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  BÁJATE EL RESUMEN DEL AÑO GURTELIANO  2009 

AGOSTO 2010

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ÍNDICE

 

1. RAJOY APARTARÁ A CAMPS SI ACABA EN EL BANQUILLO POR COHECHO

2. MARIANO RAJOY EVITA SER VISTO EN SU COCHE CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

3. RAJOY, AL RESCATE DE COSPEDAL ANTE LA IMPARABLE POPULARIDAD DE BARREDA

4. COSPEDAL VUELVE A ACUSAR AL GOBIERNO DE PERSEGUIR AL PP

5. JUECES Y POLICÍAS RESPONDEN A COSPEDAL QUE NO VALEN ACUSACIONES SIN PRUEBAS

6. AZNAR Y EL PP ENREDAN EN MELILLA

7. EL PP ADMITE QUE NO ADVIRTIÓ AL EJECUTIVO DE LA VISITA

8. EL EX PRESIDENTE EVITÓ LAS VISITAS EN SUS AÑOS DE MANDATO

9. EL PP UTILIZA OTRA VEZ UN INCIDENTE CON MARRUECOS PARA ATACAR AL GOBIERNO

10. EL PP UTILIZA A LOS DISIDENTES CUBANOS CONTRA EL GOBIERNO

11. CATALUÑA. EL PP AMAGA CON LLEVAR AL TC LAS MULTAS POR NO ROTULAR EN CATALÁN

12. CATALUÑA. EL PRESIDENTE DEL PP EN GIRONA PIERDE LOS PUNTOS DEL CARNÉ DE CONDUCIR

13. GALICIA. ‘CASO GÜRTEL’. EL JUEZ RECHAZA BAJAR LA FIANZA AL EX SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PP DE GALICIA POR HABER DINERO OCULTO

14. GALICIA. FEIJÓO IMPONE POR LEY LA FIGURA DE LOS 'SUPERDELEGADOS' TERRITORIALES

15. GALICIA. UN ATESTADO CUESTIONA LA VERSIÓN DE LA XUNTA SOBRE EL FUEGO DE FORNELOS

16. GALICIA. UN DIRIGENTE VECINAL AFÍN AL PP CORUÑÉS CAPTA AYUDAS Y CONTRATOS MILLONARIOS DE LA XUNTA

17. GALICIA. EL EX ALCALDE DE NIGRÁN PAGÓ PARTE DE LA CAMPAÑA DEL PP CON FONDOS PÚBLICOS

18. ANDALUCÍA. DE LA TORRE DICE QUE TIENE "LA VOLUNTAD" DE ELIMINAR LOS PLUSES A EX JEFES DE URBANISMO

19. ANDALUCÍA. "NO PUEDO IMPEDIR QUE EL HIJO DE UN ALCALDE DEL PP SE PRESENTE A UNA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO"

20. ANDALUCÍA. LA LÍNEA COBRARÁ UN PEAJE DE HASTA CINCO EUROS POR ACCEDER A GIBRALTAR

21. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL’. AGUIRRE DIO 13 MILLONES A LAS FIRMAS DE PUBLICIDAD FANTASMA

22. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. LA POLICÍA PIDE AL JUEZ DETENER A UN ALCALDE Y TRES EX ASESORES DEL EJECUTIVO DE AGUIRRE

23. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. LA POLICÍA ENTREGA AL JUEZ PEDREIRA UN INFORME SOBRE PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP MADRILEÑO

24. COMUNIDAD DE MADRID. LA POLICÍA INVESTIGA LOS GASTOS DEL PP EN ÉPOCA DEL' TAMAYAZO'

25. COMUNIDAD DE MADRID. LA CAJA MÁGICA COSTÓ 300 MILLONES, MÁS DEL DOBLE DE LO PREVISTO

26. COMUNIDAD DE MADRID. EL IVIMA DEBE 2.367 MILLONES DE EUROS, SEGÚN LA CÁMARA DE CUENTAS

27. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP DE AGUIRRE LANZA ATAQUES XENÓFOBOS CONTRA LOS SOCIALISTAS

28. COMUNIDAD DE MADRID. ALCALÁ DE HENARES. AGUA POTABLE PARA REGAR UN CAMPO DE GOLF

29. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CAMPS DESAFÍA A LOS TRIBUNALES Y AFIRMA: "NO HAY QUIEN ME MUEVA"

30. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CAMPS INTENTA REBAJAR LA TENSIÓN DENTRO DEL PP SOBRE SU CANDIDATURA

31. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL PP TAPÓ 100 VECES LOS CONTRATOS CON LA TRAMA

32. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CORREA DECLARÓ A HACIENDA LOS TRAJES QUE REGALÓ

33. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS CORTES VALENCIANAS A RESPONDER PREGUNTAS VETADAS SOBRE EL GÜRTEL

34. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS DESTINA DOS MILLONES MÁS A PAGAR LA VISITA DEL PAPA

35. COMUNIDAD VALENCIANA. 'CASO BRUGAL RETORNA A ORIHUELA LA PIEZA ' QUE ATAÑE A RIPOLL

36. COMUNIDAD VALENCIANA. 'CASO BRUGAL'. "IMPUTACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS"

37. COMUNIDAD VALENCIANA. 'CASO BRUGAL'. EL PP MIRA PARA OTRA PARTE: "IMPUTADO NO ES CONDENADO"

38. COMUNIDAD VALENCIANA. EL 'CASO BRUGAL' DESTAPA EL USO MASIVO DE SOBORNOS PARA ASCENDER A PRIMERA

39. COMUNIDAD VALENCIANA. EL 'CASO IVEX' SE REABRE MIENTRAS EL DE TERRA MÍTICA ESPERA UN INFORME

40. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS EMPLEA DE MANERA ARBITRARIA UN FONDO DE AYUDA A MUNICIPIOS

41. COMUNIDAD VALENCIANA. IMPUTADO UN EDIL DEL PP DE ALICANTE POR LA CONCESIÓN DEL CONTRATO DE UNA PLAZA

42. COMUNIDAD VALENCIANA. CANAL 9 AUMENTA EN 300 PERSONAS SU PLANTILLA

43. ISLAS CANARIAS. EL PP CANARIO CONOCÍA LAS IRREGULARIDADES ECONÓMICAS EN TENERIFE

44. ISLAS CANARIAS. DESTITUIDO UN EDIL POPULAR POR AIREAR IRREGULARIDADES EN TENERIFE

45. ISLAS CANARIAS. LAS FACTURAS FALSAS DESATAN UNA CRISIS EN EL PP DE TENERIFE

46. CASTILLA Y LEÓN. EL PP PROTEGE LOS TOROS CON CURSOS Y DESCUENTOS PARA ESCOLARES

47. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL USA LAS FIESTAS DE CUENCA PARA 'VENDERSE'

48. CASTILLA-LA MANCHA. QUERELLA AL EX NÚMERO DOS DE COSPEDAL POR PRESUNTA ESTAFA

49. CASTILLA-LA MANCHA. EL PP QUIERE ECHAR DEL PARTIDO A SEIS CONCEJALES POR HACER OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA

50. ISLAS BALEARES. EL GOBIERNO DE MATAS PAGÓ 22 MILLONES DE EUROS A LA GÜRTEL

51. ISLAS BALEARES. DOS EMPRESARIOS DENUNCIAN AMENAZAS PARA NO COBRAR LAS DEUDAS DEL PP

52. ISLAS BALEARES. LA CORRUPCIÓN BALEAR TIENE A 40 EX CARGOS DEL PP IMPUTADOS

53. LOS NUEVE CASOS DE CORRUPCIÓN DEL PARTIDO POPULAR EN BALEARES

54. ISLAS BALEARES. IMPUTADOS DEL PP DE BALEARES QUIEREN SER CANDIDATOS

55. REGIÓN DE MURCIA. El AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA SE GASTA 600.000 EUROS EN UNA REGATA PARA PRIVILEGIADOS

56. REGIÓN DE MURCIA. EL INTERVENTOR MUNICIPAL DENUNCIA AL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA ANTE EL TRIBUNAL DE CUENTAS

57. PRINCIPADO DE ASTURIAS. CASCOS MANTIENE EL PULSO CON LA CÚPULA DEL PP PARA SER EL CANDIDATO EN ASTURIAS

58. PRINCIPADO DE ASTURIAS. LA CAVERNA YA CELEBRA LA CANDIDATURA DE CASCOS EN ASTURIAS

59. PRINCIPADO DE ASTURIAS. DIMITE UN EDIL DE ASTURIAS QUE NO AUXILIÓ A UN ATROPELLADO

60. DÍAZ FERRÁN PUDO COMETER UN DELITO POR SU TRATO A LOS TRABAJADORES DE MARSANS


1. RAJOY APARTARÁ A CAMPS SI ACABA EN EL BANQUILLO POR COHECHO

La dirección nacional del PP se plantea que Francisco Camps sea candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana aunque sea imputado por cohecho impropio, según fuentes del partido. La versión oficial sigue siendo, no obstante, que el PP trabaja con la hipótesis más probable de que el caso Gürtel no lleve finalmente a Camps al banquillo y, por tanto, quede exonerado de responsabilidad penal. Por eso, será designado candidato, junto con el resto de cabezas de lista del PP, en octubre o en noviembre como muy tarde. En este momento no está imputado.

Si, finalmente, la justicia acusara a Camps sólo por los trajes que recibió como regalo, es decir, por un supuesto delito de cohecho impropio, la dirección nacional del PP está dispuesta a mantenerle como candidato, porque considera que esa acusación es inconsistente. Explican que el PP ya ha mantenido públicamente en numerosas ocasiones que esa acusación sería insostenible y terminaría finalmente en nada y, por eso, estarían dispuestos a defender a Camps y a mantenerle como candidato.

La hipótesis más extrema para la dirección del PP sería que, finalmente, Camps fuera imputado, acusado y sentado en el banquillo por otros delitos, especialmente el de cohecho propiamente dicho. En ese caso, las fuentes de la dirección del PP coinciden en que sería insostenible mantenerle como cabeza de lista en las autonómicas.

Por el momento, la dirección del PP no ha cerrado el calendario para proclamar a sus candidatos, a pesar de que algunos se han autoproclamado con el aval de Mariano Rajoy. Es el caso de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid y de Juan Vicente Herrera en Castilla y León, entre otros. El calendario se cerrará en el retiro que tienen previsto celebrar los principales dirigentes del PP el 1 y 2 de septiembre en Toledo. En principio, la campaña de las catalanas en octubre hace probable que el acto de proclamación se produzca en noviembre, salvo que el PP considere que puede incluirlo dentro de los actos electorales de esa comunidad.

A la dirección del PP le quedan por cerrar solo las candidaturas de Navarra y Asturias. En Navarra, porque es la primera vez que el PP se presenta con sus siglas en esa comunidad, tras la ruptura con UPN, y en Asturias porque se mantiene la incertidumbre sobre Francisco Álvarez Cascos. El partido en esa última comunidad ha rechazado a Cascos, y Génova no ha decidido aún si promoverá a un candidato alternativo o si apoyará al ex secretario general del PP.

El juez José Flors investigó en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el supuesto cohecho impropio del presidente valenciano y encontró indicios suficientes para sentarle en el banquillo de manera que fuera juzgado por un jurado popular. Pero un recurso del PP ante la instancia superior permitió el archivo de la causa, gracias al criterio del presidente del Tribunal, Juan Luis de la Rúa, y otro magistrado. El recurso del fiscal ante el Supremo ocasionó que el caso se reabriera y volviera a corresponder al juez Flors, que ha pedido nuevos documentos antes de resolver si vuelve a sentar en el banquillo al presidente valenciano.

Mientras, la investigación del caso Gürtel siguió su curso en Madrid y descubrió nuevos indicios de delito en la actuación de los miembros del Gobierno valenciano en relación con los empresarios de la red que dirigía Francisco Correa y que en Valencia tenía como delegado principal a Álvaro Pérez, el Bigotes, amigo reconocido de Camps. Esos nuevos indicios apuntaban a que el presidente valenciano podría haber cometido delitos aún más graves. El fiscal, en uno de sus últimos informes, lo explicaba así: "Las supuestas irregularidades detectadas por la Intervención General de la Administración del Estado se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías de la Generalitat valenciana.

Todos los regalos de trajes que recibió Camps por parte de la trama corrupta, según acreditan los documentos que obran en el sumario, se produjeron después de que las empresas de la red recibieran decenas de contratos a dedo y sin concurso de la Administración valenciana, donde gobernaba Camps. La fiscalía considera que "el delito de cohecho que se investigaba en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal, sino el tipificado en los artículos 425, 419 o 420 del mismo texto legal".

Sin embargo, los nuevos descubrimientos de la investigación todavía no pueden ser tenidos en cuenta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia porque el PP, que está personado como acusación popular, ha recurrido la decisión del juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en Madrid, de inhibirse a favor de los tribunales valencianos al encontrar en la causa indicios de delito contra dirigentes políticos que están aforados.

(www.elpais.com, 25/08/10)

2. MARIANO RAJOY EVITA SER VISTO EN SU COCHE CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha evitado hoy referirse, durante su visita a la Festa do Albariño en Cambados (Pontevedra), a la polémica suscitada por el vídeo que hizo público su partido en el que no lleva puesto el cinturón de seguridad. El líder conservador había grabado un vídeo en el que comentaba que se iba de vacaciones, pero no fue consciente de que  no llevaba la protección.

Rajoy pidió ayer perdón —a través de un comunicado del coordinador de Presidencia de su partido, Jorge Moragas— por no llevar el cinturón de seguridad cuando se le grabó un vídeo en el que se le veía en la parte de atrás del coche durante el viaje con el que comenzó sus vacaciones, que pasará en Galicia.

Rajoy llegó con un retraso de unos 20 minutos y se bajó del coche a una prudente distancia de los periodistas y curiosos

Antes de llegar al ayuntamiento de Cambados, adonde llegó con un retraso de unos veinte minutos, el líder del PP se bajó del coche a una distancia en la que los periodistas y los curiosos no pudieron ver si llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Tras ser informados de que Rajoy no haría declaraciones ni respondería a preguntas de los medios, miembros de su equipo señalaron a los informadores que la postura del líder del PP ya quedó clara en el comunicado que el partido hizo público.

Una vez en el ayuntamiento, el presidente del PP saludó a la comitiva, entre ellos a la secretaria de Políticas Sociales del PP, Ana Pastor, y a los miembros del capítulo serenísimo de la orden del albariño. Minutos más tarde llegó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y, tras los saludos, se formó la comitiva que desfiló hasta el pazo de Fefiñáns, entre gritos y aplausos, sobre todo hacia Rajoy.

No quiso hacer declaraciones. Su equipo señaló que el 'affaire cinturón' ya había sido tratado

En la comitiva iban las nuevas damas y caballeros del capítulo serenísimo, que son aquellas personas que hacen una labor de promoción a favor del vino albariño. La actriz María Castro, la escritora Soledad Puértolas, los conselleiros de Cultura y Medio Ambiente, Roberto Varela y Agustín Hernández; el bodeguero Fernando García y el director general de Conservación de la Naturaleza de la Xunta, Ricardo García Borregón, son los que este año han ingresado en esta orden.

Recibieron este honor de las manos del presidente de la orden, Manuel Fraga, que se incorporó a los actos directamente en el patio de armas del pazo de Fefiñáns.

(www.publico.es, 01/08/10)

3. RAJOY, AL RESCATE DE COSPEDAL ANTE LA IMPARABLE POPULARIDAD DE BARREDA

El presidente del PP, Mariano Rajoy, vuelve a rescatar, por enésima vez, a su secretaria general de los malos datos que le auguran las encuestas y el propio Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en Castilla-La Mancha, donde sólo diez de cada cien ciudadanos aprueban el trabajo que realiza María Dolores de Cospedal. De ahí que en lo que va de año el presidente nacional del PP haya visitado tierras castellano-manchegas en once ocasiones, diez más que las realizadas a Extremadura, donde se quejan del desproporcionado apoyo que recibe la número dos del PP cuando, según fuentes extremeñas, las posibilidades de ganar "aquí son infinitamente mayores que las de allí".

Y es que en Extremadura no entienden que Mariano Rajoy haya visitado sólo en una ocasión la comunidad (a finales de enero) y que, por el contrario, en Castilla-La Mancha "esté al dos por tres apoyando la candidatura de Cospedal", concretan las mismas fuentes, que reconocen cierto desaliento entre los líderes populares extremeños al comprobar cómo "unos reciben dinero, apoyos en todos los medios nacionales y otros, sin embargo, tenemos que ir a Madrid si queremos hablar con el jefe".

Tanto es así que el líder del PP extremeño, José Antonio Monago, tiene que desplazarse a Madrid cada vez que un asunto importante sobre Extremadura requiere la intervención de Mariano Rajoy, tal y como sucedió el pasado 27 de julio, donde Monago mantuvo una reunión a cuatro bandas con Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal y con el propio presidente del PP. El tema a tratar, el de siempre: Las obras del AVE y los supuestos retrasos en su ejecución. "Intentamos que la reunión se celebrara en Cáceres o Mérida, pero alguien de arriba se opuso y tuvimos que ir, una vez más, a Madrid", lamentan las fuentes consultadas.

Los extremeños, que dicen contar con todas las encuestas favorables (Sigma-Dos les da la mayoría absoluta), no entienden por qué Rajoy, al que algunos llaman ya "Don Mariano de La Mancha", está permanentemente en Toledo o en Ciudad Real "y aquí hay que traerlo a la fuerza, y porque no le queda más remedio que venir al menos una vez al año", añaden, "es curioso, el día 27 Monago tuvo que coger las maletas (como siempre) y marcharse a Madrid, para dos días después ver como Rajoy se iba a Toledo a apoyar a Cospedal y de paso visitar el Museo del Ejército; esto no es justo".

Sea como sea, las quejas de los extremeños están más que justificadas como lo prueba el agravio comparativo existente entre las visitas que hace Rajoy a Castilla-La Mancha y las que realiza a Extremadura. Mientras que en la comunidad en la que es candidata María Dolores de Cospedal ha estado en lo que va de año un mínimo de 11 ocasiones, en la que lidera José Antonio Monago sólo la ha visitado en una ocasión. ¿Por qué? Porque Cospedal lo tiene peor que Monago, como recoge la última encuesta del CIS donde sólo recibe el apoyo de diez de cada cien ciudadanos, mientras que su contrincante, el presidente castellano-manchego, José María Barreda, cuenta con las simpatías del 55% de los castellano-manchegos.

Estas diferencias cuantitativas, que también se reflejan en la aparición en los medios de comunicación nacionales, se convierten en "desprecios" cuando la secretaria general del PP se niega a viajar a Extremadura y obliga a José Antonio Monago a "hacer las maletas para entrevistarse con ella en Madrid", finalizan diciendo. Y es en la capital de España, donde, según el alcalde de Toledo, el socialista Emiliano García-Page, "se van todos (por Cospedal y Tizón), porque al igual que Rajoy viven allí".

(www.elplural.com, 01/08/10)

4. COSPEDAL VUELVE A ACUSAR AL GOBIERNO DE PERSEGUIR AL PP

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se reafirma en sus tesis. A punto de cumplirse un año de su denuncia de que dirigentes de su partido estaban siendo sometidos a escuchas ilegales, la mano derecha de Mariano Rajoy reincidió hoy en sus acusaciones. A su juicio, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha "utilizado en muchas ocasiones el aparato del Estado en beneficio propio". Y, "por descontado", contra el Partido Popular.

En una entrevista, la número dos de los conservadores hizo repaso de temas y, entre ellos, recuperó la polémica que desató ella misma el 6 de agosto de 2009. Entonces, aseguró a la agencia Efe, mientras estaba de vacaciones en Marbella (Málaga), que tenía "constancia" de que a varios cargos de su partido les habían pinchado el teléfono aunque no tenían "nada que ver con los sumarios".

La también presidenta del PP de Castilla-La Mancha nunca aportó pruebas. Desde su formación remachan que elevaron sus quejas a los tribunales. El 24 de junio del año pasado, los conservadores presentaron una denuncia por filtraciones en la que, según ellos, también se habla de "interceptación ilegal de las comunicaciones con revelación".

Hoy Cospedal reiteró que este tema aún no se ha resuelto. Y aseguró que en ese procedimiento abierto se han ido incorporando nuevas conversaciones "que no tenían por qué conocerse". Pero no quiso precisar a qué se refería ni dar más explicaciones alegando que se trata de "un tema que está judicializado".

Hace un año, a raíz de sus graves declaraciones, se formó un lío enorme. La ofensiva del PP se volvió en su contra cuando tanto el Ejecutivo socialista como partidos políticos, asociaciones de fiscales, jueces y policías expresaron su condena y retaron a la oposición a acudir a los tribunales si encontraba indicios de delito. También le pidieron a Cospedal que no sembrara dudas sobre las instituciones del Estado. Sin embargo, desde entonces ha sido una constante en la estrategia del principal partido de la oposición.

Es más, durante todos estos meses, cada vez que ha saltado un nuevo escándalo de corrupción, antes que adoptar medidas, el PP ha preferido echarle la culpa al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, porque, según ellos, es quien ha "orquestado una campaña para derribarles".

De hecho, Cospedal quiso hoy incidir en este aspecto resaltando que "los mandos políticos" de la policía y la fiscalía actúan de forma "arbitraria", comparando el caso Gürtel con la investigación sobre el patrimonio del presidente del Congreso, José Bono. Para ello puso varios ejemplos. Como las "instrucciones" que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dio el verano pasado al Ministerio Público desde su gira por Latinoamérica para que "recurriera el archivo del famoso tema de los trajes" que afecta al presidente del PP valenciano, Francisco Camps.

O como la semana pasada, cuando el fiscal de Madrid anunció que recurría el archivo de la causa contra el ex ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos por afirmar que existía una "camarilla policial" que falseaba documentos en relación con la trama Gürtel. "¿Por qué se va a recurrir este archivo?, se pregunta Cospedal. Respuesta: "Porque se trata de un militante del PP".

Además lamentó que el PSOE no apoyara la iniciativa legislativa que el Grupo Popular llevó al Congreso para que el sistema de interceptación de comunicaciones (SITEL) se regulase por Ley Orgánica y confirmó que su formación lo llevará en el programa electoral.

Para Cospedal nada ha cambiado. Hace un año afirmaba que España vivía en "un Estado policial, como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no se vivía". Y cuando hace unas semana se detuvo al presidente de la Diputación de Castellón, José Joaquín Ripoll, alertó que se estaban produciendo intervenciones "preventivas propias de las dictaduras".

Pero la secretaria general del PP debería medir sus palabras. En enero una plataforma ciudadana se querelló contra ella por injurias. En febrero, la mano derecha de Rajoy no se presentó ante el Juzgado número 3 de Madrid para un acto de conciliación. Fue el procurador de los conservadores, Manuel Sánchez Puertas, quien explicó que Cospedal "ni ratifica ni rectifica" las acusaciones de espionaje que había realizado contra el Gobierno, y por las que el grupo consolidado en la red social Facebook y cercano al PSOE había decidido denunciarla. Además, aseguró que por esta última razón carecían de "legitimación".

Cospedal dio la voz de alarma basándose en la reproducción de una conversación que ella misma había mantenido con Francisco Granados, hombre de confianza de Esperanza Aguirre. Trillo y Camps también aseguraron que habían sido víctimas de pinchazos. Ninguno de ellos pudo demostrar nada.

(www.publico.es, 03/08/10)

5. JUECES Y POLICÍAS RESPONDEN A COSPEDAL QUE NO VALEN ACUSACIONES SIN PRUEBAS

Las acusaciones de la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, contra los aparatos del Estado, que según ella están siendo utilizados por el Gobierno para atacar a su partido, han chocado con las protestas de asociaciones de jueces y sindicatos policiales, que han querido defender su independencia. Los jueces y la Policía reclaman a Cospedal que aporte "todo tipo de pruebas" que atestigüen esa utilización de la que habla la secretaria general del PP. En agosto del año pasado, la dirigente popular hizo las mismas acusaciones, sin que presentara ninguna evidencia.

Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), defendió la autonomía del ministerio fiscal y aconsejó a la secretaria general del PP "contar hasta 100" antes de hacer este tipo de declaraciones, que debería corroborar "con pruebas", según dijo.

Jueces para la Democracia (JPD), a través de su portavoz José Luis Ramírez, calificó de "errónea" la acusación de Cospedal y afirmó que esas denuncias "no tienen ningún elemento de confirmación que las apoyen". La asociación advirtió a los populares que "no pueden ampararse en la teoría de la conspiración para afirmar que están siendo perseguidos" y aclaró que la "fluida" relación entre Policía y Fiscalía es resultado de la colaboración institucional que tienen atribuida.

Las agrupaciones de la Policía también han reaccionado a las acusaciones de la secretaria general del PP. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, destacó la necesidad de presentar "denuncias con pruebas", y recordó que esas palabras, "sin ningún fundamento y sin ninguna justificación" recuerdan mucho a las que hizo Cospedal el verano pasado.

Lorenzo Nebreda, de la Confederación Española de Policía (CEP), hizo un llamamiento a la precisión y recomendó al PP que cuando hable de "persecución policial", lo haga "refiriéndose a personas en concreto y no a la institución". Según Negreda, la gravedad de estas acusaciones radica en que este tipo de declaraciones ponen "en tela de juicio de forma injusta el trabajo de miles de policías".

El portavoz de la Unión Federal de Policía (UPF), Emilio Martín, subrayó que la Policía "no persigue al PP ni a ningún otro partido", aunque dejó entrever que en estos órganos hay "puestos políticos con complementos interesantes" que "por contentar al cargo de turno toman una decisión u otra". En cualquier caso, precisó que "no se investiga a la gente de manera gratuita".

(www.elplural.com, 04/08/10)

6. AZNAR Y EL PP ENREDAN EN MELILLA

Apropósito de los incidentes en la frontera de Melilla, a Mohamed VI, rey de Marruecos, cabría decirle lo que le contestó el embajador británico a aquel ministro de Gobernación franquista que le ofrecía protección para contener la manifestación que gritaba ante la embajada «¡Gibraltar, español!»: «Me basta con que no me envíe más manifestantes». Pero, como el PP no tiene la flema de los embajadores británicos, se ha dedicado a enredar enviando a Melilla primero al vicesecretario González Pons y después al expresidente Aznar.

El martes, Pons acusó al Gobierno de «abandono» y se presentó como portavoz de todos los españoles para decirles a los melillenses que «España está con ellos». Ayer, por sorpresa y sin viento de Levante, Aznar, recordando sus hazañas como héroe de Perejil, acudió a Melilla, a la que no había viajado en sus ocho años de presidente del Gobierno, para hablar de «dejadez» y «apoyar» a las autoridades y a las fuerzas de seguridad.

Esta contradicción –viajar presuroso a Melilla y no haberlo hecho en sus dos mandatos, en los que hubo numerosos episodios de tensión con Marruecos– no pasó inadvertida al Ejecutivo que, por boca de José Blanco, acusó a Aznar de «deslealtad» a España y al Gobierno, al que no informó de la visita, y de actuar como un presidente no democrático.

Lástima que la insufrible demagogia del PP, lanzado al todo vale contra Zapatero, se vio empañada por el hecho de que cuando Aznar llegó a Melilla los activistas marroquís habían ya desactivado el boicot al paso por la frontera de mercancías y la huelga de las mujeres marroquís que trabajan en la ciudad española. Este giro en las protestas demuestra que el origen del conflicto no está en Melilla, sino en Rabat. Y es a la capital de Marruecos donde hay que viajar para apaciguar los ánimos y no a Melilla.

El problema de fondo en las relaciones España-Marruecos es, entre otros, el contencioso de Ceuta y Melilla. Para contenerlo, que no resolverlo, Madrid debe actuar con inteligencia y con mano izquierda, esforzándose por mantener unas buenas relaciones en todos los ámbitos. Esta política, mal que le pese al PP, que recurriría a la primera al exabrupto y al enfrentamiento, da a la larga muchos más frutos.

(www.elperiodico.com, 19/08/10)

7. EL PP ADMITE QUE NO ADVIRTIÓ AL EJECUTIVO DE LA VISITA

El ex presidente del Gobierno José María Aznar acudió ayer a "título personal", pero en calidad de ex líder del Ejecutivo español, a interesarse por la situación que se vive en la zona fronteriza de Melilla. Aún así, obvió informar al Ministerio del Interior de su desplazamiento a la ciudad autónoma. Ni él ni la dirección nacional del partido, que fue informada del desplazamiento, consideraron necesario alertar de esta visita sorpresa. "Aznar no está asistiendo en otra condición que en la de ex presidente del Gobierno. Por tanto, no tiene que informar el PP", argumentó la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, en rueda de prensa.

La actitud de José María Aznar fue censurada por el Gobierno socialista, que le reprochó su falta de sentido de Estado. "No conozco ningún ex presidente de Gobierno que, sin conocimiento del Gobierno de su país, tenga este comportamiento", denunció ayer el ministro de Fomento, José Blanco.

Pese a que en el partido intentaron quitar hierro a la visita, la irrupción de Aznar en la crisis de Melilla eclipsó la agenda de los conservadores. El desplazamiento se produjo el mismo día que Rajoy regresaba a Madrid para celebrar una reunión de su comité ejecutivo. Y sólo 24 horas después de que el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, visitara la zona. De su viaje, según aclaró De Cospedal, sí tuvoconstancia la delegación del Gobierno.

El líder del PP tuvo conocimiento de que su antecesor en el cargo iba a visitar la ciudad autónoma cuando González Pons ya estaba allí, según confirmaron ayer fuentes del partido. "Ha sido una iniciativa suya, apoyadapor Mariano Rajoy", subrayó Cospedal.

Intentando evitar la polémica, la número dos del PP aseguró que entre las visitas de Pons y Aznar no hay más que una "coincidencia de fechas". Y que lo importante no son estos desplazamientos en sí, sino lo que dejan en evidencia. Es decir, las ausencias de los miembros del Gobierno.

"La actuación del PP es en solidaridad con los miembros de la policía, con la ciudad de Melilla y con el presidente de Melilla, que se ha sentidodesasistido. El PP ha sido extremadamente respetuoso", respondía Cospedal cuando se le preguntaba si su partido contribuía a mejorar la situación en Melilla. Además, recalcó que criticar estas visitas es "no saber dónde empieza y termina España".

Respecto al apoyo que el Ejecutivo de Ceuta, gobernada también por el PP, ha mostrado a las acciones del Gobierno central, la número dos de los conservadores echó balones fuera: "El presidente de Melilla está atravesando una situación delicada y no se ha sentido respaldado por el Gobierno de España".

Como ya hizo un día antes González Pons, Cospedal demandó al Gobierno las "gestiones diplomáticas oportunas" para que Marruecos deje de ocupar la tierra de nadie. El PP ha solicitado la convocatoria de la diputación permanente del Congreso de los Diputados para que el Gobierno explique su actuación en la crisis de Melilla así como la posible subida de impuestos.

(www.publico.es, 19/08/10)

8. EL EX PRESIDENTE EVITÓ LAS VISITAS EN SUS AÑOS DE MANDATO

José María Aznar inició su mandato en 1996 como le aconsejó su antecesor en el cargo, Felipe González. Su primera visita al extranjero fue a Marruecos, el 27 de mayo, y allí intercambió gestos de buena voluntad con el rey Hassan II. Como su antecesor, José María Aznar tampoco quiso visitar Melilla como presidente del Gobierno para no incomodar al país vecino, ni dejó que el rey Juan Carlos lo hiciese.

Solo unos meses antes de llegar al Gobierno, en la campaña electoral de 1996, Aznar prometió regresar a Ceuta y Melilla para saldar una deuda que, según dijo entonces, habían contraído los Gobiernos de Felipe González al no visitar las ciudades autónomas. Pero no cumplió. Aznar evitó durante sus años de mandato los viajes institucionales como presidente del Gobierno a Melilla, incluso cuando la tragedia se cebó con la ciudad, como ocurrió a finales de 1997 tras la rotura de un gran depósito de agua que causó 11 muertos.

Su ausencia provocó un fuerte malestar en sus propias filas. Hasta el punto de que el PP de esa localidad se quejó del abandono que padecía Melilla, del que culpó al Gobierno de José María Aznar y a la dirección nacional del partido. "Ningún representante del Gobierno o del partido que le apoya se ha desplazado a la ciudad a los funerales de las víctimas", señalaba entonces un informe del PP de Melilla.

Unos meses antes, ni Aznar ni el Rey de España acudieron a los actos del V Centenario de la incorporación de Melilla a la Corona de Castilla.

El ex presidente del Gobierno solo acudió a Melilla como líder del PP en la precampaña electoral de 2000 para un mitin en el que apenas logró llenar la mitad del aforo de un polideportivo y cargó contra el GIL, partido que entonces tenía posibilidades de arrebatar al PP la hegemonía en la ciudad autónoma.

(www.elpais.com, 19/08/10)

9. EL PP UTILIZA OTRA VEZ UN INCIDENTE CON MARRUECOS PARA ATACAR AL GOBIERNO

Marruecos es un filón de argumentos para la oposición del Partido Popular. Si hace dos semanas el PP acusó al Gobierno de "dejación de funciones" por la, a su juicio, falta de intervención en la crisis de Melilla, ayer su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, utilizó la detención de 11 activistas españoles por participar en una manifestación pro saharaui en El Aaiún para atacar de nuevo al Ejecutivo de Zapatero. "Se deja ganar siempre frente a la policía marroquí", se lamentó Pons.

La visita del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a Rabat hace una semana no desactivó, según el PP, el conflicto con Marruecos. "Fue puro teatro", afirmó ayer González Pons, que exigió a Zapatero que la solución de los incidentes en El Aaiún no pase nuevamente por "un ministro pidiendo perdón en Rabat porque los españoles ejercen sus derechos fundamentales".

Elena Valenciano, secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, justificó ayer, sin embargo, la detención de los activistas españoles porque carecían de permiso para manifestarse, ya que tan solo contaban con visados de turista.

El argumento no convenció a González Pons, que acusó al Ejecutivo español de preocuparse más por sus relaciones con Marruecos que por los problemas de sus ciudadanos en ese país, ya que, insistió, da la razón a la policía marroquí por lo sucedido en El Aaiún. Según el vicesecretario de Comunicación del PP, el Gobierno "tiene la obligación de defender los derechos humanos de todos en España y de los españoles en todas partes", premisa que, según afirmó, ya incumplió cuando no defendió a las mujeres policía de los ataques que sufrieron en la frontera con Melilla.

"Hay que proteger los derechos de los españoles, pero también tenemos que cumplir la ley cuando no estamos en nuestro país", replicó Valenciano, que, no obstante, sugirió que de confirmarse los maltratos policiales, habría una investigación: "Sé que se ha hablado de maltratos policiales. Si es así, habrá que ver qué ha pasado", puntualizó Valenciano, que tildó a González Pons de "anti embajador de España".

Por su parte, la presidenta de Coalición Canaria, Claudina Morales, reclamó al Gobierno que exija a Rabat una explicación por la carga policial.

(www.elpais.com, 30/08/10)

10. EL PP UTILIZA A LOS DISIDENTES CUBANOS CONTRA EL GOBIERNO

De presos de conciencia en Cuba a arma arrojadiza contra el Gobierno español. La veintena de opositores llegados a España entre los días 13 y el 23 de julio se ha convertido en el mejor instrumento del Partido Popular para cuestionar al ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. El responsable español fue quien negoció su liberación, junto al arzobispo de La Habana, Jaime Ortega.

El PP recogió ayer las críticas de los 14 opositores que se niegan a abandonar Madrid, donde están alojados por cuenta del Estado. Los otros seis ya fueron trasladados a Málaga, Cullera (Valencia), Gijón (Asturias) y Sigüenza (Guadalara).

Además, el responsable de Exteriores del PP, Jorge Moragas, reprochó al Gobierno su "simpatía" con la "dictadura de La Habana". "Moratinos ha dedicado seis años a ser el portavoz del castrismo en la Unión Europea", dijo en conversación telefónica con este periódico. Su formación -"la que mejor defiende los intereses de los disidentes", dijo- ha concentrado los contactos políticos de los opositores. Los ex presos se han reunido en las últimas dos semanas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; y con el ex presidente del Gobierno José María Aznar, que los recibió en la FAES.

La secretaria de Política Exterior del PSOE, la diputada Elena Valenciano, cree que estos encuentros no son fortuitos. "Las reuniones forman parte de una estrategia del PP para arremeter contra un Gobierno que no recurre a la política exterior del puñetazo en la mesa".

Respecto a las críticas sobre su vida diaria en Madrid, la presidenta de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, María Jesús Arsuaga, les instó a "dejar de quejarse por cosas nimias", recordando que en España "hay más de un millón de familias que no tienen recursos".

Otros cinco disidentes cubanos viajarán en los próximos días a España, según han anunciado Las Damas de Blanco, grupo integrado por familiares de presos políticos. Se trata de Regis Iglesias, Fabio Prieto, Efrén Fernández, Marcelo Cano, y Juan Carlos Herrera, miembros del Grupo de los 75 condenados a penas de entre 12 y 20 años de prisión.

(www.elpais.com, 03/08/10)

11. CATALUÑA. EL PP AMAGA CON LLEVAR AL TC LAS MULTAS POR NO ROTULAR EN CATALÁN

La carrera parece que no ha hecho más que empezar. La defensora del pueblo en funciones, Luisa Cava, presentó hace 10 días un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Acogida de Inmigrantes por dar preferencia al catalán a la hora de integrar a los extranjeros. Y ahora Ciutadans ha instado a la misma institución a hacer lo propio contra el Código de Consumo al rechazar las multas lingüísticas por no rotular en catalán. Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP, no quiso ser menos y anunció medidas inmediatas contra la norma que entró ayer en vigor. "Es antidemocrática y afecta a la libertad. Este es el Gobierno de las multas y las prohibiciones", aseveró la popular, que dijo que estudiará las medidas parlamentarias a su alcance. ¿Incluye también el recurso ante el Tribunal Constitucional?, se le preguntó. "Estudiaremos todas las posibilidades".

El Código de Consumo se aprobó el 30 de junio en el Parlament, dos días después de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. El código es una ambiciosa norma que busca proteger los derechos de los consumidores, que van desde la gratuidad del teléfono de atención al cliente a su derecho a ser atendido en catalán. La sentencia del Estatuto fue ambigua en lo que concierne al uso del catalán y ha dejado la puerta abierta a la presentación de recursos. Esa es al menos la opinión del diputado José Domingo, del Grupo Mixto, presidente de Impulso Ciudadano, que fue el primero en pedir la mediación de la defensora. El día 2 tiene previsto viajar a Madrid con comerciantes multados por no rotular en catalán. A su postura se sumó Albert Rivera, de Ciutadans, y Sánchez-Camacho, que acusó al presidente Montilla de un nuevo "acto de insumisión" al no acatar el fallo del Estatut. Este frenesí de recursos no parece ajeno a la cercanía de los comicios y la disputa de un mismo electorado."No quiero extenderme en el tema [de las multas lingüísticas] porque me parece detestable que de todo el Código, que es muy amplio, solo se esté hablando de ese punto", lamenta Jordi Anguera, director de la Agencia Catalana de Consumo, encargada de aplicar la nueva normativa. "Sabía que pasaría. Me parece una queja partidista y oportunista, porque se acercan las elecciones". Dice que la polémica no tiene sentido, ya que "la obligación de rotular en catalán existe desde 1998", cuando entró en vigor la Ley de Política Lingüística. El nuevo Código solo añade a la norma otros elementos, como las facturas.

Frente a la postura del PP, Ciutadans y José Domingo, el resto de partidos también mostró su estupor por el debate suscitado. Joan Puigcercós, presidente de ERC, emplazó a CiU -y en menor medida al PSC- a que se comprometa a no aceptar los votos del PP para gobernar. "La pregunta que nos debemos hacer es hasta cuándo el PP seguirá abusando de nuestra paciencia", dijo en una visita a las fiestas de Sants, recordando el recurso contra la Ley de Acogida presentada por la defensora del pueblo en funciones, ex diputada del PP.

Muy molesto, Puigcercós acusó a los populares de ser los culpables de la soledad que a veces dicen sentir en Cataluña. "No nos gusta estigmatizar. Me gustaría que el PP formase parte de la normalidad política de Cataluña, pero", planteó el republicano, "parece que quieren la desaparición del catalán y no podemos admitirlo". Josep Maria Pelegrí, de Unió, acusó al PP de "estimular al Estado jacobino a ir contra Cataluña".

Judit Carreras, la diputada socialista ponente de la ley, atribuyó las críticas al código a la cercanía de las elecciones. Y fue categórica: "Es triste que haya partidos que quieran crear problemas en un tema tan sensible como el de la lengua". Carreras afirmó que la ley no tiene ánimo persecutorio y de ser conflictiva: "Las sanciones por temas lingüísticos representaron el 6% del total en 2009. Son casi insignificantes. Es ver problemas donde no los hay".

Pese a las críticas, Camacho y Rivera coincidieron en criticar a Montilla por haber tachado de "partidista" el recurso que la defensora del pueblo interpuso contra la Ley de Acogida de inmigrantes. "Actúa con una falta de respeto a las instituciones democráticas", dijo Camacho que recordó que el antiguo defensor, Enrique Múgica, que recurrió el Estatut, fue ministro socialista. Y Rivera acusó al Gobierno catalán de "incumplir las sentencias del TC". "Si no se respetan instituciones como el TC o el Defensor del Pueblo se pone en cuestión la propia democracia", dijo.

(www.elpais.com, 24/08/10)

12. CATALUÑA. EL PRESIDENTE DEL PP EN GIRONA PIERDE TODOS LOS PUNTOS DEL CARNÉ DE CONDUCIR

Poco después de que el líder de su partido, Mariano Rajoy, mandara un videomensaje desde el coche sin el cinturón de seguridad puesto; se ha conocido que Enric Millo, presidente del PP y diputado en el Parlamento catalán, ha perdido todos los puntos del carné de conducir. Millo ha cometido diversas infracciones de tráfico, relacionadas sobre todo con el exceso de velocidad.

El Diari de Girona informa de que la Dirección General de Tráfico (DGT) no logró localizar a Millo, a pesar de la condición de cargo público que ostenta el infractor. Por este motivo, se le comunicó que su saldo de puntos se ha agotado a través del Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El diputado regional, que previsiblemente encabezará la lista del PP en Girona en las próximas elecciones al Parlamento, ha perdido su carné por un cúmulo de sanciones, cometidas fundamentalmente por exceso de velocidad. Esto ha conllevado las correspondientes multas y la correspondiente retirada de puntos del carné, hasta agotarlos todos.

En declaraciones a e-notícies, Millo ha remarcado que no ha recibdo ninguna notificación, aunque los Mossos d'Esquadra saben perfectamente donde vive. Además, ha intentado restar importancia al asunto al subrayar que "no hay ninguna infracción grave, ya que son de ir entre 119 y 133 kilómetros por hora". Al saberlo, de acuerdo con sus palabras, las ha recurrido todas "por falta de notificación" y por no haber podido ejercer sus "derechos como ciudadano".

No es la primera vez que Millo tiene problemas con las multas. Diari de Girona publicó en abril de 1999 que Millo tenía 11 multas de tráfico que se encontraban pendientes de pago. En aquella época, el político militaba en las filas de Unió Democràtica.

La conducción responsable no ha hecho mella en algunos dirigentes del PP. Millo y Rajoy no son los únicos que han cometido imprudencias en la carretera. El caso más grave es el del presidente de Nuevas Generaciones del partido y diputado nacional por Valencia, Nacho Uriarte, que dio positivo en un control de alcoholemia –0,52 miligramos por litro, el doble de lo permitido– después de golpear a otro vehículo en la madrugada del pasado19 de febrero. Ante esto, el PP se volcó con su diputado y defendió que su reacción había sido "ejemplar". El Tribunal Supremo será el encargado de investigar si Uriarte cometió o no un delito contra la seguridad del tráfico.

(www.elplural.com, 02/08/10)

13. GALICIA. ‘CASO GÜRTEL’. EL JUEZ RECHAZA BAJAR LA FIANZA AL EX SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PP DE GALICIA POR HABER DINERO OCULTO

José Arturo Fernández, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que sustituye por vacaciones a Antonio Pedreira, ha rechazado rebajar la fianza de 1.200.000 euros que pesa sobre Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia y número dos de la trama de corrupción Gürtel.

El juez argumenta que Crespo era el "asesor áulico" del cabecilla de la red, Francisco Correa, y como tal "recibió cantidad ingente" de dinero que "aún no ha podido ser localizado". Hay una quincena de comisiones rogatorias enviadas al extranjero en busca de los millones que presuntamente tiene escondidos la trama en varios países.

Pedreira sí redujo sustancialmente en dos ocasiones la fianza a Antoine Sánchez, primo de Correa, y testaferro y gestor de buena parte de sus sociedades. El abogado de Crespo pedía para su cliente el mismo trato, habida cuenta de que, en su opinión, tiene arraigo en España (por lo que no huiría) y no se sustraería de la acción de la justicia.

Fernández asegura, sin embargo, que los seis delitos que se le imputan a Crespo están penados con más de dos años de cárcel "y están relacionados con su condición de gestor del patrimonio de Correa y de las sociedades vinculadas a este". Y añade: "De las diligencias practicadas se desprende que Crespo era uno de los especialistas en la organización de eventos y obtuvo extraordinarios beneficios económicos (...), siendo su colaboración con Correa indiscutible". De los tres detenidos por su presunta implicación en la trama que aún permanecen en prisión, Pedreira sólo ha accedido a rebajar la fianza de Antoine Sánchez.

Por otra parte, la policía entregó hace dos semanas al juez Pedreira un informe de 50 páginas en el que solicita que reclame al PP de Madrid y a la fundación Fundescam toda la información contable referida a los años 2003 y 2004, indicaron a Europa Press fuentes judiciales. Público informó ayer de que la policía quiere esa información ante la sospecha de financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre a través de Fundescam.

En su informe, la policía también insta a Pedreira a que recupere los datos de facturación de Special Events, una de las empresas del líder de la trama, Francisco Correa, con la que se organizaban algunos actos del PP.

(www.elpais.com, 13/08/10)

14. GALICIA. FEIJÓO IMPONE POR LEY LA FIGURA DE LOS 'SUPERDELEGADOS' TERRITORIALES

Fue una de las grandes novedades del Gobierno de Feijóo y quedará consagrada por ley. La creación de los superdelegados territoriales, que aglutinaron en un solo cargo a los delegados provinciales de las distintas consellerías, es una de las novedades del anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General y el Sector Público, que ayer aprobó el Consello de la Xunta. Tal y como se estableció en el decreto de creación, motivado en la necesidad de adelgazar la Administración y contribuir a la austeridad en el gasto público, los superdelegados tendrán rango de director general. Pero el texto legislativo, que ahora se trasladará al Parlamento, esquiva el extremo más conflictivo de su creación, el del ámbito territorial que abarcarán los representantes de la Xunta, que motivó una manifestación en Pontevedra contra la creación de la plaza de Vigo.

El artículo que define la figura del delegado territorial le concede competencias sobre "ámbitos territoriales inferiores al de la Comunidad Autónoma de Galicia", sin mencionar su coincidencia o no con las provincias. En ese nuevo órgano se integrarán todas las unidades administrativas de la Administración general "en el correspondiente ámbito territorial en la forma en que se determine reglamentariamente". Será por tanto el desarrollo posterior de la ley el que aborde el espinoso asunto de Vigo, cuyo rango -las consellerías representadas- se rebajó tras las protestas en la capital pontevedresa.

Las superdelegaciones dependerán administrativamente de la Consellería de Presidencia y Administraciones Públicas, la impulsora de la nueva ley, aunque "también podrán recibir directrices e instrucciones procedentes de otras consellerías desde sus respectivos ámbitos competenciales". Los delegados representarán a la Xunta, mantendrán relaciones de cooperación y coordinación con las restantes administraciones y gestionarán los servicios compartidos. Serán también los órganos de contratación en su territorio. En cada delegación territorial, bajo la dependencia orgánica de los superdelegados, existirá una secretaría territorial con nivel orgánico de subdirección general, así como jefaturas territoriales que dependerán orgánica y funcionalmente de cada consellería.

En la presentación ayer del anteproyecto, tras la reunión del Consello, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, incidió exclusivamente en la reorganización de la denominada Administración paralela, constituida por entes públicos de diverso tipo dependientes del Gobierno gallego. Según el presidente, se trata de lograr una gestión pública "más transparente y profesionalizada que reduzca el gasto". Así, Feijóo afirmó que la ley definirá "por primera vez, los únicos entes que podrán existir". Serán seis únicas categorías: organismos autónomos, agencias públicas autonómicas, entidades públicas empresariales, consorcios autonómicos, sociedades mercantiles públicas autonómicas y fundaciones del sector público autonómico. "Y a partir de ahí, no puede haber nada más", destacó Feijóo.

El anteproyecto reduce la retribución máxima que puede percibir el personal de alta dirección y establece nuevos mecanismos de control de las consellerías respecto de la contratación de las entidades que dependen de ellas. La normativa, pactada con UGT, Comisiones Obreras y CSIF, habilita al Consello de la Xunta para integrar progresivamente como personal laboral fijo de la Xunta a los empleados de organismos autónomos que ya disponen de esa categoría. Garantiza además los principios de mérito, publicidad, capacidad y concurrencia en el acceso al empleo público en ese tipo de entidades.

(www.elpais.com, 06/08/10)

15. GALICIA. UN ATESTADO JUDICIAL CUESTIONA LA VERSIÓN DE LA XUNTA SOBRE EL FUEGO DE FORNELOS

A las pocas horas del incendio en el que perdieron la vida dos brigadistas el pasado 12 de agosto en Fornelos de Montes (Pontevedra), la Xunta aseguró que el fuego había comenzado en tres focos simultáneos prendidos con un mechero. Trataba así de subrayar la intencionalidad del fuego, a la que el presidente, Alberto Núñez Feijóo, añadió en una declaración institucional los agravantes de "nocturnidad y alevosía". Un informe pericial puesto a disposición del juez que instruye el caso no solo cuestiona ahora esa versión del Gobierno gallego, sino también la organización del dispositivo de extinción.

Esta investigación pone en entredicho la teoría de los tres focos, que considera elaborada sin ningún fundamento práctico, y se inclina por la existencia de un origen único. Tampoco ve el menor indicio del uso de un mechero, un dato por lo demás irrelevante. Las investigaciones apuntan a que se trató de un incendio intencionado, como lo son casi el 70% de los registrados en Galicia, según un reciente informe de la fiscalía. La única peculiaridad en este caso es, según el atestado, el fallecimiento de los brigadistas y la presunta desorganización del operativo.

Según fuentes próximas a la investigación, la Guardia Civil pone de relieve en su informe la descoordinación entre las dos brigadas que se presentaron en Fornelos para luchar contra las llamas, las de Vigo y Gondomar, que actuaron sin comunicación previa y sin conocer el terreno. El atestado trata de esclarecer además cómo el capataz de la brigada de Gondomar, a la que pertenecían los dos fallecidos, abandonó al resto del grupo para poner a salvo un vehículo, dejando al resto de la cuadrilla sin el único equipo de transmisiones disponibles.

También pone el acento en la distancia entre unos brigadistas y otros, que debían atacar las llamas en paralelo y con cinco metros de separación, una formación que, de haberse mantenido, hubiera evitado que los dos jóvenes se separaran del resto y se desorientaran. Similares dudas fueron planteadas ya por los sindicatos, que acusaron a la Xunta de desviar la atención poniendo el énfasis en el origen del fuego.

La detención del presunto autor de otro incendio, que arrasó 450 hectáreas de monte en Boiro (A Coruña), provocó ayer la indignación de familiares y vecinos, que niegan su vinculación con el siniestro, informa Pablo Linde. "Se llevaron a un inocente", clamaba ayer una prima del detenido, que coincide en su veredicto con la mayoría de los residentes en la parroquia.

Además, el detenido por otro incendio en Teo (A Coruña), de 63 años, ingresó en prisión provisional tras prestar declaración en el juzgado de Santiago. Está acusado de provocar un fuego en la parroquia de Lucí que arrasó 26 hectáreas.

(www.elpais.com, 19/08/10)

16. GALICIA. UN DIRIGENTE VECINAL AFÍN AL PP CORUÑÉS CAPTA AYUDAS Y CONTRATOS MILLONARIOS DE LA XUNTA

Gerardo Crespo Riestra "es ante todo un trabajador incansable". Así arranca la presentación de este coruñés de 49 años, activo dirigente vecinal y próximo al PP, en la página web de su empresa de consultoría y formación Azetanet. Incansable también lo es Crespo en crear entidades, sociedades, fundaciones y asociaciones de todo tipo que captan ayudas públicas millonarias de la Xunta. Y de otros gobiernos autonómicos del PP. Hasta un millón de euros asciende la suma de las subvenciones de la Consellería de Traballo concedidas a entidades de Crespo para organizar por toda Galicia cursos para desempleados.

Activo es también este empresario y dirigente vecinal en obtener ayudas de la Administración para actividades variopintas. Cuatro de sus asociaciones, cuya dirección suele compartir con su esposa, María del Carmen Canel Crespo, lograron hace un año 9.739 euros de los fondos de la Secretaría Xeral de Política Lingüística realizó para entidades privadas sin ánimo de lucro a fin de "incrementar los usos de la lengua gallega en áreas de la transmisión familiar y de la juventud". Crespo, como presidente de la asociación de vecinos de El Ensanche de A Coruña, es un conocido activista en contra de la galleguización del callejero de la ciudad y a favor de la recuperación del topónimo castellano.

Entre las entidades de Crespo que se beneficiaron de estas ayudas para la promoción del gallego, concretamente 2.235 euros para realizar un concurso de monólogos de humor, está la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación (Fundefo). Un entidad sin ánimo de lucro presidida por Crespo que capta cuantiosas subvenciones públicas, sobre todo desde 2006, cuando, según reza el perfil de su responsable, "pasó a ser nacional con la incorporación de otros patronos". Entre estos figura como secretario de Fundefo, Luís Gavaldà, ex alto cargo de la Generalitat e implicado en el caso Pallerols, una trama de supuesta financiación irregular de UDC con subvenciones de la Consejería de Trabajo.Como vocal de la fundación presidida por Crespo también aparece Jaime López Cossío, que fue director de Colocación y Empleo en la Xunta de Fraga. Fundefo acaba de obtener de la Consellería de Traballo 272.217 euros para organizar cinco cursos para desempleados en A Coruña, Betanzos, Viana do Bolo (Ourense) y Pantón (Lugo). En febrero pasado, logró otros 189.587 euros de la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, para un programa experimental de empleo.

El BNG acaba de presentar una pregunta en el Parlamento gallego por considerar sospechosa la "sorprendente concentración de ayudas de la Xunta y otras comunidades del PP en entidades dirigidas por un empresario próximo" a este partido. Para el diputado nacionalista Carlos Aymerich, la consellería que dirige Beatriz Mato, galardonada hace unos meses por Crespo con el título de Coruñesa del año, debería explicar ante la Cámara si están demostrados "los resultados y eficacia de las acciones formativas" de esas entidades.

La denuncia partió del alcalde de Oleiros, Ángel Seoane, indignado por la drástica reducción de las subvenciones de Traballo para los ayuntamientos mientras que las tres entidades de Crespo Riestra lograron la adjudicación de 24 cursos para los que percibirán un total de un millón de euros. Gran parte de ese dinero destinado a organizar cursos de fomación para parados recayó en Azetanet, una consultoría con 105 trabajadores cuya nueva sede central en A Coruña fue inaugurada hace un año por la conselleira Mato, así como Gecreri S.L., una empresa de enseñanza propiedad de Crespo y administrada por su mujer.

"Es un ciudadano que se multiplica como los panes y los peces con cursos por toda Galicia, como dice el refrán un perro con distintos collares", acusó Seoane. El regidor de Oleiros recordó que con la concesión de estas subvenciones, procedentes de fondos europeos para el empleo, el adjudicatario recibe automáticamente el 60% del dinero. Y mientras, ayuntamientos como A Coruña y los de su comarca no obtuvieron un céntimo para esos cursos.

Crespo ha anunciado querellas contra Seoane y Aymerich, y alega que sus proyectos fueron sometidos a concurso público. Traballo, por su parte, asegura que la cuantía de las ayudas concedidas a Crespo es "prácticamente idéntica a la de años anteriores" e incluso inferiores a las que les dio en 2007 el bipartito (1,3 millones).

(www.elpais.com, 25/08/10)

17. GALICIA. EL EX ALCALDE DE NIGRÁN PAGÓ PARTE DE LA CAMPAÑA DEL PP CON FONDOS PÚBLICOS

Entre 2004 y 2007, el Ayuntamiento de Nigrán estaba presidido por Alfredo Rodríguez, del Partido Popular. El desgaste de un polémico plan general de urbanismo le impidió volver a ser candidato, pero eso no fue osbtáculo para que pagase con fondos de las arcas municipales facturas de la campaña de su sucesor en la lista del PP, Alberto Valverde. Así se desprende de una reciente sentencia del Juzgado número 2 de Vigo, en la que se advierte de la infracción penal por el uso de "fondos públicos para las campañas publicitarias propias de un concreto partido político".

El pago de facturas para la campaña de las elecciones municipales del PP en 2007 ha aflorado con un contencioso relacionado sólo indirectamente con el caso. La empresa a la que el entonces alcalde, Alfredo Rodríguez, encargó la "estrategia de comunicación" de Nigrán durante su mandato, Ecovigo Publicidad, reclamó judicialmente en julio de 2009 el abono de tres facturas por un importe total de 19.140 euros, que fueron rechazadas por el actual alcalde, el socialista Efrén Juanes. Para sustentar su petición, la empresa incluyó un DVD que contiene "todos los trabajos realizados para la Administración local" entre diciembre de 2004 y mayo de 2007. En ese disco se incluye cartelería del PP y una revista, Nigrán Hoxe, de la que ese partido repartió varios miles de ejemplares en plena campaña electoral.

Se trata de una revista de más de 30 páginas a todo color con profusión de fotos del candidato. En la sentencia, el juez refleja que en la publicación "figura en su portada el logotipo del PP, e incluye un cartel electoral con la foto de su candidato solicitando explícitamente el voto para el mismo".

En su testimonio, los periodistas subcontratados por Ecovigo, Eugenio Eiroa y su colaborador Daniel Soto, indicaron inicialmente que la revista se encontraba "dentro de la estrategia de comunicación" convenida con el Ayuntamiento de Nigrán, aunque Eiroa matizó posteriormente que "desconocía" si se había confeccionado o publicado con fondos del PP o de las arcas municipales.

"En cualquier caso", relata el juez, "los elementos probatorios aportados son indiciarios de que dicha revista, publicada con finalidad propagandística y publicitaria específica de un partido político, formaba parte de la Estrategia de Comunicación con cargo a la cual Ecovigo Publicidad S.L. giraba sus facturas al Concello, lo mismo que el cartel electoral del Partido Popular, incluido en la revista, que pedía explícitamente el voto para el mismo".

Según fuentes próximas al caso, durante los cuatro años que duró la relación del Ayuntamiento de Nigrán con la empresa publicitaria, las facturas superaron los 160.000 euros. La sentencia, que rechaza la reclamación de Ecovigo, pone de manifiesto que la relación de ésta con el ayuntamiento que dirigía Alfredo Rodríguez era puramente verbal, y careció de "expediente de contratación, presupuesto, certificado de existencia de crédito, fiscalización de Intervención y aprobación del gasto". "Ni siquiera se puede saber con exactitud en qué consistieron concretamente" los servicios de las tres facturas no pagadas y reclamadas judicialmente, señala el fallo.

(www.elpais.com, 05/08/10)

18. ANDALUCÍA. DE LA TORRE DICE QUE TIENE "LA VOLUNTAD" DE ELIMINAR LOS PLUSES A EX JEFES DE URBANISMO

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), aseguró ayer que "la voluntad política" de su equipo de gobierno es "que no existan" los complementos que cobran algunos ex jefes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) con los que mantienen el mismo nivel retributivo que cuando tenían el cargo de responsabilidad. Y ello pese a que el convenio colectivo que aprobará hoy el consejo de administración de la GMU contempla el mantenimiento de los mismos aunque admite la posibilidad de reducirlos para que no suponga mantener al 100% el mismo salario que cuando se era jefe.

De la Torre explicó ayer que la eliminación de los complementos personales debe realizarse desde la negociación colectiva y en virtud de lo que marque la ley. El comité de empresa de la GMU tiene impugnados estos complementos.

Actualmente, 38 trabajadores de la GMU perciben pluses personales, entre ellos nueve ex jefes que en algunos casos llegan a percibir por este concepto 2.000 euros mensuales. La propia asesoría jurídica del consistorio considera que el sistema retributivo de la GMU es "cuanto menos irregular".

El alcalde volvió a escudarse ayer en que no fue el PP el que introdujo este concepto de complementos personales en el convenio, que datan del año 1990, cuando gobernaba el PSOE y que en 2004 los intentó eliminar.

El portavoz municipal de IU, Pedro Moreno Brenes, exigirá en el consejo de la GMU la eliminación de estos pluses que entiende no tienen cabida en la legislación laboral. "En el marco de un estado social y democrático de derecho no son admisibles privilegios vitalicios y que retribuyen servicios no prestados", explicó.

El concejal de IU dijo no explicarse por qué el PP le da tantas vueltas a la eliminación de estos pluses, cuando entiende que es "perfectamente viable jurídicamente", y recordó que el propio informe de la asesoría jurídica municipal admite que se pueden suprimir independientemente de que estén recogidos en convenio o en las cláusulas de un contrato de trabajo en particular.

El secretario provincial del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, criticó que "mientras miles de familias lo pasan mal en estos tiempos de crisis y priman las políticas de austeridad en las instituciones, De la Torre sólo se preocupa por mantener el estatus a los ex altos cargos de Urbanismo y retribuirles por funciones que ya no desempeñan". Para Heredia, estos pluses "van en contra de las pautas de buen gobierno y de la mínima ética que hay que tener en la gestión de los fondos públicos".

(www.elpais.com, 12/08/10)

19. ANDALUCÍA. "NO PUEDO IMPEDIR QUE EL HIJO DE UN ALCALDE DEL PP SE PRESENTE A UNA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO"

La polémica surgida en Málaga en torno a la contratación del hijo de la alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, como diseñador gráfico por parte del alcalde de Torremolinos, del mismo signo político, amigos y vecinos casi limítrofes de ambos municipios, sigue generando perplejidad por la normalidad con la que ha sido asumida por el edil y el silencio de la otra regidora, Esperanza Oña, portavoz además del PP en el Parlamento andaluz. El alcalde Fernández Montes justifica la poca o nula publicidad que se dio a a la convocatoria del contrato, así como los 60.000 euros con los que se remunera por solo un mantenimiento de la web municipal, como una demanda de la oposición sobre la mejora de la web

La Tribuna de Torremolinos, medio que casi en solitario está informando del asunto, publica esta semana que el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, ha dado explicaciones sobre el asunto en una comparecencia ante una televisión local. Y lo ha hecho obligado al ser preguntado por un medio provincial sobre el polémico tema.

Según el periódico, "el alcalde comenzó la respuesta, con la manida frase de "me alegro que me haga esta pregunta", para a continuación confirmar lo que ya informó este periódico: que el sistema de publicitación utilizado es el habitual del ayuntamiento, es decir convocatoria en el tablón de anuncios consistorial (como si de un colegio o comunidad de vecinos se tratase) y "ahí que se presenta el que quiera".

Y la respuesta más reiterada en varias ocasiones: "Yo no puedo impedir que se presente a esta u otras plaza el hijo de un alcalde o alcaldesa del Partido Popular. Está en su derecho, como cualquier otro ciudadano". Y por supuesto hizo referencia a la manera de contratación para cargos de confianza: "Otros ni siquiera hacen una convocatoria pública, sino que los contratan directamente como asesores o cargos de confianza, a dedo". Parece que en el Ayuntamiento de Torremolinos no se ha contratado a nadie a dedo en los últimos veinte años.

Luego entró en contradicción cuando señaló que para otras plazas como conserje o peón se presentaron más de doscientas solicitudes y en esta, como diseñador gráfico, con conocimientos en informática solo se presentaron cinco porque "era muy especializada". Como si no hubiera en toda la provincia de Málaga más que cinco personas preparadas, con estudios y experiencia dispuestas a presentarse a esta plaza para cobrar 60.000 euros al año.

Por cierto, cantidad que no desmintió el alcalde y por la que tampoco le preguntaron. Además dio detalles de una de las aspirantes a la plaza, en donde justificó que no se presentó a la entrevista final, "porque le había salido un trabajo en Madrid", cuando la realidad fue que no se presentó porque la prueba de la entrevista final tenía una valoración de dos puntos máximo, y ya le habían dado al hijo de Esperanza Oña una ventaja de 2,10 puntos antes de la misma y por tanto no tenía ninguna opción de conseguirla.

El alcalde justificó lo contratación de diseñador gráfico por la demanda constante de la oposición de mejorar la página web municipal. Un argumento que no se sostiene porque por lo que va a costar el puesto del hijo de Esperanza Oña (60.000 euros al año) se puede contratar a una empresa especializada que diseñaría, mantendría y actualizaría la página web, por menos de la mitad de dicho coste.

El asunto seguro que traerá cola porque, además, el sistema de convocatoria pública que utiliza el Ayuntamiento de Torremolinos no es nada transparente y se presta a muchas manipulaciones. En estos tiempos de la comunicación digital existen muchas formas de provocar la libre participación e igualdad de oportunidades para todos, y no solo restringida a quien tenga un amigo en el ayuntamiento o un compañero de partido.

(www.elplural.com 21/08/10)

20. ANDALUCÍA. LA LÍNEA COBRARÁ UN PEAJE DE HASTA CINCO EUROS POR ACCEDER A GIBRALTAR

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Alejandro Sánchez (PP) ha anunciado esta tarde que la tasa de descongestión que pretende aplicar a quienes accedan a Gibraltar "rondará los cinco euros" y "comenzará a aplicarse una vez concluyan los trámites administrativos", aproximadamente a mediados del mes de octubre.

Esta tasa está avalada por el marco comunitario y grava la densidad de circulación con la finalidad de reducir el volumen del tráfico en aquellos accesos o lugares en los que este es elevado. Londres, en 2003, fue la primera gran capital del mundo en introducir este gravamen. Otras ciudades que también la aplican son Estocolmo o Riga.

El regidor ha asegurado que esta decisión viene motivada por "el abandono del Gobierno de la nación" y ha reclamado la recuperación de la Carta Económica Especial que en 2003 congeló el Ejecutivo socialista. Con la aplicación de la tasa, el Ayuntamiento de la Línea pretende obtener unos los ingresos anuales de unos 30 millones de euros, a tenor de los datos oficiales de los vehículos que atraviesan el municipio camino de Gibraltar.

Sánchez, que no ha ofrecido detalles concretos de esta iniciativa, sí ha confirmado que mañana martes, "se dictará una providencia que será debatida en las correspondientes comisiones informativas antes de su aprobación definitiva por parte del pleno del Ayuntamiento". El alcalde popular ha declarado, además, que "se está elaborando un estudio técnico que servirá para perfilar la cuantía definitiva de la tasa que se aplicará a los vehículos de visitantes y el trazado de acceso en el que se implementará". Eso sí, Sánchez ha aclarado que "el lugar de cobro será instalado en suelo municipal", lo que permitirá eludir, según el regidor, la intervención del Ministerio de Fomento, a quien pertenece la carretera de acceso al Peñón.

El alcalde ha recalcado que "la cuantía de esta tasa será más elevada para los camiones que entren a Gibraltar transportando gravas, piedras, ladrillos o material de escombros con los que se rellenan las aguas que rodean al Peñón", ya que "los rellenos afectarán a las playas de Levante y eso no lo podemos permitir". Aunque aún se están perfilando todos estos detalles, fuentes próximas al gobierno municipal han confirmado que "los vehículos podrían ser desviados hacia el centro de la ciudad antes de llegar a los accesos al Peñón". Además, los responsables del Ayuntamiento linense barajan la posibilidad de que la "nueva tasa" no sea aplicada a los vehículos y visitantes del resto de municipios del Campo de Gibraltar.

Sánchez ha insistido en que "una tasa similar se aplica en distintas ciudades europeas", por lo que "deseo no sentir vergüenza de que nuestro propio gobierno lleve a una ciudad fronteriza como La Línea ante el Tribunal de Luxemburgo", ha añadido el regidor, quien espera "no escuchar, ni leer declaraciones de diputados españoles que parecen proceder de la Cámara de los Comunes británica".

"Queremos vivir con Gibraltar, pero no de Gibraltar", ha apostillado el popular, quien planteará "un contencioso administrativo contra el Gobierno para conseguir la titularidad de la actual carretera de acceso a Gibraltar", ya que, según ha manifestado, "fue construida en 1985 sin que La Línea obtuviese la más mínima compensación por tanta servidumbre prestada, estando en la actualidad blindada, sin que el Ayuntamiento tenga potestad alguna sobre ella, a pesar de ser un trazado netamente urbano".

El alcalde linense ha informado que los técnicos están trabajando para perfilar la aplicación de la tasa y la correspondiente modificación del tráfico en la zona de acceso a Gibraltar y ha concluido diciendo que "La Línea no puede permitir tener dos colas: la de los 10.000 parados que se han generado y la que se forma en los kioscos de Gibraltar para comprar un cartón de tabaco que luego es revendido en nuestra ciudad por un beneficio de tres euros".

El enfrentamiento que el alcalde de La Línea ha abierto contra el Gobierno central con esta medida tendrá, además, continuidad con otras acciones, como la marcha que pretende llevar a cabo hasta el Palacio de la Moncloa para "reivindicar la ayuda legítima que una ciudad española debe tener", ha agregado.

(www.elpais.com, 09/08/10)

21. COMUNIDAD DE MADRID. CASO GÜRTEL’. AGUIRRE DIO 13 MILLONES A LAS FIRMAS DE PUBLICIDAD FANTASMA

Las tres agencias que se beneficiaron de la publicidad fantasma en Madrid las campañas que el Gobierno de Esperanza Aguirre pagó en 2006 pero que nunca llegaron a realizarse en los términos acordados firmaron un mínimo de 20 contratos con la Comunidad entre 2004 y 2008, el periodo de máxima penetración de la trama Gürtel en el Gobierno regional. Swat SL, la consultora que sugirió las adjudicaciones fantasma, y Over Marketing y Comunicación (Over MC) y Marketing Quality Management (MQM), las dos empresas que en teoría idearon las campañas Made in Madrid y El motor de nuestro desarrollo, sumaron en total adjudicaciones por valor de 12,8 millones de euros en este periodo, repartidas en ocho consejerías. Todas ellas en concursos abiertos, legales y publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad.

En estos años, el entramado del grupo de Francisco Correa concentró su actuación en Madrid y Valencia. Entre 2004 y 2008, facturó al Gobierno de Aguirre a través de las empresas que controlaba directamente como Easy Concept y Servimadrid alrededor de 3,5 millones de euros. Esta cifra equivale apenas al 30% de lo recaudado por las tres empresas beneficiarias de la publicidad fantasma que pagó el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), dirigido por Aurelio García de Sola y adscrito a Economía. Las tres agencias se coordinaron con la trama en varias ocasiones, según la documentación que maneja el juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira.

Según correos electrónicos aportados al juez por el ex concejal que denunció el entramado corrupto, José Luis Peñas, Swat SL organizó para la Gürtel adjudicaciones en Majadahonda cuando el alcalde era el hoy imputado Guillermo Ortega y su jefa de gabinete era Carmen Rodríguez, la esposa de Correa. Los emails, firmados por un ejecutivo de Swat SL, daban instrucciones sobre cómo trocear contratos para evitar el concurso público y repartirlos a dedo entre varias empresas amigas.

Por su parte, Over MC ayudaba a la trama a asociarse con empresas pantalla para poder acceder a concursos en Madrid sin dejar rastro, según ha declarado ante el juez la imputada Isabel Jordán, ex administradora de Easy Concept. La empresa trabajó en Balears para otro imputado, Pau Collado, durante la etapa de este como alto cargo de Jaume Matas, antes de asumir él mismo la dirección de Easy Concept.

Over MC ayudaba a la trama a asociarse con empresas pantalla

Según Jordán, fue un directivo de Over MC, Javier Rodríguez Monasterio, quien puso en contacto a la trama con MQM, la otra beneficiaria de la publicidad fantasma. MQM, que acabó contratando a Jordán, fue la empresa elegida por el hoy imputado Alberto López Viejo en 2007 para organizar los actos institucionales de Esperanza Aguirre. Pese a ello, las empresas de la Gürtel siguieron facturando a Presidencia por el mismo concepto. Ese mismo año 2007, MQM abonó a la trama 409.000 euros. El fiscal del caso Gürtel ha pedido la imputación de su administrador, Antonio Martín Sánchez, después de que la diputada de Izquierda Unida Reyes Montiel presentara un escrito al fiscal tras descubrir que la campaña Made in Madrid nunca llegó a realizarse.

De las tres empresas de la publicidad fantasma, la mejor conectada con el Gobierno regional era Over MC. Entre 2004 y 2008 obtuvo siete millones en contratos, ya sea directamente o a través de Traci Comunicación, compañía gemela con la que compartía administrador y apoderado. Además del contrato del Imade, Over MC logró otras siete adjudicaciones entre 2004 y 2007, que oscilan entre los 190.000 euros para una campaña publicitaria de Educación, en septiembre de 2006, y 1,31 millones por una consultoría para Familia y Asuntos Sociales, en abril del mismo año. Traci ganó otros cinco concursos. El mayor, para otra campaña en Educación, adjudicada en noviembre de 2006 por 223.000 euros. Por su parte, Swat SL, que firmó con el Imade un contrato de consultoría en agosto de 2006, justo a tiempo para sugerir el nombre de las empresas adjudicatarias de la publicidad fantasma, había ganado otro concurso análogo en 2004 en el Canal de Isabel II, aunque por más dinero: 1,9 millones.

Finalmente, MQM obtuvo 2,7 millones en cuatro grandes contratos, incluido el del Imade, entre septiembre de 2006 y octubre de 2008, cuando fue contratada por López Viejo en Deportes. El de los actos de Presidencia, firmado justo antes del arranque de la campaña electoral de 2007, se gastó íntegramente durante la campaña. Luego el contrato fue ampliado y se extendió a 2008.

El semestre preelectoral de 2007 fue el momento más intenso de adjudicaciones del Gobierno de Aguirre a las empresas de la publicidad fantasma. En este periodo, la Comunidad firmó diez contratos con estas agencias: cuatro en Educación por un total de 711.000 euros, dos en el Imade por 3,25 millones; y uno en Sanidad (672.000 euros), Medio Ambiente (919.000), Economía (490.000) y Presidencia (250.000). Además, hubo dos modificaciones de contrato, que favorecieron a MQM y a Over MC.

(www.publico.es , 22/08/10)

22. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. LA POLICÍA PIDE AL JUEZ DETENER A UN ALCALDE Y TRES EX ASESORES DEL EJECUTIVO DE AGUIRRE

La policía ha descubierto nuevos negocios de la trama Gürtel y ha pedido al juez Antonio Pedreira y a las fiscales anticorrupción la detención del actual alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Juan Jesús Siguero, del PP, y de tres ex asesores del Gobierno de Esperanza Aguirre que supuestamente facilitaron información a las empresas del cabecilla de la red, Francisco Correa, para amañar contratos y adjudicarlos a la trama corrupta.

La unidad de blanqueo de capitales de la Policía, la UDEF, ha elaborado un informe en el que esgrime toda una batería de pruebas e indicios que aconsejan la detención de estas cuatro personas para ser interrogadas y evitar que oculten pruebas. Documentación intervenida en registros en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (44.000 habitantes) revela que Siguero no solo facilitó a la trama Gürtel información previa de contratas que luego sacó a concurso el Consistorio, sino que además se implicó personalmente en la redacción y preparación de los pliegos de licitación que presentaban las empresas de Correa. Este alcalde es el que, con el respaldo del PP, sustituyó al anterior, Arturo González Panero, El Albondiguilla, que dimitió al estar entre los principales implicados en el caso Gürtel.

La policía sospecha que Siguero intervino activamente, entre otras contratas, en la adjudicación de la Oficina de Atención al Consumidor de Boadilla (OAC) por más de 600.000 euros y un periodo de 14 años. Esta oficina, instalada en el mismo Ayuntamiento, fue cerrada tras estallar el escándalo. Las fiscales anticorrupción Concha Sabadell y Miriam Segura ya han respondido a las peticiones policiales de detención de estas personas con otro escrito en el que rechazan esta medida, si bien avalan que se cite a los nuevos implicados, una veintena solo en Madrid, como imputados o testigos, señalan fuentes de la investigación. El juez no se ha pronunciado aún, explican estos medios.

La policía sostiene que la trama Gürtel estaba plenamente conectada a Alberto López Viejo, ex viceconsejero de Presidencia y luego consejero de Deportes del Gobierno de Aguirre. López Viejo actuaba supuestamente a través de sus máximos colaboradores para facilitar información de primera mano a las empresas de Correa sobre los contratos que salieron de su departamento y de otras consejerías del Gobierno de Aguirre hasta finales de 2008.

Los investigadores han analizado abundante documentación que implicaría a María del Carmen García, mano derecha de López Viejo en su secretaría cuando éste era viceconsejero de Presidencia. También quieren que sea detenido Pedro Rodríguez Pendas, asesor técnico de López Viejo hasta 2007, y Julia López, adscrita a la vicepresidencia de la Comunidad y también bajo las órdenes de López Viejo.

Según fuentes conocedoras del informe, María del Carmen García, "siempre por indicación de López Viejo", facilitaba a las empresas de Correa información confidencial sobre contrataciones y les decía cómo debían confeccionar las futuras facturas y qué debían incluir en sus ofertas para adjudicarse las contratas que iban saliendo, procedentes de casi todas las consejerías de Aguirre. Rodríguez Pendas era otra pieza clave. Entre 2003 y 2008, con López Viejo como viceconsejero de Vicepresidencia, se encargaba de informar a la red de Correa de cómo debía trocear los contratos en cantidades inferiores a 12.000 euros (para evitar el concurso) y qué conceptos debían figurar en las posteriores facturas. Julia López, siempre según estos medios, cooperaba con Rodríguez Pendas y hacía facturaciones, y realizaba diferentes justificantes de pago, con datos falsos, para aparentar que las operaciones se hacían dentro de la legalidad.

La policía implica también a otra decena de personas en sus nuevas pesquisas y pide que se las cite, algunas como imputadas y otras como testigos. Algunos, ya imputados, son trabajadores de las empresas de Correa que, en connivencia con los ex colaboradores de López Viejo, intervenían en las licitaciones y se ponían de acuerdo con los empleados del cabecilla de la trama para conseguir las adjudicaciones. Así, figuran empleados de empresas del grupo Rafael y de las firmas Marketing Quality Management, Decoraciones CMR, que supuestamente habrían intervenido como pantallas de la red Gürtel.

Para disimular, Correa utilizaba a veces empresas ajenas a su vasto conglomerado societario y les daba una comisión a cambio de concurrir a las adjudicaciones que él tenía previamente amañadas y tapaba así la certidumbre de que las contratas siempre recaían en su grupo.

La policía también quiere interrogar a Fernando Martínez Vidal, ex responsable de Relaciones Externas de la consejería de Presidencia y ahora concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, quien, junto a Rodríguez Pendas, habría solicitado eventos que luego recayeron en la red de Correa.

Entre las empresas investigadas figura Servimadrid Integral, SL, que obtuvo en 2005 y 2006 los contratos para la organización y celebración de la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y también Easy Concept, una de las sociedades con las que operaba la red corrupta ante la Comunidad de Madrid, infló costes de actos de la Comunidad (por ejemplo, uno al que asistieron los príncipes de Asturias) para ganar un 40% por contrato y en muchos casos los presentaban al cobro en la Comunidad de Madrid bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality Management).

(www.elpais.com, 09/08/10)

23. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. LA POLICÍA ENTREGA AL JUEZ PEDREIRA UN INFORME SOBRE PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP MADRILEÑO

La fundación FUNDESCAM, vinculada al PP madrileño, ha sido puesta en el objetivo de la Brigada Blanqueo de Capitales de la Policía, un aparato de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que ha entregado al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, un informe de 50 páginas que recoge los datos de su investigación de la presunta financiación irregular del principal partido de la oposición en la Comunidad de Madrid. Se trataría de un millón de euros, donados por empresarios entre 2003 y 2004, a los que luego la Administración Aguirre adjudicaría, en pago, contratos millonarios.

Según la información divulgada por Público, la Policía reclama a Pedreira que pida al Partido Popular y a FUNDESCAM su facturación correspondiente a esos dos años, incluidas las operaciones con Special Events, una de las empresas de la trama Gürtel. De acuerdo con la investigación policial, el PP se habría servido de la fundación para burlar la Ley Electoral, que establece un límite de gasto en las campañas electorales.

El objetivo de la Policía está puesto, además, en la campaña electoral de 2004 para las elecciones al Parlamento Europeo, en la que el PP habría seguido el mismo método fraudulento de financiación. De ahí que uno de los requerimientos policiales afecte a la Junta Electoral.

En esta nueva fase de la investigación, la Policía pretende avanzar también en la relación de FUNDESCAM con la Comunidad de Madrid. Por el momento, se sabe que el Gobierno de Aguirre otorgó desde 2004 un total de 367 contratos a distintas empresas de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel y principal imputado en el caso. Según la investigación, varios departamentos o consejerías de la Comunidad contrataron distintos servicios de un mismo evento y pagaron por cada uno de ellos siempre menos de 12.000 euros, límite máximo fijado por la ley para que la adjudicación no tenga que salir a concurso.

En lo que respecta a FUNDESCAM, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha remitido al que era presidente del PP madrileño en 2003 y 2004, Pío García Escudero. "Que se lo pregunten a Pío, Pío, Pío", contestó Aguirre cuando fue preguntada al respecto. Tampoco la dirección regional del PP ha explicado a qué se destinó el millón de euros que recaudó de la fundación.

El juez Pedreira recibió el citado informe de la Brigada de Blanqueo de Dinero a principios de agosto, pero, según la información de que dispone Público, no está previsto que se pronuncie sobre sus peticiones hasta bien entrado el mes de septiembre.

(www.elplural.com, 12/08/10)

24. COMUNIDAD DE MADRID. LA POLICÍA INVESTIGA LOS GASTOS DEL PP EN ÉPOCA DEL' TAMAYAZO'

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía ha entregado al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, un informe de 50 páginas que recoge sus avances en la investigación de la presunta financiación irregular del PP a través de Fundescam, una fundación del partido en Madrid que recibió un millón de euros entre 2003 y 2004 en donaciones de empresarios a los que luego el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó contratos millonarios.

En este informe, la policía pide al juez que requiera todo tipo de información contable al Partido Popular y a la propia Fundescam correspondiente a esos dos años, incluidas las operaciones con Special Events, empresa clave en la trama que dirigía Francisco Correa. Hasta ahora, la investigación ha puesto de manifiesto que el PP se sirvió de Fundescam para burlar la Ley Electoral, que establece un límite de gasto en las campañas.

Según se reveló en mayo de 2009, la fundación abonó 300.000 euros a Special Events entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004 en concepto de gastos electorales que correspondían al partido. Para enmascarar la trampa, Special Events emitía facturas por conceptos que no se corres-pondían con la realidad.

Las campañas de las dos eleccio-nes autonómicas celebradas en Madrid en 2003, pagadas en parte por Fundescam, estuvieron separadas por el tamayazo, la repentina deserción de dos diputados socialistas que impidió la investidura de Rafael Simancas, propició la celebración de unos nuevos comicios y el desembarco final de Esperanza Aguirre en la Puerta del Sol.

Ahora, los requerimientos de la policía se centran en la campaña electoral de 2004 para las elecciones al Parlamento europeo, en la que el PP habría seguido el mismo método fraudulento de financiación. De ahí que uno de los requerimientos de la policía afecte a la Junta Electoral. El cuarto y último va dirigido al juez para que requiera información detallada al Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.

En esta nueva fase de la investigación, la policía pretende avanzar también en la relación de Fundescam con la Comunidad de Madrid. Por el momento, se sabe que el Gobierno de Aguirre otorgó desde 2004 un total de 367 contratos a distintas empresas de Correa. El modus operandi consistía en que varios departamentos o consejerías de la Comunidad contrataran distintos servicios de un mismo evento y pagaran por cada uno de ellos siempre menos de 12.000 euros, límite máximo fijado por la ley para que la adjudicación no tenga que salir a concurso.

Los policías piden también al juez todos los datos de facturación de Special Events, la justificación contable, servicios prestados e identidad de las personas que se situaron a un lado y otro de los cobros. Su administrador único era Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel y ex secretario de organización del PP gallego, que continúa en la cárcel.

La policía ya desmenuzó el canal paralelo de financiación del PP madrileño en un informe de abril de 2009, para el que resultó clave la de-sencriptación de un pen drive hallado en un piso de la calle General Martínez Campos. Para el nuevo informe ha sido fundamental la información incautada en otro de los pisos de la red, situado en el número 40 de la calle Serrano de Madrid, y registrado el 6 de febrero de 2009 en presencia del contable de la trama, José Luis Izquierdo.

Esa contabilidad en negro también recogía los pagos a distintos políticos del PP, entre ellos el ex tesorero Luis Bárcenas y el que fuera consejero del Gobierno madrileño Alberto López Viejo, al que el propio Crespo describía como el "muñidor" de todos los contratos que recibía la trama por parte de la Comunidad de Madrid a partir de 2004.

"Que le pregunten a Pío, Pío"

En lo que respecta a Fundescam, el Gobierno de Esperanza Aguirre siempre ha remitido al que era presidente del PP madrileño en 2003 y 2004, Pío García Escudero. "Que se lo pregunten a Pío, Pío, Pío", contestó Aguirre la primera vez que un periodista la interrogó por esta cuestión. De la misma forma, el PP nunca ha explicado a qué se destinó el millón de euros que recaudó Fundescam entre los años 2003 y 2004.

El juez Pedreira recibió el citado informe de la Brigada de Blanqueo a principios de agosto y no está previsto que se pronuncie sobre sus peticiones hasta bien entrado el mes de septiembre

(www.publico.es, 12/08/10)

25. COMUNIDAD DE MADRID. LA CAJA MÁGICA HA COSTADO CASI 300 MILLONES, MÁS DEL DOBLE DE LO PREVISTO

La Caja Mágica era la joya de la corona de la candidatura olímpica de Madrid. La infraestructura deportiva nació hace seis años durante la carrera para albergar los Juegos de 2012. El arquitecto francés Dominique Perrault ideó un inmenso edificio, de cubierta retráctil, con forma de caja gigante de acero y cristal que costaría unos 120 millones de euros. La empresa pública municipal Madrid Espacios y Congresos, encargada de gestionar la instalación, reconoció durante el último Consejo de Administración, celebrado a final de julio, que la obra costó 294 millones de euros, más del doble de lo presupuestado inicialmente.

"Es un proyecto que se ha prolongado durante muchos años y eso lo encarece. Se ha tardado seis años en construir", explican fuentes municipales, que precisan: "Ha contado con muchas modificaciones desde el punto de vista técnico y funcional". Y justifican: "La federación internacional de tenis y la de baloncesto nos hicieron sugerencias para incorporar nuevos elementos. Durante los dos proyectos olímpicos la infraestructura sufrió muchos cambios por la candidatura".

Lo cierto es que solo la obra principal ascendió a 141.206.640 euros. La cubierta, que le da el "toque mágico", costó 40.171.686 euros. La constructora FCC, que se encargó de levantarla, se llevó otros 15 millones por "el incremento de medición y nuevas unidades de obras". Fuentes del Ayuntamiento de Madrid explican que ese importe corresponde a la liquidación de la obra aprobada el pasado 23 de julio, casi año y medio después de su inauguración con un concierto de rock. Solo el aparcamiento costó la friolera de 14 millones de euros.

El concejal socialista Óscar Iglesias señala que la Caja Mágica "es un ejemplo más de cómo se planifican y gestionan las obras públicas del Ayuntamiento donde nunca se respetan los presupuestos". Y añade: "El Gobierno de Gallardón se caracteriza por el despilfarro que ha provocado que Madrid sea la ciudad más endeudada de España".Fuentes municipales tratan de explicar el sobrecoste de la obra deportiva más cara de Madrid. "Se han hecho cuatro grandes modificados. Uno de ellos tiene que ver con la cimentación de la instalación por estar junto al río y en una zona húmeda". Este cambio en el proyecto supuso cerca de 15 millones de euros a pesar de que cuando se diseñó ya se conocía el trazado del río. "Otro de los modificados se realizó para separar las pistas de tenis indoor. Además, cuando se abría la cubierta, solo se descubrían un 70% de las pistas laterales. La federación de tenis nos obligó a cambiarlas para que pudieran ser todas descubiertas". Este cambio en el plan inicial supuso cerca de 22 millones. Y eso que el pabellón principal carece de un sistema de climatización general para las pistas y grada. "No tiene aire acondicionado. Tiene un sistema de ventilación natural que favorece la renovación de aire. Supondría un gasto energético brutal". Lo que sí tiene es un sistema de climatización para las dependencias interiores.

Desde que la Caja Mágica se estrenara en abril del año pasado, apenas ha tenido actividad. Se ha convertido en una instalación infrautilizada a pesar de que ha costado 294 millones de euros. Para tratar de rentabilizar este espacio, Madrid Espacios y Congresos (MEyC) ha suscrito un convenio con el Real Madrid de baloncesto. El equipo blanco jugará sus partidos en la costosísima instalación deportiva. "Los aficionados al Real Madrid tendrán que pagar por usar el aparcamiento de la Caja Mágica", reconocen fuentes municipales, que explican que MEyC se encargó de la construcción de los estacionamientos, 14 millones, para poder explotarlos.

(www.elpais.com, 30/08/10)

26. COMUNIDAD DE MADRID. EL IVIMA DEBE 2.367 MILLONES DE EUROS, SEGÚN LA CÁMARA DE CUENTAS

El mayor constructor de vivienda social en España, el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), ha tenido que frenar su actividad abruptamente. Las deudas del organismo dependiente de la Comunidad de Madrid y el brutal descenso de la financiación del Gobierno regional (tres millones de euros en 2010, frente a 26 en 2009 y 57 en 2008) contribuyeron a que el Ivima entregase en 2009 menos de la mitad de pisos nuevos que hace dos años y que rebaje su presupuesto un 15% en 2010.

Hace 25 años que el Ivima se encarga de construir inmuebles en la Comunidad de Madrid para alquilar y vender los pisos a un precio más bajo que el del mercado a familias con pocos recursos. Actualmente gestiona 23.000 viviendas, con un precio de alquiler medio de 250 euros al mes, que baja hasta los 41 euros en casos de inquilinos a los que se concede un descuento excepcional por dos años en caso de insolvencia. Su función principal es levantar edificios para recibir ciudadanos con carencias económicas. Ahí es donde flaquea hoy su actividad.

En 2009 el instituto de vivienda entregó 712 pisos nuevos. Respecto a los dos años previos, la disminución de su actividad es significativa: en 2008 otorgó 2.034 viviendas para estrenar y en 2007, 2.300.

Detrás de la caída de la construcción del Ivima, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se encuentra la debilidad de sus finanzas. El último informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, de diciembre de 2008, establecía que este organismo tenía un patrimonio de 3.235 millones de euros y una deuda de 2.367 millones.

La relación entre el agujero económico y el frenazo de la actividad del Ivima está en la diana de la oposición en la Asamblea de Madrid. El Partido Socialista de Madrid (PSM) vincula directamente una cosa y la otra. "Este año tendrán que gastarse la mitad del presupuesto en pagar deudas y apenas harán obra nueva, para la que tienen solo dos millones de euros", afirma el portavoz socialista de Vivienda, Antonio Fernández Gordillo, que subraya la desproporción actual entre la oferta y la disponibilidad de vivienda protegida: "Solo en la Oficina de Vivienda ha habido, desde 2005, 220.000 peticiones de pisos por parte de menores de 35 años. La demanda es brutal porque el empleo ha caído, la gente tiene menos recursos y el precio de mercado de la vivienda en Madrid todavía es altísimo".

La deuda, de acuerdo con la Cámara de Cuentas, proviene de lo que el Ivima tiene que pagar a bancos y acreedores (1.779 millones de euros) y a promotoras inmobiliarias por el arrendamiento de construcciones que hicieron para el instituto en el pasado (588 millones de euros). El Ivima relativiza estas cifras. Su director, José Antonio Martínez Páramo, asegura que no deben más que 500 millones en créditos bancarios. "El resto no es deuda", dice.

Argumenta que los otros 1.200 millones que incluye la Cámara de Cuentas como deudas a acreedores a corto y largo plazo (constructoras que hacen obras para el Ivima, por ejemplo) son "una inversión de promociones en marcha". En cuanto a los 588 millones de arrendamiento de inmuebles a constructoras, Martínez Páramo reduce la cifra a 450 millones y tampoco considera que forme parte de la deuda. La situación del Ivima, según su director, es "manejable". "Tenemos un patrimonio de 3.500 millones de euros", aduce.

Cuentas e interpretaciones: lo que el responsable de Ivima ve como una inversión (lo que se debe a acreedores), es una deuda para el vocal de UGT en el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, Julio Rodríguez. "Lo que hay que pagarle a los acreedores es una deuda contante y sonante como la de créditos bancarios", juzga. "El endeudamiento es significativo, y el problema es que afecte a la creación de vivienda social. El Ivima viene menguando su actividad, movido por la política social regresiva de [la presidenta de la Comunidad de Madrid] Esperanza Aguirre", opina Rodríguez.

Por su parte, el Gobierno regional ha cerrado el grifo al Ivima. En 2010 lo ha financiado con tres millones de euros, un bajón del 95% con respecto al 2008, cuando la inversión fue de 57 millones. Martínez Páramo razona que la financiación ha bajado por el compromiso del Ivima de no costar dinero a los madrileños. "Queremos financiarnos con fondos propios, no ser una carga en tiempos de crisis", asegura.

El director excusa a la Comunidad. Afirma que su intención era ganar dinero vendiendo más casas a inquilinos que lleven más de siete años de alquiler. Pero en 2009 se encontró con un problema serio: a causa de la crisis, hubo un 80% de peticiones de compra menos. El dinero no corrió hacia las arcas del instituto. Así que vuelta al cauce. "En 2011 volveremos a pedir una subvención fuerte a la Comunidad", anuncia Martínez Páramo. Falta por ver si el cauce lleva agua.

(www.elpais.com, 26/08/10)

27. COMUNIDAD DE MADRID. EL PP DE AGUIRRE LANZA ATAQUES XENÓFOBOS CONTRA LOS SOCIALISTAS

El PP de Madrid ha empezado ya a reclamar su cuota de participación en la carrera socialista hacia las elecciones autonómicas y municipales de 2011. Y lo ha hecho recurriendo a descalificaciones xenófobas contra candidatos del PSM.

Después de que, el miércoles, el diputado conservador en la Asamblea Juan Soler descalificara en su blog a la aspirante a liderar la lista del PSM para la Comunidad de Madrid Trinidad Jiménez por su acento andaluz, ayer, el concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid Ángel Garrido atacó en su página personal al candidato socialista a la alcaldía de la capital, Jaime Lissavetzky, por su apellido. El rival de Jiménez en las primarias del PSM y líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, se ha librado de la ofensiva, de momento.

Juan Soler había asegurado el miércoles que la ministra le parecía una "candidata floja". Alegaba el diputado que "el acento" de Jiménez "le hace más apta para Dos Hermanas o Velez-Málaga", ayuntamientos andaluces. En su opinión, la ministra "suena extraña" y "le faltan fondo y cuajo madrileño".

Sus palabras unieron ayer a los partidarios de Jiménez y a los de Gómez contra el PP. David Lucas, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y miembro de la plataforma de apoyo a la ministra, acusó a Soler de "menospreciar a los andaluces y a la gente que no tiene su mismo acento". Lucas recordó que la Comunidad de Madrid es "la pluralidad y la diversidad" y reconoció que las descalificaciones del diputado conservador "rozan la xenofobia".

En esa misma línea, Tomás Gómez denunció que las palabras de Soler "son un sin sentido, están fuera de lugar y son xenófobas". El líder del PSM insistió en que su partido seguirá siendo "plural y cosmopolita" y no dudó en expresar su "solidaridad" con la ministra.

Otra ministra andaluza, la de Igualdad, Bibiana Aído, recurrió a su bitácora en Internet para preguntar si los conservadores españoles tienen "tanta rabia" al acento andaluz porque "es el del progreso" y "el de la solidaridad". Tras subrayar la trayectoria de Jiménez, añadió que Madrid no exige "peaje lingüístico para soñar con ella y construirla entre todos aquellos madrileños que, como los bilbaínos y los gaditanos, nacen donde les da la gana".

El diputado del PP madrileño quiso ayer disculparse en una nueva entrada en su página personal, pero acabó añadiendo más leña al fuego. Bajo el título Aclaración para malévolos, Juan Soler escribió: "Trini me parece encantadora, lista y guapa. Sólo digo que su acento malagueño la distancia del elector medio de Madrid". Desde el PSM volvieron a denunciar "las actitudes intolerantes" de los conservadores. En el entorno de Jiménez tildaron a Soler de "machista".

No hubo condena a las descalificaciones por parte del PP nacional. Y el PP de Madrid no quiso pronunciarse al respecto. El único que habló fue el consejero de Economía de la Comunidad, Antonio Beteta, que, sin condenar las afirmaciones de su compañero de partido, afirmó que "en Madrid ya nadie pregunta de dónde se viene".

En plena polémica, en otro blog, el concejal del PP en la ciudad de Madrid Ángel Gimeno, cercano a Esperanza Aguirre, utilizó ayer el apellido del actual secretario de Estado para el Deporte y candidato del PSOE a la alcaldía de la capital, Jaime Lissavetzky, para menospreciarle.

A juicio de Gimeno, "Zapatero le ofrece al [alcalde de Madrid, Alberto] Ruiz Gallardón el mejor candidato que podía soñar; un señor, de nombre Jaime y de apellido imposible, con aspecto de funcionario aburrido". A reglón seguido, el edil conservador se refería a Lissavetzky como Jaime nosecuantos y añadía entre paréntesis: "No sé escribirlo, lo siento".

David Lucas recordó que en Madrid "no se mide a las personas por su origen, acento nombre y apellido". "La gente de Madrid no es así", insistió. Y esperó que "esos comportamientos" de los militantes conservadores "no se generalicen". A juicio del portavoz socialista en Madrid, "el PP debe ocuparse de sus propios asuntos relacionados con la corrupción".

(www.publico.es, 20/08/10)

28. COMUNIDAD DE MADRID. ALCALÁ DE HENARES. AGUA POTABLE PARA REGAR UN CAMPO DE GOLF

El campo de golf de El Encín (Alcalá de Henares) se está regando con agua potable. Así lo establece la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), cuyo comisario de aguas, José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco, firmó un oficio que afirmaba este extremo el pasado 26 de julio. En el texto asegura que también se emplean recursos procedentes de los estanques propios del campo de golf, que aún está en construcción.

Díaz Lázaro-Carrasco contesta de esta forma a los requerimientos de la posición socialista en el Ayuntamiento de Alcalá, que solicitó a la confederación que investigara el proceso de construcción de esta infraestructura deportiva alentada por la presidenta regional, Esperanza Aguirre. El riego de los campos de golf con agua potable está permitido en la región desde hace dos años, tras finalizar las medidas especiales de lucha contra la sequía. Pero en el caso concreto de El Encín la declaración de impacto ambiental del recinto deportivo prohíbe de forma expresa utilizar agua potable, al igual que regar durante el día y utilizar aspersores.

Tanto la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Madrid, que es el organismo que aprobó la declaración de impacto ambiental del campo de golf, como el Canal de Isabel II, el encargado de suministrar el agua para esta infraestructura, niegan que se riegue con agua potable. Sin embargo, la confederación del Tajo, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, mantiene su acusación. Una portavoz del organismo dijo ayer que aún no han dado el visto bueno al riego con agua depurada. El informe del comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) advierte de que todavía no se ha autorizado la utilización de las aguas residuales de la aledaña depuradora de Meco para el riego del campo de golf de El Encín "en espera de los informes previos de la autoridad sanitaria", que es la Consejería de Sanidad. Ayer mismo, una portavoz de la confederación reiteró: "A día de hoy no se ha dado permiso para que se usen aguas residuales".

Asimismo, el organismo de cuenca explica en su oficio que las condiciones que se impondrán para el uso de las aguas depuradas "quedarán establecidas en la correspondiente resolución de autorización complementaria" que se basará en el informe que deberá emitir la Consejería de Sanidad.

En sentido contrario, tanto la consejería como el Canal argumentan que desde julio la empresa concesionaria del campo de golf, la sociedad Desprosa, está regando el césped de la infraestructura deportiva con agua regenerada, es decir, depurada para su uso en jardines y zonas verdes. Estos recursos, según el Canal de Isabel II, proceden de la depuradora de Meco "con autorización expresa de la Confederación del Tajo". Algo que niega el organismo que rige la cuenca.

El portavoz de la consejería rechazó también que se estuviera incumpliendo la declaración de impacto ambiental en otro de sus puntos, que impide el riego durante el día. En el Gobierno regional y en el Canal de Isabel II sostienen que las normas de la declaración de impacto ambiental solo tienen efecto desde la puesta en marcha del campo de golf, y no antes.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (PP) indicó que el riego del campo se ha venido realizando durante las noches. No obstante, este periódico ha podido comprobar que los aspersores permanecen a pleno rendimiento durante el día, incluso en las horas de mayor insolación, que es cuando la evaporación es más elevada. Además, se usan aspersores de largo alcance, pese a que la declaración de impacto ambiental lo prohíbe. Esta estima que la demanda de agua para que funcione el campo es de 4.800 metros cúbicos al día. Si tenemos en cuenta que el consumo medio diario de un ciudadano en España es de 160 litros (según el Instituto Nacional de Estadística), el agua que precisa cada día el campo de golf de Alcalá de Henares supone un volumen similar al consumo de unas 30.000 personas al año.

El proyecto para construir el complejo deportivo surgió en 2005. Los terrenos elegidos están incluidos en la finca El Encín, un antiguo centro de experimentación agrícola, de 550 hectáreas, que pertenecieron al Ministerio de Agricultura hasta 1989. Ese año, la finca pasó a la Comunidad de Madrid, que la troceó y reservó una de estas porciones, La Canaleja, a la construcción de un campo de golf. La Comunidad constituyó la empresa Alcalá Natura 21 para gestionar, junto con el Consistorio alcalaíno, el complejo deportivo, que se adjudicó a la firma Desprosa, encargada de las obras y de la explotación, que no ha realizado declaraciones.

(www.elpais.com, 06/08/10)

29. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CAMPS DESAFÍA A LOS TRIBUNALES Y AFIRMA: "NO HAY QUIEN ME MUEVA"

"No hay quien me mueva". Con este envite se presentó ayer Francisco Camps, el presidente de la Generalitat valenciana, imputado por cohecho pasivo impropio relacionado con la trama corrupta Gürtel, ante sus fieles, en el arranque de la precampaña electoral. Esteban González Pons no se quedó atrás y ratificó la frase que todos los asistentes a la cena de inicio del curso político del PP de la Comunidad Valenciana en Teulada (Alicante) querían escuchar. El vicesecretario general de Comunicación del PP dijo alto y claro: "Cada uno está donde debe estar, Federico Trillo y yo en Madrid y tú, Paco, en Valencia, con fuerza, con historia y con vocación". Y acto seguido: "Camps tú eres presidente del PP y de la Generalitat y eres nuestro candidato y el próximo presidente". El anuncio arrancó una fuerte ovación y aplausos de los presentes. "Espero que cumplas con tu deber, estoy orgulloso de ti, sigue así", machacó González Pons.

El único representante de la dirección nacional del PP le brindó a Camps para "este año épico fuerza y honor". Y aprovechó para pedir elecciones generales anticipadas, arremetió contra "la política de Jaimito de Zapatero" cuando habló de Melilla, la reforma laboral o la crisis. González Pons acusó al presidente del Gobierno de engañar a los españoles y dijo que es capaz de "besar a los niños con tal de quitarles un caramelo".

Camps bajó del coche oficial a una prudente distancia del restaurante donde el PP valenciano inició el curso político con una cena multitudinaria para evitar los abucheos de varios colectivos agraviados por su gestión e indignados por su imputación por un supuesto delito de cohecho impropio. Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, optaron por la furgoneta de campaña para intentar pasar desapercibidos. Solo les delataron los flases de los fotógrafos. Fue el tenso arranque del curso político más difícil para Camps, quien, pese a su situación jurídica, optó por iniciar la precampaña electoral para los comicios de mayo de 2011, acompañado por más de 2.000 cargos y militantes que pagaron el cubierto a 25 euros.

El otro protagonista de la noche fue el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado también este verano por los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios, en el marco del caso Brugal, que investiga la supuesta trama de corrupción ligada al negocio de la basura en Orihuela, al sur de la provincia de Alicante.

Ripoll, último exponente del zaplanismo, ha mantenido durante los últimos años una fría y tensa relación con Camps. Ayer se mostró muy cercano, pasó de puntillas sobre los escándalos de corrupción que pesan sobre toda la cúpula del partido y encomendó al alcalde de Castellón, Alberto Fabra, que transmitiera "un abrazo" al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, convaleciente de una operación, y también imputado por varios delitos fiscales.

Los periodistas tuvieron que seguir el acto a través de pantallas en una sala paralela.

(www.elpais.com, 28/08/10)

30. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CAMPS INTENTA REBAJAR LA TENSIÓN DENTRO DEL PP SOBRE SU CANDIDATURA

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, evitó autoproclamarse candidato a la reelección en la cena de inicio de curso del PP regional para rebajar la tensión con la dirección nacional de su partido. El vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, pactó con Camps el alcance de su intervención en la cena del viernes -"Tú eres presidente del PP y de la Generalitat y eres nuestro candidato y próximo presidente"- para intentar salir ambos airosos del debate planteado sobre el futuro del jefe del Consell tras los escándalos relacionados con el caso Gürtel. Fuentes del PP explicaron que, salvo decisiones judiciales de gravedad, Mariano Rajoy ratificará la candidatura de Camps. Extremo que podría retrasarse hasta después de las elecciones autonómicas catalanas previstas para el mes de octubre.

La dirección regional de los populares se mostró ayer satisfecha por la imagen de unidad ofrecida en la cena de Teulada, aunque reconocieron que el acercamiento del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal, a Camps no tiene todavía correspondencia entre las bases zaplanistas y campistas de la provincia.

En este contexto, González Pons aprovechó el evento para presentarse como hombre de consenso entre las diferentes familias populares, aunque tuvo mucho cuidado en dejar claro que "cada uno está donde debe estar". "Federico Trillo y yo en Madrid", dijo González Pons.

La directora de campaña del PP regional, la consejera Paula Sánchez de León, destacó la unidad de los populares y auguró que Camps repetirá como presidente en 2011. Sánchez de León criticó que los socialistas valencianos centren todo su discurso en la confrontación.

En el seno del PP, sin embargo, no se oculta la preocupación por las decisiones que puedan adoptar los jueces que instruyen los asuntos relacionados con el caso Gürtel en Madrid y en Valencia. Una preocupación a la que se añade la situación interna del Consell, ahora sometido a una nueva reorganización de funciones en pleno año electoral.La oposición se lanzó ayer en tromba sobre el acto de inicio del curso político del PP protagonizado por el presidente Camps. El tibio apoyo de la dirección nacional del PP, que sigue sin poner fecha a la proclamación oficial de Camps como candidato a la reelección, y la ausencia en la cena de Mariano Rajoy -que hasta que estalló el caso Gürtel visitaba casi una vez al mes la Comunidad Valenciana y ahora orilla esta autonomía siempre que tiene ocasión- animaron a la oposición a echar sal gruesa en la herida popular.

(www.elpais.com, 29/08/10)

31. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL PP OCULTÓ CIEN VECES LOS CONTRATOS CON LA TRAMA

La demanda de información y transparencia en Les Corts ha sido uno de los argumentos recurrentes de la oposición contra el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV). Máxime, desde el estallido del caso Gürtel, que ha salpicado a la cúpula del partido. No sólo Compromís ha intentado indagar en los nexos entre el Govern y la trama corrupta. Desde que en el mes de febrero de 2009 estallara el escándalo, los socialistas han perseguido a través de más de un centenar de peticiones formales de documentación acceder a los contratos que la Generalitat otorgó a la trama. Su intento cayó en saco roto. Al igual que las 450 preguntas formuladas al Consellal respecto.

Ayer, al conocerse la sentencia que obliga a Les Corts a tramitar las preguntas de Compromís rechazadas por la Mesa, el PSPV-PSOE, a través de su portavoz adjunta en Les Corts, Carmen Ninet, aseguró que puede que este no sea el único varapalo a Camps por parte del Tribunal Constitucional. Y ya van tres en el último año.

En este sentido, Ninet recordó que su partido tiene planteadas 350 preguntas en el alto tribunal, por lo que "es previsible que falle en el mismo sentido".

A la hora de justificar su rechazo a las iniciativas de la oposición, el PP siempre recurre al argumento de que la información que solicitan carece de "trascendencia pública". De hecho, en alguna ocasión el president de la Generalitat Valenciana ha presumido de que su Gobierno es el "más transparente". Eso sí, sin mostrar los contratos de la Generalitat con las empresas del entramado de Francisco Correa. "Si todo es transparente, no se entiende esa obsesión por la opacidad", explica un diputado del PSPV-PSOE.

Igual suerte que los socialistas han corrido en Compromís. Ya en mayo de 2009, la formación denunció que el PP se negaba a mostrar más de 1.500 contratos relacionados con este escándalo de corrupción.

La portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, considera que el PP se equivoca con esta estrategia de ocultamiento de información. "Su planteamiento es un error. La verdad, gracias a los avances judiciales, se va sabiendo poco a poco. Y en el PP no se están dando cuenta de que Camps es un cadáver político".

Los partidos de la oposición en Les Corts coinciden a la hora de sostener que el celo del PPCV a la hora de ocultar esta información es una muestra más de su falta de respeto a los ciudadanos y a las instituciones democráticas. Y no dudan de que se trata de una maniobra perfectamente dirigida desde la dirección regional del partido.

En este sentido, destacan que Antonio Clemente, actual secretario general del PPCV, y por tanto mano derecha de Camps, ejercía como vicepresidente primero de la Mesa en el momento en el que fueron vetadas las iniciativas de Compromís que ahora el Tribunal Constitucional ha ordenado que sean tramitadas.

(www.publico.es, 14/08/10)

32. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. CORREA DECLARÓ A HACIENDA LOS TRAJES QUE REGALÓ

La trama corrupta que dirigía Francisco Correa declaró como gastos de su actividad empresarial los trajes con los que supuestamente sobornaba a la cúpula valenciana del PP, según se acredita en la numerosa documentación de la Agencia Tributaria que obra en el sumario del caso Gürtel .

El juez José Flors, que instruye en Valencia la causa contra el presidente Francisco Camps y otros altos cargos del PP valenciano por un supuesto delito de cohecho impropio -aceptar regalos en función del cargo que desempeñaban-, ha pedido a la Agencia Tributaria un informe detallado sobre las empresas de la trama corrupta para conocer si compraron los trajes que, posteriormente, regalaron a cinco dirigentes del Gobierno valenciano y del PP.

En las tiendas Milano y Forever Young, el sastre José Tomás -despedido a raíz de que contase lo que sabía del caso Gürtel- tenía entre sus principales clientes a dos jefes de la trama corrupta, Álvaro Pérez y Pablo Crespo . Ambos compraban ropa para ellos y pagaban los trajes que adquirían en esas tiendas hasta cinco dirigentes del Gobierno valenciano y del PP, entre ellos Camps.

La investigación y los documentos que obran en el sumario acreditan que los trajes para los dirigentes del PP se pagaban en metálico por los directivos de la trama corrupta o a través de talones correspondientes a cuentas propiedad de Orange Market, Diseño Asimétrico o Servimadrid, empresas de la trama corrupta.

La reconstrucción de los pagos, con documentación oficial que obra en el sumario y de la que muestra una pequeña parte, es la que sigue:

- Isabel Jordán: "Yo he pagado 30.000 euros de los trajes de Camps". En una grabación efectuada por un ex colaborador de Correa a directivos de la trama, Isabel Jordán, responsable de la empresa Easy Concept, declara: "Yo he pagado 30.000 euros de los trajes de Camps". Un informe de la Agencia Tributaria señala: "Consultada la Base de Datos Central, en las operaciones de compras declaradas en 2005 por Easy Concept Comunicación consta una adquisición a la entidad Milano Difusión por importe de 34.336 euros IVA incluido, es decir la base imponible de la factura ascendería a 29. 600 euros", una cantidad similar a los 30.000 euros de los que hablaba Isabel Jordán en la grabación que consta en el sumario.

- La investigación en la tienda. Cuando se inició la investigación judicial, la dirección de Milano envió un correo electrónico a todas sus tiendas en busca de una factura por esos 30.000 euros a nombre de Easy Concept. No existía, aunque uno de los empleados contestó así: "Mi compañera Elena Rodríguez, que es la cajera de la tienda y quien lleva habitualmente todos los temas de facturación, recuerda haber generado una factura por una cantidad parecida a una empresa llamada Orange Market [la que dirigía Álvaro Pérez en Valencia que, supuestamente, hacía los regalos a los dirigentes del PP], por un importe de 24.308 euros, factura abonada por talón el 13 de julio de 2005. Esta factura se realizó a una empresa que realizaba los eventos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y corresponde a unos uniformes que se hicieron a distintos cargos de este partido, incluido Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana". Camps aseguró después que los primeros trajes que el sastre José Tomás le preparó los devolvió porque no le gustaban.

- Cambio de establecimiento, pero no de clientes ni de pagadores. Posteriormente, Tomás cambió de tienda pero no de clientes ni de pagadores, según la investigación judicial. En Forever Young continuaron los encargos de trajes para dirigentes del PP que pagaba la trama corrupta a través de tres empresas: Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y la propia Orange Market.

En los listados de la Agencia Tributaria sobre la actividad empresarial de estas tres empresas figuran compras tanto a Milano Difusión como a Forever Young (véanse los documentos que ilustran esta misma página).

De esta manera, las empresas de la trama corrupta registraron como compras necesarias para su actividad los trajes que regalaban a la cúpula del Gobierno valenciano y del PP.

Álvaro Pérez aumentó su capítulo de gastos en regalos de trajes para dirigentes del PP a medida que crecía su facturación con la Administración valenciana, presidida por Francisco Camps, y con el PP valenciano, que le encargó todos sus actos públicos.

Los dirigentes sobre los que pesan sólidas sospechas de corrupción se han defendido de distinta manera. Mientras que Camps asegura que pagó los trajes en metálico en la tienda -aunque ningún trabajador se acuerda y todos lo han negado-, otros dirigentes, como Rafael Betoret, jefe de gabinete en la consejería de Turismo, han llegado a sostener que utilizaban a Álvaro Pérez como prestamista. Adelantaba el dinero para los trajes y luego Betoret se lo devolvía en cómodos plazos. La empresa de Pérez ganó todos los concursos para montar el pabellón valenciano en Fitur, la feria de turismo de Madrid, a los que se presentó.

(www.elpais.com, 06/08/10)

33. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO GÜRTEL’. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS CORTES VALENCIANAS A RESPONDER PREGUNTAS VETADAS SOBRE EL GÜRTEL

El Tribunal Constitucional (TC) ha fallado contra las Cortes Valencianas por "vulneración de los derechos fundamentales de los diputados" del grupo parlamentario de Compromís, como consecuencia de la decisión de la Mesa de la Cámara, en la que el PP tiene mayoría absoluta, de vetar sin dar una explicación adecuada 30 iniciativas parlamentarias, algunas relativas al 'caso Gürtel'. La sentencia, dictada el pasado 26 de julio sin ningún voto particular, ha tenido como ponente al magistrado Manuel Aragón Reyes. La sala estaba compuesta, además, por la presidenta del Constitucional, Emilia Casas, y los magistrados Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez-Zapata y Pablo Pérez Tremps. El fallo ordena "el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política" de los diputados y ordena que las preguntas censuradas vuelvan a la Mesa.

El 'caso Gürtel', en el que están implicados numerosos cargos del PP valenciano, entre ellos el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que supuestamente recibieron trajes y otras prendas de vestir regalados por las empresas de la trama corrupta -que desde años atrás se venían adjudicando decenas de contratos de la Generalitat- estalló a principios de febrero de 2009. En el caso está implicada la actual presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, por los contratos adjudicados a la trama cuando era consejera de Turismo. Un mes después de estallar el asunto, los diputados de Compromís en las Cortes presentaron una serie de preguntas sobre el asunto. Reclamaban al Consell información sobre los contratos suscritos por el Ejecutivo de Camps con las empresas ligadas al 'caso Gürtel'.

La Mesa de las Cortes, con los votos del PP, rechazó la tramitación de las iniciativas escudándose en el artículo 153.2 del Reglamento de la Cámara, que permite vetar las preguntas "que se refieran a persona física o jurídica que no tenga una trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad Valenciana". El TC considera que esta limitación del derecho a formular iniciativas, que forma parte del "núcleo de la función representativa" del diputado, solo puede justificarse con "una motivación expresa, suficiente y adecuada" para apreciar su consistencia. Y ello para evitar que la apelación al reglamento esconda un "juicio de oportunidad". El TC se refiere a una práctica por la que un grupo parlamentario, en este caso el PP, utiliza su mayoría para censurar iniciativas perfectamente reglamentarias que no quiere que prosperen o se debatan en el Parlamento.

El alto tribunal desmonta por completo la excusa reglamentaria del PP al señalar que "del tenor literal de las iniciativas parlamentarias no se desprende a primera vista que traten absolutamente de personas sin trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad", por cuanto se inquiere, entre otras, sobre "si se habían celebrado contratos públicos entre las consejerías del Ejecutivo valenciano y una serie de empresas relacionadas con la investigación judicial sobre el conocido como caso Gürtel". Existe, remata, una "innegable vinculación con la actividad de control del Gobierno que integra la esencia de la actividad parlamentaria". Y añade que la "obligación de interpretar las normas parlamentarias del modo más favorable al ejercicio de los derechos y facultades de sus representantes habría obligado, en principio, a su admisión a trámite".

Esta es la tercera sentencia del TC contra la falta de transparencia de las Cortes Valencianas. Las dos anteriores también se referían a iniciativas de Compromís vetadas por la Mesa, aunque eran de la anterior legislatura. El Parlamento valenciano se convierte así en la Cámara autonómica con más fallos del Constitucional por vulnerar los derechos de los diputados.

(www.elpais.com, 13/08/10)

34. COMUNIDAD VALENCIANA. CAMPS DESTINA DOS MILLONES MÁS A PAGAR LA VISITA DEL PAPA

El Gobierno de Francisco Camps ha destinado otros dos millones de euros a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, encargada de organizar la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. La "aportación" resulta llamativa por varios motivos. Primero, porque la fundación está siendo investigada por la justicia por su vinculación con el caso Gürtel. Segundo, porque la oposición y los periodistas han intentado reiteradamente conocer del Consell cuánto costó la visita y se han encontrado siempre con un muro. Y tercero, porque es la segunda vez en lo que va de año que la Generalitat inyecta dinero a una fundación que, técnicamente, dejó de tener sentido el 9 de julio de 2006, el día en que Ratzinger abandonó la ciudad.

Igual que ayer, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó el 24 de febrero una larga lista de modificaciones presupuestarias, entre las que figuraba una "aportación a la dotación del patrimonio fundacional de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia" por importe de dos millones de euros. Fuentes de la Consejería de Economía explicaron entonces que con ese dinero el Consell ponía su parte para liquidar las cuentas y extinguir la fundación (cuyos patronos son la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el Arzobispado de Valencia).

A la vista del nuevo trasvase de fondos, o bien aquellos dos millones de febrero no tenían como fin liquidar las cuentas, o bien aquella aportación no fue suficiente. Este periódico intentó ayer obtener una explicación por parte de la Generalitat, pero no obtuvo respuesta. Fuentes de la oposición socialista recordaron que tras negarse durante años a proporcionar un solo dato sobre la fundación, la Generalitat se vio obligada a facilitárselos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se los reclamó en noviembre. "Es probable que desde entonces estén intentando cuadrar las cuentas como sea", añadieron.

La fundación concedió en exclusiva a Canal 9 la señal para retransmitir la visita. La televisión pública valenciana contrató con una constructora leonesa desconocida en el sector (Teconsa) el alquiler de pantallas y la instalación del sonido por 6,4 millones de euros. Pero el coste real, según la investigación policial, fue de 3,1 millones de euros. La justicia investiga el destino del resto del dinero, que supuestamente se repartieron la constructora y la trama Gürtel.

(www.elpais.com, 17/08/10)

35. COMUNIDAD VALENCIANA. EL JUEZ RETORNA A ORIHUELA LA PIEZA DEL 'CASO BRUGAL' QUE AFECTA A RIPOLL

El titular del juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, decidió este miércoles devolver a Orihuela la pieza del caso Brugal que refiere al presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, y que está relacionada con la adjudicación del plan zonal de basuras de La Vega Baja, cuyas instalaciones quedaron en manos del empresario Enrique Ortiz, según fuentes del caso.

El titular del juzgado número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín, dictó a mediados del pasado mes de julio un auto en el que se inhibía de varias de las piezas de esta causa que investiga la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en la comarca del sur de Alicante. Una de estas causas en las que se inhibió Carlos San Martín afectaba a José Joaquín Ripoll. Las diligencias fueron remitidas a Alicante y un mes y medio más tarde el juez ha decidido devolverlas a Orihuela porque no considera que sean de su competencia.

Ripoll fue uno de los 11 arrestados el pasado día 6 de julio en el marco de la investigación del caso Brugal, que parte de mayo del año 2007. Tras prestar declaración, el líder del PP de Alicante salió en libertad sin fianza, pero el magistrado le imputó por fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios, según fuentes de la investigación. El fiscal solicitó prisión eludible con una fianza de 500.000 euros, que el juez rechazó. En la operación en la que se detuvo a Ripoll también fueron arrestados tres ediles del PP de Orihuela y siete empresarios.

Conversación telefónica

En el caso de Ripoll es una conversación telefónica grabada el principal indicio de su presunta implicación en el caso Brugal. En la escucha, según fuentes del caso, el dirigente popular habla con otro imputado en el sumario de supuestas contrapartidas y favores a cambio de la contrata de la planta del plan zonal de basuras de La Vega Baja. El contrato fue adjudicado en enero de 2008 a la UTE integrada por Cespa y el Grupo Ortiz e Hijos. El constructor Enrique Ortiz es otro de los 15 imputados en esta causa.

El caso Brugal arrancó en 2007 con los arrestos del industrial afín al PP Ángel Fenoll y su cúpula empresarial. La Fiscalía Anticorrupción cree que es el eje de la corrupción en el sur de la provincia de Alicante.

(www.elpais.com, 13/08/10)

36. COMUNIDAD VALENCIANA. 'CASO BRUGAL'. "IMPUTACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS"

El juez del caso Brugal, que investiga la presunta corrupción ligada al negocio de la recogida de basuras en Orihuela, señala en el auto del pasado 19 de julio, en el que imputa a 39 personas, entre ellas nueve políticos, la mayoría del PP: "Deben tener conocimiento directo de la existencia de las presentes actuaciones y que, de las mismas, podría desprenderse que de algunos de los hechos cometidos por aquéllos, puestos en relación con el proceso de adjudicación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria de Orihuela, podría derivarse algún tipo de responsabilidad en caso de ser finalmente incardinado en alguna figura o tipo penal, por lo que es necesario y urgente poner en conocimiento de los interesados esta circunstancia conforme a lo dispuesto por el artítulo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Dicho artículo hace referencia a los imputados y sus derechos.

El juez ordenó a la policía "poner en conocimiento" de los 39 implicados "la existencia de las presentes actuaciones procesales frente a ellas y de las que se deriva, a tenor de las mismas, la imputación de hechos presuntamente delictivos relacionados con la adjudicación del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de de Orihuela, cuyos hechos les serán informados una vez se materialice el alzamiento del secreto de las actuaciones, y a quienes se informará, en el acto de la comunicación, de las disposiciones del artículo 118 de la LECrim". Varias de las personas citadas por el juez confirmaron ayer que a finales de julio la policía les entregó esta citación en la que el juez exigía conocer cualquier cambio de domicilio, les pedía estar localizables y acudir al juzgado acompañados de abogado y procurador.

(www.elpais.com, 18/08/10)

37. COMUNIDAD VALENCIANA. 'CASO BRUGAL'. EL PP MIRA PARA OTRA PARTE: "IMPUTADO NO ES CONDENADO"

Una vez más, ante los escándalos de corrupción que le salpican el Partido Popular ha optado por negarlo todo y minimizar el hecho de que un juez haya citado como imputadas a otras 39 personas por el caso Brugal. "No hay ninguna novedad y nadie está imputado", insistieron ayer los responsables de prensa del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante). Sostienen que lo publicado coincide con lo que contó este diario a finales de julio, cuando los ediles recibieron la notificación judicial para ir a declarar asistidos por un abogado y un procurador. Y reconocen que hubo una reunión del juez con sus abogados en la que el magistrado les habló de "implicación", y si aparece imputación en el auto es "en beneficio de todos".

Entre los nuevos imputados están la actual regidora, Mónica Lorente; el ex alcalde José Manuel Medina; los ediles del PP David Costa, Antonio Lidón y José Manuel Cutillas; y otro, también popular, de la anterior legislatura, Antonio Franco. También lo están Joaquín Ezcurra, ya fallecido; Jesús Fernández, del Centro Liberal; y Francisco García Ortuño, ex edil del PSOE.

La vicesecretaria de Comunicación del PP en Alicante, Gema Amor, aseguró ayer que "no hay imputaciones, porque no hay delito, sino un oficio del juez para que informen de sus domicilios. Es la única noticia, pese a los titulares llamativos".

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, admitió: "No sé nada". Pese a ello, deslizó que "se producen filtraciones de sumarios secretos" justo cuando el ministro del Interior tiene problemas, citando en concreto los incidentes en Melilla. El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, señaló que "estar imputado no es estar condenado", y pidió respeto a la Justicia.

Bien distinta fue la lectura que ofrecieron los grupos de oposición en Orihuela. Pedro Mancebo, del Centro Liberal Renovador, aseguró que hay "notificaciones" de imputación a ediles porque "se han producido delitos muy graves". Recordó que, aunque la mitad del equipo de Gobierno está imputado, "manejan el dinero de todos y deciden quién paga y por qué". El edil del PSPV-PSOE Antonio Sáez abundó en este extremo: "Es lamentable que esta legislatura acabe con medio Gobierno ante el juez". Además, reprochó a la alcaldesa que "no de la cara y esté escondida". Y la portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Cristina Moreno, se preguntó si el líder del PP, Mariano Rajoy, "apoyará la corrupción con su silencio o adoptará medidas".

(www.elpais.com, 18/08/10)

38. COMUNIDAD VALENCIANA. EL 'CASO BRUGAL' DESTAPA EL USO MASIVO DE SOBORNOS PARA ASCENDER A PRIMERA

Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules , acudió presuntamente a Jorge López, Tote, el capitán de su equipo, para que transmitiera sus ofertas para comprar las derrotas voluntarias de Salamanca, Córdoba, Girona y Recreativo. El futbolista, además, también habría mediado a finales del curso pasado en el intento de pagar primas por la victoria a los equipos que se enfrentaban a los rivales del Hércules por el ascenso a Primera, como el Nastic, según las conversaciones registradas en el sumario del caso Brugal, que el juez se niega a entregar a las autoridades deportivas. Tote se apoyaba en Abraham Paz, para formalizar algunas de esas negociaciones, siempre según las conversaciones, algunas muy crípticas, porque el constructor sabía que era un hombre vigilado. Cuando se disputó el sprint por el ascenso, su nombre ya había sido relacionado con la trama del caso Gürtel, que investiga la presunta financiación ilegal del PP.

José Luis de la Fuente, titular del juzgado número siete de Alicante, entiende que los datos recogidos son "muy graves". Sin embargo, ha decidido no dar traslado de las conversaciones a las autoridades deportivas (Federación de Fútbol y Consejo Superior de Deportes), denegando así la petición del fiscal anticorrupción, al considerar que hacerlo supondría "una intromisión en la intimidad": las escuchas se habían ordenado para investigar una supuesta trama corrupta vinculada al negocio de la basura en Alicante, y no para descubrir los presuntos amaños. El juez recuerda que la compra de partidos no es un delito penal, aunque lo será desde el 22 de diciembre, con la reforma del Código Penal. Así, el Hércules afirma que "ni como club, ni como SAD, ni ningún miembro ha incurrido en conducta ilícita, como lo demuestra la [...] resolución judicial".

(www.elpais.com, 06/08/10)

39. COMUNIDAD VALENCIANA. EL 'CASO IVEX' SE REABRE MIENTRAS EL DE TERRA MÍTICA ESPERA UN INFORME

El paso de Francisco Camps por la presidencia autonómica está marcado, sin duda, por importantísimos escándalos dentro del PP, incluido el que afecta a su propia persona, que la Justicia trata de depurar. Pero tampoco estuvo exento de ellos el mandato de Eduardo Zaplana. Varios siguen vivos judicialmente: el caso Fabra; el caso Ivex (Instituto Valenciano de la Exportación), que acaba de ordenar reabrir la Audiencia de Valencia, y el caso Terra Mítica, que lleva más de un año sin decisiones significativas, tras cinco de instrucción.

Eduardo Zaplana no ha tenido, de momento, que sentarse en el banquillo, como previsiblemente tendrá que hacerlo en los próximos meses su sustituto, Francisco Camps. Pero dejó como herencia escándalos de corrupción que afectaron a empresas públicas, a dinero público, a cargos públicos, y que aún hoy están en manos de los jueces. La sección tercera de la Audiencia de Valencia ha ordenado al titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que reabra el caso Ivex, que llevó a los tribunales el PSPV por supuestas irregularidades en el contrato suscrito entre la Generalitat y el cantante Julio Iglesias para promocionar la imagen de la Comunidad Valenciana en el extranjero con varios conciertos. Aquel contrato se firmó por 2.253.795,39 de euros (375 millones de pesetas). Se presentó incluso en las Cortes. Pero tenía un anexo que el PP ocultó a la cámara y al Síndic de Comptes que superaba los 3.600.000 euros (600 millones de pesetas).

La causa se abrió por los delitos de malversación de fondos, delito fiscal y falsificación en 2001 en Valencia, después de que la Audiencia Nacional rechazara hacerse cargo del asunto. Desde entonces y hasta el pasado mes de marzo, se investigaron los hechos. Casi una decena de imputados, los miembros del consejo de administración del Ivex y otros responsables de entidades relacionadas, pasaron a dar su testimonio sobre cómo se realizaron los pagos al cantante, quién, en virtud de qué servicios y cómo se acreditaban. Sin embargo, la ausencia del considerado como responsable directo de las irregularidades detectadas, José María Tabares, ex director general del Ivex, parecía dar al traste con todas las pesquisas al no poder tomarle declaración por estar huido de la Justicia tras ser condenado a cinco años de cárcel por estafa, también por un asunto relacionado con su gestión al frente del Ivex. "Quien ha venido constituyéndose como eje central de las operaciones de ejecución del contrato con Julio Iglesias era el señor Tabares, que era personalmente quien daba las órdenes y las ejecutaba, a través de diverso personal que compone o componía la red directiva y administrativa del Ivex", dijo el juez en su auto de archivo.

Reconoció en el mismo documento que la contabilidad no estaba ni mucho menos clara. Pero despreció continuar y no aceptó la petición reiterada de los socialistas de que declarara el cantante (el pago de dos de sus conciertos, en Orlando y México centra las sospechas). Ahora, la Audiencia de Valencia dice que debe practicarse no sólo esa declaración sino también, entre otros, la del que fuera consejero de Comercio, Diego Such, y del que fuera máximo responsable del Instituto Valenciano de Finanzas, José Manuel Uncio, que también fue investigado por el uso irregular de su tarjeta de crédito corporativa. La Audiencia observa indicios sólidos de malversación y entiende que la hipotética falsificación de facturas va más allá de Tabares, o al menos debe preguntarse a otros.El caso Terra Mítica, que lleva ya cinco años de investigación judicial, se ha convertido en un auténtico enjambre de recursos, muchos de ellos pendientes de resolver, está en punto muerto. Desde hace más de un año se espera el informe del perito de Hacienda sobre la documentación que supuestamente acredita lo que se pagó y los servicios por los que se pagaron. En esa documentación está la esencia de la causa: la maraña de facturas falsas que sirvió para un fraude de 4,4 millones de euros durante la construcción del parque temático de Benidorm, una de las obras emblema de Eduardo Zaplana en la localidad de la que fue alcalde.

La elección de ese perito ya fue difícil. Una vez seleccionado, pidió un plazo más largo para poder analizarlo todo y dijo en mayo del pasado año que en ningún caso tendría su informe antes dos meses, es decir, julio de 2009. El informe aún no está. Entre tanto, solicitó incluso más información a Hacienda. ¿Qué sentido tendrá el análisis? Dudoso, porque el delito principal, el que dio origen a la misma, se ha dado por prescrito. Es decir, que cinco años después de que se iniciara una de las más complejas investigaciones y uno de los más graves escándalos de corrupción, los delitos de falsedad y fiscal han desaparecido porque el tiempo ha pasado sin tomar decisión alguna.

El caso Terra Mítica está en punto muerto desde hace meses. Pero mantiene imputados, salvo escasas variaciones, incluido el fallecimiento de uno de ellos, a todos lo que lo estuvieron desde el principio. El juez sacó del catálogo de delitos en marzo el fiscal. El perito no ha entregado aún informe alguno. Los recursos contra el archivo precisamente de la desaparición por prescripción de la imputación por delito fiscal (presentados por todas las acusaciones) tampoco se han resuelto. Y, más aún, el juez tiene pendiente una decisión trascendental, pero desde el año pasado: decidir si le afecta a su jurisdicción penal una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, de Lo Contencioso-administrativo, que anula toda la causa por no haber cumplido Hacienda desde el principio con el trámite de dar oportunidad a los implicados en el supuesto fraude de explicar las supuestas irregularidades en su liquidación de impuestos de IVA y de Sociedades por servicios realizados a Terra Mítica. Eso no está resuelto, pero el juez ha acordado comisiones rogatorias a Andorra, Suiza y Alemania para averiguar movimientos de dinero de varios de los imputados.

Y, además, ha acordado que se sumara a la causa la información que tenía otro juzgado de la querella que presentó Eduardo Zaplana contra dos empresarios imputados en la causa que se reunieron con dos diputados autonómicos socialistas, que grabaron la conversación, a los que les dijeron que parte de las comisiones que se pagaban en la construcción del parque iban a parar al ex presidente. Más aún, una de las cuestiones centrales no se ha resuelto pero Hacienda, el pasado mayo, decidió embargar preventivamente la devolución de dos declaraciones de renta al que se considera principal cerebro de la trama: Vicente Conesa, amigo de Zaplana.

(www.elpais.com, 06/08/10)

40. COMUNIDAD VALENCIANA. RUS EMPLEA DE MANERA ARBITRARIA UN FONDO DE AYUDA A MUNICIPIOS

En solo cuatro meses, del pasado 5 de marzo al 6 de julio, Alfonso Rus, presidente de la Diputación provincial de Valencia y alcalde de Xàtiva, concedió subvenciones por valor de 549.500 euros (más de 90 millones de las antiguas pesetas) a 47 ayuntamientos gobernados por el PP. En el mismo periodo, solo cuatro consistorios de la provincia dominados por otras fuerzas políticas lograron el favor del presidente. La cantidad que recibieron asciende a 14.875 euros, 37 veces menos que lo recibido por sus iguales populares.

En Valencia hay 268 municipios. Más de la mitad los controla el PP, alrededor del 30% el PSPV-PSOE y el resto se los reparten EUPV y agrupaciones independientes. Si se echan las cuentas, los consistorios populares salen claramente beneficiados.

Rus, como responsable de la Corporación provincial, gestiona una porción del presupuesto denominada "actuaciones de presidencia para fines de competencia provincial". El montante de esta partida en los presupuestos de este año alcanzaba, a 30 de junio, 4.427.000 euros (más de 736 millones de pesetas). Esta cantidad suele engordar, como lo ha hecho en los últimos dos años, antes de que acabe el ejercicio. El año pasado se superaron los cinco millones y medio de euros y en 2008 la partida se quedó en 3.777.000. Rus distribuye este dinero según las peticiones que recibe. Así, las 47 localidades valencianas gobernadas por el PP y las cuatro de la oposición han mandado sus solicitudes de crédito en las que explican para qué necesitan el dinero: desde instalar el aire acondicionado en una dependencia municipal, a comprar un par de televisores para el hogar del jubilado o pagar parte de los festejos patronales de los meses de verano. Los alcaldes piden y Rus accede.

3Lo más curioso es que en los decretos que firma el presidente, salvoconducto para que el dinero llegue a los pueblos, siempre aparece un párrafo, normalmente el tercero, que dice: "Atendido el interés público o social de la actividad o finalidad cuya subvención se insta, así como la imposibilidad de promover concurrencia, por las características específicas de la finalidad subvencionable...". Es decir, que por algún motivo, las normas que regulan la manera en que se ejecuta el presupuesto de la Diputación de Valencia indican la "imposibilidad" de que se convoque un concurso público. De esta manera, el ayuntamiento que quisiera podría optar al dinero del presidente y no el primero que llegue por lo primero que pida. En la Diputación explican que las ayudas "se conceden a todos los que las piden".

Las cantidades que concede el dirigente popular oscilan normalmente entre los 1.000 y los 60.000 euros. Las peticiones, dependiendo del que demanda, son más o menos exhaustivas. Así, el Ayuntamiento de Guadasequies, cerca de Xàtiva, gobernado por el PP, requirió la ayuda de la Diputación y así construir una pista de pádel para sus 385 habitantes. Rus concedió 30.000 euros. O si no la asignación del presidente a la "decoración de dos rotondas" en Lloc Nou d'En Fenollet, también controlado por el PP: 12.000 euros.

Las diputaciones provinciales permiten estas prácticas. Su naturaleza "medieval", como la describe el ex consejero de Administraciones Públicas, Vicent Soler, admite que su presidente maneje arbitrariamente grandes cantidades de dinero. "De esa manera", explica Soler, "la tentación de hacer un uso clientelar de ese dinero es muy grande: ir por ahí repartiendo dinero como un gran señor...". Soler apunta que ese es el gran poder de las corporaciones provinciales, que "tienen mucho dinero y poco que hacer". "Además, las diputaciones", añade, "siempre han jugado de contrapoder de la Generalitat. Con las subvenciones condicionan a los beneficiarios. Ya se veía venir cuando se pactó". Soler se refiere al inicio de la transición, cuando derecha e izquierda negociaron los rasgos del futuro estado de las autonomías. "Las diputaciones subsistieron", comenta Soler, "y ahora funcionan como una gran red de clientelismo político".

Hace un par de semanas, el grupo socialista en la corporación denunciaba que una de las empresas semipúblicas al amparo de la diputación, Imelsa, había repartido durante el primer semestre del año 2,8 millones de euros en subvenciones a dedo. Entre los beneficiarios destacaban clubes deportivos como el Valencia CF o el Levante UD, equipos y empresas vinculadas al motociclismo o entidades de menor relevancia mediática aficionadas al atletismo o al badminton. El problema, criticaban los socialistas, es que el dinero se reparte arbitrariamente, sin convocatoria pública ni criterios de selección objetivos. Así pues, el "dedo gracioso" de Rus, como apuntaba el socialista Rafael Rubio entonces, trasciende a la partida de presidencia. El presidente toca aquí y allá, como si se tratara de una empresa.

Pero el caso de Rus no es único. Si las diputaciones ejercen de contrapeso al poder del gobierno autonómico, las de Castellón y Alicante funcionan también de ejemplo. En la primera, dominada desde hace más de quince años por el popular Carlos Fabra, el equipo de gobierno tiene la potestad de adjudicar la ejecución de una obra de hasta 600.000 euros sin convocar un concurso público. Esto, según los socialistas, es "excesivo". Su portavoz, Francesc Colomer, asegura que las subvenciones a dedo funcionan de manera "transversal", es decir, que la presidencia aplica esta práctica en todas sus áreas de actuación.

En Alicante, la diputación la domina José Joaquín Ripoll. El mandatario popular sí dispone de una partida de libre disposición al estilo de Alfonso Rus. En los últimos dos años, el presidente alicantino, imputado por presunta corrupción en el caso Brugal, ha repartido así más de cuatro millones de euros. A lo largo de este ejercicio, Ripoll gastará, al menos, 1.815.102 euros más.

(www.elpais.com, 08/08/10)

41. COMUNIDAD VALENCIANA. IMPUTADO UN EDIL DEL PP DE ALICANTE POR LA CONCESIÓN DEL CONTRATO DE UNA PLAZA

El juzgado de Instrucción número 4 de Alicante ha citado a declarar el próximo mes de octubre en calidad de imputado al edil de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens, del PP. En el mismo proceso el juzgado ha citado al menos a dos técnicos también como imputados. La imputación refiere a la adjudicación de un contrato para realizar obras en la plaza de Magallanes del barrio La Florida de Alicante. El contrato se adjudicó cuando las obras ya estaban finalizadas, en 2009. Esta situación llevó en noviembre del año pasado al Grupo Socialista a trasladar el tema ante el fiscal. Los socialistas consideraron entonces que esta actuación puede ser constitutiva de los supuestos delitos de falsedad en documento público y prevaricación. Y en mayo de este año, la fiscalía remitió el caso al juzgado al encontrar indicios de un supuesto delito de falsedad documental.

Tras conocerse la imputación, el Grupo Socialista exigió la dimisión de Llorens y recordó que ya son dos los concejales del Ayuntamiento de Alicante imputados "por su presunta implicación en graves hechos delictivos", en referencia al también presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal. Llorens, mientras, aseguró estar "muy tranquilo" porque tanto por su parte como por la de los técnicos se ha actuado "con total honestidad". El edil recordó que se convocó un nuevo concurso en la plaza para las mejoras solicitadas por los vecinos. Y añadió que el único problema que hubo fue un "retraso administrativo" al llevarlo a la Junta de Gobierno. "Pero no se ha beneficiado ni perjudicado a ninguna empresa", apostilló.

(www.elpais.com, 06/08/10)

42. COMUNIDAD VALENCIANA. CANAL 9 AUMENTA EN 300 PERSONAS SU PLANTILLA PESE A NO TENER PRESUPUESTO

Fiel a la que ha sido la práctica habitual de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), su actual director general, José López Jaraba, no ha presentado al consejo de administración el anteproyecto de presupuestos para 2011. La oposición, en el seno del órgano colegiado, se prepara ya para exigírselo por escrito.

En este ejercicio, con mayores motivos: la deuda, la falta de ingresos, el incremento de la plantilla y la amenaza de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ante lo que la propia Sindicatura de Cuentas ha calificado de empresa inviable en las condiciones en las que está.

Canal 9, más allá de una simbólica reducción salarial de sus tres directivos principales, y el cambio de sede del propio consejo de administración en Valencia, que será efectiva previsiblemente en septiembre para reducir de forma importante el alquiler de las dependencias, no ha activado políticas serias de ahorro. Más aún, atendiendo a que durante años ha cometido una ilegalidad laboral, acaba de incrementar la plantilla de personal fijo en unos 200 y prevé hacer lo mismo en septiembre con casi un centenar. Sin embargo, a efectos de presupuesto, al menos hasta ahora, dimensiona la plantilla en los 1.100 que accedieron a sus puestos por oposición y el resto van al capítulo de aprovisionamiento. Miguel Mazón, consejero a propuesta del PSPV, aseguró ayer que "es competencia del consejo de administración fijar las plantillas, ver su dimensión y su competencia, pero tampoco en esto el director general ha dado una explicación".

En este momento, conviven tres tipos de trabajadores en RTVV: los fijos que entraron tras superar las oportunas pruebas públicas de acceso; los que se han hecho fijos porque entraron con contrato de obra; y los que perviven con contrato de obra. Según Mazón, "la situación es lo suficientemente crítica como para tomar decisiones a la ligera". Y agrega: "De hecho, correspondería pedir responsabilidades a los gestores del ente público. Van dos regularizaciones: una, realizada por el ex secretario general e imputado por acoso sexual a tres periodistas, Vicente Sanz, que afectó a un centenar de empleados; otra, la que acabamos de comprobar. Se han incorporado como fijos trabajadores con los que se vulneró el sentido de los contratos de obra, se hizo fraude de ley. Alguien es responsable de que tengamos todos que asumir ese enorme coste por haberse saltado la ley un ente público como RTVV".

RTVV se ahorrará 5.545 euros a partir del próximo mes de septiembre con el cambio de sede del consejo de administración, que pasa de estar en la Gran Vía del Marqués del Turia a la calle de Colón. Pierden, los consejeros, en metros cuadrados, derecho a aparcamiento gratis en el propio edificio y en despachos individuales. La nueva sede, amueblada, con domótica de última generación instalada, fue el centro de operaciones de una empresa del sector de la construcción y la arquitectura urbana, tiene 486 metros cuadrados, frente a los 900 metros cuadrados de la que ahora aún ocupan. Pero ha habido unanimidad en la decisión. El gran ahorro está en la disminución de metros y en la diferencia de precio por metro cuadrado, que en la nueva sede se pagará a 11,5 euros, frente a los 12,5 del emplazamiento de Gran Vía.

(www.elpais.com, 11/08/10)

43. ISLAS CANARIAS. EL PP DE CANARIAS CONOCÍA DESDE 2008 LAS IRREGULARIDADES ECONÓMICAS EN TENERIFE

El PP de Canarias conocía desde hace al menos dos años las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de subvenciones municipales por sus ediles en Santa Cruz de Tenerife. El llamado caso Bragergate investiga el supuesto uso de facturas personales para justificar el gasto de 160.000 euros asignados al grupo municipal entre 2003 y 2007. Un informe del entonces tesorero del PP en Tenerife, Luis Villegas, advirtió de la falta de transparencia económica de su presidenta, Cristina Tavío. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, asegura que dispuso "a su libre albedrío los fondos aportados por los afiliados y los cargos públicos, sin permitir el más mínimo control por parte de los órganos fiscalizadores establecidos para tal fin". El informe, presentado en el congreso del PP en la isla de noviembre de 2008, le costó el puesto a Villegas. Tavío pidió al Comité Regional de Derechos y Garantías su expulsión inmediata al considerarlo un acto de difamación. También fue cesado como director general de Empleo en el Ayuntamiento, gobernado por el PP y Coalición Canaria. Villegas recurrió ante el comité regional, que anuló el castigo disciplinario. Siguió en el PP, como militante de base, hasta su fallecimiento hace unos meses.

La asociación Justicia y Sociedad ha interpuesto una denuncia por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Este colectivo de juristas insta a la Fiscalía Anticorrupción a investigar a los ediles y a la propia Tavío por presentar como justificante de esos gastos unas facturas de alcohol, boletos de lotería, ropa de marca, gafas de sol, circuitos de spa o ropa interior. Ven penalmente relevantes "los medios y los modos en que se trató de aparentar fraudulentamente la regularidad del gasto realizado con la intención de engañar y burlar a los órganos de fiscalización interna".

El PP tinerfeño ha impuesto una férrea cortina de silencio. En un correo electrónico interno del partido se da orden de no realizar declaraciones sobre el caso "por mucho que los periodistas insistan". "Hay que tener la suficiente capacidad para desviar este asunto", añade el mensaje.

(www.elpais.com, 03/08/10)

44. ISLAS CANARIAS. DESTITUIDO UN EDIL POPULAR POR AIREAR IRREGULARIDADES EN TENERIFE

El Partido Popular de Santa Cruz de Tenerife ha destituido al edil Ángel Llanos como responsable de Recursos Humanos y Consumo al responsabilizarlo de filtrar el informe del interventor municipal que advertía de las presuntas irregularidades contables en el grupo municipal entre 2003 y 2007.

Oficialmente, el PP canario se ha limitado a achacar el cese a una "pérdida total de confianza". Sin embargo, fuentes populares han señalado que fue ordenado por la presidenta del PP tinerfeño, Cristina Tavío, quien ejercía la portavocía del grupo municipal cuando se presentaron presuntamente facturas personales -algunas de artículos de lujo- para justificar el gasto de 160.000 euros de subvenciones municipales.

La destitución de Llanos ha abierto una nueva fisura en el PP tinerfeño, que agrava el escándalo de las facturas falsas y la presunta financiación ilegal. El dirigente popular Alfonso Soriano, compañero de filas de Llanos en el Ayuntamiento santacrucero, ha expresado así su malestar: "Está claro que se trata de una venganza y una persecución de la dirección del partido. No descansarán hasta que lo fusilen al amanecer". Sobre la explicación oficial del cese, ha asegurado: "Franco hacía lo mismo cuando quería cesar un ministro".

(www.elpais.com, 06/08/10)

45. ISLAS CANARIAS. LAS FACTURAS FALSAS DESATAN UNA CRISIS EN EL PP DE TENERIFE

La crisis interna por las facturas falsas presentadas por concejales del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entre 2003 y 2007 se ha agudizado tras el cese del edil Ángel Llanos, por filtrar supuestamente un informe sobre los gastos de los ediles. El documento detallaba gastos de 160.000 euros por conceptos tan alejados de la política local como guantes de esquí, circuitos de spa e incluso ropa interior.

Fuentes del PP aseguran que existe un profundo malestar entre los militantes populares, que consideran el cese de Llanos como una "cortina de humo" para intentar restar importancia al denominado Bragasgate.

El concejal del PP Alfonso Soriano, uno de los fundadores del partido en Tenerife, afirmó que se trata de una vendetta por parte de la cúpula del PP en Tenerife. El edil destituido ha asegurado que no ha sido responsable de las filtraciones del caso Bragasgate a la prensa.

(www.elpais.com, 11/08/10)

46. CASTILLA Y LEÓN. EL PP PROTEGE LOS TOROS CON CURSOS Y DESCUENTOS PARA ESCOLARES

El debate sobre las corridas de toros en España sigue trayendo cola pues la Junta de Castilla y León ha aprobado una serie de medidas para proteger y fomentar la fiesta nacional. Juan Vicente Herrera, presidente regional perteneciente al PP, quiere convertir la comunidad en un "feudo" para los aficionados taurinos de todo el país.

Según informa el Confidencial Digital, Herrera ha pedido a varios departamentos de su Gobierno que impulsen la actividad taurina en la comunidad a través de la promoción educativa, cultural y social; la difusión del mundo del toro, y por último, a través del fomento del turismo, la economía, la agricultura y el empleo.

Entre el paquete de medidas aprobadas por el Gobierno regional, destaca la implantación de un temario referido al mundo del toro para alumnos de primaria, secundaria y bachillerato. Los escolares también visitarán dehesas, fincas y centros ganaderos, y podrán inscribirse en nuevas escuelas de tauromaquia.

Además, Juan Vicente Herrera prepara la creación de un museo sobre el toro en la Delegación Permanente de Castilla y León en Bruselas y la inauguración de nuevos hoteles y casas rurales relacionadas con la tauromaquia.

(www.elplural.com, 09/08/10)

47. CASTILLA-LA MANCHA. COSPEDAL USA LAS FIESTAS DE CUENCA PARA 'VENDERSE'

El patrón de Cuenca es San Julián El Tranquilo, pero ni por esas han tenido PSOE y PP las fiestas en paz. Lo de menos es que el pregón tuviera que hacerse el jueves a cubierto por el riesgo de chaparrón. "El PP no se corta un pelo en utilizar [con fines electorales] las fiestas, un ámbito que hasta ahora se había respetado", ha denunciado el portavoz municipal socialista, Ramón Pérez Tornero.

El origen de la discordia hay que buscarlo en el programa de festejos. Tras la carta de saludo del alcalde (popular), el obispo y el jefe del Gobierno autónomo, el cuadernillo incluye una página similar en la que es la líder del PP regional, María Dolores de Cospedal, la que se dirige a los conquenses: "Vamos a tomarnos un merecido respiro para celebrar las fiestas, (...) un pequeño paréntesis en estos tiempos de crisis". El PSOE lo ve una maniobra "poco ética", toda vez que Cospedal no ocupa ningún puesto público que le dé derecho a figurar en el programa. La misma carta explica cómo se coló allí: "Agradezco al alcalde y amigo, Francisco Javier Pulido, su invitación, (...) y a todos el honor de permitirme escribir estas breves líneas".

Cospedal es número dos del PP y candidata a relevar en el Gobierno castellano-manchego al socialista José María Barreda la próxima primavera. "Si querían promocionarla, podían haberla hecho reina de las fiestas", dice Pérez Tornero.

El Gobierno municipal arguye, por boca de su portavoz, Miguel Ángel Monserrat, que esa página es "publicidad pagada por el PP, ajena al Ayuntamiento". El PSOE responde que, en esa parte noble, solo caben representantes institucionales.

(www.elpais.com, 25/08/10)

48. CASTILLA-LA MANCHA. AL EX NÚMERO DOS DE COSPEDAL LE LLUEVEN QUERELLAS POR PRESUNTA ESTAFA

Cinco socios de la Cooperativa Vinícola de Villarrobledo han presentado una nueva querella ante la Fiscalía de la Audiencia de Albacete contra el ex vicepresidente provincial del PP y número dos de María de los Dolores de Cospedal en esta provincia, Tomás Cabañero, en la que solicitan la apertura de una investigación para comprobar si existen indicios de delito durante su gestión al frente de esta entidad. Esta nueva denuncia se suma a otra interpuesta hace unos meses por la Junta Rectora de la cooperativa por un presunto delito de estafa y apropiación indebida de varios millones de euros.

Tomás Cabañero, además de ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Villarrobledo, fue presidente de la agrupación local del partido, vicepresidente del PP de Albacete y vocal, por elección, del Comité Ejecutivo regional que preside María Dolores de Cospedal, quien en pleno escándalo llegó a asegurar que, "a mucha honra es el vicepresidente del PP en Albacete y, lo digo, a mucha honra, que ha creado y ha mantenido muchos puestos de trabajo y algunos ahora quieren olvidar eso", para añadir días después de que ella y Mariano Rajoy visitaran la cooperativa a la que presuntamente Cabañero ha estafado, "es la cooperativa la que le debe dinero a él".

Tomás Cabañero dimitió de todos sus cargos "por razones personales" y María Dolores de Cospedal dio órdenes de no hablar de él. Es como si en el PP se lo hubiera comido la gaviota, dice un militante de Villarrobledo. No así para el grupo de socios de la Cooperativa Vinícola de la localidad, que hace unos días llevaron de nuevo el caso ante la Fiscalía después de que un informe revelara que durante su mandato Cabañero desvió supuestamente fondos de la entidad para financiar de manera irregular la empresa de su propiedad, Martínez Solé, dedicada a la fabricación de depósitos.

La denuncia, que se une a otra querella de la actual Junta Rectora de la Cooperativa por un presunto delito de estafa y apropiación indebida, se basa en el informe elaborado por la directora financiera, Dolores García Haro, en el que se dice que Cabañero autorizó pagarés a favor de su empresa por un valor superior al de los trabajos encargados por la cooperativa. Un desfase, según García Haro, que en algunos momentos superó los cinco millones de euros y que dejó a la entidad con más de 500 socios al borde de la bancarrota.

Por otra parte, el PSOE está esperando explicaciones de la secretaria general del PP, María de los Dolores de Cospedal, que llegó a catalogar de empresario "modélico" a un hombre que despedía a principios de año a la mitad de su plantilla (350 personas) sin haberse acogido a un expediente de regulación de empleo.

(www.elplural.com 08/08/10)

49. CASTILLA-LA MANCHA. EL PP QUIERE ECHAR DEL PARTIDO A SEIS CONCEJALES POR HACER OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA

El Partido Popular que preside en Castilla-La Mancha María de los Dolores de Cospedal ha provocado el cese de sus seis concejales en el ayuntamiento toledano de La Puebla de Montalbán, acusados por Arturo García-Tizón, mano derecha de la secretaria general del PP, de hacer una "oposición muy deficiente".

Por su parte, miembros del ya ex Grupo Popular, al quedar disuelto en la mañana del miércoles, han señalado a García-Tizón como responsable de esta anómala situación, tachándolo de "incompetente y nefasto" y de aplicar "el ordeno y mando" desde despachos "lejanos que desconocen la realidad del pueblo".

Y es que Arturo García-Tizón, al igual que María de los Dolores de Cospedal, continúa viviendo en Madrid a pesar de ser ambos los dos principales líderes del Partido Popular en Castilla-La Mancha, lo que está muy mal visto entre la militancia conservadora castellano-manchega, cada día más desanimada ante los malos resultados de las encuestas que presagian una nueva victoria de los socialistas encabezados por José María Barreda.

Los seis concejales del PP en la localidad toledana de La Puebla de Montalbán, desde el miércoles en el grupo de no adscritos, no ocultan su enfado e indignación por las formas en las que actúa el partido que preside Cospedal, que exige "mano dura, insultos y una política de tierra quemada que nosotros no podemos aplicar en nuestro pueblo, por mucho que gobierne el PSOE, que dicho sea de paso lo está haciendo bien", reconoce a El Plural uno de los ex concejales el PP.

Y por eso, "por no insultar", el presidente del PP en Toledo y mano derecha de la secretaria general, Arturo García-Tizón, ordenó cambiar el partido en el pueblo y dejar las riendas del PP en una persona que sí está dispuesta a secundar las formas avaladas por Cospedal. El caso es que García-Tizón consideró que los seis concejales estaban haciendo "una oposición muy deficiente", reconoció esta semana el también diputado del PP, anunciando su intención de crear una gestora y con ello el cese de los seis concejales que este partido tenía hasta el miércoles en La Puebla de Montalbán.

La indignación de los ex concejales del PP Amalia González y Baldomero González, que han leído sendos comunicados, ha llevado a ambos a criticar "el ordeno y mando" con que gusta actuar a María de los Dolores de Cospedal, a la vez que lamentan que "desde los despachos" lejanos tomen decisiones "con un desconocimiento total" de lo que ocurre en el municipio.

Tanto es el cabreo, tanta la rabia de los que sí han trabajado por el pueblo, que el ex concejal Baldomero González ha instado a García-Tizón, al que ha tachado de "incompetente y nefasto", a que se ahorre los trámites para expedientarles y expulsarles, aclarando que "ya nos hemos ido nosotros porque no queremos continuar al lado de esta gente".

(www.elplural.com, 18/08/10)

50. ISLAS BALEARES. EL GOBIERNO DE MATAS PAGÓ 22 MILLONES DE EUROS A LA GÜRTEL

El Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependiente en la legislatura pasada del Govern de Jaume Matas (PP), pagó en ese periodo unos 22 millones de euros a empresas y asociaciones ligadas a la trama corrupta de Gürtel.

Según un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario del caso Ibatur de supuesta corrupción en el pasado mandato, este instituto, que dependía de la Conselleria de Turismo, realizó pagos por 22 millones de euros entre los años 2004 y 2008 a una fundación, dos asociaciones y varias empresas relacionadas con Gürtel.

El punto de conexión con muchas de estas entidades es Pau Collado, quien dirigió en la pasada legislatura la Fundación Balears Sostenible y está imputado en el caso Gürtel, ya que figura como administrador de la empresa Easy Concept. En relación a este empleo, Collado prestó declaración en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, una trama cuyo máximo responsable sería el propietario de Easy Concept, Francisco Correa.

Segun Hacienda, Ibatur pagó 17,4 millones de euros en ese periodo a la empresa Match Golf Consulting, que declaró compras a Easy Concept, así como 142.200 euros a Over Marketing, que también facturó dinero a la empresa de Correa. Over realizó la campaña electoral del PP balear en 2003 y 2007, y es una de las sociedades investigadas en la trama Gürtel.

Otras empresas vinculadas con Easy Concept que aparecen en el informe de Hacienda son La Moderna, que recibió, según la Policía, 4,1 millones de Ibatur y que a su vez pagó a Easy Concept 40.010 euros; y Espiral Producciones, que obtuvo 652.000 euros de Ibatur y que vendió y compró a la empresa de Correa entre 30.000 y 60.000 euros. Todas estas empresas -Match Golf, La Moderna y Espiral- han sido registradas en el marco de la operación Pasarela puesta en marcha con motivo del caso Ibatur.

Otro de los vínculos que analiza la Agencia Tributaria es el dinero pagado por el Ibatur en concepto de compras a fundaciones y asociaciones ligadas con Collado. En concreto, entre 2004 y 2008 el Ibatur pagó a la Fundación para el Desarrollo Sostenible 766.098 euros, mientras que también abonó 60.000 euros a la Asociación Independiente de Jóvenes Empresarios (que presidía Collado, quien estaba autorizado en sus cuentas bancarias) y a la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (de la que formaba parte la asociación de Collado).

(www.elplural.com 06/08/10)

51. ISLAS BALEARES. DOS EMPRESARIOS DENUNCIAN AMENAZAS PARA NO COBRAR LAS DEUDAS DEL PP

Trabajar prácticamente gratis para el Partido Popular. Eso es lo que consiguieron dos de los empresarios detenidos por su relación con la trama Ibatur. Les presionaron, de acuerdo con sus declaraciones al juez, desde la conselleria de Turismo de las Islas Baleares. Les amenazaron con que si llevaban al partido al juzgado les sentenciarían de por vida y no volverían a trabajar.

El empresario Bartomeu Morey, dueño de Centro de Comunicación Creativa, proporcionó unas lonas para una fiesta que el PP celebró en una conocida discoteca de la localidad. También hizo otras lonas en la caseta de la Feria de Abril y en una presentación que el partido realizó. Se desconoce el precio de estos trabajos, ya que Morey ni siquiera se atrevió a elaborar una factura. La versión de Morey es que Juan Carlos Alía, el director gerente del Instituto Balear de Turismo, Ibatur, hasta que dejó el puesto por el escándalo del club de alterne Rasputín –que se encuentra ahora en prisión–, le dijo que lo dejara, que no se le ocurriera presentar facturas. "Esto vale más que no lo cobres", advirtió Alía al empresario.

Morey ha denunciado al juez que se veía obligado a pagar comisiones a Alía. De hecho, ha afirmado que le pagó comisiones de hasta el 15% de todos los trabajos que hacía para Ibatur y que siguió entregándole el dinero tras su salida de la conselleria. Además, también ha declarado que el ex director de Ibatur Raimundo Alabern recibió comisiones de su empresa, si bien en un porcentaje mucho menor, cuando estaba en ese cargo. Centro de Comunicación Creativa se encargaba de editar todos los folletos de promoción que realizaba Ibatur.

"Es habitual en la administración que se paguen comisiones. Si quieres trabajar tienes que pagar. Estoy convencido de que si no hubiera seguido pagando no hubiera trabajado", ha manifestado el empresario. En su contabilidad, tenía anotado las iniciales J.A. por Juan Carlos Alía y R. por Raimundo Alabern para señalar las comisiones que habría abonado a los dos directores de Ibatur en la época del PP.

Alía y Alabern presionaron a Morey al explotar el caso Ibatur. En un encuentro con Alabern en un parque cuando fue detenido el asesor jurídico de Ibatur, Miguel Ángel Bonet, el ex directivo de la conselleria de Turismo le dijo al empresario, según las palabras de éste, que "no dijera nada". El PP también ha dejado de pagar dinero al dueño de Espiral, la empresa que realizó todo el seguimiento audivisual de la última campaña electoral del PP, Guillermo Deyà. Este empresario ha negado que hubiera pagado comisiones, si bien la Policía cree que sí lo hizo al realizar casi gratis la cobertura de la campaña electoral.

Deyà ha indicado que fue Fernando Areal quien le contrató para que se encargara de la campaña, con un presupuesto que ascendía entre 50.000 y 70.000 euros. Sólo ha cobrado 15.000 euros. "He reclamado el dinero muchas veces a Areal y me dijo que me lo pagarían", ha relatado. Al dejar el cargo el cuñado de Jaume Matas, siguió reclamando el dinero a la nueva gerencia del PP. La última vez que exigió el pago de la deuda fue durante el último congreso del PP.

En el caso Ibatur, de supuesta financiación ilegal del PP, se investiga falsedad, cohecho, malversación y apropiación de caudales públicos en el Instituto Balear de Turismo. Ibatur, dependiente en la legislatura pasada del Govern de Matas, pagó en ese periodo unos 22 millones de euros a empresas y asociaciones ligadas a la trama corrupta de la Gürtel.

(www.elplural.com, 10/08/10)

52. ISLAS BALEARES. LA CORRUPCIÓN BALEAR TIENE A 40 EX CARGOS DEL PP IMPUTADOS

Tres de las nueve causas abiertas investigan posible financiación irregular y la herencia política del ex presidente balear Jaume Matas, empañadas por nueve casos de supuesta corrupción, se someten a examen estos días en los juzgados de instrucción de Baleares. La magnitud de los escándalos de presunta malversación de dinero público y la alta cifra de implicados alargará hasta cuatro años, toda una legislatura, los procesos judiciales.

Junto al ex presidente balear, figuran como imputados otros 40 ex altos cargos del PP en el Gobierno autónomo de 2003 a 2007. Tres ex responsables populares cumplen ya pena de prisión con condena firme por corrupción. El resto de los imputados espera turno. El último de esta larga lista ha sido el ex director general de Turismo, Juan Carlos Alía, en prisión sin fianza por el caso Ibatur. Tras levantarse el secreto de sumario el pasado miércoles, se supo que el Instituto Balear de Turismo pagó 5.568 euros a una entidad por traducir tres nombres al chino, según la Fiscalía Anticorrupción, que lo pone como ejemplo del desvío de fondos en el organismo público.

Matas, que fue ministro con el ex presidente del Gobierno José María Aznar entre 2000 y 2003, es el denominador común de esta catarata de irregularidades. Además, está imputado en uno de los casos (Palma Arena). También han caído cuatro de sus ex consejeros en el Ejecutivo balear: los de Industria, José Juan Cardona; Economía, Luis Ramis de Ayreflor; Medio Ambiente, Jaume Font; y Turismo, Juan Flaquer. Los dos últimos siguen en política como diputados regionales del Partido Popular. De la cúpula de aquel Gobierno, también están imputados otros 24 altos cargos (ex directores generales, gerentes de empresas públicas, jefes de gabinete y un secretario), a los que hay que sumar una decena más de cargos del organigrama autonómico.

Esta cadena cada vez más extensa y pesada lastra al nuevo presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, ungido en su día por el líder nacional, Mariano Rajoy, como ejemplo de "un hombre limpio". Bauzá quiere dejar atrás lo que considera "pasado", hasta el punto de que incluso ha intentado incorporar a su partido a la causa contra Matas como acusación particular, diciéndose víctima de sus presuntas corruptelas.

Pero el juez José Castro se ha negado, al considerar que "todos los indicios apuntan en sentido diametralmente opuesto". Es decir, parece que el PP, y más en concreto su maquinaria electoral, se benefició de fondos negros para "diseñar la campaña electoral de 2007 sin repercutírsele determinados gastos electorales y facturando otros de manera opaca". Ni siquiera la familia ha quedado al margen de sospechas: el cuñado de Matas, Fernando Areal, ex gerente del PP en Palma, está imputado por abonar 50.000 euros de una caja b a la agencia de publicidad Nimbus. Empleados de esta firma han admitido que no facturaron al PP algunos trabajos o que los cobraron en dinero negro.

Pero son varias agencias más la investigadas por trabajar en la campaña electoral del PP al tiempo que recibían contratos millonarios de la Administración regional. Dos de ellas, Estudi Joan Rosselló y Espiral, ya han reconocido que no cobraron sus servicios al PP. De otras se sospecha que pagaron comisiones para recibir contratos.

Estos episodios de supuesta financiación irregular del PP balear -que aparecen en al menos tres de las nueve causas- han aflorado durante la investigación por el presunto desvío de caudales en empresas y obras públicas. Y es que los grandes agujeros de la era Matas se encuentran precisamente en las empresas públicas autonómicas. Hasta 176 se crearon para, presuntamente, sortear los controles previos de gastos (y así destinar fondos a fines irregulares) y plantilla (para colar a militantes afectos). La respuesta del PP ha consistido en enfilar la proa contra el juez José Castro. Fue él quien impuso una fianza de tres millones de euros sobre Matas al encontrar indicios de hasta una docena de delitos que le pueden suponer 24 años de cárcel. Su actuación ha sido respaldada, sin embargo, por la Audiencia de Palma.

Los intentos de Bauzá por pasar página cobran mayor importancia a menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011. Esta misma semana ha asegurado: "No estamos condicionados por el pasado". Y algo similar deben pensar varios políticos de su partido imputados en esta maraña de presunta corrupción, toda vez que pretenden figurar en las listas electorales del PP para esos comicios.

El último en defender públicamente su derecho a hacerlo ha sido José Sala, alcalde de la localidad ibicenca de Sant Antoni. Pese a estar implicado supuestamente en una trama urbanística, aspira a liderar por primera vez la candidatura de su partido al Consell de Ibiza.

(www.elpais.com, 06/08/10)

53. LOS NUEVE CASOS DE CORRUPCIÓN DEL PARTIDO POPULAR EN BALEARES

'Caso Palma Arena'. - Investiga: Malversación de 41 millones de euros, cohecho, prevaricación, blanqueo, fraude a la Administración, delito fiscal y negociaciones prohibidas en la construcción del velódromo. - Financiación ilegal del PP.

- Imputados: Jaume Matas y ocho ex directores generales.

'Caso Bitel-2'. - Investiga: Apropiación de 700.000 euros, cohecho, prevaricación y fraude en la empresa pública de tecnología Bitel.

- Imputado: El ex director gerente Damià Vidal, que ya participó en la defensa de Matas en otro caso.

'Caso Scala/Cola Cao. - Investiga: Malversación de 4 millones, apropiación, cohecho, negociaciones prohibidas y prevaricación en el Consorcio para el Desarrollo Económico. - Financiación ilegal del PP.

- Imputados: Un ex consejero y tres directores generales o jefes de gabinete.

'Caso Funeraria'. - Investiga: Apropiación de 300.000 euros, malversación, cohecho y falsedad en la empresa funeraria municipal de Palma de Mallorca.

- Imputados: Una ex concejal, municipal, el presidente de la empresa, y un ex director gerente.

'Caso Ibatur/Pasarela. - Investiga: Falsedad, cohecho, malversación y apropiación de caudales públicos en el Instituto Balear de Turismo. - Financiación ilegal del PP.

- Imputados: Un ex consejero del Gobierno balear y tres ex directores generales.

'Caso Andratx. - Investiga: Las irregularidades en la fundación de Gabriel Cañellas.

- También están bajo sospecha, por el aviso de su detención que recibió el alcalde de Andratx, un ex consejero del Gobierno balear y el propio Jaume Matas.

'Caso Bomsai. - Investiga: Prevaricación, malversación de 600.000 euros y cohecho en la empresa pública de obras Caib Patrimoni por el pago de comisiones en la adjudicación de edificios públicos.

- Imputados: Un ex consejero y dos ex directores generales.

'Caso Plan Territorial. - Investiga: Tráfico de influencias, información privilegiada y prevaricación.

- Imputados: Un ex consejero y un consejero insular. El primero de ellos, Jaume Font, continúa en su escaño del Parlamento autónomo por el Partido Popular.

'Caso Turismo Joven. - Investiga: Apropiación indebida de 300.000 euros, cohecho y prevaricación en un consorcio público para la juventud de la Administración autónoma.

- Imputados: Dos ex directores generales del Gobierno balear.

Políticos en prisión

- Tres ex políticos -el PP los ha expulsado- están en la cárcel con condena firme por delitos de corrupción: el ex director general del Territorio Jaume Massot; el ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo; y el ex edil de Urbanismo de Palma, Rodrigo de Santos, por abuso de menores y malversación.

www.elpais.es 06.08.10

54. ISLAS BALEARES. IMPUTADOS DEL PP DE BALEARES QUIEREN SER CANDIDATOS

Varios políticos del PP de Baleares que figuran como imputados en causas penales por presunta corrupción pretenden figurar en las listas electorales de esa formación para las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2011. El último en defender públicamente sus opciones ha sido José Sala, alcalde de Sant Antoni (Ibiza). Implicado en una trama urbanística, aspira a liderar por primera vez la candidatura del PP al Consell de Ibiza.

Otros continúan en activo pese a las investigaciones judiciales: los diputados autónomos Jaume Font y Antonio Serra, o el consejero insular Fernando Rubio. "No estamos condicionados por el pasado", aseguró sin embargo ayer el presidente del PP de Baleares, José Ramón Bauzá.

(www.elpais.com, 06/08/10)

55. REGIÓN DE MURCIA. El AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA SE GASTA 600.000 EUROS EN UNA REGATA PARA PRIVILEGIADOS

La ciudad departamental acoge una nueva edición de la Audi Med Cup de vela, en el que se dan cita los colosos de la "fórmula I" del mar, a lo largo de la última semana de agosto, que le supone a las arcas municipales un desembolso de 600.000€, en torno a unos 100 millones de las antiguas pesetas.

Algo que aún compartiendo la afición por la práctica deportiva, sin embargo no compartimos por la considerable suma económica que le ha supuesto al Ayuntamiento cartagenero poder contar con este evento que sale de los bolsillos de todos los cartageneros.

Y ello aunque se recurra a la consabida argumentación de que estos eventos traen visitantes y generan beneficios al comercio y la hostelería de la ciudad, pero en todo hay una idea de proporción, y la subvención municipal –que excede con mucho la que se ha aprobado para las procesiones de Semana Santa y de las fiestas de romanos y cartagineses- nos parece de todo punto desproporcionada, y que posiblemente movilicen mayor número de visitantes y turistas a la ciudad que este evento deportivo sólo al alcance de unos pocos adinerados que pueden permitirse su práctica, y también su directo seguimiento.

Pero además en las actuales circunstancias de crisis económica grave, donde el gobierno ha tenido que adoptar drásticas medidas de recorte de gasto, e incluso bajar el sueldo a los empleados públicos, el mencionado gasto público en una prueba deportiva elitista como la referida, nos parece incluso inmoral, e injusto –sobre todo si los empleados públicos del Ayuntamiento cartagenero han visto recortadas sus retribuciones por necesidad económica grave de reducir gastos-. Y ello, teniendo en cuenta que dicha Corporación municipal está gobernada por Pilar Barreiro alcaldesa y a la sazón diputada nacional por el PP, cuya formación política no repara en dar recomendaciones de ahorro y reducción del gasto público, con severas críticas al gobierno central por este motivo, por consiguiente nos parece contradictorio ya que con gastos suntuarios como el presente, no cumplen con sus propios consejos, mostrando una vez más ese flanco débil de contradicción entre el dicho y el hecho, que cada vez es más frecuente en los representantes de la derecha patria.

Item más, analizando el hecho desde la perspectiva deportiva, habría que preguntarle a la Sra. Barreiro –o mejor a su concejal de deportes, por la consabida ocupación de la primer edil, al tener que atender a la vez dos trabajos distantes 500 kilómetros- sobre las partidas económicas de ayuda al deporte local, a deportes modestos –en Cartagena algunos bien posicionados en las categorías nacionales, como el tenis de mesa-, y sobre todo al deporte base, ¿a quienes se les ha dado el recorte?, porque de algún lado se han tenido que coger esos 600.000€, o ¿qué otras partidas municipales de inversión y gasto social han visto reducidos sus importes por necesidades de la crisis económica?. Si el gasto es a costa de otras partidas de subvenciones deportivas, nos parece también una desastrosa política deportiva local, pero si lo es con cargo a inversiones o gasto social, en estos momentos de crisis nos parece aún más grave por injusto e infame. Así que no estaría de más que se explicara este tipo de gastos, su necesidad para Cartagena, y a costa de que partidas se lleva a cabo.

(www.vegamediapress.com, 23/08/10)

56. REGIÓN DE MURCIA. EL INTERVENTOR MUNICIPAL DENUNCIA AL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA ANTE EL TRIBUNAL DE CUENTAS

El que ha sido hasta ahora interventor del ayuntamiento de Archena, Gabriel Sanjuan Armuña, ha denunciado al alcalde y su equipo de gobierno ante el Tribunal de Cuentas, que a su vez ha abierto diligencias para investigar presuntas irregularidades contables en el consistorio. Mientras, el alcalde de Archena, Manuel Marcos Sánchez Cervantes, ha ordenado, con fecha de 26 de abril, un informe reservado sobre el interventor. En dicho informe, en poder de esta redacción, el regidor municipal lanza graves acusaciones personales y profesionales contra Sanjuan. Curiosamente, durante los dos años que ha estado en Intervención, Gabriel Sanjuan ha emitido cientos de informes negativos o con reserva en relación a los asuntos de tesorería municipal. Algo que no ocurría con el anterior interventor, Francisco Javier Poyato, detenido en Lorca en el marco de una operación contra la corrupción.

Según la denuncia al alto tribunal, con fecha del 6 de mayo de 2010, Sanjuan comparece en nombre propio ante la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, "en el deber como funcionario" por la contraposición existente entre la actuación política y el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización e intervención.

En un largo informe, Sanjuan denuncia la arbitrariedad de los complementos especiales de disponibilidad, por la que algunos funcionarios llegan a cobrar más de 12.000 euros extra de sueldo anual. Añade también que "es sorprendente que se entregue un importe por la conservación del vehículo de extinción de incendios, cuando la entidad local no dispone de ninguno, por ejemplo".

Asimismo, también denuncia los pagos pendientes de aplicación, que se elevaban en 2008 a más de dos millones y medio de euros. En esta capítulo, explica la adquisición de acciones de la televisión Thader, por importe de 127.142,32 euros, que fueron compensados con una subvención de 125.000 euros recibidos de la comunidad autónoma destinados a otro capítulo.

En cuanto a los acuerdos bancarios con proveedores, el interventor se sorprende del concierto del ayuntamiento con las entidades financieras. "De hecho no admití ninguna póliza de crédito a favor de determinados proveedores", dice. Son los llamados "convenios". Al parecer, estos consisten en que la Entidad autoriza una póliza de crédito a favor de un proveedor concreto y este, según sus necesidades y según lo facturado va cobrando las cantidades que estima oportuno, "y posteriormente la Corporación debe devolver el dinero a la entidad financiera con intereses".

(www.vegamediapress.com, 23/08/10)

57. PRINCIPADO DE ASTURIAS. CASCOS MANTIENE EL PULSO CON LA CÚPULA DEL PP PARA SER EL CANDIDATO EN ASTURIAS

Francisco Álvarez-Cascos no ceja. El ex vicepresidente, ex ministro y ex secretario general del Partido Popular mantiene el pulso con la cúpula popular asturiana en su intento de retornar a la política como candidato al Gobierno del Principado en mayo de 2011. En la localidad leonesa de Valencia de Don Juan, dio un paso más en la campaña de movilizaciones, recogida de firmas, concentración de militantes y homenajes que planificó hace un año para intentar por la vía de la aclamación popular lo que la estructura orgánica del partido le niega.

El comité electoral regional ya ha descartado su "hipotética" candidatura, pero ayer el ex ministro alimentó la esperanza de los cientos de simpatizantes venidos de Asturias con pancartas y gaitas para pedirle que dé la batalla. "No estoy tan ciego como para no ver lo que pasa, ni tan sordo como para no oír lo que me dicen. En los 25 años que estuve en la primera línea de la actividad política, nunca recibí tantas palabras de apoyo como las que ahora escucho animándome a regresar a unas tareas que exigen total dedicación y responsabilidad", dijo.

Álvarez-Cascos se ofreció al PP asturiano y al líder nacional, Mariano Rajoy: "Para ayudar con el consejo desinteresado, para empujar con el motor de nuestra experiencia, para tirar del carro con ambas manos, para sumar como siempre".

Seis años después de haber dicho que se retiraba de la política y que no aceptaría ningún galardón u homenaje que se le concediese, Álvarez-Cascos ha desandado el camino y, como hace un año en Avilés, ayer recogió una nueva distinción, esta vez por obras e inversiones realizadas hace ya una década. En Valencia de Don Juan, que celebraba el Día de Asturias, tiene un gran ascendiente el diputado asturiano Isidro Fernández Rozada, uno de los principales ejecutores de la estrategia diseñada por Álvarez-Cascos para intentar recuperar el control del PP en su región.

Lo importante ayer era transmitir imagen de fortaleza y movilización ante la dirección nacional: "Son muchas las personas que se acercan a mí para expresarme su convicción de que mi reincorporación a la actividad política sería positiva para sumar y ayudar al PP a encontrar una senda ganadora, y pasar de la oposición al Gobierno en Asturias", afirmó.

Álvarez-Cascos no da la batalla por perdida. Enfrentado desde hace años a la dirección y estructura orgánica del PP asturiano, y con sus afines en posiciones minoritarias y marginales en el partido, el ex vicepresidente impulsa su candidatura tratando de que sean las bases las que la impongan por aclamación, lo que le dejaría las manos libres para formar listas e intentar recuperar así el control del partido. A la exigencia de dirigentes regionales de que se comprometiese a acatar el actual equilibrio interno, replicó con una campaña de recogida de firmas, manifiestos y homenajes como el de ayer. El PP quedó así ante la disyuntiva de afrontar el conflicto antes de las elecciones, descartándolo como candidato, o hacerlo después si encabezaba la lista y ganaba.

Como en 1998, a Álvarez-Cascos se le acusa de dividir al partido en Asturias. Entonces el PP se rompió en dos tras un ataque durísimo, y aún hoy inexplicado, contra el primer y único Gobierno asturiano en manos de los populares en los 27 años de autonomía. Ahora, los principales dirigentes han invocado aquella experiencia traumática para vetarlo como candidato. La crisis, opinan, es preferible precipitarla ahora y no tras las elecciones. Álvarez-Cascos se revolvió contra esa "calumnia perversa": "Los que rompen la unidad no son los que proponen algo, sino los que prescinden de toda deliberación y evitan los acuerdos en los órganos competentes, para imponer caprichosamente sus conveniencias particulares". Entre tanto, sus seguidores no ceden, lo que ahonda la percepción de fractura.

La mayor debilidad de los opositores a Álvarez-Cascos es que no han sido capaces aún de encontrar a un candidato. Ovidio Sánchez anunció en 2007 que no volvería a aspirar a la presidencia regional tras sufrir tres derrotas consecutivas. Gabino de Lorenzo, que logró la mayoría absoluta en su Ayuntamiento, tampoco está por la labor tras el batacazo electoral que sufrió en 2008 cuando fue candidato por Asturias al Congreso de los Diputados. Pero el propio De Lorenzo ha dicho que no hay problema: el PP asturiano, afirmó, "tiene varios y muy buenos candidatos, que, además, garantizan la unidad del partido".

(www.elpais.com, 04/08/10)

58. PRINCIPADO DE ASTURIAS. LA CAVERNA YA CELEBRA LA CANDIDATURA DE CASCOS EN ASTURIAS

Los medios más ultras de los se mueven en la órbita del PP han recrudecido al unísono su campaña para que Francisco Álvarez-Cascos sea el candidato popular en las autonómicas de Asturias. La opción del ex vicepresidente pareció decaer cuando la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, se posicionaron a favor del sector asturiano que se indignó por el apoyo de Esperanza Aguirre a Cascos. Pero Libertad Digital asegura que dentro del PP ya se han decantado por Cascos, y junto a La Gaceta lo presentan como "un valor seguro". Mientras, el líder del PP en Bruselas, Jaime Mayor Oreja, ha utilizado los micrófonos de la COPE para proclamar que Cascos es un "aval" y "una garantía" para el PP de Asturias.

En las últimas horas se ha recrudecido la ofensiva casquista. Por un lado, la web de Jiménez Losantos, Libertad Digital, asegura que la vicesecretaría de Organización del PP, Ana Mato, ha concluido que el ex vicepresidente es "la mejor opción" para Asturias e interpretan que unas palabras de Rajoy en medios asturianos alabando que Cascos es "competente, capaz y un clásico del PP" suponen otro espaldarazo para su regreso.

La web de Losantos incluso editorializa sobre este tema sentenciando que "Rajoy apuesta sobre seguro". Aseguran que el líder del PP se ha distanciado en los últimos tiempos del núcleo duro de Aznar del que él mismo formó parte y alertan de que no contar con Cascos "sólo podía desestimarse haciendo gala de un furibundo sectarismo rupturista con la mejor historia del PP".

En cualquier caso celebran que como pasó con Mayor Oreja en las europeas, "cuando Rajoy se la juega (…) recurre a valores seguros de la vieja guardia". El editorial concluye anunciando para Asturias el regreso de "los principios" que Cascos "de la mano de Aznar insufló con tanto éxito en el PP",. Estos valores no son otros que "la defensa de España y de la libertad". Incluso un columnista del mismo medio, Emilio Campmany, interpreta que "si finalmente se [Rajoy] ha decidido a contar con él, será porque no ha tenido más remedio que hacerlo" es decir que "es más un signo de su debilidad que una prueba de su fortaleza".

Mientras, La Gaceta no se quedaba atrás y en su última edición asegura que tres barones del PP, Esperanza Aguirre, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sanz, respaldan la candidatura de Cascos en Asturias. En un suelto editorial también sentencian que el ex vicepresidente supone un "valor seguro".

A estas presiones mediáticas se suma la de otro peso pesado del PP, Mayor Oreja, quien aprovechaba este lunes una entrevista en la COPE para romper una lanza a favor de su ex compañero en los Gobiernos de Aznar. Cuando era preguntado por el posible regreso, el líder de los populares en la Eurocámara respondía que tiene "el mejor concepto político" de Cascos y que "es un aval para el partido y la mejor garantía para el PP de Asturias", subrayando asimismo su "admiración" y "afecto" hacia el ex vicepresidente.

(www.elplural.com, 29/08/10)

59. PRINCIPADO DE ASTURIAS. DIMITE UN EDIL DE ASTURIAS QUE NO AUXILIÓ A UN ATROPELLADO

El edil del PP en Peñamellera Baja (Asturias; 1.500 habitantes) Victoriano Vidal dimitió ayer tras ser acusado de un delito de omisión de socorro a un ciclista atropellado el 24 de julio en una carretera cántabra. Vidal viajaba junto a un vecino de Panes (Asturias), identificado como M. A. S. R. B., de 55 años, cuando el todoterreno que este conducía arrolló a las siete de la tarde a un ciclista avulense de 20 años, Víctor Jiménez, en la carretera CA-182 a la altura del collado de Carmona. El conductor no se detuvo. La víctima, que acababa de participar en una carrera en Cabuérniga (Cantabria), murió. La Guardia Civil detuvo el lunes al conductor en su domicilio. Con él viajaba, además de Vidal, otro vecino de Peñamellera Baja identificado como M. P. G., de 51 años, también arrestado. Los investigadores sospechaban que un todoterreno verde era el culpable. Tras rastrear los más de 40 en esa zona, dieron con el del detenido, que presentaba huellas de impactos.

(www.elpais.com,, 06/08/10)

60. DÍAZ FERRÁN PUDO COMETER UN DELITO POR SU TRATO A LOS TRABAJADORES DE MARSANS

El Ministerio de Trabajo considera que puede haber "delito penal" en el trato a los trabajadores de Marsans, según la respuesta del Ministerio a la reclamación interpuesta por los representantes de los empleados. Por su parte, el sindicato UGT destacó que la respuesta del Ministerio de Trabajo a la reclamación de los trabajadores de Marsans, por la cual ha enviado algunos puntos al Ministerio Fiscal por sospechas de delito penal , corrobora sus sospechas y "peores augurios".

Según adelantó Hosteltur, Trabajo reconoce cinco infracciones graves y muy graves y considera que en alguno de ellos puede haber delitos penales, por lo que dichos puntos han sido remitidos al Ministerio Fiscal.

Las infracciones que menciona dicha respuesta a la reclamación incluyen tanto a los anteriores dueños del negocio, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, como a Posibilitum Business, ya que aborda irregularidades cometidas hasta junio de 2010. Concretamente, la respuesta a la reclamación realizada en nombre de Tiempo Libre, considera una infracción muy grave "el reiterado retraso y falta de puntualidad en el abono de los salarios devengados y la falta de pago de los salarios del mes de junio de 2010".

En segundo lugar considera infracción grave la "falta de ocupación efectiva" de los trabajadores y juzga "muy grave" la infracción cometida por falta de ingreso de las cuotas de la Seguridad Social y de la parte de cuota correspondiente a sus trabajadores "pese haberla deducido del abono de sus retribuciones". Por último, Trabajo considera una infracción "grave" la falta de adecuadas condiciones de limpieza de los centros de trabajo.

"La falta de limpieza es habitual y consciente, como se ha acreditado", señala el documento, dirigido al representante de UGT Alfredo Herranz. "Del conjunto de las conductas seguidas por la dirección de las empresas del grupo se entiende que se puede haber incurrido en conductas ilícitas penales tipificadas en el código penal", asegura la respuesta de Trabajo.

Estos y otros incumplimientos contractuales denunciados por UGT, junto con la documentación que obra en poder de la Inspección y las actuaciones efectuadas por ésta, "demuestran la gravedad de los hechos" que constituyen la base para que en aplicación del Texto Refundido de la ley de Infracciones y sanciones del Orden Social la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se abstenga de seguir el procedimiento sancionador "cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal", remitiendo las actuaciones al Ministerio Fiscal.

 "En TCM UGT hemos venido denunciando las poco éticas actuaciones en la gestión de las empresas del Grupo Marsans, de quien siendo el presidente de la patronal CEOE, y como tal, representante de una parte importante del empresariado de este país, debería dar ejemplo y ser modelo a seguir", señala el sindicato.

(www.publico.es 19/08/10)

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