mejora para el barrio y las expectativas de rehabilitación que proclamaba el plan. El Supremo, no obstante, reabrió el caso el año pasado al confirmar una sentencia pendiente que exigía del Ministerio de Cultura un dictamen específico sobre la posibilidad de que los derribos supusieran un expolio al patrimonio histórico, sobre el que tiene competencias el Estado.
Ese dictamen es el que dio a conocer Cultura el lunes, cuando ordenó paralizar el plan porque supone un expolio, según los informes recabados por el ministerio. Según la Generalitat, el decreto-ley aprobado hoy "prevalece" sobre la orden ministerial, lo que obliga al Gobierno, en su caso, a recurrirlo ante los tribunales.
Horas antes, el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, consideraba "valiente, responsable y sensata" la decisión de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, de frenar los derribos. Y ha acusado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de "degradar voluntariamente" el barrio para hacer caer los precios de la vivienda y facilitar de ese modo su destrucción.
Alarte ha defendido que la paralización del plan de El Cabanyal debe ir acompañado de un fuerte impulso de rehabilitación. Y ha comparado la prolongación de Blasco Ibáñez con los intentos que en su día se hicieron para convertir el viejo cauce del Turia, que hoy es un jardín, en una carretera. "Es la misma derecha" que quería aquello, ha afirmado. "Los votos de los ciudadanos no son una carta blanca para hacer cualquier cosa", ha seguido, como habrían demostrado hechos históricos acaecidos en el siglo XX.
El líder socialista ha afirmado que la concepción del urbanismo que está detrás del plan para partir en dos el barrio, "es la misma que nos ha llevado a un 22% de paro". "Estamos en otro tiempo. Barberá y Camps son el pasado. Y el Cabanyal es el último ejemplo de ese tiempo". Alarte ha calificado de "inadmisible totalmente" la decisión del Consell, ya adelantada a primera hora, de desproteger El Cabanyal para poder continuar los derribos.
(
www.elpais.com, 07/01/10)20. COMUNIDAD VALENCIANA. PONS: "COSTA ES UN POLÍTICO CON MUCHA VALÍA Y GRAN FUTURO"
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, considera que el ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa es un político "con mucha valía" y con un "brillante futuro" en el partido. Costa se encuentra en la actualidad suspendido de militancia de forma cautelar por el Comité de Derechos y Garantías de los populares mientras se resuelve el expediente que le abrió el partido el pasado 29 de octubre. En una entrevista, González Pons ha asegurado que Costa, además de ser "buen amigo" suyo, también es un "político joven, de mucha valía y que tiene un brillante futuro por delante".
Al ser preguntado si ese "futuro brillante" lo tendrá en el PP, el dirigente popular respondió: "Por supuesto". No obstante, al ser preguntado si eso significa que el Comité de Derechos y Garantías del PP tiene previsto exonerar a Ricardo Costa de la suspensión de militancia o de cualquier sanción, González Pons respondió que él no sabe lo que pasará.
"Sea cual sea la decisión, Ricardo Costa tiene un brillante futuro en el PP porque es un político de valía, joven, que ha demostrado que es valiente y que sabe tanto gestionar como plantar cara". La decisión del Comité de Garantías del PP se conocerá, previsiblemente, antes de que comience el mes de febrero, según los cálculos que realiza el propio órgano disciplinario popular.
Precisamente el pasado miércoles se preveía la remisión del pliego de cargos tanto a Costa como a Manuel Cobo, para que presenten las pruebas y alegaciones que consideren oportunas. Para ello tendrán un plazo de 15 días. El citado pliego de cargos se remite por correo certificado y también por internet, para que los afectados tengan tiempo suficiente para responder.
En el documento se exponen las faltas que, según los instructores, han cometido de acuerdo con los estatutos del PP. Transcurrido ese periodo, los instructores de los expedientes evaluarán toda la documentación y realizarán una última propuesta, que incluirá un planteamiento de sanción, si corresponde, ante el pleno del Comité de Derechos y Garantías del PP, que está formado por 12 miembros.
Costa se encuentra suspendido cautelarmente por su "actitud", después de realizar unas declaraciones en las que se atribuía aún la condición de secretario general cuando ya había cesado de su cargo por orden de Génova, tras unas informaciones que mostraban su cercanía a uno de los cabecillas de la trama Gürtel, Alvaro Pérez, El Bigotes.
(
www.elpais.com, 02/01/10)21. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS CARGOS DEL PP ESCURREN EL BULTO PARA OCULTAR SU DECLARACIÓN DE BIENES
Las medidas contra la corrupción propuestas por el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, para calmar las aguas movidas por los escándalos del caso Gürtel y las políticas urbanísticas van camino de quedar en agua de borrajas. En la Comunidad Valenciana, el Consell no ha puesto en marcha ninguna de las medidas para fortalecer los controles externos, ni para mejorar la transparencia en la gestión. Al contrario, el Grupo Popular rechazó a principios de diciembre la propuesta de dedicar un pleno monográfico en las Cortes Valencianas para hablar de "regeneración democrática, transparencia y medidas contra la corrupción". En su lugar, los populares propusieron una modificación del reglamento del Parlamento que permitiese publicar en el Boletín Oficial de las Cortes las declaraciones de bienes y actividades de los diputados.
Sin embargo, la única medida adoptada por el PP -que también votó la oposición en el pleno del pasado día 21- se ha encontrado con la resistencia de un nutrido grupo de cargos y diputados del PP que se oponen a que su menor o mayor fortuna sea conocida. Una resistencia que ha obligado a la dirección del PP a retrasar la publicación de los patrimonios de los diputados hasta el próximo mes de febrero y dará tiempo a los diputados a cambiar la declaración.
Una medida que socialistas, que todavía no han decidido si volver a publicar los patrimonios de sus diputados sin esperar a febrero, y Compromís han denunciado como una dilación más de los populares para evitar afrontar la cuestión de la transparencia. El debate de cómo afrontar la corrupción se ha trasladado, aunque con menor intensidad, a los principales ayuntamientos valencianos.
En Valencia, el grupo de la socialista Carmen Alborch planteó el pasado martes a la alcaldesa Rita Barberá que se ampliasen las normas de 2005 y se mejorase la transparencia con el código contra la corrupción aprobado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que propone entre otras medidas la publicación de la declaración de bienes de los concejales. El PP supeditó la aplicación de ese código a que se acuerde un pacto estatal contra la corrupción. Conclusión: por ahora seguirá sin publicarse el patrimonio de los ediles y sin mejorarse los mecanismos de control de la Administración municipal.
El Ayuntamiento de Alicante, que preside la popular Sonia Castedo, ni siquiera se ha planteado el debate sobre el patrimonio personal de los concejales. Y eso que su antecesor, Luis Díaz Alperi, llegó con la nómina embargada y hoy se permite regalar relojes valorados en varios millones de las antiguas pesetas. Los socialistas tampoco han querido abordar esta cuestión.
La situación en la corporación alicantina contrasta con la de Elche. Allí, el PP, que está en la oposición, abrió el debate y exigió al alcalde socialista, Alejandro Soler, que mostrara sus bienes. "Nosotros aceptamos el reto, pero el PP se negó a publicar los suyos", dijo el primer edil, quien recordó que todos los concejales del gobierno municipal, y uno del PP, Emigdio Tormo -afín al presidente provincial, José Joaquín Ripoll, que rompió la disciplina de su grupo-, votaron a favor que publicar sus bienes. Así, desde el pasado mes de junio, el patrimonio de todos los ediles del PSPV, el del edil del PP Emigdio Tormo, y el de la concejal de Compromís Àngels Candela, se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de Elche. De los 27 concejales del Ayuntamiento, 15 concejales se mostraron a favor de publicar estos datos, pero los del PP se negaron. La información que se publica hace referencia a sus propiedades, cuentas bancarias con el saldo, las deudas y las retribuciones que perciben por realizar su trabajo.
(
www.elpais.com, 04/01/10)22. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA APELA A SU "MAGNANIMIDAD" PARA DEJAR HABLAR A LA OPOSICIÓN
Para intervenir en un pleno de la Diputación de Castellón no es suficiente con haber sido elegido en unas elecciones democráticas por un municipio de la provincia, ser designado por los compañeros de partido como miembro del grupo, que te corresponda el turno de palabra, y ni siquiera que guardes con rigor el tiempo de la intervención. Si de la Diputación de Castellón se trata, la preside Carlos Fabra, y a quien le corresponde la palabra es a la oposición -sobre todo si es socialista- hay que contar también con la "magnanimidad" del presidente provincial.
Carlos Fabra, el "cacique", como en ocasiones él mismo se ha definido, no tuvo reparos en interrumpir durante el pleno de presupuestos la intervención de cinco minutos del portavoz socialista, Francesc Colomer, cuando apenas habían transcurrido cuatro. Fue entonces cuando le espetó que había superado los cinco minutos pactados, para conceder después que le dejaba concluir por gracia "de la magnanimidad de esta presidencia". La sorpresa e incredulidad del portavoz socialista ante la aseveración enervó a Fabra, quien retiró la palabra a Colomer cuando sólo habían pasado 4 minutos y 28 segundos desde que inició su intervención, en la que el socialista se centró en explicar su modelo alternativo al presupuesto presentado por el PP. Todos los diputados del PSPV abandonaron el salón plenario ante la "ausencia de garantías democráticas" y la actitud "caciquil" de Carlos Fabra. Así transcurrió el debate entre los líderes de ambos grupos políticos.
Con la bancada socialista vacía, el PP aprobó con sus votos unas cuentas que ascienden a 150 millones de euros. El ejecutivo destacó que el 54% de la inversión se destinará a partidas sociales.
Los socialistas y el Bloc criticaron que el gasto corriente se incrementa en 2010 hasta los 17,5 millones a pesar de la crisis, que el gasto en personal ascenderá a los 30,7 millones y que la deuda sube a los 95 millones. Desde el PSPV reclamaron el impulso de planes para el transporte, el turismo y de empleo contra la crisis, que a su juicio podrían desarrollarse con la reducción de la partida de personal y el gasto corriente, y con la eliminación de la inmobiliaria pública Vicasdi que carece de actividad pero ya ha gastado 97.000 euros en sueldos. Como única medida anticrisis, Carlos Fabra anunció que prescindirá de uno de sus más de 30 asesores y cargos eventuales, pero también de uno de los tres de los socialistas, y que dejará a media jornada al único que tiene el Bloc.
(
www.elpais.com, 30/12/09)23. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL DESAFÍA AL GOBIERNO Y 'LEGALIZA' EL DERRIBO DE EL CABANYAL
El Consell pretende ejecutar a toda costa el plan urbanístico que parte en dos El Cabanyal y no tiene intención de respetar la orden de suspensión emitida el lunes por el Ministerio de Cultura, que dictaminó que el proyecto supone un expolio del patrimonio histórico del barrio marinero de Valencia. El Gobierno valenciano aprobó por la vía de la urgencia un decreto ley que declara "expresamente" que el plan de El Cabanyal aprobado en 2001 por el Ayuntamiento de Valencia y la propia Generalitat "no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico" del que forma parte el barrio y que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993.
En ese decreto ley, que el Consell sostiene que "prevalece" sobre la orden ministerial, se deroga la declaración del BIC en aquellos aspectos que entren en contradicción con el plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. La Generalitat consagra así la destrucción del núcleo del patrimonio protegido del barrio. La prolongación afectará en total a unos 450 inmuebles y arrasará un centenar de ellos en la zona central del BIC y lo partirá en dos, lo que pretende evitar el Ministerio de Cultura porque, en su opinión, alteraría el conjunto protegido "hasta el punto" de que perdería su razón de ser, "su propio carácter".
El Consell planteó su desafío al Gobierno como un acto de "defensa de los intereses valencianos" frente a una "nueva agresión" y un "brutal ataque" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, según lo expresó la consejera portavoz, Paula Sánchez de León.
En la conferencia de prensa posterior al Consell extraordinario convocado por Francisco Camps para subrayar el rechazo a la decisión de suspender el plan, la consejera compartió protagonismo con el vicepresidente y titular de Medio Ambiente, Juan Cotino. "Ya basta. No vamos a tolerar la intromisión del Gobierno, para eso tenemos un Estatuto. Somos un pueblo con leyes y el Gobierno no les da valor", aseguró Cotino. El consejero llegó a situar en un mismo plano la orden ministerial de suspensión del plan de El Cabanyal y la dictadura de Franco o la abolición de los fueros valencianos por Felipe V. Cotino, que fue elevando el tono a medida que ahondaba en la "habitual" actitud de Zapatero de "perjudicar" a la Comunidad Valenciana, sentenció: "No vamos a parar el plan de El Cabanyal".
El Ministerio de Cultura, que no se pronunció sobre la decisión del Consell, tiene la opción de impugnar el decreto ley aprobado por la Generalitat para sortear la paralización del plan. Según fuentes jurídicas, en principio, se plantearía entonces un conflicto de competencias entre ambas administraciones que deberá dirimirse en el Tribunal Constitucional.
El decreto ley se aprobó con urgencia para evitar la orden de suspensión del ministerio. Ésta prevé que el Gobierno pueda tomar medidas si no se ejecuta a las 48 horas de su "recepción". La resolución de expolio se conoció el lunes, aunque llegó al Ayuntamiento y la Generalitat el 5 de enero. La oposición calificó el decreto de "despropósito" jurídico.
La portavoz del Consell insistió en que el decreto ley "revalida" e incluso reforzará la protección del conjunto histórico de El Cabanyal con la ejecución del plan del Ayuntamiento. El decreto ley, sin embargo, sitúa la prolongación de Blasco Ibáñez claramente por encima de la estructura original de la zona al afirmar que "la peculiar trama" del barrio "y la arquitectura de raigambre eclecticista del mismo no son valores lo suficientemente trascendentes como para prevalecer, de un modo absoluto, sobre actuaciones urbanísticas que producen una mejora de la relación del barrio con su entorno territorial o urbano".
El decreto ley se acoge a las sentencias favorables al plan del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano y del Supremo, que dieron vía libre al proyecto a pesar del BIC. Y se apoya especialmente en la polémica modificación de la ley autonómica de patrimonio en 2004, que fue denunciada por la oposición por considerarla una excusa para legalizar la intervención en la zona protegida de El Cabanyal porque abrió la puerta a que se modifique la estructura urbana y arquitectónica de un BIC por el interés general de una mejora urbana.
Por si había dudas, la consejera dejó claro que el decreto señala que es "a la Generalitat a la que le compete definir los valores" a proteger en El Cabanyal, y en consecuencia, lo que se puede derribar. Además, de esta forma, según el decreto, "no podrá existir ninguna expoliación por actuaciones que la propia Generalitat considera que no afectan a los citados valores".
Con esta frase, el Consell pretende desactivar las competencias del Estado sobre los casos de expolio. Y lo intenta a pesar de que reconoce esas atribuciones en otro apartado del decreto. Al respecto, la consejera reiteró que el Consell presentará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por la orden de paralización del Gobierno. En su opinión, el Ministerio de Cultura ha entrado en terrenos que no le son propios y se ha excedido.
Por el contrario, el Tribunal Supremo recordó en mayo del año pasado en una sentencia que le corresponde al Estado determinar si se produce un expolio y exigió al ministerio que emitiera un dictamen motivado sobre el caso de El Cabanyal. Así lo recuerda el ministerio en la orden del pasado lunes, en la que destaca también que una declaración por expolio no "contravendría" las sentencias anteriores favorables al plan, ya que éstas bendijeron un plan urbanístico, pero no determinaron si hay expolio o no.
Entre los informes analizados ahora por Cultura, destaca el remitido por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que considera que el proyecto supone una "amputación" de parte del barrio. Los arquitectos resaltan que la prolongación de Blasco Ibáñez es "incompatible" con la protección de El Cabanyal, por lo que el Gobierno valenciano tendría estas opciones: "Preservar el barrio de El Cabanyal" y desechar el plan actual, o "proceder al levantamiento de la protección, anulando o modificando el BIC".
El ministerio concluye en su orden de suspensión que el plan "ha sido dictado prescindiendo de toda consideración por los valores histórico-artísticos que motivaron la protección del conjunto histórico de El Cabanyal".
Añade el ministerio que la prolongación es "incompatible" con el BIC, y rechaza que el plan contribuya a mejorar la conservación del patrimonio del barrio, como sostienen el Ayuntamiento y la Generalitat. Las actuaciones del plan "únicamente están al servicio de la consecución de una determinada solución de política urbanística"; es decir, la prolongación de Blasco Ibáñez. Y se obvian "los principios de proporcionalidad y mínima intervención" en un conjunto histórico, considera el ministerio, que exige la paralización del plan hasta que "garantice la protección de los valores histórico-artísticos".
El Consell, sin embargo, tiene prisa. El consejero Juan Cotino anunció para hoy mismo una reunión de la empresa Cabanyal 2010, con la que la Generalitat y el Ayuntamiento pretenden desarrollar el plan. La sociedad perdió en 2008 el apoyo de las 11 promotoras que participaron en su creación y vendieron sus acciones en una operación que ha sido cuestionada por la Sindicatura de Comptes.
(
www.elpais.com, 08/01/10)24. COMUNIDAD VALENCIANA. LA ALCALDESA DE VILLENA PARALIZA UN PLENO POR LA AUSENCIA DE LOS CAMPISTAS
La división interna del PP en Villena es de tal magnitud que la alcaldesa, Celia Lledó, seguidora del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, tuvo que suspender un pleno municipal ante la ausencia de cuatro concejales de su partido, afines al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que la cuestionan permanentemente.
De los cuatro ausentes, sólo dos, José Joaquín Oliva y Juan Carlos Pedrosa, justificaron falta: estaban enfermos. Sin embargo, Adela Serra y Juan Richart no fueron "porque no quisieron", según fuentes de la alcaldía. Richart, concejal de Obras, llegó a las manos el pasado mes de septiembre con el asesor municipal y esposo de otra concejal del PP tras una tensa reunión de la Junta de Gobierno Local.
La alcaldesa había convocado la sesión extraordinaria a las 13 horas con un único punto en el orden del día: aprobar el cambio de ubicación del aparcamiento que se construye en la plaza de toros. Pero el pleno no se llegó a celebrar. Celia Lledó esperó durante casi una hora a sus concejales críticos; pero ante su ausencia y a la vista de que se quedaba en minoría desconvocó el pleno por decreto. Lledó no quiso disimular su contrariedad. "No es la primera vez que lo hacen", constató.
La semana pasada, esas mismas ausencias provocaron que el equipo de gobierno municipal, controlado por la mayoría absoluta del PP, perdiera varias votaciones frente a los siete concejales del PSOE y los dos de Los Verdes. La alcaldesa ha convocado para hoy una ejecutiva local del PP para "adoptar medidas y que el partido se posicione", según fuentes municipales.
José Ayelo, concejal del PSOE, tildó de "atropello a la democracia" la actitud de la alcaldesa, que convoca y desconvoca plenos "alegremente, faltando al respeto del resto de ediles". Los socialistas entienden que el Ayuntamiento "no puede funcionar con estas tensiones y broncas entre los concejales del equipo de gobierno".
(
www.elpais.com, 30/12/09)25. COMUNIDAD VALENCIANA. NEPOTISMO FUNCIONARIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
El nepotismo trasciende a los políticos y alcanza a los funcionarios. Al menos en el Ayuntamiento de Santa Pola, donde los dos maridos y un hermano de tres funcionarias con altos niveles de responsabilidad recibieron el encargo de desarrollar hasta siete proyectos del plan Confianza (programa de inversiones locales financiado por la Generalitat) Otro proyecto será redactado por la arquitecta municipal.
En total, el Ayuntamiento, gobernado por el PP con mayoría absoluta, ha adjudicado la redacción de siete de los 18 proyectos que recoge el plan para Santa Pola a profesionales privados directamente relacionados con tres empleadas municipales. Los honorarios por estos trabajos, incluida la dirección de obra, ascienden a 156.000 euros. Otros cuatro proyectos del programa serán desarrollados por dos arquitectos con contrato de obra y servicio en vigor con la corporación. Éstos percibirán unos honorarios extras de 68.000 euros.
Los familiares de las funcionarias que se han beneficiado con las adjudicaciones son los siguientes: el arquitecto David Aniorte, hermano de Mercedes Aniorte, ingeniero de obras públicas y funcionaria responsable del departamento municipal de obras; el ingeniero industrial Javier Hurtado, marido de Sonia Fluxá, funcionaria interina responsable del área municipal de Medio Ambiente y Planificación, y el arquitecto Antonio V. Ortega, marido de María José Mogica, arquitecto municipal encargada de la coordinación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.
David Aniorte redactará tres proyectos: La remodelación de la avenida Blasco Ibáñez, y otros dos relacionados con la mejora de aceras en distintas calles de la ciudad por un total de 60.000 euros. A Javier Hurtado se le han adjudicado tres proyectos relacionados con el departamento de Medio Ambiente, el área que precisamente dirige su mujer Sonia Fluxá. Por su trabajo percibirá 40.000 euros. El arquitecto Antonio Ortega será el redactor del proyecto de remodelación de la planta baja del Ayuntamiento. Sus honorarios ascienden a 16.000 euros.
Además de estos siete proyectos, la arquitecta municipal y esposa de Ortega, María José Mogica, es la responsable del proyecto de unas pistas de atletismo y mejoras en el polideportivo Gran Alacant por un importe de 570.000 euros. El plan Confianza en Santa Pola asciende a 6,5 millones de euros. El plan Zapatero supuso una inversión de 5 millones para el desarrollo de 20 proyectos. Todos ellos fueron redactados íntegramente por los técnicos municipales.
El Ayuntamiento también ha adjudicado al arquitecto técnico Juan Antonio Rodríguez el proyecto de infraestructura y equipamiento de los colegios de la localidad, por un valor de 15.000 euros. Jorge García, arquitecto, redactará tres proyectos, entre ellos una gran nueva gran zona verde que le reportarán unos ingresos de 53.200 euros. Ambos trabajan con contrato de obras para el consistorio.
"Se trata de dar trabajo, el lazo familiar es circunstancial". Así de tajante se mostró el alcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, del PP, al defender las adjudicaciones de los contratos para redactar proyectos del plan Confianza que han recaído en familiares de tres funcionarias de alto nivel. En la misma línea se expresó Loreto Serrano, concejal de Infraestructuras y responsable del programa de inversiones del Consell en el municipio. Serrano esgrimió la "elevada" carga de trabajo de los técnicos municipales para justificar estas adjudicaciones a profesionales externos a la corporación.
El primer edil Miguel Zaragoza señaló que el objetivo de su equipo de gobierno, tanto con las obras del plan Zapatero como las previstas en el programa homónimo del Consell, es "potenciar al máximo" la creación de empleo en el municipio, y con trato preferente a los parados autóctonos. "Así se lo hemos comunicado a todas las empresas adjudicatarias. Y, además, hemos tenido en cuenta no adjudicar todos los contratos a una misma firma", añadió. "En el caso de los contratos para la redacción de los proyectos del plan Confianza nos hemos limitado a atender a todos los profesionales que se han interesado, teniendo en cuenta los casos más necesitados. Por tanto, el tema familiar es circunstancial", subrayó el regidor. El alcalde resaltó, además, la legalidad de las adjudicaciones: "Se han hecho con transparencia y con todos los informes de los técnicos municipales a favor".
La concejal Serrano abundó en la tesis del alcalde. "Hemos atendido a todos los que han venido a ofrecerse y, además, les hemos advertido de que las adjudicaciones están pendientes de ser ratificadas por el Consell", explicó. "Todos tienen derecho a trabajar. ¿O es que por ser familiar de un funcionario se pierde ese derecho?", añadió.
La edil confirmó que con motivó del plan Zapatero, todos los proyectos fueron redactados por los técnicos municipales. "Entonces había menos trabajo, pero ahora el departamento está desbordado. Los técnicos están prácticamente absorbidos con los trabajos relacionados con el control e inspección de las obras del plan Zapatero", argumentó.
Serrano tampoco vio ilegalidad alguna en el hecho de que otros cuatro proyectos hayan sido adjudicados a dos arquitectos vinculados laboralmente con el Ayuntamiento, "su contrato es de obra y servicios", puntualizó.
(
www.elpais.com, 06/01/10)26. COMUNIDAD VALENCIANA. POR LA DIGNIDAD DE UN POETA
Hubo más gente fuera, en la protesta, que dentro en la presentación del poemario El canto del cisne del poeta, de Miguel Barcala. Los manifestantes, convocados por varios colectivos cívicos y asociaciones, criticaban la cobertura oficial del Ayuntamiento de Orihuela al acto de presentación de este libro que contiene ataques al presidente del Gobierno, llama "asesino" a Santiago Carrillo y alaba a algunos dirigentes del PP como Esperanza Aguirre, y que se presenta como un "homenaje a Miguel Hernández". Unas 300 personas, con una pancarta en la que se podía leer "Por la memoria, la dignidad y el compromiso por el pueblo", abuchearon al centenar corto de personas mayores con abrigos de pieles y trajes con corbata que entraron en el Auditorio Municipal de Orihuela. "Estamos cansados, nosotros hemos pedido salones para hacer actos y reuniones y el Ayuntamiento del PP siempre dice que están ocupados, y ahora para este libro que es de los suyos hacen hasta invitaciones", denunció Ángel Campillo, del Movimiento por la Tercera República.
A la presentación no acudió ningún concejal del PP en el Gobierno municipal, pese a que ellos convocaron el acto. Los manifestantes dejaron claro que respetan la libertad de expresión, que cada uno con su dinero puede publicar lo que considere, pero criticaron que se use el nombre del poeta Miguel Hernández, del que se celebra su centenario el próximo año. En la puerta del auditorio cantaron un Aguinaldo Oriolano en el que entonaban que "esta afrenta no la borra ni un decreto de la alcaldía" y "No denigre el centenario/ digamos con rebeldía/la concejala Ferrando/ a estudiar ortografía". El villancico acababa con la petición de dimisión de la alcaldesa, Mónica Lorente, por permitir que se use el nombre de Miguel Hernández de esta forma. Otras pancartas cargaban contra la concejal de Cultura, Josefa Ferrando, y algunas decían un escueto "Gran patada a la cultura". Dentro del auditorio, Barcala, acompañado de su hija, presentó su último poemario. "Es momento de retirarme y dejar paso a la gente joven", concluyó. Al final, un reducido número de jóvenes increparon al autor con gritos de "fascista".
(
www.elpais.com, 29/12/09)27. COMUNIDAD VALENCIANA. LAS VENTAJOSAS CONDICIONES DEL MODISTO DE LA ALCALDESA DE ORIHUELA
El Ayuntamiento de Orihuela, del PP, ha pagado las obras de reforma y acondicionamiento de un local alquilado por el modisto de la alcaldesa para impartir unos cursos municipales de formación. Julio Díaz Reina es un conocido diseñador de ropa. Su taller está en Bigastro, pero hace un año abrió una tienda en la calle del Alcázar de Toledo de Orihuela. Allí vende trajes de alta costura para fiestas, ceremonias y eventos, y entre sus clientas está la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP.
Díaz Reina es a su vez presidente de la recién constituida Asociación de Diseñadores de Alicante, que ha suscrito un convenio con el Ayuntamiento que preside Lorente para "el acondicionamiento de aulas de formación, impartición de cursos formativos y realización de colecciones de moda", que contempla una subvención máxima de 20.000 euros para el año 2009. Hasta aquí todo correcto.
Las dudas surgen al comprobar que hasta la fecha no se ha impartido ningún taller y que ese dinero, 18.000 euros consignados, ha sido para la "reforma y acondicionamiento" de un local comercial, que alquiló la asociación que preside el diseñador, precisamente junto su tienda. "Son locales independientes, al estar juntos podré atender mejor a los alumnos y será más cómodo", argumentó Díaz Reina. El diseñador insistió en que todo "es legal y se puede demostrar con facturas".
El taller, para unos 10 o 15 alumnos de la Escuela de Artes y Diseño, empezará cuando lleguen las máquinas de coser que tiene que suministrar la Generalitat. "Ojalá podamos empezar en 2010", admitió Díaz.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Antonia Moreno, se lamentó de que la alcaldesa "firme convenios que no cumple y sí paga", y exigió la dimisión de Lorente porque se han destinado 18.000 euros de los contribuyentes oriolanos "a un proyecto personal de la alcaldesa, tan vacío como su política de pasarela", dijo. La portavoz socialista aseguró que la dirección de la Escuela de Artes y Diseño no tiene constancia del convenio que supuestamente les beneficiará, aunque tuvieron un primer contacto hace un año y medio, pero desconocen condiciones de matrícula o plazos. "
Según fuentes municipales, el informe económico justifica el pago de 18.000 euros "como gastos de arrendamiento" del local, y no por obras. Sin embargo, el concejal de Comercio, Manuel Abadía, del PP, reiteró que se ha pagado por "habilitar las aulas para dar el curso, no hay ni un euro sin justificar". El edil del PP arremetió contra la portavoz socialista: "Desconocemos dónde se viste, y si apoya o no a los diseñadores locales", dijo Abadía, que añadió: "En este convenio alcaldía no interviene, es cosa mía".
Por su lado, el modisto consideró que está "en medio de una guerra política" y reconoció que en dos o tres ocasiones ha vestido a Lorente, que "ha pagado su factura a precio de tarifa". Pese a la polémica, Díaz Reina confesó: "Me gustaría vestirla con más frecuencia, con lo que luce esta alcaldesa".
(
www.elpais.com, 30/12/09)28. COMUNIDAD VALENCIANA. LA DISPUTA POR DE LA RÚA BLOQUEA LA ELECCIÓN DE ALTOS CARGOS JUDICIALES
El bloqueo en el Consejo del Poder Judicial en los nombramientos de altos cargos judiciales es total. Tanto que, si no cambian las cosas, propiciará que Juan Luis de la Rúa -uno de los tres jueces que decidió el archivo de la causa por cohecho impropio contra el presidente valenciano, Francisco Camps- siga previsiblemente como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al menos hasta el próximo verano.
Los vocales progresistas y conservadores del Consejo -que inevitablemente han de pactar para reunir los 13 votos mínimos que requieren las presidencias de los tribunales superiores y vacantes del Tribunal Supremo- han erigido la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su pieza más codiciada. Todo ello con las ascuas aún pendientes del caso Gürtel y la supuesta implicación en él del presidente Camps.
Ni conservadores ni progresistas parecen estar dispuestos a ceder Valencia. Ante este bloqueo, la estrategia que han adoptado ambos grupos es dejar pasar el tiempo, dado que en los próximos meses saldrán a concurso otras presidencias de tribunales superiores (las de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía) que les obligarán a decantarse. Y es que en Andalucía -comunidad donde desde siempre gobierna el PSOE- la presidencia del alto tribunal -ocupada ahora por Augusto Méndez de Lugo, que será relevado- es otra de las plazas más deseadas, sobre todo para los vocales progresistas.
Según fuentes del Consejo, es posible que sea en ese momento cuando conservadores y progresistas se vean forzados a repartirse ambas plazas. Si en Valencia gobierna el PP, en Andalucía lo hace el PSOE. Y, aparte de intereses políticos, es diáfano el interés del vocal progresista Manuel Torres Vela, según fuentes de su entorno, en que la plaza del tribunal andaluz sea para el actual presidente de la Audiencia de Cádiz, Lorenzo del Río. Su nombramiento contentaría, además, a la moderada Francisco de Vitoria, a la que pertenecen Torres Vela y Del Río.
En el pleno del Poder Judicial del pasado jueves debieron ser nombrados los presidentes de Valencia, Cataluña y País Vasco. No hubo forma de que se pusieran de acuerdo. Fuentes del Consejo se apresuraron a difundir que la negociación estaba rota y que se había aplazado hasta enero. Aun así, en ambos sectores del CGPJ se descarta la posibilidad de un pacto en enero, al menos en Valencia.
Pero sí es posible que a comienzos de año haya acuerdos para la presidencia del País Vasco, donde todos dan por segura la no renovación del juez conservador Fernando Ruiz Piñeiro y su sustitución por el presidente de la Audiencia de Álava Jaime Tapia, apoyado por la vocal Margarita Uría. Afín al PNV, Uría suele sumar su voto al de los progresistas en las decisiones del Consejo y éstos se ven impulsados a devolver favores.
También hay consenso para revalidar en la presidencia del Tribunal Superior de Cataluña a Maria Eugènia Alegret, de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura. Pero la plaza del Tribunal Superior de Valencia, cuyo presidente, De la Rúa, está en funciones desde junio tras diez años en el cargo, quedará en el aire hasta el verano.
Ambos grupos juegan con que pronto tendrán sobre el tapete, para ser cubiertas, otras vacantes de altos cargos judiciales importantes. Por ejemplo, las presidencias de los tribunales superiores de las dos Castillas, así como tres vacantes en el Tribunal Supremo: una de jurista en la Sala Penal del Supremo, la que deja el presidente de la Sala de lo Contencioso -que resuelve los pleitos entre ciudadanos y la Administración- y otra en la Sala Civil.
Los conservadores no tienen inconveniente en apoyar al candidato de los progresistas a la vacante de la Sala de lo Penal, el catedrático Gonzalo Quintero, si, a cambio, éstos les apoyan para situar a Juan José Lesmes, ex alto cargo del PP en Justicia, para la plaza que quede vacante en la Sala de lo Contencioso.
En todo caso, la idea de conservadores y progresistas, que tienen nueve votos cada uno, es resistir y ceder para luego pedir la compensación de Valencia como algo inevitable. El grupo progresista ha puesto los ojos para esta comunidad en la magistrada María Mercedes Boronat. Y es que no se desvanece la sombra del caso Gürtel ni de las investigaciones judiciales que pesan sobre el presidente de la Diputación y número uno del PP en Castellón, Carlos Fabra.
Todo indica que De la Rúa, si no se abstiene, aún podrá meter mucha baza en la parte del caso Gürtel que afecta al presidente valenciano, Francisco Camps, que el propio De la Rúa archivó y que está pendiente de un recurso de la Fiscalía Anticorrupción ante el Tribunal Supremo. Camps se jactó en público de la íntima amistad que le unía a De la Rúa, quien luego aseguró ante el Poder Judicial que esa amistad sólo es "institucional".
La intención del Supremo es resolver el recurso en los primeros meses de 2010. Si lo estimase, la vertiente valenciana del caso Gürtel volvería a las manos del Tribunal Superior de Justicia de Valencia con De la Rúa aún como presidente. Pero es que, además, el TSJV estudia en este momento una querella de los socialistas de Valencia contra Camps y otros altos cargos del PP de Valencia por supuesta financiación ilegal del partido con la mediación de la trama Gürtel a través de Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.
De la Rúa fue excluido de la terna para presidir este tribunal, pero días después los vocales Antonio Dorado, Fernando de Rosa y Manuel Almenar -todos ellos nombrados a propuesta del PP- pidieron al pleno de este órgano que incluyera a De la Rúa en la lista de candidatos. Los aspirantes a presidentes de tribunales superiores y a magistrados del Supremo deben obtener un mínimo de 13 votos para resultar elegidos.
(
www.elpais.com, 28/12/09)29. CASTILLA Y LEÓN: LA JUNTA APRUEBA POR TERCERA VEZ EL ESQUÍ EN UNA ZONA PROTEGIDA
La Junta de Castilla y León sacó a exposición pública la norma que ordena el urbanismo en 50 pueblos de la cordillera en León y Palencia y que, sobre todo, avala la construcción de la estación de esquí de San Glorio, en un espacio protegido. Éste es el tercer intento de la Junta por impulsar la estación. El primero lo anularon los tribunales por defectos de forma y el segundo lo abortó la comunidad el pasado mayo cuando EL PAÍS desveló que el informe para construir la estación y que costó 165.420 euros estaba fusilado de webs como El rincón del vago.
La comunidad explica que el nuevo planeamiento viene a "subsanar deficiencias observadas en el documento" previo, en alusión al plagio.
Las nuevas Directrices de Ordenación de la Montaña Cantábrica Central no mencionan directamente el proyecto de San Glorio pero sí especifica que "se incluirá el esquí alpino como actividad autorizable en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Montaña Palentina", un parque natural con una de las dos poblaciones de oso pardo.
El Tribunal Superior de Castilla y León anuló en 2008 esa reforma porque se hizo sin ningún informe científico y esgrimió que los informes científicos consideran inviable el esquí en esa zona por el calentamiento. Pero la Junta, del PP, ha hecho del proyecto una bandera. El documento afirma que el esquí tiene "gran capacidad de generar actividad económica y empleo" siempre que haya "una significativa oferta de alojamiento".
(
www.elpais.com, 30/12/09)30. CASTILLA-LA MANCHA. LA RESERVA ESTRATÉGICA DE AGUA DEFENDIDA POR COSPEDAL PARA CASTILLA-LA MANCHA DIVIDE AL PP
El trasvase Tajo-Segura ha provocado nuevas fisuras en el PP, cuya cúpula intenta imponer un criterio uniforme a las diversas comunidades autónomas afectadas por el mismo. Mientras la secretaria general del PP y presidenta de este partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha reivindicado que su región "también tenga derecho a enriquecerse y a crecer con el agua que pasa por su territorio", los populares valencianos han anunciado que votarán en contra del Estatuto manchego si éste contempla una reserva estratégica de agua del trasvase. Ello a pesar del llamamiento hecho por el también diputado valenciano y vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, para obedecer las pautas marcadas por Cospedal. El agua también divide a los conservadores.
Este fin de semana González Pons señaló a Cospedal, que está negociando el Estatuto de Autonomía castellano-manchego en el que se define el trasvase, como quien marcaría las directrices del partido sobre la reserva del agua.
Pero los populares de Valencia no han tardado en dar un golpe encima de la mesa para reivindicar su derecho a boicotear el estatuto, muy a pesar de secretaria general y vicesecretario de Comunicación. Hoy mismo, Antonio Clemente, secretario general del PP en la Comunitat Valenciana, ha afirmado que los diputados y senadores de su partido votarán contra la normativa de Castilla-La Mancha si esta contempla una reserva estratégica de agua de 6.000 hecy6ómetyros cúbicos del trasvase. Si este extremo se planteara, ha dicho, "los diputados nacionales votarían que no a esa propuesta"
Según el secretario general valenciano, una reserva de tales condicione "sería tanto como el fin del trasvase Tajo-Segura", y en su grupo "tienen absolutamente claro que para la Comunitat Valenciana el agua es vida" y algo "fundamental". En su opinión, el PP siempre ha defendido y así está en su programa electoral "la solidaridad hídrica". Los socialistas valencianos, por su parte, han venido evidenciando que "las versiones de Camps, González Pons y Cotino son contradictorias", y han pedido a los populares una defensa de la región por encima de intereses partidistas.
(
www.elplural.com, 07/01/10)31. REGIÓN DE MURCIA. LA CONSEJERA DE SANIDAD SE CONSTRUYÓ EN LAS LOMAS UNA PISCINA CUBIERTA CON JACUZZI Y UNA EDIFICACIÓN
La Consejera de Sanidad, Mari Ángeles Palacios y su cónyuge, en relación de gananciales según obra en una nota informativa del Registro de la propiedad Num. 1 de Cartagena, adquirieron "un trozo de tierra de secano, en el paraje Lo Enjuto, diputación de El Albujón, en Cartagena. De cabida treinta y nueve áreas, cincuenta y cuatro centiareas, dentro de cuyo perímetro se comprende una casa de planta baja tejada, y en parte, terrada, distribuida en varias dependencias, cuadras, pajera y patios, en estado de ruina , y midiendo lo edificado 323 metros cuadrados".
Como ya hemos dicho la vivienda y la parcela fue adquirida por la consejera y por su conyuge, José Miguel Rodríguez, en régimen de gananciales. Según la referida nota simple, la escritura es de fecha 13 de Julio de 1989. Fuentes municipales vinculan al esposo de la consejera con la Junta Vecinal de la zona.
La casa, a tenor de lo que señala la nota del Registro, fue arreglada antes del año 2007, como puede verse en una de las fotos aéreas que ilustran esta información. Lo cierto es que entre esa imagen y la del 2009 –a lo largo de 2008- el matrimonio se hizo construir una gran piscina cubierta, con jacuzzi y una construcción de obra anexa. La cubierta, de grandes proporciones se haya bien anclada al suelo, conformando un entorno que, ciertamente, nada tiene que ver ‘prima facie’ con el supuesto uso agrícola que deben tener todas las construcciones –a parte de la vivienda- que se hayan hecho en esa parcela.
El planeamiento general de Cartagena, en este momento, se encuentra en revisión, según informa en un informe un arquitecto "dicha revisión se aprobó inicialmente por acuerdo plenario con fecha de 9 de Octubre de 2008, estando vigentes en la actualidad el Plan General Municipal de Ordenación de 1987 (PGMOU 87) y la revisión del mismos de 2008 anteriormente citada, siendo de aplicación las determinaciones de la norma más restrictivas de ambos, es decir, si se solicitase en este momento certificado sobre la posibilidad de realizar obras en la parcela, los servicios técnicos municipales se pronunciarían determinando que serían de aplicación los parámetros de la norma urbanística que se contemplan en el PGOU de 1987 y los que se recogen en la aprobación inicial de la revisión del mismo de 2008; siendo de aplicación lo más restrictivo de ambos en los parámetros en que se contradigan".
El mismo informe indica que "no puede ser de otra manera pues un pronunciamiento en otro sentido no es posible, pues no tendría valor la aprobación inicial de la Revisión del Plan General de 2008 y se generaría inseguridad jurídica".
Según informan fuentes del propio Ayuntamiento y el informe ya mencionado, el PGMOU de 1987 clasifica la parcela donde se ubican las construcciones (piscina y jacuzzi cubiertos, construcción de obra anexa, etc…) como suelo no urbanizable y su calificación es la de terrenos agrícolas de cultivo tradicional (NUA).
En la revisión del Plan General de 2008 se clasifica la parcela "como suelo no urbanizable protegido por el planeamiento y su calificación es la de protegido de nuevos regadíos: SNUP".
De existir la concesión de licencia por parte del Ayuntamiento, deben haberse cumplido unas reglas determinadas por la norma, proyecto, memoria, etc…Tiene que haber una solicitud de licencia para la construcción del vaso de la piscina bajo rasante y para la cubrición de ésta, pero "de lo que se observan en las imágenes –según los informes y los técnicos consultados- parece que se han realizado obras que no son coherentes con lo permitido en la normativa municipal". Fuentes del Colegio de Arquitectos indican que una piscina de esas dimensiones y con este tipo de cubrimiento requiere de un proyecto, desde el mismo momento en que se van a producir los movimientos de tierra.
La construcción de la envolvente de acero y cristal que cubre el vaso de la piscina, a juicio de los técnicos, genera volumen con edificabilidad. Las fuentes consultadas indican que técnicamente es de muy difícil justificación que hayan podido otorgar los técnicos municipales y tramitar administrativamente el cubrimiento, que tiene el volumen de una pequeña nave industrial, con cimentación anclada al suelo, que debió hacerse cálculos a viento y sismo.
En cualquier caso todos los técnicos consultados, cuando se les ha planteado si es legalizable una construcción así han coincidido en –a su vez- en plantearse si lo que puede verse en la foto puede considerarse una pequeña construcción fija para captaciones de agua, o una instalación de protección de cultivos o un embalse o depósito y todos coinciden en señalar que lo que se ve es una instalación orientada a actividades lúdicas y de descanso, pero no de uso agrícola, compuesta de piscina, jacuzzi y un gran cubrimiento que llama poderosamente la atención.
(
www.vegamediapress.com, 08/01/10)32. REGIÓN DE MURCIA. EL JUEZ INSTRUCTOR DEL CASO LA ZERRICHERA, TRASLADADO AL JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO 6 DE MURCIA
Preocupación en los medios jurídicos y políticos de la Región de Murcia. El juez instructor del caso La Zerrichera, en el que están implicados un importante número de altos cargos del PP, empresarios y funcionarios, ha sido nombrado para el Juzgado de lo Penal número 6 de Murcia, de nueva creación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Antonio Alcázar era el titular del Juzgado número 3 de Instrucción de Murcia.
Este lamentable traslado, no sabemos si a petición del juez interesado, tiene un profundo calado que ha impactado en medios jurídicos y políticos de la Región murciana. La teoría, que ya es una realidad, demuestra que los hechos son tozudos y que el ejercicio de la Justicia tiene muchas complicaciones, abonando la idea de que "aquí en Murcia no pasa nada".
La noticia, recibida con perplejidad, raya en el asombro más absoluto y crea preocupación y alarma en la sociedad. El traslado, voluntario o no del juez Alcázar, parece como mínimo, inoportuno y oportunista. Habrá que seguir los acontecimientos con cierta prudencia y observar si el caso de la Zerrichera se eterniza y algunos de los presuntos delitos quedan prescritos.
En fin, un galimatías que naturalmente no se entiende. Además, Francisco Navarro Campillo, hasta ahora magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Lorca, pasa al Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, de nueva creación.
José Guillermo Nogales Cejudo, magistrado de Primera Instancia número 2 de Cartagena, pasa al Juzgado de Primera Instancia número 13 de Murcia, recientemente creado.
Por su parte, Juan Antonio Hurtado Martínez, que hasta ahora estaba destinado en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ocupará la nueva plaza creada en la Sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia.
(
www.vegamediapress.com, 08/01/10)33. ISLAS BALEARES. MATAS LAMENTA VER AFECTADA DE NUEVO SU IMAGEN EN REGISTRO PROPIO DE UN "CAPO"
Rafael Perera, abogado del ex presidente de Baleares Jaume Matas, ha lamentado hoy en su nombre que el registro judicial practicado en Nochebuena en su casa palacio de Palma haya quebrantado su imagen pública. Para Perera, el registro que efectuó la Guardia civil durante más de dos horas en la vivienda de Matas, imputado por presunta corrupción en el caso Palma Arena -el velódromo que pasó de un presupuesto inicial de 41 millones a 110- y la compra y decoración de este palacio, fue propio de un "terrorista" o un "capo".
"Si se investigase a un terrorista o a un capo del tráfico de drogas no se usarían recursos más contundentes y rigurosos que los que se utilizaron, la pasada Nochebuena, en el nuevo registro judicial practicado en la vivienda del ex presidente Jaume Matas", dice inicialmente el comunicado del letrado.
Según distintas fuentes, el registro, dirigido por la fiscalía anticorrupción y encargado por el juez del caso Palma Arena, José Castro, ha estado encaminado a la búsqueda de alguna caja de seguridad oculta en la vivienda, que los agentes no encontraron durante el primer registro, el pasado 6 de noviembre. En aquella ocasión, el abogado de Matas, afirmó: "No os preocupéis en buscar cajas de seguridad porque no las hay". El mismo letrado ha confirmado ahora que no han encontrado dicha caja en este segundo registro, después de haber revuelto los muebles con detectores de metales.
La fiscalía, que ha acumulado suficientes indicios para acusar al ex presidente balear de un supuesto delito de cohecho, sospechaba que la casa oculta una caja de caudales. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach creen que en ella se guardó dinero en efectivo, con el que supuestamente la esposa de Matas, Maite Areal, compró un reloj Cartier, un Rolex, obras, muebles y cortinas, según ha documentado la Guardia Civil, que cifra el importe de las adquisiciones en unos 70.000 euros, gastados en cuatro meses.
Matas, que actualmente reside en Estados Unidos, está citado para declarar como imputado en el caso Palma Arena el 23 de marzo de 2010. La Justicia investiga su última etapa como presidente de Baleares, que está enturbiada por escándalos de corrupción. Cuatro ex altos cargos del PP han sido condenados a penas de cárcel mientras que 15 políticos baleares fueron detenidos de 2007. Más de una docena de dirigentes y ejecutivos gubernamentales (entre ellos dos consejeros) se hallan imputados.
www.elpais.es
25.12.0934. ISLAS BALEARES. REGISTRADO EL PALACETE DE JAUME MATAS EN BUSCA DE UNA CAJA FUERTE
La Guardia Civil y una comisión judicial, acompañada por Rafael Pereda, abogado de Jaume Matas, registraron en la tarde del día de Nochebuena el palacete del ex presidente balear en el centro de Palma de Mallorca. La operación, que comenzó a las 18.00 y concluyó a las 21.00, tenía como objetivo localizar una caja fuerte supuestamente oculta en el inmueble, que no fue hallada. Matas, según su abogado, se ha sentido tratado como "un capo o un terrorista".
El letrado Pereda, para evitar el derribo de la puerta, franqueó el acceso a la lujosa vivienda de la calle Sant Feliu, de 625 metros cuadrados, que está en el centro de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del ex líder del PP en las islas. La comisión judicial contó con la presencia del juez del caso, José Castro, y con el fiscal Pedro Horrach.
Pereda, al término del registro, aseguró que los agentes utilizaron incluso detectores de metales para buscar una caja fuerte "inexistente". Las fuentes aseguran que los agentes revisaron prácticamente todas las paredes del palacete. El abogado explicó que al registro acudió un carpintero para desmontar los armarios de la casa, "vaciando previamente todos sus cajones y estanterías con el consiguiente manseo, sin guantes, de ropa y efectos muy personales, buscando trampillas o dobles fondos".
El letrado de Jaume Matas, quien reside en Estados Unidos y no se encontraba en la vivienda, mostró su indignación por el registro y consideró "algo inconcebible" que se ordenase la entrada en el palacete para el día de Nochebuena. La vivienda fue adquirida por el ex presidente balear junto a su esposa, Maite Areal, por cerca de un millón de euros, aunque la Agencia Tributaria le adjudica un valor de cerca de tres millones. Durante las últimas semanas, una decena de proveedores para las obras de restauración y la decoración de la casa han confesado que cobraron en dinero negro unos 200.000 euros por sus trabajos.
Éste es el segundo registro del palacete dentro de la llamada operación Buckingham. El 6 de noviembre, los agentes también entraron en ella para buscar la caja fuerte, cuya existencia Matas negó ese día, algo que para el juez generó "sospechas delictivas muy difíciles de justificar", frase que, según Pereda, reza en el auto del registro de .
La investigación sobre este asunto de supuesto enriquecimiento ilícito ya fue archivada por orden de la Fiscalía General del Estado al no encontrarse ningún indicio delictivo, pero fue reabierta por el juez Castro en el curso de la pesquisa sobre el caso Palma Arena, el velódromo cuyo coste se disparó hasta 110 millones, en lugar de los 48 inicialmente presupuestados. Matas y su esposa están citados a declarar por este caso el 23 de marzo.
(
www.elpais.com, 26/12/09)35. ISLAS BALEARES. LA MUJER DE MATAS PAGÓ 31.000 EUROS EN METÁLICO EN LUJOS
La Guardia Civil ha denunciado al juez que investiga el patrimonio personal del ex presidente de Baleares Jaume Matas nuevos gastos particulares en efectivo y sin facturas «en artículos de lujo» por parte de su esposa, Maite Areal.
En esta ocasión, y tras haberse acreditado ante el juzgado que la esposa del ex presidente desembolsó más de 60.000 euros en joyas y relojes pagados con dinero en metálico «de procedencia desconocida» entre 2004 y 2007, los agentes de la Unidad de la Policía Judicial de Patrimonio del Instituto Armado desgranan en su informe más reciente otros 31.000 euros abonados «en efectivo» en diversas tiendas de Palma.
Es parte del resultado de las pesquisas puestas en marcha hace ahora un año, cuando diversos agentes de paisano del Instituto Armado recorrieron las tiendas más exclusivas de la capital insular exhibiendo una fotografía de Areal y preguntando a los encargados de los comercios cuánto había gastado aquella mujer y, principalmente, cómo había realizado los pagos.
Un informe presentado recientemente al juzgado que investiga la causa, atribuye a Areal el gasto de entre 15.000 y 20.000 euros en «servicios de mesa y decoración» en la tienda Decoració Born. «Siempre en metálico», apostilla.
El citado informe cifra en más de 10.000 euros las «numerosas» compras supuestamente realizadas por Areal en la conocida tienda Corner. Allí, especifica, «la reconocen como clienta de sus tiendas, pagando habitualmente en efectivo, sin factura ni albarán». Aunque matiza que, «si bien en primera instancia reconocen numerosas ventas, posiblemente superiores a los 10.000 euros, al serles requeridas formalmente [esas ventas] rehúsan reconocer las mismas», sin haberlas detallado.
Por último, los investigadores afirman que, según los testimonios recabados, Areal era «clienta, en especial en vacaciones y rebajas», de la tienda Kling Boutique, donde «siempre pagaba en efectivo sin pedir facturas». Concretamente, detallan que pagó allí «unas botas por valor de casi 1.000 euros».
Esta exhaustividad con que la Guardia Civil, el juez y la Fiscalía Anticorrupción han rastreado las compras en efectivo del matrimonio Matas-Areal se suma a la investigación desarrollada para determinar cuánto dinero gastaron con esta misma fórmula en la millonaria reforma de su piso de más de 450 metros cuadrados, coloquialmente conocido como el palacete.
No en vano, más de media docena de industriales que trabajaron en la rehabilitación del inmueble han asegurado como testigos ante el juez Castro que percibieron sumas por valor de más de 300.000 euros en total en efectivo y sin facturas declaradas. Es decir, en negro, como se conoce al dinero fiscalmente opaco. El último informe presentado por la Guardia Civil sostiene en su conclusión que, «a expensas de las comprobaciones pendientes, no cabe la menor duda del sustancial incremento patrimonial injustificado de Jaume Matas y su familia». De momento, Matas no ha tenido oportunidad de defenderse ante el juez que le investiga, que tiene «vehementes sospechas» de la comisión de nueve graves delitos -entre ellos, delito fiscal-. Está citado junto a su mujer como imputado para el próximo 23 de marzo.
(www.
elmundo.es, 06/01/10)36. ISLAS BALEARES. EL EX ALCALDE DE ANDRATX Y UN EX DIRECTOR GENERAL ENTRAN EN PRISIÓN
"La comunidad de ciudadanos es víctima de los despropósitos urbanísticos". Con este tono, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia por un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio cometidos por los dos principales protagonistas políticos del caso Andratx, ambos del PP: el ex alcalde de la localidad Eugenio Hidalgo y Jaume Massot, que fue responsable local de Urbanismo del municipio y luego director general de Ordenación del Territorio en el Gobierno de Jaume Matas. Hidalgo y Massot fueron encarcelados de inmediato en la prisión de Palma al ser firme la condena; Hidalgo deberá cumplir cuatro años de cárcel; Massot, tres y medio.
El caso Andratx es desde 2006 ejemplo de los escándalos por urbanismo salvaje y corrupción urbanística en la costa. La sentencia se centra en el chalé que se construyó en 2002 el alcalde en un terreno protegido intentando que pasara por almacén agrícola. Massot, recién ascendido al Gobierno balear, cooperó con la ilegalidad de la obra de su amigo.
Los dos ex cargos públicos estaban hasta en libertad bajo fianza tras anteriores ingresos preventivos en la cárcel. Tienen recurridas otras condenas por otro caso de obra con licencia ilegal ya juzgado entre las decenas de causas del caso Andratx, que impulsan los fiscales Juan Carrau y Pedo Horrach.
El asesor jurídico del Ayuntamiento de Andratx, Ignacio Mir, ve confirmada su pena de un año de cárcel, mientras que el celador Jaume Gibert recibe sólo una pena de cuatro meses gracias a la atenuante de colaboración con la justicia.
En Andratx existía "sensación de impunidad", según subrayó en la primera sentencia la Audiencia de Palma. El hecho fue denunciado por un policía local y dos concejales de la oposición.
Hidalgo, ex guardia civil y ex líder de un partido local bisagra, a la vez que fue alcalde actuó como promotor inmobiliario en el municipio; hacía negocios con solares y obras con el celador y el asesor jurídico y, en este caso sentenciado, contaba con la mirada cómplice del jefe de urbanismo.
Los jueces del Supremo aseguran que el edil "se aprovechó dolosamente de su condición de alcalde para ejecutar el delito". "Sirviéndose en su propio interés", añaden, "del cargo que los ciudadanos le habían encomendado, en vez de servir a él". Massot, por su parte, "informó favorablemente de manera injusta, por sus conscientes arbitrariedades, en el procedimiento urbanístico, con vulneración de las correspondientes normas".
Después de una colosal burbuja inmobiliaria que ha dejado cientos de cargos públicos implicados en casos de corrupción urbanística, el Tribunal Supremo ha constatado "la desastrosa situación a la que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística". En una sentencia en la que confirma las condenas a los responsables del escándalo de Andratx, en Mallorca, el tribunal justifica que, "ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al derecho penal" para perseguir los escándalos urbanísticos con más eficacia.
El fallo, del que ha sido ponente Siro García, afirma que "la comunidad de ciudadanos es víctima de los despropósitos urbanísticos y que la administración urbanística también experimenta las consecuencias de las infracciones en materia de ordenación del territorio". El tribunal replica así al recurso del ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, del PP, que alegó que construir en terreno agrícola podría merecer una sanción administrativa, pero no era tan grave como para recibir una sanción penal.
Carlos González Antón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León y experto en derecho ambiental, afirma que "es una sentencia muy importante". "En muchos casos, los jueces consideran que el Derecho Penal es la última herramienta y que en infracciones urbanísticas basta con ir por la vía administrativa", generalmente con penas más leves y mucho más lenta. González Antón explica que la sentencia deja claro que "ante la inoperancia de las Administraciones encargadas de perseguir las infracciones urbanísticas, el Derecho Penal y sus jueces deben intervenir directamente".
El jurista añade que del fallo se desprende que "no se puede reservar para el Derecho Penal sólo las infracciones urbanísticas muy graves, sino también para supuestos como el enjuiciado, la construcción de una vivienda donde se podría ampliar un almacén agrícola. Desde el punto de vista de protección del paisaje, es una sentencia que marca un hito, pues establece que una sola edificación puede suponer un atentado grave al paisaje".
El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, también aplaudió el fallo: "La UE, en su directiva sobre protección del medioambiente mediante el Derecho Penal, ya reconoció que la vía administrativa era insuficiente. El Supremo está empujando para que la legislación existente adquiera relevancia y eficacia".
Aunque la Constitución ya estableció que la protección del medioambiente debía contar con sanciones penales, la realidad es que éstas han sido la excepción. La sentencia del Supremo llega después de años en los que se ha intensificado la lucha contra la corrupción urbanística. Entre 2000 y 2006, el suelo urbanizado en los dos primeros kilómetros de costa subió un 21,85%.
En 2006, el Gobierno creó la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo que encabeza Vercher y una unidad especializada de la Guardia Civil contra la corrupción. Desde entonces, cada provincia cuenta con un fiscal especializado y las condenas por delito ecológico crecieron en 2008 un 22%.
El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria destaca que "el fallo es muy claro, pero llega tarde": "Es una llamada de atención a los poderes públicos y es ilustrativo del grado de impunidad en el que se encuentran las infracciones urbanísticas". Fernando Jiménez, profesor de Derecho Político de la Universidad de Murcia, insiste en que la clave debe ser "matizar o limitar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos".
Villoria, colaborador de la ONG Transparencia Internacional, se muestra, sin embargo, escéptico: "Los jueces apenas dan medidas cautelares para paralizar obras denunciadas y no hay demoliciones. ¿Qué va a pasar con todos los hoteles ilegales de Lanzarote o con el del Algarrobico [en Almería]?".
- La Constitución establece que "los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente". Y añade: "Para quienes violen el apartado anterior [...] se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado".
- El Supremo falla ahora que "la desastrosa situación a que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajista, justifica que, ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al Derecho Penal".
- El Tribunal señala que "la comunidad de ciudadanos es víctima de los despropósitos urbanísticos y que la administración urbanística también experimenta las consecuencias de las infracciones en materia de ordenación del territorio".
www.elpais.es
29.12.0937. ISLAS BALEARES. EL TSJIB ASUME LAS INVESTIGACIONES DEL ´CASO SCALA´
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha notificado hoy Juzgado de Instrucción nº4 de Palma que acepta la competencia para conocer las diligencias previas del llamado "caso Scala" de presunta corrupción, en el que está imputado el diputado del PP, Josep Joan Cardona.
El TSJIB asume así la causa en lo relativo a Cardona quien, como diputado en el Parlament balear, tiene la condición de aforado, y ha solicitado al Juzgado que le envíe las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento, según ha informado el tribunal en un comunicado.La Sala ha designado ponente de la causa al magistrado de la Sala Civil y Penal Francisco Javier Muñoz Jiménez.
Como instructora había sido designada inicialmente la magistrada Felisa Vidal Mercadal, que propuso a la sala su abstención, por considerar que concurren en su persona motivos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que fue abogada del Estado de la comunidad autónoma en la pasada legislatura, cuando Cardona era consellera de Comercio, Industria y Energía del Govern.La Sala Civil y Penal ha aprobado la abstención propuesta por Vidal y ha designado instructor al magistrado de dicha sala Antonio Capó Delgado.
Cardona, imputado por presunta corrupción en el funcionamiento del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) en la pasada legislatura, cuando era el conseller responsable de dicho organismo, había solicitado declarar ante el TSJIB en vez de ante el juez de instrucción, acogiéndose a su condición de aforado.
La causa investiga un caso de presunta corrupción durante la pasada legislatura, en el que se habrían inyectado fondos mediante transferencias y otros sistemas en el Consorcio público para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB), que en realidad habrían sido empleados para beneficio propio.
Entre los imputados en la causa se encuentran el ex conseller y actual diputado del PP en el Parlament balear, así como el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene; y la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas.
En dicha causa, el 15 de julio de 2009, Felipe Ferré, ex concejal de Lloseta (PP) e imputado en el caso, aseguró que el ex presidente del Govern Jaume Matas conocía la supuesta trama, acusación ante la cual Matas ha anunciado que adoptará medidas judiciales.(
www.diariodemallorca.es, 08/01/10)
