ÍNDICE

1. RAJOY APLAUDE EN BALEARS LO QUE NO EXIGE EN VALENCIA

2. RAJOY BARAJÓ PRESENTARSE A LAS ELECCIONES CON LAS SIGLAS MR12

3. RAJOY ELUDE HABLAR DE LA VISITA DEL PP JUNTO A UNA DIPUTADA DE SARKOZY A BARRIOS CON RUMANOS EN BADALONA

4. EL PP 'COMPRA' EL DISCURSO XENÓFOBO DE GARCÍA-ALBIOL

5. DE COSPEDAL ACUSA AL GOBIERNO DE ORGANIZAR UN "ESTADO POLICIAL"

6. EL PP VUELVE A ENTONAR EL ¡ESPAÑA SE ROMPE!

7. AUTONOMÍAS DEL PP IMPONEN EL DOBLE DE SERVICIOS MÍNIMOS QUE FOMENTO

8. JUECES CONSERVADORES SE PERFILAN PARA TRIBUNALES DEL 'CASO GÜRTEL'

9. EL PP VUELVE A PARALIZAR LA RENOVACIÓN DEL CONSTITUCIONAL EN EL SENADO

10. EL PP SE OPONE A QUE AL VALLE DE LOS CAÍDOS SE LE DÉ UN "USO DEMOCRÁTICO"

11. EL CONGRESO VOTA A FAVOR DE QUE EL SUPREMO INVESTIGUE A NACHO URIARTE

12. CATALUÑA. EL PP ASEGURA QUE LA INMIGRACIÓN ESTÁ PEOR EN BADALONA QUE EN FRANCIA

13. CATALUÑA. EL PP MINIMIZA LA MUERTE DE TOROS EN COMPARACIÓN CON LOS ABORTOS

14. GALICIA. FEIJÓO DA POR ROTO EL PACTO ANTITRÁNSFUGAS

15. GALICIA. FEIJÓO DICE QUE LOS GASTOS DEL VIAJE DEL PAPA A GALICIA SON "UNA INVERSIÓN

16. GALICIA. HERNÁNDEZ DENIEGA AL TRIBUNAL EL EXPEDIENTE DE LA AUTOVÍA DE CARBALLO

17. GALICIA. LOUZÁN REPARTE A DEDO CONTRATOS ENTRE EMPLEADOS MUNICIPALES

18. GALICIA. CASI UN TERCIO DE LOS DIPUTADOS DEL PP OPTAN A ALCALDÍAS

19. ANDALUCÍA. DE LA TORRE PIDE QUE LA BANCA DECIDA QUIÉN SE ENDEUDA

20. ANDALUCÍA. GIRASOL ACUSA DE "HOMOFOBIA" A LOS CONSEJEROS DEL PP EN EL CAA

21. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE IMPONE LOS SERVICIOS MÍNIMOS EN MADRID

22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RECORTARÁ DELEGADOS EL 1 DE ENERO CON ACUERDO O SIN ÉL

23. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE CREE QUE LAS DEPORTACIONES DE GITANOS RUMANOS EN FRANCIA "ES UNA LEY QUE HAY QUE CUMPLIR"

24. COMUNIDAD DE MADRID. BOTELLA CULPA A LOS MENDIGOS DE LA SUCIEDAD DEL CENTRO DE MADRID

25. COMUNIDAD DE MADRID. LA FISCALÍA CONSIDERA "EXCESIVO" QUE BOADILLA PAGUE 5,9 MILLONES A CORREA

26. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS REPITE QUE SERÁ EL CANDIDATO A LA GENERALITAT TRAS COMER CON RAJOY

27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DE CAMPS ACUMULA MÁS DE 25 IMPUTADOS

28. COMUNIDAD VALENCIANA. POPULARES EMPLAZADOS POR LA JUSTICIA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

29. COMUNIDAD VALENCIANA. FLORS CITA A DECLARAR AL DUEÑO DE FOREVER YOUNG, QUE EXCULPÓ A CAMPS EN LA CAUSA DE LOS TRAJES

30. COMUNIDAD VALENCIANA. LA MAFIA QUE CONTROLABA VOTOS, VOLUNTADES Y TONELADAS DE BASURA

31. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP ALICANTINO TIENE ALCALDÍAS GRACIAS A EDILES DE OTRO PARTIDO

32. COMUNIDAD VALENCIANA. PRESUNTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP EN CINCO MUNICIPIOS DE ALICANTE

33. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA SE DECLARA INOCENTE PERO NO ACREDITA ANTE EL JUEZ EL ORIGEN DE CASI UN MILLÓN DE EUROS

34. COMUNIDAD VALENCIANA. ABRIÓ CASI CIEN CUENTAS PORQUE LAS NECESITABA

35. CASTILLA Y LEÓN. UNA CONSEJERA DEL PP CASTELLANO-LEONÉS, EN LA 'GÜRTEL'

36. CASTILLA Y LEÓN. EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' PIDE NUEVOS INFORMES SOBRE LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS EN LA REGIÓN

37. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL MANTENDRÁ SU CARGO COMO SECRETARIA GENERAL AUNQUE GANE EN CASTILLA-LA MANCHA

38. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL NO TIRA LA TOALLA EN CUANTO A LA UBICACIÓN DEL CEMENTERIO NUCLEAR EN CASTILLA LA MANCHA

39. REGIÓN DE MURCIA REABREN LA CAUSA CONTRA EL ALCALDE DE TORRE PACHECO POR ADJUDICAR CONTRATOS A DEDO

40. ISLAS BALEARES. EL PP DE SA POBLA, EL PUEBLO DE FONT, NO INVITA A BAUZÀ A LA CENA DE FIN DE VERANO

41. ISLAS BALEARES. FONT DIMITE COMO PORTAVOZ EN EL CONSELL POR ´DIGNIDAD´ AL PERDER SU PULSO CONTRA BAUZÁ

42. ISLAS BALEARES. EL FISCAL JEFE DE ANTICORRUPCIÓN DECIDIRÁ EN MADRID EL FUTURO JUDICIAL DE FONT

43. ISLAS BALEARES. PERE ROTGER TEME SER IMPUTADO

44. ISLAS BALEARES. UN EX DIRECTIVO DE IB3 DECLARA COMO IMPUTADO EN EL CASO PALMA ARENA

45. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL PP DE ASTURIAS RETA A RAJOY CON SU RECHAZO A PACTAR CON CASCOS

46. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL PP DE ASTURIAS RECUERDA A RAJOY QUE LO APOYÓ EN VALENCIA

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1. RAJOY APLAUDE EN BALEARS LO QUE NO EXIGE EN VALENCIA

Ya no hay marcha atrás. El jueves pasado la Junta Directiva Regional del PP balear confirmó a José Ramón Bauzá como candidato para el Govern de cara a las elecciones de 2011 y con ello también avaló su decisión de no llevar imputados en las listas. Justo un día después, este viernes, Mariano Rajoy aterrizó en Palma de Mallorca para mostrarle su respaldo en público. Con su visita, el líder del PP dio también el visto bueno a su proclamación y refrendó sus actuaciones. Pero, al mismo tiempo que lo hacía, cayó en una tremenda contradicción. Entre las medidas de Bauzá, Rajoy aplaudió de forma implícita una que él mismo no se atreve a aplicar a nivel nacional."Bauzá es un gran alcalde y tengo que decir que en una situación difícil ha dado la talla, ha estado a la altura y eso cuenta", proclamó Rajoy.

El líder del PP se mostró convencido de la futura victoria de su partido y agradeció al equipo balear su trabajo: "Gracias por lo que habéis hecho. Con la inteligencia con la que habéis actuado en momentos complicados ganamos seguro y yo estoy muy reconfortado y orgulloso". De fondo planeaban los escándalos de corrupción que asolan les Illes y el recuerdo del ex presidente del Govern Jaume Matas, imputado por varios delitos en el caso Palma Arena y en libertad tras el pago de una fianza de tres millones de euros.

Rajoy, por supuesto, no habló de listas y menos aún de imputados. Alabó el trabajo de Bauzá, pero no seguirá sus pasos. Él apoya al president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, a pesar de su imputación por cohecho impropio y de que pende sobre él una investigación sobre financiación ilegal. Tampoco actúa contra los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, con causas pendientes ante la Justicia. Todos llevan camino de repetir.

Por eso mismo, durante toda esta semana, Rajoy ha tenido que ir dando explicaciones de su comportamiento. Ha dicho que tiene que ser "justo y equilibrado", que necesita "pruebas" para condenar a una persona y que hay que diferenciar cada caso. Es un mensaje opuesto al de Bauzá, pero eso no impidió que se subieran juntos al escenario y compartieran estrategia electoral.

La decisión de Bauzá, que ha apostado por la regeneración completa de su formación, no ha hecho más que poner en evidencia a Rajoy. El PP tiene todo en stand by. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ya recordó el lunes pasado que su partido no tenía pensado hacer nada hasta que hubiera "resoluciones judiciales de cierta entidad".

La dirección del PP balear confiaba en que la presencia de su presidente ayudase a enterrar el hacha de guerra. Tras el veto de Bauzá se desató una fuerte tormenta interna porque algunos dirigentes de la formación vieron "injusta" su decisión. A la cabeza de las críticas se puso el portavoz del PP en el Consell, Jaume Font, imputado en el caso Plan Territorial por tráfico de influencias. Ni ni el jueves, Font estuvo presente en los actos de partido para dejar constancia de su disconformidad.

(www.publico.es, 18/09/10)

2. RAJOY BARAJÓ PRESENTARSE A LAS ELECCIONES CON LAS SIGLAS MR12

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, estudió presentarse a las elecciones generales de 2012 utilizando el logotipo MR12 —sus siglas y el año electoral—, emulando la fórmula ZP (Zapatero Presidente) utilizada por el partido socialista durante la campaña de 2004. El publicista y asesor de campañas electorales Juan Campmany ha desvelado en un coloquio en Barcelona que Rajoy le consultó acerca de la conveniencia de adoptar el logotipo.

Campmany, presidente de la agencia DDB en España, le contestó que no aconsejaría "a ningún candidato ni partido" concurrir a las próximas generales con la fórmula ya ensayada en 2004.

El publicista ha afirmado con ironía que la propuesta le recordaba "a un nombre de misil" y ha explicado que recomendó al líder popular no recurrir a ninguna marca porque no creía que "le fuese a beneficiar". Se da la circunstancia que MR-12 es un cohete sonda soviético desarrollado a principios de los años 60 y utilizado durante más de tres décadas para la investigación de la ionosfera.

Campmany, que ha negado vinculación política alguna, ha trabajado para las campañas electorales de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Pascual Maragall, el exalcalde de Barcelona y exministro de Industria, Joan Clos, y el anterior presidente de Andorra, Marc Forné, además de la del actual presidente de Gobierno.

El uso de lemas cortos durante las campañas políticas no es un fenómeno nuevo, y de hecho el PP catalán ha escogido Alicia 2010 para promocionar a su candidata a la Generalitat, Alicia Sánchez Camacho, en las próximas elecciones autonómicas del 28 de noviembre.

(www.publico.es, 23/09/10)

3. RAJOY ELUDE HABLAR DE LA VISITA DEL PP JUNTO A UNA DIPUTADA DE SARKOZY A BARRIOS CON RUMANOS EN BADALONA

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha evadido este sábado, como suele hacer siempre con los asuntos espinosos, hablar sobre la visita que la líder de los populares catalanes, Alicia Sánchez Camacho, realizó a barrios donde residen rumanos en Badalona, acompañada de una eurodiputada francesa del partido de Nicolás Sarkozy, en plena polémica por las expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros de Francia.

Preguntado sobre el recorrido realizado por Alicia Sánchez Camaño junto a la eurodiputada francesa Marie Thérese Sánchez-Schmid, Rajoy se fue por las ramas al hablar de los españoles emigrantes, que se han caracterizado, según dijo, por su aportación a "la cultura y a la evolución" económica de los territorios a los que han emigrado, y ha mencionado a Cataluña como ejemplo de tierra de "integración y oportunidades".

En un acto con militantes del PP en el Palau de la Música, junto a la presidenta de los catalanes populares, Alicia Sánchez Camacho, tras reunirse con los presidentes de las casas regionales de Catalunya, Rajoy ha criticado en su discurso la política económica del Gobierno, y ha asegurado que tras los comicios autonómicos su partido va a ser "imprescindible para el cambio" de una Catalunya más preocupada por su economía que por su encaje con España. Según Rajoy, Cataluña necesita un cambio y cree que el PP va a ser un "instrumento imprescindible para ese cambio.

Sobre Cataluña, Rajoy ha estado dispuesto a echar leña al fuego sobre el tema de la lengua y de su indentidad y ha defendido la libertad de los padres para decidir la educación de sus hijos, en todos los temas, entre ellos el idioma. El líder del PP ha abogado por la España diseñada en la Constitución del año 1978 y en sus reglas de juego, basadas en "las libertades, los derechos individuales y el Estado de las Autonomías", y ha concluido que Cataluña tiene su "identidad", pero "dentro de España" y cree que el que no siga su camino "está equivocado".

(www.elplural.com, 18/09/10)

4. EL PP 'COMPRA' EL DISCURSO XENÓFOBO DE GARCÍA-ALBIOL

El coordinador de Presidencia y Relaciones Internacionales del PP, Jorge Moragas, pasó por Los Desayunos de RTVE, donde insistió, en calidad de portavoz del PP, en vincular, de una forma disimulada inmigración y delincuencia. El político conservador también aprovechó la ocasión para tachar de "hipócrita" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por su apoyo a la política de Nicolas Sarkozy mientras "sus correligionarios de aquí acusan al PP de actitudes racistas o xenófobas".

El político del PP cree que los socialistas "dan la espalda a la realidad y al problema de la inmigración", lo que en su opinión alimenta posiciones radicales. "Es un error no asumir el problema", afirmó. Además, Moragas respaldó "totalmente" las declaraciones del líder del PP de Badalona, Xavier García-Albiol, hablando de "inmigrantes ilegales que están desperdigados por la ciudad y generan problemas". En este sentido, aseguró que García Albiol "no se ha referido a ningún grupo étnico en concreto".

Mientras, la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, escurrió el bulto cuando fue preguntada por las polémicas declaraciones de Albiol aunque también dejan entrever un apoyo explícito: "En materia de inimgración el PP respeta y defiende la legalidad".

El también diputado del PP por Barcelona aseguró que "la apelación a grupos étnicos concretos siempre es muy peligrosa" y no es oportuna, por lo que "hay que hablar de casos donde la ley y el orden han sido vulnerados y las autoridades no ejercen su obligación". En este sentido, aseguró que "hay que hacer un esfuerzo" por entender a los ciudadanos que sufren las consecuencias "de la falta de integración" porque "si no se miran los problemas de frente, entonces pueden cobrar una dimensión mayor" por lo que, a su juicio, el PSOE "se equivoca al dar la espalda a la realidad", lo que puede provocar fenómenos como el del ex dirigente del Frente Nacional francés Jean-Marie Le Pen.

(www.publico,es, 20/09/10)

5. DE COSPEDAL ACUSA AL GOBIERNO DE ORGANIZAR UN "ESTADO POLICIAL"

El PP ha anunciado que pedirá la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que explique si ha designado a un comisario de su confianza para que controle las investigaciones policiales en las que estén implicados cargos políticos. A la espera de esas explicaciones, la secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, ya ha acusado al Gobierno de organizar un Estado policial. "Utilizar a la policía judicial y a las instituciones del Estado en beneficio del Gobierno se llama Estado policial", ha subrayado.

Según ha publicado un diario, un comisario de confianza de Rubalcaba, Juan Antonio González, ha emitido una instrucción a todos los jefes superiores de Policía según la cual todas las investigaciones que afecten a cargos públicos o personas de relevancia quedarán sometidas a su control. Al término de la reunión del comité de dirección del PP, De Cospedal ha confesado que hay una "grave preocupación" en las filas de su partido por los "intentos del Gobierno de utilizar las instituciones del Estado en beneficio propio y para perjudicar a la oposición".

Por eso, ha anunciado que llevará estas informaciones a la sesión de control al Congreso. En concreto, preguntará al titular de Interior por qué requieren "un enfoque especializado" las investigaciones que afecten a cargos políticos o personas de relevancia. "Hay que saber si la necesidad de esa especialización en la investigación se debe al interés en filtrar sumarios a los medios de comunicación, marcar los tiempos en las investigaciones o procedimientos judiciales o, en definitiva, el interés en manejar políticamente y desde las altas instituciones del Estado procedimientos judiciales que tienen que ser imparciales". De Cospedal ha señalado que la actuación de la policía judicial "no puede estar dirigida políticamente como, según muchos indicios, lo está siendo en los últimos tiempos".

La secretaria general de los conservadores ha apuntado que la tarea que Rubalcaba ha encargado a este comisario, que pertenece a la policía pero tiene, ha dicho De Cospedal, una "gran implicación política", "provocará una utilización muy intensa" de las filtraciones durante la campaña electoral. La número dos de los conservadores ha aprovechado para recordar las filtraciones de casos de corrupción que afectan a miembros del PP y ha insistido en que dichas filtraciones son "propias de un Estado policial".

(www.elperiodico.com, 20/09/10)

6. EL PP VUELVE A ENTONAR EL ¡ESPAÑA SE ROMPE!

El PP ha puesto el grito en el cielo tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PNV para salvar los Presupuestos a cambio de transferir a Euskadi las políticas activas de empleo por valor de 472 millones de euros. A la primera oportunidad, el coordinador de Economía y Empleo del PP, Cristóbal Montoro, ya ha afirmado que el pacto "rompe" la caja única de la Seguridad Social porque afecta a los ingresos del sistema público de pensiones. También ha dejado claro que su partido utilizará todos los medios que ofrece el Estado de Derecho para impedir el acuerdo.

El político conservador explicó que con ese pacto se transfiere la capacidad de bonificar contratos, lo que supone reducir las cotizaciones que las empresas pagan a la Seguridad Social. Montoro señaló que, de ejecutarse el acuerdo, podría darse el caso de que en el País Vasco los empresarios contraten a los jóvenes menores de 30 años pagando menos cotizaciones que en el resto de España.

A su juicio, eso afectaría a la igualdad de oportunidades de los españoles a la hora de acceder a un puesto de trabajo, y también a la unidad de mercado. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, estuvo raudo para dar la réplica a Montoro en Telecinco: calificó como una "buena noticia" el acuerdo. Corbacho negó que el pacto suponga en modo alguno la ruptura de la caja única de la Seguridad Social.

Sobre las bonificaciones a la contratación, Corbacho dijo que el Gobierno vasco tendrá ahora un mayor control sobre las mismas, pero dejó claro que las bonificaciones seguirán formando parte de la caja única de la Seguridad Social. "No va a haber ruptura de ninguna de las maneras de la caja única. La Seguridad Social no puede hacer distingos entre una comunidad y otra", precisó.

El ministro recordó que todas las comunidades autónomas, menos País Vasco, tenían ya cedidas las competencias en políticas activas. De esta forma, el ministro ha destacado que, con el acuerdo alcanzado, "se normaliza" por fin la situación. El ministro ha explicado que hubo otros intentos por cerrar este traspaso de competencias que fracasaron porque el PNV hizo al Gobierno central planteamientos "complicados de atender".

Montoro contardijo al ministro: dijo que la transferencia de las políticas activas es "una reivindicación nacionalista" y recordó que ningún Gobierno la ha atendido desde los años 80, "ni tampoco el de Zapatero hasta que le ha convenido para prolongar esta situación agónica en términos políticos y económicos".

"Ha sido atendida por la aritmética del Congreso de los Diputados", añadió, en referencia a que el acuerdo allana el camino para que el Ejecutivo saque adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2011 con el apoyo de los nacionalistas.

(www.publico.es, 23/09/10)

7. AUTONOMÍAS DEL PP IMPONEN EL DOBLE DE SERVICIOS MÍNIMOS QUE FOMENTO

Esperanza Aguirre no se caracteriza por ocultar sus ideas ni sus fuentes de inspiración. Siempre ha reivindicado como ejemplo la figura de Margaret Thatcher, la ex primera ministra inglesa, llamada dama de hierro entre otras cosas porque consiguió vencer la batalla contra los mineros escoceses. Aguirre ha abierto una batalla contra los sindicatos a cuenta de los liberados mal vista incluso en su partido -"hace muy feliz a Zapatero", le dijo Gallardón-. En junio ya se enfrentó a los sindicatos del Metro de Madrid. redobló el pulso, al imponer unos servicios mínimos en el transporte madrileño para la huelga general del próximo miércoles que doblan lo pactado entre los sindicatos y Fomento.

No fue la única. Varias comunidades del PP trataron de imponer servicios mínimos del 50% o superiores, frente al 25% que ha pactado José Blanco, que sube al 30% en horas punta. Mientras, las comunidades socialistas pactaban sin problemas con las centrales ese 25%. Las comunidades del PP agitan y endurecen así una huelga planteada no contra este partido, sino contra el Gobierno central del PSOE por una reforma laboral que abarata el despido, que pasa de 45 días por año a 20 en la mayoría de los casos.

Algunas comunidades del PP, como la valenciana, presidida por Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel, llegaron a plantear servicios mínimos del 60% en el transporte y del 50% en la televisión pública. Conrado Hernández, líder local de UGT, aseguró que "incluso llegaron a pedir un 70% para los servicios de comedores infantiles, que no comienzan hasta octubre". Finalmente, la Generalitat cedió y pactó con los sindicatos los mismos mínimos que Fomento.

Esto es, Camps aceptó en la Comunidad Valenciana lo mismo que Aguirre rechazó en Madrid. La dirección nacional del PP, que ha tratado de marcar un perfil bajo en la fase previa a la huelga general, ya que Mariano Rajoy entiende que se trata de una batalla política dentro de la izquierda, no ha emitido ninguna doctrina general. Sin embargo, el enfrentamiento de sus comunidades con los sindicatos por los servicios mínimos da un giro político a la huelga, en la que se implica el PP.

En Castilla y León, CC OO y UGT cargaron contra la Junta presidida por Juan Vicente Herrera porque los servicios mínimos aprobados, que calificaron de "abusivos", "incluyen un jardinero para el edificio del presidente y un limpiador para cada director general". La educación también fue centro de la discordia. En Murcia tampoco hubo acuerdo. Ni en Galicia, aunque allí sí hubo acercamiento en transportes, donde la Xunta proponía un 13,7% que sí aceptaba UGT pero no CC OO. Por el contrario, los Gobiernos socialistas de Andalucía, Cataluña o Castilla-La Mancha no tuvieron problemas en pactar servicios mínimos en la línea de Fomento y en educación.

La situación de mayor enfrentamiento se vivió en Madrid. Después del acuerdo de madrugada en Fomento, el pacto parecía cercano. Desde primera hora de la mañana hubo contactos entre Esperanza Aguirre y los líderes sindicales, Javier López (CC OO) y José Ricardo Martínez (UGT). La comunidad proponía un 40% en el transporte, los sindicatos querían bajar al 25% pactado con Fomento. Se negociaban los detalles, la cosa iba bien, pero a mediodía Aguirre decidió romper la negociación y aprobar un decreto por el que impone un 50% de servicios mínimos. Francisco Granados, mano derecha de la presidenta, aseguró que los sindicatos no habían querido aceptar cosas que sí habían asumido en otras comunidades, mientras las centrales contestaban que Aguirre quiere ser el "perejil de todas las salsas" y por eso ha decidido no pactar, para ser protagonista de la polémica.

(www.elpais.com, 24/09/10)

8. JUECES CONSERVADORES SE PERFILAN PARA TRIBUNALES DEL 'CASO GÜRTEL'

El Consejo del Poder Judicial anunció la terna de candidatos para sustituir a Juan Luis de la Rúa al frente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Son los magistrados Pilar de la Oliva y Pedro Castellano (ambos conservadores) y Javier Lluc (no asociado).

De la Oliva es la candidata, a priori, que más posibilidades tiene de alzarse con la presidencia, donde aguarda el caso Gürtel. Dispone del respaldo del sector conservador del Consejo. Dentro del órgano de gobierno de los jueces se la ve "muy trabajadora" y "bastante menos escorada a la derecha" que Pedro Castellano, su principal rival.

Inicialmente, la apuesta conservadora era Castellano, pero la fuerte oposición de los progresistas del Consejo, que le consideran "muy radical", ha llevado a buscar un candidato que permita reunir los 13 votos necesarios para el nombramiento.

El pleno del Consejo del jueves tiene previsto designar a los presidentes de los tribunales superiores de Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía, y las presidencias de la Sala Primera, Segunda y Quinta del Supremo. Salvo para la Sala Segunda, de lo Penal, a la que aspiran dos candidatos, al resto de Salas solo concurren los titulares, que serán reelegidos.

Hay un principio de acuerdo entre el sector conservador y una facción del progresista, el que capitanea la vocal Margarita Robles, para situar en Cataluña al progresista Miguel Ángel Gimeno, y en Valencia, a De la Oliva. Ese acuerdo incluye renovar en sus cargos a los actuales presidentes de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, y Castilla y León, José Luis Concepción, ambos conservadores.

El caso Gürtel también tiene ramificaciones que implican a aforados de Castilla y León, entre ellos, el presidente de las Cortes, José Manuel Fernández. Así, se informó que también figura implicada en Gürtel la actual consejera de Agricultura de esa comunidad y ex consejera de Medio Ambiente, Silvia Clemente, por el supuesto cobro de comisiones ilegales en un contrato adjudicado a empresas vinculadas a Gürtel.

La intención del Poder Judicial es renovar como presidente de Castilla y León a Concepción, si bien más del 85% de los jueces de esta comunidad quieren que el Consejo elija para ese cargo a la también candidata María José Renedo, ex decana de Palencia y una de las jueces españolas que más avales de colegas tiene.

(www.elpais.com, 21/09/10)

9. EL PP VUELVE A PARALIZAR LA RENOVACIÓN DEL CONSTITUCIONAL EN EL SENADO

El Senado ha aplazado una semana más, hasta el próximo martes, la comisión de nombramientos prevista para mañana para elegir a los cuatro magistrados de entre los 22 candidatos que deben renovar a los miembros del Tribunal Constitucional cuyo mandato expiró hace casi tres años.

La Junta de Portavoces tomó la decisión por la mañana a petición del senador del PP Pío García-Escudero. Es la tercera vez que se pospone la comisión de nombramientos. Para la elección es imprescindible una mayoría de tres quintos del pleno de la Cámara, es decir, un acuerdo entre PSOE y PP. Hasta ahora, ese pacto ha encallado en la figura de Enrique López, uno de los candidatos propuestos por el PP, que fue rechazado por el Senado por no tener los 15 años de experiencia precisos.

PSOE y PP negocian en paralelo la renovación de los cuatro magistrados del Constitucional que nombra la Cámara alta y los cuatro que escoge el Congreso, además de otros nombramientos pendientes, como el Defensor del Pueblo.

El PP mantiene bloqueada la renovación del Constitucional porque entiende que la actual composición, con un tercio de sus miembros con el mandato expirado, favorece sus intereses, especialmente, el de conseguir tumbar la Ley del Aborto, que recurrieron ante el alto tribunal.

(www.elpais.com, 22/09/10)

10. EL PP SE OPONE A QUE AL VALLE DE LOS CAÍDOS SE LE DÉ UN "USO DEMOCRÁTICO"

El Senado ha aprobado este miércoles una moción que insta al Gobierno a adecuar el Valle de los Caídos a lo dispuesto en la ley de Memoria Histórica y se le dé así "un uso democrático". La moción salió adelante a pesar de los votos en contra de los senadores del PP, que además indignaron al resto de la Cámara cuando tomó la palabra Juan Van Halen. El senador popular madrileño aseguró que "para nada" hubo 27.000 presos republicanos trabajando en la construcción del momumento y que de los que lo hicieron "nada más" que murieron diez durante los 18 años de obras.

El pleno aprobó así, por 131 votos a favor, 114 en contra (los votos del PP), y una abstención, la enmienda que el PSOE presentó a una moción del grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés, en la que se pedía la derogación del Decreto Ley franquista de 1957 que define el Valle de los Caídos como un monumento destinado a "perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación para honra de quienes dieron su vida por Dios".

El senador de la Entesa, Joan Josep Nuet explicó la necesidad de derogar ese decreto de 1957 que ordena el funcionamiento del Valle de los Caídos, y "recuerda que fue construido para honrar a una parte de España, a los que ganaron la guerra".

Asimismo, Nuet recalcó que esa norma permite que los monjes benedictinos que gestionan el monumento reciban 340.000 euros al año de Patrimonio Nacional para mantener la escolanía, gestionar una hospedería, alquilar salas del recinto para grupos "ultracatólicos" o para campamentos de verano. Además, el senador catalán aseguró que continúan celebrándose actos políticos de homenaje a Franco en el recinto y que "en las misas que se celebran en la cripta se recuerda al hermano Francisco'". "¿Se imaginan que en la catedral de Colonia se recordase al hermano Adolf?", se preguntó.

La Entesa aceptó que su moción fuera sustituida por la enmienda del PSOE, que defendió el senador Enrique Cascallana. Éste aseguró que la ley ofrece mecanismos suficientes para lograr ese objetivo, "sin necesidad de entrar en la derogación del decreto" de 1957. "No hace falta demoler lo que fue, sino que se conozca lo que significó", señaló el senador del PSOE.

Sin embargo, el único grupo que no apoyó el texto ha sido el PP. Su portavoz, Juan Van Halen, explicó el sentido de su voto en que, estando de acuerdo en "la absoluta despolitización" del monumento, no lo están con la "voluntad" del PSOE de acabar con la abadía benedictina del Valle de los Caídos. Pero el momento álgido del pleno se vivió cuando Van Halen señaló que "para nada" hubo 27.000 presos republicanos en la construcción del polémico recinto, sino 2.500, que "sólo" hay 700 cadáveres enterrados y que no se produjeron "nada más" que diez muertos durante los 18 años que duró su construcción, provocando así protestas y abucheos entre los senadores.

(www.elplural.com, 22/09/10)

11. EL CONGRESO VOTA A FAVOR DE QUE EL SUPREMO INVESTIGUE A NACHO URIARTE

El pleno del Congreso ha dado hoy su visto bueno, en una votación a puerta cerrada, a la petición cursada por el Tribunal Supremo para poder investigar al diputado del PP Nacho Uriarte por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial.

La autorización ha sido aceptada por 324 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones, un resultado que atiende al pronunciamiento favorable a la concesión de la autorización que previamente había hecho la Comisión del Estatuto de los Diputados, han explicado fuentes parlamentarias.

El también presidente de Nuevas Generaciones del PP dio positivo en una prueba de alcoholemia que le hizo la Policía Municipal de Madrid tras sufrir un percance cuando conducía su vehículo por la capital y chocó con otro vehículo. Dada su condición de aforado, es el Tribunal Supremo el que debe investigarle, pero para poder hacerlo tuvo que elevar al Congreso el correspondiente suplicatorio para contar así con el permiso de la Cámara Baja al que obliga la ley.

(www.publico.es, 22/09/10)

12. CATALUÑA. EL PP ASEGURA QUE LA INMIGRACIÓN ESTÁ PEOR EN BADALONA QUE EN FRANCIA

La líder y candidata del Partido Popular (PP) a la presidencia la Generalitat, Alicia Sánchez-Camacho, ejerció de anfitriona de la eurodiputada francesa Maria Thérèse Sánchez-Schmid en un paseo por las calles de Badalona. La política conservadora del partido de Nicolas Sarkozy quería averiguar si en los barrios de esta ciudad se viven los mismos conflictos que en su país generan "los gitanos rumanos".

Sánchez-Camacho regresó a Badalona para asistir a una botifarrada popular organizada por su equipo de precampaña electoral y volvió a aprovechar la polémica levantada por la deportación de gitanos en Francia para convertir la inmigración en la punta de lanza de su discurso.

La líder de los populares catalanes explicó que el objetivo de su partido es "erradicar la inmigración ilegal" y conseguir que "ningún inmigrante tenga más derechos que un español". Sánchez-Camacho calificó de "hipócritas" a "los que criticaron" su visita del viernes a Badalona y les acusó de "querer negar la realidad de la inmigración".

Asimismo advirtió de que durante estos meses de campaña electoral visitará los municipios que tengan problemas con la inmigración. "Visitaré Salt, Vic y El Vendrell", anunció, "y volveré a Badalona las veces que haga falta".

Pero entre butifarras y sevillanas, la guinda de la fiesta la puso el edil del PP de Badalona Xavier García-Albiol, sobre el que más de una vez han caído acusaciones de fomentar la xenofobia, quien volvió a lanzar piedras sobre el tejado de los inmigrantes gitanos y aseguró que en su ciudad existen problemas de convivencia con ese colectivo.

"Aquí no tenemos campamentos de gitanos como en Francia, aquí la situación es aún peor", aseguró. "Están repartidos por varios barrios de la ciudad haciendo la vida imposible a los vecinos y, encima, cuando nos quejamos, nos atacan y nos tachan de racistas".

García-Albiol, que organizó la comitiva de Sánchez-Camacho con la eurodiputada francesa por las calles de Badalona, ya estuvo en el ojo del huracán hace meses por la campaña que organizó al incluir en un díptico del PP sobre seguridad ciudadana la foto de una pancarta en un balcón en la que se leía: "No queremos rumanos".

Al acto de , celebrado en la plaza de Trafalgar de Badalona, asistieron unas 1.200 personas, la mayoría de avanzada edad, que aplaudían sin parar las palabras de Sánchez-Camacho. Para finalizar su discurso, la líder del PP en Cataluña se refirió a la asistencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la Fiesta de la Rosa, que celebró el PSC en Gavà (Baix Llobregat). "Zapatero", dijo, "tiene que ir a una fiesta y rodearse de sus amigos socialistas porque no puede pisar las calles de Cataluña solo. No puede pasear por la calle porque sabe que ha engañado a los catalanes".

(www.elpais.com, 20/09/10)

13. CATALUÑA. EL PP MINIMIZA LA MUERTE DE TOROS EN COMPARACIÓN CON LOS ABORTOS

El diputado del PP en el Parlament Juan Bertomeu ha minimizado este miércoles la cantidad de toros que mueren en Catalunya cada año en comparación con el número de abortos que se producen cada día, y ha reprochado al resto de partidos que se preocupen más por la vida de los animales que por la de los fetos.

Durante su intervención en el debate a la totalidad de la Ley para blindar los correbous, Bertomeu ha recordado a los diputados que en Catalunya muere de media un toro cada tres días, mientras que se producen 57 abortos diarios.

"¿Ustedes me quieren decir que sus sentimientos están en la muerte de un toro cada tres días, y no pasa nada por quitarle la vida a 57 criaturas cada día?", ha cuestionado Bertomeu. Las palabras del diputado conservador han crispado a parte del hemiciclo; entre ellos, a la portavoz de ecosocialista, Laia Ortiz, que acto seguido ha lamentado en su perfil de la red social Twitter las "insultantes" palabras de Bertomeu.

El Parlament catalán aprobó la proposición de ley que blinda en Catalunya los festejos taurinos que no acaban con la muerte del animal, conocidos como correbous, casi dos meses después de acordar la prohibición de las corridas de toros en esta comunidad a partir de 2012. El PP de Catalunya respaldó la propuesta. 

(www.publico.es, 22/09/10)

14. GALICIA. FEIJÓO DA POR ROTO EL PACTO ANTITRÁNSFUGAS

El presidente de la Xunta dio por roto el pacto que firmaron PP y PSOE y se negó a garantizar que él no meterá a concejales tránsfugas en sus listas para las municipales, tal y como obliga el texto de aquel acuerdo. De hecho abogó por introducir reformas legales que impidan algunas de las prácticas que su propio partido ha llevado a cabo en Pontevedra con la mediación de su presidente provincial, Rafael Louzán. Y tal y como acostumbra a hacer últimamente, volvió a comparar los tránsfugas que cambian las siglas por las que fueron elegidos con las coaliciones postelectorales que sellan los partidos cuando no hay mayorías absolutas. Lo dijo con estas palabras: "Hay incumplimientos de cada partido [PP y PSOE] en función de latitudes o territorios, un incumplimiento generalizado porque, de momento, modificar el voto de un concejal es legal, como lo son las mociones de censura y los acuerdos entre fuerzas políticas que no ganan elecciones".

Bajo esa premisa, reconoció que su partido tomará una decisión en función del cumplimiento del pacto en España. Una alusión clara a Benidorm, donde varios concejales socialistas, entre ellos la madre de Leire Pajín, fueron expulsados del partido tras derrocar a una alcaldesa popular con la ayuda de un ex concejal del PP. Feijóo advirtió que conoce a personas "muy relevantes de los dos partidos" así que pidió ver las listas de sus rivales políticos antes de confeccionar las suyas.

Mientras, uno de los tránsfugas más sonados de los últimos años, el ex conselleiro de Fraga, José Antonio Santiso, ahora alcalde de Abegondo por un partido de independientes, dijo que ha recibido una oferta del PSdeG para encabezar las listas de las municipales. Lo declaró el propio Santiso a la cadena SER e inmediatamente después la dirección gallega del PSOE y la de A Coruña lo negaron rotundamente. "Nadie se lo ha propuesto a un alcalde de un gobierno que condenamos por proceder de una moción de censura tránsfuga", replicó el secretario de Organización del PSOE coruñés, Emilio Vázquez. Es el PP, agregó, el que tiene que aclarar si va o no presentar a Santiso en los próximos comicios.

Abegondo es el único de los 94 municipios de A Coruña en los que el PP aún no presentó su candidato a alcalde dado que ni siquiera tiene representación alguna en esa localidad tras darse de baja hace año y medio Santiso y todos sus concejales.

(www.elpais.com, 21/09/10)

15. GALICIA. FEIJÓO DICE QUE LOS GASTOS DEL VIAJE DEL PAPA A GALICIA SON "UNA INVERSIÓN

El coste de la próxima visita del Papa a Galicia el próximo 6 de noviembre constituye "una inversión en términos económicos", y el viaje "se autofinancia y produce excedentes". El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (PP), defendió el gasto de tres millones de euros que su Gobierno realizará para cubrir la estancia de Benedicto XVI. El dirigente conservador recordó que la mitad de este dinero se destinará a la retransmisión de la visita por Televisión de Galicia.

"Probablemente TVG lo podría hacer más barato, no lo sé, pero cubrir los kilómetros desde [la plaza] el Obradoiro y el aeropuerto para 150 millones de espectadores bien vale una retransmisión completa", afirmó Feijóo. Destacó, asimismo, que millones de personas van a poder ver "una de las plazas más hermosas de Europa, y decir que eso es caro...".

Por otro lado, el Arzobispado de Barcelona anunció la apertura de una cuenta corriente para recoger donativos destinados a sufragar los gastos de la próxima visita papal a la capital catalana, el 7 de noviembre. La Iglesia teme que el coste del viaje de Ratzinger levante críticas. Con la iniciativa de los donativos, el arzobispado pretende ofrecer la imagen de que la visita no resultará onerosa para los contribuyentes.

De momento, el coste de la estancia del pontífice en Catalunya es un misterio, ya que las tres administraciones implicadas (Estado, Generalitat y Ayuntamiento) se niegan a facilitar el importe de las aportaciones públicas. Por su parte, El cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, pidió a los católicos que se movilicen para recibir al Papa.

(www.publico.es, 21/09/10)

16. GALICIA. HERNÁNDEZ DENIEGA AL TRIBUNAL EL EXPEDIENTE DE LA AUTOVÍA DE CARBALLO

La información que la Xunta le ocultó a Dragados se la deniega también al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras atendió al requerimiento del tribunal gallego sobre la adjudicación del tramo Carballo-Berdoias de la autovía de la Costa da Morte. Pero lo hizo parcialmente: sólo remitió "aquello que la consellería considera que no afecta a la confidencialidad" de las distintas ofertas, según informó un portavoz del departamento que dirige Agustín Hernández. El auto del TSXG le instaba a remitir el expediente completo.

"Se ha enviado lo que entendemos que pide el tribunal", precisó el mismo portavoz. Según Medio Ambiente, se trata de "documentos administrativos relacionados con la decisión de la mesa de contratación" de no compartir con otras empresas concursantes la de la oferta seleccionada, liderada por FCC en unión con Inveravante, del empresario gallego Manuel Jove. La mesa seleccionó a mediados de junio esa propuesta, con un coste para la Xunta de 979 millones de euros, 215 millones más que la Dragados, a través de Iridium y en unión con Puentes y Calzadas. Aquella cantidad supone además un sobrecoste de 395 millones de euros respecto al proyecto adjudicado por el anterior Gobierno, un contrato rescindido por el de Feijóo.

Pese a que el pasado 23 de junio Agustín Hernández garantizó que la adjudicación se realizaría en el plazo de dos días, casi tres meses después la propuesta de la mesa de contratación sigue en un cajón, debido principalmente al recurso judicial. La Xunta, mientras, ha comunicado verbalmente a las empresas seleccionadas en este segundo concurso público su intención de replantearse el proyecto.

El recuso ante el TSXG se presentó después de que la mesa de contratación denegase a los representantes de Iridium y Puentes información relacionada con la oferta que obtuvo la mejor puntuación. La unión temporal liderada por esas dos empresas no sólo ofrecía mejores condiciones económicas, sino que obtuvo más puntos que FCC (814 frente a 656 de la finalmente escogida). Sin embargo, una penalización por quedarse a 13 puntos del mínimo de 160 en los criterios de calidad técnica le hizo perder 543 y quedar descartada.

La información que demandan Iridium y Puentes está relacionada con los motivos que supusieron la penalización de su oferta. Una de las razones de esa sanción es la escasa valoración que, según Iridium y Puentes, se otorgó a la cualificación del personal encargado del proyecto. Ambas empresas quieren comprobar que el personal propuesto por FCC está efectivamente mejor cualificado, pero la Consellería de Medio Ambiente apela a la confidencialidad de esos datos para denegar la documentación. Otra petición rechazada por la mesa de contratación es la de los datos de la oferta económica presentada por FCC.

Todas estas cuestiones fueron planteadas por la representante de Iridium ante la mesa de contratación el pasado 7 de junio. La portavoz de la empresa denunció las "irregularidades" y se reservó el derecho a acudir a la justicia, como finalmente hizo.

Los problemas para la adjudicación de la autovía se producen después de que Feijóo, al inicio de su mandato, acusara al bipartito de "ser incapaz" de ejecutar las obras. Cuando el Consello de la Xunta anuló el contrato con Ferrovial, que ofrecía realizar la autovía con un coste sensiblemente inferior, el presidente pidió "perdón" a los gallegos por una decisión de la que culpó al Gobierno anterior, y se comprometió a licitar el contrato cuanto antes. La Xunta no ha aclarado todavía cómo resolverá la situación.

(www.elpais.com, 21/09/10)

17. GALICIA. LOUZÁN REPARTE A DEDO CONTRATOS ENTRE EMPLEADOS MUNICIPALES

Más de 2,5 millones de euros del Plan de Investimentos da Deputación (PID 2009-2011) que promueve Rafael Louzán desde la Diputación de Pontevedra se destinan a pagar a los directores de las obras, aunque estos sean técnicos municipales (arquitectos, aparejadores, ingenieros) que, como tales, ya cobran en su nómina la realización de esos trabajos de su competencia. En otros casos, el PID paga su dirección de obras en ayuntamientos distintos al que los emplea; el grueso de los proyectos y su direcciones son asignados, con todo, a profesionales ajenos a los técnicos municipales, pero con una vieja vinculación a la Diputación que subraya el clientelismo de los encargos.

En el PID los ayuntamientos elaboraron los proyectos de obras hasta agotar la cuota financiera que les correspondía en función de su superficie y población. El presupuesto del plan es de 70 millones de euros, de los que fueron descontados 5,1 millones de la deuda que diversos ayuntamientos mantenían con la Diputación. Serán ejecutados, por tanto, 64,9 millones de euros, de los que el 4% se lo reparte los directores de las obras.

Aunque el calendario del plan ya ha pasado su Ecuador, hasta ahora sólo se han adjudicado obras por importe de 16,5 millones -cifra estimada que el gabinete de prensa de la Diputación tacha de incierta, pero sin facilitar por el momento ninguna otra que permita rectificarla- y hay más de 20 municipios, de un total de 59, a los que aún la Diputación no ha adjudicado ninguno de los proyectos que presentaron al PID. En realidad solo ha sido adjudicada la cuarta parte de las obras previstas por el plan. Pero ya resulta chocante el reparto de la tarta de más de medio millón de euros que corresponde a los directores de las obras adjudicadas.

"Nosotros, salvo excepciones contadas y fundamentadas, asignamos la dirección de las obras a los técnicos que nos señalan los ayuntamientos y que suelen coincidir con los autores de los proyectos, ese es el criterio y no hacemos otra cosa", aseguran las mismas fuentes de la Diputación. Como primera consecuencia, hay al menos 12 técnicos municipales identificados por este periódico que ya cobran en la nómina de cada ayuntamiento por esa labor.

Entre ellos, de momento, Antonio Liste Alejandro, aparejador de Ponte Caldelas, y José Manuel Melero González, de Tui, encabezan los encargos, con siete y cinco obras: 36.800 euros para el primero y 21.000 para Melero de paga extra. Melero incluye en los expedientes informes suyos escritos con lápiz, lo que facilita su corrección, y hasta hace unos meses, aun disponiendo de casa y estudio en Vigo, estaba empadronado en el Museo Diocesano de Tui, lo que le permitía, como a su mujer e hijo, arquitecto, votar en ese distrito.

Sus informes han avalado notorias trapalladas urbanísticas, pero no han sido los únicos. También los de Alberto Gómez López, que fue arquitecto municipal de Tui y Tomiño a tiempo parcial, lo dejó y de nuevo volvió a Tui, a tiempo parcial, para poder atender su estudio de Gondomar. Gómez López también tiene una obra (de momento) en el PID: en Mos.

El régimen de incompatibilidades de estos técnicos remite a circunstancias diversas. Los funcionarios tienen prohibido trabajar por libre en los ayuntamientos que los emplea y, para hacerlo en otros, precisan la aprobación del pleno municipal, que conlleva la renuncia al 30% de su nómina. Pero el abanico de oportunidades se amplía cuando los contratos reducen jornada o son de asistencias. Es el caso de Faustino Mera Mur, que cubre así desde hace años, sin que el Ayuntamiento muestre interés en convocar la plaza, sus funciones de arquitecto municipal de Baiona. Mera administra Norai Noroeste, una empresa de arquitectura e ingeniería que le traspasó su suegro, Rafael Llano de la Concha, ingeniero recientemente jubilado de la Diputación, y también dirige una obra (de momento) del PID: en Arbo.

En circunstancias análogas se encuentran técnicos municipales de Valga, O Rosal, Lalín, Meis, Barro, Mos, Pazos de Borbén o Vilagarcía de Arousa. Pero ninguno de ellos está entre los directores que más obras acumulan (de momento) en el PID.

La palma en lo que va de año se la lleva Manuel Vázquez Fernández, ingeniero de obras públicas, con 17 obras en ocho ayuntamientos, de A Paradanta a O Salnés pasando por A Lama o Mos. "Tiene una consultoría y los ayuntamientos le encargaron los proyectos", explican en la Diputación su ubicuidad, más sorprendente por cuanto su consultoría no es localizable por medios convencionales. En el PP debe de ser conocido por el boca a boca. "Es un jubilado de Construcciones Crespo que trabajó mucho con Alfredo Montero y Baltasar Pujales, ingenieros jefes de la Diputación", aclaran otras fuentes. El ubícuo Vázquez ya se ha hecho acreedor de 72.000 euros del PID.

Le sigue otro ingeniero, Javier Carballo Núñez, con ocho obras, aunque en breve sumará al menos media docena más de proyectos que firmó de una tacada, por más de medio millón de euros, para Rodeiro y que ya facturó, según su alcalde, que no pudo precisar en qué cuantía.

(www.elpais.com, 20/09/10)

18. GALICIA. CASI UN TERCIO DE LOS DIPUTADOS DEL PP OPTAN A ALCALDÍAS

Casi un tercio de los 38 diputados del PP en la Cámara autonómica arrancan el nuevo curso político con el mandato del partido de compaginar hasta las próximas elecciones municipales, en mayo de 2011, su labor parlamentaria con el papel de candidatos a la alcaldía en sus ayuntamientos. Lo harán con el plus del reconocimiento autonómico, pero también con el reto de cumplir las expectativas de la cúpula regional, que insta desde hace meses a aprovechar el tirón que se le supone a su líder, Alberto Núñez Feijóo, en la Xunta. La vista está puesta en las Diputaciones de A Coruña y Lugo, ahora en manos socialistas, en retener la de Pontevedra, en el alero, y en recuperar poder urbano.

Descartado el portavoz del Grupo Popular, Manuel Ruiz Rivas, como candidato en la localidad coruñesa de Ribeira, tres de los dirigentes que desempeñarán un papel de peso en la lucha por cambiar el color político en las urbes de A Coruña, Lugo y Ourense son los diputados Carlos Negreira, Jaime Castiñeira y Rosendo Fernández. Su designación como alcaldables se oficializó meses atrás para acabar con las especulaciones, sobre todo en el caso ourensano.

Del mismo modo, los parlamentarios Pablo Cobián Fernández de la Puente y José Carlos López Campos concurrirán como candidatos en Oleiros (A Coruña) y A Estrada (Pontevedra), respectivamente. El PP coruñés ha confirmado a Alberto Sueiro Pastoriza como aspirante a la Alcaldía de Carballo.

Aunque el partido aún no ha cerrado todos los carteles, fuentes populares apuntan a que, salvo imprevistos de última hora, los diputados José Fervenza, José Antonio García López y Jesús Antonio Goldar serán contendientes en la próxima batalla electoral en los municipios de Moaña (Pontevedra), Sarria (Lugo) y Caldas de Reis, también en Pontevedra.

Por su parte y pese a su enfrentamiento en el último congreso provincial con el actual presidente del PP ourensano, José Manuel Baltar, es probable que su partido confíe en el también diputado y portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, para intentar arrebatar al BNG su feudo en Allariz (Ourense), según Europa Press. La normativa interna del PP permite compaginar el trabajo en la Cámara con el papel de candidato.

(www.elpais.com, 20/09/10)

19. ANDALUCÍA. DE LA TORRE PIDE QUE LA BANCA DECIDA QUIÉN SE ENDEUDA

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha manifestado que debe ser el mercado, a través de los bancos y las cajas de ahorro, el que decida si los ayuntamientos pueden o no endeudarse porque es "absurdo" que el Gobierno les imponga una "limitación artificial". En este sentido, el regidor ha destacado, en declaraciones a Efe, que la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha manifestado partidaria de que el Gobierno no impida endeudarse a los ayuntamientos que tengan solvencia.

"El Gobierno debe, en respuesta, no plantear ningún indicador de proporción de crédito respecto al presupuesto", ha señalado De la Torre, quien ha afirmado que el Consistorio tiene un 7% destinado a esa finalidad. El Ayuntamiento de Málaga -ha agregado- está "en condiciones" y no necesita pedir grandes créditos, "solo lo que sea necesario para seguir desarrollando tareas que respondan a los objetivos que tiene la ciudad", y "el mérito de ser solvente" se ha conseguido dentro de una política de moderación fiscal "muy amplia y ambiciosa".

Al respecto, De la Torre ha señalado que las ordenanzas para 2011 se congelarán al no subir "ni lo que el IPC" y que si todas las administraciones hicieran lo mismo "se saldría de la crisis con más rapidez" y se tendría empleo "para muchísimos millones de españoles".

Por su parte, el secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, criticó la postura del regidor malagueño: "De la Torre quiere que la mano del mercado, la misma que nos ha empujado a la mayor crisis de la historia reciente, controle el nivel de endeudamiento de las administraciones públicas". Heredia añadió que el alcalde, "quiere darle a los bancos el control de nuestros Ayuntamientos".

(www.elpais.com, 20/09/10)

20. ANDALUCÍA. GIRASOL ACUSA DE "HOMOFOBIA" A LOS CONSEJEROS DEL PP EN EL CAA

"Cuando por un voto se pretende recortar la presencia en los medios de la homosexualidad, hay homofobia", aseguró Mar Cambrollé, presidenta de la coordinadora Girasol, quien insistió en la necesidad de una educación en la diversidad para lograr una sociedad "respetuosa y respetable".

La coordinadora de asociaciones de LGTB de Andalucía, Ceuta y Melilla, ha emitido un duro comunicado en el que manifiesta que los votos de los tres consejeros que se mostraron a favor de que el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) analizara una queja anónima interpuesta por considerar que existe "mucha homosexualidad" en La Banda favorecen la discriminación y constituyen "un intento de suprimir de las pantallas de televisión andaluzas a una parte integrante de la sociedad".

La Banda es un espacio infantil que emite la cadena andaluza desde sus inicios, a finales de los 80. La semana pasada, el pleno del CAA desestimó estudiar una denuncia anónima que rezaba "veo mucha homosexualidad".

El PP, en palabras de Carlos del Barco, uno de los consejeros que votaron a favor de su tramitación, se mostró a favor de que "la queja debería estudiarse como una más y que, llegado al caso, se estimara o se desestimara, como se hace con las numerosísimas reclamaciones que llegan al consejo, por ejemplo, sobre estereotipos o machismo". "No estaría de más que estos consejeros se sienten a ver a menudo La Banda", señala el comunicado de Girasol.

(www.publico,es, 20/09/10)

21. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE IMPONE LOS SERVICIOS MÍNIMOS EN MADRID

La Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, ha sido incapaz de lograr lo que sí ha logrado José Blanco, ministro de Fomento: llegar a un acuerdo con los sindicatos sobre los servicios mínimos durante la huelga general del 29 de septiembre. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno de Aguirre ha optado por imponer los servicios mínimos en el transporte: el 50% en hora punta y del 20% en hora valle

Así lo ha anunció en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, quien explicó que el Gobierno regional ha tenido que imponer los servicios mínimos de la huelga al no llegar a un acuerdo con los sindicatos a pesar de las reuniones que han mantenido estos días, la última, esta mañana.

"No hemos conseguido llegar a un acuerdo con CC.OO. y UGT. A lo largo de estos últimos días hemos mantenido innumerables reuniones y en todas hemos expresado la voluntad del Gobierno de llegar a un acuerdo conjugando dos derechos fundamentales como es el derecho a huelga pero también el mantenimiento de los servicios esenciales (Educación, Sanidad, Servicios Sociales) que permitan que aquellas personas que quieran ir a trabajar puedan ejercer el derecho al trabajo", dijo Granados.

De este modo, el Ejecutivo autonómico ha fijado para Jse refiere al transporte urbano e interurbano, los mínimos serán del 50% en hora punta y del 20% en hora valleusticia, los servicios que haya en los juzgados de guardia el día 29; en Bomberos, 112 y Summa trabajarán como un día normal y, en transporte, en lo que .

En Educación, los centros docentes se abrirán contando con la presencia del director, el jefe de estudios y el auxiliar de control, en las escuelas infantiles habrá un mínimo del 25% y en Educación especial, además de lo anterior, el 35%.

En Sanidad, los servicios mínimos en los centros no hospitalarios serán el personal necesario para la atención urgente tanto en centros de salud como en domicilio en función del tamaño del centro de salud, además de las urgencias.

En centros hospitalarios, la plantilla será la de un domingo o un festivo, además de las actividades programadas y urgentes, oncología, cuidados paliativos, diálisis y radioterapia y las urgencias de los diferentes hospitales. Los servicios complementarios, como es el caso de la limpieza de los quirófanos, estarán al 100 por cien.Granados también ha explicado que en caso de aquellos servicios públicos prestados por concesión, los servicios mínimos serán los mismos que se aplican para las actividades públicas. Por ejemplo, en enseñanza concertada se mantendrán los mismos servicios que en la pública.

(www.publico.es, 23/09/10)

22. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RECORTARÁ DELEGADOS EL 1 DE ENERO CON ACUERDO O SIN ÉL

La Comunidad de Madrid quiere negociar con los sindicatos la reducción de representantes sindicales que anunció el pasado martes en el debate sobre el estado de la región. Al menos, eso dice. "Es nuestra intención que se haga por acuerdo", aseguró el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, nada más salir de la primera cita con los sindicatos, que duró hora y media. Quieren negociar, dijo, pero ya ha puesto una fecha límite a esa negociación: el recorte entra en vigor el 1 de enero. Con o sin acuerdo.

En el encuentro, Granados expuso la intención del Ejecutivo regional de reducir de 3.500 a 1.500 los liberados sindicales en la Administración madrileña, lo que supondrá un ahorro anual de 73 millones de euros. Los sindicatos presentes en la mesa de la función pública (CC OO, UGT y CSIT- UP) repiten desde el primer día que las cifras que maneja el Gobierno regional son falsas, que hay muchos menos trabajadores liberados de los que pregona el Ejecutivo. Pero oficialmente no dan ninguna cifra concreta. Según fuentes de UGT, como máximo, la cifra alcanzaría 1.200, un tercio de los que dice Aguirre. Y con matices, porque no todos los representantes de los trabajadores ceden sus horas para concentrarlas en un solo liberado, sino que las usan ellos al tiempo que mantienen su trabajo habitual.

Los sindicatos insistieron en la idea de que, más allá de cifras, lo importante es que el número de representantes para los casi 200.000 trabajadores públicos de la región es "legítimo" porque está contemplado en leyes y acuerdos en vigor, firmados por el mismo Gobierno regional que ahora los pone en duda. Y resaltaron que hay otros problemas más importantes, como la negociación del convenio colectivo de la función pública, prorrogado desde 2007.Frente al consejero Granados y los secretarios generales técnicos de las Consejerías afectadas se sentaron en la mesa los 15 representantes de los sindicatos con presencia en la mesa de la función pública: CC OO, UGT y CSIT-UP. Todos los sindicatos insistieron en la "legitimidad" del número de delegados y liberados y subrayaron que hay temas "más importantes" que tratar, como la negociación colectiva que, denuncian, lleva parada desde 2007.

"Esta es la primera vez que convocan la mesa general desde hace tres años y resulta que es para hablar de liberados", dijo Fernándo Sánchez (UGT). Juan Antonio Olmos (CC OO) criticó que el Ejecutivo ha presentado de "manera mezquina" su anuncio de recortar liberados sindicales y negó las cifras que baraja la Comunidad: "Tienen datos que en absoluto son ciertos". Su intención es "contrastarlos" dentro de una discusión mucho más amplia: "Hay que hablar de muchas cosas: ofertas de empleo público que no se han desarrollado, condiciones de trabajo, salud laboral, conciliación, formación...", reclamó Olmos. Sánchez, señaló "la confusión terminológica y conceptual" en el debate de los liberados y afirmó que existe un "afán de politizar" la cuestión.

Gobierno y sindicatos se han dado dos semanas de plazo en las que han previsto cotejar datos. Tras la huelga general del 29 de septiembre, volverán a reunirse. Habrá negociación, sí, pero con la fecha tope del 1 de enero que, para los sindicatos, "supone una cierta medida de presión", según señaló José Montero (CSIT- UP).

La confusión con las cifras -Granados prometió un desglose que luego no ofreció y los sindicatos tampoco dieron datos concretos- proviene de que, en las leyes y acuerdos, se recogen las horas de representación, porque no todos los delegados sindicales están liberados al completo de su tarea habitual . Esas horas, según las estimaciones del Gobierno regional, equivalen a 3.500 trabajadores a tiempo completo, de los que se quieren suprimir 1.930 con un ahorro de 73 millones, que es lo que aseguran que les cuestan las sustituciones de esos empleados.

El encuentro se centró en una guerra de cifras: ¿cuántos liberados hay? ¿cómo se cuantifican? La Comunidad mantiene desde el primer día que son 3.500. "El Gobierno tiene identificadas a esas personas con nombres y apellidos", según Granados, que no ofreció la lista a los sindicatos, amparándose en la Ley de Protección de Datos. Los sindicatos no dieron números durante la rueda de prensa posterior al encuentro. Según fuentes de UGT, la región cuenta con 1.815 delegados sindicales en comités de empresa y juntas de personal (2.078 si se incluyen las Universidades). Pero no es lo mismo un delegado que un liberado. Los delegados pueden ceder sus horas sindicales y agruparlas con la de otros para liberar a uno de los representantes elegidos por los trabajadores, también de la misma organización. Si entre todas las horas cedidas se cubre el horario laboral que por contrato tiene el delegado escogido para representar al resto (la ley establece 128 horas mensuales) se dice que se le libera de realizar las funciones de su puesto de trabajo para defender los derechos de sus compañeros de empresa. Estos liberados tienen derecho a que se les guarde la plaza.

Aguirre quiere meter la tijera a las horas mensuales que cada delegado dedica a su función representativa -un derecho recogido en una ley orgánica-. El máximo vigente en la actualidad es de 75 horas mensuales, una cifra a la que se ha llegado tras diferentes pactos regionales que mejoran las 40 horas mínimas que contempla el Estatuto Básico del Empleado Público. Como los acuerdos están en vigor, y para cambiarlos debería pasar por la mesa de negociación, la solución es acogerse al artículo 38 del Estatuto, el mismo que permitió al Gobierno central bajar el sueldo de sus funcionarios. Si la situación económica ha cambiado, los acuerdos quedan en suspenso, sostiene el Gobierno regional.

(www.elpais.com, 18/09/10)

23. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE CREE QUE LAS DEPORTACIONES DE GITANOS RUMANOS EN FRANCIA "ES UNA LEY QUE HAY QUE CUMPLIR"

Tres años después de su apertura, la presidenta regional ha visitado hoy por primera vez el colegio Henry Dunant (Latina), un centro especial gestionado por Cruz Roja y financiado por la Comunidad (470.000 euros anuales), donde asisten los gitanos rumanos menores que habitan en el poblado de El Gallinero (Villa de Vallecas). Aguirre, acompañada de la consejera de Educación, Lucía Figar, se ha paseado por el centro y ha charlado con profesores y alumnos. Allí ha podido comprobar de primera mano las carencias educativas que sufren estos menores (entre tres y 14 años) y ha felicitado a los gestores del centro por su "buena labor", no obstante, renunció a dar su opinión a los periodistas acerca de las políticas excluyentes que se siguen o se sugieren en España o en el extranjero con la comunidad romà. "Las leyes de los países hay que cumplirlas.

De todos modos, la competencia en relación a los asentamientos ilegales es estatal, no de la Comunidad", se limitó a opinar, ya en los pasillos, acerca de la actuación del gobierno francés con la comunidad gitana rumana en ese estado.

El centro Henry Dunant fue creado en noviembre del 2008 con el fin de escolarizar a los alrededor de 100 menores de El Gallinero que no estaban empadronados ni habían solicitado plaza escolar. Nació con la misión es proporcionarles "un entorno adecuado durante un tiempo para que aprendan convivir en sociedad, adaptarse a rutinas, adquirir habilidades sociales, aprender el idioma, y así que puedan adaptarse a centros escolares ordinarios. Y que esta integración tenga éxito", ha explicado esta mañana la directora del Henry Dunant, Maite Alzola. "Ahora podemos decir que estamos satisfechos del trabajo", añadía Jesús Mora, Presidente de Cruz Roja Española Madrid.

Durante los dos primeros años de funcionamiento del centro, se ha conseguido que un total de 46 niños se matriculasen en colegios e institutos ordinarios públicos o concertados (22 del curso 2008/2009 y 25 del curso 2009/2010). Un éxito sin precedentes en el trabajo con esta comunidad, pero que aún queda muy lejos de lograr el objetivo con el total de estos menores. El curso anterior se atendió a un total de 98 niños en el Henry Dunant y este año están matriculados 57, según la directora del centro, una cifra que la consejería de Educación eleva hasta los 76 en una nota de prensa.

La misión educativa con estos estudiantes, que comienza cada mañana desde que un autobús les va a recoger al Gallinero, a menudo se antoja difícil para el equipo de profesionales de Cruz Roja (maestros y personal no docente), debido al "gran absentismo escolar, la poca implicación de las familias o las condiciones de vida en las que viven estos menores", desglosa Alzola. Hoy, por ejemplo, tan sólo asistieron 32 alumnos, poco más de la mitad. Una cifra que, entre otros motivos, el centro atribuye a contratiempos que tienen que sufrir los niños, como la redada que la pasada madrugada la Policía Nacional llevó a cabo en el poblado donde habitan. "Estos son episodios que merman su descanso y tranquilidad", opina una maestra del centro.

"El entorno donde viven es muy hostil. Por eso les cuesta adaptarse. Necesitan aprender normas de convivencia, asimilar conocimientos básicos y adaptarse a otro tipo de vida. Hay que darse cuenta de que son chicos que no han ido nunca al colegio, o que no saben usar un grifo porque en su casa, simplemente, no lo hay", cuenta Alzola. "El problema ni siquiera es la vida nómada de las familias. Un crío puede estar escolarizado en muchas partes y seguir formándose. El problema es que sus familias se conciencien de que sus hijos tienen que estar escolarizados", añade.

Durante la visita, los 32 niños de El Gallinero trabajaban y jugaban en grupo. "Algunos no se conocen, pero aquí aprenden a convivir", asegura Cristina Gallardo, profesora del centro. Ellos son la punta del iceberg de un problema que suscita todo tipo de controversias políticas y sociales acerca de la situación de su comunidad. Pero de eso no son conscientes. "¿A que tu sabes quién soy yo?", preguntaba Aguirre a una pequeña llamada Mirella que iba a jugar al patio. "Pues no", se sinceró la niña. Y después, se fue a jugar.

(www.elpais.com, 23/09/10)

24. COMUNIDAD DE MADRID. BOTELLA CULPA A LOS MENDIGOS DE LA SUCIEDAD DEL CENTRO DE MADRID

A Ana Botella, la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, le preguntaron este martes en la comisión del ramo por qué muchas de las calles del centro de Madrid, especialmente las más interiores y las menos turísticas, acumulan tanta suciedad y malos olores. La respuesta de Botella sorprendió a más de uno: la culpa es de la estrechez de las calles, de los 'graffiti' y de los mendigos. Botella señaló los "60 puntos, donde pernoctan más de 200 personas" en la calle como una "dificultad añadida" para mantener la limpieza del distrito Centro, que se unen a las acciones de los graffiteros, y su "revaloración artística" de la ciudad, y al especial entramado urbano de la zona, con vías estrechas y de gran intensidad circulatoria.

Así contestó la mujer de Aznar a la portavoz de IU de Medio Ambiente, Raquel López, que aportó una serie de fotografías como prueba de sus acusaciones. Entre ellas mencionó Navas de Tolosa, Pez, Luna, Leganitos, Isabel la Católica...

Sin embargo, Botella insistió en que el número de quejas ciudadanas recibidas a través de Internet y del 010 en el mes de agosto no conlleva una "opinión especialmente negativa" al caer un 22,5% en comparación con el mismo mes de 2009 pasando de 413 a 320 quejas. Añadido que el Ayuntamiento acomete un "esfuerzo especial" para ser "más eficientes en el uso de los recursos y en la atención de las necesidades".

Junto a la tipología de la calles, el alto número de sin hogar y los graffiteros, Botella sumó dentro de las especiales características del corazón de la ciudad la mayor presencia del turismo, el alto número de eventos celebrados en la vía pública y la fuerte implantación del ocio nocturno, sin olvidar "el consumo de alcohol en la calle".

IU tachó de "surrealista" que Ana Botella justificara el diferente trato de las calles de este distrito por la presencia de personas sin hogar y "por el botellón que niega que exista el concejal de Seguridad". Además la concejala de IU  abogó por contar con más medios ya que "no parece lógico que, con 3.000 locales de ocio, Madrid ocupe el puesto decimoquinto en el ranking de los contenedores de vidrio". López insistió en la falta de limpieza, de contenedores, especialmente de envases, las distancias entre ellos y el problema de olores de determinadas zonas para, a renglón seguido, dudar de la disminución de las quejas ciudadanas.

Botella respondió que la reorganización del servicio se hace siguiendo las indicaciones de los concejales de distrito y que en Madrid no hace falta más contenedores. "No tenemos intención de poner uno más, no podemos aspirar a ser un contenedor y nada más", aseguró antes de comentar que, a veces, se reorganiza su distribución en función de las peticiones vecinales.

En su ristra de excusas, Botella incluyó otra: "No son iguales los pavimentos, que unos son más fáciles de limpiar que otros" para pasar a recordar que Madrid es la única ciudad europea con servicio de recogida de basuras diaria. En su opinión, lo que hay que hacer es "cambiar los hábitos" de la ciudadanía.

(www.publico.es, 21/09/10)

25. COMUNIDAD DE MADRID. LA FISCALÍA CONSIDERA "EXCESIVO" QUE BOADILLA PAGUE 5,9 MILLONES A CORREA

La Fiscalía Anticorrupción considera que los 5,9 millones de euros que se ha comprometido a pagar la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) a la sociedad Artas Consultores, una de las empresas implicadas en la trama Gürtel, es una cantidad "excesiva". Por eso, se oponen al acuerdo suscrito entre el representante legal de la firma, el imputado Ramón Blanco Balín, en virtud del cual el Consistorio asumía la hipoteca de esta sociedad, cuyos propietarios renunciarían al uso y explotación de 33 locales comerciales y 138 plazas de garaje situados en el Residencial Siglo XXI. Estas superficies fueron adjudicadas por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda a Rústicas MBS, SL, de Ramón Blanco Balín, en 2005, y posteriormente cedidas a la sociedad Artas Consultores, del mismo empresario. El sumario Gürtel pone de manifiesto que en realidad el auténtico propietario de ambas firmas es el cerebro de la trama, Francisco Correa, por lo que está intervenida judicialmente.

En un informe dirigido al magistrado instructor del caso, Antonio Pedreira, que es quien deberá tomar una decisión definitiva, el fiscal justifica su oposición al acuerdo: "La suscripción del contrato inicial podría constituir una infracción penal de lo que derivaría inexorablemente su declaración de nulidad". Y en el caso de declararse nula esa operación acordada en 2005, según el ministerio público, serviría de base a una "extinción unilateral" por parte de la empresa municipal del suelo "con un menor coste" para Boadilla.

Anticorrupción considera, además, que el acuerdo es perjudicial para Boadilla porque el contrato de resolución de la adjudicación goza de una garantía de dos millones de euros ajena a los inmuebles gravados por la hipoteca que se hiciera efectiva en caso de impago. Asimismo, el fiscal explica que, hasta el momento, todos los plazos se están abonando con los fondos embargados a la mercantil Artas Consultoría, los cuales se incrementan con los ingresos percibidos mensualmente en concepto de alquiler. Entre otras instituciones, la Policía Local de Boadilla y la Empresa Municipal del Suelo pagan un alquiler mensual.

Esta operación ha sido rechazada por la interventora municipal del Ayuntamiento, quien en un informe anunció su "disconformidad". El trato también fue criticado por los grupos de la oposición (PSOE y Alternativa por Boadilla), ya que la hasta hace unos meses edil Rosalía de Padura (la mujer del que fuera accionista de Artas, Tomás Martín Morales) participó en la votación celebrada en la comisión municipal de Hacienda en la que el PP dio el visto bueno a la operación.

Por otra parte, el PSM, como acusación popular del caso Gürtel, ha pedido al juez que llame a declarar al alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), en calidad de imputado. Los socialistas quieren que explique su participación en las adjudicaciones del Consistorio que están siendo investigadas por Pedreira, y por las que la policía ha pedido su detención.

(www.elpais.com, 21/09/10)

26. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS REPITE QUE SERÁ EL CANDIDATO A LA GENERALITAT TRAS COMER CON RAJOY

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se mostró seguro sobre su futuro político ante los medios de comunicación que se congregaron a las puertas de la sede nacional PP donde Mariano Rajoy había citado a sus barones para hablar sobre economía. La cita había despertado un gran interés porque implicaba reunir bajo un mismo techo a Rajoy con Camps, una imagen cada vez más difícil de captar por los problemas judiciales del presidente valenciano imputado por un presunto delito de cohecho impropio. Al término de la reunión, un almuerzo que se prolongó por espacio de unas dos horas, Camps respondió, a preguntas de los periodistas, que será el candidato de la Generalitat en 2011 y que cuenta con el respaldo del líder nacional de su partido. El encuentro con las decenas de periodistas que se agolpaban en la calle Génova de Madrid se produjo en las puertas de la sede, por donde Camps salió a pie acompañado por su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel. El presidente llegó en coche con un cuarto de hora de antelación y entró por el garaje, como hicieron otros mandatarios.

Cuestionado sobre si repetirá como candidato, Camps respondió con un lacónico sí. La primera pregunta dio pie a otras en las que se le inquirió sobre si contaba con el respaldo de Rajoy dada su condición de imputado en el caso Gürtel. "Hemos venido a hablar de, entre otras cosas, el paro y hemos hablado, ya que está aquí el presidente de Murcia, de cuestiones importantes como el agua en Murcia y en la Comunitat Valenciana, pero en cualquier caso, la respuesta es sí", afirmó el jefe del Consell. Acto seguido se centró en el contenido del encuentro con Rajoy y otros dirigentes populares y reiteró el compromiso de su Ejecutivo de "continuar en el nivel de excelencia de las prestaciones de servicios sociales".

Aunque Camps no pudo evitar que su implicación en la causa de los trajes siguiera siendo el foco de interés, al menos regresó a Valencia con algún que otro gesto de Rajoy que no tuvo la última vez que coincidieron. Cabe recordar que el encuentro de hace unas semanas en Santiago de Compostela sólo arrojó imágenes de una fría relación entre ambos. Aunque desde hace meses las declaraciones de apoyo a Camps por parte de los dirigentes de Génova -incluido el propio Rajoy- se han sucedido, el líder nacional ha evitado darle cariño en público.

Sin embargo, , el PP, sabedor de que la fotografía de grupo y las imágenes que se permiten captar a los reporteros gráficos antes de las reuniones iban a ser miradas con lupa, decidió situar a Camps en un lugar estratégico en la primera fila, separado de Rajoy tan solo por la número dos del PP, Maria Dolores de Cospedal. A Camps se le vio conversar en una ambiente relajado con la secretaria general cuya relación ha estado marcada por la tirantez desde el primer momento. También intercambió impresiones con Rajoy, aunque según las fuentes consultadas, no hubo ninguna conversación trascendente sobre su futuro político.

(www.levante-emv.com, 23/09/10)

27. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP DE CAMPS ACUMULA MÁS DE 25 IMPUTADOS

El caso Brugal , una trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en Alicante, ha terminado por convertir al PP de la Comunidad Valenciana en una formación dirigida por políticos imputados. A fecha de hoy, los populares valencianos tienen más de 25 cargos públicos imputados, con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los presidentes provinciales de Castellón, Carlos Fabra, y Alicante, José Joaquín Ripoll , a la cabeza.

Esta cifra incluye diputados, alcaldes y cargos de la Administración local y autonómica del PP en activo, a los que, previsiblemente, se unirá alguno más a medida que avancen las investigaciones judiciales en curso. La gran mayoría de ellos están imputados por su vinculación a casos de corrupción, aunque la cifra también incluye algún imputado por delitos de otra naturaleza.

El caso Fabra, el caso Gürtel y el caso Brugal son los tres mojones que condicionan la actividad institucional del PP del norte al sur de la Comunidad Valenciana, pese a gobernar con amplias mayorías absolutas en la Generalitat, las tres diputaciones provinciales y las principales ciudades, incluidas las capitales.

Sin embargo, la sucesión de los escándalos que afectan al PP valenciano ha sido de tal magnitud en los últimos meses que ha hundido la moral de un partido que ha llegado a proyectar la película Invictus a sus diputados para insuflarles nuevos ánimos. El presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, José Joaquín Ripoll, ha sido el último de los altos cargos imputados. El juez que investiga el caso Brugal considera que hay indicios de que puede haber cometido los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios.

Junto a él, la secretaria provincial y alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, otros dos alcaldes de pequeños municipios, seis concejales y varios ex concejales completan el paquete de cargos populares imputados. En esta investigación también está imputado Antonio Amorós, suspendido de militancia por el PSOE y apartado de sus competencias en la Corporación.

La imputación de la cúpula de Alicante ha tenido, además, otra consecuencia: ha hecho caer en el olvido las apelaciones de Ripoll al código ético del partido para afrontar el deterioro de imagen de los populares valencianos a raíz del caso Gürtel. Es más, el presidente de la Diputación de Alicante, enfrentado hasta su imputación a Francisco Camps, se guarece ahora bajo el mismo paraguas argumental que el resto de imputados del PP valenciano.

"Defendemos la presunción de inocencia. Los únicos capacitados para juzgar son los jueces. Ni los informes policiales, ni los políticos, ni los medios de comunicación", afirma la portavoz del Gobierno valenciano y directora de la campaña electoral del PP regional, Paula Sánchez de León, que añade: "Mientras no haya sentencia firme actuaremos con respeto a estos principios". Un argumento esgrimido sistemáticamente por la Generalitat y el PP regional, que se ha convertido en un mantra desde la imputación del presidente valenciano por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio -por recibir trajes regalados por la trama corrupta del caso Gürtel-.

Junto a Camps están imputados en la misma causa quien fue su mano derecha, el ex secretario regional y diputado autonómico Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.

A Costa, que hasta la fecha ha sido la única víctima política del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, le fue levantada la suspensión de militancia en el PP el pasado día 3. Y todo apunta a que el presidente del partido, Mariano Rajoy, no impedirá que los populares valencianos incluyan imputados en las listas electorales, a diferencia de lo decidido en Baleares. Aliviado por los buenos sondeos demoscópicos que mantiene el PP en la Comunidad Valenciana, Rajoy prefiere obviar los escándalos, aunque desde hace un año ha evitado coincidir con Camps, más allá de lo estrictamente imprescindible.

La situación de los populares valencianos corre el riesgo de agravarse con nuevos imputados si, finalmente, el juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consigue que el TSJ de Valencia se haga cargo de la investigación que afecta a otros aforados valencianos y que está relacionada con la supuesta financiación ilegal del PP. En su auto aparecen mencionados, entre otros, el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, y el vicesecretario de Organización del PP, David Serra.

La situación en Castellón no es mucho mejor. El presidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra, está a las puertas de sentarse en el banquillo. Para Fabra -cuya influencia política en la Comunidad Valenciana convirtió el código ético del PP en papel mojado- las acusaciones piden hasta 20 años de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y cinco delitos fiscales. La posición de su entorno también es mala. El vicepresidente segundo, Vicent Aparici, se sentará en el banquillo el 23 de noviembre por un delito de vertidos tóxicos y prevaricación ambiental por el que la fiscalía pide siete años de cárcel, y dos alcaldes de la provincia están pendientes también de la justicia.

(www.elpais.com, 19/09/10)

28. COMUNIDAD VALENCIANA. POPULARES EMPLAZADOS POR LA JUSTICIA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

- ALICANTE

El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; los alcaldes Mónica Lorente (Orihuela), Antonio Lorenzo (Algorfa), Javier Pérez Trigueros (Callosa del Segura), José Arronis (Rafal), José Manuel Gálvez (Jacarilla), Pedro Ángel Hernández Mateo (Torrevieja) y Ana Kringe (Dénia); los concejales Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez (Orihuela), Francisco Lancharro (Pilar de la Horadada) Aurelio Murcia (Bigastro), Juan José Moragues (Xàbia), Juan Cano (Polop), Juan Roselló (Calp) y Andrés Llorens (Alicante) y Javier Bru (Albatera)

- CASTELLÓN

El presidente de la Diputación, Carlos Fabra; el vicepresidente de la Diputación Vicent Aparici y los alcaldes de Alcalà, Francisco Juan Mas, y de Borriol, Adelino Santamaria.

- VALENCIA

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el diputado, Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret por Gürtel. Y, por otro caso distinto, el edil Jorge Bellver (Valencia).

(www.elpais.com, 19/09/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. FLORS CITA A DECLARAR AL DUEÑO DE FOREVER YOUNG, QUE EXCULPÓ A CAMPS EN LA CAUSA DE LOS TRAJES

El propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa, declarará finalmente ante el juez José Flors que instruye la causa contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por un presunto delito de cohecho impropio al haber aceptado regalos en forma de trajes de las empresas de la trama Gürtel. La declaración de Hinojosa, dueño de unas de las tiendas donde el jefe del Consell encargó prendas a medida, fue solicitada hace más de un año por la Fiscalía, pero fue desestimada por el juez instructor.
, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, aceptó el recurso de la fiscalía dando vía libre a una declaración que, en principio, favorece al jefe del Consell. Cabe recordar que Hinojosa avaló en su día la versión del presidente de que se pagó sus trajes, si bien su nombre también estuvo envuelto en la polémica al trascender una reunión con el responsable del Justicia del PP, Federico Trillo, en la que supuestamente se preparó la defensa del presidente.

Cabe recordar que el dueño de Forever Young denunció en su día al sastre José Tomás por presuntamente emitir facturas falsas y adeudar más de 500.000 euros. El testimonio de José Tomás, que ejerció de modisto del presidente en la tienda de Hinojosa, fue crucial en la causa de los trajes, ya que afirmó que las prendas encargadas por Camps fueron pagadas por los cabecillas de la trama corrupta de Correa.
El sastre, también imputado en el caso Gürtel, fue despedido por Hinojosa en febrero de 2009 después de que prestara declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Hinojosa perdió recientemente el pleito que Tomás le planteó por despido improcedente, pero las denuncias por falsificación presentadas por vía penal están todavía pendientes.

Con todo, precisamente trascendió que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en Madrid, el sobreseimiento provisional de la causa respecto a diez imputados, entre José Tomás García, al concluir que "no consta el conocimiento por parte del sastre de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados, así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban".

Según defienden las fiscales del caso existe una "duda importante" respecto al delito de falsedad documental que se le imputó en relación con sus trabajos en las tiendas de Milano y Forever Young. El escrito recoge que "las diversas declaraciones prestadas confirman, así, la conclusión en igual sentido aunque con distinta consecuencia jurídica, alcanzada por la sentencia 13 de julio de 2009 del Juzgado de lo Social no 8 de Madrid", en alusión al fallo que dio le dio la razón en el despido improcedente. Añade la Fiscalía que "la fundamentación jurídica de esta sentencia incide en que la labor de facturación derivada de la actuación comercial de los establecimiento en los que José Tomás prestaba servicios no le estaba a él encomendada".

Cabe apuntar que pese a estar imputado el sastre declaró ante Flors en calidad de testigo, una circunstancia anómala que recientemente fue puesta de relieve por la defensa del presidente.

La resolución de la sala del TSJ-CV -hecha pública a través de un comunicado de prensa- incluye también la confirmación del rechazo del resto de diligencias solicitadas en julio de 2009, es decir, antes de que el caso fuera archivado. La testifical de Hinojosa -que también reclamó la acusación popular- es la única que los magistrados han considerado "pertinente". Será, además, la primera vez que el empresario declare ante un juzgado. "La sala -prosigue el comunicado- mantiene- la tesis del magistrado instructora para denegar el resto de diligencias, consistentes en la ampliación de la imputación a otras tres personas y varias testificales". Añade que esta resolución, contra la que no cabe recurso, contiene un voto particular de un magistrado ponente que defendía que se aceptara otra prueba solicitada por la fiscalía consistente en una pericial caligráfica.

(www.levante-emv.com, 22/09/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. LA MAFIA QUE CONTROLABA VOTOS, VOLUNTADES Y TONELADAS DE BASURA

En vísperas de la Navidad de 2007, dos personajes pasean por el puerto de Alicante. Son Enrique Ortiz, dueño de un imperio inmobiliario en Alicante y máximo accionista del Hércules, y Rafael Gregori, empresario de la automoción y ex presidente de la fundación del club alicantino. Hablan de repartir entre el propio Ortiz y Ángel Fenoll (que gestionaba la concesión a dedo del servicio de la basura) una contrata que todavía no se ha adjudicado. La policía, que les sigue los pasos, graba a Gregori cuando comenta el encuentro con Fenoll, cuyos intereses representa: "Le he visto en buena línea... Yo creo que eso es fácil, lo podemos arreglar".

Con acceso directo al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, Gregori hace de intermediario en una trama cuya investigación comenzó la primavera de 2006 porque Fenoll dejó entonces sobre la mesa del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, una bomba de relojería en forma de DVD con un supuesto soborno por la contrata de la basura de la ciudad de Orihuela. Fenoll pretendía reventar la concesión del concurso a otro adjudicatario, pero aquel DVD puso al fiscal y a la policía a revolver en los desechos de la comarca de la Vega Baja y, sobre todo, a seguir los pasos del propio Fenoll. Cuatro años después, la investigación ha dejado a la intemperie una trama político-empresarial que salpica al presidente de la Diputación de Alicante y a otros cargos del PP, e incluso al portavoz socialista en la institución provincial, expulsado de su partido hace unos días.

En la investigación han aflorado sobornos y pagos de favores (pisos, viajes de recreo a bordo de lujosos yates y entrega directa de dinero en sobres). Fenoll, verdadero corruptor de la Vega Baja y cosechador de votos para el PP desde que Luis Fernando Cartagena alcanzara la alcaldía con una moción de censura a finales de los años ochenta, pretendía quedarse con la contrata del Ayuntamiento de Orihuela (valorada en 190 millones de euros) y con la del plan zonal de La Vega Baja (valorada en 360 millones a lo largo de 20 años). Condenado en su día por comprar votos para el PP y por ayudar a Cartagena a falsificar una coartada cuando fue condenado y tuvo que dejar la política, Fenoll se movía en las entretelas del PP alicantino. Ortiz, a su vez, lo hacía en las del PP regional (es uno de los implicados en la supuesta financiación del partido de Francisco Camps en el caso Gürtel).

Fenoll gestiona la concesión a dedo del servicio de la basura en la playa de Orihuela y media docena de contratas menores, en este caso mediante concurso, en otros tantos municipios de La Vega Baja. El trabajo de la costa oriolana se lo adjudicó Cartagena cuando era alcalde, con el beneplácito del protector de Fenoll, Manuel Lorente, padre de Mónica Lorente, la actual alcaldesa de Orihuela, también imputada en el caso Brugal.

Pero el industrial, que de pequeño empujaba el carro de recogida de su padre, quería más. Quería ser el rey de la basura en toda la comarca. Comprar voluntades de políticos y técnicos llevó a que el 30 de mayo de 2007 fuera detenido con cinco miembros de su equipo por extorsión y cohecho. Era la primera fase de la Operación Brugal. Fenoll estuvo un mes en la cárcel y salió con una fianza de 100.000 euros. La investigación se incautó de centenares de grabaciones que destaparon su vocación extorsionadora. El industrial grababa las entregas de dinero a cargos del PP.

Tras el arresto y con el respaldo de su hijo Antonio Ángel, y el gerente del grupo, el edil del PP de Orihuela Javier Bru desplegó sus peones a dos bandas. Para la contrata de Orihuela, se aseguró el apoyo de tres concejales del PP de esa corporación (Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez) y el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente. Los tres le asesoraron para comprar dos empresas tapadera "sanas" al tiempo que confeccionaban un pliego de condiciones a la medida de su oferta, en unión con la mercantil Sufi, que lograría el contrato el 28 de octubre de 2008.

Por otra parte, aunque la intención del presidente de la Diputación, Ripoll, era otorgársela a él, la contrata de la planta de basura del plan zonal de la Vega Baja cambió de rumbo a causa de su arresto y de la postura de la Generalitat, que prefería a Ortiz. Gregori, amigo personal de Ripoll y socio de Fenoll desde 2007, fue el encargado de la negociación. El plan era que el grupo ganador hiciera la planta en la finca La Pistola (en la pedanía oriolana de Torremendo) propiedad de Fenoll. Para ello se cambiaría la ubicación inicialmente propuesta.

Gregori desplegó una frenética labor de intermediación entre Ortiz y Fenoll en vísperas de la adjudicación. El contrato se otorgó el 3 de enero de 2008 como estaba previsto a una UTE integrada por Cespa y la empresa de Enrique Ortiz. Sin embargo, aún no había un pacto definitivo entre Ortiz y Fenoll y las presiones del entorno de Ripoll para cerrar el acuerdo eran constantes. El líder del PP tenía que tener contento a Fenoll, porque lo necesitaba para reflotar las precarias finanzas de dos televisiones locales controladas por los populares. La policía sostiene que el presidente de la Diputación recibió dos pisos o su equivalente en dinero, entre 800.000 y un millón de euros. Los corruptos financiarían la millonaria dádiva con el sobreprecio de la finca La Pistola y el aumento del canon a los usuarios de la futura planta comarcal de basura de la Vega Baja.

Tanta negociación estrechó lazos de amistad y Ripoll, Ortiz y Gregori coincidieron en una fiesta en la Feria de Sevilla y dos viajes (veranos de 2008 y 2009) a las Baleares a bordo del lujoso yate Elena, propiedad de Ortiz. Fenoll, que monopoliza el negocio de la basura en la Vega Baja, merced a un vertedero ilegal, estratégicamente ubicado en el límite entre las provincias de Alicante y Murcia, prefirió quedarse en Orihuela y seguir a lo suyo: repartir sobres.

(www.elpais.com, 19/09/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. EL PP ALICANTINO TIENE ALCALDÍAS GRACIAS A EDILES DE OTRO PARTIDO

El Partido Popular ha conseguido en Alicante tres alcaldías con mociones de censura apoyadas en concejales provenientes de otros partidos. En Dénia y La Vila Joiosa, las dos capitales de las comarcas alicantinas de la Marina Alta y Baixa, respectivamente, los dos actuales alcaldes del Partido Popular también fueron declarados tránsfugas.

La alcaldesa de Dénia, Ana Kringe, llegó al poder gracias a un concejal del PSOE y pasó a formar parte de la dirección regional del PP. Jaime Lloret, el alcalde de La Vila, fue elegido presidente local de su partido tras haber llegado al cargo con el voto de un ex concejal de Iniciativa Independiente y su declaración como tránsfuga.

Más llamativa fue la moción de censura de La Vall de Laguar, un municipio del interior de Alicante, con una población de 1.000 habitantes. El PP se alió con Josep Manuel Barber Mengual, concejal electo en las filas de Esquerra Republicana del País Valencià, la filial valenciana de ERC, para desalojar de la alcaldía al PSOE.

(www.elpais.com, 22/09/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. PRESUNTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP EN CINCO MUNICIPIOS DE ALICANTE

Ángel Fenoll, el empresario que encabeza el listado de imputados en el caso Brugal, no sólo financió presuntamente al PP en Orihuela , sino, además, en otros cinco municipios de Alicante, desde el año 2003, según el segundo informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales incluido en la instrucción de este proceso judicial.

El informe, al que ha tenido acceso la Ser, evidencia vinculación de Ángel Fenoll con los alcaldes de los municipios alicantinos de Algorfa, Rafal y Jacarilla, donde gobierna el Partido Popular. Entre 6.000 y 9.000 euros recibieron supuestamente los populares en esas tres localidades pocos días antes de la campaña electoral municipal de 2007. El empresario de los servicios de recogida de basura también entregó, presuntamente, 6.000 euros a los portavoces del PP, ambos en la oposición, en las localidades de Bigastro y Pilar de la Horadada.

Todos esos municipios forman parte del plan zonal de residuos de La Vega Baja, una parte del sumario del caso Brugal, en el que está imputado el presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll. La contrata de la basura del plan zonal de la Vega, por un valor de 250 millones de euros, fue adjudicada al empresario Enrique Ortiz, amigo de Ripoll, de quien habría recibido como contraprestación, según la investigación, dos lujosos pisos, valorados entre 800.000 y un millón de euros. El informe apunta, aunque no de manera taxativa, que la financiación de ambas casas podría proceder de la operación de compra de una finca  a Ángel Fenoll por partede Ortiz para ubicar la planta de residuos.

El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales pone de manifiesto, además, cómo en la vivienda del empresario Ángel Fenoll la policía encontró un gran número de sobres preparados con dinero de los que el industrial no pudo aportar respuesta convincente sobre su origen o destino. Los agentes piensan que esos sobres iban destinadas a financiar campañas del PP o a asegurarse la continuidad de sus contratas de recogidas de basuras.

El informe también menciona a Ricardo Costa, el ex secretario del PP en la Comunidad Valenciana. Fenoll estaba muy interesado en la lista de la candidatura del PP en Orihuela, el municipio donde el empresario consiguió el contrato de la recogida de residuos sólidos, tras las elecciones municipales de 2007.

Los orígenes del caso Brugal están en las elecciones municipales de Orihuela de 2007, que llevaron a la Alcaldía de Orihuela a Mónica Lorente, una apuesta de Ripoll (en la foto, Lorente junto a Ripoll). Una llegada al poder del PP que permitió que el empresario Ángel Fenoll, principal imputado en esta trama de corrupción, consiguiera la adjudicación de la contrata de la basura en ese municipio. La gestión de la basura en Orihuela constituye la otra parte de este caso, junto con la contrata de la Vega Baja.

(www.elplural.com, 18/09/10)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA SE DECLARA INOCENTE PERO NO ACREDITA ANTE EL JUEZ EL ORIGEN DE CASI UN MILLÓN DE EUROS

Siete años después de que estallara el escándalo político, el presidente de la diputación, Carlos Fabra, volvió a pisar los juzgados de Nules. Y una vez más lo hizo entre abucheos y aplausos.

A las once menos cuarto, Fabra salía del coche oficial. Quince simpatizantes de Esquerra Unida calentaban el ambiente y desplegaban una pancarta contra la corrupción. Frente a ellos, sus partidarios. "Presidente, presidente", gritaba más de medio centenar de simpatizantes y cargos provinciales que arroparon a su líder, entre ellos algunos alcaldes. También estuvieron Javier Moliner, vicealcalde de Castelló; el presidente en funciones, Francisco Martínez; y el vicepresidente Vicente Aparici.

Antes de entrar a declarar ante el juez Jacobo Pin -ante quien no consiguió aclarar el origen de los 880.000 euros supuestamente evadidos al fisco- Fabra leyó un breve comunicado. Dijo que es que es "inocente" y que ha sido víctima de un complot del ex ministro Jordi Sevilla.

El líder provincial del PP insistió en que acudía ante el juez a petición propia. "No tengo nada que ocultar. Vengo a demostrar las mentiras que sobre mí ha vertido una persona que hoy cumple 10 años de condena por diversos delitos", explicó.

La persona que cumple 10 años de cárcel no es otra que su ex socio, el empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, hoy encarcelado por la violación de su ex mujer. Para Fabra, "la izquierda y sus terminales mediáticas" han dado "absoluta veracidad" al industrial que le acusó en los tribunales de cobrar comisiones millonarias a cambio de favores políticos. Además, lamentó que no se le haya concedido el derecho a la presunción de inocencia "como a cualquier ciudadano".

El presidente del PP provincial lanzó un mensaje a todos aquellos que desde el año 2003 -cuando estalló el caso Fabra- han pedido su dimisión. "No he dimitido porque soy inocente", explicó con rotundidad. Durante los escasos tres minutos que empleó en su discurso, lanzó un mensaje para el ex ministro socialista Jordi Sevilla: "Y por último quiero aprovechar estas palabras para señalar que el único compromiso que los socialistas han cumplido en esta provincia es el que en la campaña electoral de 2004 hizo el señor Sevilla, cuando anunció que si ganaban las elecciones mandaría a la Fiscalía Anticorrupción para investigarme, y vaya si la ha hecho".

Como si de un mitin político se tratara, el presidente de la diputación Fabra arremetió contra la oposición, a la que acusó de no haber cumplido sus compromisos con la provincia, "con el agua, el AVE, la N-340, la A-68, la AP-7, el aeropuerto, la regeneración de la costa o los accesos al puerto por ferrocarril".

Fabra rubricó su intervención mostrando su agradecimiento al donante que le cedió el hígado y a su familia. "A ellos les debo estar hoy aquí", dijo. Luego se escabulló entre la gente y entró a declarar ante el juez de Nules una vez más.

Según fuentes judiciales, Fabra trató de convencer al juez de que los cientos de movimientos bancarios detectados en su patrimonio entre 1999 y 2004 obedecen a traspasos entre sus cerca de 100 cuentas corrientes. Esta coartada no es creíble para el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, que no ha encontrado "motivo alguno" en la declaración del presidente de la diputación para modificar su acusación por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. Por tanto, Pastor sigue solicitando para Fabra 15 años de cárcel y diez de inhabilitación para ejercer cargo público.

Preguntado al respecto por los periodistas, el fiscal aseguró que no ha encontrado "elementos" para "cambiar nada" en su escrito de acusación y subrayó que el presidente del PP provincial se ha limitado a ejercer "su derecho a la defensa, y punto".

Según las fuentes judiciales, el presidente de la diputación contestó de forma "ambigua" a muchas de las cuestiones planteadas por el propio instructor y rechazó ofrecer información más precisa. Fabra ha atribuido a movimientos entre distintas cuentas los 3,6 millones que obtuvo en ingresos en sólo cinco años, pero respondió con "ambigüedades" cuando el juez le preguntó por operaciones concretas. Las preguntas se centraron "en los numerosos préstamos e ingresos no declarados", mientras que los asuntos relacionados con la acusación de cohecho y tráfico de influencias por una supuesta agilización de licencias de productos fitosanitarios de la empresa Naranjax quedaron "aparcados".

Según fuentes próximas a fiscalía, el juicio contra Carlos Fabra podría celebrarse la próxima primavera, aunque Pastor no se atrevió a dar plazos concretos .

(www.levante-emv.com, 24/09/10)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. ABRIÓ CASI CIEN CUENTAS PORQUE LAS NECESITABA

Fabra aseguró ante el juez que no está de acuerdo con el informe de Hacienda que detecta un agujero fiscal en su patrimonio de 880.000 euros. Según Fabra, era "normal" que alguien que manejaba grandes sumas librara cheques y moviera dinero de unas cuentas a otras, una explicación que a la Fiscalía le parece "absurda", ya que no explica el origen de tantos fondos.

Fabra llegó declaró ante el juez Pin que de las casi 100 cuentas corrientes en las que figuraba como titular, cotitular o persona autorizada, 20 de ellas eran "casi inoperativas porque no tenían movimientos bancarios". La explicación que da al juez para justificar este número de cuentas corrientes es que "eran necesarias para administrar su patrimonio".

Además, alegó que las tarjetas las utilizaba para pagar "sus gastos" y reveló que en el BBVA "sacó 30.000 euros con la tarjeta en el cajero para hacer un pago la semana pasada".

La justificación de que tenía un elevado tren de vida le sirve para acreditar por qué pidió 33 préstamos en cinco años por importe de 5 millones de euros. "El alto nivel de préstamos se debe a las variaciones patrimoniales cuando adquiríamos una casa, un apartamento o vendíamos inmuebles", asegura. Según Fabra, era él quien controlaba las cuentas de su mujer, ya que "ella no sabía nada". María Amparo Fernández "se dedicaba a su negocio de lavandería y luego montó una zapatería y el restaurante Marenostrum", aseguró. En general, el líder provincial del PP no ocultó que "tenía mucho dinero en efectivo debido a su forma de actuar" y que sacaba grandes cantidades de los bancos cuando le daban un préstamo. "Todo el dinero que manejaba venía de ventas de patrimonio", insistió. Sólo la compra de la parcela de Platgetes costó a la familia 60 millones de pesetas, confesó.

Respecto al préstamo supuestamente avalado por el empresario Antonio Bonet, ex presidente del CD Castellón, Fabra aseguró que se lo pagará "cuando pueda", y añadió que "no cree que hubiera otro avalista". A preguntas del fiscal reconoció que la familia tenía "un elevado nivel de gasto y por eso pedía préstamos". No guarda los recibos.

En ningún momento admitió que sus ingresos fueran injustificados: "No hay ingresos fraudulentos, todos vienen de mi trabajo, de las ventas y los préstamos que concedían los bancos", añade. Unas veces era él personalmente quien extraía el dinero de las entidades financieras, otras lo hacía gente de "su confianza, como el chófer". Cuando tenía que ingresar una suma importante mandaba al conductor con el dinero "en sobres", pero sin darle órdenes. "No me acuerdo de todos los ingresos desde el año 1999", dice. Finalmente, reconoció que compró un Jaguar a través de su asesoría.

(www.levante-emv.com, 24/09/10)

35. CASTILLA Y LEÓN. UNA CONSEJERA DEL PP CASTELLANO-LEONÉS, EN LA 'GÜRTEL'

Los últimos informes policiales en el caso Gürtel apuntan a otro cargo del PP castellano-leonés: la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, que, según la policía podría haber recibido 144.200 euros de la trama presuntamente liderada por Francisco Correa.

Es la primera vez que aparece relacionada con la causa, no como el otro cargo del PP de Castilla y León implicado, según los últimos informes policiales. Se trata del presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, cuyo nombre se barajaba desde hace meses, ya que familiarmente se le conoce como Toti, lo que podría corresponderse con las iniciales con las que se identificaba a uno de los beneficiarios por el principal imputado, Francisco Correa, en el pen drive intervenido al contable de la trama.

A la vista de los últimos indicios aparecidos en el procedimiento referidos a los dos aforados, la Fiscalía Anticorrupción solicitará al juez Antonio Pedreira que se inhiba a favor del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Al presidente de las Cortes se le relaciona con uno de los al menos tres contratos que aparecen en los últimos informes policiales. De uno de ellos ya se sospechaba desde que Baltasar Garzón se ocupaba de la instrucción: el que adjudicó la variante de Olleros de Alba (León) a Teconsa por 2,8 millones de euros. La comisión percibida por Correa habría ascendido a 73.655 euros, que este habría repartido entre dirigentes del PP, entre ellos, el propio Fernández, el ex senador y ex tesorero Luis Bárcenas y el ex diputado por Segovia Jesús Merino.

Las otras dos adjudicaciones se corresponden con un centro de tratamiento de residuos urbanos en Gomecello (Salamanca) y la construcción de la variante de Villanueva de Mena (Burgos), por la que Fernández habría recibido 54.000 euros. En ambos contratos la empresa adjudicataria fue Teconsa, aunque en el último también se vio beneficiada Sufi. Rafael Naranjo, ex presidente de esta última, declaró a principios de mes como imputado ante Pedreria.

Según confirmaron fuentes jurídicas, por el centro de residuos urbanos de los municipios salmantinos, Correa iba a recibir 600.000 euros, que se redujeron a 385.000. Entre los que presuntamente cobraron vuelven a aparecer Bárcenas, Merino y el ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote. La principal receptora habría sido la entonces consejera de Medio Ambiente, Silvia Clemente, con 144.200 euros.

La exposición razonada que, de hacer caso a fiscalía, elevará el juez deberá incluir, por tanto, tanto a Bárcenas como a Merino. Así lo solicitará Anticorrupción, después de que ambos renunciaran a sus escaños en las Cámaras y, por tanto, a su condición de aforado. Ambos tienen pendiente declarar ante Pedreira después de que el Tribunal Supremo le devolviera el caso.

(www.publico.es, 21/09/10)

36. CASTILLA Y LEÓN. EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' PIDE NUEVOS INFORMES SOBRE LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS EN LA REGIÓN

El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre varios informes policiales que apuntan a tres adjudicaciones a empresas implicadas en la trama corrupta que alcanzan al Gobierno de Castilla y León, según indicaron a fuentes jurídicas. Asimismo, las mismas fuentes señalaron que una de las adjudicaciones anteriormente señaladas se refiere a un centro de residuos en la ciudad de Salamanca, cuya construcción se adjudicó por 22 millones de euros a las empresas Sufi y Teconsa, implicadas en la trama corrupta. Otra de las adjudicaciones se relaciona con la adjudicación de la variante de Villanueva de Mena, en la provincia de Burgos.

El alcance de la trama a la Junta de Castilla y León ya estaba patente en el sumario. Así, consta un informe que indica que la constructora Teconsa, que ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba ( León) por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3% del contrato, descontando el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió supuestamente el botín entre dirigentes del Partido Popular, entre ellos el tesorero, Luis Bárcenas.

(www.nortedecastilla.es, 21/09/10)

37. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL MANTENDRÁ SU CARGO COMO SECRETARIA GENERAL AUNQUE GANE EN CASTILLA-LA MANCHA

El PP exige a otros lo que no practica. Hace algo más de un mes, cuando Trinidad Jiménez anunció su disposición para presentarse como candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, los populares le exigieron de inmediato que renunciara al ministerio de Sanidad, ya que, según alegaron, no sería capaz de combinar campaña electoral y cartera. Este sábado se ha sabido que la número dos de Mariano Rajoy mantendrá su puesto como secretaria general, incluso si gana en las autonómicas de Castilla-La Mancha.

De Cospedal, continuará en su cargo de secretaria general del PP hasta el próximo congreso nacional que celebre el partido, previsiblemente en 2012, incluso aunque se convierta en presidenta de Castilla-La Mancha, según han confirmado fuentes de la dirección del Partido Popular, que han hablado de un compromiso sellado entre Mariano Rajoy y su número dos, según Cadena Ser.

En caso de que María Dolores de Cospedal ganase en Castilla-La Mancha, la dirección del PP estudia crear la figura del coordinador en esa región, un cargo que tendría la función de cubrir las ausencias de Cospedal en su gestión como presidenta autonómica. El nombre de la persona que asumiría esa responsabilidad está todavía por determinar, pero sería un nombre acordado por Mariano Rajoy y su número dos.

Si  Cospedal mantiene su cargo como secretaria general a la par que la presidencia de Castilla-La Mancha sus ingresos económicos, que ya son altos, se verán incrementados notablemente. En mayo de este año cobraba 128.000 euros por su puesto en el PP y 78.940 euros como senadora regional, a lo que habría que añadir otros devengos en concepto de conferencias (1.176,47), indemnizaciones por su condición de abogada del Estado en excedencia (3.054,10 euros) y aportaciones a su plan de pensiones en el BBVA (4.364,78).

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha criticado hoy que para María Dolores de Cospedal, presidenta del PP de Castilla-La Mancha, "sólo cuenta su ambición" y "su interés personal", en alusión a que seguirá en la Secretaría General hasta después de las elecciones. Para Caballero "es evidente que poco o nada le interesa nuestra región" y pone como ejemplo que "sólo dedica un día a la semana a Castilla-La Mancha".

"Para ella, la región es algo secundario, por eso no vive y no trabaja aquí, no utiliza los servicios sanitarios, ni educativos de nuestra Comunidad", ha opinado, "en realidad Castilla-La Mancha sólo la utiliza como trampolín para conseguir sus objetivos personales".

(www.elplural.com, 19/09/10)

38. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL NO TIRA LA TOALLA EN CUANTO A LA UBICACIÓN DEL CEMENTERIO NUCLEAR EN CASTILLA LA MANCHA

María Dolores de Cospedal pasó de la oposición frontal a la instalación del ATC –almacén centralizado de residuos radiactivos- no se instalara en Castilla-La Mancha a apoyar esa posibilidad, aunque suele recurrir a la ambigüedad cuando aborda la cuestión. Después de que se conociera que los informes técnicos encargados por el Gobierno dejaban fuera de la carrera por alejar el almacén a las dos localidades castellano-manchegas (Yebra en Guadalajara y Villar de Cañas en Cuenca) Cospedal ha advertido de que la decisión "todavía no es firme".

El secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, declaró el pasado viernes que que "con toda seguridad" el Almacén Temporal de Residuos Radiactivos (ATC) no va a instalarse en Castilla-La Mancha. "Estoy en condiciones de anunciarles que, con toda seguridad, y así me lo ha comunicado el presidente Barreda, el ATC no se va a instalar en nuestra comunidad", declaró.

Según fuentes del Gobierno, los informes técnicos encargados para contrastar la idoneidad de los lugares propuestas apuntan que Zarra (Valencia) y Ascó (Tarragona) son las localidades que se perfilan como las más adecuadas para instalar el ATC. La Generalitat valenciana incluso dio por hecho que Zarra era la elegida, aunque el Gobierno ha advertido de que quedan por analizar informes jurídicos complementarios.

 

Cospedal, que al compatibilizar la secretaría general del PP con la presidencia del partido en Castilla-La Manca ha variado frecuentemente su postura respecto a la instalación del ATC en la comunidad que aspira a gobernar, salió al paso de las declaraciones de Caballero. Así, advirtió en declaraciones recogidas por Público de que la decisión "todavía no es firme" aunque "algunos políticos de Castilla-La Mancha hayan dicho enseguida cual es la decisión".

En rueda de prensa este lunes tras el Comité de Dirección del PP, Cospedal se ha limitado a decir que se habían producido "informaciones contradictorias" en el Gobierno sobre el ATC y que su partido defiende que se cumplan "todos los requisitos legales y técnicos".

(www.elplural.com, 20/09/10)

39. REGIÓN DE MURCIA REABREN LA CAUSA CONTRA EL ALCALDE DE TORRE PACHECO POR ADJUDICAR CONTRATOS A DEDO

La Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado al Juzgado de Instrucción número Seis de San Javier que reabra la causa por un presunto delito de prevaricación contra el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, y los concejales Santiago Meroño y José Saura por las supuestas adjudicaciones ´a dedo´ de contratos, por importe de 750.000 euros.

El tribunal señala en un auto que los indicios de la posible comisión del delito "permanecen", por lo que acuerda revocar el sobreseimiento dispuesto por el juez de San Javier, al que ordena que "proceda a continuar la tramitación de la causa", que fue archivada en diciembre pasado. Así, la Audiencia le deja la puerta abierta para que dé paso a la fase intermedia del juicio si cree que la investigación está acabada o para que ordene la práctica de nuevas diligencias, "si entiende que no está agotada".

El tribunal admite así el recurso presentado por la Fiscalía, que considera que la adjudicación sin concurso previo de la redacción de proyectos a una empresa determinada puede ser constitutiva de delito, del que serían responsables el alcalde y los ediles de Urbanismo y de Deportes.

El auto recoge que "las infracciones administrativas vienen a ser justificadas por las defensa y aceptadas por el juez instructor, por el hecho de que pudieran haberse producido por una anómala interpretación de la misma o por una falta de negligencia en su interpretación, o incluso por dejadez o descuido", criterio que la Audiencia no comparte.

El Juzgado, al no apreciar que el alcalde y los concejales actuaran de forma intencionada o arbitraria, se pronunció por el sobreseimiento de las actuaciones, que la Audiencia deja ahora sin efecto.

Declara la sala que esa decisión sólo cabe cuando los indicios que dieron lugar a la formación de la causa quedan desvirtuados tras la investigación, "y difícilmente se puede proceder al archivo cuando los mismos permanecen".

"No se trata –añade el auto judicial–, de una u otra adjudicación, sino que se trata, en la mayoría de los casos, de contratos de dirección de obra a un único arquitecto, que se adjudica los proyectos a través de una empresa, por valor de 750.000 euros entre octubre de 2005 y julio de 2007".

Dice también la resolución que "en las numerosas adjudicaciones que se hacen por menos de 12.000 euros, ni siquiera existe aprobación del gasto, sino una mera hoja de encargo y pago de la factura, existiendo numerosas adjudicaciones en cuantía superior a treinta mil euros, de las que no cabe ignorar la necesidad de expediente administrativo previo, que en ningún caso se ha realizado". El auto hace una relación de algunos de los contratos adjudicados así, entre los que se encuentran la adecuación del centro de educación musical, el centro de las artes escénicas, el estadio de atletismo o la urbanización del centro de desarrollo local. "Estamos ante una actuación irregular en el ámbito administrativo, donde no cabe descartar la intencionalidad", concluye la resolución judicial.

(www.vegamediapress.com, 18/09/10)

40. ISLAS BALEARES. EL PP DE SA POBLA, EL PUEBLO DE FONT, NO INVITA A BAUZÀ A LA CENA DE FIN DE VERANO

El Partido Popular de Sa Pobla, pueblo de origen de Jaume Font y del cual fue alcalde una legislatura, celebró su tradicional cena de fin de verano. Acudieron alrededor de 1.100 personas pero entre la lista de asistentes faltó el líder del partido en el archipiélago, José Ramón Bauzà, quien no recibió ninguna invitación al evento. Y no fue ni por error ni por despiste.

La Junta del PP en Sa Pobla decidió no invitar a su máximo representante en las islas, según informaron en un comunicado, por el silencio del líder del PP, al que le piden explicaciones por la expulsión de Font de las listas electorales.

Y es que en la Junta entienden que, al margen de la imputación de Font, este decisión contradice las promesas hechas públicamente por Bauzà al pobler el pasado mes de febrero, cuando recaudaba votos para presidir el PP balear.

En plena época de campaña electoral interna de los populares, José Ramón Bauzà acudió a una cena en Sa Pobla a la que asistieron unos 300 afiliados. En ese encuentro, Bauzà se dirigió en público a Font para decirle: "Mi oportunidad será tu oportunidad". El alcalde de Marratxí venció en el congreso de los populares y Sa Pobla fue precisamente uno de los municipios donde tuvo más éxito, consiguiendo un 95% de los apoyos, según recordó la Junta.

Hace dos semanas, solicitaron al líder popular la razón de ese cambio de actitud respecto al que un día fue alcalde del pueblo, recibiendo la callada por respuesta. En la subida de la Part Forana a Lluc, donde coincidieron Font y Bauzà, también se le pidió que acudiera a dar explicaciones sin conseguir ninguna reacción por el momento.

Desde la Junta de Sa Pobla insisten en que lo que quieren saber es "porqué hace seis meses dijo una cosa y hoy hace otra".

(www.dairiodemallorca.es, 19/09/10)

41. ISLAS BALEARES. FONT DIMITE COMO PORTAVOZ EN EL CONSELL POR ´DIGNIDAD´ AL PERDER SU PULSO CONTRA BAUZÁ

Jaume Font ha tirado la toalla. El portavoz del PP en el Consell dio por perdido su pulso al líder del partido, José Ramón Bauzá, por la decisión de éste último de vetar a los imputados para formar parte de las próximas listas electorales del PP balear, aunque no haya medidas cautelares dictadas contra ellos. El aún portavoz popular insular anunció en público su dimisión del cargo por una cuestión de "dignidad personal". El anuncio lo efectuó poco después de comunicar su decisión por teléfono a Bauzá, que la aceptó "sin ningún problema", según explicó el propio Font quien continuará como miembro del grupo popular en el Consell y en el Parlament. "Estos cargos no me los dio Bauzá, no se los tengo que agradecer al señor Bauzá", explicó tras asegurar que se sentía "liberado".

Esta dimisión supone el último capítulo de una crisis, en el seno del PP balear, que comenzó con el malestar de muchos cargos del partido ante el veto a los imputados que anunció Bauzá en una entrevista a mediados de agosto. Sin embargo, fue Font quien lideró la oposición a esta medida que le afecta directamente, al estar imputado por el Plan Territorial de Mallorca desde hace 28 meses sin que se hayan dictado medidas cautelares contra él.

El portavoz insular expresó en público sus discrepancias y hace 17 días envió una carta a Bauzá pidiéndole que reconsiderara su decisión. Su misiva quedó sin respuesta, aunque la unanimidad con la que la Junta Regional del partido avaló al presidente popular ya era una contestación implícita: más allá de los apoyos en privado y los buenos deseos, Font estaba sólo a la hora de defender sus tesis. Así, telefoneó a Bauzá para comunicarle una decisión que había adoptado sin "calentamientos" ni "nervios". El líder del PP no intentó hacerle cambiar de idea. Ahora, el grupo popular del Consell que, según los estatutos del partido, preside Bauzá aunque no forme parte de la institución insular, se reunirá lo antes posible para decidir quién sustituirá a Jaume Font como portavoz. En el partido se da por hecho que se tratará de alguien próximo a la línea oficial de Bauzá y muchas miradas apuntan hacia Rafael Bosch.

Bosch es uno de los pocos miembros del grupo popular en el Consell que no arroparon a Font en su comparecencia ante los medios de comunicación a las 11 de la mañana. La decisión del todavía portavoz popular se hará efectiva tras el próximo pleno del Consell, el 7 de octubre, y a partir de ese momento se dedicará a buscarse "la vida" y encontrar una salida laboral tras 27 años de dedicación a la política. Así, aunque su intención es acabar esta legislatura manteniendo su escaño y su puesto en el grupo popular del Consell, no descartó renunciar antes a los mismos si es necesario por motivos laborales.

Font apeló en todo momento a la "dignidad" y admitió que la dirección popular le "insinuó" que podría tener un cargo tras las elecciones autonómicas del próximo año si cedía en su enfrentamiento con Bauzá. "Perdería mi dignidad si he defendido una postura y ahora me la comiera por un cargo", espetó Font para quien "eso sería plegarse a las órdenes de un partido, bajo el paraguas que representa el color de un partido, y perdería la dignidad".

Respecto a la posibilidad de integrarse en otro partido, lo rechazó implícitamente al asegurar que estaba "cómodo" en el PP balear, a pesar de las cuestiones que le han "afectado" en las últimas semanas y de que sí se siente "incómodo" en determinados asuntos, como la línea de política lingüística que está impulsando Bauzá de distanciamiento del catalán y defensa del castellano.

(www.diariodemallorca.es, 23/09/10)

42. ISLAS BALEARES. EL FISCAL JEFE DE ANTICORRUPCIÓN DECIDIRÁ EN MADRID EL FUTURO JUDICIAL DE FONT

El fiscal jefe de la fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, ha citado a sus dos subordinados de Balears, Joan Carrau y Pedro Horrach, para tomar una decisión sobre el futuro judicial del caso del Plan Territorial de Mallorca que afecta, entre otros muchos, al diputado popular, Jaume Font. Esta reunión se celebrará en Madrid a finales de este mes.

Fuentes jurídicas han señalado que esta reunión, aunque ha coincidido en el tiempo, no tiene nada que ver con la polémica decisión del presidente del PP, José Ramón Bauzá, de excluir en las listas electorales de su partido a los imputados, lo que ha motivado la queja del propio Jaume Font, que ha considerado que se trata de una medida equivocada.

En esta reunión que se celebrará a finales de mes se analizará la situación en la que se encuentra el caso del Plan Territorial, que se investiga en el juzgado de instrucción número 6 de Palma, tras la declaración de los últimos testigos. Horrach y Carrau todavía no han adoptado una decisión sobre si son partidarios o no de levantar la imputación del político del PP, ya que antes necesitan un periodo de reflexión para valorar las pruebas que disponen y determinar si pueden sostener ante el juez la acusación de los delitos que inicialmente imputaban.

Las citadas fuentes han señalado que en dicha reunión no se tratará en concreto la situación judicial de Jaume Font, sino que se estudiará el estado general de la investigación sobre el presunto pelotazo urbanístico de la finca de es Creuers en Marratxí, por la que también aparecen imputados otras personas, entre las que destacan los constructores Mateu Sastre (Ibercon) y Vicenç Grande (Drach). Si se decidiera retirar los cargos contra Jaume Font, automáticamente ocurriría lo mismo con los dos empresarios, así como con las otras personas que están imputadas en esta causa.

Pero con independencia de la polémica política que ha protagonizado estas últimas semanas Jaume Font, hasta el día de no se había presentado en el juzgado de instrucción número 6 de Palma ningún escrito solicitando formalmente la anulación de la imputación del político popular. Su abogado ha presentado esta semana un escrito en el que analiza la intervención de su cliente en el proceso de aprobación del Plan Territorial de Mallorca y en el que, lógicamente, justifica la actuación.

El nombre de Jaume Font figura en el querella que presentó la fiscalía Anticorrupción al considerar que había actuado como portavoz no oficial de su partido en el proceso de negociación con Unió Mallorquina para aprobar las fincas que resultaron afectadas con esta ley, que iba a decidir el futuro crecimiento urbanístico de Mallorca. Las fincas que se eligieron pasaron de ser terrenos rústicos a urbanos, por lo que su valor económico se multiplicó. Los fiscales consideraron que la elección de estos terrenos no respondía a una decisión técnica ni de interés general, sino que los políticos que en ese momento estaban en el poder eligieron unas determinadas fincas para beneficiar a personas afines al partido. La querella mantenía que el Plan Territorial de Mallorca supuso unas plusvalías económicas que ascendían a unos 300 millones de euros y que benefició a varios de los constructores más importantes de Balears.

Jaume Font declaró ante el juez Florit en el mes de mayo de 2008 y explicó la intervención que tuvo para que se eligiera el solar de es Creuers de Marratxí cuando inicialmente estaba previsto elegir un terreno de Secar de la Real. Días antes, el que fuera conseller de territorio del Consell, Bartomeu Vicens (UM), sostuvo que el PP impuso que se incluyera esta finca en el Plan Territorial a cambio de su apoyo político a la aprobación de esta ley. Vicens aseguró que Font le envió, por cauces no oficiales, un sobre a su despacho que incluía planos y estudios técnicos de la finca de Marratxí. Font negó todas las acusaciones.

(www.diariodemallorca.es, 20/09/10)

43. ISLAS BALEARES. PERE ROTGER TEME SER IMPUTADO

Mientras los diputados del PP y el presidente del partido, José Ramón Bauzá, se tiraban los trastos a la cabeza por el tema de los imputados, a mediados de mes en Formentera, llamó la atención el silencio clamoroso de Pere Rotger, de quien se esperaba una intervención para poner paz entre unos y otros. El vicepresidente del Parlamento y mano derecha de Bauzá no dijo ni pío, ni a favor de la polémica medida del líder, ni en contra.

De camino a la paradisíaca isla, Rotger recibió un telefonazo del abogado Rafael Perera "que le cambió la cara" durante las minivacaciones en grupo, relata un compañero de filas. "A partir de esa llamada, Pere no volvió a reír y se quedó mudo los dos días", apostilla.

En petit comité, Rotger se sinceró: una semana antes, el escultor Josep Maria Sirvent había declarado ante el juez Castro dentro del caso Palma Arena, por una escultura que habría cobrado en negro de Jaume Matas para su palacete. Los investigadores presumen que Matas pudo recibir algún tipo de soborno en forma de obra de arte.

Durante la declaración, el fiscal Anticorrupción inquirió también al artista por otra escultura que le fue adjudicada directamente sin concurso en 2005 para el Parlamento, lo que dejó mosca a Perera. La obra se tituló La fita de la paraula, y Sirvent cobró por el encargo unos 150.000 euros. Por entonces, el presidente de la Cámara balear era el propio Rotger, que esgrime en su defensa que se limitó a aplicar el procedimiento de siempre –cada legislatura se encarga una escultura a dedo de recuerdo–. Los compañeros le tranquilizaron ipso facto, pero con la tormenta que ha desatado el propio Bauzá al excluir a los imputados de las listas, el pánico se ha adueñado del ex alcalde de Inca.

El miedo de Rotger a pasar a engrosar la lista negra del PP balear podría explicar su –aunque cautelosa– discrepancia con la línea oficial del líder, la primera desde que Bauzá se convirtiera en presidente de la formación. Entre los populares hay quien critica que Rotger se haya garantizado el puesto y el sueldo en 2011, a cambio de haber apoyado a Bauzá como presidente del PP en su día. El inquer quiere volver a ser presidente del Parlamento balear, la segunda autoridad de las islas. Ha dicho.

José Ramón Bauzá se ha propuesto acallar la polémica con Jaume Font, de ahí que se negó hasta en tres ocasiones a responder a los periodistas que le pedían que valorara la dimisión de Font como portavoz del partido en el Consell, acaecida un día antes. El presidente del PP apuntó, junto a un callado José María Rodríguez, que "por cortesía" no haría ningún tipo de declaración más allá del contenido específico de la rueda de prensa, que era mostrar el apoyo del PP a la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura 2016. Si el líder del PP no habla de los asuntos del PP en la sede del PP, ya me contarán...

(www.elpais.com, 24/09/10)

44. ISLAS BALEARES. UN EX DIRECTIVO DE IB3 DECLARA COMO IMPUTADO EN EL CASO PALMA ARENA

El ex director de Antena de IB3 Televisió, Arturo Orrico, está citado a declarar este lunes en calidad de imputado en el marco de la pieza número 1 del caso Palma Arena, en la que se investiga el presunto fraude cometido en la adjudicación de programas y en el encargo de decorados a empresas vinculadas con el productor José Luis Moreno por parte del Ente autonómico durante la pasada legislatura. En concreto, la comparecencia está prevista a partir de las 9.30 horas y en ella el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, encargado de las investigaciones de las 25 piezas en las que se divide el caso Palma Arena, interrogará a Orrico acerca de estas supuestas irregularidades en los concursos y licitaciones así como sobre el posible cobro de sobornos a cambio de estas adjudicaciones.

Precisamente, el ex directivo de IB3 Luis Velasco ya acusó a Moreno de haber entregado al ex presidente del Govern, Jaume Matas, un sobre con 250.000 euros en efectivo durante la gala inaugural de IB3 Televisió celebrada el 4 de septiembre de 2005 en el Casino de Mallorca, que habría servido como contraprestación por los favores realizados con la concesión de programas a sus empresas.Se trata de unos hechos que se convirtieron en una de las principales líneas de investigación dentro de las diligencias informativas que incoó la Fiscalía y que vinculan al ex presidente con el cobro de sobornos por parte del ente autonómico durante la pasada legislatura. Abierta a finales de 2008, las pesquisas de la que se denominó Operación Cámara constituyen en la actualidad una pieza separada del caso Palma Arena después de que el Ministerio Público las remitiese al Juzgado para que prosiguiese con ellas.

El juez Castro advirtió, en el auto en el que el pasado 30 de marzo decretó prisión bajo fianza de tres millones de euros contra Matas, que la investigación en torno a los 250.000 euros "no ha hecho más que empezar", al igual que las otras supuestas irregularidades denunciadas en el marco de esta pieza y que, además, fueron corroboradas por la ex jefa de Producción del Ente autonómico, Nani Bohigas.

Sin embargo, ésta constituye únicamente una del total de 25 piezas en las que el magistrado acordó dividir el caso para agilizar la instrucción de una compleja causa que en líneas generales investiga el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del velódromo Palma Arena, su posible conexión con el enriquecimiento supuestamente ilícito de Matas durante su etapa como presidente del Govern, y la presunta financiación irregular del PP en las elecciones autonómicas de 2007.

(www.diariodemallorca.es,, 20/09/10)

45. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL PP DE ASTURIAS RETA A RAJOY CON SU RECHAZO A PACTAR CON CASCOS

El Partido Popular descarta cruzar los puentes que tiende la dirección nacional para allanar el desembarco de Francisco Álvarez-Cascos. La dirección regional insiste en su rechazo al ex ministro, al que considera como "el mejor candidato para el PSOE", y advierte de que no hay marcha atrás en su postura ni aceptará "acuerdos mínimos" como se plantea desde Madrid. "Antes de pactar con el sexagenario Cascos tendría que volver a nacer", señala.

Estas declaraciones fueron efectuadas a las agencias Efe y Europa Press por "fuentes de la dirección regional", según se especifica. Ni el máximo responsable de dicha dirección, Ovidio Sánchez, ni ningún otro miembro de su comité ejecutivo desmintieron que esas declaraciones representen el sentir y la opinión del aparato regional.

Las manifestaciones de la dirección regional llegan sólo un día después de que se hiciera público el apoyo de Mariano Rajoy a Francisco Álvarez-Cascos para que sea el candidato autonómico en 2011. Un respaldo que, desde el entorno de la Secretaría General, se supedita a una serie de "acuerdos mínimos" con los actuales responsables del PP asturiano que permitirían cerrar el debate sin "herir más sensibilidades".

Sin embargo, no está por la labor la cúpula regional, que ha decidido contestar a la propuesta con un discurso aún más incendiario, que aleja del horizonte la posibilidad de una reconciliación. En declaraciones a las agencias de información, fuentes del PP regional aseguran que antes de pactar con el "sexagenario Cascos tendría que volver a nacer y ser radicalmente opuesto a como es".

Sus argumentos giran en torno exclusivamente a la figura del ex ministro de Fomento, al que reprochan su actuación de los últimos meses, "porque deja claro que no le importa ni la voluntad de los afiliados ni el efecto electoral contra el PP que su actuación está teniendo". Culpas que estas mismas fuentes reparten con sus afines, a los que califican como el "casquismo residual" y a los que responsabiliza de "debilitar" al PP.

En contra de las voces que claman por la vuelta del ex secretario general para encabezar la lista en Asturias, los autores de las declaraciones recuerdan que Cascos "nunca ha ganado unas elecciones ni las ganará", dando por hecho que su regreso es inviable. "Después de siete años dedicado a sus cosas -añaden- no hay retorno; un sexagenario no tiene retorno".

En contra de las tesis que mantuvieron durante muchos meses, en los cuales dedicaron todo tipo de elogios y adulaciones a la figura del ex ministro, al que, incluso, el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo llegó a calificar de "galáctico", esas mismas fuentes insisten en que el PP asturiano no va a apoyar nunca la propuesta de Álvarez-Cascos "porque es el mejor candidato para el PSOE, dado que genera un gran rechazo tanto dentro como fuera del PP".

Los responsables de estas manifestaciones llevan al extremo sus reproches hacia el ex ministro de Fomento y ponen en duda su asturianía: "¿Qué le importa perder las elecciones a este asturiano que nació en Madrid, que vive y está afiliado en Madrid y, dicen, que censado en Santander?".

Vuelven a culpar otra vez a Cascos del conflicto interno que sufrió el PP regional en 1998 por una "confrontación personal" y le acusan de haber estropeado la única victoria electoral del PP en Asturias con su "arrogancia y soberbia".

Aseguran que Cascos se enfrentó al actual presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, en el congreso de Valencia y ahora quiere promover un cónclave extraordinario en Asturias "sólo para echar a los que estatutariamente están y ponerse él".

Censuran la actitud que ha mantenido el ex ministro al que, señalan, "se le han dado todo tipo de facilidades", pero él "las ha despreciado". El motivo, aseguran, no es otro que desembarcar en Asturias "arrollando" para "hacerse con el control del PP en la región. Sostienen que mantiene una posición egoísta "sin importarle la voluntad de los afiliados ni el efecto electoral contra el PP". A pesar de los apoyos que ha suscitado su hipotética candidatura, estas fuentes creen que solo el debate sobre su llegada ha "debilitado" a la organización. Le acusan, en este sentido, de "venir a Asturias a insultar a los supuestamente suyos" y a "pescar algún salmón".

No han gustado en la dirección regional, a juzgar por estas manifestaciones, los respaldos públicos que ha encontrado la candidatura de Cascos en altos cargos nacionales del PP. "Habría que preguntarles por qué no le han dado en su ámbito de competencias la oportunidad de demostrar su gran valía", indican. Creen que la causa es que todos esos dirigentes que hablan quieren a Cascos "pero lejos". Sobre la posibilidad de que el ex ministro pacte una salida para el actual presidente popular, las mismas fuentes consideran que pensar que Ovidio Sánchez cambiaría su postura por un cargo es "miserable e indignante". Aseguran, en contra de lo que se pueda pensar, que Sánchez no está preocupado "ni mucho, ni poco por su futuro" y dejan claro que el PP de Asturias tiene un proyecto para ganar las elecciones "en perfecta sintonía con Mariano Rajoy".

(www.elcomerciodigital.com, 21/09/10)

46. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL PP DE ASTURIAS RECUERDA A RAJOY QUE LO APOYÓ EN VALENCIA

La dirección del PP de Asturias mantiene su pulso. Este jueves, su líder, Ovidio Sánchez, señaló en rueda de prensa que su formación esperará a que se convoque el comité electoral regional y propondrá una terna de aspirantes para la candidatura al Principado. Entre ellos no figurará el nombre de Francisco Álvarez-Cascos.

Pero lo más curioso del caso es que Sánchez apeló al espíritu del Congreso de Valencia para blindarse. "Lo que queremos en Asturias es poner en práctica las conclusiones de ese cónclave", señaló el presidente del PP asturiano, al tiempo que defendía la "renovación" que se impulsó en aquella cita y que ellos aplicaron, a su vez, incorporando "a seis vicesecretarios procedentes de Nuevas Generaciones de entre 35 y 50 años".

En aquel encuentro, que se produjo después de la derrota electoral de Rajoy en 2008, el jefe de la oposición se jugaba su continuidad. Este jueves Sánchez recordó que ellos lo habían apoyado para la reelección. No hacía falta que mencionara que Cascos no lo había hecho.

Sánchez explicó también que en Asturias, al igual que había hecho Rajoy, se empezó a contar con una nueva generación para puestos de responsabilidad ,"como se hizo con Soraya Sáenz de Santamaría, Jorge Moragas y María Dolores de Cospedal".

Este comentario no era algo casual. Estos cargos, de la máxima confianza de Rajoy, fueron elegidos por él a pesar de las críticas internas. Algunas procedentes, precisamente, de Cascos. El ex ministro de Fomento lamentó en su día que se hubiera sacrificado a las personas de "más peso y mejor preparadas".

"Los noviciados se hacen en la bancada", fue uno de los dardos envenenados lanzados por el ex ministro en la etapa precongresual. Después llegaron otros. Cascos arremetió contra Cospedal por compaginar dos cargos y señaló que el problema de su partido era de "proyecto, equipo y trabajo".

En la cúpula nacional no sentaron muy bien las palabras de Sánchez. Más después de la reunión que este había mantenido el pasado miércoles con Rajoy. Según sus colaboradores, este le instó a buscar una salida al conflicto y le pidió que tranquilizara los ánimos. El líder del PP quiere que se alcance un pacto. Cascos podría ser el candidato y, a cambio, la dirección nacional garantizaría que no van a rodar cabezas.

Algunos dirigentes conservadores consideran que Sánchez no está "a la altura" del cargo que ocupa porque, lejos de resolver la situación, contribuye a complicarla. Y este jueves había quien se mostraba disgustado por la inoportunidad de sus declaraciones. Con ello, decían, no hace más que avivar la polémica cuando se le ha pedido expresamente lo contrario.

El sector afín a Cascos estaba también muy molesto por la situación. Se quejaba de que no se adoptaran medidas ante "las cosas que se están haciendo y los insultos que le han lanzado". Se referían al comunicado anónimo que se conoció hace unos días en el que "fuentes del PP asturiano" mantenían que no iban a llegar a ningún acuerdo con "un sexagenario" como Cascos y lo acusaban de querer romper el partido.

(www.publico.es, 24/09/10)