ÍNDICE

1. EL PACTO DE ESTADO PARA EL PP: 'O APLICAN NUESTRAS RECETAS O QUE DEJEN PASO'

2. RAJOY PIDE A LOS DIPUTADOS SOCIALISTAS QUE "RECONSIDEREN SU POSICIÓN" Y LE AÚPEN A LA PRESIDENCIA

3. QUEVEDO DESVELA LOS SMS QUE RECIBE DE GÉNOVA: "CABREO GORDO DEL PP CON ZARZUELA". "EL REY SE HA PUESTO AL SERVICIO DE ZAPATERO…"

4. RAJOY INSISTE EN PROTEGER A BÁRCENAS PESE A LAS REVELACIONES SOBRE SU ESPOSA

5. "LA FUNCIÓN ESENCIAL ERA ENCUBRIR U OCULTAR EL TITULAR DE LOS FONDOS"

6. EL JUEZ PEDREIRA PIDE A EEUU QUE BLOQUEE EL DINERO DE CORREA

7. LA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR ESCUCHAS A LA RED GÜRTEL ES UN FRAUDE DE LEY, SEGÚN EL FISCAL

8. DE COSPEDAL SE ESCAQUEA

9. AZNAR DEDICA UNA 'PEINETA' A LOS ESTUDIANTES DE OVIEDO

10. GALICIA. BALTAR REPARTIÓ 100 EMPLEOS DURANTE LA PUGNA POR DIRIGIR EL PP

11. GALICIA. BALTAR FIRMÓ EN TRES AÑOS 1.600 EMPLEOS EVENTUALES EN LA DIPUTACIÓN

12. ANDALUCÍA. EL SUPREMO DESMONTA LA CAMPAÑA DEL PP CONTRA CHAVES POR MATSA

13. COMUNIDAD DE MADRID. VOCES DE LA DIRECCIÓN DEL PP VUELVEN A AMENAZAR A AGUIRRE CON UNA GESTORA Y CON EXCLUIRLA COMO CANDIDATA

14. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE SE DA LA POTESTAD DE PRIVATIZAR POR DECRETO LO POCO PÚBLICO QUE QUEDA EN MADRID

15. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN REAVIVA EL ECO DEL 'HIJOPUTA' Y DEBILITA A AGUIRRE

16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE: "¿AHORA VAMOS A COMENTAR CONVERSACIONES PRIVADAS? ¿ESTAMOS EN UN ESTADO POLICIAL?"

17. COMUNIDAD DE MADRID. TELEMADRID DEFIENDE LA COMPARACIÓN DE UNA MARCHA SINDICAL CON OTRA FRANQUISTA

18. COMUNIDAD DE MADRID. PREOCUPACIÓN POR EL RECORTE DE AGUIRRE A LAS ASOCIACIONES ANTIDROGA

19. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP DE POZUELO GUARDA SILENCIO SOBRE SU CONCEJALA IMPUTADA EN EL CASO GÜRTEL

20. COMUNIDAD VALENCIANA. RAJOY ZANJA LA CRISIS CON CAMPS Y LE DEJA PRESENTARSE DE NUEVO EN 2011

21. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS CULPA DE SUS CUENTAS AL PP DE RAJOY

22. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS DICE QUE TODO LO QUE PASA CON GÜRTEL ES "RUIDO EXTERIOR"

23. COMUNIDAD VALENCIANA. ANTICORRUPCIÓN RECLAMA INVESTIGAR LAS CUENTAS DEL PP VALENCIANO EN 10 BANCOS

24. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS: "LOS DE TVE SÓLO VIENEN AQUÍ AL LÍO, QUE PENA DE TELE"

25. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP PREPARA EL REGRESO DE COSTA

26. COMUNIDAD VALENCIANA. EXHIBIR LOS FERRARI POR LAS CALLES DE VALENCIA COSTÓ 52.000 EUROS AL CONSELL

27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSTITUCIONAL ACEPTA EL RECURSO DEL GOBIERNO Y CONGELA EL PLAN DEL CABANYAL

28. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS DA MARCHA ATRÁS Y RETIRA EL DINERO DE LA FUNDACIÓN FANTASMA

29. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CEREBRO DEL 'CASO POLOP' COBRABA A CAMBIO DE TOLERAR OBRAS ILEGALES

30. COMUNIDAD VALENCIANA. UN EDIL DEL PP DE XÀBIA TIENE EN ORXETA UNA FÁBRICA ILEGAL

31. CASTILLA Y LEÓN. EL CUÑADO DE ENRIQUE LÓPEZ ES LA MANO DERECHA DE ULIBARRI, IMPUTADO EN EL CASO GÜRTEL POR GARZÓN

32. CASTILLA Y LEÓN. EL PP DE LEÓN INTENTÓ COLOCAR A ENRIQUE LÓPEZ COMO CABEZA DE LISTA PARA LAS GENERALES DE 2008

33. REGIÓN DE MURCIA. VALCÁRCEL OLVIDA A LOS OBREROS DESPEDIDOS TRAS AVALAR LA COMPRA DE UNA EMPRESA CON 30 MILLONES

34. REGIÓN DE MURCIA. LA POLICÍA LOCAL DE MAZARRÓN REPRIME UNA COMPARSA DEL CARNAVAL POR SER CRÍTICA CON EL ALCALDE

35. ISLAS BALEARES. ESTARÀS DICE QUE MATAS ERA RESPONSABLE DE LAS DECISIONES SOBRE EL PALMA ARENA

36. ISLAS BALEARES. UN EMPRESARIO ADMITE QUE CONTRATÓ A AREAL POR SER LA MUJER DE MATAS

37. ISLAS BALEARES. EL JUEZ INVESTIGA EN UNA PIEZA SECRETA SI HUBO FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

38. ISLAS BALEARES. EL JUEZ FIJA FIANZAS DE 250.000 EUROS PARA EL JEFE DE PRENSA DEL PP Y PARA ANTONIO ALEMANY

39. ISLAS BALEARES. EL TRIBUNAL SUPERIOR CONFIRMA LA CONDENA A RODRIGO DE SANTOS POR MALVERSACIÓN

40. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. REBELIÓN EN EL PP NAVARRO POR EL 'CASO GÜRTEL'

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1. EL PACTO DE ESTADO PARA EL PP: 'O APLICAN NUESTRAS RECETAS O QUE DEJEN PASO'

El pacto de Estado para el PP pasa porque se apliquen sus recetas o que se vaya Zapatero. No hay más espacio para negociar.La secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, pidió hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que acepte las propuestas económicas del PP para superar la crisis o "deje paso a otros". "Si en el PSOE, con el señor Zapatero a la cabeza, no saben cómo lo tienen que hacer, o no saben qué ofrecer a los españoles, que admitan las propuestas del PP o que dejen paso a otros porque España necesita un cambio de rumbo", aseguró Cospedal durante la clausura de la Junta Directiva Regional del PP de Castilla-La Mancha.

La dirigente del PP destacó que "el pacto sobre la política económica sería bueno si de verdad supusiera un cambio de rumbo y un cambio radical en toda la política" del Gobierno. Cospedal, que clausuró la Junta Directiva Regional del PP de Castilla-La Mancha, explicó que "ese cambio radical en la política económica se traduce en bajar los impuestos, en ser austeros con el gasto público, en ayudar a las pequeñas y medianas empresas, a las familias, a los trabajadores y a los autónomos".

Si no es así, aseveró, "el pacto sería una estafa a los españoles y una estafa a aquellos que tienen puestas las esperanzas en nuestro país". "Estamos oyendo estos días a muchos dirigentes del PSOE decir que quieren pactar, que quieren acordar, y a mi me gustaría saber, y al PP le gustaría saber sobre qué quieren pactar, y sobre qué quieren acordar, porque nuestro partido lleva ofreciendo mucho tiempo las soluciones necesarias para salir de la crisis", agregó.

"Nuestro partido lleva diciéndole mucho tiempo al Gobierno, y se lo lleva diciendo también mucho tiempo a los españoles, que sabemos cómo hay que hacer las cosas, que sabemos cómo se puede salir de la crisis, que sabemos ayudar a crear empleo, que el PP sabe hacerlo, y que el PP se encuentra perfectamente preparado para gobernar", aseveró. "Nosotros queremos ayudar a que nuestro país salga de la crisis, y sobre todo, nosotros tenemos un objetivo fundamental, que es luchar contra el desempleo, y para eso sabemos que hay que cambiar el rumbo de la política económica, y no decir esto alto y claro sería traicionar a los españoles", manifestó.

En este sentido, incidió en que "hay que cambiar la forma de actuar, que no se pueden seguir subiendo los impuestos, que no se puede seguir despilfarrando el dinero público, que no se puede seguir dando la espalda a los empresarios, a los autónomos, y a las familias españoles".

La número dos sostuvo que "el PP va a seguir siendo responsable y va a seguir diciendo lo mismo al Gobierno y a los españoles: que hay una alternativa, que hay otra forma de gobernar, que hay un partido dispuesto a darlo todo por este país y por los ciudadanos de este país, y ese darlo todo significa ser valiente y mirar a la crisis de frente". También recordó que desde el debate de investidura, el líder del PP, Mariano Rajoy, viene ofreciendo a Rodríguez Zapatero un pacto de estado en siete grandes áreas: justicia, educación, política exterior, económica y energética.

"El PP lleva ofreciendo al PSOE un gran pacto sobre política económica desde hace dos años, y desde hace dos años hasta hace bien poco el señor Rodríguez Zapatero estuvo negando la existencia de la crisis. Hemos pasado en palabras de Zapatero de no tener crisis a estar saliendo de la crisis, lo que no hemos pasado es por la travesía de en medio, debe vivir en otro país el señor Zapatero", ironizó. Cospedal, que dijo que "no es fácil estando en la oposición ofrecerse al Gobierno para recortar las cuentas públicas", manifestó que, sin embargo, "el PP lo hizo en beneficio del interés general".

Al hilo, aseveró que las últimas declaraciones del presidente del Gobierno acerca de los ofrecimientos de acuerdo que ha hecho el principal partido de la oposición fueron que "no podía pactar con el PP por motivos ideológicos". "Hay que recordarlo porque de esto hace exactamente un mes", concluyó.

(www.publico.es, 14/02/10)

2. RAJOY PIDE A LOS DIPUTADOS SOCIALISTAS QUE "RECONSIDEREN SU POSICIÓN" Y LE AÚPEN A LA PRESIDENCIA

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha acudido al debate sobre la crisis económica celebrado esta mañana en el Congreso con su habitual rosario de críticas. Pero como no sólo de quejas se vive, Rajoy ha demostrado que tiene un plan: llegar a la Presidencia del Gobierno con pértiga y saltándose las urnas. El líder del PP ha exhibido su afán por ocupar la jefatura del Gobierno, y ha llegado a pedir al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que "disuelva las cámaras porque aquí hay una alternativa dispuesta a gobernar" o, en su defecto, a los diputados que "reconsideren su posición" para auparle a él.

El popular, que hasta hace poco se mostraba prudente con la posibilidad de plantear una moción de censura por la falta de apoyos, no quiere esperar dos años porque "el tiempo no traerá remedio" y "necesitamos que las cosas cambien".

Antes de desvelar su plan maestro, Rajoy ha desglosado su habitual argumentario de críticas a la comparecencia de Zapatero, que había hablado antes que él. "No le hemos hecho venir aquí para que nos consuele ni para que exponga sus excusas sino para que exponga de viva voz lo que está pasando", ha iniciado, calificando nuestra situación como de "progresivo deterioro".

Para Rajoy, el Ejecutivo transmite la sensación de falta de rumbo" y en España "nos hemos convertido en la comidilla de nuestros socios europeos". "En lugar de darnos explicaciones nos descarga la habitual letanía de buenos augurios. En esto he de decir que es usted coherente. Otra vez ha venido a decirnos que la recuperación es inminente" y que "se producirá este año", ha indicado, contraponiendo los signos positivos a la lista de presagios negros que siempre pregona el PP. "O estoy mal informado o tenemos medio millón de parados más que hace seis meses", "se destruirán 160.000 empleos más", "el Estado está gastando un 60% más de lo que ingresa", "la deuda pública ha pasado del 34% al 50% del PIB", ha enunciado.

Además de referirse a la deuda española, por debajo de la media europea, como una "deuda oceánica", el popular ha asegurado que "lo más grave que nos está pasando en este momento la pérdida de confianza en su forma de actuar". "No inspira confianza porque niega la realidad con afán de engañar. Ahora dice que estamos dejando la crisis, ¿de dónde lo saca? Porque su Gobierno acaba de decir a Europa que la economía española se contraerá también este año. Usted solo hace anuncios, ha venido en un sinfín de ocasiones a presentar planes y más planes" pero "¿para qué valen sus planes y sus anuncios?", ha insistido.

"Para colmo, sus palabras y sus promesas no se corresponden con los hechos", ha insistido, acusando a Zapatero de ejercer "sus responsabilidades" con mucha "trompetería dialéctica". "La realidad no perdona el engaño, y dar pie a la desconfianza es el peor perjuicio que se está causando hoy al a economía española, y no busque culpables más allá de su escaño", "no busque conspiraciones ni chivos expiatorios: no es España la que genera desconfianza, es usted y es la forma que tiene este Gobierno de llevar la Economía", ha reiterado.

El popular ha seguido por estas mismas lides, condimentándolas con sus propuestas como la rebaja de impuestos, y enfatizando en que el Gobierno "no ha querido" tomar medidas "porque en ningún momento le ha faltado la mayoría". "Es usted el único responsable y no quiere hacer nada", ha repetido. En este sentido, Rajoy ha salido al paso de la comisión que acaba de anunciar el presidente para alcanzar el Pacto de Estado, asegurando que él "en esta misma cámara le he ofrecido no una vez sino seis la posibilidad de ponernos de acuerdo" y "usted lo ha rechazado no una sino seis veces" alegando "diferencias ideológicas profundas". "¿Y eso qué significa? Que no quería pactos", ha interpretado.

Enseguida, el presidente del PP ha dado muestras de su escasa voluntad de pactos enmendando la totalidad de la política económica del Gobierno, al que ha exigido "estabilidad presupuestaria", "reducción del gasto público", "una Ley contra la morosidad" y un largo etcétera. "Si hiciera usted esto y se comprometiera aquí, empezaría a dar algunas muestras de que se está tomando en serio algunas cosas, y entones podemos hablar de más, podemos hablar de la reforma laboral, de la reestructuración del sistema financiero, podemos hablar de pensiones, de competitividad, y podemos hablar de la reforma educativa y del sistema energético", ha explicado.

Rajoy se ha guardado su sorprendente conclusión para el final, cuando ha apelado directamente a los diputados socialistas para hacerle la cama a Zapatero. Así, dirigiéndose al socialista, ha dicho: "Si hace todo eso aquí nos tiene, y si no lo hace y si no rectifica, tiene que permitir que otros lo hagan. Ésa es la cuestión: es preciso que las cosas cambien, pero quien lo impide es usted. Tienen ustedes tres alternativas. La primera que usted rectifique a fondo su política económica. La segunda, no la veo factible porque usted no lo va hacer, es disolver las cámaras porque aquí hay una alternativa dispuesta a gobernar. La tercera es que ustedes, que ganaron las elecciones, que tienen una mayoría legítima con la que invistieron como presidente al señor Zapatero, reconsideren su posición", ha instado.

"Son ustedes los que tiene que decidir y los que verán lo que hacen, pero si se empecinan en mantenella iremos a peor y perderemos dos años más por el mero capricho de retrasar lo inevitable. El tiempo no traerá remedio y sólo ayuda a los que se ayudan. España necesita un gobierno en el que se pueda confiar y hoy no lo tiene. Necesitamos que las cosas cambien, y en sus manos está cambiarlas", ha concluido.

(www.elplural.com, 17/02/10)

3. QUEVEDO DESVELA LOS SMS QUE RECIBE DE GÉNOVA: "CABREO GORDO DEL PP CON ZARZUELA". "EL REY SE HA PUESTO AL SERVICIO DE ZAPATERO…"

"El Rey Juan Carlos se ha puesto al servicio arbitrario y partidario de Rodríguez como si de un lacayo se tratara en lugar de un monarca". Un extremo que "no deja de ser una manifestación más del nivel que ha alcanzado la Corona en nuestro país, formando parte de este sistema enfermo del que no se salva ninguna institución, todas ellas sometidas de modo vergonzante al poder político actual". Quien retrata este "sistema enfermo", con ínfulas de dictadura, es Federico Quevedo, portavoz oficioso del marianismo.

El periodista de El Confidencial traslada así el malestar del Partido Popular con el Rey. Porque si Quevedo suele ser señalado como vocero de Génova, hoy da un nuevo ejemplo: " por la tarde un destacado dirigente de Génova 13 me envió un mensajito al móvil con la siguiente frase: ‘Cabreo gordo del PP con Zarzuela’". Y Quevedo ha decidido titular con esas mismas palabras de la cúpula popular su andanada contra la Monarquía.

Así, el Rey vendría a ser poco menos que el instrumento de Zapatero "en lugar de pactos de Tinell" para aislar al PP. Don Juan Carlos habría aceptado esta labor a cambio de "un lavado de imagen" por parte del equipo de Zapatero, probablemente "acuciado por el escándalo del divorcio de la infanta". Ese remozado de imagen no habría funcionado, según Quevedo, porque ahora mismo hay "unos cuantos millones de votantes y simpatizantes del PP acordándose de toda su familia, y no precisamente para bien".

Quevedo nos traslada el malestar en la dirección del PP con el Rey: " por la tarde un destacado dirigente de Génova 13 me envió un mensajito al móvil con la siguiente frase: ‘Cabreo gordo del PP con Zarzuela’". El periodista asegura que los populares disimulan su enfado "por sentido de Estado y responsabilidad política, pero me consta que de ese cabreo ya se ha dado traslado a Zarzuela, como corresponde".

La razón de este "contubernio entre la Corona y Rodríguez", cuenta Quevedo, sería aislar al PP "ahora que las encuestas sitúan a la formación de Mariano Rajoy casi siete puntos por delante del PSOE y al borde de la mayoría absoluta". Así, se consigue que dicha formación "aparezca ante la opinión pública como insolidaria y negativa en lugar de arrimar el hombro junto al Gobierno para salir de la crisis". Como si el PP no hubiera dado ya esa imagen por méritos propios…

Según Quevedo, hay millones de votantes y simpatizantes del PP "que empiezan a estar hasta los bemoles de la actitud complaciente del Rey con la izquierda, de sus trapicheos y de sus compinchadas con una progresía republicana que está esperando el momento de darle la patada". Y claro, cuando esa patada llegue, "para entonces no tendrá ni siquiera el respaldo de la derecha moderada de este país porque en lugar de cultivar su aprecio ha conseguido soliviantarla hasta el extremo".

"Hasta ahora soportaba a la institución como un mal menor", confiesa Quevedo sobre la Monarquía, pero ahora "casi que me inclino porque se busquen otro trabajo en lugar de seguir viviendo de nuestros impuestos, y eso que nos ahorramos en tiempos de crisis: lo propongo como punto de partida del pacto". Y así, la causa republicana ganó un nuevo adepto.

(www.elplural.com, 13/02/10)

4. RAJOY INSISTE EN PROTEGER A BÁRCENAS PESE A LAS REVELACIONES SOBRE SU ESPOSA

Mariano Rajoy ha tomado una decisión firme y piensa mantenerla pase lo que pase: apoyar a su ex tesorero Luis Bárcenas, hombre clave de las finanzas del PP en los últimos 20 años. La publicación en EL PAÍS de nuevos datos, recogidos en un informe policial, sobre la implicación de la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, en una operación de blanqueo de dinero, precisamente la misma por la que ya se investigaba al ex tesorero, no alteró esa decisión de apoyarle.

Durante todo el proceso, algunos dirigentes han expresado el temor de que Bárcenas esté presionando a Rajoy con la información delicada que cualquier tesorero posee. El temor llegó tan lejos que el líder tuvo que desmentir públicamente que nadie le estuviera chantajeando. Un dirigente ofrece una explicación intermedia: "Ningún partido serio deja tirado a su tesorero".

La única dirigente que habló en público fue Soraya Sáenz de Santamaría, entrevistada en Los Desayunos de TVE, que trató de restar importancia a la información. "Es una nueva filtración que me suena a otras filtraciones, hay que dejar trabajar a la justicia", contestó cuando le preguntaron si el PP va a dejar de pagar el abogado a Bárcenas al conocer las nuevas revelaciones.

En privado, sin embargo, el ex tesorero recibió el apoyo cerrado del marianismo, según diversas fuentes. La dirección siguió la estrategia pública de intentar minimizar la información, aunque en privado algunos dirigentes mostraron su preocupación por el hecho de que Bárcenas, a través de su esposa, aparezca vinculado al blanqueo de capitales, un delito por el que no está imputado. En cualquier caso, todos ellos insistían en que este último episodio es una cuestión privada del ex tesorero, por una operación suya que no afecta al PP.

La dirección intentó protegerlo del foco público. De forma muy poco usual, Dolores Cospedal, enfrentada internamente a Bárcenas, evitó convocar la habitual rueda de prensa de los lunes. La excusa formal es que Rajoy, que está encerrado preparando el debate económico de mañana en el Congreso, no reunió al Comité de Dirección. Sin embargo, en otras ocasiones Cospedal ha comparecido incluso sin reunión.

Rajoy mantiene un trato privilegiado con su ex tesorero, uno de los imputados del caso Gürtel sobre el que más indicios recoge el sumario. Es el único de la quincena de imputados al que el partido le paga el abogado. Es algo que Rajoy no hizo ni siquiera con Francisco Camps, que también estuvo imputado en el caso y ahora espera -con más optimismo después del auto de del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana- a conocer si el Supremo lo manda al banquillo o lo exime definitivamente.

Pero además, Bárcenas tampoco ha sido suspendido de militancia ni apartado del Grupo Popular en el Senado -del que sigue siendo tesorero-, como ha sucedido con los tres diputados autonómicos madrileños igualmente imputados por motivos e indicios similares o menores. Bárcenas conserva además su despacho en la calle de Génova y su secretaria, y según varios dirigentes mantiene aún una importante influencia en los asuntos financieros del partido. De hecho, el PP no ha nombrado un tesorero para sustituirle.

(www.elpais.com, 16/02/10)

5. "LA FUNCIÓN ESENCIAL ERA ENCUBRIR U OCULTAR EL TITULAR DE LOS FONDOS"

La tesis sobre la que trabajan los investigadores es que Francisco Correa, el presunto líder de la trama corrupta, que lleva un año en la cárcel, sacaba de España el dinero obtenido de sus negocios favorecidos por dirigentes del PP a través de sociedades creadas en el exterior y manejadas por otras sociedades con sede en paraísos fiscales. Ese dinero que Correa sacaba de España volvía en ocasiones al país mediante inversiones en distintas promociones inmobiliarias.

Esta operativa se dio, según la investigación, con el proyecto de construcción de 16 viviendas de lujo en la localidad madrileña de Majadahonda. Para esta promoción, Correa se alió con Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, yerno de Aznar. Entre las distintas sociedades que participaron en la promoción inmobiliaria de Majadahonda estaba una, Rutsfield, con sede en Londres pero manejada desde un paraíso fiscal.

Este entramado era uno más de los que montó Luis de Miguel, asesor jurídico y fiscal de Francisco Correa. En 2006, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) elaboró un informe en el que sostenía que De Miguel había creado distintas estructuras empresariales para sus clientes compuestas de sociedades instrumentales registradas en países con fuerte protección del sistema bancario.

"Esta estructura empresarial", señalaba el informe del Sepblac, "podría calificarse de poco transparente y parece estar diseñada con el objetivo de dificultar el rastreo de los fondos (...) En lo concerniente a las transferencias, los fondos que entran en la maraña societaria proceden del exterior, como pueden ser el caso de la isla de Nevis, Luxemburgo, Liechenstein, Reino Unido, Alemania, Suiza...".

El informe sobre De Miguel concluía así: "Parece claro que en esta red empresarial creada puede moverse dinero quizás de origen ilegal o bien dinero negro que se trata de encubrir. Esta hipótesis cobra fuerza al tener en cuenta que, de todas las sociedades analizadas, el 70% tiene como objeto social alguna forma de promoción inmobiliaria, sector tradicionalmente de alto riesgo de blanqueo de capitales".

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria elaboró otro informe sobre Rutsfield, una de las sociedades que gestionaba De Miguel para Correa y sobre la nota manuscrita hallada en la carpeta correspondiente a esa sociedad que requisó la policía en uno de los registros de la Operación Gürtel. En dicha nota aparecían referencias al reparto del capital en una sociedad promotora llamada Twain Jones, que compró terrenos en Majadahonda (Madrid) y levantó 16 viviendas de lujo que se pusieron a la venta a un precio de entre 500.000 y 1,1 millones de euros. La Agencia Tributaria concluyó: "La función esencial de los trusts gestionados por De Miguel era encubrir u ocultar el verdadero titular de los fondos (...).

Los 50 millones que habría pagado Rutsfield parecen repartirse entre dos personas, "PC" y "LBarcenas", lo que puede entenderse como elemento indiciario de la existencia de una vinculación entre ambos. Parece interpretarse que PC y LBarcenas podrían intervenir en la operación usando fondos que se canalizaban a través de Rustfield. Se desconoce si finalmente LBarcenas intervino en la operación inmobiliaria".

El informe de la Agencia Tributaria era de mediados de 2009. Seis meses después, fruto de las investigaciones del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, se ha podido descubrir que una de las personas que invirtieron en el proyecto Twain Jones es Rosalía Iglesias Villar, la esposa de Bárcenas.

(www.elpais.com, 15/02/10)

6. EL JUEZ PEDREIRA PIDE A EEUU QUE BLOQUEE EL DINERO DE CORREA

El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha solicitado a las autoridades estadounidenses el bloqueo de 11 cuentas donde presuntamente descansa parte del dinero que Francisco Correa y sus colaboradores obtenían de la trama de corrupción vinculada al PP. Los investigadores han llegado a la conclusión de que todas esas cuentas están a nombre de sociedades pantalla que esconden a su verdadero propietario, el propio Correa.

En la sucursal de Bancaja en Miami, el Grupo Hilgart tiene abiertas tres cuentas. Este grupo engloba a cinco sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes que, a su vez, participan en 12 firmas con sede en la ciudad más importante del Estado de Florida. Al frente de siete de esas sociedades figuraba la principal imputada por el caso Gürtel al otro lado del Atlántico, Ana Karlota Figueroa. Como informó Público el 7 de febrero, Figueroa está considerada por los investigadores la mano derecha de Correa en Miami.

Pedreira quiere que Estados Unidos ofrezca información sobre todos los movimientos vinculados a esas cuentas. El juez no tiene información sobre los fondos que contienen y entre sus solicitudes está la información sobre transferencias de dinero, posiciones en valores mobiliarios, préstamos e hipotecas, adquisición de Bonos del Tesoro estadounidenses y la posible existencia de cajas de seguridad.

Una cuarta cuenta abierta en el Bancaja de Miami está a nombre de otra de las empresas del grupo, Prairie Development. El titular de esta sociedad hasta enero de 2005 fue Randall Woodward, también imputado, y que fue sustituido en el cargo por Figueroa.

Se da la circunstancia de que el director de la sucursal de Bancaja en Miami es el imputado Guillermo Martínez Lluch, al que Correa y su presunto número dos, Pablo Crespo, le concedieron poderes para vender sus bonos. La policía considera muy relevante la participación de Bancaja y Merrill Lynch en la inversión inmobiliaria de Correa en Estados Unidos. De hecho, en el banco estadounidense está abierta una de las 11 cuentas que Pedreira quiere bloquear.

La tercera entidad bancaria afectada por la petición del juez español es Gibraltar Bank, concretamente una de sus sucursales en Florida. Cuatro sociedades de Correa tienen en ese banco cuentas a su nombre.

Tres de ellas figuraron o figuran todavía como propietarias de otros tantos apartamentos en Residencia Jade, una torre de lujo con vistas al mar donde estrellas latinoamericanas del deporte y la música tienen residencia. Flybridge y Skyview Investments compraron en 2001 y vendieron posteriormente, con un beneficio total de más de 630.000 dólares, unos 465.000 euros al cambio actual, según el cálculo de los investigadores. La trama aún tiene un piso en la torre a nombre de otra de las sociedades con cuenta en el Gibraltar Bank, llamada Waterfall Investments.

La Agencia Tributaria y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sospechan que Correa y otros implicados pudieron comprar más apartamentos en el mismo residencial y por eso facilita una larga lista de la que solicita se coteje con los propietarios de los apartamentos. Entre estos sospechosos figura Ramón Blanco Balín, abogado responsable de la ingeniería financiera internacional con la que Correa enterraba el rastro del dinero.

Tres cuentas a nombre de Crawford USA LC, sociedad que integra la madeja financiera de Correa, y otra abierta por este en las Islas Caimán, llamada Chelmi Ltd., completan la nómina de 11 cuentas objeto de bloqueo por la comisión rogatoria enviada por el juez Pedreira.

El magistrado también requiere información detallada sobre las 12 sociedades. Asimismo aporta los nombres de los principales implicados en el caso con el objeto de descubrir nuevas cuentas bancarias donde permanezca escondido el dinero.

Otra pata de la investigación de la trama en EE UU es el despacho de abogados Juris Magister Trust, también con sede en Miami. Los investigadores atribuyen al bufete el diseño y la creación del conjunto de las 12 sociedades de Correa en esa ciudad.

El director de Juris Magister, Luis Agramunt, es otro imputado en la primera fase de la investigación por la trama Gürtel, pero la actividad del despacho arrastra ahora a dos de sus empleados. Por una parte, está Tidy Baez, acusado de constituir las sociedades, y por otra, Gloria Pascual, presunta responsable de la contabilidad de las mismas. Ambos ya han sido imputados por el juez Pedreira.

El hilo de la investigación lleva hasta otro bufete norteamericano, Palmer, Palmer & Mangiero, con la que Iuris Magister está en tratos desde 2001. Los investigadores han descubierto que Francisco Correa emitía cheques de la entidad Metro Bank contra este bufete y con Juris Magister como beneficiario. Por eso, el juez quiere conocer cuánto dinero recibieron Palmer, Palmer & Mangiero de entidades vinculadas al jefe de la trama Gürtel o de alguno de sus colaboradores.

(www.publico.es, 15/02/10)

7. LA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR ESCUCHAS A LA RED GÜRTEL ES UN FRAUDE DE LEY, SEGÚN EL FISCAL

La querella del abogado Ignacio Peláez contra el juez Baltasar Garzón por haber ordenado la intervención de comunicaciones de los implicados en la trama Gürtel que se encontraban en prisión incurre en fraude de ley, según el informe remitido por la Fiscalía del Tribunal Supremo a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo que debe decidir sobre la admisión a trámite de la querella. La sala de admisión, integrada actualmente por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, el magistrado ponente, José Manuel Maza, y los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar y José Ramón Soriano, se reunió pero finalmente no dio a conocer ninguna resolución sobre dicha querella, que suele notificar cuando está redactado el auto.

Ignacio Peláez era fiscal de la Audiencia Nacional antes de dedicarse a la abogacía. En diciembre presentó una querella contra su antiguo compañero, el juez Baltasar Garzón, porque éste ordenó intervenir las comunicaciones de los implicados de la trama Gürtel en prisión. Garzón ordenó esas escuchas al existir indicios de que algunos abogados podrían estar ayudando a sus clientes a ocultar en el extranjero millones de euros obtenidos por la trama corrupta vinculada al PP. De hecho, cinco abogados están imputados por ese motivo. La fiscalía pidió esas escuchas porque entiende que están amparadas por la Ley General Penitenciaria y el juez del Tribunal Superior, Antonio Pedreira, las prorrogó primero y las avaló después en un auto extensamente razonado.

Según fuentes fiscales, Peláez no está legitimado para querellarse, puesto que ninguno de los presos preventivos con los que se entrevistó era cliente suyo. Según dichas fuentes, Peláez representa al empresario José Ulibarri, para el que Garzón no decretó prisión provisional, y por tanto, no llegó a pisar la cárcel. No obstante, Peláez se entrevistó en prisión con los principales cabecillas de la trama Gürtel, entre ellos Francisco Correa y Pedro Crespo, además de otros que tampoco eran clientes suyos, según él, para coordinar la estrategia de defensa.

La fiscalía afirma que un abogado que se entrevista con presos que no son sus clientes y que tienen sus propios letrados lo hace a título particular y en tal caso no opera el derecho de defensa. En consecuencia, el abogado no está legitimado para querellarse contra el juez puesto que las observaciones telefónicas decretadas por Garzón afectaban a presos que no eran clientes suyos.

Además, la querella incurre en fraude de ley al pretender que el Supremo anule unas pruebas de otro proceso que se instruye en el Tribunal Superior de Madrid, que está bajo secreto y además que se anulen antes de llegar a juicio. Según el informe de la fiscalía, no procede en este momento que el Supremo analice las pruebas de otro tribunal, que es el predeterminado por la ley, y por eso, lo que busca el querellante es una vía fraudulenta para obtener la nulidad de pruebas.

(www.elpais.com, 18/02/10)

8. DE COSPEDAL SE ESCAQUEA

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no se ha presentado ante el juez por la demanda de la plataforma que la denunció por sus acusaciones de ecuchas ilegales. 

Sí se ha manifestado en cambio a través del procurador del PP, Manuel Sánchez Puertas, alegando que la plataforma ciudadana que la denunció "carece de legitimación" por lo que ni ratifica ni rectifica las declaraciones que hizo el pasado verano.

Así lo ha comunicado la secretaria general del PP a través de un escrito en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid, en un acto de conciliación convocado por el juez Rafael Fluiters por la demanda civil que presentó la plataforma de ciudadanos constituida en la red social Facebook denominada De Cospedal debe ser demandada por injurias.

Esta plataforma, promovida por seis ciudadanos de los que cinco son militantes del PSOE, se constituyó tras las declaraciones que De Cospedal efectuó el pasado 6 de agosto, cuando, en una entrevista con la agencia Efe, denunció que dirigentes de su partido que no figuran en los sumarios del 'caso Gürtel' eran objeto de escuchas telefónicas ilegales.

En declaraciones, Carlos Rodríguez Ibáñez, concejal del PSOE en Ceheguín (Murcia) y portavoz de la plataforma demandante, ha pedido la dimisión deDolores de Cospedal por haber puesto "en entredicho" el estado de Derecho y ha considerado "una falta de respeto" su inasistencia hoy al acto de conciliación. "En política no vale todo. Ya basta, ya basta, no vale todo", ha manifestado Carlos Rodríguez, quien ha defendido la independencia de la plataforma, pese a que él y cinco de sus promotores estén afiliados al PSOE. "No pierdo un ápice de mi derecho de ciudadano porque tenga el carné del PSOE. Es al revés. Me siento reforzado", ha asegurado Rodríguez, quien ha recordado que en el grupo que la plataforma creó en Facebook, con más de 7.000 miembros adscritos, hay militantes de otros partidos políticos y sindicalistas.

Rodriguez no ha descartado "ninguna vía" en la actuación contra la secretaria general del PP. Pero ha reconocido que estudiarán con sus abogados el coste y la dificultad de los siguientes pasos, puesto que la condición de aforada de De Cospedal obliga a que la demanda se presente ahora ante el Tribunal Supremo.

(www.publico.es, 17/02/10)

9. AZNAR DEDICA UNA 'PEINETA' A LOS ESTUDIANTES DE OVIEDO

El ex presidente del Gobierno José María Aznar fue recibido hoy en la Facultad de Económicas de la Universidad de Oviedo con gritos e insultos a cargo de una veintena de jóvenes que lo llamaron "fascista", "asesino" y "terrorista". Cuando salía de las instalaciones por la planta baja rodeado de sus escoltas, y mientras seguían los gritos y los insultos de los jóvenes en una planta superior, Aznar levantó el dedo corazón en un gesto conocido como "la peineta" y sonrió.

Aznar acudía al acto, invitado por Nuevas Generaciones de Asturias, para ofrecer una conferencia sobre la actualidad española. Los jóvenes que mostraron su protesta se dieron cita a la entrada de la facultad 20 minutos antes del inicio fijado para la conferencia. Efectivos de seguridad les impidieron el paso al interior del salón de actos. Los manifestantes portaban pancartas y coreaban lemas como 'Aznar al talego, como Vera y Barrionuevo' y gritaban insultos contra el ex presidente del Gobierno.

Mientras pronunciaba su conferencia, en la que se mostró muy crítico con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, dos o tres jóvenes, camuflados entre el público, se levantaban cada diez minutos aproximadamente con un cartel de protesta y eran expulsados por los servicios de seguridad. "Estos señores que hay ahora supuestamente dirigiendo España se han fundido el país", dijo. "No tienen autoridad moral ninguna para decir a los demás, que vamos a ser la mayoría, cómo vamos a recoger y reconstruir todos los escombros", dijo Aznar. "Quien está ahora al frente del Gobierno de España ni tenía ni tiene condiciones para ser presidente del Gobierno", remató durante su intervención.

(www.publico.es, 18/02/10)

10. GALICIA. BALTAR REPARTIÓ 100 EMPLEOS DURANTE LA PUGNA POR DIRIGIR EL PP

José Luis Baltar Pumar reconoce haber contratado en la Diputación a cien personas en los días previos al congreso del PP de Ourense al que se presentaba su hijo. Sin embargo, y tras conocerse este dato, el presidente provincial se planteó "cerrar el grifo" de los empleos en la institución orensana. Y aseguró que si el próximo año se mantiene la crisis, si persiste la reducción de la aportación del Estado "que afecta a todos los municipios de la provincia, salvo al de la capital", y si recibe una alerta de la Intervención sobre el excesivo número de trabajadores en la institución, pensaría en una política de "contención del gasto" en el capítulo de personal.

La aludida "contención" podría incluir no sólo la congelación salarial, sino la ausencia de renovación de los numerosos contratos -por periodos de entre 3 y 6 meses- que realiza. La oposición alerta de que la falta de espacio en las dependencias de la institución orensana para albergar a tantos contratados, obliga al presidente a repartirlos por diversos municipios de la provincia.

La última entrada de nuevos trabajadores en la Diputación de Ourense se ha conocido gracias a la respuesta de José Luis Baltar a una pregunta formulada en enero por el PSOE sobre el número de contratos laborales firmados por la institución provincial en los meses previos al congreso del PP en el que el hijo del presidente pugnó (y ganó) por presidir el PP orensano. Y según la contestación, desde que José Manuel Baltar Blanco se postuló para el cargo y hasta el 15 de enero, aumentó en un centenar el número de trabajadores del ya desbordado organismo público. Sólo en los primeros 15 días del mes, el presidente provincial firmó 54 contratos para el organismo que preside. Buena parte de ellos eran compromisarios al congreso en el que se elegía al nuevo presidente del partido.

El PSOE destaca que de momento se desconoce el número de empleos que el presidente de la Diputación pudo haber firmado en la última quincena de enero. El portavoz socialista en la corporación provincial, Alfredo García, volvió a incidir en la denuncia de la "utilización partidista" de la Diputación y de los fondos públicos orensanos, encaminados a esta vez "al debate congresual del PP". García reprueba una vez más la política "clientelar" de Baltar que contribuye al "cada vez mayor desplome" de la provincia y, frente al propósito de la enmienda del presidente orensano, el socialista teme que vaya a continuar "todo igual" y que el presidente seguirá sirviéndose del organismo público para "mantener en nómina a sus agentes electorales".

(www.elpais.com, 13/02/10)

11. GALICIA. BALTAR FIRMÓ EN TRES AÑOS 1.600 EMPLEOS EVENTUALES EN LA DIPUTACIÓN

En los últimos tres años, los tres electorales, José Luis Baltar inició una escalada de contrataciones en la Diputación. A la baja en respaldo electoral, el presidente provincial firmó más de 1.600 empleos eventuales y colocó al organismo que preside en el ranking de los que más personal tiene de España. Y resistió en las urnas el tirón de socialistas y nacionalistas.

La Diputación de Ourense (con 335.000 habitantes y en elpuesto 39º de las 52 provincias españolas en población) ostenta, tras Barcelona (5,4 millones de habitantes y la segunda más poblada de España), el récord en número de empleados. El millar y medio largo de trabajadores contratados temporalmente están, en su práctica totalidad, vinculados al PP, aunque menos de la mitad (básicamente alcaldes, concejales, cargos orgánicos del partido y sus parientes) son fijos. La Diputación tiene en plantilla a 650 personas pero alcanza picos de empleo de más de 1.100 trabajadores en periodos preelectorales.

Ocurrió cuando Feijóo aspiraba a la presidencia de la Xunta. A finales de enero de 2009, Baltar admitió por escrito que en 2007 -hubo municipales- había contratado a 470 eventuales y en 2008 -en vísperas de las autonómicas- a otros 490. Entre ellos, 33 porteros para atender las 3 puertas de un centro cultural, 16 limpiadores para el Teatro Principal y 17 empleados para atender 15 caballos del centro ecuestre de Antela. "Nadie del PP protestó, pese a que se puso de manifiesto que el personal de la Diputación duplicaba al de las de A Coruña o Pontevedra aunque éstas ofertaban más servicios", sostiene la secretaria de organización de los socialistas orensanos, María Quintas.

El secretario provincial del PSdeG, Raúl Fernández, destaca que Murcia o Málaga (cada una con 1,5 millones de habitantes), Alicante y Sevilla (con 1,9 millones) o Valencia (2,6 millones de habitantes) tienen diputaciones "con menor número de trabajadores que la de Ourense". En Valencia, la Diputación destinó en 2009 a personal 76,9 millones de euros de un presupuesto de 528,2 millones. Baltar gasta en Ourense 29,3 millones de euros en personal de un presupuesto de 84,9 millones.

Pese a un endeudamiento del 110%, Baltar mantuvo la espiral de las contrataciones hasta que tocó techo en el congreso del partido en que su hijo se jugaba la sucesión. El presidente acabó contratando en la Diputación sin informes técnicos a decenas de militantes del PP. Su hijo ganó y la táctica de Baltar padre escandalizó a los rivales apadrinados por Feijóo, aunque él "haya avalado siempre el clientelismo".

Quintas recuerda que el delegado de la Xunta y hombre de Feijóo en la provincia, Rogelio Martínez, "presidió durante estos 20 años los tribunales de oposiciones y las pruebas de acceso" por las que consiguieron empleos centenares de militantes del PP. "No sólo los de la boina, son docenas las personas vinculadas a Feijóo, Martínez y Jiménez que accedieron a trabajar en la Diputación por el mismo método". La socialista cita al ex delegado de Obras Públicas Elier Ojea, el alcalde de San Amaro o el concejal en Ourense Francisco Javier Rodríguez Nóvoa y su hermano.

(www.elpais.com, 16/02/10)

12. ANDALUCÍA. EL SUPREMO DESMONTA LA CAMPAÑA DEL PP CONTRA CHAVES POR MATSA

El Tribunal Supremo rechazó la querella presentada por el PP de Javier Arenas contra el vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, por el incentivo de 10 millones de euros que concedió la Junta de Andalucía, cuando éste la presidía, a la empresa minera Matsa, en la que trabaja como letrada su hija, Paula Chaves. El Supremo no admite ni siquiera a trámite la denuncia del PP y entiende, respecto del delito de tráfico de influencias del que Arenas acusaba a Chaves, que los conservadores no denuncian hechos, sino tan sólo "conjeturas". También descartó el delito de prevaricación, al entender que no existía.

El Supremo, en el auto, derriba la principal acusación del PP. Los conservadores han afirmado durante meses que Chaves había modificado una norma para que la empresa pudiera recibir el incentivo. El Supremo certifica ahora que esa aseveración no alcanza "la condición de indicio del hecho denunciado", pues, añade, la norma que se aplicó a Matsa fue la primera. Aquella que, según el PP, no servía para la concesión del incentivo.

La decisón del Supremo, tomada por unanimidad de cinco jueces, supone un duro revés para Arenas y desmonta de un plumazo la campaña que el PP ha mantenido abierta durante meses (acompañada por una serie de informaciones erróneas publicadas por el diario El Mundo) para dañar la reputación de Chaves. El PSOE salió en tromba y acusó a los conservadores de hacer política desde el "odio". El propio Chaves lamentó hoy en Calatayud, informa Efe, "el rencor" y el "resentimiento personal" de Arenas. Éstos [las querellas sin fundamento] no son "los mejores instrumentos y medios para la dialéctica y el debate político", remachó.

(www.publico.es, 18/02/10)

13. COMUNIDAD DE MADRID. VOCES DE LA DIRECCIÓN DEL PP VUELVEN A AMENAZAR A AGUIRRE CON UNA GESTORA Y CON EXCLUIRLA COMO CANDIDATA

De sentirse con fuerza suficiente como para moverle la silla a Mariano Rajoy a leer en los medios como éste la indulta. El episodio del "hijodeputa" ha reavivado las voces que dentro de la dirección nacional piden que la presidenta regional no repita como candidata en las elecciones de 2011 y recuperan la amenaza de una gestora, como en los momentos más crudos de la guerra por el control de Caja Madrid. Pero Rajoy tranquiliza a la presidenta y se muestra de momento comprensivo con su último desliz.

Hace algo menos de dos años y tras la derrota electoral, la presidenta de la Comunidad de Madrid se vio con fuerza suficiente como para lanzar todo un manifiesto con la estrategia que pretendía del PP, todo un órdago ante el inminente congreso con el que Rajoy pretendía revalidar su liderazgo tras su segundo fracaso en las urnas. Sin embargo, ahora es la presidenta la que escucha cómo hay voces en la dirección nacional que piden su cabeza en el PP de Madrid y la consideran prescindible.

Entre un episodio y otro media una dura batalla por el control de Caja Madrid en la que han parado los pies a la presidenta regional y el regreso a la primera línea de los ratistas, que han cambiado la correlación de fuerzas entre Gallardón y Aguirre, que en el PP de Madrid favorecía claramente a esta última. Precisamente el último episodio que ha dado munición a sus enemigos internos está relacionado con Caja Madrid, cuando llamó "hijodeputa" a un miembro de su propio partido y preguntó por las "armas" que tenían contra otro, presumiblemente el presidente de la entidad Rodrigo Rato.

Apelando a la pillada del "hijodeputa" y la imagen ofrecida, destacados miembros de la dirección nacional del PP y de su grupo parlamentario han pedido la cabeza de Aguirre, asegura El Confidencial y poniendo de nuevo sobre la mesa la amenaza de una gestora: "En la Comunidad se gana a pesar de Esperanza y no por ella. No debería repetir como candidata". Sin embargo, Rajoy de momento descarta sustituir a la presidenta y ha tratado de restar importancia públicamente a su último desliz.

En los últimos días se han producido otras señales de que las heridas en el PP de Madrid están lejos de cerrarse y que también hay un coste electoral a la imagen que se está ofreciendo. El portavoz del Ejecutivo regional, Juan José Güemes, acusó al vicealcalde de Cobo de haber lanzado hace años acusaciones "similares" a la de la gestapillo de Aguirre pero en aquella ocasión contra "los ratistas".

Mientras, una encuesta interna constaba que es muy probable que el PP necesite a UPyD para gobernar en la comunidad de Madrid tras las próximas elecciones autonómicas. Precisamente la buena sintonía entre Aguirre y Rosa Díez, especialmente reflejada en Telemadrid, ha provocado fricciones entre la dirección nacional y la madrileña.

En los momentos más tensos de la pugna por controlar Caja Madrid, ante el deseo de Aguirre de imponer a su vicepresidente Ignacio González al frente de la entidad, no sólo se produjeron las declaraciones explosivas de Cobo, sino que la dirección nacional también filtró la amenaza de que estudiaba la posibilidad de una gestora en el PP de Madrid si la presidenta no daba su brazo a torcer. En los medios de la presidenta se contraatacó con la posibilidad de crear un partido propio y gobernar con UPyD. En cualquier caso, al grupo de la lideresa le queda el consuelo de que la política da muchas vueltas y no han pasado tantos meses desde fuera ella quien ganara el pulso a Gallardón frustrando el deseo de éste de ser parlamentario en esta legislatura, aunque eso ya parece muy lejano. Una cosa es imponerse en una rencilla personal y otra en el control de la cuarta entidad financiera del país.

(www.elplural.com, 13/02/10)

14. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE SE DA LA POTESTAD DE PRIVATIZAR POR DECRETO LO POCO PÚBLICO QUE QUEDA EN MADRID

Esperanza Aguirre se ha sacado una cuchara legislativa de la manga para poder rebañar lo poco que queda por privatizar en la Comunidad de Madrid. Los Presupuestos Generales de la región para 2010 incluyen un pasaje que da al Ejecutivo de la lideresa barra libre para privatizar organismos como la Agencia Antidroga, el Servicio Regional de Empleo o el Madrid 112. Todo mediante un decreto y sin obligación de informar a la Asamblea, o sea, a los representantes ciudadanos, hasta después de la privatización.

Es sólo un pequeño párrafo. El artículo 60, escondido en el Título V, da permiso al Gobierno de Aguirre "para que, mediante Decreto" pueda "reestructurar, modificar y suprimir" cualquier organismo, empresa o ente público, "dando cuenta a la Asamblea en un plazo de treinta días desde su aprobación".

Las prácticas privatizadoras de Aguirre están perfectamente constatadas. Pero el artículo 60 evidencia además la falta de transparencia con que se llevan a cabo. El llevar a cabo una privatización de esta manera traslada a posteriori cualquier posibilidad de realizar un debate público. Y corta por lo sano cualquier posibilidad de que se organice una respuesta ciudadana contraria.

Sindicatos y blogueros ya han protestado, denunciando la cantidad de organismos públicos que corren el riesgo de dejar de serlo: "Servicio Regional de Bienestar Social ; Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor; Instituto Madrileño del Menor y la Familia; Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid; Servicio Regional de Empleo; Agencia Financiera de Madrid; Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo; Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación; Madrid 112; Instituto Madrileño del Deporte, etc." La única obligación del Gobierno será la de "informar" a la Asamblea en menos de 30 días.

Para Antonio Miguel Carmona, profesor de Economía y secretario de Economía del PSM, es "un atraco a mano armada" que está "al margen del espíritu de la ley". Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, denuncia el recorte para "generar un debate social y político" y critica "la falta de transparencia en el Gobierno regional". Ni siquiera se da la posibilidad de llegar a "consensos básicos" con la oposición a la hora de privatizar servicios "que se hubieran quedado obsoletos" y que necesitaran ser reformados.

(www.elpais.com, 15/02/10)

15. COMUNIDAD DE MADRID. GALLARDÓN REAVIVA EL ECO DEL 'HIJOPUTA' Y DEBILITA A AGUIRRE

Cuando el eco del ya famoso hijoputa pronunciado por Esperanza Aguirre se acallaba, una certera andanada de su máximo rival, Alberto Ruiz-Gallardón, el lunes por la noche, reabrió la herida. El alcalde se confesó ofendido por el insulto, tanto si estaba dirigido a él como a uno de sus colaboradores. ¿Por qué hablar cuando el tema parecía zanjado? "Si Gallardón callaba podía dar la sensación de que lo del hijoputa no tenía relevancia. De que compañeros de partido pueden insultarse, luego echarse unas risas y que todo quede en una frivolidad entre los que se reparten el poder. ¿Qué imagen se transmite a los ciudadanos?", justifican fuentes cercanas a Gallardón.

"Es seguir en la provocación. Si queremos zanjar el tema, se hace y punto. Pero aquí parece que no quiere nadie", explican fuentes regionales próximas a Aguirre. "La entrevista está perfectamente calculada. Él quiere provocar, sabe que ella está a la que salta y que puede picar. A él no le supone desgaste ninguno; a ella, sí. Después de mucho tiempo, él es la víctima y la tiene donde quería", insisten.

Así que el alcalde, que imaginaba que Iñaki Gabilondo, en su estudio de CNN+, le preguntaría por el tema, vio el hueco y soltó lo que pensaba. Y lo que cree que piensa Aguirre. "Una conversación privada refleja la autenticidad de los sentimientos", reflexionó replicando a la tesis de que un insulto de este tipo no tiene valor al no tratarse de una declaración pública. El alcalde admitió así su disgusto por la polémica: "El hecho de que fuera yo o un compañero mío no hace que disminuya mi ofensa. Eso es indiferente".

Inauguraba así otra semana de refriegas. Pero, esta vez, él partía como favorito. Gallardón ha administrado con sosiego los tiempos de una polémica que le beneficia. Ha callado dos semanas y cuando las brasas se apagaban, ha azuzado el fuego. "Se detestan. Es absurdo disimularlo", señalan desde la ejecutiva del PP.

El desliz de Aguirre no sentó bien en el Ayuntamiento. Pero peor cayó entre el equipo de colaboradores de la presidenta, que vieron desde el primer minuto que iba pasarle factura. Justo en el momento en que el partido iba a castigar al vicealcalde, Manuel Cobo, precisamente por hablar más de la cuenta sobre Aguirre y en el que sus fieles exigían que el PP no incluyese a la mano de derecha de Gallardón en las listas de 2011. Era el peor momento para meter la pata."El plan de la presidenta Esperanza Aguirre [sobre el episodio del hijoputa] era callar y tapar el asunto. Con el conflicto de la caja resuelto, la sanción de Cobo casi confirmada y Mariano Rajoy por delante de Zapatero, esa batalla sólo podía perjudicarla a ella. Por eso lo zanjaron con la carta de disculpas a Serrano", explica un concejal próximo a Gallardón.

La noche en que el alcalde hablaba de la "ofensa" ante las cámaras de CNN+, Aguirre celebraba el cumpleaños del presidente de CEIM, Arturo Fernández. Y con las velas llegaron los SMS comentando la entrevista. Y de nuevo, el persistente eco del hijoputa.

Por la mañana, la presidenta, que no había visto la entrevista, tuvo que soportar otra vez las preguntas que le habían dejado de hacer. Así que hizo aquello de no contestar, pero a su manera. Estaba molesta, pero se creció con los aplausos: "Sobre las conversaciones privadas que mantengo con un miembro de mi Gobierno y amigo [Ignacio González] no tengo nada que comentar. ¿O es que ahora vamos a comentar las conversaciones privadas? ¿Estamos en un Estado policial?", informa Jerónimo Andreu. En su biografía, entre otros foros, sí ha comentado conversaciones privadas y mensajes de móvil (véase el cuadro adjunto).

Como es habitual, salió a defenderla luego su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. "Una conversación privada no refleja un sentimiento", dijo contradiciendo a Gallardón y recordando otro episodio. Se refería, y ése es el argumentario que circuló entre los próximos a la presidenta, a una charla que mantuvo Gallardón en 2003 con el actual ministro de Fomento, José Blanco, y en la que, supuestamente, le mostró su apoyo frente al tamayazo (el oscuro episodio de transfuguismo gracias al que Aguirre alcanzó la presidencia de la Comunidad y el origen, según todos los afectados, del desencuentro con Gallardón).

(www.elpais.com, 17/02/10)

16. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE: "¿AHORA VAMOS A COMENTAR CONVERSACIONES PRIVADAS? ¿ESTAMOS EN UN ESTADO POLICIAL?"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que el trato entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón entra dentro de "lo cotidiano y lo normal". Decir eso es como querer poner diques al mar: nadie puede ocultar que la relación entre Aguirre y Gallardón echa chispas. 

Chispas que ambos protagonistas se encargan de alimentar de vez en cuando. La última, el lunes por la noche cuando Gallardón se refirió en una entrevista en CNN+ a su relación su íntima enemiga al afirmar que su obligación es seguir trabajando con ella, además de dejar claro que se ha sentido ofendido por el famoso 'hijoputa' de la presidenta madrileña. 

Esta mañana, martes, Aguirre eludió comentar las palabras de Gallardón, pero visiblemente molesta espetó a los periodistas: "¿Vamos a comentar ahora las conversaciones privadas? ¿Estamos en un Estado policial?". Se dirigía a los periodistas, pero más de uno apuntó que ese era también un mensaje al alcalde con el que está obligada a convivir.

La presidenta dijo que no vio la entrevista a Gallardón, por la que no mostró demasiado interés: "Anoche estuve celebrando el cumpleaños de Arturo (Fernández), presidente de los empresarios madrileños y no tuve oportunidad de ver esa entrevista. Sobre las conversaciones privadas que mantengo con un miembro de mi Gobierno y amigo (González) no tengo nada que comentar".

(www.publico.es, 16/02/10)

17. COMUNIDAD DE MADRID. TELEMADRID DEFIENDE LA COMPARACIÓN DE UNA MARCHA SINDICAL CON OTRA FRANQUISTA

Telemadrid realizó un "trabajo periodístico comparativo", algo que se hace "con cierta frecuencia". Así explicó la directora general de Telemadrid, Isabel Linares, el contenido del programa de la cadena pública que la noche del 12 de diciembre pasado comparó la marcha por el empleo convocada por los sindicatos con las manifestaciones que organizaba Franco en la plaza de Oriente. Linares compareció , a petición de IU, en la comisión parlamentaria de control del ente público para defender el "criterio profesional" del director del programa 7 días, José Antonio Ovies. "Telemadrid no miente, ni calumnia, ni insulta, ni en esta ocasión ni nunca", afirmó la directora.

No pensaron así los sindicatos convocantes de la marcha, que al día siguiente pidieron la dimisión de Linares, ni los portavoces de IU y PSOE, que denunciaron la "manipulación" de la cadena pública. El director y presentador del programa definió como "turismo de manifestantes, como en los viejos tiempos de la dictadura" la marcha por el empleo que reunió en Madrid a decenas de miles de personas (57.000, según los cálculos de este periódico) y acompañó sus palabras con imágenes de las concentraciones de apoyo al dictador Francisco Franco. Los espectadores sólo pudieron ver esas escenas en blanco y negro de las masas vociferantes en la plaza de Oriente. El reportaje no incluía, en sus dos minutos de duración, ni una sola imagen real de la manifestación de esa mañana.

Las emisiones de ese día fueron "rigurosas y adecuadas", aseguró la directora de Telemadrid, que explicó en qué consiste el "trabajo periodístico comparativo": "Se trata de comparar hechos actuales, en una primera aproximación a la realidad, con otros hechos acontecidos tiempo atrás". Puso como ejemplo el fútbol (una jugada de Messi con otra de Maradona) y la política (la investidura de Obama con la de Kennedy). Ovies mostró durante el programa una comunicación de CC OO en Albacete en la que, según leyó, se ofrecía "una pequeña gratificación a modo de media dieta". La directora aseguró que el problema fue comparar esas "prácticas actuales" con "algunas de otros momentos de la historia de este país". Y aseguró, en referencia a las quejas de los sindicatos: "La pluralidad, la veracidad y el rigor periodístico no son sinónimos de que cualquier información agrade a todos los que la reciban".

La comisión tuvo momentos de tirantez. La presidenta interrumpió hasta en cuatro ocasiones al portavoz socialista, Juan Antonio Ruiz Castillo, que se refirió a Ovies como "individuo" cuyo trabajo "raya en el filofascismo". "Le ruego que mida mucho las palabras que dice", le advirtió. Él contestó asegurando que las había medido a la perfección e insistió: "Este individuo fue el mismo que, a todos los que estábamos de acuerdo con la píldora del día después, nos llamó asesinos en ese programa, en horario infantil".

El portavoz popular, Federico Jiménez de Parga, atribuyó a la "obsesión machacona que tiene el Gobierno con el franquismo" que se haya creado una "psicosis absoluta". "Luego ocurre que la gente compara con lo que tiene presente en la mente", insistió, y calificó la información de "objetiva".

(www.elpais.com, 19/02/10)

18. COMUNIDAD DE MADRID. PREOCUPACIÓN POR EL RECORTE DE AGUIRRE A LAS ASOCIACIONES ANTIDROGA

Esperanza Aguirre sigue dando muestras de austeridad… donde menos debería. Después del bloqueo a las subvenciones para combatir la lacra del sida, ahora le toca a las drogas. La Federación Madrileña de Asociaciones para la Asistencia al Drogodependiente admitió sentir "preocupación" por la situación que están pasando en los últimos años a la hora de recibir subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid y por cómo esto puede afectar a la asistencia de los enfermos.

Las asociaciones dedicadas a trabajar con drogadictos de la región madrileña se reunieron la semana pasada. presentaron un escrito de peticiones a la directora gerente de la Agencia Antidroga del Gobierno madrileño, Almudena Pérez. Al texto, según informa Público, se sumaron hasta 43 entidades sociales "preocupadas por ofrecer a todos sus usuarios una atención digna y de calidad".

En dicho documento, las asociaciones piden al Gobierno de Aguirre que "considere un espacio de participación" para ellas y que se adapten los proyectos de drogodependencia "una vez conocido el importe de la cuantía de la subvención". Además, exigen que se sepa a principios de años el dinero "definitivo" de tales ayudas en el que se desarrollen los proyectos, para evitar malentendidos.

Al igual que sucede con la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, el recorte de fondos públicos puede esconder una labor de boicoteo a la Agencia Antidroga del Gobierno de Esperanza Aguirre. No en vano, este organismo público es uno de los pocos que quedan en la región y que, tal y como adelantó El Plural, se ha puesto en el punto de mira de la lideresa, después de que se diese potestad absoluta para privatizar por decreto e informando a la Asamblea de Madrid a postieriori.

(www.elplural.com, 19/02/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP DE POZUELO GUARDA SILENCIO SOBRE SU CONCEJALA IMPUTADA EN EL CASO GÜRTEL

El próximo 18 de febrero, el Partido Socialista de Pozuelo de Alarcón exigirá que quien fuera Concejala de Obras de este Ayuntamiento, Yolanda Estrada, actualmente imputada en el caso Gürtel, "renuncie de una vez por todas a su acta de concejal o al menos se separe del Grupo Municipal Popular".

Yolanda Estrada, "mano derecha del actual alcalde Gonzalo Aguado", según el Partido Socialista, fue imputada por los delitos de prevaricación y cohecho en la trama Gürtel. Aunque el PP ha aceptado su renuncia como concejala de Mujer y Presidencia y le ha suspendido de militancia, continúa siendo concejala del Ayuntamiento, aunque no se presentó al último Pleno Municipal"

"Esto de dimitir a plazos es una vergüenza y daña la imagen de toda una ciudad. La próxima semana sabremos si la Concejala imputada se presenta en el Pleno y dignamente presenta su dimisión, o sigue aferrada al sillón, con la complicidad silenciosa del Alcalde. ¿Por qué ese empeño en protegerla? ¿Qué es lo que sabe para que no se atrevan a pedirle el acta de concejal o separarla del Grupo Popular?", se pregunta la portavoz del Partido Socialista, Eva Izquierdo.

A lo largo de esta semana El Plural ha intentado ponerse en contacto con el Partido Popular de Pozuelo, que ha dado la callada por respuesta. Por tanto, se desconoce si el PP pedirá a Yolanda Estrada que renuncie a su acta de concejal o se desvincule por completo del Grupo Municipal Popular.

Sin embargo, fuentes municipales han asegurado a este periódico que es muy probable que Estrada siga vinculada al PP local en parte gracias a su actual pareja, Juan Carlos Vera, persona de influencia en la calle Génova, ex diputado nacional y un habitual en la maquinaria electoral de los años de Aznar.

Según la Justicia, Estrada era la persona que hacía de enlace entre la trama corrupta que lideraba Francisco Correa y el Ayuntamiento de Pozuelo. "Era la persona que controlaba todo lo que pasaba en el Ayuntamiento", ha afirmado en numerosas ocasiones Eva Izquierdo. Antes de ser concejala, trabajaba como auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de esta localidad madrileña.

Se ha podido saber que el abogado de Yolanda Estrada es José Ángel González Castro, que también ha defendido en varios pleitos al Ayuntamiento de Pozuelo. De hecho, el PSOE ha preguntado en el Pleno Municipal por las facturas que su bufete emitió al Consistorio por valor de 7.000 euros por una simple denuncia, cuando la tarifa del colegio de abogados para estos casos ronda los 400 euros. Precisamente, la factura estaba firmada por Estrada.

(www.elplural.com, 13/02/10)

20. COMUNIDAD VALENCIANA. RAJOY ZANJA LA CRISIS CON CAMPS Y LE DEJA PRESENTARSE DE NUEVO EN 2011

Rajoy bendecirá a Camps como candidato a la Generalitat valenciana en las elecciones de 2011. Esta vez, de verdad. Sin condiciones. Ni pretende darle aliento, ni liquidar así el debate abierto en el PP sobre su figura. Camps se presentará de nuevo porque, tras una dilatada reflexión, Rajoy ha tomado esta decisión. Ambos han cerrado el acuerdo en los últimos días, después de varias conversaciones sobre el asunto. Según fuentes del PP, el pacto se ha podido alcanzar porque Génova ha efectuado en estos meses consultas de carácter jurídico que dan al PP ciertas garantías de que la llamada ramificación valenciana del caso Gürtel no tendrá recorrido en los tribunales.

Esta certidumbre tan ambigua y la información aportada por el propio jefe del Gobierno valenciano han minimizado el temor a que posibles sorpresas en el sumario instruido en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por el juez Pedreira menoscaben más la imagen de Camps.

La determinación de Rajoy es que el dirigente regional siga, pese al impacto político que aún pueda esconder el caso Gürtel. El argumento esgrimido por el presidente del PP es el único manejado siempre en su defensa: "Es un hombre honesto". El calificativo es válido también para el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa. La convicción de que su honorabilidad no está en duda se ha convertido en el salvoconducto de Camps para repetir, por tercera vez consecutiva, en mayo de 2011. Pero, hasta hace muy poco, no disponía de una sola garantía de la dirección nacional, y el clima mayoritario en el partido es que su debilidad era tan extrema que no podía seguir.

El asesoramiento jurídico recabado por Rajoy ha dictaminado que las supuestas acusaciones de financiación ilegal del PP valenciano a través de Orange Market, la empresa de El Bigotes, no tienen fundamento, a pesar de la contundencia expresada en el informe judicial. Y, según la información de la que disponen, no existe alarma por la difusión de nuevas grabaciones o informaciones del sumario que aún permanecen secretas.

Ni siquiera se teme la decisión del Tribunal Supremo sobre el recurso de la Fiscalía y del PSOE contra el archivo del caso de los trajes. Rajoy está resuelto a mantener el apoyo a Camps basándose en la premisa de su honestidad, pese a que en privado los principales dirigentes del PP valenciano sostienen que el president no puede sentarse en el banquillo y que, en caso de ser otra vez imputado, debería dimitir.

En Génova, en esta nueva etapa de concordia con Valencia, opinan que no sería necesario. Y, aunque su estrategia podría cambiar en función de las decisiones judiciales, las encuestas que manejan son los suficientemente buenas, casi maravillosas, para permitirles asumir los riesgos que conlleva Gürtel. Pero el respaldo que en estos momentos se va a dar a Camps esconde también la incapacidad de la dirección del PP para abordar con garantías su sucesión. Aunque la posibilidad de desalojarle por la fuerza de la Generalitat se ha planteado en algún momento, Génova nunca ha tenido claras las salidas. Las reticencias mostradas por Rita Barberá han cortocircuitado una operación de relevo con la legislatura en marcha. Y, pese a que se mantiene la apuesta por el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, la dirección nacional no quiere someter al PP valenciano a una tensión innecesaria.

"Si Gürtel no lo exige, no lo provocaremos nosotros", sostienen. Por ello, algunas fuentes manejan la opción de que Camps repita pero después, en 2012, pudiera dejar el cargo, ante una virtual victoria del PP, y dar paso a Alberto Fabra. Todo esto siguiendo con la teoría de que la eclosión del caso Gürtel no afectará a la supervivencia política del actual presidente de la Generalitat.

Mientras, dos hechos muy recientes dan fe de la profundidad del acuerdo alcanzado entre los dos dirigentes. La semana pasada trascendió que Ricardo Costa renunciaba a presentar alegaciones a la decisión del Comité de Derechos y Garantías de retirarle un año el carné del partido. Un gesto de distensión que Génova ha agradecido y que supone la recuperación política de quien fue la mano derecha de Camps. Al principio, circuló que el presidente de la Generalitat no había influido en este acercamiento, pero la rehabilitación de Costa y su candidatura están irremediablemente unidas. Las aguas volvían a su cauce. Son dos pilares del mismo pacto.

El segundo acontecimiento, sorprendente en su momento, fue la foto, hace poco más de 15 días, de Camps con el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y el vicepresidente del Consell, Gerardo Camps. Hacía más de medio año que Camps y González Pons no se veían públicamente, a excepción del Comité Ejecutivo Regional de opereta convocado en la vorágine de la renuncia de Costa.

El pacto alcanzado con Rajoy tiene, además, importantes consecuencias políticas en la Comunidad Valenciana, ya que va a actuar de bálsamo ante el desasosiego creado por el incierto destino de su líder. Pero los criterios de estabilidad política que han conducido a este acuerdo no pueden ocultar la influencia de razones matemáticas. En las elecciones de 2008, el PP de Camps rozó el millón y medio de apoyo y aportó al botín popular 19 diputados, uno más que Madrid. En plena tormenta Gürtel, el presidente de la Generalitat no ha dudado nunca en exhibir este trofeo y, velada o explícitamente, ha recordado a Rajoy que necesita estos votos para gobernar España. De hecho, es un análisis que Camps usa de manera muy habitual como parte importante de su fortaleza. Y, junto a la presumible honestidad del presidente valenciano, la cuestión de los votos es la principal razón de peso.

(www.elmundo.es, 15/02/10)

21. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS CULPA DE SUS CUENTAS AL PP DE RAJOY

La financiación del PP valenciano, bajo sospecha a raíz de la desarticulación de la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa, ha estado bajo control de la dirección nacional del partido en el periodo investigado por la justicia, que coincide con los mandatos de José María Aznar y Mariano Rajoy. Al menos eso es lo que ha explicado el actual número dos del PP valenciano a los jueces del Tribunal Superior que instruyen una querella por financiación ilegal.

Antonio Clemente, sustituto de Ricardo Costa al frente de la secretaría general del PP valenciano, ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia un escrito en el que le comunica que esta formación no había cubierto el cargo de tesorero hasta octubre de 2008 y, mientras tanto, sometía sus ingresos y sus gastos al control de la dirección nacional del partido.

"En el periodo comprendido entre el año 2002 hasta octubre de 2008 no ha existido el cargo de tesorero del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, pese a ostentar competencias para su nombramiento, ejerciendo las funciones de tesorería desde los órganos centrales del Partido Popular, en Madrid, que son los que controlan, autorizan y fiscalizan la totalidad de las actuaciones de tesorería del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, al recibir en cada ejercicio económico la documentación contable del PPCV para su control y autorización", señala Clemente en su respuesta a los jueces.

Por si no hubiera quedado claro, el secretario general del PP valenciano explica que "en la documentación contable no tiene participación cargo alguno de la estructura regional (Presidente, Secretario General o Vicesecretarios) siendo la documentación elaborada por personal de administración que depende de los órganos centrales del PP nacional, siendo el PP nacional el único titular de las cuentas bancarias de uso ordinario del Partido Popular de la Comunidad Valenciana".

Un informe policial de la Brigada de Blanqueo basado en documentos oficiales y conversaciones intervenidas por orden judicial sostiene que el PP valenciano se financió ilegalmente durante años con la ayuda de la empresa Orange Market, la firma levantina de la trama corrupta de Correa.

Los cargos valencianos del PP aseguran que el control de los ingresos y gastos, que ahora investigan los jueces, correspondía a la dirección nacional del partido que presidía entonces José María Aznar y ahora Mariano Rajoy y cuyas cuentas gestionaron primero Álvaro Lapuerta (tesorero hasta junio de 2008) y después Luis Bárcenas (ex gerente y ex tesorero del partido, suspendido de sus funciones por este caso de corrupción que le salpica).

El informe policial intenta probar cómo los principales dirigentes del PP valenciano estaban al tanto de esas prácticas ilegales, consistentes en una doble facturación de actos del partido, una con factura e IVA y otra con dinero negro que escapaba al control del fisco -hasta seis millones de euros, según la documentación intervenida en la sede de Orange Market-. Algunas empresas contratistas de la Administración valenciana pagaban a Orange Market por servicios no prestados para financiar actos que organizaba la empresa de la trama corrupta para el partido de Francisco Camps.

Decenas de conversaciones grabadas a Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de Orange Market, acreditan la relación de éste con distintos responsables políticos del PP valenciano a cuenta de la financiación del partido, de las deudas que quería cobrar y de los sospechosos mecanismos para hacerlo. En esas conversaciones nunca aparecieron dirigentes del PP nacional, pese a lo que cuenta Clemente en su escrito al juez respecto al control de las cuentas por parte del aparato central del partido.

Las conclusiones de la policía llevaron a los socialistas valencianos a presentar una querella y al Tribunal Superior de Justicia de Valencia a requerir documentación a los acusados para resolver si admitía a trámite la denuncia y abría una investigación.

Clemente insiste en su respuesta a los jueces que aunque los estatutos del PP valenciano otorgan a esta formación política "plena capacidad jurídica y de obrar" para disponer de cualquiera de sus bienes o venderlos necesita "la autorización expresa del Comité Ejecutivo Nacional".

La Junta Electoral Central también ha informado al Tribunal Superior de Justicia de que el administrador único del PP para la Comunidad Valenciana en las elecciones locales de 2007 y las europeas de 2004, cuyos gastos están bajo sospecha, era Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, nombrado por Mariano Rajoy en el último congreso de esta formación y senador por Cantabria.

Bárcenas está imputado en el Tribunal Supremo por cohecho y un delito fiscal vinculado a sus relaciones con la trama corrupta de Francisco Correa. La investigación atribuye al tesorero del PP el cobro en comisiones de más de un millón de euros.

(www.elpais.com, 16/02/10)

22. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS DICE QUE TODO LO QUE PASA CON GÜRTEL ES "RUIDO EXTERIOR"

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, manifestó que todo lo que pasa con el caso Gürtel es "ruido exterior que intenta distorsionar el trabajo" de su Gobierno. Camps aprovechó una intervención pública para referirse, sin mencionarlo, al caso Gürtel y al auto del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, emitido el pasado lunes, que observa indicios de delito en la financiación del PP valenciano.

En el auto, los magistrados se inhiben -por unanimidad- para investigar la denuncia presentada por los socialistas contra Camps y otras 16 personas al considerar que es el TSJ de Madrid quien desarrolla la investigación general del caso Gürtel. En el escrito, los magistrados recuerdan que si la investigación llegase a afectar a algún aforado valenciano, la parte de la causa que se refiriese a éstos debería ser remitida al tribunal valenciano o al Supremo.

La actitud de Camps, que prefirió eludir a la prensa, contrastó con la del resto de altos cargos del PP valenciano, que se prodigaron para intentar contrarrestar el fondo del auto judicial. Para ello, recurrieron a un argumentario que ignora la existencia de "hechos de posible significación delictiva" y pone el énfasis en la decisión del TSJ de no investigar la denuncia socialista, aunque omite que es porque el tribunal se declara no competente por ahora.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, marcó el tono: "Se han puesto las cosas en su sitio clarísimamente. No hay ninguna implicación delictiva como se ha dicho y el tema está zanjado". La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, fue más allá y pidió a los socialistas que se disculpen por "judicializar" la vida política. Y el portavoz del PP en las Cortes y consejero, Rafael Blasco, remachó al considerar que el auto es un "varapalo político" para el PSPV-PSOE.

Los socialistas no ocultaron su satisfacción por la decisión judicial. El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, recalcó que el auto indica que "hay mucho que investigar". El portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, insistió en que el tribunal valenciano deja "incontestablemente claro que hay una trama para delinquir aprovechando las administraciones públicas y que el PP tiene relación estrecha con esa trama". El PSPV, dijo, no descarta personarse en otro tribunal si fuese necesario. Para Esquerra Unida, el TSJ "sólo atrasa la caída institucional de Camps". Compromís apuntó que el auto extiende sospechas sobre la limpieza de las elecciones ganadas por el PP.

(www.elpais.com, 17/02/10)

23. COMUNIDAD VALENCIANA. ANTICORRUPCIÓN RECLAMA INVESTIGAR LAS CUENTAS DEL PP VALENCIANO EN 10 BANCOS

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que reclame a casi una decena de entidades bancarias todas las cuentas que posean del PP de Valencia. Anticorrupción entiende que es necesario analizar esas cuentas para cotejarlas con las anotaciones que figuran en la doble contabilidad que llevaba la trama corrupta que dirigía Francisco Correa sobre los actos que organizaba para el PP. El objetivo es reforzar, en su caso, el contenido del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que revela la supuesta financiación ilegal del PP, tanto a través de los pagos en dinero negro a la trama corrupta, no declarados a Hacienda, como a través de al menos cinco grandes empresas de esa comunidad. Éstas obtuvieron suculentas contratas de la Generalitat y supuestamente financiaron actos del partido de Francisco Camps mediante pagos a Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, por servicios no prestados.

El juez no se ha pronunciado aún definitivamente sobre la petición de la fiscalía por entender que el informe policial apunta como sospechosos de esa trama de financiación a altos cargos del PP de Valencia cuyo enjuiciamiento, en su caso, correspondería al Tribunal Superior de esa comunidad. Sin embargo, ese tribunal acaba de dictar una resolución que podría modificar la actual situación. Se trata de un auto relativo a la querella por financiación ilegal contra un total de 17 personas (entre empresarios y altos cargos del PP de Valencia) que interpuso el PSOE de Valencia y que está basado en el citado informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales.

El Tribunal Superior de Valencia considera en ese auto que hay que investigar los indicios delictivos que se describen en la querella del PSOE y en el informe policial y deja la investigación de este asunto en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sólo introduce la salvedad de que Madrid le remita todas las actuaciones que realice al respecto en el momento en que observe la implicación de algún aforado valenciano.

No obstante, la investigación policial de la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia lleva meses en marcha, sobre todo después de que el Tribunal Superior de Valencia se negase, en julio del año pasado, a investigar el informe que le remitió la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre la supuesta financiación ilegal del PP. Entonces, el tribunal valenciano, presidido por Juan Luis de la Rúa, estaba a punto de dar carpetazo a las diligencias que instruía en ese momento contra varios altos cargos del PP valenciano por cohecho impropio, entre ellos el propio presidente, Francisco Camps, por recepción de trajes y otras dádivas de la trama corrupta Gürtel.

La Agencia Tributaria lleva meses analizando en su base de datos la información sobre los implicados de la trama corrupta valenciana para determinar si han incurrido en posibles delitos fiscales similares a los de otros imputados del Partido Popular. La investigación por parte Hacienda fue autorizada en su momento por el juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes del citado organismo.

La supuesta financiación irregular del PP que la Brigada Policial de Blanqueos considera acreditada en documentos de las empresas de la trama corrupción y en la propia investigación abierta por este caso se canalizó básicamente a través de Orange Market, la firma que en Valencia dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los lugartenientes de Correa.

Según el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, la financiación del PP en la Comunidad Valenciana funcionaba de la siguiente forma: las empresas de la red de Correa organizaban todos los actos para el PP, pero éste sólo les pagaba una parte con factura. El resto del dinero era abonado sin declarar el gasto a Hacienda o a través de una red de empresas privadas que recibían, a cambio, adjudicaciones de la Generalitat.

(www.elpais.com, 17/02/10)

24. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS: "LOS DE TVE SÓLO VIENEN AQUÍ AL LÍO, QUE PENA DE TELE"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha vuelto a exhibir su manía persecutoria, esta vez, cargando las tintas en Televisión Española (TVE). Al parecer, los tres meses de vacaciones del Parlamento regional no han bastado para tranquilizar al dirigente: en su vuelta al Hemiciclo, el jefe del Gobierno valenciano la tomó contra la televisión pública nacional, a la que acusó de "venir aquí al lío". "Qué pena de tele", agregó. Pero que Camps tenga estos exabruptos no es ninguna novedad. En noviembre pasado, el político la emprendió con la oposición socialista porque, según apuntó, quería verle "en la cuneta". Ese mismo mes, el popular se encaró con un joven que le increpó en la calle: "President, usted es un ladrón", "no representáis a nadie. Ni a Valencia ni a nadie". "A ti, desde luego que no", replicó Camps.

A diferencia de otras veces, no hubo aplausos cuando Camps entró al hemiciclo. Así las cosas, el protagonismo durante su entrada se lo llevó el periodista de TVE al que se dirigió el presidente.

El portavoz del Grupo, Rafael Blasco había recomendado a los de su bandada no dirigir la palabra a los diputados socialistas. Era una especie de vendetta por la querella por presunta financiación irregular que este grupo había interpuesto al PPV. La maniobra represora la concretó la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, quien llegó a amonestar a los socialistas hasta en tres ocasiones en menos de 30 minutos, recoge El País.

Así las cosas, no se hizo raro que Camps rechazara la oferta de pacto anti crisis lanzada por el portavoz del PSPV, Ángel Luna. Lo curioso fue que, en paralelo, su consejero de Economía, Gerardo Campos, buscaba a Luna y al portavoz de Compromís, Enric Morera, para pactar una declaración conjunta sobre la fusión de las cajas de ahorro. Mientras el jefe del Ejecutivo regional se dedicó a lanzar indirectas de tipo "estoy dispuesto a hablar de todo con gente seria" pero sólo llegaré "a acuerdos con personas que representan la decencia y la inteligencia de esta tierra". "Los tiempos no me cambian, lo único que ha cambiado es el tipo de interlocutores", insistió.

(www.elplural.com, 19/02/10)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP PREPARA EL REGRESO DE COSTA

El secretario de comunicación, Esteban González Pons, fue quien le abrió la puerta hace una semana al asegurar que el partido "haría muy mal" al no contar con Ricardo Costa en el futuro. Tras esta declaración, en los últimos días se han sucedido las reuniones y las declaraciones en busca del mejor regreso del ex secretario regional del PP en la Comunidad Valenciana a la primera línea política.

El primer gesto ha venido del propio Costa, que no presentará alegaciones a la sanción propuesta por el Comité Nacional de Derechos y Garantías de suspenderlo de militancia por su actitud ante la dirección nacional al afirmar que todavía era secretario general, cuando había sido cesado por el partido.

En ese momento, se planteó un pulso entre la dirección regional y Génova, que se saldó con la retirada del carnet de militante de forma cautelar. Costa parece haber reflexionado "por el bien del partido" y ahora todo apunta a que buscará una sanción más reducida en el tiempo y huirá del enfrentamiento directo con el equipo de Rajoy, en concreto con su número dos, María Dolores de Cospedal, quien calificó las conversaciones del político castellonense con Álvaro Pérez "El Bigotes", de "chuscas y soeces".

A la espera de que el Comité de Garantías confirme la sanción definitiva, uno de los elementos fuertes del partido en Valencia, la alcaldesa Rita Barberá que se ha convertido en el brazo derecho de Francisco Camps en los últimos meses, ha salido en su defensa. Para ella no hay duda de su "capacidad política" y confía en una pronta reincorporación al PP.

Barberá destacó que "está clarísimo todo lo que está pasando, que todo el mundo está elogiando su decisión y que todo el mundo está diciendo que Ricardo tiene unas capacidades políticas y que tiene que incorporarse otra vez. Estamos esperando que así sea".

Por su parte, desde el Consell, su portavoz Paula Sánchez de León quiso desvincular al gobierno de Camps de las próximas decisiones que se adopten. "No tienen nada que ver con el Gobierno ni con un futuro o futurible Gobierno", dijo.

La mirada de Ricardo Costa sigue puesta en repetir en la lista para las próximas elecciones autonómicas. En la actualidad es diputado por la circunscripción de Castellón. No obstante, esta decisión puede venir marcada por el recorrido que tengan en los tribunales las causas abiertas por el caso Gürtel y que pueden salpicar tanto a Costa como a Camps. Por un lado está pendiente la decisión del Supremo ante el recurso de la Fiscalía sobre la causa por cohecho; por otro, la querella presentada por el PSPV por una presunta financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana. Y, también, el levantamiento del secreto sumarial de la red que encabezaba Correa, por parte del juez Antonio Pedreira, que investiga la trama Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Mientras, el escaño de Ricardo Costa en la última fila de Les Corts le sigue esperando (ha faltado a las últimas sesiones alegando diversos viajes), pero no pierde el deseo de que Francisco Camps cuente con él para un próximo gobierno, tal y como le confesó en su momento a "El Bigotes", a quien llegó a pedir ayuda para que interfiriese ante el presidente de la Generalitat.

El próximo 16 de febrero se cumplirá la fecha tope para que Costa y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, presenten alegaciones a los pliegos de cargos en los que el partido proponía para cada uno de ellos un año de suspensión de militancia. Aunque Cobo ya ha presentado sus alegaciones y Costa ha renunciado a hacerlo, no será hasta pasado este día cuando el Comité de Derechos y Garantías se reúna para proponer las sanciones definitivas.

Costa se enfrenta a una sanción por reivindicarse como secretario general del PP de la Comunidad Valenciana cuando la dirección nacional del partido le daba por cesado. Y Cobo, por criticar duramente en un medio de comunicación a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

En el PP confían en que las sanciones definitivas serán inferiores a un año. Y destacan que, en el caso de Costa, no pesará el hecho de que haya renunciado a presentar alegaciones. Por su parte, Cobo ha manifestado su intención de no presentar recurso alguno a la sanción definitiva que dicte el citado órgano disciplinario.

(www.publico.es, 13/02/10)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. EXHIBIR LOS FERRARI POR LAS CALLES DE VALENCIA COSTÓ 52.000 EUROS AL CONSELL

La sociedad pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva SA colaboró con 52.800 euros en la organización de los espectáculos celebrados por la escudería Ferrari en la ciudad de Valencia el pasado noviembre previos a la celebración de las Ferrari World Finals en el Circuito de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo de Cheste.

Así lo ha manifestado la consellera de Cultura y Deporte, Trinidad Miró, en una respuesta parlamentaria al grupo socialista, que había preguntado si el Consell satisfizo, a través de sus Consellerias, empresas, organismos y entes públicos, alguna cantidad o contrajo alguna obligación económica, por la celebración de esos actos.

La consellera asegura que el Consell, a través de sus Consellerias, empresas, organismos y entes públicos, "no ha satisfecho cantidad alguna ni ha contraído ninguna obligación económica" por la celebración el pasado 15 de noviembre de 2009 de las Ferrari World Finals en el Circuito de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo de Cheste.

"Es más -añade Miró-, por la celebración de este evento deportivo, la sociedad pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA ingresó 169.153 euros".

En cuanto a los espectáculos previos celebrados por la escudería italiana en la ciudad de Valencia, admite que este organismo público "colaboró con 52.800 euros en la organización de unos actos que tuvieron una repercusión mediática excepcional y que sirvieron de reclamo para la actividad deportiva que durante el fin de semana se iba a desarrollar en el circuito".

A su juicio, "la apuesta de la empresa Ferrari por Valencia" para la celebración de estas finales mundiales, junto a la reciente firma del acuerdo para que Cheste sea sede de una prueba del Mundial de Motociclismo hasta 2016, "corrobora que la Comunitat Valenciana cuenta con uno de los trazados mejor valorados por los expertos del motor en todo el mundo".

(www.levante-emv.com, 17/02/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSTITUCIONAL ACEPTA EL RECURSO DEL GOBIERNO Y CONGELA EL PLAN DEL CABANYAL

El plan del Ayuntamiento de Valencia que prolonga la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa del derribo de cientos de inmuebles de El Cabanyal, quedó en suspenso, congelado. El Tribunal Constitucional (TC) aceptó a trámite el recurso presentado por el Gobierno español contra el decreto ley con el que el Consell quiso desproteger el barrio marinero tras la intervención del Ministerio de Cultura. No fue el único asunto valenciano que trató el Constitucional. El pleno dio curso a un segundo recurso contra una ley valenciana, la Ley de Caza donde se regula la práctica del parany.

El ministerio que dirige María Ángeles González-Sinde dictó el pasado 29 de diciembre una orden, en atención a una sentencia del Tribunal Supremo sobre El Cabanyal, en la que declaraba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de este conjunto histórico un expolio contra el patrimonio cultural valenciano. En un alarde de fuerza, el Consell aprobó en cuestión de horas un decreto ley para invalidar la acción del Gobierno de Rodríguez Zapatero, cuando sólo el Estado es competente, según la Constitución, para declarar si existe o no expolio. El conflicto de competencias saltó al Constitucional y amenaza con prolongarse en el tiempo. De momento, la admisión a trámite impide al consistorio durante al menos cinco meses seguir adelante con las expropiaciones y derribos en el barrio.

"Estamos contentos. Ahora sólo esperamos que el Ayuntamiento abra nuevas vías de rehabilitación y mejora del barrio en lugar de invertir en expropiaciones y derribos", dijo Maribel Doménech, portavoz de Salvem El Cabanyal. La Asociación de Vecinos del barrio pidió al consistorio que preside la alcaldesa Rita Barberá que cumpla con la orden ministerial y se ponga a trabajar en un plan que respete los valores históricos del barrio.

Vecinos a favor de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez manifestaron su hartazgo por el bloqueo que sufre desde hace años el plan municipal. "Hemos recogido más de 5.000 firmas a favor de la prolongación. Somos mayoría en el barrio", añadió Mayte Gallart.

En las filas socialistas, la suspensión del PEPRI también provocó satisfacción: "Esperamos que el Partido Popular se atenga a las reglas del Estado de derecho y detenga las demoliciones", subrayó la portavoz socialista en Valencia, Carmen Alborch. El secretario general de los socialistas, Jorge Alarte, fue más taxativo. "El Constitucional ha avalado la valentía" de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, al "defender la protección y rehabilitación frente a los derribos". Para Esquerra Unida, a la alcaldesa ya sólo le queda "el diálogo o la dimisión", mientras Compromís anunció una enmienda a la totalidad a los planes del PP.

(www.elpais.com, 19/02/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS DA MARCHA ATRÁS Y RETIRA EL DINERO DE LA FUNDACIÓN FANTASMA

Al presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, no le preocupó ni mucho ni poco desairar al vicepresidente segundo del Consell y consejero de Economía, Gerardo Camps. El pleno de la corporación provincial debatía la concesión de una subvención de 300.000 euros a Gestión y Eficiencia Empresarial, una fundación fantasma sin apenas actividad, con dos empleadas y una página web que lleva dos años en construcción, pero que preside el consejero.

La defensa de esta ayuda económica corría a cargo de Isidro Prieto, ex alto cargo de la Consejería de Economía y bien relacionado con Gerardo Camps. Prieto, presidente del patronato de turismo, Valencia Terra i Mar, intentó explicar , en el pleno de la Diputación, en qué se iban a invertir los 300.000 euros que la corporación provincial había aprobado en una comisión informativa. Pero sus esfuerzos fueron en vano.

El diputado popular contó que ese dinero es el que el patronato pensaba destinar a las mancomunidades de La Ribera y La Serranía para realizar actividades de promoción turística. Prieto quiso dar por sentado que la fundación fantasma entraba justo ahí, pero la oposición le hizo profundizar en su explicación y fue incapaz. No supo detallar qué pintaba una entidad cuya única actividad está vinculada al Servicio Valenciano de Empleo, con las actuaciones de promoción turística de La Ribera y La Serranía. Y se armó un alboroto en el pleno. Alfonso Rus cortó por lo sano: "Si el problema es la fundación, ya no hay fundación". Y los 300.000 euros se quedaron en la Diputación. El portavoz socialista, Rafael Rubio calificó de "rastrera y mentirosa" la actitud de Prieto.

Fue Rubio quien denunció que Isidro Prieto pretendía transferir 300.000 euros del presupuesto de la Diputación a Gestión y Eficiencia Empresarial tras una modificación del presupuesto que se aprobó el pasado 2 de febrero. El presidente de Terra i Mar justificó su decisión en que mancomunidades y asociaciones de hosteleros se beneficiarían de ese dinero, cosa que no era cierta. El expediente sólo expresaba la concesión de 300.000 euros a la fundación para hacer no se sabe qué.

(www.elpais.com, 18/02/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CEREBRO DEL 'CASO POLOP' COBRABA A CAMBIO DE TOLERAR OBRAS ILEGALES

Juan Cano, ex alcalde Polop, del PP, y supuesto autor intelectual del asesinato de su antecesor, Alejandro Ponsoda, cobraba un impuesto a los promotores a cambio de no demoler obras ilegales. El móvil del crimen, según el sumario, fue el urbanismo. Cano fue concejal de Urbanismo del Polop desde 1999 hasta 2003 y desde 2007 hasta el 23 de noviembre pasado cuando fue arrestado por su implicación en el asesinato de Alejandro Ponsoda. Cano acumuló durante su etapa al frente del urbanismo del municipio un cúmulo de irregulares, la mayoría relacionadas con obras ilegales en suelo rústico. Un elemento común en todos los casos fue que esas obras ilegales fue el pacto tácito entre el promotor y el Consistorio.

Un caso que revela esta práctica de Cano acabó en los juzgados. En 2002, un constructor que responde a las iniciales J. A. B. fue denunciado por el Ayuntamiento por un delito contra la ordenación del territorio, aunque finalmente fue absuelto. Como en muchos otros pueblos de la Comunidad Valenciana, la construcción de casas en suelo no urbanizable acabó provocando conflictos, en este caso porque el promotor se negó a seguir pagando a los políticos. Aunque la juez eliminó del juicio las preguntas relativas al modus operandi de Cano por no ser objeto de la causa, J. A. B. dejó claro que las obras ilegales se pactaban con el Consistorio.

El proceso consistía en pedir licencia en suelo no urbanizable, pagar las tasas de una licencia que no se podía conceder (en este caso fueron 205.000 pesetas de 2001), recibir después un aviso de paralización de las obras que nunca se ejecutaba y pagar una sanción por infracción urbanística, que para el caso de J. A. B. fue de 986.368 pesetas, esperando luego que pasaran los cuatro años para la prescripción del delito. Sin embargo, nunca se incoaba el expediente de restauración de la legalidad urbanística, que implicaba la demolición del inmueble, dado que no era legalizable, entre otras cosas porque, según reconoció J. A. B. a su abogado, se le pagaba a Cano un "impuesto" de importe similar al de la sanción que se ingresaba en el Consistorio.

Con esta manera de proceder Ponsoda reconoció en el juicio que en 2001, cuando denunciaron a J. A. B. por negarse a seguir pagando, ya se habían realizado en Polop unas 150 obras ilegales. De una actuación similar en el casco urbano se derivó la queja de un constructor al PP por una grabación en la que Cano y Joaquín Montiel Montiel, también concejal y presidente del PP local, le pedían dinero por la obtención de unas licencias. Julio de España, entonces presidente provincial de los populares, consiguió apartarlos de la lista, pero nadie evitó que en 2007 volvieran al consistorio.

Entre 2003 y 2007, ya fuera del Ayuntamiento, Cano siguió haciendo negocios urbanísticos. Sólo de la compra y venta de una parcela en 2005 obtuvo 420.000 euros de plusvalía. Su sustituto al frente del urbanismo polopino, Juan Andrés Lloréns, declaró a la Guardia Civil que entonces Cano "abusaba de su relación con Ponsoda" y que consiguió que para adjudicarle el sector número 8 a la urbanizadora Blauverd, pusiera como condición que la empresa comprara la parcela de Cano y otras dos del concejal Jaime Narbó y su padre por un millón de euros.

En el sumario del caso Polop también figura la declaración voluntaria de un empresario de la jardinería de Callos d'En Sarriá, que elevó una queja al Defensor del Pueblo por entender que había sufrido una extorsión por parte de Cano a principio de 2009. Según explica este empresario que responde a las iniciales I. P. S., Cano le obligó a deducir un 10% del importe de la deuda de 36.823,56 euros que mantenía con él el consistorio desde 2007, utilizando para ello la mediación de un funcionario. I. P. S. aportó la documentación que demostraría que de la cuenta municipal acabaron saliendo los 36.823,56 euros, aunque el empresario sólo cobró 33.141,20.

Son algunos ejemplos de la trama urbanística que tejió Cano y que pretendía engordar. En el registro practicado en el despacho consistorial del entonces alcalde la madrugada del pasado 23 de noviembre, día de su detención, la Guardia Civil encontró unos planos que demuestran que el ex regidor pretendía recalificar más de 1,5 millones de metros en la falda de una montaña. La policía llegó a la conclusión de que las reuniones de Cano con los promotores de los planes pretendían eludir el control urbanístico del Consell.

La encargada de esclarecer la trama urbanística será la magistrada del Juzgado número 3 de La Vila, luego de la separación de estas diligencias de las estrictamente relacionadas con el crimen.

(www.elpais.com, 15/02/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. UN EDIL DEL PP DE XÀBIA TIENE EN ORXETA UNA FÁBRICA ILEGAL

Las empresas del concejal del PP de Xàbia Miguel Savall no sólo monopolizan el suministro de hormigón a las obras públicas de su municipio, sino que extienden sus actividades a otros municipios. Una de las mercantiles administradas por Savall es propietaria en Orxeta de una planta hormigonera ubicada en un paraje protegido y por cuyo funcionamiento está imputado desde 2006 por un presunto delito de prevaricación el alcalde de esa población, el socialista Vicente Llinares, y el socio de Savall, Hilario Cañadas Montes. Este último, quien entonces era el representante legal de la firma, Hormigones Orxeta, está encausado por un presunto delito de desobediencia.

Ahora, Savall es administrador único de Hormigones Orxeta. El juez imputó al alcalde de Orxeta en octubre de 2006 por permitir el funcionamiento de la planta en suelo protegido, que el propio Llinares había vendido a Hormigones Orxeta en 2000. Las instalaciones siguieron funcionando a pesar de que una sentencia del TSJ ordenó su cierre.

(www.elpais.com, 17/02/10)

31. CASTILLA Y LEÓN. EL CUÑADO DE ENRIQUE LÓPEZ ES LA MANO DERECHA DE ULIBARRI, IMPUTADO EN EL CASO GÜRTEL POR GARZÓN

¿Qué tiene Enrique López contra Baltasar Garzón? ¿Qué puede llevar a este magistrado de la Audiencia Nacional a colar dos morcillas en su auto sobre el caso Faisán a espaldas de sus colegas ? Desde luego, sus posiciones ideológicas le colocan en las antípodas del juez Garzón y su defensa de los intereses del PP está de sobra documentada. Pero, ¿por qué dar semejante "tirón de orejas" a Garzón? Seguramente, el magistrado estrella no esté muy bien visto en las reuniones familiares en casa de López, sobre todo en las cenas en que esté presente su cuñado: Miguel Hernán Manovel García.

Manovel García no sólo está casado con la hermana de Enrique López: también es la mano derecha de José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel por el juez Garzón. El cuñado de López era el consejero delegado de UFC hasta este verano, cuando el imperio de Ulibarri empezó a tambalearse. Y es precisamente esta compañía la que Garzón puso como ejemplo de en qué consistía la trama corrupta de Francisco Correa.

En el demoledor auto de Baltasar Garzón sobre el caso Gürtel, se explica que, en resumen, la trama se dedicaba a cobrar comisiones por usar su influencia en el PP para conseguir pelotazos. Comisiones que luego repartía entre los urdidores. Y añadía, textualmente: "Como ejemplo de esta forma de actuar se puede citar la adjudicación de una parcela de terreno en Boadilla del Monte a la empresa UFC, de la que es administrador el imputado José Luis Ulibarri".

Tras estallar el caso Gürtel, Ulibarri fue puesto en el punto de mira de todos los medios de comunicación, aunque un medio de comunicación llevaba años denunciando, precisamente, esa oscura adjudicación en Boadilla del Monte. Las sospechas cortaron a Ulibarri el grifo de las Administraciones, su principal fuente de ingresos, y su imperio empezó a tambalearse: concursos de acreedores, ampliaciones de capital…

Ulibarri tomó medidas y disolvió la mayoría de consejos de administración de sus empresas y colocó a BEGAR S.A. como administrador único de todas ellas, tal y como hizo en UFC el 11 de agosto. La huída de sus consejeros fue masiva, pero junto a él se quedó Manovel, quien precisamente había sido colocado, sólo seis días antes, como vicepresidente de BEGAR S.A., con lo que su influencia sobre UFC seguía siendo amplia.

Desde luego, el protagonismo que Garzón dio a UFC en el caso Gürtel no gustaría mucho ni a Manovel ni a Ulibarri. Pero a su cuñado, el magistrado Enrique López no le faltan motivos para cargar con saña contra el juez estrella. Su vinculación con el Partido Popular es muy fuerte. Tanto que todas las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP le propusieron al mismo tiempo para el Tribunal Constitucional. A pesar de que no había cumplido 15 años de carrera judicial (requisito indispensable para tal puesto) y de que sus méritos apenas ocupaban sólo dos folios.

De hecho, Federico Trillo ha hecho pública la "satisfacción" del PP por el tirón de orejas a Garzón en un asunto que "se trata de un crimen gravísimo". Precisamente, la morcilla del "crimen gravísimo" es una de las dos que ha colado en el auto Enrique López, a espaldas de sus compañeros.

Cuando López era portavoz del Consejo General del Poder Judicial firmó un informe, que nadie había pedido, señalando lo que a su juicio eran "inconstitucionalidades" del Estatut. También intentó colar en un informe comparaciones de los matrimonios homosexuales con la zoofilia y los tríos sexuales. Ahora, sus morcillas sobre Garzón seguramente le valgan una nueva vela en la calle Génova, y puede que una palmadita en la espalda en la próxima reunión familiar.

(www.elplural.com, 18/02/10)

32. CASTILLA Y LEÓN. EL PP DE LEÓN INTENTÓ COLOCAR A ENRIQUE LÓPEZ COMO CABEZA DE LISTA PARA LAS GENERALES DE 2008

Enrique López es uno de los magistrados de cabecera del Partido Popular. , El Plural adelantaba que su condición de cuñado de Miguel Hernán Manovel García, mano derecha de Ulibarri, imputado en la Gürtel, podía haber influido en la inquina mostrada contra Baltasar Garzón en el auto del caso Faisán. Pero no sólo existen intereses personales de por medio, también políticos. Y es que, Enrique López podría estar ahora sentado en la bancada del PP en el Congreso de los Diputados. Los populares de León, su región natal, intentaron convencerle para que encabezara su lista para las elecciones generales de 2008, lo que finalmente acabó rechazando.

En noviembre de 2007, los partidos políticos ya preparaban sus listas para las generales de 2008. José Antonio Alonso, por entonces ministro de Defensa, repetiría como cabeza de lista en León. En el PP, después de 20 años, se plantearon que ya era hora de jubilar a Juan Morano. Y se puso un nombre sobre la mesa: Enrique López, vocal del Consejo General del Poder Judicial, tal y como cuenta Bierzo Diario.

Con la seguridad de que uno de los, por lo menos, dos escaños, irían para el PP, Enrique López acabó rechazando su candidatura y optó por seguir en su cargo judicial. Algo que seguramente agradeciese Morano, que pudo repetir, y sobre todo Carlos Roberto López Riesco, que pasó a compaginar el ser diputado con la alcaldía de Ponferrada, donde el señor Ulibarri, precisamente, se mueve como pez en el agua.

Finalmente, el PP volvería a ofrecer a Enrique López un nuevo retiro dorado: el Tribunal Constitucional. Las nueve cámaras autonómicas gobernadas por los populares propusieron al unísono a López y a Francisco Hernando para el Alto Tribunal, en un claro ejemplo de cómo se atenta contra el espíritu de una ley.

sí lo explicaba, por entonces, Javier Pradera en El País: "Francisco Hernando y Enrique López realizaron en los últimos siete años todo el trabajo sucio que les encargaba el PP. Ninguno de los dos es el ‘jurista de reconocida competencia’ que la Constitución exige y el Constitucional merece".

El Plural ya había denunciado entonces que López no cumplía los quince años de experiencia requerida. El currículum que enviaron al Senado las cámaras del PP era grueso, pero su labor judicial se resumía en dos folios. El resto, era paja: participación en actos del PP, artículos escritos en La Razón, ABC… y uno, destacaba López, escrito en Diario de León. Curiosamente, el periódico de Ulibarri.

Sus artículos en la prensa nacional no son más que otra faceta de su defensa de los intereses del PP. Tal y como denunció El Plural, Enrique López no dudó en utilizar su columna en La Razón para proponer "una solución, drástica, hasta cierto punto un poco antidemocrática", para evitar las informaciones periodísticas como las del caso Gürtel, provenientes de filtraciones: meter a los periodistas en la cárcel. Parece que, hasta que llegue la próxima oferta de oro del PP, López sigue acumulando méritos.

(www.elplural.com, 19/02/10)

33. REGIÓN DE MURCIA. VALCÁRCEL OLVIDA A LOS OBREROS DESPEDIDOS TRAS AVALAR LA COMPRA DE UNA EMPRESA CON 30 MILLONES

las manos tras el despido de unos 250 trabajadores de la empresa Conservas Fernández, de Calasparra, durante el pleno celebrado en la Asamblea Regional de Murcia. Estos trabajadores han sido despedido tras la compra de la citada empresa por parte de Cofrusa, cuando el gobierno regional que preside Valcárcel avaló la citada compra con 30 millones de euros a cambio del mantenimiento de sus puestos de trabajo.

El diputado regional de Izquierda Unida Los Verdes, José Antonio Pujante, ha acusado a Valcárcel de mostrar una tremenda insensibilidad con los trabajadores, que se encontraban concentrados frente al parlamento regional.

En una declaración promovida por IU Los Verdes se ha solicitado al ayuntamiento de Calasparra, a la delegación del Gobierno en Murcia y al gobierno que preside Valcárcel que realicen un mayor esfuerzo para el cumplimiento de los compromisos establecidos para el otorgamiento de dicho aval de 30 millones de euros y, por consiguiente, con el mantenimiento y creación de empleo.

(www.vegamediapress.com, 19/02/10)

34. REGIÓN DE MURCIA. LA POLICÍA LOCAL DE MAZARRÓN REPRIME UNA COMPARSA DEL CARNAVAL POR SER CRÍTICA CON EL ALCALDE

La policía local de Mazarrón ha intentado impedir por todos los medios la presencia en el desfile de carnaval de domingo, de una comparsa organizada por la Asociación Contra el traslado del mercado de abastos, crítica con la política del alcalde. El regidor municipal emitió semanas pasadas un edicto en el que exigía conocer de antemano los motivos de los disfraces de las comparsas, así como las matrículas y dimensiones de los vehículos, con el fin de censurar grupos y disfraces alusivos a su persona y el equipo de gobierno.

La asociación se presentó con una comparsa en la que iban disfrazados de policías municipales, guardias civiles, manifestantes, y un vecino que simulaba ser el alcalde acompañado por otro que figuraba ser un corrupto con un maletín. Una concejala les espetó: "¡Veremos a ver si termináis el desfile"!

Desde el primer momento, se les negó, como sí disponían otras comparsas, un coche con música. Pero, dicen desde el colectivo, "nuestro presidente, conduciendo su vehículo particular, irrumpe en el desfile, abriéndose paso con todo el derecho del mundo,  y con dos  buenos altavoces en el techo. ¡El equipo de megafonía de reserva que teníamos preparado porque sabíamos de las maneras de este alcalde!".

La policía también quiso quitar la pancarta que llevaba el nombre de la asociación, e insistieron en varias ocasiones pidiendo la documentación para poder salir en el desfile.

Luis Villa, uno de los vecinos que iba disfrazado de Guardia Civil, con una pistola de plástico, fue retenido durante cuarenta y cinco minutos en el coche policial, sin motivo aparente. El vecino fue puesto en libertad finalmente tras la protesta de sus paisanos, que no entendían el motivo de la detención, aunque los municipales argumentaban que habían sido encañonados con la pistola de juguete. El hombre dijo que haría responsable a la policía si a su hija de nuevo años le pasaba algo, pidió a los agentes que se identificaran pero estos se negaron, a pesar de que la ley les obliga a esta identificación.

La policía también intentó impedir la captura de fotografías de todos estos incidentes, e intentaron, con poco éxito, reprimir y boicotear un acto festivo y la libertad de expresión.

Recordemos que la policía de Mazarrón multó anteriormente a dos vecinos con 250 euros por silbar al alcalde, Francisco Blaya, del Partido Popular.

El presidente de la Asociación, Damián Arias, tuvo que personarse en el cuartelillo de los locales para demostrar que tenía autorización para conducir el coche de megafonía durante el desfile, acompañando la comparsa. La megafonía emitía continuamente chirigotas con letras alusivas a la gestión política del munícipe y sus concejales. "Nuestro presidente se ha visto obligado a comparecer en el cuartelillo de la Policía Local para aclarar los hechos, que daban risa explicar", aseguran.

Las actuaciones policiales han deslucido el desfile, pero "se ha escuchado nuestra música, y nuestras chirigotas, que todo el mundo ha tarareado. Que han servido de risa, de sarcasmo, de crítica, de lo que es un carnaval, aún en este municipio torturado por la dictadura de su alcalde".

La comparsa mazarronera llegó a su destino  casi sin espectadores (desde las Cuatro Esquinas) a una Plaza del Ayuntamiento  desierta. Cantaron por penúltima vez sus chirigotas y entonces "se ha vuelto a liar".

En lugar de terminar felizmente el Carnaval, fueron abordados otra vez por doce agentes de la Policía Local. "Una fuerza de choque que daba miedo".

Los vecinos no descartan multas y "otro tipo de represiones" en los próximos días por ejercer su derecho a la libertad de expresión y a vivir el carnaval con buen humor, aunque sea crítico, y no guste a la autoridad competente, o incompetente, visto el caso.

(www.vegamediapress.com, 14/02/10)

35. ISLAS BALEARES. ESTARÀS DICE QUE MATAS ERA RESPONSABLE DE LAS DECISIONES SOBRE EL PALMA ARENA

La eurodiputada y ex vicepresidenta del Ejecutivo autonómico en la pasada legislatura, Rosa Estaràs, que hoy declaró como testigo en el caso Palma Arena, apuntó en su comparecencia ante el juez de instrucción número 3, José Castro, al ex presidente del Govern, Jaume Matas, como el principal "interesado" en que el avance de las obras del velódromo y le responsabilizó a él personalmente de las principales decisiones tomadas en torno a la construcción.

En una declaración que se prolongó durante más de tres horas, la ex presidenta del PP balear fue interrogada sobre los contratos presuntamente irregulares que fueron rubricados en la pasada legislatura para la ejecución de la infraestructura 'estrella' del ex presiente Matas, aunque se desvinculó de cualquier infracción y manifestó que "no asistía" a las actas donde se suscribían estos acuerdos. Estaràs se ha desvinculado de la construcción del velódromo y durante la declaración se refirió en varias ocasiones a Matas como el máximo responsable de las decisiones sobre el Palma Arena.

Por su parte la ex consellera de Presidencia y Deportes Rosa Puig llegó alrededor de las 11.00 horas, aunque su declaración estaba prevista para las 13.15 h. A las 13.30 h llegó a los Juzgados ex conseller de Turismo Joan Flaquer, si bien los interrogatorios se prolongarán durante la tarde.

Jaume Matas, que actualmente reside en Nueva York, deberá prestar declaración ante el juez el próximo 23 de marzo, al estar imputado en este caso por el presunto enriquecimiento ilícito de su patrimonio y su conexión con el desvío de 48 millones de euros producido durante la ejecución del velódromo.

Los últimos hechos acontecidos en torno al caso Palma Arena se produjeron el pasado día 1 de febrero cuando el juez Castro dictó un auto por el que desestimó la petición de uno de los letrados del caso, Gregorio San José, quien solicitó la nulidad de las investigaciones sobre el patrimonio de Matas en el marco del caso.

En su auto, Castro considera "obligada" la continuidad de las investigaciones del patrimonio del ex presidente por ser "uno de los principales destinos" de los 50 millones de euros desviados en la construcción del velódromo y "en razón de un origen indiciariamente delictivo del mismo".

(www.diariodemallorca.es, 17/02/10)

36. ISLAS BALEARES. UN EMPRESARIO ADMITE QUE CONTRATÓ A AREAL POR SER LA MUJER DE MATAS

Miguel Martorell, uno de los dos propietarios de la consultoría Martorell Asociados, reconoció ante el juez del caso Palma Arena, la presunta trama de corrupción en torno al velódromo público del mismo nombre, que contrató durante 14 meses a Maite Areal no por sus méritos como relaciones públicas, sino porque era la esposa del entonces president del Govern Jaume Matas. Martorell y su socio Miquel Amnegual declararon como testigos y el juez les advirtió de que podían acabar imputados por blanqueo de dinero.

Martorell Asociados, antes Centro de Cálculo Balear, pagó, mientras Matas era el presidnet del Govern del PP, unos 2.300 euros al mes como "directora de marketing".

La consultora tuvo como relaciones públicas a Maite Areal desde noviembre del 2005 hasta diciembre del 2006, aunque le pagó tres nóminas más en 2007, que la esposa del president devolvió.
"Trabajaba en el departamento de marketing como relaciones públicas, buscaba clientes para la sociedad en la calle (fuera de la empresa); no tenía horario, iba por libre; cobraba unos 2.000 euros netos al mes. Al final no consiguió ni un cliente y cuando se lo reprochamos, se marchó", declararon en diciembre pasado ante la Guardia Civil dos de los administradores de la consultora.

Miguel Amengual manifestó ante el juez José Castro, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y varios abogados de las defensas (Rafael Perera, Gabriel Garcías, José Ignacio Herrero; Gregorio San José; Llorenç Salvà, etc) que su socio se ocupó del trabajo de Maite Areal.

Amengual admitió que no vio mucho a la relaciones públicas por las oficinas de la asesoría, donde Areal tenía una mesa asignada.

Después, le llegó el turno de declarar a Miguel Amengual, que fue advertido por el instructor de que podría acabar imputado en un presunto delito de blanqueo de dinero negro del entonces president Jaume Matas por el contrato a Maite Areal.

Martorell, entre otros extremos, indicó que la mujer del ex ministro de Medio Ambiente tardó unos cinco meses en incorporarse al trabajo, al que tampoco dedicó mucho tiempo con posterioridad.
El empresario ante la Guardia Civil afirmó que su relación con la familia Matas se derivaba de que un hijo del president era compañero de clase de su hijo. En esa manifestación aseguró que fue Maite Areal quien le pidió trabajo y él la fichó al pensar que podía ayudarle a captar clientes, dadas sus amplias relaciones sociales.

Tras su paso por Martorell Asociados, Areal fue fichada por la empresa propietaria del hotel Valparaíso de Palma, vinculada al ex alcalde de Muro Miquel Ramis. El empresario hotelero y político también tenía que haber declarado como testigo para explicar por qué contrató a Maite Areal y qué trabajos hizo para su establecimiento, pero una enfermedad impidió su presencia. El hotel Valparaíso abonó nóminas superiores a Areal como relaciones públicas.

Por otro lado, el juez Castro ha imputado a Antoni Obrador, el decorador que se encargó de la reforma y el equipamiento de las casas de Matas. El juez también ha citado otra vez como imputado al aparejador de Obrador.

(www.diariodemallorca.es, 17/02/10)

37. ISLAS BALEARES. EL JUEZ INVESTIGA EN UNA PIEZA SECRETA SI HUBO FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

El juez del caso Palma Arena, José Castro, lleva semanas investigando, dentro de una pieza separada y secreta del sumario, una presunta trama de financiación ilegal del Partido Popular (PP) de Balears en la pasada legislatura. , Rosa Estarás, ex presidenta de dicha fuerza, fue interrogada, en calidad de testigo, dentro de esa pieza secreta.

La comparecencia de Estarás pasó desapercibida para muchos de los periodistas que cubrieron las diligencias del caso Palma Arena. Estarás, tras repasar su declaración como testigo en la pieza principal del sumario, fue conducida a un despacho, donde fue interrogada por el magistrado y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach. Esa segunda comparecencia fue interpretada en los pasillos como una demora en la revisión de su primera declaración.

De hecho en el sumario principal del Palma Arena ya se estaba investigando un presunto delito electoral, relacionado con servicios prestados por la agencia de publicidad Nimbus al PP. También en la causa aparecen imputados Fernando Areal, gerente del PP insular entre 2003 y 2008, cuñado y presunto testaferro del ex president del Govern Jaume Matas, el principal encausado.

En el registro practicado con órdenes judiciales en dicha agencia fueron localizados algunos documentos contables, donde aparecían llamativas notas manuscritas. Una de estas anotaciones era "si la venta va por B como al PP, no se pone", frase que fue interpretada en el sentido de que la agencia no facturó determinados servicios al partido para que éste no se excediese de su límite de gastos para la campaña.
El propio representante legal de Nimbus, Miguel Romero, ha admitido en sus declaraciones que parte de los trabajos para el PP no los facturó oficialmente. Romero apuntó a Fernando Areal como la persona que le había pagado con dinero negro esa parte de la campaña. La pieza secreta trata sobre otras ramificaciones de esta presunta red de financiación irregular del PP, que podría ser constitutiva de un delito electoral, falsedades documentales y otras infracciones al Código Penal.

Estarás en su primera declaración fue interrogada acerca de los gastos electorales de su partido y de las relaciones de éste con Nimbus.

La eurodiputada manifestó no conocer a Miguel Romero, ni saber nada de un gasto de 160.000 euros que tuvo que ser fraccionado entre 14 empresas. Estarás dijo que los gastos electorales siempre los autorizaba Fernando Areal.

(www.diariodemallorca.es, 18/02/10)

38. ISLAS BALEARES. EL JUEZ FIJA FIANZAS DE 250.000 EUROS PARA EL JEFE DE PRENSA DEL PP Y PARA ANTONIO ALEMANY

El juez de instrucción 3 de Palma, José Castro, fijó por la tarde sendas fianzas de responsabilidad civil de 250.000 euros para Joan Martorell –actual jefe de prensa del PP– y para el periodista Antonio Alemany. A ambos les fue retirado asimismo el pasaporte, tras ser interrogados por el magistrado y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, dentro de las pesquisas de una pieza secreta del caso Palma Arena. La investigación está ligada a la presunta financiación ilegal de los populares durante la presidencia de Matas.

Martorell ocupó la dirección general de comunicación del anterior Govern. Al actual jefe de prensa del PP, que figura como imputado, se le preguntó sobre una serie de contratos y subvenciones que realizó su departamento a través de la empresa de publicidad Nimbus, que aparece en el sumario en torno al velódromo palmesano.

Además de Martorell, también se tomó declaración noche como imputado al periodista Antonio Alemany, editor de la publicación digital "Libertadbalear", para aclarar unas ayudas económicas recibidas del anterior Govern. Con anterioridad el juez ya había tomado declaración a varios empleados de la agencia de publicidad que realizó la campaña del Partido Popular en la última cita electoral.

La jornada de fue frenética en el juzgado de instrucción 3, que lleva meses investigando los presuntos desvíos de fondos públicos en las obras y primeros eventos del Palma Arena, así como los supuestos descuadres patrimoniales de Jaume Matas, president del Govern del PP entre 2005 y 2007, cuando se diseñó y construyó el velódromo público.

La nueva línea de investigación se abrió hace algunas semanas tras descubrirse documentación sospechosa en la agencia Nimbus, cuyo principal responsable figura entre los imputados en la pieza principal. Aunque estaba previsto que declarara de nuevo el propietario de esta empresa, Miguel Romero, quien ya fue detenido el pasado verano, este trámite fue aplazado. Su abogado presentó un informe médico en el que se señala que Romero ha sufrido un revés en su estado de salud y que en estos momentos no sería conveniente que se le tomara declaración.

El grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional se encarga de investigar esta ramificación del caso y los agentes tenían órdenes de localizar y citar a empleados de la agencia de publicidad, profesionales de la comunicación y empresarios. Tres de los convocados, vinculados laboralmente al grupo de empresas de Nimbus, prestaron declaración entre las 9,30 y las 11,45 de la mañana ante el juez y el fiscal. El abogado Antoni Coll asistió a uno de ellos, una mujer. Varios de estos empleados ya habían declarado con anterioridad y detallaron el proceso publicitario que se siguió para promocionar esta obra deportiva del Govern Matas.

Después, el juez tomó declaración como testigo al ex conseller de Turismo, Joan Flaquer, pero en la pieza principal. Más tarde, continuaron los interrogatorios dentro de la pieza secreta que se reanudaron hasta bien entrada la tarde, tras una pequeña pausa para comer.

Al parecer, los investigadores tratan de esclarecer si fondos públicos del anterior Govern sirvieron para abonar gastos electorales del PP, tras pasar por agencias publicitarias o empresas de comunicación.Estos fondos podrían haberse dado como subvenciones para determinadas actividades o en forma de campañas publicitarias o promociones diversas. La cuantía del presunto descuadre no ha trascendido, pero sí que se ha sabido que los métodos empleados para desviar esos caudales públicos habrían sido bastante burdos.

En la pieza principal del caso Palma Arena ya existían indicios de la comisión de un presunto delito electoral por parte de dirigentes del PP y algunos de sus proveedores para las campañas. En el registro practicado en la agencia Nimbus fueron localizados algunos documentos contables, donde aparecían llamativas notas manuscritas. Una de estas anotaciones era "si la venta va por B como al PP, no se pone", frase que fue interpretada en el sentido de que la agencia no facturó determinados servicios al partido.

(www.diariodemallorca.es, 19/02/10)

39. ISLAS BALEARES. EL TRIBUNAL SUPERIOR CONFIRMA LA CONDENA A RODRIGO DE SANTOS POR MALVERSACIÓN

La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha desestimado el recurso de apelación presentado por Javier Rodrigo de Santos y el ministerio fiscal contra la sentencia por la que se le condenaba como autor responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos a penas de dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación absoluta. El Tribunal aceptó las atenuantes de reparación del daño y drogadicción.

La Sala confirma en su totalidad la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2009 por presidente del Tribunal del Jurado, Carlos Izquierdo Téllez, contra el ex teniente de alcalde del ayuntamiento de Palma y no acepta ninguna de las alegaciones presentadas por la defensa ni por la fiscalía. En su apelación, la defensa de De Santos pedía una rebaja de la pena a nueve meses de cárcel, al considerar que se debía estimar como "muy cualificada" la atenuante de reparación del daño, así como apreciar la de confesión y colaboración.

Por su parte, el ministerio fiscal pedía un aumento de la misma porque alegaba que "ha existido infracción legal al aplicar la circunstancia atenuante de drogadicción "cuando la misma no era aplicable".
De Santos está actualmente en prisión por esta causa y por su condena a trece años y seis meses por abusos sexuales a menores y delitos contra al salud pública, hechos que fueron juzgados posteriormente en otro procedimiento.

La Audiencia de Palma acogió a partir del pasado día 8 de septiembre la vista de apelación contra la resolución que condena al ex responsable de Urbanismo por gastar durante la anterior legislatura a cuenta de la tarjeta Visa de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos (EMOP) 53.202 euros en prostíbulos masculinos y drogas.

Según la resolución, si bien es cierto que De Santos reintegró el dinero malversado, no se puede considerar que esta reparación del daño fuera relevante, puesto que no lo hizo de forma inmediata, ya que devolvió la cantidad en marzo de 2008 y sustrajo el dinero entre 2006 y 2007.

(www.diariodemallorca.es, 17/02/10)

40. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. REBELIÓN EN EL PP NAVARRO POR EL 'CASO GÜRTEL'

La trama Gürtel está provocando un polvorín en el PP navarro. La corriente del PP "Democracia y Libertad" ha pedido hoy la dimisión del presidente regional de los conservadores, Santiago Cervera, por su negativa a señalar a los "que desprestigian al partido", que según ellos son los responsables del caso Gürtel, "que están muy bien hospedados en Génova 13". Apuntan directamente a la cabeza del Partido Popular en España. Los movimientos en el PP navarro llevan gestándose varios días, y Cervera ha amenazadado con expulsar a este grupo por sus críticas públicas a la dirección.

"Democracia y Libertad" considera que Cervera se cree "envuelto en la aureola del poder" para "hacer lo que le dé la gana" porque cree que los militantes son "meros borreguitos". Sin embargo afirma que en el caso de los afiliados navarros, entre los que se encuentra el delegado de esta corriente en la Comunidad Foral, Andrés Valencia, no hacen sino ejercer el derecho a la libertad de expresión recogido en la Constitución.

Por eso "Democracia y Libertad" indica a Cervera en un comunicado que es "una lástima" para el partido que una persona como él les represente como presidente del PP de Navarra y le recuerdan que hay presentadas tres demandas en los tribunales para pedir la nulidad del congreso en el que fue elegido y la de su propia elección.

"Democracia y Libertad" asegura por ello su apoyo al grupo de compañeros advertidos de un posible expediente por Cervera, un apoyo que dan "por justicia y equidad", ya que en su opinión "esta persecución" es consecuencia de que se presentara en el PP de Navarra una candidatura alternativa a la "oficialista" y eso "los demócratas no lo perdonan".

"Esos avisos de expulsiones los aprovecha usted para quitar políticamente de en medio a las personas que le molestan, que disienten, que no se doblegan ni apesebran, si le podemos llamar disentir a atreverse a presentar una candidatura contra la candidatura oficialista impuesta a dedo por los órganos del partido", concluyen.

(www.publico.es, 15/02/10)