ÍNDICE

1. RAJOY SE AUTOPROCLAMA DEFENSOR DEL "SENTIMIENTO NACIONAL" Y LA CONSTITUCIÓN

2. RAJOY CIERRA EL CURSO SIN LA MITAD DE SUS BARONES

3. RAJOY CIERRA EL CURSO CON EL 'CASO CAMPS' SIN RESOLVER

4. EL PP RECURRE OTRA VEZ LA INHIBICIÓN DEL JUEZ PEDREIRA EN GÜRTEL

5. EL PP RECLAMA QUE EL TOREO SEA "UN DERECHO" DE TODOS LOS ESPAÑOLES

6. EL PP RECURRIRÁ AL CONGRESO Y AL SENADO POR LA PROHIBICIÓN DE LOS TOROS EN CATALUÑA

7. EL PP, EN CONTRA, ALEGA QUE "LOS ANIMALES NO TIENEN DERECHOS"

8. FRAGA, CONTRA EL ABORTO: "LA SOCIEDAD ESPAÑOLA SE HA VUELTO MUY SÚPER MODERNA"

9. LA FISCALÍA CONSIDERA QUE CASCOS PUDO CALUMNIAR A LA POLICÍA

10. TRILLO LLAMA "SECTARIO" AL FISCAL QUE HA RECURRIDO EL CASO DE CASCOS

11. AZNAR ACUSA DE "OPORTUNISMO" AL GOBIERNO POR LOS PRESOS CUBANOS

12. CAMPS VUELA, AGUIRRE SE QUEDA

13. GALICIA. UN TRIBUNAL ELEGIDO A DEDO ADJUDICARÁ 220 PLAZAS EN CRTVG

14. GALICIA. LA XUNTA PERMITE EDIFICAR EN 514 HECTÁREAS A 500 METROS DEL MAR

15. GALICIA. UN TRIBUNAL ELEGIDO A DEDO ADJUDICARÁ 220 PLAZAS EN CRTVG

16. GALICIA. BALTAR Y LOS ALCALDES DEL PP DE OURENSE COMPARTEN TRIBUNAL DE OPOSICIONES

17. GALICIA. EL ALCALDE TRÁNSFUGA DE GONDOMAR ESPERA LAS ÓRDENES DEL PP

18. GALICIA. EL REGIDOR DE TOÉN LEGALIZA UNA CANTERA REPRESENTADA POR OTRO ALCALDE DEL PP

19. ANDALUCÍA. EL PP DE MÁLAGA VOTA A FAVOR Y EN CONTRA DEL SUPERMERCADO

20. COMUNIDAD DE MADRID. SOMBRAS SOBRE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE AGUIRRE, EN 2007

21. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE NO DARÁ CUENTA DE SUS BIENES ANTE LA ASAMBLEA

22. COMUNIDAD DE MADRID. COSPEDAL OBLIGA A COBO A RETIRAR EL RECURSO POR EL CASO DE LOS ESPÍAS

23. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP. ESPIONAJE DEL PP. EL CASO NO VOLVERÁ A LA ASAMBLEA DE MADRID

24. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP. CRONOLOGÍA DEL ESPIONAJE EN MADRID

25. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE PAGABA A MQM Y A LA 'GÜRTEL' EL MISMO ACTO

26. COMUNIDAD DE MADRID. ANTICORRUPCIÓN PIDE QUE SE IMPUTE AL DIRECTOR DE MQM

27. COMUNIDAD DE MADRID. AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR. LA CÁMARA DE CUENTAS HALLA GRAVES IRREGULARIDADES

28. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS PONE EN MARCHA LA CAMPAÑA, PESE AL AVISO DE MADRID

29. COMUNIDAD VALENCIANA. EL EQUIPO DE CAMPS AVISA DE QUE SEGUIRÁ SI ES "CONDENADO"

30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP VULNERA LOS DERECHOS DE LA OPOSICIÓN, SEGÚN EL CONSTITUCIONAL

31. COMUNIDAD VALENCIANA. ASÍ SE GRABARON LAS CINTAS DEL CASO ´BRUGAL´

32. COMUNIDAD VALENCIANA. LA ABOGACÍA DEL ESTADO RECLAMA A FABRA CASI 3,5 MILLONES DE EUROS

33. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA DECLARARÁ COMO IMPUTADO POR DELITOS DE FRAUDE FISCAL

34. COMUNIDAD VALENCIANA. RAJOY MUESTRA SU ´APOYO TOTAL´ A CAMPS Y DEFIENDE CON TIBIEZA A FABRA

35. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS PAGÓ 23.200 EUROS A FRANCISCO POR UNA GALA TRAS UNA CENA EN FITUR

36. COMUNIDAD VALENCIANA. CONTRADICCIONES EN LAS CUENTAS DEL 'CASO LATERNE'

37. COMUNIDAD VALENCIANA. CUATRO MENTIRAS POR ESCRITO

38. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TC DETIENE EL EXPOLIO EN EL CABANYAL

39. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DE ORIHUELA OCULTA LOS PAGOS EFECTUADOS AL GRUPO DE ÁNGEL FENOLL

40. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DE TORREVIEJA NO PRESENTA LAS CUENTAS DE LA CAMPAÑA DE 2007

41. CASTILLA Y LEÓN. LA CRUZ FRANQUISTA SE QUEDA EN VALLADOLID

42. ISLAS CANARIAS. EDILES DEL PP DE TENERIFE COMPRABAN ARTÍCULOS DE LUJO CON FONDOS MUNICIPALES

43. ISLAS CANARIAS. EL PP CANARIO NO CASTIGARÁ EL GASTO IRREGULAR DE CINCO EDILES

44. ISLAS CANARIAS. EL DIPUTADO ANTITAURINO DEL PP EN CANARIAS CRITICA LA "INSTRUMENTACIÓN POLÍTICA" DE SU PARTIDO CONTRA CATALUÑA

45. REGION DE MURCIA. EL SOBRINO DE VALCÁRCEL PERJUDICA EL TURISMO MURCIANO

46. EXTREMADURA. LA AUDIENCIA DE BADAJOZ RATIFICA LA CONDENA A LA ALCALDESA DE VALDEHORNILLOS

47. ISLAS BALEARES. ANTICORRUPCIÓN PIDE 5 AÑOS DE CÁRCEL PARA HIDALGO POR UN DELITO DE COHECHO PASIVO

48. ISLAS BALEARES. EL JUEZ RECLAMA VARIOS EXPEDIENTES EN EL AJUNTAMENT D'ANDRATX

49. ISLAS BALEARES. UN EMPRESARIO ACUSA TAMBIÉN A ALABERN DE EXIGIRLE COMISIONES

50. ISLAS BALEARES. EL JUEZ CASTRO CREE ´GRATUITO´ QUE EL PP LE ACUSE DE ENEMISTAD CON LOS POPULARES

 

1. RAJOY SE AUTOPROCLAMA DEFENSOR DEL "SENTIMIENTO NACIONAL" Y LA CONSTITUCIÓN

Mariano Rajoy ha elegido San Lorenzo de El Escorial (Madrid), lugar con ecos de pasado imperial y de bodas fastuosas, para erigirse en defensor de la Constitución española y del "sentimiento nacional".

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que si llega a la Presidencia del Gobierno buscará restablecer los consensos constitucionales y asentar valores como el de la pertenencia a una "gran nación", pues en España "hay un gran sentimiento nacional". Durante la conferencia que ha impartido en el marco de los cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial, tras la que no ha permitido las preguntas de los asistentes, ha reiterado en varias ocasiones que "España es una gran nación" y que urge construir un "proyecto común" de convivencia en el que quepan todos.

La reivindicación nacional de Rajoy se ha producido después de que hablara de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, cuestión en la que, a su juicio, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene que dejar de "hacer más el ridículo". El PP, por el contrario, se compromete a llevar a cabo una labor pedagógica de la Constitución, que Rajoy ha defendido porque, ha dicho, "tiene futuro". Y si se convierte en presidente del Gobierno -hoy ha insistido en pedir elecciones anticipadas-, él hará de la defensa de la Constitución, de sus consensos, de ese "sentimiento nacional" y del "proyecto común de convivencia" las bases de su gestión.

Tras subrayar que la ley suprema ha propiciado la etapa de mayor prosperidad de la historia de España, el líder de los populares ha explicado que la Constitución marca "las reglas de juego" y favorece que "todos estén cómodos" y defiendan sus posiciones políticas sin que por ello se enfrenten. En su opinión, el Gobierno, y Zapatero a la cabeza, se han caracterizado estos días por no defender la "supremacía de la ley" y la estabilidad de las instituciones, algo que él, en cambio, hará siempre, incluido el Tribunal Constitucional. "El PP, al defender la Constitución, defiende España y el Estado Autonómico, así como las interpretaciones y las sentencias" del alto tribunal, ha sentenciado.

Acto seguido, Rajoy ha hecho una breve alusión a la victoria de la selección española en el Mundial de Suráfrica, pues "se produjo una gran explosión en la calle en defensa" del equipo y a "alguna gente sorprendió" esa respuesta. A él no, ha comentado, pues a su entender "en España hay un gran sentimiento nacional", de modo que si tiene lugar un evento o un logro que "la gente interpreta como buena para España", ello se traduce en "grandes manifestaciones y en grandes concentraciones" que expresan ese "sentimiento nacional".

Por tanto, según ha señalado Rajoy, hay bases en España para pensar que existe "un proyecto común que engloba a todos" los ciudadanos y procede de la Constitución. Para el presidente del PP, en definitiva, "si se ponen en tela de juicio las sentencias del Constitucional" desde el Gobierno, éste "pierde sus esencias y los cimientos para construir".

(www.elplural.com, 26/07/10)

2. RAJOY CIERRA EL CURSO SIN LA MITAD DE SUS BARONES

Último día de curso en el PP y la mitad de los alumnos hará pellas. El líder del PP, Mariano Rajoy, presidirá la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido antes de cogerse vacaciones pero su duro discurso contra la gestión del gobierno socialista ante la crisis sólo será escuchada por la mitad de los presidentes autonómicos y regionales del partido que han sido convocados.

A la cita, que comenzará a las 11.00 horas, en la sede nacional del PP, están convocados todos los presidentes autonómicos y regionales del partido, así como los miembros del comité de dirección. Sin embargo, la mitad de los 'barones' del partido han preferido seguir con su agenda y no presentarse en Génova.

El presidente Murcia, Ramón Luis Valcárcel, es uno de los que tiene complicado acudir a la reunión porque a las 12.00 horas recibe al Defensor del Pueblo de la Región, José Pablo Ruiz Abellán. Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se entrevista a las 10.00 horas en Valladolid con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

También el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, y el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, tienen actos en sus autonomías y no podrán estar en Madrid.

Además, se ausentarán la presidenta del PP de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, el presidente del partido en Cantabria, Ignacio Diego, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, o el de Baleares, José Ramón Bauzá.

Como ya hizo en la Junta Directiva del PP del pasado 5 de julio y una semana después en el Debate sobre el estado de la Nación, se prevé que hoy Rajoy vuelva a hacer una dura intervención --a puerta cerrada-- criticando la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero.

Este lunes, durante su intervención en los cursos de verano de la Universidad Complutense, el líder de la oposición ha afirmado que el Gobierno ha hecho "mucho más pobres a los españoles" y ha llevado a cabo un recorte de derechos "sin precedentes".

"Ha sido un gobierno sin programa y hemos vivido en el reino de la ocurrencia, la improvisación y la rectificación en esta legislatura", ha aseverado, para recalcar que el Gobierno socialista es "absolutamente incapaz" de afrontar la crisis.

(www.publico.es, 27/07/10)

3. RAJOY CIERRA EL CURSO CON EL 'CASO CAMPS' SIN RESOLVER

"Voy a esperar a que se pronuncie la justicia, y después, veremos". Con una frase muy similar a esta se refirió Mariano Rajoy, en una reunión a puerta cerrada con la ejecutiva de partido, a la situación de su organización en la Comunidad Valenciana, donde el futuro de su presidente y responsable del PP regional, Francisco Camps, y el de dos de sus presidentes de diputación, Carlos Fabra (Castellón) y José Joaquín Ripoll (Alicante), depende de la decisión que tomen distintos jueces en las próximas semanas.

Así, mientras Camps aguarda para saber si debe someterse a un juicio con jurado por el caso de los trajes, tanto Fabra como Ripio están imputados por distintos delitos ligados a la corrupción. En ese contexto, la dirección conservadora cree prudente retrasar en lo posible la designación de candidatos en esa comunidad, por si las circunstancias obligan a hacer cambios. Claro que esa misma estrategia de dilación es la que lleva a cabo Rajoy en otras regiones como Asturias, donde continúa la lucha entre los partidarios de Francisco Álvarez-Cascos y la mayoría del PP asturiano, que rechaza el regreso a la política del exministro. "No habrá decisión sobre Cascos hasta la vuelta de vacaciones", apuntan fuentes del entorno del líder conservador.

En lo que sí hubo novedades fue en el caso de espionaje supuestamente ligado a la Comunidad de Madrid, ese que recientemente archivó una jueza. Dos dirigentes del PP presuntamente espiados, Manuel Cobo y Alfredo Prada, habían anunciado que recurrirían ese archivo. Pero, , la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, les obligó a cambiar de idea. "Por el bien del partido", añadió ella. Finalmente, Rajoy hizo balance del año y defendió su posición ante el fallo sobre el Estatut.

(www.elperiodico.com, 28/07/10)

4. EL PP RECURRE OTRA VEZ LA INHIBICIÓN DEL JUEZ PEDREIRA EN GÜRTEL

El PP ha presentado otro recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la inhibición del juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, en favor del TSJ de Valencia (TSJV) para que investigue determinados delitos que afectan al Gobierno de Francisco Camps por considerarla "inmotivada y precipitada".

En el recurso presentado por los 'populares' ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, al que tuvo acceso, el partido liderado por Mariano Rajoy solicita que se rechace la inhibición en favor del TSJ de Valencia "por no estar acreditados los hechos que imputa la fiscalía", así como la participación en los mismos del presidente valenciano, Francisco Camps, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, y por carecer los hechos de relación o analogía con los "hechos de los que se conoce en la causa valenciana".

El PP reitera nuevamente que la falta y defectos de "motivación" vician el contenido y deben determinar la revocación de la decisión adoptada. El auto que se impugna resulta difícil de leer y, en ocasiones, aún más difícil de comprender e interpretar", ya que, según señala, a la reproducción de textos de parte "que no se identifican ni citan como tales" se une el "desorden en la exposición de argumentos", de modo que, concluye, "resulta muy gravoso atacar las verdaderas razones que justifican la decisión adoptada".

En la misma línea, se alega que en el auto aparecen "hechos, reflexiones y referencias que resultan completamente ajenos a la cuestión debatida" que suponen una "incongruencia por exceso que incide en la propia decisión final, afectando a su motivación".

Carga igualmente contra el magistrado instructor por haberse limitado, dice, "a reproducir una y otra vez y a veces sin ni siquiera entrecomillarlas, partes enteras del escrito de la Fiscalía, que asume como propias".

Entre las alegaciones presentadas por el PP figura igualmente una defensa a su derecho a presentarse como acusación particular en la medida que existe un "perjuicio o gravamen" para el partido en el caso de aceptarse la inhibición. "La escisión de una parte de la causa y su atribución a un órgano distinto del que está conociendo del conjunto de la misma, provocará, a juicio de esta parte, una mayor demora en la tramitación de los procedimientos, un riesgo de duplicidad de las diligencias que se practiquen y, lo que es más grave, un peligro de que se pueda romper, como se ha dicho en el recurso, la continencia de la causa, al tratarse de actuaciones que forman parte de un proceder similar y que tiene a unas mismas personas como presuntos autores", se argumenta.

En esta línea, sostiene igualmente que el desglose de la causa debería estar "fundado en una prolija y contundente argumentación que justifique" la misma y "la imposibilidad de enjuiciar el nuevo delito al margen del conjunto de los autos", algo que, recuerda, "no ha sucedido" en este caso.

Respecto a la conexidad objetiva con la conocida 'rama valenciana' del 'caso Gürtel', los 'populares' recalca que no se justificó la existencia de la misma y recuerda que la 'trama valenciana' del 'caso Gürtel' se está investigando "con el conjunto" del caso por el TSJM "y ello porque en relación con todas estas conductas presuntamente delictivas sí existen motivos concretos de conexión".

"Romper la conexión actualmente establecida y que nadie discute entre las diferentes conductas investigadas, y separar una parte de ellas para intentar modificar la calificación jurídica de otros hechos perfectamente delimitados y respecto de las cuales ya se ha pronunciado el propio Magistrado Instructor del TSJ de Valencia, carece de todo apoyo legal y debe ser duramente combatido en aras de la propia celeridad y buen fin de la causa principal", señala.

En la misma línea, alega que no se ha acreditado la existencia de conexidad subjetiva dado que "la mera condición de aforados no es causa suficiente para ordenar" la acumulación de causas. En esta línea, recuerda que en el presente caso "no se ha practicado ni una sola diligencia judicial de investigación sobre los hechos presuntamente delictivos" cometidos por la 'trama valenciana' del caso.

(www.levante-emv.com, 28/07/10)

5. EL PP RECLAMA QUE EL TOREO SEA "UN DERECHO" DE TODOS LOS ESPAÑOLES

El PP registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que reclama que las corridas de toros sean consideradas "un derecho" para todos los españoles y protegidas por su interés "cultural y turístico". Los populares concretaron la iniciativa parlamentaria un día después de anunciarla como reacción a la decisión tomada el miércoles por el Parlament de prohibir los toros en Catalunya a partir del 1 enero del 2012.

En la exposición de motivos, los conservadores subrayan que, aunque las autonomías tengan competencias en cultura que les permitan decidir, por ejemplo, sobre los toros, corresponde al Gobierno central "promover y tutelar el acceso a la cultura en todas sus manifestaciones, al que todos los ciudadanos tienen derecho independientemente del lugar en el que residan".

El principal partido de la oposición afirma en su iniciativa que, "en el uso de sus competencias exclusivas", el Ejecutivo "deberá garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio de su derecho al acceso a la fiesta de los toros [...] en todo el territorio nacional". Tras registrar la propuesta, la portavoz del PP en la Cámara baja, Soraya Sáenz de Santamaría, instó a los diputados del PSOE a votar "en bloque" a su favor. Si eso no sucede, advirtió, "tendrán que dar explicaciones".

Los ministros de José Luis Rodríguez Zapatero tardaron algo más que el PP en reaccionar ante la prohibición de los toros en Catalunya. , la mayoría de los que tomaron la palabra rechazaron el veto. Algunos se centraron en criticar que los conservadores lleven esta cuestión al Congreso, entre ellos Manuel Chaves, y otros lamentaron la decisión en tono místico, como la titular de Cultura, Ángeles González-Sinde: "Los toros son un ritual que nos enfrenta a dilemas de la existencia muy profundos".

La verdad es que no se contó ni una sola adhesión al resultado de la votación del Parlament, aunque tampoco hubo exabruptos al respecto entre las filas del Ejecutivo del PSOE. El vicepresidente tercero, que dijo ser contrario al veto, cargó contra el PP, al que acusó de tener el propósito de "dividir a los españoles" y de entrar "en el juego de los independentistas catalanes" por trasladar el asunto al Congreso. En un tono algo distinto, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó que aunque no le gustan los toros no los prohibiría y que el Ejecutivo estudiará la petición del PP de blindar el toreo con una proposición de ley.

El titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que hubiera votado en contra de la prohibición, reclamó que el debate no se politice, una petición idéntica a la de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. El responsable de Fomento, José Blanco, dijo estar contra los vetos, pese a sentir "el máximo respeto" por las decisiones del Parlament. Blanco anunció que el 8 de agosto irá a la corrida prevista en la plaza de Pontevedra. El titular de Industria, Miguel Sebastián, subrayó el perjuicio económico derivado de la prohibición.

(www.elperiodico.com, 30/07/109

6. EL PP RECURRIRÁ AL CONGRESO Y AL SENADO POR LA PROHIBICIÓN DE LOS TOROS EN CATALUÑA

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha anunciado que su partido pedirá a "las Cortes Generales, al Congreso y al Senado que se regule por ley la fiesta de las corridas de los toros y que las Comunidades Autónomas no tengan capacidad de prohibirlas". Camacho ha dicho que el PP considera que "el PSC y CiU son los culpables de la prohibición de la fiesta de los toros, por esconderse tras la posición cobarde de dar libertad de voto a sus diputados", y ha afirmado que no han sido los fundamentos animalistas los que han marcado la votación, sino razones identitarias.

La presidenta de los populares catalanes ha criticado que PSC y CiU no hayan dado la misma libertad de voto cuando se debatió sobre la Ley del aborto, "a favor de la vida", y ha afirmado que el Gobierno de Montilla está dejando "una nefasta herencia".

Alicia Sánchez Camacho ha censurado duramente al líder de CiU, Artur Mas, quien, según ha opinado, "juega a la ambigüedad y se ha escondido en la libertad de votos", y ha destacado que sólo cuatro diputados de ese partido han votado en contra de la prohibición.

(www.elplural.com, 28/07/10)

7. EL PP, EN CONTRA, ALEGA QUE "LOS ANIMALES NO TIENEN DERECHOS"

El portavoz del PP en el Parlamento catalán Rafael Luna ha criticado que los diputados del PSC y CiU tengan en la votación sobre la prohibición de los toros la libertad de voto que no tuvieron cuando se debatió la Ley del aborto. Para el representante popular, detrás de esta prohibición más que un asunto de conciencia hay un intento de erradicar "todo lo que tenga sabor a español" tratándose de "una tradición que compartimos con el resto de España".

En su intervención, esta mañana, ante el Parlament, que hoy vota sobre la prohibición de los toros en Cataluña, Luna dijo que su grupo tiene dudas de si es competencia del Parlament votar la prohibición de los toros en esa Comunidad, una medida que costaría, según aseguró,  "250 euros a cada familia catalana".

Por otra parte, el portavoz del PP cuestionó que se tenga que debatir sobre la prohibición de los toros, ya que "los animales no tienen derechos individuales". Y en cualquier caso, el derecho a la libertad de los ciudadanos catalanes está por encima y "es lo más sagrado".

(www.elplural.com, 28/07/10)

8. FRAGA, CONTRA EL ABORTO: "LA SOCIEDAD ESPAÑOLA SE HA VUELTO MUY SÚPER MODERNA"

El presidente de honor del PP y ex titular de la Xunta, Manuel Fraga, ha asegurado este lunes que la ley del aborto aprobada por el Gobierno y que entró en vigor el pasado 5 de julio es, en su opinión, "una grosería jurídica, política y moral insoportable" Fraga ha respondido de este modo durante una intervención en la tribuna Nueva Economía Fórum en Santiago a una pregunta sobre su posición respecto a las leyes del aborto y de matrimonio entre personas del mismo sexo puestas en marcha por el Ejecutivo socialista. "Por desgracia, la sociedad española se ha vuelto muy súper moderna en el sentido malo de la palabra y ha avanzado en direcciones que no debería", ha indicado Fraga.

Según el senador del PP, "el aborto de la señora Aído, no es posible conjugarlo con nada que sea respeto a la vida", ha destacado sobre la ley impulsada por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y que su parido ha recurrido.

Sin embargo, Fraga ha dicho que no es partidario de derogar esta ley, así como tampoco la del matrimonio entre personas del mismo sexo, si bien ha abogado por realizar un estudio de cada una de ellas "para que no se pueda abusar de las mismas".

(www.publico.es, 26/07/10)

9. LA FISCALÍA CONSIDERA QUE CASCOS PUDO CALUMNIAR A LA POLICÍA

El Ministerio Público recurre el archivo de la causa abierta contra el ex vicepresidente de Aznar que acusó a la policía de "falsificar papeles y preconstituir pruebas" para perjudicar al PP en la investigación del caso Gürtel.

La Fiscalía ha dicho basta y se ha propuesto no pasar por alto ningún ataque más a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, vengan de donde vengan. Por eso ha recurrido el archivo de la causa abierta contra Francisco Álvarez Cascos por injurias y calumnias a los miembros de la policía judicial que están investigando la trama Gürtel. El ex vicepresidente del Gobierno de Aznar dijo en una entrevista radiofónica que la "camarilla de la policía instalada en Canillas" estaba "falsificando papeles y preconstituyendo pruebas" contra el Partido Popular y contra él mismo.

De ser ciertas las afirmaciones de Álvarez Cascos, dice el fiscal, los funcionarios a los que se refiere habrían cometido de un delito de falsedad ideológica. Sin embargo, añade el recurso, sus palabras tienen indiciariamente "caracteres de falsedad o se han efectuado con temerario desprecio a la verdad" con lo que estamos ante un posible delito de calumnias o alternativamente uno de injurias.

(www.cadenaser.com, 28/07/10)

10. TRILLO LLAMA "SECTARIO" AL FISCAL QUE HA RECURRIDO EL CASO DE CASCOS

El coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, ha acusado al fiscal de Madrid, Fernando de la Fuente, de "actuar de manera sectaria e ignorar la realidad procesal" al recurrir el archivo de la causa contra el ex ministro Francisco Alvarez-Cascos. Por eso, exige la actuación de su superior jerárquico, el fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que exija, en su caso, "las consiguientes responsabilidades".

La Fiscalía ha recurrido la decisión del Juzgado número 32 de Madrid de archivar una denuncia que interpuso el pasado mes de mayo una asociación de juristas -Preeminencia el Derecho- contra Alvarez Cascos por calificar de "camarilla de la policía judicial" a los funcionarios de la Comisaría General de Policía por su actuación durante la investigación de la trama de corrupción "Gürtel". El Ministerio Público cree que existen indicios suficientes para continuar con la tramitación de la causa.

Trillo ha señalado que el escrito del Ministerio Fiscal "no puede ignorar que Alvarez Cascos ha actuado en todo momento exigiendo el cumplimiento de la Ley". Así, ha subrayado que el ex ministro cuando denunció "formalmente" la "presunta actuación ilegal de la Policía Judicial" relativa a una supuesta fabricación de pruebas en el sumario Gürtel sin autorización judicial, "ha estado plenamente de acuerdo con la ley".

A su entender, el Ministerio Fiscal, que debe actuar bajo el principio de unidad, "no puede ignorar" que las denuncias se dirigieron primero ante el TSJM -recabando informes al respecto- .Una vez se levantó el secreto de sumario, se interpuso la correspondiente denuncia que se está tramitando en el juzgado número 44 de Madrid.

Trillo ha recalcado que "querer ignorar los hechos denunciados y utilizarlos en otro juzgado contra el denunciante es una manipulación inadmisible e intolerable". Por eso, ha señalado que debe actuar Cándido Conde-Pumpido como superior jerárquico y, en su caso, "exigir las consiguientes responsabilidades".

"Transformar, como se pretende, al denunciante en querellado sin investigar los hechos denunciados, es utilizar fraudulentamente la Ley y por ello, tendrá que responder el fiscal general del Estado, si no actúa, como superior jerárquico", ha concluido.

(www.publico.es, 29/07/10)

11. AZNAR ACUSA DE "OPORTUNISMO" AL GOBIERNO POR LOS PRESOS CUBANOS

José María Aznar recibió en la sede de su fundación a la mayoría de la veintena de presos cubanos que han sido liberados por la dictadura en las dos últimas semanas. El expresidente del Gobierno les dio su apoyo y el del "pueblo español" y subrayó la integridad de los disidentes frente "al oportunismo de muchos, dentro y fuera de Cuba", una de las frases que dedicó, sin mencionarlo, al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

El acto, que se realizó en una sala de la sede de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), se convirtió en un homenaje a los disidentes y también en un reconocimiento a la posición de dureza que Aznar mantuvo con el régimen cubano mientras estuvo en la Moncloa. Los opositores eligieron a tres portavoces para expresar su opinión y sus sentimientos ante la prensa y solo tuvieron palabras de agradecimiento para el exjefe del Ejecutivo y para el "pueblo español".

Ninguno de ellos reconoció la labor de la Iglesia cubana, que ha dirigido las negociaciones con el régimen cubano para conseguir las excarcelaciones, ni del titular de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que ha apoyado esas gestiones con varias visitas a la isla. De hecho, el momento en el que se conoció la liberación de los presos, el ministro estaba reunido con Raúl Castro. El Ejecutivo les ha proporcionado billetes de avión gratis tanto para ellos como para sus familiares y se está encargando, con la ayuda de varias oenegés, de su alojamiento e integración en España.

En su intervención, Aznar dijo que los exreclusos se encuentran en "un limbo jurídico" y reclamó "coraje político" para evitar que la dignidad de los cubanos "se someta a subasta". "No cabe la confusión. O se está con la libertad o se tolera a los opresores", afirmó en otra ocasión. El expresidente, como también pidieron después los portavoces de los opositores, exigió a la UE que no cambie la denominada posición común, una medida de presión que Moratinos quiere suspender, como gesto hacia el régimen de la isla. En este sentido, el dirigente del PP dijo que esa posición común es la mejor forma de ayudar "a que el futuro de libertad llegue a Cuba cuanto antes".

Raúl Rivero, el primero de los presos de la Primavera Negra que llegó a España en el 2005 gracias a las gestiones del Ejecutivo de Zapatero, fue uno de los que tomó la palabra. Rivero advirtió de que la liberación de sus compañeros es una operación de "maquillaje" para que los Castro puedan seguir en el poder.

(www.elperiodico.com, 29/07/10)

12. CAMPS VUELA, AGUIRRE SE QUEDA

Esperanza Aguirre y Francisco Camps comparten muchas cosas. Lideran los gobiernos de dos de las comunidades que sustentan el presente del Partido Popular a nivel nacional. Ambos están salpicados por la trama Gürtel. A su vez, desde hace varios años siempre han formado parte de la baraja de nombres integrada por los barones de PP con posibilidades de suceder a Mariano Rajoy.

Sin embargo, todo apunta a que su visión de la crisis y su forma de encarar la presión ejercida por la opinión pública con motivo de los presuntos casos de corrupción que los envuelven es diferente. Muy diferente.

El Presidente ha apostado durante el presente ejercicio por coordinar una extensa agenda de viajes al extranjero en lo que parece una clara "huida hacia adelante".

Su homónima madrileña, por el contrario, parece que ha decidido permanecer en casa para defender el terreno, dado que su ratio de desplazamientos ha descendido respecto a otros años. De hecho, solo destaca su viaje para acompañar al Atlético de Madrid en la final de la UEFA League de la pasada temporada. Cabe recordar casos anteriores, como el viaje a la India, en el que salió ilesa de un atentado en Nueva Delhi. Ahora, la presidenta madrileña prefiere recibir en casa a sus invitados, tal como ocurrió recientemente con Will Smith y Jackie Chan.

El coste de los viajes, en una época marcada por la crisis económica, se convierte en otro factor a tomar en cuenta.

Aparte de contar con distintas visiones sobre sus respectivas agendas, todo apunta a un cierto distanciamiento entre los líderes del llamado Eje de la Prosperidad. De hecho, parece que ya no prefieren hacerse fotos juntos, dado la ausencia de imágenes en común entre los dos líderes durante los últimos tiempos.

De hecho, no hubo instantánea conjunta con motivo de la fusión entre Bancaja y Caja Madrid. Ambos portavoces se reunieron en solitario con los mandamases de las cajas. Primero lo hizo Francisco Camps y, una semana después, Esperanza Aguirre, cuando todos los ingredientes propiciaban un encuentro conjunto.

Sin embargo, Aguirre no tuvo reparos en reunirse y fotografiarse el pasado 15 de julio con Alberto Núñez Feijoó, uno de los barones en alza del PP. Aunque la presidenta ha protegido públicamente a Camps, sus gestos no ilustran una defensa incondicional al jefe del Consell. Esperanza Aguirre no es la única portavoz autonómica que ha apostado por recortar sus viajes en un año marcado por la crisis.

Jose Montilla, presidente de la Generalitat catalana, y el lehendakari Patxi López también se ven superados muy ampliamente por el presidente Francisco Camps en lo que a la coordinación de viajes oficiales se refiere.

Realmente significativo es el papel adoptado por el portavoz catalán, que renunció a participar en una gira comercial en China a realizar en el mes de marzo para abordar en persona las medidas de ajuste económico a implementar por su ejecutivo en plena crisis. A su vez, anunció su decisión de contratar los billetes de viaje en compañías de vuelos baratos.

Por su parte, Patxi López protagonizó su primer gran viaje oficial como máximo representante político de su comunidad el pasado mes de marzo, cuando lideró una misión comercial en Brasil. Al contrario que su antecesor en el cargo -Juan José Ibarretxe-, el portavoz socialista se inclinó por otorgar al viaje un tinte más económico que político. Para ello, estuvo acompañado por representantes de 120 empresas vascas. Cabe recordar, que Ibarretxe apostó en sus últimos años de mandato por otorgar un contenido político exclusivo a sus desplazamientos, buscando apoyos internacionales a sus planes soberanistas.

(www.levante-emv.com, 25/07/10)

13. GALICIA. UN TRIBUNAL ELEGIDO A DEDO ADJUDICARÁ 220 PLAZAS EN CRTVG

Dos lingüistas nombrados por el director que designó Feijóo harán la primera criba con una prueba oralLa convocatoria sustituye a la propuesta que el bipartito sí pactó con los sindicatos El PP de Alberto Núñez Feijóo eligió en solitario a la dirección de la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) y ahora ese grupo de gestores que encabeza el director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, pretende designar a dedo el tribunal que evalúe el primer gran concurso oposición celebrado en los medios públicos desde 1992.

La dirección de CRTVG tiene ya listas las bases del concurso que ofertará las 220 plazas que ya había proyectado el bipartito, pero cambia radicalmente el sistema y los criterios para acceder a los medios de comunicación públicos. Para empezar, el director general de la compañía, Alfonso Sánchez Izquierdo, elegido sólo con los votos del PP, se reserva la potestad de designar a dedo a los miembros de los dos tribunales que juzgarán las pruebas, en función del sistema de categorías. En el caso de los redactores, locutores, documentalistas y asesores lingüistas, el 48% de las plazas que salen a concurso, la dirección de CRTVG establece en las bases un primer examen de gallego oral que eliminará a cualquier aspirante que no alcance una puntuación de cuatro sobre 10.

Esa prueba la valorarán "en exclusividad" dos lingüistas externos a CRTVG "que tendrán la condición de personal funcionario de carrera o laboral fijo de alguna Administración Pública". Dichos lingüistas, que tendrán en su mano la primera criba -en virtud de ese examen oral eliminatorio-, serán elegidos a dedo por la dirección de CRTVG, sin que intervenga la representación sindical o el consejo de administración del ente público.

Todo está en las bases que ha preparado la Dirección Xeral da Compañía de Radio Televisión de Galicia para el concurso oposición y que obra en poder de este periódico. El tribunal que evaluará a los candidatos que superen la primera prueba lo compondrán otros cinco miembros también elegidos por la dirección de la compañía "que tendrán la condición de personal fijo de CRTVG o de sus sociedades, personal funcionario de carrera o laboral fijo de alguna Administración Pública, actuando uno de ellos como presidente y otro como secretario.

En el resto de categorías (productores, reporteros gráficos, administrativos, montadores de vídeo...) el examen de gallego que juzgará otro lingüista designado también por el dedo de la dirección no tendrá carácter eliminatorio. El resto del tribunal para este segundo grupo de categorías lo compondrán otros cuatro funcionarios de CRTVG o alguna Administración pública y también serán designados por la dirección que ha nombrado el PP.

No es este el único cambio que introducen los nuevos gestores del ente público para tumbar las bases del concurso que sus antecesores al frente de CRTVG habían pactado con el comité de empresa. A diferencia de lo que sucedió con el bipartito, que vio como el PP utilizó la muerte de uno de los consejeros del BNG en el consejo de administración para bloquear la convocatoria del concurso, la nueva dirección de la corporación pública también amplía la valoración de la experiencia del personal interino que ha trabajado en CRTVG como contratados o que cuente con sentencias favorables después de ser empleados a través de empresas de trabajo temporal.

Esos méritos obtenidos tras haber trabajado en alguna de las empresas de la casa podrán sumar hasta 80 puntos. Los diferentes exámenes que evaluarán los tribunales designados por la dirección del ente pondrán en liza otros 120 puntos. Eso implica que la experiencia acumulada en cualquiera de las sociedades de CRTVG podrá suponer hasta el 40% de la puntuación total. Con el bipartito, la experiencia sólo podría computar hasta el 28%.

La intención del director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, es que el consejo de administración ratifique el texto mañana jueves y que los primeros exámenes sean en noviembre. Fuentes próximas a la empresa confirman que la cúpula de CRTVG ha descartado ya que los tribunales los compongan profesionales de la casa por sorteo, tal y como ha sucedido en otras ocasiones. De los órganos que velarán por la transparencia del proceso también se caen los expertos externos procedentes de otros medios de comunicación que sí han participado en otras convocatorias. Oficialmente, la dirección de CRTVG no sabe, no contesta. El departamento de comunicación respondió a este diario que las bases son un "documento interno" de la compañía.

(www.elpais.com, 28/07/10)

14. GALICIA. LA XUNTA PERMITE EDIFICAR EN 514 HECTÁREAS A 500 METROS DEL MAR

Alberto Núñez Feijóo habló , al término del Consello de la Xunta, de "día histórico". El Gobierno acababa de aprobar inicialmente el Plan de Ordenación del Litoral (POL) -hoy en el Diario Oficial de Galicia- y con él "un marco normativo estable y la inaplazable protección del litoral". Lo que Feijóo, acompañado del conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, presentó incluía el levantamiento de veto a la construcción en 514 hectáreas situadas a menos de 500 metros del mar. Así, la prohibición establecida por el bipartito y prorrogada por el actual Ejecutivo afecta, hasta la aprobación definitiva del plan, a 6.858 hectáreas dentro de la franja de los 500 metros.

Según los datos que expuso Hernández, la normativa incorpora a la suspensión cautelar de licencias otras 2.792 hectáreas, situadas más allá del medio kilómetro y a la que la paralización del bipartito no afectaba. "[El POL] comprende el territorio como un continuo", explicó. El total de terreno vedado a la edificación, hasta que la ley entre en vigor a finales de año después del último periodo de alegaciones, alcanza las 9.657 hectáreas. El destino de este suelo dependerá de su "grado de compatibilidad" con las directrices que hoy publica el DOG y que va del grado 1, al que se acogen las 514 hectáreas a las que se les ha retirado el veto, al 3, "incompatible". El grado 4 se refiere a "suelos urbanizables no delimitados, rústicos, aptos para urbanizar".

El Plan del Litoral actúa sobre un total de 215.359 hectáreas, el 7,27% de la superficie gallega. , tanto Feijóo como Hernández admitieron que el documento se basa en la estructura del texto elaborado por el Gobierno de coalición entre PSdeG y BNG, cuya prohibición cautelar en los 500 metros también fue prorrogada por el PP. El Plan de Ordenación del Litoral mantiene las áreas de protección ambiental -46.636 hectáreas-, mejora ambiental y paisajística -52.184 hectáreas-, ordenación litoral -116.538 hectáreas- y otros elementos de protección.

(www.elpais.com, 30/07/10)

15. GALICIA. UN TRIBUNAL ELEGIDO A DEDO ADJUDICARÁ 220 PLAZAS EN CRTVG

Dos lingüistas nombrados por el director que designó Feijóo harán la primera criba con una prueba oralLa convocatoria sustituye a la propuesta que el bipartito sí pactó con los sindicatos

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo eligió en solitario a la dirección de la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) y ahora ese grupo de gestores que encabeza el director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, pretende designar a dedo el tribunal que evalúe el primer gran concurso oposición que se ha celebrado en los medios públicos desde 1992.

La dirección de CRTVG tiene ya listas las bases del concurso que ofertará las 220 plazas que ya había proyectado el bipartito, pero cambia radicalmente el sistema y los criterios para acceder a los medios de comunicación públicos. Para empezar, el director general de la compañía, Alfonso Sánchez Izquierdo, elegido sólo con los votos del PP, se reserva la potestad de designar a dedo a los miembros de los dos tribunales que juzgarán las pruebas, en función del sistema de categorías. En el caso de los redactores, locutores, documentalistas y asesores lingüistas, el 48% de las plazas que salen a concurso, la dirección de CRTVG establece en las bases un primer examen de gallego oral que eliminará a cualquier aspirante que no alcance una puntuación de cuatro sobre 10.

Esa prueba la valorarán "en exclusividad" dos lingüistas externos a CRTVG "que tendrán la condición de personal funcionario de carrera o laboral fijo de alguna Administración Pública". Dichos lingüistas, que tendrán en su mano la primera criba -en virtud de ese examen oral eliminatorio-, serán elegidos a dedo por la dirección de CRTVG, sin que intervenga la representación sindical o el consejo de administración del ente público.

Todo está en las bases que ha preparado la Dirección Xeral da Compañía de Radio Televisión de Galicia para el concurso oposición y que obra en poder de este periódico. El tribunal que evaluará a los candidatos que superen la primera prueba lo compondrán otros cinco miembros también elegidos por la dirección de la compañía "que tendrán la condición de personal fijo de CRTVG o de sus sociedades, personal funcionario de carrera o laboral fijo de alguna Administración Pública, actuando uno de ellos como presidente y otro como secretario.

En el resto de categorías (productores, reporteros gráficos, administrativos, montadores de vídeo...) el examen de gallego que juzgará otro lingüista designado también por el dedo de la dirección no tendrá carácter eliminatorio. El resto del tribunal para este segundo grupo de categorías lo compondrán otros cuatro funcionarios de CRTVG o alguna Administración pública y también serán designados por la dirección que ha nombrado el PP.

No es este el único cambio que introducen los nuevos gestores del ente público para tumbar las bases del concurso que sus antecesores al frente de CRTVG habían pactado con el comité de empresa. A diferencia de lo que sucedió con el bipartito, que vio como el PP utilizó la muerte de uno de los consejeros del BNG en el consejo de administración para bloquear la convocatoria del concurso, la nueva dirección de la corporación pública también amplía la valoración de la experiencia del personal interino que ha trabajado en CRTVG como contratados o que cuente con sentencias favorables después de ser empleados a través de empresas de trabajo temporal.

Esos méritos obtenidos tras haber trabajado en alguna de las empresas de la casa podrán sumar hasta 80 puntos. Los diferentes exámenes que evaluarán los tribunales designados por la dirección del ente pondrán en liza otros 120 puntos. Eso implica que la experiencia acumulada en cualquiera de las sociedades de CRTVG podrá suponer hasta el 40% de la puntuación total. Con el bipartito, la experiencia sólo podría computar hasta el 28%.

La intención del director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, es que el consejo de administración ratifique el texto mañana jueves y que los primeros exámenes sean en noviembre. Fuentes próximas a la empresa confirman que la cúpula de CRTVG ha descartado ya que los tribunales los compongan profesionales de la casa por sorteo, tal y como ha sucedido en otras ocasiones. De los órganos que velarán por la transparencia del proceso también se caen los expertos externos procedentes de otros medios de comunicación que sí han participado en otras convocatorias. Oficialmente, la dirección de CRTVG no sabe, no contesta. El departamento de comunicación respondió a este diario que las bases son un "documento interno" de la compañía.

(www.elpais.com, 28/07/10)

16. GALICIA. BALTAR Y LOS ALCALDES DEL PP DE OURENSE COMPARTEN TRIBUNAL DE OPOSICIONES

El modelo de oposiciones que tanta fama ha dado a la Diputación de Ourense se extiende por la provincia. El personal que habitualmente forma parte de los tribunales examinadores de la institución provincial -en donde desde hace décadas aprueban prácticamente en exclusiva cargos y parientes del PP- participa también en las oposiciones que celebran buena parte de los consistorios orensanos gobernados por este mismo partido. De esta forma, en los últimos meses las pruebas para varias administraciones locales han sido fiscalizadas por el asesor jurídico de la Diputación y secretario de las oposiciones, José Eugenio Galindo; el ex presidente de Nuevas Generaciones, José Carlos Castiñeiras, y el hijo del alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, jefe del servicio de recursos humanos de la Diputación. Estos dos últimos accedieron a sus empleos en la institución, hace ya años, pese a varias denuncias de enchufismo.

No actúan igual los municipos controlados por el BNG o el PSOE : "¿Cómo íbamos a pedir nosotros que nos envíen a esos técnicos? es personal de la máxima confianza de Baltar; no nos fiamos", resume el alcalde de O Barco, el socialista Alfredo García, harto de denunciar el enchufismo y el gasto en personal de la institución provincial. La práctica habitual entre los ayuntamientos que no son del PP es solicitar, cuando los necesitan, esos técnicos a la Xunta. "Te envían el que les parece, después completamos nosotros con nuestros propios técnicos como vocales", explican los alcaldes.

José Luis Suárez Martínez y José Eugenio Galindo formaron parte del tribunal designado para la cobertura de una plaza de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Boborás . Suárez presidió también las pruebas para acceder a otra plaza en San Cristobo de Cea y las del ayuntamiento de Bande, ambas convocadas a finales de 2009, en donde figuraban como vocal y secretario suplentes Carlos Castiñeiras y José Eugenio Galindo. La situación se repite en buena parte de municipios del PP, lo que genera situaciones curiosas.

Algunos opositores que acuden ya "de oficio" a cuantas pruebas se celebran para acceder a un empleo en Ourense reconocen su sorpresa cuando se encuentran con el mismo tribunal, en la Diputación y en los ayuntamientos. En cualquier caso, los opositores ajenos al PP son cada vez menos, pese a que algunos insistan. La evidencia es que las academias orensanas no muestran especial interés en promocionar la preparación de estos exámenes. Mientras sí anuncian las oposiciones a la administración central o a la autonómica, se alejan cada vez más de las de la Diputación.

Los centros formativos más prestigiosos de Ourense reconocen que no suelen preparar las oposiciones de técnicos de la Diputación "porque las convocan con poco plazo de tiempo", insuficiente para llevar bien "un temario de ese nivel".

(www.elpais.com, 25/07/10)

17. GALICIA. EL ALCALDE TRÁNSFUGA DE GONDOMAR ESPERA LAS ÓRDENES DEL PP

Declarados tránsfugas los concejales del PP de Gondomar (Pontevedra) que en 2009 firmaron la moción de censura que apartó de la alcaldía al nacionalista Antón Araúxo, el BNG exige ahora que los ediles populares pasen al grupo de los no adscritos, tal como exige el Pacto Antitransfuguismo. Las dirección gallega dice que no tiene capacidad de maniobra porque los concejales se dieron de baja y el PP de Pontevedra se remite a lo que decida la agrupación local, que preside el secretario de Martín Urgal, el alcalde tránsfuga. Este asegura, por el contrario, que no hará nada hasta recibir órdenes de la dirección del partido.

"Yo no me considero tránsfuga", insiste Urgal, a pesar de que 16 partidos políticos han concluido que sí lo es. El alcalde está enrocado en el argumento de que no militaba en el PP cuando se presentó a las elecciones, si bien concurrió en la lista de los populares. Incluso avisa de que denunciará a quien le llame tránsfuga "de forma despectiva".

Tanto el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, como su secretario de Organización, Alfonso Rueda, se han escudado en que los ediles tránsfugas ya no estaban en el PP cuando firmaron la moción de censura -se dieron de baja justo antes de hacerlo- para no pronunciarse sobre el caso.

El representante popular en la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo no objetó, sin embargo, a las conclusiones del dictamen de expertos, que afirma que tanto Urgal como todos los concejales son tránsfugas. Urgal señala ahora que prefiere ser "cauto" y esperar a que el partido le diga qué ha de hacer. De momento, pues, no pasará al grupo de los no adscritos. "Acataré la decisión del partido, aunque no la comparta", avanza. "En este asunto ya no tenemos capacidad de maniobra; órdenes no podemos dar ninguna", señalan fuentes del PP de Galicia, que apuntan a la dirección provincial como responsable de las decisiones que se tomen. Allí tampoco se mojan. "Eso es cosa de ellos", dicen, en referencia a la agrupación local.

Urgal señala que, aunque él y sus compañeros pasen al grupo de no adscritos, el grupo del PP en la corporación no desaparecerá. Y ello porque la salida de Carlos Silva -ex alcalde, condenado e inhabilitado por conceder una licencia de construcción ilegal y el único de los populares que no firmó la moción de censura- deja una vacante que se cubrirá, junto a la del también concejal Ángel Grégores -condenado por los mismos hechos- por los sustitutos Miguel Jorge y Paula Bouzós. "La ciudadanía de Gondomar, principalmente los votantes del PP, tienen el derecho democrático a saber por quién están representados en el Ayuntamiento, o si están representados", declaró Araúxo.

(www.elpais.com, 24/07/10)

18. GALICIA. EL REGIDOR DE TOÉN LEGALIZA UNA CANTERA REPRESENTADA POR OTRO ALCALDE DEL PP

El alcalde de Toén, Amancio Antonio Cid, del PP, ha legalizado la actividad de la empresa de la que es representante el regidor de Xunqueira de Ambía, José Luis Gavilanes, también del PP. Áridos Astariz, del grupo Copasa, lleva cerca de una década ejerciendo su actividad extractora de piedra sin licencia municipal, sin licencia de actividad y sin estudio de impacto ambiental, pese a las reiteradas protestas de los vecinos de Feá, en donde está ubicada la industria.

En lugar de adaptar la actividad de la empresa a la legalidad, el grupo de gobierno de Toén atendió la petición de su compañero de partido, el alcalde empresario de Xunqueira, que propuso al Ayuntamiento un plan de sectorialización de suelo industrial, aprobado esta semana en pleno con los únicos votos del PP pese a que, según la oposición, contraviene el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Con la decisión del Gobierno local de aprobar la propuesta de Gavilanes, Toén bendice a efectos legales la empresa a la que representa el alcalde de Xunqueira, quien en el registro mercantil figura vinculado a más de una docena de empresas.

La legalización, mediante esta vía, de la actividad de Áridos Astariz supone también el visto bueno a la situación de las otras dos empresas que operan junto a ella en Feá, Productos Bituminosos de Galicia, SA (Emulsiones Asfálticas y Betunes), de la que Gavilanes también es representante, y JCA Hormigones. Las tres industrias carecen de licencia municipal y no aplican medidas correctoras ambientales. Ninguna de ellas paga impuesto de instalación, construcción y obras, como tampoco el de actividad, para el que carecen de licencia, según informó la secretaría municipal a los grupos de PSOE y BNG.

La oposición sostiene, además, que aunque las empresas cotizan por el impuesto de vehículos no saben "si pagan por la gran cantidad de camiones que utilizan, un trasiego constante, o sólo por un par de ellos, porque el alcalde nos niega también esta información". Los grupos de oposición de Toén llevan años insistiendo ante el regidor para conseguir el informe jurídico de la situación de las tres industrias transformadoras. "Pero el alcalde no responde", sostiene Laureano Fernández (BNG).

PSOE y BNG advirtieron al PP de que, en cumplimiento del PXOM, debería trasladar a otra zona del municipio la actividad de las empresas a las que representa su compañero de partido, ya que el plan de ordenación deja claro que la zona en la que están situadas es "suelo industrial para actividades limpias".

Los vecinos llevan años registrando escritos en los que reclaman medidas correctoras para evitar los efectos contaminantes del polvo. Sostienen que en el caso de Productos Bituminosos de Galicia, el "riesgo es grande" ya que realiza emulsiones asfálticas con el betún como base.

(www.elpais.com, 24/07/10)

19. ANDALUCÍA. EL PP DE MÁLAGA VOTA A FAVOR Y EN CONTRA DEL SUPERMERCADO

Los futuros usos de los dos muelles del puerto de Málaga que va a recuperar la ciudad dan tanto de sí que se vivió un episodio insólito cuando el Partido Popular votó a favor y en contra de una misma propuesta en el pleno municipal.

El equipo de gobierno de Francisco de la Torre llevó una moción en la que proponía transmitir a todas las autoridades, y especialmente a la portuaria, "la necesidad de conseguir la máxima calidad en los futuros establecimientos comerciales". El PP se negó a incluir en su moción una adición del PSOE que rechazaba expresamente la ubicación de un supermercado.

Apenas cuatro horas más tarde, el pleno vio otra propuesta sobre el puerto de IU que en su primer punto insta al equipo de gobierno a "que realice las gestiones oportunas para que se descarte la posibilidad de ubicar junto a la esquina del puerto un supermercado". Y la sorpresa fue que contó con el apoyo del PP y fue aprobada, como la anterior, por unanimidad.

(www.elpais.com, 30/07/10)

20. COMUNIDAD DE MADRID. SOMBRAS SOBRE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE AGUIRRE, EN 2007

La Comunidad de Madrid vuelve a estar en el ojo del huracán de la investigación del caso Gürtel, tras el envío de los contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre a las empresas de Francisco Correa, cabecilla de esta trama, al juez Antonio Pedreira.

Los contratos remitidos al juez instructor del caso Gürtel tienen fecha del periodo comprendido entre 2007 y 2008, coincidiendo con la campaña electoral por la presidencia de la Comunidad de Madrid, que se inició el 11 de mayo de 2007.

El 25 de abril de 2007, la Comunidad de Madrid firmó un contrato con la empresa Marketing Quality Management (MQM) [relacionada con el entramado Gürtel] para que organizara todos los actos institucionales de Esperanza Aguirre. El precio de adjudicación era de 250.000 euros para todo el año. Resulta llamativo que sólo dos meses después, MQM ya había pasado facturas a Presidencia como consecuencia del mismo contrato por valor de 383.000 euros. Lo que significa que, en apenas dos meses, la empresa había facturado el 150% de lo firmado para todo el año, según la información a la que ha tenido acceso Público.

Entre el 11 de mayo de 2007, que fue el inicio de la campaña, y el 28 de junio, MQM remitió a la consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 20 facturas relacionadas con el contrato. Diecisiete de estas 20 facturas fueron hechas por importes inferiores a 12.000 euros, y no hacen relación a ningún evento en concreto.

Con anterioridad, en 2006 MQM fue adjudicataria de un contrato de 1,25 millones por una campaña de publicidad, Made in Madrid, que nunca se llegó a realizar, y que fue otorgado por el Instituo Madrileño de Desarrollo (Imade), por recomendación de Swat, consultora que se ha coordinado en ocasiones con la trama Gürtel.

MQM había ganado el contrato de la Comunidad de Madrid tras competir con Easy Concept, una de las empresas clave de la trama Gürtel, que estaba administrada entonces por la imputada Isabel Jordán, que luego se incorporó MQM. En 2007, esta empresa pagó al grupo empresarial de Correa 409.000 euros, según las declaraciones a Hacienda incorporadas al sumario.

De acuerdo con la documentación remitida al juez Pedreira, en 2007, para el acto de entrega de medallas al mérito ciudadano se llegó a pagar a tres compañías distintas. MQM facturó a Presidencia  por un total de 46.000 euros, y al mismo tiempo una de las empresas de la trama Gürtel, Servimadrid, cobró  11.162 euros, y Diseño Asimétrico, 10.296 euros.

En marzo de 2007, dos meses antes de que se iniciara la campaña electoral y de que MQM resultara adjudicataria del contrato por 250.000 por los actos institucionales de Esperanza Aguirre, la empresa fue exonerada de cumplir más del 80% del contrato del Imade, sin que ello supusiera una reducción de sus ingresos.

Según los contratos remitidos al juez Pedreira, se deduce que algunas facturas de MQM por actos de Esperanza Aguirre pudieron hincharse en más del 400%. Por ejemplo, el homenaje a las víctimas del 11-M, en 2008 se facturó por 118.595 euros. El año siguiente, el mismo acto se adjudicó por 24.099 euros. Algunos expertos, citados por Público, sostienen que algunas partidas del despliegue de la noche electoral de 2007 estaban hinchadas el 1.000%.

(www.elplural.com, 26/07/10)

21. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE NO DARÁ CUENTA DE SUS BIENES ANTE LA ASAMBLEA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo hace dos meses que era "pobre de pedir" y ahora el Partido Popular de la región se niega a que haga pública su declaración de bienes, patrimonio e IRPF. Aguirre "ya da cumplida información de todos sus datos donde tiene que darlos y cumple los requisitos que se exigen a los cargos públicos", justificó el portavoz popular en la Asamblea, David Pérez.

La petición, presentada por el grupo socialista, ya había sido rechazada por la Mesa del Parlamento regional en mayo. "No sabemos qué tienen que ocultar", protestaba ante los medios su portavoz en la Asamblea, Maru Menéndez, tras la junta de portavoces de en la que había tratado de sacar adelante una reconsideración de la propuesta. Ni antes ni ahora. El PP de Madrid rechazó por mayoría que los grupos parlamentarios accediesen a las cuentas de la Presidenta. Una decisión que "extraña" a la portavoz socialista en tanto que Aguirre defiende que hay que ser transparentes.

El portavoz de Izquierda Unida, Enrique Reneses, explicó que su grupo apoya la iniciativa recordando las declaraciones de Aguirre en las que se comparaba con el presidente del Congreso, José Bono. "Una persona que es pobre de pedir no debería tener ningún tipo de dificultades en que su patrimonio fuese conocido y público". Aseguró además que hay documentación "suficiente". Justo el argumento contrario al de David Perez. El escrito del PSM, según dijo, "ataca a la Mesa" y "no cumple los requisitos".

(www.elpais.com, 24/07/10)

22. COMUNIDAD DE MADRID. COSPEDAL OBLIGA A COBO A RETIRAR EL RECURSO POR EL CASO DE LOS ESPÍAS

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha obligado al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, a retirar el recurso contra el archivo que decretó la juez en el juicio que investiga los seguimientos que empleados de la Comunidad de Madrid, dirigida por Esperanza Aguirre, realizaron sobre él mismo y otros miembros de su propio partido, entre ellos el ex vicepresidente del mismo Gobierno regional, Alfredo Prada, que ni siquiera llegó a presentar su propio recurso.

Cobo está suspendido temporalmente de militancia en el PP después de criticar duramente en EL PAÍS a Aguirre.

En su recurso, Cobo aseguraba que que en el Ejecutivo regional hubo "carta blanca, aparentemente" para esa actuación ilegal. Y apuntaba que, en contra de lo que dictó la jueza en su auto de sobreseimiento, los hechos sí constituían delito. Precisamente, la mano derecha de Gallardón echaba en cara a la juez que no investigara más a fondo ya que no se realizó "la práctica de pruebas que, propuestas por las partes, no han sido proveídas; además hubo diligencias pedidas por el fiscal que no se practicaron por no dar cumplimiento a las mismas la Comunidad de Madrid".

Entre las pruebas vetadas por la juez figuran los datos sobre el uso de teléfonos móviles y vehículos oficiales por parte de los sospechosos en los meses del espionaje, y el coste que supuso para el erario público, elemento clave para valorar el posible delito de malversación. Pero el escrito también echa en falta en la investigación judicial otros muchos elementos.

Pese a que Cobo y Prada han decidido retirarse del proceso por indicación de la dirección de su partido, el caso seguirá vivo al menos de momento. El PSOE, que ejerce la acusación popular, mantiene el recurso que presentó poco después del sobreseimiento al entender que supone "la obstrucción y vulneración del derecho a la defensa" y recuerda las diez pruebas solicitadas reiteradamente a la juez y que esta nunca atendió, sin motivar siquiera su rechazo. Entre otras, el testimonio de Yolanda Laviana, ex esposa de uno de los implicados, Sergio Gamón.

Por otro lado, la Fiscalía ha esperado a los recursos de las partes y, una vez que todos estén o no presentados, decidirá qué hacer. Siete de las 10 pruebas vetadas por la juez las pidió el propio fiscal en 2009.

(www.elpais.com, 27/07/10)

23. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP. ESPIONAJE DEL PP. EL CASO NO VOLVERÁ A LA ASAMBLEA DE MADRID

"El famoso caso de los espías ni es caso ni es de espías". Al amparo del archivo provisional dictado la semana pasada por la juez Carmen Valcarce, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez, afirmó con esa rotundidad que las investigaciones por seguimientos irregulares deberían concluir definitivamente. Como era de prever, el Grupo Popular rechazó la propuesta de Partido Socialista de Madrid (PSM) para que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, compareciesen en un Pleno extraordinario de la Cámara.

Querían los socialistas que Aguirre aclarase las razones por las que Sergio Gamón dejó su cargo de director del Área de Seguridad. "Nadie se cree que sea por motivos personales", alegó la portavoz socialista, Maru Menéndez, durante la reunión de la Diputación Permanente.

El PSM reclamaba también que Granados informase sobre el espionaje al vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente regional Alfredo Prada. Al final, nada de nada. Los 24 votos populares tumbaron la propuesta socialista, respaldada por Izquierda Unida.

Uno de los aludidos en la sesión, Granados, ironizó ante los medios sobre el hecho de que Cobo presentase un recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid. "No tengo ocurrencias de ese tipo ahora en verano", aclaró en respuesta a la pregunta de si le había pedido al vicealcalde que no presentase el recurso.

El presidente del PSM, Tomás Gómez, insistió sin embargo en la necesidad de seguir investigando para que "los ciudadanos conozcan quién ha financiado el espionaje y quién ha pagado los dos millones de euros" destinados presuntamente a sufragar los seguimientos, que en su opinión provienen de las arcas públicas.

(www.elpais.com, 24/07/10)

24. COMUNIDAD DE MADRID. ESPIONAJE DEL PP. CRONOLOGÍA DEL ESPIONAJE EN MADRID

- Noviembre de 2003-junio de 2007. El vicepresidente y consejero de Interior, Alfredo Prada, ficha a Sergio Gamón como director de Seguridad. Ya trabajaban allí José Manuel Pinto y José Palomo. En junio, Granados asume las competencias de Interior.

- Septiembre de 2007. Granados ficha a 3 ex guardias civiles y 3 ex policías. Gamón compra cámaras y motos.

- Abril y mayo de 2008. Espionaje a Prada y Manuel Cobo (vicealcalde de Madrid), partidarios declarados de que Mariano Rajoy siga al frente del PP pese a la derrota en las generales y frente a la actitud desafiante de esos días de Esperanza Aguirre.

- Junio de 2008. Rajoy es reelegido presidente del PP. Aguirre destituye a Prada y el líder le ficha para la dirección nacional.

- Junio y julio de 2008. Gamón registra una sede de Justicia y requisa un ordenador. Granados lo destituye como director de Seguridad y tres días después lo ficha como asesor.

- Enero y febrero de 2009. EL PAÍS revela la red de espías. Un informe caligráfico demuestra que pertenecen a la dirección de Seguridad. Se identifica la letra de Pinto. Cobo denuncia.

- Febrero y marzo de 2009. Comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. El PP pone todo tipo de trabas y termina por forzar su cierre prematuro sin escuchar a las víctimas.

- Mayo de 2009. El Juzgado de Instrucción 5 de Madrid incoa diligencias por un presunto delito de malversación. Llegará a imputar a los ex policías y ex guardias civiles, y a Gamón.

- 25 de octubre de 2009. Cobo critica la "gestapillo" de Aguirre en EL PAÍS. El PP le suspende de militancia.

- Abril y mayo de 2010. Un informe policial concluye que agentes del Gobierno de Aguirre espiaron a Cobo y Prada. El informe caligráfico oficial acredita la implicación de Pinto.

- Junio de 2010. Yolanda Laviana, ex secretaria de Aguirre y ex esposa de Gamón, asegura que su ex marido espió a Prada. Poco después es despedida de Telemadrid. Ese día, Gamón dimite.

- 15 de julio de 2010. La juez archiva el caso, incapaz de cuantificar el dinero público que costaron los seguimientos, cuya existencia ni confirma ni desmiente. Poco después Gamón vuelve a la policía; se le asigna la vigilancia del Museo del Prado.

(www.elpais.com, 28/07/10)

25. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE PAGABA A MQM Y A LA 'GÜRTEL' EL MISMO ACTO

El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó dos veces por un mismo acto de Presidencia a empresas distintas y lo hizo en al menos seis ocasiones entre 2007 y 2008: un pago iba a Marketing Quality Management (MQM), que tenía la adjudicación formal para organizar los actos de la presidenta, y otro a empresas de la trama Gürtel.

Así se desprende de la documentación remitida por la Comunidad de Madrid al juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira, sobre todos los contratos obtenidos por la trama.

MQM, que está siendo investigada en la causa, declinó atender a Público. Un portavoz de Economía respondió por escrito: "La Comunidad de Madrid ha facilitado toda la información sobre el caso Gürtel que se le ha requerido por parte del juez. Asimismo, el Gobierno regional ha comparecido en la Asamblea para dar cumplida cuenta de la información de la que dispone el Ejecutivo regional, que siempre ha cumplido con la Ley de Contratos".

MQM firmó un contrato el 25 de abril de 2007 con la Comunidad de Madrid para organizar los actos de Presidencia. El concurso, de 250.000 euros al año, fue impulsado por Alberto López Viejo, hoy imputado y entonces organizador de los actos de Aguirre.

MQM ganó tras competir con Marvá y Easy Concept, una de las empresas clave de la trama que estaba administrada por la hoy imputada Isabel Jordán, que luego se incorporaría precisamente a MQM. En 2007, esta empresa pagó a la trama 409.000 euros, según las declaraciones a Hacienda incorporadas al sumario.

Tras ganar la adjudicación de los actos de Presidencia, la trama siguió facturando para la Comunidad de Madrid por actos que entraban dentro del contrato marco firmado por MQM y que en realidad ya habían sido facturados por esta empresa.

No es que MQM subcontratara los servicios a la trama, algo que hubiera sido posible dentro del contrato marco, sino que empresas de Correa facturaban también a la Administración autonómica por los mismos actos ya encargados y pagados a MQM.

El acto de entrega de medallas al mérito ciudadano, en 2007, se llegó a pagar a tres empresas distintas, según la documentación remitida al juez. MQM pasó a Presidencia facturas por un total de 46.000 euros. Pero por el mismo acto cobró también 11.162 euros Servimadrid, otra de las empresas nucleares de la trama, y otros 10.296 euros Diseño Asimétrico por la aportación del equipo audiovisual.

MQM había ganado el concurso marco precisamente porque se valoró especialmente "las mejoras relativas a los medios audiovisuales", según el informe del jefe de área de régimen interior, Alfonso Peña. Fue la única concursante que puntuó en este punto, al ofertar dentro de su propuesta seis pantallas de plasma.

El mecanismo de pagos repetidos se repitió al menos otras cinco veces entre 2007 y 2008: Easy Concept pasó una factura de 4.065 euros por un acto en la Real Casa de Correos; Good & Better otro de 11.990 euros por la entrega de medallas a los príncipes y Servimadrid tres facturas de 11.900 euros por el Belén, el Día de la Constitución y un acto de balance de gobierno. Todos ellos entraban dentro del contrato marco ya pagado a MQM.

Antes de lograr este concurso en Presidencia, MQM ganó un contrato del Imade, vinculado a Economía, para una publicidad de 1,25 millones de euros que se pagó pero no se hizo. La propuesta de adjudicación la hizo Swat, consultora bien conectada con Gürtel. 

La conexión de Marketing Quality Management (MQM) con la trama ‘Gürtel' se hizo a través de Over Marketing y Comunicación (Over MC), implicada también en el caso de la ‘publicidad fantasma' del Imade.

Así lo declaró ante el juez la imputada Isabel Jordán, ex responsable de Easy Concept, una de las empresas de la trama para eventos en Madrid: "Nosotros conocimos a MQM a través de Javier Rodríguez [directivo de Over MC]". Jordán añade que conversaron en ocasiones con Over para coordinarse y que la relación con MQM fue una sugerencia de esta empresa.

Over MC y MQM fueron beneficiarias de sendos contratos de creatividad publicitaria del Imade de los que no existen pruebas de que llegaran a realizarse pese a que el organismo público abonó 3,25 millones: dos a Over para una campaña dirigida a pymes y autónomos y 1,25 para MQM por ‘Made in Madrid'. La consultora que les eligió fue Swat, que en ocasiones trabajó coordinadamente con la ‘Gürtel'. En Baleares, la fiscalía investiga contratos publicitarios suscritos por Over MC con instituciones gobernadas por el PP. Over hizo la campaña de Jaume Matas en 2003.  

El 25 de abril de 2007, la Comunidad de Madrid firmó un contrato con Marketing Quality Management (MQM) para que esta empresa organizara todos los actos insitucionales de Esperanza Aguirre. El precio de adjudicación era de 250.000 euros para todo el año.

Apenas dos meses después, MQM ya había pasado facturas a Presidencia como consecuencia del contrato por valor de 383.000 euros. Es decir, en apenas dos meses la empresa había facturado el 150% de lo firmado para todo el año.

(www.publico.es, 26/07/10)

26. COMUNIDAD DE MADRID. ANTICORRUPCIÓN PIDE QUE SE IMPUTE AL DIRECTOR DE MQM

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido al juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, que cite a declarar "en calidad de imputado" al administrador de Marketing Quality Managment (MQM), empresa que recibió cuantiosas adjudicaciones de la Comunidad de Madrid a las puertas de las elecciones de 2007.

En su escrito, fechado el pasado 14 de junio, los fiscales solicitan que se aporte a la causa el historial del Registro Mercantil relativo a dicha sociedad, administrada por Antonio Martín Sánchez. También se pide que se llame a declarar como testigo a Reyes Montiel, la diputada de Izquierda Unida (IU) que el pasado abril presentó un escrito en la fiscalía instándola a investigar. En una providencia del 30 de junio, el juez solicitó que se una al caso toda la documentación aportada por Montiel. La diputada de IU en la Asamblea acudió a los tribunales tras descubrir que el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), adscrito a Economía, adjudicó en septiembre de 2006 a MQM la creatividad de una campaña de publicidad que no llegó a realizarse. Se llamaba Made in Madrid y costó al erario público 1,25 millones de euros.

En marzo de 2007, a las puertas de las elecciones autonómicas del 27 de mayo, el Imade exoneró por escrito a MQM de realizar más del 80% de sus compromisos, pero le mantuvo intacto el pago. Ese mismo año, MQM abonó 409.000 euros a las empresas de Francisco Correa, según las declaraciones a Hacienda incorporadas al sumario.

La elección de MQM para la campaña de publicidad fantasma fue una sugerencia de Swat, consultora que en ocasiones se ha coordinado con la trama Gürtel para acceder a contratos públicos. Y esta misma consultora eligió a Over Marketing y Comunicación (Over MC) para otra campaña de publicidad fantasma del Imade que supuso el desembolso de otros dos millones de euros antes de los comicios.

La relación entre estas empresas entre sí y con la propia trama Gürtel la corroboró ante el juez Isabel Jordán, ex administradora de Easy Concept empresa nuclear de la trama en Madrid que fue contratada posteriormente por MQM: la imputada explicó que fue Over MC quien les puso en contacto con MQM. Reyes Montiel está recopilando información para ampliar el escrito que dirigió a la fiscalía: "Desde entonces han aparecido muchos otros indicios de presuntas irregularidades relacionadas con esta empresa y del uso que han hecho de ella el PP y la trama", explica Montiel.

En abril de 2007, con las elecciones ya formalmente convocadas, MQM recibió otra adjudicación de la comunidad, esta vez por valor de 250.000 euros, para organizar los actos de la presidenta. El contrato, que fue una iniciativa del hoy imputado Alberto López Viejo, tiene también muchos aspectos que en opinión de Montiel deberían investigarse.

Presidencia pagaba alguno de estos actos por duplicado: a MQM y a la trama. Además, según consta en un documento remitido por la propia empresa a Presidencia, en apenas dos meses facturó el 150% de lo presupuestado para todo el año, coincidiendo con la campaña electoral. "Espero que la justicia llegue donde es imposible llegar en la Asamblea como consecuencia del rodillo del PP", añade Montiel, quien llama a investigar si el contrato sirvió "para financiar la campaña electoral del PP".

(www.publico.es, 27/07/10)

27. COMUNIDAD DE MADRID. AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR. LA CÁMARA DE CUENTAS HALLA GRAVES IRREGULARIDADES

Los auditores de la Cámara de Cuentas de Madrid han detectado múltiples irregularidades al revisar la gestión municipal del Ayuntamiento de Galapagar entre 2004 y 2006, fecha en la que gobernaba el PP con mayoría absoluta. Entre ellas, gastos tramitados "totalmente al margen de la ley", abonos a un trabajador de más de 6.000 euros como complemento de productividad por dos días de trabajo, desaparición de expedientes del archivo, fragmentación de facturas para evitar convocar un concurso, adjudicaciones a empresas con la oferta más cara, entre otras deficiencias.

No se recibió ninguna alegación por parte del Consistorio. El PSOE, en la oposición, considera que estos episodios de descontrol y derroche han llevado al pueblo a la bancarrota con una deuda de más de 42 millones de euros. El equipo de gobierno, nueve ediles del PP y dos de la Plataforma de Vecinos, asegura estar satisfecho con las conclusiones del informe, que está aplicando para poder remontar el gran agujero económico del que culpan a Gobiernos anteriores socialistas.

La Cámara de Cuentas inició la investigación tras recibir una solicitud del PSOE, cuando recuperó el poder en las elecciones de 2007, que perdió un año después por una moción de censura. El resultado de la auditoría pone de manifiesto "el grave empeoramiento de la situación económica y financiera del Ayuntamiento y, en particular, en 2006". Se pasó de un ahorro neto de 693.712 euros en 2004 a un déficit de más de seis millones en dos años. Sobre todo porque los gastos aumentaron un 57% y los ingresos solo un 20%, según indican los auditores.

"Y es que todo valía", rememora la concejal socialista, Carmen Andoanegui. "El presupuesto de 2006 se duplicó. Y falseando las cifras, porque no existían datos objetivos de los ingresos que decían iban a soportar esa subida. Lo peor es que se gastó lo que no teníamos", asegura. Para complicar aún más la situación, la Cámara de Cuentas indica que el Consistorio no controla los ingresos de las actividades deportivas y culturales, de los toros y fiestas patronales o los que proceden del festival de jazz. Solo conoce el importe que se ingresa al final en sus cuentas bancarias, pero no verifica si corresponde a la totalidad de lo que se ha cobrado en las taquillas.

Los gastos en bienes corrientes y servicios para 2006 también "adolecen de importantes defectos". En ocasiones ni siquiera los autoriza el alcalde o el pleno y carecen de asignación presupuestaria. Es el concejal el que decide, y después de la compra o la realización del servicio presenta la factura.Algunos ejemplos donde se omite "totalmente" el procedimiento exigido es en las obras del edificio de la tercera edad o en la redacción del proyecto de la biblioteca municipal. Esta forma de actuar provoca que el Ayuntamiento tenga gastos que tardan años en salir a la luz y el presupuesto va a arrastrando desfases. A 31 de diciembre de 2006, faltaban por reconocer gastos por 604.743 euros, correspondientes a 175 facturas.

El Ayuntamiento también fracciona facturas para evitar que su importe les obligue a convocar un concurso público. Los auditores indican que al ser del mismo proveedor y de la misma fecha "tenían que haber sido tramitadas con un solo contrato". Por ejemplo, los trabajos de coordinación y salud de la cubierta del velódromo, en 2006, se abonaron con seis facturas correlativas de 3.132 euros cada una. Otra de los tirones de oreja va dirigido a las gratificaciones que se otorgan sin acreditarse que se ha llevado a cabo un trabajo extraordinario o fuera de la jornada laboral. Por ejemplo, se abona a un trabajador 15.344 euros por sustituciones, pero sin estar justificado que tuviera que reemplazar a otro empleado.

No es lo único que falla. Los auditores se encontraron con sorpresas al fiscalizar los 72 contratos que se celebraron en ese periodo por 72.563.849 euros. El expediente de la concesión de la explotación del aparcamiento público de la plaza del Caño, por 1,9 millones, había desaparecido de los archivos y se adjudicó a una empresa que se dedicaba a la explotación de bares, restaurantes, cafeterías y toda clase de fincas. Nada que ver con la gestión de aparcamientos.

"Es uno de los contratos más dudosos", sostiene el concejal de Foro Verde, José Luis Barceló. "Yo estuve en la mesa de contratación. Solo se presentó una oferta y la empresa no tenía nada que ver con lo que pedíamos. Dije que lo pararan, pero siguieron adelante", añade el edil.

En la compra de un equipo de producción para el teatro Jacinto Benavente por 89.000 euros aparece en cuando se abren las proposiciones económicas una empresa que no estaba en el acto previo y que resultaría la adjudicataria. Y en las obras para cubrir el velódromo municipal, adjudicado por 3,2 millones en 2005 se aplican unos criterios imprecisos y meramente valorativos, según recoge el informe de la Cámara de Cuentas regional.

"Les llaman la atención en todo. Y ahora quieren que los contribuyentes sean los que paguen. En 2008 se ha subido el impuesto de vehículos en un 55% y las actividades municipales y deportivas en un 300%. Si por un trimestre de inglés te cobraran 18 euros, ahora pagas eso, pero cada mes", critica Andonaegui.

El informe está colgado en la www.camaradecuentasmadrid.org y se dará cuenta de él en el pleno de este lunes.

(www.elpais.com, 26/07/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS PONE EN MARCHA LA CAMPAÑA, PESE AL AVISO DE MADRID

Francisco Camps aprovechó un acto interno de partido, convocado para hacer un balance de gestión de sus siete años al frente de la Generalitat, para lanzar un desafío más a la dirección nacional del PP. Si el lunes María Dolores de Cospedal, secretaria general, advertía que las candidaturas, en la Comunidad Valenciana, incluida la de la Generalitat, tendrían que esperar a que la justicia se pronunciara sobre los numerosos casos de corrupción que afectan a los populares, Camps respondió con el nombramiento del comité de campaña en una extraña convocatoria de la junta directiva regional.

El acto estaba previsto para, una vez más, reforzar la autoestima del presidente valenciano y atacar a Rodríguez Zapatero. Unas 500 personas, la mayoría de ellas cargos públicos, acudieron a una convocatoria bajo el lema Cumplimos 2003-2010. Pero antes de los discursos previstos, Camps decidió in situ una convocatoria extraordinaria de la junta directiva, toda vez que la mayoría de sus miembros estaban presentes.

Camps anunció su comité de campaña con sorpresa incluida. La consejera de Justicia y Administraciones Públicas y portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, fue nombrada coordinadora general; pero para dedicarse plenamente a su nueva función, hoy dejará sus funciones ejecutivas en el Consell -seguirá siendo portavoz-, que se redistribuirán entre las consejerías de Gobernación, Solidaridad y Ciudadanía y la vicepresidencia Económica. El nombramiento de Sánchez de León, acogido con estupor en el PP, supone un revés para el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, que ocupó ese cargo en 2007.

(www.elpais.com, 30/07/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. EL EQUIPO DE CAMPS AVISA DE QUE SEGUIRÁ SI ES "CONDENADO"

Justo en el mismo día y, por poco, coinciden hasta en la hora. El portavoz del Grupo Popular en Les Corts valencianas, Rafael Blasco, afirmó este martes que Francisco Camps "debería continuar" en su cargo "aunque fuera condenado" por su implicación en el caso Gürtel. Y, mientras tanto, Mariano Rajoy decía a los suyos, reunidos en el último comité ejecutivo nacional del curso que celebraba su partido, que habrá que esperar a ver qué pasa con los procesos judiciales abiertos para adoptar cualquier decisión.

"El president debería seguir en cualquier circunstancia", dijo Blasco de forma rotunda durante un almuerzo con periodistas. Después resaltó que se trataba de su opinión personal y aseguró que, en cualquier caso, no pensaba que ese extremo llegara a producirse. "Creo que no va a ser condenado porque tengo una absoluta confianza en su inocencia como la inmensa mayoría de los valencianos", matizó.

En cualquier caso sus declaraciones ya habían causado estragos en el PP nacional. "¿Quién es Blasco?", destacaban con sorna. Más de un dirigente conservador minusvaloró a su compañero de filas. Algunos llegaron incluso a decir que no se podían tener en cuenta sus palabras porque cuando Blasco habla "no se sabe si realmente dice lo que piensa". En la sede del PP creen que tanto él como Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, han "malmetido" mucho contra el jefe del Consell.

En la dirección nacional mantenían que ese podía ser "el pensamiento" del conseller pero se negaban a suscribirlo. Además insistían en que el líder del PP había dicho exactamente lo contrario. "Él ha pedido esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos", señalaba un diputado. Otro lo recordaba así: "Ha dicho que con los temas de corrupción confiamos en la Justicia y que vamos a ver qué ocurre". Cada uno lo expresaba a su manera pero en el fondo la idea era la misma: Camps permanece en cuarentena. "Todo está pendiente. No le hemos dado un sí rotundo e incondicional", confesaban en el PP.

En mayo, Rajoy derrapó en su cierre de filas con Camps. El líder del PP comentó en una entrevista que su barón iba a ser cabeza de lista en las próximas elecciones "diga la Justicia lo que quiera". El Supremo se iba a pronunciar sobre el tema de los trajes y, con ello, Rajoy venía a decir que le daba igual que lo imputaran.

El jefe de la oposición siempre se ha arrepentido de la expresión que empleó y unos días después incluso llegó a reconocerlo en público. En una reunión con los máximos dirigentes de su partido admitió que había sido "desafortunada" y sostuvo que no iba a volver a decir cosas que se pudiesen "malinterpretar".

Por lo visto ha aprendido la lección y ahora prefiere mantener la cautela. Por eso iniciará el curso político en Santiago de Compostela cuando el año pasado lo hizo en la Plaza de Toros de Valencia. Y, por eso mismo, ha pospuesto la designación de candidatos a la vuelta del verano esperando a que los tribunales se pronuncien.

En rueda de prensa, le preguntaron a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por la situación que vive el partido en la Comunitat Valenciana donde cuentan, además de con Camps, con los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, imputados. "Vamos a esperar y confiar en la actuación de la Justicia", dijo repitiendo el estribillo de su jefe.

Además tuvo que defender que el código ético se aplica "a todo el mundo por igual" cuando le preguntaron por qué se había suspendido de militancia al ex secretario general de los conservadores valencianos, Ricardo Costa, por atrincherarse en sus cargos y no se hacía nada contra Fabra, al borde del banquillo por delito fiscal, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. "No tienen absolutamente nada que ver los dos casos aunque haya personas interesadas en mezclarlos", defendió Cospedal.

(www.publico.es, 28/07/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP VULNERA LOS DERECHOS DE LA OPOSICIÓN, SEGÚN EL CONSTITUCIONAL

La práctica de rechazar sin motivo iniciativas de la oposición parlamentaria más o menos molestas para el Consell o para el PP ha recibido un nuevo varapalo del Tribunal Constitucional, que, como ya hizo en marzo del año pasado, ha estimado el recurso de tres diputados del grupo Esquerra Unida-L'Entesa en la legislatura pasada, actualmente en la Coalició Compromís, contra la inadmisión de algunas de sus preguntas e interpelaciones por parte de la Mesa de las Cortes Valencianas, entonces y ahora dominada por la mayoría absoluta de los populares.

"En la medida en que en las diversas resoluciones parlamentarias no consta ningún motivo de fondo que justifique la inadmisión de la iniciativa solicitada, constituyen una limitación ilegítima al ejercicio de aquellos derechos y facultades que integran el estatuto constitucionalmente relevante de los representantes políticos", establece la sentencia que hicieron pública la diputada de Compromís Mònica Oltra, abogada en los dos recursos ganados hasta ahora ante el Constitucional, y el ex portavoz de L'Entesa y hoy candidato a la alcaldía de Valencia por la Coalició Compromís, Joan Ribó.

"Vamos a ser el Parlamento más condenado", comentó Oltra, que ha presentado a lo largo de esta legislatura cuatro recursos de amparo -dos de ellos ya admitidos a trámite por el alto tribunal- contra 14 actos de la Mesa de las Cortes y prepara otro en el mismo sentido.Las iniciativas que han recibido amparo del Constitucional fueron presentadas por los diputados de L'Entesa Carles Arnal, Dolors Pérez y Joan Ribó, y se referían a cosas como la contaminación sonora causada por una fábrica, el funcionamiento de las inspecciones técnicas de vehículos o el proyecto de un vertedero en Cervera del Maestrat.

Las negativas de la Mesa de las Cortes se justificaron en que aludían a empresas privadas o no tenían trascendencia pública. El Constitucional considera, sin embargo, que el rechazo a tramitarlas obedeció "al mero resultado decisivo carente en absoluto de motivación".

Una de las iniciativas era la petición de comparecencia de la entonces consejera de Turismo, Milagrosa Martínez, hoy presidenta de las Cortes, para que explicara su intención de organizar "una feria de turismo en el País Valenciano". La empresa Orange Market, de la trama de corrupción del caso Gürtel, acababa de hacerse con la adjudicación del montaje de los pabellones de la Generalitat en Fitur y otras ferias turísticas, aunque en ese momento todavía se ignoraban las irregularidades que más tarde saldrían a la luz. "Ahora, en 2010, sabemos por qué al PP le resultaban tan incómodas las preguntas sobre turismo", comentó Mònica Oltra.

Otra de las iniciativas rechazadas era una petición de comparecencia del presidente del Consell, Francisco Camps, para que comentara la denuncia de la Agencia Tributaria al presidente de la Diputación de Castellón, en los inicios de lo que se conoce como el caso Fabra. El Constitucional ha desestimado el recurso en lo referido al rechazo de esta petición de comparecencia, no por cuestiones de fondo, sino porque en su día no se agotaron los recursos de reposición ante la propia Mesa de las Cortes, como se exige para poder solicitar amparo al Constitucional.

Ribó reflexionó sobre los efectos de lo que calificó como "un proceso de creciente de opacidad". En época de mayoría socialista, recordó el ex diputado, Esquerra Unida llegó a advertir que recurriría al Constitucional si se vetaban sus iniciativas parlamentarias y nunca necesitó hacerlo. Tampoco en las primeras legislaturas de mayoría del PP, pero L'Entesa sí que tuvo que acudir al Constitucional en la de 2003 a 2007. Y ahora lo ha hecho Compromís varias veces.

Según Ribó, que consideró que en las Cortes Valencianas la democracia está "limitada y controlada", el camino de la corrupción es siempre el mismo: opacidad, quebrantamiento de las reglas y una cierta chulería. Como ejemplo, citó al primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, que en respuesta a una pregunta de un periodista sobre las irregularidades del caso Laterne, dijo el otro día que no pensaba contestarle porque no le daba la gana.

(www.elpais.com, 30/07/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. ASÍ SE GRABARON LAS CINTAS DEL CASO ´BRUGAL´

El "caso Brugal" se sostiene por algo que cabe en un bolsillo. Toda la prueba de peso con que cuenta el fiscal Felipe Briones para, dice, demostrar que existieron irregularidades, tanto en la adjudicación de las basuras de Orihuela como del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, cabe en algo que se ha hecho tan familiar como un pendrive, un simple lápiz digital. Pero la realidad es que lo que tiene el juez Carlos San Martín como prueba de peso es una transcripción de las escuchas, tarea que ha ocupado cientos de folios que se guardan con celo en un armario, siempre cerrado, del juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela. Es falso cuando se dice que "hay 60 tomos o más". Bueno, al menos hasta que el pasado 6 de julio se procedió a autorizar los registros. Entonces sí se cargaron suficientes papeles y documentos para generar tanto tomo. Pero antes no. Sólo estaban las transcripciones.

Hasta que no se levante el secreto de sumario no se sabrá quién estaba "pinchado" y qué móviles se ha autorizado que se intervinieran por los distintos jueces que han pasado por este juzgado. Varias fuentes hablan de una treintena y que la tarea no ha sido fácil porque muchos de los protagonista cambiaban de número. Localizar cuál era el nuevo es ahora tarea fácil para la Policía. Ya les gustaría a ellos saber cómo. Pero hay más de treinta "pinchazos" telefónicos. Eso es seguro.

En mayo de 2007 se autorizaron las escuchas a raíz de una denuncia del empresario Ángel Fenoll, a la sazón el gran protagonista de este asunto porque fue detenido entonces y lo ha vuelto a ser ahora, se supone que por hechos conexos. Las conversaciones más "jugosas" no han salido de su móvil, sino de los de su entorno y de otros protagonistas "menores". La sensación de impunidad, de que se sentían seguros durante las conversaciones, ha hecho el resto. Otra cuestión es si será suficiente para una acusación formal. "Una conversación no es una prueba si no se respalda con algo más", asegura una fuente que añade: "En este asunto hay muchas conversaciones pero ¿pruebas?". La Policía ha estado amparada en todo este proceso por el fiscal Briones y éste creyó a finales de 2007 que estaba ante la "punta de un iceberg"; de hecho, este proceso se ha desgajado, al menos, en nueve y salpica también a juzgados de Alicante y Murcia.

El fiscal, aupado porque el juzgado de Primera Instancia 3 ha visto pasar hasta cuatro jueces en este tiempo -si hubiera estado el mismo magistrados todas las fuentes coinciden en que habría sido imposible una prórroga tan larga del secreto-, ha dado su visto bueno a que la Policía siguiera obteniendo autorización todos los meses para las escuchas. Y así ha sido, al menos, hasta que llegó el juez San Martín y dijo "basta". De ahí que se autorizaran todos los registros de forma simultánea porque el caso tenía que estallar.

Todas las grabaciones han sido transcritas por la misma pareja de policías y han supuesto un quebradero de cabeza para el juzgado. Especialmente para el secretario porque él ha tenido que dar fe de su contenido y adverarlo. A partir de ahora, cuando se levante el secreto de sumario, comenzara otro proceso paralelo de las defensas para saber si lo que la Policía dice que hay en las citas está realmente y si quien lo dice es su cliente u otro. Pero eso será otro capítulo.

(www.levante-emv.com, 25/07/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. LA ABOGACÍA DEL ESTADO RECLAMA A FABRA CASI 3,5 MILLONES DE EUROS

La Abogacía del Estado ha presentado su escrito de acusación contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al que reclama que devuelva el dinero supuestamente defraudado a Hacienda (886.000 euros), además del pago de una multa de más de 2,6 millones de euros, con lo que, en total, el dirigente del PP debería ingresar en las arcas públicas casi 3,5 millones de euros.

La cuantía que solicita la Abogacía del Estado es más elevada que la reclamada por la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de calificación exige a Fabra el pago de 2,6 millones de euros por la supuesta comisión de los cinco delitos fiscales por los que está imputado. En ambos casos, la petición de las penas de cárcel es la misma: Un año por tráfico de influencias, cuatro por cohecho y diez por el fraude fiscal, que suman un total de 15 años. Por el delito de cohecho piden para el presidente de la Diputación, además, otra multa de 600.000 euros.

La Abogacía del Estado está personada en el llamado caso Fabra desde que la Agencia Tributaria presentó una denuncia ante la posible comisión de un fraude fiscal en la declaración de la renta del ejercicio correspondiente a 1999. Tras esta denuncia, el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules decidió que las cuentas y el patrimonio de Carlos Fabra y de su familia fueran analizados. Tras cuatro años recabando información y cruzando datos, los peritos, que son inspectores de Hacienda, presentaron un informe en el que detallaban la existencia de ingresos imputables a Carlos Fabra y realizados entre 1999 y 2004 por valor de dos millones de euros, que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta declarados.

En el caso de su esposa, María Amparo Fernández, los ingresos no justificados ascienden a otros 1,6 millones de euros. El informe también concluía que la "ocultación de ingresos" dio lugar a un fraude a Hacienda hasta en nueve ocasiones: cinco por parte de Fabra y cuatro de las que se responsabiliza a Fernández. El único año de los analizados que no se detectó una cuantía defraudada que superara el mínimo que lo convierte en delito (120.000 euros) fue en 2004, cuando la investigación del caso Fabra ya estaba en marcha.

La diferencia de la cuantía de las multas que reclama la fiscalía y las que solicita la Abogacía del Estado estriba en que mientras que Anticorrupción solo pide que devuelva lo defraudado y pague una multa del doble de lo que dejó de ingresar a Hacienda, la defensa del Estado exige que devuelva lo que no ingresó en las arcas públicas y que pague una multa cuya cuantía asciende al triple de la cantidad defraudada.

En cualquier caso, ambas peticiones distan de la reclamada por la acusación popular. Esta, que representa a la Unión de Consumidores, ha pedido que Carlos Fabra pague, en concepto de multa, el dinero defraudado multiplicado por seis, es decir, 5,3 millones de euros. Además, pide una pena de más de 20 años de cárcel.

El escrito de calificación de la Abogacía del Estado era el único que faltaba por presentar de las tres acusaciones que están representadas en el caso Fabra.

Desde mediados de mayo, momento en el que el informe pericial llegó al Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, su titular, Jacobo Pin, ha llamado a declarar a los dos principales implicados, Carlos Fabra y María Amparo Fernández. El primero no acudió, convaleciente de un trasplante de hígado, y la segunda se negó a responder a otras preguntas que no fueran las de su abogado, al que le contestó que las cuentas las administraba su marido. Poco después, el juez puso fecha a la vistilla que dicta la ley del jurado en la que las acusaciones concretaron las imputaciones y las defensas solicitaron el archivo.

La Fiscalía Anticorrupción sorprendió reduciendo el caso a cuatro imputados y, el 30 de junio, el juez dictó un auto en el que ante "los indicios racionales de criminalidad" pedía a las acusaciones los escritos en los que han reflejado las peticiones de cárcel y de multa. Ahora serán las defensas las que respondan a estos por lo que, previsiblemente, la posible apertura del juicio no se dicte hasta septiembre.

(www.elpais.com, 26/07/10)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA DECLARARÁ COMO IMPUTADO POR DELITOS DE FRAUDE FISCAL

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha citado a declarar como imputado al presidente de la Diputación de Castellón , Carlos Fabra, el próximo 23 de septiembre, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El juez ha citado a declarar al también presidente del PP provincial por la causa que tiene abierta en este juzgado por presuntos delitos contra la administración pública y un supuesto fraude fiscal. Esta citación se produce después de que el juez fijara una primera declaración de Fabra para el pasado 21 de mayo a la que éste no pudo asistir debido a motivos de salud.

En marzo, el presidente de la corporación provincial castellonense, por cuestiones de salud, delegó sus funciones 'sine die', a través de un decreto, en el vicepresidente primero de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Posteriormente, fue sometido a un tratamiento en un hospital madrileño.

Hacienda inició una denuncia contra Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999. En relación con este delito, un informe de los ingresos del dirigente del PP, realizado en la investigación judicial, apunta a que ingresó, a través de cuentas corrientes personales o familiares, 5,3 millones de euros sin justificar en seis años, una cifra que representa 70 veces su salario. En este procedimiento se investigan los ingresos y las cuentas bancarias del presidente castellonense desde 1999 a 2004.

(www.pubico.es, 29/07/10)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. RAJOY MUESTRA SU ´APOYO TOTAL´ A CAMPS Y DEFIENDE CON TIBIEZA A FABRA

El presidente nacional del Partido Popular ha vuelto a mostrar su apoyo a Francisco Camps y Carlos Fabra, dos de sus "barones" valencianos relacionados con presuntos casos de corrupción política, a través de una entrevista concedida al periódico madrileño ABC.

Sin embargo, la defensa no se realiza en los mismos términos, ya que mientras se muestra tajante con la protección del presidente de la Generalitat, "Camps tiene el apoyo total de la dirección nacional del partido", no hace lo mismo con el portavoz castellonense, "una persona de gran experiencia política, que siempre ha contado con el apoyo de su partido y de los ciudadanos y seguro que no defraudará a unos ni a otros".

La ausencia del término "dirección nacional" en las frases de amparo a Fabra despersonaliza cualquier posible acción política a su favor. De hecho, el presidente nacional expone que "como a cualquier ciudadano, le asiste la presunción de inocencia y yo estoy convencido de que la justicia, como en otros tantos casos, pondrá las cosas en su sitio". Es como si quisiera desligarse de la situación del político castellonense. De hecho, también alude a la "defensa que Carlos Fabra desarrolle en los tribunales".

La otra cara de la moneda, la que le toca a Camps, es mucho más escueta. Más contundente. Consultado por si el Presidente de la Generalitat será el próximo candidato de su partido en la Comunitat, Rajoy sentencia que "Camps tiene todo el apoyo de la dirección nacional del partido". No es un sí rotundo, pero parece que deja el balón en el tejado del jefe del Consell.

Otros de los puntos tratados por el dirigente popular son la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña, "discutir las sentencias no tiene sentido, pero es bueno decir que el preámbulo carece de eficacia" y la receta de su agrupación sobre medidas sociales, "el PP cree que hay recortar de todas las partidas del Presupuesto salvo en las pensiones".

(www.levante-emv.com, 26/07/10)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS PAGÓ 23.200 EUROS A FRANCISCO POR UNA GALA TRAS UNA CENA EN FITUR

El patronato de turismo de la Diputación provincial de Valencia, que dirige Alfonso Rus, del PP, pagó 23.200 euros (3,8 millones de las antiguas pesetas) para que el cantante Francisco actuase en un restaurante madrileño el pasado mes de enero, durante la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

El patronato, Valencia Terra i Mar, contrató a Francisco y tres músicos más para que amenizasen la sobremesa de la cena del Día de la Comunitat, que se celebró el pasado 20 de enero en el restaurante Pedro Larumbe, en el Paseo de la Castellana de Madrid. Allí asistió el propio Rus o la consejera de Cultura, Trinidad Miró. Durante la actuación, Francisco criticó que el Consell no le hubiese contratado para cantar en el Palau de les Arts de Valencia o para interpretar la nueva versión del himno regional en los actos de su centenario. "Soy simpatizante del Partido Popular y lo digo sin complejos", admitió el intérprete.

La Diputación efectuó el pago a través de su patronato de turismo, Valencia Terra i Mar, cuya efectividad cuestionó Rus la semana pasada, además de la oposición socialista y la Unión Hotelera de Valencia. Aún más, los socialistas han criticado esta misma semana que Valencia Terra i Mar haya repartido arbitrariamente 2,8 millones de euros en subvenciones deportivas en lo que va de año, cuyos beneficios a la marca turística, explicaron, son más que cuestionables.

Por otro lado, la empresa que organizó la actuación del cantante valenciano a instancias de Terra i Mar, Tratos Producciones SL, se encargó también de coordinar la fiesta de presentación del concurso de DJ que patrocina la Diputación de Valencia. La empresa, que cobró 17.400 euros por la producción del evento, empleó otros 45.000 en contratar azafatas, personal de seguridad, alquilar maquinaria y engalanar la zona VIP con cortinas, ceniceros, moqueta, 11 plantas y manteles. La oposición critica el gasto que ha supuesto ya el certamen, más de 200.000 euros, teniendo en cuenta la situación económica de la entidad.

(www.elpais.com, 29/07/10)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. CONTRADICCIONES EN LAS CUENTAS DEL 'CASO LATERNE'

Las cuentas del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD) de Valencia justifican ante el Registro Mercantil sus ingresos de 731.034 euros en 2008 por "trabajos realizados para el Ayuntamiento", mientras que en el documento depositado ante este último considera que el importe corresponde a "las aportaciones realizadas por el Ayuntamiento". Y añade que, "de ese importe, 300.000 euros se encuentran pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2008".

Ese año, la empresa City Marketing Council, del grupo Laterne, que había hecho precampaña para la alcaldesa, Rita Barberá, rectificó unas facturas cobradas en 2007 por valor de 300.000 euros, con el objetivo aparente de devolver esa cantidad, y presentó a CEyD otra factura de 201.846 euros por trabajos que no realizó. Nadie ha explicado hasta ahora qué pasó exactamente.

Los socialistas pedirán hoy en el pleno del Ayuntamiento de Valencia que se cree una comisión que investigue las irregularidades de CEyD en los ejercicios comprendidos entre 2006 y 2009. Durante estos años la asociación recibió del Ayuntamiento 4,99 millones de euros. La portavoz socialista Carmen Alborch y la concejal Ana Botella adelantaron que si el pleno rechaza la moción estudiarán emprender acciones judiciales, aunque insistieron en que prefieren agotar las vías internas.

La asociación CEyD, presidida por Barberá, la componen 15 entidades (las universidades, la Diputación o la Generalitat, entre otras) que deben aprobar sus cuentas en asamblea general. Sin embargo, en 2006, 2007, 2008 y 2009 Barberá y el secretario de CEyD, el ex presidente de la Cámara de Comercio Arturo Virosque, mintieron ante el Registro Mercantil al asegurar que las asambleas se habían celebrado.

Las concejales socialistas detallaron irregularidades como que el Ayuntamiento sea el único socio que financia a la asociación o que los trabajos realizados por CEyD no consten en los archivos municipales. Botella acusó a Barberá de convertir a la asociación municipal en un "corralito" para manejar el dinero público y contratar a las empresas a dedo sin someterse a la ley de contrataciones de la Administración. "La alcaldesa aprueba que el Ayuntamiento conceda dinero a CEyD, y después justifica los gastos de esta asociación, que ella preside, sin estar sometida a los controles", recalcó la concejal.

Alborch y Botella anunciaron, también, que su grupo ha solicitado formar parte del organismo. Hasta el momento, el gobierno local ha ignorado las iniciativas sobre el CEyD que los socialistas han presentado y ha bloqueado el acceso a la información. Ana Botella señaló que, de aprobarse la comisión de investigación, su grupo pedirá la comparecencia de Barberá y Virosque, de Mar Martínez, la directora de CEyD, del concejal delegado, Alfonso Grau y de la empresa auditora que no verificó si las asambleas se habían celebrado. La concejal socialista hizo hincapié en que el objetivo de la comisión es saber "a qué gastos corresponden las facturas, en qué se han gastado los casi cinco millones de euros de los fondos públicos".

(www.elpais.com, 30/07/10)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. CUATRO MENTIRAS POR ESCRITO

- Urgencia: Las cuentas del Centro de Estrategias y Desarrolo de Valencia (CEyD) de los años 2006, 2007, 2008 y 2009 fueron aprobadas por el procedimiento de urgencia.

- Denuncia: El Ayuntamiento de Valencia convocó la asamblea después de que este periódico informara de que no hubo asamblea alguna desde 2006.

- 'Caso Laterne': La asociación CEyD pagó a City Marketing Council, una empresa del grupo Laterne, por trabajos que no se realizaron. Laterne organizó la precampaña electoral de la alcaldesa, Rita Barberá.

- Certificados falsos: Firmados por el ex presidente de la Cámara de Comercio, Arturo Virosque, como secretario de CEyD, y por Barberá, como presidenta, cuatro documentos del Registro certifican falsamente que las cuentas se aprobaron el 26 de abril de 2006, el 24 de abril de 2007, el 6 de mayo de 2008 y el 15 de abril de 2009.

(www.elpais.com, 27/07/10)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. EL TC DETIENE EL EXPOLIO EN EL CABANYAL

El Tribunal Constitucional (TC) asegura que el plan urbanístico del Ayuntamiento de Valencia que prevé derribar el barrio de El Cabanyal es un "riesgo" al patrimonio cultural de la ciudad. Un auto del pasado 28 de julio mantiene la suspensión del decreto ley de la Generalitat que amparaba los derribos municipales en el antiguo barrio marinero.

La alcaldesa, Rita Barberá, protegida por el Govern de Francisco Camps, había recurrido al TC el levantamiento de la suspensión por el perjuicio económico por las obras ya contratadas y por el interés de los vecinos. En su opinión, su plan para alargar la avenida de Vicente Blasco Ibáñez a través de las antiguas barracas hasta el mar es el mejor método para revitalizar un barrio degradado.

La sentencia revienta esa teoría al asegurar que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de El Cabanyal "implica un riesgo para la integridad de dicho conjunto histórico y, por extensión, para el interés público". El fallo asegura que la suspensión cautelar de la demolición se mantiene porque "se ha considerado prevalente" la conservación del "patrimonio histórico artístico".

El decreto ley sobre el que el que el pleno del TC mantiene la suspensión fue una reacción de la Generalitat valenciana ante la orden del Ministerio de Cultura de detener los derribos al considerarlos un "expolio" del patrimonio. El conjunto de casas valencianas fue declarado en 1993 Bien de Interés Cultural (BIC) y su protección depende de la comunidad autónoma, salvo que incurra en un proceso de expolio. En ese caso, el Gobierno, como ha hecho con El Cabanyal, puede recurrir.

El PP valenciano interpretó el auto del TC que todavía no ha dictado sentencia en el proceso final como una muestra de que el Gobierno "evita el progreso del barrio". La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, mostró "satisfacción" por la decisión al "coincidir" con su pretensión de "rehabilitar" el barrio.

(www.publico.es, 30/07/10)

39. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DE ORIHUELA OCULTA LOS PAGOS EFECTUADOS AL GRUPO DE ÁNGEL FENOLL

El PP sigue enrocado en su decisión de mantener el apoyo a sus cargos públicos imputados porta corrupción y, en paralelo, de negar a la oposición documentación sobre pagos a empresas vinculadas a esas tramas.

Mónica Lorente, alcaldesa de Orihuela y número dos de la dirección provincial del PP, rechazó la petición del primer grupo de la oposición, el PSPV, de hacer públicas las facturas de pagos del Consistorio a 11 empresas, entre ellas tres firmas del industrial afín al PP Ángel Fenoll. Este empresario está imputado en el caso Brugal (trama vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja). La investigación considera a Fenoll como el cabecilla de la supuesta red corrupta.

El caso Brugal y la presunta implicación del Consistorio, en mano del PP con mayoría absoluta, centró el pleno ordinario celebrado , seguido por un centenar de vecinos. El debate entre el equipo de gobierno y la oposición alcanzó su punto de mayor tensión cuando Antonia Moreno, portavoz del primer grupo de la oposición, el PSPV, planteó por urgencia una moción para que el Ayuntamiento facilite las facturas de pagos a 11 empresas.

Al margen de las de Fenoll, hay otras tres vinculadas ediles del PP. Otra de las firmas es la sociedad Orihuela Costa Servicios Inmobiliarios, entre cuyos administradores figura Jorge Lorente, hermano de la alcaldesa. El PSPV sostiene que el Ayuntamiento ha pagado a esa empresa vinculada al familiar de la regidora de manera irregular al menos un millón de euros.

Antes del debate de esta moción sobre supuestas irregularidades en los pagos a esas firmas, el Grupo Popular hizo valer su mayoría absoluta (14 ediles, frente a los 7 del PSPV, 3 de Los Verdes, y uno del Centro Liberal Renovador) para frenar otra moción sobre la dimisión de los tres concejales populares (Manuel Abadía, Ginés Sánchez y José Antonio Rodríguez) imputados en el caso Brugal.

La iniciativa la planteó el edil de Los Verdes, Monserrate Guillén. Éste argumentó que "estos ediles no pueden seguir gestionando el dinero de todos, al menos hasta que se aclare su situación procesal". El Grupo Popular, a través del concejal de Contratación, David Costa, rechazó la propuesta y apeló a la "presunción de inocencia de los imputados".

Los populares rechazaron la moción, pese a que poco antes habían respaldado otra, en este caso del Centro Liberal Renovador, para sumarse al Código de Buenas Conductas de la Federación de Municipios y Provincias.

De los tres ediles imputados, el más destacado es Manuel Abadía. Este concejal es el hombre de confianza de Lorente y, a su vez, el representante del Ayuntamiento en el consorcio del plan zonal de basuras de La Vega Baja. La adjudicación de este proyecto, dependiente de la Diputación, ha motivado la imputación en la causa del titular de la institución, José Joaquín Ripoll.

(www.elpais.com, 28/07/10)

40. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DE TORREVIEJA NO PRESENTA LAS CUENTAS DE LA CAMPAÑA DE 2007

El PP de Torrevieja (101.000 habitantes) no escatimó en gastos para alcanzar el 53% de los votos en las elecciones municipales de 2007. Su alcalde, Pedro Hernández Mateo, volvió a revalidar su cargo al conseguir 14 concejales de los 25 que componen el pleno municipal.

Estos datos son públicos, pero lo que resulta imposible de conocer es la cantidad exacta que su partido se gastó en una campaña que, si por algo se caracterizó, fue por el derroche de medios. José Antonio Montesinos, ex concejal del PP en esta localidad, calcula que sus compañeros de partido pudieron gastarse 450.000 euros en la promoción de su candidatura al Ayuntamiento, una cantidad que según estiman algunas fuentes es superior a la que se gastó el PP en la ciudad de Valencia con Rita Barberá.

Si el montante de la campaña de Hernández Mateo en Torrevieja sorprende, todavía más inquietante es que no se haya presentado la contabilidad de la misma en ninguna parte. Esta falta de transparencia fue lo que motivó que José Antonio Montesinos remitiera una larga carta al presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, en la que narraba pormenorizadamente las supuestas irregularidades cometidas, entre ellas la ausencia de facturas que justificaran los gastos que, en opinión del denunciante, bien podrían haber sido abonados por proveedores municipales.

Ripoll no contestó, pero la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, a la que también se había dirigido Montesinos, sí lo hizo. El pasado mes de mayo llamó a declarar al ex concejal y también ha interrogado al coordinador de aquella campaña y en la actualidad edil de Cultura, Eduardo Dolón, y al tesorero del PP de Torrevieja, José Sánchez, que ocupa en el Ayuntamiento el cargo de concejal de Contratación.

El fiscal Felipe Briones mantiene abierta la investigación por si se hubiera producido algún tipo de delito en la campaña de 2007, de la que no existe ninguna contabilidad.El PP de Torrevieja, según fuentes del caso, diseñó la campaña electoral en torno a una gran carpa levantada en el paseo marítimo de 2.500 metros cuadrados donde cabían cómodamente sentadas 2.000 personas. Durante 30 días (toda la precampaña, más la campaña electoral en sí) el recinto fue el escenario de siete multitudinarios actos en los que, además de los discursos políticos, se sirvió comida a los asistentes.

Los siete actos políticos que se celebraron en la carpa fueron los siguientes: Presentación de la candidatura autonómica, a la que asistió el cabeza de lista por Alicante y actual vicepresidente del Consell, Gerardo Camps; presentación de la candidatura municipal que lideraba Pedro Hernández Mateo; cuatro actos destinados a los pensionistas y jubilados; a los inmigrantes latinoamericanos; a los ciudadanos de la Unión Europea que viven en Torrevieja y otro más para los niños. El séptimo mitin consistió en la fiesta de fin de campaña. Un total de 14.000 personas desfilaron por la carpa durante esos siete días.

José Antonio Montesinos está convencido de que esos siete banquetes costaron alrededor de 180.000 euros. Y lo que es más grave: También cree que no existe factura de esos gastos. El comité de la campaña electoral, al menos, no ha presentado factura alguna.

En la carta que dirigió el 30 de marzo al presidente del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, tras denunciar diversas irregularidades en el funcionamiento interno del partido, dice textualmente: "Todavía más [grave es] el hecho que denuncio, en la forma de funcionar y la falta de ejercicio interno de democracia interna del partido, haciendo especial hincapié en los asuntos que se desprenden del nulo control de los temas de tesorería, no presentando éstas [las cuentas] en ningún ejercicio, y especialmente los gastos de la campaña electoral [del] año 2007, en donde presuntamente, el señor presidente del Partido Popular de Torrevieja puede haber incurrido en varios delitos fiscales al no declarar ingresos y gastos de gran cuantía, que pueden poner en peligro la transparencia y la legalidad, a la hora de gestionar la agrupación local".

El PP de Torrevieja y la dirección provincial no quisieron hacer comentarios. Desde el Ayuntamiento de Torrevieja señalaron que los concejales Dolón y Sánchez no tenían nada que añadir a lo manifestado ante el fiscal.

(www.elpais.com, 26/07/10)

41. CASTILLA Y LEÓN. LA CRUZ FRANQUISTA SE QUEDA EN VALLADOLID

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, del PP, ha asegurado hoy que no va a retirar del escudo de la ciudad la Cruz Laureada de San Fernando, concedida por Francisco Franco. No obstante, el alcalde, en rueda de prensa, ha afirmado que buscará "una solución" sobre el "procedimiento" con que fue concedida por el anterior jefe de Estado.

Francisco Javier León de la Riva ha hecho estas declaraciones tras un Pleno municipal que ha rechazado, con los votos del grupo mayoritario del PP, una moción de IU para la retirada de símbolos franquistas en la ciudad, apoyada por el PSOE. León de la Riva ha explicado que la Cruz se concedió, en 1940, por "méritos de guerra", y figura también en el escudo de la provincia de Valladolid.

Al respecto, ha indicado que intentará que se actualice esta concesión por parte del Ministerio de Defensa, para que se convierta en "un reconocimiento a la ciudad" por sus buenas relaciones con el Ejército, en vez de los méritos de guerra con que fue concedida.

La Plataforma para la Retirada de Nombres y Símbolos Franquistas en Valladolid ha entregado en el registro municipal 5.600 firmas para que el Ayuntamiento aplique la Ley de la Memoria Histórica y retire de las calles todo lo que recuerde al Franquismo.

La moción de IU se apoyaba en estas firmas y se ha debatido después de que la Policía Municipal retirara de la tribuna de invitados del salón de plenos varias pancartas de apoyo a la iniciativa. Tras el Pleno, el alcalde ha declarado que acepta "lecciones de democracia, pero de los comunistas nada", ya que José Stalin, líder de la Unión Soviética entre las décadas de 1920 a 1950, "fue el mayor genocida de la historia".

Asimismo, ha abogado por "no abrir heridas" y ha señalado que acatará "una sentencia firme" que obligue a la retirada de símbolos, si los promotores de la iniciativa acuden a los tribunales.

(www.publico.es, 28/07/10)

42. ISLAS CANARIAS. EDILES DEL PP DE TENERIFE COMPRABAN ARTÍCULOS DE LUJO CON FONDOS MUNICIPALES

Un informe del Área de Intervención del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha sacado a la luz una presunta trama de financiación ilegal del Partido Popular en la capital tinerfeña. El documento revela que, en el anterior mandato (2003-2007), los cinco concejales populares, quienes gobernaban la localidad junto a Coalición Canaria, presentaron facturas personales para justificar los 163.987 euros recibidos como asignación al grupo municipal.

La lista de gastos, la mayor parte de ellos consistentes en la compra de artículos de lujo e incluso alojamientos con circuitos de spa, ha desencadenado un escándalo en la sociedad tinerfeña y ha reforzado la división en el partido a menos de un año de las elecciones.

El documento de Intervención ha sido tan demoledor que la formación conservadora no le ha quedado otro remedio que admitir la existencia de las facturas. El secretario general de los populares tinerfeños, Manuel Fernández, en declaraciones a la cadena SER reconoció que se aportaron facturas personales y que "cada uno se metió la mano en el bolsillo y las aportó para cubrir ese dinero".

En la misma línea, el presidente del Partido Popular en Canarias, José Manuel Soria, calificó de "error" la justificación de los gastos del grupo popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya que los recursos institucionales que se reciben deben destinarse a gastos relacionados con la actividad política y "si no se destinan a esos fines es un error y hay que corregirlo".

Cristina Tavío, presidenta del PP de Tenerife y vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias -fue concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz durante el mandato 2003-2007-, ha criticado la repercusión mediática del caso y aseguró que la presentación de las facturas se produjo porque la ley no permitía que los partidos recibieran directamente las asignaciones destinadas a los grupos municipales por lo que los concejales aportaban facturas personales.

En este sentido, Tavío criticó el escándalo suscitado tras conocerse la lista de gastos personales con cargo a las arcas públicas y sentenció que no se trata de ningún "Bill Gates", en referencia al célebre caso Watergate.

Tras conocerse el informe de Intervención, algunos ex concejales en el Ayuntamiento tinerfeño han confirmado la utilización de facturas personales por parte del Partido Popular para justificar gastos. Este es el caso de Odalys Padrón, quien fue edil por el Partido Nacionalista Canario (PNC) durante el mandato 2003-2004. "Puedo confirmar todo lo que se ha dicho de este caso, porque en un pleno del Ayuntamiento celebrado a finales del año 2006 para analizar las cuentas municipales pude oír cómo la concejal del Partido Popular Cristina Tavío dijo que uno de los puntos no se podía tratar porque tenía facturas de bragas, y que solo se debatiría por los portavoces de cada uno de los partidos", indicó Padrón.

Ante la magnitud del escándalo, la asociación Justicia y Sociedad presentará en los próximos días una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción al existir indicios de la comisión de presuntos delitos de financiación ilegal y falsedad documental.

El abogado de la citada asociación, José Pérez Ventura, declaró a este periódico que el intento de "tapar" el gasto de la asignación del Partido Popular con facturas personales constituye "un fraude en toda regla porque mediante esta actuación se ha intentado justificar la financiación del partido y ellos mismos lo han reconocido públicamente".

Por otra parte, mientras el grupo de gobierno municipal comandado por el alcalde, de Coalición Canaria, Miguel Zerolo, ha declinado pronunciarse sobre el escándalo de las facturas, desde el PSC-PSOE se insta a que se diriman responsabilidades políticas en el seno del Partido Popular.

El secretario general de los socialistas en Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Corrales, definió la situación en el Ayuntamiento capitalino como "calamitosa" debido a la "falta de transparencia en la hacienda municipal" y aseveró que se trata de un "escándalo épico y estético ya que no tiene sentido usar asignaciones económicas de carácter público para comprarse bragas o para irse a un hotel".

En este punto, el PSC-PSOE confía en que la Fiscalía Anticorrupción abra una investigación para clarificar si el grupo municipal del Partido Popular se ha financiado de forma ilegal y si se ha incurrido en un delito de falsedad documental.

(www.elpais.com, 27/07/10)

43. ISLAS CANARIAS. EL PP CANARIO NO CASTIGARÁ EL GASTO IRREGULAR DE CINCO EDILES

El presidente del PP canario, José Manuel Soria, dijo que no tomará medidas disciplinarias contra los cinco ediles que entre 2003 y 2007 presentaron facturas de artículos de lujo para justificar el gasto de los 160.000 euros asignados a su partido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

"Ha habido un error, se ha reconocido, están auditadas las cuentas y eso es lo que hemos dicho y vamos a seguir diciendo", indicó Soria. Mantiene el líder popular canario que los gastos fueron controlados por la Audiencia de Cuentas canaria, pero fuentes de este órgano lo han negado, aduciendo que esa labor es responsabilidad del Tribunal de Cuentas.

El secretario de Organización socialista en Canarias, Julio Cruz, exigió el cese de los ediles "porque se han adquirido objetos de lujo con dinero público". La asociación Justicia y Sociedad presentará hoy una denuncia contra el grupo municipal por un presunto delito de falsedad documental.

(www.elpais.com, 28/07/10)

44. ISLAS CANARIAS. EL DIPUTADO ANTITAURINO DEL PP EN CANARIAS CRITICA LA "INSTRUMENTACIÓN POLÍTICA" DE SU PARTIDO CONTRA CATALUÑA

El diputado del PP en Canarias, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, impulsor de la prohibición de los toros en esa comunidad autónoma en 1991, ha mostrado su satisfacción por la decisión del Parlament catalán de prohibir los toros. "Desde el punto de vista de la protección de los animales, fue otro día grande", afirmo el político popular, que lamentó la "instrumentalización política" que ha hecho su partido sobre este tema.

"No se puede usar ni abusar del concepto de libertad para amparar una salvajada o crueldad con los animales", ha afirmado el diputado del PP en Canarias, cuyas declaraciones contradicen las acusaciones de los populares catalanes, y de otros dirigentes del PP, sobre que la decisión del Parlamento catalán significa un recorte de la libertad de los ciudadanos.

"Que Catalunya se convierta en la segunda comunidad autónoma que prohíbe las corridas es algo digno de elogio y felicito a quienes así lo han acordado. Con independencia de las connotaciones políticas", ha apuntado Cabrera.  En declaraciones a la emisora catalana Rac1, el diputado popular ha asegurado que estará "siempre a favor de que desaparezca cualquier espectáculo cruel o sangriento con los animales."

Cabrera recordó que la iniciativa que promovió hace casi una década buscaba prohibir preferentemente las riñas de gallo, que estaban muy arraigadas en diferentes puntos de Canarias, aunque con respecto a éstas sólo se lograron restricciones en cuanto a subvenciones, mientras que sí fueron prohibidas totalmente las peleas de perros, el tiro al pichón y las corridas de toros.

(www.elplural.com, 29/07/10)

45. REGION DE MURCIA. EL SOBRINO DE VALCÁRCEL PERJUDICA EL TURISMO MURCIANO

El responsable de Turismo del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Martínez Bernal, denuncia que las campañas del consejero Pedro Alberto Cruz no sólo hacen daño al oído sino que perjudican al turismo regional. Todos los datos, incluidos las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, así como las que elabora el propio sector turístico ponen en evidencia la nefasta política de promoción turística del Gobierno regional a través de su consejería de Cultura y Turismo, en manos del sobirno de Ramón Luis Valcárcel.

Martínez Bernal ha declarado que "los experimentos del consejero están erosionando los débiles cimientos del sector turístico regional y en lugar de afianzar las políticas puestas en marcha en años anteriores y trabajar conjuntamente con el Ministerio y el sector, utilizando la marca España y destacando y diferenciando nuestros valores autóctonos, lo que hace es despreciar la labor llevada a cabo por sus antecesores, despreciando el trabajo del Ministerio y de los empresarios del sector y erigiéndose en un adalid de la modernidad".

Martínez Bernal expresa que a eso hay que añadir que el Gobierno regional ha destinado pocos recursos a la promoción turística, al tiempo que se ha invertido el poco dinero que había, en campañas vacuas, con dudosa rentabilidad y hechas a espaldas de los empresarios del sector, que son quienes están arriesgando y llevan reclamando planes estratégicos consensuados que ayuden a superar la situación actual.

Como demuestran los datos del informe de Exceltur, nuestra Comunidad se sitúa a la cola de la cola del ranking español en competitividad turística, siendo superados incluso por aquellas comunidades que no tienen las excelencias y las cualidades que se dan en esta Comunidad tanto naturales como culturales. "Lo que no se puede hacer es cambiar de política turística a capricho, ir por libre y obviar las demandas del sector".

Agrega que los datos "vuelven a poner en evidencia a un gobierno denostado, desorientado, con un sector que todo el mundo reconoce podría ser uno de los motores que ayudaran a tirar de la economía regional".

(www.vegamediapress.com, 25/07/10)

46. EXTREMADURA. LA AUDIENCIA DE BADAJOZ RATIFICA LA CONDENA A LA ALCALDESA DE VALDEHORNILLOS

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Penal de Don Benito que condenaba a la alcaldesa de Valdehornillos, María de los Ángeles Gil Mena, del PP, a un año de prisión por un delito de coacciones y a diez de inhabilitación por otro delito continuado de prevaricación administrativa. El fallo de la Audiencia desestima el recurso interpuesto por la edil y ratifica por tanto la sentencia condenatoria no solamente sobre Gil Mena, sino sobre su compañero sentimental, Miguel Ángel Gómez Pérez, y dos concejales de su equipo de gobierno, Ángela Rocha Trejo y a Alonso Tiburcio Martín.

Gil Mena y Gómez Pérez, secretario nombrado ilegalmente por ésta, según el fallo, son condenados definitivamente por un delito continuado de prevaricación a la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Asimismo, la alcaldesa es condenada también a un año de cárcel por un delito de coacciones graves ejercida contra la secretaría-interventora titular, Emilia Movilla Megías, a quien debe indemnizar con 20.000 euros por los daños causados, aunque el Ayuntamiento es responsable subsidiario de este pago.

Tiburcio y Rocha, por su parte, son condenados a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por haber votado a favor de los acuerdos ilegales y arbitrarios dictados por la alcaldesa. Todos los condenados deberán pagar las costas de sus recursos, por lo que tendrán que pagar éstas y las causadas en el procedimiento penal seguido en el Juzgado de lo Penal de Don Benito.

La sentencia de la Audiencia declara probado que desde octubre 2004 la alcaldesa dictó una serie de actos ilegales y arbitrarios con la única voluntad de cesar en su legal puesto de trabajo a la titular del mismo Emilia Movilla Megías y colocar en su lugar, ilegalmente, a Miguel Angel Gómez Pérez, para lo cual éste colaboró junto con los dos concejales citados. Igualmente cuando el Juzgado de lo Contencioso ordenó el reintegro de Emilia Movilla en su puesto de trabajo, la alcaldesa inició contra ella una campaña de coacciones graves.

Ahora Gil Mena tendrá que dejar la Alcaldía y será la Junta Electoral la que dictamine quien es el nuevo alcalde, al igual que Gómez Pérez tendrá que dejar el puesto conseguido ilegalmente. Esta batalla judicial tiene como eje la disputa del puesto de secretario del Ayuntamiento de Valdehornillos entre las personas de Emilia Movilla, que en 1999 tomó posesión del cargo tras la pertinente oposición cuando el ayuntamiento era gobernado por el PSOE, y Miguel Ángel Gómez, que la sustituyó en 2004.

Con la popular María de los Ángeles Gil ya en la Alcaldía, Movilla causó baja por enfermedad en septiembre de 2004 y unos días después la alcaldesa propuso el nombramiento como secretario de Miguel Ángel Gómez Pérez, quien con posterioridad iniciaría una relación sentimental con Gil.

Se inicia a partir de ahí una lucha tanto en los despachos, como en los juzgados, en la que por parte de la alcaldesa se defiende la continuidad de su novio en el puesto de secretario o en su caso en una plaza de técnico de gestión del grupo B creada en este periodo.

Diversos requerimientos de la Junta de Extremadura, así como diversos fallos judiciales trataron de restituir a Movilla en su puesto en los últimos años, hasta que en noviembre de 2006 la alcaldesa da cumplimiento a los requerimientos judiciales en su contra y ésta se reincorpora a la secretaría del Ayuntamiento de Valdehornillos.

Comienza entonces un periodo de difíciles relaciones entre la secretaria y la alcaldesa, que no se comunicaban directamente, sino por escrito y que acaban en una nueva baja de Emilia Movilla en 2007 por estrés laboral con cuadros de ansiedad y otras secuelas reactivas a una situación de acoso laboral.

(www.elperiodicodeextremadura.com, 27/07/10)

47. ISLAS BALEARES. ANTICORRUPCIÓN PIDE 5 AÑOS DE CÁRCEL PARA HIDALGO POR UN DELITO DE COHECHO PASIVO

El fiscal anticorrupción ha solicitado que se imponga una pena de cinco años de cárcel e inhabilitación especial para el ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo por un delito continuado de cohecho pasivo. La Audiencia de Palma juzgará en septiembre la pieza separada número 60 del 'caso Andratx', en la que Hidalgo, el ex celador Jaume Gibert y el promotor Manuel Zapata se sentarán en el banquillo de los acusados. Esta es la primera ocasión en que Hidalgo se expondrá a penas de cárcel por un delito distinto al de ordenación del territorio, por el que cumple una condena de 4 años en la prisión de Palma.

Según el fiscal, el ex alcalde percibió 60.000 euros en concepto de dádiva por ayudar a Zapata en la concesión de una licencia urbanística. Además, Hidalgo obtuvo un beneficio de 369.424 euros al vender las participaciones sociales de la empresa de Manuel Zapata. Anticorrupción imputa a los acusados un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios, continuado de prevaricación, continuado de cohecho pasivo, cohecho activo, contra la ordenación del territorio e infidelidad en la custodia de documentos.

A los ocho años de cárcel que en total el fiscal pide para Hidalgo, se suma la petición de cinco años para Manuel Zapata y multa de cinco meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de cohecho para el ex celador Jaume Gibert. El fiscal señala en su escrito que Hidalgo y Zapata "diseñaron realizar un negocio de promoción urbanística (24 apartamentos) que consistía en adquirir un solar en Cala LLamp y solicitar licencia, que consiguieron "gracias a la capacidad de influencia y presión que el entonces alcalde tenía sobre los técnicos".

Zapata constituyó la sociedad Prollamp de Ponent S.L. "para disfrazar la presencia de Hidalgo" según el escrito de acusación. El fiscal añade que "(Hidalgo) se concertó con el promotor y constructor Manuel Zapata para llevar a cabo negocios en el término municipal de Andratx, sabiendo que dichos negocios eran incompatbles con sus cargos". Menciona un inmueble en la avenida Juan Carlos I de Andratx, otro en la calle Sa Taulera, y la mencionada promoción urbanística, en la que captaron como socio a Jaume Gibert.

(www.ultimahora.es, 27/07/10)

48. ISLAS BALEARES. EL JUEZ RECLAMA VARIOS EXPEDIENTES EN EL AJUNTAMENT D'ANDRATX

Casi cuatro años después del inicio de la 'operación Voramar', por primera vez un juez entró en el Ajuntament d'Andratx. El encargado de la instrucción del caso, Francisco Pérez, se presentó con una comisión judicial en el Castell de Son Mas para reclamar cinco expedientes relacionados con otras tantas piezas separadas de la causa. Acompañado por agentes de la Guardia Civil, desde las once de la mañana hasta cerca de las cinco de la tarde, reclamó varios documentos del área de Urbanismo, algunos de los cuales se remontan incluso a 1983.

La medida del juez se produce después de que hace unas semanas dictara una providencia en la que reclamaba varios documentos al Ajuntament.

Ante la tardanza para que desde la sede municipal le remitieran varios documentos, aseguraba en el escrito que, de no llegarle en un plazo razonable, iría en persona a por ellos, como así ha hecho. Según fuentes judiciales, varias piezas estaban paradas a la espera de recibir expedientes del consistorio. En concreto, el juez ha reclamado cinco expedientes, todos ellos vinculados con construcciones que ya se investigan en el sumario. Entre ellos destaca que ha recabado toda la información relativa al proceso de construcción de un total de 15 edificios junto al hotel Monport.

La pieza que estudia esta causa, una de las más importantes del sumario del 'caso Andratx' es también una de las más retrasadas. La causa investiga si hubo irregularidades en la concesión de permisos para 96 licencias que se edificaron en terreno rústico. La obra lleva paralizada aproximadamente desde hace dos años por decisión del TSJB.

(www.ultimahora.es, 28/07/10)

49. ISLAS BALEARES. UN EMPRESARIO ACUSA TAMBIÉN A ALABERN DE EXIGIRLE COMISIONES

El propietario de la empresa Centro de Comunicación Creativa, Bartomeu Morey, que realizó todos los folletos de publicidad de Ibatur, y que fue detenido hace dos semanas, acusó también a Raimundo Alabern de exigirle el pago de comisiones. El empresario había acusado antes a Juan Carlos Alía de exigirle una comisión del diez por ciento de la facturación, y esta declaración justificó que el juez enviara a prisión al ex gerente de Ibatur.

El magistrado Juan Ignacio Lope citó por la mañana a Raimundo Alabern. Quería que se defendiera de la dura acusación que había realizado el dueño de la empresa de diseño, que aseguró que para seguir trabajando para Ibatur tenía que entregarle una comisión de alrededor del cinco por ciento de la facturación.

Alabern, que se encuentra en liberta bajo fianza de 350.000 euros tras ser detenido por la Policía, acudió al juzgado acompañado por su abogado José Zaforteza. Al encontrarse el caso bajo secreto, teóricamente desconocía la declaración que había realizado el empresario. El ex gerente de Ibatur negó al juez que en algún momento hubiera exigido comisiones a los dueños de las empresas que contrataban para la empresa pública de la conselleria de Turisme.

Según citaron fuentes próximas a la investigación, Alabern mantuvo que al aceptar el cargo de gerente, en sustitución de Juan Carlos Alía, se encontró con una serie de empresas con las que se trabajaba habitualmente. Siguió manteniendo esta misma relación comercial, no por iniciativa propia, sostuvo, sino por orden de sus superiores, refiriéndose, aunque sin decirlo directamente, al ex conseller Joan Flaquer y a sus colaboradores más próximos.

Alabern, que fue interrogado por el fiscal Anticorrupción Juan Carrau, insistió en que nunca exigió una sola comisión a título personal, pero desconocía si su antecesor, o alguien de la Conselleria lo había hecho.

Las mismas fuentes señalaron que la diferencia entre Alía y Alabern es que al primero le encontraron una serie de facturas dirigidas a la empresa Centro de Comunicación Creativa, y se sospecha que las tramitaba para camuflar las comisiones. De hecho, el empresario que le acuso afirmó que las facturas eran por trabajos que nunca se habían realizado, pero que servían para justificar el pago de comisiones. En cambio, a Alabern no le han encontrado ninguna factura de estas características. Además del tema de las comisiones, al ex gerente de Ibatur se le preguntó de nuevo sobre el proceso de contratación que se seguía en la empresa Ibatur. De nuevo el ex gerente mantuvo que se realizaban siguiendo los procedimientos legales de contratación, si bien reconoció que en más de una ocasión se hicieron con escaso rigor.

Alabern ya tuvo oportunidad de explicar ante el juez todo el sistema de contratación que se siguió mientras dirigió Ibatur. Reconoció que era una práctica habitual el fraccionamiento de contratos, y lo justificó con la necesidad de contratar con rapidez a la empresa que les interesaba por la dinámica propia del trabajo. Aunque se planteó la posibilidad de solicitar el ingreso en prisión de Alabern, finalmente se consideró que no era necesario.

(www.diariodemallorca.es, 29/07/10)

50. ISLAS BALEARES. EL JUEZ CASTRO CREE ´GRATUITO´ QUE EL PP LE ACUSE DE ENEMISTAD CON LOS POPULARES

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, tilda de "gratuita" la afirmación por parte del Partido Popular de que tiene enemistad hacia este partido, en un auto en el que desestima el recurso presentado por los populares contra su decisión de no admitir a la formación como parte perjudicada en este caso.

En el auto, el juez responde a los argumentos esgrimidos por el PP para recurrir su decisión de no admitir al partido como acusación particular en calidad de perjudicado por esta causa, dentro de la cual se investiga una supuesta financiación irregular del PP en la campaña electoral de 2007.

Entre otros argumentos, el PP balear, cuya defensa ejerce el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, afirmó que el juez Castro debe apartarse de la causa por haber perdido la imparcialidad y haber demostrado una enemistad manifiesta hacia el partido, del que forman o formaban parte algunos imputados.

"Por lo que respecta a la gratuita afirmación de enemistad de este proveyente (el juez) hacia el Partido Popular y al consejo o insinuación, por llamarlo de algún modo, de que este instructor se abstenga del conocimiento de la causa, vertidas tales alegaciones por quien no ostenta la condición de parte no autorizan el menor comentario", afirma el juez.

El auto de Castro recoge los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación de la Comunidad Autónoma para oponerse al recurso del PP, y da traslado a la Audiencia del recurso de apelación presentado por el partido contra esta decisión.

Anticorrupción afirma que el PP ha sido "incapaz" de indicar en qué consiste el perjuicio que sufre a raíz de la investigación de este caso, y le recuerda que podría considerarse perjudicado si hubiera devuelto los fondos públicos que supuestamente fueron desviados.

En cuanto a la enemistad de Castro con el PP, el fiscal añade que lo que hace el juez en sus autos es valorar los indicios y documentos obtenidos en el proceso: "Si el material instructor no es objeto de valoración jurídica, ¿para qué se necesita un juez de instrucción?", indica al respecto.

(www.diariodemallorca.es, 30/07/109