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BÁJATE
EL RESUMEN DEL AÑO GURTELIANO 2009
DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2010
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ÍNDICE
1. RAJOY ALEGA QUE "NO TODOS LOS CASOS SON IGUALES" PARA JUSTIFICAR QUE NO CASTIGA AL PRESIDENTE VALENCIANO POR SU SITUACIÓN JUDICIAL
2. RAJOY ENMUDECE AL SER PREGUNTADO POR LOS 'TRAPOS SUCIOS' DE VALENCIA
3. EL PP AGITA LA CRISIS MARROQUÍ EN LA PENÍNSULA Y RAJOY LA EVITA EN MELILLA
4. RAJOY APOYA LA OFENSIVA DE AGUIRRE CONTRA LOS SINDICATOS
5. RAJOY APOYA LA DECISIÓN DE SARKOZY
6. COSPEDAL DESTACA QUE CAMPS NO ESTÁ "IMPUTADO POR VIOLACIÓN"
7. LAS SIETE RESOLUCIONES JUDICIALES QUE COSPEDAL CREE IRRELEVANTES
8. DE COSPEDAL DICE QUE ACTUARÁ EN EL PPCV SI HAY DECISIÓN JUDICIAL DE ´CIERTA ENTIDAD´
9. EL PP PROPONE UNA REFORMA ELECTORAL QUE LE FAVORECE
10. ‘CASO GÜRTEL’. "CORREA ERA MUY AMIGO DEL YERNO DE AZNAR... Y DE AZNAR"
11. ‘CASO GÜRTEL’. "UNA VEZ QUE EL PP YA NO GOBIERNA, VEO A CORREA FUERA DE SÍ. ERA AMIGO DE AZNAR"
12. ‘CASO GÜRTEL’. PEDREIRA URGE A HACIENDA A DARLE EL INFORME DE TECONSA
13. ‘CASO GÜRTEL’. ANTICORRUPCIÓN PIDE EXPULSAR AL PP DEL PROCESO DEL GÜRTEL POR ESTAR IMPLICADO
14. LA PRENSA ISRAELÍ ADOPTA A AZNAR COMO PALADÍN DE LA CAUSA JUDÍA
15. PAÍS VASCO. UNA SENTENCIA FRENA EL INTENTO DEL PP DE ENTRAR EN EL CONSEJO DE VITAL
16. CATALUÑA. CAMACHO ACUSA A INTERIOR DE UNA CONDENA INEXISTENTE
17. CATALUÑA. EL PP METE EN CAMPAÑA LA DEPORTACIÓN DE GITANOS EN FRANCIA
18. GALICIA. EL TRIBUNAL SUPERIOR REVISA EL CONCURSO DE LA AUTOVÍA DE CARBALLO
19. GALICIA. EL PP QUIERE LEGALIZAR CASAS JUNTO AL MAR POSTERIORES A LA LEY DE COSTAS
20. GALICIA. BALTAR CAMBIA EL PRESUPUESTO PARA PAGAR A SUS CONTRATADOS
21. GALICIA. LA EMPRESA QUE VIGILA LAS OBRAS DE LOUZÁN CARECE DE CONTRATO LEGAL
22. ANDALUCÍA. EL GOBIERNO Y LA LÍNEA PONEN FIN A LA DISPUTA POR EL ACCESO AL PEÑÓN
23. ANDALUCÍA. EL PP PIDE ANALIZAR SI HAY MUCHOS GAYS EN UN PROGRAMA INFANTIL
24. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE: "NO HAY MÁS REMEDIO QUE APLICAR LAS POLÍTICAS LIBERALES"
25. COMUNIDAD DE MADRID. ESPERANZA AGUIRRE ANUNCIA EL RECORTE DE LIBERADOS SINDICALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID
26. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE YA HA INICIADO LA GUERRA SINDICAL EN EDUCACIÓN Y SANIDAD
27. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RECONOCE QUE SE EQUIVOCÓ AL PENSAR QUE NEIRA DIMITIRÍA
28. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. FINANCIACIÓN ILEGAL Y OTRAS EMPRESAS IMPLICADAS
29. COMUNIDAD DE MADRID. FISCALÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN INVESTIGA EN MURCIA CUENTAS BANCARIAS RELACIONADAS CON EL CASO GÜRTEL
30. COMUNIDAD VALENCIANA. 'CASO GÜRTEL'. NUEVOS DELITOS, Y MÁS GRAVES, PENDIENTES DE INVESTIGAR
31. COMUNIDAD VALENCIANA. 'CASO GÜRTEL'. EL PP TRAMITA INICIATIVAS SOBRE EL CASO OBLIGADO POR EL CONSTITUCIONAL
32. COMUNIDAD VALENCIANA. 'CASO GÜRTEL'. RUS ADMITE QUE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA CONTRATÓ CON UNA EMPRESA DE LA TRAMA
33. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO BRUGAL': PARADIGMA DE LA PROMISCUIDAD ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
34. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO BRUGAL’. "NO QUIERO QUE ME VEAN POR ALLÍ, NO SEA QUE UN FOTÓGRAFO ME PILLE"
35. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO BRUGAL’. EL PP AMAÑÓ UN CONCURSO PARA EL JEFE DE 'BRUGAL'
36. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO BRUGAL’. TRES ALCALDES Y DOS CANDIDATOS DEL PP RECIBIERON PAGOS DE FENOLL
37. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO BRUGAL’. ÁNGEL FENOLL FINANCIÓ LA CAMPAÑA DEL PP EN CINCO MUNICIPIOS DE LA VEGA BAJA
38. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO BRUGAL’. EL PP REHÚYE DEBATIR SOBRE LOS RESIDUOS PARA EVITAR ATAQUES POR EL CASO APARICI
39. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA ATRIBUYE A MOVIMIENTOS ENTRE CUENTAS SUS INGRESOS NO JUSTIFICADOS
40. COMUNIDAD VALENCIANA. LA EMPRESA DE LIMPIEZA DE ULIBARRI RECLAMA A LA DIPUTACIÓN FACTURAS POR 52.000 EUROS
41. COMUNIDAD VALENCIANA. BLASCO VIAJÓ OFICIALMENTE A LA ESPAÑOLA COINCIDIENDO CON LA EXPOSICIÓN DE SU HIJO
42. CASTILLA Y LEÓN. LA POLICÍA IMPLICA EN GÜRTEL A MÁS AFORADOS DEL PP
43. CASTILLA-LA MANCHA. LA FISCALÍA PIDE AL TS QUE INVESTIGUE A UN SENADOR DEL PP
44. ISLAS BALEARES. LOS CRÍTICOS AFIRMAN QUE BAUZÁ BUSCABA LA CABEZA DE FONT CON EL VETO A LOS IMPUTADOS
45. ISLAS BALEARES. FONT SE PLANTA Y PIDE POR CARTA A BAUZÁ QUE RECTIFIQUE SU VETO A LOS IMPUTADOS
46. ISLAS BALEARES. GABRIEL CAÑELLAS DEFINE A MATAS COMO UN "TECNÓCRATA QUE NUNCA CREYÓ EN EL PARTIDO"
47. ISLAS BALEARES. MATAS:´YO NO CONTROLÉ EL PROYECTO´
48. ISLAS BALEARES. EL IBATUR DESTINÓ 800.000 EUROS A UN MUSEO QUE NUNCA SE PUSO EN MARCHA
49. REGIÓN DE MURCIA. LA DIPUTADA DEL PP FERNÁNDEZ DELGADO TACHA AL PSOE DE "ADALID DE LA MUERTE" DURANTE EL DEBATE DEL ABORTO EN LA ASAMBLEA
50. REGIÓN DE MURCIA. EL SUPREMO JUZGARÁ A UN DIPUTADO MURCIANO DEL PP POR CONDUCIR BEBIDO
51. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL PP ASTURIANO ACUSA A CASCOS DE QUERER INVENTARSE UNAS PRIMARIAS
52. PRINCIPADO DE ASTURIAS. CASCOS RETA DE NUEVO A RAJOY POSTULÁNDOSE COMO CANDIDATO
53. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. CERVERA NO ACLARA SI SERÁ CANDIDATO EN NAVARRA TRAS HABLAR CON RAJOY
1. RAJOY ALEGA QUE "NO TODOS LOS CASOS SON IGUALES" PARA JUSTIFICAR QUE NO CASTIGA AL PRESIDENTE VALENCIANO POR SU SITUACIÓN JUDICIAL
Francisco Camps y el PP valenciano son el principal quebradero de cabeza (político) de Mariano Rajoy. Basta contemplar la indisimulable incomodidad que le producen las preguntas de la prensa sobre los casos de corrupción que atañen a los populares de Valencia y su influencia en la elaboración de las próximas listas electorales. O las escasísimas oportunidades que el líder de la oposición responde a los periodistas sobre tan espinoso asunto. Pero Rajoy, en Melilla, pronunció una frase enrevesada en la forma, pero clara en el fondo, que intenta justificar el trato de favor que se da en el PP a algunos de sus imputados por corrupción. Especialmente a Camps. "Hay implicaciones por unas razones que provocan unas convicciones y las hay por otras que provocan convicciones diferentes", dijo.
De esta forma, alentó las esperanzas del actual presidente de la Generalitat valenciana -imputado por haber aceptado, supuestamente, regalos de la red Gürtel de repetir como candidato. Otros imputados no tendrán tanta suerte. ¿Por qué?. "Porque no todos los casos son iguales", se encargó de enfatizar Rajoy. El presidente del PP se refería a que el delito que se le imputa a Camps, el de cohecho impropio, tiene rango menor comparado con el de otros compañeros de filas. En eso tiene razón. Sin embargo, conviene no olvidar que el juez encargado del caso de los trajes, el valenciano José Flors, aún tiene que decidir si, tal y como le aconsejó el instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, engorda el sumario sobre el presidente del PP valenciano con otros delitos como la posible financiación ilegal.
Mientras el ansiado auto de Flors sobre Camps y algunos de sus más estrechos colaboradores en el PP de Valencia no llega la dirección del partido apoya públicamente al presidente valenciano pero pospone la proclamación de sus candidatos autonómicos para las elecciones del año próximo, en un intento de ganar tiempo por si los tribunales dieran a Rajoy un susto de última hora y la situación de Camps se agrava. Esta estrategia tiene una consecuencia directa: la ausencia de medidas disciplinarias en el PP de Alicante, donde hay varios implicados en el caso Brugal, ligado a la concesión de la gestión de basura en distintos municipios. Y es que correspondería al jefe del PP de Valencia, o sea, a Camps, proponer la expulsión de los cargos alicantinos implicados en dicha trama. Pero no resultaría demasiado elegante echar a compañeros como José Joaquín Ripoll, presidente de Alicante, mientras él se queda. Y la dirección popular está en una tesitura similar. ¿Cómo hacer limpieza en las filas populares valencianas y perdonar a su máximo responsable?
A la espera de nuevas decisiones judiciales, la cúpula conservadora no tiene más remedio que defender lo que, para algunos de sus propios militantes, resulta indefendible. "Un imputado puede ir en las listas. Hay que analizar caso por caso. Si uno está imputado por una violación, donde los indicios parecen verdad, pues le diría que no. Pero identificar a un imputado con un condenado es un error", señaló la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal.
(
www.elperiodico.com, 17/09/10)2. RAJOY ENMUDECE AL SER PREGUNTADO POR LOS 'TRAPOS SUCIOS' DE VALENCIA
Después de la foto en la cola del paro, de la del comedor social y de la que se hizo con los representantes del mundo de las artes escénicas, Mariano Rajoy se reunió con una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para abordar los principales problemas que afectan a este colectivo. Tras el encuentro, el líder del PP visitó una lavandería industrial de la Fundación Once y aprovechó para proclamar que uno de los objetivos de su partido es "la igualdad de oportunidades y la inserción laboral de las personas con discapacidad".
La cita fue muy interesante pero el escenario dio pie a múltiples chascarrillos. Sobre todo cuando uno de los trabajadores invitó al dirigente conservador a que le siguiera para mostrarle el recorrido que hacía la ropa sucia. "Al final sale toda limpia", señaló un dirigente del PP. Fue inevitable que, en ese momento, a algunos de los presentes les recorriera una escalofrío pensando que la visita podía terminar vinculándose a la situación que atraviesa el partido en el País Valencià donde su presidente, Francisco Camps, está imputado por cohecho impropio y los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, están siendo investigados por corrupción.
En una entrevista, sí abordó el asunto. Rajoy dijo que le gustaría que "los jueces fallasen" y reconoció que la situación "no es grata para nadie". Reiteró su apoyo a Camps y remarcó que para actuar, él necesita "pruebas". No le vale con los informes policiales, ni con lo que ha denunciado Hacienda y la fiscalía.
(www.publico.es, 15/09/10)
3. EL PP AGITA LA CRISIS MARROQUÍ EN LA PENÍNSULA Y RAJOY LA EVITA EN MELILLA
Hay un PP que no quiere entrar en polémicas sobre las siempre difíciles relaciones entre España y Marruecos y un PP que pide al Gobierno mano dura con el país vecino. Hay un PP que dice querer trabajar "en positivo" y otro PP que acusa al Ejecutivo de no defender la dignidad de las fuerzas de seguridad que se encuentran en las ciudades autónomas. Ambos se manifestaron en dos continentes distintos.
Desde Melilla, donde llevó a cabo una visita que ha irritado a Marruecos, Mariano Rajoy trató de rebajar la tensión con Rabat, evitó trasladarse a la frontera de Beni Azar -el escenario de los incidentes que el pasado agosto prendieron la mecha de la crisis diplomática- y no cargó en ningún momento contra el Gobierno. Desde Madrid, hasta cuatro dirigentes conservadores dijeron que la política del Ejecutivo con Marruecos era "débil", que no defendía a Rajoy de los ataques del país alauí y que la "oposición está donde no llega el Gobierno" al apoyar a los policías que fueron atacados por los activistas promarroquís.
¿Con qué PP quedarse? Son mensajes dirigidos a distintos auditorios. Rajoy procuró calmar a un Gobierno marroquí que el pasado miércoles -por medio de una carta de su primer ministro, Abbas el Fassi- expresó su "total rechazo a la visita provocadora" y , a través de su ministro de Comunicación, Khaid Naciri, pidió al líder del PP que no se inmiscuyera en las relaciones entre ambos países. Las declaraciones de los cuatro dirigentes populares -Ana Mato, Esteban González Pons, María Dolores de Cospedal y Gustavo de Arístegui- son de consumo interno, destinadas a castigar al Gobierno.
Rajoy pasó por Melilla con discreción. Inició su estancia de cinco horas emulando el paseo que en agosto ya hizo el expresidente José María Aznar, pero sin la locura ciudadana que desató este en las calles. El líder popular besó, recogió cartas personales y posó con varios admiradores. Aun así, faltó épica. Rajoy no quiso problemas, dijo que venía "de buen rollo", que el suyo era un viaje "en positivo", "normal", similar al que mañana le llevará a Palma y pasado a Barcelona.
Pero no es lo mismo. Epicentro de una crisis diplomática que sigue sin resolverse del todo, a la carta y las declaraciones de los mandatarios marroquís se unieron los cánticos y proclamas de los activistas que se manifestaron en Beni Enzar. Allí exhibieron el nuevo cartel de esta temporada, un estercolero con fotos del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, de Aznar y del propio Rajoy. No hubo más de 30 personas, muchos señores mayores y niños, que con banderas y pancartas denunciaron la "provocación" de Rajoy, para proseguir después con el himno de Marruecos y marchas militares emitidas a través de varios altavoces instalados en tierra de nadie.
Sonaban a todo volumen, pero el presidente del PP no las oyó. A diferencia de Aznar en agosto, Rajoy evitó acercarse a Beni Enzar (donde, cosa inusual en estas semanas de protestas, los activistas exhibieron una foto del rey de Marruecos, Mohamed VI) y con su visita incluso incluso cosechó los elogios de José Luis Rodríguez Zapatero. "Sus frases han sido correctas y han ido en la buena dirección", aseguró desde Bruselas el presidente del Gobierno, que celebró que Rajoy tratase "con responsabilidad" los relaciones hispano-marroquís.
El jefe del Ejecutivo anunció que es probable que se reúna con el rey Mohamed VI en Nueva York, adonde ambos tienen previsto viajar para participar en una cumbre de la ONU sobre la lucha contra la pobreza. Hasta , se sabía que era el rey Juan Carlos quien tenía pendiente un encuentro con el monarca alauí, con el que conversó a mediados de agosto, cuando empezaron los problemas en Melilla.
(
www.elperiodico.com, 17/09/10)4. RAJOY APOYA LA OFENSIVA DE AGUIRRE CONTRA LOS SINDICATOS
El líder del PP, Mariano Rajoy, dio su bendición a la última ocurrencia de Esperanza Aguirre. La presidenta de la Comunidad de Madrid quiere reducir el número de liberados sindicales y su jefe de filas se sumó a la ofensiva diciendo que la idea le parecía "muy razonable".
El líder de la oposición aprovechó una entrevista en Telecinco para cargar, además, contra los sindicatos al recordar que la semana pasada UGT y CCOO celebraron un acto en la madrileña plaza de toros de Vistalegre. "Fue una imagen que nos sorprendió a todos", señaló.
A Rajoy le extrañó que las organizaciones sindicales reunieran a "doce o trece mil" delegados "en un día de diario" en el que "no estaban en su trabajo. No sabemos si eran liberados o si pidieron un día libre sin cobrarlo, que yo tengo mis dudas".
Para él, en un momento de crisis económica en el que se está pidiendo "un esfuerzo" importante a la sociedad y "se ha dado un estacazo" a funcionarios y pensionistas, "no tiene sentido que la liberación sindical no cambie nada".
Al principio, la dirección nacional del PP se andaba con pies de plomo. Cuando el lunes saltó la noticia, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, se resistió a mostrarle su apoyo expreso. "Tengo una conversación pendiente con la Comunidad [de Madrid]", resaltó. Pero, al final, terminó sentenciando su "legalidad" y explicando que con ello "no se menoscaban los derechos de los trabajadores". Sin embargo, la derecha se lanzó, sin reparos, contra los sindicatos. La número dos del PP indicó, desde Ciudad Real, que la propuesta de Aguirre estaba dentro del plan de austeridad que en su día presentó Rajoy.
Lo cierto es que, en el debate sobre el estado de la nación, el jefe de la oposición habló de reducir las subvenciones a los sindicatos y a los partidos políticos. Pero nunca llegó tan lejos. Los colaboradores de Rajoy se afanaban en explicar por qué ahora se suma a las tesis de Aguirre. Parecía un intento de combatir la sensación de que el presidente nacional siempre va a remolque de su compañera de filas. Cospedal animó al resto de las comunidades autónomas a seguir los pasos de la de Madrid. Y Rajoy dijo que iba a "estudiar" si llevaba la medida al Congreso.
El líder del PP avanzó, en rueda de prensa, que lo primero que hará su partido será pedir reuniones con los sindicatos. "Este es un tema del que hay que hablar y no podemos esconder la cabeza debajo del ala o actuar como el avestruz. Y hay que ver si es necesaria tanta gente para ejercer estas funciones o no".
El anuncio de Aguirre llegó cuando ya llevaba una hora pronunciando su discurso en la tribuna de la Asamblea de Madrid. Fue escueto y poco detallado. Tras hablar de la crisis de los ayuntamientos, metió con calzador una frase en su intervención en el debate sobre el estado de la región: "La actual crisis económica nos obliga a todos a administrar con rigor y eficacia los recursos públicos. A este esfuerzo, los sindicatos no pueden ser ajenos, pues de estos recursos obtienen una parte importante de medios para ejercer sus funciones".
Por ello, "el Gobierno de la Comunidad de Madrid ajustará el número de liberados sindicales para el ejercicio de sus derechos al que le corresponde por ley, lo que, además de ser respetuoso con sus derechos y con la ley, permitirá un mejor aprovechamiento de los efectivos con los que cuenta la Administración autonómica".
(www.publico.es, 15/09/10)
5. RAJOY APOYA LA DECISIÓN DE SARKOZY
Mariano Rajoy, respeta la decisión de un Gobierno que cuenta con el respaldo de la mayoría, en referencia a la decisión de Francia de expulsar de su territorio a cientos de gitanos, pero ha abogado por una política europea "común" en cuanto a inmigración. A preguntas de los periodistas durante su visita a Melilla, ha señalado que no conoce en profundidad "todos los extremos ni todas las razones" de las expulsiones, pero ha expresado su "respeto" a la acción del Ejecutivo francés encabezado por Nicolás Sarkozy.
Rajoy ha manifestado que en materia de inmigración lo importante es "el orden, el control, la ley y una política europea". "En un espacio donde hay libre circulación de personas y la gente se puede trasladar de un lugar a otro, lo importante es una política europea común y, desde luego, el pleno respeto a la legalidad".
Rajoy ha añadido que está "absolutamente convencido" de que el Gobierno francés ha llevado a cabo la expulsión de los gitanos de acuerdo a la legalidad, "como no puede ser de otra manera dentro de la ley". Por otra parte, respecto a la situación interna de su partido, el líder del PP ha defendido las distintas formas de actuar cuando se produce alguna imputación de alguno de sus miembros. Según Rajoy, no son lo mismo unos casos que otros, en referencia a Madrid y Valencia, ya que unas veces las imputaciones son por unas razones y en otros por otras.
(www.publico.es, 16/09/10)
6. COSPEDAL DESTACA QUE CAMPS NO ESTÁ "IMPUTADO POR VIOLACIÓN"
El PP se ve abocado cada día a tirar de más filigranas para respaldar a Francisco Camps y su candidatura a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en 2011. La secretaria general del partido, María Dolores Cospedal, defendió a su compañero de filas porque su situación judicial acusado de cohecho impropio por recibir unos trajes de la trama Gürtel no es comparable a la de un "imputado por violación".
La número dos del PP repitió que el jefe del Consell será el candidato, pues un imputado "sí puede ir en las listas". No piensa lo mismo el líder del PP de Balears, José Ramón Bauzá, quien anunció unos días que él no pensaba contar con ningún procesado.
Cospedal dijo que cuando uno se refiere a causas judiciales, se debe analizar "caso por caso". "Si uno está imputado por una violación, en donde los indicios parece que son verdad, pues le diría que no", pero "identificar a un imputado con un condenado es un error", resaltó. La mano derecha de Mariano Rajoy reiteró que "no se puede dar lugar a que la presunción de inocencia sea destruida de un día para otro".
Además, defendió que su partido había tomado "muchísimas decisiones" para castigar a los presuntos corruptos, "a diferencia de otros partidos que cuando tienen casos similares no hacen nada". Sin embargo, la cúpula de los conservadores no actúa contra Camps ni tampoco contra los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, imputados por varios delitos de corrupción. Tampoco ha adoptado medidas contra el PP valenciano después de que un nuevo informe policial afianzara las sospechas de financiación ilegal de la formación regional. El lunes, Cospedal ya advirtió de que la dirección nacional no actuaría hasta que hubiera "resoluciones judiciales de cierta entidad".
En Melilla, Rajoy también tuvo que hacer frente a este tema, informa María Jesús Güemes. El líder del PP, que últimamente está concediendo ruedas de prensa en las que permite que se realicen tan sólo tres o cuatro preguntas, señaló que a él le parecía comprensible tratar de forma diferente a los imputados del PP, pero no explicó sus razones. Sólo dijo que "no todos los casos son iguales".
Las comparaciones son odiosas, sobre todo entre los cargos madrileños a los que se expulsó inmediatamente y los valencianos. Pero para él es algo que puede entender "perfectamente" cualquier persona "mínimamente normal". Para justificarse recordó el caso del líder del PP de Canarias, José Manuel Soria, quien estuvo imputado por el caso Salmón y después se archivó. "Se produjo una imputación, no tomamos ninguna decisión y actuamos en justicia. Hicimos las cosas bien", defendió.
(www.publico.es, 17/09/10)
7. LAS SIETE RESOLUCIONES JUDICIALES QUE COSPEDAL CREE IRRELEVANTES
Acorralado por las investigaciones sobre corrupción. En ese estado vive el PP valenciano desde el estallido de la operación Gürtel, en febrero de 2009. Desde entonces, al menos siete resoluciones judiciales de peso han ido estrechando el cerco en torno a sus dirigentes: resoluciones relacionadas con el caso del entramado corrupto que dirigía Francisco Correa, alias Don Vito, pero también con el que afecta al histórico presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. O con el más reciente caso Brugal, en el que aparece involucrado el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. ¿Poseen esas resoluciones judiciales "cierta entidad"? Esa es la pregunta que suscitan las palabras pronunciadas por la número dos del PP, María Dolores de Cospedal. Y esto que sigue es la secuencia de hechos.
El llamado caso de los trajes abrió la espita. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, permanece imputado por cohecho impropio tras aceptar ropa pagada por la red Gürtel. El de cohecho impropio (cuando una autoridad acepta un regalo que se le ha ofrecido en función de su cargo) es un delito menor. Pero la clave no reside en la eventual condena de multa sino que Camps puede acabar en el banquillo.
El caso fue archivado en agosto de 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). En mayo, el Supremo ordenó reabrirlo y retrotraer las actuaciones al momento anterior al carpetazo. Y ese momento es aquel en que el juez instructor del caso, José Flors, había ya concretado la imputación sobre Camps en una decisión "equivalente al procesamiento", subrayó luego el Supremo. Antes de que Flors concretara las acusaciones hubo otras dos resoluciones judiciales clave: la inhibición del juez Garzón en favor del TSJCV y la subsiguiente aceptación de la competencia por parte del tribunal valenciano. De antemano, el TSJCV se negó a investigar cualquier cosa que no fueran los trajes .
Días antes de que el TSJCV cerrara en falso ese caso, la policía le había remitido un informe que destapaba sólidos indicios de financiación ilegal en el PP valenciano a través de la trama Gürtel, cuya empresa de cabecera, Orange Market, obtuvo de la Generalitat contratos por más de siete millones de euros. En julio de este año, la policía emitió un segundo informe que desmenuza la mecánica de esa financiación y da cifras: sólo en 2008, el PP y tres empresarios afines abonaron a la Gürtel 846.000 euros. Las tres empresas abonaron 400.000 euros a la red corrupta mediante facturas falsas. Según la policía, el vicesecretario de organización del PP valenciano, David Serra, participaba en esos manejos. Dos meses antes de conocerse ese informe, el juez Antonio Pedreira se había inhibido en favor del TSJCV en lo que a la financiación ilegal del PP concernía precisamente porque los indicios apuntan a aforados.
Seis años después de que la denuncia de un empresario lo situara bajo el foco judicial, el jefe del PP en Castellón y presidente de su diputación, Carlos Fabra, está desde julio procesado y con un pie en el banquillo. La fiscalía pide para él 15 años por cohecho (soborno), tráfico de influencias y fraude fiscal. A petición propia, Fabra declarará ante el juez el día 23, lo que demorará la fecha del juicio.
El último del PP valenciano en recibir la etiqueta de imputado por corrupción ha sido el presidente de la Diputación de Alicante. José Joaquín Ripoll aparece desde julio implicado en el caso Brugal, que gira en torno al negocio de la basura. Según la policía, Ripoll pudo haber recibido dos pisos a cambio de una contrata. El imputado niega haber recibido sobornos.
(www.publico.es, 14/09/10)
8. DE COSPEDAL DICE QUE ACTUARÁ EN EL PPCV SI HAY DECISIÓN JUDICIAL DE ´CIERTA ENTIDAD´
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que la dirección nacional del partido actuará contra cargos imputados en casos de corrupción en la Comunitat Valenciana en el caso de que haya resoluciones judiciales "que tengan ya una cierta entidad, no de otro tipo", matizó. Preguntada durante una comparecencia por los casos Gürtel y Brugal que afectan al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el líder alicantino, José Joaquín Ripoll, mantuvo que hasta ahora se han conocido informes policiales "filtrados" a los medios de comunicación pero, aseguró que "no hay ni hechos, ni casos nuevos, ni nombres nuevos".
A la pregunta de si el PP nacional iba a tomar alguna medida para "lavar" la imagen del partido en la Comunitat Valenciana ante los casos de corrupción y la larga lista de imputados, De Cospedal se escudó en la falta de pronunciamiento judicial. "Entiendo que el PP tiene que actuar al amparo de resoluciones judiciales que estén y que tengan ya una cierta entidad, no de otro tipo", dijo tras recordar lo que le ocurrió al presidente del PP canario, José Manuel Soria, que estuvo imputado y luego se archivó el caso.
A su entender "está claro" que el Partido Popular "ha actuado cuando lo tenía que hacer y no lo puede decir todo el mundo". La numero dos del PP recalcó que "hoy por hoy, el único partido que ha sido condenado por financiación ilegal es el PSOE", al tiempo que denunció las filtraciones de informes policiales, algo que,"nunca se había producido en España y supone un atentado a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa".
(www.levante-emv.com, 14/09/10)
9. EL PP PROPONE UNA REFORMA ELECTORAL QUE LE FAVORECE
En su apertura del curso político, Mariano Rajoy anunció una iniciativa que casi pasó desapercibida. En Soutomaior (Pontevedra), el pasado día 4, prometió registrar en el Congreso una reforma de la Ley Electoral que contemplara un viejo objetivo del PP. Una propuesta, anunció, "que establezca que será alcalde el cabeza de lista más votado".
Con su afirmación, Rajoy parecía querer romper un acuerdo cerrado con el PSOE y con los nacionalistas. El pacto tenía fecha reciente, el 30 de junio, cuando la Comisión Constitucional sancionó el informe de la subcomisión de reforma de la Ley Electoral. El texto se convertirá en breve en proposición de ley, para que entre en vigor antes de los comicios de mayo de 2011.
Al documento, de 13 folios, sólo se adjuntaron los derrotados votos particulares de IU-ICV, Coalición Canaria, BNG y UPyD. Ninguno del PP. Y eso que no incluía la medida de que los candidatos más votados se conviertan de forma automática en alcaldes. Los grupos habían debatido meses atrás la fórmula y, al no concitar consenso, la rechazaron.
¿Por qué el PP vuelve a su propuesta? Basta revisar la lista de los municipios de más de 50.000 habitantes, un total de 145. En 2007, el PP fue la fuerza más votada en 69 ciudades, y el PSOE, en otras 61. Los pactos y algunas mociones de censura posteriores invirtieron las tornas. A día de hoy, los socialistas cuentan con 71 regidores en las localidades más populosas, frente a 56 del PP. Si gobernase la lista más votada, el PP recuperaría 15 alcaldías.
Gracias a los acuerdos con otras fuerzas, el PSOE arrebató a Rajoy el bastón de mando de 12 grandes capitales: Sevilla, Toledo, Santiago, Logroño, Palma, Jaén, Cáceres, Ourense, Vigo, Leganés, Coslada y Vélez-Málaga. Los conservadores perdieron también Córdoba a favor de IU y Benidorm (Alicante), en este caso tras una moción de censura impulsada por un tránsfuga del PP y los 12 ediles expulsados del PSOE.
El PP, a su vez, desbancó a los socialistas en Benalmádena (Málaga) y Arrecife (Lanzarote). En las dos ciudades, los conservadores tercera fuerza lograron el poder tras una moción de censura. La conquista del municipio canario no salió gratis: los conservadores se apoyaron en tres ediles imputados. En 2007, en compañía de IU, el PP quitó la alcaldía al PSOE en Chiclana (Cádiz). Un año más tarde, los socialistas recuperaron el cargo.
La medida del PP se ciñe a los ayuntamientos, no a las autonomías. El discurso se le habría podido volver en contra, pues gobierna con CC en Canarias los socialistas fueron los más votados y apoya al PSE en Euskadi donde ganó el PNV en 2009.
Desde el PSOE, su secretario de política municipal, Antonio Hernando, tacha la propuesta del PP de "desleal", pues supone la quiebra del pacto del Congreso. "Está abocada al fracaso. Lo que demuestra es que el PP se lleva peor con un sistema que recoja la pluralidad". En el mismo argumento ahonda Gaspar Llamazares, diputado de IU: "El PP pretende que se polarice más el voto y que se condene a las minorías a la marginalidad. Son un partido erizo, que se lleva mal con todo el mundo. Al PP, y a una parte del PSOE, no le conviene el sistema parlamentario indica. Los acuerdos son tan democráticos como las mayorías absolutas".
, fuentes del PP justificaban las palabras de Rajoy por un "hipotético acuerdo" de PSOE y PNV para respetar la lista más votada en las diputaciones forales. Y precisaban: "La idea siempre ha estado en el programa del PP y seguirá estando. Pero no vamos a hacer casus belli. El pacto del Congreso se mantendrá".
(www.publico.es, 13/09/10)
10. ‘CASO GÜRTEL’. "CORREA ERA MUY AMIGO DEL YERNO DE AZNAR... Y DE AZNAR"
Son las 11.42 minutos de la mañana del jueves 17 de diciembre de 2009. En la calle hace un frío que pela, pero en el interior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la cosa está que arde. El juez del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, lleva a cabo uno de los interrogatorios, a priori, claves en este complejo sumario: el del abogado Luis de Miguel, imputado por siete delitos, y a las importantes relaciones que, siempre según él, tenía su cliente y la desazón que a éste le provocó que en marzo de 2004 el PP dejara La Moncloa.
No ha hecho falta avanzar mucho en el interrogatorio para que afloren esos 'secretos' de manera espontánea. Apenas han transcurrido siete minutos de declaración. La fiscal inquiere a De Miguel hasta cuándo. (El 14 de marzo de 2005 el semanario publicó un extenso reportaje en el que se apuntaba por primera vez los contratos obtenidos por Correa en Madrid y se hablaba de la amistad del cabecilla de Gürtel con el yerno del ex presidente)". "Allí (en Interviú) me ponían a mí como si fuera el artífice de un invento, que tal. Bueno, ese artículo está por ahí y se puede ver en cualquier momento. Y yo ya le dije al señor Correa que, bueno, que si eso era verdad. Que si eso era verdad que yo me tenía que ir, que yo no podía mantenerle como cliente del despacho. Que yo tenía, digamos, unos clientes muy importantes y que, desde luego, no podía estar ahí... en fin... que me habían puesto a parir en una revista".
"Y entonces claro, ¿Qué pasaba? Que en 2005 ya gobernaba el PSOE y este señor (Correa) era muy amigo del yerno de Aznar... y de Aznar. Pero claro, eso fue hasta el 2004. Una vez que -eso es lo que yo me imagino- el PP no gobierna en este país, pues entonces éste (Correa) está un poco fuera de sí y (piensa que) pueden ir contra él. Y entonces yo me veo en la tesitura de que yo le tendría que dejar. Y yo ya en el año 2005 dimito. Le digo que yo no puedo seguir en esas sociedades".
No es la única referencia que el abogado-imputado durante su declaración hace al entorno de Agag. La fiscal le pregunta sobre Proyecto Twain Jones, una sociedad inmobiliaria investigada por blanqueo de capitales al haberse nutrido de fondos procedentes de firmas mercantiles radicadas en paraísos fiscales presuntamente pertenecientes al grupo Correa. "Twain era una cosa que organizó me parece Jacobo (Gordon, amigo y ex socio de Agag). Era una especie de grupo inversor. Se decía, vamos a comprar una parcelita o una parcela grande y vamos a poner dinero entre todos. Pero vamos yo ahí estuve muy poco tiempo", insiste en desvincularse.
Luis de Miguel está imputado, según le anuncia en la vista el propio Pedreira, de los delitos de: blanqueo de capitales; defraudación fiscal; tráfico de influencias; cohecho; falsedad en documento público, oficial y mercantil; revelación de secretos y prevaricación. Según los datos que obran en la causa, en particular un informe de la Fiscalía Anticorrupción fechado el pasado 6 de mayo, en el despacho del letrado interrogado se encontraron documentos sobre "las estructuras de blanqueo off shore (paraísos fiscales) con sociedades ubicadas en Antillas Holandesas y la Isla de Nevis creadas por Luis de Miguel para sus clientes Francisco Correa y Guillermo Ortega", el ex alcalde de Majadahonda, también imputado en este sumario.
(www.elpais.com, 13/09/10)
11. ‘CASO GÜRTEL’. "UNA VEZ QUE EL PP YA NO GOBIERNA, VEO A CORREA FUERA DE SÍ. ERA AMIGO DE AZNAR"
El abogado Luis de Miguel, imputado por seis delitos en el caso Gürtel, es el hombre que supuestamente tejió en el extranjero la profusa red de sociedades que empleó el cabecilla de la red, Francisco Correa, para evadir y blanquear los muchos millones que obtuvo ilícitamente de Administraciones gobernadas por el PP.
En su declaración ante el juez Pedreira, a finales de diciembre pasado, se mostró tajante al afirmar que, en septiembre de 2005, dimitió como "asesor" de Correa cuando empezó a sospechar sobre la ilicitud de la procedencia del dinero que ocultaba el líder de la trama. Y también al verse él mismo mezclado, por ser asesor de Correa, en una información periodística que situaba a Correa entre las peligrosas amistades de Alejando Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar. "Le dije a Correa", explicó al juez, "que si [lo del artículo de prensa] era verdad, que yo no podía mantenerle como cliente, porque yo tenía clientes muy importantes". "¿Y qué pasaba?", se preguntó De Miguel, "pues que en 2005 ya gobernaba el PSOE, y este señor [Correa] era muy amigo del yerno de Aznar y de Aznar.
Y una vez que ya el PP no gobierna, le veo que está un poco nervioso, fuera de sí, y le dije que dimitía", según su declaración. En el interrogatorio, De Miguel se desentendió de la descomunal evasión de capitales que se atribuye a la red Gürtel: "Los fondos que haya sacado Correa de España", dijo, "ni sé cómo ha sido y no tengo ni idea de cómo los ha sacado". De Miguel afirmó también que aconsejó a Correa que "regularizase" su situación con Hacienda. "Pedí a Correa que pagara por los incrementos patrimoniales sin justificación, incluso le dije lo que le podía costar, pero no me hicieron caso".
De Miguel admitió que hizo dos "viajes al extranjero" con Correa: uno "de placer" y otro a Reino Unido para constituir allí la sociedad opaca Rustfields, desde la que él, a instancias de Correa, rebotaba dinero a España para compras inmobiliarias de Gürtel. El abogado llevaba asesorando a Correa desde 1999. A raíz de un delito fiscal de uno de sus clientes, el juez Garzón ordenó en 2002 un registro en su despacho en el que aparecieron documentos comprometedores para decenas de multimillonarios españoles por evasión de ingentes cantidades de capitales al exterior. Correa era uno de ellos. Ese informe aún no está desclasificado, pero figura en el sumario.
De Miguel comentó también al juez cómo conoció al cabecilla de Gürtel. "Me presentaron a Correa y a su primo Antoine Sánchez [testaferro de Correa, otro encarcelado por la trama], que vivía en Senegal. Me dijeron que querían hacer inversiones en España y que no querían aparecer". Según De Miguel, tras tomar contacto con Correa y su primo empezó a crear sociedades en la Isla de Nevis y luego en otros países con opacidad fiscal. De Miguel fue administrador único de algunas de las más importantes sociedades de Correa, como Easy Concept, Inversiones Kintamani y Caroki, SL, así como de la famosa Orange Market, que en Valencia dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, el "amiguito del alma" del presidente Francisco Camps.
El abogado también ha ocupado cargos en otras sociedades de la red Gürtel (Special Events, Pasadena Viajes, TCM y Real Estate Equity Portfolio). El juez ha enviado comisiones rogatorias a una decena de países y paraísos fiscales en busca del dinero ilícito de Correa. Por el momento se han hallado 21 millones en Suiza y propiedades inmobiliarias en Miami y Colombia. Algunos países no están colaborando.
De Miguel confesó que, tras apartarse de Correa, la estructura societaria de capitales quedó en manos de otro de los imputados de Gürtel, José Ramón Blanco Balín, que la agigantó aún más. Inspector de Hacienda, Blanco Balín fue durante años vicepresidente de Repsol. Pese a este supuesto desconocimiento que alega De Miguel, Garzón, primer instructor del caso, le imputó como uno de los tejedores del entramado financiero de Correa. Y el juez Pedreira lo sigue teniendo como tal.
Anticorrupción preguntó a De Miguel por Proyecto Twain Jones, sociedad ideada para, entre otros proyectos, construir 16 chalés de lujo en Majadahonda. Se trata de una firma investigada por blanqueo de capitales detrás de la cual se oculta supuestamente Correa.
De Miguel explicó: "Era una cosa que organizó Jacobo [Gordon, amigo y socio de Agag]. Era una especie de grupo inversor. Se decía, vamos a comprar una parcela y vamos a poner dinero entre todos. Y por eso se organizó. Pero yo ahí estuve muy poco tiempo".
(www.elpais.com, 13/09/10)
12. ‘CASO GÜRTEL’. PEDREIRA URGE A HACIENDA A DARLE EL INFORME DE TECONSA
El juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, ha urgido a Hacienda para que le entregue sin demora los informes solicitados sobre la constructora Teconsa, que obtuvo contratos presuntamente amañados de distintas administraciones del PP a cambio de supuestas comisiones. La Generalitat valenciana, la Junta de Castilla y León y distintos ayuntamientos de Madrid involucrados en el caso hicieron adjudicaciones a Teconsa que la investigación judicial ha colocado bajo sospecha. Entre los datos que Pedreira espera de la Oficina Antifraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado (IGAE) figuran, además, los relativos a contratos que esa misma empresa logró de "varios ayuntamientos" de Castilla y León, entre ellos dos de Salamanca, aseguran fuentes de la investigación.
Sobre Teconsa hay varios interrogantes. Uno de ellos, el de si los dossieres que sobre Teconsa exige Pedreira incluirán información sobre los vínculos mercantiles de la Junta de Castilla y León con la constructora. De momento, Hacienda ya informó al juez de que Teconsa había movido más de seis millones de euros en billetes de 500 euros entre 2004 y 2007. Recién iniciada la instrucción del caso, el juez Baltasar Garzón ya reseñó en su primer auto el hallazgo de documentos que apuntaban a que la Junta de Castilla y León había manipulado en favor de Teconsa el concurso para la construcción de la variante de Olleros de Alba (León), adjudicada por 2,4 millones de euros en 2002.
En la caja B de la trama, la policía encontró documentos en los que aparecía el nombre "Toti" como el de un receptor de comisiones ilegales. Según la unidad policial de delitos económicos (UDEF), con ese apelativo la trama se refería al ex consejero de Fomento de Castilla y León y actual presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago. El Estatuto castellano-leonés garantiza el aforamiento de los procuradores (diputados autonómicos) ante el tribunal superior de esa comunidad. Si Pedreira enfilara sus pesquisas hacia algún aforado castellano-leonés, se vería abocado a inhibirse de inmediato.
Quienes conocen las actuaciones del sumario confirmaron a Público que no es este el único informe que reclama Pedreira: el juez está apremiando a todas las unidades de auxilio judicial para que finalicen todas las indagaciones encomendadas.
Y en esa lista de trabajos pendientes figuran también informes sobre Valencia cuyo contenido no precisaron las fuentes. Y otros sobre los contratos públicos obtenidos por sociedades cuya presunta conexión con la trama se conoce desde el primer día y por otras que actuaban como supuestas empresas pantalla ante la Comunidad de Madrid. Entre esas últimas se cuenta el llamado Grupo Rafael.
Que el juez ha pisado el acelerador para ir encajando ya las piezas del rompecabezas Gürtel y tener así un dibujo preciso de la trama lo denota una de sus últimas providencias. Fechada el pasado día 10, Pedreira se pronuncia en los siguientes términos: "Visto el estado de las presentes actuaciones, interésese de las unidades de auxilio judicial de la AEAT (ONIF) y la IGAE, la remisión de los informes encomendados, y en su caso, relación de los pendientes de emitir con indicación de los motivos que impidan su conclusión".
Cuál es el listado completo de informes pendientes constituye una incógnita, dado que parte del sumario continúa siendo secreta. Por ejemplo, aún no se ha incorporado al sumario o, al menos, a la parte sobre la que no pesa secreto lo relativo a Fundescam, la fundación del PP madrileño que financió las campañas de Esperanza Aguirre y a la que la red corrupta endosó facturas del partido. Igualmente, hay un compás de espera sobre Over Marketing, empresa de publicidad que, presuntamente, operó como tapadera de la red y que ya es investigada en Balears.
(www.publico.es, 15/09/10)
13. ‘CASO GÜRTEL’. ANTICORRUPCIÓN PIDE EXPULSAR AL PP DEL PROCESO DEL GÜRTEL POR ESTAR IMPLICADO
La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a pedir al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que "expulse" del proceso al PP en su actual condición de acusación popular al entender que puede verse afectado por "la posible comisión de delitos electorales en el seno del Partido Popular de la Comunidad Valenciana".
Anticorrupción entiende que la investigación ha destapado pruebas suficientes de la implicación del PP en la trama corrupta. El PP, ahora personado como acusación particular, pretende evitar mediante un recurso que todos los indicios de delito que pesan sobre el PP valenciano puedan ser investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por lo que rechaza el auto de inhibición del juez Pedreira a favor del traslado de una parte de la causa a la Comunidad Valenciana por estar implicados en los supuestos delitos dirigentes del PP aforados.
Con su petición al juez, formulada en un escrito del pasado 8 de septiembre, la Fiscalía se adhiere así a la solicitud formulada ante el juez por el PSOE de Valencia en la que se señala que el PP está actuando en el caso Gürtel como defensa de los imputados y no como acusación particular. El juez Pedreira ya rechazó hace meses una petición similar de la fiscalía.
(www.elpais.com, 16/09/10)
14. LA PRENSA ISRAELÍ ADOPTA A AZNAR COMO PALADÍN DE LA CAUSA JUDÍA
Si en Jerusalén los reproches a la Administración de Barack Obama ocuparon buena parte de su discurso ante el Consejo Mundial Judío, en Washington han quedado relegados a los turnos de preguntas. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, que lleva desde el martes presentando en la capital estadounidense el lobi proisraelí que encabeza, acusó al Gobierno de Estados Unidos de alejarse del apoyo incondicional a Israel mostrado por sus antecesores y de transmitir la "percepción" de que el Estado judío es el problema en Oriente Próximo. La prensa israelí reproduce con todo detalle las opiniones de Aznar, convertido ya por estos medios en el mejor adalid para su causa.
El exlíder del PP presentó su iniciativa Amigos de Israel en un desayuno de trabajo con congresistas y senadores norteamericanos y en una conferencia ante el Consejo de Relaciones Exteriores, un influyente think tank de Washington, integrado por algunos neoconservadores de renombre. Sin mencionar nunca el nombre de Obama, Aznar le acusó de distanciarse de la línea de sus predecesores. "Todos ellos apoyaron incondicionalmente a Israel. Esta Administración le ofrece un apoyo condicionado", dijo en respuesta a una pregunta del Jerusalem Post, diario conservador israelí.
El también presidente de la FAES eludió la crudeza de algunas críticas lanzadas contra Obama a principios de mes en Jerusalén, donde le acusó de desdeñar las amenazas que, a su juicio, se ciernen sobre Occidente y de abrazar a los enemigos de EEUU. Ante el Consejo de Relaciones Exteriores, adonde acudió acompañado por el expresidente peruano Alejandro Toledo, otro de los impulsores del lobi, aseguró que, bajo su liderazgo, EEUU podría querer dejar de ser "el sheriff de la situación".
Aznar y su iniciativa Amigos de Israel, lanzada a principios de verano en París y Londres, ha hecho suya una de las misiones prioritarias del Gobierno israelí de Binyamin Netanyahu: combatir la deslegitimación de Israel en el mundo. "Occidente ha perdido la claridad moral necesaria para contestar las críticas antisemitas al estado de Israel y para su derecho a vivir en paz dentro de sus fronteras", dijo el miércoles en el Capitolio ante un grupo de congresistas.
Al igual que hizo en Jerusalén, Aznar señaló a los palestinos como el gran obstáculo que enfrenta el proceso de paz en curso. "Es muy difícil conseguir la paz si una de las partes con la que está negociando niega tu existencia". Su argumento es falso. La OLP reconoció a Israel en 1991. Lo que se niega a reconocer, de momento, es su carácter de Estado judío, con el que Netanyahu pretende cerrar la puerta a un posible retorno de los refugiados palestinos.
(www.elperiodico.com, 17/09/10)
15. PAÍS VASCO. UNA SENTENCIA FRENA EL INTENTO DEL PP DE ENTRAR EN EL CONSEJO DE VITAL
El actual consejo de administración de Caja Vital no sufrirá modificaciones. El PP ha visto cómo el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Vitoria no admite a trámite su demanda que perseguía la designación como vocales de este organismo de tres candidatos que figuraban en la lista Vital Sí. Los populares aún no han decidido si presentarán recurso de apelación ante la Audiencia de Álava.
En realidad, el PP entendía que la nulidad decretada en la designación como vocal de Gregorio Rojo -y que forzó su salida de la presidencia de la entidad- también se extendía al resto de la candidatura, en la que figuraban Alfredo de Miguel y Adolfo Bruno Otxoa.
El auto conocido no lo cree así y frena las aspiraciones de los candidatos populares Javier Maroto, Ainhoa Domaica y Juan Antonio Zárate. El PP formalizó esta petición judicial el pasado 27 de julio, dos días antes de la asamblea extraordinaria en la que, tras un acuerdo PSE-PNV, Carlos Zapatero, ex vicecosejero de Trabajo del Gobierno vasco, fue nombrado presidente.
El PP, sin embargo, reclamaba la entrada en el Consejo de Administración de los tres miembros de su partido al ser la suya la segunda candidatura más votada en marzo de 2008. El auto judicial rechaza la pretensión de los populares ya que admite que de la sentencia dictada por la Audiencia de Álava no se desprende "ni expresa ni implícitamente" la conclusión que extrajo el PP, es decir, que debían ser anulados los nombramientos del ex consejero del Interior Javier Balza (PNV) y de Fernando Velasco (EA). La resolución pone de relieve que el PP no solicitó en su día que sus candidatos fueran los que sustituyeran a Rojo, De Miguel y Otxoa, tras su dimisión. El jeltzale, que ocupaba el cargo de vicepresidente segundo, cesó tras conocerse su imputación en un caso de presunta corrupción en Álava. La sentencia recuerda que ambos fueron sustituidos "por personas diferentes a las que integraban la candidatura cuyos nombramientos fueron anulados".
(www.elpais.com, 16/09/10)
16. CATALUÑA. CAMACHO ACUSA A INTERIOR DE UNA CONDENA INEXISTENTE
Alicia Sánchez-Camacho sacó la artillería. En su carrera por hacer puntos ante la dirección estatal del PP en el calle Génova de Madrid, la candidata conservadora a la Generalitat no dudó, en una entrevista a la Cadena Ser, en acusar al Gobierno español de estar condenado en los tribunales por cohecho y falsificación de informe policial. Una condena que no existe, tal y como Interior desmintió.
Preguntada por si el líder de su partido, Mariano Rajoy, estaba siendo "blando" con los numerosos casos de corrupción que afectan a su partido, Camacho lamentó las "filtraciones de sumarios" y aseguró que estas sólo afectan al PP. En esta línea, argumentó que, por ejemplo, no había trascendido que el Gobierno "está condenado por cohecho y manipulación de informe policial" de manera firme por el caso de la agresión que el entonces ministro de Defensa José Bono sufrió hace años en una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Pero la afirmación de Camacho es falsa. En un comunicado, Interior recordó que "no fue condenado en dicho procedimiento judicial, mucho menos por cohecho, y los tres policías condenados en primera instancia por el delito de detención ilegal fueron finalmente absueltos en una sentencia contundente del Tribunal Supremo".
Pero Sánchez-Camacho insistió en que el Ministerio del Interior fue condenado y que ella vio "los informes" en su época de portavoz de la comisión de Interior del Congreso. Así, volvió a decir que "en la agresión a Bono se manipuló y escondió un informe" y, pese a que el conductor del programa le hizo notar la gravedad de sus acusaciones, ella reiteró que tenían "una sentencia firme".
También analizó las elecciones catalanas del 28 de noviembre, en las que los conservadores aspiran a ser decisivos. Apoyada por la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, que afirmó que los conservadores son "el elemento de moderación" que necesita la política catalana, Sánchez-Camacho aclaró que su partido sólo pactará si es para formar parte del Govern.
El PP sólo contemplaba la posibilidad de pactar con el PSC o CiU tras las elecciones. José Montilla ya ha repetido que no habrá pacto con el PP. Ante ello, Camacho recordó que su partido "ya ha superado la fase de dar apoyo a un Govern a cambio de nada". Sin embargo, si Mas quiere en ellos a un aliado, deberá cederles puestos institucionales de importancia además de pactar sus políticas.
(www.publico.es, 15/09/10)
17. CATALUÑA. EL PP METE EN CAMPAÑA LA DEPORTACIÓN DE GITANOS EN FRANCIA
En enero fue la polémica sobre el derecho a empadronarse de los sin papeles en Vic. El Gobierno la zanjó alertando de que negarlo era ilegal y los partidos, todos, entendieron que no les convenía meterse en ese jardín. En abril fueron los folletos xenófobos que el Partido Popular distribuyó en Badalona. La dirección de Madrid presionó y acabó pidiendo disculpas. Los conflictos derivados de la inmigración llevaban desde entonces fuera de la agenda de la eterna precampaña de las elecciones autonómicas, pero han vuelto, de la mano del PP, a raíz de la expulsión de gitanos rumanos que ha emprendido Francia. La líder y candidata de los populares, Alicia Sánchez-Camacho, ejercerá de cicerone en el barrio de La Salut de Badalona con la eurodiputada Marie Thérèse Sánchez-Schmid, de la UMP, el partido del presidente Nicolas Sarkozy.
Les acompañarán el concejal de Badalona Xavier García Albiol -impulsor del folleto de la discordia y conocido por relacionar delincuencia con inmigración- y el eurodiputado No estará el líder de los populares en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, que visitó un asentamiento gitano en el Poblenou y reclamó su desalojo y que se actúe "contra las furgopateras". Hace ya un par de semanas, Fernández Díaz expresó su temor a que la expulsión de gitanos rumanos y búlgaros provoque un "efecto llamada" que acabe con su presencia en Cataluña, concretamente Barcelona.
El Ayuntamiento de Badalona replica que "no encontrará ninguno en la ciudad". De hecho, la cúpula del Partido Popular previó la posibilidad de que la comitiva de hoy visitara también Barcelona. Se descartó al entender que "no habría tiempo de hacer un buen recorrido y hablar bien con los vecinos si se visitaran dos barrios", según fuentes del partido. Además, el jefe de filas de los populares en el Ayuntamiento tiene esta mañana una agenda apretada: primero una entrevista y a continuación la comisión municipal de investigación del caso Palau.
El Ayuntamiento de Badalona (PSC y CiU) emitió un comunicado en el que afirma que la eurodiputada francesa "se equivoca de lugar y de interlocutor". El texto alerta de que la web de Sánchez-Schmid informa de que visitará "un campamento de gitanos". "Debe saber que no encontrará ninguno en esta ciudad", advierte el Gobierno municipal, que también cuestiona que el concejal García Albiol sea la persona más indicada para conocer la problemática del colectivo.
En un tono mucho más duro, el portavoz y viceprimer secretario del Partit dels Socialistes, Miquel Iceta, avisó que "el PP está jugando con fuego y debe de tener miedo de los planteamientos xenófobos de alguna otra formación política" por su forma de plantear el debate sobre la inmigración. Iceta, durante una entrevista en la cadena SER, ironizó sobre la eventualidad de que los populares llegaran a expulsar gitanos de origen rumano: "Un partido que no es capaz de expulsar a los 20 chorizos que tiene [en referencia a los imputados por casos de corrupción] no expulsará a nadie", soltó.
La líder y candidata del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, describió la visita a Badalona como "un encuentro dentro de la más absoluta normalidad, en el marco de la campaña electoral, con miembros de otros partidos de Europa" y defendió su atención a "las preocupaciones de los catalanes". "Uno de los temas que más preocupan a los catalanes es la inmigración", apuntó, y advirtió de que el PP "hablará muy claro y sin complejos" de la cuestión. Sánchez-Camacho se mostró partidaria de una política de control fronterizo "para que lo que se está produciendo en Francia no cree un efecto llamada", aunque apuntó que la situación francesa "no tiene nada que ver con la de Cataluña".
(www.elpais.com, 17/09/10)
18. GALICIA. EL TRIBUNAL SUPERIOR REVISA EL CONCURSO DE LA AUTOVÍA DE CARBALLO
Se le escapó ayer al conselleiro de Infraestructuras, Agustín Hernández, en sus declaraciones tras la toma de posesión de la nueva directora general de Infraestructuras, Ethel Vázquez: la autovía de la Costa da Morte, el mayor contrato de infraestructuras públicas de esta legislatura, está ahora en manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
La consellería planeaba en junio adjudicar las obras por 979 millones de euros a la empresa FCC tras rescindir un contrato previo a otra compañía, que pedía 584 millones. Tal decisión provocó que otro de los contendientes, la unión de Iridium -del grupo Dragados- y Puentes y Calzadas, plantease al TSXG el pasado 22 de julio la paralización cautelar de la concesión, porque entiende que hubo irregularidades en la mesa de contratación. El Tribunal admitió a trámite el recurso y exigió a lnfraestructuras que le remita todo el expediente sobre este proceso, extremo que Hernández confirmó ayer. El plazo -20 días- finaliza la próxima semana, al ser agosto inhábil a efectos judiciales.
Iridium decidió recurrir a los tribunales después de que la consellería rechazase un primer recurso administrativo "en contra del acuerdo verbal de la mesa de contratación y licitación de concurso" adoptado justo un mes antes. Las dos constructoras denunciaron irregularidades en el procedimiento para la adjudicación de estas obras en una tensa reunión de la mesa de contratación celebrada el 7 de junio.
El representante de Iridium reclamó su derecho a revisar la documentación presentada por todos los licitantes para comprobar si estaba garantizada la confidencialidad del sobre C, que contenía las propuestas económicas. Pero se le negó. Y fue luego, a finales de junio, cuando la hasta ahora presidenta de la mesa de contratación que gestiona la adjudicación, Isabel Vila Barbosa, recomendó adjudicar esa autovía a una unión empresarial liderada por FCC, cuya oferta era 215 millones más cara que la propuesta por Iridium y Puentes y Calzada.
La salida de Vila de la Dirección Xeral fue interpretada ayer por el secretario general de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, como un cese fulminante, por mucho que en la Xunta insisten en que se debe a motivos personales. "Deben explicar por qué llevan casi tres meses ocultando información", reclamó, informa Carlos Prego. El líder socialista entiende que Vila "es una pieza menor", cuya dimisión no debe ser la única en caso de que finalmente se anule el concurso.
Fuentes empresariales aseguraron el jueves que la Xunta ha comunicado a algunos de los contendientes que pretende reiniciar el proceso de adjudicación. Hernández se resistió ayer, no obstante, a precisar cuáles son sus planes para el vial. Preguntado en varias ocasiones por los periodistas sobre si piensa mantener las condiciones tal cual están o si descarta una nueva licitación, se limitó a repetir: "el procedimiento está en proceso de adjudicación y aún no hay novedades". Más tarde señaló, en declaraciones a Radio Nordés, que "no hubo comunicación a las empresas" sobre la anulación.
Hernández sí quiso "desmentir categóricamente" que Vila haya sido destituida por su gestión en la mesa de contratación, y le agradeció "su trabajo intenso". "También es cierto que ahora es necesario un impulso de las actuaciones iniciales", concedió, en relación a los planes de infraestructuras en Galicia. "Me voy por motivos personales", insistió la propia Vila, que defendió que la elección de la oferta más cara respondió a criterios exclusivamente técnicos. "La mesa no elige, la mesa abre sobres y automáticamente suma sus resultados", defendió. "Nadie recurrió las condiciones de base de los pliegos [...] Y el órgano de contratación no está vinculado por la mesa", detalló.
(www.elpais.com, 11/09/10)
19. GALICIA. EL PP QUIERE LEGALIZAR CASAS JUNTO AL MAR POSTERIORES A LA LEY DE COSTAS
Con el pretexto de regular los núcleos rurales tradicionales de los pueblos costeros de Galicia que, por su proximidad al mar, quedaron atrapados en un limbo jurídico desde que se aprobó la Ley de Costas hace más de dos décadas, el PP llevó al Parlamento autónomo una propuesta que, de llegar a término, daría pie a legalizar construcciones levantadas a más de 20 metros del mar, sean o no anteriores a la norma estatal. La única condición es que esas obras se acometiesen "al amparo de un acto administrativo público".
El PP planteó a los demás grupos un pacto para defender el cambio legal en el Congreso, en un debate que siguieron atentamente una veintena de vecinos afectados invitados por los populares. El encargado de defender la moción no fue el portavoz popular de Urbanismo, Román Rodríguez, sino José Fervenza, natural de Moaña, donde hay más de 200 construcciones afectadas. El diputado achacó la demora en regular este tipo de emplazamientos -cuyo ejemplo más representativo es el de los núcleos pesqueros de Marín- a la falta de voluntad política del Gobierno central, que recurrió ante el Tribunal Constitucional y paralizó, amparándose en una invasión de competencias, la aplicación de una norma promovida por el bipartito para solventar el embrollo legal. Este nuevo intento aporta cambios, según defendió, "no grandes pero sí necesarios".
Los grupos de la oposición no compartieron el diagnóstico de Fervenza. Teresa Táboas anunció que el Bloque aceptaría entrar a discutir los cambios propuestos "por responsabilidad con los vecinos", pero criticó que el PP no lleve la proposición al Congreso a través de sus diputados nacionales, ahorrándose el trámite en la Cámara gallega. "Plantean esta proposición porque están ante unas elecciones municipales", sostuvo, y censuró las legalizaciones indiscriminadas que planten los populares, que van más allá de los núcleos rurales tradicionales: autoriza que se otorguen derechos de ocupación y aprovechamiento del dominio público a quienes construyeron "al amparo de actos administrativos públicos con fecha anterior o no" a la entrada en vigor de la Ley de Costas. "¿Pretenden arreglar por la puerta de atrás cuestiones que no competen a los afectados de los núcleos del litoral, igual que hicieron con la ley del suelo?", preguntó.
"Esto no va de núcleos rurales; esto va de business", empezó la socialista Mar Barcón su turno de intervención. La diputada aseguró que lo que plantea el PP implica en la práctica privatizar el uso del litoral "no sólo en los núcleos afectados, sino en otros". También echó en cara a los populares que no abordasen la cuestión de este tipo de núcleos rurales en el ya aprobado Plan de Ordenación do Litoral. "Si tienen el valor de presentar esto en el Congreso, recorrerá todas las facultades de Derecho de Eespaña, porque es un intento de demoler la Ley de Costas", adujo en referencia a una de los puntos de el texto del PP, que prevé excluir del dominio público "por decisión administrativa" a los núcleos urbanos consolidados antes de 1988.
"La ley de costas tiene dificultades en su aplicación, pero este texto no habla de eso", indicó la portavoz socialista. "Modifican servidumbres de dominio público y derechos de ocupación y de propiedad en él y permiten edificaciones en lugares con otro tipo de suelo, consolidando lo hecho y dejando que se amplíe", censuró. "En ese camino van a ir ustedes solos", remachó, para expresar la oposición frontal del PSOE a la propuesta.
En el turno de cierre, Fervenza repitió que los cambios propuestos "sólo benefician a los que pueden perder sus propiedades injustamente" y preguntó a los diputados del PSdeG si también habrían votado en contra "si el afectado fuese un ministro".
Por otra parte, la Xunta se comprometió, tras una reunión con el Ayuntamiento de Marín, a defender los núcleos de Aguete, Casás, Loira, Teoira y Mogor, como "suelos urbanos de núcleo rural" ante Costas del Estado, de cara al informe que el organismo estatal debe emitir para el plan general del municipio.
(www.elpais.com, 15/09/10)
20. GALICIA. BALTAR CAMBIA EL PRESUPUESTO PARA PAGAR A SUS CONTRATADOS
En los meses anteriores y siguientes al congreso provincial del PP que entregó el partido a su hijo, José Luis Baltar contrató a cientos de compromisarios en la Diputación. Lo hizo sin los correspondientes informes de Intervención y de Secretaría. Y sin partida presupuestaria. Mientras la fiscalía estudia la denuncia presentada por el PSOE ourensano sobre la supuesta ilegalidad de estos contratos, el presidente de la institución provincial anuncia que desviará un millón de euros del remanente de Tesorería, de 3,8 millones, para hacer frente a las nóminas del personal y 500.000 euros más para afrontar los pagos a la Seguridad Social. "Se trata del pago de las nóminas de los nuevos contratados", denunciaron los socialistas.
La modificación de crédito se produce tras las reiteradas declaraciones de Baltar en los últimos meses relativas a la necesidad de que la Diputación se "apriete el cinturón" mediante la "reducción del gasto y el ahorro".
Lejos de ello, el barón ourensano del PP ha decidido seguir gastando. Según informó en comisión a los grupos políticos, de los casi cuatro millones de remanente de Tesorería destinará 360.000 euros a gastos de publicidad y protocolo de la institución y del Inorde (Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, dependiente de la propia Diputación) y 533.000 euros más los repartirá entre ayuntamientos del PP. Los del BNG no recibirán nada mientras que destina 20.000 euros para la perrera municipal de O Carballiño (PSOE) y 12.000 para la edición de un libro de la castaña promocionado por el Ayuntamiento de Parada do Sil (PSOE).
"Baltar continúa repartiendo el dinero de la institución provincial a su antojo", denunciaba de nuevo el portavoz socialista en la Diputación, Alfredo García. En esta ocasión, la decisión del barón ourensano de distribuir el dinero entre los suyos y para "pagar favores políticos" ha ido más lejos: Baltar ha decidido sufragar, con 12.000 euros de ese mismo remanente de Tesorería, el anteproyecto que un colectivo de comerciantes afín al PP presentó contra el plan municipal de reconversión de la plaza de abastos de la ciudad. "Es algo sin precedentes", exclamaban los socios del bipartito que gobierna en la capital, sorprendidos de que la Diputación pague un proyecto particular "que incumple además las recomendaciones de Patrimonio de la Xunta" utilizado "como arma arrojadiza política" contra el gobierno local.
La asociación de comerciantes a la que Baltar sufraga -con fondos públicos- el proyecto está presidida por un simpatizante baltarista del PP y las reuniones que el colectivo realizó para oponerse al proyecto municipal fueron convocadas por el concejal del grupo del PP Aurelio Gómez Villar.
Baltar faltó a su compromiso de fomentar el ahorro en la institución, pero no al que asumió el pasado febrero ante el presidente de la Real Academia Galega (RAG), Xosé Luis Méndez Ferrín, quien pidió subvenciones finalistas ante la necesidad económica del organismo. El presidente provincial le ofreció entonces el "compromiso económico y moral" de la Diputación para que la RAG "no pase estrecheces". Le dedica, en concepto de "gastos de funcionamiento", 37.000 euros de la modificación de crédito.
El resto del dinero, hasta completar los 3,8 millones de euros, los destina a subvenciones de capital nominativas para acción social, actividades culturales y recreativas.
(www.elpais.com, 15/09/10)
21. GALICIA. LA EMPRESA QUE VIGILA LAS OBRAS DE LOUZÁN CARECE DE CONTRATO LEGAL
El control de seguridad y salud de las obras de la Diputación Provincial de Pontevedra, que preside Rafael Louzán, lo realiza una empresa, Darzal Consultoría y Prevención SL, sin contrato. La Diputación adjudicó a Darzal esa responsabilidad en octubre de 2005 por un periodo de dos años con opción a prorrogarlo de año en año pero "sin que la duración total incluidas las posibles prórrogas pueda exceder de cuatro años". La Diputación, sin embargo, en sus últimas adjudicaciones de obras y de modo explícito desde julio, señala a cada adjudicatario que "deberá ponerse en contacto con la empresa Darzal Consultoría y Prevención SL (teléfono 986422100), encargada del control de seguridad y salud de las obras".
Darzal obtuvo en concurso abierto el contrato de 2005 para "las obras de construcción y conservación que proyecte, ejecute o dirija la Diputación". El pasado enero volvió a convocar otro concurso de términos análogos -aunque con el triple de presupuesto estimado- que la mesa de contratación aún no ha resuelto "debido al gran número de empresas que participaron", según la Diputación. En varias empresas del sector radicadas en Vigo y consultadas por este periódico señalaron, sin embargo, que ignoraban la convocatoria del concurso y la misma existencia de Darzal, que tampoco figura en el registro de la Dirección Xeral de Relacións Laborais (Consellería de Traballo) de empresas autorizadas para prestar servicios de prevención de riesgos laborales. "Entendemos que esta acreditación es preceptiva para formalizar contratos con la Administración", indicaron fuentes de esas empresas.
Darzal, fundada en 1999, tiene su domicilio social en Madrid. Pero el teléfono señalado en las notificaciones de adjudicación de obras de la Diputación corresponde a una dirección de Vigo (Paseo Valentín Paz Andrade 17) que la consultora comparte con una inmobiliaria, Itevivienda SL, aunque ninguna de las dos empresas está anunciada en la fachada.
Darzal se adjudicó el control de seguridad y salud de las obras de la Diputación a cambio del 0,72% del precio de todas y cada una de ellas. Entonces, 2005, se estimó que tendrían un presupuesto aproximado de ejecución de 10,8 millones de euros -en el concurso actual se estima ese presupuesto en 30 millones-, de lo que se derivarían para la consultora unos ingresos de unos 77.760 euros anuales.
Esta cuota de pago resulta sorprendentemente reducida para las obligaciones del adjudicatario que recogen los pliegos de condiciones del contrato, elaborados por los ingenieros jefes de obras de las dos zonas, norte y sur, en que se divide la provincia, Alfredo Montero y Baltasar Pujales, respectivamente. Ellos son, a su vez, los que interpretan el contrato y dan las instrucciones que estiman convenientes a Darzal.
Entre las obligaciones de la adjudicataria figuran, por ejemplo, las de "informar previamente al inicio de las obras sobre los planes de seguridad y salud presentados por los contratistas"; supervisar la utilización de los medios necesarios para la prevención e informar sobre ella a trabajadores, subcontratistas y autónomos; realizar reuniones periódicas con ellos, o poner los medios que garanticen el acceso a cada obra solo del personal autorizado.
Darzal también se obliga a redactar "un informe mensual que incluya los estudios de seguridad y salud y los estudios básicos elaborados, aprobados o en fase de seguimiento, los planes de seguridad aprobados, las obras comenzadas, en ejecución y terminadas, así como su estado mensual y una explicación sucinta de cada una de las incidencias acaecidas y comunicaciones realizadas (aviso previo e información a la autoridad laboral)".
(www.elpais.com, 13/09/10)
22. ANDALUCÍA. EL GOBIERNO Y LA LÍNEA PONEN FIN A LA DISPUTA POR EL ACCESO AL PEÑÓN
Con una marcha atrás de las dos partes concluyó ayer la llamada guerra de las señales, que desde el pasado fin de semana enfrentó al Ministerio de Fomento y al Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. El conflicto acabó con ministerio y Ayuntamiento citados en el Juzgado de lo Contencioso administrativo número 1 de Algeciras, como consecuencia del recurso presentado por la Abogacía del Estado ante la actuación del alcalde linense, Alejandro Sánchez, del PP.
La Abogacía del Estado y los letrados municipales expusieron ante el magistrado Salvador Arenas las razones por las que las instituciones a las que representaban colocaron en los accesos a Gibraltar las señales que acabaron causando un considerable atasco, lo que a su vez llevó a la suspensión cautelar de la reordenación de la circulación llevada a cabo por el Ayuntamiento. Después de que los técnicos de Fomento colocaran dos stops, las señales de tráfico instaladas por el Ayuntamiento obligaban a que camiones y turismos circularan hacia Gibraltar por el mismo carril.
Ricardo Fernández de Vera, abogado del Ayuntamiento de La Línea, explicó que el asunto se había resuelto sin que fuera necesaria la celebración de vista oral, alcanzándose "una satisfacción extraprocesal". Ambas partes dieron un paso atrás de forma voluntaria en la colocación de las señales que generaron el conflicto.
Fernández de Vera aseguró que el acuerdo "no tiene nada que ver" con el peaje que el municipio quiere imponer a los vehículos que vayan a Gibraltar, un plan que "sigue adelante". Se refirió además a la titularidad de la vía de acceso al Peñón que en los últimos días también ha enfrentado a ambas Administraciones. "Esa zona pertenecía al antiguo parque Princesa Sofía, que tenía como uno de sus límites a Gibraltar", sostuvo ayer el letrado. "Allí no ha habido expropiación, por lo que La Línea se considera propietario de dichos terrenos y así consta en el Registro de la Propiedad", apostilló.
Una vez resuelto el recurso judicial interpuesto por Fomento y ante el "allanamiento" del Ayuntamiento, la situación en las inmediaciones de la Verja era ayer de normalidad con el tráfico dirigido por las señales originarias y con el normal incremento generado por el fin de semana.
Además, ayer en Gibraltar se celebraba el National Day. El ex ministro principal de Gibraltar y líder de la oposición, Joe Bossano, manifestó: "La base del ataque por los accesos es hacer ver que el Gobierno socialista no defiende suficientemente los intereses de España, ya sea con Gibraltar, Ceuta, Melilla, en Naciones Unidas, o ante la Unión Europea. Se trata de una estrategia global para recabar votos, diciendo que son [por el PP] más patriotas que la izquierda".
(www.elpais.com, 11/09/10)
23. ANDALUCÍA. EL PP PIDE ANALIZAR SI HAY MUCHOS GAYS EN UN PROGRAMA INFANTIL
Tres consejeros (dos del PP y uno del PA) votaron a favor de que el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) analice una queja anónima que dice: "Veo mucha homosexualidad en La banda [un programa infantil que emite Canal Sur]". El pleno del CAA, sin embargo, desestimó tramitarla. "No se puede estudiar una conducta sexual que forma parte de la privacidad de las personas", explicó la consejera Mercedes de Pablos, responsable de la Oficina de Defensa de la Audiencia.
¿Hay detrás de esta queja, sin nombre ni apellidos, una actitud homófoba? ¿Pedirían estos mismos consejeros su tramitación si, en vez de "mucha homosexualidad", se denunciara una excesiva heterosexualidad?
En una conversación telefónica con Público, Carlos del Barco (PP), uno de los consejeros que votaron a favor, justifica su decisión en un mero trámite técnico. "Mi argumento es que esta queja debería estudiarse como una más y que, llegado el caso, se estimara o se desestimara, como se hace con las numerosísimas reclamaciones que llegan al consejo, por ejemplo, sobre estereotipos o machismo", explicó.
¿Tiene entonces la homosexualidad las connotaciones negativas del machismo? "Yo no estoy diciendo eso, sólo estoy pidiendo que se analice una queja de un ciudadano [anónimo] como también lo pediría sobre la heterosexualidad". Del Barco, no obstante, evitó posicionarse sobre qué ocurriría si se comprobara que hay una representación excesiva de homosexuales: "No voy a juzgar ni a prejuzgar nada".
(www.publico.es, 17/09/10)
24. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE: "NO HAY MÁS REMEDIO QUE APLICAR LAS POLÍTICAS LIBERALES"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha confirmado lo que era un secreto a voces: su Gobierno recortará el número de liberados sindicales en Madrid. Así lo ha anunciado durante el debate sobre el Estado de la región que se celebra en la Asamblea de Madrid, donde ha asegurado que será "respetuoso con los derechos de los trabajadores y con la ley" y que "permitirá un mejor aprovechamiento de los efectivos con los que cuenta la Administración autonómica".
Según Aguirre, la crisis obliga a administrar "con más rigor y eficacia los recursos públicos", lo que significa un esfuerzo al que "los sindicatos no pueden ser ajenos" porque reciben una "parte importante" para ejercer sus funciones.
En la línea de los recortes, la presidenta regional ha anunciado que su Ejecutivo reducirá en un 10% el presupuesto no financiero de la Comunidad para el año 2011, dentro del plan de austeridad con el que ya ha ahorrado 542 millones de euros.
La conservadora ha aprovechado este anuncio para elogiar las políticas liberales y recomendar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que abandone las tesis Keynesianas. "No hay más remedio que aplicar las políticas liberales, que son las que han demostrado su eficacia para salir de la crisis", ha continuado, enfrentándolas a las del Gobierno, "que conducen al despilfarro" y que son propias de los que "siguen creyendo en las falacias Keynesianas". "Las cuentas se cuadran gastando menos y no aumentando los impuestos como hace Rodríguez Zapatero", ha añadido.
Aguirre considera que la Comunidad de Madrid resiste mejor la crisis que otras regiones españolas y que su PIB está por encima de ellas gracias a esas políticas liberales y a los recortes y las bajadas salariales aplicadas por su Gobierno. La presidenta regional ha acusado al Ejecutivo de Zapatero de deberle a la Comunidad que dirige 18.848 millones de euros y situarla en un contexto de "asfixia" económica.
En su línea liberal, Aguirre ha anunciado que el recorte en materia económica va a incluir un plan de racionalización del sector público "que va a afectar a numerosos organismos y empresas" de la Administración regional.
(www.publico.es, 14/09/10)
25. COMUNIDAD DE MADRID. ESPERANZA AGUIRRE ANUNCIA EL RECORTE DE LIBERADOS SINDICALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado a la Asamblea de Madrid un ajuste en el número de liberados sindicales de la Comunidad de Madrid, y ha asegurado que será respetuoso con la ley y los derechos de los trabajadores.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ajustará el número de liberados sindicales para el ejercicio de sus derechos que les corresponde por ley, lo que además de ser respetuoso con los derechos de los trabajadores y con la ley permitirá un mejor aprovechamiento de los efectivos con los que cuenta la Administración autonómica", ha afirmado Aguirre a los diputados presentes en el Debate del estado de la Región, que ya conocían la noticia a través de los medios.
En su opinión, la actual crisis obliga a administrar "con más rigor y eficacia los recursos públicos", un esfuerzo al que "los sindicatos no pueden ser ajenos" porque reciben una "parte importante" para ejercer sus funciones.
(www.cadenaser.com 14/09/10)
26. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE YA HA INICIADO LA GUERRA SINDICAL EN EDUCACIÓN Y SANIDAD
Objetivo: los sindicatos. Nada nuevo en el largamente cultivado pulso del Gobierno de Esperanza Aguirre con los representantes de los empleados. "Viven sin trabajar", soltó el ex consejero de Sanidad, Juan José Güemes, en mayo de 2008, refiriéndose a los liberados sindicales. Aguirre tampoco se quedó corta: "Son un anacronismo y un escándalo". Por eso el recorte que confirmó la presidenta en el debate sobre el estado de la región no ha sorprendido en exceso. En Educación y en Sanidad, menos aún. Porque en estos dos sectores Aguirre lleva un tiempo ensayando su particular guerra contra el liberado. Educación ha sido la avanzadilla. Aguirre decidió reducir el número de horas sindicales en la enseñanza pública sin pacto ni aviso. Incluyó la reducción en la Ley de Medidas Urgentes que bajaba el sueldo de los funcionarios un 5%, como aprobó el Gobierno central.
El recorte de horas en la enseñanza pública preuniversitaria supuso perder mucho más de la mitad de la representación. Pasaron de 190 a 70 liberados. CC OO lo ha llevado a los tribunales "por vulneración de derechos fundamentales". El sindicato alegó que se había hecho de forma "unilateral" y solo en el ámbito educativo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió el recurso, pendiente de sentencia.
En Sanidad la tijera va por otro lado. El Gobierno aprovecha la recientemente aprobada Ley de Libre Elección y de Área Única para reducir el número de delegados sindicales hasta en tres cuartas partes. La nueva norma termina de un plumazo con la división territorial actual suprimiendo las 11 áreas sanitarias en que se divide la región y dejando una sola para gestionar la sanidad de más de seis millones de madrileños. Como cada área tenía su junta de personal -algo así como el comité de empresa- al reducir las áreas se reducen los delegados. Si la negociación con los sindicatos no lo impide, pasarán de los 321 actuales a 75.
Y queda la traca final que afectará a todos los sectores. La que confirmó Aguirre, casi de pasada y sin detalles de cómo y cuándo piensa hacerlo: "El Gobierno de la Comunidad de Madrid ajustará el número de liberados sindicales para el ejercicio de sus derechos al que les corresponde por ley".Aguirre quiere reducir dos de cada tres liberados, según explicó horas más tarde una portavoz del Gobierno. En realidad, hay que hablar de horas de representación, porque no todos los delegados están liberados completamente. Esas horas equivalen a 3.500 trabajadores a tiempo completo, de los que se quieren suprimir 1.930, lo que supondrá un ahorro de 73 millones, según la Comunidad. El problema es que la actual representación sindical está recogida en leyes y acuerdos aún en vigor.
Aguirre quiere meter la tijera a las horas mensuales que cada delegado dedica a su función representativa -un derecho recogido en una ley orgánica- de las 75 actuales (pactadas como mejora del mínimo estatal entre la Administración y los sindicatos en el caso, por ejemplo, de Educación y Sanidad) a las 40 que contempla el Estatuto Básico del Empleado Público. Como los acuerdos están en vigor, y para cambiarlos debería pasar por la mesa de negociación, la solución es acogerse al artículo 38 del Estatuto, el mismo que permitió al Gobierno central bajar el sueldo de sus funcionarios. Si la situación económica ha cambiado, los acuerdos quedan en suspenso.
El caso de Educación ha sido el ensayo general de por dónde van los planes de Aguirre. Los sindicatos concentraron sus horas en 190 liberados, tal como permite la legislación estatal. Eran quienes visitan los centros y representan a los docentes en las negociaciones con la Administración, entre otras tareas. "Ejercemos una labor de control de la Administración y de protección de los profesores", resume Paco García, responsable de Educación de CC OO. "Somos los intermediarios en la organización de cursos de formación", añade Virginia Fernández, de UGT.
Hace tres meses, Aguirre incluyó una disposición adicional a su propio acuerdo y redujo la horquilla de horas mensuales, lo que en la práctica supone pasar de 190 a 70 liberados, dejar la representación en los mínimos que marca el estatuto del empleado público. Lo hizo sin negociación ni justificación, como hizo constar CC OO en su recurso ante los tribunales.
Educación concentra solo el 6% de las horas de liberación sindical de la Administración pública, según una portavoz del Gobierno regional. Servicios generales y Administración supone el 35,1%; Justicia, el 10,8%; empresas y entes públicos, el 18,15% y Sanidad, el 15,3%. El recorte de liberados en este último sector aprovecha la ley de área única, que entrará en vigor el 1 de diciembre. Los sindicatos aseguran que la Consejería tiene que negociar si quiere reducir el número de delegados en las 11 juntas de personal (equivalentes a los comités de empresa). No se reúnen desde la época de Güemes. "No se puede representar a 80.000 trabajadores con una única junta", asegura Manuel Rodríguez, de CC OO.
Sanidad es la excepción. En el resto, la Comunidad se basará en el recorte de Educación hasta el mínimo de horas legales. Pero la aplicación del artículo 38 presenta dudas, según los expertos consultados. "Es un artículo para una situación que suponga cambios sobrevenidos", explica Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. "El Gobierno central lo aplicó en la reducción del 5% porque tenía una situación económica con un déficit público que dificultaba colocar en el mercado la deuda del Estado. La Comunidad debe alegar hechos de esa envergadura", según Cruz Villalón. "Es una posibilidad prevista; la clave está en si los acuerdos de horas sindicales alteran el interés público y, si es así, podrán hacerlo sin necesidad de negociación", añade Jesús Lahera, profesor titular de derecho del Trabajo en la Universidad Complutense.
(www.elpais.com, 15/09/10)
27. COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE RECONOCE QUE SE EQUIVOCÓ AL PENSAR QUE NEIRA DIMITIRÍA
Esperanza Aguirre considera que Jesús Neira mantiene una actitud incongruente al no reconocer fuera del juzgado lo que "sí había reconocido en el juicio" en el que fue condenado por conducir ebrio.
La presidenta de la Comunidad asegura comprender que el ya ex presidente del Consejo Asesor del Observatorio regional contra la Violencia de Género se sienta utilizado. "¡Qué va a decir, si él sigue sosteniendo que no ha cometido ninguna infracción y sin embargo en el juicio ha reconocido que sí!", ha afirmado durante una entrevista en Telecinco.
Aguirre ha reconocido que esperó a que se celebrara el juicio para confirmar su infracción y cesar a Neira por un hecho que era "realmente grave" y que "había puesto en peligro la vida de otros ciudadanos". La presidenta regional esperaba, sin embargo, que fuera Neira quien dimitiera.
"Me equivoqué", ha asegurado. "Después de una conversación telefónica bastante larga, de hora y pico con él, me convencí de que él pensaba que el índice de alcoholemia tenía que ver con unas medicinas que tomaba. Él no reconocía lo que por otra parte si había reconocido en el juicio. Luego era una incongruencia. Entonces el Consejo de Gobierno del jueves pasado decidió cesarle", ha explicado.
Aún así, Aguirre ha querido echarle un último capote a Neira al asegurar que, pese a todo el escándalo y sus polémicas declaraciones posteriores, en las que aseguró que seguiría bebiendo, "no le quita un ápice" al "gesto heroico que tuvo en su momento". "Así es la naturaleza humana, capaz de actos heroicos y de actos que yo creo que deben asumirse las responsabilidades", ha concluido.
(www.publico.es, 16/09/10)
28. COMUNIDAD DE MADRID. ‘CASO GÜRTEL’. FINANCIACIÓN ILEGAL Y OTRAS EMPRESAS IMPLICADAS
El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, deberá decidir en los próximos días si, como le ha pedido la policía, si interroga o detiene al actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero, sustituto de Arturo González Panero, uno de los principales implicados en la trama corrupta por el cobro de cientos de miles de euros a cambio de favorecer los intereses de Francisco Correa y su red empresarial.
Siguero, según las investigaciones policiales, colaboró activamente en las gestiones para favorecer a la trama corrupta en diversos contratos. Aún sigue como alcalde. Cuando se destapó el caso, el PP intentó sustituir a Panero con una concejal, pero Siguero impuso su poder en Boadilla para hacerse con el cargo. La policía también ha pedido al juez que ordene la detención de tres personas de confianza del diputado autonómico Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la presidenta Esperanza Aguirre.
Las tres personas trabajaban en la Consejería de Presidencia durante la etapa en que todos los actos institucionales presididos por Aguirre eran organizados por la trama corrupta, a los que se adjudicaba el trabajo sin concurso previo, según la investigación. En esta trama, la policía ha encontrado a otras empresas privadas que hacían de intermediarias para que el dinero llegara a la red Gürtel.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid investiga múltiples operaciones urbanísticas sospechosas en la Comunidad de Madrid relacionadas con la trama corrupta y una supuesta financiación ilegal del PP a través de una de sus fundaciones, Fundescam. El juez ha ordenado en los últimos días el embargo de bienes de alcaldes y diputados autonómicos del PP, que no han hecho frente a la fianza de responsabilidad civil que les impuso.
(www.elpais.com, 13/09/10)
29. COMUNIDAD DE MADRID. FISCALÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN INVESTIGA EN MURCIA CUENTAS BANCARIAS RELACIONADAS CON EL CASO GÜRTEL
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada investiga movimientos de dinero de la trama Gürtel en la Región de Murcia. Se trata de cuentas relacionadas con el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, en la imagen. En una providencia en poder de VMPress, referente a diligencias del 1/09 y los procesos penales 9/09, la fiscalía ha solicitado al magistrado instructor de la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid que se requiera a la entidad financiera de Cajamurcia para que remita los soportes documentales e identifique las cuentas de origen de una serie de operaciones reflejadas en el extracto de fechas 10, 27 y 29 de julio, 14 de agosto, 16 de septiembre y 28 de diciembre, todas ellas de 2009.
Asimismo, ha solicitado se de traslado de un escrito remitido por Cajamurcia con número de registro 1865/10 a la unidad de auxilio judicial de la AEAT a fin de que pueda valorarlo "en el desempeño de la función que la ha sido encomendada". El 6 de marzo de 2009 Jesús Sepúlveda dimitió como alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y, también el 8 de octubre, abandonó el grupo Popular en el Ayuntamiento. Un día después, el ex marido de Ana Mato, vicesecretaria de Organización del PP, renunció a su acta de concejal y actualmente se encuentra en libertad sin fianza.
(www.vegamediapress.com, 17/09/10)
30. COMUNIDAD VALENCIANA. 'CASO GÜRTEL'. NUEVOS DELITOS, Y MÁS GRAVES, PENDIENTES DE INVESTIGAR
La investigación del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana está en mantillas. Pese a que el sumario recoge múltiples irregularidades con el pago de importantes cantidades de dinero en comisiones ilegales, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tan solo ha admitido abrir una causa por el regalo de trajes al presidente Francisco Camps y a tres de sus colaboradores.
Desde que Orange Market, una filial de la trama corrupta, se instaló en la Comunidad Valenciana con Álvaro Pérez, El Bigotes, al frente, la Administración que dirige Francisco Camps no ha dejado de adjudicarles contratos, la inmensa mayoría a dedo y sin concurso, justificados en la supuesta experiencia de la empresa en trabajos similares aunque era de reciente creación y nunca antes había trabajado en la Comunidad Valenciana.
Esta empresa fue el instrumento que utilizó el PP valenciano para su financiación ilegal, según acreditan documentos intervenidos por la policía, además de varios informes incorporados al sumario, grabaciones de conversaciones y documentos oficiales. Este caso de financiación ilegal del PP valenciano aún sigue en el limbo judicial. Aunque el juez madrileño, Antonio Pedreira, tras comprobar que las pruebas son suficientemente solventes, decidió inhibirse y remitir toda la documentación a Valencia, dado que había políticos del PP aforados implicados en el caso. El PP ha recurrido esa decisión y está pendiente de la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la misma que anuló las escuchas en la cárcel. Tampoco se ha podido investigar el amaño del contrato multimillonario por el que una empresa leonesa de construcción, Teconsa, cobró siete millones de euros por la sonorización y el montaje de pantallas de vídeo para la visita del Papa a Valencia.
(www.elpais.com, 13/09/10)
31. COMUNIDAD VALENCIANA. 'CASO GÜRTEL'. EL PP TRAMITA INICIATIVAS SOBRE EL CASO OBLIGADO POR EL CONSTITUCIONAL
"La Mesa no ha tenido ningún problema en tramitar las preguntas y la proposición no de ley", dijo Milagrosa Martínez sin parpadear. La presidenta de las Cortes asumió, tras la reunión del órgano de gobierno de la Cámara, que acataba la sentencia del Tribunal Constitucional amparando las iniciativas parlamentarias del grupo de Compromís que la propia Martínez y los otros dos representantes del PP rechazaron sin fundamento. "Como no podía ser de otra forma, la Mesa acata así la sentencia del Tribunal Constitucional", añadió, para precisar que, aunque la resolución judicial sólo obligaba "a que se retrotrajeran las actuaciones al momento inicial", la doctrina que establece la sentencia recomendaba dar luz verde a tramitar las preguntas.
En realidad, la sentencia del Constitucional, que tiene dos antecedentes en el mismo sentido relativos a legislaturas ya superadas, es todo un varapalo al obstruccionismo del PP con las iniciativas parlamentarias que no le gustan, en esta ocasión relacionadas con el caso Gürtel y la trama de corrupción que afecta, no sólo al presidente del Consell, Francisco Camps, sino a la propia presidenta de las Cortes.
La sentencia, como las dos anteriores, ampara los "derechos fundamentales de los diputados", que considera vulnerados al rechazarse sus iniciativas sin "motivación suficiente y adecuada".
La portavoz adjunta de Compromís y abogada que ha promovido el recurso al Constitucional, Mònica Oltra, se mostró satisfecha de que el PP acate la sentencia, después de que el portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad, Rafael Blasco, sugiriera que podían volver a rechazar las iniciativas amparadas con una nueva excusa. "Rectificar es de sabios", dijo Oltra con ironía. "No se han salido con la suya en el intento de constreñir la libertad y los derechos de los parlamentarios"."Lo más lamentable es que hayan tenido que ser los tribunales los que los pongan en su lugar", aseguró Mònica Oltra, que denunció la persecución que practica el PP de la libertad de expresión y de los derechos de la oposición. "Ha tenido que poner las cosas en su sitio el Tribunal Constitucional porque hay unos gobernantes que no han entendido el Estado de derecho".
Entre las iniciativas que han recibido el amparo del Constitucional hay una serie de preguntas formuladas en 2009 a diversas consejerías en las que se pedía por escrito información sobre los contratos de cada departamento con empresas investigadas en la trama de corrupción del caso Gürtel. También ha obligado la sentencia del Constitucional a tramitar una proposición no de ley en la que Compromís pide un reconocimiento oficial de Francesc Bosch i Morata, que fue conseller de Cultura del Consell Provincial de València durante la República y fundador del Institut d'Estudis Valencians.
Los dos representantes socialistas en la Mesa de las Cortes se opusieron en su día al veto de las iniciativas de Compromís y su grupo tiene planteado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo similar por otras iniciativas sobre la corrupción. La vicepresidenta segunda de las Cortes, la socialista Isabel Escudero, planteó el tema el pasado sábado en el foro interparlamentario autonómico organizado en Logroño por el secretario de Política Institucional del PSOE, Gaspar Zarrías. Escudero denunció que "en gran parte de las instituciones que controla el PP no hay juego limpio, y el menoscabo a los principios de la democracia es constante". Puso como ejemplo "los obstáculos que el PP pone en las Cortes Valencianas a la hora de acceder a la información relacionada con los casos de corrupción. Toda iniciativa relacionada con ello es rechazada de forma sistemática con los más extravagantes argumentos, y lo más grave es que las recientes sentencias del Tribunal Constitucional tampoco garantizan que se vaya a abandonar esas prácticas".
La vicepresidenta de las Cortes apuntó que tal vez los populares "se están blindando a sí mismos frente a las consecuencias de los posibles delitos que hayan podido cometer al frente de las instituciones, lo que añade gravedad a la situación". Escudero señaló: "Quizá ha llegado el momento, a través de un gran pacto, de reescribir los párrafos constitucionales que contienen las garantías legales para que los parlamentos autonómicos y el conjunto de las instituciones sean verdaderos espacios de debate y auténticas herramientas de defensa de los intereses ciudadanos mediante la transparencia y el respeto a los reglamentos".
(www.elpais.com, 15/09/10)
32. COMUNIDAD VALENCIANA. 'CASO GÜRTEL'. RUS ADMITE QUE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA CONTRATÓ CON UNA EMPRESA DE LA TRAMA
Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, ha reconocido hoy en el pleno del organismo que una empresa de la corporación, Imelsa, contrató con Easy Concept, firma de la trama de corrupción Gürtel. Fue en abril de 2005. La Diputación, dirigida entonces por el popular Fernando Giner, eligió a Easy Concept, con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid) para que montase un escenario en la Feria de Turismo de Valencia de ese año. La empresa de la trama Gürtel, dirigida por Francisco Correa en Madrid y por Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia, cobró por ello 14.829 euros.
El grupo socialista en la corporación provincial, encabezado por Rafael Rubio, ha preguntado al equipo de gobierno del PP por qué no se reconoció esta relación cuando preguntaron si esta existía, en febrero de 2009. Entonces, el diputado portavoz del grupo popular, Juan José Medina, aseguró que ni la Diputación, ni ninguna de las empresas que gestiona, en este caso Imelsa, había contratado con firmas de la trama. Ahora se sabe que sí. Rus ha argumentado que fue "un error", que en la tramitación de la pregunta de los socialistas, el interventor y el secretario obviaron remitírsela a las empresas y patronatos de la Diputación de Valencia, entre ellos Imelsa.
"Las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer mal y se pueden hacer regular, pero este grupo no tiene nada que esconder", ha aseverado el presidente provincial. "Aquí hubo un error. Si se lo quieren creer bien, y si no, ¿qué quieren que haga?", ha añadido. Por su parte, el portavoz socialista ha pedido explicaciones por la contratación de Easy Concept.
(www.elpais.com, 15/09/10)
33. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO BRUGAL': PARADIGMA DE LA PROMISCUIDAD ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
El detonante fue un supuesto soborno por la contrata de la basura en el municipio de Orihuela (en el sur de Alicante) en 2006. El denunciante de aquel presunto cohecho fue el industrial afín al PP, Ángel Fenoll. No obstante un año más tarde, éste se convirtió en la primera víctima policial de una supuesta trama corrupta destapada por la policía, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. Las diligencias policiales de esta investigación integran el sumario del denominado caso Brugal, que tres años más tarde arroja un saldo de 100 imputados por los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias, presuntamente explicitados en millonarias dádivas y financiación ilegal del Partido Popular.
Los dos pilares de esta trama son la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela y la planta del plan zonal de La Vega Baja. La primera, tras el intento fallido de 2006, se adjudicó en octubre de 2008 a una unión temporal de empresas liderada por Sufi y las firmas Liasur y Gobancanst. El valor del contrato es de 190 millones por 20 años. La segunda pata de la trama es la planta del plan zonal. Ésta fue adjudicada por la Diputación de Alicante en enero de 2008 a la unión temporal de empresas integrada por Cespa y una empresa del promotor Enrique Ortiz. La instalación se levantará en una finca propiedad de Fenoll y el contrato está valorado en 250 millones de euros.
Los muñidores de esta supuesta trama, según la investigación, son el presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, el industrial Fenoll y el promotor alicantino y dueño del Hércules, Enrique Ortiz.
Según la investigación, Ripoll, heredero del sector zaplanista del PP valenciano, ha hecho valer su influencia y poder político desde la presidencia de la Diputación. Un dato gráfico es su nómina de asesores: 76 en total. El empresario Ortiz ha puesto sobre el tapete su poderío económico gestado en el ámbito de la promoción inmobiliaria. El propietario del Hércules es el adjudicatario del mayor PAI de la Comunidad Valenciana (el plan Rabassa, con 13.5000 casas). Y Fenoll como el verdadero patrón de La Vega Baja, donde monopoliza casi en exclusiva las concesiones de la basura y limpieza. Sus negocios siempre rayan en la ilegalidad. En juez llegó decir de él: "Se cree que tiene patente de corso".
Por la causa de la contrata de Orihuela hay un total del 45 imputados, entre ellos, la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP, ocho ediles populares de ese ayuntamiento, más el ex socialista Francisco García Ortuño y dos ex ediles del Centro Liberal, Jesús Fernández y el fallecido Joaquín Escurra. En este caso, la policía ha probado que las firmas Liasur y Gobancants son una tapadera de Fenoll y que éste pagó la campaña electoral del PP local en 2007.
Por la pieza del plan zonal, hay otros 22 imputados, entre ellos, Ripoll, Ortiz y el portavoz de Grupo Socialista en la Diputación, Antonio Amorós. Aquí, el informe policial concluye que Ripoll adjudicó la planta a cambio de dos pisos valorados entre 800.000 y un millón de euros por los favores realizados a Fenoll y Ortiz.
Los protagonistas de la trama, sobre todo Ripoll, Ortiz y el intermediario de la red (el empresario Rafael Gregory, amigo íntimo de Ripoll) han compartido periodos de asueto en varias ocasiones. Entre otros, viajes de placer a bordo del yate el empresario a Baleares.
Ripoll ha negado este mediodía los hechos y asegura que no dimitirá. Ortiz señaló hace unos días que "no sabía nada de nada". Fenoll guarda silencio. Y Amorós, pese a negar que está imputado, ha dimitido esta tarde como portavoz.
El resto de piezas, hasta completar la veintena de ramificaciones que incluye la trama, recogen supuestos tratos de favor por las contratas de la basura que Fenoll lleva en media docena de municipios de la comarca o financiación ilegal del PP. Hay una pieza especifica que investiga posible financiación ilegal de la Fundación del Hércules, bajo la presidencia de Rafael Gregori. La policía llegó a destapar hasta cuatro intentos de compra de partidos por parte del dueño del Hércules para asegurarse el ascenso a Primera División. Esta causa se archivo por los hechos no son delito en el ámbito penal.
(www.elpais.com, 11/09/10)
34. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO BRUGAL’. "NO QUIERO QUE ME VEAN POR ALLÍ, NO SEA QUE UN FOTÓGRAFO ME PILLE"
El empresario Ángel Fenoll, imputado en el caso Brugal y una de las piezas clave de la presunta trama de corrupción vinculada al PP, tuvo un papel determinante en la campaña electoral de las municipales de 2007 en Orihuela (Alicante). Tenía muchos intereses en juego y necesitaba que gobernara el PP. "Voy a trabajar todo lo que pueda y más para que ella [en referencia a la futura alcaldesa, Mónica Lorente, llamada a ser la sucesora del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll] gane", admite en una de las conversaciones interceptadas en la investigación judicial del caso Brugal.
Según consta en el informe policial, el coordinador electoral del PP, Pedro Meseguer, facilitó al empresario un listado de electores que figuraban en el censo para realizar "70.000 llamadas telefónicas" para captar votos. Fenoll destinó a un equipo de entre "10 y 15 personas" para realizar estas llamadas. "Que digan que soy del PP, de la sede de Mónica Lorente", ordenó el empresario. Meseguer, actual jefe de prensa de la alcaldesa, proporcionó algunos teléfonos móviles. El censo electoral de Orihuela es de 41.000 votantes, según el INE, por lo que pudo haber segundas llamadas a un mismo número.
La actividad de Fenoll fue frenética. El empresario organizaba y supervisaba los actos de campaña del PP, fletaba autobuses para los mítines, pagaba meriendas, mecheros y espejos de bolso para señoras. El informe policial hace referencia también a un supuesto pago de 1.200 euros al concejal del PP Ginés Sánchez el día de la inauguración de la nueva sede del partido. El empresario siempre urdía todas las operaciones, pero quería pasar inadvertido. "Yo no quiero que me vean por allí, no sea que un fotógrafo me pille", consta en una grabación referente a un acto en Orihuela de la candidata con residentes extranjeros.
En la parte final del informe policial sobre la campaña electoral, los agentes desvelan cómo el mismo día de la cita con las urnas el empresario montó un dispositivo en los alrededores de los colegios electorales con algunos de sus colaboradores, camuflados dentro de sus vehículos, que repartieron papeletas del PP. Dos empleadas admiten que una tarde llegaron a ensobrar 1.200 papeletas.
La policía concluye que de estas operaciones el PP estaba al tanto y que el apoyo de Fenoll "fue algo más que circunstancial, obedecía a una estrategia planeada para asegurarse la presencia en el Ayuntamiento de las personas que mejor iban a defender sus intereses". El empresario, que fue condenado por la Audiencia de Alicante por comprar votos para el PP a 5.000 pesetas en 1991, obtuvo en 2008 la adjudicación de la contrata de basura de Orihuela, que ha dado origen al caso Brugal.
(www.elpais.com, 13/09/10)
35. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO BRUGAL’. EL PP AMAÑÓ UN CONCURSO PARA EL JEFE DE 'BRUGAL'
Casi tres años de escuchas policiales en el conocido como caso Brugal, que investiga la adjudicación del servicio de basuras de Orihuela (Alicante) han dado lugar a un informe policial de más de 480 páginas desvelado esta semana. En él, los investigadores relatan como el empresario Ángel Fenoll (implicado en varios escándalos en las últimas décadas que incluso le llevaron a prisión), al no poder hacerse con la multimillonaria adjudicación municipal (9,5 millones de euros anuales), preparó un entramado para concursar no sólo con su empresa principal (Colsur), sino con otra controlada por él de forma secreta (la UTE Sufi-Gobancast-Liasur). Ésta fue la que finalmente se hizo con el contrato el 30 de septiembre de 2008. En la trama aparecen implicados tres de los concejales de la alcaldesa oriolana, Mónica Lorente (PP), su principal asesor y su hermano.
La investigación está unida a otra en la que se vincula al presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, con un empresario de las basuras de la ciudad de Alicante, Enrique Ortiz, y con Fenoll. No obstante, el relato policial no se circunscribe a esta legislatura, sino que comienza con las grabaciones de la pasada legislatura requisadas a Fenoll, cuando el alcalde era José Manuel Medina, también del PP, pero enfrentado a su sucesora dentro de la guerra interna que libraban los campistas contra los ripollistas en la provincia. En aquella etapa en la que Medina intentó hacer un nuevo concurso para retirarle el servicio, Fenoll grabó a ediles del PSOE que relataban las comisiones y regalos a políticos del PP y de la oposición.
Ante el enfrentamiento de Fenoll con el alcalde Medina y la supuesta participación de su sucesora bloqueando el proceso de adjudicación a la empresa Urbaser (que era la que quería el entonces alcalde) antes de las elecciones de 2007, la investigación concluye que el empresario fue adquiriendo participaciones en pequeñas empresas que finalmente constituirían la empresa elegida. De esta forma, Lorente, una vez alcaldesa, no tuvo que enfrentarse al escándalo de otorgarle el servicio de forma directa. Entre tanto, sostiene el informe, Fenoll y su entorno se ayudaron de los concejales del PP Ginés Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía (núcleo duro de Mónica Lorente) para ir influyendo tanto en la confección del pliego de condiciones de la adjudicación del servicio como en el proceso final para que las valoraciones fueran las más favorables para él y conseguir el contrato. Incluso repartió móviles prepago con el objetivo de eludir la operación policial.
La empresa tapadera de Fenoll logró 90,85 puntos en el concurso, su empresa oficial 84,81 puntos y Urbaser (a la que supuestamente quería favorecer el ex alcalde) quedó tercera en el proceso, con tan sólo 76,73 puntos. El informe también relata como el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente, participó en el supuesto entramado de tráfico de influencias y usó información privilegiada en una empresa satélite de Fenoll dedicada a la jardinería.
(www.elmundo.es, 12/09/10)
36. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO BRUGAL’. TRES ALCALDES Y DOS CANDIDATOS DEL PP RECIBIERON PAGOS DE FENOLL
Tres alcaldes del Partido Popular en la Vega Baja y dos candidatos de esta formación en la oposición recibieron supuestamente sobres de dinero durante la recta final de la campaña electoral de 2007 "de carácter claramente irregular", según se desprende del sumario de la Operación Brugal al que ha tenido acceso este diario.
Se trataría de Antonio Lorenzo Paredes, alcalde de Algorfa y diputado autonómico desde marzo de 2009 para cubrir la vacante de José Cholbi, y uno de los principales valedores de Francisco Camps en la Vega Baja; José Arronis, alcalde de Rafal, que recibió supuestamente el pago cuando era el candidato del PP en este municipio en 2007; José Manuel Gálvez Ortuño "Mora", regidor del PP de Jacarilla; Francisco Lancharro, concejal del PP en el equipo de gobierno y ahora en la oposición, y Aurelio Murcia, edil y portavoz del PP en Bigastro y asesor de José Joaquín Ripoll en la Diputación.
Las cantidades entregadas a los alcaldes y candidatos del PP -siempre según el informe policial- oscilan entre los 6.000 y los 9.000 euros y la policía las vincula a la financiación de la recta final de la campaña electoral. A tenor de las conversaciones telefónicas intervenidas, Fenoll y su hijo organizan su lista de distribución y entregas entre el 24 de abril y el 24 de mayo de 2007, a las puertas de la cita electoral municipal. La Policía Nacional también apunta como trasfondo de los pagos la renovación, ampliación o prórroga de las adjudicaciones públicas que el empresario mantiene en cuatro de los seis municipios citados.
Durante esos días de campaña Ángel Fenoll repasa verbalmente con su hijo esta singular contabilidad así como el reparto de cantidades, y deja claro en sus conversaciones que no es la primera vez que realizan operaciones de este tipo, e intentan hacer memoria sobre las cantidades que desembolsaron "hace cuatro años", por ejemplo, en el caso de Rafal.
En todos los municipios, a excepción de Bigastro y Pilar de la Horadada (socialistas) la concesión estaba y está en manos de Colsur, mercantil del controvertido industrial oriolano. Todos pertenecen con voto al consorcio del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, en el que Fenoll tenía un gran interés empresarial.
Las conclusiones de los investigadores de la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Nacional se derivan también de las conversaciones de Antonio Ángel e incluso de las que ambos mantienen directamente con alguno de esos alcaldes.
El juzgado que instruye el caso desglosó estas piezas -unos cincuenta folios- de la investigación principal sobre las irregularidades del Plan Zonal y la adjudicación de las basuras de Orihuela.
Los medios de comunicación recogieron hace unos días que dos municipios socialistas estaban salpicados en esta supuesta trama de corrupción, si bien el informe policial deja claro que en Pilar de la Horadada y Bigastro se trataría de ediles del PP ahora en la oposición.
(www.levante-emv.com, 16/09/10)
37. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO BRUGAL’. ÁNGEL FENOLL FINANCIÓ LA CAMPAÑA DEL PP EN CINCO MUNICIPIOS DE LA VEGA BAJA
Los informes policiales del caso Brugal constatan que el cabecilla de la trama, el industrial Ángel Fenoll, financió la campaña electoral del PP en cinco municipios de La Vega Baja, según aseguran fuentes de la investigación. Las cinco localidades implicadas en la supuesta trama corrupta son Rafal, Jacarilla, Algorfa, Bigastro y Pilar de la Horadada. Los tres primeros están gobernados por el PP y Fenoll tiene la concesión del servicio de la basura. En los dos últimos, la alcaldía está en manos del PSPV y la contrata la explota una firma ajena al grupo empresarial de Fenoll.
En los casos en los que Fenoll tiene la contrata, el empresario hizo las entregas de dinero (cantidades entre los 3.000 y 9.000 euros) a los alcaldes populares, es decir, Antonio Lorenzo, de Algorfa, José Manuel Gálvez, de Jacarilla, y José Arronis, de Rafal. Mientras, en Bigastro, el empresario dio los sobres de dinero al portavoz del Grupo Popular, Aurelio Murcia. En el caso de Pilar de la Horadada, el receptor fue el concejal popular Francisco Lancharro. Los pagos de Fenoll a estos cargos populares se hicieron en los días previos a los comicios municipales de mayo de 2007. Estos cinco ayuntamientos se suman al de Callosa del Segura, cuyo primer edil, el popular Javier Pérez Trigueros, también recibió pagos por parte del empresario Fenoll.
Los cargos del PP, que según verifica el informe policial del sumario del caso Brugal, recibieron dinero de Fenoll a cambio de las contratas de la basura o para financiar sus respectivas campañas electorales están imputados. Los implicados no han sido llamados a declarar porque el juez no ha resuelto aún el conflicto de competencia.
En la misma situación procesal que estos cinco cargos del PP, según fuentes del caso, se encuentra, Antonio Amorós, ex portavoz socialista de la Diputación de Alicante, por su implicación en la contrata del plan zonal. Éste emitió un comunicado en el que negó su implicación en la trama y aseguró que no está "formalmente" imputado. El diputado provincial acusó a su partido de "aprovechar la interpretación malévola del sumario del caso Brugal por intereses crematísticos. No he hecho nada ilícito, ni contrario a las normas", aseveró. Amorós está suspendido de militancia.
(www.elpais.com, 17/09/10)
38. COMUNIDAD VALENCIANA. ‘CASO BRUGAL’. EL PP REHÚYE DEBATIR SOBRE LOS RESIDUOS PARA EVITAR ATAQUES POR EL CASO APARICI
Vicent Aparici es, además de vicepresidente, portavoz del PP en la diputación. Esta última función consiste en defender la postura de su grupo político y la acción del equipo de gobierno frente a las críticas de la oposición. Más si cabe, cuando se trata de un tema relacionado con su área de gestión, que es la de Medio Ambiente. En el pleno, sin embargo, Aparici rehuyó el debate sobre el problema de los residuos. Sólo dio una pequeña explicación al final de la sesión, en el turno de ruegos y preguntas y sin posibilidad de réplica. Evitó así un cuerpo a cuerpo con la oposición que pudiera dar pie a críticas sobre su complicada situación judicial. Vicent Aparici se enfrenta a una petición de pena de cárcel de siete años y ocho de inhabilitación por permitir, supuestamente, vertidos tóxicos y peligrosos en su etapa de alcalde de la Vall d'Uixó. El PSPV le pidió la dimisión.
El diputado socialista Óscar Tena fue el encargado de defender una moción que pedía la convocatoria urgente de una reunión del consorcio de residuos de la zona norte para abordar el futuro de las basuras de 49 municipios. Pese a que es un problema que afecta por igual a ayuntamientos gobernados por el PP y el PSOE, los populares declinaron debatir la moción y votaron en contra. Aparici era la persona que tendría que haber aportado explicaciones, en su doble condición de portavoz del PP y responsable de Medio Ambiente. Sin embargo, rehuyó el debate, consciente de que se le podía volver en contra y que la oposición sacaría a colación su próximo juicio por el caso de los vertidos en el basurero de la Vall d'Uixó.
El portavoz socialista, Francesc Colomer, reprochó a Aparici en el turno de ruegos y preguntas que no "diera la cara". A continuación le pidió la dimisión, así como también la del presidente Carlos Fabra. "Apártense y no arrastren a institución. Dedíquense a salvarse en lo personal y no nos hagan pasar vergüenza de lo que nos viene por delante", espetó Colomer.
Aparici aprovechó la alusión a las basuras que hizo Colomer en el turno de ruegos para, de manera inusual, dar la explicación que no quiso aportar en el debate de la moción. Evitó así un cuerpo a cuerpo con el PSPV, que no tenía ya posibilidad de réplica.El vicepresidente segundo reprochó a Colomer que no reclame a "los demás" lo que él no aplica "en casa"", en alusión a la petición de dimisión. A continuación, defendió sus gestiones para dar una solución a las basuras de la zona norte.
Al finalizar el pleno, el diputado del PP y presidente del consorcio de residuos de la zona norte, Joaquín Puig, aclaró a este diario que todavía no hay fecha para la reunión de la entidad. Según explicó, está a la espera de que los técnicos del consorcio valoren las dos opciones que se barajan para dar salida a las basuras de los 49 municipios agrupados. Una es la que propone la Generalitat de transferirlas a la provincia de Alicante. La otra es la propuesta de Reciplasa de transportar los residuos del norte de Castelló a una planta de Tarragona, que gestiona la empresa Griñó Ecològic, para su transformación en diesel.
(www.levante-emv.com, 15/09/10)
39. COMUNIDAD VALENCIANA. FABRA ATRIBUYE A MOVIMIENTOS ENTRE CUENTAS SUS INGRESOS NO JUSTIFICADOS
El presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, ha presentado un informe en el juzgado número 1 de Nules para tratar de rebatir las conclusiones de los peritos judiciales, que señalaron la existencia de ganancias patrimoniales "no justificadas" por valor de 3,6 millones de euros, tras analizar sus cuentas y las de su entonces esposa, María Amparo Fernández. Los peritos detectaron nueve presuntos delitos fiscales cometidos entre 1999 y 2003, al haber dejado de ingresar a Hacienda 1,7 millones de euros. El documento pericial fue en el que se sostuvo la imputación a Fabra por fraude fiscal, que se unió a las de tráfico de influencias y cohecho, de las que también está imputado.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción pidió 15 años de cárcel, mientras que la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, elevó la petición a 20 y nueve meses de prisión.
El informe, presentado por Fabra ante el juzgado en julio considera justificados todos los ingresos efectuados en los bancos y descarta que se trate de dinero del que no se conoce la procedencia, sino que se refiere a movimientos entre las cuentas de los titulares investigados.
Para argumentar esta afirmación, el perito rebate la metodología aplicada por los inspectores de Hacienda que sólo consideran como justificados movimientos entre cuentas por cantidades similares realizados en un plazo de diez días. "Rechazamos el argumento respecto del plazo máximo de diez días", indica el documento presentado por Fabra, que añade que se trata de "un argumento sin base jurídica o consuetudinaria que lo justifique". El informe insiste en este punto e indica que "no existen normas legales que permitan afirmar si el criterio de depuración es apropiado o no".El titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, dio en junio por cerrada la instrucción del caso Fabra. Sin embargo, días antes, la defensa del presidente de la Diputación trató de prolongar las diligencias solicitando que un experto, propuesto por el imputado, elaborara un informe patrimonial con el que poder rebatir las conclusiones del informe pericial, que se ha elaborado a lo largo de cuatro años. Han "esperado a que el informe [el pericial realizado por inspectores de Hacienda] estuviese acabado para proponer otra pericial exactamente igual y con el mismo objeto", fue la respuesta otorgada por el juez en un auto en el que reprochaba a Fabra la solicitud de prueba cuando "han transcurrido más de cuatro años". En cualquier caso, Pin invitaba al letrado del presidente de la Diputación de Castellón a presentar el informe, aunque no por ello iba a frenar el cierre de la investigación.
Finalmente, Fabra presentó el informe, fechado a finales de junio, pero este solo aborda el ejercicio fiscal de 1999, mientras que el informe pericial analiza el patrimonio del presidente de la Diputación entre 1999 y 2004. Además, el documento está conformado en dos partes. En la primera, hace referencia a la denuncia presentada por la Agencia Tributaria en 2005 por un supuesto fraude cometido en 1999. En la segunda, analiza el dictamen de los peritos judiciales pero solo respecto a ese año fiscal y contraponiéndolo a las conclusiones presentadas por la Agencia Tributaria.
La denuncia de la Agencia Tributaria sostenía la existencia de una "discrepancia injustificable" entre su incremento patrimonial y su capacidad económica declarada. El informe de Fabra asegura que en 1999, el presidente de la Diputación no obtuvo "ganancias patrimoniales", sino pérdidas que atribuye a la liquidación de dos sociedades. El fisco le acusó además de haber comprado una parcela en la urbanización La Coma, en Borriol, y de que, pese a habérselo solicitado, "no ofreció explicación alguna" acerca de los medios de pago empleados en dicha operación. El informe ahora presentado explica que la parcela fue el medio de pago de la liquidación de una de las sociedades y que "la falta de justificación obedece a que la sociedad vendedora se liquidó por esas fechas por lo que fue materialmente imposible obtener las evidencias documentales".
Todo el informe insiste en justificar que lo que los peritos consideran ganancias no justificadas (que sólo en 1999, entre ingresos, transferencias y cheques elevan a más de 500.000 euros en el caso de Fabra y otros 350.000 de Fernández) son atribuibles a movimientos entre cuentas. Pero además aporta otra explicación y asegura que Fabra utiliza sus tarjetas de crédito personales para pagar gastos de representación y que, posteriormente, la institución se los abona, tras justificarlos. Así, sostiene que sólo de la Diputación, Fabra cobró más de 9.000 euros de gastos que él mismo había adelantado.
El documento que está en poder del juez utiliza un apartado concreto para exponer las diferencias encontradas entre la denuncia de la Agencia Tributaria y las conclusiones expuestas por los peritos judiciales en su informe, elaborado tras cuatro años de recopilación y análisis de información. Sostiene que existe una "enorme divergencia" entre los incrementos patrimoniales estimados por los peritos y los calculados por la Agencia Tributaria y asegura que los inspectores de Hacienda designados por el juzgado "no han aceptado ni una sola explicación aportada por el contribuyente".
(www.elpais.com, 12/09/10)
40. COMUNIDAD VALENCIANA. LA EMPRESA DE LIMPIEZA DE ULIBARRI RECLAMA A LA DIPUTACIÓN FACTURAS POR 52.000 EUROS
La mercantil Limpiezas y Ajardinamientos Seralia, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados en el caso Gürtel, ha reclamado a la Diputación de Valencia el pago de algo más de 52.000 euros en concepto de facturas e intereses de demora por servicios prestados en el Consorcio Provincial de Bomberos. La reclamación formal, que llegó al Consorcio de Bomberos el pasado mes de abril, revela la existencia de otra relación contractual de la diputación con empresarios relacionados con la trama de Correa al margen del contrato con Esy Concept, firma también ligada a la tarama corrupta a la que la empresa pública Impulso Económico Local, SA (Imelsa) pagó 14.824, 21 euros por montar un expositor con motivo de la Feria de Turismo de Valencia.
Al igual que en el caso del contrato con Easy Concept, que será objeto el próximo miércoles de un pleno monográfico, la relación contractual de la Diputación de Valencia con Seralia se remonta a la etapa de Gobierno de Fernando Giner. Según la información proporcionada a este diario por la diputación que preside Alfonso Rus el Consorcio de Bomberos adjudicó en marzo de 2007 el servicio de limpieza en los parques y oficinas centrales del Consorcio a la empresa Limpiezas y Ajardinamientos Seralia por importe de 221.919 euros. La concesión se hizo tras un concurso público cuyo expedientes se inició a finales de 2006. Al mismo optaron doce empresas, entre ellas Seralia, que por resolución de la Presidencia del Consorcio de Bomberos se hizo con los trabajos del limpieza durante dos años. El contrato fue prorrogado en 2008 durante dos meses hasta que la diputación resolvió en un nuevo concurso público otorgar la concesión a otra sociedad, en concreto, a la firma Geslimp que desde junio de 2008 se encarga de la limpieza de las oficinas de bomberos.
La empresa Seralia era en aquella época -antes de que las investigaciones del juez Garzón sobre Francisco Correa salieran a la luz- una asidua contratista de la Generalitat. Varias conselleries, entre ellas la de Gobernación, Justicia y Administraciones Públicas o Bienestar Social, entre otras, confiaron en la sociedad distintos servicios de limpieza de sus dependencias. El total de adjudicaciones, según los cálculos del grupo Compromís, alcanzó desde 2007 los tres millones de euros. También logró contratos para limpiar la sede de organismos como la Sindicatura de Comptes o la Agencia Valenciana de Turismo. Seralia, con sede en Valladolid, es una firma de servicios del conglomerado de sociedades del constructor leonés José Luis Ulibarri, adjudicatario también de varias licencias de TDT en la Comunitat Valenciana. Ulibarri , imputado en el caso Gürtel por supuesto pago de comisiones ilegales tras lograr adjudicaciones de suelo en ayuntamiento gobernados por el PP, consiguió al menos 69 millones de euros en contratos públicos en la Comunitat.
La Diputación de Valencia también fue uno de sus clientes, aunque el actual equipo de gobierno no parece dispuesto a atender la reclamación de Seralia de facturas pendientes por valor de 40.690 millones y 12.097 euros en concepto de intereses de demora. Según informaron a Levante-EMV fuentes de la diputación, el Consorcio de Bomberos que instruye el expediente ha acreditado que parte de las facturas que se reclaman constan como pagadas y las que no aparecen como tal "bien no fueron recibidas, bien fueron devueltas por incumplimiento de pliego de condiciones". Los responsables de la diputación han citado al representante de la empresa vía trámite de audiencia para tratar de resolver el conflicto.
(www.levante-emv.com, 13/09/10)
41. COMUNIDAD VALENCIANA. BLASCO VIAJÓ OFICIALMENTE A LA ESPAÑOLA COINCIDIENDO CON LA EXPOSICIÓN DE SU HIJO
El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, realizó un viaje oficial a Haití, con el fin de firmar un convenio con el Gobierno haitiano para la construcción de un hospital en el país devastado por el terremoto, en los días previos a la exposición de su hijo, Rablaci (acrónimo de Rafael Blasco Ciscar), en la primera edición de la Trienal Internacional del Caribe que se celebró en la misma isla de La Española pero en el país limítrofe de la República Dominicana, concretamente en Santo Domingo. En la trienal participó su esposa, la directora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Ciscar, como "panelista invitada". Para llegar a la capital haitiana, Puerto Príncipe, Blasco hizo escala en Santo Domingo, a 262 kilómetros. A pesar de la coincidencia en La Española y la proximidad de las fechas, Blasco desvinculó tajantemente el desplazamiento institucional del evento cultural y que se aprovechara la agenda oficial para asistir a la muestra de su hijo.
El también portavoz del PP en las Corts aseguró que ni viajó a Santo Domingo con su esposa e hijo, ni coincidió con ellos en la exposición. Según refirió, tras su estancia en el país haitiano, partió de Puerto Príncipe el 31 de agosto a las 17.30 horas, con escala obligada en Santo Domingo. Su llegada a Valencia, siempre según su explicación, se produjo el 2 de septiembre a las 9.30. Con todo, tanto la nota de prensa que remitió entonces la conselleria como la foto del acto en Haití figuraban con fecha 1 de septiembre. El acto de inauguración de la trienal de Santo Domingo fue el día 1 a las 19 horas y la exposición de su hijo, el día 2.
El dirigente popular asistió al acto de Teulada del día 27 de agosto, que terminó de madrugada, por lo que, como muy pronto, saldría el 28. La escala en Santo Domingo quizá le dio algún día de margen hasta desplazarse a Puerto Príncipe pero, en todo caso, la agenda en Haití fue muy apretada. Según la nota que envió la conselleria el día 1 de los corrientes, Blasco, quien en su periplo por el país caribeño estuvo acompañado por el embajador de España, Juan Fernández, visitó las zonas afectadas por el seísmo. También protagonizó, junto con el ministro de Salud, Alex Larson, el acto de firma del convenio por el que la Generalitat financiará con 3,8 millones el hospital. Blasco, con todo, no aclaró si en alguno de esos dos días de estancia de paso en Santo Domingo llegó a coincidir con su familia.
En lo que sí fue contundente fue en rechazar que la agenda oficial estuviera marcada por el evento cultural. Según aseguró, el desplazamiento a Haití no pudo realizarse hasta que no se contó con el plácet de la embajada, dada la situación del país haitiano. El permiso para acudir a Haití, recalcó, le llegó 24 horas antes, con un margen de tres días. "Mi agenda oficial está perfectamente planificada y responde a criterios que no tienen nada que ver con estas cuestiones", aseveró.
Con Blasco fuera de Haití, el día 2 Ciscar formó parte de una mesa de debate sobre las bienales. Ese mismo día, por la tarde, dentro de los "proyectos especiales" del certamen, Rablaci expuso sus Metáforas del hombre contemporáneo en la explanada del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, sede de la trienal. Ciscar ha negado cualquier mediación en la muestra de su hijo y asegura que fue elegido por el comité de selección. Rablaci, estudiante de Bellas Artes, estuvo en 2009 en la Bienal de Arte de La Habana (donde el IVAM contó con una instalación de Julio Quaresma) y ha expuesto también en Tomar (Portugal); o en la embajada de España en Tokio. Participó también en la colectiva 100% Valencianos.
(www.levante-emv.com, 15/09/10)
42. CASTILLA Y LEÓN. LA POLICÍA IMPLICA EN GÜRTEL A MÁS AFORADOS DEL PP
La trama Gürtel sigue poniendo bajo sospecha la gestión del PP en diversas instituciones. La investigación de un caso que se destapó hace año y medio y que mantiene imputadas a 70 personas, entre ellas casi 20 que desempeñaron cargos públicos con el PP, ha encontrado pruebas que implican a nuevos aforados políticos de esta formación en Castilla y León, además del actual presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, que figura en varios informes policiales por el supuesto cobro de comisiones ilegales.
La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto solicitar que se remita al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León una parte de la investigación del caso Gürtel. En estas diligencias queda acreditado supuestamente el pago de comisiones ilegales por parte de la trama corrupta a dirigentes de la Consejería de Obras Públicas de Castilla y León por la adjudicación de una obra a Teconsa, una constructora leonesa que mantenía relaciones con Francisco Correa, cabecilla de la trama, y aparece como beneficiaria de numerosas operaciones irregulares en Gobiernos del PP en varias comunidades. Ese pago de comisiones ilegales afectaría al actual presidente del Parlamento castellano-leonés, José Manuel Fernández Santiago, al que se identifica como "TOTI" en la contabilidad de la trama corrupta. Ahora, la policía ha descubierto nuevos documentos de la red Gürtel que acreditarían más comisiones ilegales pagadas por la trama de Francisco Correa a otros políticos del PP en Castilla y León por obras adjudicadas desde una consejería distinta a la de Obras Públicas.
La policía ha pedido al juez y a la Fiscalía Anticorrupción que mantengan el secreto de las actuaciones referidas a esta investigación de una nueva supuesta corruptela en la Administración de Castilla y León.
Un informe de la Intervención General del Estado da cuenta de numerosas irregularidades en la adjudicación de la variante de Olleros de Alba por la que la empresa adjudicataria, Teconsa, pagó el 3% del montante de la obra en comisiones ilegales, cerca de 100.000 euros, que se encargó de repartir Correa.
Otros informes que forman parte del sumario señalan que Teconsa recibió entre los años 2000 y 2009 hasta 23 adjudicaciones del Gobierno de Castilla y León. Un análisis de la Agencia Tributaria sobre las actividades económicas de Teconsa acredita que esta empresa realizó movimientos de dinero en efectivo con billetes de 500 euros por un total de 5,5 millones en 2004; 242.000 euros en 2005; 893.000 en 2006 y 202.000 en 2007.
Sin ninguna experiencia en asuntos de sonorización y montaje de pantallas de vídeo, Teconsa logró por siete millones de euros el contrato para dar cobertura a la visita del Papa a Valencia. Subcontrató todos los trabajos con empresas especializadas por algo más de tres millones de euros y el resto lo repartió con la trama corrupta, según la documentación requisada en las sedes de las empresas de la red Gürtel.
(www.elpais.com, 13/09/10)
43. CASTILLA-LA MANCHA. LA FISCALÍA PIDE AL TS QUE INVESTIGUE A UN SENADOR DEL PP
Las acusaciones de corrupción vuelven a salpicar al PP. El Tribunal Supremo (TS) investigará al alcalde de Pastrana (Guadalajara), Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, también senador, por un presunto delito de prevaricación urbanística cometido en la localidad en los años 2006 y 2007.
La Fiscalía del Juzgado número 1 de Guadalajara se inhibió en mayo a favor del TS por la condición de aforado del senador del PP, a quien un vecino de Pastrana denunció un año antes acusándolo de otorgar tres licencias de obras "contraviniendo la normativa urbanística, en suelo no consolidado, no urbanizado".
Según la denuncia a la que tuvo acceso Público, Sánchez Sánchez-Seco permitió entre 2006 y 2007 la construcción de varios adosados y dos viviendas unifamiliares en Pastrana, "a sabiendas de la ilegalidad tanto administrativa como penal" que suponía esa concesión en suelo no urbanizado. La propia Junta de Castilla-La Mancha, agrega el escrito, ha comunicado al Ayuntamiento de Pastrana en varias ocasiones que "inicie expediente" por la concesión de las licencias vinculadas a las edificaciones ya realizadas, "todo ello con la advertencia de que proceda a desarrollar (urbanizar) las zonas" donde se levantaron los mencionados edificios.
Sánchez Sánchez-Seco reconoció en noviembre de 2008 que las obras se desarrollaron en suelo no urbanizado. "Lo que se intenta es que a medida que construyen vayan urbanizando", aseguró.
Si al final el TS le imputa, deberá solicitar al Senado el suplicatorio para poder iniciar su procesamiento.
(www.publico.es, 13/09/10)
44. ISLAS BALEARES. LOS CRÍTICOS AFIRMAN QUE BAUZÁ BUSCABA LA CABEZA DE FONT CON EL VETO A LOS IMPUTADOS
Los críticos del Partido Popular mantienen que el presidente regional, José Ramón Bauzá, buscaba la cabeza de Jaume Font con el veto a los imputados para formar parte de las listas electorales. Estas afirmaciones fueron realizadas en Formentera durante las jornadas parlamentarias del partido que se celebran en la isla. Por su parte, Bauzá aseguró que su decisión "es lo que necesita el partido para presentarse ante la sociedad balear".
En Formentera se vivió un ambiente frío entre algunos diputados y el presidente regional. Pese a este distanciamiento, los críticos que encabeza Jaume Font descartaron montar una rebelión con el objetivo de que Bauzá tenga que entrar en el Parlament hasta final de legislatura tras la dimisión del diputado Miquel Munar.
"Nos sentimos engañados y estamos dolidos por las formas", aseguró uno de los parlamentarios imputados. Añadieron que las verdaderas intenciones de la decisión Bauzá era la de excluir de las listas a Jaume Font, pero con este objetivo se han visto perjudicados el resto de pesos pesados del partido con causas pendientes con la justicia. Volvieron a reiterar que Bauzá no les comunicó nada al respecto antes de salir la noticia en los medios de comunicación.
Bauzá quiso despersonalizar su decisión de dejar fuera de las candidaturas a los imputados: "Hablo, he hablado y hablaré" con todos los militantes del partido, indicó. Aclaró que su disposición "no tiene ni nombres ni apellidos y se sustenta en unos criterios que son los que consideramos válidos para presentarnos de cara a nuestra sociedad". Subrayó que la exclusión de los imputados es "lo que necesita el partido". El presidente del PP de Evissa, Miguel Ángel Jerez, acató la decisión de Bauzá y por ello excluirá a Josep Sala, alcalde de Sant Antoni, de la candidatura en las Pitiüses.
El líder popular aprovechó las jornadas parlamentarias de su partido para atacar al president del Govern. Bauzá aseguró que Antich ha tomado medidas "inadecuadas" contra la crisis y lo ha hecho "tarde y mal". El PP realizará una oposición "contundente".
(www.diariodemallorca.es, 11/09/10)
45. ISLAS BALEARES. FONT SE PLANTA Y PIDE POR CARTA A BAUZÁ QUE RECTIFIQUE SU VETO A LOS IMPUTADOS
El diputado y portavoz de los 'populares' en el Consell de Mallorca, Jaume Font, dejó en la sede del PP balear un sobre cerrado con una carta dirigida al presidente de la formación, José Ramón Bauzá, en el que le insta a mover la 'linea roja' que ha marcado para confeccionar las listas electorales (Bauzá no quiere personas imputadas) y en la que, además, le hace una serie de consideraciones sobre el funcionamiento interno del partido. Font le adelantó al propio Bauzá el pasado sábado que le remitiría esta misiva que se ha redactado el fin de semana. Precisamente el próximo viernes, está prevista en Palma la presencia del presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy.
Fuentes del partido consideran que de la respuesta que Bauzá dé a este carta dependerá el futuro de Font en el PP y de la relación de poder en este partido. Aunque la idea que salió de las jornadas que el Partido Popular ha celebrado en Formentera es la de unidad, lo cierto es que existe malestar. La próxima prueba es la elección de las candidaturas para Palma donde hasta el propio José María Rodríguez está haciendo un 'recuento' de fuerzas y de su relación con la dirección regional. La posibilidad de que el 'verdadero tapado' de Bauzá sea el alcalde de Calvià Carlos Delgado (hipótesis que hasta ahora nadie se atrevía a exhibir en público pero de la que se habla cada vez más) está provocando cierto nerviosismo.
Font, que no quiso avanzar nada de su futura estrategia y que ni siquiera quiso confirmar la existencia de la carta pese a que más cargos del PP estaban al tanto, afirmó que aún puede arreglarse la situación. Desde el PP balear se entiende que una 'rectificación' de Bauzá sería apoyada igualmente por Rajoy.
Fuentes de la dirección nacional confirmaron la visita de Rajoy a Palma. Precisamente, la inminencia de esa visita es lo que permite aventurar a los afines a Font que es posible reconducir la situación. Lo que, sin embargo, también admiten estos afines es que Bauzá también dio en Formentera muestras de no querer dar marcha atrás. Si todo fuera mal, hay quienes sugieren que Font, Antoni Serra o Joan Flaquer, que no son queridos para las listas en estos momentos, podrían renunciar a su escaño en el Parlament, bien de forma escalonada, bien de forma conjunta. Pero para estas fuentes, eso sería ya la guerra total y haría un flaco favor al partido.
(www.ultimahora.es, 14/09/10)
46. ISLAS BALEARES. GABRIEL CAÑELLAS DEFINE A MATAS COMO UN "TECNÓCRATA QUE NUNCA CREYÓ EN EL PARTIDO"
El ex president de Govern balear y del PP Gabriel Cañellas defendió anoche la primera etapa de su mandato y el carácter reivindicativo de aquellos primeros años, tanto en el partido como en el Govern.
Durante una larga entrevista con Pere Muñoz en el espacio Transparències que emitió IB3, Gabriel Cañellas explicó que a la vista del primer fracaso electoral del PP (entonces AP) en 1979, se barajó impulsar un partido regionalista. Explicó que finalmente todos se quedaron en AP pero dándole un cariz eminentemente regional. Según Cañellas había contacto con Madrid pero "como todavía no había inalámbricos, a veces se iba la comunicación y los teléfonos se cortaban".
Cañellas también habló de sus sucesores. De Cristòfol Soler opinó que "había querido ir demasiado deprisa en una época turbulenta". De Jaume Matas, al que se refirió como "tecnócrata puro", dijo que no había tenido en cuenta "lo nostro" y que por eso perdió las elecciones, porque le faltaron diez mil votos. Según Cañellas, "como tecnócrata puro, Matas nunca creyó en el partido". Mostró su apoyo a Bauzá: dijo que "creo que puede ser el futuro del partido". También abogó por no llevar imputados en la lista.
(www.ultimahora.es, 14/09/10)
47. ISLAS BALEARES. MATAS:´YO NO CONTROLÉ EL PROYECTO´
Matas fue interrogado, en su larga declaración ante el juez Castro del pasado marzo, por la fiscalía anticorrupción acerca de la ausencia de justificantes en el Govern del destino de los 1,2 millones de fondos públicos pagados al Instituto Nóos para organizar en Palma un foro sobre deporte y turismo. El ex president se defendió alegando que no era tarea suya la fiscalización de los expedientes. "Mi responsabilidad como president del Govern es solo política, de decidir si el proyecto era bueno para Balears; los controles recaen en los órganos que autorizan el gasto y lo fiscalizan", respondió Matas.
El principal encausado en el caso Palma Arena, que se halla en libertad provisional con fianza de 3 millones de euros, añadió que José Ballester, director general de Deportes en la pasada legislatura y también imputado, le preguntó su opinión sobre el proyecto del foro. " A mí me gustó y aconsejé que se hiciera porque me pareció una buena iniciativa", apostilló Matas.
(www.diariodemallorca.es, 15/09/10)
48. ISLAS BALEARES. EL IBATUR DESTINÓ 800.000 EUROS A UN MUSEO QUE NUNCA SE PUSO EN MARCHA
El Ibatur asignó en 2007 un presupuesto de 800.000 euros para promocionar la construcción de un Museo del Turismo que nunca se puso en marcha, según refleja la documentación contable de ese organismo durante la pasada legislatura (2003-2007) remitida al juez instructor del 'caso Ibatur. El magistrado Juan Ignacio Lope Sola y la Fiscalía Anticorrupción estudiarán el resumen de los gastos de promoción turística hechos por el Ibatur en el Govern Matas. Los asientos contables ya forman parte del sumario de la causa.
El presupuesto de 800.000 euros fue adjudicado al Fomento del Turismo de Mallorca para que lo gestionara, aprovechando con ello la celebración del centenario de la institución.
Parte de este dinero se gastó en comidas de homenaje a jubilados del secto turístico, que tuvieron lugar en restaurantes de Porto Cristo, Alcúdia, Port de Sóller y Palma, en los que participaban de forma actividad el entonces conseller de Turisme, Joan Flaquer, y el presidente del Fomento del Turismo, Alvaro Middelmann. En el transcurso de las comidades se entregaban placas y diplomas de reconomiento. Asimismo, en un solar anexo a los restaurantes se instalaban una serie de carpas donde se mostraba cómo sería el contenido del Museo del Turismo con documentación histórica.
Estos encuentros se programaron entre enero y mayo de 2007. Con la llegada del nuevo Govern, el equipo organizador de estos actos comprobó que había un remanente de unos 200.000 euros, los cuales fueron gastados en asistir a ferias, caso de Fitur y la ITB, donde se instalaron las carpas para anunciar la construcción del Museo del Turismo.
El ex conseller de Turisme Joan Flaquer defendió el proyecto de construcción del Museo de Turismo y ha segurado que "el gasto está justificado". Dijo que la iniciativa tuvo un coste de, al menos, 600.000 euros, dinero que se empleó en su totalidad para promocionar un proyecto, "que luego dejamos de lado, como es lógico, por el cambio de gobierno", indicó.
Álvaro Middelmann, por su parte, calificó el proyecto de "entrañable", ya que en la promoción del proyecto "se reconoció el trabajo de mucha gente que ha trabajado para el turismo de forma anónima". "El dinero no lo gestioné yo", afirmó el ex presidente del Fomento del Turismo de Mallorca.
(www.ultimahora.es, 15/09/10)
49. REGIÓN DE MURCIA. LA DIPUTADA DEL PP FERNÁNDEZ DELGADO TACHA AL PSOE DE "ADALID DE LA MUERTE" DURANTE EL DEBATE DEL ABORTO EN LA ASAMBLEA
El pleno sobre el aborto que celebró la Asamblea Regional terminó con el abandono de los diputados socialistas del hemiciclo después de que la diputada del PP Belén Fernández Delado asegurase que el PSOE es "adalid de la muerte" por aprobar la nueva ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Los socialistas se consideraron "gravemente insultados". El diputado de este grupo Domingo Carpena denunció además la "actitud connivente del presidente de la Cámara, que no ha amparado al Grupo Parlamentario Socialista en ningún momento".
Hasta ese momento, lo más relevante del pleno había sido el dato ofrecido por la consejera de Sanidad, Ángeles Palacios: los abortos descendieron en 2009 un 10% en la Región con respecto a 2008. De 5.184 en 2008 se pasó a 4.742 el año pasado. Es un cambio de tendencia, después de más de una década en que las interrupciones voluntarias del embarazo se han disparado. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ya anunció a principios de semana un descenso de los abortos en toda España. El Gobierno central achaca esa reducción a la venta sin receta de la píldora del día después, pero Palacios defendió que en la caso de la Región el descenso es "reflejo del trabajo diario que se realiza, ya que en los programas de información y seguimiento de métodos anticonceptivos se incrementó la participación, pasando de 23.504 personas en octubre de 2009 a 29.203 en junio de este año, lo que supone un aumento del 24,25%". Palacios criticó además la nueva ley del aborto, y aseguró que sus "deficiencias" se deben a la "improvisación" del Ejecutivo central.
Después, el pleno pasó a estar protagonizado por el rifirrafe entre Belén Fernández Delgado y Domingo Carpena. La diputada del PP aseguró que los socialistas pretenden "hacer del aborto un método anticonceptivo", lo que "es un crimen", razón por la que el PP "no puede estar nunca de acuerdo".
Los diputados socialistas abandonaron el pleno cuando Delgado tachó al PSOE de "adalid de la muerte". Antes, el portavoz de Sanidad del grupo socialista, Domingo Carpena, había denunciado que durante los 14 años de Gobierno del PP en la Región, "el número de abortos se ha quintuplicado". Exigió a Ramón Luis Valcárcel "menos demagogia ultraderechista y más información y medidas eficaces". Por su parte, el portavoz de IU, José Antonio Pujante, abogó por "la prevención y el asesoramiento" como medidas ante embarazos no deseados". Instó al PP a que "garantice el derecho a decidir libremente a la mujer".
(www.laverdad.es, 16/09/10)
50. REGIÓN DE MURCIA. EL SUPREMO JUZGARÁ A UN DIPUTADO MURCIANO DEL PP POR CONDUCIR BEBIDO
El diputado murciano del Partido Popular, Arsenio Pacheco, natural de Abanilla, podría ser juzgado por el Tribunal Supremo, tras dar positivo en un test de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico el pasado mes de Junio en una rotonda de Murcia. El diputado no se ha excusado y ha reconocido el error: "Asumo mis responsabilidades por ello". La tasa era de 0,58 gramos de alcohol, lo que está considerado delito.
(www.vegamediapress.com, 17/09/10)
51. PRINCIPADO DE ASTURIAS. EL PP ASTURIANO ACUSA A CASCOS DE QUERER INVENTARSE UNAS PRIMARIAS
Suma y sigue en el recrudecimiento de la batalla del PP asturiano a cuenta de la -de momento- candidatura fantasma de Francisco Álvarez-Cascos. Los anticasquistas están trasladando a la dirección nacional del partido todo tipo de pruebas de que no van a rendirse fácilmente, dispuestos como están a desplegar su artillería pesada para impedir el regreso del ex secretario general. El último disparo de este grupo, liderado por el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, ha sido una durísima carta enviada a Mariano Rajoy, Ana Mato y otros miembros de la cúpula pidiéndoles que frenen a los partidarios de Cascos.
La misiva, firmada por el presidente y el secretario del Comité Electoral Regional de Asturias, acumula denuncias contra el grupo rival, entre ellas la de maniobrar contra el propio Rajoy. "Querido presidente, queremos transmitirte nuestra preocupación. El sector que apoya la supuesta candidatura de Francisco Álvarez-Cascos está vulnerando de forma continuada y flagrante todas las normas estatutarias", arranca la carta.
"Ha comenzado una campaña, con anuncios en los principales medios asturianos, para recoger firmas a favor del señor Cascos y pidiendo, de facto, unas elecciones primarias en el PP". Este procedimiento no es posible en el PP, como se apunta en la misiva. El Comité Electoral Nacional, o sea Rajoy, decide todos los candidatos autonómicos.
La carta contiene acusaciones gruesas: "Se han utilizado ilegalmente los ficheros de afiliados para enviar anónimos, hecho que ha sido denunciado ante las Fuerzas de Seguridad del Estado; se ha desarrollado una intensa campaña de desprestigio a través de las redes sociales; se han organizado comidas y homenajes con claro afán de provocar la división interna; se han vertido graves críticas, no solo hacia la dirección regional sino también hacia la dirección nacional, favorecidas por quienes en el Congreso Nacional de Valencia se mostraron contrarios a la línea de renovación que tú lideras", le cuentan a Rajoy.
"Este irregular procedimiento lo único que persigue y fomenta es la división interna, con grave riesgo de que volvamos a vivir una como la que sufrimos en 1998", rematan, para asegurar que están dispuestos, cuando Rajoy quiera, a proponer un candidato alternativo y no una terna, como pide la dirección del PP.
(www.elpais.com, 14/09/10)
52. PRINCIPADO DE ASTURIAS. CASCOS RETA DE NUEVO A RAJOY POSTULÁNDOSE COMO CANDIDATO
El exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos, quien lleva meses postulándose como posible aspirante del PP asturiano en las próximas elecciones autonómicas -solo falta el visto bueno de un Mariano Rajoy reticente a dar ese paso-, mostró su vena más lírica para sostener que él es el mejor candidato posible para arrebatar el principado a los socialistas. "El sueño de traspasar las montañas, que llevó a gallegos y asturianos a las hazañas más difíciles en las tierras más lejanas, es el mismo que hoy tiene que animar nuestra esperanza de tiempos mejores, en un afán de superación irrenunciable que requiere todo nuestro ímpetu. En nuestra querida y vecina Galicia tenemos el ejemplo más cercano de que juntos, unidos en torno a Alberto Núñez Feijóo, pudieron. En Asturias también podemos", dijo durante un acto en Oviedo que también contó con la participación del presidente de la Xunta.
Cascos también invocó "la protección de la Santina [nombre popular de la Virgen de Covadonga] y del Apóstol [Santiago]" para que "inspiren" al PP "las luces" que les "ayuden a acertar, haciendo votos por el progreso" de Asturias y Galicia.
(www.elpais.com, 13/09/10)
53. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. CERVERA NO ACLARA SI SERÁ CANDIDATO EN NAVARRA TRAS HABLAR CON RAJOY
El PP tiene tres candidaturas autonómicas sin cerrar. La valenciana, por el complejo panorama judicial de Francisco Camps; la asturiana, por la guerra a muerte entre partidarios y detractores de Francisco Álvarez-Cascos; y la navarra, donde tras la ruptura con UPN, su socio desde 1991, está tratando de reconstruir el partido. Mariano Rajoy dio un primer paso para resolver el problema en Navarra: se reunió en su despacho del Congreso con Santiago Cervera, diputado navarro que se enfrentó a Miguel Sanz, el presidente foral, porque decidió apostar por el PP en la crisis con UPN.
Rajoy le trasladó el deseo de la cúpula del PP de que sea él quien encabece las listas populares en Navarra en las elecciones autonómicas de 2011.Cervera, persona de confianza de Rajoy y sobre todo de Soraya Sáenz de Santamaría, alega razones de peso para no ser el candidato, entre otras que en el Congreso le sustituiría una persona fiel a UPN.
(www.elpais.com, 16/09/10)
