ÍNDICE

1. EL PP NO SABE, NO CONTESTA

2. EL PP AMENAZA CON LA MOCIÓN DE CENSURA PARA LUEGO RETRACTARSE

3. RAJOY NO SE ATREVE A CASTIGAR A AGUIRRE

4. COSPEDAL HABLA EN EL SENADO POR PRIMERA VEZ EN 28 MESES

5. PIZARRO DEJA EL ESCAÑO DESPUÉS DE DOS AÑOS SIN APENAS ACTIVIDAD

6. GÉNOVA JUSTIFICA SU APOYO A BÁRCENAS EN LOS "MÁS DE 30 AÑOS" DE SERVICIO AL PARTIDO

7. EL PP ENMASCARA LA CADENA PERPETUA PARA DEFENDERLA

8. AZNAR, SOBRE ZAPATERO: "NUNCA NADIE HIZO TANTO DAÑO EN TAN POCO TIEMPO"

9. AZNAR ABOGA POR LEVANTARSE "EN DEFENSA DE ISRAEL"

10. LA MEDALLA DEL CONGRESO DE EEUU A AZNAR... BAJO SOSPECHA

11. LA FISCALÍA PIDE AL SUPREMO EL SUPLICATORIO DEL SENADOR DEL PP MANUEL ALTAVA

12. LA FISCALÍA RECHAZA QUE EL SUPERIOR DE VALENCIA INVESTIGUE LA QUERELLA DEL PSPV-PSOE POR EL 'CASO GÜRTEL'

13. GALICIA. FEIJÓO SE ESTRELLA CONTRA BALTAR

14. GALICIA. BALTAR RECURRIÓ A UN CRÉDITO PARA CONTRATAR PERSONAL 15 DÍAS ANTES DEL CONGRESO DEL PP

15. GALICIA. EL PP DE VILARIÑO DE CONSO VOTA CONTRA EL DECRETO DEL GALLEGO

16. ANDALUCÍA. LEPE RECHAZA EMPADRONAR A LOS INMIGRANTES QUE VIVEN EN CHABOLAS

17. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE: "HEMOS TENIDO SUERTE DE DARLE UN PUESTO A IU Y QUITÁRSELO AL 'HIJOPUTA'"

18. COMUNIDAD DE MADRID. LA CONVERSACIÓN 'PRIVADA'

19. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE INSISTE EN SUS ATAQUES A COBO Y SÁENZ DE SANTAMARÍA NO VALORA LA 'GUERRA' REABIERTA EN EL PP DE MADRID

20. COMUNIDAD DE MADRID. COBO: "SE MONTÓ UNA 'GESTAPILLO'. OJALA SEPAMOS QUIÉN LO HIZO"

21. COMUNIDAD DE MADRID. GONZÁLEZ PROMOVIÓ UNA OBRA ILEGAL QUE BENEFICIÓ AL SOCIO DE SU FAMILIA

22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE POLITIZA LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

23. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ IMPUTA A LA EX ALCALDESA DE PINTO, DEL PP, POR IRREGULARIDADES

24. COMUNIDAD DE MADRID. LA COMUNIDAD CONCEDE 70.000 EUROS A UNA ASOCIACIÓN ANTICASTRISTA

25. COMUNIDAD VALENCIANA. 500.000 PARADOS. Y CAMPS, CON ALONSO

26. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DESAFÍA AL GOBIERNO Y AVANZA EN EL DESALOJO DE LOS VECINOS DEL CABANYAL

27. COMUNIDAD VALENCIANA. SANIDAD YA HA RESERVADO 140 MILLONES PARA PRIVATIZAR LA GESTIÓN DE SEIS SERVICIOS EN LA NUEVA FE

28. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS CHÓFERES DE FABRA REVELAN CÓMO LES DABA SOBRES CON DINERO PARA INGRESAR

29. COMUNIDAD VALENCIANA. DETIENEN AL EX ALCALDE DE MONTROY Y A 6 TÉCNICOS Y PROMOTORES

30. COMUNIDAD VALENCIANA. COLECTIVOS DE ORIHUELA EXIGEN QUE SE AGILICEN LOS CASOS DE CORRUPCIÓN

31. COMUNIDAD VALENCIANA. ACUSADO EL ALCALDE DE CASTALLA POR, SUPUESTAMENTE, CAMBIAR AFILIACIONES AL PP POR LICENCIAS DE OBRA

32. CASTILLA Y LEÓN. EL ALCALDE DE VALLADOLID TAMBIÉN ATACA A COSPEDAL

33. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL VOTA CONTRA SÍ MISMA Y SU RECHAZO AL ALMACÉN NUCLEAR MANCHEGO

34. REGIÓN DE MURCIA. EL SUPREMO ADMITE UNA QUERELLA CONTRA UN SENADOR DEL PP DE MURCIA

35. REGIÓN DE MURCIA.¿QUIÉN ES PEDRO JOSÉ PÉREZ RUIZ?

36. ISLAS BALEARES. LA FISCALÍA CONFIRMA QUE MATAS DESEMBOLSÓ 1,4 MILLONES PARA HABILITAR SU PALACETE EN PALMA

37. ISLAS BALEARES. EL JUEZ APUNTA QUE MATAS PUDO QUEDARSE CON PARTE DE 50 MILLONES

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1. PP NO SABE, NO CONTESTA

"Ni sí, ni no, ni blanco ni negro. En eso está ahora el jefe", resume un veterano diputado del PP. El "jefe" es Mariano Rajoy, líder de los conservadores, y el "ni sí, ni no, ni blanco ni negro" la forma en la que está haciendo frente a los principales debates que se le plantean.

En todos los ámbitos, puertas adentro y puertas afuera de su partido, el presidente de los conservadores apuesta por no mojarse. Traducido a términos de encuesta, se ha apuntado al "no sabe, no contesta". Que toca opinar sobre las propuestas de sanciones a Cobo y Costa, él responde con un "a unos les parecerá dura y a otros les parecerá blanda". Que se le pide opinión sobre los almacenes nucleares, zanja la cuestión apuntando a que debe ser el Gobierno, y no él, el que se pronuncie sobre la materia.

Si hay algo en lo que coinciden todas las fuentes del partido consultadas sobre esta postura de Rajoy es en que se trata de algo perfectamente calculado. Incluso destacan que, en ocasiones, como ha ocurrido con el tema de la cadena perpetua, es el PP el que "conscientemente" abre el debate para luego no hacer ningún tipo de propuesta concreta.

En el entorno del jefe de la oposición recalcan que el partido "tiene una posición clara en todo, no hay un solo tema en el que nos falte criterio". Pero que no van a cometer el error de adelantar su postura en temas en los que, como oposición, no tienen capacidad de decisión. "Que las tome el Gobierno y luego hablamos, que cada palo aguante su vela. No vamos a entrar a todos los trapos", añade un diputado.

"Rajoy tiene mil defectos. Pero maneja muy bien los tiempos y sabe que ahora toca moverse en la indefinición y eso es justamente lo que está haciendo. Pero no lo hacemos sólo nosotros. Es lo que toca en un determinado momento a la oposición", apunta un dirigente regional. Otro añade que "ahora que el partido va bien en las encuestas y los socialistas están en caída libre es un buen momento para decirle a Zapatero: Tú gobiernas, mójate tú".

Pero pese a que nadie duda de que la imprecisión de Rajoy en sus actuaciones y manifestaciones es pura estrategia, esta actitud, mantienen en el partido, también tiene sus riesgos. ¿El principal? "Dar la impresión de que somos una formación política incapaz de presentar una alternativa a los ciudadanos y que se esconde en debates populistas", responde una diputada conservadora.

Otro de los riesgos para el líder del PP es que vuelva a escena el enésimo debate sobre su capacidad de liderazgo. "Desde que Mariano Rajoy se hizo con las riendas del partido hay un sector del PP que está convencido de que las cosas no nos irán del todo bien hasta que haya un líder que llame a las cosas por su nombre", apunta un diputado. La misma fuente precisa que el principal problema de Rajoy es que no sepa frenar a tiempo esta nueva estrategia

"Estamos todavía muy lejos de las elecciones, por eso no nos conviene pillarnos mucho las manos, es mejor que en los temas de calado se queme el Gobierno. Pero llegará un momento en el que tendremos que llamar a las cosas por su nombre, porque el electorado va a demandarlo", reconoce un parlamentario.

A continuación, se repasan los asuntos clave que ponen de manifiesto esta actitud del presidente del PP.

Nucleares: "Zapatero no tiene coraje para decidir"

Concretamente, desde Badajoz, el líder del PP acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de no tener "coraje" para decidir la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC). Y de ser el culpable de que alrededor de este tema se hayan generado "tensiones ridículas". Unas tensiones que, por cierto, habitan dentro de su propio partido y que tienen un rostro protagonista: el de su número dos, María Dolores de Cospedal. La secretaria general del PP, también líder de los conservadores castellanomanchegos, primero se opuso a la ubicación del silo en su comunidad argumentando que la región ya había sido "solidaria" en esta materia. Después, optó por la indefinición ocultando su postura.

Más allá de estas críticas al Gobierno, Rajoy ha decidido no tomar partido. Quienes en el PP le defienden mantienen que "no hace falta que se pronuncie a favor cuando todo el mundo sabe que el PP apuesta por este tipo de energía".

Pero también hay quien cree que la actuación de Cospedal ha sido un "fallo gordo" que ahora Rajoy no se atreve a enmendar. "Mariano no va a rectificar a su secretaria general. Primero, porque la ha escogido él. Y segundo, porque tiene muchas opciones de ganar en Castilla-La Mancha", explica un senador.

Independientemente del origen de esta indefinición, hay en el PP quien apunta que "esto no hubiese pasado con Aznar". "El ex presidente hacía un gesto y no le tosía nadie. La estructura de partido con Aznar era más vertical. El que marcaba las pautas era él", añade un dirigente.

Inmigración: "Orden y control"

El partido no apuesta ahora por suprimir Educación para la Ciudadanía

La negativa inicial del ayuntamiento conservador de Torrejón (Madrid) a empadronar a los inmigrantes en situación irregular también ha puesto en evidencia la ausencia de una postura clara del PP.

Mientras la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, y el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, consideraban legal la actitud del consistorio, Rajoy se aferraba a que la ley "está para cumplirla". Y a que, más allá del padrón, la prioridad pasaba por poner "orden y control" en la inmigración. Se trataba de una pista del documento sobre esta materia que el partido presentó el pasado lunes. En éste, no se menciona el polémico tema del padrón. Sí se apuesta por la prohibición de las regularizaciones masivas y un control más estricto de las fronteras.

Cadena perpetua: "Presentaremos una iniciativa en el Congreso"

Hace una semana, coincidiendo con el aniversario de la desa-parición de la joven Marta del Castillo, el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, sorprendía al partido apostando por abrir un debate sobre la posibilidad de implantar la cadena perpetua. "En el grupo parlamentario no se ha planteado ni dentro de la reforma del Código Penal", asegura un diputado.

Un día después, el pasado lunes, Cospedal daba la razón a la anterior declaración aclarando que su partido sólo pretendía abrir el debate. Pero de iniciativas parlamentarias, nada. Y, el jueves, Rajoy ponía el broche de oro a la confusión asegurando, en una entrevista en Telecinco, que su partido va a presentar una iniciativa encaminada a la implantación de la cadena perpetua "revisable". Sobre el sentido de la misma, ni una palabra.

Reforma laboral: "No me corresponde hacer una propuesta"

El líder del PP, Mariano Rajoy, inauguró 2010 fotografiándose en la cola del paro para una entrevista, concedida al diario El Mundo, en la que se mostraba partidario del abaratamiento del despido. Pero nada más. Cuando se le demandó una propuesta "concreta" sobre este tema, tiró de argumentario para desviar el tiro al Gobierno: "A mí no me corresponde en este momento como líder de la oposición hacer una propuesta concreta sobre un asunto que debe ser objeto de negociación en el marco del diálogo social".

Al anuncio del Gobierno de reformar las pensiones y aumentar la edad de jubilación, Rajoy se refirió en un acto de partido en Badajoz, donde acusó a Zapatero de hacer mucha demagogia y no consultar con nadie. Un día antes había esquivado a los periodistas en un desayuno informativo para no tener que pronunciarse sobre el tema.

Un sector del partido cree que en este punto de gran calado social Mariano Rajoy se equivoca: "La sociedad quiere escuchar a la alternativa en temas tan delicados como este. Y Rajoy puede perder la oportunidad de demostrar que es un líder capaz. No puede confiar en ganar las elecciones "haga lo que haga".

Agua: "El problema reside en la falta de decisiones del Gobierno"

La postura del partido en esta cuestión es similar a la del ATC. Rajoy, que siempre ha defendido la conveniencia de llevar agua de donde sobre a donde haga falta, asiste como espectador a una pelea entre sus dirigentes regionales. De un lado, el murciano Ramón Luis Valcárcel y el valenciano, Francisco Camps, que se niegan a que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha contemple recortes al trasvase Tajo-Segura, agua de la que se benefician sus comunidades. De otro, María Dolores de Cospedal que, en calidad de líder del PP de Castilla-La Mancha, no está dispuesta a que la comunidad que aspira a gobernar no tenga capacidad de decisión sobre sus recursos.

¿Cuál ha sido la respuesta que ha dado Rajoy a esta crisis? La de culpar de nuevo a la "falta de decisiones del Gobierno". Para la dirección nacional del PP, si Zapatero no hubiese derogado el Plan Hidrológico Nacional (PHN) no existirían estos choques entre comunidades.

Educación: "No aceptamos Ciudadanía. Proponemos una alternativa"

Uno de los grandes caballos de batalla del PP en materia educativa ha venido marcado por su oposición a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, materia a la que el partido considera una herramienta de adoctrinamiento socialista. Hasta hace un par de semanas, el PP parecía dispuesto a llevar a cabo su promesa de suprimirla en el momento en el que llegara al Gobierno. Pero sólo hasta hace un par de semanas.

El lunes 18 de enero, Rajoy presentaba sus bases para un modelo educativo con la apuesta de eliminar la asignatura en Primaria y mantenerla en Secundaria siempre que aborde los "valores y principios de la Constitución". El bandazo de los conservadores se produce un año después de que el Supremo concluyese que no cabe la objeción de conciencia a la asignatura. Ante las críticas que el partido recibió desde diferentes sectores por su cambio de postura, un día después Cospedal intentó vender que siempre han opinado lo mismo: "No hemos dicho que la aceptemos como está. Hemos propuesto una alternativa".

(www.publico.es, 31/01/10)

2. EL PP AMENAZA CON LA MOCIÓN DE CENSURA PARA LUEGO RETRACTARSE

El Gobierno desconcierta con sus golpes de timón en política económica y la extravagante forma en que hace llegar sus propuestas a la sociedad. El principal partido de la oposición, para no ser menos, mantiene en vilo a la opinión pública amenazando con tomar medidas tan drásticas como la presentación de una moción de censura y arrepintiéndose de lo dicho a los 10 minutos, fomentando así la imagen de caos en plena presidencia española de la UE. Valga como ejemplo la reacción que tuvo la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, quien, según el análisis que horas después hizo su partido, contestó "al desatino" del Ejecutivo "con otro desatino", esto es, amagar con arrinconar a José Luis Rodríguez Zapatero a través de una moción de censura para la que los conservadores no tienen asegurado el respaldo suficiente.

"¿Podría encontrar el PP los apoyos para que hubiera una moción?", se le preguntó a Cospedal, a primera hora de la mañana, en una entrevista en la Cope. "Si la situación sigue como hasta ahora, cada vez peor, y eso que uno se imagina que no puede estar peor de lo que está, que nos lleva pasando hace meses, nosotros trabajaremos para que eso sea así", respondió. Como era previsible, sus palabras causaron una sacudida en el mundillo político. No en vano ella es, jerárquicamente, la mano derecha de Mariano Rajoy. Pero fue su propio jefe quien tuvo que desautorizarla poco después.

Así, Rajoy aprovechó un acto público en Valladolid para descartar que, actualmente, esté pensando con seriedad en una moción de censura. "En el futuro, veremos", añadió, en un intento de suavizar sus correcciones a Cospedal. De hecho, no es la primera vez que surge esta controversia en el seno del PP: ya en la pasada legislatura hubo dirigentes conservadores que intentaron convencer a su presidente de dar un paso en este sentido siguiendo el modelo Piqué, o sea, la presentación de una moción de censura para forzar el debate parlamentario, pero retirándola antes de la votación para evitar la derrota (tal y como hizo el expresidente del PPC en tiempos de Pasqual Maragall).

El año pasado, volvió a poner en boga esta cuestión el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, defensor de la política efectista: vaticinó que Zapatero no tendría "fuelle" hasta el 2012 y, con calculada ambigüedad, advirtió de que la moción de censura ya estaba "en la calle". En cualquier caso, Rajoy nunca ha visto con buenos ojos esta posibilidad y, mucho menos, que el asunto sea pasto de la prensa. "Una moción se presenta, nunca se anuncia", ha sentenciado en numerosas ocasiones.

Otra opción que ha venido planteándose el PP, si la cosa económica sigue tan oscura, es martillear la exigencia de un adelanto electoral hasta que cale en otros partidos y sectores sociales. El jueves, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se pronunció en esta dirección y hasta su compañero-adversario, Alberto Ruiz-Gallardón, se mostró de acuerdo.

El entorno de Rajoy insiste en que tampoco esa es la prioridad, puesto que el presidente popular quiere ahora un debate en el Congreso con Zapatero. Pretende que sea el jefe del Ejecutivo quien se retrate ante los ciudadanos explicando sus proyectos de reforma en pensiones o el área laboral. "Además, no sería coherente haber exigido reformas valientes y, ahora que las ponen sobre la mesa, tirarse a la yugular", afirman las fuentes consultadas.

(www.elperiodico.com, 05/02/10)

3. RAJOY NO SE ATREVE A CASTIGAR A AGUIRRE

"No habrá próxima vez", dijo Mariano Rajoy ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido. Fue una declaración contundente orientada a marcar su autoridad y aplacar los líos internos. Mañana se cumplirán tres meses de aquella amenaza. Pero ha vuelto a ocurrir y su promesa se ha quedado en papel mojado. El líder de la oposición ha demostrado que, contrariamente a lo que él decía, sí hay más de un Santo Job en la historia.

El PP no sancionará a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Ni por haber insultado a un compañero de filas llamándole "hijoputa" ni por haber dado a IU un puesto en Caja Madrid con tal de que no lo ocupara un consejero cercano a su máximo rival, Alberto Ruiz-Gallardón.

, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, confirmó que con las disculpas públicas de Aguirre el partido daba por zanjada la polémica. "La propia autora ya ha pedido perdón y no tengo nada más que objetar", repitió hasta la saciedad durante una tensa rueda de prensa en la que esquivó varias veces el tema.

Ante las reiteradas preguntas de los periodistas, Cospedal recordó que esas palabras habían sido captadas por un micrófono abierto por lo que se trataba de una conversación grabada "más allá del ámbito de la intimidad". Y señaló que el proceso que se había desarrollado en la cuarta entidad financiera española se saldó "con consenso". Caso cerrado. Para probarlo confesó que incluso durante la reunión del Comité de Dirección que se celebra prácticamente todos los lunes y en la que suele estar presente Gallardón no se había hablado de ello.

Durante aquella reunión, del pasado mes de noviembre, Rajoy también recordó, en una clara advertencia, que él como presidente del partido era el responsable de las listas electorales. se presentó también ese debate. Pero porque lo puso Aguirre sobre la mesa al comentar en una entrevista en El Mundo que no le parecía "normal" que el vicealcalde Manuel Cobo fuera en las listas.

Cospedal recalcó que no iba a "interpretar las palabras de otros" aunque lo hace a diario con las de todo el mundo. Al final, y ante la presión, la número dos del PP "ratificó" las palabras del presidente nacional reconociendo con ello que la decisión final está en sus manos y en la de los órganos de partido. Fue lo único que sonó a jarro de agua fría a Aguirre desde la dirección nacional.

Aunque más tarde se volvería en contra de Cospedal. Cuando, por la tarde, el vicesecretario de Política Territorial del PP, Javier Arenas, matizaba que las listas dependen del Comité Electoral Nacional" y no de "ninguna otra persona del PP". Era la segunda vez que la corregía en días. La primera fue por la energía nuclear.

En cualquier caso en el PP tienen claro que Cobo repetirá en su puesto de cara a las municipales de 2011. "Cuando Rajoy dijo eso no iba dirigido directamente hacia Gallardón o a Aguirre sino a sus equipos", explica un diputado. Por eso para algún dirigente conservador puede que Rajoy esté pensando más bien en castigar a Aguirre quitando a Ignacio González de las listas que a Cobo. Al fin y al cabo este fue el primero que, nada más conocer que el PP proponía una sanción de un año para Cobo, se frotó las manos. "Cuando llegue el momento de elaborar las listas se verá quién va y quien no, todo pesa", dijo.

En las filas conservadoras están hartos de los enfrentamientos entre Aguirre y Gallardón. Aunque algunos dirigentes trataban de tranquilizar los ánimos. Así la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aconsejaba tomarse "estas cosas" con "naturalidad". Y el portavoz de economía del PP, Cristóbal Montoro, le quitaba hierro diciendo que en su partido hablaban "como la gente".

En el PP, sin embargo, comienzan a quejarse de que las treguas entre Rajoy, Aguirre y Gallardón son "pura pantomima". Los protagonistas ahora callan para no desatar la guerra. Como si de un pacto de silencio se tratara, Aguirre enmudeció. "¿Pero qué es esto?", dijo ante el revuelo de periodistas. "No voy a hacer ninguna declaración", concluyó.

Gallardón hizo otro tanto. "No voy a hacer ningún comentario que perjudique a mi partido", sostuvo el alcalde de Madrid. Por su parte, Rajoy tampoco le quiso dar más vueltas. Con el perdón expresado por Aguirre, la presidenta quedaba absuelta y sin expediente.

Cospedal aconsejaba a Zapatero que fuera al desayuno de la Oración con Obama para "rezar por los españoles porque aún les quedan dos años de Ejecutivo socialista". , un dirigente conservador bromeaba con esta frase retorciéndola y apuntándola hacia Aguirre- "A ella no se le ha puesto ni penitencia".

En el Gobierno las palabras de Aguirre también tuvieron su recorrido. Para el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, su expresión pone de manifiesto que en el PP hay "demasiado odio y resentimiento interno". Mientras, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, destacaba que con ello se ponía de manifiesto "la necesidad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía". Hasta el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, quiso resaltar que su actitud refleja "una actitud mafiosa ante la política".

el argumentario del PP se extendió rápidamente. Tanto la secretaria general, María Dolores de Cospedal, como el líder de la formación en Andalucía, Javier Arenas, salieron a defender a Luis Bárcenas. Para ambos es "lógico" que el PP pague la defensa judicial del ex tesorero porque "lleva 30 años trabajando para el partido". El aún senador del Grupo Popular en el Senado recibe un trato especial por parte de Mariano Rajoy a diferencia del resto de imputados en el ‘caso Gürtel’ aunque el pasado 28 de julio, tras declarar en el Tribunal Supremo, Bárcenas tuvo que renunciar de forma "temporal" a su puesto. Cospedal confirmó que el PP había "asumido este gasto" porque lo consideraba "oportuno". Arenas resaltó que Bárcenas había estado ejerciendo durante mucho tiempo una labor "modélica".

(www.publico.es, 02/02/10)

4. COSPEDAL HABLA EN EL SENADO POR PRIMERA VEZ EN 28 MESES

La senadora por Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, hablará el próximo martes desde su escaño por primera vez en esta legislatura. Cospedal hará una pregunta al Gobierno sobre "la posibilidad de que en el aeropuerto de Ciudad Real se instale una base militar de EE UU". La última vez que la senadora dijo algo en un pleno del Senado fue el 10 de octubre de 2007, en otra pregunta oral. En esta legislatura no sólo no ha hablado, sino que apenas se ha sentado en su escaño. El nombramiento como senadora de Leire Pajín, la secretaria de Organización del PSOE (el cargo equivalente al de Cospedal), ha cambiado por completo la situación. En los dos plenos celebrados en diciembre con presencia de Pajín, Cospedal estuvo clavada en el escaño. Hasta entonces, se habían producido 128 votaciones en pleno del Senado y la número dos del PP faltó a 92 de ellas.

Cospedal cobra unos 5.600 euros al mes como senadora.

(www.elpais.com, 05/02/10)

5. PIZARRO DEJA EL ESCAÑO DESPUÉS DE DOS AÑOS SIN APENAS ACTIVIDAD

El fichaje estrella de Mariano Rajoy para las elecciones generales de 2008, Manuel Pizarro, ha abandonado su escaño en el Congreso. Pizarro ha anunciado directamente al líder del PP, y de manera cordial, su decisión de renunciar a su acta de diputado por razones "estrictamente personales", según un comunicado del PP. Fuentes cercanas al ex presidente de Endesa y abogado del Estado han confirmado que Pizarro se retira a la vida privada y que por el momento no tiene intención de regresar al mundo empresarial.

Hasta ahora ocupaba el cargo de portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional, donde su partido nunca le encargó la defensa de ningún proyecto ni tampoco le encomendó ninguna tarea relevante. Eso sí, se va discretamente, en la línea que ha seguido desde que llegó al Congreso, aprovechando que no hay batallas electorales ni conflictividad interna.

Según un comunicado difundido por el PP, Pizarro "mantiene su compromiso con el proyecto político del PP, su militancia en el mismo y ha mostrado su disposición a seguir participando de manera habitual en las actividades del partido". Rajoy, que ha agradecido a Pizarro su trabajo y sus renuncias personales, en alusión a su alejamiento de la empresa privada para formar parte de las listas del PP, tiene intención de seguir contando "con su experiencia y sus conocimientos", según el PP.

La casualidad ha querido que su marcha coincida con la renuncia al escaño de su principal adversario, Pedro Solbes, ex vicepresidente económico socialista y con quien Pizarro se midió en un cara a cara en Antena 3, en la campaña electoral de 2008. Nadie dudo de que ganó Solbes, y Pizarro empezó mal su carrera. Dos años han sido suficientes para que Manuel Pizarro haya comprobado la dificultad de entender las claves de funcionamiento de un partido y los instrumentos para moverse con habilidad, según fuentes parlamentarias.

(www.elpais.com, 30/01/10)

6. GÉNOVA JUSTIFICA SU APOYO A BÁRCENAS EN LOS "MÁS DE 30 AÑOS" DE SERVICIO AL PARTIDO

El PP financia la defensa de su ex tesorero nacional y aún senador, Luis Bárcenas, imputado por el Tribunal Supremo en el caso Gürtel, porque "ha sido trabajador" del partido durante 30 años y porque así "lo consideró en su día oportuno" la organización. Estas han sido las únicas explicaciones que ha ofrecido la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a la noticia que que pone de relieve que Bárcenas es el único de la quincena de imputados en las diferentes ramificaciones del caso Gürtel que recibe su apoyo directo. Preguntada sobre porqué el resto de imputados del partido no tiene el mismo trato, la número dos de Rajoy ha repetido la misma frase sin aclarar nada.

Bárcenas mantiene su despacho en Génova -aunque le han quitado el cartel de la puerta-, su secretaria, su puesto de senador y su militancia y, además, el PP se hace cargo de los voluminosos costes de su defensa, responsabilidad de uno de los penalistas más conocidos de Madrid, Miguel Bajo. El ex tesorero dispone de un importante patrimonio, valorado en unos tres millones de euros.

Según fuentes del PP de Madrid, todos los implicados madrileños en la trama Gürtel se pagan de su bolsillo sus abogados. Todos han sido suspendidos de militancia, pero Bárcenas no, pese a que los cargos que caen sobre todos ellos son similares, o incluso más graves en el caso del ex tesorero, cuya esposa, además, también está imputada por el mismo caso. En Valencia ocurre lo mismo; tanto Francisco Camps como Ricardo Costa han pagado su propia defensa.

Cospedal también ha pasado de puntillas por el otro gran asunto de los últimos días, la reabierta guerra en el PP de Madrid a cuenta Caja Madrid, el desliz de Esperanza Aguirre del pasado viernes cuando pensaba que nadie le oía y su rivalidad con Gallardón.

La secretaria general del PP ha reiterado en múltiples ocasiones que no pensaba valorar ni las palabras del viernes de la presidenta de Madrid ni la entrevista que concede hoy a El Mundo en la que reitera que el calificativo de "hijoputa" no se refería al alcalde de Madrid sino a un consejero de la entidad financiera, Fernando Serrano, afín al regidor y que se ha quedado sin asiento en favor de Izquierda Unida, según reveló la presidenta en su desliz, algo que Mariano Rajoy sabía desde hace un mes. Cospedal se ha escudado en que Aguirre ya pidió perdón por utilizar dicha expresión.

En la entrevista, además, Aguirre reitera que el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, no debería figurar en las listas de las elecciones municipales previstas para 2012 tras la sanción que, previsiblemente, supondrá su suspensión de militancia por un año por las declaraciones contra Aguirre realizadas en EL PAÍS el pasado mes de octubre.

La locuacidad habitual de la presidenta madrileña contrasta con el mutismo de esta mañana, informa Efe. El acto de Aguirre en una residencia infantil ha suscitado gran interés entre los medios de comunicación por ser la primera convocatoria pública desde su desliz ante los micrófonos. Pero la presidenta ha zanjado, cuando los periodistas le han preguntado sobre el asunto:"Yo hago muchas declaraciones, pero hoy no".

La reactivación de la guerra entre Gallardón y Aguirre parece preocupar más al Gobierno que al propio PP. En una entrevista en Antena 3, la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha soslayado el asunto y lo ha enmarcado en el plano personal. Según Sáenz de Santamaría, es "normal" que en un partido con 700.000 militantes haya "diferentes maneras de abordar las cosas", siempre bajo unos principios "únicos" y un discurso basado en la libertad, la igualdad de oportunidades y la necesidad de impulsar reformas económicas.

Sin embargo, para la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, la literalidad de las palabras de Aguirre ("que ponen de manifiesto la necesidad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía") revelan que "cuando se trata del poder, el PP es más intervencionista que nadie".

Salgado, en declaraciones a TVE, no ha querido valorar el insulto de Aguirre ya que considera "más grave la pregunta de qué armas tenemos". En un momento de la conversación con González, Aguirre asegura que "ellos [sus rivales en Caja Madrid] van a presentar lo de la ley" [una reforma legal para ampliar el número de consejeros] e inquiere a su vicepresidente por las armas que tienen contra sus adversarios en la entidad.

Para la vicepresidenta económica es la prueba del "deseo de intervenir" y de que "la batalla continúa" dentro del PP. Algo más concreto que su jefa de filas se ha mostrado el portavoz económico del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, quien ha culpado de la guerra entre Aguirre y Gallardón a la Ley de Cajas que, en su opinión, deja los consejos rectores en manos de los políticos, algo que el PP propone cambiar ya que "no es bueno que desde la política se esté trasteando en los consejos".

Según Montoro, la expresión de Aguirre captada por los periodistas demuestra que los políticos "hablan como la gente" de la calle.

(www.elpais.com, 01/02/10)

7. EL PP ENMASCARA LA CADENA PERPETUA PARA DEFENDERLA

Del estilo directo al circunloquio. El PP volvió a demostrar que la cadena perpetua es una de sus principales bazas políticas para los próximos meses, al anunciar formalmente su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, la intención de los conservadores de incluir esta pena, ausente del ordenamiento jurídico español por mandato constitucional, entre sus propuestas para la reforma del Código Penal que abordará en los próximos meses el Congreso de los Diputados.

Eso sí, en esta ocasión, los conservadores se cuidaron muy mucho de no utilizar el término "cadena perpetua". En su lugar, Sáenz de Santamaría echó mano de la expresión "prisión permanente revisable". Una figura que, en opinión del principal partido de la oposición, tiene pleno encaje en la Constitución y, además, está avalada por varias sentencias dictadas por el propio Tribunal Constitucional.

La iniciativa del PP, según recalcó en su comparecencia la portavoz parlamentaria, es que esta nueva pena se aplique ante determinados tipos de delitos de especial gravedad y que se establezcan periodos de prisión en los que no quepa la excarcelación "a menos que quede acreditada la rehabilitación" del condenado.

El término "prisión permanente revisable" no es, sin embargo, nuevo. En octubre de 2008, el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, el juez conservador Enrique López, ya utiliza estas tres palabras para defender la inclusión de la prisión a perpetuidad en la legislación española.

Enrique López, en un artículo que firmaba junto al abogado y ex candidato del PP Adolfo Suárez Illana, aseguraba, como hace ahora el partido de Mariano Rajoy, que la medida no violenta la Carta Magna. El magistrado volvió a defender expresión y argumentos en un breve artículo que publicó otro diario, La Razón, en febrero del pasado año.

La idea del PP es exponer su propuesta concreta el próximo fin de semana, en la reunión que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tiene previsto realizar en Santiago de Compostela con los responsables de todos los grupos parlamentarios, para conocer sus iniciativas a propósito de la reforma del Código Penal. No será la única que hagan en dicho encuentro. Los conservadores quieren plantear también otros elementos, como el endurecimiento de penas para los delitos de violencia sexual y de género, el cumplimiento íntegro de las penas para determinados delitos muy graves igual que ocurre ahora con los del terrorismo y algunas modificaciones en la Ley del Menor.

Sáenz de Santamaría indicó que su grupo pedirá prolongar la vigencia de las condenas impuestas a los menores que cometen delitos muy graves, así como buscar una solución penal que permita crear un "itinerario de reinserción" a los menores de entre 12 y 14 años que cometan delitos graves.

(www.publico.es, 03/02/10)

8. AZNAR, SOBRE ZAPATERO: "NUNCA NADIE HIZO TANTO DAÑO EN TAN POCO TIEMPO"

El ex presidente del Gobierno José María Aznar vuelve, si es que alguna vez se ha ido. Hoy ha criticado duramente a su sucesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, por su gestión económica que, según dijo, ha devuelto a España a la "segunda división" de la que había logrado salir.

Aznar dejó una frase lapidaria a modo de resumen de lo que opina sobre el actual presidente del Gobierno: "Nunca nadie hizo tanto daño en tan poco tiempo". Aznar la pronunció en su intervención en la clausura de la jornada "Hacia un sistema eléctrico sostenible", organizada en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid por el Instituto Choiseul.

Antes de entrar en el aspecto energético, el ex presidente quiso llamar la atención sobre l que considera una "especial vulnerabilidad" de España en la actual crisis económica, acuciada porque, a su juicio, el Gobierno "no está tomando las decisiones adecuadas" para salir de ella.

Partiendo de que "hablar con claridad" es su "obligación" porque la situación es de "extrema gravedad", Aznar achacó una "triple responsabilidad" al Gobierno, por "parar las reformas económicas necesarias que estaban en marcha", rechazar la realidad de la crisis y tomar decisiones "totalmente equivocadas". En su opinión, resultado de ello son los cuatro millones y medio de parados, y los más de 100 puntos básicos de diferencial de la deuda española con respecto a la alemana.

Para Aznar, España se encuentra "al borde del abismo". Pero advirtió: "Lo malo no es el precio que hemos pagado, sino el que vamos a tener que pagar; lo malo no es el tiempo que hemos perdido, sino el que estamos perdiendo". Y avanzó un pronóstico: "la factura que vamos a pagar va a ser desoladora".

En el contexto internacional, el presidente de honor del PP piensa que "España ha vuelto dramáticamente a la segunda división", y que el Banco Central Europeo "no va a admitir crisis como la griega o la española si no hay una intervención", debido a que incluso "hay quien duda de que España pueda financiar su deuda y su posición en el futuro". En suma, Aznar cree que "la credibilidad de la economía española ha quedado pulverizada". Y sentenció: "De ahí habíamos conseguido salir y ahí hemos vuelto".

Para salir de esta situación, el ex presidente del Gobierno cree que, en lugar de "discursos alejados de la realidad", hacen falta "ideas" para avanzar hacia una "verdadera recuperación; la que crea empleo, da oportunidades para todos", no se basa en un gasto público "insostenible" y permite el desarrollo de las "capacidades españolas", que a su juicio quedaron demostradas "hace no mucho tiempo". "Nada nos impide reeditar ese éxito", aseguró.

(www.publico.es, 01/02/10)

9. AZNAR ABOGA POR LEVANTARSE "EN DEFENSA DE ISRAEL"

Precisamente el día en que Moratinos veía la paz en Oriente Próximo, el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ha aprovechado su visita a Israel para prender la mecha. En su intento de alabar al país, al que considera "tan parte integral de Occidente como España o Inglaterra", Aznar ha pedido un levantamiento "en la defensa de Israel" para "neutralizar las tendencias de deslegitimarlo". 

El presidente de honor del Partido Popular considera que Occidente ha de actuar a "la ofensiva" en este sentido, porque no se puede mejorar la "situación" de Israel si se limita a "acciones defensivas". Para el presidente de FAES, "socavar la posición de Israel significa socavar la posición de Occidente". 

Además, el conservador ha pedido a "judíos y cristianos" que forjen "una nueva alianza" frente al islamismo. También pidió que se permita la entrada de Israel en la OTAN y lo calificó como "un país normal, una democracia normal y una tierra de oportunidades económicas". 

No se quedó ahí el ex presidente del Gobierno, quien también quiso mandar un mensaje en relación a la situación de Irán. Aznar cree que Occidente cometería un error al "mirar para otro lado" en vez de apoyar las revueltas en Irán. "Nuestra ayuda puede ser decisiva para derribar el régimen de los ayatolás. Ayudar a los disidentes es nuestra responsabilidad y deber", aseguró. 

Otra lección de Aznar para Occidente es la profundización en los "valores" y el "tradicional modo de vida" frente a un "islamismo más agresivo". "La civilización occidental se ha vuelto menos y menos segura de si misma", considera el ex presidente del PP.

(www.publico.es, 03/02/10)

10. LA MEDALLA DEL CONGRESO DE EEUU A AZNAR... BAJO SOSPECHA

El Tribunal de Cuentas investigará la concesión de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos al ex presidente del Gobierno José María Aznar en 2004. Así consta en una providencia del órgano fiscalizador con fecha del pasado miércoles, y con la que da respuesta a la denuncia presentada por los abogados José Luis Mazón, Encarnación Martínez y la asociación "Preeminencia del Derecho".

Una denuncia dirigida a los integrantes del Consejo de Ministros que en su reunión del 26 de diciembre de 2003 "tomaron el acuerdo de gasto de 2,3 millones de euros para suscribir un contrato con la empresa norteamericana Piper Rudnick" para promover la imagen del ex presidente en EEUU y conseguir las firmas necesarias para que le concediesen la medalla.

En la providencia, que recoge la denuncia de los abogados, se añade que "supuestamente" el Gobierno, en ese Consejo de Ministros, "desvió una parte" del importe del citado contrato a "promocionar la concesión al señor Aznar" de una Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos.

El Tribunal de Cuentas ha abierto las diligencias preliminares por esta denuncia y ha trasladado la documentación al Ministerio Fiscal y al abogado del Estado para que, en cinco días, puedan formular sus alegaciones.

También concede diez días a los denunciantes para que determinen si se constituyen en parte del proceso.

Según indican los abogados en su denuncia, ese contrato del Consejo de Ministros se hizo "por el procedimiento de imperiosa urgencia", por lo que se omitieron otras ofertas.

Añaden que en los servicios que incluía ese contrato, y que por tanto debía cumplir la sociedad "Piper Rudnick", aparecen "las actividades dedicadas a la consecución de una Medalla de Oro" a Aznar por el Congreso de Estados Unidos, algo que no estaba previsto en la contratación.

Sobre tales actividades, indican los denunciantes, hay dos facturas, pero si en la primera figuraba la gestión de la concesión de la Medalla, en la segunda tal cometido queda omitido y a él se alude como "asuntos del Congreso".

Los abogados Mazón y Martínez iniciaron un proceso contencioso-administrativo por considerar que para la obtención de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos "no debían utilizarse medios públicos" al ser ésta una "aspiración personal" de Aznar.

Debido al "silencio administrativo", los abogados recurrieron a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, aunque ambas instituciones desestimaron el recurso.

Los abogados, además, comenzaron un proceso penal ante lo que creen un delito de malversación de fondos públicos, que no obstante no admitió un Juzgado de Madrid y después otras instancias judiciales.

Porque los denunciantes, precisamente por considerar que puede haber un delito de malversación de fondos públicos, aprecian una diferencia entre el importe aprobado para formalizar el contrato con "Piper Rudnick", unos 2,3 millones de euros, y la cuantía contratada, dos millones de dólares.

El ex secretario de Estado de Asuntos Exteriores Bernardino León, hoy secretario general de Presidencia del Gobierno, manifestó en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2004 que las gestiones del Ejecutivo de Aznar para la consecución de la Medalla de Oro resultaron "poco escrupulosas".

(www.publico.es, 05/02/10)

11. LA FISCALÍA PIDE AL SUPREMO EL SUPLICATORIO DEL SENADOR DEL PP MANUEL ALTAVA

El ministerio Público considera que Manuel Altava, senador del PP y magistrado, entró en la vivienda y en la asesoría de su ex pareja, rompió las cerraduras y se llevó ordenadores y expedientes. En el escrito de acusación, el fiscal acusa al senador por los presuntos delitos de realización arbitraría del derecho y allanamiento. El procedimiento se elevó al Supremo por la condición de aforado de Manuel Altava al que Carlos Fabra puso al frente de la lista del PP al Senado por Castellón en las elecciones de marzo de 2008.

El Ministerio Público ya se ha manifestado sobre la instrucción del Supremo contra el senador popular por Castellón Manuel Altava. En su escrito de acusación, del pasado 24 de noviembre, pide que las Cortes autoricen el suplicatorio para que se juzgue a Manuel Altava, senador del PP y magistrado en excedencia, por los presuntos delitos de 'realización arbitraria del derecho' y 'allanamiento de despacho profesional', en agosto de 2003.

La Fiscalía acusa al senador de entrar por la fuerza en la vivienda y la asesoría jurídica de su ex pareja tres meses después de la separación. Altava llegó a romper las cerraduras de la vivienda con la ayuda de un cerrajero y forzó la entrada de la Asesoría jurídica y Urbanística ASEJUR. Según el escrito del fiscal, ese día, registró las oficinas, se llevó bienes, ordenadores y desordenó documentos y expedientes varios.

Por estos hechos, la Fiscalía entiende que existen elementos suficientes para acusar a Altava por presuntos delitos de 'realización arbitraria del propio derecho' y 'allanamiento' y solicita al juez instructor del Supremo, José Manuel Maza, la petición del suplicatorio. El procedimiento se abrió en agosto de 2003 en el juzgado número 2 de Castellón y lo asumió el alto tribunal hace un año.

Los hechos ocurrieron siendo Manuel Altava magistrado titular del juzgado de lo penal número 3 de Castellón, cinco años antes de su aforamiento. Carlos Fabra le colocó al frente de la lista del PP al Senado por Castellón en las elecciones de marzo de 2008.

(www.cadenaser.com, 04/02/10)

12. LA FISCALÍA RECHAZA QUE EL SUPERIOR DE VALENCIA INVESTIGUE LA QUERELLA DEL PSPV-PSOE POR EL 'CASO GÜRTEL'

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana rechaza que el Tribunal Superior de Justicia de la región investigue la querella presentada por el PSPV-PSOE por supuesta financiación ilegal del PP autonómico, en la que implicaría a 17 personas, entre ellas, el presidente de la Generlitat Francisco Camps, varios altos cargos y al menos cinco grandes empresas constructoras.

La Fiscalía valenciana entrega hoy, según la Fiscalía General del Estado, el escrito en el que considera que los hechos denunciados por los socialistas están siendo investigados por el juez Antonio Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Según la Fiscalía de la Comunidad Valenciana, corresponde en este momento al juez Pedreira concluir las investigaciones que ha iniciado, valorar los indicios y, en su caso, remitir entonces al tribunal valenciano lo que considere oportuno.

Los socialistas valencianos presentaron una querella el pasado noviembre fundamentada básicamente en un informe policial en el que se recogían numerosos indicios de la existencia de financiación ilegal en el PP de la Comunidad Valenciana. Ese informe llegó a la sala de lo civil y penal del TSJ valenciano a finales de julio, justo en plena deliberación sobre las diligencias abiertas por un presunto delito de cohecho pasivo impropio a, entre otros, el presidente Camps.

El tribunal, presidido por el magistrado Juan Luis de la Rúa, a quien éste señaló como "más que amigo", decidió archivar la causa e ignorar el contenido del informe policial.

La pasada semana el TSJ valenciano, a través de una providencia, preguntó a la Fiscalía y a los socialistas si consideraban que era el tribunal competente para investigar los hechos denunciados.

Previamente, había recabado distinta información y solicitó al tribunal de Madrid que le dijera si estaba investigando los mismos hechos. El tribunal madrileño contestó que no podía darle información porque no había una causa abierta en la Comunidad Valenciana y que tomara las decisiones oportunas.

(www.elpais.com, 05/02/10)

13. GALICIA. FEIJÓO SE ESTRELLA CONTRA BALTAR

José Luis Baltar atraviesa solo el Pazo de Os Remedios, busca a su mujer, Alicia Blanco, entre la media docena de pancartas de apoyo a su hijo, y concluye: "Ya está". Decenas de familiares y amigos se arrancan con vítores de "¡presidente, presidente!" el pabellón se contagia y aparece en escena el heredero, José Manuel, que baja por la escalerilla en medio de una atronadora ovación que hace imperceptible la entrada por una puerta lateral, del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Baltar padre alza a su hijo en brazos frente a un enjambre de fotógrafos que retratan la instauración de una saga en Ourense. "Han perdido los traidores", grita una seguidora convencida. Los altavoces del pabellón precisan el resultado: 723 votos de Baltar Blanco, por 433 de Juan Manuel Jiménez Morán. Los observadores llegados desde las sedes de Madrid y Santiago para fiscalizar la votación escuchan y callan.

Alberto Núñez Feijóo supo que la dinastía continúa en Ourense y que tiene un problema grave en la provincia que lo vio nacer. Su candidato preferido, a quien la dirección regional empujó a presentarse tras proporcionarle un equipo de campaña, apenas convenció al 38% de compromisarios. De poco le sirvió a Jiménez Morán arrimarse al presidente gallego, ni las declaraciones de Feijóo y Rueda en dos periódicos distintos el pasado jueves, llamando a renovar el partido. La intervención del propio presidente nacional, Mariano Rajoy, que esta misma semana llamó a capítulo a Baltar a Madrid no tuvo efecto. Y la traca final del aspirante oficialista -la filtración la misma víspera del congreso, de una candidatura que reservó el segundo puesto, tras Jiménez Morán, al número tres del PP gallego, Antonio Rodríguez Miranda, y dejó hueco para el delegado de la Xunta, Rogelio Martínez- sólo añadió algo más de estrépito al fracaso. La apuesta de Feijóo, Rajoy y Rueda convenció exactamente al 36,05% de la militancia orensana.

Pero la contundencia de la derrota no impidió al secretario general gallego reclamar "inteligencia" a la hora de "interpretar los resultados". La dirección del PP interpreta que con un 40% de contestación interna, los Baltar no deberían permitirse demasiadas alegrías. Pese a ello, Alfonso Rueda se esforzó en cerrar las heridas de campaña. Admitió que algunas cosas no deberían haber pasado y pidió explícitamente un partido unido que garantice futuros éxitos electorales.

"Cerremos este día para la historia y trabajemos todos juntos", exhortó a los miembros de ambas candidaturas que compartían las primeras filas. Los rostros de todos ellos delataban a vencedores y vencidos. En las sillas del medio, exultantes, Baltar, padre e hijo... Mucho más escorados y cariacontecidos, dirigentes como Rodríguez Miranda, Celso Delgado, o Rogelio Martínez, muy tocados políticamente tras la votación. El sucesor de Rueda en el estrado, el presidente electo, Baltar Blanco, hizo como si no hubiera oído las llamadas a la unidad y ratificó su compromiso de construir un partido "de leales, de gente que no duda y que no siembra dudas". Demostró de paso que, por mucho que interese a la cúpula del PP, el antecedente de Cacharro Pardo no cuenta porque ni Lugo es Ourense, ni el apellido Baltar se jubila tan fácilmente.

El estreno en el cargo del nuevo presidente fue otro alegato a favor del galleguismo y de los intelectuales de la Xeración Nós, con evidentes puyas a sus superiores de Santiago y Madrid. "Llegó el tiempo de la imposición de abajo a arriba, en lugar del diseño de plástico", avisó de entrada. Luego invitó a su padre a seguir en la Diputación el tiempo que quiera, desoyendo a la dirección regional que pretende despedirlo también de las instituciones.

Pero la mayor carga de profundidad la colocó en el turno de agradecimientos. Tras saludar a "la familia", se acordó de su hija Elena, todavía adolescente. "Espero que nadie cercene tu libertad de presentarte", expuso en un mensaje directo a sus detractores internos del partido. "En Ourense pensamos lo que decimos y decimos lo que pensamos... nadie puede poner vetos a la democracia", continuó. Su intervención, trufada de ataques contra BNG y PSdeG para hacer ver que éstos son los verdaderos enemigos, sirvió además para marcar una cierta distancia respecto a su padre: "Nace un partido nuevo que conectará el pasado con una nueva forma de hacer política".

Cuando comprobó que la llamada a la unidad de Alfonso Rueda no había servido de mucho, el propio Feijóo la propuso a su manera. Evocó su propio ascenso a la presidencia del partido hace cuatro años y recordó a Baltar Blanco que sólo comprendería lo que él sintió entonces, cuando "desde la soledad de su despacho" reflexione sobre la responsabilidad de liderar "un partido unido donde haya sitio para todos", en su enésima llamada a una integración imposible de los dos bandos populares. Y más cuando el calendario marca que falta menos de un año para la campaña de los comicios municipales.

Feijóo había comenzado proclamando, que "este no es el partido de los caciques" y advirtió luego que "de nada valen ganar congresos si no se ganan elecciones". Empleó un tono gélido, más que frío, para saludar al vencedor, a quien no tardó en poner deberes. El presidente reclamó que el partido vuelva a la calle después de una campaña "viva" e incluso se propuso improvisar la fotografía de las portadas de hoy.

Cuando concluyó su intervención, impuso un posado a quienes no dejaron de descalificarse durante las últimas semanas. Pero las sonrisas forzadas de Baltar Blanco y Jiménez Morán deslucieron el retrato. La instantánea se quedó vieja sólo unos minutos después, cuando el nuevo presidente del PP orensano subrayó ante los periodistas que en ningún caso integrará a sus rivales en el cónclave, tal y como le exige la dirección. "Seré coherente con lo que dije en campaña y formaré un equipo con las personas que hablaron en positivo", espetó. Palabra de Baltar II en el inicio de su mandato. La vieja pugna entre el sector de la boina y el del birrete, que muchos dieron por finiquitada antes de tiempo, entra en una nueva fase.

(www.elpais.com, 31/01/10)

14. GALICIA. BALTAR RECURRIÓ A UN CRÉDITO PARA CONTRATAR PERSONAL 15 DÍAS ANTES DEL CONGRESO DEL PP

Quince días antes del congreso que puso a su hijo al frente del PP de Ourense, José Luis Baltar llenó los pasillos de la Diputación de candidatos a compromisarios, o parientes de éstos, y les firmó contratos de trabajo en la institución. La mayoría estaban ya empleados en las vísperas del cónclave. La urgencia llevó al presidente y padre del candidato José Manuel Baltar a firmar los contratos sin soporte técnico. El interventor, José María Baños, confirma ahora, en respuesta a una pregunta del grupo socialista, que Baltar concedió los empleos "sin contar con informe expreso" de Intervención ni de Secretaría, aunque el técnico disculpa la práctica señalando que "no se consideran preceptivos" esos informes. Baños reconoce que los contratos de trabajo de esos días se realizaron con cargo "al crédito presupuestario" de 2010, que entró en vigor ese mismo mes.

Había dinero en las arcas provinciales para realizar las transacciones laborales porque la institución, acuciada por el recorte de las aportaciones del Estado, acudió a un crédito de 7,5 millones de euros -el de 2009 había sido de tres millones- de los que destinó "más de un millón" al capítulo de personal eventual, destaca el portavoz del grupo provincial del PSdeG y alcalde de O Barco de Valdeorras, Alfredo García. En opinión del socialista, la actuación de José Luis Baltar con las contrataciones durante el periodo previo al congreso "bordea la legalidad".

Cuando se hizo público que había firmado contratos a posibles compromisarios al congreso del PP, el presidente reconoció la evidencia pero la enmarcó en la "práctica habitual". "Siempre contrato a principios de año", señaló. Solía hacerlo en febrero, pero además, según los socialistas, los contratos tenían los avales correspondientes. "Técnicamente es ilegal lo que ha hecho", sostiene García, quien reconoce que "finalmente no ocurrirá nada" porque después "legalizará la situación". Para el PSOE lo más grave es que las contrataciones se han realizado "sin más criterio de selección que el que convino al presidente" y "sin tener en cuenta" los supuestos de mérito y capacidad.

Unos meses antes del congreso -el último cuatrimestre de 2009- Baltar firmó subvenciones nominativas, que tampoco informan los técnicos, a numerosos ayuntamientos de la provincia. Según consta en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la práctica totalidad de las ayudas fueron en esta ocasión para municipios gobernados por alcaldes del PP afines a él. El BOP recoge también las subvenciones concedidas de la misma forma a asociaciones y colectivos. Entre otras, las ayudas fueron para fiestas gastronómicas y patronales (incluida, con 2.000 euros, una del huevo frito), para la canción misionera; para la asamblea ordinaria de los empresarios del polígono industrial -3.000 euros-; para un curso de ecografía; para una conferencia de David Meca (Nadando hacia el éxito, por 3.000 euros); para trajes de los integrantes de las bandas de música de algún municipio y para vestuario y decorados de una asociación de jubilados, también por 3.000 euros.

En medio de la tensión que vive el PP orensano, el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, Enrique Poly Nóvoa - a quien el nuevo presidente llamó "desleal" por integrarse en el sector del candidato perdedor- se postuló , contraviniendo a su nuevo jefe, como candidato a la alcaldía. "Me levanto y me acuesto en clave municipal", justificó Nóvoa.

Por su parte, el portavoz del PP de Galicia y número dos de la candidatura derrotada en el congreso de Ourense, Antonio Rodríguez Miranda, señaló que, para poder ganar las próximas elecciones municipales, la formación necesitará "generosidad por parte de los ganadores y lealtad por la de los perdedores" de las elecciones internas. "Mi presidente es José Manuel Baltar y estoy a su disposición para lo que necesite", aseguró a continuación.

Las declaraciones de Miranda llegaron el mismo día en que Manuel Fraga, en un desayuno informativo en Madrid, calificó de "buena" la elección de Baltar, porque "las cosas siguen exactamente igual, independientemente de que haya ganado un bando u otro".

(www.elpais.com, 03/02/10)

15. GALICIA. EL PP DE VILARIÑO DE CONSO VOTA CONTRA EL DECRETO DEL GALLEGO

Apenas 48 horas después de la elección de Jose Manuel Baltar Blanco como presidente provincial, el PP se posiciona en Ourense contra el borrador del decreto del gallego que prepara el gobierno autónomo.

El alcalde de Vilariño de Conso, el baltarista Ventura Sierra, y uno de sus ediles -el tercero se ausentó por asuntos laborales- respaldaron la moción presentada por el BNG por la que este municipio insta a la Xunta a retirar el borrador del decreto y a que cumpla con sus "obligaciones estatutarias" respecto a la lengua propia de Galicia. El apoyo de los ediles populares era innecesario para que prosperara la moción, ya que el PP gobierna en minoría y resultaban suficientes los votos sumados de socialistas y nacionalistas.

La sorpresa fue rotunda. El portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Carlos Rodríguez, expresó su "agradecimiento" por el respaldo del PP a una iniciativa por la que se reclama a la Xunta que retome el "consenso político y social consagrado con la Lei de Normalizacion Lingüística". Los nacionalistas están llevando la moción a todos los plenos municipales en los que tienen presencia.

El apoyo de los populares fue "completamente inesperado" para la oposición pese a que el nacionalista reconoce que "en Vilariño de Conso el gallego es la expresión natural de todo el pueblo y sería absurdo oponerse a una actitud tan natural". En el entorno de José Manuel Baltar Blanco -quien celebró en O Barco de Valdeorras su primer comité ejecutivo- se intentaba desvincular la postura de sus ediles de Vilariño del cuño "galleguista" que el nuevo presidente se esforzó en imprimir a su campaña por el control provincial del partido. "No hay consigna alguna; es una decisión personal", del grupo municipal, destacaron.

Ventura Sierra, que fue alcalde de Vilariño de Conso a mediados de los años 90 por el PSdeG -y captado después por Baltar Pumar para el PP-, se congratula de haber sido pionero en la supresión del callejero franquista de su pueblo y de su sustitución por nombres gallegos. Tras perder la alcaldía en 2007, la recuperó el verano pasado cuando, en una remodelación del gobierno local, uno de los ediles del BNG rompió la disciplina y en lugar de votar al PSOE lo hizo por su compañero de formación, lo que propició el retorno al sillón de mando del regidor ahora del PP.

(www.elpais.com, 02/02/10)

16. ANDALUCÍA. LEPE RECHAZA EMPADRONAR A LOS INMIGRANTES QUE VIVEN EN CHABOLAS

El Ayuntamiento de Lepe (Huelva), gobernado por Manuel Ándrés González (PP), reconoció que el padrón municipal de la localidad no inscribe a los inmigrantes que viven en asentamientos ilegales, chabolas o cualquier tipo de infravivienda. Tras el conflicto originado en Vic (Barcelona) o Torrejón (Madrid) por la reticencia a censar extranjeros, el consistorio onubense reabre el debate.

¿Qué pasa con los más de 600 inmigrantes de la localidad que no disponen de una vivienda y pasan más de seis meses, a veces años, en campamentos al aire libre? ¿Qué se hace con los que no pueden rellenar el formulario de empadronamiento al carecer de domicilio?

Inmaculada Fernández, responsable del Padrón municipal en Lepe desde hace 15 años, responde: "No los empadronamos". La normativa vigente, sin embargo, dice lo contrario. La Abogacía General del Estado envió en enero al Ayuntamiento de Vic un documento en el que citaba una resolución de 1997 que aprobó el Gobierno del PP en la que se explicita que los ayuntamientos también tienen que empadronar a las personas que vivan en "chabolas, caravanas" o "cuevas".

En dicha resolución se recoge, textualmente: "Las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc., e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón, ya que la realidad es en ocasiones así". La normativa estaba, subrayada, sobre la mesa de trabajo de la encargada del padrón en Lepe. "Está claro que se debería hacer pero ¿cómo se hace?", pregunta Fernández. Para que una persona pueda empadronarse, es necesario completar una solicitud en la que, en primer lugar, debe rellenar los siguientes apartados: calle/plaza, número, letra, portal, puerta. Evidentemente, las personas que habitan los alrededores rurales de Lepe o las chabolas que ellos mismos se construyen con cartón y plástico no disponen de un domicilio "normal". En total, son unos 600 los inmigrantes que viven en estas infraviviendas.

Los servicios jurídicos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) redactaron el pasado 19 de enero un informe en relación con el empadronamiento en el que se recogía cómo proceder. Volvía a la Resolución de 1997: "Su obligación es reflejar en un registro, el padrón, el domicilio y las circunstancias de todas las personas que habitan en su término municipal, y de la misma manera que no debe controlar a través del padrón la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda, tampoco debe realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos".

Fernández asegura que "ya le gustaría" dar de alta "a todo el mundo", pero "es imposible". El número de inmigrantes a los que se denegó el empadronamiento, explica Fernández, es difícil de calcular. "Son muchos, sí, pero no sabría decir una cifra". Y se agarra a la interpretación de un punto de la resolución del Gobierno que establece que la decisión de empadronar también debe tener en cuenta si es posible enviar comunicaciones a la persona que se quiera inscribir. "¿Cómo sé yo que el inmigrante reside habitualmente en ese punto geográfico y no cambia de sitio?", plantea Fernández.

Mustapha El Kaddouri , coordinador de los Servicios Sociales de Lepe, reconoce que tienen demasiado trabajo para ir buscando por los campos dónde pasan más de seis meses los inmigrantes. El desconocimiento entre el colectivo inmigrante es significativo. "Si no tienen casa, ¿cómo vas a empadronarte?", se preguntaba , André Boissy, presidente de la asociación de senegalés en el municipio.

Manuel Andrés González, alcalde de Lepe y presidente provincial del PP, declaró el martes a EL PAÍS que conocía la normativa y que "todos, sin excepción tienen derecho a empadronarse". Sobre cómo se estaba procediendo, González reconoció que no sabe "cómo se lleva a la práctica".

(www.elpais.com, 04/02/10)

17. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE: "HEMOS TENIDO SUERTE DE DARLE UN PUESTO A IU Y QUITÁRSELO AL 'HIJOPUTA'"

Los micrófonos le han jugado una mala pasada a Esperanza Aguirre. "Yo creo que hemos tenido una inmensa suerte de poder darle un puesto a IU quitándoselo al hijo de puta".

Esta es la frase que han cazado los micrófonos de la Cadena Ser, en la que el contexto da la clave del personaje al que se refiere y que evidencia la pugna tácita que ha mantenido en los últimos meses con Gallardón por hacerse con el control de Caja Madrid. Un comentario que parece tener una víctima clara, aunque el entorno de Aguirre no ha tardado en asegurar que no se refería al alcalde madrileño.

La lideresa charlaba sobre Caja Madrid en una conversación con su vicepresidente, Ignacio González, entre otras personas. Se encontraba en un acto celebrado en el Camino de Santiago y el ambiente era aparentemente distendido. Aguirre no percibió que un micrófono cercano dejaba oír a los periodistas un diálogo de casi cinco minutos con su mano derecha.

Lo que aparentemente parecía iba ser un acto rutinario, se ha convertido a la postre en toda una revelación, ya que la rajada muestra las entrañas de una disputa que el Partido Popular se ha empeñado en ocultar.  Sin ir más lejos, el nuevo presidente de la entidad Rodrigo Rato, aseguró que "el PP nunca estuvo en guerra por el control de Caja Madrid".

Horas después de que Aguirre fuera pillada en este renuncio, en el entorno de la presidenta aseguraban a que ésta, en ningún momento, se refirió a Gallardón, sino a un consejero cuyo nombre no se acordaba, en alusión a Fernando Serrano. Además, restan importancia a la conversación porque se desarrolló en un contexto privado. 

La pelea entre Aguirre y Gallardón llega a uno de sus momentos más álgidos en el momento en el que se negocian los consejeros de la Comisión de Control. Entre los dos que podían renovar, se encontraban Rubén Cruz, de IU, y Fernando Serrao, cercano a Gallardón. Al final renovó el de IU.

Pero la conversación continúa. La presidenta interroga a su 'número dos' sobre las modificaciones en los órganos de Caja Madrid aprobados y le confesaba que cierta información le había dejado "de una pieza".

Aguirre pregunta a González a quién tienen dentro de la entidad. "¿Este ha nombrado a la Comisión Ejecutiva en la que estaba Mercedes? Se la ha renovado, claro, seguro, no ha protestado", afirma Aguirre, para continuar: "Ha tenido que meter al PSOE por algún lado habrá quitado... a Estanis, ¿no? A Estanis lo ha quitado para poner a éste", dice respecto a José Manuel Fernández Norniella, que ocupa el cargo de vicepresidente en lugar de Estanislao Rodríguez Ponga.

"Mucha gente se quejaba de que Estanis no se ocupaba...", considera la presidenta. "Ni siquiera aspira a vicepresidente", le informa González, algo que ella valora: "A-co-jo-nan-te". En un momento dado, Aguirre interroga a González: "O sea que, nosotros, ¿qué arma tenemos?". "¿En la caja?", le replica su interlocutor. "Contra él", le responde ella.

Así, el vicepresidente le explica que "ellos van a presentar lo de la ley y luego harán cualquier cosa con los consejeros", una frase a la que responde Aguirre: "Pues yo creo que serán indubitados, espero, porque no hemos nombrado más que a Carmen (se ríe). 

(www.publico.es, 30/01/10)

18. COMUNIDAD DE MADRID. LA CONVERSACIÓN 'PRIVADA'

Esperanza Aguirre.- ¿Éste ha nombrado a la Comisión Ejecutiva en la que estaba Mercedes [Rojo]? Se la ha renovado, claro, seguro, no ha protestado. Ha tenido que meter al PSOE por algún lado, habrá quitado... a Estanis [Estanislao Rodríguez Ponga], ¿no? A Estanis lo ha quitado para poner a éste [José Manuel Fernández Norniella]. Mucha gente se quejaba de que Estanis no se ocupaba...

Ignacio González.- Ni siquiera aspira a vicepresidente.

E. A.- A-co-jo-nan-te. O sea que, nosotros, ¿qué arma tenemos?

I. G.- ¿En la Caja?

E. A.- Contra él.

I. G.- Arturo Fernández, Javier López Madrid [ambos de CEIM], Carmen Cafranga y Mercedes. Y alguien de IU. Ellos van a presentar lo de la ley y luego harán cualquier cosa con los consejeros.

E. A.- Pues yo creo que serán indubitados, espero, porque no hemos nombrado más que a Carmen [se ríe], Javier López Madrid, Arturo y Mercedes. Yo creo que nosotros hemos tenido la inmensa suerte de poderle dar un puesto a Izquierda Unida quitándoselo al 'hijoputa', ¿eh?

(www.elmundo.es, 30/01/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE INSISTE EN SUS ATAQUES A COBO Y SÁENZ DE SANTAMARÍA NO VALORA LA 'GUERRA' REABIERTA EN EL PP DE MADRID

La guerra fraticida que vive el Partido Popular en Madrid continúa pese a que Rodrigo Rato ya preside Caja Madrid. Tras una breve tregua entre el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, y la presidenta regional, Esperanza Aguirre, la propuesta de sanción al número dos del consistorio y el desliz de ésta ante un micrófono abierto ha devuelto el protagonismo a la lucha entre ambos. Una batalla que el PP prefiere soslayar y, en último extremo, achacar a la legislación vigente.

Hoy mismo, en una entrevista concedida a El Mundo, Aguirre reitera que, en su opinión, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, no debería figurar en las listas de las elecciones municipales previstas para 2012 tras la sanción que, previsiblemente, supondrá su suspensión de militancia por un año por las declaraciones contra Aguirre realizadas en EL PAÍS el pasado mes de octubre.

Aguirre reitera en la entrevista que el "hijoputa" que captaron los micrófonos el pasado viernes no se refería a Gallardón, sino a un consejero de Caja Madrid. Un consejero, Fernando Serrano, afín al alcalde y que se ha quedado sin asiento a favor de Izquierda Unida, según reveló la presidenta, algo que Mariano Rajoy sabía desde hace un mes.

Este extremo ha servido al propio Cobo para preguntarse qué hubiera pasado si hubieran sido él o Gallardón quienes hubieran sido los protagonistas de la ya famosa conversación entre Aguirre y su vicepresidente, Ignacio González.

La reactivación de la guerra entre Gallardón y Aguirre parece preocupar más al Gobierno que al propio PP. En una entrevista en Antena 3, la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha soslayado el asunto, lo ha enmarcado en el plano personal y ha tildado de "normal" que en su partido existan grandes diferencias entre máximos responsables.

Sin embargo, para la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, la literalidad de las palabras de Aguirre ("que ponen de manifiesto la necesidad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía") revelan que "cuando se trata del poder, el PP es más intervencionista que nadie".

Salgado, en declaraciones a TVE, no ha querido valorar el insulto de Aguirre ya que considera "más grave la pregunta de qué armas tenemos". En un momento de la conversación con González, Aguirre asegura que "ellos [sus rivales en Caja Madrid] van a presentar lo de la ley" [una reforma legal para ampliar el número de consejeros] e inquiere a su vicepresidente por las armas que tienen contra sus adversarios en la entidad.

Para la vicepresidenta económica es la prueba del "deseo de intervenir" y de que "la batalla continúa" dentro del PP.

Algo más concreto que su jefa de filas se ha mostrado el portavoz económico del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, quien ha culpado de la guerra entre Aguirre y Gallardón a la Ley de Cajas que, en su opinión, deja los consejos rectores en manos de los políticos, algo que el PP propone cambiar ya que "no es bueno que desde la política se esté trasteando en los consejos".

(www.elpais.com, 01/02/10)

20. COMUNIDAD DE MADRID. COBO: "SE MONTÓ UNA 'GESTAPILLO'. OJALA SEPAMOS QUIÉN LO HIZO"

Sin apenas descanso tras la suspensión de militancia impuesta por la dirección del PP al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, por sus críticas a Esperanza a Aguirre en una entrevista en EL PAÍS, el número dos del alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, ha prestado hoy declaración como testigo ante la juez que investiga el caso del espionaje que saltó hace un año.

A la salida del tribunal, Cobo ha asegurado que en Madrid "se montó una gestapillo" y ha rematado: "Ojala sepamos quién lo hizo". El vicealcalde de Madrid ha declarado ante la juez durante 40 minutos para tratar de confirmar las coincidencias entre su propia agenda y los posicionamientos de los supuestos espías a sueldo de la Comunidad de Madrid, gobernada por su propio partido, obtenidos gracias a los teléfonos móviles que utilizaban.

De acuerdo con la acusación, los agentes que trabajaban para la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior (a cargo del además secretario regional del partido, Francisco Granados), espiaron a Cobo además de al ex consejero de Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada en plena guerra interna por el poder en el Partido Popular en 2008.

Cobo ha recordado tras testificar que "desde el primer momento condené los seguimientos que me hicieron a mí, a [Alfredo] Prada y a Ignacio González y lo seguiré haciendo". Ambos dirigentes son afines al líder del partido Mariano Rajoy. Prada fue destituido por Aguirre tras producirse los seguimientos, mientras que la presidenta regional mantiene con el Ayuntamiento de Madrid un interminable rifirrafe que volvió a resurgir la semana pasada cuando descalificó a Gallardón al referirse a la pugna por Caja Madrid y al reparto de consejeros.

Hace unas semanas la juez recibió una prueba que puede resultar determinante en la investigación, al remitir Telefónica los listados sobre el posicionamiento en abril de 2008 de los móviles de ocho agentes supuestamente implicados en los espionajes. Los rastros de los teléfonos demuestran que los ex guardias civiles y ex policías, todos asesores del consejero de Interior, Francisco Granados, y del jefe del equipo de espías, Sergio Gamón, controlaron muy de cerca los pasos que daban Cobo y Prada.

La fiscalía va a solicitar además que se impute a José Manuel Pinto, el agente encargado de elaborar los partes de seguimiento. Dos peritos que han participado en destacadas investigaciones de la Audiencia Nacional acreditaron tras un análisis grafológico hace un año para EL PAÍS que Pinto fue el autor de las anotaciones referidas a Cobo y Prada.

(www.elpais.com, 01/02/10)

21. COMUNIDAD DE MADRID. GONZÁLEZ PROMOVIÓ UNA OBRA ILEGAL QUE BENEFICIÓ AL SOCIO DE SU FAMILIA

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre de construir un campo de golf y varias pistas de pádel sin licencia municipal y con el argumento de que se trataba de una obra de "excepcional interés general". La sentencia pone en la picota al vicepresidente Ignacio González, hombre de la máxima confianza de Aguirre, que primero impulsó la construcción de la instalación deportiva y luego se la adjudicó a un socio de su familia.

El Gobierno de Aguirre decidió, en octubre de 2006, modificar el proyecto de crear un parque público en un solar propiedad del Canal de Isabel II para incluir un campo de golf. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón, le negó la licencia municipal y la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural (CIPHAN) también puso reparos.

Para evitar la ilegalidad urbanística de su proyecto, Aguirre decidió recurrir a una norma que permite a la Comunidad promover una obra sin licencia municipal en casos "urgentes o de excepcional interés público".

La Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí acudió a los tribunales y ahora, casi tres años después de que el campo de golf fuera inaugurado, el TSJM anula por ilegal la decisión del Gobierno autonómico. El tribunal considera "notoriamente insuficiente" el único y escueto argumento utilizado por Aguirre para justificar el "excepcional interés general" de la obra: que pretendía fomentar deportes "con numerosos aficionados en la Comunidad de Madrid, como son el pádel y el golf".

Una portavoz oficial del Gobierno madrileño se negó a valorar la sentencia del TSJM. "Nos hemos enterado por la prensa y los servicios jurídicos están estudiando el fallo para decidir si se presenta recurso", indicó.

Tanto Izquierda Unida como las dos asociaciones vecinales de Chamberí que se han opuesto a las instalaciones deportivas pidieron que se desmonte el campo de golf y se instale el parque público que el PP prometió cuando el presidente autonómico era Gallardón. IU recuerda además que la construcción del campo de golf ha estado rodeada de diversos escándalos, en una clara alusión a Ignacio González.

El número dos de Aguirre es el presidente del Canal de Isabel II, que adjudicó la instalación deportiva. Un cuñado de González, José Juan Caballero, fue uno de los promotores del proyecto del campo de golf, según se desveló el 6 de febrero de 2009. Y diversas empresas relacionadas con familiares del vicepresidente se quedaron con varias subcontratas de la obra, que tuvo un presupuesto de 3,5 millones de euros.

La construcción del campo de golf se terminó justo antes de las elecciones autonómicas de 2007 y la explotación de las instalaciones deportivas se la concedió el Canal a un consorcio formado por tres empresas. Una de ellas, denominada Tecnoconcret, era propiedad de un socio del hermano y del cuñado de González. El vicepresidente no se abstuvo en el consejo de administración del Canal que aprobó la adjudicación y ocultó al resto de consejeros la vinculación que su familia tenía con el dueño de Tecnoconcret. Esta empresa no tenía ninguna experiencia en el sector y había sido constituida pocos meses antes.

En enero de 2008, Tecnoconcret vendió sus acciones en el consorcio por un precio declarado de 30.000 euros, cuando sólo había puesto 3.600 como capital inicial. Es decir, obtuvo en menos de un año una plusvalía del 833%. González nunca ha explicado por qué adjudicó la explotación del campo de golf a una empresa sin experiencia en el sector y que un año después vendió sus acciones.

Pocos meses más tarde, en noviembre de 2008, Tecnoconcret amplió su accionariado para dar entrada a Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente. Entre ambos pasaron a controlar la mayoría absoluta del capital de la empresa.

La sospechosa adjudicación del campo de golf del Canal por parte de Ignacio González se explicaba con detalle en un amplio dossier, de 69 páginas, que llegó a la dirección del PP. Pero el equipo de Mariano Rajoy decidió no investigar el asunto. En enero de 2009, cuando saltó el escándalo del espionaje en la Comunidad de Madrid, este diario logró una copia del dossier e informó sobre su contenido.

El vicepresidente denunció en los tribunales la realización de ese dossier, que no sólo informaba de sus adjudicaciones sospechosas, sino que también aportaba amplia información sobre las propiedades de González y de sus familiares. El juez todavía no ha localizado a los autores del informe. El vicepresidente madrileño siempre ha negado la existencia de irregularidades en su gestión.

(www.publico.es, 02/02/10)

22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE POLITIZA LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

El Gobierno de Esperanza Aguirre tiene previsto nombrar hoy como nuevo director de la Agencia de Protección de Datos regional a Santiago Abascal, de 33 años, hasta ahora presidente de la Asociación para la Defensa de la Nación Española (DANAES), según fuentes populares y del Gobierno regional. Abascal cuenta además con un largo currículo en el PP vasco, donde ha sido concejal de Llodio, procurador de las Juntas Generales de Álava, diputado regional, presidente de Nuevas Generaciones y miembro de la Ejecutiva regional del PP vasco hasta 2005. La decisión ha causado bastante malestar entre la oposición y los sindicatos, que todavía no tienen constancia oficial del nombramiento.

Su designación pondrá fin al mandato de ocho años del anterior director, Antonio Troncoso, que ahora volverá al mundo de la universidad para tratar de obtener una cátedra en Derecho Constitucional. Un hombre que fue elegido por unanimidad y que ha realizado una labor independiente, revisando, cuando ha hecho falta, decisiones y actitudes que podían ir en contra del propio Gobierno de la Comunidad o del Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, con esta vinculación al PP, el futuro director de la agencia tendrá más complicado ejercer su cargo de la misma forma. Y es que el director de la Agencia de Protección de Datos está obligado a ejercer el cargo con "plena independencia y objetividad", según el artículo 16.2 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid. Además, no debe "estar sujeto a mandato imperativo o instrucción alguna en el desempeño" de sus funciones.

Otro de los factores que esgrimen los detractores del posible nuevo director de la agencia es que la asociación que ha presidido hasta ahora recibe cada año subvenciones de la Comunidad de Madrid. En los presupuestos de 2010 figuran 57.375 euros a cargo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. En 2009 se consignaron 90.000 euros y, en 2008 fueron 100.000 euros para la organización conservadora que preside Abascal, según las cuentas regionales.

De confirmarse la designación, Abascal, muy cercano a María San Gil, será un nuevo caso de político del PP poco afín a las tesis de Mariano Rajoy al que Esperanza Aguirre da cobijo en la Comunidad de Madrid.

El nombramiento está previsto que se produzca en la reunión de la comisión ejecutiva de la Agencia de Protección de Datos, que comenzará a las diez de la mañana y tiene esta decisión como punto único del orden del día. Sin embargo, la sustitución del anterior director, Antonio Troncoso, a quien se le termina el mandato, provocó la protesta de algunos de los miembros de la comisión que no pertenecen al PP y algunas quejas veladas en el seno de la Agencia de Protección de Datos.

La diputada socialista Rosa Alcalá, que representa a su partido en la comisión de la agencia, envió una carta de queja porque se le había negado el nombre del futuro candidato antes de la votación. "¿Cómo puedo comprobar yo allí que el candidato reúne los requisitos?", se preguntaba la diputada. "El anterior presidente era un doctor en Derecho Constitucional, que seguro que tenía vinculación con el PP, pero al menos era experto en la materia", agrega. Alcalá considera que es una "grave vulneración de derechos de los miembros de la comisión" no haber tenido con anterioridad el nombre del candidato al puesto.

De la misma opinión era Daniel López, miembro de CC OO y representante del grupo sindical. "La Comunidad de Madrid no se ha molestado en consensuar un candidato porque desprecia este tipo de organismos donde el puesto de dirección es muy técnico", afirmó . "Si se confirma, vamos a votar en contra porque ésta no es la forma de comunicarnos su propuesta", dijo López. "Sin conocer el perfil con antelación no tienes forma de saber si cumple los requisitos".

La votación del nuevo director será un mero trámite, porque el PP cuenta con mayoría suficiente para hacerlo sin consenso.

(www.elpais.com, 04/02/10)

23. COMUNIDAD DE MADRID. EL JUEZ IMPUTA A LA EX ALCALDESA DE PINTO, DEL PP, POR IRREGULARIDADES

Miriam Rabaneda, ex alcaldesa popular de Pinto, y su hermana Tamara, ex concejal de Hacienda de la localidad, han sido imputadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Parla. En el auto se advierte de que en el año en que el PP gobernó Pinto (2007-2008) los técnicos municipales redactaron varios informes contra pagos autorizados por la alcaldesa y su hermana, y presentaron reparos a la legalidad de ciertas operaciones por falta de liquidez del Ayuntamiento o por no respetar el orden y la preferencia de pagos.

La alcaldesa y la concejal hicieron oídos sordos a las recomendaciones del tesorero e interventor municipal cuando alertaron sobre la dudosa legalidad de muchas operaciones de caja. Los fundamentos jurídicos del auto fijan que el comportamiento de las hermanas Rabaneda "pudo entrañar un uso abusivo de sus competencias, al intentar imponer su voluntad por encima de cualquier otra consideración en un ejercicio despótico de sus atribuciones".

Muchos pagos se hicieron en vísperas de la moción de censura del 22 de diciembre que desalojó al PP del poder. El saldo del Ayuntamiento pasó de ser de 13.613.503 euros el 2 de diciembre a 2.581.401 tan sólo 20 días después. El auto resalta la "contumacia con que la que las denunciadas, el 19 de diciembre, ordenaron efectuar los pagos de gastos" y destaca que se actuó "obviando la necesidad de los funcionarios de efectuar el obligado arqueo ante el anunciado relevo del gobierno municipal".

Miriam Rabaneda negó todos los cargos: "Mi gestión estuvo siempre pensada en interés de los vecinos. En el tiempo que dirigimos el Ayuntamiento recibimos a cientos de proveedores y personas con deudas y lo que queríamos era sólo pagarles. Todo lo que se hiciera en ese sentido estuvo bien. Y trabajamos dentro de la legalidad".

El auto interpreta como un indicio de corrupción que de la aceleración de pagos previa a la moción de censura se beneficiara más de una empresa que "mantiene vínculos incluso políticos con los denunciados".El 18 de enero, el juez imputa a Miriam y Tamara Rabaneda por "las órdenes de pago efectuadas contraviniendo el procedimiento a que obligaban los reparos de legalidad" emitidos por los interventores. El juez descarta la acusación de malversación hecha por el nuevo alcalde; las diligencias contra los siete integrantes del gabinete popular de Pinto también quedan archivadas.

Cuando el 22 de diciembre de 2008 el PSM desalojó mediante moción de censura al PP de la alcaldía de Pinto, el nuevo alcalde socialista, Juan José Martín Nieto, declaró que el cambio pretendía sacar al municipio del "desgobierno" en que lo habían sumido la "soberbia y prepotencia" de Miriam Rabaneda.

Populares y socialistas han intercambiado durante dos años acusaciones de desangrar las arcas municipales y han solicitado mutuamente al Tribunal de Cuentas la revisión de sus cuentas de Gobierno. A la vez, Martín Nieto presentó una demanda contra toda la corporación del PP, que es la que ha llevado a la imputación de la alcaldesa Rabaneda y su concejal de Hacienda.

Ante la exuberancia crematística de las Rabaneda, los informes de la Intervención Municipal alertaban sobre la posibilidad de que el dinero se agotara y no se pudieran pagar las nóminas a empleados municipales. La ex alcaldesa sostiene que los salarios estaban asegurados.

Según la denuncia del actual equipo de Gobierno, el tesorero y el interventor del Ayuntamiento alertaron sobre irregularidades como el otorgamiento de subvenciones sin justificar; encargos a la empresa municipal de limpieza Aserpinto que podían no ajustarse a la legalidad; o fraccionamientos de pagos con la intención de eludir el límite fijado por la ley para contratos sin concurso público. En total, 264 informes desfavorables fueron avalados por el interventor municipal. Todo eso antes del 9 de diciembre de 2008, porque en los días previos a la moción de censura se multiplicaron los pagos a proveedores y los informes negativos.

"Yo dije que hasta el día antes de la moción iba a continuar trabajando", se defiende la ex alcaldesa. Ante la pregunta de si eso equivalía a acelerar pagos a proveedores, responde que no: "Ésa no era nuestra prioridad. Se siguió trabajando con normalidad". El auto de imputación revela que, en los días antes de dejar el poder, Rabaneda continuó tomando decisiones determinantes.

Una de ellas le costó a las arcas municipales cinco millones de euros que el Ayuntamiento había ingresado por un convenio urbanístico. Dos días después de presentarse públicamente la moción de censura, Rabaneda devolvió a los promotores los cinco millones que habían pagado como primer plazo del acuerdo.

(www.elpais.com, 03/02/10)

24. COMUNIDAD DE MADRID. LA COMUNIDAD CONCEDE 70.000 EUROS A UNA ASOCIACIÓN ANTICASTRISTA

Por un lado, ayudas para que el Banco de Alimentos dé comida gratis a inmigrantes o para que la asociación búlgaro-española organice un campamento en el que los inmigrantes dejan a sus hijos en vacaciones mientras ellos trabajan. Por otro, una ayuda para que una asociación anticastrista organice "Foros de debate y estudio de la realidad y actualidad iberoamericanas". Ambos tipos de proyectos se pueden encontrar en las subvenciones que la Consejería de Inmigración concede para 2010. En total, 6,4 millones que se reparten entre 120 propuestas. Los debates anticastristas consiguen 70.000 euros. Los alimentos gratis, 50.000; el campamento, 34.000.

El proyecto de la Asociación de Iberoamericanos por la Libertad -ése es el nombre que aparece en la resolución, pero en realidad es la Asociación Iberoamericana por la Libertad- también consiguió una subvención parecida el año pasado (79.000 euros), por el mismo concepto. La entidad está ligada al partido anticastrista Unión Liberal Cubana, que preside el escritor y periodista Carlos Alberto Montaner. La última noticia que figura en su página web data de 2005. Su dirección de correo electrónico devuelve los e-mails y es imposible contactar con ellos porque su número de teléfono no da línea.

Según la Consejería de Inmigración, el proyecto que presentó la asociación "está orientado al fortalecimiento institucional en varios países de América Latina" y difunde "valores como la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo y la democracia". El consejero Javier Fernández-Lasquetty afirmó que no pueden impedir a una asociación presentarse por estar en contra del régimen castrista. El destino de las subvenciones de Inmigración ocupó buena parte del pleno de la Asamblea de . La diputada socialista María Antonia García preguntó por los criterios empleados en el reparto y acusó al Gobierno de hacer "selección ideológica".

El consejero de Inmigración, Javier Fernández-Lasquetty, respondió sucintamente a la pregunta de García sobre los criterios de reparto: "Conforme a criterios públicos, establecidos en una orden". Pero la respuesta no convenció a la diputada, que recordó que, el año pasado, eso no impidió "que se dieran subvenciones a una web y a las tertulias en el casino". Una organización llamada Asociación de Víctimas del Aborto, por ejemplo, recibió 41.000 euros. Este año no ha tenido ayuda.

García afirmó que hay una "selección ideológica que prima, beneficia y consolida a entidades cercanas al PP" y lamentó que eso suponga "dejar fuera proyectos consolidados que trabajan mucho y con poco dinero". Se refería, por ejemplo, al colectivo La Calle, que trabaja con menores no acompañados procedentes de Canarias, o a Ibn Batuta, que atiende a marroquíes en Lavapiés. Más de 400 proyectos han sido rechazados.

El consejero rebatió la afirmación de García y recordó que es una entidad técnica, que ganó un concurso, la que valora qué asociaciones deben recibir las ayudas. Entre las subvenciones "para el desarrollo de programas y proyectos en el área de integración de la población inmigrante" figura una de 83.274 -de las más elevadas- para la Fundación IUVE Cooperación, que preside Daniel Sada, rector de la universidad privada Francisco de Vitoria, ligada a los Legionarios de Cristo. Esta entidad, según un vídeo promocional colgado en su página web, fomenta "valores inspirados en el humanismo cristiano, como la vida, la dignidad de la persona y el amor". El proyecto para el que ha conseguido la ayuda consiste en fomentar la inserción sociolaboral de los inmigrantes "a través de la formación en peluquería (I y II)".

Un proyecto de "apoyo y atención social integral a la mujer inmigrante" de la Fundación Iberoamérica Europa, presidida por Pablo Izquierdo, ex jefe de prensa de José María Aznar, merece una subvención de 44.000 euros. Otro de la Fundación Altius Universidad Francisco de Vitoria ("Cursos de alzhéimer para la inserción sociolaboral de la población inmigrante") se lleva 89.027 euros.

Entre los programas, uno de la Fundación Altius dedicado a la formación online de la población inmigrante consigue 77.000 euros en tres años. Otro de la Fundación Humanismo y Democracia, presidida por Rafael Rodríguez-Ponga, sobre participación juvenil suma 86.312 euros también en tres años.

(www.elpais.com, 05/02/10)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. 500.000 PARADOS. Y CAMPS, CON ALONSO

Los indicadores económicos en la Comunidad Valenciana son peores que nunca. Medio millón de valencianos mantienen demandas de empleo vivas en las oficinas del Servef. La encuesta trimestral del Instituto Nacional de Estadística eleva el número de parados a 576.000. El BBVA augura que la Comunidad Valenciana saldrá de la crisis dos o tres años después que el resto de España.

La inacción del Consell ante una situación tan dramática llevó a los dirigentes de la UGT del País Valenciano a reclamarle al presidente de la Generalitat que baje a la realidad. Francisco Camps, en esos momentos, se encontraba en el circuito de Cheste fotografiándose con el doble campeón del mundo de fórmula 1 Fernando Alonso. El sindicato ugetista no es el único preocupado por la pasividad del Gobierno valenciano. Esa inquietud es compartida por el resto de centrales sindicales y por representantes de las principales patronales a los que les disgusta una estrategia que traslada al Gobierno central todos los males que aquejan a los valencianos. Conrado Hernández, secretario general de UGT, se hizo eco de ese malestar: "Hay medio millón de valencianos desempleados y el presidente todavía no ha asumido la gravedad del problema". La Generalitat tiene competencias plenas en políticas activas de empleo.

Camps asistió a los entrenamientos de fórmula 1 en el circuito de Cheste y celebró "el excelente ambiente deportivo y la gran asistencia de público", según una nota oficial de la Generalitat.

"Hay medio millón de valencianos desempleados y el presidente de la Generalitat todavía no ha asumido la gravedad del prolema". Conrado Hernández, secretario general de UGT, recordó que "las políticas activas de empleo son competencia exclusiva del Consell, ya está bien de esconder la cabeza bajo el ala, de que siempre tengan la culpa otros. No están en la vida real. El presidente del Consell no está en la vida real".

La indignación de Hernández ante la actitud escapista del presidente de la Generalitat hacia la crisis económica no impidió que UGT invocara la segunda edición del Plan Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (Pavace) como "una buena herramienta para afrontar la actual situación".

El Pavace apunta toda una serie de posibilidades para activar el empleo desde el sector público y para garantizar la atención a los trabajadores que hayan perdido su empleo y hayan agotado todas las prestaciones a las que tenían derecho. Pero su aplicación, señaló Gonzalo Pino, histórico responsable de UGT en Ford, "exige que el Gobierno autonómico baje a la realidad en la que vivimos todos y traslade los recursos necesarios".

Conrado Hernández, flanqueado por Pino y por Juan Ortega, responsable de relaciones institucionales, reclamó una aplicación estricta de la ley de renta mínima garantizada para que las familias que no tienen ningún tipo de ingreso puedan acceder a unos recursos mínimos.

Exigió una apuesta decidida en la aplicación de ley de autonomía personal, la denominada ley de Dependencia, para profesionalizar la atención y generar hasta 25.000 puestos de trabajo especializados.

La aplicación generalizada de la oferta pública de educación infantil hasta los tres años; el compromiso de extender a todas las localidades de más de 20.000 habitantes las prestaciones en prestaciones de Salud Mental; los ambiciosos planes de regeneración y repoblación forestal, medidas todas ellas recogidas en el Pavace, paliarían en parte el desempleo que afecta a medio millón de valencianos, 575.000 según la Encuesta de Población Activa.

Los responsables de UGT reiteraron su confianza en el diálogo y la concertación. La mesa técnica del Pavace tiene previsto avanzar hacia "un diagnóstico de la situación real" para acordar el impulso de "medidas concretas con las correspondientes partidas presupuestarias" para combatir el paro. El horizonte del acuerdo se ha fijado en mayo.

UGT sugirió incluso medidas que también reclamó Cepymeval, la patronal autonómica de la pequeña y mediana empresa, para favorecer el acceso al crédito de las pymes. UGT planteó elevar el papel de la Sociedad de Garantía Recíproca, a la que pueden acceder todas las empresas para obtener avales, para equipararlo con el Instituto Valenciano de Finanzas, que distribuye subvenciones nominales.

(www.elpais.com, 04/02/10)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DESAFÍA AL GOBIERNO Y AVANZA EN EL DESALOJO DE LOS VECINOS DEL CABANYAL

La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia han hecho caso omiso del contundente dictamen del Consejo de Estado que solicita la suspensión cautelar del decreto ley del Consell que avala el plan especial del Cabanyal y avanzan con las expropiaciones en el barrio. , tras la multitudinaria manifestación del domingo contra los derribos y la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, los primeros vecinos afectados por la apertura del bulevar San Pedro comparecieron para el levantamiento de las actas de ocupación y entrega de llaves de sus casas.

El dictamen del Consejo de Estado avala el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la disposición del Consell y refuerza la orden de paralización del plan urbanístico decretada por el Ministerio de Cultura al entender que la prolongación supone expolio del barrio de pescadores declarado Bien de Interés Cultural.

La plataforma Salvem el Cabanyal llamó a los vecinos afectados por las expropiaciones -un total de 24- a no hacer acto de presencia en las citaciones. La entidad advierte de que el proceso de expropiación para la apertura del bulevar San Pedro, perpendicular a la prolongación de Blasco Ibáñez, "no tiene amparo legal" porque el plan especial está paralizado por orden del Ministerio de Cultural.

El Ayuntamiento de Valencia tiene habilitado, desde y hasta el miércoles, el salón de actos del retén de la Policía Local del Marítimo para atender a los expropiados. La sala estuvo abierta desde primera hora de la mañana y hasta las 17.30 horas. Pese al llamamiento de Salvem el Cabanyal, los ocho vecinos citados sí se personaron, según confirmaron fuentes municipales. Otra cosa es que firmaran el acta de ocupación. Los precios que se ofrecen están muy por debajo de los de mercado -en San Pedro la Generalitat ha tasado una casa de 300 metros en 180.000 euros- y con probabilidad muchos recurrirán al Tribunal Provincial de Expropiaciones.

La presidenta de la plataforma Salvem el Cabanyal, Maribel Domínguez, explicó que Blanca Blanquer, la abogada que representa a algunos de los vecinos afectados por las expropiaciones, les ha desaconsejado acudir a las citaciones. La letrada declaró a Efe que no se presentan a la cita porque hay una orden ministerial "legítima" y emitida por el Ministerio de Cultura "dentro de sus competencias" para paralizar la ejecución del Pepri. "No acudir a este acto es una cuestión de congruencia y lógica", argumentó Blanquer. La abogada y ex directora general de Urbanismo advirtió a la Generalitat que "tendrán que ir a sacar a los vecinos porque lo tienen decidido y no se van a ir de sus casas".

La representante legal de los expropiados confió en que "esta semana" el Tribunal Constitucional tome una decisión que "ponga fin de una vez" a todo este conflicto. La plataforma se prepara con todo para una tensa espera. Según Doménech, la decisión final del Constitucional puede demorarse entre cinco meses y tres años.

(www.levante-emv.com, 02/02/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. SANIDAD YA HA RESERVADO 140 MILLONES PARA PRIVATIZAR LA GESTIÓN DE SEIS SERVICIOS EN LA NUEVA FE

Concurso a concurso ha licitado la Conselleria de Sanidad la privatización de la gestión de diferentes servicios del nuevo hospital La Fe hasta alcanzar un montante de 140 millones de euros.
El último se publicó y alude a la logística de los dos hospitales homónimos, el histórico de la avenida de Campanar y el nuevo del barrio de Malilla, que se encuentra al 95% de su construcción.
El nuevo concurso tiene un presupuesto de salida de 23 millones y estará en vigor durante diez años. Abarca la gestión del almacenamiento y traslado interno y externo de los productos fungibles, farmacéuticos, lencería, esterilización y residuos de los centros que forman parte de todo el departamento que son el nuevo hospital, el centro de la avenida de Campanar, los centros de salud y de especialidades.

La conselleria ha señalado que el servicio se prestará con un "gestor logístico", a través del cual se activará un almacén central automatizado que dispondrá de carruseles horizontales, zonas de frío, estanterías de palés... Este almacén estará ubicado en el sótano del nuevo hospital y será el único punto para acceder a los productos. Para justificar la operación, la conselleria ha dicho que actualmente hay varios almacenes en diversas zonas y que ninguno está automatizado, "lo que implica importantes mermas"

En los últimos meses, Sanidad ha destinado140 millones para privatizar seis servicios del nuevo hospital. La mayor parte de ellos serán explotados entre 40 años (el aparcamiento que se ha adjudicado por 15,5 millones), diez años (almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos, lencería y retirada de residuos que se ha licitado por 23 millones) y ocho años (el de radiodiagnóstico por 56,5 millones).

(www.levante-emv.com, 05/02/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. LOS CHÓFERES DE FABRA REVELAN CÓMO LES DABA SOBRES CON DINERO PARA INGRESAR

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entregaba sobres con dinero a sus chóferes y éstos acudían al banco a realizar los ingresos. Así se desprende del interrogatorio al que fueron sometidos los dos conductores oficiales, que acudieron al juzgado número 1 de Nules, donde se investiga a Fabra de la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias, cohecho y prevaricación) y fraude fiscal. Los dos aseguraron que la única persona que les entregaba aquellos sobres era el propio Fabra y que éstos no portaban ningún distintivo que pudiera identificar su procedencia. Ni membrete de la Diputación, ni destinatario, ni remitente. Los sobres, según dijeron, iban cerrados. Con esa afirmación, sostuvieron que desconocían las cantidades que portaban, aunque no pudieron dejar de admitir que sabían que era dinero.

Según su declaración, llegaban al banco, entregaban el sobre, allí se contaba y les certificaban su entrega con un documento que, tal como dijeron, guardaban pero ni miraban.

La Agencia Tributaria detectó, sólo en 1999, más de un centenar de ingresos en las cuentas de Carlos Fabra y de su entonces esposa, María Amparo Fernández. Hacienda denunció un desfase de 600.000 euros entre el dinero declarado y los movimientos e ingresos en los bancos. De esa cantidad, 300.000 euros eran atribuibles directamente a Fabra, que no aportó "ninguna justificación ni explicación mínimamente aceptable en cuanto al origen de los mismos", tal como señaló la propia Agencia Tributaria. Los inspectores de Hacienda requirieron al presidente de la Diputación hasta en 17 ocasiones con el fin de que aclarara sus cuentas. La única explicación que ofreció es que sacaba el dinero, lo guardaba unos días en su casa y, posteriormente, lo volvía ingresar.

Por ello, se llamó a declarar a los cajeros de las entidades bancarias con el fin de saber quién realizaba los ingresos en las cuentas. Tres empleados de dos entidades diferentes identificaron al "chófer de Fabra" como la persona que acudía al banco. Dado que entonces la presidencia de la Diputación de Castellón contaba con dos conductores oficiales, José Salvador del Campo y Guillermo Redón, el juez citó para a los dos. Y ambos reconocieron haber sido porteadores del dinero.

En muchos casos, las cantidades ingresadas en efectivo no superaban los 3.000 euros. En uno de los bancos en los que el chófer fue identificado, la cuenta de Fabra registró, en cuatro días, una veintena de ingresos sin origen justificado. Así, los conductores también fueron interrogados por las ocasiones en las que realizaban esta operación y sólo alcanzaron a decir que "bastantes", además de reconocer que incluso realizaban varias en el mismo día.

El asunto del chófer portando sobres ya salió a la palestra en 2007, cuando la secretaria de Vicente Vilar, el empresario que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, aseguró ante el juez que Del Campo acudía a la fábrica a recoger "sobres y cajas".

La relación de Carlos Fabra con, al menos, uno de sus chóferes sobrepasa el plano profesional. José Salvador del Campo Marín fundó, en 1995 y junto a conocidos empresarios de la provincia, una empresa minera cuyas acciones parcialmente revendió a la esposa de Fabra y en la que el propio presidente de la Diputación contaba con una participación del 30%. Además, la hija de Del Campo fue una de las agraciadas con una beca concedida por el Instituto Valenciano de la Exportación, de la Generalitat valenciana.

(www.elpais.com, 30/01/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. DETIENEN AL EX ALCALDE DE MONTROY Y A 6 TÉCNICOS Y PROMOTORES

Montroy amaneció tomada por la Guardia Civil. El ayuntamiento, dos empresas y la vivienda del ex alcalde y concejal del PP, Francisco Carrión, fueron registrados por el grupo de delitos urbanísticos buscando expedientes, contratos y licencias de construcción de las 80 viviendas diseminadas que la empresa Morarim SL vendió entre 2003 y 2004 a jubilados ingleses y alemanes en terrenos no urbanizables de la Cañada de la Murta.

La operación culminó con la detención del ex alcalde y seis promotores inmobiliarios, asesores y técnicos por los delitos de estafa, prevaricación y contra la ordenación del territorio. El Delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, especificó que entre los detenidos hay varios cargos públicos más y "alguna persona relacionada con las actividades económicas" que se investigan.

Las diligencias se abrieron hace un año a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia, al localizar un importante grupo de casas con piscina diseminadas en una zona no urbanizable. Montroiyes uno de los 14 municipios que no han remitido la información sobre los expedientes urbanísticos solicitada por el fiscal coordinador, Joaquín Baños.

En el informe publicado por Levante-EMV el pasado sábado, el fiscal advertía que estaban "estudiando qué acciones emprender para conseguir la información". La comisión judicial salió a las ocho de la tarde del ayuntamiento con diez cajas llenas de expedientes, planos y licencias.

Entre 2003 y 2004, Carrión permitió construir una promoción de 80 chalets con piscina y antena parabólica a la promotora Murarim SL. Ésta vendió unas casas a precios de entre 150.000 y 200.000 euros que en la actualidad siguen sin urbanizar, sin luz ni agua potable. El juez de Instrucción número 1 de Picassent ordenó su detención y la de otros seis imputados entre los que figuran abogados y promotores inmobiliarios, además de practicar 11 registros domiciliarios en Valencia, Silla y Montroy, incluido el ayuntamiento, según informó el Tribuna Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La primera patrulla de la Guardia Civil llegó a las 6.30 horas de la madrugada a casa del ex alcalde para practicar un registro que se prolongó hasta las diez de la mañana. Antes de que Francisco Javier Carrión abandonara su vivienda por la puerta de atrás, se escucharon fuertes voces que el ex alcalde daba a los investigadores, en las que alegaba que le había costado "dinero de su bolsillo" y manifestaba con insistencia desconocer lo que le estaban planteando. La policía se llevó algunas bolsas con documentación de la vivienda de Carrión.

Poco después de las ocho de la mañana, la Guardia Civil llamaba a la puerta del Ayuntamiento de Montroy y ordenaba a las tres funcionarias que acaban de abrir sus ordenadores que salieran. El resto de trabajadores se concentraron a la puerta, hasta que llegó el actual alcalde, Antonio Polo (PSPV).

El juez, que ya estaba dentro, pidió a los funcionarios que le ayudaran a buscar expedientes en los archivos y en las bases de datos. La primera dependencia que investigaron fue la oficina del catastro. A las ocho de la tarde, sacaban ocho cajas llenas.

Paralelamente, otras dotaciones registraban la vivienda en la zona de Els Mallars de uno de los promotores, Klaus D. S., fallecido el17 de diciembre, y en la empresa y domicilio de su socio, Guillermo A. P., en Silla. El resto de los registros se realizaron en dos domicilios particulares de Valencia y uno en Montroi, y en dos oficinas de esta población que se encontraban cerradas, por lo que hubo que llamar a un cerrajero para entrar. Además, se registró una cuadra de caballos, de la que también se llevaron expedientes y contratos.

Los siete detenidos pernoctarán en los calabozos de la Guardia Civil y, posiblemente, no pasarán a disposición judicial hasta el sábado. Hoy seguirán los registros, tras haber inspeccionado el 85% de las dependencias del ayuntamiento.

(www.levante-emv.com, 04/02/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. COLECTIVOS DE ORIHUELA EXIGEN QUE SE AGILICEN LOS CASOS DE CORRUPCIÓN

Acaban de constituirse y cuentan con el respaldo de más de una decena de colectivos cívicos, vecinales y sindicales. Se llamarán Ciudadanía por la transparencia, y se presentaron en las puertas del Ayuntamiento de Orihuela. Su portavoz, Agustina Ballesta, explicó que van a remitir informes sobre los casos de corrupción en La Vega Baja a la Fiscalía General de Estado, al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante y a la Generalitat.

El colectivo exige que se dote de medios materiales y humanos a la Justicia para lograr el "desbloqueo" del caso Brugal, la mayor operación contra la corrupción en la comarca. En junio de 2007, fueron encarcelados el empresario Ángel Fenoll y cuatro de sus colaboradores, entre ellos Javier Bru, concejal del PP. Todos están en libertad provisional. El sumario, casi tres años después, sigue bajo secreto.

Además, instan a las administraciones a "poner freno a la alarma social que genera el sospechoso silencio" que rodea a los casos de corrupción. Por último, exigen que se ponga "punto final a esta sensación de impunidad de los políticos y de corrupción generalizada de las instituciones". La plataforma retoma la labor de Ciudadanos por la transparencia (entidad que surgió a raíz del caso Orihuela) y lamenta el "languidecimiento de las causas judiciales y la falta de participación ciudadana".

(www.elpais.com, 05/02/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. ACUSADO EL ALCALDE DE CASTALLA POR, SUPUESTAMENTE, CAMBIAR AFILIACIONES AL PP POR LICENCIAS DE OBRA

El alcalde de Castalla, José Luis Prats, negó ante el juez que haya realizado afiliaciones al PP a cambio de licencias de obras, tal como se recogía en una denuncia presentada por la dirección local del partido.

El primer edil asegura que sólo se han concedido permisos a 11 de los 273 nuevos militantes, y que además fueron otorgados con el informe favorable de los técnicos municipales. Prats también niega que se haya quedado con las cuotas de alta.

La dirección del PP de Castalla interponía el pasado verano una querella por cohecho y apropiación indebida contra José Luis Prats, perteneciente a esta misma formación política.

En la denuncia se le acusaba de haber gestionado 273 afiliaciones, la mayoría de residentes de la urbanización Castalla Internacional, a cambio de licencias de obras y con el objetivo de lograr suficientes apoyos para lograr la presidencia local del partido, en manos de su antecesor en la alcaldía, Juan Rico. La demanda también le acusaba de no haber abonado los más de 2.000 euros de las cuotas de ingreso de los nuevos militantes.

Prats compareció en el Juzgado de Ibi durante cerca de dos horas, negando todas las acusaciones. A la salida de las dependencias judiciales, el alcalde señalaba que "de las 273 afiliaciones, sólo hay 11 coincidencias".

Sobre las cuotas de alta de los afiliados, Prats manifestó que "están ingresadas en una cuenta del grupo municipal del PP, y no las haremos efectivas hasta que la ejecutiva provincial decida si acepta a los nuevos militantes".

(www.levante-emv.com, 05/02/10)

32. CASTILLA Y LEÓN. EL ALCALDE DE VALLADOLID TAMBIÉN ATACA A COSPEDAL

La desautorización pública a la secretaria general del PP a raíz de su opinión contraria a la instalación del almacén temporal centralizado (ATC) en Castilla-La Mancha, tuvo un nuevo protagonista en la voz de uno de los pesos pesados del partido conservador en Castilla y León.

El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, criticó la "incoherencia" de Cospedal en materia nuclear en los mismos términos en que censuró la actitud del presidente catalán José Montilla. El edil reprochó a la secretaria general de su partido "que diga no a que se ubique [el cementerio] en Castilla-La Mancha, pese a que el PP dice sí a la energía nuclear". "No es de recibo decir sí a la energía nuclear pero no a un depósito de residuos", coronó su argumento el alcalde conservador. No es la primera vez que los reproches a Cospedal a cuenta de la futura instalación del almacén de residuos trascienden las fronteras de la comunidad autónoma en la que la número dos de Rajoy preside este partido, Castilla-La Mancha.

Después de que el Ayuntamiento de Yebra (Guadalajara) se postulase para albergar el almacén contra las órdenes de Cospedal, la responsable regional del partido anunció un expediente al alcalde del PP en una decisión que fue inmediatamente corregida por el responsable municipal del partido de Rajoy, Javier Arenas.

Fue la primera muestra de irreverencia política contra Cospedal en relación con este debate, pero no sería la última, ya que otros municipios de su región se han ofrecido para albergar el almacén nuclear que ella rechaza en su territorio.

El cementerio ha provocado así una reacción de contradicciones en cadena por parte del PP, cuyos representantes han votado en distintas instituciones a favor, en contra o se han abstenido, según el lugar donde se celebrara el debate sobre la conveniencia de acoger este complejo.

El foco del incendio nuclear del PP, abierto ya a otras comunidades, se inició en Castilla-La Mancha y allí volvió a manifestarse . En el pleno de la Diputación de Cuenca -uno de los municipios aspirantes, Villar de Cañas, pertenece a esta provincia- el PP se abstuvo en la votación de una moción contra el cementerio. Hace menos de un año, en la misma institución, los conservadores habían votado en contra.

En esta comunidad, las Cortes regionales debatirán el próximo lunes la cuestión. La portavoz conservadora en el parlamento autonómico, Ana Guarinos, rechazó adelantar su postura. ¿Tiene? "Por supuesto que tiene opinión; [el jueves] la manifestó claramente la presidenta regional del PP". María Dolores de Cospedal, sin embargo, no dijo una palabra al respecto sobre la presencia del vertedero nuclear en Castilla-La Mancha. Al menos no en público. Sí se pronunció en contra el 19 de enero, cuando aseguró que "el PP de Castilla-La Mancha considera que no deben instalarse almacenes nucleares, temporales o no, en la región, en ninguna de sus provincias ni en ninguno de sus municipios".

Guarinos tradujo esta misma declaración de su jefa de filas a otros términos, reduciendo a Guadalajara el mapa regional: "Cuando inicialmente se habla de Castilla-La Mancha, todo estaba centrado en Guadalajara; no se había planteado la más mínima posibilidad de que hubiera un municipio de otras provincias".

Las distintas interpretaciones del PP sobre el mismo asunto, y las diferentes posturas defendidas sobre la localización del cementerio, se vivieron también en Castilla y León, donde varios municipios aspiran a albergar el almacén de residuos. Los conservadores votaron en contra de declarar a Valladolid "libre de cementerios nucleares", como defendió el PSOE en la diputación de esta provincia.

(www.publico.es, 30/01/10)

33. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL VOTA CONTRA SÍ MISMA Y SU RECHAZO AL ALMACÉN NUCLEAR MANCHEGO

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda (PSOE), hizo que la líder de la oposición en la región y número dos del PP, María Dolores de Cospedal, se enfrentara a sus propias palabras. Barreda quería que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaran por unanimidad la siguiente resolución: "No debe instalarse ningún almacén nuclear temporal en Castilla-La Mancha, en ninguna de sus provincias, en ninguno de sus municipios". Estas declaraciones se corresponden con una afirmación hecha por De Cospedal en un desayuno en Ciudad Real el pasado 19 de enero. Pero el PP voto en contra.

Tras un tenso pleno los votos populares, entre ellos el de la propia De Cospedal, fueron en contra de la resolución: en total 25 a favor y 21 contrarios. Los populares pretendían que se aprobara un texto en el que cargaban contra la política nuclear del presidente Zapatero. "Es una sucesión de reproches muy difícil de asumir", contestó Barreda. "No pretendo decir al Gobierno cómo gestionar materias a su cargo, pero defiendo el derecho de Castilla-La Mancha a pronunciarse sobre cualquier hecho que nos pueda afectar", dijo el presidente. "Lo nuclear en nuestra política energética son las energías renovables".

La resolución del PP también iba en contra de las tres candidaturas presentadas en Castilla-La Mancha: Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca) y Villar del Pozo (Ciudad Real). A pesar de eso, y de las palabras de la secretaria general del PP hace unos días, los socialistas no tuvieron el voto de los populares.

El presidente Barreda intervino para decir que al tratarse de unas palabras de De Cospedal pensó que tendrían un "denominador común" para entenderse en la votación. Pero no fue así. Y el PP expresó su rechazo por "oportunismo político".

El modelo que defiende el presidente de Castilla-La Mancha trata de potenciar la agricultura, el turismo y las energías renovables. Como rechazo a las candidaturas de los municipios de Villar de Cañas, Yebra y Villar del Pozo esgrime las complicaciones relativas al transporte que presenta la primera; el movimiento sísmico de 4,1 grados que se produjo cerca de Yebra en 2007, y la cercanía a un aeropuerto de Villar del Pozo. "Son datos objetivos que descalifican a estas localidades para instalar el ATC". Barreda remató: "Nos oponemos de manera razonable y razonada y nadie debería descalificarnos por ello".

Cospedal calificó el discurso del presidente de "alarmista", incoherente y de una irresponsabilidad sin límites. "Si el ATC es tan inseguro ¿cómo lo votó el señor Barreda para el resto de España?", se preguntaba. "No vamos a declarar a Castilla-La Mancha antinuclear". Cospedal aboga por una mezcla de energías diversificadas y seguras entre las que incluye la nuclear.

El PP se amparó en la falta de consenso en las localidades que aspiran a albergar el ATC para rechazar las candidaturas manchegas. Esta resolución, que también se votó, fue desestimada por 25 votos en contra y 21 a favor, ya que el grupo socialista consideraba que en el texto se incluían descalificaciones hacia ellos. Respecto a la contradictoria posición de Cospedal, Barreda la achacó a "que ha decidido venir con el gorro de secretaria general de su partido". Santiago Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista, sentenció que "cuando tiene que elegir entre el PP de Génova y Castilla-La Mancha, siempre pierde Castilla-La Mancha".

El Ministerio de Industria prevé comunicar en unos días la lista de pueblos admitidos para albergar el almacén, donde se depositarían los residuos nucleares de todas las centrales de España. Y sobre junio o julio podría conocerse el emplazamiento definitivo. Por ahora, los aspirantes que han hecho pública su intención de acoger el cementerio nuclear son, además de los tres manchegos citados, Ascó (Tarragona), Zarra (Valencia), Santervás de Campos, Melgar de Arriba (Valladolid), Torrubia de Soria (Soria), Albalá (Cáceres) y Congosto de Valdavia (Palencia). Santiuste de San Juan Bautista (Segovia) se retiró por la oposición de sus vecinos.

(www.elpais.com, 02/02/10)

34. REGIÓN DE MURCIA. EL SUPREMO ADMITE UNA QUERELLA CONTRA UN SENADOR DEL PP DE MURCIA

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella de 2004 contra el senador del PP y antiguo alcalde de San Pedro del Pinatar (Murcia) Pedro José Pérez Ruiz, por posibles delitos de prevaricación y coacciones. La querella la interpuso el propietario de un bar por el "acoso administrativo" al que, según él, fue sometido por el consistorio de Pérez Ruiz por no querer firmar un acuerdo para ceder la propiedad de su local.

El trasfondo de asunto se remonta a años de batalla entre el consistorio, los vecinos y los empresarios de los bares de la zona conocida como Curva de Lo Pagán por los ruidos, la suciedad y, sobre todo, la legalidad de los locales en un espacio de ocio nocturno próximo a la playa.

Según el auto del Supremo, tras varios años de actividad sin problemas administrativos relevantes, el Ayuntamiento modificó el planeamiento urbanístico y solicitó de los propietarios de los bares la firma de un convenio según el cual el Ayuntamiento obtenía la propiedad de los locales y permitía la explotación industrial durante 15 años a los propietarios. Estos pasaban a ser explotadores de un negocio, debiendo aportar, además, algunas cantidades económicas.

El querellante no considera beneficioso el convenio y a partir de entonces, según la querella, le cerraron el negocio -resolución anulada por la jurisdicción contenciosa por desviación de poder-, se le negó la tramitación de la expropiación y se le impidió vender su local a terceros.

Mientras el Tribunal Supremo inicia la tramitación del proceso, el actual alcalde, el socialista José María García, insiste en que los bares que quedan abiertos "han sido ilegales desde su apertura en 1992" y "tienen los días contados".

(www.elpais.com, 03/02/10)

35. REGIÓN DE MURCIA.¿QUIÉN ES PEDRO JOSÉ PÉREZ RUIZ?

Pedro José Pérez Ruiz cumplirá en octubre 54 años, de profesión escayolista, fue alcalde de San Pedro del Pinatar hasta la actual legislatura en la que el PP perdió las elecciones en el municipio. Mantiene el control del partido en San Pedro del Pinatar, pero una importante corriente del mismo está en contra de su actividad. Esta es la segunda legislatura en la que está en el senado propuesto por el PP y por decisión y apoyo del presidente Valcárcel. Ha protagonizado algunos hechos en la gestión municipal que acabaron en los tribunales, como el despido de un trabajador municipal que era del PP y que decidió abandonar la concejalía de la que era titular, asunto por el que el Ayuntamiento fue condenado.

Igualmente protagonizó esperpénticamente una actuación poniendo falsos mojones para ampliar el término municipal reclamando territorio tanto de la Comunidad Valenciana como del municipio de San Javier. Este es uno de los pilares que Valcárcel tiene en el plano orgánico del partido desde el asalto al poder que protagonizó y que acabó con el liderazgo de Juan Ramón Calero al frente del PP murciano.

La pérdida de San Pedro del Pinatar a manos de los socialistas, junto a San Javier, que también pasó a gobernar el PSOE, mas Los Alcázares, tradicional feudo socialista, convirtió la comarca del Mar Menor en el "Mar Rojo", como gustan llamarlo algunos significados dirigente del PSOE murciano, aunque el senador afirma que "el Mar Menor sigue siendo azul y precioso". En su momento, calificó la Ley de la Memoria Histórica de "una tontería de Zapatero", y se negó a quitar el nombre de "Generalísimo Franco" a una calle, porque "para qué, ¿para dársela a Fidel Castro o Lenin?".

Cuando los senadores de la novena Legislatura juraron o prometieron acatar la Constitución Española, "por imperativo legal" en el caso de los cuatro senadores de ERC y el senador de EUiA, el contrapunto a esta fórmula lo puso el senador murciano, quien afirmó: "Sin imperativo de ningún tipo y por convicción personal, yo sí juro".

(www.vegamediapress.com, 03/02/10)

36. ISLAS BALEARES. LA FISCALÍA CONFIRMA QUE MATAS DESEMBOLSÓ 1,4 MILLONES PARA HABILITAR SU PALACETE EN PALMA

El perito de la Fiscalía Anticorrupción, el arquitecto Rafael Balaguer ha presentado al juez que investiga el presunto origen ilícito del incremento patrimonial del ex presidente balear Jaume Matas un peritaje en el que analiza el valor de la reforma que el ex dirigente del PP realizó en el palacete que adquirió y rehabilitó cuando estaba al frente del Gobierno autonómico.

El informe ha sido aportado al sumario del caso de corrupción Palma Arena, que dio origen a la investigación sobre el patrimonio de Jaume Matas. El perito calcula que el ex presidente balear invirtió 50.000 euros en una "biblioteca fija" para una de las salas, otros 50.000 euros en electrodomésticos y 772.095 euros en obras, lo que suma un total de 1.361.992,24 euros. Una cifra que es superior a la cantidad abonada por la vivienda, según la escritura de propiedad: 950.000 euros.

Balaguer fue uno de los integrantes de la comitiva judicial que el 6 de noviembre pasado registró por primera vez el palacete de Matas, una casa señorial de 465 metros cuadrados, ubicada en el centro histórico y exclusivo de Palma.

Los representantes del Ministerio Público Juan Carrau y Pedro Horrach estiman como adecuado el precio de este inmueble en una cifra entre "2,4 y 2,8 millones de euros", que son las dos tasaciones aportadas por la Agencia Tributaria y el Colegio de Arquitectos, respectivamente. Sin embargo, Matas adquirió la casa por un precio oficial de 950.000 euros a una sociedad denominada Nova Labritja, S.L., participada por el abogado Juan Buades y el arquitecto Giuseppe Violante, quienes, según recuerda la Fiscalía en un escrito al que accedió El Mundo, recibieron contratos públicos del Ejecutivo balear que presidía Matas, así como de Ayuntamientos del PP durante la pasada legislatura.

Junto a la adquisición de lo que popularmente se conoce ya como el palacete de Matas, la Fiscalía ha remitido al juez la exhaustiva documentación recabada por la Guardia Civil durante los últimos meses en relación con las compras realizadas en efectivo por el matrimonio Matas-Areal, que reside en estos momentos en EEUU.

Según ha quedado documentado, ambos se gastaron al menos 99.153 euros, en metálico, en joyas, relojes y otros artículos de lujo, así como para equipar su vivienda en Palma. Y todo ello en sólo tres años, de 2004 a 2007. La Fiscalía cifra en 70.000 euros la cantidad que la esposa de Matas desembolsó en joyerías en "apenas 4 meses" y en 500.000 euros el dinero que habrían empleado para adquirir muebles.

Matas adquirió y ´pagó personalmente en metálico un reloj Cartier de acero por importe de 2.100 euros mientras presidía la Comunidad Autónoma. Las facturas de la Relojería Alemana, la más lujosa de Palma, delatan al cliente: "Sr. presidente", una referencia que aparece de forma literal en los documentos.

(www.elplural.com, 31/01/10)

37. ISLAS BALEARES. EL JUEZ APUNTA QUE MATAS PUDO QUEDARSE CON PARTE DE 50 MILLONES

El juez José Castro se declaró competente para seguir investigando, dentro del sumario por la presunta trama de corrupción del velódromo Palma Arena, el patrimonio del ex president del Govern del PP Jaume Matas, en un duro auto donde destacó los indicios sobre el elevado dinero negro manejado por el también ex ministro, citado a declarar para el próximo 23 de marzo. Castro argumentó que existen series indicios de que el ex president tomó decisiones unilateralmente y al margen de la legalidad sobre el velódromo y de que parte de los aproximadamente 50 millones de sobrecoste del Palma Arena pudieron acabar en el patrimonio de Matas.

El instructor desestimó la solicitud de nulidad de actuaciones de la parte de las pesquisas relativa a los elevados incrementos patrimoniales de Matas en su último mandato, entre 2003 y 2007, una petición cursada por el letrado Gregorio San José y apoyada por otros defensores, entre ellos Rafael Perera, letrado del ex ministro. San José argumentó que las casas o televisores de Matas no tenían nada que ver con el velódromo por una cuestión incluso temporal y pidió que la parte del patrimonio pasara a otro juez, sin especificar a quién.

Para Castro y la fiscalía anticorrupción, Matas fue el gobernante que pilotó el proceso de construcción y primeros eventos en el Palma Arena y tomó, al margen "del órgano colegiado que tenía competencia para ello", decisiones que causaron los 50 millones de sobrecoste. "La sospecha se va tornando en indicios de criminalidad cuando las decisiones de mayor trascendencia se hacen en favor de personas vinculadas de una u otra manera a Jaume Matas", añade el auto. El juez expresa sus fundadas creencias de que parte de esos 50 millones de fondos públicos se desviaron a otros fines.

Sobre la fortuna de Matas, la resolución destaca que "han aparecido grandes sumas de dinero cuyo origen se está a la espera de ser justificado (por el propio ex president en marzo)". "En el supuesto de que las explicaciones (de Matas) no convencieran" y "se confirmaran las sospechas de que su injustificada fortuna tuviera su origen en las funciones públicas que (el ex president del Govern) desempeñó, una de ellas, no necesariamente la única, podría ser en buena lógica el Velódromo", razona el instructor.

El juez carga contra las defensas y les acusa de pretender conseguir que la investigación sobre el patrimonio de Matas "no la asuma absolutamente ninguno" y "se entierre lo más profundo posible para que nunca vuelva a aflorar a la superficie". Esa postura no casa, según el auto, con la repetida tesis de las defensas de que toda la fortuna de Matas puede justificarse.

El instructor también critica la postura de Rafael Perera que, en su día, pidió que Matas pudiera declarar ante la fiscalía anticorrupción en las diligencias sobre sus propiedades, "cuando los indicios de criminalidad no eran tan abrumadores". Entonces no solicitó su nulidad. Ahora, "cuando los indicios son de mucha más contundencia", sí que se busca la invalidez de esas pesquisas.

El magistrado llega a la conclusión de que "investigar el patrimonio de cuantas personas han tomado esas decisiones no es un capricho, ni un exceso de celo, sino una estricta obligación que viene impuesta por la más obvia de las congruencias instructoras". "No hacer esa investigación sería una ingenuidad imperdonable o, si no cupiere, un reproche más grave".

(www.diariodemallorca.es, 02/02/10)