1. RAJOY: "CAMPS DEBE SER EL CANDIDATO DEL PP POR VALENCIA"

2. RAJOY RECLAMA A LOS MEJORES DESPUÉS DE AVALAR A CAMPS

3. RAJOY AÚN NO SABE LA FORMACIÓN DE SU FUTURO GOBIERNO SI GANA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

4. RAJOY INDULTA A COBO Y COSTA POR BUEN COMPORTAMIENTO

5. LA CÚPULA DEL PP CONVIERTE UNA MISA EN UN ACTO POLÍTICO

6. RAJOY INDULTA A COBO Y COSTA POR BUEN COMPORTAMIENTO

7. RAJOY EXIGE A SUS BARONES QUE NO DEBATAN SOBRE CANDIDATOS

8. DARDOS DE AZNAR CONTRA OBAMA

9. MURDOCH PREMIÓ LA FIDELIDAD DE SU CONSEJERO AZNAR CON UNA SUSTANCIAL SUBIDA DE SU RETRIBUCIÓN

10. MADRID, GALICIA, CANARIAS Y VALENCIA TIENEN LOS PEORES SERVICIOS SANITARIOS

11. EL PP ADMITE QUE IMPEDIRÁ EN EL SENADO LA RENOVACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

12. CATALUÑA. UN FOLLETO DEL PP INDIGNA A LAS ENTIDADES DE APOYO A INMIGRANTES

13. CATALUÑA. CAMACHO PROMETE ACOTAR AYUDAS A INMIGRANTES

14. GALICIA. LA XUNTA REVISA EL PLAN DE CORRUBEDO PARA SATISFACER INTERESES URBANÍSTICOS

15. GALICIA. HERNÁNDEZ CONTRATA COMO ASESOR A UN ABOGADO DE INFRACTORES URBANÍSTICOS

16. GALICIA. 84.600 EUROS AL AÑO DE SANXENXO

17. GALICIA. LOS AYUNTAMIENTOS DEL PP ACAPARAN LAS AYUDAS DE LOUZÁN CONTRA LA CRISIS

18. GALICIA. BALTAR NO PODRÁ PEDIR CRÉDITO EN AÑO ELECTORAL

19. GALICIA. PORTOS DE GALICIA ERA EL "CONSULADO DE 'GÜRTEL'", DENUNCIA EL PSDG

20. GALICIA. MULTAS DE 742.500 EUROS PARA LOS TRES ACUSADOS POR LA TRAMA DE GONDOMAR

21. ANDALUCÍA. UN JUEZ DE CÁDIZ IMPUTA A DOS EX DELEGADOS DE LA ZONA FRANCA

22. ANDALUCÍA. LA LÍNEA OBLIGA A LOS CAMIONES A CAMBIAR SU VÍA DE ACCESO A GIBRALTAR

23. ANDALUCÍA. EL JUEZ RETIRA LAS TRABAS DEL ALCALDE DE LA LÍNEA AL TRÁFICO CON GIBRALTAR

24. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ATACA A GALLARDÓN POR EL "OBRÓN" EN LA SEDE DE LA ALCALDÍA

25. COMUNIDAD DE MADRID. LAS PEGATINAS DEL METRO PROVOCAN OTRA LUCHA ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN

26. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. RAPAPOLVO DE PEDREIRA A LOS LETRADOS DE LOS DIPUTADOS MADRILEÑOS POR ENTORPECER EL CASO

27. COMUNIDAD DE MADRID. TAMAYO SE ASOCIA CON UN IMPUTADO POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

28. COMUNIDAD DE MADRID. NEIRA: DIEZ MESES SIN CARNÉ Y 1.800 EUROS DE MULTA POR CONDUCIR EBRIO

29. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE SE CANSA DE NEIRA Y ANUNCIA SU CESE FULMINANTE

30. COMUNIDAD VALENCIANA. LA POLICÍA HALLA MÁS PRUEBAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

31. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL PIDE QUE EL TRIBUNAL DE VALENCIA INVESTIGUE A CAMPS POR NUEVOS DELITOS

32. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP SE GASTÓ 790.000 EUROS EN CONTRATOS CON GÜRTEL PARA UN CONGRESO DE DÍA Y MEDIO

33. COMUNIDAD VALENCIANA. LA DIPUTACIÓN HARÁ UN PLENO EXTRAORDINARIO SOBRE LOS PAGOS DE IMELSA A LA TRAMA GÜRTEL

34. COMUNIDAD VALENCIANA. LUBASA DESTINÓ 58.000 EUROS A FINANCIAR LOS ACTOS QUE ORGANIZABA EL PARTIDO POPULAR

35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP NO APLICARÁ EN VALENCIA LA EXCLUSIÓN DE IMPUTADOS DE LAS LISTAS

36. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS FELICITA POR TELÉFONO A COSTA POR SU READMISIÓN

37. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ INVESTIGA 20 RAMAS DE LA TRAMA CORRUPTA DEL 'CASO BRUGAL' EN ALICANTE

38. COMUNIDAD VALENCIANA. EL 'CASO BRUGAL' INVESTIGA EL REGALO A RIPOLL DE DOS PISOS POR UNA CONTRATA

39. COMUNIDAD VALENCIANA. ALTOS CARGOS DEL CONSELL Y SUS FAMILIAS UTILIZAN LOS BUQUES ESCUELA PARA EXCURSIONES

40. COMUNIDAD VALENCIANA. EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA GASTA 32.000 EUROS EN UN CRUCERO PARA LA FALLERA MAYOR Y SU CORTE

41. COMUNIDAD VALENCIANA. RIPOLL ADJUDICÓ DE FORMA ILEGAL LA CONTRATA POR LA QUE SE LE IMPUTA

42. COMUNIDAD VALENCIANA. LA ALCALDESA DE DÉNIA, DEL PP, IMPUTADA POR PREVARICACIÓN

43. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL PIDE INHABILITACIÓN PARA EL ALCALDE DE BORRIOL

44. COMUNIDAD VALENCIANA. EL EX ALCALDE DE XERESA, A PRISIÓN POR ATERRAR EL MARJAL

45. CASTILLA Y LEÓN. LOS ANTIABORTISTAS RECAUDARÁN FONDOS PARA SUS CAMPAÑAS EN EL MERCADO MEDIEVAL DE ÁVILA

46. CASTILLA Y LEÓN. EL EX ALCALDE DE PONFERRADA CONDENADO POR ACOSO SEXUAL VOLVERÁ A OPTAR A LA ALCALDÍA

47. CASTILLA Y LEÓN. EL CONCEJAL GARCÍA GALVÁN DECLARARÁ COMO IMPUTADO POR EL 'CASO ARROYO'

48. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL PIDE PRIVATIZAR LA TV DE CASTILLA LA MANCHA

49. ISLAS CANARIAS. LA LÍDER DEL PP TINERFEÑO JUSTIFICÓ GASTOS CON FACTURAS DE FAMILIARES

50. REGIÓN DE MURCIA. 60 TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE TOTANA LLEVAN TRES MESES SIN COBRAR

51. ISLAS BALEARES. MATAS ADJUDICÓ 1,3 MILLONES 'A DEDO' A LA EMPRESA QUE LE HIZO SU CAMPAÑA

52. ISLAS BALEARES. COSPEDAL SE MUESTRA EN CONTRA DE LA POSTURA DE BAUZÁ DE VETAR A TODOS LOS IMPUTADOS

53. ISLAS BALEARES. EL PP BALEAR SE ENFRENTA ENTRE SÍ POR SI DEBEN INCLUIR A SUS IMPUTADOS EN LAS LISTAS

54. EL EX ALCALDE DE ANDRATX LOGRA BAJAR SU PENA DE CÁRCEL AL ASUMIR EL DELITO

55. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL PP ASTURIANO PRESIONA PARA EVITAR A CASCOS

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1. RAJOY: "CAMPS DEBE SER EL CANDIDATO DEL PP POR VALENCIA"

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha vuelto a confirmar a Francisco Camps, imputado por su relación con la trama Gürtel, como candidato a la Comunidad Valenciana para las próximas elecciones autonómicas. "Camps debe ser el candidato", ha afirmado tajante.

Rajoy no ha querido referirse directamente al informe policial q y que apunta a la financiación ilegal del Partido Popular de Valencia, presidido por Camps. " hubo una nota del partido en Valencia", se ha limitado a decir el conservador que ha concluido su breve intervención en Toledo, donde se encuentra para la celebración de una reunión extraordinaria del Comité de Dirección. 

El presidente del PP ha confirmado a Camps pese a que ha reconocido que durante la reunión del Comité no se ha hablado "sobre candidatos", tampoco sobre el ex ministro Álvarez Cascos.  

De lo que sí que se ha hablado es de economía y de que el partido presentará en el próximo cuatrimestre "50 iniciativas parlamentarias en materia de economía", referidas a la austeridad, la estabilidad, el sector público, el sistema financiero y la reforma laboral, entre otros asuntos.

En referencia a los datos del paro, Rajoy ha lamentado que el Gobierno "haya dicho resignándose que la situación y las cifras no son tan malas". "Nosotros no nos vamos a resignar", ha aseverado.

(www.publico.es, 02/09/10)

2. RAJOY RECLAMA A LOS MEJORES DESPUÉS DE AVALAR A CAMPS

El líder del PP, Mariano Rajoy, dio por iniciado el curso político de su formación jugando en casa, con un acto político en el castillo de Soutomaior (Pontevedra). En la cita, en la que cargó con dureza contra el presidente del Gobierno, el líder del principal partido de la oposición recordó a los suyos que el "reto" más inmediato al que se enfrentan está a la vuelta de la esquina: las autonómicas y municipales. "Os pido que seáis exigentes a la hora de hacer las candidaturas. El criterio es poner al mejor", reclamó.

Sólo dos días antes de estas declaraciones, el presidente de los conservadores insistía en su intención de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, repitiera como cabeza de lista del PP para las autonómicas en el País Valencià. "Yo creo que Camps tiene que ser el candidato", señaló Rajoy en una breve rueda de prensa ofrecida en el Parador de Toledo, donde el comité de dirección del PP concluía dos días de encierro.

Pese a su imputación en el caso Gürtel y a las nuevas pruebas sobre financiación ilegal del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), el líder del PP ha optado por seguir manteniendo la confianza en Camps. La consigna del partido es esperar a que se desarrollen los acontecimientos y, sólo entonces, tomar decisiones. Máxime cuando el president se agarra con fuerza a su sillón. El PP tiene pendiente todavía la celebración de un acto en el que se ratifiquen todas las candidaturas de cara a las próximas citas electorales. Pero habrá pocas sorpresas. Junto a la suerte que pueda correr Francisco Camps en los tribunales, la principal preocupación de Rajoy en este terreno es resolver los cabeza de lista en Asturias, donde los partidarios y rivales de Álvarez-Cascos mantienen un duro enfrentamiento, y de Navarra.

También con las elecciones como telón de fondo, el líder del PP logró arrancar los aplausos de los dirigentes y militantes del PP gallego cuando anunció que la semana que mañana comienza tiene previsto dar "instrucciones" a su equipo para que presente en el Congreso una reforma de la Ley Electoral. ¿El objetivo? "Que establezca que será alcalde el cabeza de lista más votado".

Rajoy consideró que "hay tiempo para aprobar" esta iniciativa. "Esto en media hora se aprueba", espetó, mientras insistía en que los socialistas se "retratarán" con su voto. Se trata, no obstante, de una iniciativa que el PP no respeta en las comunidades autónomas. Sirvan los ejemplos de Canarias, donde los socialistas fueron la lista más votada y gobierna CC en coalición con el PP. O Euskadi, donde el PP ayudó al PSE a desbancar al PNV, la lista más votada. El resto del discurso de Rajoy tuvo un único destinatario: el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Cuál va a ser el papel de la formación conservadora en los próximos meses? Rajoy dice estar dispuesto a apoyar lo que le parezca "bueno y razonable" para España. Además, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso está trabajando ya en preparar "la alternativa". "Hoy España necesita un cambio y nosotros somos la alternativa y el cambio [...]. No llegaremos para dividir, llegaramos para unir, y el nuestro será un proyecto nacional basado en los valores de la Constitución", había comenzado Rajoy su discurso.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se lamentó de la ausencia del presidente del Gobierno en Galicia en este año Xacobeo. "No ha pisado Galicia (...). Zapatero no tiene el más mínimo interés por Galicia", aseguró el dirigente conservador. El discurso del presidente de la Xunta estuvo vertebrado muy en clave nacional. "Os convoco a conquistar desde Galicia para tener un presidente gallego". Feijóo, cuyo gobierno prevé gastar de más de 191.000 euros en 376 sillas para la biblioteca de la Cidade da Cultura, aseguró en su discurso que "la austeridad comienza por uno mismo". En su discurso, Rajoy puso una vez más a su barón territorial como ejemplo de austeridad. "Un modelo para el resto de España", dijo.

(www.publico.es, 05/09/10)

3. RAJOY AÚN NO SABE LA FORMACIÓN DE SU FUTURO GOBIERNO SI GANA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

El líder del PP, Mariano Rajoy da la callada por respuesta ante las preguntas sobre cómo va a definir el núcleo de un posible gobierno, si gana las próximas elecciones. Sin embargo, lo más preocupante es que todavía no tiene a nadie perfilado en su equipo económico, siendo la economía el principal asunto de la temporada y de la legislatura El dirigente popular declaró recientement que ya tiene pensados "dos o tres nombres" para su futuro Gobierno. Sin embargo, la mayoría de los dirigentes del PP cree que Rajoy no está en eso, ni mucho menos

A pesar de tanta indecisión, sólo hay un nombre seguro: Soraya Sáenz de Santamaría, su colaboradora más fiel. En lo demás, todo es especulación ya que las dudas no se disipan en lo más relevante: ¿quien estaría en su equipo económico si Rajoy gana las elecciones? Los más cercanos aseguran que es Pedro Arriola el principal asesor en asuntos económicos. El sociólogo siempre ha presumido de conocimientos en este campo. Luis de Guindos, un empresario adherido al partido, es otro candidato del que todo el mundo habla como el verdadero gurú económico de Rajoy.

El líder del PP es un hombre de costumbres, y suele recurrir mucho más a sus viejos amigos de toda la vida que a nuevos economistas modernos. Un hombre tan desconfiado como él es casi incapaz de incorporar nuevos elementos incontrolados a su equipo. Aún así, algunos colaboradores señalan que Rajoy mantiene contactos con economistas españoles que trabajan fuera de España y le suministran ideas.

Asimismo, son muchos los que creen que el líder del PP no se sentirá obligado a nombrar a quienes le han acompañado en la dura tarea de la oposición. "El ministro de Economía de Rajoy será alguien de peso pero que ahora ni siquiera imaginamos. Tal vez un empresario. Y tendrá todo el poder, porque Rajoy le dejará hacer, a él y a los demás", resume un dirigente del PP.

Lo más extraño es que, estando como está la oposición de Rajoy centrada en la economía, no le ha dado a su equipo económico la presencia y la fuerza política que sería razonable. Baste un ejemplo muy significativo de esta semana. Mientras la cúpula del PP estaba reunida en Toledo marcando, supuestamente, la estrategia de un trimestre centrado en la economía, el portavoz económico del partido, Cristóbal Montoro, estaba fuera de esa reunión, y comparecía en Madrid para analizar datos económicos.
Y es que en la cúpula del PP no hay ningún experto en economía. Todos son políticos puros, la mayoría juristas, altos funcionarios. Y ninguno ha estado en ministerios económicos. Este equipo sin mucho perfil económico es fruto de la voluntad de Rajoy y también de sus enfrentamientos. El líder del PP apostó muy fuerte por Juan Costa y Manuel Pizarro en 2008, para reforzar su imagen económica frente a las elecciones. Tras la derrota, evitó contar con ellos, les ofreció puestos menores y ambos acabaron muy distanciados del líder del PP, que optó entonces por Montoro.

(www.elplural.com, 06/09/10)

4. RAJOY INDULTA A COBO Y COSTA POR BUEN COMPORTAMIENTO

Mariano Rajoy quería empezar el curso político dejando solucionado un antiguo asunto que estaba enquistado: la suspensión de militancia por distintas razones de Manuel Cobo y de Ricardo Costa, vicealcalde de Madrid y ex secretario general del PP valenciano, respectivamente. Y , el Comité Nacional de Derechos y Garantías, que preside Alfonso Fernández-Mañueco, anunció que les indultaba y les perdonaba los dos meses que les quedaban para cumplir la sanción de un año que se les impuso. La excusa es su "comportamiento plenamente satisfactorio", según la nota del PP.

Los hechos y las sanciones eran de naturaleza distinta, pero Rajoy quiso que ambos casos fueran tratados de forma similar para equilibrar las facciones del partido. Cobo fue sancionado por una entrevista en EL PAÍS muy crítica con la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, y Costa por dar por hecho que se mantenía en su cargo pese a haber sido apartado.

En todo caso, el indulto a Costa es la respuesta de Rajoy al último informe policial que aporta pruebas sobre financiación ilegal del PP valenciano por parte de la trama Gürtel. Costa se despidió de su cargo de secretario general en una rueda de prensa en la que dijo que actuó siempre bajo órdenes de Camps en lo referente a las finanzas del PP de Valencia. Desde ese día ha guardado silencio y su testimonio será fundamental para determinar hasta dónde llegan las responsabilidades penales. Camps llamó a Costa para felicitarle. El fin de las dos sanciones no ha sido tratado en ningún órgano colegiado del PP.

El secretario general del PP, Antonio Clemente, expresó su "profunda satisfacción" por la decisión sobre Costa. El portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, el también consejero Rafael Blasco, recibió la noticia con mayor alborozo: "Es un momento de felicidad e inmensa satisfacción para este grupo, en el que siempre hemos contado con Costa como un activo fundamental". El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, argumentó que "readmitir a Costa es un acto de coherencia política del PP". "Estando todos los imputados dentro del partido, empezando por Camps y terminando por (Carlos) Fabra y (José Joaquín) Ripoll ¿qué hacía Costa fuera?", se preguntó con ironía.

(www.elpais.com, 04/09/10)

5. LA CÚPULA DEL PP CONVIERTE UNA MISA EN UN ACTO POLÍTICO

Con las autonómicas a la vuelta de la esquina como antesala de las elecciones generales, el líder del PP sabe que se la juega. Quizá por ello, intentó tirar de una ayuda extra, la divina. Mariano Rajoy trasladó a su comité ejecutivo nacional hasta la catedral de Santiago de Compostela y protagonizó la ofrenda en la misa del peregrino. En su intervención, demandó al apóstol "fortaleza" para no "desfallecer" en la tarea política. Pero también coló su mensaje de alternativa y su idea de España. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por cohecho y al que Rajoy le sigue mostrando su apoyo, no se perdió el acto. Lo siguió en primera fila.

Pegado al altar, y haciendo uso de un discurso articulado en el significado del año Xacobeo y el Camino de Santiago, Rajoy inició su intervención asegurando que España "busca una senda de unidad que la haga fuerte frente a las adversidades". Minutos después, aprovecharía para reivindicar a su partido: "La gran convicción de los hombres y mujeres del Partido Popular es que España es una realidad, una historia y un futuro comunes". Y fue más allá cuando, al apostar por "las empresas colectivas" frente a los "particularismos", puso a su partido a disposición de los peregrinos, que se afanaban en captar imágenes del templo y de los políticos.

"Creemos, señor Santiago, que esa idea motriz [la de lo colectivo] es la que precisa la España de hoy y estamos dispuestos a crearla con la ayuda de todos los españoles", añadió. Incluso llegó a intercalar un párrafo en gallego de tres frases, algo que el líder del PP se resiste a hacer en sus intervenciones. Como colofón final y antes de pedir "ayuda" al apóstol para "hacer de la política una actividad noble al servicio del buen común", Rajoy presentó al PP como un partido "que ha realizado un largo peregrinaje, incorporando en cada una de las etapas un enorme bagaje de principios, ideas y ambiciones que se resumen en una fe indeclinable en el porvenir de nuestra nación". A juicio del líder del PP, "España es el resultado de vivir y trabajar juntas generaciones del pasado y del presente". "Así queremos que siga siendo", zanjó.

Junto a Mariano Rajoy, gran parte del comité ejecutivo nacional de su partido siguió la misa en la catedral. Pero la jornada había empezado mucho antes. Pese a la intensa lluvia, al filo de las diez de la mañana la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela estaba a rebosar. De peregrinos y de dirigentes del Partido Popular. Muchos, como Francisco Camps, habían pasado ya la noche del domingo en la capital gallega, cuando se había dejado ver sonriente en compañía de otros compañeros de partido como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Precisamente era Camps la pieza más cotizada de los objetivos de los fotógrafos. Él, y la reacción de Mariano Rajoy cuando se cruzasen. Hubo encuentro en el hall del Parador de los Reyes Católicos. No fue muy efusivo. Se limitó a un apretón de manos y a una conversación informal sobre el tiempo. "Y nosotros pidiendo agua para todos", bromeó el president en alusión a la lluvia. "Es el primer día que llueve desde que llegué el sábado", zanjó Rajoy. Los colaboradores de ambos señalan que, en privado, la cercanía y la sintonía fue mayor.

También había expectación ante el encuentro entre Rajoy y Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, que recuperó la militancia en el PP el pasado viernes tras diez meses sin carnet por criticar a la presidenta de la Comunidad de Madrid fuera de los órganos del partido. En este caso, la reacción del líder del PP fue más efusiva. Incluso Camps volvió a buscar la foto y se coló por medio para bromear con la mano derecha del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. "¿Eres Cobo o Costa?", preguntó insistentemente entre risas al vicealcalde. Una alusión a Ricardo Costa, ex secretario general del PP de la Comunitat Valenciana que también recuperó la militancia en el partido el pasado viernes.

De los escándalos de corrupción, uno de los grandes fantasmas que sobrevuelan por algunas de las comunidades gobernadas por los conservadores, principalmente Madrid y el País Valencià, no hubo una sola palabra. Pero lo que Rajoy no pudo controlar es que el término apareciera en la primera lectura de la misa. "Celebremos la Pascua, no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ázimos de la sinceridad y la verdad", del libro de los Corintios.

(www.publico.es, 07/09/10)

6. RAJOY INDULTA A COBO Y COSTA POR BUEN COMPORTAMIENTO

Mariano Rajoy quería empezar el curso político dejando solucionado un antiguo asunto que estaba enquistado: la suspensión de militancia por distintas razones de Manuel Cobo y de Ricardo Costa, vicealcalde de Madrid y ex secretario general del PP valenciano, respectivamente. Y , el Comité Nacional de Derechos y Garantías, que preside Alfonso Fernández-Mañueco, anunció que les indultaba y les perdonaba los dos meses que les quedaban para cumplir la sanción de un año que se les impuso. La excusa es su "comportamiento plenamente satisfactorio", según la nota del PP.

Los hechos y las sanciones eran de naturaleza distinta, pero Rajoy quiso que ambos casos fueran tratados de forma similar para equilibrar las facciones del partido. Cobo fue sancionado por una entrevista en EL PAÍS muy crítica con la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, y Costa por dar por hecho que se mantenía en su cargo pese a haber sido apartado.

En todo caso, el indulto a Costa es la respuesta de Rajoy al último informe policial que aporta pruebas sobre financiación ilegal del PP valenciano por parte de la trama Gürtel. Costa se despidió de su cargo de secretario general en una rueda de prensa en la que dijo que actuó siempre bajo órdenes de Camps en lo referente a las finanzas del PP de Valencia. Desde ese día ha guardado silencio y su testimonio será fundamental para determinar hasta dónde llegan las responsabilidades penales. Camps llamó a Costa para felicitarle. El fin de las dos sanciones no ha sido tratado en ningún órgano colegiado del PP.

El secretario general del PP, Antonio Clemente, expresó su "profunda satisfacción" por la decisión sobre Costa. El portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, el también consejero Rafael Blasco, recibió la noticia con mayor alborozo: "Es un momento de felicidad e inmensa satisfacción para este grupo, en el que siempre hemos contado con Costa como un activo fundamental". El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, argumentó que "readmitir a Costa es un acto de coherencia política del PP". "Estando todos los imputados dentro del partido, empezando por Camps y terminando por (Carlos) Fabra y (José Joaquín) Ripoll ¿qué hacía Costa fuera?", se preguntó con ironía.

(www.elpais.com, 04/09/10)

7. RAJOY EXIGE A SUS BARONES QUE NO DEBATAN SOBRE CANDIDATOS

El acto estrella del día de para los conservadores era la ofrenda al apóstol. Por ello, el partido celebró un Comité Ejecutivo Nacional en tiempo récord en el hotel monumento de San Francisco.

Pasadas las 13.30 horas y después de la foto de familia, a la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, llegó por los pelos, el líder del PP se encerró con los suyos. Junto a los clásicos mensajes sobre la crisis, los Presupuestos Generales del Estado y lo favorables que les son las encuestas, Mariano Rajoy exigió a los máximos dirigentes de su formación que no entren al debate sobre los candidatos para las próximas citas electorales, que no contribuyan a alimentar esta polémica en los medios decomunicación.

La mayoría de los allí presentes lo interpretaron como una llamada de atención al PP de Asturias, fuertemente dividido entre los partidarios de que el ex ministro de Aznar Francisco Álvarez-Cascos sea el cabeza de lista por el Principado y los que le rechazan.

Hace menos de una semana que más de 20 juntas locales de los conservadores asturianos emitieron un comunicado en el que proponían a Rajoy una terna de candidatos alternativos al ex titularde Fomento.

Rajoy no quiere que estos debates internos nublen su labor de oposición ni que le empañen la campaña para las autonómicas en Catalunya, las más inmediatas. Por eso, exigió a los suyos que no entren al trapo en estos debates, que no alimenten estos debates en los medios de comunicación. Y que, si tienen algún tipo de duda al respecto, que no duden en llamarle por teléfono.

También fue muy insistente, en privado, en la idea de que el partido "tiene todo el tiempo del mundo para designar a sus candidatos". Un argumento en el que volvió a insistir ante la prensa: "Sé que me van a preguntar ustedes por si hay fecha para designar candidatos. No hay fecha. La fecha es la que marca la ley".

Además de dar con un candidato para Asturias, Rajoy necesita aclarar sus planes para Navarra. Todo, cruzando los dedos para que el caso Gürtel no se lleve por delante a Francisco Camps. De hecho, algunos de los presentes interpretaron las palabras de Rajoy como un toque de atención al entorno del president valenciano, que daban por hecho que Camps repetiría mucho tiempo antes de que el líder del PP dijera eso de "yo creo que Camps debe ser el candidato".

Una vez más, la segunda en menos de una semana, el líder del PP redujo al mínimo su intervención ante los medios de comunicación. Si en Toledo, sólo admitió cuatro preguntas, , las redujo a dos. Pero con la novedad de acotar los temas. Antes de someterse a las cuestiones avisó de que iba a responder sólo a las que versaran sobre los asuntos que él previamente había relatado. "De otros asuntos no voy a hablar". Había hablado de ETA, elecciones, de la crisis de los ayuntamientos y de las "50 medidas" que presentarán.

(www.publico.es, 07/09/10)

8. DARDOS DE AZNAR CONTRA OBAMA

José María Aznar duda de que el actual presidente de EEUU, Barack Obama, pueda defender el modo de vida occidental porque "ha puesto en movimiento fuerzas" que "podrían causarnos grandes problemas". Además, criticó su búsqueda de una nueva relación con el mundo musulmán. "Ha puesto en movimiento fuerzas que, si no son corregidas, podrían redefinir la nación y su lugar en el mundo de tal forma que, en mi opinión, podría causarnos a todos grandes problemas", afirmó Aznar en un discurso ante la asamblea general de Congreso Mundial Judío, celebrada en Jerusalén. El ex presidente del Gobierno comenzó su intervención condenando "el despiadado ataque terrorista" cometido , martes,  en las proximidades de la ciudad cisjordana de Hebrón en el que que fallecieron cuatro colonos israelíes, entre ellos una  mujer embarazada.

El ahora presidente de Faes criticó también la búsqueda de una nueva relación con el mundo musulmán por parte de Obama, incluso al precio de socavar la relación con su mejor aliado en la región, Israel, "como ha hecho con Europa al perseguir una nueva relación con Moscú". Y le recriminó haber dedicado "más tiempo y energía" en organizar la cumbre de hoy y mañana en Washington para el relanzamiento de las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos, que en "tratar de evitar que el régimen iraní construya su bomba" (nuclear).

"(Obama) ha proyectado la imagen de alguien que desea escapar de los problemas del mundo, desde Irak a Afganistán, abrazando a muchos enemigos de EEUU al tiempo que castiga a sus aliados tradicionales", subrayó. "De la Casa Blanca emana en la actualidad una crisis de confianza", siguió en su crítica a la administración Obama, y "nuestra debilidad, percibida o real, es la fortaleza de nuestros enemigos".

En alusión a las incipientes conversaciones de paz israelo-palestinas, se declaró poco "entusiasta", y mostró su escepticismo sobre la "posibilidad de lograr un acuerdo histórico dadas las circunstancias del sector palestino". Pero mostró su optimismo y, a la vez su esperanza, de que "el mundo pueda comprobar que el Gobierno israelí no es el que no quiere hablar".

"Debemos ser optimistas y también prudentes. Las expectativas son demasiado altas y, como político, sé que tienden a generar mayores frustraciones", matizó. Consideró que un acuerdo de paz "mostraría a todo el mundo lo equivocados que estaban al culpar a Israel de todas las malas acciones de la región". Para Aznar, el Estado palestino "tampoco aplacaría a los radicales islamistas y yihadistas, cuyo objetivo es establecer una teocracia fundamentalista" y "tampoco disminuiría las ambiciones nucleares y revolucionarias del régimen iraní", que considera las dos amenazas que se ciernen sobre Occidente en la actualidad.

El ex jefe del Ejecutivo español habló ante varios cientos de líderes judíos que esta semana están congregados en Jerusalén para la asamblea anual del CJM, máximo organismo representativo del judaísmo en todo el mundo y ante el que presentó su nueva iniciativa "Friends of Israel" ("Amigos de Israel"). Este proyecto, explicó, tiene como misión alzar la voz en la escena internacional contra lo que considera son ataques desmesurados e injustificados contra el Estado judío, que "no es sólo parte sustancial de Occidente" sino "esencial, hoy, para nosotros".

Israel "está en la región donde colisionan las placas tectónicas" (del Islam fundamentalista y Occidente), y es "una de las pocas naciones dispuestas a pagar un precio por su supervivencia".Por ello y porque el Estado judío está "tan imbuido de nuestros valores democráticos centrales", Aznar apeló a la necesidad de "defender el estado de Israel", que "es lo mismo que defender nuestro sistema liberal".

(www.elmundo.es, 01/09/10)

9. MURDOCH PREMIÓ LA FIDELIDAD DE SU CONSEJERO AZNAR CON UNA SUSTANCIAL SUBIDA DE SU RETRIBUCIÓN

El imperio mediático de Rupert Murdoch, News Corp, abarca muchos medios, pero se distingue especialmente por su línea editorial contra el socialismo y ya en EEUU contra los demócratas en general y Barack Obama en particular, labor en la que se distingue la incendiaria Fox News –uno de los locutores de esta cadena lideró la reciente marcha neocon en Washington contra el presidente-. Si de hablar mal de Obama se trata, Aznar no se queda atrás, como quedó demostrado hace unos días en un discurso en el que le llegó a acusar de "abrazar" a enemigos de EEUU en un lenguaje excesivo que recuerda al de la Fox. El ex presidente parece que sigue haciendo méritos a los ojos del jefe, y es que ahora se ha sabido que Murdoch le subió el sueldo un 50% el pasado año hasta los 220.000 dólares (171.300 euros).

Ser el consejero de un magnate de la comunicación y vocero de consignas radicales puede parecer poco para alguien acostumbrado a cotas más altas de poder, pero quizá 220.000 dólares al año ayuden a sobrellevarlo. News Corp, el grupo de comunicación que posee medios como la Fox, The Wall Street Journal, The Times, subió sustancialmente la retribución de uno de sus consejeros, José María Aznar.

En el último ejercicio fiscal de NewsCorp se pagaron a Aznar 100.000 dólares en efectivo (77.872 euros), la misma cantidad que el año anterior, mientras que se le disparó hasta más del doble la retribución en acciones hasta los 120.000 dólares (93.428 euros.

En cualquier caso, Aznar está muy lejos de la retribución de su jefe, y es que el presidente del grupo, Rupert Murdoch, percibió 22,7 millones de dólares (17,7 millones de euros). En cualquier caso, además de subirle el sueldo, el gigante de la comunicación da una palmadita al ex presidente de España a la hora de ensalzar su labor: "Su amplia experiencia, incluyendo su periodo como presidente del Gobierno de España, aporta conocimiento, experiencia y perspectiva internacional al consejo, proporcionando una valiosa comprensión de los asuntos políticos y gubernamentales mundiales, con un conocimiento único y profundo respecto a numerosos países en los que opera la compañía".

El ex presidente español ha sorprendido con manifestaciones públicas que podían perjudicar a su país en beneficio de otros intereses como los del dólar o la libra, como cuando ha arremetido en foros internacionales contra la situación económica del país. También cuestionó el fondo de rescate creado por la zona euro en plena crisis de la deuda griega. En aquel momento las autoridades europeas trataban de sembrar tranquilidad en pleno vendaval de los mercados financieros que se estaban cebando especialmente en España.

Sin embargo estos mensajes de Aznar sí están en consonancia con la línea editorial de medios de referencia de News Corp como The Wall Street Journal o The Times, que se han mostrado muy críticos con la zona euro y especialmente con España. Mientras, a través de la Fox News también se han podido escuchar desde críticas a Zapatero y al juez Garzón hasta la instigación a un boicot turístico contra España.

(www.elplural.com, 04/09/10)

10. MADRID, GALICIA, CANARIAS Y VALENCIA TIENEN LOS PEORES SERVICIOS SANITARIOS

Navarra, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las Comunidades Autónomas con los mejores servicios sanitarios, según los datos de un informe presentado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que concluye que Madrid, Galicia, Canarias y la Comunidad Valencia son las regiones que cuentan con los peores servicios.

El objetivo del informe, según ha explicado el portavoz de la Federación, Marciano Sánchez Bayle, es el de comparar a las Comunidades Autónomas entre ellas, ya que "aunque el sistema sanitario español, en general, tiene una situación buena, dentro del país existen diferencias preocupantes".

De acuerdo con el informe, los puntos negros de las Comunidades peor situadas son un gasto per cápita muy bajo sostenido durante años y una apuesta por la privatización, especialmente en Madrid y Valencia.

La Comunidad que más invierte es el País Vasco, con 1.623,08 euros, y la que menos destina a la Sanidad, Baleares, con 1.066,37 euros. Son casi 500 euros de diferencia por persona, según indica el informe.

Sánchez ha destacado que Canarias, Madrid y Valencia llevan cinco años manteniéndose en los puestos más bajos y, de hecho, Valencia ha ocupado el último puesto en 6 de los 7 informes realizados desde 2004, año en que se transfirieron las competencias sanitarias a las Comunidades.

Es muy significativo, según ha dicho el portavoz de la Federación, que Madrid "antes de la transferencia de competencias tenía uno de los mejores sistemas sanitarios" de España.

Para la realización del informe se han tenido en cuenta parámetros de "financiación, recursos y funcionamiento"; "política farmacéutica"; 'valoración de los ciudadanos'; 'listas de espera' y 'privatización sanitaria'.

Uno de los datos "más preocupantes" es el número de camas por 1.000 habitantes, en el que hay una diferencia de dos camas por cada 1.000 habitantes entre comunidades como Valencia (2,69) y Cataluña (4,50), ya que, según ha indicado, "limita la posibilidad de hospitalización de los pacientes".

A la hora de pedir cita en Atención Primaria para el día siguiente, hay una diferencia de casi el 50 por ciento entre Canarias (11%) y Asturias (68%). En el caso de cita con el especialista en los 15 días siguientes, las diferencias son menores siendo en Navarra (25,40%) dónde hay más posibilidades de ser atendidos en este plazo y Galicia dónde menos (11%).

(www.elplural.com, 01/09/10)

11. EL PP ADMITE QUE IMPEDIRÁ EN EL SENADO LA RENOVACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El PP admitió públicamente su propósito de boicotear e impedir la renovación del Tribunal Constitucional en el Senado, casi tres años después de que un tercio de sus magistrados haya cumplido su mandato legal.

La excusa es que se debe volver a pedir a los Parlamentos autónomos candidatos y el objetivo es el de conseguir tumbar la ley del aborto. Se ha impuesto el sector más confesional y conservador del partido. En este momento, la mayoría de magistrados es partidaria de estimar el recurso del PP contra una de las leyes más emblemáticas de Zapatero y los populares no renuncian a propinarle una sonora bofetada al Gobierno. Aunque sea a costa de superar todos los récords de interinidad de una institución.

El PP forzó a sus parlamentarios autonómicos a proponer solo dos nombres: Francisco Hernando y Enrique López, presidente y portavoz del anterior Consejo General del Poder Judicial, respectivamente. Los servicios jurídicos del Senado anularon la candidatura de López por entender que no cumple el requisito de tiempo de ejercicio profesional que exige la ley. Y el PP debía proponer un nombre alternativo para que pueda ser aprobado en la Comisión de Nombramientos el próximo día 7, para que se vote en el Pleno este mismo mes.

Pero la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que su partido no propondrá ningún candidato, porque considera que la propuesta ha de venir de los Parlamentos autónomos. Ejecutando la estrategia acordada en el retiro de la cúpula del PP que concluyó ante, Saénz de Santamaría aseguró: "Nosotros respetamos los procedimientos y leyes que atribuyen nuevas facultades a las autonomías; las leyes hay que cumplirlas y no comprendo por qué se quieren cambiar esos procedimientos cuando las cosas no salen como le gustan al PSOE". Esa estrategia se completará con el recurso de los Parlamentos autónomos con mayoría del PP contra el veto a Enrique López, para intentar que antes se vea el recurso de la ley del aborto.

(www.elpais.com, 04/09/10)

12. CATALUÑA. UN FOLLETO DEL PP INDIGNA A LAS ENTIDADES DE APOYO A INMIGRANTES

El Partido Popular de Catalunya (PPC) quiere hacer de la inmigración un tema central de la campaña de las elecciones catalanas y ha presentado un folleto en forma de test que las entidades de apoyo a los inmigrantes aseguran que fomenta la xenofobia.

El díptico lleva por título Hablando claro de inmigración y quiere demostrar que el PP es el único partido que dice lo que mucha gente piensa en esta temática. Con este motivo, presenta diez preguntas que reflejan las propuestas de los conservadores. Si un ciudadano responde afirmativamente a ocho o más preguntas, el texto asegura que este estaría "de acuerdo en al menos un 80%" con su proyecto. Las cuestiones planteadas se interrogan sobre si "cabemos todos", si se tiene que hacer cumplir la ley, si se debe expulsar a los extranjeros que delincan o si se debe frenar la discriminación a la mujer en parejas de inmigrantes.

La portavoz de SOS Racisme, Jose Peñín, se mostró "indignada" ante esta iniciativa que instiga "al odio y al racismo" para "sacar rédito electoral". Según Peñín, estas actuaciones que identifica ya como "una tónica del PP" son una "irresponsabilidad social" que mediante "argumentos populistas, fomenta los prejuicios" hacia la inmigración. "

Todos velamos por la igualdad", opina la portavoz de la entidad, pero si se focaliza la seguridad, la delincuencia o el machismo en los extranjeros, "se alimentan los tópicos contra este colectivo", cuando en realidad serían elementos que afectan a toda la sociedad, precisa.

Coincide con Peñin la responsable de campañas de la ONG Justícia i Pau, Eulàlia Reguant, que acusa al PP de "usar la inmigración de forma electoralista e irresponsable". Refuerza esta idea el hecho de que las autonomías casi no disponen de competencias en extranjería que el PP podría aplicar desde la Generalitat y por lo tanto este debate no tendría mucho sentido en una campaña para el Parlament catalán, según Reguant. Apunta también a que el uso de "preguntas tendenciosas" puede "colar de forma indirecta un discurso xenófobo y racista".

No es la primera vez que el PP de Catalunya se embarranca en una polémica así, ya que en abril repartieron en Badalona (Barcelona) un díptico sobre inmigración donde se leía No queremos rumanos. La dirección autonómica del PP tuvo que disculparse. Esta vez parece que no será así, y su jefe de campaña, Jordi Cornet, defendió el material, ya que aporta "soluciones a un problema real, según señalan todas las encuestas". La estigmatización del colectivo, según Cornet, es culpa del PSOE por su política de "papeles para todos" y de CiU y el tripartito, "incapaces de ofrecer servicios sociales a autóctonos e inmigrantes legales".

(www.publico.es, 07/09/10)

13. CATALUÑA. CAMACHO PROMETE ACOTAR AYUDAS A INMIGRANTES

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, afirmó que si su partido es decisivopara la formación del nuevo Gobierno de la Generalitat luchará por lograr la reducción del tramo autonómico del IRPF en un 2% y por garantizar que los inmigrantes no cuenten "con más ayudas que los de aquí". "Pido igualdad para todos, para los de casa y para los de fuera: que no haya más ayudas a unos que a otros", declaró a TV-3 en una iniciativa que definió como "enderezar la política de inmigración". Camacho defendió la reducción impositiva que defiende con el fin de que los catalanes tengan "más dinero en el bolsillo" y se incentive así el lo consumo para, a su vez, crear empleo. La candidata del PP catalán a la presidencia de la Generalita afirmó que las elecciones autonómicas actuarán como "termómetro" de las elecciones legislativas y supondrán un "preámbulo" del cambio que, dijo, llevará a Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno.

(www.elperiodico.com, 03/09/10)

14. GALICIA. LA XUNTA REVISA EL PLAN DE CORRUBEDO PARA SATISFACER INTERESES URBANÍSTICOS

El parque natural de Corrubedo es el más visitado de Galicia, pero también el más pequeño. Lo seguirá siendo por mucho tiempo, después de la decisión de la Consellería de Medio Rural de congelar la ampliación en marcha. Se frustra así el ambicioso proyecto para pasar de sus 970 hectáreas actuales a 3.700, una actuación fundamental para consolidar corredores ecológicos que comuniquen las partes ahora inconexas del parque. No es la única mala noticia para la singular fauna y flora de la zona. La Xunta está decidida a modificar la ordenación del parque con el objetivo declarado de satisfacer la presión urbanística sobre la zona.

Las intenciones del Gobierno autónomo quedaron retratadas en una visita del conselleiro Samuel Juárez al parque natural, el pasado 26 de agosto. Allí, arropado por el alcalde de Ribeira, José Luis Torres Colomer, el titular de Medio Rural abogó por "satisfacer la importante demanda vecinal relacionada con cuestiones constructivas". Para ello, instó al regidor, del PP, a elaborar un plan especial urbanístico "que defina en detalle el régimen de usos", y que evite "el actual, lento y complicado trámite administrativo individualizado que debe seguir cada propuesta urbanística del vecindario", en palabras del conselleiro, de quien depende Conservación da Natureza.

En realidad, cualquier reforma urbanística, como el nuevo Plan General de Ordenación Municipal de Ribeira en tramitación, está supeditada al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque de Corrubedo, como le recuerdan al conselleiro desde la organización ecologista Adega, que acusa a Juárez de anteponer los intereses urbanísticos a los de protección del parque. A apenas nueve meses de las elecciones municipales, Juárez propone satisfacer las demandas urbanísticas con la renovación del PORN del parque, que data de 1992, cuando se creó el parque natural.

La Xunta tiene encima de la mesa desde 2008 un nuevo plan de ordenación que ya fue licitado, adjudicado, redactado y sometido a evaluación ambiental estratégica. Pero de recuperarlo en su integridad, debería abordar la ampliación que contempla del parque, que cuadruplicaría su superficie. Medio Rural prefiere "consolidar lo existente y dejar para una segunda fase la ampliación", afirma la directora del parque, África Núñez. Lo que significa aparcar una ampliación que chocaría con intereses no sólo urbanísticos, sino también con los industriales que amenazan la zona.

Uno de los problemas que afronta la dirección del parque es la conciliación de la defensa ambiental con los intereses de los residentes dentro del perímetro del parque. Con el desfasado plan en vigor, no sólo se puede construir en los núcleos rurales dentro del parque, sino también en un perímetro de 200 metros. Pero todos esos vecinos se están encontrando con informes negativos de Conservación da Natureza. África Núñez es partidaria de adaptar el PORN, aunque con esperanzas muy distintas de las que alberga el conselleiro, ya que considera que el nuevo plan en realidad eliminará esos presuntos derechos urbanísticos.

"No sé si el conselleiro ha hablado de defender los intereses urbanísticos de nadie, lo que sí sé es que hay que cambiar el plan de ordenación para adaptarlo a las normativas urbanísticas aprobadas en estos 18 años", sostiene la directora del parque.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que debería sustituir al que está en vigor fue licitado en diciembre de 2006 por la Xunta, y adjudicado por 80.000 euros en mayo del siguiente año a la Universidad de Santiago de Compostela. El documento pasó el trámite de la evaluación ambiental estratégica, y está listo para ser aplicado desde junio de 2008. Para Adega, este PORN "establecía unas condiciones ambientalmente más dignas para este emblemático espacio", entre ellas "la conexión con el sector norte", en Porto do Son, "a través de un corredor ecológico". La ampliación excluía, eso sí, la zona de Laxe Brava, donde está prevista una piscifactoría de 308.000 metros cuadrados.

Las mejoras previstas en el plan, incorporadas también a la propuesta de ampliación de la Red Natura desechada por la Xunta de Feijóo, "no parecen del agrado de los actuales gestores de la biodiversidad gallega", acusan los ecologistas. La piscifactoría es sólo una de las amenazas al parque que revela Adega. La asociación de defensa de la naturaleza denuncia también proyectos como la macrodepuradora de Penisqueira, el polígono industrial de Couso-A Graña y los "intereses urbanísticos" en Carreira, Vixán, Bos Aires y Espiñeirido.

(www.elpais.com, 02/09/10)

15. GALICIA. HERNÁNDEZ CONTRATA COMO ASESOR A UN ABOGADO DE INFRACTORES URBANÍSTICOS

De litigante contra la Xunta a contratado por la Consellería de Medio Ambiente. José Luis Narbón, durante muchos años mano derecha del fallecido José Cuiña en la antigua Consellería de Ordenación del Territorio, vuelve a trabajar para la Xunta, después de un período en el que se significó por ejercer como defensor de conocidos infractores urbanísticos. Lo hará en virtud de una resolución del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, que el pasado 1 de septiembre le adjudicó un "estudio sobre el panorama del derecho urbanístico español".

Narbón ingresará 67.260 euros por el trabajo, encargado mediante el procedimiento de contratación negociada sin publicidad y sin mesa. La consellería invitó a tres empresas para participar en el procedimiento. Seleccionó la oferta de Narbón, elaborada a título particular, y no desde su empresa Urbagalex, de gestión integral del proceso inmobiliario. La resolución, que no especifica con qué objeto se encarga el estudio, lleva las firmas de Agustín Hernández y del secretario general de la consellería, José Antonio Fernández Vázquez.

Durante el largo mandato de Cuiña en la Xunta, José Luis Narbón, al frente de la Dirección Xeral de Urbanismo entre 1990 y 1997, ejerció una influencia absoluta en la consellería, hasta el punto de que se le considera el padre de la polémica ley del suelo de 2002. Con Agustín Hernández al frente de Territorio, Narbón reapareció para ejercer como asesor en la reforma de la ley aprobada en marzo pasado. Su responsabilidad en la nueva norma es tal que fue contratado por la Escola Galega de Administracións Públicas (EGAP) para unas jornadas explicativas de la ley, el pasado junio.

Entre la colaboración con los gobiernos de Fraga y con el de Feijóo, el ex director general se dedicó a ejercer la profesión de abogado como experto en urbanismo, una etapa en la que se significó en la defensa de conocidos infractores urbanísticos. Es el caso de la empresa promotora del hotel Talaso Atlántico, en Oia, declarado ilegal por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. También defendió al Ayuntamiento de A Guarda para intentar salvar de la piqueta 21 chalés construidos en suelo no urbanizable de protección paisajística, igualmente ilegalizados por el tribunal gallego tras un procedimiento iniciado por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Narbón defendió asimismo al ex concejal de Urbanismo de Oia Manuel Acevedo, imputado por prevaricación por la concesión de licencia para una piscifactoría en suelo rústico de protección de costas, pese a los informes contrarios de la Xunta.

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras enmarcaron el estudio adjudicado a Narbón en los "trabajos previos" para la redacción de una nueva Lei do Solo que el Gobierno gallego quiere sacar adelante en esta legislatura.

(www.elpais.com, 04/09/10)

16. GALICIA. 84.600 EUROS AL AÑO DE SANXENXO

Las administraciones del Partido Popular están resultando un negocio rentable para José Luis Narbón, que el pasado 3 de marzo se hizo con un contrato con el Ayuntamiento de Sanxenxo por 84.600 euros al año. En este caso, el expediente se tramitó por procedimiento abierto, que contó con dos ofertas. Una ofrecía el servicio por 79.600 euros anuales. La alcaldesa, Catalina González, optó por la de Narbón.

En realidad, el ahora asesor de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras ya venía ejerciendo las labores que se le adjudicaron en este nuevo contrato, consistentes en la asistencia jurídica, emisión de dictámenes y asesoría general para la Gerencia de Urbanismo, sólo que hasta 2009 lo realizaba a través de su despacho. La colaboración de José Luis Narbón con el Ayuntamiento de Sanxenxo se remonta al mandato de Telmo Martín. Con este de alcalde también presidió la Gerencia de Urbanismo Encarnación Rivas, en la actualidad secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Los contratos con el Ayuntamiento de Sanxenxo sucedieron a una larga trayectoria en los gobiernos de Manuel Fraga. En ellos, además de director general de Urbanismo, Narbón ejerció como vicepresidente de la Comisión Superior Urbanística de Galicia y del Instituto Galega da Vivenda e Solo, presidente de las cuatro comisiones provinciales de Urbanismo, y consejero de las Sociedades de Xestión Urbanística (Xestur) de Ourense y Pontevedra y de la Sociedade Galega de Desenvolvemento Comarcal. También fue vocal de las comisiones gallegas de Medio Ambiente y de Equipamientos Comerciales.

(www.elpais.com, 04/09/10)

17. GALICIA. LOS AYUNTAMIENTOS DEL PP ACAPARAN LAS AYUDAS DE LOUZÁN CONTRA LA CRISIS

El Plan de Investimentos da Deputación 2009-2011 (PID), dotado con 70 millones de euros, es la respuesta de choque del PP contra la crisis en Pontevedra. Cuando ha sobrepasado el ecuador de su vigencia y Rafael Louzán declara aprobado el 90% de ese presupuesto, a 30 de agosto las obras adjudicadas con cargo al mismo se cifran en 16,5 millones de euros (23,5%), aunque las adjudicaciones autorizadas se eleven a casi 20 millones. De las 493 obras incluidas como desarrollo del plan, sólo se han adjudicado, provisional o definitivamente, 126 (un 25%), y casi todas se enclavan en ayuntamientos gobernados por el PP.

El Boletín Oficial da Provincia publicó en agosto de 2009 las bases que marcarían el reparto de los 70 millones entre los municipios de la provincia, 59, excluyendo a Vigo, Pontevedra y Mondariz-Balenario. De los 70 millones iniciales Louzán se reservó -primera limitación- el 20% (14 millones) para uso discrecional. Para los 56 millones restantes se fijó un baremo objetivo que asignó, en función de la población y superficie de cada ayuntamiento, la cantidad que correspondía a cada uno.

Los Ayuntamientos elaboraron así sus proyectos, descontando de su parte las deudas que tuvieran con la Diputación por anticipos. Esa deuda fue determinante para algunos, como Ponteareas, Sanxenxo y Vilanova de Arousa, que tuvieron que reducir sus proyectos en el PID a la mitad. La deuda total de los municipios sumó 5,1 millones que, por tanto, tampoco se ejecutarán en el plan.

Los Ayuntamientos remitieron en total 493 proyectos, que fueron aprobados en octubre de 2009 para ser contratados por la Diputación. Para gestionarlos, Louzán puso a trabajar a un equipo de 40 personas, incluida la asistencia externa de una empresa dedicada a la ingeniería y al negocio inmobiliario. "Está aprobado el 90%", apuntó Louzán el pasado jueves, con la promesa de remitir algún resultado. A mediados de marzo ya estaba aprobado el 76%, según su segundo, José Manuel Figueroa, quien esperaba aprobar ese mismo mes "el 100% de los proyectos y adjudicaciones", cifrados finalmente en 50,7 millones de euros, aunque no definitivamente, ya que otras revisiones posteriores rebajaron el monto del reparto "equitativo" a 43,8 millones, después de hachazos drásticos en las cuentas de Ayuntamientos como Ponteareas, donde pese a disponer de un presupuesto de 527.742 euros (tras descontar una deuda de 680.802), el único proyecto aprobado en el reparto del PID atañe a la mejora de la instalación eléctrica en los colegios públicos (73.672 euros), o Dozón, que pese a disponer de 668.652 euros sólo absorbe 63.750 para construir una depuradora.

Este periódico ha consultado notas de prensa, los extractos de las actas de las Xuntas de Goberno que han ido aprobando el desarrollo del PID y la base de datos de su seguimiento que mantiene abierta el BNG. Estas fuentes producen el prodigioso baile de números. Solo en 11 Ayuntamientos no se han alterado las cifras que aprobaron sus plenos municipales para concurrir al PID: seis están gobernados por PSOE y BNG y tres, por tránsfugas (Mos, Gondomar y Silleda); completan la lista Lalín y Tui.

En los 48 municipios restantes, las propuestas municipales han sido revaluadas, sin introducir modificaciones relevantes en la mayoría de los casos, pero sí en otros, como los citados de Dozón y Ponteareas. Quedan por aplicar, no obstante, los 14 millones discrecionales del presidente, que también resuelve directamente, sin que pasen por Xunta de Goberno, los proyectos con un coste inferior a 50.000 euros (o con unos miles más, como ha comprobado este periódico), lo que añade otro pico a su uso discrecional.

"La contratación es muy compleja", apunta Louzán, para significar sus variedades: adjudicación directa, procedimiento negociado (con y sin publicidad) o concurso, según los casos. Este año tendrían que consumirse 54 millones (incluidos los cinco del saldo de deudas), que son los asignados a la inversión del primer bienio. Quedarían 16 millones para 2011. Dado que sólo están aprobadas (no adjudicadas) obras por 20 millones, lo más probable es que de aquí a mayo, fecha de las elecciones municipales, el PID se convierta en traca, hasta agotar toda su pólvora y más.

De momento, de los 16,5 millones adjudicados, solo dos millones caen en municipios del PSOE (16 en la provincia) y medio millón en los seis del BNG. Los del PP (33 municipios) absorben 12,5 millones, sin contar los tres gobernados por tránsfugas (1,2 millones adjudicados).

(www.elpais.com, 06/09/10)

18. GALICIA. BALTAR NO PODRÁ PEDIR CRÉDITO EN AÑO ELECTORAL

El anuncio del Gobierno de abrir la mano para que los ayuntamientos con una deuda inferior al 75% de sus ingresos corrientes puedan pedir nuevos créditos en 2011, ha empujado a las instituciones gallegas a hacer cuentas. Muchos alcaldes respiran, es el caso de seis de los siete grandes ayuntamientos que cumplen con los requisitos que exige el Minnisterio de Economía. El alcalde de Santiago, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, sabe ya que no podrá endeudarse en año electoral.

Forma parte del 5% de ayuntamientos gallegos que no pasan el corte, su deuda representa el 76,5%. Como Vilagarcía (76,7%) o Boiro (88,6%). E igual que la Diputación de Ourense, que preside Xosé Luis Baltar y que con un déficit del 95,6% ve alejarse la posibilidad de pedir créditos para cortar nuevas cintas en pleno año preelectoral.

La medida fue recibida por Carlos Fernández, presidente de la Fegamp, con "alivio" y prudencia. "Todavía no sabemos sobre qué año se va a aplicar la medida y desconocemos el efecto que produjo sobre los Ayuntamientos el anuncio del fin de los préstamos en 2011". Quien se lamentaba en mayo de la "angustia absoluta" en que estaban sumidos los Consistorios, celebra que Economía diferencie ahora entre "los que tienen un alto nivel de endeudamiento y los que tienen un nivel bajo".

La precaución de la Fegamp la comparte Rosa Fernández, concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Santiago, quien confía en que el margen del 75% sea "negociable". De no ser así, su consistorio vería cerradas las puertas del endeudamiento. La responsable de las cuentas en la capital de Galicia advierte en cualquier caso de que sólo optarían por el endeudamiento en "casos inaplazables" después del "esfuerzo inversor de los dos últimos años". "En nuestro Plan de Equilibrio Financiero ya no recogíamos la previsión de endeudamiento", apunta. Al borde de la prohibición se mueven también Rianxo (90,9%), Poio (89,9%) y Vilagarcía de Arousa si se toma en cuenta la deuda del 76,7% que acumuló en 2008, el último dato publicado. Su esperanza pende ahora de que la amortización de las deudas pendientes los sitúe en 2011 por debajo del 75% que fija el ministerio.

Caso especial es el de la Diputación de Ourense, atada por un endeudamiento del 95,6%. Un porcentaje "nefasto", según el portavoz nacionalista, Xosé Manuel Fírvida, que la Diputación achaca a los cuatro millones que les adeuda el Gobierno central. "No se trata de una deuda a largo plazo", apunta Francisco González, portavoz del organismo. "Tuvimos un retraso en la recepción de 10 millones de euros del Estado que cubrimos con una operación de tesorería". La confianza en que pueden cancelar la deuda cuando quieran y en que el Estado "ingrese antes de fin de año" los cuatro millones les hace recibir el anuncio con optimismo.

Menos esperanza muestran en la oposición. Alfredo García, portavoz del grupo socialista, tachó de "ingeniería financiera" las cuentas de la Diputación y advirtió a Baltar de que "el ministerio ya avisó de que vigilaría operaciones de ese tipo".

(www.elpais.com, 10/09/10)

19. GALICIA. PORTOS DE GALICIA ERA EL "CONSULADO DE 'GÜRTEL'", DENUNCIA EL PSDG

Portos de Galicia "parecía el consulado de Gürtel" en esa comunidad. En esos términos se pronunció el PSOE gallego (PSdG) tras la información de este diario que desvelaba cómo el jefe de contabilidad del ente público portuario, Victoriano Lago, aparece societariamente conectado al número dos de la red corrupta, Pablo Crespo, a través de una empresa radicada en el paraíso fiscal de la isla de Nevis. Los socialistas exigen explicaciones al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien, como consejero de Política Territorial, mantuvo hasta 2005 a Crespo en el consejode Portos de Galicia. Feijóo "no pasaba por allí", acusó el portavoz parlamentario del PSdG para Portos de Galicia, Manuel Gallego.

En una nota, Gallego subrayó que "la tela de araña del caso Gürtel ahoga cada día con más fuerza al PP de Galicia y a sus gobiernos". En su opinión, el actual candidato conservador a la alcaldía de A Coruña, Carlos Negreira, fue "colaborador necesario", dado que, como presidente de Portos, "mantuvo a Crespo en los consejos" del ente y "creó plazas ad hoc para los urdidores de la red que capitaneaba" el lugarteniente de Francisco Correa. Al hablar de "plazas ad hoc", Gallego aludía de forma implícita al caso de Victoriano Lago. En medios políticos gallegos se asegura que este consolidó su puesto gracias a unas oposiciones entre cuyos requisitos para ganar la plaza de jefe de contabilidad incluía el de desempeñar ya ese mismo cargo.

Crespo fue secretario de organización del PP gallego hasta octubre de 1999. Dos meses más tarde, el 21 de diciembre, quedó constituida en Nevis la sociedad Midcourt Limited. Ese mismo día, se expidió el certificado acreditativo de que Victoriano Lago quedaba a su frente como director, cargo equivalente al de administrador único. Redactado en inglés, al documento se adjuntó una traducción jurada al castellano. El registro de compañías de Nevis asignó a Midcourt el número 11.046: así consta en las actuaciones del caso Gürtel. Esa isla caribeña es uno de los paraísos fiscales que la red usó para blanquear dinero.

El 14 de abril de 2002,Midcourt Limited y Luis de Miguel Pérez, hoy imputado, crearon en Madrid Welldone 2002 SL. De las 3.025 participaciones, Midcourt se atribuyó 3.000. Como administrador único de Welldone fue nombrado Pablo Crespo.

Victoriano Lago, que el martes declaró como testigo ante el juez del caso Gürtel, ya trabajaba para Portos de Galicia en 1999. Por su condición de jefe de contabilidad, participa en la mesa de contratación del ente público. Hace un año, el diario gallego Xornal reveló que, entre 1999 y 2005, Portos adjudicó siete contratos a Constructora Hispánica, cuyo ex presidente está imputado en el caso Gürtel.

Feijóo: "Hay que ser implacables" con los corruptos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que debe ser apartado de la política aquel que "meta la mano", al tiempo que dijo que la justicia debe ser "implacable" en asuntos de "corruptelas". El presidente de la Xunta se refería a la condena de dos ex concejales del PP de Gondomar a multas de 675.000 euros por prácticas corruptas en materia de urbanismo. Sobre la conexión del jefe de contabilidad de Portos de Galicia con el número dos de la red Gürtel', el PP gallego guardó silencio.

(www.publico.es, 10/09/10)

20. GALICIA. MULTAS DE 742.500 EUROS PARA LOS TRES ACUSADOS POR LA TRAMA DE GONDOMAR

Los tres implicados en el caso de corrupción descubierto en Gondomar deberán pagar una multa de 742.500 euros en total por haber formado una trama para "enriquecerse" a cambio de favorecer y desarrollar desde el Ayuntamiento tres proyectos urbanísticos.

La sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial con sede en Vigo recalca la "gravedad de los hechos, por su trascendencia social, la entidad del daño a la función pública y por incumplir el deber de fidelidad al cargo" de los políticos implicados. Pero, pese a esa consideración, el juez concede una notable rebaja en las penas solicitadas por la Fiscalía, que inicialmente había reclamado en total una sanción de 4,7 millones de euros y la rebajó después a 1,25 por la autoinculpación y colaboración de parte de los imputados.

El fallo judicial considera probado que los entonces ediles de Urbanismo, Alejandro Gómez (del PP), y el de Cultura y portavoz del mismo partido, José Luis Mosquera, habían pedido dinero a tres promotoras a cambio de que el nuevo Plan Xeral de la villa posibilitase sus proyectos constructivos. En esa trama, el tribunal califica al arquitecto vigués Borja Ramilo, como "cómplice necesario" e intermediario en la petición de comisiones a las empresas, que ascendía a 540.000 euros.

Esa cantidad es la que el tribunal impone finalmente como sanción al edil de Urbanismo, que, como su compañero, abandonó el cargo al estallar el caso en febrero del 2007. Gómez Garrido, que nunca admitió su relación con la trama de extorsión, se enfrentaba a una petición de pena 1.080.000 euros, que ya había sido rebajada desde 1,92 millones en los que en un principio había calificado su delito el fiscal.

Por haber dado datos sobre dos cohechos más que no habían sido investigados, el edil de Cultura logró una reducción de pena del 93%, quedando esta establecida en 135.000 euros, como logró igualmente el arquitecto intermediario, al que se le aplicó una segunda rebaja hasta fijar su condena en 67.500 euros.

(www.lavozdegalicia.es, 09/09/10)

21. ANDALUCÍA. UN JUEZ DE CÁDIZ IMPUTA A DOS EX DELEGADOS DE LA ZONA FRANCA

El caso Rilco, una de las investigaciones abiertas en torno a la supuesta corrupción en la Zona Franca de Cádiz durante la etapa de gestión del PP, comienza a despejarse. El Juzgado de Instrucción 4 de Cádiz ha emitido un auto, adelantado por Diario de Cádiz, en el que imputa a Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, ex delegados del PP en este organismo, además de a otras cuatro personas, por prevaricación, fraude, exacciones ilegales, malversación y delito societario, falsedad documental, y omisión del deber de perseguir delitos.

Según el documento, la creación de Rilco -un portal de comercio electrónico destinado a promocionar la Zona Franca- fue una estrategia de Rodríguez de Castro para enriquecerse con dinero público. Actuó, dice el auto, "guiado por el ánimo de lucro" y "consciente de las dificultades que tenía en la continuidad del ejercicio de su cargo". El juez acusa a Osuna, su sucesor y ex delegado del Gobierno con el PP, de no actuar ante la sospecha de que este negocio era un fraude.

En la trama participaron también, según el documento, los empresarios americanos Germán y Carmen Leiva. Este matrimonio, "concertado con el señor Rodríguez, creo una sociedad ad hoc", Miami Free Zone Services, para hacerse con la adjudicación del desarrollo del portal informático. Según la investigación, la Zona Franca acabó pagando por Rilco 6,7 millones de euros. El valor del trabajo de Miami Free Zone nunca superaría los 530.000 euros.

El informe que determinó su elección lo elaboraron tres becarios que "no habían oído nunca el nombre de la empresa". Quien "orientó y dirigió" su trabajo, junto a Manuel Rodríguez de Castro, fue José David Sánchez, entonces jefe del servicio de informática del Consorcio de la Zona Franca y también imputado. La empresa se llevó el contrato por 4,2 millones de euros en diciembre de 2000. Dos meses después, sin que la firma hubiera ejecutado ningún trabajo, el ex delegado ordenó el pago de 1,4 millones.

El último imputado es Rafael Ortiz, descrito por el juez como "amigo personal" de Rodríguez de Castro y "persona que carecía de experiencia en el campo de las tecnologías". El entonces delegado de la Zona Franca lo nombró director de Rilco un mes antes de dejar su cargo.

El Ayuntamiento de Cádiz -cuya alcaldesa, Teófila Martínez (PP), preside el Consorcio de la Zona Franca- mostró en un comunicado su "sorpresa" por el auto. El gobierno local defiende la inocencia de Osuna, del que dice que ha demostrado ser "un magnífico gestor" y que goza de la confianza de la alcaldesa y del PP. Resta importancia a las imputaciones porque, según el comunicado "el auto es lo que el juez de instrucción estima. "Las acusaciones", aventura, "no tienen ningún fundamento y quedará perfectamente demostrado que no tiene responsabilidad alguna cuando se celebre el juicio". Menos condescendiente se muestra con Rodríguez de Castro: "Si quedan probados los hechos, deberá responder ante la justicia".

(www.elpais.com, 05/09/10)

22. ANDALUCÍA. LA LÍNEA OBLIGA A LOS CAMIONES A CAMBIAR SU VÍA DE ACCESO A GIBRALTAR

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), el popular Alejandro Sánchez, sigue en sus trece de implantar una tasa a los vehículos que acuden a Gibraltar. dio un paso más en esta polémica y obligó a cambiar la ruta que hacen los camiones para entrar en la colonia británica.

En vez de utilizar la zona especialmente habilitada para los camiones, estos tuvieron que acceder a Gibraltar por la entrada que emplea el resto de vehículos. Esta decisión causó algunas retenciones e hizo que agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía se encargasen de la regulación del tráfico.

Aunque fuentes del Instituto Armado confirmaron que, en caso de producirse un colapso circulatorio en los accesos al Peñón, los camiones serían desviados hacia una zona próxima, el Ministerio de Fomento se encuentra estudiando "otra posibilidad, que no afectaría al resto de vehículos y que no obligaría a tocar la señalización colocada el pasado fin de semana por el Ayuntamiento".

Fuentes de Fomento lamentaron "que se tenga que estar contrarrestando la medida del Ayuntamiento" y añadieron que Alejandro Sánchez "está buscando la tensión y la confrontación" al cambiar las señales de tráfico y colocar carteles en los que se puede leer: "La Línea también es España".

Los más afectados por el cambio en el tráfico rodado que accede a Gibraltar fueron, sin duda, los camioneros, que en algunos casos tuvieron que esperar hasta 45 minutos más de lo habitual para entrar en la colonia británica. "No está bien, porque venimos de trabajo y no de turismo", señaló uno de los afectados, tras aguardar la cola de vehículos a lo largo de la avenida de España.

"No sabemos de quién es la culpa, pero suponemos que es el Ayuntamiento quien impide que entremos como antes a Gibraltar", manifestó uno de los transportistas. "Es inhumano que tras estar trabajando desde las cinco de la mañana y venir desde Estepona no podamos hacer el trabajo en menos tiempo, porque el Ayuntamiento de La Línea nos lo impide", añadió.

Ante esta situación, los sindicatos CC OO, UGT y el gibraltareño Unite anunciaron que mantendrán una reunión con el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana. La cita será el día 13 de septiembre y, en ella, los sindicatos insistirán en llamar al dialogo entre las autoridades gibraltareñas y linenses, "para buscar puntos de encuentro en la defensa del interés general de la ciudadanía a la que representan" y "reiterar su compromiso de poner en marcha cuantas iniciativas sean necesarias en defensa de los habitantes de ambos lados de la verja".

(www.elpais.com, 07/09/10)

23. ANDALUCÍA. EL JUEZ RETIRA LAS TRABAS DEL ALCALDE DE LA LÍNEA AL TRÁFICO CON GIBRALTAR

El juez ha tenido que intervenir en la polémica iniciativa del alcalde de La Línea (Cádiz), Alejandro Sánchez (PP), para entorpecer el tráfico de acceso a Gibraltar. El magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Algeciras (Cádiz), Salvador Arenas Díaz del Castillo, emitió un auto en el que estima el recurso de la Abogacía del Estado contra el acuerdo del Ayuntamiento para instalar dos señales de tráfico que dificultan el tráfico hacia Gibraltar y generan colas innecesarias.

El auto judicial considera que la instalación de ambas señales de tráfico, "va en detrimento de la fluidez del tráfico en la frontera, así como de la seguridad, pues obliga a todos los vehículos a entrar en Gibraltar por el mismo acceso".

El magistrado-juez considera que "procede acordar la medida cautelar solicitada [por la Abogacía], sin perjuicio de que con posterioridad, y oyendo en comparecencia a las partes, se resuelva con más elementos de juicio el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada". El juzgado algecireño convoca mañana a las partes "a una comparecencia".

El Ayuntamiento de La Línea respondió , a través de un comunicado, que "no va a causar un espectáculo judicial para regocijo de los gobiernos de Reino Unido y Gibraltar a causa de unas señales de tráfico". El alcalde recalca en su nota que "la decisión del juzgado algecireño va en detrimento de los intereses de La Línea y en beneficio de Gibraltar".

"No nos hacen falta más muestras de la pretensión de judicializar este asunto por el Gobierno, favoreciendo una vez más a los ingleses y al Gobierno de Caruana, con los cuales está absolutamente entregado", apostilla el comunicado.

"Decididamente, vamos a seguir adelante con el proceso de implementación de la Tasa de Congestión", advierte el alcalde. Esta iniciativa supone el intento de cobrar cinco euros a los conductores que se dirijan a la colonia y ha originado el enfrentamiento entre el Gobierno central y el Ayuntamiento.

Según Sánchez, el mantenimiento de las señales que ahora obliga a retirar la justicia "ha sido como consecuencia de la enorme desconfianza que existe entre el gobierno local de La Línea y el Gobierno de Zapatero". También recuerda el alcalde los incidentes del pasado fin de semana, cuando Fomento tuvo que reordenar el tráfico con dos nuevas señales para contrarrestar las establecidas por el alcalde.

El gobierno linense se muestra "sorprendido" por que "la Abogacía del Estado, en su recurso, acuse al Ayuntamiento de haber tenido intención de actuar en dominio público estatal, cuando la carretera nacional, según la propia red de carreteras, llega hasta la entrada de la Verja". "A partir de ese punto, esta vía está registrada a favor del Ayuntamiento", argumenta el gobierno linense.

Colectivos ciudadanos de ambos lados de la Verja y sindicatos han convocado una reunión en la que se pretende crear una plataforma contra la tasa que trata de establecer el alcalde. Este grupo coordinará las movilizaciones de protesta, entre las que se incluye la manifestación que se pretende celebrar en el Peñón el próximo 23 de septiembre si en una semana el alcalde no da marcha atrás en su intención de gravar el paso por La Línea.

(www.elpais.com, 09/09/10)

24. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ATACA A GALLARDÓN POR EL "OBRÓN" EN LA SEDE DE LA ALCALDÍA

La presidenta de la Comunidad de Madrid abrió el enésimo frente contra el ayuntamiento de la capital, en manos de su com-pañero de partido Alberto Ruiz-Gallardón. Ahora, a cuenta de las obras de restauración del Palacio de Cibeles, sede de la alcaldía. Al ser preguntada en una entrevista en la Ser sobre si ella hubiese realizado la misma reforma que Ruiz-Gallardón, no tuvo reparos a la hora de señalar que los políticos están "obligados a que las oficinas públicas sean el reflejo de cómo administramos el dinero de los contribuyentes".

Por si no hubiese quedado claro que estaba lanzando un dardo al regidor madrileño, calificó de "obrón" los trabajos en Cibeles. "No sé lo que ha costado pero creo que una barbaridad", sentenció la presidenta de la Comunidad de Madrid, que consideró que si la remodelación se hubiera comenzado en tiempos de crisis "probablemente no se hubiera hecho". Intentando ponerse como ejemplo, la también presidenta de los conservadores de Madrid, aseguró que ella es "muy austera en todo y más en las oficinas públicas". La Comunidad de Madrid tiene 91 altos cargos que ganan más que el presidente del Gobierno.

(www.publico.es, 10/09/10)

25. COMUNIDAD DE MADRID. LAS PEGATINAS DEL METRO PROVOCAN OTRA LUCHA ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN

La decoración de los nuevos metros y la demanda que prepara la empresa contra los sindicatos por la última huelga han abierto una nueva brecha entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad.

El Consistorio amenaza con dejar de pagar su parte de los trenes si no se retiran las banderas de la Comunidad de Madrid con las siete estrellas que forran por fuera los nuevos vagones. Y exige que las decisiones de calado, como la demanda por los días de paro total, se discutan en el Consejo de Administración de Metro, del que forman parte ambas Administraciones.

Los trenes de la discordia, que aún no se han puesto en funcionamiento, llevan incorporados más banderas de la Comunidad que nunca. Los que ya circulan lucen una o dos pegatinas por vagón (entre cinco y 10 por tren). En los nuevos se ha colocado una bandera junto a cada puerta, como muestra la imagen, que dejan en segundo plano el logotipo en forma de rombo de Metro.

El Ayuntamiento amenaza con no abonar al Consorcio Regional de Transportes el precio de la mitad de la remesa de trenes -le corresponden casi 500 millones de euros en 17 años por el alquiler y el mantenimiento- si las banderas no se retiran. El concejal de Hacienda y presidente de Metro, Juan Bravo, llevó el asunto a la reunión del Consejo de Administración de Metro.

Tomó la palabra en el turno de preguntas, según varios presentes. Primero aseguró que ha conocido "por los medios de comunicación" la demanda que Metro prepara contra los sindicatos por la huelga de junio. Bravo propondrá en la próxima reunión una modificación para que ese tipo de decisiones se tomen en el Consejo. Después, Bravo amenazó con no pagar los nuevos trenes si se mantiene la decoración que el Gobierno de Aguirre ha adoptado "unilateralmente". El viceconsejero de Transportes, Luis Armada, le replicó, según varios presentes, que la imagen que presentan los vagones es la de siempre y que el asunto se puede discutir.

26. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. RAPAPOLVO DE PEDREIRA A LOS LETRADOS DE LOS DIPUTADOS MADRILEÑOS POR ENTORPECER EL CASO

El magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira Andrade, ha reprochado a la defensa de los diputados regionales del PP de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch su estrategia de recurrir "una y otra vez" todas las resoluciones y de exigir reiteradamente la nulidad de actuaciones para impedir que el juicio oral pueda celebrarse, "como si los graves hechos ocurridos no hubiesen sucedido".

La defensa de los diputados regionales impugnó un auto de Pedreira exigiendo que se les diese traslado de todas las conversaciones intervenidas en prisión a los principales imputados con sus abogados, pese a que dichas conversaciones no les afectaban a ellos.

En el auto, Pedreira permitía la audición íntegra de las conversaciones intervenidas únicamente a los abogados de defensores del cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, su lugarteniente, Pablo Crespo, y Antoine Sánchez, uno de los testaferros. El magistrado instructor precisa que son los abogados de estos imputados los únicos que pueden acceder exclusivamente a la integridad de las conversaciones grabadas.

Pedreira asegura que "un sector de los recurrentes pretende paralizar el incidente de nulidad, interponiendo constantemente toda clase de recursos". El juez lo considera "totalmente improcedente", porque no resulta "factible ni ajustado a Derecho" y afirma que "suscita perplejidad" que soliciten la nulidad de pleno derecho contra una resolución que se limita a cumplir un auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal de Madrid.

El magistrado agrega que los imputados formulan sustancialmente las mismas alegaciones, con "hipótesis infundadas" y pretensiones "que deben ser rechazadas". El rapapolvo lo extiende a las "contradicciones" en que incurren y a la "impropiedad en el manejo de los tecnicismos" al confundir "una anulabilidad con una nulidad absoluta y de pleno derecho", errores que para Pedreira resultan "paradójicos y sintomáticos".

El auto impugnado, concluye el juez, es ajustado a derecho y el recurso contra el mismo parece responder "al afán de que recurran todos contra todo". Pedreira termina desestimando todos los recursos.

(www.elpais.com, 02/09/10)

27. COMUNIDAD DE MADRID. TAMAYO SE ASOCIA CON UN IMPUTADO POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Un imputado por corrupción urbanística en la localidad conquense de Zarza de Tajo, a una hora de Madrid, es desde julio el nuevo socio de Eduardo Tamayo, el tránsfuga que en 2003 impidió con su voto al PSOE gobernar la Comunidad de Madrid y abrió la puerta del poder a Esperanza Aguirre. El aliado empresarial de Tamayo es José López-Infantes, hermano de quien desde 2003 preside el ayuntamiento de ese municipio de 400 habitantes. Y ese alcalde, el independiente Roberto López-Infantes, aparece a su vez como el principal imputado en el mismo caso que su hermano, donde un juez investiga desde 2007 la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio.

El detonante fue la denuncia de una ex concejal de su grupo según la cual el ayuntamiento autorizó levantar una treintena de naves industriales en suelo rústico. Las naves fueron construidas por empresas del propio alcalde, que no observa en ese hecho ningún motivo de sospecha: "Todos los empresarios pedían presupuesto y yo he sido el más barato y el que les daba más garantías ", alega. En el caso hay ya más de treinta imputados.

Constituida el pasado 15 de julio, la sociedad de Tamayo y José-López Infantes se llama Mudanzas y Guardamuebles La Colonial SL. Pero el traslado y custodia de muebles u otras mercancías no es el único nexo que conecta al ex diputado tránsfuga con Zarza, ubicada a 15 minutos de Tarancón o, lo que es lo mismo, en un nudo estratégico de comunicaciones. Sorprendentemente, el alcalde asegura que es a Tamayo, bestia negra del PSOE, a quien su ayuntamiento ha encomendado gestiones jurídico-urbanísticas ante el Gobierno regional socialista.

El regidor de Zarza aseguró el viernes a Público que a comienzos de este año, es decir, meses antes de que su hermano se vinculara empresarialmente con Tamayo, contrató como abogado al ex parlamentario socialista para tramitar ante la Junta de Castilla-La Mancha la ampliación del casco urbano. "Ahí [fuera del perímetro urbanizable] se ha construido y se está haciendo una legalización del terreno. De rústico a urbano", explicó el regidor. Entre las edificaciones existentes en la zona figura una residencia de ancianos que administra una hermana del alcalde. A la pregunta de si marchan bien las gestiones de Tamayo, el alcalde contestó así: "Claro, es una persona que lleva en ayuntamientos bastante tiempo y por eso le contraté". Respecto a cuánto cobrará, dijo: "Todavía no nos ha emitido ninguna factura".

Pero hay más sorpresas en esta brumosa historia: porque la versión de Tamayo desmiente la del alcalde. "El pleno contó el viernes a este periódico lo aprobó [su contratación] pero cuatro o cinco días después me dijeron que no me encargaban profesionalmente el asunto porque ya estaba en vías de resolución con la Junta de Castilla-La Mancha". Respecto a su ligazón empresarial con el hermano del alcalde, remachó que ignoraba la condición de imputado de José López Infantes y que, en todo caso, no es asunto suyo. Ambos se conocieron dice "en una comida en Madrid" a la que igualmente asistían el regidor de Zarza y empresarios de la comarca.

La versión de José López Infantes, socio de Tamayo, constituye la última sorpresa. En un contacto telefónico con Público, negó cuatro veces conocer al hombre con quien acaba de fundar un negocio. "No tengo ni idea de quién es Tamayo", enfatizó. Según López-Infantes, Mudanzas y Guardamuebles pertenece a "un grupo de socios", pese a que la escritura constituyente muestra sólo dos: él mismo y Tamayo, que figura como administrador. Ante el juez de instrucción número 2 de Tarancón, José López-Infantes declaró que sabía que el suelo donde levantó tres naves era rústico. Y que se trataba de "un lugar protegido" ambientalmente.

28. COMUNIDAD DE MADRID. NEIRA: DIEZ MESES SIN CARNÉ Y 1.800 EUROS DE MULTA POR CONDUCIR EBRIO

Jesús Neira, que triplicó la tasa permitida de alcohol tras ser detenido en la M-40 mientras conducía "haciendo eses", ha sido condenado a una multa de 1.800 euros y a diez meses de retirada del carné. En concreto, el presidente del Observatorio Regional Contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, tendrá que abonar diez euros diarios durante seis meses, tiempo durante el que tendrá que realizar trabajos en beneficio de la comunidad. 

Neira, que ha llegado a declarar acompañado por su mujer, ha asegurado que no iba bebido cuando fue detenido y dice que no piensa pedir perdón. "Yo no iba bebido", ha afirmado, "no tengo que pedir perdón". Sin embargo, a la salida del juicio su abogado, Javier Gómez de Liaño, ha asegurado que su cliente ha realizado "un reconocimiento del hecho imputado", ya que "el dato objetivo" es que la prueba de alcoholemia dio positivo.

"Es un gesto humilde y de hombría de bien", ha asegurado Liaño que ha reiterado que Neira "bebió" solamente "una copa de vino y un licor de café". "Eso es todo. Por un medicamento le produjo el reflejo en la prueba de alcoholemia". 

El pasado miércoles, Neira fue detenido en torno a las 22.00 horas a la altura del kilómetro 5 de la M-40. Cuando los agentes llegaron, comprobaron que se trataba de Jesús Neira y le hicieron la prueba de alcoholemia, que dio un resultado positivo de 0,87 miligramos por aire aspirado, lo que supone más del triple de lo permitido (0,25), por lo que le detuvieron por un delito contra la seguridad vial. Neira culpó posteriormente a un medicamento de su estado de embriaguez.

Este suceso ocurre dos años y un mes después de que el profesor Neira fuese agredido en Majadahonda por Antonio Puerta, al que recriminó por maltratar a una mujer, lo que le provocó unas lesiones por las que estuvo ingresado 256 días.

En noviembre de 2009 tomó posesión como presidente del Observatorio Regional Contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, un cargo que le ofreció la presidenta regional, Esperanza Aguirre, por su defensa de las mujeres maltratadas.

Un cargo que ahora puede peligrar, tal y como se desprendía de las declaraciones de Francisco Granados, número tres de Aguirre, que afirmó que su detención "debería tener consecuencias" y pidió a Neira reflexión sobre sus actos para sus decisiones futuras. Tras conocer la condena a Neira, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, se mostró "seguro" que "habrá reflexionado" y dejará sus responsabilidades al frente del Observatorio Regional contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

(www.publico.es, 06/09/10)

29. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE SE CANSA DE NEIRA Y ANUNCIA SU CESE FULMINANTE

La presidenta del Gobierno regional de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), anunció a última hora de la tarde el cese fulminante de Jesús Neira al frente del Consejo Asesor del Observatorio regional de Violencia de Género. La decisión, que se hará efectiva el próximo jueves en el Consejo de Gobierno, llegó después de cinco días de fuerte polémica entre Neira, condenado por conducir borracho triplicando la tasa de alcohol, y el Ejecutivo madrileño.

Antes de que Aguirre anunciase su decisión, ya dos consejeros del Gobierno regional, Francisco Granados e Ignacio González, habían invitado a Neira en días anteriores a que dejase el cargo, pero él se había negado en redondo e incluso había retado a Aguirre a que le cesara. "¡Quiero que me echen!", llegó a decir.

Y eso es lo que finalmente hizo Aguirre. La presidenta madrileña anunció el cese de Neira en una entrevista en la cadena de radio Cope. Lo ha hecho, según explicó, precisamente tras no asumir Neira la responsabilidad de presentar él mismo su renuncia. Sin embargo, por la mañana, en una entrevista para Telemadrid, Aguirre había excusado su comportamiento al volante diciendo incluso que "quién no ha cometido alguna vez una infracción de tráfico". La decisión del cese llegó al final de un día envuelto otra vez más en la polémica por el caso Neira y con declaraciones cruzadas entre el Ministerio de Igualdad y el Gobierno regional. Antes del anuncio del cese, el Gobierno regional había anunciado por la mañana la supresión total del Consejo Asesor que presidía Jesús Neira y que incluye a otros cuatro miembros más.

El anuncio de la eliminación del Consejo vino acompañado de la confusión, ya que el día anterior el Gobierno de Madrid había asegurado que suprimiría el Observatorio entero, aunque sus funciones quedarían "intactas" y asumidas en la Consejería de Justicia e Interior. Ese anuncio provocó las críticas tanto del Ministerio de Igualdad como de las asociaciones de mujeres, que consideran que el trabajo de estos observatorios es "imprescindible" para la lucha contra la violencia machista.

Pero el Gobierno regional no reconoció que el cambio de decisión y la resurrección del Observatorio pudo deberse a la presión de las críticas, sino que aseveró que no ha habido ningún cambio y que lo que había ocurrido se debía, más o menos, a la mala información. Así lo dijo, por ejemplo, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, que arremetió contra la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, a la que acusó de "superficial" y de "hablar de oídas", en un día en el que la mayoría de los medios de comunicación habían plasmado ese cierre total de la entidad. "Que se informe antes de hablar, lo que se ha suprimido es el Consejo Asesor del Observatorio, no el Observatorio", señaló Pérez, liando aún más la madeja.

(www.publico.es, 08/09/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. LA POLICÍA HALLA MÁS PRUEBAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

El PP valenciano y tres constructoras con múltiples adjudicaciones de la Generalitat (Sedesa, Lubasa y Ortiz) pagaron en 2008, en negro o con facturas falsas, 846.000 euros a la empresa corrupta Orange Market, la franquicia levantina de la 'red Gürtel'. Así lo sostiene la Brigada de Blanqueo de la Policía en un informe fechado el pasado 20 de julio y que detalla cómo Orange Market destinó la mayor parte de ese dinero a minorar la deuda contraída por el PP valenciano, para el que la empresa había trabajado de nuevo ese año durante la campaña de las elecciones generales de marzo.

El informe, incorporado al sumario y que completa el emitido por la policía en julio de 2009, da un paso más respecto a las revelaciones de hace un año: ahora, los investigadores establecen de manera abierta un nexo causal entre los pagos de las empresas y las "contrapartidas" que les aseguraba su papel como benefactoras del partido de Francisco Camps. Sedesa, Lubasa y Ortiz, dice el informe, pagaron a cambio de favores concedidos por el PP, que gobierna todas las grandes instituciones valencianas. Y se avinieron a pagar siguiendo indicaciones de "los responsables" del partido en Valencia.

Como dirigentes que tuvieron una "participación activa" en ese complot urdido para ocultar la financiación ilegal del PP, la policía cita al ex número dos de Camps, Ricardo Costa, y al actual vicesecretario general del partido en Valencia, David Serra. Por la noche, el PP valenciano emitió un comunicado en el que tacha de "falso" el informe policial y asegura que "no se da por aludido".

Pero las 104 páginas de este nuevo dossier de la Brigada de Blanqueo acrecientan la sospecha de financiación ilegal en el PP valenciano: tres meses después de que Hacienda cifrase en 2,5 millones lo defraudado por el PP valenciano al fisco en 2007, llega ahora este nuevo informe. Y lo hace pertrechado de una batería de anexos repletos de datos que desmenuzan el modus operandi del trípode presuntamente conformado por el PP, sus empresas de cabecera y la red Gürtel.

El contenido de esos anexos admite difícil refutación. Las conclusiones de la Brigada de Blanqueo se sustentan en la documentación incautada a Orange Market, que incorporó a su contabilidad opaca los 405.450 euros abonados por el PP durante 2008 en ocho entregas. El estadillo de la caja B-Barcelona, en el argot de la trama- se incluye en el informe. Ahí constan anotados los ocho pagos, "sin justificación contractual", dice la policía.

Otros 441.000 euros recibidos por Orange Market tienen su origen en abonos de Sedesa, Lubasa y Ortiz, tríada situada en el ojo del huracán desde que la policía destapó hace un año los primeros indicios de financiación ilegal. En este caso, los ingresos a favor de Orange Market se camuflaron como pagos por trabajos de márketing, publicidad y asesoramiento de imagen.

Según la policía, no se entiende que las tres empresas, "adjudicatarias de numerosos contratos públicos", contribuyeran a enjuagar las deudas del PP "salvo que exista contraprestación o favorecimiento de algún tipo". De no existir tal contraprestación, no habría "explicación lógica" para esos pagos, dice el informe.

El juez Antonio Pedreira, que instruye la pieza principal del caso Gürtel, ya hizo suya en mayo la tesis de que los conservadores captaron fondos ilegalmente e involucró a las mismas tres empresas que ahora analiza la policía. Pero, entonces, los investigadores tenían menos información. Ahora, la Brigada de Blanqueo ha encajado las piezas necesarias para asegurar que tanto Sedesa como Lubasa y Enrique Ortiz e Hijos suscribieron falsos "acuerdos de colaboración" con Orange Market con el único objetivo de sufragar gastos del PP valenciano mediante la emisión de facturas "ficticias".

La policía incluye un dato clave: Orange Market tenía en su poder los documentos relativos a un supuesto "acuerdo de colaboración" con Ortiz e Hijos, acuerdo que en febrero de 2009 seguía sin firmar por los responsables de la empresa constructora. El "artificio" creado, subraya la policía, acabó teniendo los pies de barro. Que ese documento prosiguiera sin firma 13 meses después de la fecha oficial en que fue suscrito denota su falsedad, argumenta el informe. La policía recuerda que la Ley de Financiación de Partidos prohíbe a estos aceptar, directa o indirectamente, donaciones de contratistas públicos.

Ortiz e Hijos desembolsó a Orange Market 232.232 euros. Los últimos pagos se produjeron el 5 de febrero de 2009, un día antes de que el juez Baltasar Garzón hiciera saltar por los aires la trama Gürtel. Ese mismo día, el contable de Orange Market, Cándido Herrero, habló por teléfono con su jefe, Álvaro Pérez, El Bigotes, el "amiguito del alma" de Camps. "Ya me han dado la caja de magdalenas", le contó Herrero a El Bigotes. La policía, que incorpora la transcripción de ese pinchazo, no alberga dudas: la caja de magdalenas hace alusión a Enrique Ortiz, quien también se ha visto involucrado recientemente en la supuesta compra de partidos para el Hércules, equipo de su propiedad.

Pedreira suscribió la tesis de la financiación ilegal tras el informe de Hacienda que reveló fraude fiscal en el PP valenciano. El juez plasmó sus sospechas en un auto dictado el 26 de mayo, donde alertaba de que en 2008 podía haberse producido un delito electoral por exceso de gasto, pero dejaba abierta la cuestión. En esa resolución, Pedreira se inhibía en favor del Tribunal Superior de Valencia en lo concerniente a la financiación ilegal del PP. Pero el caso seguirá en sus manos en tanto el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) no resuelva el recurso del PP contra su inhibición. En teoría, el PP ejerce la acusación particular, aunque todos sus pasos han ido encaminados a demorar la instrucción.

Precisamente, el TSJM sostuvo en un auto que "un sector" de los imputados pretende "paralizar" la causa "interponiendo constantemente toda clase de recursos", informa Efe. En su auto, el tribunal rechaza el recurso que varios de los imputados -entre ellos, los diputados madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco- interpusieron contra una resolución dictada por el juez instructor del caso, Antonio Pedreira, el pasado 27 de abril.

(www.publico.es, 02/09/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL PIDE QUE EL TRIBUNAL DE VALENCIA INVESTIGUE A CAMPS POR NUEVOS DELITOS

La Fiscalía Anticorrupción defiende que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia abra una nueva causa al presidente Francisco Camps, al ex secretario general del PP Ricardo Costa, y a otros ex altos cargos del PP valenciano por los supuestos delitos de cohecho propio, financiación ilegal o tráfico de influencias.

En un escrito remitido el pasado 2 de agosto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Fiscalía recuerda que la investigación del caso Gürtel ha descubierto numerosas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte del Gobierno valenciano a las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que esos supuestos delitos, en los que habrían participado altos cargos del PP que están aforados porque ocupan un escaño en el Parlamento valenciano, solo pueden ser investigados en el Tribunal Superior de Valencia.

El juez Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, decidió inhibirse en favor del Tribunal valenciano porque durante la investigación se habían descubierto indicios de delito en la actuación de cargos públicos del PP en esa comunidad. Pero el PP, personado como acusación popular en este caso, impugnó esa decisión.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anuló las escuchas en la cárcel a los principales jefes de la trama corrupta ordenadas por el juez Baltasar Garzón, deberá resolver en las próximas semanas si acepta la inhibición y se sigue investigando el caso en Valencia o si la rechaza y todos los indicios de delito hallados durante la investigación quedan en un limbo legal sin que nadie pueda instruirlos pues afectan a dirigentes políticos que están aforados y solo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

La Fiscalía Anticorrupción recuerda en el escrito del 2 de agosto que hay múltiples indicios de irregularidades en la actuación del Gobierno valenciano en relación con la trama corrupta. Entre los ejemplos que cita, la Fiscalía señala que al menos cuatro contratos adjudicados a dedo a la red Gürtel por 41.988 euros necesitaban la "preceptiva autorización que, en algún caso, hubo de dar el gabinete del presidente" Francisco Camps. La red corrupta regaló al presidente valenciano numerosos trajes durante dos años por valor de varios miles de euros. La Fiscalía entiende que podría haber incurrido en un delito de cohecho propio -castigado con penas de cárcel-, y no solamente el de cohecho impropio -cuya máxima sanción son multas- por el que está imputado ya en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Además, la Fiscalía recuerda que en los registros efectuados en las sedes de las empresas de la trama corrupta se encontraron "pliegos del concurso de Fitur de 2005 antes de la publicación oficial del concurso".

Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta, logró el concurso para montar el pabellón de Valencia en Fitur por un millón de euros tan solo unos meses después de iniciar su actividad y ganó el concurso en los años sucesivos, hasta que Garzón desarticuló la trama corrupta en febrero de 2009.

Las adjudicaciones a Orange Market, según el informe de la Intervención General del Estado, estaban plagadas de irregularidades. La investigación judicial ha llegado a descubrir que Orange Market poseía la documentación del concurso antes incluso de que se hiciera pública, por lo que partía con ventaja respecto al resto de competidores.

Entre las personas agasajadas con regalos caros por parte de la trama corrupta figuran dos de los principales cargos públicos de la Consejería de Turismo. Por un lado, la entonces consejera Milagrosa Martínez, hoy presidenta del parlamento valenciano, a la que la trama corrupta regaló un reloj valorado en 2.400 euros, según la investigación. Y Rafael Betoret, al que agasajaron con trajes durante varios años y que desempeñaba el cargo de vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de Turismo, encargada de adjudicar el concurso de Fitur.

(www.elpais.com, 03/09/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP SE GASTÓ 790.000 EUROS EN CONTRATOS CON GÜRTEL PARA UN CONGRESO DE DÍA Y MEDIO

A finales de 2008, con la crisis a punto de azotar con toda su virulencia a la economía, el PP de la C0munidad, con Francisco Camps al mando, aún disparaba con pólvora de rey. Los populares se gastaron, al menos, 790.ooo euros –más de 130 millones de las antiguas pesetas– en servicios que contrataron con Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel que dirigía El Bigotes, para organizar el congreso regional del PP, celebrado el tercer fin de semana de octubre y que duró apenas un día y medio. Esa deuda, como recoge el último informe de la Policía en el que revela nuevos indicios sobre la supuesta red de financiación ilegal del PP, fue saldada en parte, junto a la de otros actos que se citan en apuntes contables de la red y que suman facturas por casi un millón de euros, con entregas de dinero negro y con "aportaciones" mediante facturas falsas de empresas que cuentan con importantes adjudicaciones públicas, como es el caso del alicantino Enrique Ortiz.

La contabilidad de Orange Market, la mercantil vinculada a Gürtel que controlaba Álvaro Pérez, durante los meses de noviembre y diciembre de 2008 evidencia que la empresa de El Bigotes era, en ese momento y apenas dos meses antes de que el juez Baltasar Garzón ordenara la detención de Francisco Correa y desmantelara el entramado corrupto, la principal proveedora de servicios del PP de la Comunidad. Tras el congreso nacional que los populares celebraron en Valencia en junio de 2008, Camps se presentaba a su cita regional, convocada para mediados de octubre, convertido en el principal barón territorial del PP y con un poder absoluto que en el anterior cónclave autonómico, celebrado en Castellón en 2004, no pudo exhibir. Estaba ante el foro que iba a convertirle en el presidente del PP de la Comunidad con mayor respaldo interno en la historia de su organización.

Y Ricardo Costa ni David Serra, que controlaban el aparato popular en ese momento desde la secretaría y la vicesecretaría general, se pusieron manos a la obra con ese objetivo. Contactaron con El Bigotes, su hombre de confianza para la organización de campañas electorales y eventos de todo tipo, y no repararon en gastos. En día y medio, el congreso se inició el sábado 18 de octubre por la mañana y se clausuró a mediodía del domingo con la intervención de Mariano Rajoy, los populares, en un momento en el que la crisis empezaba a arreciar, "quemaron", al menos, 790.000 euros en su congreso. De acuerdo con las facturas y apuntes contables de la red Gürtel que figuran en el informe de la Brigada de blanqueo de capitales de la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía, el PP se gastó nada menos que 300.000 euros –unos 50 millones de las antiguas pesetas– en el "diseño, montaje y desmontaje" del escenario circular en el que se desarrollaron los debates del congreso popular; cerca de 70.000 en una fiesta y un cátering; y otro tanto en vallas para publicitar la convocatoria, sólo por citar algunos de los gastos que aparecen detallados en las hojas contables de la trama que la Policía incautó durante el registro que realizó el 6 de febrero de 2009 en la sede de Orange Market, en una céntrica calle de Valencia. Justo, el mismo día en el que se detuvo a Francisco Correa –cabecilla de la trama corrupta– y en el que también se registraron las oficinas de Turismo en busca de los contratos de Fitur.

No había problema en asumir ese volumen de gasto. La ronda no la pagaba por completo el PP. Parte de los gastos se abonaban con fondos al margen del sistema financiero –dinero negro–; y parte a través de la "colaboración" de empresarios que abonaban facturas ficticias a El Bigotes que, en realidad, servían para saldar las deudas de los populares con la sociedad vinculada a la red Gürtel. El informe, como se recordará, revela que entre febrero de 2008 y los primeros meses de 2009, la dirección del PP entregó a El Bigotes más de 405.000 euros en dinero negro; mientras que tres empresas pagaron facturas ficticias a Orange Market, señala la documentación, por cerca de 450.000 euros, más de la mitad aportados por Enrique Ortiz, que, en realidad, servían para reducir la deuda del PP con el entramado corrupto.

De forma global, la contabilidad de la red en Valencia registra, entre noviembre y diciembre de 2008, referencia a actos de los populares por valor de alrededor de un millón de euros y aportaciones económicas desde el PP por más de 780.000 euros, unos 130 millones de las antiguas pesetas. Una situación que, en opinión de la Policía, revela la existencia, señala de forma textual, de una "financiación paralela" de la que se nutriría la organización que lidera Francisco Camps.

Entre la gran cantidad de documentación a la que las partes tuvieron acceso el pasado 1 de septiembre, tras las vacaciones de verano, figuran diversas diligencias que revelan que, casi veinte meses después de los registros judiciales y de que el juez Baltasar Garzón desmantelara el entramado corrupto de Francisco Correa y El Bigotes, la policía continúa desprecintando cajas de documentación incautada a la red corrupta que, a lo largo de los próximos meses, conformará nuevos informes sobre la actividad del conglomerado Gürtel.

Entre la documentación ya analizada que figura en este nuevo informe con más indicios sobre la supuesta financiación ilegal del PP, aparece un detalle sobre los movimientos de la llamada "Caja Barcelona" de Orange Market, en la que se recogían los apuntes contables del dinero negro y al margen del sistema financiero que recibía la empresa.

Una caja que se nutría con aportaciones periódicas de los populares valencianos, tal y como queda reflejado en la contabilidad de la empresa de El Bigotes. Álvaro Pérez utilizaba ese dinero sin justificar que recibía del Partido Popular con los más diversos fines. Pagaba nóminas, viajes, regalos, sesiones de masaje y hasta multas de tráfico... Así figura en el informe de la policía y también se desprende del análisis de la contabilidad "b" de la delegación de la trama corrupta en Valencia.

Por ejemplo, figura una referencia a un pago de 70.000 euros a un concesionario de coches de Valencia, otro de casi 4.800 euros para la compra de regalos de Navidad, fondos para un viaje a Miami, abonos de las nóminas de los trabajadores de Orange Market, mil euros para una sesión de masaje —no especifica si se trataba de un regalo— y hasta 140 euros para abonar los gastos de una sanción de tráfico.

(www.levante-emv.com, 03/09/10)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. LA DIPUTACIÓN HARÁ UN PLENO EXTRAORDINARIO SOBRE LOS PAGOS DE IMELSA A LA TRAMA GÜRTEL

El portavoz socialista en la Diputación de Valencia, Rafael Rubio, pidió al presidente provincial  Alfonso Rus que inicie el curso político "contando toda la verdad" sobre la relación que mantuvo la corporación provincial con una empresa implicada en la trama Gürtel. En este sentido, Rubio se refirió a las informaciones que revelaron una relación contractual entre la diputación, a través de la empresa pública Impulso Económico Local S.A (Imelsa), con la firma Easy Concept, una de las empresas de Francisco Correa.

Según consta en una factura, la corporación pagó 14.829,21 euros por montar un pabellón con motivo de la Feria de Turismo de Valencia. El PSPV pidió el pleno monográfico por registro de entrada y su portavoz explicó a este diario que deberá celebrarse obligatoriamente en un plazo de dos meses porque lo pide más de un tercio de los diputados.

Asimismo, exigió la comparecencia del diputado de empresas públicas, Salvador Álvarez, para que el equipo de gobierno del PP dé "explicaciones públicas sobre lo ocurrido, enseñen las facturas públicamente y aclaren quién ordenó que se realizara dicho contrato". "De momento lo único que han hecho Rus y el ex presidente Fernando Giner es echarse las culpas mutuamente, ninguno ha querido asumir ninguna responsabilidad", agregó el portavoz socialista.

Para Rubio, los dirigentes populares han actuado con "total oscurantismo" e "incluso llegaron a ofrecer información falsa a la oposición" al contestar por escrito, en el pleno de febrero de 2009, que no habían mantenido ninguna relación con las empresas de la trama, incluida Easy Concept. Por ello, ante la "ausencia de claridad y de información veraz", los diputados socialistas se reunieron para reclamar un pleno extraordinario en el que "Rus y su equipo cuenten la verdad y dejen de mentir sobre la relación de la diputación con la trama".

(www.levante-emv.com, 07/09/10)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. LUBASA DESTINÓ 58.000 EUROS A FINANCIAR LOS ACTOS QUE ORGANIZABA EL PARTIDO POPULAR

El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales que investiga la trama Gürtel confirma que parte de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) habrían sido financiados por empresarios del sector de la construcción de Castelló, entre ellos Luis Batalla Romero, gerente de Lubasa. Estas aportaciones de fondos de la constructora podrían haberse realizado mediante "donaciones finalistas de dinero que no ingresan en la cuenta corriente del partido", según el documento.

El informe, de 30 folios, viene a ratificar que empresarios de la provincia colaboraron en la financiación del PP valenciano y sigue apuntando a Ricardo Costa como pieza clave de las operaciones.

Los investigadores tienen pruebas de que empresarios adjudicatarios de numerosos contratos públicos, entre ellos Lubasa, pagaron "facturas ficticias" cuyo importe íntegro se destinó a cubrir "una parte de la deuda generada entre el PPCV y la mercantil Orange Market" (la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, que se encargaba de organizar los grandes eventos del partido). Esto supondría que el PP habría recurrido a la "financiación paralela" de grandes empresas para organizar sus actos en la Comunidad Valenciana.

La investigación de la Brigada de Blanqueo de Capitales considera que la empresa Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL abonó una factura a Orange Market SL en el mes de julio del año 2008 por importe de 58.000 euros. Según el informe, este dinero se destinó a minorar la deuda existente entre Orange Market SL y la "formación política Partido Popular/grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, por lo que cabe establecerse que dichas facturas tienen el carácter de ficticio".

A tenor de la documentación requisada y analizada por los agentes en los registros domiciliarios se llega a la conclusión de que no existe una "explicación lógica del motivo por el cual distintas empresas del sector de la construcción y servicios ubicadas en la Comunidad Valenciana, entre ellas Lubasa Desarrollos lnmobiliarios SA, efectúan el pago de distintas facturas a la mercantil Orange Market SL".

La Brigada de Blanqueo de Capitales sólo pueda explicar estas operaciones "si existe contraprestación o favorecimiento de algún tipo entre dichas empresas y la formación política expuesta, sistemática de funcionamiento que se repite a lo largo del tiempo".

Hace unos meses, el Cuerpo Nacional de Policía remitió un primer informe en el que recogía que parte de los actos del Partido Popular han sido financiados por empresarios del sector valenciano de la construcción (Enrique Gimeno Escrig presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz, administrador único de Enrique Ortiz e Hijos; Antonio Pons Dols, presidente del grupo empresarial PIAF; Vicente Cotino Escribá, del grupo empresarial inmobiliario Sedesa; y Luis Batalla Romero, de Lubasa).

Las supuestas aportaciones de estas empresas a la financiación del PP se realizaban mediante "donaciones finalistas de dinero que no ingresaban en la cuenta corriente del partido". El PP, por boca de algunos de sus portavoces, se ha apresurado a decir en las últimas horas que el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales ha sido manipulado.

Los actos realizados por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) y el grupo parlamentario popular en las Corts fueron financiados mediante diversos mecanismos. En primer lugar, mediante entregas realizadas por el propio PP "con fondos ajenos al sistema económico real que engrosan la caja B de Orange Market". La trama corrupta también operaba con facturas reales emitidas por Orange Market a la formación política y abonadas por ésta.

Finalmente, los responsables del PPCV realizaban gestiones para que los empresarios cuyas sociedades eran adjudicatarias de contratos públicos financiaran los actos del PP mediante la entrega de fondos a Orange Market, fondos que se enmascaraban a través de facturas "ficticias emitidas por dicha sociedad a éstas empresas en base a unos supuestos acuerdos de prestación de servicios".

Mediante este sistema ideado por los imputados en la Gürtel se crea un "artificio con el fin de producir una mutación de la verdad a través de la alteración de alguno de los elementos esenciales de documentos del tráfico mercantil con entidad suficiente para afectar al normal desenvolvimiento de las relaciones jurídicas".

(www.levante-emv.com, 07/09/10)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP NO APLICARÁ EN VALENCIA LA EXCLUSIÓN DE IMPUTADOS DE LAS LISTAS

Operación de limpieza en el PP de Baleares, lastrado por los escándalos por supuesta corrupción. El presidente regional, José Ramón Bauzá -"un hombre limpio", según las palabras de Mariano Rajoy-, ha vetado la presencia de imputados en las listas electorales de mayo de 2011. Es un gesto que pretende evidenciar la ruptura con el pasado, con la etapa de Jaume Matas en el Gobierno balear, cuestionada por nueve casos judiciales con 42 ex cargos públicos encausados. Ese veto está avalado por la dirección nacional. Sin embargo, no se extenderá a otras autonomías. Rajoy no tiene ninguna intención de prohibir que los imputados por corrupción vayan en las listas electorales de 2011. Eso dejaría fuera a Camps, imputado por cohecho impropio y cuyo partido está siendo investigado por presunta financiación ilegal.

Esteban González Pons, portavoz del PP, explicó en Los Desayunos de TVE que "el resto de partidos regionales también tienen autonomía". Esto es, que cada uno haga lo que crea oportuno sin directriz nacional. En la Comunidad Valenciana también están imputados los presidentes de la Diputación de Castellón (Carlos Fabra) y de Alicante (José Joaquín Ripoll), que siguen en sus puestos.

El veto de Bauzá abre un boquete en la estrategia del PP porque afecta a tres candidatos de cabecera de Mallorca, Ibiza y Formentera. Bauzá afirma que el PP ha de recuperar "credibilidad" y que "la sociedad reclama que la clase política haga gestos excepcionales ante situaciones excepcionales".

(www.elpais.com, 09/09/10)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS FELICITA POR TELÉFONO A COSTA POR SU READMISIÓN

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha llamado hoy al ex secretario general del PP en esta Comunidad Ricardo Costa para felicitarle por el hecho de que se haya levantado su suspensión de militancia en el partido. Ha sido el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular el que ha decidido hoy levantar esa suspensión de militancia así como la del vicealcalde del ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo.

Fuentes próximas a Costa han informado a Efe de la llamada de Camps felicitándole por la decisión de ese órgano del partido, que le había sancionado por unas declaraciones en las que se consideraba todavía en el cargo de secretario general del PP valenciano a pesar de que la dirección nacional le había cesado.El presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías, Alfonso Fernández Mañueco, ha telefoneado esta mañana personalmente a Costa para comunicarle la decisión adoptada. Las fuentes citadas han apuntado que el ex secretario general del PP valenciano ya intuía que esa decisión se iba a hacer efectiva en un breve plazo.

(www.publico.es, 04/09/10)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ INVESTIGA 20 RAMAS DE LA TRAMA CORRUPTA DEL 'CASO BRUGAL' EN ALICANTE

La trama corrupta del caso Brugal incluye una veintena de ramificaciones, la mayoría vinculadas al negocio de la basura en el sur Alicante, según la investigación. El juez indaga favores por los contratos y financiación ilegal del PP. El epicentro de la trama es el industrial afín a este partido Ángel Fenoll, cuyas empresas monopolizan los contratos del servicio de la basura de los Ayuntamientos de la comarca. Fenoll, considerado por la investigación como el líder de la red, está imputado, al igual que otras 53 personas, por cohecho, fraude y tráfico de influencias.

Los dos pilares del sumario son la adjudicación de la planta del zonal de La Vega Baja y la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela. Por la primera, está imputado el presidente provincial del PP de Alicante y titular de la Diputación, José Joaquín Ripoll. Según el sumario, Ripoll adjudicó el proyecto a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico por supuestos favores al industrial Fenoll y el promotor Enrique Ortiz, adjudicatario del servicio y también imputado. En Orihuela, el juez indaga si Fenoll financió la campaña del PP local.

A estas dos patas principales del caso se suman otras seis piezas que indagan favores por los contratos de basura y financiación del PP en Callosa del Segura, Rafal, Algorfa, Jacarilla, Pilar de la Horarada y Bigastro. En los cuatro primeros gobierna el PP y el adjudicatario de la basura es Fenoll. Los dos últimos son del PSOE y Fenoll no tiene la concesión. Los alcaldes de Pilar y Bigastro han asegurado que "desconocen" los motivos por los que se les investiga.

Quien sí ha reconocido que su Ayuntamiento está dentro del caso Brugal ha sido el alcalde de Callosa del Segura, el popular Javier Pérez Trigueros. El regidor admitió que Fenoll tiene la concesión de la basura (la contrata está valorada en 1,1 millones por 20 años) desde 2005 y que el juez investiga una posible ampliación de la concesión a cambio de contratación de personal municipal. "Pero la contrata no se ha modificado y, por tanto, no se ha contratado a nadie", dijo. "Salvo a una barrendera, madre de cinco hijos y marido esquizofrénico, durante 18 días", precisó.

La oposición municipal del PSOE sostiene que el contrato "fue un traje a medida de Fenoll" y que el regidor Pérez Trigueros ha mejorado "notable y notoriamente" su patrimonio desde 2005 (chalé en Torrevieja, lujoso turismo y llamativos relojes). El alcalde replicó así: "Sí. Tengo chalé, coche y relojes de marca, pero todos son réplicas, el más caro es de 300 euros", explicó. Pérez Trigueros señaló que todo su patrimonio es fruto de una herencia familiar y su actividad empresarial (posee una promotora y una tienda de telefonía). "Tengo más de lo que parece y no hago más ostentación por pudor ante la crisis", aseveró.

Mientras, el diputado autonómico Vicent Sarrià, que aparece citado en el sumario del caso Brugal, recordó que se le cita en la investigación pero no ha sido imputado y atribuyó el hecho a una denuncia contra él cuando era secretario de Organización del PSPV-PSOE y contra el entonces secretario de Finanzas, Josep Cataluña, al que también se cita, archivada por el fiscal. "No se me imputa nada, y se me relaciona de una manera tangencial con el caso", señaló el diputado. "Con el señor Fenoll no he hablado en mi vida", aseguró. El ex dirigente socialista dijo que "en todo momento el PSPV se financió de acuerdo con la legalidad" y ratificó el compromiso del PSOE de excluir a cargos y dirigentes imputados por corrupción.

(www.elpais.com, 09/09/10)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. EL 'CASO BRUGAL' INVESTIGA EL REGALO A RIPOLL DE DOS PISOS POR UNA CONTRATA

El caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante) investiga la entrega de dos pisos o su equivalente en metálico a José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP de Alicante, a cambio de favores a dos empresarios en la adjudicación de la contrata de la planta de basuras de la comarca de La Vega Baja. El también titular de la Diputación recibió la dádiva por supuestos favores a los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, dueño del Hércules CF.

La adjudicación de la planta del plan zonal es uno de los dos pilares de un sumario que se incoó en marzo de 2007. El segundo es la adjudicación de la contrata de basuras del Ayuntamiento de Orihuela. En esta parte, la investigación indaga la supuesta financiación ilegal del PP por parte del empresario Fenoll. El objetivo del industrial, siempre según las diligencias del sumario, era asegurarse la victoria de los populares, como así ocurrió, y poder hacerse con la concesión del servicio. El magistrado instructor, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, dictó el pasado día 2 un auto en virtud del cual levanta el secreto del sumario de esas dos piezas principales del sumario, y de otras ocho sobre las que inicialmente se inhibió por motivos de competencia territorial, pero que los jueces sobre los que recon han rechazado.

La planta del plan zonal la adjudicó el 3 de enero de 2008 el consorcio provincial de residuos (órgano dependiente de la Diputación de Alicante y presidido por Ripoll) a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Cespa y una empresa de Enrique Ortiz. La contrata del plan zonal de La Vega Baja acaba de ser declarada ilegal en el plano del Derecho Administrativo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante ha anulado el proceso por entender que se vulneró el pliego de condiciones en el apartado del emplazamiento de la industria. El Consorcio optó por ubicar la planta en una finca de la pedanía oriolana de Torremendo, alternativa peor valorada que la oferta base, en el municipio de Albatera. Unos meses después de la adjudicación, la junta del consorcio provincial volvió a operar un nuevo cambio en la ubicación de la planta a una finca contigua, también en la pedanía de Torremendo, pero propiedad de Fenoll.

La contrata de la basura de Orihuela se adjudicó en octubre de 2008 a una UTE integrada por SUFI y las firmas Liasur y Gobancast. Esta adjudicación se produjo tras un primer intento fallido a raíz de una denuncia de Ángel Fenoll a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, en 2006 sobre un supuesto soborno a los concejales de una de las firmas aspirantes. La investigación cree que Liasur y Gobancanst son una tapadera de Ángel Fenoll. El contrato incluye una flota de 70 camiones. Según fuentes del caso, las empresas de Fenoll se nutren habitualmente de camiones del grupo Autisa, que preside el empresario Rafael Gregory, amigo de Ripoll y también imputado en el sumario.

En el caso Brugal hay 54 imputados: 15, tras ser arrestados por la policía: cuatro en la primera fase del caso (30 de mayo de 2007) y los 11 restantes, el pasado día 6 de julio . El imputado de mayor calado es Ripol l, y, junto a él, tres ediles del PP de Orihuela y varios empresarios, entre ellos destacan Ortiz y Fenoll, cabecilla de la trama, según la investigación. El juez también ha imputado a otras 39 personas, que no fueron previamente detenidas ni han comparecido aún ante el magistrado. De este grupo, la más relevante es la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP.

(www.elpais.com, 08/09/10)

39. COMUNIDAD VALENCIANA. ALTOS CARGOS DEL CONSELL Y SUS FAMILIAS UTILIZAN LOS BUQUES ESCUELA PARA EXCURSIONES

El Tirant I, goleta de 28 metros de eslora cuya botadura fue realizada en el año 1993, en tiempos de Joan Lerma al mando del Consell, está dirigida a grupos escolares y universidades de la Comunitat Valenciana para difundir "el conocimiento de la Copa del América [cuya sede en Valencia ya es agua pasada] y acercar el mundo de la navegación a vela a los alumnos, tareas logísticas en regatas y participación en eventos náuticos", según constata el programa de actividades Les Escoles de la Mar de la Generalitat.

Es su función oficial. Porque el velero también es utilizado por altos cargos del Consell, familiares y amigos para excursiones por el mar Mediterráneo, según confirman fuentes del puerto de Valencia. El contrato para la dotación de la tripulación y las labores de vigilancia y mantenimiento de esta goleta se eleva a 165.893 euros anuales, tal como indica la licitación pública correspondiente al ejercicio de 2009. Habitualmente cuenta con la colaboración de Telefónica Móviles España, "quien la utiliza durante ocho días al año para actividades de empresa, cambio de contraprestación dineraria", asegura el Consell Valencià de l'Esport. La entidad todavía no ha facilitado la memoria de actividades desarrollada en 2010. Además del Tirant I, la Generalitat ha costeado la compra y restauración del pailebote Pascual Flores, que ha supuesto un desembolso de 4,1 millones de euros, aunque esta embarcación pertenece al Ayuntamiento de Torrevieja.

La nueva singladura de esta embarcación de 34 metros de eslora y que data de 1917, fue inaugurada el año pasado por el presidente de la Generaliltat, Francisco Camps. Tan sólo se han definido usos turísticos para este barco y no se ha integrado en los programas de buque-escuela del Consell Valencià de l'Esport. Esta situación contrasta con los planes iniciales de la administración autonómica, que en un principio barajaba la posibilidad de destinarlos a semejantes usos que el Tirant I. El Consell se comprometió a pagar durante un siglo un canon anual al Ayuntamiento de Torrevieja por el alquiler de este barco nueve meses al año.

La pasión marinera del Consell, revelada a principios del pasado año 2009 no ha pasado inadvertida. La polémica saltó cuando se supo que el Consell abonaría durante 99 años -mediante un alquiler anual por el uso como buque escuela- el pailebote Pascual Flores, construido en Torrevieja en 1917 y cuya compra y restauración costó al municipio alicantino 4,1 millones de euros.

La oposición censuró duramente el "despilfarro" del Consell por un buque en tiempos en los que la crisis ya azotaba con toda su virulencia. Faltaban unos días para que estallara el escándalo Gürtel. Lamentaban el derroche cuando ya existía una embarcación, el Tirant I, que ejercía como buque-escuela para introducir a los escolares en el mundo del mar. Según el protocolo suscrito entre el Consell y el Ayuntamiento de Torrevieja, el objeto del barco sería ejercer de "buque de representación" y como muestra flotante de la construcción naval de Torrevieja en épocas pasadas". Algo muy alejado al uso que se le está dando.

Casi al mismo tiempo que se despertaba aquella polémica, la Conselleria de Cultura sacaba a licitación por 165.000 euros el contrato para la tripulación, vigilancia y mantenimiento del otro buque escuela del Consell, la goleta Tirant I. En este caso, su misión era difundir la Copa América y la Copa del Mundo de Vela y acercar la navegación a alumnos de Primaria a través de un día a bordo del velero.

(www.levante-emv.com, 06/09/10)

40. COMUNIDAD VALENCIANA. EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA GASTA 32.000 EUROS EN UN CRUCERO PARA LA FALLERA MAYOR Y SU CORTE

La oposición en el Ayuntamiento de Valencia ha criticado que el consistorio se haya gastado 32.000 euros en un crucero para la fallera mayor y su corte. Este viaje es un regalo que se realiza cada año, pero critican que se haya mantenido en un año de crisis tan grave, cuando debería haberse buscado otra alternativa. En el crucero ha viajado la fallera mayor de Valencia, junto a su corte de honor y dos representantes de la junta central fallera acompañados por sus parejas.

La oposición en el Ayuntamiento de Valencia ha criticado que el consistorio se haya gastado 32.000 euros en un crucero para la fallera mayor y su corte. Este viaje es un regalo que se realiza cada año, pero critican que se haya mantenido en un año de crisis tan grave, cuando debería haberse buscado otra alternativa.

En el crucero ha viajado la fallera mayor de Valencia, junto a su corte de honor y dos representantes de la junta central fallera acompañados por sus parejas. Es un viaje que se hace todos los años y que se ha mantenido pese a los problemas económicos del Ayuntamiento de Rita Barberá.

Pilar Calabuch, concejal socialista, cree que se podría haber buscado un viaje más barato o, en su defecto, patrocinios. "Todo el mundo nos adaptamos a los momentos que vivimos", decía la edil. En la misma línea, el coordinador de IU en Valencia ha lamentado la falta de sensibilidad del Ayuntamiento y de las falleras mayores. "Hubiera sido un gesto muy bonito haber renunciado al viaje, el gesto tendría que haber partido de la propia fallera mayor y por supuesto del equipo de Gobierno.

Al crucero, que podría haber costado 1.800 euros por persona, habría que añadir el viaje a Eurodisney de la fallera mayor infantil y su corte de honor.

(www.cadenaser.com, 07/09/10)

41. COMUNIDAD VALENCIANA. RIPOLL ADJUDICÓ DE FORMA ILEGAL LA CONTRATA POR LA QUE SE LE IMPUTA

La adjudicación de la planta de basuras de La Vega Baja fue ilegal, según ha decretado una juez de lo Contencioso-administrativo. El contrato fue adjudicado por el Consorcio Provincial de Residuos, dependiente de la Diputación de Alicante, a la UTE Cespa y Ortiz e Hijos el 3 de enero de 2008. Esta contrata y la del municipio de Orihuela están en el epicentro del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura). En este sumario están imputados, entre otros, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, y el empresario Enrique Ortiz. El juez imputa a ambos supuestos delitos de cohecho y fraude, entre otros.

La resolución judicial que declara nula la adjudicación de la planta de La Vega Baja la ha dictado el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Alicante. La magistrada acepta un recurso de los vecinos de la pedanía oriolana de Torremendo, donde está previsto que se levante la instalación.

Los demandantes denunciaron que la planta se ubicará en un lugar (la pedanía de Torremendo) peor valorado que la oferta base presentada por el adjudicatario (un terreno en Albatera). La oferta de Albatera obtuvo 69,12 puntos y la de Torremendo, 64,14. La juez considera, por tanto, que el consorcio adjudicó la planta por criterios distintos de los contenidos en el pliego, "como el de la proximidad".

Seis meses después de la adjudicación, el consorcio volvió a modificar el emplazamiento de la planta. En este caso la instalación cambiaba de una finca denominada Lo Cartagena a otra contigua llamada La Pistola. Uno de los propietarios de la segunda finca es Ángel Fenoll, empresario afín al PP. La investigación considera a Fenoll como el líder de la trama de caso Brugal. Los vecinos de Torremendo volvieron a recurrir el segundo cambio de ubicación, pero el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Alicante, rechazó el recurso al considerar que no "eran parte interesada en el proceso".

Este periódico intentó sin éxito conocer la opinión de Ripoll y Ortiz sobre la resolución judicial, que es recurrible. Hace apenas tres días Ripoll recalcó la legalidad, en su opinión, de la adjudicación del contrato.

(www.elpais.com, 05/09/10)

42. COMUNIDAD VALENCIANA. LA ALCALDESA DE DÉNIA, DEL PP, IMPUTADA POR PREVARICACIÓN

La alcaldesa de Dénia, Ana Kringe, del PP declarará el 5 de octubre ante el juzgado número 1 de la ciudad imputada por un presunto delito de prevaricación después de que el PSPV la acusara de impedirle el acceso a decenas de expedientes urbanísticos, contratos a empresas, documentos contables y facturas.

La denuncia fue interpuesta por el concejal socialista Vicent Grimalt en julio de 2009 y acusaba a Kringe de violar el artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local que insta a los alcaldes a facilitar los datos que solicitan los ediles de la corporación en un plazo de cinco días naturales. Grimalt sostiene que hay peticiones de información no contestadas que se remontan a septiembre de 2008, poco después de que el PP, tres grupos independientes y un tránsfuga ex socialista, le arrebataran el poder a PSPV y Bloc mediante una moción de censura.

El gobierno local sigue sin facilitar datos sobre posibles gratificaciones a un grupo de funcionarios o los contratos de publicidad con diversas empresas de comunicación. Curiosamente, el pasado martes, 24 horas antes de que se hiciera pública su imputación, la alcaldesa accedió a facilitar 69 de los documentos solicitados por el PSPV.

Pero aún faltan más. Según la propia alcaldesa, en los dos últimos años el PSPV ha solicitado información sobre 164 asuntos. Kringe aseguró que "las acusaciones son falsas e infundadas" y dijo que los socialistas "intentan obstruir la gestión del Ayuntamiento, ya que hemos tenido que poner a 5 funcionarios a trabajar exclusivamente en sus peticiones".

(www.elpais.com, 02/09/10)

43. COMUNIDAD VALENCIANA. EL FISCAL PIDE INHABILITACIÓN PARA EL ALCALDE DE BORRIOL

La Fiscalía Provincial de Castellón ha presentado un escrito de acusación provisional en el que pide ocho años de inhabilitación para el alcalde de Borriol, Adelino Santamaría (PP), por un presunto delito de prevaricación. Los hechos se remontan a 2006 cuando un vecino denunció al alcalde por no ordenar la ejecución de demolición de una obra realizada junto a su propiedad, de forma supuestamente ilegal. Pese a los decretos que resolvían la demolición de la obra, Adelino Santamaría "no adoptó ninguna medida en su condición de alcalde de Borriol, para ejecutar estas resoluciones", según la fiscalía. La denuncia se interpuso tanto contra los vecinos como contra el alcalde.

La fiscalía ha elevado ahora su escrito de calificación por el que solicita la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un plazo de ocho años, ya que, al tratarse de un funcionario, el delito no conlleva pena de cárcel. La fiscalía pide la apertura de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal contra el matrimonio denunciado y el alcalde, aunque, de momento, no se ha señalado la fecha del juicio.

(www.elpais.com, 08/09/10)

44. COMUNIDAD VALENCIANA. EL EX ALCALDE DE XERESA, A PRISIÓN POR ATERRAR EL MARJAL

Al ex alcalde de Xeresa (Valencia) Cipriano Fluixà se le han agotado los recursos contra la sentencia que le condenó a penas de inhabilitación y de cárcel por prevaricación y delito contra el medio ambiente por autorizar vertidos de residuos al marjal protegido de La Safor entre 1995 y 1998. Así lo ha decidido la Audiencia de Valencia, que rechaza en un auto la petición de Fluixà de que se suspenda la condena a un año de prisión y se revisen a la baja las multas que le impuso el Tribunal Supremo en 2003.

La Audiencia entiende que, si bien la pena de cárcel por el delito contra el medio ambiente es inferior a dos años, por lo que cabía la opción de que evitara la entrada en prisión, Fluixà "no ha desarrollado conducta alguna dirigida al pago" de las multas. El auto destaca el "nulo esfuerzo" del ex alcalde (primero por Unión Valenciana y luego por el PP) por reparar el daño y le deniega la sustitución de la pena de un año de cárcel por una multa, así como la rebaja del resto de sanciones.

Ecologistas en Acción, acusación en el proceso contra Fluixà, destacó que se le condenó "por querer transformar por la vía de los hechos" más de 100.000 metros cuadrados de marjal protegido a través de licencias de aterramiento con basuras. Fluixà llegó a plantear un campo de golf en la zona. La organización también recordó que Fluixà, tras una primera reducción por sentencia de las multas de un total de 456.769 a 43.800 euros, intentó rebajar de nuevo la cuantía y presentó su nómina como único ingreso familiar, cuando consta una empresa a su nombre y su esposa es funcionaria.

(www.elpais.com, 09/09/10)

45. CASTILLA Y LEÓN. LOS ANTIABORTISTAS RECAUDARÁN FONDOS PARA SUS CAMPAÑAS EN EL MERCADO MEDIEVAL DE ÁVILA

Los antiabortistas de Derecho a Vivir estarán presentes en el Mercado Medieval de Ávila, que se celebrará este próximo fin de semana, con un puesto cuyos fondos recaudados irán destinados a sus campañas contra el aborto. De esta forma, el alcalde de Ávila, del PP, Miguel Ángel García Nieto, facilita por segundo año consecutivo que una plataforma antiabortista instale un puesto en el entorno del Mercado Medieval. Ya el año pasado se creó una polémica por la presencia de Derecho a Vivir en el citado Mercado Medieval. Finalmente, a los antiabortistas se les permitió vender sus productos, pero no recoger firmas en las calles incluidas en el recinto del mercado.

En la edición de este año, pondrán a la venta productos artesanales y artículos para niños, animando a contribuir "a una buena causa: la defensa de la vida de los más indefensos, los niños que se encuentran en el seno materno", reza la publicidad divulgada en la página de los ultracatólicos de HazteOír. La portavoz de Derecho a Vivir, Cecilia Real, ha asegurado que no recogerán firmas, aunque pretenden "llamar la atención sobre la importancia de la vida", poniendo a la venta productos artesanos, pastas con forma de corazón –el logotipo de la asociación–, ropa de bebé y pequeños juguetes. "Vamos a cumplir con todos los requisitos y a hacer lo mismo que otras asociaciones, como la de Síndrome de Down, que también instalan sus puestos", ha declarado Real.

(www.elplural.com, 02/09/10)

46. CASTILLA Y LEÓN. EL EX ALCALDE DE PONFERRADA CONDENADO POR ACOSO SEXUAL VOLVERÁ A OPTAR A LA ALCALDÍA

El ex alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, condenado por acoso sexual a una concejala, anunció que se presentará a las próximas elecciones municipales a este Ayuntamiento, sin desvelar si lo hará como independiente o por algún partido. Ismael Álvarez dimitió en el año 2002 como regidor del Partido Popular en Ponferrada tras ser condenado por el Tribunal Superior de Castilla y León por un delito de acoso sexual a una concejala de su Ayuntamiento, también del PP, Nevenka Fernández. Ahora, ocho años después, Álvarez, que por entonces también era procurador en las Cortes de Castilla y León y vocal del Consejo de Administración de Caja España, anunció a Efe que regresa a la política municipal, una "decisión firme" que ya ha tomado, aunque no ha dicho si lo hará como independiente o por algún partido, ya que "a día de hoy" no descarta "nada".

(www.nortedecastilla.es, 03/09/10)

47. CASTILLA Y LEÓN. EL CONCEJAL GARCÍA GALVÁN DECLARARÁ COMO IMPUTADO POR EL 'CASO ARROYO'

El concejal del Ayuntamiento de Valladolid y portavoz del PP en la Diputación Provincial, Jesús García Galván, ha sido citado a declarar en calidad de imputado por el magistrado de Instrucción número 1 en el llamado 'caso Arroyo', donde desde hace 4 años se investigan las recalificaciones en ese municipio y un supuesto trato de favor a la constructora gallega Mahía. La citación de Galván, a través de una providencia judicial de fecha del pasado 31 de agosto que se ha dirigido a su domicilio particular o en su caso a la Diputación, se ha formalizado tras admitir el juez la petición de la Fiscalía de Valladolid que pretende que García Galván explique detalles de la compra que hizo de un chalé en el municipio costero coruñés de Mugardos, cerca de la ría del Ferrol.

La edificación en el llamado 'Pazo de las condesas' fue construida en 2003 por Mahía, y adquirida en abril de 2004 por el entonces delegado territorial de la Junta en Valladolid, quien firmó la operación de compra-venta ante un notario de Zamora con el propio presidente de la constructora, Ramón López Casal, que figura también como imputado en las diligencias abiertas por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

El chalé, que tiene una superficie de 148 metros cuadrados declarados, repartidos en cuatro dormitorios, dos baños, bajo cubierta, garaje para dos coches y un jardín privado, fue adquirido por 148.000 euros declarados, aunque expertos inmobiliarios lo tasaron en junio de 2006 en unos 210.000. En esa fecha ésta era la única propiedad que García Galván tenía a su nombre y estaba a más de 500 kilómetros de distancia donde trabajaba y residía, en la capital vallisoletana. Sin embargo, en agosto de 2007, el hoy concejal en el Consistorio de Valladolid vendió el chalé de Mugardos por 190.000 euros a la compañía Entorno de Publicidad SL, cuyo representante es su antiguo socio Enrique Alonso, según el Registro de la Propiedad.

García Galván tomó posesión como delegado territorial de la Junta en abril de 2001, tras renunciar a su acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital vallisoletana. Como máximo responsable de la Junta presidía la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU), organismo encargado de tramitar todas las recalificaciones urbanísticas en la provincia. Durante su etapa, en 2003, se produjo la aprobación del actual Plan General de Ordenación Urbana de Arroyo de la Encomienda, que supuso la declaración de suelo urbanizable del 70% del término de este municipio, propiedad en un 90% de la familia Ibáñez.

Entre el año 2003, cuando José Manuel Méndez accedió a la alcaldía por el PP, y el 2005 se produjeron también las autorizaciones de edificabilidad en el SAU 13 y SAU 9, propiedad ambos sectores de Mahía.

Los 2.984 pisos en esta última fueron frenados por la Consejería de Fomento tras judicializarse el 'caso Arroyo'. La petición para que García Galván declare a comienzos del mes de octubre se produce también después de que el juez pidiese en mayo a la Policía Judicial que investigase todas las cuentas bancarias del hoy portavoz de la Diputación, entre los años 2000 y 2006.

La instrucción del 'caso Arroyo' se retomó con la declaración como testigo de uno de los socios y empleado de la mujer del alcalde de Arroyo. Se trata de Miguel Ángel García, vinculado con empresas del juego y de importación participadas por José Manuel Méndez. Este testigo fue interrogado por el fiscal sobre un préstamo de unos 30.000 euros que se hizo en el año 2004 a la mujer del actual regidor de Arroyo, y que sirvió para que ésta comprase acciones en Promotora Ulmetum, que fue fundada por el albacea de los Ibáñez, Florentino Rodríguez.

(www.nortedecastilla.es, 07/09/10)

48. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL PIDE PRIVATIZAR LA TV DE CASTILLA LA MANCHA

La secretaria general del PP y presidenta de este partido en Castilla-La Mancha, María de los Dolores de Cospedal, propuso en el Parlamento, con motivo de la celebración del Debate sobre el Estado de la Región, la privatización de la televisión y radio de esta comunidad. La propuesta, en presencia de Mariano Rajoy, que hizo un receso en el retiro que mantiene con la cúpula "popular en el parador de Toledo para asistir a la intervención de su número dos, sólo se centra en los medios castellano-manchegos públicos, eludiendo cualquier referencia a Telemadrid o Canal 9, por lo que fue acusada por el presidente José María Barreda de utilizar "doble vara de medir".

María de los Dolores de Cospedal aprovechó el Debate sobre el Estado de la Región para dar a conocer un plan de 48 medidas, que llamó "anticrisis", como la reducción de coches oficiales y la privatización de Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM). Una obsesión que persigue a la secretaria general del PP, que siempre que acude a la comunidad arremete contra el director del ente público, Jordi García Candau, al que acusa de "manipular" y ofrecer una información "segada".

Y es que con la privatización, Cospedal se quitaría de en medio al "enemigo público" García Candau, ajeno siempre a las críticas del PP y acostumbrado a que una semana sí y otra también pidan su dimisión. Además, Cospedal cifró en 500 millones de euros el coste que ha supuesto la RTVCLM en los últimos cinco años y se preguntó que se podría hacer con estos casi 83.000 millones de las desaparecidas pesetas, pero "olvidó" preguntarse lo mismo con los 2.000 millones de euros que han costado en el mismo periodo de tiempo mantener las antenas públicas de Telemadrid y Canal 9.

En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, le preguntó a la líder de la oposición si era capaz de mantener esa postura en Madrid o en Valencia, a la vez que le acusaba de utilizar una "doble vara de medir" y reprocharle la "alegría con que dice usted las cosas". En los pasillos de las Cortes se recordaba que Telemadrid tiene una deuda cercana a los 200 millones de euros, que la de Canal 9 equivale a lo que se lograría congelando las pensiones, ya que la "tele de Camps" debe algo más de 1.140 millones de euros y que, por el contrario, la TV castellano-manchega tiene "cero euros de deuda".

Cospedal tuvo el apoyo personal del presidente del PP, Mariano Rajoy, que acudió a la tribuna de invitados para presenciar la intervención de su secretaria general, aprovechando la reunión que la cúpula del partido mantiene en Toledo durante los días 1 y 2 de septiembre. Rajoy lanzaba un mensaje inequívoco y subrayaba con su presencia la importancia que tiene para él y para su partido Castilla-La Mancha, donde las encuestas publicadas dan la victoria unas veces a Cospedal y las más de las ocasiones a Barreda.

(www.elplural.com, 02/09/10)

49. ISLAS CANARIAS. LA LÍDER DEL PP TINERFEÑO JUSTIFICÓ GASTOS CON FACTURAS DE FAMILIARES

El caso de las facturas falsas presentadas por los ediles del PP para justificar 160.000 euros de asignación en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sigue dando sorpresas. En el informe realizado por la Intervención municipal se reflejan varios asientos contables por valor de más de 8.000 euros en conceptos de servicios prestados por empresas relacionadas con familiares directos de la actual presidenta de los populares tinerfeños, Cristina Tavío. Según el citado documento, la dirigente popular presentó cuatro facturas por gastos de publicidad y obras de reformas de las empresas Nesurten y Marina de San Miguel, administradas por los hermanos y la madre de Tavío.

En el informe de Intervención se advierte de la presentación de dos facturas de más de 2.000 euros, relativas a la empresa Nesurten, SL por el concepto de "gastos de publicidad Torneo de golf Presidente" a lo que el interventor del Ayuntamiento objetó que "no existe relación con la actividad del grupo del PP", ya que se trata de una actividad desarrollada por la citada empresa en Amarilla Golf.

Según consta en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, con fecha 20 de octubre de 2007, Nesurten SL fue absorbida por Golf de Tenerife, empresa que, a su vez, administra solidariamente desde el 13 de abril de 2000 la madre de la presidenta del PP tinerfeño incorporándose a la entidad, en 2007 y como administrador solidario, el hermano de Tavío.

En los anexos que se incluyen en el informe de Intervención del Ayuntamiento de Santa Cruz se desvela que Tavío presentó durante el mandato 2003-2007 facturas para justificar el gasto de la asignación pública destinada al grupo municipal del PP en concepto de pagos por reformas y publicidad a la empresa Marina de San Miguel, SL. Se trata de dos facturas con cargo a las arcas municipales, por un importe de más de 2.000 euros en concepto de "reformas varias" y otra factura de 600 euros por "gastos de publicidad del Torneo La Marina".

La empresa Marina de San Miguel tiene como administrador único desde 2002 a un hermano de Cristina Tavío. Según el citado informe, la portavoz del PP autorizó que el grupo popular abonara en 2003 y 2005 un total de 3.154,1 euros a la citada empresa, con cargo a las arcas públicas del municipio.

(www.elpais.com, 07/09/10)

50. REGIÓN DE MURCIA. 60 TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE TOTANA LLEVAN TRES MESES SIN COBRAR

Unos 60 trabajadores del Centro Especial de Empleo de Totana, que hace tres meses fue municipalizado por el PP, llevan sin cobrar precisamente los tres meses que están bajo la tutela municipal, y se encuentran en una situación muy complicada. Según ha denunciado el grupo municipal de IU Los Verdes de Totana, el alcalde, Martínez Andreo, "sigue haciendo gala de un cinismo sin límites al no pagar las nóminas de trabajadores minusválidos, que prestan sus servicios en el Ayuntamiento de Totana, en laborares de Conserjería, Atención al Ciudadano o Reparto de Mensajería".

"El alcalde, no abona desde hace meses recibos de salarios, que no superan los 900 euros mensuales, mientras que él, los concejales liberados y los altos cargos de su confianza en el Ayuntamiento, si perciben religiosamente, sueldos que superan los 4500 euros y algunos alcanzan los 6000, mensuales…", afirma el concejal de IU + Los Verdes, Juan José Cánovas.

"Los propios trabajadores, han informado al Grupo Municipal de IU de su grave situación, ante la pasividad del Equipo de Gobierno y el silencio cómplice del Comité de Empresa, que obedece a la estrategia de silenciar los problemas, impuesta por Martínez Andreo, el Gabinete de Imagen del Ayuntamiento y el Partido Popular…", según la Coalición de Izquierdas.

Desde la Formación de Izquierdas, se recuerda que hace más de 2 meses, el Pleno acordó -con los votos del PP-, municipalizar el servicio que prestan los casi 60 minusválidos, con la excusa de que ya no habría más problemas. El Centro Especial de Empleo, desde su creación en el año 2000, ha dependido de la Asociación de Minusválidos Físicos de Totana (MIFITO) y nunca han tenido problema para cobrar sus nóminas, hasta la llegada de Martínez Andreo a la alcaldía.

Se creó en la época de Gobierno de IU, con el apoyo del Ayuntamiento, y sus objetivos fueron la integración de personas minusválidas al mundo laboral, en trabajos dependientes de la Administración y en el sector privado. Con la llegada del PP al poder, se convirtió en "una Agencia de Colocación" para Martínez Andreo, que la viene utilizando "para enchufar y compensar a sus fieles y aumentar la red clientelar de voto cautivo, que ha hundido las arcas municipales hasta límites insostenibles".

"Exigimos a Martínez Andreo, a que abone las nóminas pendientes de los trabajadores del Centro Especial de Empleo, rebajando los sueldazos que está pagando a sus fieles en el Ayuntamiento y los cientos de miles de euros que dilapida en campañas de imagen…", sentencia el Coordinador de IU en Totana, Juan José Cánovas.

(www.vegamediapress.com, 04/09/10)

51. ISLAS BALEARES. MATAS ADJUDICÓ 1,3 MILLONES 'A DEDO' A LA EMPRESA QUE LE HIZO SU CAMPAÑA

La Fiscalía Anticorrupción rastrea todos los contratos otorgados por el Gobierno balear presidido por Jaume Matas a la empresa de comunicación Over Marketing, que realizó la campaña electoral del PP de las islas durante las elecciones autonómicas y municipales de 2007.

Por encima de todos los pagos realizados desde las conselleries de su Ejecutivo -ya se han encontrado pagos repartidos entre al menos nueve áreas diferentes-, se centra en el mayor de todos: el plan de comunicación del nuevo hospital de referencia de Baleares, el de Son Dureta, que el Departamento de Sanidad aprobó a dedo por un importe de 1,3 millones de euros públicos.

Se ha tenido acceso al mismo, que obra ya en poder del Ministerio Público tras el registro practicado en la sede de la empresa el pasado mes de junio en el marco del denominado caso Ibatur. Esta operación fue ordenada por el Ministerio Público argumentando que esta sociedad había recibido contratos irregulares por parte de los populares de las islas -la ley prohíbe adjudicar cantidades tan elevadas sin que medie un concurso público- y asocia la supuesta vulneración de la Ley de Contratos tanto con los trabajos electorales realizados como con la relación de esta sociedad con la trama Gürtel.

Los fiscales sostienen que Over Marketing "parece haber disfrutado de un trato de favor" por parte del Govern de Matas. Un extremo que "debe ser puesto en relación", abunda Anticorrupción, con el hecho de que "ha efectuado pagos y contratos a la empresa Easy Concept", propiedad del cabecilla de la trama, Francisco Correa.

El 29 de diciembre de 2006 el Ib-Salut adjudicó la construcción del nuevo hospital a una agrupación de licitadores reunidos en torno a la sociedad Concesionaria Hospital Son Dureta, SA.

Esta empresa la integran Dragados, FCC, Melchor Mascaró y Llabrés Feliu, y el objeto del concurso en el que resultaron elegidas pasaba por "la construcción, conservación y explotación del nuevo hospital universitario de Son Dureta". En el pliego de cláusulas administrativas, concretamente en el segundo punto del apartado 29.15, el Gobierno de Matas, a través de la Consejería de Sanidad que dirigía Aina Castillo, precisaba que "durante la fase de construcción, el concesionario deberá elaborar y desarrollar un plan de comunicación destinado a promover y divulgar las características del proyecto".

En este apartado, la oferta de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que resultó finalmente adjudicataria ascendía a 1,3 millones de euros. Y siguiendo las exigencias de los pliegos de la licitación, la nueva concesionaria presentó formalmente el 6 de marzo de 2007 su propuesta del plan de comunicación, que alcanzaba exactamente a la cantidad referida.

En este sentido, planteaba tres grandes fases. La primera, "de lanzamiento", por un importe de 690.000 euros. Una segunda, "de seguimiento", que ascendería a 50.000 euros y una última, de "presentación", que se elevaría a 560.000 euros.

La concesionaria ha comunicado al Govern que ahora preside el socialista Francesc Antich que la decisión de que fuera Over Marketing la elegida para llevar a cabo el plan de comunicación correspondió al Ejecutivo popular. La Fiscalía sostiene que los contratos en materia de comunicación debían ser objeto de una licitación independiente a la que pudieran concurrir el resto de empresas del sector y concentra sus esfuerzos en intentar determinar si las facturas están hinchadas para financiar la campaña.

(www.elmundo.es, 03/09/10)

52. ISLAS BALEARES. COSPEDAL SE MUESTRA EN CONTRA DE LA POSTURA DE BAUZÁ DE VETAR A TODOS LOS IMPUTADOS

La decisión del presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, de vetar a todos los imputados del partido para las próximas listas electorales comienza a preocupar a algunos dirigentes del PP nacional. A pesar del respaldo oficial de la dirección nacional, la propia secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, se mostró contraria a la tesis del líder balear de que cualquier imputado debe ser retirado del futuro electoral, aunque no tenga medidas cautelares.

"Hay procedimientos judiciales abiertos por impago de una multa, algo que no debe inhabilitar a alguien para presentarse como candidato a unas elecciones", afirmó Cospedal. Agregó que "hay que estar a cada paso, a cada circunstancia y a cada situación especial".

Bauzá, sin embargo, considera que el aluvión de cargos del PP balear imputados por casos procedentes de la pasada legislatura, con el Govern de Jaume Matas, suponen una "situación excepcional" para el partido que exige "soluciones excepcionales". Así, el líder del PP no establece distinciones y cualquier imputación será motivo suficiente para quedar de entrada excluido de las futuras listas electorales, una tesis que está dispuesto a aplicársela a sí mismo, según declaró a este periódico.

La decisión de Bauzá pone en entredicho la actitud del PP en otras comunidades autónomas, como por ejemplo la valenciana en donde, si se aplicaran sus tesis, Francisco Camps no podría optar a la reelección. El consejero de Solidaridad y Ciudadanía y portavoz del PP en la Cámara valenciana, Rafael Blasco, rechazó seguir el ejemplo de Bauzá. "En Balears han tomado una decisión y el resto de los partidos populares que tenemos en las distintas comunidades autónomas adoptarán aquello que estimen oportuno".

Bauzá, mientras, se mantiene firme a pesar de la rebelión que ha provocado en las filas populares, en donde muchos ven detrás de la estrategia de su presidente la mano del alcalde de Calvià, Carlos Delgado, quien obtendría más poder interno con un Bauzá debilitado, sin descartar que una hipotética imputación del presidente popular le impidiera ser candidato al Govern dejando la vía libre a Delgado.

Cargos del PP balear opinaron que si estas son las pretensiones de Delgado no tendrá éxito, ya que no aglutina a la mayoría del partido. Además, se mostraron convencidos de que el equilibrio entre los sectores del PP en la dirección popular implica la existencia de contrapesos suficientes como para frenar este tipo de estrategias.

En este contexto, el fin de semana se presenta caliente para el PP con la celebración de sus jornadas parlamentarias en Formentera, ante las cuales hay diputados que barajan abandonar su escaño para forzar a Bauzá a entrar en el Parlament. El líder popular ya se trasladó a Eivissa, en donde insistió en que el veto a los imputados es una decisión "exclusivamente" suya que no tiene marcha atrás. Como prueba, aprovechó para dejar claro su veto a otro imputado, el alcalde Sant Antoni de Portmany, José Sala, quien aspiraba a ser el candidato al Consell de Eivissa. Bauzá le comunicó que no está dispuesto a permitírselo.

(www.diariodemallorca,es, 10/09/10)

53. ISLAS BALEARES. EL PP BALEAR SE ENFRENTA ENTRE SÍ POR SI DEBEN INCLUIR A SUS IMPUTADOS EN LAS LISTAS

Algunos pesos pesados del PP de Baleares han replicado a su presidente, José Ramón Bauzà, después de que éste anunciara que finalmente los imputados de su partido no podrían repetir en las listas de cara a las próximas autonómicas, una decisión "muy difícil" según confesó. La medida deja fuera al actual portavoz del PP en el Consell, Jaume Font, actualmente imputado, y que ya ha criticado la exclusión encontrando el apoyo del presidente del PP de Palma, José María Rodríguez. Además, Bauzà ha dejado en evidencia al líder del PP nacional, Mariano Rajoy, que sí ha contado con Francisco Camps para las elecciones valencianas.

Bauzá anunció a principios de semana que la medida de que los imputados de su partido no repitan en las listas de 2011 ha sido "meditada", "valorada" y "no fácil", pero subrayó que no hay vuelta atrás. Ha cerrado así la puerta a numerosos miembros destacados de su partido, algunos todavía en puestos relevantes, como el ex conseller de Medio Ambiente del Govern y ahora portavoz del PP en el Consell, Jaume Font. 

Bauzà matizó que si esas personas dejan de estar imputadas en un futuro puedan volver a ocupar cargos. Y preguntado por el hecho de que el líder nacional del PP, Mariano Rajoy, respalde como candidato a presidir la Comunidad Valenciana a Francisco Camps, también imputado, Bauzà declinó opinar: "Yo soy presidente nacional de Baleares y mi competencia y responsabilidad son las Baleares y asumo mi responsabilidad aquí".

Sin embargo, voces de peso del partido se han levantado contra la exclusión de los imputados, el primero el propio Font, quien calificó la medida que ha calificado de "caza de brujas disfrazada de renovación a la carta". Este miércoles, el presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, expresado su apoyo al portavoz del PP en el Consell defenciendo que se evalúe caso por caso. Aseguró que "hay políticos que llevan "2, 3, 4 y 5 años imputados, sin dar ningún paso y al final nadie les acusa" y el futuro político de estas personas se podría ver perjudicado.

(www.elplural.com, 10/09/10)

54. EL EX ALCALDE DE ANDRATX LOGRA BAJAR SU PENA DE CÁRCEL AL ASUMIR EL DELITO

El fiscal Juan Carrau, que en 2006 encabezó la operación contra la corrupción urbanística y el urbanismo salvaje del caso Andratx, firmó ayer ante la Audiencia de Palma un pacto de conformidad con el principal implicado, el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, del PP. El edil asumió la autoría de diferentes delitos en una de las 76 causas abiertas y vio rebajada la petición de pena prevista de ocho años de cárcel a dos.

Hidalgo cumplía ya una condena firme de cuatro años de prisión por construir un chalé ilegal siendo edil. El ex director general del Gobierno de Jaume Matas Jaume Massot tiene una pena de ocho años y medio por dos condenas. En el caso Andratx quedan medio centenar de causas por juzgar.

El ex alcalde reconoció que cobró sobornos de hasta 30.000 euros del empresario inmobiliario Manuel Zapata, que era su socio privado y a quien concedía licencias ilegales desde el Ayuntamiento. Zapata confesó los hechos y pactó bajar su condena de cinco años, que pedía inicialmente la fiscalía, a uno.

(www.elpais.com, 10/09/10)

55. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL PP ASTURIANO PRESIONA PARA EVITAR A CASCOS

PP asturiano volvió a declararse este jueves en rebeldía contra la posibilidad de que el ex vicepresidente y es ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos encabece la candidatura conservadora a la presidencia del Principado en las próximas elecciones autonómicas de 2011. Más de una veintena de representantes de las juntas locales del PP asturiano aprobaron un comunicado en el que proponen al comité electoral regional una terna de aspirantes a liderar el cartel electoral. Los conservadores asturianos trasladan así a la dirección nacional de su partido su rechazo rotundo al regreso de Cascos a la política, avalado en las últimas semanas por destacados dirigentes de la formación conservadora como Manuel Fraga, Esperanza Aguirre, Alberto Núñez Feijóo o Javier Arenas, y sobre la que Mariano Rajoy aún no se ha pronunciado en público, aunque sí ha manifestado su disposición a pulsar la disposición del ex vicepresidente.

Los tres candidatos alternativos que propone el PP de Asturias son la presidenta del PP de Gijón y diputada nacional, Pilar Fernández Pardo; el presidente del PP de Avilés, Joaquín Aréstegui, y la concejala del Ayuntamiento de Oviedo Isabel Pérez-Espinosa. "Con esta terna que proponemos para que Mariano Rajoy elija, respetando así su liderazgo, estamos uniendo al PP entorno a la próxima candidatura autonómica", sostienen en el texto firmado por los representantes de las juntas locales del PP de Asturias. Preguntado en el Parador de Toledo sobre su posición respecto a la candidatura del ex ministro de Aznar, Rajoy aseguró que el asunto no había sido objeto de estudio en el encierro de dos días que ha mantenido la cúpula del partido.

El líder del PP aseguró que será el comité electoral el que deba pronunciarse al respecto en los plazos que se marquen. En el entorno de Rajoy, señalan, no obstante, que el líder del PP no ve con malos ojos la opción Cascos, "sobre todo porque considera que es posible cambiar el signo político". El principal problema, no obstante con el que cuenta el ex ministro es el rechazo interno con el que cuenta su posible candidatura. Esto se une a que un determinado sector del PP considera que su nombre "suena a pasado".

El comunicado emitido este jueves excluye a Cascos, a quien acusan de "querer volver a la política tras siete años de alejamiento" en un periodo en el que "casualmente" las encuestas les son "favorables" y no ahorra alusiones críticas sobre el ex ministro. A su juicio, Cascos "no puede ser candidato ganador porque no ha querido contar con el PP de Asturias pese a que ha tenido esa oportunidad y la ha despreciado".

"¿Cómo puede alguien pensar en una candidatura autonómica encabezada por quien cuenta con el rechazo de la inmensa mayoría del PP en Asturias?", se preguntan los responsables locales del partido en Asturias. "¿Qué concepto del partido y de la democracia tiene alguien que pretende ser candidato en contra de su propia organización?", arremete el documento.

Atemperando su declaración formal de guerra a Cascos, los dirigentes regionales del partido aclaran que la decisión hecha pública no pretende ejercer "ninguna presión" sobre Rajoy, ni sobre la dirección nacional de su partido. "Lo que hacemos es proponer opciones para facilitar la toma de decisión del candidato", señalan.

(www.publico.es.es, 03/09/10)