ÍNDICE

1. RAJOY RECHAZA EL GOBIERNO DE CONCENTRACIÓN QUE PIDIÓ AGUIRRE

2. AGUIRRE DEFIENDE EN PÚBLICO SU PROPUESTA DE UN GOBIERNO DE CONCENTRACIÓN

3. EL PP EVITA DISCULPARSE POR LA QUERELLA A CHAVES Y LE ATACA DE NUEVO

4. LA BERLUSCONIZACIÓN DE AZNAR

5. LA SENADORA COSPEDAL CREE "FACILÍSIMO" PROBAR QUE TRABAJA

6. EL PP ELEVA LAS CRÍTICAS AL PACTO ANTICRISIS Y AHORA LO TACHA DE "PATRAÑA"

7. EL 'CASO GÜRTEL' REVIENTA LA 'FONTANERÍA' DE RAJOY Y ENFRENTA A GÉNOVA CON VALENCIA

8. LA MUJER DEL TESORERO DEL PP, LUIS BÁRCENAS, NO TIENE TRABAJO CONOCIDO, PERO EN 2008 PAGÓ UNA CASA EN BAQUEIRA

9. LA TRAMA CORRUPTA PIDE ANULAR EL PROCESO

10. EL VOCAL DE SEGURIDAD VIAL DEL PARTIDO POPULAR DIMITE AL SER CAZADO BORRACHO AL VOLANTE

11. CATALUÑA. CAMACHO EXIGE A SUS COMPAÑEROS DEL PP QUE EVITEN DECLARACIONES ANTICATALANAS

12. CATALUÑA. SIRERA ALERTA DEL RIESGO DE RAPTO DE NIÑOS POR UN RUMOR SIN PRUEBAS

13. CATALUÑA. DIMITE UN EDIL DEL PP DE MATARÓ POR MEDIAR PARA UN CLIENTE EN LA APERTURA DE UN PROSTÍBULO

14. GALICIA. FEIJÓO JUSTIFICA EL GESTO DE AZNAR INVOCANDO SU ORIGEN GRECORROMANO

15. GALICIA. UNA JUEZ PIDE AL TRIBUNAL SUPERIOR QUE INVESTIGUE AL CONSELLEIRO HERNÁNDEZ

16. GALICIA. EL ALCALDE DE PORTAS CULPA A LOS FUNCIONARIOS DE CONTRATAR A SUS EMPRESAS

17. GALICIA. IMPUTADA POR ESTAFA UNA CONCEJAL DE ABEGONDO

18. ANDALUCÍA. LA DELEGADA DE EL PALO ADMITE SU "ERROR" CON LAS AYUDAS

19. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE HA DUPLICADO EN SIETE AÑOS LOS DIRECTIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL

20. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE CRITICA QUE ZAPATERO GASTE 151 MILLONES DE EUROS EN PUBLICIDAD AUNQUE ELLA MALGASTÓ 700 EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS

21. COMUNIDAD DE MADRID. LAMELA, EX CONSEJERO DE AGUIRRE, REFUERZA SU ASESORÍA CON LA SUSTITUTA DE CORREA

22. COMUNIDAD DE MADRID. UN TRIBUNAL DECLARA "NULA" UNA VÍA QUE FAVORECÍA AL EX DIRECTOR DE URBANISMO

23. COMUNIDAD DE MADRID. NUEVE ALTOS CARGOS DEL PP DE MADRID DEFRAUDARON A HACIENDA 3,8 MILLONES

24. COMUNIDAD DE MADRID. CONDENA A TELEMADRID POR VULNERAR EL DERECHO A LA HUELGA DE SUS EMPLEADOS

25. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS DEJA EN EVIDENCIA A RAJOY

26. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS, EL MÁS POBRE DEL CONSELL DECLARA UNA CUENTA CON 900 EUROS Y LA MITAD DE UN PISO DE 110.000

27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DEFIENDE EL ESCASO PATRIMONIO DE CAMPS Y SE OLVIDA DE LAS SOSPECHAS QUE LEVANTÓ CONTRA CHAVES

28. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS DESTINA DOS MILLONES A CERRAR LA FUNDACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA

29. COMUNIDAD VALENCIANA. RTVV SUSPENDE A SU ´NÚMERO DOS´ TRAS LA DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL DE TRES EMPLEADAS

30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP VALENCIANO MONTA LA BRONCA EN EL PARLAMENT

31. COMUNIDAD VALENCIANA. "ME AVERGONZARÍA DE TENER UNA HIJA COMO USTED, PERO COMO POSIBLEMENTE NO CONOCE A SU PADRE..."

32. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS DESTINA DOS MILLONES A CERRAR LA FUNDACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA

33. COMUNIDAD VALENCIANA. UNA SENTENCIA DEL TSJ CONSIDERA ILEGAL LA OBJECIÓN A LA ASIGNATURA DE CIUDADANÍA

34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSEJERO QUE IGNORABA LO QUE PASABA EN SU FUNDACIÓN

35. COMUNIDAD VALENCIANA. LA NÚMERO DOS DE CANO EN POLOP DIMITE COMO CONCEJAL

36. COMUNIDAD VALENCIANA. EL EX ALCALDE QUE COBRÓ POR 300 CASAS ILEGALES, LIBRE POR 6.000 EUROS

37. ISLAS CANARIAS. SUSTITUIDO EL PORTAVOZ DEL PP CANARIO POR CRITICAR EL VIAJE DE RIVERO A CUBA

37. REGIÓN DE MURCIA. LA JUSTICIA INVESTIGA LAS ADJUDICACIONES Y CONTRATOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD

38. REGIÓN DE MURCIA. LA COMUNIDAD AUTÓNOMA GASTÓ MILLONES DE EUROS EN PUBLICIDAD DE DUDOSA RENTABILIDAD

39. ISLAS BALEARES. MATAS PAGÓ POR UN ESTUDIO ELECTORAL AL BUFETE QUE LE CONTRATÓ MÁS TARDE

40. ISLAS BALEARES. EL JUEZ IMPUTA POR BLANQUEO DE DINERO A LOS EMPRESARIOS QUE CONTRATARON A MAITE AREAL

41. ISLAS BALEARES. EL JUEZ IMPONE UNA FIANZA DE 1,1 MILLONES DE EUROS A HIDALGO Y EL FISCAL PIDE OCHO AÑOS DE CÁRCEL

42. ISLAS BALEARES. EL JUEZ IMPUTA A LA EX DIRECTORA DE IB3 POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

43. PRINCIPADO DE ASTURIAS. A PESAR DE LA OPOSICIÓN DE COSPEDAL, ALVAREZ CASCOS SE PRESENTARÁ COMO CANDIDATO DEL PP EN ASTURIAS

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1. RAJOY RECHAZA EL GOBIERNO DE CONCENTRACIÓN QUE PIDIÓ AGUIRRE

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha rechazado de forma contundente cualquier posibilidad de conformar un gobierno de concentración con el PSOE para sacar a España de la actual crisis económica. Ha rechazado, en suma, la boutade que lanzó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en una reunión interna del partido.

Además de negar cualquier posibilidad de que la 'idea' de la lideresa pueda tan siquiera ser debatida, Rajoy ha afeado a los medios de comunicación la interpretación que hicieron de las palabras de Aguirre, ya que considera que "no se puede confundir un comentario irónico con una propuesta que no se ha producido" y que "nadie ha propuesto" de manera formal. 

Según afirmó en rueda de prensa, en estos momentos "no" hay ninguna posibilidad de establecer un gobierno de concentración entre socialistas y populares para resolver la situación de la economía.

Aguirre tomó la palabra el lunes en una reunión a puerta cerrada del Comité Ejecutivo Nacional del PP para comentar ante sus compañeros que si Zapatero quiere realmente un pacto con la oposición debería conformar un gobierno de concentración con Cristónal Montoro como ministro de Economía y Javier Arenas como ministro de Trabajo.

Rajoy, que escuchó en directo aquellas palabras, afirmó con gesto serio a los periodistas que "no se puede confundir un comentario irónico con una propuesta que no se ha producido".

Ante la reunión que el Gobierno ha convocado el jueves con los grupos parlamentarios para acordar medidas económicas contra la crisis, Rajoy explicó que su partido acudirá con la voluntad de ayudar e incluso de apoyar a Zapatero si pone sobre la mesa un "plan serio, solvente, creíble y entendible" para el conjunto de los ciudadanos.

Señaló que el presidente del Ejecutivo debe hacer en esta ronda de contactos "lo contrario de lo que dijo que iba a hacer" si quiere resolver dos problemas graves de la economía como la falta de crédito del sistema financiero y el exceso de endeudamiento de las familias, las empresas y las administraciones públicas. Rajoy pidió dar respuestas a estas dos "prioridades básicas" de la economía, cuya situación atribuyó al "carrusel de despropósitos económicos" llevados a cabo por el Ejecutivo en los últimos años "a tontas y a locas".

Criticó que Zapatero "no hace nada" para sacar a España de la crisis y por eso se encuentra con un problema de endeudamiento público, de déficit exterior y de falta de competitividad. Finalmente, Rajoy denunció que el presidente del Gobierno se dedicó a vivir de la "autocomplacencia" cuando las cosas iban bien y luego pasó al "engaño" para tratar de negar la realidad de la economía.

(www.publico.es, 23/02/10)

2. AGUIRRE DEFIENDE EN PÚBLICO SU PROPUESTA DE UN GOBIERNO DE CONCENTRACIÓN

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que si Rodríguez Zapatero quisiera hacer un pacto de Estado "a fondo" y "de verdad" con los grupos políticos debería proponer un gobierno de concentración, porque eso "no es raro" y se ha hecho "en muchos países". Aguirre ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP de Madrid, que se ha celebrado en la localidad madrileña de Mejorada del Campo.

Por tres veces la presidenta se ha negado a responder a la prensa cuando le han preguntado si en el Comité Ejecutivo Nacional del pasado lunes se posicionó a favor de un gobierno de concentración PSOE-PP, con dos ministerios -Trabajo y Economía- para los "populares", tal y como se filtró a los medios y pese a que el propio Rajoy calificó las palabras de la también presidenta del PP madrileño de "irónicas".

Según Aguirre, las deliberaciones de las reuniones internas del partido "son secretas" y no deberían haberse "filtrado", pero a título personal ha opinado que "los pactos por sí mismos no significan nada" porque "lo importante es lo que se pacta, las cuestiones que se pactan".

En su opinión, si "de verdad" el Gobierno de Rodríguez Zapatero quiere pactar con los demás partidos debería proponer "un pacto de Estado a fondo", es decir "un Gobierno de concentración" porque de no ser así, ha dicho, se trataría sólo de "pactos puntuales".

Personalmente ha indicado que "su opinión" es que Rodríguez Zapatero "no quiere pactar" y que coincide con el líder del PP, Mariano Rajoy, en que el Gobierno debería tener en cuenta que "aquí hay unos señores que son la primera fuerza política de la oposición" y que "han demostrado sobradamente que saben invertir la tendencia" para sacar a España de la crisis.

(www.elpais.com, 24/02/10)

3. EL PP EVITA DISCULPARSE POR LA QUERELLA A CHAVES Y LE ATACA DE NUEVO

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, se defendió con un ataque del varapalo del Tribunal Supremo, que ha archivado la querella de su partido contra el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves. El Supremo considera que el supuesto tráfico de influencias que denunció el PP -al conceder la Junta de Andalucía una subvención a una empresa minera en la que trabajaba la hija de Chaves cuando éste era presidente andaluz- está basado en "conjeturas" y le reprocha haber acudido a la vía penal.

Sin pedir disculpas, ni bajar el tono de sus acusaciones, como le ha exigido el PSOE, Arenas aseguró que mantendrá viva la vía, que inició su partido hace unos meses, contencioso-administrativa por la supuesta incompatibilidad en la concesión. Arenas trasladó su respeto "profundo" a la decisión del alto tribunal, al tiempo que volvió a la carga en su acusación a Chaves. "Todavía nadie ha explicado por qué votó esa subvención cuando tenía el deber legal de abstenerse", insistió en un argumento ya descartado explícitamente por el Supremo, cuya decisión será recurrida por el PP. Arenas confió en que la Sala de lo Contencioso responda a todas las dudas del PP sobre el incentivo concedido a Minas de Aguas Teñidas.

Manuel Chaves, por su parte, cargó contra el PP, y en especial contra Javier Arenas. Afirmó que éste "ha actuado sin escrúpulos políticos y humanos", y le reprochó que utilizara a Paula Chaves -empleada de la multinacional minera canadiense- "para tapar sus derrotas electorales durante 20 años. Ni en la política ni en la vida todo vale", enfatizó el ex presidente andaluz.

Para Chaves, la querella de los populares estaba basada "en el rencor personal y el resentimiento", elementos que suponen un "mal bagaje" para quien pretende gobernar Andalucía. "Han vendido una gran mentira e insidia", recalcó. Y concluyó: "No les voy a pedir que presenten disculpas, no lo van a hacer. En la estrategia de la derecha, cuando quieren destruir al adversario político no entra el pedir disculpas. Y, sobre todo, porque creo que ni los dirigentes del PP, y sobre todo Javier Arenas, no tienen ni la categoría humana ni la dignidad suficientes y necesarias para pedir disculpas".

(www.elpais.com, 20/02/10)

4. LA BERLUSCONIZACIÓN DE AZNAR

El líder del PP, Mariano Rajoy, calificó de "anécdota" la imagen del expresidente del Gobierno José María Aznar con el dedo corazón de su mano izquierda extendido en señal de grosero desafío hacia un grupo de estudiantes que le increpaban en la Universidad de Oviedo. La "anécdota" del dedo de Aznar ocupó un lugar preferente en las portadas de buena parte de los diarios que se publican en España y trascendió a la prensa internacional. Rajoy no quiso comentarla y se limitó a apuntar que a Aznar "se le conocerá por lo que hizo cuando estaba en el Gobierno". No la justificó, como sí hicieron algunos dirigentes de su partido. La procesión iba por dentro. Rajoy entendió desde el primer momento que el gesto de su antecesor en el cargo había vuelto a comprometer el sello de seriedad y moderación que él trata de imprimir al PP. No es la primera vez que ocurre.

Desde que abandonó la presidencia del Gobierno en marzo del 2004, José María Aznar López se ha distinguido por mantener un fuego de ataque continuo contra su sucesor (actitud muy alejada del distanciamiento de la política activa por el que optó Felipe González tras pasarle el testigo en 1996 e inconcebible en países como Estados Unidos) y por protagonizar escenas chocantes que, si bien encajan con el talante jactancioso y retador que exhibió especialmente en su última etapa al frente del Ejecutivo, se avienen mal con el papel institucional que se le supone a un expresidente.

Además de los exabruptos más o menos altisonantes con que ha calificado la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (al que el jueves llamó "pirómano"), Aznar ha contribuido en los último años al éxito de Youtube con episodios como el chispeante (o achispado) discurso que en mayo del 2007 pronunció en la Academia del Vino de Castilla y León, en el que arremetió contra los límites de velocidad y de alcoholemia en las carreteras. "Las copas de vino que me tomo, déjeme que las tome tranquilamente, que no pongo en riesgo a nadie", afirmó aludiendo a la Dirección General de Tráfico.

Otro momento controvertido tuvo lugar en octubre del 2006, cuando fue interpelado por una reportera del canal Cuatro y, por toda respuesta, firmó el libro que le había extendido la periodista y le introdujo el bolígrafo por el escote.

Han sido escenas como estas las que han convertido a Aznar en un personaje mediático al que las siguen cámaras esperando no tanto que exprese alguna idea interesante como que depare un buen momento televisivo. A la manera de Silvio Berlusconi, Aznar ha pasado a ser un dirigente valorado sobre todo por su capacidad para resultar inapropiado. Para armarla en cualquier momento y cualquier situación.

Ese paralelismo con el primer ministro italiano no ha pasado inadvertido a algunos de los políticos que opinaron sobre la peineta que el expresidente dedicó a los universitarios. El secretario general de ICV, Joan Herrera, señaló que con su gesto "arrogante y prepotente", Aznar "se homologa a otros altos dirigentes del planeta como Silvio Berlusconi, que también es capaz de hacer estas cosas". También el exdiputado de IU Antonio Romero calificó la acción de "berlusconada".

Por parte del Gobierno, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, apuntó que la escena "no ayuda mucho a mantener la idea de respeto" y, más afilado, el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, señaló que el gesto "obsceno y grosero" del dedo corazón refleja "una actitud política y humana un tanto deleznable". Pero más que las críticas, a los dirigentes del PP les debió doler la ocasión que Aznar brindó a Zapatero para que este subrayara su condición de hombre de Estado cuando durante su visita a Londres fue interrogado sobre este asunto. "Fuera de España –declaró– no voy a decir nada de un expresidente del Gobierno y, seguramente, en España, tampoco, a pesar de sus permanentes manifestaciones". Lo tenía en bandeja.

(www.elperiodico.com, 20/02/10)

5. LA SENADORA COSPEDAL CREE "FACILÍSIMO" PROBAR QUE TRABAJA

El primer cuerpo a cuerpo público con el Gobierno central, en una intervención parlamentaria, ha indigestado a María Dolores de Cospedal. El martes, la secretaria general del PP debutó en el Pleno de la Cámara alta, 22 meses después de jurar su cargo como senadora, con una pregunta oral a la ministra de Defensa. Carme Chacón desarmó a su oponente recordándole que había dejado transcurrir casi dos años "sin haber abierto nunca la boca" y amonéstandole por inquirirle sobre una cuestión sin "fundamento", la falsa conversión del aeropuerto de Ciudad Real en una base logística militar de EEUU. Cospedal reaccionó. No hubo acto de contrición, sino ataque a su primera y, hasta la fecha, última rival en el Senado. La número dos del PP recriminó a la ministra, en Informativos Telecinco, que hubiera "perdido los papeles de esa manera" en un tema que "le podía incomodar". Y añadió: "Si una pregunta le es incómoda, lo mejor es no contestar, insultar y de paso mentir".

La mano derecha de Mariano Rajoy y líder del PP manchego negó la principal acusación de Chacón en el Pleno: los senadores, dijo, saben "perfectamente" cuál es su "asistencia e intervención", algo que "se puede demostrar de una manera facilísima", informa Europa Press. "Hay algunas personas que son las menos indicadas para dar lecciones sobre lo mucho o poco que trabajan. Yo lo dejo ahí". Cospedal mezcló dos conceptos: la asistencia a los plenos -sí suele acudir a la votación de leyes o mociones- con su propia actividad como senadora, comprobable a través de la web de la Cámara alta. Y ahí su nota es más baja.

Desde su toma de posesión el 1 de abril de 2008, fecha de constitución del Senado en esta legislatura, y hasta mismo, la secretaria general ha registrado 154 preguntas de respuesta escrita y una cuestión oral, la del martes. No ha interpelado al Ejecutivo, ni defendido ninguna moción ni ninguna ley en pleno o en comisión. Tampoco ha inquirido a ningún miembro del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero ni a ninguna autoridad en ningún órgano del Senado.

Las 154 iniciativas se concentran en cinco días. Cospedal presentó su primera tanda de preguntas el 19 de septiembre de 2008. Fueron 19. El 1 de octubre, registró otras 11 cuestiones. El 18 de febrero del año pasado ingresó en el Senado 17 preguntas, las mismas que en el cuarto paquete, el 13 de octubre. El quinto y último, el más nutrido -cien preguntas-, lo llevó a la Cámara el pasado 15 de diciembre.

El PSOE siempre ha sospechado que este empujón de Cospedal se explica por la llegada de Leire Pajín al Senado. La secretaria de Organización de los socialistas tomó posesión de su escaño en la Cámara el 1 de diciembre. A día de hoy, Pajín ha registrado tres preguntas escritas e interrogó por primera vez a un miembro del Gobierno, José Blanco, el 9 de febrero. "Estamos encantados de que intervenga Cospedal -ironizó el martes Carmela Silva, portavoz del PSOE-. Suponemos que se ha dado cuenta de que no podía seguir muda".

La repercusión creció . La viceportavoz del PP en las Cortes manchegas, María Luisa Soriano, denunció que Chacón hiciera la "oposición" al PP y entrara a un "juego" que el presidente autonómico, José María Barreda, "no sabe hacer". Soriano consideró "acertada" la cuestión de su jefa. Sin embargo, tanto la promotora del aeropuerto Central Ciudad Real, como la Embajada de EEUU en España y Chacón negaron tajantemente que el Ejecutivo español o el americano tuviera "interés" o "intención" en convertir el aeródromo en una base de operaciones de EEUU. Así cayó una noticia "falsa" divulgada por La Gaceta el 31 de enero.

Las 154 preguntas de respuesta escrita de Cospedal abultan mucho, pero tienen algo de truco. El 46,1% (71 cuestiones) remiten a la ejecución presupuestaria. Es decir, se interroga al Gobierno por cuál es el grado de despliegue de la inversión en una comunidad (en su caso, Castilla-La Mancha) y se desglosa por ministerios. Así, la bolsa de preguntas engorda.

Es una técnica vieja empleada por la mayoría de los parlamentarios. El pasado 15 de diciembre, la número dos del PP aplicó más variedad en su remesa de cien iniciativas: infraestructuras, perceptores del paro, inmigrantes ‘sin papeles’, violencia de género, pensiones, dependencia, becas, barreras arquitectónicas, cultura, agricultura, industria, I+D+i, justicia... Cospedal cobró en 2008, según declaró ella misma, un total de 165.651,6 euros, entre sueldos, indemnizaciones y complementos.

(www.publico,es, 25/02/10)

6. EL PP ELEVA LAS CRÍTICAS AL PACTO ANTICRISIS Y AHORA LO TACHA DE "PATRAÑA"

El Partido Popular sigue calentando con descalificaciones la oferta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de buscar un pacto para reactivar la economía. , le tocó el turno a Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local de los conservadores, que calificó el pacto de "patraña". Sólo un día antes, su jefe de filas, Mariano Rajoy, redujo la propuesta del Ejecutivo a una maniobra ideada para"ganar tiempo" a la espera de que "escampe".

Durante la clausura de la escuela de Invierno del PP de Andalucía, en Málaga, Arenas criticó que Zapatero no haya "descolgado el teléfono" para hablarle a Rajoy de la comisión anticrisis que se reunirá por primera vez este jueves. Además, cargó contra el Gobierno porque quiera un pacto "pero insultando gravemente a los interlocutores".

Pese a que las declaraciones de los diferentes dirigentes conservadores dan una pista de que la posibilidad de que el PP se sume al pacto es cada vez más remota, el partido está intentando deshacerse de esa imagen de formación que no arrima el hombro en tiempos de crisis. Por ello, Arenas fue muy insistente en la idea de que "el PP tiene muy claro que el sentido de Estado y la defensa del interés general nos obliga a ayudar". Pero acto seguido remató: "Ahora, si Rodríguez Zapatero tuviera sentido de Estado, sabéis lo que haría: dejar la presidencia del Gobierno".

En su discurso, el también presidente del PP andaluz contrapuso un partido "dispuesto a ayudar" el suyo a otroel PSOE "al que la soberbiay la prepotencia les impide pactar". "Me parece que el pacto que propone Zapatero no significa más que una patraña, no significa más que fotos, brindis al sol, escenas de sofá", completó su crítica.

También se refirió Arenas a aquellos que, incluso puertas adentro del PP, alertan del peligro que supone el hecho de que el partido se limite a decir que no a todo sin plantear un mensaje alternativo. En este sentido, mantuvo que su partido no va a renunciar a la tarea de oposición, una labor, a su juicio, "perfectamente compatible con ayudar y presentar todos los días alternativas". Por ello, apostó porque cuando el PP "diga no a algo", explique acto seguido que es lo que haría si la formación estuviese gobernando.

Al mismo tiempo, desde los micrófonos de Onda Cero, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, volvía a recordar que su partido se sumará al pacto siempre que el Gobierno modifique su política económica.Además, calificó de "irresponsabilidad" la creación de una comisión que "va a dar resultados dentro de dos meses". "Zapatero tiene que gobernar, que es lo que no quiere hacer", consideró la número dos de los conservadores.

También, como hizo Rajoy el miércoles en el Congreso, recordó que "hoy por hoy" sería "infructuoso" que su partido presentara una moción de censura.

(www.publico.es, 22/02/10)

7. EL 'CASO GÜRTEL' REVIENTA LA 'FONTANERÍA' DE RAJOY Y ENFRENTA A GÉNOVA CON VALENCIA

El PP insiste, con la prueba fehaciente de las encuestas, en que el caso Gürtel no tiene consecuencias electorales. En plena crisis, la gente está en otra cosa y casi nada de lo que pueda aparecer tiene efectos políticos, explican los dirigentes.

Pero lo que nadie se atreve a negar en el PP es que el caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción en este partido desde el caso Naseiro, a finales de los ochenta está teniendo inesperadas consecuencias internas. Y una de las más graves, y desconocidas, es el enfrentamiento y malestar que está generando en la llamada fontanería del partido; esto es: las estructuras del aparato de organización.

La última trifulca interna ha llegado tras la decisión del sucesor de Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, de pasar la bola de la posible financiación irregular de este partido a Génova, la sede central. Clemente ha enviado una comunicación al Tribunal Superior valenciano en la que señala que "entre 2002 y octubre de 2008 no ha existido el cargo de tesorero del PP de la Comunidad Valenciana, ejerciendo las funciones de tesorería desde los órganos centrales del PP de Madrid, que son los que controlan, autorizan y fiscalizan la totalidad de las actuaciones".

Esta frase, que deja la pelota de la financiación en el tejado de Génova, ha provocado en los últimos días todo tipo de tensiones, conversaciones subidas de tono y cruce de mensajes agresivos entre Madrid y Valencia. Los miembros del equipo de organización del PP a nivel nacional, encabezados por el ex tesorero, Luis Bárcenas, no quieren asumir un problema que es, insisten, completamente valenciano. "Cualquiera que conozca un poco este partido, y sobre todo cualquiera que haya leído las conversaciones que se han transcrito, sabe que Génova no controlaba la financiación del PP valenciano y no sabe si ahí ha habido cosas raras o no. Se unifican criterios contables para presentar el informe del Tribunal de Cuentas, pero las relaciones con los proveedores, con las empresas o la percepción de donativos anónimos se hacían en Valencia. Ese intento de escurrir el bulto es una deslealtad total", señala un dirigente.

El más molesto con esta versión de los hechos que trata de trasladar el partido de Francisco Camps es el propio Bárcenas, al que su compañero valenciano citaba expresamente en el escrito como responsable de esas finanzas -entonces era gerente nacional, fue nombrado tesorero en 2008-. El ex tesorero sigue acudiendo con regularidad a su despacho en Génova -que no ha perdido- y comentando con todos los dirigentes que trabajan allí éste y otros asuntos. Pero, además del enfrentamiento interno entre Génova y Valencia, lo que más preocupa en estos momentos es el conflicto interno que el caso Gürtel ha dejado en la fontanería del partido. La salida de Bárcenas, que dejó el puesto de tesorero en verano, cuando fue imputado por el Tribunal Supremo, ha alterado los equilibrios internos y ha provocado un enorme malestar con su sucesor, el gerente Cristóbal Páez.

El enfrentamiento entre Bárcenas, amigo de Francisco Álvarez Cascos y representante del PP tradicional, y Páez, un ejecutivo con poca trayectoria en el partido y apoyado por Dolores de Cospedal, la secretaria general, es total. Y este último ha tenido tantos problemas para imponer su criterio en la gestión de las finanzas del partido que directamente ha dejado de acudir a la sede.

Según confirman diversos dirigentes, el sucesor de Bárcenas sigue controlando algunas cosas por teléfono, pero no acude a la sede tras las tensiones y conflictos que se vivieron durante el mes de enero. Rajoy ha tratado sin éxito mediar, pero de momento no ha evitado que el caso Gürtel haya dejado la sede del PP mucho más revuelta de lo que las encuestas podrían indicar.

(www.elpais.com, 22/02/10)

8. LA MUJER DEL TESORERO DEL PP, LUIS BÁRCENAS, NO TIENE TRABAJO CONOCIDO, PERO EN 2008 PAGÓ UNA CASA EN BAQUEIRA

Un tirador con forma de ciervo adorna la puerta. De su boca, un aro en forma de guirnalda sirve de aldaba. El sonido del metal contra la madera de la puerta rompe el silencio. Nadie responde. La casa que el ex tesorero del Partido Popular y senador, Luis Bárcenas, y su mujer, Rosalía Iglesias, tienen en la estación de esquí de Baqueira está vacía. Y, sin embargo, está en el punto de mira de la Justicia. Según los informes en poder del juez, la vivienda, un adosado ubicado en una de las zonas más prestigiosas del complejo, fue terminada de pagar en 2008 con dos cheques de 300.000 euros cada uno. Un dinero que llegó desde un depósito bancario a nombre de la mujer del senador popular, sin oficio conocido ni ingresos declarados.

La vivienda le costó a la pareja 941.000 euros. Una carretera serpenteante de cuatro kilómetros la separa del núcleo urbano de Naut Aran, donde se ubica la estación de esquí de Baqueira Beret (Lleida). A cien metros de su puerta, parte una telecabina que transporta a los esquiadores hasta la base de la estación. Y se levanta un complejo con varios hoteles de lujo, una zona comercial y un aparcamiento para 1.500 plazas.

La casa de los Bárcenas, de 150 metros construidos, disfruta de una de las mejores vistas del valle, con un gran ventanal en el salón que da a una ladera tupida por un bosque nevado. A sus pies discurre el río y a su espalda hay una sola hilera de apartamentos. Junto a la puerta, una señal alerta sobre el peligro de que la nieve se desprenda de los tejados. Y una cola de esquiadores espera paciente para disfrutar de un día de sol y nieve. El inmueble, con dos pisos y buhardilla, tiene además aparcamiento privado junto al teleférico y un pequeño jardín a la derecha de la entrada. El precio del metro cuadrado en la zona, unos 7.500 euros, supera por ejemplo al del centro de Barcelona, considerada la ciudad más cara de España. La última vez que el tesorero del PP y su esposa fueron vistos por la zona, aseguran quienes estuvieron allí, fue en diciembre, cuando acudieron en compañía de Gerardo Galeote, el que fue eurodiputado del PP y al que el juez Garzón acusa de haber recibido más de 650.000 euros de la trama corrupta.

El matrimonio Bárcenas-Iglesias compró sobre plano el chalé A1 del Residencial Val de Ruda, construido por la promotora Neu 1.500 SL. Y abonó entre 2005 y 2006 diversas cantidades investigadas por el Tribunal Supremo en el marco del caso Gürtel, siempre mediante cheques de 50.000 euros, mínimo. En las grabaciones que obran en el sumario, Francisco Correa –en prisión por el caso– asegura incluso que llevó personalmente grandes cantidades de efectivo a casa del ex tesorero del Partido Popular: habla incluso de mil millones de pesetas (el equivalente hoy a seis millones de euros). Según los informes remitidos ahora al Tribunal Supremo, el matrimonio saldó de forma definitiva su deuda con la constructora en julio de 2008, con sendos cheques de 300.000 euros.

En total, Bárcenas y su mujer aportaron 600.000 euros para terminar de pagar el apartamento. Según los documentos judiciales, el dinero salió de un depósito bancario cuya única titular era la esposa del senador popular, también imputada en la causa y que no tiene trabajo ni ingresos declarados a Hacienda. Pero ese no es el único problema que rodea a la residencia del matrimonio, ya que en junio de 2009 y según publicó El Periódico de Catalunya, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró ilegal la urbanización completa, con sus 500 casas y 1.800 plazas hoteleras, tras la denuncia de varios propietarios de la zona.

El senador por Cantabria está acusado de cohecho y delito fiscal desde que a principios de 2008 la Sala Segunda del Tribunal Supremo encontró indicios suficientes para procesarle y el Senado levantó la protección que asiste a los diputados y senadores. Su nombre o sus iniciales aparecen en la contabilidad B atribuida a las empresas de Correa al menos desde hace diez años. Según las pesquisas, Bárcenas, al que los miembros de la trama corrupta apodaban "Luis el Cabrón", habría recibido de ellos un millón de euros.

En su declaración frente al alto tribunal, Bárcenas fue interrogado sobre un préstamo bancario de 330.000 euros que solicitó el 9 de diciembre de 2002 y devolvió en su integridad 40 días después. El encargado de las finanzas del PP aseguró que necesitaba el dinero para comprar un cuadro (ver recuadro de las páginas 8-9). Como garantía para solicitar el dinero, el ex tesorero del PP aportó al Banco Popular varios paquetes con miles de acciones de Telefónica y Endesa. También fue requerido sobre su declaración patrimonial de 2007, que el ex gerente y ex tesorero del PP aportó ante el Tribunal. En su defensa, Bárcenas siempre ha sostenido que su enriquecimiento personal se debe a la buena marcha de sus inversiones bursátiles, a sus ingresos profesionales y al rédito que le ha generado la venta de acciones.

El patrimonio inmobiliario del matrimonio Bárcenas, que ronda los tres millones de euros, ha sido investigado punto por punto por los funcionarios de la Agencia Tributaria que asisten en la investigación del caso Gürtel. Sus informes detectaron, por ejemplo, la existencia de una cuenta corriente en Caja Madrid a nombre de Rosalía Iglesias y con un millón de euros de saldo a su favor. Algo incompatible con la declaración conjunta presentada por el matrimonio ante el fisco, que atribuye ingresos únicamente al ex tesorero del PP.

El pasado día 15, el diario El País publicó que la investigación en marcha vincula también a la esposa de Bárcenas en una trama de blanqueo de dinero, con su participación como inversora en la promotora Proyecto Twain Jones, financiada con dinero opaco. La constructora, que tenía previsto levantar 16 viviendas de lujo en Majadahonda, y en la que participaba Jacobo Gordon, amigo íntimo de Alejandro Agag –casado con la hija de José María Aznar–, se financió, según los informes policiales, con varias aportaciones procedentes de empresas en paraísos fiscales. El dinero que inyectó Correa procedía del país antillano San Cristóbal y Nieves, y estaba oculto tras varias sociedades pantalla. En esta ocasión, la esposa de Bárcenas había participado con 150.000 euros en esa operación de presunto blanqueo de dinero.

Fue el diario El País el que también reveló que Bárcenas, que sigue teniendo despacho y secretaria en la sede central del PP en Madrid, es el único de todos los implicados en la investigación judicial al que el partido paga su abogado, el tan prestigioso como caro penalista madrileño Miguel Bajo.

(www.interviu.es, 23/02/10)

9. LA TRAMA CORRUPTA PIDE ANULAR EL PROCESO

Un año después de la desarticulación de la más extensa trama corrupta conocida en democracia, vinculada al PP y operativa en al menos tres comunidades autónomas y varios ayuntamientos, los abogados de los principales implicados han multiplicado su ofensiva judicial para anular el proceso basándose en la supuesta ilegalidad de la intervención de las comunicaciones mantenidas en la cárcel por los abogados con sus clientes.

El Tribunal Supremo, que admitió a trámite una querella contra el juez Baltasar Garzón por ordenar escuchas en prisión, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tiene en sus manos numerosos recursos por el mismo motivo, deberán resolver en las próximas semanas si una parte importante del caso Gürtel es anulado por escuchas ilegales.

La investigación de la trama corrupta vinculada al PP ha detectado ya, tras más de dos años de trabajos, la existencia de decenas de millones de euros sacados ilegalmente de España y no declarados al fisco por la red de empresas que dirigía Francisco Correa; la connivencia de dos decenas de dirigentes populares, muchos de ellos a sueldo del jefe corrupto, que gobernaban en instituciones que adjudicaban a dedo contratos a la trama, así como múltiples pruebas de cohechos en la actuación de altos cargos del PP. Muchos de esos cargos han sido destituidos de sus puestos y suspendidos de militancia; otros tienen su futuro hipotecado a decisiones judiciales que deberán adoptar distintos tribunales.

El Supremo admitió la querella presentada contra el juez Baltasar Garzón por el abogado de José Luis Ulibarri, un constructor del que existen múltiples evidencias en el sumario relacionadas con el pago de comisiones ilegales y multimillonarias a la trama para conseguir contratos públicos. Uno de los casos que se investiga tiene que ver con el pago de tres millones de euros por lograr la adjudicación de una parcela para edificar chalés de lujo. Ganó el concurso porque prometió hacer las obras tres meses antes que su principal competidor (que ofrecía justamente tres millones de euros más por el suelo al Ayuntamiento de Boadilla del Monte). Ulibarri se quedó con la parcela pero no edificó los chalés de lujo en el plazo comprometido y por el que supuestamente ganó el concurso.

También ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, junto a otros muchos implicados, el abogado de Álvaro Pérez, el Bigotes, jefe de Orange Market, la empresa que hacía regalos de miles de euros a miembros del Gobierno valenciano y que recibió contratos a dedo desde el primer día que la trama corrupta abrió sucursal en la Comunidad Valenciana.

El Bigotes está imputado por diversos delitos dentro de la conocida trama de corrupción valenciana y ahora ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde pide que se anule todo el proceso a partir de las escuchas en la cárcel, aprovechando la supuesta ilegalidad de las intervenciones autorizadas por Garzón de las conversaciones mantenidas entre los abogados y los encarcelados de la trama.

Ni El Bigotes ni el constructor Ulibarri tuvieron que ingresar en la cárcel como consecuencia de la desarticulación de la trama corrupta vinculada al PP. Sin embargo, ambos recurren a distintos tribunales con la intención de anular pruebas que pueden incriminarles.

En las conversaciones grabadas, el jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, se lamentaba ante la existencia de un pen drive, donde se almacenaba toda la información sobre el pago de comisiones ilegales a políticos que gobernaban en municipios o comunidades autónomas. "Es que sin ese pen drive no tendrían nada. Me pongo malo", señala Correa a su abogado.

El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en Madrid, defendió en un extenso auto las escuchas ordenadas por Garzón. Las defensas de los implicados pidieron la nulidad al interpretar que las intervenciones de Garzón violaban lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que señala lo siguiente: "Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo".

En su auto, Pedreira mantuvo la legalidad de las escuchas ordenadas por Garzón: "La profesión de la abogacía es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervención de comunicaciones".

Ahora, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene en sus manos seguir adelante con la causa y avalar las pruebas logradas mediante la intervención de comunicaciones en la cárcel, o anular una parte de la instrucción que afecta a decenas de imputados, algunos de ellos, dirigentes del PP.

(www.elpais.com, 26/02/10)

10. EL VOCAL DE SEGURIDAD VIAL DEL PARTIDO POPULAR DIMITE AL SER CAZADO BORRACHO AL VOLANTE

El presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Nacho Uriarte, fue cazado el pasado viernes al dar positivo en un control de alcoholemia. El suceso se produjo en la calle Serrano de Madrid a las siete de la mañana del pasado 19 de febrero. Dio positivo por el doble de la tasa legal permitida (entre 0,52 y 0,55). Por este motivo se le retiró el permiso de conducir. El hecho cobra mayor relevancia teniendo en cuenta que Uriarte era, hasta hoy, vocal de seguridad vial del partido en la cámara baja. Tras conocerse los hechos, el diputado ha dimitido.

Al parecer, y según reconoce el propio implicado a EFE, el coche que conducía el conservador se vio implicado en una colisión "leve" con otro turismo. Aunque no se registraron daños en ninguno de los dos vehículos ni en quienes los ocupaban, la Policía hizo un control de alcoholemia a ambos, en el que Uriarte dio positivo.

Según ha difundido en una nota el propio partido, Nacho Uriarte lamenta y reconoce los hechos acontecidos en la noche del pasado jueves 19 de febrero. Por ello, el dirigente conservador asegura que se trata de "un error humano" y que asume su responsabilidad, por lo que ha pedido a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados su cese como vocal de la Comisión de Seguridad. La dimisión se produce después de que trascendiera esta mañana que  estaba citado a un juicio rápido en los juzgados de Madrid por la citada sanción. Al final no ha tenido lugar porque no ha podido comparecer el otro conductor.

Nacido en agosto de 1980, Uriarte es presidente de Nuevas Generaciones del PP e integrante del Comité Ejecutivo Nacional. Llegó al Congreso tras las últimas elecciones generales como diputado por Valencia, y además de ser vocal en la Comisión de Seguridad Vial hasta hoy, lo es en la de Igualdad, en la dedicada al estudio del problema de las drogas y en la del seguimiento del Pacto de Toledo. Igualmente, es portavoz en la Comisión de Cooperación al Desarrollo.

Según denunció el PSOE, el concejal de Juventud del Partido Popular en el Ayuntamiento de Motril, Nicolás Navarro, fue multado el pasado 11 de febrero por dar positivo en un control de alcoholemia durante un acto de campaña electoral .Navarro tuvo que admitir lo evidente:  "Admito que había bebido algo de alcohol", explicó y reveló que existe una infracción de tráfico y que ha presentado un recurso contra la misma.

Aznar y el vino

"Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber déjame que las beba tranquilamente". Estas son las palabras que  pronción el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, en una acto del 2007 en el que recibió la medalla de honor de la Academia del Vino de Castillo y León.

(www.publico.es, 24/02/10)

11. CATALUÑA. CAMACHO EXIGE A SUS COMPAÑEROS DEL PP QUE EVITEN DECLARACIONES ANTICATALANAS

Cataluña es la nueva prueba de fuego de la estrategia de Mariano Rajoy. En la cúpula del PP están convencidos de que es posible, por fin, lograr allí un buen resultado en las próximas autonómicas. Pero para lograrlo hay que cambiar algunas cosas en el partido. Por eso, , Alicia Sánchez Camacho, presidenta de la formación en Cataluña, se atrevió a decir muy claro delante de sus compañeros, en el Comité Ejecutivo, algo que hasta ahora sólo se comentaba en privado.

Sánchez Camacho exigió a todos los dirigentes, en tono solemne, que extremen la prudencia en sus declaraciones públicas porque "el PP se juega mucho en las elecciones catalanas". El mensaje era clarísimo. El PP catalán sufre cada vez que algún dirigente nacional del partido hace alguna declaración que allí es considerada anticatalana. Declaraciones polémicas sobre la lengua, sobre la financiación, sobre el Estatuto, multiplicadas inmediatamente por los medios catalanes, implican pérdida de votos del PP catalán.

Los populares están intentando que en el debate político no se hable del Estatuto y asuntos delicados para ellos -el Constitucional está estudiando el texto sobre todo porque el PP lo recurrió- para hablar más de la crisis económica, donde se sienten más cómodos. De hecho, Rajoy ni siquiera citó el Estatuto en la última convención nacional que, de forma muy significativa, se celebró en Barcelona. Sánchez Camacho está tan preocupada por la posibilidad de que una salida de tono tan frecuente en el pasado en dirigentes del resto de España le estropee la campaña, que se puso muy firme. "Lo digo aquí, en el Comité Ejecutivo, porque es donde creo que hay que decir estas cosas. Pido a todos los dirigentes la máxima prudencia en las declaraciones. No quiero que ocurran cosas como las que ocurrieron en el pasado".

El líder de los populares tiene intenciones de instalarse en Cataluña durante la campaña electoral, como hizo en Galicia en los comicios que acabaron dando la victoria a Alberto Núñez Feijóo. Y Alicia Sánchez Camacho aseguró que, también como en Galicia, está previsto el desembarco en Cataluña de casi todos los dirigentes nacionales importantes y con buena prensa en esa comunidad autónoma. Para Rajoy, que se reunió en secreto con Josep Antoni Duran, lograr que el PP apoyara a CiU para gobernar en Cataluña, como hace con el PSE en el País Vasco, sería la mejor manera de lucha contra el voto anti-PP -muy relevante en Cataluña y que en su opinión explica buena parte de la derrota de 2008-. Por eso está dispuesto a reforzar a Sánchez Camacho y ayudarla a combatir posibles meteduras de pata de sus compañeros del resto de España.

(www.elpais.com, 23/02/10)

12. CATALUÑA. SIRERA ALERTA DEL RIESGO DE RAPTO DE NIÑOS POR UN RUMOR SIN PRUEBAS

El presidente del PP en el Parlament, Daniel Sirera, echó mano del discurso que su partido hace habitualmente sobre la seguridad ciudadana; es decir, afirmó que está bajo mínimos, que faltan mossos y coordinación policial y que el Govern no hace bien su trabajo. Citó casos recientes, como el de los dos muertos esta semana en un bar del Eixample, pero patinó muy severamente al denunciar también que las cosas están tan mal que el secuestro de niños es prácticamente una realidad cotidiana en Catalunya.

Sirera preguntaba al presidente de la Generalitat, José Montilla, en la sesión de control de la Cámara catalana: "¿Sabe usted, o le ha explicado el conseller de Interior, él lo sabe, que hay colegios en Catalunya que están enviando cartas a los padres explicándoles que existe la posibilidad de que sus hijos sean secuestrados? ¿Lo sabe? Eso existe, es una realidad que ustedes no pueden negar, se está produciendo".

Montilla no entró en esta denuncia concreta, y se limitó a subrayar que las encuestas demuestran que la inseguridad no es uno de los problemas principales para los catalanes. Pero el asunto no acabó aquí. Lo alarmante de la aseveración de Sirera llevó el debate a los pasillos. El PPC explicó que Sirera aludía a dos centros, la Escola Pia de Vilanova i la Geltrú (Garraf) y otro sin concretar. En efecto, se desató el rumor de un intento de secuestro en Vilanova, cuando una niña aseguró que dos personas que llevaban una furgoneta le habían invitado a subir el pasado 30 de septiembre. La familia lo denunció a los Mossos, que investigaron y no hallaron pista alguna.

El centro envió una carta a los padres, pero la misiva, a la que tuvo acceso este diario, no alertaba del riesgo de secuestros, como dijo Sirera. Es más, advertía a los progenitores, "por los comentarios que os puedan haber llegado", de que los Mossos investigaban el asunto, y pedía "la máxima discreción posible". El Diari de Vilanova informó de lo sucedido y de que la policía autonómica no había hallado pruebas. Y en una reunión del AMPA de la escuela, el 19 de octubre, figura el asunto "intento de secuestro" seguido de la explicación: "De momento no hay pruebas que demuestren los hechos".

Todo apunta a que Sirera se precipitó, lo que él mismo confirmó al admitir que no había leído la carta que citó en el Parlament. Dijo haberse fiado del testimonio de algunos de los padres de alumnos. "Yo no quería generar alarmismo", agregó el parlamentario. La dirección del PPC, totalmente alejada de Sirera desde que Alicia Sánchez-Camacho le sustituyó como líder del partido en un agitado congreso, evitó desautorizarle.

(www.elperiodico.com, 26/02/10)

13. CATALUÑA. DIMITE UN EDIL DEL PP DE MATARÓ POR MEDIAR PARA UN CLIENTE EN LA APERTURA DE UN PROSTÍBULO

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Mataró Juan Carlos Ferrando ha renunciado a su cargo después que se haya conocido que hizo de intermediario entre un cliente de su gestoría y el ayuntamiento para intentar abrir un local de alterne en la ciudad. Ferrando explicó que abandona su cargo para evitar entrar en un debate "improcedente" y por "respeto a su partido", sobre todo en estos momentos en que la instalación de dos grandes prostíbulos en Mataró está causando un fuerte impacto social.

La mediación de Ferrando para obtener la autorización se remonta a noviembre, cuando un cliente de su gestoría le pidió que recabara información sobre si era posible abrir un burdel en una zona cercana a Laia l´Arquera de Mataró. El edil explicó que se puso en contacto con la concejal responsable de Licencias, Alicia Romero, para hablar del caso pero que las gestiones no fueron "más allá".

Las consecuencias políticas de esta actuación se conocieron el jueves cuando la dirección local del PP se reunió con el concejal para pedirle la dimisión. "Lo mejor para el partido es que me marche", dijo Ferrando, y acusó al gobierno de Mataró de aprovecharse de este asunto. Según el edil, "es inaceptable que hagan chantaje al PP cuando hay dos miembros (del consistorio) involucrados en un presunto delito urbanístico y no dimiten".

Fuentes de la dirección del PP catalán consultadas precisaron que Ferrando no ha opuesto resistencia a dejar su acta de regidor y justificaron su relevo porque estas gestiones son contradictorias con la oposición del PP a la apertura de prostíbulos en la ciudad.

(www.abc.es, 20/02/10)

14. GALICIA. FEIJÓO JUSTIFICA EL GESTO DE AZNAR INVOCANDO SU ORIGEN GRECORROMANO

El gesto despectivo que el expresidente del Gobierno José María Aznar dedicó a un grupo de estudiantes que le increparon en la Universidad de Oviedo sigue trayendo cola. Después de cuatro días de intenso debate sobre el talante que mostró Aznar al responder a sus detractores con una peineta (la acción de extender el dedo corazón manteniendo el resto de la mano más o menos cerrada), fue el presidente del Gobierno gallego, el popular Alberto Núñez Feijóo, quien terció en la polémica. Y lo hizo para pedir respeto a las "decisiones personales" de Aznar y para invocar los orígenes grecolatinos de tan controvertido gesto.

"Es un gesto admitido en civilizaciones que han sido cuna de conocimientos, como Roma o Grecia", subrayó el mandatario gallego en el curso de un coloquio que protagonizó en Bilbao. Feijóo añadió que la noticia no era la peineta del expresidente, sino que un grupo de estudiantes "le llamaran terrorista y fascista".

La alusión del dirigente gallego a la tradición grecolatina para justificar el gesto de Aznar se ajustó solo a medias a la verdad histórica. La acción de mostrar el dedo corazón era ciertamente de uso habitual en las civilizaciones clásicas, pero ya entonces su significado era inequívocamente obsceno. El dramaturgo griego Aristófanes lo usó como un recurso cómico en la obra Las nubes, y el poeta y satirista latino Marcial mencionó en varias ocasiones el digitus impudicus (dedo impúdico) como una acción infamante.

Cuentan las crónicas que el gesto era muy utilizado por Calígula.

(www.elperiodico.com, 23/02/10)

15. GALICIA. UNA JUEZ PIDE AL TRIBUNAL SUPERIOR QUE INVESTIGUE AL CONSELLEIRO HERNÁNDEZ

La querella del PSOE contra el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, sigue su curso judicial. Acusado por los socialistas de falsedad documental, estafa y fraude a la Administración por certificar el fin de una obra recién empezada cuando trabajaba en la Diputación de Pontevedra, el Juzgado número 1 de Pontevedra se ha inhibido ahora en favor del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), encargado de juzgar a los aforados del Gobierno y el Parlamento autónomos.

Hernández certificó el fin de una obra de la empresa Sercoysa -de la que previamente había sido apoderado y director de construcción- cuando era director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra. El trabajo en cuestión, la construcción de la variante de Lira en Salvaterra, apenas había empezado a acometerse cuando el ahora conselleiro lo dio por finalizado.

Aunque el auto dictado el pasado día 12 no entra en consideraciones de fondo sobre los hechos, fuentes judiciales consultadas explican que de él se deduce que la juez Aránzazu Fernández, al elevar el asunto al Tribunal Supeior, ha apreciado indicios de delito, ya que de otro modo debería archivar las diligencias.

La resolución también atañe al otro implicado, el ingeniero y director de la obra en cuestión, Baltasar Pujales. Éste no es aforado, pero la juez lo somete igualmente al TSXG para no romper la unidad de las actuaciones. Esto reforzaría la impresión de que existen indicios de ilícito penal. El auto llega casi cinco meses después de que se rechazase el recurso de Hernández contra la admisión a trámite de la querella del PSOE.La resolución, que ocupa un folio y medio, da cuenta de las leyes -el Estatuto de Autonomía de Galicia y la Ley Orgánica del Poder Judicial- que obligan a remitir el caso al TSXG, ambas relativas al estatuto de aforado del conselleiro. La juez, no obstante, se refiere a Hernández como "miembro del Parlamento", si bien no es diputado.

Además, aunque admite que Pujales no goza de la protección del fuero, entiende, apoyándose en una excepción a la regla general que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también el TSXG debe encargarse de su caso porque los investigados podrían ser responsables del delito al mismo nivel. "No es obstáculo a este respecto que el co-querellado carezca de la condición de aforado, dado que a ambos se les imputa la coautoría en unos mismos delitos de falsedad en documento público y estafa", explica la juez.

tanto el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, salieron en defensa de Hernández. "Se cumplió estrictamente la ley, hablamos de una certificación de obra avalada por la empresa adjudicataria que no produce ningún efecto a la hacienda pública", subrayó entonces Feijóo. Hernández, por su parte, se defendió alegando que su proceder era habitual en los trámites administrativos para no perder una subvención del Estado, que cubrió la mitad de los casi 400.000 euros en que estaba presupuestada la obra.

Este "intolerable aire de normalidad", según palabras del secretario general de los socialistas de Pontevedra, Modesto Pose, llevó al partido a presentar la querella. Pose llegó a afirmar que la extensión del comportamiento de Hernández podría acabar con el Estado de Derecho.

El caso de la certificación de subvenciones no fue el primer episodio controvertido en que se vio envuelto el conselleiro de Medio Ambiente.Hernández había llegado a Sercoysa escasos meses después de cesar como director general de Obras Públicas, cargo que había ocupado hasta que el bipartito llegó a la Xunta, en 2005. Este rápido paso del sector público al privado y sus implicaciones respecto a la ley de incompatibilidades también fue objeto de polémica cuando se conoció en abril de 2009, en pleno traspaso de poderes entre el bipartito y el Gobierno de Núñez Feijóo.

(www.elpais.com, 20/02/10)

16. GALICIA. EL ALCALDE DE PORTAS CULPA A LOS FUNCIONARIOS DE CONTRATAR A SUS EMPRESAS

Acusado de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios, el alcalde de Portas, Roberto Vázquez (PP), se sentó en el banquillo. Se enfrenta a dos años de inhabilitación en el puesto de regidor que ejerce desde 1992 y una multa de 9.000 euros por utilizar a dos de sus empresas familiares, una de ellas como intermediaria, para realizar trabajos en el Ayuntamiento.

Según la denuncia de la oposición municipal que dio lugar al juicio, la empresa Comercial Chandouteiro, SL emitió hasta seis facturas que fueron abonadas por el Ayuntamiento por trabajos en la escuela taller de Portas en 2000.La empresa del alcalde llegó a presentar otras nueve facturas que finalmente fueron bloqueadas a raíz de las denuncias, sin que llegaran a ser aprobadas ni abonadas.

La Fiscalía le acusa también de utilizar la sociedad Comercial Vázquez Vázquez, SA, en la que el regidor figura como presidente de su consejo de administración, para realizar la recogida de basuras durante varios meses de 1998. Según los autos de la Fiscalía, para que su empresa se ocupase de la basura, Vázquez contactó con el gerente de la firma Transportes Antonio, con el fin de que éste gestionase el servicio con Manuel Mandayo, un empleado del propio alcalde en las dos compañías implicadas. Una vez cobradas las cantidades en el Ayuntamiento, el gerente declaró que había transferido el dinero a Comercial Vázquez.

Con la misma mecánica, según la acusación, se procedió a contratar con la empresa Excavaciones Luneira, quien facturó al Ayuntamiento el transporte de unas lonas de Porriño a Portas, cuando en realidad también lo había hecho el propio Mandayo. Vázquez, que declaró durante casi dos horas, se esforzó por explicar la mecánica en la contratación de servicios que calificó de "menores" en el Ayuntamiento para culpar a los funcionarios de "haber recurrido a sus empresas para trabajos puntuales sin su consentimiento": "Yo soy el último en ser informado y en firmar el pago de las facturas después de que lo hayan hecho la secretaria y el interventor."

Vázquez reconoció que, aunque tenía dedicación exclusiva en el Ayuntamiento, desde 1996, dirigía el Motel de Caldas y Comercial Vázquez. Respecto a Comercial Chandouteiro, "todo dios, todo Portas, sabía que la empresa la llevaba la secretaria y no mi mujer", aunque carecía de poder notarial para ejercer toda la responsabilidad, aclaró.

"El Ayuntamiento es como una pequeña familia, son siete funcionarios que se controlan ellos mismos y no vienen a preguntarme a mí lo que tienen que hacer", afirmó Vázquez. "Yo tengo muchas otras cosas que controlar, como vigilar las obras grandes que se hacen, ir a la Xunta, o a la Diputación de Pontevedra", apuntó.

Después de repetir que no estaba al tanto de los contratos menores, Vázquez se puso en evidencia cuando afirmó: "Hice muchos trabajos que no se cobraron". "¿Por qué dice hice? ¿No ha insistido en que sus empresas no hicieron servicios para el Ayuntamiento?", interrogó el fiscal.

(www.elpais.com, 24/02/10)

17. GALICIA. IMPUTADA POR ESTAFA UNA CONCEJAL DE ABEGONDO

Cuatro personas, entre ellas la concejal de Abegondo (A Coruña) Cristina Rabón Blanco (ex militante del PP) , han sido imputadas por un presunto delito de estafa tras declarar ante la juez que investiga una denuncia de la Guardia Civil. A la edil, responsable de las áreas de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, se le relaciona con el desvío de subvenciones públicas de distintas administraciones. Tras su detención y pasar el día en los calabozos de la Guardia Civil en A Coruña, donde prestó declaración, Rabón fue puesta en libertad a última hora aunque sigue imputada, junto a otros tres vecinos de Abegondo, en la causa ahora bajo secreto sumarial. Todo el gobierno local, con el alcalde a la cabeza, José Antonio Santiso Miramontes, cerró filas en torno a la edil y criticó su detención por considerarla excesiva.

Todo partió hace meses tras la denuncia de un particular que investigó la Policía Judicial de la Guardia Civil antes de remitir el caso a un juzgado.A la edil, dueña de una empresa dedicada a actividades deportivas y juveniles, Sendoiro Ocio y Deportes, se le relaciona con la apertura de cuentas bancarias a nombre de otras personas con el fin de desviar dinero procedente de ayudas públicas. Los agentes pidieron hace ya meses a varios bancos información sobre movimientos considerados sospechosos. El empleado de una entidad financiera de Abegondo está también imputado en esta causa. La juez investiga si también se cometió un delito de falsedad documental.

El alcalde y su equipo de gobierno, que se dieron de baja del PP en abril 2009 tras alcanzar el mando gracias a una moción de censura con un tránsfuga del PSOE, llamó al respeto de la presunción de inocencia para arropar a la concejal, que negó a sus compañeros haber cometido ninguna irregularidad o delito. "Tiene nuestro total apoyo", subrayó el portavoz del gobierno municipal y edil de Urbanismo, Alberto Seoane, "vamos a dejar trabajar la Justicia y esperemos que se aclare todo pronto". Descartó tajante cualquier dimisión o cese. Rabón seguirá ejerciendo todos sus cargos en el Ayuntamiento, aseguró. Seoane lamentó "la detección desproporcionada" de su compañera, que "permaneció incomunicada todo un día pese a que no es ninguna delincuente común, ni hizo nada grave".

La empresa de Cristina Rabón ofrece actividades para niños y jóvenes, así como hípicas, que fueron contratadas por ayuntamientos cercanos a Abegondo. La firma tiene varias reclamaciones de la Seguridad Social por el impago en 2008 y 2009 de las cuotas, en total unos 3.600 euros.

(www.publico,es, 25/02/10)

18. ANDALUCÍA. LA DELEGADA DE EL PALO ADMITE SU "ERROR" CON LAS AYUDAS

Teresa López, la delegada municipal para el distrito Este de Málaga -conocido como El Palo, por su barriada más populosa- reconoció que cometió "un error" al votar a favor de varias subvenciones para la asociación vecinal Jarazmín, de la que la propia López fue presidenta hasta el pasado enero. En su primera comparecencia ante los medios, 17 días después de estallar el caso y presionada por el alcalde, Francisco de la Torre (PP), Teresa López reconoció que no se abstuvo en la votación de las subvenciones, pese a que así se lo aconsejaba un informe jurídico de la asociación Jarazmín. La delegada hizo caso omiso a este dictamen debido a que "en un mismo paquete se votaban las ayudas de varias asociaciones del distrito", entre ellas la que ella presidía. Entre 2005 y 2009 la Asociación Jarazmín recibió 6.600 euros de las arcas municipales.

Pese a admitir que obró incorrectamente, López afirmó que "no existe incompatibilidad entre el cargo de delegada y la presidencia de la asociación" y negó que favoreciera a Jarazmín desde su cargo público. "No hubo ni lucro personal ni trato de favor. Las subvenciones que aprobé son iguales o inferiores a otros años y menores que las que se concedieron a otras asociaciones", aseguró. López negó la posibilidad de presentar la dimisión, como le ocurrió al ya ex concejal Manuel Marmolejo, que otorgó 18 contratos a una empresa de su cuñado.

La concejal de Hacienda, Carolina España aseguró que las subvenciones concedidas por López "no son nulas ni anulables". El grupo municipal socialista ha pedido un informe al secretario municipal.

(www.elpais.com, 23/02/10)

19. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE HA DUPLICADO EN SIETE AÑOS LOS DIRECTIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL

Si hay algo de lo que presume la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es de la austeridad que rige su acción de gobierno, que le llevó en el verano de 2008 a cerrar tres consejerías e integrarlas en otras -y de paso purgó a quienes no le eran afines políticamente- y, en 2009, a reducir el sueldo de los altos cargos un 2%, después de que el año anterior sus salarios aumentaran alrededor del 12%. Pero el análisis de los presupuestos generales de los últimos siete años desdice la propaganda oficial: la Comunidad de Madrid ha duplicado los puestos de dirección desde que Aguirre fue elegida presidenta en noviembre de 2003. Y ello pese a que el Gobierno regional no ha aumentado sus competencias. De los 728 puestos de libre designación presupuestados ese año ha pasado a tener 1.521. Si entonces suponían un gasto de alrededor de 19 millones euros/año, ahora suman 35 millones. Es en las categorías más bajas de dirección donde se ha producido el mayor aumento de puestos durante los dos mandatos de Aguirre.

Por eso, en el cómputo están incluidos no sólo los altos cargos que recoge la clasificación económica del capítulo 1, artículo 10 de los presupuestos regionales, que abarca a la presidenta, los vicepresidentes, consejeros, viceconsejeros, directores generales, secretarios generales técnicos y asimilados. También se añade el personal eventual de gabinetes (artículo 11) y los puestos de libre designación como subdirectores generales, coordinadores, directores y jefes de área, asesores, jefes y directores de gabinete, jefes y delegados de prensa y directores de departamento. Son cargos que deben ser publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en algunos casos sólo los pueden ocupar funcionarios de carrera, pero que designan libremente los superiores.

Esta interpretación más amplia de los puestos directivos revela que en este nivel más bajo es donde está el mayor crecimiento. Un ejemplo. En 1995 el anterior Gobierno regional, también del PP y encabezado por Alberto Ruiz-Gallardón, decidió suprimir el puesto de subdirector general para ahorrar. En cambio, Aguirre lo ha recuperado y existen 187 subdirectores generales. En términos administrativos no son altos cargos, pero sí personal de dirección.

En sentido estricto (según la clasificación económica de las cuentas), los altos cargos previstos en la plantilla de la Comunidad de Madrid para 2010 son 139. En 2003 eran 133. Sin embargo, en 2008 llegaron a 160. Desde entonces, Aguirre ha hecho dos reducciones de personal publicitadas ampliamente, pero que no ha reducido el gasto al nivel de 2003, cuando llegó.

El personal eventual de gabinetes ha pasado de 46 plazas en 2003 a 68 en 2010. Al llegar Aguirre a la presidencia había 108 coordinadores, siete directores de área y 34 jefes de área. Este año son 18 coordinadores, 21 directores de área y 294 jefes de área.Y hay más en las páginas de las cuentas regionales: en 2003 había seis asesores y 10 asesores técnicos; hoy son 30 asesores y 73 asesores técnicos. En 2003 había dos jefes de gabinete y dos directores de gabinete; hoy hay 10 jefes de gabinete y un director de gabinete. Aguirre se encontró con dos jefes de prensa; hoy hay un jefe de prensa y ocho delegados de prensa. En 2003 no había directores de departamento; hoy son seis.

"La prédica de austeridad del PP madrileño es falsa", afirma el portavoz socialista de Hacienda en la Asamblea de Madrid, Adolfo Piñedo. "Tenemos una estructura muchísimo mayor de la que recibió Esperanza Aguirre. Lejos de adelgazar, esa estructura se ha ido incrementando".

"La Dirección General de Recursos Humanos niega tajantemente los datos", afirmó el portavoz de la Consejería de Economía y Hacienda por correo electrónico. Añadió que "es falsa desde todo punto de vista" cualquier información distinta de la que él facilitó. Es ésta: "El número de altos cargos reflejados en la plantilla presupuestaria de la Comunidad de Madrid en 2010 asciende a 140, mientras que el personal eventual son 68 personas. Desde el punto de vista presupuestario, los créditos consignados en las partidas correspondientes a las Retribuciones de los altos cargos [el título del apartado que figura en presupuestos] se han reducido en un 5,8% en relación con la cuantía recogida en los presupuestos del ejercicio anterior".

El mismo portavoz centró sus explicaciones en la partida de altos cargos y puestos de personal eventual. Comparó con 2008 y 2009, no se retrotrajo a 2003 y no justificó por qué ha aumentado el resto de categorías de dirección. "De 2008 a 2010 se ha producido una reducción de 22 altos cargos y siete puestos de personal eventual", dijo.

En cuanto a los puestos de libre designación -"que no son ni altos cargos ni personal eventual", según la consejería-, el portavoz aseguró que "sólo es una forma de provisión de puestos de trabajo entre funcionarios de carrera que supone la convocatoria de un concurso público entre los mismos (publicado en el boletín) con la correspondiente adjudicación en función de los méritos alegados". Añadió que este concurso sólo se celebra "entre funcionarios de carrera que previamente han aprobado una oposición". "No son puestos de confianza en el sentido del personal eventual que cesa cuando lo hace el cargo que los designó. Entre los puestos de libre designación están los subdirectores, jefes de área, técnicos de apoyo y jefes de servicio", añadió.

Tampoco argumentó el portavoz por qué esa estructura es la que más ha engordado con Aguirre, a través de un maquillaje administrativo que permite politizar puestos que deberían ser meramente técnicos, al elegir para ellos a funcionarios afines al PP.

Como solución, el grupo socialista ha presentado en la Asamblea una proposición no de ley para reducir "al menos en un 25%, el número de altos cargos, asesores y similares". Según Piñedo, la Comunidad de Madrid es la tercera en gasto público, pese a que "desde 2003 Aguirre gobierna con las mismas competencias que tenía cuando accedió al Gobierno", lo que, en su opinión, no justifica "una mayor estructura de dirección". Otra propuesta socialista es que los viceconsejeros que son diputados dejen de cobrar un sobresueldo por ello.

(www.elpais.com, 23/02/10)

20. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE CRITICA QUE ZAPATERO GASTE 151 MILLONES DE EUROS EN PUBLICIDAD AUNQUE ELLA MALGASTÓ 700 EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS

A través de su Facebook y de la página web del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre ha elaborado "una lista en la que muestra algunos de los ejemplos del despilfarro del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el grave contexto de crisis que padece nuestro país". En especial, la líderesa critica que el Ejecutivo socialista "ha presupuestado 151′9 millones de euros para Publicidad Institucional en 2009, 17′4 millones más de lo que se gastó en 2008".

Aunque esta cifra pueda parecer muy alta, es insignificante si se compara con los setecientos millones de euros que Esperanza Aguirre se ha gastado en propaganda en los últimos seis años.

Antonio Miguel Carmona, profesor de Economía y secretario de Economía del PSM-PSOE, explicó esta semana en un artículo de opinión que el dinero que Aguirre invierte en publicidad contrasta con la reducción de un 13% que ha llevado a cabo en las inversiones publicas, un 41% en Transportes, un 22% en Educación o un 75% en Universidades.

"Durante los últimos seis años se han gastado setecientos millones de euros en propaganda, en lo que ellos llaman publicidad. "Señor Carmona" –me espetó el Consejero de Hacienda en la Cadena SER- "no querrá usted que dejemos de impulsar anuncios contra el cáncer de mama". No pude por menos que contestarle a mi querido amigo -lo cortés no quita lo valiente-, Antonio Beteta : "Señor Consejero, con ese dinero más bien podríamos haber construido un centro de investigación contra el cáncer de mama", recordó Carmona en El Plural.

Para ilustrar la lista que muestra el despilfarro del Gobierno de Zapatero, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha elegido la fotografía en la que las ministras socialistas posaban para la revista Vogue. Una imagen muy poco oportuna si se tiene en cuenta que Esperanza Aguirre protagoniza un amplio reportaje en el último número de Vogue.

(www.elplural.com, 20/02/10)

21. COMUNIDAD DE MADRID. LAMELA, EX CONSEJERO DE AGUIRRE, REFUERZA SU ASESORÍA CON LA SUSTITUTA DE CORREA

El ex consejero de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela abandonó el Ejecutivo regional muy desgastado por sus acusaciones contra el doctor Montes y el servicio de urgencias del hospital Severo Ochoa, denuncias desmentidas por los tribunales. Pero no le está yendo nada mal en el sector privado aprovechando sus contactos como lobista para terceros, por ejemplo a través de su empresa de asesoría, Bussiness Assesment Plans&Proyects (BAPP). Esta compañía se ha reforzado con la entrada en su consejo de Administración de alguien que cuenta también con buenos contactos, la ex mujer de Juan Costa, quien a través de la compañía de eventos Free Handicap se ha encargado de organizar algunas de las principales citas del PP, buena parte de las cuales recaían antes en el Special Events de Francisco Correa.

Fue consejero de Transportes y de Sanidad de Aguirre, pero tras abandonar el Ejecutivo regional sigue vinculado a empresas muy próximas al poder público, como es el caso de Cibeles, la sociedad de inversiones de Caja Madrid y de la que forma parte del consejo. También es socio del bufete de abogados de Cremades, con intereses en medios de comunicación y el apoyo de la iglesia católica, y cuenta con la consultora BAPP.

Lamela es socio en BAPP de Germán Rasilla, ex concejal del Ayuntamiento de Madrid y ex director de marketing de Metro. Ahora, según asegura, la asesoría se refuerza con el nombramiento como consejera de Elena Sánchez, ex mujer de Juan Costa. Sánchez ha sido la encargada de organizar a través de la empresa de eventos Free Handicap algunas de las citas claves del PP, buena parte de las cuales recaían antes en el Special Events de Francisco Correa. Por ejemplo, Free Handicap organizó el Congreso de Valencia en el que Mariano Rajoy fue reelegido como presidente de los populares.

Free Handicap también mantenía buena relación con González Panero, el ex alcalde popular de Boadilla del Monte, el epicentro de la Gürtel. Esta empresa consiguió suelo público en Boadilla para organizar el festival de música Summercase ahorrándose, según denunció la oposición municipal en el Ayuntamiento, hasta 400.000 euros.

(www.elplural.com, 20/02/10)

22. COMUNIDAD DE MADRID. UN TRIBUNAL DECLARA "NULA" UNA VÍA QUE FAVORECÍA AL EX DIRECTOR DE URBANISMO

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el pasado 21 de enero el proyecto de construcción de una carretera en Villanueva de la Cañada, denominada Vía Ronda, por saltarse trámites medioambientales. Esta avenida conecta las urbanizaciones de Los Pocillos y Las Cárcavas con la M-503 y la M-600, rodeando Villanueva, a 37,5 kilómetros de Madrid, por el este.

La Fiscalía Anticorrupción investigó y denunció al ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid Enrique Porto, por haber favorecido supuestamente un pelotazo urbanístico en Los Pocillos por el que se generaron unas plusvalías de 4,6 millones de euros. Porto era propietario, junto a otros empresarios, de unos terrenos en el sector I de Los Pocillos, junto a la nueva carretera declarada nula por el tribunal.

El plan urbanístico de Villanueva de la Cañada fue elaborado por la empresa Plarquin en 1998. Entonces pertenecía a Porto. Él fue el administrador y accionista de este despacho hasta 2004, cuando fue designado director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. Desde su cargo en la Administración regional aceleró los trámites para recalificar la zona, sector I de los Pocillos, pese a que hasta entonces contaba con informes negativos. Ese mismo año, firmó un informe que daba vía libre a la construcción de la carretera. El plan de la Vía Ronda fue aprobado definitivamente el 31 de noviembre de 2005 por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, presidida por Porto.

El plan urbanístico de Villanueva de la Cañada, redactado por Porto, ya preveía construir una carretera que conectara Los Pocillos con las principales vías de acceso al municipio.

De esta forma, se autorizaba una salida directa y rápida desde el sector donde el ex alto cargo tenía terrenos. Porto dimitió en octubre de 2006 tras recibir la llamada de este periódico para conocer los detalles del pelotazo urbanístico en Villanueva de la Cañada, un municipio con 17.000 habitantes. El proceso judicial contra Porto abierto a instancias de Anticorrupción sufrió un parón durante meses, pero el año pasado un juzgado de Móstoles reabrió la investigación.

La Vía de Ronda fue construida y estrenada en 2008. Ahora es conocida como avenida de España. Es una carretera de seis kilómetros con dos carriles por sentido que rodea el centro de Villanueva de la Cañada por el este. Fue diseñada para crear una nueva circunvalación que conectara las nuevas urbanizaciones con la M-600. Por eso, estaba contemplada en el Plan de Variantes de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid. La sentencia no implica que desaparezca o se modifique la carretera.

Ahora, el TSJM desestima los recursos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Villanueva contra una sentencia anterior, de diciembre de 2008, que invalidaba el "Proyecto de Urbanización de las Redes Públicas Generales de Infraestructuras de Comunicación Viaria y Espacios Libres de la Vía Ronda (el plan que establece dónde van las calles y avenidas en la zona) por falta de un estudio de impacto ambiental". "La sentencia es muy importante porque pone en entredicho la legalidad de las actuaciones urbanísticas del municipio", asegura Miguel Ángel Hernández, portavoz de la Iniciativa Ciudadana Villanueva de la Cañada Sostenible (ICVCS).

Hernández lamenta que la sentencia llega tarde porque la carretera ya se encuentra en funcionamiento. Y alerta del peligro de mantener abierta la vía cuando un juez la ha declarado ilegal. "El Ayuntamiento y la Comunidad pretendieron acelerar el proceso y eludir la evaluación de los graves impactos ambientales que provocó la vía". La organización considera que la construcción del vial ha producido graves daños ecológicos al parque forestal de El Pinar y al monte preservado del arroyo de Pedro Elvira.

Un portavoz del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada asegura que el Consistorio ya ha remitido a la Comunidad el informe ambiental que estaba pendiente. "La Administración autonómica determinará el procedimiento ambiental a que ha de ser sometido", añade. Así se podrá "incoar el procedimiento necesario para ejecutar el trámite omitido".

(www.elpais.com, 22/02/10)

23. COMUNIDAD DE MADRID. NUEVE ALTOS CARGOS DEL PP DE MADRID DEFRAUDARON A HACIENDA 3,8 MILLONES

Nueve altos cargos del PP de Madrid incluidos tres diputados y tres ex alcaldes no declararon a Hacienda los 3,8 millones de euros que habrían percibido entre 2004 y 2007 presuntamente del entramado dirigido por Francisco Correa. Es lo que dice el informe ultimado por la Agencia Tributaria que será incorporado en breve al sumario del caso Gürtel instruido en Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por Antonio Pedreira. Hacienda investigó datos hallados en una carpeta azul decomisada a José Luis Izquierdo, el contable de la trama. Para el fisco, se trataría de cantidades que "posiblemente han sido cobradas y no declaradas. Además de estos cobros, la Agencia Tributaria también investiga sobornos económicos aparecidos en otros extractos de la contabilidad B de la red y tiene constancia de los pagos en especie aceptados por los altos cargos del PP: viajes, coches, fiestas, etc.

El documento de Hacienda apunta a los tres diputados de la Asamblea de Madrid imputados en el caso, muy cercanos a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, hasta el estallido de la Gürtel: el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, el ex presidente de la comisión de investigación del espionaje, Benjamín Martín Vasco, y el ex gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte, Alfonso Bosch. Entre los tres habrían cobrado casi un millón de euros opacos al fisco repartidos de la siguiente manera: López Viejo 352.000 euros, Bosch 250.000 euros y Martín Vasco 340.000 euros.

Según dice El País, la Agencia también atribuye cobros en negro a tres ex alcaldes madrileños imputados. Estos habrían percibido 1,6 millones de euros, destacando el ex regidor de Boadilla del Monte, Arturo González Panero (642.000 euros). Le siguen los ex alcaldes de Arganda del Rey y de Pozuelo, Ginés López y Jesús Sepúlveda, con 534.000 y 455.000 euros respectivamente. Cabe mencionar que, mientras los tres parlamentarios señalados siguen cobrando como diputados del grupo mixto, de los regidores aún recibe sueldo del partido Sepúlveda, ex marido de Ana Mato que tras ser apartado del cargo fue realojado en la sede del PP.

El informe que Hacienda remitirá esta misma semana a Pedreira también sostiene que Tomás Martín Morales, vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla y hombre de confianza del ex alcalde González Panero, percibió 450.000 euros opacos. Finalmente, la Agencia Tributaria carga las tintas en el ex eurodiputado Gerardo Galeote y su padre, el ex concejal de Boadilla José Galeote. Ambos habrían cobrado 800.000 euros de las sociedades de Francisco Correa. Recientemente, Galeote hijo fue elegido para fiscalizar la presidencia española de la Unión Europea.

(www.elplural.es, 22/02/109

24. COMUNIDAD DE MADRID. CONDENA A TELEMADRID POR VULNERAR EL DERECHO A LA HUELGA DE SUS EMPLEADOS

Telemadrid "burló" la finalidad de la huelga que convocaron los sindicatos CC OO, UGT y CGT durante 16 jornadas de abril, mayo y junio del año pasado. Lo dice el Juzgado de lo Social número 26 de Madrid, que ha condenado a la cadena pública por vulnerar el derecho de huelga y el derecho a la libertad sindical de sus trabajadores. Tendrá que pagar una indemnización de 100.006 euros y publicar el fallo en los tablones del ente público y en su página web. La sentencia considera probado que Telemadrid obligó a los trabajadores huelguistas a dejar preparados los programas de forma que se pudieran emitir enlatados cuando empezara el horario de la huelga.

No fue el único truco que empleó Telemadrid. La cadena cambió el horario de emisión de algunos programas (entre ellos, Alto y claro y Madrid opina) y los situó en la franja inmediatamente posterior a la huelga. Su propósito, según destaca la sentencia, fue "ofrecer una visión de normalidad". En ningún momento avisó a los telespectadores de las razones por las que los programas se emitían más tarde de su horario habitual, algo que el fallo califica de "nueva voluntad de confusión y déficit en la información de forma premeditada".

Esas dos tretas -utilizar a los huelguistas para dejar emisiones pregrabadas y hacer creer al telespectador que únicamente había un mero cambio en la parrilla- afectan "al núcleo principal de la fuerza que pueden ejercer los trabajadores que mayoritariamente se sumaron a esa huelga", argumenta la juez. Telemadrid tenía derecho a intentar evitar los efectos de la huelga, pero con medios lícitos. Y ése no fue el caso, según la sentencia: "Los medios lícitos debían venir por usar los trabajadores no huelguistas o por haber pactado servicios mínimos, o si se hubiera calificado como servicio esencial con los servicios mínimos disponibles".

Porque la cadena, además, renunció a fijar servicios mínimos, con lo que aceptaba que la huelga no afectaba a servicios esenciales. La sentencia tiene muy claro por qué Telemadrid no intentó pactar: ya había "decidido el boicot a la huelga a través de la emisión pregrabada". El abogado de CC OO que llevó el caso, Enrique Lillo, añade otro motivo: la cadena renunció porque temía que un tribunal anulara, por abusivos, los mínimos, como ha ocurrido en otras ocasiones. Telemadrid, asegura el fallo, "premeditó la estrategia a seguir frente a la huelga" y "ejerció el poder de dirección para que los propios trabajadores huelguistas dejaran preparada la emisión pregrabada, y ello en perjuicio claro y burla hacia el ejercicio de ese derecho fundamental, cuando los trabajadores sí asumieron el riesgo y coste de la huelga".

La sentencia, del 22 de febrero, es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia. Y Telemadrid recurrirá, aseguró una portavoz. CC OO informó a sus afiliados de que la indemnización se repartirá entre los trabajadores que secundaron la huelga. La estrategia de la cadena pública sólo funcionó en 13 jornadas de huelga (convocada por la pérdida de empleos, la externa-lización de programas y la negociación del convenio colectivo, que estaba parada), en las que estaban programados paros de dos horas. En otras tres, con paros de 12 o 24 horas, la cadena tuvo que emitir en negro.

(www.elpais.com, 26/02/10)

25. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS DEJA EN EVIDENCIA A RAJOY

Una cosa es predicar, y la otra dar trigo. Las propuestas económicas del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, formuladas en el debate monográfico sobre la crisis que tuvo lugar el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados han puesto en un brete al Consell que preside Francisco Camps. Tanto que el PP se opone de plano a celebrar en las Cortes Valencianas un pleno similar al del Congreso y el propio Camps ha rechazado la oferta socialista para consensuar medidas contra una crisis que registra ya 576.000 parados en la Comunidad Valenciana.

Con una deuda que en septiembre del año pasado ascendía a 16.787 millones de euros (2,8 billones de las antiguas pesetas), según el Banco de España y tras haber cerrado 2009 con un gasto que ha superado en 2.000 millones de euros los ingresos, el Consell no quiere ni oír hablar de los techos de gasto y límites de endeudamiento que predica Mariano Rajoy. "¿Qué colegio tendremos que cerrar el mes que viene?", se preguntaba el consejero de Economía, Gerardo Camps, en un acto de partido diseñado para rechazar cualquier recorte del gasto previsto. "El Gobierno quiere responsabilizar a las comunidades autónomas de los recortes sociales", asegura el consejero.

Mariano Rajoy también reclama al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que reduzca en un 25% el número de altos cargos y en 10.000 millones los gastos de funcionamiento. El jefe del Consell y su consejero de Economía anunciaron hace casi cuatro meses un plan de austeridad para 2010, que preveía un ahorro del 5% en los gastos de funcionamiento, una disminución de las subvenciones en programas que no fuesen de gasto social del 35% y la reducción del número de empresas y fundaciones. A fecha de hoy el plan sigue sin presentarse y poco se sabe de los recortes del plan de austeridad anunciado. La culpa, nuevamente, es del Gobierno que, según Camps, todavía no les permite explicarse. Sin embargo, el consejero asegura, sin especificar nada, que ya ha puesto en marcha buena parte de las medidas.

Lo que no se ha tocado es la estructura de altos cargos del Consell. Sus miembros, igual que los del Gobierno, se congelaron el año pasado los sueldos pero los puestos de libre designación lejos de reducirse han aumentado con la decisión de incluir a los conductores de los consejeros y secretarios autonómicos.

La austeridad que pide Rajoy choca, además, en la Comunidad Valenciana con la política de grandes eventos y planes plurianuales elefantiásicos.La evolución de la deuda pública de los valencianos revela que los sucesivos gobiernos del PP al frente de la Generalitat no han sido austeros nunca. Cuando la burbuja inmobiliaria estaba en fase expansiva y generaba lo que Francisco Pérez, director del IVIE, ha calificado como "una sensación de riqueza colectiva", entre 1997 y 2007, la deuda de la Generalitat se multiplicó por tres, desde 3.707 millones en enero de 1997 hasta 11.550 en diciembre de 2007. La deuda de las empresas públicas pasó de 190 a 1.764 millones de euros. Y ha seguido creciendo entre recreaciones de cabalgatas medievales o carreras de fórmula 1.

Con la crisis, el Consell no ha ha invertido la tendencia al alza del endeudamiento. Y ello, pese a que el Ministerio de Economía ya obligó a la Generalitat a cumplir con un plan de estabilidad. Una de las traducciones de este elevado nivel de deuda es la demora en el pago a los proveedores. El Consell responsabiliza también de este problema al Gobierno por no darle financiación adecuada. Si en la Administración general del Estado los pagos se hacen con retraso medio de 139 días, en la Generalitat las demoras pueden duplicarse y hasta triplicarse. Según distintas organizaciones empresariales la Administración Valenciana llega a pagar con retrasos que pueden llegar a 270, 340 o 380 días, lo que ha colocado en situación dramática a los proveedores.

En este apartado, el Ejecutivo de Francisco Camps tampoco es un buen ejemplo para Mariano Rajoy que exige que se paguen las facturas de la Administración a los 60 días. El presidente nacional del PP considera de tal gravedad el efecto que tienen los retrasos de las distintas Administraciones sobre las empresas que ha solicitado al Gobierno que el segundo plan E de inversión municipal se destine a mitigar la morosidad del Gobierno.

Una medida que Francisco Camps, en caso de hacer caso al presidente de su partido, difícilmente podría ejecutar. De hecho, mientras el primer plan E de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido prácticamente ejecutado -865 millones de euros para los municipios valencianos-, el plan Confianza de inversión productiva en los ayuntamientos -dotado con 1.020 millones de euros- apenas se ejecutó el año pasado. Un retraso que se ha unido a las dificultades financieras del Consell que exige a los municipios que adelanten el dinero de la compra de suelo si es necesaria para realizar el proyecto.

El consejero de Economía reconoce el retraso en este programa pero asegura que la línea de apoyo a los sectores productivos se ejecutó casi en su totalidad. En total, según Camps, el año pasado el Consell gastó cerca de 450 millones de euros en el plan Confianza. Un grado de ejecución que fue muy bajo en lo que respecta a la línea de 360 millones de euros dedicada al fomento de empleo. Otro apartado en el que la gestión del Consell ofrece dudas es el alto nivel de paro, superior a la media española. Rajoy aboga por nuevos modelos de contratación. Gerardo Camps, que tiene la mayoría de competencias en materia de políticas activas de empleo, insiste en la bondad de su gestión. "Ahora estamos por encima, en junio estaremos en la media estatal de paro y a final de año la habremos rebajado", argumenta el responsable de Economía. "

(www.elpais.com, 20/02/10)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS, EL MÁS POBRE DEL CONSELL DECLARA UNA CUENTA CON 900 EUROS Y LA MITAD DE UN PISO DE 110.000

El más pobre del Consell. El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, cuyo sueldo anual asciende a 79.546 euros, asegura en la declaración de bienes y actividades publicada por las Cortes autonómicas que es propietario junto a su esposa de un piso en Valencia con un valor catastral de 110.339 euros, que dispone de una cuenta bancaria propia con 905 euros de saldo y tiene un coche con una antigüedad de 15 años. También declara una cuenta corriente con su esposa con 2.779 euros y un plan de pensiones de 8.309 euros. Los miembros de su Gobierno, que cobran anualmente 67.764 euros, son mucho más ricos.

En primer lugar, Juan Cotino, que dispone de cerca de 1,9 millones de euros en acciones y otros bienes no inmuebles y de una vivienda. El vicepresidente económico, Gerardo Camps, posee nueve viviendas, una de ellas compartida, nueve locales y otro inmueble urbano por un valor catastral conjunto de 434.732 euros. También declara varios vehículos y cuentas bancarias por 67.332 euros y un crédito hipotecario de 56.734 euros. A su vez, Vicente Rambla, el tercero de los vicepresidentes de Camps, declara dos viviendas en propiedad y otra compartida, un garaje y la mitad de un local por un importe catastral de 279.586 euros, así como dos vehículos y dos cuentas corrientes por cerca de 11.000 euros y un hipotecario de 35.239 euros.

Las declaraciones de bienes y actividades se han hecho públicas a raíz de la polémica causada por el escándalo de corrupción del caso Gürtel. Los diputados de la oposición ya habían hecho públicos sus bienes en las páginas web de sus partidos, pero el PP no aceptó que lo hicieran las Cortes de forma institucional hasta el pasado diciembre. La fórmula para hacerlo permite tan escasa concreción que algunos diputados no llegan a especificar dónde están ubicados sus inmuebles ni a cuantificar el valor de cada una de sus propiedades por separado.

El portavoz socialista, Ángel Luna, que especificó en su declaración hasta las calles donde están sus pisos (posee una vivienda en Alicante y otra en Madrid y otros cuatro inmuebles urbanos que no son viviendas con un valor catastral de 106.168 euros y dispone de cuentas y fondos por 352.827 euros), calificó de "fraude" el mecanismo. El portavoz popular, Rafael Blasco, también consejero de Solidaridad y Ciudadanía en el Gobierno de Camps, que declaró cuatro viviendas, sin especificar en qué ciudades, por valor de 176.808 euros, se negó a entrar en "chismorreos" sobre quién ofrece más detalles de sus bienes.

Por su parte, el portavoz de Compromís pel País Valencià, Enric Morera, que declaró un local de 8.000 euros de valor catastral y participaciones en tres sociedades mercantiles valoradas en 78.000 euros, consideró que la fórmula es "insuficiente". Marga Sanz, la portavoz de Esquerra Unida, asegura tener un patrimonio inmobiliario por un valor catastral de 120.000 euros, que incluye dos viviendas (una de ellas al 50%), un inmueble urbano y parte de dos locales. Sanz también posee acciones en cuatro empresas familiares, dos vehículos y cuentas corrientes por valor de 478.485 euros.

Finalmente, la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, del PP, declara poseer tres viviendas, un inmueble y una parcela rústica en Novelda cuyo valor catastral es de casi 150.00 euros, así como cuentas corrientes y un vehículo valorados en 41.179 euros.

(www.elpais.com, 24/02/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DEFIENDE EL ESCASO PATRIMONIO DE CAMPS Y SE OLVIDA DE LAS SOSPECHAS QUE LEVANTÓ CONTRA CHAVES

El escaso patrimonio hecho público por Francisco Camps –poco más de 1.000 euros en el banco- ha provocado sorpresa. Incluso los socialistas valencianos lo han tachado de "engañifa" ya que el presidente de la Generalitat cuenta con "con ingresos mensuales de 6.000 euros y más de 20 años en política". Desde el PP defienden a su compañero, y la secretaria general del partido, Mª Dolores de Cospedal, ha sentenciado que "las personas dicen la verdad" en sus declaraciones "oficiales y públicas". Mientras, el vicepresidente segundo de la Generalitat, Gerardo Camps, pidió que no se produzca "ninguna valoración" de los bienes de los diputados valencianos porque sería "entrar en un sin sentido".

Sin embargo, los populares, con Javier Arenas a la cabeza, se dedicaron a sembrar dudas sobre el patrimonio del ex presidente andaluz Manuel Chaves cuando lo hizo público hace unos meses. Arenas incluso aseguró que una declaración como la de Chaves –con bastante más dinero en el banco que Camps- tendría "consecuencias bastante graves" en otro país europeo porque "pone de manifiesto que es un pésimo administrador de lo suyo". Ana Mato incluso sugirió que Chavez ocultó patrimonio a través de familiares.

Medio piso con un valor catastral de 110.339 euros, un vehículo marca Saab de 1995 y un plan de pensiones de Bancaja por algo más de 8.000 euros, componen el patrimonio del presidente Camps, que también ha conseguido ahorrar 905 euros en una cuenta personal y 1.389 en otra compartida con su mujer.

La portavoz adjunta del grupo socialista en Les Corts, Carmen Ninet, ha tachado de "engañifa" el formulario por el que los diputados valencianos declaran su patrimonio, señalando el caso del presidente Camps, que "nadie" se ha creído. "Con unos ingresos mensuales de 6.000 euros y más de 20 años en política, que ha ganado más de 1,5 millones de euros, tiene una cuenta corriente con 900 euros, es patético y ridículo", difundió en un comunicado.

Por su parte, el coordinador general de IU, Cayo Lara, ha ironizado con que al conocer el patrimonio de Camps lo primero que ha pensado es "hacer una colecta en IU para pagar un traje a este hombre, porque con ese patrimonio parece que no se trate del presidente de una Comunidad Autónoma".

Desde la Generalitat también han acudido a echar un capote al presidente y el vicepresidente y conseller de Economía Gerardo Camps ha pedido que no se produzca "ninguna valoración" sobre la declaración de los bienes de los diputados autonómicos de las Corts. "No se debe producir ninguna valoración, porque entonces se entraría en un sin sentido, que es, que el hecho de tener más o menos bienes (…) trae consigo el que se pueda ejercer de una manera mejor o peor o que haya una sombra sobre el ejercicio de la actividad política".

Pero es que ese "sin sentido" que denuncia ahora el vicepresidente Camps fue lo que hizo el PP cuando Manuel Chaves hizo público su patrimonio al final del pasado año. El vicepresidente tercero declaró una vivienda valorada en 40.181 euros, una plaza de aparcamiento de 6.321, un automóvil con un valor superior a los 6.000 euros y una cuenta bancaria con 23.547 euros. Ante este patrimonio, el presidente del PP andaluz le exigió explicaciones porque "cuando un político hace alguna afirmación que no se cree nadie, malo, malo". Arenas denunció que esa declaración no tenía "ningún tipo de credibilidad" y relacionó tener pocos bienes con una mala gestión pública al sentenciar que el caso de Chaves tendría "consecuencias bastante graves" en otro país europeo porque "pone de manifiesto que es un pésimo administrador de lo suyo".

Arenas no estuvo sólo en el PP a la hora de poner en duda el patrimonio del vicepresidente tercero del Gobierno, y en este capítulo también encontramos a la vicesecretaria de Organización y Electoral del PP, Ana Mato. Cuando fue preguntada por el origen de los bienes de su ex marido Jesús Sepúlveda –imputado en la Gürtel- como el famoso Jaguar que exhibía cuando todavía vivían juntos, Mato respondió atacando el patrimonio de Chaves. Según ella, el ex presidente andaluz "probablemente" puso sus ganancias a nombre de "su mujer, sus hijos o sus sociedades", comentó desvelando ciertos conocimientos en los sistemas de ocultación de patrimonio.

(www.elplural.com, 25/02/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS DESTINA DOS MILLONES A CERRAR LA FUNDACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA

El Gobierno valenciano, que preside Francisco Camps, ha decidido liquidar la fundación que organizó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Y hacerlo ha costado dos millones de euros.

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó varias decenas de modificaciones presupuestarias aprobadas el pasado 18 de diciembre. En ellas se incluye una "aportación a la dotación del patrimonio fundacional de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia" por importe de dos millones de euros.

Fuentes de la Consejería de Economía explicaron que con estos dos millones, procedentes de la partida de gastos diversos, la Generalitat realiza su aportación para liquidar las cuentas y extinguir la fundación que organizó la visita del Papa. Sin embargo, las mismas fuentes adujeron que, pese a la decisión, "no se ha producido ninguna transferencia de dinero". La Consejería de Economía no ofreció ninguna explicación adicional aunque, presumiblemente, la modificación de crédito tenga como objetivo enjugar una deuda de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia con algún organismo o empresa de la propia Generalitat.

La decisión de liquidar la entidad que organizó la visita del Papa tiene lugar después de que el magistrado Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solicitara el pasado mes de noviembre información a la fundación y a Ràdio Televisió Valenciana en relación con la investigación del caso Gürtel.

La fundación que organizó la visita del Papa -que tiene por patronos a la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el arzobispado de Valencia- se gastó un total de 12,2 millones de euros en 2006. Desde entonces ha ocultado sistemáticamente con qué empresas contrató, en qué condiciones y para realizar qué tareas.

Esta entidad creada en 2005, cuyo secretario era el entonces vicepresidente del Consell Víctor Campos, decidió conceder en exclusiva la señal de televisión de la visita del Pontífice a Canal 9 y excluyó a RTVE.

El TSJ de Madrid también investiga el contrato que Canal 9 formalizó con la empresa Teconsa para montar pantallas de televisión y equipos de sonido durante la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. Según un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales, la trama corrupta que dirigía Francisco Correa logró más de un millón de euros en comisiones ilegales.

Las cuentas y la actividad de la fundación que impulsó el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con el arzobispado de Valencia se han convertido en ejemplo del oscurantismo y la falta de transparencia del Consell.

Ninguno de los patronos ha facilitado las actas de las reuniones de la fundación V Encuentro, ni información clara sobre sus aportaciones monetarias o la participación de las empresas públicas de la Generalitat.

El pasado mes de agosto abandonó su puesto como director general de RTVV Pedro García, uno de los cargos salpicados por los escándalos del caso Gürtel y relacionado con la organización de la visita del Papa. En diciembre pasado, también abandonó su puesto de alto cargo de la Administración valenciana Enrique Pérez Boada, hombre de confianza del vicepresidente tercero y destacado miembro del Opus Dei, Juan Cotino, que tuvo un papel activo en la organización del viaje del Papa a Valencia.

(www.elpais.com, 25/02/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. RTVV SUSPENDE A SU ´NÚMERO DOS´ TRAS LA DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL DE TRES EMPLEADAS

El director general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), José López Jaraba, suspendió en la tarde de cautelarmente de sus funciones al secretario general y "número 2" del ente público, Vicente Sanz, después de conocerse que tres periodistas de la cadena autonómica le han denunciado por presunto acoso sexual.

RTVV emitió un escueto comunicado de cinco líneas en el que anunciaba que López Jaraba "ha aceptado hoy -por - la solicitud del secretario general de suspensión cautelar de sus funciones" en la corporación pública. "Vicente Sanz pretende así defenderse de las acusaciones de las que ha sido objeto, sin dañar así a la institución en la que ha trabajado durante los últimos 15 años".

La decisión de la dirección del ente autonómico llega después de que el diario El País difundiera la denuncia que el pasado viernes interpusieron contra Sanz en el juzgado de guardia de Paterna las tres periodistas de Canal 9, una de ellas miembro del equipo directivo de RTVV.

En los 11 folios de la denuncia las tres trabajadoras de Canal 9 relatan las supuestas vejaciones, el acoso sexual y las amenazas que aseguran vienen sufriendo desde 2007 por parte del ex diputado autonómico y presidente provincial del PP de Valencia entre 1993 y 1994. Sanz ya renunció a este cargo al difundirse una grabación al hilo de una supuesta adjudicación irregular de los mapa sonoros y verde de Benidorm cuando Eduardo Zaplana era alcalde, en la que presuntamente afirmaba que estaba en política para "forrarse", afirmación que Sanz siempre ha negado.

Las tres periodistas, que llevan más de una semana de baja por depresión, relatan en la denuncia que ha difundido El País que el responsable del departamento de personal se "sacaba el pene", les realizaba tocamientos y les obligaba a abrazarse y a tocarse con otras compañeras mientras se masturbaba delante de ellas.

Las demandantes cuentan además en la denuncia que hay más trabajadoras acosadas en Canal 9 y que han intentado exponer sin éxito su situación a los responsables de la cadena en varias ocasiones. Al menos dos de ellas están muy vinculadas al PP no sólo políticamente, una fue concejal popular la pasada legislatura, sino también familiarmente.

López Jaraba puso en conocimiento de Presidencia de la Generalitat este caso hace unas dos semanas, y desde el Consell, en una reunión en la que habría participado el vicepresidente tercero y conseller Juan Cotino, se trató de evitar que saltara el escándalo tratando de convencer a Sanz, que tiene 64 años, de que aceptara prejubilarse. Al parecer, las denunciantes estaban dispuestas a no acudir a los tribunales si Sanz salía de RTVV. No obstante, éste rechazó el ofrecimiento porque considera infundadas las acusaciones.

Fuentes autorizadas de Presidencia negaron que se hubiera producido dicha reunión. Es más, afirmaron que RTVV es un ente autónomo que funciona independientemente del Consell y rechazaron tener constancia de la situación denunciada por las periodistas de RTVV.

Las reuniones no cesan en la cúpula de RTVV desde que el lunes supieron que se haría pública la denuncia por el presunto acoso sexual sufrido por tres trabajadoras de la cadena. Así, sobre las 18 horas del lunes, el director general del ente, José Luis López Jaraba, convocó un "gabinete de crisis", en el que participaron la directora de Canal 9, Lola Johnson, el jefe del Departamento de Informativos, Carlos González, la subdirectora de Informativos, Maite Fernández, y la coordinadora del canal 24/9, Mercedes Planells. Mientras la tensión se palpaba en RTVV, a Vicente Sanz, se le podía ver anoche en el palco del Mestalla, donde es un habitual con sus puros habanos, disfrutando del partido entre el Valencia CF y el Getafe. López Jaraba no hizo declaraciones y la noticia de la denuncia fue silenciada en los informativos de Canal 9.

(www.levante-emv.com, 24/02/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP VALENCIANO MONTA LA BRONCA EN EL PARLAMENT

Los populares valencianos tuvieron que hacer acto de contricción en el Parlamento autonómico para intentar reconducir la grave crisis institucional desatada el día anterior. Una crisis provocada por la decisión del presidente en funciones de las Cortes, el popular Rafael Maluenda, de expulsar al portavoz socialista, Ángel Luna, cuando intentaba elevar una protesta.

La expulsión de Luna -que llevó a los tres grupos de la oposición a abandonar el hemiciclo- estuvo precedida por el insulto del vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino, a la diputada de Compromís, Mònica Oltra -de la que dijo que probablemente desconocía quién era su padre-, y de una bronca a la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, por su parcialidad al conceder un turno de alusiones a Rita Barberá y no al resto.

La oposición (socialistas, Compromís y Esquerra Unida) amenazó en la noche del miércoles con no regresar al hemiciclo si no se le levantaba la sanción al portavoz socialista.

Así, la sesión parlamentaria de control al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se inició con retraso para perfilar la escenografía y recomponer la imagen del Parlamento. Primero, el presidente en funciones de la Mesa de las Cortes Valencianas, Rafael Maluenda, anunció que los portavoces de los grupos parlamentarios se habían reunido a primera hora y se habían comprometido "a recomendar que el respeto en la Cámara sea mejor del que ha existido hasta ahora". "En función de eso", dijo Maluenda, "he reconsiderado mi decisión de expulsar al portavoz socialista y retirar la sanción".

Luego, Cotino, que antes de iniciarse la sesión se había acercado a la diputada de Compromís para pedirle disculpas en privado por el insulto del día anterior, pidió la palabra. Desde su escaño, el vicepresidente social de la Generalitat pidió disculpas ante el micrófono para que así constase en el diario de sesiones.

Una vez rehecha la compostura institucional, la presidenta de las Cortes sustituyó a Maluenda y se inició la sesión de control al presidente valenciano.

El portavoz socialista, Ángel Luna, advirtió a Camps que su grupo no pensaba cambiar los principios por un buen clima institucional. "Buscamos normalidad institucional, pero ésta no se puede romper cuando la minoría recurre a los juzgados", dijo Luna, que el día anterior anunció que se personará como acusación particular en el Tribunal Superior de Madrid que instruye el caso Gürtel. Luna acusó a Camps de "haber llegado demasiado lejos". "Es su búsqueda de impunidad, lo que está rompiendo es la normalidad institucional", sentenció Luna, que acusó al presidente valenciano de opacidad, de perseguir a quienes preguntan y de intentar aislarlos socialmente. "Ocultar, castigar y aislar", prosiguió el portavoz socialista, "tres pasos que recuerdan a situaciones de la Sicilia profunda de Leonardo Sciascia o de Calabria".

Camps, que utilizó un tono más moderado que en otras ocasiones, acusó al socialista de vivir en "la autoexclusión constante y la marginación política". "La democracia ha puesto al PP a gobernar y al Partido Socialista en la oposición", continuó Camps, "y dentro de unos meses su discurso de autoexclusión y crispación hará que tengan menos votos que nunca".

(www.elpais.com, 26/02/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. "ME AVERGONZARÍA DE TENER UNA HIJA COMO USTED, PERO COMO POSIBLEMENTE NO CONOCE A SU PADRE..."

"Si fuera su padre, me avergonzaría de tener una hija como usted, pero como posiblemente no lo conoce…". Esta frase, que más bien parece extraída de una discusión callejera, salió de la boca del mismísimo vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Agua, Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Cotino, que es además del Opus Dei. La destinataria de tamaña lindeza era Mónica Oltra, diputada de la coalición de izquierdas Compromís, que mantenía una acalorada discusión con el miembro más rico del Ejecutivo de Camps . Le había reprochado los múltimples intereses inmobiliarios de su familia de los que dijo que eran vergonzosos. Compromís prevé pedir la reprobación de Cotino, pero ahora éste niega la autoría de la frase tal como la recogió ayer literalmente la agencia Europa Press. La nueva versión del conseller elimina la alusión al padre desconocido y reduce su alocución a que se avegonzaría de tener una hija como Oltra.

Según los testimonios de los diputados, la frase de Cotino fue uno de los momentos más desagradables de un pleno que fue, de por sí, bastante tenso. Incluso varios diputados del PP habrían admitido en privado que el conseller perdió los papeles, recoge el diario provincial Levante.

Los había también que justificaban al vicepresidente tercero achacando su exceso verbal a la presión a la que está sometido por las constantes acusaciones de corrupción a él y a su familia. El famoso informe de la Brigada Policial de Blanqueo sobre la presunta financiación ilegal del PP cita a Sedesa, entidad de la familia de Cotino, como una de las empresas que habrían participado en la operación. Precisamente, ayer Oltra acusó a Sedesa de "llevarse cerca de 28.000 euros" en concepto de plusvalías de la sociedad Cabanyal 2010.

"Cabanyal 2010 es un negocio que se han montado cuatro espabilados, entre ellos uno que se sienta en la primera fila", dijo por la mañana la diputada de Compromís aludiendo a Cotino en el hosco pleno de la mañana. Su frase hizo que el parlamentario popular José María replicara aseverando que "jamás el PPCV se ha financiado de otra manera que no sea conforme a la ley, cosa que no pueden decir otros partidos". Tras el altercado con el vicepresidente, Oltra salió del pleno bastante afectada. Los socialistas le han trasladado su solidaridad y le han hecho saber que secundarán sus medidas para reprobar a Cotino.

Las Cortes Valencianas han acogido ya algún que otro exceso verbal desde el estallido de la Gürtel. En noviembre del año pasado, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, dijo que al portavoz de los socialistas, Ángel Luna, "le encantaría coger una furgoneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta". Posteriormente, Camps pidió disculpas por si había "herido la sensibilidad de alguien". ¿Seguirá su ejemplo Cotino? De momento, parece que el vicepresidente ha optado por la vía de la negación.

(www.elplural.com, 25/02/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS DESTINA DOS MILLONES A CERRAR LA FUNDACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA

El Gobierno valenciano, que preside Francisco Camps, ha decidido liquidar la fundación que organizó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Y hacerlo ha costado dos millones de euros.

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó ayer varias decenas de modificaciones presupuestarias aprobadas el pasado 18 de diciembre. En ellas se incluye una "aportación a la dotación del patrimonio fundacional de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia" por importe de dos millones de euros.

Fuentes de la Consejería de Economía explicaron que con estos dos millones, procedentes de la partida de gastos diversos, la Generalitat realiza su aportación para liquidar las cuentas y extinguir la fundación que organizó la visita del Papa. Sin embargo, las mismas fuentes adujeron que, pese a la decisión, "no se ha producido ninguna transferencia de dinero". La Consejería de Economía no ofreció ninguna explicación adicional aunque, presumiblemente, la modificación de crédito tenga como objetivo enjugar una deuda de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia con algún organismo o empresa de la propia Generalitat.

La decisión de liquidar la entidad que organizó la visita del Papa tiene lugar después de que el magistrado Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solicitara el pasado mes de noviembre información a la fundación y a Ràdio Televisió Valenciana en relación con la investigación del caso Gürtel.

La fundación que organizó la visita del Papa -que tiene por patronos a la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el arzobispado de Valencia- se gastó un total de 12,2 millones de euros en 2006. Desde entonces ha ocultado sistemáticamente con qué empresas contrató, en qué condiciones y para realizar qué tareas.

Esta entidad creada en 2005, cuyo secretario era el entonces vicepresidente del Consell Víctor Campos, decidió conceder en exclusiva la señal de televisión de la visita del Pontífice a Canal 9 y excluyó a RTVE.

El TSJ de Madrid también investiga el contrato que Canal 9 formalizó con la empresa Teconsa para montar pantallas de televisión y equipos de sonido durante la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. Según un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales, la trama corrupta que dirigía Francisco Correa logró más de un millón de euros en comisiones ilegales.

Las cuentas y la actividad de la fundación que impulsó el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con el arzobispado de Valencia se han convertido en ejemplo del oscurantismo y la falta de transparencia del Consell. Ninguno de los patronos ha facilitado las actas de las reuniones de la fundación V Encuentro, ni información clara sobre sus aportaciones monetarias o la participación de las empresas públicas de la Generalitat.

El pasado mes de agosto abandonó su puesto como director general de RTVV Pedro García, uno de los cargos salpicados por los escándalos del caso Gürtel y relacionado con la organización de la visita del Papa. En diciembre pasado, también abandonó su puesto de alto cargo de la Administración valenciana Enrique Pérez Boada, hombre de confianza del vicepresidente tercero y destacado miembro del Opus Dei, Juan Cotino, que tuvo un papel activo en la organización del viaje del Papa a Valencia.

(www.elpais.com, 25/02/10)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. UNA SENTENCIA DEL TSJ CONSIDERA ILEGAL LA OBJECIÓN A LA ASIGNATURA DE CIUDADANÍA

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha estimado la demanda interpuesta por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT de esta comunidad (FETE-UGT PV) contra la Orden de 10 de junio de 2008 de la Conselleria de Educación que establecía la impartición en inglés de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC). Con éste son ya cuatro los pronunciamientos contrarios a la norma, tras los recursos interpuestos por el Ministerio de Educación y las federaciones docentes de CC OO y STE-PV, informó la organización en un comunicado.

La sentencia, notificada el pasado 23 de febrero, mantiene la misma doctrina legal que estableció el tribunal desde la primera de sus resoluciones al considerar que es una Orden "no sólo contraria a la Ley Orgánica de Educación, sino también al propio Decreto curricular autonómico que regula la ESO, concretamente a la Disposición Adicional del Decreto 112/2007 del Consell, ya que a la sala no le cabe la menor duda que los programas plurilingües no se pueden establecer de forma obligatoria para todos los alumnos y centros, sino que deben ser precisamente éstos los que, en cada caso, soliciten la autorización del programa correspondiente a la Conselleria".

El TSJ también precisa que una norma de esta naturaleza "no puede amparar la objeción de conciencia a una materia escolar obligatoria". Para ello se fundamenta en la jurisprudencia ya establecida del Tribunal Supremo --citando hasta cuatro recientes sentencias- que desestima expresamente la declaración de objeción de conciencia a las asignaturas de EpC, Educación Ético-Cívica y Filosofía y Ciudadanía, las dos primeras de la ESO y la tercera de Bachillerato, y que declaran la obligación de determinados alumnos de cursar éstas asignaturas y asistir a las correspondientes clases. La sala considera que es "incongruente o contradictorio con la realidad que pretende regular, la implantación de programas plurilingües en los centros, establecer de forma obligatoria, unilateral, homogénea y de plano, para todo el alumnado y todos los centros, que una determinada asignatura del currículo se imparta en una determinada lengua extranjera".

(www.levante-emv.com, 26/02/10)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSEJERO QUE IGNORABA LO QUE PASABA EN SU FUNDACIÓN

El consejero de Economía y presidente de la Fundación Gestión y Eficiencia Empresarial "desconocía absolutamente que se planteara [la concesión de] una subvención en la Diputación de Valencia". "No he tenido comunicación ni de los gestores de la fundación, ni de la Diputación", sentenció Camps, que no se preguntó por qué Isidro Prieto, presidente del patronato Terra i Mar y relacionado con el consejero, se planteó otorgar a la fundación Gestión y Eficiencia Empresarial una subvención de 300.000 euros.

Las críticas del portavoz socialista en la Diputación de Valencia, Rafael Rubio, obligaron a Isidro Prieto a intentar explicar por qué pensaba dar el dinero destinado a las mancomunidades de La Ribera y Los Serranos a una fundación vinculada al Servef y con sólo dos empleados. La inconsistencia de las explicaciones de Prieto llevaron al presidente de la Diputación, Alfonso Rus, a dar marcha atrás y retirar la subvención de 300.000 euros que se pretendía dar a la fundación que preside el consejero de Economía.

Rubio afirmó que la Diputación "lleva demasiados años siendo el banquero de la Generalitat y es el momento de que cada uno asuma sus responsabilidades y haga frente a sus deudas y su mala gestión". El portavoz socialista expresó su satisfacción por la decisión del presidente de la Diputación de firmar un decreto mediante el que se realiza una compensación de deudas y reduce de 23 a 15 millones de euros el dinero que adeuda el Gobierno valenciano a la Corporación provincial.

(www.elpais.com, 20/02/10)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. LA NÚMERO DOS DE CANO EN POLOP DIMITE COMO CONCEJAL

La ex segunda teniente de alcalde del ayuntamiento de Polop de la Marina Pilar Villanueva, del PP, ha presentado ante el Registro municipal su dimisión como responsable de Medio Ambiente, Sanidad, Educación y Servicios Sociales, y también como concejal. Fuentes municipales han informado que el escrito de cese ha entrado en registro a primera hora de la mañana de hoy, por lo que en los próximos días habrá que convocar un pleno extraordinario para sustituir a esta concejal del equipo de gobierno.

Esta situación ocurre tan sólo tres meses después de que el ex alcalde Juan Cano (PP) fuera encarcelado por su supuesta implicación en el crimen a tiros de su predecesor, su compañero de partido Alejandro Ponsoda, y de que Villanueva fuera nombrada segunda teniente de alcalde por la nueva alcaldesa, la popular María Dolores Zaragoza.

A raíz de las posibles irregularidades urbanísticas que habían rodeado la gestión anterior, la nueva alcaldesa decidió que no hubiera concejal de Urbanismo y que estas competencias las asumiera la junta de gobierno, formada por la alcaldesa, el primer teniente de alcalde (Juan Iborra) y Villanueva. Sin embargo, el pasado 10 de febrero Villanueva ya renunció oficialmente a la segunda tenencia de alcaldía y a sus competencias en política urbanística sin querer aclarar las causas de esta decisión.

Desde ese día 10, esta concejal del PP se limitaba a dirigir las áreas de Medio Ambiente, Sanidad, Educación y Servicios Sociales, que ahora abandona. La situación política de este pequeño municipio de la Marina Baixa alicantina vuelve a alterarse, a la espera de la sustitución de Villanueva por el siguiente candidato en la lista electoral del PP. En un ayuntamiento con once concejales, el PP sigue gobernando con seis de las actas por tres de los independientes de Gent de Polop (GdP) y dos del PSPV-PSOE.

Estos dos últimos partidos anunciaron, a raíz de la detención del ex alcalde Cano, que no tratarían de beneficiarse políticamente de la debilidad del partido más votado en los comicios. Aparte de Villanueva, la alcaldesa ostenta todas las competencias del municipio junto a dos concejales del PP: Juan Iborra (primer teniente de alcalde) y José Valero. Esto es así porque otro de los ediles elegidos por el PP, Joaquín Andrés Montiel (antigua mano derecha de Cano), se excluyó de las competencias por motivos personales a raíz de la detención del ex alcalde, y porque el sexto es el propio Cano, quien a pesar de estar en prisión ha decidido mantener el acta en la corporación.

(www.levante-emv.com, 26/02/10)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. EL EX ALCALDE QUE COBRÓ POR 300 CASAS ILEGALES, LIBRE POR 6.000 EUROS

El ex alcalde de Llíber José Mas, del PP, encarcelado el pasado mes de diciembre por autorizar 300 chalés en suelo rústico entre 1999 y 2003 a cambio de dinero, salió en la tarde de de la cárcel de Fontcalent. El ex regidor quedó en libertad provisional tras pagar una fianza de 6.000 euros. Por estos hechos, la juez también envió a prisión al aparejador municipal y al cabecilla de la red, el promotor de Xàbia Miguel Muntaner. Éstos dos últimos también han quedado en libertad provisional, aunque en este caso previo pago de una fianza de 100.000 euros.

Aunque en un principio la magistrada, que instruye una causa por cohecho y estafa, prevaricación y contra la ordenación del territorio, había fijado para Mas prisión sin fianza dada la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él, ahora el tribunal ha aceptado un recurso presentado por la defensa del ex regidor en el que solicitaba que se estableciera esa fianza de tan poca cuantía económica alegando razones humanitarias, toda vez que el ex edil es de avanzada edad, su riesgo de fuga es mínimo al ser una persona muy conocida en la comarca y además carece en la actualidad de recursos económicos. El juzgado ha aceptado los argumentos del letrado del ex alcalde tras el informe favorable del fiscal. En el ánimo del ministerio público también han pesado las razones "humanitarias y de salud [Mas sufre una dolencia cardiaca]", según precisaron fuentes de la fiscalía.

Las dificultades financieras por las que, según su defensa, dice pasar el ex alcalde contrastan con las declaraciones del supuesto cabecilla de la trama, el constructor de Xàbia Miguel Muntaner, quien aseguró que pagó a Mas 3.000 euros de soborno por cada una de las viviendas ilegales que se edificaron. Por cierto, que ya no queda en prisión ninguno de los implicados en el escándalo urbanístico que ha sacudido La Marina Alta durante las últimas semanas. Muntaner, también detenido en diciembre, ya ha salido de la cárcel después de haber pagado una fianza de 100.000 euros. Según la instrucción del caso, este constructor lideró la organización que tramitó la venta de las parcelas en suelo rústico en parcelas menores de 10.000 metros cuadrados y en la que están implicadas un total de 18 personas. También está ya fuera de la cárcel el ex aparejador municipal tras depositar otra fianza de 100.000 euros. Según la investigación, Muntaner habría sobornado con 25.000 euros a ese ex funcionario municipal por cada uno de los informes técnicos que permitieron validar las construcciones irregulares.

Para los principales implicados en la trama, la magistrada instructora del caso ha abierto diligencias por supuestos delitos de estafa a los 300 propietarios, la mayoría de origen británico, que compraron las casas sin saber que eran ilegales; de cohecho, por las prebendas que el ex alcalde y el ex aparejador recibieron de las promotoras; de prevaricación, porque se otorgaron licencias para construir las casas a sabiendas de que no se ajustaban a la ley, ya que muchas eran permisos para restaurar ruinas o habilitar almacenes; y de ordenación contra el territorio porque el suelo rústico de Llíber se vio afectado por una plaga de urbanizaciones surgidas de la nada.

(www.levante-emv.com, 26/02/10)

37. ISLAS CANARIAS. SUSTITUIDO EL PORTAVOZ DEL PP CANARIO POR CRITICAR EL VIAJE DE RIVERO A CUBA

El grupo Popular en el Parlamento de Canarias sustituyó hoy a su portavoz, Miguel Cabrera Pérez Camacho, después de que este fuera desautorizado por el presidente del PP canario, José Manuel Soria, por haber criticado un viaje oficial a Cuba del presidente canario, Paulino Rivero (CC). El portavoz parlamentario, que estaba en el cargo desde abril de 2009, dimitió el sábado al considerar que había perdido la confianza de Soria, quien además es vicepresidente del Gobierno de Canarias, y ha sido relevado hoy por María Australia Navarro.

Cabrera Pérez-Camacho había declarado en la prensa local que el viaje del presidente canario a un país con un régimen dictatorial era un mal ejemplo.Días después José Manuel Soria dijo que se trataba de opiniones personales del portavoz y que el viaje de Paulino Rivero a Cuba contaba con su apoyo y el de todo el Gobierno. Cabrera Pérez-Camacho también había discrepado en diciembre pasado de la posición oficial del PP de Canarias durante la tramitación de la transposición de la directiva europea de liberalización de los servicios, ya que el portavoz consideró que la normativa canaria es intervencionista.

(www.publico.es, 22/02/10)

37. REGIÓN DE MURCIA. LA JUSTICIA INVESTIGA LAS ADJUDICACIONES Y CONTRATOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD

Mientras en la Consejería de Sanidad, desde la consejera Palacios hasta el último de los directivos del Servicio Murciano de Salud guardan silencio, pero de cara a la galería, de puertas para adentro el Servicio Murciano de Salud es una auténtica ‘caja de bombas’, aunque de momento con la espoleta retardada.

El gerente del Servicio Murciano de Salud adquirió en junio de 2008 casi una treintena de respiradores mecánicos de la marca ‘Dräger’ que los llevó hasta unos almacenes del referido servicio. Varios palets con estos aparatos, con un peso cercano a la media tonelada fueron trasladados por la empresa ‘Azkar’, depositados allí durante semanas sin que fueran utilizados y sin que nadie pudiera explicarse a qué concurso de adjudicación estaban vinculados.

La entrega de aquel material está acompañada del albarán de entrega de material, albarán de la empresa "Dräger medical. A Dräger and Siemes Company. Sociedad Unipersonal, Dräger Medical Hispania, S. A. –C/ Xaudaró, 5 – E 28034, de Madrid". El albarán de Dräger estaba destinado a la Gerencia de Atención Primaria c/ Escultor José Sánchez Lozano, 7 de Murcia, al almacén general. Pero los respiradores estuvieron en los almacenes de San Andrés.

El albarán de entrega del material, como es habitual, indica la cantidad o unidades de material, el concepto y el precio total neto en euros; se trata de la entrega de 28 respiradores de transporte y emergencia, modelo Oxylog 3000, marca Dräger, completo; incluyendo soporte para vehículos y helicópteros. El total neto en euros es de 287.850,47 euros, al que se suma el 7 por ciento de IVA (20.149,53 euros), por lo que el total del albarán asciende a 308.000,00 euros (algo más de 51 millones de pesetas)".

Tal como queda dicho, nadie sabía qué hacían allí aquellos tres palets, de casi media tonelada de peso, con tantos respiradores mecánicos. La incertidumbre se incrementó cuando, ni siquiera quien figuraba como solicitante de esa compra directa, el gerente del Servicio Murciano de Salud, Allegue Gallego daba órdenes de qué hacer con los nuevos y flamantes aparatos. Nada sucedió con ellos hasta que el propio Allegue firma un expediente de contratación (135/08) "para la adjudicación del contrato de suministro de equipamiento asistencia para la dotación del transporte sanitario urgente en la Región de Murcia, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de selección".

El día 26 de septiembre de 2008 (tres meses después de que los respiradores estuvieran estancados en los almacenes del SMS), se adjudican provisionalmente los distintos lotes que integran la contratación a las empresas Dräger Medical Hispania (Lote 1) y Medtronic Ibérica (Lote 2), al cumplir todos los requisitos exigidos para la contratación y haber realizado las ofertas económicamente más ventajosas. Pues bien, esta adjudicación provisional se elevó a definitiva por parte de Allegue Gallego el 21 de Octubre de 2008. ¿En qué consistían los lotes de Dräger y Medtronic Ibérica?. La respuesta la firma el propio Allegue:

"Lote 1: Ventiladores mecánicos de transporte. Adjudicatario: Dräger Médical Hispania, S. A. Importe de Adjudicación: 314.045 euros IVA incluido".

"Lote 2:  Desfibriladores adulto-pediátricos. Adjudicatario: Medtronic Ibérica (esta es la empresa –recordemos- que tiempo antes había pagado un viaje profesional de lujo a la Isla de Creta a Allegue). Importe de adjudicación 426.630 Euros".

Otras adjudicaciones sobre las que hemos informado

La empresa Ecysmur SL figura inscrita en el Registro Mercantil con fecha 28 de Febrero de 1994, habían comenzado sus actividades un mes antes. Se creó con el objeto social de construcción, actividad inmobiliaria, exportación, importación, compraventa, promoción y arrendamiento de materiales y maquinaria para la construcción e industria. El domicilio social lo tiene en La Unión y se puso en marcha con un capital social de dos millones de pesetas. Posteriormente, el 11 de enero de 1999 registró un cambio de su objeto social para incorporar en sus actividades de construcción la obra pública; así como la adquisición, parcelación y urbanización de terrenos, etc. De nuevo, en octubre del año 2003, se produjo una ampliación del objeto social y, desde esa fecha, además de las actividades ya mencionadas la empresa se dedicaría a la implantación y construcción de jardines y parques públicos y privados; el mantenimiento y limpieza de calles y vías públicas; servicios de desinfección, desratización y desinsectación.

Lo curioso es que la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena, en el mes de noviembre del año 2000, dirigida entonces por Manuel Ángel Moreno Valero convocó un concurso para adjudicar la limpieza y lavandería de diferentes centros dependientes de esa institución. Dos meses después el servicio de ‘limpieza y lavandería’ es adjudicado por Manuel Ángel Moreno Valero a Ecysmur que, en esa fecha, no tenía en su objeto social la realización de tales actividades (no fue hasta octubre de 2003 cuando amplió su objeto social a esas actividades), pese a lo cual resultó beneficiaria del contrato de la administración pública. Ni qué decir tiene, el mismo servicio –esta vez ya con el objeto social incorporado- le fue adjudicado a la misma empresa en 2004, por el mismo Manuel Ángel Moreno y, de nuevo, en el año 2008. El último contrato por este servicio adjudicado a Ecysmur por la gerencia de Atención Primaria de Cartagena, ya con otro titular, se produjo tras el verano del año pasado.

 Pero las relaciones del anterior gerente de Atención Primaria de Cartagena y actual director del Hospital del Rosell, Manuel Ángel Moreno y la empresa Ecysmur tuvo un capítulo lamentable hace apenas unos meses, aunque pese a lo escandaloso que pueda sonar, no ha tenido ninguna consecuencia, ni siquiera política. Así es como actúa el PP, aguanta las denuncias públicas de los escándalos, y deja que los asuntos duerman el sueño de lo injusto cuando los protagonistas son de sus filas.

(www.vegamediapress.com, 21/02/10)

38. REGIÓN DE MURCIA. LA COMUNIDAD AUTÓNOMA GASTÓ MILLONES DE EUROS EN PUBLICIDAD DE DUDOSA RENTABILIDAD

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dilapidó durante 2008 y 2009, a pesar de la crisis, millones de euros en publicidad, de dudosa rentabilidad. Solo la campaña televisiva del misterioso Karavatik costó a los murcianos más de un millón de euros. Los altos cargos, asesores prescindibles, y fundaciones de galería, de las que hablaremos en un próximo capítulo, suponen un gasto ofensivo para los miles de parados de la Región de Murcia, muchos de ellos viviendo de la caridad de organizaciones no gubernamentales.

Tan solo en televisión, Cultura gastó 209.000 euros en  2009 en TVE para promocionar a Karavatik. La misma cantidad invirtió en la Cuatro, Tele 5, la Sexta y Antena 3. Además, el consejero Pedro Alberto Cruz encargó un soporte de lona con el lema Not Typical en una calle de Madrid, que estuvo puesto durante quince días previo pago de 110.000 euros. Una campaña polémica por la que además tuvieron que pagar 30.000 euros en concepto de creatividad de la "nueva imagen de la Región".

Además de las iniciativas televisivas, la campaña de comunicación de Región de Murcia Not Typical requirió otro derroche de casi 600.000 euros a lo largo de 2010. Antena 3 televisión pasó una factura de 370.000 euros a la Comunidad Autónoma por hacerse eco del día de la Región. Además, por un exclusivo contrato para realizar conciertos con MTV Channel, el sobrino del presidente Valcárcel derrochó 4.400.000 euros.

La megalomanía del consejero no tiene límites, y realizó un contrato de promoción de complejos turísticos hoteles Resort con oferta de golf por 77.586 euros.  Es decir, con dinero público se promovió la venta de viviendas en resorts de empresas ajenas a la Comunidad Autónoma. Una campaña que llevó a otro gasto, en esta ocasión de 130.000 euros, para la promoción y comercialización de productos turísticos en mercados emisores de turismo. A todo este dispendio habría que añadir los gastos de representación, viajes, hoteles y comidas de los representantes de la consejería en todos estos eventos, sin control alguno.

Y como estamos en una Región de altos vuelos, que evade la crisis y puede permitirse los mejores escaparates, la Comunidad Autónoma pagó casi 3 millones de euros por la inserción de publicidad en el interior de líneas aéreas regulares. Presidencia también sacó a licitación la campaña de imagen de la Región por importe de 690.000 euros, según los datos en poder de esta redacción.

En la Región, la Comunidad Autónoma se interesó por financiar con dinero público los medios conservadores o afines, como La Verdad, La Opinión, El Faro, Nueva Línea, la Revista de la Croem, Empresas y Finanzas, y Popular TV. Algunas de estas campañas han estado justificadas con el fin de mantener medios de comunicación en quiebra técnica, pero que el gobierno regional necesita como portavoz no oficial.

(www.vegamediapress.com, 21/02/10)

39. ISLAS BALEARES. MATAS PAGÓ POR UN ESTUDIO ELECTORAL AL BUFETE QUE LE CONTRATÓ MÁS TARDE

El bufete madrileño cuyos dos principales administradores están imputados por supuesto blanqueo de dinero negro en el caso Palma Arena, Estudios Jurídicos y Procesales (EPJ), cobró del anterior Govern del PP alrededor de 24.000 euros por sendos informes sobre campañas institucionales en época electoral y la Ley de la Función Pública, el primero de ellos encargo personal del entonces president Jaume Matas. EPJ fichó meses después a Matas como consultor mercantil externo, tras ofrecerse el antiguo president para prestar los servicios de cualquier ex político: contactos, relaciones y captación de clientes, entre otros.

Arnaldo Alcubillas y su socia Mercedes González de Estrada declararon el pasado viernes ante el juez José Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach en calidad de imputados. Son sospechosos de ayudar al ex president Jaume Matas a lavar dinero negro simulando su contratación como consultor externo, acusación negada con vehemencia por ambos. Su bufete EPJ cobró en la pasada legislatura por asesorar a la Radiotelevisión autonómica IB3, al president del Govern y a la conselleria de Función Pública.

Según explicó Alcubillas, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, el president Jaume Matas, al que conocía superficialmente, le citó, a finales de 2006, o principios de 2007, para que acudiera a su despacho. "Me dijo que estaba cercano el próximo proceso electoral (las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2007) y que éste se adivinaba iba a ser reñido. Matas añadió que quería una total transparencia y me pidió que elaborase un informe sobre los límites del poder público en una campaña institucional.

Me encargué de hacer el informe y recibí por él una cantidad menor, cuyo importe no recuerdo, pero inferior a 12.000 euros", narró Alcubillas al juez. Posteriormente, la conselleria de la Función Pública encargó al jurista madrileño un segundo dictamen relacionado con la reciente aprobación de la Ley de la Función Pública, trabajó por el que recibió otros 11.000 euros.

Hacia septiembre del 2007 Matas consigue una cita para comer en Madrid con Alcubillas, al que le pide trabajo como consultor externo tras informarle de que había abandonado la política. "Me dijo que trabajaba para un grupo hotelero, aunque no en exclusiva y se ofreció a prestar los servicios de los que habitualmente dejan la política: ofrecer sus relaciones, identificar proyectos para inversiones, captar clientes y consultoría económico-financiera". Arnaldo Alcubillas consultó con sus socios y se mostró muy complacido por fichar a Matas, al que le pidió que también se dedicara a "buscar inversores para la compra de solares, edificios y complejos hoteleros en Panamá, la costa de Brasil y Punta del Este".

Matas recibió del despacho 27.000 euros como adelanto por sus servicios y para los gastos invertidos en la captación de clientes y negocios. El ex president del PP de Balears pidió que los pagos se hicieran a su empresa americana Aremas. Más tarde recibió otros 27.000 euros, pero después dejó el bufete al fichar por otra consultora internacional.

(www.diariodemallorca.es, 23/02/10)

40. ISLAS BALEARES. EL JUEZ IMPUTA POR BLANQUEO DE DINERO A LOS EMPRESARIOS QUE CONTRATARON A MAITE AREAL

Miguel Amengual Martorell y Miguel Martorell Oliver, dos empresarios mallorquines que contrataron, entre 2005 y 2006, como relaciones públicas, a Maite Areal, esposa del entonces president del Govern, Jaume Matas, han sido imputados por supuesto blanqueo de dinero negro del citado político del PP. Amengual y Martorell se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez José Castro, que instruye el sumario por el caso Palma Arena, las presuntas irregularidades en torno al velódromo público del mismo nombre.

Amengual y Martorell prestaron declaración ante Castro el pasado día 16, aunque en calidad de testigos. Los ahora imputados regentan desde hace años una asesoría en Palma que pagó unos 2.300 euros al mes a Maite Areal para que les buscase clientes.

El juez sospecha que el contrato a la esposa de Matas era una simple tapadera para que éste pudiera blanquear dinero negro de origen ilícito y producto posiblemente de comisiones y sobornos. Matas habría pagado así el sueldo de su esposa. Los dos encausados, defendidos por Eduardo Valdivia, fueron citados por segunda vez en el juzgado de instrucción 3 y optaron por guardar silencio.

Miguel Martorell reconoció el pasado día 16 que contrató durante 14 meses a Maite Areal no por sus méritos como relaciones públicas, sino porque era la esposa del entonces president del Govern Jaume Matas. Martorell Asociados, antes Centro de Cálculo Balear, pagó, mientras Matas era el president del Govern del PP, unos 2.300 euros al mes como "directora de marketing". Areal dejó su puesto sin haber conseguido captar ni un cliente para el despacho mallorquín.

(www.diariodemallorca.es, 23/02/10)

41. ISLAS BALEARES. EL JUEZ IMPONE UNA FIANZA DE 1,1 MILLONES DE EUROS A HIDALGO Y EL FISCAL PIDE OCHO AÑOS DE CÁRCEL

El juez instructor del ‘caso Andratx', Francisco José Pérez, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 1,1 millones de euros al ex alcalde de esa localidad Eugenio Hidalgo, y el Ministerio Público pide para él ocho años de cárcel por la pieza separada número 60 de la causa que investiga una promoción urbanística en Cala Llamp. También están imputados en esa pieza, tercera de la causa que se enjuiciará en la Audiencia de Palma, el promotor Manuel Zapata y el ex celador municipal Jaume Gibert.

Anticorrupción imputa a los acusados un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios, continuado de prevaricación, continuado de cohecho pasivo, cohecho activo, contra la ordenación del territorio e infidelidad en la custodia de documentos. A los ocho años de cárcel para Hidalgo, se suma la petición de cinco años para Manuel Zapata y multa de cinco meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de cohecho para el ex celador Jaume Gibert. El fiscal señala en su escrito que Hidalgo y Zapata "diseñaron realizar un negocio de promoción urbanística (24 apartamentos) que consistía en adquirir un solar en Cala LLamp y solicitar licencia, que consiguieron "gracias a la capacidad de influencia y presión que el entonces alcalde tenía sobre los técnicos".

Zapata constituyó la sociedad Prollamp de Ponent S.L. "para disfrazar la presencia de Hidalgo" según el escrito de acusación. Hidalgo cumple una condena de cuatro años de cárcel en Palma por corrupción, y Jaume Massot, ex director general d'Ordenació del Territori, otras dos condenas de ocho años de prisión.

(www.ultimahora.es, 24/02/10)

42. ISLAS BALEARES. EL JUEZ IMPUTA A LA EX DIRECTORA DE IB3 POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

La ex directora general del ente de IB3 y ex jefa de gabinete de Matas, María Umbert, fue imputada en la pieza secreta del caso Palma Arena que ha abierto el juez José Castro, que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular a través de la empresa de publicidad Nimbus. Su imputación se produjo tras las declaraciones del ex jefe de prensa del Govern, Joan Martorell, que aseguró que Umbert, en aquella época jefa de gabinete de Matas, le ordenó contratar al periodista Antonio Alemany a través de la empresa de publicidad. La ex directora de la televisión, no sólo negó que hubiera dado orden alguna a Martorell, sino que insistió en que ella no firmó ningún expediente de contratación de la empresa publicitaria.

Umbert estaba citada por el juez para que explicara los motivos de la contratación del bufete de abogados Estudios Jurídicos y Procesales, que cuenta entre sus principales socios a un ex vocal del Consejo General del Poder Judicial. Este bufete abonó a Matas la cifra de 31.320 euros una vez que el ex president abandonó la actividad política. El juez sospecha que el proceso de selección pública para la contratación de este gabinete jurídico por IB3 pudo estar amañado. A la oferta pública de contratación se presentaron tres ofertas, pero dos de ellas eran de la misma empresa.

María Umbert negó cualquier tipo de irregularidad en el proceso de elección y avaló la contratación de este gabinete jurídico por la dificultad que suponía el diseño legal de la estructura del futuro ente de la radio y televisión de Balears. La ex directora explicó que antes de elegir a un determinado bufete legal se asesoró con los directivos de otras televisiones autonómicas del país y casi todos le aconsejaron la contratación del despacho legal de Madrid. Umbert avaló la seriedad de los trabajos que habían realizado estos abogados y, según fuentes jurídicas, señaló que el bufete continuó colaborando con IB3 una vez que ella ya había abandonado la dirección.

Una vez aclaradas las cuestiones sobre la contratación de este bufete el juez le anunció a María Umbert que iba a realizar una segunda declaración, en esta ocasión como imputada, en la pieza secreta abierta por la presunta financiación ilegal del Partido Popular. A la ex directora general de IB3 no se le imputó por su actuación como directora de la televisión, sino por su anterior etapa como jefa de gabinete del ex president y persona de máxima confianza de Matas. Umbert se desmarcó de cualquier decisión sobre la contratación de la empresa Nimbus.

(www.diariodemallorca.es, 20/02/10)

43. PRINCIPADO DE ASTURIAS. A PESAR DE LA OPOSICIÓN DE COSPEDAL, ALVAREZ CASCOS SE PRESENTARÁ COMO CANDIDATO DEL PP EN ASTURIAS

Francisco Alvarez Cascos vuelve a la política, ya lo había adelantado en 2009 durante una entrevista en Época y ahora lo confirma La Gaceta, que cita fuentes de la dirección nacional del PP. Presentara su candidatura a la presidencia de los populares asturianos de cara a las próximas elecciones autonómicas de 2011, a pesar de la oposición de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. El ex secretario general de los populares, ex vicepresidente y ex ministro de la Presidencia y Fomento durante el Gobierno de José María Aznar cuenta con el apoyo de la dirección del PP, incluidos Mariano Rajoy y Javier Arenas. Pero no con el respaldo de María Dolores de Cospedal, actual presidenta del PP en Castilla La-Mancha y secretaria general del partido, según fuentes de Génova citados por La Gaceta.

Parece ser que Cospedal se venga así de los ataques reiterados de Alvarez Cascos contra ella, en los que ha criticado que la secretaria general del PP compatibilice este puesto con el de presidenta de los populares en Castilla La- Mancha. El ex número dos afirmó que es algo que él no haría, "no porque el discurso no se pueda hacer", sino porque como secretario general nunca le sobró ni un minuto de tiempo. El ex ministro de Fomento ha criticado duramente la actuación de Cospedal como secretaria general. "En el PP hoy no se suma, se resta; no se multiplica, se divide y no se divide al adversario, sino que nos dividimos nosotros mismos", afirmó en alusión a ella, en 2008.

(www.elplural.com, 21/02/10)