ÍNDICE

1. EL PP RECULA : NO HABRÁ MOCIÓN DE CENSURA

2. EL CONTRATO DE RAJOY: TRABAJAR SEIS AÑOS PARA TENER DERECHO A 33 DÍAS DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

3. RAJOY, MUY COMPRENSIVO CON AGUIRRE: "NO HAY QUIEN RESISTA LA PUBLICACIÓN DE SUS CONVERSACIONES PRIVADAS"

4. EL PP YA FILTRA CRÍTICAS A ARRIOLA POR LA ESTRATEGIA DE "BRAZOS CRUZADOS"

5. LOS BASTIONES DEL PP PINCHAN CONTRA EL PARO

6. LA TRAMA GÜRTEL SUMA CINCO IMPUTADOS MÁS EN EEUU

7. "DECIR CORREA ERA DECIR JOSÉ MARÍA AZNAR"

8. EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA LA FRUSTRADA MEDALLA A AZNAR

9. ANA PALACIO NO TIENE SUFICIENTE: "EL PP TIENE UN PERFIL BAJÍSIMO"

10. COSTA Y COBO CONFÍAN EN QUE EL PP LES REBAJE LA SANCIÓN PROPUESTA

11. PAÍS VASCO. EL PP VASCO RETA OTRA VEZ A RAJOY Y APOYA EL BLINDAJE

12. GALICIA. LA DIPUTACIÓN DE LUGO CERRARÁ LA POLÉMICA FUNDACIÓN AMBIENTAL QUE CREÓ CACHARRO

13. GALICIA. QUERELLA CONTRA EL ALCALDE DE ROIS POR ACOSO

14. ANDALUCÍA. DE LA TORRE APOYA A LA DELEGADA QUE IGNORÓ SUS INCOMPATIBILIDADES

15. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP VETA QUE LA CÁMARA DE CUENTAS FISCALICE CONTRATOS DE LA RED GÜRTEL

16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ANTEPONE "DAR" TRABAJO A "PAGAR" POR DESEMPEÑARLO

17. COMUNIDAD DE MADRID. IGNACIO GONZÁLEZ ACUSA DE "ACTITUD MISERABLE" A UN DIPUTADO DE IU

18. COMUNIDAD DE MADRID. GÜEMES DENUNCIA QUE COBO TAMBIÉN ACUSÓ "A LOS RATISTAS" DE "PRÁCTICAS SIMILARES" A LA GESTAPILLO DE AGUIRRE

19. COMUNIDAD DE MADRID. DECLARACIÓN DE MANUEL COBO ANTE LA JUEZ: "DETERMINADAS PERSONAS PUEDEN TENER CIERTO INTERÉS EN LO QUE HAGO O NO HAGO"

20. COMUNIDAD DE MADRID. LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA ALCANZA SU MÁXIMO HISTÓRICO

21. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE CHOCA CON LA JUSTICIA

22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RECORTA LA AYUDA A PROGRAMAS DE IGUALDAD

23. COMUNIDAD DE MADRID. LA CAM ELIMINA LAS AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL SIDA

24. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS SOCIALISTAS ALEGAN QUE HAY PRUEBAS PARA INVESTIGAR A CAMPS

25. COMUNIDAD VALENCIANA. COSTA PACTA CON GÉNOVA SU REHABILITACIÓN POLÍTICA A CAMBIO DE NO RECURRIR LOS CARGOS

26. COMUNIDAD VALENCIANA. MÁS CONCIERTOS PARA LOS CENTROS DE MAYORES VINCULADOS A SEDESA

27. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS DESVÍA 300.000 EUROS A UNA FUNDACIÓN ´FANTASMA´ DEL CONSELL QUE SÓLO PAGA SUELDOS

28. COMUNIDAD VALENCIANA. RIPOLL ACUSA AL CAMPISMO DE SER SECTARIO EN LAS SANCIONES

29. COMUNIDAD VALENCIANA. XÀBIA ADJUDICÓ UN PAI A UNA FIRMA DEL ALCALDE DEL PP DURANTE 2005

30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL EDIL DE CULTURA DE ALICANTE COBRA DE UN ÓRGANO QUE LE ASESORA

31. COMUNIDAD VALENCIANA. EL VICE FABRA SIGUE LOS PASOS DE SU MENTOR Y REGISTRA 72 PADRONES IRREGULARES EN SU MUNICIPIO

32. COMUNIDAD VALENCIANA. LA SECRETARIA DECLARÓ ILEGALES LOS CONTRATOS DE SANTA POLA

33. CASTILLA Y LEÓN: UN ALCALDE DEL PP USA A SU FAMILIA PARA DECORAR LA ERMITA DEL PUEBLO

34. CASTILLA Y LEÓN: "SOY EL ALCALDE DE GUIJUELO Y HAGO LO QUE ME SALE DE LOS COJONES"

35. CASTILLA Y LEÓN Y LA RIOJA: ACORRALAN A BASAGOITI POR EL BLINDAJE DEL CONCIERTO

36. CASTILLA-LA MANCHA: COSPEDAL PIDE A BARREDA REDUCIR ALTOS CARGOS, PERO NO A SUS COMPAÑEROS AGUIRRE, CAMPS Y HERRERA

37. REGIÓN DE MURCIA. VALCÁRCEL INSISTE EN EL VOTO NEGATIVO DE SUS DIPUTADOS AL ESTATUTO CASTELLANO-MANCHEGO

38. REGIÓN DE MURCIA. EL PSOE DENUNCIA QUE EL DESPILFARRO DE TERRA NATURA COSTARÁ A LOS MURCIANOS 130 MILLONES DE EUROS

39. REGIÓN DE MURCIA. EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA PAGARÁ 12.000 EUROS AL DÍA POR FACTURAS PENDIENTES DE PAGO"

40. ISLAS BALEARES. EL PP BALEAR ESTUDIA PACTAR CON UM EN TODAS LAS INSTITUCIONES

41. ISLAS BALEARES. EL FISCAL ENCUENTRA UN INFORME QUE PROBARÍA EL AMAÑO DEL PALMA ARENA

42. ISLAS BALEARES. LOS TELEVISORES DEL ´PALACETE´ SE PAGARON CON BILLETES DE 500 EUROS

43. ISLAS BALEARES. INVESTIGAN SI CULTURA TAMBIÉN DESVIÓ FONDOS A LA FUNDACIÓN DE GABRIEL CAÑELLAS

44. ISLAS BALEARES. EL JUEZ IMPUTA AL PORTAVOZ DEL PP EN ANDRATX POR EL 'CASO TORRE SANT TELM'

45. ISLAS BALEARES. EL FISCAL PIDE ELEVAR LA PENA A DE SANTOS PORQUE ´SE GASTÓ EL DINERO EN SEXO´

46. LA RIOJA. PEDRO SANZ, ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

1. EL PP RECULA: NO HABRÁ MOCIÓN DE CENSURA

El PP explota el filón de la tensión sostenida para desequilibrar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque sea a costa de alentar debates en los que no cree. El jueves pasado, la secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, lanzaba el globo sonda de que el PP buscaría los apoyos para presentar una moción de censura. Hoy toca la de arena: se desmiente a sí misma. No habrá moción contra Zapatero, por el momento.

Sea por falta de apoyos entre el resto de los partidos, o sea porque el líder del PP, Mariano Rajoy, desautorizó la reflexión de Cospedal, la dirigente popular ha reculado sobre la marcha. Sin embargo, ha insistido en lo que ella considera la incapacidad de Zapatero para sacar al país de la crisis económica: la credibilidad de Rodríguez Zapatero "está por los suelos", ha dicho.

En una entrevista concedida a Onda cero, Cospedal hoy no hacía cálculos de los réditos políticos que le podía suponer expulsar ahora a Zapatero, o quizá sí: "Tenemos [desde el PP] que hablar de la economía, en primer lugar. Desatender los deseos de los ciudadanos sería un suicidio, no sólo político, sino de país".

Dentro del PP hay miedo a transmitir un exceso de ambición por acceder a la Moncloa, después de que Rajoy se mostrara triunfalista tras su ventaja en las encuestas de la semana pasada y asegurara que se "respira un ambiente de cambio político". En relación a estos sondeos, De Cospedal ha comentado que dicho resultado "no es fácil de conseguir", y ha asegurado que los sondeos confirman que los ciudadanos no confían en el presidente del Gobierno, ni tampoco confían en que este presidente vaya a sacar a España de la crisis, olvidando que la mayoría de los ciudadanos, según las mismas encuestas, consideran que Rajoy lo haría igual o peor que Zapatero.

De Cospedal ha estimado que para que haya confianza en los mercados internacionales hacia España, lo mejor que puede hacer el PP es presentar una "oposición responsable", demostrar que de verdad es alternativa y plantear "un rumbo cierto".También ha subrayado que el PP ha ofrecido su ayuda al Gobierno, en numerosas ocasiones, y ha formulado propuestas con intención de colaborar en la recuperación, y todas las que han tenido un cariz económico han sido rechazadas por Zapatero, "a veces por un matiz ideológico". 

(www.publico.es, 08/02/10)

2. EL CONTRATO DE RAJOY: TRABAJAR SEIS AÑOS PARA TENER DERECHO A 33 DÍAS DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

El Partido Popular propone un nuevo contrato de trabajo que aumente la indemnización por despido en función de la antigüedad en la empresa. Eso sí, para tener derecho a 33 días de indemnización, Mariano Rajoy ha cifrado que un trabajador "debería estar 5  o 6 años en la empresa". El contrato que propone Rajoy sería más barato que la indemnización por despido improcedente en los actuales contratos indefinidos, que es de 45 días por año trabajado. La clave de la cuestión, y en eso no ha entrado Rajoy en la entrevista que le han realizado en Los desayunos de TVE, es si en los primeros años sería más o menos caro despedir al trabajador que en un contrato temporal.

El presidente nacional del PP señala que hay que "acabar con la dualidad de los contratos" porque considera que no puede haber en España "un contrato con cero días de indemnización y otro de 45 días" porque esto perjudica, en su opinión, al empleo de los jóvenes. 

Mariano Rajoy ha querido eludir el tema de la moción de censura o el adelanto de elecciones que ilustres miembros de su partido, como María Dolores de Cospedal y Esperanza Aguirre, han reclamado. Primero ha desautorizado tanto a la secretaria general de su partido como a la presidenta de Madrid, al calificar la iniciativa de "ocurrencias que España no necesita ahora mismo". Sin embargo, detrás de esta marcha atrás en las aspiraciones de acceder a La Moncloa antes de las elecciones generales se esconde la soledad del PP en el arco parlamentario. Al ser insistido por esta cuestión, el líder de los conservadores ha acabado reconociendo que no presenta la moción porque no cuenta con el apoyo suficiente: "Si tuviera la mínima oportunidad de presentarla, no duden que la presentaría", ha dicho. Toda una ocurrencia.

El afán de convertir en su aliado a cualquiera que critique la política económica de Zapatero mete en serios aprietos a Mariano Rajoy. Ha asegurado que no le gustó que, el hasta ahora comisario europeo de economía, Joaquín Almunia, criticara a España y la comparara con Grecia. "Para criticar ya estoy yo, ésa es mi función", ha dicho.

Rajoy ha sido capaz de apoyar la postura de Almunia y de negarle la razón en la misma intervención. Por un lado, ha dicho explícitamente que "Almunia tiene razón en el discurso que hizo", pero por otra parte ha considerado que no es cierto que la situación de España sea comparable con la de Grecia, que fue precisamente el fondo de las declaraciones de Almunia en su última intervención como comisario de economía de la UE.

Se ha pronunciado Mariano Rajoy sobre las acusaciones del ministro de Fomento, José Blanco, quien ha asegurado que existe una conspiración contra España y contra Zapatero. Rajoy ha tachado de "absurdo" lo que ha calificado como hablar de "conspiración judeo-masónica". Ha pedido además al Ejecutivo que deje de echar la culpa de todo lo que pasa a los demás y se dedique a gobernar y se ha preguntado por qué los "especuladores no especulan" contra otros países de la Unión Europea.

Preguntado por las críticas a su partido por no concretar medidas alternativas, ha dicho que le parecen un "topicazo", y ha recordado que su partido llevará hoy al Congreso y al Senado propuestas económicas "importantes" para retrasar el pago del IVA o para reducir el gasto público en la administración central.

(www.publico.es, 09/02/10)

3. RAJOY, MUY COMPRENSIVO CON AGUIRRE: "NO HAY QUIEN RESISTA LA PUBLICACIÓN DE SUS CONVERSACIONES PRIVADAS"

Fiel a su estilo, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha exhibido su incapacidad para posicionarse y ha defendido, al mismo tiempo y con argumentos similares, a los enemistados Esperanza Aguirre y Manuel Cobo. La presidenta fue sorprendida por un micrófono abierto jactándose de quitar un consejero en Caja Madrid a "ese hijoputa", en posible –aunque negada- alusión al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. El vicealcalde, por su parte, fue expedientado tras calificar de ‘vomitivos’ los tejemanejes de la lideresa en la entidad financiera. Así las cosas, Rajoy ha hecho honor a la máxima sobre las capacidades de los gallegos –beber y soplar al mismo tiempo- y se ha mostrado comprensivo con ambos, con una porque es "humana" y "también tenemos sentimiento y a veces decimos lo que no debemos", y con otro porque "a veces se equívoca, como usted, como yo, como cualquiera". Tan comprensivo estaba el presidente popular que, diez minutos después de hacer esta afirmación, la ha escenificado con un lapsus: ha dicho y ha insistido en que espera ser "rectificado" en el próximo Congreso del partido.

Rajoy ha defendido el "hijoputa" de Esperanza Aguirre en Los Desayunos de TVE con el siguiente argumento: "He hablado con ella. No hay un ser humano que resista la publicación de sus conversaciones privadas. Ni por decente, ni por honrado ni por buena persona que sea, ni siquiera usted lo resistiría", ha dicho dirigiéndose a su entrevistadora, Ana Pastor.

"Yo la he animado y le he dicho ‘estate tranquila que no pasa nada’. A mí también me pasó y me pusieron de vuelta y media. Eso le puede pasar a cualquiera, y los políticos, aunque la gente no lo crea, también somos seres humanos, también tenemos sentimientos y a veces decimos cosas que no debemos. No somos perfectos", ha insistido. Eso sí, el popular ha asegurado que desconoce quién es el "hijoputa" o el trasfondo del tema –la politización de Caja Madrid- porque "no entramos en detalles sobre la conversación" ya que se refiere a un hecho "anecdótico".

Inmediatamente después, el presidente del PP ha cambiado de chaqueta y se ha puesto la del Ayuntamiento de Madrid. Rajoy ha defendido a la mano derecha de Gallardón, Manuel Cobo, asegurando que tiene "una buena opinión del señor Cobo y así lo digo, lo que pasa es que a veces se equivoca, como usted, como yo, como cualquiera". El dirigente ha rechazado, en cualquier caso, pronunciarse sobre la posibilidad de que el vicealcalde no repita en las listas, un extremo cuestionado por la misma lideresa. "Yo, de las listas, hablaré en su momento, pero ya le he dicho que tengo una buena opinión del señor Cobo".

Tras este magistral ejercicio de soplo y sorbido conjunto, Rajoy ha explicado por qué el partido paga la defensa a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP imputado en el caso Gürtel. "Es funcionario de la casa desde hace 25 años y se decidió así", ha señalado, agregando que sólo se le paga el abogado a él porque los otros imputados "no son funcionarios de la casa". "Gürtel me preocupa, claro que me preocupa, es algo que ha afectado a mi partido y que me ha dado muchos quebraderos de cabeza. Hemos tomado las decisiones más justas y razonables y vamos a ver qué pasa con el resto del sumario. Reitero una cosa: quien la hace la paga, pero quien no la hace no la paga. Hay gente a la que se condena inmisericorde y mediaticamente y no en los tribunales", ha opinado.

(www.elplural.com, 09/02/10)

4. EL PP YA FILTRA CRÍTICAS A ARRIOLA POR LA ESTRATEGIA DE "BRAZOS CRUZADOS"

En los últimos días se ha podido escuchar a un peso pesado del PP de Aznar como es Ana Palacio alertar del "perfil bajísimo" de la estrategia de Mariano Rajoy, o a Mayor Oreja demandando más "coraje" a la oposición. La estrategia de limitarse a esperar que la crisis económica desgaste al Gobierno y hablar lo menos posible para minimizar las ocasiones de meter la pata tiene nombre y apellido en el PP, el del sociólogo Pedro Arriola, asesor estrella de Génova 13 desde los tiempos de Aznar y marido de Celia Villalobos. Y desde la dirección nacional las críticas deben estar haciendo mella, ya que un periodista muy próximo al marianismo como Federico Quevedo habla ya de descontento en el seno de la dirección con la táctica de "quedarse de brazos cruzados".

La estrategia de Arriola de esperar a que la crisis conduzca por sí sola a Rajoy a La Moncloa ya empieza a levantar dudas en el PP, y es que el desgaste del Gobierno no se traduce en una mejor valoración del líder de la oposición y arrecian las críticas sobre su falta de iniciativa. Así, un periodista muy próximo al marianismo como Federico Quevedo ha puesto al sociólogo en el punto de mira.

Según publica Quevedo en El Confidencial, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal representaría el ala "dura" dentro de la dirección nacional y habría chocado con los arriolistas. Asegura que no es la única y que "la mayor parte del equipo que se reúne los lunes en el Comité de Dirección comparte la idea de que el PP no puede quedarse de brazos cruzados".

Así, miembros de la dirección nacional estarían demandando "dar algún paso más" y aunque no se refieren a la moción de censura, reclaman dar la imagen de que son alternativa real de Gobierno. "En esa línea ya se pronunció Rajoy el pasado domingo en un mitin en Granada", apunta el periodista marianista, decantando así al líder del partido del lado de los críticos con Arriola. Estos críticos temen que en los dos años que quedan hasta las elecciones y con una perspectiva de recuperación económica el PSOE se recupere en las encuestas.

(www.elplural.com, 12/02/10)

5. LOS BASTIONES DEL PP PINCHAN CONTRA EL PARO

El líder del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, lo ha proclamado a los cuatro vientos: "Cuando gobierne, bajará el paro". Pero su fórmula para frenar el desempleo, que según la última EPA se ha encaramado al 18,83%, no debe de haber sido desvelada ni siquiera a los bastiones de su propio partido: en la mayoría de feudos autonómicos del PP Madrid, Comunidad Valenciana , Murcia, La Rioja la evolución del paro en los últimos dos años es incluso peor que la media nacional, según la última EPA. La evolución negativa en los feudos del PP salvo Castilla y León, cuyo comportamiento suele ser mejor que la media afecta incluso al segmento de los emprendedores, que el PP dice representar mejor que nadie.

Todos los expertos consultados coinciden en que la destrucción de empleo ha sido más aguda en las comunidades más dinámicas y las más afectadas por la burbuja de la construcción. Esto explicaría que el tsunami parezca menos devastador en comunidades cuya actividad económica ha sido tradicionalmente menor, como Galicia o Extremadura. Pero esta es la primera crisis económica en la que, como consecuencia de la transferencia de competencias de los últimos años, las autonomías se han convertido en actores decisivos en la lucha contra el paro. Ya no son meros sujetos pasivos que deben capear algo parecido a una maldición bíblica.

"Ahora las autonomías tienen muchas armas en sus manos", subraya Valeriano Gómez, que fue secretario de Estado de Empleo con el socialista Jesús Caldera: "Tienen casi todas las políticas activas de ocupación, dirigen la intermediación laboral, elaboran los programas de formación para desempleados y empleados, participan en la política industrial, ofrecen estímulos y ayudas a empresas, redactan planes sectoriales, ordenan el territorio, etcétera".

Otros expertos como Herce, Felgueroso y Fernández Villaverde son mucho más escépticos sobre su papel, particularmente en el de las políticas activas. Todos coinciden en que es muy difícil la comparación, porque en el Estado autonómico no existen baremos comunes para evaluar los efectos de sus políticas en general y en la evolución del paro en particular.

Pese a ello, la comparación de la última EPA con su equivalente de 2007, cuando la crisis empezaba, muestra algunas diferencias entre las comunidades, y la mayoría de bastiones del PP sale mal parado.

El mapa autonómico. Todas las comunidades van a peor, pero a distinto ritmo

Hay cinco comunidades por encima del 20%, de las cuales dos están gobernadas por el PSOE (Andalucía y Extremadura), dos por el PP (Comunitat Valenciana y Murcia) y una por nacionalistas en coalición con el PP (Canarias). Pero donde más ha aumentado, en términos relativos, el número de parados es en Murcia, que antes de la crisis era uno de los principales escaparates de las políticas del PP. En estos dos años, el número de parados en esa comunidad ha crecido el 181%, muy por encima de la media nacional (124%). Salvo Castilla y León (el desempleo ha crecido un 104%), el número de parados ha aumentado por encima de la media en todos los bastiones del PP: Comunitat Valenciana (158%), La Rioja (143%) y Madrid (138%).

En el lado opuesto se sitúan Extremadura (45,8%), Galicia (74,5%), Asturias (77%) y Andalucía (97%), pese a que esta comunidad es una de las más castigadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria. La mala evolución de las cifras de desempleo en los bastiones autonómicos del PP se observa también si se compara el ránking de comunidades en función de la tasa de paro. Todas, salvo de nuevo Castilla y León, empeoran su posición. Y la que más, Madrid, que sube tres puestos en esta clasificación negativa: en 2007 era la 12ª comunidad en tasa de paro. Ahora es ya la novena.

Servicio de ocupación. Los parados de larga duración, clave para medir la eficacia

El INEM ya no existe como tal: la mayoría de sus competencias salvo el cobro de prestaciones han sido asumidas por las autonomías, que gestionan sus respectivos servicios de empleo sin que el Gobierno central intervenga. Pero no existe ninguna base de datos común que permita saber cómo lo están haciendo. El dato que algunos expertos consideran más objetivo es el de los parados que llevan más de dos años buscando trabajo: cuanto más aumente esta cifra, menos parece que funciona el servicio.

Si se aplica este baremo, los feudos autonómicos del PP salen especialmente mal parados para ayudar a encontrar empleo en época de crisis. Cuatro de las cinco comunidades que en estos dos años más han visto crecer esta categoría de parados son bastiones del PP: La Rioja (un aumento del 266%), Murcia (260%), Madrid (230%) y Comunitat Valenciana (194%). En todos los casos, se mueven en porcentajes alejados del aumento medio (129%) y de las comunidades con evolución menos drástica en este apartado, como Asturias (41%) y Extremadura (54%).

Emprendedores. Desplome de trabajadores por cuenta propia

La evolución del número de emprendedores, empresarios y autónomos que se han quedado sin trabajo entre el último trimestre de 2007 y el mismo periodo de 2009 tampoco arroja buenos datos para los feudos del PP, partido que suele considerarse más proclive a facilitar un entorno favorable para las empresas: todos los bastiones del PP han tenido una evolución peor a la media nacional, según la EPA. A finales de 2009, el número de trabajadores por cuenta propia había descendido en España el 12,5% con respecto a 2007. Pero la caída fue superior en Castilla y León (13,3%), Comunitat Valenciana (14,9%), Madrid (15,2%), Murcia (19,3%) y La Rioja (19,5%). Eso sí, las comunidades que más sufrieron en este apartado son el País Vasco (20,7%) y Castilla La Mancha (20,2%).

Política fiscal. Sólo las comunidades del PP han bajado el IRPF

A diferencia de lo que sucedía en las anteriores crisis, el modelo de financiación vigente da margen a las autonomías para que hagan política fiscal propia. Su poder es limitado (se quiere evitar una subasta a la baja para atraer empresas), pero pueden incidir en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en una doble vía: con deducciones y con rebajas al tipo que se aplica. Sólo los feudos autonómicos del PP han rebajado levemente el tipo impositivo para su tramo, con lo que han bajado un poco los impuestos a todos. La excepción ha sido paradójicamente Castilla y León, la que mejor comportamiento ha tenido en la evolución del paro. En cambio, ninguna autonomía del PP salvo, de nuevo, Castilla y León había incluido deducciones para los autónomos y emprendedores en el ejercicio de 2009

Presupuestos. Aumento en salarios y gasto corriente; menos inversión

Los planes anticrisis elaborados por todas las CCAA incluyen alguna medida para apretarse el cinturón. Sin embargo, la comparación de los presupuestos de 2007, el último año de vacas gordas (ya con datos liquidados), con los proyectos para 2010 revela un aumento generalizado del gasto corriente (11% de media) y en personal (12%), simultáneo a una caída de la inversión real (21%). Los feudos del PP encabezan el ránking de aumento del gasto corriente, incremento de personal y caída de la inversión.

(www.publico.es, 08/02/10)

6. LA TRAMA GÜRTEL SUMA CINCO IMPUTADOS MÁS EN EEUU

La investigación por la trama Gürtel ha saltado definitivamente el Atlántico. Desde el pasado mes de mayo hay cinco nuevos imputados por su participación en la red de corrupción y blanqueo de capitales ligada al Partido Popular. Y todos ellos residen en Estados Unidos. El seguimiento del dinero obtenido de forma ilícita por la red de Francisco Correa ha conducido a la Policía española y a la Agencia Tributaria hasta el Estado de Florida. Entre los nuevos imputados se encuentra Ana Karlota Figueroa, considerada por los investigadores la persona de confianza de Francisco Correa en Miami. Esta mujer figura como administradora de al menos siete sociedades que el cabecilla utilizaba para enterrar el rastro del dinero procedente de la corrupción en ayuntamientos y comunidades gobernadas por los conservadores.

La ingeniería financiera que habían diseñado Correa y sus colaboradores permitía desviar los ingresos ilícitos de sus empresas al exterior y los ponía a circular por circuitos financieros de varios estados. Cuando la madeja de sociedades y trasvases de fondos hacía imperceptible el origen del dinero, este volvía a España. Uno de los paraísos fiscales utilizados por la trama es el de las Islas Vírgenes británicas. Cinco sociedades allí domiciliadas forman el Grupo Hilgart, a nombre de Francisco Correa. Este grupo participa a su vez en otras 12 sociedades radicadas en la capital de Florida.

Según han podido comprobar los investigadores españoles, Ana Karlota Figueroa ha continuado figurando como administradora de algunas de esas empresas incluso después de que Correa fuera detenido, hace ahora un año. Otro de los imputados por el juez instructor, Antonio Pedreira, es Randall Woodward, director de una de las sociedades pantalla de Correa hasta el 12 de enero de 2005, cuando fue sustituido por Figueroa.

Las empresas de Correa en Miami se dedicaban a invertir en lujosos apartamentos de la capital de Florida. Tres de esas adquisiciones fueron realizadas en una torre frente al mar de 42 plantas llamada Residencial Jade, de la que son vecinos conocidos deportistas y músicos latinoamericanos.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha podido determinar que una de las empresas de Correa, Flybridge Investments, compró en 2001 un apartamento en esa torre por 600.000 dólares (unos 420.000 euros l) y lo vendió tres años más tarde por 880.000 dólares, alrededor de 610.000 euros.

El grupo de sociedades de Correa en Miami contaba con la estrecha colaboración del despacho Juris Magister, con sede en esa ciudad. A través de este bufete, Tidy Baez se dedicaba a constituir las sociedades y Gloria Pascual llevaba la contabilidad de las mismas. Los dos tendrán que explicar su papel ante la Justicia española tras ser imputados por el juez Antonio Pedreira.

Randall Lew Carusso ya aparecía citado en la parte del sumario de la Gürtel cuyo secreto se levantó el pasado mes de octubre. Se trata del broker de bolsa con el que contactó la esposa de Pablo Crespo, presunto número dos de la trama de corrupción, cuando su marido ya estaba en la cárcel de Soto del Real.

Ante la sospecha de que Correa y Crespo daban órdenes desde la cárcel para poner a salvo su dinero y ocultar pruebas, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó grabar sus conversaciones por teléfono y en los vis a vis. En una de las llamadas, su esposa cometió la indiscreción de decir que había utilizado el móvil del novio de su hija para telefonear a Carusso, de nacionalidad estadounidense e italiana.

La policía sospecha que esa conversación fue utilizada para dar instrucciones a Lew Carusso sobre un traslado de fondos desde una cuenta de Bank of New York a otra en la sociedad Merril Lynch. La cuenta receptora está a nombre de Chelmi Ltd., sociedad mercantil constituida en las Islas Caimán y que, como el resto, era parte de la complicada tela de araña financiera tejida por la trama corrupta.

Hasta mayo, sólo había un imputado español por el caso Gürtel que reside en Estados Unidos, el español Guillermo Martínez Lluch. Está acreditado que Correa y Crespo le concedieron poderes para vender sus bonos. Martínez Lluch es director de una sucursal de Bancaja en Miami. La policía considera muy relevante la participación de esta entidad bancaria, junto con Merryl Lynch, en la inversión inmobiliaria de Correa en Estados Unidos. De las pesquisas seguidas hasta ahora se desprende que el rastro del dinero de la trama Gürtel se pierde por más de diez países. Hay paraísos fiscales en el Caribe, como las Islas Vírgenes; otros en Europa, en el caso de Mónaco y Suiza; así como estados pertenecientes a la Unión Europea, como son Reino Unido, Países Bajos y Portugal, y otros de Latinoamérica, como Colombia y Panamá.

(www.publico.es, 07/02/10)

7. "DECIR CORREA ERA DECIR JOSÉ MARÍA AZNAR"

El ex concejal del PP de Majadahonda y denunciante del caso 'Gürtel', José Luis Peñas, afirmó que en el marco de la trama sobre presunta corrupción dirigida por Francisco Correa "decir Correa era decir Aznar" y acusó al actual líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, de haber tenido "pleno conocimiento" sobre este asunto. "Hay un partido al que la corrupción le ha gustado bastante durante muchos años", destacó Peñas en declaraciones, para criticar que esta formación paga además "los abogados a varios imputados de la trama", en referencia al ex tesorero nacional Luis Bárcenas.

"Un partido que quiere gobernar sin decirnos si ha cogido dinero de la trama Gürtel o no", prosiguió el ex edil. En este punto, relató que el empresario Francisco Correa era "el hombre de supercofianza" en todo lo relacionado con los mítines y la imagen del partido. "Era una persona que iba por el mundo sacando pecho", indicó Peñas, remarcando que el presunto cabecilla de la trama presumía de que el entonces presidente del Gobierno José María Aznar "estaba a su lado".

"Iba por el mundo diciendo que el hacía todo con el presidente -afirmó-. Decir Correa era decir José María Aznar". Dicho esto, cargó contra Mariano Rajoy porque, según dijo, ya notaba "algo raro" respecto a Francisco Correa y por eso decidió "apartarle" de Génova. "¿Por qué no fue al juzgado como hice yo?", preguntó, para responder: "Porque tenía que haber hablado mal de su partido y no quiso". De este modo, denunció que Mariano Rajoy tenía "pleno conocimiento de la trama" liderada por Francisco Correa y criticó que "ahora no quiere saber nada de este tema".

El ex concejal conservador de Majadahonda destapó la trama Gürtel y, según declaró el pasado octubre ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, grabó sus conversaciones con Correa "no por venganza" contra el PP, sino porque "lo debía a los ciudadanos y porque debían conocerse los hechos".

(www.publico.es, 08/02/10)

8. EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA LA FRUSTRADA MEDALLA A AZNAR

El Tribunal de Cuentas ha abierto unas diligencias preliminares para determinar si José María Aznar y los demás miembros del Consejo de Ministros incurrieron en responsabilidad contable al aprobar un gasto de 2,3 millones para promocionar la concesión de la medalla de oro del Congreso de EE UU al ex presidente del Gobierno en diciembre de 2003. La denuncia, presentada por la asociación Preeminencia del Derecho y el letrado José Luis Mazón, pide que se aclare la cantidad que efectivamente se pagó a un lobby de Washington para lograr ese objetivo, si la contratación se efectuó cumpliendo la ley, y que, en caso contrario, se obligue a los presuntos responsables a devolver el dinero a las arcas del Estado.

El Consejo de Ministros, en su reunión del 26 de diciembre de 2003, aprobó un gasto de 2,3 millones de euros para los ejercicios 2004 y 2005 cuyo objetivo era contratar los servicios del despacho de abogados estadounidense Piper Rudnick. El objetivo de ese contrato, gestionado por el procedimiento más opaco -el negociado sin publicidad, para el que no es necesario un concurso- por "la imperiosa urgencia" que, según el Gobierno, lo justificaba, era "asistir al Gobierno de España en las relaciones más próximas con EE.UU.".

La decisión no figuraba en la reseña del Consejo de Ministros ni se publicó en el BOE. Pero el mes de enero de 2004 se cargaron las primeras facturas del bufete por gestiones para conseguir la medalla y la asistencia de congresistas y senadores al discurso de Aznar ante ambas Cámaras el 4 de febrero.

Lo que los denunciantes quieren saber es qué parte del gasto aprobado (2,3 millones) se destinó a pagar al lobby, ya que el contrato se suscribió por dos millones. También piden que se investigue si ese acuerdo, suscrito por 20 meses (a razón de 100.000 euros al mes) "se cumplió en su totalidad" o se rescindió tan pronto no fue posible la obtención de la medalla (Aznar perdió las elecciones del 14 de marzo de 2004). Esta parte entiende que la desviación de fondos públicos para usos particulares, como es la obtención de la medalla para el señor Aznar debe considerarse como una malversación de caudales ya que su aplicación se ha destinado a usos propios", dice la denuncia.

(www.elpais.com, 06/02/10)

9. ANA PALACIO NO TIENE SUFICIENTE: "EL PP TIENE UN PERFIL BAJÍSIMO"

La ex ministra de Exteriores durante el Gobierno del PP, Ana Palacio, afirmó hoy que la oposición de los conservadores "está guardando un perfil bajísimo" en su forma de enfrentarse al Ejecutivo y que, si de algo se acusa a Rajoy "es de ser excesivamente prudente".

"Yo creo que a la oposición no se le puede acusar de crispar la situación en absoluto ni de estar atacando o intentando sacar beneficio partidista", subrayó.

Eludió criticar las medidas adoptadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero porque cuando se ven "los toros desde la barrera", se "tiende a decir que lo haría mejor", pero ella ha formado parte del Gobierno y sabe que "es muy difícil" tanto gobernar como hacer oposición.

A su juicio, "hay que pensar" que se trata de "personas inteligentes, con formación" y que buscan lo mejor para España, además, el resto de la población tampoco "conoce todos los datos".

En relación con el presidente del Gobierno, afirmó que "no tiene credibilidad" y, en su opinión, lo más importante "es que resulte creíble en el ámbito internacional", pero eso no se consigue "dando dos pasitos hacia delante y uno hacia atrás" como en el caso de la jubilación a los 67 años o las pensiones.

"Lo que hace es perder credibilidad de Gobierno y, al final, el problema que tenemos de especulaciones es un problema contra la deuda soberana de España y, en eso, el prestigio del Gobierno tiene mucho que ver", apostilló.

Palacio cree que la economía española "es fuerte" e importante tanto dentro como fuera de la Unión Europea, por lo que "cualquier situación complicada de España no tiene nada que ver con la de Grecia" y las consecuencias de la crisis en ambos países no serán comparables.

Por otro lado, sobre las críticas del Financial Times a la economía española, manifestó que le da "rabia" que le "lean la cartilla de determinada manera" al país cuando son cosas que los españoles ya saben.

En otro orden de cosas, sobre la ausencia del presidente de EEUU, Barack Obama en la cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos, celebrada en Madrid, cree que hay que ser "menos tremendistas".

Agregó que el presidente estadounidense se quiere centrar en "lo que era una línea de opinión entre los americanos", que es lo que a él le debe importar. "Nos hemos equivocado al pensar que Obama es nuestro presidente, pues no, es el presidente de los americanos y de lo primero que se tiene que ocupar es de la situación en Estados Unidos", ironizó.

(www.publico.es, 09/02/10)

10. COSTA Y COBO CONFÍAN EN QUE EL PP LES REBAJE LA SANCIÓN PROPUESTA

Los dirigentes del PP Ricardo Costa y Manuel Cobo, suspendidos cautelarmente de militancia y a la espera de la sanción definitiva que se les imponga, se muestran confiados. No en su absolución, que es imposible, pero sí en que el Comité de Derechos y Garantías rebaje la propuesta de los instructores: en principio, un año de suspensión de militancia por falta grave.

Para hacerlo, el Comité tendría que calificar las infracciones como leves -un año es la pena mínima para una falta grave-. Y distintas fuentes ven difícil que tanto una como otra faltas terminen calificadas como leves después de que han estado suspendidos durante casi cuatro meses.

Las infracciones del ex número dos de Francisco Camps y del vicealcalde de Madrid y segundo de Ruiz-Gallardón no tienen nada que ver.

Costa tiene abierto un expediente por asegurar a los periodistas que seguía siendo secretario general en Valencia cuando la dirección le daba por destituido. Cobo, por su parte, lanzó graves descalificaciones contra la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, en una entrevista en El País. Entre otras lindezas, dijo que lo que hacía Aguirre con Rato en la lucha por Caja Madrid era "de vómito" y que su Gobierno había creado "una gestapillo" para espiarle. Aunque las faltas son completamente distintas, la dirección del PP parece dispuesta a instruirlas como si hubieran hecho lo mismo.

De momento, Ricardo Costa ha dejado de ser un apestado para el PP. Tras varios meses de penitencia, el ex secretario general de los populares valencianos y la dirección nacional han firmado un armisticio que le devuelve a la vida política. El dirigente no presentará alegaciones a la decisión del Comité de Derechos y Garantías, aunque dispone de plazo para hacerlo hasta el próximo martes 16. Y Génova, según aseguró un portavoz oficial, "ha valorado muy positivamente este gesto".

Con el fin de las hostilidades se levantaría el veto para que Costa puede volver a ejercer en la primera línea política. Desde su traumática salida de la Secretaría General del PPCV, trufada por el mayor conflicto de jerarquía vivido entre Mariano Rajoy y Francisco Camps, Costa ha estado al margen de la vida pública del partido. Su destierro propició incluso que fuera apartado físicamente de su escaño y relegado a la última fila del hemiciclo. En unos meses, podría hasta sentarse en el banco azul, reservado al Gobierno.

El pacto entre Génova y Costa incluye una respuesta del Comité de Garantías a su gesto de buena voluntad. La sanción no era definitiva, puesto que cabían alegaciones, y el propio órgano establecía la posibilidad de revisar la baja de un año de militancia a los seis meses.

Cobo, por su parte, sí presentó alegaciones la pasada semana. Un pliego de descargo cuyo contenido no quieren explicar ni él, ni los pocos que lo conocen en la dirección. En el Ayuntamiento esperan que la sanción sea también mucho menor del año propuesto. Para ayudar a ello, el vicealcalde lleva varias semanas callado. Aunque ha tenido ocasión para volver a cargar contra Aguirre, no lo ha hecho, como cuando fue llamado a declarar hace una semana en el caso del supuesto espionaje en Madrid.

Lo que la dirección nacional asume es que, al margen de la sanción, Cobo no será apartado, como lo fue Costa, y continuará como primer teniente de alcalde y portavoz del PP en el Ayuntamiento. Además, es seguro que en las listas que se aprobarán en un año volverá a ocupar un lugar muy destacado junto a Gallardón para después poder volver a ser su número dos.

(www.elmundo.es, 12/02/10)

11. PAÍS VASCO. EL PP VASCO RETA OTRA VEZ A RAJOY Y APOYA EL BLINDAJE

El PP se ha enredado hasta el final con el blindaje del Concierto Económico vasco. Y no ha podido esconderlo. Tampoco . En la votación definitiva en el Senado el texto no sufrió cambios desde que salió del Congreso, con todos los argumentos más que gastados, apenas coleaba un único aliciente, comprobar qué harían los dos parlamentarios del PP vasco, Juana Iturmendi y Ramón Rabanera, secretario cuarto de la Cámara Alta. Los dos hicieron lo mismo: se ausentaron en el momento de la votación, por "coherencia" con la actitud que los conservadores vascos "siempre han defendido", y por su convicción "foralista". Ambos insistieron en los pasillos del Senado en que comparten la necesidad del blindaje. Esto es, que las normas tributarias vascas sólo puedan ser recurridas ante el Tribunal Constitucional (TC), y no ante los tribunales ordinarios, como ocurría hasta ahora.

La dirección del Grupo Popular conocía de antemano el pequeño acto de rebelión de sus senadores, pero fue "comprensiva" y no los sancionará. Las dos ausencias no iban a cambiar el resultado. Como se preveía, el texto fue aprobado definitivamente por todos los grupos del Senado PSOE, Entesa, CiU, PNV, BNG y Mixto y rechazado por el PP. Se registró una sola abstención, y fue por error: la de Joaquín Ramírez, senador conservador por Málaga. En total, 132 votos a favor y 114 en contra.

El PP sufrió una tarde de martirio. Todos los partidos le recriminaron su incoherencia y le animaron a rectificar, a volver a la actitud que mantuvo en junio de 2007, cuando el Parlamento vasco aprobó por unanimidad (por tanto, con el PP de María San Gil) la proposición de ley. Pero cuando la propuesta de blindaje del Concierto llegó a Madrid, el PP se partió. Los tres diputados de Euskadi Alfonso Alonso, José Eugenio Azpiroz e Ignacio Astarloa se ausentaron en el pleno de admisión a trámite, el 13 de octubre. Dos meses después, Mariano Rajoy forzó a sus tres parlamentarios a rechazar el texto y "tragarse el sapo", como ellos dijeron, bajo la promesa de que la cúpula nacional del PP no presentaría ningún recurso ante el TC.

Rabanera e Iturmendi devolvieron al PP al punto de partida. "No creo que haya cometido ninguna deslealtad, simplemente es una discrepancia en un tema. No he recibido ninguna presión", afirmó fuera del hemiciclo el senador. "Hemos sido respetados y apoyados. Pero nuestra postura no es ninguna novedad. Yo he sido diputada en Vitoria y voté a favor de la iniciativa. Nuestros votantes lo comprenderán", añadió Iturmendi. Los dos, no obstante, discrepaban de las "formas" elegidas. Es decir, que el Gobierno central hubiese desatascado el blindaje a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos de 2010.

El presidente de las Juntas Generales de Álava, Juan Antonio Zárate, también del PP, les escuchaba atento. Acudió al Senado a "solidarizarse" con sus dos compañeros: "Intentamos que el grupo se abstuviera al menos. No ha podido ser. Lo lamentamos".

En el hemiciclo, los argumentos de todos los grupos, menos el PP, coincidieron. Joseba Zubia (PNV) marcó en rojo la jornada. "Es un día importante", dijo, porque se acabará con la "actual incertidumbre". El convergente Jordi Casas subrayó que el Concierto es una prueba de la "pluralidad" de España, que ampara la Constitución. Isidre Molas (PSC) dudó del compromiso foral del PP.

El PSOE usó palo y zanahoria con los conservadores. Roberto Lertxundi zumbó al PP por su "frivolidad" y por su querencia a "poner palos en la rueda" del Gobierno. Pero acarició a los senadores vascos por su "lealtad institucional" y por caminar junto al PSOE en el combate a ETA.

El PP huyó de la dureza. Joan Huguet defendió el blindaje, aunque censuró que no se haya tramitado modificando la Ley vasca de Territorios Históricos o el Estatuto: "No hemos podido discutir. Ha sido un plato de lentejas".

(www.publico, 11/02/10)

12. GALICIA. LA DIPUTACIÓN DE LUGO CERRARÁ LA POLÉMICA FUNDACIÓN AMBIENTAL QUE CREÓ CACHARRO

La Diputación Provincial de Lugo iniciará los trámites para la extinción de la Fundación del Centro Cinegético y Piscícola, ubicada en la finca de Tor, en el municipio lucense de Monforte de Lemos, para sacarse de en medio a la Consellería de Medio Rural y continuar el trabajo en solitario.

Esta decisión, anunciada por el presidente provincial, el socialista José Ramón Gómez Besteiro, se produce tras un duro cruce de acusaciones entre ambas instituciones. El departamento de la Xunta reclamó la presidencia rotatoria del patronato y acusó a la institución provincial de hacer "juego sucio" en la convocatoria de sus reuniones. La Diputación desmintió estas acusaciones y optó por no celebrar la reunión del órgano de gobierno, bajo el pretexto de "no servir de coartada para la inacción de la Xunta".

La vida de la fundación ha estado rodeada por la polémica. Fue creada en 2003 por la Consellería de Medio Ambiente y la Diputación de Lugo, cuando Francisco Cacharro era presidente provincial, en el último mandato de Manuel Fraga. La finca que gestiona, de 200 hectáreas, sufrió una gran tala que la dejó sin una buena parte de su masa forestal para vender la madera. En abril del año pasado las fotografías de dos jabalíes desnutridos alertaron del grave estado de abandono de las instalaciones, en las que se encontraron numerosos animales muertos.

Gómez Besteiro recordó que la Xunta "lleva tiempo" sin querer participar en Tor y advirtió que a día de hoy "aún" no ingresaron los algo más de 500.000 euros que adeudan a esta fundación, que funciona únicamente con la aportación de fondos de la Diputación. "Parece que están dispuestos a estar sólo para mandar, pero no para trabajar", lamentó. "La Xunta puede hacer sus actuaciones medioambientales donde estime convenientes, pero lo responsable es que la fundación se extinga", agregó Besteiro.

De momento tuvieron que quedar aparcadas las dos iniciativas que se pretendían tratar en el patronato, como era la puesta en marcha de un biotopo experimental para conejos y la construcción de un parque de recría y adiestramiento de vuelo de perdices."Queremos la extinción, porque queremos hacer cosas y no discutir tonterías", afirmó Gómez Besteiro.

La Fiscalía dispone de numerosa documentación de la fundación, trasladada por el actual equipo de gobierno ante la sospecha de la existencia de posibles irregularidades en la gestión de sus primeros patronos.

(www.elpais.com, 12/01/10)

13. GALICIA. QUERELLA CONTRA EL ALCALDE DE ROIS POR ACOSO

El alcalde de Rois, Ramón Tojo Lens, ha sido imputado por los presuntos delitos de prevaricación, acoso laboral, injurias, calumnias y apropiación indebida por una funcionaria municipal, que señala como motivo de tales ilícitos la manifiesta enemistad del regidor con la familia de la querellante por motivos políticos. Tojo Lens declarará el próximo día 18 en el juzgado de instrucción de Padrón.

La querellante, Ángeles Bouzas Viturro, es funcionaria del Ayuntamiento de Rois desde hace más de 30 años. Tojo Lens desempeña la alcaldía desde las últimas elecciones locales, aunque su padre ocupó el mismo cargo durante los 12 años, con el paréntesis del anterior mandato en que gobernó el municipio una coalición de socialistas y nacionalistas. La familia de la funcionaria mantenía amistad personal y relaciones profesionales con algunos de los dirigentes locales del PSOE y BNG. La "nula afinidad política" del regidor, del PP, con la familia de Bouzas Viturro, y singularmente con ella, está en el origen de la persecución de que ha sido objeto, según la querella.

La querellante ha sufrido una "absoluta falta de humanidad del alcalde ante su situación profesional y personal", dice la querella, que relata diversos episodios personales y profesionales de Ángeles Bouzas, entre ellos la muerte de sus padres y el duelo subsiguiente, o su hospitalización como consecuencia de una anemia crónica, por la que precisa incluso transfusiones sanguíneas. Estas circunstancias personales de Bouzas, conocidas en el ayuntamiento, fueron ignoradas por Tojo Lens en diversas actuaciones.

Las malas relaciones entre el alcalde y la funcionaria han repercutido también de modo negativo en el funcionamiento administrativo municipal y causado graves trastornos a los vecinos, según afirma la querella. Además, Tojo Lens privó a la funcionaria del derecho a percibir su sueldo íntegro y la acusó de apropiación indebida de determinados cobros, pese a que eran responsabilidad del tesorero municipal, e impulsó contra ella un expediente sancionador cuya instrucción encargó a otra funcionaria interina, amiga personal del regidor y de conocida enemistad, también, con Ángeles Bouzas.

Tojo Lens "ha demostrado un absoluto desprecio por las normas administrativas y legales", según la querella.

(www.elpais.com, 12/01/10)

14. ANDALUCÍA. DE LA TORRE APOYA A LA DELEGADA QUE IGNORÓ SUS INCOMPATIBILIDADES

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tiene salida para todo, y para escapar del laberinto en el que le ha metido su delegada en el distrito de El Palo, Teresa López, por haber votado la concesión de subvenciones a una asociación de vecinos de la que era presidenta, ha tirado mano de su arsenal de pretextos.

El alcalde defiende a toda costa a la delegada de El Palo, cargo de libre designación a la que tiene además sentada en su junta de gobierno local, y se ha empeñado en quitar trascendencia al asunto. "Es un tema que no tiene entidad, y cuando no tiene entidad una cuestión no tiene entidad". Las razones del alcalde son que la participación de López en la concesión de subvenciones a la asociación que presidía no ha habido trato de favor, ni se ha causado perjuicio a nadie, y además son de poca cuantía.

Lo que para el alcalde es una mera incorrección de formas, para la oposición es un grave asunto. El portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, insiste en que además de la "falta de ética" de López, ha podido haber en este caso también una vulneración de la ley. Fuentes ha recordado la sucesión de episodios que ensombrecen las contrataciones del ayuntamiento de Málaga en los últimos meses, el último de los cuales le costó la dimisión al concejal del PP Manuel Marmolejo por haber contratado en el distrito que dirigía a una empresa de su cuñado. Entonces una de los argumentos para restar importancia al caso fue la escasa cuantía de los contratos. Jarazmín recibió 7.000 euros en subvenciones en las que López intervino o tramitándolas o votándolas.

De la Torre es firme en la defensa de la delegada, aun a riesgo de que algunos de los argumentos no la dejen en muy buen lugar, como excusarla por no haber leído bien un informe que le afectaba. El alcalde reconoció ante la existencia de un informe jurídico que si bien respaldaba la compatibilidad entre ser presidenta de la asociación Jarazmín y ser delegada de distrito, le advertía de que debería abstenerse en asuntos relacionados con aquella, cosa que no ha hecho. De la Torre explicó que López "quizá no prestó atención porque era un punto que estaba más abajo".

El alcalde atribuyó el informe a la federación de asociaciones de vecinos Unidad, que ha negado haberlo hecho. Insistió en su existencia, "yo lo leí por encima", aunque eso si dijo que "no estaba firmado por nadie".

(www.elpais.com, 11/02/10)

15. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP VETA QUE LA CÁMARA DE CUENTAS FISCALICE CONTRATOS DE LA RED GÜRTEL

Con el argumento de que la vertiente madrileña del caso Gürtel ha sido suficientemente debatida en la Asamblea de Madrid, el PP votó en contra de que la Cámara de Cuentas fiscalice los contratos que el Gobierno regional adjudicó a las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama. Fueron 10 votos en contra -los de la mayoría del PP en la Comisión de Presupuestos del Parlamento regional-, frente a los siete que reunían PSM e IU.

La propuesta era del grupo socialista y su portavoz, Adolfo Piñedo, defendió que había que "averiguar si se ha producido perjuicio a la Hacienda" de la Comunidad de Madrid. Recordó que, pese a existir una investigación judicial, de lo que ha trascendido hasta ahora se puede, dijo, "asegurar que estamos ante una trama empresarial que se ha beneficiado de los contratos con la Comunidad de Madrid y de su relación con altos cargos".

También insistió en que el PP ha "entorpecido" el control parlamentario de las relaciones del Gobierno de Esperanza Aguirre con las empresas de Correa. Con su mayoría absoluta (64 de 120 diputados, tras perder tres precisamente por estar imputados en el caso), el PP ha rechazado peticiones de información planteadas por la oposición y ha vetado iniciativas para la comparecencia de los responsables políticos.

Por ejemplo, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, sólo ha tenido una intervención en el pleno sobre este asunto, en la que se negó a tratar los contratos anteriores a las elecciones de 2007, pese a que en la legislatura pasada también gobernaba Esperanza Aguirre. En su comparecencia, Beteta justificó la legalidad de los expedientes, que contaron con informes favorables. Precisamente, la argucia de la trama Gürtel fue trocear los contratos para que no superaran el límite legal de 12.000 euros y que se pudieran adjudicar a dedo a sus empresas, porque la ley no obliga en estos casos a abrir un concurso.

"Éste es uno de los mayores escándalos que han sucedido en la región", afirmó Piñedo, que cuestionó que la propia Cámara de Cuentas no haya incluido los contratos del Gürtel de oficio en su programa de fiscalización de 2010. También recalcó que el informe anual de fiscalización de la Cámara analiza sólo un muestreo de contratos, "no incluye los menores, el instrumento preferido de la trama Gürtel para el saqueo de las arcas públicas".

La portavoz de IU en la comisión, Reyes Montiel, también se mostró a favor de la propuesta. "Si los contratos han pasado los controles internos, es que algo estamos haciendo mal", defendió. "La Administración debería tomar medidas".

Pero el PP, pese a que tiene el control de la Cámara de Cuentas, con una mayoría de miembros afines a Aguirre, se negó a la petición de la oposición. "Todos estos contratos menores cuentan con informe favorable. Fueron adjudicados correctamente, ejecutados y sus servicios prestados", argumentó. "Y si lo hicieron, difícilmente se puede hablar de saqueo".

Según el sumario de la trama, la Comunidad adjudicó 358 contratos a las empresas de Correa, por tres millones de euros.

Por otra parte, el PP vetó una pregunta de los socialistas para el próximo pleno (y admitida por la Mesa de la Cámara) al consejero de Presidencia, Francisco Granados, sobre el supuesto espionaje al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

(www.elpais.com, 10/02/10)

16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ANTEPONE "DAR" TRABAJO A "PAGAR" POR DESEMPEÑARLO

Esperanza Aguirre lanzó un mensaje inquietante en su intento de rebatir la cita bíblica de Zapatero en el Desayuno de la Oración con la que el presidente alertó contra la explotación laboral. Según la presidenta regional, "tiene muchísima importancia pagar el jornal a los trabajadores, pero más importante todavía es darles trabajo". Además, la comunidad que preside está liderando, como el resto de las gobernadas por el PP, la destrucción de empleo en España. Durante el Desayuno de la Oración, Zapatero leyó el siguiente pasaje del Deuteronomio: "No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus compatriotas, o un extranjero que vive en alguna de las ciudades de tu país. Págale su jornal ese mismo día, antes que se ponga el sol, porque está necesitado, y su vida depende de su jornal".

Quizá era un intento poco meditado de Aguirre de ridiculizar ese mensaje contra la explotación laboral, pero ese mismo día a la entrada de la Asamblea trató de bromear diciendo que a los trabajadores "sin duda tiene muchísima importancia pagarles el jornal pero más importante todavía es darles trabajo", unas palabras que está difundiendo ampliamente el PP de Madrid. Entre los discípulos de la doctrina de Aguirre quizá se encuentre el presidente de patronal, Gerardo Díaz Ferrán, a quien no obstante avaló para presidir la CEOE, mientras que éste piensa que la lideresa es "cojonuda". Como copropietario de la quebrada Air Comet, Díaz Ferrán tiene pendientes varias mensualidades a trabajadores de la aerolínea, aunque a tenor de la doctrina Aguirre quizá se sientan afortunados por haber podido disfrutar de un trabajo durante un tiempo.

(www.elplural.com, 09/02/10)

17. COMUNIDAD DE MADRID. IGNACIO GONZÁLEZ ACUSA DE "ACTITUD MISERABLE" A UN DIPUTADO DE IU

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha acusado hoy de "actitud miserable" al diputado de Izquierda Unida Fausto Fernández, durante un debate en la Asamblea madrileña. El número dos de Aguirre recurrió al insulto del adversario cuando respondía a una pregunta sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de anular la decisión del Gobierno autonómico de construir un campo de golf en el barrio de Chamberí, obra que se acometió sin licencia municipal.

Fausto Fernández le recordó al vicepresidente madrileño su implicación en el tema del campo de golf. Ignacio González es presidente del Canal de Isabel II, empresa pública que adjudicó la instalación. Un cuñado suyo, José Juan Caballero, fue uno de los promotores del proyecto, según desveló Público el 6 de febrero de 2009. Y la explotación de las instalaciones deportivas se la concedió el Canal a un consorcio formado por tres empresas. Una de ellas, denominada Tecnoconcret, era propiedad de un socio del hermano y del cuñado de González. El número dos de Aguirre no se abstuvo en el consejo de administración del Canal que aprobó la adjudicación y ocultó al resto de consejeros la vinculación de su familia con el dueño de Tecnoconcret.

El diputado de IU le dijo a González que la sentencia del TSJM le desautorizaba "personalmente por hacer una obra sin licencia", y añadió que  "no se puede pasar por encima de la legalidad por mucho interés que se tenga en un asunto". Fausto Fernández concluyó que es lógico que el Gobierno de Madrid recurra la sentencia, porque en caso de acatarla, González debería dimitir. En su respuesta, González arremetió contra el diputado de IU: "Lo que es poco edificante es su reiterada actitud zafia y miserable", indicó, antes de señalar que "ni el cuñado ni el hermano del vicepresidente han actuado en el proceso". Además, justificó la obra del campo de golf con el argumento de que 4.000 personas lo visitan diariamente.

(www.publico.es, 12/01/10)

18. COMUNIDAD DE MADRID. GÜEMES DENUNCIA QUE COBO TAMBIÉN ACUSÓ "A LOS RATISTAS" DE "PRÁCTICAS SIMILARES" A LA GESTAPILLO DE AGUIRRE

El inicio de la presidencia de Rodrigo Rato al frente de Caja Madrid no ha calmado las luchas internas entre las diferentes facciones del PP madrileño, que vivieron su máxima expresión con la lucha por el control de la caja. Las explosivas declaraciones del vicealcalde Manuel Cobo sobre las estrategias "de vómito" y "la gestapillo" del Gobierno de la Comunidad de Madrid marcaron un punto de inflexión que las huestes de la presidenta están lejos de olvidar. El consejero de Sanidad y portavoz del Ejecutivo regional Juan José Güemes intentó sembrar la discordia entre los frentes de Gallardón y Rato –que se unieron, al menos temporalmente, para parar los pies a la lideresa en Caja Madrid- y acusó a Cobo de lanzar hace años una acusación parecida a la "gestapillo" de Aguirre, pero en aquella ocasión contra "los ratistas".

Desde Esradio, la radio de Jiménez Losantos nacida al amparo de la presidenta, el consejero Güemes abordó la actual situación de Cobo en el partido, apuntando que "no ha podido mantener eso de que la gestapillo estaba organizada por nadie del Gobierno regional". Güemes no dudó en chivarse de su compañero de partido: "No es la primera acusación que Manolo Cobo hace en ese sentido, ya hace años también acusaba a los ratistas - no sé quién son los ratistas porque no hay ningún grupo formalmente configurado así en el PP de Madrid ni muchísimo menos- de prácticas similares".

"Los racistas habían montado una Gestapo", bromeó César Vidal, el conductor del programa. "No lo llamó Gestapo en aquella ocasión pero recuerdo que fue con motivo del Congreso regional del PP al que se presentó por primera vez Esperanza Aguirre y ganó y al que Cobo se postuló por cuenta de Alberto Ruiz Gallardón y entonces también hubo unas acusaciones, hubo palabras gruesas (…)", explicó Güemes sin dar muchos detalles. En cualquier caso, el consejero cree que el asunto de Cobo "está donde tiene que estar, en el comité de Derechos y Garantías" y "a la espera de una resolución".

El enfrentamiento entre facciones del PP de Madrid incluye todo tipo de capítulos, desde las graves acusaciones de espionaje interno –que se dirime en los tribunales- hasta los capítulos de humor grueso, como cuando el propio Güemes presenció en los estudios de Esradio una parodia de Brokeback Montain con Gallardón y Cobo en el papel de la pareja homosexual que protagoniza la película, o errores de bulto como cuando la televisión pública madrileña bautizó al nuevo presidente de Caja Madrid como "Podrido Rato". Y otro de los incidentes recientes que ha trascendido, 2l del "hijpoputa", la presidenta regional se felicitaba porque los gallardonistas habían perdido un consejero en Caja Madrid aunque fuera a parar a IU, y preguntaba además a su vicepresidente y hombre fuerte en la entidad, Ignacio González, que "qué armas tenemos contra éste", en lo que parecía una referencia a Rato.  

(www.elplural.com, 11/02/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID. DECLARACIÓN DE MANUEL COBO ANTE LA JUEZ: "DETERMINADAS PERSONAS PUEDEN TENER CIERTO INTERÉS EN LO QUE HAGO O NO HAGO"

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, aparece en al menos siete partes de seguimiento correspondientes al mes de abril de 2008 que, supuestamente, hicieron los espías pagados con dinero público y dependientes del Gobierno de Esperanza Aguirre. Cobo declaró el pasado 2 de febrero, a petición de la Fiscalía, ante la juez de Plaza Castilla que instruye este caso. Hay cuatro agentes imputados que supuestamente espiaron a políticos del PP contrarios a Aguirre. Lo que sigue es un resumen de la declaración de Cobo, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso EL PAÍS. En los primeros minutos de su testimonio, el vicealcalde detalla su actividad pública y privada durante los días de abril en que supuestamente fue espiado. Después, interviene la juez.

Juez. ¿Recuerda en esos días una cita con alguien susceptible de interesar a terceros?

Cobo. En esos días como con periodistas, con personas de mi partido. No son públicas. Es decir, la pregunta es: ¿Le puede interesar a alguien? Pues depende el interés que alguien tenga en conocer o tener instrumentos de la vida de los demás. Eso es absolutamente subjetivo y...

Juez. ¿Pero usted no tiene una reunión especial para esa fecha ni nada por el estilo?

Cobo. Especial... Si vemos en la hemeroteca pues hay una cierta efervescencia, por ejemplo en mi partido, porque se va a celebrar algo que es muy importante en los partidos políticos: un congreso en Valencia en el que...

Juez. Esto es previo al congreso.

Cobo. Todo es previo al Congreso de Valencia, y lo digo porque en la hemeroteca sí aparecen cuestiones que tienen que ver con el futuro de mi partido... por un lado (...). Es decir, puede haber 100 circunstancias que pueden hacer interesante lo que yo haga para unas determinadas personas, no a la generalidad supongo. Pero determinadas personas pueden tener cierto interés en lo que yo hago o no hago.

Abogado de Cobo. En caso de que se realice una contravigilancia, ¿usted y sus escoltas deben conocerlo?

Cobo. Creo que no entra en cabeza humana que pueda haber una contravigilancia sin que lo conozca el interesado y sus escoltas porque podría dar lugar a acontecimientos graves y muy desagradables. Yo tengo contravigilancia en este momento, y lógicamente mis escoltas saben y conocen a los que contravigilan.

Abogado defensor de los supuestos espías. Señor Cobo, ¿el servicio de seguridad propio, el que le pone el Ayuntamiento, detectó en algún momento que había seguimientos sobre su persona?

Cobo. Nunca.

Abogado defensor de los supuestos espías. La denuncia que usted presenta obedece a una publicación [en EL PAÍS] de estos soportes documentales sobre los cuales le han preguntado coincidencia de horarios, y hay una declaración de una persona, periodista que se encarga de publicar esos artículos, que dice que ha mantenido con usted una entrevista para contrastar esos datos. ¿Es cierto que se mantuvo esa entrevista previa a la presentación de la denuncia?

Cobo. A mí me llama la tarde anterior el subdirector de ese medio y me dice que hay más seguimientos, hay más espionaje. Y le digo ¿de quién? Y no pensaba en el mío, y no voy a decir en quién pensaba porque sé que había desde hacía tiempo cierto rumor de a quién se seguía, y me dice que a mí. Y digo, no me lo puedo creer. Y me dice si me puede preguntar qué hice unos días y le digo que no me lo sé. Me fui a mi despacho en Cibeles, llamé previamente a mi secretaria para tirar de ordenador y el periodista me empieza a preguntar si estoy en Madrid tal día y tal día. Le voy contestando que sí con los datos que tengo, vuelvo a decir que no es un diario, coinciden todos. Y señor letrado, lo que más me sorprende, lo que me lleva a creer que es verdad, que existe un seguimiento, es cuando me dice, o me lee, que un determinado día, el 11 de abril, no me encuentran. Eso a mí me convence. Cuando me dice eso, que ese día, el único que no estoy, no me localizan, y yo veo que estoy en Zaragoza, digo esto es verdad (...) Pienso que si alguien me sigue y sabe que estoy fuera no pone que no me encuentra ese día, es lo que yo pienso y deduzco. EL PAÍS me llama para preguntar, bueno vamos a dar esta información, y como hace habitualmente o hacen los medios de comunicación, para contrastar una información que tiene con los datos que yo les puedo facilitar.

Abogado defensor de los supuestos espías. ¿Ha tenido usted algún interés en preguntarle [a los periodistas] sobre las fuentes de información.

Cobo. Sí, pero no lo dicen. Yo le he preguntado a los periodistas, al señor Barón [director general de Seguridad], a consejeros de la Comunidad de Madrid y no me lo quieren contar. No, no me lo han dicho, y lo pregunto todo lo que puedo.

(www.elpais.com, 11/02/10)

20. COMUNIDAD DE MADRID. LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA ALCANZA SU MÁXIMO HISTÓRICO

Algo pasa con la lista de espera quirúrgica de la sanidad pública regional. Ni la reciente apertura de nuevos hospitales ni la decisión de destinar casi 78 millones de euros en 2009 al plan integral de listas de espera está dando resultados. El número de personas que aguardan una intervención es cada vez más abultado. Tanto que la situación actual es de récord. Con 50.689 pacientes, supone la cifra más alta desde que hay recuento. Nunca desde que Esperanza Aguirre puso en marcha el plan para atajar las esperas (finales de 2004) había habido tantos pacientes aguardando para entrar en quirófano. También lleva años creciendo el número de pacientes que rechazan la primera opción que les da Sanidad, y que suele ser una clínica concertada. Ya son el 37% del total.

Con datos de 31 de diciembre de 2009, los últimos disponibles, 18.611 personas que forman parte de la lista de espera total han rechazado esa primera opción y prefieren esperar para ser intervenidos en su hospital público de referencia. La cifra también es de récord, la más alta desde 2004.

Es complicado saber cuánto espera, de media, un paciente madrileño para entrar en el quirófano. La dificultad se debe a que Sanidad no divulga el dato global, sino que lo hace por grupos. Eso se debe a que en Madrid no hay una lista de espera quirúrgica; hay tres. Está la lista que Sanidad llama "estructural", la de los "pacientes transitoriamente no programables" y la de los que rechazan operarse en la primera opción (básicamente en clínica concertada). Sólo en la primera se cumple el compromiso electoral de Aguirre: que ningún madrileño espere más de 30 días. Según los últimos datos, que Sanidad publica cada tres meses en una página web, la espera media es de 11,7 días. Pero sólo para los 15.375 pacientes (un 30,3% del total) de la lista oficial. Ese tiempo ha subido un 20% en apenas un trimestre: a 30 de septiembre eran 9,8 días.

Cuando un paciente rechaza la primera opción de Sanidad, resulta penalizado. El compromiso se suspende. Por eso las 18.611 personas (el 36,7%) que estaban en esa situación a 31 de diciembre esperan, de media, 62,5 días. En este caso, no se puede hablar de récord. La cifra ha llegado hasta los 70 días. Siete de cada 10 de esos pacientes que prefieren esperar a que su hospital público pueda intervenirles aguardan entre 31 y 180 días. Incluso hay 40 que a final de año llevaban más de tres meses en lista.

La última de las tres opciones en las que Sanidad divide la lista global se nutre básicamente de pacientes que están pendientes de la cita con el anestesista o que esperan las pruebas de su pre-operatorio, aunque también incluye a los que solicitan aplazar la intervención por motivos de trabajo o vacaciones, o a los que se detectan problemas de salud que contraindican entrar en quirófano. Un 33% de los pacientes (16.703) estaban en esa situación a 31 de diciembre. Con ellos tampoco se cumple el compromiso de los 30 días.

Fue precisamente por esta argucia -no incluir al paciente en lista de espera en el momento en que el especialista prescribe la operación, como sucede en el resto de España- por lo que el Consejo Interterritorial de Sanidad decidió en octubre de 2005 excluir a Madrid del cómputo nacional. El ministerio explicó entonces que, al contabilizar a los pacientes de ese modo, los tiempos de espera parecen más cortos de lo que son en realidad. De este 33% de pacientes no hay datos de tiempo medio de espera. Sanidad no lo proporciona.

La consejería no quiso explicar a qué atribuye el aumento sin precedentes de la lista de espera. Remitió a un comunicado en el que asegura que "como consecuencia del incremento de actividad en consultas y pruebas diagnósticas, las entradas en lista de espera quirúrgica aumentaron un 8% en 2009". El comunicado añade que las intervenciones en centros concertados han bajado un 9% y que ya sólo suponen el 6% del total. Un dato que no cuadra con las explicaciones que han dado fuentes de la consejería en otras ocasiones, según las cuales, "una proporción muy grande" de las operaciones sencillas (cataratas, hernias...) se derivan a la sanidad concertada.

El sindicato UGT critica que el Gobierno regional sólo cumpla su compromiso con un tercio de los pacientes. "Hay más de 30.000 madrileños que parece que no existan, y ellos también esperan una operación", asegura su secretario de Políticas Sectoriales en Madrid, Juan Luis Martín, que recuerda que Aguirre ha empleado casi 400 millones de euros en cinco años para mejorar la situación de las listas de espera. "Invertir tanto dinero para llegar a esta situación, peor que hace cinco años, quiere decir que la gestión no está siendo acertada y hay que revisarla".

(www.elpais.com, 06/02/10)

21. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE CHOCA CON LA JUSTICIA

El Gobierno de Esperanza Aguirre acaba de recibir la novena sentencia en contra de sus políticas educativas en el plazo de un año. En la última, a la que ha tenido acceso este periódico, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acepta el recurso del Ayuntamiento de Parla contra el criterio de admisión de alumnos en los colegios de la localidad establecido por la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Fígar.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM anula la orden emitida por Fígar en marzo de 2008 que regulaba el acceso de escolares en escuelas infantiles de la red pública y concertada de la Comunidad de Madrid para el curso 2008-2009. El tribunal toma esta decisión porque Educación no quiso contar con la opinión del consistorio parleño, a pesar de que "resulta indiscutible" que era necesario escuchar su criterio.

La norma impugnada le imponía al Ayuntamiento de Parla obligaciones de admisión que iban en contra de su criterio pero "no fue oído [...] pese a tener un interés directo en el asunto".

La sentencia recoge las razones del consistorio que entonces dirigía Tomás Gómez, actual líder de los socialistas madrileños, para recurrir una norma que a su entender "segregaba" a los alumnos en función de su extracción socioeconómica.

Con los baremos establecidos por la Consejería de Educación "se conculca el derecho de libre elección del centro" que tienen los padres, ya que obligaba a acudir a la escuela de titularidad municipal que se encontrara más cercana al domicilio de la familia, en lugar de otra de titularidad autonómica o concertada. De este modo, según figura en la sentencia, se generaba "una discriminación en el derecho de las familias".

La Comunidad de Madrid no incluía a los centros de la red concertada en el programa informatizado de gestión de la escolarización, dificultando el acceso de los padres a esos centros. Esto, sumado a los baremos, provocó "perjuicios de carácter social" y "gran confusión entre los ciudadanos".

Esta sentencia del TSJM se suma a otras ocho anteriores que ha ido recibiendo en contra la Consejería de Educación madrileña en los últimos meses. Estos fallos han corregido desde la política salarial de los docentes de la red de colegios concertados hasta la privatización injustificada del colegio Miguel Ángel Blanco de El Álamo. Este último asunto motivó el jueves una concentración sindical frente a la Asamblea de Madrid que demandaba la dimisión de Lucía Fígar.

(www.publico.es, 06/02/10)

22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RECORTA LA AYUDA A PROGRAMAS DE IGUALDAD

A pesar de que su nombre choca con la misma idea de igualdad, las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad recibieron 12.218 euros de la Comunidad de Madrid en 2008 para desarrollar programas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Idéntica cantidad fue otorgada a las Apostólicas del Corazón de Jesús, una asociación religiosa que aboga por la castidad como un modo de "amar con ternura".

Aún no se sabe qué entidades son las agraciadas en 2009 por la Consejería de Empleo y Mujer madrileña. Tal y como denunció la portavoz socialista de Mujer en la Asamblea, Josefa Pardo, las asociaciones beneficiadas sólo "saben que han sido agraciadas con la ayuda por una llamada del Gobierno regional", y no por la publicación de una lista definitiva en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Fuentes de la consejería aseguran que las entidades elegidas ya recibieron una notificación por correo certificado en el plazo establecido. También aclararon que el listado completo se publicará en el BOCM en los próximos días, "a pesar de que hay tiempo para hacerlo hasta el 23 de abril".

La consejería sostiene que no puede adelantar hasta entonces el listado de subvencionadas, pero insiste en que los 495.000 euros de esta partida presupuestaria no se destinan a las asociaciones, sino a los proyectos realizados en 2009. Así salía al paso de las críticas del PSOE, que dice haber "detectado" que las ayudas van a parar sobre todo a asociaciones católicas o "ligadas directamente al PP".

Representantes de distintas asociaciones de mujeres que no recibirán la ayuda este año añadieron tras el pleno de la Asamblea que se enteraron de ello cuando telefonearon "por propia iniciativa" a Empleo y Mujer.

Es el caso de Victoria García Espejo, presidenta de la Asociación Solidaridad de Madres Solteras de Madrid. Ella denunció la "falta de transparencia" a la hora de destinar los recursos. "Llamamos a la Consejería y fue una funcionaria la que nos dijo que nuestro proyecto estaba muy bien valorado pero que no había dinero". Su asociación desarrolla desde 1988 un proyecto de ayuda a las familias homomarentales que el próximo año no podrá ejecutar. La consejera, Paloma Adrades, justificó el recorte por la "austeridad necesaria" en las cuentas públicas por culpa de la crisis.

Susana Albarrán, representante del área de la mujer de Radio Vallekas, recordó que las asociaciones adelantaron el dinero para los proyectos. Su programa, premiado por la Dirección General de la Mujer de Madrid en 2006, contaba con la subvención para seguir desarrollando su trabajo. Venía recibiéndola desde hace diez años.

(www.elpais.com, 12/01/10)

23. COMUNIDAD DE MADRID. LA CAM ELIMINA LAS AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL SIDA

Varias asociaciones y ONG denunciaron este martes que la Comunidad de Madrid les ha retirado las ayudas para la prevención del VIH-Sida, medida que afecta a "los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social".

Las asociaciones afirmaron en un comunicado que la directora general de Atención Primaria, Patricia Flores, "en una actitud prepotente", comunicó en una reunión a las ONG que se dedican a la prevención y asistencia a los colectivos vulnerables al VIH/Sida que "la Comunidad de Madrid ha eliminado las partidas presupuestarias para la prevención del VIH/sida desde el 1 de septiembre de 2008 a través de las ONG de la Comunidad de Madrid".

En concreto, indicaron que la suma de las subvenciones para 2009, presupuestadas y no resueltas para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de agosto de 2009, era de 648.000 euros.

Según apuntaron las asociaciones, esta decisión elimina los fondos que ayudan a las ONG a llevar a cabo las funciones que la propia Consejería "no asume siendo su obligación", de manera que "pone en riesgo a la población de Madrid". Además, concretaron que "la Comunidad de Madrid no ha realizado ninguna actuación en prevención y atención en colectivos vulnerables".

"Madrid es la única comunidad autónoma que elimina la prevención y asistencia al VIH/Sida", criticaron las asociaciones, que apuntaron que la prevención y la asistencia a través de las ONG estaba prevista, y que la Comunidad de Madrid se había comprometido en el Plan Multisectorial frente a la infección por VIH/sida España 2008-2012.

Los colectivos señalaron que en 2009 las ONG han desarrollado a cargo de sus recursos y en espera de las subvenciones, programas en coordinación con la Consejería de Sanidad por indicación directa de los técnicos de la Consejería, siempre con la inclusión de los logotipos de la Consejería en todo el material gráfico y continando la labor que durante años desarrollan.

"Esta decisión supone una ruptura de muchos años de atención a sectores de población altamente vulnerables y en situación de Especial Riesgo, así como la desatención total a la problemática de VIH/sida y los afectados por la infección", alegaron las asociacones, que añadieron que la Comunidad no responde y que no ofrece ningún recurso a donde derivar a los usuarios de los programas que llevan a cabo las ONG. "Nos indica que enviemos a los usuarios a los médicos de familia", concluyeron las asociaciones.

En la reunión de , lunes, con la Consejería de Sanidad estuvieron presentes representantes de las asociaciones Aculco, Apoyo Positivo, Apramp, Asociación Proyecto Hogar, Atiempo, Cesida, Cogam, Colectivo Hetaira, Colectivo San Blas , Fantid, FELGTB,Fundación Atenea,Fundación Triángulo,Grupo Fenix y Médicos del Mundo.

(www.publico.es, 09/02/10)

24. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS SOCIALISTAS ALEGAN QUE HAY PRUEBAS PARA INVESTIGAR A CAMPS

Hay suficientes indicios en el informe de la Brigada Policial de Blanqueo sobre el que se fundamenta la querella para que el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) investigue al presidente Francisco Camps y a otras 16 personas, entre ellas varios cargos del Gobierno valenciano y cuatro conocidos empresarios, por supuesta financiación ilegal del PP. Así lo sostienen los cuatro diputados socialistas que la presentaron.

"El tribunal no puede hacer dejación de sus competencias y dejar en manos de otro tribunal la determinación de la investigación y su valoración a efectos de competencia cuando tiene en su poder auténticos principios de prueba que le impiden avocar su competencia", alegan en el escrito de respuesta a la consulta del Tribunal Superior de Justicia valenciano sobre la competencia del tribunal tras la negativa del juez Antonio Pedreira, del Superior de Madrid, que instruye el caso Gürtel, a revelar el estado de la investigación.

"Aun cuando el TSJ de Madrid estuviera investigando los hechos, siempre y en todo caso la competencia sería del TSJCV", señalan los socialistas en su escrito, dado que afectan a cargos aforados que sólo pueden ser juzgados por ese tribunal o por el Supremo, pero nunca por el tribunal madrileño. Y apuntan que, si fuese necesario, "en caso de conflicto sobre los hechos investigados, debería formularse una cuestión de competencia".

También apuntan los diputados que el presidente y vicepresidente de la Generalitat y otros cargos aforados son, en su opinión, responsables de los hechos, pese a que el secretario regional de los populares ha informado al Tribunal valenciano de que el PP de la Comunidad Valenciana no tiene personalidad jurídica y que las funciones de tesorería y contabilidad correspondían al PP nacional entre 2002 y 2008. El informe de la brigada policial deja claro, según los socialistas, que los querellados gestionaban y administraban de facto las cuentas del PP valenciano.

Por su parte, la fiscalía considera que el Tribunal valenciano no es, de momento, competente para investigar la querella socialista. Su argumento, elaborado por la Fiscalía Anticorrupción y firmado por el fiscal superior valenciano, Ricard Cabedo, considera que lo que corresponde es esperar la evolución de la investigación del juez Pedreira en el Tribunal de Madrid. Para la fiscalía, procede que Pedreira evalúe los indicios, señale a los supuestos responsables y se inhiba en favor del Tribunal valenciano. A su juicio, la situación en la que se encuentra el procedimiento de Madrid, bajo secreto sus tres cuartas partes, hace

(www.elpais.com, 06/02/10)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. COSTA PACTA CON GÉNOVA SU REHABILITACIÓN POLÍTICA A CAMBIO DE NO RECURRIR LOS CARGOS

El ex secretario general del PP, Ricardo Costa, se empeñó durante meses en demostrar que aquel fatídico comité ejecutivo regional del 13 de octubre de 2009 nunca aprobó su destitución como responsable del partido. Costa llevó su verdad tan lejos que tan sólo 16 días después, Génova le retiró el carné de manera cautelar tras acusarle de "indisciplina" y de usurpación del cargo. Sin embargo, el paso del tiempo ha acabado por convencer al ex número dos del PP valenciano que mantener el pulso con la dirección nacional sólo le abocaba a dar por finiquitada su antaño prometedora carrera política.

Finalmente, Costa ha optado por ceder y dar por bueno el pliego de cargos que el comité de derechos y garantías del PP le comunicó hace unas semanas y que incluía una propuesta de sanción de un año de suspensión de militancia. Es decir, según ha podido sabido este diario, el ex secretario general ha comunicado al citado órgano que no presentará alegaciones (hoy expira el plazo), un gesto que tendrá su recompensa: su rehabilitación política.

Fuentes de la dirección nacional de Génova indicaron que la renuncia de Costa a recurrir la propuesta de sanción es valorada "positivamente". Y precisaron que la dirección nacional espera que el comité de conflictos y garantías que instruye el expediente de Costa tenga un gesto "que permita desactivar este conflicto".

El tono conciliador de las citadas fuentes evidencian que con su cambio de actitud, Costa ha reconquistado un futuro político que iba camino del abismo. La solución pactada entre Génova y el ex hombre fuerte de Francisco Camps en el PP va más allá de una posible rebaja en la sanción. El acuerdo pone fin a un enfrentamiento con la dirección nacional -especialmente con la número dos del PP, Maria Dolores de Cospedal- que habría tenido consecuencias para Costa, pese haber recuperado su militancia. Sin un mea culpa, Costa hubiera seguido siendo persona non grata para la dirección nacional del PP, por lo que incluso el ex secretario general de los populares valencianos habría tenido difícil repetir en las listas.

El "perdón" de Génova da vía libre al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien sigue defendiendo a quien fue su mano derecha en el partido, a recompensarle con un cargo. Podría incluso, pasado un tiempo prudencial, cumplir su compromiso de hacerle conseller.

Con todo, es evidente que la imagen de Costa ha quedado seriamente dañada por su vinculación con el caso Gürtel y su íntima amistad con "El Bigotes". Las conversaciones con el ex gerente de Orange Market fueron calificadas por Cospedal de "chuscas" y "soeces". Cabe recordar, además, que al igual que el propio presidente Camps, el futuro de Costa sigue unido al devenir de las actuaciones judiciales relacionadas con el caso Correa. La decisión del Tribunal Supremo sobre la causa de los trajes también afecta al ex secretario general del PP.

Otras fuentes consultadas por este diario expresaron sus dudas sobre los verdaderos motivos del pacto al recordar que Costa llegó en una comparecencia pública a elevar a Rahoy la responsabilidad de que el Consell siguiera contratando con las empresas de la trama, unas declaraciones que para muchos fueron un auténtico aviso a navegantes sobre la posibilidad de que Costa tirara de la manta.
Por otro lado, el líder de Alicante, Joaquín Ripoll, acusó al comité de derechos y garantías de Comunitat de partidismo en los conflictos con la regional.

Diversas fuentes del PP, citadas por la agencia Efe, indicaban que el Comité de Derechos y Garantías podría decantarse por rebajar los castigos a seis meses de suspensión. Es más tanto para el caso del vicealcalde de Madrid como para el de Costa, pese a estar sancionados, podrían ver reducidos sus castigos aún más por buen comportamiento. Añadían que los dos podrían reincorporarse a la disciplina del PP y concurrir en las listas electorales para las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2011.

(www.levante-emv.com, 12/01/10)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. MÁS CONCIERTOS PARA LOS CENTROS DE MAYORES VINCULADOS A SEDESA

El paso por la Consejería de Bienestar Social del vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino (junio 2007-agosto de 2009) no solo dejó a la Comunidad Valenciana a la cola en la aplicación de la ley de la Dependencia en España. También se tradujo en un aumento del volumen de negocio de la red de residencias de la tercera edad vinculada a su familia. Esta empresa, Savia Centros Residenciales -nombre comercial de Gerocentros del Mediterráneo, SL, participada por Sedesa Concesiones, del Grupo Sedesa que dirige el sobrino del consejero, Vicente Cotino Escrivá- se vio favorecida por varias medidas adoptadas durante la etapa de Cotino en Bienestar Social. Un acuerdo del pleno del Consell de 2008 propició un aumento del 170% de las plazas subvencionadas por la Generalitat con esta firma a final de ese año respecto a las concertadas en 2006 al pasar de 716 a 1.938.

Buena parte de las plazas obtenidas por Savia y subvencionadas por la Generalitat (al menos 758) se beneficiaron de unas condiciones económicas diferentes que elevaban el precio máximo que podían cobrar por cada usuario un 25% respecto a la suma anterior, lo que supone 3,3 millones de euros más al año, calcula el PSPV.

La norma que estableció las reglas de juego iniciales en las plazas concertadas fue el contrato administrativo que puso en funcionamiento Bienestar Social en 2003 para que las empresas pusieran en el mercado 9.000 plazas residenciales destinadas a paliar el déficit existente, de las que un tercio serían subvencionadas por la Administración. El precio máximo de las plazas -finalmente fueron unas 2.000, ya que se construyeron algo más de 6.000 plazas- se fijó en 36 euros, que, según el contrato (de 15 años de duración y prorrogable a 25) se iría actualizando en función del IPC. Según este contrato, el precio máximo debería haber sido el año pasado de 46,04 euros y 46,4 este año.

Sin embargo, no fue así en al menos, otras 2.000 plazas concertadas. La consejería, a través de contratos negociados y sin publicidad, estableció precios distintos, notablemente más altos (58 euros en 2009, 60 en 2010), con diferentes grupos empresariales. Con Savia, por ejemplo, afectaba a 758 plazas el año pasado. De estos acuerdos participan también las firmas La Saleta o Novaire.

Este precio no es solo superior a los 46 euros del contrato anterior. También es notablemente más alto que otros precios máximos fijados por Bienestar Social referidos a otros tipos de plazas subvencionadas. Es el caso de las residencias sin ánimo de lucro, con un precio máximo por plaza diario de 50 euros para 2010. O de los centros de la modalidad bono-residencia que, en el caso de las personas con mayor discapacidad, cobran la plaza a 55,5 euros.

La cifra de los 58 euros por plaza de los nuevos contratos (negociados y sin publicidad) no figura en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, al contrario de los anteriores precios. Tampoco se ha hecho público por parte de la consejería. La cifra se incluye en el pliego de cláusulas del contrato, que solicitó el diputado socialista Antonio Torres y que no ha podido acceder a la totalidad del expediente. "Es poco ético que un consejero, como parte interesada, tome decisiones que implican a empresas de su familia", apunta Torres. "Y es igual de grave que, dadas las circunstancias, en lugar de tratar de aclarar las cosas y dar facilidades a la hora de transmitir información, la consejería haya optado por el oscurantismo". El diputado pone el ejemplo de los 10 meses que tuvo que esperar para recibir el contenido de un acuerdo del Consell de enero de 2008 en el que se impulsó el concierto de plazas residenciales. "Es un pelotazo de 3,3 millones de Cotino, el único beneficiado de la Dependencia en la Comunidad Valenciana", añadió.

(wwwelpais.com, 08/02/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS DESVÍA 300.000 EUROS A UNA FUNDACIÓN ´FANTASMA´ DEL CONSELL QUE SÓLO PAGA SUELDOS

Ningún nombre, ni logo, ni señal de vida en los timbres del portero automático. Ni el más remoto signo de identificación en los buzones del patio de la escalera y ni rastro en las 48 puertas del edificio de la calle Colón, del primero A, al octavo F, según comprobó este diario. La fundación Gestión y Eficiencia Empresarial (GEE), dependiente de la Conselleria de Economía y que tiene a Gerardo Camps como presidente del patronato, se creó el 12 de junio de 2007 y no tiene ninguna actividad aparente salvo pagar el salario de sus dos empleadas: la gerente, Dolores Bello, y la técnico Lucía Aparicio, ambas ligadas al Partido Popular, según los socialistas.

Una web "en construcción" y una nota de prensa del Consell en la que se informaba del alumbramiento de GEE son dos de las pocas actuaciones que adornan su currículum. El portavoz del PSPV en la Diputación de Valencia, Rafael Rubio, y la portavoz adjunta en las Corts Cristina Moreno denunciaron que el presidente de la corporación provincial, Alfonso Rus, ha quitado 300.000 euros del Patronato de Turismo -de una partida de 315.000 prevista para programas de apoyo del sector, básicamente en pueblos del interior- para darlos a esa fundación.

La cifra de la modificación contable aprobada supone el triple del presupuesto de esa fundación para este año, unos 102.000 euros que en su práctica totalidad se destinarán al pago de salarios. En 2008, se destinaron 100.925,42 euros a las nóminas de las dos empleadas. La cantidad representa prácticamente dos tercios de los casi 160.000 euros gastados, según unas cuentas anuales de la entidad que no fueron firmadas por todos los responsables que las formulan. Lo dijo el Síndic de Comptes en su informe de 2008. El vicepresidente del patronato es el número dos de Economía, José Manuel Vela; el secretario es Luis Lobón (Servef) y ejercían de vocales Enrique Pérez Boada (entonces en el IVF) y Antonio Lis, de VCI.

La socialista Cristina Moreno subrayó, además, que Gestión y Eficiencia Empresarial ha tenido tan pocas actuaciones que ni presentó la memoria de actividades correspondiente a 2008 junto a las cuentas anuales. Una contabilidad que retrata, además, el gasto de 16.795,74 euros en el alquiler del despacho; 4.216 en amueblarlo y 3.500 euros en la compra de los ordenadores de sobremesa. También se dedicaron otros 2.657,40 euros a adquirir dos portátiles. A la gerente debe de venirle bien, dado que, según varias fuentes, suele prodigarse poco en apariciones por el despacho. mismo, este diario no la pudo localizar en la oficina. Tampoco respondió al mensaje de petición de información, que este diario trasladó a la empleada que atendió la llamada. Además de la informática, la fundación gastó 2.279 euros en un manual de imagen corporativa y casi 2.000 en la puesta en marcha de la web. Al pago de "servicios profesionales independientes" se dedicaron 20.094 euros.

¿A qué se destinará el dinero que llega a la fundación? De momento no hay noticia, pero Rubio sospecha que el trasvase de dinero "se justificará con un convenio para estudiar posibles aplicaciones turísticas" sobre el Júcar y los Serranos. Si cumpliera su fines, GEE dedicaría el dinero a la promoción y desarrollo del conocimiento y colaboración entre altos ejecutivos y empresarios de la Comunitat Valenciana para contribuir a la mejora de la actividad empresarial y económica".

(www.levante-emv.com, 11/02/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. RIPOLL ACUSA AL CAMPISMO DE SER SECTARIO EN LAS SANCIONES

Más leña al fuego cruzado entre las dos facciones enfrentadas en el PP en Alicante. El presidente provincial del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, criticó la falta de equidad y la actuación "partidista" del presidente del Comité Regional de Derechos y Garantías de su formación política, Juan Rodríguez Marín, al proponer expedientes de suspensión de militancia.

Ripoll respondió así al ser preguntado por la decisión del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP que, a propuesta del órgano regional, ha suspendido de militancia de forma cautelar al edil de Torrevieja y vicepresidente quinto de la Diputación de Alicante, Domingo Soler. El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo del PP, basó la suspensión en 55 faltas graves o muy graves, como el "boicoteo" al PP.

En opinión de Ripoll, Rodríguez Marín "no hizo lo mismo en algo tan de libro como con los cinco concejales del PP de Villena que varias veces han votado en contra de la disciplina del partido y elevaron declaraciones injuriosas" contra la alcaldesa, Celia Lledó. "Rodríguez Marín no actúa de manera equitativa y la justicia debe ser equilibrio", recordó Ripoll, quien aseguró no entender "muy bien" por qué "actúa de instructor de estos expedientes una persona que actúa de manera partidista". El presidente provincial recriminó que actúa "sin escuchar a las personas".

Ripoll anunció que "posiblemente" la próxima semana mantenga una reunión con la vicesecretaria general de organización del PP, Ana Mato, "no sólo para hablar del tema de Soler, también del conjunto de la provincia de Alicante". En este sentido, manifestó que "no tiene mucho sentido que se suspenda de militancia a Domingo Soler o a Emigdio Tormo [edil ilicitano], quien lleva varios meses suspendido de militancia sin ser escuchado, cuando en otros casos se ha actuado de otra manera". Y recordó que Manuel Cobo y Ricardo Costa -vicealcalde de Madrid y ex secretario general del PP valenciano, respectivamente-, fueron "atendidos", y posteriormente "castigados por hechos muy graves", con sanciones comparadas a la impuesta al ilicitano Emigdio Tormo que "ya tendría cumplida prácticamente esta sanción".

Ripoll espera aclarar estos temas antes de reunir al comité ejecutivo provincial para convocar las 51 asambleas pendientes.

(www.elpais.com, 12/01/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. XÀBIA ADJUDICÓ UN PAI A UNA FIRMA DEL ALCALDE DEL PP DURANTE 2005

Poder político y negocios inmobiliarios van de la mano en Xàbia. En 2005, el Ayuntamiento decidió adjudicar a la empresa del entonces alcalde, el popular Juan Moragues, un Programa de Actuación Integrada (PAI) en la zona turística de L'Arenal. El primer edil figuraba en aquella época como administrador de la mercantil que obtuvo la condición de agente urbanizador del plan y cuyo nombre, Moragues Pons SL, lleva sus propios apellidos. Hay que hacer constar que Juan Moragues no participó en la votación donde se decidió la adjudicación del PAI.

Aquel acuerdo, sin embargo, puede costarle ahora caro al consistorio ya que otra firma, Concepción Noguera Asociados SL, reclama a las arcas municipales una indemnización que podría llegar a casi medio millón de euros tras haber presentado contra el consistorio un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado número tres de Alicante, ya que considera vulnerados sus derechos.

En diciembre de 2007, siendo alcalde Eduardo Monfort, de Bloc-Centristes, se aprobó definitivamente el PAI, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) el edicto que daba fe de este acuerdo. Monfort que, cuando se decidió la adjudicación del PAI se encontraba en la oposición, gobierna en la actualidad con el apoyo de Juan Moragues, que ocupa el cargo de concejal de Turismo y Servicios Sociales, además de presidente local del PP.

Moragues Pons SL obtuvo el PAI gracias al acuerdo de un pleno celebrado en febrero de 2005 en el que fueron rechazadas las alegaciones presentadas por Concepción Noguera Asociados. Cuatro días después, la junta de gobierno ratificó la aprobación del proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución Arenal 1.b.II promovido por la mercantil de Moragues, que tenía un presupuesto de 143.400 euros, supeditada a la subsanación de una serie de deficiencias en la red vial, suministro de agua y electricidad.

El caso tiene otras ramificaciones. Los documentos que certificaban la aprobación del plan urbanístico fueron firmados por el entonces secretario de la corporación, Manuel Ferrándiz, que en la actualidad ejerce como abogado urbanista de la empresa Moragues Pons SL. Una hija de Ferrándiz trabaja como jefa de planeamiento de gestión en la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Xàbia.

Y, según consta en el BOP, emitió un informe favorable sobre el proyecto cuando éste iniciaba sus primeros pasos, a finales de 2002. En octubre de aquel año se celebró en el Ayuntamiento una comisión informativa de urbanismo sobre la modificación de las unidades de ejecución del Arenal1.b.I y 1.b.II en la que Moragues se abstuvo -al igual que los socialistas y otro grupo independiente- mientras el PP votaba a favor y BNV y CDS -los dos partidos que ahora integran la coalición del actual alcalde Eduardo Monfort- lo hacían en contra.

Concepción Noguera Asociados SL impugnó el PAI de l?Arenal hace dos años. En un primer momento esta mercantil presentó su propio plan, que sin embargo no salió adelante, motivo por el que la empresa de Moragues realizó su propuesta al Ayuntamiento, que fue finalmente la seleccionada. Fuentes del gobierno municipal aseguraron que la adjudicación del PAI de L'Arenal a Moragues Pons se siguió cumpliendo los trámites legales y que contra la reparcelación sólo se ha presentado un recurso de carácter administrativo contra el Ayuntamiento, sin que exista ninguna denuncia contra el ex alcalde del PP. Y añadieron que el recurso de la empresa demandante tiene pocos visos de prosperar.

(www.elpais.com, 06/02/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL EDIL DE CULTURA DE ALICANTE COBRA DE UN ÓRGANO QUE LE ASESORA

El PSPV de Alicante cuestiona la legalidad del cobro de indemnizaciones de los miembros de la Comisión Técnica de Coordinación de Programas Culturales y de Artes Plásticas del Patronato de Cultura del Ayuntamiento. La comisión la creó en julio de 2007 por decreto el concejal de Cultura, Miguel Valor, del PP. La integran el edil, en calidad de presidente, su secretaria, dos ordenanzas, una auxiliar administrativa y el jefe de servicio del área de Cultura. El pasado año este organismo acarreó un desembolso a las arcas municipales de 36.400 euros.

El 16 de julio de 2007 Valor, mediante decreto, disolvió la Comisión Técnica de Coordinación de Programas Culturales y de Artes Plásticas, operativa desde 2002. Ese órgano lo presidía el anterior edil de Cultura, Pedro Romero, pero sin percibir dietas por asistencia. Y, además, estaba integrada por dos funcionarios especialistas en temas culturales. Dos semanas más tarde y también por decreto, Valor volvió a activar la comisión con la misma nomenclatura. Del nuevo órgano desaparecieron los técnicos especialistas en la materia y en su lugar entraron la secretaria de concejal y el jefe de servico del área de Cultura. Uno de estos funcionarios excluidos ha presentado una queja al Síndic de Greuges.

Los socialistas denuncian la posible ilegalidad del cobro de las comisiones, "ya que la norma a la que se acoge el concejal no prevé indemnizaciones para este tipo supuesto". El PSPV critica la forma de disolver y volver a retomar el órgano, "de espaldas" a la Junta Rectora del Patronato Municipal de Cultura. Y, por último, censuran su composición e ineficacia: "No hay ningún técnico especialista, y no aporta soluciones a los problemas reales de ámbito de la cultura de la ciudad. Se limitan a ratificar comunicaciones internas", señalan fuentes del PSPV.

El PSPV resalta que, aparte de su inoperancia, la comisión tampoco tiene sentido: "Se creó de manera provisional hasta la elaboración de un organigrama de patronato. Ese organigrama ya está elaborado desde 2006, aunque no ha sido llevado a pleno todavía. Exigimos que el documento vaya al pleno y que Valor se explique ante la junta del patronato".

Valor rechaza las críticas y asegura que con la nueva comisión, "nos ahorramos la mitad, porque surgió de la fusión de dos". El edil defiende la legalidad de sus decretos.

(www.elpais.com, 09/02/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. EL VICE FABRA SIGUE LOS PASOS DE SU MENTOR Y REGISTRA 72 PADRONES IRREGULARES EN SU MUNICIPIO

El alcalde de Vall d’Alba y segundo de Carlos Fabra en la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, vuelve a ser noticia, esta vez por el empadronamiento sospechoso de hasta 72 personas. El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Fernando Grande, ha interpuesto una denuncia contra el vice Fabra ante el Instituto Nacional de Estadística (INE) pidiéndole que investigue a una serie de personas que "no viven ni nunca lo han hecho en los domicilios en los que están registradas". Los padrones sospechosos están registrados en masías abandonadas, inhabitables o pertenecientes a miembros del PP local, incluido el mismo regidor. Así, el mismo secretario municipal y su mujer estarían domiciliados en el Ayuntamiento, en tanto el funcionario responsable del padrón ha inscrito a un inquilino inexistente en su propia casa…. Claro que, en esto de incrementar padrones el mismo Fabra es un experto. En 2007, el presidente provincial avaló el registro de 117 rumanos en una sede de Cáritas.

Tal como recuerda el diario provincial Levante, las sospechas del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) empezaron en marzo del año pasado, en vísperas de las elecciones europeas.

El grupo denunció entonces ante el INE que 87 personas, sin vivir en Vall d’Alba, votaron en la localidad. El INE, a su vez, se dirigió al Ayuntamiento para pedirle que certificase la residencia de los aludidos. En consecuencia, el 25 de septiembre pasado el Consistorio procedió a dar de baja a 23 de los denunciados, una baja que ya es un hecho. Ahora, los socialistas han vuelto a remitir al INE una lista de 72 sospechosos para que el organismo estudie si sus padrones son regulares o no.

Grande, el portavoz municipal del PSPV, ha enfatizado en el hecho de que el secretario municipal y su mujer, de cara al padrón, vivan en el Ayuntamiento. También el funcionario que elabora el censo municipal "tiene a una persona inscrita en su casa pese a que no vive allí". Grande ha solicitado al INE "máxima diligencia" y ha reseñado además que ocho personas están empadronadas en un edificio del alcalde.

Cabe mencionar que, en esto de los censos inflados al alza, Castellón tiene historia. El Gobierno del mismo Fabra avaló el empadronamiento de 117 rumanos… en una sede de Cáritas. Este hecho también fue investigado por la Fiscalía y el INE.

Francisco Martínez empezó su andadura política en 1991, cuando precisamente se aupó a la alcaldía de Vall d’Alba. No fue, sin embargo, hasta 1996 cuando se convirtió oficialmente en el vice Fabra, siendo nombrado vicesecretario provincial del PP. Ya en 2000, Martínez destacó por un hecho llamativo: empezó a invertir en el mercado inmobiliario a lo grande: adquirió tres masías, dos casas de dos plantas, un edificio de tres alturas con siete viviendas, garaje y bajo comercial, una parcela en un polígono industrial, una plaza de parking en Castellón y un apartamento de lujo en Benicàssim. En suma, en seis años el regidor adquirió más de 30 parcelas rústicas con un total de 405.027 metros cuadrados, el equivalente a 55 campos de fútbol. Este año, Martínez sido noticia por expulsar a la prensa de un pleno municipal.

(www.elplural.com, 10/02/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. LA SECRETARIA DECLARÓ ILEGALES LOS CONTRATOS DE SANTA POLA

Los siete contratos del plan Confianza que el Ayuntamiento de Santa Pola adjudicó a familiares de tres altos funcionarios de la corporación eran ilegales, según un informe de la secretaria. La funcionaria emitió el dictamen tras las adjudicaciones y el mismo día en que los beneficiados renunciaron a los contratos, el 8 de enero. Antes de trascender este masivo caso de nepotismo funcionarial, el alcalde, Miguel Zaragoza, del PP, defendió su legalidad.

De acuerdo con el informe de la secretaria, los contratos adjudicados a dos técnicos eran ilegales "porque en los mismos se daba una causa de incapacidad de contratar al ser cónyuges de personal del Ayuntamiento afectado por la Ley de Incompatibilidades". Y en otros casos, alega que pese a no darse la incapacidad para contratar, "sí se habría excedido el límite económico para la contratación menor", es decir, que tuvo que mediar concurso público. Este caso de nepotismo funcionarial ha sido trasladado por el PSPV a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante.

(www.elpais.com, 10/02/10)

33. CASTILLA Y LEÓN: UN ALCALDE DEL PP USA A SU FAMILIA PARA DECORAR LA ERMITA DEL PUEBLO

El cuadro que ha sustituido recientemente a un lienzo de 1902 en la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, en Herrera de Pisuerga (Palencia), un pueblo de apenas 2.500 habitantes, recoge figuras con las caras de la familia del alcalde de la localidad, Javier San Millán (PP).

Así se desprende de la denuncia del portavoz del PSOE, Teodoro de la Fuente, quien asegura que en el cuadro La adoración aparece un san José cuya cara es la "del padre del alcalde", además de unos Reyes Magos en los que estarían reflejados el hermano del regidor y el propio alcalde, que guarda similitudes con el rey Baltasar.

Se trata de una pintura que sustituye a una colección de lienzos del siglo pasado dentro del proceso de rehabilitación del edificio, que data del siglo XVIII. El plan ha sido costeado con fondos públicos, gracias a una subvención de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León.

El alcalde de la localidad palentina, Javier San Millán, negó en un primer momento que tenga algo que ver con la pintura, y menos que su familia haya posado para el pintor. Pero Guzmán Capel, el autor de la obra, aseguró en diversos medios de Castilla y León que se había inspirado en los familiares del regidor para realizar el polémico cuadro, ya que los conoce personalmente.

Así, Javier San Millán, que sigue negando que mandara hacer el cuadro con retratos de sus familiares, ha acabado reconociendo únicamente el parecido entre el san José que aparece en el cuadro y su padre, responsabilizando de esa coincidencia "a la técnica realista de Capel, que emplea en sus lienzos modelos de la vida real".

Teodoro de la Fuente tiene claro, en todo caso, que las caras del cuadro son de la familia de Javier San Millán, lo que es considerado por el portavoz socialista como "muy grave", ya que demuestra "una falta de respeto por la Iglesia y por los ciudadanos de Herrera de Pisuerga".

Junto al lienzo está la Virgen de la Piedad, venerada por los habitantes de Herrera de Pisuerga, por lo que ese cuadro es, para el portavoz socialista, un "acto vandálico".

De la Fuente ha asegurado que en los próximos días el PSOE enviará una carta al Obispado de Palencia y a la Junta de Castilla y León para denunciar la pintura de la ermita. En su opinión, la subvención de 30.000 euros del Gobierno regional "debería haber tenido más control, pues se tendría que haber utilizado para restaurar la Iglesia y no para que el alcalde haga un cuadro familiar".

(www.publico.es, 09/02/10)

34. CASTILLA Y LEÓN: "SOY EL ALCALDE DE GUIJUELO Y HAGO LO QUE ME SALE DE LOS COJONES"

El alcalde de Guijuelo y procurador en las Cortes de Castilla y León por el PP, Julián Ramos Manzano, ha sido condenado a pagar 175 euros por un delito de ofensas a la Guardia Civil. Los hechos se remontan a enero de 2009, durante un partido de segunda B que el Club Deportivo Guijuelo jugaba en casa. "Yo soy el alcalde y en el campo de fútbol hago lo que me sale de los cojones", espetó a un agente de la Guardia Civil que estaba inspeccionando el estadio, acompañado de Rafael García Cantalapiedra, coordinador del club.

Según asegura la cadena SER, el alcalde, además, amenazó al agente, que estaba haciendo unas fotos de las instalaciones: "Si sancionan al club, las relaciones con la Guardia Civil se van a acabar y ya puedes atenerte a las consecuencias".

Cabe recurso de apelación

En la sentencia, comunicada recientemente, el juez condena al alcalde de Guijuelo por una falta de ofensas a la autoridad prevista en el artículo 634 del Código Penal. La sentencia no es firme y ante ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Salamanca

(www.elplural.com, 10/02/10)

35. CASTILLA Y LEÓN Y LA RIOJA: ACORRALAN A BASAGOITI POR EL BLINDAJE DEL CONCIERTO

Truenos en el PP por el blindaje del Concierto Económico del País Vasco. Su aprobación en el Senado la víspera llevó a las comunidades de Castilla y León y La Rioja, gobernadas por los conservadores, a anunciar la presentación de sendos recursos ante el Tribunal Constitucional. La decisión disgustó en el PP vasco, que hará un último intento desesperado para que sus compañeros rectifiquen con el argumento de que la modificación legal aprobada es para que el País Vasco esté en igualdad de condiciones ante la ley con el resto de comunidades. Asumen, no obstante, que la situación es muy difícil.

Si el PP vasco no reconduce la situación, corre el riesgo de sufrir un fuerte desgaste en Euskadi y en su relación con el PSE. , el lehendakari, Patxi López, le emplazó como socio preferente "a trabajar" para evitar los recursos. De lo contrario, agregó, significará que "no habrán entendido absolutamente nada sobre la singularidad de España, que es un Estado autonómico no uniforme ni uniformado".

El portavoz del PP en el Parlamento vasco, Leopoldo Barreda, se comprometió de nuevo a hablar con sus compañeros de partido en ambas comunidades para explicarles en qué consiste el blindaje. Pero, además, reenvió esa patata caliente a los socialistas vascos y al propio lehendakari: "Hay que decirle a López que les pida también a sus compañeros [en La Rioja y Castilla y León] que dejen de acuciar para que se presenten los recursos". En cualquier caso, el PP vasco tratará de aclarar a sus compañeros en esas autonomías el alcance de lo aprobado en el Senado, además de alertarles de las dificultades que encontrarán para "atar jurídicamente" el recurso, así como de las "consecuencias políticas" que podría tener su rechazo.

Fuentes del PP de Castilla y León, presidido por Juan Vicente Herrera, justificaron el recurso en que, a su juicio, el blindaje rompe "el equilibrio existente". No tienen muchas esperanzas de que el PSOE les apoye allí, como sí ocurrirá en La Rioja.

El presidente riojano, Pedro Sanz (PP), corroboró que ya está tomada la decisión de recurrir y "tomar las medidas necesarias para defender los intereses de La Rioja por encima de cualquier cosa, incluso, por encima de mi propio partido".

(www.publico.es, 12/01/10)

36. CASTILLA-LA MANCHA: COSPEDAL PIDE A BARREDA REDUCIR ALTOS CARGOS, PERO NO A SUS COMPAÑEROS AGUIRRE, CAMPS Y HERRERA

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha tenido una nueva ocurrencia, como diría su jefe de filas, Mariano Rajoy, y pide al presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha que reduzca el número de consejeros y altos cargos. Se da la paradoja que esta comunidad es una de las que menos departamentos administrativos tiene, tras la profunda remodelación llevada a cabo por José María Barreda en agosto de 2008, mes en el que suprimió una vicepresidencia y cuatro consejerías, además de confeccionar un Ejecutivo con más mujeres que hombres.

María Dolores de Cospedal se mostraba encantada con la reforma del Gobierno de Barreda y declaraba a Rne, el 1 de septiembre de 2008: "Me parece muy bien porque de hecho nosotros pedimos exactamente estas mismas medidas", añadía, "yo particularmente le pedí al presidente Barreda que redujera el número de altos cargos en Castilla-La Mancha, que redujera el número de consejerías y que orientara su Gobierno de otra manera".

Han pasado apenas 18 meses y Cospedal ha olvidado todo lo dicho en los primeros días de septiembre de 2008 y ahora pretende que Barreda, a quien todas las encuestas dan como ganador en Castilla-La Mancha, haga lo mismo que lo que le sugirió al presidente Zapatero, cuando en realidad esa reducción drástica de consejerías, y la eliminación del 25% de altos cargos, tuvo lugar hace ya un año y medio, pero tratándose de La bien pagá, ya se sabe: donde dije digo, digo Diego.

De ahí que la portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Isabel Rodríguez, comentara en la mañana del miércoles que "Cospedal va de una ocurrencia a una contradicción, de contradicción en ocurrencia", para posteriormente señalar que "la semana pasada la veíamos cómo votaba en contra de sus propias palabras en relación a la instalación del almacén nuclear en Castilla-La Mancha y esta semana viene con la ocurrencia de la reducción de los altos cargos en la región".

Llama poderosamente la atención que María Dolores de Cospedal pida al gobierno socialista de Toledo la reducción de consejerías y no haga lo mismo con su compañero de partido, Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, que cuenta con 14 consejerías y 2 vicepresidencias (6 más que Castilla-la Mancha), 6 viceconsejerías, 68 directores generales, 68 subdirectores, 27 delegaciones territoriales y 15 órganos colegiados, entre otro centenar de altos cargos.

María Dolores de Cospedal no aplica tampoco su receta austera con los gobiernos presididos por dos de sus grandes enemigos y compañeros, Esperanza Aguirre (Madrid) y Francisco Camps (Valencia). Entre ambos suman la friolera de 23 consejerías, 31 viceconsejerías, 161 directores generales, 134 subdirectores y la escandalosa recolocación a dedo de 212 amigos o allegados en otras tantas presidencias de empresas públicas. Nadie entiende tampoco que siendo Madrid una comunidad uniprovincial mantenga distintas direcciones de área territoriales.

Pero para despilfarro del presupuesto público el llevado a cabo por el presidente Francisco Camps, que cuenta con una Delegada de la Comunidad de Valenciana en Madrid. Soledad Martínez Reig, que mantiene abierta la Delegación (como no podía ser de otra forma) en la calle Españoleto, 25, es conocida en la jerga política como la "embajadora de Camps" o "La sastra del curita". Hay que tener en cuenta que Valencia está a un par de horas de Madrid en coche y es un gasto, por lo tanto, innecesario.

¿Incongruencia? valenciana que no ha sido detectada por Cospedal, como tampoco la existencia paralela de la Secretaría de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea, que dirige Rafael Ripoll; la Dirección General de Relaciones Externas, bajo la titularidad de José Luis Villanueva, o la "embajada" de la Comunitat Valenciana en Bruselas, con Juan Manuel Revuelta al frente de esta oficina. Departamentos que comparten cometidos, objetivos, pero con presupuestos propios, y que una semana sí y otra también protagonizan una absurda y millonaria guerra de competencias.

(www.elplural.com, 11/02/10)

37. REGIÓN DE MURCIA. VALCÁRCEL INSISTE EN EL VOTO NEGATIVO DE SUS DIPUTADOS AL ESTATUTO CASTELLANO-MANCHEGO

El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que "el partido" en defensa del trasvase Tajo-Segura no se juega en la Región de Murcia sino que "se juega en Madrid, porque es allí donde hay que exigir a quienes tienen la capacidad de decisión".

Valcárcel se reunió con el Comité de Crisis de la Sequía y reiteró su compromiso de que "si hay algo en el Estatuto de Castilla-La Mancha que afecte al trasvase Tajo-Segura, los diputados murcianos del PP votarán que no a ese Estatuto". El consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha, José Valverde, afirmó que le consta que en esta semana o la siguiente se producirá una reunión entre los portavoces parlamentarios José Antonio Alonso y Soraya Saénz de Santamaría para intentar desbloquear la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía.

(www.levante-emv.com, 09/02/10)

38. REGIÓN DE MURCIA. EL PSOE DENUNCIA QUE EL DESPILFARRO DE TERRA NATURA COSTARÁ A LOS MURCIANOS 130 MILLONES DE EUROS

El concejal del PSOE Alfonso Navarro confirma que se trata de un mal negocio para los intereses públicos y un excelente negocio para la empresa adjudicataria que ve garantizados sus ingresos y cubiertos sus riesgos durante los próximos 35 años. El concejal socialista Alfonso Navarro denuncia que definitivamente Terra Natura costará cada año a los murcianos 2.750 000 euros más el IPC anual, un total de 130 millones de euros cuando finalice el contrato de adjudicación.

Un despilfarro absoluto –critica Navarro- y un mal negocio para los murcianos que sólo beneficia a la empresa adjudicataria que ve garantizados sus ingresos y cubiertos sus riesgos durante los próximos 35 años partiendo de una realidad en la inversión muy cuestionable y viciada en su origen. En este sentido, el edil del PSOE recuerda que el PP municipal procedió con fecha 23 de diciembre de 2009 a la modificación del contrato de concesión para la construcción y gestión del parque recreativo de Terra Natura.

La modificación del contrato inicial supone una subida de más de 10 millones de euros, un incremento, por tanto, del 87 por ciento; si se tiene en cuenta que la cantidad fijada al principio era de 11.600.000 euros y con la modificación dicha cifra se incrementa hasta alcanzar los 21.736.343 euros. Esto implica, según Navarro, que la empresa adjudicataria va a cobrar del Ayuntamiento 2.750.000 euros fijos al año, más las subidas del IPC; aumentando la subvención de 343.279 euros a los 2.750.000 €, lo que supone una subida de más del 800%.

Recordar igualmente, denuncia el concejal socialista, que las obras que supuestamente dan origen a la modificación y que ahora quedan bendecidas por el PP "se hicieron al margen de las condiciones del contrato inicial, sin aprobación por parte del Consistorio, infringiendo la tramitación legal existente, sin ningún tipo de control administrativo ni fiscalización alguna y sin la existencia de acta de comprobación de las obras", según se desprende del informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Murcia de fecha 29 de diciembre de 2008.

(www.vegamediapresss.com, 11/02/10)

39. REGIÓN DE MURCIA. EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA PAGARÁ 12.000 EUROS AL DÍA POR FACTURAS PENDIENTES DE PAGO"

En rueda de prensa la concejala socialista, Lola Ferre, ha informado a la opinión pública de que el Ayuntamiento tiene una nueva deuda por un importe de más de 4,5 millones de euros de facturas pendientes de pago de 2008 y 2009. "Para que se hagan una idea los ciudadanos, por esta nueva deuda habrá que pagar más de 12.000 euros al día", dijo.

En rueda de prensa la concejala socialista, Lola Ferre, ha informado a la opinión pública de que el Ayuntamiento tiene una nueva deuda por un importe de más de 4,5 M € de facturas pendientes de pago de 2008 y 2009. Para que se hagan una idea los ciudadanos, por esta nueva deuda habrá que pagar más de 12.000 € al día.

"En cuestión de dos días el Alcalde ha fundido el 7% del Presupuesto de 2010 para hacer frente a los acreedores, y cada vez tenemos un Ayuntamiento más endeudado y con más déficit. Les recordamos a los ciudadanos que el Gobierno del PP ha arrastrado al Ayuntamiento a una situación de 12 millones de € de déficit en 2007 y 2008, de 35 millones de euros en prestamos con bancos y cajas de ahorros, aparte de que, en estos dos últimos años, ya sacó facturas impagadas de la cajonera de la Concejalía de Hacienda por un importe superior de 5 millones de €", señaló.

El Grupo Municipal Socialista no está de acuerdo con esta actitud del Alcalde de "apúntamelo en la cuenta que ya te lo pagaré" porque está perjudicando seriamente a las empresas, a los autónomos y a los trabajadores que tienen que hacer "auténticos malabarismos para mantener a flote su actividad económica así como el pago de salarios a sus plantillas".

Por ejemplo, una de las empresas a las que más facturas le debe el Sercomosa es a SERCOMOSA (1,5 millones de €) y al Consorcio de Extinción de incendios le debe un año entero, es decir, más de 800.000 €, siempre según los socialistas.

(www.vegamediapress.com, 12/01/10)

40. ISLAS BALEARES. EL PP BALEAR ESTUDIA PACTAR CON UM EN TODAS LAS INSTITUCIONES

El PP balear redobla su apuesta. Un día después de que su líder, José Ramón Bauzá, no descartara pactar con Unió Mallorquina (UM) una moción de censura para convocar elecciones anticipadas, el mismo dirigente conservador no mostró reparos a extender la iniciativa al resto de instituciones. "No se descarta", volvieron a insistir desde la formación. La idea es que si triunfa la moción inicial para la convocatoria de comicios esta se extienda al resto de instituciones. "Sería cuestión de mantener la estabilidad institucional", explican.

De producirse este escenario, el PP de Balears no mostraría oposición a aliarse con UM, formación salpicada por múltiples escándalos de corrupción. De hecho, el presidente balear, Francesc Antich, destituyó hace una semana a los tres consejeros de Unió que formaban parte de su Ejecutivo.

Fuentes de la dirección nacional del PP consultadas sobre la estrategia en Balears aseguraron que Mariano Rajoy respetará las iniciativas que tome Bauzá. "No está habiendo injerencias de Madrid", ratificaban en el PP balear.

Mientras, el portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Jaume Font, sembró de confusión la estrategia de su partido al mantener justo lo contrario que Bauzá. Así, aseguró que "inicialmente" no tienen intención de presentar una moción de censura en el Parlament.

Paralelamente, la suma de los votos de UM y del PP en la junta de portavoces de la Cámara autonómica hará que Antich tenga que comparecer la semana próxima (los días 18 y 19) para hablar sobre la crisis del Ejecutivo a raíz de la expulsión de UM.

Preguntado Antich sobre la intención del PP de presentar mociones de censura, rechazó "participar en debates inútiles". El president consideró que los conservadores pretenden que el Govern se atrinchere a debatir y no gobierne. "No lo vamos a hacer". En el PP mantienen que todavía no existe fecha prevista para la posible presentación de mociones de censura y que no han mantenido todavía contactos con UM.

(www.ultimahora.es, 11/02/10)

41. ISLAS BALEARES. EL FISCAL ENCUENTRA UN INFORME QUE PROBARÍA EL AMAÑO DEL PALMA ARENA

La Fiscalía Anticorrupción denuncia ante el juez del caso Palma Arena que la Unión Temporal de Empresas (UTE) que construyó el velódromo público de la capital balear tenía en su poder un documento que revelaría que conocía de antemano los contratos de obra que les iba a otorgar el Govern del PP por aquella obra pública, que acabó costando más de 100 millones de euros.

Los fiscales Joan Carrau y Pedro Horrach relatan en el último escrito que han presentado en el juzgado que se trata de un "informe interno" incautado en la sede de la UTE, formada por la constructora mallorquina Melchor Mascaró y FCC, titulado "Expedientes acordados" y que data del 13 de junio de 2006. Entre los expedientes referidos en este documento, Anticorrupción recalca que se encuentra el de "la estructura de cubierta" pese a que su adjudicación "tuvo lugar el 22 de junio de 2006", varios días después.

Los fiscales que investigan si la construcción del recinto deportivo -obra estrella del anterior Gobierno autonómico del PP- sirvió para desviar fondos públicos, cobrar sobornos o financiar la campaña del PP balear, consideran que este documento es una prueba que apunta a que "existió un concierto previo" entre las empresas que edificaron el velódromo y "el que en aquel momento era presidente del Govern", Jaume Matas.

El juez que investiga el caso atribuye al ex líder popular la adopción "unipersonal" de las principales decisiones sobre cómo ejecutar el proyecto, que pasó de 45 a 110 millones de euros en apenas dos años. El escrito de los fiscales resalta, además, que "mayor irregularidad e ilegalidad no es posible" en el proceso administrativo de construcción del recinto deportivo, y que "no sólo estaba amañada la adjudicación, sino que estaban pactados de antemano los [trabajos] modificados y complementarios subsiguientes".

Igualmente, los dos representantes de Anticorrupción sostienen que la instalación de la estructura de la controvertida cubierta se presupuestó "por seis millones de euros cuando era notorio que el coste iba a ser muy superior". Es más, aduce que se fijó esa cantidad exacta "para eludir la publicación del concurso en el Diario Oficial de la Comunidad Europea".

Por éste y otra serie de motivos, entre los que se cita un supuesto compromiso entre Matas y un alto directivo de FCC para "aumentar los precios de la licitación", consideran que la actuación del ex presidente podría haber sido constitutiva de sendos delitos de "prevaricación y fraude a la Administración".

El Ministerio Público detalla también en este escrito, presentado el pasado 25 de enero ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, los principales delitos que atribuye a los líderes del PP implicados en la construcción del velódromo: delito electoral, malversación, blanqueo de capitales y cohecho.

"Es lógico suponer que las adjudicaciones antes mencionadas no fueron gratuitas, sino que estuvieron precedidas del correspondiente pago de sobornos", dice la Fiscalía, que considera que esos supuestos sobornos justifican "la realización de una investigación patrimonial completa de las personas que aparecen como responsables últimas de las distintas adjudicaciones", incluido Matas.

"La experiencia demuestra que la gran mayoría de adjudicaciones de obras y servicios sobre los que pesan irregularidades de tal relevancia que se pueden calificar como prevaricaciones están asociadas a contraprestaciones de tipo económico", explica.

(www.elmundo.es, 11/02/10)

42. ISLAS BALEARES. LOS TELEVISORES DEL ´PALACETE´ SE PAGARON CON BILLETES DE 500 EUROS

Las lujosas televisiones de la marca Bang-Olufesen que fueron instaladas en el "palacete" que adquirió el matrimonio Matas-Areal, que costaron más de 40.000 euros, fueron abonadas con billetes de 500 euros. Así se afirma en un informe que ha realizado la Guardia Civil y que ha sido entregado al juez Castro, que investiga el dudoso enriquecimiento patrimonial del ex president del Govern.

En la causa del denominado caso Palma Arena figura como imputada la propietaria de una tienda de electrodomésticos de Inca. Esta mujer, Josefa Lorca, actuó como intermediaria de Matas. A través de su empresa se compraron los lujosos aparatos de televisión que fueron instalados en la vivienda de la calle San Felio. La propietaria de la empresa Diel Electrodomésticos, declaró que fue Fernando Areal, cuñado de Matas y ex gerente del Partido Popular, quien le pidió que gestionara la adquisición de estos televisores.

Según su testimonio, la factura la pagó ella porque mantenía desde hacía años una deuda económica con la familia de Matas y para solventarla realizó esta compra. Negó que el dinero se lo entregara Matas o su cuñado para que el nombre de ninguno de los dos apareciera, aunque los investigadores mantienen que ha mentido y que lo hace para proteger al ex president.

Las televisiones se compraron a través de un establecimiento comercial de la calle José Ortega y Gasset de Madrid. La persona que gestionó la compra, según consta en el informe de la Guardia Civil, fue el aparejador Miguel García Inés, que trabajaba para Denario, la empresa que se encargó de la decoración del palacete de Matas.

La Guardia Civil ha encontrado el ingreso bancario que se realizó para abonar la factura de las televisiones. El dinero se deposita en efectivo en una oficina de la entidad BBVA de Inca. El abono lo realiza Antonio López Robles, marido de Josefa Lorca, quien fue gerente del Partido Popular de Balears hace años. López Robles ingresó 80 billetes de 500 euros y otros 17 de cien euros. En total, 41.700 euros.

La primera compra se realiza en el mes de julio de 2005, cuando todavía Matas no ha adquirido oficialmente la lujosa vivienda de la calle San Felio, ni había vendido su antigua casa de Cas Català. Después, en octubre de 2006, se realiza otra compra a través del comercio de Inca a la misma empresa de Madrid por valor de 4.061 euros. Se pagaron otros aparatos, entre ellos un teléfono móvil.

(www.diariodemallorca.es, 12/01/10)

43. ISLAS BALEARES. INVESTIGAN SI CULTURA TAMBIÉN DESVIÓ FONDOS A LA FUNDACIÓN DE GABRIEL CAÑELLAS

El juzgado de instrucción 7 de Palma está investigando, tras las denuncias del Ayuntamiento de Andratx y de la fiscalía anticorrupción, si la Fundació Illes Balears, presidida desde 1987 por el ex president del Govern Gabriel Cañellas, también pudo desviar a fines particulares fondos de la conselleria de Cultura, del citado consistorio y del Instituto de Estudios Turísticos de Balears (Inestur). El abogado Pablo Alonso de Caso, acusador en nombre del Ayuntamiento, ha solicitado que se aporten al sumario las cuentas de la Fundació Illes Balears de los años 2005 a 2007.

Las denuncias de la fiscalía anticorrupción y la acusación particular apuntan a que la fundación vinculada a Cañellas pudo conseguir aportaciones importantes de varias instituciones, entre ellas el consistorio de Andratx, sin que ese dinero "supusiera beneficio o utilidad social pública para el municipio o sus habitantes".

La acusación privada ha calculado que la entidad recibió entre 2005 y 2007 unos 45.000 euros del Ayuntamiento, más otros aproximadamente 30.000 del Inestur, dinero que teóricamente iba destinado a dinamizar con actividades ciudadanas el castillo o Torre de Sant Elm, propiedad desde 1995 de la entidad investigada. En ese periodo apenas se hicieron tres actos en el rehabilitado recinto, entre ellos el tradicional pancaritat (romería) anual que siempre se había hecho en la Torre y nunca había costado suma alguna a las arcas municipales.

Cañellas, defendido por Josep Perelló, rechazó ante que se hubieran cometido irregularidades con los fondos entregados a su fundación. Cañellas distinguió entre las aportaciones, que van a una especie de caja común para el funcionamiento de la entidad, y las subvenciones, cuyo destino ha de justificarse.Los convenios firmados entre consistorios del PP y la Fundació Illes Balears preveían el traspaso de más dinero, pero el Ayuntamiento salido de las urnas en mayo del 2007 decidió no dar más dinero. De hecho, la fundación reclama por vía civil al Ayuntamiento alrededor de 50.000 euros. Cañellas explicó que cedieron el uso al consistorio de un lugar emblemático para que organizara actividades culturales y lúdicas.

El ex president del Govern manifestó que las aportaciones que recibe su fundación están destinadas a pagar las deudas bancarias contraídas para comprar y rehabilitar su patrimonio, consistente en edificios emblemáticos y de alto valor histórico y cultural. Las acusaciones piden que se aporte documentación sobre esos préstamos.

(www.diariodemallorca.es, 12/01/10)

44. ISLAS BALEARES. EL JUEZ IMPUTA AL PORTAVOZ DEL PP EN ANDRATX POR EL 'CASO TORRE SANT TELM'

El titular del juzgado de instrucción número siete de Palma, Antonio Garcias, ha imputado al portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Andratx, Jaume Porsell, por su presunta implicación en el caso que investiga supuestas irregularidades en la cesión de la torre del castillo de Sant Elm (Mallorca). En una providencia, el juez Garcias ha citado a declarar a Porsell el 25 de febrero en relación con un caso en el que hoy mismo han comparecido como imputados el ex presidente del Gobierno balear Gabriel Cañellas y el ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo.

Cañellas, que preside la fundación encargada de la conservación de la torre de Sant Elm al Ayuntamiento de Andratx, ha declarado ante el juez por espacio de una hora, en la que ha negado que se haya producido irregularidad alguna. También ha comparecido Hidalgo, que ha prestado declaración durante una hora y media. El caso investiga un supuesto desvío irregular de fondos de la fundación que presiden Cañellas, responsable de la conservación de la torre de Sant Elm, que cedió su uso al Ayuntamiento de Andratx a cambio de una contraprestación económica, cuyo destino se está investigando.

(www.elpais.com, 10/02/10)

45. ISLAS BALEARES. EL FISCAL PIDE ELEVAR LA PENA A DE SANTOS PORQUE ´SE GASTÓ EL DINERO EN SEXO´

"Ha gastado el dinero público en sexo, no en droga. El vínculo del delito con la adicción no existe". Con estas palabras, el fiscal anticorrupción Juan Carrau reclamó ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears que se desestime la atenuante de drogadicción al ex concejal del Partido Popular Javier Rodrigo de Santos, recogida en el veredicto del jurado popular. Así, el representante del Ministerio Público solicitó que se elevara la condena de dos años de prisión por malversación, al gastar 51.377 euros utilizando la visa municipal en clubes de alterne. De estimarse la solicitud del fiscal la pena se elevaría un año más.

El ex concejal de Urbanismo del Partido Popular, condenado también a 13 años por abuso de menores, fue trasladado desde la prisión de Palma para asistir a la vista de su recurso de apelación a la sentencia del tribunal del jurado. De Santos escuchó cariacontecido la exposición del fiscal, al tiempo que negó tímidamente con la cabeza.

Por su parte, el abogado de De Santos, José Ignacio Herrero, reclamó que se aplicara para su cliente, en grado máximo, la atenuante de reparación del daño causado, al devolver "una cuantía de dinero mayor que la defraudada".El letrado también hizo especial hincapié en que el ex concejal tuvo que hacer un "esfuerzo evidente" para costear esa cantidad. "Es una persona casada, con cinco hijos y adicto a la cocaína".

Asimismo, el letrado recriminó al Ayuntamiento de Palma que no avisara al concejal del fraude cometido con la visa municipal y pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía. "El Ayuntamiento no quiso avisarle con carácter previo para que devolviera el dinero. Prefirió denunciarlo a la Fiscalía porque así el escándalo era mucho mayor", indicó.

El abogado también reclamó para su cliente la atenuante de confesión. Para ello sustentó su petición haciendo alusión a la carta que remitió a la alcaldesa de Palma Aina Calvo en la que reconoció los hechos. Por último, Herrero reclamó que la petición de atenuantes rebajara la condena de De Santos en dos grados, en lugar de uno. De ser apreciados, la condena por malversación podría quedar reducida a nueve meses.

El fiscal Juan Carrau replicó con contundencia la exposición del abogado defensor. "Nunca confesó", subrayó. Además, el representante del Ministerio Público indicó que Rodrigo de Santos sólo devolvió el dinero "cuando se encontró pillado, así de claro". El fiscal enmarcó esta actitud en una estrategia del ex edil para tratar de rebajar el tipo penal.

Carrau rebatió al letrado y aseguró que nunca confesó los delitos que se le imputaban. Al referirse a la carta que remitió a la alcaldesa Aina Calvo, el fiscal recalcó que el ex concejal se refería a los hechos que se le atribuían como "un error".

El fiscal prosiguió en su exposición e indicó que De Santos no confesó los hechos "ni a la policía ni a la Fiscalía". Carrau se refirió también al recurso interpuesto por el ex concejal en el que pide la nulidad de actuaciones por "haber sido espiado en el interior del club de alterne". La acusación pública recalcó que esta actitud entra, a su vez, en confrontación con su pretendida confesión de los hechos.

(www.diariodemallorca.es, 09/02/10)

46. LA RIOJA. PEDRO SANZ, ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

La crisis económica sigue pasando factura al presidente de La Rioja, el popular Pedro Sanz. Hace un año, en la primera oleada del Barómetro de Opinión Pública Riojana, la mayoría de los riojanos (56,9%) mostraban poca o ninguna confianza hacia el presidente en materia económica. Un año después, según una encuesta elaborada por la consultora Riocenter, el porcentaje de ciudadanos que no confía en Pedro Sanz para aliviar la crisis asciende hasta el 62,7%. Una diferencia de más de 5 puntos porcentuales.

Según el barómetro, la desconfianza hacia el presidente autonómico en materia económica ha crecido, en parte, por el posicionamiento de muchos ciudadanos que hace un año no supieron o no quisieron contestar las preguntas que les formularon.

La Rioja cerró el año 2009 con el mayor número de parados de su historia: 21.700 desempleados, de los cuales, 6.100 perdieron su trabajo a lo largo de 2009. Un hecho que supone un aumento porcentual del 38,84% de parados en esta comunidad autónoma desde que se cerró el 2008 y que evidencia por qué la mayoría de los riojanos no confía en el dirigente del PP para aliviar la crisis económica.

El nivel de confianza que Pedro Sanz inspira para aliviar la crisis económica varía entre los distintos segmentos de población considerados. Así, por ejemplo, 8 de cada 10 entrevistados por la consultora Riocenter que en el momento de realizar la encuesta se encontraban en paro tienen poca o ninguna confianza en que Sanz mejore la mala situación económica de la región. Lo mismo ocurre con la mayoría (57%) de los autónomos y pequeños empresarios entrevistados.

Sin duda, estos datos evidencian que la acusación permanente que Sanz realiza al Gobierno de Zapatero de todos los males de la economía de La Rioja no está calando entre los riojanos, a la vista de los datos que arroja el estudio.

(www.elplural.com, 06/02/10)